(Re)pensando el vínculo entre migración y crisis

Perspectivas desde América Latina y Europa

Lucila Nejamkis, Luisa Conti y Mustafa Aksakal (Eds.)

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(Re)pensando el vínculo entre migración y crisis: perspectivas desde América Latina y Europa / Jacques Ramírez Gallegos ... [et al.] ; editado por Lucila Nejamkis ; Luisa Conti ; Mustafa Aksakal. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO ; Guadalajara: CALAS, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo digital: descarga y online
ISBN 978-987-813-111-5
1. Migración. 2. Medio Ambiente. 3. Identidad. I. Ramírez Gallego, Jacques. II. Nejamkis, Lucila, ed. III. Conti Luisa, ed. IV. Aksakal, Mustafa, ed.
CDD 304.809

Otros descriptores asignados por CLACSO:
Crisis / Medioambiente / Derechos / Cultura / América Latina / Europa / Políticas migratorias / Identidad / Medioambiente / Movilidad humana

CC BY-NC-ND 4.0

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Índice

Introducción

Lucila Nejamkis, Luisa Conti y Mustafa Aksakal

Migración y transformaciones políticas

La política migratoria en Colombia y Ecuador: decisiones y respuestas a la migración venezolana

Jacques Ramírez Gallegos y María del Pilar Ospina Grajales

La crisis del derecho de asilo en Italia. Historias de acogida de refugiados

Virginia Signorini

¿De lo global a lo local? El rol del Pacto Mundial en las políticas colombianas hacia la migración venezolana

Mustafa Aksakal y María Gabriela Trompetero

¿Los riesgos cambian, las percepciones quedan?

Santiago Canevaro

Migración, ambiente y cambio climático

Migraciones ambientales: marcos normativos y políticas públicas en América Latina y el Caribe

María del Carmen Villarreal Villamar

Desigualdades interseccionales: dos generaciones de mujeres migrantes e hijas en el Área Reconquista del Gran Buenos Aires

Natalia Gavazzo

Salud, ambiente y migración en el Área Reconquista (Buenos Aires): intersecciones entre discursos estatales y de mujeres migrantes

Lucila Nejamkis

Migración internacional de retirados e incorporación de estadounidenses en la Ribera de Chapala

Asmara González-Rojas y Olga Aikin Araluce

Derechos, pertenencias e identidades

La movilidad de los ítalo-brasileños para Italia: ¿la ciudadanía reconocida lo es todo? ¿Y la vida cotidiana?

Maria Catarina Chitolina Zanini

Crisis identitaria de mujeres profesionistas mexicanas en Alemania: entre la descalificación, la desclasificación y la ilusión del estilo de vida alemán

Yolanda López García

La sutil xenofobia que negamos. El caso de México

Leticia Calderón Chelius

Identidad y cultura: conceptos con gran efecto. Un análisis comparativo entre Latinoamérica y Europa

Luisa Conti

Sobre los autores y autoras

Introducción

Lucila Nejamkis, Luisa Conti y Mustafa Aksakal

Las migraciones se han convertido en una de las temáticas de mayor importancia en la actualidad tanto en la agenda de los gobiernos y medios de comunicación como en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades. A pesar de esta tendencia, a lo largo de la historia ha quedado claro que la migración no es un hecho excepcional, sino que es una característica intrínseca de la vida humana (Manning y Trimmer, 2013). Como varios estudios han mostrado, la creación de las fronteras a partir de la organización del mundo en Estados naciones fue lo que alimentó, aún más, la idea del nosotros vs. otros de la modernidad. Desde la creación de los pasaportes y visados hasta los controles biométricos actuales, los Estados se han preocupado por mantener bajo su órbita el control de sus poblaciones (Torpey, 2018). En las últimas décadas, tanto desde los gobiernos, los organismos internacionales como desde la academia, se han asociado las migraciones al concepto de crisis. Relación bastante confusa si tenemos en cuenta que como define el diccionario de la RAE, una crisis es un “cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”. En este sentido es interesante pensar por qué se siguen asociando las migraciones a la idea de un evento extraordinario de la modernidad.

En el año 2020 gobiernos de todo el mundo tomaron diversas medidas para cerrar sus fronteras con la intención de regular el ingreso del virus del Covid-19, pero también, y aún más, el de personas. Esta es la primera vez a nivel mundial que, con la colaboración de la sofisticación del control biométrico en fronteras, casi todos los países del mundo compartieron políticas similares en las restricciones al ingreso de personas en sus territorios (Nejamkis, 2021). La OCDE (2021) señala en su reciente Panorama de la Migración Internacional que, en comparación con 2019, la expedición de visados y permisos en la región de su incumbencia se redujo un 46% en el primer período y un 72% en el segundo semestre de 2020. Asimismo, el control fronterizo, es decir, las restricciones totales o parciales de entrada en las fronteras cobraron mayor relevancia. Según la OIM (2021), entre marzo de 2020 y mayo de 2021 se han aplicado más de 107.000 restricciones de movimiento en 227 países, territorios o zonas. La pandemia del Covid-19 podría proporcionar a los gobiernos la legitimación política necesaria para llevar a cabo políticas migratorias aún más selectivas, es decir, dejar las puertas abiertas para algunos (turistas, migrantes ricos o migrantes cualificados, etc.) y mantener la puerta cerrada para otros (migrantes menos cualificados, refugiados, etc.).

En este contexto, afirmamos que la pandemia ha vulnerabilizado aún más a las personas migrantes: por un lado, las políticas migratorias cada vez más restrictivas de las movilidades no impiden que las personas se sigan moviendo, pero con condiciones de mayor fragilidad, principalmente en países de destino y tránsito. Por otro lado, el cierre corta los lazos sociales y económicos de importancia vital para las personas en condiciones más precarias.

El vínculo entre migración y crisis no es nuevo y se ha utilizado con frecuencia en muchos discursos públicos de forma bastante irreflexiva, muchas veces como un marco interpretativo para describir diversos cambios económicos, políticos o sociales.

A lo largo de los años se ha evidenciado que las migraciones son fenómenos estructurales de nuestras sociedades y no esporádicos como el concepto de crisis intenta ocultar. Desde una perspectiva teórica, crisis y migración representan conceptos analíticos sumamente importantes, pero al mismo tiempo poco agudos y politizados. Con respecto al concepto de crisis se puede observar que las explicaciones que habitualmente se utilizan no son muy precisas con respecto a las múltiples causas, los actores involucrados (Menjivar et al., 2019) y las pautas (temporalidades y espacialidades). En relación a la migración existen problemas similares, por ejemplo, relacionados a las causas y consecuencias de la movilidad humana, como las percepciones públicas en las comunidades de destino (Castles, 2009). De lo anterior entendemos que para iluminar los procesos sociales es útil pensar en el vínculo entre migración y crisis desde los ángulos de transformaciones y desigualdades. El concepto de transformaciones nos permite una mirada más profunda a los procesos económicos, políticos, sociales, medioambientales o psicológicos. La lente de las desigualdades nos puede ayudar a entender mejor los efectos, es decir, los mecanismos en juego, los cuales son responsables de que diversos recursos están distribuidos de forma poco pareja. Ambos términos nos pueden ayudar a reducir la complejidad en la relación de migración y crisis e iluminar los órdenes sociales, particularmente a las relaciones de poder y los patrones culturales en las sociedades (Beck y Knecht, 2012).

Este libro surge de los diálogos que tomaron forma virtualmente en la plataforma de trabajo auspiciada por CALAS “¿Crisis migratorias en el siglo XXI?: diálogos entre América Latina y Europa”, pensada en un mundo bastante diferente del que en la actualidad como sociedades vivimos. La mayoría de las investigaciones que tenemos el agrado de aquí compilar han sido realizadas previo a la pandemia de coronavirus. En aquel momento, como investigadores de distintos continentes, países y disciplinas nos propusimos poner en cuestionamiento la premisa tradicional de crisis migratoria de la que parten muchos discursos públicos dominantes. En relación a lo anterior, surgen diversas preguntas para abordar el vínculo entre migración y crisis: ¿la migración es una consecuencia de la crisis o causa? ¿Cómo construyen los distintos gobiernos y organismos internacionales el concepto de crisis migratoria? ¿Cómo se manifiestan las crisis relacionadas a la migración en ambas regiones? ¿Cuáles son los mecanismos, actores y rasgos principales de esos procesos? ¿Qué dinámicas impactan la experiencia migratoria y llevan a situaciones de crisis entre las personas? ¿Cómo se pueden observar las conceptualizaciones globales en los casos locales?

Con este punto de partida queremos iluminar de manera crítica cómo se caracteriza la crisis alrededor de la migración en el siglo XXI en las regiones de América Latina y Europa. Para analizar los múltiples movimientos migratorios y los actuales procesos hemos compilado doce estudios de caso, los cuales están organizados en las categorías analíticas políticas, medioambiente, e identidades. Al hacerlo, perseguimos el objetivo de invitar a repensar las múltiples dimensiones en la relación entre migración y crisis, y particularmente los límites mismos del propio concepto de crisis migratoria. Este libro ofrece, entonces, una fotografía de la situación como era justo antes de la pandemia, evidenciando problemáticas recurrentes en contextos diferentes y parecidos al mismo tiempo; es también una guía para orientar el desarrollo de políticas inteligentes, coherentes con los valores que los países latinoamericanos y europeos suscriben con su participación en las Naciones Unidas.

Migración y transformaciones políticas

Los esfuerzos nacionales destinados a gobernar los movimientos humanos transfronterizos no son nada nuevos (Kivisto y Faist, 2010). Sin embargo, los discursos, las políticas y la ejecución de las políticas en las prácticas institucionales han ganado relevancia notable y a la vez han estado sujetas a frecuentes cambios en las últimas décadas (Castles, De Haas y Miller, 2014). Esto es particularmente evidente cuando la migración se asocia con las crisis (Anderson, 2017). La trayectoria del concepto gestión de la migración representa un ejemplo ilustrativo. En esencia, el concepto combina la noción de control de los flujos migratorios, los tipos y la duración de la estancia de los migrantes, así como el desarrollo que experimentan los países de origen y destino a través de la migración (Nyborg Sørensen, 2012). Concebida como una perspectiva integral, muchos gobiernos han intentado implementar esta noción amplia en sus agendas políticas después de la década de 1990 (Geiger y Pecout, 2010). No obstante, en los años posteriores muchos países receptores también enfatizaron el control de la migración en sus políticas debido a diversos eventos y las percepciones que los dirigentes conciben como riesgos o crisis. Por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 supusieron un punto de inflexión en el que la migración se ha debatido cada vez más como una amenaza para la seguridad nacional, por ejemplo, manifestado en su asociación con el terrorismo. De manera semejante, la crisis de refugiados en Europa después de 2015 mostró las formas en que las políticas han cambiado junto con la evolución del término crisis. La migración humanitaria se ha etiquetado como una amenaza, esto es, un símbolo para la pérdida de control sobre la soberanía y la cohesión cultural (Aksakal et al., 2017; Anderson, 2017). En resumen, debido a la idea generalizada según la cual la crisis en la sociedad es ocasionada por la migración, esta se ha presentado en el público cada vez más “como un peligro para el orden público, la identidad cultural y la estabilidad del mercado doméstico y laboral” (Huysmans, 2000, p. 752).

Estas dinámicas frecuentemente han provocado diversas transformaciones políticas en los países destino: la aparición de nuevas instituciones (el desarrollo del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos en 2002 o el aumento de personal, recursos técnicos y competencias en FRONTEX (Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas) en la Unión Europea en 2016).

Las políticas migratorias entendidas como expresión de intenciones y actividades institucionales se han abordado clásicamente a nivel nacional (Bierrje et al., 2015). Aunque no cabe duda de que los Estados son cruciales a la hora de articular normativas, leyes, decisiones o directrices en materia de migración, pocos estudios se han enfocado en las trayectorias y cambios de las políticas migratorias que ocurren en tiempos identificados con el apelativo de crisis migratorias. Dos capítulos del presente volumen se dedican a la evolución de las políticas migratorias en Latinoamérica y en Europa en los últimos años. Ramírez y Ospina escudriñan la trayectoria histórica de las políticas migratorias al comparar los casos de Colombia y Ecuador. Los autores observan que la transformación política en Ecuador se expresa en un cambio dramático de las políticas migratorias a partir de 2018; si bien antes se promovía la integración latinoamericana y la libre circulación de personas, esta orientación cambió un año después de la elección presidencial de Lenin Moreno por un control migratorio más estricto y el resguardo de las fronteras. Con respecto a Colombia, se revela que la acción política en el país también ha transformado después del cambio de gobierno; mientras que anteriormente las políticas de gobierno de Santos enfatizaban la paz y las relaciones políticas no conflictivas con los países vecinos, esto ha cambiado a favor de políticas exteriores más ofensivas así como políticas migratorias más restrictivas después de 2015.

Signorini examina en su contribución la evolución de las políticas y las prácticas institucionales de asilo y refugio en Italia, así como a los sujetos, es decir, las experiencias de los migrantes. La autora observa, siguiendo la perspectiva de Foucault, que las políticas migratorias respecto a los refugiados y solicitantes de asilo se han desarrollado de una manera particular en Italia. Las llamadas políticas de emergencia están guiadas por y son parte de un dispositivo de crisis, lo cual permite responder a la llegada de los refugiados como una circunstancia excepcional, que requiere una intervención rigurosa y particular. En palabras de la autora, el desarrollo de las políticas migratorias respecto a los migrantes forzados, incluyendo los refugiados o solicitantes de asilo, representa una intervención
“clínica”, considerando a los migrantes más como víctimas que como actores sociales. También añade que aunque dichas políticas de emergencia se han gestado desde hace muchos años en el país, se dieron cambios importantes después del 2018. En este año comenzó una categorización más rigurosa de los migrantes dando más derechos a aquellos que ya habían sido aceptados respecto a los solicitantes de asilo. Desde este punto de vista los cambios políticos representan respuestas a una crisis construida discursivamente a lo largo del tiempo, impidiendo la evolución de una “cultura de asilo”.

Sin duda los análisis anteriores representan importantes contribuciones. También vale la pena mencionar que los marcos políticos globales han adquirido cada vez más importancia en las últimas décadas. Una reflexión de esta tendencia es la creciente voluntad política de los Estados con el fin de cooperar a nivel internacional y así aumentar la eficacia política en la gestión de la migración a través de esfuerzos colectivos (Betts y Kainz, 2017). A su vez, estas tendencias también indican que los discursos, las políticas y las instituciones nacionales están cada vez más moldeadas por estos marcos mundiales. Aksakal y Trompetero examinan esta evolución de las políticas migratorias mundiales y analizan su atención a las políticas nacionales en el caso de Colombia. Apoyándose en la perspectiva neoinstitucionalista, los autores alegan que, en términos generales, el gobierno colombiano está dispuesto a seguir las políticas globales en sus agendas políticas, y demostrar así que son actores modernos y racionales en la arena política mundial. Sin embargo, una vista más detallada muestra que el gobierno sigue los guiones globales de manera selectiva y con diversa intensidad. Así, los autores subrayan que, efectivamente, en Colombia se enfatizan muchos objetivos políticos globales que ya son señales de una transformación política. Además se destaca que mientras algunos temas están ausentes o solo existen discursivamente en la agenda política, otros son perseguidos con mayor énfasis reflejándose en las políticas y en las prácticas institucionales del gobierno.

Una observación interesante de los tres capítulos discutidos anteriormente es la relevancia de la temporalidad en las políticas migratorias contemporáneas. Las políticas que promueven la migración temporal representan un concepto popular en las políticas migratorias en muchos países receptores, por lo que hoy en día se incluyen no solo a los trabajadores nacidos en el extranjero, sino también otros, como los estudiantes internacionales y los cónyuges de los migrantes temporales (Aksakal y Schmidt, 2020). Como se destaca críticamente en los capítulos sobre los casos de Colombia y Ecuador, los esquemas de visas temporales representan también un canal legal para los migrantes forzados. Este esquema proporciona acceso directo a servicios básicos, educación y trabajo. También en Italia las respuestas políticas se han visto marcadas por políticas y prácticas temporales a la hora de confrontar una situación de urgencia. Evidentemente esta temporalidad tiene efectos secundarios en los migrantes, los cuales se enfatizan más abajo.

Cuando se habla de las medidas formales que influyen en los migrantes, muchas veces se consideran las políticas migratorias. Canevaro muestra en su contribución que también las políticas públicas pueden tener un papel relevante en este contexto. El autor analiza cómo la población marginada que ha inmigrado al Área de Reconquista en Argentina recibe de manera más inmediata los efectos de la crisis medioambiental, sus riesgos, así como problemas relacionados con el bienestar. El capítulo destaca que generalmente estas percepciones dependen de las trayectorias migratorias, de las condiciones socioeconómicas pero también de coyunturas, experiencias e identidades. La declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) como respuesta política al coronavirus en Argentina ha representado una transformación adicional en las políticas públicas con consecuencias importantes.

Desigualdades sociales

Una segunda dinámica a considerar es la influencia de las políticas en los migrantes que puede enmarcarse en las desigualdades sociales. Como afirma Bauman, “la movilidad se ha convertido en el factor de estratificación más poderoso y codiciado” (1998, p. 9), dividiendo el mundo en élites globales capaces de ir y venir a su antojo, y pobres locales limitados en el acceso a recursos vitales y, por tanto, con carente movilidad. Un importante factor de estratificación de la movilidad son las políticas migratorias. La categorización de los migrantes y la preferencia de unos grupos sobre otros simbolizan, junto con el control sobre la cantidad y la duración de la estancia a través de la residencia, un mecanismo central de exclusión de algunos migrantes (Aksakal y Schmidt, 2020). Sin embargo, las políticas también pueden repercutir en los migrantes durante sus estancias en los países receptores. Como observan Aksakal y Reslow (2019) esto puede suceder a través de un “vacío” en las políticas de integración, refiriéndose a una falta de ofertas y orientación que puede tener resultados adversos para los recién llegados. Dos capítulos analizan empíricamente las desigualdades conectadas a estas políticas.

Por yuxtaponer la trayectoria de las políticas de emergencia con las percepciones de refugiados en Italia, Signorini revela dos dinámicas que afectan a los migrantes en el proceso de integración. Por un lado, la autora demuestra que las políticas de emergencia siempre han descuidado la integración y han impulsado una incertidumbre permanente, lo cual influye adversamente en las actitudes y aspiraciones de los refugiados. Por otro lado, las políticas migratorias evolucionaron a medidas que cada vez más distinguen entre los “excluidos” (es decir, los solicitantes de asilo) y los “merecedores” (es decir, los refugiados reconocidos en la integración). Signorini destaca que este desarrollo ha llevado a una (verdadera) crisis en el derecho de asilo, fomentado la exclusión y la vulnerabilidad de algunos migrantes forzados.

Según lo ya mencionado, el análisis de Canevaro se enfoca en los migrantes ya establecidos en una zona marginada. Según el autor, las condiciones socioeconómicas y medioambientales han sido siempre factores que han reproducido las desigualdades y han promovido la vulnerabilidad de sus habitantes. Adicionalmente señala que con el ASPO se implementaron normativas públicas que han aumentado la vulnerabilidad socioeconómica al impedir el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado laboral local y/o en el sector informal. A su vez, también han cambiado las prioridades de las organizaciones comunitarias en cuanto a la provisión de alimentos. Con respecto a las desigualdades esto significa, por un lado, que el ASPO ha causado una exclusión del acceso a los medios de producción socioeconómica. Por otro, ha llevado una reducción de las diversas ofertas de las organizaciones sociales, representando iniciativas para combatir la marginalización y compensar las desventajas estructurales.

Mientras los capítulos anteriores analizan las consecuencias de las políticas desde la perspectiva del migrante, los capítulos de Ramírez y Ospina y Aksakal y Trompetero ofrecen algunas observaciones derivadas de su estudio empírico de las políticas migratorias en Colombia y Ecuador. En términos generales, ambas contribuciones señalan que las transformaciones políticas (el aumento de control de fronteras y permisos temporales) han causado o siguen causando ciertos efectos secundarios, tales como la exclusión de migrantes indocumentados del acceso a los servicios básicos, educación o al mercado laboral, lo cual limita dramáticamente las oportunidades de la vida en estos países. Las contribuciones explican esta situación de diferentes maneras. Ramírez y Ospina señalan que en ambos países hubo un incremento de control en la migración relacionado con cambios de gobierno tendientes a un régimen neoliberal, lo cual representa un factor significativo para comprender estas dinámicas políticas. Aksakal y Trompetero subrayan el papel de las políticas mundiales en las políticas nacionales: el porqué Colombia hace uso de las normas mundiales en función de su utilidad política y con diferentes prioridades puede crear diversos obstáculos para los migrantes (una confusión de los potenciales migrantes sobre que está solo discutido y que está representando normas legales). Ambos capítulos señalan que las políticas en la región están caracterizadas por ser poco holísticas, descuidando los derechos, particularmente de los migrantes más vulnerables. También afirman que dichas condiciones podrían agravarse bajo la dinámica relacionada con el Covid-19.

En resumen, los autores revelan cómo las políticas públicas y migratorias han cambiado en el transcurso del tiempo. Una comparación de casos europeos y latinoamericanos señalan similitudes en el desarrollo de medidas políticas migratorias: independientemente de si se trata de un país que tradicional o recientemente ha recibido migrantes, las políticas muchas veces responden a una migración masiva con más restricciones, donde la retórica de la crisis soporta su justificación. En ambos continentes estas dinámicas llevan a un incremento de las desventajas más intensas que experimentan sobre todo los refugiados y los indocumentados.

Migración, ambiente y cambio climático

Consideramos que es un buen momento para reflexionar sobre los procesos migratorios y las cuestiones ambientales en clave de crisis. Ya hace varios años que científicos de todo el mundo vienen nombrando al cambio climático, en tanto uno de los principales problemas que debemos atender como sociedades, nos guste o no, esta categoría para explicar la realidad social. Sabemos que el enorme despliegue del capitalismo urbano-agro-industrial a escala global que ha tenido lugar en el siglo XX, así como el incremento hasta ahora imparable de la población, producción y consumo han modificado nuestro hábitat y formas de vida (Fernández Duran, 2011).

Para el caso latinoamericano, Svampa (2013) explica que en el último decenio, la región ha realizado el pasaje del Consenso de Washington, asentado sobre la valorización financiera, al Consenso de los commodities, basado en la exportación de bienes primarios a gran escala. Ciertamente, si bien la explotación y exportación de bienes naturales no son actividades nuevas, resulta claro que en los últimos años del siglo XX, y en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha intensificado la expansión de proyectos tendientes al control, extracción y exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado. Además, desde el punto de vista de la lógica de acumulación, el nuevo Consenso de los commodities conlleva la profundización de una dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios, al tiempo que genera nuevas formas de dependencia y dominación.

Esta era, denominada por algunos científicos como antropoceno, ya que expresa la relación lesiva de la especie humana sobre su entorno, por otros llamada directamente capitoloceno, porque entienden que este término describe mejor los impactos humanos concretos sobre la geología de la Tierra (Moore, 2016). En torno a esta disputa, un paso más de la bióloga feminista Donna Haraway (2019) quien denomina casi de forma utópica este período como la era del chthuluceno, ya que entiende que este concepto describe mejor nuestra época como aquella en la que humanos y no humanos se encuentran inextricablemente ligados en prácticas tentaculares. El chthuluceno, explica Haraway, requiere sim-poiesis, o hacer-con, en lugar de auto-poiesis, o auto-creación. Según la autora, aprender a seguir con el problema de vivir y morir juntos en una tierra herida favorecerá un tipo de pensamiento que otorgará los medios para construir futuros más vivibles.

En este contexto, son múltiples las investigaciones que evidencian la expulsión de poblaciones enteras de sus lugares de origen por inundaciones, sequías, imposibilidad del uso de la tierra, etc., a causa de la explotación desmedida por parte de grandes terratenientes y empresas transnacionales, entre otros. Sabemos que las disputas por las categorías cristalizan relaciones de poder que muchas veces van en contra de los intereses de las personas damnificadas. Tanto desde los organismos internacionales como desde la academia todavía se encuentran en disputa términos como desplazados, refugiados ambientales y migrantes climáticos.

En relación a lo anterior, el trabajo que presenta María Villareal, “Migraciones ambientales: marcos normativos y políticas públicas en América Latina y Caribe”, aparece como una de las primeras investigaciones que no solo sistematiza sino que problematiza de manera crítica la normativa y el estado de las políticas públicas sobre migraciones ambientales en América Latina y el Caribe. A partir de este trabajo podemos entender también la noción de migración ambiental que están manejando los distintos gobiernos y bloques regionales. El recorrido que realiza la autora nos permite dar cuenta que si bien la región representa solo el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es la más vulnerable a los desastres naturales y uno de los lugares más expuestos al cambio climático por la aplicación de su modelo extractivista, lo cual genera una cantidad importante de personas desplazadas forzosamente de sus lugares de origen.

En este contexto, es importante entender que las problemáticas ambientales y de vinculación al cambio climático afectan de forma diferencial a hombres y mujeres, siendo estas últimas las más perjudicadas (UN, 2009). Asimismo, estudios recientes en la temática marcan que las investigaciones realizadas presentan un faltante de análisis de los entrecruces entre mujeres y medio ambiente en las poblaciones urbanas, y que trabajan poco los enfoques sobre las percepciones ambientales, o la interacción rural-urbano (Vazquez García et al., 2016). El trabajo de Natalia Gavazzo, “Desigualdades interseccionales: Dos generaciones de mujeres migrantes en organizaciones del Área Reconquista en el Gran Buenos Aires”, viene a hacer un aporte a este vacío al realizar un análisis interseccional vinculando las variables de clase, origen migratorio, género y generación para comprender las múltiples desigualdades que enfrentan las mujeres migrantes de una zona específica del Gran Buenos Aires con alta degradación ambiental y vulnerabilidad social como es el Área Reconquista. Un dato interesante es que muchas de estas mujeres migran por cuestiones ambientales y arriban a un territorio donde deben lidiar también con estas problemáticas a un nivel más concentrado ya que encuentra relación con la pobreza urbana.

Bajo la misma población de estudio, Nejamkis analiza la salud como uno de los ejes principales para abordar la problemática ambiental por parte de las mujeres migrantes del Área Reconquista. Siguiendo esta argumentación, el trabajo propone conocer cómo es percibida la relación entre ambiente y salud por estas mujeres, cuyas particularidades se asocian a trayectorias migratorias específicas, que en la mayoría de los casos implica el pasaje de zonas rurales a urbanas con un alto grado de degradación ambiental. En esta búsqueda analiza también el rol del Estado a través del discurso de funcionarios de salud. Como fin último se propone conocer cuáles son los lazos que se establecen a nivel local en relación a conceptos globales como es el cambio climático.

Por último, vinculado también a la clase social y a las formas de habitar el trabajo de una migración menos estudiada, como puede ser la migración de clase media, “Migración Internacional de Retirados y sus impactos en el entorno: estadounidenses en la Ribera de Chapala” analiza la migración internacional de retirados. Este es un fenómeno de movilidad humana asociado a grupos privilegiados en México que se ha intensificado con el flujo y establecimiento de norteamericanos (canadienses y estadounidenses) y europeos, principalmente, en algunos destinos idílicos como la Ribera de Chapala, en Jalisco. Las autoras analizan los hallazgos en referencia a las respuestas y puntos de vista de los estadounidenses sobre su incorporación en el espacio local y los impactos (en la transformación del espacio, en las reconfiguraciones sociales, en lo económico y en lo ambiental), que como grupo generan en el entorno de la Ribera de Chapala.

Derechos, pertenencias e identidades

Las contribuciones del eje “Derechos, pertenencias e identidades” hacen foco en el vínculo entre las políticas discriminatorias, las narraciones detrás de ellas y las realidades discriminatorias con que se enfrentan personas migrantes. El análisis de aspectos jurídicos, la descripción de experiencias personales y la discusión teórica de conceptos y mecanismos claves hacen visible la manera en que estas dinámicas toman forma y visibilizan al mismo tiempo las espirales de crisis personales –y consecuentemente sociales– que alimentan. Impresionante resultan las similitudes entre el contexto europeo y lo latinoamericano. En ellas se reflejan: primero, la tipicidad del ser humano con sus mecanismos psicosociales que regulan acciones, pensamientos y emociones. Si por un lado, el ser humano actúa en base a estereotipos y activa fácilmente el pensamiento endogrupo/exogrupo, por otro, sufre la falta de aprobación y la exclusión social causadas de estos mismos mecanismos tan humanos cuanto deshumanos. Además, la tendencia global hacia al nacionalismo “retrópico” (Bauman, 2017), sustituye visiones idealizadas del pasado a visiones innovadoras, inclusivas y sustentables. Representando las personas migrantes como peligro por la seguridad, la identidad cultural y las arcas del estado, los partidos populistas de derecha reorientan las frustraciones del pueblo hacia ellas, chivo expiatorio, y fomentan en esta manera el amor para su “comunidad imaginada” (Anderson, 1983), que según esta narración necesita ser salvada y protegida. Tercero, el fuerte legado colonial que se reproduce pero no se acostumbra reflexionar sobre ello. De hecho, la dimensión histórica de la discriminación es poco considerada. Las lógicas y narraciones racistas siguen determinando el trato institucional e individual con las personas migrantes, mientras las responsabilidades de las potencias coloniales –en el pasado y en el presente–, cuya tematización permitiría enmarcar el fenómeno migratorio en manera más justa, siguen en el olvido general.

Se puede decir que se observa, por un lado, una incapacidad ampliamente difundida entre los actores políticos exitosos en el contexto europeo y latinoamericano de aprender de la historia, de considerar su propia historia y de valorar las historias de sus propios emigrantes para implementar políticas proficuas a un desarrollo equitativo de la sociedad local, glocal y global. Por otro lado, es evidente cómo la peligrosa estrategia de la exclusión aún fascina fácilmente, ya que regala una sensación de poder y seguridad pero que engaña. En realidad, si no nos damos la mano vamos a unirnos “al cortejo fúnebre de nuestro propio entierro en una fosa común” (Bauman, 2017, pp. 166-167, traducción de los autores), ya que las comunidades en las que se difunde la “adiaforización” (Bauman y Lyon, 2013) –la renuncia al juicio moral de nuestras acciones y las de los otros (inclusa las ordenadas por ley)–, se desintegran día a día a través de la normalización de la violencia psicológica y física perpetradas a nivel individual, institucional y estructural hacia las personas migrantes.

La narración fundante del Estado nacional, que hizo de personas y comunidades lejanas y diferentes hermanas, no involucra a las personas migrantes o presumidamente descendiente de familia migrante, que no sean de países occidentales ricos. Trazando una línea entre nosotros y los otros, la comunidad imaginada se transforma en algo que necesita defenderse de un ataque por lo menos cultural. Esta presunción se radica en una percepción esencialista y “neo-racista” (Balibar, 1991) del concepto de cultura según la cual el origen nacional tacha la esencia de las personas en manera permanente y absoluta, predeterminando sus acciones. El fenómeno de la otredad, que lleva a atribuir características tendencialmente negativas a los (percibidos como) otros y positivas a (los percibidos como) nosotros, fortalece el sentido de pertenencia a la comunidad imaginada, mejorando al mismo tiempo su autoimagen y con esa la de los reconocidos como sus miembros (Conti, 2012, pp. 162-163).

El artículo de María Catarina Chitolina Zanini, “La movilidad de ítalo-brasileños para Italia: ¿la ciudadanía reconocida lo es todo? ¿Y la vida cotidiana?”, que se enfoca en la experiencia de ítalo-brasileños emigrados a Italia, muestra como los mecanismos de clasificación descalificante contra personas migrantes van más allá de reconocimientos formales: por ejemplo, la ciudadanía obtenida por ius sanguinis tampoco garantiza un reconocimiento a nivel social como parte de la comunidad imaginada. El aflorar de elementos que destacan su otra pertenencia nacional, en este caso su origen brasileño, es decisivo para su descalificación desde individuo con sus propias peculiaridades a brasileño con características estereotipadas y –sobre todo en relación a las mujeres– sufren múltiples tipos de prejuicios. El mismo malestar de muchos ítalo-brasileños en Italia que revelan el análisis de las entrevistas y la observación etnográfica de Chitolina Zanini se percibe en los relatos de las mujeres entrevistadas por Yolanda López García, presentados en el artículo “Crisis identitaria de mujeres profesionistas mexicanas en Alemania: entre la descalificación, la desclasificación y la ilusión del estilo de vida alemán”. La necesidad de ser aceptados y respetados, por un lado, y la dificultad de serlo, por otro, llevan al desarrollo de diferentes estrategias, como la autocensura, por ejemplo, disimulando propias características percibidas del exterior como exóticas, y la autosegregación, por ejemplo, renunciando a trabajar para evitar malos tratos. La pérdida que esta cadena de rechazo y frustración implica a nivel individual y social es evidente.

Es significativa la observación sugerida de estos estudios en que la experiencia de exclusión es particularmente chocante para las personas que en su país de origen pertenecen a las clases privilegiadas: el desplazamiento les quita en una vez su poder, dicho en el lenguaje del colonialismo crítico: les transforma de Blancos a Negros y el “sueño europeo” (adaptación del “sueño alemán” de López García) se desmorona ante sus ojos.

No se puede decir lo mismo para los europeos que, al contrario, tienen buena probabilidad de subir de clase social cruzando el océano. Pertenecer a la categoría extranjero pone en una posición vulnerable, como señala Leticia Calderón Chelius en su artículo “La sutil xenofobia que negamos”. Su vulnerabilidad es un instrumento de opresión que se utiliza estratégicamente. Mientras Chitolina Zanini comprueba que la ciudadanía no es suficiente para garantizar reconocimiento social y equidad, Calderón Chelius presenta la ciudadanía como sus conditio sine qua non, ya que las leyes orientan y legitiman el comportamientos de los ciudadanos. La falta de ciudadanía, entonces, legitima la discriminación, fomentando la xenofobia. Calderón Chelius ilustra su argumentación a través del análisis de leyes vigentes en México que asignan a los ciudadanos extranjeros y también a los naturalizados menos derechos que a los otros. La voluntad política del Estado mexicano de discriminar resulta evidente.

Como teorizaba Hannah Arendt (1973), hablando de ciudadanía como el derecho a tener derechos y al mismo tiempo como derecho a pertenecer, estos estudios confirma cómo la estigmatización de los migrantes a través de las políticas del estado sea interdependiente con las experiencias de discriminación que ellos hacen en el cotidiano.

La inclusión real de los ciudadanos migrantes es favorecida, como explica Luisa Conti en su artículo “Identidad y cultura: conceptos con gran efecto. Un análisis comparativo entre Latinoamérica y Europa”, por la deconstrucción del imaginario esencialista de la identidad cultural, tanto la de las personas migrantes como la de su comunidad imaginada. Ella observa, además, como en América Latina una deconstrucción de identidades estereotipadas debilitaría también la jerarquía heredada del colonialismo, intrínsecamente racista. Si por un lado, las personas percibidas como indígenas son aún consideradas culturalmente diferentes y por eso de menos valor, por otro, un respetuoso reconocimiento de la cultura de los pueblos indígenas es aún un sueño por lo que muchísimos siguen luchando.

Una sociedad inclusiva puede, entonces, solo realizarse a través de la transformación de sus lógicas políticas y económicas, una transformación extremadamente urgente, como muestra la pandemia, una crisis de la crisis de este sistema que afecta a los inmigrantes a todos los niveles, haciéndolos aún más vulnerables, en demasiados casos llevándolos al borde de la supervivencia (ECRI, 2021).

En resumen, los capítulos en este libro ofrecen una mirada crítica al vínculo entre migración y crisis desde diferentes ángulos teóricos y geográficos. Tal como hemos mencionado, la pandemia de Covid-19 generó un gran desafío tanto para los y las migrantes, como para las sociedades en general. También tiene implicaciones para las personas que dedican a investigar estos temas. Por lo tanto, estamos convencidos que se requieren discusiones adicionales sobre las causas y efectos de la pandemia de coronavirus, a la vez que reflexionar sobre el futuro de nuestras comunidades en el período pospandémico.

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Migración y transformaciones políticas

La política migratoria en Colombia y Ecuador: decisiones y respuestas a la migración venezolana

Jacques Ramírez Gallegos y María del Pilar Ospina Grajales

Introducción

Colombia y Ecuador, históricamente catalogados como países de emigración, se han enfrentado en los últimos años con una ola migratoria de venezolanos en una escala sin precedentes, impulsada por la inestabilidad política y la crisis económica e institucional por la que atraviesa dicho país, especialmente a partir de 2014. Según datos de Migración Colombia, durante el 2018, el número de venezolanos en condición regular e irregular ascendió a 1.032.016 y, al 31 de enero de 2021, el dato consolidado por ese órgano es de 1.742.927 personas (Migración Colombia 2021). No obstante, en el marco de la actual crisis sanitaria producto de la llegada del Covid-19 se reporta el retorno de 80 mil ciudadanos venezolanos a su país. Y, en el lapso de febrero a junio de 2020, se identifica por primera vez una reducción sostenida en el número de venezolanos radicados en Colombia.

En Ecuador se calcula alrededor de 367.000 venezolanos hasta finales del 2019 según datos oficiales, siendo hasta esa fecha el tercer receptor de personas de origen venezolano en América Latina y el Caribe (después de Colombia y Perú). Y, al igual que lo ocurrido en el vecino país del norte, como efecto de la pandemia, de las nuevas políticas migratorias de carácter restrictivo y del incremento de la xenofobia, se han producido descensos en los ingresos y aumentos en las cifras de retorno. En efecto, hasta julio del 2020 hay más venezolanos que salieron de Ecuador (14.320) que aquellos que entraron (10.506) (Ministerio de Gobierno, 2020). Vale resaltar que los datos oficiales no registran aquellos que han retornado utilizando pasos irregulares (trochas) debido a la precariedad en la que se quedaron como efecto de la pandemia (Domínguez, 2020).

Tanto en Colombia como Ecuador –en el contexto del incremento de flujos venezolanos– se produjo cambio de gobierno. Moreno en el 2017 y Duque en el 2018. La llegada de dichos mandatarios trajo consigo nuevas decisiones y políticas migratorias, así como una narrativa diplomática hostil hacia el gobierno venezolano. En coherencia con lo anterior, este artículo tiene como objetivo analizar las políticas migratorias implementadas en ambos países en torno al flujo migratorio venezolano teniendo una mirada diacrónica en relación a las políticas implementadas por los anteriores gobernantes de ambos países, con la finalidad de ver los cambios y/o continuidades. Se compara la política implementada en dichos lugares principalmente porque son los principales receptores y lugares de tránsito de migrantes venezolanos en la región y en ambos hubo cambios de gobierno con afinidad ideológica y críticos al gobierno de Venezuela. Nuestro análisis se basa en el estudio del marco jurídico (leyes, normas, decretos, planes, etc.) implementados entre el 2015 e inicios del 2021 y se complementa con información cuantitativa en torno a los flujos de migración proveniente del país llanero. Ponemos especial énfasis en los planes de respuesta y en la regularización y permisos de residencia otorgados en los países andinos.

Política migratoria colombiana: de los vacíos normativos a los correlatos geopolíticos en la atención a la migración venezolana

Las dinámicas migratorias en Colombia se han caracterizado primordialmente por procesos de expulsión. La estructura económica excluyente, desigual y el interminable conflicto armado han sido dos de sus principales causas. Sin embargo, en los últimos años, estas dinámicas se han diversificado y además de ser un país de expulsión se le suman los fenómenos de tránsito, destino y retorno. Varios hechos han sido causales de aquello.

En primer lugar, se debe tener en cuenta la crisis económico-política en Venezuela que repercutió en la intensificación de los movimientos migratorios fronterizos convirtiendo a Colombia en el primer país de recepción y de tránsito de esta población, sin dejar de olvidar que muchos colombianos que se habían nacionalizado en Venezuela también retornaron en el marco de esta misma crisis. A continuación, nos centraremos específicamente en las respuestas que esta situación desató en el proceso de toma de decisiones por parte del Estado colombiano desde el 2015, no solo a partir de sus alcances normativos, sino desde los correlatos geopolíticos que le acompañaron.

El gobierno de Juan Manuel Santos fue el llamado a tomar algunas medidas concretas en relación con la gestión de los flujos migratorios procedentes de Venezuela a partir del año 2015 y hasta la finalización de su período en 2018. Dentro de las decisiones tempranas que se pueden identificar se encuentran:

· La atención humanitaria. Implicó la declaración de un Estado de Emergencia económico y social mediante el Decreto Nº 1.770, el cual respondió al cierre unilateral de la frontera y a la deportación de alrededor 1.500 colombianos y colombo-venezolanos desde Venezuela, uno de los hechos más graves en las relaciones diplomáticas bilaterales. De la mano de esa decisión, se tomaron otras importantes como el Decreto Nº 1814/2015 relacionado con los procesos de reunificación familiar que abre el camino a las medidas tendientes a regularizar los procesos de permanencia en el país mediante los permisos de permanencia y el Permiso Especial Temporal (PET).1

· Los procedimientos administrativos para regular la entrada, permanencia y movimientos fronterizos en el país. En el 2016, se expide el Decreto Nº 1.220 mediante el cual se dejan estipuladas las condiciones legales que normarían las autorizaciones de ingreso y tránsito de personas procedentes de Venezuela mediante la creación de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF). En 2017, mediante la Resolución Nº 1.272 se implementa el Permiso Especial de Permanencia (PEP).2

· La delimitación de las primeras acciones tendientes a formular decisiones de carácter permanente y estructural. Hasta el 2018, la mayoría de las medidas fueron de orden coyuntural y atendían a las situaciones de emergencia que dejó entrever los vacíos institucionales en términos de la política migratoria colombiana. Debido a esto, como disposición presidencial se expide el Decreto Nº 542/2018, un instrumento clave para continuar atendiendo el fenómeno de la migración venezolana, pero atendiendo a las necesidades de registro de los migrantes, del perfilamiento de una política integral humanitaria y de la destinación de recursos y presupuestos para estos propósitos.3

· La toma de decisiones de más largo plazo como la expedición del decreto Nº 1.288. Esta medida, adoptada en el 2018, blinda y promulga elementos fundamentales para el acceso de los migrantes venezolanos a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo entre otros, como una decisión de obligatorio cumplimiento en los niveles nacional, departamental y local.

Vale señalar que muchas de las decisiones que el gobierno de Juan Manuel Santos tomó en relación con la crisis de migrantes venezolanos, fueron en algún sentido el reflejo de la evolución de las relaciones diplomáticas con ese país durante su mandato. Sobre todo en su primer período hubo una serie de acercamientos que suavizaron la comunicación, la cooperación y el estrechamiento bilateral (Ardila y Clemente Batalla, 2019), sin dejar de mencionar el rol clave de Venezuela en la agenda de la Paz del gobierno de Santos y que a nivel multilateral Colombia firmó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que es ampliamente analizado por Aksakal y Trompetero en este libro.

