CLACSO y la UAM-Cuajimalpa lanzan en conjunto la colección Palabras clave. Lecturas para este siglo.

La colección pone al alcance de un público no especializado un conjunto de libros que contribuyan a la democratización del conocimiento, ofreciendo lecturas sobre una serie de conceptos clave para interpretar nuestros presentes, las principales novedades y transformaciones que tienen lugar en el siglo XXI, en clave latinoamericana.

Cada libro reúne textos cortos y dinámicos en torno al desarrollo de un concepto. CLACSO y la UAM-Cuajimalpa aúnan esfuerzos para abordar conceptos complejos de un modo accesible, facilitando el acercamiento al conocimiento producido por las ciencias sociales y poniéndolo al alcance de nuevos lectores y lectoras.

Batthyány, Karina
Políticas del cuidado / Karina Batthyány. - 1ra ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2022.
Libro digital, EPUB
ISBN 978-987-813-106-1-
1. Análisis Sociológico. I. Título.
CDD 301

Primera edición, 2022

Diseño de colección: Jorge Alfonso Brozon Vallejo

D. R. © 2021, del texto: su autor

D. R. © 2021, de esta edición:
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Cuajimalpa
Av. Vasco de Quiroga 4871, col. Santa Fe Cuajimalpa
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
C. P. 05348, Ciudad de México
www.cua.uam.mx

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CC BY-NC-ND 4.0

HECHO EN ARGENTINA Y MÉXICO | MADE IN ARGENTINA AND MEXICO

Índice

Introducción

Género

Segregación

Trabajo

Tiempo

Cuidado

Democracia y cuidados

Bienestar social y cuidados

Derecho al cuidado

Desafíos

Referencias

Introducción

“Eso que llaman amor, es trabajo no pago”. La conclusión a la que llegó Silvia Federici, escritora y activista ítalo-estadounidense, se convirtió en un lema feminista cada vez más proclamado en las movilizaciones de mujeres de las últimas décadas.

Parece una idea sencilla, pero, en realidad, implica una transformación cultural que, como veremos en este libro, avanza a paso lento, tanto a nivel conceptual como en su aplicación. Se trata de entender que todas las mujeres somos trabajadoras, tengamos o no un salario, aunque “sólo” cumplamos labores dentro del hogar. Tareas que, además, arrastran una carga de prejuicios que nos desvalorizan porque a lo largo de la historia han sido interpretadas como funciones “naturales” de las mujeres.

No es así. El trabajo doméstico y los cuidados entrañan un valor para la economía y la sociedad que recién empieza a calcularse en algunos países. De ahí los cada vez más frecuentes y masivos paros de mujeres que convocan a no realizar ninguna acción, ni paga ni no paga, para evidenciar su importancia en el funcionamiento de la sociedad. Mientras los mundos público y privado se organizaron en función de una estricta división del trabajo productivo y reproductivo —y con base en el sistema de género dominante—, al Estado no le importó preguntarse por la igualdad entre varones y mujeres. El panorama comenzó a cambiar luego del masivo y sostenido ingreso de las mujeres al mercado laboral, de las transformaciones en la esfera del trabajo remunerado y de las tensiones producidas en el ámbito de lo privado, que demostraron con mayor claridad las formas de dominación entre los sexos.

Todos estos hechos llevaron a analizar la igualdad y el ejercicio de derechos no sólo puertas afuera, en el espacio público y productivo, sino también en la esfera doméstica, puertas adentro de los hogares.

La relevancia de los cuidados va en alza gracias a la labor de muchos años de sociólogas, economistas, cientistas sociales e investigadoras feministas que han desarrollado nociones que comienzan a permear los discursos públicos y, sobre todo, de poder.

Así lo demostró, por ejemplo, Alberto Fernández, quien al asumir el poder o su cargo como presidente de Argentina habló de la importancia de los cuidados: “Pondremos especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado frente a muchas desigualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres”, prometió, dejando en claro que, por lo menos en ese país, ya no es un tema menor.

La pandemia de coronavirus también tuvo un efecto en este proceso: la obligatoriedad del encierro reveló, como nunca antes, el peso que llevan las mujeres para combinar trabajo remunerado y no remunerado. Si antes cumplían múltiples tareas a lo largo del día, pero en etapas, ahora lo tuvieron que hacer de manera simultánea: las cuarentenas las obligaron a ser, al mismo tiempo, maestras, cocineras, limpiadoras y cuidadoras de enfermos, de niños y niñas o de personas mayores dependientes.

Es insostenible. Tanto que en México el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los varones a sumarse a los cuidados y a las tareas domésticas que, en su mayoría, cumplen las mujeres: “La tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres, nosotros los hombres somos más desprendidos, pero las hijas siempre están pendientes de los padres, de los papás, de las mamás”. López Obrador lo dijo ya en reiteradas ocasiones y en medio de reclamos de feministas que le exigen no propagar más estos lugares comunes que fortalecen la desigualdad.

El debate está abierto. Hay mucho por hacer, pero es importante reconocer que hay una crisis de cuidados y que tocará a la sociedad en su conjunto resolverla.

Género

El feminismo académico anglosajón impulsó en los años setenta el uso de la categoría gender (género) para diferenciar las construcciones sociales y culturales de la biología. Para terminar con la idea de que los papeles de los varones y las mujeres en los ámbitos público y privado están marcados, inevitable e inexorablemente, desde el nacimiento. Esta nueva categoría permitió explicar que los roles sociales asignados y ejercidos no eran producto de diferencias biológicas “naturales” ni de sexo, como se creía hasta entonces, sino el resultado de construcciones sociales y culturales asumidas históricamente. Que nada estaba predeterminado. Que nos habían engañado.

Las académicas feministas tenían un objetivo científico: querían comprender mejor la realidad. Pero tenían también una intención política: querían aclarar que las características humanas consideradas “femeninas” eran adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social, y no derivaban “naturalmente” de su sexo. Confiaban en que, con la distinción entre sexo y género, podía confrontarse mejor el determinismo biológico y ampliar así la base teórica argumentativa a favor de la igualdad de las mujeres al entender que, a lo largo de la historia, habían estado sometidas a una subordinación impuesta por las formas específicas de organización de las sociedades, no porque lo femenino y lo masculino fueran resultado de una definición biológica. Más bien, decían, la desigualdad en las jerarquías de las prácticas sociales, las funciones y la ubicación que se nos otorga en la sociedad eran producto de la manera en que fueron diseñadas esas sociedades. Y era un diseño humano, no divino ni incuestionable.

Gracias al uso de la categoría género comenzaron a reconocerse las variadas formas de interpretación, simbolización y organización de las diferencias sexuales en las relaciones sociales, y se perfiló una crítica a la existencia de una “esencia femenina”. Los estereotipos, las diferencias “naturales”, se desdibujaron. Desde entonces, el género facilita un modo de entender el significado que las culturas otorgan a la diferencia de sexos y a las formas de interacción humana, tan variadas como complejas.

La historiadora estadounidense Joan Scott (1990), por ejemplo, propone una definición de género que permite una conexión integral entre dos ideas ya que establece que es “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos”, pero también “una forma primaria de relaciones significantes de poder”. Esto significa que las relaciones entre varones y mujeres basadas en una jerarquía de poder provienen de representaciones simbólicas sobre la diferencia sexual y operan desde los procesos sociales más elementales.

La autora también distingue cuatro elementos principales que componen al género: el primero se refiere a los símbolos y mitos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples, y a veces contradictorias, asociados a lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, la debilidad y la fortaleza, la pureza y el pecado. En segundo lugar vienen los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos y son expresados en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas que afirman categórica y unívocamente el significado de lo masculino y femenino: los hombres protegen, las mujeres consuelan; los hombres proveen el hogar, las mujeres lo cuidan. En tercer lugar, Scott nos habla de las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género: el sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo segregado por sexos, las instituciones educativas, la política. En todas estas instituciones se manifiestan, construyen y reconstruyen las relaciones de género. Por último, desglosa las identidades subjetivas, es decir, la construcción identitaria masculina y femenina.

En resumen, podemos decir que lo que define al género es la acción simbólica colectiva que permite que se construya e imponga como verdad inamovible una idea del “deber ser” de los varones y las mujeres. Así, la cultura marca a los seres humanos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano.

Segregación

Un concepto de gran importancia para comprender las relaciones sociales de género es el de “sistemas de género”, una noción abstracta porque forma parte de una construcción cultural compleja, pero que permite poner la atención en comportamientos y actitudes concretas, en resultados palpables e incluso medibles. Como bien lo explica la antropóloga peruana Jeanine Anderson (2006):

un sistema de género es un conjunto de elementos que incluye formas y patrones de relaciones sociales, prácticas asociadas a la vida social cotidiana, símbolos, costumbres, identidades, vestimenta, adorno y tratamiento del cuerpo, creencias y argumentaciones, sentidos comunes, y otros variados elementos, que permanecen juntos gracias a una fuerza gravitacional débil y que hacen referencia, directa o indirectamente, a una forma culturalmente específica de registrar y entender las semejanzas y diferencias entre géneros reconocidos, es decir en la mayoría de las culturas humanas, entre varones y mujeres.

Para comprender el alcance teórico y metodológico de la dimensión de género es necesario analizar la división sexual del trabajo dentro del marco de la organización social que la regula. Es decir, el sistema de género que afecta a la relación entre varones y mujeres. En ese sentido, la socióloga hispanoargentina Judith Astelarra (1990) dice:

En todas las sociedades, mujeres y varones realizan algunas tareas diferentes consideradas actividades femeninas y masculinas. Aunque esta división sexual del trabajo no siempre haya sido igual y varíe en cada sociedad concreta, ha sido un fenómeno que se ha mantenido desde que se tiene memoria histórica. Las niñas y los niños son socializados para que aprendan a desempeñar estas tareas y para que acepten este orden social como “natural”. Existen normas que prescriben los comportamientos aceptables para unas y otros y mecanismos de sanción para impedir que se produzcan desviaciones en las conductas individuales. La organización social del trabajo que se deriva de la existencia de la división sexual del trabajo es el sistema de género, que se refiere a los procesos y factores que regulan y organizan a la sociedad de modo que ambos sexos sean, actúen y se consideren diferentes, al mismo tiempo que determina cuáles tareas sociales serán de competencia de uno y cuáles del otro.

Este concepto alude a la división del trabajo establecida con base en las diferencias sexuales y de género, una premisa que se ha adaptado en cada sociedad a lo largo de la historia para asignarle a los varones tareas prioritariamente en la esfera productiva y a las mujeres, en la reproductiva, lo que les permite a ellos ocupar funciones con un alto valor social. En esta forma de organización social y económica, uno de los esquemas más básicos de nuestras sociedades, se adjudican habilidades, competencias, valores y responsabilidades a una persona con base en sus características biológicas asociadas a uno u otro sexo.

Se trata, por lo tanto, de una atribución social diferencial visible en todas las culturas y regiones del mundo, en donde las capacidades, destrezas, actividades y diferentes responsabilidades de las mujeres y los varones otorgan una jerarquización y valoración social, económica, política y cultural diferenciada. Dentro de esta división laboral, los varones han sido considerados proveedores ya que realizan un trabajo productivo remunerado y socialmente reconocido fuera del hogar. Se dedican a los negocios, la economía, la industria, la energía, las relaciones internacionales, la política y el gobierno. Protagonizan el ámbito público.

