Terminó la guerra, el postconflicto está en riesgo

A un año del acuerdo de paz

Terminó la guerra, el postconflicto está en riesgo : a un año del acuerdo de paz / León Valencia Agudelo ... [et al.] ; compilado por León Valencia Agudelo. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; Bogotá : Fundación Paz & Reconciliación, 2017.

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ISBN 978-987-722-286-9

1. Paz. 2. Conflictos Bélicos. 3. Acuerdos. I. Valencia Agudelo, León II.

Valencia Agudelo, León, comp.

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Primera edición

Terminó la guerra, el postconflicto está en riesgo (Buenos Aires: CLACSO, junio de 2017)

ISBN 978-987-722-286-9

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Redprodepaz

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Índice

Terminó la guerra, el postconflicto está en riesgo

Tercer Informe

Capítulo 1

Balance de la dejación de armas

Dinámicas de seguridad, una transición en riesgo

Capítulo 2

El proceso de Reincorporación en cuidados intensivos

Cultivos de uso ilícito, evolución, permanencia y retos

Oferta Institucional en materia de seguridad

Desde los territorios

Capítulo 3

Cumplimiento del acuerdo sobre las víctimas

Capítulo 4

La última legislatura de la Paz

La Infraestructura para La Paz

Capítulo 5

Los acuerdos de paz desde el enfoque de género

Medio ambiente y postconflicto

Tercer Informe

Terminó la guerra. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-Ep, se desmovilizaron y se desarmaron; el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha firmado por primera vez un cese al fuego y a las hostilidades bilateral temporal y es muy probable que esta tregua se prolongue y termine en un pacto definitivo de paz. 2017 será recordado en la historia como el año en que se puso fin a un conflicto armado que duró más de cinco décadas y produjo 8.530.000 víctimas entre ellas cerca de 250.000 muertos la inmensa mayoría civiles indefensos.

El país, signado por apasionadas controversias políticas, aún no le da el justo valor a este acontecimiento, pero la comunidad internacional en pleno si sabe el gran salto que ha dado Colombia. Por fin estamos pasando del siglo XX al siglo XXI, estamos dejando atrás la herencia de un siglo que en su segunda mitad produjo dictaduras militares y guerrillas en todo el continente.

La guerra terminó. Lo que está en discusión es la calidad del post-conflicto. Las preguntas después de un año de firmado el acuerdo de paz tienen que ver con el camino que elegiremos en la transición: ¿Tendremos un post-conflicto especialmente violento como el de Centro-América? ¿Zanjaremos las enormes diferencias y controversias que en torno a las negociaciones de paz se han tejido con más ardor que razón? ¿Echaremos pronto las bases de la reconciliación nacional con verdad, con justicia, con reparación? ¿Los 281 municipios que han sufrido la guerra recibirán una verdadera atención del Estado, los empresarios y la comunidad internacional, para superar la presencia de economías ilegales y construir institucionalidad democrática, mercados legales y ciudadanía? ¿Se abrirá el país a un tiempo de reformas políticas, económicas y sociales en pos de la modernización, de la inclusión política y de la equidad social?

El primer paso para realizar un post-conflicto de alta calidad es el cumplimiento cabal del acuerdo de paz suscrito solemnemente en el Teatro Colón de Bogotá entre el presidente Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño el 24 de noviembre de 2016. El segundo paso es la puesta en marcha de estrategias eficaces para conjurar los demás factores de violencia: el crecimiento de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, la minería ilegal; la persistencia de los herederos de los paramilitares, especialmente el Clan del Golfo; la consolidación de las disidencias de las FARC; cualquier tentación del ELN de volver a la confrontación armada; la anarquía criminal que se percibe en algunas zonas dejadas por las FARC donde están en aumento los delitos comunes y los conflictos en la comunidad. El tercer paso es el triunfo en las elecciones de 2018 de una coalición política comprometida de verdad con la construcción de una paz estable y duradera fruto de la negociación y la concertación.

Ninguno de estos pasos está asegurado, la incertidumbre es el signo al cierre de este primer año del acuerdo de paz. Aún no se vislumbran unas tendencias dominantes, unas líneas más vistosas, más influyentes. Esta incertidumbre se refleja en el balance de la Fundación Paz y Reconciliación. En el marco de la Iniciativa Unión por La Paz hemos hecho un gran esfuerzo para hacer el seguimiento a los acuerdos de paz y a la marcha del post-conflicto a la largo del año. Dividimos los 281 municipios en 17 zonas y en cada una de ellas estamos instalando dos investigadores sociales que junto a un equipo nacional de 13 personas hacen monitoreo permanente de la implementación de los acuerdos con las FARC y de la marcha de las negociaciones con el ELN. En este informe damos cuenta punto por punto tanto de los avances como de los grandes riesgos del post-conflicto desde una posición independiente y crítica que se la juega a la mayor objetividad lejos de afanes partidistas.

Agradecemos especialmente a la Fundación Ford; a la Cooperación Noruega y Española; al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO; y a la Red de programas de desarrollo y paz, Redprodepaz; por su enorme contribución para que tanto los dos primeros informes como este balance del año se hicieran realidad.

El informe trae cinco capítulos y estos son los hallazgos principales:

Capítulo 1

La dejación de armas de las FARC se ha cumplido a cabalidad. La medición internacional se hace calculando la relación entre el número de armas por desmovilizado. El promedio más alto había sido Afganistán, donde se entregaron 0.76 armas por desmovilizado. A nivel nacional, la desmovilización paramilitar arrojo un promedio de 0.6 armas por hombre. Para el caso de las FARC la relación fue de 1.3 armas por excombatiente, más del doble a la de paramilitares y casi del doble de la de Afganistán, una cifra que no tiene precedentes en los procesos de dejación de armas.

En términos generales la violencia asociada al conflicto ha descendido desde 2012, cuando se inició el proceso de paz. Entre 2012 y 2016 la reducción de homicidios a nivel nacional fue de 3695 vidas, mientras que en los 281 municipios focalizados para el postconficto la reducción fue de 957 vidas, nótese que el 27% de la reducción en muertes violentas ocurrió en los municipios de postconflicto. El descenso en los indicadores se da a nivel nacional y particularmente en los 242 municipios donde operaron las FARC no sólo está asociado a cifras de homicidios, este comportamiento también se puede observar en la reducción del desplazamiento forzado, el secuestro y la desaparición forzada.

Pese al constante descenso en las cifras entre 2012 y 2017, preocupa que los datos asociados a violencia estén repuntando en lo corrido del 2017. Hay un grupo de setenta municipios que tienen un comportamiento diferente al resto del país. Allí la violencia homicida ha aumentado una vez las FARC salieron del territorio.

En este grupo de setenta municipios se han presentado nuevas dinámicas asociadas a la seguridad. Por un lado, varios de estos municipios han sido copados por otras estructuras ilegales, en algunos casos el ELN, en otros Grupos Armados Organizados, principalmente el Clan del Golfo y grupos de desertores de las FARC. Por otro lado, en otros municipios como en el sur del Tolima, lo que se ha presentado es un proceso de anarquía criminal, en el cual no hay copamiento de estructuras ilegales, sino con la salida de las FARC se incrementaron el robo en carreteras, el abigeato y el robo de gallinas. Es decir, se incrementa la delincuencia común.

Capítulo 2

En todo el país se contabilizan 15 grupos de desertores en 43 municipios, de los cuales los más grandes están en Guaviare, Tumaco y Cauca. Un total de 700 guerrilleros habrían reincidido.

La disidencia de las Farc del sur del país al mando de Iván Mordisco y Gentil Duarte está fortaleciéndose de manera significativa. Las debilidades en materia de reincorporación, el reclutamiento por distintos medios y la débil acción del ejército en Guaviare ha favorecido este proceso. Se cree que este grupo tendría 550 personas, de las cuales al menos 450 serían ex guerrilleros.

Según la investigación de la Fundación Paz & Reconciliación, no existe ningún tipo de vínculo entre los miembros de las Farc en proceso de reincorporación y los denominados desertores y disidencias del mismo grupo. Quienes han querido mostrar estas relaciones lo han hecho para sacar réditos políticos en el marco de las elecciones del 2018. Es decir, no hay pruebas que indique que estos grupos son el Plan B o una retaguardia de las FARC.

La proliferación de Grupos Armados Organizados como “La Mano que limpia”, “La Nueva Generación”, “Gente de Orden”, “Águilas Negras” y la expansión del Clan del Golfo, genera un alto riesgo en términos de seguridad tanto para las comunidades como para los miembros de las Farc en proceso de reincorporación y para sus familias. Por otra parte, la expansión y el dominio de los GAO evidencia una débil capacidad de las instituciones estatales para garantizar alternativas económicas y sociales a la población, además, evidencia una debilidad de la Fuerza Pública en la confrontación directa con estos grupos.

Las zonas más afectadas por estas nuevas dinámicas criminales se encuentran en tres grandes subregiones. Todo el cinturón del pacífico, desde Tumaco Nariño hasta Riosucio Choco. Luego lo que va desde la frontera con Panamá pasando por el sur de Córdoba, sur de Bolívar hasta llegar al Catatumbo. Y un tercer cinturón en los llanos orientales.

Puede avizorarse que seguirán surgiendo nuevos GAO debido a fragmentaciones de los ya presentes o a las “nuevas oportunidades” de hacerse al control de las rentas ilegales. No obstante, en un futuro cercano, la situación tenderá a “normalizarse” dada la consolidación paulatina de algunos grupos en la mayor parte de los territorios, como es el caso del Clan del Golfo, que seguramente recogerá estas pequeñas expresiones armadas.

Entre 2015 y 2016 los cultivos de coca aumentaron un 52% al pasar de 96.000 has a 146.000 has. Este incremento no es nuevo ni repentino, comenzó en 2013. Hay tres fenómenos que tienen relevancia más allá del incremento: (i) la concentración de los cultivos: desde 2014 el número de departamentos afectados con coca decrece a 21, al igual que el número de municipios que pasó de 204 a 183. (ii) el aumento de cultivos se da sólo en 9 departamentos, mientras que en el resto tiende a disminuir. (iii) se presenta reincidencia de cultivos en zonas donde se pusieron en marcha diferentes estrategias para erradicación de cultivos, tanto la erradicación forzada, como planes de sustitución implementados en el marco del plan consolidación.

El 50% de los cultivos se concentra en 10 municipios de 4 departamentos (Nariño, Norte de Santander, Cauca y Putumayo) de la siguiente manera: Tumaco (16%); Tibú (9%); Puerto Asís (5%); El Tambo (4%); Valle Del Guamuez (3%); Sardinata (3%); El Tarra (3%); Barbacoas (2%); San Miguel (2%) y Orito (2%). El área con coca en estos 10 municipios pasó de 45.748 has en 2015 a 70.579 has en 2016. Las regiones donde se concentran los cultivos tiene dos características que influyen en la dinámica de mercado: (i) son territorios fronterizos, que permiten la realización de la cadena de producción. (ii) no hay un actor armado dominante que regule la cadena del narcotráfico o alguno de sus eslabones.

Luego de meses de investigación se puede concluir que el aumento de los cultivos de uso ilícito es más complejo de lo que se cree. Al menos hay cuatro explicaciones. La primera y tal vez la principal explicación es económica, en las regiones productoras desde mediados de 2012 se vivió un aumento de los precios de la hoja de coca y la pasta base de coca, lo cual fue producto de la revaluación de dólar y el aumento de la demanda en Brasil. Hubo zonas donde el incremento del precio fue cercano al 40%. La segunda explicación es de mano de obra.

Básicamente desde 2007 muchas familias se pasaron de la siembra de hoja de coca a la minería ilegal, debido al aumento del precio de la onza de oro. Con la caída de los precios del Oro a nivel mundial muchas familias regresaron a la hoja de coca. La tercera explicación es la escalada de consumo de Cocaina en Brasil y Argentina y el salto de un millón quinientos mil consumidores en Estados Unidos a un millón novecientos mil en los últimos años. La cuarta explicación es la expectativa de recibir beneficios por parte del Estado derivados del proceso de paz; aunque esta explicación sólo es valida para pequeños cultivadores no para las zonas de producción industrial. Por último, asuntos de infraestructura social hicieron que los avances durante el Plan consolidación y el Plan Colombia se vinieran al piso, nunca llegaron vías terciarías, alumbrado público, ni distritos de riego.

El tiempo que hay entre la firma del acuerdo colectivo y la inscripción de las familias en el Programa es demasiado largo, según información de terreno, alrededor de 8 o 10 meses. Este periodo se configura como una posibilidad de desconfianza por parte de las comunidades hacia el Estado, pues resulta inexplicable la demora. Esta desconfianza sumada a la falta de credibilidad que ya tiene el Estado en esas regiones, puede jugar en contra del proceso de sustitución, pues mientras que el Estado demora en entregar los subsidios prometidos, están en el territorio otros actores armados ilegales incentivando la siembra de coca. Para ello es necesario y urgente robustecer el equipo de trabajo dedicado a esta labor. Mientras que en el tema de erradicación se comprometieron a 8.000 efectivos de la fuerza pública, para el programa de sustitución existen alrededor de 100 funcionarios públicos en territorio, el desbalance es enorme.

El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la Policía Antinarcóticos, han demostrado muy bajos niveles de coordinación interinstitucional, si bien estos no son políticas excluyentes, no pueden implementarse de manera simultánea, lo cual se ha generalizado con un ambiente de desconfianza entre comunidades y las autoridades.

Si el Gobierno no pone en marcha los Planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo PISDA, y otros Planes comprometidos en el marco de la Reforma Rural y la estrategia de respuesta rápida para el postconflicto, tales como vías terciarias, mecanismos de crédito y economía solidaria, búsqueda y apertura de mercados, apoyo técnico para la diversificación de productos, es posible que el intento de los PNIS por resolver el asunto de los cultivos de uso ilícito, corra con la misma suerte que programas anteriores.

Los retrasos en materia de reincorporación son evidentes y se han constituido en una de los principales obstáculos para un postconflicto de alta calidad. El acuerdo reconocía el proceso de reincorporación desde una dimensión política, social y económica, los avances son residuales y los incumplimientos en acciones que favorezcan la garantía de los derechos de los excombatientes han generado insumos para que estos se salgan del proceso. Por un lado, las Zonas Veredales de Transición y Normalización fueron cambiadas por Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, sin que esto transformara la realidad del entorno y permitiera el desarrollo de proyectos productivos y demás ofertas que contempla el acuerdo para la reincorporación.

Las acciones contra la seguridad física de los excombatientes es alarmante. En el primer año de implementación se han reportado 21 homicidios a excombatientes y 11 más a familiares de ex guerrilleros, esto da cuenta de las deficiencias en un plan integral de protección para garantizar la vida de los excombatientes.

Hasta el momento, los mayores avances se pueden observar en los temas de reincorporación política, el pasado 01 de septiembre nació la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, organización política que les permitirá participar con personería jurídica en las próximas elecciones. La constitución del partido político es el hecho más sobresaliente del proceso de reincorporación y permitirá a la FARC proponer listas para participar políticamente en las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

Capítulo 3

Desde el 24 de Noviembre de 2916 hasta el 31 de Octubre de 2017 se han reportado el homicidio de 94 líderes sociales y defensores de derechos humanos y más de 200 acciones victimizantes contra esta población. Así las cosas cada 4 días matan un líder social en Colombia.

Las cifras registradas por la Fundación Paz & Reconciliación, a través del Observatorio de violencia política, han evidenciado patrones de sistematicidad en cuanto a los perfiles de líderes se refiere, a saber: a) líderes asociados a actividades en contra de las economías ilícitas y/o en defensa del medio ambiente; b) líderes que impulsan la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado en la reclamación de tierras, restitución de sus derechos y lucha por la verdad; y c) líderes con potencial participación política en las próximas elecciones en el caso concreto de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP).

En todos los casos, la identificación del móvil sigue siendo el mayor reto en materia de combatir la impunidad, no se ha podido establecer una sistematicidad sobre los posibles responsables, hecho que permite plantear la hipótesis de que las agresiones contra líderes sociales son ejecutadas por organizaciones que venden servicios criminales en los territorios a personas que están en la legalidad.

Capítulo 4

Desde que empezó el Fast Track: 01 de diciembre de 2016 hasta el 01 de octubre de 2017, transcurrieron 10 meses y el balance es deficiente. Durante el primer semestre del año 2017, fueron aprobados en bloque, antes de la regulación de la Corte Constitucional cuatro actos legislativos: Justicia Especial para La Paz, Reincorporación, Estabilidad Jurídica del Acuerdo y Monopolio de las Armas; dos leyes orgánicas: Voceros FARC-EP y Unidad Nacional de Protección; una ley ordinaria: Amnistía e indulto; y una ley estatutaria: Estatuto de la Oposición.

En el segundo periodo legislativo lo más probable es que se aprueben 12 de las 24 iniciativas legislativas proyectadas, incluidas la Justicia Especial para La Paz y la Reforma política que fueron mutiladas y están lejos de lo que fue acordado en la Habana.

Las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz se constituyen en uno de las acciones más importantes para garantizar los procesos de apertura democrática, Se ha acordado que no podrá ser postulados quienes hayan sido elegidos antes para otros cargos de elección popular y no podrán hacer coaliciones o alianzas con otros candidatos de partidos tradicionales. Tampoco desmovilizados de las FARC-EP u otros grupos al margen de la ley.

El comportamiento de los partidos políticos durante el trámite en el Congreso de las leyes para la Paz evidencia la ruptura que existe entre lo que fue la Unidad Nacional y permite identificar hacía dónde se moverá el mapa político para las próximas elecciones. Si bien, el Centro Democrático mantuvo siempre una posición de saboteo a los acuerdos, en el transcurso de la legislatura Cambio Radical y un sector del Partido Conservador se sumó a estas posiciones, especialmente cuándo e abordaron temas como la Reforma Política, el punto agrario y la Jurisdicción Especial para la Paz, transformaciones que son necesarias para garantizar los derechos de las víctimas, la apertura política y la modernización del campo colombiano.

Capítulo 5

El enfoque de género tiene que avanzar de la sola la noción de equidad e igualdad enunciadas en en el acuerdo de paz y en las disposiciones normativas a la consolidación de manera visible y concreta de medidas afirmativas que posibiliten estos derechos. No hay que olvidar que las prácticas de exclusión y discriminación están insertas en nuestra cultura política y la norma en sí no es garante de la materialización de los derechos.

Velar porque la participación de las mujeres va más allá de las instancias de alto nivel del acuerdo y se reflejen progresivamente en los territorios, entendiendo que debe haber un fortalecimiento especial de las garantías de participación, por los niveles de vulnerabilidad que las lideresas experimentan en los territorios.

Es necesario acompañar desde las organizaciones sociales y las plataformas de seguimiento de la implementación del acuerdo la debida transversalización del enfoque de género en el sistema de justicia transicional, ya que nos enfrentamos a un escenario de esclarecimiento de la verdad e identificación de responsables frente a las violencias de género y es clave incorporar las medidas necesarias para que esta disposición se cumpla.

El reconocimiento de la biodiversidad como sujeto de reparación en la construcción territorial de la paz. Iniciativas desde la sociedad civil como el Diálogo Minero-Energético, el Pacto por el Agua, los guardianes del oso, las consultas populares, entre otras, no hacen más que llamar la atención sobre la necesidad de caracterizar las conflictividades que se siguen dando entorno a la biodiversidad y los bienes naturales de Colombia, para luego dar un paso adelante en la construcción participativa de planes que reviertan los efectos de la guerra en la naturaleza.

Capítulo 1

1 

Balance de la dejación de armas

El primero de septiembre las FARC entregaron su última arma. La dejación se hizo en forma progresiva y bajo dos modelos. Por un lado, la entrega de armas de dotación individual que finalizó el 15 de agosto con la salida de los contenedores de las 26 zonas veredales. 6.800 guerrilleros concentrados entregaron un total de 7132 armas. Por otro lado, las FARC entregaron las coordenadas de las caletas. Inicialmente se dijo que habían 949 caletas, al final terminaron siendo 1027, de las cuales Naciones Unidas extrajo 750 hasta el 1 de septiembre, fecha límite de trabajo del equipo de monitoreo. Las restantes caletas -277- serán extraídas por las Fuerzas Militares colombianas.

En las caletas se encontraron cartuchos, explosivos, granadas, cordón detonante, armas de precisión, fusiles de francotirador, armas hechizas y muchos morteros de tipo industrial y artesanal. En total 8994, es decir, 1.32 armas por desmovilizado, una cifra sustancialmente más alta que la del promedio mundial y de país. El máximo promedio mundial en los diferentes procesos de desarme había sido de 0.76 armas por desmovilizado. A nivel nacional fue de 0.6 armas por desmovilizado.

Por ejemplo, para el caso del proceso de desmovilización paramilitar, hubo 0.6 armas por desmovilizado, es decir, casi la mitad de los paramilitares desmovilizados no entregaron armas. Varios son los ejemplos. El primer caso es el del Bloque Cacique Nutibara, al mando de alias Don Berna, estructura que se desmovilizó en diciembre de 2003. De un total de 868 desmovilizados, solo entregaron 497 armas. De hecho, muchas de las armas que este Bloque escondió, son hoy utilizadas en la guerra que desangra a Medellín y su área metropolitana entre los diferentes combos. El Bloque Norte de las AUC, al mando de Jorge 40, desmovilizó en 2006 a 2544 combatientes y solo entregó 835 armas, el promedio fue bastante bajo: 0.32 armas por desmovilizado.

A nivel internacional, cuando se compara, no existe nada aproximado a lo que sucedió con el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Afganistán fue tal vez el proceso de paz donde más armas se entregaron por insurgente. En Total 63.000 desmovilizados y 47.575 armas, es decir, 0.76 armas por desmovilizado. El nivel más bajo fue Nepal, allí de un total de 31.152 desmovilizados, entregaron 3475 armas. En general, en los procesos de paz siempre hay más gente que armas, pero lo ocurrido con las FARC marca un hito histórico. A continuación se muestra la comparación internacional.

La siguiente gráfica relación de desmovilizados y cantidad de armas para el proceso de desmovilización paramilitar

En cuanto al material bélico entregado se podría concluir que cualquier ejército lo envidiaría. En las fotos se pudieron ver contenedores repletos de armas con morteros, ametralladoras M60, los famosos fusiles Ak 47, y las poderosas anti aéreas ametralladoras Browning punto 50, y también se vieron fusiles de asalto M16. En total se calculan 72 toneladas de metales. Algunos datos son los siguientes:

a) 8,994 armas.

b) 1,756,862 cartuchos incinerados

c) 38,255 kilogramos de explosivos diversos

d) 51,911 metros de cordón detonante y mecha lenta

e) 11,015 granadas de mano y 40 mm

f) 3,528 minas antipersonal

g) 46,288 iniciadores-estopines

h) 4,370 municiones de calibres superiores a 40 mm y cohetes

Reducción de la violencia asociada al conflicto

Ha pasado un año desde la firma del acuerdo de paz en el teatro Colón y tres meses desde el fin de la dejación de las armas de las FARC. Se puede decir que las FARC como grupo armado ilegal desaparecieron y ahora están en proceso de construir su partido político.

Durante este año el proceso de implementación ha estado marcado por dificultades. El estado colombiano ha incumplido en diferentes materias. No ha podido terminar las zonas donde las unidades guerrilleras se concentraron para la dejación de armas y ahora funcionan como espacios de capacitación. Por otro lado, existe un desgaste político del gobierno de Juan Manuel Santos que se nota principalmente en la incapacidad de armar mayorías en el Congreso de la República frente una oposición política que no da tregua. El retiro de Cambio Radical de la coalición de gobierno y de algunos conservadores ha debilitado la gestión del presidente Santos.

Dentro del balance positivo en el año de implementación se destaca la reducción de los indicadores de violencia asociados al conflicto armado. 1. Los homicidios se han reducido drásticamente, aunque hay un grupo de municipios que ha comenzado a mostrar comportamientos negativos. 2. Los secuestros están muy cerca de desaparecer. 3. El horroroso pabellón del hospital militar para afectados por minas antipersonal, que recibía centenares de heridos, está a punto de cerrar, pues la cifra se vino abajo. 4. Igualmente los desplazamientos disminuyeron, aunque hay zonas donde se han presentado varios episodios de desplazamiento y confinamiento.

Donde mejor se constatan los beneficios inmediatos de la paz es en las zonas donde operaban las FARC. El grupo guerrillero llegó a operar en 242 municipios de los 1122 del país. Si se suman los municipios donde además opera la guerrilla del ELN, en total son 281 municipios. Allí los indicadores de violencia se han redujeron sustancialmente desde 2012 hasta 2016, pero con aumentos parciales y hasta septiembre de 2017 en un grupo de cerca de 60 de esos 281 municipios. Comparando 2015 con 2016, en estos 281 municipios hubo casi 400 homicidios menos como se ve a continuación.

Homicidios 281 Municipios

Fuente: Ministerio de Defensa

Todo parecen indicar que se está produciendo un efecto contagio en todo el país. Desde que hubo certeza de que el proceso de paz ya no tenía marcha atrás y sobre todo desde que comenzaron los sucesivos ceses unilaterales de las FARC y el bilateral, se ha podido evidenciar una reducción del homicidio en toda Colombia. Como se ve en la siguiente gráfica.

Homicidios: total nacional

Fuente: Ministerio de Defensa

Durante 2017 la situación si bien sigue a la baja en el acumulado nacional, se presenta varios casos preocupantes de aumento en algunas zonas. El siguiente mapa muestra dicha discriminación.

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.

Nótese como los aumentos se concentran en la costa pacífica. Es muy preocupante la situación del pacifico nariñense. También los antiguos territorios nacionales. Igualmente en un largo corredor que va desde los límites con Panamá hasta la zona de Catatumbo.

Tal vez uno de los casos más alarmantes se presenta en el municipio de Policarpa en Nariño. Allí el homicidio rural ha aumentado de forma importante, mientras que el urbano se mantiene estable. La siguiente gráfica muestra la comparación entre 2016 y 2017.

Homicidios Policarpa, Nariño 2016-2017

1 de Enero al 15 de Octubre de 2016 y 2017

Otro ejemplo donde se complica la situación es el municipio de Cartagena del Chairá, allí a nivel rural el homicidio aumentó en más de un 100%, como se ve en la siguiente gráfica.

Homicidios Cartagena de Chairá, Caquetá 2016-2017

1 de Enero al 15 de Octubre de 2016 y 2017

A continuación se presentan algunos casos donde se ha reducido el homicidio de forma significativa.

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

HOMICIDIOS 2016

HOMICIDIOS 2017

Diferencia

ANTIOQUIA

EL BAGRE

37

10

-27

CAUCA

SANTANDER DE QUILICHAO

66

43

-23

ANTIOQUIA

ZARAGOZA

28

7

-21

ANTIOQUIA

SEGOVIA

49

30

-19

CHOCÓ

QUIBDÓ

83

67

-16

CÓRDOBA

TIERRALTA

24

8

-16

NORTE DE

SANTANDER

TEORAMA

23

8

-15

VALLE DEL CAUCA

TULUÁ

91

77

-14

ANTIOQUIA

URRAO

20

9

-11

CESAR

AGUACHICA

16

5

-11

Igual ha ocurrido con los datos de secuestro; en 2015 hubo en estos 281 municipios 93 secuestros y en 2016 la cifra cayó a 61. Igual ha pasado con la extorsión; en departamentos como en el Huila, la extorsión descendió en picada. En muchas zonas la seguridad ha mejorado ostensiblemente.

Secuestro 281 municipios

Fuente: Ministerio de Defensa

A nivel nacional la tendencia es igualmente a la baja.

Secuestro a nivel nacional

Fuente: Ministerio de Defensa

Otro de los datos importantes se refiere a los afectados por minas antipersonal, allí como se mencionó antes la reducción es importante: La siguiente gráfica muestra la evolución histórica de los heridos por minas y artefactos sin explotar. De cerca de mil heridos en 2006 se pasó a menos de 20 en 2017.

La siguiente gráfica muestra la evolución anual de las muertes por minas antipersonal y artefactos sin explotar: de cerca de 300 en 2005 se pasó a uno solo en 2017, tal como se ve a continuación.

En cuanto al desplazamiento se nota igualmente una disminución significativa, aunque se mantiene un piso de cristal importante. La siguiente gráfica muestra dicha evolución entre 2012 y 2017.

Desplazamiento Forzado 2012-2017. Nacional

Como era de esperarse por las dinámicas reciente la violencia en el país, el cinturón del pacífico muestra los niveles más altos de desplazamiento. Particularmente el Choco tiene unas dinámicas altas de desplazamiento producto de los enfrentamientos entre ELN y el Clan del Golfo.

Para el segundo informe los homicidios en los 281 municipios del postconflicto se mantenían por debajo de los números de 2016. Pero para el tercer informe, que abarca enero-octubre, la situación cambia y está ligeramente por encima en el acumulado. Como se vio antes, existe un grupo de municipios con comportamiento al alza. La siguiente gráfica muestra la agrupación de municipios y la evolución de la violencia homicida.

Homicidios 281 municipios priorizados para el conflicto 2016 vs 2017 Datos de 1 de Enero al 15 de Octubre de 2016 y 2017

Fuente: Policía Nacional. *Datos primera semestre 2016 vs datos primer semestre 2017

Como se vio en la anterior gráfica, a nivel urbano la cifra es estable, la alteración se da en zonas rurales en las que las FARC hacia presencia. Todo parece indicar que este aumento es efecto de un vacío de poder que se produjo con la salida del grupo guerrillero. Una buena cantidad de estos homicidios obedecen a disputas en medio de celebraciones, por problemas vecinales o de convivencia. Las FARC regulaban la vida social en muchas de estas zonas, ejercían un sistema paralelo de administración de justicia y cuando éste desaparece la violencia entre pares tiende a aumentar.

Igualmente en otras zonas el aumento es producto del copamiento que realizan otras estructuras criminales. Tanto el ELN, como los grupos armados organizados, principalmente el Clan del Golfo, como estructuras desertoras de las FARC se disputan los antiguos territorios de las FARC en varias zonas del país.

Dinámicas de seguridad, una transición en riesgo

A un año de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, la posibilidad de una paz completa se ve amenazada por la desidia política, la insuficiente capacidad institucional para implementar lo pactado y los intereses económicos de grupos criminales, como el Clan del Golfo.

El Estado no ha sido capaz de proteger a cabalidad la vida de los excombatientes de las Farc y de sus familiares. Según investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, hasta el momento han asesinados dieciocho personas en proceso de reincorporación y once familiares. La responsabilidad recae directamente sobre el Estado pues es quien debe garantizar los derechos humanos de quienes acordaron entregar sus armas.

Tanto los problemas en seguridad física, como las dificultades en la reincorporación social y económica, han provocado una gran incertidumbre. Ahí está una de las causas de la deserción de cerca del diez por ciento de los miembros de las Farc . Todo indica que el fortalecimiento de la disidencia está directamente relacionado con el evidente fracaso de lo que hasta ahora se ha implementado en materia de reincorporación, ejemplo de esta relación es la fuga de alias “Rodrigo Cadete” el domingo 10 de septiembre en el departamento del Caquetá, quien se unió a la disidencia del sur del país.

“Cadete” es uno de los miembros más importantes que ha desertado del proceso desde “Gentil Duarte”, excomandante del Frente 7 de las Farc. Alias “Cadete” fue el comandante del Frente 27 de las Farc desde el año 2013 y el encargado de poner en marcha el “Plan de Campaña Raúl Reyes”, con el cual se proponían intensificar las acciones bélicas contra el Ejército Nacional. Razón por la cual la disidencia de las Farc ganaría un importante estratega militar y un experto en la lucha guerrillera.

Cabe aclarar que no todas las personas que han salido de las zonas de concentración se han unido a Grupos Armados Organizados o a la disidencia. Por ejemplo, según fuentes locales, excombatientes del Espacio Territorial ubicado en Policarpa, Nariño, han regresado con sus familias para emprender de manera individual sus procesos de reincorporación y otros se han dirigido a la zona de concentración de Tumaco, en donde el aparente liderazgo de alias “Romaña” ha permitido la cohesión del grupo y el emprendimiento de algunos proyectos productivos. La razón por la cual han tenido que salir de la zona ha sido el incumplimiento del gobierno en los aspectos más básicos como el agua potable, la salud, el alojamiento digno y, particularmente, la seguridad.

No obstante, debido a la captura de Tito Aldemar, alias “Don Ti”, en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación el pasado 19 de octubre -quien según las autoridades es un narcotraficante aliado de los carteles mexicanos y para las personas en proceso de reincorporación es un miembro de las Farc- 150 excombatientes abandonaron el ETCR Ariel Aldana ubicada en Tumaco. Esta situación agudiza de manera profunda las tensiones entre comunidades, excombatientes de las Farc y Fuerza Pública, lo cual ha aumentado la probabilidad de que muchos excombatientes reincidan dado que, según ellos, no existen garantías de ningún tipo para concretar el proceso de reincorporación.

Ahora bien, no debe perderse de vista que la disidencia de las Farc ha estado reclutando jóvenes en los municipios de Guaviare, el Sur de Meta y Caquetá, en este último la situación es más compleja debido a que se tiene información de ofrecimientos de sumas de dinero para colonizar el Guaviare de la mano del grupo armado.

Los opositores al proceso de paz han insistido en que no hay tales deserciones, que se trata de un plan B de las FARC. Pero en las investigaciones en terreno la Fundación Paz & Reconciliación no ha encontrado ningún tipo de relación entre las Farc en proceso de transición y las disidencias. De manera reiterativa, los miembros del secretariado de las Farc han expresado que las llamadas disidencias se alejaron del proceso de paz, de los intereses de la agrupación y que sus intereses son meramente económicos.

Es cierto que el gobierno ha puesto en marcha distintos procesos de capacitación y está cumpliendo con los dineros individuales acordados y con la vinculación de los excombatientes a elementos de la seguridad social. Pero estas acciones no hacen parte de una política pública estructurada de reincorporación colectiva que pueda responder a las necesidades diferenciadas de los excombatientes de acuerdo a sus trayectorias de vida y a la posición que ocupaban en tiempos de guerra, es decir, el planteamiento de reincorporación pactado en la Habana se ha quedado corto para garantizar el tránsito a la vida civil de los miembros de las Farc. La entrega de tierras que es clave para la reincorporación colectiva no ha avanzado un milímetro.

Los principales dirigentes de las FARC no logran atender las múltiples tareas de su transición. Han puesto su atención principal con toda razón en la creación y dirección del nuevo partido político. Y han dejado un poco a la deriva el proceso de reincorporación. No es exagerado decir que la reincorporación atraviesa por una gran crisis. Sólo hasta finales de septiembre, algunos dirigentes del nuevo partido han prendido las alertas sobre este asunto, como es el caso del llamado de Carlos Antonio Lozada para proteger la vida de miembros de las Farc, de sus familiares y de líderes y lideresas sociales.

Capítulo 2

2 

El proceso de Reincorporación en cuidados intensivos

El proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP a la vida civil afronta una situación muy dificil en el último trimestre. Nos atrevemos a utilizar la palabra crisis para referirnos al momento que vive la reinserción de los ex-combatientes de las FARC a la sociedad colombiana y señalamos que es necesaria una renegociación del acuerdo.

Si bien Colombia tiene una amplia experiencia en procesos de paz y por ende en procesos de reincorporación, como se dio con las guerrillas el EPL, M 19, Quintin Lame, Corriente de Renovación, al igual que con las Autodefensas Unidas de Colombia, se podría decir que en la historia de Colombia nunca se ha desarrollado una experiencia de reincorporación que haya sido exitosa en su totalidad, el fracaso de estos procesos han perpetuado episodios de violencia que siguen marcando la historia del país.

Las dificultades del proceso de reincorporación han puesto en riesgo la implementación, la naturaleza de los problemas van desde las agresiones físicas a los excombatientes, hasta la posible reincidencia de algunos de estos miembros por falta de garantías en la transición. Estos hechos no son nuevos en Colombia, por ejemplo decenas de excombatientes de las guerrillas en la década de los 90 fueron asesinados después de la firma de los Acuerdos de Paz, entre ellos Carlos Pizarro Leon Gómez del M 19. Igualmente un gran número de ex combatientes del EPL fueron reclutados por las Autodefensas Unidas de Colombia, y por otras organizaciones ilegales. También encontramos que las fallas en el proceso de reincorporación de las AUC llevo a que aproximadamente un 20% de sus tropas hayan reincidido1 y por esta razón hoy día el país sufre la violencia de las Autodefensas Gaitanistas. Más reciente, con el actual proceso de reincorporación de las FARC, encontramos como la incertidumbre frente a la implementación por causa de los retrasos ha llevado a que decenas de los ex combatientes salgan de los territorios destinados para su reincorporación para buscar oportunidades de vida con sus familias, pero también a que se unan a las disidencias que rechazaron los acuerdos de paz, o a otras organizaciones criminales.

Cuatro razones fundamentales que ponen en riesgo un proceso de reincorporación:

La inseguridad física. Lo cual se entiende como la seguridad de la integridad física de los excombatientes y la de sus familias.

La inseguridad jurídica. Lo cual se refiere a que los procesos judiciales en contra de los excombatientes sean precluidos por amnistía, indulto o por proceso de justicia transicional.

La inseguridad económica. Lo cual se traduce al mínimo necesario para subsistir y vivir dignamente, y la posibilidad de desarrollar proyectos productivos sostenibles.

La inseguridad social. Que se entiende como el rechazo de la sociedad y de la comunidad donde se establece un excombatiente.

Lo que observamos con la reincorporación de los ex combatientes de las FARC, es que estos cuatro riesgos se están presentando. A continuación se presenta un diagnóstico de los riesgos que han generado la crisis en la reincorporación.

Una crisis anunciada

El consenso entre los expertos que estudian procesos de paz en el mundo, es que la mayor garantía para contrarrestar la reincidencia de violencias por parte de ex combatientes es el éxito de la reincorporación. Según lo que la Fundación Paz & Reconciliación ha observado, el proceso de reincorporación está en crisis y es uno de los compromisos que menos avances han tenido. Esta crisis que se puede explicar por siete razones:

En primer lugar a nivel del gobierno existen algunas iniciativas aisladas, sin que se consolide en la implementación de una política pública que sea lo suficientemente eficaz para responder a las necesidades de la reincorporación. Eso no significa que no haya preparación en el gobierno, ya que no se puede decir que los funcionarios del gobierno no están capacitados. Por el contrario, están bien calificados para llevar a cabo acciones estatales, pero lo que se ve es una falta de voluntad para realizarlas. Esto se explica más por razones políticas, que por los elevados costos de la implementación, los cuales deben ser compartidos por varias entidades del Estado, entre Ministerios, Oficinas Especiales, Altas Consejerías y la Fuerza Pública. Esto último se maximiza en el momento del otorgamiento de los réditos políticos que conlleva la aplicación de políticas públicas con buenos resultados que contribuyan a la reincorporación y por consiguiente a la estabilidad de la paz. En otras palabras los gastos deben traer reconocimiento que difícilmente se comparte.

Los bajos niveles de articulación interinstitucional limitan la acción de las entidades. Las instancias encargadas, y que ofician la implementación de los acuerdos de paz, son la Vicepresidencia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Oficina del Alto Consejero para el Posconflicto, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, algunos Ministerios y también diversas instancias de la comunidad internacional. Para un Alto Consejero es difícil ordenar a un Ministerio articular acciones y vice versa, o para una Agencia Especial ordenar a la Fuerza Pública. Hasta el momento no se ha logrado que una de estas entidades asuma una coordinación eficaz, con capacidad de ordenar, con espíritu gerencial y mando político. Existe la esperanza de que el vicepresidente Óscar Naranjo que hace unos meses recibió el presidente Santos este encargo logre poner orden y concierto en esta labor.

Igualmente es evidente que hay una falta de recursos para una implementación de calidad de los acuerdos de paz. Por un lado Colombia se encuentra en una crisis económica y por el otro lado Santos no ha tenido la audacia de salir a buscar préstamos en los organismos internacionales para cubrir los 129 billones de pesos que según los cálculos oficiales cuesta el postconflicto2.

Una segunda razón de la crisis de este proceso es que la reincorporación socio económica está fallando. Por ejemplo el gobierno comenzó la entrega de los beneficios económicos como la renta básica que representa un 90% del salario mínimo para ex combatientes, pero se denuncia que en este momento el sistema de bancarización no es eficiente, ya que por un lado representa un riesgo para un ex combatiente recorrer un largo camino para acceder a los recursos teniendo en cuenta que se han asesinado 12 ex combatientes de las FARC en lo que lleva el año. Y por otro lado en varios Espacios Territoriales se reporta que el sistema bancario no es lo suficientemente instructivo para personas que nunca antes han hecho parte del sistema financiero3.

En tanto a los proyectos productivos de mediana y larga escala se puede decir que sólo existen propuestas como el desarrollo de proyectos de cacao, de ganadería, soya y palma, pero no una estrategia de implementación de proyectos productivos como los que ECOMUN propone llevar a cabo. Esto en gran parte se ha dado por un problema de fondo que se viene presentando desde la negociación de los temas referentes a la reincorporación, donde el gobierno nacional ha mantenido una postura donde prima la reincorporación individual bajo el modelo de reintegración de las AUC, mientras que para las FARC es fundamental, e inamovible, la reincorporación colectiva que mantenga la cohesión de la organización. Es así como este choque de visiones ha sido una de las principales causas por la cual los programas de reincorporación en el modelo ECOMUN han sido tan tardíos. Esto a duras penas se fue desenredando con el decreto presidencial que permitió el cambio del nombre de la Agencia de Reintegración Colombiana, a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Por otro lado la figura de las Zonas y Puntos Veredales, que desde el 1ro de agosto se transformaron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCR, no son aptos para el desarrollo de proyectos productivos de mediana o larga escala, porque a duras penas son funcionales para pequeños proyectos productivos de subsistencia, como huertas para la producción de legumbres o para proyectos de piscicultura. Esta condición se suma a que los ETCR aún no han sido adecuados al 100% para un hábitat de calidad, según el informe del 29 de septiembre de la Defensoría del Pueblo, el cual mantiene que las condiciones en los ETCR son una de las causa generadoras de deserción de miembros de las FARC. Según este informe el estado de la adecuación de los ETCR son los siguientes:

Nivel de

adecuación

Nombre del Espacio

Territorial de

Capacitación

Porcentaje de

avance

1

Policarpa – Nariño

15%

2

Mesetas- Meta

32,50%

3

Colinas- Guaviare

50%

4

Vigía del Fuerte - Antioquia

50%

5

Tierralta - Córdoba

60%

6

Campamento No. 2 de Caldono

60%

7

Tibú- Norte de Santander

67,50%

8

Vista Hermosa – Meta

72,50%

9

Tumaco- Nariño

50%

10

Macarena- Meta

75%

11

Montanitas - Caquetá

77%

12

Icononzo – Tolima

82,50%

13

Buenos Aires- Cauca

85%

14

Miranda- Cauca

85%

15

Puerto Asís- Putumayo

85%

16

Ituango- Antioquia

87,50%

17

Planadas -Tolima

89%

18

Charras – Guaviare

90%

19

Dabeiba- Antioquia

92,50%

20

Rio Sucio- Chocó

95%

21

San Vicente del Caguán - Caquetá

95%

22

Arauquita- Arauca

95%

23

Campamento No. 1 Caldono

100%

24

Pondores- Guajira

100%

25

La Paz- Cesar

100%

26

Anorí – Antioquia

100%

27

Remedios – Antioquia

100%

Fuente: Defensoria del Pueblo.

Esta situación ha generado una sensación de incertidumbre entre los ex combatientes y una actitud de desconfianza frente al gobierno. Empiezan a creer que no se van a cumplir los compromisos pactados. Piensan que si no se pueden dar las condiciones mínimas para establecer un espacio físico de hábitat transitorio, sano y seguro, “entonces como se cumplirán los compromisos más sensibles como la JEP, la Comisión de la Verdad, los indultos”4 . Es así como encontramos recientemente que el Espacio Territorial de Gallo en Tierralta, Córdoba, ha sido abandonado por los ex combatientes que lo habitaban por falta de alimentos, agua potable, y porque las condiciones de seguridad se descomponían por la presencia anunciada de grupos herederos del paramilitarismo5.

Lo anterior tiene un agravante que se expresa como la cuarta razón por la que la reincorporación está en crisis y es el tema de la tierra. No existe en el Acuerdo de Paz una disposición que hable de tierras para ex combatientes, ni tampoco para el desarrollo de proyectos productivos de mediana o larga escala. Es decir que el tema de tierras para ex combatientes no fue negociado, o no fue aceptado por el gobierno. Pero aun así existe una aparte en el decreto presidencial 902 de 2017, que menciona que si la Agencia de Nacional de Reincorporación determina necesario la solicitud de tierras para facilitar el proceso de reincorporación, lo podría hacer el requerimiento6, pero hasta el momento el director de la Agencia de Reincorporación no lo ha solicitado. Esta inacción puede tener razón de fondo, y es que el Fondo de Tierras en la actualidad no tiene las tierras para entregar, ni tampoco los recursos para adquirirlas7.

Además, las facultades para tramitar procesos de recuperación de tierras por extensión de dominio, y baldíos usurpados, que podrían pasar al Fondo de Tierras, no tienen un instrumento jurídico para ejercer esa función, ni tampoco existe un proyecto de ley que cree la jurisdicción agraria que podría tramitar los puntos sobre reforma agraria, para generar soluciones sostenibles a largo plazo para los proyectos del campo que requiere la reincorporación8. Según Jennifer Mujica ex subgerente del INCODER “el enfoque territorial es como la gente, los recursos naturales, las comunidades, van a desarrollarse en ese territorio y como se va a hacer esa reinserción [de ex combatientes]… la gente [en esos territorios] es campesina. La gente necesita tierra para volver”. Es decir que los excombatientes necesitan tierra para el desarrollo de sus proyectos productivos, y para asegurar una reinserción socioeconómica.

La quinta razón por la cual la reincorporación está en crisis, es la ausencia de un tratamiento diferencial para mandos medios. Eso no quedó en los acuerdos. La experiencia de Colombia en relación en la desmovilización y reinserción de ex combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, nos dice que si los mandos medios no tienen unos beneficios diferenciales en la transición de ser comandante operativo de una fuerza armada ilegal, a regresar a la vida civil, evidentemente esto genera menos incentivos para dejar las armas, y mayores beneficios inmediatos si reincide. Es así como en ese proceso particular se vio la reincidencia de muchos de sus mandos medios como Otoniel, Sebastián, Valenciano, Giovanny, Cuchillo, Pirata, entre otros que fundaron sus propias organizaciones armadas para seguir delinquiendo con la infraestructura que dejaron sus jefes, y fueron ellos quienes promovían la reincidencia de otros desmovilizados.

La situación de los mandos medios de las Farc es muy preocupante. No es fácil convencer a un mando medio que generalmente está en el momento productivo más importante de su vida (entre los 30 y 40 años de edad) a que abandone una carrera en la que generalmente lleva la mitad de su vida, particularmente cuando esté tiene poder de injerencia territorial en lo social, económico, y político; cuando recibía y administra cientos de millones de pesos al mes en rentas para decenas de personas que lo o la acompañan, y donde tiene una autoridad en la comunidad. A cambio de dejar todo eso, el Estado le ofrece 90% de un salario mínimo, y lo mantiene en una zona de 1 kilómetro cuadrado en condiciones de vida poco dignas, en momentos en que un sector amplio de la sociedad los rechaza y cuando se evidencia que la clase política les están incumpliendo los compromisos pactados en los acuerdos de paz. En una situación como esa la condición humana flaquea aún cuando haya de por medio una historia y unos ideals. Hay un gran riesgo de que estos mandos medios se aburran de esa situación y preferirán poner su experticia al servicio de organizaciones criminales que están atentas a reclutar personas con experiencia en hacer la guerra ofreciendo beneficios económicos directos mucho más atractivos.

Esta situación se está presentando hoy día. Un ejemplo reciente es el de Rodrigo Cadete, un mando medio de las FARC que estuvo en cabeza del Frente 27 de las FARC-EP con operaciones entre el Meta y Guaviare. El 11 de septiembre, según la versión de la Fuerza Pública, se fue para unirse a las disidencias que operan en el Caquetá. También se conoce del caso de varios mandos medios en el Cauca que han roto las filas de la reincorporación.

Es cierto que las FARC fueron una organización disciplinada y jerarquizada con una larga historia y aún hoy está mostrando un importante grado de cohesión, pero su principal jefe con un sentido de realidad está empezando a comprender el cambio de la situación.Timochenko en una carta al gobierno ha dicho que “La disciplina militar de la guerra siempre fue prenda de subordinación. Desaparecida esta sólo nos queda la persuasión y el convencimiento”.

La sexta razón por la cual la reincorporación está en crisis tiene que ver con los incumplimientos generales que se han presentado en casi todos los aspectos de los compromisos de la implementación, y el ambiente hostil que ha habido en el Congreso por parte de algunos partidos para pasar los proyectos de ley que implementen la Jurisdicción Especial de Paz, la Reforma Rural, las Circunscripciones Especiales de Paz, entre otras.

A esto se suma le lentitudo o la desidia con que la rama judicial concediendo las amnistías decretadas por el Presidente. En la primera semana de octubre aún estaban un poco más de 1200 excombatientes de las FARC en las cárceles. La sensación que queda es que los jueces encargados de procesar las amnistías están saboteando la ley de amnistía. El listado de las FARC sumaba 3.806 prisioneros que las FARC, quiere decir que 30% aún se encuentran privados de la libertad, muchos de ellos en condiciones deplorables9.

El proceso de amnistía empezó mal. La Ley 1820 de Amnistía se aprobó en el mes de diciembre de 2016, y tras varios retrasos en su implementación por supuestas confusiones de los jueces para aplicarla se emitió el Decreto 277 de febrero 2017, el cual explicaría la ley para así ponerla a andar. No bastó y el el gobierno se vio forzado emitir después los Decretos 700 de Mayo 2017 y 1252 de julio 2017, para explicar el anterior decreto que explicaba la ley y para reglamentar y acelerar las excarcelaciones. Las amnistías de miembros de las FARC en prisiones del Estado son utilizadas por la rama judicial para presionar beneficios como aumentos salariales, prebendas laborales, al igual que algunos jueces pretenden sentar precedentes ideológicos para afectar el proceso de paz10.

La inseguridad física de los excombatientes ha venido creciendo, cada vez presentan mayores grados de vulnerabilidad de estos y sus familiares. Por otro lado en 9 de los 26 municipios en los cuales se encuentran Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación el homicidio ha aumentado si se compara el 2016 al 2017. Esto se debe principalmente a la fuerte presencia de grupos armados ilegales.

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ZONA

HOMICIDIOS

2016

HOMICIDIOS 2017

ANTIOQUIA

ITUANGO

RURAL

2

7

ANTIOQUIA

ITUANGO

URBANA

3

2

GUAJIRA

FONSECA

URBANA

5

5

GUAJIRA

FONSECA

RURAL

1

2

GUAVIARE

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (CT)

URBANA

2

7

GUAVIARE

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (CT)

RURAL

7

6

META

LA

MACARENA

RURAL

2

5

META

LA

MACARENA

URBANA

0

1

META

MESETAS

RURAL

1

8

META

MESETAS

URBANA

0

0

NARIÑO

POLICARPA

RURAL

14

21

NARIÑO

POLICARPA

URBANA

1

0

NORTE DE

SANTANDER

TIBÚ

RURAL

34

33

NORTE DE

SANTANDER

TIBÚ

URBANA

8

13

TOLIMA

PLANADAS

URBANA

1

5

TOLIMA

PLANADAS

RURAL

7

2

CHOCÓ

RIOSUCIO

RURAL

0

8

CHOCÓ

RIOSUCIO

URBANA

3

1

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.

Los municipios en los cuales se evidencia un aumento más dramático de las cifras de homicidio son Ituango, en el departamento de Antioquia; Policarpa, en el departamento de Nariño y Riosucio, en Chocó. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las cifras de 2017 van hasta el mes de septiembre, lo cual significa que estas cifras podrían aumentar. Esto por supuesto representa un riesgo para cualquier persona en el territorio, pero aún más para personas en condiciones de vulnerabilidad como son los ex combatientes en proceso de reincorporación11.

Ante el panorama de la crisis de reincorporación se debe hacer llamado a todos los actores e instancias involucradas, pero principalmente al gobierno nacional, en quienes recae la mayor responsabilidad. Como se mencionó anteriormente, ya la Fundación Paz y Reconciliación había alertado sobre la los vacíos que contenía el Acuerdo de reincorporación, especialmente en lo que se refería a mandos medios. Así que esta vez hacemos un llamado a la sinceridad para que se explore la posibilidad de repensar la estrategia de reincorporación desde la CSIVI. Ya varias otras instancias vienen articulando planes de choque para fortalecer el proyecto productivo dirigido a la tropa y a mandos medios. Por ejemplo desde la cooperación internacional por medio del Fondo Paz se está proponiendo la financiación de proyectos productivos inmediatos. Igualmente en algunas regiones del país se están poniendo a andar proyectos productivos en el campo fuera de los Espacios Territoriales. En Argelia, Cauca, un grupo de 40 miembros de FARC están desarrollando un proyecto de cultivos de café. Igualmente en el ETCR de Tumaco, su vocero Henry Castellanos “Romaña”, ha logrado llegar a un acuerdo con vecinos de la comunidad para desarrollar un proyecto productivo para ex combatientes, donde esperan poder producir 15 toneladas de alimentos12. Así las cosas, pequeñas iniciativas desde las mismas FARC han logrado poner en marcha lo que el gobierno no ha logrado suplir, pero aún queda mucho por hacer.

Algunos avances en la reincorporación

Pero no todo en la reincorporación está en crisis. Los primeros pasos están dados para recomponer el ambiente de confianza en la implementación de los acuerdos. El gobierno, desde la Oficina del Alto Consejero para el Posconflicto, la Vicepresidencia, y otras instituciones, al igual que de la mano de las FARC, en la CSIVI, han hecho esfuerzos para responder a las necesidades de la reincorporación. Los siguientes cuadros muestran las acciones que están siendo priorizadas al igual que las instancias que las regulan:

Reincorporación temprana:

Teniendo en cuenta que la información del censo de la Universidad Nacional13 será el punto de partida para definir las líneas de Reincorporación en el largo plazo, del dieciséis de agosto de 2017 al primero de enero de 2018 se trabajarán unas actividades tempranas para facilitar la adaptabilidad inicial de los miembros de las FARC-EP a la vida Civil.