Las decisiones presidenciales sobre la migración y el manejo de las tensiones en la frontera fueron el producto de una política exterior centrada en la internacionalización de la paz y en la relación no conflictiva con los vecinos, hecho que se mantuvo hasta la crisis del 2015 y que produjo un giro de relaciones bilaterales desde la desconfianza y la cooperación coyuntural (Ardila y Clemente Batalla, 2019) que se extendió hasta el traspaso de poder del presidente Juan Manuel Santos a Iván Duque en el 2018.

Nuevas medidas y endurecimiento de las relaciones diplomáticas

Desde el 2018 a mediados de 2021 muchas de las decisiones del gobierno colombiano para dar respuesta a los procesos de migración y tránsito de venezolanos, han ido evolucionando desde las atenciones de emergencia a la intención de formular una política migratoria integral como respuesta estructural. El CONPES 3950/2018 fue una de las decisiones tempranas de Duque en ese sentido.

No obstante, hay que mencionar que si bien fue una decisión clave en términos de las estrategias de atención a la población migrante desde el fortalecimiento institucional del Estado para el logro de ese propósito, paralelamente los discursos y las relaciones entre Colombia y Venezuela tendieron a tensionarse aún más. El presidente colombiano señaló en varias entrevistas que “si la dictadura de Venezuela no termina, la migración no se detiene” (BBC, 2018). Las amenazas de intervención militar denunciadas por el presidente Maduro, en la cual Colombia participaría como aliado, de la mano del llamado de Duque a las fórmulas diplomáticas para acelerar la salida del mandatario venezolano ha complicado las relaciones bilaterales.

Detrás del endurecimiento de las relaciones diplomáticas, el discurso sobre la migración es blando y sustentado en los argumentos de la solidaridad y la crisis humanitaria. Así mismo, hay una reiteración sobre la ampliación del acceso a servicios básicos y a la mejora de la oferta institucional; no obstante, esto se convierte en un discurso de buenos propósitos cuando ni siquiera los ciudadanos colombianos tienen un acceso digno a servicios de salud, de educación y de agua potable.4

Después del CONPES 3950, y reconociendo su importancia para la consolidación de las políticas públicas para la atención a los migrantes, sus alcances y resultados aún están por verse. Sin embargo, fue en 2019 cuando se presenta el Proyecto de Ley 036 para fijar la política migratoria del Estado colombiano, primera medida de largo plazo para responder, no solo a la coyuntura de la migración venezolana, sino a este fenómeno en general.

A principios del 2021, el proyecto de ley llega a primer debate en la Cámara de Representantes y, aunque desde sectores de la académicas y organizaciones de la sociedad civil, se reconoce como un avance importante en términos del trazado de lineamientos de política pública migratoria y como una obligación apremiante del Estado, también hay críticas serias a esta propuesta.

Para empezar, se identifican problemáticas con los procedimientos de regularización y de refugio que contiene dicho proyecto. De igual manera, se critica el exceso de trámites y los costos de las visas. La ruta procedimental engorrosa, además del desconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad con la que llegan los migrantes, dentro de ellas la falta de documentación, no facilitan la regularización del estatus migratorio y, por ende, es un obstáculo para el acceso a los demás derechos. Sumado a esto, como señala Pelacani (2020), la figura del refugio también se concibe de manera distorsionada en términos de los tiempos de respuesta y de las posibilidades de aplicación a trabajos formales.5

Paralelamente mientras se continúa con los debates legislativos sobre esta propuesta que no ha sido muy bien recibida por su falta de integralidad y de participación de actores claves para su formulación, en marzo de 2021, el presidente Iván Duque firma el decreto para la creación del Estatuto Temporal para Migrantes venezolanos, el cual empieza a ser implementado a partir del 28 de abril del mismo año. Mediante resolución 0971 la medida tiene como propósito, según el mandatario, avanzar en el proceso de regularización de un millón de venezolanos de un total de 1.800.000 ciudadanos venezolanos, así como el acceso a otros derechos.

No obstante, este estatuto condiciona duramente los procesos de entrada y de regularización en términos temporales limitando su aplicabilidad solo para los migrantes que se encuentren en el territorio en proceso de regularización, irregulares que demuestren haber llegado antes de 31 de enero de 2021 y a los que en los próximos dos años ingresen regularmente al país (Pelacani, 2021). De acuerdo con estas consideraciones, no hay un principio de realidad sobre las causas y los modos a través de los cuales la migración venezolana se está desarrollando, donde las vulnerabilidades de carácter humanitario no permiten, en la mayoría de los casos el cumplimiento de la normativa que impone este estatuto. De igual manera se desconoce que mucha de la dinámica de esta migración es circular, la cual fue acentuada en el 2020 con la llegada de la pandemia.

De la mano de la exposición de los objetivos del Estatuto, cuando se presenta desde el ejecutivo esta nueva decisión, el presidente colombiano aludió a la importancia de una atención humanitaria y fraterna con los migrantes. Sin embargo, su discurso se acompaña de las denuncias de un gobierno que debe ser intervenido como la causa principal de esta crisis. En sus palabras, “una cosa es la atención fraterna al migrante, pero, también, sí queremos parar esta crisis, lo países tenemos que reflexionar sobre cómo le pondremos fin a la dictadura en Venezuela” (Duque, 2021). Adicional a esto, los argumentos en relación con la seguridad nacional, las deportaciones y los actos de violación a la ley en una decisión de carácter migratoria, deja un sinsabor de criminalización y xenofobia tan común en el tratamiento de la cuestión migratoria en general y en particular en la venezolana.

Declaraciones como la anterior tensan permanentemente las relaciones diplomáticas entre ambos países y demuestran cómo la gestión de esta crisis migratoria ha sido el medio a través del cual se evidencian los conflictos de poder en la región y en las relaciones geopolíticas. La lógica de una diplomacia dura, de la amenaza y las acusaciones entre Duque y Maduro, del apoyo del gobierno colombiano a la oposición venezolana, de la constante llamada a la intervención política de Venezuela en escenarios regionales y multilaterales como el Grupo de Lima dan cuenta de aquello.

En las cumbres presidenciales del Grupo de Lima el asunto de Venezuela es parte de las agendas prioritarias. Muchas de las declaraciones reiteran la importancia de seguir generando presiones diplomáticas al gobierno de Maduro y hacen un llamado a sectores civiles y militares para propiciar procesos de transición políticas en ese país:

instamos a todos los venezolanos, de todas las vertientes ideológicas y signos partidarios, ya sean civiles o militares, a poner los intereses de Venezuela por sobre las cuestiones políticas y participar de manera urgente en un proceso definido e impulsado por los venezolanos para establecer un gobierno de transición inclusivo que posibilite que en el país se lleven a cabo elecciones libres y justas tan pronto como sea posible (Declaración conjunta de apoyo al cambio democrático en Venezuela, 2020).

Como puede verse, la crisis migratoria y política de Venezuela es uno de los fenómenos más importantes en la comprensión de las relaciones regionales en América Latina. No solo la movilidad de personas a gran escala y con consecuencias humanitarias ha confrontado las estructuras políticas domésticas para la gestión del fenómeno, sino que ha detonado en divisiones políticas en América Latina y en el fortalecimiento de unas relaciones internacionales donde Estados Unidos vuelve a ser un jugador clave de las relaciones geopolíticas en el continente.

De la libre movilidad regional al régimen de control en Ecuador

Si bien al iniciar el mandato el gobierno de Moreno mantuvo la misma línea de su predecesor, lo cual se puede observar al analizar la Agenda de política exterior (2017-2021) así como en el Plan integral para la atención y protección de derechos en el contexto del incremento del flujo migratorio venezolano en Ecuador (2018), da un giro con relación a la política migratoria regional al pasar de un enfoque de derechos, libre movilidad y facilidades de residencia hacia uno más restrictivo, de control y seguridad fronteriza (Ramírez, 2020).

Como es de conocimiento, la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008 constituyó un hito en este país dado que por primera vez se incluía una serie de principios en materia de movilidad humana que planteaban un diferente tratamiento de los temas migratorios. A parte de reconocer el derecho a migrar, planteó el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta, el progresivo fin de la condición de extranjero, el reconocimiento de las familias transnacionales, entre otros temas (Ramírez, 2016).

A nivel internacional el anterior gobierno buscó la firma de convenios bilaterales y multilaterales en materia migratoria, uno de ellos se concretó en 2010 con la República Bolivariana de Venezuela, el denominado Estatuto Migratorio. En el preámbulo de dicho acuerdo se observa una serie de principios con un enfoque de derechos: “no existen seres humanos ilegales, no a la criminalización y penalización de la migración irregular, respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes y a la libre movilidad”.

Vale señalar que los venezolanos hasta el año 2015 no estaban dentro de los principales grupos de inmigrantes en Ecuador. Su crecimiento pronunciado aparece en 2016, se dispara en 2017 y continúa exponencialmente en 2018 alcanzando la cifra de 954.217 personas que entraron al país (Ministerio de Gobierno, 2020). Para el 2019 disminuyen los flujos como efecto de las políticas restrictivas implementadas. Sin embargo, hay que resaltar que Ecuador es principalmente un país de tránsito de esta migración que si dirige más al sur del continente, sobre todo a Perú y Chile.

Con la aprobación y puesta en marcha de la nueva Ley Orgánica de Movilidad Humana a inicios del 2017, se incorporaron nuevas categorías migratorias, una de ellas la de ciudadanía suramericana. Bajo este concepto y propuesta teórico-política que fue impulsada desde la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), se pretende dar una solución estructural al tema de la migración intrarregional y se incorporan facilidades para que puedan obtener la residencia las personas de la región. El concepto de ciudadanía suramericana es apropiado por Ecuador y constituyó el único país de la región en incluir en su marco normativo. En efecto, la conocida como “visa Unasur”
se constituyó en el principal mecanismo de regularización para los ciudadanos suramericanos, principalmente venezolanos. Con este instrumento se regularizaron 91.762 en tres años (2017-2019), el 92% migrantes venezolanos y 6% colombianos y el 2% del resto de países de la región (Ramírez, 2016b y 2020).

El giro de las políticas migratorias ecuatorianas

Hasta agosto del 2018, los migrantes venezolanos pudieron entrar sin mayores complicaciones tal como establecía la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el Estatuto Migratorio Ecuador-Venezuela. Sin embargo, en dicho mes, el gobierno de Moreno da un giro en su política exterior y migratoria ante el incremento de llegadas de venezolanos.6 Se declaró la situación de emergencia del sector de movilidad humana en las provincias de Carchi, El Oro y Pichincha, las de mayor tránsito migratorio, a través de la Resolución Ministerial Nº 152 (MREMHU 2018a). En dicha Resolución, se habla de “mantener el estado de alerta y operativos para realizar acciones inmediatas que se requieran; así como afrontar cualquier situación negativa que se pudiera generar por el flujo migratorio inusual”. Posteriormente, el Ministerio del Interior realiza un informe técnico sobre el flujo migratorio de venezolanos en donde se concluye que:

en vista de la tendencia actual de aproximadamente 300 ingresos por día y la creciente tendencia de ingresar al país únicamente con el documento nacional de identidad, que no presenta dispositivos de seguridad que permitan comprobar la autenticidad del mismo o sin ningún documento reconocido por el país, podría impactar negativamente en el país en la capacidad nacional de prevención, control y protección de estos fenómenos, afectando los derechos de las personas en movilidad, y generando ambientes propicios para el fenómeno de los delitos asociados a la movilidad, por lo que es necesario se establezcan políticas que permitan prevenir la migración irregular y riesgosa (Ministerio del Interior Ecuador, 2018, p. 3).

Inmediatamente realizado dicho informe, se fortalece el enfoque del control migratorio y se emite un nuevo Acuerdo Ministerial (Nº 242) en el cual se establece como requisito previo al ingreso a territorio ecuatoriano “la presentación del pasaporte con una vigencia mínima de seis meses previa a su caducidad a los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela” (MREMHU, 2018b). Es decir, ya no podían entran con cédula de identidad.

En un despliegue gubernamental nunca antes visto que incluyó a varias carteras de Estado y al propio presidente Moreno, se dio un giro a las políticas migratorias que se venían construyendo con un enfoque de derechos, violando lo establecido tanto en la Constitución, en la Ley de Movilidad Humana, así como en Acuerdos Bilaterales y Multilaterales firmados en el seno de la CAN, MERCOSUR, UNASUR referente al derecho a migrar, a la ciudadanía suramericana y a la movilidad intrarregional solamente presentando el documento nacional de identidad.

Estas medidas provocaron reacciones de organizaciones de derechos humanos, que se pronunciaron en contra del gobierno e interpusieron medidas cautelares. Si bien se logró eliminar tal requisito de entrar solo con pasaporte (documento muy complicado de conseguir en Venezuela), la cancillería ecuatoriana emitió nuevamente un nuevo Acuerdo Ministerial (Nº 244) en el que se señala que los ciudadanos venezolanos podrán ingresan nuevamente a Ecuador con cédula de identidad siempre y cuando cumplan con uno de los dos siguientes tipos de validación: “con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido por un organismo regional o internacional reconocido, o con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad emitido por las entidades autorizadas al efecto por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela debidamente apostillado” (MREMHU, 2018c, p. 2).

El resultado de tales disposiciones no fue el descenso del ingreso de venezolanos, que era lo que buscaba el gobierno tal como se lee en los informes técnicos. Vale señalar que, según un estudio realizado por la OIM (2018), en los mismos meses que se daban estos cambios en las políticas migratorias (agosto y septiembre), el 69% de los migrantes venezolanos que ingresaron al Ecuador lo hacían con pasaporte y un 30% ingresaron con cédula de identidad. Dicho estudio también revela que un 9% ingresó a territorio ecuatoriano por un cruce informal que puede haber sido un efecto de las medidas tomadas. Es decir, no disminuyeron como se esperaba las llegadas, pero produjo que un porcentaje entre por pasos fronterizos clandestinos.

A inicios del 2019 el gobierno ecuatoriano continuó con su política de securitización y culpó a los migrantes venezolanos del incremento de feminicidios por un caso ocurrido en la ciudad de Ibarra en el norte de Ecuador. El presidente de la República en su cuenta de Twitter señaló: “He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país” (20 de enero, 2019).

Un día después de este anuncio, el Ministerio del Interior y la Cancillería ecuatoriana sacan el Acuerdo Interministerial (Nº 001) en cuyos considerandos se recuerda la facultad del Estado de registrar ingresos y salidas, inadmitir a personas extranjeras “que sean consideradas una amenaza o riesgo para la seguridad interna” y acuerdan requerir “la presentación del Certificado de Antecedentes Penales del país de origen, del país de residencia durante los últimos cinco años, debidamente apostillado o legalizado” (MREMHU y Ministerio del Interior, 2019).

A esta disposición quedaron exentos los menores de edad, personas que tengan vínculos familiares con ecuatorianos hasta segundo grado, los que tengan visa vigente y aquellos que utilicen a Ecuador como ruta de tránsito pero que acrediten poseer una visa del país de destino.7 Estas nuevas medidas de solicitar pasado judicial apostillado convirtieron al Ecuador en un estado tapón de dicha migración que viene por Colombia y que se dirige a algún país de la región. Este acuerdo vino acompañado de mayores controles, incluido la militarización de la frontera norte. Una vez más varias instituciones de defensa de derechos de los migrantes interpusieron una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para dejar sin efecto tales medidas logrando su objetivo de suspender provisionalmente dichas políticas en marzo de ese año.

Si bien se logró frenar temporalmente a nivel jurídico las medidas puestas por el gobierno, a nivel social se ha dado rienda suelta a odios, brotes de xenofobia e intolerancia en contra de los migrantes, convirtiendo al venezolano en el chivo expiatorio de varios problemas que enfrenta el país como la delincuencia, desempleo, criminalidad, feminicidios, entro otros. La constante exclusión social que viven los venezolanos (García, 2021) hizo que varios de ellos retornen a su país incluso antes de la llegada de pandemia.8

El anuncio de la entrada en vigencia de la visa para ingresar a Perú produjo un nuevo incremento de migrantes venezolanos que se apresuraba a transitar por todo el territorio ecuatoriano desde Rumichaca (frontera con Colombia) hasta Huaquillas (frontera con Perú). La medida implementada en dicho país tuvo su efecto dominó en Chile y Ecuador que realizaron posteriormente acciones similares.

Sin embargo, para el caso ecuatoriano, hay dos elementos geopolíticos centrales al momento de entender estas medidas. En marzo del 2019, el ministro de Relaciones Exteriores comunicó formalmente a la Presidencia Protempore de UNASUR la decisión del Gobierno ecuatoriano de “iniciar los procedimientos internos para la denuncia del tratado”. Dichos procesos internos implicaban entre otras cosas, reformular la Ley de Movilidad Humana que, como se indicó, tiene un apartado referente a la ciudadanía suramericana.

Es por esto que a finales de julio del 2019, el gobierno envió un Proyecto de Ley Orgánica reformatoria a la Ley de Movilidad Humana donde sobresale el giro que da a la política migratoria estableciendo criterios más fuertes en torno a la seguridad, la soberanía y el control, y eliminando todo el capítulo sobre la Comunidad Suramericana en Ecuador. De igual manera, la nueva ley (aprobada a inicios del 2021) apunta a optimizar los procesos de deportación de ciudadanos extranjeros que infrinjan la norma.

Vale señalar que si bien hay un dictamen de la Corte Constitucional en relación a la denuncia del tratado constitutivo de la UNASUR, donde se señala que la misma podría tener un carácter regresivo en caso de que disminuya o menoscabe el ejercicio de los derechos migratorios de las personas pertenecientes a UNASUR y que podría tener efectos inconstitucionales,9 el gobierno ha hecho caso omiso a tal dictamen no solo por lo estipulado en la nueva Ley donde hay un retroceso en derechos para los migrantes intrarregionales, sino que emitió un nuevo decreto (Nº 826), en cuyo artículo 5 se impone una visa de ingreso a venezolanos: requerir a todo ciudadano venezolano, para el ingreso a la República del Ecuador, la presentación de la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias, la visa consular de turismo o cualquier otra visa prevista en la Ley Orgánica de Movilidad humana (Decreto Nº 824/2019, p. 3).

Dicho Decreto provocó un nuevo incremento de flujos en la frontera norte para poder ingresar al país antes de que entre en vigencia (lo cual ocurrió el 26 de agosto del 2019).10 Posterior a la medida se pasó de 91.000 a 2.500 entradas aproximadamente. El gobierno finalmente había cumplido su objetivo de controlar y restringir el paso regular por territorio ecuatoriano provocando que miles de venezolanos se queden varados en la frontera entre Colombia y Ecuador o que usen pasos clandestinos, conocidos como “trochas”.11 Vale resaltar que las visas de ingreso se entregaron solo en las oficinas consulares de Caracas, Bogotá y Lima, tal como quedó estipulado en el Acuerdo Ministerial Nº 103 (MREMHU 2019).

El otro elemento geopolítico a tomar en cuenta es que Ecuador lideró el denominado Proceso de Quito que se inició en septiembre del 201812 en el cual, a parte de ser enfáticos en la necesidad de una mayor cooperación internacional hacia los países de tránsito y destino de la migración venezolana, se estipuló la necesidad de abrir mecanismos de asistencia humanitaria y procesos de regularización.

Es por eso que en el mencionado Decreto se decide otorgar una “amnistía migratoria para todas las ciudadanas y ciudadanos venezolanos que no hayan violado las leyes del Ecuador” (artículo 1, Decreto Nº 826) para lo cual se crea una nueva visa llamada de residencia temporal de excepción por razones humanitarias, conocida como la visa “Verhu”. La propuesta del gobierno fue realizar un censo, previo al otorgamiento de la visa, que estaba previsto realizar desde octubre del 2019 hasta marzo del 2020, pero por efectos de la pandemia se prolongó hasta agosto de aquel año.

Esta imposición de visa en la práctica pedía los mismos requisitos que la visa UNASUR, con la diferencia del costo (50 USD), de ser exclusiva para venezolanos y la temporalidad de ingreso (dado que solo aplicaba para aquellos que entraron hasta el 25 de julio del 2019), mientras que la visa UNASUR estaba pensada como un mecanismo permanente para todos los ciudadanos suramericanos.

Al finalizar el proceso (marzo del 2020) se otorgaron aproximadamente 25.500 visas humanitarias, el 74% de ellas en Quito y 22% en Caracas, siendo los lugares donde más visas se emitieron. El dato de visas humanitarias otorgadas, con relación al número de personas que se registraron en línea (229.000) confirma que son muy pocas las visas entregadas, apenas el 11% (Naciones Unidas Ecuador, 2020). Según la décima encuesta de Monitoreo de Flujo de Población Venezolana, realizada entre febrero y marzo del 2021, el 81% de los migrantes venezolanos en Ecuador se encuentran en condición migratoria irregular (OIM, 2021), lo cual ratifica el fracaso en la entrega de las visas Verhu y la necesidad de tener mecanismos permanentes de regularización.

Con la llegada del Covid-19 a la región, una vez más se reforzó el control migratorio, cerrando las fronteras, restringiendo los movimientos tanto de nacionales como de extranjeros y se contrajo la economía como ocurrió a nivel global. Esto produjo una mayor vulnerabilidad a la ya precaria vida que llevaban los migrantes13 por lo que muchos de ellos precipitaron su retorno a Venezuela. Sin embargo, la gran mayoría se vieron imposibilitados –una vez más– por el cierre de la frontera con Colombia y la negativa del gobierno de abrir un corredor humanitario para su retorno. Pese a ello, algunos utilizaron nuevamente pasos clandestinos para poder regresar a su patria.

Conclusiones

Aunque ya se ha dicho mucho sobre las causas y el perfil de la migración venezolana (Blouin, 2019; Gandino, Lozano y Prieto, 2019) los efectos en los países receptores y sobre todo las políticas implementadas y la repercusión en la población migrante aún requiere mayor análisis. Desde una perspectiva comparativa y descriptiva, este texto ha querido contribuir en el entendimiento de las políticas migratorias implementadas en Colombia y Ecuador a raíz del incremento del flujo migratorio procedente de Venezuela. La historia de las migraciones nos enseña la importancia del análisis longitudinal para ver los cambios, continuidades y patrones de los flujos migratorios. Venezuela dejó de ser el principal país de atracción de migrantes en Suramérica (junto con Argentina) para convertirse en el principal expulsor de la región a causa de una profunda crisis política, económica y social. Un cambio demográfico radical.

Sin lugar a dudas, esos procesos migratorios seguirán cambiando el “paisaje migratorio” de la región latinoamericana y en particular de los dos países aquí analizados. Colombia que históricamente ha sido un país expulsor de personas, muchas de ellas con necesidad de protección internacional, ahora es el principal país receptor de migrantes venezolanos. Por otra parte, Ecuador, que durante la mitad del siglo XX tuvo dos olas emigratorias, a Estados Unidos la primera y a España e Italia la segunda, al iniciar el siglo XXI se convirtió en un importante país de tránsito y de destino sobre todo de colombianos y ahora también de ciudadanos venezolanos.

En relación con la estampida migratoria venezolana, los países de acogida han tenido que responder y en muchas ocasiones adaptar sus discursos, estructuras políticas y jurídicas. Tanto en Colombia como Ecuador hay una doble lógica entre el discurso y algunas de las decisiones que se ha tomado al respecto de la migración venezolana. Prima el discurso de la hermandad, la fraternidad y la solidaridad para con los migrantes venezolanos bajo la lógica del humanitarismo (Ramírez, 2020), pero hay un endurecimiento del proceso de ingreso, permanencia y regularización. Es decir, se evidencia un discurso blando y una política dura.

Ese discurso blando, velado en argumentos humanitarios, viene a la par de la instrumentación de denuncias y ataques al gobierno venezolano, es decir, es un mecanismo a través del cual se ponen en evidencia las fricciones y contradicciones de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia y que tiene una dinámica similar a lo implementado en otros países de la región en los cuales también están en el poder gobiernos de derecha (Ospina y Ramírez, 2021).

Aunque se reconoce en Colombia el avance en términos de la formulación de políticas migratorias, casi inexistentes antes de la crisis migratoria venezolana, muchas de las decisiones (la mayoría centradas en el tema de la regularización temporal) entre ellas el proyecto de ley, no convocó a actores claves para una formulación de una propuesta integral y con enfoque en derechos. Asímismo, muchas de las medidas son generosas en su formulación, pero desajustadas de las posibilidades reales de la estructura institucional y de prestación de servicios con la que cuenta el Estado colombiano.

En el caso de Ecuador es notorio el retroceso en la política migratoria implementada por el gobierno de Moreno. Dicho país tenía un marco jurídico que permitió hasta agosto del 2018 que los venezolanos ingresaran libremente y residieran con facilidad en el país. Sobresale la inclusión de la categoría de ciudadanía suramericana en la anterior Ley Orgánica de Movilidad Humana, principal mecanismo utilizado por los venezolanos para acceder a la residencia en Ecuador.

Sin embargo, el gobierno empezó a imponer restricciones para su llegada las cuales concluyeron en la imposición de una visa de entrada denominada “visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias”. Con las medidas tomadas se dio un giro tanto a nivel geopolítico internacional como en su política migratoria: la salida de UNASUR, la formulación de una nueva Ley de Movilidad Humana, el retiro del asilo diplomático a Julián Assange y la imposición de visa para venezolanos configuran hitos centrales que hablan de su alineamiento a la agenda de Washington y el retorno al enfoque duro de control y seguridad migratoria.

Las políticas implementadas en ambos países, sobre todo el reforzamiento de las miradas de control y seguridad, sumada a la estigmatización hacia dicha población provocó una mayor vulnerabilidad en esta población migrante, quienes no solo tiene dificultades para regularizarse, sino para acceder a vivienda, trabajo, seguridad social, educación y salud. Estos elementos, y el rebrote de la xenofobia, ha producido una mayor exclusión en las sociedades de destino incrementando las desigualdades (Massey, Durand y Pren, 2016) entre migrantes y entre nacionales y no nacionales.

Sumada a toda la complejidad antes mencionada, el actual contexto de crisis sanitaria producto de la llegada y agravamiento del Covid-19 a la región permitió –no solo a los países aquí analizados sino a casi todos– implementar el cierre de sus fronteras como medida de protección de la salud pública. Pese a ello, hemos presenciado un inesperado giro de los flujos migratorios venezolanos incrementando considerablemente los retornos a su país desde Perú, Ecuador y Colombia. Sin embargo, es de esperar que estos movimientos sean pendulares.

Finalmente, no se debe dejar pasar por alto que en el marco de la gestión de los procesos y la gobernanza migratoria en la región hay un trasfondo geopolítico complejo que está determinando de manera significativa las relaciones y la internacionalización de la política en América Latina y que los temas migratorios, en particular la migración venezolana, ha sido incorporada como parte central de la diplomacia regional, de las relaciones internacionales y de las tensiones políticas y territoriales de mayor trascendencia en la realidad del continente.

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1 Aunque se destacan esos dos decretos, varias medidas se tomaron concretamente para atender estructuralmente las necesidades básicas de la población colombiana en condición de expulsión. El Decreto Nº 1.771 para la atención social, el Decreto Nº 1.819 para las facilidades de vivienda, el Nº 1.880 para la exoneración del IVA, el Nº 1.820 para el estímulo de actividades económicas, el Nº 1.821 para la empleabilidad. Estos entre muchas otras, fueron las decisiones que apoyaron esta intervención coyuntural en el 2015.

2 En el 2017 varias fueron las decisiones que ayudaron a normar todo lo referente a la expedición de permisos de tránsito y permanencia complementarias al Decreto Nº 1.220: las resoluciones Nº 5.767, 3.015, 1.272 y 1.248. https://www.migracioncolombia.gov.co/normativa/category/16-resoluciones-2017).

3 Esto tuvo como insumo el artículo 140 de la Ley Nº 1.873/2017 mediante el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital para la atención de la emergencia social en la frontera con Venezuela.

4 Temas que se han hecho presentes en el Paro Nacional que ya lleva más de un mes. Vale resaltar que por cada 100 personas que viven en el área rural en Colombia, 46,4 acceden a agua potable (Revista Semana, 2020), sumado a esto los servicios de salud se privatizaron mediante la Ley Nº 100/1993 de modo que se accede a ello vía mercado o a servicios públicos limitados y precarios, y no en un marco de derechos fundamentales y, en términos de educación, se han ido cerrado las brechas de acceso y cobertura pero hay serias dudas con los temas de infraestructura y de calidad, razón por la cual, los resultados en Pruebas Pisa siempre deja a Colombia como uno de los países peores evaluados (Publimetro, 2019).

5 En un trabajo conjunto entre distintas organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y academia se creó un decálogo para la mejora de esta propuesta inicial en el que se sintetizan lo siguientes aspectos: fortalecimiento de un enfoque de derechos, responsabilidad institucional, eliminación de la perspectiva de control, mejora en los procesos de participación, creación de rutas permanentes de regularización, sistema de creación de refugio y protección internacional de personas apátridas, mecanismos de prevención de delitos asociados a la migración. Ver DeJusticia, 2020.

6 El gobierno de Lenin Moreno, a diferencia de su antecesor que estaba alineado geopolíticamente con el gobierno de Chávez y Maduro, dio un giro de 180 grados, se alejó del eje de los países bolivarianos y se alineó con la agenda de Washington y el Grupo de Lima. Ver Ramírez et al. (2019).

7 Estos elementos fueron contemplados posteriormente en un nuevo acuerdo interministerial (Número 002), del 1º de febrero del 2019.

8 Con el Plan Vuelta a la Patria implementado por el gobierno de Venezuela se habían inscripto a nivel regional para retornar 100.426 personas y regresaron 17.522 venezolanos (hasta febrero del 2020). Desde Ecuador 3.242 personas en 36 puentes aéreos. Ver MPPRE, 2020.

9 El Dictamen final de la Corte señala: “Establecer que los derechos de las personas adquiridas, en virtud de lo establecido en los artículos 83 al 89 (referente a la ciudadanía suramericana) de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, deberán ser respetados y garantizados, mediante las medidas administrativas, legislativas y judiciales que correspondan” (Corte Constitucional 2019).

10 Después del anuncio del Decreto, entre el 27 de julio y el 13 de agosto llegaron 52.885. Según datos de la cancillería hasta antes de entrada en vigor del decreto, entraron en promedio 7.704 personas por día.

11 “No es secreto para nadie que los venezolanos están pasando por las trochas, se paga por pasar 30 dólares, fui a la frontera a inicios de diciembre y pude ver galpones donde hay venezolanos esperando para que los pasen por las trochas. En los galpones vi que estaban como 200 personas sentadas esperando que las pasen, en la Panamericana se ve personas que están caminando” (Presidente de la Asociación Migrante Universal, 2 de diciembre de 2019 en Coloma, 2020). En nuestra vista a dicha frontera, en diciembre del 2020, se pudo constar que muchos de los pasos clandestinos son controlados por los propios venezolanos y el costo del mismo es de 3 dólares.

12 Al cual asistieron representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

13 Sin poder retornar a su país, el 82% de los venezolanos se quedó sin trabajo, el 84% experimentan problemas para acceder a alimentos suficientes y uno de cada tres niños se acuestan con hambre según un estudio realizado por UNICEF a mediados de año (El Pitazo 2020). Un análisis detallado en JRS (2020).

La crisis del derecho de asilo en Italia

Historias de acogida de refugiados

Virginia Signorini

Introducción

Desembarcos, inmigrantes, refugiados, desplazados, emergencia, invasión, crisis y acogida. Todos estos son términos de un uso ahora familiar además de ser abusados, tanto en los medios de comunicación como en los contextos formales y cotidianos. Bauman nos dice:

Hoy no hablan de otra cosa que de la “crisis migratoria” que abrumaría a Europa, anunciando el colapso y el fin del estilo de vida que conocemos, lideramos y amamos. La crisis se ha convertido en una especie de nombre en clave políticamente correcto para esta fase de la eterna lucha librada por los formadores de opinión para conquistar y subyugar mentes y corazones. La noticia del campo de batalla está ahora a punto de desatar un verdadero ataque de “pánico moral”1
(2016, p. 3).

La península italiana también forma parte de este fenómeno. Hace más de veinte años este país ha sido tierra de asilo y hospitalidad para los migrantes que han desembarcado.

Todavía, uno de los aspectos más evidentes de su historia, es precisamente la dimensión de la emergencia; los largos años de políticas de asilo, las múltiples experiencias de acogida, la presencia constante en el debate público y político sobre el tema de los desembarcos y llegadas de migrantes forzosos, sin embargo, chocan con la perenne dimensión extraordinaria en la gestión e interpretación del fenómeno migratorio, creando una fuerte paradoja hacia los principales cambios en la forma de garantizar la protección –por tanto de acogida e integración– de los solicitantes de asilo y refugiados que se han producido en tiempos de crisis.

Sayad nos dice que “pensar en la inmigración es pensar en el Estado y es el Estado el que se piensa a sí mismo pensando en la inmigración” (1996, pp. 9-10). Por eso, cómo un país decide acoger puede decirnos mucho sobre cómo ese país elige proteger a sus ciudadanos.

En las páginas siguientes proponemos hacer un repaso sobre los últimos años de experiencias de asilo en Italia, a través de algunas de sus historias de acogida.

Como veremos, en la historia del sistema de recepción italiana, la fragmentación y lo extraordinario, serán puntos que acompañarán la narrativa a lo largo del tiempo con sus vivencias; si, por un lado, las “respuestas de emergencia (...), suelen ser reactivas y ad hoc”, al mismo tiempo las soluciones tomadas en tiempos de crisis “abordan los síntomas, pero no las causas” (McAdam, 2014, p. 11).

Hablaremos, por tanto, del fenómeno de la crisis como dispositivo para el gobierno humanitario de los refugiados, que nos muestra cómo hasta hoy, no se ha arraigado una cultura de asilo (Signorini, 2014), convirtiendo Italia en un país que aún no quiere reconocer que es una tierra tanto de asilo como de tránsito.

Entonces, ¿qué papel juega el dispositivo de la crisis en la creación de la actual cultura de asilo en Italia? ¿Cuáles son las consecuencias de las políticas de emergencia en la vida cotidiana de los solicitantes de asilo y los refugiados?

Para responder a estas preguntas viajaremos a través de los últimos diez años de políticas y prácticas de acogida en este país, tomando prestadas las narraciones de historias que se han cruzado en este camino de búsqueda.

Para ello, escucharemos testimonios extraídos del diario de campo y de entrevistas realizadas a personas refugiadas que conocí durante la investigación doctoral,2 entre 2011 y 2014. En estos años he investigado el acceso al derecho a la acogida y la salud de los refugiados, partiendo del papel de los programas de acogida.

En 2019 decidí regresar al campo de la encuesta recopilando nuevas entrevistas con refugiados y expertos que estaban experimentando la evolución actual del sistema de asilo italiano. La metodología a la que me referí se basó en el uso de entrevistas cualitativas semiestructuradas y anónimas.

La etapa previa a 2018, compuesta por historias de ayer, será narrada por las palabras de Mise, Louis, jóvenes refugiados, a quienes entrevisté mientras participaban en dos programas de acogida, y por las palabras de Ali, a quien conocí en una casa ocupada durante mi período de observación participante; todo entre 2011 y 2014. Escucharemos una historia de hoy leyendo las palabras de Joseph, un joven que vive y trabaja en Italia y que entrevisté en 2020, cuando ya estaba fuera de la acogida de los programas para solicitantes de asilo.

Estas narrativas nos permitirán vislumbrar un hilo que conecta el pasado con el presente, hecho de incertidumbre y fragmentación, resultado de una familiaridad con la urgencia en lo que respecta al asilo en Italia.

La crisis como dispositivo: notas teóricas

Para comprender cómo el concepto de crisis se ha convertido en un instrumento para gobernar a las personas migrantes, justificando las políticas migratorias italianas, partiremos de la definición que ofrece Foucault del concepto de gubernamentalidad. El filósofo francés lo define como:

el conjunto formado por instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, cálculos y tácticas que permiten el ejercicio de este poder tan específico, aunque muy complejo, que tiene a la población como objetivo, la economía política como principal forma de conocimiento y aparatos de la seguridad como instrumento técnico fundamental
(2007, p. 108).

Este poder específico se destaca en el poder disciplinario y el biopoder (Rudlin, 2021, p. 11). El poder disciplinario era un poder soberano, que ejercía su poder “de hacer morir o de dejar vivir” (Foucault, 1978, p. 136).

El biopoder, por otro lado, constituía “el poder de hacer vivir o de rechazar hacia la muerte” (Ivi, p. 138). Él refleja la voluntad del Estado moderno y liberal, a partir del siglo XVIII, de promover la vida a través de una racionalidad biopolítica capaz de ejercer control sobre la vida y la población.

El “biopoder” se centra en los mecanismos disciplinarios y normalizadores diseñados para transformar e influir en la vida humana, optimizar la salud y prolongar la vida”. (Frost, 2019, p. 153). Este biopoder tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, que no hubiera sido posible sin “la inserción controlada de los cuerpos en la maquinaria de producción y el ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos” (Foucault, 1978, p. 141). La forma en que se gestionan los fenómenos migratorios nos habla precisamente de todo esto.

El poder gubernamental –dice el autor francés– se implementa a través de dispositivos, que puede entenderse como el conjunto de tecnologías que conforman y controlan a una población en determinados sujetos que se adhieren a determinadas realidades favorables (Rudlin, 2021, p. 12). Foucault define el dispositivo –o aparato– como:

un conjunto completamente heterogéneo que consiste en discursos, instituciones, formas arquitectónicas, decisiones regulatorias, leyes, medidas administrativas, declaraciones científicas, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas; en resumen, tanto lo dicho como lo no dicho. Tales son los elementos del aparato. El aparato en sí es el sistema de relaciones que se pueden establecer entre estos elementos. En segundo lugar, lo que intento identificar en este aparato es precisamente la naturaleza de la conexión que puede existir entre estos elementos heterogéneos (Foucault, 1994, p. 299).

Esta red actúa como respuesta a una emergencia y desempeña el papel de organizar, posibilitar y restablecer las relaciones de fuerza (Frost, 2019, p. 159). Los dispositivos tienen una función normalizadora, orientada a priorizar la seguridad mediante la normalización de las subdivisiones que decretan quién puede vivir y quién puede morir, espejo de un proceso gubernamental.

Según Agamben, los dispositivos a los que nos enfrentamos en la era capitalista actual ya no actúan determinando la producción de un sujeto; actúan a través de procesos desubjetivos (2006, p. 31).

Esto ocurre dentro de un estado de excepción actual y repetitivo, basado en la creación voluntaria de una condición de “emergencia permanente” que, además de haberse convertido en “una de las prácticas esenciales de los estados contemporáneos” (Agamben, 2005, p. 13),
promueve prácticas de categorización de la población.

En el escenario actual de migraciones internacionales, con el desarrollo de la globalización y la proliferación de fronteras, el estado de crisis deviene una excepción normalizada que justifica y autoriza la rápida y clara división entre categorías de individuos para su control.

Ciudadanos, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas, migrantes económicos representan solo algunas de las fórmulas verbales cada vez mayores que acompañan a la gestión de la movilidad humana para poder no solo gobernar el fenómeno, sino poder decretar que ciudadanos merecen un estatus u otro (Ong, 2005, p. 31).

El dispositivo de la crisis asume un papel central en los procesos de clasificación y estratificación (Morris, 2002) de refugiados que se definen en “imágenes convenientes” (Wood in Zetter, 1991, p. 44) al servicio de los burócratas de recepción para la gestión de personas refugiadas.

En el desarrollo del régimen de refugiados, el proceso de etiquetamiento (Zetter, 1991, 2007) tiene sus raíces en el humanitarismo que Malkki (1996) define como clínico, típico de los distantes campos de refugiados, donde el refugiado no se considera tanto como actor histórico, sino como “víctima ejemplar” (p. 384), sujeto sin voz propia que necesita de ayuda humanitaria. En este marco sociopolítico, el concepto de crisis asume un valor estratégico, lleno de premisas y consecuencias que determinan las opciones políticas y justifican acciones prácticas como el cierre de puertos, la elevación de fronteras, la difusión de soluciones de exclusión y de tolerancia.

La crisis deviene una tecnología de control y gobierno de la vida que no solamente tiene su efectos sobre la población migrante; también juega un papel central para poder gobernar a las poblaciones indígenas (Mellino, 2019).

En las siguientes páginas analizaremos qué recaídas tuvo este dispositivo en la creación de la cultura del asilo en Italia y cuáles son las consecuencias en la vida cotidiana de aquellas personas que han aterrizado en este país en busca de asilo, pasando a formar parte de esos procesos de clasificación.

La trayectoria de la recepción de refugiados en Italia

En Italia, la presencia de refugiados comienza a ser crucial a nivel nacional desde principios de la década de 1990, con las numerosas llegadas de personas que huyen de Albania, Somalia y los territorios de la ex Yugoslavia (Petrovic, 2011, pp. 41-44; Macioti y Pugliese, 2003, pp. 38-51).

En esos años no hubo experiencia ni instituciones responsables de la protección y acogida de los refugiados, y la sociedad civil
desempeñó un papel crucial, creando los primeros programas de acogida dedicados a la protección e inclusión de los solicitantes de asilo y los refugiados.

En 2002 se ha institucionalizado un modelo nacional, denominado Sistema de Protección para solicitantes de Asilo y Refugiados (SPRAR), un programa basado en la acogida en pequeños apartamentos cercanos a servicios y zonas residenciales para promover y garantizar la integración de los migrantes forzados.

Incluso si esas experiencias han llevado a la consolidación del programa SPRAR como modelo positivo, su presencia a nivel nacional siempre ha sido residual e insuficiente para abarcar a todos los solicitantes de asilo y refugiados que debían ser acogidos con beneplácito (Signorini, 2014; Campomori, 2016).

En consecuencia, siempre ha habido una vía de emergencia paralela dedicada a la acogida de solicitantes de asilo y refugiados, que ha determinado la consolidación, aún hoy, de una fuerte heterogeneidad y fragmentación en el sistema de acogida italiano (Signorini, 2014; Benemei, Scarselli y Signorini, 2017). Esas características, por otra parte, promovieron la percepción de que la presencia de migrantes forzados tiene inevitablemente que ver con la emergencia (Marchetti, 2014).

En la historia del sistema de asilo italiano de los últimos veinte años, 2008 y 2011 son los años en los que el número de migrantes forzados tocó picos históricos, y en 2011, nacerán los programas de acogida de emergencias denominados Emergencia del Norte de África (ENA), como respuesta a los flujos de los países ribereños del otro lado del Mediterráneo.

La presencia de solicitantes de asilo y refugiados en el panorama sociopolítico italiano ha adquirido importancia en tiempos de crisis: ha justificado las soluciones de emergencia y su carácter transitorio, y no ha permitido arraigar las buenas prácticas.