Las mujeres, en cambio, se ocupan de la reproducción, la educación de los hijos, los cuidados, el bienestar social de la familia y las tareas de mantenimiento del orden dentro del hogar. Es un trabajo no pago y desvalorizado que las limita a habitar el ámbito privado. Al respecto, la socióloga francesa Danièle Kergoat (1997) subraya el acaparamiento de los hombres de las funciones con un alto valor social agregado, como pueden ser las políticas, las religiosas o las militares: “Esta división social se halla regida por dos principios organizadores: el principio de separación (hay trabajos de hombres y mujeres) y el principio jerárquico (un trabajo de hombre vale más que uno de mujer)”.

Al respecto, la filósofa ítalo-australiana Rosi Braidotti (1990) agrega que,

la cuestión femenina es entonces cómo afirmar la diferencia sexual no como la otra, es decir el otro polo de la oposición binaria convenientemente arreglada para sustentar un sistema de poder, sino como el proceso activo de otorgar poder a la diferencia que las mujeres representan en la cultura y la sociedad. Ya no más diferente de, sino diferente de modo que aporte nuevos valores [...] La diferencia sexual representa lo positivo de múltiples diferencias, en oposición a la idea tradicional de la diferencia como una carencia.

A pesar de que el papel de los géneros es diferente en cada cultura, el tema común que los define en todos los países es la segregación, ya que varones y mujeres no se encuentran en las mismas áreas de la sociedad. El tipo y nivel de separación difiere, pero incluso en países en donde el nivel de ocupación femenino es alto, el mercado laboral sigue dividido pues, en general, varones y mujeres no trabajan en los mismos sectores.

La explicación se encuentra en las añejas formas de organización social basadas fundamentalmente en tres actividades esenciales. En primer lugar, está el trabajo productivo, que es de carácter social, colectivo, mediante el cual se producen los bienes que constituyen, en conjunto, la riqueza social. Su organización depende de las condiciones históricas de cada sociedad, lo que da lugar a los distintos modos de producción verificados a lo largo de la historia: la esclavitud, el feudalismo o el capitalismo. Además, se realiza dentro de un período determinado, incluso con horarios y años laborables específicos. Después está el trabajo doméstico, de carácter individual y a través del cual se satisfacen necesidades cotidianas como la alimentación, la higiene, la salud y el mantenimiento de la vivienda. Se lleva a cabo todos los días a lo largo de la vida de una persona. Si alguien, por distintas razones, ya sea por su posición social, edad o salud no realiza estas labores, entonces serán llevadas a cabo por otros que, así, son obligados a cumplir con un trabajo doméstico múltiple: el propio y el de terceros. En tercer lugar, se ubica la crianza de los hijos que permite inculcar y transmitir los usos y costumbres propios de una comunidad, lo que garantiza la reproducción del imaginario cultural de esa sociedad. Al igual que el trabajo doméstico, no tiene plazos ni horarios.

Aunque se supone que las actividades no tienen género, la estructura social incita a los varones a participar en la vida pública y desanima a las mujeres a dejar el hogar o a perseguir carreras fuera de las áreas tradicionales de empleo femenino. Más allá del relato histórico, el concepto de división sexual del trabajo se ha complejizado hasta ayudarnos a entender la distribución de tareas remuneradas y no remuneradas. Porque dentro del hogar también existe la segregación.

Trabajo

El concepto de género tal como lo hemos definido hasta aquí nos obliga a revisar, deconstruir y reconstruir de manera permanente nociones clásicas de las ciencias sociales para dotarlas de nuevos contenidos y, ¿por qué no?, complejizarlas.

Uno de estos conceptos es el de trabajo, el cual ha sido objeto de un proceso de ruptura epistemológica impulsado principalmente por teóricas feministas con el fin de superar lugares comunes y profundizar en las definiciones. Las dificultades aparecen desde el primer momento, ya que los instrumentos teóricos clásicos para el análisis del trabajo masculino plantean problemas conceptuales y metodológicos cuando intentan analizarse y comprenderse, con esas mismas herramientas, las características de la actividad femenina y de la división sexual del trabajo. Hay que deconstruir por completo un objeto de investigación y definiciones ubicadas casi exclusivamente en el campo de la producción económica de bienes y servicios.

El reto inicial de las primeras investigadoras feministas dedicadas a profundizar en este tema consistió en definir las actividades no remuneradas, a las que las mujeres dedican gran parte de su tiempo en el marco “privado” de la esfera doméstica, como una dimensión del “trabajo” necesario para la reproducción de la sociedad. Fue ésta una posición por completo rupturista, porque hasta entonces no se había pensado en la posibilidad de que las labores del hogar pudieran considerarse, también, un trabajo fundamental y de alto impacto en cada comunidad. Eran interpretadas como una función lógica, del orden natural. Un deber ser femenino.

Pero, tal y como ha ocurrido con muchos otros conceptos que afectan a los géneros, múltiples estudios han demostrado que la gran mayoría de las actividades llamadas “domésticas” afectan bienes y servicios de manera directa, y son susceptibles de ser objeto de un intercambio mercantil en el mercado laboral. Cocinar, lavar y planchar la ropa, limpiar la casa, cuidar de las y los hijos o de personas dependientes, e incluso la producción agraria a pequeña escala, tienen un valor económico. Quién lo hubiera imaginado.

Las construcciones sociales impusieron que las actividades llevadas a cabo en el marco de una relación social familiar determinada no se valoraran. Al contrario: se consideran labores gratuitas que no ameritan remuneración alguna. En los análisis estadísticos oficiales no están contempladas como una forma del trabajo, sino agrupadas bajo la denominación de “tareas domésticas”. La situación se torna extrema porque las mujeres dedicadas exclusivamente a estas tareas, las amas de casa, son ubicadas entre la población “inactiva”, al igual que los jubilados y estudiantes. Por eso, en esta primera fase el objetivo de las investigadoras feministas era que se reconociera social, teórica y conceptualmente, la función socialmente útil y el carácter productivo de algunas de las actividades domésticas realizadas en su mayoría por las mujeres en el ámbito de la esfera familiar. Otro fin era resaltar los fenómenos de “transferencia” que existen entre el “no-trabajo” doméstico y el trabajo profesional.

El segundo nivel de ruptura con la conceptualización clásica reflexiona sobre la categorización del sexo y la reconstrucción de un objeto de investigación identificado como trabajo. Las investigaciones desarrolladas en este sentido subrayan que la división prioritaria de los grupos sexuados, que coloca a los hombres en el ámbito de la producción y a las mujeres en la reproducción, origina el reparto sexual del trabajo, consolidado así, como un fenómeno histórico construido socialmente que, por lo tanto, afecta a las estructuras de la sociedad en su conjunto, no sólo a las mujeres. Esta segmentación genera otro problema ya que establece que la pertenencia a una u otra de las categorías sexuales marca las prácticas de trabajo de los individuos de manera específica, tanto en el ámbito de la producción mercantil como en la reproducción. Así pues, los sexos son considerados categorías sociales, lo que obliga a los individuos a ocupar distintas posiciones en todos los campos y los limita.

La tercera ruptura conceptual se refiere a la construcción social de género que admite que las categorías sexuales no son meros modelos de clasificación, no existen “de por sí”, sino que se construyen dentro de la relación social que los une al remitirlos al mismo sistema de división de la sociedad basado en el sexo, pero que también los opone, porque se trata de un vínculo antagónico con mecanismos de funcionamiento que varían en el tiempo (perspectiva histórica), según las sociedades (perspectiva comparativa) y acorde con las modalidades de articulación del sistema de sexo con otras relaciones sociales, ya sean de clase, edad u origen étnico.

Todo ello nos lleva a cuestionar la supuesta evidencia de la bi-categorización sexuada de las sociedades contemporáneas y a reflexionar sobre los mecanismos concretos de reparto de hombres y mujeres entre las distintas esferas de la actividad humana para terminar, de manera radical, con un determinismo biológico y centrar el análisis en las relaciones de poder, la construcción de las identidades, las prácticas y las representaciones sexuadas.

Lo invisible no se paga

El trabajo no remunerado es aquel que se realiza sin pago. La mayor parte es llevado a cabo por mujeres. Y aunque es fundamental para garantizar la sustentabilidad de la vida humana ya que crea las condiciones necesarias para su prosperidad, continúa siendo infravalorado. El concepto de trabajo no remunerado abarca las tareas en el sector informal —ya sean voluntariados sociales, redes informales de la economía y trueques—, el trabajo doméstico y los cuidados, y las actividades de beneficencia que contribuyen a la economía de subsistencia. Las necesidades de cuidado varían en cada estructura social. Están determinadas por la composición demográfica de la población, su nivel de recursos y la distribución de los servicios entre hogares, mercado, Estado y comunidad.

Con respecto a la composición demográfica, el factor mejor conocido y menos modificable a corto y mediano plazo, existen tres grandes sectores que consumen importantes proporciones del cuidado disponible: la infancia, las personas discapacitadas y las personas mayores dependientes. La inequidad de fondo se basa en que, al reconocer únicamente los derechos asociados a las actividades remuneradas, se han dejado sin protección las de la esfera privada. Unas valen, otras no. Esto implica que quienes realizan tareas no remuneradas carecen de muchos de los derechos sociales de los que sí goza el resto de los trabajadores gracias al proceso histórico de constitución de los derechos ciudadanos.

Los cambios comenzaron a empujarse a mediados del siglo pasado, cuando los movimientos de mujeres denunciaron la invisibilidad de su trabajo en la esfera doméstica e impulsaron en Europa y en Estados Unidos investigaciones científicas en este campo. Así, sus estudios enfrentaron en el espacio académico a las ideas predominantes que consideraban a las familias como lugares de consumo que habían perdido todo rol productivo con la industrialización. Por otra parte, en la tradición sociológica, las diferencias de funciones y actividades de mujeres y hombres aparecían como naturales, dado el predominio de las interpretaciones funcionalistas acerca de la institución familiar. Por ejemplo, la socióloga francesa Danièle Kergoat (1997) y otras investigadoras del Groupe d’études sur la division social et sexuelle du travail (gedisst) introdujeron en los años 80 en Francia las nociones de trabajo doméstico y esfera de la reproducción.

En el caso del trabajo doméstico, desarrollaron una teoría que cuestiona su exclusión del dominio económico y plantea que no se deriva de la naturaleza de la producción, sino de construcciones sociales que impusieron la idea de que, cuando los bienes son producidos fuera del hogar, el trabajo que los produce es remunerado; pero si se realizan puertas adentro, es gratuito. Los economistas neoclásicos reconsideraron las definiciones del consumo e introdujeron nuevos enfoques sobre los hogares como productores de servicios donde se realizan elecciones entre los diversos tiempos, ya sea el asalariado, el doméstico e incluso el tiempo libre. Además, definieron a la producción doméstica como el conjunto de las actividades de los hogares que pueden ser sustituidas por terceros, pero considerando las actividades de hombres y mujeres de manera similar, lo que supone un sesgo desde el punto de vista del género.