Dentro de oferta institucional dirigida a atender las necesidades que se enmarcan en la reincorporación temprana, se establecieron los siguientes componentes: i) Bienestar integral: Salud – Apoyo psicosocial y Pensiones, ii) Formación Académica, iii) Formación para el Trabajo / Productiva, iv) Iniciativas artísticas, culturales, deportivas, v) Acciones Comunitarias

Actividad

Estado

Inclusión financiera, pensiones

A la fecha, de un total de 11.445 personas acreditadas por la OACP, se han abierto 10.427 cuentas de ahorro para que las personas puedan recibir los apoyos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Paz.

Asignación Única de normalización 10.172 personas (20.181 millones).

Renta básica 1: 10.110 personas

(6.712 millones).

Renta básica 2: 8.264 personas

(5.487 millones).

3.840 afiliadas al régimen de pensiones.

ECOMUN14

Acompañamiento al Representante legal de ECOMUN en el cumplimiento de los requisitos legales para la constitución de esta ante las autoridades competentes: Actas de la Asamblea, registro en la Cámara de Comercio, trámite del RUT, apertura de la cuenta de ahorros y solicitud de concepto de la Superintendencia de Economía Solidaria.

Acompañamiento técnico por parte de la UAEOS y el Mintrabajo al Consejo de Administración de ECOMÚN para fortalecer su capacidad de gestión en temas administrativos, de Planeación y para establecer la articulación con las entidades estatales relacionadas con la promoción y fortalecimiento de la Economía Solidaria.

Curso de formación de formadores para 84 facilitadores de la UAEOS y 26 excombatientes.

Realización del curso básico de Economía Solidaria dictado por la UAEOS, del 26 al 28 de Julio en Bogotá, para los reincorporados que participan en la sustitución de cultivos ilícitos, se certificaron 47 personas.

Curso básico de economía solidaría en los ETCR 5.120 beneficiarios.

SENA

Presentó su línea de apoyo, esta abarca aspectos de educación financiera, gestión de proyectos comunitarios, emprendimiento, economía solidaria, manejo integral de residuos y TICS. De igual forma, se irán recibiendo y analizando los insumos de cada zona para consolidar fase de apoyo inicial.

Educación

A partir de los resultados del Censo Educativo, se está realizando una fase de alfabetización e implementación de modelos educativos flexibles para la nivelación de primaria y secundaria en los 26 ETCR, esta inició el 8 de agosto y cubrirá 4500 personas que hicieron parte de las FARC – EP y 4000 personas de comunidades aledañas.

2841 personas ya iniciaron su formación.

Salud

Se han mantenido los médicos, los puestos transitorios de salud, las respectivas ambulancias y la línea de atención exclusiva que opera 24 horas.

Se mantiene abierta posibilidad de afiliación a régimen subsidiado mediante canal expedito. A partir del 15 de agosto se abrió la posibilidad de libre elección de EPS y se agregó la opción de afiliación de grupos familiares de integrantes de FARC que no estén afiliados.

9843 personas afiliadas.

Agencia para la Reincorporación y Normalización15

Proceso de atención transitorio con 166 indultados de las FARC 130 hombres 36 mujeres)

1.Gestión en Salud: afiliados al SGSSSS.

2.Oferta en Educación (UNAD): 136 personas indultadas se encuentran adelantando sus estudios por medio del convenio educativo. Se graduaron 9 bachilleres.

3. Acompañamiento Psicosocial.

4. Seguridad: 73 casos atendidos y remitidos ante la UNP.

70 facilitadores a los ETCR: acompañamiento y articulación institucional.

Apoyo para entrega de libretas militares 154 personas.

Proyectos Productivos

Se contrataron 26 profesionales capacitados y financiados por PNUD para que ayuden a formular proyectos en el territorio (1 por cada ETCR).

Se avanza en la estructuración de elementos técnicos, financieros y de mercadeo de siete modelos de proyectos:

Piscícola, avícola y forestal en Montañitas- Caquetá

Piscícola, avícola y bovinos en La Y- Meta

Producción de café y cacao en Pondores- La Guajira

Producción de ovinos y avícola en Tierragrata- Cesar (La Paz)

Piscícola y avícola La Carmelita- Putumayo

Gestión de un modelo de formación a la medida:

Sistema de formación orgánico para el autoconsumo y comercialización de productos agrícolas en 7 zonas (350 beneficiarios).

PANACA: se capacitarán 350 beneficiarios que serán formados como operarios agrícolas con FUNDAPANACA.

Proyecto “Construyendo habilidades para la paz” por parte de Caritas Noruega y la Cooperativa ACUACOP.

Proyecto para vincular a miembros de las FARC-EP en programa de protección ambiental: “Ambientes para la Paz Vida Digna y Reincorporación” (MINAMBIENTE, Consejo Noruego para los Refugiados y FUCEPAZ)

Consejo Nacional para la Reincorporación - CNR16

Definición de equipos de apoyo para la Reincorporación.

Taller Internacional lecciones aprendidas de Reincorporación (16 y 17 agosto 2017 en Bogotá).

Taller de articulación con líderes FARC (03 de agosto 2017 en Bogotá).

Consejos Territoriales para la Reincorporación - CTR17

Se definió la constitución de 26 CTR uno por cada ETCR y 7 coordinaciones para los Departamentos con más de un ETCR (duración mínima 6 meses).

Los CTR por cada ETCR tendrán un asesor de apoyo a cargo de la ARN (26).

Se han constituido 10 (Planadas, Icononzo, Mesetas, Vista Hermosa, Fonseca, La Paz, Macarena, Tibu, Arauquita, San Vicente)

Fuente: Oficina Alto Consejero para el Postconflicto.

Los avances que nos muestran los anteriores cuadros nos muestran los avances en reincorporación a groso modo. Vale la pena resaltar el importante rol que tendrán los Consejos Territoriales de Reincorporación, los cuales están encargados de coordinar e impulsar la oferta de reincorporación desde una mirada territorial18. En estos Consejos participan miembros del gobierno, miembros de las FARC, representantes del gobierno local, y actores relevantes de la comunidad.

Estos consejos tendrán una coordinación a nivel municipal ETCR y a nivel departamental. El siguiente organigrama muestra su estructura:

Reincorporación política

Por otro lado otro aspecto de la reincorporación que ha funcionado en su forma ha sido la creación del partido político de las FARC-EP, en lo que se denominó Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

El punto 2 del acuerdo de La Habana plantea la necesidad de una verdadera apertura democrática como garantía de no repetición del conflicto armado. Por supuesto, esto ha sido acompañado de unas garantías negociadas para el pleno ejercicio de la política en democracia, brindando el marco legal para la creación de un nuevo partido tras el desarme de la guerrilla, la participación política de la mujer y las condiciones necesarios para el desarrollo de la oposición política. Además, se ha estipulado la urgencia de garantizar la representación política de las zonas que han sido más afectadas por la guerra y, por lo cual, que han vivido por décadas por fuera del sistema político-electoral colombiano.

El 1 de septiembre se ha llevado a cabo el lanzamiento de las FARC con un evento cultural en la Plaza de Bolívar, en donde han dado los primeros pasos de la política sin armas y han dejado clara su vocación de poder y su apuesta por no dar marcha atrás al proceso de reincorporación. El aterrizaje en la democracia del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) no ha estado exento de discusiones internas, obstáculos jurídicos y dilaciones políticas.

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

El 27 de agosto, en Bogotá, ha iniciado la deliberación entre cerca 1.200 delegados de distintas zonas del país para darle forma al nuevo partido hijo de la negociación en La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Al centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada llegaron invitados nacionales e internacionales a saludar la conformación de esta nueva fuerza política y durante una semana se ha discutido sobre la orientación ideológica, los símbolos, y hasta el nombre de partido. Para los medios de comunicación las Farc llegaban a su congreso con una división entre al menos dos corrientes: Por un lado, un ala partidaria del repliegue identitario hacia el acervo ideológico marxista-leninista que había guiado a la organización durante la lucha armada y, por otro lado, una facción con una propuesta ideológica más flexible, más pluralista.

La primera gran discusión ha tenido que ver con el nombre que llevaría el nuevo partido. Entre el rescate de la sigla FARC, y la propuesta de ‘Nueva Colombia’ giró la discusión para el bautizo de la nueva organización. Una vez se ha sometido la decisión a votación de los delegados presentes se ha decidido que, con 628 votos, la sigla FARC se mantendría como nombre del partido: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Las bases exguerrilleras han optado por la recuperación de aquella identidad con la que se consolidó a lo largo de la guerra la actividad insurgente de dicho grupo. También se acogió una orientación marxista, leninista, bolivariana y libertaria señalando que esta había sido la guía de la organización desde su nacimiento. Sin embargo, aunque ‘Timochenko’ ha dejado claro que el partido será “tan revolucionario” como cuando nació la guerrilla de las FARC hace 53 años, en el ejercicio político del partido “primarán las propuestas claras y sencilla, lejos del dogmatismo y cualquier tipo de ostentación ideológica”.

Del congreso fundacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común también ha salido una dirección nacional de 111 personas (Consejo Nacional de los Comunes) que ha sido elegida democráticamente por los delegados asistentes al congreso. Dicha dirección ha quedado integrada no sólo por la comandancia y los mandos medios de la que fuese la insurgencia, sino que también se ha contemplado la participación de activistas de la sociedad civil como Jairo Rivera o el profesor Jairo Estrada. Así mismo, el partido considera fundamental las garantías de participación de las mujeres en su dirigencia política y organizativa. Por lo anterior, dentro de la dirección nacional han sido escogidas 26 mujeres de la organización. Y en el Consejo Político Nacional, instancia que orientará políticamente a la organización, se contará con la participación de 4 mujeres.

Fuente: ANNCOL

s precisamente el Consejo Político Nacional, compuesto por 15 personas, el órgano encargado de designar a las personas que ocuparan las curules acordadas en La Habana. Lo anterior, una vez fue aceptada la personería jurídica de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La actividad política del nuevo partido ya ha iniciado y en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) se están construyendo las bases para un despliegue territorial de la organización. De igual manera, es importante resaltar que la reincorporación política no ha sido asumida por un buen número de miembros de las FARC, pues los incumplimientos del gobierno en materia de reincorporación socioeconómica ha creado el germen de una desmoralización de algunos excombatientes que dicen no contar con los mínimos necesarios para llevar a cabo una militancia política en el partido de la FARC.

A continuación se describen los candidatos que representaran a las FARC en las próximas elecciones legislativas y la carrera presidencial.

Fuerza alternativa revolucionaria del común farc

Fuente: FARC.

La demanda ante el CNE

Ante el Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad en materia electoral en el país, se ha instaurado una demanda contra el logo y el nombre del nuevo partido de las Farc. Hollman Ibáñez, abogado especialista en derecho electoral, ha alegado un flagrante irrespeto a las víctimas en tanto el nuevo partido conservaría la sigla con la que ha desarrollado su actividad insurgente por más de 50 años. No se habían cumplido 24 horas del lanzamiento de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, y ya cursaba una demanda contra sus elementos fundacionales.

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Ibáñez ha argumentado que la ley prohíbe que los nombres de los partidos políticos hagan apología al delito, insistiendo en que el partido de la FARC está atado a 50 años de terrorismo y delitos19. Además, para el abogado demandante, la flor que lleva el logo del nuevo partido no es sólo parecida al de la Internacional Socialista, sino a la que representa al Movimiento Primero Ibagué.

Pedro Rodríguez, integrante del grupo de abogados que ha demandado al nuevo partido por su logo y su nombre, ha sostenido que dichos símbolos son una representación del estalinismo y el ‘socialismo europeo’.20

Aunque se ha estipulado una investigación a fondo por parte del CNE respecto al nombre, el logo y los símbolo de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la demanda no ha sido resuelta y desde el órgano electoral no se han emitido más declaraciones ni se ha definido alguna sentencia. Por lo cual, dicho nombre y dicho logo han sido usados durante los meses de septiembre y octubre en sus actos políticos y culturales. Así pues, por ahora, la demanda interpuesta por Ibáñez, Rodríguez, y demás abogados del grupo demandante, no surte el efecto esperado y la simbología del nuevo partido se mantiene dentro del marco legal electoral.

No es la única amenaza legal. Los líderes de las Farc han estado en el centro de la controversia en el trámite de la ley estatutaria de la Juridisción especial de paz. Para atajar su participación en las elecciones de 2018 se han unido el Uribismo, Cambio Radical y algunos mienbros de otros partidos quienes plantean que antes de competir electoralmente deben pasar por la justicia transicional.

Lo que dicen las encuestas

El levantamiento armado en Marquetalia, episodio fundacional de las FARC, contó durante los años subsiguientes con un relativo apoyo por parte de sectores sociales que hallaban una coincidencia ideológica con aquellos campesinos de filiación comunista. Sin embargo, con el paso de los años y el desgaste de la guerra el apoyo político con que contaba la insurgencia de las Farc empezó a reducirse a sólo algunos sectores comunistas y de izquierda radical. La relación con el narcotráfico y los intentos fallidos de una negociación de paz empezaron a minar la popularidad que pudiera llegar a tener esta guerrilla a nivel nacional. Así pues, llegaron los años 90 donde las Farc se verían reducidas políticamente ante el desarme del M-19, grupo que le imprimía popularidad a la lucha armada en Colombia. Posteriormente, al inicio del siglo XXI, sería el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el que consolidaría la caída política de la causa guerrillera llegando a posicionar la idea de que en el país no existía conflicto armado, sino narcoterrorismo. Así, las Farc quedaron reducidas a un 2%21 en las encuestas de popularidad a nivel nacional.

Según sondeos de Ipsos-Napoleón Franco, para el año 2002, las Farc contaban tan sólo con un 1% de favorabilidad. 5 años después, en el 2007, alcanzarían el 2%. Tras el fracaso en los diálogos del Caguán, el país veía con escepticismo la posibilidad de retomar una negociación que pusiera fin a la guerra del Estado colombiano con las Farc y, posteriormente, serían los años del gobierno Uribe en que triunfos militares como la Operación Jaque potenciarían la popularidad de las Fuerzas Militares y debilitarían aún más a la guerrilla.

Para el 2012, con un nuevo gobierno y la posibilidad real de retomar una mesa de diálogos con la guerrilla de las Farc, la favorabilidad de este grupo armado subió a 11%, ya con una fase de diálogos exploratorios a punto de terminar. Es en dicha época que el expresidente Uribe se encuentra haciendo oposición sin partido, ya que sólo hasta el 2014 ha logrado consolidar actividad parlamentaria de su nueva fuerza política. A la vez, el ELN se encuentra en un 7% de popularidad y las denominadas Bacrim en un 6%.22

Desde entonces han pasado 5 años, el proceso de negociación entre las Farc y el gobierno Santos han concluido, dejando un acuerdo final que aún se halla en medio de la implementación. A la par, los episodios de corrupción saltan a la luz pública cada vez con mayores implicaciones y los partidos tradicionales se ven comprometidos en su actuar ético y político. Opciones político-electorales alternativas toman fuerza en medio de un mar de procesos judiciales contra representantes políticos de gran peso a nivel nacional, procesos administrados por una rama judicial cada vez más desprestigiada y una presión cada vez mayor de medios de comunicación y líderes de opinión para acelerar un proceso de depuración de la justicia colombiana. Ante dicho panorama, el nuevo partido de las Farc y sus liderazgos, ha podido recoger un conjunto de demandas ciudadanas aprovechando su impulso fundacional.

Evidentemente, decisiones como mantener la sigla ‘FARC’ o sucumbir ante el repliegue identitario de la época insurgente y sus comandancias, han limitado sus posibilidades de reconfigurar con mayor contundencia la opinión pública y el tablero político. Aun así, episodios de perdón en territorios afectados por la guerra, la entrega de las armas o una eficaz estrategia de medios han permitido un repunte reciente –en términos de favorabilidad– de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El último sondeo de Gallup ha señalado que el partido nacido de la extinta guerrilla cuenta con dos puntos más de imagen favorable para la ciudadanía frente a los partidos tradicionales. Mientras los partidos políticos con representación política en algún nivel cuentan con 10% de imagen favorable y 87% de imagen desfavorable, el nuevo partido FARC acumula un 12% de imagen favorable frente a un 84% de des favorabilidad.23 La crisis de partidos ha tocado fondo mientras la ciudadanía en su gran mayoría entiende a la corrupción como el peor de los males que actualmente aquejan a Colombia. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común toma la iniciativa.

Hitos de reincorporación

Noviembre 24, 2016. Firma del Acuerdo de Colon. Las partes firman en el teatro Colón el Nuevo Acuerdo de Paz que incorporó cambios, ajustes y precisiones. Se crea la Comisión de Seguimiento, Verificación, e Impulso CSIVI. Como instancia conjunta entre Gobierno y FARC, para impulsar la es implementación del Acuerdo de Paz y la reincorporación24.

Noviembre 30, 2016. Congreso de la Republica aprueba el Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Diciembre 1, 2016. Entra en vigencia el Acuerdo de Paz (Día D) y se inicia el cronograma del proceso de Dejación de Armas.

Diciembre 7, 2016. Por decreto presidencial se crea el Consejo Nacional de Reincorporación, y se ordena la creación que los Consejos Territoriales de Reincorporación.

Enero, 28, 2017, las FARC-EP comienza la reubicación de 6803 combatientes a las 26 Zonas y Puntos de Transición y Normalización, bajo la coordinación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V).

Enero, 31, 2017, La Fundación Paz & Reconciliación publica el primer informe que alerta sobre los atrasos en la construcción y las condiciones de seguridad en las Zonas y Puntos Transitorios. Lo que genera un duro debate con el Gerente de las Zonas Veredales sobre los incumplimientos.

Marzo 1, 2017, Misión ONU en Colombia da comienzo al proceso de verificación de la Dejación de Armas de las FARC-EP que debe concluir, el día D+180. Esto se establece como una precondición para asegurar que todo el armamento en poder de las FARC sea registrado y entregado a la ONU, para así certificar el tránsito de los miembros de las FARC a la vida civil.

Marzo 8, 2017. FARC-EP hace entrega de las primeras 140 armas a la Misión de Verificación ONU. En una muestra de buena fe y cumplimiento de los tiempos acordados.

Abril 1, 2017. Se finaliza el registro e identificación del total de las armas individuales combatientes en las Zonas y Puntos.

Mayo 3, 2017. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas visita Colombia por primera vez y reitera el respaldo al proceso de paz.

Mayo 12, 2017. El primer grupo de 12 integrantes de las FARC- EP recibe certificados de culminación de Dejación de Armas individual e inician proceso de reincorporación a la vida civil.

Mayo 24, 2017. Tras 100 días de implementación del Acuerdo de Paz, el gobierno y las FARC se reunieron en lo que se denominó el Conclave de Cartagena para buscar solución a los muchos retos de la implementación. Tras dos días de discusión se resolvió priorizar los trámites legislativos para la implementación, agilizar la activación de las garantías de seguridad, y agilizar el tránsito a la legalidad para miembros de las FARC-EP25.

Mayo 29, 2017. La CSIVI presenta la nueva hoja de ruta para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz. En esta se establecen unas obligaciones que deben ser cumplidas antes del final de la dejación de armas. Se emiten decretos presidenciales que definen lo siguiente; el cambio de la denominación de la Agencia Colombiana para la Reintegración para convertirse en la Agencia para la Reincorporación y Normalización, cuya misión es adelantar el programa de reincorporación; la creación del Consejo Nacional de Reincorporación. Igualmente se redefinen los tiempos de Dejación de Armas de las FARC-EP.

Junio 7, 2017. Inicia la implementación de la hoja de ruta del Proceso de Dejación de Armas por parte de las FARC-EP, con la entrega de certificados y acreditación a miembros de FARC-EP en diferentes Zonas y Puntos de Normalización.

Junio 12, 2017. Jefe de Observadores de Misión ONU hizo entrega de 305 integrantes de las FARC-EP, el certificado de culminación de la dejación de armas individuales.

Junio 13, 2017. Misión de la ONU recibe 60% de las armas individuales de las FARC-EP.

Junio 27, 2017. El jefe de la Misión ONU anuncia que la ONU tiene en su poder 100% de las armas registradas en los campamentos de las Zonas y Puntos Veredales.

Julio 4, 2017. Nace Economías Sociales del Común – ECOMUN, la primera cooperativa de las FARC que coordinara los proyectos económicos y productivos de sus asociados. Este es el espacio donde miembros de FARC podrán invertir los beneficios económicos entregados para su transición a la vida civil.

Julio 5, 2017. Se presentan los resultados del Censo Socioeconómico, liderado por la Universidad Nacional.

Julio 7, 2017. Comienza el proceso de destrucción del material de las municiones del armamento en los Zonas y Puntos veredales .

Julio 10, 2017. Consejo de Seguridad ONU aprueba por unanimidad la resolución que autoriza la segunda Misión ONU en Colombia.

Julio 31, 2017. Comienza la salida de los contenedores con el armamento entregado por las FARC en los campamentos.

Agosto 1, 2017. Se transforma la figura de Zonas Veredales de Normalización y Puntos Transitorios de Normalización, a Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

Agosto 2, 2017. Finaliza la destrucción del material inestable y granadas.

Agosto 15, 2017. Finaliza la extracción de los conteiners de la ONU de las Zonas y Puntos veredales, al igual que se entregan las coordenadas de todas las caletas con material bélico de las FARC, con lo que se puede establecer que las FARC estarían completamente desarmadas.

Agosto 31, 2017. Tras varios días de deliberación en el Congreso Constitutivo del Partido de las FARC-EP, nace la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, cuyo símbolo será la rosa roja.

Septiembre 15, 2017. Finaliza la extracción de 750 caletas por parte de la ONU. Las restantes 248 quedan a cargo de las FFMM y algunos miembros FARC para su destrucción.

Septiembre 18, 2017. Se instala el primer Consejo Territorial de Reincorporación, encargado de impulsar la oferta de reincorporación desde una visión territorial donde las comunidades trabajen de la mano de los ex combatientes. En estos Consejos participan delegados del gobierno nacional, delegados de las FARC, autoridades regionales y locales, al igual que actores sociales26.

Septiembre 22, 2017. Finaliza la inhabilitación de las armas de las FARC en el Dispositivo Central de Armamento.

¿Por qué matan a los excombatientes de las FARC?

Con el objetivo de reducir la violencia en general y particularmente la asociada al conflicto armado, la dejación total de las armas por parte de las FARC representa uno de los principales pasos. Sin embargo, luego de la dejación, las alarmas se han encendido sobre un asunto crucial, sobre el que ya se había advertido con antelación: la seguridad física de quienes hacen tránsito a la vida civil.

A la fecha de terminación de la figura de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización27, desde la firma del Acuerdo de paz se registraron 22 homicidios de los cuales 11 fueron cometidos contra integrantes de las FARC y 11 a sus familiares; adicional a esto, durante el mes de agosto se presentó un atentado contra dos ex guerrilleros que se encontraban realizando labores de pedagogía de paz en jurisdicción del municipio de Suárez en el Cauca y, por otra parte, desconocidos profirieron amenazas de muerte contra un mando guerrillero en Neiva del otrora Bloque Sur y contra algunos miembros de su familia que se encontraban en la plaza de mercado de ese municipio. Otros hechos victimizantes se perpetraron durante el mes de septiembre en San Vicente del Caguán y en Remedios (Antioquia), municipios donde se cometieron un caso de homicidio y, de otro lado, el secuestro de tres miembros de esa organización política en reincorporación.

La escalada violenta contra los miembros del partido político FARC alcanzó su punto más alto en el mes de octubre con 9 homicidios, 2 atentados y una amenaza, perpetrados en Nariño, Putumayo, Guaviare y Córdoba.

Departamento

Homicidios miembro FARC

Homicidio a Familiar miembro FARC

Atentado miembro FARC

Amenaza miembro FARC

Amenaza familiar miembro FARC

Total

Antioquia

2

3

5

Arauca

1

1

Caquetá

3

2

5

Cauca

3

1

2

5

Chocó

2

2

Córdoba

1

1

Guaviare

1

1

Huila

1

2

3

Nariño

9

1

10

Norte de Santander

1

1

Putumayo

1

2

3

Tolima

1

1

Valle del Cauca

1

1

Total

21

11

4

2

2

40

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación.

Tal como lo expresan las cifras, las regiones que presentan mayor riesgo para la vida e integridad tanto de ex combatientes como de sus familiares son Antioquia, Caquetá, Cauca y Nariño, en los lugares que antes estaban bajo influencia o control social, político y militar de las FARC. En ese sentido, la puesta en marcha de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y el inicio del nuevo movimiento político, plantean escollos ante los cuales se enfrentan los excombatientes de las FARC en su tránsito a la ciudadanía. Ya no es la insurgencia la que tiene la potestad de hacer uso de las armas para su defensa, sino que ahora deben confiar en las garantías que les brinde la fuerza pública que combatieron durante 53 años en su guerra contra el Estado colombiano.

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.

De igual manera, los familiares de ex combatientes de FARC agrupados en la Fundación Legados Tejiendo Vida, Paz y Memoria, han denunciado amenazas contra algunos de sus miembros mediante correos electrónicos enviados desde la cuenta auccapital@outlook.es el día 28 de septiembre. Con estos últimos hechos, Carlos Antonio Lozada, a nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, realizó un pronunciamiento en el que expresaba su preocupación por la impunidad frente a los distintos asesinatos perpetrados contra integrantes de FARC y sus familiares; así mismo, planteó la necesidad de una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en aras de realizar la respectiva evaluación de riesgos en la que se encuentran estas personas, que al momento de redacción de este informe no se conoció de su realización28.

Se han establecido algunas hipótesis que podrían responder a las causas de los hechos violentos desatados en el marco del tránsito de la guerrilla a una organización política sin armas, debido a la existencia de características comunes en cada suceso, a saber:

Con respecto al primer escenario, los casos de violencia contra miembros de FARC y sus familiares que podrían enmarcarse en este son los acontecidos en Arauca, Huila, Norte de Santander y Tolima. De otro lado, lo ocurrido en Antioquia, Chocó y Nariño, se destacan con respecto a la segunda hipótesis presentada. Sobresale esta última opción, ya que son regiones en las que el Clan del Golfo ha adquirido un mayor margen de actividad ilegal, así como las estructuras residuales de las FARC (disidentes y desertores) y otras expresiones de la criminalidad en lo local en zonas de Caquetá y Putumayo.

a) La situación de “indefensión” en la que se encuentran los miembros de FARC luego de la dejación de armas, es visto por sus enemigos como la oportunidad para un ajuste de cuentas por agresiones en ejercio de la actividad militar de la guerrilla durante muchos años.

b) Paralelo al momento de dejación de armas de las FARC, se ha incrementado el accionar de estructuras criminales – tanto de organizaciones emergentes como de las ya existentes- en las zonas donde operaba la guerrilla, lo que ha conllevado a que se busque a algunos de los excombatientes para que engrosen las filas de la actividad criminal. Se han conocido ofertas de dinero para antiguos guerrilleros.

Especial sobre el Charco Nariño.

De las últimas agresiones a miembros de FARC, 6 homicidios hacen parte de la masacre cometida contra los ex integrantes del Frente 29 que, según miembros de FARC agrupados en el ETCR “Aldemar Galán” de Policarpa, fueron engañados y respondieron a una cita de miembros de estructuras criminales que han surgido tras la desactivación armada de las FARC en este sector del Pacífico nariñense. A la banda encabezada por Eliécer García Estupiñán (Marcos Arteaga) y Robinson Alirio Cuero Obando (Álvaro Galán) le fue atribuido el múltiple asesinato de los seis excombatientes, quienes también serían los presuntos responsables del homicidio a otro ex-integrante del Frente 29 en jurisdicción del municipio de Barbacoas.

El misterio tras la masacre de miembros de FARC en San José de Tapaje, sector de Isupí: la otra historia.

Me encuentro con Iván*, quien es un curtido habitante y conocedor del Pacífico nariñense y sus problemáticas, para conversar sobre lo sucedido el pasado 15 de octubre en El Charco.

“Le voy a contar la verdad de lo que pasó con esos seis muchachos que asesinaron en el Tapaje” - me dice – “porque todo estuvo perfectamente planeado e inició un día antes en el sector de Basan”. Cordialmente le solicito que me deje grabar la conversación, a lo que responde que no es prudente por la gravedad de su testimonio. Guardo la grabadora de voz y me dispongo a escuchar y a tomar atenta nota.

Basan es la puerta de entrada desde el mar, por la desembocadura del río Tapaje, hacia El Charco; es un caserío en el que habitan aproximadamente 600 familias y queda ubicado a unos 30 minutos al norte del casco urbano de El Charco, frente a las aguas del mar Pacífico.

Según relata Iván, eran las diez de la mañana del sábado 14 de octubre cuando un emisario de las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) contactó a un miembro del Clan del Golfo que se encontraba en una de las casas ubicada en la cenagosa tierra de Basan. El mensaje era claro: “que bajen en grupo a dialogar para que arreglemos esto bien sin matarnos”. Desde hace días se venía rumorando sobre unos acuerdos que querían hacer los de las GUP con el Clan para repartirse el control del pacífico nariñense.

El Charco no se salvó de un gran problema, dice Iván, y es que tanto las GUP como el Clan del Golfo recogieron a varios excombatientes de las antiguas FARC, hombres del extinto Frente 29 que controlaba toda esa zona. Alexis Estupiñán (alias José Miller Estupiñán Toloza), Kevin González (alias Carlos Sinisterra), Carlos Perea (alias Édinson Martínez Ordoñez), Junior Velásquez (alias Duber Alberto Obando Valle), Bruno Suárez (alias José Alfredo García Estupiñán) y Johan, en su momento fueron miembros de las tropas de Javier, mejor conocido como ‘El Viejo’ en esa región de San José del Tapaje. Javier era el segundo comandante del Frente 29, encargado del todo el Pacífico nariñense y parte del pacífico sur del Cauca; un control territorial ejercido desde Francisco Pizarro hasta Guapi y Timbiquí.

Los seis exguerrilleros de ‘El Viejo’ se encontraban ahora trabajando con el Clan del Golfo. Su zona de residencia era Basan y el domingo 15 de octubre asistieron a la reunión convocada por los líderes de las GUP. A las dos de la tarde arribaron a San José del Tapaje, donde eran esperados por hombres al mando de Robinson Alirio Cuero Obando y Eliecer Estupiñán, ambos, mandos medios que cumplen las orientaciones impartidas por ‘alias Sábalo’ quien, según Iván, era ahora cabeza de los exintegrantes desertores de FARC que se movían por las cuencas de los ríos Telembí, Patía, Tapaje e Iscuandé. La comitiva de ‘alias Sábalo’ estaba integrada por una veintena de hombres fuertemente armados.

Escenarios de riesgo

La Fundación Paz & Reconciliación ha establecido dos escenarios de riesgo para los antiguos combatientes que se encuentran en proceso de reincorporación a la vida política y social:

Espacios de Capacitación Transitorios de Reincorporación

Las disposiciones del Decreto Ley 1274/201729 establecieron que una vez terminado el proceso de dejación de las armas – tanto de manera individual como colectiva- a partir del 15 de agosto las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios de Normalización cambiaron su figura por las de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, cuya función es servir de espacio para las múltiples actividades requeridas para la reincorporación social, económica y comunitaria: de grupo insurgente en armas a movimiento político y social. Además, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia dio inicio a su segunda misión política en apoyo al proceso de paz, ya no monitoreando el cese al fuego y de hostilidades y la dejación total de las armas, sino lo concerniente a la reincorporación y a brindar medidas de protección y seguridad para las comunidades de las zonas más afectadas por el conflicto, lo cual incluye las locaciones donde se encuentran los ETCR.

Más allá de la falta de adecuación física de los ECTR, la preocupación sobre la seguridad personal e integridad de los miembros de FARC ahora es un asunto exclusivo de la Fuerza Pública y del monitoreo realizado por la Misión de la ONU. Si bien no se ha presentado ningún hecho victimizante en el interior de los diferentes puntos de ubicación de las FARC, algunos de estos sí ocurrieron en las zonas circunvecinas como fue el asesinato perpetrado contra Brutney Alfonso Ávila en el sector de Puerto Jordán, en Tame (Arauca); en Ituango contra el ex jefe de milicias del Frente 18, Jesús Adán Mazo; y José Huber Mestizo Yatacué, ex integrante del Frente sexto, quien fue interceptado y, posteriormente, asesinado en la vereda Potrerito – jurisdicción de Toribío en Cauca- por un hombre identificado como Jhon Ramírez, quien se convertiría en el primer condenado por asesinato de un integrante de esa agrupación en tránsito a la legalidad.30

A partir de información provista en una entrevista realizada en uno de los puntos de concentración, uno de los integrantes del equipo de pedagogía de las FARC expresó al investigador de la Fundación Paz & Reconciliación la necesidad de establecer actividades colaborativas con los habitantes de las distintas veredas circundantes a cada uno de los lotes en los que están ubicados los integrantes de FARC, con el fin de instaurar redes de vigilancia civil y no armada como medidas de prevención y contención ante situaciones que puedan generar riesgo para los habitantes de esas zonas. Estas “redes de vigilancia comunitaria” funcionarían a la manera de guardias campesinas, dotados con el equipo logístico para comunicarse entre los finqueros y la fuerza pública con jurisdicción en cada zona; constituyéndose como una muestra de cooperación entre la sociedad civil y los organismos estatales para la gestión de la seguridad y el orden público en el nivel local. No obstante, la carencia de institucionalidad y las dificultades de acceso en las zonas mayormente afectadas por el conflicto es evidente con la limitada capacidad de operación por parte de las unidades de la Fuerza Pública, sobre todo en las zonas rurales.

Movilidad de los integrantes de FARC

El mayor escenario de riesgo para los integrantes de FARC se presenta en los traslados que realizan estas personas por fuera de los ECTR; de los 11 asesinatos registrados, 4 se perpetraron en zonas circundantes a los lugares de ubicación y el resto ocurrieron mientras los ex combatientes desarrollaban labores cotidianas como el tránsito por los distintos municipios. Esto demuestra falencias en la operatividad de los cordones de seguridad de la Fuerza Pública encargados de custodiar y brindar condiciones de contención y prevención para este nuevo movimiento político; de igual manera, evidencia la necesidad de un sistema de seguridad que permita monitorear y prevenir cualquier situación de riesgo que se pueda presentar por fuera de las ECTR para los miembros de FARC.

Si bien la antigua comandancia ya cuenta con esquemas de seguridad - reglamentados por la Ley 1865/2017, norma que dispuso de un cuerpo de hombres de esa organización para ser entrenados por la UNP-, los mandos medios y los encargados de ahora en delante de hacer política estarán expuestos a ser potenciales objetivos de agresiones durante sus actividades por fuera de las ECTR, que necesariamente los requerirán en ejercicio de sus derechos civiles y políticos como ciudadanos en proceso de reincorporación a la sociedad.

Mientras estuvieron vigentes las ZVTN, toda persona que fuera a ingresar o a salir de cada uno de los 27 puntos de ubicación tenía que dar conocimiento de su actividad a los correspondientes integrantes del Mecanismo tripartito de Monitoreo y Verificación dispuesto en el nivel local; esta era la manera de tener controlar la circulación tanto de civiles en la zona como de miembros de FARC que requerían salir de las zonas de ubicación. Sin embargo, con la entrada en vigencia del segundo mandato de la ONU, se requiere de un sistema de seguridad para los flujos de movilidad que realicen los integrantes de esa organización, bien sea para el desarrollo de su actividad política o para acciones como el desplazamiento a ver sus familias.

Por último, el eventual ejercicio político local y regional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, se avizora como un escenario de riesgo aún mayor para la vida e integridad personal, al eliminarse el carácter clandestino de sus militantes y de sus simpatizantes, lo que podría desencadenar en la reproducción de acontecimientos históricos violentos como el genocidio de la Unión Patriótica y la eliminación sistemática de Esperanza Paz y Libertad, durante la década de los ochenta y noventa, tras la suscripción de las negociaciones de paz entre gobierno e insurgencias. Por tal motivo, se requerirá de todo el esfuerzo institucional para proveer de garantías al ejercicio de los derechos políticos a los miembros de las nuevas organizaciones políticas que surjan con la implementación de los Acuerdos de La Habana.

Un desenlace esperado

Desde el año 2014 la Fundación Paz & Reconciliación, otras organizaciones de la sociedad civil, la comunidad internacional y la academia, han venido advirtiendo que la salida de las Farc de los territorios generaría un vacío de poder que sería aprovechado por otros actores armados ilegales si no se fortalecía la acción estatal, más allá de la fuerza pública. Sin embargo, no hubo un plan de contingencia institucional que pudiera prevenir este desenlace.

Hoy son evidentes las enormes dificultades que tiene el Estado para contrarrestar las distintas expresiones armadas que operan en los territorios, en algunos de ellos, múltiples Grupos Armados Organizados –GAO- intentan pescar en río revuelto para hacerse al control de las rentas ilegales; en otros, el Clan del Golfo y el ELN han expandido su influencia o la han consolidado. En algunos territorios, la acción tímida del Estado ha dado resultados, especialmente en las cabeceras municipales, no obstante, la falta de disposiciones normativas relacionadas con las acciones institucionales para el posconflicto dificultan la capacidad de acción de funcionarios del Estado.

Es difícil comprender cómo unas Fuerzas Militares que no han sido objeto de reducción de presupuesto por parte del Estado, no han tenido impactos contundentes en la lucha contra la disidencia de las Farc, aun cuando es bien sabido por dónde se desplazan sus máximos cabecillas y de qué manera operan. A finales de 2016 se hablaba de alrededor de 80 hombres de la disidencia de Guaviare, hoy, increíblemente, se habla de 500 hombres desertores de distintos frentes y provenientes de nuevos reclutamientos que conforman la gran disidencia del sur, ¿por qué el ejército no ha logrado contrarrestar esta amenaza a la seguridad y a la paz? ¿Existe en algunos sectores del ejército interés en que crezcan las disidencias? Son preguntas que nos hacemos.

Lo cierto es que, a pesar de las dificultades, Colombia está viviendo una oportunidad sin igual para consolidar una paz completa que necesita de grandes esfuerzos por parte de todos los sectores sociales que le apuestan a llevar una vida libre de violencias y al desarrollo de una paz estable.

La Fundación ha clasificado las zonas en las cuales tenía injerencia o control las FARC y ahora son territorios de postconflcito que afrontan diversas amenazas de seguridad en cinco tipos.

Las Zonas post-Farc

Las FARC tenían presencia histórica en 242 municipios de los 1.122 que tiene el país, es decir, en cerca 22% del total de los municipios. En el traslado de las tropas hacia las 26 veredas dispuestas para el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil, el grupo insurgente abandonó más del 98% del territorio que ocupaba.

Las FARC en estas zonas tenían dos caras: una depredadora, basada en el cobro de extorsión, reclutamiento y ataques a bienes civiles y particulares; la otra, poco conocida, era la de agente regulador de la vida social. Es imposible pensar que un grupo armado puede mantenerse únicamente a través de la coerción por medio de las armas por más de 50 años, en otras palabras, aquellos sistemas paralelos de justicia, junto con la resolución de problemáticas de carácter social, revistieron a las Farc, en algunos territorios, de legitimidad y muchas veces conquistaron el aprecio de las comunidades. Al desmovilizarse las FARC los problemas vecinales o entre pares se estén disparando en varias zonas rurales. Al igual que la delincuencia común. A estos se les ha denominado zonas de anarquía criminal. El aumento de la “anarquía criminal” recorre la geografía antaño recorrida por las FARC.

Por otra parte, en muchos municipios del país otros grupos armados organizados han ocupado o están en proceso de ocupar los espacios dejados por las FARC. Las estructuras criminales herederas del paramilitarismo han aumentado su espectro de acción llegando a lugares a los que anteriormente no hubiera sido posible llegar. En general, algunos espacios que en teoría debían ser ocupados por las instituciones del Estado, están siendo reconfigurados en torno al ejercicio de la violencia como mecanismo de coacción por parte de los grupos mencionados.

Con este complejo panorama, la Fundación Paz & Reconciliación ha venido rastreando la situación de los territorios en los cuales cuenta con enlaces regionales y redes de solidaridad con otras organizaciones. En este sentido, se debe reconocer que existen limitaciones y dificultades que impiden a la Fundación abarcar caso por caso los 281 municipios que ha priorizado para el posconflicto, estas limitaciones, por supuesto, obedecen a cuestiones logísticas y presupuestales.

Sin embargo, en algunas de las regiones más afectadas por el conflicto armado, se ha venido realizando un riguroso seguimiento sobre la situación de seguridad de los territorios, expresada en la presencia y dinámica de los grupos armados y las percepciones que tienen sus habitantes sobre la criminalidad.

En el marco de este esfuerzo por interpretar la realidad del país, la Fundación ha construido una categorización, al estilo de “tipos ideales”, como clave interpretativa de los fenómenos que se vienen manifestando en los territorios de los cuales las Farc han salido y que han sido denominados Zonas Postfarc. Los cinco tipos de zonas son:

Zonas de presencia de expresiones de “disidencias” de las FARC

Zonas con ocupación o expansión del ELN.

Zonas con ocupación o expansión de Grupos Armados Organizados.

Zonas de anarquía criminal.

Zonas en proceso de consolidación estatal .

Las disidencias y los desertores de las FARC.

Las zonas con presencia de expresiones de “disidencia” de las Farc son aquellas en las cuales se tiene conocimiento de la presencia de antiguos miembros de las Farc, en especial, de mandos medios, que no quisieron acogerse al proceso de paz con el gobierno. En este sentido, miembros de varios frentes han querido mantener sus estructuras operando con el único objetivo de conservar el control de las rentas ilegales en el territorio, a excepción del Frente 1.

El único Frente que se declaró en disidencia fue el Frente Primero “Armando Ríos” y lo hizo el día 10 de junio del año 2016 mediante un comunicado. En el texto afirmaban que no se desmovilizarían debido, entre otras razones, a que el Estado colombiano no resolvería las causas estructurales del conflicto ni tampoco negociaría el modelo económico. Pero, incluso a este Frente, los dirigentes de las FARC no lo reconocen como disidencia.

Por su parte, el Estado Mayor del Bloque Comandante Jorge Briceño de las FARC-EP, emitió un comunicado de respuesta en el cual se rechazaban los “supuestos” móviles políticos que dieron lugar a esta “disidencia”:

El sector de mandos y combatientes del Primer Frente que decidió renegar de sus principios, apela a argumentaciones ideológicas y políticas a fin de ocultar la evidente influencia de intereses económicos opuestos a la terminación del conflicto. El conocimiento de lo acordado en la Mesa de La Habana fue negado y tergiversado a los guerrilleros de base por los mandos implicados.31

Adicionalmente, señalaron que las Farc no permiten disidencias, es decir, los consideran como desertores y les sugieren cambiar de nombre y emprender su propio camino.

Ahora bien, dado el control social y territorial y las actividades que realiza se podría llamar disidencia a la estructura que opera en el Guaviare y el sur del Meta, los demás son grupos de ex guerrilleros que desertaron para seguir controlando mercados ilegales.

Los miembros del Primer Frente que emitieron el comunicado están operando actualmente en algunos territorios distribuidos en cuatro departamentos del país: Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés. Según fuentes locales esta estructura ha estado reclutando miembros a través del ofrecimiento de dinero, armas y garantías de seguridad a las personas en proceso de reincorporación concentradas en las ZVTN del Guaviare, lo cual podría considerarse como un saboteo al proceso de implementación de los acuerdos de La Habana.

Por otra parte, se tiene conocimiento de un plan de expansión nacional de la disidencia que ya ha empezado a dar sus frutos a través de la unificación de los miembros de la disidencia de Gentil Duarte con la del Frente Primero. Esta estructura armada podría contar con alrededor de 500 hombres, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, Miguel Santanilla Botacha, alias “Gentil Duarte” y, recientemente, de Edgar Salgado, alias “Rodrigo Cadete”, quien desertó del proceso de paz a principios del mes de septiembre de 2017. Según fuentes en territorio, la disidencia adelanta acciones de extorsión, secuestro y control de la producción de la base de coca.

La disidencia está organizada de la siguiente manera:

Alias Gentil Duarte opera en la zona que comunica al departamento del Guaviare con Meta, entre el Guayabero y la zona del Yarí.

Por medio de alias “Negro Edward”, “Gentil Duarte” coordina acciones en la zona de El Guayabero, vereda Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare.

Por medio de “El Flaco 25” coordina acciones en San José del Guaviare en las veredas de Manavires, Choapal, Caño Nilo, Caño Pescado, Caño Flauta, Picalojo, La Rompida, Puerto Nuevo, La Tigra, Nueva Colombia y Caño Lajas, cerca del ETCR de San José del Guaviare.

Alias “Orejas” coordina las operaciones en el municipio de Puerto Concordia, Meta.

Alias “Benjamín” y alias “Calarcá” coordinan acciones en los municipios de La Macarena, Mesetas y La Uribe.

La estructura al mando de alias “Iván Mordisco” opera de la siguiente manera:

Alias “Iván Mordisco” opera en los municipios de Miraflores, Calamar, El Retorno y en el suroriente de San José del Guaviare. Según fuentes locales, fue visto por última vez en la vereda Arawato, ubicada en la parte baja del Rio Guaviare, la cual hace parte del Resguardo Indígena Nukak y fue territorio histórico del frente 44 de las FARC cuando esta guerrilla existía. Este sector comunica al Guaviare con el sur del departamento de Meta, Guainía y Vichada.

Alias “Álex” y alias “Gavilán” coordinan las acciones en la vereda la Paz y Salto Gloria.

Alias Jhonnier dirige las acciones en la vereda Tomachipan en San José del Guaviare.

Alias “Aldemar Congo” coordina acciones en el municipio de Calamar.

Alias “Carolina” en Miraflores Guaviare (Esta área la comandaba Euclides Mora dado de baja por el Ejército Nacional a finales del mes de septiembre, se desconoce el nombre de su remplazo).

Alias “Jhon 40” en la zona baja del Rio Guaviare y el Rio Inírida, junto con alias “Giovanny Chuspas” quien detenta el control del territorio de Mapiripán, Caño Jabón, sur de San Martin, sur de Puerto Gaita y en el Vichada por la margen izquierda del Rio Guaviare. Este disidente es conocido por ser el comandante del antiguo frente 44 de las FARC. La función principal de Jhon 40 es el control de la ruta del narcotráfico hacia Venezuela y Brasil y el control de la Minería ilegal del Oro y el Coltán que se desarrolla en toda su área de influencia.

Alias “Julián Chollo” controla el territorio del Guainía y frontera con Venezuela. Desde esta estructura controla el negocio del narcotráfico, ejerce control del territorio y genera influencia en el campesinado y la población en general.

Alias “Rodrigo Cadete” es el encargado de coordinar acciones en el sur del Meta. Sus principales colaboradores son alias “Calarcá” y alias “Benjamín”. Estos últimos coordinan acciones en las veredas de Mesetas, la Uribe y la Macarena con alias “El Costeño” y alias “El Boyaco” en el municipio de Puerto Rico Meta.

Como puede observarse, Gentil Duarte e Iván Mordisco han fortalecido la estructura de la disidencia durante el último trimestre del año. El apoyo de “Cadete” ha dado lugar al inicio de consolidación de una estructura que se proyecta de alcance regional si la Fuerza Pública no actúa para contrarrestar este grupo armado.

Según fuentes locales, los cabecillas de la disidencia se han visto obligados a asignar responsabilidades de mando y dirección a miembros de su organización que no tienen la experiencia ni formación política, lo que ha generado acciones incongruentes con su discurso político y difumina el carácter ideológico que han querido plasmar en su proceder. Este es el caso de los asesinatos de los jóvenes en Miraflores y de Yimmy Medina, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Nuevo en San José del Guaviare.

Por otra parte, según versiones de líderes sociales y comunitarios del territorio, varios de los miembros de las FARC que estaban concentrados en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación han tomado el camino de abandonar el proceso de reincorporación en el marco del Acuerdo de Paz y se han vinculado a la disidencia. La razón principal es el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz en los tiempos establecidos.

Algunas personas afirman que en el ETCR de Colinas, en el municipio de El Retorno, quedan pocas personas que, por su propia iniciativa, vienen implementado proyectos productivos, los demás se han visto obligados a salir a buscar trabajo de jornaleros o han recurrido a sus familiares en sus lugares de origen y, como ya se mencionó anteriormente, varios de ellos han decidido regresar al camino de la guerra.

En el ETCR de “Charras”, en San José del Guaviare, la situación ha sido más compleja debido a que la oferta en materia de educación y proyectos productivos no coincide con las trayectorias de vida ni tampoco con las tradiciones de quienes están en el espacio territorial que son en su mayoría indígenas. Según fuentes locales, muchos indígenas han regresado a sus resguardos de origen, mientras que otros han regresado a la guerra a través de la disidencia.

Por su parte, el Ejército Nacional asegura que la disidencia del Frente 7 y el Frente 1 opera en algunos municipios de los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés y cuenta con 310 hombres aproximadamente. Según las autoridades, su accionar obedece al interés de hacerse al control de toda la cadena de narcotráfico.

Fuente: FFMM Colombia. 30 de junio de 2017.

Tal y como se observa en la imagen, el Ejército Nacional ha agrupado esta presencia en tres zonas de acuerdo a sus principales cabecillas.

Por otra parte, existen grupos de desertores delinquiendo cuyo único interés se reduce a réditos de economías ilegales. En los municipios de San Andrés de Cuerquía, Ituango, y Briceño, en el Bajo Cauca Antioqueño, operan alias “Jeringa”, “Serpa” y “Carnitas”, desertores que se presentan como Gaitanistas o Urabeños. En los municipios de Toribío, El Tambo, Suárez, Morales y Buenos Aires, en el departamento del Cauca, se encuentra un grupo de desertores del Frente 8, al mando de alias “Pija” quien ahora se hace llamar “Pancho Villa”.

En los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Montañita, Paujil y El Doncello, tienen presencia desertores pertenecientes a los extintos frentes 14 y 17, al mando de “Calarcá Córdoba”, “Vladimir González” y “Benjamín”, éste último, comanda también un pequeño grupo de desertores en el corregimiento de Vegalarga, en Neiva.

En 14 municipios del país existen grupos armados compuestos por desertores de las Farc que constituyen una importante amenaza para la seguridad de las comunidades, pero no así para el monopolio de la fuerza del Estado. Ahora bien, estos grupos son una expresión que podríamos llamar “normal” en el marco de un proceso de transición entre la guerra y la paz y que resultará subordinado a las poderosas estructuras criminales que operan en los mismos territorios, como por ejemplo, el caso de los desertores de Antioquia que ya hacen parte del Clan del Golfo.

Si bien los medios de comunicación han presentado a la opinión pública una alarmante cifra de “disidencias” de las Farc, lo que parece ser cierto es que, en el resto de territorios del país, es decir, en Antioquia, Buenaventura, Tumaco, Huila y Cauca, han aparecido desertores de las Farc que están formando pequeños GAO o se están vinculando a otros grupos ya establecidos. En algunos casos, se presentan como miembros del Clan del Golfo; en otros, se presentan como “disidentes” para generar una especie de continuidad que les permita mantener el control de las rentas ilegales.

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.

Estructura y Mandos de disidencia

Zonas con Ocupación o Expansión del ELN

Las Zonas con ocupación del ELN representan aquellos territorios en los cuales esta guerrilla ha tenido presencia histórica y ha ejercido el control, en algunos casos por las armas y, en otros, por una combinación de legitimidad y autoridad soportada en el uso de la fuerza. Este es el caso de los departamentos de Arauca y Norte de Santander.

No obstante, se tiene conocimiento de expansión del ELN en algunos territorios tradicionalmente dominados por las Farc. El fenómeno que se viene presentando en algunos municipios de Antioquia, en Tumaco, algunos municipios del Choco y en el Cauca, es una evidencia de esta expansión que, según fuentes locales, no es muy significativa en términos numéricos, pero sí podría poner en riesgo a las comunidades debido a las confrontaciones con otros grupos armados.

En el sur del Chocó, por ejemplo, los enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo por el control territorial, han desencadenado preocupantes situaciones de vulneraciones a los derechos humanos, entre ellos, desplazamientos y homicidios.

En resumen, el ELN ha estado reafirmando su dominación en los territorios en los que tradicionalmente ha tenido presencia. No obstante, parece existir un plan de expansión, a través de milicias, que podría obedecer a dos factores principales:

El primero de ellos, el aprovechamiento de la base social que tenían las Farc en algunos territorios para integrarlos a su proyecto político en función de revestir de legitimidad los avances de la mesa de diálogos de Quito, Ecuador.

El segundo de ellos, el aprovechamiento de la base social de las Farc como retaguardia para la guerra, lo cual significaría la perpetuación del conflicto armado y de la lucha guerrillera por el poder.

Adicionalmente, la estrategia del ELN ha sido la de evitar que otros grupos armados ocupen territorios, lo que se traduce en oferta de seguridad para la población y, a su vez, apropiación de las rentas ilegales de los territorios ocupados. Este grupo guerrillero está preparado para la guerra y la paz. El siguiente es el mapa de la expansión.

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.

Municipios de Expansión ELN

Municipios

Departamentos

Buenos Aires

CAUCA

Caloto

CAUCA

Corinto

CAUCA

Santander de Quilichao

CAUCA

Toribio

CAUCA

La Jagua de Ibirico

CESAR

Bahía Solano

CHOCÓ

Carmen del Darien

CHOCÓ

Juradó

CHOCÓ

Riosucio

CHOCÓ

Guachucal

NARIÑO

Buenaventura

VALLE DEL CAUCA

Puerto Carreño

VICHADA

Cumaribo

VICHADA

Amalfi

ANTIOQUIA

Ituango

ANTIOQUIA

Campamento

ANTIOQUIA

El ELN tiene presencia en 46 municipios Postfarc. Después de la salida de las Farc de los territorios, este grupo guerrillero ha venido consolidándose como actor dominante. Por otra parte, se ha expandido a 18 municipios en los cuales no se tenía registro de su presencia, como se muestra en la tabla.

ELN: uno de los desafíos para una paz completa

El 4 de septiembre de 2017 la delegación del gobierno y la del ELN en Quito, Ecuador, anunciaron de manera conjunta un cese al fuego y de hostilidades de carácter temporal y bilateral que entró en vigencia desde 01 de octubre y se extenderá, en principio, hasta los primeros días del mes de enero de 2018. En el comunicado publicado en la página de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el ELN se comprometió a suspender el secuestro, los atentados contra la infraestructura, el reclutamiento de menores y la instalación de artefactos explosivos. Por su parte, el gobierno se comprometió a fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas-SAT- en función de la protección y prevención de las violaciones presentadas contra líderes sociales y a mejorar las condiciones carcelarias de los militantes del ELN.

