Crítica y Emancipación

Año VII Nº 13 / Publicación semestral / Primer semestre de 2015

Director y Editor

Pablo Gentili

Consejo de Redacción 

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Fernanda Saforcada 

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Pablo Vommaro 

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Graciela Frigerio 

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Lucas Sablich [Secretario de Redacción]

Consejo Editorial

Alejandro Grimson [Instituto de Altos Estudios Sociales - IDAES/UNSAM, Argentina] Ingrid Sarti [Universidad Federal de Río de Janeiro - UFRJ, Brasil]

Jorge Rovira Mas [Instituto de Investigaciones Sociales - IIS/UCR, Costa Rica] Victor Manuel Moncayo [Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos - ILSA, Colombia]

Victor Vich [Instituto de Estudios Peruanos - IEP, Perú]

Enrique Valencia Lomeli [Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades - CUCSH/UDG, México]

Myriam Feldfeber [Secretaría de Investigación y Posgrado - SIPFyL/UBA, Argentina] Fernando Mayorga [Instituto de Estudios Sociales y Económicos - IESE/UMSS, Bolivia]

Maribel Aponte [Escuela Graduada de Administración de Empresas - EGAE/ UPRRP, Puerto Rico]

Mabel Thwaites Rey [Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe - IEALC/UBA, Argentina]

Magdalena Valdivieso [Departamento de Investigación - DI/UARCIS, Chile] Silvia Helena Simões Borelli [Programa de Estudo Pós-Graduados em Ciências Sociais da Pontifícia - PEPG/PUCSP, Brasil]

Magdalena Cajias [Postgrado en Ciencias del Desarrollo - CIDES/UMSA, Bolivia]

Domicilio de la publicación

Estados Unidos 1168, C1101AAX, Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

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Secretario Ejecutivo

Pablo Gentili

Directora Académica

Fernanda Saforcada

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Coordinador de Arte

Marcelo Giardino

Diseño Editorial

Fluxus estudio

Arte de Tapa

Detalle de Paraguay 1937, Carlos Colombino, 1988. Xilopintura. 160 x 120 cms. Tomado del libro Casa de las Américas 1959-2009, 2011, Casa de las Américas, Cuba.

Impresión

Gráfica Laf SRL

Propietario Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO ISSN: 2312-9190 - Impreso en Argentina - Marzo de 2015

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional  

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

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Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

Presentación

Pablo Gentili

Sur -Sur

Las relaciones China-África Subsahariana: el petróleo como factor clave del desarrollo económico

María Noel Dussort

Investigaciones

Veinticinco años de crisis fiscal en Colombia (1990-2014). Acumulación, confianza y legitimidad en el orden neoliberal

Andrés Felipe Mora Cortés

El proceso de actualización del modelo económico y social cubano: En diálogo con nuevos y viejos paradigmas de desarrollo

Geydis Fundora Nevot

La hegemonía territorial de los estados en contextos de extractivismo mineral y energético. El caso del Perú

Lorena De la Puente Burlando

Trayectoria histórica de la desigualdad social en El Salvador: de la industrialización al neoliberalismo

Melissa Salgado

Participación política de la juventud afrodescendiente en la provincia de Limón, Costa Rica

Charaf Ahmimed y Sofía Quesada-Montano

Del capitalismo global al socialismo del Siglo XXI sobre el territorio urbano caraqueño: claves para la definición de un nuevo ordenamiento socio-espacial

Carola Herrera Napoleón

As jovens do tráfico: trajetórias interrompidas

Marisa Fefferman y Miriam Abramovay

A TV digital interativa brasileira como ferramenta de política pública para inclusão digital: o middleware Ginga à provação da justiça social

Sayonara Leal

Aportes

Migraciones, movilidad humana y pobreza

Mujeres migrantes guatemaltecas: entre el empobrecimiento y el florecimiento humano

Anneliza Tobar Estrada

Trayectorias y condiciones de vida de jóvenes mazatecos migrantes en la ciudad de México. Una perspectiva de género, de etnicidad y de clase social

Adriana Paola Zentella Chávez

Políticas migratorias y nuevas formas de acumulación en Centroamérica

Gabriela Segura

Bolivianos em São Paulo: Redes, Territórios e a Produção da Alteridade

Fabio Martinez Serrano Pucci

Misión de la revista y sistema de revisión por pares

Pautas para la presentación de originales de la Revista Crítica y Emancipación

En este volumen de Crítica y Emancipación presentamos un conjunto de aportes que reflejan parte de la riqueza y de la heterogeneidad de la agenda de investigación de las ciencias sociales críticas en América Latina y el Caribe. Una agenda que incluye desde el análisis de las nuevas relaciones Sur-Sur, hasta la urgente problemática migratoria, cuyo alcance global implica la condena de millones de personas a subsistir en condiciones infrahumanas o a morir ante la indiferencia de las naciones más ricas y opulentas del planeta.

América Latina no sólo se investiga y analiza a sí misma, sino también, dialoga con los grandes problemas mundiales. Desde CLACSO creemos que es posible y necesario que las ciencias sociales de la región puedan intervenir en los debates globales aportando una visión latinoamericana y crítica, hoy ausente o desconsiderada por el mainstream académico internacional.

Así, nuestro 13º volumen de Crítica y Emancipación incluye una muy relevante contribución de María Noel Dussort, en la que se analizan las relaciones entre China y África. Dussort examina las razones por las cuales el petróleo de África es importante para importadores netos como China, aportando además una mirada focalizada acerca de las relaciones de la potencia asiática con los dos principales países productores de petróleo africano, Nigeria y Angola.

Las investigaciones presentadas en este número de la revista son amplias y diversas.

Andrés Felipe Mora Cortéz, por su parte, analiza los últimos 25 años de crisis fiscal colombiana, sosteniendo que el origen del déficit fiscal tiene una relación directa con la consolidación del neoliberalismo, la persistencia del conflicto armado y la expansión del modelo asistencialista de política social.

Geydis Fundora Nevot, discute los desafíos a los que se enfrenta el modelo económico y social cubano y la necesidad de establecer un diálogo superador entre los nuevos y viejos paradigmas de desarrollo.

Lorena de la Puente Burlando aborda, desde el caso peruano, las dificultades que deben afrontan los Estados latinoamericanos para sostener su hegemonía territorial en el área energética, sobre todo cuando está vinculada la minería extractivista.

Melissa Salgado plantea un recorrido por los diversos proyectos de industrialización de El Salvador, analizando la relación de éstos con los altos niveles de desigualdad que posee el país. Elabora una propuesta de interpretación histórica de la persistencia de la desigualdad social en El Salvador a partir del devenir de la clase dominante y su vínculo con el Estado, tanto en la industrialización como en el neoliberalismo. Específicamente en lo económico y político.

En su trabajo, Charaf Ahmimed y Sofía Quesada- Montano analizan los distintos tipos de participación en los que se involucra la juventud afrodescendiente en la provincia de Limón, Costa Rica, y como ésta, muchas veces está más involucrada con movimientos estéticos y culturales que a los espacios tradicionales de participación política.

Carola Herrera Napoleón señala la necesidad de redefinir un nuevo ordenamiento urbano en la ciudad de Caracas. Destaca los desafíos que las políticas propuestas por el Socialismo del Siglo XXI, establecidas por el gobierno bolivariano en las últimas décadas, platea en este campo.

Marisa Fefferman y Miriam Abramovay, desde una perspectiva etnográfica, abordan la problemática del tráfico de drogas en Río de Janeiro, a partir del análisis de casos de tres mujeres jóvenes, con bajo nivel educativo, sin trabajo e inmersas en contextos de violencia de género exacerbados por su género.

Sayonara Leal analiza cómo la televsión digital interactiva brasileña digital se convirtió en una herramienta de utilidad para la inclusión social de sectores vulnerables, a partir de la implementación de políticas culturales promovidas desde la esfera estatal durante los últimos años.

Anneliza Tobar Estrada contribuye a comprender, desde el campo de la psicología social y en una perspectiva de género, los itinerarios de vida seguidos por mujeres migrantes guatemaltecas.

Adriana Paola Zentella Chávez aborda las trayectorias de estudio y de trabajo, las condiciones y las perspectivas de vida de los jóvenes que han migrado de un contesto rural a uno urbano, fuera de sus comunidades de origen pertenecientes al municipio indígena (mazateco) de San José Independencia en el Estado de Oaxaca, México.

Gabriela Segura analiza cómo las políticas migratorias y la gestión internacional de la inmigración son utilizadas como variable económica del mercado globalizado y cómo su implementación a gran escala es una característica constitutiva del capitalismo contemporáneo, al garantizar la existencia de contingentes de mano de obra en condiciones de clandestinidad y marginalidad.

Finalmente, Fabio Martinez Serrano Pucci analiza y denuncia las condiciones de vida y el racismo del que son víctimas los nuevos bolivianos inmigrantes en San Pablo, Brasil. Reflexiona sobre las relaciones entre la metrópoli, la inmigración y el trabajo, la sociabilidad y la interculturalidad. Concluye que los bolivianos ocupan un doble lugar de víctiman a los ojos de la sociedad brasileña, pero también se constituye como objeto de un renovado racismo.

Este nuevo número de Crítica y Emancipación contribuye a comprender algunas de las principales problemáticas sociales, políticas, culturales y económicas que atraviesan a las sociedades latinoamericanas contemporáneas. Hacerlo es el principal desafío de las ciencias sociales críticas en nuestra región.

Pablo Gentili

Director y Editor de Crítica y Emancipación

Secretario Ejecutivo de CLACSO

Resumen

En este trabajo se realiza una aproximación a las diversas formas en que las relaciones China-África han sido consideradas, proponiendo una versión alternativa. Se examinan las razones por las cuales el petróleo de África es importante para importadores netos como China además de trabajar sobre una mirada focalizada acerca de las relaciones de China con los dos principales países productores de petróleo africano, a saber, Nigeria y Angola.

Abstract

In this work an approximation is made to the diverse ways in which the China-Africa relations have been thought, proposing an alternate version.

The reasons why oil is important in Africa for neat importers like China are examined, besides working over a focalized look on the relations between China and the two main oil-producing African countries, Nigeria and Angola.

María Noel Dussort

Es Licenciada en Relaciones Internacionales y estudiante del Doctorado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR, Argentina). Es becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Es docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, Investigadora del PRECSUR y responsable del Grupo de Estudios sobre India de Rosario (GEIR).

International Relations graduate, International Relations PhD student at the Political Science and International Relations Faculty of the National University of Rosario (UNR, Argentina). Grant holder at the National Council of Scientific and Technical Investigations (CONICET). Professor at the Faculty of Political Science and International Relations of the UNR. Researcher of the PRECSUR and responsible of the Study Group on India of Rosario. (GEIR).

Palabras clave

1| Relaciones Internacionales 2| Petróleo 3| China 4| África Subsahariana 5| Nigeria 6| Angola

Keywords

1| International Relations 2| Oil 3| China 4| Sub-Saharan Africa 5| Nigeria 6| Angola

Cómo citar este artículo [Norma ISO 690]

DUSSORT, María Noel Las relaciones China-África Subsahariana: el petróleo como factor clave del desarrollo económico. Crítica y Emancipación, (13): 17-40, primer semestre de 2015.

Las relaciones China-África Subsahariana

El petróleo como factor clave del desarrollo económico*¹

Consideraciones iniciales

Los países africanos están emergiendo como una fuente estratégica de hidrocarburos en el régimen de seguridad energética global. La importancia dada a las fuentes africanas tiene que ser apreciada en el contexto geopolítico energético cambiante. Al respecto, hay ciertas previsiones que señalan que la economía mundial comenzará a experimentar el agotamiento del petróleo² en las próximas décadas. A su vez, los países de Medio Oriente, región que concentra las mayores reservas de petróleo, están inmersos en un contexto de inestabilidad permanente que hace peligrar tanto el suministro como la estabilidad del precio de este recurso estratégico.

Frente a esta situación, los mayores países importadores de petróleo están invirtiendo en los países africanos a través de sus compañías petroleras estatales, para diversificar las fuentes de hidrocarburos, política encaminada a responder a su concepción de “seguridad energética”. Tamaña inversión ha sido destinada en mayor medida a la exploración y explotación de los territorios, logrando descubrimientos de reservorios en lugares antes impensados³. Desde el Golfo de Guinea a Angola, la región está experimentando el boom del petróleo (Pant, 2006: 195).

Desde el año 2000, aquel “acercamiento energético” ha sido llevado a cabo por las economías emergentes como China, India y Brasil, que vienen pisando fuerte a lo largo y ancho de todo el continente, otorgando a los países de África una relevancia de primer orden. En este contexto, se observa que cada uno de los llamados BRICS está desembarcando en África para promover su propia “estrategia africana” (Lechini, 2012: 2) en pro de sus intereses nacionales. Por este motivo, es posible pensar que los países BRICS no se encuentran en condiciones de cooperar sino más bien de competir por las materias primas y por el mercado que ofrece tal escenario.

Mas fue Beijing quien inauguró la escena en 2000, con el primer Foro de Cooperación China-África, denominado “el redescubrimiento de África” (Castel, 2006). En consecuencia, la presencia china en el continente ha ido aumentando en esta última década, pudiéndose constatar tanto en las cantidad de visitas oficiales, el comercio, las inversiones y la Cooperación Sur-Sur mantenida con los países africanos. Más aún, desde que Xi Jingping asumió como presidente de la República Popular China, las relaciones con África han sido “oficializadas” en uno de los ocho puntos focales de la política exterior china puntualizando que China y África gozan de un “destino común” (Yizhou, 2014).

Ante esta situación, el objetivo de este trabajo será analizar las relaciones entre China y los mayores países productores de petróleo africanos, haciendo foco en Nigeria y Angola, durante el gobierno de Hu Jintao (2002-2012). Se trabajará el supuesto en torno a relativizar las versiones pesimistas y optimistas que analizan la presencia de China en África. Se propondrá entonces un nuevo marco que tome en consideración las responsabilidades de las elites gobernantes de los países africanos en cuanto al aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las relaciones con Beijing en términos de desarrollo nacional.

El artículo estará divido en tres partes: en el primer apartado, se realizará una aproximación a las diversas formas en que las relaciones China-África han sido consideradas, proponiendo una versión alternativa. En el segundo apartado, se examinarán las razones por las cuales el petróleo de África es importante para importadores netos como China. Finalmente, en el tercer apartado se realizará una mirada focalizada sobre las relaciones de China con los dos principales países productores de petróleo africano, a saber, Nigeria y Angola.

Entre optimistas y pesimistas: algunos análisis sobre la presencia de China en África

La presencia de China en África ha suscitado las más variadas apreciaciones por parte de los académicos. Por ello, interesa realizar un breve relevamiento sobre la forma en que ha sido categorizada tal vinculación, para consecuentemente analizarlas a la luz de la información obtenida en los casos aquí considerados, es decir, Nigeria y Angola.

Antes de adentrarnos en tales consideraciones, es preciso observar algunos postulados de la política exterior china en África que ayudarán a entender las posteriores definiciones. En primer lugar, afirmar con Vizentini (2014: 48) que “e o Terceiro Mundo sempre foi peçachave na estratégia chinesa de alteração da ordem mundial. O que é nova é a dimensão econômica”. Es decir, que la presencia de China en los países africanos no es nueva sino que se remonta a fines de los años 50’ y principios de los 60’ cuando bajo la era Maoista la política exterior era una herramienta para la extensión de la lucha revolucionaria en el mundo, en una época signada por el conflicto Este-Oeste. Sin embargo, ya bajo el gobierno de Deng Xiaoping cuando Beijing se embarcó en el proyecto de “modernización socialista”, la relación con los países africanos fue parcialmente abandonada. Pero los acontecimientos de Tiananmen de 1989 fueron los que reiniciaron los lazos (Taylor, 2006: 939) que se han intensificado desde 2000.

Entonces, lo que le ha dado una nueva impronta a las relaciones China-África ha sido el cambio desde una concepción ideologizada a otra atravesada mayormente por los intereses económicos. No obstante, siguen presentes elementos del pasado como el tan cuestionado principio de no interferencia en los asuntos internos de los estados, uno de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica de la Conferencia de Bandung de 1955, llevados por el gobierno de China como resultado del acuerdo de 1954 de Pansha Shila con la India.

A la luz de estas particularidades, los análisis de China en África van desde, por un lado, versiones pesimistas como las de Ian Taylor (2006), a otras un tanto más optimistas como las de Cheru y Obi. En el caso del primer autor, sus escritos culpabilizan al accionar de China por reproducir el patrón de explotación capitalista (centro- periferia), promoviendo el saqueo de los recursos naturales de los Estados africanos en alianza con las elites gubernamentales africanas.

Por otro lado, Cheru y Obi (2011) explican la vinculación de China con el continente apuntando a la responsabilidad de los gobernantes africanos como factor crucial al momento de saber aprovechar las oportunidades que ofrece este emergente, sin caer en un (neo)colonialismo por invitación y propiciando un modelo alternativo para el desarrollo mutuo.

Cabe dar a conocer que las elites africanas “han abrazado” las inversiones y la ayuda al desarrollo ofrecida por el gobierno chino en un momento histórico en donde se ha puesto en cuestionamiento el Consenso de Washington, emergiendo uno nuevo llamado “Consenso de Beijing” basado en el modelo chino de capitalismo guiado por el Estado. Paralelamente, los gobiernos africanos parecen encontrarse en un ejercicio retrospectivo en cuanto a las relaciones con Occidente -relaciones que no produjeron resultados desarrollistas en estas latitudes (Cheru and Obi, 2011: 73).

Frente a estos fundamentos queremos exponer otros en los que también puede ser analizada la relación China-África. Importa relevarlos ya que han tenido poca o casi ninguna repercusión y cuentan con elementos analíticos que pueden iluminar desde otras perspectivas la temática en cuestión.

Nueva diplomacia de los dólares, con tintes chinos

Es indudable que la disponibilidad financiera de las compañías nacionales chinas le dan una ventaja sin igual para ofrecer mejores contratos y absorber riesgos financieros y comerciales (Sharma and Ganeshan; 2011: 12). Esta disponibilidad financiera puede ser definida como la “diplomacia del dólar”⁴.

Cabe recordar que, dicho concepto es uno de los originales métodos del imperialismo norteamericano. El impulso de la producción industrial en Estados Unidos hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX obligaba a buscar mercados exteriores para dar salida a la parte de esta producción que excedía las necesidades del mercado interno y también poder encontrar dónde colocar la gran masa de capitales disponibles. De esta manera, se buscó establecer zonas de influencia que permitieran llegar a resultados equivalentes a las anexiones territoriales. Fue así que el presidente William Taft propuso el corolario “dólares por balas”, por el cual se asociarían estrechamente los intereses materiales y los intereses políticos en la política exterior de Estados Unidos de aquel momento (Renouvin, 1998: 470-471)⁵.

Frente a la expansión del comercio y las inversiones chinas en varias regiones del globo, se está equiparando tal accionar a la diplomacia del dólar implementada por Estados Unidos a principios del siglo XX en América Central. A través de esa lectura, el gobierno de Beijing está utilizando su poder financiero para lograr acuerdos favorables en sus negociaciones con los países africanos, sin importar si éstas se llevan a cabo al amparo de las normas internacionales. En este sentido y como se mencionó anteriormente, los intereses económicos

que atraviesan la relación China-África en el nuevo siglo, están basados en la máxima “business is business”⁶.

Dependencia nacional de las elites africanas

Dentro de las teorías del Sur de las Relaciones Internacionales, Juan Carlos Puig (1980: 148) definió la autonomía de un Estado como “la máxima capacidad de decisión propia que se puede tener, teniendo en cuenta los condicionamientos objetivos del mundo real”. En consecuencia, el autor establece una gradación de los estadios que pueden existir antes del acceso al nivel de máxima autodeterminación, a saber: dependencia paracolonial, dependencia nacional, autonomía heterodoxa, autonomía secesionista. Al respecto de estas cuatro categorías de análisis, la definición de dependencia nacional es particularmente relevante para leer la relación entre China y los países africanos, focalizando la atención en los grupos en el poder en África.

Entonces, el estadio de la dependencia nacional se presenta cuando los grupos gobernantes racionalizan la situación de subordinación y se trazan objetivos propios con el fin de sacar el máximo beneficio de la situación dependiente, en ocasiones con la pretensión de alcanzar márgenes de acción autonómica en el futuro. Esta situación también es denominada como dependencia consentida o neo-colonial. En este estadio se imponen algunos límites -límites menores- a la acción de la potencia dominante por parte de los grupos que detentan el poder real, que de intentar ser ultrapasados por ésta última, provocaría una resistencia, un desafío o una contestación (Puig, 1980: 75-76).

Bajo este modo de vinculación se produjo la expansión económica de países como Argentina durante fines del siglo XIX y principios del XX considerando las relaciones preferenciales que se tenían con Gran Bretaña. Esta relación se vio beneficiada por estructuras económicas productivas complementarias y no competitivas, tales como las que goza los países africanos en relación a China. Bajo el caso argentino de dependencia nacional, el capital y las inversiones provenientes de Gran Bretaña se intercambiaban por materias primas (mayormente trigo y carnes), al mismo tiempo que los capitales británicos construían y controlaban, con el consentimiento del Estado argentino, obras de infraestructura como los ferrocarriles, las vías férreas, el telégrafo, los frigoríficos, etc. Situaciones que también podemos encontrarlas en el caso de la relación entre China y los países africanos.

Ni Consenso de Washington ni Consenso de Beijing: Consenso de los Commodities

El término, elaborado por Maristella Svampa (2013) aplicándolo a América Latina, bien puede ser empleado para leer la realidad de los países de África. Según su definición, así como en los años 90’ se justificó el accionar del Estado en base a las recetas del Consenso de Washington, el Consenso de los Commodities también “tiene una carga político-ideológica, ya que alude a la idea que existiría un acuerdo

-tácito o explícito- acerca del carácter irrevocable o irresistible de la actual dinámica extractivista, producto de la creciente demanda global de bienes primarios” (Svampa, 2013: 5). De este modo, para no perder la “oportunidad histórica” de inserción internacional posibilitado por el aumento de los precios de los commodities, los gobiernos dejan afianzar el modelo extractivista, arengado por el ideario de las multinacionales privadas o nacionales.

Svampa (2013: 6) continúa dando a conocer que la asociación entre extractivismo depredatorio y trastocamiento de las fronteras estales aparece como un hecho recurrente que se caracteriza por la ausencia de licencia social, de consulta a las poblaciones, de controles ambientales y con escasa presencia del Estado. Finalmente, bajo el modelo extractivo, una vez que dejan de existir las condiciones de rentabilidad adecuadas, las transnacionales tienden a mudar sus capitales hacia “otros destinos más prometedores”.

De esta manera, los gobiernos se convierten en garantes de una lógica de vinculación, que en el corto plazo mejora las condiciones económicas por el aumento en el intercambio comercial y la inyección de inversión extranjera directa (IED), pero que deja un signo de pregunta sobre los efectos futuros de tales condiciones al acabarse la asociación entre las extractivas y los gobiernos nacionales. El país puede sumirse nuevamente en el estado de subdesarrollo primigenio (caracterizado por trabajadores desocupados, suelos contaminados y recursos agotados) o puede reinvertir los beneficios extraídos de tal asociación.

Se han propuestos estos modelos alternativos, basados en postulados de autores del Sur y desarrollados para realidades del Sur, ya que daría una responsabilidad conjunta tanto a los gobiernos africanos como a la política exterior china en cuanto a los resultados obtenidos o las repercusiones mutuas. En otras palabras, si China regla sus negocios por su interés nacional de convertirse en una potencia desarrollada y para ello necesita recursos naturales y mercados, hasta el momento los gobiernos africanos parecen aceptar las condiciones de esta nueva relación entre “la periferia y la semiperiferia”.

Por fin, es necesario entonces considerar tanto las acciones de política externa desplegadas por China en África, así como las respuestas de los gobiernos africanos ante tales propuestas de vinculación.

¿Por qué el petróleo de África? Fotografía del estado de la situación petrolífera⁷>

Antes de analizar el despliegue de la diplomacia petrolera de China en África particularmente en los casos de Nigeria y Angola, es preciso dar a conocer cuáles son las razones por las cuales este recurso es tan codiciado a lo largo del continente por países consumidores netos como China.

Actualmente China es el segundo mayor consumidor mundial de petróleo, en seguida detrás de Estados Unidos. Sin embargo, la US Energy Information Administration (US EIA) ha pronosticado que si Beijing continúa consumiendo este hidrocarburo a los niveles actuales (“business as usual”), se ubicará en el puesto número uno a nivel mundial.

Mientras que a principios de 1990 China era exportador neto de petróleo, en septiembre de 2013 se convirtió en el mayor importador neto del mundo. Al mismo tiempo, China pasó a ser el mayor consumidor energético global en el año 2010⁸.

Ahora bien, la matriz energética africana invita a los países altamente dependientes del hidrocarburo a su encuentro. En lo que a reservas probadas se refiere, a finales de 2013 África contó con un total de 131 mil millones de barriles de petróleo en su haber. Entre los países que las poseen, considerando la región de África Subsahariana, Nigeria es el que mayor cantidad de reservas probadas tiene (37 mil millones de barriles de petróleo), siguiendo en orden de importancia Angola (13), Gabón (2) y Congo (1.6), pero con una proporción considerablemente menor.

En definitiva, África Subsahariana cuenta con el 5% del total de las reservas probadas a nivel mundial, es decir, unos 65 mil millones de barriles de petróleo. De este número, las tres cuartas partes pertenecen a Nigeria y Angola. Cabe aclarar que África en su totalidad reúne el 8% del total de reservas a nivel mundial y que es importante comparar este porcentaje con el del año 1991, ya que era de apenas 5,8%. De esta forma, se evidencia que esta región ha sido el lugar donde más descubrimientos de reservas probadas se produjeron en las dos últimas décadas. Más aún, África Subsahariana contabilizó el 30% de los descubrimientos de petróleo y gas a nivel mundial en los últimos cinco años (IEA, 2014). A su vez, la región ha duplicado su producción desde 1990.

Entre los grandes productores se cuentan Nigeria y Angola, mientras que Gabón y Sudán son productores venideros. Según Pant (2008: 199) la importancia de África Occidental y Central reside en que estará sumando en los próximos años de 2 a 3 mb/d⁹ al mercado global del petróleo, es decir, el 20% de la capacidad de producción mundial. Por ello, se pronostica que en los próximos diez años gran parte del petróleo nuevo que entre en el mercado provendrá de los países africanos.

Ahora bien, en lo que a consumo¹⁰ se refiere, África es la región con menor consumo de petróleo a nivel mundial y con una capacidad de refinería prácticamente nula. Aquí se advierte que la mayoría de los países son exportadores netos de petróleo crudo y al mismo tiempo importadores netos de derivados del petróleo. Dado que la refinería es una actividad que demanda mayor mano de obra calificada, capital e inversiones, la misma se encontraba mayoritariamente en manos de países desarrollados. Actualmente quien lidera la capacidad de refinería mundial es la región Asia-Pacífico, con más del 30% del total global superando a América del Norte con 23%.

Dada la elocuencia de las cifran anteriores, la alternativa africana se ha vuelto atractiva por varias razones:

Los países de África Subsahariana tiene superávit de producción para ser inyectados directamente al mercado energético mundial.

En África existen más de cuarenta tipos de petróleo crudo (Pant, 2008: 196) de alta calidad, por tanto de fácil procesamiento y refinería.

Gran parte de las reservas africanas están localizadas offshore, razón por la cual no se necesitan demasiadas obras de infraestructura para su transporte fuera del continente¹.

Los países africanos subsidian la instalación de empresas petroleras internacionales, haciendo las inversiones más que beneficiosas (Dadwal, 2011: 9). Esta apertura de los países africanos se diferencia de estados como Arabia Saudita, Kuwait y México dónde las reservas son controladas por compañías nacionales de petróleo, ofreciendo una participación limitada al capital extranjero (Pant, 2008: 2012).

Recapitulando, en los últimos años varios factores han elevado la importancia del continente africano en el contexto energético mundial, dadas las condiciones favorables que presenta la región para el comercio y las inversiones en el sector petrolero. Tomando en consideración este panorama, en las páginas siguientes se analizan detenidamente la política petrolera de China en Nigeria y Angola abarcando tanto el comercio y las inversiones como los lazos políticos y de cooperación.

Algunos postulados de la política externa de China en África

China, al igual que otros poderes emergentes como Brasil e India, fundamentaron su reacercamiento a los países africanos bajo un discurso impregnado de simbologías que rememoran los vínculos históricos compartidos bajo un pasado colonial. El uso de este tipo de recursos discursivos y el presentarse ante las naciones africanas como un país en desarrollo que busca establecer relaciones de ganancia mutua y otorgar cooperación al desarrollo han sido elementos importantes para ganarse la confianza de los africanos y abrir las puertas del continente africano. Bajo estos postulados, sumados al ya mencionado principio de no injerencia es que se lanzó el Forum de Cooperación China África (FOCAC) como ámbito oficial para el desarrollo de las relaciones entre ambas latitudes. La primera convocatoria, en octubre de

2000 aprobó la Declaración de Beijing y el Programa para la Cooperación Sino-Africana para el Desarrollo Económico y Social, que se convirtieron en los ejes rectores del acercamiento africano (Lechini, 2013: 121). Después del primer foro, se sucedieron cuatro más: en 2003 en Addis Abeba, en 2006 otra vez en Beijing, en noviembre de 2009 en Sharm el-Sheikh y en 2012, nuevamente en la capital china.

Todo parece indicar que por más que China tenga un discurso basado en la asistencia y fomento al desarrollo a través de diferentes programas de cooperación, los hechos muestran que la mayoría de estos programas están atravesados por la variable económico-comercial. En este sentido se direcciona la “no condicionalidad” de los préstamos chinos, en contraposición a la ayuda oficial al desarrollo (AOD) o la asistencia financiera proveniente de los organismos financieros internacionales como el FMI o el Banco Mundial.

Además de la “no condicionalidad”, la estrategia china de expansión económica fronteras afuera está respaldada en otras políticas estatales como el incentivo a la inversión extranjera directa (IED) conocido como “Going Global”. Esta política pública asegura la adquisición de activos estratégicos, mejorando la competitividad de las empresas chinas así como la inserción en el mercado internacional (Ramos Becard, 2013). Otras iniciativas de gobierno que tienen objetivos similares son las políticas de acción conjunta entre el gobierno, los bancos y las empresas petroleras nacionales chinas (Alves, 2013) y la creación de Zonas Económicas Especiales en el exterior.

Ante el despliegue de tamaña estrategia el comercio y las inversiones entre China y los países africanos han crecido exponencialmente desde el año 2000. En ese año, el intercambio comercial sumaba 7 mil millones de dólares, alcanzando los 130 mil millones en 2010 y teniendo un nuevo record en 2013, ya que superó los 200 mil millones de dólares, convirtiendo a China en el primer socio comercial del continente (Information Office of the State Council, The People’s Republic of China, 2013). Las inversiones chinas en los países africanos han tenido un desempeño similar al intercambio comercial. De acuerdo a las estimaciones del South African Standard Bank, para 2015 la IED china en los países africanos se elevará a 50 mil millones de dólares¹².

En la relación comercial entre ambas latitudes, el petróleo se encuentra en el centro de la escena. China, como mayor importador neto de petróleo del mundo, dependía de las fuentes de petróleo afri-

canas en un 30% en 2014. Dependencia que se ha ido profundizando en el último lustro, ya que el gobierno Chino viene priorizado cada vez más a los proveedores africanos en relación a los de Medio Oriente¹³.

Al mismo tiempo, los productores africanos dependen del mercado chino: el 62% del total de las exportaciones africanas dirigidas hacia China consiste en petróleo crudo¹⁴. Dichas exportaciones se encuentran concentradas no sólo en términos productivos sino también geográficamente. En otras palabras, Beijing importa petróleo de unos pocos países (principalmente de Angola, República del Congo, Sudán, Guinea Ecuatorial, Nigeria y en menor medida de Gabón, Argelia, Libia, Liberia, Chad y Kenia) mientras que exporta bienes de capital y manufacturas a todos los países africanos¹⁵. En lo que respecta a la IED, “si bien por lo menos 48 de los 53 países africanos han recibido IED china, los 10 socios comerciales principales recibieron más de 90% de la IED en la última década” (Depetris Chauvin, 2013: 137).

Los datos aquí presentados dan origen a los más variados escenarios en los países africanos en su vinculación con China, que será ilustrado a continuación en los casos testigo de Angola y Nigeria.

Angola

Las relaciones entre China y Angola se remiten a los días de la lucha anticolonial en un momento histórico en que los vínculos estaban permeados por las condiciones ideológicas que determinaba la Guerra Fría. La guerra de independencia en Angola iniciada en 1961, que luego devino en guerra civil y se prolongó por más de veinticinco años, fue un escenario donde se manifestó la puja por el poder de las superpotencias mundiales en el Tercer Mundo sumado a las luchas tribales que emergían de la retirada de la metrópoli portuguesa.

El posicionamiento de la República Popular China respecto de los tres grupos que batallaban por el poder fue ambivalente¹⁶. Cuando el MPLA declaró la independencia en 1975, China se negó a reconocer a Luanda demorando el establecimiento de las relaciones diplomáticas hasta 1983. La guerra civil se prolongó al devenir histórico y aún después de caída la cortina de hierro determinando los vínculos. Durante los años 90’, los lazos fueron mejorando entre ambos países y para el final de la década Angola se había convertido en el segundo mayor socio comercial de China en el continente africano (después de Sudáfrica) principalmente dada la cooperación en defensa proporcionada por el país asiático (Campos y Vines, 2008).

Ahora bien, no fue sino hasta el inicio del nuevo siglo que las relaciones florecieron, debido a la coincidencia de dos factores principales: en primer lugar, el fin de la guerra civil en el país africano en 2002 y su prioridad de reconstruir la nación¹⁷. En segundo lugar, el crecimiento financiero de China que condujo a la internacionalización de su economía en busca de materias primas y mercados (Alves, 2013: 107). Tal es así que la relación entre las dos naciones pasó de estar definida por razones de defensa y seguridad a estar fundada en la variable económica (Campos y Vines, 2008).

El volumen comercial bilateral ha crecido inusitadamente desde 2000. En ese año, el valor era de un mil millones de dólares aumentando a 25 mil millones de dólares para el año 2010. Este significativo aumento fue propulsado por las exportaciones de petróleo hacia China. Tal es así que Beijing se ha convertido en el principal destino de las exportaciones petroleras angoleñas desde 2007, absorbiendo el 43% del total (Banco Nacional de Angola, 2011 en Alves 2013). Al mismo tiempo, Angola se convirtió en el segundo mayor proveedor de petróleo de China, justo después de Arabia Saudita, representando el 16% de las importaciones globales chinas del recurso (Alves, 2013).

En términos comparados con el resto de los mayores países africanos proveedores de petróleo de China, Angola goza del primer lugar porque reúne más del 56% del total de las exportaciones de petróleo. Cabe dar a conocer que la balanza comercial es superavitaria, considerando que las exportaciones se encuentran concentradas en un 90% en un solo producto: el petróleo. Las importaciones desde China, por su parte, se han incrementado en. Así, las exportaciones chinas se cuadruplicaron el período analizado, siendo éstas bien diversificadas: automóviles, cemento, barras de hierro, entre otras (Wing, 2011).

Lo más curioso de las relaciones entre China y Angola en los últimos años, ha sido conocido como “infraestructura por préstamos petroleros” o “modelo angoleño”. Bajo esta modalidad, Luanda ha logrado firmar cuatro créditos que totalizan 9 mil millones de dólares para destinarlos a proyectos de infraestructura priorizados por el gobierno angoleño. Estos créditos han sido otorgados por el China Exim Bank y el China Development Bank (CDB). El primero de ellos fue firmado en el año 2004 y preveía que el 70% de la fuerza de trabajo, el material de construcción y los equipos necesarios fueran contratados en China. De la misma forma, Sonagol sería el garante del préstamo permitiendo su reembolso a través de las ventas de petróleo a Sinopec (Alves, 2013). Entonces, Beijing se aseguraba el primer contrato de largo plazo para su aprovisionamiento y Luanda daba los primeros pasos en la reconstrucción nacional.

Con este avance, se daban las condiciones para que Sinopec pudiera ingresar en la industria petrolera de Angola a través de la adquisición de activos para la exploración y explotación, estableciendo un joint venture entre Sonagol y Sinopec. En resumidas cuentas, entre 2004 y 2006 Sinopec logró hacerse con un porcentaje del control de cuatro bloques diferentes, que van desde el 20% al 50% (Alves, 2013).

No obstante estos datos, que muestran la evolución de los intereses de Beijing en el país africano, las compañías nacionales chinas han tenido sus reveses. En primer lugar, se puede mencionar el freno impuesto por parte del gobierno angoleño a la construcción de una refinería debido a desacuerdos en el uso de la tecnología implementada por Beijing (Alves, 2013). El desacuerdo se produjo porque el tipo de tecnología utilizada haría a los derivados productos cautivos para el mercado asiático. En tanto los gobernantes angoleños pretendían diversificar sus ventas a Occidente y abastecer su mercado interno –ya que importa el 70% de los derivados de petróleo que necesita su economía.

En segundo lugar, y seguido a este suceso, Sinopec intentó extender sus activos en territorio angoleño, en un claro interés por lograr la adquisición directa por fuera del mencionado joint venture, acción que terminó siendo disuadida por Sonagol. Pretendiendo darle nuevo impulso a la asociación, la compañía nacional china lanzó dos nuevos “préstamos respaldados en petróleo” entre 2009 y 2010 (Alves, 2013). Ante las mencionadas dificultades, se acuerda con Moreira (2013) que el modelo angoleño ha expuesto “(…) the perception that Chinese NOCs are not driven by a strong commercial interest, but instead by the state’s energy security concerns”.

Finalmente, en el análisis de las relaciones China-Angola es preciso mencionar que la IED ha ido in crescendo en el período aquí considerado, pero está concentrada por fuera de la cadena de producción petrolera y es llevada a cabo por empresas privadas chinas (Wing, 2011). En referencia a la cooperación Sur-Sur, en relación a este país africano la ayuda recibida es meramente financiera (relacionada a la reconstrucción del país), por ello es que es difícil distinguir números claros para poder relevar esta variable.

Por fin, es válido terminar dando a conocer que entre 2002 y 2010, el PBI de Angola ha aumentado exponencialmente. En 2002, era de 10 mil millones de dólares y pasó a sumar 82 mil millones en 2010¹⁸. Este crecimiento y su relevancia a nivel internacional, está directamente relacionada con el rol que ocupa China en su economía nacional.

Nigeria

Los vínculos entre Nigeria y la República Popular China se remontan a febrero de 1971, momento en que se establecieron formalmente relaciones diplomáticas. Ese mismo año, Abuja respaldaría la Resolución 2758 de la Asamblea General de Naciones Unidas junto a gran parte del continente africano, que reconocía la República Popular como el único representante legítimo de China en la organización internacional.

Los años posteriores se caracterizaron por un bajo nivel en la relación bilateral ya que Nigeria era socio de Occidente. Mientras que durante los años 1980 y 1990 el país africano estuvo marcado por una serie de golpes militares. Razones por las cuales no fue sino hasta el retorno de la democracia en Nigeria, con la elección como presidente de Olusegun Obasanjo en 1999 (Egbula y Zheng, 2011) que se reactivaron las relaciones, coincidentemente con el renovado interés chino por profundizar los vínculos con África.

Desde 2001 a 2010, se han firmado una decena de tratados bilaterales¹⁹ en sucesivas visitas de Estado que han permitido mejorar el intercambio económico-comercial y las inversiones recíprocas. En este sentido, los mayores propósitos del despliegue diplomático de Beijing eran ingresar en el mercado nigeriano e incrementar la presencia china en el sector gasífero y petrolero de Nigeria. El renovado acercamiento entre el país africano y China también ha sido catalogado como “petróleo por infraestructura”, que consiste en conceder contratos petroleros a cambio de desarrollar proyectos de mejora en la infraestructura del país (Egbula y Zheng, 2011).

Respecto de la relación comercial, el intercambio se ha incrementado ampliamente desde 2002 a 2010, pasando de 2 mil millones a 17 mil millones de dólares respectivamente y aumentando en un ritmo de diez veces en diez años. En este período, Nigeria se ha convertido en el segundo mayor destino de exportaciones chinas en África (Egbula y Zheng, 2011). Pero es interesante dar a conocer que la proporción de su participación en el mercado nigeriano es mucho menos que la que posee Estados Unidos.

Retomando la variable petrolera, en la actualidad el 87% de las exportaciones nigerianas al gigante asiático están basadas en petróleo crudo y gas envasado. Mientras que Nigeria importa de China una amplia gama de manufacturas, mayoritariamente bienes de capital. En este aspecto, vale destacar que en 2000 este país era el cuarto mayor exportador de petróleo hacia China del continente, pero ha perdido dos posiciones durante la última década, quedando en sexto lugar²⁰. Estos datos ayudan a comprender el déficit en la balanza comercial que tiene Nigeria en relación a su socio chino (Wing, 2011).

En cuanto a las inversiones de China en Nigeria y de acuerdo a información extraída del China’s Bulletin of Overseas Investment, este país africano ocupa el segundo lugar (después de Sudáfrica) entre los mayores receptores de IED del continente. Entre 2003 y 2010, la IED alcanzó un mil millones de dólares para el período. Las inversiones se concentran en la industria petrolera, el sector manufacturero, de infraestructura, construcción y telecomunicaciones. Aquí cabe considerar que las inversiones de las empresas estatales chinas son mayoritarias en la extracción de recursos naturales y en infraestructura. Otra forma por la cual estas empresas han sabido abrirse en el sector petrolero nigeriano ha sido a través de la compra de negocios existentes. Ejemplo de ello es la compra de la compañía canadiense Addax Petroleum por Sinopec (Mthembu-Salter, 2009).

Respecto del sector petrolero, cabe mencionar que desde 2000 a 2007 se vio una expansión de las inversiones chinas en el sector petrolero de Nigeria gracias a una serie de políticas de incentivos aplicadas por el presidente Olusegun Obasanjo. Las iniciativas estaban dirigidas a incentivar la adquisición de bloques (activos) para la exploración y explotación, como por ejemplo ofrecer tasas de descuento para aquellos que se comprometieran a invertir en el sector downstream y en proyectos de infraestructura. Entre otras adquisiciones, a CNPC se le concedieron cuatro bloques con el compromiso de reactivar las instalaciones de la refinería de Kaduna por una inversión de 2 millones de dólares (Egbula y Zheng, 2011).

Ahora bien, el cambio de gobierno en Nigeria en el año 2007 trajo consigo grandes modificaciones en el sector. El presidente Umary Yar’Adua, en un esfuerzo por apaliar la corrupción relacionada a los contratos que se habían firmado en el período de anterior, canceló o suspendió gran parte los contratos firmados bajo el modelo “petróleo por infraestructura”. Debido a la deficiencia jurídica en la que se enmarcaban dichos contratos, gran parte de los proyectos de

infraestructura no fueron implementados, y cuando hicieron fue sólo parcialmente. En definitiva, Abuya perdió más de 10 mil millones por cancelar estos contratos (Egbula y Zheng, 2011).

Tal como lo sucedido en Angola, ante la cancelación de ciertos contratos, las empresas estatales chinas se embarcaron en la adquisición de activos. A diferencia de aquel país, en Nigeria este tipo de negocios está más flexibilizado. No obstante, se acuerda con Egbula y Zheng (2011) que la cancelación de los contratos existentes resultó en un gran paso atrás para las ambiciones chinas en Nigeria. No obstante, con el cambio de gobierno a partir de 2010, se está volviendo al anterior estado de situación.

Por último, Nigeria en el período que abarca este trabajo, ha mostrado un buen desempeño de su PBI. El crecimiento del país en esos términos ha sido considerable. En el año 2000, era de 46 mil millones de dólares, llegando a 228 mil millones de dólares (a precios corrientes) en 2012²¹. En este caso, podemos relativizar la relación entre el crecimiento de Abuja y la presencia china. Nigeria crece porque exporta petróleo y no sólo a China. El crecimiento está dado por la primarización de la economía y el alto precio internacional que mantiene el commodity.

Del análisis de los dos casos presentados respecto de las relaciones establecidas entre China y sus socios africanos, es importante recalcar que si bien hay varios estudios que demuestran la vinculación existente entre los índices de corrupción de Nigeria y Angola con el involucramiento de las compañías chinas en sus territorios, no es menos cierto que los gobiernos de estos países han tomado decisiones políticas con el fin de regular ciertos comportamientos vinculados a la intromisión de China en algunos sectores claves de las economías africanas, que incluso inciden en la política de los países. En otras palabras, los gobiernos de Nigeria y Angola han “frenado” el avance chino en el sector petrolífero local, muchas veces a costa de sus ganancias.

Consideraciones finales

Habiéndose estudiado los casos de Nigeria y de Angola a la luz de sus relaciones con China en los últimos años, es posible leerlos en base a las alternativas analíticas propuestas en un principio. De esta manera, podemos afirmar que estamos bajo un Consenso de los Commodities, donde la interacción entre aquellos que los poseen y aquellos que los ambicionan se vuelve crucial. A su vez, el avance de China está basado en una diplomacia financiera. El poder de los dólares abre las puertas a las inversiones y el comercio en todas las regiones del mundo.

Consideramos que el comportamiento de las elites gubernamentales de los países africanos tiene varios puntos en común con la teorización que Puig hizo en el estadio de dependencia nacional. Fundamentalmente respecto de la modalidad en la que se han impuesto límites menores a la acción de Beijing, que al intentar ultrapasarlos, han provocado una resistencia o contestación en Nigeria y Angola. Ahora bien, estos grupos en el poder, ¿cuánto están dispuestos a perder al poner el freno a las ambiciones chinas?

¿Representan los intereses propios de una burguesía nacional? ¿O son representantes del capital transnacionalizado perteneciente a las expotencias coloniales? Si bien incipiente, existen algunas elites locales que cada vez más vienen distinguiendo intereses autóctonos que deben ser defendidos.

En este sentido es que queda por saber si los estados africanos han aprendido “las lecciones del pasado” que dejaron las relaciones con las potencias del Norte desarrollado. Los propios africanos manifiestan que es necesario aprovechar las intenciones de los chinos en involucrarse con el continente porque no tienen certeza hasta cuándo ese momentum se prolongará. Esto es notable a la luz de la falta de relevancia de las naciones africanas para los centros de poder mundiales durante la década de los 80’ y 90’, donde solamente se consideraba un terreno donde primaba el hambre, las guerras intestinas y la desolación.

Entonces, resulta comprensible que los grupos en el poder en los países africanos quieran aprovechar al máximo la oportunidad que se les presenta, a sabiendas de la incerteza sobre el futuro próximo. Esto debe ser leído en base a los acontecimientos pasados, en donde las relaciones de potencias medias como por ejemplo Brasil, India o la misma China tuvieron períodos de acercamiento fuerte hacia África –principalmente en los años 50’para después bajar la intensidad de sus políticas exteriores demostrando un comportamiento cuasi ciclotímico.

Ante la caída del precio internacional de petróleo en el segundo semestre de 2014 resta cuestionarse, ¿qué pasaría ante un escenario donde confluyera el estancamiento o la desaceleración de crecimiento de la economía china y un precio bajo del recurso? Una respuesta probable es la disminución de la presencia de China en los países africanos, tal como viene sucediendo con Brasil desde 2010. Es cierto que Beijing ha planteado sus relaciones con África como prioritarias y sus políticas hacia la región lo vienen demostrando. Pero lograr el desarrollo económico es el interés estratégico nacional de la República Popular y sería esperable que la potencia se replegara para no debilitarse. Por tanto, este panorama probable nos demuestra otra forma más de comprender el comportamiento de los grupos en el poder en África.

Lo cierto es que al presente, las obras de infraestructura que está llevando a cabo China ayudan a aumentar la competitividad de las economías de los países aquí analizados. Además, es una fuente de empoderamiento para las naciones africanas. De todas formas, queda mucho por avanzar en términos de controles gubernamentales internos ante la oportunidad de tener un socio como China que desembolsa grandes cantidades de dólares sin mayores condicionalidades. Estas observaciones sumadas a las características particulares de gran parte de los Estados africanos (gobiernos autoritarios, baja institucionalidad, alta corrupción, etc.), no son una buena conjugación para que se desarrollen mecanismos a nivel doméstico para controlar la influencia de China y para proteger los intereses de los ciudadanos.

Puede haber una salida. La viabilidad autonómica se alcanza con la conjunción de dos factores: la posesión de recursos suficientes mínimos (en la expresión de Jaguaribe) y, principalmente, la existencia de elites funcionales, o sea, decididas a emprender el camino de la autonomización. A lo anterior debe sumarse la búsqueda crucial y el uso congruente de mecanismo de cooperación estratégica con pares que estén persiguiendo el objetivo de la autonomía. La concertación políticas entre gobiernos que compartan los mismos objetivos puede ser una forma de unir fuerzas en la negociación con el gigante asiático y, al mismo tiempo, una forma de encontrar soluciones al problema de la gobernanza. Lo fundamental es que los países logren materializar mecanismos propios y no exportarlos desde realidades no compartidas.

Bibliografía

Alves, Ana Cristina 2013 “Chinese Economic Statecraft: A Comparative Study of China’s Oil-backed Loans in Angola and Brazil” en Journal of Current Chinese Affairs, 42.

Ramos Becard, Danielly 2013 “China diplomacy and trade in Latin America” en Estudos Internacionais, Vol. 1, N° 2.

Campos Indira y Vines Alex 2008 “Angola and China: A Pragmatic Partnership”, Working Paper Presented at a Center for Strategic and International Studies Conference, “Prospects for Improving U.S.-China-Africa Cooperation,” December 5, 2007, Chatham House, London.

Castel, Antoni 2006 “China redescubre África” en Nova Africa (Barcelona: Centre d’Estudis Africans, Universitat Autònoma de Barcelona).

Cheru, Fantu y Obi, Cyril 2011 “De-coding China-Africa Relations: Partnership for development or ‘(neo) colonialism by invitation’?” en The World Financial Review.

Depetris Chauvin, Nicolás 2013 “La nueva transformación de la economía en África: el rol de China” en “Un cuento chino”, Voces en el Fénix, la Revista del Plan Fénix, Año 4, N° 26, Buenos Aires.

Dadwal, Shebonti Ray 2011 “India and Africa: Towards a Sustainable Energy Partnership”, Occasional Paper N° 75, Emerging Powers and Global Challenges Programme, South African Institute of International Affairs, Konrad Adenauer Stiftung, Johannesburg.

Egbula, Margaret and Zheng, Qi 2011 “China and Nigeria: a powerful South-South alliance” en West Africa Challenges, N° 5, Sahel and West Africa, Club Secretariat, OECD.

IEA 2014 Africa Energy Outlook 2014.

Information Office of the State Council 2013 “China-Africa Economic and Trade Cooperation (2013)” en The People’s Republic of China, Beijing.

Lechini, Gladys T. 2012 “BRICS e África: a grande incógnita”, Boletim de Economia e Política Internacional, Dinte, IPEA, Brasilia. http://www.ipea.gov.br/ portal/images/stories/PDFs/boletim_internacional/120328_boletim_ internacional09.pdf

Lechini, Gladys T. 2013 “China en África: discurso seductor, intenciones dudosas” en Revista Nueva Sociedad, N° 246.

MA, Wayne and Spegele, Brian 2014 “New Suppliers Boost China Oil Imports” en The Wall Street Journal http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303 802904579334411874909686

Moreira, Susana 2013 “Learning from Failure: China’s Overseas Oil Investments” en Journal of Current Chinese Affairs, 42, 1.

Mthembu-Salter, Gregory 2009 “Elephants, ants and superpowers: Nigeria’s relations with china” en South Africa Institute of International Affairs (SAIIA).

Pant, Girijesh 2008 The emerging energy player (New Delhi: Pearson Longman). Puig, Juan Carlos 1980 Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana (Caracas: Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Universidad Simón Bolívar).

Svampa, Maristella 2013 “El Consenso de los Commodities” en Le Monde Diplomatique, Edición 168.

Taylor, Ian 2006 “China’s oil diplomacy in Africa” en China and Africa: engagement and compromise (New York: Routledge).

Tokatlian Juan Gabriel y Carvajal H., Leonardo 1995 “Autonomía y política exterior: un debate abierto, un futuro incierto” en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, N° 28.

Vizentini, Paulo Fagundes 2014 “África e as Potencias emergentes: o Sul e a cooperação profana” en Austral: Revista Brasileira de Estratégia & Relações Internacionais, v.3, Nº 5., Porto Alegre.

Wing, Lol 2011 “China-Africa trade – Setting the scene for the future”, special report, Standard Chatered.

Yizhou, Wang, 2014 “China’s New Foreign Policy: Transformations and Challenges Reflected in Changing Discourse”, Vol.2, N° 5, School of International Studies, Peking University http://www.theasanforum.org/chinas-new-foreign-policy-transformations-and-challenges-reflected-in-changing-discourse/

 El presente artículo se constituye como trabajo de avance del proyecto de investigación doctoral “La política energética de Brasil, India y China en África Occidental: ¿modelos de vinculación para el desarrollo?”

1 Este trabajo fue presentado en la VII Escuela Sur-Sur “Desigualdades, Democracia y Desarrollo durante y después del Neoliberalismo”, en Bangkok, noviembre 2014, organizada por CLACSO, CODESRIA e IDEAs.

2 Para ampliar sobre el tema, se recomienda la consulta de los trabajos de los siguientes centros de investigación: Association for the study of Peak Oil & Gas (ASPO) de la Universidad de Uppsala, United States Government Accountability Office (US GAO), el Peace and World Security Studies en el Hampshire College de Massachusetts, M. King Hubbert Center for Petroleum Supply Studies en Estados Unidos y The Oil Depletion Analysis Centre (ODAC) en Gran Bretaña.

3 Mozambique, que hasta hace poco no figuraba en el mapa energético mundial, se ha convertido en uno de los “puntos calientes” de la industria gasífera gracias a dos descubrimientos de yacimientos de gas en su mar territorial en junio de 2012. Durante ese año, la tasa de crecimiento de este país alcanzó el 7.1%, cifra impensada para un país que ha intentado recuperarse después de quince años de guerra civil (Hughes, 11/06/2012, IEA, 2014).

4 Si bien el término fue acuñado originalmente por Theodore Roosevelt, es atribuido a la administración norteamericana de William Howard Taft (1909-1913) ya que tuvo implementación práctica durante su gobierno principalmente en los países de América Central

5 De esta manera, los bancos norteamericanos ofrecían empréstitos a un nuevo gobierno para ayudar a organizar su administración u este mismo gobierno otorgaba concesiones de obras públicas a empresarios estadounidenses. El mencionado método se basó en la idea de que las inversiones norteamericanas beneficiarían tanto a la región como a los inversionistas.

6 Ante el conflicto interno en Sudán y los negocios chinos en esa región, el ex ministro de Relaciones Exteriores Zhou Wenzhong dio a conocer “Business is business. We try to separate politics from business …” (New York Times, 22/08/2005 en Taylor, 2006).

7 Análisis de los datos estadísticos emanados del Africa Energy Outlook 2014 de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

8 Datos extraídos de la página web de US Energy Information Administration http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ch [Consultado el 19-11-2014].

9 Millones de barriles diarios.

10 La cifra correspondiente a consumo se refiere a la demanda interior.

11 Del total de las reservas de petróleo recuperables –que sumaban unos 200 mil millones de barriles en 2013- el 70% de las mismas están localizadas offshore (IEA, 2014).

12 Datos de Oil Prices http://oilprice.com/Energy/Energy-General/In-2014-Chinese-African-trade-will-surpass-200-billion.html [Consultado el 20-11-2014].

13 Las importaciones de crudo chinas de los mayores proveedores mundiales de petróleo, como Arabia Saudita y Kuwait, disminuyeron en el año 2014 en relación al 2013 al mismo tiempo que aumentaron aquellas provenientes África Occidental (Ma y Spegele, 21/01/2014). Para ampliar la información se recomienda consultar “New Suppliers Boost China Oil Imports” disponible en: http://www.wsj.com/articles/SB1 0001424052702303802904579334411874909686 [Consultado el 15-01-2015].

14 Datos de Oil Prices http://oilprice.com/Energy/Energy-General/In-2014-Chinese-African-trade-will-surpass-200-billion.html [Consultado el 20-11-2014]. 

15 Angola, Sudáfrica, Sudán, Nigeria, Egipto, Argelia, Libia, República del Congo, Marruecos y Benín eran los diez principales socios comerciales chinos del continente en 2011. Juntos sumaban el 76% del total del intercambio comercial China-África. Sólo Sudáfrica, Egipto y Marruecos poseen economías diversificadas mientras que los demás basan el comercio bilateral en el petróleo crudo. De los 53 países africanos, 14 contaban con una balanza comercial superavitaria mientras que los restantes 39 importaban más de China que lo que exportaban. Demuestran los datos que la venta de commodities a China puede derivar en una balanza comercial favorable (Angola, Sudán y República del Congo) como en una balanza comercial deficitaria (Nigeria y Argelia (Wing, 2011).

16 La guerra civil enfrentó a tres movimientos angolanos antagonistas y sus respectivos aliados. Aquellos movimientos eran: el Movimiento Popular de la Liberación de Angola (MPLA), apoyado por el bloque soviético y Cuba; el Frente Nacional para la Liberación de Angola (FNLA), respaldado por Estados Unidos y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) creada por un disidente del FNLA, recibió ayuda del gobierno segregacionista sudafricano. Durante la guerra de independencia, China dio su apoyo al MPLA con entrenamiento militar. Finalizada la Revolución Cultural y con la intención de contrabalancear la influencia de la URSS, China comenzó a asistir al FNLA (Campos y Vines, 2008).

17 Beijing se convirtió en la única opción financiera para países como Angola, que fueron incapaces de obtener préstamos de instituciones multilaterales para la reconstrucción de la infraestructura luego de sus guerras civiles (Depetris Chauvin, 2013: 137).

18 Datos extraídos de Index Mundi del World Bank http://www.indexmundi.com/ angola/gdp_(official_exchange_rate).html [Consultado el 21-11-2014].

19 Agreement on Trade, Investment Promotion and Protection 2001, Agreement for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with respect to Tax on Income 2002, Agreement on Consular Affairs 2002, Agreement on Tourism Co-operation 2002, Agreement of South-South Co-operation among China, Nigeria and FAO 2003, Memorandum of Understanding on a Strategic Partnership 2006, Agreement against fake products exported to Nigeria from China 2009, Memorandum of Understanding on promotion bicameral economic co-operation and partnership between Ogun State of Nigeria and Zhejiang Province of China 2009 y Memorandum of Understanding on peace co-operation, 2010 (Egbula y Zheng, 2011).

20 En 2000, de la totalidad de exportaciones de petróleo africanas a China, Nigeria aportada en un 7,4%, en 2010 pasó a ser tan solo 2% (Wing, 2011).

21 Datos extraídos de Index Mundi del World Bank http://www.indexmundi.com/ facts/nigeria/gdp [Consultado el 21-11-2014].

Resumen

A través del cumplimiento de sus funciones de acumulación, legitimidad y confianza, la política fiscal garantiza la reproducción de las relaciones sociales capitalistas en un contexto de relativa armonía social. Este es el caso en Colombia, donde un análisis histórico permitirá identificar la configuración de un Estado bélico-asistencial y de confianza inversionista que, através de diferentes mecanismos de represión y contención social garantiza la reproducción del orden prevaleciente. En este contexto, se afirmará que el origen del déficit fiscal tiene una relación directa con la consolidación del neoliberalismo, la persistencia del conflicto armado y la expansión del modelo asistencialista de política social. Únicamente transformaciones profundas en dichos procesos podrá resolver los problemas presupuestales que ha enfrentado el gobierno después de 1990.

Abstract

By the accomplishment of functions of accumulation, legitimation and maintenance of confidence, the fiscal policy guarantees the reproduction of capitalist social relations in a context of relative social harmony. This is the case in Colombia, where a historical analysis will allow identifying the configuration of a war- assistentialist and confidence State that uses different ways of repression and social containment in order to reproduce the prevailing order. In this context, the structural origin of the fiscal deficit in Colombia has a deep relation with the consolidation of neoliberal order, the persistence of the armed conflict and the expansion of the assistencialist model of social policy. Only deep transformations in those processes would change the problems that government has faced since 1990.

Andrés Felipe Mora Cortés 

Politólogo y Magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Candidato a PhD en Desarrollo y Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Católica de Lovaina. Docente de la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana. Sus líneas de investigación recientes se vinculan a las problemáticas de la producción social de la exclusión y la desigualdad, las políticas educativas y la política fiscal en Colombia.

Political Scientist and MA in Economy from the National University of Colombia. PhD candidate in Development and Political Studies of the National University of Colombia and the Catholic University of Lovaina. Professor at the National University of Colombia and the Pontifical Javeriana University. Its most recent lines of investigation are related to the problematic of the social production of exclusion and inequality, the education policies and the fiscal policy in Colombia.

Palabras clave

1| Política fiscal 2| Acumulación 3| Confianza 4| Legitimidad 5| Colombia.

Keywords

1| Fiscal Policy 2| Accumulation 3| Confidence 4| Legitimacy 5| Colombia.

Cómo citar este artículo [Norma ISO 690]

MORA CORTéS, Andrés Felipe Veinticinco años de crisis fiscal en Colombia (1990-2014) Acumulación, confianza y legitimidad en el orden neoliberal. Crítica y Emancipación, (13): 43-84, primer semestre de 2015.

Veinticinco años de crisis fiscal en Colombia (1990-2014)

Acumulación, confianza y legitimidad en el orden neoliberal*

Introducción

Más que un modelo económico teóricamente coherente e históricamente estable, el neoliberalismo constituye una lucha por la hegemonía, y es la expresión del reposicionamiento de la clase capitalista financiera durante los últimos cuarenta años. En este sentido, el orden neoliberal es la consecuencia de la voluntad de una clase de propietarios capitalistas de restablecer su ganancia y su poder en un contexto general de retroceso de las luchas sociales y populares. Dicha reafirmación de poder y de intereses se expresa en la relación con los trabajadores, los administradores de las empresas, los responsables de las políticas económicas y sociales en los gobiernos y las instituciones públicas o paratestatales tanto nacionales como internacionales (Duménil y Lévy, 2007).

No obstante, desde el punto de vista de las formaciones sociales concretas, el valor predominante que asume el orden neoliberal debe ser matizado, pues aunque puede ser definido como hegemónico, resulta incorrecto analizarlo sin tener en cuenta las especificidades de los espacios en que se instaura, y las reconfiguraciones que asume en el marco de la dialéctica global-local (Harvey, 2005).

Esta postura es particularmente válida para la comprensión del Estado, pues la tradicional visión dicotómica que ha intentado analizar las relaciones Estado-mercado ha impedido la comprensión del Estado como un agente activo e impulsor de la economía política neoliberal en contextos históricos, sociales y de relaciones de clase específicos. Esta perspectiva evita la caída en argumentos fundamentalmente incorrectos que insisten en la subsunción total Estado a los intereses del capital financiero multinacional (Panitch, 2000).

Desde esta óptica, el Estado no es observado desde la perspectiva de una entidad que desaparece, sino como un agente que ha redefinido su forma con el fin de responder a las exigencias de la acumulación del capital. Así, en el marco de la emergencia y consolidación del neoliberalismo el Estado redefine su forma adquiriendo nuevas funciones, coherentes con la reproducción y acumulación de la relación social capitalista (Jessop, 1999). Todo ello en el marco de relaciones sociales que, si bien se han sustentado en un relativo repliegue de las luchas sociales y populares, siguen siendo conflictivas y contradictorias. Entendido desde esta perspectiva, el Estado neoliberal y sus políticas serían, entonces, el reflejo de compromisos sociales que regulan los conflictos sin hacerlos desaparecer; es decir, de formas estabilizadas de relaciones de poder. Dichas formas históricas se ubican en medio de las relaciones dialécticas entre lo local-global y lo global-local (Theret, 2000). Esto es cierto para todos los campos de intervención y acción del Estado. Y en particular para la política fiscal, pues aunque son claras las restricciones y condicionantes que el orden neoliberal impone sobre sus funciones, objetivos e instrumentos, también es claro que:

“el papel director del mecanismo de mercado en la determinación del volumen, la composición, los métodos y la distribución de los gastos y los programas del Estado es nulo o casi (…) La administración del Estado en cambio organiza la producción como resultado de un conjunto de decisiones políticas. Estas decisiones políticas se producen dentro de un marco definido de relaciones sociales y como consecuencia de los conflictos sociales, económicos y políticos” (O´Connor, 1994, 91).

Es así como la condición característica del Estado en el orden neoliberal y el carácter inherentemente conflictivo y político de la política fiscal explican, para el caso colombiano, la crisis que ha caracterizado al presupuesto público durante los últimos veinte años. Entiéndase por crisis el déficit permanente que ha caracterizado a las finanzas públicas del Gobierno Nacional Central. En efecto, entre 1990 y 2014 el déficit fiscal en Colombia asciende, en promedio, al 3.7% del PIB. Sin contar privatizaciones, desde el año 1990 y hasta el presente, las finanzas públicas nunca han estado en equilibrio y menos aún han mostrado una situación de superávit ¿Qué explica la recurrente crisis fiscal del Gobierno Nacional Central?

La respuesta a esta pregunta pasa por reconocer que la política fiscal en Colombia está determinada por el cumplimiento de tres funciones claves: i) acumulación, ii) legitimación y iii) mantenimiento de la confianza. En este marco, la política fiscal ha funcionado como un mecanismo de regulación¹ orientado a garantizar la acumulación capitalista neoliberal en un contexto de relativa armonía social. Sin embargo, el cumplimiento de dichas funciones no es complementario; de hecho, lejos de ser compatibles, resultan contradictorias. El resultado de dichas contradicciones es una tendencia marcada a incrementos permanentes en el gasto público. Incrementos que no pueden ser cubiertos por los ingresos del Estado, pues la lógica de explotación tributaria que caracteriza al sistema impositivo del país, imposibilita recoger un volumen de recursos consistente con el nivel de gasto. En el contexto del orden neoliberal, por lo tanto, el cumplimiento de las funciones anteriormente señaladas explica la configuración en Colombia de un Estado bélico-asistencial y de confianza inversionista en permanente crisis fiscal.

A continuación serán desarrolladas estas afirmaciones. El documento se encuentra compuesto por cinco apartados. El primero de ellos es esta introducción. En el segundo será presentada la teoría de “la crisis fiscal del Estado”. Aquí se resaltarán los progresos interpretativos que esta teoría ofrece en relación con otras teorías convencionales como la teoría neoclásica y la teoría de la elección pública. También serán presentadas las categorías básicas sobre las que se edificará el análisis para el caso colombiano. Seguidamente, en la tercera parte, se presentará un balance histórico de la política fiscal en Colombia. En un cuarto momento se realizará un análisis de la política fiscal en Colombia inspirado en las apuestas interpretativas ofrecidas por la teoría de “la crisis fiscal del Estado” y teniendo en cuenta el marco histórico presentado. En este punto se insistirá en la configuración de un Estado bélico-asistencial y de confianza inversionista que, sustentado en lógicas de explotación tributaria, manifiesta su crisis a través del déficit fiscal que siempre lo ha acompañado. Finalmente, se presentan algunas conclusiones.

La crisis fiscal del estado: acumulación, confianza y legitimidad

Tradicionalmente, en los libros de texto se han priorizado visiones voluntaristas y positivas sobre la comprensión de la política económica que remiten directamente a un debate sobre objetivos e instrumentos. Siguiendo a Etienne Kirschen, por ejemplo, Juan R. Cuadrado considera que “los términos política económica describen el proceso mediante el cual el gobierno, a la luz de fines políticos más generales, decide sobre la importancia relativa de ciertos objetivos, y en cuanto considera necesario utiliza instrumentos o cambios institucionales con la intención de lograr tales objetivos” (Cuadrado, 1997, 146). Esta visión voluntarista toma su expresión más radical cuando en los modelos neoclásicos se asume la existencia de un “dictador benévolo” capaz de maximizar funciones de bienestar social, sujeto a cierto tipo de restricciones intertemporales o de política.

La racionalidad extrema que esta postura otorga a las decisiones de política económica en general, y de política fiscal en particular, ha sido objeto de duras críticas, todas ellas provenientes de diversas ramas de la economía política. Desde las lecturas de la elección pública, por ejemplo, se ha insistido en que el presupuesto público es el resultado de la interacción entre diversos grupos de la sociedad con intereses diversos y en competencia. Esta situación conlleva a que los supuestos objetivos generales que buscaría materializar la política fiscal sean desvirtuados y se asista, por el contrario, a que el Estado se comprometa con cierto tipo de facciones sociales que al captar rentas particulares, sobreexplotan el presupuesto público. El resultado es una tendencia clara hacia un mayor déficit fiscal y hacia incrementos continuos en el nivel de deuda pública. La denominada “tragedia de los comunes” se hace evidente, pues cada grupo social, aunque percibe los beneficios de explotar la política fiscal a su favor, no enfrenta directamente los costos asociados con dicha explotación, pues puede diferirlos intergeneracionalmente a través del endeudamiento provocado por el déficit.

Las restricciones de política enfrentadas por el supuesto dictador benévolo son ineludibles: “El problema es que las reglas de juego son tales que la prudencia y responsabilidad fiscales se encuentran más allá de los límites de lo políticamente razonables. Los contribuyentes disfrutan los beneficios del gasto público; no disfrutan con el pago de impuestos. La política del déficit es tan sencilla como esto” (Buchanan, 1984, 7). La solución a los problemas de sobreexplotación del presupuesto pasaría por la definición de arreglos institucionales cooperativos que eviten la “tragedia de los comunes” a través de la internacionalización de los costos por parte de cada uno de los grupos que capturan rentas (Echeverry, et al., 2004).

No obstante, la teoría de la elección pública sigue siendo estrecha debido a que concibe las instituciones únicamente como instrumentos destinados a la corrección de los problemas de coordinación. En

efecto, en el marco de la elección pública los asuntos fiscales se siguen concibiendo como un problema de economía política en el que se distribuyen de un determinado modo recursos insuficientes entre demandas casi insaciables y en competencia. De esta manera, se sustituye el análisis crítico del Estado y del presupuesto por una aceptación implícita del equilibrio subóptimo existente entre diversos intereses estratégicos privados.

¿Cómo producir, entonces, un análisis crítico de la política fiscal? Para avanzar en este camino se considera que son necesarias dos condiciones: i) Interpretar las políticas y las instituciones como el reflejo de compromisos sociales que regulan los conflictos sin hacerlos desaparecer, y ii) Entender que una vez realizados, dichos compromisos crean reglas y regularidades en la evolución de los gastos e ingresos públicos (Boyer, 1992). La traducción de estas apuestas teóricas al campo de la política fiscal es claro: el volumen y la composición del gasto así como la distribución de las cargas fiscales están determinados por conflictos y compromisos sociales institucionalizados en el marco de condiciones estructurales contradictorias².

Bajo estos presupuestos, y si se asume el capital como una relación social inherentemente crítica y conflictiva, la política fiscal se comprendería no como una estrategia voluntarista destinada a la maximización del bienestar social, sino como el conjunto de decisiones y acciones destinadas a gestionar los conflictos y contradicciones de la sociedad: “ni el volumen y la composición del gasto del Gobierno ni la distribución de las cargas fiscales están determinados por las leyes del mercado, sino que reflejan los conflictos sociales y económicos entre grupos y clases y están estructuralmente determinados por ellos” (O´Connor, 1994, 21).

Es esta la denominada teoría de la “crisis fiscal del Estado”. Esta perspectiva concibe el Estado moderno como un objeto del conflicto de clases, y entiende la crisis fiscal del Estado –es decir, el inevitable desajuste estructural entre los gastos y los ingresos estatales– como producto de la extensión de la “contradicción fundamental” del capital al campo fiscal, y de la manera como dicha contradicción se regula a través del cumplimiento de dos funciones básicas: las funciones de acumulación y legitimación. Esto en un contexto en que los costes de la política fiscal se socializan mientras que sus beneficios se concentran. Es en este marco en que:

“El Estado capitalista debe tratar de satisfacer dos funciones básicas y a menudo contradictorias: acumulación y legitimización. Esto significa que el Estado debe intentar mantener o crear condiciones en las cuales sea posible la acumulación rentable del capital. Además, el Estado debe tratar también de mantener o crear condiciones necesarias a la armonía social” (O´Connor, 1994, 26).

Así, la política fiscal actúa como una modalidad de regulación de las tensiones y conflictos económicos, sociales y políticos. Los límites y naturaleza de la política fiscal reflejan, entonces, la intensidad o agudización de las contradicciones del modo de producción capitalista y la manera como dichas tensiones se regulan para garantizar la reproducción de las relaciones sociales que le dan forma histórica concreta. El sentido positivo y voluntarista ofrecido por las lecturas concentradas en los objetivos e instrumentos del presupuesto público, y los aportes de la teoría de la elección pública en torno a la tragedia de los comunes, son superados por una visión de economía política más amplia que establece vínculos directos entre la política fiscal, el modo de producción capitalistas y las contradicciones y conflictos que le son inherentes.

Bajo estas coordenadas, las funciones de acumulación y legitimación del Estado implican un aumento permanente del gasto estatal, que no es susceptible de ser cubierto por los recursos provenientes de una mayor explotación tributaria³. La contradicción consiste fundamentalmente en que la garantía de la función de acumulación (a través de mayores niveles de gasto en capital físico, capital humano e inversiones en ciencia, tecnología e innovación) implica que las consecuencias propias del capitalismo en cuanto a desigualdad, pobreza, desempleo, subdesarrollo regional, desindustrialización y quiebras industriales tienden a profundizarse, obligando a aumentos importantes en gastos de legitimación. Resumiendo: el mayor nivel de gasto público en acumulación implica aumentos considerables de gasto destinados a garantizar una relativa armonía social. La trayectoria ascendente de este conjunto de gastos no puede ser cubierta por los recursos provenientes de las lógicas de explotación tributaria que a su vez, explican la necesidad de mayores gastos en asistencia pública. El resultado: un déficit estructural explicado por los elementos inherentemente críticos del capitalismo, y por las correlaciones de fuerza y conflicto que se tejen en sus entrañas.

El Cuadro No. 1 resume los componentes de la crisis fiscal del Estado. E incorpora otro componente fundamental para la comprensión del proceso en las economías del Sur: la garantía de confianza inversionista en el contexto de la financiarización y las necesidades recurrentes de endeudamiento. Los dispositivos de regulación económica y social en las economías del Sur no pueden verse por fuera de las presiones y influencias que sobre ellas ejerce la economía-mundo (Brenner, 1997). Por supuesto, esto no implica que el capitalismo financiero “sobredetermine” las dinámicas de la política fiscal en las economías del Sur. Por el contrario, es la relación triangular recíproca que se establece entre las funciones de acumulación, legitimación y confianza en donde pueden encontrarse las claves para comprender el porqué de la persistencia del déficit fiscal.

¿La crisis fiscal de los últimos veinticinco años puede ser comprendida bajo estas coordenadas teóricas? Primeramente, hay que señalar que, tal y como lo demuestra la Gráfica No. 1, los ingresos del Gobierno Nacional Central siempre han sido inferiores a sus gastos, lo cual ha llevado a un déficit recurrente que, a su vez, explica la mayor necesidad de recursos de financiamiento interno y externo. En promedio, entre los años 1990 y 2014, los ingresos totales del gobierno nacional central ascienden al 81% de los gastos totales. Esta situación explica por qué, en promedio, durante los últimos veinte años, el déficit fiscal –sin contar los recursos de privatizaciones- se ha mantenido en niveles cercanos al 3,7% del PIB, mostrando un deterioro continuo entre los años 1990 y 2000 (cuando asciende al 5.27% del PIB), recuperándose hasta el año 2008 cuando alcanzó el 1.77% del PIB, y exhibiendo un nuevo deterioro hasta alcanzar el 3.8% en 2009 (Gráfica No. 2).

Cuadro 1.

Fuente: elaboración propia con base en O’Connor (1994) y Brenner y Glick (1997).

Gráfica 1. Colombia. Balance fiscal Gobierno Nacional Central (miles de millones de pesos)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cálculos Propios.

Gráfica 2. Balance Gobierno Nacional Central (como porcentaje del PIB)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Más allá de explicaciones asociadas a los fallos del mercado, a la captura de rentas por parte de determinados grupos de presión, o al comportamiento oportunista de las autoridades fiscales, es necesario ubicar la discusión en el campo de las contradicciones inherentes al modo de producción capitalista. Tal y como se sostendrá en la tercera sección del documento, el mencionado déficit estructural colombiano es producto de las lógicas de regulación adelantadas por el Estado bajo el cumplimiento de las funciones de acumulación, legitimación y confianza. Este proceso ha llevado a la configuración de un Estado bélico-asistencial y de confianza inversionista que, bajo la profundización de lógicas de explotación tributaria, resulta incapaz de resolver sus problemas fiscales.

Como se observará, esta es la consecuencia de la intersección de aspectos globales y locales relativos a la consolidación del orden neoliberal, el sostenimiento del conflicto interno armado y la desigualdad profunda que ha caracterizado históricamente al país. Neoliberalismo, conflicto interno armado y desigualdad social: son estos los orígenes políticos del déficit estructural en el marco de la búsqueda contradictoria de objetivos de acumulación, confianza y legitimidad.

Colombia: explotación tributaria, estado bélico- asistencial y confianza inversionista

Generalmente, el problema del déficit fiscal en Colombia ha sido asumido desde una perspectiva de inflexibilidades de gasto y bajo recaudo tributario. Las reformas se han orientado, entonces, a remover aquellas fuentes constitucionales, legales y políticas de inflexibilidad y a presentar sucesivas reformas tributarias que al comienzo se pretenden estructurales pero que, después del debate político y bajo ciertas correlaciones de fuerza, terminan siendo coyunturales e insuficientes para alcanzar el anhelado equilibrio presupuestal (Junguito y Rincón, 2004).

Sin embargo, el déficit fiscal no es únicamente producto de relaciones de fuerza entre grupos sociales en competencia por la captura de recursos. Es principalmente, el reflejo de aspectos estructurales que trascienden el poder de las autoridades económicas para emprender el ajuste y para los cuales las reformas institucionales destinadas a minimizar las inflexibilidades son totalmente insuficientes. El voluntarismo no es el patrón dominante en la definición del presupuesto público. éste es el reflejo de la manera como la política fiscal cumple sus funciones reguladoras de acumulación, legitimación y confianza en un contexto de relaciones dialécticas entre lo global y lo local. En Colombia dichas funciones se han materializado en los incrementos en el gasto en infraestructura, capital humano y ciencia, tecnología e innovación (para el caso de la función de acumulación), en el aumento de los gastos sociales y de seguridad y defensa para garantizar la función de legitimación, y en el incremento sostenido en los gastos correspondientes al servicio de deuda para brindar confianza inversionista. Ello en un escenario en que los ingresos provenientes de la mayor explotación tributaria resultan insuficientes en tanto privilegian la tributación indirecta sobre las mayores cargas impositivas al capital y la riqueza.

Por lo tanto, y contrario a lo que sostienen los analistas de las inflexibilidades del presupuesto, no existe un patrón absoluto del tamaño que deba tener el Estado. El Estado y sus finanzas son reflejo de correlaciones de fuerza y de los mecanismos de regulación requeridos para enfrentar los elementos inherentemente críticos de la relación social capitalista. En este sentido, condiciones globales asociadas con la hegemonía neoliberal se intersectan con elementos particulares relativos al conflicto interno armado y a los niveles históricos de desigualdad y pobreza que ha mostrado el país. Es en esta intersección en que debe encontrarse el origen de la crisis fiscal del Estado y la consiguiente configuración de un Estado bélico-asistencial y de confianza inversionista que bajo diversos dispositivos de represión y contención social intenta recrear las condiciones de estabilidad requeridas para la reproducción de la relación social capitalista, a través de un mayor déficit fiscal. A continuación serán desarrolladas estas ideas.

Explotación tributaria: los impuestos indirectos y el impacto neutral de la estructura impositiva sobre la desigualdad

Durante la década de 1990 la consecución del saneamiento fiscal constituía un elemento imprescindible para el logro eficiente de los objetivos de apertura comercial, la eliminación del control de precios y la materialización de los objetivos de desreglamentación y privatización que se implementaban en el marco del modelo neoliberal. Por ello, las concesiones fiscales otorgadas al orden que se consolidaba -como la reducción a los impuestos directos a las exportaciones, la liberalización y la desgravación de las importaciones y los impuestos sobre el capital financiero- significaron fuertes presiones fiscales en el corto plazo. Esta situación obligó a los gobiernos a definir medidas compensatorias como el aumento y consolidación del IVA y el impuesto sobre la renta. A estos esfuerzos se unieron otros ingresos transitorios relacionados con los procesos de privatización y el estímulo al esfuerzo fiscal propio de las entidades territoriales (Perry y Herrera, 1994).

Es este el origen de una mayor explotación tributaria en América Latina, pues las estructuras tributarias se ajustaban en función de las necesidades del capital, omitiendo sus objetivos de equidad y mayor progresividad. Desde el neoliberalismo se ha insistido en los efectos negativos que sobre el crecimiento económico y sobre el recaudo generan las tasas impositivas elevadas y diferenciadas en términos del nivel de ingresos de los agentes. Se considera, entonces, la necesidad de evitar los impuestos sobre los ingresos y la riqueza, establecer modelos impositivos planos que no afecten negativamente los precios relativos de los bienes y aumentar la eficiencia en el recaudo a través de impuestos fácilmente controlados por las autoridades fiscales (Giraldo, 2001). Esta ha sido la inspiración básica de las reformas fiscales promovidas en América Latina en las últimas dos décadas, y Colombia no ha sido la excepción:

“Entre 1990 y 2003 se aprobaron ocho reformas tributarias, contando la creación del impuesto de seguridad democrática en 2002. En promedio se aprobó una reforma cada 15 meses, lo cual además del desgaste administrativo y de la carga sobre la gestión legislativa que ha implicado, muestra la gran inestabilidad de las reglas de juego impositivas en el país. Además, revela el carácter coyuntural de las reformas sin que se haya abocado una reforma estructural para corregir problemas graves en la estructura de impuestos que han llevado a la reproducción de profundas inequidades, la proliferación de exclusiones y exenciones y la falta de transparencia proclive a elevados niveles de evasión y elusión tributarias ( ) La estructura del IVA, como resultado de las sucesivas reformas tributarias, ha pasado de una progresividad moderada, a una relativa neutralidad, e incluso a una regresividad en el caso de los alimentos” (Betancourt, 2005, 385).

El efecto perverso de este tipo de medidas puede observarse en los efectos redistributivos que generan. Para el caso de América Latina Servén (2008) demuestra que la estructura tributaria tiene una incidencia neutral en términos del avance hacia sociedades con mejores niveles de distribución del ingreso. Al simular el coeficiente de Gini antes y después de la política fiscal, Servén concluye que en Europa el Gini asciende a 0.46 antes de la política fiscal y se reduce al 0.31 después de la política fiscal. Para el caso de América Latina el coeficiente de Gini antes de la política fiscal asciende a 0.52 y después de la misma se mantiene en 0.50. Para Colombia, las virtudes redistributivas de la política fiscal son prácticamente inexistentes: el coeficiente de Gini antes de la política fiscal asciende a 0.56, después es de 0.53. La persistencia de la desigualdad constituye un efecto directo del mantenimiento de lógicas de explotación tributaria.

Más áun, Ocampo y Malagón (2012) demuestran que la mayor parte del muy bajo efecto redistributivo de la política fiscal se haya en el componente del gasto público. Así, en comparación con lo observado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, las posibilidades de mejoramiento del potencial redistributivo de la política tributaria es amplio, pues en esos países el 24% de la redistribución total efectuada desde la política fiscal es debida a la política tributaria. En América Latina, en contraste, este porcentaje alcanza únicamente el 11% (Cuadro No. 2).

Cuadro 2. Efecto redistributivo de la política fiscal: coeficiente de gini del ingreso antes y después de impuestos y transferencias

País | Coeficiente de Gini | Redistribución de la Política Fiscal | % de la Distribución
Ingreso antes de Impuestos y Transferencias | Ingreso después de Impuestos y Transferencias | Total | Impuestos | Transferencias | Impuestos | Transferencias
Argentina | 0,500 | 0,481 | 0,019 | 0,005 | 0,014 | 26% | 74%
Bolivia | 0,604 | 0,543 | 0,061 | 0,000 | 0,061 | 0% | 100%
Brasil | 0,560 | 0,543 | 0,017 | -0,001 | 0,018 | -6% | 106%
Chile | 0,472 | 0,456 | 0,016 | 0,002 | 0,014 | 13% | 88%
Colombia | 0,568 | 0,522 | 0,046 | 0,012 | 0,034 | 26% | 74%
Costa Rica | 0,451 | 0,383 | 0,068 | 0,008 | 0,060 | 12% | 88%
El Salvador | 0,474 | 0,458 | 0,016 | -0,020 | 0,036 | -125% | 225%
Guatemala | 0,463 | 0,426 | 0,037 | 0,006 | 0,031 | 16% | 84%
Honduras | 0,535 | 0,481 | 0,054 | -0,001 | 0,055 | -2% | 102%
México | 0,510 | 0,494 | 0,016 | 0,009 | 0,007 | 56% | 44%
Nicaragua | 0,531 | 0,470 | 0,061 | 0,001 | 0,060 | 2% | 98%
Panamá | 0,538 | 0,458 | 0,080 | 0,006 | 0,074 | 8% | 93%
Perú | 0,486 | 0,479 | 0,007 | 0,008 | -0,001 | 114% | -14%
Promedio AL | 0,515 | 0,476 | 0,038 | 0,003 | 0,036 | 11% | 89%
Promedio OCDE | 0,450 | 0,284 | 0,166 | 0,040 | 0,126 | 24% | 76%

Fuente: Ocampo y Malagón (2012).

En este contexto, los efectos redistributivos de los impuestos directos e indirectos se anulan mutuamente en Colombia, y las transferencias monetarias no tienen impacto alguno sobre el coeficiente de Gini. Diversos análisis revelan que los impuestos directos reducen el coeficiente de Gini en un punto porcentual, mientras que los impuestos indirectos lo aumentan en la misma proporción, dando como resultado un impacto global neutro del sistema tributario. De hecho, los impuestos al valor agregado equivalen a cerca de la mitad de los ingresos de los hogares en el decil más pobre (que tienen ingresos monetarios muy bajos), pero representan solamente el 5.6% de los ingresos del decil más rico (Moller, 2013).

En consecuencia, se ha demostrado que en América Latina (incluida Colombia) el potencial para edificar una política fiscal más progresiva y redistributiva se haya en las variaciones sobre el impuesto a la renta. En efecto, el impuesto sobre la renta, que incluye personas físicas y sociedades, resulta ser el más progresivo y además produce una mejora en la redistribución. Mientras tanto, el resto de tributos resultan ser regresivos y empeoran la distribución, siendo los de regresividad más significativa los impuestos selectivos sobre el consumo (bebidas alcohólicas, cervezas, tabacos). Así, en América Latina el sistema tributario en su conjunto resulta ser regresivo y empeora la distribución (Cuadro No.3).

Cuadro 3. Índices de concentración para el promedio de países de América Latina (deciles de hogares por ingreso familiar equivalente)

Impuestos | Índices
Gini-Antes de Impuestos | Concentración de Impuestos | Kakwani (Progresividad)* | Gini-Post- Impuestos | Reynods- Smolesnsky (Redistribución)**
Impuestos sobre la Renta | 0,564 | 0,672 | 0,108 | 0,561 | -0,003
Patrimonio | 0,564 | 0,461 | -0,103 | 0,564 | 0,000
General sobre consumos | 0,564 | 0,475 | -0,089 | 0,567 | 0,003
Selectivos sobre consumos | 0,564 | 0,387 | -0,177 | 0,567 | 0,003
Comercio exterior | 0,564 | 0,454 | -0,11 | 0,566 | 0,002
Seguridad social | 0,564 | 0,487 | -0,077 | 0,565 | 0,001
Total Sistema Impositivo | 0,564 | 0,497 | -0,067 | 0,574 | 0,010

Fuente: Jiménez y Ruiz (2009).

* Índice de Kakwani: existe mayor progresividad si el impuesto se concentra más en los agentes económicos con mayor ingreso y/o riqueza. En este sentido el índice tenderá a estar por encima de cero (0). Si el índice se ubica por debajo de cero (0) se considera que el impuesto en cuestión es regresivo.

** Índice de Reynods-Smolensky: considera que el impuesto redistribuye más si la diferencia entre el Gini-Antes de Impuestos y el Gini-Post-Impuestos es mayor y negativa. Si la diferencia es baja, el impuesto redistribuye menos. Y si la diferencia es positiva el impuesto es regresivo.

Esta situación es explicada por los cambios de la estructura tributaria en las últimas décadas, caracterizada fundamentalmente por el marchitamiento de los impuestos al comercio exterior, el bajo incremento del impuesto a la renta y la propiedad, la disminución del recaudo vinculado a la seguridad social y el fuerte dinamismo del IVA. Situación contraria a la observada en la OCDE, donde el impuesto a la renta y la propiedad explican más del 40% de los ingresos tributarios totales (Cuadro No. 4).

Cuadro 4. Comparación de la estructura tributaria entre América Latina y la OCDE

| América Latina
1990 | 2008
Renta más propiedad | 24,90% | 29,80%
IVA | 24,40% | 36,20%
Específicos a Bienes y Servicios y Otros Impuestos | 20% | 12,10%
Comercio Exterior | 13,70% | 7,70%
Seguridad Social | 17% | 14,30%

| OCDE
1990 | 2008
Renta más propiedad | 44,80% | 42,40%
IVA | 17,30% | 18,90%
Específicos a Bienes y Servicios y Otros Impuestos | 13,70% | 12,20%
Otros Impuestos | 1,10% | 0,70%
Seguridad Social | 23,10% | 25,50%

| América Latina
1990 | 2008
Renta más propiedad | 24,90% | 29,80%
IVA | 24,40% | 36,20%
Específicos a Bienes y Servicios y Otros Impuestos | 20% | 12,10%
Comercio Exterior | 13,70% | 7,70%
Seguridad Social | 17% | 14,30%

| OCDE
1990 | 2008
Renta más propiedad | 44,80% | 42,40%
IVA | 17,30% | 18,90%
Específicos a Bienes y Servicios y Otros Impuestos | 13,70% | 12,20%
Otros Impuestos | 1,10% | 0,70%
Seguridad Social | 23,10% | 25,50%

Fuente: Jiménez y Ruiz (2009).

A esta situación debe sumarse que la presión tributaria en América Latina (es decir el total de ingresos tributarios como porcentaje del PIB) no ha representado mayores incrementos, y ha pasado del 13.3% al 17.6% del PIB, lo cual resulta bastante modesto si se compara con lo observado en otras regiones. Para el caso de Colombia, la presión tributaria asciende al 15,6% del PIB, por debajo de países como Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, Boliva, Honduras, Perú, Honduras, Ecuador y Costa Rica. Del total de 19 países de América Latina y el Caribe, la presión tributaria de Colombia únicamente se encuentra por encima de la de República Dominicana, El Salvador, Venezuela, Paraguay, Guatemala, Haití y México. Países como Dinamarca, Suecia y Noruega muestran un nivel de presión Tributaria cercana al 47% del PIB (Cuadro No. 5).

Cuadro 5. Variación en la presión tributaria en América Latina (% del PIB)

Tipo de Impuesto | 1990-1992 | 2005-2008 | Variación absoluta | Participación en la variación
Renta | 2,9 | 4,5 | 1,6 | 37,2
Propiedad | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 7,0
IVA (General sobre otros bienes y servicios) | 3,3 | 6,4 | 3,1 | 72,1
Específicos a bienes y servicios | 1,9 | 1,7 | -0,2 | -4,7
Comercio exterior | 1,8 | 1,4 | -0,4 | -9,3
Otros Impuestos | 0,7 | 0,4 | -0,3 | -7,0
Seguridad social | 2,3 | 2,5 | 0,2 | 4,7
Total ingresos tributarios | 13,3 | 17,6 | 4,3 | 100,0

Tipo de Impuesto | 1990-1992 | 2005-2008 | Variación absoluta | Participación en la variación
Renta | 2,9 | 4,5 | 1,6 | 37,2
Propiedad | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 7,0
IVA (General sobre otros bienes y servicios) | 3,3 | 6,4 | 3,1 | 72,1
Específicos a bienes y servicios | 1,9 | 1,7 | -0,2 | -4,7
Comercio exterior | 1,8 | 1,4 | -0,4 | -9,3
Otros Impuestos | 0,7 | 0,4 | -0,3 | -7,0
Seguridad social | 2,3 | 2,5 | 0,2 | 4,7
Total ingresos tributarios | 13,3 | 17,6 | 4,3 | 100,0

Fuente: Jiménez y Ruiz (2009).

Finalmente, el gasto tributario, es decir, la diferencia entre los tipos impositivos nominales y los impuestos reales que terminan pagando los contribuyentes por cuenta de incentivos y estímulos fiscales es bastante costoso y alcanza un promedio del 4.45% del PIB en América Latina. Sobresale aquí, el mayor nivel de gasto tributaro relacionado con los impuestos sobre la renta personal (aunque Colombia es la excepción) (Cuadro No. 6).

Cuadro 6. Estimaciones del gasto tributario como porcentaje del PIB

País | Impuestos Directos (% PIB) | Impuestos sobre la Renta de las Empresas (% PIB) | Impuestos sobre la Renta Personal (% PIB) | Impuestos Indirectos (% PIB) | Total (% PIB)
Argentina | 0,51 | (…) | (…) | 1,7 | 2,21
Brasil | 1,11 | 0,45 | 0,66 | 1,18 | 2,29
Chile | 4,21 | 0,9 | 3,31 | 0,76 | 4,97
Colombia | 1,6 | 1,36 | 0,24 | 1,92 | 3,52
Ecuador | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 3,4 | 4,6
Guatemala | 5,28 | 0,93 | 4,35 | 2,63 | 7,91
México | 3,02 | 1,45 | 1,56 | 2,9 | 5,92
Nicaragua | (…) | (…) | (…) | (…) | 6,6
Perú | 0,29 | 0,1 | 0,18 | 1,76 | 2,05
Promedio | 2,15 | 0,80 | 1,59 | 2,03 | 4,45

Fuente: Itriago (2011).

Para algunos analistas, sin embargo, la política fiscal en Colombia debe ser todavía objeto de una reforma estructural que garantice el equilibrio en las finanzas públicas y garantice el crecimiento económico a través del jalonamiento del ahorro público, la sostenibilidad fiscal de largo plazo y la inversión privada. De acuerdo con Perry:

“el sistema tributario colombiano es complejo y costoso de administrar; tiene muy baja productividad y produce un recaudo insuficiente; no redistribuye y está plagado de inequidades horizontales; causa enormes distorsiones en la asignación de recursos entre sectores; y estimula la informalidad y el desempleo, la desintermediación financiera y un uso ineficiente de los combustibles. Estos problemas se originan, ante todo, en el excesivo número e importancia de los privilegios tributarios en el IVA y los impuestos a la renta (exenciones, deducciones espaciales, tasas preferenciales) y a la existencia de tres gravámenes altamente

distorsionantes: al empleo formal, al patrimonio empresarial y a las transacciones financieras” (Perry, 2010, 38).

Desde el discurso neoliberal, los privilegios, la pluralidad de tarifas y las distorsiones son concebidas como el reflejo de intereses sociales sectoriales que impiden el diseño de una estructura tributaria óptima y garante del “interés general”; es decir, del interés de los empresarios, pues son ellos quienes constituyen el actor fundamental del proceso económico, y es a ellos a quienes debe otorgárseles las condiciones institucionales, legales y de armonía social necesarias para garantizar las lógicas de acumulación. En la práctica, la eliminación de los privilegios, exenciones y distorsiones provenientes de la economía política de la tributación en Colombia implicaría: “simplificar el IVA y los impuestos a la renta (unificando tarifas y eliminando o reduciendo significativamente exenciones y excepciones, rentas exentas y deducciones espaciales) eliminar o reducir los parafiscales, el impuesto al patrimonio de las empresas y a las transacciones financieras; y permitir el descuento pleno del IVA pagado a la adquisición de bienes de capital” (Perry, 2010, 9).

Sin emabargo, se acepta que en términos netos, una propuesta de este tenor implicaría la reducción de los ingresos del Estado, lo cual entorpecería el logro del objetivo fundamental de la sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Esto obligaría a la búsqueda de ingresos que no lastimen los intereses y expectativas del sector privado, y que en consecuencia terminan vulnerando los intereses sociales de los sectores sociales y populares.

“Para garantizar la necesidad de sostenibilidad fiscal y reducir los parafiscales se hace necesario gravar la mayoría de los bienes exceptuados y exentos en el IVA y subir la tasa básica a 19%, acompañando esta reforma por una compensación parcial a las familias SISBEN 1 y 2 por razones de equidad y viabilidad política y jurídica ( ) el riesgo jurídico de una reforma que grave con IVA productos básicos antes exceptuados o exentos se puede mitigar destacando la ampliación reciente del programa de Familias en Acción y estableciendo una compensación parcial para los estratos SISBEN 1 y 2” (Perry, 2010, 10-12)⁴.

La afirmación de Perry demuestra que la mayor explotación tributaria conduce a una mayor necesidad de gasto social:

“Esta es una interesante contradicción del sistema fiscal: por una parte, la clase trabajadora es la que soporta el mayor peso de los impuestos; por otra parte, esta misma clase necesita de una cantidad creciente de gastos (consumo social y gastos sociales) debido precisamente a su condición de clase trabajadora. Puede ser muy bien verdad que cuanto mayor es el grado de explotación fiscal, mayor debe ser el nivel de los gastos estatales y de ahí la necesidad de una explotación fiscal todavía mayor” (O´Connor, 1994, 262).

Es claro el conflicto que en este sentido se presenta entre los derechos sociales y económicos de los colombianos y los “derechos del capital”. El modelo de reforma óptima implica un incremento de la carga tributaria en los sectores sociales con menores ingresos, pues por su naturaleza el IVA castiga de igual forma a los consumidores independientemente de su riqueza o nivel de ingreso. La mayor explotación tributaria socava, entonces, el ejercicio de derechos económicos y sociales en Colombia, aumenta la desigualdad y sería la causa de mayores presiones sobre el gasto asistencial de la política social.

Acumulación: las presiones por la ampliación del stock de capital físico, humano y de CT+I

Durante la década de 1980 el gasto público fue comprendido desde la perspectiva de la estabilidad y el ajuste macroeconómico. El equilibrio de las finanzas públicas fue concebido como un imperativo incuestionable e inaplazable. Sin embargo, en el marco de las reconfiguraciones históricas del Consenso de Washington de 1990, esta postura ha sido matizada y se ha insistido en que los procesos de estabilización y ajuste estructural emprendidos en América Latina durante la década de 1980 han resultado ambiguos en términos de los efectos negativos que dichas restricciones generan en el largo plazo en materia de crecimiento económico y solvencia fiscal.

Por ejemplo, la comprensión del ajuste fiscal como piedra angular de la estabilidad macroeconómica, ha generado efectos perversos en términos del gasto y la inversión pública destinada a infraestructura. Este hecho puede ser explicado por la estrechez de los argumentos que asumen los recortes al gasto en infraestructura física un medio válido para el ajuste fiscal. En este sentido, desde la reconfiguración del discurso neoliberal se ha demandado la creación de nuevos modelos de valoración fiscal que tomen como base horizontes temporales extensos asociados con las dinámicas de retorno de la inversión, el crecimiento y la solvencia fiscal de largo plazo. La austeridad aplicada a temas de infraestructura, se convertía en una restricción a los procesos de acumulación:

“La restricción fiscal implementada mediante recortes en el gasto público en infraestructura representa una estrategia de ajuste miope y potencialmente autodestructiva, porque disminuye el producto futuro de la economía y, en consecuencia, la recolección de impuestos y la capacidad de pago de la deuda de la economía”( Easterly y Servén, 2003, 75).

La apertura a la iniciativa privada, además, no fue la panacea para las grandes dificultades de la infraestructura en América Latina. Esto permite concluir que, si se tiene en cuenta que la inversión en infraestructura constituye un antecedente robusto de los subsiguientes cambios en el stock de infraestructura, la reducción en el gasto público ha afectado negativamente la cantidad de infraestructura disponible en América Latina en las dos últimas décadas. Ni siquiera es claro que el gasto privado en infraestructura se traduzca en una acumulación de stock más rápida y eficiente. Ante este panorama, la pregunta se centra en los efectos que la brecha en infraestructura -producida por la reducción del gasto en el marco de las dinámicas de estabilización y ajuste macroeconómico- genera sobre variables como el crecimiento y económico y la acumulación capitalista.

Dada la restricción presupuestal que han enfrentado los gobiernos, una de las herramientas más utilizada para asegurar las inversiones en este sector son las denominadas vigencias futuras:

“El monto total de los cupos de vigencias futuras autorizados para el período 2011-2027, con corte al 30 de abril de 2010, suma $30,5 billones, en pesos constantes de 2010 ( ) Este valor incluye las autorizaciones de varias administraciones presidenciales y los avales fiscales otorgados en la segunda administración Uribe por valor de $4,2 billones, que no han completado su trámite de aprobación de vigencias futuras con cargo a presupuestos de los próximos años. De los $30,5 billones, $3,2 billones son cupos autorizados en las administraciones Samper y Pastrana (Metro, Fogafin y concesiones viales, entre las más representativas), las cuales cubren hasta el año 2022. Estos cupos se ejecutarían principalmente en las siguientes dos administraciones presidenciales. Los restantes $27,3 billones son cupos autorizados y avales aprobados durante las administraciones del presidente Uribe Vélez para el período 2011-2027, de los cuales se estima que $17,7 billones (65%), se ejecutarían durante la próxima administración presidencial (2010-2014), como parte de los respectivos planes nacionales de desarrollo ( ) Por sectores, en el corto y mediano plazos las vigencias futuras de inversión se concentran principalmente en aquellos que desarrollan proyectos que buscan incrementar los niveles de desarrollo humano y formación de capital fijo. A partir de 2011 la gran mayoría de las vigencias futuras se encuentran en los sectores transporte (85,5%) y hacienda (14,2%), donde los recursos de éste último representan compromisos de la Nación en el desarrollo de sistemas integrados de transporte masivo (SITM) en diferentes ciudades del país” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010a, 96).

Más aún, se ha insistido en que en el marco de las evidentes restricciones fiscales “se requiere un modelo capaz de atraer capital privado en gran escala para financiar y construir la columna vertebral de la red vial principal ( ) Las concesiones son instrumentos financieros ideales para lograr este propósito, a través de la financiación privada de la infraestructura vial” (Benavides, 2010: 281). Esto en el marco del establecimiento de garantías para el sector privado como la definición de vigencias futuras, la creación de peajes, la cesión de derechos exclusivos de desarrollo de finca raíz en las vías aledañas, y el establecimiento de “peajes sombra”; es decir, de pagos periódicos por parte del sector público al concesionario para lograr la rentabilidad privada y reducir la presión sobre los pagos de los usuarios.