Algunos estudios sociológicos centrados en la reconceptualización del trabajo también llamaron la atención sobre los problemas que arrastraba la noción de empleo que suelen usar los economistas y que es bastante limitada porque no considera la suma de todas las formas de trabajo.

La expansión de trabajos informales y por cuenta propia condujo a muchos autores a reflexionar sobre los cambios en la naturaleza y experiencia del trabajo, lo que abrió una nueva puerta para la inclusión de los trabajos no mercantiles. Como reconoció la socióloga francesa Annie Fouquet (2001), esta recomposición del concepto de trabajo, aunque tiene una enorme trascendencia, no ha sido exportada, permanece como patrimonio de los estudios sobre el trabajo femenino. Pero, aun dentro de esos márgenes, Fouquet presiona para provocar una redefinición del concepto utilizado por las principales corrientes de la economía y la sociología del trabajo. También ha impulsado una importante línea de investigaciones sobre la división sexual del trabajo y las relaciones de género.

Este esfuerzo de visibilización choca con la naturaleza de los datos existentes y de las estadísticas disponibles que reducen el trabajo a aquellas actividades orientadas a la producción en el sector mercantil. Por eso es necesario realizar encuestas específicas que aborden la cualificación y redefinan el objeto trabajo a través de sus dos dimensiones: la laboral y la doméstica. Es una estrategia útil para otorgar legitimidad a una propuesta que cuestiona las mediciones convencionales porque cada vez es más evidente que los conceptos utilizados hasta ahora resultan insuficientes.

Si entendemos que los niveles de bienestar de las personas y las sociedades se basan también en el aporte del trabajo no remunerado, lograremos redimensionar y medir su impacto. Ese es el objetivo de los estudios realizados en los últimos años y que permiten ampliar la mirada, ya que hasta hace poco las ciencias sociales lo acotaban al sector mercantil. Era una visión parcial, incompleta.

En cambio, el desarrollo de investigaciones que abordan la cuantificación del trabajo no remunerado busca recomponer el objeto de estudio trabajo a partir de una redefinición que incluye sus dos dimensiones: la laboral y la doméstica. Es una propuesta de innovación conceptual y metodológica, fundamental y en plena expansión porque la promoción de la igualdad de género tiene como una de sus estrategias centrales la transformación de la división sexual del trabajo que ha sido reconocida como el fundamento de la subordinación económica, social y política de las mujeres. La existencia de esa división sexual del trabajo es la principal responsable de que el trabajo remunerado permanezca en los hombres y el trabajo no remunerado siga estando a cargo de las mujeres, al menos en términos estereotípicos.

El impacto de estas conceptualizaciones es múltiple ya que establece que el trabajo no remunerado realizado principalmente en el ámbito privado no contribuye al desarrollo económico y social y, por lo tanto, no es tomado en cuenta en el diseño de políticas públicas ni reconocido para el acceso a la protección social de quienes lo realizan.

Algunas excepciones ya comienzan a aparecer, como el caso de Argentina, en donde el presidente Alberto Fernández se ha referido en varias ocasiones a la importancia de los cuidados, algo inédito en un jefe de Estado latinoamericano. En septiembre de 2020, además, su gobierno presentó por primera vez un presupuesto con perspectiva de género, lo que representa otra mirada innovadora.

Los paradigmas comienzan a modificarse, pero el camino todavía es largo. Si bien las mujeres han logrado mayor autonomía al conquistar progresivamente mayores espacios en su ingreso y permanencia en el mundo laboral, aún existe un vacío que dificulta la organización de los tiempos del trabajo remunerado y no remunerado basado en la división sexual del trabajo tradicional, aún predominante, y que requiere que las mujeres compensen la insuficiencia de los servicios públicos y los efectos desgastantes del trabajo remunerado con su propio trabajo. Ellas todavía tienen que cumplir diversas jornadas de trabajo afuera y adentro de la casa. El resultado es un esquema inequitativo de oportunidades e incentivos en el que las mujeres no sólo subsidian al mercado, sino que se profundiza la desigual distribución social de las responsabilidades.

Por supuesto que se han producido cambios en las leyes, en el acceso a la educación, en el empleo, en la participación en la cultura e incluso en la presencia de las mujeres en la política. Pero en muchos aspectos de la vida cotidiana, pública y privada, las relaciones sociales continúan funcionando como si la antigua división de tareas fuera un orden natural inalterable en el que las mujeres son responsables del trabajo puertas adentro del hogar.

En el ámbito privado, el déficit de cuidado es más notorio en familias en donde las madres trabajadoras cumplen por completo el rol de cuidados y labores de la casa, sin que la pareja u otros miembros se responsabilicen de determinadas tareas. La tensión, en estas condiciones, es inevitable.

En el ámbito público, el déficit de cuidado se ve, entre otros indicadores, en la insuficiente atención que prestan las políticas sociales a la situación de madres y personas ancianas, enfermas y discapacitadas.

La cepal (2018) ya advirtió que, en la medida en que el trabajo reproductivo de los hogares sea reconocido como parte de la creación de riqueza y se acepte que se trata de una responsabilidad no sólo de mujeres y hombres, sino de la comunidad o sociedad, deberán redefinirse las fronteras entre lo que tradicionalmente hemos comprendido como público y privado. Sólo a partir de estos cambios podrán rediseñarse las interacciones entre el Estado, el mercado y la familia:

Las sociedades en las que mujeres y hombres comparten derechos y responsabilidades en la vida privada y pública, especialmente en el cuidado de los niños y las niñas, los adultos mayores y los enfermos, requieren un nuevo papel del Estado, el mercado y las familias en el cuidado de las personas, incluida la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, nuevos tipos de servicios y nuevas formas de organización de la vida cotidiana y de los organismos públicos y privados, que deben ser orientados con el aporte de las políticas públicas.

La incorporación de las formas no remuneradas en la definición del trabajo ha presentado resistencias, como suele ocurrir con las nociones transformadoras, porque supone admitir que la actividad no remunerada contribuye a la riqueza, lo que altera los principios teóricos sobre los que se asienta la economía. Equivaldría a reconocer errores conceptuales. Y no cualquiera está dispuesto.

A partir de la teoría feminista quedó claro que la atención pública y los estudios académicos no tomaban en cuenta las actividades no mercantilizadas realizadas en los hogares por fuera de las relaciones laborales. Su falta de reconocimiento social como trabajo se evidenciaba en la consideración de las amas de casa como inactivas. Las críticas dieron paso a una nueva conceptualización que integra en la definición del trabajo las actividades realizadas por fuera del mercado tradicional. De esta forma, es posible formular una definición de trabajo congruente con la realidad social que considera la suma de todas las formas de trabajo (remuneradas y no remuneradas) que sirven de base en cada sociedad para proporcionar subsistencia y bienestar a sus miembros.

Tiempo

En los últimos años, un elemento extremadamente útil que se ha desarrollado en la región son las encuestas de uso del tiempo que permiten aproximaciones empíricas a la división sexual del trabajo al interior de los hogares, y así poder observar cambios y permanencias.

El tiempo se ha convertido en una variable fundamental al momento de analizar la relación entre el trabajo productivo y reproductivo. Su uso conforma una herramienta que permite abordar las dos dimensiones del trabajo, remunerado y no remunerado, y constituye un indicador importante del bienestar de la población, así como de las desigualdades sociales y de género. Su estudio también contribuye a visibilizar la división sexual del trabajo en las familias y la relación entre los distintos sectores proveedores de bienestar. Nos permite aproximarnos a la dimensión cotidiana de la vida, la forma en que las personas organizan sus vidas y sus tiempos, y proporciona un conjunto de información importante que muestra desigualdades y diferente acceso a recursos.

La medición del uso del tiempo ha permitido construir indicadores para conocer el reparto desigual del trabajo total, tanto remunerado como no remunerado, entre mujeres y varones, entre los distintos miembros del hogar y entre los distintos grupos sociales.

En el ámbito macroeconómico puede ser utilizado, por fin, para calcular el valor económico que el tiempo de trabajo no remunerado aporta a las economías. Diversos autores y autoras consideran el tiempo como una de las dimensiones fundamentales de la organización de la vida de las personas. En el uso del tiempo se manifiestan desigualdades sociales y diferencias entre mujeres y varones, derivadas de contratos implícitos acerca del “deber ser”.

La medición del trabajo no remunerado por medio del tiempo contribuyó a visualizar el reparto desigual de trabajo en las familias, factor clave para entender las limitaciones que las mujeres tienen para el acceso y la permanencia en el trabajo remunerado y para el efectivo ejercicio de sus derechos. Esto permitió vincular trabajo remunerado y no remunerado y cuestionó la rígida separación entre la esfera mercantil, asociada a la actividad masculina, y la esfera familiar, asociada a la actividad femenina.

La desigual distribución por sexo de las horas destinadas al trabajo doméstico y de cuidados, al trabajo remunerado y al tiempo libre, la escasez de tiempo de las mujeres para sí y para su participación en otras áreas de la vida en sociedad, se convirtieron hace ya algunas décadas en un tópico feminista que generó expresiones como la “doble jornada” o la “triple jornada” que cumplen las mujeres en el trabajo remunerado, el hogar y la comunidad. Es un esfuerzo múltiple y simultáneo.

El análisis, medición y comparación del uso del tiempo destinado al cuidado por mujeres y varones ha permitido aproximarse al valor social y económico de estas tareas y a su aporte a la riqueza de los países, y a demostrar la desigualdad en las familias.

Aun cuando las Encuestas sobre Uso del Tiempo (eut) realizadas en los diferentes países de nuestra región no son comparables entre sí, pueden encontrarse tendencias por demás interesantes, por ejemplo: que la carga global de trabajo de las mujeres es mayor a la de los hombres; que los hombres tienen una menor participación e invierten menos tiempo en las actividades domésticas y de cuidado, y que las mujeres destinan en promedio más del doble de tiempo semanal que los varones al cuidado de niños y otros miembros del hogar. El mayor tiempo dedicado a estas actividades por parte de las mujeres se incrementa de manera notable en los tramos del ciclo vital asociados a la tenencia de niños y niñas, mientras que en el caso de los varones prácticamente no hay variaciones.

Gracias a las eut también podemos saber que la jornada de labores remuneradas y no remuneradas es mayor en el caso de las mujeres que en el de los varones; que la participación laboral remunerada de las mujeres es menor cuando existen niñas y niños en edad preescolar, y que la distribución de tareas domésticas y de cuidado sigue siendo desigual: aunque ellas tengan un trabajo remunerado de tiempo completo, cumplen la mayor parte de las tareas adentro del hogar.

En términos generales, el tiempo de trabajo remunerado en promedio de las mujeres es inferior al de los varones porque ellas están obligadas a atender las responsabilidades domésticas y familiares. Además, el trabajo del cuidado de niños, enfermos y adultos mayores aumenta la participación y el tiempo invertido por las mujeres en las actividades domésticas.

Cuidado

Desde hace cuarenta años, los estudios de género han mostrado cómo las tareas que ocurren en el ámbito doméstico son cruciales e imprescindibles para el funcionamiento del sistema económico y el bienestar social. Sin embargo, los cuidados han sido objeto de conocimiento específico apenas en las últimas dos décadas.