Fue establecido, además, que veedores independientes y profesionales del sistema de Naciones Unidas, fueran los encargados de supervisar el cumplimiento del cese al fuego, tal y como lo hicieron en el exitoso cese entre el gobierno y las Farc. Simultáneamente se dará inicio a audiencias con la sociedad civil con el fin de poner en marcha el primer punto de la agenda a tratar, la participación política.

Tras más de cincuenta años de confrontación abierta, por primera vez en la historia se da un acuerdo de estas características entre el gobierno colombiano y el ELN, asunto que constituye una gran oportunidad para el país en el marco del proceso de paz con las Farc y con la posibilidad ad portas del sometimiento a la justicia por parte del Clan del Golfo. No obstante, el cumplimiento a cabalidad de este cese al fuego y a las hostilidades se ve amenazado por las complejas realidades que atraviesan los territorios nacionales, principalmente por las cruentas confrontaciones entre actores armados por hacerse al control de los territorios dejados por las Farc.

La expansión y consolidación del ELN ha revestido formas distintas de acuerdo a los territorios de incidencia, siendo la constante una disminución significativa en el número de acciones cometidas por el grupo guerrillero tal y como puede evidenciarse en la tabla 1. Esta disminución implica dos aspectos fundamentales:

En primer lugar, que el ejercicio de la violencia ha sido articulado a otras estrategias para disminuir los costos armados, esto quiere decir, que en lugar de entrar “a bala” en los territorios, el grupo guerrillero ha asumido formas “más políticas” y de violencia selectiva. Además algunos de los relatos de miembros de comunidades del Cauca, Antioquia y Catatumbo aseguran que se han visto en la necesidad de solicitarle al ELN protección de los Grupos Armados Organizados que incursionan en sus zonas o para que asuman el papel de reguladores de justicia que antes hacia las FARC.

En segundo lugar y asociado al primer aspecto, la disminución de acciones bélicas no significa un debilitamiento de las estructuras armadas del ELN, por el contrario parece ser que la idea de planteada por la Fundación Paz & Reconciliación desde sus inicios acerca de que este grupo guerrillero es un actor político en armas cobra más fuerza al constatar que existe una expansión de carácter político y que posiblemente se incremente mientras dure el cese al fuego con el gobierno.

Tabla 1. Fuente: Base de datos Fundación Paz & Reconciliación

Ahora bien, como se decía anteriormente, las estrategias varían de acuerdo al territorio. Por ejemplo, en el departamento del Chocó, en las subregión de Baudó y del Bajo Atrato, existe una confrontación abierta entre el ELN y el Clan del Golfo que se ha agudizado desde el mes de marzo de 2017. Según la Defensoría del Pueblo, el 04 de marzo fueron desplazadas más de 500 personas de la comunidad de Peña Azul, en el municipio de Alto Baudó, por la incursión del Clan del Golfo, esta situación derivó en enfrentamientos con el ELN dejando confinadas a más de 1200 personas.32

Por otra parte, desde el año 2012 hasta el año 2016, el total de acciones bélicas del ELN se incrementó de manera constante siendo los departamentos más afectados Norte de Santander, Arauca, Cauca y Chocó hasta llegar, en el año 2016 a 412 acciones bélicas. Sin embargo, producto de los diálogos exploratorios y, como se mencionó anteriormente, a la combinación de estrategias de expansión y consolidación, el grupo guerrillero ha disminuido ostensiblemente su accionar bélico hasta llegar, en 2017, a 183 acciones.

Acciones Bélicas ELN Departamentos

Departamento

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Antioquia

6

6

15

35

27

6

Arauca

130

100

129

69

87

66

Bolívar

6

57

4

28

21

5

Boyacá

13

4

14

14

6

2

Casanare

20

3

3

8

12

3

Cauca

3

0

22

15

32

12

Chocó

60

131

127

70

77

31

Cesar

2

0

3

2

19

4

Nariño

11

17

15

25

43

5

Norte de Santander

25

28

55

69

79

47

Risaralda

0

0

2

1

1

1

Santander

4

0

2

6

5

0

Valle del Cauca

0

0

3

2

3

1

Total de

Acciones

280

346

394

344

412

183

Cuadro 1. Fuente: Base de datos Fundación Paz & Reconciliación

Igualmente, existe una disminución considerable respecto de la cifra de secuestros realizados por el ELN que permite inferir un importante gesto de compromiso con el desmonte de la guerra y, en este sentido, con la mesa de conversaciones de Quito. Si bien la meta sería llegar a cero, el desescalamiento paulatino de las acciones violentas es un síntoma de importante de la comprensión del momento histórico que atraviesa el país.

Fuente: Observatorio del Delito de la Policía Nacional; elaboración Fundación Paz & Reconciliación

*Las cifras de 2017 corresponden al período comprendido entre el 01 de enero y el 01 de julio.

Con todo, los desafíos de este cese son numerosos, la persistencia del Clan del Golfo en las regiones sumada a las dificultades que tienen las instituciones estatales para consolidar su dominio territorial hacen que la situación sea frágil especialmente en donde existen disputas por las rentas ilegales y por el territorio, por ejemplo en el Chocó, Antioquia y Tumaco.

De Bandas Criminales – BACRIM- a Grupos Armados Organizados –GAO-.

Bandas Criminales –BACRIM- fue una denominación utilizada a partir del 2007 para designar a los múltiples grupos de crimen organizado que surgieron después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y que buscaban borrar la dimensión política del crimen organizado y, a su vez, señalar que las AUC habían desaparecido.33

Con esta nueva denominación, la Policía Nacional, al mando de Óscar Naranjo, hoy vicepresidente de Colombia, dirigió sus acciones a dar de baja o a capturar “objetivos de alto valor” a través del uso de la inteligencia. El golpe mediático no se hizo esperar, cientos de cabecillas y jefes de las llamadas bandas criminales fueron neutralizados por la Fuerza Pública generando confianza y legitimidad tanto en el accionar de la Policía como en el proceso de desmovilización de los paramilitares.34

Sin embargo, a pesar de las múltiples capturas, en muchos territorios del país aún seguían operando paramilitares desmovilizados rearmados y no desmovilizados, así como nuevas organizaciones criminales. A propósito de este fallido proceso, Valencia (2016) afirma:

Ahora podemos decir que la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia tuvo un carácter parcial y que los mandos medios y los reductos paramilitares que persistieron después de cerrado el ciclo de negociación fueron el reservorio de las nuevas bandas criminales. Estas fuerzas florecieron en la mayoría de los territorios donde dejaron las armas los bloques paramilitares, solo que ahora ponen mayor atención a los centros urbanos y han cambiado sus modalidades organizativas acudiendo a un funcionamiento en red en vez de las estructuras verticales que habían tenido en la fase anterior.35

En este sentido, la continuidad entre paramilitares y BACRIM era evidente, los altos mandos de Clan Úsuga, los hermanos David Antonio y Juan de Dios Úsuga, por ejemplo, habían sido parte de las Autodefensas Unidas de Colombia comandadas por Carlos Castaño. Otro tipo de grupos por el contrario eran relativamente nuevos.

Estas estructuras siguieron operando con tal designación hasta que, con motivo de la reestructuración de las Fuerzas Militares para el posconflicto, en el año 2016, la Directiva 0015, derogó la Directiva Permanente 014 de 2011 en la cual se establecía la estrategia nacional de lucha contra las BACRIM. Con esta nueva Directiva, las BACRIM pasaban a denominarse Grupos Armados Organizados- GAO- y serían objetivo por parte de las Fuerzas Militares.

Los GAO se definen como grupos bajo la dirección de un mando responsable que ejercen control sobre una parte del territorio y que tienen la capacidad de realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

Según la directiva, las siguientes son las características que permiten su identificación:

a.Que use la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado, la población civil, bienes civiles o contra otros grupos armados.

b.Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere la de los disturbios y tensiones internas.

c.Que tenga una organización y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública, en áreas del territorio nacional.36

Por otra parte, dada la complejidad de alcances territoriales de los GAO presentes en el territorio nacional y, además, de sus relaciones, debieron ser clasificados en tres tipos:

I. GAO tipo A: con capacidad Nacional o Transnacional

II.GAO tipo B: con capacidad Regional

III.GAO tipo C: con capacidad Local

Con el fin de articular el lenguaje de la Fundación con la institucionalidad, se ha definido mantener la denominación aportada por la Fuerza Pública junto con sus tipologías, no obstante, también se propone el reconocimiento de una continuidad, aunque con diferencias, de la violencia desde el fenómeno paramilitar que incide de forma significativa en la forma en la cual las comunidades se relacionan con estos grupos armados.

Zonas posfarc con ocupación o expansión de Grupos Armados Organizados

Las Zonas con Ocupación o Expansión de Grupos Armados Organizados, son aquellas en las cuales estos grupos han tenido presencia “histórica” o vienen expandiéndose, o proliferando, aprovechando el repliegue de las Farc a las 26 zonas y puntos transitorios.

Los GAO se han multiplicado después de la salida de las Farc. De la ecuación del conflicto armado, podría decirse que “están pescando en río revuelto” en función de apoderarse de las rentas ilegales en todo el territorio nacional.

Actualmente, la Fundación Paz & Reconciliación tienen en su base de datos 26 Grupos Armados Organizados que operan principalmente en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Caquetá.

Zonas POSTFARC

Departamento

GAO

# de

Municipios GAO 2017

Antioquia

Caparrapos

3

Antioquia

Los Paisas

3

Antioquia

Los

Rastrojos

4

Antioquia

Pachelly

1

Antioquia

La Nueva Generación

2

Antioquia

La Mano que Limpia

1

Antioquia

Los Chatas

1

Antioquia

Los Triana

2

Antioquia

Los Zorros

1

Caquetá

Nueva

Ortegüaza

2

Caquetá

Nuevo

Renacer AUC

4

Caquetá

Ejército

Revolucionario Popular (ERP)

1

Antioquia

La Oficina

antigua

(Oficina de envigado)

1

Nariño

Guerrillas Unidas del Pacífico

1

Nariño

Gente de Orden

1

Nariño

Los Negritos

1

Nariño

Nuevo Grupo

1

Nariño

Renacer o Matamba

1

Nariño

Los Shark

1

Nariño

Combo de alias "El Pollo"

1

Nariño

Organización Sicarial del Pacífico

1

Nariño

El Clan del Pacífico

1

Norte de

Santander

EPL

11

Clan del Golfo

250

Águilas Negras

12

La Empresa

2

Fuente: Base de Datos Fundación Paz & Reconciliación

I. GAO tipo A: con capacidad Nacional

o Transnacional

Clan del Golfo

EPL

Águilas Negras

La Oficina (de Envigado*)

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Fuente: Base de Datos Fundación Paz & Reconciliación

II. GAO tipo B: con capacidad Regional

Caparrapos

Los Paisas

Los Rastrojos

Nueva Ortegüaza

Nuevo Renacer AUC

La Empresa

La Nueva Generación

Los Triana

Guerrillas Unidas del Pacífico

Fuente: Base de Datos Fundación Paz & Reconciliación

III. GAO tipo C: con capacidad Local

Pachelly

La Mano que Limpia

Los Chatas

Los Zorros

Ejército Revolucionario Popular (ERP)

La Oficina de Envigado

Gente de Orden

Los Negritos

Nuevo Grupo

Renacer o Matamba

Los Shark

Combo de alias "El Pollo"

Organización Sicarial del Pacífico

El Clan del Pacífico

Fuente: Base de Datos Fundación Paz & Reconciliación

No debe olvidarse que, a pesar de los alcances de la clasificación, muchos grupos tienen redes entre sí que les permite tener alcances nacionales y transnacionales a través de alianzas para sacar réditos económicos. Por ejemplo, en Bello, Antioquia, opera un GAO denominado “Los Pachelly”, este grupo criminal clasificado en categoría C, está al mando de Antonio Henao Acevedo, alias “Albert”, hoy en la cárcel y Jader Botero, alias “Gancho”, por cierto, también desmovilizado del Bloque Centauros de las AUC. Este GAO opera bajo las órdenes del Clan del Golfo, a través de la modalidad de subcontratación para delinquir en la zona.

Los Pachelly no son el único GAO subordinado al Clan del Golfo en Antioquia, Los Caparrapos y Los Paisas también operan bajo la misma lógica de subcontratación en los municipios de Cáceres, Caucasia e Ituango. Por otra parte, otros grupos se han enfrentado al Clan del Golfo por el control de las rentas ilegales en Antioquia, especialmente por el control de la minería criminal, ejemplo de esto son Los Rastrojos y La Nueva Generación.

A pesar de esta multiplicación de GAO, muchas veces difusa, el Clan del Golfo es la estructura criminal más grande y poderosa del país en este momento. Según fuentes oficiales cuenta con 3.500 hombres aproximadamente y controla gran parte del narcotráfico del país.

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración Fundación Paz & Reconciliación

El Clan del Golfo ha tenido tres estrategias fundamentales para su expansión que han sucedido de manera simultánea. La primera de ellas fue la venta de franquicias, es decir, no se expandieron a través de contingentes armados en confrontación abierta, sino que vendieron el control territorial a otros grupos. Este es el caso del Bajo Cauca Antioqueño.

La segunda estrategia, ha sido la tradicional confrontación armada, una guerra abierta por el control territorial. Este es el caso del sur del Chocó en donde existe una abierta confrontación armada con el ELN, también está el caso del municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño, en donde el Clan del Golfo se encuentra en confrontación abierta con el GAO La Nueva Generación.

La tercera estrategia ha sido el reclutamiento de jóvenes a través de ofrecimientos de salarios que oscilan entre 1.200.000 pesos y 1.800.000 pesos para “organizar” la delincuencia común y tener grupos que realicen el “trabajo sucio”. Este es el ejemplo de lo que ha venido sucediendo en Buenaventura.

De los 242 municipios en los que las Farc tenían presencia, 101 están ocupados por GAO. De estos 101 municipios, 18 han sido producto de expansión debido al repliegue de las Farc.

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración Fundación Paz & Reconciliación

Municipios de Expansión GAO

Municipio

Departamento

Frontino

ANTIOQUIA

Ituango

ANTIOQUIA

Nechí

ANTIOQUIA

Dabeiba

ANTIOQUIA

Peque

ANTIOQUIA

Tarazá

ANTIOQUIA

Urrao

ANTIOQUIA

Cartagena del Chairá

CAQUETÁ

El Doncello

CAQUETÁ

El Paujil

CAQUETÁ

La Montañita

CAQUETÁ

San Vicente del Caguán

CAQUETÁ

Buenos Aires

CAUCA

Mesetas

META

Puerto Rico

META

El Rosario

NARIÑO

Iscuandé

NARIÑO

Planadas

TOLIMA

Zonas de anarquía criminal

Este tipo de zona se refiere a los territorios en los cuales debido al “vacío de poder” dejado por las Farc, existe una percepción de inseguridad asociada al aumento de la delincuencia común u ordinaria. Es necesario aclarar que en los territorios en los cuales las Farc tuvieron injerencia como agente regulador de relaciones sociales, también hubo una regulación sobre los actos delincuenciales. Es decir, zonas donde los conflicto sociales aumentaron, los atracos en carretera y el robo de ganado. Las principales zonas de Anarquía Criminal tienen lugar en el Sur del Tolima, Arauca, Caquetá y Meta expresada en la percepción de aumento de los índices de inseguridad, el abigeato y hurto.

Es decir pudo haberse dado un descenso en la violencia, pero la percepción de inseguridad va en aumento. El descenso en las cifras de homicidios se da especialmente en los municipios en los cuales las Farc tenían presencia simultánea con otro grupo armado. No obstante, con su salida se consolidó el dominio del grupo presente en el territorio, lo que implica una reducción en las estrategias violentas.

En otros municipios como En Santander de Quilichao y Tuluá existe una capacidad institucional mucho más amplia, bien sea la Personería, la Defensoría del Pueblo o bien sea por acceso a carreteras. Esto permite que el Estado, así sea esporádicamente, pueda llegar más rápido. Santander de Quilichao tiene una ZVTN muy cercana por lo cual hay fuerza pública constantemente.

En el Bagre, los miembros del Clan del Golfo son una escisión de lo que fue el EPL. En Zaragoza, alias “Carnitas” fue guerrillero de las Farc, esto permitió un copamiento rápido y fácil. Adicionalmente, en el Nordeste Antioqueño, se realizó un pacto entre el ELN y Farc de no agresión. El copamiento fue más o menos rápido y poco violento. Por otro lado hay municipios donde la violencia aumenta día a día. Son zonas de disputa criminal.

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación con datos de la Policía Nacional.

Como se puede observar en la gráfica, los homicidios en Tumaco han aumentado de manera drástica, especialmente en la zona rural. La disputa por economías ilegales ha aumentado la violencia en estos municipios.

Se conoce de al menos 16 municipios en los cuales existe un aumento significativo de la anarquía criminal. Este fenómeno tiende a extenderse si el Estado colombiano no toma medidas integrales para hacerle frente.

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración Fundación Paz & Reconciliación

Cultivos de uso ilícito, evolución, permanencia y retos37

Entre 2015 y 2016 los cultivos de coca aumentaron un 52% al pasar de 96.000 has a 146.000 has. Este incremento no es nuevo ni repentino, comenzó en 2014, año en que se presentó un aumento del 46% respecto al 2013, y entre 2014 y 2015 se dio un aumento del 49% (UNODC, 2017). Además, como se evidencia en el gráfico, si bien hay una disminución constante entre el año 2000 y el año 2013, a lo largo de la serie se presentan algunos picos que representan incrementos.

Hoy, prácticamente, tenemos las mismas hectáreas de hoja de coca que en 1996 cuando se dieron las marchas cocaleras. Esto, lo único que indica, es que el Estado colombiano ha fracasado en su estrategia contra esta problemática; incluso la UNODC lo reconoce, al afirmar que el 80% de los lotes identificados en 2016, ya había sido detectado, asperjado o erradicado previamente. Así las cosas, es necesario alentar las nuevas estrategias y perspectivas con las que se pretende afrontar el problema

Hay dos fenómenos que tienen relevancia a la hora de pensar los retos respecto al fenómeno de cultivos de uso ilícito, más allá del incremento: (i) la concentración de los cultivos, pues desde ese año el número de departamentos y municipios afectados comienza a decrecer, de tal manera que en 2014, 2015 y 2016, se identifican cultivos de coca en 21 departamentos, y en anteriores años la cifra oscilaba entre 23 y 24. De la misma manera, el número de municipios pasó de 204 a 183. (ii) la reincidencia de cultivos en zonas donde ya se han puesto en marcha diferentes estrategias para erradicación de cultivos, tanto la erradicación forzada, como planes de sustitución implementados en el marco del plan consolidación. La siguiente gráfica muestra las dinámicas.

Fuente: Elaboración propia. Datos: UNODC

Sólo 10 municipios concentran el 50% de las hectáreas de coca del país.

Para 2016, El 63,4% del total de cultivos se concentran en: Nariño (29%), Norte de Santander (17%) y Putumayo (17,2%). El 30% restante se concentra en Cauca (8,6%), Caquetá (6,3%), Antioquia (6%), Guaviare (4,6%) y Meta (3,7). Es decir, más del 90% de los cultivos de coca está en 8 departamentos, fenómeno que no ocurría antes de 2013.

Desde 2010, sólo en estos departamentos (además de Bolívar), se registra aumento de cultivos, mientras que en los 12 restantes, la tendencia es a la disminución. El gráfico 2 presenta un comparativo de las hectáreas cultivadas en 2010 y en 2016, evidenciando el fenómeno anteriormente descrito.

El 50% de los cultivos se concentra en 10 municipios de 4 departamentos, de la siguiente manera: Tumaco (16%); Tibú (9%); Puerto Asís (5%); El Tambo (4%); Valle Del Guamuez (3%); Sardinata (3%); El Tarra (3%); Barbacoas (2%); San Miguel (2%) y Orito (2%). El área con coca en estos 10 municipios pasó de 45.748 has en 2015 a 70.579 has en 2016

Fuente: Elaboración propia. Datos: UNODC

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.

El aumento de los cultivos no se da de manera homogénea en los territorios, lo que implica retos distintos para las instituciones a la hora de buscar soluciones.

Nariño

El departamento cuenta con 64 municipios, de los cuales hay 26 afectados con coca, y acumulan un total de 42.627 has, es decir, un poco más del 40% del departamento se ve afectado directamente por esta economía. Más del 50% de los cultivos se concentran sólo en Tumaco, que es el municipio con mayor cantidad de hectáreas cultivadas desde el 2006, a nivel departamental y nacional.

Para 2016 el SIMCI reportó 23.148 has de coca, cifra que no se había presentado nunca antes en el histórico colombiano, casi equiparable al total de cultivos en todo el departamento de Putumayo o Norte de Santander. Sólo ese municipio concentra el 16% del total nacional de cultivos de uso ilícito. Los centros poblados en los que se concentra el problema corresponden a La Balsa, Llorente, Guayacana y Restrepo.

Tumaco, junto con otros 4 municipios concentran algo más el 80% del total de la coca cultivada en el departamento. Como se observa en la gráfica, la tendencia de los cultivos en ese departamento es de incremento y de concentración, tendencia que es atraída casi exclusivamente por lo que sucede en Tumaco, pues en el resto de municipios las cifras de cultivos se mantienen casi estables o con leves aumentos. Mientras que en 2010 Tumaco representaba el 30% del total de cultivos del departamento, para 2016 representó más del 50%.

Fuente: Elaboración propia. Datos: UNODC

Norte de Santander

El aumento de cultivos en Norte de Santander tiene un comportamiento similar. Los cultivos están concentrados en 6 municipios: Convención, El Carmen, El Tarra, Sardinata, Teorama y Tibú, pero más del 50% del total de cultivos del departamento se concentran en este último municipio, que en el nivel nacional representa cerca del 9% del total nacional. A diferencia de Nariño, dónde sólo un municipio presenta incrementos importantes, en Norte de Santander hay 3 municipios más, además de Tibú, que empujan a Norte de Santander a posicionarse como el tercer departamento con mayor registro de hoja de coca. Los cultivos están asociados a los centros poblados de La Gabarra, Versalles y la cabecera municipal de Tibú

Fuente: Elaboración propia. Datos: UNODC

Putumayo

La problemática de Putumayo es distinta, pues a diferencia de Nariño y Norte de Santander, donde los cultivos están localizados en una subregión particular y no ocupan más del 15% departamental, en Putumayo, 8 de 13 municipios registran una alta afectación por cultivos de coca, lo que implica una mayor dependencia de la economía de casi todo el departamento hacia esa actividad. El 61% de la coca del departamento está en tres municipios, todos asociados a la frontera sur. El centro poblado de Puerto Vega y la cabecera municipal de Puerto Asís son los centros poblados más fuertemente relacionados con territorios afectados por cultivos de coca en Putumayo. La Hormiga y Jordán de Guisía (Valle del Guamuez) y La Dorada (San Miguel) tienen igualmente una fuerte relación con los territorios afectados.

Fuente: Elaboración propia. Datos: UNODC

Cauca

En el caso de Cauca, que es el cuarto departamento con mayor cantidad de cultivos de coca, la situación es igual. Más del 80% de los cultivos están concentrados en 5 municipios: Argelia, El Tambo, López de Micay, Piamonte y Timbiquí. Sin embargo, sólo los cultivos de El Tambo representan el 42% del total de departamento, en particular el centro poblado “El Plateado”; a este centro poblado se asocia una tercera parte de toda la coca del departamento. Es importante destacar núcleos de coca en Sinaí (Argelia), Uribe (El Tambo) y Santa Cruz de Sagún (López de Micay)

Fuente: Elaboración propia. Datos: UNODC

Reincidencia de cultivos

Según UNODC, en su informe de 2016, un 6% del territorio que en 2015 había sido catalogado como abandonado, reincide con afectación por coca en 2016. Se confirma nuevamente que las medidas hasta ahora adoptadas por el Estado para combatir los cultivos de uso ilícito no tienen mayor eficacia y carecen de sostenibilidad; tanto las acciones de aspersión y erradicación, como los planes en materia de desarrollo que se han implementado. .

La reincidencia de cultivos se presenta de manera particular en 3 departamentos: Antioquia, Meta y Caquetá, en algunos municipios que en años anteriores habían presentado importantes disminuciones en cuanto a la cantidad de hectáreas cultivadas.

En el caso de Antioquia, la región más afectada es el Bajo Cauca. Tarazá y Cáceres han mantenido en la serie histórica una cifra importante de cultivos y durante los últimos años mantienen una tendencia a incrementar; desde 2013 otros municipios como El Bagre, Nechí y Zaragoza, que habían sido considerados casi libres de coca, vuelven a aumentar el número de cultivos; Este fenómeno se presenta también la subregión del Norte, en Valdivia, Ituango y Briceño. Los cultivos de coca están asociados principalmente a los centros poblados de Barro Blanco y El Doce en Tarazá y Raudal Viejo, La Caucana y Puerto Valdivia en Valdivia. En el Gráfico 7 se observa lo anteriormente descrito:

Fuente: Elaboración propia. Datos: UNODC

La situación es similar en Caquetá, en los municipios de Valparaíso y Florencia, y en menor medida en El Doncello y Belén de los Andaquíes, que si bien no eran considerados libres de coca, habían disminuido a cifras de un dígito. A diferencia de los otros departamentos, los cultivos de coca en Caquetá tienden a estar dispersos. Sucede lo mismo en los municipios de Mesetas, San Juan de Arama, Puerto Concordia y La Uribe, en el departamento del Meta.

Zonas de manejo especial

Al igual que la tendencia nacional, la cantidad de cultivos en resguardos indígenas, parques nacionales y consejos comunitarios aumentó, y para 2016 representan cerca del 32% del total de los cultivos en Colombia. En resguardos el incrementa fue del 32%, al pasar de 11.837 ha en 2015 a 15.665 ha en 2016; incremento que es jalonado por la siembra en resguardos ubicados en el departamento de Nariño.

En Concejos aumentó un 45%, por un cambio de 16.030 ha a 23.164 ha en 2016. Las Comunidades que presentan una mayor afectación por coca también están localizadas en Nariño: Alto Mira y Frontera, Pro – defensa del Rio Tapaje, La Cordillera Occidental Nariño, Unión de las Cuencas del Isagualpí y Rio Satinga, todos localizados en Nariño y los cuales albergan un 57% del total sembrado en estas entidades territoriales. Alto Mira y Frontera es el concejo comunitario que más afectación tiene.

En Parques Nacionales Naturales del 27% por pasar de 6.214 ha en 2015 a 7.873 ha en 2016, localizadas principalmente en la Sierra de la Macarena, Nukak y Paramillo.

¿Cómo explicar este fenómeno?

Este argumento más de tipo político es equívoco. Si se miran bien el fenómeno se llega a la conclusión de que tiene una explicación más económica que política. Veamos:

1. Una de las explicaciones que más se utilizado está asociada con la firma de los acuerdos de paz con las FARC. El argumento consiste en que el aumento de los cultivos fue producto del aumento de las expectativas e intereses de los campesinos, quienes estaban interesados en ser acreedores de los beneficios prometidos por el punto 4 del acuerdo, particularmente aquellos relacionados con la sustitución de cultivos.

1.Ell aumento de los cultivos comenzó en 2013, y para esa fecha aún no estaba listo el acuerdo sobre narcotráfico en La Habana. Este se hizo público en mayo de 2014, es decir, un año y medio después de que la tendencia de los cultivos fuera al alza. Segundo, el argumento puede ser aún más débil, si se tiene en cuenta que la pedagogía de paz nunca llegó a la ruralidad justo donde se concentran los cultivos de coca; de hecho, hoy en día hay veredas en dónde no se conoce el contenido del Acuerdo Final.

2.El segundo argumento esbozado está relacionado con el anterior, y tiene que ver con el rol de las FARC en la promoción del aumento de los cultivos. Se tiene conocimiento de que en Nariño algunos de los mandos medios y comandantes incurrieron en este error. Sin embargo, si se contrasta la presencia y capacidad de control territorial que tenía las FARC cuando era una organización armada, con los territorios donde se dio el aumento de cultivos, la coincidencia no es tan alta. En Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, las FARC no eran la organización dominante. Incluso la UNODC reconoce este fenómeno al afirmar que “es muy importante mencionar que en Cauca – Nariño y la región Central se encuentran diferentes actores ilegales, en Cauca – Nariño se reporta la presencia de ELN, EPL, BACRIM, e incluso han reportado la presencia de extranjeros dinamizando los mercados locales de hoja de coca y pasta de cocaína. Por su parte, la región Central (en particular Catatumbo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca) se caracteriza por una presencia cada vez más hegemónica de bandas criminales como el llamado “clan del golfo” [además del ELN y el EPL]. La dinámica de los precios y de los actores ilegales, deja ver una tendencia en la que es menos importante el control territorial pero se mantiene el interés por la producción de drogas”

Ahora bien, es posible que la salida de las FARC si haya influido en el aumento de cultivos, pero en un sentido contrario. Es importante recordar que esa ex-guerrilla mantuvo una labor de regulación de los cultivos de coca, la cual consistía en poner un tope máximo al número de hectáreas por campesino, que además debía ser alternada con cultivos de pancoger, con el objetivo de evitar crisis en el abastecimiento de alimentos. En ese sentido, es sabido que los grupos que entraron a controlar el negocio en los territorios no mantuvieron esa práctica, y por el contrario incentivaron a la siembra indiscriminada de cultivos.

3.La capacidad institucional demuestra diferentes falencias para abordar el problema. Desde el inicio del Plan Colombia en el año 2000, se han fumigado más de un millón de hectáreas de coca, se han erradicado otra cantidad similar, y se han puesto en marcha diferentes planes de sustitución. Ninguna de las estrategias ha funcionado.

Pareciera que las estrategias de desarrollo alternativo que se han diseñado e implementado en los territorios carecen de sostenibilidad. Hasta el momento, la pretensión de los Gobiernos por proveer de opciones socioeconómicas lícitas para las comunidades que han recurrido a la siembra y venta de hoja de coca como un medio de subsistencia, se ha centrado en el reemplazo de los ingresos que obtienen los campesinos por cuenta de esta actividad, esto a través de dos figuras: subsidios de asistencia alimentaria de transición, y proyectos productivos.

La más reciente estrategia fue la de familias guardabosques. Se trata de 5 componentes a desarrollar durante 24 meses; una cosa parecida a lo que se hizo en el marco del plan Colombia, y que también fracasó: (I) asistencia alimentaria transicional, que consistía en un apoyo para manutención que se distribuía tras la erradicación, con el fin de solventar las necesidades inmediatas de alimentos; (ii) seguridad alimentaria, que tenía que ver con unidades productoras de alimentos para autoconsumo, como huertas caseras, , con el objeto de mejorar la nutrición de los campesinos; (iii) proyectos productivos con enfoque de desarrollo regional; (iv) acompañamiento integral, que tenía que ver con el tema productivo, como una suerte de asistencia técnica, que permitiera además fortalecer capacidades de asociatividad, protección al medio ambiente, entre otras; y (v) comunicaciones, con el objetivo de visibilizar y posicionar experiencias exitosas a nivel regional y nacional.

El fracaso consiste en que pasados los 24 meses, quizá 6 o 12 meses más, cuando el Gobierno deja de entregar los subsidios de asistencia alimentaria, y la economía de los campesinos depende de los proyectos productivos, la estrategia se viene abajo, pues el Gobierno (o los gobiernos) no se han preocupado por resolver el problema de fondo en los territorios, y es que no existen condiciones mínimas para el desarrollo de mercados que permitan que los productos que cultivan los campesinos puedan ser comercializados. La ausencia de vías, que hace más costosa imposibilita la salida de alimentos, la falta de centros de acopio y de un comprador que garantice un ingreso justo y fijo a los campesinos. Todo esto conlleva a la reincidencia y resiembra de cultivos de coca.

4. Tratándose de un mercado, la otra explicación es económica y tal vez es la más importante. La dinámica de precios muestra un sistema de incentivos para mantener y ampliar el negocio del narcotráfico en los territorios, en todos sus eslabones, incluidos los cultivos de coca. La revaluación del dólar en 2103 ha permitido el aumento del precio en algunos eslabones del precio de la cadena, lo que por supuesto ha llevado a que actores involucrados en el negocio amplíen la producción. Otros factores, como la revaluación del oro, en 2009, llevaron a que en regiones dependientes de economías ilegales, como Antioquia, los actores ilegales buscaran trasladarse del narcotráfico a la minería aurífera. Y luego con la caída del precio se regresaron al narcotráfico. Otra variable de tipo económico es el aumento de la demanda, en Estados Unidos la cifra pasó en los últimos años de un millón y medio a un millón novecientos mil consumidores.

En los Gráficos 8 y 9 se observa el comportamiento de precios promedio nacional en relación al aumento de cultivos. En la Tabla 1 se presenta la evolución de los precios a nivel regional.

Fuente: Elaboración propia. Datos: UNODC

Fuente: Elaboración propia. Datos: UNODC

Tabla 1 Variación precios 2011 - 2016 - Narcotráfico

Región

precio

(COP/kg)

2011

2015

2016

variación 2010 - 2016

Central

hoja fresca

$ 2.535,00

$ 4.150,00

$ 3.300,00

30%

pasta básica

$ 2.012.778,00

$ 2.184.800,00

$ 1.600.000,00

-21%

base de

cocaína

$ 2.541.640,00

$ 2.702.900,00

$ 2.485.700,00

-2%

clorhidrato de cocaína

$ 4.489.580,00

$ 4.865.100,00

$ 4.987.100,00

11%

Meta -

Guaviare

hoja fresca

$ 1.770,00

$ 3.250,00

$ 2.900,00

64%

pasta básica

$ 2.007.778,00

$ 2.166.400,00

$ 2.036.100,00

1%

base de

cocaína

$ 2.731.250,00

$ 2.714.900,00

$ 2.585.400,00

-5%

clorhidrato de cocaína

$ 4.590.909,00

$ 4.837.500,00

$ 4.927.100,00

7%

Putumayo - Caquetá

hoja fresca

$ 2.434,00

$ 1.700,00

$ 1.850,00

-24%

pasta básica

$ 1.659.059,00

$ 1.725.300,00

$ 1.696.100,00

2%

base de

cocaína

$ 2.500.000,00

$ 2.477.800,00

$ 2.386.800,00

-5%

clorhidrato de cocaína

$ 4.500.000,00

$ 3.977.500,00

$ 4.374.200,00

-3%

Pacífico

hoja fresca

$ 2.721,00

$ 2.900,00

$ 3.000,00

10%

pasta básica

$ 2.012.778,00

$ 1.757.500,00

$ 1.896.300,00

-6%

base de

cocaína

$ 2.593.485,00

$ 2.485.400,00

$ 2.301.400,00

-11%

clorhidrato de cocaína

$ 4.251.818,00

$ 4.451.700,00

$ 4.620.400,00

9%

Sierra

Nevada

hoja fresca

$ 2.091,00

$ 2.450,00

$ 2.300,00

10%

pasta básica

$ 2.030.000,00

$ 1.800.000,00

base de

cocaína

$ 3.007.672,00

$ 2.776.400,00

$ 2.400.000,00

-20%

clorhidrato de cocaína

$ 4.918.122,00

$ 5.079.900,00

$ 5.622.200,00

14%

Amazonía

hoja fresca

$ 2.800,00

$ 3.200,00

$ 3.150,00

13%

pasta básica

$ 1.627.778,00

$ 1.891.700,00

$ 1.816.700,00

12%

base de

cocaína

$ 2.662.500,00

$ 2.566.700,00

clorhidrato de cocaína

$ 5.140.300,00

$ 5.902.100,00

Orinoquía

hoja fresca

$ 1.760,00

$ 3.250,00

$ 3.750,00

113%

pasta básica

$ 2.308.300,00

$ 2.425.000,00

base de

cocaína

$ 2.366.667,00

$ 2.872.900,00

$ 2.756.300,00

16%

clorhidrato de cocaína

$ 4.698.485,00

$ 5.316.700,00

$ 5.376.400,00

14%

Nacional

hoja fresca

$ 2.357,00

$ 3.000,00

$ 2.900,00

23%

pasta básica

$ 1.851.686,00

$ 2.005.700,00

$ 1.895.700,00

2%

base de

cocaína

$ 2.595.793,00

$ 2.005.700,00

$ 1.895.700,00

-27%

clorhidrato de cocaína

$ 4.555.870,00

$ 4.747.300,00

$ 4.984.600,00

9%

Fuente: Elaboración propia. Datos: UNODC

Implementación del punto 4 del Acuerdo y otras acciones para abordar el tema En diferentes eventos nacionales e internacionales, el Gobierno de Colombia ha planteado la necesidad de cambiar el enfoque desde el cuál se estaba afrontando el problema de las drogas ilícitas. Lo pactado en La Habana responde también a esa necesidad. Allí se acordó que la manera de enfrentar el problema debía ligarse a una perspectiva de salud pública y de promoción del desarrollo humano en un marco de respeto por los Derechos Humanos, y no sólo desde el enfoque de seguridad.

El punto 4 del Acuerdo dedicado a la solución al problema de las drogas ilícitas contempla tres ámbitos para atacar el problema del narcotráfico: (i) programas de Prevención del Consumo y Salud Pública, (ii) solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos y (iii) el asunto de los cultivos de uso ilícito. Respecto a este último, el Gobierno se comprometió a diseñar e implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). En el texto se mencionan los criterios, principios, mecanismos e instrumentos que regirán su funcionamiento (Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016).

A continuación se registrarán los avances del Gobierno colombiano respecto a lo comprometido en La Habana, y en general respecto a la solución del problema del narcotráfico, sobre el cual se fijó la meta de reducir en 2017 al menos 100 mil hectáreas de coca; 50 mil hectáreas por la vía forzosa, ruta que lidera el Ministerio de Defensa Nacional, y las otras 50 mil, por medio de la sustitución voluntaria, concretamente por medio del Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos – PNIS.38

Cultivos de uso ilícito y PNIS

El objetivo es el de promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito (Decreto 896 de 2017 ) y es un componente del punto 1 del Acuerdo: Reforma Rural Integral

El Programa fue presentado el 27 de enero de este año, luego de que el Gobierno y las FARC se pusieran de acuerdo en dos temas fundamentales que no estaban detallados en el Acuerdo, pero que en el pilotaje del Programa resultaron cruciales y se tomaron como asuntos a concretar: el monto de los apoyos económicos y subsidios a entregar, y los tiempos o plazos para que los campesinos sustituyan. El pilotaje se desarrolló en los últimos meses del año 2016, y en ese periodo de tiempo sólo resultó el Acuerdo Colectivo de Cumaribo, en Vichada, pues en otros territorios, la puja por el monto a recibir a cambio de sustituir impidió que se llegara a compromisos con otras comunidades. Luego de la presentación del PNIS, el primer acuerdo se hizo en Putumayo, que implicó a todos los municipios, todas las organizaciones, todos los alcaldes. Eso desató una ola nacional de acuerdos.

Independientemente de que fuera presentado y aprobado el Decreto que reglamentaba el PNIS, el Gobierno, en cabeza de la Alta Consejería para el Posconflicto y la Dirección para la sustitución de cultivos ilícitos, comenzaron a implementar la ruta diseñada para consolidar los PNIS. La ruta y otros aspectos considerados están a cargo de la Dirección de Sustitución de Cultivos, entidad que tiene un acompañamiento y apoyo permanente de la UNODC para el desarrollo de este proceso, y son los siguientes:

Principios y elementos para el desarrollo de los PNIS:

i.Las condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito en pro de que se permitan las condiciones necesarias y que el PNIS cumpla con su objeto. La autoridad competente, diseñara medidas especiales de prevención y protección para garantizar condiciones de seguridad para las comunidades y territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, mediante el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado y de sus capacidades de protección.

ii.Construcción de los Planes de Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo -PISDA¬, que están dirigidos a permitir la sostenibilidad de los Planes y estrategias de sustitución definidos por los campesinos y la transformación estructural del territorio en materia de desarrollo. Comprenden:

Los Planes de Atención Inmediata y desarrollo de proyectos productivos –PAI- que desarrollan los acuerdos celebrados con las comunidades.

Obras de Infraestructura rápida

Componente de sostenibilidad y recuperación ambiental

Plan de formalización de la propiedad

Planes para zonas apartadas y con baja concentración de población

iii.Los acuerdos de sustitución celebrados con las comunidades; los cuales tienen una estructura similar y permitirán planes municipales y comunitarios, que se construyen entre las comunidades, las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y el PNIS, como autoridad nacional competente. Es decir, no sólo benefician a los cultivadores.

iv.Priorización de territorios, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 1. Zonas priorizadas en el marco de los PDET; 2. Densidad de cultivos de uso ilícito y de población; 3. Parques Nacionales Naturales según la normatividad vigente; 4. Comunidades que se hayan acogido al tratamiento penal diferencial.

v.Tratamiento Penal Diferencial.

Componentes y etapas

El PNIS tiene dos componentes gruesos de implementación:

(i) Los Planes de Atención inmediata – PAI, que tienen dos dimensiones: familiar y comunitaria. El PAI familiar comprende las acciones y recursos que ejecutará el Gobierno de manera urgente para garantizar los ingresos de las familias que sustituirán cultivos de uso ilícito. El PAI comunitario es para la comunidad en general, y conlleva a que el Estado garantice una serie de servicios básicos en el territorio.

(ii) Los Planes de Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo- PISDA son el resultado de un proceso de construcción comunitaria, participativa y concertada para la transformación integral del territorio y para dar solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito. Se vincularán a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, a partir de los cuales se garantizará su implementación.

Etapas39 y acciones esperadas para la ejecución de los pnis

En qué va el PNIS?

Para la sustitución de las 50.000 hectáreas, propuestas como meta para el primer año, se focalizaron 40 municipios de los departamentos más afectados. Asimismo, para el plan de erradicación forzosa se focalizaron 29 municipios, que en algunos casos coinciden con los que fueron priorizados para la sustitución, esto se debe a que se pretende incidir en las zonas más afectadas del país.

Se comenzó con el esquema “tumben la coca, y les empezamos a pagar”, pero no fue posible ningún acuerdo. Entonces, se cambió el esquema en mayo: comiencen la sustitución con una base de dos millones, y en el segundo mes, antes del día 60, luego de que se compruebe que han sustituido, se les hace el segundo pago. La experiencia es que de los acuerdos firmados, tumban el día 55. Entonces en Briceño, los campesinos tuvieron que pedir apoyo al ejército para erradicar antes del día 60. Esa experiencia llevó a tomar la decisión hace un mes, de que ya no se iban a esperar 60 días, sino 30 días de plazo para que los campesinos erradiquen.

a. PNIS:

Se han firmado 57 acuerdos colectivos, en 9 departamentos del país:

Tabla 2.

Municipios con acuerdo de sustitución de cultivos.

Departamento

Número de

acuerdos

Municipios

Antioquia

1

Briceño

Caquetá

1

La Montañita

Cauca

3

El Tambo, Rosas y Timbío

Guaviare

5

Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare

Meta

1

Vistahermosa

Nariño

29

Ancuya, Barbacoas, Cumbal, Cumbitara, El Charco, Roberto Payán, Francisco Pizarro, Iscuandé, La Tola, Leiva, Linares, Magüi, Mosquera, Olaya, Peñol, Policarpa, Ricaurte, Rosario, Samaniego, Santacruz, Sotomayor, Tumaco

Norte de Santander

1

Tibú

Putumayo

15

Puerto Asís, Mocoa, Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Valle del Guamuez, Sibundoy, Villagarzón,

San Miguel, San Francisco

Vichada

1

Cumaribo

Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, no basta con que en los territorios se suscriba el acuerdo colectivo, sino que debe darse un proceso de preinscripción, verificación de los datos de las familias preinscritas, y finalmente la inscripción en el Programa. Así las cosas, a mediados de septiembre, el Gobierno había realizado este proceso con 7.581 familias, que dicen cultivar 6.313 hectáreas. Con ellas se pone en marcha el Plan de Atención Inmediata y Proyectos Productivos, descrito anteriormente.

Número de familias y hectáreas inscritas y con pagos en el pnis40

CON PAGOS

MUNICIPIO

familias

Acumulado Familias

hectáreas

Has

acumuladas

CUMARIBO (GUERIMA)

266

266

244

244

PUERTO ASÍS

501

767

274

518

BRICEÑO

1.137

1.904

798

1.316

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

(COLINAS)

457

2.361

255

1.571

URIBE (DIVISO UNION

PRIMAVERA)

497

2.858

249

1.820

TIBÚ

216

3.074

245

2.065

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (CHARRAS)

358

3.432

420

2.485

TUMACO

1.975

5.407

1.662

4.146

LA

MONTAÑITA 1

737

6.144

391

4.537

PUERTO RICO

1.437

7.581

1.776

6.313

PAGOS PENDIENTES

EL RETORNO (CHAPARRALES)

503

8.084

275

6.588

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

(BOQUERON)

924

9.008

661

7.249

EL RETORNO (LA LIBERTAD)

976

9.984

597

7.846

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (12 VEREDAS)

1.878

11.862

1.253

9.098

DOVIO Y

BOLIVAR

891

12.753

731

9.829

CALAMAR

448

13.201

500

10.329

PUERTO

CONCORDIA

925

14.126

774

11.103

ARAUQUITA (?)

680

14.806

505

11.608

MAPIRIPAN

2.100

16.906

1.680

13.288

LA

MONTAÑITA 2

2.512

19.418

2.418

15.706

MIRAFLORES

2.500

21.918

2.000

17.706

TARAZA

3.000

24.918

5.800

23.506

PUERTO RICO (LAGUNA

GRINGO)

35

24.953

43

23.549

Fuente: Alta Consejería para el postconflicto.

a. Erradicación

El Ministro de Defensa declaró que la meta propuesta para el año, a septiembre, se ha cumplido en un 62%, es decir, se han erradicado de manera forzada alrededor de 31.000 hectáreas.

Este proceso ha generado situaciones de conflictividad social, choques entre fuerza pública y organizaciones cocaleras y comunidades, que se oponen a la erradicación y esperan poder vincularse al proceso de sustitución voluntaria. La información en los territorios al respecto de este tema es confusa, y se debe también a la falta de celeridad del proceso. Según información de terreno, se han presentado tres tipos de situaciones:

1. El ejército llega a erradicar a zonas donde se han logrado acuerdos de sustitución de cultivos, pero las familias no se han inscrito formalmente al programa, y por ende no han comenzado la sustitución. En ese caso, y como se señaló anteriormente, el gobierno debe dar celeridad al trámite de la inscripción.

2. EL ejército llega a erradica a zonas donde aún no se ha acordado nada en materia de sustitución, pero las familias esperan que el Gobierno vaya a socializar la propuesta y se firme el acuerdo colectivo.

3. Existen grupos armados ilegales, narcotraficantes, que pagan a la gente para que se enfrente a la fuerza pública y evite la erradicación en sus fincas. En este caso, se trata de grupos que no tienen voluntad de sustituir y generalmente tienen grandes terrenos con coca.

a. Retos para la institucionalidad

1. Tiempo

El tiempo que hay entre la firma del acuerdo colectivo y la inscripción de las familias en el Programa es demasiado largo, según información de terreno, alrededor de 8 o 10 meses. Este periodo se configura como una posibilidad de desconfianza por parte de las comunidades hacia el Estado, pues resulta inexplicable la demora. Esta desconfianza sumada a la falta de credibilidad que ya tiene el Estado en esas regiones, puede jugar en contra del proceso de sustitución, pues mientras que el Estado demora en entregar los subsidios prometidos, están en el territorio otros actores armados ilegales incentivando la siembra de coca.

2. Capacidad institucional

Las metas alcanzadas hasta ahora, han implicado a la Dirección de sustitución cerca de 1000 reuniones. Estudios sobre el tema dan cuenta de que si bien es un proceso dispendioso, pues consiste en convencer a las personas/productores que confíen en el Estado y se vinculen al Programa. Para cumplir con esa labor, la Dirección cuenta con alrededor de 40 funcionarios a nivel nacional; las FARC tienen un equipo de 25 personas que, tal como se pactó en el Acuerdo Final, deben cumplir un rol en esta empresa. Esto, junto con el equipo que la UNODC , que está compuesto por alrededor de 50 personas, es el personal total que está dedicado a desarrollar el PNIS. Esto contrasta con la capacidad humana destinada a la estrategia de erradicación, en la que se ha comprometido 8.000 efectivos de la fuerza público. Si se tienen en cuenta otros elementos que resultan fundamentales para agilizar el Programa, como por ejemplo los desembolsos de los subsidios entregados a las familias productoras, tarea que está a cargo del Banco Agrario, y que en muchos municipios no cuenta con la capacidad para entregar de manera directa los montos asignados a las familias de las veredas, pues estas están ubicadas en veredas lejanas del casco urbano, y el Banco escasamente cuenta con el personal para atender allí.

En ese sentido resulta urgente fortalecer y robustecer a la Dirección de sustitución, en el entendido de que el narcotráfico es un problema que se requiere resolver de manera urgente, pero que esta vez se espera resolver de manera estructural. Vale la pena recordar que la reincidencia en cultivos luego de implementar un programa de desarrollo alternativo es de tan sólo un 10%, cifra contrasta con la eficacia de la erradicación forzosa, que tienen un porcentaje de reincidencia cercano al 80%, aunque el ministro de defensa recientemente ha dicho que la resiembra es del 46%.

- Si el Gobierno no pone en marcha los PISDA, y otros Planes comprometidos en el marco de la Reforma Rural y la estrategia de respuesta rápida para el postconflicto, tales como vías terciarias, mecanismos de crédito y economía solidaria, búsqueda y apertura de mercados, apoyo técnico para la diversificación de productos, es posible que el intento de los PNIS por resolver el asunto de los cultivos de uso ilícito, corra con la misma suerte que programas anteriores. El éxito es que es a nivel agregado, es decir, responde de manera acertada a uno de los errores o dificultades encontradas en experiencias anteriores, en el que la vinculación era individualizada, lo que impedía evidenciar los beneficios y la eficacia de los programas

3. El logro de Acuerdos colectivos y la posterior inscripción de las familias

En el programa depende de que la titulación y formalización de tierras, así como la reubicación de campesinos y colonos que actualmente se encuentran en territorios especiales como resguardos indígenas, concejos comunitarios, parques naturales o zonas protegidas por Ley Segunda comience a funcionar.

Esto se debe a una obvia racionalidad, y es que cuando el campesino no es dueño de las tierras, o está en conflicto con ocupantes o con terceros que afirman ser propietarios, incluso cuando está en zonas de manejo especial, es imposible vincularlo al PNIS, pues este de entrada implica que se le reconozca la permanencia en la zona habitada.

Un caso emblemático en este sentido es lo que ocurre en el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, donde habitan también alrededor de 5000 familias, todos colonos, que no son dueños de esa tierra, pero que están dispuestos a vincularse al PNIS. El Acuerdo Final, en el capítulo étnico, establece claramente que en esas zonas de especiales, y menciona de manera especial a ese Consejo Comunitario, que los únicos autorizados para celebrar y pactar acuerdos son las autoridades de los territorios. Esto deja por fuera a los colonos para que se vinculen al PNIS, pues en sentido estricto, la tierra no es de ellos, y la autoridad del Consejo Comunitario los desconoce como parte de la comunidad.

Un sin número de familias campesinas, que en 2016 cultivaron 7.873 has de coca, están ubicadas en zonas de manejo ambiental, donde también puede ser imposible, debido a la normativa que rige, que se permita el desarrollo de actividades productivas, agropecuarias u otro tipo de explotación de los recursos naturales.

4. El Gobierno debe estar en la capacidad de aprovechar 2 ventajas

Existe una organización de tipo nacional que agrupa a las familias cocaleras - Coccam, que está dispuesta a facilitar la labor de llegar a Acuerdos colectivos, y agilizar los trámites necesarios para la inscripción y erradicación. Además, la Farc está comprometida también con esta labor. Dónde hay éxito en la sustitución de cultivos es donde las FARC fue el actor dominante, y esto se debe a que allí ya no hay presiones ni incentivos de otros grupos armados ilegales en pro de la siembra de coca. Por supuesto, no todos los cultivadores hacen parte de esta organización, en ese sentido, es necesario que el Gobierno fortalezca alianzas y confianzas con otras organizaciones campesinas.

5.Coordinación entre la política de sustitución y la de erradicación forzada

Si bien ambas estrategias -la de sustitución y la de erradicación- deben enfocarse en los mismos municipios, en el entendido de que la localización y concentración de estos lo exige, es necesario que existan escenarios y mecanismos apropiados para la comunicación, coordinación y articulación, pues en el territorio el traslape entre ambas agendas puede generar conflictividad social y desconfianza hacia la institucionalidad y el programa.

Hasta el momento, el mecanismo de comunicación es muy elemental, y no tiene el carácter de preventivo, lo que dificulta la coordinación entre ejército o policía antinarcóticos con la Dirección de sustitución de cultivos. Es importante entender que en el terreno, la coordinación no es tan sencilla, pues a pesar de que el ejército tenga la información sobre las veredas vinculadas a Acuerdos colectivos, lo cierto es que las fronteras o límites entre fincas, o entre veredas, incluso entre municipios es imprecisa. Por otro lado, existe en este momento una dificultad con el PNIS, y es que en algunas zonas donde se tiene el Acuerdo colectivo, ha sido imposible hacer un acuerdo individual, pues la disposición de las comunidades es confusa. El hecho de que se firme un Acuerdo colectivo, de alguna manera restringe al ejército para que lleve a cabo la erradicación, sin embargo, vale la pena preguntarse el por qué los cultivadores no avanzan hacia el acuerdo individual, si es sabido que las condiciones y el protocolo para este son inamovibles.

En algunos casos, bandas criminales o el ELN han dificultado el proceso de sustitución. En el norte de Antioquia, el ELN hizo devolver la plata a familias que habían hecho acuerdo de sustitución. Ante esas dificultades, es aceptable que sea por medio de la erradicación y no de la sustitución que se cumpla la meta de la disminución de las hectáreas de coca.

6. Financiación

El costo de la sustitución puede llegar a ser menor que el de la erradicación; en tiempos de guerra esta llegó a costar hasta 22 millones por hectárea, pues el proceso de erradicación debía repetirse en los territorios más de una vez al año, y debían estar 3 policías –en promedio- acompañando al erradicador. En esta ocasión el cálculo es diferente, pues el subsidio no se asigna según el número de hectáreas que tiene cada cultivador, sino que se asigna el mismo monto a cada una de las familias productoras, correspondiente a un total de 36 millones en 2 años; con el presupuesto de que las familias no van a reincidir, lo que en definitiva puede llegar a abaratar la lucha contra las drogas, con el plus de que el dinero no se gasta, sino que se invierte, puesto que se traduce en proyectos productivos a favor del desarrollo territorial.