El año 2015 se identifica como el comienzo de la crisis de refugiados más reciente; los datos a nivel europeo nos hablan de más de un millón de personas que solicitaron asilo ese año (Campomori, 2016, p. 10). Las fronteras europeas pasan a formar parte de un estado de crisis prolongado y, en cierta medida, normalizado, convirtiéndose en fronteras líquidas (Davitti, 2018, p. 1178).

El perenne estado de alerta que acompaña a los temores de invasión choca con las cifras que nos dicen cómo más del 84% de las personas que huyeron de sus contextos nacionales han encontrado refugio más allá de las fronteras de Europa (Ambrosini, 2019, p. 18).

Esto no significa que la gestión de la protección y, por lo tanto, la acogida de los migrantes forzosos que desembarcan en la península italiana se enfrenten a esta dimensión de emergencia constante.

De hecho, el año de la crisis de los refugiados también marca el nacimiento de los Centros Extraordinarios de Recepción (CAS), que representarán el más reciente y extendido modelo de programa de emergencia de acogida en Italia, dedicado a los solicitantes de asilo.

Desde este período, Italia ha organizado la acogida de los refugiados en dos niveles principales. En la primera fase, los solicitantes de asilo se alojan en programas –como SPRAR– o en centros más grandes, el ya mencionado CAS, hasta que la Comisión para el reconocimiento de la protección internacional defina si el solicitante tiene derecho a quedarse o no.

Una vez que el Gobierno italiano ha decidido reconocer una forma de protección, como el estatus de refugiado, comienza la segunda fase que se refiere a la entrada de los titulares de protección en los programas de integración, el SPRAR. Mientras viven en un CAS, los solicitantes de asilo tienen acceso a sus derechos pero el estándar está garantizado en el nivel básico. Diversos informes (OSAR, 2020; MSF, 2018; OXFAM, 2017) y la literatura etnográfica (Altin e Sanò, 2017) describen una imagen nacional hecha de grandes centros ubicados en estructuras aisladas, donde los solicitantes de asilo comparten su vida diaria con 30 o más migrantes gastando –en muchos casos– su tiempo haciendo casi nada.

Figura 1: Acogida de migrantes forzados de 2014 a 2020 en centros CAS u otros centros gubernamentales y programas Sprar conocidos como Siproimi desde 2018.

Fuente: Openpolis, 2020. www.openpolis.it/parole/come-funziona-laccoglienza-
dei-migranti-in-italia

Es bastante común, por ejemplo, toparse con un CAS donde el curso de italiano está garantizado principalmente por voluntarios o donde las actividades de integración se están convirtiendo en un voluntariado y limpian el jardín público, como para demostrar que merecen esta bienvenida.

Los solicitantes de asilo podrían pasar años en esas estructuras a la espera de la decisión sobre su solicitud de asilo; un tiempo que no tiene límites definidos a nivel nacional pero depende de la Comisión singular y normalmente tarda más de un año.

Es inevitable, entonces, que a partir de las primeras etapas del ciclo de asilo, un migrante forzado tenga que lidiar con tiempos de espera inciertos e interminables: obtener un permiso de residencia, la audiencia para la solicitud de asilo para el estatuto de refugiado, los largos tiempos de espera para obtener el resultado por parte del Gobierno (Manocchi, 2012; Sorgoni, 2011). El tiempo tiene un papel clave en la vida cotidiana de los refugiados, pasando a formar parte de la dimensión incierta que conlleva la fragmentación de las soluciones de acogida.

La segunda fase del ciclo de la acogida prevé la entrada de los refugiados en la red SPRAR. Aunque estos programas tienen como objetivo integrar a los migrantes, también vienen acompañados de desventajas, principalmente debido a la dimensión del tiempo que no será como en las etapas anteriores desconocido e interminable, sino corto y rápido. En los programas SPRAR se apoya a los refugiados para acceder a experiencias de formación profesional y, en general, entrar en el mercado laboral nacional para “reconquistar su autonomía” (Sprar, 2018).

Por lo tanto, los instrumentos son vastos, pero la persona que entra en un programa SPRAR solo tiene seis meses para acceder a esta autonomía y finalmente integrarse; esta es una clara paradoja.

Los solicitantes de asilo y los refugiados deben acostumbrarse a la vulnerabilidad burocrática y la falta de uniformidad –no en términos de experiencias materiales, sino en el acceso a los derechos fundamentales– que se convierte en una causa de inseguridad y fragilidad incluso para aquellos que están tratando, a través de pocos recursos dedicados, de seguir adelante en sus proyectos de vida.

Si el 2015 se considera mundialmente el comienzo de la crisis de refugiados, para el panorama italiano, el 2018 marca el comienzo de lo que defino como la crisis del derecho de asilo: el consejo de ministros italiano ratificó el decreto seguridad e inmigración, Nº 113/2018, conocido como Decreto Salvini, que lleva el nombre del entonces ministro del Interior. Por primera vez, los solicitantes de asilo y la protección humanitaria3 son excluidos de los programas ministeriales de integración –el ya mencionado SPRAR– ahora para los refugiados, y se gestionan en “campos” (Pinelli, 2014) que garantizan servicios mínimos de alojamiento y alimentos.

Un dato estadístico central que no debe subestimarse es que los solicitantes de asilo representan el mayor número de migrantes forzados presentes en el sistema de acogida en Italia;4 por lo tanto, son el verdadero elemento de crisis a controlar y aislar. Este cambio en el acceso al derecho de acogida de los solicitantes de asilo desempeña un papel fundamental también en el acceso a derechos de ciudadanía: la exclusión de los solicitantes de asilo de la posibilidad de solicitar la residencia, el acceso a los servicios públicos y sociales los hizo aún más invisibles (Fondazione Migrantes, 2019) y sin palabras (Mallki, 1996).

Italia es históricamente un país de tránsito y frontera, donde la presencia de refugiados cíclicamente se ha interpretado como una emergencia que debe ser controlada, contenida y combatida (Ambrosini, 2019; Marchetti, 2014); el dispositivo de la crisis ha promovido la miopía (White, 2011; Pinelli, 2014; Benemei, Scarselli y Signorini, 2017) y la distracción, permitiendo la actualización de las políticas públicas de emergencia y debilitando el desarrollo de una “cultura de asilo” (Signorini, 2014) a nivel nacional.

La política real de exclusión hacia los solicitantes de asilo, su invisibilidad no solo representan un cambio en la gestión de la migración forzada, sino también una nueva evolución de las políticas menos confusas y más evidentes: hicieron que los inciertos (la persona solicitante de asilo) excluidos y los merecedores (la persona refugiada) fueran integrables.

Los dos párrafos siguientes contienen extractos de narrativas que nos dicen lo que significa vivir como refugiados en Italia, ayer y hoy.

Historias de ayer

La mayoría cuando entran en Italia están bien, todo el mundo está bien, pero en realidad no es así; yo también puedo confirmarlo porque cuando llegué a Italia tuve como una enfermedad, algo físico, digamos.(…). porque yo no encontré lo que buscaba ¿me entiendes? Incluso si voy al médico esta enfermedad no la puede entender. Es una enfermedad que les llegó cuando entraron en Italia vieron algo, y no estaban contentos con su vida (Mise, aprox. 20 años, refugiado).

Mise es un refugiado muy joven que salió de Somalia y estaba viviendo en un programa de acogida cuando lo conocí hace casi diez años en 2012. Cuenta lo que muchos otros refugiados subrayan y que en los meses de mi investigación ha surgido constantemente, es decir, que te enfermas una vez que llegas a Italia. Casi todas las personas que llegaron a Italia en ese momento, es decir los años de investigación entre 2011 y 2014, pasaron un período de estancia en los grandes centros de acogida, el CARA;5 fueron años en los que:

había una política de control meticuloso y penetrante del cuerpo y de la persona (…); en estos campos residían familias, mujeres, niños y hombres sin distinción de género, y luego, como hoy, eran estructuras supernumerarias, donde una experiencia material de cierre y confinamiento de la ciudad (de la polis) continuó durante muchos meses después de la llegada, aumentó la sensación de malestar y exclusión social (Pinelli, 2014, p. 161).

Lo que los refugiados encontraron en el nuevo país de asilo a menudo no se correspondía con las expectativas que se habían fijado, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos casos Italia ni siquiera era el país en el que querían quedarse.

Los migrantes forzados, ayer como todavía hoy, al llegar a un país considerado seguro en Europa, como Italia, deben depositar sus huellas dactilares y ser registrados por la policía de fronteras, como una marca de propiedad que indica qué país se convertirá en el lugar de asilo. Estas prácticas, siguiendo los dictados de las políticas de frontera, se convierten en tecnologías de gobierno que llevan a los migrantes a permanecer “atrapados en estos enredos de movimientos, experimentando derechos y privilegios divergentes sobre su propia piel” (Ong, 2005, pp. 350-351).

Durante los meses de trabajo en las ocupaciones donde vivían muchos solicitantes de asilo y refugiados, conocí a Ali, un niño muy joven que había huido de su país desde hacía algunos años y que así me habla de una de las prácticas más crudas y aún sin resolver de control y gestión de migrantes, en nombre de una crisis a evitar:

Y así, me narra Dublin.6 Me cuenta cuándo se fue de Somalia y cuándo esperaba poder reunirse con sus hermanos. Cómo era el desafortunado de la familia, porque todos sus parientes consiguiero llegar al norte de Europa. Se quedó aquí por estos, los fingers. Y me cuenta que tuvo que aguantar mucho en Italia donde no quería estar. Nadie quiere quedarse aquí. Me dice que también ha estado en Suecia. Allí se quemó las yemas de los dedos tres veces. Me duele, me dice. Duele mucho. Habla en inglés. Porque tuvo que ponerlos en la estufa caliente. Pero tres veces no lograron encontrar esas malditas huellas que se habían tomado en Italia (Anotaciones diario de campo, encuentro con Ali, aprox. 20 años, refugiado).

Historias como esta eran pan de cada día para aquellos como Ali que no habían planeado quedarse en Italia, pero que debían quedarse debido a las leyes de las fronteras; él, como todos los demás, pasó un tiempo en uno de los muchos modelos de programas o campamentos de acogida. Pero, ¿qué significa vivir dentro de un programa de acogida en Italia? Tanto ayer como hoy no existía un modelo único de acogida y una forma justa de proteger a los refugiados. Esta condición aumenta en momentos de crisis migratoria.

Con el estallido de conflictos en el norte de África, la Italia de los refugiados, para dar respuesta a las llegadas de personas en fuga, da lugar a programas paralelos al ya existente –y mencionado– modelo SPRAR. Siempre son acciones de apoyo a la temporalidad, por lo que en 2011 nacieron los programas denominados ENA.

El uso de un nombre que enmarca bien el carácter urgente, temporal y de emergencia de una solución para gestionar la crisis migratoria de ese momento histórico no es casual. Los migrantes forzados viven siempre caminos diferentes, algunos son bienvenidos en una CARA, otros en un programa ENA, otros en un SPRAR y así sucesivamente.

A pesar de la heterogeneidad de la forma de ser acogido, la vida dentro de los programas, aunque reconocida por muchos como una experiencia potencialmente importante, se describe homogéneamente como un momento difícil para los refugiados.

Los migrantes que conocí durante mi viaje de escucha de esos años, a pesar de reconocer la importancia de ser beneficiarios de su derecho a la acogida, a menudo contaban historias de frustración y desilusión, resultado del encuentro con un sistema de asilo basado en prácticas de incertidumbre y fragmentación (Signorini, 2014; Benemei, Scarselli y Signorini, 2017).

Lo hace Louis, un joven que trabajaba como periodista en su país de origen, una vez llegado a Italia, atravesó momentos difíciles, acogido a un programa SPRAR, y nos lo cuenta de forma cruda y clara:

El programa sirvió, tal vez me sirvió personalmente como una experiencia, como dolor también porque debo reconocer que sufrí sobre todo MORALMENTE. Bueno, vi cómo se suponía que funcionaba, así que uno que entra, sale más fuerte, no más débil creo. Hubiera sido bueno (...) Pero he sufrido moralmente, hay tantos dolores para mí: me encontré en una situación que se llama mendicidad, si la palabra existe aquí, estando obligado a tender la mano a vivir. Es una pérdida de dignidad, para alguien como yo, lo he vivido personalmente, uno puede aceptar perder una parte de sí mismo para conseguir otra cosa. Tuve protección legal sin protección material (Louis, aprox. 30 años, refugiado).

Las palabras de los testigos que vivieron ayer en Italia cuentan de prácticas basadas en una gestión humanitaria del fenómeno migratorio y de políticas por la cuales “los solicitantes de asilo no eran vistos como una categoría de personas para las que debían ser derechos específicos reconocidos y garantizados, sino más bien una categoría de personas que necesitaban asistencia” (Puggioni, 2005, p. 325).

El ciclo del asilo en Italia es como el juego de la oca, donde alcanzar la meta está condicionado por el destino de una tirada de dados; el migrante se encuentra frente a una “puerta giratoria” (Palidda, 2008, p. 79), lo que no le permite tener igual acceso a los mismos derechos.

La posibilidad de gozar de los derechos depende de los contextos en los que se inserta el migrante, del operador a su lado, de la preparación de un territorio para poder dar respuesta a solicitudes y necesidades específicas y de que las expectativas y proyectos migratorios de las personas no coinciden con las posibilidades y tiempos reales de los contextos nacionales e internacionales. Por tanto, el asilo puede ser, en sí mismo, una fuente de la que surgen malestar, sufrimiento y vulnerabilidad.

El dispositivo de la crisis, aplicado en el tiempo de ayer, en los últimos diez años a un análisis de Italia, no es más que el resultado de elecciones políticas encaminadas a mantener viva la emergencia constante y la lógica humanitaria para controlar y gobernar mejor las subjetividades de los migrantes forzados, que de otro modo podrían adquirir formas de poder.

Una historia de hoy

Soy Joseph y soy de Camerún. Llegué a Italia cuando tenía 32 años, nací en 1988. El 1 de mayo de 2016 llegué a Sicilia. El segundo día me trasladaron a la Toscana, y desde allí empezó todo para mí. No sé para los otros chicos porque cada uno tiene su propio camino específico. Para mi integración me ayudó mucho ser cristiano porque estaba en un centro de recepción con 40 solicitantes de asilo y la mayoría de ellos eran musulmanes y tenían miedo a abrirse a la sociedad que conocían. Inmediatamente comencé a darme a conocer (Joseph, aprox. 25 años, titular de protección humanitaria).

Joseph llegó a Italia justo cuando golpeaba la crisis mundial de refugiados y pasó sus primeros años en un CAS, campo para solicitantes de asilo en la Región de la Toscana. Se convirtió en solicitante de asilo después de salir de un país de África Central; me cuenta que allí tuvo una vida llena de estímulos, desde estudios universitarios hasta una familia fuerte detrás. Un día participa en una manifestación estudiantil contra el gobierno y desde ese momento se ve obligado a huir para no sufrir persecución por sus ideas políticas.

Durante nuestra entrevista no hablaremos más sobre el motivo de su fuga. En el centro de su narración estará sobre todo la historia de su post migración, de sus experiencias de vida en una Italia que vuelve a poner las consecuencias de una gestión de emergencia en nombre del gobierno de crisis migratoria de ese momento.

Joseph me habla –a veces con tonos mixtos de resignación y resentimiento– de las dificultades encontradas en las relaciones con los trabajadores sociales del centro CAS donde acaba de vivir. Me dice que para entender no hacen falta grandes historias; a él le gusta contar “pequeñas cosas” porque son las más significativas que nos permiten comprender. Así que me cuenta cómo fue para él coger un autobús local por primera vez. Los trabajadores sociales del refugio habían proporcionado a cada persona boletos de autobús para moverse:

pero hay una ley oculta detrás, lo sabes, que si uno no valida el boleto, siempre recibe una multa, incluso con el boleto en la mano; y quien me tiene que enseñar? Y luego la opinión pública de los italianos. (...) o mira estos se pelean con los controladores dentro del autobús (Joseph, aprox. 25 años, titular de protección humanitaria).

En estas pocas palabras Joseph nos cuenta que ha descubierto a pesar suyo cómo funcionan los controles de los autobuses en un pequeño pueblo de provincia, es decir, que el viajero además de comprar un billete debe también cancelarlo, de lo contrario corre el riesgo de recibir una multa. Además, si el viajero es también migrante, corre el riesgo de ser juzgado mal por los demás.

Joseph al contarme esta anécdota destaca como tal información no le llegó de los operadores sociales del CAS que conociendo el territorio habrían podido –y debido– informarlo correctamente. Joseph lo descubre por sí mismo, subiendo y notando que todos los pasajeros estaban marcando sus boletos. Entonces entiende que era necesario validar a bordo, por lo que se levanta y lo hace. Pero no todos somos iguales, como señala Joseph, y no todos siempre pueden notar estas pequeñas cosas. En efecto:

¡Los chicos recibieron las multas! Las multas llegaban al centro de recepción todos los días. Entonces significa que hay algo mal (…) luego están los operadores: ¡enséñenles! ¿Qué estáis haciendo aquí? Y yo, Joseph, como refugiado acogido, hice el doble trabajo: ¡hice el trabajo de operador sin pago y no me convenía! Estuve allí para mi integración. Les enseñé a mis compañeros cómo validar, cómo hacer esto y aquello (...) lo hice por empatía (Joseph, aprox. 25 años, titular de protección humanitaria).

Joseph, por lo tanto, toma posición, no solo explicando a los otros refugiados en la recepción cómo utilizar las entradas en los autobuses, sino también criticando a los trabajadores sociales. Este cargo suyo –me dice– será sancionado por la cooperativa con cartas de advertencia porque había fomentado la decepción de los demás solicitantes de asilo aceptados. Esta anécdota es una de las tantas que describe bien la vida cotidiana dentro de los CAS, y cómo las deficiencias de las cooperativas y asociaciones esconden prácticas de violencia y poder.

Joseph llega a Italia con deseos y expectativas; también viene con la fuerte conciencia de que “no hay nada fácil en la vida; y ya estaba psicológicamente preparado”. Las personas que enfrentan una migración, ya sea definida como forzada, económica, ambiental o lo que sea, a menudo tienen muy claro la complejidad y el potencial de violencia que pueden encontrar en su camino.

En la historia de Joseph, como en muchos otros migrantes que llegan a Italia, el derecho a tener derechos (Arendt, 1967, 2009) flaquea; el ejercicio del derecho a reclamar los propios derechos (Isin y Nielsen, 2014) se vuelve central.

Ejemplar para Joseph es el proceso para acceder al derecho a la educación, a través del aprendizaje de la lengua italiana. Como hoy sigue siendo el caso en muchos centros de acogida, incluso en el CAS de Joseph, el estudio de la lengua estaba garantizado únicamente con la ayuda de la población local, que acudieron como voluntarios para enseñar a los “chicos”. Joseph me cuenta que tener contacto con los ancianos y los habitantes del pueblo donde vivía fue una buena oportunidad para conocer a la gente local, pero al mismo tiempo no fue suficiente.

Después de 6 meses preguntaba: ¿no hay escuela? Los voluntarios no son suficientes para mí porque no es una escuela real. Entonces los trabajadores sociales acordaron llevarme a la CPIA [Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - escuela pública de educación de adultos] y hice la prueba. Luego, los profesores les dijeron a los trabajadores sociales que mi nivel era muy alto y luego me propusieron que tomara inmediatamente el camino de los tres años para convertirme en Operador Sanitario (Joseph, aprox. 25 años, titular de protección humanitaria).

En estos meses dentro del CAS Joseph vive el “control omnipresente y el abandono, en realidad los dos polos del sistema de recepción” (Pinelli, 2017, p. 165), resultado de un dispositivo de crisis que controla castigando a quien levanta la cabeza y abandona al azar el acceso a los derechos fundamentales.

En esta gestión ordinaria de la extraordinaria, las etiquetas
desempeñan siempre su papel de aislamiento: “me pusieron el sobrenombre de rebelde. Rebelde, es alguien que no sigue el camino que alguien le impone pero, como decía Pirandello, no hay una sola verdad, hay verdades. Este fue el conflicto entre la cooperativa y yo” (Joseph, aprox. 25 años, titular de protección humanitaria).

Crisis del derecho de asilo en Italia

A finales de 2018, la historia del asilo en Italia experimenta un nuevo momento de emergencia, lo que provoca una verdadera crisis del derecho de asilo. El Decreto de Seguridad del entonces ministro del Interior, Salvini, excluye a los solicitantes de asilo y a los titulares de protección humanitaria de los programas de integración, el SPRAR, escribiendo una nueva página en la historia del sistema de asilo italiano; también en la historia de Joseph:

Estuve en un CAS y luego no pude disfrutar de esos derechos de quienes tienen las personas que llevan el permiso de cinco años y no pude ir al SPRAR, el programa de integración. Yo mismo hice mi integración (Joseph, aprox. 25 años, titular de protección humanitaria).

Vuelve así el poder foucaultiano, basado en aquella gubernamentalidad que hace los cuerpos dóciles y gobernables a través de su aislamiento y etiquetado; y ahora es visible lo que debe ser invisible. Por lo tanto, es importante reconocer precisamente en esta voluntad política de exclusión la opción de perpetrar una “purificación” del derecho de asilo:

en el mismo momento en que estos dispositivos institucionales contribuyen a producir y fijar el umbral de integrabilidad, terminan por sancionar también a sujetos y grupos no integrables, completamente excluibles. (…). También aquí, por tanto, la razón humanitaria en su conjunto (y por tanto también el modelo SPRAR) muestra un perverso entrelazamiento de biopolítica y necropolítica7 (Mellino, 2019, p. 170).

En la actual crisis del derecho de asilo, el dispositivo de la crisis continúa produciendo vulnerabilidad entre la población migrante a través de prácticas fragmentadas, hijas de las políticas de urgencia, y de la miopía que hacía que el sistema de asilo fuera confuso y caótico y que el Estado no se responsabilice de los refugiados.

Además, las direcciones políticas de 2018 hicieron que el dispositivo de la crisis haya producido un desprestigio de ese racismo biopolítico que dibuja la frontera entre las vidas que tienen valor y las vidas que no lo tienen, con el doble propósito de incluir y excluir, invirtiendo la figura del refugiado para la mejora del bienestar “biológico y emocional de las poblaciones de acogida” (Mavelli, 2017, p. 812).

Aunque ha pasado el tiempo y se han realizado cambios en el sistema de acogida, el derecho de asilo en Italia no se interpreta como un fenómeno estable que requiere políticas de inclusión reales.

A lo largo de los años, todo esto ha afectado la vida de los migrantes forzados, que en las historias de ayer y de hoy tuvieron que vivir la experiencia de ser refugiados en Italia en una dimensión de incertidumbre perenne.

Los relatos de ayer nos mostraron la dificultad de la vida en los programas y los constantes compromisos a los que los individuos están llamados a someterse.

Aún hoy la historia se repite y es precisamente a la luz de las nuevas modificaciones jurídicas que se confirma la dimensión de la crisis como dispositivo para el control y el gobierno de la población migrante; la reciente crisis del derecho de asilo es el resultado de esta continuidad, en la que la llegada de inmigrantes forzados sigue siendo interpretada como una urgencia que hay que contener frente a una selección que hay que aplicar.

Como escribe Pitzalis, la dimensión de urgencia e injerencia, legitimada por este estado de emergencia,

oculta el origen de las causas sociales, culturales y políticas que han desencadenado la crisis, las responsabilidades políticas y diplomáticas, las herencias coloniales que influyen en las relaciones entre Estados, los intereses nacionales, las incertidumbres fomentadas por el poder de los nuevos grupos de presión transnacionales que dominan el escenario de las crisis, centrándose únicamente en los efectos inmediatos (2019, p. 111).

El dispositivo de la crisis ha sido utilizado para aislar y silenciar –y consecuentemente gobernar– también la población indígena, decretando quién puede o no ser parte del proceso de citizenization8
(Ambrosini, 2019).

El hilo rojo que acompaña a estas narrativas es precisamente la dimensión de la crisis como dispositivo activado para el control, que ha estabilizado la perenne fragmentación a raíz de sus políticas, imponiendo en el tiempo de ayer el control de los migrantes a través de políticas miopes y confusas, en el tiempo de hoy políticas de aislamiento y estigmatización.

Los usuarios de los servicios de emergencia resultan alienados, es decir, privados de la posibilidad de ser protagonistas activos en la producción y en el desarrollo de sus propias formas de vida; por la otra, reintegrados, o incluidos en el discurso público sobre el deber de intervención en situaciones de emergencia y sobre el deber de ayuda – gestionado mediante procedimientos encaminados a la imposición de dispositivos securitarios y de control – como destinatarios pasivos de las intervenciones (Pitzalis, 2019, p. 111).

Esto nos lleva a concluir que ser refugiados en la Italia de ayer y hoy se relaciona con el haber tenido que afrontar los efectos de la gestión de emergencias, con precariedad, con incertidumbre; vivir como refugiados en Italia significa haber tenido que confiar en las propias capacidades, activando estrategias creativas para convertirse en ciudadanos de este país.

Conclusiones

Las historias de ayer y de hoy han demostrado que el dispositivo de la crisis ha promovido y justificado soluciones de emergencia, disfrazando la ausencia de una voluntad política que asuma la responsabilidad y reconozca la presencia y necesidad de una cultura de asilo, a partir de afirmar que Italia es un país de asilo y acogida, así como de tránsito y emergencia. A lo largo de los años, todo esto ha recaído en la vida cotidiana de hombres y mujeres refugiados que al intentar empezar de nuevo han tenido que lidiar con la precariedad y la experiencia de vulnerabilidad. Esto puede advertirse claramente de los fragmentos de historias recogidas durante estos años de investigación.

La lectura que se acaba de proponer requiere un epílogo en el que se saquen a la luz algunas zonas que han quedado más en la sombra y que de alguna manera podemos considerar una buena noticia: consiste en reconocer y reafirmar el protagonismo de lo que denominaremos la agency (Ortner, 2006) de los refugiados.

A lo largo de los años, la mayoría de los testimonios expresaron la parte más compleja y negativa de la vida cotidiana en los programas. Sin embargo, es fundamental recordar que a pesar de todo son muchas las personas, los migrantes forzados, que han podido romper los límites gracias a sus habilidades y su fuerza para poner en práctica contraestrategias (Ong, 2005) creativas, logrando así –a pesar de todo– llevar adelante sus proyectos de vida.

Dentro de este espacio fronterizo existen estratificaciones, categorizaciones, prácticas de etiquetado que, si para el Estado son necesarias para regir el fenómeno de la migración forzada, para los refugiados pueden convertirse en herramientas útiles para reinventar sus propias vidas, si –para acceder a sus derechos sociales y fundamentales– la mera pertenencia a la categoría de refugiado no es suficiente y la pertenencia a la categoría de ciudadano todavía no es posible.

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1 Las citas están todas traducidas por el autor.

2 El autor obtuvo un doctorado en Políticas Transfronterizas para la Vida Cotidiana de la Universidad de Trieste que se refiere al sector científico disciplinar SPS/08 correspondiente a Sociología de los procesos culturales y comunicativos. La investigación se ha realizado utilizando métodos cualitativos: especialmente mediante un período de observación participante en ocupaciones habitadas por refugiados, y la colección de entrevistas con personas que vivían dentro de los proyectos de acogida.

3 El solicitante de asilo es la persona que, después de haber abandonado su país de origen, solicita protección al país de llegada y está a la espera de una decisión sobre el reconocimiento de su solicitud de protección. La persona podrá obtener el estatuto de refugiado en virtud de la Convención de Ginebra de 1951 o el estatuto de protección subsidiaria. Hasta octubre de 2018, año en que se produjeron importantes cambios legislativos, si no se aceptaba la solicitud de protección internacional pero había razones humanitarias graves, la Comisión Territorial (órgano encargado de evaluar las solicitudes de asilo en Italia) podría sugerir la expedición de un permiso de residencia por razones humanitarias. Para más información ver Fondazione Migrantes (2019).

4 Para más información, ver www.fondazioneleonemoressa.org/2016/03/29/la-buona-accoglienza-4/

5 Centro de Acogida para Solicitantes de Asilo.

6 Para más información ver http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants_en

7 Con el concepto de necropolícia de Mbembe (2016), el autor pretende, “pensar en la necropolítica no como un dispositivo del gobierno en el centro del desarrollo de la modernidad, pero sobre todo como el fruto del entrelazamiento de la soberanía occidental con el discurso de la raza durante la expansión colonial. Al reposicionar el trabajo de Foucault a continuación una mirada poscolonial, por así decirlo, Mbembe nos pide que consideremos biopolítica y necropolítica como dos dispositivos interdependientes de una sola racionalidad del gobierno” (Mellino, 2019, p. 25).

8 Traduciéndolo del inglés, se puede entender como el proceso de ciudadanía.

¿De lo global a lo local? El rol del Pacto Mundial en las políticas colombianas hacia la migración venezolana

Mustafa Aksakal y María Gabriela Trompetero

Introducción

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM) y el Pacto Mundial sobre el Refugio (PMR) fueron adoptados en 2018 y la mayoría de los países en América Latina han acogido formalmente estos marcos globales en sus agendas políticas. Colombia representa un caso particularmente interesante en la región y, por lo tanto, es el objeto de análisis de esta contribución. El país no solo ha firmado los Pactos Mundiales, sino que al mismo tiempo se ha encontrado frente a la necesidad de hallar respuestas políticas para una creciente inmigración desde Venezuela.

Los compromisos políticos mundiales no son nada nuevo y ya se han desarrollado previamente marcos políticos globales. Aunque diversos compromisos mundiales existen desde hace muchos años, la migración no suele abordarse de forma exhaustiva en dichos convenios. Así las cosas, la promulgación del PMM y del PMR supuso la consolidación del primer marco político global holístico y coordinado sobre migración y refugio. Los acuerdos no solo reflejan el reconocimiento formal de que las migraciones internacionales tienen implicaciones transfronterizas, que a menudo exceden el ámbito de las autoridades nacionales (Koser, 2010), también expresan la tendencia de que la migración se ha incorporado gradualmente a los discursos mundiales desde la década de 1990 (Geiger, 2012). Tras dos años desde la aplicación de los pactos, los conocimientos sobre los resultados en los contextos regionales, nacionales y locales siguen siendo limitados. Particularmente, hay escasas evidencias sobre la forma en que los gobiernos y otros actores políticos adoptan los marcos globales, incluso los factores que influyen y las consecuencias.

Este capítulo se enfoca particularmente en la aplicación del PMM en América Latina. Por ello, se aborda como caso empírico la emigración reciente desde Venezuela hacia Colombia, incluso las respuestas políticas y su relación con los objetivos del PMM. Aunque existe una relación migratoria histórica entre ambos países, la emigración venezolana representa un fenómeno reciente que cobró especial importancia después del 2015, como también lo explican Ramírez y Ospina en este libro. Este fenómeno de movilidad humana refleja dinámicas relacionadas con diferentes tipos de crisis. Esto no solo plantea diversos retos para los Estados sino también riesgos y desventajas para muchos migrantes, particularmente porque un número importante de estas personas están en situación irregular.

La presente contribución se guía por la siguiente pregunta: ¿qué papel juega el PMM en los discursos, políticas y prácticas institucionales del Gobierno colombiano en el contexto de la inmigración venezolana actual? Esta pregunta es particularmente interesante porque el PMM representa, por un lado, un marco jurídicamente no vinculante y, por otro, le ofrece una gran variedad de opciones políticas a los Estados. Ambos aspectos hacen que una generalización de los resultados del PMM en el ámbito de las políticas de los Estados sea difícilmente posible y se requiera un examen empírico del contexto en cuestión.

Asimismo, el enfoque de world polity proporciona una herramienta teórica útil para analizar la transmisión divergente de los discursos y las políticas desde el nivel global al local (Meyer et al., 1997). El estudio empírico en esta contribución se basa en el análisis de documentos y entrevistas a expertos y representantes del Estado colombiano.

La investigación muestra que el Gobierno colombiano en términos generales considera el PMM en su agenda política actual. Sin embargo, existen aspectos enfatizados en discursos y tratados en las políticas y/o prácticas institucionales, otros ignorados o solo mencionados discursivamente. A partir de esta observación empírica, el capítulo concluye que es necesario un análisis diferenciado de la transmisión de políticas. Esto incluye considerar los factores que influyen en las prioridades políticas en Colombia. También parece importante prestar atención a las consecuencias no previstas, las cuales pueden estar relacionadas con la reproducción de desigualdades.

El capítulo está organizado de la siguiente manera: la segunda sección aborda la migración venezolana hacia Colombia. La tercera parte introduce los objetivos del PMM y presenta la perspectiva de world polity. La cuarta analiza cómo el Gobierno colombiano responde al fenómeno migratorio reciente en relación al PMM. La quinta sección reflexiona sobre los resultados empíricos desde el ángulo teórico aplicado y la última ofrece la conclusión.

El nexo entre migración y crisis en el corredor migratorio Venezuela-Colombia

Los movimientos entre Colombia y Venezuela no son nuevos e históricamente desarrollados representan un corredor migratorio. No obstante, la migración actual en la que se enmarca este capítulo representa por varias razones una situación particular. Siguiendo la discusión de la introducción de este libro sobre el nexo entre la migración y crisis, la reciente migración de Venezuela a Colombia se puede definir como un fenómeno de movilidad humana generado por múltiples crisis que, a su vez, generan desafíos importantes en Venezuela y algunos países vecinos.

Por una parte, la crisis en Venezuela que ha generado un fenómeno de emigración masiva, principalmente desde el año 2015, se evidencia es distintas áreas. Primero, se observa una crisis política donde el establecimiento de un régimen dictatorial (Bertelsmann, 2020) ha generado la persecución y represión a venezolanos opositores. Asimismo, para septiembre de 2020, un informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas indicó que el Estado venezolano ha cometido crímenes de lesa humanidad a través de ejecuciones extrajudiciales, detención y tortura por motivos políticos y desapariciones forzosas (CDH, 2020). Segundo, se manifiesta una crisis económica: Venezuela enfrenta desde hace tres años un proceso hiperinflacionario y contó en el año 2020 con una inflación acumulada de 2.959,8% según el Banco Central de Venezuela (EFE, 2021), lo que la posiciona como la inflación más alta del mundo. Esta situación ha generado que muchos de sus habitantes no tengan capacidad para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene y medicamentos, es decir, viven una crisis para acceder a la alimentación y servicios básicos. En efecto, para noviembre de 2020, una familia venezolana necesitó 110 sueldos mínimos para subsistir (Cenda, 2020), y según la encuesta Encovi (UCAB et al., 2020), el “79,3% de los venezolanos no tienen como cubrir la canasta de alimentos”, lo que ocasiona que Venezuela enfrente una Emergencia Humanitaria Compleja desde 2015 (Cendes, 2018). Asimismo, Venezuela es el cuarto país que enfrenta la crisis de alimentación más grave a nivel global (PMA, 2019, p. 21). Tercero, en el plano social, Venezuela es uno de los países de la región con las mayores tasas de homicidio. Incluso en un año de pandemia, Venezuela fue una vez más en 2020 el país de las Américas con el mayor número de muertes violentas (Observatorio Venezolano de la Violencia, 2020).

En el siguiente gráfico se puede observar el aumento significativo de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo en los últimos años como consecuencia de la crisis multicausal previamente explicada. En el 2015 había aproximadamente 690.000 venezolanos en el extranjero, 1.6 millones en 2017, 3 millones en octubre de 2018, 4.8 millones en diciembre de 2019, 5.4 millones en noviembre de 2020, y, finalmente, el número de venezolanos en el extranjero alcanzó en julio de 2021 su mayor registro con 5.6 millones, a pesar de los cierres de fronteras impuestos durante la pandemia del Covid-19 desde marzo de 2020. Según la plataforma R4V (2021b), es probable que el número total sea mayor ya que “muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular”.

Gráfico 1: Flujos emigratorios venezolanos desde el 2010.

Fuente: elaboración propia con datos de UN DESA, 2019 (2010 y 2015); El País, 2018 (2017); R4V, 2018, R4V, 2019, R4V, 2020, R4V; 2021a (hasta julio 2021).

Por otro lado, este fenómeno de migración mixta, que responde principalmente a una salida forzosa, genera una crisis en la región, pues se trata de un alto volumen de migrantes y refugiados que han salido de Venezuela en un espacio temporal corto (principalmente desde el 2017) hacia países que en muchos casos no contaban con una amplia experiencia en temas inmigratorios, así como la institucionalidad necesaria para manejarlos. La mayoría de los venezolanos, alrededor de 4,6 millones, se ha movilizado a países de América Latina y el Caribe (R4V, 2021a), por lo que se trata mayormente de una migración Sur-Sur. En Suramérica, 1,7 millones de venezolanos se han desplazado a Colombia, poco más de un millón a Perú, 457.300 a Chile, 432.900 a Ecuador y 261.400 a Brasil (R4V, 2021a). Por su parte, Estados Unidos ha recibido 465.200 venezolanos (R4V, 2021b).

Colombia, el mayor receptor de venezolanos en esta coyuntura, es el segundo país que ha recibido más migrantes y refugiados en el mundo (ACNUR, 2020a), después de Turquía, como consecuencia de la migración venezolana. Como resultado de este éxodo, el país andino se encuentra ante una situación sin precedentes pues para esta nación no eran tan comunes los flujos de inmigrantes, sino las emigraciones de sus ciudadanos como consecuencia del conflicto armado y la crisis económica. En efecto, en el año 2015 solo había en Colombia 31.471 venezolanos, mientras que, para el corte del 31 de enero de 2021, 1.742.927 venezolanos se encontraban en el país andino (Migración Colombia, 2021b).

Frente a este contexto, y ya que Colombia es firmante del PMM, nos hemos preguntado qué papel juega este pacto global en los discursos, políticas y prácticas institucionales del Gobierno colombiano en el contexto de la inmigración venezolana actual. Para ello, en la siguiente sección se describe el PMM para luego analizar con un enfoque de world polity cómo el Gobierno colombiano maneja los desafíos y oportunidades relacionadas con la inmigración masiva desde Venezuela y cómo estas respuestas están enmarcadas en los objetivos del pacto.

El PMM desde una perspectiva de world polity

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular representa un marco global reciente, que ha sido adoptado por la mayoría de los países latinoamericanos, incluido Colombia. Los acuerdos y compromisos globales son fenómenos políticos que se vienen aplicando desde hace muchos años y han abarcado diversos temas como el comercio (Acuerdo Mundial de Comercio), el desarrollo (Objetivos de Desarrollo Sostenible) o el cambio climático (Acuerdo de París). En relación a la migración también se han desarrollado algunas convenciones. Por ejemplo, la Convención de Ginebra sobre los Refugiados de 1951, la cual se centra en los derechos humanos de los refugiados, o los diversos convenios de la OIT, que se dedican a los derechos laborales de los migrantes. Si bien desde hace varias décadas existen compromisos globales, la migración a menudo no se ha abordado de manera integral en las convenciones globales. La promulgación del PMM en 2018 supuso la consolidación del primer marco político global holístico y coordinado en el tema migratorio. El Pacto reafirma la soberanía de los Estados a determinar sus políticas y regulaciones migratorias, pero pretende establecer normas universales. Como se presenta a continuación, estas normas se articulan por medio de recomendaciones para abordar los retos y las oportunidades que ofrece la migración.

Los objetivos del PMM

Durante los dos años transcurridos entre las Declaraciones de Nueva York (2016) y la promulgación del PMM (2018), diversas partes interesadas de la política, la economía y la sociedad civil debatieron, formularon y negociaron aspectos relacionados con la migración. El resultado de estos debates fue la definición de 23 objetivos prioritarios. Aunque varios objetivos están interrelacionados, la mayoría de ellos pueden asignarse a las categorías de gestión de la migración, derechos y desarrollo.

Primero, la gestión de la migración refleja la idea de un “régimen internacional para la movilidad transfronteriza global” que convierta los movimientos humanos “en un proceso más ordenado, predecible y manejable, y que lo haga beneficioso para todos los actores involucrados”1 (Geiger y Pécoud, 2010, p. 2). Puede abarcar aspectos relacionados con el impacto en los países y personas involucradas como en el control (ver sección 4), es decir, esfuerzos políticos para determinar los números, el tipo de migrantes y la duración de las estancias (Aksakal y Schmidt, 2020). El PMM considera la gestión de la migración laboral como una tarea central que se refleja directamente en cuatro objetivos e inmediatamente en otras cuatro metas. Las estrategias de gestión integral se consideran en el marco de la creación de datos sobre la migración, el desarrollo de canales regulares de migración, la garantía de la identidad legal y la documentación de las personas que se desplazan, y el aumento de la transparencia en los procedimientos relacionados con la migración. Para una gestión integrada, segura y coordinada, el control y la evaluación en las fronteras y la llegada de los migrantes representa un tema central. El marco aborda varias medidas directas como la cooperación con otros países (objetivo 5) y el desarrollo de estructuras y mecanismos para gestionar eficazmente las fronteras (objetivo 11); e indirectas como la reducción de los factores que impulsan la migración en los países de origen (objetivo 2), o la lucha contra el contrabando y el tráfico de personas (objetivo 9 y 10) (ONU, 2018).

Segundo, los derechos de los migrantes se conforman por las dimensiones de derechos humanos y laborales (Guchteneire y Pécoud, 2009). En la agenda del PMM, 13 objetivos están relacionados con proteger los derechos de los migrantes. De este total, ocho objetivos se refieren directamente a cuestiones de derechos humanos, abordando un amplio abanico de aspectos: la reducción de la vulnerabilidad (objetivo 7), la localización de los migrantes desaparecidos (objetivo 8), la protección consular y asistencia (objetivo 14), el acceso a los servicios básicos (objetivo 15), la lucha contra la trata de personas (objetivo 10), y evitar la detención de los migrantes (objetivo 13), empoderar a los migrantes para una inclusión social (objetivo 16), y eliminar la discriminación (objetivo 17) (ONU, 2018). Asimismo, los derechos laborales se contemplan explícitamente en varios ámbitos como metas importantes a alcanzar, que se abordan en cinco objetivos. Comprende la creación de canales flexibles para la migración laboral regular (objetivo 5), el acceso a un trabajo decente (objetivo 6), empoderar a los migrantes para la inclusión en el mercado laboral (objetivo 16), la facilitación del desarrollo de habilidades y el reconocimiento del capital humano existente (objetivo 18), la transferibilidad de los derechos y los beneficios ganados tras el retorno o la migración posterior (objetivo 22). Por ejemplo, la facilitación de la movilidad laboral y el trabajo decente se pretende llevar a cabo, entre otros, mediante programas laborales como regímenes de trabajo temporal (ONU, 2018).