A los gastos en capital físico (infraestructura) destinados al cumplimiento de la función de acumulación, es necesario también añadir los gastos en “capital humano”. La inversión en recursos humanos fue reconocida desde siempre por el neoliberalismo como un medio esencial para encontrar relaciones de complementariedad entre el cambio técnico y la mano de obra. En este contexto, la inversión en recursos humanos constituye la mejor alternativa para encontrar un punto de equilibrio entre la búsqueda de mayores niveles de productividad y la minimización de la pobreza. Behrman (1993) testifica la relación virtuosa que se establece entre crecimiento económico e inversión en recursos humanos: las mayores tasas de escolaridad se relacionan con reducciones en la fecundidad y mortalidad, con niveles inferiores de analfabetismo, con mejoras de bienestar y salud y con la consolidación de la masa trabajadora cualificada requerida para el mejor desempeño económico. Así mismo, altos grados de salud y nutrición favorecen la esperanza de vida, disminuyen las presiones demográficas y, en el largo plazo, minimizan las presiones fiscales generadas por los gastos en salud curativa. Por último, los programas de adiestramiento de la mano de obra aumentan la rentabilidad y productividad del sector privado.

Esta lógica establecía claros criterios de rendimiento en términos de rentabilidad y beneficios mediante la comparación del desempeño del sector público y el sector privado en la prestación de dichos servicios. En efecto, a fin de incrementar los rendimientos de la inversión en términos de rentabilidad y beneficios, se requería partir de una relación de complementariedad entre Estado y mercado y tener presentes criterios de focalización y priorización sustentados en las siguientes premisas: i) para los países intermedios resultan bastante considerables los aumentos de productividad derivados de inversión en educación básica; ii) en aquellos países en que la salud y nutrición son deficientes, puede obtenerse un mayor rendimiento mediante el control de enfermedades infecciosas y la atención materno-infantil, y iii) las tasas de rentabilidad de las inversiones adicionales en recursos humanos femeninos tienden a ser superiores a las de los hombres, en parte debido al impacto positivo que tiene la escolaridad femenina sobre la salud, la nutrición, la fecundidad y el crecimiento económico.

Estos han sido los criterios que han configurado el régimen de transferencias departamentales y municipales en Colombia. En efecto, las inversiones en educación, salud y agua potable y alcantarillado para los cuales deben ser destinadas las trasferencias han sido concebidas en términos de inversión en recursos humanos y lógicas de complementariedad Estado-mercado. Tal y como lo muestra la Gráfica No. 3 las trasferencias a departamentos y municipios muestran un claro comportamiento ascendente, pasando de representar 0.1 billones de pesos en 1990 a 31.4 billones de pesos en 2013.

Gráfica 3. Gobierno Nacional Central. Gasto en Transferencias a departamentos y municipios

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cálculos Propios.

Durante este periodo, las transferencias regionales han representando, en promedio, el 30% de los gastos totales de la nación y el 35% de los gastos en funcionamiento. Como proporción del PIB, las transferencias han pasado de representar el 2.1% en 1990 al 5% en 2001, y descendiendo al 3.8% en 2013⁵.

Por último, otro factor clave en los rubros fiscales relativos a la función de acumulación son los gastos en ciencia, tecnología e innovación (CT+I). En las reconfiguraciones más contemporáneas del neoliberalismo, el sustento de la competitividad y de la ampliación de la base exportable del país con bienes de mayor valor agregado se encuentra en la generación, difusión y uso del conocimiento. El cambio técnico constituye el motor del crecimiento y el desarrollo económico y social. Sin el apoyo del Estado es impensable un modelo económico productivo y competitivo en el marco de la sociedad del conocimiento: “El gasto privado en I+D así como el nivel de actividad científico-

tecnológica serán subóptimas, relativo al nivel socialmente deseable si se deja al mercado actuar por su cuenta. Existen diversas fallas de mercado asociadas al fenómeno del desarrollo científico y tecnológico y de la innovación que hacen necesaria la intervención del Estado” (Perfetti, 2010, 323).

Sin embargo, tal y como lo sostiene la “nueva economía”, dicha intervención del Estado debe concentrarse en el establecimiento de incentivos para la inversión en CT+I. Y dichos incentivos únicamente se hacen concretos cuando las inversiones son rentables; es decir, cuando se imponen derechos de propiedad sobre el conocimiento. La rentabilidad de las inversiones en capital humano e investigación e innovación es garantizada cuando un entramado institucional adecuado ofrece posibilidades de capturas de renta a través de la definición precisa de derechos de propiedad (patentes, derechos de propiedad intelectual e ingresos por nivel educativo). Con ello la intervención del Estado eliminará las fallas del mercado en el campo de la CT+I y promoverá las externalidades positivas que estas mismas actividades generan.

Sin embargo, el gasto estatal destinado a este campo es precario, razón por la cual, se plantea recurrentemente la necesidad de aumentar el volumen de recursos destinado. En la actualidad, Colombia únicamente dedica el 0.46% del PIB a estas actividades, y los recursos han sido fluctuantes y no permanentes. De acuerdo con los defensores de la “nueva economía” se requeriría, entonces, un aumento del gasto público destinado a formular un programa nacional de innovación como alianza público-privada y liderada por Colciencias, pero ejecutada por el Consejo Privado de Competitividad. Recienteemente, el Consejo Nacional de Educación Superior (2014) ha establecido la necesidad de aumentar el gasto en actividades de CT+I hasta alcanzar un umbral del 1.5% del PIB. Alcanzar este objetivo requirirá un incremento del gasto del 10% anual entre 2015 y 2034.

Legitimidad: la configuración de un Estado Bélico-Asistencial

A partir del año 2002 la Política de Defensa y Seguridad Democrática se ha constituido en el pilar sobre el cual se desarrollan las demás estrategias con el propósito de generar confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros y lograr mayor crecimiento económico y bienestar. Desde los primeros años de gobierno de Uribe Vélez, se sostuvo que el mayor gasto militar demandado por la Seguridad Democrática generaría un beneficio neto para la economía colombiana, vinculado a la reducción de la destrucción del capital privado y el trabajo, los incrementos en la productividad marginal, el incremento en el stock de capital, el aumento del producto, el impulso al empleo y el mayor bienestar social (Arias y Ardila, 2003). Bajo esta convicción, se incrementó de manera notable el gasto público destinado a seguridad y defensa, y se profundizó la tendencia observada desde 1990. En efecto, como lo muestra la Gráfica No. 4 el gasto en seguridad y defensa se ha incrementado notoriamente entre 1990 y 2013, pasando de menos de un billón de pesos en 1990 a 27 billones en 2014. El volumen de gasto en seguridad y defensa ha pasando de representar el 2.2% del PIB en 1990 al 5.9% en 2014.

Gráfica 4. Gasto en seguridad y defensa

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Cálculos Propios.

Las críticas a este modelo son múltiples. Varios analistas han señalado la enorme presión que ejerce el gasto en seguridad y defensa sobre las finanzas públicas del país. En efecto, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2014), el 90% de este presupuesto en seguridad y defensa es destinado a gastos en funcionamiento (pensiones, salarios, bienes y servicios destinados a garantizar la operación del sector, y financiamiento de los establecimientos públicos del sector) y sólo el 10% restante a gastos de inversión. La presión generada desde al gasto en Defensa y Seguridad, unida a su inflexibilidad, ha llevado a subrayar la necesidad de hacer permanente el impuesto al patrimonio, a anticipar una nueva reforma tributaria y a cuestionar las bondades de las políticas de estímulo tributario (exenciones, deducciones, exclusiones y descuentos) a la inversión privada promovidas por el gobierno de Uribe Vélez, de cara a la conversión de Colombia en un “paraíso fiscal” (Acosta, 2009)⁶.

Por otra parte, también han sido resaltados los costos de oportunidad de la seguridad democrática en términos de inversión en salud, educación y saneamiento básico, y se ha puesto en duda la racionalidad de una política de confrontación abierta que no intenta transformar las condiciones de marginalidad, pobreza y exclusión que incrementan las posibilidades de reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales (Isaza y Campos, 2008)⁷.

Sin emabrgo, lo más notable en los últimos veinte años es que el mayor gasto en seguridad y defensa se ha visto acompañado por incrementos importantes en el gasto social. En efecto, tal y como lo muestra la Gráfica No. 5, el gasto social ha pasado de 1.3 billones en 1994 a 110 billones de pesos en 2013. Vale anotar que, aunque no ha tenido el mismo dinamismo, el gasto social diferente al asociado con las transferencias ha aumentado, pasando de 0.3 billones en 1994 a 25 billones en 2013. Entre 1994 y 2013 el gasto social diferente de las transferencias ha representado, en promedio, el 21% del total del gasto público en Colombia (Gráfica No. 6).

Gráfica 5. Gasto Público Social (billones de pesos de 2009

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cálculos Propios.

Gráfica 6. Participación en el total de Gasto Público Social (porcentajes)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cálculos Propios.

Sin embargo, el mayor volumen de gasto público social no es sinónimo de existencia de una verdadera política social, pues los discursos de “la inversión en recursos humanos”, “la lucha contra la pobreza” y “el manejo social del riesgo” no atacan las causas estructurales de la pobreza y la desigaldad; razón por la cual, han sido siempre subrayados sus rasgos compensatorios y remediales:

“(...) las políticas de lucha contra la pobreza pueden ser definidas como políticas de compensación parcial del fracaso de las políticas sociales; esto es, por no atacar las causas sociales de la pobreza, estas políticas reproducen permanentemente las condiciones que las generan. Esta distinción entre la lucha contra la pobreza y la lucha contra sus causas sociales (las que se pueden agrupar bajo el término de “vulnerabilidad”) constituye el fundamento de las políticas sociales modernas” (Lautier, 2005, 95).

El problema radica en que, evidentemente, el modelo neoasistencialista imperante contiene pretensiones de contención social y subordinación política, pues es proclive al clientelismo, es funcional a las apuestas re-centralistas del régimen político y constituye, en realidad, una salida remedial que no cuestiona las lógicas de generación de riqueza y que se concentra únicamente en el combate a la pobreza (Rodríguez, 2007). De hecho, dicho modelo ha sido clave en los objetivos de “consolidación de territorios” de la política de Seguridad Democrática, y en la doctrinas de “Acción Integral” de carácter contrainsurgente que se han profundizado durante la última década en Colombia:

“( ) la Doctrina de Acción Integral es una respuesta seria a las limitaciones de acción militar como única forma de actuación en el combate a los adversarios del Estado o, si se prefiere, para consolidar la presencia del aparato estatal. En paralelo, se reconoce que el primer paso necesario para instalar el Estado en los territorios que resisten sigue siendo la fuerza armada, que es la que permite despejar el territorio de enemigos para ejercer el control estatal, pero con el agregado de que esta acción armada por sí sola, es insuficiente. Para los estrategas militares, es preciso desarrollar herramientas y mecanismos que el permitan al Estado hacer uno combinado e integral de su fuerza legítima y de la acción social, en su objetivo de ir consolidando, progresivamente, el control del territorio nacional” (Zibechi, 2010, 8).

De otra parte, se ha demostrado que el mayor potencial redistributivo del gasto público se encuentra en aquellas políticas sociales de corte universalista, como la educación, la salud, la nutrición y algunos programas condicionados. Esto contrario a lo que ocurre con programas de cobertura intermedia como la educación secundaria, la vivienda y el saneamiento básico, y a lo que sucede con las políticas de gasto que tienden a concentrarse como la educación superior y la seguridad social. Sin embargo, aunque en Colombia ha aumentado progresivamente le gasto social, sus principios rectores (basados en la focalización y la profundización de los subsidios a la demanda) hacen que su efecto redistributivo sea mínimo. Esto indica la necesidad de replantearse los principios del gasto público en consonancia con lo establecido por la evidencia empírica y el enfoque de los derechos en cuanto al fortalecimiento de las políticas con enfoque universalista:

“El objetivo social debe ser la universalización y que esa tarea generará en el margen gasto social altamente progresivo ( ) Como los sistemas universales son, por definición más costosos, el esfuerzo de la generación de recursos es ineludible, y lo será más para romper la desigualdad en sociedades altamente desiguales. (…) La asistencia social y los esfuerzos de focalización que los acompañan podrán hacer una contribución marginal, pero no

por ello menos importante, especialmente para combatir la pobreza extrema, adaptar los programas a características específicas de algunas poblaciones (v.gr. indígenas) y garantizar que las poblaciones que tienen dificultades para acceder a los servicios básicos universales puedan hacerlo” (Ocampo y Malagón, 2012, 93).

La coexistencia de enormes gastos en seguridad y defensa, unidos a incrementos sostenidos en gasto asistencial constituyen elementos imprescindibles para encontrar las claves de la legitimidad, la estabilidad y la relativa armonía social sobre la cual que despliega y reconfigura el orden neoliberal en Colombia. El clientelismo propio de las lógicas de asistencia social, unidas a los dispositivos de contención y cooptación social que estas medidas implican, constituyen elementos complementarios a las lógicas militaristas y represivas sobre las cuales el Estado en Colombia asegura la “consolidación” de sus territorios. Las consecuencias sociales perversas del orden neoliberal y las implicaciones que dicho orden tiene para la dinámica del conflicto interno armado, se regulan a través de la edificación de un Estado bélico-asistencial, garante de arreglos que aseguran la lealtad de ciertos sectores sociales, pero determinante igualmente de gastos crecientes que explican la crisis fiscal del Estado colombiano.

Confianza: el camino hacia el principio constitucional de la sostenibilidad fiscal

Desde el Consenso de Washington de 1990 la política fiscal fue concebida como la piedra angular del ajuste macroeconómico. Desde el ideario neoliberal un presupuesto público austero y tendiente al equilibrio garantizaría el flujo de recursos financieros adecuado para fortalecer la inversión privada, mantener una inflación baja y estable, controlar el endeudamiento público, disminuir las tasas de interés y garantizar la estabilidad cambiaria y externa. En este contexto, los sucesivos acuerdos establecidos con el Fondo Monetario Internacional y las “señales” de confianza que deben ser enviadas al capital financiero internacional, ha llevado a la adopción de políticas perversas que, como lo muestra la Gráfica No. 7 han llevado a recortes permanentes en los gastos destinados a inversión pública (principalmente entre 1998 y 2006), que no han logrado recuperarse hasta alcanzar el máximo de 20% del total de gasto que se que se observó en 1991. Esto ha sido una consecuencia del incremento sostenido del saldo, el servicio y los intereses de la deuda (Gráficas No. 8 y 9).

Gráfica 7. Participación en el total del Gasto de Gobierno Nacional Central (porcentajes)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cálculos Propios.

En efecto, el saldo total de la deuda del Gobierno Nacional Central se ha quintuplicado a pesar de los también cuestionados intentos de recambio de deuda externa por deuda interna. Llama la atención también, el incremento sostenido en el volumen de intereses cancelados, que incluso exhiben ascensos en momentos en que las amortizaciones disminuyen, lo cual es prueba de la carga extrema que ha padecido el país en aras del cuidado de la confianza y el mantenimiento del calificativo de “buen deudor”. En promedio, entre 1990 y 2013 el pago de intereses ha ascendido al 61% del pago en amortizaciones.

Gráfica 8. Gobierno Nacional Central. Saldo de deuda total (miles de millones de pesos de 2009)

Fuente. Banco de la República. Cálculos Propios.

Gráfica 9. Servicio de la Deuda Pública Total del Gobierno Nacional Central (millones de pesos de 2009)

Fuente: Contraloría General de la República. Cálculos Propios.

De hecho, al aumento en el saldo de la deuda y el pago de intereses puede ser muestra de un proceso de autonomización de la deuda, en el cual la explicación del mayor nivel de endeudamiento es la deuda en sí misma: “Al contratarse créditos para pagar otros créditos previos y al alejarse el déficit acumulado cada vez más del primario, se ha ido consolidando un “círculo vicioso déficit-deuda-déficit-deuda” que caracteriza la encrucijada de la política fiscal colombiana” (Betancourt, 2005, 374). En este sentido, las posibilidades de saneamiento fiscal dependerían también de la evolución de la política monetaria y de los efectos que esta traiga en el marco de la implmentación del modelo de “inflación objetivo” que ha caracterizado la economía colombiana después de 1991:

“El saneamiento fiscal no depende del aumento de los ingresos y la disminución de egresos por parte del Estado. En situaciones de endeudamiento, el equilibrio de las finanzas públicas depende también de los impactos provocados por la política monetaria y los eventuales costos fiscales que esta pueda generar en términos de servicio de deuda, según la evolución de las tasas de interés, el tipo de cambio y el uso del señoriaje” (González y Cabrera, 2000, 34)

Es claro entonces que el imperativo de un manejo adecuado del servicio de deuda como prerrequisito para acceder créditos internacionales, financiar el déficit y evitar la competencia con el sector privado en la consecución de recursos financieros, ha dominado la dirección de la política fiscal en los últimos veinticinco años en Colombia. Recientemente, dicha tendencia se ha profundizado en la formulación de una regla de política fiscal para Colombia⁸. En efecto, bajo objetivo de garantizar la sostenibilidad de la deuda del Gobierno Nacional Central en el mediano plazo, la regla cuantitativa pretende convertirse en el instrumento que compromete a la autoridad fiscal ante el público y los mercados para anclar las expectativas sobre la sostenibilidad fiscal del país y alcanzar el grado de confianza exigido por sector financiero nacional e internacional. Dice el Gobierno:

“Al convertirse en un ancla de la política fiscal y reducir hasta cierto punto su discrecionalidad, la regla facilitará la coordinación en el manejo de la política económica, y reducirá la incertidumbre de los mercados. Esto incrementa la coherencia intertemporal de las decisiones de los agentes y aumenta la credibilidad de las metas propuestas. Como resultado, cabe esperar menores primas de riesgo y mejores condiciones en los mercados financieros locales e internacionales. El beneficio sobre la sociedad se manifestará, entonces, en menores costos de uso del capital, menor volatilidad macroeconómica y, en general, en un mejor ambiente para la inversión, todo lo cual favorecerá el crecimiento económico de largo plazo” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010a, 17).

Sin embargo, las implicaciones económicas, políticas y sociales de esta apuesta son amplias y van en contravía de las exigencias relativas a la posibilidad de edificar un régimen socio-económico justo y garante de los derechos económicos y sociales ¿Cuál es la estructura presupuestal que la regla fiscal impone en Colombia?

1| Una estructura garante de las condiciones de confianza impuestas por el capital financiero nacional e internacional. Las tesis fiscalistas que sustentan la propuesta de regla fiscal toman como único imperativo alcanzar el calificativo de “buen deudor” del Estado Colombiano. La política fiscal y sus componentes serán siempre evaluados en términos de la deuda y su sostenibilidad, y nunca desde la perspectiva de los efectos que sobre el crecimiento, la igualdad, la justicia social o el nivel de empleo tiene la política fiscal. Dice Paul Krugman:

“El asunto es que, debido a que los ataques especulativos pueden justificarse a sí mismos, el hecho de seguir una política económica que tenga sentido en términos de los elementos básicos no es suficiente para asegurar la confianza del mercado. De hecho, la necesidad de ganarse esa confianza puede, en efecto, impedir que un país siga políticas sensatas y obligarlo a adoptar unas que normalmente se considerarían perversas” (Krugman, 2004, 157).

2| Una estructura que profundiza las lógicas de precarización laboral. Esto por cuanto implícitamente la regla fiscal asume la existencia de una tasa “natural” de desempleo, vinculada con la brecha del producto, que únicamente puede reducirse si se apelan a políticas de flexibilización (precarización) laboral.

3| Una estructura que introduce ingresos que no son estables en la definición del balance primario. Pues se ahonda la dependencia del presupuesto público con respecto a los ingresos petroleros. Esto en un contexto en el que las autoridades monetarias no tienen compromisos claros con la estabilidad cambiaria y en el que el país carece de control sobre los precios internacionales del crudo.

4| Un régimen que consolida, simultáneamente, lógicas de centralismo y federalismo fiscal. La regla fiscal exige la consolidación del proceso de federalismo fiscal que se ha emprendido con las reformas sucesivas al régimen de transferencias y con la exigencia de un mayor esfuerzo fiscal por parte de las entidades descentralizadas.

Para asegurar un orden jurídico ajustado a las necesidades del matenimiento de la confianza, el gobierno promovió el Acto Legislativo 03 de 2011 “por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal”. Y en desarrollo del cambio constitucional mencionado, consagró la Ley de regla fiscal (Ley 1473 de 2011) que fue aprobada en julio de 2011 y que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2012, implementó una regla cuantitativa sobre las finanzas del Gobierno Nacional Central. Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con dicha Ley se busca consolidar el proceso de ajuste realizado a lo largo de la última década y fortalecer los objetivos propuestos con la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2003 (Ley 819 de 2003) a través de una programación fiscal establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

Específicamente, la Ley 1473 de 2011 ha establecido que el gasto estructural no podrá superar al ingreso estructural en un monto que exceda la meta anual de balance estructural establecido. En el mediano plazo, dicha meta consiste en que el déficit estructural del GNC no será mayor a 1% del Producto Interno Bruto PIB a partir del año 2022. Para ello, el GNC seguirá una senda decreciente anual del déficit en el balance fiscal estructural, que le permita alcanzar un déficit estructural de 2.3% del PIB o menos en 2014, de 1.9% del PIB o menos en 2018 y de 1.0% del PIB o menos en 2022.

De otra parte, la Ley 1695 de 2013 que desarrolla el reformado Artículo 334 de la Constitución Política, establece el “Incidente de Impacto Fiscal” de acuerdo con el cual, el Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia o los autos que se profieran con posterioridad a la misma, por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrá solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. De acuerdo con dicha Ley, el incidente de impacto fiscal procederá respecto de todas las sentencias o los autos que se profieran con posterioridad a la misma, por las máximas corporaciones judiciales, cuando se altere la sostenibilidad fiscal, con independencia de la postura que haya adoptado dentro del proceso cualquier entidad u organismo de naturaleza pública, aun cuando no haya participado den-

tro del mismo. Asimismo, la Ley 1695 de 2013 establece que, después de surtidos los plazos establecidos en su articulado, la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, según corresponda, decidirá por mayoría de sus miembros si procede a modular, modificar o diferir los efectos de la misma, sin que puedan cambiar el sentido del fallo, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal.

En Colombia, el camino hacia un acuerdo fiscal redistributivo es cerrado, entonces, por el objetivo de la confianza que, mediante cambios en la Constitución Política de 1991, impone una norma de normas que reafirma el proceso de restauración de poder de la clase capitalista financiera. Bajo los principios constitucionales introducidos por el Acto Legislativo 03 de 2011, las metas establecidas por la Ley de Regla Fiscal y lo dispuesto por la Ley 1695 de 2013 en cuanto al “Incidente de Impacto Fiscal”, es claro que el GNC se compromete con la consolidación del equilibrio en las finanzas públicas y con la búsqueda de un nivel ingresos tributarios adecuado para cubrir el comportamiento creciente del gasto público en el país. La estructura tributaria de Colombia se convierte, entonces, en un objetivo fundamental de reforma.

Conclusión

Aunque el orden neoliberal puede ser definido como hegemónico, resulta incorrecto analizarlo sin tener en cuenta las especificidades de los espacios en que se instaura, y las reconfiguraciones que asume en el marco de la dialéctica local-global. Sólo bajo esta perspectiva puede comprenderse al Estado como un agente activo e impulsor de la economía política neoliberal en realidades históricas, sociales y de relaciones de clase específicas. Las políticas estatales son entonces el reflejo de compromisos sociales que regulan los conflictos y contradicciones producidas por el orden neoliberal sin hacerlas desaparecer; es decir, son formas estabilizadas de relaciones de poder.

La política fiscal no escapa a esta condición general, y bajo las funciones de acumulación, legitimidad y mantenimiento de la confianza actúa como mecanismo de regulación orientado a garantizar la acumulación capitalista neoliberal en un contexto de relativa armonía social. En Colombia, durante los últimos veinticinco años, dichas funciones se han materializado en el incremento en el gasto público en infraestructura, capital humano y ciencia, tecnología e innovación para el caso de la función de acumulación; en el aumento de los gastos sociales y de seguridad y defensa para garantizar la función de legitimación, y en el incremento sostenido en los gastos correspondientes al servicio de deuda para brindar confianza inversionista. El resultado ha sido una profunda crisis fiscal explicada por la notable incapacidad que los ingresos provenientes de la mayor explotación tributaria -asociada con la profundización de los esquemas impositivos indirectos y el efecto neutral de la estructura tributaria sobre la distribución- tienen para cubrir ese volumen creciente de gastos.

La Gráfica No. 10 ilustra bien esta afirmación. En promedio, entre 1994 y 2013, el 58% del gasto público total ha sido destinado al pago de intereses de deuda, al gasto social y al sector seguridad y defensa. Este porcentaje ha fluctuado desde el punto más bajo en la serie (49% en 1994) hasta el punto en que estos tres rubros representaron el 67% del gasto total en 1999 y el 63% en 2010. Este es el reflejo de la manera como la política fiscal cumple sus funciones reguladoras de acumulación, legitimación y confianza en un contexto en que se intersectan la hegemonía del orden neoliberal, el conflicto interno armado y la injusticia social del país. Se configura así un Estado bélico- asistencial y de confianza inversionista, que bajo diversos dispositivos de represión y contención social recrea de manera contradictoria y siempre imperfecta las condiciones de estabilidad requeridas para la reproducción de la relación social capitalista, a través de un mayor déficit fiscal.

Gráfica 10. Colombia. Gobierno Nacional Central. El Estado bélico- asistencial y de confianza inversionista

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contraloría General de la República y Departamento Nacional de Planeación. Cálculos Propios.

Se demuestra entonces, que más allá de las “inflexibilidades presupuestales” el déficit fiscal en Colombia es reflejo de aspectos estructurales que trascienden el poder de las autoridades económicas para emprender el ajuste y para los cuales las reformas institucionales destinadas a flexibilizar el presupuesto son totalmente inocuas. El voluntarismo no es el patrón dominante en la definición del presupuesto público. El origen del déficit fiscal en Colombia es político-estructural y no económico-presupuestal. Las reformas tendientes a ajustar los balances públicos a través de mayores ingresos y/o menores gastos serán siempre ineficaces si se ignora que el déficit se mantendrá siempre creciente si el modelo neoliberal se afianza, si se aplaza una salida definitiva al conflicto interno armado del país, y si se insiste en la implementación de modelos asistenciales de política social que no ataquen de manera frontal los procesos sociales de producción y reproducción de la pobreza y la desigualdad. La construcción de paz implica exigentes esfuerzos presupuestales. La crisis fiscal del Estado colombiano no es, por lo tanto, un problema de sumas y restas.

Bibliografía

Acosta, A. 2009 “Colombia: paraíso fiscal” en Revista Foro Nº 69, Bogotá.

Arias, A. Y Ardila, L. 2003 Military expenditure and economic activity: the colombian case (Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público).

Behrman, J. 1993 “Inversión en recursos humanos” en Informe Anual 1993 (Washington: Banco Interamericano de Desarrollo).

Benavides, J. 2010 “Reformas para atraer la inversión privada en infraestructura vial” en Roberto Steiner y Víctor Traverso (Editores) Colombia 2010-2014: propuestas de política pública (Bogotá: Fedesarrollo, CAF).

Betancourt, C. 2005 “Economía, fiscalidad y necesidad de una tributación redistributiva” en Garay, Luis Jorge (Compilador) Colombia: Dialogo pendiente I (Bogotá: Planeta Paz.)

Boyer, R. 1992 La teoría de la regulación. Un análisis crítico (Valencia: Edicions Alfons El Magnánim).

Brenner, R. Y Glick, M. 1991 “La escuela de la regulación: teoría e historia” en New Left Review I/188, julio-agosto.

Buchanan, J. 1984 “La economía política del déficit presupuestario” en Ensayos de Economía Política (Virginia: Universidad de Virginia).

Consejo nacional de educación superior 2014 Acuerdo por lo superior. Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz (Bogotá: CESU).

Cuadrado, J. 1997 Introducción a la política económica (Barcelona: McGraw Hill).

Departamento Nacional de Planeación 2014 Boletín de seguimiento Consolidación de la Paz. Nº 9 (Bogotá: Departamento Nacional de Planeación).

Duménil, G. Y Lévy, D. 2007 Crisis y salida de la crisis. Orden y desorden neoliberales (México: Fondo de Cultura Económica).

Easterly, W. Y Servén, L. 2003 Los límites de la estabilización. Infraestructura, déficit públicos y crecimiento en América Latina (Bogotá: Banco Mundial/ Alfaomega Editores).

Echeverry, J. Fergusson, L. Y Querubin, P. 2004 La batalla política por el presupuesto de la nación: inflexibilidades o supervivencia fiscal (Bogotá: Documento CEDE: Universidad de los Andes).

Giraldo, C. 2001 Finanzas públicas en América Latina, la economía política (Bogotá: Desde Abajo).

González, J. Y Cabrera, S. 2000 “El desmanejo de la deuda pública interna” en Economía Colombiana, Nº 281, diciembre de 2000, Contraloría General de la República.

Harvey, D. 2005 A brief history of neoliberalism (New York: Oxford University Press). Itriago, D. 2011 Dueños del desarrollo. Impuestos para combatir la pobreza. Informe de Investigación de Intermón OXFAM. Septiembre, 2011.

Isaza, J. Y Campos, D. 2008 “Consideraciones cuantitativas sobre la evolución reciente del conflicto” en Revista Economía Colombiana, Edición 322, Enero. Contraloría General de la República.

Jessop, B. 1999 Crisis del Estado de bienestar: hacia una nueva teoría del Estado y sus consecuencias sociales (Bogotá: Siglo del Hombre editores/Universidad Nacional de Colombia).

Jiménez, J. Y Ruiz, J. 2009 Política fiscal y equidad: una mirada comparada entre Europa y América Latina. Conferencia “Las políticas públicas ante la crisis global. El Salvador, 31 agosto-1de septiembre.

Junguito R. Y Rincón, H. 2004 La política fiscal en el siglo XX en Colombia (Bogotá: Banco de la República).

Krugman, P. 2004 De vuelta a la economía de la gran depresión (Bogotá: Grupo Editorial Norma).

Lautier, B. 2005 “Una protección social mutualista y universal: condición para la eficacia de la lucha contra la pobreza” en Sistemas de protección social: entre la volatilidad económica y la vulnerabilidad social (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia).

Ocampo, J. y Malagón. J. 2012 “Los efectos distributivos de la política fiscal en América Latina” en Revista Pensamiento Iberoamericano, Nº 10 (Madrid).

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2010a Regla fiscal para Colombia (Bogotá: Comité Técnico Interinstitucional).

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2010b Proyecto de Acto Legislativo por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho. Exposición de Motivos (Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público).

Misas, G. 2002 La ruptura de los 90. Del gradualismo al colapso (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia).

Moller, L. 2012 Política fiscal en Colombia: aprovechamiento de su potencial para lograr una sociedad más equitativa (Bogotá: Banco Mundial).

Neffa, J. 1998 Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996). Una contribución a su estudio desde la teoría de la regulación (Buenos Aires: Asociación Trabajo y Sociedad).

O´Connor, J. 1994 La crisis fiscal del Estado (Barcelona: Ediciones Península). Panitch, L. 2000 “El nuevo Estado Imperial” en New Left Review Nº 2 Marzo-abril. Perfetti, J. 2010 “Ciencia, tecnología e innovación (CT+I)” en Roberto Steiner y Víctor Traverso (Editores) Colombia 2010-2014: propuestas de política pública (Bogotá: Fedesarrollo, CAF).

Perry, g. 2010 “Hacia una reforma tributaria estructural” en Roberto Steiner y Víctor Traverso (Editores) Colombia 2010-2014: propuestas de política pública (Bogotá: Fedesarrollo, CAF)

Perry, G. Herrera, A. 1994 Finanzas públicas, estabilización y reforma estructural en América Latina (Washington: Banco Interamericano de Desarrollo).

RODRÍGUEZ, O. 2007 “Las transferencias: entre el sistema de protección social, la gobernabilidad macro y la construcción territorial del Estado” en Bien-estar y macroeconomía 2007. Más allá de la retórica (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia).

Servén, L. 2008 Fiscal redistribution and income inequality in Latin America(Washington: The World Bank Development Research Group).

Theret, B. 2000 “Nueva economía institucional, economía de las convenciones y teoría de la regulación: ¿hacia una síntesis institucionalista?” en Punto Crítico, Nº 35, Diciembre.

Zibechi, R. 2010 América Latina: contrainsurgencia y pobreza (Bogotá: Ediciones Desde Abajo).

 Este trabajo fue presentado en la VII Escuela Sur-Sur “Desigualdades, Democracia y Desarrollo durante y después del Neoliberalismo”, en Bangkok, noviembre 2014, organizada por CLACSO, CODESRIA e IDEAs.

1 Alejada del modelo de equilibrio general walrasiano y del marxismo estructuralista ortodoxo, la teoría de la regulación busca comprender cómo persiste la relación social capitalista a pesar de los elementos críticos y contradictorios que le son inherentes. La teoría de la regulación indaga la manera como se reproduce la estructura determinante de una sociedad en sus leyes generales, analizando los cambios en las relaciones sociales que definen la génesis, desarrollo y decadencia de diversas formas institucionales y las transformaciones sociales que ello implica. Entiende el capitalismo como una totalidad estructurada y dinámica en la cual las luchas políticas y sociales que explican el surgimiento de compromisos institucionales inestables no están sujetas a las dinámicas de acumulación capitalista únicamente. Desde este punto de vista, la regulación puede interpretarse como la primacía relativa de la unidad y la reproducción sobre las luchas y las contradicciones. Es decir, “la regulación es la regulación de la contradicción a través de la contradicción”. La teoría de la regulación introduce cuatro categorías esenciales para el análisis de las regularidades de la relación social capitalista en contextos históricos definidos: 1. El paradigma productivo, 2. El modo de regulación y 3. El régimen de acumulación. Estas tres variables intermedias conforman un modo de desarrollo; es decir, una formación social específica dentro del capitalismo. Finalmente, la teoría de la regulación reconoce que las crisis siempre se hacen presentes en el orden social, político y económico capitalista; por ello, considera la existencia de crisis exógenas, endógenas, de modo de regulación, de régimen de acumulación y de modo de producción. Dichas crisis conllevan a ajustes, cambios o avances hacia otros modos de desarrollo (Jessop, 1999; Boyer, 1992; Neffa, 1998).

2 ¿Qué es un compromiso institucionalizado? “En el origen del compromiso nos encontramos con una situación de tensión y conflicto entre grupos socio-económicos. El enfrentamiento cambia según los intereses en juego. En la medida en que ninguna de las fuerzas es capaz de dominar a sus adversarios al punto de poder imponer totalmente sus intereses, surge la necesidad de realizar un compromiso. Los compromisos institucionales se diferencian de la institucionalización autoritaria del orden público. La institucionalización se refiere a la puesta en marcha de una forma de organización que crea reglas, derechos y obligaciones para las partes involucradas, imponiendo una disciplina con respecto a la institución, fijando así un modo de comportamiento para cada actor, grupo o individuo, frente al cual adaptan progresivamente sus comportamientos y estrategias. Uno de los resultados de los compromisos institucionales para resaltar, es la robustez de las construcciones creadas en sus aspectos fundamentales. Los compromisos institucionales se constituyen en un entorno que sirve de guía para que la población y los grupos involucrados fijen sus comportamientos. No es sorprendente entonces que, esa rigidez en las posiciones e intereses adquiridos en el marco de los compromisos institucionales sea objeto de crecientes tensiones con el paso del tiempo” (Misas, 2002: 310).

3 “El presupuesto estatal puede ser considerado como un complejo mecanismo cuya finalidad es redistribuir la renta hacia delante y hacia atrás dentro de la clase trabajadora (…) La financiación mediante impuestos es (y ha sido siempre) una forma de explotación económica y, por consiguiente, uno de los objetos del análisis de clases (…) toda modificación importante en el equilibrio de las fuerzas políticas y de clase queda reflejada en la estructura tributaria. Dicho de otro modo, los sistemas fiscales no son más que las formas concretas que adoptan los distintos sistemas de clase” (O´Connor, 1994: 249).

4 De hecho, Perry (2010) acepta que ante los “riesgos reputacionales” que ocasionaría un cambio abrupto en la normatividad, es posible que los privilegios y condiciones favorables ofrecidas al capital privado mediante las gabelas tributarias y los Contratos de Estabilidad Jurídica en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), deban mantenerse. Esto implicaría un costo fiscal que debería ser subsanado mediante el aumento generalizado del IVA no al 19% sino al 21%.

5 El régimen de transferencias establecido por la Constitución Política de 1991 fue reformado mediante el Acto Legislativo 01 de 2001, que creó el Sistema General de Participaciones, escindió los ingresos corrientes de la nación de los recursos transferidos a departamentos y municipios, y estableció criterios de subsidio a la demanda para la distribución de los recursos. Dicha reforma se asumía como “transitoria”, y perdería vigencia en 2008. Sin embargo, mediante el Acto Legislativo 11 de 2007 se estableció una nueva reforma que modificó la base de liquidación para incrementar anualmente las trasferencias a entidades territoriales. El nuevo sistema se inició en 2008 y fijó un crecimiento del Sistema General de Participaciones del 4% real entre 2008 y 2009, del 3.5% en 2010, y del 3% en 2011 y hasta 2016. De acuerdo con Rodríguez (2007), en comparación con lo que se estableció originalmente en la Constitución de 1991, estas reformas implican una pérdida de recursos para los entes territoriales que asciende a 63 billones de 2006 entre 1994 y 2016.

6 Recientemente, el Departamento Nacional de Planeación ha indicado que: “estos gastos generan impactos presupuestales presentes y futuros con un alto nivel de inflexibilidad. Por una parte, el crecimiento en el número de soldados y policías implica no solo un aumento en los gastos de personal, sino también en los asociados a su dotación, la provisión de servicios de salud y vivienda, y a las futuras asignaciones de retiro. Por otra, las recientes inversiones en la adquisición y modernización de equipos y construcción de infraestructura producen crecientes demandas de recursos para cubrir los ciclos de mantenimiento y garantizar su operación. En conclusión, se plantea la necesidad de evaluar mecanismos alternativos de financiación una vez se concluya el recaudo del actual impuesto al patrimonio. El agotamiento de las fuentes alternas de financiación impactaría las capacidades de la Fuerza Pública al poner en riesgo la continuidad de los procesos de modernización a través de nuevas inversiones, y limitar el sostenimiento de las capacidades adquiridas en los últimos años. Adicionalmente, es indispensable que dichos mecanismos sean sostenibles en el largo plazo, teniendo en cuenta dos aspectos trascendentales: (1) generar las condiciones necesarias para mantener unas finanzas públicas equilibradas, y (2) garantizar la operatividad de una Fuerza Pública capaz de adaptarse a los nuevos retos y tareas que deberá afrontar en el marco de un escenario de posconflicto y consolidación de la paz” (Departamento Nacional de Planeación, 2014, 25).

7 En términos fiscales, la eficiencia de la política de seguridad y defensa es totalmente cuestionable: “Manteniendo una hipótesis muy conservadora, que sólo el 30% del gasto militar se dirige a la lucha contrainsurgente, y que la totalidad de las cifras de “efectividad” del combate publicadas por el gobierno corresponden a bajas guerrilleras y no a ejecuciones extrajudiciales (…) se tiene [para el año 2006] “costo unitario” por baja, capturas o desmovilización de un guerrillero $616 millones (…) el resultado es más desconcertante, si se tiene en consideración que de cada 100 guerrilleros retirados, 84 nuevos entran a la subversión, lo cual implica que para lograr un retiro “efectivo” en un periodo de 4 años, el costo económico supera los $1000-$1500 millones. Comparando el año 2006 con el 2005, se observa que de los 9.565 guerrilleros retirados del combate la subversión pudo reclutar 8.523, pues la reducción efectiva fue de 1042 armados ilegales. Es decir, para lograr un retiro “efectivo” y con la hipótesis de solo asignar el 30% a la lucha contrainsurgente, la cifra es un alucinante $5.662 millones por cada retiro efectivo” (Isaza y Campos, 2008, 40).

8 El gobierno de Juan Manuel Santos impulsó la reforma constitucional que introdujo el “derecho a la sostenibilidad fiscal” como “un derecho de todos los colombianos”, así como el mecanismo que supuestamente lo hace efectivo: la llamada “regla fiscal” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010b, 16). De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la regla fiscal propuesta para Colombia es la siguiente:

Bt = B* + 0,3 Yt + CCIPt

Donde,

Bt: es el balance fiscal primario del Gobierno Nacional Central.

B*: es el balance fiscal primario objetivo que hace sostenible la deuda en el mediano plazo.

Yt: es la brecha del producto en la economía colombiana.

CCIPt: es el componente cíclico de los ingresos petroleros del Gobierno Nacional Central.

De esta forma, la regla fiscal establece el nivel del balance fiscal primario que debe lograr la autoridad fiscal en cada momento del tiempo, una vez descontados los efectos del ciclo económico y de los ingresos petroleros sobre sus finanzas. “Así, se requerirá un mayor superávit (o menor déficit) cuando el crecimiento de la economía se ubique por encima de su nivel potencial y/o los ingresos petroleros estén por encima de su senda de largo plazo y, por el contrario, se permitirá un menor superávit (o mayor déficit) cuando el crecimiento de la economía se ubique por debajo de su nivel potencial y/o los ingresos petroleros estén por debajo de su senda de largo plazo” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010a, 16).

Resumen

Este trabajo analiza los cambios económicos y sociales del contexto cubano actual en cuanto a los paradigmas de desarrollo que los sustentan. Problematizar algunos de los efectos sociales en las desigualdades de estas reformas; así como las condicionantes socio-históricas que favorecen u obstaculizan la construcción de un modelo más emancipador, están entre las pretensiones de esta propuesta de investigación que apuesta por debatir críticamente sobre la esencia de las transformaciones y su significado en el proyecto cubano.

Abstract

This work analyzes the economical and social changes of the current Cuban context regarding the development paradigms that sustains them. To make problematic of some of the social effects on disparity of this reforms, as well as the socio- historical determinants that favor or hampers the construction of a model of more emancipation, are between the ambitions of this investigation proposal that bets on a critical debate about the essence of transformations and its meaning in the Cuban project.

Geidys Fundora Nevot 

Socióloga cubana y magíster en Desarrollo Social (FLACSO-Cuba). Posee un Diplomado de Superación Académica para Profesores Jóvenes por la Universidad de La Habana (CEHSEU, FLACSO, CEEC. CIEM, CEPES, CEMI, Cátedra CTI, Facultad de Filosofía e Historia, Facultad de Derecho).

Cuban sociologist and Master of Social Development ( FLACSO - Cuba ). Diploma of Academic Improvement for Teachers Young from the University of Havana (CEHSEU, FLACSO, CEEC, ICES, CEPES, CEMI, CTI Chair, Faculty of Philosophy and History, Faculty of Law).

Palabras clave

1| Modelo económico y social 2| Desarrollo 3| Desigualdad 4| Estado 5| Cuba.

Keywords

1| Economic and social model 2| Development 3| Inequality 4| State 5| Cuba.

Cómo citar este artículo [Norma ISO 690]

FUNDORA NEVOT, Geidys El proceso de actualización del modelo económico y social cubano. En diálogo con nuevos y viejos paradigmas de desarrollo. Crítica y Emancipación, (13): 85-110, primer semestre de 2015.

El proceso de actualización del modelo económico y social cubano

En diálogo con nuevos y viejos paradigmas de desarrollo*

Introducción

Desde los inicios de la Revolución Cubana, se apostó por la construcción de un sistema que no solo saldara deudas sociales históricas que acortaran las brechas de equidad en el acceso a la educación, al empleo, a la salud, a la vivienda, a la recreación y otros derechos humanos; sino también la creación de un socialismo que apostara por un desarrollo emancipador. Cuba se convirtió en un fuerte referente para los movimientos sociales y políticos latinoamericanos de izquierda, quienes tenían en el proyecto cubano uno de sus principales paradigmas.

Sin embargo, la desaparición del campo socialista y el auge del capitalismo neoliberal, obligan al proyecto cubano a replantearse sus condiciones de desarrollo, a partir de la obligada interacción con un contexto internacional contradictorio al modelo socialista cubano. Estas condiciones contextuales extremadamente adversas, se van transformando en la medida en que en varios países de América Latina como Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros, desde finales del siglo XX y los comienzos del siglo XXI, las masas populares excluidas y una clase media “forzosamente desclasada”, se revelan frente al sistema en las urnas, y colocan en los espacios de poder político del Estado burgués, a líderes populares que apuestan por un cambio en los paradigmas de desarrollo neoliberales impuestos en el continente.

Esta situación permite que Cuba, en diálogo con estos procesos, se replantee sus estrategias de desarrollo, e incluso su propia concepción histórica de socialismo; sin embargo, la propia heterogeneidad de los actores políticos en espacios de poder formales e informales, hacen que este diálogo no sea uniforme, sacando a la luz diferentes posturas como: la aceptación –y hasta la exaltaciónde los rasgos de estos nuevos procesos; sin que ello implique revisar y mutar los rasgos históricos del proceso cubano; o la necesidad de dialogar y apropiarnos de nuevos rasgos de estos procesos latinoamericanos y replantearnos el proyecto; o en un acto de escepticismo histórico reconocer los nuevos paradigmas, más apostar por la combinación de fórmulas viejas capitalistas “que han sido exitosas en algunos contextos” con rasgos del socialismo histórico y algunos de los procesos emergentes; y entre estas posiciones una escala tan variada como “la de los grises entre el blanco y el negro”.

Si se sistematizan algunos de los rasgos concebidos en los nuevos procesos latinoamericanos respecto al desarrollo, se evidencia una clara concepción liberadora de las lógicas del sistema de dominación múltiple, sobre los cuales existen interesantes debates en la sociedad cubana actual, sobre todo en círculos intelectuales y en espacios de militancia política activa, aunque ello no significa que estén ausentes en la vida cotidiana del “cubano de a pie”.

A partir del año 2007, con el cambio de gobierno, Raúl Castro Ruz realiza un llamado a la crítica del proceso revolucionario (demanda sentida y expresada por la sociedad), donde se identifican, por diferentes sectores, los principales desafíos del proceso cubano, en medio de una coyuntura nacional e internacional compleja.

Entre los diferentes retos fueron señalados el incremento eficiente de la producción básica e industrial en varios renglones; la soberanía alimentaria y energética; la capitalización de la infraestructura; el cambio de patrón de conexión con la economía internacional, a partir de una disminución de importaciones e incremento de exportaciones; la sostenibilidad económica del proyecto social; el fortalecimiento de las afinidades entre el proyecto político social y las expectativas de vida particulares; la reducción de las brechas de equidad; la disminución de las tendencias a la centralización, verticalismo, paternalismo e igualitarismo; el mejoramiento de la calidad y efectividad de la estructura y funcionamiento institucional, entre otros.

Entre el año 2010 y 2011, en las organizaciones políticas, los centros laborales y espacios comunitarios, comienza el proceso de discusión de los Lineamientos de la política económica y social para el quinquenio 2011-2015, a partir de la propuesta de un proyecto. Como resultado quedaron aprobados 311 lineamientos y se creó una Comisión de Implementación de estos, encargada de diseñar y ejecutar las acciones concretas para materializarlos.

Esta convocatoria al debate sobre el futuro del proyecto cubano ha traído a la luz pública diferentes perspectivas. Han confluido desde enfoques apoyados en el marxismo clásico, en la experiencia soviética, en las experiencias asiáticas, en las experiencias latinoamericanas hasta las visiones que parten de las vivencias en los espacios emancipatorios y anti hegemónicos que hoy tratan de construir algunos movimientos sociales latinoamericanos. Este es el punto de partida para, desde el análisis de discursos de dirigentes políticos, nuevas legislaciones, documento de los Lineamientos e investigaciones sobre las transformaciones de los últimos 6 años y su impacto social; así como entrevistas a especialistas en temas de desarrollo, debatir en este ensayo sobre los paradigmas de desarrollo que sustentan la concepción e implementación del proceso de actualización del modelo económico y social cubano; valorar algunos efectos de estas transformaciones en la equidad social; y reflexionar sobre algunas propuestas para el perfeccionamiento de este proceso y las condicionantes socio históricas que favorecen y obstaculizan la transversalización de un enfoque emancipador en esta coyuntura de cambio social.

Horizontes, utopías, paradigmas, modelos…

¿Hacia dónde vamos?

A más de cuatro años de estos cambios en la gestión política de la Revolución Cubana, siguen siendo muy variadas las opiniones sobre los derroteros que toma el proyecto cubano, teniendo estas opiniones como denominador común la aceptación de la necesidad y la pertinencia de estas transformaciones a partir de la experimentación de otras formas de organización y gestión; pero también el reconocimiento de la sensación de incertidumbre, la falta de precisión en la definición de algunas acciones, la falta de integralidad de los cambios y el cuestionamiento a los ritmos de las transformaciones.

Si bien en los momentos iniciales del proceso algunos veían la posibilidad de construcción de bases para una definición del modelo cubano en las condiciones actuales, hoy se valora más el punto de vista de aquellos que han sostenido la idea de que la actualización no es más que el resultado del pragmatismo político, en tanto respuesta coyuntural y de corto plazo, a unas condiciones socio-históricas específicas como: la necesidad de solucionar las urgencias de la insostenibilidad económica del proyecto social, y de los proyectos de vida familiares y personales; así como la necesidad de mantener la estabilidad del sistema ante las múltiples estrategias a-legales e ilegales que estaba desarrollando la población para la satisfacción de otras necesidades no cubiertas por el sistema de seguridad social, también en correspondencia con la aparición de nuevas necesidades a partir de cambios en los patrones de consumo, el valor del trabajo y la credibilidad en la capacidad de respuesta de las instituciones públicas a las demandas sociales.

El porqué de la falta de claridad en la definición del modelo y la estrategia de desarrollo también es otro campo controversial, donde están desde aquellos que lo argumentan con la novedad y la experimentación hasta los que, desde la mirada de la sospecha, no renuncian a la perspectiva de la lucha de clases y del poder. ¿Las indefiniciones son cuestión de desorientación, inexperiencia, falta de consenso, la lógica de la transición, mantener la idea de cambio en el imaginario social para condicionar una lógica específica de cambios e inmovilizar otras lógicas? Es un debate abierto y complejo.

Por otra parte, el discurso oficial defiende el argumento de la invariabilidad del modelo. La construcción de un imaginario social respecto a la continuidad histórica del proyecto socialista relega un debate desde los términos de reforma, cambio estructural, sustituidos por el término de actualización. Ello es válido atendiendo a la amenaza de las históricas pretensiones del gobierno norteamericano para promover la ruptura del tejido social y político de la Revolución Cubana, al sentido de pertenencia de la población con un proyecto consensuado, y a la vez, al carácter parcial de los cambios; aunque un análisis de las medidas ya concretas que se están llevando a cabo, deja ver un proceso de modernización del Estado acorde a las tendencias regionales como apuntan algunos especialistas entrevistados. Sin embargo, otras percepciones suscriben la idea de que este proceso es “un cambiar todo para no cambiar nada” o que “es un rescate, la puesta de una base para luego saltar al desarrollo”.

Se ha construido oficialmente un metarrelato “Socialismo próspero y sostenible” que pretende expresar las continuidades y renovaciones del modelo histórico; pero los metarrelatos tienen el peligro de convertirse en significantes vacíos que se llenan de sentido acorde a la biografía, las percepciones, las concepciones de cada actor social. La heterogeneidad en individuos y grupos en la sociedad cubana condiciona las tantas concepciones del desarrollo que conforman el complejo entramado del contexto cubano de actualización, y que a la vez, condicionan la forma en la que actúan estos sujetos para alcanzar sus patrones de desarrollo.

Hoy conviven sujetos que en nombre del “socialismo próspero y sostenible” imaginan y promueven escenarios donde aparece la discusión sobre la autogestión, la emancipación, el rechazo tanto a la «mercadofilia como a la mercadofobia», la mística revolucionaria, la socialización del poder, las conquistas sociales, la propiedad social, el discurso de la diversidad, la pluralidad, la recuperación de la ética humanista y los valores socialistas; como escenarios donde aparece la discusión sobre el reformismo; el incremento de la propiedad privada, el incremento del capital extranjero y la liberalización del mercado inmobiliario (algunos como una parte más de un sistema diverso, unos como mal necesario, otros como apología); la naturalización de los “ganadores y perdedores de la reforma”; la aparición de los “nuevos ricos”, etc. Como pudieran aparecer en otros escenarios, no son discusiones dicotómicas en la mayoría de los casos; sino que, como una “ensalada mixta”, las interpretaciones de uno u otro sujeto, aceptan y rechazan dentro del metarrelato del Socialismo próspero y sostenible, elementos que en otros momentos históricos hubiesen sido vistos como incoherentes, contradictorios, incompatibles. Es una situación sui géneris.

¿Cómo pensar el desarrollo en este escenario? Reflexiones desde algunos referentes teóricos.

La concepción del desarrollo está históricamente determinada y, de esta forma, determina a la vez su problematización y el diseño de las estrategias para su persecución. Esta concepción no cambia sólo de una época histórica a otra; o de un sistema de relaciones de producción a otro - que abarca ámbitos más amplios-, sino también está determinada por el territorio como espacio socialmente construido.

Esta heterogeneidad complejiza cómo se abordan los problemas del desarrollo. Es necesario lidiar con concepciones plurales del desarrollo que tienden en ocasiones a ser hasta excluyentes; con divorcios entre realidades e ideas de desarrollo; con perspectivas ideológicas nacionales y extranjeras, detrás de las cuales pueden haber diferentes intereses, políticos y económicos fundamentalmente. A ello se le añaden las múltiples dimensiones del desarrollo; su subjetivación y su objetivación; su variado carácter fenoménico y esencial; microsociológico y macrosociológico; individual, grupal y social; su riqueza teórica y un diverso arsenal de experiencias históricas concretas.

La concepción del desarrollo, ya sea desde el saber popular y el sentido común, o desde el saber científico, tiene un fuerte contenido ideológico, influido por las condiciones materiales y espirituales de existencia y por la interacción con otros discursos hegemónicos, tanto científicos, políticos, de los medios de comunicación, de actores internacionales (FMI, Banco Mundial, ONU, PNUD), líderes de procesos revolucionarios de diferentes partes del mundo, etc. Su hegemonía y nivel de legitimidad ha llevado a que en distintos períodos históricos, unos u otros, impongan distintas concepciones del desarrollo, pero usualmente ha predominado aquella donde se resalta la dimensión económica; la ideología liberal; la división del mundo entre países desarrollados y países en vías de desarrollo o subdesarrollados, en la cual, como símbolo o paradigma del desarrollo, se han tomado a los primeros.

En América Latina el desarrollo del concepto ha tenido distintas fases, lo que está ligado a las experiencias históricas y al tipo de activismo intelectual y político que fue configurando las escuelas de pensamiento. Se reconocen como algunos exponentes fundamentales de esta historia a Gino Germani y José Medina Echevarría, los que Identificaban el desarrollo con la modernización, visión superada por Raúl Prebish, Celso Furtado, Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, representantes de la corriente cepalina, y Andrés Gunder Frank, Fernando Henrique Cardozo, Enzo Faletto, Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra, Ruy Mauro Marini, Tomás Vasconi, Anibal Quijano, Orlando Caputto, Octavio Ianni, entre otros, de la teoría de la dependencia. Sus enfoques se caracterizaron por develar la estructura del capitalismo como un único sistema formado por centro y periferia, a partir de un intercambio desigual favorable al primero, más se diferenciaban por la solución al problema: en el caso de la CEPAL, a través de un capitalismo nacionalista que impulsara la industrialización, y en el caso de la dependencia, mediante una Revolución socialista. A partir de las críticas a estas corrientes, y a la vez rescatando los elementos pertinentes, otros autores como Inmanuel Wallerstein y Samir Amin desarrollaron la teoría del sistema-mundo, incorporando a la estructura del capitalismo la semiperiferia y la arena externa, identificando los monopolios desde los que se establecen las relaciones de dependencia, y proponiendo como alternativa al subdesarrollo, el desarrollo autocentrado y la desconexión.

Otras concepciones del desarrollo que emergen en la primera década del siglo XXI en el contexto latinoamericano, como resultado de años de reflexión en torno a las consecuencias de experimentar modelos desde la lógica modernizante, desarrollista, o neoliberal, vislumbran nuevas lógicas de pensar la democracia y la participación, así como la construcción de sociedades más inclusivas.

Por ello en la actualidad, se suma a la producción latinoamericana de visiones del desarrollo, propuestas que integran elementos epistemológicos de los enfoques de desarrollo humano sostenible, desarrollo local, socialismo latinoamericano en las condiciones del nuevo siglo y el Buen vivir. Desde estos referentes, se define el desarrollo como proceso holístico, multidimensional, multi-escala, histórico y organizado de transformaciones, impulsado protagónicamente por los sujetos populares, a partir del diálogo de saberes, en función de un reordenamiento de la sociedad para la creación de un sistema contextualizado de carácter socialista, que implica el pluralismo en las formas políticas, culturales, sociales, económicas, jurídicas, y de propiedad de los diferentes espacios y actores, con un enfoque relacional de complementariedades y reciprocidades.

El desarrollo implica la sustitución de la visión antropocéntrica por una ecocéntrica, donde se abogue por un nuevo paradigma productivo, sostenible y sustentable, que sustituya la tradicional racionalidad económica capitalista por la concepción de eficacia social. Este reordenamiento debe apostar por elevar la calidad de vida, a partir de impulsar procesos productivos y distributivos que garanticen la satisfacción de necesidades vitales, materiales y espirituales reales; que aumenten equitativamente la capacidad de las personas (en términos de ingresos, capacidades físicas y mentales y oportunidades de vida) para que sean agentes activos y conscientes de su propio desarrollo sin distinción de género, etaria y generacional, étnica -racial, cultural y espacial, entre otras.

Estas otras concepciones debieran constituir un paradigma de referencia para cualquier actor socio-político de la sociedad cubana, pues a pesar de la experiencia histórica de más de 50 años de construcción del socialismo en Cuba, estos nuevos paradigmas implican un “salto adelante” en la lucha contrahegemónica frente las lógicas del capital neoliberal, con grandes posibilidades de enriquecer la visión cubana del desarrollo.

Entre definiciones e indefiniciones ¿Haremos camino al andar?

Atendiendo a las definiciones e indefiniciones que existen en la reconfiguración de la sociedad cubana, y tomando en cuenta el acumulado vivencial y la sistematización teórica que existe en la región, es pertinente repensarnos críticamente cuáles están siendo los referentes explícitos e implícitos (intencionalmente o no) manejados en las líneas guías y las acciones puntuales que integran el proceso de actualización. Identificados nuestros desafíos, está la disyuntiva: ¿Hacer en el corto plazo, atender a lo coyuntural, a la contingencia…o hacer mirando estratégicamente al futuro, al largo plazo, a la utopía, al proyecto emancipatorio?

Hay diferentes posturas al respecto: seguir con un modelo históricamente bien definido donde solo se mueven algunas fichas; o un proceso de cambios diversos donde posteriormente se construirá teóricamente el modelo en el que se suscriben (imposibilidad de un modelo a priori); o hacer sin seguir tanto los paradigmas por la mala experiencia de seguir el modelo soviético; o seguir con un proceso donde se toman prestados elementos “exitosos” de otros modelos en una suerte de “Frankestein” que por el camino podría ir tomando coherencia.

Es necesario pensar a priori algunos elementos paradigmáticos sin que se conviertan en una camisa de fuerza, en función de una coherencia entre las acciones puntuales que hoy se llevan a cabo, de forma que se puedan valorar las consecuencias y alcances de estas acciones en función de ese paradigma. El aprendizaje histórico es incuestionable. No debemos analizar y copiar descontextualizadamente ningún paradigma; pero tampoco desconocer su utilidad para la ruptura con lógicas subdesarrollantes y de dominación.

Ante la heterogeneidad de paradigmas, ¿qué aprender, qué desaprender con un acumulado de más de medio siglo de experiencias? En la historia de la Revolución Cubana transitamos por diferentes modelos de desarrollo socio-económico, que reproducían tendencias de otros contextos, a la vez que tenían algunos rasgos auténticos por la peculiaridad del proceso revolucionario. La concepción de la transición al socialismo y al comunismo, el desarrollismo, la conexión-desconexión selectiva, y ya más actualmente el desarrollo humano y el desarrollo local, han sido referentes explícitos de las estrategias de desarrollo del Estado nación. Dentro de esos grandes marcos, se cambió la estructura de propiedad y el modelo productivo con la centralidad en la propiedad social administrada estatalmente; el modelo distributivo, procurando recortar las brechas de equidad, mediante políticas sociales de cobertura universal; la concepción del sistema político con la integración de las esferas civil, política y militar, a través de un sujeto pueblo de participación protagónica y multifacética, en función de un proyecto social por encima de las individualidades; entre otros.

¿De qué otras fuentes estamos bebiendo o deberíamos beber? En este punto también está viva la controversia. Los especialistas apuntan a qué hoy existen diferentes fuentes de inspiración para la definición de ese nuevo modelo. Existe cierto consenso en afirmar que lo que hoy se construye en Cuba es una propuesta ecléctica que mantiene fundamentos económicos, políticos, sociales y éticos de la transición socialista tradicionales en el contexto cubano, aunque se rechaza la reproducción de varios de los elementos del llamado “socialismo real” percibida como experiencia fracasada; teniendo en cuenta el poco desprendimiento de esa forma estereotipada y estrecha de entender el socialismo por la poca apropiación de las nuevas inspiraciones latinoamericanas.

El llamado socialismo de mercado con la experiencia China, unido a referentes de Vietnam, Belarús, Rusia y elementos de la agenda neodesarrollista o posneoliberal, fundamentalmente de Brasil, India, Sudáfrica, Angola y Argentina, también son identificados como fuentes de inspiraciones que subyacen en algunas de las proyecciones discursivas y acciones concretas del proceso de actualización. Ello se complejiza con el debate sobre qué otros referentes deberíamos mirar, donde hay opiniones divididas entre los que apuestan por lo más exitoso dentro de experiencias capitalistas de Estados de bienestar como los países escandinavos (alcances del desarrollo económico y social) y centrarnos más en las experiencias regionales de los gobiernos de izquierda latinoamericanos y el socialismo del Buen Vivir, fundamentalmente los casos de Bolivia, Ecuador, Venezuela; así como experiencias independientes de los límites del Estado Nación.

Analizando los principales cambios (tablas 1, 2 y 3), se observa que las tendencias de este proceso de actualización tienen puntos de contacto tanto con paradigmas históricos del desarrollo en la región (algunos ya aplicados por la Revolución Cubana) y el neo desarrollismo (columna A), como con estas experiencias de movimientos sociales y nuevos gobiernos de izquierda latinoamericanos que promueven un desarrollo desde un enfoque más emancipador (columna B), aunque también se retroalimentan de algunos elementos de concepciones precedentes. La información también se divide entre discurso y práctica, ya que como en todo proceso de desarrollo multiactoral en un contexto contingente, no siempre hay total correspondencia entre el discurso y lo que se implementa.

Tendencias políticas

| A | B
Tendencias discursivas | Estado garante Fortalecimiento de la estructura institucional y el control estatal | Concepción y gestión del desarrollo multiactoral en diferentes niveles territoriales y de forma articulada Potenciación del rol del Estado como coordinador Descentralización gubernamental Disminución de la burocracia

Tendencias prácticas

Gestión centralizada Burocracia

Inefectividad del control popular de la gestión. Tendencia a la participación política formal Asistencialismo

Estructura sociopolítica formal y estatizada, con aun no suficientes oportunidades para la potenciación de la creatividad y el empoderamiento real

Asimetría de poder entre escala macro y micro, entre directivos, burócratas y trabajadores, entre inversores extranjeros y nacionales.

Impulso a cambios legislativos (Ley Migratoria, Ley de inversión extranjera, Código del trabajo)

Crecimiento de la representación en estructuras de poder de grupos subalternos (negros, mujeres, jóvenes)

Incremento de los proyectos de desarrollo local y comunitario

Ampliación de derechos individuales (acceso a internet, telefonía móvil, emigración externa, etc.)

Tendencias económicas

| A | B

Tendencias discursivas

Rol protagónico de la propiedad socialista del pueblo sobre los medios fundamentales de producción.

Inversión extranjera en función del desarrollo Creación de zonas de desarrollo

Énfasis en la eficiencia de la producción, más que en el modelo (qué se produce y cómo se produce) Autonomía de la empresa estatal socialista

Diversificación de las formas de propiedad social Discreta aproximación a la economía social y solidaria

Uso estandarizado del discurso del desarrollo sostenible en los proyectos económicos Énfasis en la autogestión

Estímulo a la producción interna de alimentos para reducir importaciones y avanzar en la soberanía alimentaria

Tendencias prácticas

Prevalencia del desarrollo del sector privado y estatal sobre el sector cooperativo

Desarrollo de un mercado de trabajo

No hay una gestión económica con una perspectiva ecológica sólida (ecocentrismo) Protagonismo de la inversión extranjera como estrategia de desarrollo.

Creación de Zonas de desarrollo Reproducción del enfoque economicista del desarrollo.

Tendencia al neodesarrollismo. Reestructuración de gastos del presupuesto (re-

ducción de subsidios, concentración de servicios)

Autogestión

Crecimiento y diversificación de los nuevos actores socioeconómicos Desconcentración de poder económico

Cambios en el sistema tributario (introducción de nuevos impuestos)

Algunas tendencias en políticas sociales

| A | B
Tendencias discursivas | Preservación de las conquistas sociales Reducción del pleno empleo garantizado por el sector público. Diversificación de las formas de empleo. Fin del igualitarismo. Reducción de los subsidios Configuración de un real mercado de trabajo | Principio de universalidad en las políticas sociales. Combinación del universalismo y la focalización en el diseño y gestión de políticas sociales

Tendencias prácticas

Se mantiene la universalidad en los servicios sociales (educación, salud), pero aún no hay desarrollo de políticas focalizadas para asegurar equitativamente el aprovechamiento de las nuevas oportunidades.

Reorganización territorial de los servicios sociales universales (Afectación del acceso equitativo)

Principio de universalidad en las políticas de educación y de salud

Garantía de igualdad de derechos

Es irresponsable desconocer que estos cambios responden a la lógica de determinados modelos, ya que los actuales gestores de políticas, son portadores de aprendizajes adquiridos en la experiencia soviética, la experiencia china, los estudios de Economía Política y Teorías del desarrollo desde los paradigmas más hegemónicos, o desde los que se constituyeron históricamente como discursos de izquierda, socialistas o comunistas. Es imposible desprenderse de estos referenciales sin una operación epistemológica intencionada de valorar críticamente los puntos fuertes y débiles de estos paradigmas conocidos, e interactuar con otros paradigmas hasta ahora poco legitimados por su ausencia en los círculos académicos, científicos y políticos dominantes. A ello se le añade que en el sentido común de la población, estos también son los referentes más legitimados, ya que la interacción con el tipo de turismo que llega a la isla o los familiares emigrantes, el currículo prevaleciente en los diferentes niveles de enseñanza respecto al desarrollo, y los medios de comunicación masiva, entre otros agentes de socialización, colocan estos referentes como el horizonte posible; dejando al margen referentes desconocidos que incluso pudieran ser más funcionales a los sectores populares y al tipo de proyecto revolucionario que se pretende seguir construyendo en Cuba en un contexto global adverso.

Una premisa que siempre ha sido importante en la Revolución Cubana es revisitar la historia, las raíces de movimientos de transformación, tanto en Cuba, como en aquellos contextos con los que se comparten ideales y principios éticos y políticos. Mirando los cambios desde una perspectiva crítica, no solo los promovidos de manera planificada, sino también los promovidos espontáneamente en la vida cotidiana, se evidencia que es necesario “desempolvar” las lecciones aprendidas en los contextos del sur sobre el mito del crecimiento económico para el efecto derrame en lo social, los costos de una buena salud fiscal y su real correspondencia con la satisfacción de las demandas de la población, la real oportunidad de corregir las brechas de equidad cuando se reestratifica demasiado la sociedad al potenciar la propiedad privada sobre la colectiva; o hasta dónde realmente correr los límites de la intervención estatal en determinados ámbitos. También es necesario atender a las potencialidades y los acumulados históricos del proyecto nación cubana para percatarnos que estamos reeditando algunas fórmulas desarrollistas que, más en el plano social que en el económico, fueron inefectivas en otros contextos, sin arriesgarnos a explorar otras propuestas más creativas.

Una rápida mirada a algunas dinámicas sociales a más de cuatro años de la implementación

¿Hasta dónde este proceso de actualización del modelo económico y social cubano, en un contexto latinoamericano que está buscando superar los efectos económicos, políticos, sociales y culturales del neoliberalismo con paradigmas de desarrollo emancipadores, dialoga y se apropia contextualizadamente de estos importantes referentes? Es una pregunta que nos debemos hacer cuando analizamos los numerosos desafíos del proceso de actualización, a partir de sus efectos sociales.

En la revisión de estudios de casos y en entrevistas a especialistas en esta temática en Cuba, se identifican algunos efectos del actual proceso de actualización en la equidad social, sin desconocer que es difícil determinar los límites del condicionamiento de este proceso en específico, cuando hubo reformas que lo precedieron y existen otras variables que también tienen un efecto en las tendencias relativas a las desigualdades.

Atendiendo a la definición de equidad que tiene en cuenta que las medidas que se implementen se enfoquen no solo en la garantía de derechos, sino también en la igualdad en el acceso a las oportunidades y la creación de opciones para un mejor aprovechamiento de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos, sin discriminación, desproporcionalidad o inferiorización, de forma que los resultados también sean más equitativos, las medidas tomadas en los últimos 7 años han tenido un saldo positivo. Ello se argumenta con la diversificación de opciones de propiedad, empleo e ingresos; mejoramiento de la calidad de oferta de empleo; la elevación de ingresos en algunos sectores estatales (salud, deporte, comunicaciones, industria pesada a partir del instrumento de pago por resultados); mejora de la conexión empleo-ingreso en algunos espacios públicos y privados; facilidades para la autogestión en necesidades básicas como la construcción de la vivienda; diversificación de opciones de transporte, fundamentalmente en zonas urbanas con la aparición de cooperativas y otras opciones estatales más baratas que el sector privado; mayor acceso a activos con la posibilidad de alquilar locales al Estado para el desarrollo de actividades privadas o cooperativas; acceso, a través de la aprobación del pluriempleo, a la ocupación estatal y no estatal de jubilados, empleados estatales, estudiantes en edad laboral; cambios en regulaciones aduaneras que favorecen la amplitud de acceso a recursos electrodomésticos y otros, y controlan las brechas de equidad por limitaciones en la cantidad de importaciones.

También se identifica la mejoría de trabajadores no estatales en el acceso a la seguridad social; la restitución de derechos con la nueva ley migratoria, el uso de telefonía móvil y otros; la ampliación de acceso a la información por amplitud de servicio de correo electrónico y acceso a internet de forma privada; y el incremento en las posibilidades de autogestión como recurso de empoderamiento. Desde el punto de vista territorial, la mayor autonomía de los gobiernos locales, los estímulos al financiamiento del desarrollo, las acciones dirigidas al autoabastecimiento municipal como el proceso de recaudación tributaria, han incrementado un poco las posibilidades de mayor correspondencia entre las acciones gubernamentales y las necesidades de las comunidades.

Pero ello también implica no desconocer que, como bien plantea Mayra Espina: “la posibilidad de aprovechar las nuevas oportunidades que se generen dependerá de los activos individuales y familiares: conocimientos y calificación, capital para invertir, bienes para generar actividades mercantiles (casa, autos, herramientas), información (sobre aspectos legales, oportunidades, mercados posibles) y conexiones que permitan acceder a los nuevos espacios económicos” (Espina: 2012, p.169)

De este punto de partida desigual, se desprenden efectos negativos como la reproducción, reconfiguración y/o acentuación de brechas. Ello se expresa en el aumento de la pobreza en familias afectadas por el proceso de idoneidad con insuficientes activos para generar iniciativas (con tendencia a la feminización y la racialidad de la pobreza); el desempleo por insuficiente cobertura en las iniciativas generadas para fomentar el empleo como el trabajo por cuenta propia y la entrega de tierras en usufructo; precarización en empleos; tendencia a la criminalización de la pobreza (práctica de actividades delictivas) y tendencia a la informalización por la falta de correspondencia entre ingresos, costo de la vida e impuestos para la legalización; disminución de los niveles de bienestar e incremento de la vulnerabilidad socio-económica en trabajadores de los sectores más deprimidos dentro del sector estatal y autoempleados; crecimiento de empleos de baja complejidad tecnológica y uso intensivo del conocimiento; en el caso de los pluriempleados, la intensificación de la jornada laboral puede afectar la salud y el tiempo de auto cuidado; reproducción de la disparidad de ingresos entre hombres y mujeres por los tipos de opciones generadas y la desventaja en la inserción en el marcado laboral por la doble y la triple jornada; inserción laboral desventajosa para los sancionados sin internamiento y egresados de establecimientos penitenciarios, discapacitados; desigual aprovechamiento de las oportunidades de obtener o reparar la vivienda por el incremento de precios a partir de la liberalización de este mercado, la falta de control sobre el mercado informal y el insuficiente abastecimiento regulado por el Estado; desiguales oportunidades para la adquisición y uso de transporte (sobre todo los autogestionados, amigables con el medio ambiente y más económicos) y persistencia de los problemas de conectividad en territorios más aislados; pensiones y salarios insuficientes, sobre todo, en el sector público, respecto a las demandas de consumo de las familias; engorroso proceso de definición de la cooperativa y su aprobación respecto al de los autoempleados y microempresarios, colocando en desventaja a los cooperativistas.

A ello se adicionan el fortalecimiento de procesos de marginalización y exclusión en grupos sociales que pierden sus redes de amparo por las medidas de racionalización en subsidios y servicios públicos: difícil acceso a servicios de cuidado infantil, de ancianos o enfermos (déficit de instituciones públicas y elevados precios y no siempre buena calidad en recursos humanos en los privados); sustitución de los comedores obreros y disminución de matrícula de estudiantes internos, con una recarga en gastos de alimentación y otros en las familias. Hay una serie de recursos relacionados con la calidad de la salud y la educación que recaen en la autogestión familiar y que están abriendo brechas en el aprovechamiento de las facilidades del sistema por influir en la movilidad social ascendente, a lo que se unen también las brechas tecnológicas (celulares, acceso a internet, a correo electrónico, instrumentos para información en soporte digital) que inciden directamente en el desigual acceso a la información y a conectarse con redes sociales relevantes en estas nuevas dinámicas.

En cuanto al acceso a recursos políticos, a pesar de un incremento de mujeres, jóvenes, negros y mestizos a espacios de poder formal por esfuerzo y voluntad política del gobierno, ello no se traduce necesariamente en una participación protagónica en la toma de decisiones y en la presencia de un enfoque de equidad en las políticas y estrategias que se diseñan. Las nuevas regulaciones (Ley Tributaria, Ley de inversión extranjera, Código del Trabajo) que han aparecido no tienen enfoque de equidad y no aparecen propuestas de instrumentos macroeconómicos que intencionen acciones priorizadas ya sea por sistema de cuotas o por puntuaciones en propuestas de proyectos de inversiones. Como señala uno de los especialistas entrevistados, tanto el Código de trabajo como la Ley de inversión extranjera, tienden a empoderar más a los burócratas, directivos y administrativos que a los propios trabajadores por un tratamiento diferenciado entre estos, el estilo de participación, dirección y control que promueve. En el sector privado, estudios de caso han levantado información sobre manifestaciones de explotación de los propietarios hacia los trabajadores contratados, fundamentalmente mujeres jóvenes, con manifestaciones que van desde la sobrecarga del horario laboral, poca remuneración, violación de otros derechos laborales hasta acoso sexual. Por otra parte, en los espacios políticos y laborales, se mantienen estilos de participación verticales que inhiben el ejercicio de empoderamiento de toma de decisiones, depositando en otros actores la posibilidad de agencia de cambio.

En cuanto a las inequidades territoriales, se observa la tendencia a la reproducción de las asimetrías territoriales a partir de ventajas comparativas; la ausencia de un enfoque de heterogeneidad espacial para la gestión que atienda los asentamientos de franja de base, asentamientos dispersos, y territorios con situaciones especiales relacionadas con riesgos vinculados al cambio climático o insalubridad, deterioro o precariedad a partir de su carácter improvisado y/o ilegal. No se prevén con claridad procesos territoriales redistributivos.

Como apuntan varios de los estudios revisados, se mantienen, se reconfiguran y se incrementan brechas de género, edad, color de piel, territoriales; pero existe una preocupación de varios especialistas por la desigualdad socio-clasista que, si bien no llega a los niveles de cualquier país de la región, si se está convirtiendo en una brecha significativa respecto a su comportamiento en la historia de la Revolución Cubana por los desiguales puntos de partida ante cambios que están más a la medida de aquellos que ya estaban en posición de ventaja. Como señalan los economistas, a más de cuatro años de la actualización del modelo no ha crecido la economía como se esperaba, ni la población ha aumentado su calidad de vida equitativamente. Ello justifica la necesidad de repensar con una mirada renovada las transformaciones en el modelo, donde en la discusión de sentidos políticos, de epistemologías, también se incluyan esas otras propuestas que emergen desde el Sur con resultados más alentadores. Pero, ¿cuáles son nuestras condiciones socio-históricas para un diálogo fructífero con esas otras miradas al desarrollo?

Cuba hoy: ¿tierra fértil o árida para la emergencia de paradigmas emancipatorios en la creación de nuestro modelo?

Frente a algunas problemáticas identificadas respecto al proceso de actualización, hoy se proponen soluciones de diferente tipo como la repolitización y empoderamiento de la sociedad para, como bien sugiere Ariel Dacal, “socializar la disputa, sensibilizar con la preocupación y empoderar a la gente para buscar referentes”; otros apuestan por desarrollar, desde el aparato estatal y con un sentido socialista, mecanismos de incentivación para el desarrollo de un tejido económico y productivo desde la pequeña y mediana empresa con inclusión de actividades de uso incentivo del conocimiento, y a la vez mecanismos de control para que no se conviertan en fuente de acumulación y de desigualdad; incluir dentro de las estrategias de desarrollo, la participación más activa de la emigración cubana, por lo general altamente calificada, como inversionista dentro del país; mejoramiento de la disciplina económica y social con funcionarios estatales más eficientes; promover mecanismos efectivos de equidad tributaria (con un respaldo legislativo) para una recaudación y redistribución más justa, y políticas macroeconómicas con enfoque de equidad como favorecer proyectos de inversiones donde se focalicen, entre otros elementos, la atención a las desventajas sociales de determinados grupos.

Otras propuestas son el diseño, gestión y evaluación de proyectos, políticas, servicios desde un enfoque de búsqueda del beneficiario (con capacitación, asesoramiento, microcréditos, subsidios y otros) para contrarrestar la exclusión y la autoexclusión; marco regulatorio con la dimensión de equidad; nuevos mecanismos de participación desde el tejido ya estructurado del sistema social y político cubano que favorezca un mayor involucramiento de las personas; mecanismos de organización y distribución que permitan que en el sector estatal (principal empleador del país) se recupere el valor del trabajo; impulsar el proceso de cooperativización desde la verdadera esencia de los principios cooperativos; desarrollo de un mercado con formas de intercambio diversas y que sea controlado por la sociedad; construcción de liderazgos juveniles desde los valores de nuestra sociedad con una revisión crítica de los esquemas de trabajo tradicionales para este fin; desarrollar mecanismos para mayor igualdad de oportunidades del aprovechamiento de la ley migratoria, de forma que más personas puedan vivenciar otras realidades e ir resignificando, desde esta praxis, su posicionamiento político, su orientación ideológica en función del proyecto de Revolución Cubana.

Otros apuestan por el trazado y gestión de políticas territoriales con dimensión social en complemento con políticas universales territorializadas y comunitarizadas para atender los diferentes tipos de poblaciones, incluyendo las más de 500000 personas que viven en asentamientos dispersos que están invisibilizados en los lineamientos; procesos de comunicación y sensibilización, con los nuevos cambios desde una perspectiva social, colectivista, entre líderes y población, que generen confianza en función de alimentar la mística en torno al proyecto común, al igual que el tratamiento público sobre los problemas que se han generado a partir del impacto de las nuevas medidas; generar competencias profesionales, culturales, directivas en los gobiernos municipales para una mejor gestión de los procesos de desarrollo; etc.; pero también deberíamos pensar en otras propuestas que permitan la construcción de otros referentes a partir de un diálogo más fructífero con referentes del Sur como jornadas de sensibilización y debate en foros y talleres respecto a estas alternativas; socialización de audiovisuales que muestren las experiencias a través del sistema informativo, las redes sociales, los blogs, otros medios de comunicación; incremento de publicaciones que permitan el conocimiento de estos referentes; espacios de capacitación para formar actores desde estos presupuestos; inclusión en las estrategias curriculares de carreras como Sociología, Economía, Comunicación, Derecho, Historia, etc., en formaciones de post grado, y en los cursos de cultura política de formación preuniversitaria del debate en torno a estos referentes; promover la participación presencial de diversos tipos de actores cubanos en estas experiencias a través de visitas; aprovechar las redes que existen en el país (sociales, académicas, etc.), las cátedras, los movimientos juveniles, las organizaciones políticas, entre otros espacios asociativos, para la lectura y discusión de estas epistemes y prácticas.

Como debilidades y amenazas para la construcción de un modelo más emancipatorio, se identifican diferentes factores. Desde la lógica del Estado nación, actualmente en Cuba existen problemas para garantizar condiciones básicas para el desarrollo de un modelo que se propone el bienestar social: la crisis económica mundial y su impacto en una economía dependiente, también afectada por la deuda externa y el bloqueo económico, un modelo de gestión de la economía disfuncional, dificultades en el acceso al crédito, default bancario, subutilización de recursos, sistema productivo precario, pérdida del valor del trabajo, tendencia de la dirección política a estancar los cambios cuando se llegan a estadíos de estabilidad macroeconómica, desaceleración en el crecimiento económico, cifras desfavorables en el crecimiento del empleo y poca evolución del comercio exterior, etc. A ello se unen las dinámicas demográficas que agravan la relación de dependencia por la alta tasa de envejecimiento, la poca reproducción, y la elevada emigración y que es clave para diseñar los escenarios futuros relacionados con los procesos productivos y de servicios.

También se identifica una cultura deficitaria o deformada de trabajo comunitario y otras escalas locales por el poco hábito de planificación y gestión desde las tipologías de territorios, según capacidades y oportunidades; el déficit de la etapa de evaluación en la implementación de la estrategia de desarrollo para valorar el avance de las iniciativas y así poder hacer los ajustes necesarios; resistencia al cambio (sobre todo en sectores intermedios en espacios gubernamentales y otros burocráticos) ante los nuevos modelos de gestión que tienden a la desestatización, la poca disciplina económica y social, la existencia de un proyecto de descentralización más concentrado en aligerar estructuras que en generar competencias locales para una toma de decisiones más amplia; la falta de un marco regulatorio que acompañe los procesos de descentralización y gestión local; centralización y burocratismo en la aprobación de proyectos locales y agentes de desarrollo local como las cooperativas, lo que desempodera a estos gobiernos y actores.

Existen actitudes de indefensión, de victimización, de subestimación de capacidades a nivel individual, familiar, comunitario, de los propios gobiernos u otros gestores. Existe una noción de ciudadanía lastrada por la práctica de postergar los derechos individuales, en función de un tipo de proyecto social donde los niveles de participación en la toma de decisiones varían según los espacios de poder político, afectando la capacidad de agencia del sujeto en cuanto a la reflexividad y actuación en función de otras condiciones sociales.

La dinámica de la subsistencia, de resolver problemas puntuales en la vida cotidiana, la lógica subdesarrollante de resolver “el diario” (cortoplacismo) dificulta la capacidad de proyectar, de pensar en alternativas por la premura de cubrir las necesidades básicas y otras que en la actualidad se han hecho indispensables por el cambio en el patrón cultural de consumo con una tendencia a incrementar esta última práctica, a partir del impacto de la mega industria cultural.

Por otra parte, hay varias apuestas por el desarrollo. Se considera que la correlación de fuerzas entre sujetos que apuestan por un modelo de desarrollo más emancipatorio en términos de valores éticos, prácticas colectivas, solidarias, que rescata la utopía del comunismo, etc., es desfavorable respecto a sujetos con otras visiones del desarrollo. Este desbalance no está solo en los gestores de políticas o quienes impulsan el proceso de reestructuración, sino en el sentido común de los individuos, ante un referente de socialismo identificado con estatización, bajos salarios, deterioro en condiciones de vida, que influye en su disposición a probar la otra alternativa con un sobredimensionamiento de los modelos exteriores capitalistas (principalmente EE.UU y Europa como tendencia histórica que se ha reforzado), sin pensar en la tercera. Se ha naturalizado la existencia de inequidades sociales como parte del proceso de cambios y no hay una lectura crítica de la exclusión y las desigualdades.

Una pregunta controversial para indagar en nuestros imaginarios, en nuestra capacidad proyectiva es: ¿Es posible pensar en Cuba en otro tipo de relaciones económicas, sociales, políticas que complemente la lógica de organización que supone el imaginario del Estado nación ya institucionalizado hegemónicamente por tanto tiempo? Al respecto considero que existen obstáculos epistemológicos como: el pensar usualmente desde la estructura del Estado nación cuando a otras escalas espaciales pudieran pensarse propuestas de reorganización económica, política y social desde las lógicas de algunos movimientos sociales cuyos objetivos convergen con el de nuestra utopía histórica y que actualmente han avanzado más en referentes emancipatorios en las últimas dos décadas; la tendencia al occidentalismo, al tecnoeconomicismo, a la modernización y al desarrollismo; la forma en que legitimamos la ciencia dentro de la producción de conocimiento con una subestimación de otros tipos de saberes y epistemologías; los contenidos de los currículos en la formación de diferentes especialistas limitan la interpretación de la realidad y el aprehender desde otros referentes fundamentalmente producidos en el sur, condicionando, en la calidad de expertos, el tipo de modelo de desarrollo que se legitima; la heteronormatividad; algunas tendencias a la discriminación racial; la percepción de los indígenas como lo atrasado a partir de una subestimación de los pueblos originarios, de lo ancestral (en un contexto donde fueron exterminados todos estos referentes); distanciamiento racional y emocional con América Latina en el sentido común de la gente, o un acercamiento desde la lógica de la geopolítica en el caso de científicos y algunos políticos; el desarrollo de habilidades memorísticas más que capacidad de análisis en los procesos de enseñanza tradicionales institucionales que obstaculiza el des-aprendizaje; falta de hábito de crítica constructiva a las decisiones oficiales; sujetos más enfocados en los problemas que en las soluciones, afectando la capacidad propositiva; resistencia al cambio, principalmente a lo desconocido; construcciones de imaginarios sobre obstáculos externos que imposibilita pensar lo interno; la falta de cultura de diálogo que afecta la receptividad de otras propuestas; la sobreestimación del modelo cubano sobre otros referentes latinoamericanos por el reconocimiento histórico de Cuba como paradigma; establecer como criterio de verdad lo que piensa la mayoría, lo conocido o el discurso de sujetos con más legitimación social; incapacidad para subvertir conceptos y lógicas desde como lo nombramos, hasta como lo significamos (ejemplo: gratuidades o subsidios sin analizar la lógica de la redistribución, trabajo por cuenta propia, lo público y lo estatal); pervivencia de un discurso triunfalista y positivo respecto a la superación de la pobreza y la desigualdad; encuentros y desencuentros epistemológicos en los propios conceptos de modelo, paradigma, estrategia y sus formas de construcción que obstaculizan una puesta en común y una construcción colectiva desde diferentes comunidades científicas y otros espacios de producción de conocimiento; la forma lineal y positivista en que entendemos el tiempo nos limita en la construcción de estrategias por no contemplar las transformaciones desde una dimensión temporal cíclica, dialéctica y compleja; limitación en algunos actores de una perspectiva relacional para distinguir las causas y consecuencias del desarrollo en sus expresiones actuales y las diferencias entre modelos.

Otros elementos que pueden desfavorecer son los límites de tiempo para la generación histórica que está legitimada como líder para introducir cambios y habría que valorar la credibilidad en las nuevas generaciones y su propia voluntad política para la construcción de otras propuestas emancipatorias. En ocasiones, se percibe como diferentes agentes de socialización (fundamentalmente los medios de comunicación) crean una opinión pública, en tanto condicionan los temas que se discuten socialmente, la forma en que se realiza esa discusión, las soluciones que se proponen. El poco conocimiento sistematizado en varios sectores poblacionales sobre la historia presente de América Latina, o una aproximación sin conexión emocional, vivencial a esta historia, ha disminuido la percepción de riesgo que puedan tener los diferentes actores sobre los efectos sociales de algunas de las actuales medidas económicas.

Como factores positivos para la promoción de modelos de desarrollo con un contenido más emancipatorio están el que la sociedad esté “produciendo visiones, agendas y procesos con referentes de desarrollo, de inclusión, de igualdad, de equidad, de género, de territorio (más allá de espacios tradicionales organizados desde el Estado) que colocan el ámbito de disputa a un nivel más alcanzable (Red de Educadores y Educadoras Populares, Red de mapa verde, Red de Cultura de paz, Red Arte y Cultura, Red Barrial de afrodescendientes, Red Iberoamericana y africana de masculinidades, Red Ecuménica Fe por Cuba, Plataforma de Equidad de Género, Plataforma Participación y Equidad, Movimiento Juvenil Mariano, Proyecto Nuestra América, Proyectos comunitarios promovidos por organizaciones no gubernamentales como el Centro Félix Varela, el Centro Martin Luther King, Grupo de reflexión y solidaridad Oscar Arnulfo Romero, Fundación Nicolás Guillén, Centro de Intercambio y Referencia de Iniciativa Comunitaria, entre otras.) Estos actores manejan referentes del Buen vivir y otros paradigmas alternativos a modelos hegemónicos.

También se reconocen el aumento del nivel de conciencia del papel de la economía en dar sostenibilidad al proyecto social y político y se mantiene el principio de intencionalidad social de la economía, como instrumento para un desarrollo social. Otro elemento es el hecho de estar insertados en el ALBA, a partir de la cual se puede establecer una relación más justa y recíproca con diferentes países y se actualiza la tradicional vocación latinoamericana de Cuba.

Otros elementos son la sensibilidad instaurada en la gente por la Revolución durante mucho tiempo (con niveles variables en diferentes contextos históricos), a partir de una acumulación de prácticas de solidaridad, de cooperación, de antimperialismo; autovaloración como sujeto de cambio construida como parte del sentido de nacionalidad; niveles de instrucción y cultura política (ya sea por la formación, por la experiencia de vida en otras sociedades) que nos permiten una capacidad de reflexión sobre dónde están otros referentes y las oportunidades para materializarlos.

Este es un escenario de cambios muy complejo y heterogéneo, donde la posibilidad de caminar hacia un proyecto social emancipador, que apueste por un desarrollo colectivista, inclusivo, armónico con la naturaleza y equitativo se está disputando, con el empuje de otros actores hacia un camino de reproducción de modelos de desarrollo que no han dejado el mejor saldo social en términos de equidad en el acceso al buen vivir. Este es un debate en construcción, donde, la crítica constructiva y los deseos de participar con un compromiso ético y político con la emancipación humana, son factores claves para los derroteros de la Revolución Cubana.

Bibliografía

Acosta, Alberto 2010 El Buen Vivir: una filosofía por (re) construir. En CIP-Ecosocial. Boletín Ecos, Nº 11.

Arredondo, L. 2013 La micro y la pequeña empresa privada en Cuba: propuesta de ideas para una política de fomento. Tesis de Maestría en Desarrollo Social. La Habana: FLACSO-Cuba.

Arredondo, L. 2014 Entrevista realizada por la autora.

Bell L., J. 2009 Introducción a las teorías y los problemas sobre el desarrollo (La Habana: FLACSO/Programa Cuba, Universidad de La Habana).

Bell, J. 1999 Los cambios mundiales y las perspectivas de la Revolución cubana (La Habana: Editorial Ciencias Sociales).

Bell, J. 2014 Entrevista realizada por la autora.

Boron, A. 2008 Socialismo del siglo XXI (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg).

Castro Ruz, Raúl 2014 Discurso en la clausura del IV Período Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En internet@granma.cu

Dacal, A. 2014 Entrevista realizada por la autora.

Dávalos, Pablo s/f El Sumak Kawsay (Buen Vivir) y las cesuras del desarrollo. En: http//:alainet.org/active/23920.

De Sousa Santos, Boaventura 2010 Hablamos de socialismo del Buen Vivir. En ALAI. Echevarría, D. 2013 Procesos de reajuste en Cuba y su impacto en el empleo femenino: dos siglos y repetidas desigualdades. CEEC. UH

Echevarría, D. 2014 Entrevista realizada por la autora.

Echevarría, D., I. Díaz y M. Romero. Política de empleo en Cuba 2008-2013: desafíos a la equidad en Artemisa.

Espina, M. 2005 “Re-emergencia crítica del concepto de desarrollo” en Hernández, C. N. (comp.) Trabajo Comunitario. La Habana: Editorial Caminos.

Espina, M. 2008 Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana (Buenos Aires: CLACSO).

Espina, M. 2010 Desarrollo, desigualdad, y políticas sociales. Acercamientos desde una perspectiva compleja (La Habana: Publicaciones Acuario).

Espina, M. 2012 “Retos y cambios en la política social” en Miradas a la Economía Cubana. El proceso de actualización (La Habana: Editorial Caminos).

Espina, M. 2014 Entrevista realizada por la autora.

Espina, M. 2014 Políticas de equidad. Ponencia presentada en Seminario Científico por el XXX aniversario de FLACSO

Espina, M. L. Núñez y otras 2010 Desigualdad, equidad y política social. Integración de estudios recientes en cuba. Informe de investigación. La Habana: CIPS.

Espina, Mayra 2005 “Re-emergencia crítica del concepto de desarrollo” en Hernández, Carmen Trabajo comunitario. Selección de lecturas (La Habana: Editorial Caminos).

Everleny, O. 2010 “Estrategia económica: medio siglo de socialismo” en Everleny, O. (comp.) Cincuenta años de la economía cubana (La Habana: Editorial Ciencias Sociales).

Everleny, O. 2014 Entrevista realizada por la autora.

Fonseca, C. 2009 “El socialismo del siglo XXI como desafío histórico” en Regalado, R. (comp.) América Latina hoy ¿Reforma o revolución? (Querétaro: Editorial Ocean Sur).

Fundora, G. 2014 Cuba: estrategias de desarrollo y proyecciones. Conferencia. Maestría en Desarrollo Social. FLACSO-Cuba

Fundora, G. 2014 El proceso de actualización del modelo económico y social cubano. Ponencia presentada en Seminario Científico por el XXX aniversario de FLACSO

Fundora, G. 2014 Otras concepciones del desarrollo. Conferencia. Maestría en Desarrollo Social. FLACSO-Cuba

Fundora, Geydis. Hacia una concepción integral y renovada del desarrollo.

García, A. y B. Anaya 2011 Estructura de gastos básicos de una familia cubana urbana en 2011. Situación de las familias “estado-dependientes” (s/d)

García, G. 2014 Entrevista realizada por la autora.

Gudynas, Eduardo 2011 “Germinando alternativas al desarrollo” en ALAI, Nº 462, Quito.

Iñíguez, L. 2014 Entrevista realizada por la autora.

Iñiguez, L. y Everleny, O. (comp.) (s.a) La heterogeneidad social en la Cuba actual (La Habana: CESBH, Universidad de La Habana).

León, I. 2010 “Resignificaciones, cambios societales y alternativas civilizatorias” en Irene León. (cord) Sumak kawsay/ Buen vivir y cambios civilizatorios (Quito: FEDAEPS).

Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución 2011 Pañellas, D. D. Echavarría y T. Lara. 2014 Cuba: los impactos sociales de las transformaciones económicas (en prensa).

Triana, J. 2014 Entrevista realizada Luis Miranda.

Valdés, Gilberto 2007 “El socialismo en el siglo XXI. Desafíos de la sociedad más allá del capital” enTemas. Nº 50-51.

Vidal, P. O. Everleny 2012 “Prólogo” en Vidal, P. O. Everleny. (comp.) Miradas a la Economía Cubana. El proceso de actualización (La Habana: Editorial Caminos).

Zabala, M. 2013 “Retos de la equidad social en el actual proceso de cambios económicos” en Everleny, O. y R. Torres (comp.) Miradas a la Economía Cubana. Entre la eficiencia económica y la equidad social (La Habana: Editorial Caminos).

 Este trabajo fue presentado en la VII Escuela Sur-Sur “Desigualdades, Democracia y Desarrollo durante y después del Neoliberalismo”, en Bangkok, noviembre 2014, organizada por CLACSO, CODESRIA e IDEAs.

Resumen

En este trabajo se presenta la relación del Perú con las IEME; se desarrollan las distintas caracteristíscas acerca de la territorialidad del caso y se discute la paradoja institucional del aparato público en contextos de dependencia de las IEME. El trabajo propone una serie de preguntas que buscan orientar más a las investigaciones políticas e institucionales sobre la soberanía territorial de los Estados en contextos de extractivismo.

Abstract

The relationship between Peru and the IEME is presented in this work; the different characteristics about the territoriality of the case are developed, and the institutional paradox of the public apparatus in contexts of dependence of the IEME is discussed. The work proposes a series of questions that search for providing more orientation to the political and institutional investigations on the subject of territorial sovereignty of the State in contexts of extractivism.

Lorena De la Puente Burlando

Licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es estudiante en la maestría de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

Sociology graduate by the Pontific Catholic University of Peru. Currently a student at the Master’s degree on Latin-American Studies from the Oxford University, United Kingdom.

Palabras clave

1| Extractivismo 2| Minería 3| Estado 4| Medio Ambiente 5| Perú.

Keywords

1| Extractivism 2| Mining 3| State 4| Environment 5| Peru.

Cómo citar este artículo [Norma ISO 690]

DE LA PUENTE BURLANDO, Lorena La Hegemonía Territorial de los Estados en Contextos de Extractivismo Mineral y Energético. El Caso del Perú. Crítica y Emancipación, (13): 111-128, primer semestre de 2015.

La hegemonía territorial de los estados en contextos de extractivismo mineral y energético*

El caso del Perú

Introducción

La soberanía territorial del Estado en los países que dependen de la industria extractiva mineral y energética (IEME) se ve mermada en la actualidad, impactando sobre el desarrollo institucional del aparato público. Para el presente artículo, consideramos a la soberanía territorial como un elemento esencial del poder político del Estado, entendiéndola como la capacidad administrativa del aparto público para asegurar la producción (a través del aprovechamiento de los recursos naturales y humanos) y el resguardo y promoción de derechos civiles, sociales y ambientales en un territorio político delimitado.

Desde O’Donnel (1993), la capacidad de control territorial de los Estados y su crecimiento institucional establece “zonas” de mayor o menor presencia efectiva del aparato público (o la capacidad de ejecutar sus políticas). Sin embargo aceptamos que la existencia de zonas de menor presencia estatal no tiene por qué significar un proceso de erosión de su hegemonía (territorial), sino por el contrario, un resultado de la construcción misma del Estado (O’Donnel, 1993). Así, el Estado posee diferentes capacidades para hacerse soberano: existen zonas donde es más o menos efectivo y diversas variables, incluida la extracción, son útiles para analizarlo (Soifer, 2012).

Buscando ir más allá, deseamos trabajar el escenario donde tal construcción estatal sucede a través de procesos de debilitamiento y fortalecimiento del aparato público, siendo la pérdida de hegemonía territorial una variable clave para entender este proceso. En términos de Boone (2012), consideramos que “la irregularidad en la calidad del Estado, en lugar de ser evidencia de un estado fallido es a menudo un artefacto de construcción del Estado” (Boone, 2012: 623). En lo que sigue, argumentaremos que para contextos de extractivismo, la pérdida de hegemonía territorial puede limitarse voluntariamente desde el propio Estado.

Nuestra propuesta es de carácter exploratorio¹. El objetivo es trabajar el caso del Perú en relación a América Latina para incentivar líneas de investigación que se preocupen por el vínculo entre la pérdida de hegemonía territorial; y, como argumentaremos, un paradójico proceso simultáneo de debilitamiento y fortalecimiento institucional del Estado. Proceso que le permite resguardar el desarrollo de las IEME lo cual permite su crecimiento macroeconómico, pero lo hace a costo de derechos civiles (y socio ambientales).

Buscando responder a la pregunta por si el Estado peruano está perdiendo hegemonía política sobre su territorio a causa de las industrias extractivas neoliberales, y de ser así, qué impactos produce en su fortalecimiento institucional, proponemos dos figuras: a) la “porosidad” del territorio, tratando de delimitar el accionar soberano del Estado en segmentos del mismo; y b) el (des)fortalecimiento institucional del aparato público el cual se torna ausente y categórico al mismo tiempo en su búsqueda por resguardar el desarrollo de la IEME.

En lo que sigue, presentaremos primero la relación del Perú con las IEME; en segundo lugar desarrollaremos la porosidad territorial del caso; y finalmente discutiremos la paradoja institucional del aparato público en contextos de dependencia de las IEME. El artículo concluye con una serie de preguntas que buscan orientar más investigaciones políticas e institucionales sobre el fenómeno en cuestión: la soberanía territorial de los Estados en contextos de extractivismo.

El Perú y las industrias extractivas minerales y energéticas

Actualmente, América Latina es la región del mundo donde se invierte más en explotación minera (Zeballos, 2014: 14). Con el 20% de las reservas mundiales de petróleo, 49% de reservas de plata; 65% litio; 44% cobre; 33% estaño (Cepal, 2014a), la región posee al mismo tiempo 1/3 de las reservas de agua dulce del mundo, el 12% de la superficie cultivable del planeta (Cepal, 2014a), y cuenta con alrededor de 45 millones de personas indígenas es decir, el 8% de la población (Cepal, 2014b) ubicándose principalmente en zonas rurales, muchas de ellas destinadas precisamente a la extracción de recursos minerales y energéticos. La expansión de la histórica IEME ha significado el crecimiento económico de diversos países, sin embargo, no ha existido el mismo éxito en traducir tal crecimiento macroeconómico en una reducción de las diferencias sociales. Se estima que este proceso ha desencadenado 170 casos emblemáticos² de conflictos socio ambientales (Environmental Justice Map, 2014), enfrentando a la población civil con el Estado y las empresas privadas.

Perú es un caso particularmente relevante en este contexto pues la IEME es la principal actividad económica y va de la mano con una importante alza de la conflictividad social. El país es el primer productor de Oro, Zinc, Estaño y Plomo en la región y segundo en Plata y Cobre (mientras que a nivel mundial está dentro del top 5 para cada mineral mencionado) (Cepal, 2014)³. Al 2014, la cartera de proyectos es de 52 grandes proyectos, concentrándose un 64% de ellos en el cobre, 14% en oro y 12% en hierro, de los cuales, el 46% está en etapa de exploración (Machado, 2014: 25)⁴. Las exportaciones mineras significan en la actualidad el 57,2% del total de las exportaciones (Machado, 2014: 21). La importancia de la actividad extractiva para el Estado peruano radica en que el PBI per cápita real evoluciona al ritmo de los precios internacionales de los minerales: el PBI real se duplicó desde 1990 pasando de ser 3800 soles a 8300 soles en el 2013, mientras que el IPEX (Indice de Precio de las Exportaciones) se triplicó pasando de 100 en 1990 a 343 en el 2013 (Machado, 2014: 11). El coeficiente de correlación es de 0,96, es decir, una correlación perfecta (Machado, 2014: 11).