Una de las explicaciones para el “descubrimiento” de los cuidados es la existencia de tensiones que derivan de los nuevos roles que las mujeres adquirieron en el mercado de trabajo a finales del siglo xx y la mayor externalización de los cuidados hacia afuera de las familias.

La noción de cuidados se ha vuelto clave para el análisis y la investigación con perspectiva de género sobre las políticas de protección social. Se trata de un concepto sobre el que existen varias definiciones y todavía se está lejos de llegar a una noción de consenso. Los debates académicos sobre su contenido se remontan a los años setenta en los países anglosajones, en donde fueron impulsados por las corrientes feministas en el campo de las ciencias sociales.

La definición propuesta por la socióloga española María Ángeles Durán (2000) establece que el cuidado proporciona tanto subsistencia como bienestar y desarrollo. Abarca la indispensable provisión cotidiana de bienestar físico, afectivo y emocional a lo largo de todo el ciclo vital de las personas. Comprende la estimulación de los fundamentos cognitivos en la infancia y la búsqueda, en la medida de lo posible, de la conservación de las capacidades y la autodeterminación en el caso de las personas frágiles de edad avanzada. La manutención requiere generar y gestionar bienes, recursos, servicios y actividades que hagan viable la alimentación, velar por la salud e higiene personal, y experimentar procesos de desarrollo y de aprendizaje cognitivos y sociales.

En las familias, agrega la investigadora, estas tareas involucran simultaneidad de papeles, roles y responsabilidades, espacios y ciclos, que para ser captados requieren considerar conceptos como los de dirección y gestión, no fácilmente traducibles en estimaciones de tiempo, intensidad o esfuerzo.

Con base en las investigaciones comparativas, el conocimiento acumulado y las experiencias implementadas, el debate en torno al tema de los cuidados se complejiza y desplaza de la esfera estrictamente privada de la familia hacia la esfera pública de los estados de bienestar. Así, al interrogar el rol de la colectividad y de los poderes públicos en las ayudas a las familias, se reformula el debate en términos de compartir las responsabilidades de cuidado entre diversas instituciones: el Estado, la familia, el mercado y las organizaciones comunitarias. Es una reformulación integral.

Un factor importante del problema de brindar bienestar y protección social de calidad a los miembros de una sociedad radica en un adecuado reparto de responsabilidades entre sus miembros. La solución ha asumido distintas formas en función del momento histórico, social, cultural y económico. Si bien se ha determinado que en la distribución del cuidado cooperen distintos actores sociales, parte significativa de esta carga ha recaído y recae en las familias. En realidad, en las mujeres de las familias.

Los cuidados a las personas se han resuelto históricamente en el seno de las familias, pero las necesidades de cuidado no son las mismas, ni tampoco las personas que pueden prestarlos. Esto tiene consecuencias de género relevantes para la condición de las mujeres en la sociedad porque, cuando ellas son las principales proveedoras del bienestar, deben excluirse del mercado laboral o enfrentar mayores dificultades que sus pares masculinos para conciliar trabajo productivo y reproductivo. Los cambios en la fecundidad, los procesos de envejecimiento de la población y las migraciones impactan en el tamaño de los hogares, en las estructuras familiares, en la composición de los hogares, en las relaciones entre sus miembros y en el bienestar de las familias.

Desde los estudios de género, el análisis de los cuidados pone de manifiesto la división sexual del trabajo, visibiliza la contribución de las mujeres a la reproducción y a la sostenibilidad de la vida humana, al tiempo que permite un análisis crítico de los estados de bienestar contemporáneos.

A pesar de que los cuidados son en la actualidad un objeto de estudio muy explorado por las ciencias sociales, no sólo desde el enfoque de género, todavía no existe un concepto teóricamente acabado y consensuado, sino que persisten nociones y estudios empíricos centrados en alguna de sus dimensiones. Las diferencias se observan, sobre todo, en el acento de los aspectos relacionales o vinculares, lo que abre cuestionamientos sobre su conexión con el concepto de trabajo.

En el campo de la academia, la noción de cuidados ha sido impulsada por las académicas feministas europeas desde la década de 1970. Antes, previo a la consolidación de los cuidados como objeto de estudio, el movimiento feminista se ocupó de lo que se conoce como el debate sobre el trabajo doméstico. La inquietud por el tema inició a partir de las peculiaridades de opresión de esta actividad dentro de la sociedad capitalista, en particular sobre la situación como ama de casa. El debate se centró en aspectos como la definición, contenido y formas del trabajo doméstico y su relación con la producción capitalista de bienes. Las diversas posiciones académicas también reflejaban una motivación práctica subyacente detrás de su estudio: la revaloración económica y social del trabajo no remunerado de las mujeres.

Por su riqueza y densidad teórica, el cuidado es, tanto en la academia como en la política, un concepto potente y estratégico capaz de articular debates y agendas antes dispersas, de generar consensos básicos y de avanzar en una agenda de equidad de género en la región latinoamericana. Es, quizá, uno de los conceptos más potentes y cuestionadores de este siglo. Podemos decir, sin pretensión de ofrecer una definición exhaustiva, que el cuidado designa la acción de ayudar a un niño, niña o a una persona dependiente en el desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana. Implica hacerse cargo del cuidado material. Es un trabajo. Pero también representa un cuidado económico que, a la vez, tiene un costo en ese sentido. Abarca, además, un cuidado sicológico que acarrea un “vínculo afectivo, emotivo, sentimental”.

El cuidado puede realizarse de manera honoraria o benéfica por parientes en el entorno familiar. O de manera remunerada, ya sea en un contexto o no de la familia. La naturaleza de la actividad variará de acuerdo con estos factores. La especificidad del trabajo de cuidado se basa en lo relacional, ya sea en el contexto familiar o fuera del mismo. En el marco de la familia, su carácter a la vez obligatorio y percibido frecuentemente como desinteresado le otorga una dimensión moral y emocional. Pero no es solamente un deber jurídico establecido por ley (obligación de prestar asistencia o ayuda) o económico, ya que involucra las emociones que se expresan en el seno familiar al mismo tiempo que dicho espacio contribuye a construirlas y mantenerlas.

Fuera del entorno familiar, el trabajo de cuidado está marcado por la relación de servicio, de atención y preocupación por los otros. La tarea se realiza cara a cara entre dos personas y genera lazos de proximidad en una situación de dependencia, pues una es tributaria de la otra para su bienestar y mantenimiento.

La noción de cuidados surge para representar el trabajo de reproducción englobando también la parte más afectiva y relacional de estas actividades. Su objetivo es evidenciar la transversalidad de las prácticas y representaciones definidas como femeninas y mostrar que las partes material e inmaterial, pública y privada, física y emocional van de la mano y están significativamente imbricadas.

El pensamiento feminista ha demostrado que las tareas de atención y cuidado de la vida de las personas son un trabajo imprescindible para la reproducción social y el bienestar cotidiano de las personas. Al respecto, la cientista social inglesa Carol Thomas (2011) planteó la necesidad de especificar a qué tipos de cuidados nos referimos al iniciar un debate o una investigación. Para ello, establece un concepto multidimensional. En primer lugar, propone el análisis de la identidad social de la persona cuidadora a partir de las características que la definen, ya sea en función de sus relaciones familiares o profesionales. Después viene el estudio de la identidad social de la persona receptora de los cuidados para determinar sus particularidades y su grado o situación de dependencia. La tercera dimensión se refiere a las relaciones interpersonales entre la persona cuidadora y la receptora de cuidados, y la cuarta, a la naturaleza de esos cuidados.

Otra dimensión aborda el dominio social en el que se localiza la relación de cuidados, es decir, la distinción entre los espacios públicos y privados, ya que las tareas en estos dos ámbitos tienen características diferentes. También hay que considerar el carácter económico de la relación de cuidados para entender si es una relación asalariada o no asalariada y, por último, el marco institucional y la localización física en la que se cumplen estas labores.

Economía del cuidado

La economía del cuidado, que tiene su origen en las corrientes de la economía feminista, es un concepto que visibiliza el rol que este trabajo cumple en el marco de las sociedades capitalistas, así como su peso en la vida de las mujeres. Desde esta perspectiva busca evidenciar la contribución de las mujeres a una economía alternativa que no sólo mide el trabajo remunerado, sino también el no remunerado.

Numerosos trabajos de economistas y sociólogas de la región, como las argentinas Valeria Esquivel y Corina Rodríguez Enríquez; las chilenas Irma Arriagada y Rosalba Todaro; la ecuatoriana Alison Vásconez y la uruguaya Alma Espino, entre otras, han subrayado la importancia de los cuidados como un trabajo subsidiario y necesario de la economía ligada al mercado y a la generación de riqueza. Esta mirada feminista se concentra específicamente en las desigualdades de género, ya que desarrolla teorías sobre los mecanismos desiguales de reproducción de la vida cotidiana de las personas y el vínculo establecido con el sistema económico de generación de riqueza o de producción.

Para Rodríguez Enríquez (2015), uno de los conceptos fundamentales de esta economía es la “sostenibilidad de la vida” como ámbito central para entender la provisión y distribución de bienes y servicios económicos, lo que permite dejar de analizar a los mercados como el aspecto central de la economía. El foco se coloca ahora en la reproducción de la vida, ya no del capital. De acuerdo con las definiciones de la economista, los cuidados son todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en que viven. Este universo incluye el cuidado directo a otras personas, el autocuidado, tareas como la limpieza de la casa y la elaboración de alimentos, así como la planificación, gestión y supervisión del cuidado.

En el marco de la economía del cuidado se desarrollan al menos tres tipos de trabajos de investigación. Uno de ellos aborda las cuantificaciones del tiempo de cuidado a través de las metodologías de uso del tiempo y a pesar de las limitaciones que existen para discernir los cuidados de otras tareas no remuneradas dentro del hogar. El segundo tipo de investigación realiza diagnósticos sobre la oferta y la demanda de cuidados. Por último, el tercero elabora cuentas satélite que identifican el porcentaje del Producto Interno Bruto generado por las horas de cuidado no remunerado en un país.

Democracia y cuidados

La feminista estadounidense Joan Tronto (٢٠٠٥) aportó desde la filosofía un elemento interesante sobre los cuidados y cómo deben orientarse en una sociedad democrática.

Al analizar las democracias, identificó una estrecha relación política entre el déficit democrático y el déficit de cuidados. Y advirtió que asumir esa relación es algo decisivo. Para Tronto, la resolución de los cuidados a nivel social debe ser coherente con los valores democráticos, la equidad y la libertad y la importancia de repensar la democracia misma, ya que, por ser un factor central de la vida de los ciudadanos, el cuidado es uno de los elementos constitutivos de este sistema. También propone repensar las responsabilidades del cuidado, ya que necesariamente requieren de una práctica democrática.

El concepto de “irresponsabilidad privilegiada” que desarrolló esta autora permite comprender que la desigual distribución de las tareas del cuidado entre los integrantes de la sociedad responde a patrones de género, raza, etnia y clase. Así, explica que ciertos colectivos tienen el privilegio de desentenderse de las labores de reproducción de la vida social. Por lo tanto, existen ciertos “permisos” para no cuidar. Son “los exentos”.