Tercero, la relación entre la migración y el desarrollo se ha discutido desde dos aristas. Por un lado, se han enfatizado las condiciones estructurales que generan condiciones que promueven la emigración (Aksakal, 2020) y, por otro, se han estudiado la migración y particularmente las remesas financieras, sociales o políticas entre los migrantes y familiares, y su impacto en el desarrollo local y nacional en los lugares de origen (Faist y Fauser, 2011). El PMM aborda tanto las causas como los efectos de la migración en tres objetivos; sin embargo, hace más hincapié en el último proceso. Con respecto a las causas, el objetivo 2 subraya la importancia del desarrollo político, económico, social y ecológico para garantizar a la población del Sur Global una vida “pacífica, productiva y sostenible en su propio país” que ayude a satisfacer las “aspiraciones personales, a fin de evitar que la desesperación y el deterioro del entorno las obliguen a recurrir a la migración irregular para buscar medios de subsistencia en otro lugar” (ONU, 2018, p. 9). En cuanto a los resultados de la migración, el objetivo 19 afirma que los migrantes y los grupos de la diáspora deben ser empoderados “para catalizar sus contribuciones [económicas, sociales y políticas] al desarrollo y aprovechar los beneficios de la migración como fuente de desarrollo sostenible” para los países de origen, tránsito y destino de los migrantes (ONU, 2018, p. 29). El objetivo 20 enfatiza las remesas financieras, considerando que estas transferencias tienen un verdadero “potencial transformador” (ONU, 2018, p. 32).

El PMM desde la perspectiva de world polity

El PMM representa el primer marco político global integral sobre la migración, abarcando los mayores desafíos y oportunidades en las áreas de derechos de los migrantes, gestión de migración y desarrollo. Si bien esto es un gran logro, también representa un proyecto político ambicioso en el que se abordan temas muy diversos que pueden resultar en la carencia de coherencia y en ocasiones en contradicciones entre diferentes objetivos y dentro de un mismo objetivo. Por lo mismo, es difícil identificar una dirección clara y una ponderación de las prioridades políticas. Frente a esta situación surgen preguntas relacionadas con la transmisión de las políticas mundiales a niveles regionales, nacionales y locales: ¿cómo observan y adoptan exactamente los actores políticos las políticas globales y aplican determinados objetivos del PMM? La perspectiva de world polity representa una herramienta heurística útil para examinar esta dinámica. Desde este punto de vista, el PMM representa un claro símbolo de la formación de un orden político estructural sobre la migración. El surgimiento de world polity implica el establecimiento de una cultura mundial que es “un conjunto compartido y vinculante de normas exógenas a cualquier sociedad determinada, y que se encuentra no solo en los sentimientos individuales o de las élites, sino también en muchas instituciones”2 (Meyer, 1980, p. 117). En el PMM, este orden cultural mundial se organiza en torno a diversas normas universales, entre otras, sobre los derechos humanos (los derechos de los migrantes), la racionalidad (control de la migración) o el progreso (el desarrollo). Como explican Greve y Heintz, la convergencia estructural o el isomorfismo entre los actores políticos que se observan en esta perspectiva se atribuye así “a la existencia de una cultura mundial que se codifica en tratados internacionales, se operativiza en programas de acción y se difunde a los países individuales a través de una densa red de organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales”3 (2005, p. 102). Desde este punto de vista, el PMM simboliza una expresión de la cultura mundial, en la que las normas políticas sobre cuestiones centrales relacionadas con la migración se han constituido a nivel global. Como actores modernos y racionales, los Estados no solo suelen observar e interpretar estas dinámicas sino también reproducir las normas políticas universales, así como copiar y difundir modelos globales emergentes en sus prácticas políticas (Meyer et al., 1997). Sin embargo, Meyer (1980) también argumenta que los Estados adoptan a menudo políticas globales por su apariencia, pero tras los bastidores de las prácticas políticas, no siempre implementan lo que demuestran simbólicamente en los discursos y debates políticos.

El enfoque de la política mundial, brevemente introducido, proporciona algunas herramientas conceptuales para entender cómo se transmiten las políticas desde el nivel global al nacional. La siguiente sección va a examinar empíricamente las formas en que los actores políticos en Colombia consideran las recomendaciones del PMM en sus discursos y políticas ante el fenómeno venezolano de movilidad humana.

Políticas migratorias en Colombia

Colombia es firmante del PMM desde el 10 de diciembre de 2018 y autorrefleja su posición política de la siguiente manera:

Aunque el pacto no es vinculante, el Gobierno colombiano ha sido consecuente con su compromiso y los esfuerzos para responder a la migración desde Venezuela. [Las políticas] están alineadas con los 23 objetivos establecidos en el [PMM] con énfasis en los objetivos que promueven la regularización, identificación e integración social y económica de los migrantes (Presidencia de Colombia, 2020, p. 58).

Ante esta afirmación surgen preguntas no resueltas: ¿hasta qué grado Colombia está aplicando los objetivos del Pacto en sus políticas migratorias? O formulado de manera más precisa, ¿hasta qué punto el Gobierno colombiano está tratando aspectos de la migración solo en el papel o los está reflejando en las políticas y prácticas institucionales? Para responder estas y similares incógnitas enmarcaremos el análisis empírico en las tres categorías previamente introducidas: gestión migratoria, derechos de los migrantes, y migración y desarrollo.

Gestión migratoria

Si bien hay varias formas a través de las cuales el Estado colombiano ejecuta la gestión migratoria, nos enfocaremos en el Permiso Especial de Permanencia (PEP) en esta sección. El PEP es una alternativa temporal de registro migratorio a la que pudieron acceder los venezolanos y venezolanas desde el año 2017 y que les permite acceder a la oferta institucional en las áreas de salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal. A corte de junio de 2020, 762.857 venezolanos habían recibido el PEP (Presidencia de Colombia, 2020). Este documento es temporal y tiene una duración de dos años; sin embargo, el Gobierno ha iniciado diversas fases de extensión de aquellos PEP que ya han expirado. El PEP-RAMV, ofrecido solo en 2018, fue un tipo de PEP particularmente relevante pues fue hasta inicios de 2021 el único proceso nacional de caracterización de los venezolanos que les permitió a 442.462 migrantes de este país en situación irregular obtener el PEP (Presidencia de Colombia, 2020).

El PEP cuenta con una serie de limitantes. Primero, su temporalidad: el PEP solo tiene un período de duración de dos años, y si bien es posible renovarlo, este período no es acumulativo para que el migrante pueda tramitar una visa de residente en Colombia. Como subraya un miembro de la Gerencia de Fronteras, en entrevista, el mecanismo fue pensado con la idea de que la migración venezolana no tenía vocación de permanencia, es decir, que, una vez superada la crisis en Venezuela, ellos retornarían. No obstante, muchos venezolanos en Colombia se han ido estableciendo y formando núcleos familiares lo que en efecto ha aumentado el número de venezolanos en Colombia con vocación de permanencia. Segundo, para solicitar el PEP, el migrante debe haber sellado el pasaporte al cruzar al país por un punto de control fronterizo. Este requerimiento representa una barrera bastante alta para la mayoría de los venezolanos porque como también observan Ramírez y Ospina en su contribución, es sumamente difícil obtener documentos de identificación como pasaportes en Venezuela. Muchos venezolanos enfrentan “obstáculos para obtener o legalizar documentación, lo cual vulnera su derecho a salir del propio país y su derecho a tener una identidad”. Estas limitantes también “impide[n] la reunificación familiar, la entrada y la residencia regulares” así como el acceso “a educación, servicios de salud y a un trabajo decente” (ACNUR, 2019, p. 15). Ante esta situación, y empujados por la crisis multicausal en su país de origen, previamente explicada, los migrantes se ven forzados a salir por caminos irregulares sin documentos, situación que ha aumentado los niveles de irregularidad migratoria en Colombia.

En aras de disminuir las limitantes del PEP en torno a quien puede aplicar al permiso, en 2020 se creó el PEP para el Fomento de la Formalización (PEP-FF) dirigido a la población migrante con estatus irregular que cuenta con una oferta formal de trabajo. Este permiso debe ser tramitado por el empleador ante el Ministerio del Trabajo y “busca reducir los niveles de informalidad laboral de la población migrante venezolana y proporcionar un mecanismo para evitar la explotación laboral de los migrantes en condición irregular” (Presidencia de Colombia, 2020, p. 65). Otra estrategia para disminuir la irregularidad ha sido el otorgamiento de la nacionalidad colombiana a hijos de padres venezolanos en aras de evitar la apatridia.4

Si bien el PEP ha representado una gran oportunidad para que los venezolanos en Colombia puedan acceder a la oferta institucional del país, desde el 2018 los venezolanos en situación irregular no han tenido la posibilidad de regularizar su estatus con la excepción del PEP-FF, cuya aplicación no ha sido tan exitosa como se esperaba. De hecho, según el representante de la Gerencia de Fronteras tenían expectativas muy grandes con el PEP-FF “que no se han materializado como consecuencia del frenazo económico en el marco de la pandemia”. Estas dificultades para regularizar a un gran porcentaje de la población venezolana en Colombia evidencian cómo el objetivo 1 del PMM: “recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica” ha sido difícilmente logrado.

Frente a estos retos, a inicios de 2021, el Gobierno colombiano informó una nueva estrategia para gestionar la migración venezolana en el país: el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal (ETPMV). Con este decreto presidencial, el Gobierno colombiano les ofrece a los venezolanos con PEP, a aquellos en situación irregular, que puedan comprobar haber entrado al país antes del 31 de enero del 2021, y a los venezolanos solicitantes de refugio, un Permiso por Protección Temporal (PPT) que les permitirá ingresar al mercado laboral por un período de 10 años (Migración Colombia, 2021). Con esta medida se pretende combatir tanto el asunto de la irregularidad como las limitantes mencionadas del PEP. Además, con el estatuto se prevé caracterizar a la población venezolana en Colombia para tener la información necesaria para el posterior desarrollo de políticas públicas que incluyan a esta población. De este modo, se estaría cubriendo el objetivo 4: “Velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada” (ONU, 2018, p. 7).

El Gobierno colombiano permitirá que los venezolanos que entren a Colombia en los próximos dos años de forma regular, es decir, por un punto de control fronterizo y sellando algún documento de identidad venezolano, accedan al PPT (Migración Colombia, 2021c). De este modo también se cubre el objetivo 5: “Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular” (ONU, 2018, P. 7). Sin embargo, también surgen interrogantes no respondidas por el decreto. Por ejemplo, debido a la dificultad para muchos venezolanos de obtener documentos de identidad, seguirá siendo difícil para muchos emigrar a Colombia de forma regular. Esto potencialmente limita sus derechos como migrantes, lo cual será explicado en el siguiente punto.

Derechos de los migrantes

A pesar de los esfuerzos previamente mencionados como el PEP para regularizar a los migrantes venezolanos en la vida económica y social de Colombia, el número de migrantes en condición irregular sigue siendo muy alarmante ya que representa más del 56% de los venezolanos en Colombia según estimaciones de Migración Colombia para el corte de enero de 2021. Del 1.742.927 de venezolanos en el país, 759.584 se encuentran en situación regular y 983.343 cuentan con un estatus irregular (Migración Colombia, 2021b). De hecho, como se aprecia abajo en el Gráfico 2, desde el 2019 se ha revertido la tendencia entre migrantes venezolanos regulares e irregulares siendo este último grupo mayor que el primero. Este tema es clave en el contexto de la movilidad humana en Colombia pues estas personas no pueden acceder plenamente a la oferta institucional del país por pertenecer a esta categoría migratoria. En esta sección del análisis nos enfocaremos en los venezolanos en condición irregular por contar con menos derechos de acceso a la oferta de protección legal y social en Colombia que aquellos con PEP, y por representar una cuota tan representativa de la población venezolana en el país vecino (56%).

Gráfico 2: Venezolanos en Colombia desde el 2015

Fuente: elaboración propia con datos de Migración Colombia (2021a, 2021b).

Como argumenta el miembro de la Gerencia de Fronteras, “el número de personas que [… están] recibiendo es muy superior al número de personas que [… están] en capacidad de regularizar vía PEP” lo cual demuestra la sobrecarga de las instituciones colombianas. Adicionalmente, las personas que habían entrado por pasos fronterizos regulares no han tenido la capacidad para sacar nuevos PEP de forma suficientemente rápida, razón por la cual pasan a contabilizarse como irregulares. Según otro representante gubernamental en entrevista, el recrudecimiento de la crisis en Venezuela y la búsqueda de la reunificación familiar también son factores que han incidido en el aumento de migrantes en condición irregular en el país, situación que aumenta los desafíos tanto para los migrantes como para el Estado.

En materia del derecho a la salud, a esta población se le permite acceder a atención de emergencias sin costo. Para junio de 2020, el Ministerio de Salud ha atendido a más de 7,2 millones de venezolanos principalmente en casos de “atención a madres gestantes y lactantes, primera infancia, desnutrición, enfermedades transmisibles y violencia basada en género” (Presidencia de Colombia, 2020, p. 17). Sin embargo, las personas en situación irregular con enfermedades crónicas que requieren tratamientos médicos no pueden ser tratadas por lo que se “ven obligados a solicitar asesoría gratuita en consultorios jurídicos para buscar el modo de acceder a dicha atención” (Observatorio de Venezuela y Fundación Konrad Adenauer, 2020a).

En el área educativa, los niños, niñas y adolescentes (NNA) en condición irregular tienen el derecho de acceder al sistema educativo independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para integrar a los NNA venezolanos en el sistema educativo, aún existen barreras importantes para que puedan acceder a la educación, permanecer en los colegios y presentar la prueba necesaria para acceder a la educación superior. Para que un estudiante que no cuente con ningún tipo de identificación válida en Colombia pueda ser admitido en una institución educativa, “se le asigna un número de identificación establecido por las secretarías de educación, más conocido como el NES [Número establecido por la Secretaría de Educación]” (Observatorio de Venezuela y Fundación Konrad Adenauer, 2020b, p. 15). Si bien se incrementó el número de NES para NNA de los primeros grados de primaria para que continúen asistiendo a clases, los jóvenes que están próximos a graduarse y no tienen el número NES no pueden recibir su diploma como bachilleres. Además, “no hay estímulos para frenar los índices de deserción escolar y, consecuentemente, los de desempleo o informalidad” (Observatorio de Venezuela y Fundación Konrad Adenauer, 2020b, p. 10).

En cuanto al derecho a acceder a la oferta laboral, uno de los principales retos al que se enfrenta la población venezolana, tanto calificada como no calificada, con o sin PEP, es la dificultad para homologar sus títulos por ser este un proceso costoso y complicado (Observatorio de Venezuela y Fundación Konrad Adenauer, 2020b). Además, las personas en condición irregular no están autorizadas para trabajar legalmente y se ven obligadas a trabajar en la informalidad. El PEP-FF les otorga a los venezolanos en situación irregular la posibilidad de que su empleador les tramite este permiso de permanencia. Sin embargo, como varios representantes de asociaciones civiles y de migrantes han reportado en las entrevistas, frecuentemente observan que los migrantes venezolanos evitan usar esta vía legal, porque tienen temor de que la autoridad migratoria tenga conocimiento de su situación irregular y puedan enfrentar sanciones por ello.

Otra problemática para que los migrantes venezolanos accedan a las ofertas del Estado colombiano es el desconocimiento sobre la existencia de ofertas políticas o las rutas burocráticas para acceder a ellas. También es notorio que incluso algunas personas con PEP desconocen los mecanismos para afiliarse al sistema de salud. Por lo tanto, no es sorprendente que a nivel nacional, apenas el 10% de la población migrante se encuentra en el sistema de salud (Observatorio de Venezuela y Fundación Konrad Adenauer, 2020a, p. 8).

El alto índice de irregularidad ya mencionado, y la existencia de cientos de caminos de cruce irregular debido a la porosidad de esta frontera que se extiende por 2.219 kilómetros, generan un alto nivel de exclusión y vulnerabilidad entre un número alto de migrantes, que aumenta la posibilidad de ser absorbidos por grupos criminales que operan en la frontera, o ser víctimas de explotación laboral después de cruzarla. Estas circunstancias socavan a su vez el objetivo 7 del PMM: “Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración”, así como garantizar por completo el objetivo 15: “Proporcionar a los migrantes accesos a servicios básicos”.

Migración y desarrollo

El informe de la Presidencia de Colombia (2020) discute en diferentes partes las ideas y objetivos políticos que están conectados con la migración y el desarrollo, que se vislumbran a través de la integración de los migrantes venezolanos. Tras la creación del documento “Estrategia para la Atención de la Migración desde Venezuela” (CONPES, 3950) en 2018, se han implementado diversas políticas y se han ajustado sus instituciones para generar resultados económicos para el país anfitrión. Por ejemplo, el Gobierno ha creado las llamadas Mesas Migratorias en 19 departamentos, que incluyen centros de coordinación local. La idea que subyace en esta iniciativa es aumentar la eficiencia en el tratamiento de los problemas relacionados con la migración mediante el respaldo de la cooperación entre las instituciones nacionales y locales, los agentes de la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Además, se han organizado talleres de fomento de la capacidad para las autoridades locales, con el objetivo de “incluir un enfoque migratorio en sus planes de desarrollo” (Presidencia de Colombia, 2020, p. 21), por medio de la realización de diagnósticos, y la definición de objetivos e instrucciones. Adicionalmente, se enfatiza la importancia de una estrecha cooperación con el sector académico “para crear políticas públicas con base en información completa y actualizada” (Presidencia de Colombia, 2020, p. 22). Además, se prevé la colaboración con los actores de la sociedad civil, incluso con migrantes y sus organizaciones.

Para el Gobierno colombiano la integración representa un tema estratégico. Particularmente la integración en el mercado laboral tiene un papel clave; no solo se entiende como un medio directo para promover la inclusión de los migrantes, sino también como una forma explícita de promover el crecimiento en Colombia a largo plazo:

hemos reconocido que la migración es una oportunidad para nuestro futuro (…). Las diferentes experiencias y conocimientos, así como el empuje de los migrantes, son valores que, si logramos integrarlos a nuestra sociedad, serán un motor para desarrollar las diferentes regiones del país (Presidencia de Colombia, 2020, p. 32).

La integración laboral incluye esfuerzos para mejorar el proceso de reconocimiento formal de las habilidades y competencias de los migrantes. Por eso se discute la concientización de los actores del sector privado sobre los beneficios de empleos legales, incluso el reconocimiento de sus competencias, como una tarea importante.

La contribución de los migrantes al progreso de Colombia es la perspectiva de desarrollo dominante en el informe, lo cual corresponde con el objetivo 19 del pacto. El énfasis está en el desarrollo económico que se supone que se logra mediante el uso del capital humano y la afluencia de jóvenes con educación, lograda mediante la integración socioeconómica de los migrantes. Cabe señalar que, si bien se subrayan repetidamente las oportunidades para Colombia, no se hace referencia a los problemas resultantes de la “fuga de cerebros” en Venezuela. Resulta llamativo que no se haga mención alguna a los aportes de los migrantes en el desarrollo en su país de origen, lo que indica que se descuida la relevancia de sus vínculos transnacionales.

Discusión

Nuestros hallazgos ofrecen una imagen empírica matizada sobre las formas en que Colombia observa, interpreta y reproduce las políticas globales manifestadas en el PMM. A primera vista, el Gobierno colombiano parece estar muy comprometido con la búsqueda de soluciones para los mayores desafíos y aprovechar las oportunidades relacionadas con la inmigración desde Venezuela. Esto es llamativo, particularmente en un contexto global donde muchos gobiernos tienden a cerrar sus fronteras y tratar a los migrantes forzados como criminales que deben ser expulsados. Al mismo tiempo, las respuestas políticas parecen estar alineadas con el PMM, considerando una amplia gama de aspectos relacionados con la gestión, los derechos y el desarrollo. Desde el punto de vista del world polity, esto indica que el Gobierno colombiano sigue como actor moderno las políticas globales manifestadas en el PMM. A la vez, difunde un modelo racionalizado y por lo tanto reproduce una cultura global (Holzer, 2015). Una mirada más atenta también revela que las políticas colombianas se caracterizan, por un lado, por ser selectivas y, por otro, por perseguir los objetivos del PMM con prioridades diferentes.

Con respeto al primero punto, nuestro estudio demuestra que no se consideran todos los objetivos relevantes. Por lo menos nueve objetivos no aparecen reflejados en el reciente informe “Acoger, integrar y crecer” (Presidencia de Colombia, 2020) donde se especifican los objetivos que son tomados en cuenta en cada política del Gobierno colombiano. Asimismo, muchos de los objetivos que se persiguen no se están tomando en cuenta por completo. Esto significa que, si bien hay subpartes de los objetivos que están incluidas, hay otras que son ignoradas. Por ejemplo, en lo que respecta al área de desarrollo, si bien el PMM se enfoca tanto en el desarrollo del país de origen como de destino, el discurso, las políticas y prácticas institucionales solo se enfocan en los potenciales beneficios para Colombia. Existe un silencio con respeto a las implicaciones en materia de desarrollo para Venezuela que se generarían como motivo de esta migración masiva como, por ejemplo, el tema de la “fuga de cerebros”. Además, en el informe no se mencionan aspectos referentes a contribuir con mejoras en el país de origen (objetivo 2), en este caso Venezuela, para reducir las causas de la emigración.

En cuanto a las prioridades políticas se encuentran dos formas diferentes. Primero, se observa que algunas respuestas políticas relacionadas con la inmigración venezolana se plantean de manera discursiva. Articulado de otra manera, Colombia adapta las normas globales en el papel en algunos temas, es decir, de manera simbólica demuestra su compromiso en el escenario delantero (Meyer, 1980). Esto está reflejado, por ejemplo, en el tema de la integración de los migrantes. Según el informe gubernamental y algunos expertos entrevistados, existe el propósito de integrar a los migrantes en la sociedad colombiana, pero las políticas de integración aún no parecen estar muy avanzadas. Segundo, existen otras áreas donde el Gobierno va más allá y ha implementado políticas migratorias concretas para responder a ciertas áreas relacionadas con las políticas. El Permiso Especial de Permanencia (PEP) y el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV) son ejemplos de cómo el Gobierno hace esfuerzos para superar los retos relacionados con la inmigración y mejorar las medidas políticas (la implementación del ETPMV para reducir la irregularidad y superar las limitantes del PEP). Mientras el caso previo está manifestado solo como un decreto que aún debe ser aplicado, existen otras áreas donde el Gobierno no solo articula sus intenciones en discursos o implementa dichos decretos políticos, sino también ajusta las prácticas institucionales. Un ejemplo de ello son las previamente discutidas Mesas Migratorias en las cuales se coordinan diversos actores y procesos para mejorar la eficiencia en el trabajo con migrantes. Esto no solo incluye un cambio de leyes, evidenciado por ejemplo a través del actual proyecto de ley migratoria que se discute en el Senado desde el año 2019 (Gallegos y Ospina en este libro), sino también en las instituciones políticas y sus prácticas.

La perspectiva de world polity designa esta variedad de acciones de los Estados como un proceso de desacoplamiento (decoupling). Esto indica que no solo existe una creciente homogenización en las estructuras y políticas en muchos Estados del mundo, sino también un desacoplamiento entre “propósitos y estructura” e “intenciones y resultados” (Meyer et al., 1997, p. 152). La previa discusión empírica demuestra que este desacoplamiento potencialmente puede suceder de diferentes maneras. En el caso colombiano encontramos evidencia que puede expresarse con un enfoque político selectivo o con una agenda caracterizada por contener distintas prioridades políticas. Es probable que existan diversos factores que forman estas circunstancias políticas en Colombia. Primero, una explicación para el discurso firme en el país puede ser la estrecha cooperación con organizaciones internacionales (Usaid y Giz). Estos actores no solo consultan y apoyan financieramente al Gobierno colombiano, sino que pueden tener una influencia significativa en la agenda. Sin embargo, solo pocos discursos aún están desarrollados para ser convertidos en políticas concretas y están reflejados en las instituciones políticas y sus prácticas. Segundo, esto puede vincularse con el hecho de que este flujo migratorio es relativamente nuevo. Por lo tanto, las políticas adecuadas aún no están preparadas ni las instituciones alineadas. Tercero, en un contexto de actitudes antinmigrantes y populismo político creciente, el Estado puede correr el riesgo de perder su legitimización política. Como se observó en países clásicos de inmigración los Estados pueden tomar decisiones paradójicas (Entzinger, 2007; Hollifield, 2004) o vender los aspectos positivos de la migración en el país de destino (el desarrollo en Colombia gracias al apoyo de los migrantes venezolanos). Frente a estos factores, el amplio alcance del PMM invita a los Estados, incluso a Colombia, que representa a un país recientemente receptor de una migración masiva, a utilizar el marco político global como una lista de deseos, permitiéndoles escoger aquellas medidas que vayan más de acuerdo a sus necesidades.

Conclusión

El objetivo de este capítulo fue examinar cómo las políticas globales de migración se observan, interpretan e implementan en el nivel nacional. Por eso plantamos la pregunta: qué papel juega realmente el PMM en las políticas actuales en el caso de la migración venezolana en Colombia. Gracias al análisis empírico basado en documentos políticos, académicos y entrevistas se aprecia que el Gobierno colombiano trata de alinearse con una importante parte de los objetivos del PMM en las áreas de gestión migratoria, derechos y desarrollo. No obstante, hay objetivos que no se consideran y hay otros que se consideran con diversas prioridades, es decir, solo en discursos o adicionalmente en políticas e instituciones.

Estas condiciones políticas pueden generar desigualdades entre los migrantes. Por ejemplo, los discursos que no se manifiestan en las políticas o en las prácticas institucionales pueden orientar mal a los potenciales migrantes y provocar dificultades en los planes iniciales o durante la migración y, lo que es más importante, pueden generarse problemas en el marco de las políticas de inmigración temporal existentes en Colombia. Las complicaciones mencionadas sobre los requisitos para obtener un PEP (tener un sello en el pasaporte), no solo reflejan el hecho de que un número significativo de personas está entrando de forma irregular en Colombia, sino que también muestran la forma en que algunos migrantes están más excluidos de la sociedad, y especialmente del acceso a los servicios básicos, que otros migrantes.

Durante el desarrollo de este capítulo el Gobierno colombiano creó el ETPMV que permitirá atender a los migrantes irregulares en el país y que mejora considerablemente las limitantes del PEP. Para el 8 de julio de 2021, el 52,3% de los venezolanos en Colombia realizó la encuesta de caracterización socioeconómica y el 43,6% ha sido agendado para el registro biométrico (Monroy, 2021) que permitirá su acceso al ETPMV. No obstante, debido a que estas personas no recibirán estos permisos hasta finales del 2021, combinado con la limitante de que aquellos migrantes que hayan entrado a Colombia después del 31 de enero de 2021 por canales irregulares no podrán acceder al ETPMV, el alto nivel de indocumentados va a persistir y excluir a muchos inmigrantes del acceso a los servicios ofrecidos en Colombia. Además, diversos estudios ya han demostrado como tanto en 2020 como en 2021 las medidas de la reducción de movilidad para contener la pandemia del Covid-19 han aumentado las vulnerabilidades de los migrantes en Colombia en las áreas socioeconómica, salud, educativa, entre otras (ACNUR, 2020b; ACNUR, 2021). Un análisis profundo de estos tipos de desigualdades quedaría pendiente para otros estudios.

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1 Traducida por los autores.

2 Traducida por los autores.

3 Traducida por los autores.

4 Hasta junio de 2020, 45.467 niños y niñas nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015 han sido reconocidos como colombianos por el Estado (Presidencia de Colombia, 2020, p. 17).

¿Los riesgos cambian, las percepciones quedan?

Géneros, identidades y migraciones en el Área Reconquista

Santiago Canevaro

Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar las vinculaciones entre las identidades de género, la condición migratoria y las lógicas de la organización social del cuidado, relacionadas con la variación de los sentidos que las personas del Área Reconquista le otorgan a los riesgos ambientales-sanitarios persistentes y aquellos surgidos a partir de la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio (en adelante ASPO).1

En el presente texto se exhiben los avances preliminares de una investigación cualitativa de tipo etnográfica realizada durante los años 2019-2020 sobre los riesgos ambientales situados y las dinámicas barriales asociadas a los mismos2 considerando la nueva dinámica que generó en el territorio de trabajo la declaración del ASPO y la restricción de los desplazamiento de las poblaciones en todo el territorio argentino.

El objetivo es describir y analizar la relación entre las nociones de riesgos socialmente situadas considerando sus vinculaciones con las experiencias migratorias, las identidades de género y las acciones tendientes a generar bienestar de quienes habitan esos territorios. Entendemos por bienestar a todas aquellas actividades de cuidado y asistencia orientadas a proporcionar bienestar físico, psíquico y emocional a las personas (Comas D’Argemir, 2014).3

El Área Reconquista (AR) se caracteriza por la presencia de diversos conglomerados de asentamientos ubicados sobre la cuenca del río homónimo, cuyos afluentes provienen de zonas de industrias tanto agropecuarias como metalúrgicas.4 Actualmente estas últimas, en conjunto con las descargas cloacales y la instalación del relleno sanitario del complejo CEAMSE Norte III,5 son las principales fuentes de contaminación del Río Reconquista (Busnelli, 2019). Sobre estos terrenos, caracterizados por su alta contaminación, los y las habitantes idearon y construyeron las calles, las viviendas y los espacios públicos.6

Desde los inicios fueron conformándose como entramados socioambientales atravesados por sentidos, experiencias y moralidades vinculados a la contaminación, la geografía, los escasos recursos, la poca presencia de las burocracias del Estado y a los vínculos sociales entablados en los asentamientos. Siguiendo las narrativas de los hombres y mujeres entrevistadas/as en esta investigación, la construcción de sus comunidades y viviendas en estos entornos altamente contaminados –como es el caso del AR–, es entendida como una mejora en las condiciones de vida y de bienestar. En este proceso, se fueron delineando los sentidos atribuidos a lo potencialmente dañino, siendo posible entender los problemas del entorno como riesgos ambientales socialmente situados definidos en estrecha relación con los agentes que los habitan (Douglas, 1992).

La población residente en AR posee un alto componente de migración con procedencias extranjeras y del Noroeste y Noreste argentino. Lo más llamativo de esta población no es tanto la predominancia de una u otra colectividad de nacionalidad extranjera, o las zonas del país de donde migran, sino que en su mayoría provienen de zonas rurales. En muchos de los casos, sus residencias de origen fueron afectadas por fenómenos ambientales como inundaciones, sequías, granizadas o incendios. Estas situaciones se piensan relacionadas con los modos de producción agrícolas con grandes extensiones de monocultivo (principalmente soja) que generan la profundización de fenómenos ambientales (señalados anteriormente) con consecuencias cada vez más devastadores que repercuten en las vidas de estas poblaciones rurales.

Si bien existen flujos migratorios provenientes de contextos donde los problemas ambientales afectan de manera directa, es preciso pensar esa asociación no como necesaria, sino más bien como posible. Los motivos no son siempre únicos, sino que pueden entrelazarse con falta de acceso a los servicios de salud o de educación, con problemas de violencia o seguridad, de oportunidades laborales o de desarrollo individual. Otro de los motivos que se señalan son los económicos y la falta de políticas públicas, que como bien argumentan algunas interlocutoras, generan dificultades a las poblaciones más empobrecidas, posicionando a las familias campesinas en un lugar de muy baja competitividad productiva. Esto sugiere que la problemática de inequidad socioeconómica en el ámbito rural puede llegar a cobrar más relevancia que la degradación ambiental a la hora de optar por irse de sus hogares.

Asimismo, cabe aclarar que la migración misma puede no tratarse de un hecho disruptivo en la vida de estas poblaciones, siendo una práctica más sobre la cual ya se encontraban familiarizados socialmente antes de llevarla a cabo, y no como una medida extrema diaspórica. La extensa bibliografía de estudios transnacionales demuestra ya que las poblaciones migratorias de la región mantienen un fuerte vínculo con sus hogares de origen, y aportan a su manutención (Portes, Guarnizo y Landolt, 1999; Martínez Pizarro, Cano y Contrucci, 2014), por lo cual tampoco se trata de un hecho irreversible y de desconexión con su región de origen.

En una investigación pretérita (Canevaro, López y Castilla, en prensa) sostuvimos que las nociones de riesgos ambientales en los asentamientos pobres, precarios y/o vulnerables se encuentran moldeadas por las lógicas de provisión de bienestar, en particular, aquellas relativas al acceso a la tierra y a la vivienda.

Hasta el año 2020 podemos decir que la forma como se expresaba la crisis socioambiental en el área tenía que ver con la existencia de basura, las constantes inundaciones, las dificultades en el acceso y calidad del agua, los problemas respiratorios y de piel, entre otros. La emergencia del ASPO en la zona redefinió las prioridades y problemáticas de la zona reconfigurando la idea de crisis hacia nuevas temáticas. Uno de los principales impactos tuvo que ver con la merma y/o desaparición en muchos casos de los ingresos de gran parte de la población en el AR.7

En relación con las nuevas demandas que trae la emergencia por el Covid-19, nos interesa reconstruir la relevancia que la dimensión migratoria y el clivaje de género tienen en las experiencias vinculadas con la dificultad para acceder a la comida y los riesgos sanitarios asociados a ella. En tal sentido, exhibimos que la nueva realidad actualiza dimensiones y clivajes al mismo tiempo que refuerza diferenciaciones sexo-genéricas en relación con percepciones en torno al riesgo y las maneras de construir alternativas de cuidado y generar bienestar. De esta manera, nos interesa mostrar que las percepciones de riesgo se enlazan con las historias previas y con las posibilidades futuras de los habitantes del territorio del AR, conectando la trayectoria migratoria (Rivera Sánchez, 2012) de los habitantes del territorio con la realidad actual.

En síntesis, en este texto nos alejamos de una teoría del riesgo con sujetos neutros, tomando en cuenta específicamente las condiciones de pobreza, la satisfacción de necesidades y la provisión de bienestar, considerando las trayectorias biográficas, migratorias y la condición de género como criterios que operan de manera crucial entre los vecinos del AR para percibir sus condiciones de riesgo.

En la investigación se utilizó una metodología etnográfica dentro de la cual se desarrollaron técnicas de investigación cualitativas y estuvo basada en el trabajo de campo en asentamientos marginales, pobres y/o vulnerables del AR. Las técnicas de investigación cualitativas utilizadas se diferenciaron de acuerdo con las etapas de investigación. A su vez, se realizaron entrevistas etnográficas con el objetivo de profundizar diversos emergentes del trabajo de campo. Se contó con el consentimiento informado en el cual se explicitaron los objetivos de la investigación y la metodología utilizada aclarando el carácter anónimo, voluntario y confidencial de las mismas. Por tal motivo, a lo largo del texto los nombres de los entrevistados se han cambiado por otros de fantasía y se ha borrado todo rasgo que pueda identificarlos directa o indirectamente, entre ellos, el nombre del barrio, de centros barriales, de salud u otros.

La organización del artículo cuenta con una primera parte de una discusión teórico conceptual sobre la relación entre las nociones de riesgo, las identidades genéricas y la organización del cuidado. Luego, exploramos en las nociones de riesgo que se movilizan según el origen rural en las trayectorias de hombres y mujeres que habitan en territorios con fuertes problemas de degradación ambiental (Curutchet, Grinberg y Gutierrez, 2012). Posteriormente, nos adentramos en la dinámica abierta por el Covid-19 en los barrios, la emergencia socio sanitaria, de salud y alimentaria, explorando en la transformación de las prioridades, roles y tareas de las organizaciones comunitarias a partir de esta nueva realidad. Finalmente, se exhibe un elemento común que relaciona a los sujetos migrantes con el contexto de crisis descripto.

Riesgo situado, identidades de género y organización
del cuidado

Para Mary Douglas (1992), los modos como las personas entienden y reaccionan a diversos riesgos dependen de las propias concepciones de este, las cuales están culturalmente atravesadas por valores y creencias socialmente inscriptas. Desde la perspectiva de Douglas, el riesgo no es un ente material objetivo, sino una elaboración, una construcción intelectual de los miembros de la sociedad que permite evaluaciones sociales de probabilidades y de valores. La autora expone que son las nociones culturales las que nos dicen intuitivamente qué es potencialmente peligroso y dañino y qué no representa riesgo. La cultura –y esto incluye a las relaciones e identidades de género–, nos provee modelos explicativos que nos indican por qué las cosas se suceden de una determinada manera y nos da guías morales acerca de por qué ciertas cosas o acciones son buenas o malas.

Por otra parte, este carácter relacional del riesgo abre posibilidades a preguntas teóricas y prácticas sobre por qué y cómo algo se considera un riesgo. Una comprensión relacional de este, en tanto enmarcado dentro de sistemas sociales humanos establecidos convencionalmente y de naturaleza simbólica, supone la existencia de diversos modos específicos de cognición relacionados al riesgo, culturalmente situados e inscriptos en prácticas sociales concretas (Rappaport, 1996).

Categorías nativas como “peligro”, “daño”, “necesidad”, “víctima”, entre otras, están sujetas a reformulaciones y reevaluaciones habituales. Además, la comprensión del riesgo puede conducir a la acción, creando a su vez, nuevas situaciones en las que una nueva comprensión de este puede desarrollarse, generándose redes semánticas de significados incrustadas y, por lo tanto, cambiante. Estos cambios se basan en la propia definición de riesgo como construcción epistémica que sirve para categorizar objetos externos y ponerlos en relación con otros objetos, según lo que sabemos y creemos sobre las causales potencialmente dañinas. Estos entramados de sentidos atribuidos a las relaciones, objetos y sujetos, a su vez, se enmarcan en contextos macroeconómicos, sociales y culturales así como marcos socio simbólico que los moldean.

A la desigualdad y vulnerabilidad social característica de los asentamientos del AR hay que sumarle los costos ambientales productos de la contaminación ambiental que deben enfrentar los hogares por residir en áreas degradadas, situación subvalorada en las estimaciones y caracterizaciones de pobreza (Chambers, 1995). Como señala Merlinsky (2006), la vulnerabilidad social y riesgo ambiental se relacionan a partir de la consideración de la distribución social del riesgo. Así, un riesgo es siempre un peligro de algo (a veces natural, a veces económico, a veces social) para alguien en una determinada red social, que implica un orden moral individual (Douglas, 1992) y otro de Estado y de gubernamentalidad (Foucault, 1991).

En nuestro caso no pensamos que haya una esencia femenina protectora de la naturaleza, como proponen algunos ecofeminismos, ni una esencia masculina destructora de la vida o productora de cultura. Estamos frente a construcciones históricas socio simbólicas de femineidades y masculinidades. Por otro lado, si bien no negamos la presencia de “dobles jornadas”, estudiaremos si no son justamente las visiones émicas dicotómicas las que asocian esencializando a la mujer a cuidados (Kunin, 2018b), las que permiten, por ejemplo, percepciones sociales diferenciales de los riesgos. Asimismo, consideramos que para entender la generización de la percepción social de los riesgos hay que dar cuenta del mundo simbólico presente en la construcción social de las masculinidades y feminidades, así como en las acciones de cuidados y protección de las familias, los hijos y la comunidad. Este trabajo simbólico es parte de un proceso social que es necesario explicitar y así desnaturalizar la participación de las mujeres en tanto madres, por ejemplo, así como el lugar de los varones solo como trabajadores o proveedores del hogar.

Los estudios sociales del cuidado se han tendido a centrar en los aspectos femeninos del mismo, quedando esta actividad, sus prácticas y representaciones ligadas a lo femenino.8 Como concepto y como categoría nativa, presenta como sujeto preferencial a las mujeres y a las actividades que estas realizan, empalmándose el fenómeno social de la feminización del cuidado con una feminización de la categoría de análisis. En este punto, tampoco los estudios sobre participación en actividades comunitarias ha quedado exento de este sesgo, siendo mayoritario el estudio sobre el rol de las mujeres en las organizaciones comunitarias (Fournier, 2016; Zibecchi, 2014). En este sentido e inscripto en el marco de investigaciones que han venido mostrando, la lenta pero paulatina participación de los varones en las actividades de cuidado, asociadas a nuevas masculinidades cada vez más aceptadas social, legal e institucionalmente (Olavarría, 2003; Bonino, 2003), este artículo aporta para poder visibilizar el rol y las experiencias que los varones tienen respecto a las tareas comunitarias y de cuidado.

Entendemos que existen complejas y múltiples maneras de entender la femineidad y la masculinidad –que no pueden definirse fuera del contexto en el cual se inscriben– y la manera como estas moldean las percepciones de los riesgos, en nuestro texto, estarán en relación con las trayectorias migratorias y laborales, las experiencias rurales así como en la socialización sexo-genérica de cada unx.

A continuación, nos adentramos en la manera como aparecen las nociones de riesgo y las percepciones socialmente situadas considerando las trayectorias migratorias y el origen rural de los entrevistados.

Percepción translocal del riesgo en la trayectoria rural-urbana

Retomando las reflexiones de Douglas, en los relatos de nuestros/as interlocutores/as se observan distintos modos de comprender lo ambiental, en fuerte vinculación con los entramados sociales, económicos y culturales en los que se encuentran. Así, la percepción del riesgo (Douglas, 1992), en este caso el ambiental, es referenciada de formas distintas al hablar del mismo en un contexto urbano y en uno rural. En el primer caso, el mismo se sitúa en la salud de los cuerpos cuidados –principalmente en los/as niños/as ya que constituye el modo de articulación más frecuente con las burocracias del Estado–, mientras que, en el segundo, suele situarse en la producción primaria y la alimentación.

Celeste, una mujer de 39 años quien migró a sus 27 años de forma definitiva al país, aunque a sus 15 años de edad su familia se mudó de una zona rural a una periurbana de Paraguay, al recordar su vida en el campo mencionaba que uno de los efectos del cambio climático eran la alternancia de épocas de sequía prolongada seguidas por períodos de lluvias intensas e incesantes. Estos fenómenos eran problemáticos porque complicaban la cosecha, lo que provocaba que su población se quede sin alimentos propios y sin productos para vender, por lo cual también implicaba una pérdida de sustento económico. Al igual que ella, Mirta, otra migrante vecina de Celeste proveniente de un área rural de Paraguay, y quien migró a sus 15 años, se sumó a la conversación y remarcó que tales efectos no generaban lo mismo en las poblaciones ricas que en las más pobres. Ambas argumentaban que las industrias extranjeras (puntualmente hablaban de los agropecuarios brasileños), tienen mucho dinero para costear maquinarias y comprar terrenos, algo que en el caso de las poblaciones más pobres es más complicado, y que a su vez el accionar de estos empresarios culmina con el terreno de las familias campesinas aledañas: “tu vecino, por más que no quiere vender, sale vendiendo. Porque, ¿qué pasa? Le marcan veneno, viste que lo van pulverizando, y te tenés que ir. Porque ya no te sirve a vos tu tierra porque está envenenada” (Mirta, migrante externa, 41 años).