A pesar del gran y exitoso crecimiento de la IEME, la actividad por sí misma no produce desarrollo a nivel local en las zonas de influencia⁵. Diversos autores buscan explicar este fenómeno, problematizando la incapacidad estatal (local, regional y nacional) para redistribuir los beneficios económicos (como la figura del CANON)⁶. Este debate extenso no es objeto de nuestra investigación⁷. Por lo pronto nos es útil aceptar la idea de la dificultad de traducción a nivel local de estos beneficios. El resultado es el aumento de la conflictividad social en el país. Como la actividad extractiva se desarrolla en zonas principalmente rurales donde habita la población más reprimida, el discurso nacional de desarrollo económico, choca con una realidad palpable que produce insatisfacción (Tanaka y Grompone, 2009). Este proceso alcanzó un nivel crítico a partir del año 2008. Hacia finales del 2007, la Defensoría del Pueblo (DP) registró 26 conflictos sociales. Sin embargo, para diciembre del 2008, los conflictos se elevaron a 134, donde el 46% eran de carácter socio-ambiental (Defensoría del Pueblo, 2008). El 2013⁸ cerró el año con 216 conflictos (170 activos y 46 latentes), donde el 64% de los conflictos registrados durante el año eran de carácter socio ambiental (donde el 75% eran por minería y el 12% por hidrocarburos)⁹.

Hablar de demandas socio-ambientales implica reconocer la sistemática aparición de denuncias de contaminación en las zonas mineras y extractivo energéticas¹⁰. Las protestas socio ambientales muchas veces están motivadas por experiencias reales de contaminación, por el riesgo a la contaminación o por la pérdida en el acceso a los recursos naturales (usualmente hídricos). Adicionalmente, se estima que en el Perú existen 9mil pasivos ambientales¹¹ mineros y el Ministerio del Ambiente desde el 2008 sancionó 148 veces al sector minero y 18 veces al hidrocarburífero (usualmente, por incumplimiento de los Límite Máximo Permisibles) (CooperAcción, 2014 a).

En este proceso, un resultado que explica en parte la alta conflictividad social es la superposición territorial con territorios comunales (campesinos, indígenas y nativos amazónicos). Contando el país con 6,069 comunidades campesinas y 1,469 comunidades nativas reconocidas¹², se estima que el 48 por ciento de su territorio está superpuesto con concesiones privadas relacionadas a las industrias extractivas (CooperAcción, 2014)¹³. Para Zeballos (2014: 5) “el crecimiento acelerado y desordenado de concesiones mineras en el territorio genera conflictividad por la superposición de derechos”. Esta superposición se traduce en desplazamientos (a veces forzados) de población rural o la transformación del acceso y uso de los recursos naturales (ríos, cabeceras de cuenca, lagunas, cerros), impactando en los usos tradicionales (campesinos) de los recursos.

La convivencia entre la necesidad por promover la inversión privada en las industrias extractivas y el control de la conflictividad social ha motivado el proceso que hemos llamado el (des)fortalecimiento del aparato estatal en un contexto de “porosidad” territorial. Por un lado, el Estado cede amplias extensiones de su territorio al sector empresarial. En su búsqueda por promover la inversión, el Perú es uno de los países que implementa con mayor rigor los criterios neoliberales inscritos en su Constitución de 1993. Esta liberalización y desregulación de la actividad extractiva hace al Estado “ausente” en las zonas concesionadas, sin embargo, al mismo tiempo el Estado se hace “categórico” en las zonas limítrofes y adyacentes para controlar la conflictividad social. De esta forma, desarrolla una dinámica paradójica de fortalecimiento y des-fortalecimiento institucional sobre zonas liberadas que reducen su capacidad de hegemonía y control territorial. A continuación desarrollaremos ambos conceptos.

La porosidad del territorio

Entendemos a la porosidad del territorio como un ordenamiento territorial que se caracteriza por tener zonas “liberadas” donde el Estado cede su rol como administrador en beneficio de actores privados que desarrollan industria extractiva¹⁴. Como desarrollaremos a continuación, en países como el Perú, las empresas extractivas no son fiscalizadas con rigurosidad para velar por el resguardo del medio ambiente, produciendo muchas veces impactos sociales y ambientales al largo plazo. El tipo de concesiones que el Estado permite también alcanzan la figura del “gobierno empresarial” (Durand, 2014a; Durand, 2014b) donde las empresas reemplazan al Estado en la promoción del desarrollo local. Finalmente, las zonas “liberadas” también se traducen en la concesión del monopolio de la violencia, cuando las empresas privadas para enfrentar la conflictividad social utilizan a la policía para resguardar su territorio.

Las concesiones en el Perú

Como puede apreciarse en el Gráfico 1, el crecimiento de las concesiones se dispara en el Perú en los inicios de la década pasada. Se estima que el 25% del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras existiendo 48 mil derechos mineros (IBC, 2013), mientras que dos tercios del territorio amazónico (el área más extensa en el país) está ocupada por concesiones de hidrocarburos traducidos en 82 lotes petroleros (Rights and Resources Initiative, 2013)¹⁵. Si bien para el caso de la minería la actividad sólo se desarrolla en un 6% del territorio, la amplitud de la privatización del territorio resguarda potencialmente, los derechos de algunos actores privados por sobre amplias extensiones del territorio¹⁶.

Gráfico 1. Hectáreas Concesionadas a la Minería en Perú (1981-2013)

Elaboración: Orihuela (2014). Fuente: INGEMMET-Catastro Minero.

El hecho de que grandes cantidades del territorio se encuentren concesionadas por varias décadas a actores privados no tendría por qué significar una pérdida de hegemonía territorial. Sin embargo, para el caso peruano, los criterios escogidos para guiar el proceso de concesión (asignación y fiscalización) le quita fortaleza al rol del Estado en la administración de su territorio bajo concesión.

El “paquetazo ambiental”

La reducción en la fiscalización ambiental es una primera muestra de la pérdida de hegemonía, haciendo “poroso” al territorio. Paradójicamente, a pesar de ser un país pionero en el desarrollo de normativa ambiental y de protección de derechos indígenas¹⁷, el actual gobierno en el Perú ha aprobado una serie de leyes que disminuyen drásticamente las facultades de las principales instancias regentes del medio ambiente. El “paquetazo ambiental” del 2014 impactó principalmente al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el Ministerio del Ambiente (MINAM) creado tan solo en el 2008 (CEPES, 2014). Originalmente, la OEFA se creó con el objetivo de responder a las demandas de la población movilizada a través de protestas por una mayor y más coordinada fiscalización del medio ambiente para evitar impactos sociales y ambientales. A pesar de no ser un sector fuerte frente al Ministerio de Energía y Minas, en sus seis años de existencia, el MINAM y la OEFA lograron sancionar a empresas extractoras, lo cual produjo la queja de diversos inversionistas quienes afirmaban que las regulaciones ambientales sólo “entorpecían” el buen desarrollo de las actividades mineras y energéticas en el Perú (Diario Gestión, 2014). El 12 de julio del 2014 se aprobó la Ley 30230 “Establece

Medidas para la Promoción de la Inversión en Materia Ambiental” o como se ha mencionado, el “paquetazo ambiental”. Con ella, el Estado Central respondió a la demanda por una menor presencia fiscalizadora desde el sector empresarial. La capacidad de la OEFA quedó restringida a casos excepcionales: sólo cuando empresas infractoras se resisten a aceptar medidas correctivas podría sancionar, incluso en este caso, sólo podrá aplicarse el 50% de la sanción; tampoco puede aprobar y actualizar regularmente los Estándares de Calidad Ambiental y los Límites Máximo Permisibles (sectorizado –nuevamenteel proceso); adicionalmente, se trasladó la aprobación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial al Consejo de Ministros en la Presidencia del Consejo de Ministros; finalmente, la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se ha reducido a 45 días (cuando en países como Chile y Colombia puede llegar a los 120 días) (Machado, 2014; CooperAcción 2014). La situación actual ha generado la preocupación generalizada de actores como la mencionada Defensoría del Pueblo y activistas ambientales (La República, 2014; SPDA, 2014)¹⁸.

El gobierno empresarial

La porosidad del territorio también se forma cuando la empresa reemplaza al Estado como el actor encargado de promover el desarrollo a nivel local. Cómo señala Durand (2014a; 2014b), las empresas (Durand las analiza desde la figura de los “enclaves”) buscan controlar su entorno para resguardar su producción. En el contexto ya explicado de creciente conflictividad social capaz de detener proyectos privados de extracción, las empresas asumen tareas que le corresponden al Estado para hacer sostenible su presencia en el tiempo: invierten en infraestructura vial y de vivienda, en proyectos agropecuarios, en la adjudicación de servicios básicos (desague, agua, luz), entre otras medidas.

El resultado de esta práctica es el reemplazo del rol del Estado como fuente de servicios sociales y promotor del desarrollo. Esta inversión a nivel local se transforma en un des-incentivo para que un Estado al cual ya le costaba brindar tales servicios en sus zonas rurales, busque hacerse presente. Este reemplazo del Estado no es sin embargo, sostenible en el tiempo. Prácticas clientelares son cada vez más frecuentes en los intentos de las empresas por adquirir la “licencia social” de la población que (probablemente) afectarán social, laboral o ambientalmente. Además, estas empresas no permanecerán por siempre en el lugar, y las ventas y consecuentes cambios de directivas no aseguran la permanencia de las medidas (ni por lo tanto su capacidad de impacto local). El riesgo que se crea es la dependencia a la voluntad de las empresas, o el aprendizaje a demandar (contenciosamente) por beneficios que no se obtendrían por parte del Estado, reproduciendo la conflictividad social y sin solucionar el problema del desarrollo local.

El monopolio de la violencia

Finalmente, las empresas privadas resguardan sus áreas concesionadas a través del uso de la fuerza policial misma. Desde la década del 90, el régimen policial contempla la figura de los días de “franco” de los polícias, donde están eximidos de ejercer su rol público. Con ello, pueden desarrollar otra actividad laboral en ciertos días¹⁹. Usualmente, los días de “franco” se traducen en contrataciones privadas por parte de las empresas de la fuerza policial para trabajos de seguridad. El problema radica en que la paga del sector privado es sumamente superior a la paga desde el Estado. Cuando se desatan protestas, los miembros de la policía contratados por la empresa, sistemáticamente resguardan los derechos de los privados a costa de los derechos de la sociedad civil. Como desarrollaremos más adelante, la criminalización de la protesta social ha institucionalizado la represión violenta de la acción colectiva de la ciudadanía, precisamente a manos de las fuerzas del orden muchas veces en acciones bajo contrataciones privadas. El uso desde el sector privado de la policía para reprimir protestas contra la actividad extractiva, merma un pilar fundamental del Estado: el monopolio de la violencia. En el Perú actual, el Estado voluntariamente cede a este poder, privatizando sus propias fuerzas del orden.

El (des)fortalecimiento institucional

La porosidad del territorio, o la concesión de funciones administrativas del Estado para con las empresas extractivas, posee consecuencias institucionales. En la sección anterior se ha buscado presentar procesos mediante los cuales el Estado se “retira” de zonas (y dinámicas) en su afán por promover la industria extractiva. La privatización de millones de hectáreas, el debilitamiento de las herramientas fiscalizadoras de derechos socio ambientales, la secesión de la responsabilidad por incentivar el desarrollo local y la pérdida del monopolio de la violencia son muestras de lo que puede entenderse como un des-fortalecimiento institucional del aparato estatal. En esta línea, el Estado peruano se conformaría con su rol rentista como productor de materias primas, condescendiendo con lo dicho ya por la amplia literatura preocupada por la maldición de los recursos (Orihuela, 2014). Sin embargo, también sucede el proceso contrario.

El Estado podrá ceder la administración de su territorio (incluso bajo el costo de derechos sociales y ambientales), pero su aparato institucional se fortalece y especializa para, precisamente, resguardar a la actividad extractiva. Como desarrollaremos a continuación, la presencia categórica en contextos de conflictividad social a través de la criminalización de la protesta social y la institucionalización de los “mecanismos de diálogo” para prevenir y resolver conflictos, son procesos que forman parte del aprendizaje institucional del Estado peruano para asegurar el buen desarrollo de la actividad extractiva.

La criminalización de la protesta social

Como se ha mencionado anteriormente, el Perú alcanzó niveles críticos de conflictividad social hacia el año 2008. Desde entonces, el Estado convive con cientos de protestas que sistemáticamente detienen (y a veces impiden permanentemente) proyectos extractivos en minería e hidrocarburos. Para el Estado, esto se transforma en importantes pérdidas económicas y desincentiva la inversión privada futura por el clima incierto²⁰. La respuesta del Estado ha sido la represión de la movilización social: el uso amplio de la fuerza policial, la declaración de estados de emergencia²¹, la detención sistemática de protestantes y hasta la participación de los militares son las principales estrategias preferidas por el Estado.

La consecuencia de la estrategia de “contención” ha sido la violación sistemática de derechos civiles y humanos: en los últimos nueve años, 219 personas han muerto y 2781 han resultado heridos²² por causa de la represión de las protestas en el Perú (Durand, 2014). Este violento accionar del Estado se ha institucionalizado en los Decretos Ley 1095 y 1096, aprobados en el 2010 los cuales “[militarizan] el orden interno en el enfrentamiento de las protestas sociales […brindando] impunidad [a] la actuación de los miembros de las fuerzas armadas: i) los manifestantes de las protestas sociales pueden ser considerados grupo hostil (categoría importada indebidamente del Derecho Internacional Humanitario); ii) todo ilícito que cometan los miembros de las fuerzas armadas será de competencia de la justicia militar, iii) esta justicia militar es ejercida por oficiales militares o policiales en situación de actividad y iv) el Código de Justicia militar ha reincorporado delitos comunes como delitos de función” (IDL, 2012: 20). En la actualidad, existe un nuevo proyecto de Ley que busca que “el personal de la Policía Nacional que en acto del servicio o con ocasión de este, emplee la fuerza en sus diferentes niveles, conforme a lo establecido en la presente ley, estará exento de responsabilidad penal, civil y administrativa […] en todo momento o circunstancia, aún cuando se encuentre de franco, vacaciones o permiso” (La República, 12 de febrero del 2015)²³.

Los espacios de diálogo

Paradójicamente, al mismo tiempo que el aparato estatal se fortalece en la represión, lo hace también en los mecanismos de diálogo. Especialmente desde el año 2006, el Estado Central ha “reaccionado” a la conflictividad social a través de mecanismos que buscan promover el diálogo entre las partes enfrentadas. Como puede apreciarse en el Gráfico 2, el surgimiento de las mesas de diálogo para prevenir o solucionar conflictos es un fenómeno que crece rápidamente (Paredes y De la Puente, 2014). Inmediatamente después que se inicia el escalamiento de los conflictos a partir del 2008, el Estado empieza atender directamente el manejo y prevención de los conflictos sociales como una política pública (Paredes y De la Puente, 2014). Anteriormente a ese año, la PCM, a través del Primer Ministro, se mostraba sólo como un negociador antes que como un actor intermediario (Caballero, 2012).

Hoy día existen dos instituciones estatales que monitorean, previenen y median los conflictos sociales: la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros (Paredes y De la Puente, 2014). A la fecha, ha realizado un total de 2,031 intervenciones (Defensoría del Pueblo, 2012) significando el 48% de los espacios de diálogo (Defensoría del Pueblo, 2012). Por su parte la Presidencia ha participado de 50 mesas, creciendo cada vez más su intervención (Willaqniki, 2013).

Gráfico 2. Conflictos activos y procesos de diálogo registrados por la Defensoría del Pueblo (abril 2008 - enero 2015)

Fuente y Elaboración: Defensoría del Pueblo (2015)

Existe alguna literatura que sugiere que el espacio de diálogo mismo puede recrudecer los conflictos debido al agotamiento de la negociación entre sus participantes, la gestión deficiente del proceso y la insatisfacción de los resultados (Paredes y De la Puente, 2014). Bebbington (2007) afirma que en Cajamarca se instalaron varias mesas de diálogo a lo largo del tiempo. Nada garantizaba que los actores de las diversas partes involucradas continuaran o descontinuaran su participación en relación a sus intereses o los temas trabajados (Paredes y De la Puente, 2014). Según el informe de la PCM (2013), estos espacios pueden establecerse o no a través de mecanismos legales (resoluciones ministeriales), pero en la práctica no existe normatividad que regule estos procesos (Paredes y De la Puente, 2014). Así, no hay criterios para la formación de estas mesas, las dinámicas de negociación, tiempos, toma de decisiones o acuerdos, o la selección de sus miembros (PCM, 2013). Estas características hoy día dependen de cada conflicto y de los involucrados, y no siempre los resultados son socialmente satisfactorios (Paredes y De la Puente, 2014). Las mesas de diálogo, al no encontrarse reguladas, pueden reproducir una serie de asimetrías sociales que muchas veces son precisamente causa de los conflictos mismos (Paredes y De la Puente, 2014), sin embargo, son mecanismos ideales para legitimar a la actividad extractiva. Paradójicamente, la participación de la población local movilizada, la cual desea ser escuchada, se plantea en términos altamente tecnificados (por ingenieros y abogados), debate del cual los líderes sociales o población rural no puede participar en igualdad de condiciones. El resultado es el desarme de la población movilizada, la cual, en principio, ya “fue escuchada” pero su capacidad argumentativa disminuye en un proceso donde las reglas ya están dadas y benefician al Estado y a la empresa privada.

Conclusiones

El vínculo entre la soberanía territorial y el cambio institucional para países dependientes de la industria extractiva es un área rica para las investigaciones políticas e institucionales en ciencias sociales. Tras desarrollar el caso del Perú, encontramos un proceso simultáneo de fortalecimiento y desfortalecimiento del aparato institucional para principalmente los sectores de energía y minas y ambiente a causa de la pérdida –voluntaria- de soberanía territorial. La figura de la “porosidad” del territorio puede volverse una herramienta útil para delimitar procesos a través de los cuales los Estados ceden el control sobre la producción y el resguardo de derechos sociales y ambientales a actores privados que buscan velar por sus intereses económicos. Así, hemos buscado problematizar lo que los autores llaman la expansión del Estado, la cual puede traducirse en mayor o menor efectividad de ejercicio de poder político sobre su territorio (O’Donnel, 1993; Boone, 2012; Soifer, 2012).

La relevancia de estos fenómenos radica en que la institucionalización del “retiro” y la “presencia categórica” (o como hemos llamado el des-fortalecimiento) guía los objetivos de la promoción de la actividad extractiva hacia un modelo social y ambientalmente potencialmente insostenible al largo plazo. Por sí misma, la industria extractiva mineral y energética no posee elementos que produzcan este resultado, sin embargo las concesiones para la administración social y ambiental al sector privado, y la especialización en la contención (represiva) y legitimación de una actividad poco fiscalizada por el sector público, viene guiando la transformación institucional del Estado hacia un modelo de desarrollo que no protege al medio ambiente ni promueve el desarrollo local de la población rural. La figura para el futuro del caso peruano, es la pérdida permanente de recursos naturales para diversas zonas que por lo pronto serán explotadas sin mayor regulación, la afectación para la salud y empleo de la población rural y más pobre del país, y la no especialización en construir puentes entre el crecimiento macroeconómico y el desarrollo local.

Preguntas por la institucionalización “desde abajo” o las interacciones locales sociedad civil-Estado, sociedad civil-empresa, Estado-empresa; contextualizar la “liberalización” de estas zonas para delimitar un territorio “poroso”; el aprendizaje social local y el vínculo con el gobierno empresarial; las motivaciones del Estado para ceder su capacidad administrativa, entre otras preguntas son una tarea pendiente para investigadores en el Perú y en América Latina.

Bibliografía

Aragón, Fernando Rud, Juan Pablo 2013 “Natural resources and local communities: evidence from a Peruvian gold mine” en American Economic Journal: Economic Policy, 5(2), 1-25.

Arellano, Javier 2011 ¿Minería sin Fronteras? Conflicto y Desarrollo en Regiones Mineras del Perú (Lima: PUCP/UARM/IEP).

Barrantes, Roxana, Zarate, Patricia y Durand, Anahi 2005 Te quiero pero no: relaciones entre minería, desarrollo y poblaciones locales (Lima: IEP, OXFAM).

Bebbington, Anthony 2007 Minería, Movimientos Sociales y Respuestas Campesinas. Una Ecología Política de las Transformaciones Territoriales (Lima: IEP/CEPES).

Bebbington, Anthony 2013 Industrias extractivas, conflicto social y dinámicas institucionales en la Región Andina (Lima: Instituto de Estudios Peruanos; Centro Peruano de Estudios Sociales; Grupo Propuesta Ciudadana).

Boone, Catherine 2012 “Territorial Politics and the Reach of the State: Unevenness by Design” en Revista de Ciencia Política. Vol. 32, N°3: 623-641.

Caballero, Victor 2009 El rayo que no cesa: Conflicto y conflictividad social (Lima: SER). CEPAL 2014 Informe Recursos Naturales: Situación y Tendencias para una Agenda de Desarrollo Regional en América Latina y el Caribe (Santiago de Chile: Naciones Unidas).

CEPAL 2014 Los Pueblos Indígenas en América Latina, Avances en el Último Decenio y Retos Pendientes para la Garantía de sus Derechos (Santiago de Chile: Naciones Unidas).

CooperAcción 2014 La Verdad del Paquete Reactivador, la Ley N°30230 y las Inversiones No-Sostenibles. CooperAcción, Lima: http://www. cooperaccion.org.pe/descargas/documentos/15-documentos/2504-la-verdad-del-qpaquete-reactivadorq-ley-no-30230-y-las-inversiones-no-sostenibles.

De Echave, Javier, Et. al. 2009 Minería y Conflicto Social (Lima: IEP/CIPCA/CBC/CIES). De la Puente, Lorena 2014 Cuando el Diálogo es Parte del Problema: Estudio de Caso de la Mesa de Diálogo en la Provincia de Espinar. Presentación del Grupo de Trabajo Orden, Justicia y Conflictos. Realizado en el Departamento de Ciencias Sociales, PUCP. Lima. 12 de Julio del 2014

Del Pozo, C., Guzman, E. Pucarmayta, V. 2013 ¿Minería y bienestar en el Perú?: Evaluación de impacto del esquema actual (ex post) y esquemas alternativos (ex ante) de redistribución del canon minero, elementos para el debate. Informe Final, CIES-CBC.

Defensoría del Pueblo 2015 Reporte de Conflictos Sociales N° 131. Defensoría del Pueblo, Lima: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/ objetos/paginas/6/48reporte-mensual-de-conflictos-sociales-n-_131-ener.pdf.

Defensoría del Pueblo 2014 Decimoséptimo Informe Anual de la Defensoría del Pueblo, Enero-Diciembre 2013. Defensoría del Pueblo, Lima: http:// www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/anuales/ Decimoseptimo-Informe-Anual.pdf.

Defensoría del Pueblo 2012 Decimoquinto Informe Anual de la Defensoría del Pueblo, Enero-Diciembre 2013 (Lima: Defensoría del Pueblo).

Durand, Francisco 2014 Enclaves y Gobierno Minero (Lima: CBC)http://www.cbc.org. pe/noticias/extractivismo.pdf.

Durand, Francisco 2014b Poder Político y Gobierno Minero. (Lima: CooperAcción). http://cooperaccion.org.pe/Descargas-Documentos/5%20PODER%20 POLITICO%20Y%20GOBIERNO%20MINERO%20DURAND.pdf.

Grompone, Romeo & Tanaka, Martín (Eds.) 2009 Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social: las protestas sociales en el Perú actual (Lima: Instituto de Estudios Peruanos).

Instituto de Defensa Legal 2012 Informe: la Criminalización de las Protestas Sociales Durante el Primer Año del Gobierno de Ollanta Humala, de la Gran Transformación a la Mano Dura (Lima: IDL=: http://www.justiciaviva. org.pe/webpanel/publicaciones/archivo26072012-124720.pdf

Loayza, Norman, et.al 2013 “Poverty, Inequality and the Local Natural Resource Curse” en Policy Research Working Paper 6366. World Bank.

Machado, Roberto 2014 Cambio Climático e Industrias Extractivas en el Perú (Lima: CooperAcción).

Macroconsult 2012 Impacto Económico de la Minería en el Perú (Lima: SNMPE). Orihuela, Jose Carlos, Cesar Huaroto y Maritza Paredes 2014 Escapando de la Maldición de los Recursos Local: Conflictos Socioambientales y Salidas Institucionales. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social. 2014 (Manuscrito no publicado)

Orihuela, Jose Carlos 2014 Escapando de la Maldición de los Recursos Local: Conflictos Socioambientales y Salidas Institucionales (Lima: CIES).

Orihuela, J. 2013 “How do ‘Mineral-States’ Learn? Path-Dependence, Networks and Policy Change in the Development of Economic Institutions” en World Development, 43(3), 138-148.

Paredes, Maritza 2015 “La Globalización de las Protestas Mineras y las lecciones de Tambogrande” en Henriquez, Narda y Aldo Panfichi (Eds.) Sociedad y Política en Perú y Bolivia, Perspectiva Comparada Sobre la Protesta Social (Lima: PUCP).

Paredes, Maritza 2008 “El caso de Tambogrande” en Scurrah, Martin Defendiendo derechos y promoviendo cambios. El Estado, las empresas extractivas y las comunidades locales en el Perú (Lima: OXFAM/IEP).

Paredes, Maritza 2006 “Discurso Indígena y Conflicto Minero en el Perú” en Iguiñiz, Javier, et.al. Perú: El Problema Agrario en Debate Sepia XI (Lima: Sepia).

Presidencia del Consejo de Ministros 2013a Mesas de diálogo, mesas de desarrollo y conflictos sociales en el Perú. Informe Willaqniki N°05 – Abril 2013. Lima, Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Presidencia del Consejo de Ministros.

Presidencia del Consejo de Ministros 2013b Institucionalizando el diálogo. Experiencias y aportes de la ONDS – PCM 2012-2013 (PCM: Lima).

Thorp, Rosemary, et al. 2012The developmental challenges of mining and oil: lessons from Africa and Latin America (New York: Palgrave Macmillan).

Ticci, Elissa 2014 et al. Extractive Industries and Local Development in the Peruvian Highlands. Environmental and Development Economics, forthcoming.

Zeballos, Molvina et al. 2014 Concesiones Mineras en el Perú, Análisis y Propuestas de Política (Lima: Grupo Propuestas Ciudadana).

Zegarra, Eduardo, Orihuela, Jose Carlos & Paredes, Maritza 2007 Minería y economía de los hogares en la sierra peruana: impactos y espacios de conflicto. Lima, GRADE.

Zoifer, Hillel 2012 “Measuring State Capacity in Contemporary Latin America”. Revista de Ciencia Política. Vol. 32, N°3: 585-598.

Otras fuentes

CooperAcción. 12vo Observatorio de Conflictos Mineros en Peru. Reporte Primer Tremestre 2013: http://www.cooperaccion.org.pe/OCM/XII_ OCM_2013-07-17.pdf

Instituto del Bien Común (2012). “Las comunidades que mueven al pais: el estado de las comunidades rurales en el Perú. Informe 2012”: http:// comunidadesdelperu.ibcperu.org/wp-content/uploads/2012/09/ informe-las-comunidades-que-mueven-al-pais.pdf

Presidencia del Consejo de Ministros – Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad: http://onds.pcm.gob.pe/

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2012). “El caso de la hidroeléctrica de inamabari en la Amazonía peruana”. Cuaderno de Investigación N°12: http://www.spda.org.pe/_data/publicacion/20120521182215_ Cuaderno%207.pdf.

Rights and Resources Initiative (2013). “Impacto de las Industrias Extractivas en los derechos colectivos sobre territorios y bosques de los pueblos y las comunidades”: http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_5914.pdf

Tierra y Derechos: un observatorio de los derechos sobre la tierra en el Perú: http:// www.observatoriotierras.info/estadistica

 El presente trabajo es el resultado de la participación de la autora en la VII Escuela Sur-Sur, organizada por Clacso, Codesira e Ideas en la ciudad de Bangkok, Noviembre del 2014.

1 El presente texto se basa en una serie de investigaciones de las cuales la autora ha formado parte como asistente de investigación para el Departamento de Ciencias Sociales y el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú para los profesores Maritza Paredes y Jose Carlos Orihuela. Investigaciones como Orihuela, Huaroto Paredes (2014), Orihuela (2014), Orihuela (2013), Paredes (2014), Paredes (2008), Paredes (2006) han sido fundamentales para el presente artículo.

2 Para el caso específico de cobre, petróleo, oro y gas natural en los países: Argentina, Argentina / Uruguay, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Ecuador, Peru, Brazil, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Mexico, México, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela. Fuente: http://ejatlas.org/#.

3 Y tampoco es capaz muchas veces de responder a las expectativas laborales de la población local: A diferencia de décadas anteriores, la “nueva minería” no produce empleo local, pues sólo es capaz de emplear al 1.3% de la Población Económicamente Activa, siendo principalmente de un perfil especializado (escaso en zonas rurales) (Machado, 2014: 25).

4 Es el quinto productor de oro a nivel mundial, tercero en Zinc, Estaño y Plata, mientras que también es el cuarto productor global de Plomo (Cepal, 2014).

5 Como resume Orihuela (2014) en su informe preliminar sobre el vínculo entre minería y desarrollo local: “encontramos conclusiones divergentes respecto a su impacto. En particular, para la variables explicadas ingresos y gastos del hogar, mientras Arellano (2012), Barrantes et al. (2005) y Zegarra et al. (2007, sólo para hogares urbanos) no encuentran impacto de la minería, Aragón y Rud (2013), Macroconsult (2012), Del Pozo, et al. (2013), Loayza et al. (2013) y Ticci y Escobal (2014) si lo hacen. Este escenario es similar en casi todas las variables explicadas, siendo el caso que no es posible establecer, a priori, cuál de los resultados obtenidos es superior o más confiable que los demás.” (Orihuela, 2014: 06).

6 Más adelante, basándose en los resultados del Censo Agropecuario Nacional (CENAGRO) y una amplia revisión de las bases de datos del Ministerio de Energía y Minas, su propuesta concluye “los resultados muestran que no hay evidencia en el CENAGRO de una mejora en ninguno de los indicadores objetivos de bienestar planteados en este estudio [para los distritos con actividad minera en el Perú]. En cambio, los impactos más robustos y cuyas correlaciones encontradas muestran mayor significancia son todas aquellas vinculadas con la conflictividad social.” (Orihuela, 2014: 23).

7 El año pasado, en coautoría con Maritza Paredes, la autora publicó un artículo (Paredes y De la Puente, 2014) que detalla los pormenores de la discusión para el caso del Perú. Puede accederse al texto en: http://www.grade.org.pe/wp-content/ uploads/intro_agendainvestigacion.pdf

8 El último Informe Anual publicado por la Defensoría del Pueblo cubre los meses de enero a diciembre del 2013, siendo publicado en mayo del 2014.

9 A Enero del 2015, de un total de 159 conflictos, 87% eran de carácter socioambiental (Defensoría del Pueblo, 2015).

10 Algunos casos emblemáticos son lo acontecido en Cajamarca con la empresa Yanacocha a inicios de la década pasada o el reciente derrame de petróleo de Plus Petrol en la Amazonía de Junín y Loreto.

11 12 Fuente: Ministeriode Energíay Minas “MEM yaubicósietemilpasivosambientales mineros”: http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=4284

12 Los procesos de titulación son una deuda pendiente en el país, tanto en el área andina como en el área amazónica. Adicionalmente, muchas comunidades que poseen títulos de propiedad encuentran restringido su capacidad de acceso y uso de recursos naturales. Para mayor información consultar los informes del Instituto del Bien Común: http://www.ibcperu.org/

13 Considerando que los procesos de titulación de las comunidades no ha avanzado en los últimos veinte años, la superposición con territorios no reconocidos puede ser aún mayor (Instituto del Bien Común, 2012).

14 Aquí no se pretende ignorar el hecho de que Estados como el peruano, suelen ser considerados como “ausentes” por precisamente no tener la capacidad de hacerse presentes de modo efectivo en la mayor parte de su territorio (para otorgar servicios y resguardar derechos civiles). El objetivo es hablar de zonas “liberadas” que el Estado mismo decide ceder el control para promover la inversión privada.

15 Existe adicionalmente más de 50 proyectos hidroenergéticos programados para el país (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2012).

16 Esta desproporción entre área en explotación/exploración y concesión significa la presencia de una alta especulación en el manejo de las concesiones (Zeballos, 2014), volviendo a estos terrenos bienes para las empresas privadas principalmente transnacionales.

17 El Perú continúa siendo el único país en América Latina que posee una Ley de Consulta Previa.

18 El “Paquetazo Ambiental” sin embargo, no es la primera ni única prueba de cesión de administración del territorio para beneficiar al sector privado. Si bien la normativa en concesiones ha ido transformándose en los últimos 22 años asumiendo criterios sociales y ambientales, aún hoy preserva elementos neoliberales (propios de la Constitución de 1993, producto del ajuste estructural neoliberal acontecido con el gobierno de Alberto Fujimori).

19 Recientemente en el año 2009 este trabajo fue regulado formalmente. Fuente: http://www.rpp.com.pe/2009-09-10-trabajo-policial-durante-dia-de-franco-esreglamentado-por-la-pnp-noticia_207758.html.

20 A la fecha, las protestas y conflictos han significado la suspensión de 52 proyectos de inversión (16 en el gobierno de Ollanta Humala) (Durand, 2014).

21 Esta medida se ha aplicado para los conflictos de Bagua, Cajamarca, Espinar y Celendín en los últimos años (IDL, 2012).

22 En estas cifras no se ve reflejado el número de efectivos policiales heridos y también fallecidos. Según el IDL (2012), al año 2012 el número de policías y militares fallecidos fue 38.

23 Fuente: http://www.larepublica.pe/12-02-2015/proyecto-de-ley-para-regular-uso-de-la-fuerza-policial-garantiza-impunidad.

Resumen

En este trabajo se plantea un recorrido por los diversos proyectos de industrialización de El Salvador, analizando la relación de éstos con los altos niveles de desigualdad que posee el país. Elabora una propuesta de interpretación histórica de la persistencia de la desigualdad social en El Salvador a partir del devenir de la clase dominante y su vínculo con el Estado, tanto en la industrialización como en el neoliberalismo, específicamente en lo económico y político.

Abstract

This paper presents a journey through the various projects of industrialization of El Salvador, analyzing their relationship with high levels of inequality that the country possesses. Prepares a proposal of historical interpretation of the persistence of social inequality in El Salvador from becoming the ruling class and its link with the State, both in industrialization and neoliberalism, specifically economic and political.

Melissa Salgado

Estudiante del Doctorado en Economía, Instituto de Investigaciones Económicas, IIEc-UNAM, en el programa PROGLOCODE, Investigadora/docente del Departamento de Economía, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA El Salvador.

PhD student in Economy, Economic Investigation Institute.(IIEc), UNAM; in the PROGLOCODE program; Investigator/ profesor of the Economy Department, Central American University “José Simeón Cañas”, UCA El Salvador.

Palabras clave

1| Extractivismo 2| Desarrollo 3| Neoliberalismo 4| Pobreza 5| El Salvador.

Keywords

1| Extractivism 2| Development 3| Neoliberalism 4| Poverty 5| El Salvador.

Cómo citar este artículo [Norma ISO 690]

SALGADO, Melissa Trayectoria histórica de la desigualdad social en El Salvador: de la industrialización al neoliberalismo. Crítica y Emancipación, (13): 129-148, primer semestre de 2015.

Trayectoria histórica de la desigualdad social en El Salvador

De la industrialización al neoliberalismo*

Introducción

Bajo el entendido que son múltiples los determinantes y/o condicionantes de la desigualdad social, que se circunscriben no solo a los aspectos económicos, sino también a los sociales, políticos, culturales, etc. Este artículo trata de resaltar parte del fundamento estructural de la persistencia de la desigualdad en El Salvador.

En este sentido, la base estructural se entenderá no solo por el sistema productivo per se, sino que de acuerdo al contexto histórico, se resaltará principalmente: los intereses de la clase dominante, su forma de generación de excedente, su vínculo con el Estado que dan como resultado el sistema productivo prevaleciente en el país.

En otras palabras, este artículo es una propuesta de interpretación histórica de la persistencia de la desigualdad social en El Salvador a partir del devenir de la clase dominante y su vínculo con el Estado, tanto en la industrialización como en el neoliberalismo. Específicamente en lo económico y político.

En lo económico, se pretende evidenciar cómo a pesar de los cambios de modelo de desarrollo, ya sea la industrialización o el neoliberalismo, la estructura productiva predominante se caracteriza por ser poco inclusiva con la clase trabajadora, con insuficiente división del trabajo, además de desarticulada con el resto de la economía.

En lo político, se resalta la capacidad de adaptación de los intereses de la clase dominante, a pesar de sus conflictos internos, de los distintos regímenes políticos que ha presentado El Salvador, es decir, los gobiernos militares y ahora la democracia. Además de denotar su papel durante la guerra, lo cual le permitió su posterior consolidación del poder político y económico ya en la etapa democrática.

La periodización del análisis comprende desde la industrialización, cuyas principales medidas de política económica fueron el Mercado Común Centroamericano (MCCA) hasta la última administración del partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA que finaliza en el año 2009, por representar este último la implementación y ejecución del neoliberalismo y el momento óptimo de fortalecimiento del poder económico y político de esta fracción dominante. Las hipótesis subyacentes a este artículo son las siguientes: la primera, el periodo de la guerra civil (1980-1992), representó el tiempo necesario para que la fracción dominante terrateniente se incorporará a los requerimientos del capital financiero global del neoliberalismo, es decir, dar el paso de terrateniente a fracción financiera, con ello quedó postergado una resolución en firme de la tenencia de la tierra y quedó también postergado un mayor proceso de industrialización de la economía; la segunda hipótesis, la etapa de los ajustes estructurales del consenso de Washington, principalmente en la década de los noventa y principios del siglo XXI, consolidaron el poder político y económico de esta fracción dominante, de carácter oligárquico.

El Argumento

Para comprender el desarrollo capitalista en El Salvador, en sus distintas fases, es de vital importancia la concepción del Estado. En este sentido, lejos de la apariencia del Estado como algo externo y neutro, se resalta en este artículo quien detenta el poder con el fin de garantizar privilegios es la clase capitalista (Marx y Engels, 1846: [30]). Además lo realiza de un forma relacional, es decir, conciliando intereses tanto particulares (dentro de la misma clase) como generales (entre las clases y el resto de la sociedad) (Marx y Engels, 1846: [4] y [12]), con ello su forma de dominio no es instrumentalista (Ralph Milliband, 1980) porque muchas veces la clase capitalista debe renunciar a sus propios intereses ya sea políticos, económicos para garantizar el mantenimiento de sus privilegios (Marx, 2009 (1852): 93).

Además, esta modalidad de conciliación de intereses por parte del Estado está determinada por el contexto histórico y/o fases de desarrollo del capitalismo.

Ahora bien, esta concepción del Estado plantea un problema teórico para países como El Salvador que implementaron el sistema capitalista como orden social a partir de la agricultura, para el caso concreto del país, mediante el cultivo del café. En el sentido que la acumulación originaria de capital de finales del siglo XIX principios del XX, no implicó una irrupción completa de las relaciones sociales de producción feudales, si bien inicia el proceso de proletarización o de conformación de una clase trabajadora asalariada agrícola, continuo dentro del mismo orden social la servidumbre, el colonato y demás actividades de supervivencia.

Entonces, ¿se puede realizar un análisis de clases en El Salvador? Sí, a pesar de que no se puede hablar de un capitalismo absoluto, si es el orden social dominante. La acumulación originaria de capital consolidó la clase terrateniente, como la fracción hegemónica, que en un principio se rigió como representante de la clase capitalista, pero a lo largo del siglo XX se evidencian sus conflictos internos y transformaciones. Asimismo, la clase trabajadora, también muestra evidencias de diversificación y modificación a lo largo del siglo, principalmente a partir del proceso de industrialización en los años cincuenta y el surgimiento de la clase media.

La clase terrateniente, la fracción capitalista dominante, por sus raíces históricas, en su herencia colonial, sistema de parentesco cerrado, concentradora de ingresos, excluyente; autores como Torres Rivas (2013), Velásquez Carrillo (2012), Casaús Arzú (1992) le atribuyen un carácter oligárquico de dominación tanto en lo económico como político. Y es justamente esta fracción de la clase capitalista la que se ha venido transformando y acoplándose a las fases de desarrollo a lo largo del siglo XX y a pesar de su crisis se ha visto consolidado su poder en el neoliberalismo.

En este sentido, el presente artículo trata de resaltar la parte estructural que dirige esta clase capitalista de carácter oligárquico, el papel del Estado desde la industrialización hasta el neoliberalismo, resaltar su etapa de crisis en la década de los setenta, su imposibilidad de renovación burguesa en el proceso de industrialización, su reforzamiento en el neoliberalismo, y la persistencia de la desigualdad social en la población en su conjunto.

Por otra parte, el Estado salvadoreño ha venido representando los intereses de clase capitalista a lo largo del siglo XX, en un principio de forma consolidada en la clase terrateniente; luego de la crisis internacional de 1929 y la segunda guerra mundial, en la década de los sesenta el Estado pudo mantener dos intereses capitalistas, el de la fracción terrateniente y la de los industriales en ascenso posibilitado por el MCCA; en la década de los setenta y ochenta, se da una profunda crisis de representación de intereses de clase por parte del Estado previo a la guerra civil; en la década de los noventa, los intereses de la clase terrateniente se convierten en intereses financieros, el neoliberalismo entonces representó su etapa de consolidación de poder político y económico, prevaleciendo de esta manera el esquema oligárquico de dominio.

La Industrialización en El Salvador

La industrialización en Centroamérica inició en la década de los cincuenta, de forma tardía con respecto al resto de países de América Latina. Para el caso de El Salvador, se llevó a cabo bajo el régimen político autoritario de los gobiernos militares, con un claro intento de conformar un Estado interventor y de bienestar. Esto último posibilitado por el esquema de seguridad nacional “seguridad y desarrollo” provisto por la alianza por el progreso.

El proceso de industrialización en El Salvador, se concentró en los bienes de consumo, principalmente alimentos, vestuario y bebidas; en los bienes intermedios en la producción química; y en los bienes de capital en la producción de metálicos para uso estructural.

Además las actividades industriales se concentraron en las áreas urbanas, en un país con predominancia de la actividad agropecuaria en la zona rural, consolidando de esta manera la migración del campo a la ciudad, en su mayoría en condiciones precarias de vida (Lungo, 1993: 6).

Una de las grandes dificultades del proceso de industrialización fue el poco desarrollo del mercado interno salvadoreño, aspecto que se resolvió en 1960 mediante la intervención del Estado en la conformación de un sistema de integración comercial planificada regionalmente, conocido como el Mercado Común Centroamericano (MCCA) que permitió dar salida a la producción industrial. También este esquema de integración fue lo que permitió que el Estado pudiera garantizar dos intereses capitalistas, la tenencia de la tierra altamente concentrada por los terratenientes para los cultivos de exportación (café, algodón, azúcar) por ello la importancia del territorio nacional y la de los industriales en ascenso de cara al mercado regional.

De esta manera, el proceso de industrialización en El Salvador lejos de significar un modelo de desarrollo endógeno con orientación hacia el mercado interno, fue pensado para la comercialización en la región centroamericana. Además, buena parte de la industrialización se llevó a cabo mediante la subcontratación de la Inversión Extranjera Directa (IED) en su mayoría de origen Estadounidense (López, 1986).

Este esfuerzo de integración centroamericana termina en 1969, con la “guerra de las cien horas” o “la guerra del futbol” declarada entre El Salvador y Honduras, quedando sin resolver la orientación hacia afuera ni hacia adentro del proceso de industrialización.

De acuerdo al volumen de exportaciones industriales, tanto Guatemala y El Salvador fueron los países mayormente beneficiados por el MCCA, por lo que el fin de este esquema de integración afectará de manera significativa a ambas economías.

Otro de los impactos de la guerra de las cien horas de enorme envergadura para El Salvador, fue emigración de aproximadamente 20,000 campesinos residentes en Honduras, que retornarán al país, sin tierra (Pérez Pineda, 2011: 84).

Es así como desde finales de los años sesenta, vuelve a cobrar fuerza la presión sobre la tenencia de la tierra, tema postergado desde principios del siglo XX, como parte de las reivindicaciones campesinas. Hasta el momento entre las décadas de los cincuenta y sesenta, la clase terrateniente será la misma impulsadora de la industrialización, mediante la diversificación de sus excedentes. El significado

de ello, es que la estructura productiva (ahora ampliada al sector industrial) no significó un rompimiento en el orden económico, más bien su continuación, sobre todo en la lógica de garantizar la productividad mediante salarios bajos y mano de obra poco calificada.

Así, en un principio el proceso de industrialización se asemejó a una situación en donde la clase dominante se regía como un bloque capitalista estructurado. Sin embargo, los intereses propios del sector industrial se hicieron notar e iniciaron su separación, sobre todo por el apoyo de Estados Unidos (EUA) en ligazón con la “Alianza por el progreso”, por su premisa “seguridad con desarrollo” en la región centroamericana (Flores Pinel, 1979:73).

Ahora bien, el régimen político que acompañaba al proceso de industrialización era de gobiernos militares, a pesar que para el periodo se contaban ya con la representación de partidos políticos. El Partido de Conciliación Nacional (PCN), era el que representaba a los gobiernos militares entre 1962 a 1979, el anterior a este también militar fue el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD) entre los años 1950 a 1960.

Las muestras del agotamiento del régimen político, fundamentado en el autoritarismo, de por sí eran notorias, entre el uso de la violencia estatal para la resolución de sus conflictos sociales, los sucesivos golpes de Estado realizados, los fraudes electorales a los que tuvo que acudir la milicia, son algunos ejemplos de ello. No obstante, para el periodo de la industrialización asumieron el esquema de seguridad nacional con desarrollo propuesto por EUA aduciendo un intento de Estado de Bienestar, en el marco de “Alianza para el progreso”.

Entonces, cerrado el MCCA en 1969, los esfuerzos de industrialización continuaron pero de cara al mercado interno, para el Estado se volvía impostergable retomar el tema de la distribución de la tierra. Es así como el presidente Coronel Arturo Armando Molina (1972-1976) propone dentro de su plan de gobierno, la propuesta de la “Transformación Agraria” como “parte de los instrumentos no tradicionales para ampliar el mercado interno [e]… impulsar la pequeña propiedad” (Gordon, 1981: 21). Bajo su mandato, el coronel Molina además apoyó la construcción de las grandes obras de infraestructura afines al sector industrial como hidroeléctricas, puertos marítimos, ampliación de aeropuertos, construcción de más carreteras, etc. En la parte institucional, creó el Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI) y del Fondo de Garantía y Financiamiento de la Pequeña Industria (FIGAPE), (Gordon, 1983: 20).

Todo este desarrollo subsidiario en infraestructura e institucionalidad para la industrialización, desencadenó un conflicto de intereses dentro de la clase capitalista nacional, es decir, entre los terratenientes y el sector industrial en ascenso, en torno a la reforma agraria. A pesar que se logró dar avances sobre todo en el diseño de la reforma agraria, así como en acercamientos a países latinoamericanos con experiencias de reformas agrarias (tal es el caso de Perú) y la creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), todo el esfuerzo de poner en marcha la reforma agraria se tornó en vano.

La oposición por parte de la clase terrateniente a cualquier intento de modificación en la tenencia de tierra fue contundente, para el descrédito al gobierno del coronel Molina utilizaron el discurso anticomunista, reforzaron grupos paramilitares en el campo, e iniciaron persecución política a personas de la clase capitalista del sector industrial comprometida con la reforma agraria (Gordon, 1981: 34).

Terminado el periodo de la administración del coronel Molina, mediante fraude electoral asume la presidencia el candidato del PCN, el coronel Carlos Humberto Romero, a diferencia del presidente antecesor, este nuevo gobierno no retoma dentro de su agenda política el tema de la reforma agraria. Su gestión se caracterizó principalmente por el auge de la represión estatal.

Entonces, el intento de industrialización en la década de los setenta quedó en medio de contradicciones y presiones de todo

nivel. En lo económico, por un lado el conflicto de intereses dentro de la clase capitalista, y por el otro la negación a posibilidades de reproducción a buena parte de la población campesina; un esquema productivo industrial sin capacidad de realizarse ni regionalmente, ni en el mercado nacional. En lo político, las evidencias cada vez más marcadas de la insostenibilidad del régimen político militar y el surgimiento de estructuras paramilitares. En lo social, como resultado del cúmulo de violaciones a los derechos humanos y demandas sociales postergadas, surgen las organizaciones políticas guerrilleras, que posteriormente se agruparán en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Gestándose de esta manera, en el último lustro de la década de los setenta, las condiciones materiales, sociales, políticas para el posterior conflicto armado de El Salvador. Solo se trataba de una cuestión de tiempo.

La guerra civil (1980-1992)

La década de los ochenta, en términos generales se trata del periodo más convulso de la historia reciente de El Salvador.

A escala mundial, la crisis de la deuda externa, la caída de los precios internacionales de los bienes primarios, el alza del precio del petróleo, el ascenso de los republicanos en EUA y su nuevo esquema de seguridad nacional pero ahora sin desarrollo, son algunos aspectos de enorme impacto para El Salvador.

A escala regional, tres de los cinco países centroamericanos (Guatemala, Nicaragua y El Salvador) se encontraban involucrados directamente en conflictos armados.

A nivel nacional, algunos de los elementos trascendentales de inicios de la década, fueron: la insurrección militar al gobierno del Coronel Romero (finales de 1979), lo que conducirá mediante un golpe de Estado a la primera Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG); el magnicidio del arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero¹ (marzo de 1980); la segunda JRG (marzo 1980) que nacionaliza la banca y propone con apoyo de Estados Unidos “La Ley Básica de la Reforma Agraria” dividida en tres fases, de las que se logró realizar la primera que consistía en expropiar los latifundios mayores de 500 hectáreas, sin embargo, primó el enfrentamiento militar antes que la continuidad de la reforma; la primera ofensiva del FMLN “ofensiva final” (enero 1981); el tratado franco-mexicano (agosto 1981), que le brindó el reconocimiento mundial tanto al ejército como al FMLN de fuerzas políticas representativas, esto último le dio el carácter de guerra al conflicto armado.

Los aspectos mencionados anteriormente ubicados en los primeros años de los ochenta, determinaran el desenvolvimiento del resto de la década.

La clase terrateniente

En este contexto, de la peor crisis de la historia reciente de El Salvador, la clase terrateniente encontró su posibilidad de readecuación al nuevo orden mundial y el paso de ser terrateniente a clase financiera fundamentalmente.

Por la orientación comercial del cultivo del café (principal producto de exportación) hacia EUA desde principios del siglo XX, la clase terrateniente siempre mantuvo estrechos lazos con dicha nación. Además de desarrollar el entorno institucional y de infraestructura para mantener el comercio internacional, en materia de sistema de transporte, de financiamiento, crediticio y marco jurídico.

Bajo esta consideración, familias representantes de la clase terrateniente salvadoreña encontraron en el exilio², durante la guerra civil, en Estados Unidos, la clave para su posterior modernización y el cambio de su eje de acumulación, en el sistema financiero en ascenso³. De manera muy temprana, al menos en relación a la dinámica nacional en contexto de guerra civil, la clase terrateniente logra incorporarse a los requerimientos económicos del neoliberalismo inicialmente en el sector financiero. Incluso adelantándose al soporte institucional nacional de esta nueva forma de acumulación.

Diversos estudios sobre la clase dominante en El Salvador, demuestran la permanencia de los vínculos familiares con los ejes de acumulación en la tierra y en lo financiero, para ello se recomienda la revisión de los estudios de Gordon (1989), Sevilla (1984), Albiac (1999), Colindres (1997), Paniagua Serrano (2002) Segovia (2005), Bull (2013).

El Estado en la consolidación de la “nueva” clase dominante y el neoliberalismo

Para lograr el paso de terratenientes a financieros requerían del soporte institucional que posibilitara las nuevas exigencias del modelo económico neoliberal. Iniciaron con el financiamiento y el apoyo al partido ARENA (finales de 1981), proyecto político de extrema derecha, que aglutinó a otros sectores sociales no sólo los terratenientes. Para las elecciones de la asamblea constituyente en marzo 1982, ARENA logró escaños en el parlamento (no la mayoría) y emprendería la labor de cabildeo y realización de la Constitución de la República de 1983 (vigente en la actualidad), con Roberto d’Aubuisson (fundador de ARENA) como presidente de la misma.

Además, apoyaron la creación en 1983 de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), como su principal centro de pensamiento. En 1985, con financiamiento de U.S. Agency for International Development (AID), FUSADES elaborará un proyecto de desarrollo económico de corte neoliberal que sienta las bases y el diseño del proceso de reforma económica en el país (Lungo, 2008: 71).

Pero es el documento “Hacia una economía de mercado en El Salvador; bases para una nueva estrategia de desarrollo económico y social” (mayo de 1989) el que establecerá las fundamentaciones doctrinales del libre mercado, que se convertirán en los principios de los sucesivos gobiernos de ARENA.

ARENA llega a la presidencia en 1989, con las segundas elecciones presidenciales de gobiernos civiles, la importancia de este hecho es que consolida el proyecto político de la “nueva” clase financiera, entre ARENA, FUSADES, distintas cámaras de comercio y la Asociación Nacional de Empresa Privada (ANEP). No obstante, los intereses de los financieros dominan no son las únicos.

Las primeras acciones de ARENA en el poder, entre 1989-1994, fueron: el saneamiento de la banca nacional con fondos públicos y posteriormente su privatización, liberalización comercial, desgravación arancelaria (290% a 20%), eliminación de controles de precios, adopción del sistema arancelario centroamericano, eliminación de la mayoría de las barreras comerciales no arancelarias, ejecución de un programa de promoción de exportaciones basado en la ley de zonas francas y recintos fiscales, ley de promoción de exportaciones (“Draw-Back”, reembolso del 6% del valor FOB de las exportaciones, no maquila), política cambiaria que consistía en el mantenimiento estable del tipo de cambio (Escobar, et. al 2011:83). Además inicia la ola de las privatizaciones con las exportaciones de café, azúcar, de la importación de petróleo, entre los principales.

La segunda administración de ARENA (1994-1999) continúo con las privatizaciones de la distribución de la energía eléctrica, telecomunicaciones, del sistema de pensiones. Bajo este gobierno inicia la suscripción a los Tratados de Libre Comercio (TLC) con República Dominicana en 1998. Además de mantener anclado el tipo de cambio del dólar estadounidense a 8.75 colones. Este último es el antecedente de la posterior dolarización de la economía.

El tercer gobierno de ARENA (1999-2004) firmó los TLC con México, Chile, Panamá, además de iniciar las negociaciones de Estados Unidos (CAFTA).

A partir de enero de 2001, se implementó la “ley de integración monetaria” en El Salvador con lo cual se reconoce el dólar como moneda de curso legal. Esta dolarización de facto ha derivado en prevalecer el tipo de cambio fijo orientado principalmente a las grandes transacciones del proceso productivo que se realizan en esa moneda, tal es el caso del comercio internacional, y del sector financiero.

La última gestión de ARENA 2004-2009, se enfocó en las firmas del TLC con países potencias económicas, tal es el caso de Estados Unidos, Taiwán, y el inicio de las negociaciones con la Unión Europea.

Además, inicia los programas sociales de transferencias condicionadas, bajo un reconocimiento subyacente de los impactos negativos del neoliberalismo en la pobreza, exclusión y marginalidad. Al mismo tiempo se refuerza la política de seguridad pública “mano dura” que tendrá como consecuencia el incremento sin precedentes de la tasa de homicidios en El Salvador.

A grandes rasgos, las principales orientaciones económicas durante los veinte años de gobierno de ARENA han estado enfocadas en las necesidades de la clase financiera, si a ello le agregamos la flexibilización laboral, la drástica reducción de los contratos colectivos y los sindicatos, la desregulación de la jornada laboral, etc. En materia de política monetaria, el tipo de cambio fijo en su inicio y la posterior dolarización, se realizó para evitar las fluctuaciones cambiarias de las grandes transacciones financieras realizadas en dólares estadounidenses.

En política comercial, la eliminación de barreras arancelarias facilita el negocio de la distribución de las importaciones, al mismo tiempo que presiona la competencia en la estructura productiva nacional, las firmas de los TLC’s y las zonas francas permiten un esquema de producción desintegrado a la economía nacional.

Sobre las privatizaciones, principalmente de la banca y del sistema de pensiones, las familias exterratenientes tuvieron

una importante participación en las adquisiciones⁴. El resto de servicios públicos en donde se requería de un mayor uso de tecnología como la electricidad, telefonía, las adquisiciones la asumieron principalmente empresas transnacionales, mediante la inversión extranjera directa.

De esta manera, lo que se ha reconocido como la implementación del neoliberalismo en El Salvador que inicia con ARENA en 1989, es apenas la parte institucional, la modificación del marco jurídico, y de disposiciones del Estado.

La “nueva” clase financiera para los acuerdos de paz en 1992, ya contaban con más de una década de estar incorporadas en los requerimientos económicos del neoliberalismo, es decir, su reproducción de capital se concentraba en el sistema financiero, en las décadas siguientes incursionaran en nuevas actividades del sector terciario.

El neoliberalismo, entonces, representa el momento de reconfiguración y consolidación de esta fracción terrateniente ahora financiera, y fue posible mediante el proyecto político de ARENA, FUSADES, gremiales de empresas privadas y de todas las transformaciones institucionales realizadas en el Estado. De esta manera, la estructura productiva resultante, quedó marcado entre el abandono del campo, porque el eje de acumulación se movió a lo financiero, y con un proceso de industrialización truncado, ahora sometido a la competencia internacional. Es así, como el neoliberalismo refuerza la tercerización de la economía, con alto grado de heterogeneidad estructural, y la desarticulación del proceso productivo, principalmente por los TLC y la proliferación de zonas francas.

Desigualdad social en el marco del neoliberalismo, 1990-2009

Los cambios que exigía el neoliberalismo en la reorientación económica hacia el sector financiero, el protagonismo de la iniciativa privada en la economía, reformas fiscales en función del consumo y no en la producción, liberalización económica, la enorme velocidad en los procesos de apertura comercial, la enorme incidencia de la competencia internacional en la estructura productiva nacional, fueron sin reconocimiento de la situación económica, social y política resultado en extremo de la guerra civil.

De acuerdo a la información estadística proporcionada por CEPAL de las recientes décadas del siglo XXI, algunos indicadores resultantes del neoliberalismo en El Salvador se pueden resumir en los siguientes aspectos: el promedio del crecimiento económico en El Salvador apenas supera la dinámica de producción de la década de los sesenta y setenta, cuya participación sectorial se explica fundamentalmente por los servicios (ver gráfico 1), tanto la agricultura como la industria han disminuido considerablemente su participación en el nivel de ingreso nacional.

El sector laboral informal en promedio de la última década representa más de la mitad de la población económicamente activa, lo que demuestra que la estructura productiva no es capaz de generar empleo formal; además que el neoliberalismo no ha significado una mayor cobertura en prestaciones sociales para el formal (ver gráfico 2). Otra característica importante del periodo es el considerable deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios promedios con respecto a la canasta de mercado (gráfico 3).

Los indicadores de distribución del ingreso medidos por deciles (ver gráfico 4) y el coeficiente de GINI no muestran mejorías considerables en el periodo, en promedio de las últimas tres décadas el 20% más pobre de la población no logra alcanzar el 5% del ingreso, mientras que el 20% más rico mantiene más del 50% del ingreso nacional.

Gráfico 1. Estructura de la población ocupada total por sector económico (porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en información estadística, CEPALSTAT.

Gráfico 2. Población económica activa, población ocupada y cotizante

Fuente: elaboración propia con base en Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y planilla mensual de cotizaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Gráfico 3. Diferencia entre salarios medios y Canasta de mercado US$

Fuente: elaboración propia con base en Planilla de Mensual de Cotizaciones del Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS).

Gráfico 4. Distribución del ingreso laboral de los ocupados, a nivel nacional

Fuente: elaboración propia con base en información estadística, CEPALSTAT.

El neoliberalismo además se ha hecho acompañar por la consolidación de la democracia en El Salvador, no obstante, este régimen político que supondría mayor apertura en el consenso social no muestra vinculación con cambios significativos en el bienestar generalizado de la población.

Conclusiones

El presente artículo ha tratado de resaltar un aspecto reiterativo en la historia reciente de El Salvador, la falta de un proyecto nacional que incorpore a todos los sectores sociales. Los intereses particulares de una determinada fracción de la clase dominante, siguen prevaleciendo en la nación sin que ello implique un consenso social y procesos de inclusión nacional.

Así, de acuerdo a los antecedentes mostrados, durante el proceso de industrialización la clase terrateniente mantuvo sus intereses sobre la tierra, en contra de la fracción promotora de la industria, y de las presiones sociales, sobre todos de los campesinos sin tierra. El proceso de industrialización quedó truncado, y la lógica rentista prevaleció frente a una posibilidad de enfatizar la producción industrial.

Por su parte, la guerra en El Salvador le otorgó a esta misma clase terrateniente el tiempo necesario para reconvertir su eje de acumulación de capital y así incorporarse a los requerimientos del neoliberalismo, en el sector financiero en un inicio.

La configuración de la “nueva” clase dominante, con todas las modificaciones institucionales en torno a las orientaciones económicas realizadas en la década de los noventa, plantean tres paradojas. La primera, la incorporación al nuevo orden mundial pero sin una base material para su sustento, es decir, sin una estructura productiva adhoc a las exigencias de la competencia internacional que establece la dinámica del comercio exterior, la clase dominante puede estar inmersas en la actividades globales, pero no de forma articulada con el resto de la economía nacional, la cual no cuenta con la base tecnológica, ni con mano de obra calificada, con infraestructura, para su inserción en la dinámica internacional.

Además de esta desconexión entre la fracción financiera y economía nacional, ha resultado una estructura productiva nacional que ha concentrado en la terciarización de la economía la mayor parte de la heterogeneidad estructural, actividades con alto nivel de productividad en coexistencia de actividades del sector de bajísimo nivel productivo, lo que resulta en promedio un sector de muy poca productividad.

La segunda paradoja que plantean esta configuración de la clase dominante, es que su actual forma de reproducción del capital no requiere de mayor inversión nacional, las grandes orientaciones económicas producto del neoliberalismo son de cara al sector externo, en este sentido, la inversión doméstica pierde sentido, puesto que no garantizan los niveles de generación de excedentes. Por ello, El Salvador es el país de Centroamérica en donde menor inversión privada se registra.

La tercera paradoja, el dominio oligárquico, en el marco de la democracia. A lo largo del siglo XX, el esquema oligárquico terrateniente requirió de un régimen político autoritario, valiéndose de la violencia estatal como respuesta a cualquier descontento social. La transformación de terrateniente a financiero ha significado una continuidad en la concentración del ingreso en las mismas familias, pero ahora en el marco de la democracia. Este punto en particular, requiere de una mayor profundización analítica fuera del alcance de este escrito.

Por otra parte, en el periodo de análisis se ha destacado el papel del Estado. Al principio del proceso de industrialización, el Estado se rigió tanto en función de los intereses de la clase terrateniente como la clase industrial, en este sentido actuó bajo un bloque capitalista estructurado. No obstante, para el resto de la población si bien hubo un intento de Estado de bienestar, la represión estatal fue el principal mecanismo de “resolución” de conflictos. Llegados los años setenta, frente a la imposibilidad del Estado de mantener los intereses antagónicos capitalistas, uno en contra de la reforma agraria y el otro a favor, el proceso hegemónico se rompió en todos los niveles, dentro de la misma clase capitalista, así como entre las clases o sectores, principalmente la clase media (universitarios, sindicatos de maestros, profesionales) y campesinos; sin lugar a dudas El Salvador es un ejemplo de crisis de Estado. El periodo de la guerra civil, fue funcional para la reconfiguración económica de la clase terrateniente, y fue mediante el Estado que logró su consolidación como proyecto político y económico en el neoliberalismo.

En síntesis, el predominio de los intereses particulares de la fracción dominante no incorpora un proyecto de nación en función de garantizar un bienestar generalizado a la población, el esquema productivo es desarticulado, la generación de empleo y su respectiva remuneración no representan mecanismos de inclusión de social, más bien perpetúa la desigualdad social, pero ahora bajo otro contexto histórico.

Bibliografía

Albiac, M. Dolores 1999 “Los ricos más ricos de El Salvador” en Estudios Centroamericanos, ECA 612, octubre, año LIV.

Bull, Benedicte 2013 “Diversified Business Groups and the Transnationalisation of the Salvadorean Economy” en Journal of Latin American Studies,Nº 45, pp. 265-295.

Casaús Arzú, Marta Elena 1992 “La metamorfosis de las oligarquías centroamericanas”, en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 54, Nº 3, Jul-Sept, pp. 69-114.

Colindres, Eduardo 1997 Fundamentos económicos de la burguesía salvadoreña (San Salvador: UCA.

Escobar, Alejandra; Morales, Rodrigo et al 2011 “Impacto de la apertura comercial en la competitividad internacional y la distribución del ingreso en El Salvador: 1990-2010”. Tesis de Licenciatura, UCA, El Salvador.

Flores Pinel, Fernando 1980 “El Estado de seguridad nacional en El Salvador: un fenómeno de crisis hegemónica” en Centroamérica en Crisis (México D.F: El Colegio de México).

Gordon R., Sara 1983 “La transformación agraria en El Salvador: un conflicto interburgues” en Revista Estudios Sociales Centroamericanos Nº 36, pp. 13-37.

Gordon, Sara 1989 Crisis política y guerra en El Salvador (México: Siglo XXI). López, Carlos Roberto 1983 Industrialización y urbanización en El Salvador 1969-1979, (San Salvador: UCA Editores).

Lungo, Mario 1993 “La urbanización del área metropolitana de San Salvador: tendencias a partir de 1970 e ideas preliminares para un desarrollo urbano alternativo”. Avances (1) pp 1-31.

Lungo, Irene 2008 “Castillos de ARENA. Hegemonía y proyecto de derecha en El Salvador 1989-2004”. Tesis de Maestría, FLACSO, México.

Marx, 2009 (1852) El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte (Alianza Editorial: Madrid).

Marx, Karl y Engels, Friedrich 1846 La ideología alemana. Archivo Marx-Engels de la sección en español del Marxist Internet Archive.

Milliband, Ralph 1980 El estado en la sociedad capitalista (México D.F, Siglo Veintiuno).

Paniagua Serrano, Carlos Rodolfo 2002 “El bloque empresarial hegemónico salvadoreño”. Estudios Centroamericanos ECA, número monográfico, 645-646, Julio-Agosto, pp. 609-693.

Pérez Pineda, Carlos 2011 “La guerra con Honduras: ¿nacionalismo o falta de visión?” en El Salvador: historia mínima (San Salvador: Editorial Universitaria).

Segovia, Alexander 2005 Integración real y grupos de poder económico en América Central: implicaciones para la democracia y el desarrollo de la región (San José: Fundación Friedrich Ebert).

Sevilla, Manuel 1984 “Visión global sobre la concentración económica en El Salvador”, Boletín de Ciencias económicas Nº 3, San Salvador, UCA.

Structural Adjustment Policies Review Initiative Network (SAPRIN) 2000 “El impacto de los programas de Ajuste Estructural y Estabilización Económica de El Salvador”. Disponible en <http://www.repo.funde.org/647/1/ SAPRIN-SV.pdf>, consultado en diciembre de 2014.

Torres Rivas 2013 Revoluciones sin cambios revolucionarios (Guatemala: F&G Editores. Premio Iberoamericano 2013 de LASA).

Velásquez Carrillo 2012 “The persistence of oligarchic rule in El Salvador: neoliberal transformation, and the retrenchment of privilege and inequality in the post-civil war period”. Tesis de doctorado, York University.

 Este trabajo fue presentado en la VII Escuela Sur-Sur “Desigualdades, Democracia y Desarrollo durante y después del Neoliberalismo”, en Bangkok, noviembre 2014, organizada por CLACSO, CODESRIA e IDEAs.

1 Férreo defensor de los derechos humanos fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por parte de la estructura paramilitar los “Escuadrones de la Muerte”. De acuerdo al informe de la comisión de la verdad, “De la locura a la speranza” (1993) el autor intelectual de dicho magnicidio fue el Mayor Roberto d’Aubuisson, fundador del partido político de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

2 Al respecto las fuentes de información que se dispone, sobre el exilio de las familias de la oligarquía salvadoreña, son notas de la prensa estadounidense: The New York Times “For the Rich Who Stay, Life in Central America Is Ruled by Fear; “Out to Destroy Us” Some Go to Guatemala” (8 de Julio, 1980) The Pittsburgh Press “Salvador’s rich exiles tell their story” (20 de Abril, 1981), Associated Press “New resident exiles in Miami are salvadorans”(16 Abr 1981).

3 Parte de esta vinculación entre las familias de la oligarquía salvadoreña y los nuevos fondos de inversión financiera, salieron a la luz por el excandidato republicano por la presidencia de EUA, Mitt Romney en el 2007, “Governor Romney’s Remarks at the Miami-Dade Lincoln Day Dinner” (9 de marzo, 2007) http://www.cfr.org/elections/governor-romneys-remarks-miami-dade-lincoln-day-dinner/p13480 Los Angeles Times “Bain Capital started with help of offshore investors”(19 de Julio, 2012), The Huffington Post “Mitt Romney Started Bain Capital With Money From Families Tied To Death Squads” (8 de Agosto, 2012), El País “Mitt Romney y los Escuadrones de la Muerte” (2 de Octubre de 2012).

4 Para una lectura más exhaustiva sobre las privatizaciones en El Salvador, ver: SAPRIN (2000). Las privatizaciones y su vinculación con las familias de la oligarquía: Paniagua (2002), Velásquez Carrillo (2011).

Resumen

Este artículo aborda las formas en las que la juventud afrodescendiente en Limón, Costa Rica participa políticamente en su entorno, así como la tensión entre la participación política dentro de las instituciones públicas y la que se dan fuera de las expresiones políticas tradicionales. La hipótesis del trabajo es que la participación de las y los jóvenes afrodescendientes en la vida pública abre oportunidades para ellas y ellos. Esta participación, denominada política en tanto vinculación a relaciones de poder, está en tensión entre la dependencia a un referente de anclaje importante, el Estado, y las prácticas comunicativas que desplazan el carácter central de este Estado y que se plantean más como participación a través de lo estético.

Abstract

This article addresses the ways in which the afro descendent youth in Limón, Costa Rica, takes political part in its environment, as well as the tension between the political participation inside of public institutions and that which is given outside of the traditional political expressions. The hypothesis of this work is that the participation of the young afro descendent people in the public life opens opportunities for them. This participation, named political where as it is binded to power relations, it’s in tension between the dependence to an important anchoring referent, the State, and the communication practices that displace the central nature of this State, which are more set out as a participation through the aesthetic.

Charaf Ahmimed

Charaf Ahmimed es canadiense. Se desempeña como Especialista de Programa del Sector Ciencias Sociales y Humanas de la Oficina Multipaís de UNESCO para Centroamérica y México, en Costa Rica.

Charaf Ahmimed is Canadian. He is the Program Specialist for the Social and Human Sciences Sector for the UNESCO Cluster Office for Central America and México, in Costa Rica.

Sofía Quesada-Montano

Sofía Quesada-Montano es costarricense. Se desempeña como Consultora en Políticas Públicas, Inclusión e Igualdad en la Oficina Multipaís de UNESCO para Centroamérica y México, en Costa Rica.

Sofía Quesada-Montano is Costa Rican. She is Consultant in Public Policies, Inclusion,and Equality for the UNESCO Cluster Office for Central America and México, in Costa Rica.

Palabras clave

1| Juventud 2| Afrodescendientes 3| Política 4| Cultura 5| Costa Rica.

Keywords

1| Youth 2| African Descent 3| Politics 4| Culture 5| Costa Rica.

Cómo citar este artículo [Norma ISO 690]

AHMIMED, Charaf y QUESADA-MONTANO, Sofía Participación política de la juventud afrodescendiente en la provincia de Limón. Crítica y Emancipación, (13): 149-180, primer semestre de 2015.

Participación política de la juventud afrodescendiente en la provincia de Limón

Contexto socioeconómico de Limón

Como afirman Sabaté, Rodríguez y Díaz (1995), cualquier fenómeno social varía a lo largo del espacio y del tiempo, por lo que su investigación debe implicar la especificidad histórica de sus relaciones. Así, para ahondar en el tema y porque para su comprensión es necesario tener información que permita dar una idea de la situación de la población estudiada, a continuación se exponen algunos datos que permiten comprender mejor el contexto en el cual se ubica el presente artículo. Lo anterior implica realizar un análisis situacional tanto de la provincia costarricense de Limón como de la situación de las poblaciones afrodescendientes en Costa Rica.

Costa Rica se divide políticamente en siete provincias variadas y contrastantes. En la costa caribeña se encuentra la provincia de Limón, misma que consta de seis cantones: Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo, que juntos suman 9.189 km (Programa del Estado de la Nación, 2011). Siendo una provincia costera, sigue el patrón indicado por el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2013 (PNUD, 2013) para los 81 cantones costarricenses, según el cual los menores niveles de desarrollo se encuentran de manera constante en los cantones costeros y fronterizos. Limón no es la excepción a esta tendencia pues sus seis cantones tienen un índice de desarrollo medio-bajo, encontrándose en las posiciones más bajas los cantones de Matina (79/81) y Talamanca (80/81).

En concordancia con lo anterior, la incidencia de la pobreza en los cantones limonenses es alta. De los seis cantones, cinco cuentan con un porcentaje de 24%-33% de hogares por debajo de la línea de pobreza, mientras que Talamanca, cantón con alta presencia indígena, tiene 33%-44% de sus hogares por debajo de esta línea (INEC, 2011).

Con respecto a los indicadores de carencias críticas, cuatro cantones tienen un porcentaje de incidencia de carencias críticas de 30%-37%, mientras que dos cantones (Matina y de nuevo Talamanca) tienen un porcentaje de incidencia de más del 38% (45,65% y 54%, respectivamente). Lo anterior, medido en términos de necesidades básicas insatisfechas, quiere decir que estos porcentajes de hogares en estos cantones presentan una o más carencias, ya sea de albergue digno, acceso a vida saludable, acceso al conocimiento o acceso a bienes y servicios (INEC, 2011).

En materia de educación, en la provincia de Limón hay un promedio de analfabetismo del 3,7%. 6,5% de la población no ha cursado ni siquiera 1 año en una institución educativa; 20,0% ha cursado estudios primarios incompletos; 29,5% ha cursado primaria completa; 19,9% ha cursado secundaria incompleta, y 12,0% ha cursado secundaria completa. Solamente un 12,0% de la población tiene estudios superiores (Programa del Estado de la Nación, 2011).

Con respecto a los niveles de seguridad, según datos del Análisis Cantonal de la Violencia y la Inseguridad en Costa Rica (SISVI, 2012), los seis cantones de Limón pertenecen a un mismo conglomerado (de cuatro) que agrupa a cantones con las siguientes características:

1| Tasas de delitos más altas 2| Mayor tasa de desempleo

3| Menor porcentaje de población de 65 años y más

4| Mayor cantidad promedio de población de 15 años o más 5| Mayor deserción (de secundaria) promedio de los cuatro grupos

Aunado a esto, como parte de la región Caribe, Limón presenta una serie de características que la hacen de alguna manera vulnerable a la expansión del tráfico de drogas. Estas características son principalmente su situación geográfica que la designa como puente “natural” entre los países productores y los consumidores de drogas, el hecho de ser foco de la actividad turística, y la situación socioeconómica de la región que genera como consecuencia que las poblaciones empobrecidas y con pocas oportunidades de empleo encuentren en los negocios ilegales una fuente efectiva de recursos (Mantilla, 2011).

Lo anterior tiene relación con las condiciones deplorables de justicia y dignidad laboral que se experimentan actualmente en las bananeras (Gutiérrez, Jiménez & Martínez, 2013). Estas condiciones son corroboradas una y otra vez por las personas habitantes de la zona, quienes ven el trabajo en esta industria como la última de las oportunidades, presentándose la incursión en el tráfico ilegal de drogas como una opción no solamente más efectiva para la supervivencia, sino además menos indignante.

A pesar de lo anterior, es necesario finalizar esta sección mencionando otros elementos de la situación de la provincia limonense (Gutiérrez, Jiménez & Martínez, 2013) como la consolidación de centros urbanos que articulan los espacios residenciales, comerciales y de servicios, la presencia de nuevos empréstitos en la economía, la consolidación de la actividad turística, la actividad comercial-portuaria fundamental para el resto del territorio nacional, el gran porcentaje de su territorio dedicado a áreas de conservación o áreas silvestres protegidas, el ser la provincia con la mayor extensión de territorios indígenas y la diversidad de paisajes culturales que la presencia de estas poblaciones, las afrodescendientes, las chinas, las nicaragüenses y las mestizas crean.

Situación actual de la población afrodescendiente en Costa Rica

Históricamente en Costa Rica la población afrodescendiente se ha ubicado principalmente en la provincia de Limón. Si se toman en cuenta las cifras de bajos niveles de desarrollo anteriormente expuestas sobre esta provincia, se puede esbozar como posible causa de este lastre la conjunción de múltiples condiciones sociohistóricas (Hernández Cruz, 1999, p 209).

Para empezar, Limón ha sido una provincia que históricamente se ha construido como débilmente vinculada con el resto del país debido a lo que se consideraba un difícil acceso generado por duras condiciones climáticas y selváticas, algo que surge de un determinismo ambiental que atribuye a la “naturaleza” razones de superioridad del lado josefino y de inferioridad del lado caribeño (Gutiérrez, Jiménez & Martínez, 2013).

Esta condición cambia en el siglo XIX con la construcción del ferrocarril al Atlántico y el establecimiento de un puerto que conectaba al país con los mercados internacionales. Esta construcción “trasciende el capital económico y humano costarricense” por lo que se aprovecha el flujo internacional de la fuerza de trabajo proveniente de las Antillas principalmente, pero que fue reforzado por habitantes de zonas superpobladas de China y Europa. Este flujo es además aprovechado por la explosión paralela del proyecto de plantación bananera a gran escala en Centroamérica, lo que genera focos de atracción de inmigrantes al espacio caribeño asentados sobre todo para trabajar en esta industria (Hernández Cruz, 1999, p 209).

Las exportaciones de banano desde Limón fueron aumentando durante las últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX; sin embargo, fueron inestables durante varios años hasta caer de manera estrepitosa durante la Primera Guerra Mundial. Esta situación se juntó con el agotamiento de los suelos, la presencia de la enfermedad del banano “sigatoka” y el activismo sindical debido al gran descontento obrero frente a la United Fruit Company (UFCo) en la provincia de Limón, lo que llevó a la huelga bananera de 1934 y al traslado de las plantaciones de la UFCo a la costa del Pacífico costarricense (Hernández Cruz, 1999; Putnam, 2002).

Durante la época de mayor efervescencia sindical el espacio de las luchas obreras se tornó también un campo de lucha étnica. Por un lado (Hernández Cruz, 1999 220), las condiciones de descontento eran percibidas como propias del sector obrero, sin distingo de etnia, por lo que la lucha y la participación eran heterogéneas. Sin embargo, la UFCo tenía la práctica de dividir sus cuadrillas y espacios sociales –como los centros de recreacióncon criterios étnicos con el fin de incentivar la fragmentación y canalizar así el descontento laboral por la vía de la enemistad interpersonal, desactivando así la protesta social organizada (Borgois, 1995). A estas dos visiones contrastantes se sumaban situaciones particulares como el hecho de que, como indica Omar Hernández Cruz (Hernández Cruz, p 215), una parte importante del discurso político de la época estaba cargado de connotaciones nacionalistas logrando esto que la causa obrera de izquierda evidenciara la lucha por los intereses nacionales, frente a los intereses de la compañía bananera. Sin embargo, a las poblaciones afrocaribeñas se les situaba en la posición de “extranjeros” lo que generaba tensiones particulares entre su afiliación al país o a la empresa.

En el imaginario costarricense esto era similar. El Estado y los sistemas de enseñanza producían representaciones prejuiciosas del cuerpo, la vestimenta y las prácticas afrocaribeñas que las separaban del “ser costarricense” (Hernández Cruz, 1999). Un ejemplo de cuán oficial era la percepción de la población afrocaribeña como “ajena” se ve reflejado en el hecho de que hasta el año 1948 existió una ley que prohibía el paso de personas afrodescendientes de Limón a la ciudad capital de San José. Esto propició la construcción desde las élites vallecentralinas de Limón como un territorio periférico y marginal, opuesto a la “civilización” del Valle Central (Gutiérrez, Jiménez & Martínez, 2013).

La consecuencia de lo anterior es un contacto casi nulo entre la población vallecentralina “blanca” y la población limonense afro-descendiente. Lo anterior reforzó ideas perniciosas sobre una Costa Rica homogénea, en cuya “blancura” se encontraba el fundamento de sus logros y su excepcionalidad, pero también de su concepción de “lo otro” (lo negro, lo indígena, lo nicaragüense) como la raíz de los problemas nacionales (Sandoval, 2002). Estos imaginarios sobre la blancura y la otredad son un elemento importante que de alguna manera moldea la situación socioeconómica experimentada por la población afrodescendiente en la Costa Rica de hoy y, por ende, las condiciones socioeconómicas de la provincia de Limón y el carácter de exclusión -tanto corroborada en cifras como percibidaque se vive en la región.

Algunas cifras

Marta Rangel (2008) plantea que la población afrodescendiente en Costa Rica, a diferencia de los pueblos indígenas, no ha gozado de ver-

dadero reconocimiento por parte del Estado, algo que es producto de visiones racistas tanto explícitas como escamoteadas. Esto se puede ver a continuación.

En el Censo 2011 (INEC, 2011) un 7,8% de la población encuestada se autoidentificó como “afrodescendiente”. Sin embargo, el reconocimiento de la existencia de esta población y otras minorías no es de larga data. Previo al año 2000 los Censos Nacionales en Costa Rica no contaban con una pregunta específica para dar cuenta de la variable raza/etnia en las estadísticas costarricenses. Si bien en el Censo 2000 se pregunta sobre auto adscripción étnica, de acuerdo con López y Delgado (2013) es en el Censo Nacional 2011 que se realiza por primera vez la pregunta sobre el grupo de “auto-identificación” de las personas censadas, siendo la autoidentificación un ejercicio que supone “el derecho de autodefinirse como perteneciente a una etnia y al desarrollo del sentido de pertenencia individual a ésta. Implica el derecho a ser consultado en asuntos que tengan que ver con ésta y el propósito de evitar definiciones externas” (INEC, 2009).

Gracias a esta pregunta se pudieron obtener algunos datos. Por ejemplo, en el ámbito educativo López y Delgado (2013) encuentran que la población afrodescendiente presenta en promedio 1 año de estudios menos que el promedio de la población blanca, que es de 8,7 años. Además, la diferencia en el nivel de escolaridad entre la población afrodescendiente urbana y la rural es significativa: la población urbana alcanza un promedio de 9,8 años de estudios, mientras que la población rural (mucha de la población en Limón) alcanza en promedio solamente los 6,2 años de estudios. Y aunque al desagregar por género no parece haber diferencias significativas, un dato que es muy relevante es el hecho de que las mujeres auto-identificadas como negras que residen en zonas urbanas tienen el mayor promedio de años de estudios aprobados (10,2 años) de entre todos los grupos poblacionales de Costa Rica. Por el contrario, los hombres miembros de la población negra en Costa Rica se encuentran en una situación de mayor rezago educativo con respecto a los demás grupos poblacionales del país (López & Delgado).

Pero a pesar del alto nivel educativo presentado por las mujeres, y más bien en consonancia con el rezago educativo de los hombres, la población afrodescendiente presenta los mayores niveles de desempleo abierto en el país. Lo que es más, si bien el 70,1% de los hombres y el 64,5 % de las mujeres afrodescendientes tienen trabajo asalariado, la siguiente categoría laboral más importante para las mujeres afrodescendientes es el servicio doméstico remunerado en casas particulares, categoría cuya cifra supera en casi 5 puntos porcentuales al promedio de las mujeres blancas y mestizas. Esta situación empeora, pues son las mujeres afrodescendientes quienes presentan los porcentajes más bajos de trabajadores profesionales y científicos, comparados con todos los otros grupos poblacionales (López & Delgado, 2013). Si se compara este promedio con el promedio de escolaridad se nota un patrón de exclusión laboral que no parece encontrar justificación en la formación académica. Así, a pesar de que las mujeres afrodescendientes permanecen en el sistema escolar, estas se siguen ubicando en labores no calificadas. Los orígenes de esta exclusión del mercado laboral calificado deben buscarse en las construcciones culturales que discriminan doblemente, por género y por etnia.

Percepción de las y los costarricenses sobre la población afro-costarricense

En un estudio conjunto del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional de Costa Rica y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (Sandoval, Solano & Minott, 2010) se recopilaron datos sobre las percepciones de la población costarricense hacia el pueblo afrodescendiente. Los resultados son reveladores:

1| Si bien un 43% de las personas encuestadas (800 en total) considera que las personas afrodescendientes viven en peores condiciones que la población en general, al preguntárseles cuáles consideran que son los principales problemas de esta población responden que son los problemas relacionados con la discriminación, el racismo y el perfilamiento racial (solamente un 14% de las personas entrevistadas indican que uno de los principales problemas es la situación socioeconómica).

2| Al indagarse sobre aspectos positivos y negativos de las personas afrodescendientes, más de 44% de la muestra dijo que “eran personas iguales con los mismos derechos”, pero al lado de esta respuesta se expusieron una serie de estereotipos y prejuicios que incluían para su elaboración desde características fenotípicas como el cabello o la fortaleza física, hasta estereotipos como la vagabundería, el hecho de que son personas alegres y que viven en Limón. Los aspectos meramente negativos se asociaron con drogas, delincuencia y vagancia.

3| Al preguntarse sobre la existencia de discriminación hacia las personas afrodescendientes, un 58% dijo estar de acuerdo. Pero casi el mismo porcentaje de personas dijo que creía que las personas afrodescendientes discriminan al resto de la población. Esto evidencia que no se abordan de manera crítica las relaciones de poder.

4| A pesar de que un 73% estuvo en desacuerdo con la frase “las personas afrodescendientes o negras son más agresivas y socialmente peligrosas que las personas que no son afrodescendientes”, un 27% sí estuvo de acuerdo. Sandoval, Solano y Minott (2010, 90) exponen que esta es una cifra que revela que “este grupo poblacional es un ente multiplicador del racismo y discriminación racial en espacios como la familia, la comunidad, el trabajo, etc.”

5| Finalmente, y como tema estrechamente relacionado con los estereotipos negativos y positivos, se incluyeron preguntas sobre los medios de comunicación. Un 41% de las personas entrevistadas consideran que los medios de comunicación muestran mayores grados de discriminación al presentar noticias relacionadas con personas afrodescendientes. Sandoval, Solano y Minott (2010) destacan cómo los medios han desarrollado discursos alarmistas sobre la situación social y de inseguridad en la provincia de Limón, directamente asociada con la población afrodescendiente (como se puede apreciar en el punto 2), lo que indica que desde los medios se realizan perfilamientos raciales.

Sandoval, Solano y Minott (2010, p 19) consideran que ha habido un proceso de integración tenso de las personas afrodescendientes a la sociedad no afrodescendiente. Si bien esta integración ha logrado que la calidad de vida de esta población mejore considerablemente, en términos generales la misma ha dependido de que los aportes culturales y sociales de ascendencia africana sean negados, exigiendo una asimilación a los valores dominantes y negando una real inclusión, entendida esta como un proceso que supone el reconocimiento y la aceptación de la diversidad. Esta negación se puede expresar ya sea por medio de mecanismos simbólicos o de acciones concretas en los distintos ámbitos: el económico, el cultural y/o el político.

En el ámbito de lo político en Costa Rica, lo que en un primer momento podría haber sido moldeado desde lo étnico-afro hacia lo afro-político (un ejemplo son las luchas sindicales en la segunda mitad del siglo XX en Limón), es más bien construido luego como desvinculado de los referentes y prácticas culturales ‘afro’, comprometiendo los intereses étnicos y dando prevalencia a los intereses por ejemplo partidarios, bajo la premisa de la asimilación al proyecto de nación dominante.

Rangel (2008, p 92) plantea que este no es un fenómeno particular para Costa Rica. En Centroamérica en general el movimiento “negro”, aunque considerado como marginal a la nación igual que el movimiento indígena, es ignorado pues las ideologías del mestizaje tienden a glorificar el pasado indígena (los pueblos originarios) mientras que ven en la población afrodescendiente un pueblo extranjero y, por ende, con menos potencial ciudadano. Así, es claro que, como lo menciona Hernández Cruz (1999, p 240), “lo étnico está mediado por diferentes esferas de intereses que se cruzan en la cotidianeidad”. Es por esta razón que estas prácticas cotidianas deben ser estudiadas.

¿Por qué participación de jóvenes afrodescendientes en Limón?

Los movimientos juveniles han sido históricamente asociados con transformación, rebelión y revolución. Estos han sido vehículo de opiniones contestatarias a lo largo de las últimas décadas y han logrado

enfrentar recientemente y en conjunto con otros actores sociales a regímenes no democráticos en el Norte de África o las decisiones políticas en materia de educación en el Sur de América.

A pesar de esto la participación política usualmente es estudiada en poblaciones adultas o sin hacer distingo de edad lo que permite destacar entonces la necesidad de estudiar a las poblaciones jóvenes, sobre todo considerando que la participación y el compromiso políticos son un hábito. Esto quiere decir que si las actividades de compromiso político no son iniciadas a edades tempranas, hay menos probabilidades de que se den después en otras etapas de la vida (Quintelier, 2008). Así, el estudio de la participación política de las poblaciones jóvenes permite la comprensión y toma de conciencia de los cambios necesarios para no solamente promover la participación, sino lograr que esta sea sostenida y significativa.

Por otro lado, son importantes los estudios que permiten abordar las prácticas políticas de grupos que han sufrido de exclusión y/o discriminación para evitar la perpetuación de las prácticas excluyentes. En este caso particular, esto implica analizar las barreras que las poblaciones afrodescendientes experimentan frente a la política, lo que a su vez significa que es necesario estudiar el campo de la participación política desde una perspectiva que dé cuenta de las barreras estructurales, algo que es igualmente importante para el estudio de la población joven. Es esta perspectiva la que lleva a la necesidad de incorporar el análisis de la relación conflictiva entre conocimiento, política pública y ciertos grupos de la sociedad.

Asimismo, es necesario abordar la participación política de la juventud desde y para el campo. Esto es así pues la complejidad de la problematización de la participación política de la juventud plantea muchas interrogantes que es importante abordar de manera empírica, con el fin de generar conocimiento más allá de aquel que se ha quedado en el nivel abstracto del debate teórico. Esto se torna tanto más necesario cuanto las diversas revisiones bibliográficas realizadas dan cuenta del poco trabajo elaborado alrededor del tema de participación política de jóvenes afrodescendientes en Costa Rica.

Finalmente, el estudio de las dinámicas de participación política de un grupo o población específico, en este caso las personas afrodescendientes, permite entender particularidades de la población como tal, pero de ninguna manera se debe pensar que en el grupo estudiado se agota la construcción de conocimiento. Los estudios de caso promueven la redefinición de marcos de percepción y permiten que aquello que a primera vista pareciera específico de una población sea repensado desde otros países con dinámicas socio-históricas similares, algo que enriquece y contribuye a la construcción de conocimiento local.

Marco conceptual

La presente investigación busca estudiar y presentar las experiencias de participación política de jóvenes hombres y mujeres afro-costarricenses de la provincia de Limón. Lo anterior lleva necesariamente a definir dos conceptos amplios y polisémicos para entender las nociones a partir de las cuales se está construyendo esa participación política de la juventud afrodescendiente.

Por juventud entendemos una categoría que no es fija y no tiene límites definidos. No responde solamente, como se pensaría en un primer momento, a elementos relacionados con la edad, sino que trasciende estos elementos para abarcar construcciones sociohistóricas de las generaciones y sus intereses y oportunidades. Como lo indican Alvarado, Borelli y Vommaro (2012), hay distintas maneras de ser joven, y esto responde no solamente a la posibilidad de construir distintas identidades juveniles, sino además a las experiencias y prácticas diferenciadas propias de personas jóvenes inmersas en condiciones estructurales diversas.

Surge entonces una noción de juventud lejana a la idea de un grupo homogéneo, la cual incorpora tanto lo estructural en las condiciones sociohistóricas en que se sitúan los grupos, como lo subjetivo en tanto estas condiciones no son determinantes sino que presentan oportunidades u obstáculos para la construcción de diversas identidades.

En palabras de Reguillo (1999), las personas jóvenes son un sujeto social que constituye un universo social inestable que es constantemente creado como resultado de una negociación tensa entre la categoría sociocultural que la sociedad en la que se ubica le asigna, y la actualización subjetiva que cada sujeto realiza gracias a la incorporación de los esquemas de ese espacio sociocultural en el cual se encuentra inmerso. Esto significa que esta construcción, aunque referida al joven como sujeto, necesariamente debe situarse en un espacio de intercambio, atravesado o construido a partir de relaciones de poder, que vincula política, sociedad y cultura.

Lo anterior quiere decir que se parte de una perspectiva histórica que, como lo indican Alvarado, Borelli y Vommaro (2012), concibe a la juventud como una construcción que está directamente relacionada con la manera en la que se gestiona en una región la política, acorde con los objetivos tanto de la modernidad como de las sociedades de mercado. Esta perspectiva permite no solamente comprender cómo se gestiona la política pública relacionada con juventud, sino además cómo esta categoría social es una construcción inmersa en relaciones de poder pues se construye en tanto enfrentada al mundo adulto que le intenta disciplinar o formar a través de diversos dispositivos, incluida la participación política.

Bien lo mencionan Domínguez y Castilla (2012) cuando indican que hay un gran reto epistemológico al estudiar la participación política de las poblaciones jóvenes, pues se corre el riesgo de investigar e intentar comprender estas prácticas desde las lecturas adul-

tocéntricas que ya sea intentan controlar y definir estas prácticas o las consideran desviadas, desajustadas o sin valor por concebir a las personas jóvenes como sujetos en transición.

Así, y debido a lo anterior, se parte de un marco epistemológico que considera que la comprensión de la participación política de la juventud debe ser construida desde el contexto y desde las personas que están en él pues son estas personas quienes mejor conocen sus propias oportunidades y desafíos.

Se abordará entonces la temática desde la noción de participación política como

un proceso por medio del cual los jóvenes y las jóvenes inciden y autodeterminan su existencia en relación con las condiciones de vida sociales y públicas; o sea, es desde donde se tejen tejidos, posiciones y discursos inter-humanos frente a la vida en interacción con las condiciones del contexto (Domínguez & Castilla, 2012).

Como tal, este artículo se pregunta acerca de la juventud afrodescendiente en Limón, Costa Rica: ¿Cómo toma forma, es practicada y es valorada la participación política por parte de la juventud afrodescendiente de la provincia de Limón? ¿Está esta participación de las y los jóvenes afrodescendientes contribuyendo con un nuevo contrato social? ¿Existe tensión entre la participación política dentro de las instituciones públicas y la que se da fuera de las expresiones políticas tradicionales?

Nuestra hipótesis es que la participación de las y los jóvenes afrodescendientes en la vida pública abre oportunidades para ellas y ellos. Esta participación, que llamaremos política en tanto vinculada a relaciones de poder, está en tensión entre la dependencia a un referente de anclaje importante, el Estado, y las prácticas comunicativas que desplazan el carácter central de este Estado y que se plantean más como participación a través de lo estético.

Metodología

La presente propuesta buscó explorar la participación política de la juventud afrodescendiente en la provincia de Limón, Costa Rica a través de varios dispositivos: un grupo focal de 15 personas, una entrevista grupal de cuatro personas y siete entrevistas individuales a personas jóvenes afrodescendientes y líderes locales notables de la provincia de Limón.

A partir de los datos recolectados se desarrolló un estudio de caso centrado en esta región y con esta población cuyo sustento analítico adoptó una perspectiva cualitativa, lo que permitió profundizar en las particularidades de esta participación, más allá de lo descriptivo. Lo anterior partió de las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son las características de la participación política de la población afrodescendiente en Limón?; esto quiere decir: ¿cómo se da forma a esta participación y cuáles son las prácticas y espacios de interacción que la definen?, ¿cómo se construyen las y los jóvenes afrodescendientes como sujetos en el ámbito político?, ¿cuál es el sentido que se construye para la participación política o la falta de ella en esta población?

El objetivo fue, entonces, conocer más acerca de las formas de participación política de la juventud afrodescendiente en Limón pues es desde la co-construcción de este conocimiento que se pueden empezar a dibujar procesos de toma de decisiones-acciones que contribuyan realmente con el uso y desarrollo de todo el potencial de la juventud en la región. Esto con el fin de que los y las jóvenes tengan no solamente la libertad, sino además el interés de participar de manera activa en el ejercicio de la ciudadanía, siendo co-responsables de la búsqueda de la inclusión económica, educativa, política, social y cultural en sus comunidades.

Análisis de los datos recogidos

La información compartida por las personas que formaron parte tanto de las entrevistas individuales o grupales como del grupo focal fue clasificada de acuerdo con categorías amplias encontradas de manera común en todas las entrevistas. Estas categorías se exponen a continuación.

Participación en la política local

“Nos ven como si no supiéramos nada. No somos el futuro, somos el presente”

Todas las personas entrevistadas concordaron en que la juventud afrodescendiente ha estado distante del gobierno local. Para todas y todos la razón está en que hay una brecha entre lo que la juventud pide y lo que se ejecuta. A pesar de que varias de las personas contactadas conocía no solamente la existencia sino además el funcionamiento del Consejo de la Persona Joven y sus Comités Cantonales (que, como muestra la Figura 1, están presentes en todos los cantones), se considera que estos órganos trabajan más en razón de la dinámica política del Concejo Municipal que en razón de lo que las y los jóvenes afrodescendientes realmente requieren.

La corrupción es un factor que desmotiva también. La opinión más común es que las autoridades locales se apropian de los recursos que las y los jóvenes y la comunidad en general necesitan, violentando así la normativa municipal de participación para la toma de decisiones. Direcciones regionales, alcaldías, intendencias, todos estos son puestos que implican, según lo conversado con las y los jóvenes, que se usen los pocos recursos disponibles para fines partidarios, siendo la práctica más evidente el uso de recursos municipales para hacer campaña electoral (y, por ende, permanecer en el poder). A esto se aúna la percepción de que los puestos políticos realmente no son elegidos democráticamente, especialmente aquellos relacionados con el Comité Cantonal de la Persona Joven. Según las y los jóvenes, estos puestos se escogen por afinidad partidaria, cuando esta última debería ser una elección neutral a los partidos políticos pues depende de los grupos de adscripción (iglesias, centros educativos, ONG…).

Es importante mencionar que hay dos partidos ‘afro’ postulándose para las elecciones municipales del próximo mes de febrero de 2016 (Auténtico de Siquirres y Auténtico limonense). Sin embargo, se afirma que esto no necesariamente implica un mayor atractivo que promueva la participación de la población joven afrodescendiente.

Figura 1. Población joven de la provincia de Limón

Cantón | Población total | Porcentaje de población joven | Porcentaje de jóvenes indígenas | Porcentaje de jóvenes afrodescendientes | Presencia del comité cantonal de la persona joven
Limón | 94.415 | 35,21% | 7,72% | 20,68% | Sí
Pococí | 125.962 | 36,86% | 1,23% | 11,70% | Sí
Siquirres | 56.786 | 36,67% | 1,32% | 10,88% | Sí
Talamanca | 30.712 | 37,25% | 49,68% | 10,55% | Sí
Matina | 37.721 | 37,02% | 4,40% | 8,87% | Sí
Guácimo | 41.266 | 36,95% | 1,10% | 13,96% | Sí

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2011, INEC.

Algo que se encontró en varias de las entrevistas realizadas y que es interesante de notar es el vínculo que se hace entre participación y motivación en el seno familiar. Esto se percibe en dos vías. Por un lado, si una organización tiene interés en que la juventud participe, debe trabajar con padres y madres de familia porque se considera que esta es la base que puede permitir continuidad a esa participación. Por otro lado, cuando hay problemas en los núcleos familiares el o la joven no tendrá interés en la participación política por una cuestión de prioridades. Este último factor también se percibe como relacionado con la delincuencia: si el núcleo familiar tiene problemas y no se presta atención a la persona joven, lo más fácil para el o ella será “tirarse a la calle”, en otras palabras, hacerse delincuente, y esto se mira como incompatible con la participación política pues esta implica cierto tipo de preocupaciones que una persona delincuente pareciera no tener.

Participación cívica local

“Aquí no hay participación”

La opinión generalizada es que no existe participación cívica real en las comunidades, a pesar de que hay algunos esfuerzos esporádicos de algunos grupos de jóvenes no necesariamente afrodescendientes. La principal razón dada para esta apatía es la inexistencia de espacios de organización comunitaria. En el decir de todas las personas entrevistadas, no existen espacios físicos que propicien el intercambio entre las personas y los grupos.

Sin embargo, es interesante destacar que se considera que una forma de participación cívica es el hacer deportes grupales. En este sentido, algunas municipalidades ofrecen oportunidades para realizar actividades deportivas porque se cuenta con los espacios. Algunos municipios parecen estar realizando esfuerzos por permitir o inclusive organizar grupos de fútbol, atletismo o gimnasia rítmica, pero también otras actividades como teatro. En algunos cantones como Siquirres se cuenta con la facilidad de la Casa de la Cultura como espacio para la comunidad, pero en otros cantones como Matina, se afirma no existen espacios que permitan actividades que no sean deportivas (por ejemplo talleres o conferencias).

En algunas ocasiones la queja proviene no de la inexistencia de espacios, sino más bien del hecho de que estos se vuelven inaccesibles. En el decir de una persona entrevistada “sí hay espacios pero las municipalidades los privatizan o no los prestan por politiquería”.

Participación en la política nacional

“Necesitamos un espacio de actuación, de respeto”

Las y los jóvenes afrodescendientes entrevistados expresaron una opinión muy clara con respecto a la política nacional: esta se hace en San José, y San José y Limón están desvinculadas. No se considera que desde Limón se tomen las propias decisiones que afectan a la provincia y más bien se piensa que la capital tiene una percepción de Limón que provoca que se tomen decisiones desacertadas.

Un ejemplo claro es el debate reciente sostenido alrededor del libro infantil Cocorí del autor nacional Joaquín Gutiérrez. El debate se suscita cuando dos legisladoras –las dos únicas diputadas afrodescendientes- solicitan se detenga el espectáculo musical “Cocorí” puesto que el libro estaba siendo evaluado luego de ellas haber interpuesto un recurso de amparo frente a la Sala Constitucional para que el libro se retirara de la lista oficial de lecturas escolares por su contenido racista. La mayoría de las personas entrevistadas afirmó que “en Limón a nadie le importó”. Es decir, que se consideró que el debate sobre el racismo y la discriminación y la normativa que eventualmente derivara de este debate era algo que estaba teniendo lugar en San José. Esto indica que las personas afrodescendientes no se sintieron interpeladas de ninguna manera, a pesar de ser Limón la provincia referente para la cultura afrocostarricense.

Otro ejemplo de desvinculación es la Cumbre Mundial de Jóvenes Afrodescendientes. Para algunas personas participantes fue inaudito que esta se celebrara en San José: “La gente en Limón ni cuenta se dio”. Las y los participantes consideran necesario descentralizar este tipo de actividades y eventos, pues para ellos y ellas el Caribe es el epicentro de la cultura afro en el país.