Sin embargo, los cálculos del Gobierno al respecto del posconflicto han sido difusos. Ministerio de Hacienda, el Congreso y otras entidades han hablado de diferentes cifras, y la pregunta acerca de los fondos existentes para financiar la implementación de los acuerdos no ha sido respondida. Incumplir a las familias inscritas en el PNIS con el pago de los subsidios reglados en el marco del PAI familiar puede llevar a que la reincidencia sea inmediata. La mayor erogación en la que debe incurrir el Estado, y que es más una inversión que un gasto, es la que implican los PAI comunitarios y los PISDA, que consisten en la provisión de servicios básicos para las comunidades y el establecimiento de las condiciones necesarias para desarrollar mercados y cadenas de valor a lo que se produce en la ruralidad. Además de buscar fuentes de financiación y asignar presupuesto para estas obras, bienes y servicios, el Gobierno debe tener un control absoluto del gasto para evitar que sea malgastado o caiga en manos de corruptos.

7. Los conflictos, el afán, las críticas y las presiones

respecto a la estrategia de sustitución coinciden con los comentarios y mensajes directos e indirectos que han enviado al Gobierno desde la Casa Blanca y el Congreso de los EEUU. El enfoque de la política de seguridad de Donald Trump es mucho más militarista, y no ha escatimado en comentarios que fortalezcan la idea de que la erradicación forzosa es una estrategia más eficaz que la sustitución voluntaria.

Otras acciones contra el narcotráfico

El nuevo enfoque de la lucha contra el narcotráfico incluye también una intensificación de las acciones contra otros eslabones del narcotráfico, no exclusivamente contra los cultivos de uso ilícito. En ese sentido, vale la pena destacar que los resultados para 2016 y 2017 han sido mucho más satisfactorios que en años anteriores, y superan las cifras que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha revelado respecto a los resultados y operaciones que ese país ha desarrollado en contra del narcotráfico.

DESTRUCCIÓN

TOTAL 2016

TOTAL 2017

(31 agosto 2017)

LABORATORIO DE BASE DE COCA

1.115

891

LABORATORIO DE COCAINA

100

101

INCAUTACIÓN

TOTAL

KILOGRAMOS 2016

TOTAL

KILOGRAMOS 2017

BASE DE COCA

36246

27.811

BASUCO

2122

1.615

COCAINA

225747

214.227

HEROÍNA

277

230

MARIHUANA

154788

129.277

FUENTE: SIEDCO - DIJIN (DIRAN) – POLICÍA NACIONAL. Datos extraídos el día jueves, 31 de agosto del 2017, información sujeta a variación

Oferta Institucional en materia de seguridad

El segundo informe COMO VA LA PAZ planteó las bases de la oferta institucional de seguridad para el posconflicto, haciendo énfasis en las zonas postFarc. Sobre ese diagnóstico vale la pena resaltar algunos de los elementos más importantes de la estrategia de la Fuerza Pública la cual se mantiene y continúa mostrando resultados.

En primer lugar es importante recordar que el Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación interestitucional con la Alta Consejería para el Posconflicto, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento para la Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura, priorizaron 160 municipios para la intervención en el posconflicto, los cuales fueron agrupados en 17 áreas. Esta priorización involucra varias instituciones bajo el concepto de Acción Unificada del Estado. El objetivo es agrupar las capacidades del Estado para traer toda la oferta Estatal a los territorios más afectados por el conflicto armado.

Los municipios focalizados se escogieron analizando 20 factores de incidencia, entre los cuales se destaca los fenómenos de seguridad, estos son:

• Antiguas zonas de influencia de las

FARC.

• Zonas de influencia del ELN.

• Zonas de influencia GAO.

• Cultivos ilícitos.

• Extracción ilícita de yacimientos mineros.

• Contrabando.

• Extorsión y Secuestro.

• Tráfico de migrantes.

•Tráfico de arma, municiones y explosivos.

•Delitos conexos.

• Minas antipersonal.

• Restitución de Tierras.

• Zonas y Puntos Transitorios a la

Normalidad.

• PDETS.

• Proyectos Alto Consejero para

Posconflicto

• Indicadores Sociales críticos.

• Zonas de Interés Criminal.

• Afectación de Infraestructura critica.

• Fronteras Inestables.

• Degradación de Recursos Naturales

y Medio Ambiente

Fuente: Comando General Fuerzas Armadas.

La principal premisa de la Acción Unificada del Estado, es generar las condiciones de estabilidad, y asegurar el Control Territorial del Estado, para así traer gobernanza y fortalecer el Estado Social de Derecho.41

Ahora bien, la Acción Unificada del Estado se viene adelantando en primer lugar por medio del Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación “Victoria”, de las Fuerzas Militares, y el Plan Estratégico Institucional Comunidades Seguras y en Paz, de la Policía Nacional. De tal manera que la Fuerza Pública debe priorizar la seguridad en esos territorios focalizados para que así pueda entrar la oferta institucional del Estado: las carreteras, los servicios públicos, los servicios sociales, la salud, la educación, y todo lo que no era posible acceder para estas comunidades por causa de la amenaza del conflicto. La misión principal del Plan Victoria es enfrentar y neutralizar las amenazas que representa las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Grupos Armados Organizados (GAO), Sistema de Amenaza Persistente (SAP) y los fenómenos de criminalidad que afecten a la población civil y la seguridad nacional.42

Por otro lado la principal misión del Plan Comunidades Seguras y en Paz es de generar escenarios óptimos de seguridad y convivencia a partir del fortalecimiento de la seguridad rural, el afianzamiento del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria y por Cuadrantes, la optimización de la investigación criminal y la dinamización de cooperación internacional43. Así las cosas, examinaremos los más recientes resultados de las operaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los últimos tres meses, contra las amenazas que ponen en riesgo la seguridad y la convivencia en todo el territorio nacional, pero que principalmente brindan más estabilidad en los territorios focalizados:

Crimen Organizado Residual de las FARC – COR-FARC

En el último trimestre del año, entre la tercera semana de julio y la segunda semana de octubre, las Fuerzas Militares han tenido resultados en su lucha contra las disidencias de las FARC, ahora llamadas estructuras de Crimen Organizado Residual de las FARC. Las labores de investigación y ubicación de estas estructuras han sido eficientes en algunos casos y en otros deficientes.

Como lo demuestra el siguiente mapa del Comando Conjunto No.3, se identifica las zonas de operación e influencia de las denominadas “disidencias” de Gentil Duarte, Iván Mordisco, y John 40, que se ubican en el sur del Meta, Caquetá, Guaviare y Guainía. Se cree que estas estructuras COR-FARC podrían llegar a tener en la actualidad más de 500 integrantes de los cuales la mayoría eran integrantes de las FARC, pero también se sabe que estos grupos vienen aumentado sus filas reclutando jóvenes de comunidades rurales, principalmente del sur de Guaviare, y sur del Meta.

Fuente: Comando Conjunto No. 3.

Los siguientes son algunos de los resultados operacionales contra estas estructuras:

Cabecillas locales:

Por medio de las acciones de las Fuerzas Militares en los últimos 9 meses del último año se han desmovilizado los siguientes mandos bajos y medios locales de las COR-FARC.

Fuente: CGMF.

Mandos regionales

Igualmente se han neutralizado y desmovilizado los siguientes mandos regionales de las COR-FARC.

Por otro lado mediante operaciones conjuntas entre Fuerzas Militares y Fuerza Aérea se han logrado los siguientes resultados:44

En tanto a las neutralizaciones que se han logrado en el año (por neutralizaciones no solo nos referimos a muertes, sino también a capturas, y presentación voluntaria) para la segunda semana de septiembre, las Fuerzas Militares han logrado generar resultados de 181 integrantes de las COR-FARC.

NEUTRALIZACIONES 2017

CCON-2

CCON-3

EJÉRCITO

ARMADA

FFMM

Presentaciones Voluntarias

3

106

10

1

120

Capturas

6

48

0

0

54

MDOM

0

7

0

0

7

TOTAL

9

161

10

1

181

Fuente: CGFM, corte: 10 septiembre, 2017.

Igualmente se han generado algunas incautaciones que afectan la infraestructura de estas organizaciones: 73 armas largas, 93 armas cortas, 5 armas de acompañamiento y cerca de 66 mil municiones.

INCAUTACIÓN ARMAS 2017

CCON-2

CCON-3

EJÉRCITO

ARMADA

FFMM

Armas largas

7

66

0

0

73

Armas cortas

35

56

1

1

93

Armas de

acompañamiento

0

5

0

0

5

Munición

1310

64507

42

44

65903

Fuente: CGFM, corte: 10 septiembre, 2017.

Lucha contra Organizaciones de Crimen Organizado y Delincuencia Organizada:

En la lucha contra el crimen organizado se pueden ver resultados importantes, entendiendo que este es un fenómeno tiene varias matices, y su mutación es más constante en tanto la Fuerza Pública genera mayores afectaciones. Estas afectaciones se dan en los siguientes ámbitos:

También para entender las dinámicas del crimen organizado de debe entender que las organizaciones criminales tienen aspectos diferenciales y por tal motivo existen tres tipos o niveles de organización criminal tipificados por la Policía Nacional:

Por un lado se encuentran las organizaciones de nivel A consideradas de Crimen Organizado, que tienen un alcance nacional en varias regiones del país, y transnacional con vínculos internacionales del crimen organizado. Algunos ejemplos de este tipo de organizaciones son; El Clan del Golfo, Los Pelusos, Puntilleros.

Las Organizaciones de nivel B son catalogadas como Delincuencia Organizada, y tienen la característica de operar a nivel regional, ya sea departamental o subregional. Algunas de estas organizaciones son: La Constru (Putumayo), Los Pachenka (Costa Atlántica), La Empresa (Pacífico).

En el nivel C encontramos organizaciones de Delincuencia Común, que tiene un modus operandi local, ya sea en lo municipal o barrial. Algunos ejemplos son: Las Liebres (Medellín), Odisea (Manizales), NiquiTao (Bello).

Fuente: Policía Nacional.

Entendiendo este contexto, se presentan algunos resultados de la Policía y Fuerzas Militares en la lucha contra Organizaciones del Crimen Organizado y Delincuencia Común:

RESULTADOS LUCHA CONTRA ESTRUCTURAS CRIMINALES

Estructura

Nivel

Lugar

Fecha

Resultado

Clan Golfo

A

Antioquia: Apartado,

Carepa,

Chigorodó.

05

septiembre, 2017

14 capturas por concierto para delinquir, tráfico, porte de armas.

Clan Golfo

A

Córdoba:

Tierralta, Valencia

07

septiembre, 2017

07 capturas por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes.

El Combo

C

Antioquia: Itagüí

04

septiembre, 2017

07 capturas por hurto calificado y concierto para delinquir, tráfico y por de armas de fuego.

Las Liebres

C

Antioquia: Medellín

05

septiembre, 2017

06 capturas por hurto agravado, concierto para delinquir, fabricación y tráfico, porte de armas de fuego.

Odisea

C

Caldas:

Manizales

05

septiembre, 2017

22 capturas por concierto para delinquir, fabricación y tráfico estupefacientes.

Niqui Tao

C

Antioquia: Bello

06

septiembre, 2017

06 capturas por concierto para delinquir, fabricación y tráfico, porte de armas de fuego

Fuente: CGMF. Datos 1ra semana de septiembre 2017.

La anterior tabla muestra los resultados de la primera semana del mes de septiembre. En cuento a capturas importantes los resultados son los siguientes.

RESULTADOS LUCHA CONTRA CRIMEN ORGANIZADO – NIVEL A

Organización Criminal

Alias

Neutralización

Fecha

Clan Golfo

Rodrigo

Capturado

01 enero, 2017

Clan Golfo

El Mono

Capturado

08 enero, 2017

Clan Golfo

Jhon Fredy

Capturado

15 enero, 2017

Clan Golfo

El Flaco

Capturado

16 enero, 2017

Clan Golfo

Santiago

Capturado

19 enero, 2017

Clan Golfo

Chepe

Capturado

21 enero, 2017

Clan Golfo

Chemita

Capturado

21 enero, 2017

Clan Golfo

Leonardo

Capturado

28 enero, 2017

Clan Golfo

Cobra 02

MDO

07 febrero, 2017

Clan Golfo

Chino

Capturado

18 febrero, 2017

Clan Golfo

Seis Siete

Capturado

04 marzo, 2017

Clan Golfo

Samir

Capturado

12 marzo, 2017

Clan Golfo

Bigotes

MDO

15 marzo, 2017

Clan Golfo

James

Capturado

21 marzo, 2017

Clan Golfo

Zorro

MDO

28 abril, 2017

Clan Golfo

Pablito

MDO

02 mayo, 2017

Clan Golfo

Samuel

Capturado

04 mayo, 2017

Clan Golfo

Indio

Capturado

11 mayo, 2017

Clan Golfo

Hernán

Capturado

15 mayo, 2017

Clan Golfo

Boyaco

Capturado

23 mayor, 2017

Clan Golfo

Alacrán

MDO

12 julio, 2017

Clan Golfo

Gerardo

MDO

12 julio, 2017

Clan Golfo

Culo

de Toro

MDO

12 julio 2017

Clan Golfo

Richard

Capturado

27 julio, 2017

Clan Golfo

Baloteli

Capturado

10 agosto, 2017

Clan Golfo

Gavilán

MDO

31 agosto, 2017

Los Puntilleros

Sombra

Negra

Capturado

18 febrero, 2017

Los Puntilleros

Alcaraván

Capturado

06 marzo, 2017

Los Puntilleros

Andrés

Capturado

20 marzo, 2017

Los Puntilleros

Breiner

Capturado

07 julio, 2017

Odin Caicedo

El Viejo

Capturado

15 marzo, 2017

La Empresa

Robert

Capturado

07 abril, 2017

Los Pelusos

Deiner

MDO

02 mayor, 2017

La Terraza

Tombolin

Capturado

05 febrero, 2017

Fuente: CGMF. Datos, enero 01 – agosto 31, 2017.

La tabla superior muestra los resultados más significativos en la lucha contra las organizaciones de nivel A para el año 2017, siendo los tres resultados operativos resaltados en amarillo los más recientes (para este trimestre). Como se puede observar el golpe fuerte fue dado el 31 de Agosto en contra del Clan del Golfo, dando de baja durante la operación a Gavilán, el Jefe Operativo y segundo al mando de dicha estructura.

La siguiente tabla muestra los resultados operativos de la Policía contra jefes del Crimen Organizado y la Delincuencia Común en lo corrido del último año (en verde), y los resultados de los primeros días del mes de septiembre.

RESULTADOS LUCHA CONTRA CRIMEN ORGANIZADO – NIVEL A

Variable

Tipo

Durante Gob.

Santos

Corrido del año 2017

Del 28 de agosto al 3 de

septiembre 2017

Del 4 al 10 de septiembre 2017

Total neutralizados

25473

2056

86

34

Neutralización

Cabecillas

Cabecillas Nacionales

81

7

1

0

Cabecillas Regionales

-

27

0

7

TOTAL

CABECILLAS

81

34

1

0

Fuente: PONAL-CGFM. Corte: septiembre 10, 2017.

RESULTADOS LUCHA CONTRA CRIMEN ORGANIZADO – NIVEL A

La tabla inferior muestra los resultados de la lucha contra la infraestructura del Crimen Organizado y la Delincuencia Común.

Variable

Tipo

Durante Gob.

Santos

Corrido del año 2017

Del 28 de agosto al 3 de septiembre 2017

Del 4 al 10 de

septiembre 2017

Incautación Material de Guerra

Armas

12011

869

39

23

Narcotráfico

Cocaína

incautada(tn.)

1621

271,8

3,6

0,9

Infraestructura de producción de drogas ilícitas destruida

21839

2812

76

106

Operaciones

-

592

17

20

Minería

Criminal

Capturas

14072

1843

33

35

Maquinaria Amarilla Incautada (Retro y Buldozer)

2378

261

7

4

Otra

maquinaria

1469

353

8

7

Fuente: PONAL-CGFM. Corte: septiembre 10, 2017.

La siguiente tabla, son los resultados operacionales de la Policía Fiscal y Aduanera en la lucha contra el contrabando, que también es manejado por organizaciones del crimen organizado.

RESULTADOS POLFA

Variable

Tipo

Durante Gob.

Santos

Corrido del año 2017

Del 28 de

agosto al 3 de

septiembre 2017

Del 4 al 10 de

septiembre 2017

Capturas contrabando flagrancia

9564

991

13

9

Contrabando

Aprehensión de mercancía (millones)

$1.408.052

$177.970

$6798

$4450

Operaciones

desarrolladas

4598

488

14

14

Fuente: PONAL-CGFM. Corte: septiembre 10, 2017.

Por ultimo podemos observar los resultados operacionales en lo que ha corrido del año en contra del Ejército de Liberación Nacional –ELN, la última guerrilla de Colombia. Como se puede observar los resultados han sido altos en términos de las neutralizaciones, pero hay que leer los resultados de las capturas con un ojo crítico, ya que esas capturas también implican a personas que se cree hacen parte de los grupos de apoyo del ELN, que solo un juez puede determinar su complicidad.

RESULTADOS OPERATIVOS CONTRA EJERCITO LIBERACIÓN NACIONAL

Presentaciones

233

Sometimiento

0

Capturas

355

Neutralizaciones

Muertos en Operaciones

29

Total

617

Infraestructura

Laboratorios

656

Campamentos

44

Depósitos Ilegales

434

Narcotráfico

Cocaina (Kls)

701

Marihuana (Kls)

2.835

Hoja de Coca (Kls)

97.651

Base de Coca (Kls)

186

Base de Coca (Gls)

09.387

Pasta de Coca (Kls)

418

Pasta de Coca (Gls)

2.207

Insumos Liquidos (Gls)

57.581

Insumos Solidos (Kls)

98.583

Afectación Amenaza Armada

Combates

54

Fuente: CGMF. Datos 01/01/2017 al 10/09/2017

Pero la Fuerza Pública no solo tiene un rol de combate en el postconflicto. También hacen parte de la estrategia que está trayendo infraestructura a algunos territorios de los municipios priorizados. La tabla inferior muestra en amarillo la infraestructura realizada por el cuerpo de Ingenieros militares en 2017. Como se puede observar, los ingenieros tuvieron un papel importante en la construcción de 345 kilómetros de nuevas vías que darían acceso a las Zonas Veredales y Puntos Transitorios, beneficiando a cerca de 1 millón de personas.

También se han construido algunos tramos y se ha trabajado en el mejoramiento vías. Vale la pena mencionar que donde aparecen 0 kilómetros son municipios a donde ya se tienen planes avanzados para la su ejecución.

Infraestructura construida por Ingeniero Militares en zonas priorizadas

Obra

Km

Tramo

Municipio

#Beneficiados

Impacto

Nuevas vías construidas

345

ZVTN

Varios

953.938

Alto

Pavimento Rígido

2.48

Junin-

Barbacoas

Barbacoas

70.000

Alto

0.345

Vías

Internas

Ibagué

530.000

Medio

0.00

Salamina

Caldas

18.704

Bajo

Pavimento flexible

0.00

Planadas-

Gaitania

Planadas

30.000

Alto

0.00

Tibú-

Gabarra

Tibú

34.8000

Medio

1431

Vías

Internas

Neiva

610.000

Bajo

Mejoramiento vías

5.9

Puerto Jordán – Filipinas

Arauquita

15.691

Medio

Fuente: CGFM. Proyectos de Consolidación.

Por último se presentan resultados del último trimestre del Desminado Humanitario del Ejército Nacional:

Depto.

Municipio

Operador

m²

Liberados

Artefactos Destruidos

Fecha

Declaración

Antioquia

Cocorná

BRDEH

101.371

34

17/08/2017

El Peñol

BRDEH

7.000

0

17/08/2017

Medellín

BRDEH

73.608

0

17/08/2017

Atlántico

Barranquilla

BRDEH

15.752

0

17/08/2017

Bolívar

Regidor

BRDEH

5.701

0

17/08/2017

Magdalena

Aracataca

BRDEH

21.002

0

17/08/2017

Chibolo

BRDEH

1.750

0

17/08/2017

Fundación

BRDEH

36.354

0

17/08/2017

Santa Marta

BRDEH

17.552

0

17/08/2017

Zona

Bananera

BRDEH

3.500

0

17/08/2017

Meta

Cumaral

BRDEH

7.451

0

17/08/2017

Santander

Sabana de Torres

BRDEH

78.787

12

17/08/2017

Fuente: CGMF.

Los datos son importantes en la lucha contra la criminalidad. En materia de Narcotráfico se puede decir que Colombia es el país más eficiente en esta guerra, al menos en la región. Sin embargo, con la información recogida en terreno surgen dos preocupaciones. Por un lado, los mandos principales de las organizaciones criminales residuales de las FARC han hecho reuniones con población, se mueven en territorios conocidos y aun así no se lanzan operativos. Las comunidades han denunciado las convocatorias a estas reuniones y no pasa nada. La pregunta es ¿por qué? Lo otra preocupación se refiere a los temas de lucha contra la corrupción, principalmente en la zona de la operación Troya. Allí las denuncias de las comunidades e incluso organismos estatales son amplias y no se han tomado medidas.

Desde los territorios

Antioquia

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Caucasia

Tarazá

Clan del Golfo, “Caparrapos”, “Los Paisas” y un reducto de “Los Rastrojos”

Primer Trimestre de 2018

Primer Trimestre de 2019

El triángulo que forman los municipios de Caucasia, Tarazá y Cáceres, troncal hacia la costa Atlántica, es utilizado por El Clan del Golfo y los demás Grupos Armados Organizados: “Caparrapos”, “Los Paisas” y un reducto de “Los Rastrojos”, como centro de operaciones de las rentas ilegales. Caucasia y Cáceres son los municipios en los que se distribuye el alcaloide, y Tarazá, en los corregimientos de La Caucana, El Guáimaro y El Doce, en donde se siembra de coca y se produce la base.

Cáceres

Primer

Trimestre de 2020

El Doce, en donde se siembra de coca y se produce la base.

Nechí

Vereda las Flores

ELN

Primer

Trimestre de 2021

En los municipios de Nechí, vereda Las Flores; y Tarazá, en las veredas que limitan con Tierralta y Ayapel de Córdoba; e Ituango en Antioquia, el ELN ha venido copando algunos espacios en los que las FARC venía ejerciendo control territorial.

Tarazá

Veredas que limitan con Tierralta y Ayapel de Córdoba

ELN

Primer Trimestre de 2022

Ituango

ELN

Primer

Trimestre de 2023

Anorí

Vereda La Vianca y vereda Anorí Dos Bocas

GAO: Clan del Golfo

Mayo 2017

En la vereda La Vianca, se tiene información sobre la presencia de integrantes de Clan del Golfo que han entrado a controlar el impuesto sobre el negocio de la coca. En la vereda Anorí Dos Bocas, en límites con Zaragoza, se han apropiado del negocio que antes controlaban las FARC, al igual que de la minería ilegal.

Anorí

Verada Dos Bocas

GAO: Clan del Golfo

Mayo 2017

En la zona de Dos Bocas, territorio minero y de cultivo de coca, el Clan del Golfo está buscando cooptar el espacio dejado por las FARC. Según denuncia la comunidad, al sector conocido como Los Trozos arribaron dos embarcaciones que contenían un promedio de 80 hombres que se identificaron como Clan del Golfo, hicieron retenes a los campesinos y advirtieron que llegaban para tomar el control territorial ahora que las FARC se retiraban, haciendo énfasis en que no eran los mismos “paramilitares” de antes. No obstante, la comunidad teme por su seguridad porque aseguran que son los mismos “paras”.

Anorí

ELN

Mayo 2017

Las bases sociales que antaño eran influenciadas por las FARC ahora están acudiendo al ELN para que regule o frene la inmersión “paramilitar” en el territorio. De acuerdo con información de la Fuerza Pública, esta guerrilla está creciendo vertiginosamente en el sector, pero la población asegura que el crecimiento no es tal.

Apartado

GAO: Clan del Golfo

11-jul-17

Cerca de 25 viviendas del corregimiento de San José de Apartadó, en Antioquia, amanecieron pintadas con consignas alusivas al Clan del Golfo, y la frase: "llegamos para quedarnos". Las casas pintadas están ubicadas a escasos 50 metros de la estación de Policía y a 200 metros del batallón Voltigeros de la Brigada XVII.

Briceño

GAO: Clan del Golfo

Primer

Trimestre

de 2017

El Clan del Golfo ha incursionado en el negocio de la base de coca en Briceño vendiendo la idea de sustituir las matas de coca por la variedad peruana, la cual les facilita tener una “raspa” o cosecha cada dos meses, volviendo más rentable el negocio.

Campamento

ELN

No registra

Se conoce del hostigamiento de dos patrullas motorizadas de la Policía por parte de integrantes del ELN, pertenecientes al Frente Héroes de Anorí, que tienen su zona de incursión en Anorí, Amalfi y Remedios. Este territorio fue históricamente de dominio del Frente 36 de las FARC, al mando de alias “Anderson”.

Carepa

Resto: Corregimiento El embarcadero del Zungo

Estructura Armada No Identificada: Dos hombres armados

23

Agosto

2017

Fue asesinado Jesús Alberto Sánchez Correa de 29 años de edad, hijo del reclamante de tierras Pedro Sánchez, en zona rural del municipio de Carepa. El hombre tenía un taller de motos. Cuando fue a atender un servicio, al llegar al sitio, dos hombres armados intimidaron al ayudante que le acompañaba y le ordenaron irse del lugar, tras lo cual le dispararon a Jesús Alberto en cinco ocasiones. Según uno de los testimonios, cuando se llamó a la Policía para informarle sobre el hecho, respondieron que no podían ir a ese sector. Por eso, estuvo herido por más de una hora sin que la Policía fuera a auxiliarlo.

El Bagre

Corregimiento de Puerto López, en límites con la Serranía de San Lucas y el sur de Bolívar

ELN, Compañía “Resistencia Guamocó”, del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro

Primer

Trimestre

de 2017

En el corregimiento de Puerto López, en límites con la Serranía de San Lucas y el sur de Bolívar; la presencia del ELN -a través de la Compañía “Resistencia Guamocó”, del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro- ha venido incrementando. Las actividades de cobro de extorsiones, impuesto de peso a la base de coca y cobro de vacunas a mineros de la región, eran realizadas por Francisco Adalid Murillo Herrera, alias “Chillón”. No obstante, tras su captura en el mes de marzo, otros han tomado su lugar.

Dabeiba

Veredas de Camparrusia y Urama

GAO: Clan del Golfo

Primer

Trimestre

de 2017

• En las veredas de Camparrusia y Urama se tiene conocimiento de la presencia del Clan del Golfo, quienes son los que controlan el negocio de la coca.

El Bagre

Corregimiento de Puerto López, en límites con la Serranía de San Lucas y el sur de Bolívar

ELN, Compañía “Resistencia Guamocó”, del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro

Primer

Trimestre

de 2017

En el corregimiento de Puerto López, en límites con la Serranía de San Lucas y el sur de Bolívar; la presencia del ELN -a través de la Compañía “Resistencia Guamocó”, del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro- ha venido incrementando. Las actividades de cobro de extorsiones, impuesto de peso a la base de coca y cobro de vacunas a mineros de la región, eran realizadas por Francisco Adalid Murillo Herrera, alias “Chillón”. No obstante, tras su captura en el mes de marzo, otros han tomado su lugar.

Ituango

En las veredas Santa Ana, Bajo Inglés y Pascuitá y en el corregimiento de Santa Rita

GAO: Clan del Golfo y Los

Pachelly

Primer

Trimestre

de 2017

Diferentes fuentes y autoridades confirman que hay presencia de estructuras criminales del Clan del Golfo y Pachelly, quienes estaban en Bello; en las veredas Santa Ana, Bajo Inglés y Pascuitá y en el corregimiento de Santa Rita. Los Pachelly, estructura criminal que pertenece a la oficina de Envigado, compró una franquicia en alianza con el Clan del Golfo, para el control de las rutas y producción de coca en esta región.

Ituango

GAO: Clan del Golfo

29

de Enero

de 2017

El domingo 29 de enero, 15 personas salieron por amenazas del “Clan del Golfo”. Según fuentes de terreno, se presume que 13 personas más podrían salir del municipio luego de recibir amenazas por parte de la organización criminal.

Ituango

Verada Pascuitá

GAO: Clan del Golfo

12 de Enero de 2017

Algunos líderes sociales denuncian que en Pascuitá, el “Clan del Golfo” reunió a la comunidad el jueves 12 de enero de 2017, y les comunicó que “ellos serán quienes controlarán la seguridad, cobrarán el impuesto de peso por la base de coca que controlaba las FARC y que las reglas para la movilización seguirán como lo imponía las FARC: entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana no podrá movilizarse nadie”, informó la fuente de las FARC.

Ituango

En Pascuitá, El Aro, El Cedral y Santa Rita

Disidencia/Desertores: alias “Carnitas”, alias “Serpa” y alias “Jeringa”

Primer

Trimestre

de 2017

Se conoce de la presencia de tres desertores de las FARC que se unieron al Clan del Golfo: alias “Carnitas”, alias “Serpa” y alias “Jeringa”. Según fuentes locales, alias “Carnitas” pidió la baja del Frente 18 en el año 2015 después de la muerte de alias “Román Ruiz”, comandante del frente, muerto en un operativo conjunto entre Fuerza Aérea, Ejército e Inteligencia de la Policía. Este desertor, al parecer, tiene el control de la compra de base de coca en Pascuitá, El Aro, El Cedral y Santa Rita. También se sabe que ha estado presionando a los campesinos para que no se adhieran al programa de sustitución de cultivos.

Ituango

Resto

Corregimiento

de Santa Rita

GAO, Disidencia/Desertores y ELN: Clan del Golfo, disidencias de las FARC y ELN

12

Septiembre 2017

En el nordeste del departamento, disidencias de las FARC se están enfrentando con el Clan del Golfo por el control de las rentas ilegales, la extorsión y los cultivos ilícitos. En Santa Rita, corregimiento de Ituango, hay enfrentamiento entre miembros del Clan del Golfo con disidentes de las FARC. Los enfrentamientos también ocurren entre esas bandas criminales y el ELN, que acogió a algunos disidentes, por el control de estos territorios abandonados por las FARC.

Giraldo

Resto

GAO: Clan del Golfo

8 Agosto

2017

Mientras realizaban patrullajes de control en la vía que conduce de Santafé de Antioquia a Cañasgordas, sector Boquerón, del municipio de Giraldo, Occidente de Antioquia, fueron atacados, con explosivos y disparos de arma de fuego de largo alcance, dos integrantes de la Policía: el intendente John Deivi Rangel, de 37 años de edad y Carlos Enrique González, de 38 años. El primero murió, y el segundo quedó herido. Todo indica que fueron acciones del clan del Golfo, que tienen injerencia en el tramo vial.

Remedios

Vereda Panamá Nueve

Estructura Armada No Identificada

05 de abril

de 2017

En la vereda Panamá Nueve, en el caserío de Mina Nueva, se conoció del estallido de un petardo en horas de la madrugada del día 05 de abril al interior de un local comercial llamado “Bombillo Rojo”. El atentado no dejó personas muertas o heridas. Aunque no se ha establecido el autor del atentado, algunas personas de la comunidad afirman que este hecho tiene relación con una serie de amenazas realizadas por GAO, según la población “paramilitares”, a personas pertenecientes a organizaciones mineras que impulsan procesos de defensa del territorio y de formalización de la pequeña minería.

San Vicente

Resto

Vereda Guasirú

GAO: Las bandas El Laberinto y Las larvas, que están al servicio del Clan del Golfo

31 Julio

2017

Fueron asesinados John Jairo Salazar Sánchez —50 años— y Gilberto Antonio Salazar Sánchez —54 años—, en la vereda Guasirú del municipio San Vicente Ferrer. Los cuerpos fueron hallados sobre una cama, amarrados de pies y manos y abaleados en la cabeza. Los hermanos estaban siendo extorsionados desde hacía varios meses, y le pagaron a una banda criminal por el “servicio de seguridad”.

Segovia

veredas Mina

Nueva, Rancho Quemado y Carrizal

GAO: Clan del Golfo y Héroes del Nordeste

Febrero

de 2017

El Clan del Golfo , en alianza con un grupo conocido como Héroes del Nordeste (desmovilizados de las AUC), se están acercando a las veredas Mina Nueva, Rancho Quemado y Carrizal que controlaban las FARC, y están obligando a los mineros a tributarles advirtiendo que son el nuevo grupo dominante.

Segovia

Vereda Campoalegre y Caso Urbano

GAO: Clan del Golfo y La Nueva Generación

Febrero

de 2017

Se conoce de una guerra abierta entre “Clan del Golfo” y “La Nueva Generación” (LNG) por el control del casco urbano que es el que produce la renta en el tráfico de droga. En lo que va del año 2017 han circulado tres panfletos firmados por LNG, y en uno de ellos advierten que tienen 20 granadas para atentar contra los colaboradores de ACG. Igualmente, en 2017 han estallado 3 granadas. La última fue el 6 de febrero y sus objetivos son supuestos colaboradores del Clan del Golfo. El casco urbano de este municipio está en poder de LNG, mientras que la zona rural sería de control del Clan. El 9 de febrero en la vereda Campoalegre fue asesinado un menor de edad acusado de pertenecer a LNG, y otra persona fue asesinada en una vereda cercana. • Estos dos grupos han manifestado una suerte de sentencia dentro de la población –por medio del “voz a voz”–, en la que advierten que atacarán a los hombres de las FARC que arriben a Segovia. Al parecer esta misma sentencia fue emitida en el municipio de Remedios.

Segovia

Lugar conocido por la comunidad como El Rastrojito, cerca al Resguardo Indígena Tagual-La Pó y a la vereda Las Guaguas

Estructura Armada No

Identificada

09 de Abril

de 2017

El 09 de abril, en un lugar conocido por la comunidad como El Rastrojito, cerca al Resguardo Indígena Tagual-La Pó y a la vereda Las Guaguas, se conoció de la presencia de hombres vestidos con prendas negras que portaban armas largas (fusiles y subametralladoras) y se encontraban haciendo un recorrido para “informar” a la población campesina su obligación de pagar sumas de dinero de acuerdo a la posesión de tierras. A esta denuncia, se suma la ocupación de unas tierras por parte de campesinos que “pertenecían” al paramilitar Vicente Castaño, situación que, según fuentes locales, pone a sus ocupantes en riesgo permanente.

Turbo

Resto

GAO: Clan del Golfo

21

Agosto 2017

Atacaron con ráfagas de fusil a un grupo de policías que acompañaba a funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras durante un desplazamiento por una zona de San Pablo de Tulapas, jurisdicción del municipio de Turbo, departamento de Antioquia. En el hecho perdió la vida el patrullero Jerferson Andrés Sarchi, de 24 años, quien sufrió graves heridas en el abdomen y una pierna, al tiempo que resultó herido su compañero Adrián Pino Herazo.

Valdivia

Resto

GAO: Clan del Golfo

16 Julio

2017

El soldado Luis Miguel Feria Jerónimo murió al recibir varios impactos de bala por parte de miembros del Clan del Golfo, cuando se encontraba en compañía de su familia en una finca del municipio de Valdivia. Según autroridades locales, la esposa del soldado resultó herida y fue atendida en un centro médico del departamento.

Vigía del Fuerte

Anarquía Criminal

Primer

Semestre

de 2017

Se denuncia que sobre el río Atrato, tránsito obligado de los habitantes y ruta comercial de la zona, se han incrementado los atracos, las extorsiones y la inseguridad, es decir, existe aumento en la Anarquía Criminal. Incluso se habla del tránsito de un mercado de armas ante la ausencia del control del Estado (Gobernación de Antioquia).

Zaragoza

GAO: La Nueva Generación

Enero

de 2017

En Zaragoza existe información de la expansión del GAO La Nueva Generación, proveniente de Segovia y Remedios, por el control de la comercialización de la coca.

Arauca

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Arauquita

17 de

Abril

de 2017

En Arauquita, tras los incidentes presentados en febrero por la sustitución de cultivos ilícitos con el Ejército, se firmó un acuerdo para iniciar adecuadamente el proceso de sustitución.

Arauquita

Resto

ELN:

31

Agosto

2017

En el sector de Peralonso, del municipio de Arauquita, el ELN accionó un artefacto explosivo cuando integrantes de la Armada Nacional se acercaban a la ribera del río. En consecuencia, resultaron heridos tres tripulantes de la unidad fluvial, dos infantes de marina con heridas leves, y un suboficial con heridas de consideración. Otro infante de marina está desaparecido.

Fortul

Saravena

Tame

ELN

En los municipios de Fortul, Saravena y la parte rural del municipio de Tame que limita con Fortul, se evidencian la violación de DD.HH y las acciones adelantadas por parte del ELN. Las principales variables de estos fenómenos están relacionadas con las economías ilegales y el control territorial.

Tame

ELN: La comisión Martha Elena Barón, del frente Domingo Laín Saenz del ELN

15

Agosto

2017

En Tame, Arauca, integrantes de la comisión Martha Elena Barón, del frente Domingo Laín Saenz del ELN, activaron un artefacto explosivo mientras un suboficial y dos soldados se encontraban custodiando un vehículo que iba hacia el Occidente del país.

Cauca

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Toribío

Corinto

Vereda Sesteadero

EPL

Abril

de 2017

Sujetos con insignias del EPL fueron sacados en abril del municipio de Toribío, vereda Sesteadero, donde según fuentes locales habían iniciado el reclutamiento de adolescentes. Cuando se conoció su presencia en la zona montañosa de Corinto, las comunidades indígenas y campesinas unificaron esfuerzos para expulsarlos y realizar control territorial como mecanismo de protección comunitario.

Buenos Aires

Disidencia/Desertores del Caquetá

Mayo

2017

En zona rural del municipio de Buenos Aires, comunidades campesinas afirman haber sido convocadas en la primera semana del mes de mayo a una reunión con un grupo armado que se identifica como “disidente” de las FARC, proveniente de Caquetá. Esta reunión tenía como propósito informar y consolidar su presencia en el territorio.

Suarez

Disidencia de las FARC (Frente sexto de las FARC, alias “Simón”, “Simón Sexto” o “Ácido”) y ELN

05 de

Junio de 2017

Fue asesinado alias “Simón”, “Simón Sexto” o “Ácido”, desertor de las FARC encargado de conformar el EPL en el Cauca, en los municipios de Suárez y Morales. Fue uno de los expulsados por la Comunidad Nasa en Toribío. Su muerte, presuntamente se dio en el marco de enfrentamientos entre el ELN, y un grupo de desertores del frente sexto de las FARC.

Suarez

El Cerro Tijeras

Disidencia del Frente Sexto de las FARC

Junio

de 2017

Durante el mes de junio fuentes locales informaron de extorsiones, y apropiación de rentas ilegales por parte de desertores del frente sexto en El Cerro Tijeras, Suárez, Cauca.

Buenos Aires

Corinto

Santander de Quilichao

ELN

Según la población, el ELN hace presencia en el municipio de Buenos Aires, corredor histórico hacia el pacífico caucano. En el último año han aparecido grafitis y mensajes de este grupo en los municipios Corinto y Santander de Quilichao.

Santander de Quilichao

GAO:

Águilas Negras

En el municipio de Santander de Quilichao, líderes indígenas, afros, campesinos, mujeres e, incluso, profesores de la Universidad del Cauca con sede en el municipio han denunciado la aparición de panfletos firmados por el grupo "Águilas Negras" amenazándolos.

Santander de Quilichao

Caloto

Fuerzas Militares y Policía Nacional

Pública (Policía y Ejército) con el interés de desmantelar los laboratorios dedicados a la producción de estupefacientes.

Caloto

Resguardo

indígena de Huellas – Caloto

GAO:

Águilas Negras

En el municipio de Caloto, fue dejada bajo la puerta de la casa de uno de los líderes indígenas un panfleto, con insignias de las Águilas Negras, que amenazaba al gobernador principal del resguardo de Huellas – Caloto, y otros miembros de la directiva del cabildo. De igual forma, líderes campesinos recibieron mensajes amenazantes donde les manifestaban tenerlos individualizados, y les daban 48 horas para abandonar el municipio. Estos últimos mensajes no se identificaban con miembros de determinado grupo. Lo que más preocupa a los líderes de la zona es que en días anteriores fue asesinado un hombre que había sido amenazado mediante panfleto por las Águilas Negras y las AUC.

Miranda

Disidencia de las FARC o Águilas Negras

En el municipio de Miranda se han presentado amenazas contra líderes indígenas, campesinos y presidentes de las JAC mediante llamadas en las que se hacen pasar por comandantes de las FARC. Sin embargo, el comandante del Punto Transitorio de Normalización, Dagoberto Ortiz, ubicado en la vereda Monterredondo, envió una carta en la que niega cualquier vínculo de las FARC con estos hechos. Por otra parte, se conoce de la aparición de panfletos amenazantes firmados por la estructura criminal Águilas Negras.

Corinto

EPL

En el municipio de Corinto, la comunidad ha avisado de la aparición de propaganda alusiva al EPL. Sumado a ello se han presentado asesinatos de miembros de la seguridad campesina y del movimiento social y político Marcha Patriótica, aunque no han logrado esclarecer la responsabilidad sobre estos hechos.

Toribío

ELN o

Grupo Patria Grande Ejército del Pueblo

En el municipio de Toribío, se denunció que los presidentes de las JAC y los comerciantes estaban recibiendo llamadas extorsivas y de exigencias de apoyo al accionar del ELN en la zona. También se recibieron llamadas de un nuevo actor que se auto-reconoce como “Grupo Patria Grande Ejército del Pueblo”.

Caloto

ELN y Ejercito Nacional

Abril de 2017

En el municipio de Caloto, miembros del ELN emboscaron a miembros del Ejército Nacional.

Santander de Quilichao

Caloto

GAO:

Águilas Negras y Clan del Golfo

En Santander de Quilichao y Caloto han aparecido panfletos amenazantes dirigidos a líderes sociales firmados por Águilas Negras y Clan del Golfo. Estos últimos han estado reclutando adolescentes y jóvenes bajo la promesa de pago.

Caloto

Resto Vereda El Tierrero

Estructura Armada No Identificada: Individuos que portaban armas largas

8

Agosto 2017

Según autoridades locales, miembros de la comisión del mecanismo de monitoreo y verificación fueron atacados cuando adelantaban la identificación del segundo punto de armamento de las FARC. El patrullero Reynel Eduardo Escobar quedó herido tras el ataque. Las primeras versiones apuntan a que el actor responsable sería el ELN, que está interesado en adquirir el armamento.

Buenos Aires

Disidencia/Desertores: Disidentes de las FARC y EPL

Sin

Registro

Indígenas y campesinos denuncian que han venido siendo víctimas de asesinatos, amenazas y extorsiones. Uno de los municipios afectados es Morales. Wilmer Muelas, gobernador indígena, afirmó que hay “disidentes de las FARC, que son personas civiles enfusiladas, EPL y algunos otros que se cruzan por allí que son delincuencia común”. Caldono, Toribío, Suárez, Buenos Aires y Piamonte son otros municipios que han sido blanco de acciones violentas protagonizadas por grupos armados que llegaron a ocupar los territorios dejados por las FARC.

Morales

Caldono

Toribío

Suarez

Piamonte

Caloto

Resto Huasanó (Caloto)

Disidencia/Desertores: Disidentes de las FARC y EPL ELN:

6

Septiembre 2017

extorsiones. Uno de los municipios afectados es Morales. Wilmer Muelas, gobernador indígena, afirmó que hay “disidentes de las FARC, que son personas civiles enfusiladas, EPL y algunos otros que se cruzan por allí que son delincuencia común”. Caldono, Toribío, Suárez, Buenos Aires y Piamonte son otros municipios que han sido blanco de acciones violentas protagonizadas por grupos armados que llegaron a ocupar los territorios dejados por las FARC.

Las comunidades indígenas que viven entre Corinto y Caloto, en el norte del Cauca, están angustiadas por los combates que se desarrollan en este momento entre el ELN y el Ejército Colombiano. El encuentro entre la Fuerza Pública y el ELN se presentó cuando las tropas patrullaban la vereda Huasanó en el municipio de Caloto.

Corinto

Corinto

Resto

ELN:

Ejército Nacional

6

Septiembre 2017

21

Septiembre 2017

Las comunidades indígenas que viven entre Corinto y Caloto, en el norte del Cauca, están angustiadas por los combates que se desarrollan en este momento entre el ELN y el Ejército Colombiano. El encuentro entre la Fuerza Pública y el ELN se presentó cuando las tropas patrullaban la vereda Huasanó en el municipio de Caloto.

La comunidad de Corinto, Cauca, denunció que cuando aproximadamente 400 campesinos se acercaron a 50 uniformados, del Batallón Alta Montaña No. 8 del Ejército, para reclamar por la supuesta retención de dos personas de la población, la tropa disparó. Dos campesinos quedaron heridos y murió José Alberto Torrijos, líder campesino del movimiento Marcha Patriótica, coordinador de la Guardia Campesina de la vereda Río Negro e integrante de la Asociación de Constitución de Reserva Campesina del municipio de Corinto. Según Cristian Delgado, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, “la comunidad retuvo por unos minutos a los integrantes del Ejército que cometieron el hecho con el propósito de que se garantizara la investigación. Pasado algún tiempo llegó el personero municipal a la zona de Corinto”.

Corinto

Resto

Estructura Armada No Identificada:

23

Septiembre 2017

Hay miedo entre los habitantes de Corinto, Cauca, luego de que hombres armados dispararan en contra de la estación de Policía, y un uniformado quedara gravemente herido. Hombres sin identificar también lanzaron un artefacto explosivo, que no estalló, para atentar contra la vida de Edward García, alcalde de ese municipio. El atentado se presentó minutos después de un consejo de seguridad en que se analizaban los móviles y los responsables del crimen de un líder indígena, ocurrido el pasado jueves.

El Tambo

Resto Corregimiento Huisitó

ELN: Frente José María Becerra del ELN

18

Agosto

2017

Un menor de 13 años de edad resultó herido en medio de un enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y presuntos guerrilleros del ELN, en zona rural del municipio de El Tambo, al Occidente del departamento del Cauca. La secretaria de Gobierno del Cauca, Alejandra Miller, contó que se escucharon disparos de una ametralladora y posteriormente se reportó que el menor fue afectado en uno de sus brazos.

Guapi

Resto Corregimiento Limones

ELN:

25

Agosto

2017

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Guapi, Costa Pacífica del Cauca, donde fueron asesinadas cuatro personas, la comunidad del corregimiento de Limones expresó su preocupación por los homicidios, que habrían sido ejecutados por integrantes del ELN. En un comunicado, la comunidad y el Consejo Comunitario del Río Guajuí explicó que cuando se celebraban las fiestas patronales, durante un partido de fútbol, irrumpieron varios sujetos que se identificaron como miembros de dicha guerrilla.

Miranda

Resto Vereda Caraqueños

Estructura armada no identificada:

1

Octubre 2017

Fueron asesinados los patrulleros Juan Gabriel Narváez Cabrera y Carlos Alfredo Lara Márquez. Luego mataron al teniente Wilfredo Madrigal Pulido, a pocos minutos del Espacio de Reincorporación de Monteredondo en el municipio de Miranda (Cauca).

Timbio

Resto Vereda El Hato

Estructura Armada No Identificada: Hombres armados con prendas privativas de las fuerzas armadas

31

Julio

2017

Fue asesinado un reconocido empresario de El Tambo, Nariño. Se dirigía en su vehículo con su esposa en Timbío, Cauca, cuando hombres armados entraron al vehículo e intentaron obligarlo a desviar su trayectoria. Ante su negativa, le dispararon y lo mataron. Hasta el momento no se conocen los autores del crimen.

Toribio

ELN:

17

Julio

2017

Autoridades del municipio de Toribío, al nororiente del Cauca, confirmaron la presencia de guerrilleros del ELN en la zona. Esto después del hostigamiento a una comisión de la Fuerza Pública, que acompañaba a funcionarios de la ONU encargados de evacuar armas de las FARC. Las comunidades de El Tierrero, Río Negro y Trapiche, en límites con el municipio de Caloto, reportan que hay 20 personas con armas de largo alcance y brazaletes del ELN. Según ellos, son disidentes de las FARC que tomaron la decisión de meterse al ELN.

Caquetá

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

San Vicente del Caguan

Disidencia del Frente 14 de las FARC al mando de Wilson Peña Maje, alias “Alexander Mojoso"

Un grupo de 30 desertores del Frente 14 de las FARC, al mando de Wilson Peña Maje, alias “Alexander Mojoso", operan en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. El 10 de enero de este año, esta estructura se enfrentó con la columna Teófilo Forero, en una finca de zona rural de San Vicente. El enfrentamiento dejó dos muertos, uno de ellos, la compañera sentimental de Alias “Mojoso”. Según fuentes locales esto incidió para que se entregara al Ejército la segunda semana del mes de marzo, con algunos de los hombres que lo acompañaban.

Cartagena del Chairá

Paujil

“Nueva

Orteguaza”

En los municipios de Cartagena del Chairá y Paujil, una nueva estructura criminal que se identifica como “Nueva Orteguaza” hace presencia y tiene el control sobre el mercado de pasta base de coca.

Cartagena del Chairá

San Vicente del Caguan

GAO: Nuevo Renacer AUC y Águilas Negras

La Defensoría del Pueblo regional de Caquetá reconoce que se ha identificado la presencia de hombres vestidos de negro y armados, pertenecientes a grupos delincuenciales. En San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá se tiene conocimiento de presencia de los grupos Nuevo Renacer AUC y Águilas Negras.

Cartagena del Chairá

Desertores de las FARC

13

de Mayo

de 2017

Según el alcalde, fueron secuestrados dos pobladores de zona rural de Cartagena del Chairá, presuntamente por miembros desertores de las FARC.

Cartagena del Chairá

Disidencia de las FARC

Junio de 2017

En el municipio de Cartagena del Chairá se habla de una “disidencia” de aproximadamente 30 personas que están extorsionando.

Cartagena Del Chairá

Resto

Disidencia/Desertores:

12

Septiembre 2017

En un caserío ubicado en la vía que comunica El Paujil con Cartagena del Chairá, Caquetá, alias Rodrigo Cadete se fugó después de desarmar a los escoltas que habían sido asignados para su protección, y se unió a un grupo de disidencias de las FARC.

Cartagena Del Chairá

Resto

Disidencias/Desertores:

23

Septiembre 2017

De acuerdo con la personera de Cartagena del Chairá, disidencias de las FARC instalaron un retén en una vía rural. Retuvieron a civiles en la vía, marcaron los carros con aerosol y se fueron del lugar. No se recibieron denuncias sobre reclutamiento.

El Doncello

Cabecera

Anarquía Criminal

16 de

Junio de 2017

En el municipio de El Doncello estalló un artefacto explosivo en un local comercial. Fuentes locales asocian este hecho con una intimidación de grupos delincuenciales con el fin de extorsionar a los comerciantes del municipio.

La

Montanita

Resto: Veredas San Isidro, Puerto Gaitán y Palmeras

Disidencia/Desertores: Alias

´Nicolás´

25

Julio 2017

La comunidad de La Montanita manifiesta que disidencias de las FARC se están movilizando, al parecer, en motocicletas, por la parte baja, en veredas aledañas a San Isidro, Puerto Gaitán y Palmeras. El mandatario local, José Leonel Guarnizo, anunció que esto ya se dio a conocer a las fuerzas militares y la Policía. Adicionalmente, se le informó al Presidente de la República sobre un comandante de este grupo, que se hace llamar con el alias de “Nicolás”, y a quien la comunidad ha denunciado por reactivar la extorsión en el municipio.

San Vicente del Caguan

Sector de La Novia

Disidencia del Frente 14 de las FARC

12 de

Mayo de 2017

De acuerdo con los líderes de las veredas La Novia y Villalobos, de San Vicente del Caguán, el grupo de desertores del Frente 14 de las FARC los reunió para expresarles que las FARC no se acaban con el proceso de paz y que ellos se quedan en el territorio. Por eso, las normas se van a mantener, las cuotas son las mismas, y las restricciones no se modifican. El mismo día se presentaron enfrentamientos entre el Ejército y este grupo de desertores, en zona rural de San Vicente, dando de baja a uno de los líderes. Este enfrentamiento se suma a otros que se han presentado en la zona.

San Vicente del Caguan

Estructura Armada No Identificada

20 de

Junio de 2017

En zona rural de San Vicente del Caguán, se reporta el asesinato de Rigoberto Quesada García, un joven de 27 años que había cumplido con los requisitos de la ley 1820 de amnistía, y se había presentado al PTN Miravalle hace ocho días.

Chocó

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Alto Baudó

Comunidad afrodescendiente de Peña Azul

ELN Y Clan del Golfo

Según la Defensoría Regional del Pueblo, en la comunidad afrodescendiente de Peña Azul, municipio de Alto Baudó, el Clan del Golfo y el ELN sostienen enfrentamientos que han causado el desplazamiento de familias hacia la cabecera municipal, Pie de Pató. La Defensoría también advierte sobre el riesgo en el que se encuentran las comunidades vecinas: Boca de Apartadó, Boca de León, Geandó, Punta Peña, Bacal, Amparrado, y Cocalito.

Alto Baudó

Comunidad de Peña Azul

ELN Y Clan del Golfo

4 de Marzo de 2017

El Clan del Golfo incursionó en la comunidad de Peña Azul, en el municipio de Alto Baudó. Esto derivó en combates con el ELN, causando el desplazamiento forzado de más de 500 personas hacia la cabecera municipal Pie de Pató, y el confinamiento de más de 1.200 personas.

Carmen del Darién

comunidad de Domingodó

Clan del Golfo

7 de Marzo de 2017

De acuerdo con fuentes locales, miembros del Clan del Golfo llegaron a Carmen del Darién y secuestraron a varios pobladores de la comunidad de Domingodó.

Carmen Del Darién

GAO: Clan del Golfo

13

Julio 2017

El proceso de recuperación de terrenos colectivos de las comunidades afrodescendientes habitantes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó, está en riesgo por cuenta del Clan del Golfo y la reducción de medidas de seguridad que deben ser brindadas por la Unidad Nacional de Protección al Inspector de Policía encargado de desalojar a los terceros de mala fe que se encuentran en los terrenos.