Tronto y la profesora estadounidense Berenice Fisher definieron el cuidado como todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir en él tan bien como sea posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestro ser y nuestro ambiente. En resumen: todo lo que buscamos para entretejer una compleja red del sostenimiento de la vida. Es una tarea trascendental. Pero como esta descripción era muy amplia, Tronto luego la delimitó hasta enmarcar el cuidado como una práctica y una disposición moral; una actividad puntual o un proceso.

Al entenderlo como un proceso continuo, la autora distinguió cuatro fases que pueden ser concebidas por separado desde el punto de vista analítico, pero que, al integrarse en la vida real, forman “el buen cuidado”. La primera es la fase de reconocimiento de la necesidad de cuidado (caring about), que identifica que existe una carencia y asume que alguien debe cubrirla. En segundo lugar, se refiere a una fase del proceso de cuidado en sí mismo (taking care of). Implica asumir cierta responsabilidad en la necesidad identificada y determinar cómo se va a responder a la misma. Luego viene la fase de satisfacer la necesidad del cuidado desde el punto de vista material, es decir, del trabajo concreto que implica esta actividad (care-giving). Por último, se encuentra la fase final del proceso (care-receiving), que requiere de sensibilidad para la escucha y es crucial para saber si la necesidad identificada ha sido realmente cubierta desde el punto de vista de quien recibe los cuidados.

Más adelante, Tronto agregó una quinta y nueva fase que alude a la repetición confiable de los procesos de cuidado (caring with), ya que precisan de una estandarización y repetición para desarrollarse de manera adecuada.

Para esta autora, si bien idealmente estas fases están interconectadas e integradas, en la práctica pueden presentar conflictos por separado y entre ellas. Por ejemplo, si las personas que brindan cuidados y las que los reciben tienen una idea diferente de estas tareas o si sus necesidades son contradictorias. Todo ello repercute en la calidad del cuidado.

La conceptualización de Tronto permite construir un estándar, por lo menos teórico, para determinar cuándo, cómo y en qué condiciones el proceso de cuidado se desarrolla de manera adecuada.

Otro de sus aportes más notables es la noción de interdependencia. Se trata de entender que las personas formamos parte de una compleja red de relaciones en las que cuidamos y somos cuidados/as según el momento o las circunstancias vitales. Esta idea rompe con la división estática de cuidadores y personas cuidadas, y propone una continuidad de estas identidades porque los seres humanos somos las dos cosas: receptores y proveedores de cuidado. Brindamos y recibimos cuidado de otros y de nosotros mismos todos los días y, por lo tanto, nos comprometemos en conductas de cuidado hacia los que nos rodean. Así, la dependencia no es una excepcionalidad sino un rasgo constitutivo de lo humano.

Bienestar social y cuidados

Un concepto muy aceptado en la literatura para analizar las políticas sociales y la función de los Estados de bienestar en la provisión de los cuidados es el de “cuidado social”, desarrollado por Mary Daly y Jane Lewis (2000). Las profesoras y sociólogas inglesas lo proponen como una categoría de análisis de los Estados de bienestar y sus cambios. Bajo esta teoría, el cuidado social se convierte en un concepto multidimensional en el que se destacan tres facetas. La primera es una dimensión de trabajo que permite analizar las formas bajo las cuales el cuidado se lleva a cabo y el papel que cumple el Estado para determinar si es remunerado o no remunerado, formal o informal. En segundo lugar, estas investigadoras observan la dimensión normativa de obligación y responsabilidad, el cuidado social enfatiza las relaciones sociales de cuidado y el rol del Estado para debilitar o fortalecer las normas vigentes sobre esta tarea. También analiza los discursos que la rodean. La tercera dimensión explica que se trata de una actividad con costos, tanto financieros como emocionales, por lo que debe examinarse cómo se comparten los cuidados entre individuos, familias y dentro de la sociedad en general.

Daly y Lewis definen al cuidado social como las actividades y relaciones involucradas en la satisfacción de las necesidades físicas y emocionales de personas adultas y niños dependientes, así como los marcos normativos, económicos y sociales dentro de los cuales estas actividades y relaciones se encuentran asignadas y realizadas. Esta interpretación permite analizar el reparto de los cuidados a nivel macro y micro.

El nivel macro aborda la infraestructura del cuidado a partir del papel que juegan distintas políticas que se aplican y sus relaciones en Estados de bienestar particulares. También examina la distribución del trabajo de cuidados, la responsabilidad y los costos entre las familias, el mercado, el Estado y los sectores voluntarios o comunitarios. De esta manera destaca la contribución de cada grupo a la carga de cuidado de una sociedad, las particularidades institucionales que rigen la organización del cuidado dentro y a través de cada uno de los sectores y los tipos de políticas que los acompañan.

En el nivel micro, en cambio, permite indagar sobre la distribución del cuidado entre varones y mujeres en las relaciones cotidianas y las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo y que son afectadas por el rol del Estado. Además de mostrar el contexto del trabajo femenino y la experiencia individual del bienestar de las mujeres en la sociedad, también enfoca la mirada en las condiciones que el Estado genera para que este trabajo se distribuya.

Este concepto posibilita el estudio de los cambios en la provisión de cuidados tanto a nivel macro como micro, entre sectores y entre varones y mujeres, y puede prever trayectorias de cambio hacia regímenes de provisión más estatales, familiaristas, mercantiles o comunitarios. A nivel micro, además, se pueden anticipar cambios en las identidades de los y las cuidadores/as, así como en las relaciones entre cuidadores/as y personas cuidadas.

La cuestión del cuidado irrumpió como aspecto fundamental del sistema de bienestar con la incorporación generalizada de las mujeres al mercado de trabajo y con el reconocimiento de sus derechos ciudadanos. En el mundo occidental, sin lugar a duda, el trabajo remunerado de las mujeres constituye una nueva regularidad social que alteró la conformación de las comunidades, porque parte central del reto de entregar bienestar y protección social de calidad a los miembros de una sociedad radica en una adecuada distribución de esas responsabilidades entre sus integrantes, pero en el caso de los cuidados se aplicó de manera inequitativa y las mujeres fueron las principales afectadas.

Las soluciones para repartir el cuidado han asumido distintas formas en función del momento histórico, social, cultural y económico. Si bien estos factores han determinado que en el reparto de la responsabilidad social del cuidado hayan tenido participación distintos actores sociales como el Estado, el mercado, las familias o formas comunitarias, parte significativa de esta carga ha recaído y recae en las familias. Más bien, en las mujeres de las familias. Esto repercutió en los distintos regímenes de bienestar y de cuidado asociados en función de las formas en que se asignan estas responsabilidades y se distribuyen los costos de proveerlas.

Régimen de cuidado

Para caracterizar un régimen de cuidado hay que saber dónde se cuida, quién cuida y quién paga los costos de ese cuidado. Analizar el cuidado desde esta perspectiva implica que el punto de partida no es un componente particular de las políticas sociales, sino que el conjunto de políticas existentes debe analizarse de manera integral tomando como punto de partida el cuidado de dependientes. Es un marco conceptual muy poderoso para el análisis de las políticas sociales, porque permite mirar de manera transversal políticas típicamente pensadas de manera sectorial, además de que evidencia la existencia de supuestos predominantes que definen el lugar que, de acuerdo con esos prejuicios, deberían ocupar familias y mujeres en la provisión de cuidados.

A partir de las investigaciones realizadas, principalmente en los países de la Unión Europea y más recientemente en la región, el debate en torno al tema de los cuidados se complejizó y se desplazó de la esfera estrictamente privada de la familia, a la esfera pública de los Estados de bienestar.

La mirada es más amplia. Al interrogar el rol de la colectividad y de los poderes públicos en las ayudas a las familias, se reformula el debate para compartir las responsabilidades de cuidado entre diversas instituciones: el Estado, la familia, el mercado y las organizaciones comunitarias. De esta forma se pone en evidencia el rol de la familia como unidad de producción de servicios, especialmente de cuidado y protección para las personas dependientes, y la importancia de las re-conceptualizaciones de los roles masculinos y femeninos en la familia, para comprender cómo se ha determinado el reparto de esas tareas. El resultado es la modificación de arquetipos.

Se plantea, además, la necesidad de pensar y prever la demanda de nuevos servicios que surgen a partir de los cambios de una estructura social que ya mutó. La prestación y estructura de algunos servicios fue diseñada para un modelo social basado en la presencia casi continua de una persona en el hogar, habitualmente una mujer, encargada de atender desde los servicios más simples, como estar atentas al consumo de agua o luz, hasta tareas más complejas de supuesta atribución familiar, como el cuidado de enfermos y la asistencia médica de niños y niñas. Pero esta premisa dejó de tener sentido. La idea de que en los hogares había una persona a cargo de manera casi permanente se desvaneció. Por eso, principalmente desde el sector privado surgieron prestaciones de servicios para suplir ese déficit, ya fuera para acompañar a enfermos, descentralizar los pagos de facturas o habilitar sistemas de compras a domicilio.

El estudio de los regímenes de cuidado tiene en cuenta la división del cuidado de niños, enfermos y mayores dependientes entre el Estado, las familias, el mercado y la comunidad, en cuanto al trabajo, la responsabilidad y el costo. Supone analizar empíricamente los servicios, las transferencias de dinero, de bienes y de tiempo proporcionados por las distintas esferas y la distribución de la provisión entre ellas. Esta desagregación permite ver con mayor claridad el reparto de tareas, las implicaciones que tienen en las relaciones de género y las alternativas para desfamiliarizarlas, dejando de lado la creencia de que sólo pueden cumplirse dentro de este núcleo. Aquí el Estado puede ejercer una labor primordial.

Como lo destaca la investigadora española María Ángeles Durán (2000), las familias proveen el bienestar a través de la realización de funciones básicas, ya sean reproductivas (procreación), de prestación de servicios básicos (trabajo doméstico) y expresivas y de cohesión afectiva (cuidados).

Las funciones reproductivas pueden ser desfamiliarizadas con la intervención del Estado, por ejemplo, a través del desarrollo dentro del sector sanitario estatal de los programas de planificación familiar y control natal. Las políticas demográficas referidas a la contracepción, el seguimiento de los embarazos y las nuevas técnicas reproductivas son medidas públicas que inciden sobre la reproducción humana.

Con respecto a los servicios básicos, hay que recordar que las políticas sanitarias, la educación, la vivienda, la seguridad social, la atención a personas dependientes y a niños pequeños implican una intervención de los poderes públicos dirigidos a funciones cumplidas en la esfera privada familiar. En los países industrializados han adquirido una dimensión esencial del Estado de bienestar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y la expansión y generalización del trabajo femenino ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de estos servicios.