En el caso de Carolina, una mujer de 45 años que migró desde un área rural de la provincia de Misiones y cocina en el jardín comunitario del barrio, las problemáticas medioambientales en su zona de origen también son situadas en las cosechas. Ella proviene de un área productora de yerba mate, y al preguntarle por las problemáticas ambientales señaló: “Me di cuenta en las plantas porque estaban todas como manchadas, también las frutas, como si las hubiera salpicado con lavandina o con ácido o algo, argumentando que ello se debe a la papelera que está ahí, que genera polución” (Carolina, 45 años, cocinera en jardín comunitario).

Estas representaciones que rondan la idea de peligro ambiental distan de las problemáticas ambientales y las repercusiones que identifican en sus vidas actuales de contextos urbanos. Esto puede observarse de forma bien concreta en el diálogo que tuvimos con Carolina, quien marca, tanto en la entrevista como en distintos registros de campo recabados durante un taller de cocina que compartimos con ella, la problemática ambiental en la polución generada por la basura y cómo esto afecta la salud de los/as niños/as del barrio. Contrastando con el caso de su región de origen, donde podía detectar una problemática ambiental en el aspecto de las plantas señala que en el caso de la ciudad lo nota menos porque hay mucho menos cantidad. En cambio, su reflexión en torno a lo ambiental suele surgir a partir de las afecciones que padecen las infancias del barrio. En la esquina del jardín donde cocina se sitúa un basural barrial donde diariamente se quema basura y ella suele encargarse de cerrar las ventanas y puertas cada vez que siente olor a basura quemada, asegurando que es el motivo por el cual las infancias del barrio tienen problemas de pulmón. De todas formas, Carolina aclara que no volvería a vivir en una zona rural, dado que allí encuentra un riesgo vinculado a la falta de acceso de servicios básicos como la luz, el agua corriente y el gas, que no le permiten poder mantener emprendimientos rentables.

En el mismo sentido, Víctor, quien llegó de un pueblo cercano a La Paz (Bolivia) cuando tenía 28 años. Cuando se mudó con su familia a una zona rural y vivió sus últimos años allí no tenía agua y la luz era intermitente. Cuando llegó a la zona de San Blas recuerda muchas dificultades porque no le llegaba la conexión de agua hasta la casa y porque constantemente tenía dificultades para conectar la luz. Víctor reconoce que siempre necesitó de la electricidad porque al dedicarse a la producción textil este insumo se volvía fundamental para continuar con un emprendimiento. Para Víctor, la palabra riesgo aparece cuando habla de la inversión que realizó en 2001 al comprar más de cinco máquinas de coser nuevas y comenzaron a generarse constantes cortes de luz en el barrio:

Era un problema para nosotros porque dependemos mucho de la luz, a decir verdad, es todo, pero bueno, cuando empezaron los cortes se armó un grupo de vecinos y empezamos a reclamar (…) Nosotros con los paisas compramos 10 máquinas pero no las podíamos usar, estaban ahí, pensamos en comprar unos generadores para tener nuestra propia luz pero cuando empezamos a movernos, nos empezaron a dar bola (Víctor, 37 años, costurero).

Víctor contrapone la respuesta positiva de las autoridades ante los reclamos como algo inusual. En ese sentido, destaca que aunque los cortes de luz constituyeron un problema grave al inicio de su negocio, se pudo solucionar por la respuesta de las autoridades, algo impensable en su lugar de origen. En ese sentido, lo vincula con la labor en el mismo rubro que realizaba su padre y que se había fundido:

En mi familia siempre hicimos costura y mi padre se fundió por los problemas con la luz, más que la cuestión económica de Bolivia (…). Allá podías hacer de todo y no te daban nada, pero acá me di cuenta que cuando empezamos a hacer quilombo, como dicen ustedes, te escuchan y no solo eso, sino que te dan lo que pides (Víctor, 37 años, costurero).

En la historia de Víctor como en la de Carolina la percepción de riesgo se enlaza con una historia previa y con las posibilidades futuras de les entrevistades. En las experiencias retratadas se evidencia que el pasado rural se aleja de un “pasado ideal”, y que la realidad urbana en la que se encuentran viviendo, por más problemática que puede tornarse en cuanto a la situación ambiental que atraviesan, les concede mayores posibilidades para poder desarrollar estrategias de bienestar. La urbanidad entonces se vuelve un contexto que estas poblaciones migrantes encuentran más propicio para poder mejorar sus condiciones de vida, a pesar de las problemáticas ambientales con las que se encuentran conviviendo.

El ASPO y la transformación de las prioridades: la falta de comida y la necesidad de limpieza como nuevos riesgos

La mayoría de las organizaciones y espacios comunitarios relevados9 modificaron sus actividades y prioridades a partir del decreto que declaraba el ASPO en la Argentina. A partir de ese momento, las actividades de jardín, cursos de extensión, talleres de formación, entre otras tareas, debieron suspenderse, quedando únicamente y de manera central la provisión de alimentos para la población de la zona en diversos turnos.

La necesidad alimentaria se vio expresada en el crecimiento exponencial en la cantidad de personas que concurrían a las organizaciones y espacios comunitarios para pedir comida. A esta necesidad básica de alimentos se le asoció una dificultad vinculada con la obligatoriedad por mantener la limpieza e higiene de los espacios y objetos de uso así como las distancias sociales recomendadas por las autoridades sanitarias.

La respuesta y organización de los miembros de dichas organizaciones fue variada, dependiendo de las redes y estructura previa con la que contaban así como por los contactos que tenían con instituciones estatales y privadas. La dinámica de organización y los criterios se vieron modificados repentinamente así como también los roles y las tareas asignadas.

La nueva realidad enfrentó a los habitantes de los barrios y a los miembros de las organizaciones a tener que adoptar nuevas técnicas y prácticas de cuidado en los diferentes espacios que transitan. La necesidad de una mayor limpieza y cuidado de los espacios de encuentro y de los elementos a ser utilizados así como el hecho de mantener la distancia física constituyeron cuestiones novedosas que se fueron imponiendo en la realidad de los territorios.

Samuel tiene 43 años, tres hijos y trabaja en gastronomía. Es oriundo de Santiago del Estero. Llegó a San Blas cuando tenía 17 años junto a sus tres hermanos, su padre y su madre. Antes, pasaron por varios barrios hasta que se asentaron en la zona. Desde los 22 años que ingresó en un restaurante como ayudante no dejó de trabajar en el rubro, donde también lo hacen su hermano y dos primos.

Cuenta que hasta que se declaró la cuarentena su realidad era ir “de la casa al trabajo y del trabajo a la casa”. Debió dejar de asistir a dos locales de comida donde trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires y comenzó a percibir un ingreso de emergencia (IFE) y un subsidio por parte del Estado para pagar su salario en uno de ellos. Samuel comenta que empezaron a necesitar comida porque no tenían ingresos suficientes ninguno de los dos:

Al mes que empezó todo vimos negra la cosa y nos comenzamos a preocupar porque no teníamos ninguna entrada y el IFE no alcanzaba (…) primero fue mi hija a probar y fue unos tuppers y después empezaron a ir también mis otros hijos para traer para todos porque no alcanzaba (Samuel, 43 años, gastronómico).

A partir de comenzar a recibir la vianda por parte de sus hijos es que Samuel encontró elementos que no le gustaban que lo llevaron a proponerse colaborar:

Yo veía que traían los tuppers todo sucio y la comida no estaba bien presentada, todo mezclado, entonces yo pensé, pero como van a dar algo así, no somos animales (…) no les daban a todos lo mismo, no le podes dar a un pibe una cosa y al otro otra (…) le dije a mi mujer que hable porque ella tenía una conocida ahí y a la otra semana ya estaba organizando las viandas, primero me pusieron a servir y ver qué todos llevaran la misma cantidad de fideos, de arroz, de pollo, de cargar las ollas, las bolsas de comida, hasta que después al tiempo me dijeron para cocinar y me metí más (Samuel, 43 años, gastronómico).

Por otra parte, revela que la tarea de trabajar como cocinero en el comedor lo hizo vincularse de alguna manera con su trabajo en la gastronomía, algo que había dejado de hacer hacía más de tres meses en ese momento.

Yo venía sin hacer nada desde que empezó esto y ponerme a pensar en la cocina de nuevo fue bueno también para mí, yo estaba mal por momentos porque no sabía si iba a poder trabajar, algo que hice más de veinte años (…) y además, sentís que ayudas ahí en el barrio porque la mayoría de la gente estaba mal, sin poder salir a trabajar y ahí lo notas que con muy poquito te agradecen (Samuel, 43 años, gastronómico).

En su relato, Samuel destaca que comenzar a realizar tareas como cocinero le permitió ayudar a la gente del barrio para que “comieran mejor” y poder continuar con una tarea que conoce y le gusta como es la cocina. Seguir con una actividad que le gusta y poder ayudar a la comunidad es algo que se combinan en el relato de Samuel.

A diferencia de Samuel, Mirta (45 años, 5 hijos, casada) vino de la provincia de Corrientes cuando tenía 18 años. Trabajó como empleada doméstica, primero “sin retiro” y luego “con retiro” por más de diez años. Luego ingresó en una empresa de limpieza de edificios, donde se desempeñó por más de doce años. Tanto al trabajo doméstico como a la empresa ingresó por dos de sus hermanas que a su vez habían ingresado por familiares de Corrientes. Cuando se quedó sin trabajo y su marido también comenzó a participar de cursos de diversos temas en un comedor cerca de su casa. Luego, cuando uno de ellos vinculado a la cocina terminó, ella les dijo que podía ayudar en la cocina y comenzó a hacerlo cotidianamente. Hoyes una de las personas que organiza la cocina, además de limpiar las instalaciones para el dictado de los talleres y el funcionamiento de un jardín maternal vespertino.

Mirta reconoce que sus tareas se modificaron a partir de la declaración del ASPO. Las recomendaciones y los peligros relativos a la pandemia hicieron que tanto en su casa como en la organización extremara las medidas de limpieza.

Circula mucha gente en la organización, entran y salen y yo empecé a darme cuenta que había que pedir más cuidado, que no se estaba teniendo porque iban y venían con el barbijo a veces sí, a veces no, no usaban el alcohol, a veces no había lavandina o detergente para limpiar las verduras que traen para la cocina (Mirta, 45 años, ayudante de cocina en comedor).

Mirta comenzó a charlar con la gente de la organización para ver la necesidad de que cuenten con más provisión de alcohol, detergente y productos de limpieza. Fue Manuel, uno de los miembros más antiguos de la organización, quién logró conseguir que comenzaran a enviarle más productos de limpieza, aunque reconoce que nunca alcanzaba.

Imaginate que teníamos antes de la cuarentena a 50 personas que venían por la merienda y ahora no sé, trescientos o más porque venían para el almuerzo y después la merienda, más lo que le dábamos para el fin de semana, había que limpiar todos los espacios, el baño que a veces usaban cuando venían, los tuppers de plástico antes de darles la comida, las ollas, la comida antes de cocinar, muchas cosas que antes no hacías (Mirta, 45 años, ayudante de cocina en comedor).

Mirta reconoce que cuando llega a la organización a eso de las 8.30 de la mañana tiene que hacer “todo un ritual” que consiste en pedir a los que están adentro que salgan para que ella y otra mujer se dediquen a hacer una limpieza profunda de los pisos y toda la mercadería que ya haya llegado a la organización para el almuerzo del día.

Luego, cuando vuelve a ubicarse en la zona de la cocina, pega carteles donde se exige el uso de barbijos y el lavado de manos, deja a la vista los sprays y alcoholes que tengan y mantiene las puertas y ventanas abiertas todo el tiempo. Cuando se comienza a hacer la cola afuera para pedir la comida es constante su reclamo para que mantengan la distancia, que no cierren las ventanas para que se mantenga la circulación y no armen grupos ni estén mucho tiempo adentro. Comenta que los peores días son los de lluvia porque tiene a toda la gente adentro, esperando, algo que torna inviable la posibilidad del distanciamiento y mantener las ventanas abiertas. Destaca que en dos oportunidades y producto del estrés que le genera que algunas personas no respeten los protocolos, ha terminado muy estresada y hasta peleada con los referentes del merendero. En sus palabras:

Yo les dije que así no podía seguir, porque no estamos jugando todos si no nos cuidamos y da lo mismo cualquier cosa (…) me dijeron que me tranquilizara, que ellos iban a hacer lo posible para que se respete, pero a veces no se puede, por recursos o por el espacio que no alcanza. Ahora no es que no me estreso porque sigue pasando, pero trato de ir detrás y limpiar, estar atenta, yo me manejo así porque mucho tiempo hice eso y porque es la vida (Mirta, 45 años, ayudante de cocina en comedor).

Mirta revela que cuando sale de la organización y va a su casa debe extremar las medidas de higiene para ingresar y no “llevar el bicho a mis hijos”. El hecho de moverse en un ambiente que considera “inseguro” y que sean su marido y sus hijos quienes se puedan contagiar la ha hecho repensar varias veces en dejar de ir al comedor. Sin embargo, en su discurso aparecen elementos que se superponen:

Seguir en la organización para mi fue un desafío pero también una necesidad, de mi familia, porque podía traer comida para ellos, merienda, pero también porque veía que familia, vecinos que la estaban pasando mal, algunos no tenían ni la IFE, ni asignación, y sin poder salir a trabajar (Mirta, 45 años, ayudante de cocina en comedor).

Tanto en el caso de Mirta como en el de Samuel, encontramos que en las distintas etapas de sus trayectorias migratorias, los aprendizajes vinculados con sus espacios de trabajo como las redes de inserción en el mercado de trabajo constituyen aspectos vinculados a los procesos migratorios. Asimismo, a partir de los casos retratados encontramos como en el caso los varones como Samuel, su participación y solidaridad con la nueva realidad pospandemia se articula con la movilización de sus saberes y un oficio previo. Por su parte, en el caso de Mirta, su rol y participación en las tareas de limpieza tiene que ver con un supuesto rol “natural”, al mismo tiempo que no aparece su acción en el plano de lo barrial como algo descontextualizado en relación a lo que ya venía realizando. En síntesis, podríamos decir que en los varones encontramos una continuidad de sus tareas en el espacio público en el marco de la pandemia mientras que entre las mujeres hay un conexión entre ciertas disposiciones “naturales” y habituales que conectan las tareas que realizan en el espacio público con las que desarrollan en el privado de sus hogares (Zibecchi, 2014).

La comida no discrimina. Mujeres y varones migrantes unidos por la escasez

Si hasta el momento indagamos en las diferencias que muestran varones y mujeres migrantes en relación con las nociones de riesgo e identidades de género que operan en los contextos de cuidado y las dinámicas que enmarcan a la emergencia de la pandemia, a continuación indagamos en un elemento en común que los unifica.

Como adelantamos, la provisión de comida se tornó desde el comienzo de las ASPO en una actividad central dentro de las organizaciones comunitarias del territorio. La necesidad de conseguir insumos y espacio ante el aumento constante y desbordado de la demanda llevó a una redefinición de los roles y tareas de varones y mujeres dentro de las organizaciones. Encontramos sugestivo que en los relatos de varones y mujeres se pusieran énfasis diferentes a la hora de referirse a la comida.

En su mayoría, las mujeres entrevistadas tanto por su condición de género y/o por su condición migratoria, movilizan en su discurso una condición innata hacia un altruismo respecto a la falta para la comida. Sin embargo, y mientras que las mujeres migrantes hacían referencia a esta supuesta condición natural que las llevaba a ayudar sin distinción, encontramos que son los contextos de privaciones que se desprenden de sus trayectorias migratorias de arribo aquello que opera independientemente de la condición de género para actuar de una determinada manera, como veremos más adelante.

Silvana tiene 48 años, llegó cuando tenía 17 años, junto a su hermana a trabajar en el trabajo doméstico “sin retiro”. Al año de haber llegado, la despidieron y tuvo que irse a vivir a la casa de la tía pero no conseguía trabajo:

Yo siempre tuve la cosa de la necesidad cerca, porque nunca me sobró nada (…) cuando perdí el trabajo y vivía en lo de mi tía yo me iba a tomar mate cocido a una iglesia en Varela porque mi tía se separó de mi tío y no teníamos ingresos en la casa (…) después cuando me fui de ahí pasé mucho de prestado, a veces sin poder conseguir para comer, viviendo de prestado, pidiendo comida en los restaurantes, en los bares, en todos lados (Silvana, 48 años, trabajadora doméstica).

Actualmente Silvana realiza tareas de ayudante en una organización comunitaria que da de comer a más de 120 familias en San Blas y reconoce las enormes dificultades que tienen para conseguir la cantidad de comida necesaria para armar las viandas para los vecinos, lo que los lleva muchas veces a tener que racionar la comida, algo que no le gusta hacer porque nota que las personas quieren más:

hay veces que tengo que dividir entre muchos y me miran como diciendo “esto nomas” y es feo, pero tengo que tratar de dividir para que alcance un poco para todos.

E: claro, es difícil vos vas dando lo que tenés.

F: si, les digo es lo que hay…con la leche les digo que es difícil de administrar al primero le doy un poquito más pero después ya al último lo que hay, porque vienen y ya no queda, a veces se quedan esperando a ver si queda un poco más. Tenés que ver las caritas, uno que la pasó se le parte el alma (Silvana, 48 años, trabajadora doméstica).

En ese sentido, aparecen también las referencias a la condición de género como definitoria para la posesión de una mayor empatía:

Nosotras lo hablamos con las chicas de la organización y lo vemos como madres, no podes dejar llorando a un chico por hambre, porque si te pasó o no te pasó, no importa eso, pero como madre vos no podes soportarlo (…) ahí está la cosa que tiene una y haces de todo para que eso no pase. (Silvana, 48 años, trabajadora doméstica).

Luego de mudarse de Varela a San Blas, Silvana comenzó a participar en el comedor de una organización religiosa al que había concurrido cuando llegó al barrio y luego de la declaración de las ASPO. En la actualidad comenta que está realizando tareas de voluntariado también para CARITAS y cobra un plan social de parte del gobierno municipal.

Al contrario de la explicación que busca naturalizar una posición altruista como femenina, Alfonso (39 años, casado, dos hijas), quién llegó de Corrientes cuando tenía 13 años para trabajar de carrero en las ferias de La Salada, reconoce la falta de comida y de una vivienda propia como lo que lo impulsaba a seguir trabajando.

Yo estaba solo cuando llegué de Corrientes, me fui a vivir a lo de un tío, pero chupaba, mis hermanos trabajaban, entonces salí a callejear, a pedir, a mí me faltó, no me lo cuenta nadie, lo viví yo (…) eso no se te borra más, de sentir hambre, de buscar algo para comer, por eso ahora hago lo que hago aunque no me sobre (Alfonso, 39 años, portero de una institución educativa).

Alfonso trabaja en una Escuela que depende de la universidad como portero. Destaca que todos los días lleva la comida que sobra de los almuerzos que dan en la escuela para los vecinos de su barrio. También realiza tareas de arreglo de bicicleta y lo cobra con alimentos que luego distribuye entre sus vecinos.

A partir de estas prácticas y viendo la “necesidad” del barrio reconoce que surgió su idea de instalar un merendero en su casa.

Yo me encargo de llevar y traer la mercadería, de que si uno me dice che tengo dos kilos de papa, un verdulero amigo, no lo dudo, chun, me subo al auto y voy a buscarlo (…) después llego y otro me dice Alfonso, me sobró una máquina para desarmar, voy, la traigo, la rearmo y la cambio por comida. Todo va para la olla, se lo llevo a mi mujer y con las mujeres cocinan (Alfonso, 39 años, portero de una institución educativa).

Alfonso destaca que en el comedor puede reconocer a personas en una situación similar a la que él tenía cuando migró:

Vos los ves a los chicos que a veces no llegan con nada, ni familia que los pueda contener, ni trabajo o posibilidades de estudiar porque tienen que salir a ganarse el pan (…) eso que me faltó a mí es lo que yo quiero que no le pase a otro chico (Alfonso, 39 años, portero de una institución educativa).

Alfonso remata la situación mencionando el hecho de que muchos migrantes jóvenes, debido a la pandemia, perdieron sus trabajos y debieron volver a la casa de sus padres, algo que tuvo consecuencias negativas para toda la familia:

Tengo muchos chicos que vienen al merendero y que después de la pandemia tuvieron que dejar la casa, irse con los chicos, la familia a volver a lo de sus padres, si tienen, tíos, se tuvieron que juntar otra vez, y eso trajo muchos problemas porque esas familias tampoco tienen para ellos y le tienen que dar de comer a más, y no le van a decir que no, pero ellos no tienen trabajo, están todos hacinados y con poco resto (Alfonso, 39 años, portero de una institución educativa).

En las historias de Silvana y Alfonso reconocemos que aunque existen diferencias genéricas en relación a los motivos y explicaciones que los movilizan para participar en la distribución de comida en los barrios, es la experiencia como migrantes el elemento que los atraviesa de forma transversal y que los lleva a actuar de esta manera. La dificultad para conseguir alimentos suficientes y la ausencia de redes que los contengan y brinden cierta seguridad es algo que empeoró para los migrantes durante la pandemia al dejar al descubierto la vulnerabilidad de sus redes de contención y recursos para hacer frente a una realidad sin empleo y muchas veces sin vivienda.

Consideraciones finales

En este texto, describimos y analizamos la relación entre las nociones de riesgos y las perspectivas ambientales socialmente situadas considerando las trayectorias migratorias y las acciones tendientes a generar bienestar de quienes habitan esos territorios.

A lo largo del artículo hemos indagado en las diferentes formas de percepción del riesgo contemplando las trayectorias, experiencias y acciones tendientes a generar bienestar y brindar cuidado entre quienes habitan territorios de gran contaminación ambiental en el marco de un contexto de pandemia. Hemos evidenciado a través del registro etnográfico las diversas maneras en las cuales las nociones de riesgo pero también la de necesidad se articulan con dinámicas migratorias, condición de género diferenciales, estrategias de supervivencia y maneras de construir formas de vida. En este sentido, podemos inscribir tales prácticas y actividades por parte de las mujeres y varones migrantes como políticas que se gestan “desde abajo” para dar respuesta a los problemas de necesidad y escasez que plantea el contexto. Asimismo, descubrimos que las percepciones en torno al ambiente y los riesgos que este suscita no operan en el vacío, sino que se enmarcan en formas culturales y situadas de percepción del entorno y sus posibilidades (presentes en relación al pasado y al futuro). Evidenciamos que las diversas perspectivas y percepciones del riesgo de los actores pueden variar según trayectorias, coyunturas, experiencias y/o identidades genéricas.

Hasta el momento de la declaración de la pandemia, las definiciones y sentidos en torno al riesgo y la contaminación ambiental en un territorio como el del AR operaban de acuerdo a criterios heterogéneos y complejos aunque reconocimos en la trayectoria rural-urbana de varios de lxs entrevistadxs un elemento clave para su comprensión. Asimismo, y a partir del trabajo de campo en el territorio encontramos que la declaración del ASPO redefinió las prioridades, roles y tareas de varones y mujeres que participaban de organizaciones comunitarias del AR. Enmarcados en un contexto de incertidumbre sanitaria, precariedad laboral y nuevas necesidad de la población encontramos transformaciones y continuidades en las lecturas y prácticas sexo-genéricas en el territorio.

En un segundo momento, analizamos el impacto que las medidas del ASPO tuvieron en la región del AR indagando en las nuevas necesidades asociadas a la alimentación y la limpieza. Vimos las tareas y roles genéricos diferenciales en relación con las expectativas y las motivaciones que los llevaban a actuar de esa manera. Exploramos en el uso de la fuerza y en las negociaciones en la esfera pública como una manera de interesarse y de cuidar como maneras de construir prestigio, legitimidad y valor para los varones de estos territorios.

Finalmente, encontramos que las condiciones de vulnerabilidad en las condiciones de arribo de los migrantes –independientemente de su condición de género– constituyen una experiencia que trasciende los géneros y se ubican como principal motivación para actuar en un contexto de escasez alimentaria como el declarado a partir del ASPO en el territorio.

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1 El denominado Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) comenzó en Argentina el 26 de marzo de 2020 y está compuesto por 5 fases que dependen de la velocidad de contagios en cada región.

2 Esta línea de trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación-Acción Participativa “Estrategias socioambientales para fortalecer la resiliencia de las mujeres trabajadoras migrantes en la cuenca del Río Reconquista, Buenos Aires, Argentina” IDRC-UNSAM. El trabajo de campo se llevó adelante la parte del partido de San Martín que corresponde al Área del Río Reconquista (AR).

3 Incluimos en esta definición ampliada de bienestar a aquellas políticas públicas y actividades vinculadas con la comunidad.

4 La cuenca del Río Reconquista (CRR) incluye un total de 134 cursos de agua con un total de 82 kilómetros. Casi todas las vías navegables se han modificado a través de la actividad humana, incluidas las canalizaciones abiertas y cerradas, las rectificaciones y la pavimentación (IMAE-PNUMA 2005).

5 Se trata de uno de los rellenos cloacales más importantes de la zona del AR.

6 Según el último censo de población del año 2010, en toda la CRR habitan 4.239.091 personas. En el partido de San Martín, que forma parte de esta cuenca, habitan 405.122 personas, de las cuales 37.850 son migrantes. Estas cifras no contabilizan al AR donde no llegó el Censo ni las Estadísticas oficiales como la Encuesta permanente de Hogares. Las organizaciones de esta región estiman que viven unas 110.000 personas con una predominancia de hogares migrantes o descendientes de familias migrantes tanto internas como internacionales.

7 Mayoritariamente quienes viven en el área se dedican a empleos denominados “informales”, al no encontrarse alcanzados por los beneficios de la regulación formal. En su mayoría, los trabajos en el servicio doméstico, venta ambulante, construcción, gastronomía, comercio en ferias, son algunos de los principales trabajos entre la población.

8 Ello se debió en parte a una atinada crítica feminista que se centró en evidenciar la desigual distribución de responsabilidades vinculadas al cuidado y el hogar, que invisibilizan el trabajo no remunerado que se realiza en su interior, naturalizando a partir de los procesos históricos, de la distribución de los roles y de las expectativas que existen acerca de los hombres y las mujeres (Wainerman, 2005;
Champalbert, 2012).

9 La mayor parte de las organizaciones con las que realicé mi trabajo de campo corresponden a la sociedad civil y se dedican a tareas comunitarias vinculadas con la realización de talleres de oficio y culturales, el otorgamiento de comida y meriendas y la realización de actividades deportivas. Los datos surgen de relevamientos realizados tanto por parte del Consejo de Decanos y del IDAES/UNSAM en particular como por parte de relevamientos primarios realizados por informantes y becarios del proyecto IDRC, Canadá en el territorio de San Martín.

Migración, ambiente y cambio climático

Migraciones ambientales: marcos normativos y políticas públicas
en América Latina y el Caribe

María del Carmen Villarreal Villamar

Introducción

En la era del Antropoceno, la degradación del medio ambiente y el cambio climático son algunos de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. En diversos grados, todos los países están sufriendo las consecuencias de estos fenómenos que constituyen una amenaza para la existencia, con importantes impactos en la economía, la salud, la seguridad, la producción de alimentos, la migración, la temperatura de los océanos y el nivel del mar, entre otros (Porto-Gonçalves, 2012; Arias, 2018; IPPC, 2019).

A pesar de representar solo el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, América Latina es la región más vulnerable a los desastres naturales y uno de los lugares más expuestos al cambio climático debido a la mayor incidencia e intensidad de los eventos climáticos extremos, que provocan pérdidas humanas e impactos económicos significativos (BID, 2013; Bárcena et al., 2019, 2020).

A su vez, como resultado del modelo de desarrollo extractivista (Echart y Villarreal, 2018, 2019), es también una de las regiones con mayor degradación ambiental y desplazamientos forzados. De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), parte del Consejo Noruego para Refugiados,1 solo en 2019 las Américas registraron el desplazamiento de 1.545.000 millones de personas por desastres. Además, diversos organismos internacionales consideran que, debido al cambio climático y a desastres naturales, 17 millones de latinoamericanos serán desplazados de forma forzada hasta 2050 (Rigaud et al., 2018).

En 2015, en el Acuerdo de París sobre cambio climático, los países acordaron limitar el calentamiento global a 1,5°C. Un informe reciente del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático2 (IPCC, 2019) analiza las implicaciones de esta medida y afirma que el calentamiento global, lejos de ser una amenaza remota, está aumentando rápidamente. El documento muestra que, si las emisiones continúan al ritmo actual, el calentamiento antropogénico superará los 1,5° C entre 2030 y 2052, con consecuencias devastadoras para el planeta.

Además del Acuerdo de París, a nivel internacional y regional existen avances significativos para mitigar los efectos climáticos y transformar el modelo de desarrollo actual. Los países latinoamericanos han adherido a varios acuerdos multilaterales desde 1992. Entre estos destacan la creación de la Agenda 2030 y la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Nueva Agenda Urbana (NAU), el Acuerdo Regional de Acceso a Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Materia Ambiental, también conocido como el “Acuerdo de Escazú”, y el más reciente Acuerdo Chile-Madrid, Time to Act, aprobado en la Conferencia de las Partes (COP 25) en 2019.

Sin embargo, es necesario avanzar en la implementación de estos acuerdos y América Latina y el Caribe necesitan de manera urgente políticas públicas nacionales y locales, así como estrategias de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en todas sus dimensiones, incluyendo los impactos de este fenómeno sobre la movilidad humana.

En este contexto, a partir de un enfoque cualitativo que, además de la revisión de literatura especializada, utiliza como técnicas de investigación el análisis de legislación y otros documentos oficiales, así como datos secundarios (Gil, 2008), nuestro trabajo busca explorar y analizar los marcos normativos y las políticas públicas creadas en la región respecto a las migraciones ambientales.

Con este objetivo, la primera parte de este capítulo presentará un breve debate acerca de los orígenes y definiciones del concepto de migraciones ambientales. La segunda sección ofrecerá un panorama sobre los efectos de la degradación del medio ambiente y el cambio climático en América Latina y el Caribe, con especial énfasis en el caso de las migraciones ambientales. El tercer epígrafe analizará algunos de los avances de los países latinoamericanos y caribeños respecto a la legislación y construcción de políticas públicas sobre migraciones ambientales. Por fin, el capítulo cierra con algunas consideraciones finales sobre los desafíos que enfrentan América Latina y el Caribe en relación al fenómeno de la movilidad humana motivada por razones ambientales.

Migraciones ambientales de la teoría a la práctica

A lo largo de la historia, la migración y el clima siempre han estado conectados. Aunque en el contexto del Antropoceno esta tipología de desplazamientos esté creciendo de forma exponencial, es importante destacar que no estamos hablando de un fenómeno nuevo.

En efecto, el término migración es polisémico e históricamente ha sido utilizado para describir una gran variedad de fenómenos como el nomadismo, las invasiones, las conquistas, los desplazamientos forzados provocados por guerras, desastres naturales, motivos comerciales o por procesos de colonización (Carassou, 2006).

A nivel teórico, los desplazamientos provocados por razones ambientales aparecen en los primeros estudios sobre migraciones internacionales. En su trabajo sobre las “Leyes de las Migraciones”, publicado en 1889, Ernest Ravenstein afirmaba, por ejemplo, que la principal causa de las migraciones son las disparidades económicas y que las motivaciones económicas predominan entre las causas de la movilidad humana.

Sin embargo, Ravenstein (1889, p. 186) sostenía también que “Leyes malas u opresivas, una fuerte presión fiscal, un clima desfavorable, entornos sociales poco propicios, e incluso la coerción” son capaces de producir corrientes migratorias. Pese a esta evidencia, las migraciones ambientales se convierten en un fenómeno de creciente interés solo a finales del siglo XX, gracias a la acción de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y a la presión de actores como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (Laczko y Aghazarm, 2009, p. 13).

Hoy, la movilidad asociada a factores ambientales está presente en diversos instrumentos internacionales como el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres (2015-2030), la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes (2016), así como en los Pactos Globales sobre migraciones y refugio aprobados en 2018.

Las migraciones ambientales también son abordadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el Compromiso de Ginebra sobre Derechos Humanos en la Acción Climática (2015) y, de forma más explícita, en el marco de la Agenda para la protección de las personas desplazadas a través de fronteras en el contexto de desastres y cambio climático, elaborada por la Iniciativa Nansen en 2015.

La inclusión del medio ambiente y el cambio climático en acuerdos globales y las preocupaciones crecientes respecto a sus consecuencias son resultado de un largo proceso de reflexión y toma de conciencia ambiental que tiene como hitos la publicación del informe “Los límites del crecimiento” por parte del Club de Roma, y la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, mejor conocida como Conferencia de Estocolmo.

Ambos eventos, registrados en 1972, marcaron un punto de inflexión sobre los debates ambientales, poniendo sobre la mesa la necesidad de repensar nuestra forma de vida y los efectos nocivos que esta produce, así como el futuro de las próximas generaciones y la preservación del medio ambiente mediante la asunción de responsabilidades y el diseño de políticas en varias escalas (Surasky, 2020, p. 231).

A la hora de definir a las migraciones ambientales, una de las dificultades se debe a que la degradación ambiental y el cambio climático afectan a los diversos tipos de desplazamiento (internacional o nacional; permanente, circular o temporal, y voluntario o forzado) de manera diferenciada (Mobjörk et al., 2016).

Debido a la complejidad del fenómeno, no existe pleno consenso sobre su denominación, así como no hay ningún instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional que ofrezca una definición. Para Kaenzing e Piguet (2011, p. 52) esto es consecuencia de la inicial división entre, por un lado, las tesis de activistas, investigadores de ciencias ambientales y organizaciones internacionales y, por otro, diversos estudiosos del campo de las migraciones como William Wood (2001), Richard Black (2001) y Stephen Castles (2002) por citar solo tres ejemplos.

Mientras que los primeros afirmaban que existía una correlación directa entre degradación ambiental y migraciones, los segundos exigían cautela y se mostraban reacios al ver en la degradación del medio ambiente un factor determinante de la migración. Estos últimos reconocían la importancia de los factores medioambientales, pero creían que este era un elemento entre los varios motivos que pueden provocar las migraciones, por lo que es muy difícil calcular efectivamente cuáles desplazamientos son motivados por razones medioambientales y en qué medida.

Hoy ambas posturas se han reconciliado y nadie niega que la degradación ambiental y el cambio climático son importantes causas de la migración, pero aún estamos lejos de tener una visión unívoca sobre el tema. Un reflejo de este fenómeno es la profusión de términos que existe para denominar esta tipología de migración y sus protagonistas. Así, por ejemplo, se habla de migraciones ambientales, pero también de refugiados ambientales, migraciones climáticas, personas desplazadas por el medio ambiente o por razones ambientales, ecomigraciones,3 movilidad humana en el contexto del cambio climático y desastres, etc.

El término refugiados ambientales es una de las primeras denominaciones utilizadas para hablar de esta tipología de desplazamiento. El concepto fue acuñado en la década de 1970 por Lester Brown del World Watch Institute.4 Desde entonces, una de las definiciones más conocidas sobre refugiados ambientales los describe como:

aquellas personas que se han visto obligadas a dejar su tradicional hábitat, temporal o permanentemente, debido a una marcada alteración ambiental (natural y/o provocada por personas) que puso en peligro su existencia y/o afectó gravemente la calidad de su vida [sic]. Por “alteración ambiental”en esta definición se entiende cualquier cambio físico, químico y/o biológico en el ecosistema (o base de recursos) que lo genera, temporal o permanentemente, inadecuado para sustentar la vida humana (El-Hinnawi, 1985, p. 4, traducción propia).5

A pesar de la importancia y pionerismo de este término en el tratamiento del tema, el mismo posee severas limitaciones pues, entre otras razones, no se corresponde con la definición jurídica de refugiado establecida en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Otras denominaciones que enfrentan dificultades semejantes son las de refugiados climáticos y refugiados del clima (Atapattu, 2018).

Para superar las dificultades de definiciones basadas en categorías legales y combinar factores de carácter económico y ecológico, autores como Wood (2001), propusieron el uso del término ecomigration y ecomigrants. De acuerdo con el autor, esta alternativa es especialmente válida por dos razones. En primer lugar, porque utilizar el término refugiado es una impropiedad jurídica puesto que el Derecho Internacional contemporáneo no contempla entre sus hipótesis el reconocimiento del estatus de refugiado en los desplazamientos provocados por fenómenos ambientales. En segundo lugar, el uso del prefijo “eco” permite dar cuenta no solo de las razones ecológicas de la migración, sino también de su naturaleza económica (Wood, 2001, p. 47).

A su vez, desde las agencias internacionales del sistema de las Naciones Unidas se han formulado varias contribuciones para analizar este fenómeno. Es así como en 2007, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) acuñó el término migraciones ambientales, y en publicaciones oficiales afirma que:

Los migrantes por motivos ambientales son personas o grupos de personas que debido a, principalmente, cambios repentinos y graduales en el medio ambiente, que inciden negativamente en sus vidas o en sus condiciones de vida, se ven obligados, o deciden, abandonar sus viviendas habituales, ya sea de manera temporal o permanente, y se desplazan a otras partes de su propio país o fuera del mismo (OIM, 2011, p. 33, traducción propia).6

Para hablar de migraciones forzadas, en alternativa a los conceptos de refugiados ambientales o climáticos, la misma OIM (2014, p. 13) utiliza también la categoría de desplazados por motivos ambientales que son definidos como: “Personas que se desplazan dentro del país en que residen o que han cruzado una frontera internacional y para quienes la degradación, deterioro o destrucción del medio ambiente es la causa principal pero no la única de su desplazamiento”.

De forma complementaria, en 2009, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) introdujo la expresión “movilidad humana en el contexto de cambio climático y desastres” que ha sido acogida por la Iniciativa Nansen con el propósito de incluir los desplazamientos forzados y voluntarios que se registran al interior de un país o que implican el cruce de fronteras.

Debido a la multidimensionalidad de las migraciones, a las dificultades para comprender en qué grado la degradación del medio ambiente o el cambio climático son responsables por los desplazamientos, y el tipo de protección que sería necesario garantizar, la definición de esta tipología aún es objeto de disputas. Sin embargo, ha habido importantes avances en el reconocimiento de este fenómeno a través de la creación de nuevos marcos internacionales y de su inclusión a nivel nacional y local.

Un ejemplo de este proceso es el Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento (Task Force on Displacement, TFD), establecido en la Conferencia de las Partes (COP) en su 21ª sesión en París, con el fin de desarrollar recomendaciones para prevenir, minimizar y abordar el desplazamiento relacionado con los impactos adversos del cambio climático (Decisión 1/CP21).

El TFD forma parte del Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts (WIN) y hoy dispone de un Plan de Acción (2019-2021) que, entre otros propósitos, reúne datos, evidencia científica y normativa legal sobre movilidad humana motivada por el cambio climático, al paso que se propone fortalecer las herramientas institucionales sobre este tema a nivel nacional y local.

Medio ambiente, cambio climático y migraciones ambientales en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe es hoy una de las regiones más afectadas por el deterioro ambiental y el cambio climático (IPCC, 2019; Bárcena et al., 2019; UNOCHA, 2020) mientras que, según Global Witness (2019), constituye la región más peligrosa del mundo para ser un defensor de la tierra o un activista del medio ambiente.

El modelo de desarrollo extractivista que la caracteriza también es responsable por fenómenos como la primarización de la economía, la destrucción ecológica, numerosos conflictos socioambientales, la concentración de la tierra y la riqueza, al igual que las extremas desigualdades socioeconómicas de sus territorios (GRISUL, 2018; Echart y Villarreal, 2018, 2019; Bárcena et al., 2019).

Paradójicamente, la región es también una de las principales formuladoras de iniciativas de desarrollo sostenible o de transición post y anti extractivistas, que incluyen el diseño de paradigmas propios como el Buen Vivir (Acosta, 2016; Gudynas, 2017; Svampa, 2019; Ojeda y Villarreal, 2020).

En el período 2000-2019, según la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA, 2020), 152 millones de latinoamericanos y caribeños fueron afectados por 1.205 desastres naturales como inundaciones, huracanes, sequías, terremotos, incendios, temperaturas extremas y erupciones volcánicas.

Los efectos de estos fenómenos tienen un carácter multidimensional, mecanismos de retroalimentación y simultáneamente afectan a diferentes ámbitos, mientras que en la región se ven reforzados por un contexto socioeconómico altamente desigual, limitaciones de recursos, problemas institucionales y altas tasas de población que vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad (Bárcena et al., 2019).

A modo de ejemplo, el aumento de la temperatura de los océanos con el consiguiente aumento del nivel del mar, son fenómenos estrechamente relacionados con los huracanes que afectan a la región, con especial énfasis en los países del Caribe (UNOCHA, 2020).

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 1970 y 2013, las inundaciones fueron el desastre natural más constante en América Latina y el Caribe, pero debido al calentamiento global, las lluvias son cada vez más frecuentes e intensas. Esto genera graves pérdidas humanas y agrícolas, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las regiones afectadas. La región también sufre graves pérdidas económicas y tiene el daño promedio más alto del mundo (0,18% del PIB por evento) (BID, 2013).

Al mismo tiempo, países como Chile o regiones como Centroamérica están experimentando severas sequías que refuerzan la exclusión de los habitantes rurales y contribuyen a impulsar la migración, especialmente en los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) (UNOCHA, 2020).

De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, 2020), en 2019, 1.545.000 millones de personas fueron desplazadas por desastres en las Américas, incluyendo inundaciones, incendios forestales, huracanes, tormentas y deslizamientos de tierra. Esta cifra supera en buena medida las 602.000 personas que fueron obligadas a abandonar sus países de origen como consecuencia de los conflictos y de la violencia armada.

Además, las estimaciones de varios organismos oficiales consideran que, debido al cambio climático, los desastres naturales y fenómenos como el aumento del nivel del mar, 17 millones de latinoamericanos serán desplazados forzosamente para el 2050 (Rigaud et al., 2018).

Un reciente estudio publicado por Hoffmann, Dimitrova, Muttarak et al. (2020) confirmó esta tendencia, afirmando que países como Brasil, Argentina, Uruguay o México estarán entre los territorios más afectados por las migraciones ambientales. El estudio en cuestión realizó un metaanálisis estadístico de 30 investigaciones en torno a los vínculos entre cambio climático y migraciones.

Como resultado, fue posible cuantificar por primera vez la relación entre estos fenómenos, destacando que, por un lado, los países de renta media con un gran sector agrícola y alta dependencia de la agricultura serán los más afectados y que, por otro, las poblaciones afectadas por el cambio climático buscan emigrar hacia destinos cercanos con el objetivo de regresar a su lugar de origen, si la situación lo permite.