Carmen Del Darién

Resto Comunidad indígena Taparalito

ELN:

19

Julio 2017

Las autoridades locales del municipio de Sipí confirmaron que el ELN disparó ráfagas de fusil contra un grupo de policías. El ataque dejó un uniformado herido. Según las denuncias de la mesa indígena del Chocó, la comunidad indígena Taparalito, conformada por 200 nativos, estaría en riesgo de desplazamiento forzado, por los enfrentamientos que se dan en los municipios de Sipí y Carmen del Darién.

Rio Quito

Resto

ELN:

24 Julio 2017

Según la versión de los familiares del minero secuestrado, Genarino Gamboa, hombres que se identificaron como miembros del ELN lo sacaron de su casa, ubicada en la población de La Loma, en Río Quito.

Riosucio

ELN Y Clan del Golfo

En el Atrato, especialmente Bajo Atrato (Riosucio y Carmen del Darién), tras el repliegue de las FARC, se tiene conocimiento sobre el traslado de importantes contingentes militares del ELN que intentan ocupar las zonas donde esa guerrilla hacía presencia. Esto ha desencadenado confrontación con el Clan del Golfo.

Riosucio

Resto Comunidad afro del rio Truandó y Chintadó. Comunidades como Las Pavas, Paradó, La Nueva, La Tortuga Asociación indígena Orewa

ELN: La compañía Néstor Tulio Durán del Frente Occidental

8 Agosto 2017

Según las comunidades y las autoridades civiles, como consecuencia de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, el ELN instaló campos minados en Las Pavas, Paradó, La Nueva, La Tortuga y trochas aledañas a la comunidad indígena, lo cual ocasionó, entre otras cosas, el desplazamiento de población civil de los ríos Truandó y Chintadó. Los afectados por esta situación pidieron al Gobierno Nacional y a la guerrilla del ELN sacar sus territorios de la guerra.

Riosucio

Resto Comunidades de Quiparado y Juin Dur

GAO y ELN: ELN y Clan del Golfo

22 Agosto 2017

En Riosucio, Chocó, los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo dejaron, por lo menos, una indígena muerta y dos indígenas desaparecidos. Un líder indígena señaló el riesgo de desplazamiento al declarar que las comunidades de Quiparado y Juin Dur buscan migrar hacia la cabecera municipal de Riosucio, pero por los retenes de los paramilitares y guerrilleros no han podido.

Riosucio

Resto

GAO Y ELN: ELN y Clan del Golfo

22 Agosto 2017

Una indígena wounaan, perteneciente a la comunidad Juin Duur, ubicada en la cuenca del río Truandó, murió por una bala perdida, en medio de un enfrentamiento entre grupos armados. El control territorial de esta zona se lo disputan el ELN, el Clan del Golfo y la Fuerza Pública.

Riosucio

Resto

GAO Y ELN: ELN y Clan del Golfo

30 Agosto 2017

En Riosucio, Chocó, el aumento de los combates entre el ELN y el Clan del Golfo y las minas instaladas por el ELN produjeron el desplazamiento de nueve familias indígenas integradas por 40 personas. Las minas no les permiten cazar ni recolectar las cosechas. No tienen forma de conseguir alimentos.

En total, 350 familias indígenas y afrodescendientes se han desplazado este año en Riosucio, por esta misma razón. En la cuenca del río Truandó y la Loma de Quiparadó, el Clan del Golfo y el ELN tienen amenazados a los habitantes por supuestamente servir de “informantes” a uno u otro bando.

San Juan

ELN Y Clan del Golfo

La Defensoría del Pueblo manifestó que en la zona rural es crítica la situación de las comunidades asentadas en el municipio de Litoral de San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca) por las disputas entre el Clan del Golfo y el ELN en la franja de la subregión que abarca los ríos Calima y San Juan. En la zona urbana, han disminuido las estadísticas de delitos de alto impacto por la acción de la Fuerza pública y los “pactos de no agresión” entre grupos locales adscritos a los “Urabeños” y de “La Empresa”.

San Juan

21 de

Febrero de 2017

14 familias del pueblo Wounaan, provenientes del resguardo Dur Ad Dur – Char Pier Medio, ubicado en el municipio de Litoral de San Juan, llegaron desplazados forzadamente a la cabecera de Buenaventura, manifestando su temor de quedar en medio de enfrentamientos entre el ELN y la Fuerza Pública como ya les había ocurrido el 7 de enero de 2017. A ello se sumó el reclutamiento de dos jóvenes de la comunidad, al parecer por integrantes del ELN.

Sipi

Resto Comunidad indígena Taparalito

ELN:

19

Julio 2017

Las autoridades confirmaron un nuevo hostigamiento contra un grupo de policías por parte del ELN, en el municipio de Sipí. El ataque dejó un uniformado herido.

En los municipios de Sipí y Carmen del Darién, también se registran combates entre la guerrilla y la Armada Nacional. La mesa indígena de Chocó denunció que la comunidad indígena Taparalito, conformada por 200 nativos, estaría en riesgo de desplazamiento forzado.

Tado

Resto El Carmelo

Estructura Armada No Identificada:

24

Agosto 2017

El general Mauricio Moreno, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, confirmó que en el sector El Carmelo, del municipio Tadó, un conductor oriundo de Pereira fue secuestrado. El hombre iba con otras dos personas que no fueron raptadas. El Gaula de la Policía y el Gaula Militar buscan a los responsables.

Tado

Resto El Carmelo

ELN:

4

Septiembre 2017

Hernán Quiroga Ocampo, oriundo del municipio de Pueblo Rico, fue liberado en el municipio de Tadó, tras ser secuestrado presuntamente por el ELN. El gobernador de Risaralda Sigifredo Salazar confirmó que, en la zona limítrofe con el Chocó, el grupo Meteoro del Ejército tenía la misión de encontrar al secuestrado.

GAO: Clan del Golfo

Diciembre de 2016 y Enero de 2017

De acuerdo con fuentes locales, en diciembre de 2016 y finales de enero de 2017, avanzó una incursión del Clan del Golfo por la cuenca del río Cacarica.

ELN Y Clan del Golfo

6

de Marzo de 2017

El Clan del Golfo incursionó en la cuenca del río Truandó, zona que ha sido ocupada desde el segundo semestre de 2015 por el ELN. Esto desencadenó fuertes combates que derivaron en que el Clan del Golfo se tomaran la cuenca, e impidiera el ingreso de autoridades y civiles a verificar la situación y brindar apoyo en la defensa y protección de los DDHH.

Resguardo Urada Jiguamiandó

9

de Marzo de 2017

El Clan del Golfo incursionó en el Resguardo Urada Jiguamiandó, como parte de la expansión que tienen desde 2015 de Pavarandó a Curbaradó y Jiguamiandó.

Resto Territorio Colectivo de

Truandó

ELN o GAO:

17

Agosto 2017

Cerca de la comunidad “La Nueva”, ubicada en el territorio colectivo de Truandó, fue asesinado Manuel Ramírez Mosquera. Él era uno de los líderes de los 2500 habitantes del Bajo Atrato chocoano que se encuentran desplazados en el casco urbano de Riosucio debido a los reiterados enfrentamientos entre estructuras paramilitares y el ELN. Desde esa fecha se ha denunciado que la situación humanitaria y de seguridad de los desplazados continúa siendo preocupante. Los albergues no cuentan con las condiciones necesarias, el agua potable escasea, las lluvias los han inundado, los niños tienen problemas de salud y la atención ha sido casi nula.

Resto

ELN: Frente Ernesto Che Guevara del ELN

2

Septiembre 2017

Según el comandante del Frente Ernesto Che Guevara del ELN, un ciudadano ruso de origen armenio, que estuvo secuestrado por casi seis meses, fue asesinado en abril por los guerrilleros que lo cuidaban cuando intentó escapar.

Córdoba

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Tierralta

Parque Natural Paramillo

GAO: Clan del Golfo

12

de Febrero de 2017

En los municipios de Tierralta y Puerto Libertador se tiene conocimiento de la presencia del grupo Clan del Golfo, específicamente en el Parque Natural Paramillo. El domingo 12 de febrero fue distribuido un panfleto amenazante dirigido a “colaboradores de las FARC”, en el que se declararon como objetivos militares a cuatro líderes de Marcha Patriótica.

Guainía

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Frente 1 de las FARC al mando de "Armando Ríos"

En la Primera Cumbre de los Gobernadores de la Amazonía Colombiana realizada en Florencia, Caquetá, los días 24 y 25 de febrero, algunos mandatarios locales advirtieron de la presencia y las acciones adelantadas por la disidencia del frente Primero de las FARC en los territorios de Guaviare, Guainía y Vaupés, al mando de alias “Armando Ríos”. El Gobernador de Guanía denunció “vacunas” a transportadores fluviales por parte de esta disidencia. En el municipio de Puerto Guzmán, en Putumayo, se conoce del aumento significativo de Anarquía Criminal. A su vez, los homicidios en zona rural se han aumentado drásticamente asociado a riñas y otros conflictos interpersonales, robos, etc.

Guaviare

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Calamar

26 Julio 2017

La tala de árboles ha aumentado en regiones como Caquetá y Guaviare. Eso puede verse, por ejemplo, en los municipios de El Retorno, Calamar y Miraflores. Se está intensificando la explotación agropecuaria, los cultivos de uso ilícito y la tala ilegal de árboles, como es el caso en las márgenes de los ríos Yari Cagüan, en Caquetá, y la Marginal de la Selva, en Guaviare.

El Retorno

Disidencia del Frente 1 de las FARC

9 de Abril de 2017

Se realizó un atentado con artefacto explosivo a una camioneta que transportaba militares. Producto de este ataque, un soldado murió y cuatro resultaron heridos. Estos hechos fueron atribuidos por la Fuerza Pública a la disidencia del frente 1 de las FARC que opera en el territorio y que a mediados del mes de mayo había difundido un comunicado en contra de la presencia de la Fuerza Pública y aseguraban que se mantienen en la lucha político-militar.

Miraflores

Disidencia del Frente 1 de las FARC, alias "Mordisco"; Disidencia de Gentil Duarte y John 40

En el municipio de Miraflores, alias “Mordisco” comanda la disidencia del Frente 1 de las FARC. Por otra parte, se encuentra la disidencia de Gentil Duarte y de John 40, mandos medios que fueron expulsados de las filas de las FARC en diciembre de 2016, y que manejan el negocio de la coca en la región.

Miraflores

Disidencia del Frente 1 y Frente 7 de Gentil Duarte

Al parecer, la llamada “disidencia” del Frente 1 opera de manera política también en los municipios de Miraflores, Concordia, Calamar y el Retorno. En Miraflores, por ejemplo, mantienen su base social al adelantar un proceso de movilización con la población para protestar por las precarias condiciones de vida de la población.

Aunque la disidencia del Frente 7 “Gentil Duarte” es conocida en las comunidades por su crueldad, y el Frente 1 tiene un vínculo distinto, se conoce de la unificación de estas dos “disidencias” para operar en todo el sur del país.

Miraflores

Resto Vereda Barranquillita

Disidencias/Desertores:

10 Septiembre 2017

La Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía asumió la investigación por la muerte de Iván Torres Cortés, estudiante del Sena, ocurrida en la Vereda Barranquillita, en Miraflores. Los informes preliminares señalan que un grupo armado ilegal residual de las FARC lo acusaron de ser auxiliar del Ejército, y por eso lo asesinaron.

Huila

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Neiva

Corregimiento Vegalarga

Disidencia del Frente 17 al mando de alias "Benjamín"

En Vegalarga, corregimiento de Neiva, se conoce de una disidencia del Frente 17 al mando de José García Torres, alias “Benjamín”. Al parecer esta disidencia ha estado cobrando grandes extorsiones a campesinos y comerciantes. Según fuentes locales, son responsables del asesinato de Justino Arce, un comerciante cafetero que se negó a pagar la extorsión exigida por el grupo.

Meta

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Acacías

Resto Campo petrolero Chichimene

Estructura armada no identificada: 25 personas encapuchadas

4

Agosto

2017

Al campo petrolero Chichimene, ubicado en el municipio de Acacías, llegaron 25 personas encapuchadas que sacaron a los trabajadores de turno y se tomaron de forma violenta la estación donde se separa el crudo del agua. La parálisis del campo petrolero Chichimene puso en riesgo la producción de 69.000 barriles por día, según confirmó Ecopetrol. La petrolera estatal pidió la presencia de las autoridades.

Acacías

Resto

Estructura armada no identificada:

10

Agosto

2017

En el campo Castilla, segunda zona de producción de crudo del país, entraron 20 encapuchados a la torre 219 de la firma contratista Independence, y obligaron a los trabajadores a salir, para luego dañar los controles del equipo y lanzar botellas llenas de gasolina a la instalación.

Esto causó un incendio. Los actos de sabotaje se extendieron a otro equipo de mantenimiento que operaba en el campo Chichimene, así como a nueve pozos de producción, lo que generó derrames de crudo que fueron controlados por el plan de emergencias de la empresa. También se reportó el bloqueo de vías y la retención y daño de vehículos de empresas contratistas.

Las acciones de las últimas semanas, según Ecopetrol, ya implican la suspensión de producción de unos 11.000 barriles en el campo Chichimene, mientras que la producción del campo Castilla está diferida de 15.000 barriles.

La Macarena

Comunidades de Playa Rica, La Ye y veredas cercanas a la ZVTN Urías Rondón

12

de Mayo

de 2017

Comunidades de Playa Rica, La Ye y veredas cercanas a la ZVTN Urías Rondón en La Macarena, asociadas a Corpoyarí, adelantaron un paro porque no se encuentran de acuerdo con la forma en la que se están implementando los Acuerdos de La Habana. Esperaban que problemas básicos como el del acueducto fueran solucionados, y más aun teniendo en cuenta que la ZVTN iba ser localizada en dicho territorio.

La Uribe

Resto La Julia

Disidencia/Desertores: Frente 40 de las FARC y Ejercito Nacional

10

Agosto

2017

En el sector de la Julia, en límites con los departamentos del Meta y Caquetá, las autoridades investigan qué pasó con una menor de edad que apareció muerta tras combates entre las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y presuntos disidentes del frente 40 las FARC. Dos presuntos disidentes de las FARC también murieron, y fueron identificados con los alias Javier y Camilo, quienes tenían los cargos de radista y seguridad personal de alias Calarcá. Otro más, que hacía parte de la seguridad personal del cabecilla de esta agrupación ilegal, fue capturado.

Mesetas

Cabecera y Vereda de Buenos Aires

Disidencia del Frente 40 de las FARC

2

de Abril de 2017

Se han identificado diferentes acciones de los desertores del Frente 40 de las FARC en Mesetas. Se les imputa el asesinato de Eliver Buitrago, presidente de la Junta de la vereda Buenos Aires. Asimismo, los miembros de la comunidad les atribuyen el cobro de extorsiones y la quema de los camiones lecheros.

Puerto Rico

Disidencia del Frente 1 de las FARC al mando de alias "John 40"

Se tiene conocimiento de la presencia de la disidencia del frente 1 de las FARC, proveniente del Guaviare. Según fuentes locales, este grupo ha fortalecido su influencia en el sur de Meta, especialmente en Puerto Rico y Macarena, al mando de alias “John 40”, quien está a cargo de extorsiones y control del negocio de la base de coca. En el municipio de Puerto Rico, las casas chanceras han estado cerradas debido a la intimidación por parte de esta estructura criminal y por las altas extorsiones que exigen.

Puerto Rico

Vereda El Danubio

Ejército Nacional

25 de Mayo

Se generaron enfrentamiento entre campesinos de la comunidad de la vereda El Danubio, del municipio de Puerto Rico, y miembros del Ejército, con motivo de las erradicaciones forzadas de cultivos de uso Ilícito. La comunidad decidió incluso retener a un miembro del Ejército para exigirle al Gobierno nacional que cumpla con su responsabilidad de sustituir los cultivos ilícitos y frene las erradicaciones forzosas por parte del Ejército, especialmente en zonas de parques naturales.

Uribe

Se recibieron denuncias por el aumento significativo de la deforestación en zonas fronterizas con los Parques Nacionales Naturales Tinigua y La Macarena, más específicamente, en los municipios de Uribe, Vistahermosa y La Macarena, donde antes las FARC tenían control territorial. Esto, al parecer, ha sido fundamentalmente para la ampliación de la frontera agrícola y la siembra de pastos para la ganadería, pero ha incidido también en el aumento de los cultivos de coca.

Uribe

Veredas La Julia y Santander

Disidencia del Frente 40 de las FARC

En el municipio de Uribe, fuentes locales señalaron la aparición de panfletos proferidos por la “disidencia” del frente 40, en donde manifiestan su oposición frente al acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno y amenazan a quienes apoyen el proceso, al igual que el Clan del Golfo en otros municipios de Colombia. También han realizado extorsiones a campesinos e intentos de reclutamiento en las veredas La Julia y Santander.

Vista Hermosa

Anarquía Criminal

Se denuncia un aumento de la Anarquía Criminal, manifestada principalmente a través de robos y extorsiones.

Vista Hermosa

Vereda Cooperativa

Disidentes de las FARC que hacen presencia en el sur del Meta y Guaviare

Se identifican casos de reclutamiento forzado de menores en el sur del municipio, al parecer en la vereda Cooperativa, históricamente ocupada por las FARC y actual ZVTN. Se le atribuye esto al grupo de disidentes de las FARC que hacen presencia en el sur del Meta y Guaviare.

Vista Hermosa

Estructura Armada No Identificada

8

de Mayo

de 2017

Según un comunicado de La Fundación DHOC se establecen hechos que atentan contra la vida y la integridad de María Doris Rivara, integrante de dicha fundación y miembro de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC.

Vereda El Gobernador

Disidencia del Frente 40 de las FARC

5

de Marzo

de 2017

Según autoridades locales y población civil, existe presencia de un grupo armado compuesto por desertores del Frente 40 de las FARC. Este grupo sería el responsable del asesinato ocurrido el 5 de marzo de los hermanos José Antonio y Luz Ángela Anzola en la vereda El Gobernador, ambos eran miembros del Partido Comunista.

Nariño

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Barbacoas

Resto

Disidencia/Desertores: Disidentes de Frentes 8 y 29

21 Julio 2017

El asesinato de Wilson Marino se produjo en un sector rural de Barbacoas, muy lejos de su zona veredal, en el alto de la Paloma en Policarpa, cordillera de Nariño. La Policía investiga el homicidio del integrante de las FARC que salió sin notificación de las autoridades. Parece ser que los autores del crimen son integrantes de las disidencias de las FARC que operan en la región.

Barbacoas

Resto Vereda San José

Estructura Armada No Identificada:

1

Agosto 2017

Fueron vistos por última vez el 19 de julio en la población de Tumaco, Josué Miguel Meza de 45 años de edad y Walter conocido como ‘El indio’. Ambos salieron desde la ciudad costera con destino a Barbacoas. Al llegar al poblado, fueron a la vereda San José, a una hora del casco urbano. En ese trayecto desaparecieron.

Barbacoas

Resto VeredaTeraimbe

Estructura armada no identificada: Grupo armado

14

Agosto

2017

La población de la vereda Teraimbe, del municipio de Barbacoas, denunció intimidación y amenaza por parte de miembros de un grupo armado que hace presencia en la zona, lo cual llevó a que 37 familias salieran desplazadas al casco urbano.

El Rosario

Resto Vereda Piedra Grande

GAO: Clan del Golfo (Clan del Golfo)

6

Agosto

2017

En la vereda Piedra Grande, de El Rosario, fue asesinado Nidio Dávila, un líder social que apoyaba la sustitución de cultivos ilícitos y el acuerdo de paz por las AGC. Hombres armados le pidieron un pago, y se lo llevaron hasta orillas del río Verde, donde lo ejecutaron y lo arrojaron. Su cuerpo lo recuperaron en las orillas del río en la vereda San Rafael.

Francisco Pizarro

Cabecera: Pital de la Costa, Bajo Mira, sobre la carretera Tumaco- Pasto, en el barrio Once de noviembre y recientemente en Familias en Acción (comuna 5, zona continental)

GAO

Fuentes locales denuncian la presencia de supuestos “paramilitares” en Salahonda, cabecera municipal de Francisco Pizarro, Pital de la Costa, Bajo Mira, sobre la carretera Tumaco- Pasto, en el barrio Once de noviembre y recientemente en Familias en Acción (comuna 5, zona continental). Hasta el momento no se sabe de acciones de estos grupos.

Guachucal

Resto Vereda Verbenal

ELN:

Compañía José Luis Cabrera Ruales

5

Agosto

2017

Guerrilleros de la Compañía José Luis Cabrera Ruales, del ELN, dinamitaron un tramo del Oleoducto Trasandino, en la vereda Verbenal, del municipio de Guachucal, Nariño. La explosión creó un incendio que fue controlado por las tropas. El Oleoducto Trasandino no se encontraba en operación, por lo cual no se produjo derramamiento de crudo en el sector.

Ipiales

Resto Resguardo indígena Carlosama

Estructura Armada No Identificada: Hombres armados

28

Julio 2017

La docente Sixta Amparo Bacca, esposa del presidente de AICO, fue presuntamente retenida por hombres armados cuando se dirigía al centro educativo indígena Chungana, en el trayecto que comunica Ipiales con Cuaspud, específicamente en el sector de El Capulí.

Iscuandé

ELN y

Gueveristas

El alcalde del municipio de Iscuandé, José María Estupiñán, ha puesto en conocimiento de las autoridades la presencia de más de 400 familias desplazadas en el municipio debido a enfrentamientos entre Guevaristas y ELN.

Olaya Herrera

GAO: La empresa

Existe información del arribo del Grupo Armado Organizado “La Empresa” que tenía su centro de operación en Buenaventura.

Pasto

Resto El Encano Resguardo indígena Quillasinga

GAO:

Águilas Negras

17 Julio 2017

A la casa del gobernador Camilo Ernesto Rodríguez llegaron una serie de sufragios y cartas, al parecer firmadas por las Águilas Negras, en donde lo amenazan con atentar contra su vida y la de su familia si no deja su cargo y abandona el cabildo. Esto ha atemorizado a los miembros del resguardo indígena Quillasinga, del corregimiento de El Encano, Oriente de Pasto.

Policarpa

Corregimiento Madrigales y Vereda Santa Rosa

Anarquía Criminal

14 de Julio de 2017

En la zona rural de Policarpa, al nororiente de Nariño, fueron asesinados los hermanos Milton Orlando e Idelfonso Miguel Manchabanjo. Hombres armados llegaron a la finca de los hermanos, con amenazas los sacaron hasta la orilla de un río y les dispararon en la cabeza.

Policarpa

Resto Vereda La Paloma

Disidencia/Desertores: Robinson Cuero, alias 'Álvaro Galán'; el 'Flaco' pertenecientes a la disidencia del Frente 29 de las FARC, bajo el mando de alias 'La Vaca'

19 Julio 2017

Un excombatiente de las FARC, de nombre Washington Marino Velasco, fue asesinado cuando se dirigía al municipio de Barbacoas a visitar a su familia. El cuerpo fue encontrado con varios impactos de bala, signos de tortura y fracturas en ambas piernas. Las FARC atribuyen el crimen a Robinson Cuero, alias 'Álvaro Galán', y a el 'Flaco', pertenecientes a la disidencia del Frente 29 de las FARC, bajo el mando de alias 'La Vaca'.

Ricaurte

Resto Resguardo Nulpe Medio Alto Rio San Juan, comunidades de Hojal, Angostura, Tortugaña, Hojal, Chicandina, Nulpe Alto, Quembi, Alto Quembi, El Placer, San Vicente, San Luis, Cuchilla de San Luis, Piguantis, Puente Piedra, Andalucía, Telpi, La Mojarra, Corozal, Guadual, Cuchilla Chinambi, Nulpe Medio, Balsal, Chilcal, Peñas Blancas y Guande Planada.

Fuerza Pública y ELN :

27 Julio 2017

Se dieron hostigamientos y bombardeos entre miembros de la Fuerza Pública y al parecer el ELN. 26 comunidades indígenas Awá se han visto afectadas por estos enfrentamientos. Por eso, solicitan medidas de prevención y protección al Estado.

Tumaco

FARC

5

de Enero

de 2017

Apareció una carta dirigida a la alcaldesa de San Andrés de Tumaco, Emilsen Angulo, en la cual “jóvenes militantes de las FARC-EP” solicitan ser tenidos en cuenta en el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil, ya que, en principio, por “temor y dudas” no se acogieron al proceso. Además, señalan que están siendo juzgados como delincuentes por delitos que están cometiendo unos pocos.

Tumaco

Disidencia de las FARC

27 de Marzo de 2017

Se desmovilizaron 117 ex milicianos o disidentes de las FARC, 7 de ellos menores de edad, pertenecientes al grupo ‘Nueva orden’ o ‘Gente de orden’, comandado por Segundo Flavio Camacho Aguiño, alias “El Mocho”, quien no se desmovilizó. Después de la entrega de armas, los desmovilizados fueron llevados hasta un hotel en el sector del Morro, donde permanecieron por dos semanas, mientras se realizaba el proceso administrativo y judicial para ser incluidos en el sistema de desmovilizados. El 7 de abril los jóvenes volvieron sus residencias. Según líderes y organizaciones sociales que acompañaron el proceso, aún quedan 150 jóvenes en la estructura criminal “Gente de orden”.

Un par de días después de la desmovilización, soldados de la Brigada Contra el Narcotráfico, Brigada Móvil No. 35 y la Policía Nacional capturaron a alias “El Mocho” en Tumaco. No se conoce sobre la toma del mando por parte de otro disidente u otro actor armado.

Tumaco

GAO: Clan del Golfo

El “Clan del Golfo” hace presencia en la parte norte, en límites con el municipio de Pizarro y sobre las márgenes del río Mira.

Tumaco

Información suministrada por la Personería Municipal, en lo corrido del 2017, reporta que 107 familias han sido desplazadas en la cabecera de Tumaco y se espera que el número de familias afectadas aumente, una vez se consoliden los censos de las familias ubicadas en las zonas rurales de Tumaco, Francisco Pizarro y de Mosquera.

Tumaco

Vereda Pital

En la vereda Pital de Tumaco, 120 personas padecen restricciones de acceso de alimentos y otros bienes de uso cotidiano ya que los establecimientos de venta de víveres y abarrotes se encuentran cerrados por el desplazamiento de los propietarios.

Tumaco

GAO: Los Negritos y “Los

Urabeños

Miembros de comunidades rurales como Pital, Playón, Cevito y El firme y líderes guerrilleros han indicado la presencia de Grupos Armados Organizados en sitios cercanos a la Zona Veredal. Algunos han sido identificados como Los Negritos y “Los Urabeños”. En territorios de consejos comunitarios que antes estuvieron controlados por la guerrilla, las comunidades afirman haber visto personas pertenecientes a grupos de delincuencia común.

Tumaco

Sitio

conocido como La Y, entrada a Candelillas, y luego se concentró en La variante, cerca de la ZVTN ubicada en la vereda La playa.

7 de Abril de 2017

Del 7 al 11 de abril tuvo lugar un paro que se mantuvo de forma permanente. Inició en el sitio conocido como La Y, entrada a Candelillas. Luego, se concentró en La variante, cerca de la ZVTN ubicada en la vereda La playa. Cerca de 200 personas cerraron la única vía terrestre que comunica al puerto con el resto del país para protestar por la erradicación forzada de cultivos de coca que ha venido realizando el Ejército. Esto ha generado desabastecimiento de alimentos, combustible y perdido en el sector comercial. También ha motivado otras manifestaciones. Por ejemplo, el 10 de abril un grupo de pescadores se tomó el puente del Pindo, que comunica la isla central con la zona continental, para protestar porque el bloqueo a la altura de Espriella impidió que pudieran transportar los productos de mar hacia los municipios de La Sierra.

Tumaco

Cabecera: Comuna 5

Estructura Armada No Identificada

En algunos barrios del casco urbano, especialmente en la comuna 5, la comunidad ha recibido panfletos e información que circula por WhatsApp con restricciones de movilidad después de las 9 de la noche. También han circulado amenazas contra mujeres dedicadas a la prostitución, consumidores de drogas, o personas dedicadas al hurto. Incluso en algunos barrios se les ha prohibido a los habitantes hablar con personas desconocidas. Aunque no se sabe la procedencia de este tipo de anuncios, es claro que la intención es controlar y silenciar a la población civil por medio del terror.

Tumaco

Cabecera:

Comuna 5 y el barrio

Nuevo

Milenio

Estructura Armada No Identificada

9 Abril 2017

El 9 de abril desaparecieron 2 jóvenes residentes del barrio Los Ángeles. Hasta el momento no se sabe de su paradero. Fuentes locales sospechan que se encuentran enterrados en el cementerio clandestino, ubicado en zonas de bajamar del barrio Nuevo Milenio, comuna 5. Allí se entierran las personas desaparecidas. Se tiene conocimiento del incremento de desapariciones forzadas no registradas o denunciadas. Varios jóvenes, especialmente hombres, han desaparecido en los últimos 3 meses. Sin embargo, no todas las familias instauran una denuncia.

Tumaco

Disidentes de las FARC, "Las Guerrillas Unidas del Pacífico"

Las ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’ están integradas por disidentes de las FARC, incluso por algunos desertores de la ZVNT. Esta guerrilla estaría comandada por el hermano de alias “Don Y”, quien fue asesinado por las FARC. Se sabe que han estado en algunas veredas a la orilla de ríos de Tumaco y se han presentado ante miembros de la comunidad y conductores de transportes fluviales para informar sobre su presencia y dar a conocer sus objetivos.

Tumaco

Cabecera

Estructura armada no identificada: Hombres armados

12

Julio

2017

Fue asesinado un comerciante conocido como Iván Castro Polo, encargado de vender licores, cuando se dirigía a su casa. Agentes de criminalística de la Sijin de la Policía realizaron la inspección y el levantamiento del cadáver que fue llevado hasta la morgue del municipio, donde le practicaron la necropsia y determinaron su plena identidad.

Tumaco

Llorente

Anarquía Criminal:

19

Julio

2017

Un trabajador de una finca, identificado como Israel Soriano de 60 años, desapareció el 9 de julio. El 19 de julio el cuerpo fue encontrado enterrado en las cercanías de la finca. La última vez que fue visto, estaba con dos compañeros de trabajo, a quienes les contaba una venta que realizó. De esos hombres no se conoce su paradero.

Tumaco

Resto

Llorente

Anarquía Criminal: Hombre armado

21

Julio

2017

Fue encontrado el cuerpo de Jefferson Alexis Perdomo Grandes, de 28 años de edad, quien recibió dos puñaladas en el estómago cuando se dirigía a su vivienda. Se presume que fue en un enfrentamiento con otra persona.

Tumaco

Resto

Llorente

Anarquía Criminal: Hombre armado

25 Julio 2017

Voceros de la Policía Nariño afirmaron que un comerciante fue asesinado en el corregimiento de Llorente. Los testigos indicaron que la víctima recibió un disparo en el estómago.

Tumaco

Resto Junín La María

Anarquía Criminal: Hombres armados

15

Agosto 2017

En zona rural de Tumaco fue asesinado Carlos Andrés Castillo Cortés, de 24 años. Varias personas a bordo de un carro arribaron al lugar donde residía este joven y le dispararon. Los familiares de la víctima dicen que llegaron hace unos meses desplazados a ese corregimiento con el objetivo de trabajar en el campo, no conocían ninguna amenaza sobre el joven.

Tumaco

Cabecera Unión Victoria

Estructura armada no identificada:

15

Agosto 2017

Fue asesinado un pescador llamado Luis Castro Micolta, de 32 años, en la cabecera de Tumaco. Según las autoridades, pertenecía al grupo delictivo de "La gente del orden".

Tumaco

Resto Vuelta de candelilla

Anarquía Criminal: Hombres armados

18

Agosto 2017

Un comerciante proveniente de Caldas, llamado José Cardona, fue asesinado en su casa. Las autoridades estudian la posibilidad de que fuese por un ajuste de cuentas.

Tumaco

Estructura armada no identificada:

23

Agosto 2017

Los palenques de la zona urbana de Tumaco denuncian violencia y piden seguridad ante las autoridades, después de que el líder Piter Cortés sufrió un atentado por desconocidos. Esta comunidad ha estado inmersa en la lucha por los derechos humanos de los palenques en Tumaco.

Norte de Santander

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Cúcuta

Gloria Martínez, integrante del Estado Mayor Central de las FARC.

8

Agosto 2017

Rodrigo Londoño, máximo líder de las FARC, denunció en su cuenta de Twitter la captura ilegal de Gloria Martínez cuando se dirigía a Cúcuta a presentar la tesis de Mujer y Género de las FARC. Martínez es la jefe de la ZVTN El Negro Eliécer ubicada en el municipio de Tibú, en la vereda Caño Indio.

El Carmen

Resto Vereda El Cajón

ELN: La compañía Francisco Bossio

29

Agosto 2017

A la altura de la vereda, El Cajón del municipio de El Carmen, región de Catatumbo, el ELN atentó contra al oleoducto Caño Limón Coveñas. El ataque, que según la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército fue hecho por la compañía Francisco Bossio de ese grupo guerrillero, género caída del crudo en las quebradas La Virgen y El Carmen, lo que obligó a Ecopetrol a suspender el bombeo y activar planes de contingencia para frenar más contaminación a los afluentes. La comunidad más afectada es la del corregimiento de Guaimalito, pues a causa de estos atentados llevan cuatro meses recibiendo agua de carrotanques.

El Carmen

Resto

Vereda Vegas de Aguilar

Estructura armada no identificada:

19

Julio 2017

Ezequiel Rangel, un líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), fue encontrado muerto con tres impactos de bala en la vereda Vegas de Aguilar, ubicada en El Carmen, Norte de Santander.

El Tarra

Resto

Anarquía Criminal:

14

Agosto 2017

Norbey Téllez Ropero, quien sería hermano de un integrante de las FARC, fue asesinado en zona rural del municipio de El Tarra, en Norte de Santander.

Ocana

ELN:

5

Septiembre 2017

En zona rural de Ocaña, el comerciante Adalberto Casadiego, de 69 años, fue secuestrado presuntamente por el ELN, el 25 de agosto.

A la fecha se desconoce su paradero.

Ocana

Resto

ELN: Compañía Francisco Bossio

7

Septiembre 2017

En un sitio conocido como ‘Diego Hernández’, en la vía que comunica al municipio de Ocaña (Norte de Santander) con Aguachica (Cesar), a pocos kilómetros del peaje de Platanal, un vehículo blindado de transporte de valores fue interceptado por hombres armados, al parecer integrantes del ELN, quienes se llevaron consigo al menos $500 millones, y luego prendieron fuego al carro. Resultó una persona muerta y otra herida.

Tibú

Estructura Armada No Identificada

Se afirma la existencia de pequeños grupos armados, locales o “criollos” que hacen presencia en el casco urbano y veredas aledañas en el municipio de Tibú. Estos centran su interés en el negocio del narcotráfico y el contrabando, y no tienen interés de exterminio político.

Tibú

Resto

La

Gabarra

ELN:

8 Agosto 2017

Un menor de 12 años caminó más de tres horas desde una vereda en La Gabarra para llegar a la Estación de Policía de Tibú, Norte de Santander, y pedir protección. Según le contó a los policías, dos hombres vestidos de civiles y con armas cortas del ELN llegaron hasta su casa y le exigieron a sus padres que el niño debía ingresar a la guerrilla. El menor de edad escuchó la conversación y planeó la huida de su vivienda.

Toledo

Resto

ELN:

23 Julio 2017

En un sector de la vía entre los municipios de Toledo y Chinácota, en Norte de Santander, fue secuestrado Omar Delgado Bautista, exalcalde de Toledo y actual asesor jurídico de la administración municipal, cuando se movilizaba en su camioneta en compañía de su esposa, hijo y otro familiar. Efectivos de la Segunda División del Ejército tratan de esclarecer los hechos, presuntamente perpetrados por miembros del ELN.

Catatumbo

ELN Y GAO: ELN, “Los Pelusos” y narcotraficantes

18

Septiembre 2017

El general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, confirmó que detrás de las protestas y desmanes en el Catatumbo, Norte de Santander, en contra de la erradicación de cultivos ilícitos está el ELN y las Bacrim. “En estos lugares hay presión del ELN, “Los Pelusos” y narcotraficantes que no quieren que se erradiquen los cultivos de coca”, afirmó el general Mendoza. “Las comunidades en protesta retuvieron este fin de semana y por al menos 24 horas a un uniformado que estaba en la actividad de la erradicación. Pero esto presionados por grupos ilegales”, señaló.

Putumayo

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Frente 1 de las FARC al mando de "Armando Ríos"

E la Primera Cumbre de los Gobernadores de la Amazonía Colombiana realizada en Florencia, Caquetá, los días 24 y 25 de febrero, algunos mandatarios locales advirtieron de la presencia y las acciones adelantadas por la disidencia del frente Primero en Guaviare, Guainía y Vaupés, al mando de alias “Armando Ríos”. El Gobernador de Guanía denuncia “vacunas” a transportadores fluviales por parte de esta disidencia. En el municipio de Puerto Guzmán, en Putumayo, se conoce del aumento significativo de Anarquía Criminal. A su vez, los homicidios en zona rural se han aumentado drásticamente asociado a riñas y otros conflictos interpersonales, robos, etc.

Mocoa

Anarquía Criminal:

18

Septiembre 2017

El pasado 30 de enero, Andrea Patricia Iles Arteaga, una menor de 16 años, fue reportada como desaparecida en Mocoa por su madre. Siete meses después, los restos fueron encontrados en una cueva en zona selvática del Putumayo por el Gaula de la Policía de este departamento.

Tolima

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Ataco

ELN, Compañía Ernesto Ché Guevara

Finales del mes de febrero

En los municipios de Ataco y Rioblanco, han circulado panfletos firmados por el ELN en el que se amenazan de muerte a ladrones, expendedores y consumidores de estupefacientes, así como de trabajadoras sexuales. Estos comunicados son emitidos presuntamente por “la compañía Ernesto Ché Guevara”.

Chaparral

Anarquía Criminal

Se han reportado atracos por parte de personas encapuchadas en las vías que comunican a Chaparral con Ataco y Rioblanco.

Chaparral

Anarquía Criminal

Un grupo de delincuentes fueron capturados por extorsionar una empresa lechera de la región.

Chaparral

Anarquía Criminal

Febrero de 2017

La Alcaldía municipal le fue hurtada una volqueta del parqueadero donde son guardados estos automotores.

Chaparral

Corregimiento de El Limón

Estructura Armada No Identificada

25

de Junio de 2017

En el Corregimiento de El Limón, se tuvo conocimiento de la presencia de personas extrañas movilizándose en motocicletas sin placa tomando fotografías.

Coyaima

Resto

Anarquía Criminal:

15

Agosto 2017

Dos personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Coyaima, sur del Tolima. Los cuerpos fueron hallados al interior de un camión que transportaba pescado. El comandante operativo de la Policía del Tolima, coronel Oscar Jaramillo, explicó que el vehículo cubría la ruta Neiva - Bogotá y al llegar a esta zona del departamento fueron abordados y asesinados con arma blanca. El oficial señaló que este hecho estaría relacionado con un ajuste de cuentas.

Coyaima

Estructura Armada

No

Identificada:

18

Agosto 2

017

Fueron asesinadas cuatro personas y otras más han resultado con graves heridas. Además, una pareja sufrió un atentado. En la zona opera un grupo que se hace llamar “Comando General del Golfo” que intimida bajo llamadas telefónicas y con su presencia en las diferentes fincas de la zona. Según lo informado, exigen a cada comerciante del sector una cuota de 10 millones de pesos para el sostenimiento de la presunta organización, quien no acceda tendrá que abandonar sus predios. También hay presencia del ELN, y esto se evidencia en las paredes de algunas viviendas del casco urbano, donde con aerosol se ha pintado las tres letras, ELN. Adicionalmente se ha repartido panfletos que dicen “Se le informa a todos los habitantes de los municipios y pueblos que a partir de la fecha serán declarados por el Ejército Revolucionario Colombiano. Marihuaneros, ladrones, etc. Los tenemos identificados y no se responde por sus vidas a partir de las 8 pm, frente Sur del Tolima. Ejército Revolucionario Colombiano, ERC”.

Falan

Resto

El Socorro, Filomena y Cabal

Anarquía Criminal: Auc

15 Agosto 2017

En las veredas el Socorro, Filomena y Cabal, 28 viviendas resultaron pintadas con letreros intimidantes a nombre de las denominadas AUC. En la zona se ha reforzado la seguridad por parte de la Fuerza pública, con el fin de evitar más situaciones que alteren la tranquilidad en esos caseríos.

Herrera

Corregimiento

de Bilbao

Fuerzas Militares y Policía Nacional

Los intentos por recuperación estatal mediante la llegada de la Fuerza Pública se han podido constatar en distintos centros poblados: en Herrera, desde el año pasado se estableció una estación de Policía; el corregimiento de Bilbao, luego de estar más de dos décadas sin la presencia de Policía, vuelve a contar con una estación de policía; por su parte, la Fuerza de Tarea Zeus viene adelantando operativos en las zonas rurales dejadas por la guerrilla de las FARC para evitar cualquier brote de criminalidad.

Icononzo

Estructura Armada No Identificada

13 de Julio de 2017

Félix Chivata, un hombre de 68 años, fue secuestrado y luego asesinado en Icononzo. Cuatro integrantes de la organización fueron capturados. Las autoridades tienen evidencia de que la banda ya había cometido varios secuestros en el año 2013.

Planadas

Corregimiento de Gaitania y Bilbao

GAO: AUC

Han circulado panfletos y amenazas contra líderes sociales de la zona. El 2 de octubre, previo a la refrendación del plebiscito, aparecieron panfletos amenazantes en el corregimiento de Gaitania y Bilbao, en Planadas, firmados por las AUC.

Planadas

Anarquía Criminal

Se han registrado asesinatos en el casco urbano e intentos de robo a establecimientos comerciales, así como el crecimiento de la delincuencia común que opera con el atraco a mano armada y con el asalto en las viviendas del casco urbano.

Valle del Cauca

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Buenaventura

Resto

GAO: Clan del Golfo

Febrero de 2017

En zona rural se tiene información desde la primera semana de febrero de la presencia del Clan del Golfo.

Buenaventura

Disidencia del Frente 30 de las FARC

Se conoce de un grupo de desertores del Frente 30 de las FARC sobre la orilla de varios ríos que comunican con el Litoral. En el río Naya se habla de un grupo que se ha quedado controlando varios negocios como minería y rutas de narcotráfico. En el río Raposo después de una quema de las máquinas de minería ilegal, por parte de la fuerza pública, han llegado hombres armados con armas largas y vestidos de civil y con prendas militares. El río Mallorquín es una bocana para la salida de mercancía del narcotráfico y ha sido utilizado históricamente por grupos armados ilegales.

Buenaventura

ELN Y Clan del Golfo

En los ríos Bajo Calima y Bajo San Juan, se tiene conocimiento de presencia de ELN y Clan del Golfo, quienes se disputan el control de las rutas y las extorsiones por minería ilegal, madera y mercancías.

Buenaventura

Estructura Armada No Identificada

Se evidencia un crecimiento de microtráfico y consumo de drogas, en especial de quienes pertenecen a los grupos armados organizados. Los grupos de bandas locales realizan esta actividad en los barrios y comunas.

Buenaventura

Mina

Zaragoza

Disidencia de las FARC

Se conoce de varios guerrilleros no desmovilizados que se han dedicado al negocio de la minería ilegal en lugares como la Mina Zaragoza.

Buenaventura

ELN Y Clan del Golfo

La Defensoría del Pueblo manifestó que en la zona rural es crítica la situación de las comunidades asentadas en el municipio de Litoral de San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca) por las disputas entre el Clan del Golfo y el ELN, en la franja de la subregión que cobija los ríos Calima y San Juan. En la zona urbana, han disminuido las estadísticas de delitos de alto impacto por la acción de la Fuerza pública y el establecimiento de “pactos de no agresión” entre grupos locales adscritos a los “Urabeños” y de “La Empresa”.

Buenaventura

GAO: los “Urabeños” y a “La Empresa”

La Defensoría del Pueblo a través del SAT manifestó que la minería ilegal se mantiene, hasta donde se ha podido llevar a cabo el monitoreo, en los corregimientos de Zaragoza y Córdoba, pero pueden ser más las zonas afectadas, siendo controlada en su mayoría por sujetos armados con armas cortas que presuntamente pertenecen a los “Urabeños” y a “La Empresa”.

Buenaventura

GAO: Clan del Golfo

La Defensoría del Pueblo a través del SAT manifiestó que el Clan del Golfo habría ofrecido un acuerdo económico a la estructura local para aglutinar las bandas criminales en la ciudad.

Buenaventura

Ríos San Juan y Calima, resguardo Santa Rosa de Guayacán ubicada en el corregimiento Bajo Calima

ELN Y Clan del Golfo

Febrero de 2017

La Defensoría del Pueblo a través del SAT manifiesta que los desplazamientos forzados masivos se han agravado por la disputa entre el ELN y el Clan del Golfo en límites entre los departamentos de Valle del Cauca y Chocó, en la subregión de los ríos San Juan y Calima. El 11 y 12 de febrero de 2017, 27 familias, cerca de 129 personas, salieron desplazadas del resguardo Santa Rosa de Guayacán ubicada en el corregimiento Bajo Calima. Esta comunidad, que está amparada por medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció días previos al desplazamiento, que el 04 de febrero un comunero fue retenido por integrantes de un grupo armado ilegal y por varias horas intimidado, presionado y maltratado físicamente.

Buenaventura

Ríos San Juan y Calima, resguardo Santa Rosa de Guayacán ubicada en el corregimiento Bajo Calima

ELN Y Clan del Golfo

Febrero de 2017

La Defensoría del Pueblo a través del SAT manifiesta que los desplazamientos forzados masivos se han agravado por la disputa entre el ELN y el Clan del Golfo en límites entre los departamentos de Valle del Cauca y Chocó, en la subregión de los ríos San Juan y Calima. El 11 y 12 de febrero de 2017, 27 familias, cerca de 129 personas, salieron desplazadas del resguardo Santa Rosa de Guayacán ubicada en el corregimiento Bajo Calima. Esta comunidad, que está amparada por medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció días previos al desplazamiento, que el 04 de febrero un comunero fue retenido por integrantes de un grupo armado ilegal y por varias horas intimidado, presionado y maltratado físicamente.

Palmira

Cabecera

Anarquía criminal: Sicarios

27

Agosto 2017

Sicarios que se movilizaban en una motocicleta asesinaron en Palmira, Valle del Cauca, a Elmer Agudelo, de 55 años, reportero gráfico del diario El País de Cali.

Versalles

Resto Corrergimiento El Basal

ELN o GAO: Frente Che Guevara del ELN o a Bandas criminales

26

Julio 2017

En la zona de El Pedral, en el corregimiento El Balsal, de Versalles, fueron secuestrados por cinco desconocidos, Luis Alejandro López y John Jairo Moreno. La Policía busca a los responsables, pero el hecho estaría siendo atribuido a miembros del frente Che Guevara del ELN o a Bandas criminales (Bacrim).

Resto

ELN:

27 Julio 2017

John Jairo Zapata Moreno y Luis Alejandro López Toro, dos cafeteros de la región, fueron secuestrados en el Norte del Valle del Cauca. Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, la presencia del ELN en los límites entre el Valle del Cauca y Chocó (en El Cairo, El Águila, Versalles, El Dovio) apunta a ellos como los responsables. La guerrilla del ELN no ha confirmado si son responsables del secuestro de estas personas.

Vaupés

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Mitú

Frente 1 de las FARC y de la Compañía Urías Cuéllar

Frente 1 de las FARC al mando de “Armando Ríos”

25 de

Febrero

En los municipios de Mitú, Carurú y Tarairá y las áreas no municipalizadas de Papunahua, Yavaraté y Pacoa hay presencia de disidencia del Frente Primero de las FARC y de la Compañía Urías Cuéllar.

Vichada

Municipio

Lugar de

Ocurrencia

Actor

Implicado

Fecha

Descripción

Puerto Carreno

Resto

ELN :

3 Agosto 2017

El 1 de agosto, el ELN secuestró ocho personas cuando se movilizaban en un remolcador que partió desde el muelle fluvial de Puerto Carreño con destino a Puerto López. Fueron interceptados a la altura de un caserío conocido como “Bellavista”, en el estado de Apure, en el río Meta pero en el lado venezolano. Gracias a la presión de la Fuerza Pública seis personas fueron liberadas en el río Meta. Las otras dos personas siguen retenidas por los guerrilleros.

1 http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/10-anos-de-justicia-y-paz/6061-las-amargas-lecciones-que-dejo-la-desmovilizacion-de-las-auc

2 http://www.elpais.com.co/economia/colombia-una-economia-que-lucha-por-su-recuperacion.html

3 Defensoría del Pueblo. Informe Implementación. 2017.

4 Entrevista a ex combatiente.

5 https://www.elheraldo.co/cordoba/exguerrilleros-dejan-zona-de-gallo-porque-el-gobierno-les-incumplio-408221

6 http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20902%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf

7 https://www.youtube.com/watch?v=yf2P7bRqhYQ&t=427s

8 https://www.youtube.com/watch?v=yf2P7bRqhYQ&t=427s

9 Informe Comisión de Prisioneros Políticos.

10 http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/la-amnistia-que-no-le-quieren-cumplir-a-los-presos-de-las-farc/

11 http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235112.html. Según Min.Educación los desmovilizados y sus familias son una población afectada por la violencia y por ende una población vulnerable.

12 https://www.las2orillas.co/romana-300-hombres-inician-la-conquista-del-campo-tumaco/

13 Censo socioeconómico de las FARC. Labor desarrollada por la Universidad Nacional de Colombia en cada una de las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización – ZVTN y Puntos Transitorios de Normalización - PTN, que tenía por cometido caracterizar a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación y verificar sus intereses en proyectos productivos colectivos y de servicios.

14 Organización de Economías Sociales del Común-ECOMÚN. Cooperativa de las FARC apoyada por el Ministerio de Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, que administrará un fondo para la ejecución de proyectos productivos colectivos. Los miembros de las FARC-EP podrán afiliarse voluntariamente.

15 Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN. Nueva denominación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. Gestiona las políticas, planes, programas y proyectos de Reincorporación y normalización de los integrantes de las FARC-EP.

16 Consejo Nacional de Reincorporación. Instancia que define las actividades, el cronograma y hace seguimiento al proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC a la vida legal, en los componentes económico, social y político. Está conformado por dos representantes del Gobierno Nacional y dos de las FARC - EP.

17 Consejo Territorial de Reincorporación (CTR), una instancia de decisión paritaria (miembros de las FARC y gobierno) que se encargará de coordinar e impulsar la oferta de reincorporación desde una mirada territorial para los integrantes de las FARC y la comunidad.

18 https://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2017/10/Consejo-Territorial-de-Reincorporacion-es-una-realidad-en-La-Carmelita-La-Cabania-Putumayo.aspx

19 A menos de 24 horas de su creación el partido de las Farc recibe su primera demanda. Semana, 1 de septiembre 2017. Ver en: http://www.semana.com/nacion/articulo/demandan-partido-politico-de-las-farc-porque-revictimiza-a-las-victimas/538392

20 Entrevista NTN24. Ver en: http://www.ntn24.com/video/hollman-ibanez-y-pedro-alexander-rodriguez-sobre-logo-de-partido-de-las-farc-151278

21 Estudio de opinión sobre el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia. Preparado para Semana. Mayo de 2007. Ver en: http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/Doc-1439_200755.pdf

22 QAP Colombia Opina 2012-3. La Gran Encuesta. Preparado para Semana y RCN. Septiembre de 2012. Ver: http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/Doc-2331_2012911.pdf

23 Farc, con imagen más favorable que los partidos políticos. El Espectador. 27 de junio de 2017. Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/farc-con-imagen-mas-favorable-que-los-partidos-politicos-articulo-700548

24 http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/DocumentosConsulta/consulta-proyecto-decreto-CSIVI.pdf

25https://twitter.com/csivifarc/status/846153980946366464?lang=es

26 http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2017/09/Arrancaron-los-Consejos-Territoriales-de-Reincorporacion-CTR.aspx

27 El 15 de agosto de 2017, la denominación de Zonas Veredales Transitorias de Normalización fue cambiada por la de

28 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/farc-prenden-las-alarmas-por-impunidad-en-asesinatos-de-desmovilizados-y-sus-familias/20171002/nota/3596600.aspx#

http://www.lafm.com.co/noticias/farc-advirtieron-amenazas-organizaciones-sociales/

29 http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201274%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202017.pdf

30 Jhon Ramírez, alias el Zarco, fue condenado a cuarenta años de prisión por la Jurisdicción especial Indígena luego de una investigación apoyada por la Fiscalía.

31 FARC-EP. (08 de Julio de 2016). Comunicado sobre el Frente Primero Armando Ríos. Colombia. Recuperado el 2017 de Junio de 26, de http://www.farc-ep.co/opinion/bloque-y-frentes/comunicado-sobre-el-frente-primero-armando-rios.html

32 Defensoría del Pueblo. (Marzo de 13 de 2017). Defensoría del Pueblo. Obtenido de http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/6177/Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-alerta-sobre-crisis-humanitaria-en-Bajo-Atrato-y-Baud%C3%B3-Alto-Baud%C3%B3-Choc%C3%B3-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-desplazamiento-forzado-Desplazados.htm

33 Valencia, L. (2016). Las bandas criminales y el postconflicto. En L. Valencia, & A. Ávila, Los retos del postconflicto. Justicia, seguridad y mercados ilegales (págs. 113-138). Bogotá: Ediciones B.

34 Ibíd.

35 Ídem.

36 Ministerio de Defensa Nacional. (22 de Abril de 2016). Directiva Permanente Número 0015 de 2016. Colombia.

37 Las cifras son tomadas de los informes producidos anualmente por la UNODC anualmente “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos”. Se revisaron los informes producidos entre 2011 y 2017.

38 Durante 2016 se logró la formalización de 755 predios bajo el programa “formalizar para sustituir”, se erradicaron 18.227 has bajo el modelo de erradicación forzosa, se atendieron 17.970 familias como continuidad al programa de desarrollo alternativo 2014 – 2015.

39 Se distingue la Etapa C según los PAI familiar, PAI comunitario, y PISDA, en la medida en que cada uno tiene características diferentes.