Durán afirma, de hecho, que aún se desconocen límites a la capacidad expansiva de los servicios y que es previsible un aumento continuado en los próximos años en educación, sanidad, servicios personales, ocio, turismo y gestión. La metamorfosis social seguirá su rumbo. También reconoce que todos estos servicios proceden del lento pero constante proceso de derivación de funciones desde las economías domésticas hacia el mercado. En el caso de los servicios sanitarios que ella estudia, señala:

Los tiempos de trabajo remunerado y trabajo no remunerado no suelen presentarse en una relación de sustitución (cuando se obtiene el servicio se disminuye el tiempo dedicado a esa función), sino en una relación de asociación (cuando aumenta el consumo en servicios sanitarios, aumenta el tiempo no remunerado dedicado a la función de salud) (2000).

En los países desarrollados, una parte importante del trabajo familiar o doméstico se adquiere en el mercado, ya sea el cuidado de niños o ancianos, o ayudas domésticas remuneradas. Además, han desarrollado la noción global de servicios a las personas, que enlaza los trabajos domésticos y los servicios de proximidad.

Las funciones expresivas y de cohesión afectiva a las que se refiere Durán son cumplidas en exclusividad por las familias y el entorno vecinal. En todas partes se constata que el papel del trabajo femenino es esencial para el cumplimiento de estas actividades, ya sean profesionales y asalariadas porque trabajan en instituciones privadas o públicas; o como madres o parte de una pareja.

A nivel macrosocial, la cuestión es cómo encarar las obligaciones familiares, lo que tiene que ver con la división del bienestar entre Estado/ familia /mercado /comunidad, mientras que en lo microsocial se vincula con el reparto de responsabilidades en el seno familiar y entre sus diferentes integrantes.

Frente a las crecientes necesidades de cuidados y la ausencia de personas disponibles para hacerse cargo gratuitamente de ellos, el sector mercantil de cuidados para niños pequeños, adultos mayores dependientes y enfermos ha adquirido en la última década un importante desarrollo. En este sentido, la socióloga uruguaya Rosario Aguirre (2008) retoma en su texto “El futuro del cuidado” los planteos de las analistas feministas de los regímenes de cuidado y presenta dos escenarios opuestos: familista y desfamiliarizador.

En el régimen familista la principal responsabilidad del bienestar corresponde a las familias y a las mujeres en las redes de parentesco. El trabajo de cuidado es no remunerado y la unidad que recibe los beneficios es la familia. Es el más extendido en América Latina y en los países mediterráneos. Las premisas de este sistema son la centralidad de la institución del matrimonio legal y una rígida y tradicional división sexual del trabajo.

En el régimen desfamiliarizador, en cambio, hay una derivación hacia las instituciones públicas y el mercado. No existe en forma pura y absoluta. Es más variado y con diferentes ritmos. El trabajo de cuidado es remunerado y la unidad que recibe los beneficios es el individuo.

El cambio de perspectiva entre ambos modelos es evidente. Aguirre plantea otro escenario posible para la equidad social y de género a partir del desarrollo de políticas de corresponsabilidad familias-Estado-mercado, de forma tal que se favorezca la ampliación de derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres.

Las desigualdades sociales están estrechamente vinculadas a la provisión dispar de cuidado familiar y social. Forman un círculo vicioso. Quienes tienen más recursos disponen de un mayor acceso a cuidados de calidad por medio de su adquisición en el mercado y, a su vez, están en situación de tener menos miembros del hogar que cuidar. Por el contrario, aquellos que disponen de menores recursos para acceder a los cuidados mercantiles y que tienen más cargas de cuidado acumulan desventajas por el mayor peso del trabajo doméstico familiar, por las dificultades en el acceso a los servicios públicos y por la necesidad de recurrir a cuidadoras informales.

Un capítulo aparte, poco investigado hasta el momento, corresponde a los sectores medios que no se benefician de las políticas focalizadas de cuidado para atender los sectores de menores recursos y tampoco disponen de recursos suficientes para adquirir estos servicios en el mercado. Es un dilema permanente, masivo e irresuelto.

La pregunta acerca de quién asume los costos del cuidado de las personas dependientes tiene implicaciones a nivel macro y micro. En el primer caso, se plantea la cuestión de cómo encarar la división del bienestar entre Estado/familia/ mercado/comunidad. A nivel microsocial, en tanto, se vincula con la división de tareas y cambios en los contratos de género entre varones y mujeres y entre generaciones.

Para el sociólogo danés Gøsta Esping-Andersen (1990), los regímenes de bienestar se distinguen de acuerdo con la distribución de responsabilidades sociales que haya entre el Estado, el mercado, la familia y el sector voluntario o instituciones sin fines de lucro. A esta asignación también se le conoce con el nombre de diamante del bienestar.

De acuerdo con el investigador, los regímenes de bienestar cumplen operaciones esenciales. Por un lado, desmercantilizan el acceso del bienestar de la población porque los Estados otorgan bienes, servicios y transferencias que no dependen de la posición que la persona ocupa en el mercado laboral ni de su capacidad de compra en el mercado de bienes, seguros y servicios. Además, los Estados desfamiliarizan el acceso al bienestar de las personas al otorgar beneficios, servicios y transferencias que no dependen de la pertenencia a una familia ni de las normas de reciprocidad y distribución que operan en ellas. Finalmente redistribuyen ya que, al recaudar y repartir esos ingresos en forma de bienes, servicios y transferencias, no ajustan el aporte en forma exacta al beneficio, no imponen una proporcionalidad sino que operan en modalidades basadas en la solidaridad, ancladas en fuentes de financiamiento y criterios de elegibilidad. Es muy diferente a la noción de equivalencia pura entre aporte y prestaciones. El “tanto das, tanto recibes”, no aplica.

Fuente: El diamente del bienestar de Evens Pilj y Ungerson (1994).

La redistribución se produce entre un sinfín de sectores de la población, ya sea ocupados y desocupados, sanos y enfermos, o jóvenes y adultos, pero hay tres categorías centrales: estratificación económica, distribución generacional y distribución entre hombres y mujeres. Estas funciones del Estado no operan separadamente. Se apoyan en familias y mercados concretos.

Al igual que en gran parte del mundo, los regímenes de bienestar en América Latina presuponían a los varones empleados en actividades fuera del hogar y a las mujeres en la casa, cuidando de niños y adultos mayores. Es un modelo profundamente cuestionado tanto desde el punto de vista empírico como normativo.

Los datos disponibles demuestran que, en los últimos treinta años, se desdibujó esta versión de la familia y de los mercados laborales. Sintéticamente, esto se expresa en un incremento de los hogares con jefatura femenina, un sostenido aumento de los divorcios, mayor desempleo e informalidad dentro de la población masculina y un marcado crecimiento de la tasa de participación y empleo femeninos en mercados de empleo, también más informales y precarios.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) considera que estas transformaciones erosionan la consistencia entre estructura social y sistema de protección social. Por eso, el tema del cuidado, la inequidad de género y la solidaridad intergeneracional adquieren un carácter primordial.

En este sentido, cobra relevancia el análisis de la evolución demográfica para identificar el número de personas que necesitan cuidados. La tasa de crecimiento de la población y el cálculo de su estructura de edades permite discernir cómo aumentan los grupos de edad que requieren cuidados (menores y adultos mayores) y determinar su proporción con respecto al conjunto de la población.

Cuidado = bienestar

La mirada del cuidado como componente del bienestar, enfocada en entender el lugar del cuidado en los regímenes de bienestar, tiene sus raíces en las críticas y la problematización aplicadas desde la literatura feminista a las tipologías originalmente introducidas por Esping-Andersen (1990).

Los principales cuestionamientos consideraban que el análisis del sociólogo danés no les otorgaba a las familias y a las mujeres la relevancia que tienen como proveedoras de bienestar. En respuesta, las feministas desarrollaron una extensa obra teórica que sí caracteriza el aporte de las familias al bienestar y las desigualdades de género en los hogares.

Para Esping-Andersen, el problema central era la forma en que los derechos de ciudadanía social estaban asegurados de forma independiente del vínculo del ciudadano con el mercado. Para las investigadoras feministas, en cambio, lo fundamental es saber de qué forma estos derechos pueden garantizarse sin depender de las familias para, así, proteger los derechos de las mujeres.

Desde la perspectiva de género, el cuidado es uno de los derechos de la ciudadanía social que provoca más resistencias a su desfamiliarización y, por tanto, a su desfeminización: continúa la creencia de que son tareas que deben cumplir principalmente las mujeres. El prejuicio es tan sólido, hay un vínculo tan naturalizado y arraigado entre familia y cuidados, que dificulta la posibilidad de asumir los cuidados como un derecho que debe ser garantizado por el Estado.

La académica iraní Shahra Razavi (2008) extendió la noción de régimen de bienestar y la aplicó al dominio de los cuidados a través del concepto de régimen de cuidado social, que hace referencia al “diamante” mencionado anteriormente, que distribuye y asigna responsabilidades y costos del cuidado entre los distintos agentes proveedores.

En América Latina, en los últimos años surgieron los conceptos de organización social del cuidado y redes de cuidado, similares al planteado por Razavi pero aplicados a la región. En ese sentido, es imprescindible recordar que aquí no existen ni políticas públicas ni régimen de cuidados consolidados, sino acciones incipientes y desarticuladas que no conforman una oferta clara de dispositivos para su provisión, como ya existe en los países europeos y en la literatura de ese continente.

Las pocas acciones que existen en Latinoamérica están segmentadas en su acceso y, para peor, el rol del Estado como redistribuidor de recursos en muchos casos se limita a reproducir las añejas e históricas inequidades de género. El resultado es que las políticas de cuidados no son universales. Existe, más bien, un paquete de políticas de transferencias de dinero que reproduce la división sexual del trabajo.

Para la cientista social argentina Leonor Faur (2009), esta segmentación provoca que no se pueda hablar de un solo régimen de cuidado en términos monolíticos, sino de una organización social del cuidado definida como una configuración dinámica de los servicios suministrados por diferentes instituciones y la forma en que los hogares y sus miembros se benefician de ellos. En resumen, es la manera en que se interrelacionan de forma cambiante las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias para producir cuidado.

Este concepto permite interrelacionar la mirada micro (relaciones cotidianas) y la macro (nivel de los agentes proveedores) planteada por Daly y Lewis, de forma que las normas de género que asocian a las mujeres al cuidado se articulan con los modos en que el Estado asigna responsabilidades a distintos agentes.

Pero el debate teórico está abierto y atraviesa regiones. La economista española Amaia Pérez Orozco (2009), por ejemplo, sugiere que es más adecuado hablar de redes de cuidado en lugar de organización, ya que alude a encadenamientos múltiples y dinámicos de responsabilidades y tareas que se dan entre los distintos tipos de actores para brindar cuidado.

De este lado del Atlántico, otras autoras como las argentinas Valeria Esquivel, Eleonor Faur, Carina Lupica y las uruguayas Karina Batthyány, Sol Scavino y Natalia Genta, entre muchas otras, hemos evidenciado en nuestras investigaciones que las organizaciones sociales del cuidado presentan una desigual distribución, que las responsabilidades recaen en los hogares y en las mujeres, y que ello es producto de varios factores que ocurren simultáneamente: desde la persistente división sexual del trabajo y la naturalización de las mujeres como cuidadoras, hasta los escasos desarrollos institucionales de los regímenes de bienestar de la región y las grandes desigualdades económicas.