A pesar de esta desvinculación percibida, se menciona como un logro el hecho de que el 29 de noviembre de 2013 se lograra conformar un grupo de trabajo con los candidatos a la Presidencia para firmar un compromiso de campaña con la comunidad afrodescendiente. El actual Presidente de la República firmó el compromiso en ese entonces como candidato. De este surge el nombramiento de un Comisionado de Asuntos Afrodescendientes para la Presidencia, el cual promueve abordar diversos temas como lo económico, lo educativo y el acceso a la justicia, a la salud y al empleo como un asunto dependiente de la variable étnica.

Algo relevante es que se habla de buscar la paridad étnica (indígena, afrodescendiente u oriental). Una de las personas entrevistadas menciona el caso de Colombia como una buena práctica, pues hay un número de curules que obligatoriamente son ocupadas por afrodescendientes. Profundizado en este sentido, también se habla de las mujeres afrodescendientes. Se considera necesaria la normativa que como las cuotas de mujeres obligue a que haya cuotas de mujeres afrodescendientes en las organizaciones políticas.

Finalmente, en términos de la participación de la población joven, se afirma que se necesita de una ley nacional que dicte como requisito que haya cuotas de jóvenes en los partidos políticos. Actualmente parte del descontento de las personas jóvenes que han participado activamente del espacio de los partidos políticos es el sentirse utilizados (“Nos ponen como caras bonitas, para atraer votos pero sin funciones reales o relevantes”). Entonces se considera importante que las y los jóvenes afrodescendientes también tengan el respaldo de las cuotas en el espacio electoral. La Figura 2 permite visibilizar la participación política de las personas menores a los 35 años (no solamente afrodescendientes) en los espacios municipales en Costa Rica y en la provincia de Limón en el 2010. Es evidente que la cuota de elección es baja.

Participación en la vida económica y el mercado laboral

“Esto es un remolino; no hay salida”

En términos del mercado laboral y el derecho a tener un trabajo digno, las opiniones de las y los jóvenes afrodescendientes en Limón son alarmantes. Si bien el tener empleo digno no es participación política, el tema fue abordado con tanta persistencia por todas las personas que debe ser incluido como una de las categorías de análisis, además de que sí es posible establecer una relación entre participación política y empleo digno.

El desempleo se considera como una problemática generalizada en la provincia de Limón, sin importar etnia, género o edad. Sin embargo, como mencionan varias personas, si para las y los jóvenes las oportunidades son pocas, para las y los jóvenes afrodescendientes las oportunidades son nulas.

Algo que estuvo presente en sus discursos y que es posible constatar con una observación rápida es que en comercios, instituciones estatales y entidades bancarias no hay afrodescendientes empleados. En palabras de una de las lideresas locales entrevistadas “se requiere un estudio para entender por qué no nos están contra-

tando pues jóvenes, mujeres y afrodescendientes con alta preparación no tenemos dónde laborar”. Aquí se evidencian prácticas de reclutamiento racistas, que aunque pueden ser implícitas (no es racismo consciente) a fin de cuentas tienen consecuencias negativas y reales sobre las personas.

Estas condiciones se agravan por varios obstáculos interrelacionados. Por ejemplo, se solicita a las personas jóvenes cierta cantidad de años de experiencia como requisito para obtener un empleo, pero la mayoría no los tiene debido al desempleo en su región. En otras ocasiones se les pide ser 90% bilingües y este no es el caso de gran cantidad de jóvenes afrodescendientes, a pesar del estereotipo generalizado (por ser descendientes de las Antillas). Además, durante época electoral los puestos de trabajo se usan como premios de los partidos políticos. Lo que esta falta de ofertas laborales está generado es un flujo de migración continuo de Limón a San José, algo que las madres y los padres de familia resienten y tratan de evitar.

La oferta laboral más obvia para todas las personas jóvenes entrevistadas fueron las bananeras, un empleador que merece especial atención. En el discurso de todas las personas entrevistadas es posible notar una relación tirante con estas compañías. Esto no solamente es resultado de una tensión histórica por las huelgas sostenidas el siglo pasado y el consecuente abandono de la UFCo, sino que tiene asidero real en las condiciones laborales de hoy en día.

Una de las jóvenes entrevistadas afirma “Aquí para la gente es peor trabajar en la bananera que en el narcotráfico. Trabajan 13, 14 horas diarias, con malos salarios de 10 mil colones al día¹ menos cargas sociales”. Otra persona dice “El impacto de las bananeras es muy negativo en toda la región”. Una última mujer dice “Mi esposo está desempleado desde hace 6 meses y medio […]. Durante 18 años trabajó para una empresa bananera y ahora que estaba enfermo de un brazo, lo despidieron sin razón alguna”.

Figura 2. Cantidad de jóvenes electos y electas en puestos municipales a nivel nacional y de la provincia de Limón.

Jóvenes electos/as en puestos municipales, elecciones municipales diciembre 2010
Costa Rica
| Alcalde/sas | Síndicos/as propietarios/as | Concejales propietarios/as* | Intendentes
| M | H | M | H | M | H | M | H
Jóvenes electos/as a nivel nacional | - | 1 | 15 | 30 | 207 | 172 | - | 1
Total de candidatos/ as electos/as a nivel nacional | 10 | 71 | 128 | 342 | 908 | 980 | 2 | 6
Provincia de Limón
| Alcalde/sas | Síndicos/as propietarios/as | Concejales propietarios/as*
| M | H | M | H | M | H
Jóvenes electos/as en la provincia de Limón | - | - | - | 4 | 12 | 12
Total de candidatos/ as electos/as en la provincia de Limón | 1 | 5 | 7 | 20 | 54 | 58

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Tribunal Supremo de Elecciones

* Incluye Concejales de Distrito y Concejales Municipales de Distrito.

La frustración es evidente pues muchas veces es la única fuente de empleo disponible (“Hay personas con título universitario que igual trabaja en las bananeras”). En este sentido una de las problemáticas que se mencionan es la relación que los gobiernos locales mantienen con estas compañías. Se considera que si alcaldes y alcaldesas tuvieran mejores relaciones con las jefaturas de las bananeras, estas compañías serían más “colaboradoras”. No sobra hacer notar que la buena relación requerida se piensa solo desde la autoridad sin percibirse nunca la posibilidad de participar políticamente al nivel local para cambiar la situación, aunque aquí es posible que factores como el miedo al despido y otros intervengan en la imposibilidad percibida de actuar.

En otras ocasiones, para las poblaciones afrodescendientes la vida digna se ve obstaculizada por barreras de otro tipo. Por ejemplo, se considera que por criterios racistas las personas afrodescendientes no tienen acceso al crédito y esto muchas veces se da porque desempeñan labores no calificadas cuyos salarios no les permiten el acceso a estos. Esto ha tenido impacto en las posibilidades de desarrollar emprendimientos en la zona, principalmente en relación con la actividad turística. Todas las personas entrevistadas tienen claridad sobre el potencial de turismo ecológico que presenta la provincia de Limón. Sin embargo, el racismo presente en los medios de comunicación (que desincentivan la actividad turística), en las políticas de los bancos (el no dar crédito) y en las decisiones políticas (por ejemplo, que se incentiva la inversión en la costa Pacífica y no en el Caribe) han hecho del desarrollo económico a partir del turismo un sueño lejano para esa región.

La segunda gran consecuencia del desempleo y la falta de incentivos a las micro y pequeñas empresas es que el tráfico ilegal de drogas pasa a ser una opción viable. En palabras de una persona entrevistada “Entonces viene gente que les dice ‘Yo puedo conseguirle trabajo’ y esa es la droga: Lléveme este paquete a algún lado’ y dejan la escuela o el colegio de lado y se pierden”. En una frase muy simple, una participante afirma: “Somos una sociedad muy consumista y el adolescente dice ¿qué es más fácil: robar y obtener algo gratis o esforzarse?”.

Participación en la vida cultural local y regional

“La identidad de provincia no existe porque ser de Limón no da ‘prestigio’; hay mucho estigma”

La principal queja de las y los jóvenes afrodescendientes al hablar de la vida cultural de su provincia y del Caribe es la pérdida de la identidad. Mujeres y hombres jóvenes reclaman el no conocer sus orígenes y el que se haya dejado en el olvido la historia de su provincia por ceder campo a un proyecto nacional “blanco”. Para otras personas no es solamente una cuestión de descuido. Según ellas, se ha querido destruir la historia y la cultura afro. No es un no-hacer, es un intentar borrar.

Se menciona en este sentido la falta de apoyo en el tema cultural, pero también se menciona la falta de iniciativa en el tema educativo. Varias de las personas que participaron afirmaron que se requiere incluir la historia afrocostarricense como parte del currículo formal. Una persona afirmó acerca de la construcción del ferrocarril: “Se debería […] contar esa historia que no se ha contado: ¿cuál es el aporte, en números y recursos? ¿Cuánto significó la mano de obra afrodescendiente en miles de millones de colones para este país?”. Esta misma idea fue planteada por otra participante.

Otras personas consideran que se debe incluir esta historia más allá de la construcción del ferrocarril. Es un hecho que en el currículo académico no se habla de las poblaciones afrocostarricenses. Se considera problemático que las propias poblaciones afro no tengan información sobre su cultura, pero también que otras etnias no sepan nada de la historia o del contexto afrodescendiente. Esto es necesario, según afirman, para poder decir “Esta es nuestra cultura”. Aunado a esto, las y los participantes de este estudio afirman que en la provincia se puede explotar la historia de los pueblos, la comida y la artesanía como una manera de vincular lo cultural con la activación económica y el empleo.

Esto daría pie entonces, según se ve, a sentirse parte de un grupo con demandas y oportunidades particulares ligadas a lo político y a la política. Sin embargo, cuando se habla de organización se vuelve al discurso de la apatía: “Hay un par de comités pero no hay motivación porque no hay oportunidades ni apoyo”. Es decir, que se considera que estas son buenas ideas pero no se tiene claro quién las puede llevar a cabo. Existe la idea de que el trabajo propio no es suficiente para ello ya que se requiere de la voluntad política para respaldarlas.

Para algunas de las personas jóvenes un problema relacionado con la participación son las expectativas: “La gente no participa si no hay premios de por medio”. Esto quiere decir que la idea general es que se participa en organizaciones o movimientos si existe la certeza de que se obtendrá algo a cambio; de otra manera no se hace. Para uno de los participantes este es un problema de hábitos en su cantón (Matina), lo que está alineado con esta noción presentada en la justificación sobre la participación como un comportamiento aprendido que debe ser inculcado en las primeras etapas de la vida (Quintelier, 2008).

Cuando se habla a nivel regional, de las y los afrodescendientes de Centroamérica y las islas del Caribe, se piensa que es relevante establecer lazos principalmente debido a la similitud cultural. Sin embargo, se hace énfasis en la necesidad de que cada comunidad o país conserve sus particularidades. Así, se trata de conocer los orígenes (“África no es solo Tarzán y Cheeta. Muchas personas afrodescendientes no conocen esa rica historia de África”), pero también de permitir el disfrute de lo pluricultural derivado de esos orígenes (“No debe ser para homogeneizar, sino para decir quiénes somos”).

Participación en espacios interculturales

“No se hace el esfuerzo por propiciar el encuentro entre grupos”

La cantidad de población joven en Limón se puede ver en cifras en la Figura 1. Aquí es posible notar dos datos relevantes: que los porcentajes de población joven afrodescendiente son considerables, llegando a ser, en el caso del cantón de Limón, la quinta parte de la población joven total. Y que esto es aún más notable para el caso indígena, pues en Talamanca la mitad de la población joven es indígena.

A pesar de esta oportunidad para el intercambio cultural, jóvenes afrodescendientes e indígenas participantes del grupo entrevistado, afirmaron tener preocupaciones distintas. Las y los jóvenes afrodescendientes externaron preocupaciones relacionadas con la falta de alternativas laborales dignas, la situación laboral de la generación de sus padres y madres (debido a problemas generados por vacíos legales y la edad de retiro principalmente en las bananeras), la distribución y consumo de drogas y las oportunidades educativas. Por su parte, las y los jóvenes indígenas expresaron que sus preocupaciones se relacionan con su cultura originaria, la lengua materna, la educación y la transmisión de su identidad cultural a otras generaciones.

Es importante destacar que en el espacio de la entrevista grupal, las y los jóvenes de ambas etnias encontraron que ambos grupos tienen preocupaciones comunes, algo que usualmente no es tomado en consideración. Ambos grupos afirmaron tener desconocimiento de las condiciones y situaciones del otro grupo, lo que genera precisamente esta desvinculación. “Sí se deberían practicar más encuentros entre diferentes culturas”; esto se menciona principalmente frente a aquellos encuentros que han sido organizados solamente entre personas del mismo origen étnico: “Cuando se hacen encuentros solo se hacen entre las personas afro porque no se mezcla lo afro con las otras culturas. Por ejemplo, a nivel comunal nunca se ha hecho juntar a las personas afro con las personas indígenas”.

Esto fue reforzado por líderes comunales de ambas etnias y mestizos, quienes consideraron que no se hacen suficientes esfuerzos por propiciar el encuentro entre grupos. Para ellos y ellas las iniciativas son mínimas y débiles. La debilidad radica en que los encuentros se diseñan solamente como espacios de contacto momentáneo (espacios deportivos o artísticos) que carecen de un plan de seguimiento y que no parten de una construcción de agenda común. La crítica es importante en tanto visibiliza que estar en contacto no es suficiente; se deben discutir asuntos de fondo.

Racismo y discriminación

“A diferencia de las personas indígenas nosotros no tenemos territorios, no nos defiende la ley e igual somos ticos”

Abordar el tema del racismo y la discriminación en el proceso de recogida de datos no fue tarea sencilla. Se hizo evidente que es una temática delicada, que es vista con recelo. Inicialmente todas las personas entrevistadas niegan la existencia de racismo y discriminación hacia la población afrodescendiente. Sin embargo, conforme se avanza en la conversación surgen historias personales o locales que exponen prácticas racistas, algunas abiertamente discriminatorias y otras de un racismo solapado que lo hace difícil de identificar como tal.

El racismo está presente en la vida de la provincia en el día a día y de muchas maneras. Por ejemplo, en el denigrar elementos fundantes de la identidad cultural afrodescendiente, como el patois. Historias de “gente blanca” mandando a callar a quienes hablan patois o exigiendo que no se hable esa lengua son comunes entre las y los afrodescendientes. Lo mismo sucede con el inglés, idioma que se ha perdido y que ha dado paso al español en el habla cotidiana gracias a prácticas educativas de asimilación. Esto se evidencia en frases como “El español es la lengua hablada ahora en Limón”, que reflejan que ha habido homogenización cultural que ha dado como resultado la pérdida de un elemento de la identidad afrodescendiente que sí se consideraba importante en el pasado (pasado como opuesto al “ahora” resaltado en la frase).

Otra práctica común en la provincia es el perfilamiento racial por parte de las autoridades de seguridad y de tránsito. Se menciona que hay un cierto recelo cuando las autoridades realizan operativos en la calle pues es de conocimiento general que a quienes detendrán o requisarán primero será a hombres jóvenes afrodescendientes. Como dice un entrevistado “Si se ve a un grupo de hombres jóvenes afro montados en un carro del año, inmediatamente se piensa que tienen que ver con el narco”.

Las prácticas discriminatorias también se dan en el ámbito laboral, ya brevemente abordado. Se comenta que las y los jóvenes afrodescendientes sufren de desempleo no solamente por falta de ofertas laborales, sino además por su origen étnico. A esto se suma el problema de la falta de acceso al crédito. Comenta una líder local de Siquirres acerca de esta problemática: “El 80% de las propiedades en Siquirres son de afrodescendientes, pero esta población no tiene oportunidades crediticias en los bancos estatales. Personas profesionales en excelentes condiciones para ser sujetos de crédito, no obtienen crédito. Personas mestizas en las mismas condiciones sí reciben el crédito. No hay oportunidad de producir o generar a partir de las propias empresas y los afro no pueden generar empleo para otras personas”.

Es interesante que esta persona que hace este comentario no quiera llamar a esta práctica “discriminación”. La palabra le parece

“ fuerte”. Sin embargo, después de varios minutos de conversación, la participante misma concluye que sí es discriminación, llegando inclusive a llamarle “racismo”, una palabra que en todas las entrevistas genera mucha resistencia e incomodidad.

Esto vuelve a surgir cuando se retoma el tema del libro Cocorí. La opinión generalizada entre las y los participantes es que quien tome el contenido del libro en son de burla “tiene poco valor propio”. Para ellos y ellas no hay razón en apuntar que el libro genera prácticas racistas. Como se dice en las entrevistas: “Es cuestión de cada quien; depende de la cultura y el crecimiento en el hogar; el aprecio hacia uno mismo”.

Es muy importante aquí detenerse a analizar cómo el discurso de nación costarricense ha logrado calar profundo en este grupo minoritario. El discurso de la Costa Rica blanca ha sido tan exitoso en proclamar que Costa Rica es un país de paz que cuando las personas reclaman ser víctimas de racismo y discriminación, las víctimas mismas son culpabilizadas. Las y los jóvenes entrevistados han interiorizado este discurso, de manera que en lugar de hacer el reclamo frente al racismo, adoptan la idea de que quien se siente víctima de racismo tiene poca valía personal. La causa del racismo entonces se desvincula del plano estructural y de las luchas de poder y se lleva al plano subjetivo del autoestima.

Discusión y conclusiones

“El tema de la participación política es muy necesario; si no lo buscamos, nadie nos lo da”

Al analizar los datos recopilados lo primero que salta a la vista es el carácter polisémico del concepto “participación política”. Como se discute en la reflexión teórica, no se puede reducir lo político meramente a lo electoral y parece ser que las y los jóvenes entienden esto. Ellas y ellos incorporan otros elementos como el deporte y el arte a las prácticas de participación como una manera de vinculación cívica. Sin embargo, en esta incorporación parece haber un análisis solamente desde el componente de “reunión”, más que desde la movilización para el cambio.

Aquí es relevante destacar que actualmente existe tensión entre dos marcos conceptuales que abordan de manera distinta el nexo juventud-política. Esta tensión es presentada por Alvarado, Borelli y Vommaro (2012) quienes reconocen dos tendencias de análisis: una que mira la participación juvenil como un acto formal que tiene lugar dentro de las instituciones públicas que subsumen a la persona joven, y otra que considera la participación política de la juventud como vinculada a la cultura.

Desde la primera perspectiva la juventud se adapta y orienta sus acciones hacia el mantenimiento del status quo, lo que implica que desde las instituciones se canalizan y estructuran las oportunidades para su participación. Este sería el caso de los y las jóvenes que buscan formar parte de estructuras partidistas o institucionales que pueden acoger formalmente sus demandas.

Pero la opinión mayoritaria de los y las jóvenes afrodescendientes participantes de este estudio ha reiterado la condición de apatía hacia la participación política formal. Ya diversos estudios dan cuenta de que “los pobres votan menos que los ricos, pero participan todavía menos que ellos cuando no se trata de votar, sino de involucrarse en lo colectivo en torno a una de las muchas nuevas formas de participación” (Urdánoz, 2013).

Esto genera que aquellas acciones necesarias para crear impactos positivos sean vistas como producto de decisiones exclusivas de las autoridades locales o nacionales. Es decir, a pesar de que algunas de las personas entrevistadas participan activamente de la vida política local, en su discurso tienden a depositar una gran carga de responsabilidad en las instituciones públicas (ya sea para negociar con bananeras o para incluir la historia afro en el currículo educativo), pero no se sitúan a sí mismos/mismas en el origen de esas acciones a través de su participación.

Ahora bien, la segunda postura expuesta por Alvarado, Borelli y Vommaro (2012) considera la participación política de la juventud más bien como un acto vinculado a la cultura y a las formas cambiantes tanto de esta (la cultura) como de la comunicación. Aquí la participación estaría mediada por lo estético y vinculada con las culturas juveniles y el consumo cultural como maneras de participar según el contexto socio-político particular que se esté analizando.

Esto último es posible vincularlo con el debilitamiento de los mecanismos estructurales de inclusión (Calderón, 2012). Calderón afirma que actualmente las personas han empezado a dudar de la imparcialidad de las instituciones políticas y de la justicia de las instituciones económicas, algo que surge como tema una y otra vez en los datos recogidos. Esto genera que se debilite la capacidad de control de las normas sociales pues se deja de creer en la validez moral de las mismas. El resultado es que los mecanismos informales de control social pierden su capacidad reguladora al perderse la legitimidad de las instituciones tanto políticas como económicas.

Esto se trae a colación pues con mecanismos estructurales de inclusión debilitados y normas incapaces de regular la acción, la familia, el sistema educativo y los mercados de trabajo dejan de funcionar como anclajes. Calderón (2012) utiliza este marco analítico para dar cuenta del carácter relativo de la exclusión-inclusión. Sin embargo, en este caso se usa para respaldar la idea de que la flexibilización del empleo (por ejemplo en las bananeras) junto con lo que él llama las otras penurias que se presentan en otros planos de la biografía individual, como el ámbito familiar:

dan paso a una crisis de identidad, a una incertidumbre ontológica que afecta la vida cotidiana, ante la cual se opone, como respuesta para lidiar con ella, la evocación a una esencia, a un núcleo inmutable de uno mismo y de los otros que termina, en este caso por exaltar el esfuerzo, el autocontrol y las restricciones ejecutadas para sobrevivir en las condiciones actuales. (Calderón, p 72)

Desde esta perspectiva nuevamente los datos recopilados muestran una brecha. Se culpa a “los gobiernos” por no generar empleo o por la ineficacia de sus autoridades pero pocas veces se piensa en el propio rol como ciudadanía para, desde la participación política, exigir y movilizar el cambio. La responsabilidad individual sería, de acuerdo con lo expuesto por Calderón (2012), un asunto de esfuerzo y autocontrol (por ejemplo, ser perseverante al buscar empleo; no ceder ante la atractiva provocación de los narco-cárteles).

Esto, como ya se ha dicho, no se puede plantear en abstracto, sino que debe ser vinculado con un espacio sociohistórico con características particulares. Lo anterior es particularmente cierto sobre todo si el planteamiento se hace desde una perspectiva del desarrollo donde la participación política iría de la mano con otros componentes como la participación cultural y la participación en la vida económica de la comunidad y el país.

En el caso de la juventud afrodescendiente de la provincia de Limón, sus condiciones generales son de (Caamaño, 2007): descuido a la educación pública por parte del gobierno central y la paralela descalificación por parte de las personas jóvenes de la educación como medio de movilización social, falta de infraestructura, problemas económicos en las familias, condiciones culturales de transformación que han hecho que las personas adultas ya no sean referentes para la población joven, la dificultad de plantearse un proyecto a futuro y la necesidad ‘aquí y ahora’ de obtener bienes materiales. Esto produce, según Caamaño, tres situaciones para la juventud en Limón: la migración como respuesta para encontrar trabajo o estudio y para huir de la violencia; los resentimientos étnicos; y el auge de la criminalidad/ criminalización. Todo esto fue reiterado en los datos recopilados.

Algo relevante para nuestras preguntas de investigación es tomar en cuenta lo anterior en tanto contrapuesto a un núcleo de supuesta inclusión ontológica: lo cultural. Esto cultural estaría en tensión con las dinámicas excluyentes del actual modelo de acumulación. Su espacio de maniobra sería el mercado y como tal permite la construcción de formas de participación inmersas en un proceso conflictivo (es decir, no adoptado por todas las personas por igual) de estetización de la vida cotidiana.

Cabe analizar lo que Calderón (2012, 73) llama la “parafernalia mediática” de ese mercado cultural que contribuye a dividir a las y los jóvenes en raggas, skates o punks (Caamaño, 2007). Esta parafernalia produce expectativas no solamente sobre el consumo sino además sobre el bienestar material y temas tan relevantes como la igualdad y la libertad. Aquí entonces lo que procede es analizar si las formas de participación grupales consideradas culturales (como las actividades deportivas o artísticas mencionadas por las y los participantes) son políticas; el fundamento para dar una respuesta puede ser la reflexión sobre si estas formas buscan transformar las relaciones de poder.

Esto se relaciona también con las posibilidades de hablar de racismo y discriminación. Aquí es pertinente traer a colación a Bourdieu (2000), quien afirma que la realidad social se construye en la relación dominador-dominado. Cuando esto sucede, los dominados aplican a las relaciones de dominación las mismas categorías que los dominadores usan para dominarles. Esto es así porque esas categorías han sido naturalizadas. Esto representa un enorme problema pues el dominado no parece contar con otro instrumento de conocimiento –ya sea de sí mismo, de su condición o de su relación- que no sea éste que le oprime.

En este caso, la juventud afrodescendiente usa para analizar su relación con la Costa Rica “blanca” las categorías de racismo instituidas desde la “blancura”. Aquellos fenómenos externos al “país de paz, homogéneo y blanco” son percibidos como atentados contra la identidad costarricense. Es así que las y los jóvenes afrodescendientes ven minimizado su impulso para realizar reclamos relacionados con su origen étnico. Esto sucede precisamente porque el reclamo les hace sentirse “diferenciados”, separados de los “ticos”, reafirmando frente a la Otredad blanca que la representación de la persona afrodescendiente como extranjera es correcta.

Es posible entonces que el discurso “blanco” esté desarticulando la movilización política de las etnias minoritarias al concebir su confrontación como una confrontación a la nación. Sin embargo, esta homogenización debe ser precisamente el fundamento de la movilización política, sobre todo ahora en línea con el cambio al Artículo 1 de la Constitución Política, donde se proclama a Costa Rica como un país multiétnico y pluricultural.

Si bien las y los jóvenes afrodescendientes de la provincia de Limón parecen tener claros los desafíos, es necesario mayor trabajo. Hay áreas prioritarias en la provincia, y que fueron demandas explícitas de las personas participantes, entre algunas de las no mencionadas están:

Intervenir para que las autoridades locales cumplan sus promesas de campaña

Erradicar la corrupción

Permitir y promover la participación real de cualquier persona que desee formar parte de las estructuras gubernamentales locales y nacionales

Reconocer realmente que este país es multiétnico y pluricultural

Incluir a la juventud como un grupo con ideas reales

Incluir sectores de la juventud, como las madres adolescentes, como grupos prioritarios

Atender también las necesidades de otras poblaciones, como las y los adultos mayores quienes son una población relegada y excluida

Trabajar por recuperar los idiomas regionales y promover el uso del inglés como herramienta para el empleo

Fortalecer la educación vocacional relacionada con las ofertas de trabajo reales de la región

Es evidente que urgen acciones que lleven a remediar la vulnerable situación en la que se encuentran las y los jóvenes en Limón, pero especialmente la doble situación de vulnerabilidad que presentan aquellos grupos de jóvenes que también pertenecen a grupos históricamente marginalizados, como lo son las poblaciones afrodescendientes y los pueblos indígenas. A pesar de esto, cabe destacar la opinión común por ellos y ellas expuesta: la acción política de la juventud sí puede conseguir cambios; “solamente que se debe insistir un poco más hasta conseguir respuesta”. La juventud tiene interés y como tal se debe trabajar con ellos y ellas para abrir, implementar y dar continuidad a espacios de participación transformadora.

Bibliografía

Alvarado, V., Borelli, S., y Vommaro, P. 2012 “GT Juventud y prácticas políticas en América Latina: comprensiones y aprendizajes de la relación juventudpolítica-cultura en América Latina desde una perspectiva investigativa plural” en Jóvenes, políticas y culturas: experiencias, acercamientos >y diversidades. V. Alvarado, S. Borelli y P. Vommaro (Eds.) (Buenos Aires: CLACSO).

Bourdieu, Pierre 2000 La dominación masculina (Anagrama: Barcelona). Bourgois, Philippe 1995 “Banano, etnia y lucha social en Centroamérica” en C. Murillo (Ed.) Identidades de hierro y humo. La construcción del ferrocarril al Atlántico 1870-1890 (San José: Editorial Porvenir).

Caamaño, Carmen 2007 “El colonialismo y los skates, bikers y raggas en Limón” en Revista de Ciencias Sociales, 117-118, pp. 27-42.

Calderón, Rodolfo 2012 Delito y cambio social (Costa Rica: FLACSO).

Domínguez, María Isabel y Castilla, Claudia 2012 “Prácticas participativas en grupos juveniles de ciudad de la Habana” en Jóvenes, políticas y culturas: experiencias, acercamientos y diversidades. V. Alvarado, S. Borelli y P. Vommaro (Eds.), (pp. 101-138) (Buenos Aires: CLACSO).

Gutiérrez, Alberto; Jiménez, Andrés y Martínez Luis Carlos 2013 “Construcción geográfica de la provincia de Limón, Costa Rica: poder, cultura y territorio” en Anuario CIEP, 4, pp. 228-245.

Hernández Cruz, Oscar 1999 “De inmigrantes a ciudadanos: hacia un espacio político afrocostarricense (1949-1998). Revista de Historia, pp. 207- 245. Recuperado de http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/ article/view/2026

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2009 “Censos Nacionales 2011: X de Población y VI de Vivienda”. Propuesta inicial sobre el Tema: Población afrodescendiente. Separata 3. Recuperado de http://www. inec.go.cr/anda4/index.php/catalog/113

Instituto Nacional de Estadística y Censos 2011 X Censo Nacional de Población. Extraído de http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx López, Luis y Delgado, David 2013 Situación socioeconómica de la población afrodescendiente de Costa Rica según datos del X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. Una publicación del proyecto regional PNUD “Población afrodescendiente de América Latina II”. Panamá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Mantilla, Silvia 2011 Narcotráfico, violencia y crisis social en el Caribe insular colombiano: El caso de la isla de San Andrés en el contexto del Gran Caribe. Estud. Polit., Medelín [Online], 38, pp. 39-67. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-51672011000100003

Quintelier, E. 2008 “Who Is Politically Active: The Athlete, the Scout Member or the Environmental Activist? Young People, Voluntary Engagement and Political Participation”en Acta Sociologica, 51(4), pp. 355-370.

Programa Estado de la Nación 2011 Indicadores cantonales. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011. 7|Provincia Limón (San José de Costa Rica: Programa Estado de la Nación) Extraído de http:// www.estadonacion.or.cr/images/stories/biblioteca_virtual/otras_ publicaciones/Indicadores-Cantonales-FINAL-LIMON.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2013 Informe nacional sobre desarrollo humano 2013. Aprendiendo a vivir juntos: Convivencia y desarrollo humano en Costa Rica (San José de Costa Rica: PNUD). Extraído de http://hdr.undp.org/sites/default/files/costa_rica_ nhdr_2013.pdf

Putnam, Lara 2002 The Company They Kept. Migrants and the Politics of Gender in Caribbean Costa Rica, 1870-1960 (USA: The University of North Carolina Press).

Rangel, Marta 2009 “Una panorámica de las articulaciones y organizaciones de los afrodescendientes en América Latina y el Caribe” en Antón, J., Bello, A., Del Popolo, F., Paixao, M., y Rangel, M. Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: del reconocimiento estadístico a la realización de derechos (Santiago, Chile: CEPAL).

Reguillo, Rossana 1999 Emergencias de culturas juveniles en América Latina (Bogotá: Norma).

Sabaté Martínez, A., Rodríguez Moya, J.M., & Díaz Muñoz, M.A. 1995 Mujeres, espacio y sociedad. Hacia una geografía del género (Madrid: Síntesis).

Sandoval, Carlos 2002 Otros amenazantes: los nicaragüenses y la formación de identidades nacionales en Costa Rica (Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica).

Sandoval, Irma; Solano, Ana Sofía y Minott, Carlos 2010 Percepciones de los costarricenses sobre la población afrodescendiente (Costa Rica: UNICEF-IDESPO). Recuperado de http://www.unicef.org/costarica/ docs/cr_pub_Percepciones_sobre_poblacion_afrodescendiente.pdf

Sistema de Información sobre Violencia y Delito (SISVI) )2012 Informe estadístico 9. Análisis cantonal de la violencia y la inseguridad en Costa Rica (San José de Costa Rica: Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana). Extraído de http://sisvi.mj.go.cr/meshcms/ themes/sisvi/Doc/informe9.pdf

Urdánoz, Jorge 2013 “Pobreza, votos y nuevas formas de participación. Una defensa de la representación política” en Dilemata, 5(13), pp.33-44.

1 10 mil colones es el equivalente de 18 dólares de los Estados Unidos.

Resumen

En este artículo se analizan los cambios que han tenido lugar en la ciudad con la conversión de unas políticas capitalistas a unas socialistas, para definir las claves de un nuevo ordenamiento socio-espacial que responda a las exigencias del sistema económico imperante en el país y permita conceptualizar la Caracas de lo social. Para ello, se muestran dos polos de acción, tomando como referencia el manejo del capital inmobiliario-financiero y las políticas públicas que sustentan el ordenamiento urbano.

Abstract

On this article the changes that have taken place on the city with the conversion of capitalist policies into socialist ones are analyzed, looking to define the keys of a new socio-spatial arrangement which meets the demands of the economic system in the country and allows to conceptualize Caracas into the social. In order to achieve this, two poles of action are showed, taking into account the real estate-financial capital management and the public policies that support urban planning.

Melissa Salgado

Arquitecta (2001). Magíster Scientiarium en Diseño Urbano (2005). Especialista en Planificación Urbana (2011). Docente-Investigadora, adscrita al Departamento de Diseño Urbano, del Instituto de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.

Architect (2001). Magister Scientiarum in Urban Design (2005). Specialist in Urban Planning (2011). TeacherResearcher, attached to the Department of Urban Design Institute of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urbanism of the Central University of Venezuela.

Palabras clave

1| Capitalismo global 2| Socialismo del Siglo XXI 3| políticas públicas 4| ordenamiento urbano 5| Caracas.

Keywords

1| Global capitalism 2| Socialism of the 21st Century 3| public policies 4| urban planning 5| Caracas.

Cómo citar este artículo [Norma ISO 690]

HERRERA NAPOLOEóN, Carola Del Capitalismo global al Socialismo del Siglo XXI sobre el territorio urbano caraqueño: claves para la definición de un nuevo ordenamiento socio-espacial. Crítica y Emancipación, (13): 181-202, primer semestre de 2015.

Del capitalismo global al socialismo del Siglo XXI sobre el territorio urbano caraqueño

Claves para la definición de un nuevo ordenamiento socio-espacial

Introducción

El proceso de configuración urbana de Caracas es definido a partir de 1936 con el advenimiento y consolidación de la industria petrolera, la cual se convierte en el primer sector productivo de Venezuela hasta la actualidad. No obstante, en estos casi ochenta años, la ciudad se ha transformado como consecuencia del cambio -en curso- del paradigma en la economía, transitando de un sistema capitalista a otro que se dice del Socialismo del Siglo XXI¹, con criterios aún incipientes en su realineación conceptual.

El desarrollo del sistema económico capitalista y de libre mercado va de 1936 a 1999. Enmarcado en este período, el capitalismo se ha esforzado por crear un territorio con una imagen urbana ajustada para dar respuesta a sus propias necesidades en un momento específico. Se divide en dos subperíodos: el primero (1936-1982) se caracteriza por el modelo fordista, dando lugar a la ciudad moderna y el segundo (1983-1999) por el modelo postfordista, delineando los criterios de la ciudad postmoderna.

Al respecto, se hace énfasis en el ajuste espacial de la ciudad del segundo período con las políticas de reordenamiento económico, que se intensificaron con la liberalización de los mercados y la privatización de los activos del Estado. Este período avanzado del capitalismo, llamado de globalización, estuvo acompañado de una ideología de dominación y no de democratización, dando pie a un nuevo estilo político de concertaciones. Su carácter tecnológico y de desterritorialización del capital demarcó una profunda diferencia social, excluyendo a la mayoría de la fuerza de trabajo con bajos niveles educativos y multiplicando las comunidades culturalmente diversas.

El desarrollo del sistema económico socialista y de empresas mixtas, a los efectos de este trabajo, se enmarca entre los años 2000 y 2012, aún cuando se mantiene en curso. A pesar de que el estudio de este período puede estar colmado de volatilidad e incertidumbre por la proximidad de los tiempos, se evidencian datos potenciales y necesarios que deben ser incorporados en los estudios presentes sobre la configuración de la ciudad actual.

Fundamentado en el nuevo modelo de orden económico y el lema “Hacia el Socialismo del Siglo XXI” se trabaja en la reorganización territorial y en la transformación social, desde el supuesto de trocar las estructuras anteriores a unas más justas e inclusivas, que respondan a las necesidades de la sociedad y establezcan nuevas formas de redistribución espacial del poder. No obstante, aún no se han precisado las claves para definir un ordenamiento urbano, ajustado a las condiciones actuales. A pesar de haberse promulgado una amplia base jurídica con leyes y decretos acotados a aspectos socio-espaciales específicos para contrarrestar los efectos del capitalismo sobre el territorio urbano, se siguen manejando la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio del año 1983 (G.O. N°. 3.238, 1983) y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística del año 1987 (G.O. N°. 33.868, 1987), propias del modelo de ordenamiento del territorio urbano anterior.

Con base a la comprensión de la realidad práctica caraqueña y ante la ausencia de una base jurídica sobre la ordenación del territorio urbano, ajustada a la dinámica contemporánea, en este artículo se analizan los cambios más significativos que han tenido lugar en la ciudad con la conversión de unas políticas capitalistas a unas políticas socialistas, para definir las claves de un nuevo ordenamiento socio-espacial que responda a las exigencias del sistema económico imperante en el país y permita conceptualizar la Caracas de lo social. En este sentido, en el presente artículo se muestran dos polos de acción en lo urbano, tomando como referencia el manejo del capital inmobiliario-financiero y las políticas públicas que sustentan el ordenamiento de esta ciudad.

El mismo es organizado en cuatro partes, que derivan en una reflexión final:

La primera, La acumulación por desposesión y la Caracas del Capital, en la cual se explica la acumulación del capital para definir las transformaciones espaciales en Caracas en las últimas dos décadas del siglo XX.

La segunda, Estrategias para absorber los excedentes en la Caracas del Capital, en la cual se identifican los contenidos que explicitan la acumulación capitalista en el ordenamiento del territorio urbano caraqueño

La tercera, La economía de las equivalencias sobre el territorio urbano, en la cual se definen los efectos del llamado Socialismo del Siglo XXI sobre el territorio urbano.

La cuarta, Claves para la definición de un nuevo ordenamiento socio-espacial, en la cual se precisan los contenidos, que en contraposición a la forma de ocupación anterior, pudieran incidir en un nuevo ordenamiento legal de la ciudad.

Finalmente, el eje analítico de las reflexiones finales se aproxima a comprender la Caracas de lo social o la llamada Caracas Socialista desde sus componentes social y urbano.

La acumulación por desposesión y la Caracas del Capital

El boom petrolero que había gozado el país, sobre todo en las décadas de los años 50, 60 y 70, engolosinó a los gobiernos centralistas de turno, llevando al crecimiento sin control del gasto interno y al endeudamiento externo. En 1983, sobrevino la crisis del capitalismo a escala mundial y tuvo su expresión en Venezuela con la caída de los precios del petróleo. Ello se tradujo en una severa recesión económica, en la liberación de la tasa de cambio en la moneda propia (Bs) tras permanecer durante décadas fijada con un valor de 4,3Bs/US$ (Negrón, 1998), aumentando la tasa de inflación congelada durante aproximadamente cincuenta años.

Debido al crecimiento excesivo de la deuda externa y a la desaceleración interna del crecimiento económico, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial presionaron al Gobierno para la adopción de políticas de reordenamiento económico. En medio de una profunda crisis, el Gobierno, a través de la Comisión Presidencial, reformó las modalidades productivas y territoriales para adecuar los mecanismos estatales a las demandas de la sociedad.

En lo económico, encontró una salida momentánea a través de la globalización del aparato productivo, basado en el modelo posfordista (Barrios, 1998) para desterritorializar el capital y unificar la información. Con la excusa de coordinar múltiples actividades a grandes distancias y lograr la integración espacial, implementó cambios neoliberales, mercantilizando ámbitos hasta entonces cerrados al mercado y repercutiendo en los sectores empobrecidos. Estos cambios, referidos por Harvey (2004) como acumulación por desposesión, se vinculan a cuatro prácticas: la privatización de los activos del Estado, la liberalización de los mercados, la gestión y manipulación de la crisis y la redistribución estatal de la renta.

En lo territorial, promulgó la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio del año 1983 (G.O. N° 3.238, 1983) y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística del año 1987 (G.O. No. 33.868, 1987), que en lo sucesivo apuntaron a un cambio en el modelo de gestión y proyección sobre el territorio urbano, fomentaron el crecimiento descontrolado de nodos inconexos e instauraron la desnaturalización del Estado y sus instituciones. Ello dio cabida a un desarrollo geográfico desigual, suelos subutilizados, fragmentación territorial, discontinuidad del paisaje urbano, especulación inmobiliaria y problemas de segregación social.

La nueva fase de evolución del sistema capitalista asumido en el país trajo fuertes asimetrías en la distribución de los recursos, aumentando las desigualdades sociales. Se apropió del total de valores aportados por cada trabajador y le devolvió sólo una parte en forma de salario, quedándose con el resto. Así, se planteó un escenario “nuevo colonialista,” que como explica Roch (2004: 54), “no se contenta con explotar sólo los recursos naturales, sino que recupera viejas relaciones de explotación laboral y distribución desigual con fórmulas de producción intensivas que parecían superadas definitivamente.”

En estas circunstancias, Caracas es asociada al ciclo del capital, englobando el proceso productivo, de circulación, distribución, intercambio y consumo final para generar la plusvalía. Su territorio urbano es definido, a nivel global, con la incorporación de la tecnología aplicada a los espacios operacionales indispensables para estimular el crecimiento económico y a nivel local, con el desarrollo de una amplia red vial para la circulación de mercancías y fuerzas de trabajo y la terciarización del espacio con el despliegue de servicios y mercados, que profundizaron la división social y espacial de la ciudad.

En síntesis, Caracas es dominada por la acumulación por desposesión de capital impuesta sobre los menos pudientes y el impulso por colonizar espacios para las clases medias y altas.

Estrategias para absorber los excedentes en la Caracas del Capital

Top-down o el ordenamiento del poder de arriba hacia abajo

El Gobierno venezolano adecua los mecanismos estatales a la escala local para dar respuestas a las demandas de una sociedad más compleja. Para ello, promulga en 1989, la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público (G.O. No. 4.153) para desconcentrar el poder administrativo y trans-

ferir competencias desde el Poder Nacional hacia el Poder Estadal y Municipal como autoridades del Ejecutivo.

La descentralización incluye la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones a nivel de los estados y municipios. No obstante, su participación queda restringida a la elección de un conjunto de actores, que desde el nivel intermedio y con una escasa representatividad social, deciden el porvenir de la ciudad a escala local. La figura del ciudadano tiene un cariz individual, que interpela al sistema político mediante llamamientos periódicos a la participación, por lo que se monopoliza la toma de decisiones que afectan a todos, en manos de unos pocos.

La ausencia de lazos colectivos, anclados normativamente, conduce a un acentuado debilitamiento de la sociedad civil respecto a la política y a la elitización de los procesos que afectan a la sociedad. Los ciudadanos no se reconocen y no actúan como parte integrante de la sociedad, prevaleciendo un marcado componente de exclusión política y normativa de amplios sectores sociales.

De este modo, se plantea tácitamente una estrategia de planificación top-down o el ordenamiento del poder de arriba hacia abajo, es decir, se gestiona con fuerza desde las autoridades del gobierno local y supralocal con una participación deleznable de la sociedad civil. Con esta estrategia, se planifica el territorio completo sin especificar las partes individuales y se redefine una escala menor, a medida que se alcanza un mayor nivel de detalle. Así, las políticas regionales difícilmente tienen un impacto real sobre los territorios que habita la sociedad.

Participación de autoridades del Gobierno local y supralocal y sector empresarial

El Gobierno, a través de las figuras de los gobernadores y alcaldes, despliega una serie de políticas públicas para la definición de nuevas estrategias que orienten la producción de las relaciones en el espacio. Tiene una doble actuación: por un lado, asume un rol desarrollista, generando las condiciones políticas para propiciar la acción avasalladora del mercado y por otro, asume un principio de neutralidad, en materia de privatización de los activos del Estado y en la liberalización del mercado para optimizar las ventajas competitivas de las empresas.

El sector empresarial participa activamente en el mercado inmobiliario para organizar el proceso de producción espacial, en términos económicos, políticos y normativos, redefiniendo la relación entre los distintos actores sociales y el Estado. Presenta intereses económicos particulares como una identidad común. La generalización de sus intereses individuales le permite configurar su poder en fuerza.

Organización física del territorio urbano

La organización física del territorio urbano caraqueño se establece a través de un conjunto de normas jurídicas – planes y la tradicional zonificación –, promoviendo una forma urbana para enfrentar los problemas de la ciudad. Las normas jurídicas constituyen un conjunto de reglas formales y convencionales, a través de los cuales se intenta regular la producción, la organización espacial, la delimitación entre lo público y lo privado, los usos, las formas de apropiación, la interacción social y los significados atribuidos a la dimensión del espacio urbano.

Con la planificación urbana y sobre todo con la zonificación, se definen patrones de ocupación del suelo, basados en las prácticas y lógicas de inversión de los mercados. Se instituye una oferta potencial de espacio construido para los sectores acomodados, incluso superior a su dimensión. Al destinar el territorio a los sectores de clase media y de altos ingresos, se genera una enorme escasez de ubicaciones para los mercados de bajos ingresos. A su vez, se ignora que la mayor parte de las poblaciones urbanas perciben bajos ingresos, por lo que su capacidad para invertir en el espacio construido es nula.

Según Harvey (2008: 24), “la urbanización siempre ha sido un fenómeno de clase, ya que los excedentes son extraídos de algún sitio y de alguien, mientras que el control sobre su utilización habitualmente radica en pocas manos”. De esta manera, la urbanización desempeña un papel crucial en la absorción de los excedentes de capital, a una escala geográfica cada vez mayor, pero al precio de desposeer a las masas del derecho a la ciudad.

Se afianza un proceso de lucha por el derecho a la ciudad, entre los históricamente excluidos y las fuerzas de los promotores inmobiliarios, dado el control y descontrol que el mercado detona en la ciudad. Por lo tanto, no se trata de una ausencia de planificación, sino de una “interacción bastante perversa entre procesos socioeconómicos, opciones de planificación y de políticas urbanas y prácticas políticas que construyeron un modelo de exclusión en el que muchos pierden y muy pocos son los ganadores” (Polis, 2001: 20).

La producción del capital con fines individuales

Con el modelo de crecimiento y de acumulación de capital, basado en la renta petrolera, se propone el reparto -desigual- a todos los estratos de la población, centralizando en el Gobierno la toma de decisiones para el desarrollo de este sistema productivo. Esta función distribuidora de la renta petrolera, fundamentado en lealtades individuales, promueve el clientelismo y el hábito de la captura de los ingresos públicos por los que ostentan el poder, en desmedro del emprendimiento colectivo, del esfuerzo productivo y la diversificación de la economía.

Estas condiciones de reparto diferenciado suponen una desigualdad de oportunidades que se refleja en la estructura social y ocupación laboral de la población y con ello, en la división espacial de la ciudad. La ocupación laboral no solo determina el ingreso, sino también el nivel educacional y las oportunidades futuras. De esta manera, se arrebata a las masas de sus medios de subsistencia y se estimula su sostenimiento mediante la terciarización de la economía o con proyectos no vinculantes al potencial geográfico del territorio, marcados por el despliegue de servicios y mercados sin el arraigo de la cultura popular.

El valor de cambio y la propiedad de la tierra privada 

En la ciudad capitalista caraqueña se revela el valor de cambio de la tierra para la obtención del lucro, bajo la égida del ciclo del capital: producción, circulación, distribución, intercambio y consumo final. La acción de los agentes inmobiliarios tiende a imponer a la sociedad el valor de cambio sobre la propiedad de la tierra privada como mercancía con un carácter especulativo.

El valor de la tierra privada es determinado en función de la localización de cada parcela y del conjunto al cual pertenece. En esta interrelación entre el todo y la localización del terreno en la ciudad ocurre el proceso de valorización real de cada parcela del espacio urbano. Así, la configuración espacial de la ciudad se explica por el rol que juega el mercado en la asignación del precio del suelo urbano.

Con la mercantilización del suelo urbano se define la división socio-espacial, localizando diferencialmente las clases sociales en la ciudad. Al respecto, Marcuse (2004: 84) expresa que “algunas divisiones en partes son funcionales, (…) pero otras particiones de la ciudad solo reflejan (y refuerzan) las relaciones sociales que produce el funcionamiento de la ciudad.” En este sentido, la división no es aleatoria, por cuanto depende del desarrollo de fenómenos de especialización funcional y social del espacio.

Corporaciones trasnacionales y centros comerciales como espacios dinámicos de transformación de la ciudad

La globalización, fundamentada en el plano local, define en Caracas nuevas tipologías edificatorias, en especial el edificio corporativo y el centro comercial como localizaciones para las finanzas y las empresas de servicios especializados o del terciario avanzado. Estas tipologías edificatorias aparecen como verdaderos sub-centros urbanos que estructuran y transforman la “ciudad como negocio”. El capital refuerza las centralidades urbanas, concentrando todos los servicios en el centro y redefiniendo la jerarquía de los lugares con base a las diferencias socio-económicas.

Sus localizaciones detonan en su entorno una dinámica que promueve el surgimiento de otros comercios o servicios, configurando los corredores del terciario. Ello revela la primacía del capital inmobiliario-financiero, sobre el espacio del “habitar”, el cual aparece como secundario en las políticas públicas.

Corredores del terciario como polarización de la sociedad de consumo

Los corredores del terciario son agrupamientos longitudinales en la ciudad, destinadas a pequeños y medianos comercios, hoteles, restaurantes, lugares de entretenimiento, oficinas de gestión de empresas e instituciones públicas y privadas, casinos y clubes, dominados por referentes del mundo de la mercadería. Surgen como nuevos espacios de encuentro y formas de sociabilidad basados en el consumo, redireccionando los patrones de comportamiento de la sociedad. Así, los espacios públicos tradicionales se desvanecen en un universo en que la recreación y el esparcimiento de los ciudadanos es mercantilizado, alejando a los ciudadanos de los asuntos sociales colectivos por el individualismo propio de la ideología del consumo.

En Caracas, la terciarización de los corredores se presenta polarizada, estratificada y excluyente. Por un lado, se identifican las actividades de la economía formal, que funcionan dentro de las relaciones capitalistas de producción y son la fuente de acumulación de las clases apoderadas. Por otro, se identifican las actividades de la economía informal, que funcionan fuera de las relaciones capitalistas de producción y son la fuente de subsistencia de la población pauperizada.

Las primeras, exacerban la cultura del consumo como mecanismo de integración con una clase social de orden económico superior, construyendo una identidad mercantilizada. Así, la clase media, en su aspiración de integrarse a los sectores de la burguesía, se estratifica y marca diferencias en su interior, aún cuando en la práctica, no se logran integrar con la burguesía. Las segundas, fomentan la comercialización de productos ilegítimos y/o de reducida calidad como una forma de sustento para la población excluida de la economía. De este modo, la clase baja se relaciona con un sector empresarial ilegal, que lo surte, controla y retiene la ganancia.

Expansión productiva y la concentración de sub-centros periféricos

El crecimiento de la ciudad de Caracas se realiza “a saltos” y se explica por medio de dos tendencias complementarias y simultáneas. Por un lado, la expansión territorial de distintas actividades productivas y por otro, la concentración, en determinados lugares, de las funciones de comando y coordinación.

Lejos de la realidad auto-concentrada en una centralidad única, la naturaleza de esta ciudad propone una estructura compleja de sub-centros periféricos destinados a actividades financieras, empresariales y comerciales que funcionan incluso a escala planetaria con otros nodos, vinculados por numerosas redes de transporte y comunicaciones.

Esta tendencia manifiesta el acrecentamiento del valor de la tierra, patrocinado por el sector inmobiliario, que lleva a construir nuevas obras o restaurar antiguas edificaciones para albergar empresas, oficinas o demás actividades del sector terciario, mediante soluciones únicas y monofuncionales. Incentiva el incremento de los desplazamientos intraurbanos de población hacia las áreas borde, en forma voluntaria o forzada, dando cabida a los procesos de suburbanización y periurbanización. Así, la tasa de crecimiento habitacional de la periferia metropolitana domina sobre el crecimiento de la ciudad central.

La economía de las equivalencias sobre el territorio urbano

Con la llegada del Presidente Hugo Chávez al Gobierno en 1998 y su reelección en el año 2000, se plantea una estructura económica socialista que, tal como se define en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación de la V República 2001-2007 y en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, tienen el objetivo de orientar dialécticamente la construcción del socialismo bolivariano, aumentando el compromiso social, diversificando la economía en sectores distintos al petrolero y maximizando el bienestar colectivo. Con esta estructura económica se pretende modificar el orden nacional hacia un orden más social que económico, cambiándose el curso del flujo del dinero hacia los sectores menos favorecidos y reconduciéndose los esfuerzos al desarrollo de las potencialidades humanas en contraposición a la mera acumulación de capital en diferentes entidades privadas (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2001, 2007).

Este momento es determinado por la reconducción de la política petrolera emprendida en el año 2000 por el presidente re-electo. ésta consiste en recuperar el control de los recursos naturales, que por años fueron tomados por las empresas trasnacionales, para distribuir la renta al pueblo mediante los programas de bienestar social (misiones) que se adelantan actualmente en el territorio.

Para ello, el Gobierno promueve la reestructuración de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a fin de restringir la oferta de petróleo y presionar el alza de los precios. Las acciones de los países miembros, reunidos en torno a la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en Caracas en el año 2000, surtieron el efecto de empujar al alza los precios del petróleo. Así, el precio promedio del barril que se encontraba en 9,38 US$ en 1998 se incrementó a 14,3 US$ y en el año 2000 llegó a 20 US$. En el curso de los siguientes seis años, el precio del barril de petróleo sobrepasó los 100 US$. Después del año 2002, hubo una tendencia al establecimiento de márgenes inferiores a los tres millones de barriles diarios de extracción petrolera y un precio promedio de 100 US$ (Ministerio del Poder Popular para la Energía y el Petróleo, 2000-2010).

Esta política fue acompañada con la promulgación en el año 2001 de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos (G.O. No. 37.323), la cual establece el aprovechamiento integral de las reservas de hidrocarburos como base fundamental para el desarrollo nacional. La política emprendida se aleja de la lógica del libre mercado para controlar la oferta del petróleo y recuperar la renta. El Gobierno conforma empresas mixtas, estableciendo un margen mínimo de 51% para la participación del Estado en los proyectos de los hidrocarburos con empresas transnacionales, cuya participación puede llegar hasta el 49% en las fases de exploración y explotación. A su vez, incrementa las regalías pasando de un 1% a un 20% fijo para la explotación del gas natural y 30% para los hidrocarburos líquidos.

Fundamentado en el nuevo modelo de orden económico y el lema “Hacia el Socialismo del Siglo XXI”, se pone en práctica una economía de equivalencias, según la cual cada uno aporta de acuerdo a su capacidad y recibe - directa o indirectamente- en relación con su necesidad. De esta manera, se distribuyen los recursos, bajo el supuesto de trocar las estructuras capitalistas anteriores a unas más justas e inclusivas, que sirvan a las necesidades más urgentes de la sociedad y establezcan nuevas formas de redistribución del poder.

Esta situación estuvo amparada con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2000 (G.O. No. 5.453). Tal como se afirma en los Principios Fundamentales de este documento legal -Título I, se propone “un nuevo ordenamiento jurídico para transformar el Estado (…) y permitir el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa.”

Bajo esta perspectiva, se crean de nuevas figuras participativas y mecanismos de cooperación para que la población se incorpore activamente en la solución de sus problemas. Se promueve la igualdad de oportunidades mediante la participación comunitaria en la gestión pública para garantizar un completo desarrollo y superar la condición de excluidos. Así, el Gobierno asume como imperativo trabajar a favor de la construcción de un amplio movimiento social para que los desposeídos puedan recuperar el control de sus territorios urbanos de los que durante tanto tiempo han estado excluidos y participar en la institución de nuevos modos de urbanización.

El Gobierno argumenta que la distribución de la población sobre el territorio es el resultado de la orientación neoliberal bajo la cual se había conducido al país durante las últimas décadas, beneficiando a un número reducido de personas, sobre todo en la ciudad de Caracas y castigando al resto de los habitantes del territorio nacional. De ahí que, intenta contrarrestar el proceso de lucha por el derecho a la ciudad y la calidad social entre los históricamente excluidos y las fuerzas de los promotores inmobiliarios.

En atención a esos venezolanos excluidos económica, social y espacialmente, el Gobierno actúa -en nombre del orden y del progresosobre las condicionantes que determinan la seguridad jurídica a los habitantes, respecto a la distribución equitativa del suelo, al disfrute de una vivienda adecuada, a un hábitat sustentable y sostenible y con ello, al derecho a la ciudad para saldar una deuda histórica con los más desposeídos.

Ahora bien, a pesar de los cambios económicos, políticos y sociales manifiestos en el país y la amplia base jurídica promulgada, con leyes y decretos acotados a aspectos socio-espaciales específicos para contrarrestar los efectos del capitalismo sobre el territorio, en el ámbito urbano, se siguen manejando la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio del año 1983 (G.O. No. 3.238, 1983) y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística del año 1987 (G.O. No. 33.868, 1987), propias del modelo anterior. Ante la ausencia de un documento legal, que responda -en el ámbito urbano- a las exigencias del sistema socialista imperante en el país, se torna necesario establecer algunas claves para la definición de un nuevo ordenamiento socioespacial.

Claves para la definición de un nuevo ordenamiento socio-espacial

Existen diversos elementos urbanos que se pueden vincular al ordenamiento socioespacial. Sin embargo, sólo se hace énfasis, en aquellos datos potenciales e imprescindibles para definir un ordenamiento urbano propio del sistema socialista imperante en el país y crear las bases materiales, tendientes a superar la inequidad territorial que acompañaron al sistema urbano capitalista. Para ello, se toma en cuenta los avances en materia jurídica aportados por el Gobierno, que aún siendo específicos, permiten definir algunos lineamientos que tienen su manifestación sobre el territorio urbano. Estos son:

Bottom-up o el ordenamiento del poder de abajo hacia arriba

En el marco de la democracia participativa y protagónica, se contemplan diferentes ámbitos mediante los cuales los ciudadanos pueden participar en la gestión pública. De acuerdo con el artículo 184 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (G.O. No. 5.453), se establece la creación de mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo la participación.

Visto así, se promueve la creación de nuevos dispositivos para la descentralización en las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades, a los fines de derivar en ellos la responsabilidad de la gestión pública. Se despliega una serie de políticas públicas dirigidas a otorgar a la comunidad organizada el poder para asumir directamente la gestión de los territorios en detrimento de las acciones de los alcaldes y gobernadores, por lo que las acciones urbanas quedan atomizadas a la escala comunal.

Precisamente esta escala, es la de los estudios más precisos y adecuados a la dinámica de la realidad urbana, la de los resultados que más se aproximan a lo percibido por los habitantes. Así, los elementos de la ordenación del territorio son más discutidos y controvertidos; donde se puede tomar conciencia de la necesidad de agruparse en asociaciones para incidir en las discusiones.

De este modo, se plantea tácitamente una estrategia de planificación bottom-up o el ordenamiento del poder de abajo hacia arriba, es decir, se gestiona por iniciativa popular desde la base de la sociedad civil organizada, quienes elevan sus interperlaciones a las autoridades locales y supralocales, responsables de coordinar y establecer los lineamientos generales de la planificación. Con esta estrategia, se concibe el territorio con fuerza y profundidad desde las particularidades de la escala comunal y se redefine una escala mayor, a medida que se configuran sistemas más grandes. Así, se generan políticas comunales con un impacto en las políticas regionales.

Participación ciudadana

De acuerdo con el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 2000 (G.O. No. 5.453),

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

La participación ciudadana se convierte en un método de Gobierno, sustentado en la solidez del sistema democrático. Constituye un eje fundamental de las políticas del Estado que implica la incorporación activa de la sociedad civil organizada en la dinámica del quehacer cotidiano, en la elaboración de alternativas para la resolución de problemas de la comunidad, en la motorización de proceso de información y sensibilización hacia el resto de la comunidad, en el conocimiento y cumplimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos y en el fortalecimiento de las formas organizativas de participación.

Ante la necesidad de que el interés individual en la participación ciudadana se convierta en un interés colectivo, se construyen actores sociales con una identidad conjunta, capaces de incidir en las decisiones que les afectan en comunión. Para ello, se generalizan los intereses de un grupo de personas que comparten la misma posición en la estructura social, mediante la configuración de los consejos comunales. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (G.O. No. 39335), aprobada en el 2009, queda establecido que éstos son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.

Los consejos comunales son la base sobre la cual se articulan las organizaciones sociales de una comunidad y pueden -por agregación e iniciativa popular- configurar sistemas comunales para fortalecer su capacidad de acción sobre aspectos territoriales. Así, la sociedad civil organizada forma parte activa, consciente y creadora de las decisiones que afectan su entorno ambiental y social, en función del mejoramiento de su calidad de vida. Aporta legitimidad y viabilidad a la planificación y gestión de la ordenación del territorio, en la que se involucra a una mayoría social en la toma de decisiones.

Organización social del territorio

El Estado venezolano define una estructura organizativa social con base a las características e intereses comunes sobre el territorio, fomentando las particularidades y la idiosincrasia de cada ámbito dentro del conjunto urbano. Para ello, asume a la comuna como la primera entidad local para la configuración del territorio, con una base poblacional que va a depender de la articulación de dos o más consejos comunales y una configuración mínima de 300 familias. Así, varias comunas consolidan la ciudad comunal, dos o más ciudades comunales conforman la Federación Comunal y la articulación de federaciones comunales en el ámbito de un eje territorial constituye la Confederación Comunal.

Según el artículo 9 de la Ley Orgánica de las Comunas (G.O. No. 6011), aprobada en el 2010, “el ámbito geográfico de las comunas puede coincidir o no con los límites político-administrativos de los estados, municipios o dependencias federales, sin que ello afecte o modifique la organización político-territorial establecida en la Constitución de la República.”

La configuración de esta estructura organizativa responde a condiciones históricas, rasgos culturales, usos, costumbres y potencialidades económicas, independientemente del lugar donde se constituyen. La tendencia es a una constelación no jerárquica de microcentros o asociaciones de comunas, análogas en su identidad y superpuestas a la estructura urbana existente.

A pesar de las ventajas comparativas que esta organización social sugiere, se torna necesario territorializar el sistema comunal propuesto por el Estado, para reajustar las dimensiones de la multiplicidad de estructuras que tienen cabida sobre el territorio y hacer más eficiente los procesos de planificación.

La actividad socio-productiva con fines colectivos

Con miras a superar el rentismo petrolero, el Gobierno promueve la creación, funcionamiento y desarrollo de un sistema económico comunal, orientado hacia el trabajo productivo con el aprovechamiento de las potencialidades locales y los saberes del pueblo. Según el artículo 9 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (G.O. No. 39856), aprobada en el 2012,

las organizaciones socioproductivas son unidades de producción constituidas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público o por acuerdo entre ambos, con objetivos e intereses comunes, orientadas a la satisfacción de necesidades colectivas, mediante una economía basada en la producción, transformación, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, en las cuales el trabajo tiene significado propio, auténtico; sin ningún tipo de discriminación.

De esta manera, los proyectos socioproductivos configurados en el seno de las comunidades organizadas: fortalecen el trabajo colectivo; permiten dotar a la sociedad de medios de producción que garantizan la satisfacción de las necesidades humanas; establecen bases firmes para la transición hacia una nueva organización socioterritorial, e integran el territorio nacional, tomando en consideración los valores geoculturales en el proceso de ordenamiento racional de los recursos y del territorio.

El valor de uso y la propiedad de la tierra comunal y estatal

En la ciudad socialista se revela el valor de uso de la tierra para la apropiación de los lugares de realización de la vida. Al respecto, “el Gobierno interviene como ente regulador, mediador y legitimador o legalizador de la ocupación de la tierra, así como interventor en terrenos desocupados o subutilizados para obtener la tierra que permita el desarrollo urbano con un sentido social” (Semeco; Muñoz, 2014: 292).

Considera que al adjudicar a una persona el título de propiedad de la tierra que habita, con todos los requisitos que pauta la ley, se erradica la posibilidad de desalojo y se reconocen ventajas inmediatas, tales como acceso a créditos de política habitacional, garantías hipotecarias, inclusión en los planes de desarrollo urbano y dotación de servicios. En estas circunstancias, la propiedad de la tierra adquiere un carácter reivindicativo para fundamentar el derecho a la ciudad.

El Gobierno contempla la propiedad comunal y la propiedad estatal para la realización del “buen vivir” o el bienestar de la población en lugares específicos. La propiedad comunal aborda las tierras y recursos que posee en propiedad un grupo identificable colectivamente, es decir, son propiedad común de todos los individuos que forman parte del grupo. La propiedad estatal incluye las tierras y reservas públicas de suelo urbano, pertenecientes y controlados por el Estado, para los cuales no se han especificado los derechos de uso y acceso.

Para ello, declara de utilidad pública, interés social e importancia estratégica los terrenos urbanos ociosos, subutilizados o sobre los que exista un uso inadecuado a los fines del buen vivir de la población o califique como necesarios para la ejecución de proyectos habitacionales, provisión de equipamientos e infraestructuras o cualquier otro fin.

Vivienda como activador de la transformación del hábitat

En el marco de la valoración de uso, se efectúa la calificación de los terrenos aptos para la construcción de viviendas a los fines de atacar el heredado déficit habitacional. De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.

Al respecto, el Gobierno propone una nueva política de vivienda, orientada a saldar la deuda adquirida con las personas de bajos ingresos, a pesar de haber auto-construido gran parte de la ciudad. ésta aborda los temas de materiales de construcción, industrialización, aspectos logísticos, distribución, sistemas constructivos y fuerza de trabajo. Asimismo, dicta decretos para la creación de “Áreas Vitales de Viviendas y de Residencias” (G.O. No. 6.018, 2011), en las cuales el Gobierno procede a reordenar integralmente la distribución y uso del espacio urbano para destinarlo, con prioridad y urgencia, a la construcción de viviendas unifamiliares o multifamiliares, de micro comunidades, pequeños barrios, grandes barrios o nuevas ciudades.

La vivienda constituye el elemento activador de la transformación urbana, ya que implica el proceso de regularización de la tenencia de la tierra como un procedimiento que conduce al comienzo del proceso de planificación y ordenamiento de la ciudad. Promueve el desarrollo ordenado de los centros urbanos, crea otros nuevos e impulsa su crecimiento.

Sistema integrado de espacios públicos y equipamientos como materialización de la equidad social

Los espacios públicos -la calle y la plazason concebidos como los lugares más democráticos de la ciudad. Constituyen los espacios comunes, donde la comunidad se reconoce a sí misma en igualdad de condiciones para su disfrute. A su vez, representan el compromiso del Estado con la calidad urbana, la imagen de la ciudad y el anhelo de materializar la equidad social como fundamento ideológico. Con su carácter polivalente, proporciona sentido y valor a la cotidianidad, a la vida social urbana y a la cultura como un “sistema colectivo de significados” (Hannerz, 1986: 15).

Los equipamientos sirven de base al sistema de misiones y proveen a los ciudadanos de bienestar social de carácter educativo, cultural, recreativo, sanitario, deportivo, de abastecimiento alimentario o cualquier otro programa para dar respuesta a las necesidades propias de la vida urbana, dando paso a una sociedad más igualitaria y justa. éstos se vinculan al espacio público formando un sistema integrado y estructurado de lugares, de usos y dominio popular. En conjunto configuran el soporte físico que otorga identidad, legibilidad, diversidad y vitalidad a la ciudad.

Redensificación del territorio y el policentrismo

Con la creatividad social y la iniciativa de los propios usuarios la tendencia es a la reproyectación espontánea de la ciudad existente, tomando en cuenta las necesidades, capacidades, potencialidades y habilidades propias de la población que habita el territorio. Se apuesta por un crecimiento urbano compacto, por la reutilización de zonas previamente urbanizadas, la revitalización de los espacios, la reincorporación de nuevos usos, configurando modelos urbanos desconocidos. Se da paso a soluciones multifuncionales, redundantes e híbridas, capaces de enfrentarse a los cambios y a la variedad de circunstancias.

Ello se traduce un policentrismo urbano con microcentros o asociaciones de comunas, que cooperan entre sí y tienden a la cohesión, al desarrollo equilibrado del territorio, disminuyendo las disparidades y acentuando la diversidad propia de nuestra identidad.

Reflexiones finales

Fundamentado en los criterios y argumentos anteriores para promover en un futuro la construcción de un nuevo marco legal, ajustada al nuevo orden económico, político y social, se intenta conceptualizar la Caracas de lo Social o la llamada Caracas Socialista. Para ello, se toma en cuenta lo concreto del territorio, resaltando necesariamente la especificidad de un componente social y otro urbano.

Desde su componente social, se asume como prioridad los intereses y necesidades comunes de la sociedad civil organizada para materializar el “buen vivir” en la ciudad y se promueven canales para que participen activamente -con la fuerza de los colectivos- en la planificación y gestión de sus territorios. Desde su componente urbano, se actúa sobre aquellas condicionantes, relacionadas con la regularización de la tenencia de la tierra; aspectos físicos, asociados a la vivienda; espacios públicos y equipamientos para la construcción de una ciudad con una visión plural.

Finalmente, lejos de intereses económicos y políticos, se apuesta por un planteamiento de ciudad equitativo y diverso, reflejando sobre la estructura urbana los intereses y la identidad de sectores sociales concretos y alzando la voz hacia el desarrollo equilibrado e inclusivo, la cohesión social, la calidad urbana y el derecho a la ciudad.

Bibliografía

Barrios, Sonia 1998 “Caracas Metropolitana: actividades y ocupaciones básicas” en Fundación Plan Estratégico Caracas Metropolitana. Caracas Metropolitana: temas prioritarios para el futuro de la ciudad (Caracas: Edición FPECM).

Gobierno Bolivariano de Venezuela 2000 “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (Caracas) No 5.453.

Dieterich Steffan, Heinz 2002 El Socialismo del Siglo XXI (México D.F: Ediciones de paradigmas y utopías).

Gobierno Bolivariano de Venezuela 2001 Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación de la V República 2001-2007 (Caracas).

Gobierno Bolivariano de Venezuela 2007 Proyecto Nacional Simón Bolívar Instrumento Estratégico para la Construcción del Socialismo Bolivariano 2007-2013 (Caracas).

Hannerz, Ulf 1986 Exploración de la ciudad. Hacia una antropología urbana (México D.F: Fondo de Cultura Económica).

Harvey, David 2004 “El nuevo imperialismo: la acumulación por desposesión” en Socialist Register 2004: El nuevo desafío imperial (Buenos Aires: CLACSO).

Harvey, David 2008 “El derecho a la ciudad” en New Left Review, (http:// newleftreview.es/authors/david-harvey) N° 253.

Gobierno Bolivariano de Venezuela 2001 “Ley Orgánica de Hidrocarburos” en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (Caracas) N° 37.323.

Gobierno Bolivariano de Venezuela 2009 “Ley Orgánica de los Consejos Comunales” en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (Caracas) N° 39.335.

Gobierno Bolivariano de Venezuela 2010 “Ley Orgánica de las Comunas” en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (Caracas). N° 6.011.

Gobierno Bolivariano de Venezuela 2011 “Ley Orgánica de Emergencia para terrenos y vivienda” en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (Caracas) N° 6.018.

Gobierno Bolivariano de Venezuela 2012 “Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal” en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (Caracas) No39856.

Gobierno de la República de Venezuela 1983 “Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio” en Gaceta Oficial de la República de Venezuela (Caracas) N° 3.238.

Gobierno de la República de Venezuela 1987 “Ley Orgánica de Ordenación Urbanística” en Gaceta Oficial de la República de Venezuela (Caracas) No 33.868.

Gobierno de la República de Venezuela 1989 “Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público” en Gaceta Oficial de la República de Venezuela (Caracas) N° 4.153.

Marcuse, Peter 2004 “No caos sino muros. El postmodernismo y la ciudad compartimentada” en MARTÍN RAMOS, Angel (ed.) Lo urbano en 20 autores contemporáneos (Barcelona: Edicions UPC).

Ministerio del Poder Popular para la Energía y el Petróleo 2000-2010 Petróleo y Otros Datos Estadísticos 2000-2010 (Caracas: Publicación PODE).

Negrón, Marco 1998 “La productividad de los asentamientos humanos: Viejos dilemas y nuevas perspectivas” en Urbana (Caracas: Instituto de Urbanismo UCV) N° 22.

Polis 2001 El estatuto de la ciudad. Nuevas herramientas para garantizar el derecho a la ciudad en Brasil (http://www.polis.org.br)

Roch, Fernando 2004 “A propósito de la austeridad: De la vieja utopía regional al nuevo mito planetario” en Álvarez Mora, Alfonso; Castrillo Romón, María (comps.) Urbanismo. Homenaje a Giuseppe Campos Venuti (Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio de la Universidad de Valladolid) N° 51.

Semeco Mora, Ana; Muñoz Semeco, Dayana 2014 “La propiedad de la tierra urbana: una aproximación metodológica para su estudio” en Trienal de Investigación FAU 2014 Nuevo(s) Mundo(s): La reinvención de la ciudad latinoamericana (Caracas: Ediciones FAU-UCV).

1“El Socialismo del Siglo XXI” es un concepto que aparece en la escena mundial en 1996, a través del sociólogo Heinz Dieterich Steffan. En su obra, profundiza y actualiza la teoría de Karl Marx sobre la dinámica social y la lucha de clases. Este concepto se sustenta en cuatro ejes: el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y protagónica y las organizaciones de base.

Resumen

Na produção acadêmica sobre tráfico de drogas, a questão de gênero é tida como secundária, considerando que a presença de mulheres é significativamente menor do que a dos homens. Neste artigo apresentar-se-á a partir de uma pesquisa etnográfica e de entrevistas em profundidade realizadas ao longo de dois anos, a trajetória de três jovens envolvidas no tráfico de drogas na favela/comunidade da região da Tijuca- RJ, que atuam como mulas, transportando drogas entre os morros. O principal objetivo foi possibilitar a reflexão entre violência e gênero. A pesquisa referida é parte da investigação “Adolescentes e jovens: o tráfico de drogas, em territórios com UPPs, tempos vividos, percepções e expectativas”. Verificou-se que as trajetórias destas jovens foram interrompidas em vários momentos das suas vidas, algumas na infância, outras na adolescência, e juventude, permeadas por várias circunstâncias, familiar, escolar, relações afetivas entre outras. São jovens com baixa escolaridade, sem trabalho, que presenciaram e vivenciaram violências em suas famílias e com seus parceiros e que suas trajetórias tiveram como fio condutor a subordinação de gênero. São mães e como jovens vivem o que Breton denominou a “paixão contemporânea pelo risco”.

Abstract

In the academic literature on drug trafficking, the gender issue is considered secondary, whereas the presence of women is significantly lower than that of men. In this article will be presented from an ethnographic research and in-depth interviews conducted over two years, the trajectory of three young people involved in drug trafficking in the favela / community of Tijuca RJ region, which act as mules transporting drugs between the hills. The main objective was to enable discussion between violence and gender. The research that is part of the investigation “Adolescents and young people: drug trafficking, in territories with UPPs, experienced times, perceptions and expectations.” It was found that the trajectories of these young people were stopped at various times of their lives, some in childhood, others in adolescence and youth, permeated by various circumstances, family, school, personal relationships among others. These are young people with low education, no job, who witnessed and experienced violence in their families and with their partners and their paths had the thread tying gender. They are mothers and how young people live what Breton called the “contemporary passion for risk”.

Marisa Feffermann

Mestre e doutora Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano USP.

Pesquisadora do Instituto de Saúde da SES/SP e FLACSO Brasil. Cursando o Programa Postdoctoral de Investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (CLASCO). Membro do GT Infancia y Juventud: Políticas, Culturas e Instituciones Sociales da CLACSO. Autora do Livro: Vidas Arriscadas: o cotidiano de jovens trabalhadores do tráfico de drogas

Master and PhD School Psychology and Human Development USP .

Researcher at the Health Institute of SES / SP and FLACSO Brazil . Attending the Postdoctoral Program Investigación en Ciencias Sociales , Niñez y Juventud ( CLASCO ) . Member of GT Infancia y Juventud : Politics , Culture and Instituciones Sociales of CLACSO . Book author : Risky Lives : the daily life of young workers in the drug trafficking

Miriam Abramovay 

Socióloga, pesquisadora, Doutora em Educação pela Universidade de Lyon 2 – França. Coordenadora da área de Juventude e Políticas Públicas da Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (FLACSO-Brasil), Membro da Rede Ibero americana de Infância e Juventude da CLACSO, Coordenadora do “Programa de Prevenção à Violência nas Escolas” parceria da FLACSO/ MEC/OEI. Autora de vários livros sobre Juventude e Violência.

Sociologist, researcher , PhD in Education from the University of Lyon 2 - France . Youth Area Coordinator and the Latin American School of Public Policy of Social Sciences ( FLACSO - Brazil ) , Member of the Ibero American Children and Youth CLACSO , coordinator of the “ Program for Prevention of Violence in Schools“ Partnership FLACSO / MEC / OEI . Author of several books on Youth and Violence .

Palabras clave

1| Juventude 2| Drogas 3| Estado 4| Políticas Públicas 5| Brasil.

Keywords

1| Youth 2| Drugs 3| State 4| Public Policy 5| Brazil.

Cómo citar este artículo [Norma ISO 690]

FEFFERMAN, Marisa y ABRAMOVAY, Miriam As jovens do tráfico: trajetórias interrompidas. Crítica y Emancipación, (13): 203-222, primer semestre de 2015.

As jovens do tráfico

Trajetórias interrompidas

O que me marcou muito foi coisa que me marcou, e eu às vezes olho pra trás assim e eu fico pensando, gente eu já passei por tanta coisa e eu sou tão nova ainda, e eu já passei por muita coisa, coisas e tragédias. (JOVEM, sexo feminino 18 anos, exmula).

Nos últimos anos, há um aumento da incidência de mulheres no envolvimento de atos ilícitos e práticas violentas (Campos, A; Trindade, L.; Coelho, L., 2008), as mulheres constituem, cerca de 5,5% da população carcerária mundial (ICPS, 2013), e 6,4% da população carcerária no Brasil (Depen, 2013).

Na grande parte das produções acadêmicas sobre violência, a questão de gênero é invisibilizada, tendo em vista que os crimes cometidos pelas mulheres são em menor proporção que os dos homens. Historicamente, mulheres e homens não estiveram envolvidos da mesma forma na prática de ações ilícitas. A criminalidade sempre esteve fortemente integrada à masculinidade, associada a padrões históricos hegemônicos, como a violência, a virilidade e a transgressão. Cometendo atos ilícitos a mulher estaria assumindo um papel masculino e assim se “masculinizando” (Del Olmo, 1996, p: 8). Já a identidade feminina é saturada de estereótipos construídos culturalmente, os quais impelem a sociedade a esperar atitudes e determinados papéis pré-estabelecidos, como passividade, gentileza, fragilidade, docilidade, paciência, tolerância. (Voegeli, 2003; Silva; 2007; Badinter, 2005).

A criminalidade feminina foi sempre considerada como restrita ao espaço privado e parte dela permanecia oculta e invisível (Assis & Constantino, 2001: Soares E Ilgengritz, 2002; Almeida, 2001; Lemgruber, 1999). Alguns autores atribuem ao “processo de modernização” a transformação da criminalidade feminina, deste modo, a inserção das mulheres no mercado de trabalho e na luta pela cidadania, as práticas violentas cometidas no espaço privado, afazeres domésticos e cuidados com os filhos, passam para o espaço público adquirindo maior visibilidade. (Alcolumbre, 2009, Drapkin,1978). Outros autores como Almeida (2001) contrapõe esta perspectiva, analisando a violência feminina como um confronto a ordem patriarcal, uma maneira de evidenciar a insatisfação com a estrutura machista vigente.

Ao considerar as relações de poder como de dominação, das quais a de gênero é uma variável, abre-se a possibilidade de encontrar inteligibilidade na ação agressiva praticada pelas mulheres. Os impactos das construções culturais relacionadas ao feminino e ao masculino se tornam nítidas na análise das complexidades que envolvem o mundo do crime. é importante não naturalizar estas associações ou se restringir a uma única forma de masculinidade. Partese do pressuposto que masculinidades e feminilidades, “conformam identidades múltiplas situadas em interações sociais plurais, de modo que os sujeitos nelas engajados estão envolvidos em significados contextuais e imersos em processos de desconstrução e (re) construção” (Abramovay, 2009: 360). Desta forma, como aponta Barcinski (2009), os limites entre: “masculino/feminino, ativo/passivo, público/privado, se encontram, nos dias de hoje, muitas vezes borrados e contraditórios”.(p.) é necessário reconhecer o vínculo da mulher com a violência como uma relação de gênero, na medida em aquelas que cometem atos violentos rompem com o modelo cultural e social vigente. Essa realidade pode ser observada no número cada vez maior de mulheres recrutadas pelo crime. A criminalidade lhes oferece uma visibilidade que dificilmente obteria na vida comum. (GEBARA, 1991, BARCINSKI, 2012). Desta forma, ao transgredir a lei, pode irromper com as normas e ainda com a expectativa do seu desempenho cultural e social.

Mulheres e tráfico de drogas

Se por um lado os autores e os dados confirmam o grande número de mulheres presas por tráfico de drogas, por outro não há um quadro consensual de explicações para o seu maior ingresso nessa atividade. Os poucos estudos existentes estão inseridos aos da criminalidade masculina e tendem a enfatizar apenas uma faceta de análise, que na maioria das vezes atribui a presença de mulheres no tráfico pela vinculação a um parceiro traficante, sendo esse geralmente o líder da transação e elas, “mulas”¹, “burros de carga”, meios de transporte aviãozinho de mercadorias ilícitas, perpetuando a ideologização da passividade feminina (Costa, 2008 e Cunha 2001). Estas pesquisas atribuem que a participação das mulheres é socialmente objetivada como expressão de medo, falta de opção, opressão e submissão (Barcinski, 2009 e Faria, 2008).

Contudo, existem estudos que ampliam esta análise, apontando outros fatores que podem motivar a entrada no tráfico como, os condicionantes econômicos, precariedade de oportunidades no mercado de trabalho, de status, poder, reconhecimento e afetividade. (Moura, 2005; BarcinskI, 2009; Angotti, 2012).

Há um consenso nas pesquisas, que a participação das mulheres no tráfico é subalterna, indicando vulnerabilidade social e também de gênero. Os lugares ocupados “se caracterizam pela inferioridade hierárquica, pelos baixos salários menores que o dos homens e por atividades consideradas ‘inerentes’ à aptidão feminina” (Moura, 2005: 57). Reproduz-se a lógica do mundo trabalho legal, da desvalorização e exploração do trabalho feminino.

A metodologia da pesquisa

A proposta deste trabalho é possibilitar, a partir das trajetórias de três jovens mulheres envolvidas no tráfico de drogas em uma favela/ comunidade da Tijuca, a reflexão sobre a relação entre violência e gênero. é parte da pesquisa “Adolescentes e jovens: o tráfico de drogas, em territórios com UPPs, tempos vividos, percepções e expectativas”, que teve como objetivo conhecer as trajetórias de jovens, seus grupos de pertença, as atividades no tráfico em comunidades/favela onde as (UPPs) Unidades de Polícia Pacificadora foram instaladas.

A pesquisa seguiu caminho qualitativo com perspectiva etnográfica e entrevistas em profundidade, realizadas ao longo de dois anos de trabalho de campo. As narrativas produzidas foram complementadas pela observação de campo, afim de permitir analisar o contexto e as interações. Deparou-se com grande dificuldade em encontrar jovens que tivessem alguma ligação com o tráfico e se dispusessem a dar as entrevistas. Os fatores que contribuíaram com este obstáculo foram: a ilegalidade, provocando insegurança e temor; o pequeno número de mulheres envolvidas no tráfico e ainda o fato de não considerarem a atividade desenvolvida por elas, de cargueira/mula, como trabalho e sim de “ajuda”.

Apresentar-se-á a seguir as trajetórias de três jovens - L, C e N - percorrendo os fios que entrelaçam, produzindo nós que estruturam e os que desenlaçam constituindo rupturas e marcas que impedem o traçado destas vidas.

N. negra, 22 anos é “cria²” do morro, casada há dois anos e tem duas filhas. Não foi reconhecida pelo pai, testemunhou e sofreu várias violências por parte do padrasto. Teve o início da escolaridade tardia e logo abandonou a escola. As transgressões características da adolescência foram uma constante, como atos do roubo. A convivência com os familiares ligados ao crime a introduziu neste mundo. Nas atividades do tráfico trabalhou como mula/cargueira durante dois anos e “ajudou” os traficantes na venda de drogas.

L. negra, 18 anos, é “cria” do morro, Mora com a mãe e filha, mas a convivência maior é com a avó, conheceu o pai na adolescência. O tio, ligado ao tráfico, segundo as histórias que a avó conta, foi uma pessoa muito importante na sua vida. Na adolescência muito agitada, andava pelos morros, namorava bandidos e ainda roubava na comunidade. Sua participação no tráfico foi como mula/cargueira e na venda de drogas para “ajudar” os amigos.

C. é negra, 24 anos, cria do morro, mora com a filha. Vivia com a família, estudava até começar a namorar um bandido, quando o pai a expulsou de casa. O pai era muito rigoroso e batia nela e nos irmãos. A mãe a apoiava em todos os momentos. Brigava muito na escola e foi expulsa depois de uma das brigas. Teve muitos namorados bandidos e sofreu muita violência. No tráfico foi mula/cargueira, “ajudou” na venda e como amante de um traficante guardou armas e drogas na sua casa.

As trajetórias destas jovens foram interrompidas em vários momentos das suas vidas, algumas na infância, na adolescência e outras na juventude, permeadas por várias circunstâncias: família, escola, relações afetivas, maternidade entre outras e nos remete a discussão sobre a relação gênero e violência. Relação construída ao longo do tempo de um determinado campo social, possibilitando a reprodução social, o que Bourdieu (1989) denominou de habitus.

Resultado: As trajetórias

A primeira marca de toda trajetória é a infância que tem geralmente a família como contexto. Para as entrevistadas, esse período da vida é uma lembrança remota que se confunde com a adolescência, acionada pelo discurso dos mais velhos. Entretanto uma delas lembra como um período de muitas brincadeiras e bagunças: “Brincava muito, corria pra lá e pra cá, pega-pega, pique-esconde, era coisa de criança de fazer bagunça. A infância tem a violência como uma recorrência, seja física e/ou simbólica. O diálogo é substituído por atos violentos, tanto pela ausência que implicou em abandonos, quanto por surras e brigas familiares. Histórias de pais que não reconheceram e nem registraram as filhas e de padrastos violentos: “Eu já apanhei dele de vara de goiaba, de fio, apanhava muito disso”.

Resta a figura materna, com todas as contradições e complexidades. Mães ausentes e presentes. O abandono materno, não é total, em momentos crucias, a mãe aparece como figura central, como no caso em que a jovem é expulsa de casa pelo pai: “Minha mãe é uma mãezona, sem ela não sou ninguém, nas piores situações estava comigo, até quando não podia me ajudar dava um jeito, quando o meu pai me expulsou, ficou do meu lado o tempo todo”. Desta forma, é a mãe com quem podem contar, quem em última instância as compreendem, talvez por terem vivido situações similares as das filhas, e é no momento que exercem o papel de mãe, que a identificação ocorre.

No entanto, ocorrem também relações problemáticas com a mãe: “Eu achava que a minha mãe não gostava de mim, porque eu era marca da família, por que os meus irmãos eram mais claros do que eu. Eu na minha cabeça, eu achei que eu era o patinho feio, só que era coisa tipo de criança”.

Mas é a mãe da mãe, a avó, que demonstra um amor incondicional e com quem puderam contar na infância: “Assim tudo o que eu sei foi a minha avó quem me ensinou, muita coisa também é lógico a minha mãe me ensinou, de 100% a minha avó me ensinou noventa e a minha mãe dez”.

E são as filhas, considerando que todas são mães, a maior preocupação dessas jovens. Nos relatos apontam o medo e angústia de exercer o papel de mula, quando já eram mães. “Esse era o meu medo de acontecer alguma coisa e a minha filha pequenininha”. Em outra situação, quando uma das entrevistadas é cobrada pelo tráfico, afirma: “Tive muito medo morrer, de acontecer alguma coisa com a minha filha, será que vou ter que ir embora do morro? Antes eu fazia, as coisas sem pensar no amanhã”. As filhas produzem um duplo efeito em suas vidas: são uma eterna preocupação e seu único legado. O lugar delas no mundo é ressignificado com a maternidade, com uma mudança de status e o respeito como mães, além de que seus filhos são o seu único bem social: “Da minha vida, só a minha filha valeu muito”.

Histórias de “famílias recompostas”, com configurações não tradicionais, vários casamentos, vários filhos e padrastos violentos. São de famílias de baixa escolaridade, que trabalham de forma precarizada, sem carteira assinada – serviços gerais, pedreiro, faxina e etc. - e alguns no tráfico de drogas. O uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas fazem parte do contexto familiar de algumas das entrevistadas: “Os meus pais usavam drogas, eu via isso desde pequena, foi muito má influência. Eu tenho até um irmão que é perdido no crack. Ele fez 18 anos, mas tu dá 12 anos, começou a usar com 11 e está usando até agora”.

A escola é a instituição que perpassa a trajetória destas jovens, que na infância foram vividas de maneira positiva e prazerosa, no entanto, na adolescência, a escola, que poderia ser um fator de proteção, um agente socializador no seu desenvolvimento, onde eles poderiam ter criado um sentimento de pertencimento e identificação, não se mostrou acolhedora: “Eu não gostava de estudar, não ficava na sala de aula, quando ia pra escola não entrava na sala”.

As escolas eram desorganizadas, sem estruturas e desinteressantes, que teve como consequência o “matar aula” e o abandono escolar: “Andava sempre em grupo de cinco ou seis meninas e nem chegavam a entrar na escola, matava aula, marcavam o horário do encontro na porta da escola e combinavam de dar um “rolê” na rua, na praia” e foram nestas saídas escolares, que muitas vezes iniciaram as transgressões: “Entrava na loja, comprava alguma coisa, pegava duas e botava na bolsa”.

A função principal da escola como local de aprendizagem, transmissão do patrimônio cultural e científico da humanidade (Delors, 2006), também não é cumprida: “Eu tenho certeza, que não foi na escola que eu aprendi, foi na vida mesmo. A mãe fala: ‘na vida, a gente se machuca, mas a gente aprende’ e é verdade”.

As brigas entre as meninas, dentro e fora da escola foram constantes, e a agressão física foi um instrumento de autoafirmação, a partir de um modelo que reforça o ethos masculino (Zaluar, 2002 ; Ceccheto, 2004) “ em que a exibição e a performance da violência são percebidas como forma de adquirir respeito e prestígio” (Abramovay, et.all 2009). Demonstrar a agressividade, embora tradicionalmente tenha sido uma atitude que contrariasse os ditames de gênero, passa a ser um aspecto identitário para estas jovens. Assim, relatavam que brigavam muito: “Tinha sempre uma patotinha de meninas maiores, querendo mandar na escola, eu não gostava de ser mandada, não levava desaforo e partia para dentro, aí era aquela briga”. Como pôde-se observar no campo, as brigas na adolescência podem ocorrer na perspectiva de busca de atenção e admiração entre os pares. As atitudes agressivas exibidas são geralmente direcionadas para outras meninas, destoando a ideia hegemônica que a desavença entre mulheres é motivada por disputa por namorados.

As brigas, agressões são formas de recusa ao protótipo do feminino. As pesquisas recentes têm demonstrado transformações na forma de algumas jovens viverem a sua feminilidade (Abramovay, 2010). Na maioria das vezes buscam desconstruir os estigmas convencionados pela sociedade e muitas delas utilizam da violência para romper estas amarras (Abramovay E Feffermann, 2014): “Eu sempre botei na minha cabeça que o feio não é você apanhar, é você correr, eu caia para dentro, pelo menos estava resolvido a gente brigou ali acabou, agora cada um pro seu canto”.

A questão de gênero e violência aparece de forma explícita nas relações afetivas dessas jovens, que não levam “desaforo’ para casa, enfrentam grupos de meninas de favela rival, no entanto, quando estão envolvidas afetivamente podem mudar de papel de agentes para vítimas.

Nas três trajetórias, aparecem histórias de vários relacionamentos e na maioria das vezes com traficantes. O ganho financeiro, a arma como símbolo de poder, o exibicionismo são atrativos para uma jovem da favela/comunidade namorar um traficante: “Estando com ele, eu sei que vou ter, não teria roupa nova assim de marca, dinheiro assim para sair eu sempre tenho”.

Mas, o maltrato, as violências que sofrem são “subnotificados”, pois entram nas relações iludidas, se apaixonam e aceitam a situação: “No começo tudo são flores, mil maravilhas, tu não conhece a pessoa, depois que vai se envolvendo que você realmente conhece. Me batia, não era pouco não, era muito. Só que eu tava dentro, eu tinha começado a gostar dele”. O “amor romântico” (Badinter, 1986) é

uma construção social e histórica, uma representação que se constitui na base de uma relação de poder entre homens e mulheres, na qual as mulheres se inserem em condição de desvantagem, o que as leva a submeter-se a situações de violências em nome do ser amado.

Muitas vezes, as jovens por não corresponder a vontade dos parceiros são vítimas de extrema violência: “Puxava o meu cabelo, já me deu coronhada na cabeça, abriu a minha cabeça com a pistola, apanhei muito, muito dele. Chegou a me dar um chute aqui nos peitos eu fiquei com falta de ar na hora”.

é importante ressaltar que o tráfico é um território, em que a dominação masculina hegemônica se faz presente e a exclusão e subalternização das mulheres corroboram na manutenção desta violência. No tráfico, o homem tem poder sobre a mulher e a violência física é permitida, caso ele mantenha com ela uma relação afetiva. “Às vezes ele me batia na frente dos meninos do tráfico e eles não falavam nada, pois se eu ela era mulher dele, ele pode bater, ‘bato mesmo, é minha mulher, então vou bater’”.

Aceitar as agressões do namorado e ser cúmplice pode ser analisado na perspectiva de Costa (2008), que aponta como as representações sociais sobre afetividade, culturalmente construídas, podem contribuir para o envolvimento das mulheres no tráfico de drogas. Para a autora a afetividade é um elemento “cultural formador de representações sociais e que, nessa qualidade, contribui para o estabelecimento de um culto feminino ao amor, de modo a impulsionar práticas sociais, inclusive ilícitas” (p. 03). Em um dos relatos, isto pode ser exemplificado pelo a ato de guardar as armas e as drogas dentro de casa: “Dormia do lado de um fuzil desse tamanho, quando ele saía do plantão[...] ai dormia eu, ele e o fuzil do lado, carga, tudo, pistola, mochila”.

Esse é um exemplo do “amor bandido”, termo utilizado por Simmel (2005), Costa (2008) entre outros, que discutem a inserção das mulheres no tráfico de drogas a partir da vinculação com uma relação amorosa. Não podemos negar as influências afetivas para o ingresso e manutenção de mulheres no tráfico, todavia é necessário analisar a complexidade destas motivações. Vincular de forma imediata a inserção das jovens ao “amor bandido” é negar a elas a sua autonomia, seu agenciamento e a importância da questão socioeconômica na inserção delas no tráfico. Há no entanto outras motivações como a possibilidade de transgressão; a forma de convivência com seus pares e a possibilidade de adquirir bens de consumo.

Corroborando com a lógica da dominação masculina, faz parte desse mundo, o traficante ter mais que uma mulher. Muitas vezes, ocorrem situações inusitadas, em que as duas mulheres tem filhos da mesma idade: “Eu não era a primeira esposa dele, ele tinha outra esposa, eu era como se fosse a amante. E eu engravidei, na mesma época que a esposa dele, tanto que a primeira esposa dele tem um filho da mesma idade da minha”.

Outra entrevistada relata que estava grávida de um rapaz que morava em um morro de uma facção rival, foi uma relação ocasional e a maternidade não foi planejada: “Eu não sabia que podia ficar grávida, tive um namorado durante quatro anos e nunca fiquei grávida, com o pai da minha filha, foi uma só vez que fiquei com ele [...] e já estou grávida”. Não fazia parte dos sonhos dessa jovem ser mãe, a sua sexualidade estava relacionada ao inusitado, ao prazer e a adrenalina. A juventude é o momento de experimentação da sexualidade que possibilita a estruturação de sua identidade, demarcando diferenças de gênero, que podem não só potencializar singularidade e criatividade, mas também reproduzir divisões sexuais conotação de assimetria e desigualdade. (Silva & Abramovay, 2009)

A trajetória no tráfico

Após poucas experiências de trabalhos temporários como entrega de panfletos, auxiliar de cabelereiros, ajuda em creche, foi no tráfico como transportadoras de drogas que passaram a ganhar dinheiro.

A função das três entrevistadas era de mula, como elas se autodenominavam. Essa atividade estava inserida na rede do tráfico, era normatizada por regras, implicava em riscos e remunerada, e deve ser considerada como trabalho (Feffermann, 2006).

O trabalho se constituía em transportar drogas de um morro para outro e o requisito era que não houvesse nenhum desfalque no produto transportado. Geralmente o transporte ocorria por meio de moto taxi, mas por vezes em ônibus. Não havia nenhuma formalidade, eram solicitadas, quando o traficante necessitava, tanto no caso de envio, quanto do recebimento da droga: “Ai eles [os traficantes] pediam pra me chamar: ‘O fulano de tal está te chamando pra fazer a missão pra ele’. ‘Tá bom, fala que eu já estou indo, só vou tomar um banho aqui, me ajeitar’”.

A rotina deveria ser seguida com todo o cuidado, porque qualquer equívoco poderia implicar na prisão de quem estava transportando. Não trabalham todos os dias, quando necessário eram chamadas e iam buscar com o moto-taxi:

No dia, que eu carregava a droga, me comunicava por telefone. Eu chegava lá pegava e vinha embora. Quando era morro

conhecido, tinha uns meninos que eu conhecia, parava bebia uma cervejinha, fumava um cigarrinho, fumava maconha, depois vinha embora. Quando era morro que eu não conhecia só ia lá fazia o trabalho e vinha embora. Isso demorava uma hora, uma hora e meia. (JOVEM, sexo feminino, 24 anos, exmula).

A motivação da entrada no tráfico está relacionada, a convivência com familiares traficantes, a sociabilidade, a relação de amizades, a questão afetiva e a necessidade econômica.

  A convivência com familiares com traficantes propicia um trânsito pelo “movimento³” desde a infância: “Meu pai e meu avô eram

bandidos, não sei se era por causa de convivência com eles porque eles eram um sucesso. Eles tinham muito dinheiro e eu gosto de dinheiro e ali é dinheiro fácil”. O lugar onde viviam os amigos, as festas, o baile, a escola, o convívio na favela/comunidade são outras motivações que aproximaram as jovens do tráfico de drogas: “Todos os meus amigos, criados comigo estavam ‘no movimento’. Abramovay et al. (2010) ressalta que os jovens se encontram em uma etapa de construção de sua identidade, buscam sua autonomia, são gregários, procuram galeras, turmas gangues e mesmo a incorporação no tráfico de drogas para estar com ‘os seus’.

A ‘juventude’, por suas características, sua perplexidade e ambivalência, que alterna dúvida e construção de certezas, manifesta descontentamento ou reações por formação de culturas juvenis, e assim surge como categoria propícia para simbolizar os dilemas contemporâneos. Nos jovens, o desejo de experimentar o novo está acompanhado por incertezas, pela avidez de conhecimentos, pelo espanto e indefinições cotidianas de uma realidade que, simultaneamente, atrai e atemoriza. (Feffermann, 2006).

A infância e a adolescência vividas no morro propiciaram o envolvimento no tráfico em um primeiro momento a partir de favores: “‘Pode fazer um favor pra mim, vou te dar tanto’. Aí eu ia lá e fazia, já era um dinheirinho pra mim”. A relação de amizade possibilitou então que as jovens contribuísse para o tráfico: “Então eu ficava com eles[...] Eu gosto de morar aqui por causa das amizades, aqui é como se todo mundo fosse família, se alguém precisar a gente ajuda, é a união por todo mundo morar no mesmo local. Se chegasse alguém eu vendia”.

Se no discurso aparece a questão dos favores, como um elemento definidor para o envolvimento com o tráfico, na prática é uma forma de ganhar dinheiro com um trabalho remunerado. Pode-se afirmar que a necessidade financeira é outro fator que motivou a entrada: “Eu tinha que arrumar dinheiro, então fui buscar drogas em outra comunidade e ele me pagavam R$400,00. Este trabalho é de onde vinha o meu dinheiro, eu escutava os meninos falarem que estavam precisando de alguém para transportar as drogas”.

Segundo Torres e Angarita (2007), as mulheres que atuam no tráfico como mulas tem uma grande vulnerabilidade econômica, considerando que é uma população muito jovem, solteira e/ou que não conta com o apoio dos seus companheiros. No estudo foi verificado que o pagamento era realizado segundo a quantidade de droga transportada: “Eu ganhava $200,00, $250,00 depende da quantidade que eu ia buscar, se fosse muita quantidade era $300,00, $350,00 se era pouco era $150,00.

O confronto com a polícia faz parte dos riscos do trabalho e produz muita adrenalina: “O motoqueiro sabia, mas ficava normal, deixava os policial fazer o trabalho deles, depois [o policial] liberava a gente. Aconteceu várias vezes, das outras vezes a gente passava assim por eles com o coração na mão, mas não parava”.

Os riscos fazem parte do cotidiano destas jovens, relatam que agiam de forma inconsequente e sem limites. Em suas trajetórias, a transgressão as regras estabelecidas eram corriqueiras: roubavam, namoravam bandidos, saiam de madrugada. Contam suas histórias, ressaltando com entusiasmo situações em que ao transgredir saem do lugar comum o que é uma forma de autoafirmação: “Muita coisa eu já vivi, muita coisa mesmo, já fiquei vários dias fora de casa assim”.

Uma das estratégias para enfrentar o risco da atividade de mula foi explorar a aparência feminina, o que facilitava o transporte e a passagem por algumas blitz. A estratégia para realizar o trabalho era estar bem arrumada: “A gente passava, (...) se produzia, se maquiava, botava calça, tênis e ia, como se fosse sair mesmo, se arrumava e passava batido pelos policiais”.

Nas trajetórias estudadas, a atividade de cargueira/mula não é vivida como pertencimento ao tráfico. Quando indagamos a L. se conhecia alguma traficante mulher na favela/comunidade, a resposta foi negativa, pois as mulheres que ela conhece são cargueiras/mulas e para elas transportar drogas tem a função de ajudar os traficantes. “[Meninas] que transportam drogas, eu conheço diversas, mas estas não são traficantes é só para ajudar”. Outra entrevistada afirma conhecer uma traficante antiga no morro, “Uma bandidona, sapatona, igual aos homens, não gostava de fofocas e raspava cabeça das mulheres como punição, quando brigavam na rua, traiam os namorados e etc.: muitas mulheres ai no morro ficaram careca”.