40 Con corte a 30 de septiembre.

41 COMO VA LA PAZ II. Oferta Institucional.

42 http://www.cgfm.mil.co/2017/02/21/plan-militar-victoria-una-paz-estable-duradera/

43 https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/plan-estrategico-institucional-2015-2018.pdf

44 MDOM: Muertes en Desarrollo de Operaciones Militares.

Capítulo 3

3

 El asesinato de líderes sociales

El avance del proceso de paz y su concreción territorial en la implementación de los puntos de la agenda de La Habana han representado un nuevo escenario de riesgo para los diferentes líderes defensores de derechos humanos45, a lo cual se suma el reordenamiento de la criminalidad luego de la desactivación armada de los distintos bloques, frentes, compañías, escuadras de la otrora guerrilla de las FARC-EP. La explicación de la configuración y continuidad de la violencia sociopolítica será la piedra angular de este apartado que busca poner de presente no sólo las cifras de agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos, sino también a miembros del nuevo movimiento político denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y a sus familiares.

La crítica situación de vulneración de derechos para los líderes sociales y defensores de derechos humanos ha sido monitoreada y denunciada desde distintas Organizaciones no Gubernamentales, Movimientos de corte social y político, y hasta por distintas entidades del Estado que tienen la obligación de cumplir las funciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes que atenten contra esa población. En ese sentido, a través del observatorio de violencia política46, la Fundación Paz & Reconciliación ha venido reportando desde el año 2013 las distintas agresiones realizadas contra esta población, enunciando gran preocupación en este escenario de transición que supone una apertura democrática para la participación política de las poblaciones más golpeadas por el conflicto armado interno y para otros liderazgos que emprenden la labor por reclamar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, repetición y garantías de no repetición.

En el informe anterior se puso de presente que desde el día de la firma del Acuerdo en el Teatro Colón, 24 de noviembre de 2016 hasta el 11 de julio se habían cometido 181 hechos victimizantes, cifra que continuó en ascenso hasta el mes de septiembre con 270 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos: dos agresiones sexuales, 150 amenazas, 29 atentados, 2 casos de desaparición forzada, 84 homicidios y 3 secuestros; es decir, desde ese último reporte hasta el 1 de octubre aproximadamente se cometió una agresión por día. En Colombia, desde la firma del Acuerdo entre FARC y gobierno, están asesinando un líder social cada cuatro días.

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.

Los departamentos más afectados por estos hechos son Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Tolima. A continuación e muestra la discriminación de homicidios por mes.

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación.

*Se registra a partir del 24 de noviembre, día de la firma del Acuerdo en el Teatro Colón.

** Fecha de corte: 31 de octubre.

Los niveles más altos de violencia contra los distintos tipos de liderazgo identificados por la Fundación Paz & Reconciliación se experimentaron en los meses de enero, febrero, mayo, julio y octubre. También se ve una reducción progresiva en las agresiones registradas durante los últimos cuatro meses.

Los homicidios mantuvieron una constancia durante el primer semestre del año 2017 y luego advirtieron una variación entre julio y septiembre; sin embargo, mientras estos hechos disminuían, otro tipo de vulneración como los atentados y, notoriamente, las amenazas se manifestaron en mayor medida para los meses posteriores al informe presentado en julio.

Dicho lo anterior, es de resaltar lo complejo que ha resultado rastrear e identificar los autores intelectuales de los hechos victimizantes; una de las posibles razones es la modalidad de outsourcing para delinquir como forma de violencia instrumental de esas estructuras armadas criminales, ya que la red criminal de estas organizaciones cuenta con sicarios que son los principales perpetradores materiales de las múltiples violaciones a los derechos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. A su vez, esto resulta ser una de las explicaciones que dan cuenta sobre las tasas de impunidad frente a los responsables no sólo de la ejecución de estos crímenes sino de su planeación.

Presuntos responsables de hechos victimizantes a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos

Fuente: Sistema de Información e la Fundación Paz & Reconciliación.

En relación con las presuntas responsabilidades de los hechos de agresión cometidos desde la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, la gráfica expresa que el mayor número de hechos han sido cometidos por actores aún sin identificar, sobre todo en lo concerniente a amenazas, homicidios y atentados, presentando una gran dificultad en la identificación, investigación y judicialización de los responsables de estas agresiones. Seguidamente, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, se han consolidado como perpetradores de múltiples agresiones contra líderes en regiones como Urabá y Bajo Cauca antioqueño, Bajo Atrato, Sur de Córdoba, Norte del Cauca y Valle.

La Fundación Paz & Reconciliación ha manifestado que, en concordancia con los datos de agresiones enunciados, las victimizaciones contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos se cometen en razón de sus actividades sociales, de sus luchas reivindicativas, de su apoyo al proceso de paz, en los distintos municipios. Identificamos algunos tipos de liderazgo: I) líderes asociados a actividades en contra de economías ilícitas y a la defensa del medio ambiente; II) líderes que impulsan la defensa de los derechos de víctimas de conflicto armado en la reclamación de tierras, restitución de sus derechos y lucha por la verdad; y aquellos III) líderes que cuentan con perspectivas para la participación política.

El riesgo de participar en las Circunscripciones de Paz

A pesar de la disminución de agresiones contra liderazgos sociales, desde la Fundación Paz & Reconciliación se sostiene que el ejercicio de los derechos políticos en Colombia resulta ser una práctica de alto riesgo cuando se trata de un potencial participante para el acceso a cargos públicos de elección popular. Este es el panorama que se avizora con la eventual implementación de las 16 Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz (CTEP) para los períodos 2018-2022 y 2022-2026.

Fuente: Sistema de Información Fundación Paz & Reconciliación

La georreferenciación previa sobre las agresiones a líderes sociales en zonas de CTEP tiene como variables de análisis, hechos de violencia directa manifestados en amenazas, atentados y homicidios, evidenciando que en 12 de las 16 CTEP, entre el 24 de noviembre de 2016 al 1 de octubre de 2017, se han victimizado potenciales participantes de los dos siguientes comicios legislativos para las curules que dispuso el Acuerdo de paz. Después de diez meses de la firma del Acuerdo en el Teatro Colón, en 41 de los 167 municipios que integran las CTEP se han cometido este tipo de agresiones que atentan contra los derechos civiles y políticos de liderazgos locales con vocación de participación en elecciones.

Los 111 hechos victimizantes contabilizados en este periodo se registran de manera preponderante en la CTEP 1, la cual agrupa municipios del norte del Cauca, de la subregión de La Cordillera nariñense y el sur del Valle. Corinto, Caloto, Santander de Quilichao y Buenos Aires son los municipios más afectados, donde los líderes indígenas, afrodescendientes y de víctimas han sido objeto de esa violencia instrumental que busca intimidar y generar rupturas de los procesos organizativos y políticos en los territorios.

Esto se interpreta como un factor de sistematicidad concerniente a los posibles intentos por obstaculizar la participación política de sectores poblacionales ampliamente excluidos de la representatividad del Congreso de la República. Finalmente, las intenciones por realizar una apertura democrática de las regiones que han sido golpeadas históricamente por el conflicto armado pueden verse truncadas por intereses de agentes tanto legales como ilegales, quienes haciendo uso de sus recursos violentos acallarían esas voces emergentes. Preocupan, por ejemplo, los casos de agresión cometidos contra miembros de las organizaciones locales y regionales que se agrupan bajo el seno de la Marcha Patriótica, ya que ha sido uno de los movimientos políticos más golpeados por actuar en defensa de la implementación de los Acuerdos de paz

Desarrollos institucionales para garantías de sus derechos

Como se expresó previamente, el incremento en los casos de victimización de las poblaciones dedicadas a impulsar la defensa de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales, ha sido notorio tras la firma del Acuerdo final el 24 de noviembre y con su correspondiente implementación en los territorios. Por tal motivo, se enfatiza la obligación internacional que tiene el Estado por investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes que atenten contra estos liderazgos sociales y que defienden los derechos humanos, ante lo cual se ha avanzado en materia de impulsar espacios de coordinación institucional como la Mesa Nacional de Garantías de Seguridad, el despliegue interinstitucional avivado por el Cuerpo Élite de la Policía Nacional y el impulso de directivas que obligan al gobierno nacional en el fortalecimiento de la política de promoción y protección efectiva de los derechos de defensores de derechos humanos, integrantes de los movimientos políticos y sociales, líderes sociales y líderes que participen en la implementación de los Acuerdos de paz.

En primer lugar, con ocasión de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente provistas por el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016, el Decreto Ley 154/201747 instauró la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, cuya dirección está a cargo del mismo Juan Manuel Santos y convoca a: los Ministros del Interior, Defensa y Justicia, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Director de la Unidad especial de investigación48, Comandante general de las FF.MM, Director general de la Policía Nacional, tres expertos en la materia escogidos por la CSIVI y dos delegados de las plataformas de Derechos Humanos.49

Las funciones de esta Comisión están encaminadas en el diseño, seguimiento y coordinación de las acciones institucionales y de la política pública y criminal concerniente al desmantelamiento de las organizaciones y de los crímenes cometidos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, medidas que no han podido ser establecidas debido a la tardanza por disponer de los recursos financieros, logísticos y humanos para mitigar las agresiones contra esta población que se busca proteger. Evidencia de lo anterior ha sido la postergación del nombramiento del director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, cuyos resultados de las labores de investigación penal, priorizadas contra esas estructuras criminales que ponen en riesgo la construcción de paz, tienen que ser presentadas ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para la adopción de las acciones institucionales pertinentes. Es decir, desde la promulgación de la resolución 2903/2016 de la Fiscalía y del Decreto 898/2017, aún no se ha logrado darle operatividad a la Unidad para su debido funcionamiento, razón por la cual tampoco ha sido posible dar información periódica sobre la evolución y los obstáculos en la lucha contra organizaciones y acciones ilegales que comprometen la implementación del Acuerdo de paz.50

Concerniente a la promulgación de la política pública o del Plan de Acción emitida por parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Sección tercera del Consejo de Estado exhortó al Presidente y a esa Comisión a adoptar “con carácter urgente e imperioso el plan de acción, los recursos humanos, financieros y logísticos suficientes a efectos de evitar, prevenir, mitigar y disminuir el riesgo de afectación del derecho fundamental a la seguridad personal y, por ende, a la vida de quienes” ejercen como defensores de los Derechos Humanos, con el fin último de la implementación eficaz e integral de lo suscrito en el Acuerdo de paz.

De otro lado, el Cuerpo Élite (CELIT) de la Policía Nacional, desde su conformación e inicio de operaciones el 15 de junio del año en curso, ha logrado avanzar en el esclarecimiento de 53 casos en las fases de indagación e investigación del proceso judicial, a partir del listado de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos verificado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que contempla 106 hechos de homicidio comprobados desde enero de 2016 al 29 de septiembre. La actividad del CELIT se ha debido a la coordinación establecida por la corresponsabilidad y complementariedad institucional, según sea el caso; sobre esto, se destaca esta actuación priorizada y focalizada para los siguientes delitos:

Delito

Número de

acciones

institucionales

Amenaza

77

Manifestación Gráfica

05

Homicidio

33

Tentativa de Homicidio

08

Lesiones Personales

01

Presencia Armada

18

Secuestro

03

Total incidentes

145

Fuente: CELIT. Datos con corte a 29 de septiembre de 2017

Acciones de la Policía Judicial

Apertura Noticia Criminal

114

Etapa de Indagación

110

Etapa de Investigación

3

Etapa de Juicio

1

Capturas

15

Aprehensiones (menores de edad)

2

Bandas desarticuladas

1

Incautación armas de fuego

9

Total

255

Fuente: CELIT. Datos con corte a 29 de septiembre de 2017

A su vez, mediante comunicados oficiales y solicitudes a otras instituciones se ha logrado un avance en materia de coordinación de acciones institucionales para hacer frente a las organizaciones y delitos que representan riesgos a la implementación del Acuerdo de paz, a saber:

A su vez, mediante comunicados oficiales y solicitudes a otras instituciones se ha logrado un avance en materia de coordinación de acciones institucionales para hacer frente a las organizaciones y delitos que representan riesgos a la implementación del Acuerdo de paz, a saber:

Cumplimiento del acuerdo sobre las víctimas

Desde un principio, una de las bases que sustenta y construye el acuerdo está fundamentada en el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado. Esta sección tiene por objetivo examinar el alcance que ha tenido la implementación del acuerdo y desde allí entender cuáles son los principales retos que existen en materia de reparación a víctimas. A continuación se señalan los compromisos pactados en el acuerdo, las acciones, sus responsables y porcentaje de cumplimiento de cada uno de los compromisos.

Compromisos pactados Acciones Indicadores Responsables Cumplimiento Pactados51

C1. Puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

C.1.1 Creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

1. Conformación e Instalación del Comité de Selección (5 personas) que selecciona a los miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVRNR) (Decreto 587 de 2017)

Comité de

Selección

Instalado

Presidente de la República

Cumplido- 05.04.2017

2. Expedición del Decreto Ley que reglamenta la Comisión de la Verdad.

Decreto

Expedido

Presidente

de la República

Cumplido- 05.04.2017

Decreto 588 de 2017

3.Revisión constitucional del Decreto Ley

Decreto Ley aprobado por la Corte Constitucional

Corte

Constitucional

Pendiente

4. Nombramiento de los Comisionados

Comisionados nombrados

Comité de

Selección

En Curso

Hasta tres meses desde la fase de

postulaciones-

14.11.2017

5. Aprobación del reglamento de la CEV. (Decreto 588 de 2017)

Reglamento aprobado

Pleno de los

Comisionados

Pendiente

Seis meses a partir de la elección de los comisionados

6.Designar al/la Secretario/a

General. (Decreto 588 de 2017)

Secretario

designado

Pleno de los

Comisionados

Pendiente

Seis meses a partir de la elección de los comisionados

7.Adoptar la estructura interna y la planta de personal de la CEV de conformidad con los estudios técnicos y las apropiaciones presupuestales. (Decreto 588 de 2017)

Estructura

interna y

planta de

personal

adoptada

Secretario (a)

General

de la CEV

Pendiente

8.Adoptar la metodología, los criterios de priorización y los planes territoriales. (Decreto 588 de 2017)

Metodología, criterios de priorización y planes territoriales adaptados

Pleno de los

Comisionados

Pendiente

9. Establecer los protocolos, lineamientos y demás aspectos necesarios, para la entrega de archivos en custodia a la entidad que decida, para asegurar su preservación. (Decreto 588 de 2017)

Protocolos y lineamientos sobre archivos establecidos.

Pleno de los

Comisionados

Pendiente

10. Publicación del primer informe periódico. (Decreto 588 de 2017)

Primer

informa

periódico

publicado

CEV

Pendiente

11. Publicación del Informe Final. (Decreto 588 de 2017)

Informe

Final publicado

CEV

3 años y 6 meses a partir de la elección de los comisionados

12. Creación del Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la CEV. (Decreto 588 de 2017).

Comité de

Seguimiento

y

Monitoreo

creado

Pleno de los

Comisionados

Pendiente

13. Puesta en Marcha del Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la CEV. (Decreto 588 de 2017).

Comité de

Seguimiento

y Monitoreo

en

funcionamiento

Pendiente

3 años y 6

meses a partir de la elección

C.1.2. Creación de la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas

1. Conformación e Instalación del Comité de Selección (5 personas) que selecciona a los miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVRNR) (Decreto 587 de 2017)

Comité de

Selección

Instalado

Presidente de la República

Cumplido- 05.04.2017

2. Expedición del Decreto Ley que define la naturaleza jurídica y objetivos de la Unidad de Búsqueda

Decreto Ley

Expedido

Presidente de

la República

Cumplido- 05.04.2017 (Decreto Ley 589 de 2017)

3. Revisión constitucional del Decreto Ley

Decreto Ley aprobado por la Corte

Constitucional

Corte

Constitucional

Pendiente

4. Nombramiento Director de la UBPD

Director de la UBPD

nombrado

Comité

de Selección

Cumplido

26.09.2017

5. Expedición de decreto para establecer la estructura interna y planta de personal de la UBPD

Decreto

expedido

Gobierno

Nacional

Pendiente

6. Establecer líneas para la determinación del paradero de las niñas y mujeres dadas por desaparecidas, con la participación de las víctimas y la sociedad civil. (Decreto Ley 589 de 2017)

Líneas de enfoque diferencial para niñas y mujeres desaparecidas establecidas.

UBDP

Pendiente

7. Diseñar y poner en marcha un plan nacional que establezca y planes regionales correspondientes de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en coordinación con las entidades correspondientes y con la participación de las víctimas y organizaciones de víctimas y de derechos humanos. (Decreto Ley 589 de 2017)

a. Plan nacional y planes regionales de Búsqueda, localización, recuperación e identificación de cuerpos diseñados.

b. Plan nacional y planes regionales de Búsqueda, localización, recuperación e identificación de cuerpos puestos en marcha

UBPD

Pendiente

C.1.3 Medidas de

Reparación

1. Expedición de Decreto Ley sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las FARC.

Decreto Ley Expedido

Presidente de la República

Cumplido-

29.05.2017 (Decreto Ley 903 de 2017)

2. Revisión

constitucional del Decreto Ley

Decreto Ley revisado por la Corte

Constitucional

Corte

Constitucional

Pendiente

3. Expedición del Decreto Ley que dispone que todos los niños, niñas y adolescentes victimas del reclutamiento, tendrán derecho a la reparación integral

Decreto Ley Expedido

Presidente de la República

Cumplido-

25.04.2017 (Decreto Ley 671 DE 2017)

4. Revisión

constitucional del Decreto Ley

Decreto Ley revisado por la Corte

Constitucional

Corte

Constitucional

Pendiente

5. Realización de Actos tempranos de Reconocimiento de perdón público y responsabilidad (Acuerdo)

a. Coordinación de los actos

b. Realización de actos

a. Conferencia Nacional Episcopal que, con el apoyo de Diálogo Intereclesial por la Paz (DIPAZ) y otras iglesias

b. OACP

En curso

En curso

(Se han realizado 3 actos- Diputados del Valle, Bojayá, La Chinita-Apartadó)

6. Realización de acciones concretas de contribución a la reparación (Acuerdo):

a. Promover la participación en distintas medidas de reparación que se diseñarán para tal efecto, de agentes del Estado, y otros que participaron de manera directa en el conflicto.

b. En el marco del proceso de reincorporación, realizar acciones concretas de reparación

a. Plan de participación de distintos órganos del Estado y otros

b. Acciones de reparación realizadas

a. Gobierno

Nacional

b. Gobierno

Nacional

Pendiente

Pendiente

7. Fortalecer participativamente la política de atención y reparación a víctimas (Acuerdo)

Plan de fortalecimiento, teniendo en cuenta propuestas de víctimas y sus organizaciones para el fortalecimiento de la política

UEARIV

Pendiente

8. Fortalecer los Planes de Reparación Colectiva (Acuerdo)

a. PDETS con Planes de Reparación Colectiva

b. Donde no haya PDETS priorizar las iniciativas de las comunidades.

c.Donde haya y no haya PDETS, fortalecer los planes incluyendo los elementos establecidos en el punto 5.1.3.3.2 del Acuerdo Final

a. Gobierno

Nacional-UEARIV

b. UEARIV

c. UEARIV

Pendiente

Pendiente

Pendiente

9. Fortalecer la Rehabilitación psicosocial a las víctimas (Acuerdo):

Realizar un Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la convivencia y la no repetición

Plan creado

Ministerio de

Salud y

Protección

Social

Pendiente

10. Fortalecer procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento y reparación de víctimas en el exterior (Acuerdo):

a. Poner en marcha programas colectivos con enfoque territorial y de género, específicos de retorno y reubicación de personas en situación de desplazamiento.

b. Poner en marcha planes de retorno acompañado y asistido para víctimas en el exterior.

c.Fortalecer el programa de defensores comunitarios

a.Programas colectivos con enfoque territorial y de género específicos de retorno creados teniendo en cuenta los elementos mencionados en el punto 5.1.3.5. del Acuerdo Final.

b. Planes de retorno acompañado y asistido para víctimas en el exterior creados

c. Programa fortalecido integrando los temas de protección y promoción a los derechos humanos

a. UEARIV

b. UEARIV

c. Defensoría

del Pueblo

Pendiente

Pendiente

Pendiente

11. Realización del inventario de bienes de las FARC (Acuerdo)

a. Inventario de las FARC

b. Creación de Comisión de Verificación

a. FARC-

NACIONES UNIDAS

b. Gobierno

Nacional-Ministerio del Interior

Cumplido

15.08.2017

Pendiente

12. Creación del Fondo de Tierras: Patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia (Acuerdo)

Expedición del Decreto Ley que crea el Fondo de Tierras

Presidencia de la República

Cumplido

29.05.2017

Decreto 902 de 2017

13. Revisión

constitucional del Decreto Ley

Decreto Ley aprobado por la Corte

Constitucional

Corte

Constitucional

Pendiente

14. Definición de términos y procedimientos para la reparación material de las víctimas de las FARC

Términos y procedimientos establecidos

Comisión de Seguimiento, Impulso y

Verificación

Pendiente

C.1.4. Creación de la Jurisdicción Especial para la Paz

Conformación e Instalación del Comité de Selección (5 personas) que selecciona a los miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVRNR) (Decreto 587 de 2017)

Comité de

Selección

instalado

Presidente

de la República

Cumplido- 05.04.2017

2. Expedición del Decreto ley para el tratamiento especial a los miembros de la fuerza pública

Decreto

expedido

Presidente

de la República

Cumplido- 03.05.2017 (Decreto Ley 706 de 2017)

3. Revisión constitucional del decreto

Decreto revisado por la Corte Constitucional

Corte Constitucional

Pendiente

4. Expedición de decreto para garantizar la defensa de los miembros de la fuerza pública (Decreto 775 de 2017)

Decreto

expedido

Presidente

de la República

Cumplido- 16.05.2017

5. Expedición del Decreto Ley que dispone la suspensión de ordenes de captura una vez terminadas las zonas veredales transitorias y puntos de normalización, y hasta que su situación jurídica se resuelta por el órgano competente de la JEP

Decreto

expedido

Presidente

de la República

Cumplido- 29.05.2017

(Decreto Ley 900

de 2017)

6.Revisión

constitucional del Decreto Ley.

Decreto Ley revisado por la Corte

Constitucional

Corte

Constitucional

Pendiente

7. Nombramiento de los Magistrados. (Acuerdos de Paz)

Magistrados nombrados

Comité de

Selección

Cumplido

26.09.2017

8. Puesta en marca de la Secretaría Ejecutiva

Secretaría Ejecutiva creada y en funcionamiento

Gobierno

Nacional

Cumplido

04.2017

9.Expedición de la Ley Estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la JEP

Ley Estatutaria expedida

Congreso

Pendiente

10. Control

constitucional del decreto Ley

Decreto revisado por la Corte Constitucional

Corte

Constitucional

Pendiente

11. Adopción del reglamento de la JEP

(Acuerdo)

Reglamento adoptado

Magistrados de las salas y secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz

Pendiente

12. Elaboración de normas procesales que regirán procedimientos de la JEP (Acuerdo)

Normas

procesales elaboradas

Magistrados de las salas y secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz

Pendiente

13. Puesta en marcha de las Salas y la Unidad de Investigación y Acusación

(Acuerdo)

Salas y Unidad de Investigación y Acusación en funcionamiento

Pendiente

3 Meses desde la entrada en vigor del Acuerdo Final

14. Puesta en marcha de las Secciones (Acuerdo)

Secciones en funcionamiento

Pendiente

1 mes después de la entrada en funcionamiento de las Salas

15. Selección expertos (as) extranjeros (as) “Amicus Curiae” ante la JEP

Expertos(as) extranjeros(as) seleccionados(as)

Comité de

escogencia

Pendiente

11.12.2017

C.1.5. Establecer Garantías de No Repetición: Creación de la Unidad de Investigación y desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales

1. Conformación e Instalación del Comité de Selección (5 personas) que selecciona a los miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVRNR) (Decreto 587 de 2017)

Instalación del Comité de selección

Presidente de la República

Cumplido- 05.04.2017

2. Elegir una terna de candidatos(as) a Director de la Unidad de Investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales (Decreto 898 de 2017)

Elección de terna

Comité de

Escogencia

Pendiente

14.11.2017

3. Elección del Director de la Unidad de Investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales (Decreto 898 de 2017)

Director elegido

Fiscal General de la Nación

Pendiente

4. Expedición del Decreto que crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales

Decreto

expedido

Gobierno

Nacional

Cumplido

29.05.2017

Decreto 898 de 2017

5. Revisión constitucional del Decreto Ley.

Decreto Ley revisado por la Corte

Constitucional

Corte

Constitucional

Pendiente

Cumplimiento del acuerdo sobre las víctimas

El mecanismo especial legislativo de implementación de los Acuerdo de Paz (“fast track”), aprobado a finales del 2016 por la Corte Constitucional para la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional enfrento en el segundo semestre un grave obstáculo. La decisión que tomó este mismo alto tribunal en mayo de este año cuando señaló que todas las normas que se tramitan a través del mecanismo especial no pueden aprobarse en bloque, sino una a una, tal como se advirtió en la sección anterior. Además, habilitó al congreso para hacer cambios sin tener el visto bueno del Gobierno. Con esto alargo los tiempos de los debates y abrió la caja de pandora de los que se oponían a los acuerdos de paz o tenían modificaciones sustanciales al acuerdo. Las más afectadas fueron la JEP y la Reforma política.

La Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), columna vertebral del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y parte esencial de los Acuerdos de Paz empezó a sufrir maniobras y largos debate para intentar cambiar sus fundamentos, apuntando a sacar a los miembros de la Fuerza Pública y a los terceros de esta juridicción, a dejar sólo a las FARC en ella y a impedir la participación política de los líderes del nuevo movimiento hasta tanto no fueran procesados en estos tribunales. La Ley Estatutaria com se sabe pondrá en marcha todo lo aprobado en al Acto Legislativo (01 de 2017) que dio vida a esta nueva jurisdicción, en materia de su funcionamiento y temporalidad, miembros de la fuerza pública, amnistías, extradiciones y reincidentes, entre otros temas relevantes. Además, después de ser aprobada la Ley Estatutaria, aún estaría por aprobarse una ley de procedimiento que le de herramientas a los Magistrados para iniciar procesos, proferir sanciones, exigir reparaciones para las víctimas recoger las pruebas.

El momento más crítico se vivió cuando Cambio Radical se retiró del gobierno y empezó a jugar duro en contra la Justicia Especial para La Paz; junto al Centro Democrático y a varios parlamentarios conservadores hizo tambalear las mayorías precarias que tenía el gobierno para sacar adelante este proyecto de ley.

La ley saldrá con cambios y limitaciones en la convocatoria a terceros y a agentes del Estado y con la obligación de que los líderes del nuevo partido surgido de las negociaciones de paz se presenten a la JEP antes de asumir sus curules en el Congreso.

Actualmente, lo único de la JEP que el Gobierno ha podido poner en marcha con el apoyo de la cooperación internacional, es su Secretaría Técnica. El punto 5 del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc – EP y el Gobierno Colombiano, establece la creación de una Secretaría Ejecutiva Transitoria para poner en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz. El Acuerdo le otorga a la Secretaría Ejecutiva Transitoria varias funciones que pueden agruparse en cinco categorías específicas que son: 1. Diseño e implementación de la JEP. Organizar la puesta en marcha de todos los órganos de la JEP; 2. Aplicación de los acuerdos sobre dejación de armas y concesión de amnistías, indultos y tratamientos especiales; 3. Adopción de medidas cautelares para la preservación de archivos públicos y privados; 4. Verificación del contenido reparador de los trabajos y obras realizados por las FARC y 5. Organizar la recepción de informes y la participación de víctimas.52

Este órgano transitorio (en cabeza del Ex Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Néstor Raúl Correa), tendrá vida por dos años, según los acuerdos, y actualmente recibe diariamente más de 150 derechos de petición, tutelas y habeas corpus de personas que quieren someterse a la JEP. Además, la Secretaría Ejecutiva está organizando un sistema de información para los Magistrados de la JEP, en el cual constan aspectos como la identidad de los sometidos (perpetradores y víctimas), análisis de contexto, hechos y la situación jurídica del sometido, entre otros.

Pese a estos importantes avances, la Secretaría Ejecutiva depende de la expedición de la Ley Estatutaria para que pueda cumplir satisfactoriamente con todas sus funciones y para que pueda ser sostenible, pues en este momento su personal y funcionamiento están atados a la cooperación internacional. Las acciones que deberá realizar la Secretaría en materia por ejemplo de entrega de pruebas por parte de terceros, la aplicación de los acuerdos sobre la concesión de amnistías, indultos y tratamientos especiales, solo podrá empezarlas a realizar una vez entre a regir la Ley Estatutaria de la JEP.

Adicionalmente, la Secretaría Jurídica es un órgano de carácter administrativo y por ende sus funciones se limitan a la recepción y organización de información. Corresponderá a los Magistrados de la JEP, una vez entre en funcionamiento, la priorización de los casos recibidos.

Por otra parte, frente a los decretos ley que ha expedido el Gobierno Nacional relacionados con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición, vale la pena decir que en general se expidieron eficazmente dentro del plazo previsto. Sin embargo, la Corte Constitucional no ha cumplido con los plazos para la revisión constitucional de estas normas, establecidos por este mismo tribunal. Si a estas alturas la Corte modifica alguno de estos decretos, impactaría negativamente la implementación del Sistema Integral que ya se viene realizando.

Los compromisos en materia de reparación a las víctimas en los Acuerdos de Paz

Existe un legado de compromisos aun por cumplir por parte del Estado Colombiano en materia de reparación a las víctimas, lo cual no solo impedirá el cumplimiento de las metas de la Ley 1448 de 2011 en el tiempo de su vigencia, si no que puede dificultar la implementación algunos de los compromisos que se pactaron en los Acuerdos de Paz en materia de reparación.

Si bien los compromisos que tienen que ver con la participación en la política de atención y reparación a víctimas, el impulso a los planes de reparación colectiva, el fortalecimiento del proceso colectivo de retornos y el afianzamiento de la rehabilitación psicosocial a las víctimas, pueden aportar al cumplimiento de las metas consagradas en la Ley 1448, también pueden retrasarlas si no se ejecutan de manera efectiva y participativa con las víctimas. Hasta ahora, tampoco hay avances en el cumplimiento de estos compromisos.

Adicionalmente, existen muchas dudas sobre cómo se hará la reparación a las víctimas con los bienes entregados por las FARC, así como hay incertidumbre sobre la creación de una comisión de verificación, que identifique y confirme la totalidad de los bienes de este grupo.

Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidades y solicitud de perdón público

Los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, establecen en su Capítulo 5.1.3.1., lo referente a Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva, con el fin de “contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, marcar el momento simbólico de un nuevo comienzo, y crear un ambiente favorable para la construcción de la paz, en el marco del fin del conflicto”.

Estos actos habilitan al Gobierno, a las FARC-EP y a diferentes sectores de la sociedad, que puedan haber tenido alguna responsabilidad en el conflicto, para que “reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado y pidan perdón, asumiendo cada uno lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más”.

Los Acuerdos establecieron que “los actos colectivos serán formales, públicos y solemnes, y se llevarán a cabo tanto en el ámbito nacional como en el territorial, para lo cual se solicitará a la Conferencia Nacional Episcopal que, con el apoyo de Diálogo Intereclesial por la Paz (DIPAZ) y otras iglesias, coordine estos actos, en diálogo con las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras”. Además, corresponde a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz facilitar y estar presente en dichos Actos.

En este orden de ideas, desde que comenzaron las negociaciones de paz a la fecha, se han realizado los siguientes Actos que cumplen con los criterios establecidos en los Acuerdos y mediante los cuales las FARC han reconocido responsabilidades y han pedido perdón:

1. Diputados del Valle

El 10 de septiembre de 2016, un grupo importante de dirigentes de las FARC se enfrentó por primera vez con los familiares de los 11 diputados del Valle secuestrados en 2002 y asesinados cinco años después, con el fin de reconocer su responsabilidad y pedir perdón. Luego de que las FARC cumplieran su propósito y asumieran además compromisos concretos con las familias en términos de contar toda la verdad sobre lo ocurrido, todos se unieron en una oración que propiciaron los guías espirituales presentes. Los familiares expresaron un sentimiento general de alivio luego de una catarsis colectiva.53

El Acto de Reconocimiento de Responsabilidades y Petición de Perdón a los familiares de los Diputados, se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2016 en la Iglesia San Francisco de la ciudad de Cali. Los familiares reconocieron que “este acto de perdón lo aceptamos para hacer memoria de nuestros familiares, tener paz en nuestros corazones y hacer posible la reconciliación entre los colombianos”. Por su parte, Pablo Catatumbo, en representación de las FARC, reconoció la responsabilidad de este grupo en los hechos violentos ocurridos y pidió perdón a las víctimas y a la sociedad Vallecaucana en general. De igual forma, Pablo Catatumbo en nombre de las FARC EP- pidió perdón tanto por la muerte del subintendente de la Policía Carlos Alberto Cendales, quien fue asesinado al intentar frustrar la acción de las FARC en la Asamblea Departamental, como a Sigifredo López (y su familia), quien estuvo secuestrado durante siete años.

2. La Chinita-Apartadó.

Un día después de la reunión con los familiares de los diputados del Valle, en septiembre de 2016, las FARC se reunieron con delegados del barrio La Chinita, de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Allí esta guerrilla cometió una masacre indiscriminada contra 35 personas, la mayoría desmovilizados del EPL, en enero de 1994.

El Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Petición de Perdón de las FARC-EP a las víctimas de la Chinita, se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2016, en Apartadó en donde los familiares de las 35 víctimas fatales y 17 heridas del barrio la Chinita de esta ciudad, se encontraron con Iván Márquez, Pastor Alape y otros jefes guerrilleros, para escuchar la verdad sobre los hechos y recibir la solicitud de perdón. El acto contó con un recorrido simbólico que partió desde el lugar en donde se cometieron los hechos violentos, la nueva calle de La Esperanza, antes conocida como La Masacre.

3. Bojayá, Chocó

El día 6 de diciembre de 2015 en el pueblo viejo de Bellavista, en Bojayá-Chocó, se realizó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Petición de Perdón de las FARC-EP a las víctimas de Bojayá, evento que dio continuidad y cumplimiento a los compromisos asumidos por las FARC el 18 de diciembre de 2014 en la Habana, donde en presencia de un grupo de víctimas de Bojayá hizo la primera petición de perdón.

Se hicieron presentes más de 700 personas representantes de las víctimas, provenientes de los Consejos Comunitarios de afrocolombianos y cabildos indígenas de Bojayá. Iván Márquez, expreso en un discurso, en la misma iglesia en donde explotó el cilindro bomba, el reconocimiento de responsabilidad, entregando un cristo negro para homenajear a los pobladores de este municipio, mientras que las comunidades pusieron de manifiesto que la responsabilidad en los hechos del 2 de mayo de 2002, donde murieron al menos 79 personas y quedaron más de 100 heridos, es compartida por la guerrilla de las FARC-EP, los Paramilitares y el Estado Colombiano.54

4. Granada, Antioquia

Aunque este Acto no fue coordinado por el Gobierno Nacional, ni por la Conferencia Nacional Episcopal, las FARC, por solicitud de las víctimas de este municipio (con el apoyo de la alcaldía y de la parroquia del municipio), reconocieron sus responsabilidades por los hechos violentos cometidos en este municipio y les pidió perdón. Este es el primer Acto que se realiza desde que este grupo dejó las armas y nacieron como movimiento político.

El Acto se llevó a cabo en la iglesia del municipio de Granada en sábado 23 de septiembre de este año. Pastor Alape fue el delegado del nuevo movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), para pedir perdón por los hechos cometidos por las FARC en el conflicto armado, especialmente por lo sucedido el 6 de diciembre del 2000, cuando las FARC se tomaron Granada con un ataque que duró 18 horas, en las que se detonó un carro bomba, se lanzaron cilindros y hubo ráfagas de fusil que dejaron como resultado 23 personas muertas. Estos hechos violentos y otros, provocaron el desplazamiento masivo de la población de este municipio. Durante el Acto, las víctimas pidieron a los representantes del FARC que aportes a la verdad y a la reparación, así como a la búsqueda de personas desaparecidas y a la ubicación de campos minados. De igual forma, los habitantes declararon al municipio territorio de paz y firmaron un compromiso de no violencia.

Vale la pena mencionar que además de los Actos mencionados anteriormente, miembros de las FARC, han realizado algunos actos de carácter unilateral y voluntario de reconocimiento de responsabilidades y solicitud de perdón, como lo es el mensaje sin precedentes que envió Iván Márquez en diciembre de 2016, por medio de un video, en el que reconoció al país que las “retenciones”, es decir, el secuestro, causaron “un gran dolor” en las familias y la sociedad. También dijo que esas prácticas deben quedar “sepultadas para siempre”. De igual manera, Timochenko, en el acto de la firma de los Acuerdos en Cartagena en septiembre del 2016, manifestó que “En nombre de las FARC pido sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra”. Más recientemente, Timochenko escribió una carta al papa, pidiéndole perdón por “cualquier lágrima o dolor que hayamos ocasionado a algún colombiano”, mientras que algunos líderes de las FARC se están acercando a líderes sindicales y autoridades locales en el Huila para pedir perdón a las víctimas de este departamento (familias de Concejales asesinados en el municipio de Rivera en el 2006, secuestrados del Edificio Miraflores en Neiva en el 2001 y víctimas de la granada lanzada en Algeciras en 1990).

Es de resaltar que en el mes de septiembre de este año, en el marco de la celebración de la Semana por la Paz, el Centro de Memoria Histórica acogió un acto de reconciliación entre la directora de la Fundación de Víctimas del Nogal y los Excomandantes Fredy Rendón Herrera de los paramilitares y Jesús Santrich de las FARC. Este acto, constó de un diálogo para reconstruir la verdad de lo sucedido el 7 de febrero de 2003, cuando las FARC pusieron en el Club El Nogal en Bogotá, un carro bomba que acabó con la vida de 36 personas y dejó heridos a cientos más. Las FARC se comprometieron a aportar toda la verdad sobre estos hechos violentos y a llevar a cabo un Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Petición de Perdón, así como un la realización de un acto temprano de reparación.

La importancia de estos actos es que demuestran que el proceso de paz ha transformado a muchos miembros de las FARC, quienes en el pasado habían sido reticentes a reconocer sus errores. Sin embargo, hace falta voluntad del Gobierno Nacional y de las demás entidades responsables según los Acuerdos de coordinar estos actos, para seguir haciéndolos con todas las víctimas en el territorio nacional. De igual forma, tanto el Gobierno Nacional como representantes de otros grupos armados que participaron en el conflicto, deberían también realizar actos en los que reconozcan sus responsabilidades y pidan perdón a sus víctimas, para que así haya un verdadero proceso de reconciliación nacional.

Finalmente, según lo establecido en el punto 5 de los Acuerdos, estos actos deberían complementarse con la realización de acciones concretas de contribución a la reparación, en las cuales, no se han hecho avances a la fecha.

Víctimas del Conflicto reparadas individual y colectivamente

De conformidad con el artículo 69 de la ley 1448 de 2011, las víctimas del conflicto armado tienen derecho a obtener las medidas de reparación de: indemnización, satisfacción, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, y colectiva.

De conformidad con lo anterior, a julio de 2017 se tienen 8.532.636 víctimas individuales55 inscritas en el Registro único de Víctimas- RUV, de las cuales:

A diciembre de 2016, 125.801 víctimas han sido reparadas con indemnización administrativa.56

A julio de 2017, 940.355 víctimas han recibido el Mensaje (carta) Estatal de Dignificación (una Medida de Satisfacción).57

A julio de 2017, 2.243 procesos de entrega de cadáveres han sido acompañados por la Unidad de Víctimas (una Medida de Satisfacción).58

A julio de 2017, 126.830 víctimas han sido atendidas por la Estrategia de Recuperación Emocional a Nivel Grupal (una medida de Satisfacción).59

A julio de 2017, 234.818 hogares han iniciado acompañamiento por parte de la Unidad de Víctimas en el proceso de retorno o reubicación en el territorio nacional en el marco de la implementación de medidas de restitución.60

A julio de 2017, 583.235 han sido remitidas por la Unidad de Víctimas al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas – PAPSIVI, implementado por el Ministerio de Salud en el marco de medidas de rehabilitación.61

Por otra parte, a agosto de 2017, hay incluidos en el RUV 550 Sujetos de Reparación Colectiva . Las medidas de reparación otorgadas a éstos a agosto de 2017 comprenden62:

Satisfacción: 177 acciones

Garantías de No Repetición: 34 acciones

Rehabilitación: 64 acciones

Restitución: 124 acciones

Indemnización: 4 acciones

Análisis sobre la implementación de medidas de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia

Si bien en estos seis años, desde que se comenzó a implementar la Ley 1448 de 2011, el Gobierno Nacional ha avanzado en la creación de las entidades encargadas de reparar a las víctimas del conflicto armado, así como en la inscripción en el registro de las mismas y en la implementación de medidas de reparación integral (satisfacción, rehabilitación, indemnización, restitución y garantías de no repetición), en su dimensión individual y colectiva, las cifras dejan ver que los avances son minúsculos en relación a las metas establecidas y que aún hay mucho por avanzar en materia de reparación a las víctimas del conflicto armado.

La metas que se fijaron con la Ley 1448 de 2011 se referían a que al terminar su vigencia de diez años, se habría reparado integralmente al 100% de víctimas inscritas en el RUV, restituido dos millones de hectáreas que fueron arrebatadas a 450 mil familias campesinas y devuelto buena parte de las cuatro millones que fueron abandonadas por temor al conflicto, así como recuperado las 500 mil que han sido robadas al Estado utilizando fórmulas ilegales.63

Sin embargo, un número muy reducido del universo de víctimas a ser reparadas, se ha beneficiado con alguna medida de reparación. Adicionalmente, no hay información que certifique que se haya reparado integralmente (con todas las medidas de satisfacción respectivas) a víctimas individuales o colectivas. En materia de reparación individual los informes resaltan el escaso avance en la indemnización administrativa de las víctimas, aún falta el 93% de la población víctima por acceder a esta medida.64

Adicionalmente, se ha iniciado un proceso de reelaboración de los planes de reparación colectiva por la incapacidad material de cumplir con los compromisos incluidos en los planes y en algunos casos persisten las críticas porque la implementación de las medidas no consulta con las necesidades reales de las víctimas y las particularidades de sus territorios.65 De hecho, la información otorgada por la Unidad de Víctimas sobre reparación colectiva, no determina cuántos sujetos colectivos han sido reparados con cada medida de reparación.

Los procesos de restitución de tierras también han presentado dificultades propias que han retrasado el cumplimiento de las metas. La falta de coordinación institucional, los problemas de seguridad en las zonas en donde se implementan los procesos de restitución, la falta de celeridad en los procesos de restitución en la jurisdicción de restitución de tierras, el incumplimiento de las órdenes judiciales por parte de las entidades correspondientes, son algunas de las problemáticas que ha enfrentado la implementación de la medida de reparación de restitución de tierras.

El panorama, en cuanto a la reparación, es aún más preocupante frente a la garantía de los derechos de las víctimas étnicas, pues la estructura institucional no responde a sus necesidades geográficas, cuantitativas, culturales y poblacionales. Además, no existe un CONPES que garantice la implementación de los Decretos Ley que establecen los derechos en materia de reparación de estas poblaciones.66

Teniendo en cuenta que la Ley 1448 de 2011 perderá su vigencia en el año 2021, es improbable que se cumplan las metas para esta fecha. Incluso, ampliando este plazo de diez años, al ritmo que viene implementándose la Ley, se pone en duda si el Gobierno Nacional podrá cumplir con las metas en un tiempo razonable, más aun teniendo en cuenta las importantes limitaciones del Estado a nivel presupuestal en la actual coyuntura.

45 Según Stephen Jhon Stedman, tras la firma de un acuerdo de paz y su posterior implementación se constituye un escenario riesgoso para los líderes debido a los posibles ataques de los que pueden ser objeto por parte de actores que buscan alterar o destruir el hecho de hacer la paz.

46 Ver lideres.pares.com.co

47 http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20154%20DEL%2003%20FEBRERO%20DE%202017.pdf

48 Director de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

49 Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, y Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, fueron designados como voceros de las plataformas de derechos humanos y paz por parte de la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, respectivamente.

50 Acción de reparación directa establecida en la Sentencia (41187) de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 31 de agosto de 2017.

51 Verde: Cumplido según los tiempos acordados o, por cumplir pero aún no se ha cumplido el plazo. Amarillo: Sin avances para un debido cumplimiento. Rojo: Incumplimiento de las acciones según tiempos acordados.

52 Ver en: http://nacionesunidas.org.co/blog/2017/04/05/secretaria-ejecutiva-transitoria-de-la-jurisdiccion-especial-para-la-paz-entrega-sus-primeros-avances/

53 Ver en: http://www.semana.com/nacion/articulo/el-perdon-entre-las-farc-el-estado-y-las-victimas/494040

54 Documento de las comunidades víctima de Bojayá. En: https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/farc-perdon-bojaya/farc-pide-perdon-por-masacre-de-bojaya.pdf

55 Ver en: https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV.

56 XI Informe del Gobierno Nacional al Congreso de la República sobre la implementación de la Ley 1448 de 2011.

57 Informe sobre Medidas de Reparación. Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Septiembre 2017.

58 IBIDEM

59 IBIDEM

60 IBIDEM

61 IBIDEM

62 Información otorgada por la Sub Dirección de Reparación Colectiva- Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas.

63 RESTREPO, Juan Camilo y BERNAL MORALES, Andrés. La cuestión Agraria. Tierra y Posconflicto en Colombia. Bogotá, 2014.

64 Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y a los Decretos Leyes 4633, 4634, 4635, de 2011. Informes de Seguimiento a la Política de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Agosto 2017.

65 Ver en: https://www.proclamadelcauca.com/2017/08/incumplimiento-en-implementacion-de-ley-de-victimas.html

66 Op. Cit Informes de Seguimiento a la Política de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Agosto 2017.

Capítulo 4

4

 La última legislatura de la Paz

Fast-Track

La entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2016 fue reconocida mediante la sentencia C-160 de 2017. Dicha providencia puso de presente que el proceso de refrendación se cumplió a cabalidad, tal como también lo reconoció el artículo 1 de la Ley 1820 de 2016. El proceso de refrendación culminó el 30 de noviembre de 2016 luego de que el Senado de la República aprobara el día 29 de noviembre de 2016 una proposición mediante la cual declaró cumplida la refrendación popular del Acuerdo Final y la Cámara de Representantes hiciera lo propio el día 30 de noviembre. Por lo tanto, debe entenderse que el término de 180 días de vigencia de las facultades legislativas para la paz comenzó a contarse a partir del 1 de diciembre de 2016. En ese sentido, los primeros 180 días del Fast Track se contaron hasta el día 29 de mayo de 2017, sin embargo, las disposiciones establecen que el procedimiento legislativo tendrá una vigencia inicial de seis meses prorrogables a otros seis meses más, por la cual este proceso culminará el próximo 26 de noviembre.

Durante el primer semestre del año 2017, fueron aprobados en bloque, antes de la regulación de la Corte Constitucional, en Fast Track: cuatro actos legislativos (JEP, Reincorporación, Estabilidad Jurídica del Acuerdo y Monopolio de las Armas); dos leyes orgánicas (Voceros FARC-EP y UNP); una ley ordinaria (Amnistía), y una ley estatutaria (Estatuto de la Oposición).

Balance Primer semestre 2017

Actos Legislativos

Ley

Estatutaria

Leyes

Orgánicas

Ley Ordinaria

Tránsito en el Congreso

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Estatuto de la Oposición

Voceros de las FARC-EP

Amnistía

100%

Reincorporación Política del Acuerdo Final

Estabilidad y

Seguridad Jurídica del Acuerdo

Unidad

Nacional

de Protección

Monopolio de las armas y de la Fuerza por parte del Estado

Desde el pasado 20 de julio, momento en el que se instaló el Congreso e inició la segunda legislatura, el avance ha sido precario tanto por el número de iniciativas aprobadas como por los cambios introducidos para limitar el alcance de los reformas.

Tal como están las cosas de las 24 iniciativas que debían tramitarse en este periodo sólo se aprobaran 12, incluidas la reforma política, las circunscripciones especiales de paz y la JEP que han sido mutiladas a medida que fue avanzando el debate y se han apartado en buena forma de los acuerdos de la Habana. 12 quedarán en el tintero, entre ellas 8 que ni siquiera fueron presentadas por el gobierno y 4 de temas agrarios que no alcanzarán los debates necesarios.

A continuación, se presenta de manera gráfica las votaciones para cada uno de los proyectos que tienen relación directa con la implementación y realización del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las Farc- EP.

Estatuto de la oposición

Estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo Final

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz

Comportamiento de los partidos políticos:

Entre las iniciativas claves de esta legislatura de paz se encuentran: Jurisdicción Especial para la paz, circunscripciones transitorias especiales de paz, participación política, desarrollo rural entre otros. Para los seis proyectos de ley mostrados anteriormente, en materia de implementación de los Acuerdos de Paz, el centro democrático ha venido absteniéndose, sin embargo, en estabilidad y seguridad jurídica tres representantes votaron no y los de más se abstuvieron.

El Centro Democrático en cabeza de Uribe, desató una dura controversia en contra de los Acuerdos de Paz, haciendo gala de un lenguaje inapropiado y estigmatizante. Ahí se expresa de modo claro la polarización entre la oposición y el gobierno. Al principio, el gobierno capoteo a la oposición con unas mayorías limitadas pero suficientes para sacar adelante los proyectos y de eso da cuenta la primera legislatura del Fast Track. Pero después, en el segundo semestre, las cosas se complicaron aún más por la división de la Coalición de la Unidad Nacional y la imprevisión de Santos sobre esta posibilidad. El retiro del gobierno de Cambio Radical y del Expresidente Vargas Lleras se venía venir, sin embargo Santos permitió que Rodrigo Lara, a nombre de Cambio Radical, fuera elegido presidente de la Camara y le dio una arma contundente a la oposición para martillar sobre el fondo de los acuerdos de paz, especialmente la reforma política y la reglamentación de la Justicia Especial para La Paz. Esto, sumado a los cuestionamientos y objeciones de la fiscalía y la corte constitucional frente a ciertos temas, han creado un clima hostil en el proceso legislativo. El actuar de los partidos y su apoyo a la paz (que en este momento se traduce de manera explícita en la aprobación o no de los proyectos), se empezó a ver condicionado por cuenta de intereses políticos y su reacomodo en los cargos del gobierno.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Históricamente, en el Congreso de la República cuando algún proyecto o ley quiere cambiar las reglas de juego, los políticos comienzan a entorpecer dichos proyectos de diferentes maneras i) saboteando los debates ii) votando negativamente o en bloque abstencionista. Justamente eso fue lo que pasó en la gestión de Rodrigo Lara y los proyectos que materializan la implementación del Acuerdo de Paz.

En conclusión, la historia se repite Colombia no está lista para una reforma político-electoral estructural. La idea era abrir el sistema político, contar con nuevos actores en la democracia y lo más importante echar las bases de un sistema electoral abierto y transparente, se ha frustrado. Por lo anterior, en cuanto a los partidos políticos y una democracia transparente no se logrará ni su fortalecimiento ni su recuperación en credibilidad y legitimidad. De otro lado, es necesario un análisis profundo sobre el papel de las víctimas en la JEP y su debida implementación.

Desde la Constitución de 1991, la carta política ha tenido 43 reformas. Varias de ellas han estado relacionadas con el diseño institucional y las reglas de juego del sistema político colombiano. La primera que tuvo gran peso, también denominada “reforma política”, modificó, en 2003, 16 artículos. De ahí en adelante ha habido otras 6 más con el mismo objetivo (2002, 2007, 2008, 2009, 2011 y 2015).

El primer intento de Reforma Política presentada por el Gobierno Juan Manuel Santos, fue presentada por el entonces ministro Germán Vargas Lleras. Se trata de la Ley 1474 de 2011, denominada también “Reforma Política Partidista” mediante la cual se desarrollaron múltiples aspectos relacionados con el Acto Legislativo 01 de 2009, el cual modificó varios artículos de la Constitución referido a los Partidos Políticos, las campañas y los eventos electorales. Inicialmente pretendía sancionar a los partidos políticos por avalar candidatos inhabilitados o que resultaran condenados y eliminar la reelección presidencial. Aunque se estrenó en las elecciones de 2011 y varios alcaldes fueron condenados y destituidos, en el fondo no se dio una transición política hacia elecciones más transparentes. Prueba de lo anterior se evidenció en las parlamentarias y presidenciales de 2014, de las cuales existen hoy en día graves investigaciones por financiación de Odebrecht de forma ilegal y corrupta, además de la persistencia del fenómeno de la “parapolítica”.

La segunda reforma presentada por el Gobierno Santos, fue en junio de 2015, siendo la reforma número 39 a la Constitución desde 1991, con la cual se eliminó la reelección presidencial, a pesar de que el presidente Juan Manuel Santos se había beneficiado de dicha figura. Esta última recibió la bendición de la Corte Constitucional y entrará a regir en 2018.

El tercer intento de reforma del Gobierno Santos, surge a partir de los Acuerdos suscritos entre el Gobierno y las FARC-EP, y busca una mayor inclusión de los diferentes movimientos políticos en el sistema democrático colombiano, además de ampliar la participación política de aquellos territorios más golpeados por el conflicto armado. Como se advirtió en el segundo informe de La Iniciativa, la propuesta de la Misión Electoral Especial (MEE), que tenía grandes cambios al sistema político y electoral colombiano, como la división tripartita de los órganos electorales, las circunscripciones mixtas y el financiamiento preponderantemente estatal, poco y nada quedaron plasmados como propuestas en el proyecto de reforma política presentado por el Gobierno al Congreso de la República. Tan solo persisten algunos elementos relacionados con la financiación estatal y la creación del Consejo Electoral Colombiano.

Esta última propuesta fue uno de los puntos más importantes señalados en las recomendaciones de Misión Electoral Especial sobre la necesidad de incluir listas cerradas y bloqueadas en el 2018. La medida pretender eliminar el voto preferencial y los cacicazgos políticos que han hecho alianzas con mafias criminales y estructuras clientelistas arraigadas a algunas élites sub-nacionales. A su vez, buscaba disciplinar a los partidos y hacer el ejercicio democrático más representativo, mediante partidos de ideología y no de candidatos. Todo esto se ha ha aplazado.