Derecho al cuidado

La literatura feminista enfatiza la necesidad de considerar a los cuidados como un derecho universal. Esto significa el derecho a recibir los cuidados necesarios en distintas circunstancias y momentos de la vida, y a evitar que la satisfacción de esa necesidad se determine por la lógica del mercado, la disponibilidad de ingresos y la presencia de redes vinculares o lazos afectivos. También conlleva el derecho de elegir si se desea o no cuidar en un marco familiar no remunerado. Que sea una elección, no una obligación o deber “natural” de las mujeres y de las familias, como se ha interpretado hasta ahora.

El tercer derecho apuesta porque el sector de cuidados se realice en medio de condiciones laborales dignas que valoricen social y económicamente esta tarea como un componente necesario del bienestar social.

En esta línea, que es quizás proveniente de la sociología y del derecho como disciplinas, se ha trabajado en la conceptualización de los cuidados como un derecho humano y sus múltiples implicaciones en las políticas públicas. La idea de los cuidados como derecho ligado a la ciudadanía social significa que, independientemente de contar con una familia que cuide o de tener dinero para pagar los servicios, las personas, en tanto ciudadanos/as, tienen derecho a recibir cuidados de calidad.

De acuerdo con la socióloga argentina Laura Pautassi (2010), la perspectiva que vincula derechos y cuidados define otro aspecto adicional: la consideración de los cuidados como una elección. La propuesta pasa por asegurar que las personas puedan elegir si quieren cuidar a sus familiares y en qué medida, sin que ello afecte, a su vez, el derecho de las personas que requieren cuidados que, de cualquier forma, les serán otorgados. Y serán de calidad, aunque no se los brinden necesaria y obligadamente sus familiares.

El derecho al cuidado implica que los cuidados de buena calidad deberían ser garantizados por el Estado como un derecho consagrado a las personas que lo requieren, de forma independiente a los vínculos familiares y a las posibilidades económicas que existan en esos hogares.

Una de las principales razones para proponer esta alternativa es que la asunción individual de los costos y responsabilidades de los cuidados presenta varias desventajas desde la perspectiva de género: las mujeres viven grandes tensiones por la responsabilidad exacerbada que recae en ellas y las familias siguen siendo el espacio asignado para brindar cuidados.

La cepal (2018) ya impulsó el derecho al cuidado al colocarlo como uno de los derechos humanos universales consagrados en los diversos instrumentos internacionales, a pesar de no estar explícitamente nominado como tal. Para esto, dispone la responsabilidad de asegurar el cuidado a actores que trasciendan a la familia. En ese esquema, el Estado es el garante del derecho.

Estas miradas analíticas, así como las investigaciones que de ellas han surgido en la región, han mostrado una conexión con las políticas públicas ya que los resultados de los trabajos realizados por sociólogas, cientistas sociales y economistas, entre otras, han sido utilizados para cuestionar, problematizar, sugerir o recomendar programas y estrategias oficiales a los Estados.

En función de lo analizado hasta el momento, puede decirse que cada persona recibe cuidados desde que nace, aunque su naturaleza e intensidad varía en las diferentes etapas de su vida. Por otra parte, cada persona brinda o brindará potencialmente cuidados a otra. La magnitud de esta tarea dependerá, nuevamente, de la etapa del ciclo vital, de su sexo, de su nivel socioeconómico y de la existencia o no de instituciones o servicios que brinden cuidados a terceras personas.

Las actividades del cuidado implican una relación social, un vínculo entre al menos dos personas: la que recibe cuidados y la persona que cuida y es responsable de proveerlo, pero generalmente, cuando se habla de los cuidados, se tiende a pensar primero (y únicamente) en las personas que los necesitan.

El trabajo y los problemas que afectan a quienes proveen cuidados queda en un segundo plano. Sabemos que éstas son en su mayoría mujeres, tanto en el trabajo remunerado como en el no remunerado. Por eso es importante considerar el cuidado como un derecho, dimensión aún poco explorada a nivel de la investigación y producción de conocimientos en la mayoría de los países. Una problemática invisibilizada.

El debate sobre cómo incorporar la complejidad del cuidado en una lógica de derechos se relaciona con la igualdad de oportunidades, de trato y de trayectorias en el marco de un contexto de ampliación de los derechos de las personas que conduce a un nuevo concepto de ciudadanía.

A lo largo de la historia, el Estado se ha transformado en protector ante riesgos y contingencias que las personas experimentan durante su vida. Sumar la noción de cuidados en los programas estatales introduce un inédito enfoque de políticas sociales de nueva generación que incluye, por supuesto, a los pilares clásicos del Estado de bienestar (salud, seguridad social y educación), pero agrega el cuidado de los menores y mayores como una regularidad social desconocida hasta ahora y no como una excepción cuando no hay familia que pueda asumirlo.

Es una propuesta transformadora. Implica un nuevo modelo de relación entre individuo, familia y Estado basado en la responsabilidad social del cuidado de las personas. El derecho al cuidado, a su vez, debe considerarse un derecho universal de toda la ciudadanía, desde la doble circunstancia de quienes precisan cuidados y quienes cuidan. Es decir: el derecho a dar y a recibir cuidados. El encuadre, ahora sí, es completo.

Desde lo conceptual ya hubo avances. Es un derecho reconocido e incluido en pactos y tratados internacionales, aunque está en “construcción” desde el punto de vista de su exigibilidad. Ponerlo en práctica no será fácil, como no lo ha sido ningún otro derecho ciudadano, porque involucra una serie de complejidades que ya abordamos: recibir los cuidados necesarios sin que su satisfacción se determine por la lógica del mercado, la disponibilidad de ingresos y la presencia de redes vinculares o lazos afectivos; que sea una labor elegida, no obligatoria y sin remuneración en el seno familiar; que las mujeres dejen de estar cultural y socialmente asignadas a estas tareas y que el cuidado se realice en condiciones laborales dignas y con una valorización social y económica. El reto es diseñar alternativas efectivas que concilien todas estas necesidades.

También hay que insistir en que, para que el derecho al cuidado se reconozca y ejercite en condiciones de igualdad, debe ser un derecho universal. Esta consideración, incipiente en América Latina, tiene ya un largo recorrido en los Estados de bienestar europeos, en donde los tres pilares clásicos de salud, educación y seguridad social están siendo complementados con el denominado “cuarto pilar”, que reconoce el derecho a recibir atención en situaciones de dependencia.

Como plantea Pautassi (2010), para algunos actores sociales y políticos el cuidado es simplemente una prestación dirigida a las mujeres que buscan trabajar fuera del hogar. La premisa es falsa. Parte de la idea de que “se debe apoyar a las mujeres” que necesitan un empleo asalariado afuera de su casa, sin considerar que, desde la perspectiva de derechos, el cuidado es un derecho de todos y todas y tiene que garantizarse por medio de arreglos institucionales y presupuestarios, ser normado y obtener apoyo estatal. No es, por tanto, un beneficio para las mujeres y sí un derecho de quienes lo requieren y lo otorgan más allá de su género.

Desde la óptica normativa de la protección social propuesta por la cepal, el cuidado debe entenderse como un derecho asumido por la comunidad y prestado mediante servicios que maximicen la autonomía y el bienestar de las familias y los individuos, con directa competencia del Estado. Éste es precisamente uno de los grandes desafíos en torno al cuidado: avanzar hacia su reconocimiento e inclusión en las políticas públicas.

El enfoque de derechos cuestiona el papel del Estado como un mero subsidiario que compensa las prestaciones no obtenidas en el mercado de trabajo y favorece su papel como garante de derechos. Pero hay un problema: si el Estado atiende las demandas de algunas mujeres —frecuentemente, las menos favorecidas— subsidiando, por lo general, servicios de mala calidad o redes comunitarias que aprovechan sus saberes “naturales”, alivia parte de sus necesidades, mientras refuerza la división sexual del trabajo en lugar de cuestionarla, de combatirla. Por eso, el desafío es que el Estado sea garante de derechos y ejerza la titularidad de éstos, y que ese enfoque incluya el cuidado como un derecho universal de todas las personas.

Los aportes vinculados a las obligaciones del Estado y de la democracia en relación con los cuidados son antecedentes de los trabajos realizados en la región latinoamericana para concebir y entender el cuidado como un derecho.

El desarrollo académico de los cuidados como objeto de conocimiento, así como la generación de evidencia sobre las desigualdades involucradas en su actual distribución, ha influenciado la agenda pública interpelando al rol del Estado para que asuma protagonismo en su provisión, regulación y, sobre todo, en su responsabilidad para garantizar este derecho.

Es fundamental entender que el modelo de cuidados basado en el cuidado familiar, provisto principalmente por las mujeres de forma no remunerada, se encuentra agotado a partir de las transformaciones demográficas y culturales que lo cuestionan y determinan su inviabilidad. La “crisis del cuidado” es resultado del impacto de estas transformaciones que determinan un aumento sostenido de las personas que requieren cuidados y, al mismo tiempo, la disminución de las personas disponibles para brindarlos.

Que el cuidado se asuma como un asunto público que le compete al Estado está vinculado al desarrollo de su conceptualización como un derecho universal. Por eso, Pautassi (2010) plantea que, desde la perspectiva de derechos, el cuidado es un derecho de todos y todas y debe garantizarse por medio de arreglos institucionales y presupuestarios, ser normado y obtener apoyo estatal y, por lo tanto, dejar de ser una prestación pensada para “ayudar” a las mujeres, lo que, como ya vimos, es una falacia. Según la autora, concebir al cuidado como un derecho a ser garantizado por los Estados permite desvincularlo de la relación asalariada formal y de sus consiguientes medidas de conciliación trabajo-familia. También lo desliga de la pertenencia a un grupo determinado por la condición de vulnerabilidad socioeconómica, de género, étnica o etaria, para situarlo como un derecho humano individual, universal e inalienable de cada persona.

Pautassi sostiene que las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que realizó la cepal ayudaron a impulsar este novedoso enfoque en la región al incorporarlo en sus agendas, promoviendo los consensos necesarios y logrando que algunos países lo integraran a la normativa nacional e instrumentos internacionales.

Pero falta pasar de la palabra a la acción concreta. Si bien el enfoque del cuidado como un derecho está presente en marcos legales y discursos referidos al cuidado en la región, no ha “atravesado” la institucionalidad pública y se mantiene aún a nivel retórico. Pautassi subraya que este enfoque exige la adopción de medidas legislativas y jurisdiccionales que efectivicen el ejercicio del derecho al cuidado y se ejecuten en el campo de la política pública.

Algunos casos concretos se refieren a las medidas legislativas como la ampliación de las licencias a los varones para que ejerzan el cuidado, o la implementación de permisos parentales de mayor extensión que tienen un bajo impulso en la región y, además, no son demandadas activamente por los varones. Ellos no pelean por tener esos derechos. Por eso la autora advierte que, de no implementarse políticas explícitas que distribuyan equitativamente las responsabilidades de cuidado entre los cónyuges sobre los hijos e hijas, los progenitores o las personas con discapacidad, se seguirá fortaleciendo el modelo societal de cuidado a cargo de las mujeres, convirtiendo una supuesta responsabilidad en una obligación exclusiva y excluyente.