Nas entrevistas, em vários momentos, constatou-se o quanto são vaidosas, investem na sua aparência e quando relatam a punição com corte de cabelo, afirmam que este é o castigo que mais temem, o cabelo é o “cartão de visita”.

Nos relatos de cenas do cotidiano, verificou-se a subalternidade de gênero existente, explícitada, quando são excluídas da apresentação de um novo visitante “uma pessoa de fora”. Nesta situação todos os homens são cumprimentados com um aperto de mão, como selo de um vínculo/ respeito/consideração e as mulheres não, demonstrando que não fazem parte do grupo. Só são inseridas, quando há necessidade de guardar algum tipo de material: “Todo mundo que chega de fora, ele não vai apertar a nossa mão, vai apertar a mão só dos homens, não tem costume de apertar a mão das mulheres [...] mas, sabe que confia se der alguma coisa para guardar.

A inserção dessas jovens no tráfico, por meio da atividade de mula, leva em conta a construção social de sua identidade, pois é vinculada aos atributos:

[..]“Vulnerabilidade”, determinados pelo seu gênero, classe, idade,[...], não só são necessários como fundamentais para que exerçam esta função. Isto significa que a mulher pelo fato de ser mulher (ou pela construção de gênero socialmente atribuído a ela) se encaixa no papel de mula, pois possui as características que possibilitam o exercício deste papel. (Torres Angarita, 2007: 9).

A implantação da UPP foi um marco na trajetória dessas jovens no que se refere ao seu trabalho no tráfico. O principal objetivo da UPP era a diminuição das atividades do tráfico de drogas e o desarmamento nas favelas/ Comunidade. Nos primeiros meses, ocorreu um recuo dos traficantes e assim uma invisibilidade das suas ações, com implicações diretas no comércio, no lucro e nas atividades dos traficantes. Algumas das jovens entrevistadas pararam de transportar as drogas e começaram a “ajudar” os traficantes em suas atividades de venda, no entanto outras continuaram no transporte.

O fato de não serem fichadas⁴ pela polícia possibilitou um maior trânsito na favela/comunidade. A função atribuída a elas era de ponte entre o traficante e os “viciados”, que eram moradores da favela/ comunidade ou compradores de fora:

Quando a UPP entrou, eles pegavam uma carga e eu ficava com a minha aqui, ai vendia “sapatinho⁵”, não tinha como eles vender ai eu ia lá e vendia pra eles rapidinho e eles iam embora. (JOVEM, sexo feminino, 22 anos, exmula).

Mas quando vinha gente de fora ele falava aquele de blusa verde eu ia lá e entregava. Ele sempre ficava assim parada, esperando, então eu via que era aquele e entregava. (JOVEM, sexo feminino, 24 anos, exmula).

Outras jovens iniciaram o transporte a partir da implantação da UPP: “Mas nunca me envolvi nisso, depois que entrou a UPP aqui no Morro eles precisavam, e eu queria tipo assim, de uma forma de ajudar”.

Os afetos e desejos são permeados pelas relações de poder do tráfico e pela sua especificidade no Rio de Janeiro. A rivalidade entre as Facções⁶ existentes nas favelas, promove violência, decorrente da disputa de território. Antes da UPP, a guerra na região pesquisada ocorria entre o Comando Vermelho⁷ e Terceiro Comando⁸, depois da implantação a lógica do inimigo, do “alemão”⁹ prevalece. Assim, um morador mesmo que não pertença ao tráfico, quando mantém relação com alguém de uma favela rival é considerado uma afronta a toda comunidade, motivo de cobrança e mesmo de humilhação por parte do tráfico. é o máximo do “desrespeito”, preterir um traficante ou morador do morro para ficar com um homem de outra facção : “Aqui no morro, muita gente me criticou por eu ter tido uma pessoa de outra facção. Eu já apanhei na boca¹⁰> de fumo por causa disso”.

Algumas destas jovens, hoje não trabalham mais no tráfico, e apontaram que o que as motivações para sua saída foram: a idade, a maternidade e a presença dos policiais da UPP: “Hoje eu não faço mais isso, eu já sou de maior, tenho minhas filhas, acho que hoje em dia é muito risco. O meu medo sempre foi de ser presa”.

O futuro, os sonhos, as perspectivas de vida, ficam esvanecidas. As trajetórias intercortadas, impediram que muitos sonhos se realizassem ou mesmo que fossem sonhados. Não vislumbram um horizonte para si. No passado, não tinham limites, nem barreiras para ir atrás dos seus desejos, independente quais fossem, hoje o horizonte se restringe ao viável e necessário, para responder a uma realidade concreta: “Hoje em dia não tenho mais sonho, tanta coisa que já passei na minha vida, deixa a minha vida assim como que está, acho que vai ser assim mesmo de hoje em diante”.

A maioria dos sonhos estão relacionados com o futuro dos filhos e um trabalho para garantia da educação dos mesmos: “Não quero que ela fica igual eu, parar de estudar cedo, quero dar pra ela o que eu não tive.

A defasagem entre educação e expectativas de realização se relaciona com a inserção no mercado de trabalho, já que uma das principais dificuldades que enfrentam é a falta de formação às demandas existentes e de experiência. A elevada seletividade do mercado, que se acentua em período de reestruturação da economia, dá mais oportunidade àqueles que dispõem de altos níveis educacionais: “Porque a gente vai dar entrevista, a mulher fala: ‘espera em casa a gente vai ligar’. A gente fica esperando, eu prefiro ficar indo atrás espalhando o currículo. O pessoal não dá emprego também devido aos meus estudos”.

No momento em que refletem sobre suas vidas emergem sentimento de culpa e de arrependimento: “Eu gostaria de ter feito muita coisa, eu não me arrependo do que eu não fiz e tem coisa que eu fiz que eu me arrependo”.

As jovens se culpabilizam por questões que transcendem ao seu desejo ou mesmo as atitudes tomadas. E mais uma vez, sofrem a violência, de relações, preconceitos, desigualdades historicamente construídas e legitimadas ideologicamente pela sociedade. Uma violência que se baseia na fabricação de crenças no processo de socialização e que dá inteligibilidade para o mundo, o que Bourdieu (1989) denomina de violência simbólica, quando os símbolos, se afirmam como os instrumentos por excelência de integração social, tornando possível a reprodução da ordem estabelecida. O poder simbólico é um poder de construção da realidade, é o poder criar significações e impô-las como legítimas. (Abramovay, 2009). Estas jovens ao se culpabilizarem pelos obstáculos de suas vidas, reproduzem a dominação, de aderir as normas, regras e hierarquias sociais sem contestá-las. Aceitam a sua história, a desigualdade social, a pobreza, a falta de oportunidades como naturais.

Considerações finais

As relações de gênero assumem contornos específicos, no estudo sobre as trajetórias de jovens mulheres no tráfico de drogas. As entrevistadas participaram do tráfico em postos secundários/subalternos, com a função de mula, utilizando estratégias da sua condição de mulher e jovem.

A partir das transformações ocorridas no tráfico, após a implantação da UPP, as jovens ampliaram a sua participação, passando a exercer o papel de aviãozinho e de vendedoras de drogas, que segundo elas, tinha o objetivo de “ajudar” os amigos traficantes. Nesta perspectiva, não se consideravam traficantes, quando exerciam estas funções e sim ajudantes e prestadoras de favores, no entanto, possuem uma função na rede do tráfico, como trabalhadoras, respondiam a determinadas regras, corriam riscos e eram renumeradas, apesar de não se reconhecerem e nem serem reconhecidas pelos traficantes como integrantes do “movimento”.

Desta forma, a vida as suas jovens destoam das mulheres estudadas por Barcinski (2012), que depositam na “trajetória criminosa” o centro do processo de construção de suas identidades e se diferenciam das outras mulheres exercendo um poder que culturalmente é masculino. As entrevistadas não tem, no seu trabalho no tráfico, a centralidade da sua trajetória e permanecem em um lugar de subalternidade intrínseco ao seu papel de gênero.

O retrato de suas vidas, apresenta um misto de aventuras, busca de identidade como mulher - filha, companheira e mãe-, como trabalhadora do tráfico. Suas histórias são permeadas de violências, - algumas vezes como vítimas e outras como autoras -, mas sempre atreladas à dependência do masculino.

A trajetória familiar é marcada por “famílias recompostas”, em que a figura feminina é uma referência, tanto a mãe quanto a avó, que oferecem exemplos positivos e negativos, a partir de suas experiências de vida. Constata-se uma reprodução de violências e abandono, no papel de filhas e mulheres e o homem é, muitas vezes, ausente ou representante de atos violentos.

Na narrativa, a escola é mais prazerosa na infância, no entanto na adolescência torna-se um lugar desagradável e sem sentido. As brigas entre meninas são recorrentes como forma de prestígio e reconhecimento no enfrentamento de grupos rivais. No entanto, na sua trajetória afetiva, são subalternas e vítimas. A despeito da pouca idade,

tiveram vários relacionamentos, na maioria das vezes com traficantes, permeados de violência.

Ao realizarem um balanço de suas vidas, apontam as consequências de suas trajetórias interrompidas, por vários percalços como situações de afetos e desafetos, condições concretas de violência, reprodução da pobreza, dificuldades escolares, problemas no mercado de trabalho, rupturas com a família, envolvimento no tráfico que desviaram suas rotas e produziram efeitos nas suas trajetórias. Sendo jovens vivem o que Breton denominou a “paixão contemporânea pelo risco”. Trajetórias que tiveram como fio condutor a subordinação de gênero.

Bibliografia

Abramovay, Miriam et al. 2010 Gangues, gênero e juventudes: donas de rocha e sujeitos cabulososb (Brasília: Kaco Ed.; PPCAM; CUFA/DF; SDH/PR).

Abramovay, Miriam & Cunha, Ana Lucia 2009 “Masculinidades, Feminilidades e Violência no Cotidiano das Escolas” en Revista Educação e Cidadania. Vol. 10, Nº 10 Disponível em: http://seer.uniritter.edu.br/index.php/ educacaoecidadania/article/viewFile/139/59

Abramovay, Miriam y Feffermann, Marisa 2014” Novas feminilidades e gangues em Brasília” en Livro Violências e Delinquências Juvenis Femininas. Género e (In)visibilidades (Braga: Edições Húmus).

Almeida, Rosemary de Oliveira 2001 Mulheres que matam: universo imaginário do crime no feminino (Rio de Janeiro: Fiocruz; Relume Dumará; Núcleo de Antropologia da Política/UFRJ).

Alcolumbre, Shelley Macias Primo s/d “IBCcrim. A Evolução da Posição da Mulher na Sociedade e o Aumento da Criminalidade Feminina”. Disponível em : <http://www.ibrecrim.com.br/crime_06.htm>. Acesso em :18 Janeiro de 2009.

AngottI, Bruna 2011 Entre as leis da Ciência, do Estado e de Deus. O surgimento dos presídios femininos no Brasil. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Antropologia Social. USP.

Assis, Simone Gonçalves y Constantino, Patricia 2011 Filhas do Mundo: Infração Juvenil no Rio de Janeiro (Rio de Janeiro: Fiocruz).

Badinter, Elizabeth 2005 Rumo Equivocado: o feminismo e alguns destinos (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).

Bourdieu, Pierre 1989 O poder simbólico (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil).

Campos, Alzira Lobo de Arruda; Trindade, Liana Sálvia.; Coelho, Lucia Maria Sálvia 2008 Mulheres criminosas na abordagem interdisciplinar. Pesquisa em debate, edição 9, V. 5 nº 2, Jul/Dez.

Cecchetto, Fátima 2004 Violência e estilos de masculinidade. FGV Editora.

Costa, Elaine Cristina Pimentel 2008 Amor bandido: as teias afetivas que envolvem a mulher ao tráfico de drogas (Maceió: Edufal).

Departamento Penitenciário Nacional. Ministério da Justiça (DEPEN) 2013 “Projeto Mulheres: Mulheres presas, dados gerais”. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7BD574E9CE3C7D437AA5B622166AD2E896%7D&Te am=ms=itemID=%7BC37B2AE94C6840068B1624D28407509C%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE13-A26F70F4CB26%7D

Drapkin, Israel 2004 Manual de Criminologia e Vitimologa. Trad. KOSOVSKI, Ester. Vitimologia – Enfoque Interdisciplinar: Reproarte, 1994.

Delors, Jacques et al. 2006 Educação: um tesouro a descobrir (São Paulo: Cortez/ UNESCO/MEC).

Del Olmo, Rosa 1998 “Reclusión de mujeres por delitos de drogas. Reflexiones iniciales” en Revista Española de drogodependencias 23.1. 5-24.

Faria, Taís Dumê 2008 “Mulheres no Tráfico de Pessoas: vítimas e agressoras” en Cadernos Pagu, Campinas, V. 31, Jul/Dez, p.151-172.

Feffemann, M. 2006 Vidas arriscadas: um estudo sobre jovens inscritos no tráfico de drogas (São Paulo: Vozes).

Gebara, I. 1991 Conhece-te a ti mesma (São Paulo: Edições Paulinas). International Centre for Prison Studies (ICPS) 2013 “World Female Imprisonment List”. 2nd Edition. Disponível em: http://www.prisonstudies.org/about-wpb

Lemgruber, Julita 1999 Cemitério de vivos: análise sociológica de uma prisão de mulheres. 2. ed. rev. atual. (Rio de Janeiro: Forense)

Le Breton, David 1991 Passions du risque (Paris: Métalillé).

Moura, Maria Jurema 2005 Porta fechada, vida dilacerada – mulher, tráfico de drogas e prisão: estudo realizado no presídio feminino do Ceará. Dissertação de Mestrado em Políticas Públicas e Sociedade. Universidade Estadual do Ceara, Fortaleza.

Silva, Joseli Maria 2007 “Amor, paixão e honra como elementos da produção do espaço cotidiano feminino” en Espaço e Cultura (Rio de Janeiro) UERJ, N°22, p.97-109, Jan/Dez

Silva, Lorena e Abramovay, Miriam 2009 “Construções sobre Sexualidade na Juventud” em Abramovay, Miriam; Andrade, Eliane; Estevez, Luiz Carlos (organizadores). Juventudes: outros olhares sobre a diversidade (Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; Unesco).

Soares, B. M.; ilgenfritz, I. 2002 Prisioneiras: vida e violência atrás das grades. (Rio de Janeiro: Garamond).

Torres Angarita, Andreina Isabel 2007 Drogas y criminalidad femenina em Ecuador. El amor en la experiencia de las mulas (Quito: FLACSO).

Voegeli, Carla Maria y Petersen Herrlein 2008 Criminalidade & violência no mundo feminino (Curitiba: Juruá.

Zaluar, Alba 2002 A Máquina e a Revolta (São Paulo. Editora Brasiliense).

1 O termo “mula” se refere ao indivíduo que, conscientemente ou não, transporta droga em seu corpo.

2 Nascida e criada no morro.

3 Movimento, se refere ao movimento do tráfico de drogas.

4 Ter passagem pela policia.

5 Forma silenciosa, desapercebida. 

6 Organização criminosa.

7 A mais antiga organização do tráfico existente.

8 Facção criminosa, que surgiu para se opor ao Comando Vermelho. 

9 Alemão é uma gíria que denomina o inimigo.

10 Local onde se vende droga.

Resumen

Este texto trata do projeto brasileiro de TV digital interativa em sua dimensão de política de inclusão digital a partir do desenvolvimento de aplicativos de benefícios sociais dirigidos a indivíduos expostos à fratura social. Tais artefatos estão sediados no middleware brasileiro Ginga (camada de software que permite a interatividade na TVD) e sua usabilidade constitui teste importante da função de interatividade da televisão digital brasileira aberta, sobretudo em seu projeto de justiça social a partir do Ginga.

Abstract

This text deals with the Brazilian project of interactive digital TV in its dimension of digital inclusion policy from the development of social benefits applications directed to individuals exposed to social fracture. Such artifacts are based in the Brazilian Ginga middleware (software layer that allows interactivity on TVD ) and its usability is an important test of interactivity function of the open Brazilian digital television , particularly in its project of social justice from Ginga.

Sayonara Leal

Professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília-Brasil. Atuo nas seguintes áreas de pesquisa: Políticas de Comunicação; Sociologia da C&T e Sociologia política.

Professor, Department of Sociology at the University of Brasilia , Brazil . I work in the following research areas: Communication Policies; Sociology of S & T policy and sociology.

Palabras clave

1| Novas Tecnologias 2| TV digital 3| Comunicações 4| Políticas Públicas 5| Brasil.

Keywords

1| New Technologies 2| Digital TV 3| Communications 4| Public Policy 5| Brazil.

Cómo citar este artículo [Norma ISO 690]

LEAL, Sayonara A TV digital interativa brasileira como ferramente de política pública para inclusão digital: o middleware Ginga à provação da justiça sociall. Crítica y Emancipación, (13): 223-240, primer semestre de 2015.

A TV digital interativa brasileira como ferramenta de política pública para inclusão digital

O middleware Ginga à provação da justiça social

Este texto trata do projeto brasileiro de TV digital interativa em sua dimensão de política de inclusão digital a partir do desenvolvimento de aplicativos de benefícios sociais dirigidos a indivíduos expostos à fratura social. Tais artefatos estão sediados no middleware brasileiro Ginga (camada de software que permite a interatividade na TVD) e sua usabilidade constitui teste importante da função de interatividade da televisão digital brasileira aberta, sobretudo em seu projeto de justiça social a partir do Ginga.

O tema da tecnologia como dispositivo sociotécnico para inclusão social aparece como objeto promissor para a reflexão crítica acerca da construção e usos sociais dos artefatos tecnológicos produzidos no seio de uma sociedade cada vez mais marcada pela presença das novas tecnologias da informação e da comunicação (TIC´s). O advento das TIC´s ao mesmo tempo que demarca um processo de desenvolvimento cognitivo das sociedades contemporâneas, também se traduz em vetor importante de estratificação social, convertento o fenômeno de fratura social em fratura digital (Castells, 2003; Canclini, 2005). Nesse sentido, a tecnologia figura, igualmente, como ferramenta para análise sociológica do acesso ao consumo (Callon, 1998), como também à questão da estratificação social, portanto, remete ao tema da justiça social. (Dyson, 1997; Feenberg, 2004, Castells, 2003).

Na configuração da geografia dos usos das TIC´s são os pobres aqueles mais afetados pela estratificação digital. A pobreza, nesse sentido, quando leva a experiências de privações de acesso a serviços públicos e a benesses e riquezas produzidas pela sociedade (como as TIC´s) e demanda assistências (via políticas sociais) não gera um indivíduo excluído da sociedade, mas alguém não incluído. Nos termos de Simmel (2008), “O pobre é parte integrante do todo social, sua exclusão deste todo está na sua consciência porque a pobreza é forma particular de estar no interior da sociedade.” (p. 18). Por se tratar de condição particular de fazer parte do todo social, a pobreza não define o excluído social ou excluído digital, mas aquele incluído de forma restrita.

Nesse sentido, nos interrogamos como a tecnologia a partir de uma dimensão ética e moral incorpora princípios de justiça social ancorados em direitos de cidadania que se expressam no reconhecimento de diferenças sociais importantes (classes sociais) e na redistribuição de riquezas produzidas pela coletividade? (Fraser, 2005). Ou melhor, em que medida a tecnologia como produto de uma construção social pode responder a problemas gerados pela sua própria proliferação?

As abordagens acerca da tecnologia está diretamente relacionada ao debate ontológico sobre a constituição funcional da técnica, passando pelas referências dos essencialistas e dos deterministas tecnológicos até os construtivistas. Dessas abordagens, apreendemos que a tecnologia é colonizada pela razão instrumental, mas também portadora de linguagens que revelam lógicas e mundos sociais que podem oscilar entre orientações mercantis e cívicas. O modelo analítico do construtivismo social da C&T oferece um desenvolvimento interessante para pensar a relação entre estrutura social, grupos sociais e conjunturas sociais e técnicas na articulação de arquiteturas tecnológicas. Isso quando, sobretudo, se quer acessar aos valores difusos numa trama de atores heterogêneos que se interconectam desde a concepção aos usos de artefatos tecnológicos em configurações nas quais estrutura e conjuntura sociais apontam para discrepâncias importantes em termos de consumo e tipos de acesso às tecnologias.

No caso do middleware brasileiro, Ginga, este configura-se em instrumento de realização de inciativas de justiça social quando por meio de seus potenciais técnicos sedia aplicativos de benefícios sociais construídos para televisão aberta interativa e a partir de seus usos prestam serviços públicos a cidadãos que integram o chamado grupo de “desavantajados sociais”. No caso brasileiro, o aplicativo de benefício social, Brasil 4D é, atualmente, testado por famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, maior programa de transferência de renda do mundo. (BICHIR, 2010). Trata-se de um “aplicativo-base” que funciona no ambiente sócio-técnico do Ginga e gera serviços de informação sobre empregos e cursos, direitos da mulher, previdência social a famílias beneficiadas pelo BF. O aplicativo é iniciativa da Empresa Brasil de Comunicação -EBC, em parceria com órgãos do governo e empresas privadas, figurando como teste fundamental da função de interatividade do Ginga aliada à política de inclusão social no Brasil.

Nesse sentido, partimos da pergunta se o middleware Ginga, concebido como “objeto-fronteira”, oriundo da intersecção entre mundos sociais destoantes (sistêmico e cívico) cumpre a função republicana de conectar populações de baixa-renda do país ao universo das TIC´s?

A ênfase em aplicativos interativos para a TVDi ancorados em direitos sociais faz do Ginga um objeto sociotécnico sociologicamente relevante para problematizar a relação entre tecnologia, sociedade e coesão social em sociedades que aspiram aliar desenvolvimento cientifico e tecnológico e combate à desigualdade social, como a brasileira. A partir da realização de análise documental e entrevistas semi-estruturadas com engenheiros-cientistas que participaram da concepção do Ginga, desenvolvedores e usuários do aplicativo Brasil 4D, discutimos, apoiados na abordagem da sociologia da inovação, a relação entre TVDi, interatividade cívica via Ginga e justiça social, problematizando as relações e tensões entre a invenção do middleware e seus usos, os quais resignificam sua concepção e finalidade.

O projeto de televisão digital interativa brasileira e o problema da fratura digital no país

A fratura digital no Brasil está vinculada a um quadro importante de estratificação social e se manifesta, especialmente, no acesso limitado de camadas menos favorecidas da população às novas tecnologias da informação, em especial, ao computador conectado à Internet. Em 2013, 48,1% de lares brasileiros contavam com um computador, dos quais 40,8% tinham acesso à Internet. Assim, somente 30% da população têm acesso a Web. Na Zona rural brasileira, 77% de pessoas nunca acessaram à Internet, isto é , 56 milhões de brasileiros (CETIC.Br., 2014). A televisão digital interativa– TVDi brasileira surge nesse cenário como uma ferramenta para inclusão digital, sobretudo, porque a televisão é a mídia eletrônica presente em 91% dos lares brasileiros.

O Sistema Brasileiro de Televisão Digital – SBTVD- foi idealizado como uma estratégia governamental para o desenvolvimento tanto da indústria manufatureira nacional como de políticas públicas de inclusão digital a partir da TVDi. Estes dois propósitos estão objetivados na camada de software que permite a função de interatividade de seus aplicativos, o Ginga. Além, dessas particularidades, o Ginga é também instrumento estratégico de geopolítica para difusão da tecnologia brasileira em países do Cone Sul, já adotado em sistemas de televisão digital de 20 deles nessa região. Ainda podemos ressaltar que o middleware brasileiro tornou-se um vetor de soberania nacional ao torna-se obrigatório por decreto governamental nos aparelhos de televisão produzidos por fabricantes internacionais instalados no Brasil.

Por suas características técnicas que exprimem dimensões sociais e políticas, dadas desde sua concepção em universidades brasileiras, o Ginga é objeto de incertezas, tanto do ponto de vista tecnológico, como econômico. As incertezas em relação a uma nova tecnologia estão no centro dos debates controversos acerca dos artefatos tecnológicos, sobretudo porque tanto experts, como agentes públicos, empresários e cidadão comum não podem assegurar o futuro de uma tecnologia. Não podemos prever se ela vai atender a todos os interesses que estão no cerne da sua concepção (Akrich, 1991).

No caso do middleware brasileiro, as incertezas são, sobretudo, de três ordens. Primeiro, elas são de natureza tecno-jurídica, quando não há clareza na política de licenciamentos de soluções proprietárias. Segundo, são do tipo tecno-econômica, quando são oriundas de um quadro de expectativas de formação de mercados locais associados aos interesses do ecossitema industrial e empresarial dos setores de radiodifusão e de telecomunicações do país. E, por último, elas são de caráter tecno-político, quando procedem da confrontação entre qualidades técnicas da tecnologia e sua relação com projetos de políticas públicas governamentais. Iremos centrar nossa atenção nesta ùltima incerteza enquanto desafio para realização dos objetivos de justiça social atribuídos à tecnologia Ginga.

O projeto brasileiro de televisão digital interativa: a adoção do Ginga

Quando o governo brasileiro financiou pesquisas sobre o desenvolvimento de referências de um middleware para a televisão digital nacional fixou certas exigências importantes que deveriam ser respeitadas pelos seus conceptores, uma delas sendo a interatividade. Neste cadro, o estudo do middleware Ginga nos permite realizar uma análise acerca das “èpreuves”¹ pelas quais essa tecnologia tem sido submetida para conquistar a sua “estabilidade total” nos referenciando em dois eixos. De um lado, existe um contexto de iniciativas estatais visando promover a inclusão digital a partir do middleware com a criação de aplicativos de benefícios sociais que permitem populações acesserem serviços públicos (saúde, trabalho, educação) pela televisão digital. Neste sentido o Ginga é visto como instrumento de política pública para promoção de direitos sociais, fortalecendo uma cidadania social a partir de uma “interatividade cívica”, mas com baixa conexão.

De outro, nos chama a atenção que as interações sociais e técnicas que dão lugar à inovação tecnológica são guiadas para uma concepção particular de interatividade, sobre a base de hipóteses do movimento do sotfware livre. Os elementos citados concernem ao mais

alto ponto de reflexão sociológica a propósito do tratamento das finalidades sociais para a existência técnica do middleware brasileiro diante de interesses distintos e muitas vezes divergentes dos atores heterogêneos que integram o ecossistema do SBTVD-T.

Para acessar as “missões” sociais e culturais atribuídas ao Ginga, passaremos pela análise tecnológica (a descrição do objeto e de suas propriedades intrinsecas) e, em seguida, a análise sociológica do objeto técnico (meios nos quais ele se move e sobre os quais produz seus efeitos). Trata-se da discussão de inovações baseadas na interação social entre um certo número de atores com competências variadas no coração do processo de inovação em seus movimentos de idas e vindas segundo novos dados oriundos dos usuários/cidadãos. (Akrich, 1998).

2.1. Ginga : do que se trata?

Na cultura brasileira, Ginga é um termo aplicado para designar uma qualidade ligada à atitude pela qual, por exemplo, uma pessoa pode superar uma situação difícil em sua vida com desenvoltura. Trata-se também de um termo utilizado para qualificar um movimento fundamental da Copeira (jogo de origem africana). Segundo um pesquisador da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que participou do desenvolvimento do middleware brasileiro: “A idéia que surgiu era de dar um nome [à tecnologia] que tivesse a cara do Brasil, ao modo brasileiro. Daí o nome Ginga.”.

Ginga, grosso modo, corresponde a uma camada de software intermediária (middleware) que permite o desenvolvimento de aplicativos interativos para a televisão digital, independente da plataforma material de fabricantes de terminais de acesso à televisão (set top box). Trata-se de um artefato tecnológico que permite interatividade SBTVD-T em diferentes níveis de conexão à Internet. Em todo sistema tecnológico da televisão digital, o middleware é um elemento chave porque guia as regras de funcionalidades no sistema para que as aplicações possam ser executadas pela plataforma. O middleware está no coração do software permitindo que uma mesma aplicação possa funcionar sobre todos os decodificadores (set top boxes) segundo especificações técnicas e isso independentemente do fabricante de televisão. (Caroca, 2008).

O middleware é utilizado para manipular a informação entre programas, escondendo do programador diferenças de protocolos de comunicação, de plaformas e dependências do sistema operacional. Compõe-se geralmente de módulos com API´s de alto nível que fornecem sua integração com as aplicações desenvolvidas em diferentes linguagens de programação de interface de baixo nível que permitem sua independência em relação ao aparelho. (Caroca, 2008).

Ginga é o resultado da junção do middleware FlexTV, baseado no Java, desenvolvido por um consórcio de pesquisa dirigido pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB e do MAESTRO, composto pelo Nested Contest Language – NCL, criado pela Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro- PUC/Rio. A tecnologia surge no quadro da política pública de C&T, durante o governo de Lula, para financiar o desenvolvimento de tecnologias em torno do projeto do SBTVD-T.

Toda concepção do Ginga foi universitária. Ele nasceu na PUC e depois foi introduzido em open source ... foi o primeiro middleware com código aberto e livre. E isso fez com que o Ginga obtivesse uma grande força no seio da comunidade do software livre. Isto é muito importante para a democratização porque, entre outras coisas, permitimos a outros atores que se juntassem a esse processo (de concepção). (Pesquisador 1).

Caraco (2008) explica que o FlexTV foi uma proposição de um middleware imperativo que apresentava um conjunto de API´s compatíveis com outras normas assim como também com funcionalidade inovadoras tais quais a capacidade de comunicar com várias elementos da tecnologia, permitindo a diferentes telespectadores interagir com a mesma aplicação interativa a partir de aparelhos à distância. Já o dispositivo MAESTRO, coordenado pela PUC-Rio, foi proposto como projeto de middleware declarativo do SBTVD-T. O Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital da UFPB-Lavid, foi encarregado de coordenar o grupo do projeto FlexTV. Os trabalhos feitos sobre a FlexTV, somados ao projeto MAESTRO, conduziram a soluções para a especificação de um novo padrão de middleware, o Ginga, que foi incorporado ao SBTVD-T, em 2006. (SILVA, 2008).

A junção dos dois projetos de middlewares estava considerada como resposta adequada às escolhas impostas pelo governo brasileiro no quadro do desenvolvimento do middleware brasileiro. Este deveria permitir a compatibilidade internacional para a exportação e a importação de conteúdo e devia igualmente dispor de mecanismos destinados a promover a inclusão digital da população. No que concerne à primeira obrigação, a compatibilidade, a norma International Telecommunication Union (ITUJ200) foi adotada como uma norma de referência para o desenvolvimento de sistemas de middlewares interoperáveis. Essa norma prevê dois elementos principais: uma máquina de execução que permite a exibição de conteúdos declarativos, como o XML e uma máquina de apresentação que possibilita a fabricação de aplicativos procedurais, como aqueles desenvolvidos em Java. Aliás, foi previsto uma ponte entre os dois ambientes técnicos, o que no caso brasileiro significa a possibilidade de ter em um aplicativo Java e um elemento NCL.

O Java foi incorporado ao middleware brasileiro para fazer parte de uma máquina de execução, o Ginga-J e o Ginga NCL no seio do motor de apresentação cuja especificação foi, em princípio, Graphic Environnement Manager (GEM), um nó comum de middleware baseado no Multimedia Home Plattform (MHP). (LEITE, 2011).

Quando se acreditava que a arquitetura do Ginga estava fechada, veio à tona o risco de pagamento de royalties ao consórcio Digital Vídeo Broadcasting (DVB), pelo uso do GEM do MHP. A identificação desse problema, o qual se traduz no evento detonador da controvérsia sobre a arquitetura final do Ginga, durante o processo de normatização do Ginga-J), levou ao desenvolvimento pela Sun Microsystems, sociedade proprietária das licenças do Java TV, do Java Digital Television (Java DTV). A nova especificação para o Ginga-J foi integrada ao middleware mesmo se esta não continha a obrigação esperada de compatibilidade internacional. A versão final do Ginga coloca acento sobre a facilidade de sincronização espacio-temporal entre os objetos multimidias utilizando uma linguagem declarativa NCL11 (imbricado ao Contexte Language) agregado às características da linguagem script Lua12, esta compatível com as definições normativas da ITU, Ginga integra as duas soluções (Lua12 e NCL11), agora chamadas Ginga-J e Ginga-NCL.

De acordo com os engenheiros/pesquisadores e funcionários engajados no Projeto Ginga, sendo conciliável com os parametros internacionais da ITU, o middleware foi desenvolvido afim de considerar as últimas inovações em termos de TIC´s e as necessidades de inclusão digital do país. Esses objetivos não seriam traçados se o middleware adotado pelo SBTVD-T fosse um das tecnologias já existentes no mundo.

O governo esteve no coração desta história porque não adotou um padrão tão simplismente. Ele favoreceu um debate para saber se adotaríamos uma plataforma ou se havia algo melhor. Isso foi crucial porque neste momento, o governo publicou chamadas públicas para financiar o desenvolvimento de pesquisas. Assim, essas chamadas, que são muito comuns na Europa, não existiam no Brasil. O governo deu a força às universidades dizendo que não iria adotar uma plataforma européia, americana ou japonesa, mas iria analisar o que seria melhor para o país. (Pesquisador 1).

As exigências do governo brasileiro para o desenvolvimento de inovações para integrar o SBTVD-T não passa somente por requisitos técnicos, mas também pela interatividade como mecanismo para o combate de problemas sociais brasileiros, como a fratura digital. Outros dados contextuais baseados sobre a realidade brasileira acerca do acesso às TIC´s podem ser evocados para justificar o desenvolvimento do Ginga como instrumento de inclusão social, como o fato que no Brasil há uma presença significativa de linhas de telefone móvel, por exemplo.

A norma atual do Ginga full recomenda somente o Ginga NCL para dispositivos móveis. O Ginga-NCL é o ambiente técnico requerido para os aparelhos portáteis cuja implementação de referência apareceu em 2008, realizado como protótipo pela equipe do Laboratório Telemidia da PUC-Rio. (Cruz, Moreno, Soares, 2008). Trata-se do único modelo de middleware permitindo a integração de uma funcionalidade interativa de IDTV nos aparelhos de telefonia móvel. Isso significa que um telefone móvel pode ser utilizado como um canal de retorno pelo sistema técnico da televisão, ou utilizado como contrôle remoto, ou mesmo como dispositivo de interação (para responder a pesquisas de opinião, por exemplo). Essas funcionalidades utilizam protocolos comuns tais como Bluetooth, USB, Wifi, etc., sendo o Ginga compatível com diversos aparelhos. (Silva, 2008).

Mas, até o momento, mesmo com as ações de fomento à interatividade na TVD brasileira com o Ginga, não existem muitos produtos no mercado brasileiro para aparelhos de TV e de celulares utilizando o Ginga. Os protótipos estão em curso de elaboração em laboratórios de pesquisa em universidades brasileiras e empresas privadas de software. A Nokia lançou o Ginga Mobile utilizando a televisão digital móvel para oferecer programas de televisão gratuítos. Essa iniciativa foi considerada como o primeiro produto comercial que oferece interatividade pelo telefone móvel em aparelhos da Nokia.

Ginga como política pública nacional de inclusão digital: Brasil 4D como ferramenta de justiça social

A consolidação do artefato técnico híbrido Ginga (Java + NCL/Lua) enquanto inovação tecnológica passa, necessariamente, pelos operadores de televisão (responsáveis pela mediação entre o middleware e o telespectador, a partir de serviços); o governo (responsável pela regulação das atividades econômicas e industriais do ecossistema da TVDi e pelo financiamento de projetos que fomentem a interatividade na televisão digital, inclusive aquela com fins sociais) e os usuários/ audiência da TVDi e de seus aplicativos (cujos usos podem redefinir utilidades pré-concebidas de uma inovação).

Uma das ações do Ginga Brasil é o Ginga Br.Labs. Trata-se de um projeto implentado pelo Minsitério das Comunicações em parceria com o Ministério da Educação e a RNP. A partir desse projeto foram selecionados 10 radiodifusores públicos para abrigar laboratórios de teste de conteúdos e de aplicativos interativos para a televisão digital. No total, foram selecionados 40 pessoas, entre técnicos, produtores ou realizadores das entidades que estão sendo formados para utilização e desenvolvimento de aplicativos e de conteúdos interativos baseados no Ginga.

Ainda em 2014 foi lançado o Concurso INOVApps que apoia o desenvolvimento de aplicativos e conteúdos para dispositivos digitais. O objetivo é estimular pequenos desenvolvedores e empresas da área da economia criativa. Além do Programa APL Conteúdos que consiste no incentivo a projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico onde já existam Arranjos Produtivos Locais (APLs), com vínculos de interação e cooperação tanto entre si quanto com outros atores locais. O foco está no estímulo à criação de centros de produção e pós

-produção de Conteúdos Digitais Criativos.

O teste do Ginga: a interatividade cívica do Brasil 4D

O middleware brasileiro tem sido testado no funcionamento da televisão digital no país por televisões públicas, a TV Brasil da EBC e pela TV Câmara, uma televisão legislativa. Essas duas redes de TV desenvolvem juntas o Projeto Brasil 4D com a contribuição de dez empresas, três universidades, quatro ministérios e o Banco do Brasil. Este projeto é a primeira experiência de TV digital pública voltada para a população de baixa renda.

A idéia central do Brasil 4D consiste na realização da funcionalidade de interatividade do SBTD-T via transmissões de conteúdos de interesse público que não se encontra na programação televisiva tradicional. O projeto-piloto foi lançado em dezembro de 2012 e atendeu 100 famílias beneficiadas pelo programa social de assistência à pobreza, Bolsa Família, na cidade de João Pessoa (PB), no Nordeste do país. Essas famílias desempenham um papel de usuários/telespectadores das funcionalidades de interatividade disponíveis pelos operadores de televisão. Esses usuários, cada um a seu jeito, testam a interatividade prevista pela televisão digital a partir do Ginga. Cada família do projeto se beneficia de uma formação organizada por técnicos contratados para ensinar aos usuários a instalar e usar o equipamento.

O equipamento compreende um set-top-box com Ginga embarcado que permite a interatividade a partir do acesso ao canal da televisão pública da EBC que oferece serviços públicos via telecomando do aparelho de TV.

No projeto Brasil 4D o fornecimento de uma plataforma única é previsto pelo sistema de transmissão digital com compartilhamento físico, operacional e de conteúdo. Os utilizadores desse sistema têm a oportunidade de tentar em seus televisores o acesso à exposição de vídeos interativos feitos pela operadora de TV pública. Os participantes do projeto têm a sua disposição aplicativos nos seguintes domínios: trabalho (o Ministério do Trabalho fornece informações sobre possibilidades de emprego, qualificação laboral gratuita na região habitada pelo usuário e sobre documentos necessários para o exercício do trabalho regularizado); saúde (o Ministério da Saúde criou episódios de séries de TV baseados em situações do quotidiano que tratam da saúde familiar, vacinação, aleitamento e acesso à farmácia popular; benefícios sociais (o Ministério do Desenvolvimento Social fornece informações sobre acesso a programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família); educação financeira (o Banco do Brasil criou o aplicativo que ensina aos usuários a organizar suas finanças pessoais). Todos esses aplicativos foram concebidos por pesquisadores de universidades brasileiras e desenvolvedores simpáticos ao movimento do Software Livre. (Brasil, EBC, 2013).

A experiência do Brasil 4D em João Pessoa revela que o aprendizado da população de usuários sobre como acessar o aplicativo se deu progressivamente após a instalação do equipamento e se apresentou bastante intuitiva. Quase 28% dos respondentes da pesquisa sobre usos sociais do Brasil 4D responderam que não conseguiram manejar a tecnologia, no entanto, 58% disseram que se sentiam à vontade com o aplicativo, mesmo se 14% destes admitiram a necessidade de incrementar o uso que fazem da TVDi. Os pesquisadores concluíram que 72% desses usuários consideraram seu aprendizado sobre a ferramenta uma experiência bem sucedida. (Brasil, 2013).

No que concerne à percepção das famílias participantes do projeto sobre as funções dos recursos oferecidos pelo aplicativo, podemos dizer que esse usuários identificaram finalidades sociais da tecnologia. Alguns comentaram, por exemplo, que encontraram emprego acessando o aplicativo de trabalho, outros se informaram sobre sintomas e diagnósticos de doenças, com o aplicativo de saúde. (BRASIL, 2013, p. 101). Mas, algumas mulheres entrevistadas na experiência Brasil 4, em fase de realização no Distrito Federal do Brasil, informaram que tiveram acesso pela primeira vez em suas vidas sobre direitos da mulher (como a existência da Lei Maria da Penha) e acesso a uma ferramenta que oferece acesso a informações “úteis” facilitadas pela TV digital. “A primeira coisa que temos acesso com essa interatividade pela TV é se informar de assuntos que não conhecemos muito bem.”, diz uma usuária do aplicativo da cidade da Sambaia (DF). Lembramos que as famílias atendidas pelo Brasil 4D, até o momento, integram o mapa da desiguldade de acesso às TIC´s, assim como da Internet, no país, o que corresponde ao fenômeno geolocalizado de estratificação de distribuição de poder, status e renda, apontado por autores como Castells (2004) e Canclini (2005).

Essas duas experiências de oferta de serviços públicos a populações desfavorizadas através de aplicativos baseados no Ginga tem, de um lado, mostrado as possibilidade de interatividade cívica da TVD aberta, mesmo se estamos nos referindo a um nível muito modesto de conectividade, mas de outro lado, revelam os desafios para o sucesso do middleware brasileiro na sua missão de inclusão digital no país. Os grupos sociais relevantes definidores desenho do Brasil 4D (desenvolvedores-pesquisadores, produtores de TV, usuários e radiodifusores públicos) têm, a partir de suas interpretações (flexibilidade interpretativa) da experiência de uso do artefato, realizado operações críticas acerca da função benefício social da tecnologia². A segunda etapa do projeto, no DF, já incorpora modificações no aplicativo de acordo com as avaliações dos participantes da experiência em João Pessoa.

Para os desenvolvedores-pesquisadores que conceberam o aplicativo Brasil 4D, a idealização e arquitetura do artefato está em sintonia com dados culturais e econômicos da nossa estrutura social, uma vez que cultivamos uma cultura digital, mas ao mesmo tempo convivemos com o fenômeno da fratura digital. Neste sentido, os desenvolvedores são unânimes em justificar seu engajamento ao processo de construção da tecnologia em função de sua essencialidade na vida de cidadãos brasileiros que têm nenhum ou pouco acesso às TIC´s. Segundo um desenvolvedor entrevistado:

Desenvolver um aplicativo comercial você tem que achar um nincho de mercado para ter um retorno financeiro e desenvolver um aplicativo voltado para o social é atingir uma camada excluída de alguma forma, de alguma coisa e você vai levar um tipo de informação para eles que não a veriam em qualquer outro espaço. As pessoas que vão acessar o aplicativo não tem Inernet em casa e às vezes nem sinal de Internet.

Inegavelmente, os aplicativos de beneficios sociais são oriundos tanto de uma “racionalização democrática” que se localiza na intersecção entre experiência do mundo social, razão (democrática) e ação (mudança social) como do reconhecimento de desigualdades sociais na redistribuição de “riquezas” produzidas pela sociedade, como as TIC´s. Esses artefatos são promotores do que denominamos de “interatividade cívica”, uma modalidade de interação via TV digital que oferece serviços públicos, independente de uma alta conexão de Internet.

E, para finalizar, é importante ressaltar que no caso específico do Brasil 4D, no momento, o fato de o aplicativo não demandar uma interatividade com alta conexão de Internet, isso não invibializa a “interatividade cívica” como expressão de inclusão social proposta pelo projeto. Isso porque, por um lado, a relação entre avanço tecnologico, estrutura social e as instituições e grupos sociais existentes dão origem à inovação possível e nem sempre a busca ou o alcance da tecnologia mais desenvolvida ou de ponta. (Andrade, 2006). Por outro lado, as situações técnicas e sociais que dão origem a uma inovação são imprevisíveis, e nesse sentido as tecnologias resultam do encontro de racionalidades diversas que adquirem uma configuração conjuntural a partir da troca de experiências e interpretações (apoiadas em valores) entre setores produtivos, consumidores/usuários, gestores públicos, experts entre outros. Como afirma Andrade (2006), não existem princípios evolutivos que determinem aprioristicamente os rumos do processo inovativo, mas uma construção que se dá em movimentos de vais e veins. (Akrich, Latour, Callon, 1988; Bijker, 2005; Akrich, 1994, 1990, 1998).

O grande desafio do Brasil 4D está naquilo que Feenberg explica sobre a importância do “encaixe” entre artefatos técnicos e os interesses e crenças dos grupos sociais envolvidos no design da tecnologia e não, necessariamente, na sua eficiência técnica ou econômica. Conclui o autor: “O que é específico em um artefato é a sua relação com o ambiente social, e não alguma propriedade intrínseca...” (Feenberg, 2004: 179.)

Considerações finais

Inferimos que, atualmente, a existência do Ginga e seus desenvolvimentos decorrem da sua pertinência tecnológica, compatibilidade com o cenário tecnológico e econômico e moral para desenvolver artefatos que dialoguem com a politica governamental acerca da inclusão digital; com as expectativas de sua usabilidade por diversos públicos (aqueles que têm muito e pouco acesso à internet) e com o o cenário político-econômico do qual dependem os investimentos em aplicativos pelas operadoras de radiodifusão para a comercialização do middleware brasileiro.

O Ginga sedia artefatos tecnológicos –aplicativos de benefícios sociais, como o Brasil 4D, que dão “vida” e dinamicidade ao seu modo de existência, propiciando, inclusive, operações críticas por parte de seus usuários que reforçam a sua reversabilidade – moderada - em função do progresso técnico e de demandas sociais, culturais e econômicas que concernem ao ecossistema do Ginga. No que nos interessa mais de perto, a construção e usos sociais de aplicativos de interesse público e de benefícios sociais baseados na plataforma Ginga para interatividade na TVD correspondem, em termos de projeto, à dimensão dialógica-republicana atribuída a esse artefato técnico.

É preciso avançar mais sobre as relações entre tecnograma (elementos técnicos do artefato) e o sociograma (elementos humanos do artefato) no caso específico de uma tecnologia que incorpora princípios de justiça social apoiados no reconhecimento do direito social ao acesso às TIC´s de populações inseridas de forma diferenciada na chamada “sociedade da informação”. Nesse sentido, estamos investindo numa pesquisa centrada, por um lado, na concepção (desenvolvimento) de aplicativos de benefícios sociais, e, de outro, nos usos e apropriações desses artefatos feitos por populações atendidas pelo programa de transferência de renda brasileiro, Bolsa Família, no Distrito Federal, entre 2014 e 2015, no quadro do Brasil 4D.

Bibliografia

Akrich, M., Callon, M. Et Latour, B. 1988« A quoi tient le succès des innovations? 1 : L’art de l’intéressement, Gérer et comprendre » en Annales des Mines, 11, pp .4-17.

Akrich, M.1994 « Comment sortir de la dichotomie technique/société. Présentation des diverses sociologies de la technique » en Latour, B.et Lemonnier, P., ed, De la préhistoire aux missiles balistiques : l’intelligence sociale des techniques, (Paris, La Découverte).

Akrich, M. 1990 « De la sociologie des techniques à une sociologie des usages : l´impossible integration du magnetoscope dans les reseaux cables de premiere generation » en Revue Techniques et Culture, N°16 (Paris), pp. 83-110.

Akrich, M. 1998 Les utilisateurs, acteurs de l’innovation en Revue Education Permanente, N°134, 1998, p.79-89.

Akrich, M. 1991 L´analyse sociotechnique dans le processus d´innovation. en Vinck, D. (Ed.). La gestion de la recherche. (Bruxelles : De Boeck).

Andrade, Thales Novaes de 2006 “Aspectos sociais e tecnológicos das atividades de inovação” en Revista Lua Nova N° 66 (São Paulo) pp. 139-166.

Bijker, W. 2005 “Cómo y por qué es importante la tecnología?” em Revista Redes, mayo, vol. 11, N° 21 (Buenos Aires) pp. 19-53.

Bichir, Renata Mirandola 2010 “O Bolsa Família na berlinda? Os desafios atuais dos programas de transferência de renda” en Novos estudos - CEBRAP N° 87 (São Paulo) pp. 115-129, July 2010. Available from <http://www. scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010133002010000200007 &lng=en&nrm=iso>. Access on 13 July 2015.

Boltanki, L. 1993 La souffrance à distance: morale humanitaire, médias et politiques  (Paris: Métailié).

Brasil 2013 “Empresa Brasil de Comunicação – EBC. Brasil 4D” em Estudo de Impacto Socioeconômico sobre a TV Digital Pública Interativa (Brasilia: EBC).

Caroca, Caio Regis 2010 “Um processo de verificação e validação para o middleware Ginga”. Paraíba: João Pessoa. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Informática da Universidade Federal da Paraíba.

Callon, Michel 1998 « El proceso de construcción de la sociedad. El estudio de la tecnología como herramienta para el análisis sociológico” en Domènech, Miquel y Tirado, Francisco Javier (Orgs.) 1998 Sociología simétrica. Ensayos sobre ciencia, tecnología y sociedad (Gedisa: Barcelona, España).

Canclini, Néstor García 2005 Diferentes, desiguais e desconectados: mapas da interculturalidade (Rio de Janeiro: UFRJ).

Castells, Manuel 2003 A Galáxia Internet: reflexões sobre a Internet, negócios e asociedade (Rio de Janeiro: Zahar).

CETIC.BR. 2014 “Pesquisa sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação no Brasil: TIC domicílios e empresas” (São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil). Disponível em: http://cetic.br/media/docs/ publicacoes/2/TIC_DOM_EMP_2013_livro_eletronico.pdf. Acessado em 12 de junho de 2014.

Cruz, Vítor Medina, Marcio Ferreira, Moreno, Luiz Fernando Gomes, Soares 2013 Ginga-NCL: Implementação de Referência para Dispositivos Portáteis. (Rio de Janeiro: Telemidia/PUC, 2008. http://www.telemidia.puc-rio.br/sites/telemidia.puc-rio.br/files/2008_10_vitor.pdf . Accès: 10 décembre.

Dyson, Freeman 1997 “Technology and Social Justice” en The fourth Louis Nizer Lecture on Public Policy. Carnegie Council on Ethics and International Affairs.. Disponível em: http://web.cs.ucdavis.edu/~rogaway/ classes/188/materials/dyson.pdf. Acesso em 12 de dezembro de 2014.

Feenberg, Andrew 2004 (Re)penser la technique. Vers une technologie démocratique (Paris : éd. La Découverte/MAUSS).

Feenberg, Andrew Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution. Paris : La Découverte, 2005.

LEITE, Luiz Eduardo Cunha. O cenário atual da TV digital e o Ginga Java. In: BRASIL, Previdência Social-Empresa de Tecnologia e Informações – DataPrev. Brasilia: Forum de TIV Dataprev, TV digital Social. Carderno de debates, no. 18, 2011, p. 20-26.

SIMMEL, G. Les pauvres. Paris : PUF, 2008.

1 Nos termos de de Boltanski, consideramos a “épreuve” como “resultado da capacidade das pessoas de se confrontarem a objetos e os colocar em evidência...”. Assim, “a épreuve de acordo com seu conceito é uma provação de realidade. Ela engloba por consequência não somente pessoas mais também objetos que têm lugar na realidade. Ora os objetos reais são objetos que existem no mundo dos homens, e cuja realização afeta, por consequência, um número indeterminado de pessoas.” (Boltanski, 1993).

2 Vide Bijker (2004).

Resumen

La migración en general, sea esta indocumentada o regulada, constituye una empresa no exenta de riesgos o imprevistos y en el marco de los procesos de globalización, la migración internacional constituye un fenómeno en el que se materializan desigualdades y se vulnera de múltiples maneras a las personas en tránsito, situación que ha sido documentada en diversa bibliografía. En el caso de las mujeres, su incorporación en los procesos migratorios incluye muchas veces la asunción de costos y la experimentación de riesgos y desigualdades, las cuales serían distintas a las que experimentarían sus pares masculinos, esto por la posición de desventaja en la que serían colocadas por el hecho de ser mujeres y además migrantes. Este trabajo aborda, a partir de relatos de mujeres migrantes guatemaltecas, las posibilidades de desarrollo o empobrecimiento que la migración supone en sus vidas.

Abstract

Migration in general, be it without documentation or regulated, constitutes a task not free from risks or unexpected events, and in the framework of the globalization processes, international migration constitutes an event in which inequalities are materialized and people in transit are damaged in multiple manners, situation that has been documented in diverse bibliography. In the case of women, their incorporation to the migratory processes includes many times the assumption of costs and the experimentation of risks and inequalities, ones which would be different to those experienced by their male counterparts, this because of their disadvantaged position by the fact of being women besides being migrants. This work deals on, based on the stories by migrant Guatemalan women, the possibilities of development or impoverishment that migration represents in their lives.

Anneliza Tobar Estrada 

Anneliza Tobar-Estrada es guatemalteca, psicóloga y maestra en ciencias sociales por FLACSO-Guatemala. Profesora- investigadora de FLACSO-Guatemala, profesora interina de la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Anneliza Tobar-Estrada is Guatemalan, psychologist and social science teacher by FLACSO-Guatemala. Professor and researcher at FLACSO-Guatemala, acting professor at the School of Psychology at the University of San Carlos of Guatemala.

Palabras clave

1| Migraciones 2| Género 3| Mujeres 4| Trabajo 5| Guatemala.

Keywords

1| Migrations 2| Gender 3| Women 4| Work 5| Guatemala

Cómo citar este artículo [Norma ISO 690]

TOBAR ESTRADA, Anneliza Mujeres migrantes guatemaltecas: entre el empobrecimiento y el florecimiento humano. Crítica y Emancipación, (13): 243-284, primer semestre de 2015.

Mujeres migrantes guatemaltecas

Entre el empobrecimiento y el florecimiento humano*

Introducción

¿Florecen las mujeres que migran o más bien se empobrecen durante esta experiencia? Posiblemente en las complejidades de un proceso como la migración, es factible ocurran ambas configuraciones. Observar la forma en que ocurre una u otra posibilidad –el florecer en tanto ampliar las capacidades y satisfacer necesidades o el empobrecerse en tanto precarización- supondría una mirada micro social respecto del desarrollo humano de las mujeres migrantes, teniendo en cuenta que el mismo se ve posibilitado o restringido a partir del contexto, las relaciones, oportunidades y dinámicas a las que se ven expuestas, en las que se involucran o a las que tienen acceso las mujeres que migran. Una observación de este tipo conlleva por consiguiente prestar atención al contexto social y las relaciones que configuran la vida de las mujeres durante su migración, de tal cuenta que indagando sobre los bloqueos u oportunidades otorgadas por instituciones, la seguridad o riesgo al que estarían expuestas, el carácter de las relaciones en las que se veían involucradas o sobre el estado de satisfacción de sus necesidades, podría llegar a comprenderse la configuración de florecimiento y empobrecimiento que se manifiesta de manera particular en la vida de las mujeres migrantes.

En las siguientes líneas intentaremos analizar a partir de relatos de mujeres migrantes guatemaltecas las posibilidades de florecer o empobrecerse que la migración supuso en sus vidas. Esta observación supuso una mirada micro y desde la psicología social respecto a la subjetividad y la experiencia vital de las mujeres migrantes, haciendo uso de la perspectiva de género como lente analítico. Para esta tarea se emplearon como insumos analíticos relatos autobiográficos escritos por mujeres migrantes, como también extractos de entrevistas algunas de ellas realizadas de manera virtual a través de llamadas telefónicas o bien, frases que fueron completadas por las informantes a partir de un cuestionario específico. Las informantes fueron mujeres guatemaltecas migrantes, de tres categorías distintas: mujeres que migraron por trabajo, mujeres que migraron para estudiar en otro país y mujeres que permanecieron en Guatemala mientras su familiar migró. El estrato social de las informantes era más o menos homogéneo, en este sentido, se incluían tanto mujeres de clase media o mujeres de clase media baja. La mayoría de mujeres tenían o habían tenido una relación sentimental formal, entiéndase por esto el estar o haber estado casadas o unidas con una pareja. La figura de la madre soltera, figuró también como característica de varias de las informantes. El lector encontrará a lo largo de esta exposición algunos extractos de los relatos autobiográficos escritos por las mujeres como cuadros que exponen expresiones literales sustraídas de las entrevistas. La intención de incluir estos materiales persigue una función ilustrativa de las voces de las mujeres. El texto inicia con un análisis respecto al fenómeno de feminización de las migraciones, intentando describir los cambios en la incorporación de las mujeres dentro de los flujos migratorios internacionales en las últimas décadas, reflexionando como tanto los procesos de salida del país de origen como la incorporación a la sociedad de destino se ven signados por riesgos de empobrecimiento o exclusión social. En esta sección se problematiza la posibilidad que la migración suponga para la mujer no solamente la exposición a riesgos, configurándose así pobrezas, sino también la oportunidad de generarse ciertas posibilidades de desarrollo individual.

En la segunda sección se realiza un breve estado del arte sobre los estudios de género en la migración, señalándose las transformaciones analíticas de la categoría genero dentro del estudio de las migraciones, como describiéndose las líneas de análisis sobre el tema en América Latina y en el caso de Guatemala, en particular.

En la tercera sección se exponen los conceptos de empobrecimiento y florecimiento humano en tanto nociones que fundamentan nuestras reflexiones. De ambos conceptos se realiza una problematización a partir de las propuestas de autores como Boltivink o Max-Neef. En la cuarta sección se analizan las posibles significaciones que las mujeres migrantes abordadas realizan sobre el proceso migratorio y respecto a las posibilidades de florecer o empobrecerse que se manifestaron en sus experiencias migratorias particulares. Seguidamente, en la quinta sección se explicitan las posibilidades y factores que configuraron el que las mujeres florecieran, identificándose aspectos como la satisfacción de necesidades básicas, la disposición de ciertos servicios, las oportunidades de trabajo-aprendizaje y la socialización como factores que potencian el florecimiento. Finalmente, en la

sexta sección se identifican los eventos, experiencias y relaciones que se constituyeron en factores de empobrecimiento para la mujer, tanto en aspectos tangibles como la disposición de recursos, como empobrecimientos subjetivos, psicológicos o relacionales.

Concluye este artículo con una reflexión en torno a la importancia del análisis del desarrollo humano y el empobrecimiento desde una perspectiva micro social y en el campo de estudio de las migraciones.

Sobre la incorporación de las mujeres en la migración: costos y beneficios

La migración en general, sea esta indocumentada o regulada, constituye una empresa no exenta de riesgos o imprevistos y en el marco de los procesos de globalización, la migración internacional constituye un fenómeno en el que se materializan desigualdades y se vulnera de múltiples maneras a las personas en tránsito, situación que ha sido documentada en diversa bibliografía. En el caso de las mujeres, su incorporación en los procesos migratorios incluye muchas veces la asunción de costos y la experimentación de riesgos y desigualdades, las cuales serían distintas a las que experimentarían sus pares masculinos, esto por la posición de desventaja en la que serían colocadas por el hecho de ser mujeres y además, migrantes. Así, condicionantes derivadas del género matizarían la experiencia de movilidad de las mujeres (Monzón, 2006; Camacho, 2010). Según diversa literatura, en las últimas décadas se han producido cambios en la migración femenina. Alguna bibliografía hace mención a la feminización de las migraciones, hecho que se referiría no necesariamente a una mayor presencia femenina en los flujos migratorios sino a cambios en las particularidades de estos, sobre todo en relación a la figura de la mujer en tanto migrante: “El término feminización de las migraciones puede confundir, en tanto que sugiere un incremento en la proporción de mujeres migrantes, las cuales hacia 1960 ya constituían el 46.8% del total de migrantes internacionales. Para comprender el concepto feminización es necesario analizar con mayor profundidad las estadísticas: en el período 1990 – 2005, el mayor crecimiento se registró en la cifra de migrantes hacia países altamente desarrollados, que casi se duplicó, y es dentro de éste grupo que encontramos los mayores incrementos de mujeres, que por primera vez superan a los varones (quienes siguen predominando en las migraciones Sur – Sur)” (Pérez Orozco et al., 2008: 36). En términos globales, si bien las mujeres migraban en porcentajes altos en períodos anteriores, en la época actual, su presencia puede ser mayor, sobre todo en los flujos que se dirigen hacia países desarrollados.

Por consiguiente, uno de los cambios acontecidos tiene que ver con una mayor movilización hacia países desarrollados, situación derivada de las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad experimentadas en los países de origen. Como referiría un estudio de ONU-Mujeres

"la feminización de las migraciones es parte del fenómeno más amplio de la ‘globalización de las migraciones’¹, término que alude tanto al aumento sostenido en la cifra de migrantes internacionales, como a cambios importantes en la naturaleza y características de estos desplazamientos. El telón de fondo ha sido el aumento sostenido de la desigualdad económica entre países ricos y pobres que ha caracterizado el proceso de globalización neoliberal, cuyas transformaciones en las estructuras productivas y en la división internacional del trabajo han impactado los patrones de importación de mano de obra de los países desarrollados. Estos procesos han propiciado incrementos constantes en los flujos tanto de hombres como de mujeres, que ven en la migración hacia países más ricos una vía para escapar de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida”. (Pérez Orozco et al., 2008: 36).

De esta cuenta, otra de las características de las tendencias migratorias contemporáneas sería la movilización derivada de causas económicas asociadas al riesgo de empobrecimiento en el país de origen, la vivencia de exclusión la precariedad laboral y la insuficiencia de ingresos, por citar algunas causas.

Por otra parte, en los países de destino, la expansión de mercados laborales segmentados por género y la ampliación de la demanda de mano de obra para atender ciertos rubros específicos como el cuidado doméstico y los servicios, se han constituido en factores de atracción para las mujeres de países menos desarrollados. Según ONU-Mujeres “La feminización de las migraciones se inscribe dentro de la creciente tercerización de las economías del Norte, particularmente la expansión del mercado laboral para servicios personales, que crea una demanda específica de mano de obra femenina. En esto confluyeron las nuevas tendencias demográficas de los países del Norte, dónde el envejecimiento de la población y la reducción de las tasas de crecimiento demográfico también alimentaban la demanda de la mano de obra extranjera”. (Ibid).

Por su parte, Camacho, para el caso de Ecuador, acota que los desplazamientos de mujeres guardan relación con los procesos de  feminización de la fuerza de trabajo y la feminización de la pobreza, condicionadas estas por la incorporación desigual al trabajo y la profundización de la pobreza en los hogares de jefatura femenina derivado de la implementación de políticas ajuste que implican privatización de servicios, crisis socioeconómicas coyunturales o de larga data en los países y efectos de la globalización (2012: 47), fenómenos presentes en muchos otros países del continente.

La experiencia de vulnerabilidad, pobrezas y exclusiones se encontrarían entonces, en buena medida, en la base de los motivos o causas de la migración de las mujeres. Y, posteriormente, estas condi-

ciones de vulnerabilidad y exclusión continuarían en los modos en las que las mujeres se insertan socialmente en las sociedades de destino, de manera que en absoluto se produce un “salto inclusivo” que supondría pasar del riesgo/precariedad experimentados en la sociedad de origen, a la seguridad/satisfacción en la sociedad de destino. Un continuum de exclusión, vulnerabilidad y discriminación se gestaría entonces en los procesos de migración femenina, sobre todo en aquella que nace de motivos económicos.

Ahora bien, vale considerar otros casos de riesgo de empobrecimiento y desigualdad dentro de la migración femenina más allá de los casos de mujeres migrantes trabajadoras, por ejemplo, los casos de las parejas de hombres que migran ya que en estas situaciones particulares las mujeres que se quedan pueden ver de igual manera comprometido su bienestar y la estabilidad económica del hogar aunque no deje su país de origen. Diversa bibliografía refiere las constricciones al desarrollo personal que supone para la mujer el quedar en espera de la pareja que parte, ya que se generan alrededor de ella dispositivos de control social desde el propio hogar y la familia política los cuales limitarían grandemente sus posibilidades de ser y hacer. (González, en Baltar, et.al, 2012 ) En los casos en que la pareja muere en el trayecto, es detenida, encarcelada y posteriormente deportada, la situación económica del hogar se complicaría sobremanera, particularmente en los casos en que los ingresos económicos dependen exclusivamente de los aportes del varón.

Los riesgos de empobrecimiento -comprendiendo este en una amplia dimensión más allá de lo económico-estarían latentes entonces en la experiencia migratoria, sea que las mujeres partan, sea que permanezcan en su país mientras su pareja o familiar migra. Sin embargo, dado que la migración es un fenómeno complejo que se funda en la esperanza de forjar mejores condiciones de vida para sí y el hogar, no debe cerrarse la posibilidad de que efectivamente la persona logre construir otras posibilidades para su familia como también enriquecerse en términos de desarrollo a través del aprendizaje, la capacitación y las vivencias a partir de la experiencia migratoria. Es decir, migrar puede representar también para las mujeres desde el establecer nuevas relaciones, adquirir nuevas destrezas y ampliar sus conocimientos hasta el forjar autodeterminación y fortalecer su yo. La migración podría entonces hacer que las mujeres “florezcan” yse desarrollen de alguna manera en una o varias dimensiones de sus vidas. Este extremo supone entonces la posibilidad que en el marco de la migración una de las consecuencias positivas sea el florecimiento de la migrante. Esta categoría –florecimiento humano- acuñada por Boltvinik (2005) desde la antropología filosófica, la emplearemos como base conceptual en este trabajo.

Alguna de la bibliografía consultada hace mención a la dupla costos-beneficios de la migración (Rizzo, 2007; Herrera, 2006) aunque seguramente son muchos más los estudios que abordan el fenómeno dual del desarrollo, empoderamiento o agencia, frente a su cara opuesta de costos, restricciones y carencias en la migración. Algunas de las observaciones al respecto refieren que ambos procesos –que nosotros denominaremos florecimiento/empobrecimiento- no se presentan de manera inconexa o aislada, sino que están integrados y coexisten de tal cuenta que al tiempo que la mujer migrante “florece” en alguna dimensión de su vida -la generación de recursos o la ampliación de capacidades, por ejemplo- se encuentra empobrecida en otra faceta de su ser, como podría ser el sentirse aislada y carente de vínculos en el sitio de destino. Rizzo lo explica oportunamente:

“Por otra parte, lejos de dicotomías éxito/fracaso o asimilación/ marginación, las experiencias migratorias tienen motivaciones y desenlaces diversos y el proceso migratorio integra momentos de inclusión y momentos de exclusión Habiendo indagado sobre el campo familiar, laboral y socioeconómico, se observa

que las inmigrantes mejoran su lugar relativo en algunos campos mientras que empeoran su lugar relativo en otros. Se considera, por tanto, la coexistencia de procesos de acción y procesos de sufrimiento. Por ejemplo, la emancipación de la cultura patriarcal en la sociedad de origen puede emparentarse con la explotación laboral en la sociedad de destino” (Rizzo, 2002: 18).

La autora diferencia en su reflexión entre procesos de acción y procesos de sufrimiento, lo que para nosotros serían las posibilidades de florecer o empobrecerse, acotando ciertas características: los procesos coexisten, de tal cuenta que como señalábamos en líneas anteriores, se presentan de manera imbricada, siendo además relativos: nunca se estaría del todo empobrecida o del todo “florecida”. Como la autora bien afirma existirían momentos de inclusión y otros de exclusión.

En estas líneas analizaremos tanto las posibilidades de desarrollo personal y familiar como las características de empobrecimiento que motivaron o fueron generadas en el marco de la migración de mujeres guatemaltecas. Este ejercicio implica la observación tanto del riesgo de precarización como las posibilidades de realización individual –del ser, hacer, estar- haciendo uso de las categorías florecimiento humano y empobrecimiento y partiendo del supuesto que la migración no necesariamente implica para la sujeta una precarización en términos absolutos –aunque las pobrezas pudieron ser parte de los factores expulsores- sino que puede conllevar también un “enriquecimiento” en términos de aprendizaje o experiencias. Esta tarea analítica se realizó haciendo uso de la perspectiva de género en tanto lente analítico que permite identificar como en el marco de la migración, diversos elementos de género que se materializan en relaciones y dinámicas, influyen de alguna manera configurando ya sean los empobrecimientos o los florecimientos, suponiendo para esto último que la mujer, en el marco de la migración, pudiera subvertir algunos factores de género que le limitan, pudiendo por consiguiente liberarse y florecer.

La consideración de ambas posibilidades –el florecer y el empobrecerse- creemos que evita la victimización de la migrante como sujeta doliente y en perpetua vulnerabilidad como la condena de la migración como proceso y vivencia que daña y empobrece inexorablemente. De esta manera la observación simultánea de las posibilidades de desarrollo y precariedad resulta entonces necesaria para la comprensión completa de dos hechos que no se presentan de manera disociada sino antes bien, ocurren de manera simultánea e integrada en la vida de las mujeres que migran.

Relato 1. El dolor por los que se van

“La persona que emigró fue en primer lugar mi hermana y posteriormente mi mamá. En el caso de mi hermana, su principal razón fue el obtener la residencia, poco a poco se adaptó al entorno de EEUU y se quedó hasta casarse y conformar su propia familia. Hace tres años fue mi mamá quien emigró por la necesidad de apoyar en la casa a obtener un ingreso para saldar las deudas pendientes. Los sentimientos generados en la familia han sido diversos, algunos los expresan mientras que otros no tanto; en mi caso me ha sido difícil aceptar de manera inmediata la partida de mi mamá al punto que en algún momento sentí que nos había abandonado. Sin embargo la visita que le hice durante la navidad del año 2012 fue en realidad un proceso duro pero necesario ya que comprendí finalmente cuál era la forma de ver la situación que tenía mi mamá, cuáles eran sus principales motivaciones y aspiraciones; el impacto fue tan grande que decidí volver a apoyarla ayudando en la casa tal como ella y mi demás familia necesita. A pesar de que todos comprendemos las razones de fondo, la situación en la casa ha sido un poco difícil, principalmente por el cambio de roles que todos hemos asumido, puedo decir que nadie desempeña el rol que “normalmente” debería desempeñar en una familia típica. Debo afirmar que nos hemos adaptado, pero todavía queda en el fondo de nuestros corazones el vacío de las personas que se han ido, y aun cuando lo hemos aceptado mentalmente, cada noche estoy segura que alguien hace una oración pidiéndole a Dios nos permita reunirnos una vez más”

(Mujer que permaneció 3, Guatemala)

Sobre los estudios de género en la migración

La progresiva inclusión de las mujeres en los análisis de la migración respondió al creciente incremento de la población femenina dentro de la gran masa migratoria. Estos primeros acercamientos implicaron, al igual que en la observación de los varones, prestar atención al carácter laboral de la migración femenina, de manera que las primeras observaciones se dirigieron hacia la mujer que migraba para trabajar. Estos cambios dentro del campo de estudio de las migraciones supusieron tanto transformaciones metodológicas –agregar nuevas sujetas a los análisiscomo epistemológicas –romper con una mirada analítica eminentemente masculina. Tales cambios que deben comprenderse como derivados de los “avances teóricos y empíricos del feminismo desde finales del siglo XX y de los marcos interpretativos sobre las migraciones” (Tapia, 2011: 135).

Diversos autores refieren que los estudios de género han llegado tarde al campo de estudio de la migración, de manera que frente a los estudios sobre los flujos migratorios el tema de género ha sido convencionalmente poco tratado. Además, señalaría Tapia, miradas agenéricas (Tapia, 2011: 124) han analizado la migración como un fenómeno sin género, como si la experiencia pudiera analizarse desde la generalización y las tendencias que nos aportan los datos numéricos.

Asimismo, señalaría la autora, el sesgo androcéntrico ha tendido a observar la esfera económico laboral de la migración asociada principalmente a la acción de los migrantes varones trabajadores invisibilizándose así “los trayectos migratorios de las mujeres, las tareas productivas –formales e informales- realizadas en el país de origen así como las actividades reproductivas” (Ibid) realizadas en el país de destino, de tal cuenta que pese a ser desde siempre sujetas activas dentro de los desplazamientos humanos, las mujeres resultaron siendo consideradas meras acompañantes de sus pares masculinos o incluso no vistas en las tareas de indagación social sobre el fenómeno.

Según Mahler, en los inicios de la década de los setentas, las primeras inclusiones del “género” dentro del campo de la investigación supuso la inserción de la variable sexo en las conjuntos de datos cuantitativos, hecho que conllevó un conteo y caracterización diferenciada de los segmentos hombres –mujeres en la migración (2006: 28), sin que esto se tradujera en un estudio de las relaciones y situaciones que socialmente configuradas, distinguen entre lo masculino y lo femenino en el marco de la migración. Sería hasta años después que el género empezaría a ser considerado en los estudios de las migraciones como una variable relacional y situacional, tangible en las diversas experiencias y escenarios de los procesos migratorios. En palabras de Herrera (2013) en los últimos veinte años el género gradualmente se convirtió más en una categoría analítica que simplemente en una variable que compara hombres y mujeres: “Los autores han llegado a apreciar el género como significante de relaciones de poder y como una lente para examinar instituciones, normas sociales, políticas e identidades dentro de los procesos migratorios. Como resultado, la “generización” de los estudios migratorios ha proveído nuevas interpretaciones de aspectos tradicionales del campo (2013, 24.2, traducción nuestra).

Paulatinamente, la línea de análisis de la migración femenina echo mano del enfoque de género como herramienta analítica que permitía visibilizar las particularidades de estas migraciones a la luz del desentrañamiento de las relaciones de poder y las desigualdades que se configuraban en la dinámica de movilidad a partir de la activación del género como proceso de diferenciación social entre lo masculino y lo femenino. Uno de los objetivos primordiales del uso del enfoque de género en el estudio de las migraciones lo constituyó el dar sentido a las experiencias, significaciones e impactos diversos y diferenciados que la migración supondría para ambos sexos (Monzón, 2006; Camacho, 2010; Tapia, 2011) siendo uno de sus principales contribuciones, el contribuir a “revelar situaciones que los estudios clásicos sobre migración no habían advertido” (Tapia, 2011:137). Como señala Ariza “ya no se trata sólo de otorgar visibilidad a las mujeres migrantes, demostrar que ellas también se desplazan, sino describir la diversidad de traslados en los que se inscriben y ofrecer hipótesis interpretativas acerca de su especificidad” (Ariza, 2007: 460). Y, en palabras de Rizzo “el género es un elemento teórico relevante y permite diferenciar la migración masculina y femenina. Su incorporación debe por tanto considerarse no solo como variable de análisis, sino reconocerlo como un conjunto de relaciones sociales que intervienen en la organización de flujos migratorios” (2007, sin página). Su importancia radicaría entonces en que su inclusión no supone un mero conteo ni una diferenciación descriptiva respecto a la incorporación de hombres y mujeres en la dinámica migratoria, sino que el enfoque de género convoca -en tanto perspectiva teórica y epistemológica- a analizar los eventos, relaciones, dinámicas, etc. que configuran experiencias diferenciadas para hombres y mujeres en el marco de la migración. Sin embargo, Herrera propone que su valía es mucho más extensa ya que el enfoque de género puede incluso ayudar a comprender otros fenómenos sociales, de tal cuenta que la observación de las experiencias migratorias pueden constituirse en sitios estratégicos de análisis de otros procesos e instituciones sociales como la globalización, los tipos de familia y el ejercicio de ciudadanía, entre otros (2013).

Para Latinoamérica “la escasez de producción académica ha sido parcialmente superada, aunque no en el caso de Guatemala sí en otros países donde se observa un creciente interés por incorporar la perspectiva de género en el análisis de los procesos migratorios” (Monzón: 2009: 60). En la región, las líneas de investigación que unen el género y la migración han incluido la observación del impacto de las migraciones masculinas en las mujeres que permanecen en el país de origen, las implicaciones de la maternidad transnacional y las transformaciones de los hogares, los patrones migratorios, las redes de apoyo y los modos de incorporación laboral.

Podríamos decir que los estudios de género y migración en la región han permitido comprender las relaciones transnacionales, las estrategias de las unidades domésticas, las repercusiones y costos de la migración, la participación política y el ejercicio de la ciudadanía, las vulnerabilidades específicas en el tránsito, entre otros. Como diría Tapia, estos estudios han “permitido reconocer la agencia de quienes deciden partir, sus entornos sociales y la conexión que se establece con aspectos más estructurantes de las relaciones sociales” (Tapia, 2011: 132). Algunos tópicos menos investigados serían los impactos de la migración en las relaciones de género, particularmente los cambios en los roles de género, los impactos de la migración femenina en los varones y los posibles conflictos derivados de estas transformaciones (ídem).

Para la zona centroamericana, Monzón refiere una serie de textos que “más cercanos a la realidad de la región centroamericana y guatemalteca, enfatizan la problemática de las migrantes” (2009: 62). Los temas de trata de personas, las vulnerabilidades del tránsito en la zona, la migración estacional y el trabajo transfronterizo sobre todo en la frontera sur de México y de nicaragüenses hacia Costa Rica, así como los movimientos de refugiados -desplazados por la

violencia política, serían algunos de los temas principales estudiados en la región centroamericana.

En el caso de Guatemala el campo de estudios sobre la migración iniciaría en los años noventa, predominando los estudios “que vinculaban la migración interna y fronteriza con la violencia política de los años ochenta que provocó desplazamientos masivos a nivel interno” (Monzón, 2009: 80) no visibilizándose necesariamente en estas aproximaciones, la experiencia de las mujeres. Otras líneas de análisis de esta época serían aquellas que relacionaban la migración interna y la etnicidad –siendo particularmente relevantes los trabajos de Bastos y Camus (1991, 1995) - como el análisis de la migración laboral en la frontera Guatemala –México. Respecto a la migración internacional Monzón refiere un creciente interés analítico palpable en la década del año 2000 respecto a la indagación de las transformaciones culturales, identitarias y socioeconómicas que empezaron a manifestarse en numerosos municipios y departamentos del occidente del país producto de los movimientos migratorios hacia Estados Unidos, principalmente. En estos, la observación de la experiencia de las mujeres no sería el objeto central de estudio: “Si bien la migración indígena ha sido objeto de varios estudios, son escasas las referencias a las mujeres indígenas como sujetas migrantes o como actoras en esas corrientes migratorias” (Monzón, 2009: 84) y refiere que salvo excepciones, en el país “la mayoría de estudios migratorios no ha priorizado a las mujeres migrantes como sujetas de investigación” (ídem: 86).

En un estado del arte de los estudios sobre migración en Guatemala en el decenio 2000-2010 Rosales (2010: 2) señala que tres serían las grandes líneas temáticas de investigación²: a) estudios transnacionales que revelan las transformaciones sociales y culturales en comunidades de origen; b) observación de las migraciones regionales entre Centroamérica y México y c) estudios de impacto de la migración en segmentos poblacionales excluidos. En esta última línea de análisis es donde tienen cabida los estudios sobre mujeres migrantes, siendo esta aun terreno fértil para la investigación social en el país.

Al respecto, en los últimos diez años se han generado algunas investigaciones que dan cuenta de las características particulares que revestirían los motivos y las dinámicas de los movimientos migratorios de mujeres guatemaltecas. Por ejemplo, los estudios de Monzón (2009), Camus (2007), Barrios Klee (2004), Hurtado (2003), Gellert (2000), Piedrasanta (2012), darían cuenta de esto. Entre estas y otras indagaciones se han incluido las características de las migraciones internas, la vulnerabilidad y los riesgos específicos de mujeres y niños migrantes, la perspectiva de las esposas de migrantes, los impactos psicosociales de la separación y la transformación de roles, los casos de retorno y deportación y el impacto de remesas sociales, entre otros. Rosales señala como otros tópicos indagados los casos de las mujeres migrantes en la frontera sur de México y los impactos de la migración en el ejercicio de la ciudadanía, por ejemplo (Rosales, 2010: 11).

En líneas más generales, otros estudios abordarían los temas de trata de personas, los procesos de deportación y las violaciones de derechos humanos, no observándose en estos últimos, un análisis profundo desde un enfoque de género. Monzón referiría que “existen escasos datos que permitan perfilar los cambios en las identidades, roles, percepciones, expectativas, relaciones de poder y espacios de participación que están enfrentando tanto las mujeres que se quedan como quienes se van” (Monzón, 2006: 40) cuestión que supondría la necesidad de una profundización en los estudios desde un enfoque de género.

Empobrecimiento y florecimiento humano como categorías analíticas

La pobreza es un fenómeno social complejo incluso en términos explicativos. En el variopinto conjunto de significados relacionados con el concepto de pobreza se incluyen la valoración de la pobreza como necesidad insatisfecha, patrón de privaciones, limitación de recursos, nivel de vida bajo, desigualdad, posición social, dependencia, exclusión, carencia de seguridad básica, patrón de privaciones, entre otros. Spiker (2009) ha llegado a identificar al menos doce definiciones enfatizando cada una de ellas, algunos de los significados anteriormente señalados. En el terreno de la investigación, las aproximaciones incluyen un arsenal metodológico que engloba desde la ubicación geográfica del fenómeno –los mapas de pobreza-, la determinación de estándares básicos relacionados con el ingreso– las líneas de pobreza- y métodos combinados que incluyen otras variables más allá del ingreso. Pese a esta amplitud conceptual y diversidad metodológica, la consideración de la pobreza como carencia de ingresos y nivel de vida bajo para los estándares socialmente aceptados, se ha constituido como visión dominante.

Desde el debate latinoamericano, la crítica formulada por Boltvinik³ (2005) respecto al énfasis otorgado a la medición del nivel de vida y la asociación de la pobreza como carencia de recursos económicos, cabe dentro de las reflexiones que apelan a una consideración ampliada de la pobreza. Como el autor diría: “la pobreza económica es solo el primer obstáculo a vencer para que el florecimiento humano sea posible” (2007: 57). En este sentido, el autor considera que el enfoque economicista dominante en la reflexión de la pobreza resulta siendo reduccionista al prestar atención solamente a una de las dimensiones de la precariedad: la del ingreso. A partir de la idea de pobreza derivada de la precariedad de ingresos, se plantean entonces como consecuencias: la imposibilidad de satisfacer necesidades

–nótese- elementales o básicas, obtener el consumo estándar o alcanzar un nivel de vida adecuado. Al respecto Boltvinik argumenta que una parte de los enfoques dominantes en la economía política de la pobreza reconoce solo necesidades materiales como la alimentación, la vivienda y otras cuya satisfacción depende principalmente del acceso a recursos monetizables (2007: 81). Según el autor, el problema de estas formulaciones se ancla en que las necesidades se conciben simplemente como necesidades materiales, reduciéndose los satisfactores a los objetos, desconociéndose por consiguiente los demás tipos de estos: relaciones, actividades, conocimientos, capacidades, instituciones (2007: 82).

Dejar de lado esta consideración primaria de los sujetos y sujetas y sus necesidades implica pensarlos más allá de “su tener” y considerar las necesidades humanas asociadas también al ser, estar y hacer. La crítica de Boltvinik convoca a “ampliar la mirada” respecto al sentido convencional otorgado a la pobreza, de manera que más allá de la insuficiencia de ingresos y la insatisfacción de necesidades elementales, se consideren las múltiples pobrezas que el sujeto puede experimentar. Asimismo convoca a que como se tomen en cuenta la diversidad y complejidad de posibles satisfactores para las múltiples necesidades humanas. Así, Boltvinik propone ampliar la mirada y MaxNeef convoca a hablar de pobrezas, en plural: “Sugerimos no hablar de pobreza, sino de pobrezas. De hecho cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana. La pobreza de subsistencia (debido a la alimentación y abrigo insuficientes); de protección debido a sistemas de salud deficientes, a la violencia, etc.); de afecto (debido al autoritarismo, la opresión, etc.); de entendimiento (debido a la deficiente calidad de la educación); de participación (debido a la marginación y discriminación de mujeres, niños y minorías); de identidad (debido a la imposición de valores extraños a culturas locales y regionales, emigración forzada, etc.) y así sucesivamente. Pero las pobrezas no son sólo pobrezas. Son mucho más que eso. Cada pobreza genera patologías” (MaxNeef, 1993: 43).

Además de la consideración amplia de la pobreza (existencia de muchas carencias más allá de los ingresos) el análisis de las precariedades debería convocar a observar no solo el estado de carencia sino el proceso por el cual se constituyen esas carencias. Esto supone un cambio de enfoque respecto a considerar la pobreza no solo como estado sino como resultado de un proceso. La noción de empobrecimiento resulta entonces útil al respecto. Esta categoría alude a la existencia de lógicas, mecanismos y actores involucrados en una acción de producción de precariedad que afecta a ciertos colectivos. Es decir, señala la existencia de relaciones de poder, a procesos y dinámicas temporales que sostienen, legitiman y configuran el fenómeno de precarización. Sobre esto Helio Gallardo señala que “lo empobrecido no designa un estado, como pobre, sino la condensación (un resultado o efecto) de una o varias lógicas políticas que empobrecen” (2005: 354). De igual manera, Spicker señala que “el empobrecimiento es el resultado de procesos graduales o de circunstancias repentinas que afectan a individuos, hogares o comunidades. En algunos casos resulta de la degradación de recursos productivos, caída de precios de las llamadas commodities, falta de trabajo, privación de medios de subsistencia y debilitamiento de las redes de solidaridad social” (Spicker et.al., 2009: 114). Estas consideraciones permiten ubicar el carácter histórico y político- económico de la pobreza. Esta definición si bien útil para señalar los condicionamientos externos al sujeto - estructurales, coyunturales, repentinos o históricos- que afectan al sujeto o el hogar, se refiere a situaciones ligadas a aspectos económicos y materiales, obviando que las consecuencias del empobrecimiento en tanto generador de un estado de precariedad, favorece necesidades insatisfechas diver- sas más allá de lo económico. Acá resulta entonces útil la consideración multidimensional de la pobreza y las variedad de necesidades humanas susceptibles de verse insatisfechas a vulneradas. Esto nos lleva a pensar como el empobrecimiento en tanto proceso, relaciones o dinámicas, puede desembocar en generación de pobrezas o precariedades en múltiples dimensiones de la vida, algunas manifiestas en el nivel micro social e individual.

En oposición a las precarizaciones que supone el empobrecimiento, el florecimiento humano implica, según Julio Boltvinik, el desarrollo de las capacidades y necesidades humanas, “que la persona realice lo que potencialmente es como ser humano: su potencial de universalidad, de libertad, de creatividad, de conciencia, lo que supone el despliegue y desarrollo de las capacidades” (Boltvinik, 2005: 11). Esta mirada supone considerar la pobreza más allá de su faceta material que conlleva el “estar en” una situación de precariedad e insatisfacción, para observar asimismo las restricciones al “poder ser” y que incluye aspectos vinculados al conocimiento, a la participación, la auto realización, la posibilidad de vínculos, etc⁴. Para el autor, el florecimiento humano “lo podemos concebir como la realización de la esencia humana en la existencia individual concreta, la medida en la cual el individuo se despliega libre y multilateralmente a través del desarrollo y ampliación de sus necesidades y capacidades” (2007: 56). Al introducir capacidades para constituir la dupla necesidades-capacidades y además al hacer explícito que el eje del nivel vida es solo un eje derivado del florecimiento humano, la lógica de estudio de estos temas -pobreza, nivel de vida- se transforma radicalmente: el objeto de medición ya no son solamente los ingresos así como tampoco el nivel de consumo o las necesidades básicas son los únicos referentes para determinar el nivel de vida. Es decir, desde esta perspectiva la observación se dirige tanto a considerar la satisfacción de las necesidades tomando en cuenta desde lo básico-urgente como el alimento hacia lo trascendente e importante como el tiempo libre, como también considerar las posibilidades de desarrollo de los talentos y capacidades.

Esta noción es propuesta por Boltvinik a partir de su crítica a los conceptos de convencionales de pobreza y de nivel de vida ya que estos “suponen una mirada parcial del ser humano y requieren fundamentarse en una mirada total” (2005: 10). De esta cuenta, la idea de florecimiento humano supone una consideración de la satisfacción de las necesidades en un sentido amplio y más allá de lo considerado esencial; a lo que se sumaría la posibilidad de ampliación de las capacidades. Diría Boltvinik: “para el verdadero florecimiento humano, si bien se requiere de la satisfacción de necesidades deficitarias como condición necesaria, es necesario algo más, ya que dicha satisfacción no es suficiente para que la persona realice lo que potencialmente es”. Por su parte MaxNeef en su formulación de “desarrollo a escala humana” propone asimismo la necesidad de consideración amplia de las necesidades, ya que “concebir las necesidades tan solo como carencia implica restringir su espectro a lo puramente fisiológico, que es precisamente el ámbito en que una necesidad asume con mayor fuerza y claridad la sensación de falta de algo (MaxNeef, 1993: 47). Según el autor al analizar las necesidades humanas deberían considerarse algunas cuestiones básicas:

Desde las propuestas de estos autores, pudiéramos aventurarnos a argumentar que el florecimiento supondría entonces ese estado en que se concretizaría cierto nivel de bienestar derivado de la satisfacción de necesidades ampliadas, disponiéndose de ciertos satisfactores y condiciones que superan el plano de cobertura y satisfacción de los elementos más básicos y elementales para la vida de la persona. Así, el florecimiento no se concretizaría en la satisfacción de las necesidades más elementales como la alimentación y el abrigo, sino que, en base a la cobertura primera de estas, se desarrollan y satisfacen otras más y muy variadas necesidades que pueden abarcar incluso la necesidad de conocimiento o trascendencia.

Relato 2. Viviendo entre robots

Mi migración inicio hace más de 10 años cuando quise estudiar una carrera que en Guatemala no se ofrecía. Sin embargo no logre concretar la migración sino hasta hace un año. Es decir todo estaba en mi mente y cada vez más la necesidad de salir de Guatemala se hacía más grande: La situación de violencia del país se hacía insoportable, el querer poner tierra de por medio entre mi ex marido y yo también hizo creciente la necesidad de salir y la migración de mis primos culminada con el despido de mi trabajo y una extorción amenazando la integridad física de mi hija y mía, aunado a la oportuna oferta de estudio en Alemania, hicieron que por fin saliera de Guatemala hacia este país frío y mecanizado.

Los primeros meses en realidad fueron como vacaciones pero luego de estar como en una burbuja, toca enfrentarse al alfiler de la realidad y ahí es cuando uno empieza a darse cuenta cuanta falta le hace tener una red social de apoyo.

Todo aquí es muy difícil. La discriminación es dura y se vive en cada lugar hasta en los más simples. Acá la gente es tan distante... son robots y no sonríen. Para mí este proceso, ha sido de crecimiento profesional y académico así como de crecimiento espiritual, pero mis habilidades sociales se han deteriorado mucho. Tengo ya un año de estar fuera de mi país y sigo sin sentirme parte de este entorno. Es como sentirse ajena a una misma y a veces me siento muy triste. Tal vez la tristeza es por no encontrar mi propio lugar aquí. Y peor aún no querer regresar a donde una vez tuve un lugar

(Migrante estudiante 1, Alemania)

Significación de la migración: entre el empobrecerse y el florecer

“Si pongo en la balanza todo lo que he vivido en estos diez años, se inclinaría mucho por más mal que bien. No me refiero a lo económico porque si tú ves en lo económico uno está re bien, ‘qué le pasa’ dirá la gente; muchos me dicen ‘no hombre, si tú estás re bien allá, qué estás diciendo’, pero no soy feliz. Entonces lo inclinaría mucho a que por el área económica, muy bueno, se inclinaría hasta arriba; en el área emocional, yo la pondría un poco abajo, me entiendes, debajo de lo normal, no hasta el suelo porque hoy que tu me preguntas, hoy me siento muy contenta, hoy me siento muy feliz de que puedo salir y puedo ir a hacerme un examen y puedo ir a sacar un teléfono a mi nombre, me siento feliz que hoy puedo ir y sacar mi licencia. Creo que si tú me preguntaras de aquí a un año y medio o dos te podría responder mucho mejor en esta área, y te podría decir ‘hoy me siento demasiado bien’, espero que así sea, pero hoy no” (Mujer migrante trabajadora 1).

Migrar no es “miel sobre hojuelas” para las mujeres que se aventuran a esta empresa, antes bien, supone un proceso complejo que aunque puede aportar a la mujer beneficios en su vida individual y familiar, también les ha significado sufrimientos y pérdidas. El epígrafe nos expone de manera bastante clara la existencia conjunta en la experiencia migratoria de los beneficios y las pérdidas vivenciadas, o desde nuestra perspectiva, los florecimientos y empobrecimientos que la mujer podría enfrentar. Estos no podrían concebirse como estados sólidos, estáticos e inamovibles sino antes bien, como procesos dinámicos, cambiantes, simultáneos y fuertemente imbricados, de tal cuenta que no puede hablarse de la vivencia de un estado unívoco de florecimiento o empobrecimiento, sino de eventos y experiencias que supondrán en algunos momentos una vivencia más intensa de florecimiento y en otros, una carga mayor de empobrecimiento. Es decir, la mujer no se sentiría del todo “florecida” o del todo empobrecida, pudiendo experimentar paralelamente crecimiento y bienestar en algunas dimensiones de su vida, como limitaciones y estancamiento, en otras tantas. Como la informante señala en su expresión, su situación familiar en la dimensión económica es muy buena, socialmente se siente mucho más incluida que años atrás, pero aún quedan tópicos que mejorar, que fortalecer y estos estarían relacionados con su afectividad, de tal cuenta que mientras se siente estable en la dimensión del estar-tener, se percibe a sí misma como carente en la dimensión del ser.

Por otra parte, en tanto procesos y no estados, el florecimiento y empobrecimiento no se estancan sino que mutan: se incrementan o disminuyen y se mueven al ritmo de la vida de la mujer migrante. En el caso referido supra, la mujer migrante hoy se siente bien y a este estado de relativa satisfacción le ha antecedido momentos de dolor, sabiendo ella –o esperando más bien- que puede llegar a sentirse mejor, esa es su esperanza.

La significación que las mujeres entrevistadas hacen de su migración incluyen tanto valoraciones de los costos y beneficios, como posiciones extremas que significan la migración como una experiencia que les ha marcado positivamente, como aquellas que niegan cualquier beneficio.

Entre las valoraciones que presentan los costos y beneficios, la alusión a la migración sería aquella que habla de un proceso que les ha beneficiado en múltiples áreas de su vida, principalmente en la faceta económica-material, pero que al mismo les ha supuesto costos muy elevados, sobre todo de tipo emocional y relacional, como referirían dos de las informantes:

“A mi amiga, cuando ve mis fotos y me dice ‘que bellezas tus vestidos’ le digo ‘es el precio que tu pagas por estar acá’: yo pagué en dejar solo a mi hijo y comprarme todas las cosas ahora, pero si no tengo el amor de mi hijo, lo dejé de 13 años y no compartí mayor cosa por él, y pues eso se pagó” (Migrante trabajadora 2).

“Como una amiga mexicana me dice ‘por el hecho de que seas mujer este país te pisotea’, y creo que tiene razón. Como ella dice, vivimos en una jaula de oro, porque tenemos todas las comodidades y todo el mundo te ve y ‘dice wow estás re bien’, sí, pero a quién realmente le importa cómo yo me siento, eso no se ve” (Migrante trabajadora 1).

La expresión “vivimos en una jaula de oro” constituye un buen ejemplo de la significación de la migración como un proceso que te empobrece y en el que también puedes florecer. La posibilidad del consumo –sea real o simbólico- constituiría la cara amable de la migración, el disponer de comodidades también. La “jaula” se configura cuando aun disponiendo de satisfactores y bienes materiales habrían perdidas y costos muy elevados, casi todos relacionados con pérdida de contactos y el deterioro de relaciones que quedaron en el país de origen. Para las migrantes trabajadoras supuso, para una de ellas, el dejar a su hijo sin poder verle en más de una década; para la otra, el alejarse de su familia y no contar con ninguna red de amigos o apoyo en Estados Unidos. Puede acotarse que el lado obscuro de la migración, se configura desde varios frentes: la exclusión y discriminación experimentada –“este país te pisotea”- la soledad y carencia de vínculos de apoyo –“a nadie le importa cómo me siento”- y la pérdida de relaciones fundamentales como el contacto con la familia y los hijos.

El tono de otras informantes fue más contundente en el sentido de que su valoración de la experiencia se inclinaba más hacia una calificación o del todo positiva o del todo negativa de la experiencia:

“Cuando fui allá, fue un giro de 180 grados sobre lo que yo pensaba porque te das cuenta que es dura la vida allá y que las personas se rompen la espalda para alcanzar sus metas, no importa los costos, no importa si tenés que caminar como 5 kilómetros, que más o menos mi mamá eso camina a diario, para después tener que venir y hacer cosas de las personas, verdad que aquí podes vos decidir si lavas los trastes, allá no, tienen que limpiar y hacer muchas otras cosas. Es muy complejo estar allá, es muy complicado. Yo miro más consecuencias negativas: el ambiente allá es muy hostil, entonces no veo beneficio” (Mujer que permaneció 3).

Su valoración negativa respecto a los beneficios de la migración se deriva de la propia constatación de las condiciones de vida su madre: el impactó de ver su deterioro físico y la dureza de las condiciones de trabajo, hecho que se evidencia en la frase “se rompen la espalda” ha generado en ella una negación respecto a los beneficios que la migración conlleva en la vida de la migrante.

Otra de las migrantes trabajadoras expresó no estar dispuesta a vivir otra vez la experiencia de migrar dadas las condiciones en que ocurrió su asentamiento en Estados Unidos. Según su decir, no volvería a dejar Guatemala sin tener el conocimiento certero de lo que implica el proyecto migratorio. La resistencia a repetir la experiencia radicaría en el balance predominantemente negativo que hace de los costos de migrar:

“No volvería a pasar estos diez años aquí, si hubiera tenido la información legitima ‘ok esto es lo que puede pasar’ yo no me hubiera venido, porque me hubiera tocado esperar diez años, me hubiera tocado vivir bajo la sombra, tener que esconderme, el hecho de tener a mis hijos y no saber dónde ir a parir, no saber a dónde inscribirlos, y no saber a dónde llevarlos si se enferman, es horrible” (Migrante trabajadora 1)

En oposición, las significaciones en extremo positivas sobre la migración serían las de algunas de las migrantes estudiantes: si bien son inevitables algunos problemas –ciertas discriminaciones en la sociedad de destino- estos resultan siendo minúsculos o irrelevantes frente a los beneficios que la experiencia ha representado en sus vidas: establecimiento de contactos, satisfacción de necesidades básicas, un ritmo de vida más despreocupado. La experiencia ha resultado muy relevante incluso en términos de su construcción como sujeta. Su valoración positiva indica un hecho: migrar por estudios les permitió florecer: “Mi experiencia muy positiva, muy buena, a pesar de las limitaciones lingüísticas y culturales que yo estoy enfrentando, esta experiencia a mí me ha servido de mucho. Estoy viviendo de lo más relax acá” (Migrante estudiante 2), o bien “He vuelto a Madrid varias veces. Valoro mis años allí como algo preciado, que me han hecho lo que soy hoy” (Migrante estudiante).

Migrantes “florecidas”

El florecimiento humano lo estamos concibiendo –siguiendo a Boltvinik- como la posibilidad de desarrollo diverso que conlleva tanto la satisfacción de necesidades como la ampliación de capacidades, de tal cuenta “que la persona realice lo que potencialmente es como ser humano: su potencial de universalidad, de libertad, de creatividad, de conciencia, lo que supone el despliegue y desarrollo de las capacidades” (Boltvinik, 2005: 11). Desde la perspectiva analítica que empleamos, el florecimiento de la mujer migrante implicaría para ella las posibilidades de ser sujeta y de desarrollarse en múltiples sentidos, y no solamente a partir de la satisfacción de necesidades cubiertas por su trabajo o el de su familiar –en el caso de las mujeres que permanecen-. Para la mujer, florecer en el contexto de la migración, sea ella estudiante, migrante trabajadora o mujer que permanece, supondría el poder hacer, el poder estar y el poder ser, de tal cuenta, que más allá del potencial de disposición material que encierra la remesa –en tanto activo económico- se florecería más allá del tener y en múltiples aspectos del ser. Nuestras informantes no florecieron todas de la misma manera dado que sus trayectorias migratorias son distintas, no obstante, todas florecieron en mayor o menor medida, en algún momento o etapa de su migración y en alguna o varias dimensiones de su vida.

Hemos de señalar que las posibilidades de desarrollo/florecimiento no aparecerían para la mujer como oportunidades “caídas del cielo”, sino que, en algunos casos, serían el resultado de procesos de larga data en los que el conflicto, el sufrimiento o la precariedad, no han sido ajenos. Como veremos, en algunos casos, el llegar a florecer en alguna dimensión de su vida, le ha supuesto a la mujer que migró o permaneció en Guatemala, haber experimentado previamente algunos hechos conflictivos, de tal cuenta que el florecimiento supone un resultado, una consecuencia positiva luego de un tránsito por otros eventos previos, no necesariamente beneficiosos para la mujer. Esto permite considerar el florecimiento no como un estado sino más bien como un proceso que se construye con el tiempo, las circunstancias y las oportunidades, de tal manera que la mujer no florece solo con dejar su país y aventurarse a la migración, sino que puede llegar a serlo con el tiempo y las oportunidades de las que se disponga. Por otro lado, debe considerarse que el florecimiento no sería inmutable, sino que en simbiosis con el empobrecimiento, cambia y se relaciona con este último, de tal manera que la mujer no estaría nunca del todo florecida: en algunos momentos podrá desarrollarse en alguna dimensión de su vida, en otros momentos en otra.

En el contexto de la migración dado que la mujer esta fuera de su “elemento natural” por llamar de alguna manera al contexto familiar, comunitario y social que le es habitual o del cual procede, pudiéramos afirmar que las posibilidades para su florecimiento no estarían a su plena disposición, a “la orden del día”. Con esto se quiere decir que el proceso de florecer no sería del todo fácil por la posición social en la que es colocada por el hecho de ser migrante y además mujer, de manera que en la situación de ser “mujer en tierra ajena” configura para ella un escenario que puede no sea del todo idóneo para desarrollarse. Esta reflexión la hacemos tomando en cuenta que la mujer que migra no dispondría en muchas ocasiones de las redes básicas de apoyo -que tal vez si tendría en su país de origen- además de que en ocasiones el escenario social no es siempre el más receptivo para la mujer extranjera y en muchos casos no dispondría de todos los requerimientos legales necesarios para la inserción social, sin mencionar el hecho de tener que enfrentar barreras culturales y de género de diverso tipo. Esta suma de elementos haría que el florecer no sea cuestión sencilla para la mujer que deja su país. Sin embargo, las mujeres migrantes pueden florecer, lo hacen, aunque para la concreción de este proceso de realización de capacidades y satisfacción de necesidades, se amerite la convergencia de elementos de diverso tipo en tanto potenciadores o facilitadores del proceso. Respecto a estos factores detonantes y configuradores de las posibilidades de florecer en los testimonios de nuestras informantes identificamos algunos: el contar con una red de acogida o al menos ser sujeto de una “inserción social mediada”, el contar con oportunidades de trabajo no restringidas solo a la generación de ingresos sino vinculadas a la satisfacción del poder hacer, la disposición de certezas legales en tanto factores de protección, serían algunos de esos elementos que permiten el desarrollo de la mujer migrante.

Satisfacción de necesidades básicas como prerrequisito para el florecimiento

Hemos de acotar que previo a la activación de estos factores potenciadores del florecimiento, o bien junto al aparecimiento de estos, la mujer debería de disponer inexorablemente de la satisfacción de necesidades básicas relacionadas con la subsistencia misma. Por consiguiente, el florecimiento solo devendría después de la satisfacción de cuestiones

básicas como la disposición de alimento, techo y abrigo, cuestiones que cumplimentadas y junto al aparecimiento de elementos potenciadores, darían pie a la posibilidad de florecer.