Tránsito en el Congreso de la Reforma Política

Posteriormente de su discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el 29 de agosto fueron eliminados 6 de los 23 artículos que tenía el proyecto de Acto Legislativo inicial. Entre estos, se encontraban el artículo 8 y 9, que buscaban modificar el artículo 172 y 177 de la Constitución política para reducir la edad para poder ser elegido senador y representante a la Cámara, respectivamente. Una propuesta sin fondo ni forma. Se eliminó el artículo 1 de la propuesta inicial, en el que se acababa con la “muerte política” para ciertos delitos como la violación al régimen de inhabilidades, el tráfico de influencia o la indebida destinación de dineros públicos, teniendo en cuenta que quienes estuvieran siendo investigados o hubieran sido sancionados podían presentarse elecciones del 2018. Un hecho que significó el rechazo por varios partidos políticos y de los órganos de control. Aunque en su momento se señaló que este artículo favorecería a los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Piedad Córdoba, también podía favorecer al exministro Fernando Londoño, o al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, quienes tenían inhabilidad para ejercer cargos públicos, por cuenta de sanciones disciplinarias.

Después de nueve sesiones, y un proceso bastante lento, la Comisión Primera de la Cámara aprobó el proyecto el 4 de septiembre de 2017 (casi un mes después de haber sido enviado por el Gobierno) para que siguiera su trámite en la plenaria de la corporación. Sin embargo, el texto inicial ha sido modificado en su mayoría y pasó con varias proposiciones que, según algunos sectores, alejan la iniciativa de su carácter estructural, como se había contemplado inicialmente con base en las recomendaciones de la MEE. Las críticas, de nuevo, relacionaban al representante Rodrigo Lara, de Cambio Radical, y presidente de la Cámara, quien no solo ha hecho uso de sus facultades constitucionales para torpedear el proceso, sino que ha buscado hacer cambios sustanciales en el articulado. Al respecto, miembros del movimiento Voces de Paz lo acusaron se sabotear las discusiones de la reforma en la Comisión Primera, al abandonar las sesiones para abrir el registro de la Plenaria y así obligar a que se levanten las discusiones, además de las diferentes cartas enviadas por parte del ministro del Interior Guillermo Rivera, en representación del Gobierno nacional.

Por su parte, aunque la financiación de partidos políticos continúa en el proyecto, es de forma distinta a lo que propuso la MEE. A esto, se suma la eliminación de la figura de la recolección de firmas para inscribir candidatos, y la modificación de los requisitos que deben cumplir los movimientos y partidos políticos para adquirir la personería jurídica para postular candidaturas en las regiones y a nivel nacional.

En ese sentido, el balance de la Reforma Política en su tránsito dentro del Congreso ha sido deficiente, su contenido no guarda relación alguna con las observaciones de la MEE que fueron señaladas en el segundo informe de La Iniciativas.

Blindaje Jurídico Acuerdo de Paz

El 11 de octubre de 2017, dos días después de la aprobación de la JEP en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible el Acto Legislativo 02 de 2017, mediante el cual se blinda jurídicamente el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno nacional con las FARC. Se garantiza que sea respetado por los próximos tres Gobiernos. La corte aceptó que los contenidos del Acuerdo que correspondan a normas del derecho internacional humanitario, o a derechos fundamentales o conexos, serán de obligatorio cumplimiento en los próximos 12 años. Estos están relacionados con los ejes de los derechos de las víctimas (JEP). La obligatoriedad del cumplimiento del Acuerdo incluye a todos los organismos del Estado; es decir, el Ejecutivo, el Congreso, y las altas Cortes.

Sin embargo, el cumplimiento es esta normativa estará atada al cumplimiento del Acuerdo y la voluntad política. Así pues, la sentencia de la Corte Constitucional que blinda el acuerdo le da al Gobierno un parte de alivio para continuar la aprobación de la normatividad en Fast-Track del Acuerdo de Paz en el Congreso. Esto, por ejemplo, deja sin sustento la propuesta de la senadora Claudia López en el sentido de que los jefes de la FARC no puedan ir al Congreso sin antes haber pasado por la JEP. Esto sencillamente contraviene el acuerdo y, por tanto, no se ajusta a la ley.

La Infraestructura para La Paz

Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se sustentan en la focalización de 16 regiones con cubrimiento de 170 municipios, ubicados en 19 departamentos. El decreto 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET” es determinante para el desarrollo de la segunda parte del Primer Acuerdo. Los decretos 890 “Plan nacional de construcción de vivienda rural”, 882 “servicio educativo estatal rural” y 884 “Plan de electrificación rural” desarrollan aspectos muy específicos que consolidarán la reforma rural y el éxito de los PDET. Además, el Acuerdo sobre Reforma Rural Integral está dividido en tres grandes temas: (i) Acceso y uso. (ii) Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y (iii) Planes nacionales para la reforma integral. Cada uno de estos aborda dimensiones diferentes para lograr la integralidad del Acuerdo.

El segundo tema, (ii) Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), así como se mencionó en el segundo informe de la iniciativa sobre Cómo Va la Paz, de La Iniciativa, tiene, en buena parte, un sentido reparador en tanto que pretende fortalecer y apoyar, de manera prioritaria, los procesos de desarrollo social y económico en las zonas más afectadas por el conflicto, caracterizados por la debilidad institucional y los altos niveles de pobreza.

Decreto 902 de 2017

El Decreto 902 aborda la implementación del ordenamiento social de la propiedad rural. Este privilegia el mecanismo de barrido predial masivo en zonas focalizadas, priorizando aquellas donde se implementarán PDET, con una salvaguarda para los territorios étnicos. Menciona los criterios de los planes, en el que se incluye la participación comunitaria para su formulación, así como los procedimientos que operan en el marco de las necesidades de los procesos para implementar los planes de ordenamiento social de la propiedad. A lo largo del decreto se menciona la importancia y la necesidad de fortalecer las Zonas de Reserva Campesina.

Decreto 884 de 2017

El Decreto 884, por la cual se expiden normas tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural, también está fuertemente vinculado con los PDET. Señala como ejes fundamentales: 1) Con el apoyo del Instituto de Planificación y promoción de soluciones energéticas para zonas no interconectadas y la Unidad de Planeación Minero – Energética, MinMinas elaborará y adoptará cada dos años un Plan de Electrificación Rural para zonas no interconectadas; 2) Este se armonizará con PDET y PNIS; 3) asigna recursos: fondos FAER, FAZNI y PRONE. Y otros fondos públicos. 4) Contempla participación ciudadana. 5) y se formulará cada dos años. Pero no tiene estipulado cuándo se comenzará a formular.

Organización y andamiaje institucional

Agencia de Renovación Territorial (ART) -

La Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART tiene competencia en impartir los lineamientos para la estructuración de los proyectos de reactivación económica, proyectos de infraestructura rural, proyectos productivos y proyectos ambientales y forestales, identificados en los planes de intervención territorial. Adicionalmente, cuenta con 4 subdirecciones encargadas de dar lineamientos específicos con relación a los PDET. A continuación se muestran las líneas específicas de acuerdo a cada subdirección.

Agencia para la Renovación del Territorio ART

Subdirección de proyectos de infraestructura rural

Estrategia Proyectos de PIC: son pequeñas obras de infraestructura comunitaria, para la reconstrucción social e institucional de los territorios afectados por el conflicto armado, planeadas y ejecutadas con participación de las comunidades. Sus objetivos son a corto plazo, y buscan generar capacidades locales para el buen gobierno y el fortalecimiento organizacional de las organizaciones sociales, comunitarias y productivas de los territorios focalizados.

Financiación: la ART busca hacer en convenios, contratos y/o proyectos, de iniciativa comunitaria, de autoridades locales, regionales y/o nacionales, mediante 3 tipos de obras a financiar: viales, sociales y comunitarios, y de servicios públicos domiciliarios. Para lo anterior, a la fecha se tiene un presupuesto aproximado de 24,4 mil millones de pesos.

Presupuesto: 24,4 mil millones de pesos

Etapa

Avance de Proyectos

En ejecución (Firmados con la

Organización)

100

Convenio en firma de organización

8

Convenio en elaboración para firma

41

Validación de Estudios y Diseños en Región

47

Estructurados no financiados por superar el monto establecido

14

En estructuración

98

Total

308

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio, Subdirección de Proyectos de Infraestructura Rural.

Proyecto de Red de Vías Terciarias para la Paz y el Posconflicto Plan 50/51: fue una de la estrategias del Gobierno Nacional para priorizar su intervención en los primeros 100 días después de firmado el Acuerdo final de Paz, en los 50 municipios más afectados por el conflicto armado, el cual tiene como objetivo la recuperación, el mejoramiento y el mantenimiento de vías terciarias, concebido como una estrategia para el desarrollo rural.

Presupuesto: 50 mil millones de pesos (Antiguo Fondo Nacional de Tierras)

Entidad

Monto de apropiación

Invías

5 mil millones

Obras

45 mil millones

Tipo de obras

Mejoramiento rutinario de las vías terciarias, concerniente a mantener las condiciones óptimas de transitabilidad de vía con mano de obra no calificada y con el mantenimiento periódico, el cual corresponde a intervenciones de mediana complejidad como estabilización de calzada, control de taludes y manejo da aguas superficiales.

Alcance

Se busca la intervención de 50 km en cada uno de los municipios priorizados. La estructuración de los proyectos que realizó el Invías se presentó condiciones de tipo técnico con relación a los puntos críticos a intervenir, por cuanto en cada municipio las necesidades de cada vía son distintas.

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio, Subdirección de Proyectos de Infraestructura Rural.

Con el fin de garantizar la transparencia y eficiencia en la ejecución de estos recursos los alcaldes firmaron un “Pacto de Transparencia” con la Presidencia de la República, que incluye el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de veedurías ciudadanas. Así mismo, los alcaldes se comprometieron a usar los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente, para las licitaciones y los convenios solidarios. Entre julio y agosto Colombia Compra Eficiente y la ART realizaron jornadas de capacitación con los equipos de las alcaldías que suscribieron convenios.

Este Plan se implementa a través de convenios con las Alcaldías municipales, quienes a su vez realizan licitaciones públicas para contratar el mantenimiento periódico y suscriben convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal para el mantenimiento rutinario de las vías, estos últimos sin que se supere la mínima cuantía del municipio. Una condición que puede significar un riesgo político financiero a la hora de ejecutar los proyectos. En algunas zonas del país, los indicadores de riesgo de corrupción se sustentan con relación al número de oferentes que se presentan a las licitaciones públicas, que en promedio no superan 2 oferentes por cada proceso licitatorio y que, a su vez, estos guardan filiación política con el alcalde del municipio.

Presupuesto: 50 mil millones de pesos (Antiguo Fondo Nacional de Tierras)

Mes

Convenios, contratos,

Acuerdos

Entidades

Junio 2017

47 (+4 en proceso)

Entes Territoriales (+Invías)

Septiembre 2017

29

Entes Territoriales

Observaciones: Se priorizaron 47 municipios que ya iniciaron la firma de convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal para realizar el mantenimiento rutinario, de los cuales se han suscrito en 14 municipios: Briceño, Belén de los Andaquíes, La Montañita, El Tambo, Miranda, Montelíbano, Puerto rico, Uribe, La Macarena, Mesetas, Vista Hermosa, Barbacoas, Tibú , Planadas. Por lo anterior podemos afirmar que el Gobierno nacional ya arrancó la ejecución de este Plan de Vías Terciarias para la Paz – Plan 50*51.

Los 18 municipios que no han iniciado proceso de licitación están en proceso de ajustes en las estructuraciones y/o incorporación con el INVIAS. Estas licitaciones se darán con base en el Pliego Tipo publicado por Colombia Compra Eficiente, para lo cual también han contado con el apoyo del equipo de la ART en cada región.

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio, Subdirección de Proyectos de Infraestructura Rural.

Subdirección de Proyectos Productivos, Subdirección de Reactivación Económica y Subdirección de Proyectos Ambientales y Forestales

Modelo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO: su objeto es la implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional. Y sus objetivos son priorizar y seleccionar apuestas productivas en los territorios focalizados por la ART; seleccionar familias y organizaciones en los territorios focalizados para la implementación de proyectos de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos; estructurar e implementar proyectos de desarrollo productivo sostenible y desarrollar un mecanismo de seguimiento y monitoreo a las actividades implementados y a los resultados esperados.

En la metodología diseñada por la ART, se focalizaron para este propósito 52 municipios de los 170 establecidos en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017. A partir de esto se implementará la estrategia de “actividades de desarrollo económico, ambiental y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional”, los cuales corresponden a aquellos en los que no hay presencia de cultivos de uso ilícito.

La población participante son familias residentes en zonas rurales cuyo ingreso familiar proviene de una actividad productiva o de generación de ingresos en un predio rural (intra predial) con titularidad o en sana posesión. Así mismo pueden ser participantes formas organizativas como asociaciones de productores, cooperativas, empresas agropecuarias o similares que vinculen familias dentro de la operación técnica de sus actividades.

51 municipios

Punto de partida (6 municipios): Caldono

(Cauca), Planadas (Tolima), Dabeiba

(Antioquia), Vigía del Fuerte (Antioquia), La Paz (Cesar) y Fonseca (La Guajira).

Aproximadamente: 2.730 familias

Avances

La ART realizó reuniones en cada municipio con el objeto de contar con información de percepción de actores sociales e institucionales sobre la dinámica económica y comunitaria en los núcleos veredales identificados por la ART para adelantar acciones de promoción y fortalecimiento a pequeños productores rurales para la reactivación económica. A su vez, se realizaron talleres comunitarios de planeación participativa en los núcleos veredales focalizados previamente por la ART, para la identificación y priorización de apuestas productivas.

24 Proyectos

1.591 familias

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio, Subdirección de Reactivación Económica y Subdirección de proyectos ambientales y forestales.

Procesos de Articulación (Subdirección de Proyectos Productivos, Subdirección de Reactivación Económica y Subdirección de Proyectos Ambientales y Forestales): En este aspecto se han adelantado reuniones y mesas técnicas de trabajo con entidades públicas, privadas y de cooperación Internacional con la finalidad de generar procesos articulados y preparar procesos pertinentes para responder a los requerimientos generados en los espacios participativos.

Con relación a la interacción con entidades públicas, se están trabajando lineamientos, metodologías, esquemas y procesos que permitirán articular acciones en los territorios tanto en la construcción de los PDET como en la coordinación para su posterior implementación. En efecto, se han trabajado temas puntuales como Asistencia Técnica Agropecuaria, Asociatividad, Comercialización, Zonificación Ambiental, Compras Públicas, entre otras.

Con respecto al trabajo adelantado con entidades privadas y de cooperación internacional, se han analizado propuestas, notas concepto, intercambios, mesas de trabajo de coordinación y análisis de posibilidades de articulación y demás requerimientos con el fin de coordinar esfuerzos y garantizar el apoyo de estas entidades para dar respuesta a los requerimientos que surjan en el marco de los Planes de Acción para Transformación Regional.

Dirección de Intervención del Territorio

La dirección de Intervención del Territorio de la ART busca brindar las herramientas necesarias para la planeación, participación, coordinación y fortalecimiento institucional. Su estructura organizacional cuenta con dos Subdirecciones encargadas de dar lineamientos específicos para el buen funcionamiento de los PDET en cada territorio. A continuación se presentan las líneas de acción por cada subdirección.

Subdirección de Planeación y Participación

Teniendo como objetivo principal poner en marcha el proceso PDET, la subdirección divide su intervención en 5 líneas de acción, a saber: i. Construcción conceptual del PDET; ii. Dirección del proceso de diseño de las unidades territoriales base para el proceso de planeación participativa; iii. Diseño de los instrumentos metodológicos para la puesta en marcha de los PDET; iv. Alineación de apuesta metodológica con operación logística; y v. Diseño de otras estrategias de participación en el marco del PDET.

Construcción conceptual del PDET

Es responsable de establecer el desarrollo de la ruta general de los PDET, etapas, ruta metodológica, y adicionalmente, se generan las bases para la consolidación de los Planes de Acción para la Transformación del Territorio. La subdirección de planeación y participación también es responsable de apropiarse de la ruta general de los PDET desarrollada por los equipos territoriales de trabajo mediante estratégicas pedagógicas desarrolladas por la misma.

Dirección del proceso de diseño de las unidades territoriales base para el proceso de planeación participativa

Es responsable de establecer el desarrollo de la ruta general de los PDET, etapas, ruta metodológica, y adicionalmente, se generan las bases para la consolidación de los Planes de Acción para la Transformación del Territorio. La subdirección de planeación y participación también es responsable de apropiarse de la ruta general de los PDET desarrollada por los equipos territoriales de trabajo mediante estratégicas pedagógicas desarrolladas por la misma.

Diseño de los instrumentos metodológicos para la puesta en marcha de los PDET

La subdirección tendrá a su cargo: el diseño de la caja de herramientas metodológicas del nivel veredal de la mano con GIZ; la preparación de los equipos territoriales y la transferencia de instrumentos metodológicos a los mismos; despliegue de metodológico; gestión con GIZ para construir la caja de herramientas a nivel municipal, una ruta de trabajo y propender por la articulación interna; hacer el proceso de selección y contratación del equipo de facilitación y diálogo del nivel subregional; y la capacitación y monitoreo de la implementación en territorio por medio de los facilitadores regionales que lideran el proceso en las zonas PDET.

Alineación de apuesta metodológica con operación logística; y v. Diseño de otras estrategias de participación en el marco del PDET

La subdirección tiene corresponsabilidad para la construcción de los términos, criterios y selección de gerentes PDET, y para diseñar la estrategia de inducción y construcción de una agenta estratégica de intervención del territorio. Así mismo, es responsable tanto de la construcción de la agenda territorial para iniciar los procesos de planeación participativa, como de hacer un seguimiento integral al despliegue de los espacios participativos a nivel veredal teniendo en cuenta criterios como la logística, el despliegue operativo, acompañamiento metodológico la ruta de acuerdo a cada dinámica territorial, seguridad, cultivos ilícitos, contingencias, y comunicaciones relacionadas con los criterios de las convocatorias a los espacios de participación.

Otras estrategias de participación en el marco del PDET

Debe diseñar metodologías relacionadas con la puesta en marcha de los PDET que tengan que ver con el fortalecimiento de la participación ciudadana juvenil en los espacios de planeación participativa, la ampliación de la participación de las comunidades en el territorio, la vinculación de los jóvenes en el desarrollo de estrategias de movilización ciudadana para utilizar el arte como modo de participación, y la puesta en marcha de procesos de apropiación de las comunidades que asegure la implementación, seguimiento y veeduría de los PDET. Adicionalmente, debe hacer seguimiento, promoción de las políticas públicas de participación comunitaria a nivel local y articularlos con otros procesos participativos del Gobierno Nacional a través de alianzas interinstitucionales.

Subdirección de Coordinación y Fortalecimiento Institucional

Uno de los objetivos de la subdirección se centra en definir y garantizar la inclusión de la perspectiva cultural étnica en la formulación de los PDET en territorios donde hay presencia de grupos étnicos, para lo cual, se construyó la “Guía para la Implementación del Mecanismo Especial de Consulta de los grupos étnicos para la Construcción de los Planes de Acción para la Transformación Regional en el marco de los PDET” que pretende la articulación con la Estrategia de Relacionamiento Territorial y además, garantizar la implementación y utilización del Mecanismo Especial de Consulta. Esta estrategia permite que, a través del diálogo intercultural y la concertación, se llegue a acuerdos sobre la definición de las Unidades Básicas de Planeación, los pilares de planeación y la ruta de participación.

Aunado a lo anterior, se han realizado agendas de reuniones que permitieron socializar la ART y el PDET, así como sesiones técnicas que permitieron la concertación y definición de cronogramas de trabajo.

Estrategias y la Guía de Relacionamiento Territorial

La guía busca incorporar el enfoque territorial desde el inicio del proceso de planeación participativa, de tal forma que se generan relaciones básicas a nivel territorial como fase preliminar de la construcción de los PDET. En ese sentido, se estructuró, se socializó y se implementó la guía, que abrió ventanas de oportunidad para:

Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos

Se plantea como objetivo principal la planificación de la financiación, cofinanciación, calificación, priorización y ejecución de los planes y proyectos a desarrollarse en las zonas rurales, la contratación para la implementación, la administración y operación del banco de proyectos y el seguimiento y evaluación de los planes de intervención territorial.

Acciones adelantadas

Implementación PDET

La temporalidad de los PDET es de 10 años, por lo cual se espera que la ejecución de los contratos que se deriven de los planes sea también de 10 años. No obstante el plazo de cada uno de los contratos dependerá de su estructuración y complejidad. Los PDET deben estar formulados en su totalidad a mayo de 2018. En el periodo julio - agosto de 2017 se dio la conformación de equipos y de contratos. El prospecto es que a diciembre estén listas todas las reuniones de los núcleos veredales y las pre-asambleas en los 16 PDET.

Línea base

La metodología participativa de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, de acuerdo a los lineamientos que propuso la ART, permite obtener información directamente de las comunidades en términos de líneas productivas, paquetes tecnológicos, vocación, experiencia y otra información relevante que orienta la priorización de la intervención en términos productivos.

Los datos que se obtienen son analizados y cruzados con información primaria y secundaria de las administraciones municipales, departamentales, Corporaciones Autónomas Regionales - CAR, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y entidades del sector, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de tal manera que la planificación productiva de los territorios tengan en cuenta aspectos fundamentales como el uso y aptitud del suelo así como la zonificación ambiental y límite de la frontera agropecuaria, lo cual permitirá formular proyectos sostenibles técnica, económica, social y ambientalmente.

Teniendo en cuenta esta información, se plantea realizar una medición del cumplimiento de metas y avance de los proyectos, así como el impacto que genere en la comunidad objetivo de intervención, la economía, el medio ambiente entre otros; para ello, se cuenta con un procedimiento para realizar el levantamiento de la línea de base de los proyectos productivos, que es integral y permite analizar con posterioridad los cambios que pueden ser atribuidos a la intervención con el proyecto productivo.

Con esta línea de base se pretende caracterizar, en primer lugar, la capacidad productiva instalada de las familias objeto de intervención para oferta de alimentos; igualmente conocer las características socioeconómicas de las familias, el nivel de desarrollo socio-empresarial de las mismas, cuáles son los canales y formas de comercialización que más utilizan y como está el desarrollo de capacidades gerenciales.

Con esta metodología la ART proyecta tener la capacidad para analizar y definir la manera como la intervención de proyectos productivos puede llegar a generar cambios positivos en la población, la economía y el medio ambiente integral.

En Meta, por ejemplo, hay una línea base construida por la comunidad que es reseñada por la Corporación Territorio, Paz y Desarrollo (Corpaz) como uno de los casos que mejor reflejan la capacidad de organización de las comunidades. Adicionalmente, en Chaparral, Tolima, también hay una línea base que fue construida por las mismas comunidades que están a la espera del avance en las Asambleas. Sin embargo, dependiendo del nivel organizacional de cada municipio de PDET, se pueden presentar casos en los que no hay una línea base definida. Esto significa un riesgo para la medición del éxito o fracaso en la ejecución de los productos. Sin línea base, cualquier cosa satisface el objetivo del proyecto, un error de metodología en política pública.

Metodología

La metodología se divide en 5 aspectos fundamentales: La asamblea, la elección de los “motores” de decisión, elaboración de propuestas, presentación y aprobación.

Sin embargo, antes de las Asambleas, la ART ha planteado un modelo de agrupaciones o núcleos veredales mediante los cuales las organizaciones territoriales son presentadas como una herramienta para definir la unidad geográfica donde se planificarán y desarrollarán acciones en el marco de los PDET de la Reforma Rural Integral (RRI) acordada en el Punto 1 del Acuerdo Final. Desde hace dos años, la ART empezó a articular personas para la entrega de contratos paz, la institucionalidad local y las veredas que conformaban el municipio. El resultado de conformación de esos núcleos es validado y ajustado con actores locales en cada uno de los municipios priorizados. En ese sentido, el debate que reside en la participación amplia e inclusiva, mediante la cual se ha buscado cambiar los núcleos veredales actuales es complejo y fuera de los tiempos establecidos.

Con el fin de generar las relaciones básicas a nivel territorial como fase preliminar de la construcción de los PDET, la ART estructuró, socializó e implementó con los equipos en territorio la “Guía de Relacionamiento Territorial”, que permite incorporar el enfoque territorial desde el inicio del proceso de planeación participativa, de acuerdo a la metodología de la ART.

La guía permite: 1. Identificar y entender las dinámicas y particularidades del territorio que deben orientar la puesta en marcha del proceso de planeación participativa, reconocer y acercarse a los actores estratégicos y establecer relaciones para construir confianza en los territorios. 2. Armonizar los procesos de planeación territorial existentes con los pilares del PDET. Y 3. Definir agendas con las organizaciones sociales, autoridades tradicionales y líderes del territorio que permitan preparar a las comunidades, de acuerdo con sus espacios e instancias de participación, para el inicio de los PDET.

En las 16 subregiones PDET se ha implementado la Guía de Relacionamiento Territorial. Se han desarrollado agendas de reuniones para socializar la ART y el PDET con los siguientes actores: Gobernadores departamentales y sus equipos de trabajo, Alcaldes Municipales, Organizaciones sociales de segundo nivel, Juntas de Acción Comunal, empresa privada, entidades del orden nacional con presencia en los territorios, autoridades tradicionales y/o propias, mesas de trabajo con Corporaciones Autónomas Regionales, autoridades ambientales del nivel regional y otras instituciones con competencia; las agendas realizadas han tenido un acompañamiento metodológico, técnico y logístico.

De acuerdo a la visión de la ART, estos núcleos veredales (pre-asambleas) además están sustentados a partir de diferentes conceptos del ordenamiento territorial, entendido como la forma correcta de aproximarse a los territorios sin contravenir el orden institucional y de acuerdo a criterios de orden técnico, social, ambiental, cultural, productivo y en general de todos los ámbitos que actúan de forma concomitante en los territorios. Para lo cual se deben tener cuenta de las siguientes situaciones:

Tener en cuenta el enfoque étnico de manera diferencial, para esto la primera propuesta de agrupación deberá concertar la propuesta con las autoridades locales y así tener una concertación directa con los grupos étnicos en los territorios.

Disposiciones ambientales que no cubren las coberturas utilizadas a gran escala en esta primera propuesta.

En todo caso debe existir un relacionamiento geográfico de las nuevas agrupaciones que se propongan, esto quiere decir, que exista un referente en el territorio que este claramente georreferenciado para poder realizar la agrupación.

Las capas de información a partir de los cuáles se construyó el insumo son:

a. La cobertura de veredas.

b. La cobertura de Parques Nacionales Naturales.

c. Cobertura de zonas de Ley 2da. De 1959.

d. Territorios étnicos (resguardos indígenas y territorios colectivos de

comunidades negras), y

e. Cobertura de cultivos de coca.

En las pre-Asambleas Comunitarias (nivel de núcleo veredal) participan todos los actores del territorio que quieran asistir. La apuesta de la ART ha sido realizar espacios participativos de convocatoria abierta como lo son las pre-asambleas y asambleas. Con base en esto, para garantizar una participación nutrida de la comunidad en las zonas rurales y que no genere mayores costos para ésta, allí se garantiza la alimentación de las personas que asisten. En los espacios de trabajo con delegados de la comunidad, contemplados en la Ruta PDET, en los cuales se hacen ejercicios que requieren una mayor dedicación de tiempo y que implican el desplazamiento hasta las cabeceras municipales, se contemplan subsidio de transporte, alimentación y hospedaje para los mencionados delegados. Un costo que lo asume la ART, pero que no está ligado a las administraciones municipales, en principio, aunque el alcalde puede facilitar los espacios para que se lleven a cabo las reuniones, sin que esto signifique necesariamente un rédito político a futuro.

Por cada una de las asambleas comunitarias de cada uno de los núcleos veredales son escogidos los delegados a la Asamblea Municipal, donde además participarán actores relevantes del municipio como las autoridades locales, representantes de los centros educativos, organizaciones sociales, productivas y comunitarias, autoridades de control, entre otros. Aunque se espera que en las pre-asambleas haya participación de todos los interesados del territorio, en las mesas de trabajo no debe haber más de 4 personas por núcleo veredal. En este momento se cuentan con 1.592 Núcleos veredales identificados o Unidades Básicas de Planeación UBP.

De lo anterior, se convocarán a los actores que tengan competencia en el proceso de agrupación de veredas, donde los profesionales de la ART en zona tendrán en cuenta las consideraciones y metodología para diseñar un mapa del territorio acorde a la realidad y a las características propias de estos. En general, se espera que asistan hasta un tope máximo de 150 personas a las Asambleas municipales para que la dinámica no se vuelva inmanejable, aunque formalmente no hay un límite. Alrededor del trabajo sobre los 8 pilares, una vez conformados los núcleos veredales y las asambleas, se elige un “grupo motor” de 8 integrantes (de cada uno de los 8 pilares), quienes participarán en el siguiente nivel que es el de la Asamblea Comunitaria. En ella trabajarán los delegados escogidos por cada uno de los 8 (o menos) pilares, más el equipo municipal.

Para el nivel subregional habrá, además de los delegados escogidos en los niveles municipales, acompañamiento de otros actores relevantes, como gremios empresariales, autoridades y organizaciones sociales. En este nivel, el trabajo será de aproximadamente 2 delegados por municipio.

A continuación de presentan la cantidad de iniciativas por pilar presentadas hasta este momento.

Pilar

Cantidad de Iniciativas

Reactivación Económica y Producción Agropecuaria

1018

Educación Rural y Primera Infancia Rural

949

Infraestructura y Adecuación de Tierras

835

Salud Rural

793

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo

778

Vivienda Rural, Agua Potable y

Saneamiento Básico Rural

659

Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación

655

Reconciliación, Convivencia y

Construcción de Paz

638

Fuente: Agencia de Renovación Territorial

El balance de implementación de la metodología de los PDET de acuerdo a los datos presentados por la ART, es que en 30 municipios focalizados, existen 297 núcleos veredales, conformados por una asistencia a las pre-asambleas de 16513 personas a la fecha de corte de 28 de septiembre de 2017, y se han presentado un total de 3.413 iniciativas para ser priorizadas a partir de los PDET. Esto significa un promedio de 10 núcleos veredales por PDET, con una medida de dispersión entre 16 núcleos veredales, que son los que más tienen (El tambo y Belén de los Andaquíes), y 4 con el que menos tiene (Briceño). Además, un promedio de asistencia a las pre-asambleas de 550 personas, siendo 2.535 personas donde más asistieron (Fonseca, La Guajira) y algunos donde no se han llevado a cabo (Buenos Aires, Policarpa y Ataco). Por último, del total de las 3.413 iniciativas presentadas, aún hay 17 de los 30 municipios que no han presentado ninguna.

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.

El presupuesto general del postconflicto

De acuerdo al marco fiscal de mediano plazo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a junio de 2017, el costo de la implementación del Acuerdo Final se estima en $129,5 billones en 15 años, valor que ha sido distribuido entre los diferentes puntos del acuerdo final, así: Punto 1. Reforma Rural Integral, $110,6; Punto 2. Participación Política, $4,3; Punto 3. Fin del Conflicto, $1,9; Punto 4. Solución al problema de las drogas Ilícitas, $8,3; Punto 5. Víctimas, $4,3 billones y cuyas fuentes previstas de financiación son el Presupuesto General de la Nación – PGN (36%), el Sistema General de Regalías (15%), el Sistema General de Participaciones (29%), la Cooperación Internacional (8,9, el sector privado (6,4%) y se prevé que el (4,2%) restante sea financiado con los recursos propios de los entes departamentales, que corresponden a $5.5 billones de los cuales $3,4 sería el aporte municipios PDET (ahorro operacional*%población rural) y $2.1 billones el aporte de departamentos (ahorro operacional*%población rural PDET). Este es el costo total establecido para la implementación del posconflicto, del cual $3,4 billones de los recursos propios de los departamentos serán para la implementación de los PEDT conforme al resultado del dialogo, articulación y participación de las autoridades locales, departamentales y nacionales en el marco de la construcción de los mismos.

Teniendo en cuenta la fuente de recursos para los PDET y sus posteriores contratos de ejecución, su vigilancia corresponderá a los organismos de control tales como la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación. No obstante, también se menciona que contará con una interventoría la cual estará a cargo de un tercero independiente que sea contratado para este fin. Un punto en el que no se menciona a los veedores municipales y regionales, además de la poca visibilidad que tiene para el entendimiento de las Organizaciones No Gubernamentales.

Aunado a lo anterior, aún no se han definido topes de inversión por cada PDET, ya que esto dependerá del resultado de los procesos de planeación participativa que se vienen desarrollando a nivel de núcleo veredal, municipal y subregional, el cual se verá plasmado en los Planes de Acción para la Transformación Regional – PTAR. En ese sentido, el costo se definió a partir de la implementación del Acuerdo por cada uno de los puntos del mismo mas no por subregión PDET, ya que dicho tope de inversión dependerá de los diálogos que se generen con las autoridades locales, departamentales y nacionales en el marco de la construcción de los PDET.

Por otro lado, además del riesgo de que pueda haber en una eventual falta de presupuesto para financiar los PDET, los recursos que se definan para la implementación de los PDET será el resultado del acuerdo de voluntades al que lleguen las diferentes autoridades locales, departamentales y nacionales, y la forma de ejecutarlos dependerá de la fuente de financiación. Es decir, que si la Gobernación es quien define parte del presupuesto que se va a aportar, puede obtener réditos políticos, al igual que el alcalde, por medio de adiciones presupuestales a sus Planes departamentales o Planes municipales de desarrollo.

De hecho, en relación con lo anterior, actualmente los planes de desarrollo municipal están siendo insumo de los procesos de planeación participativa de los PDET y se está articulando con los Alcaldes y sus equipos de trabajo para relacionar los contenidos de los mismos con los pilares de los PDET y para que lideren dichos procesos a nivel sub-municipal y municipal, según la ART. Asimismo, se está explorando el mecanismo para que los siguientes Planes de Desarrollo se articulen y armonicen con lo que se haya planeado y esté en ejecución en el marco de los PDET. No hay ninguna normativa que le restrinja o que le permita a los alcaldes y gobernadores hacer uso de esos recursos articulándolos en sus programas de Gobierno.

Contratación

Una de las grandes preguntas que se plantearon a través de la conformación de los PDET es la diferencia con los Contrato Paz. De acuerdo a la información consultada a la ART, los Contratos Paz fueron creados por las Leyes del Plan Nacional de Desarrollo y la Ley orgánica de ordenamiento territorial como un instrumento para mejorar de manera estratégica la priorización de acciones, la concurrencia de esfuerzos, voluntades y fuentes de inversión entre la Nación y los gobiernos departamentales, plasmado en un documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definidos para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial, se expide un documento CONPES por cada Contrato Plan, se liquidan, se realizan evaluaciones ex post de los mismos y tienen una temporalidad de 5, 7 y 8 años.

Por su parte, los PDET cuentan con una proyección a 10 años, como se mencionó anteriormente, y fueron creados en el marco del Acuerdo Final como un instrumento de reconciliación para que la Reforma Rural Integral, que trata el punto 1 del Acuerdo, llegue de forma prioritaria a los territorios más afectados por el conflicto. En esta misma línea, los PDET cumplen un papel fundamental en la construcción de una paz estable y duradera.

La diferencia fundamental entre el Contrato Paz y el PDET radica en que el primero es un acuerdo de voluntades entre el Gobierno nacional y el territorial para la implementación de acciones y la concurrencia de esfuerzos y fuentes de inversión entre la nación y los territorios, con proyección de 5 a 8 años; y el segundo, es un programa que se construye a través de procesos de planeación participativa en el que confluyen todos los actores (comunidad, organizaciones sociales y solidarias, la academia, la iglesia, entidades del sector privado, de cooperación, autoridades locales, departamentales y nacionales, entre otros) y se desarrolla desde el nivel de unidad básica de planeación territorial (núcleo veredal) y municipal, hasta llegar al nivel subregional, en el que se identifican todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del PDET materializados en un Plan de Acción para la Transformación Regional.

Sin embargo, es importante resaltar que sí hay contratos paz que están articulados con los PDET y que también servirán como mecanismo de ejecución y financiación. Ejemplo de lo anterior son: el contrato paz de Atrato Gran Darién (Chocó, Antioquia y Córdoba); el del Sur del Tolima, Norte del Cauca, Arauca, Nariño, los cuales se encuentran actualmente en ejecución y Montes de María (Bolívar y Sucre), Caquetá, Meta, Guaviare y La Guajira (en proceso de constitución) que aún no han iniciado ejecución. De igual forma, el DNP está en proceso de realizar Contratos Plan con los departamentos de Norte de Santander, Putumayo, Quindío y Huila.

La modalidad de contratación para ejecutar los 16 PDET dependerá si la misma es contratada por una entidad pública de derecho privado o mixta. Sin embargo, se pretende que en cualquier caso sean contratados a través de cualquier mecanismo que permite la libre competencia entre proveedores interesados, la cual sea transparente, garantice pluralidad de ofertas y se haga a través de un proceso de selección objetiva, como sería el caso de Licitación Pública, si quien contrata es una entidad de naturaleza pública. Un riesgo que, como se mencionó anteriormente, aunque así lo exija la ley, puede resultar en una serie de contratos amañados o sin ejecutarse a satisfacción de los objetivos de las comunidades en los territorios priorizados.

Adicionalmente, las organizaciones que han participado en la formulación de los PDET sí pueden participar en la ejecución de contratos, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos para el efecto.

Vigilancia y control

Los Planes de Acción para la Transformación Regional – PATR se revisarán y actualizarán cada 5 años de forma participativa en los territorios, adicionalmente tanto los PDET como los PATR deberán alinearse con los planes de desarrollo y demás instrumentos de planeación del territorio, lo que significa que son planes dinámicos y por tanto permiten las actualizaciones o inclusiones de proyectos que sean necesarios, adicional porque su seguimiento es proyectado a 15 años.

Riesgos

Por tratarse de algunas zonas de difícil acceso, existe el riesgo de que las administraciones locales y actores armados puedan tener injerencia en la gestión de los PDET, por sus intereses políticos, además por la difícil situación fiscal en la que se encuentra el país.

De acuerdo a la Corporación territorio paz y desarrollo (Corpaz), otro de los grandes problemas de los PDET son los recursos. Si bien el Gobierno nacional ha planteado una gestión a partir de bolsas, por medio del principio de concurrencia, donde desde el presupuesto nacional y de las entidades encargadas de cada tema aportarán los recursos que sean necesarios, la labor del Gobierno hasta ahora ha sido meramente de gestión; es decir, no hay un presupuesto autónomo para PDET aún, dado que las gobernaciones, alcaldías, entidades descentralizadas, también deben tener bolsas de acuerdo a sus temas específicos para aportar a los PDET.

Un tercer punto importante, es el diseño y las garantías de participación de todos los sectores interesados en los PDET, teniendo en cuenta que estos fueron diseñados para la participación de todos los actores. Si bien la metodología busca la participación inclusiva, esto no garantiza la participación total de todos los sectores interesados. La metodología no plantea, más allá de los principios orientadores, una medición de participación total, o real. Aunque existe organizaciones que han participado activamente, hay otras que están en desacuerdo crean que no los están incluyendo, es mejor ir que no ir. Y, en el diseño de los PDET se especificó que aunque existan organizaciones, estas no son los actores principales, debido a que según el acuerdo de Paz: todos los actores relevantes deben asistir.

El cuarto gran reto, es que la metodología para la aplicación de los acuerdos y los PDET está entrelazada al plan de Desarrollo municipal, teniendo en cuenta que los intermediarios de gobierno son los alcaldes, y que esto se puede convertir en un fortín político para lograr el cumplimiento de su Plan de Desarrollo en 2019. En otras palabras, el factor político preelectoral en relación con las asimetrías en los tiempos de Gobierno nacional y el sub nacional, también puede torpedear el proceso de implementación y ejecución de los PDET.

Por último, los mecanismos de planificación, ordenamiento territorial, y esquemas de ejecución, que deben estar en concordancia y armonía con los PDET muchas veces son desconocidos por los alcaldes o los integrantes de los municipios, con lo cual, puede ser engorroso el proceso de ejecución de los PDET.

Capítulo 5

5

 Los acuerdos de paz desde el enfoque de género

Los acuerdos de paz desde el enfoque de género

A la fecha del 1 de septiembre de 2017, en un universo de 8.532.322 víctimas tanto del conflicto armado como de bandas pos-desmovilización de las AUC, se identifica que alrededor del 49,74% son mujeres67, 25% son LGBTI y el 10% no han sido identificados, teniendo en cuenta que estas cifras presentan un subregistro significativo debido al temor, el desconocimiento y la imposibilidad de muchas víctimas para declarar68, lo cual indica que la cifra de víctimas podría ser mucho mayor de la registrada por la Unidad de Víctimas. Bajo este contexto se logró posicionar el enfoque de género dentro de la agenda de negociación entre el Gobierno y las FARC – EP para la finalización del conflicto armado en Colombia, a su vez abrieron un camino para la discusión de las afectaciones específicas a la comunidad LGBTI, marcando un hito histórico69 en los procesos de inclusión y participación de las mujeres y poblaciones diversas en procesos de paz.

Uno de los mayores logros fue la creación de la Subcomisión de Género70 como la instancia encargada de “revisar y garantizar con el apoyo de expertas y expertos nacionales e internacionales que los acuerdos alcanzados tengan un adecuado enfoque de género” y que este proceso también posibilite bases sólidas que garanticen una paz estable y duradera en la implementación territorial. Esta subcomisión, apoyada por diferentes sectores de la sociedad civil y organizaciones internacionales, desarrollaron tres espacios acordados con la delegación oficial y varios encuentros internos con sus equipos de trabajo para consolidar agendas conjuntas que apuntaban a “la construcción de contenidos para el acuerdo, con investigaciones; en la revisión de textos; en la propuesta de insumos para futuros textos y negociaciones” sobre lo cual se presentaron las recomendaciones finales sobre los 6 puntos del acuerdo, a partir de 8 ejes temáticos como se muestran a continuación:

Puntos del acuerdo final articulados con los 8 ejes de discusión del enfoque de género

La Fundación Paz & Reconciliación presenta a continuación un balance sobre los alcances que la incorporación del enfoque de género logró establecer en el documento final de acuerdo y mostrar cuáles han sido los avances en su implementación para, desde allí, establecer los retos sobre los cuales es necesario pensar acciones desde las organizaciones sociales, el gobierno nacional y la sociedad civil en general, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, de las poblaciones de identidades diversas, la no repetición de los hechos y recoger insumos que contribuyan a procesos de construcción social más justa, equitativa e incluyente en los territorios.

¿Cuál es el alcance del enfoque de género en los 6 puntos del acuerdo final?

La Subcomisión de Género, discutió durante tres sesiones oficiales y distintos encuentros en grupos de trabajo interno con una amplia agenda temática de trabajo, que abarcaba propuestas presentadas por organizaciones sociales de mujeres, de víctimas, especialistas en el tema de violencias, perspectiva de género, grupos de trabajo de las mujeres excombatientes de las FARC-EP y algunas reuniones con delegadas internacionales con experiencias y aprendizajes en diversos procesos de paz71 dialogaron sobre temas económicos, culturales, sociales y políticos, relacionados con grandes discusiones como “la participación política de las mujeres dentro del proceso de paz y los procesos que de los acuerdos se deriven, en las instancias de toma de decisión a nivel nacional y local, y la necesidad de garantizar la seguridad de las mujeres para que puedan continuar ejerciendo sus roles de liderazgo”72.

En este sentido, los 6 puntos de la agenda de negociación de la Habana, tuvieron los siguientes logros:

Política de Desarrollo Agrario Integral

En este punto, se reconocen unas “condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación”73 principio que garantiza a las mujeres el acceso paulatino a la propiedad rural de la tierra y se dictan medidas para generar distintas formas de producción y asociación campesina, que estará amparada por mecanismos de subsidio y crédito especiales para la compra de tierras. También se plantean estrategias particulares para mujeres y LGBTI con el objetivo de participar en los “Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral”.

Política Integral Rural desde el Enfoque de Género

Punto del Acuerdo

Estrategias

Proceso de Implementación

Política integral rural

desde el enfoque de género

1. Acceso, uso y formalización de la propiedad.

Subsidio integral.

Crédito especial para compra de tierras.

Formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural.

Creación de mecanismos para la conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra (instancias sociales tradicionales o acceso a la justicia institucional).

Formulación de lineamientos de planeación indicativa de uso para el uso de la tierra para coordinar y armonizar las políticas sectoriales (mujeres y LGBTI).

2. Formación y actualización del catastro e impuesto

predial rural

Desagregado, por sexo, etnia y zonas priorizadas.

3. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

Creación de instancias en todos los niveles territoriales que garanticen la participación ciudadana de comunidades, hombres, mujeres y sus organizaciones para la toma de decisiones por parte de autoridades competentes.

4. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.

Tiene como objetivo la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en todas sus dimensiones de la pobreza rural en un 50%, con medidas específicas para las mujeres.

5. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.

Incorporando el enfoque diferencial, generando medidas específicas en atención, incentivos para actividades profesionales en las mujeres y subsidios para mejoramiento de vivienda.

6. Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa.

Asistencia Técnica.

Subsidios y crédito.

Generación de ingresos.

Mercadeo.

Formalización laboral.

7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación.

Incremento progresivo de la producción de alimentos, la generación de ingresos.

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Humanas – Sisma Mujer (2017).

Como vemos en la figura anterior, encontramos que se logró disponer que la mujer campesina tenga acceso a la tierra con medidas especiales para su sostenimiento, puesto que muchas veces en los procesos de restitución dichos predios vienen con deudas y con el paso del tiempo estas se pierden74. También se avanza en la priorización de las mujeres campesinas dentro del censo de tierras y un enfoque de género para el acceso de estas en temas de salud, educación y la soberanía alimentaria.

2. Participación política

En la experiencia histórica de las mujeres, uno de los principales desafíos ha sido el de ganar espacios en los escenarios de toma de decisiones75 y trascender de las disposiciones normativas nominales hacia una incidencia real y efectiva que garantice el desarrollo integral de sus derechos y sus apuestas en la construcción de paz a nivel nacional. En este sentido, el acuerdo posibilita abrir nuevamente esta discusión al amplio movimiento social de mujeres sumándose a este ejercicio la comisión de las mujeres de las FARC-EP y excombatientes del ámbito internacional. Allí se expusieron sus inquietudes en torno a las barreras sociales e institucionales que enfrentan las mujeres y la comunidad LGBTI “como consecuencia de profundas discriminaciones y desigualdades, de condiciones estructurales de exclusión, subordinación y discriminación de género, lo que genera mayores retos para garantizar su derecho a la participación”76 y cómo a través de la identificación de estas realidades se desarrollan estrategias de ampliación democrática con creación de espacios de participación, constitución de nuevos partidos políticos, financiación sostenible y transparencia en el proceso electoral. Sobre este punto, se incluyeron los siguientes avances:

Participación política con enfoque de género

Política Integral Rural desde el Enfoque de Género

Punto del Acuerdo

Estrategias

Proceso de Implementación

1. Derechos y garantías

Plenas para el ejercicio de la oposición política en general

Consolidación de estatuto de garantías para partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición, velando porque cuenten con participación de las mujeres.

2. Garantías de seguridad

para el ejercicio de la política

Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

Adecuación normativa e institucional para consolidar una instancia de alto nivel para la interlocución con dichos partidos políticos y con las mujeres.

Prevención: con la activación de Sistema de Alertas Tempranas con enfoque de género a quienes participen en dichos movimientos políticos y sociales.

Protección: para las mujeres elegidas popularmente, las defensoras de derechos humanos y las dirigentes sociales, así como sus entornos familiares que se encuentren en situación de riesgo.

Creación de un sistema de planeación, información y monitoreo, para realizar balances y evaluaciones periódicas sobre las garantías y condiciones de seguridad para el ejercicio democrático.

Participación política

con enfoque de género

3. Mecanismos democráticos

de participación ciudadana,

incluidos los de participación directa, en los diferentes

niveles y diversos temas

Apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo las organizaciones de mujeres, de jóvenes y de población LGBTI.

Promoción y fortalecimiento de redes de organizaciones y movimientos de mujeres para hacer visible los liderazgos y evitar la formas de exclusión.

Representación equitativa entre hombres y mujeres provenientes de estas organizaciones en el nivel, nacional, departamental y local.

Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales.

Consolidar garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social (grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, los pueblos y comunidades étnicas, población LGBTI, los jóvenes, niños y niñas y adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, las minorías políticas y las minorías religiosas).

4. Mecanismos de control

y veeduría ciudadana

En la política de fortalecimiento de la planeación democrática y participativa se ajustará la normatividad, organización y funcionamiento para ampliar de la participación efectiva de las mujeres y otros sectores interesados.

Ampliar la participación en instancias de las mujeres en instancias como los Consejos territoriales de Planeación.

Fortalecer y promover la construcción de presupuestos participativos sensibles al género a través de priorización, incentivos en la formulación y rendición de cuentas de dicho ejercicio.

5. Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores

Promoción de mayor participación electoral de las mujeres a partir de comunicaciones, pedagogía y divulgación en zonas rurales donde se encuentran las poblaciones más vulnerables.

Campañas de cedulación masiva de las mujeres a nivel rural.

Diagnósticos con enfoque de género sobre los obstáculos para la participación electoral.

Reformas al régimen electoral con enfoque de género.

Programa para la promoción de la participación y liderazgo de la mujer en la política.

Promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono. (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz) apoyando a las mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la paz.

Medidas afirmativas para la representación equilibrada en las instancias creadas por el acuerdo.

Participación en el canal institucional que crea el gobierno para la divulgación de las plataformas políticas de los nuevos partidos, incluyendo promoción de una cultura democrática de no discriminación para las mujeres y otros sectores vulnerados (LGBTI).

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Humanas – Sisma Mujer (2017).

En este punto un importante avance es lograr articular la ampliación de la participación de las mujeres y la comunidad LGBTI en escenarios como los planes de desarrollo, los ejercicios de presupuestación participativa por medio de representación en los Consejos Territoriales de Planeación y en desarrollo de distintas políticas públicas que se pongan en marcha a nivel territorial. Por consiguiente, la mayor apuesta para hacer este ejercicio real e incidente en los territorios se apoya principalmente en las estrategias de promoción y divulgación de la participación de las mujeres (dándole un fuerte impulso a la formación ciudadana para la participación pública), abrir escenarios de toma de decisiones para las comunidades LGBTI y un proceso permanente de verificación y seguimiento a las garantías que propone el acuerdo. Asimismo, temas como las garantías de prevención y protección para las defensoras de derechos humanos y lideresas de organizaciones sociales que participan o vienen adelantando distintos procesos sociales, cobran cada vez mayor relevancia entendiendo que, según la base de datos de la Fundación Paz & Reconciliación, desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc han asesinado a 15 lideresas sociales y a tres activistas LGBTI.

3. Fin del conflicto

Algunas mujeres de organizaciones sociales han hecho un llamado a los gobiernos y a los actores armados, desde la década del noventa, para la concertación de la salida del conflicto armado de manera pacífica y negociada donde primen procesos de reincorporación y reconstrucción del tejido social en los distintos territorios marcados por la guerra. En este contexto se visibilizaron distintas vulneraciones y obstáculos para una diversidad de poblaciones vulnerables (LGBTI, indígenas, reinsertados) y la necesidad de pensar procesos de desmantelamiento criminal, recomposición social y un sistema de protección rural. Desde las preocupaciones expresadas en la subcomisión se logró:

Fin del conflicto (Medidas orientadas para las mujeres y la comunidad LBGTI)

Punto del Acuerdo

Estrategias

Proceso de Implementación

Fin del conflicto

(Medidas orientadas

para las mujeres

y la comunidad LBGTI)

1. Reincorporación de las

FARC-EP a la vida civil

En todos sus componentes tendrá un enfoque diferencial con énfasis en los derechos de las mujeres.

2. Garantías

de seguridad y lucha contra las organizaciones y

conductas criminales contra defensores/as de

derechos humanos,

participantes en la

implementación

de los acuerdos

Pacto Político Nacional y desde las regiones, con los partidos y movimientos políticos y la inclusión de todos los sectores sociales para minimizar las conductas y organizaciones criminales.

Participación efectiva de las mujeres en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o políticos.

En la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad las estrategias se tendrá en cuenta los patrones criminales que afecten directamente a mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI.

En la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales, adelantará su trabajo investigativo teniendo a partir de un enfoque territorial y diferencial de los crímenes directos hacia las mujeres y tendrá la participación de mujeres investigadoras en sus distintas líneas de acción.

Unidad Especial de Policía Judicial capacitada y formada en conocimiento en violencia y justicia de género.

En la Instancia de Alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, se garantizara la participación de mujeres, organizaciones víctimas y movimientos sociales así como una evaluación del riesgo con enfoque de género.

Enfoque de género para la protección de las mujeres, NNA afectados por las organizaciones criminales objeto de este acuerdo y medidas de atención psicosocial con la participación efectiva de las organizaciones sociales, las mujeres y otras comunidades.

Protocolo de Protección para Territorios Rurales concertados con las mujeres, las comunidades y las organizaciones y con el Sistema Integral de Seguridad y Protección.

De manera coordinada con el Gobierno Nacional y la Unidad Especial de Investigación, un nuevo Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, operaciones y /o actividades de las organizaciones y conductas criminales con enfoque diferencial, territorial y de género.

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Humanas – Sisma Mujer (2017).4. Solución al problema de drogas ilícitas

Sobre este punto, una de las grandes conclusiones de la Subcomisión de Género fue que las mujeres, niños, niñas y adolescentes y la población LGBTI, se han visto afectadas por los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico en general debido estas economías criminales están estrechamente relacionadas con el aumento del consumo de drogas, que ataca principalmente a poblaciones jóvenes; explotación sexual, que es sufrida principalmente por mujeres y niñas; y trata de personas. En el acuerdo se establecieron distintos mecanismos de formación hacia las mujeres de este tipo de consecuencias indirectas, vinculándolas a procesos de seguimiento y diseño de programas que generen acciones afirmativas para lograr su plena participación en los programas de prevención y atención.

Solución al problema de las drogas ilícitas (Medidas orientadas para las mujeres y la comunidad LBGTI)

Punto del Acuerdo

Estrategias

Proceso de Implementación

Solución al

problema

de las

drogas ilícitas

(Medidas orientadas

para las mujeres

y la comunidad LBGTI)

1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y Planes

integrales de desarrollo con participación de

las comunidades

Participación de las mujeres en el en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

Participación en las Asambleas Comunitarias: incluyendo a los productores y productoras de cultivos de uso ilícito, y garantizarán la participación efectiva de la mujer en estos espacios.