Los cuidados son un trabajo

La definición de los cuidados en la que se basa este trabajo se centra en el cuidado de las personas y retoma aportes previos que los conciben desde su dimensión material, emocional, cultural y moral, y reconocen que, a lo largo de la vida, las personas nos desarrollamos como cuidadoras y, al mismo tiempo, requerimos cuidado.

Estas actividades son más intensas en ciertos momentos, por ejemplo, cuando cuidamos a niños/as pequeños/as o a personas dependientes ya sea por edad, enfermedad o alguna discapacidad.

La conceptualización enfatiza su dimensión material ya que considera que los cuidados son un trabajo que ocupa tiempo que no puede dedicarse a otras cosas o que genera importantes tensiones emocionales cuando se realiza junto con otras actividades. También destaca su aspecto emocional de vínculo relacional y su carácter de obligación moral y de responsabilidad. Cuando brindamos cuidados, sobre todo a personas dependientes, nos sentimos responsables por el bienestar del otro, lo que nos obliga a llevar a cabo un trabajo mental, emocional y físico. Sumado a ello, la conceptualización reconoce que el cuidado está normatizado y que la sociedad lo asigna principalmente a las mujeres. Por ende, asume su carácter genérico, ya sea de forma paga o gratuita y, al mismo tiempo, afirma que la identidad genérica de las mujeres se construye por medio del cuidado.

La posición de las mujeres en las familias, sus oportunidades en el mercado laboral y su relacionamiento con los parientes son definidos en términos de su potencialidad de brindar cuidados y de la realización de su capacidad de cuidar. Dado que su distribución implica importantes injusticias de género y sociales, es clave considerarlo como un derecho que debe ser garantizado por los Estados. Y para llegar a esa meta, todavía estamos muy lejos.

Desafíos

La investigadora española María Ángeles Durán (2000) aportó un original concepto para pensar los desafíos de la sociedad del cuidado que plantea que, así como el proletariado definió a la sociedad industrial, hoy está surgiendo una nueva clase social: el “cuidatoriado”. Se trata, dice, de una clase social emergente cada vez más numerosa que se está configurando en los países desarrollados y que agrupa a las personas que cuidan y a las que son cuidadas. La condición de “emergencia” se basa en algunas consideraciones vistas a lo largo de este texto, en particular la insostenibilidad de que las mujeres sigamos cumpliendo con la pesada y arraigada carga que se nos adjudicó a lo largo de la historia con base en la división sexual del trabajo.

Según Durán, el hecho de reconocer que el cuidado es una actividad esencial y que no debe recaer solamente en las mujeres significa una revolución e implica cambios en todas las estructuras sociales:

Por ahora, existe escasa conciencia de clase entre los colectivos sociales que se dedican al cuidado. Una pequeña parte de este colectivo realiza su trabajo de cuidado de modo remunerado. Suelen recibir un pago escaso y situarse en el sector más desfavorecido del mercado de trabajo. Con notable frecuencia se trata de mujeres inmigrantes. Tanto esa condición como su dispersión espacial, su relación personal estrecha con las personas a las que prestan cuidados y el hecho de ser mujeres, dificulta que se constituyan en organizaciones sindicales de carácter reivindicativo. Sin embargo, la gran mayoría de quienes realizan el trabajo de cuidado lo hacen sin recibir remuneración, en el marco de un contrato social implícito basado en condiciones más morales que económicas respecto a sus familiares. La interpretación de su situación como natural y la fuerte inercia de la división tradicional del trabajo entre hombres y mujeres, dificulta la aparición de organizaciones con carácter reivindicativo. Los cuidadores perciben su relación con los sujetos cuidados como fundamentalmente individual, interpersonal, y no como una condición estructural imprescindible para garantizar la subsistencia de un sistema económico y social.

La definición del cuidado es un primer e imprescindible paso en un proceso intelectual y político de mayor alcance, que es la ubicación de esta tarea en el propio núcleo de la estructura social y económica.

El concepto de “cuidatoriado” refleja este cambio teórico, porque aspira al reconocimiento del cuidado y, especialmente, de las y los cuidadores, como una categoría social y política emergente en las sociedades desarrolladas, y que está destinada a jugar un papel de importancia similar al que en otras épocas históricas jugaron el campesinado y el proletariado.

Hay que insistir en que las relaciones entre cuidadores y cuidados no representan un asunto individual, sino que forman parte de un proceso estructural en el que participan el Estado, el mercado y el voluntariado. Y hay que dotarlas de contenido político y situarlas en contexto social.

De acuerdo con múltiples investigaciones realizadas en América Latina, los segmentos de población están muy bien definidos: las mujeres de edad joven e intermedia son las principales proveedoras del trabajo de cuidado para niñas y niños, mientras que las de edad intermedia y avanzada se responsabilizan de la atención a enfermos o personas mayores. La visibilización de los trabajos que tradicionalmente quedan en manos femeninas permite analizar su importancia social y también económica. Así, al usar el concepto “trabajo de cuidados” se busca trascender las dicotomías de otras denominaciones. Pero también se logra complejizar el análisis al incluir dimensiones de género, etnia, clase social y generación.

Si ampliamos la mirada sobre el trabajo e incorporamos la experiencia de las mujeres es posible desarrollar nuevos marcos analíticos para estudiar de qué modo puede lograrse la reproducción de la sociedad en condiciones aceptables para toda la población y elaborar políticas públicas que den respuestas a la realidad de todas las personas.

Un avance significativo en la región es el posicionamiento de la temática del cuidado en la agenda pública, porque la mirada ya se desplazó del ámbito privado de las familias a la esfera pública de las políticas. Por supuesto que estos cambios no han sido uniformes, varían según el país analizado y dependen de la inclusión de la perspectiva de género y derechos en el sistema de cuidados.

Para llegar a este momento fueron fundamentales hitos como las encuestas del uso del tiempo que permitieron visibilizar las injusticias de género en el reparto de la carga de cuidado, los análisis de la organización social de este trabajo y los cambios demográficos y familiares, así como las miradas más integrales de los sistemas de protección social.

Las políticas de cuidado están en plena construcción y, como toda política pública, deben contemplar múltiples intereses que se manifiestan en las distintas etapas del ciclo de elaboración de acuerdo con la realidad y el contexto nacional. En un escenario caracterizado por la multiplicidad de intereses, actores, recursos, objetivos y derechos, ya podemos extraer algunas lecciones aprendidas y principales desafíos de los procesos por los que han transitado nuestros países.

Uno de esos aprendizajes, por ejemplo, es que la actual organización social del cuidado presenta un gran desequilibrio entre los cuatro ámbitos de acceso al bienestar: las familias, el Estado, el mercado y la comunidad, porque se basa principalmente en el trabajo no remunerado que las mujeres realizan al interior de los hogares y es estratificada socialmente. Otro, es la necesidad de que se diseñen políticas públicas para reconocer, reducir y redistribuir los cuidados y promover un cambio en la actual división sexual del trabajo. En este sentido, destacan dos mecanismos de redistribución: el primero pretende incidir en la división del trabajo no remunerado de cuidados al interior de los hogares, es decir, entre mujeres y varones, de modo que los últimos aumenten su participación en los quehaceres domésticos y de cuidado. El segundo apunta a la división entre las instituciones y actores principales del cuidado ya que actualmente se delega casi toda la responsabilidad en las familias. Ambos casos requieren una mayor intervención estatal en términos de políticas y programas para aliviar la carga que recae en las mujeres de los hogares.

Entre las lecciones aprendidas podemos destacar el potencial de las políticas de cuidados para impactar de manera positiva en la equidad de distribución del ingreso entre varones y mujeres, la promoción de procesos de cambio poblacionales, la división sexual del trabajo, el déficit de cuidados a nivel familiar y el mercado de trabajo. También se ha podido entender que, en nuestros países, las desigualdades sociales están estrechamente vinculadas con la provisión inequitativa de cuidado familiar y social, lo que conforma un verdadero círculo vicioso: la población con más recursos dispone de un mayor acceso a cuidados de calidad y tiene, a su vez, menos miembros del hogar que cuidar; por el contrario, quienes disponen de menos recursos enfrentan una serie de desventajas porque no pueden pagar por cuidados, acumulan más carga de trabajo doméstico familiar, tienen dificultades para acceder a los servicios públicos y terminan por contratar a cuidadoras en condiciones de informalidad.

Entre los aprendizajes podemos incluir la identificación del sistema de cuidado como un desafío regional que supone repensar las políticas públicas sectoriales con su propia institucionalidad, financiamiento, rectoría y regulación, prestación de servicios y redefinición de servicios y atribuciones que, en algunos casos, se pensaron exclusivamente como parte de determinados sectores como la educación o la salud.

Los sistemas de cuidado apuntan así no sólo a la generación de una política pública hacia la dependencia, sino a una transformación cultural de la división sexual del trabajo en el marco de los esquemas vigentes, de corte familista, por modelos solidarios y corresponsables.

Pero los sistemas o políticas integrales de cuidado en Latinoamérica arrastran algunos nudos críticos para su implementación. El primero se refiere a la universalidad, ya que las políticas de cuidado no deberían considerarse exclusivamente políticas focalizadas o de inclusión social. Después tenemos la tensión entre el desarrollo de políticas justas desde el punto de vista del género, que incidan en un mejor balance en el cuidado e incentiven la incorporación de mujeres al mercado de trabajo, o un enfoque que priorice la inversión social en la infancia en sus aspectos sanitarios dirigido a los sectores más desfavorecidos. En su nivel más extremista, este debate se plantea incluso como una pugna entre los derechos de la infancia y los de las mujeres. A ello se le suma la necesaria consideración de las cuestiones normativas, económicas, institucionales, culturales y sociales vinculadas al trabajo de cuidado, de manera que los riesgos asociados a cuidar y a requerir de cuidados no recaigan únicamente sobre la familia, y dentro de ésta, primordialmente en las mujeres. Por el contrario, estas políticas buscan que las acciones destinadas al cuidado se desenvuelvan en un contexto donde Estado, mercado, comunidad y familia contribuyan activamente en su desarrollo y gestión, bajo una lógica de corresponsabilidad.

El reto más grande es cómo avanzar hacia un mundo en el cual las personas a nivel individual, y la sociedad en su conjunto, reconozcan y valoren la importancia de las diferentes formas de cuidado, pero sin reforzarlas como una tarea que sólo las mujeres y las niñas pueden y deben hacer. Parece muy simple, pero es una transformación que enfrenta múltiples resistencias culturales. Sin embargo, podemos confiar en que América Latina se mueve lentamente en dirección al reconocimiento de estos dilemas recién mencionados y en la búsqueda de respuestas para construir nuevos acuerdos de género, generación y clases que sean sustentables, justos y contribuyan al combate de la exclusión y la desigualdad presente y futura.

Políticas del cuidado se puso en línea en mayo de 2022.

El cuidado de la edición estuvo a cargo del área de publicaciones de la UAM Cuajimalpa-Rectoría y de la Dirección de Publicaciones de CLACSO. La corrección de estilo, de Úrsula Treviño y Mariana Rossetti; la formación, de Jorge Alfonso Brozon Vallejo.