En su propuesta de florecimiento humano Boltvinik señala como la combinación de satisfacción de necesidades- ampliación de capacidades permite el florecimiento del sujeto, acotando que “la persona alimentada, sana y educada puede desarrollar ciertas capacidades de trabajo. Aquí queda claro como la satisfacción de necesidades hace posible el desarrollo de capacidades en las personas” (2007: 59). Para el florecer, que conlleva poder desarrollar capacidades, se hará entonces necesaria la alineación de una serie de elementos más allá del aseguramiento de algunas cuestiones básicas como el tener ingresos para cubrir necesidades de alimento, vestuario o abrigo. Florecer supondría entonces la realización de un “plus” en la vida de la mujer, un agregado de factores, que sobre la base de cubrir lo imprescindible, permite que las mujeres puedan desarrollar otras capacidades, se configuren en ellas transformaciones positivas, se aspire a otras posibilidades, se obtengan nuevas oportunidades o se granjeen múltiples libertades. Es decir, contar con algunas necesidades básicas satisfechas no sería sinónimo del florecer. Se requeriría más que eso para lograr esto último. La satisfacción de ciertas necesidades sería acaso un piso mínimo en el logro del bienestar, posiblemente un nivel inicial que puede sentar las bases –si se vinculan otros elementos- a una potenciación del bienestar, a un mejoramiento de las condiciones de existencia y las posibilidades de ser sujeta. En los casos de las migrantes estudiantes dado que viajaron con disposición de una beca de manutención, la satisfacción de necesidades básicas está de alguna manera garantizada. Sus expresiones “Tengo alimentación todos los días (…) me mandaron al chequeo médico (…) los viajes que he tenido en estos días ellos me los han pagado” (Migrante estudiante, 2) o “Yo creo que si tengo mis necesidades satisfechas y es que la beca te da un poco más de plata para todas aquellas cosas que no esperas (Migrante estudiante 3) son indicadores de los beneficios recibidos y la cobertura que tendrían por parte de la institución que les patrocina sus estudios.

En el caso de las migrantes trabajadoras, uno de los aspectos altamente valorado relacionado con la satisfacción de necesidades básicas es la atención en salud. En dos casos se pudo observar como la cobertura médica con la que la mujer migrante cuenta deviene de la protección social de la que dispondría su pareja y no ella misma. Una de ellas expresaba “Gracias a Dios no me ha quitado [el marido] el seguro médico” (Migrante trabajadora 2). Esto refleja un condicionamiento negativo de la situación de inclusión social de la mujer migrante: su acceso a los servicios de salud se configura no a partir de un derecho individual sino como un derivado de la protección social de sus respectivas parejas. De esta manera, las mujeres resultan siendo beneficiadas a través de los hombres, situación que las coloca en posición de dependencia y vulnerabilidad. La expresión de una de ellas “gracias a Dios no me ha quitado el seguro médico” da pie a reflexionar sobre como la situación de filiación o no a un hombre las coloca en franca desventaja y vulnerabilidad social cuando no fungen ellas como titulares y beneficiarias directas de las protecciones sociales.

Para las mujeres que permanecieron, la disposición de ingresos derivados del trabajo de su familiar migrante constituye un piso mínimo a partir del cual se pueden emprender proyectos o satisfacer otras necesidades tanto del hogar como de otras personas, por ejemplo, una de las migrantes apoya a su madre anciana. Veámos: “El dinero que mi mamá manda se va en cosas de la casa y para pagar las deudas, también le da a mi abuelita. Te digo que ha enviado bastante dinero y la mayor parte se ha ido a las deudas” (Mujer que permaneció 2) o bien, “De dinero pues no tenemos problemas, no lo suficiente pero por lo menos tenemos para cubrir nuestros gastos” (Mujer que permaneció 1).

Según datos recabados en Guatemala respecto al impacto de las remesas se observa que estas tendrían “un impacto positivo modesto en los indicadores tradicionales de bienestar familiar, medidos por el consumo de bienes y servicios, especialmente en inversiones de salud y educación” (Ugalde y Peláez, 2009: 215). Además, señalan los autores “el impacto de la migración en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema es mínimo, inferior al 1%. Se concluye que la migración es un alivio, un paliativo, pero no un factor de reducción de la pobreza” (Ugalde y Peláez, 2009: 215). Por consiguiente, la recepción de la remesa contribuiría a sufragar los gastos básicos del hogar y en casos excepcionales y en los que tendrían que converger varios aspectos – tipo de trabajo realizado en la sociedad de destino y monto de ingresos percibido por este, disposición de otras fuentes de ingreso, duración de la migración, etc.- sería factible la posibilidad de acumulación.

Sobre el poder hacer como medio de florecimiento

El poder hacer constituye un medio para florecer, igualmente el trabajo. Que el empleo –sobre todo el formal- constituye un medio de inclusión social no hay duda: ha sido la puerta de acceso a prestaciones laborales y seguridad social. A su vez, el trabajo en tanto acción humana no necesariamente vinculada al empleo formal, representa una posibilidad de realización de las capacidades de creación. En nuestras informantes observamos como el acceso al empleo –en tanto trabajo remunerado- y las posibilidades de trabajar en distintas actividades aunque no fueran remuneradas pero que les permitieran aplicar sus conocimientos, les supusieron oportunidades de florecimiento. De hecho, Boltvinik incluye en su propuesta de florecimiento humano la posibilidad de que a través del trabajo se pongan en práctica o se puedan aplicar las capacidades adquiridas (Boltvinik, 2007: 56). En este sentido, el trabajar no solo para satisfacer sus necesidades y generar ingresos, sino como medio de poder hacer, ha sido importante como factor de florecimiento de las mujeres estudiadas. Asimismo la actitud y el apoyo de otros respecto al trabajo de la mujer constituye un apoyo externo que facilita el

que esta pueda florecer. Cuestión contraría serían los mandatos que le limitan y le atan al trabajo únicamente en el hogar.

Respecto a la ampliación de capacidades, la adquisición de nuevos conocimientos son parte importante del florecer dado que abren la puerta posibilidades de diverso tipo: mejores posibilidades de inserción laboral, posibilidad de realización de actividades diversas, sentido de libertad y plenitud, entre otros. Sobre esto último, una mujer referiría su sentir respecto a la obtención de licencia de conducir en Estados Unidos: “el día que me dieron licencia, ese día fui la mujer más feliz del mundo” (Migrante trabajadora 1). Dentro de las capacidades ampliadas que manifestaron las migrantes abordadas incluyen cuestiones básicas como el aprendizaje de otro idioma o el aprender a conducir, hasta incluso la formación universitaria, en los casos de las migrantes estudiantes. A su vez, la capacitación técnica le supone a las migrantes trabajadoras la esperanza de obtener mejores oportunidades laborales. Desde nuestra perspectiva la ampliación de conocimientos y capacidades constituye una factor importante en el florecimiento humano que revela como más allá de la mera acumulación de conocimiento, el aprendizaje representa en la vida de la mujer migrante muchas cosas, como el hecho de ser un factor propulsor de otras múltiples oportunidades: granjearse más independencia, disponer de herramientas para actuar, un medio de asegurarse mejores ingresos. En el proceso de florecer el aprendizaje y la ampliación de capacidades supondrían una llave que abre muchas puertas de oportunidad.

El encuentro con Otros y su aporte al florecimiento

Nos referiremos ahora al encuentro con otros como factor que permite florecer. Desde nuestra observación, la socialización, el contacto con otros y la disposición de redes de apoyo constituye uno de los elementos de florecimiento más importantes en las experiencias migratorias de las mujeres observadas. Estos contactos le permitirían a la persona crecer y hemos de acotar que no solo florecería la migrante que sale del país, sino también las mujeres que permanecen se beneficiarían de los encuentros, intercambios y relaciones con otros, sean estos amigos o familiares. Así, las redes de apoyo constituirían en el contexto de la migración un piso mínimo de carácter social y relacional que pudiera promover tanto el desarrollo de la mujer migrante, como incluso su misma inserción social. Su importancia sería alta y ayudaría a los migrantes a “no estar aislados socialmente, tener familiares y amigos cercanos evitará que aumente drásticamente el estrés vinculado a la migración y el cambio sociocultural” (González en Baltar, et.al., 2012: 236).

Iniciaremos señalando las posibilidades más básicas que otorgan la red de apoyo: la inserción social en la comunidad de destino. Este proceso, que no sería sencillo, implicaría desde la disposición de alojamiento y residencia o la búsqueda de trabajo, hasta incluso la solución de problemas de la vida cotidiana. En los casos de la migrantes estudiantes, tres posibilidades de apoyo fueron identificados: apoyos institucionales de la organización que patrocina su beca, personas individuales vinculados a la organización u otros migrantes, generalmente pares, estudiantes también becados en las mismas circunstancias. De estas referencias podemos reflexionar cómo en los procesos de inserción social de la mujer migrante ocurriría una suerte de inserción social mediada por distintos agentes, de manera que la mujer no enfrenta sola el proceso de adaptación sino que es acompañada y asistida por distintos actores y de diferentes maneras. Diferente serían los casos de las personas migrantes que viajan sin mayores contactos o compañía que apoye su instalación: en estos casos, el empobrecimiento se haría patente. Esta inserción medida si bien no pareciera tener una influencia directa en los procesos de florecimiento de la mujer migrante, constituye una de las disposiciones sociales que podrían incidir de alguna manera en el proceso de desarrollo individual.

Al lograrse el encuentro con otros la mujer cuida, atesora y se aferra a las relaciones que logra establecer, de tal cuenta que las relaciones se “alimentan” porque en cierta medida también lo hacen con la mujer: la alimentan, la enriquecen, le suponen bienestar, protección. Las palabras de una de las migrantes estudiantes resultan bastante explicativas al respecto: “De alguna manera te aferras mucho a las pocas relaciones que haces. Es como mantener esos pocos lazos que haces porque es muy difícil hacer nuevos, incluso dentro de tus mismos compañeros” (Migrante estudiante 3). Su expresión sugiere que construir nuevas relaciones no es tarea fácil, incluso con aquellas personas cercanas con quienes se compartiría cierta cotidianidad: en su caso hace mención a sus compañeros de estudios. Esta dificultad supondría entonces atesorar, aferrarse y cuidar mucho el vínculo y las relaciones que si logran establecerse ya que a través de estas la migrante podría florecer a través de la protección, la estabilidad y el bien estar que podría generar el encuentro con otras personas. Otra de las migrantes estudiantes hablaba en términos similares: “Tengo un grupo de amigos y todos estamos en las mismas condiciones, venimos solos a un país que no conocíamos y eso hace que te adhieras fuerte a otras fuentes que están en una situación similar a la tuya” (Migrante estudiante 1). La frase “hace que te adhieras fuerte” se entiende en el mismo sentido de la expresión de la otra migrante ya que apelan a estrechar los lazos, aferrarse a ellos, valorándolos sobremanera. En este caso, la mención al carácter empático del grupo “todos estamos en las mismas condiciones”- explicaría el por qué aferrarse a él: ellos entienden mis circunstancias porque también lo están viviendo, me quedo con ellos. Por otra parte, el acercamiento paulatino a otras personas y la inserción en otros espacios de socialización pueden aportar a la mujer el incremento de la confianza en sus propias habilidades, de manera que en el intercambio constante puede aminorarse el estrés, derribarse algunos prejuicios e incrementarse la seguridad en el propio actuar. Una de las migrantes estudiantes refería “Si te puedo decir que tengo más confianza en mi a partir de empezar a relacionarme con otras personas de diferentes países” (Migrante estudiante 2). Al respecto, un estudio de CIRMA sobre la experiencia de vida de sus becarios señala que en el caso de los estudiantes que migran “la experiencia de los estudios en el extranjero las y los ayudó como personas en su crecimiento integral; a que se sientan menos tímidas; a tener más elementos de discusión y sentir más confianza, a sentirse más seguros, menos acomplejados y menos ingenuas (CIRMA, 2013: 32).

En el caso de las mujeres que permanecen las redes de apoyo se vuelven muchas veces en su contra, en tanto dispositivos de control social: la familia política y la comunidad en su conjunto se constituyen en guardianes celosos de la mujer sola. En el caso de una de nuestras informantes que permaneció en Guatemala, su familia se constituyó en un apoyo fundamental en tanto red de apoyo. La actitud familiar hacia el viaje de su esposo apoyo las oportunidades para su florecimiento particular: sus padres condicionaron a su marido a apoyarla a terminar sus estudios universitarios aunque él estuviera fuera del país. El apoyo familiar puede verse como una reacción que dispone o facilita condiciones para el florecimiento de la mujer. Por otra parte, los amigos personales y no solo la familia se constituye en un apoyo importante. Asimismo, la familia política no necesariamente asume –o no de manera evidente- un rol de control social, intentando acompañar. Véase una expresión de una de las mujeres que permaneció en Guatemala:

“Como los amigos saben que está el esposo lejos se recibe mucho apoyo pensando que uno puede entrar en depresión porque se queda uno solo. Los padrinos de la nena me venían a traer, mis papás siempre andaban monitoreándome si necesitábamos algo. Sus hermanas venían con frecuencia a visitarme, pensaban que uno podría deprimirse, entonces recibía mucho apoyo” (Migrante que permaneció 2).

La última dimensión de florecimiento observada tiene que ver con la dimensión espiritual y se relaciona con los cambios que las migrantes experimentaron en su personalidad, en la profundización de su dimensión espiritual y las transformaciones positivas en sus actitudes y desempeños como sujetas que razonan y sienten. Las posibilidades de florecer en estos tópicos se derivaría de diversas fuentes: el solo hecho de migrar, el acceso a nuevos espacios de participación y socialización, incluso, experiencias difíciles que deben enfrentarse como parte de la migración. Las expresiones de las informantes “te empoderas de tu vida cuando cambias de contexto” (Migrante estudiante 3) “Su migración me ayudó a independizarme de no depender de un hombre sentimentalmente” (Mujer que permaneció 2) “En mi vida si sufrí una transición interesante, ha sido para mí encontrar mi camino sola” (Mujer que permaneció 3), “Solo cuando estás en como en una gran necesidad logras encontrar ese crecimiento espiritual.” (Migrante estudiante 1) ilustran la idea que intentamos transmitir: la mujer “florece” en su espíritu, madura en su carácter, fortalece su personalidad en sentidos positivos. El florecimiento vinculado a estas esferas no tangibles en tanto subjetivas, psicológicas, supondría una trascendencia que puede darse no solo a partir de la satisfacción de necesidades, sino derivado de la acumulación de aprendizajes y experiencias. La mujer que florece en este sentido espiritual, se mostraría entonces como enriquecida en las dimensiones más personales de su existencia.

Relato 3. Viviendo en una jaula de oro

Todo comenzó con enamorarme de una persona que vivía en el extranjero. Luego me propuso matrimonio y me vine a los Estados Unidos dejando a mi familia, amigos y estudios por una sueño que creo que toda mujer tenemos. Al principio fue muy duro el empezar en un país con una cultura totalmente diferente a la nuestra y con un idioma completamente distinto. A pesar que entre con una visa de turista, cuando decidí quedarme la situación migratoria cambio y muchas puertas se cerraron para mí. Cuando decidí averiguar en el área académica si podía seguir mis estudios acá me entere que no era posible y fue lo primera frustración que experimente. Al poco tiempo de estar por acá me di cuenta que mi familia, la cual es muy unida, me hacia una falta increíble, lloraba todos los días. Me sentía en una jaula de oro pero no por eso dejaba de ser jaula: tenía muchas comodidades pero no tenía lo más importante el amor de mi familia.

(Migrante trabajadora 1, Estados Unidos)

Factores de empobrecimiento

El empobrecimiento lo estamos concibiendo no necesariamente como una precarización económica o material, sino desde una perspectiva multidimensional, como un proceso que incluiría múltiples precarizaciones y no solo la carencia de ingresos o bienes materiales. Nótese que hablamos del hecho de precarizar en un afán de prestar atención no solo a aquellos aspectos de los cuales carecerían las mujeres migrantes, sino también atender los procesos que configuran esas carencias. En otras palabras, para considerar el empobrecimiento prestaríamos atención no solo a lo que hace falta –seguridad, ingresos, afecto, tiempo, etc.- sino que también se intentaría identificar los factores causales, detonantes o configuradores de la precariedad.

El riesgo de empobrecerse podría originarse a partir de la acción de otros, de manera que se configura de tal cuenta que la mujer no tiene mucho control para minimizarlo. Es decir, la precariedad de la mujer podría originarse a partir de lo que otros agentes realicen -o dejen de hacer -en relación a ella. En este sentido, podríamos decir que el riesgo de empobrecimiento también se configuraría como situación independiente sobre la que la mujer no tendría mayor control siendo la acción u omisión de otros lo que las coloca en situación de vulnerabilidad. Veamos dos casos con experiencias migratorias distintas: el primero de una de migrante trabajadora –su madre fue entrevistada en tanto mujer que permaneció en Guatemala- quien migró a Estados Unidos de manera indocumentada pagando coyote y cruzando México a pie. El segundo caso es el de una de las migrantes estudiantes quien viajaría a Alemania a una especialización patrocinada por la universidad en la cual trabaja en Guatemala. Sirvan estas referencias para reflexionar como pese a lo disímil de las trayectorias migratorias –una de riesgo, la otra promovida y auspiciada por un centro educativo- ciertos riesgos de empobrecimiento resultan comunes a la condición de la mujer que migra.

“Ella llegó a Nueva Jersey y este señor la iba a recibir, le hizo el favor y hasta le compró ropa. Este señor la recibió pero no sabíamos que él hacía ese favor porque quería algo a cambio, quería que ella se acostara con él. No dijo ella, ‘yo si pedí favor y yo le pagué todo lo que gastó’, pero él no se conformó con eso y las echo a la calle a mi hija y su otra amiga; y ¿la pobre qué hacía, para dónde agarraba? Yo la llame y me encontré con que ella estaba pasando esta situación y no tenía dinero para pagar un apartamento, entonces dije yo, solo para la muerte no hay solución y le envíe un dinero que tenía guardado aunque sea para que pagara un mes mientras se conectaba con otros compañeros” (Mujer que permaneció 1).

“La situación económica es súper difícil sobre todo cuando la universidad que no te deposita a tiempo. Pasé los primeros dos meses de este año pensando todos los días ‘qué diablos voy a hacer para darle de comer a esta niña y para pagar las cuentas’. El problema es la burocracia de la Universidad en Guatemala, esa situación de que no depositen a tiempo te pone en una situación de vulnerabilidad económica grande pues. La que me salva todos los meses es mi mamá, me envía dinero y yo luego me arreglo con ella” (Migrante estudiante 1).

Estos dos casos no solo nos ejemplifican como se configura la posibilidad de empobrecerse a partir de la acción de otros, sino que además nos presentan la existencia de redes de seguridad que operan en la distancia: las familias y sus gestiones que desde el lugar de origen intentan proteger, estabilizar, minimizar las carencias de la migrante, se constituye en una red virtual, invisible, que a kilómetros de distancia intenta alejar los riesgos y amortiguar las caídas de las que no están.

Las exclusiones y la dificultad de inserción social 

Exclusiones diversas serían parte del proceso de empobrecimiento en tanto bloqueos sociales que les impiden insertarse socialmente en diversas dimensiones y espacios. La carencia de documentos y el reconocimiento jurídico del migrante como sujeto no legal, y por tanto no sujeto de derechos, es el primero de múltiples bloqueos a los que deberán hacer frente y que les afectarán en mayor o menor medida. En los casos de las migrantes trabajadoras fue patente como la carencia de documentación se constituye en un bloqueo permanente a la inclusión social y a la satisfacción de derechos, incluso los más básicos como la atención en salud. La carencia de documentación le supuso a una de ellas la invalidación de estudios universitarios que había realizado en su país de origen, de manera que se negó su trayectoria previa de formación profesional. Además, el no poseer papeles le ha dificultado sobremanera la inserción laboral y la restringe a ciertos espacios y formas

de contratación configurados para migrantes. Segundo, la carencia de número de seguridad social y seguro médico le significó una falta de acceso a servicios de salud básicos, oportunos y de calidad. Si bien ella reconoce haber accedido a atenciones en salud, estas no resultaron ser las más idóneas, situación característica de la exclusión de servicios. Asimismo la otra migrante trabajadora explicó como la carencia de documentos de identificación le impide un posible ascenso social a través del empleo: “Si yo pudiera tener papeles, a mí lo que me gusta es todo lo del cabello, pero yo no puedo ejercer nada de eso aquí, porque me piden una licencia, porque me piden papeles” (Migrante trabajadora 2).

Los relatos de la migrantes nos presentan varios hechos de desigualdad relacionados con la exclusión laboral: En Estados Unidos, dos de ellas han observado que los hombres migrantes que disponen de documentos llegan a ganar más que las mujeres: ““El hecho de que yo esté trabajando el triple de lo que este muchacho hace y me paguen menos es denigrante porque a él le pagaban $600.00 yo recibía $200.00, yo trabajaba 18 horas y él trabajaba³, entonces te das cuenta que solo por ser hombre y por tener papeles les pagan más” (Migrante trabajadora 1). Las referencias manifiestas por las mujeres migrantes incluían algunas de las tendencias características de las formas contemporáneas de contratación laboral: flexibilización laboral, desprotección del trabajador, carencia de prestaciones y exclusión del régimen de seguridad social.

El empobrecimiento del “ser”

La mujer se empobrecería no solo en términos materiales sino incluso en su dimensión más íntima e individual: su psiquismo y su salud. La dimensión individual y relacional –lo psicosocial– es decir, aquella que incluye las posibilidades de ser sujeto y estar con otros, se vería empobrecidas de distintas maneras en la experiencia migratoria de las mujeres.

¿Que supondría empobrecerse a nivel psicosocial? Partiendo de la idea que el empobrecerse supone el carecer o tener una privación, este empobrecimiento supondría el verse limitado de ciertas condiciones importantes para el desarrollo personal y la estabilidad psicológica como pudiera serlo el disponer de tiempo libre, el contar con apoyos solidarios, el poder socializar con otros, la experiencia de satisfacción, plenitud o realización personal, por ejemplo. A partir de las reflexiones entabladas con las mujeres migrantes, se evidencia que la alienación de la actividad -en tanto trabajo excesivo y sin sentido para la persona- y el aislamiento son aspectos a considerar en el empobrecimiento individual y relacional, y por tanto psicológico.

Iniciaremos explicando como el aislamiento experimentado en la sociedad de destino puede ser vivenciado como una soledad negativa en tanto el estado de apartamiento que experimentaría la mujer migrante y que en vez de suponerle un alejamiento constructivo -ya que la soledad también puede constituirse en placentera, benéfica y enriquecedorase constituye en un estado de retraimiento que resulta incómodo para la persona en tanto se ve limitada de la posibilidad de comunicación e interacción con otras personas. Una de las migrantes estudiantes hace mención a la experiencia tangible de soledad como un hecho difícil durante su migración: “En la UT es excesivo el trabajo que te ponen, pasas demasiado tiempo solo y demasiado en tu rollo. Hay una soledad que es como muy palpable y si no encontrás a alguien que te de cómo un break de eso, es difícil” (Migrante estudiante 3). Su expresión permite reflexionar como la alienación de la actividad, el estar imbuida en un trabajo excesivo y una actividad constante puede resultar nocivo para la mujer, en tanto le limita la posibilidad de establecer vínculos, comunicarse, socializar. La actividad alienada de la mujer migrante, sean estudios o trabajo, que la abstraería de su dimensión relacional, tendría entonces el efecto de empobrecerle.

Otra variable identificada como factor de empobrecimiento son las formas culturales tendientes al individualismo como forma de vida y relación. Las migrantes estudiantes en Europa y Estados Unidos coincidieron en señalar como un hecho muy sentido las diferencias culturales respecto al trato y la socialización que tuvieron que enfrentar en sus respectivas migraciones. La disposición de entablar conversación espontáneamente con un extraño o incluso el sonreír pareciera ser considerado como una actitud extraña, disonante con la práctica dominante de abstraerse en sí mismo. Ambas coinciden en la descripción de dos hechos: a todo aquel que altere la norma de convivencia “cada quien en sus asuntos” se le comunica con una simple mirada lo inapropiado o lo inoportuno de su actitud. El otro punto en el que coinciden es el señalamiento del efecto de empobrecimiento que supone la exposición a una cultura fría e individualista: repetir el patrón, empezar a comportarse en el mismo sentido y perder el interés por la interacción. Posiblemente más habituadas a la estrechez de los lazos, a la cercanía y la comunicación, para estas mujeres ha resultado difícil la interacción donde estas disposiciones no serían la norma. El efecto de empobrecimiento devendría del aislamiento, la contención y la pérdida de habilidades de socialización.

Un efecto más de empobrecimiento psicosocial derivado del aislamiento sería la pérdida o carencia de redes de apoyo, solidaridad y amistad. Como extrañas en tierra ajena y sin contar en algunos casos con una red de acogida que medie su inserción social, algunas de las mujeres migrantes se verían empobrecidas al carecer de amistades o vínculos con quienes compartir, comunicarse y apoyarse.

“Te digo que uno siente mucho la soledad y aquí las amigas se van solo por el dinero: si no tienes carro, no tienes amigas. Me pasó el año pasado me operaron: yo los viernes y los sábados a las discotecas, vamos ahora pregúntame cuántas me vinieron a ver cuando me operaron, nadie. Ahí me di cuenta quiénes eran mis amigas, nadie” (Migrante trabajadora 2).

“Yo era una persona muy platicadora, muy relajera, bien contenta. Cuando me vine para acá me di cuenta que la única persona que tenia era a mi esposo que no tenía ningún otro amigo, que no podía hablar con nadie, tener un teléfono para decir ‘hola como están’. Tal vez al año pude hacer muchas cosas como meterme a una computadora y contactar, pero te dabas cuenta que podías hablar nomás un rato, porque que cada quien había seguido su vida y tú tenías que seguir la tuya aquí, pero sin amigos. Aquí cada quien tiene su vida, tienen horarios diferentes, aquí la vida es totalmente distinta, no es de ‘vamos a tomarnos un cafecito’, porque la gente tiene dos y hasta tres trabajos a diferentes horas, así que amigos no tengo. Conocidos te podría decir tengo algunos de cuando trabaje y como yo era la que les pagaba, todos eran mis amigos y todos me trataban súper bien, pero después ni siquiera un mensaje. Hoy tengo cinco personas que te podría decir son conocidas y que las trato un poquito más a menudo por las actividades de mis hijos, pero que sea ‘ven vamos a tomarnos un café’, no, entonces amigos no tengo” (Migrante trabajadora 1).

Un último factor de empobrecimiento de carácter psicosocial se manifiesta en el cuerpo de la mujer, al grado que el empobrecimiento se somatiza. Llegar a este extremo de manifestación de síntomas supone la acumulación de una serie de tensiones y malestares que al no haberse podido atender, exteriorizar y significar oportunamente, se “anclan” en el cuerpo de la mujer, empobreciéndola. El empobrecimiento radicaría en la pérdida de fortaleza, en el debilitamiento de la personalidad característica de la persona, sobre todo de aquellos aspectos positivos de la misma –una de las mujeres que permaneció refiere la pérdida del carácter alegre de su madre- así como en el evidente deterioro físico: “Me impactó mucho ver el horario de mi hermana, ver a mi mamá en su rol, flaca” (Mujer que permaneció 3). Los casos deterioro físico de otras de las migrantes entrevistadas incluían el agravamiento de condiciones de salud crónicas “Con mis niveles de cansancio y agotamiento estaban al límite, y mi situación médica (tiroides y problemas hormonales) me fui desmoronando” (Migrante estudiante 4), y el aparecimiento de trastornos depresivos “Yo soy de piel morena y me puse blanca porque no me daba el sol, y no era gorda pero estaba súper seca, porque ya ni comía, ya no me sentía aquella muchacha alegre” (Migrante trabajadora 1). Estas referencias nos llevan a reflexionar como el empobrecimiento no solo se materializa en la carencia de bienes o recursos –el hecho evidente de no tener dinero– sino que llega a manifestarse, a hacer evidente en el cuerpo mismo de la persona, afectándose evidentemente su salud física y mental. El cuerpo y la mente como lienzo donde se plasman las carencias.

Reflexiones finales

La migración en tanto fenómeno de masas y, en los últimos tiempos, de carácter global, ha sido analizada desde la perspectiva del desarrollo en términos macro estructurales indagándose sobre las consecuencias socioeconómicas vinculadas al proceso de movilidad y el desarrollo local o global. Sin embargo, el desarrollo se manifiesta más allá de los cambios transnacionales y puede observarse de igual manera en

términos individuales, posiblemente menos visibles, pero no por eso menos relevantes. Con esto postulamos la importancia de considerar el desarrollo que a escala micro se produce en la vida de los y las sujetas que se movilizan. Es decir, observar como producto de las migraciones las vidas de los y las que parten se transforma –para bien o para mal- en el plano individual y familiar. Así, en la observación del desarrollo desde una perspectiva micro, las posibilidades que las personas tendrían respecto a florecer –en tanto metáfora del desarrollo individual- o los riesgos que les impiden esta posibilidad –los chances de empobrecerse- deberían ser objeto de indagación. Las nociones de florecimiento humano –propuesto por Boltvinik- y empobrecimiento no son nuevas en el campo de estudios de la pobreza – o más bien, pobrezas-, aunque si pudiera ser de novedosa y útil aplicación en la observación del desarrollo humano en el marco de las migraciones. A nuestro parecer, el uso de estas nociones arrojaría luz respecto a cómo en el proceso migratorio la forma en que se satisfacen las necesidades, la disposición de recursos de diverso tipo –desde económicos hasta institucionales y sociales- o la manera en que se enfrentan los riesgos, puede favorecer o afectar a los/las que migran, o en otras palabras, puede ayudar a entender como los y las migrantes florecen o se empobrecen. Junto a estas formulaciones teóricas, la perspectiva de género resulta indispensable en tanto lente analítico que permite afinar la observación, de tal cuenta que puedan identificarse de mejor manera las particularidades del desarrollo de la mujer que migra, sea en su posibilidad de ampliación de capacidades –florecer- sea en la observación de las precariedades y limitaciones –empobrecerse.

En estas líneas intentamos observar en los casos de mujeres migrantes guatemaltecas como en sus trayectorias migratorias se configuraron las posibilidades florecer o en oposición, se generaron riesgos de empobrecimiento. En este sentido, se intentó identificar en las experiencias de diferentes sujetas indagadas –mujeres trabajadoras, estudiantes y mujeres que permanecieron en Guatemala- como a partir de su condición de ser mujeres el contexto social, institucional, relacional configuró para ellas oportunidades o restricciones que les conllevaron un florecimiento o un empobrecimiento humano. La observación de la subjetividad, en tanto objeto de análisis de la psicología social, fue el medio a través del cual accedimos a sus ideas, interpretaciones y valoraciones del proceso migratorio.

Las significaciones que las mujeres harían de su migración en tanto proceso que las empobrece o a partir del cual pudieron florecer se deriva del tipo de experiencias que han debido enfrentar. En los casos observados, solamente una de las migrantes hizo una plena apología de los beneficios de su migración, de tal cuenta que la tendencia mayoritaria observada se refiere a realizar un balance de los costos y beneficios de la experiencia. En este sentido, las mujeres migrantes aunque reconocen los logros y favores derivados de la migración, muchas veces señalan y lamentan los costos que han debido de pagar, sobre todo aquellos relacionados con el deterioro de si mismas o de las relaciones y vínculos más significativos. Este balance de las oportunidades granjeadas y las restricciones acontecidas nos indicarían que los procesos de florecer o empobrecerse no ocurrrian de manera aislada, ajena, antes bien, estarían fuertemente vinculados. Así, el florecimiento-empobrecimiento serían procesos vinculados lo que los haría relativos y no absolutos: una mujer no estaría nunca del todo florecida o del todo empobrecida, alguna dimensión de su vida puede mostrarse en crecimiento, en plenitud, mientras que en alguna otra pudiera experimentar carencias o precariedades de algún tipo. En este sentido, el florecimiento-empobrecimiento constituirían no estados –aunque si pudieran materializarse en aspectos tangibles- sino serian principalmente procesos paralelos, en constante mutación e implicación. El que la experiencia migratoria sea calificada como una “jaula de oro” ilustra asertivamente como el desarrollo humano/empobrecimiento, o el florecer/empobrecer, acontecen de manera concurrente en la experiencia migratoria de la mujeres.

Respecto al florecer, la satisfacción de necesidades básicas constituye el piso mínimo a partir del cual pueden gestarse las condiciones para la ampliación de las capacidades. Florecer supondría satisfacer necesidades de sí misma y del núcleo familiar, pudiendo en algunos casos lograr cierta acumulación de bienes y capital económico, además ampliar los talentos y capacidades, garantizarse independencia, madurar y crecer espiritualmente. Es decir, el florecimiento de las mujeres migrantes supondría para estas, oportunidades de tener, hacer y ser como sujetas. Debe acotarse que el florecimiento no ocurriría cual evento milagroso ya que como se sabe, la migración “no es miel sobre hojuelas”, mucho menos si se es mujer. Por consiguiente, el florecimiento seria una consecuencia positiva que resulta de un proceso de tránsito entre distintos eventos y circunstancias. Es decir, el florecimiento es un proceso que se construye en el tiempo en base a dinámicas y relaciones beneficiosas, como también por oportunidades a las que tendría acceso la mujer migrante. Con esto queremos especificar que el solo hecho de migrar no constituye para la mujer una oportunidad de crecimiento, de manera que poner tierra de por medio entre el patriarcado local o alejarse de las opresiones del país de origen, no es indicador de florecimiento, sino que, en la sociedad de destino la mujer que parte deberá enfrentar una serie de circunstancias antes de experimentar las posibilidades de florecimiento. En tanto mujer y extranjera, las circunstancias no serían del todo favorables para las migrantes, por lo que podrían llegar a florecer solo después de una acumulación de oportunidades y experiencias. Por ejemplo, ciertas experiencias que supondrían ampliación de capacidades se constituyen en factores propulsores de otras posibilidades de florecer: el aprender a conducir o el dominio del idioma local no representan solamente la adquisición de una habilidad o una oportunidad de comunicación,

sino que en el plano más subjetivo, suponen para la mujer un sentido de libertad y autonomía que antes no se poseía.

A su vez, el empobrecimiento supondría tanto precariedades en las necesidades más elementales, como restricciones en planos más subjetivos y relacionales. Si a primera impresión pudiera pensar que las precarizaciones serían más recurrentes en las experiencias de migrantes trabajadoras, las limitaciones no serían exclusivas de su condición: incluso mujeres que migran por estudios, con disposición de becas y otros apoyos se constituyen en sujetas con riesgo de empobrecerse en más de alguna dimensión de su vida. Los factores configuradores de precariedad o de riesgo de empobrecimiento incluyen desde la acción perniciosa de terceros en la vida de las mujeres, el trabajo extremo, la carencia de documentación o de estatus “legal” en el país de destino, hasta incluso, la exposición a formas culturales en extremo individualistas u opuestas al marco cultural de la mujer. Así, las precariedades que no serían solamente materiales sino que incluyen también precarizaciones o carencias de tipo psicológico y relacional: la exposición a soledades negativas, que conlleva un sentido de aislamiento, desprotección y falta de vínculos familiares y de amistad fue identificada como una de las pobrezas más significativas y perniciosas para la vida de las mujeres que migran, al extremo de llegar a deteriorar su salud mental y física.

De manera concluyente puede afirmarse que las mujeres que migran, o bien las que permanecen en el país de destino, todas ellas pueden hacer alguna referencia a su desarrollo personal o familiar como producto de la migración, como también señalar las diversas precarizaciones que pudieron surgir en la experiencia. En este sentido, todas las experiencias migratorias encerrarían un potencial de f lorecimiento o riesgos de empobrecimiento para las mujeres y los suyos. Lo cierto es que la mujer que migra no es la misma que parte: crece y se marchita en un mismo proceso. Se regenera y crece.

Bibliografía

Ariza, Marina 2007 “El país transnacional: migración mexicana y cambio social a través de la frontera”, El País transnacional: migración mexicana y cambio social a través de la frontera (México: UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales).

Boltvinik, Julio 2005 “Ampliar la mirada: Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento Humano” en Papeles de población¸ Universidad Autónoma del Estado de México, N° 44, pp. 9-42.

Boltvinik, Julio 2007 “Elementos para la crítica de la economía política de la pobreza” en Desacatos, N° 23, enero-abril 2007, pp. 53-86.

Camacho, Gloria 2010 Mujeres migrantes:trayectoria laboral y perspectiva de desarrollo Humano (Buenos Aires: CLACSO)

CEPAL “Mujeres lationamericanas y caribeñas en el mundo. Mujeres migrantes de América Latina y el Caribe: derechos humanos, mitos y duras realidades”. Serie Población y desarrollo, N° 61.

Herrera, Gioconda 2013 “Gender and international migration: Contributions and Cross Fertilizations” en Annual Review of Sociolog. Disponible en http://soc.anualreviews.org.

Herrera, Gioconda 2011 “Género y migración internacional en la experiencia latinoamericana. De la visibilización del campo a una presencia selectiva. Gender and international migration in latina-american experience. From visibilization of the are ato the selective presence. FLACSO-Ecuador.

Mahler, Sara y Patricia Pessar 2006 “Gender matters: ethnographers bring gender from The periphery toward the Core of migration studies”, en IMR, Vol. 40, N° I, Primavera.

Max-Neef, Manfred, Elizalde, Antonio y Hopenhayn, Martín 1994 “Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones (Nordan comunidad: ICARIA).

Monzón, Ana Silvia 2006 “Las viajeras invisibles: mujeres migrantes en la región centroamericana y el sur de México (Guatemala: Consejería en Proyectos).

Monzón, Ana Silvia 2009 “Mujeres, ciudadanía y migración. Mujeres en catarirecas experiencias vitales en el contexto de la migración en Centroamérica”. FLACSO

Tapia Ladino, Marcela 2011 “Género y migración: trayectorias investigativas en Iberoamérica” en Revista Encrucijada Americana. Año 4. N° 2 Primavera-Verano 2010-2011.

Tortosa, José María (coord.) 2000 Pobreza y perspectiva de género (Madrid: Ediciones Icaria).

Pérez Orozco, Amaia, Paiewonsky, Denise y Mar García 2008 Cruzando fronteras: Migración y desarrollo desde una perspectiva de género (Madrid: ONU/ Mujeres).

Rivera Sánchez, Liliana 2000 Las trayectorias en los estudios de migración: una herramienta para el análisis longitudinal cualitativo (México DF: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México).

Rizzo, Nadia 2007 “Género y migración: sentidos e impactos de la experiencia migratoria en las biografías de mujeres latina” en ForumQualitative Social Research, Volumen 8, N° 3, Art. 13

Rosales, María Isabel 2010 “II Seminario Permanente de reflexión sobre migraciones, Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y de Desarrollo (INCEDES), Marzo.

 El presente trabajo es resultado del Concurso “Migraciones, movilidad humana y pobreza en América Latina y el Caribe”, realizado por CLACSO en el año 2013.

1 El término es de Castles y Miller, citado en Hochschild (2005). En: Pérez Orozco, Amaia, Paiewonsky, Denise y García Domínguez, Mar. “Cruzando Fronteras. Migración y desarrollo desde una perspectiva de género. ONU Mujeres”. Madrid, España, 2008. Pág. 36.

2 Al menos hacia el año 2010 momento de la realización del estado del arte donde desarrolla estas ideas.

3 El autor ha propuesto el Método de medición integrada de la pobreza y ha desarrollado toda una argumentación alrededor del concepto de florecimiento humano como nuevas posibilidades epistemológicas respecto a la explicación y medición de la pobreza.

4 Su propuesta la fundamenta el autor a partir de la lectura de propuestas de sociólogos, economistas y psicólogos quienes reflexionaran respecto a la satisfacción social de las necesidades y la complejidad del ser humano, entre otras cosas.

Resumen

Este trabajo aborda las trayectorias de estudio y de trabajo, las condiciones y las perspectivas de vida de jóvenes que han migrado fuera de sus comunidades de origen pertenecientes al municipio indígena (mazateco) de San José Independencia en el estado de Oaxaca, México, desde un contexto rural a uno urbano, y las consecuencias que esto acarrea.

Abstract

This work presents the study and work paths, the life conditions and perspectives of young people who have migrated outside of their communities of origin, which belong to the (mazatec) indigenous municipality of San José Independencia in the state of Oaxaca, Mexico, from a rural context to a urban one, and the consequences this leads to.

Adriana Paola Zentella Chávez

Nació en México. Es Magíster en Antropología Social por el CIESAS-Pacífico Sur, y especialista en políticas públicas para pueblos indígenas. Ha participado en diversos proyectos de investigación sobre educación, equidad de género y salud reproductiva en comunidades indígenas.

Born in Mexico. Master in Social Anthropology is the CIESAS South Pacific , and public policy specialist for indigenous peoples. She has participated in several research projects on education , gender equality and reproductive health in inigenous communities.

Palabras clave

1| Jóvenes 2| Indígenas 3| Estado 4|Políticas Públicas 5| México.

Keywords

1| Youth 2| Indian 3| State 4| Public Policy 5| Mexico.

Cómo citar este artículo [Norma ISO 690]

ZENTELLA CHÁVEZ, Adriana Paola Trayectorias y condiciones de vida de jóvenes mazatecos migrantes en la ciudad de México. Una perspectiva de género, de etnicidad y de clase social. Crítica y Emancipación, (13): 285-324, primer semestre de 2015.

Trayectorias y condiciones de vida de jóvenes mazatecos

migrantes en la ciudad de México

Una perspectiva de género, de etnicidad y de clase social*

Introducción

Este artículo explora las trayectorias de estudio y de trabajo, las condiciones y las perspectivas de vida de jóvenes que han migrado fuera de sus comunidades de origen pertenecientes al municipio indígena (mazateco) de San José Independencia en el estado de Oaxaca, México. El camino de esta migración se traza desde el campo a la ciudad capital del país. El presente texto analiza tres aspectos importantes que caracterizan a estos jóvenes migrantes: 1) su condición étnica, enfatizando sus características como indígenas e integrantes de la cultura mazateca; 2) su clase social, como desplazados del campo que se trasladan a la ciudad con el fin de superar sus condiciones de pobreza; y 3) las diferencias de género que notamos en sus prácticas, situaciones y trayectorias, especialmente en sus trayectorias laborales y reproductivas.

La migración de estos jóvenes indígenas hacia la ciudad es generalmente motivada por condiciones de pobreza, entendida éstas no solo en su aspecto material y socioeconómico, sino también como falta de acceso a educación, salud, alimentación y empleo de calidad. Esta migración se perfila como uno de los factores importantes que intervienen de manera profunda en las transformaciones de las condiciones de género y entre las generaciones de sus comunidades mazatecas de origen y que, de cierta manera, hace posible la movilidad social, aún si esta se da en términos de exclusión y vulnerabilidad social en la ciudad, aunadas a sus condicionantes de adscripción étnica, clase social y género.

Metodología de la investigación

Durante esta investigación se utilizaron diferentes herramientas metodológicas que se detallan a continuación:

1| Diseño de guión de entrevista. Como primer paso se elaboró un guión único para todas las entrevistas que se concentra en indagar sobre las trayectorias de vida y las condiciones sociales de las y los jóvenes mazatecos.

2| Trabajo de campo en diversos escenarios urbanos de la ciudad de México¹. En un primer momento fue complicado localizar a los migrantes específicamente de un municipio mazateco en la ciudad de México y área metropolitana debido a la dimensión espacial y poblacional de estos espacios urbanos². Por lo tanto, mi metodología de investigación fue flexible y afinada a razón de que dependió de tiempos y disposiciones de las y los migrantes entrevistados: horarios intensos de trabajo, un día de descanso a la semana, desconfianza para concertar citas y, lamentablemente, hasta problemas y enfermedades en su familia. También se afinó en cuanto a condiciones de la que esto escribe: re-conocimiento de lugares, traslados en transporte público, recorridos por colonias desconocidas, citas programadas para entrevistas. Un elemento que destaca a favor de la investigación es el hecho de que ya conocía a algunas(os) de los jóvenes con los que logré concertar entrevistas. Con éstos fue posible realizar entrevistas de mayor profundidad.

3| Diario de campo. Llevé un diario de campo sistemático donde registré observaciones y notas personales de mis recorridos en los distintos escenarios urbanos así como los datos obtenidos con informantes vía teléfono e internet.

4| Diversas formas de contacto con la juventud mazateca. El teléfono y la internet fueron medios de comunicación importantes para esta investigación. Por teléfono acordé la mayoría de las entrevistas. La red social facebook fue un medio para contactar a los jóvenes mazatecos en la ciudad. Participé en grupos virtuales donde se difunde información sobre los mazatecos y su lengua. Además, encontré otro grupo -creado como parte de una campaña política para las elecciones del municipio mazateco de interés- donde descubrí muchos perfiles con información personal y fotos de varios jóvenes. Escribí a varios de ellos solicitando un encuentro en persona, aunque solo un par de ellos aceptaron ser entrevistados.

5| Entrevistas a profundidad. El tiempo y las condiciones de la investigación me permitieron entrevistar a diez migrantes mazatecos de ambos géneros. En las entrevistas se logró un nivel de profundidad que fue posible por haber conocido previamente a la mitad de los entrevistados y por tener al menos dos encuentros en los otros casos. Posteriormente transcribí todas las entrevistas de manera textual.

6| Fichas bibliográficas, elaboradas a partir de la lectura de textos y artículos sobre migración interna en México y juventud indígena. Estas fichas sirvieron para alimentar mi marco teórico y conceptual.

7| Revisión de datos, estadísticas e información. Se revisaron datos y estadísticas oficiales sobre migración indígena y pobreza en la ciudad de México (CONEVAL, INEGI, CONAPRED), artículos de periódicos sobre los escenarios urbanos del trabajo de campo y noticias sobre las elecciones políticas en el municipio de San José Independencia.

Herramientas conceptuales

En este apartado se establecen las tres categorías conceptuales que incluye la perspectiva de análisis que utilicé durante la investigación: pobreza, etnicidad, y género. El cuerpo conceptual sobre el tema de la migración en México, alusivo específicamente a los desplazamientos del campo a la ciudad, se expone en el siguiente apartado.

Pobreza

Utilizo la categoría de pobreza en la forma como la definen las dependencias públicas que elaboran los programas de desarrollo social en México, en especial el CONEVAL³ que tiene “la facultad y responsabilidad de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, los cuales serán de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social⁴ con base en los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación; y grado de cohesión social”.

Además, uso información sobre el municipio de origen de esta juventud migrante, donde realicé trabajo de campo a profundidad. El municipio mazateco de San José Independencia (SJI) se caracteriza por condiciones de pobreza y marginación, de las más altas en el estado de Oaxaca y a nivel nacional. Son múltiples los factores que contribuyen a su pobreza y marginación: la crisis del modo de producción campesino, las transformaciones en el entorno físico y ecológico, el aislamiento geográfico y, por tanto, difícil y costoso acceso vía terrestre y acuática, las divisiones políticas entre las familias, la estructura de dominación política local y una marcada estratificación socioeconómica al interior de la comunidad (Zentella: 2010)⁵.

Durante mi investigación en SJI construí un índice socioeconómico de la cabecera municipal a partir de una muestra censal⁶ que sirvió para clasificar a 50 hogares en cuatro categorías: 24 como pobres extremos, 20 como pobres, 4 como no pobres y un hogar como medio. Los resultados de este índice (ibid, p. 59) revelan que los estratos sociales más altos de la comunidad son los ocupados por los hogares de comerciantes, de maestros y de ganaderos; y los más bajos por las familias campesinas y pescadoras⁷. La mayoría de los hogares se sostienen económicamente gracias a las remesas que envían los parientes migrantes en la ciudad y al dinero del programa gubernamental Oportunidades⁸. En el 96% de los hogares censados algún miembro de la familia es migrante, especialmente en las familias de pobres extremos y pobres. La alta expulsión migratoria del municipio se debe a la falta de fuentes de empleo a nivel local y a la poca capacidad de generación de ingresos económicos en los hogares. Por tanto, el éxodo de las y los jóvenes mazatecos a la ciudad de México es provocado, en gran parte, por la pobreza prevaleciente en sus hogares de origen.

Etnicidad

Parto de la definición clásica de “grupo étnico” propuesta por Barth (1976) como una categoría de adscripción e identificación para designar a una comunidad que comparte valores culturales fundamentales realizados con unidad manifiesta en formas culturales y cuenta con unos miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros y que constituyen una categoría distinguible de otras categorías del mismo orden (p. 11). Así, el grupo étnico se caracteriza por un conjunto de rasgos y normas culturales específicas dentro de una sociedad más amplia. En México los pueblos indígenas son denominados grupos étnicos en tanto que se distinguen por ciertos elementos culturales diferentes a los de la sociedad mestiza: una lengua particular, una historia singular, un sistema de gobierno propio y un modo de vida basado en el cultivo del campo y el desarrollo de técnicas agrícolas. En fin, ritos, mitos y costumbres propias que se originan de una tradición de raíces prehispánicas de la cual se distinguen actualmente más de 60 grupos étnicos con presencia a lo largo y ancho del territorio nacional, entre los cuales se encuentra el grupo etnolingûístico mazateco pueblo indígena mazateco. Sobre las características de éste se profundiza más adelante en el apartado que lleva su nombre.

La categoría de etnicidad aquí expuesta se combina con las categorías de género y de clase social que sitúan a los sujetos de estudio de esta investigación en un status social determinado. “Considerada como status la identidad étnica está sobrepuesta a la mayoría de los demás status y define las constelaciones permisibles de status, es decir, de personalidades sociales que puede asumir un individuo con tal identidad. En este sentido, la identidad étnica es similar al sexo y al rango, en cuanto constriñe al sujeto en todas sus actividades…es imperativa” (ibid. p. 20.)

Perspectiva de género

El género es un concepto relacional que se define como la construcción sociocultural de las diferencias biológico-sexuales entre hombres y mujeres que tiende a producir relaciones desiguales entre los sexos (Pearlman 1979; Lamas 2002;). Como construcción sociocultural, el género refiere a las prácticas sociales y a los roles sociales que evidencian creencias, comportamientos, y valores que se atribuyen de manera diferenciada a mujeres y varones.

La teoría o perspectiva de género “es un cuerpo de ideas y proposiciones desarrollado desde diversas disciplinas que pretende analizar y explicar los procesos de diferenciación social entre hombres y mujeres. Dicho cuerpo de ideas parte de dos premisas básicas. La primera es que las diferencias de género son socialmente construidas, es decir, productos culturales que cambian con el tiempo y el espacio; la segunda es que a pesar de estas variaciones culturales, la subordinación de las mujeres es un elemento constante en la mayoría de las sociedades del mundo” (Vázquez y Zapata, 2000: 122-3).

Las investigaciones con perspectiva de género tienen como propósito analizar de manera relacional las diferencias y las semejanzas entre hombres y mujeres así como las funciones o roles que se les asignan culturalmente y son reproducidos en diferentes esferas de la vida social. La mayoría de las veces estas diferencias y semejanzas se traducen en desigualdades e inequidades para ellas en comparación con ellos. El género es un eje de desigualdad clave para estudiar las realidades sociales porque reproduce y perpetúa relaciones asimétricas entre hombres y mujeres.

Migración en México: del campo a la ciudad

Cuando se menciona la palabra migración en México suele pensarse únicamente en los migrantes de origen nacional que cruzan la frontera con Estados Unidos en busca del sueño americano. O bien, se piensa en los migrantes centroamericanos en tránsito por territorio mexicano cuyo destino final también es el país vecino del norte. Desde hace algunas décadas el tema migratorio -incluso en los ámbitos académicos y de investigación- se ha enfocado mayormente en el movimiento trasfronterizo de mexicanos, como cruce de la frontera norte, o en la inmigración centro y sudamericana en territorio mexicano que atraviesa la frontera sur. Sin restar valor al abordaje de estos tipos de desplazamiento geográfico hacia fuera y hacia dentro del país -que además representan uno de los principales temas en la agenda pública sobre violación a los derechos humanos- sorprende que sean menos numerosas las investigaciones dedicadas al tema de la migración al interior de México.

Aunque “la intensidad de la migración rural a zonas urbanas se ha mantenido relativamente estable desde mediados del siglo XX” (Olivares, 2010: 294), la antropología indigenista se ha concentrado más en el estudio de comunidades y pueblos dentro de su contexto rural que en su desplazamiento hacia las áreas urbanas del país.

Los estudios sobre la migración interna del campo a las ciudades del territorio mexicano comenzaron en la década de 1960⁹ y han continuado en las décadas posteriores. De acuerdo con Velasco Ortiz (2007), los primeros análisis carecían de un enfoque étnico pues se veía a los migrantes como campesinos, pero no como indígenas¹⁰.

Existen varias investigaciones recientes que han enfocado su interés en la migración del campo a las ciudades. Gran parte de ellas se dedican a las comunidades indígenas establecidas en la parte norte del país: cerca de la frontera con Estados Unidos, especialmente en el estado de Baja California. El potencial de análisis sobre el fenómeno migratorio campo-ciudad en la literatura antropológica pudiera ser más amplio para el caso de la ciudad de México, pero al parecer no es así.

A finales de la década de 1970 el Estado mexicano adopta un proyecto de modernización e implementa una separación entre agricultura e industria (Olivares, 2010), la cual desata una fuerte crisis en el campo y otros sectores agrícolas que se ve agudizada a finales de los ochenta con las políticas económicas de corte neoliberal. La industrialización del país se logra a costa del abandono al campo con la reducción en la inversión económica para la producción y el sostenimiento de las actividades agricultoras. Desde entonces, los habitantes del campo comienzan a migrar a las ciudades y los centros urbanos con mayor desarrollo económico del país donde tienden a concentrarse empleos, servicios y recursos. “Esta migración hacia las grandes urbes del país, aumentó el crecimiento demográfico, el cual, no encontró suficientes satisfactores dentro de las ciudades, provocando la ocupación desbordada e incontrolada de la periferia –y más tarde del centro– convirtiéndola en una ciudad con espacios clandestinos y hacinamientos marginales, esto produjo un exceso de habitantes y una disminución de los espacios para la habitación, así como una escasez de éstos y de los empleos” (ibid: 297).

En la década de los noventa las crisis económicas continúan en el campo mexicano pues las políticas economicistas de libre mercado no benefician al modo de producción campesino, así que la gente sigue migrando a las ciudades en busca de recursos económicos y mejor calidad de vida; aunque en realidad la mayoría de las y los desplazados se insertan en actividades de comercio y servicio de tipo informal.

Migración indígena en la ciudad de México

La ciudad de México, capital del país y una de las más grandes del mundo respecto a densidad poblacional, se ha caracterizado históricamente por su esencia multicultural y pluriétnica. Esta multiculturalidad refiere a los pueblos indígenas originarios asentados al sur del valle de Anáhuac desde tiempos prehispánicos antes de formarse el centro de la ciudad colonial y, a partir de la segunda mitad del siglo XX, a las poblaciones indígenas de distintos estados del país en una oleada migrante provocada por la profunda crisis económica en contextos rurales.

Desde hace varias décadas la ciudad de México y los municipios limítrofes que pertenecen al Estado de México son zonas de atracción para miles de migrantes indígenas de otros estados pues concentran actividades económicas y de desarrollo industrial que generan empleos, dinero y recursos económicos tan escasos en las zonas rurales del país. Estos municipios conurbados a la ciudad de México junto al Distrito Federal conforman la zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM). La ZMCM sigue siendo uno de los principales destinos de estas comunidades desplazadas no solo por ser la capital del país sino porque en ella siguen centralizados los servicios

y las posibilidades de movilidad social, oportunidades a las que los migrantes aspiran.

Existen varios estudios antropológicos y sociológicos sobre la migración de indígenas originarios de otros estados a la ciudad de México (Butterworht: 1962; Chance: 1971; Orellana: 1973; Arizpe:

1975; Kemper: 1976; Hirabayashi: 1984 y 1993; Hiernaux: 2000; Vargas

y Flores: 2002; Oehmichen: 2003 y 2010; Molina y Hernández: 2006; Urteaga: 2008a, Olivares: 2010; Ruvalcaba: 2013). Todos estos autores han realizado valiosas y diversas aportaciones al tema. Sin embargo, los patrones migratorios, sistemas culturales y características socioeconómicas de los habitantes de origen indígena en los distintos escenarios urbanos de la ZMCM conforman una realidad compleja y muy diversa. Resulta complicado establecer diferencias en términos de adscripción étnica, por ejemplo: la comunidad triqui establecida en la calle de López –en el centro histórico de la ciudad– no comparte las mismas características que los grupos de migrantes mixtecos que viven en el municipio de Chalco –en la periferia oriente–.

Molina y Hernández elaboraron un Perfil sociodemográfico de la población indígena en la ZMCM (2006) en el que concluyen que “hay muchos grupos etnolingüísticos con importante presencia numérica en la ciudad de los que no sabemos nada y de algunos otros sabemos muy poco (mazatecos, mixes, mixtecos, purépechas, zapotecos y pueblos originarios), porque la mayor parte de las investigaciones –sobre todo en años recientes– se enfoca fundamentalmente a la misma población: aquellos grupos de otomíes, triquis y mazahuas que viven en el centro de la ciudad, a quienes se estudia y vuelve a estudiar constantemente” (p. 42)¹¹. Los autores enfatizan que el estado del arte sobre el tema, en realidad, todavía no permite describir cómo son los indígenas urbanos.

Con base en la información censal de INEGI (1995) y diversas estimaciones sobre el tema, Martha Olivares (2010) afirma que “puede asegurarse que en la ciudad de México reside al menos uno de cada veinte indígenas del país, existe presencia individual u organizada de prácticamente todos los pueblos indígenas de México y la mayor presencia corresponde a nahuas, mixtecos, zapotecos, triquis, mazahuas y mazatecos” (p. 301). La autora hace hincapié en que estas cifras subregistran a la población indígena y, por tanto, deben tomarse con reserva pues se basan en criterios exclusivamente lingüísticos, dejando de lado otras características importantes para identificar la condición indígena como el autoreconocimiento, las instituciones económicas y las formas de organización social y política.

Por su parte, Ruvalcaba (2013)¹² calcula un aproximado de “500 mil indígenas -entre inmigrantes y originarios- que viven en la ciudad de México, de acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles especializadas; según el censo poblacional de 2000, se hablaban en la capital 57 de las 62 lenguas indígenas nacionales, sin considerar las variantes dialectales”. Además, se trata de una población mal estudiada en términos estadísticos debido a su alta movilidad y “mimetismo”.

De acuerdo a los datos del INEGI (2010)¹³, las lenguas indígenas en el Distrito Federal que cuentan con un mayor número de hablantes son: náhuatl (27.4%), mixteco (10.8%), otomí (10.2%), mazateco

(9.6%), zapoteco (7.9%), mazahua (6.3%) y totonaca (4.1%).

La presencia de población indígena de diferentes partes del país en la ciudad de México ha sido histórica y cambiante, “tres grandes espacios de la ciudad han tendido a concentrar la población indígena migrante: el centro Histórico, la periferia oriente y noreste de la zona metropolitana, y una multiplicidad de áreas de trabajo y asentamientos que hemos denominado espacios intersticiales” (Oehmichen, 2003: 272).

Contexto de la investigación

La presente investigación se llevó a cabo en diversos escenarios urbanos de la ciudad de México, perteneciente al Distrito Federal, y su zona metropolitana, que forma parte del estado de México. La ZMCM es un territorio con marcados contrastes sociales: es una de las ciudades con mayor desarrollo económico, empresarial e industrial del país, donde además se concentran los poderes fácticos así como gran parte de la clase política y empresarial; no obstante, un representativo sector de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Según datos del CONEVAL (2012)¹⁴, 2.56 millones de personas viven en situación de pobreza, entre los cuales, 219 mil viven en pobreza extrema.

Esta pobreza afecta de manera especial a los jóvenes, los migrantes y los indígenas. Resulta pertinente destacar que las y los entrevistados para este estudio forman parte de estos tres grupos vulnerables de población en la ZMCM: son jóvenes, son de origen mazateco y son migrantes que salen de sus pueblos, de por sí marcados por condiciones de pobreza, marginación y rezago social.

En la ciudad de México las desigualdades entre los estratos más altos y los más bajos de la sociedad resultan abismales, estas diferencias de clase social pueden observarse de acuerdo a las diferentes zonas y delegaciones que conforman la ciudad. La parte oriente –las

delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero- presenta mayores índices de pobreza, vulnerabilidad y menores niveles de ingreso en comparación con las zonas del centro y sur de la ciudad.

El grupo etnolingüístico mazateco

Los mazatecos son el cuarto grupo etnolingüístico –de acuerdo al número de hablantes– de mayor presencia en el estado de Oaxaca¹⁵. Se encuentran distribuidos en las regiones de la cañada y la cuenca del Papaloapan en los estados de Oaxaca y Veracruz, con una población total de 305, 836 habitantes (INEGI 2000) de los cuales el 80.5% son hablantes de lengua indígena. Los mazatecos se llaman a sí mismos en su lengua ha shuta enima que se traduce como “los que trabajamos el monte, los humildes, gente de costumbre” (Luna Ruiz, 2003). Se dice que el gentilicio de los pueblos mazatecos viene de mazate, nombre náhuatl de un animal de la región que se asemeja al venado cuyo nombre en la lengua mazateca es naxín ani. Los mazatecos tienen filiación lingüística y cultural con los grupos mixtecos, otomianos, mangues, popolocas y chinantecos.

Se han realizado numerosas investigaciones sobre la cultura y la región mazateca para la academia antropológica y como resultado de intervenciones sociales en la zona (Weitlaner y Weitlaner: 1946; Villa Rojas: 1955; Muñoz: 1957; Pozas: 1960; Benítez: 1964 y 1967 Incháustegui: 1977, 1983, 1994 y 2000; Boege: 1988; Dalton: 1990; Pérez: 1996; López Cortés et. al. 1994; Quintanar y Maldonado, 1999; Carrera González 2000; Pedro Castañeda: 2001; Luna Ruiz, 2003; Nahmad y Zentella: 2009; Zentella: 2010).

La región mazateca en Oaxaca comprende 27 municipios distribuidos en tres distritos del estado. El mazateco es una lengua tonal que se compone de sonidos semejantes a un silbido. Los hablantes de la zona alta se encuentran en el distrito de Teotitlán, mientras que los de la zona baja residen en el área alrededor de la presa Miguel Alemán en el distrito de Tuxtepec. Es en esta zona baja donde se encuentra localizado San José Independencia en el distrito de Tuxtepec de la región del Papaloapan, al norte del estado¹⁶. SJI fue el municipio mayormente afectado con la edificación de una gran presa en 1947 por la Comisión del Papaloapan durante el gobierno de Miguel Alemán. Después de la construcción del embalse hubo una redistribución de la población en las diferentes localidades, todas ubicadas en el vaso de la presa¹⁷, cuyo mayor asentamiento fue en las faldas de los cerros a donde las aguas nunca llegaron. Actualmente el municipio está conformado por la cabecera municipal o Cerro Campana y por seis localidades: Buenos Aires, Cerro Clarín, Cerro Chapultepec, Tepeyac, Cerro Torito y Cerro Laguna.

Migración mazateca en la ciudad de México

La migración del campo a la ciudad ha marcado de manera especial a las comunidades indígenas de Oaxaca pues se distinguen por padecer una pobreza generalizada aún si al interior de ellas existen estratos sociales y niveles de pobreza diferenciados. Los mazatecos llevan al menos tres décadas de experiencia migrante y de conformación de redes comunitarias en distintas urbes mexicanas, destacando la ciudad de México y su zona conurbada, la ciudad de Puebla en el estado del mismo nombre, las ciudades de Córdoba y Orizaba en el estado de Veracruz, y la ciudad de Oaxaca. De las lenguas indígenas presentes en la ciudad de México, en 1990 la lengua mazateca representaba el sexto lugar de presencia de acuerdo al número de hablantes (Oehmichen, 2003: 269). Una década después los mazatecos representan el cuarto grupo indígena (INEGI 2010)¹⁸ con presencia en el Distrito Federal, sin embargo, no se sabe casi nada sobre su situación migratoria, principales problemáticas y espacios de inserción.

Diversos escenarios urbanos

El trabajo de campo de esta investigación se llevó a cabo en tres tipos de escenarios urbanos de la ZMCM donde encontré a la juventud mazateca del municipio de SJI. El primer escenario fue el mercado de la Merced en el centro histórico de la ciudad. Cabe destacar que este escenario fue la puerta de entrada a la presente investigación pues de antemano sabía que la mayoría de los jóvenes varones del municipio trabajan ahí.

La colonia El country en el municipio conurbado de Naucalpan de Juárez, estado de México, fue el segundo escenario de estudio pues ahí trabajan dos de los varones entrevistados. Se realizaron visitas a tiendas y comercios locales así como entrevistas.

El tercer escenario fueron casas particulares en las cuales residen y/o trabajan las jóvenes entrevistadas y lugares públicos cercanos a las zonas de trabajo de los varones entrevistados.Estas visitas a casas y encuentros en lugares se acordaron a manera de cita lo que permitió que las entrevistas se realizaran en un ambiente cómodo y silencioso, apto para la conversación y con tiempo suficiente para profundizar en varios temas.

El mercado de la Merced

La Merced es el mercado indígena de la ciudad desde tiempos coloniales hasta la actualidad, con una variada presencia de indígenas provenientes de diferentes estados al interior del país. El mercado principal está dividido en dos naves: la Nave mayor, donde se venden frutas, verduras y abarrotes pertenece a la delegación Cuauhtémoc y la Nave menor -especializada en la venta de carnes, cremas y quesos principalmente- a la delegación Venustiano Carranza. En estricto sentido, el mercado de la Merced no es un mercado sino una conglomeración de mercados que incluye estas dos Naves, otros edificios que funcionan como mercados¹⁹ y cientos de puestos ambulantes en los alrededores²⁰. La Merced es el principal nudo comercial del centro histórico de la ciudad. Es un lugar que reúne de manera especial a migrantes originarios de otros estados, algunos son dueños de los comercios, y a migrantes indígenas que trabajan como empleados en los puestos o como estibadores (diableros) transportando montones de carga de un lugar a otro. Los oaxaqueños, de distintas regiones del estado y diferentes grupos etnolinguísticos, representan un grupo muy numeroso de esta fuerza de trabajo en ambas Naves del mercado. Más específicamente, los mazatecos de San José Independencia son un conjunto importante en la Nave menor. Esta nave es un espacio laboral especialmente masculino pues los empleados son varones jóvenes y fuertes, que realizan trabajos corporalmente pesados. Casi todo el tiempo están de pie y sus jornadas laborales son largas, desde muy temprano por la mañana hasta que cae el sol.

Colonia El country, municipio conurbado de Naucalpan

Naucalpan es un municipio del Estado de México que pertenece al área conurbada de la ciudad de México, uno de los más industrializados del estado. Colinda con las delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México. De Naucalpan destacan dos zonas muy diferentes entre sí: una zona popular con colonias como El Country, El Molinito, La Mancha, Colinas de San Mateo y La Cañada y otra zona residencial con fraccionamientos de clase media-alta. La colonia El Country está conformada por familias migrantes de diferentes estados al interior del país. En esta colonia encontré tiendas y abarroterías donde trabajan hombres mazatecos de SJI.

Casas particulares y lugares públicos

Contactar a las jóvenes mazatecas de SJI en la ciudad de México fue una tarea difícil, pero factible por medio de los varones que encontré en la Merced. La mayoría de ellas se dedican al trabajo doméstico en su hogar y al cuidado de sus hijos así que las visité en sus domicilios particulares o acordamos citas en lugares públicos. Estos escenarios permitieron entrevistas más largas que las realizadas con sus coétaneos varones.

Las y los entrevistados

Entrevisté a cinco varones y a cinco mujeres. Todos son mazatecos residentes de la ZMCM y originarios del municipio de San José Independencia, a excepción de una de las entrevistadas (mazateca también, pero originaria de un municipio colindante). Sus edades varían entre los 17 y los 38 años, y pertenecen a distintos estratos sociales del municipio de origen. Casi todos son exbecarios del programa gubernamental Oportunidades, excepto los tres que rebasan los 30 años. A continuación presento una tabla de contenido con sus principales datos de identificación:

Nombre | Sexo | Edad | Localidad de origen | Ocupación actual | Tiempo de vivir en la cd. | Edo. Civil | No. de hijos | Vive con | Grado de estudio
AC | M | 17 | Buenos Aires | Empleado en cremería | 2 meses | Soltero | 0 | Hermana | 1er semestre de bachillerato
EM | F | 22 | Cerro Campana | Ama de casa | 3 años | Unión libre | 2 | Esposo e hijos | Bachillerato concluido
LC | F | 21 | Cerro Campana | Ama de casa | 4 meses | Unión libre | Embarazo | Esposo | Bachillerato concluido
RC | F | 19 | Cerro Campana | Ama de casa | 1 año | Unión libre | Embarazo | Esposo | Bachillerato concluido
LG* | F | 30 | Mpo. de Chilchotla | Empleada doméstica | 21 años | Casada | 2 | Esposo e hijos | Primaria trunca
DM | M | 24 | Cerro Campana | Empleado en cremería | 3 años | Soltero | 1 | Solo | 1er semestre de Licenciatura
GM | M | 35 | Cerro Campana | Dueño de abarrotería | 20 años | Casado | 3 | Esposa e hijos | Secundaria terminada
HE | M | 24 | D. F. y Cerro Campana | Estudiante | Creció en DF | Soltero | 0 | Padre y hermanos | Licenciatura en Medicina
SM | M | 25 | Cerro Clarín | Empleado en abarrotería | 4 años | Casado | 2 | Esposa e hijos | Bachillerato concluido
VE | F | 38 | Cerro Campana | Ama de casa | 3 años | Casada | 5 | Esposo e hijos | Secundaria trunca

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a profundidad.

Originaria del municipio de Santa María Chilchotla.

A partir de aquí se hace referencia a las y los entrevistados con las iniciales de su nombre y apellido entre paréntesis, con el fin de respetar su anonimato.

Motivos de migración entre la juventud mazateca

Generalmente el conocimiento y primer arribo a la ciudad de las y los jóvenes mazatecos sucede durante periodos vacacionales de la escuela. Después, con mayor edad y en muchos de los casos con la secundaria terminada o incluso el bachillerato, regresan a la ciudad con la intención de permanecer por más tiempo y conseguir un trabajo estable.

“Allá no hay nada, no hay trabajo”

Los motivos principales por los que se arriba a la ciudad son trabajar y generar dinero para su propia manutención y la de sus familias. La juventud mazateca migra a la ciudad de México “para salir adelante” en un sentido económico pues es en la capital donde logran obtener un empleo asalariado. Las y los entrevistados coinciden en indicar como principal motivo de migración la falta de oportunidades de empleo en su municipio de origen. Los motivos de migración a la ciudad en palabras de los entrevistados son los siguientes:

“Para trabajar, y ayudarle a mi mamá” (EM)

“Ayudar económicamente a la familia porque allá no hay nada, no hay trabajo, sí hay en el campo, pero no ganas bien” (SM)

“Sí hay trabajo allá pero no es lo mismo que te pagan acá” (DM)

“¡Pues es que allá no hay nada, no hay trabajo! A lo mejor hay, pero no ganas lo que aquí ganas. Aunque va dando razón de lo mismo porque aquí pagas renta, agua, luz, todo se paga. Allá no” (LC)

Aunque en todas las comunidades que conforman el municipio se trabaja el campo, sembrando y cosechando principalmente maíz, este trabajo asegura únicamente el sostén básico de la alimentación de las familias y además no es económicamente remunerado. El trabajo campesino no representa una oportunidad para estos jóvenes mazatecos en la que se pueda ganar dinero. Además, las nuevas generaciones parecen no atribuirle valor al modo de vida campesino.

El último testimonio (LC) expresa la difícil situación económica del migrante indígena en la capital mexicana: habitar en la ciudad resulta mucho más costoso que vivir en el pueblo de origen. El gasto principal es la renta de una vivienda en la ciudad, pero además se pagan otros servicios como luz, agua y gas. Estos dos últimos no representan gastos cuando se vive en el pueblo: el agua no se paga y todos tienen derecho a ella pues corre libremente a través de las llaves conectadas a los manantiales; el gas casi no se utiliza ya que la mayoría de las familias cocinan con hornos de leña y son pocas las que cuentan con estufa o tanque de gas. Aquí detectamos un cambio en el modo de vida al habitar en la ciudad: el uso de gas para cocinar y para calentar el agua de la ducha. Este

cambio representa parte de las comodidades de la vida urbana que en el pueblo no se acostumbran.

Otro de los motivos para migrar a la ciudad es la posibilidad de costear sus estudios. Uno de los jóvenes entrevistados migró en busca de trabajo asalariado que le permitiera seguir estudiando el bachillerato en su municipio de origen y costear los gastos que genera asistir diariamente a la escuela:

“Estuve estudiando en el IEBO²¹ pero por la situación de allá, no hay dinero, no hay nada que agarrar y por eso me vine para acá a trabajar. Terminé mi primer semestre y llegué acá a trabajar. Sí trabajé, lo que pasa es que llegando otra vez allá se me acabó el dinero: pagué mi inscripción, pagué mis libros y todavía no he pagado los $200²² de la cooperación anual de padres de familia, además me tengo que transportar en chalupa de motor para que me lleve a la escuela. Y además para mi comida no me alcanza” (AC).

Los costos de la escuela incluyen el pago de la inscripción, de los libros y del transporte diario, además los estudiantes necesitan comer adecuadamente para lograr un buen rendimiento escolar. Únicamente de transportación (AC) gasta $70²³ a la semana pues su casa se encuentra en una de las islas de la presa que rodea al municipio así que usa el transporte pluvial para llegar a la escuela.

Otro joven entrevistado también migró por primera vez para poder costear los gastos de la escuela:

“Vine de vacaciones pero de trabajo pues para sacar para mi calzado y mi ropa. Yo siempre he salido adelante sólo. He tenido el apoyo de mi mamá pero yo siempre salí adelante” (DM).

Este comentario ilustra la responsabilidad que los jóvenes tienen para lograr su propio mantenimiento económico puesto que la mayoría de las familias no pueden costear sus gastos escolares. Por ello, y de acuerdo a la educación tradicional en la cultura mazateca y transmisión de valores -diferenciados de acuerdo a la condición de génerose considera que a partir de cierta edad los jóvenes, especialmente los varones, deben lograr su independencia económica.

Muchos de las y los jóvenes mazatecos se trasladan a la ciudad justo después de haber terminado la escuela secundaria o preparatoria:

“A veces los chavos salen de secundaria nada más para venir a trabajar acá, son muchos” (AC)

“Vienen para acá terminando de estudiar, por eso algunos ya ni quieren estudiar porque de todos modos terminan en la Merced.” (LC).

Notamos que se enuncia una preocupación acerca de esta migración forzada por motivos socioeconómicos y en la que la preparación educativa de estos jóvenes –de mayor nivel que la de sus padres y madres- no ha servido para tener acceso a trabajos menos precarios, mejor pagados o en otros lugares de la ciudad más allá del mercado de la Merced.

Un motivo más para emprender la migración es la conformación del propio hogar: cohabitar en pareja y tener hijos. La mayoría establece su propia familia a edades muy tempranas. (SM) migró a la ciudad cuando estaba soltero, estuvo un año y luego regresó a su pueblo donde concertó matrimonio con una joven mazateca y tuvieron un hijo. Cuando este bebé tenía apenas un par de meses (SM) decidió regresar a la ciudad junto con su familia pues era la única forma de poder mantenerlos económicamente.

El tiempo de habitar y trabajar en la ciudad varía entre los migrantes entrevistados: (AC) tiene apenas unos meses de haber llegado a la ciudad para trabajar en el mercado de la Merced. Es el más joven del grupo de entrevistados y aún no termina de estudiar el bachillerato. En octubre del año pasado (LC) se “juntó” con su esposo y se fue a vivir con la familia de este en la comunidad de Puerto Buenavista, colindante con su pueblo de origen (Cerro Campana), de acuerdo a la costumbre mazateca de residencia virilocal. En abril del presente año, el matrimonio decidió radicar en el Distrito Federal ya que él ha trabajado en diferentes lugares de la ciudad desde que tenía 15 años. Ella llegó a la ciudad con cinco meses de embarazo y nunca ha trabajado fuera de casa.

(RC) tiene un año de vivir en la ciudad. Como estaba soltera llegó a vivir a la casa de sus tíos en Chimalhuacán, municipio del Estado de México que forma parte de la ZMCM al noreste de la ciudad, y estuvo trabajando en diferentes lugares. Recientemente se “juntó” con un joven, también mazateco y ahora se dedica a las labores en casa. (EM) llegó hace tres años para trabajar en la ciudad y tuvo diversos tipos de empleos²⁴. Después de un año “salió embarazada” así que decidió ir a vivir con su novio, fue entonces cuando dejó su trabajo asalariado para dedicarse a cuidar a sus dos hijos pequeños y al trabajo doméstico en su hogar.

(DM) tiene tres años de radicar en la ciudad. Primero llegó para estudiar en la Universidad de Chapingo, pero lamentablemente no pudo continuar estudiando. Ahora es empleado en una cremería en el mercado de la Merced.

(SM) tiene cuatro años en total de trabajar en la ciudad de México. Llegó siendo soltero y después regresó con su esposa y su primer hijo que había nacido en el pueblo (Cerro Clarín). Su segundo hijo nació en la ciudad.

(GM) tiene más de diez años de radicar en la ciudad. Llegó a los 13 años y desde entonces no ha parado de trabajar intensamente. Es considerado en la comunidad como un migrante exitoso. Se casó con una mujer de Puebla, otro estado del interior del país, con quien tuvo tres hijos. Sus hijos crecieron y estudiaron en la ciudad y aunque entienden la lengua mazateca, casi no la hablan. Es dueño de una tienda de abarrotes y un expendio de máquinas de juegos en la colonia El country.

(LG) también tiene muchos años de vivir en la ciudad. Llegó cuando tenía apenas 9 años pues quedó huérfana desde muy pequeña. Se casó con un hombre mazateco de un pueblo vecino al que ella es originaria y procrearon dos hijas. Ella siempre ha trabajado como empleada doméstica en diferentes casas particulares del municipio de Naucalpan de Juárez.

(HE) es hijo de un matrimonio mazateco originario del municipio. Sus padres migraron a la ciudad cuando eran muy jóvenes y conformaron su familia en la ciudad. Aunque (HE) creció y estudió en el Distrito Federal y aprendió a hablar mazateco hasta su adolescencia, él se considera mazateco y orgullosamente originario de SJI. Es becario del Programa México Nación Multicutural que apoya a estudiantes indígenas de la UNAM²⁵, beca que obtuvo con su ingreso a la licenciatura en Medicina de la Facultad de Estudios Superiores-Zaragoza, ubicado en la delegación Iztapalapa. Actualmente se encuentra realizando su servicio social en el hospital de Huatla de Jiménez, en la sierra mazateca de Oaxaca.

Trayectorias laborales

En este apartado se profundiza en las trayectorias laborales de los jóvenes entrevistados, a partir de la descripción de los lugares en los que han sido empleados, los horarios y las condiciones de trabajo y las distancias físicas que recorren diariamente para llegar a trabajar. Los lugares en los que trabajan las y los jóvenes mazatecos de San José en la ZMCD son diversos pero todos relacionados con el sector de comercio y de servicios. Las diferencias de género entre los jóvenes entrevistados son notables respecto a las trayectorias laborales: ellos trabajan en cremerías y puestos de carne del mercado de la Merced y en otros comercios como tiendas de abarrotes, rastros de carne y restaurantes en diferentes zonas de la ciudad. Ellas han trabajado principalmente como empleadas domésticas “de planta” en casas particulares en diversas zonas de la gran urbe.

Empleos masculinos

La gran mayoría de los varones del municipio mazateco trabaja en el mercado de la Merced. Son empleados en las cremerías, queserías, abarroterías y expendios de carne de la Nave menor y áreas aledañas. Sus jornadas de trabajo son largas y poco remuneradas: un promedio de doce horas diarias, de lunes a domingo, con un día de descanso a la mitad de la semana, ganando un aproximado de $200²⁶ en un día. Los jóvenes se levantan de madrugada y salen de sus casas, localizadas en la parte oriente de la zona metropolitana, para llegar al centro histórico a primera hora de la mañana cuando la actividad comercial comienza. “En la Merced no hay descanso”, afirma la esposa de uno de estos jóvenes. En efecto, durante mis recorridos de campo en el mercado de la Merced, pude observar que el trabajo que los mazatecos realizan es bastante pesado, la mayoría del tiempo están parados atendiendo a los clientes que no paran de llegar durante todo el día.

(AC) trabaja en un puesto que vende crema y queso en el interior de la Nave menor del mercado. Trabaja de seis de la mañana a seis de la tarde todos los días a excepción del domingo que sale a las tres de la tarde.

“Me levanto a las cinco (de la mañana), me arreglo en media hora y salgo de mi cuarto a veces cinco y veinte. Más aparte los camiones no pasan rápido por allá.”

Anteriormente (AC) trabajaba en el corte y la venta de carne también en la Nave menor pero decidió cambiarse porque en la cremería se gana más dinero.

(DM) trabaja en una cremería que se encuentra en una de las calles aledañas a la Nave menor de la Merced de la cual es dueño su padrino, también originario de San José Independencia²⁷.

“Me levanto cinco y media, llegó a las siete para acomodar las cosas y salgo a las siete. De siete a siete. Ya en las tardes todos los compañeros de trabajo agarramos taxi”

Él y sus otros compañeros viven en una colonia periférica al oriente de la ciudad en la colindancia de la delegación Iztapalapa con el municipio de Chalco, estado de México. (DM) opina que el trabajo es más pesado cuando no hay muchos clientes: “a veces no hay nada. Te cansas más cuando no hay nada que cuando hay trabajo.”

Los esposos de (LC) y de (RC) trabajan en un rastro de carne ubicado en la delegación Gustavo A. Madero, al nororiente de la ciudad. Viven muy cerca del rastro (esa es la razón por la cual eligieron la colonia donde residen) y como su patrón²⁸ también vive por dicha zona pasa por ellos a primera hora de la mañana. El trabajo que realizan es cansado pues consiste en congelar, cortar y procesar la carne que se produce en el rastro. Descansan un día a la semana, habitualmente los días martes.

El esposo de (EM) también vive en esa colonia de la delegación Madero, relativamente cercana al centro histórico de la ciudad, y trabaja en el mercado de la Merced. Trabaja todos los días de lunes a domingo: Se levanta a las cinco de la mañana y llega a casa a las seis de la tarde, a veces hasta las ocho. Anteriormente trabajó como obrero en una fábrica, después en una cremería y de ahí decidió que era mejor trabajar en la Merced dónde convive con muchos de sus paisanos.

(SM) trabaja en una tienda de abarrotes en la colonia El Country, municipio de Naucalpan de Juárez. Ha trabajado en diferentes comercios y rumbos de la ciudad: Iztapalapa, Zona Rosa, Coyoacán y el centro Histórico. La primera vez que llegó a la ciudad trabajó un año en una dulcería en la colonia Lomas Estrella de la delegación Iztapalapa. La razón por la que abandonó ese empleo es que no ahorraba pues su salario era muy bajo: $900²⁹ a la semana. Además, sólo tenía un día de descanso a la quincena. Después se empleó medio año en una tortería que abría en horario nocturno. Menciona que el trabajo no era tan pesado y le pagaban $300³⁰ al día. “Ya de ahí me salí y regresé un rato al pueblo”. Vivió un año en su pueblo, Cerro Clarín, con el dinero ahorrado de su trabajo en la ciudad.

“No tenía necesidad porque estaba soltero pero ahorita ya no, ya es una obligación. Tienes que trabajar, si no trabajas, no comes.

¿De dónde vas a sacar?”

La conformación de una familia y un hogar propio exige a los varones emplearse en faenas remuneradas que se consiguen sólo en la ciudad.

(GM) ha trabajado en muchos lugares pues migró a la ciudad desde que era adolescente. Primero se empleó en el mercado de la Merced y después trabajó en diferentes restaurantes en la parte noroeste de la zona metropolitana. Con el dinero que ahorró durante todo esos años pudo emprender dos negocios propios: una tienda de abarrotes y un expendio de máquinas de juegos en la colonia El country en Naucalpan³¹.

(HE) se ha dedicado la mayor parte de su vida a estudiar gracias a diversas becas del gobierno que apoyan a jóvenes de la ciudad en situación de pobreza. Una vez trabajó como ayudante de chofer de camión en la ruta urbana cercana a su casa, en la delegación Iztapalapa. Por las mañanas estudiaba y en las tardes trabajaba. Explica que era más divertido que productivo pues el dinero que ganaba le alcanzaba sólo para pagar el pasaje de los transportes que tenía que usar para asistir a la escuela.

Empleos femeninos

(LG) es la única de las entrevistadas que actualmente tiene un empleo remunerado. Trabaja desde hace muchos años como doméstica en la casa de una familia de ingresos económicos altos que se encuentra en un fraccionamiento residencial del municipio de Naucalpan de Juárez. Anteriormente tuvo diferentes empleos, todos como trabajadora doméstica en casas particulares de esa misma zona del estado de México. La apertura de esta mujer para compartir su historia de vida conmigo permitió que describiera el abandono y la violencia física del que fue víctima hace muchos años por parte de una de sus empleadoras, cuando recién había arribado a la ciudad y era muy pequeña e indefensa. Este caso ilustra la frecuente discriminación llevada a niveles graves de violencia de la cual son víctimas niñas y jóvenes indígenas responsables de la limpieza y otros trabajos domésticos en casas particulares de familias urbanas.

Las otras jóvenes no tienen un empleo remunerado pero se dedican a las labores domésticas de su propio hogar. Anteriormente sí tuvieron empleos. (EM) trabajó primero en una cremería en Ecatepec de Morelos, municipio del estado de México perteneciente a la ZMCM, donde vivía con la familia de su hermano. Relata que tuvo dificultades para acostumbrarse al ritmo de trabajo:

“Pesado para mí porque nunca había trabajado. Te exigían hacer rápido las cosas, tenía que cargar y así. Pesado porque tenía que pararme temprano, del cuarto de mi hermano a la cremería estaba lejos y llegaba (a casa) ya tarde. Ni comía bien”.

Esta joven abordaba un camión urbano que hacía una hora de recorrido. El regreso lo hacía de noche. Su horario de trabajo era de ocho de la mañana a ocho de la noche y descansaba sólo los domingos. Por todas estas razones solo duró un mes con ese empleo. Su hermano opinó que era mejor si le conseguían un “trabajo en casa”. Y su cuñada, quien ya trabajaba en una, la recomendó con una familia. (EM) se empleó como doméstica de esa familia en una casa localizada en Santa Fe, barrio residencial situado entre las delegaciones de Cuajimalpa y Álvaro Obregón al poniente de la ciudad. Ganaba $3,000³² a la quincena pero no gastaba mucho porque trabajaba “de planta”, es decir que vivía en la casa de sus empleadores y salía un día cada quincena. Su horario de trabajo era de seis de la mañana a nueve de la noche. Opina que ese trabajo era menos pesado que el de la cremería “porque ahí mismo estaba, igual te exigen pero no tanto porque casi no están los dueños de la casa, llegan hasta la tarde y así.” Ahí estuvo trabajando por cinco meses hasta que “se juntó” con su esposo.

(LC) también trabajó como empleada doméstica en una casa en Polanco, zona residencial de la ciudad, ubicada al poniente en la delegación Miguel Hidalgo, donde habitan familias adineradas y de altos niveles socioeconómicos. Su tía le heredó dicho empleo cuando se enfermó gravemente y no pudo continuar trabajando. (LC) trabajó ahí únicamente por tres días:

“No aguanté, no me acostumbré. Estaba bien el trabajo porque no hacía yo muchas cosas. Iba tres veces a la semana”.

(RC) terminó sus estudios de bachillerato en junio del año pasado. En agosto empezó un curso impartido por el IMSS³³ en la clínica rural con la finalidad de concursar por una plaza de enfermera en el municipio. El curso tuvo una duración de ocho meses y dice haberle gustado mucho la experiencia:

“Entré con el fin de saber que era lo que yo quería allá, para estar ahí, porque enfermería es estar ahí y no salir, no tener otras cosas más en tu cabeza más que ahí”.

A partir de los resultados de un examen, en marzo se determinó quienes cumplían con los requisitos para cubrir la plaza. Una de sus amigas fue la primera seleccionada pero ella no quiso comprometerse a aceptar la plaza y emigró con destino a la ciudad de México. El segundo lugar lo obtuvo (RC) así que le ofrecieron dicha plaza pero tampoco la aceptó ya que su anhelo era salir de la comunidad:

“¡Es que lo que yo quería era salir! Divertirme, y estar ahí es encerrarme, ahora sí que amargarme. Dedicada, romperte la cabeza si te sale, porque los papeles, los que te salen mal te los vuelven a rebotar”.

Tanto sus familiares como el doctor de la clínica trataron de convencerla en aceptar la plaza de enfermera pues ésta representa un empleo seguro con prestaciones médicas y con residencia en su comunidad. No obstante, ella estaba decidida a salir del pueblo y conseguir un trabajo que no implicará tanta responsabilidad y dedicación: “Pensé que todo era fácil”, dice con resignación.

Cuando decidió migrar a la ciudad de México, en un principio trabajó en una zapatería en el municipio conurbado Chimalhuacán. Después su tía le consiguió trabajo en una cocina económica en el mercado de la Merced donde su principal labor era echar tortilla y elaborar enchiladas, huaraches y sopes³⁴ para los comensales del mercado. Le pagaban $800³⁵ a la semana trabajando de siete de la mañana a siete de la noche todos los días, con descanso de un día en medio de la semana. Aguantó sólo mes y medio en ese trabajo. Considera que tanto el horario como las condiciones de trabajo eran agotadores, además le quedaba muy lejos de casa de sus tíos en Chimalhuacán. “Me levantaba temprano a las cuatro para arreglarme y ya llegábamos a las seis aunque mi entrada era a las siete”. Este trabajo no le agradaba “a mí siempre no me gusta así de la cocina”, pues tuvo que desarrollar habilidades para cocinar y echar tortilla, además dañaba su salud porque después de estar cerca del fuego durante todo el día tenía que lavar con agua fría los utensilios ocupados. Fue entonces cuando (RC) resolvió dejar la casa de sus tíos e irse a vivir con su hermana y su cuñado en una zona más cercana al centro de la ciudad. Trabajó como empleada doméstica en la casa particular de una familia en la colonia Lindavista, al norte de la urbe. Ahí vivía toda la semana y salía los sábados en la tarde.

“Era divertido salir, conocer lugares, plazas, centros comerciales, porque tenían unas niñas. Hacía el quehacer de la casa pero no todo. Esperar a que (la dueña de la casa) llegara a guisar y ayudar a lo que pudiera porque yo le dije que no sabía guisar y ella me dijo: eso yo lo hago, tú nomás me puedes ayudar a picar algo”.

Comenta que esa familia la trató muy bien y su empleadora nunca la regañó ni la trató mal. Salía los sábados en la tarde y podía descansar todo el día domingo. (RC) estaba contenta con este trabajo pero lo abandonó cuando se “juntó” con un joven, también mazateco.

El caso de (RC) es muy interesante porque a su corta edad cuenta con una trayectoria laboral en diversos tipos de empleos que devela el deseo de migrar a la ciudad a pesar de tener una “buena oportunidad” de empleo, una plaza laboral con prestaciones de ley, en su pueblo de origen. Quedarse en el pueblo significaba “encerrarse” y no conocer otros mundos y posibilidades que ofrece la ciudad. Este caso sugiere incorporar al análisis otros factores, más subjetivos, que influyen en la migración, pues esta no es solo motivada por la pobreza o la situación económica de las familias y comunidades de origen.

Coincidencias en las trayectorias laborales

Los diferentes empleos, tanto de ellas como de ellos, siempre se consiguen por medio de algún pariente o amigo cercano del pueblo que se ha insertado en la vida urbana. Es a partir de esta seguridad en la oferta de trabajo que las y los jóvenes deciden salir del pueblo para trabajar o, en el caso de los que ya radican en la ciudad, cambiar de empleo a uno que implique un salario más alto y mejores condiciones. Uno de los entrevistados relata cómo consiguió empleo en la Merced gracias a su hermano, quien ya llevaba tiempo trabajando en la ciudad y, a la vez, su hermano se insertó en ese mercado por medio de un amigo del pueblo. “Por ejemplo, yo cuando voy al pueblo traigo a un chavo, le enseño la forma de andar acá y todo eso” (AC). Es decir, las redes de parentesco y de amistad en la comunidad de origen facilitan el acceso al trabajo en la ciudad y la inserción en la dinámica urbana, ajena y desconocida para los mazatecos. El proceso migratorio de las y los jóvenes de San José Independencia hacia la ciudad de México es posible a partir de redes comunitarias de los diferentes pueblos que conforman el municipio, los hilos que tejen estas redes son relaciones de parentesco filial y político que no sólo aseguran los empleos sino también las viviendas para el arribo a la ciudad.

En general, los trabajos a los que tienen acceso las y los jóvenes mazatecos se caracterizan por formar parte de los sectores de comercio y de servicios. Se trata de empleos inestables en los que la mayoría de veces no se cuenta con seguridad social ni prestaciones laborales y se tiene sólo un día descanso a la semana, el cual deciden los empleadores(as) o patrones(as), como coloquialmente les llaman.

En las trayectorias laborales notamos que se reproducen los roles de género de acuerdo a las normas culturales indígenas, situando a las mujeres en espacios domésticos y a los hombres como trabajadores fuera del hogar y encargados del sostén económico. Además, las jóvenes mazatecas no migran solas ni mucho menos viven solas en la ciudad, un hallazgo similar al que encontró Oemichen para el caso de las mujeres mazahuas (1999: 113). Las mazatecas señalan que una de las ventajas del empleo como trabajadoras domésticas es que reduce sus gastos de manutención: no tienen que gastar en la renta de una vivienda y su alimentación es menos costosa porque viven “de planta” en las casas de las familias que requieren de sus servicios.

Después de emplearse por un tiempo, la mayoría de las jóvenes optaron por la vida marital y el trabajo doméstico en su propio hogar en lugar del trabajo doméstico asalariado, trabajo que incluye las labores de limpieza además de la atención, el cuidado y la alimentación del esposo y de los hijos. Son pocas las jóvenes que siguen trabajando después de casarse porque “ya su responsabilidad está más con el esposo, tener la casa limpia, la ropa limpia, la comida lista. A lo mejor ya, ya no es lo mismo trabajar” (LC).

Por otra parte, el patrón de emigración se caracteriza por reproducir las estructuras de cacicazgo de las comunidades mazatecas. Los principales caciques comerciantes y políticos controlan las redes de poder también en el espacio urbano y emplean a los jóvenes varones en sus negocios de comercio en la ciudad. Estos jóvenes son la fuerza laboral de sus cremerías y abarroterías en el mercado de la Merced y en la colonia El country, colaborando de manera fundamental en el sostén y mantenimiento de dichos negocios. Esto significa que en algunas de las trayectorias migrantes se reproducen las estructuras de poder de las comunidades de origen caracterizadas por cotos de poder distribuidos en pocas manos. Cabe aclarar que no todos los dueños de los comercios en los que trabajan los jóvenes migrantes son de origen mazateco.

La migración funciona mejor y se considera exitosa en los casos en que permite ahorrar dinero, comprar una casa o poner un negocio propio en la ciudad, casi siempre relacionado con la venta de crema, quesos, y otros abarrotes. Además del negocio emprendido por (GM) en Naucalpan, se habla de otro caso exitoso en el municipio de Ecatepec.

Uniones matrimoniales e hijos

La mayor parte de las y los jóvenes mazatecos de San José Independencia que pertenecen a la generación de los entrevistados están casados y tienen hijos. Algunos viven en “el rancho”, es decir, en sus distintos pueblos de origen, y muchos otros han migrado a la ciudad en busca de trabajo.

(DM) tiene un hijo de dos años que vive en el estado de San Luis Potosí³⁶, el niño fue producto de una aventura con una joven originaria de dicho estado. Ella no le informó que estaba embarazada hasta un año después, cuando ya había concertado matrimonio con otro hombre quien se encarga de la manutención y la paternidad del niño. (DM) afirma que esta situación no le incomoda pero que le hubiera gustado enterarse a tiempo de su paternidad para poder hacerse cargo de ese hijo.

(LC) afirma que su matrimonio no fue planeado o decidido con cautela:

“Me escapé, bueno, yo digo que de alguna forma me escapé porque él llegó a pedir permiso para sacarme a pasear, llevarme a su casa. Y ya de ahí no regresé, ya me quedé. Porque ya éramos novios de permiso, de por sí. Tenía permiso para bajar a traerme, invitarme a fiestas y así, pero me quedé”.

Cuenta que aquel día no regresó a casa de sus padres porque estaba lloviendo muy fuerte y al día siguiente tuvo mucha vergüenza de regresar a casa así que se quedó en la de sus suegros y unos días después se formalizó el noviazgo entre las dos familias. Esto nos habla de un patrón tradicional en los matrimonios mazatecos, aunque hoy en día a las jóvenes se les permite mantener relaciones de noviazgo.

(RC) se juntó con un joven de su misma edad, originario de un pueblo vecino. No se casaron de manera tradicional pero fueron al pueblo para anunciárselo a sus padres:

“Mi papá no dijo nada, que la cosa era mía, si ya lo había pensado bien, que si estaba lista. Pero mi papá no pidió nada, no pidió que nos casemos, ustedes sabrán cuando, no me digan nada antes si no lo van a hacer. La verdad así me dijo su papá de él: mejor piénsenlo bien y así primero, conózcanse. Igual dijo mi papá, si no funciona pues cada quien a su lado”.

Notamos un cambio intergeneracional respecto al “permiso” social para que las jóvenes mantengan relaciones de noviazgo, y hasta vivir en pareja sin estar casadas. Aunque esto se acuerda formalmente entre las familias, representa menos compromiso que el que se asumía en la generación anterior, especialmente cuando no se tienen hijos. Considero que este cambio está relacionado no solo con la transformación de las formas de unión matrimonial en comparación con la gene-

ración de los padres/madres, sino también con un cambio de modo de vida en el que las uniones tienen lugar en un contexto urbano.

Este cambio generacional impulsado por la juventud migrante no ocurre respecto a los trabajos asignados de acuerdo al género y a los deberes que mujeres y hombres deben cumplir. Mientras que ellos deben mantener el hogar económicamente, ellas deben atender al esposo y a la casa. Ellas tienen menores oportunidades que ellos de conseguir un empleo asalariado, no solo por las condicionantes de sexo (biológicas) y de género (sociales y culturales) que implican los trabajos pesados en la ciudad, sino porque el trabajo doméstico del hogar se sigue considerando como un deber exclusivamente femenino. A las jóvenes les quedan pocas opciones de trabajo asalariado fuera de casa sin descuidar su deber doméstico en el propio hogar una vez completado el “contrato” matrimonial. Aunque ciertos patrones de vida han cambiado, perduran muchas concepciones culturales que ponen en desventaja a las mujeres más jóvenes pues la división del trabajo dentro y fuera del hogar ha sido así para las familias mazatecas.

El rol social y cultural de ser mujer se va transformando -aunque no en su totalidad- para las jóvenes casadas que radican en la ciudad. Además de cumplir con el trabajo doméstico en su hogar, quieren trabajar fuera de casa para ayudar con el sostén económico de la familia: “Estaría bien trabajar otra vez así nos ayudemos entre los dos”, afirma (RC). Sin embargo, esta posibilidad aún no es muy aceptada de acuerdo a la tradición en la cultura mazateca en la que son los hombres los encargados de mantener el hogar y proveer todo lo necesario para sus esposas:

“Porque a mi papá le dije que ya no iba yo a trabajar, porque él le dijo: -Su hija ya no va tener que hacer nada, su hija va a estar bien. Y mi papá lo aceptó. Es que luego me pongo a pensar si encuentro un trabajo de tiempo completo no me va a dar tiempo: sus cosas, su ropa. Atender a mi esposo es mi deber.” (RC)

Este testimonio ilustra una tensión en la trayectoria migrante de las jóvenes indígenas casadas: se debaten entre elegir trabajar para la contribución económica en el hogar y el cumplir con ser ama de casa “atendiendo” a sus esposos pues culturalmente se atribuye como su obligación. Me parece que en esta situación se combinan varios factores: tradición cultural y étnica, roles de género que persisten, falta de planificación familiar y poco uso de métodos anticonceptivos, sin dejar de lado las decisiones y motivaciones personales de cada joven. Sin embargo, tomar decisiones implica planear y no parece haber mucha planeación en la vida sexual y reproductiva de éstos jóvenes.

Aunque no investigué abiertamente sobre la vida sexual de las y los jóvenes entrevistados -pues es un tema tabú que no fácilmente se comparte con personas ajenas a su familia- en declaraciones tales como “salí embarazada” o “nos juntamos porque estaba embarazada” se advierte implícitamente que en ocasiones los hijos no fueron planeados. Son pocos los casos en los que las y los jóvenes usan métodos anticonceptivos, en este sentido las pláticas de promoción y educación de salud del programa Oportunidades que recibieron como becarios de dicho programa no tienen un impacto real en las decisiones y acciones respecto a la salud sexual y reproductiva de esta juventud indígena.

Conclusiones

En el desarrollo de esta investigación se ha expuesto cómo las trayectorias, experiencias y estrategias de un grupo de jóvenes mazatecos están marcadas por sus condiciones económicas, situación migrante, etnicidad y adscripción de género. Lo hemos explicado con aportes etnográficos sobre diversos ámbitos como la educación, el trabajo, el matrimonio y la vida reproductiva.

Respecto a su situación socioeconómica y de clase social, las y los entrevistados se encuentran en condiciones particulares de pobreza urbana que combinan trabajo precario, salarios bajos e inestabilidad laboral. Durante las entrevistas, la afirmación de considerarse “pobre” fue expresada por casi todos los jóvenes antes de formularse siquiera las preguntas acerca del tema de la pobreza. Entendemos la pobreza en un marco estructural amplio a nivel nacional y como consecuencia de las políticas públicas para el campo por las cuales las comunidades de origen de estos jóvenes se han vuelto dependientes del dinero generado del trabajo en las ciudades y, de manera especial, en la capital del país.

Partiendo del hecho de que la escolaridad y la migración son agentes de cambio en la juventud mazateca, los resultados de esta investigación permiten incorporar reflexiones al debate sobre migración campo-ciudad y migración indígena interna en México, principalmente en lo referente a dos temas: la educación y el empleo.

En el ámbito educativo notamos que, aunque los niveles de educación de los jóvenes mazatecos son superiores a los que lograron sus padres y madres, esta preparación escolar posterga, mas no exenta, su migración hacia la urbe. Durante las últimas décadas la política social en México ha contribuido en la prolongación de las trayectorias escolares de la juventud rural, especialmente de las niñas y las jóvenes, por medio de becas educativas que permiten costear los gastos escolares. Sin embargo, al terminar sus estudios en secundaria o bachillerato los jóvenes indígenas migran a las ciudades y centros urbanos en búsqueda de trabajo y otras formas de subsistencia económica o, en menor medida, para continuar sus estudios a nivel superior.