En otros términos, aunque la mayor parte de la migración motivada por razones ambientales es interna o hacia países de ingresos bajos o medios, el alto riesgo de regiones como América Latina y el Caribe se debe principalmente a una mayor exposición a múltiples peligros ambientales, así como a un nivel de ingresos suficientemente alto para financiar el desplazamiento. No obstante, la magnitud del impacto de este fenómeno dependerá de las condiciones económicas y sociopolíticas particulares de cada país (Hoffmann, Dimitrova, Muttarak et al., 2020).

Respuestas latinoamericanas y caribeñas ante las migraciones ambientales

América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y, de acuerdo con la CEPAL (2020), el 37,7% de los latinoamericanos vive actualmente en situación de pobreza. Los desafíos políticos y económicos, así como el carácter urgente de las demandas sociales que enfrenta la región, muchas veces sobrepasan sus capacidades institucionales y dejan en segundo plano el combate a la degradación medioambiental y los efectos del cambio climático.

No obstante, América Latina y el Caribe cuentan con una arquitectura institucional y normativa sobre medio ambiente y cambio climático de gran envergadura. Los países de la región han realizado grandes avances suscribiendo los acuerdos y normas internacionales sobre ambos fenómenos como el Acuerdo de París (2015), y han creado también diversos instrumentos regionales. Uno de los ejemplos más recientes de los avances obtenidos a esta escala es el ya mencionado Acuerdo de Escazú. Adoptado en 2018, según su artículo 1, este acuerdo tiene por objetivo:

garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible (CEPAL, 2018).

El Acuerdo de Escazú constituye un instrumento jurídico pionero en materia de protección del medio ambiente y marca un importante paso en la construcción de la democracia ambiental de la región. Además, todos los países latinoamericanos y caribeños cuentan también con ministerios, estrategias nacionales y normas en materia de medio ambiente, al paso que la mayoría ha diseñado políticas y dispone de legislación específica en materia de combate, mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático (Tabla 1).

Tabla 1. Principales países que cuentan con leyes sobre cambio climático en América Latina y el Caribe

País

Ley

Año de
publicación

Argentina

Ley Nº 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global

2019

Brasil

Ley que establece la Política Nacional sobre Cambio Climático (Lei Nº 12.187)

2009

*Bolivia

Ley Nº 300/2012 (“Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”) reglamentada por el Decreto Supremo Nº 1696 del 14 de Agosto de 2013, que regula diversos aspectos sobre el cambio climático y la protección del ambiente

*Chile

En tramitación.

En enero de 2020 el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático (PLMCC) inició el proceso de tramitación en el Senado

Colombia

Ley por la cual se establecen Directrices para la Gestión del Cambio Climático (Ley Nº 1931)

2018

*Costa Rica

En el 2013 el país inició la discusión parlamentaria de una Ley Marco de Cambio Climático, pero la propuesta fue archivada por falta de consenso. Hoy cuenta con un Plan y Estrategia Nacional de Cambio Climático (2009)

*Cuba

Dispone de un Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (2017)

*Ecuador

Tiene una Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC 2012-2025)

El Salvador

Cuenta con un Plan Nacional (2019) y una Estrategia Nacional de Cambio Climático (2013)

*Haití

Tiene una Política Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (PNCC), 2019

Honduras

Ley de Cambio Climático (Decreto 297-2013)

2014

Guatemala

Ley Marco de Cambio Climático (Decreto 7-2013)

2013

México

Ley General de Cambio Climático

2012

Nicaragua

A través del Decreto Presidencial Nº 07/2019 se encuentra en proceso de establecimiento de una Política Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y de creación de un Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático

*Panamá

En fase de desarrollo. El país cuenta actualmente con una Política Nacional de Cambio Climático

(Decreto Ejecutivo Nº 35/2007); una Estrategia Nacional de Cambio Climático (2019); y un Decreto Ejecutivo (Nº 100/2020) que reglamenta el capítulo II del Título V del Texto Único de la Ley Nº 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, sobre la Mitigación del Cambio Climático Global

Paraguay

Ley Nacional Nº 5.875 de Cambio Climático

2017

Perú

Ley Nº 30.754 Marco sobre el Cambio Climático

2018

*República Dominicana

Política Nacional de Cambio Climático (PNCC). Decreto Nº 269/15

*Uruguay

Política Nacional de Cambio Climático (PNCC). Decreto del Poder Ejecutivo Nº 310/2017

*Venezuela

No existe una Ley específica, pero además de las referencias en la Constitución, hay diversas disposiciones sobre cambio climático en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan de la Patria 2025), leyes orgánicas y leyes del Poder popular

*Países que están con proyectos de ley en tramitación o que disponen de Políticas Nacionales de cambio climático. Elaboración propia a partir de datos disponibles en CEPAL (2020), UNCC-TFD (2020) y CEPAL/ACNUDH, 2020.

En relación a las migraciones motivadas por causas ambientales, siguiendo los lineamientos establecidos por el Acuerdo de París y del Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento (Task Force on Displacement, TFD), los países latinoamericanos han integrado la movilidad humana en sus políticas climáticas nacionales, al igual que en otros instrumentos relevantes, como los Planes Nacionales de Adaptación (National Adaptation Plans, NAPs) al cambio Climático y las Contribuciones Determinadas Nacionalmente (Nationally Determined Contributions - NDCs).

En casi todas las leyes y estrategias de combate, adaptación y mitigación frente al cambio climático expuestas en la tabla 1, los países de la región reconocen que la movilidad humana es uno de los efectos de este fenómeno y establecen medidas que buscan reducir sus impactos.

Este es el caso de la Ley Marco sobre Cambio Climático del Perú (Ley Nº 30.754), donde se reconoce la figura del migrante ambiental y se ofrece una definición de este y de su carácter temporal o permanente, forzado o voluntario e interior o internacional. Al mismo tiempo, se adopta un enfoque intergeneracional, intercultural, de igualdad y derechos humanos que busca ofrecer respuestas integrales frente al cambio climático, incluyendo la participación de múltiples actores y, entre otros elementos, las cosmovisiones y saberes de los pueblos originarios.

En el caso mexicano, la Ley General de Cambio Climático (2012), establece que el Estado debe respetar los derechos humanos de los migrantes en el establecimiento de cualquier política climática nacional, mientras que Uruguay, en su Política Nacional de Cambio Climático (2017), prevé el diseño de planes de reubicación para comunidades vulnerables que viven en zonas de riesgo climático y estrategias para disminuir su vulnerabilidad y fortalecer sus capacidades.

América Latina y el Caribe ha reconocido explícitamente los vínculos entre factores ambientales y migraciones, al igual que la necesidad de ofrecer respuestas adecuadas ante los desafíos que este fenómeno implica, a través de la acción de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de Estados Americanos (OEA), Procesos Consultivos Regionales como la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM)7 e instrumentos como la “Estrategia Andina de Gestión del Riesgo de Desastres en la Comunidad Andina” (2017), o la “Declaración y Plan de Acción de Brasil“ (2014) (Oetzel y Ruíz, 2017; OIM/CAF, 2019; Bárcena et al., 2020).

Aunque la integración de la migración dentro de las estrategias nacionales es muy heterogénea y obedece a factores como la experiencia previa en el tratamiento del tema, así como a recursos e importancia de la movilidad humana por razones ambientales, la mayor parte de los países ha logrado avances en este sector con estrategias diferenciadas (OIM/CAF, 2019; CEPAL/ACNUDH, 2020).

Por un lado, Estados como Brasil, Haití, Colombia, México, Uruguay, Perú, Costa Rica y Chile han alcanzado importantes logros en esta área, integrando la movilidad humana de forma amplia en sus políticas y estrategias nacionales de medio ambiente y cambio climático.

Tales países incluyen planes de acción, por lo menos formalmente, ante los desplazamientos internos. Algunos de ellos prevén también visas humanitarias para migrantes resultado de desastres naturales y cooperación fronteriza en materia de movilidad humana. En el caso de Brasil, la migración también es vista como una posible estrategia de adaptación frente a los efectos adversos del cambio climático.

Por otro lado, Estados como los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) cuentan con importantes estrategias en relación a la gestión de riesgos de desastres e incluyen la movilidad humana y la necesidad de adoptar un enfoque de derechos humanos en sus propias políticas medioambientales y climáticas, pero de manera aún limitada.

El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático de Guatemala hace hincapié, por ejemplo, en que se respeten los derechos humanos de los migrantes en la adopción de medidas para hacer frente al cambio climático.

En Honduras se reconoce también la centralidad del cambio climático en las migraciones internas e internacionales y se alerta sobre la posibilidad de que este fenómeno provoque futuramente desplazamientos sin precedentes con impactos políticos y socioeconómicos en diversos niveles. Con todo, la urgencia de un enfoque más integral en esta región se debe a que el cambio climático está profundizando los graves problemas de pobreza e inseguridad alimentaria, aumentando la vulnerabilidad de la población local y las motivaciones para migrar a nivel interno o fuera del país (CEPAL/ACNUDH, 2020).

Finalmente, pensando en la construcción de una agenda ambiental y climática a escala local, también se han logrado resultados notables, como lo demuestran las experiencias de Ecuador, Perú y Bolivia. En estos casos, el papel de la cooperación internacional europea, en el marco de la Iniciativa LAIF8 sobre Ciudades y Cambio Climático, y el apoyo de instituciones financieras como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha sido central.

La iniciativa adquiere un carácter estratégico si pensamos en que América Latina y el Caribe es una de las regiones más urbanas a nivel mundial, con más del 80% de la población viviendo en ciudades (Bárcena et al., 2020). Como resultado, en Bolivia, la ciudad de La Paz, además de contar con una política local específica, logró desarrollar un Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático que busca identificar y diseñar medidas concretas frente al cambio climático en el contexto urbano e incluye referencias a desplazamientos que puedan registrarse como consecuencia de este fenómeno.

El índice en cuestión, que ofrece importantes insumos para la elaboración de políticas públicas, está siendo replicado en otras ciudades de la región como Loja, Santa Cruz de Galápagos y Arequipa (CAF, 2018).

Como sostienen Ruíz y Carvajal (2015), en el caso de gobiernos seccionales como el de la provincia de Pichincha (Ecuador), se ha ido más allá en una agenda que tiene por objetivo la construcción de políticas públicas locales en relación a la movilidad humana, en el contexto de desastres naturales y cambio climático. No obstante, el reconocimiento e inclusión de las migraciones por razones ambientales en las estrategias de los gobiernos locales latinoamericanos y caribeños aún es una excepción.

Reflexiones finales

América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a la degradación ambiental y a los efectos del cambio climático. De forma paralela, la región se caracteriza por ser un territorio de importantes migraciones internas e internacionales. A medida que los vínculos entre migraciones, medio ambiente y cambio climático se vuelven cada vez más nítidos, el fenómeno debe considerarse un tema clave, no solamente a escala internacional y regional, sino también y sobre todo, a nivel nacional y local.

En las últimas décadas, al margen de suscribir acuerdos y adquirir diversos compromisos internacionales, los países de la región han realizado significativos esfuerzos para reconocer la movilidad humana motivada por razones ambientales y climáticas, incluyendo este fenómeno en sus leyes, estrategias y políticas nacionales. En el marco de la gobernanza ambiental y climática, de forma creciente, aunque todavía incipiente, los gobiernos locales también se están sumando a este proceso. Sin embargo, ante la ausencia de definiciones y criterios unívocos, aún existen diversas cuestiones pendientes.

Uno de los interrogantes centrales es si sería necesario establecer una categoría legal específica de migrante o refugiado ambiental en todos los países, o si es posible ofrecer una respuesta frente a la movilidad humana provocada por razones de índole ambiental a partir de los instrumentos ya existentes que hablan, por ejemplo, de personas afectadas por desastres naturales y cambio climático.

Algunos de los desafíos que la región enfrenta tienen que ver también con adoptar un enfoque de derechos humanos y una mirada interseccional en los marcos normativos y en la construcción de políticas públicas, incluyendo, por ejemplo, la perspectiva de género, intercultural e intergeneracional.

En la misma medida, es necesario ir más allá de la construcción de leyes y planes en materia de medio ambiente y cambio climático, con el fin de fortalecer la cooperación, principalmente regional y transfronteriza sobre migraciones ambientales.

Otro desafío consiste en aumentar el nivel de participación de la sociedad civil en estos procesos, no solo en el diseño, sino especialmente en la fiscalización e implementación de las políticas a escala nacional y local.

Debido a la profusión de iniciativas y a la diversidad de criterios que diversas veces se utiliza, es necesario que la región fortalezca la alineación de sus marcos jurídicos nacionales con directrices internacionales y regionales.

Además, a partir de la adopción de un enfoque integral en materia de movilidad humana, sería importante que los países consideraran las migraciones ambientales no solo como un efecto de la degradación ambiental y del cambio climático, sino también como una estrategia de adaptación y resiliencia adoptada por las comunidades y personas afectadas.

Por fin, debemos recordar que las migraciones ambientales, más allá de la degradación ecológica o de desencadenantes climáticos, siempre dependen y se refuerzan por factores económicos y sociopolíticos.

Por ello, en paralelo a los esfuerzos de mitigación y adaptación ante el calentamiento global y la degradación ambiental, para lograr formas de vida más equitativas y sostenibles, es imprescindible promover la justicia global, al igual que cambios sustanciales en nuestro modelo de desarrollo y patrones de consumo.

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1 De acuerdo a su página oficial (https://www.nrc.no/who-we-are/about-us/), el NRC (por sus siglas en inglés) es una organización no gubernamental internacional y humanitaria, establecida en 1946, que actúa en la protección de los derechos de las personas desplazadas y refugiadas.

2 IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (por su nombre en inglés).

3 Como explicamos a seguir, esta categoría es una propuesta formulada por autores como William Wood (2001) en contraposición a la de refugiados ambientales.

4 De acuerdo a su página Web oficial (http://www.worldwatch.org/) se trata de una organización independiente, fundada en 1974, en la ciudad de Washington DC, pero con alcance global. La organización está especializada en la investigación medioambiental, sobre todo en las áreas de clima, economía verde y alimentación y agricultura.

5 En la versión original: “people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of a marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardized their existence and/or seriously affected the quality of their life. By “environmental disruption” in this definition is meam any physical, chemical and/or biological changes in the ecosystem (or the resource base) that render it, temporarily or permanently, unsuitable to support human life” (El-Hinnawi, 1985, p. 4).

6 En la versión original: “Environmental migrants are persons or groups of persons who, predominantly for reasons of sudden or progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move within their country or abroad” (OIM, 2011, p. 33).

7 La CSM cuenta, por ejemplo, con un documento de lineamientos regionales en materia de protección y asistencia a personas desplazadas a través de fronteras y migrantes en países afectados por desastres de origen natural, publicado en 2019. Los lineamientos tienen por objetivo mejorar la capacidad institucional regional de respuesta y atención humanitaria en relación a los desplazamientos por desastres, así como establecer estándares mínimos de protección de las comunidades afectadas.

8 De acuerdo con las informaciones disponibles en su página oficial (https://www.eulaif.eu/es/sobre-laif#whatislaif), la Facilidad de Inversión para América Latina (LAIF) es una iniciativa de la Unión Europea que apoya a los países de la región latinoamericana en el financiamiento de infraestructuras necesarias para aumentar la competitividad en el mercado global, desarrollar capacidades de crecimiento y reducir los niveles de pobreza. Los financiamientos de esta iniciativa combinan contribuciones financieras no reembolsables de la Unión Europea con préstamos de instituciones financieras europeas de desarrollo, multilaterales o bilaterales y de los bancos de fomento latinoamericanos.

Desigualdades interseccionales:
dos generaciones de mujeres migrantes e hijas en el Área Reconquista del Gran Buenos Aires

Natalia Gavazzo

Como continuación de un trabajo anterior (Gavazzo et al., 2020), parto de que las migraciones son escenarios privilegiados para analizar las desigualdades, ya que en el mundo son los sujetos en tránsito quienes engrosan las clases trabajadoras donde las oportunidades laborales los atraen, sobre todo en las ciudades. Las desigualdades entre migrantes y nativos, o entre grupos de migrantes, se comprendieron frecuentemente desde un punto de vista economicista, desde el cual la apropiación asimétrica de capitales es determinante de las trayectorias personales y colectivas de dichas poblaciones (Portes, 1997; Sassen, 2000). Así, los estudios migratorios abordaron las desigualdades en el acceso al mercado laboral y la constitución de enclaves étnicos (Maguid, 1995; Benencia, 2009; Cerruti, 2009), como también en la participación económica en origen y destino (Martinez Pizarro, 2003; Hinojosa, 2009). En ese sentido, los motivos de la emigración son generalmente definidos como económicos, lo que se refuerza en el destino cuando se muestra que la mano de obra migrante es altamente explotada y precarizada, ocupando los espacios de la producción menos calificados y mal pagos de la estructura económica del lugar en que reside. No obstante, la expectativa de ascenso social que promete la migración existe y guía las trayectorias de migrantes en todo el mundo, muchas veces canalizándose “vía descendencia” como cuando padres y madres invierten en la educación y manutención de sus hijos/as (sean o no migrantes) esperando un futuro éxito económico para la familia (Pedreño, 2010; Dalle, 2013).

Así, busco destacar la importancia de la variable cultural de las migraciones que remite a la construcción social de comunidades, prácticas y representaciones como determinantes de las condiciones de vida material (Bourdieu, 1990; Brettell y Hollifield, 2000; Sayad, 2010). Estudios sobre identidades o identificaciones, festividades y encuentros artísticos, organizaciones y participación política demostraron la intersección de lo económico con lo social, cultural y político en diversos contextos (Grimson, 1999; Halpern, 2006; Caggiano, 2008; Gavazzo, 2012; Canelo, 2013). Así, la pertenencia de clase de los y las migrantes excede lo meramente material y se extiende a otras dimensiones que involucran la articulación de capitales sociales, simbólicos y culturales útiles como herramienta para lidiar con las desigualdades. En este proceso, es clave la incorporación de un habitus de clase que distingue a unos grupos de otros (Bourdieu, 1990), habilitando la creación de fronteras entre un “nosotros” y los “otros” que no solo marca pertenencia sino también exclusión y relaciones de poder (Elias y Scotson, 1994). Así, la desigualdad no puede ser vista separada de la diferencia, porque cuando la pobreza supone exclusión no solo de bienes económicos, sino también de bienes simbólicos valorados, la discriminación desalienta, descalifica y reduce la voluntad de utilizar canales para el ascenso económico y social (Margulis, 1999, p. 38).

Al respecto, el trabajador migrante de clase baja es percibido en las ciudades como un “otro” muy diferente en términos de la idiosincrasia local, y por ende, discriminado, explotado y sin derechos. La alteridad del “ser migrante” no es entonces solo una marca de distancia cultural sino una propia justificación de su exclusión socioeconómica. Esta articulación de diferencia y desigualdad hace que el estigma de “ser otro” y “pobre” se traspase generacionalmente en las familias (“heredando” estigmas y carencias de padres y abuelos migrantes). Sin embargo, también implica que se reelabore y reinvente este estigma, en cada momento histórico específico, a partir de diversas estrategias de movilidad social y de resignificación del origen migratorio. Por estas razones, el problema de “la desigualdad” no es un fenómeno homogéneo que puede analizarse como “una totalidad”, sino que, en función de la diversidad de contextos y experiencias que se registran en nuestras investigaciones sociales, debemos hablar de desigualdades resaltando sus múltiples manifestaciones. Así, podremos desarmar sus complejidades y heterogeneidades tal y como se presentan en la vida de las personas como los y las migrantes.

Con esto, analizaré aquí los modos en que las desigualdades se intersectan en los procesos migratorios desde una mirada transversal del género y la generación a partir del análisis de un caso localizado en la periferia de una megalópolis para mostrar cómo se entrecruzan distintas formas de jerarquización en la vida social. Propongo observar esas desigualdades en su complejidad mediante la perspectiva interseccional (Mahmood, 2008) que muestra el sistema de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas en la vida de las poblaciones en movimiento. Como veremos, la condición de “ser migrante”, “ser mujer, “ser pobre” y “ser joven” son pertenencias que en su simultaneidad multiplican la vulnerabilidad de las personas y que las obligan a desplegar estrategias para garantizar la reproducción de la vida, tanto en las familias como en las asociaciones comunitarias.

Para ello, retomaré el análisis iniciado de las variables de clase, origen migratorio, género y generación (Gavazzo et al., 2020) para comprender las múltiples desigualdades que enfrentan las mujeres migrantes de una zona específica del Gran Buenos Aires (GBA) a la que podemos considerar segregada, con alta degradación ambiental y vulnerabilidad social como es el Área Reconquista (AR en adelante). Se analizarán materiales de trabajo de campo realizado en 2019 en el marco de una investigación-acción-participativa (IAP) en el AR, especialmente observaciones y entrevistas en profundidad.1 Enfocando en la heterogeneidad de experiencias y de recursos movilizados, pretendo comprender los modos en que mujeres de distintas generaciones (madres e hijas, adultas y jóvenes, de ayer y de hoy) desarrollan estrategias individuales y comunitarias propias para adaptarse al entorno y mejorar sus condiciones de vida.2 Me centraré en dos casos de mujeres de familias migrantes de distintas generaciones (madres/hijas, jóvenes/adultas) problematizando las desigualdades interseccionales que experimentan a partir de sus testimonios y trayectorias.

El Área Reconquista: desigualdades económicas
y ambientales

Como en otras partes del mundo, los sectores empobrecidos –sobre todo provenientes del campo– se ven obligados a establecerse en las ciudades en tierras con poco o nulo valor comercial, en áreas inundables y contaminadas debido a derrames industriales, descargas cloacales y basurales “a cielo abierto” en la zona (Curutchet et al., 2012). Tal es el caso del AR, ubicada en el primer cordón del GBA y comprende un conglomerado de unos quince barrios, entre villas y asentamientos,3 creados en los alrededores de la cuenca del río Reconquista a la altura del Partido de General San Martín (SM) en las cercanías del basural del CEAMSE, tal como se indica bajo el rótulo “Área Barrios” en el siguiente mapa 1:

En el AR, la mayoría de sus habitantes –más de 100.000 personas– llegaron a la zona y participaron de ocupaciones clandestinas de tierras o compraron el lote a un vecino/a o familiar. A partir del relleno y la elevación del suelo construyeron sus viviendas y urbanizaron de manera informal el territorio, que se combinaron con prácticas que implican diversas movilidades dentro y fuera del espacio barrial para mitigar la exclusión (Segura, 2006). Esas movilidades muestran un rico panorama en cuanto a los orígenes migratorios de gran parte de su población, cuya mayoría proviene de países limítrofes como Paraguay, Bolivia y Perú; pero hay también migrantes del litoral y el norte argentino (principalmente de Chaco, Formosa y Misiones) que llegaron sobre todo en la década de 1980 debido a una serie de inundaciones. Dichas migraciones son mayormente de origen rural, coinciden con un período de agotamiento de los recursos del campo, con un cambio en el modelo agroproductivo que se ve afectado por variaciones en las lógicas de mercado, así como también por cuestiones climáticas que llevan a grandes pérdidas económicas y a un empobrecimiento del sector.

Arribados a este sector del noroeste del conurbano bonaerense, esta población vive en condiciones precarias (con inadecuada provisión de servicios básicos, saneamiento y acceso al agua, a la educación y la salud, a la vivienda digna y al trabajo registrado, entre otros) agravada por la exposición a la degradación ambiental (provenientes del basural y de la contaminación del río y sus arroyos). Pobreza y riesgo ambiental son dos problemáticas que se refuerzan mutuamente (Besana et al., 2015), haciendo del AR un área segregada por una frontera material y simbólica que tiende a aislarla del resto de la trama urbana del Municipio. Así, se intersectan desigualdades económicas y de clase (propias de la economía popular y del trabajo informal), culturales y étnico nacionales (relacionadas al imaginario racializado de origen de sus habitantes), ambientales (que implican problemas de salud endémicos como enfermedades respiratorias y dermatológicas) a las que luego se sumarán las de género y generacionales.

A pesar de estas vulnerabilidades, tal como analizamos (Gavazzo y Espul, 2020), la urbanización del AR ha sido posible gracias al trabajo de familias migrantes que llegaron a través de redes de parientes y conocidos que ya se habían asentado en el lugar y que les facilitaron vivienda, trabajo e información esencial para su integración a la vida en el GBA. Así se fueron conformando los distintos barrios que integran esta región, adquiriendo características de los lugares de orígenes de las poblaciones que los habitan (como “el barrio de los paraguayos” o “la feria de los bolivianos”, entre otros). Esas redes no solo crearon esta zona urbana, sino que son además la base de las organizaciones comunitarias que reúnen a migrantes y a mujeres, convirtiéndolos en actores centrales en el desarrollo territorial. Por eso, nuestra investigación se centró inicialmente en personas (mujeres, migrantes y descendientes) que están insertas en espacios de gestión comunitaria como comedores, asociaciones vecinales, salitas de salud, entre otros. De esta población, analizaremos a continuación los testimonios y vivencias de mujeres migrantes de dos generaciones de familias con distintos orígenes migratorios que se localizan en el barrio de Costa Esperanza (Costa Esperanza) situado al oeste del AR (mapa 2).

Como otros del AR, este barrio surgió de tomas colectivas de tierras a partir de 1999 y su crecimiento fue muy vertiginoso, encontrando su momento más álgido con la crisis del 2001, con altísimo porcentaje de población migrante extranjera de Paraguay, Bolivia, Perú, y en la actualidad también de Venezuela y Colombia. Hace solo dos años se asfaltaron dos de sus calles principales y actualmente se está realizando el tendido de red de agua y cloaca. Muchos/as de sus habitantes viven de los residuos, pero también hay oficios variados como el empleo doméstico en casas de familia, en el rubro de la construcción, en la pequeña industria textil y las ferias callejeras de productos reciclados, con lo que las fuentes de trabajo son informales e inestables, más aún entre los/as migrantes ya que carecen de documentación.

Allí viven mujeres migrantes que conocimos en la investigación y cuyas historias4 muestran los modos complejos en que opera la desigualdad y frente a los cuales desarrollan una serie de estrategias colectivas marcadas por diversas variables.

Intersecciones de clase, origen, género y generación en las mujeres migrantes

Tomemos el caso de Rosa, que nació hace 46 años en un pueblo rural llamado Cañón Yerbabuenal en Bolivia. Su familia la envió a Sucre, la ciudad más cercana, desde muy pequeña ya que vivían en el campo y no podían mantenerla. Allí, la alojó su tía haciéndola limpiar para “ganarse” la comida, con lo que no pudo continuar sus estudios. Cuando tenía 13 años vino a Buenos Aires, traída por una vecina de Bolivia quien le prometió contratarla para que cuide de sus hijos mientras ella trabajaba. Cuando llegó se encontró con otra realidad: la familia para la que iba a trabajar no podía pagarle, pero comenzó a colaborar en un comedor, al que describe como “peronista”. Allí realizaba tareas de limpieza y cuidado de niños/as que asistían y le pagaban con mercadería. A los 17 años decidió volver a Bolivia a reunir la documentación necesaria para sacarse el documento argentino, a la espera de cumplir la mayoría de edad. A los 18 años regresó y logró el DNI. Primero vivió en Liniers con una familia de conocidos y luego estuvo un tiempo en Flores. Hace más de 20 años, llegó a Costa Esperanza donde reside actualmente. Cuenta que fue una de las primeras en llegar al barrio pero que al principio no se “hallaba” porque estaba acostumbrada a ver más movimiento y “acá había pocas casas”. Igual conocía algunos “paisanos”5 y pronto apareció Rómulo, quien luego sería su pareja y padre de sus hijas (también boliviano, había llegado al barrio con su hermana, un tiempo antes que Rosa). En todos estos años vio la transformación que fue haciendo el barrio, desde cuando había “un lago en el que la gente arrojaba basura” (en la zona que hoy se conoce como “Costa del Lago”, aún menos urbanizada). Pasó por tres inundaciones muy fuertes, algo común en el AR por la conformación del suelo y porque no hay salida de agua que desemboque en el río, y recuerda que tenían que sacar el agua con bombas para poder drenar. A pesar de ello, afirma que no dejaría “su” barrio.

El otro caso es el de María (50 años) quien, a fines de la década de 1990 llegó al GBA sola desde la localidad rural de Villarica en Paraguay. Aquí trabajó y envió dinero durante años a sus hijas, quienes habían quedado al cuidado de su madre. Tuvo en total siete hijos, seis mujeres y un varón, dos nacieron en Paraguay y el resto en Argentina. Mientras estaban al cuidado de la abuela la ayudaban en las tareas del campo ya que se sostenían vendiendo frutas y verduras. Pero cuando la menor tenía seis años, María decidió ir a buscarlas y venirse con las tres a Buenos Aires. La abuela se resistió y rompió los documentos de sus nietas para que no pueda llevárselas, pero María se las trajo igual. Con mucho esfuerzo logró hacerles los documentos de nuevo y alquilar una casa en Villa Martelli en Vicente López (barrio cercano a San Martín). Allí trabajaba de noche en una rotisería y durante el día en un bar. A principios del 2000, cuando la crisis golpeaba fuerte, la toma de tierras era una estrategia de supervivencia de los grupos sociales más empobrecidos. En ese contexto, María vio una oportunidad y compró un terreno, loteado clandestinamente, en una zona inundable y contaminada del AR. Así pudo acceder a la vivienda propia en lo que sería el futuro barrio de Costa Esperanza.

Como lo documentan diversos estudios y lo corroboran los casos mencionados, las mujeres que migran hacia Buenos Aires trabajan en la informalidad sobre todo en los usuales nichos laborales disponibles como el cuidado de niños y ancianos y/o el empleo doméstico remunerado. Pero además, una característica del AR es que también complementan sus ingresos con otras actividades económicas dentro de la economía social, generando diversas estrategias de sostenibilidad de la vida en el marco de redes colectivas (Gago, 2014).6 Encontramos que entre la población migrante el reciclado de basura y la limpieza del barrio son dos nichos laborales en los que las mujeres desarrollan estrategias para paliar los efectos negativos de la degradación ambiental en la zona (Gavazzo y Nejamkis, 2019). Es, en todo caso, una inserción laboral en empleos precarios e informales, situación que comparten tanto nativos como migrantes, hombres como mujeres.

Sin embargo, debemos considerar las desigualdades de género que se intersectan con las de clase ya que, en la división de los roles de género en familias compuestas por mujeres y varones, estos en ocasiones ejercen un control sobre aquellas quienes tienen “prohibiciones” u obstáculos para trabajar o estudiar mayores. Tal como relata Zulma en relación a su madre, María:

Como era madre soltera y todo, siempre había alguna desconfianza de infidelidad, porque no tenía marido y siempre estaba sola (…) y nosotras siempre le tuvimos que hacer frente a todos esos conflictos, especialmente con los hombres paraguayos que son... muy complicados (…) ¡porque son machistas y violentos!

Siempre que ves a una mujer… Esto también es una cuestión cultural no solo de la Argentina sino de todos los países migrantes: ven a una mujer y dicen “¡¿Cómo está sola?! ¡¿Cómo puede hacer sola?! Mi mamá tuvo hombres, ¡tuvo propuestas de un montón! (…) ¡y mi mama no quería! Si siempre le gusto estar soltera, siempre le gusto (su libertad). Y ningún hombre le condicionó. ¡La casa la construyó ella, con nosotras ahí dando una mano, pero ella se puso al lomo todo! Pero lamentablemente en esta sociedad, y más en una sociedad donde hay migrantes, ella tuvo que imponerse un montón de veces.

Y estas desigualdades en los roles de clase y de género a veces se reproducen de una generación a la otra, como comenta María (h): “Yo siempre trabajé, pero el problema mío con mi pareja era que él no quería que yo trabaje (…) Me metí a la cooperativa, trabajé todo, así y... después ahí de un buen tiempo me separé de él”.

Esta situación que comparten muchas mujeres migrantes con otras nativas de los mismos barrios se agudiza en el caso de que la cultura de origen contenga más elementos patriarcales que la de destino, como es el caso de Paraguay. Distinto es en Bolivia, como se ve en el caso de Rosa y su marido Rómulo que tienen un hogar en donde los cuidados de las hijas y el trabajo remunerado está distribuido de una manera más equitativa que en la familia de “las Monges”. En todo caso, a pesar de estas experiencias compartidas y de la centralidad de las migraciones en la urbanización de estos barrios, existe una marcación étnica del origen migrante que discrimina, especialmente a extranjeros y sus descendientes, la cual se ve en comentarios informales en el espacio público de los barrios y más aún, en los contextos escolares a los que asisten sus hijos e hijas.

Por un lado, la etapa escolar de las primeras tres hijas de María fue muy dura, porque solo una sabía hablar algo de castellano (Zulma, 33), pero Liz (27) y María (h) (30) solo hablaban guaraní y esto hizo que sufrieran mucho la discriminación en sus primeros años. Tal es así que María les prohibió hablar guaraní entre ellas para que puedan incorporar el castellano, por lo que hoy recuerdan muy poco de su idioma natal. Las hijas siempre ayudaban a su mamá: desde levantar la casa hasta montar un emprendimiento de panadería y otro de costura. Recuerdan que aprendieron “todos los oficios” pero siempre teniendo “como prioridad no abandonar la escuela”. Hoy, “las Monges” (como se las conoce por su apellido) son referencias en el barrio para resolver los problemas de los/as vecinos/as.

Por otro lado, la maternidad ha sido un tema clave en la vida de Rosa. Con Rómulo tienen actualmente dos hijas, Tiziana de 15 años y Maia de 10, ambas nacidas y criadas en Costa Esperanza. Asisten a un colegio privado de la zona, el cual sus padres pagan con mucho esfuerzo, pero resaltan constantemente lo importante que es para ellos apostar e invertir en la “buena” educación de sus hijas. Sin embargo, al insertarse al sistema escolar Tiziana, la hija de Rosa, se enfrentó a una realidad que se contrapone con la conocida y valorada por su propia familia lo que la expuso a enfrentarse a situaciones de discriminación por ser “hija de bolivianos”. Cuenta que tanto en la escuela primaria como en la secundaria algunos compañeros se referían a ella como “bolita”, “negra”, y su mamá para consolarla le explicaba que ellos “son los bolivianos” pero que ella “es argentina”.7 Por su parte, las hermanas Zulma y María (h), también relatan la discriminación en su paso por el sistema escolar, presente en situaciones en las que “hablar guaraní” o poseer una “tonada distinta” dejaba en evidencia su procedencia migrante y las hacía foco de los chistes y cargadas. Cuenta Zulma que una de sus hermanas sufrió en la escuela por “no saber hablar castellano”, recibiendo insultos como “paraguaya de mierda”.8 Como contamos más arriba, ante esta situación, la decisión que tomó la madre fue la de prohibirles hablar en guaraní, reacción de “negación” bastante frecuente cuando se enfrentan este tipo de situaciones traumáticas (Gavazzo, 2011). Esto trajo problemas al interior de la familia y tensiones intergeneracionales, ya que en este caso, es la abuela quien les recrimina que hoy no sepan hablar en guaraní y les dice “yo no voy a hablar castellano porque no es mi cultura”.

Por eso, en el marco de una mirada adultocéntrica que recarga las expectativas de movilidad en las nuevas generaciones y los obliga a “obedecer” mandatos, se dan tensiones y desigualdades entre las generaciones en las familias migrantes en torno al rol que cumplen en las estrategias de ascenso. Es preciso examinar los dilemas intergeneracionales que deben atravesar y que generan tensiones, disputas y también alianzas entre las madres/padres migrantes y sus hijas/os (Foner, 2009; Pedone, 2010; Gavazzo, 2012).

En cuanto a las disputas, la presión de los padres y madres hace que en ocasiones los/as hijos/as no puedan alcanzar esas expectativas de sus padres y de la sociedad en la que nacieron y/o crecieron (Foner, 2009). Cuando las expectativas de los mayores con respecto al “futuro educacional y profesional” de sus menores a cargo es alta, las mismas pueden generar tensiones intergeneracionales al interior de la familia. De esto resulta que “cuando los padres se sienten frustrados y amenazados por los nuevos valores y comportamientos a los cuales sus hijos están expuestos, intentan ajustar su dominio, lo que, como resultado, aumenta el resentimiento de los hijos y el deseo de eludir el control parental” (p. 5).

En ese sentido, según cuenta la hija de Rosa, Tiziana:

Es muy distinto como mis papás se manejan, hace 3 semanas fue mi primer 15, me llevó mi papá y anotó el número del papá de la quinceañera, y me hicieron los dos una encuesta de preguntas, yo me quería ir a dormir y me preguntaban que hicieron, que bailaron, que pasó, me preguntaron todo. Hay mamás que no lo hacen “ahh ¿fuiste a un 15? qué bueno, ahora andá a dormir”. Mis papás me tienen así (seña de que la tienen cortita), me revisan el celular 1 vez por semana.

Ante el relato de su hija acerca de cómo la crían, Rosa contesta: “yo controlo por su bien, es una manera de que haga lo que uno le dice por su bien, hasta que no salga profesional no paramos. No es cuestión de que vaya a la escuela y nada más”.

Si bien las nuevas generaciones intentan responder a los deseos y expectativas de sus madres/padres; también están en juego sus deseos y expectativas propias que muchas veces se contraponen a la de sus madres y van en detrimento de los “sacrificios” que estas realizan para que logren la ansiada movilidad social ascendente. Tal es el caso de las hijas de María, quienes relatan cómo una de las hermanas fue “un dolor de cabeza para la madre”, cuando manifestó su deseo de ser mamá mientras aún estaba en la escuela. Zulma cuenta como fue ese diálogo: “Un día agarró y dijo ‘yo no quiero hacer lo que vos me decís, ¡yo quiero ser mamá!’ mi mamá le dice ‘¿cómo vos querés ser mamá? Vos sos muy joven para ser mamá y tener pareja; vos tenés que estudiar’. A los 6 meses se juntó y tuvo una hija”.

Por una parte, esta tensión entre las expectativas de la madre (respecto al acceso a la educación) y los deseos de su hija (de ser madre) deja al descubierto la expectativa de transformación en los roles y la desigualdad de género “anteriores” (o sea, experimentadas por las mayores) en el “ahora” (para que las jóvenes puedan elegir un rol diferente e insertarse en el mercado laboral como trabajadoras calificadas). Por otro, si tenemos en cuenta que la mayoría de los estudios sobre descendientes de inmigrantes exploran la relación entre hijos/as adolescentes o jóvenes adultos/as y sus madres en la fase de mediana edad, debe remarcarse que además las relaciones cambian en tanto hijos/as y madres crecen y se hacen mayores.

En relación a las alianzas, la crianza se traduce en intentos de enseñar la cultura de origen a los hijos, mediante su reproducción en el ámbito doméstico (comidas, música, ritos) o su consumo en ámbitos públicos (ferias, mercados, festividades). Las dos hijas de Rosa por ejemplo participan del ballet “Raíces jujeñas”, en el que bailan danzas típicas del norte argentino y Bolivia. Tiziana es “la artista” de la familia, según la definen sus padres, participó en concursos de canto y desde muy pequeña es quien anima las fiestas familiares y participa de los bailes y celebraciones de la comunidad boliviana en el barrio. Tuvo la oportunidad de conocer Bolivia en varias ocasiones, donde –cuenta– conoció “el campo” donde nació su mamá y pudo experimentar la gran diferencia que hay con “la ciudad”, y entre sus familias en ambos países. Como vemos, la “transmisión cultural” (o, mejor dicho, la “construcción colectiva de una identidad” como propuse en Gavazzo, 2012) puede implicar relaciones de cooperación y cercanía, tanto cultural como afectiva entre las generaciones. Por ejemplo, Tiziana dice de su madre “nos inculca mucho los bailes típicos, las comidas y como son allá. Yo desde los ocho años bailé Morenada”.

Asimismo, es interesante explorar las relaciones de cooperación entre mujeres de distintas generaciones en relación al activismo migrante. Hitos como la crisis de 2001, en la que las mujeres se encontraban al frente de piquetes, ollas y cortes de ruta, muestran diferencias en las trayectorias entre aquellas que vivieron y protagonizaron eventos políticos importantes para la zona y se formaron como lideresas y referentes territoriales. Como cuenta Zulma, la hija mayor de María, “las Monges” fueron de las primeras en organizar a la comunidad para sobrevivir a la crisis; ese fue el inicio del comedor comunitario que poseen hoy. Años más tarde, María y sus hijas se incorporaron a la organización denominada CTEP,9 lo que las colocó al frente de cooperativas como la de limpieza de arroyos, así como también de comedores y centros comunitarios. En ese sentido, “el protagonismo de cuidados de las mujeres en la reproducción social de las familias derivó en su protagonismo en los cuidados de la comunidad” desarrollando, en algunos casos, un liderazgo migrante (Guizardi et al., 2018, p. 47), tal como se puede entender en la historia familiar de María. Tal como relata Zulma: “Acá en la zona Reconquista las que siempre han encabezado todas las luchas siempre fueron mujeres. Vas a conocer a Adalina de 8 de Mayo, a Alicia del Diego Duarte. Todas mujeres. Las hermanitas que ayudaron a levantar la iglesia, además de que había un cura...”.

Esa olla que surge como respuesta a la crisis del 2001; en 2003 se transformaría en el comedor “Vivan los sueños felices”, del que hasta hoy “las Monges” siguen al frente. Luego de varios años de trabajo allí, comenzaron a realizar emprendimientos productivos como panadería comunitaria, que iniciaron gracias al aporte de maquinarias que recibieron del Ministerio de Desarrollo Social. Por esa época también comenzaron a vincularse con organizaciones políticas, como Barrios de Pie, a través de la cual lograron que María “cobre un plan” con el que sostenían el comedor comunitario. Así las hermanas fueron participando de cooperativas de limpieza de arroyos, militando primero en la organización Barrios de Pie y luego en el Movimiento Evita, donde en la actualidad continúan. Hoy, María, ya pensionada, aún sigue colaborando en la cooperativa de limpieza del arroyo.

Desde 2013, tanto María (h) como Zulma y otras más de las hermanas, se sumaron a militar en estas organizaciones donde crearon el Frente de Mujeres para ayudarse entre sí ante situaciones de violencia de género y de dificultades económicas. Según afirman “entre ellas construyen un feminismo más comunitario”, principalmente desde la Casa de la mujer “Kuña Guapa”, una organización que atiende las problemáticas y promueve la organización de mujeres migrantes de esta zona del AR por donde transitan unas 200 vecinas por semana. Ahí funciona la consejería para trámites migrantes desde hace ya dos años. También realizan jornadas de salud y autocuidados con perspectiva de género en conjunto con el Centro de Atención Primaria de la Salud Nº10 y el Centro Comunitario 8 de Mayo, acercando un camión sanitario a la sede donde las mujeres acceden a exámenes ginecológicos, entre otros estudios.