Dentro de los componentes del Plan Integral de sustitución y desarrollo alternativo se priorizará para las mujeres como cabezas de hogar y productoras que participen en él, la creación de guarderías infantiles rurales.

Generación de opciones laborales con medidas especiales para las mujeres rurales.

2. Programa de prevención del Consumo y Salud Pública.

Participación Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social con enfoque de género.

Planes de acción participativos con enfoque territorial y poblacional a minimizar el impacto negativo del consumo de drogas en la persona consumidora priorizando mujeres, NNA y comunidades, teniendo en cuenta el nexo entre consumo y violencia de género.

Acciones para sensibilizar a la comunidad y a las instituciones sobre la prevención de la estigmatización a los/las consumidoras teniendo en cuenta su impacto diferencial entre mujeres y población LGBTI.

Medidas afirmativas para la atención, tratamiento y rehabilitación de las mujeres y la población LGBTI.

Consolidar investigaciones y estudios especializados relacionados con el consumo de drogas ilícitas que incluya un enfoque diferencial, de género y etario.

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Humanas – Sisma Mujer (2017).

5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Las mujeres víctimas del conflicto armado han sido precursoras desde antes de la Ley 1448 de 2011 de avanzar hacia un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y sobre el cual el esclarecimiento de responsabilidades posibilitaría un ejercicio de justicia y reconciliación necesario para reconstruir comunidades, organizaciones e individuos víctimas de la guerra. Además se reconoce que la violación de derechos más grave desde nuestra jurisprudencia es aquella que se comete contra las mujeres o a quienes pertenecen a grupos sujetos de especial protección (grupos étnicos, comunidades religiosas, campesinas, desplazados, personas en condición de discapacidad, NNA, población LGBTI y adultos mayores).

Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Punto del Acuerdo

Estrategias

Proceso de Implementación

Acuerdo sobre las

víctimas del conflicto

1. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

Verdad

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición deberá contribuir al esclarecimiento de hechos ocurridos y su impacto a NNA y las violencias basadas en género.

Aplicación del enfoque de género en las funciones, estrategias, grupos de trabajo, investigaciones y metodologías en el desarrollo transversal de dicha comisión.

El proceso de escogencia de los comisionados debe ser equitativo entre la participación de hombres y mujeres.

El informe generado por el Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión debe contar con un enfoque territorial, diferencial y de género.

Justicia

No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, como acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual hacia las mujeres y la población LGBTI.

En la instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en todos sus órganos deberán ser conformados equitativamente por hombres y mujeres.

En la unidad de Investigación y acusación se contara con un equipo de investigación

especial para casos de

violencia sexual.

Reparación Colectiva

En los PDET incluirán Planes de Reparación colectiva con enfoque territorial, se garantizará la participación de las mujeres, las víctimas y el conjunto de organizaciones territoriales.

Consolidar en los Planes nacionales de reparación colectiva el enfoque de género.

Garantías de no Repetición

Reconocimiento y explicación a la sociedad en general sobre los aspectos no conocidos y el impacto de la guerra en especial en los NNA y las violencias basadas en el género.

2. Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos

Compromiso del gobierno y del estado de la protección de los derechos humanos y sus defensores, asegurando su plena satisfacción con un enfoque diferencial y de género.

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Humanas – Sisma Mujer (2017).

6. Implementación Verificación y Refrendac

Para finalizar, en este punto se definió el significado de enfoque de género, entendido como:

… el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres… como sujeto de derechos y de especial protección constitucional77.

Adicionalmente, se propone la transverzalización del enfoque en el proceso de implementación, teniendo especial énfasis en las siguientes instancias:

Implementación Verificación y Refrendación

Punto del Acuerdo

Estrategias

Proceso de Implementación

Implementación

Verificación y Refrendación

Mecanismos de

implementación y verificación

Creación de una Instancia Especial de Verificación conformada por representantes de 6 organizaciones de mujeres colombianas nacionales y territoriales que tendrá interlocución permanente con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final.

En el Plan Marco de Implementación de los Acuerdos se priorizará la atención de las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres para la ejecución de los acuerdos.

Priorización en la implementación normativa de manera diferenciada para las mujeres, en aplicaciones penales.

Componente internacional

de verificación de la Comisión

Se verificará el enfoque diferencial y de género en la

implementación de cada uno de los acuerdos.

Componente de

acompañamiento

internacional

Acompañantes:

- ONU Mujeres

- Representante del

Secretario General para violencia sexual en el conflicto

- Federación Democrática Internacional de Mujeres

- Suecia

Balance de la implementación de los acuerdos desde un enfoque de género: retos para una construcción de paz incluyente y democrática.

Los resultados del plebiscito del 02 de octubre de 2016, en donde ganó el No por un estrecho margen, dieron como resultado la revisión y modificación del enfoque de género a partir de la sustitución o eliminación de términos y expresiones, minimizando desde lo nominal problemáticas sustanciales que se abordaron en los ejercicios desarrollados en la subcomisión: ejemplo de ello fue pasar del término “equidad de género” al de “igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, o eliminar expresiones como “discriminación de género” o “diversidades sexuales”. Como lo expresa Mazzoldi y Cuesta:

…no es lo mismo garantizar derechos en lógica de equidad que generar oportunidades en condiciones de igualdad. No basta, por ejemplo, con garantizar el acceso de las mujeres al sistema educativo en condiciones de igualdad con los hombres, también será necesario garantizarles calidad educativa y permanencia en el sistema teniendo en cuenta sus necesidades e intereses. Tampoco puede perderse de vista que “equidad de género” es claramente incluyente de las personas LGBTI, mientras que “igualdad de oportunidades” acota su alcance a hombres y mujeres78.

Este cambio puede producir efectos futuros como la permanencia de prácticas de discriminación y exclusión de la aplicación de la norma y obstaculice el desarrollo pleno y con garantías dentro de las políticas, programas y proyectos que consolida el acuerdo para las mujeres y la comunidad LBGTI, la cual fue la gran sacrificada en dicho ejercicio de modificación. Se hace entonces necesario que el proceso de seguimiento y verificación en la cual deben participar tanto las mujeres como la población LGBTI persistan en que el concepto adoptado de enfoque de género siga manteniendo su espíritu inicial, se articule las nociones del enfoque de género y el principio de igualdad y no discriminación de manera integral y se incorpore estructuralmente en la implementación de todo el acuerdo.

Recomendaciones

A un año de la firma del acuerdo, el amplio movimiento social de mujeres, las organizaciones LGBTI, las mujeres excombatientes, los congresistas, diferentes sectores del gobierno y la cooperación internacional, han hecho un trabajo comprometido por mantener en la agenda pública y en el proceso de implementación del acuerdo el enfoque de género de manera transversal para la construcción de una paz con justicia social que perdure en el tiempo. En este sentido, es clave tener en cuenta en el desarrollo futuro a nivel normativo y político del enfoque los siguientes elementos:

Insistir en que el enfoque de género se mantenga como principio de exigibilidad de derechos y que sumado al principio de garantía del derecho a la igualdad y a la no discriminación se articulen de manera complementaria con el enfoque diferencial y territorial, posibilitando una aplicación de las disposiciones que crea el acuerdo de manera integral tanto para las mujeres como pala comunidad LGBTI.

El enfoque de género necesita sostenerse no solo en la noción de equidad e igualdad nombrada en las disposiciones normativas, sino que debe consolidar de manera visible y concreta medidas afirmativas que posibiliten dicho ejercicio. No hay que olvidar que las prácticas de exclusión y discriminación están insertas en nuestra cultura política y la norma en sí no es garante de la materialización de los derechos.

Velar porque la participación de las mujeres vaya más allá de las instancias de alto nivel del acuerdo y se reflejen progresivamente en los territorios, entendiendo que debe haber un fortalecimiento especial de las garantías de participación, por los niveles de vulnerabilidad que las lideresas experimentan en los territorios.

Es necesario acompañar desde las organizaciones sociales y las plataformas de seguimiento de la implementación del acuerdo la debida transversalización del enfoque de género en el sistema de justicia transicional, ya que nos enfrentamos a un escenario de esclarecimiento de la verdad e identificación de responsables frente a las violencias de género y es clave incorporar las medidas necesarias para que esta disposición se cumpla.

Medio ambiente y postconflicto

La implementación de los acuerdos de La Habana ha significado, entre otras, un cambio fundamental en las regiones del país: la salida de más de 7.000 personas armadas de las selvas colombianas. Las implicaciones sociales, políticas y ambientales de lo anterior ya han sido introducidas por las versiones previas del informe ‘¿Cómo va la paz?’. Sin embargo, los rostros de la conflictividad territorial en el país siguen teniendo como principal afectada a la naturaleza.

La Reforma Rural Integral es muy clara en declarar su intención de cerrar la brecha entre campo y ciudad, empresa que además de plantear un nuevo modelo de planeación territorial, identifica el cambio climático como fenómeno a combatir desde la implementación territorial de los acuerdos entre Farc y Gobierno. Mientras el desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria o la restauración de ecosistemas aparecen entre los programas de la cristalización de la Reforma Rural Integral, episodios de deforestación, minería ilegal en cuencas hídricas y actividades productivas en áreas protegidas siguen siendo el común denominador a lo largo y ancho del país. Las anteriores circunstancias con sus respectivos contrapesos como las burbujas ambientales del Ministerio de Ambiente, la captura de mineros vinculados a grupos delincuenciales o las consultas populares impulsadas por las comunidades en un buen número de municipios.

En este capítulo se abordarán tragedias y retos ambientales en las zonas pos-Farc, poniendo especial atención en circunstancias que continúan haciendo de la naturaleza un sujeto re-victimizado por las dinámicas territoriales del posconflicto. Pero también se recogerán experiencias concretas que permiten hallar en la terminación del conflicto armado una posibilidad para la restauración y la conservación de los ecosistemas más golpeados por la confrontación bélica que se ha mantenido en territorio nacional. El cese al fuego bilateral con el ELN le ha dado mayor perspectiva al principio de sacar a la naturaleza de la guerra.

Inventariar ambientalmente las zonas pos-Farc, revisar el avance del fenómeno de la deforestación, llamar la atención sobre los ríos más afectados por el conflicto que hoy siguen a merced de la guerra y las economías ilegales, y señalar los avances y las demoras del proceso de zonificación ambiental son los principales propósitos de este capítulo. Tanto el gobierno colombiano, como las Farc y el ELN han reconocido reiteradamente la centralidad de la biodiversidad como sujeto de reparación en la construcción territorial de la paz. Iniciativas desde la sociedad civil como el Diálogo Minero-Energético, el Pacto por el Agua, los guardianes del oso, las consultas populares, entre otras, no hacen más que llamar la atención sobre la necesidad de caracterizar las conflictividades que se siguen dando entorno a la biodiversidad y los bienes naturales de Colombia, para luego dar un paso adelante en la construcción participativa de planes que reviertan los efectos de la guerra en la naturaleza.

En últimas, poner el lente de la implementación –de los acuerdos de La Habana– en el medio ambiente es una apuesta por señalar la urgencia de hacer realidad el nuevo modelo para planear y ordenar el territorio que ha sido acordado en la mesa de negociaciones.

Ríos

Las cuencas hídricas que cruzan el territorio nacional han sido durante los años del conflicto armado rutas neurálgicas de los ejércitos en disputa, determinando tácticas de guerra y abastecimiento de los actores enfrentados. Además, como ecosistemas, los ríos sufrieron la guerra como una de sus más grandes víctimas acarreando en su cauce derrames de crudo por voladura de oleoductos, minería ilegal financiadora de grupos armados, bombardeos a sus orillas y hasta el ir y venir de cuerpos lanzados al agua una vez la guerra cruzaba los afluentes. Así pues, la superación del conflicto armado supondría un alivio de las condiciones a las que fueron sometidas las fuentes hídricas del país durante los años del conflicto, aunque la presión bélica y extractiva continúan poniendo en riesgo ríos cuya cuenca podría encarnar un corredor de la paz socio-ambiental. Este es un top 4 de los ríos más perjudicados por la guerra en Colombia:

4.Río Arauca

Este río nace a 4000 metros sobre el nivel del mar, en el Páramo del Almorzadero, cerca al Nevado del Cocuy. Como una de las cuencas principales de la región llanera, que llega hasta Venezuela, carga con una potencia histórica y cultural que se remonta a los asentamientos indígenas que rodearon el río a diferentes alturas durante décadas. Por su rivera transitaron grupos armados según la época que se referencie. En los años 40 y 50 fueron las guerrillas del llano, comandadas por Guadalupe Salcedo, las que fueron y vinieron por el Río Arauca hasta el desarme pactado con Rojas Pinilla. Y con el paso de los años, quienes circundarían sus aguas serían los hombres y mujeres del Frente Domingo Laín, creado en 1980 en Tame (Arauca) por el ELN. Finalmente, el correrío insurgente por el Río Arauca se consolidaría en el año 83, cuando la octava conferencia de las Farc integraría al secretariado a alias ‘Mono Jojoy’, quien procedería a la creación del Bloque Oriental, división que entregaría las armas en el 2017 bajo el mando de Mauricio Jaramillo, alias ‘El Médico’.

En la década de los noventa, cuando el sistema de acueducto empezó a llegar a los municipios de la cuenca del río, empezaron también los vertimientos de aguas residuales en el afluente, afectando así no sólo la actividad de la pesca como fuente esencial de la economía campesina, sino causando verdaderos daños a la salud de los habitantes, causando erupciones en la piel, diarrea y vómitos.79 Sin embargo, los males del Río Arauca tienen una explicación aún más abarcante: la cuenca es atravesado por infraestructura petrolera. En 1983 la empresa Occidental Petroleum Corporation encontró un yacimiento petrolero en el municipio de Arauquita, y que hasta el día de hoy ha producido 1300 millones de barriles. Es en este momento que inicia un capítulo de infortunio para el Río Arauca.

El primer ataque a la infraestructura petrolera data de 1965, cuando el ELN, recién fundado, atacó el oleoducto de la compañía Cities Services Intercol. 20 años después, una vez iniciada la operación del oleoducto Cañolimón-Coveñas, iniciaría una época oscura para las comunidades y los ecosistemas que habitaban a su alrededor. Una de las definiciones militares de la insurgencia, tanto de las FARC como del ELN, era el “ataque a los pilares de la economía nacional: industria petrolera, la eléctrica y de transporte”.80

Río Arauca - Foto: Caracol Radio Río Arauca - Foto: Caracol Radio

El derrame de petróleo en las fuentes hídricas es quizás la herencia más dolorosa que dejado la guerra a los ríos de Colombia. La década de los 80 marcó el momento bisagra en que cuerpos de agua de la región llanera empezarían a vivir con intensidad las acciones bélicas de la insurgencia. Además de disminuir el oxígeno en el agua, el derramamiento de petróleo produce una alteración en el sustrato original de la cuenca, lo que afecta la vida vegetal en la ribera y deja los suelos inutilizables durante años Hoy, más de 30 años después, el enfrentamiento entre el Estado y el ELN continúa victimizando al río Arauca, ocasionando pérdidas masivas de especies marinas y poniendo en peligro la estabilidad biológica del afluente.

En el año 2017 se han registrado cerca de 50 ataques al oleoducto de Cañolimón-Coveñas, teniendo como principales zonas afectadas los departamentos de Norte de Santander y Arauca, áreas de influencia del Frente de Guerra Oriental ‘Domigo Laín’, del ELN. Esto ha implicado un permanente estado de vulnerabilidad para las fuentes hídricas que cruzan la región oriental. El río Arauca a la altura de municipios como Saravena o Arauquita se ha visto sistemáticamente afectado por el derramamiento de crudo, convirtiéndole en uno de los ríos más contaminados actualmente. La contaminación con petróleo ha causado la muerte de miles peces, la detención del suministro de agua para las comunidades aledañas a su cuenca por largos periodos y daños a ecosistemas marinos y ribereños que pueden tardar hasta 50 años en recuperarse.

Dicho lo anterior, el cese al fuego bilateral entre el ELN y el Estado colombiano es una buena nueva en materia ambiental y se espera que reduzca la presión contaminante en ríos históricamente heridos por la mancha del petróleo, como el río Arauca.

3. Río Caquetá

El sur del país es atravesado del departamento del Cauca hasta el Amazonas por el Río Caquetá, que al encontrarse con el Río Apaporis en el extremo sur del país desemboca hacia Brasil. Alguna vez se denominó al río Caguán, uno de los afluentes del gran río Caquetá, como el río de la guerra. Aquel corredor fluvial que los actores armados buscaban controlar como parte de la estrategia militar, por un lado para consolidarlo como corredor insurgente, y por el otro para ganar terreno en el marco del Plan Patriota. Cuenca históricamente controlada por la guerrilla de las FARC, tuvo un lugar central en la confrontación bélica en la región amazónica del país. En agosto de 1996, a orillas del Río Caquetá, a la altura del Puerto Leguízamo en Putumayo, 450 combatientes de las FARC atacaron la base militar de Las Delicias del Ejército Nacional. Una acción conjunta entre los frente 15, 38, 48 y 49, más la Columna Teófilo Forero. El Bloque Sur en pleno. El saldo fueron 27 soldados muertos y la destrucción de dicha base. El río como escenario de la guerra.

La influencia de las FARC en la cuenca del Río Caquetá y sus afluentes determinó la existencia de políticas de gestión territorial que aplicó el mando insurgente. Vedas de caza, delimitación de las zonas de cultivo respecto a la cuenca del río, entre otras, fueron medidas respetadas por las comunidades que habitaban en zonas aledañas a la ribera bajo el control de la guerrilla. Sin embargo, el control de dicho grupo armado alrededor del afluente también ocasionó episodios como el de mayo de 2015, cuando el frente 48 interceptó una caravana de 19 camiones que transportan crudo. Los combatientes obligaron a los conductores a derramar más de 200.000 galones de petróleo, ocasionando un derrame del crudo en una zona de humedal y provocando la llegada de grandes cantidades de combustible al río Caquetá.81

El narcotráfico como actividad económica de las Farc requería de vías alternas a las terrestres para desenvolverse. Así pues, en el río Caquetá varias veces fueron incautados cargamentos con destino a los puertos y que provenían de los campamentos de la insurgencia en la selva amazónica. Como autopista fluvial, este río cuenta con poca vigilancia respeto de otros ríos, por lo cual aún hoy los grupos criminales utilizan su cuenca como puerta de entrada amazónica hacia el Brasil.

La última travesía de la guerrilla de las Farc por el río Caquetá tuvo lugar en enero de 2017, cuando 200 combatientes del Bloque Sur rodearon la cuenca para llegar a la Zona Veredal Transitorias de Normalización (ZVTN) cercana a San Vicente del Caguán, mientras otro grupo de los frentes 48 y 49 eran traslados en una balsa a través del río para llegar a la Zona Veredal de La Carmelita, en Putumayo. A partir de ese momento el río se hallaría ante un continuo de la ilegalidad en sus aguas pero sin el peso de la acción insurgente fariana.

Hoy, el rio Caquetá es uno de los ríos más contaminados del país pues, además de las heridas ambientales que persisten en su cuenca, sus aguas han recibido el impacto de tragedias como la del deslizamiento en Mocoa, Putumayo, tras el cual se han encontrado 62 cuerpos en el río generando una alerta ambiental e imposibilitando por algunos días el suministro de agua potable en el municipio.

Foto: Semana

Además, la presencia de disidentes de las Farc en la cuenca del río ha dificultado la tarea de restaurar ecológicamente la ribera. La actividad ilegal del narcotráfico se sigue valiendo del río Caquetá como principal camino para sacar la droga de los laboratorios en medio de la selva.82 Así mismo, la minería ilegal se ha tomado el río a diferentes alturas, llegando incluso a ocasionar grandes derrames de mercurio por cuenta de la minería criminal administrada por las disidencias de las Farc en el departamento del Caquetá.

Foto: La Nación

2. Río San Juan

Atravesando todo el departamento del Chocó, se encuentra el Río San Juan, quizás uno de los cuerpos hídricos más golpeados por la guerra que aún persiste en el país. Suele decirse que en el Pacífico colombiano durante estos meses sigue sin sentirse la paz o, cuanto menos, algún remoto aterrizaje de los acuerdos en suelo pacífico. Río cuya corriente corre en sentido contrario a la del Atrato y se ubica paralelamente al oriente de este afluente. Ha sido el río del cual han brotado cadáveres cuando los pescadores han procurado encontrarse un buen ejemplar de pez para llevar el sustento económico a sus casas. Es la cuenca que en los últimos meses ha servido de escenario para la correría de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y, por ende, las comunidades que habitan alrededor del río a la altura del Chocó se han visto frecuentemente atrapadas en el fuego cruzado entre el ELN y las AGC. Además, los Gaitanistas también se han enfrentado con la Fuerza Pública a orillas del río causando desplazamientos y señalamientos entre las comunidades, como ha sucedido en febrero en la comunidad de Carrá, en el bajo San Juan, en donde ha habido enfrentamientos entre grupos armados. Tras verse obligados al confinamiento, la comunidad fue señalada por la Fuerza Pública como colaboradora de las Autodefensas Gaitanistas. Una vez terminado el combate, llegó el ELN a la zona y asesinó a los presuntos colaboradores.83 Es precisamente el municipio Litoral del San Juan el que mayor cantidad de desplazados registra en lo corrido del 2017, con 1189 personas.

Foto: EL TIEMPO

La salida de las Farc de la guerra librada en la región pacífica ha reconfigurado las fuerzas también alrededor del río San Juan. Las Autodefensas Gaitanistas se han apostado en el Bajo San Juan, mientras el Frente Ché Guevara del ELN se ha desdoblado territorialmente alrededor del río. La minería ilegal en la cuenca del San Juan, principalmente a la altura del Bajo San Juan, ahora cuenta con nuevos administradores, entre Clan del Golfo y ELN. Esto no significa la desaparición de la minería artesanal ejercida por las comunidades que insisten en la inocuidad ambiental de este tipo de minería frente a la gran minería y la minería ilegal de las dragas y el mercurio.

Aunque en el río subsista la actividad de baharequeros que reivindican su minería como ancestral y sostenible, es la minería criminal la que se ha tomado la cuenca, metiendo maquinaría pesada y dragando el río sin ser detectados por la Fuerza Pública. El San Juan es, entonces, el río que aún cruzan las balas de la guerra no terminada en el Chocó, pero además es el afluente que puede verse más beneficiado del cese al fuego pactado entre gobierno y ELN. Que eso no implique ir a la raíz de la minería criminal mantiene al río en estado crítico, mientras las comunidades que habitan la cuenca llevan todo el año denunciando la sistemática contaminación del agua con mercurio y la remoción del lecho fluvial, lo cual pone en seria vulnerabilidad ambiental al San Juan. Maquinaria pesada, balas y mercurio hacen parte de la tragedia de éste río.

1. Río Sambingo

Hablando de medio ambiente en Colombia, una de las escenas más atroces que puede ver el país hoy en día es la del Río Sambingo. Ubicado entre los municipios de Mercaderes y Bolívar, el caudal del Sambingo es uno de los ríos que bañan el departamento del Cauca, uno de los más golpeados por el conflicto armado. En años anteriores, el caudal del río era recorrido por el Frente 8 de la guerrilla de las Farc, pero hoy lo que queda del río es controlado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.

Con retroexcavadoras, dragas y asentamientos ilegales en la orilla del río, se ha llevado a cabo en los últimos años la explotación ilegal de oro en el Sambingo. En Colombia la fiebre del oro envenena a por lo menos 17 departamentos y aunque la distinción entre minería legal e ilegal es principalmente un recurso de registro, es innegable que en las aguas colombianas ha sido la minería ilegal la que mayoritariamente ha contaminado y dejado en vulnerabilidad manifiesta a los cuerpos hídricos cuyo suelo y cuya corriente pueda guardar oro.

En el 2016 el río Sambingo fue conocido por el país entero, las imágenes de su caudal al borde de la desaparición coparon los diarios colombianos y la Fuerza Pública empezó a generar resultados contra los ilegales que tenían agonizando al río. Con una serie de capturas en abril del 2016 iniciaron las acciones institucionales para la recuperación del afluente. Dichas capturas permitieron hallar una conexión directa entre el ELN y la contaminación del río, pero también la presencia de paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas e incluso funcionarios del municipio de Iscuandé, Nariño.84 Con 25 retroexcavadoras, una draga, 15 motobombas y 5 clasificadoras se estaba orquestando la muerte del Sambingo. 500 cambuches se encontraron en la orilla del río en la que habitaban cerca de 1500 personas directamente vinculadas a la extracción ilegal del oro.

Foto: Colprensa

El gobierno colombiano ha puesto en marcha durante el último varias estrategias en virtud de restaurar al río cuyo lecho está prácticamente seco. Además de planes de fortalecimiento de la Fuerza Pública en la zona, para que no vuelvan a verse casos como la entrada de 25 retroexcavadoras sin que nadie se enterara, el Ministerio de Ambiente ha lanzado una iniciativa llamada ‘Burbujas Ambientales’ que busca restaurar áreas principalmente afectadas por la deforestación y la contaminación de cuerpos hídricos. Es precisamente en el departamento del Cauca que se ha lanzado una de las ‘Burbujas Ambientales’ que, entre otras, se integrará a las acciones institucionales para revivir al Sambingo. Por ahora, este río sigue siendo la fiel imagen de la tragedia ambiental que conlleva la práctica de la minería en todas sus expresiones en las cuencas hídricas del país.

El gobierno colombiano ha puesto en marcha durante el último varias estrategias en virtud de restaurar al río cuyo lecho está prácticamente seco. Además de planes de fortalecimiento de la Fuerza Pública en la zona, para que no vuelvan a verse casos como la entrada de 25 retroexcavadoras sin que nadie se enterara, el Ministerio de Ambiente ha lanzado una iniciativa llamada ‘Burbujas Ambientales’ que busca restaurar áreas principalmente afectadas por la deforestación y la contaminación de cuerpos hídricos. Es precisamente en el departamento del Cauca que se ha lanzado una de las ‘Burbujas Ambientales’ que, entre otras, se integrará a las acciones institucionales para revivir al Sambingo. Por ahora, este río sigue siendo la fiel imagen de la tragedia ambiental que conlleva la práctica de la minería en todas sus expresiones en las cuencas hídricas del país.

Páramos

La zonificación ambiental es principalmente un mecanismo para delimitar el territorio de ecosistemas frágiles cuya estructura ecológica podría verse seriamente afectada por la actividad productiva en su suelo. El acuerdo de La Habana estipula un Plan de Zonificación Ambiental que realizará el gobierno en un plazo de dos (2) años. El objetivo fundamental de dicho Plan es la redefinición de los límites geográficos entre áreas protegidas y su entorno, procurando restaurar y conservar la biodiversidad de ecosistemas que estuvieron atrapados en medio de la guerra. El Plan de Zonificación Ambiental tiene como reto fundamental detener el avance de la frontera agropecuaria, actualizar el inventario ambiental del país y reconducir el manejo ambiental de áreas de especial interés ecológico en estado de vulnerabilidad.

La guerra de alta montaña

Los páramos son ecosistemas frágiles. La niebla que cubre los frailejones y los cuerpos de agua en lo alto de las montañas dificultó siempre el desarrollo de acciones militares aéreas, por lo cual los páramos se convirtieron en corredores estratégicos de las insurgencias colombianas, principalmente de las FARC. Hacia el oriente, el Páramo de Tibacuy hizo parte la zona de influencia del Frente Domingo Laín del ELN, hacia el occidente el Páramo de Las Papas estuvo cercado por la presencia de las FARC. Hacia el sur las FARC también hicieron constante presencia en el Páramos de Los Picachos y hacia el norte el Páramo Paramillo albergó combates entre los paramilitares y las insurgencias.

Tras la consolidación de los ecosistemas de alta montaña como corredores de las guerrillas y grupos armados ilegales, la fuerza pública empezó a copar los páramos con infraestructura militar con el fin de disputarle territorialmente el área a la insurgencia. Es el caso del Páramo de Sumapaz, que tras haber sido usado por las guerrillas de las FARC como la puerta de entrada para librar la guerra en Bogotá, bajo el liderazgo de alias ‘Romaña’, encontró en su área protegida un batallón de Alta Montaña número 1. Entonces, los páramos se convirtieron en suelo de la guerra y el ecosistema vivió la tala de frailejones para el asentamiento de grupos armados en el área. Fue precisamente este permanente estado de guerra en la alta montaña la que impidió durante décadas un adecuado acercamiento técnico y científico a los páramos para mejorar los planes de manejo ambiental del gobierno y consolidar estrategias integrales para la conservación del ecosistema en su conjunto. El conflicto armado como cerco, impidió que zonas de alta biodiversidad fueran caracterizadas y protegidas de mejor manera.

Farc en el Sumapaz. Foto: Semana.

La delimitación

La fragilidad de los ecosistemas de alta montaña implica que cualquier actividad antrópica, es decir, humana, en su suelo conlleva graves consecuencias para la estructura ecológica de las zonas. Aunque el Estado colombiano desde hace décadas ha estipulado políticas de conservación en los páramos, sin embargo el estado de guerra durante más de medio siglo imposibilitó la aplicación de las mismas y supeditó la conservación de zonas de interés ambiental a la presencia de la insurgencia y la inaccesibilidad a dichas áreas por el riesgo que implicaba la presencia de alzados en armas.

Con el acuerdo de paz muchos de los ecosistemas hasta ahora inexplorados y, por tanto, ignorados por la política ambiental del Estado, tienen la oportunidad de hallarse integrados en las estrategias de conservación y restauración de ecosistemas estratégicos. Precisamente un plan de zonificación ambiental ha sido acordado en La Habana entre gobierno e insurgencia para actualizar el inventario ecológico del país y, de paso, darle un manejo ambiental a las zonas que controló la insurgencia durante años y que, sin embargo, urgen de ser restauradas. Allí, por supuesto, entran los páramos como áreas de alta biodiversidad y nacederos del agua que abastece al país.

Con el paso de los años, la delimitación de páramos ha tenido distintos matices legales, avanzando poco a poco a ser una figura jurídica fuerte y de carácter eminentemente restrictivo. El gobierno estaba obligado por el Plan Nacional de Desarrollo a adelantar la delimitación de los páramos para actualizar la zonificación ambiental del país. A principios del año 2014 ha comenzado dicho proceso por parte del Ministerio de Ambiente en el páramo de Santurbán, tras la caracterización realizada por el Instituto Humboldt. Sin embargo, aunque siendo un compromiso consignado en el Plan Nacional de Desarrollo, fue necesaria una sentencia de la Corte Constitucional el 8 de febrero del 2016 para que el gobierno iniciara las actividades correspondientes a la delimitación de los páramos. La sentencia C-035/16 ordenaba “la protección real y efectiva de los páramos”.85

El 22 de marzo del 2016 el Ministerio de Ambiente arrancó tareas con la delimitación de ocho páramos: el Páramo de Miraflores, Páramo de Los Picachos, Páramo Farallones, Páramo de Sonsón, Páramo Paramillo, Páramo Tatamá, Páramo Frontino-Urrao y el Páramo Belmira. Para el 1 de octubre se había realizado la delimitación de más de 30 páramos, de los 57 que hay en territorio nacional. El gobierno espera tener el 100% de los páramos delimitados para el final del 2017.

Páramos sin gente

Uno de los conflictos ambientales de mayor envergadura que hoy en día tiene lugar en nuestro país está directamente relacionado con la nueva delimitación de los páramos y la entrada en vigor de la ley 1753 del 2015, es decir el Plan Nacional de Desarrollo, que prohibió tajantemente cualquier actividad productiva por encima por de la línea de páramo. El conflicto estalló al obligar a las comunidades que habitan la alta montaña a terminar con sus actividades de sustento en el lugar en que viven.

Según estimaciones del propio Ministerio de Ambiente, en los páramos colombianos viven cerca de 160 mil personas, distribuidas entre 30 o 40 mil familias. Lo anterior le plantea un reto fundamental al gobierno nacional, garantizar los derechos fundamentales a las personas habitantes de la alta montaña, y recuperar el manejo ambiental de los ecosistemas estratégicos también en la alta montaña. Este conflicto puede ser entendido de suma cero, en la que hay ganadores y perdedores, o como un falso dilema en que el modelo de conservación ambiental sin gente se evalúa de manera integral y lejos de posiciones apasionadas de uno u otro lado.

Páramo de Sumapaz. Foto: Juan Pablo Gómez/Semana.

En el Páramo del Almorzadero viven alrededor de 1000 familias cuyo sustento principal es el cultivo de papa. Los cultivos en el páramo siempre configuran la acidez del suelo, lo cual se constituye en un daño ambiental de largo aliento. Así mismo, para construir los cultivos suelen quemarse hectáreas de frailejones y construirse vías en medio del ecosistema paramuno. Sin embargo, la presencia de comunidades en las zonas de páramo también ha permitido la consolidación de planes de manejo ambiental de carácter comunitario pues, dicen los mismos habitantes de la alta montaña, no hay mayor garante de la estabilidad ecológica del páramo que aquellos cuya vida depende del buen estado del ecosistema.

Al prohibir expresamente toda actividad productiva por encima de la línea del páramo, dicen los campesinos que lo habitan, que la ley 1753 del 2015 los condena a un desplazamiento mucho más cruento que el vivido en medio del conflicto armado. El Páramo del Almorzadero queda ubicado mayoritariamente en el municipio de Chitagá, en Boyacá. Este municipio hace parte de la zona de influencia del Frente Efrain Pabón, del Frente de Guerra Oriental del ELN. La delimitación del Almorzadero se llevaba anunciando desde enero de 2017. Sin embargo, sólo hasta el 10 de agosto del 2017 se inició el trámite de trazar la línea a 2.900 metros de altura. Esto generó malestar en los campesinos que de inmediato se organizaron para expresar al gobierno su descontento por la falta de participación en la construcción conceptual de la delimitación del páramo.

La extensión del área protegida propuesta por el gobierno tiene un total de 50465 hectáreas en 33 veredas. De esa extensión, actualmente son usadas 4000 hectáreas para la siembra de papa, y lo que denuncian los campesinos es que en la caracterización técnica del páramo, llevada a cabo por el Instituto Humboldt, nunca se concertó ni se tuvo en cuenta la actividad agrícola en una parte del área.86

Sin embargo, la actividad agrícola no es la única que hoy en día amenaza la estabilidad ecológica del ecosistema paramuno. La minería legal, bajo su manto empresarial, ha encontrado en la firma del acuerdo de La Habana y la ulterior concentración de la guerrilla de las FARC, una oportunidad única para entrar a los territorios que durante décadas estuvieron vetados por la presencia de la insurgencia. Y precisamente el agrupamiento de las FARC ha coincidido con un auge de solicitudes mineras en zonas como la Serranía de la Macarena o al borde del páramo de Sumapaz.

Foto: El Tiempo

El páramo de Santurbán queda ubicado en los departamentos de Santander y Norte de Santander, es allí donde nace el agua que abastece, entre otras, a Bucaramanga. En los municipios que cuentan con hectáreas del páramo se ha registrado presencia de guerrillas durante más de 20 años. Por ejemplo, en Tona (Santander), segundo municipio con más hectáreas del Santurbán dentro de su jurisdicción, hubo fuerte presencia de las FARC durante toda la década de los noventa. El pasado 7 de septiembre ha sido radicado una solicitud de licencia minera por parte de Minesa, empresa árabe, para explotar oro en inmediaciones del páramo. Aunque la delimitación del páramo estipula la prohibición de actividades agropecuarias o minero-energéticas, una vez se hallen por debajo de la línea del páramo, los proyectos tendrán viabilidad legal.

Los ambientalistas se han quejado de la falta de integralidad para comprender el ecosistema paramuno por parte de la ANLA y el gobierno nacional. Entender que una línea restrictiva en materia legal puede caracterizar rigurosamente las condiciones biofísicas del ecosistema paramuno, según la comunidad, es sujetar la estabilidad ecológica del páramo a la existencia de una línea invisible que no representa las verdaderas necesidades del área protegida. El proyecto formulado por Minesa estipula la realización de actividades mineras a 140 metros de la línea que anuncia el inicio del páramo de Santurbán. Aunque el proyecto Soto Norte está anunciado como la oportunidad para crear cerca de 5000 empleos directos e indirectos, y extraer 9 millones de onzas de oro durante 20 años, la preocupación por la salud ambiental del Páramo ha hecho que voces de distintos sectores se manifiesten en contra de la licencia ambiental buscada por Minesa. La ausencia del concepto de zona de amortiguamiento, como el espacio que reclaman las áreas protegidas como transición con el entorno, ha hecho que la inocuidad ecológica del proyecto minero a metros del Santurbán quede en entredicho. Por otro lado, la minería ilegal en el páramo ha menguado ante las acciones institucionales contra dicha actividad. Sin embargo, siguen hallándose socavones en medio del páramo y la zona de amortiguamiento que, ante la ausencia de una empresa que se haga responsable de los hechos.

Fue precisamente el páramo de Santurbán el primero en ser delimitado por el gobierno nacional, trazando una línea desde los 2800 metros de altura. En julio del 2015, 6 meses después de la delimitación, el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez instauró una tutela bajo los argumentos de que el Ministerio de Ambiente había vulnerado los derechos al agua, al ambiente, a la participación y al acceso de la información de las comunidades. Ya en el 2016 la Corte se había opuesto a las actividades mineras en estos páramos al derogar un artículo de Plan Nacional de Desarrollo que permitía la explotación en áreas paramunas a empresas que hubieran conseguido las concesiones antes del 2010. Finalmente, el 6 de octubre del 2017, cumplido un mes de la radicación de la solicitud minera de Minesa para extraer oro en la zona de amortiguamiento del páramo, la Corte Constitucional ha emitido un fallo que deroga la delimitación de hace 3 años y exige tener en cuenta a las comunidades en la nueva zonificación que se haga del páramo.

Minería ilegal – Páramo de Santurbán. Foto: Vanguardia Liberal

Además de la actividad agropecuaria y la actividad minera, la salida de las FARC ha traído para algunos páramos una nueva problemática que también pone en peligro su estabilidad ecológica: el turismo. Aunque se suela usar el prefijo ‘eco’ como blanqueador de las actividades antrópicas que puedan generar afectaciones al ecosistema, el ‘ecoturismo’ está llevando serios problemas a algunas áreas protegidas. Es el caso del Páramo de Sumapaz que, tras la salida de las FARC como actor armado en la zona, además de ver como el Batallón de Alta Montaña #1 está dedicado a reforestar y sembrar frailejones, se halla frente a una explosión del turismo proveniente de la capital cada fin de semana. Al declararse zona libre de guerra, el Sumapaz se ha convertido en un atractivo turístico, hecho que ha desbordado la capacidad de carga del páramo que fue delimitado el 1 de julio del 2017. Lo anterior se ha traducido en escenas como turistas que salen del páramo con frailejones como si fueran ‘souvernirs’ o la tala de flora paramuna para crear senderos que puedan facilitar la travesía de los visitantes.

La zonificación ambiental es una urgencia directamente relacionada con la construcción de paz territorial en el país. La paz con las FARC y el cese al fuego con ELN han permitido en gran medida sacar al medio ambiente de la guerra. Sin embargo, el posconflicto y la ‘liberación’ de territorios vetados durante el conflicto armado trae consigo retos que no sólo tienen que ver con la valoración subjetiva que como colectivo ciudadano y campesino se hace de los ecosistemas en territorio nacional. El Estado colombiano continúa adecuándose a las nuevas realidades territoriales tras la retirada de quienes ejercieron por muchos años la autoridad. Hace falta algo más que trazar líneas invisibles a los ecosistemas estratégicos y de alto interés ambiental.

Foto: Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz.

La deforestación y el felino más grande del continente

La guerra en Colombia se repartió históricamente por todo el territorio nacional. Sin embargo, su intensidad fue aún mayor en las zonas en que la principal característica era la alta biodiversidad. El jaguar es el felino más grande de Latinoamérica, y se puede encontrar desde Argentina hasta México. El corredor del jaguar configura todo un sendero continental por el cual el animal se mueve a lo largo de Latinoamérica. Colombia es un tramo crucial de dicho corredor, en tanto es el lugar que conecta Suramérica con Centroamérica. Aunque el trayecto del jaguar en Colombia para salir hacia Panamá recorre principalmente la región pacífica, el felino se ha apropiado de grandes áreas de la Amazonía, particularmente del Guaviare. Así mismo, recorre la Serranía de San Lucas como uno de sus principales enclaves en Colombia. Las Unidades de Conservación del jaguar, categoría utilizada por biólogos para georeferenciar las áreas y ecosistemas cruciales para la preservación de esta especie. Y es precisamente en la Serranía de San Lucas y el nordeste antioqueño donde se concentran buena parte de dichas Unidades de conservación.

Suele asegurarse que el jaguar, como especie, es un indicador de conservación. Es decir, que la presencia del felino en los territorios que pueda aparecer permite inferir que aquella zona se encuentra en muy buen estado y la estructura ecológica se halla sana y conservada. Aunque lo anterior es innegable a la luz de la biología y la ecología, en Colombia la presencia del jaguar en ciertas áreas puede estar directamente relacionado con lo que podríamos llamar un desplazamiento forzado de carácter ambiental. Muchas de las Unidades de Conservación del felino han sido rodeadas e incluso borradas por fenómenos como la deforestación, la minería legal e ilegal y, en general, el avance de la frontera agropecuaria. Las áreas de siembra y pastoreo crecen horizontalmente en detrimento del hábitat por el que se mueve el jaguar.

Desde la salida de las FARC del 98% de las zonas en que tuvo influencia como grupo armado, las cifras de deforestación en el país han disparado las alarmas de las autoridades y el país frente al riesgo de un desajuste de las dinámicas de poder y autoridad en los territorios que vivieron agudamente el conflicto armado. Dicho desajuste podría ser incluso más trágico en materia ambiental que el mismo vivido en medio de la guerra. Departamentos como el Caquetá, Putumayo o Guaviare se han visto particularmente afectados por nuevas dinámicas de criminalidad, por la deserción de un grupo numeroso de combatientes de las FARC y por la expansión de otras estructuras armadas ilegales.

Con el pico de hectáreas de bosque deforestadas desde el día en que se concentraron las FARC las zonas más afectadas por la tala criminal e indiscriminada han coincidido fatalmente con las zonas concurridas por el jaguar y los corredores que le llevan hacia el norte del país. Particularmente los departamentos amazónicos, que controló holgadamente el Bloque Sur de las FARC durante muchos años, ahora representan más de la mitad de la deforestación del ponderado nacional. Es con este contexto que deben comprenderse las nuevas dinámicas de la relación jaguar/ecosistema y jaguar/ser humano, para entender que los corredores del jaguar también han tomado un carácter impositivo, se le han cerrado los caminos y su presencia en varios lugares debe ser entendida como parte de una realidad dramática en materia ambiental a nivel nacional.

Cierre de caminos

El Ideam en sus informes ha determinado que el departamento del Caquetá es el departamento con mayor cantidad de hectáreas deforestadas en el país. Entre Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán aportan cerca del 20% de la tasa total de hectáreas deforestadas a nivel nacional. Lo anterior unido al hecho de contar con 1.500.000 cabezas de ganado distribuidas en un total de 1.500.000 hectáreas (1 vaca por hectárea), pone en serios aprietos a diferentes especies que encuentra en los bosques del Caquetá su hábitat o un paso necesario en sus rutas migratorias. Es el caso del jaguar el avance de la ganadería sobre sus corredores ha generado que sean cercas y fincas las que deban ser esquivadas por el animal en su paso por el departamento. Así pues, el conflicto suscitado del ataque del felino a cabezas de ganado desemboca en una caza retaliativa ejercida por los mismos campesinos y dueños de las vacas atacadas por el jaguar.

Jaguar en finca de Montañita, Caquetá. Foto: Corpoamazonía.

Precisamente desde la concentración de las Farc en las zonas destinadas para su desarme, la deforestación en el Caquetá ha estado directamente relacionado con el avance de las zonas de ganaderías sobre los bosques y la selva amazónica. El registro de felinos dentro de las fincas se ha multiplicado, como es el caso de Montañita, Caquetá, municipio en donde hay un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las Farc, en donde se han llegado a registrar hasta 3 avistamientos del jaguar.87 Lo anterior ha disparado las alarmas en torno a la vulnerabilidad en la que se encuentra esta especie ante la posibilidad del escalamiento del conflicto con las comunidades campesinas al estar el ganado y las fincas en donde antes el jaguar encontraba senderos ecológicas y sus Unidades de Conservación. La seccional en Caquetá de Corpoamazonía ha declarado que no da abasto atendiendo las llamadas de ciudadanos que dicen haber visto ejemplares de jaguar cerca de sus fincas.Se ha denunciado que a las fincas que han sido frecuentadas por el felino han llegado grupos de personas a ofrecer sus servicios para matar al animal culpable del ataque al ganado.88

La presencia del jaguar en la región del Caquetá no es un asunto nuevo. Sin embargo, el alza en el número de ataques de jaguar a potros y vacas puede entenderse en términos causales con el fenómeno de la deforestación, según funcionarios de Corpoamazonía. Las fincas que debe rodear el felino para cruzar sin riesgos el departamento son cada vez más grandes, las distancias cada vez son más largas y al cortar camino cruzando las fincas el animal queda expuesto a los peligros del encuentro con los campesinos que han criminalizado la presencia del jaguar en este territorio.

El reto de la conservación

Aunque la paradoja ambiental de la guerra, aquella que condicionó la conservación de zonas de alta biodiversidad a la presencia de las insurgencias, también benefició al jaguar en tanto mantuvo grandes extensiones de bosque en el país intactos, es importante mencionar que el metabolismo guerrilla/jaguar estuvo marcado por dinámicas muy alejadas de la preservación de la especie. Desde la domesticación hasta la caza para consumo del felino hacen parte de la historia de las insurgencias con este felino, principalmente en el sur del país con las Farc y en la Serranía de San Lucas con el ELN.

El alivio del cese al fuego en muchas zonas del país ha permitido la entrada de expediciones científicas a zonas que estuvieron sitiadas por el conflicto. Territorios como el Guaviare, la Macarena, Guainía, entre otras, han sido recorridos por brigadas de investigadores descubriendo nuevas especies y construyendo nuevos planes de manejo ambiental en áreas de alto interés ambiental. Así mismo, el jaguar ha sido avistado en el río Guaviare, en las selvas de Tumaco, en montañas del Cauca y en los bosques del Nudo de Paramillo. Aunque la finalización de la guerra libere al jaguar de cierta presión sobre su hábitat, la ruta del felino sigue repleta de obstáculos: cazadores, fincas e infraestructura vial.

Deforestación en Antioquia. Foto: Ideam

El nordeste antioqueño es uno de los ejes territoriales para la conservación del jaguar. Las Unidades de Conservación de éste felino se ubican en buena parte a través de toda la Serranía de San Lucas llegando incluso al Magdalena y el Cesar. Es precisamente la zona de la Serranía uno de los espacios más golpeados por el ritmo de la deforestación en el país. Uno de los relictos que quedan en el país de Bosque Andino es precisamente esta zona que atraviesa horizontalmente la zona norte de Colombia, lugar en donde en los últimos 10 años se han perdido cerca de 6500 kilómetros cuadrados de capa forestal. Los cultivos de coca unidos al fenómeno de potrerización han desatado una crisis en la estabilidad ecológica de una de las zonas más biodiversas del país, parte neurálgica de la ruta del jaguar.

Serranía de San Lucas. Foto: El Colombiano.

En febrero del 2017 se volvió a registrar presencia del jaguar en el departamento del Magdalena, concretamente en el Parque Tayrona, cuando los indígenas de la Sierra Nevada solicitaron al gobierno colombiano el cierre por un mes de dicho parque –del 28 de enero al 28 de febrero– para, de acuerdo con su cosmovisión, dar margen a la recuperación y el descanso de los ecosistemas que conforman aquella zona. Fue un mes en que reaparecieron en éste área protegida especies como el puma, el paujil de pico azul (el ave más amenazada del mundo) y el jaguar.89 Uno de los objetivos principales de la Reforma Rural Integral negociada en La Habana tiene que ver con detener el avance de la frontera agropecuaria en el país y, como se ve en el caso del jaguar, este proyecto tiene mucho que ver con la vida y la conservación de especies y ecosistemas referentes de la biodiversidad en Colombia.

Mapa del Corredor del Jaguar. Cortesía: Fundación Panthera.

67 Esta cifra es elaborada a partir de los datos arrojados por la Red Nacional de Información (RNI) teniendo en cuenta la sumatoria de las víctimas del conflicto armado y las victimas de víctimas sentencia C280 y Auto 119 de 2013 (Grupos pos desmovilización).

68 Concepto Jurídico al Proyecto de Ley 157 de 2015 senado.

69 Mlambo-Ngcuka, P. (2016). Este es el momento para Colombia. Palabras de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en la Mesa de Conversaciones de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, en La Habana, Cuba, el 24 de julio de 2016. En: http:// colombia.unwomen.org/es/noticiasy-eventos/articulos/2016/07/ed-habana

70 Septiembre 7 de 2014, Habana, Cuba. Integrada inicialmente por Nigeria Rentería María Luisa Méndez, Elena Ambrosi y María Paola Rivero, encabezado por Humberto De La Calle, equipo de Gobierno. Victoria Sandino junto a las ex-combatientes Gina Castro, Alexandra Nariño, Camila Cienfuegos y Diana Grajales en presencia de Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC-EP.

71 “Como resultado del esfuerzo conjunto y del trabajo interagencial del Sistema de Naciones Unidas, ONU Mujeres, el PNUD,y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en articulación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y con el apoyo de la Unión Europea, expertas, promotoras y participantes activas en procesos de justicia transicional de países como Filipinas, Kenia, Perú, Camboya y Kosovo, se dieron cita en la ciudad de Bogotá, con el objetivo identificar elementos que permita construir un documento de recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en los instrumentos que crea el Punto 5º del Acuerdo de Paz”. PNUD, Bogotá D.C., 2017. P. 1.

72 La Subcomisión de Género de la Mesa de Negociaciones de la Habana: Avances y expectativas. (Abril 8 de 2015) Boletín Paz con Mujeres. Recuperado de: http://www.pazconmujeres.org/pg.php?pa=3&id=241b42f0085dbcfaea1d7ae016141d97&t=La%20Subcomisi%F3n%20de%20G%E9nero%20de%20la%20Mesa%20de%20Negociaciones%20de%20la%20Habana:%20Avances%20y%20expectativas

73 Equidad de género y derechos de las mujeres en el Acuerdo Final de Paz (Cartilla). Plataforma “Cinco Claves para un Tratamiento Diferencial de la Violencia Sexual en los Acuerdos sobre la Justicia Transicional en el Proceso de Paz” Sisma Mujer – Humanas Colombia – Red Nacional de mujeres. Junio de 2017, P. 15.

74 “Se logró no solo que la mujer campesina tenga acceso a la tierra, sino que además pueda mantenerla con créditos especiales, porque lo que pasa muchas veces es que les restituyen su predio, pero como están endeudadas, lo pierden”…“La idea es hacer un censo en el que se priorice el acceso a tierras de las mujeres campesinas” Vélez, Juanita. Las mujeres ganaron en los textos de La Habana, ¿ganarán en Colombia? (Junio 26 de 2016) La Silla Vacía. Recuperado de: http://lasillavacia.com/historia/las-mujeres-ganaron-en-los-textos-de-la-habana-ganaran-en-colombia-57225

75 “Con base en los datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, sólo el 17.5% de mujeres hacen parte de los gabinetes ministeriales de los países de América Latina y el Caribe en el último periodo presidencial. Únicamente, el 22.4 % de mujeres conforman el principal órgano legislativo nacional de esos países; por último, de acuerdo con la misma fuente, tan sólo el 19% de mujeres son magistradas en la Corte Suprema, máximo tribunal de justicia”. La participación política de las mujeres en Colombia: Avances, retos y análisis sobre la presencia y acceso de las mujeres a los espacios de decisión en el país. Observatorio de Asuntos de Género –OAG; Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Octubre de 2011. P. 2.

76 Acuerdo de Participación Política con enfoque de género, Acuerdo Final. Agosto 24 de 2016.

77 Gómez, Correal D. Mujeres, género y el Acuerdo de la Habana. CIDER, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. P. 15

78 Mazzoldi G.; Cuesta. Ibíd.

79 ‘Espuma mortal ahoga al río Arauca’. El Tiempo, 28 de junio de 1993. Ver en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-153676

80 Aguilera, Mario. “ELN: entre las armas y la política”. En Nuestra Guerra sin Nombre: Transformaciones del conflicto en Colombia. IEPRI/Editorial Norma: Bogotá, 2006. Pp. 222.

81 “Más de 30 mil galones de crudo fueron vertidos por las FARC en Putumayo”. El Espectador, 11 de junio de 2015. Ver en :

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/mas-de-30-mil-galones-de-crudo-fueron-vertidos-farc-put-articulo-565817

82 “Duro golpe al narcotráfico sobre el río Caquetá”. Oficina de Prensa Comando Aéreo de Combate No. 6, 11 de marzo de 2017. Ver en: https://www.fac.mil.co/duro-golpe-al-narcotr%C3%A1fico-sobre-el-r%C3%ADo-caquet%C3%A1

83 Sánchez, Nicolás. Río San Juan: no cesa el fuego. Colombia 2020. 13 de agosto de 2017. Ver en: https://colombia2020.elespectador.com/territorio/rio-san-juan-no-cesa-el-fuego

84 Por contaminación de río Sambingo son capturadas 14 personas en Cauca. El Colombiano. 19 de abril de 2016. Ver en: http://www.elcolombiano.com/colombia/por-danos-ambientales-en-cauca-capturan-a-14-personas-que-ejercian-la-mineria-ilegal-LX4000094

85 Sentencia C-035 de 2016. Corte Constitucional. Ver en: http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2016/02/C-035-16-Exp-D-10864-Paramos.pdf

86 ‘Rechazo de campesinos contra delimitación del páramo Almorzadero’. El Tiempo. 3 de agosto de 2017. Ver en: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/rechazo-de-campesinos-contra-delimitacion-del-paramo-almorzadero-116136

87 Registro de Corpoamazonía.

88 “Los jaguares se toman las fincas del Caquetá y no hay quién los proteja”. Semana Sostenible. 13 de julio de 2017. Ver en: http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/jaguares-en-la-amazonia-estoa-nimales-se-toman-las-fincas-del-caqueta/38198

89 “Reaparecen el puma y el jaguar en el Tayrona”. El Heraldo, 2 de marzo de 2017. Ver en: https://www.elheraldo.co/magdalena/reaparecen-el-puma-y-el-jaguar-en-el-tayrona-332974