En el caso de los jóvenes mazatecos de esta investigación, cabe destacar que la educación recibida en sus comunidades es de baja calidad y tiene profundas deficiencias. Aunque la mitad de los entrevistados terminó la educación media superior no cuentan con el nivel suficiente para ingresar a una universidad pública o para obtener una beca que les permita concentrarse en sus estudios sin preocuparse por tener que trabajar. Es muy difícil que estos jóvenes mazatecos puedan ser admitidos en una universidad pública ya que estas universidades tienen alta demanda entre los sectores juveniles de todo el país y los lugares se definen de acuerdo a evaluaciones para las que se necesita cierto nivel académico del que la educación pública e indígena del estado de Oaxaca carece. Mención aparte merece el caso de (HE) quien se encuentra terminando la licenciatura en Medicina en la UNAM y cuya trayectoria escolar ha transcurrido en diferentes escuelas y contextos de la ciudad de México, además de haber contado con el apoyo de becas para poder concentrarse en sus estudios. En contraste, los otros jóvenes, educados en sus comunidades opinan que no tiene mucho caso estudiar hasta el bachillerato pues resulta muy difícil entrar a una universidad pública y casi imposible costearse educación privada. Identifican su deficiente preparación como el principal motivo que les impide tener acceso a la universidad pública y gratuita. Expresan que hay muchas dificultades económicas en sus familias por lo que para continuar sus estudios hace falta apoyo del exterior y no sólo al interior de las comunidades.

Respecto al tema del empleo, el tipo de educación que han recibido en sus pueblos y comunidades mazatecas no ha servido para tener acceso a trabajos menos precarios o mejor pagados en la ciudad, o incluso en otros sectores que no sean los de comercio y servicios. Su condición migrante tampoco posibilita su inserción laboral en algún otro sector de la vida urbana. No obstante, son las redes comunitarias de parentesco y de amistad extendidas y enraizadas en la ciudad las que permiten asegurar el trabajo, incluso antes de emprender la migración.

Sobre las trayectorias laborales encontramos que estos jóvenes trabajan en condiciones particulares de actividad física pesada, horarios extensos y baja remuneración económica. No cuentan con seguridad social ni prestaciones laborales. En algunos casos son largas las distancias que tienen que recorrer para trasladarse de su casa al trabajo.

Una de las principales diferencias de género respecto a las trayectorias laborales son precisamente los lugares de trabajo: ellos trabajan en el mercado de la Merced y otros comercios como tiendas de abarrotes y rastros de carne, mientras que ellas trabajan como empleadas domésticas de planta en casas particulares. Los roles asignados culturalmente sitúan a los hombres en el espacio público y a las mujeres dentro de los hogares y se reproducen también en el ámbito laboral. De este modo, el mejor empleo para las jóvenes es “en casa”, realizando labores domésticas en casas particulares a cambio de un salario. En general, las entrevistadas opinan que este tipo de trabajo es muy conveniente pues implica seguridad personal, estabilidad económica y hasta reducción de costos en la manutención propia (cuando se vive “de planta” en la casa donde se trabaja). Sin embargo, cuatro de las cinco mujeres entrevistadas optaron por dejar su empleo como domésticas cuando decidieron vivir en pareja, ya sea de manera libre o en unión matrimonial. Y sustituyeron el trabajo doméstico remunerado en casas ajenas por el trabajo doméstico en su propio hogar, además de hacerse cargo del cuidado y crianza de sus hijos.

Los tipos de empleo y lugares de trabajo de los varones entrevistados son más diversificados. Actualmente todos trabajan (a excepción del estudiante), dos de ellos son los encargados de la manutención económica de su familia y los tres restantes (los más jóvenes) son solteros.

Respecto al estado civil y las uniones matrimoniales, notamos otra de las grandes diferencias entre los géneros. Todas las mujeres entrevistadas actualmente viven en pareja y están dedicadas a la vida de hogar y el cuidado de los hijos, incluso la que combina esto último con el trabajo doméstico asalariado. Las mujeres que migran a la ciudad no viven solas. Los hombres, en cambio, presentan y combinan diferentes circunstancias: soltero, estudiante, trabajador, padre de familia, hijo de familia. Uno de ellos vive solo y dice no tener prisa para casarse o formar una familia.

En cuanto a los patrones reproductivos, concluimos que éstos no se transforman visiblemente, a pesar de la migración. Las uniones matrimoniales y la reproducción a edades tempranas suceden por igual en las comunidades de origen y en la ciudad. En comparación con la generación anterior, únicamente se posterga un poco el primer embarazo porque las jóvenes están más tiempo en la escuela. Las trayectorias de salud reproductiva de las y los entrevistados revelan bajo uso de métodos anticonceptivos y poca planificación familiar, impactando esto en las trayectorias laborales de ellas mucho más que en las de ellos.

De manera general, los hallazgos de esta investigación ilustran la falta de acceso a educación, salud y empleo de calidad que vive esta población indígena migrante en la ciudad de México. A diferencia de lo que sucede en sus comunidades de origen, en la capital no hay ningún tipo de apoyo por parte del gobierno para estos jóvenes. Aunado a ello, sus experiencias y vivencias en la ciudad de México reflejan situaciones de desigualdad social y discriminación étnica que pueden generalizarse para una buena parte de la juventud indígena presente en la ciudad. Sirva la información que aquí presento para visibilizar a esta población joven, mazateca y migrante cuyas condiciones y trayectorias de vida en la ciudad están marcadas por situaciones de pobreza, discriminación y exclusión social.

Bibliografía

Ariza, Marina 1997 Migración, trabajo y género: La migración femenina en República Dominicana, una aproximación macro y micro social, Tesis de Doctorado-COLMEX., México.

Ariza, Marina y De Oliveira, Orlandina 1999 “Inequidades de género y clase. Algunas consideraciones analíticas”, Ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales, COMECSO, México, D.F.

Arizpe, Lourdes 1975 Indígenas en la ciudad de México. El caso de las “Marías”.(México: SEPSetentas).

Barth, Frederik 1976 “Introducción” en Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales (México D.F: FCE).

Bravo, Carlos 1995 Pueblos indígenas de México. Indígenas en la Ciudad de México (México: Instituto Nacional Indigenista).

Berea Núñez, Raúl (comp.) 2003 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (México D.F: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas).

Boege, Eckart 1988 Los mazatecos ante la nación. Contradicciones de la identidad étnica en el México actual (México: Siglo XXI Editores).

Bonfil Batalla, Guillermo 1987 México profundo. Una civilización negada (México: Editorial Grijalbo).

Bonfil, Paloma 2001 “¿Estudiar para qué? Mercados de trabajo y opciones de bienestar para las jóvenes del medio rural. La educación como desventaja acumulada”, en Pieck, Enrique (comp.) Los jóvenes y el trabajo. La educación frente a la exclusión social (México: Universidad Iberoamericana).

Butterworht, Douglas 1962 “A study of the urbanization process among Mixtec migrants from Tilantonogo in Mexico city” en America indígena (México, D. F: Organización de los Estados Americanos, Instituto Indigenista Interamericano) Vol. 22.

Chance, John 1971 “Kinship and urban residence: household and family organization in a suburb of Oaxaca, México” en Journal of the Steward Anthropological Society (Estados Unidos de América: University of Illinois) Vol. 2, Núm. 2.

Conversación de organizaciones indígenas con Rodolfo Stavenhagen 2004 “La problemática, necesidades y derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas en ámbitos urbanos” en Yanes, Pablo; Molina, Virginia y González, óscar (comp.) Ciudad, pueblos indígenas y etnicidad (México: Universidad de la Ciudad de México, Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Social).

Gaceta Oficial del Distrito Federal 30 de Marzo de 2007 Reglamento de la ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana en el Distrito Federal (México: Gobierno del Distrito Federal).

Encuentro con Rodolfo Stavenhagen 2004 “El papel del relator especial para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas de la ONU”

en Yanes, Pablo; Molina, Virginia y González, óscar (comp.) Ciudad, pueblos indígenas y etnicidad (México: Universidad de la Ciudad de México, Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Social).

Goldsmith, Mary 1990 “El servicio doméstico y la migración femenina”, en Ramírez, Elia y Dávila, Hilda (comp.) Trabajo femenino y crisis en México. Tendencias y transformaciones actuales (México: UAM)

______________ 2007 “De sirvientas a empleadas del hogar. La cara cambiante del servicio doméstico en México”, en Lamas, Marta (comp.) Miradas feministas sobre las mexicanas del siglo XX (México, Fondo de Cultura Económica, CONACULTA).

González Montes, Soledad 2002 “Las mujeres y las relaciones de género en las investigaciones sobre el México campesino e indígena” en Urrutia, Elena (comp.) Estudios sobre las mujeres y las relaciones de género en México, aportes desde diversas disciplinas (México: COLMEX).

Hiernaux, Daniel 2000 Metropoli y etnicidad: los indígenas en el Valle de Chalco (México: El Colegio Mexiquense, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, H. Ayuntamiento del Valle de Chalco Solidaridad).

Hirabayashi, Lane 1984 “Formación de asociaciones de pueblos migrantes a México: Mixtecos y Zapotecos” en América indígena (México: CIESAS) Vol. XLV, Núm. 3.

______________ 1993 Cultural capital. Mountain Zapotec migrant associations in Mexico city (Tucson y Londres: The University of Arizona Press).

INEGI 2000 Censo General de población y vivienda (México).

______2010 Censo General de población y vivienda (México).

______2010b Encuesta Nacional Ocupación y Empleo (México).

Kemper, Robert 1976 Campesinos en la ciudad: gente de Tzinztuntzan (México: Secretaría de Educación Pública).

Lamas, Marta 2002 Cuerpo diferencia sexual y género (México: Taurus). Lomniz, Larissa 1998 Cómo sobreviven los marginados (México: Siglo XXI). López Cortés, Pérez Quijada y Saldaña Fernández 1994 Mazatecos (México: INI, Secretaría de Desarrollo Social).

López Cortés, Eliseo et al.1995 Mazatecos (México: INI, SEDESOL).

Luna Ruiz, Xicothenatl 2007 Mazatecos. Pueblos Indígenas del México Contemporáneo (México: CDI).

Mallon, Florencia 2003 “La conflictiva construcción de la comunidad. Género, etnicidad y hegemonía” en Campesino y nación: La construcción del México y Perú postcoloniales (México: CIESAS, Colegio de San Luis, Colegio de Michoacán).

Martínez Casas, Regina y De la Peña, Guillermo 2004 “Migrantes y comunidades morales en Guadalajara: Resignificación, etnicidad y redes sociales en Guadalajara” en Yanes, Pablo; Molina, Virginia y González, óscar (comp.) Ciudad, pueblos indígenas y etnicidad (México: Universidad de la Ciudad de México, Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Social).

Molina, Virginia y Hernández, Juan Jesús 2006 “Perfil sociodemográfico de la población indígena en la Zona Metropolitana de la ciudad de México, 2000. Los retos para la política pública” en Yanes, Pablo; Molina, Virginia y González, óscar (comp.) El triple desafío. Derechos, instituciones y políticas para la ciudad pluricultural (México: Universidad de la Ciudad de México, Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Social).

Moller Okin, Susan 1996 “Desigualdad de género y diferencias culturales” en Castells, Carme (comp.) Perspectivas feministas en teoría política (España: Ed. Paidós).

Nahmad, Salomón y Zentella, Adriana 2009 Introducción a los diarios de campo de Maurilio Muñoz en los estudios y reacomodos de la población mazateca y chinanteca de la presa Miguel Alemán de Temascal (México: CDI).

Oehmichen, Cristina 1999 “La relación etnia-género en la migración femenina rural- urbana: mazahuas en la ciudad de México” en Iztapalapa (México: UAM-I) Núm. 45, enero-junio.

_________________ 2003 “Procesos de integración y segregación en el espacio urbano. Indígenas en la ciudad de México” en Las dinámicas de la población indígena. Cuestiones y debates actuales en México (México: CIESAS, Miguel Ángel Porrúa).

________________ 2010 “Espacio urbano y segregación étnica en la ciudad de México” en Villa Libre. Cuadernos de estudios sociales urbanos (Bolivia: CEDIB) Núm. 6.

Olivares Díaz, Martha 2010 “Migración y presencia indígena en la Ciudad de México” en Mujer y migración: Los costos emocionales (México, DF: UAM-X, CSH, Depto. de Relaciones Sociales).

Orellana Carlos 1973 “Mixtec migrants in Mexico city: a case study of urbanization” en Human organization 32. Journal of the Society for Applied Anthropology (E. U: Oklahoma City) Vol. 3.

Pearlman, Cynthia 1979 Gender roles and sociocultural change in the mazatec sierra. (New Mexico, USA: New Mexico State University).

Pozas, Ricardo 1960 Etnografía de los Mazatecos (México: Sociedad Mexicana de Antropología RMEA) V. XVI.

Quintanar, María y Maldonado, Benjamín (1999) “La gente de nuestra lengua. El grupo etnolingüístico chjota énna (mazatecos)” en Barabas y Bartolomé (coord.) Configuraciones étnicas en Oaxaca: perspectivas etnográficas para las autonomías (México, D.F: INAH, INI, CONACULTA) Tomo II.

Riquer, Florinda 2007 “Jóvenes mayas en el contexto de algunas tendencias nacionales” en Estrategias mayas de combate a la marginación. La juventud indígena y los programas sociales de salud, educación, trabajo y tiempo libre (México: CIESAS-Programa peninsular).

Secretaría de Desarrollo rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) 2011 Ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana en el Distrito Federal. Reflexiones (México: Gobierno del Distrito Federal).

Séverine, Durin 2009 En monterrey hay trabajo para mujeres. Procesos de inserción de las mujeres indígenas en el Área Metropolitana de Monterrey (Monterrey, Nuevo León, México: Comité Regional Norte de Cooperación con la UNESCO, CIESAS, CDI).

____________ 2013 “Servicio doméstico de planta y discriminación en el área metropolitana de Monterrey” en Relaciones 134.

Salles, Vania y Tuiran, Rodolfo 2000 “La pobreza y su feminización: rutas para su comprensión” en Diego, Roberto (comp.) Investigación social rural. Buscando huellas en la arena (México: UAM, Plaza y Valdés).

Scott, Joan 1996 “El género: una categoría útil para el análisis histórico” en Lamas, Marta, El género: la construcción cultural de la diferencia sexual (México: PUEG, UNAM).

Urteaga, Maritza 2008a “Jóvenes e indios en el México contemporáneo” en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (Colombia: Universidad de Manizales) Vol. 6, núm. 2, julio-diciembre.

______________ 2008b “Lo juvenil en lo étnico. Migración juvenil indígena en la sociedad contemporánea mexicana” en Ponto-e-vírgula (Brasil: PEPG Ciências Sociais-PUC-SP) Núm. 4.

Vargas, Patricia y Flores, Julia 2002 “Los indígenas en ciudades de México: el caso de los mazahuas, otomíes, triquis, zapotecos y mayas” en Papeles de Población (Toluca, México: Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, UAEM) Núm. 34.

Valencia, Alberto 2000 La migración indígena en las ciudades, estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas en México (México: INI, PNUD).

Valladares, Laura y Flores, Rita 2011 “Fronteras identitarias: jóvenes, género y procesos de cambio en Jonotla, Sierra Norte de Puebla” en Alteridades (Distrito Federal, México: Universidad Autónoma Metropolitana) Vol. 21, núm. 42.

Velasco Ortiz, Laura 2007 “Migraciones indígenas a las ciudades de México y Tijuana” en Papeles de Población (Toluca, México: Universidad Autónoma del Estado de México) Núm. 52.

Villa Rojas, Alfonso 1955 Los mazatecos y el problema indígena de la cuenca del Papaloapan (México: Instituto Nacional Indigenista).

Yanes, Pablo; Molina, Virginia y González, óscar (comp.) 2004 Ciudad, pueblos indígenas y etnicidad (México: Universidad de la Ciudad de México).

Zolla, Carlos y Zolla, Emiliano 2004 Los pueblos indígenas de México, 100 preguntas (México: UNAM).

Zuñiga, Elena 2008 “La situación demográfica de los jóvenes” en Stern, Claudio (comp.) Adolescencia en México. Investigación, experiencias y estrategias para mejorar su salud sexual y reproductiva (México: Colmex, Population Council).

Zentella, Adriana 2010 “Alcances del programa Oportunidades en los cambios y las continuidades de género y de generación en San José Independencia, Oaxaca”, Tesis de Maestría-CIESAS, Oaxaca, México.

Referencias Hemerográficas

Mercado de La Merced, sobreviviente del tiempo y fuego, El Universal, 17 de mayo de 2013 <http://www.eluniversaldf.mx/venustianocarranza/fotos-mercado-de-la-merced-sobreviviente-del-tiempo-y-fuego.html>.

La Merced y Slim, Periódico AM, 28 de mayo de 2013 <http://periodico.am/opinion/ leon/capitanes-1649.html>.

Referencias web

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) <www.conapred. org.mx> acceso: mayo, junio, julio y agosto del 2013.

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010 en CONAPRED <http://www.conapred.org.mx/redes/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf> acceso: mayo de 2013.

Derechos iguales para las trabajadoras del hogar en México 2012 en CONAPRED <http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Trabs-Hogar-DI-2012_ACCSS.pdf> acceso: septiembre de 2013.

Documento informativo sobre Trabajadoras del Hogar en México 2011 en CONAPRED <http://www.conapred.org.mx/redes/documentos_ cedoc/Trabs-Hogar-DI-Accss.pdf> acceso: mayo de 2013.

Revista México Social, agosto de 2013 <http://www.mexicosocial.org/> acceso: 9 de agosto de 2013.

Ruvalcaba, Patricia 2013 El Centro indígena en <http://guiadelcentrohistorico.mx/ kmcero/el-centro-fondo/el-centro-ind-gena> acceso: junio de 2013.

 El presente trabajo es resultado del Concurso “Migraciones, movilidad humana y pobreza en América Latina y el Caribe”, realizado por CLACSO en el año 2013.

1 Sobre esto se profundiza más adelante, en el apartado “Diversos escenarios urbanos”.

2 Ser originaria de esta ciudad y habitante de la parte centro-oriente ayudó en gran parte a ubicar los lugares del centro donde trabajan y viven los migrantes mazatecos, sin embargo, estos lugares han cambiado significativamente durante los últimos años. Otros lugares como las colonias al nororiente de la ciudad y la periferia del lado de Naucalpan eran de mi total desconocimiento.

3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

4 En estos ordenamientos se establece que la información que deberá emplearse será la que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

5 “Capítulo III. El municipio de San José Independencia: contexto histórico, político, social y económico” de mi tesis de Maestría en Antropología Social.

6 Resultado de un índice combinado que incluye la suma de varios índices: de vivienda, de servicios y de bienes cotidianos y productivos. Cada índice incluyó distintas variables y fue ponderado con la asignación de diferentes porcentajes de acuerdo a su peso en el sostén económico de los hogares: el índice de vivienda (30%), el de servicios (30%); el de bienes cotidianos (10%) y el de bienes productivos (30%).

7 La marcada diferenciación socioeconómica entre las familias se da a partir de la vivienda, los servicios y los bienes materiales de los hogares; a estos se les añaden otros recursos no materiales, como el hablar y el leer español fluidamente y el prestigio social.

8 El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades es la estrategia de política social más importante del país. Está enfocado a reducir la pobreza con una plataforma base que brinda acceso a la educación, salud y alimentación a las familias más pobres mediante transferencias monetarias condicionadas.

9 Con el trabajo de Butterworht (1962) sobre migrantes mixtecos en la ciudad de México y el de Kemper (1976) sobre migrantes provenientes del estado de Michoacán.

10 Chance (1971) es el primero en usar categorías étnicas cuando analiza la migración de mixtecos y zapotecos a la ciudad de Oaxaca.

11 “Los hablantes de las lenguas indígenas mazahua, triqui y otomí en la Delegación Cuauhtémoc, sumados, representan solamente el 19.10% del total de población indígena en dicha Delegación (10.47% los mazahuas, 6.51% los otomíes y 2.12% los triquis). En esa Delegación hay más nahuas que otomíes; más zapotecos que mazahuas y más mixtecos y mazatecos que triquis” (ibid).

12 Con información del Centro Indígena ubicado en el centro histórico de la ciudad de México.

13 Censo de Población y Vivienda, 2010. Tabulados del cuestionario básico.

14 “Distrito Federal: derechos desiguales” en México Social, agosto 2013. <http://www.mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-excelsior/item/332-distrito-federal-derechos-desiguales.html>

15 Localizado al sureste de México, el estado de Oaxaca concentra un alta densidad de población indígena y la mayor diversidad cultural de todo el país con presencia de 18 grupos etnolingûísticos: mixtecos, zapotecos, mixes, mazatecos, chinantecos, chatinos, huaves, cuicatecos, triquis, amuzgos, nahuas, zoques, chontales, ixcatecos, chocholtecos, tacuates, afromexicanos y tzotziles (originarios del estado vecino de Chiapas). Oaxaca es también uno de los estados con mayor pobreza y marginación social ocupando los primeros lugares a nivel nacional en bajos índices de escolaridad, atención a la salud y equidad de género (por mencionar solo algunas áreas del desarrollo social).

16 Colinda al norte con el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa y al oeste con San José Tenango y Santa María Chilchotla.

17 La cual limita al sur con San Pedro Ixcatlán y al este con San Miguel Soyaltepec.

18 Debo insistir en que estas son aproximaciones basadas exclusivamente en criterios lingüísticos por lo que es muy probable que excluyan a la segunda generación de mazatecos en la ciudad (hijos de los primeros migrantes).

19 Como el de Merced 2000 que se construyó para acabar con el ambulantaje alrededor de las naves, aunque ahora la mayoría de los comerciantes lo utilizan fundamentalmente como bodega. Y el mercado de comida, compuesto por numerosos locales que ofrecen guisados y menús a precios económicos.

20 Muchos de estos puestos ambulantes surgieron después del incendio que sucedió en febrero del 2013 y que dañó gran parte de las instalaciones de la nave mayor. Los comerciantes que fueron afectados se instalaron en las calles aledañas a las naves originales del mercado, lo cual brinda una apariencia diferente a la que los visitantes estábamos acostumbrados.

21 Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. 

22 Aproximadamente 15.6 USD.

23 Aproximadamente 5.4 USD.

24 Se describen más adelante en el apartado sobre trayectorias laborales.

25 Universidad Nacional Autónoma de México.

26 Aproximadamente 15.6 USD.

27 Es uno de los principales comerciantes del municipio y el candidato ganador por parte del PRI (Partido Revolucionario Institucional) en las recientes elecciones políticas que se realizaron en julio del presente año.

28 Generalmente se utiliza esta palabra para designar a los dueños de los comercios que emplean a los jóvenes.

29 Aproximadamente 70.3 USD.

30 Aproximadamente 23.4 USD.

31 (GM) es hijo de una familia comerciante de San José Independencia.

32 Aproximadamente 230 USD.

33 Instituto Mexicano del Seguro Social.

34 Diferentes platillos de masa de maíz, parecidos a las tortillas. 

35 Aproximadamente 62.5 USD.

36 Localizado en el altiplano central del país.

Resumen

Este trabajo analiza cómo las políticas migratorias y la gestión internacional de la inmigración son utilizadas como variable económica del mercado globalizado y cómo su implementación a gran escala es una característica constitutiva del capitalismo contemporáneo, al garantizar contingentes de mano de obra en condiciones de clandestinidad y marginalidad.

Abstract

This work analyses how the migration policies and the international management of immigration are used as an economical variable of the globalised market and how its implementation to a large scale is a constitutive characteristic of contemporary capitalism, by guaranteeing workforce contingents in underground and marginalization conditions.

Gabriela Segura

Licenciada en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Egresada de la Maestría en Políticas de Migraciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, y de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina.

BA in Sociology from the University from Costa Rica. Graduated from the Master International Migration Policies University of Buenos Aires , and Master of Human Rights National University of Lanus , Argentina.

Palabras clave

1| Políticas Migratorias 2| Juventud 3| Estado 4| Trabajo 5| México.

Keywords

1| Migration Policies 2| Youth 3| State 4| Work 5| Mexico.

Cómo citar este artículo [Norma ISO 690]

SEGURA, Gabriela Políticas migratorias y nuevas formas de acumulación en Centroamérica. Crítica y Emancipación, (13): 325-366, primer semestre de 2015.

Políticas migratorias y nuevas formas de acumulación en Centroamérica*

Introducción

En las últimas décadas los movimientos migratorios en la región centroamericana se intensificaron y diversificaron dramáticamente, provocando cambios notables en sus patrones migratorios. A los flujos migratorios históricamente presentes en la región, de carácter interno e intrarregional, se sumaron los movimientos forzados de amplios sectores de la población producto de conflictos bélicos y condiciones políticas que ponían en riesgo la vida de las personas. A esto se suma el aumento marcado de la emigración extraregional que configuró un nuevo patrón migratorio hacia afuera de la región —mayoritariamente hacia Estados Unidos y, en menor medida, a México y Canadá—, así como los efectos devastadores de fenómenos meteorológicos como el Huracán Mitch.

A partir del decenio de los noventa, ya superada la crisis política de algunos países de la región, el peso relativo de los determinantes de carácter económico sobre la decisión de migrar de amplios sectores de la población centroamericana ha sido cada vez mayor. Tal como expone Morales, “entre el 11% y 15% de centroamericanos ha emigrado al exterior, pero más del 50% de la población depende de ellos a través de diversas vías. Entre 14 y 20% de la Población en Edad de Trabajar y de trabajadores calificados, respectivamente, han emigrado. Tres de cada cuatro emigrados se fue a EE. UU. Uno de cada cuatro es un migrante transfronterizo en la misma región. El 80% de inmigrantes intrarregionales son nicaragüenses y el 50% de inmigrantes transfronterizos son nicaragüenses en Costa Rica” (2012: 78). Estos datos demuestran que las migraciones centroamericanas tienen ahora un carácter fundamentalmente laboral.

Por otra parte, las actividades económicas asociadas al nuevo modelo económico y los nuevos ejes de acumulación, han convertido a la región en un espacio transnacional y han impregnado de nuevas lógicas a la migración intrarregional. Es así como, “el sistema migratorio en la región se articula bajo una serie de encadenamientos estructurales, asociados a distintas demandas de trabajo” (Morales, 2012: 79). En este contexto, consideramos de suma importancia analizar el rol que juegan las políticas migratorias en la región centroamericana, ya que en cuanto funcionan como los “fosos” o “muros” simbólicos de la globalización, optimizan la función de los flujos migratorios en el mercado laboral. De esta manera, en este artículo analizaremos cuál ha sido el papel de las políticas migratorias en la implementación del nuevo modelo de acumulación en la región centroamericana, específicamente su rol en la conformación del sistema de migraciones laborales regionales a partir de los años noventa, y su importancia para la consolidación del nuevo modelo económico.

En la primera sección del documento presentamos las características generales del nuevo modelo económico que rige en Centroamérica desde la década de los ochenta, centrándonos en algunos de los nuevos ejes de acumulación, como lo son la agroexportación, la industria turística y los ingresos por remesas. En la segunda sección analizamos la funcionalidad económica de la migración intrarregional en Centroamérica, a partir de una caracterización de los mercados de trabajo regionales y el análisis de la dependencia estructural que tienen los nuevos ejes de acumulación de trabajadores migrantes intrarregionales. En la tercera sección analizamos como la visión securitaria y la creación de la ilegalidad que caracteriza a las políticas migratorias regionales garantiza contingentes de mano de obra en condiciones de clandestinidad y marginalidad, lo que resulta de enorme funcionalidad para el nuevo modelo económico.

Nuevo modelo económico

A partir de la década de los ochenta se dieron una serie de reestructuraciones económicas, sociales y políticas en Centroamérica, en consonancia con la reestructuración del capitalismo global, que han sido “en su mayoría consecuencia de un cambio de modelo de desarrollo; es decir, suelen venir inducidos por una actuación de naturaleza política” (Hidalgo, 2003: 63). Este cambio de modelo económico estuvo ligado al proceso de inserción de las economías locales a las dinámicas de apertura y globalización hacia las cuales se orientó la región, así como a una nueva estrategia geoeconómica basada en el libre comercio e integración hacia fuera.

Bajo las políticas del Consenso de Washington, que promovieron la desregulación, liberalización y privatización de las economías, tuvo

lugar un cambio estructural, o lo que Segovia llama un quiebre estructural, que por una parte provocó el colapso definitivo del modelo agroexportador tradicional en la región, y por otra coadyuvó al surgimiento de un nuevo modelo económico, basado en el dinamismo de las exportaciones no tradicionales agrícolas e industriales (maquila) y de las actividades relacionadas con los servicios y el comercio (2004: 7, 12; 2005: 17).

Este nuevo modelo económico permitió una reestructuración de la economía y un cambio de ideología económica que privilegió al mercado libre y marginalizó la intervención estatal. Esto se logró a partir de la implementación de políticas públicas neoliberales y de una serie de reformas económicas, legales y políticas favorables a los intereses de las corporaciones transnacionales y de los grupos de poder económico globalizados de la región. Además, los cambios en la economía política de la región requirieron de un nuevo marco jurídico y político-institucional, que contempló la reorientación del papel del Estado. Ciertamente, fueron necesarias la creación y la ayuda a entidades orientadas a la exportación, así como una nueva dirección estatal que estableciera esquemas de incentivos financieros y regímenes fiscales favorables a las actividades exportadoras no tradicionales. Sostenemos entonces que no es suficiente con afirmar que la globalización trajo consigo una significación declinante del Estado en la regulación económica, ya que el Estado es la institución estratégica para los cambios legislativos y las innovaciones necesarias para la globalización económica tal como la conocemos hoy en día (Sassen, 2007: 37, 38).

En relación con el nuevo patrón de acumulación y los procesos de acumulación por desposesión —los cuales se han convertido en rasgos mucho más centrales dentro del capitalismo global (Harvey, 2004: 118)—, Robles describe dos espacios “temporales” de estas nuevas dinámicas que son centrales en la región centroamericana: el del ajuste estructural y el del libre comercio (2011: 106). Ambos procesos se encuentran inmersos en una lógica impuesta en América Latina a partir del año 1973 en Chile: el neoliberalismo, que ha moldeado un marco económico e ideológico a la usanza del “Consenso de Washington”, y “que se expresa en la dimensión económica, concretamente, con un nuevo credo en el mercado y su capacidad de resolver eficaz y eficientemente todo el proceso de la producción y reparto del excedente social, pero ahora en escala mundial” (Reuben, 2004: 22).

Este nuevo modelo orientado básicamente hacia el mercado —en cuanto parte del supuesto de que éste asigna más eficientemente los recursos del Estado y que el sector privado es mucho más productivo que el sector público—, también se sostiene en otros principios fundamentales del neoliberalismo como el individualismo, la libertad de elección, la necesidad de la apertura económica y la competitividad, y la defensa de la propiedad, del libre mercado y el repliegue del Estado —que ha llevado a que la orientación económica y el papel del Estado cambiaran drásticamente en función de la orientación externa del nuevo patrón de acumulación—.

En suma, el nuevo modelo económico promovido por el Consenso de Washington y aplicado servilmente por los gobiernos, supuso la implementación de nuevos marcos legales, económicos y políticos, así como la remodelación normativa del Estado, lo cual ha creado nuevas jurisdiccionalidades funcionales al gran capital. Esta transición ha supuesto un cambio radical de la estructura social y productiva de la región y ha coadyuvado al surgimiento de nuevos procesos y ejes de acumulación, como veremos a continuación.

Agroexportación

El proceso de apertura comercial ha conducido a un cambio en la estructura de la producción agropecuaria que muestra una creciente orientación hacia el sector exportador. Con excepción de Costa Rica¹, la superficie cosechada en granos básicos en 2007 en la región, era casi idéntica a la de dos décadas atrás ya que pasó de 2.177,5 a 2.551,2 miles de hectáreas (CEPAL, 2012). En cambio, la superficie dedicada a cultivos no tradicionales prácticamente se duplicó entre 1980 y 2005, pasando de 364,9 a 673,5 miles de hectáreas, aunque con diferencias según los países (Rosa, 2008).

Destaca el fuerte aumento de la producción de otros productos agropecuarios, donde se incluyen la mayoría de los productos no tradicionales de exportación, favorecidos por la política comercial aplicada desde mediados de los ochenta. Esta tendencia se vio claramente en Costa Rica, donde la agricultura se reestructuró profundamente debido al fuerte aumento de la producción de productos agropecuarios favorecidos por la política comercial aplicada desde mediados de los ochenta, tales como la piña (segundo producto de exportación después del banano), las plantas, follajes y flores, el melón, la yuca, la naranja, etc. Le sigue Guatemala, donde mientras se ha reducido la superficie cosechada de cultivos como el algodón, que pasaron de 123 miles de hectáreas en 1980 a 1,5 en 2007 (CEPAL, 2011), al mismo tiempo ha crecido la superficie de cultivos no tradicionales, sobre todo el de palma africana (más de 30.000 ha entre 1978 y 2005), y varios frutales como el melón, mango, aguacate, limón y naranja. En conjunto, la superficie cultivada de esos cinco frutales alcanzó casi

45.000 hectáreas en 2005. Sin embargo, también aumentó la superficie cultivada de cultivos tradicionales como la caña de azúcar, el frijol y el banano, con incrementos del 244%, 126% y 550% respectivamente (Rosa, 2008: 20, 21). Igualmente, la superficie cosechada de caña de azúcar y frijoles pasó de 134,1 miles de hectáreas en 1980 a 413,8 en 2007 (CEPAL, 2011).

La transformación de la estructura agropecuaria va de la mano con la inversión de los pesos de los productos tradicionales y no tradicionales en el total de las exportaciones. Según datos de Rosa (2008), si consideramos el peso de las exportaciones de productos no tradicionales hacia fuera de la región, tenemos que en Costa Rica, las exportaciones tradicionales pasaron de 83% en 1978 a 35% en 2006. En Guatemala el peso de los productos tradicionales cayó del 92% en 1978 al 46% en 2006. En Honduras la agroexportación tradicional tenía un peso del 71% en las exportaciones totales en 1978, y del 45% en 2006. En El Salvador el peso de la agroexportación tradicional dentro de la exportación de bienes hacia fuera de la región cayó del 89% en 1978 a un 31% en 2006. En cambio, en Nicaragua los productos tradicionales de agroexportación seguían teniendo el mayor peso en la exportación en 2006, aunque era menor que en 1978 (88% frente a 52%).

Una de las características del crecimiento de los productos no tradicionales en la agricultura, son los pocos vínculos internos y las altas importaciones, ya que se produce fundamentalmente para la exportación, en grandes extensiones de terreno que en su mayoría pertenecen a unidades productivas empresariales, muchas de ellas transnacionales. Tal como señala el Estado de la Región, durante el período 1996-2004 la región tuvo una balanza comercial de frutas no tradicionales positiva. En el 2005 las exportaciones llegaron a 1.701 millones de dólares, mientras que las importaciones rondaron los 165 millones de dólares, anuales (Programa Estado de la Nación, 2008: 539). Valga mencionar que la estrategia de fomento de expansión de estos productos en la región, supone una creciente vulnerabilidad de los países a los cambios en el mercado internacional de estos productos.

Por otra parte, el esfuerzo desplegado por el Estado para la producción de productos no tradicionales en la agricultura, ha supuesto el recorte y desmantelamiento de los programas de asistencia técnica y financiera a los productores de productos tradicionales, especialmente de granos básicos, lo que ha llevado al aumento de las importaciones. Este es el caso del maíz amarillo y del trigo. En la actualidad casi el 60% del consumo regional se satisface con grano importado, y en algunos países como El Salvador y Costa Rica el mercado externo abastece la totalidad de la demanda. En el caso del trigo, las importaciones centroamericanas se quintuplicaron durante el período 1990-2003, al pasar de 1.092 a 5.356 miles de toneladas métricas (Programa Estado de la Nación, 2008: 537, 539).

Turismo

En Centroamérica el turismo se ha convertido de forma acelerada en un importante eje de acumulación económica, lo cual obedece a la transformación estructural de la economía de la región. El auge del turismo se refleja en la casi duplicación del peso que tuvo esa actividad dentro de las exportaciones de bienes y servicios entre 1995 y 2006, pues pasó de 13,3% a 21% del total exportado (Estado de la Nación, 2008: 532).

A pesar de su ralentización desde finales del año 2008 como consecuencia de la crisis económica internacional, que también afectó a la región y a este sector en particular, en la última década la industria turística centroamericana ha registrado una tasa promedio de crecimiento del 10% (ICEFI, 2008: 40).

Gráfico 1. Divisas generadas por el sector turismo. 2000, 2007, 2010. Millones de dólares

Fuente: elaboración propia en base a datos del Programa Estado de la Nación (2011).

El sector turístico ha desempeñado un importante papel en el proceso de apertura y en el nuevo modelo de acumulación. En general este sector se ha visto favorecido por el nuevo modelo económico profundizado en las últimas tres décadas, el cual determinó una jerarquía empresarial de enclave favorecida con: i) la eliminación de las barreras al movimiento de capitales, ii) la concesión de exoneraciones y, iii) el otorgamiento de garantías al capital externo que ha favorecido la transnacionalización de los servicios nacionales del turismo (Voorend y Robles, 2012: 148; Robles, 2010: 113).

Al nivel macroeconómico, el turismo como generador de divisas supuso un aumento de más del 50% entre el 2000 y el 2007 en la región, tal como lo indica el Gráfico 1. Sin embargo, se trata de ingresos diferenciados para las economías en Centroamérica. Costa Rica percibe más ingresos del turismo llegando a casi dos millones de dólares en 2007, esto el 41,6% del total regional. Le siguen Guatemala con 25,6%, El Salvador con 15,5%, Honduras con 11,6% y Nicaragua con 5,4%.

De esta manera, a pesar de sus respectivas particularidades, es evidente que el turismo tiene un peso significativo en todos los países del área, y que esta actividad juega un rol relevante en su patrón de inserción económica internacional, aún cuando los éxitos macroeconómicos del turismo no se corresponden con una mejora de los índices de bienestar de la mayoría de la población.

En Centroamérica se ha favorecido un modelo de desarrollo turístico segregado o de enclave, ya que favorece a las grandes empresas transnacionales (Gómez, 2008: 6; Cañada 2010: 8). Bajo este modelo priva la lógica de mercado y se prioriza la seguridad jurídica de la inversión extranjera, en detrimento de los derechos humanos de las comunidades locales y de la conservación de ecosistemas. Tal como señala Blàzquez (2010), lo cierto es que los territorios centroamericanos son “presa fácil del poder del capital que enajena fuerza de trabajo, suelo, recursos naturales y ecosistemas para recrear paraísos reservados a las elites —mayoritariamente del Norte— en enclaves turísticos bunkerizados”. Además, aunque el sector turístico ha logrado construir una imagen positiva e incluso de compromiso con la conservación del medio ambiente (industria limpia, sin chimeneas, etc.) o la reducción de la pobreza, lo cierto es que se trata de una gran maquinaria de destrucción ambiental, y más bien contribuye con la ampliación de la riqueza y las brechas sociales, con los subsecuentes procesos de exclusión social. Por lo tanto, el turismo no es una actividad neutra, “sino que agrava las inequidades por tratarse de una actividad elitista, de anfitriones laboriosos que hospedan a huéspedes ociosos que se lo pueden permitir porque pertenecen a los ‘Nortes globales’ donde se acumula el máximo beneficio del negocio” (Blàzquez, Cañada y Gascón, 2012: 50).

En suma, podemos decir que la industria turística y una muy escasa capa de privilegiados se están apropiando injustamente de los bienes comunes sociales y de la naturaleza (Buades, 2012: 111). La urbanización y turistización (de origen transnacional) de amplios territorios costeros funcionan dentro de un esquema de apropiación y privatización de bienes comunes, recursos y territorios acorde con la lógica de acumulación por desposesión característica del nuevo modelo económico.

Remesas

El aumento de los flujos financieros del exterior ha sido uno de los factores determinantes de la inserción internacional de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, en las últimas décadas. Por su parte, la característica de la inserción costarricense en la economía internacional ha sido la atracción de inversión extranjera directa. Por lo tanto, con excepción de Costa Rica, la vinculación creciente de Centroamérica a la economía mundial por medio de la emigración es el hecho más notable en los perfiles de generación de divisas de la región, y evidencia la dimensión económica de los movimientos migratorios².

Según un estudio del BID, realizado entre junio y septiembre de 2007, Centroamérica (considerando a Panamá), percibió 12.160 millones de dólares en 2007 (BID, 2007a). Esto es casi cuatro veces más que en el año 2000. La participación de Honduras y Guatemala en el total más que se duplicó entre 2000 y 2007 (pasó del 29% al 56%)³ (Programa Estado de la Nación, 2008: 260). Y esos 12 mil millones de dólares de remesas son un elemento imprescindible en la expansión de los mercados centroamericanos (Rocha, 2008: 37).

Los valores relativos, utilizando el valor del PIB como base de comparación, permiten formarse una mejor idea de la importancia estratégica de las remesas en la economía regional. En promedio las remesas pasaron de representar el 4,7% del PIB regional en el 2000 a 7,7% en el 2011 (Programa Estado de la Nación, 2013: 35). Para el 2007, el Programa del Estado de la Nación estimaba que las remesas representaron al menos el 10% del producto interno bruto en cuatro países: Honduras (21%), El Salvador (18%), Guatemala (12%) Nicaragua (10%) (2013: 36). Si se comparan los ingresos percibidos por remesas en relación con otros ejes de acumulación, tenemos que las remesas los superan (Véase Gráfico 2).

Los ingresos por remesas solo se comparan a los de la maquila de exportación, que para el 2005 fue de 11.600,4 (CEPAL, 2008: 5). Para ese año, los ingresos originados en remesas representaron más del doble de las exportaciones (de bienes sin maquila) en El Salvador y Honduras (Programa Estado de la Nación, 2008: 261). Según el Estado de la Región (2008), para el 2006 el valor total de las remesas equivalió al 93% del valor total de las exportaciones de bienes y servicios en Guatemala. Le siguen El Salvador donde representó el 70,4%, Honduras (67%), Nicaragua (43,4%) y Costa Rica en último lugar (4,7%).

Gráfico 2. Porcentaje del PIB de la IED, el turismo y las remesas. 2007

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Programa Estado de la Nación (2011).

Por otra parte, el ingreso por remesas supera a lo percibido por la inversión extranjera directa. En Nicaragua y Honduras fueron equivalentes más de tres veces la IED, en El Salvador nueve veces y en Guatemala catorce veces (Programa Estado de la Nación, 2008: 261). Tal como muestra el Gráfico 2, las remesas superaron enormemente a la inversión extranjera directa y al turismo en relación con su representación en el PIB. Con excepción de Costa Rica, las remesas en todos los países representaron en el PIB casi el doble de la IED y el turismo en su conjunto, lo que lleva a concluir que las remesas no solo se han convertido en un factor clave para la estabilidad macroeconómica y en un eje estratégico de acumulación en Centroamérica, sino también, como reconoce el BID, en “el mayor programa de alivio de pobreza en América Central” (BID, 2007b).

Según el Estado de la Región, en ausencia de remesas, el número absoluto de hogares en condición de pobreza en la región se incrementaría en 305.715, lo que significaría un aumento de 3,5% en la incidencia de la pobreza a nivel regional⁴ (2008: 248, 262). Esto demuestra que en ausencia de remesas los índices de pobreza crecerían fuertemente en aquellos países cuyos emigrantes suelen pertenecer a los quintiles más bajos de distribución del ingreso. Los mayores incrementos entre los hogares receptores se presentarían en Guatemala y Honduras, donde la incidencia de la pobreza extrema crecería en 44 y 22 puntos porcentuales, respectivamente (Programa Estado de la Nación, 2008: 262).

En suma, estas transferencias monetarias en conjunto se han convertido en flujos financieros de gran magnitud que constituyen un factor clave de la dinámica económica de Centroamérica. En

varios países financian la estabilidad macroeconómica, pues son la principal fuente de divisas y ayudan a aliviar los déficits en la balanza comercial. Ciertamente, las remesas han superado a la inversión extranjera internacional y a la asistencia oficial para el desarrollo⁵, en cuanto al financiamiento del desarrollo y la estabilidad macroeconómica de la región. Además, constituyen un significativo aporte a los ingresos de los hogares en toda la región. Podemos decir que el verdadero impacto de las remesas se mide por el número de familias que reciben estas transferencias: aproximadamente uno de cada seis hogares centroamericanos es receptor de remesas (15,2%) (Programa Estado de la Nación, 2008: 257).

Por otra parte, los 12 mil millones de dólares anuales en remesas han atraído la voracidad del capital (Rocha, 2008: 31). Tal como señala Castillo (2003), así como la movilidad es resultado de una falta de responsabilidad de las políticas de Estado que no han podido garantizarles a las personas su derecho a “no migrar”, no es admisible que hoy sólo se les busque para apropiarse política y económicamente —aunque sea de maneras indirectas— de los beneficios de su trabajo, para la obtención de divisas y la acumulación de ganancias.

El acelerado crecimiento de las remesas, junto con la aplicación de las reformas financieras y los procesos de reprivatización bancaria registrada en algunos países (El Salvador y Nicaragua), posibilitaron en los noventa la rápida expansión regional de los principales grupos financieros locales⁶ (Segovia, 2005: 55). De esta manera, la promoción de las bancarización de las remesas las ha convertido en un nuevo negocio muy lucrativo, un nuevo eje de acumulación acorde con el nuevo modelo económico.

Ciertamente, el enorme peso de las remesas en la economía de Centroamérica no solo pone al descubierto el papel de la región como proveedora de mano de obra barata en el mercado internacional, sino que cumplen doble función económica. Por un lado, crean la ficción de que están resolviendo la pobreza, actuando como válvula de escape. En este sentido “las remesas compensan —¿y posibilitan?— la ineficacia y la retirada estatal de la inversión social”. “Son un mecanismo de descompresión social. Una renuncia a la redistribución por la vía política. Una despolitización de la reducción de la pobreza” (Rocha, 2008: 32, 34). Y además de cumplir esta función política, acentúan la exclusión ya existente, contribuyendo a sostener y reproducir el modelo económico neoliberal. Y el mercado explota las asimetrías generadas por la diferenciación social generada por el percibimiento de las remesas en la región.

En este sentido, además de eximir al Estado de sus responsabilidades y obligaciones, las remesas también son rentables porque contribuyen a expandir los mercados que las empresas transnacionales necesitan. En torno a las remesas se desarrollan todo tipo de actividades de comercio y de servicios: aerolíneas, transporte, compañías telefónicas, intermediación bancaria, agencias de envío, urbanizadores, etc. De esta manera, la activación del consumo y la dinamización del sector servicios evidencian que la migración constituye una lucrativa fuente de ganancias para las élites centroamericanas aliadas con el capital transnacional, por los beneficios económicos incalculables que genera. Por eso para Cañada las remesas se encuentran en el centro de un cambio estructural en el modelo de inserción de la región en la economía internacional (2011: 3).

En suma, el cambio económico estructural ha priorizado nuevos ejes de acumulación en la región, como lo son la agroexportación (cultivo intensivo de productos no tradicionales), el turismo (la construcción inmobiliaria asociada al desarrollo turístico y residencial), y las remesas. Es precisamente en el sector agroexportador y en el sector turístico (servicios y construcción) donde se observan los mayores incumplimientos de normas laborales y las peores condiciones de trabajo, factor que contribuye precisamente a su dinamismo. De ahí la funcionalidad económica que cumplen los trabajadores migrantes en estos sectores, como veremos a continuación.

Funcionalidad económica de la migración intrarregional en Centroamérica

Formación de mercados regionales de trabajo

Las migraciones laborales en Centroamérica están relacionadas con la reconfiguración de los mercados laborales en la región producto de las transformaciones económicas ocurridas en las últimas décadas. Para Morales (2008) las migraciones, en su fase más reciente, han sido el producto combinado de los cambios políticos iniciados en las décadas de los ochenta y noventa, y de los ajustes en los procesos económicos, de apertura y liberalización frente a las corrientes del cambio global.

Ciertamente, en la actualidad la migración está asociada a la integración económica regional y la consecuente reconfiguración de los mercados de trabajo, así como a las disparidades económicas entre los países que integran la región. Esto ha llevado a que poco más de cinco millones de personas originarias de Centroamérica se encuentren en condición de inmigrantes en diferentes destinos. Eso equivale a más de 13% del total de habitantes de la región, a alrededor del 14% si se considera la población económicamente activa (PEA), y a casi 17% de los trabajadores calificados (FLACSO, 2012a: 2).

Las modificaciones estructurales del sistema productivo asociadas a los nuevos procesos de acumulación transnacional también han supuesto la formación de sistemas regionales de fuerza de trabajo migrante. Tal como señala FLACSO-PRISMA (2008),

“[l]os sistemas de migración se han organizado como parte de la creación de una oferta de mano de obra flexible, funcional para las nuevas estrategias de acumulación. Como tal, la migración intrarregional expresa una clara dimensión de la integración regional. Sin embargo, esta(sic) integración regional del mercado de trabajo opera(sic) bajo condiciones precarias y de informalidad, produciendo una segmentación social laboral y fragmentación territorial de los mercados de trabajo” (FLACSO-PRISMA, 2008).

Por otra parte, si bien la región centroamericana se caracteriza por ser principalmente una región de emigración⁷, los países centroamericanos también comparten la condición de receptores de migrantes, fundamentalmente intrarregionales. Esto indica que la competitividad global de la región no se reduce a la exportación de mano de obra barata a destinos extrarregionales, sino que intrarregionalmente las zonas de expulsión y las zonas de atracción son parte de una unidad en el proceso de producción a escala global y cumplen funciones complementarias entre sí, en cuanto un espacio se especializa en la producción directa de valor y el otro en la reproducción de fuerza de trabajo (Morales, 2005: 6; Morales y Castro, 2006: 44).

Los mayores flujos intrarregionales (casi el 20% de todas las personas migrantes) se producen entre países vecinos o que comparten una frontera, como un movimiento sur-sur, directa o indirectamente conectado a la integración de las economías y de los mercados de trabajo, cuando menos en la agricultura, el sector inmobiliario y los servicios, entre ellos el turismo (Morales, 2011: 9, 10). Tal es el caso de Costa Rica, principal receptor de migrantes intrarregionales procedentes de Nicaragua⁸, y a partir de la primera parte de la presente década, los nicaragüenses y hondureños en El Salvador⁹ (FLACSO-PRISMA, 2008; OIM y otros, 2011: 26), donde la migración de relevo constituye una fuente considerable para abastecer los requerimientos de los mercados laborales, fuertemente afectados por los permanentes flujos de migración transnacional (Morales y otros, 2011: 136).

Mientras Costa Rica concentra el 83% de los inmigrantes intrarregionales, Nicaragua, es el principal país generador de migrantes intrarregionales, contribuyendo con alrededor del 80% de la inmigración regional. “Se puede sostener que dentro de la división social del trabajo a escala regional, Nicaragua se ha especializado en la provisión de mano de obra barata para los demás mercados laborales” (FLACSO, 2012a: 4).

La división de las funciones en distintos territorios obedece a la regionalización transnacionalizada de los sistemas productivos y mercados laborales, así como a la nueva división global del trabajo, la cual tiene expresiones localizadas en la región, al existir cada vez más espacios especializados en la reproducción de fuerza de trabajo migrante. Un ejemplo es la región fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, donde se registra el movimiento transfronterizo de población más intensivo de la región centroamericana, asociado a las actividades económicas ligadas a la agroexportación y el turismo. La complementariedad entre estos espacios se basa en la disponibilidad de mano de obra barata, el cual es uno de los factores clave que favorecen la competitividad global de este polo de acumulación de capital. Tal como señalan Morales y Castro, “[e]l espacio transfronterizo tico nicaragüense es un segmento clave en el encadenamiento de cada una de las economías locales, tanto como de las nacionales y de la región centroamericana a la economía global” (2006: 50).

Este caso concreto evidencia las disparidades territoriales en la región y la interdependencia desigual entre los países centroamericanos y su entorno global. Pero también refleja la incorporación de la región a la formación de un sistema global de oferta de mano de obra, donde ésta está dispuesta a ser movilizada hacia nuevos nichos geográficos del mercado laboral (Morales y otros, 2011: 18, 38).

Podemos decir que las migraciones muestran la incorporación de los mercados laborales de la región al sistema transnacional de fuerza de trabajo. Asimismo, explican las manifestaciones de una transformación estructural de la región, ya que constituye uno de los fenómenos que más refleja las estructuras de relación entre los procesos globales y locales en la región (Morales y Castro, 2006: 64; Morales, 2011: 18).

En suma, en los últimos años se han desarrollado una serie de cambios y transformaciones en la estructura económica regional. Estos procesos sustantivos de la conformación de la economía centroamericana también han transformado el mercado de trabajo. Las migraciones en Centroamérica están asociadas a la formación de mercados de trabajo regionales y a la transnacionalización de la fuerza de trabajo subordinada a los nuevos ejes de acumulación (FLACSO- PRISMA, 2008). Tal como señala Morales (2008), la creación de una oferta de mano de obra migrante se produjo junto al giro de las estrategias de acumulación flexible del capital y favoreció la política económica subordinada a la apertura comercial. La constitución de nuevos ejes económicos de acumulación ha supuesto que las nuevas actividades económicas se conviertan en polos de atracción de la migración laboral intrarregional. Incluso la distribución regional y espacial del proceso económico y productivo regional representa la base sobre la cual descansa el patrón de distribución geográfica y de asentamiento que presenta la población migrante intrarregional.

Las estructuras socioproductivas en algunos países o regiones centroamericanas requieren mano de obra no calificada y barata para el funcionamiento de sus economías y para el desarrollo de actividades intensivas en fuerza de trabajo. Esto ha conformado sistemas regionales de fuerza de trabajo migrante, que a su vez han configurado los patrones migratorios en la región. Asimismo, el dinamismo de las actividades económicas asociadas a los nuevos ejes de acumulación ha supuesto una alta demanda de mano de obra que ha sido cubierta en buena parte por los trabajadores migrantes centroamericanos, por lo que se han desarrollado procesos de dependencia estructural de fuerza laboral migrante, como veremos a continuación.

Dependencia estructural de los mercados de trabajo de trabajadores migrantes

La consolidación de nuevos ejes económicos en la región, como la agricultura de agroexportación de productos no tradicionales y la construcción a gran escala, asociada al desarrollo turístico y residencial, ha demandado grandes volúmenes de fuerza de trabajo. Por esta razón, la escasez de trabajadores no calificados ha supuesto una alta dependencia de mano de obra migrante centroamericana. Tal como señala Morales, el aumento de la dependencia de los países centroamericanos de la oferta de su mano de obra en el exterior, no solo se debe a la obtención de divisas por medio de las remesas familiares, sino también a la conformación de un mercado de trabajo regional que utiliza a trabajadores migrantes y torna competitivas varias actividades económicas (2011: 10). Ciertamente, los flujos migratorios actuales constituyen una fuerza laboral desarraigada que conforma una reserva de mano de obra barata que se moviliza adonde las actividades del nuevo modelo eco-

nómico la requiere. Se trata de una oferta de mano de obra funcional, necesaria, barata y supernumeraria, que es flexible y funcional para el aprovisionamiento de la fuerza de trabajo y las nuevas estrategias de acumulación (Morales y otros, 2011: 134; 2005: 6).

Los migrantes no solo muestran un mayor nivel de participación en la actividad económica, sino que también suponen un aporte directo al crecimiento de la fuerza de trabajo, por tratarse de personas en plenas edades activas y productivas, y además reproductivas. En este sentido, la migración puede ser vista como un sistema de transferencia de trabajo y fuerza de trabajo (Canales, 2011: 291), que contribuye al funcionamiento del mercado laboral centroamericano y por consiguiente de su estructura económica. Ciertamente, la población migrante ha contribuido a incrementar la oferta de fuerza de trabajo en edad productiva, permitiendo una continua expansión económica y un incremento de las ganancias al sector empresarial que contrata fuerza de trabajo migrante.

Por su parte, aun cuando los datos muestran que la mayor contribución de los migrantes se produce en sectores de menor dinamismo y en ocupaciones poco calificadas, ello no significa que su aporte sea despreciable, especialmente cuando se analiza el papel de los migrantes intrarregionales en actividades y ocupaciones que son de vital importancia para el crecimiento económico y la reproducción social de la población centroamericana.

Tal como señalara Canales para el caso de la migración latinoamericana en Estados Unidos, los migrantes contribuyen preferentemente con fuerza de trabajo en ocupaciones de baja o nula calificación. El alto grado de concentración sectorial y ocupacional evidencia que no se trata de simple selectividad, sino de una forma de segregación laboral que afecta a los migrantes, en este caso intrarregionales. Esta segregación laboral se puede interpretar en términos de que la economía regional parece mostrar un alto grado de dependencia respecto a la provisión no solo de fuerza de trabajo migrante, sino de trabajadores que se puedan emplear en puestos de bajas calificaciones, mal remunerados y altamente flexibles y precarizados (2011: 306). Tal como señala el autor, si bien la mayor contribución de los migrantes es en sectores menos dinámicos y en ocupaciones de baja calificación, ello no implica que su aporte no sea significativo en términos laborales y económicos. Su aporte resulta particularmente importante no solamente en determinadas actividades productivas (construcción, agricultura, etc.), sino también, y especialmente, en trabajos orientados a la reproducción social de la población —servicios personales, trabajo doméstico, cuidado de personas, preparación de alimentos, limpieza y mantenimiento, entre otros— (Canales, 2011: 306).

Ciertamente, la población migrante representa no solo un aporte demográfico, como en el caso costarricense¹⁰, sino también a la fuerza de trabajo y al mantenimiento de la dinámica del mercado laboral regional. Este aporte directo al crecimiento de la fuerza de trabajo es una contribución económica directa de los trabajadores migrantes intrarregionales a la economía regional. Aunque los migrantes no sean formalmente reclutados, son atraídos por la demanda de mano de obra hecha desde ciertas industrias y sectores productivos regionales, por lo que satisfacen las necesidades de áreas económicas nítidamente identificables. La ubicación laboral (por ende territorial) de las personas migrantes intrarregionales responde a la dinámica propia del mercado laboral regional y su respectiva segmentación. Por esta razón, podemos decir que las nuevas lógicas de la migración intrarregional responden a las nuevas lógicas del nuevo modelo de acumulación, en cuanto los nuevos tipos de inversión han introducido nuevas lógicas socioterritoriales en los flujos migratorios, de ahí la importancia de analizar los flujos migratorios laborales en el marco del contexto económico internacional en los últimos años

Por otra parte, el alcance de la resonada “competitividad” para ser exitosos en la llamada “economía global” conlleva la reducción de costos (Sandoval, 2002: 289), por medio de la flexibilización y precarización laboral. En este sentido, la población trabajadora de origen centroamericano se ha convertido en mano de obra imprescindible para el nuevo modelo económico por su bajo costo. Ciertamente, el nivel de competitividad de las empresas depende del acceso a mano de obra barata, y los migrantes generalmente realizan un trabajo mayor con un salario igual o menor, en comparación con la población local. De no ser por la presencia de estas personas los costos de mano de obra se incrementarían en actividades estratégicas del crecimiento económico regional, por lo que experimentarían sin lugar a dudas algunos problemas, con serias repercusiones para la dinámica económica en general.

La migración intrarregional contribuye a la reproducción económica, a través de su aporte directo a la dinámica y crecimiento económico. Estas múltiples y profundas contribuciones de la migración intrarregional indican la existencia de una fuerte interdependencia entre la migración y la reproducción social, económica y demográfica centroamericana.

En suma, el desarrollo de actividades económicas clave del nuevo modelo de acumulación, como la agricultura de exportación y los megaproyectos turísticos, han requerido el concurso de grandes contingentes de fuerza de trabajo, provistos por los mismos países de la región, de ahí que los procesos migratorios de las últimas décadas en Centroamérica estén tan vinculados a la profundización del nuevo modelo económico.

Por ejemplo, en el caso costarricense el flujo migratorio desde Nicaragua ha permitido suplir las necesidades de mano de obra no calificada en actividades como construcción, agricultura y servicio doméstico¹¹. Los impactos que tendría una reducción de la población migrante activa, especialmente de la mano de obra barata, sobre el desarrollo de las fuerzas productivas y económicas del país serían muy graves y en algunos casos colapsarían. Además, la migración nicaragüense contribuye a llenar los vacíos y déficits de fuerza de trabajo que está dejando el declive demográfico de la población nacional. En el caso El Salvador, se da una situación similar, ya que se da el reemplazo de los migrantes nicaragüenses de puestos de trabajo que en otras circunstancias habrían sido ocupados por nacionales salvadoreños, en especial, de parte de los segmentos de migrantes salvadoreños a Estados Unidos (Baumeister, Fernández y Acuña, 2008: 76).

Por todo esto podemos decir que en el marco de las transformaciones estructurales que se han desarrollado en los últimos años, la migración se ha convertido en un mecanismo funcional para el abastecimiento de fuerza de trabajo a escala global (Morales, 2007: 36). Esto indica que para los países receptores la migración potencia la producción de riqueza, al contar con mano de obra para desarrollar actividades que tienen gran demanda de trabajadores.

A la exportación de mano de obra barata, se suma otro aspecto igualmente funcional al capital y a la dinámica económica. En un contexto de flexibilización de los regímenes laborales y precarización del empleo, y de aumento de las diversas formas de desempleo e informalidad, las migraciones constituyen un mecanismo de reajuste de los mercados laborales y de reducción de la presión sobre los mercados de trabajo. Esto sin mencionar la función macroeconómica y social fundamental que cumplen las remesas en las economías centroamericanas.

Por lo tanto, la migración se ha convertido en uno de los pilares de los nuevos ejes de acumulación de alcance transnacional. Ciertamente, en el contexto de la globalización, el trabajo migrante juega un papel fundamental en la economía mundial y en los nuevos procesos de acumulación de ganancias, y en Centroamérica no es la excepción. En este contexto el rol desempeñado por la política migratoria es primordial para “regular” el sistema económico y el flujo migratorio que suministra la mano de obra migrante, por medio de posturas represivas y autoritarias, como veremos a continuación.

Funcionalidad económica de las políticas migratorias en Centroamérica

Tal como ya hemos analizado, el nuevo modelo económico que rige en Centroamérica, está basado en reformas y tratados comerciales neoliberales que han transformado la estructura socioeconómica de las sociedades de la región. Entre las consecuencias brutales de este sistema económico, se encuentra el destierro de millones de familias y personas, quienes ante el aniquilamiento de sus medios de sobrevivencia en sus países y comunidades de origen, y ante la falta de opciones de subsistencia, son forzadas a lanzarse a la corriente migratoria. Tal como señala Bacon, el desplazamiento generado por el modelo de libre comercio no solo genera el desplazamiento, sino que produce un ejército global de trabajadores disponibles y vulnerables (2012: 3).

Este ejército de trabajadores es fundamental para el funcionamiento de la economía global ya que le otorga mayor flexibilidad al sistema de empleo de las compañías y sectores dependientes de esta corriente migratoria. Sin embargo, para “encauzar” a esos trabajadores donde son requeridos, es necesaria la regulación del suministro de mano de obra y el control del flujo de migrantes, lo cual se logra por medio de las políticas migratorias y su férrea aplicación. Por esa razón, las políticas de comercio y de migración no pueden analizarse de manera separada e independiente, ya que ambas son pilares estructurales del nuevo modelo económico. Por un lado, las políticas de libre comercio producen la migración y esa nueva fuerza laboral móvil, y por otro, las políticas migratorias criminalizan el trabajo para los millones de personas que son desplazadas en busca de trabajo, asegurando la utilización en las peores condiciones de esa mano de obra. En otras palabras, el sistema económico produce la migración, y al mismo tiempo la utiliza y se beneficia de esa mano de obra desarraigada, para lo cual son fundamentales las políticas migratorias. Las políticas migratorias son indispensables para asegurar la condición de “mano de obra barata” de estos trabajadores, lo cual es uno de los factores de atracción de inversión extranjera directa, uno de los pilares del nuevo modelo económico. Y eso se logra por medio del refuerzo de los mecanismos de control contra las personas migrantes, donde el sesgo autoritario y represivo caracteriza la adopción de políticas, mecanismos, discursos y recursos para controlar, expulsar y criminalizar a los migrantes, como veremos a continuación.

Visión securitaria

El enfoque con el que se ha articulado los marcos jurídicos y el desarrollo de políticas y prácticas migratorias en la región, refleja mucho de las características que se observan en el ámbito mundial, donde la principal preocupación en las políticas migratorias gira alrededor de la seguridad. Las connotaciones policíacas y persecutorias de las legislaciones y políticas regionales evidencian las fuertes presiones hemisféricas de la agenda migratoria de Estados Unidos¹², la cual concibe el tema migratorio como un asunto de seguridad nacional, en el marco de intereses estratégicos y de una estrategia geopolítica de control político, económico y militar sobre la región.

La política de seguridad proveniente de Estados Unidos, intensificada por la amenaza del terrorismo —representada por las guerras en el medio oriente y los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001—, y la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, fue consolidándose como un eje de seguridad en las políticas de algunos países estratégicos, como son los casos de México, Guatemala y Panamá. Se empezó a ampliar la interpretación y la aplicación del criterio de seguridad nacional, implementando medidas como la limitación del flujo de personas y la confusión en las competencias de los cuerpos de seguridad (INCEDES y Sin fronteras, 2011: 23).

Ciertamente, los acontecimientos en Estados Unidos han tenido impactos sobre las políticas de admisión y control migratorio, así como sobre la seguridad en las fronteras, no sólo de ese país, sino de sus vecinos. Puede constatarse una (peligrosa) influencia de las agendas de seguridad nacional, seguridad fronteriza y de lucha contra el terrorismo sobre la agenda migratoria regional, el reforzamiento de controles fronterizos y de los requisitos de ingreso, la cooperación policial y de inteligencia entre los países de la región y Estados Unidos, así como acuerdos bilaterales y regionales en materia de seguridad.

Evidencias de este proceso sobran en la región. Por ejemplo, las redadas y deportaciones de hondureños y nicaragüenses en el oriente de El Salvador, el hecho de que las instituciones gubernamentales de regulación de la migración se ubican dentro de los Ministerios de Seguridad (Morales y otros, 2011: 135), o bien la frecuencia de operativos con el argumento de la necesidad de perseguir el “tráfico de indocumentados”. No hay que ignorar que el diseño de las políticas migratorias de cada uno de los países está sujeto a la determinación hegemónica de los Estados Unidos. De allí procede la orientación de tal diseño dentro de los enfoques de la seguridad nacional, y el manejo de las acciones de control y gestión de las migraciones, como dominio cada vez más irrestricto, por parte de las fuerzas policiales y de seguridad (Morales y Castro, 2006: 66).

De esta manera, la principal preocupación de las políticas migratorias en Centroamérica gira alrededor de la seguridad y un mayor control sobre las fronteras, sobre todo con respecto al flujo de

personas. Tal como señala Castillo (2003), un rasgo común de las políticas adoptadas por los Estados centroamericanos es el reforzamiento de los operativos de vigilancia y el endurecimiento del control y la persecución de todos los actores involucrados en el tránsito de migrantes con pretensiones de llegar bajo formas no autorizadas a sus destinos. Estas políticas restrictivas han llevado a un proceso de creciente criminalización y han provocado situaciones claramente violatorias de los derechos humanos¹³. Se trata de legislaciones que criminalizan a los migrantes pobres en el ejercicio de sus facultades de movimiento y trabajo, conculcando sus derechos humanos fundamentales.

Castillo (2003) apunta a como los gobiernos de la región, especialmente de los países de tránsito y de destino, han adoptado en forma casi generalizada un discurso de respeto a los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, las medidas de control están cada vez más distanciadas de las normas internacionales de protección a los trabajadores migrantes.

En Costa Rica, por ejemplo, es notable la falta de aprobación de los instrumentos relacionados con los trabajadores migrantes. Se trata de instrumentos internacionales fundamentales que tutelan la especificidad de los derechos de los trabajadores migrantes y que atienden la realidad y necesidades particulares de este grupo de población¹⁴. “Dada la naturaleza marcadamente laboral de la migración hacia Costa Rica, la no ratificación de aquellos, priva a este grupo de contar con instrumentos que tutelen sus derechos” (Gatica, 2011: 170). Aún así, en repetidas ocasiones la política migratoria apela a los discursos protectores de migrantes, que suelen ubicarse en la disyuntiva de apelar a narrativas de “respeto a los derechos Humanos” o a normativas internacionales, o incluso a los objetivos de integración de las personas migrantes. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica estas personas se encuentran en estado total de indefensión, desamparo y desprotección, ya que no existe ninguna garantía de que estos serán respetados.

Tal como señala el “Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana”, existen políticas y legislaciones con rasgos muy semejantes en la región, especialmente en lo que se refiere a las sanciones y otras medidas de seguridad.

Por ejemplo, las leyes migratorias en Centroamérica prevén en cierta medida la participación de cuerpos de seguridad o policial en la actuación migratoria. Tal es el caso de Costa Rica, que cuenta con un cuerpo especializado, la Policía Profesional de Migración y Extranjería, adscrita a la autoridad migratoria, lo que evidencia este traslape entre la función migratoria y el resguardo de la seguridad pública (INCEDES y Sin Fronteras, 2011: 37). La ley costarricense otorga amplias facultades discrecionales a la Policía de Migración dirigidas a “luchar” contra la migración irregular, poniendo sus competencias en el límite del respeto de derechos fundamentales.

Este caso refleja la importancia que han cobrado los cuerpos policiales, evidenciando claramente el enfoque de seguridad y control de las políticas migratorias, y la asociación existente entre la migración y el crimen. Asimismo, “[l]a existencia de disposiciones que prevén la participación de cuerpos policiacos, fuerzas armadas u otras autoridades o dependencias en funciones migratorias, sumada a una tendencia de crear cuerpos especiales de seguridad fronteriza que participan formal o informalmente de la función migratoria, genera un estado o percepción de persecución constante de la migración que lleva a las personas a aumentar su invisibilidad social y por tanto su vulnerabilidad” (INCEDES y Sin fronteras, 2011: 103).

Es interesante que mientras las políticas migratorias en Centroamérica han creado y especializado cuerpos policíacos para controlar y vigilar el ingreso, el egreso, la permanencia y las actividades que en el territorio nacional llevan a cabo las personas extranjeras, no existan instituciones de protección laboral que cumplan adecuadamente sus funciones. Las leyes migratorias no abogan por el aumento de la cantidad de inspectores de trabajo, o la creación de un cuerpo especializado de inspectores para “controlar y vigilar” el cumplimiento de los derechos laborales de las personas migrantes. Esto evidencia claramente que las políticas están abocadas a evitar la “inmigración ilegal”, más que a proteger los derechos humanos de las personas migrantes.

En general, las políticas restrictivas en Centroamérica han llevado a un proceso de creciente criminalización, provocando situaciones claramente violatorias de los derechos humanos y aumentando su vulnerabilidad. En este sentido, las políticas migratorias contribuyen con la instalación de una visión de los migrantes como un problema, o en cualquier caso como un eventual riesgo o peligro. éstas presentan su vulnerabilidad —si es aceptada—, como un factor de propagación de patologías sociales y somáticas (Rocha, 2006: 124). En otras palabras, “en lugar de pensar en las condiciones de riesgo de los migrantes, se piensa en los migrantes mismos como un riesgo. En lugar de presentarlos como vulnerables en un medio peligroso, aparecen como un vector del peligro”. “¿Qué mejor justificación para lanzarlos fuera del país o impedir su ingreso que considerarlos como una amenaza para la salud pública, puesto que ya lo eran para la salud del orden social?”¹⁵ (Rocha, 2006: 124).

En suma, las normas migratorias en Centroamérica están centradas fundamentalmente en el control y selección de la migración hacia los países, a partir de un alto sentido represivo, con amplios márgenes de discrecionalidad, ambigüedad y carencias normativas. Esto conlleva prácticas arbitrarias y abusivas que afectan los derechos humanos de las personas migrantes. Sin embargo, esto responde a una funcionalidad económica, que sirve a los intereses económicos y sociales de los Estados y el nuevo modelo económico.

La limitación a la libre circulación del trabajo es central para el sistema económico global, de ahí que las respuestas en términos policiales y represivos para abordar el tema migratorio tengan una funcionalidad económica fundamental para la reproducción y valorización del capital, como veremos a continuación.

Funcionalidad económica de la visión securitaria

Ciertamente, el aseguramiento de un arsenal permanente de mano de obra extranjera poco formada, barata y poco exigente, se logra por medio de “…políticas de cierre de fronteras, de caza al inmigrante ilegal, de restricción del derecho universal a la libre circulación” (El subrayado es del original. Nair, 2006: 27). Por esta razón, la combinación de un mayor reforzamiento de la ley, con el esquema de suministro de mano de obra barata¹⁶ en que se han convertido las políticas migratorias, no solo no es incompatible sino que es complementario y profundamente necesario para el modelo económico actual. A las políticas migratorias y su visión securitaria subyace un propósito económico (no explícito), que revela la racionalidad instrumental o visión utilitarista de las políticas. Se trata de la selectividad migratoria, el cual constituye un elemento fundamental del nuevo modelo económico.

El nuevo sistema de acumulación requiere canalizar el flujo migratorio para dirigirlo hacia las industrias donde es requerido, y sacarlo cuando no sea necesario. “Cuando la demanda es alta, los empleadores reclutan trabajadores. Cuando la demanda baja, esos trabajadores no solamente tienen que dejar sus empleos sino al país entero” (Bacon, 2012: 17). Se trata entonces de políticas migratorias ajustadas a los intereses económicos de los empresarios y empleadores de trabajadores migrantes en cuanto institucionalizan este sistema de empleo.

Los Estados en la región se han ajustado a los requerimientos del capital privado, por lo que contribuyen con el acceso a mano de obra barata a los grandes empleadores por medio de la regulación del sistema que suministra la mano de obra migrante, dando forma a normativas, disposiciones y políticas migratorias a la medida de los intereses de los empleadores y empresarios. En otras palabras, el objetivo de los distintos gobiernos ha sido obtener fuerza de trabajo barata para los grandes empleadores, quienes se ven enormemente beneficiados con este sistema de trabajo que asegura bajos costos y una creciente flexibilidad de la mano de obra.

En suma, el criterio de la política migratoria ha sido el reclutamiento de trabajadores, con salarios bajos y pocos derechos dispuestos a ingresar y trabajar de acuerdo a nuestras necesidades. Se trata de la instauración de un esquema de explotación y un mecanismo de control de la migración, que acomoda las necesidades de mano de obra a los patronos.

Además, al partir de la noción de orden y regulación, la política migratoria desconoce el proceso migratorio en toda su complejidad, los motivos que obligan a migrar, así como a las personas que no se ajustan a las categorías legales creadas por la normativa migratoria. A su vez, esto tiene otro propósito, el cual es negar derechos o beneficios a quienes no cuenten con estatus legal. La política de gestión basada en el cierre y control severo, drástico y riguroso de las fronteras asegura la persecución de los migrantes, pero “[l]a caza de los clandestinos se dirige menos a impedir su llegada que a aterrorizarlos para evitar que reivindiquen un estatuto acorde con el derecho común en vigor” (Nair, 2006: 37). Esto incrementa la vulnerabilidad e indefensión de quienes no entren en los estatutos migratorios creados por las leyes, y al mismo tiempo otorga enormes ventajas a los empleadores que se ven beneficiados con este sistema de trabajo.

En este sentido, la persecución constante de las personas migrantes y la creación de la “ilegalidad” que llevan a cabo las políticas migratorias, supone la marginalización, invisibilización y vulnerabilización de las personas migrantes, lo cual responde a una lógica económica que busca asegurar una población en las sombras proclive a la sobreexplotación en regímenes precarizados de empleo. Ciertamente, la supuesta y conveniente “ilegalidad” que se busca aplicar a las migraciones parece constituirse en un mecanismo para continuar legitimando formas de explotación laboral y de exclusión (Morales y Castro, 2006: 66). De ahí la funcionalidad económica de esta categoría social y jurídica creada por las políticas migratorias, como veremos a continuación.

La ilegalidad: institucionalización de la desigualdad

La migración se ha convertido en un sistema de suministro de mano de obra, y este sistema se administra por medio de las políticas migratorias, las cuales determinan las reglas bajo las cuales la mano de obra es utilizada. El nuevo modelo económico requiere abastecerse de mano de obra, pero “los patrones quieren una fuerza de trabajo con un estatus vulnerable, de segunda clase, al precio que ellos deseen pagar” (Bacon, 2012: 15). Este estatus de vulnerabilidad es el que la política migratoria provee. Por eso podemos decir que las políticas migratorias funcionan como el mecanismo de abastecimiento de mano de obra móvil en las condiciones requeridas por el nuevo modelo económico.

El estatus de vulnerabilidad ha sido creado por las políticas migratorias por medio de la creación de la “ilegalidad”. La migración ilegalizada no es un efecto no deseado de la legislación ni una característica intrínseca de la migración, sino un factor fundamental en determinados sectores productivos para mantener el desarrollo económico vigente, de ahí la necesidad de transformar el hecho de migrar en un delito, criminalizando y desprotegiendo a los migrantes (Gil, 2000).

Esta condición es creada por medio de distintos mecanismos, como por ejemplo, las obstaculizaciones para alcanzar la regularización, la residencia o los permisos de trabajo, o por medio de otras sanciones. Por ejemplo, la ley costarricenses establece en su artículo 33 que “toda estancia irregular en territorio costarricense hará que las personas extranjeras deban cancelar una multa migratoria equivalente a cien dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$100,00), por cada mes de estancia irregular en el país o, en su defecto, se les

prohibirá el ingreso por un plazo equivalente al triple del tiempo de su permanencia irregular”¹⁷. De esta manera, las dificultades impuestas por la ley actual costarricense promueven la ilegalidad, y la ulterior inseguridad jurídica y desintegración social, haciendo inaccesible el goce efectivo de los derechos humanos.

Tal como señala Bacon, la categoría de “ilegal” es heredada y desarrollada desde la esclavitud cuando se buscaba diferenciar entre los esclavos y las personas libres, entre aquellos con más y menos derechos. Al igual que el sistema económico actual, el móvil del comercio de esclavos era abastecerse de mano de obra, y el desplazamiento y la desigualdad estaban tan profundamente enraizados como en la economía de libre mercado (2012: 15).

Bacon señala que el objetivo de las políticas migratorias no es detener a las personas ni tampoco tienen la intención de hacerlo. “Su principal función es determinar el estatus de las personas una vez que se encuentran adentro. Una política migratoria basada en suministrar mano de obra produce dos efectos: el desplazamiento se convierte en una herramienta no declarada para producir trabajadores mientras la desigualdad se vuelve una política oficial” (2012: 15). Y ese estatus se refiere al de “ilegal”, el cual no refiere a un acto ilegal sino a una categoría social.

La condición de “ilegal” subsume a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad tal que ni siquiera se consideran sujetos de derecho. Según la encuesta realizada a 300 trabajadores migrantes en Costa Rica, en el marco del estudio realizado por OIM, OIT y el MTSS, no es común que los migrante presenten denuncias o reclamos contra sus empleadores u otra entidad, debido al temor de represalias y la posible expulsión del país. éstos afirmaron que al no contar con el permiso laboral, no se consideran “en posición” para presentar las denuncias correspondientes (2011: 102). Esto demuestra que la condición de irregularidad migratoria funciona como un mecanismo disciplinador de la mano de obra, en la medida que la mantiene dócil por medio del miedo y el control.

Tal como señala este estudio, la condición de “ilegal” inhibe a estas personas a presentar reclamos sobre el incumplimiento de sus derechos laborales, ya que existe la impresión de que, al no contar con el permiso migratorio o laboral ni contrato de trabajo, no se está en condición de demandarlos. En otras palabras, estas personas creen que su condición migratoria les resta legitimidad como sujetos de derecho, por lo que las acciones tomadas por ellas ante los incumplimientos en los que incurren los empleadores son escasas.

Por otra parte, la desigualdad creada por la ilegalidad es además muy lucrativa, en cuanto crea un sistema poco costoso de mano de obra. Sin duda alguna, una de las situaciones que explican el bajo costo de la fuerza de trabajo migrante es su condición migratoria en el país de destino. Las empresas se valen de la condición migratoria irregular del trabajador migrante para contratarlo con salarios por debajo de los mínimos establecidos por ley, sin contrato laboral escrito y sin seguro social.

Los migrantes ingresan irregularmente a los países, por su cuenta o por medio de “contratistas”¹⁸, para emplearse casi bajo cualquier condición, situación que beneficia enormemente a los empleadores. Estos trabajadores cambiantes y recién llegados establecen los salarios y condiciones de trabajo al nivel más bajo, manteniendo el bajo costo del trabajo y las altas ganancias para los empresarios, tanto del sector agropecuario como del sector construcción.

Ciertamente, la condición de indocumentación o irregularidad migratoria coloca a las personas migrantes en situaciones que, en algunos casos, pueden ser consideradas riesgosas, tanto en su ingreso y salida del país de destino como en su permanencia. Tal como señalara el Estado de la Región, “[e]l endurecimiento de los controles migratorios…genera un escenario de mayor vulnerabilidad que, en no pocas ocasiones, resulta en graves riesgos para la integridad física y patrimonial de los migrantes” (Programa Estado de la Nación, 2008: 249).

Sin embargo, estas situaciones de mayor vulnerabilidad a las que se ven sometidos los trabajadores migrante son las que explican su mayor rentabilidad económica. Los empleadores se aprovechan de esta vulnerabilidad para negar a los trabajadores en situación migratoria irregular el salario mínimo o el pago de horas extras, o los despiden cuando protestan o se organizan para defender sus intereses y necesidades. Ciertamente, “[l]a vulnerabilidad hace más difícil a las personas defender sus derechos, organizar sindicatos e incrementar los salarios. Eso mantiene bajo el precio de la mano de obra migrante” (Bacon, 2012: 28).

El análisis sugiere entonces que el objetivo principal de las políticas migratorias no es “contener” los flujos de personas, ni tampoco detener la migración “ilegal”. La verdadera intención de la política es regular el flujo de personas determinando su estado migratorio en el país de destino, con base en el interés de los empleadores que ponen a trabajar esa mano de obra (Bacon, 2012: 3). Para Bacon, el principio fundamental de este sistema de empleo es que la política migratoria y el reforzamiento de las leyes deben dirigir o canalizar a los migrantes hacia las industrias cuando su trabajo es requerido y sacarlos cuando no lo es (2012: 16). Y para sacarlo cuando no es requerido es necesario el reforzamiento del control. Por eso la “seguridad” se ha convertido en un elemento constante en las restricciones y lineamientos regionales en materia de migración, especialmente en la última década, donde se ha llegado a considerar la migración como un asunto de seguridad que requiere de medidas restrictivas para frenar el flujo migratorio (Usallán y Zabre, 2009: 40-41). En este sentido, puede decirse que el costo de la mano de obra es inversamente proporcional a la cantidad y efectividad de las medidas que restringen el ingreso de inmigrantes, es decir, que “a mayor irregularidad, mayor rentabilidad (Rocha, 2006: 39).

Por otra parte, las políticas migratorias no solo no reconocen las violaciones de derechos humanos de las personas antes de migrar o durante su estancia en el país de destino, sino que también propician dichas violaciones, al crear la diferencia y la desigualdad por medio de sus estrategias discursivas y sus mecanismos jurídicos. En este sentido, la “ilegalidad” se convierte en un factor de inseguridad jurídica que induce a la discriminación, ya que esa es su lógica jurídica. Las políticas migratorias buscan diferenciar entre aquellos con más o menos derechos por medio de sus categorías y estatus migratorios, partiendo de la distinción entre los que no cuentan con estatus legal, y por tanto, sin derechos. Las políticas migratorias parten de la premisa de que los migrantes no tendrán los mismos derechos que las personas que viven en las comunidades con las que coexisten. Por esta razón podríamos decir que las políticas migratorias en la región contribuyen con la aparición de nuevas formas de exclusión, basadas en la negación de derechos. La negación de un estatus jurídico en igualdad de condiciones supone en la práctica la exclusión de oportunidades de una vida socialmente digna, debido a la falta de acceso al trabajo digno, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la vida comunitaria, a la unificación familiar, entre otros aspectos.

En suma, las políticas crean la desigualdad por medio de la “ilegalidad” y la restricción de derechos, perpetuando y legitimando a su vez cultural e ideológicamente el estado de exclusión que se impone sobre las personas migrantes. Los migrantes son excluidos tanto en las sociedades de origen como en las de destino, sin embargo, esa exclusión es funcional al nuevo modelo económico. De ahí la importancia de las políticas migratorias para asegurar las condiciones de exclusión de estas personas por medio del establecimiento de la desigualdad jurídica y social. Las personas migrantes quedan excluidas por su “condición jurídica irregular”, que no es más que una discapacidad legal para reclamar derechos, los cuales, aunque existan formalmente, no se aplican (Morales y otros, 2011: 136; Morales, 2008).

En resumen, los trabajadores migrantes empleados clandestinamente son funcionales en la medida que sean subvalorados y menospreciados, económica, jurídica y simbólicamente. En este sentido, la falta de protección jurídica y la creación de la discriminación por medio de las políticas migratorias, son mecanismos que responden a las necesidades del mercado de trabajo y a los nuevos ejes de acumulación.

Conclusiones

Las políticas migratorias en Centroamérica se insertan en un contexto mundial que se orienta cada vez más a la “seguridad”. Asimismo, esta tendencia hay que ubicarla como parte de un sistema económico global que necesita el aseguramiento de la vulnerabilidad de las personas migrantes por medio del miedo y el control, para lo cual las políticas migratorias son instrumentos más que funcionales.

La reaparición del discurso defensivo que parte de la visión de la inmigración en términos de amenaza externa que prioriza las tareas de policía y control, va de la mano con una visión de la inmigración que De Lucas describe como instrumental, sectorial, reductiva y unilateral, que busca la adecuación de ésta al mercado laboral, en el marco de un modelo económico que contempla la inmigración en clave laboral y por consiguiente como un instrumento al servicio del mercado global (desregulado) (De Lucas, 2004: 10-11).

En este contexto, las políticas migratorias y la gestión internacional de la inmigración se convierten en herramientas de expansión del mercado global y en componentes funcionales de la profundización del capitalismo, al garantizar contingentes de mano de obra en condiciones de clandestinidad y marginalidad, y al optimizar la función de los flujos migratorios en el mercado global por medio de la selectividad. En palabras de De Lucas:

“[s]e trata...de una política instrumental y defensiva, de policía de fronteras y adecuación coyuntural a las necesidades del mercado de trabajo (incluida la economía sumergida), que se encamina a gestionarla en términos que aseguren su contribución al crecimiento, al beneficio, a nuestro beneficio” (El subrayado es del original. De Lucas, 2004: 12).

Ciertamente, la política migratoria se convierte en un mecanismo económico para asegurar y suministrar la mano de obra en condiciones de vulnerabilidad y extrema explotación, lo cual se traduce en trabajo más barato y menos derechos. De ahí la necesidad de leyes represivas, punitivas y criminalizadoras, que por medio de multas, detenciones y deportaciones, creen un sistema de miedo e inseguridad que impidan la organización y abaraten la fuerza de trabajo, asegurando un sistema de suministro de mano de obra a bajo costo y con derechos disminuidos. En otras palabras, la combinación de un mayor reforzamiento de la ley, con el esquema de suministro de mano de obra barata en que se han convertido las políticas migratorias, no solo no es incompatible sino que es complementario y profundamente necesario para el modelo económico actual.

La expulsión de millones de centroamericanos que migran para sobrevivir ha supuesto la creación de una fuerza de trabajo vulnerable, y ese estatus de vulnerabilidad necesita ser asegurado y perpetuado por medio de instrumentos como las políticas migratorias. éstas y el modelo de libre comercio están profundamente integrados y enlazados, ya que las políticas migratorias constituyen el instrumento del nuevo sistema de acumulación que regula la migración producida por el nuevo modelo económico, coinvirtiendo a las personas desplazadas en fuerza de trabajo desarraigada, móvil y mal pagada para los sectores productivos beneficiados por el libre comercio.

En suma, a la criminalización de los migrantes subyace un propósito económico e intencionado que es producir la ilegalidad, la cual crea un sistema de trabajo barato para los empleadores, quienes se abastecen de trabajadores al precio que deseen pagar. El no contar con estatus legal incrementa la vulnerabilidad para forzar a los trabajadores a abaratar su fuerza de trabajo, favoreciendo mejores condiciones de explotación. Ciertamente, “[l]a falta de protección jurídica para los trabajadores migrantes subraya su atractivo como instrumento para mantener la competitividad” (Taran y Geronimi, 2003: 1).

En repetidas ocasiones se habla de que en Centroamérica las leyes migratorias están, en términos generales rezagadas con respecto a las disposiciones constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, mientras la lógica económica sea en el fondo la que atraviese la política migratoria y mientras ésta funcione de acuerdo a los intereses del nuevo modelo económico, no será posible alcanzar la igualdad de acceso a derechos de las personas migrantes, ya que la causa de su exclusión en el país de destino, son también las causas que los obligaron a migrar y que fuerzan a otros trabajadores nacionales o de otros lugares a emigrar o a trabajar en la informalidad. Se trata de un sistema económico que institucionaliza la desigualdad —por medio de instrumentos como las políticas migratorias—, y la desigualdad produce ganancias. Y esto supone la exclusión y explotación de sectores enteros de población del sistema económico de mercado libre que rige el mundo, a quienes se les viola no solo su derecho a no migrar sino también su libertad, ya que su decisión de migración no es libre sino que obedece a la imposición de la necesidad de salir de sus países de origen para subsistir.

Así, mientras los Estados crean la seguridad jurídica para el capital, producen desigualdad e inseguridad jurídica y social para los migrantes, por medio de las políticas migratorias. Estas políticas crean una sociedad de dos niveles, donde a millones de personas se les niegan los derechos fundamentales y las ventajas sociales, condenándolas a un estatus de segunda clase. Pero es precisamente la creación de estatus proclive a la sobreexplotación lo que explica su funcionalidad económica, ya que se convierte en un mecanismo para proveer mano de obra barata al nuevo modelo de acumulación.

Cambiar la presentación de la migración de un problema a un asunto de derechos, supone discutir el modelo económico que los estados centroamericanos han suscrito. Por una parte, la migración —tanto económica como forzada— es parte integral de los procesos de integración económica global y regional. Estos procesos han creado vastos desequilibrios con respecto a las condiciones económi-

cas, el bienestar social y los derechos humanos. La migración es una expresión del desarrollo desigual, entendiendo por esto, el conjunto de oportunidades y posibilidades que se crean y distribuyen de forma asimétrica en los países de origen y que por lo tanto, no son accesibles para todos en forma equitativa. Por eso las restricciones fronterizas, por más draconianas que sean, nada harán para eliminar flujos migratorios no deseados en la medida en que persistan estas disparidades fundamentales (Castles, 2003: 26).

Estas políticas económicas que empujan a la gente al desplazamiento y al desarraigo son las que los países de la región han implementado en las últimas décadas. Por ejemplo, si bien se trata de factores de índole mundial y de las dinámicas del capital transnacional, el dinamismo económico costarricense se ha valido de las condiciones de extrema miseria que han provocado dichos factores en Nicaragua. En otras palabras, la dinámica económica en Costa Rica se ha construido en base a los “desplazados del hambre” (Alvarenga, 2004: 120) nicaragüenses.

El sistema económico costarricense se vale de la miseria nicaragüense para su crecimiento, en la medida que utiliza y sobreexplota a los trabajadores provenientes de ese país. En otras palabras, Costa Rica necesita y se aprovecha del sistema económico que produce la migración a nivel regional, migración que ha surgido a partir del establecimiento de desequilibrios y disparidades regionales. En este contexto, Nicaragua funciona como un ejército de reserva de mano de obra para la economía costarricense y centroamericana. De no ser por la mano de obra nicaragüense no hubiera sido posible la instalación y profundización del nuevo modelo económico en Centroamérica. Podemos decir que la funcionalidad de la migración nicaragüense es una representación a pequeña escala de la funcionalidad económica de la fuerza de trabajo migrante a nivel global.

Como hemos visto, la migración es un sistema de abastecimiento de trabajo producido por el nuevo modelo económico, y la política migratoria determina las reglas bajo las cuales ese trabajo es puesto a disposición, en la medida que dirige el flujo migratorio hacia donde es necesario. Y las políticas migratorias logran este propósito determinando el estatus de las personas migrantes que se encuentran en el país de destino, creando una distinción en relación con las personas de las comunidades en donde viven, ya que no cuentan con derechos ni estatuto legal. Por esta razón, el propósito económico de la política migratoria es asegurar una mayor vulnerabilidad de las personas migrantes, lo cual garantiza trabajo más barato y menos derechos, así como mayores ganancias para los empleadores. Para esto se necesita de una severa legislación y de su rigurosa ejecución, así como de mano dura en la aplicación de las políticas migratorias que criminalizan la migración.

En este proceso de aprovechamiento de la migración por medio de su criminalización, los Estados violan los derechos humanos de las personas migrantes, en la medida que las políticas migratorias se han convertido en un monumental obstáculo para acceder a la igualdad en el acceso a los derechos. Y al crear e institucionalizar de manera premeditada e intencional la desigualdad, legalizan la sobreexplotación de los migrantes y aseguran su desintegración social e inseguridad jurídica.

Los Estados centroamericanos han legalizado la apertura total a los capitales extranjeros y los han tratado como si fuesen nacionales. Ojalá llegue el día en que, como contrapartida, los Estados traten a los migrantes en las mismas en iguales condiciones que los nacionales, otorgándoles a los migrantes la misma libertad, derechos e igualdad de estatus que cualquier otra persona, así como la seguridad jurídica que le garantiza al capital, el cual sí es libre de ir a donde pueda para obtener las más altas ganancias. Para finalizar retomaremos las palabras de Edvan Córdoba (2013):

“es importante recordar que la razón de ser del Estado pasa por generar políticas públicas de reconocimiento e inclusión que permitan alcanzar a todas las personas más allá de cualquier condición identitaria, una vida plena; en tanto no sea así, nuestra democracia no pasa de ser una ficción autoritaria y nuestro Estado un(sic) cómplice del terror que sufren cotidianamente miles de cuerpos situados como parias”.

Bibliografía

Alvarenga, Patricia 2004 “Aportes de los inmigrantes a la sociedad costarricense”, en: Jiménez, Alexander (comp.). Sociedades hospitalarias. Costa Rica y la acogida de inmigrantes (San José: Ediciones Perro Azul).

Bacon, David 2012 Desplazados, desiguales y criminalizados, Fundación Rosa Luxemburgo [en línea]. Disponible en: http://rosalux.org.mx/docs/ Art_DavidBacon.pdf

Baumeister, Eduardo; Fernández Edgar y Acuña, Guillermo 2008 Estudio sobre las migraciones regionales de los nicaragüenses, Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (Ciudad de Guatemala: Editorial de Ciencias Sociales).

BID 2007a “Remesas en Centroamérica”, Presentación 6 de noviembre, Miami, Florida. Banco Interamericano de Desarrollo [en línea]. Disponible en: http://www.remesasydesarrollo.org/uploads/media/remesas_ centroamerica.pdf

BID 2007b “BID: Centroamérica recibirá US$12.100 millones en remesas en 2007”, Banco Interamericano de Desarrollo, 06.11.07 [en línea]. Disponible en: http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2007-11-06/ remesas-a-america-central-llegaran-a-mas-de-us12000-millones-en-el-2007-segun-fondo-del-bid,4125.html

Blázquez, Macià 2010 “‘Lucrarse con el indio’. Acumulación por desposesión del capital balear en Centroamérica y el Caribe”, en: Revista Pueblos, N° 41, 28.03.10 [en línea]. Disponible en: http://www.revistapueblos.org/old/ spip.php?article1840

Blázquez, Macià; Cañada, Ernest y Gascón, Jordi 2012 “La transnacionalización del capital hotelero balear y de las resistencias ciudadanas”, en: Buades, Joan; Cañada, Ernest y Gascon, Jordi. El turismo en el inicio del milenio. Una lectura crítica a tres voces (Madrid: Foro de Turismo Responsable).

Borge, Dalia 2006 “Migración y políticas públicas: elementos a considerar para la administración de las migraciones entre Nicaragua y Costa Rica”, en: Revista Población y Salud en Mesoamérica, vol. 3, N° 2, art. 4 (San José: CCP) [en línea]. Disponible en: http://ccp.ucr.ac.cr/revista/ volumenes/3/3-2/3-2-4/index.htm

Buades, Joan 2012 “Copenhague y después: El turismo y la justicia climática global”, en: Buades, Joan; Cañada, Ernest y Gascon, Jordi. El turismo en el inicio del milenio. Una lectura crítica a tres voces (Madrid: Foro de Turismo Responsable).

Canales, Alejandro 2011 “Las profundas contribuciones de la migración latinoamericana a los Estados Unidos”, Capítulo IV, en: Martínez, Jorge (ed.). Migración internacional en América Latina y el Caribe, (Santiago de Chile: CEPAL).

Cañada, Ernest 2010 Turismo en Centroamérica, nuevo escenario de conflicto social, Alba Sud.

_______ 2011 “Migraciones en Centroamérica, en el centro de un cambio estructural”, en: Opiniones en Desarrollo, art. 1, octubre, Alba Sud.

Castillo, Manuel Ángel 2003 “Los desafíos de la emigración centroamericana en el siglo XXI », en: Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM , N° 7 [en línea]. Disponible en: http://alhim.revues.org/ index369.html

Castles, Stephen 2003 “La política internacional de la migración forzada”, en: Migración y Desarrollo,N°1, octubre [en línea]. Disponible en: http:// rimd.reduaz.mx/revista/rev1/StephenCastles.pdf

CEPAL 2008 Evolución de la industria manufacturera de exportación en Centroamérica, México y República Dominicana. 2000-2006 [en línea]. Disponible en: http://www.eclac.org

_______ 2011 Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2011 (Santiago: Naciones Unidas).

_______ 2012 Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2012 (Santiago: Naciones Unidas).

Córdoba, Edvan 2013 “Parias sexuales: la exclusión social de personas transgénero”, La Nación. 20.05.13 [en línea]. Disponible en: http://www.nacion.com/ foros/Parias-sexuales-exclusion-personas-transgenero_0_1342665774. html

De Lucas, Javier 2004 “Globalización, migraciones y derechos humanos: la inmigración como res política”, en: Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, N° 10 (Valencia: Universidad de Valencia) [en línea].Disponible en: http://www.uv.es/CEFD/10/delucas.pdf

DGME 2011 Migración e integración en Costa Rica: Informe Nacional 2011 (San José: Dirección Nacional de Migración y Extranjería, ACNUR, UNFPA).

_______ 2012 Migración e integración en Costa Rica: Informe Nacional 2012. (San José: Dirección Nacional de Migración y Extranjería, ACNUR, UNFPA, UNICEF).

FLACSO 2012a “Los derechos laborales no tienen fronteras”, Boletín 1, abril [en línea]. Disponible en: http://www.flacso.or.cr/images/documentos/dl_boletin1. pdf

_______ 2012b “Los derechos laborales no tienen fronteras”, Boletín 1, junio [en línea]. Disponible en: http://www.flacso.or.cr/images/documentos/ dl_boletin2.pdf

Fonseca, Karina 2007 Reformas a la Ley Migratoria: lo bueno, lo malo, lo feo”, en: Envío, N° 303 [en línea]. Disponible en: http://www.envio.org.ni/ articulo/3569

Gatica, Gustavo 2011 “Estudio migratorio de Costa Rica”, en: INCEDES-Sin Fronteras. Estudio comparativo de la legislación migratoria en la región: México, Centroamérica y República Dominicana. Informe Regional (México: Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo).

Gil Araujo, Sandra 2000 “Inversiones móviles e inmigrantes ilegales”, en: Radio Nederland Internacional, 20.10.2000 [en línea]. Disponible en: http:// www.rnw.nl/espanol

Gómez, Ileana 2008 “Turismo y gestión territorial en Centroamérica. Claros y oscuros de un proceso acelerado”, en: Aportes para el diálogo (San Salvador: PRISMA).

Harvey, David 2004 “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”, en: Socialist Register 2004: El nuevo desafío imperial [en línea]. Disponible en: socialistregister.com/index.php/srv/article/view/14997#.UltmPdJg-uI

Hidalgo, L. Antonio 2003 Costa Rica en evolución. Política económica, desarrollo y cambio estructural del sistema socioeconómico costarricense (1980-2002) (San José: UCR).

ICEFI 2008 “Los nuevos desafíos de Centroamérica frente a la recesión de Estados Unidos”, Boletín de Estudios Fiscales, N° 9 (Ciudad de Guatemala: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales).

INCEDES y Sin Fronteras 2011 Estudio comparativo de la legislación migratoria en la región: México, Centroamérica y República Dominicana. Informe Regional (México: Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, Sin Fronteras IAP).

Morales, Abelardo 2005 “Migraciones y territorios pobres en la globalización: nuevas territorialidades de la exclusión social en América Central” (San

José: FLACSO) [en línea]. Disponible en: http://ccp.ucr.ac.cr/noticias/ migraif/pdf/morales.pdf

_______ 2007 La diáspora de la posguerra. Regionalismo de los migrantes y dinámicas territoriales en América Central (San José: FLACSO).

_______ 2008 “Centroamérica: los territorios de la migración y la exclusión en el nuevo siglo”, en: Foreign Affairs, abril-junio [en línea]. Disponible en: http://www.revistafal.com/2008-2/centroamerica-los-territorios-de-la-migracion-y-la-exclusion-en-el-nuevo-siglo.html

_______ (ed.) 2011 Migración de relevo, territorios locales e integración regional en Centroamérica (San José: FLACSO).

_______ 2012 “Cruzando las fronteras del riesgo: el sistema de de las migraciones laborales internacionales en Centroamérica”, en: Álvarez, Isabel (comp.). Mirando al Norte: algunas tendencias de la migración latinoamericana (San José: FLACSO).

Morales, Abelardo y Castro, Carlos 2006 Migración, empleo y pobreza (San José: FLACSO).

Morales, Abelardo; Kandel, Susan; Ortiz, Xenia; Díaz, óscar y Acuña, Guillermo 2011 Trabajadores migrantes y megaproyectos en América Central (San Salvador: PNUD, UCA).

Naïr, Samir 2006 Y vendrán las migraciones en tiempos hostiles (Barcelona: Planeta).

OIM, OIT, SICA, Red de Observatorios del Mercado 2011 Flujos migratorios laborales intrarregionales: situación actual, retos y oportunidades en Centroamérica y República Dominicana. Informe regional. OIM, OIT, MTSS, CECC-SICA, OCLAD, Red de Observatorios del Mercado Laboral (San José: AECID).

OIM, OIT, MTSS 2011 Flujos migratorios laborales intrarregionales: situación actual, retos y oportunidades en Centroamérica y República Dominicana. Informe de Costa Rica, OIM, OIT, CECC-SICA, MTSS (San José: Red de Observatorios del Mercado Laboral).

PNUD 2005 “Capítulo 1. Dinámica de las migraciones internacionales salvadoreñas. El Salvador una mirada hacia el nuevo nosotros: el impacto de las migraciones”, en: Informe Desarrollo Humano (San Salvador: PNUD).

PRISMA-FLACSO 2008 “Cohesión Regional y Movilidad Humana Intrarregional: Los nuevos órdenes de la territorialidad social en Centroamérica”, Presentación 29 de julio (San Salvador: PRISMA) [en línea]. Disponible en: www.enmeso.org/doctos/TallerMigOverview2008.ppt.

PROCOMER 2008a Análisis de estadísticas de exportación, Costa Rica 2007 (San José: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica).