Por su parte, desde que llegaron al barrio, tanto Rosa como su esposo realizan actividades con la comunidad boliviana. Rómulo, organiza torneos de fútbol con sus compatriotas. Desde hace más de 11 años comenzaron a organizarse y a tramitar la personería jurídica; hoy son referentes de la comunidad migrante en el barrio, organizan fiestas culturales y religiosas. Desde 2019 Rosa, quien venía realizando actividades con las mujeres migrantes, como por ejemplo la confección de los trajes para los bailes de las distintas comunidades, decidió formar una organización a la que llamó “Colectividades Unidas Sin Fronteras”. Comenzaron a reunirse mujeres migrantes provenientes de Bolivia, Paraguay, Perú y Colombia para ayudarse mutuamente, elaborar souvenirs para las fiestas patronales de la parroquia de la zona, intercambiar comidas, experiencias y vivencias. Se generó un espacio de encuentro donde podían compartir los distintos problemas y necesidades que tienen. Así, Rosa comenzó a movilizarse y articular con otras organizaciones, con el municipio y con la universidad para colaborar e intentar resolver algunos de estos problemas (trámites de DNI, situaciones de violencia de género, falta de trabajo, etc.). En contexto de pandemia algunas de las mujeres que integran esta organización iniciaron un emprendimiento para vender almohadones artesanales, bordados y pintados a mano. Todo lo confeccionan en el taller que posee Rosa en su casa, con la ayuda también de Rómulo que realiza las tareas de moldería y costura.

Ambas organizaciones, “Kuña Guapa” y “Colectividades Unidas sin Fronteras” son parte central del entramado organizativo del barrio de Costa Esperanza, ayudando a vecinos/as y organizando eventos culturales y religiosos de las colectividades boliviana y paraguaya, convirtiéndose entonces en sus interlocutoras con la comunidad y el estado. Mientras que la segunda fue fundada por la madre, la primera la crearon las hijas.

A ese respecto, el trabajo comunitario –principalmente realizado por mujeres– se ve reflejado por una concepción amplia de cuidado establecida por Tronto (1994, citado en Rosas, 2018), como “aquellas actividades dirigidas a conservar, continuar y reparar nuestro mundo, para que podamos vivir en él lo mejor posible; considerando que ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individualidades y nuestro entorno”. En ese sentido, como señala Gonzales Martín (2009),

La incorporación a una organización puede ser significada como un espacio de desarrollo personal, y a través del cual se construyen redes de reciprocidad. Beneficios para las mujeres que no se reducen a la satisfacción de algunos bienes y servicios básicos para la familia, sino también para sí mismas, reconociéndose “mujeres”, reivindicando derechos específicos, y en tanto ciudadanas (p. 181).

Entonces, el ser pobre, trabajador de la economía popular y habitante de estos barrios constituye una forma de desigualdad que se intersecta con la condición migrante y la de ser mujer aumentando la vulnerabilidad, pero también brindando capitales sociales necesarios para los cuidados comunitarios y las estrategias familiares y colectivas de mejoramiento en la calidad de vida. Y si bien, las desigualdades pueden “pasarse” de una generación a otra, los capitales también, constituyendo herramientas para que las hijas puedan asegurarse el éxito en sus trayectorias educativas y laborales, así como también continuar y potenciar la participación activa de sus madres como lideresas de las organizaciones comunitarias.

Reflexiones finales

Retomando algunos aportes de los estudios migratorios, feministas y generacionales, el objetivo del presente capítulo ha sido analizar las estrategias –individuales y comunitarias– que despliegan las mujeres migrantes y sus hijas para lidiar con las desigualdades interseccionales en un caso específico del AR en el GBA, mediante la comprensión de las heterogéneas formas de organización comunitaria y apropiación de capitales.

Como vimos, las primeras generaciones (las madres y mayores, en estos casos Rosa y María) tienen en común el origen rural como entorno familiar y el trabajo en el campo como primera experiencia laboral. Ambas emigran a muy temprana edad, específicamente preadolescentes, y por la misma razón: la búsqueda de trabajo mejor remunerado en el sector doméstico urbano. Ambas llegan a la Argentina desde Bolivia y Paraguay en la misma época: segunda mitad de la década de 1990. Ambas centran su vida en la crianza de sus hijas, mujeres en ambos casos, y fundan organizaciones comunitarias en el lugar de destino, específicamente en el AR, desplegando solidaridad y cuidados colectivos que les permitieron desarrollarse como personas y referentes territoriales, logrando un reconocimiento de sus vecinos y vecinas. De alguna manera lograron “politizar” su pertenencia cultural como “migrantes” y “mujeres” y de ese modo empoderarse, a pesar de que el precio ha sido una sobrecarga de trabajo comunitario. Asimismo, ambas representan los dos flujos migratorios en los que se insertan: tanto quienes vienen de Bolivia como de Paraguay son marcados étnicamente como “otros” e “inmigrantes” no deseados, aunque con algunas diferencias: en el primer caso se migra en familia y se inserta laboralmente en rubros más diversificados mientras que en el segundo son mayormente las mujeres quienes hoy llegan a la ciudad de Buenos Aires que se emplean en casas particulares como tareas de cuidados y limpieza. La generación de las hijas por su parte ha sufrido discriminación por el origen familiar en la etapa escolar.

Sin embargo, aunque podemos considerar a ambas madres como parte de una misma generación (la primera, la que migró a la Argentina y crío a sus hijas en este país) las diferencias de edad se verifican en las experiencias y estrategias desplegadas para la reproducción de la vida, poniendo en cuestión esta clasificación. Por ejemplo, María crea una organización sin marca étnica sino de clase (un comedor) mientras que Rosa asume la condición migrante como eje unificador, algo habilitado por los contextos políticos en que cada organización surge. Estas diferencias se observan en la generación de las hijas también, en tanto son las hijas de María quienes retoman el origen migratorio como soporte de su participación en la organización que ellas mismas fundan; mientras que las hijas de Rosa, que recién están atravesando la adolescencia, aún se encuentran –por una cuestión de edad– vinculadas y participan únicamente a la organización de su propia madre. En todos los casos, la participación de las madres funciona como modelo para la de las hijas, como un capital político que ellas pueden y podrán utilizar a su favor para lograr sus propios objetivos. En ese sentido, si bien las alianzas son necesarias en cuestiones como la violencia doméstica y de género, existen diferencias entre las generaciones (genealógicas y etarias) que en ocasiones las enfrentan en conflictos de difícil solución e implica la creación de sus propias organizaciones con sus demandas y estilos de liderazgo una vez que se sienten lo suficientemente empoderadas. Como analicé en otro trabajo (Gavazzo, 2018), las más jóvenes traen a discusión temas que las mayores en ocasiones no toleran ni consideran en sus agendas como la diversidad sexual, el deseo y el aborto, sobre todo cuando –como en este caso– se encuentran vinculadas a la moralidad de las iglesias cristianas.

En todo caso, las desigualdades materiales en el acceso al mercado de trabajo y a los beneficios de la ciudad (como la salud y la educación) se suman a otras simbólicas como el estatus, el prestigio y el reconocimiento. El estigma de ser “boliviana”, “paraguaya” o “extranjera”, “joven” “mujer” o “vieja” agrava la vulnerabilidad de estas mujeres mediante la multiplicación de su exclusión, obligándolas a desarrollar estrategias para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias y vecinos/as. En este marco la perspectiva interseccional visibiliza la complejidad de las desigualdades en relación a las marcas de origen migratorio, de género y generacionales: desde la xenofobia que sustenta tanto la discriminación contra los y las migrantes regionales como así su precarización laboral y el patriarcado que somete a las mujeres a un rol pasivo limitado al hogar y los cuidados, hasta el adultocentrismo que busca domesticar las miradas y experiencias de los y sobre todo las jóvenes que deben lidiar con las expectativas de sus madres (y padres) de mantener la pertenencia cultural y ascender económicamente en un contexto en el que son frecuentemente denigrados y silenciados. Estas formas de opresión y dominación conviven de manera contradictoria en las vidas de cada mujer, de cada familia, de cada generación. En todos los casos, las mujeres de distintas generaciones muestran su capacidad de agencia mediante estrategias de adaptación y ascenso social mediante las redes, el trabajo y la educación como capitales centrales de los cuales sus familias y las organizaciones que crean se pueden valer para caminar hacia un futuro mejor que el que dejaron atrás.

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1 El Proyecto “Migrantas en Reconquista” o “Estrategias socioambientales para fortalecer la resiliencia de las mujeres trabajadoras migrantes de la cuenca baja del Río Reconquista, Buenos Aires, Argentina (2019-2022)” es financiado por el International Development Research Centre (IDRC), Canadá, y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

2 Entre marzo y diciembre de 2019 realizamos una observación participante con mujeres migrantes en sus organizaciones comunitarias (comedores, asociaciones y centros culturales), así como también actividades de transferencia y extensión con ellas en la universidad (talleres y festivales). Además, nos compartieron sus historias de vida a través de una serie de entrevistas abiertas, individuales y grupales, con distintos miembros de las familias en sus hogares. Asimismo, en 2020 se mantuvieron contactos telefónicos.

3 Los asentamientos se caracterizan por su baja densidad poblacional y trazados urbanos regulares y planificados mientras que las villas, por el contrario, se encuentran altamente pobladas y presentan tramas irregulares (RENABAP, 2016).

4 La metodología cualitativa y de corte etnográfico utilizada implicó una serie de encuentros informales con mujeres vinculadas a organizaciones de migrantes, seguida de la construcción de una agenda de acción común con el equipo de la UNSAM, para finalmente acceder a la realización de entrevistas biográficas semiestructuradas, tanto
individuales como grupales, entre hermanas y/o madres e hijas. Esta técnica nos permitió observar dinámicas relacionales entre las generaciones. De todas, seleccioné a estas dos familias por su centralidad para el activismo migrante del barrio y por permitirme comparar el origen boliviano/paraguayo.

5 Categoría nativa usada para denominar a otros/as bolivianos/as.

6 Tal es el caso de la inserción laboral en las múltiples cooperativas sociales del territorio del AR, ya sea en torno al reciclado y procesamiento de residuos sólidos urbanos o bien en la limpieza de arroyos y manutención de cloacas y redes de agua potable (Cross, 2010; Roig, 2015; Besana, 2016).

7 La categoría de ‘boliviano’, por ejemplo, es utilizada comúnmente en varias ciudades del país para designar no solo a personas que nacieron en Bolivia, sino también a sus hijos, e incluso a migrantes del norte del país, de modo que “sus hijos son legalmente argentinos, pero socialmente, bolivianos” (Grimson, 2006, p. 78).

8 En coincidencia con estos testimonios, existen interesantes trabajos en los que se analiza la contradicción entre los ideales de la “primera generación” y los de la sociedad de recepción a partir de la inserción escolar de los niños migrantes e hijos de migrantes en la ciudad de Buenos Aires, especialmente de bolivianos (Novaro y otros, 2008; Beherán, 2007; Sinisi, 1999, entre otros) que resultan útiles para pensar en los estereotipos que entran en juego en las identificaciones de los hijos. Dentro de estos estudios, y como dejamos constancia en un trabajo anterior (Gavazzo, Beherán y Novaro, 2014), la escuela parece ser un “hito”, un momento central en el crecimiento de los hijos y en sus cambiantes modos de identificarse o no con el país de origen de los padres.

9 Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP ahora UTEP): es una organización gremial independiente de todos los partidos políticos, representativa de los trabajadores de la economía popular y sus familias.

Salud, ambiente y migración
en el Área Reconquista (Buenos Aires): intersecciones entre discursos estatales
y de mujeres migrantes

Lucila Nejamkis

Introducción1

Este artículo es parte de una investigación interdisciplinaria que indaga el vínculo entre género, migración y cambio climático a nivel local. Para ello trabajamos con mujeres migrantes que habitan la cuenca del Río Reconquista en el municipio de San Martín (Buenos Aires). Allí vive una población migrante rural extranjera –principalmente paraguaya, boliviana y peruana– e interna –de provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero– que se encuentran expuestas a condiciones ambientales vulnerables dada su cercanía y tipo de interacción con el Río Reconquista y el basural a cielo abierto del Complejo Ambiental Norte III del CEAMSE.

En el Área Reconquista (AR) de Buenos Aires, Argentina, habitan más de 4.200.000 personas, y es una de las zonas más contaminadas del país, especialmente cuando llega al noroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), del Partido de General San Martín. El desplazamiento migratorio desde Paraguay y Bolivia, así como desde las provincias del norte argentino a los casi 15 asentamientos de esta zona, están relacionadas a la creciente merma de recursos naturales como resultado de recurrentes inundaciones y sequías, el avance de la frontera agropecuaria y el monocultivo de soja transgénica, y se encuentran en el destino con otros problemas socioambientales, que generan inundaciones y problemas de salud en la población que la habita. Es importante destacar que en esta zona se emplaza el relleno sanitario más grande del país, el Complejo Ambiental Norte III de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). La contaminación del aire, suelo y agua debido al curso del río y al basural generan una serie de problemas de salud en la población que habita en los barrios del AR.

La crisis ambiental actual es el contexto desde donde hay que pensar estas problemáticas. Indudablemente, el enorme despliegue del capitalismo urbano-agro-industrial a escala global que ha tenido lugar en el siglo XX, así como el incremento hasta ahora imparable de la población, producción y consumo que ha llevado aparejado, no hubieran sido posibles sin ciertas prácticas decisivas. La energía abundante y barata, sobre todo de origen fósil (petróleo, carbón y gas natural), y la disposición también barata y abundante de recursos asimismo claves para su despliegue: agua, minerales (incluido el uranio), alimentos y biomasa, principalmente, que han estado igualmente disponibles por la misma existencia de energía abundante y barata a lo largo de todo el siglo, salvo quizás en la década de 1970. Y por supuesto, por la oferta en ascenso imparable de la fuerza de trabajo asalariada, y asimismo del trabajo doméstico no remunerado (prioritariamente femenino) que hacía viable su reproducción (Fernández Duran, 2011).

Tal como expresa Sarlingo (2013), en toda Latinoamérica emergen megalópolis y metrópolis que muestran archipiélagos de modernidad, confort urbano y riqueza rodeados de un mar de pobreza, precariedad, inexistencia de derechos a la salud, al saneamiento y a una buena calidad ambiental. Esta emergencia requiere de abordajes políticos y técnicos específicos (Larrea y Barreto, 2006). Prácticamente todos los ecosistemas del continente muestran signos de profundas desestructuraciones, y las amenazas, la inseguridad ambiental y el riesgo para todo tipo de comunidades, grupos sociales son parte de la vida cotidiana, tanto como efecto de la articulación del continente a la mundialización de la economía que se produce con la construcción del capitalismo moderno, o como resultado de la explotación colonial que se viene renovando en su encadenamiento a un sistema que necesita producir la destrucción de sus condiciones de producción ( Sarlingo, 2013, pp. 160-161).

Hace más de un año venimos realizando un trabajo de campo etnográfico guiado por una metodología de investigación acción participativa (IAP). Partimos de la propuesta de Fals Borda (2013), que combina el proceso de conocer y actuar, implicando en ambos casos a la población cuya realidad se aborda, y que incluyó la observación participante en diversos espacios comunitarios y la realización de entrevistas en profundidad. La misma partió de contactos previos con población migrante, específicamente mujeres y sus organizaciones comunitarias, y de la construcción colectiva de una agenda y un lenguaje común que permita producir información, fortalecer redes, promover prácticas educativas dialógicas y crear herramientas de comunicación. Durante todo el 2019 realizamos observación participante con mujeres migrantes en sus organizaciones comunitarias (comedores, asociaciones y centros culturales). Además, se hicieron una serie de entrevistas abiertas, individuales y grupales, con distintos miembros de las familias en sus hogares. Se realizaron también entrevistas a funcionarios públicos de varias áreas del Estado municipal y provincial.

A lo largo de nuestro trabajo de campo pudimos dar cuenta que la salud es uno de los ejes principales para abordar la problemática ambiental por parte de las mujeres del territorio (Nejamkis et al., 2020). En este sentido, en primer lugar, nos interesa conocer como es interpretada la relación entre ambiente y salud por estas mujeres. En segundo lugar, nos proponemos indagar como es entendida por parte de los agentes estatales de salud. Nos interesa conocer cuáles son los lazos que se establecen a nivel local tanto desde las instituciones del Estado como desde las mujeres migrantes entorno a estas problemáticas.

Contexto local: el Área Reconquista

A lo largo de la historia argentina ha sido un polo de atracción de inmigrantes. En la actualidad, hay 2.164.524 inmigrantes, lo que supone un 5% de la población, de la cual el 84,6% corresponde a países limítrofes: Paraguay con el 34%, le sigue Bolivia en un 21% y Chile con 11%. Es importante destacar que desde los estudios migratorios la dimensión interna está mucho menos estudiada y diversos autores coinciden en que es más difícil de captar.

En el caso particular del área de estudio, si bien nos encontramos todavía analizando las causas concretas de la migración, claro está que una de las principales razones es la falta de oportunidades laborales en sus lugares de origen. Ahora bien, no podemos dejar de mencionar que los dos países con mayor cantidad de población migrante en Argentina, como Paraguay y Bolivia, tiene cada vez más problemas ambientales derivados del sistema de explotación capitalista. En la misma línea se encuentran las provincias del norte argentino. En el caso de Paraguay, hace tiempo que organismos internacionales como la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2020) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertan sobre los efectos del cambio climático. Según el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), las inundaciones en este país estarían directamente relacionadas con la deforestación y su principal consecuencia, el calentamiento global. Estos trabajos describen que las poblaciones con menores recursos han tenido que abandonar sus hogares.

En la mayoría de los casos, estas poblaciones tienen origen rural y van del campo directamente a grandes ciudades como es el caso de Buenos Aires. Más del 75% de los inmigrantes que llegan en la actualidad se instalan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Cerrutti, 2009). También, en la mayoría de los casos, los lugares donde arriban no son aquellos que habían esperado al momento de partir de sus lugares de origen. Si bien Argentina es uno de los países más urbanizados de la región, tiene más de 4.400 barrios populares (villas y asentamientos informales), donde al menos 4.2 millones de personas (10% de la población total) viven sin acceso formal a los servicios básicos y con un alto índice de pobreza e indigencia. De acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP): el 88,7% de los mismos no cuenta con acceso formal al agua corriente; el 97,85% no tiene acceso formal a la red cloacal; el 63,8% no cuenta con acceso formal a la red eléctrica, y el 98,9% no accede a la red formal de gas natural. Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, 81.110 personas viven en asentamientos y barrios informales en el municipio de General San Martín, lo que representa un 20% del total de la población. La población que vive en asentamientos, villas y barrios informales en su mayoría está localizada en áreas de riesgo ambiental y con una deficiente provisión de servicios de agua y cloacas. En efecto, en la denominada Área Reconquista, 40.774 personas habitan en villas y asentamientos, lo que representa el 50% de toda la población con las mismas características de todo el municipio de General San Martín (estimación propia sobre la base de datos de Infohábitat).

Por su cercanía con el CEAMSE, este es el municipio con mayor concentración de recicladores del país y la cercanía al relleno constituye una de las mayores fuentes de trabajo, sobre todo para el sector desocupado y los trabajadores informales. Una gran parte de la población son migrantes que llegaron a Buenos Aires en los últimos treinta años, ya sea de las provincias argentinas, o de Paraguay, Bolivia, Perú y Venezuela. En la región, las mujeres son el sector de mayor vulnerabilidad social. El 70% de las mujeres adultas reconocen haber sufrido violencia de género, ganan el 25% menos que los varones por la misma tarea, a la vez que hay un 60% más de informalidad en el trabajo.

En estos territorios las presencias del Estado son intermitentes, por ello será interesante indagar como son los cruces entre la vida comunitaria conducida por esas mujeres y la incidencia del Estado en políticas locales relacionadas a la salud ambiental.

Intersecciones entre Estado, cuidados comunitarios y salud ambiental

Tal como se mencionó, la intención de nuestra propuesta es reconstruir las percepciones en torno al vínculo entre salud, ambiente que se encuentran en la intersección de los funcionarios públicos de Salud y las mujeres migrantes del AR del Municipio de San Martín para intentar reconstruir el quehacer cotidiano de la política pública, en sus múltiples dimensiones.

Por tal motivo recuperamos estudios académicos sobre antropología del Estado que proponen conceptualizar los procesos de formación y regulación del Estado describiendo las formas, rutinas y rituales como mensajes y prácticas de dominación (Corrigan y Sayer, 2007), así como los modos a través de los cuales el Estado es imaginado y vivido en su dimensión escalar y espacial (Ferguson y Gupta, 2002; Sharma y Gupta, 2006). De este modo, a partir de los encuentros cotidianos entre agentes y agencias estatales y personas migrantes, proponemos aportar al estudio de las prácticas cotidianas en que el Estado es producido, experimentado y legitimado a partir de la puesta en práctica de la política. Para ello retomamos también a Mitchell (1999) para pensar en el Estado como los efectos de esas prácticas y técnicas de gobierno, antes que algo que lo antecede, y en donde los márgenes entre lo estatal y lo no estatal se redefinen permanentemente (Asad, 2008; Das y Poole, 2008).

De manera complementaria, retomamos el concepto de políticas o policy. En tanto normas y tácticas de gobierno, permiten redefinir la visión instrumental de la política, restituyendo procesos complejos mediante los cuales las políticas no solo imponen condiciones, sino que modelan las prácticas de las personas (Shore, 2010). En este sentido, el estudio de las políticas permite explorar las modalidades de relación social entre diferentes actores sociales y los espacios sociales de disputa de los cuales resultan.

Desde este marco, Gupta propone una ‘mirada desagregada del estado’, quizá su apuesta metodológica más significativa. Esta mirada enfatiza el carácter contradictorio, translocal, pluricentrado y multinivel del estado, para cuestionar la idea tan naturalizada y problemática de este como una entidad coherente y unificada. De ahí, Gupta afirma que cualquier estudio sobre el estado debe aclarar y está mediado por el nivel, la ubicación institucional y la rama del estado estudiada. Esta mirada debe conducir a una conciencia sobre la parcialidad y la situacionalidad del análisis, y por esta vía, el etnógrafo debe reconocer su lugar en las mismas prácticas e instituciones estatales (Ferguson y Gupta, 2002; Fuller y Harris, 2000; Herzfeld, 2001, pp. 24-25; Hansen y Stepputat, 2001).

Ahora bien, al intentar reconstruir la trama social en los territorios más vulnerables, el Estado se presenta con grandes falencias. No debe pasarse por alto que los estados son también frecuentemente productores y modeladores de situaciones de desigualdad y grandes motores de estratificación: contribuyen a determinar quién queda relegado, cómo, dónde y durante cuánto tiempo (Wacquant, 2001). Desde esta perspectiva, se identifica que cuando la oferta pública estatal no brinda cobertura o la misma es residual –y no existen ingresos para contratar servicios en el mercado– las familias acuden a la oferta pública no estatal disponible: ONG, instituciones religiosas, voluntariado que se encarga del cuidado, entre otras necesidades sociales (Marco Navarro, 2007).

Es allí donde lo comunitario cobra un papel central para el sostenimiento de la vida, y al ser mujeres en su mayoría las que participan de estos espacios, la categoría de cuidados se vuelve esencial. En este contexto, como veremos, no es un dato menor que todas las entrevistadas participan de alguna actividad que comprende el “cuidado comunitario”. En algunos casos forman parte de comedores, merenderos, en otros de cooperativas de limpieza ambiental y construcción. Pero todas asociadas a las mejoras de la calidad de vida de la población de los barrios.

Como relatan Zibecchi y Pautassi (2010), las organizaciones sociales ocupan un rol neurálgico en relación a los cuidados en la Argentina, sobre todo en lo que refiere a los sectores urbanos más postergados. En el caso de las mujeres migrantes estas redes de cuidados son fundamentales para la reproducción de la vida en los lugares de destino (Mallimacci y Mangliano, 2018).

Desde la especificidad de nuestra problemática son múltiples los cruces posibles entre Estado, cuidados comunitarios y salud en territorios con alta degradación ambiental. La salud es uno de los ámbitos donde las mujeres se ven altamente comprometidas en el área de cuidados. En este contexto, la salud ambiental es entendida como “el segmento de la salud pública que evalúa, concibe y controla el impacto ejercido por las personas sobre su ambiente y el impacto de este sobre aquellas” (Organización Panamericana de la Salud, 2000). Generalmente está asociada entre otras cosas a peligros tradicionales vinculados a la pobreza y a la falta de desarrollo: falta de acceso al agua potable, saneamiento básico deficiente, contaminación microbiológica de los alimentos, deforestación, degradación del suelo y grandes cambios ecológicos, entre otros. Diversos estudios han observado que las mujeres de las poblaciones pobres son las más afectadas desde la perspectiva del ambiente pues sufren la falta tanto de recursos de calidad como de infraestructura pública adecuada. Como resultado, el ambiente personal de las mujeres difiere mucho del de los hombres y, en consecuencia, la exposición y los peligros ambientales son distintos.

En nuestro caso, al pensar la salud ambiental y el género en contextos de pobreza hay que sumar también la condición migratoria. Algunos estudios sobre salud de los inmigrantes entienden que en general, se trata de una población que, con matices, presenta rasgos de mayor vulnerabilidad. Si bien existe evidencia de que quienes emprenden un movimiento migratorio tienen perfiles más saludables que quienes no lo han hecho (Cerrutti, 2010), también es cierto que el cambio de residencia genera una serie de intranquilidades y situaciones de riesgo que pueden afectar la salud de los migrantes en el caso que sean recientes. A pesar de los mecanismos de contención ofrecidos por las redes migratorias, los migrantes recientes sufren considerablemente, en particular, cuando provienen de sociedades pequeñas, homogéneas y rurales y deben adaptarse a grandes metrópolis, impersonales y socialmente heterogéneas.

Otro de los elementos que los estudios marcan son las diferencias en las pautas sanitarias de nativos e inmigrantes. Por lo común, los colectivos de inmigrantes que provienen de culturas diversas mantienen en la sociedad de destino modelos y conductas para el cuidado de la salud y el tratamiento de la enfermedad que contrastan con las del modelo dominante en los servicios públicos de salud (Aizemberg, Rodríguez y Carbonetti, 2015, p. 27).

Desde la perspectiva de las mujeres migrantes del territorio, el acceso a derechos es una práctica que se milita cotidianamente a través de las redes, de las organizaciones sociales y de los cuidados. Allí donde el Estado desatiende, ellas están presentes. El caso de la salud ambiental no es la excepción y también es entendido como un derecho a conquistar.

Percepciones en torno a la salud ambiental por parte de las mujeres inmigrantes2

A lo largo del trabajo de campo evidenciamos que la salud es la variable principal a partir de la cual lo ambiental empieza a ser percibido como problemático por las mujeres del territorio. Cuando indagamos acerca del medio ambiente, el concepto es materializado por las interlocutoras en aquellas afecciones que ellas detectan en sus hijos e hijas, o nietos y el resto de las niñeces que cuidan en los comedores comunitarios. En los relatos estas afecciones varían entre enfermedades como el dengue, los problemas dermatológicos y respiratorios (asma, EPOC o neumonía). En la mayoría de los casos las entrevistadas relacionan estas enfermedades con los basurales, la contaminación de las napas y la quema de basura. En base a trabajos previos (Nejamkis et al., 2020), seguimos la distinción que realiza Durand (2008) entre percepción e interpretación ambiental, optamos por utilizar el segundo término, dado que encara el entendimiento que los actores conforman sobre el entorno como el producto de una interacción con el ambiente, y no meramente como una inscripción de “la cultura” a la materialidad con la que conviven diariamente.

Tal como expresa Sarlingo (2013) es necesario entender que entre el ambiente contaminado y la experiencia subjetiva y colectiva de la cotidianeidad envenenada se encuentran diversas mediaciones. Estas son estructuras cognitivas moldeadas por las prácticas y por los discursos de muchos sujetos, que le dan forma a lo que se conoce o lo que se interpreta. Tal vez habría que consensuar como denominarlas, por ejemplo, esquemas (Bourdieu y Wacquant, 2005) que pueden funcionar de una manera particular que les permite a diferentes grupos de personas encuadrar una realidad confusa, decepcionante, amenazante, peligrosa y fundamentalmente, no deseada.

Es importante destacar que estas mujeres ocupan una gran cantidad de su tiempo en las tareas de cuidados comunitarios, ya sea en comedores, apoyo escolar, conserjerías de violencia de genero entre otro. En ese sentido están profundamente involucradas con las problemáticas barriales y mantienen conocimiento de la vida cotidiana a nivel comunitario.

Tal es el caso de Paola, hija de inmigrantes internos del Chaco argentino, quien preside una cooperativa que se encarga de la limpieza de los arroyos afluentes del río reconquista en San Martín (Cooperativa 9 de julio). A su vez, participa en el comedor “Tiempo libre” donde se da de comer a gente del barrio y donde hay actividades culturales y/o deportivas. Para Paola, la salud y el deterioro ambiental están íntimamente relacionados, el aspecto más visible de esta conexión es la basura. No es un dato menor ya que la cercanía con el relleno sanitario del CEAMSE genera una relación dual por parte de la población de la zona. Lo paradójico es que la basura se presenta no solo como un problema si no también como recurso, ya que muchas trabajadoras viven de la misma.

Tal como expresa Poa: “yo creo que es un problema en general, porque acá hay basura en todos lados y al ver basura en todos lados, por ejemplo, se tapan las bocas de basura y se tapan los caños”, entonces el problema es la basura y el agua que contamina. “Y si mira ahora que hace calor, a partir de las 2 de las tardes vas a empezar a sentir el olor a CEAMSE”. Nos cuenta que las principales afecciones están asociadas a problemas en la piel como “granos en los chicos, infecciones respiratorias, se enferman continuamente de la Bronquiolitis, del broncoespasmo, de una a otra, que después termina en una neumonía”.

Para Sole, migrante de Paraguay, lo único que se ve en la zona es basura “en todos lados. En cualquier parte vos ves basura, basura, basura”. Ella agrega a esta descripción que no hay árboles y esto podría relacionarse también a los problemas de la piel “Hoy ya nadie planta árboles... si lo pueden sacar, lo sacan”.

Moni, quien proviene de la provincia de Misiones, de un pueblo fronterizo a Paraguay, explica que “lo más perjudicial es el olor a la basura y luego la quema, que al estar cansados de la basura terminan quemando y ahí te perjudica todo el ambiente de la parte de adentro del jardín, te llena de humo la sala, te llena de humo todo. Sí, se puede prender fuego todo. Aparte el calor que hace, tener que estar soportando que te hagan fuego al otro lado de la pared es tremendo”.

Al consultar por las percepciones que tienen respecto al quehacer médico relacionado a estas temáticas, Pao pone énfasis en la estigmatización que tienen los médicos de los pobres: “no, ¡sabes que te da bronca con los médicos! Porque, por ejemplo, en la gente que lo detectan, ellos dicen que es una familia que está con muchos problemas, y vos te das cuenta que es una familia que se rompe el alma por estar con los pibes; se lo sacan y hay otras que viven drogadas, fisura, que no les importa un carajo y que viven para drogarse, se lo dejan. Tienen como 10 hijos”.

Cuenta que trabajó como promotora de Salud gracias a la presión por parte de la población para poder involucrarse en la salud comunitaria “me dice, ¡Claudio quiere que vayamos y me dice vos qué opinas y le digo, bueno vamos! Vamos y fuimos, a la salita, nosotros estábamos en Barrios de Pie3 y nos plantamos ahí en la salita. Hicimos alto quilombo ahí. Y ahí empecé a trabajar, el municipio me pagó durante dos años como promotora de salud. Y yo cobraba en blanco digamos”.

La posibilidad de acceder a los espacios de salud y trabajar en ellos es visto como una ganancia más de los espacios de cuidado.

En esta vinculación dual con la basura que es la misma que los enferma –pero a la vez en muchos casos les da comer– el Estado Municipal cumple un rol fundamental. Así lo explica Moni: “Eso pasa ahora. Hay veces que tenés que estar pendiente del camión para ver si se lo llevan. La propia basura de ahí que no es tanta, más la basura acumulada que está en la esquina, pero viste eso es un problema. Tenía que llamar al camión atmosférico, pagar y ellos te venían y te desagotaban un metro de agua nada más. Así que... (Se ríe), no te creas que eso te iba a durar un par de años, no. Y cuando se empieza a llenar tenés que desagotarlo enseguida”.

En relación a las respuestas estatales entiende que no hay un compromiso por parte de las autoridades respecto al problema ambiental y específicamente en el caso de la basura relatan la autogestión que deben llevar a cabo: Moni entiende que “Yo no veo cambio, no sé si lo hará el municipio ¿o qué? Pero yo no veo que el municipio trate de… o no sé si será la gente que está abajo del intendente o el intendente mismo”.

Paola también se queja del manejo municipal con la basura “Es un desastre. Justo ayer estaba mandando fotos a Leo (Grosso diputado nacional, Movimiento Evita) y me pasó un contacto de María José Martín que la llame. La directora de la 33 llamó a la unidad 3 y la basura de la 33 no sabés lo que es. Si, si, Leo me dice que no me enoje, que primero llame, pero te cansas de llamar y mandar fotos a uno y a otro, a uno y a otro, y nada. El problema es que los pibes van y la basura está (el pibe se refiere a los alumnos de la escuela 33)”.

Es a partir del cuidado comunitario y de la organización social, por ejemplo, en cooperativas, que estas mujeres logran resolver, en parte, las falencias del Estado. En el caso específico del acceso a la salud, poder ser promotoras de salud es una vía que pretender zanjar la brecha tan grande que los separa del personal de salud, sobre todo en el caso de los médicos.

La salud en el lugar de destino: el discurso médico

En el caso de San Martín la oferta prestacional pública está constituida por 5 hospitales: Eva Perón (ex Castex), Manuel Belgrano, Diego Thompson, Dra. Alexander Fleming y Dr. Enrique Marengo. Dentro de la estructura de prestación de salud, el Estado nacional ha hecho una importante apuesta al Plan Médicos Comunitarios, una estrategia dirigida al fortalecimiento de las estructuras locales de atención primaria. En este contexto, el municipio cuenta con 19 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Específicamente dentro del Área Reconquista se encuentran los CAPS 7, 10, 15, 17 y 22.

En el caso específico de esta etapa de la investigación trabajamos con las entrevistas a los directores de los CAPS 7, 15 y 17, el director del hospital Fleming, a la directora ejecutiva del Hospital Interzonal Eva Perón y la coordinadora del programa de Salud de la mujer e infancia de la Municipalidad de San Martín.

La mayoría de los agentes de salud entrevistados coincidieron con las mujeres del territorio en entender que la principal problemática que vincula la salud y el ambiente es la basura. Así lo expresa Pilar, directora del CAPS 7 ante la pregunta por las afecciones de salud vinculadas al medio ambiente: “Estas tienen que ver con la basura, la contaminación, o sea, de nuestra tierra, de nuestras napas por el Reconquista. Acá también tenemos el CEAMSE, la mitad de nuestra gente labura en los galpones reciclando, en condiciones nada buenas, en contacto diario con basura. Eso irrita mucho la piel, y provoca muchísimas infecciones. Y, digamos, sumado a esto, los basurales a cielo abierto en cada esquina, no?”.

Por su parte, el director del Hospital Fleming concuerda en que las principales enfermedades son tanto de la piel como respiratorias. Él vincula las mismas a los basurales y a la pobreza (falta de cloacas, falta de agua potable, entre otros).

La directora del CAPS 15 se muestra más cauteloso y explica la dificultad para hacer una asociación directa entre enfermedades vinculadas a la degradación ambiental: “Probado no hay nada. Porque se encargan de que si probás algo te lo… El CEAMSE mueve una cuestión económica muy poderosa. Nosotras acá, en el centro de salud, lo que más podemos ver son cuestiones de piel. Abscesos, forúnculos, que suponemos que están muy ligados a la contaminación del aire. Las cuestiones respiratorias también… Pero el problema con esto es que ninguna patología tiene una sola causa. No es que tengo un forúnculo porque está el CEAMSE. Porque puede no estar el CEAMSE y tener un forúnculo”.

Para Diego, director del CAPS 17, las afecciones de salud están más relacionadas con la calidad de la vivienda que con el ambiente (cloacas, pasillos, aire). Aunque coincide con su colega en la falta de datos para poder hacer estas relaciones “No podía aseverar porque no hay estudios sobre eso: desde la municipalidad no circulan esas informaciones. En la página de salud no están publicadas no se pueden acceder”.

En relación específica a la población migrante, el director del Hospital Fleming puntualizó en las problemáticas que veía e indicó que el propio personal del hospital realiza una discriminación hacia los extranjeros ya que presume que no hay que atenderlo.

El director del CAPS 15 expresa que “hay como una mirada de la comunidad paraguaya para consigo misma mucha más cuidadora. Mucho más solidaria y de hermandad que la nuestra. Sí ha sucedido que vino alguien recién llegado de Paraguay y no hablaba mucho castellano porque hablaba guaraní. Pero, en general, ellos vienen con alguien que los acompaña, como para que los entiendan. Por eso te digo esta cosa de solidaridad que tienen que no se ve mucho en nosotros”.

En palabras de Clarisa, la coordinadora del programa de Salud de la mujer e infancia de la Municipalidad, “en relación a las mujeres migrantes no hay ningún programa o línea de trabajo en el cual hagan un recorte específico sobre esta población. Por el contrario, manifiesta que no hay ningún obstáculo o discriminación hacia ellas. Entiende que según la perspectiva subjetiva de las inmigrantes sí hay discriminación”. Sin embargo, para ella la discriminación no se da por la nacionalidad sino por la edad o lugar de residencia (si sos de la villa o no). Dice que esto lo observa en los administrativos de los CAPS y en los profesionales de la salud. Por ejemplo, los médicos sostienen que hay que bajar la edad de rastreo de cáncer de cuello de útero porque la población que vive en las villas es más promiscua.

Destaca el lugar que tienen las mujeres en los cuidados, especialmente en lo que hace a la salud: “Las que llevan adelante los tratamientos de salud en los barrios son las mujeres. O sea, las cuidadoras de la salud de las familias son las mujeres”.

En otras palabras lo explica el director del CAPS 17: “Bueno, el hombre no viene mucho al centro de salud, más que para una cuestión de emergencia, no viene. Y mucho menos el paraguayo. Pero entiendo que, en ese sentido, son mucho más víctimas del machismo”.

Otro de los ejes en donde todas las entrevistas coinciden es en la falta de información respecto a la temática medio ambiente y salud. Ponen esta responsabilidad en el municipio quien no produce datos para generar una política adecuada.

Así lo expresa Clarisa desde el ejecutivo municipal: “En relación a medio ambiente, basura o contaminación desde el Programa de Salud de la Mujer e Infancia no tienen ninguna línea específica de trabajo, no porque no les interese sino por una serie de recortes” (Notas de campo, 21/8/19). A su vez, no hay registros sistemáticos de padecimientos asociados a la basura o al ambiente. Más bien hay un registro subjetivo de las patologías respiratorias y dermatológicas que se encuentran en vinculación directa con el ambiente, los residuos, las fábricas y la basura.

Para el director del CAPS 17, la falta de información se debe a cuestiones de interés político y económico: “Y vos pensá que la basura de la ciudad viene toda acá. Y eso mueve millones de pesos y nadie quiere mover nada porque a la ciudad le conviene seguir sacando la basura afuera y al que maneja el CEAMSE le conviene seguir ganando los millones que gana. Tendrías que preguntar en Medio Ambiente del municipio. Pero te van a contestar algo parecido a lo que te contesto yo. Son cosas que no se pueden mover mucho porque el poder como que las baja”.

Reflexiones finales

En este trabajo, la crisis ambiental es el marco general desde donde pensamos las relaciones de género, migración y cambio climático. Las mujeres con las cuales trabajamos, sean migrantes internas o internacionales, en su mayoría son expulsadas de territorios altamente degradados por el modelo de producción asociado al agronegocio y llegan a territorios urbanos también vulnerados ambientalmente por las formas de vida capitalistas.

Entendimos también que la salud se presenta como un indicador fundamental del deterioro ambiental para las propias protagonistas ya que se hace visible en los cuerpos propios y ajenos.

Hay varias coincidencias en torno a las percepciones vinculadas a la salud y el ambiente entre las mujeres migrantes y el personal jerárquico de salud. Por las propias dinámicas del territorio, sobre todo su cercanía con el CEAMSE, la basura se presenta en los discursos como el principal causante de enfermedades, a la vez que como uno de los más importantes generadores de recursos económicos de la zona. También hay coexistencias entre una discriminación en la atención de la salud más asociada a las clases sociales que al lugar de nacimiento. Para las mujeres es importante ganar espacios como promotoras de salud en los CAPS, es una manera de poner en práctica las estrategias de cuidado. El papel del Estado municipal es cuestionado por ambos colectivos. Para las mujeres, el Estado no responde a las demandas de los barrios y ni siquiera pueden cumplir una recolección eficiente de basura. Para los médicos no se recolectan datos que puedan ayudar a explicar la vinculación de enfermedades con cuestiones ambientales. Para algunos, esto en parte, tiene que ver con los intereses económicos y políticos que mueve el CEAMSE. La carencia de información impide en muchas ocasiones pensar programas específicos para atender a estas poblaciones.

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1 Este trabajo se enmarca en el proyecto “Estrategias socioambientales para fortalecer la resiliencia de las mujeres trabajadoras migrantes en la Cuenca del Río Reconquista, Buenos Aires, Argentina”, IDRC-UNSAM.

2 Por la extensión de este trabajo se seleccionaron solamente algunas entrevistas.

3 Agrupación política.

Migración internacional de retirados e incorporación de estadounidenses en la Ribera de Chapala

Asmara González-Rojas y Olga Aikin Araluce

Introducción

La migración internacional de retirados (MIR) es un fenómeno de movilidad humana asociado a grupos privilegiados, que en México se ha intensificado con el flujo y establecimiento de norteamericanos (canadienses y estadounidenses) y europeos, principalmente, en algunos destinos idílicos como la Ribera de Chapala1 en Jalisco. Este fenómeno se ha incrementado debido a la globalización del último tercio del siglo XX, enmarcando las complejidades de nuevas prácticas transnacionales.

Estos flujos y grupos migratorios revelan escenarios de contraste frente al resto de las crisis migratorias en América Latina,2 pero al mismo tiempo generan impactos ambientales, económicos, sociales y culturales debido a su llegada y apropiación de espacios locales para la especulación inmobiliaria. Esta migración de jubilados está transformando el hábitat, modificando los entornos de formas diversas, en ocasiones suscitando intercambios interculturales, en otros generando mayores desigualdades entre las poblaciones locales y las de nuevo arribo.

El objetivo de este trabajo es examinar cómo la MIR y su proceso de incorporación en la Ribera de Chapala está propiciando la formación de campos sociales transnacionales y/o redes entorno a las dinámicas y necesidades de estos grupos migratorios y, por lo tanto, transformando las dimensiones económicas, sociales y culturales en la región, impactando en el medio ambiente, modificando el paisaje y fomentando las ‘desigualdades entre grupos’ (Stewart, 2008).