Programa Estado de la Nación 2008 Tercer Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible (San José: Programa Estado de la Nación).

_______ 2011 Cuarto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible (San José: Programa Estado de la Nación).

_______ 2013 Estadísticas de Centroamérica. Indicadores sobre desarrollo humano sostenible (San José: Programa Estado de la Nación).

Reuben, Sergio 2004 “La sociedad civil, el bienestar social y las transformaciones del Estado en Costa Rica”, en: Revista Reflexiones, vol. 83, N° 1 (San José: UCR).

Robles, Francisco 2010 “Nuevos espacios de acumulación: modelo de ajuste estructural en El Salvador y Costa Rica (1980-1999)”, en: Revista de Ciencias Sociales, N° 128-129 (San José: UCR).

_______ 2011 “Los de entonces ya no son los mismos. Acumulación por desposesión en la última década en El Salvador y Costa Rica”, en: Anuario de Estudios Centroamericanos, N° 37 (San José: UCR).

Rocha, José Luis 2006 Una región desgarrada. Dinámicas migratorias en Centroamérica, Serie Estudios sobre la diáspora centroamericana, vol.1 (San José: Servicio Jesuita para Migrantes Centroamérica).

_______ 2008 Centroamericanos redefiniendo las fronteras, Envío (Managua: UCA). Rosa, Herman 2008 Perfiles y trayectorias del cambio económico en Centroamérica.Una mirada desde las fuentes generadoras de divisas (San Salvador: PRISMA, San Salvador).

Sandoval, Carlos 2002 Otros amenazantes. Los nicaragüenses en el imaginario colectivo costarricense (San José: Editorial UCR).

Sassen, Saskia 2007 Los espectros de la globalización (Buenos Aires: FCE).

Segovia, Alexander 2004 “Centroamérica después del café: el fin del modelo agro exportador tradicional y el surgimiento de un nuevo modelo”, en: Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, N° 2, vol. I, diciembre (San José: FLACSO).

_______ 2005 Integración real y grupos de poder económico en América Central: implicaciones para el desarrollo y la democracia de la región (San José: Fundación Friedrich Ebert).

Taran, Patrick A. y Geronimi, Eduardo 2003 “Globalización y migraciones laborales: importancia de la protección”, en: Perspectivas sobre Migraciones Laborales (Ginebra: OIT).

Usallán, Liván y Ginna A. Zabre 2009 “Política pública migratoria de Costa Rica” [en línea], Observatorio de Políticas Públicas para América Latina de la Universidad de Deusto (OPPAL), junio [en línea]. Disponible en: http:// www.oppal.deusto.es/

Voorend, Koen y Robles, Francisco 2012 “Los dueños de la palabra en Costa Rica en un contexto de reforma neoliberal”, en: Revista Rupturas, vol. 1, N° 2, ene-jun (San José, UNED).

 El presente trabajo es resultado del Concurso “Migraciones, movilidad humana y pobreza en América Latina y el Caribe”, realizado por CLACSO en el año 2013.

1 En Costa Rica se ha reducido tanto el ritmo de crecimiento de la producción de granos básicos como su participación en el territorio cultivado del país. La pronunciada disminución del área sembrada de granos básicos está asociada a la disminución de la producción, y este desabastecimiento ha provocado un aumento significativo de las importaciones para atender la demanda interna. Por ejemplo, las importaciones de maíz y frijoles están dentro de los principales veinticinco productos importados en el país según su valor, y ocuparon respectivamente, el décimo y el décimo octavo lugar para el 2007 (Procomer, 2008: 241). Esto demuestra el impacto de la apertura comercial en la producción nacional, ya que las importaciones han desplazado buena parte de la producción local. En cualquier caso, resulta evidente que la expansión relativa de la producción no tradicional de exportación se ha realizado a costa de la contracción de la producción de granos básicos, con las subsecuentes consecuencias sobre la seguridad y la soberanía alimentarias.

2 Para comprender la dimensión del aumento de los ingresos por divisas basta con comparar dos puntos en el tiempo. Entre 1990 y 2006 las remesas pasaron de 119 a 3626 millones de dólares. En El Salvador pasaron de de 366 a 3329 millones de dólares. En Honduras de 63 a 2367 millones de dólares. En Costa Rica las remesas presentan un dinamismo menor, aunque han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, ya que pasaron de 12 a 513 millones de dólares, entre 1990 y 2006. En Nicaragua pasaron de 320 a 655 millones de dólares entre 2000 y 2006 (Programa Estado de la Nación, 2008).

3 En 2007 Guatemala concentró el 33% de las remesas regionales, seguido de El Salvador con 29%. Le sigue Honduras con 22%, Nicaragua con 8%, y Costa Rica con 5% (y Panamá con 3%) (BID, 2007a).

4 El peso de las remesas en el ingreso de los hogares es mayor en El Salvador y Honduras (cerca del 37%) que en el resto del área. Sin embargo, es en Guatemala donde más contribuyen a aliviar la pobreza. En ausencia de remesas, los hogares pobres de este país aumentarían en 6,1 puntos porcentuales (Programa Estado de la Nación, 2008: 249).

5 Para el 2006, la asistencia oficial al desarrollo fue de 733 millones de dólares en Nicaragua, 587 en Honduras, 487 en Guatemala, 157 en El Salvador y 24 en Costa Rica (Rosa, 2008: 113, 102).

6 En el 2005, solamente el Banco Salvadoreño realizó alrededor de un millón de transferencias, por un total de 256 millones de dólares. Este banco es el segundo más grande de ese país y tiene presencia en Estados Unidos a través del Banco Sal y opera como pagador de Western Union y Bancomer Transfer Services. Por su parte Bamer, en Honduras, en 2007 realizó cerca de 70.000 transacciones mensuales y alcanzó una participación del 10% en el mercado (Programa Estado de la Nación, 2008: 266).

7 La región centroamericana es una de las regiones con el mayor porcentaje de emigrantes relativos a su población total. Sobresalen El Salvador, con 22% de su población en el exterior, Nicaragua con cerca del 13% y Honduras con 12%. En cuanto a los flujos intrarregionales, estos concentran casi el 20% de las personas migrantes: más de medio millón de individuos en toda la región (FLACSO, 2012a: 3).

8 En números absolutos, Costa Rica es el principal receptor de migraciones intrarregionales, en especial provenientes de Nicaragua. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población extranjera en Costa Rica creció de 140.103 personas en 1990 a 296.727 en el 2000, y a 374.094 en el 2010. Lo anterior representa un crecimiento total de 52,8% entre 1990 y 2000, y de 20,7% entre 2000 y 2010, frente a un crecimiento del 16,50% de la población costarricense en la última década. Se calcula entonces que los residentes nacidos en el extranjero representan entre 7,8% al 10,5% de la población total. Nicaragua ha sido históricamente para Costa Rica, el país causante del origen migratorio de tres cuartas partes de los migrantes. Sin embargo, si bien los migrantes nicaragüenses han dominado los flujos migratorios, a partir de mediados de la década pasada se observa una disminución en el ritmo de crecimiento en el país (DGME, 2011: 11, 15). Según datos censales, en 2010 la población residente en el país nacida en el exterior constituyó el 8% y en 2011 el 9%, siendo la población nicaragüense la mayoritaria, con 75% (DGME, 2012: 17).

9 Si bien El Salvador se ha caracterizado por ser un país de origen de migración, en especial hacia Estados Unidos. —según el PNUD, se estima que existen más de 9 millones de salvadoreños en todo el mundo (2005: 19)—, recientemente el país también se ha convertido en receptor de población migrante, especialmente de Nicaragua y Honduras, la cual está llegando en cantidades crecientes para aprovechar algunos nichos laborales que han generado las mismas migraciones y quizás también para utilizar al país como puente para una futura emigración hacia los Estados Unidos (PNUD, 2005: 13).

10 Para el 2008, la tasa bruta de natalidad en Costa Rica había disminuido a 1,9 hijos por mujer. Sobre este particular, el INEC predice que en los próximos cinco años esta tasa tenderá a disminuir aún más, hasta llegar a un nivel (1,7%), punto que estará debajo de la tasa de reemplazo necesaria para el país, la cual ronda el 2,1%. Considerando que para el 2000, los flujos de mujeres inmigrantes sobrepasaban las de los hombres (50,1%), y que se estima que entre 2003 y 2008 un total de 15.328 mujeres inmigrantes entraron al país, es decir, un aumento de 10,1%, es importante el aporte de las mujeres migrantes, especialmente nicaragüenses, a la tasa de reemplazo nacional. Para el año 2010, el INEC señala un total de nacimientos en Costa Rica de 70.922 infantes, de los cuales el 19,60% nació de madre extranjera. De este porcentaje, el 17% equivale a madres nicaragüenses, lo cual en números absolutos representó 12.092 partos (DGME, 2011: 15, 16).

11 Entre 2003 y 2008 los migrantes constituyeron el 18,20% del total de la fuerza laboral del sector construcción, y llegó a representar casi el 20% en el año 2007. El segundo campo laboral más significativo de participación es el área de restaurantes y hoteles, constituyendo para ese período el 15% del total de la fuerza laboral en el sector, llegando a representar el 17,08% (principalmente mujeres), lo cual se explica por la expansión de la actividad turística (al igual que el sector construcción), la cual genera una gran demanda de empleo femenino no calificado. El tercer sector productivo en importancia de participación de extranjeros es el área de la agricultura, caza y silvicultura, constituyendo para ese mismo periodo el 12,26% del total de la fuerza productiva, y obteniendo su punto más alto de ocupación en el año 2008 (14,22%) (DGME, 2011: 27, 25). El crecimiento de este sector se explica por la expansión de las actividades agrícolas de exportación, y al igual que el sector construcción, emplea principalmente a hombres nicaragüenses.

12 En otro trabajo de investigación analizamos más a profundidad la política migratoria de Estados Unidos y sus efectos en la región. Véase la Tesis de próxima presentación titulada, “Gestión migratoria y enfoque securitario de las políticas migratorias: el caso de Cotas Rica”, para optar por el grado de Maestría por la Universidad Nacional de Lanús, Argentina.

13 Por ejemplo, en Centroamérica existe un vacío en lo concerniente al debido proceso legal para la expulsión de extranjeros y para la aplicación de cualquier otra sanción a infracciones de las leyes migratorias. En ningún país se ordena la asistencia obligatoria de un abogado en los procedimientos administrativos relativos a la expulsión o deportación de extranjeros en situación regular o irregular (Programa Estado de la Nación, 2008: 276).

14 Aunque la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha promulgado más de 10 convenios y recomendaciones en relación con la protección de los derechos de los trabajadores migrantes, Costa Rica no ha ratificado ninguno (Borge, 2006). Existe una negativa de ratificar instrumentos de protección internacional tales como los Convenios Internacionales de OIT 97 de 1949 (sobre los trabajadores migratorios) o el Convenio 143 de 1975 relativo a las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores migrantes, o las Recomendaciones 86 de 1949 y 151 de 1975. Costa Rica tampoco ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias.

15 Un ejemplo de esta situación se encuentra en la legislación costarricense. La Ley 8487 del 2006 impedía el ingreso a quienes portaran, padecieran o hubieran sido expuestas a enfermedades infecto-contagiosas o transmisibles que pudieran significar un riesgo para la salud pública (art. 54, inc. b). La ley actual (Ley 8764 del 2010) no contempla esta discriminatoria disposición, que niega el ingreso a personas por motivos de salud, pero por motivos de seguridad pública puede negarse el ingreso al territorio a una persona extranjera cuando signifique un riesgo para la salud pública (art. 61). Con base en razones de seguridad y salud públicas, el Poder Ejecutivo también puede imponer restricciones de ingreso a determinada persona o grupo extranjero (art. 56 Ley 8487, art. 63 Ley 8764).

16 El esquema de suministro de mano de obra barata se combina con otras medidas como la creación por parte de la política migratoria de de la categoría de “trabajador temporal” para posibilitar el ingreso “ordenado” y “encauzado” de los trabajadores requeridos —categoría totalmente ajena a la realidad de los trabajadores migrantes—. Igualmente se contemplan programas acotados para facilitar el ingreso o la regularización de trabajadores para suplir la demanda de mano de obra de sectores económicos estratégicos. Al respecto véase el análisis realizado para el caso de Costa Rica en la Tesis de próxima presentación titulada, Factores condicionantes de las políticas migratorias y la vigencia de los derechos humanos de los migrantes en Costa Rica, para optar por el grado de Maestría por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

17 Según el Decreto Ejecutivo 37327 esta disposición empezaría a aplicarse el 23 de abril del 2013, sin embargo, empezará a regir seis meses después, el 23 octubre del 2013 según el Decreto Ejecutivo 37673.

18 Valga resaltar la funcionalidad económica de la figura del contratista para el nuevo sistema de acumulación, la cual representa un sistema de empleo que ha reemplazado el sistema en que los trabajadores eran directamente empleados por los negocios que utilizan su mano de obra, con el desligamiento de responsabilidades que esto supone.

Resumen

Bolivianos em São Paulo: Redes, Territórios e a Produção da Alteridade” é um projeto construído a partir da preocupação com as condições de vida dos bolivianos em São Paulo. O principal objetivo da pesquisa é identificar, analisar e estabelecer relações entre as diferentes formas da presença boliviana na cidade de São Paulo e a produção da alteridade. Baseando-se em reflexões sobre a cidade, metrópole, imigração, trabalho, sociabilidade e interculturalidade, concluiuse que o boliviano ocupa um lugar de vítima aos olhos da sociedade brasileira e é alvo de um racismo renovado que se fundamenta na irredutibilidade das diferenças culturais. Por fim, problematizaramse as implicâncias destas questões para as políticas públicas emergentes.

Abstract

Bolivians in São Paulo: Network, Territories and the Production of Otherness” is a project built from the concern for the living conditions of Bolivians in São Paulo. The main objective of the research is to identify, analyze and establish relationships between the different forms of Bolivian presence in São Paulo and the production of otherness. Based on reflections on the city, metropolis, immigration, work conditions, sociability and interculturality, it was concluded that Bolivians occupy a victim position in Brazilian society’s point of view. In addition, they are subject to a renewed racism which is founded on the irreducibility of cultural differences. Finally, the implications of these issues for the emerging public policies were questioned.

Fabio Martinez Serrano Pucci

Fabio Martinez Serrano Pucci é bacharel em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil.

Fabio Martinez Serrano Pucci has a BA in Social Sciences from the Catholic University of São Paulo, Brazil.

Palabras clave

1| Bolivianos 2| Imigração 3| Alteridade 4| Xenofobia 5| Vitimização 6| Racismo 7| Interculturalidade.

Keywords

1| Bolivians 2| Immigration 3| Otherness 4| Xenophobia 5| Victimization 6| Racism 7| Interculturality.

Cómo citar este artículo [Norma ISO 690]

MARTINEZ SERRANO PUCCI, Fabio Bolivianos em São Paulo: Redes, Territórios e a Produção da Alteridade. Crítica y Emancipación, (13): 367-404, primer semestre de 2015.

Bolivianos em São Paulo

Redes, Territórios e a Produção da Alteridade*

Introdução

“Bolivianos em São Paulo: Redes, Territórios e a Produção da Alteridade” é um projeto construído a partir da preocupação com as condições de vida dos bolivianos em São Paulo. O principal objetivo da pesquisa é identificar, analisar e estabelecer relações entre as diferentes formas da presença boliviana na cidade de São Paulo e a produção da alteridade. Baseando-se em reflexões sobre a cidade, metrópole, imigração, trabalho, sociabilidade e interculturalidade, problematiza-se até que ponto o boliviano ocupa um lugar de vítima aos olhos da sociedade brasileira, em que medida é alvo de um racismo renovado que se fundamenta na irredutibilidade das diferenças culturais e as implicâncias disto para as políticas públicas emergentes.

O tema da imigração boliviana em São Paulo perpassa uma série de assuntos, como as condições de trabalho, a religiosidade, a territorialidade, as redes, a alteridade, o preconceito, o lazer, as trajetórias, a questão de gênero, da segunda geração, entre outros.

A primeira e mais importante obra realizada sobre o tema até hoje é de Sidney Antônio da Silva (SILVA, 1997). O autor aborda aspectos da religiosidade, do trabalho e das estratégias de sobrevivência dos bolivianos. Assim, constitui-se uma referência fundamental a quem estuda a diáspora boliviana em São Paulo. O autor sustenta que os bolivianos em São Paulo sofrem uma série de estigmas por parte dos brasileiros, além de trabalharem em condições bastante precárias.

De um ponto de vista estrutural, a questão do trabalho foi estudada por FREIRE DA SILVA (2008). A hipótese do autor é a de que a subcontratação de trabalhadores –especialmente os imigrantes bolivianos – é condicionada pela reestruturação produtiva da indústria de confecções. Apartir daí, SOUCHAUD (2012) problematiza até que ponto há um nicho étnico no ramo das costuras– em detrimento de um nicho econômico. O autor conclui que não há relações suficientes para se considerar a presença boliviana no ramo um nicho étnico. Entretanto, SILVA (1997), em “Costurando sonhos”, defende a tese de que a presença boliviana neste ramo tem sim uma dimensão nitidamente cultural e étnica.

Sob uma perspectiva dos direitos humanos, AZEVEDO (2005) aborda a questão da contratação dos bolivianos para o “trabalho forçado” por meio do tráfico de pessoas. Por sua vez, FREITAS (2009) estuda a inserção dos imigrantes no setor da costura a partir de suas trajetórias espaciais e da análise dos fluxos migratórios internacionais. Alguns estudos enfocam a relação do boliviano com a cidade em vários aspectos. ROLNIK (2010) trata o tema sob a ótica da demografia, problematizando o processo de deslocamento das oficinas de costura para as regiões periféricas da cidade. SILVA (2003), por sua vez, se aprofunda no tema da religiosidade dos bolivianos. Ele analisa as festas e tradições bolivianas em São Paulo. A partir da leitura desta obra, percebe-se que o catolicismo é um cordão que nos une aos bolivianos, apesar das diferenças culturais existentes entre os povos da América Latina. Já HUAYHUA (2007) aborda o tema da integração e da aculturação da segunda geração de imigrantes latino-americanos em São Paulo. é uma referência relevante para os estudos que refletem sobre o tema da tolerância e do preconceito.

Há também pesquisadores estudando o acesso dos imigrantes aos serviços públicos. MAGALHÃES (2010) reflete sobre em que medida os bolivianos usufruem do seu direito à educação em São Paulo. Em outras palavras: até que ponto a discriminação, a ausência de documentação e o idioma se constituem em barreiras que se interpõe ao pleno usufruto do seu direito universal à educação – garantido pela Constituição Federal brasileira? De uma forma complementar, em relação ao acesso a saúde, há o trabalho de MARTINEZ (2010). O objetivo da autora é, entre outros, investigar possíveis disparidades no acesso a serviços públicos de saúde entre bolivianos e brasileiros. Além disso, averigua até que ponto há algum diferencial na qualidade do atendimento oferecido para os dois grupos.

No que tange especificamente ao tema do preconceito, da xenofobia e da relação de Alteridade entre os brasileiros e os bolivianos em São Paulo, há apenas três trabalhos produzidos: Baeninger & Simai (2012), Pucci (2011) E Vidal (2012).

O trabalho de Vidal (2012) defende que as relações entre brasileiros e bolivianos são fluídas. Que não há um discurso marcadamente racista dos brasileiros entrevistados. Soma-se a isso o fato de que os próprios bolivianos entrevistados não relatam casos de discriminação muito evidentes.

Já o trabalho de Baeninger Simai (2012) complementa muito bem o trabalho de VIDAL, pois contribui para o entendimento do fato de que aparentemente não há racismo no Brasil. Segundo os próprios autores comentam: “este trabalho tem por objetivo oferecer uma exploração de vários exemplos discursivos da negação da existência de racismo, xenofobia e conflitos de ambos os lados.” (Baeninger Simai, 2012: 195).

Os autores concluíram que a repressão e a negação discursiva são utilizadas como uma técnica de autoproteção (Freud, 1950 Apud Baeninger & Simai, 2012: 207), no sentido de recusa a ver a realidade e as próprias experiências vividas. Além disso, constataram que no grupo de brasileiros entrevistados houve um favoritismo intragrupo, enquanto entre os bolivianos entrevistados houve um favoritismo para fora do grupo –ou seja, os bolivianos ressaltavam as qualidades dos brasileiros demasiadamente.

Ainda segundo os autores, um discurso muito utilizado pelos brasileiros para atenuar o racismo é o de que o Brasil é uma terra muito grata aos imigrantes e, portanto, eles não têm motivo para se queixar de nada. Argumenta-se que os brasileiros também sofrem muito no exterior e que, portanto, é natural que os bolivianos também sofram aqui. Por fim, os autores avaliam que tanto os bolivianos quanto os brasileiros –com o objetivo de tolerar as desigualdades existentes entre ambos– dão sustentação ao status quo.

Outra descoberta destes Trabalhos (Vidal, 2012; Pucci, 2011) é a de que os bolivianos são vistos como “coitadinhos” pelos brasileiros, principalmente quando estes se referem àqueles como “escravos”. Isto resulta na vitimização e negação da autonomia dos indivíduos bolivianos. O estigma da escravidão –ao que nos indica tanto a literatura sobre o tema como as entrevistas que realizei– está estreitamente associado à maneira como a mídia lida com esta questão.

Este foi, inclusive, o assunto abordado por Alex Manetta (2012). O autor realiza a tarefa de analisar “os principais vínculos observados entre o discurso da mídia jornalística e a geração/manutenção de estereótipos relacionados aos bolivianos no Brasil” (MANETTA, 2012, p. 257). Ele conclui que há uma relação de causalidade entre o discurso da mídia e os estigmas – do trabalho escravo, da relação com as drogas e da ilegalidade entre os imigrantes bolivianos – que se enraízam no senso comum da população brasileira.

Em minha pesquisa de iniciação científica (Pucci, 2011) problematizei a mesma questão que Vidal (2012), qual seja: como são vistos os bolivianos por seus vizinhos brasileiros? Não obstante, as conclusões a que chegamos foram distintas. Enquanto Vidal destaca às relações fluidas entre os brasileiros e os imigrantes, eu (Pucci, 2011) destaquei a existência de um “racismo sutil”, que só se deixa observar a um olhar mais circunspecto.

Embora todos estes trabalhos tenham os seus méritos e sejam singulares em suas problemáticas e objetivos, permanece uma questão ainda não estudada: qual a relação existente entre esse discurso que não se quer passar por racista e a defesa de políticas conservadoras? Em outras palavras: até que ponto este discurso racista procura se rearticular de modo a se tornar menos evidente, sob uma “nova roupagem” que não desperte a repulsa do seu interlocutor? Até que ponto esta “nova roupagem” é a defesa do direito à diferença?

Até onde pude constatar, não há nenhum trabalho na literatura sobre o assunto das relações de alteridade entre brasileiros e bolivianos que se detenha sob esse aspecto. Um estudo apontou que não há preconceito entre estes grupos, mas antes uma relação harmoniosa (Vidal, 2012). Outro relata que os conflitos continuam existindo, embora eles não se deixem transparecer pelo discurso dos indivíduos envolvidos nestes grupos (Simai & Baeninger, 2012).

Entretanto, ainda não se procurou compreender até que ponto há uma articulação entre a o discurso que defende as diferenças culturais com aquele discurso mais conservador. A um discurso mais conservador me refiro àquele que defende que os imigrantes são os responsáveis pelas mazelas sociais existentes como a violência, o desemprego, a pobreza, a marginalidade e que, portanto, sustentam políticas tais como a expulsão destes grupos, a adoção de políticas de criminalização, à segregação territorial e até mesmo à sua destruição.

O olhar sobre esta problemática é relevante, pois os dados levantados por estas pesquisas (Baeninger & Simai, 2012; Manetta, 2012; Pucci, 2011; Vidal, 2012) indicam que está se produzindo tanto um consenso sobre o estatuto do boliviano enquanto vítima, como uma defesa aferrada de suas diferenças culturais. Além disso, é de extrema relevância que os estudos se detenham sobre a maneira como esta conformidade vem se articulando com as políticas públicas que visam reduzir as desigualdades e/ou produzir o reconhecimento das diferenças culturais. Há, portanto, na literatura sobre a imigração boliviana em São Paulo, uma lacuna no que se refere aos seguintes problemas: até que ponto está se produzindo um entendimento coletivo de que o boliviano é diferente culturalmente – aceito pelos brasileiros, pelos bolivianos, pelo poder público e pelas instituições que lidam com a questão migratória? Quais as consequências de se articular este consenso com políticas públicas? Até que ponto esta unanimidade está associada com um discurso racista e conservador por parte dos brasileiros em relação aos seus vizinhos bolivianos?

Esta problemática, de extrema relevância por si só, torna-se ainda mais sensível devido ao contexto em que se insere. Recentemente, tem avançado bastante o diálogo entre representantes da comunidade boliviana em São Paulo e o poder público municipal em torno do debate sobre o desenho de políticas públicas que se orientam no sentido de reconhecer identidades culturais específicas –no caso a dos imigrantes em São Paulo– e de reduzir as disparidades sociais existentes entre os imigrantes e os nativos. Inclusive, já foi criada uma Coordenação de Políticas para Migrantes que atuará dentro da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Entre as principais demandas dos represen-

tantes da comunidade boliviana está um maior acesso à saúde e educação – incluindo a demanda por melhor atendimento e preparo dos profissionais como os professores e os agentes de saúde. A isto, soma-se a proposta de implantar um Programa de Escolas Multiculturais, bem como de Postos de Atendimento Multicultural em bairros onde a concentração de imigrantes é maior.

Há, portanto, um contexto em que políticas públicas de reconhecimento de identidades culturais e de redução da desigualdade estão em vigor. Como muitos autores alertam (Wieviorka, 2006; Pierucci, 1999; Todorov, 1999), há um perigo no chamado “multiculturalismo”, que é o de incorrer na produção de diferenças sociais que reforcem ainda mais a segregação, a exclusão social, o racismo e até a destruição dos grupos minoritários.

Tendo isso em vista, o objetivo desta pesquisa é identificar, analisar e estabelecer relações entre as diferentes formas da presença boliviana na cidade de São Paulo e a produção da alteridade. Procurar-se-á, nesse conjunto de preocupações, apreender as questões da segregação e suas determinantes, do pertencimento, da identificação e da interculturalidade, da auto-avaliação e do julgamento do “Outro”.

No que tange à metodologia, procurou-se balancear o uso do método quantitativo com o método qualitativo. Primeiro, elaborou-se um plano de pesquisa de campo, com o objetivo de criar grupos de entrevistados, a saber: imigrantes bolivianos, seus vizinhos brasileiros e profissionais de instituições relacionadas aos imigrantes. Então, confeccionaram-se roteiros de entrevista com perguntas abertas para cada tipo de entrevistado, procurando abordar o tema da discriminação e do preconceito.

Por fim, utilizou-se do método estatístico para analisar em que distritos da cidade de São Paulo estão concentrados os imigrantes bolivianos. Selecionaram-se os bairros do Brás e do Pari para a realização das entrevistas, pois neles se encontram os principais pontos de sociabilidade, moradia e trabalho dos bolivianos.

O artigo está estruturado, respectivamente, da seguinte maneira: ferramentas conceituais, mapeamento dos bolivianos em São Paulo, demografia e fluxos migratórios, inserção no mercado de trabalho e rendimento, ocupação do espaço público e principais demandas, alteridades, estigma e vitimização, multiculturalismo e as diversas formas de manifestação do racismo.

Referencial teórico: Imigração, Alteridade e Segregação

O referencial teórico pode ser estruturado entre os seguintes temas: Imigração; Alteridade, Identidade e Interculturalidade; e Segregação, Territorialidade e Redes.

Para estudar a imigração apoia-se na teoria desenvolvida por Abdelmalek Sayad (Sayad, 1998). Nesta obra, o autor estuda a imigração argelina para a França. Segundo este autor: “Um imigrante é essencialmente uma força de trabalho, e uma força de trabalho provisória, temporária, em trânsito.” (Sayad, 1998, p. 54). Ainda para o autor: “Foi o trabalho que fez ‘nascer’ o imigrante, que o fez existir; é ele, quando termina, que faz ‘morrer’ o imigrante, que decreta sua negação ou que o empurra para o não-ser.” (Sayad, 1998: 55). Sayad aprofunda-se na questão do não-pertencimento do imigrante. O retorno constitui-se o seu maior anseio. Ele vive no limbo, entre uma dupla ficção: “a ficção de uma volta que se sabe impossível e a ficção de uma naturalização ambígua.” (Sayad, 1998: 20).

Para tratar a questão da Alteridade, Identidade e Interculturalidade, remete-se ao estudo Os Estabelecidos e os Outsiders (Elias & Scotson, 2000). Os estabelecidos formam um grupo que se vê e é visto como a “boa sociedade”. Ou seja, que reivindica a si serem melhores homens do que os outsiders. Este grupo partilha de uma tradição em comum e possuí muita influência. Já o grupo dos outsiders é formado por pessoas que são estigmatizadas por pertencerem a este grupo. é um grupo que não tem uma memória e uma tradição em comum, o que os torna bastante desintegrados. Eles são considerados pelos estabelecidos como marginais, sujos e principalmente desordeiros.

Ambos os grupos formam identidades sociais distintas e complementares. Os estabelecidos só formam a “boa sociedade” porque os outsiders compram essa ideia e veem a si próprios como humanamente inferiores. Os outsiders sofrem com a estigmatização porque, segundo Elias, tem menos coesão grupal. Ela é uma estratégia usada pelos estabelecidos para manterem o seu domínio. Ao analisar o olhar que os diferentes grupos sociais têm da presença dos imigrantes e deles sobre si mesmos, não perderemos esta figuração de vista.

A imigração coloca para nós a questão da convivência entre diferentes. O “diálogo intercultural” suscita um debate muito complexo, pois envolve muitas particularidades. Procura-se abordar os diversos conceitos da atualidade que lidam com essa questão. Para este trabalho todos estes conceitos são muito importantes, especialmente os de “reconhecimento”, “respeito”, “racismo”, “tolerância”, “identidades culturais”, “multiculturalismo” e “hibridismo”, pois a esta pesquisa aborda como a sociedade receptora vê os imigrantes.

Segundo Stuart Hall (2003), “hibridismo” refere-se a “um processo de tradução cultural, agonístico uma vez que nunca se completa, mas que permanece em sua indecidibilidade.” (Hall, 2003: 74). Para o autor, este processo implica uma revisão por parte da cultura de seus próprios sistemas de referência, normas e valores. Isto quer dizer que este processo é marcado por conflitos internos.

Também se toma como referência a obra de Wieviorka (2006), na qual o autor especifica o mecanismo de funcionamento do “novo racismo”, em comparação ao “racismo científico” do século XIX. Além disso, o autor chama a nossa atenção para os perigos que envolvem o reconhecimento de uma diferença em políticas compensatórias.

Por fim, analisamos os diversos processos envolvidos no que se denomina segregação socioespacial. Tendo em vista este amplo leque de sentidos para um mesmo conceito, utilizaremos aqueles que melhor expressam a condição em que vivem os bolivianos na cidade de São Paulo. Para tanto, trabalha-se com Marques (2005). Para este autor, “segregação” pode significar: total apartação e isolamento; desigualdade de acesso; e separação. A segregação pode ser tanto voluntária como involuntária. Estas categorias serão usadas para problematizar a maneira pela qual a “comunidade” boliviana se faz presente nos diferentes bairros e/ou municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

Territorialidade dos bolivianos na Região Metropolitana de São Paulo

Apresentação dos resultados

Em um primeiro momento, apresenta-se um breve panorama com as principais características da presença do contingente boliviano em São Paulo. Para tanto, recorre-se tanto ao levantamento de dados estatísticos secundários e primários quanto às entrevistas realizadas.

Nesta seção expõem-se algumas informações sobre a inserção espacial dos bolivianos na RMSP, com foco no município de São Paulo. O objetivo é refletir sobre a produção da Alteridade e da Segregação nestes espaços. Analisa-se, nesta etapa, a possibilidade de haver isolamento deste grupo em bairros específicos da cidade.

O mapa 01 revela que os bolivianos estão concentrados na região central de São Paulo – onde estão localizados os pontos mais escuros –, mais especificamente nos bairros do Pari, Vila Maria, Belém, Bom Retiro, Brás e Vila Medeiros. A “frequência relativa”¹ de bolivianos nestes bairros é, respectivamente: 6,23%; 3,98%; 3,55%; 3,28%; 2,64%; e 2,02%. Há, também, uma importante presença dos bolivianos na zona norte e leste, em direção às periferias.

Mapa 1. Localização dos bolivianos na Região Metropolitana de São Paulo segundo Áreas de Ponderação

Fonte: Elaboração Própria do Censo 2010 (IBGE)

No centro da cidade há maior concentração de equipamentos públicos, há a Feira da Madrugada² e também maior proximidade dos pontos de sociabilidade como a Praça Kantuta³ e a Rua Coimbra⁴. Segundo Rolnik (2010), outros motivos para a ocupação do centro são a infraestrutura da indústria de confecção deixada por outros grupos de imigrantes, a conjugação do espaço de trabalho com o de moradia e a maior disponibilidade de casas para aluguel.

Já a expansão para periferias pode ser explicada pela ampliação do setor de confecção, com a subcontratação dos imigrantes bolivianos e também pela maior facilidade em se adquirir lotes ou casas próprias (Rolnik, 2010).

Como conclusão, afirma-se que não há segregação dos bolivianos a partir da análise de sua distribuição espacial – ou seja, não há um isolamento dos imigrantes em um bairro específico. Isto não exclui, no entanto, a possibilidade de que eles estejam segregados nos espaços que frequentam na cidade – “segregação voluntária” (Marques, 2005) – ou que haja “desigualdade no acesso” (Marques, 2005) de fato – e não de direito⁵ - aos serviços públicos. Portanto, discute-se adiante a segregação nestes dois sentidos.

Características dos fluxos migratórios e da população migrante

O gráfico 01 complementa muito bem o anterior, na medida em que revela que 50% dos bolivianos que estão presentes na RMSP não estão aqui há mais do que 04 anos. Portanto, é um fluxo migratório que vem se intensificando muito nos últimos anos. Este fato é alarmante, já que os bolivianos que estão há menos de 05 anos no país são os que vivem em piores condições, como se demonstrou acima. Ainda com os dados deste gráfico pode-se inferir que o fluxo migratório da Bolívia para o Brasil se tornou mais denso em meados da década de 1990 e, desde então, vem se intensificando cada vez mais.

Já o gráfico 02 revela, por um lado, que há mais homens do que mulheres imigrantes com nacionalidade boliviana. Por outro lado, dar a conhecer que a faixa etária predominante desta população é de 20 a 34 anos para os homens e de 20 a 29 anos para as mulheres. Dessa maneira, conclui-se que, além de se tratar de uma imigração muito recente, se caracteriza também por ser de pessoas jovens.

Gráfico 1. Tempo de Permanência na RMSP

Fonte: Elaboração própria com dados do Censo 2010

Gráfico 02. Pirâmide etária dos nascidos na Bolívia, presentes na RMSP

Fonte: Elaboração própria.

Trabalho e Rendimento

Nesta parte do trabalho apresenta-se alguns dados secundários sobre as disparidades entre bolivianos e brasileiros, bem como no interior da comunidade de imigrantes.

Segundo o gráfico 03, a maior parte dos bolivianos vive em condições precárias de trabalho. A porcentagem de bolivianos que trabalham por conta própria ou sem carteira assinada é muito superior à média encontrada na Região Metropolitana de São Paulo, onde 60% da população economicamente ativa se inserem no mercado formal.

Já o gráfico 04 ilustra as disparidades de rendimento em três categorias. Os bolivianos, em média, ganham R$1.200,00 em seu principal trabalho, muito abaixo da média na RMSP. Entretanto, para os imigrantes que chegaram depois de julho de 2005, este contexto era ainda pior. Isto revela uma tendência do recém-chegado ser mais explorado pelos patrões do que um boliviano que já se encontra aqui há mais de 05 anos.

Gráfico 03. Condição do trabalhador por grupo

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 04. Renda no principal trabalho

Fonte: Elaboração própria com dados do Censo 2010 (IBGE).

Gráfico 05. Renda per capita domiciliar em faixas

Fonte: Elaboração própria com dados do Censo 2010.

Disto conclui-se que há disparidade tanto no rendimento quanto na inserção do mercado de trabalho formal. A situação é ainda pior para o boliviano recém-chegado, o que confirma a teoria de Elias & Scotson (2000), segundo a qual o tempo de residência em uma região determina o poder de um grupo em relação aos outros.

Segundo o gráfico 05, entre os domicílios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e os domicílios chefiados por bolivianos não há nenhuma desproporção na faixa de zero a meio salário mínimo, ou seja, a faixa em que se concentram a população em situação de miséria. O descompasso entre os dois grupos é maior na faixa de meio a um salário mínimo, na qual 37% dos bolivianos se encontram (contra 25% da média na RMSP). Nas demais faixas a diferença é pequena, mas também considerável. Por exemplo, cerca de 10% dos bolivianos recebem entre 02 e 10 salários mínimos, enquanto na RMSP a média é de 23%. Além disso, apenas 1% dos domicílios bolivianos recebem mais do que 10 salários mínimos, contra os 3% da RMSP.

Ocupação do espaço público e principais demandas políticas

Segundo um pequeno questionário exploratório que foi aplicado com os bolivianos, os espaços públicos mais frequentados por eles são as praças e os clubes esportivos. A princípio, são os principais espaços de sociabilidade dos imigrantes. Na medida em que vão se adaptando ao país de destino, passam a frequentar outros espaços, mais reservados e/ou com maior presença de brasileiros do que de bolivianos, como os parques, a Avenida Paulista, shoppings e cinemas. Embora as praças e os clubes sejam espaços públicos, geralmente permanecem fechados no seu grupo – como revelou a nossa pesquisa de campo.

As igrejas – especialmente – têm um papel muito importante na sociabilidade dos imigrantes. Entretanto, algumas igrejas podem contribuir para a produção de uma maior “mixofobia” (Bauman, 2009) – ou seja, o medo de viver com o diferente, com o Outro – como nos informou uma entrevistada:

“Es buena [la iglesia]. Nos enseñan de todo. Hasta en el comportamiento nos enseñan. Como debemos comportarnos aquí como extranjeros, no? Debemos despertar también. Nos ponemos algunos deberes, que debemos hacer, que no debemos hacer. No podemos entrar a lugares que no nos corresponden.”

(boliviana, costureira, há 2 anos no país, bairro do Bom Retiro, grifos nossos).

Com efeito, a igreja que esta boliviana frequenta está conduzindo um “processo de fechamento identitário” (Wieviorka, 2006), que no limite pode produzir o que o autor chama de “comunitarismo”. No “comunitarismo”, o grupo não aceita dialogar com o Outro, permanece encerrado, produzindo uma visão narcisista de si mesmo, ou o que é pior, colocando sua comunidade como irredutivelmente diferente das outras. Isto produz, então, mais segregação, exclusão social e pode até mesmo justificar a destruição de toda uma comunidade. Portanto, é preciso ficar atento a isto e incentivar políticas que produzam “mixofilia” (Bauman, 2009) – onde as diferenças são incentivadas a se misturarem, entrarem em contado, o que produz um enriquecimento para ambos os lados.

As metrópoles devem usar todo o seu potencial e favorecer as “relações sociais de estranhamento e tolerância” (Fortuna, 2005) em seus espaços públicos, incentivando o interconhecimento entre as diferentes culturas. Isto não se restringe às igrejas, mas a qualquer espaço onde os bolivianos sejam doutrinados por um líder.

Neste mesmo questionário exploratório, pedimos a cada um dos respondentes que mencionassem algumas áreas prioritárias para orientação dos investimentos em políticas públicas. Dessa maneira, identificou-se que a educação e a saúde são as suas principais demandas políticas, seguidas da regularização, curso de idiomas e habitação. Segundo um entrevistado:

“A base de tudo é a educação. Se você da um bom princípio a uma pessoa, para qualquer ser humano no começo, ai depois de um certo tempo ela vai seguir por si próprio aonde tem que andar, como que ele quer andar.” (boliviano, borracheiro, há 25 anos no país, bairro do Bexiga).

A educação é associada com a autonomia. é um espaço onde o indivíduo se constrói e se cria enquanto um artista de si mesmo, onde desenvolve a sua criatividade, subjetividade e personalidade. Neste sentido, a educação é perigosa para os líderes – como é o caso do pastor que vimos acima – que procuram solapar a autonomia intelectual por meio do dogmatismo.

Sobre a educação e a saúde no Brasil, é importante ressaltar que a Constituição Federal de 1988 garante o acesso universal a ambas, ainda que o imigrante não esteja regularizado no país. Entretanto, há reclamações sobre discriminação e falta de qualidade no atendimento nestes ambientes, o que tem levado a que alguns setores da comunidade boliviana reivindiquem um Programa de Escolas Multiculturais, como se problematizará mais adiante.

A respeito da regularização, a Polícia Federal informou que existem 59.526 nacionais bolivianos regularizados em São Paulo. Este número, no entanto, não inclui aqueles que estão indocumentados sobre os quais não há uma informação precisa. Em 2009 houve uma Anistia Migratória⁶ no qual 16.881 bolivianos foram regularizados (Baraldi et al., 2013). A partir de 2010, muitos bolivianos conseguiram regularizar a sua situação por meio da inclusão da Bolívia no Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y associados⁷ (Baraldi et al., 2013).

Uma breve conclusão

Em um primeiro momento, concluiu-se que os bolivianos não estão segregados no que se refere à sua inserção residencial, ou seja, não estão isolados em bairros onde há concentração de imigrantes. Portanto, não há segregação no sentido de “total apartação ou isolamento⁸” (Marques, 2005). No entanto, isso não significa que não haja “desigualdade de acesso”⁹ (Marques, 2005) aos serviços e políticas públicos ou “separação na distribuição dos grupos nos espaços”¹⁰ (Marques, 2005) de sociabilidade.

Então, levantou-se que metade dos bolivianos que estavam em São Paulo no ano de 2010 teria chegado em 2005 ou depois, o que revela uma intensificação do processo migratório. Estes “recém-chegados”, segundo constatou-se, apresentam o pior rendimento não só em comparação aos brasileiros, mas até mesmo entre os próprios imigrantes bolivianos. Além disso, eles também ocupam os postos de trabalho mais precários. Para finalizar este assunto, a pesquisa revelou que há uma maior proporção de domicílios bolivianos pobres do que a média na Região Metropolitana de São Paulo, o que quer dizer que há segregação na renda domiciliar per capita.

As suas demandas por melhoria nas áreas da saúde e educação indicam que pode haver “desigualdade de acesso” (Marques, 2005) a estes serviços, quando comparados aos brasileiros. A pesquisa exploratória e de campo também apontam para uma “separação da distribuição dos espaços” (Marques, 2005) de lazer e sociabilidade entre bolivianos e brasileiros. Pelo fato de frequentarem espaços homogêneos, existe a tendência de que passem despercebidos pelos brasileiros, ou mesmo que sejam vistos como “estranhos” – o que remete para as questões da alteridade e da diferença cultural.

Alteridade: como os bolivianos são vistos por seus vizinhos?

O objetivo desta etapa é analisar os modos pelos quais os vizinhos dos bolivianos representam este grupo de imigrantes. Uma imagem recorrente é a de que os bolivianos são pessoas tranquilas, simples e que não gostam de aparecer muito:

“Já [viu bolivianos], ali na esquina ali morava uma família de bolivianos que são pacatos, totalmente, não amolam ninguém, ficam na deles. Respeitam os nossos hábitos. Já outras nacionalidades, nem tanto. Como os paraguaios já são mais pedantes. Já são mais eles, então eles continuam no sistema deles, do país deles. E não do nosso.” (Brasileira, nascida no bairro do Pari, aposentada, 62 anos de idade).

Ela faz uma distinção entre os paraguaios e os bolivianos. Os primeiros são pedantes e incomodam. Já os bolivianos não, pois respeitam os hábitos dos brasileiros. Ela designa o boliviano de “pacato”, sinônimo de “sossegado” e “amigo da paz”. Assim, eles só são pacatos porque respeitam as regras, caso contrário, seriam vistos da mesma maneira que os paraguaios.

Este trecho se associa à teoria de Elias & Scotson (2000), segundo os quais a “estigmatização” é um recurso utilizado pelos estabelecidos para manterem os outsiders em seus respectivos lugares: “a exclusão e a estigmatização dos outsiders pelo grupo estabelecido eram armas poderosas para que este último preservasse sua identidade e afirmasse sua superioridade, mantendo os outros firmemente em seu lugar.” (Elias & Scotson, 2000: 22). Ora, se os bolivianos se mantêm invisíveis como afirmaram muitos dos vizinhos, não há necessidade de estigmatizá-los.

Isto não converge, contudo, com o que ocorre em outros bairros de São Paulo, como é o caso do Brás. Ali ocorre uma feira aos sábados na Rua Coimbra, à qual um boliviano entrevistado se referiu como um lugar perigoso: “Tem outro, que é a Coimbra aí, né. Muito perigoso lá. Perigoso.” (boliviano, costureiro, bairro do Bom Retiro, há 12 anos no Brasil).

A maneira como são vistos os bolivianos nas cercanias da Rua Coimbra é muito semelhante à forma como aquela vizinha se referia aos paraguaios. Isto se deve, em grande parte, pelo que ocorre nestas feiras, como me informou uma moradora do bairro:

“Eles transam aqui na rua. O horário que for, eles tiram pra fora, mijam na rua na frente de qualquer pessoa, e... Ficam muito bêbados, brigam muito, de facada. Isso é constante, toda semana, e....” (Brasileira, há 10 anos no bairro do Brás).

Neste caso, a proximidade de um espaço de sociabilidade dos bolivianos faz com que eles já não sejam vistos como “pacatos” ou “sossegados”.

Os bolivianos passam, no caso, a serem associados com o aumento da sujeira, do barulho e da violência no bairro. Até que ponto isto pode ser considerado preconceito?

De qualquer modo, o fato é que esta feira da Rua Coimbra contribui para uma escalada do processo de estigmatização contra os bolivianos, o que já não ocorre nas cercanias da Praça Kantuta

–onde eles são vistos como pessoas tranquilas e até mesmo “invisíveis”. No entanto, há um estigma em relação aos bolivianos que não varia de um bairro para outro e nem está associado com a presença ou ausência de feiras onde ocorre baderna após certo horário. é o estigma da escravidão.

O estigma da escravidão

é muito frequente encontrar no noticiário reportagens sobre oficinas de costura clandestinas – onde se pratica trabalho em condições análogas à escravidão – que foram desbaratadas pela Polícia Federal. Este é um dos fatores determinantes para a imediata associação que se faz entre “bolivianos” e “escravidão”. Dos entrevistados, aproximadamente três quartos deles se referiram aos bolivianos com esta categoria de estigma: “Acho que os patrícios deles (...) prometendo muita coisa. Chegam aqui, tornam eles escravos. Você vê. Desde quando sai no jornal que a polícia está em cima.” (Brasileiro, aposentado, bairro do Pari, 84 anos de idade).

Há esta ideia recorrente de que são os próprios bolivianos que exploram os seus compatriotas. Quando não são eles mesmos que exploram, coloca-se a culpa então no coreano ou em alguma grande marca de roupa. Sem entrar no mérito de estarem corretos ou não, a questão que fica é: até que ponto o estigma da escravidão nega a autonomia do boliviano enquanto um indivíduo capaz de fazer as suas próprias escolhas?

“Porcos, muito porcos. Muito... E muito escravo. Eles são muito escravizados. Agente tem pena, mas infelizmente nós não podemos fazer nada porque eles estão prejudicando a gente. Mas eles são sem cultura. Eles não têm um mínimo de civilização.” (Brasileiro, aposentado, bairro do Brás, 82 anos de idade).

Neste trecho fica mais claro de que maneira a o tema da escravidão é usado para depreciar os bolivianos. Na fala do morador do Pari, parece que o entrevistado se compadece dos bolivianos, como se tivesse compaixão por eles. Ele aparenta revelar boas intenções em relação a eles, como se versasse sobre um problema social de devesse ser resolvido. Enquanto isso, a fala do morador do Brás é depreciativa. Estas distinções, apresentadas neste trabalho de forma cristalina – quase tão transparentes como um “tipo ideal” – não aparecem da mesma maneira na realidade. Em outras palavras, a ambiguidade com que o emprego do termo “escravidão” é geralmente feito não permite apreciar as suas sutilezas.

Na fala do morador do Brás o estigma da escravidão é utilizado para criar uma diferenciação do boliviano para o brasileiro. Se eles são escravos é porque não têm cultura e nem civilização – conclui o morador. Com efeito, ele reduz o boliviano a um ser primitivo incapaz de tomar a sua vida em suas próprias mãos, ou seja, fazer as suas próprias escolhas. Neste sentido, aparece o traço mais perverso do discurso da escravidão que é o de vitimizar o boliviano. Perverso porque é um discurso que pode ser adotado pelo próprio grupo estigmatizado no momento de reivindicar os seus direitos – e para isso é que é preciso estar atento.

Segundo Todorov (1999), a primeira forma de renunciar à autonomia consiste em se representar como não responsável por seu próprio destino, ou seja, apresentar-se como uma vítima. “Ter sido vítima lhe dá o direito de se lamentar, de protestar e de reclamar o dia inteiro; se não romperem toda a ligação com a pessoa, os outros são obrigados a atender a seus pedidos.” (Todorov, 1999: 225). Ora, longe de ser desvantajoso, o estatuto de vítima hoje aparece como um lugar proeminente a ser ocupado (Todorov, 1999).

Tendo isso em vista, é preocupante o contexto que se apresenta em relação ao boliviano, pois os vizinhos utilizam o recurso da estigmatização para justificar uma diferença cultural entre bolivianos e brasileiros. Incorre-se no risco de que alguns setores da comunidade boliviana reproduza este discurso –por ser vantajoso– e reforce a discriminação contra seu próprio grupo. Neste sentido, cabe a pergunta: até que ponto os bolivianos têm reproduzido o discurso da vitimização? Que setores da comunidade boliviana têm se utilizado destes recursos?

A seguir, reproduz-se o trecho de uma entrevista com o dono de um meio de comunicação¹¹ que problematiza a imagem negativa de escravidão associada ao boliviano:

“Somos importantes desde o momento em que sejamos positivistas. Se a gente leva pela passarela do indigno, do “coitadismo” demais, a gente não vai ganhar nada com isso. Pelo contrário, a gente vai passar a ser um fardo, um lastro para aquela economia tão bacana que é a economia brasileira” (Boliviano, fundador do meio de comunicação “Bolívia Cultural”).

Neste trecho é problematizado “o modelo de diálogo sobre os problemas do imigrante”, principalmente quando orientado pelo “coitadismo”. Para Todorov, a segunda forma de renunciar à autonomia consiste em “apresentar-se como membro dócil de um grupo que tem na sociedade estatuto de vítima” (Todorov, 1999, p. 235). Ainda segundo o autor, vincular-se a um grupo com estatuto de vítima traz três vantagens ao indivíduo que age: 1) ele ganha um sentido imediato de pertenci-

mento (reforço da identidade); 2) desresponsabilização (ele não precisa escolher, pois o grupo decide tudo por ele); 3) segurança (ele não precisa passar pelo desconforto de se envolver com estranhos).

O entrevistado assume a posição de que o papel de vítima não traz vantagens em longo prazo aos indivíduos – ele adota uma perspectiva empreendedora. Ele aponta que o boliviano não deve viver à custa da própria imagem de vítima, mas que deve lutar para se inserir no mercado:

“Temos, o Brasil, ele é carente para o cargo de diretores de grandes estatais e empresas, porque ele não preparou profissionais à altura. Daqui a uns cinco anos vão ter que importar empresários de alta hierarquia dentro das empresas. (...). Eu acredito que o imigrante, ele vai poder ocupar esses cargos e posições demais, desde que ele seja qualificado. (...). Eu não acredito que o Brasil não te aceite em uma empresa ou não te aceite em uma participação só porque você é imigrante.” (Boliviano, fundador do meio de comunicação “Bolívia Cultural”).

Para o entrevistado, há uma negligência do Brasil com os seus próprios profissionais. Seguindo esta linha de raciocínio, abre-se uma brecha para profissionais imigrantes qualificados competirem nos próximos anos. Ele acredita, fundamentalmente, que o mercado tem uma lógica inclusiva, que não discrimina o imigrante por conta de sua origem, desde que ele se qualifique.

Este trecho, portanto, revela uma estratégia de integração do imigrante na sociedade de destino distinta da estratégia da vitimização. Do ponto de vista da comodidade, é mais vantajoso se manter no papel de vítima – nisto o pensamento do entrevistado e de TODOROV (1999) convergem. Por outro lado, o entrevistado sustenta que a comunidade boliviana precisa se organizar melhor, de modo a ocupar cargos mais importantes, que lhes confira mais poder. Isto possibilitaria aos bolivianos executarem um processo de contra-estigmatização: “Um grupo só pode estigmatizar outro com eficácia quando está bem instalado em posições de poder das quais o grupo estigmatizado é excluído. Enquanto isso acontece, o estigma de desonra coletiva imputado aos outsiders pode fazerse prevalecer.” (Elias Scotson, 2000: 23).

Portanto, o discurso do entrevistado é bastante coerente – já que a vitimização não é uma estratégia que possa levar os outsiders a conquistarem posições de poder.

Em resumo, a vitimização é ao mesmo tempo um recurso vantajoso tanto aos bolivianos como para aqueles que os estigmatizam. Isto se torna claro no trecho acima em que o vizinho associa a vitimização com a ausência de cultura, o que caracteriza uma forma de racismo encoberto pela afirmação das diferenças culturais.

Os perigos envolvidos na defesa da diferença

Até o presente momento analisou-se que o emprego do termo “escravo” contém uma ambiguidade e pode ser usado para sustentar uma diferenciação. No entanto, há muito mais a ser dito sobre o tema, pois a diferenciação em si parece ser inofensiva. Ela pensada de forma isolada não parece ser digna de problematização. Porém, isto é apenas uma aparência. Pois, logo que se aprofunde um pouco mais no tema, surge uma questão interessante: até que ponto há uma relação indissociável entre “diferenciação” e hierarquização? Em outras palavras: até que ponto é possível diferenciar o “Outro” sem inferiorizá-lo? Analisa-se uma entrevista para tornar a discussão mais tangível:

“Eles [os bolivianos] fecham a rua no domingo e ninguém circula, só isso. Mas eles têm o direito, coitados. é um grupo grande que está em um país diferente..” (Brasileira, moradora do Pari, advogada, 56 anos de idade).

O emprego –pela entrevistada– do termo “coitados” logo nos remete à discussão anterior sobre a vitimização. Até este ponto, o seu discurso tem um caráter bastante progressista e democrático. Então, ela continua:

“Por enquanto concordo [que não devem votar]. Porque eu acho que eles são um povo humilde, não conhecem a política brasileira. Então, eles vêm pra cá perdidos. Eles vão votar como? Seria no escuro, né?.” (Brasileira, moradora do Pari, advogada, 56 anos de idade).

Neste trecho é empregado o termo “povo humilde” para diferenciar os bolivianos. Então, ela associa esta diferença a um discurso conservador: se eles são humildes, logo não têm conhecimento – portanto, devem ser impedidos de votar. Portanto, o termo “humilde” não é utilizado por compaixão, mas antes para desqualificar os bolivianos e justificar a sua exclusão do sistema político brasileiro.

Se a lógica da diferença pode ser usada para excluir o imigrante do sistema político, porque não poderia ser usada para justificar a sua exclusão social e até mesmo a discriminação contra ele?

Segundo Pierucci (1999), não se pode separar a diferença da hierarquia. Ao afirmar a diferença do “Outro”, afirma-se também a sua inferioridade – inevitavelmente. Por este motivo é que a defesa da diferença é mais interessante aos propósitos da direita do que aos da esquerda – afirma o autor. Neste sentido, as pessoas de direita são defensoras convictas da diferença. Já as pessoas de esquerda precisam conciliar a defesa da igualdade com a afirmação da diferença. Isto, na teoria, é possível de sustentar – o mesmo já não acontece na prática. Portanto, afirma o autor, é mais interessante para a esquerda – do ponto de vista estratégico – se posicionar a favor da igualdade, e não da diferença. O discurso que causa ojeriza à direita é o da igualdade, dos direitos humanos (Pierucci, 1999).

Mas de que maneira este processo se articula com políticas públicas de reconhecimento das identidades culturais? A seguir, propõe-se discutir estas questões a partir do material recolhido nesta pesquisa com alguns atores (bolivianos) que demandam políticas de reconhecimento do imigrante.

Para contextualizar, há uma polêmica em São Paulo no que se refere à prática de bullying nas escolas contra o boliviano. Esta questão emergiu em 2010 quando houve um caso de repercussão nacional na mídia – um boliviano teria sofrido intimidação de seus colegas para que pagasse uma espécie de “pedágio” se não quisesse sofrer alguma forma de violência. Este fato ocorreu em uma escola do centro de São Paulo, no bairro do Brás. O fato é que, tanto acadêmicos quanto profissionais bolivianos se viram divididos sobre a questão. De um lado, se defende que há excessos sendo cometidos nas escolas, que as crianças bolivianas sofriam toda sorte de violência e que por isso deveriam ser criadas “escolas multiculturais”¹². De outro lado, afirma-se que sempre existiu bullying, mas a mídia tem se utilizado do fato para vitimizar ao boliviano, como é o caso da advogada da Pastoral dos Migrantes:

“Existe sim alguma discriminação dentro das escolas, muito pouco. Mas não vamos dizer que não existe. Mas não é do educador para com aluno e sim entre os alunos. é uma coisa que cresce com a gente. Então, no passado nós tínhamos um problema por conta da Segunda Guerra, as pessoas claras, os loirinhos, aquela coisa que era “bicho d´água”, não era isso? Hoje nós temos com os bolivianos o quê? Pelo fenótipo dele, por ser parecido com um índio, que é um índio. Ou pela perversidade da mídia de dizer que todos os bolivianos são escravos. E que então, você é escravo.” (Boliviana, advogada da Pastoral dos Migrantes).

A entrevistada minimiza os rumores de que há bullying contra os bolivianos nas escolas públicas. Segundo a advogada, isto se deve mais ao alarde da mídia que se refere aos bolivianos como escravos, ou seja, lançando mão do recurso da vitimização. Com o bullying nas escolas aconteceu o mesmo processo. Culpou-se a escola, os pais dos meninos que praticam o bullying, os professores etc. Os bolivianos, entretanto, sempre foram colocados como vítimas pela mídia.

“Eu não jogo a culpa no moleque que está fazendo bullying. Eu jogo a culpa no cara dos meios de comunicação, entendeu? E o moleque só vai fazer aquilo que estão passando pra ele. Não é nem a casa dele. Muito se joga: “ah, é um reflexo do que acontece na casa dele”. Tão jogando a culpa no pai. Porque é muito fácil jogar a culpa em alguém. Ou é o pai, a criança, a escola, o sistema. Não cara, é aquele que controla a economia do país – que é a mídia. (...) vamos voltar ao assunto, eu acredito que tem bullying. Todo mundo passa por bullying. Na escola pública, na escola privada, todo lugar tem bullying. E eu não vou assumir que o boliviano é um coitado.” (Boliviano, fundador do meio de comunicação “Bolívia Cultural”, grifos nossos).

Este entrevistado critica acidamente a responsabilidade da mídia na propagação do estigma de que o boliviano é uma vítima. Até que ponto o bullying não é uma prática que ocorre em todos os tipos de escolas (seja pública, seja privada), com todas as classes sociais (seja rico, seja pobre), etnias (branco, preto, amarelo, índio, europeu, asiático etc.) e tipos físicos (gordo, magro, menino que usa óculos etc.)? Assumindo esta hipótese como verdadeira, por que a prática do bullying em relação aos bolivianos é colocada como uma falta mais grave? Por que enquanto os outros meninos e meninas que sofrem bullying não são vítimas, o boliviano é apresentado “como membro dócil de um grupo que tem na sociedade estatuto de vítima” (Todorov, 1999, p. 235)?

No entanto, como foi dito acima, não há um consenso sobre a questão do bullying. Apresentase, portanto, os argumentos dos que sustentam outra posição:

“Mas assim, acho que não da pra dizer, “ah, é universal, todo mundo tem direito, porque é discriminação você oficializar, rotular.” Eu não acho. Discriminação é deixar do jeito que está. Com salas dividas em guetos, praticamente. Metade os bolivianos, [outra] metade os brasileiros. Crianças quase que morrendo de apanhar, por causa de brigas que acontecem. E os professores tendo atos de preconceito com relação às crianças.” (Boliviana, fundadora do projeto social “Sí, yo puedo”).

Esta entrevistada coloca a questão de outra maneira. Ela se posiciona contra a universalização dos direitos e acredita que há uma desigualdade entre brasileiros e bolivianos nas escolas. Ela acredita que, mantendo o ideal de igualdade sobre o da diferença, se produziria mais discriminação. Portanto, é melhor defender a diferença do que a igualdade.

Pierucci (1999), no entanto, alerta para o risco de se defender tão abertamente a diferença. Segundo o autor, as diferenças são evidentes por si mesmas – basta olhar a realidade para perceber que as pessoas são diferentes. Já a igualdade não, é preciso fazer um esforço de abstração para imaginar os seres humanos iguais. Neste sentido, o discurso da diferença é mais valioso para a direita do que para a esquerda. Por que, ao defender a diferença, a esquerda não faz mais do que sustentar aquilo que é evidente. Utilizando-se da defesa da diferença, a esquerda desguarnece a sua guarda e se torna muito vulnerável ao ataque da direita: “No fundo, tudo se passa no campo das esquerdas como se aqueles que defendem a diferença e a celebram soubessem que carregam uma carga explosiva que, mal usada, pode detonar um potencial destrutivo cujos alvos serão, com toda a certeza, os indivíduos e os grupos mais frágeis, subordinados, oprimidos, discriminados e estigmatizados que de saída se queria defender, promover, resgatar, libertar e assim por diante.” (Pierucci, 1999: 49).

Analise-se, portanto, as propostas feitas por instituições que defendem os direitos dos imigrantes, como é o caso da Proposta para uma Política Municipal de Migrações ¹³ (CDHIC, 2012): “(...) 8. Na educação municipal, desenvolver um programa de escolas multiculturais; criar um canal para receber as reclamações e denúncias de bullying sofrido pelos filhos de imigrantes nas salas de aulas (...).¹⁴” (CDHIC, 2012, grifos nossos).

Percebe-se que se utiliza o conceito “multicultural” para se designar a escola que se deseja que se crie com as políticas públicas. Ora, segundo Stuart Hall, o “multicultural”: “Descreve as características sociais e os problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua identidade ‘original’.” (Hall, 2003: 52). Neste sentido, ele é sempre usado no plural, por exemplo: Estados Unidos, Brasil e França são países multiculturais. As escolas compostas por brasileiros e imigrantes, neste sentido, já são escolas multiculturais, antes mesmo de que uma política pública interfira em sua configuração.

Entretanto, Stuart Hall cria uma distinção entre “multicultural” e “multiculturalismo”. Segundo o autor, o “multiculturalismo”: “Refere-se às estratégias e políticas adotadas para governar ou administrar problemas de diversidade e multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais” (Hall, 2003: 52).

Com efeito, soa redundante criar um “programa de escolas multiculturais” tendo em vista que estas escolas já são multiculturais. O que se pretende então? O objetivo, na realidade, é criar estratégias e políticas que visam governar ou administrar os problemas de diversidade e multiplicidade gerados por estas escolas multiculturais. A questão que fica é: qual caráter tomará o “multiculturalismo” neste caso¹⁵?

Para Michel Wieviorka, o “multiculturalismo” pode ser definido como: “uma política pública inscrita nas instituições, no direito, na ação governamental (ou local) para dar às diferenças culturais ou, ao menos a algumas dentre elas, um reconhecimento no espaço público.” (Wieviorka, 2006: 152).

De um lado existe o multiculturalismo “integrado” (Wieviorka, 2006), que corresponde às ações de reconhecimento combinado com a redução da desigualdade. O termo “integrado” tem o sentido de integrar um grupo à nação, evitando que ele permaneça na pobreza, na miséria ou na exclusão social. Ele manifesta um espírito democrático, de abertura, com um amplo sentido de solidariedade – e se distancia de toda a lógica da segregação.

Por outro lado, há o multiculturalismo “fragmentado” (Wieviorka, 2006), pelo contrário, preconiza ações desarticuladas. Uma para o tratamento das diferenças culturais e outra para as desigualdades sociais. Assim, de um lado, existem políticas de reconhecimento cultural como a inserção da contribuição das minorias para a História no currículo escolar – dotando-as de um lugar. Por outro lado existem as “ações afirmativas” - que não são políticas de reconhecimento -, mas antes de uma política social: “trata-se de dar melhores chances aos indivíduos de aceder ao emprego, aos estudos, aos mercados etc., colocando em prática meios específicos que lhes são destinados.” (p. 153).

Portanto, seja “integrado” ou “fragmentado”, o multiculturalismo oferece respostas às questões colocadas pelas diferenças culturais. Cria compensações aos grupos minoritários com políticas públicas. “O essencial é assinalar que ele traz uma resposta, seguramente discutível, ao desafio político que representam as diferenças culturais, inclusive em suas dimensões sociais.” (Wieviorka, 2006, p. 153).

Fraser (2006) faz uma distinção entre redistribuição afirmativa e transformativa. A primeira age mais nos sintomas do que nas causas dos problemas, realçando ainda mais as diferenças do grupo a ser reconhecido. Já a segunda “embaça” as diferenças entre os grupos, combinando o reconhecimento cultural com a redução das desigualdades socioeconômicas. Neste sentido, o seu conceito se assemelha bastante com o de “multiculturalismo integrado” (Wieviorka, 2006).

Quais destes conceitos – multiculturalismo “integrado” ou “fragmentado”; redistribuição “afirmativa” ou “transformativa” – corresponde a esta política pública que inclui um “programa de escolas multiculturais”? Com efeito, isto só poderá ser mais bem explorado em futuras pesquisas, quando estas políticas entrarem em vigor. Neste breve artigo, apenas faremos alguns apontamentos dos perigos envolvidos na prática do “multiculturalismo”.

Os perigos envolvidos no multiculturalismo – a aniquilação do sujeito singular

O multiculturalismo, como vimos, é uma política governamental que procura equacionar os problemas derivados de uma sociedade multicultural. Analisou-se que, em São Paulo, existe um projeto de implantação de um “programa de escolas multiculturais”. Há, também, a demanda por “Postos de Atendimento Multicultural”: “7. No âmbito da saúde pública, implantar Postos de Atendimento Multicultural em bairros de concentração de imigrantes e enfrentar a discriminação sofrida pelos imigrantes e a falta de informação dos funcionários da área.” (CDHIC, 2012).

A saúde e a educação são as principais demandas por políticas públicas, segundo os bolivianos que responderam o questionário já analisado neste artigo. Nas duas áreas, reclama-se da discriminação e do desconhecimento dos profissionais em relação à Bolívia. Assim, acredita-se que se devam criar “postos de atendimento multicultural”:

“Um dos preceitos da atenção básica que tem no Sistema Único de Saúde é a adequação à realidade local. Se a realidade local exige que eu tenha que discutir multiculturalidade com os próprios trabalhadores (...). E aí, eu tenho, sempre faço também o viés ao contrário: que o fato de oficializar que aquela unidade vai ser multicultural também me faz poder, permite que o próprio trabalhador saiba se quer ou não trabalhar lá.” (Boliviana, desenvolve um projeto social).

Neste trecho do discurso da entrevistada, percebe-se o risco do multiculturalismo produzir segregação. Até que ponto – ao impor uma política multicultural e diferencialista – excluem-se os trabalhadores daquela Unidade Básica de Saúde que não concordam com a linha política adotada? Em outras palavras: até que ponto a adoção desta linha do “multiculturalismo” não produzirá mais segregação como consequência da redução do potencial democrático de um ambiente em que as vozes dissonantes serão excluídas?

Segundo Wieviorka (2006), o “multiculturalismo” demanda espírito democrático, caso contrário suprime-se a singularidade de cada pessoa: suas escolhas e liberdades pessoais. Isto desemboca em um comunitarismo/essencialismo.

“Tem trabalhador, tipo, eu não gosto de prótese na minha área. Então, eu não vou trabalhar em um lugar em que se faça muita prótese. Então, o trabalhador pode ser também que ele prefira não lidar com isso. Ele goste mais de uma clínica normal.” (Boliviana, desenvolve um projeto social, grifos nossos).

Neste trecho, percebe-se que a entrevistada utiliza em seu discurso uma dicotomia entre “clínica normal” –quer dizer, as que adotam uma política universalista– de uma clínica que seria “anormal”, ou seja, as clínicas multiculturais que adotarão políticas diferenciadas para o atendimento de imigrantes. Até que ponto não se reforça um discurso hierarquizante ao afirmar que as clínicas multiculturais não são feitas para pessoas normais? Ora, a singularidade do indivíduo, de alguma maneira,

sempre desvia em algum aspecto dos padrões de normalidade impostos pela sociedade – a individualidade sempre escapa das curvas de normalidade. Ela não pode ser capturada por nenhuma lógica. Ao desenhar políticas multiculturais com foco na lógica da normalidade, arruína-se com a “lógica da singularidade” (Wieviorka, 2006): “[...] a lógica da singularidade pura remete a pessoas desvinculadas de toda pertinência coletiva. O único fato tangível, desde então, é a produção de si, a construção de si como ser capaz de criar, de expressar, e, assim, de construir-se como ator individual da cultura – o artista, aquele que faz trabalhar seu corpo, o esportista etc. Para compreender essa pessoa, o ponto de vista do sujeito singular é o mais útil, o mais determinante.” (Wieviorka, 2006, p. 158).

Portanto, é preciso ter muito cuidado ao defender políticas multiculturais, pois se incorre no risco de aniquilar o sujeito singular – o mesmo que nos revela que toda ideia de normalidade é em si falsa.

Os perigos envolvidos no multiculturalismo – a perversão da diferença cultural

O segundo perigo que se incorre na condução do multiculturalismo é o de que as diferenças culturais sejam pervertidas em racismo. Por que, com efeito, existe um “novo racismo” (Wieviorka, 2006) cujo fundamento é muito semelhante àquele usado pelos defensores do multiculturalismo:

“Bom, nós somos brasileiros, né? Ai você já vê a diferença. O povo que nós somos. Somos um povo um pouco mais amigo, com um pouco mais de educação, de respeito pelas pessoas, enquanto eu percebo que eles não têm muito isso não. é lixo, jogar o esgoto na rua. é uma sujeira, os caras não cuidam. (...) Cultura indígena. Eu acho que sim [a cultura indígena]. Não se adequaram muito ao nosso crescimento que tá tendo no Brasil. Eles não se adaptaram. Eles ainda estão com aquelas origens das tribos indígenas que eles são. Os maias, né, origem dos maias. Das tribos, né. E tem aqueles costumes deles. Então você se sente um pouco descolado por ser brasileiro e ver as pessoas diferentes. Nada contra. é a cultura deles, mas é esquisito. Basicamente é isso.” (Brasileiro, aposentado, bairro do Pari).

O entrevistado defende que os bolivianos são culturalmente diferentes, irredutivelmente diferentes, que nunca poderão se adaptar aos costumes daqui. Isso justifica uma série de práticas como a segregação, a exclusão social e até mesmo a destruição deste grupo. é preciso ficar atento à maneira como a defesa da diferença cultural pode ser pervertida em um racismo. A distinção é muito sutil. Não se trata de um racismo manifesto e aberto, como o “racismo científico”¹⁶ (Wieviorka, 2006), que se baseava nas raças e na natureza. O “novo racismo”¹⁷ (Wieviorka, 2006) se dissimula sob a roupagem das diferenças culturais. Por esse motivo é que a distinção entre a defesa das identidades culturais e do racismo se tornou tão sutil na contemporaneidade.

No fundamento do “novo racismo” (Wieviorka, 2006), o princípio da diferença vale mais do que o da hierarquia. Ele tolera o diferente, mas somente na medida em que este se mantenha distante, segregado e excluído. Ele respeita a diferença desde que seja mantida uma distância segura. Inscreve estes grupos em um relativismo que impede qualquer comparação. O “novo racismo” (Wieviorka, 2006) encoraja mais a segregação e a marginalização do que a exploração e a dominação. Dessa maneira, é mais vantajoso para ele insistir nas diferenças culturais do que na inferioridade das raças. Isto não quer dizer que ele seja menos nocivo do que o “racismo científico” (Wieviorka, 2006). Exibe-se mais um exemplo do “novo racismo”:

“[Quando perguntado se os bolivianos devem continuar estudando nas mesmas escolas que os brasileiros]. Claro que não, a confusão que dá. Eles vêm pedir pra gente ensinar. Você fala com uma criança dessas. Fala quem é o patrono do Brasil. Fala que é que aconteceu. Quem lutou para esse país crescer, completamente... E da terra deles, eles nem sabem quem é... Eles na terra deles não são ninguém, era um índio. (Brasileiro, aposentado, bairro do Brás).”

Segundo o entrevistado, os bolivianos não ajudaram a construir o Brasil. Assim, cria uma diferenciação entre nós (patronos) e eles (índios). Isto justificaria a sua exclusão do sistema educacional brasileiro. O argumento para excluí-los das escolas é o mesmo usado para sustentar as escolas multiculturais: a afirmação da diferença. Atente-se à seguinte fala:

“Eu acho que eles são tratados iguais à gente aqui. Porque vaga nas escolas eles arrumam. Pelo menos na sala dos meus filhos, dos dois, né. O pequeno tá na creche. A creche tem mais bolivianos do que brasileiro. O outro também tá na terceira série agora. Tem mais boliviano do que brasileiro.” (Brasileira, há 10 anos no bairro do Brás, vendedora ambulante).

A entrevistada menciona que os bolivianos são tratados da mesma maneira que o brasileiro. Diz que há mais bolivianos do que brasileiros na escola e que isto não está correto, pois os brasileiros tem que esperar vaga na creche. Ora, a sua posição se baseia no mesmo argumento dos defensores de um “programa de escolas multiculturais”, qual seja: o fato de que algumas escolas têm mais estudantes bolivianos do que brasileiros. Logo, são escolas “multiculturais” (HALL, 2003). De um lado, defende-se uma adequação da escola à realidade local e o preparo de um currículo escolar infantil e de preparo dos professores que inclua a formação a respeito dos povos originários da América Latina (CDHIC, 2012). Por outro lado, sustenta-se que os bolivianos não devem frequentar as mesmas escolas que os brasileiros.

A posição dos responsáveis por conduzir o “multiculturalismo” (Wieviorka, 2006) é muito delicada. Para este autor, há duas maneiras de lidar com a questão: “Os atores podem desejar uma ampla tolerância que lhes permita viver sua cultura numa grande liberdade, mas sem demandar direitos específicos; ou são de preferência demandantes de uma política de reconhecimento que lhes acorde direitos culturais.” (Wieviorka, 2006: 161)

De um lado, deixar de demandar direitos específicos pode tornar os grupos minoritários reféns do poder político, pois a tolerância pode ser sempre colocada em questão – sem a necessidade de nenhuma justificativa. Por outro lado, ao demandar políticas de reconhecimento, incorre-se no risco de inscrever-se em processos de fechamento identitário: “Os direitos adquiridos, com efeito, podem tornar-se um encorajamento a fechar-se em lógicas de reprodução e, sobretudo, que os exponham à tentação do comunitarismo.” (p. 162).

Tanto em um caso quanto em outro, os atores que conduzem o “multiculturalismo” (Wieviorka, 2006) necessitam de uma grande flexibilidade do sistema político. Não podem negligenciar o recurso ao espírito democrático – caso contrário há o perigo de suprimir o sujeito singular – por um lado – ou de serem esmagados pelos interesses republicanos da maioria – de outro lado.

Segundo Fraser (2006), a solução para este dilema está em oferecer remédios apropriados para cada caso de desigualdade. Assim, a redistribuição resolve o problema da desigualdade econômica, enquanto o reconhecimento age contra a ausência de representação política e social de determinadas etnias e culturas. No caso dos imigrantes, no entanto, é necessário combinar estes dois remédios, em medidas que são ainda desconhecidas. Portanto, surge uma nova ordem de problema: como fazer com que a redistribuição não interfira no reconhecimento, e vice-versa? Ao que parece, é um dilema que as teorias sociológica e filosófica se limitam a esmiuçar ao máximo, não sendo capazes de oferecer uma solução decisiva.

Conclusão

Um ponto que foi problematizado ao longo de todo o trabalho foi a questão da vitimização dos bolivianos. Indagou-se, ainda na primeira parte do artigo, até que ponto há a produção de um consenso segundo o qual os bolivianos não seriam os responsáveis pelas situações em que se veem envolvidos, como ocorreu com os casos de trabalho análogo à escravidão nas oficinas de costura e de bullying nas escolas.

Segundo, constatou-se que a produção deste entendimento coletivo – de que os bolivianos não são responsáveis por seus próprios atos – está muito mais enraizado entre os brasileiros do que na heterogênea comunidade boliviana. Ali, pelo contrário, há muitas vozes dissonantes sobre o assunto. Um dos entrevistados não admite que os bolivianos sejam vitimizados dessa maneira pela mídia. Outra afirmou que esta questão sempre existiu e que os meios de comunicação se utilizaram dela com perversidade. Somente uma das entrevistadas se mostrou temerosa com estes rumores. Ora, isto aponta para uma problemática bastante inquietante: até que ponto o bullying é praticado exclusivamente contra o boliviano? Esta pesquisa aponta que ele recebe o estatuto de um membro dócil de um grupo que na sociedade tem o estatuto de vítima (Todorov, 1999). Enquanto o boliviano, nestes casos, é sempre a vítima, os outros são apresentados como culpados. Isto solapa a sua autonomia intelectual e a sua singularidade. Ele não é visto como um sujeito capaz de construir seu próprio destino. Pelo contrá-

rio, permanece vinculado a um grupo que lhe é imposto – visto que não escolheu ser um boliviano. A criação de um “programa de escolas multiculturais” – junto à criação de um canal para receber denúncias e reclamações de bullying – corre o risco de segregar o boliviano ainda e confina-lo junto a sua comunidade, em detrimento do seu desenvolvimento enquanto sujeito singular, vinculado também a outros grupos de acordo com seus interesses pessoais.

Este fenômeno a que se alude se pôde constatar também quando uma entrevistada afirma que se os profissionais não quiserem trabalhar nas unidades multiculturais devem se retirar para “clínicas normais”. Este discurso aponta para o perigo de que o “multiculturalismo” em questão se torne autoritário e se sobreponha aos valores democráticos – onde aqueles que têm um pensamento dissonante podem estar presentes. Por outro lado, ele reforça a “lógica da normalização” em detrimento da “lógica da singularidade” (Wieviorka, 2006) – aquela segundo a qual o sujeito é criador de si mesmo e capaz de fazer escolhas pessoais.

O mesmo fenômeno pôde ser encontrado na fala de uma boliviana, segundo a qual há um pastor boliviano que doutrina a sua comunidade sobre a maneira como eles devem se comportar nos espaços da cidade – ou seja, afirma que eles não devem frequentar os mesmos espaços ocupados por brasileiros. é uma posição extremamente autoritária que prega mais segregação, e que, além disso, tem origem no interior da comunidade boliviana. Todos estes indícios apontam para um “processo de fechamento identitário” (Wieviorka, 2006), no plano social. Há um risco de que ele ascenda ao plano político, produzindo o chamado “comunitarismo” (Wieviorka, 2006), muito danoso tanto ao brasileiro como aos bolivianos.

De fato, o imigrante se insere em uma metrópole que produz medo, inseguranças e incertezas. Portanto, é natural que ele queira estar junto com as pessoas de sua comunidade nos momentos de lazer, pois isto lhe confere segurança – ele não precisa se esforçar para ser aceito por um grupo de estranhos (Todorov, 1999). Os espaços públicos da cidade se empobreceram e o contato com os “estranhos” é cada vez menos frequente (Fortuna & Silva, 2005). Como afirma Bauman (2009), os espaços da cidade e os seus habitantes não favorecem a “mixofilia” – que é a experiência de se envolver com o “Outro”, de intercambiar sua cultura com ele. Embora as cidades grandes tendam a produzir à “mixofilia”, os espaços públicos frequentados pelos bolivianos favorecem muito mais a “mixofobia” – o medo de se aproximar e se misturar com o “Outro”. Portanto, é natural que o imigrante deseje estar entre os membros de sua comunidade.

O problema é que, quando este desejo de não se misturar com o “Outro”, de rejeitar a Alteridade se estende ao plano político – na forma de políticas públicas – podem ocorrer resultados catastróficos (Todorov, 1999; Wieviorka, 2006). A criação de “Postos de atendimento multicultural” e de um “programa de escolas multiculturais” faz com que a diferença seja institucionalizada, com todos os riscos que disso advém, como a reprodução da segregação social nas escolas e nos hospitais e o esvaziamento do seu potencial democrático. Assim, aquele que conduz estas políticas deve estar atento a estes riscos para melhor proceder.

A recorrência da afirmação da diferença cultural, como se estudou ao longo do artigo, é muito mais usada pelos racistas do que pelos defensores de políticas multiculturais. Ou seja, ao se focar na diferença – em detrimento da universalização – a esquerda abre o flanco e se torna vulnerável frente aos ataques da direita (Pierucci, 1999). Todos os vizinhos brasileiros que sustentaram que os bolivianos não devem ter acesso imediato ao sistema político brasileiro, que não devem frequentar as escolas e os hospitais porque estão roubando as vagas dos brasileiros – justificaram as suas afirmações racistas por meio da ideia de que os bolivianos são diferentes culturalmente e, portanto, inassimiláveis. Ao se propor a ideia da igualdade, da universalidade, se aposta em um ideal abstrato de que todos são iguais, independentemente das evidências de que todos são diferentes. Até que ponto isto não seria mais interessante para a condução do “multiculturalismo” em São Paulo?

Há muitos indícios encontrados nas falas entre os vizinhos brasileiros de que se está produzindo um “novo racismo” (Wieviorka, 2006) contra o estrangeiro. Com efeito, muitos dos entrevistados levantam as diferenças de hábitos, costumes e até mesmo de fenótipo indígena para justificarem uma série de políticas migratórias conservadoras. Ao passo em que afirmam estas diferenças culturais, eles negam que sejam racistas. De fato, não se encontrou sequer um vizinho brasileiro que assumisse o seu racismo. Não por que fosse sofrer alguma consequência, já que mantivemos o sigilo do entrevistado, mas antes pelo motivo de que o racismo contemporâneo se manifesta de uma nova maneira. Ele é um racismo que evoca mais as diferenças culturais com o objetivo de segregar o estrangeiro, ao passo que o “racismo clássico” (Wieviorka, 2006) procurava provar a inferioridade da raça dos “Outros” trazendo as diferenças biológicas e naturais. Portanto, se confirmou a hipótese de que o racismo contra os bolivianos estaria dissimulado pela “pouco ambiciosa” (supostamente) afirmação das diferenças culturais.

Disto se conclui que é preciso ter cautela ao se fazer a afirmação de que os bolivianos vivem em harmonia com os brasileiros. Por outro lado, também é preciso ter cuidado com a asserção de que ele é uma vítima, incapaz de ser sujeito de si mesmo. Além disso, encontrou-se entre os brasileiros um discurso muito em voga de que é o boliviano que não se envolve com os brasileiros, preferindo aquele manter-se segregado. Ora, isto contradiz a prática deste racismo diferenciador, pois ele reforça a distância entre ambos os grupos. Enquanto alguns brasileiros opinam que os bolivianos deveriam ser regularizados e ter acesso aos serviços públicos – o que eles já estão fazendo – outros veem nisto uma ameaça. Assim, a vitimização do boliviano é também utilizada em um sentido negativo. Se ele não é responsável por seu próprio destino, então também não deve ter direito a decidir sobre o seu próprio destino em São Paulo por meio do voto. Assim pensam muitos brasileiros entrevistados.

Portanto, conclui-se disto que as políticas públicas de reconhecimento da diferença cultural devem ter cuidado em não tornar as “unidades multiculturais” um antro de autoritarismo – que é o que acontece quando se pensa apenas na identidade cultural, mas se negligencia o sujeito singular. Elas necessitam se apoiar na ideia de autonomia se quiserem obter sucesso. Precisam desconstruir a imagem do boliviano enquanto vítima. Há que se evitar o perigo de perverter a diferença em racismo. Para isto, se deve focar na universalidade das ações propostas. Uma ação afirmativa que se articule com o potencial empreendedor do boliviano é uma boa alternativa. Por que, com efeito, há uma imagem positiva que os bolivianos causam nos brasileiros: a de que ele é trabalhador. Os resultados da pesquisa mostram que muitos bolivianos ascenderam economicamente de uma forma muito rápida. De tal maneira, que a sua ascensão social não acompanhou ainda a econômica (SILVA, 1997). Se este empreendedorismo for associado à identidade cultural do boliviano, certamente isto resultará em menor vitimização e maior valorização de sua cultura.

Bibliografia

Azevedo, Flávio Antonio Gomes de. 2005 “A presença de trabalho forçado urbano na cidade de São Paulo: Brasil/Bolívia.” (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina (PROLAM), São Paulo, Universidade de São Paulo.

Baeninger, Rosana & Oliveira, Gabriela Camargo de 2012 “A segunda geração de imigrantes bolivianos em São Paulo” en Rosana Baeninger (Org.) Imigração Boliviana no Brasil, (Campinas: Núcleo de Estudos de População-Nepo/ Unicamp; Fapesp; CNPq; Unfpa).

Baeninger, Rosana & Simai, Szilvia 2012 “Práticas discursivas da negação do racismo em São Paulo” en Rosana Baeninger (Org.) Imigração Boliviana no Brasil, (Campinas: Núcleo de Estudos de População-Nepo/ Unicamp; Fapesp; CNPq; Unfpa).

Balandier, Georges 1999 O dédalo: para finalizar o século XX (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil). Baraldi, Camila et al. 2013 “Informe Brasil” em Gainza, P. P. (coord..). Informe Políticas Migratorias e Integración em América del Sur (São Paulo: Espacio Sin Fronteras). Disponible en: <http://www.cdhic.org.br/wp-content/uploads/2013/06/Informe-Politicas-Migratorias-America-do-sul.pdf>. Acesso 28 de julho de 2013.

Bauman, Zygmunt 1999 Modernidade e Ambivalência (Rio de Janeiro: Jorge Zahar). Bauman, Zygmunt. 2009 Confiança e medo na cidade (Rio de Janeiro: Zahar Ed.). CDHIC 2012 Propostas para uma Política Municipal de Migrações. Disponível em <ttp://www.cdhic.org.br/wp-content/uploads/2012/12/Propostas-CDHIC-ao-Governo-Haddad-politica-mun-migracao.pdf> Acesso 30 de julho de 2013.

Carvalho, Edgar Assis de: “Infernos da diferença” 2004 em Silva. A. A. E Chaia, M. (orgs.) Sociedade, Cultura e Política: ensaios críticos (São Paulo, EDUC).

Castoriadis, Cornelius 1992 “Reflexões sobre o racismo” em As encruzilhadas do labirinto III: o mundo fragmentado (São Paulo: Paz e Terra).

Cymbalista, Renato & Rolnik, Iara 2007 “A comunidade boliviana em São Paulo: definindo padrões de territorialidade” em Cadernos Metrópole. São Paulo, Nº. 17, pp. 119-133.

Elias, Norbert. e Scotson, John L. 2000 Estabelecidos e outsiders (São Paulo: Zahar).

Fortuna, Carlos e Silva, Augusto Santos 2005 “A cidade do lado da cultura: espacialidades sociais e modalidades de intermediação cultural” em Santos, Boaventura de Sousa. (org.) A globalização e as Ciências Sociais (São Paulo, Cortez Ed.).

Fraser, Nancy 2006 “Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça numa era ‘pós-colonialista’” en Cadernos de campo (São Paulo), N° 14-15.

Freire da Silva, Carlos 2008 “Trabalho informal e redes de subcontratação: dinâmicas urbanas da indústria de confecções em São Paulo” (Dissertação de Mestrado). Departamento de Sociologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Freitas, Patrícia Tavares 2009 “Imigração e Experiência Social: o circuito de subcontratação transnacional de força-de-trabalho boliviana para o abastecimento de oficinas de costura na cidade de São Paulo.” (Dissertação de Mestrado). Departamento de Sociologia, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de Campinas, Campinas.

Grimson, Alejandro 2005 Relatos de la diferencia y la igualdad: los bolivianos en Buenos Aires (Buenos Aires: Eudeba).

Grimson, Alejandro 2011 Los límites de la cultura (Buenos Aires: Siglo Veintiunon Editores).

Hall, Stuart 2003 Da diáspora: identidades e mediações culturais (Belo Horizonte: UFMG/Brasilia: Representação da UNESCO no Brasil).

Huayhua, Gladys Llajaruna 2007 “Primeira e segunda geração de jovens imigrantes argentinos, bolivianos e peruanos em São Paulo: um estudo psicossocial da identidade e aculturação”. Tese (Doutorado em Psicologia Social). Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.

Magalhães, Giovanna Mode 2010 “Fronteiras do direito humano à educação: um estudo sobre os imigrantes bolivianos nas escolas públicas de São Paulo.” (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Manetta, Alex 2012 “Bolivianos no Brasil e o discurso da mídia jornalística” en Rosana Baeninger (Org). Imigração Boliviana no Brasil (Campinas: Núcleo de Estudos de População-Nepo/ Unicamp; Fapesp; CNPq; Unfpa).

Marques, Eduardo 2005 “Elementos conceituais da segregação, da pobreza urbana e da ação do Estado” en Marques, Eduardo Torres, Haroldo (organizadores) São Paulo: segregação, pobreza e desigualdades sociais (São Paulo: Editora Senac São Paulo).

Martinez, Vanessa Nogueira 2010 “Equidade em saúde: o caso da tuberculose na comunidade de bolivianos no município de São Paulo.” (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Martins, José de Souza 1996 Desfigurações: a vida cotidiana no imaginário onírico da metrópole (São Paulo: Hucitec).

Noguera, Oracy. “A entrevista” 1975 em Pesquisa social: introdução às suas técnicas (São Paulo: Editora Nacional).

Peres, Roberta Guimarães; Baeninger, Rosana 2009 “Mulheres Migrantes na Fronteira Brasil-Bolívia” em Travessia ano XXII, Nº. 63, (São Paulo) jan./abr., pp. 39-45.

Pierucci, Antônio Flávio 1999 “Ciladas da Diferença” em Ciladas da diferença N° 34 (São Paulo).

Pucci, Fabio Martinez Serrano 2011 A Inserção dos Bolivianos nos bairros do Bom Retiro, Brás e Pari e a Produção da Alteridade: como são vistos pela vizinhança (São Paulo: Relatório Científico/CNPq.).

Rolnik, Iara 2009 “A Cidade de El Alto e os Fluxos de Bolivianos para São Paulo” em Travessia, ano XXII, Nº. 63, (São Paulo) jan./abr., pp. 39-45.

Rolnik, Iara 2010 “Projeto migratório e espaço: os bolivianos na região metropolitana de São Paulo”. Dissertação (Mestrado em Demografia). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

Sayad, Abdelmalek 1998 A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade (São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo).

Silva, Sidney Antonio 1997 Costurando Sonhos. Trajetória de um grupo de imigrantes bolivianos em São Paulo (São Paulo: Paulinas).

Silva, Sidney Antonio 2003 Virgem, Mãe, Terra: festas e tradições bolivianas na metrópole (São Paulo: Hucitec, Fapesp).

Souchaud, Sylvain 2010 “A imigração boliviana em São Paulo” en Pacelli Ferreira, A. et al. (orgs). A experiência migrante: entre deslocamentos e reconstruções (Rio de Janeiro, Garamond).

Souchaud, Sylvain 2012 “A confecção: nicho étnico ou nicho econômico para a imigração latino-americana em São Paulo?” em Rosana Baeninger (Org.) Imigração Boliviana no Brasil (Campinas: Núcleo de Estudos de População-Nepo/ Unicamp; Fapesp; CNPq; Unfpa).

Todorov, Tzevan 1999 “O declínio da autonomia” em O homem desenraizado (Rio de Janeiro, São Paulo, Ed. Record).

Véras Maura Pardini Bicudo 2009 “Alteridade e Segregação em São Paulo: habitações da pobreza e a produção do ‘outro’. Vínculos e Rupturas.” Projeto de Pesquisa aprovado pelo CNPq, período 2010-2014.

Vidal, Dominique 2012 “Convivência, alteridade e identificações: brasileiros e bolivianos nos bairros centrais de São Paulo” em Rosana Baeninger (Org.) Imigração Boliviana no Brasil (Campinas: Núcleo de Estudos de População-Nepo/ Unicamp; Fapesp; CNPq; Unfpa).

Wieviorka, Michel 2006 Em que mundo viveremos? (São Paulo: Perspectiva).

Zygouris, Radmila 1998 “De Alhures ou de Outrora ou Sorriso do Xenófobo” em Koltai, C. (org.) O Estrangeiro (São Paulo: Escuta).

 El presente trabajo es resultado del Concurso “Migraciones, movilidad humana y pobreza en América Latina y el Caribe”, realizado por CLACSO en el año 2013.

1 A concentração de bolivianos nestes bairros é muito baixa quando comparada com o total da população. Analisou-se a “frequência relativa” de bolivianos em cada um deles, cujo resultado é a razão entre a “população residente total” pela “população residente de nacionais bolivianos” – em cada “área de ponderação” (unidade de medida usada pelo IBGE para realizar o Censo 2010).

2 Um espaço onde se comercializam produtos da indústria de confecção com fornecedores de vários estados do Brasil. é um importante ponto de escoamento da produção para o país. Quando realizamos a pesquisa, em junho de 2013, a feira estava fechada.

3 A principal feira dos bolivianos, realizada todos os domingos, onde se encontram danças, culinária típica, festas, produtos artesanais etc.

4 Esta feira ocorre aos sábados. Segundo os entrevistados, é um pouco perigosa de se frequentar, principalmente após às sete da noite.

5 Os imigrantes têm acesso aos serviços de saúde e educação como qualquer brasileiro, garantido pela Constituição Federal de 1988.

6 Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/ L11961.htm>.

7 Disponible en: <http://www.dnrc.gov.br/Legislacao/IN_111_10.pdf>.

8 Nesse sentido, se entende segregação como um processo que é imposto externamente ou voluntariamente levado a cabo como uma estratégia de sobrevivência. No primeiro caso se tratam dos guetos e no segundo das cidadelas (Marques, 2005: 31). No primeiro a dificuldade está em sair de lá e no segundo está em entrar. Como exemplo do primeiro existem os guetos norte-americanos e do segundo os enclaves fortificados.

9 Neste caso, a “segregação” se refere à desigualdade no acesso a “políticas públicas ou condições de vida de uma forma geral” (MarqueS, 2005: 33).

10 Na prática esse conceito trata “de investigar os padrões de semelhança e diferença na distribuição dos grupos sociais no espaço, considerando alguma clivagem (renda, escolaridade, raça, etc.).” (Marques, 2005: 34).

11 O nome do meio de comunicação em questão é o Bolívia Cultural. Disponível em <www.boliviacultural.com.br>.

12 Problematiza-se este ponto adiante.

13 Documento confeccionado pelo Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), direcionado ao prefeito Fernando Haddad, eleito em 2012. Disponível em < http://www.cdhic.org.br/wp-content/uploads/2012/12/ Propostas-CDHIC-ao-Governo-Haddad-politica-mun-migracao.pdf>.

14 A Coordenação de Políticas para os Migrantes concedeu-me uma entrevista, onde afirmaram que ainda não há um plano de ação relacionado a este ponto.

15 Realizou-se uma entrevista com a assessoria da Coordenação de Políticas para os Migrantes, quando se procurou ouvir a opinião deste órgão a respeito da problemática. Porém, eles afirmaram que ainda estão em fase de elaboração de um diagnóstico e mapeamento das demandas dos imigrantes. Assim, disseram que ainda não haviam refletido sobre esta questão.

16 Este tipo de racismo procurava justificar a superioridade de uma raça sobre a outra por meio de justificativas biológicas e naturais. Também conhecido por “racismo clássico” (Wieviorka, 2006).

17 “[...] o ‘novo racismo’ descreve diversos grupos a partir de suas particularidades culturais que os constituem como subconjuntos considerados inassimiláveis, perigosos e nocivos, prontos a espezinhar os valores morais da nação e a abusar dos sistemas que ela elaborou para assegurar a seus membros uma certa solidariedade.” (Wieviorka, 2006: 169).

Misión

Crítica y Emancipación es una revista destinada a promover el debate, la investigación y el pensamiento crítico en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. La misión de la revista consiste en la producción y divulgación de conocimiento social para intervenir activamente en los procesos de transformaciones democráticas y en la construcción de sociedades más justas e inclusivas en América Latina y el Caribe. De manera crítica, autónoma y plural, la revista aborda diferentes temas y problemas de la historia y la coyuntura latinoamericana y caribeña para aportar enfoques, análisis, debates y perspectivas que permitan la interpretación crítica de nuestra contemporaneidad y los desafíos que se abren en las luchas emancipatorias de una región donde las desigualdades, las injusticias y la violencia contra los más pobres persisten más allá de las conquistas alcanzadas. Así, Crítica y Emancipación es un canal de divulgación y circulación de producciones académicas de intelectuales del Sur.

Proceso de arbitraje por pares

Los originales que son sometidos a publicación en Crítica y Emancipación son revisados y arbitrados en dos etapas. La primera de ella consiste en una revisión técnica por parte de la Secretaría de Redacción que tiene como objetivo corroborar que se utilicen las normas de estilo y formato. Los manuscritos que no cumplan con estos requisitos se devuelven a lo/as autores para su presentación correcta. La segunda etapa consiste en un procedimiento de revisión por pares bajo la modalidad de doble ciego. Para ello, se remueven las referencias a los autores y los manuscritos son enviados a los árbitros, quienes cuentan con un plazo de tres semanas para proceder a su evaluación, conforme el procedimiento indicado por CLACSO. Si fuera necesario, las evaluaciones son remitidas a lo/as autores para incorporar las sugerencias realizadas, cuya respuesta será enviada nuevamente a lo/ as árbitros. Por su parte, si el resultado de las dos evaluaciones difiere considerablemente, el trabajo será revisado por dos integrantes del Consejo Editorial junto con el Director de la revista, intentando zanjar las incongruencias. En caso de mantenerse el desacuerdo, el Consejo Académico podrá emitir su opinión al respecto.

La Revista Crítica y emancipación es una publicación semestral que promueve el debate crítico y riguroso en las Ciencias Sociales desde una perspectiva pluralista y democrática, en vinculación con las necesidades de nuestros pueblos latinoamericanos.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a todos los investigadores/as de ciencias sociales de América Latina y el Caribe.

Pautas para presentación de artículos

Se aceptarán artículos en idioma español y portugués, con una extensión máxima de 7500 palabras, incluida la bibliografía utilizada.

Se requiere que los trabajos se adapten a la normas de citación aplicadas por CLACSO, tal cómo se indica en el apartado final.

Los trabajos deben incluir

CV de no más de 35 palabras

Resumen en el idioma original de de no más de 80 palabras y su traducción al inglés.

Cinco palabras clave en el idioma original y su traducción al inglés.

La Revista incluye trabajos presentados en los siguientes formatos:

Artículo de investigación científica. Trabajo que presenta resultados originales de proyectos de investigación. Se recomienda la división del documento en Introducción, Metodología, Resultados y Conclusiones.

Artículo de reflexión o ensayo. Trabajo que presenta un estudio o reflexión en profundidad sobre una temática específica, desde una perspectiva novedosa. No es necesario, en este caso, incluir una estructuración metodológica de lo expuesto.

Reporte de caso. Trabajo que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.

Revisión de tema. Trabajo resultante de la revisión crítica de la literatura sobre una temáticaen particular.

Normas generales para citas textuales y para citas bibliográficas

Ejemplo de cita textual incluyendo cita bibliográfica al finalizar el párrafo

“y requerirá de una cohesión de las fuerzas políticas muy fuerte, que implicará seguramente la constitución de un frente político con raíces muy amplias en la sociedad, y con un decidido apoyo popular” (Gambina et al., 2002: 119).

Normas para citar bibliografía

Los libros, artículos y ponencias citados deben aparecer ordenados alfabéticamente de manera ascendente, de acuerdo a las especificaciones detalladas y los ejemplos presentados en cada caso.

En caso de citar dos o más obras del mismo autor, ordenarlas según fecha de edición comenzando por la más antigua. En caso de que el autor de la obra citada sea, a su vez, el compilador de la misma, indicarlo entre paréntesis y de forma abreviada, luego del nombre del mismo. Si existen dos o más ciudades de edición y/o dos o más editoriales, las mismas se escribirán separadas por una barra sin espacios

- Apellido, nombre completo del autor - (ed.) (eds.) (comp.) (comps.) (org.) (orgs.) [según corresponda] - Año de edición (si se conoce, se puede colocar entre paréntesis el año de publicación original de la obra) - Título de la obra en cursiva - (Ciudad/es: Editorial/es) - Vol., Tomo [si los hubiere]

Ejemplos

Croce, Benedetto 1942 (1938) La historia como hazaña de la libertad (México DF: Fondo de Cultura Económica).

López, Elpidio y Casahonda, Jorge 1940 Geografía de México (México DF: El Nacional) Vol. 7.

Ortiz, Sutti 1999a Harvesting coffe, bargaining wages. Rural labor in Colombia, 1975- 1990 (Michigan: University of Michigan).

Ortiz, Sutti 1999b “Los mercados laborales a través del continente americano” en Benencia, Roberto y Aparicio, Susana (comps.) El empleo rural (Buenos Aires: La Colmena).

Piñeiro, Diego (org.) 1991 Nuevos y no tanto. Los actores sociales para la modernización del agro uruguayo (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental/CIESU).

Schimtt, Carl 1974 Teología Política (Madrid: Guadarrama). Schimtt, Carl 1983 El concepto de lo político (Madrid: Alianza).

Para artículos de libros

- Apellido, nombre completo del coordinador/es o compilador/es de la publicación [si corresponde] - (ed.) (eds.) (comp.) (comps.) (org.) (orgs.) [según corresponda] - Título de la obra en cursiva - (Ciudad: Editorial) - Vol., Tomo [si los hubiere]

Ejemplo

Diamond, Martín 1996 (1963) “El Federalista” en Strauss, Leo y Cropsey, Joseph (comps.) Historia de la Filosofía Política (México DF: Fondo de Cultura Económica).

Para revistas, diarios y periódicos

-Apellido, nombre completo del autor - Año de edición - “Título del artículo” (entre comillas, NO en cursiva) - en - Nombre de la revista en cursiva (subrayado) - (Ciudad de publicación) -Vol., Nº de la revista citada, día y mes.

Ejemplo

Gómez, José María 1997 “Globalização da política. Mitos, realidades e dilemas” en Praia Bermelha (Río de Janeiro) Vol. I, Nº 1. Ceceña, Ana Esther 2004 “Militarización y resistencia” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº 15, septiembre-diciembre.

Clarín 2005 (Buenos Aires) 15 de febrero. Comercio Exterior 1992 (México DF) Nº 42.

Para la presentación de originales completar el formulario en línea disponible en www.clacso.org/criticayemancipacion.

Consultas: criticayemancipacion@clacso.edu.ar