Este texto tiene como base un estudio previo comenzado en 2019, sobre los patrones migratorios y el perfil de los retirados estadounidenses en la Ribera de Chapala, para el cual utilizamos una metodología mixta que consta de una encuesta electrónica dirigida a estadounidenses en la Ribera de Chapala, trabajo de campo y entrevistas a profundidad (Aikin y González-Rojas, 2021). En este capítulo analizamos los hallazgos en referencia a las respuestas y puntos de vista de los estadounidenses sobre su incorporación en el espacio local y los impactos (en la transformación del espacio, en las reconfiguraciones sociales, en lo económico y en lo ambiental), que como grupo generan en el entorno de la Ribera de Chapala.

El capítulo se organiza en tres secciones. Primero, presentamos una breve caracterización del espacio de estudio y perfil de los estadounidenses retirados, con los datos de la encuesta (Lake Chapala Survey, 2019). Segundo, sintetizamos la literatura sobre la MIR, campos sociales transnacionales e incorporación en referencia a nuestra región de estudio. Tercero, presentamos los resultados de trabajo de campo, resaltando la visión de los actores respecto a su incorporación como parte de la MIR en el lugar de acogida y los impactos más significativos para la Ribera de Chapala, contrastándolo con la visión de otros actores locales y nuestras observaciones en el terreno. Concluimos sobre los impactos negativos y positivos de la MIR y los aspectos que propician la formación de redes y campos sociales transnacionales.

La presencia de estadounidenses en la Ribera de Chapala

La inmigración internacional en la Ribera de Chapala se remonta al siglo XIX y ha ido incrementado a lo largo del siglo pasado, para la década de 1990. Chapala era, de acuerdo con Truly (2002), la comunidad de retirados estadounidenses más grande fuera de su país de origen. En la actualidad sigue siendo un polo de atracción, sobre todo para jubilados norteamericanos que se ven atraídos por la belleza de la zona, pero también existe un mercado inmobiliario que les favorece para la posesión de propiedades inmuebles (Schafran y Monkkonen, 2011).

El lago de Chapala se localiza en la región occidental de México, su extensión de 1.080 km2 y se distribuye entre los estados de Jalisco y Michoacán con 90% y 10% de la superficie respectivamente. El lago de Chapala está considerado como el embalse natural de mayor extensión en México y ocupa el número 68 a escala mundial, el número 48 en América del Norte y el tercero en tamaño en Latinoamérica. Sobre la ribera están situadas las poblaciones de Chapala, Ajijic, San Juan Cosalá, El Chante, Jocotepec, Ocotlán, La Barca. Es un sitio Ramsar desde 2009 (Semarnat, 2005). Sin embargo, este estudio se centra en los datos de la encuesta hecha a estadounidenses en los municipios de Jocotepec y Chapala, miembros del LCS.

Entre 1990 y 2000, la población de retirados estadounidenses en Chapala se incrementó en un 58,1% (Migration Policy Institute, 2006). Desde 2018, la explosión demográfica de los baby-boomers en Estados Unidos, la mayoría en edad de retiro ha generado globalmente un mercado muy competitivo de destinos para la tercera edad en donde México (y la Ribera de Chapala) se sitúa como cuarto lugar altamente deseable entre los diez más recomendados, en los últimos cinco años (International Living, 2019, Annual Global Retirement Index, 2020).

Es complejo determinar con exactitud el número de extranjeros permanentes o temporales en Chapala. Actualmente, expertos estiman que en temporada alta de invierno se concentran entre 20.000 y 25.000 extranjeros, sumando los residentes permanentes, los temporales y los turistas, en donde el grupo de los canadienses también conocidos como snow birds repunta mucho. En temporada hay entre 8.000 y 12.000 extranjeros en Chapala, muchos de ellos residentes permanentes, en donde aproximadamente el 70% son estadounidenses. No obstante, no existe una precisión estadística (Truly, entrevista, 22 de febrero, 2019).

Debido a que el proceso migratorio es diverso, habiendo desde residentes permanentes, temporales y turistas, las estadísticas generadas por instancias del Consulado de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Migración son parciales. No existen estadísticas completas ni por parte de México ni de Estados Unidos.

El estadounidense retirado promedio, como se menciona en gran parte de la literatura revisada, no se incorpora individualmente a la sociedad de acogida, sino que lo hace a través de asociaciones como el Lake Chapala Society (LCS),3 que forma una comunidad multinacional caracterizada por la participación de mexicanos y extranjeros cuya labor ha derivado en la convivencia entre culturas.

Esto evidencia la premisa de que el flujo migratorio de estadounidenses retirados se ha consolidado debido a la formación de campos sociales o redes transnacionales que se han formado y confluido a lo largo del tiempo en el espacio de la Ribera de Chapala, sitio que se ha presentado como idílico y como un refugio de sanación por el microclima del lago, al mismo tiempo que es accesible económicamente y está estratégicamente conectado para estancias temporales y/o permanentes.

Resultados sobre el perfil general del grupo de estadounidenses encuestados

Como parte de una investigación previamente citada, en 2019 se realizó un trabajo de campo que implicó diversas fases de observación, inmersión, contacto con informantes clave y diseño de una encuesta en línea con treinta preguntas cerradas y abiertas, dirigidas a 1.800 estadounidenses miembros del LCS, de los cuales obtuvimos 258 respuestas,4 en el período comprendido entre principios enero a finales de marzo de ese año. La intención de la encuesta fue establecer los factores de empuje y atracción para migrar a la Ribera de Chapala, así como obtener información sobre su perfil socioeconómico, incluyendo su nivel educativo. Así como indagar qué tipo de relación o convivencia tienen con los mexicanos locales y que implicaciones perciben como grupo de migrantes, respecto al lugar de acogida.

La muestra obtenida reflejó diversos estilos migratorios, en donde un 60% de ellos, declaró residir permanentemente en Chapala, mientras que el 40% afirmó tener estancias más cortas en la zona, es decir, hay una población flotante elevada y los estilos migratorios son inmigrantes, transmigrantes, residentes temporales (snow birds), turistas o visitantes.

Los datos del perfil, la encuesta arroja lo siguiente: Un 95% son personas jubiladas, procedentes de una gran diversidad de estados de Estados Unidos, entre los que destacan California, Washington y Texas. El grupo de edad que predomina es el de personas entre 70 y 79 años (51%), seguido del rango entre 60 y 69 años (35,2%), entre 50 a 59 años (5,4%) y de 80 o más (8%). En su mayoría pertenecen a las generaciones de baby boomers estadounidenses, nacidos entre 1949 y 1968, que tienen actualmente entre 51 y 70 años. En este sentido, el 40,6% de la población encuestada se incluye en el grupo de personas que buscan lugares baratos para vivir y han elevado la demanda de residencia en Chapala (Aikin y González-Rojas, 2021).

La población es mayoritariamente femenina (63,6%). Respecto a sus creencias religiosas, la mayoría (39,1%) declara no tener religión. Entre los que afirman tenerla muestran diversidad de creencias (budismo, islamismo, mormonismo, testigos de Jehová, taoístas, “hippies”) y se destacan el grupo de los protestantes (20,7), los católicos (10,3%), y los que abrazan el judaísmo (6,1%) (Aikin y González-Rojas, 2021).

Los resultados de la encuesta reflejan a una población con un nivel educativo elevado: entre ellos predominan los que tienen licenciatura (37,5%), los que declaran tener maestrías (30,7%) y los que tienen doctorados (9,6%). Es decir, el 77,8% tiene títulos universitarios, y el 22,2% restante tiene títulos técnicos, solo cursó hasta preparatoria u otras cualificaciones profesionales (Aikin y González-Rojas, 2021).

Entre los antecedentes profesionales de los encuestados destacan los que han trabajado en el sector educativo; seguidos del sector de ventas, especialmente en bienes raíces; el sector salud; los que tienen negocio propio; los trabajadores sociales o de ONG y los artistas. El perfil profesional corresponde con las actividades que algunos realizan en Chapala, por ejemplo; impartir clases de castellano, formar organizaciones filantrópicas, participar en la defensa del lago y sus cerros, formar redes de artistas y eventos culturales, así como crear sus propios negocios o trabajar en bienes raíces (Vidal, entrevista, 25 de enero, 2019).

El nivel de ingresos de los encuestados revela que en su mayoría son retirados de clase media, como lo señala el exdirector del LCS (2019). Los resultados de la encuesta indican que el grupo inmigrante gasta mensualmente entre 1.000 y 1.800 dólares estadounidenses (40,7%), entre 1.800 y 2.500 (32,2%) y más de 2.500 (18%). No obstante, llama la atención que casi un 9% vive con menos de 1.000 dólares en un lugar que actualmente tiene una gran demanda y en consecuencia el costo de vida ha incrementado.

En este sentido, Truly habla del fenómeno de los “refugiados económicos”, un grupo de gente que no logra sobrevivir en Estados Unidos y que llegó a Chapala pensando que podría tener una mejor calidad de vida, pero “esta fue una percepción falsa, ya que aquí los precios de bienes raíces siguen subiendo y este grupo ya no puede volver fácilmente a Estados Unidos” (Truly, entrevista, 22 de febrero, 2019).

La diversidad del grupo es visible en términos generacionales, deferencias socioeconómicas y formas de migrar. Los factores de empuje y atracción para migrar a Chapala, para los 258 encuestados, obedecen a razones económicas (80%), debido al elevado costo de vida en su país de origen. Otro factor es la insatisfacción por cuestiones sociales y políticas en Estados Unidos. También, como factor de atracción (95%), el bajo costo de vida, accesibilidad de la vivienda y sistemas de salud, así como el clima del lago, su belleza y el estilo de vida y la hospitalidad de los mexicanos.

Dentro de la caracterización de los estadounidenses en Chapala es importante mencionar que hay una ola de migrantes más jóvenes que parecen constituir el grupo de los Trump refugees, insatisfechos con el sistema político de su país (Truly, entrevista, 22 de febrero, 2019).

En este sentido, Vidal (entrevista, 24 de enero, 2019) afirma que en los últimos años la edad promedio de los miembros del LCS está bajando, observándose la llegada de un grupo más joven que trabaja desde sus oficinas virtuales o en trabajos ligados a la prestación de servicios para retirados o turistas. Este grupo, más activo en la zona y más insertado en redes transnacionales laborales, no constituye necesariamente un grupo de retirados, sino un grupo que toma las oportunidades laborales que le ofrece la MIR o que llega a Chapala a través de lazos familiares preexistentes en la zona.

La literatura sobre estadounidenses en la Ribera de Chapala

Esta sección tiene como objetivo rescatar la literatura y los debates académicos entorno al fenómeno de la MIR para comprender lo que sucede en la Ribera de Chapala.

La producción académica sobre los estadounidenses retirados en la Ribera de Chapala se puede categorizar en dos. Primero, las investigaciones de corte demográfico y sociológico, y segundo, en las de corte antropológico, centradas en los actores locales y los efectos del grupo de arribo sobre el territorio.

En las investigaciones realizadas por autores estadounidenses se estudian el perfil y el punto de vista de los retirados (Sunil, Rojas y Bradley, 2007; Migration Policy Institute, 2006; Truly, 2002).

Sunil et al., (2007) centran su trabajo en las razones que impulsan a este tipo de migración a Chapala, afirmando que las principales son: aumentar la calidad de vida, la preexistencia de una comunidad estadounidense en la zona, la belleza natural, el clima y el costo de vida. También afirman que este tipo de migración puede estimular la economía local, algo que refleja el reporte del Migration Policy Institute (2006). Sin embargo, se detecta que el incremento de costos de bienes raíces expulsa a los locales hacia las periferias de estos pueblos, como sucede en Chapala y en San Miguel de Allende. Este reporte también sugiere que la habilidad de integración entre estos inmigrantes varía, y que en algunos casos la presión económica de salir de su país es más determinante que la atracción que genera en ellos la cultura mexicana.

Asimismo, Truly (2002) ubica, a partir de una matriz actitudinal de estadounidenses en Chapala, dos perfiles típicos de migrantes a lo largo de los años: el positivo y el negativo, los cuales tradicionalmente llegan para mejorar su calidad de vida, que aprecian y conviven con la cultura local y sus gentes. No obstante, afirma que desde la década de 1990 se ha ido formando un grupo que elige Chapala como destino por razones económicas (nivel de vida más barato) y climáticas (entre otras) pero que, lejos de interesarse en la cultura local o de integrarse mínimamente en las comunidades locales, prefieren importar la suya propia. En este sentido, sugiere que existen cambios en la región, en donde se ha alterado la magnitud y naturaleza de la migración de retiro en el área, tendencia que, de seguir adelante “la dinámica de esta comunidad puede alterarse dramáticamente en el futuro” (Truly, 2002, p. 273) y llegar a un nivel de saturación.

Desde algunos textos antropológicos, el fenómeno es abordado a través del análisis de los impactos en las comunidades locales, así como las consecuencias económicas, culturales, sociales y ambientales que tiene este tipo de migración (Talavera, 1982; Díaz Copado, 2013; Bastos, 2014; Lizárraga, 2008; Hiernaux, 2011). Talavera (1982), por ejemplo, en su estudio pionero categoriza el ‘despojo ecológico’ como el principal problema de los pueblos ribereños (p. 10).

Esta mirada local se centra en los conflictos de tierras en la Ribera de Chapala. Talavera (1982) señalaba a los desarrolladores mexicanos, entre ellos algunos extranjeros retirados, de haber cometido invasión de terrenos, transacciones abusivas y despojo. Bastos (2014) argumenta que la MIR es un proceso de “desposesión mediado por el negocio de bienes raíces” (p. 48), y si bien es visto a menudo como un fenómeno beneficioso que genera empleos en los mercados locales, es más bien lo contrario, debido a que desplaza a los habitantes de sus tierras, empleándoles en el sector servicios por sueldos bajos. Los pueblos indígenas de Ajijic pasaron de ser campesinos a asalariados y se han convertido en un pueblo de servidores domésticos (Talavera, 1982, p. 62; Bastos, 2014, p. 48).

Algunos de los debates que surgen en la literatura revisada versan en torno a cómo tipificar a este tipo de migración, son migrantes privilegiados, o turistas residenciales o son expats; asimismo, se debate si estas comunidades son predominantemente activos para los lugares de destino (por el tipo de desarrollo local) o si su presencia también genera consecuencias económicas y sociales perjudiciales para las comunidades locales; finalmente, si estos grupos presentan un perfil que aprecia la cultura local y aspira a incorporarse con ella o si, por el contrario, viven en una burbuja propia e incluso importan su propio estilo de vida. Como el caso del migrante negativo descrito por Truly (2002).

Una de las consecuencias visibles de la MIR en la Ribera de Chapala es la formación de comunidades americanizadas que son expresiones locales de la globalización (Jackiewicz y Crain, 2010, p. 8). La MIR puede clasificarse como un fenómeno de élite o de privilegio que podría verse como un reflejo de la desigualdad global.

Por ejemplo, el análisis de Croucher (2012) sobre “migrantes privilegiados” incluye a trabajadores cualificados, retirados, inversores y estudiantes, cuya motivación principal es mejorar su calidad de vida (p. 11). A los migrantes retirados también se les denomina “expats, americanos y turistas residenciales” dado que, en el imaginario público y político, generado sobre todo en Estados Unidos, los migrantes no son blancos (p. 4).

Es decir, se percibe una situación de contraste visible entre los migrantes retirados norteamericanos (canadienses y estadounidenses) versus los migrantes centroamericanos que pasan en caravanas por la ciudad de Guadalajara.

Otro elemento a debate sobre la MIR es la discusión sobre el desarrollo económico en las zonas de destino, viendo a los retirados como activos en los lugares de acogida, sin examinar las externalidades. Por ejemplo, Díaz Copado (2013) cuestiona la idea de que la MIR trae desarrollo en las zonas de acogida, al ver a los retirados solo como activos para los lugares de destino, pero sin examinar las consecuencias negativas. Por ejemplo, señala que en Ajijic existen algunos retirados que trabajan en bienes raíces o como desarrolladores, con un impacto económico y social importante en la zona. Afirma que la mitad de los miembros del Grupo Inmobiliario del Lago (la asociación más grande de desarrolladores en la Ribera de Chapala) son retirados extranjeros y que un 70% de las transacciones inmobiliarias realizadas entre 2001 y 2005 fueron hechas por extranjeros, si bien el 50% de ellos no contaban con permisos expedidos por las autoridades mexicanas. Este proceso de activación económica también está documentado en otros destinos de MIR como Mazatlán y Cabo San Lucas (Lizárraga, 2008).

En términos ambientales, se detecta también un impacto adverso de la MIR. Sandoval (2021) señala que se han reportado invasiones sobre el vaso lacustre del lago de Chapla desde principios del siglo XX y que continúan en la actualidad, generando un proceso de ocupación y despojo de tierras por parte de inversionistas (Sandoval, 2021). Así como por el incremento de la infraestructura urbana debida a la demanda de servicios por parte de residentes extranjeros y de la zona metropolitana de Guadalajara, y por la gestión de los municipios de promover el turismo local (p. 147).

En este sentido, existe una invasión al lago caracterizada por la ocupación de tierras ribereñas, en forma ilegal, que se convierten en contrucciones irregulares por parte de restauranteros, parques, andadores, casas y residencias. Promovido por particulares y los propios gobiernos locales (Hernández y Sandoval, 2015, citado en Sandoval, 2021, p. 148)

De acuerdo a Sandoval (2021), el norte del lago de Chapala (que fue nuestra zona de observación) es la más afectada por construcciones para la vivienda, restaurantes y malecones, muelles y embarcaderos. Localidades como Ajijic, Jocotepec y El Chante muestran transformaciones en la ocupación del uso del suelo y en la dinámica socioeconómica orientada a los servicios y al turismo. Mientras, en el sur, la dinámica es de tipo rural, donde se desarrolla la agricultura y la pesca en pequeñas localidades dispersas por la ribera del lago (Sandoval, 2021, p. 149).

Esto evidencia que la región ribereña ha tenido un impacto ambiental muy preocupante, además de que ha incrementado las desigualdades entre los grupos locales, extranjeros y turistas, entre otros que conviven en la zona, provocando desajustes en las actividades productivas de los pobladores locales, modificando la dinámica de los pescadores por ejemplo, teniendo estos que buscar otros medios de subsitencia. Además, la sequia del lago deja tierras fértiles que entran en disputa entre los agricultores también empobrecidos por la situación general de acaparamiento en la zona.

Al respecto Sandoval (2021) señala que “las condiciones de vida precarias de los campesinos han estimulado la venta de tierras ejidales y con ello el reacomodo de las relaciones sociales y productivas en el territorio. Dueños de tierras promueven por Internet la venta de fracciones de éjidos como propiedades para inversionistas agroexportadores, industriales e interesados en urbanizar” (p. 150).

La contaminación del lago generada por la industria y las zonas de población tiene un impacto en el ecosistema y las especies endémicas, además de generar problemas de salud de los pobladores por la contaminación del agua (Sandoval, 2021; Peralta, 2019). Se estima que para el caso de estadounidenses en Chapala, la huella ecológica (como un indicador para conocer el impacto de la población en el ambiente) del residente estadounidense es cinco veces más fuerte que la del mexicano medio (Croucher, 2012, p. 6).

Migración Internacional de Retirados, campos sociales transnacionales e incorporación en la Ribera de Chapala

La MIR está asociada a la transnacionalización de los espacios locales y surgimiento de campos sociales transnacionales, categoría que apuntalamos para conectarla con el término de incorporación.

La MIR involucra diversos actores que generan un conglomerado de relaciones y campos sociales que se entienden “no como metáforas espaciales, sino como sistemas de relaciones sociales formados por redes de redes que pueden estar situadas localmente, o pueden extenderse a nivel nacional o transnacionalmente. Lo más importante es que estas redes están incrustadas en asimetrías de poder” (Glick-Schiller y Çalar, 2009, p. 180). Estos campos sociales y redes de movilidad humana y de capital hacia y dentro de los territorios generan transformaciones profundas del espacio geográfico, que influyen en los ámbitos de lo ambiental, social, económico y cultural.

La MIR es un tipo de migración basado en el consumo y no en la producción (2011). Podemos observar el giro del turismo a la MIR donde se producen otros procesos relevantes, por ejemplo, la gentrificación rural, donde el perfil migratorio puede ser tanto de personas económicamente activas como de retirados que se dirigen hacia destinos rurales bucólicos. Se genera una reivindicación de la naturaleza basada en reminiscencias de paisajes y estilos de vida, que en parte se explican por el impacto del ambientalismo o ecologismo (Salvá-Tomás, 2011). Este fenómeno corresponde a las primeras olas migratorias a la Ribera de Chapala.

La MIR también se distingue por los cambios que experimenta el migrante debido a las variables del idioma, religión, leyes y cultura (Salvá-Tomás, 2011; Croucher, 2012). Como es el caso de los estadounidenses en Chapala, esto genera desigualdades entre los grupos migrantes y los locales, pues unos dependen de otros y, a su vez, van generando campos sociales de diversos tipos.

Utilizamos el termino de incorporación para referirnos a la forma en que los migrantes estadounidenses se han conectado con redes existentes en México y la Ribera de Chapala, por ejemplo, a través de la consulta de los índices de retirados, el LCS, bufetes de abogados que prestan servicios en inglés ara efecto de sus estancias ya sea como snow birds o como residentes.

La noción de incorporación se vincula con los campos sociales o redes previamente constituidos, procesos que se construyen a través de las redes de comunicación globales existentes (Internet, servicios de comunicación y transporte), que son fluidas y que no necesariamente implican un proceso de ‘asimilación’ o ‘aculturación’, puesto que la población de retirados busca tranquilidad para su jubilación; no es una prioridad o necesidad asimilarse al idioma para conseguir trabajo, ni adaptarse a las costumbres, ni la búsqueda de la ‘ciudadanía’. Sin embargo, sí buscan redes de apoyo que les faciliten un grado de incorporación con la cultura local y permitan tener una cierta convivencia.

En ese sentido, la MIR y el turismo a lo largo de décadas ha generado una comunidad transnacionalizada, donde las nacionalidades se diluyen en el espacio de la ribera, siendo el lugar central el lago de Chapala. Se observa la conformación de una nueva categoría de lake siders (Díaz Copado, 2013), en la cual también se ubican mexicanos que se trasladan a la ribera para trabajar o hacer negocios con y para dicha comunidad. Esta conformación de grupos es la que, en parte, da sustento económico y social a los territorios ribereños y al mismo tiempo genera múltiples desigualdades.

Con nuestra inmersión en la comunidad y la lectura de las investigaciones previas, podemos afirmar que las mayores interacciones de los jubilados con los locales se generan a través de los servicios domésticos, cuidadores, jardineros, meseros, entre otros. A este respecto, recordamos la metáfora del retrato del colonizado (Memmi, 1965) que nos permite radiografiar las múltiples y diversas dinámicas de desigualdad entre grupos de extranjeros y locales en la Ribera de Chapala, donde subsiste y constantemente se regenera una relación dicotómica colonizador-colonizado.

La formación de campos sociales o redes tiene un gran impacto en el entorno y finalmente estos circuitos de asociaciones y colectivos dependen de experiencias, trayectorias, percepciones y voluntades individuales que comparten un sentido o causa común. Para nuestra zona de estudio, esta causa común orbita alrededor del lago de Chapala, un sujeto en sí mismo a incorporar, con su espacialidad y capacidad de reunión en torno a él, percibido por algunos de nuestros entrevistados como un centro energético, un lugar de paz, de sanación, un santuario. Esto tiene sentido en la dimensión cultural por ser uno de los sitios del territorio simbólico de los wixarika, pueblo originario.5

Una de las redes que propicia la incorporación es el Lake Chapala Society (LCS), asociación principalmente de inmigrantes en su mayoría estadounidenses. Se registran redes de mexicanos que se están configurando para combinar negocios-cultura y medio ambiente.

Un ejemplo concreto es el festival cultural Mexican National Chili Cook-Off organizado desde 1978; se trata de un evento de recaudación de fondos ‘junto al lago’, donde confluyen la venta de artesanías locales y servicios, así como conciertos y competencias recreativas, todo con el objetivo de financiar instituciones de caridad comprometidas con las necesidades de los habitantes de la ribera de Chapala. Entre las organizaciones beneficiadas y participantes, se encuentran ONG nacionales e internacionales, fundadas y organizadas por las comunidades extranjeras (principalmente, estadounidenses y canadienses, británicos y otras nacionalidades) en colaboración con mexicanos, tales como Programa Niños Incapacitados del Lago; Centro de Desarrollo Ajijic; Casa de Ancianos de Chapala; NCA, Los Niños de Chapala y Ajijic; The School por Special Needs Children; Love in Action Center; Cruz Roja Delegación de Chapala; The Lake Chapala Shrine Club; The Sunrise Rotary Club (Lakeside web works, 2021). Otras organizaciones detectadas fueron Tepehua Centro Comunitario A.C (2019), vinculado con Love in Action Centre (2021); diversos centros de protección a animales y The American Legion (2019), entre otros.

Las redes de mexicanos han surgido debido a la demanda que han creado los jubilados y los flujos constantes de turismo, donde también confluyen ‘tapatíos’ por ejemplo, para establecer negocios de restaurantes y cafeterías, algunos de ellos fomentan el comercio justo. También han surgido mercados orgánicos, negocios de turismo aventura, así como multiplicidad de spa y clases de yoga, con el objetivo de promover experiencias culturales para los turistas y residentes, enfatizando un ‘bienestar holístico’.6

Algunos de los campos sociales observables muestran las desigualdades, por ejemplo, clubes de golf, cursos de yoga y spa, a precios elevados, que encarecen el mercado, haciéndolo inaccesible para otros grupos poblacionales locales y, por lo tanto, posicionan a ciertos grupos de poder y privilegio frente a otros.

El entorno local: procesos de incorporación y convivencia en referencia a campos sociales y redes

Este apartado analiza tres aspectos. Primero, el grado de convivencia o incorporación que logran los estadounidenses en el entorno local, desde su autopercepción. Igualmente incluye los comentarios de otros extranjeros y mexicanos. Los indicadores de convivencia e incorporación considerados fueron su actitud hacia lo mexicano; su opinión respecto a los mexicanos locales; el número de amigos mexicanos; el dominio del castellano; y la pertenencia a redes locales de desarrollo y cultura. Segundo, las implicaciones que genera la MIR desde la autopercepción de los encuestados y desde la percepción de residentes locales no estadounidenses entrevistados. Las categorías e indicadores para el análisis son tomados de la encuesta, previamente citada.

Se manifiestan distintos grados de incorporación a la cultura local por parte de los estadounidenses. Entre ellos, la actitud positiva de muchos hacia la cultura, la lengua y la comida, pero también observa un rechazo en la convivencia de lo cotidiano, por ejemplo, escuchar fiestas ruidosas, las campanas de la iglesia y los petardos, el no respetar normas de tránsito por parte de los mexicanos, el temor de ser atropellados, entre otras (Vidal, exdirector del LCS, entrevista, 25 de enero, 2019).

La encuesta arroja que los estadounidenses describen relaciones muy cordiales con los mexicanos locales (amigos, vecinos o gente de servicio), afirman que el lenguaje es un obstáculo para socializar más. Describen a los mexicanos como “amables, serviciales, trabajadores, buenos, centrados en la familia, abiertos, cálidos, hospitalarios, pacientes, generosos, solidarios, sinceros, respetuosos, honestos”. Estos son los adjetivos más frecuentes, sin que apareciera ninguno negativo o adverso. Un 57,2% respondió que mantiene relaciones frecuentes o muy frecuentes con los mexicanos y un 42% respondió que casuales (Lake Chapala Survey, 2019).

Esta percepción del grupo estadounidense contrasta con lo señalado por los locales quienes expresan que la convivencia es escasa y que los ‘gringos’ hacen su vida en la Ribera durante la semana y los fines de semana huyen de los locales que salen de paseo al lago (Patricia Arias, comunicación personal). Otros señalan que la convivencia cruza por los servicios y en ocasiones por algunos encuentros culturales y de grupos ecologistas que velan por la preservación del lago; esto es visible a través del trabajo y actividades del LCS y las distintas organizaciones de beneficencia antes mencionadas.

También observamos que el indicador del lenguaje es un factor determinante para la convivencia entre los jubilados y la población local. Pero esto se cruza también por grupos generacionales, los menores de sesenta años están más dispuestos a una convivencia y adaptación con la cultura que los mayores de esa edad.

En los registros y visitas de campo se observa que la población local es la que hace el esfuerzo de adaptación lingüística. Esto tiene una dimensión económica y fomenta esta idea de comunidad transnacional donde el lenguaje común es el inglés.

Sin embargo, un grupo considerable declara participar en organizaciones filantrópicas, culturales o de desarrollo local; siendo activistas en materia de educación, enseñanza del inglés, protección de los niños y niñas, refugios y protección de animales, talleres y capacitación en oficios, medio ambiente y sustentabilidad.

Es decir, que además de participar en estas redes de organizaciones filantrópicas, les sirven y apoyan para incorporarse a la vida del lago, con grupos de MIR ya establecida, e incluso generando nuevas redes locales y transnacionales.

Implicaciones en las dimensiones económica y medioambiental, de acuerdo con la encuesta (2019)

Tabla: Factores de preocupación debido a la MIR

Dimensiones

Económica

Medioambiental

Respuestas frecuentes

Dependencia económica de la MIR y turismo

Manejos de residuos (basura)

Incremento en costo de la vivienda

Reciclaje

Aumento general de precios

Limpieza del lago

Boom inmobiliario

Contaminación ambiental (del lago, aire y auditiva)

Desplazamiento de la población local

Tráfico vehicular

Desigualdad

Servicios de agua, saneamiento y drenajes

Salario mínimo precario

Planeación urbana (regulación nuevos edificios y vivienda)

Generación de empleos

Educación ambiental (falta de)

Conservación de recursos naturales (áreas protegidas)

Sobre los resultados respecto a la situación económica, encontramos que existe un consenso de que la economía en la Ribera de Chapala está creciendo. Sin embargo, hay posturas divergentes. Algunos estadounidenses afirman que la economía es fuerte gracias a ellos, los ‘gringos’, otros se preocupan del boom inmobiliario y del crecimiento acelerado que su migración está generado, y que está incrementando los precios y los costos de vida. Otros culpan a los desarrolladores inmobiliarios y a las autoridades locales que no regulan el crecimiento.

En términos del desarrollo económico que puede generar la MIR, la autopercepción del grupo frente a la percepción de los locales difiere en función de la regulación del trabajo de la MIR, por ejemplo, respecto al trabajo informal, excepto de impuestos, negocios como casas de retiro, airbnb, mercados orgánicos, controlados por el grupo de retirados, donde ellos mismos se auto-emplean (Álvarez, entrevista, 9 abril, 2019).

En el proceso de esta incorporación de la MIR en Chapala, también los locales mexicanos generan negocios y servicios focalizados al grupo que son una ganancia. Esto sucede, por ejemplo, con las redes de negocios locales, organizadas por mexicanos profesionistas que hablan inglés y promueven sus servicios profesionales de abogados para atender a la comunidad de jubilados en asuntos legales, migratorios, adquisición de vienes inmuebles, legalización de automóviles, seguros médicos estadounidenses en México, temas de herencias y patrimoniales. También localizamos despachos contables, específicos para estadounidenses y canadienses, para cuestiones de impuestos. Uno de estos bufettes jurídicos llama la atención por el peculiar nombre ‘Seven Spanish Angels. Legal team’ (Cuevas, entrevista, 20 de febrero, 2020).

No sucede así entre el sector con menor ingreso económico y nivel educativo que, en algunos casos, pasaron de ser campesinos a población de servicios, o decidieron migrar a Estados Unidos para ser también, en la mayoría de los casos mano de obra no calificada.

Sobre los impactos al medio ambiente, una mayoría expresan la preocupación por limpiar y reciclar, así como el exceso de basura en las calles, el tráfico, la contaminación, la cantidad de gente. No se observa una conciencia de que la magnitud de este grupo migratorio también genera una presión medioambiental en la zona, desplazando a menudo la culpa a los mexicanos locales y a las autoridades. Aunque se registra una preocupación por la contaminación del agua del lago, la pérdida de las especies y los problemas de salud que esto genera para todos los ribereños, más bien se refieren a la contaminación en los pueblos y la falta de servicios municipales eficientes. Sin embargo, muchos de los jubilados que contestaron también participan en organizaciones ambientalistas para la preservación del lago.

Como lo detectamos en la literatura sobre los impactos ambientales en el lago de Chapala, por un lado, el principal problema ambiental obedece a la creciente presión demográfica y el arribo de los extranjeros que han provocado un boom inmobiliario y, por otro, los asentamientos irregulares de negocios en la orilla del lago.

En la visión de Truly, los baby boomers seguirán llegando a Chapala por las comodidades y los atractivos; lo único que los puede detener es la inseguridad y la degradación ecológica (Truly, entrevista, 22 febrero, 2019). Retomando lo referido por Sandoval (2021) y Peralta Varela (2019), sin una adecuada regulación ambiental, respeto a las áreas naturales protegidas, saneamiento y limpieza del agua, códigos de desarrollo inmobiliario y respeto de los derechos humanos y al agua, el futuro de este preciado lugar estará pronto en crisis.

Conclusiones

Chapala parece estar entrando en el ciclo de saturación propio de muchos espacios turísticos donde se generan procesos de inequidad entre la población local y los grupos de arribo, aunados a las desigualdades históricas preexistentes. En ese sentido, la MIR genera impactos ambientales, económicos, de desplazamiento y de inseguridad preocupantes.

La MIR es un fenómeno implícito en la globalización que se caracteriza por su peculiaridad, circularidad e impactos en los países de acogida. Este movimiento migratorio comprende un flujo complejo de personas, en donde muchos son migrantes permanentes, otros temporales o circulares (snow birds, sun birds) y otros turistas residenciales o simples visitantes. De ahí la dificultad para cuantificarlo y estudiarlo. A su vez, también es difícil estudiarlo sin considerar las redes en el que se inserta y los impactos que genera.

Este tipo de migración tiene un carácter de ‘privilegio’ debido tanto al estatus socioeconómico de este grupo de migrantes como por la forma de incorporarse al lugar de destino, a través de campos sociales de redes preestablecidas local y transnacionalmente que les brindan una serie de servicios que les permiten establecerse con confianza y seguridad. Como se describió, redes de migrantes transnacionales, redes de servicios creados por los locales o la migración mexicana interna, redes culturales que atraviesan fronteras, redes de inversores transnacionales, entre otras.

La incorporación del estadounidense a la zona es compleja y heterogénea dada la variedad de perfiles y estilos de migrar que se presentan. Si bien la incorporación está muy organizada y ocurre en grupo, acogida por estas redes de apoyo, no obstante, la convivencia con el entorno varía y está mediada por factores como la edad y condicionamientos socioculturales. Esta población migra en gran parte por razones económicas (nivel de vida más asequible para el retiro), pero también una gran mayoría estima que el estilo de vida mexicano fue altamente determinante en su decisión de migrar a Chapala.

Los pobladores locales aceptan a estos migrantes puesto que les traen beneficios económicos y a lo largo del tiempo han formado organizaciones y programas de beneficencia que favorecen a sus familias. Consideramos pertinente una mayor investigación para seguir contrastando los puntos de vista locales que, como observamos, no son unidireccionales puesto que desde los diversos actores se destacan impactos positivos y negativos.

Existe una transformación sociocultural, una comunidad peculiar de lake-siders (extranjeros, mexicanos, locales) cuyos intereses giran en torno a la vida junto al lago, su naturaleza y la convivencia generadas por sus redes. Se observa un proceso de hibridación cultural exenta de nacionalidades únicas y que, a su vez, “cambia drásticamente la topografía social y cultural de la zona” (Rachael Barber, comunicación personal, 2019).

La incorporación de estos grupos migratorios y los campos sociales transnacionales que se generan propician relaciones asimétricas y desiguales. La población local se adapta a la MIR, en algunos casos, sufre desplazamiento territorial y afecta sus formas de organización social y económica productiva.

Sin embargo, la MIR y sus perfiles son variados (desde los más privilegiados hasta los ‘refugiados económicos’ o los políticos ‘Trump refugees’. Están los que exaltan la cultura mexicana e intentan aportar al desarrollo local e incorporarse, hasta los que crean sus enclaves y comunidades cerradas. Hasta los linderos de nuestra investigación no se puede hablar de buenos y malos. Las redes y organizaciones en las que se insertan son diversas y sin duda, se observan como una estrategia de integración positiva.

Finalmente, los impactos económicos, ecológicos y de seguridad adversos se enmarcan, como estipulan Jackiewicz y Crain (2010), en este movimiento de hiper-movilidad del capital global donde la posible productividad de un movimiento migratorio (y todos los campos sociales transnacionales que emana) es rebasada por el consumo y donde los ciclos de saturación de los lugares turísticos hacen estragos, especialmente y de nuevo, para la población local que debe permanecer ahí.

Consideramos importante seguir profundizando sobre las consecuencias de esta migración y la formación de una comunidad transnacional e intercultural. Así como seguir analizando las estrategias de incorporación, la formación de redes y sus impactos económicos y ambientales que, con las debidas regulaciones podrían, en un futuro, incidir más positivamente.

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Entrevistas

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Cuevas, Mónica. (2020). Residente en Chapala, instructora de yoga. San Antonio, 20 de febrero.

Fábregas, Andrés. (2019). Académico del CIESAS Occidente. Ajijic, 8 de marzo.

Truly, David. (2019). Académico del Central Connecticut State University. Ajijic, 22 de febrero.

Vidal, Terry. (2019). Director del Lake Chapala Society. Ajijic, 25 de enero.

Comunicaciones personales

Barber, Rachel. (2019). Doctorante Universidad de Guadalajara. Guadalajara, 10 de junio.

Arias, Patricia. (2021). Investigadora Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 28 de mayo.

1 En este texto la Ribera de Chapala hace referencia a los municipios conurbados con la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) de Jocotepec y Chapala que bordean el Lago de Chapala.

2 Por contraste, nos referimos a situaciones de población desplazada por causas de pobreza, desastres naturales y conflictos, que para el caso de México transitan desde Centroamérica con el objetivo de llegar a Estados Unidos y particularmente pasan por Jalisco y Guadalajara, su capital, que se ha convertido en una estación de tránsito y refugio para estos migrantes. Por lo cual, es común verlos por las calles, cerca de las vías del tren, y desde hace unos años, por toda la ciudad solicitando ayuda para su viaje. Sobre el tema ver (Aikin y González-Arias, 2017; Reporte FM4 Paso Libre, 2019).

3 The Lake Chapala Society en Ajijic, México, es una organización sin fines de lucro dedicada a la educación y la cultura. Con la visión de que los residentes de la Ribera tengan un papel para mejorar la calidad de vida de la comunidad mediante el intercabio de conocimiento mutuo, la promoción de la cultura y la lengua. Entre sus objetivos destacan: 1) Facilitar la integración de expatriados a la comunidad de la Ribera. 2) Fomentar el intercambio entre expatriados y mexicanos. 3) Contribuir al enriquecimiento de la comunidad mexicana mediante programas y servicios pertinentes (LCS, 2019. https://lakechapalasociety.com/public/).

4 Cabe aclarar que nuestros resultados arrojan una tipología dentro de diversos perfiles posibles, por ejemplo, en nuestra muestra escapan los estadounidenses no miembros del LCS.

5 La isla de Los Alacranes, en el Lago de Chapala, estado de Jalisco, es un sitio sagrado para el pueblo Wixarika, quienes ubican y nombran a la isla como Xapawiyeme – Xapawiyemeta, lugar donde tocó tierra Watakame (enviado de la madre del universo, Takutsi Naakawe) después del diluvio (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2010).

6 Ver por ejemplo, la Revista El Ojo del Lago, que tiene un amplio directorio de servicios para los migrantes jubilados. https://www.chapala.com/elojo/

Derechos, pertenencias e identidades

La movilidad de los ítalo-brasileños para Italia: ¿la ciudadanía reconocida lo es todo? ¿Y la vida cotidiana?1

Maria Catarina Chitolina Zanini

Caminos de investigaciones etnográficas con ítalo-brasileños en Italia

Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre cómo los ítalo-brasileños, que son descendientes de inmigrantes italianos nacidos en Brasil y que tienen la ciudadanía italiana reconocida, experimentan algunos aspectos la vida cotidiana en Italia. ¿La ciudadanía legalmente reconocida garantiza experiencias positivas y la posibilidad de una inserción equitativa en la sociedad italiana? ¿Cómo se insertaron en el mercado laboral, en la sociabilidad ampliada y en las relaciones interpersonales? ¿Cómo se procesaron las expectativas de reconocimiento de estos descendientes en sus subjetividades, pertenencias y vida cotidiana? ¿Cómo ayudaba tener documentación oficial italiana? ¿Cómo negociaban la brasilianidad y la italianidad en sus procesos de inserción? ¿Fue igual para hombres y mujeres? ¿Cómo se produjeron las dinámicas de inserción de diferentes generaciones y clases sociales? Estas fueron algunas de las preguntas que pude desarrollar en los proyectos de investigación llevados a cabo desde 2012 en Italia.

Fueron esas pesquisas que me alertaron sobre el hecho de que tener acceso a la documentación y a la ciudadanía reconocida no era suficiente para que estos descendientes tuvieran interacciones equitativas en la sociedad italiana y pudieran ejercer de forma plena sus derechos. Las regiones seleccionadas para la investigación fueron Véneto, en el norte de Italia, y Lazio, en la región central, especialmente la ciudad de Roma y sus alrededores. El objetivo de conocer mejor los procesos de movilidad en estas dos regiones fue motivado por las diferencias y las semejanzas de dinámicas que observé entre las dos regiones desde las primeras experiencias de investigación en 2012.

Tuve acceso también a varias redes de entrevistados que, a lo largo de estos años, se fue expandiendo. Igualmente, organicé entrevistas por medio de redes sociales con ítalo-brasileños que querían ser investigados y así pude conocer lugares diferentes del Véneto y Lazio, así como muchas trayectorias de vida diferenciadas por medio de esta investigación. Hice observaciones participantes, entrevistas abiertas y semiabertas, caminatas etnográficas y también mucho acompañamiento virtual y presencial de la cotidianidad. Entrevisté a ítalo-brasileños de clases sociales diferentes, de profesiones diversas, desde científicos renombrados, empresarios, empleadas domésticas, cuidadoras de ancianos y niñeras, estudiantes, meseros, profesores y amas de casa; en fin, clases, géneros y generaciones distintas. Hice más de 70 entrevistas en profundidad y pude acompañar a más de un centenar de descendientes y sus familias.

Mis preguntas de investigación fueron cambiando a lo largo de los años. Inicialmente se centraban más en las construcciones étnicas (Barth, 2000) y de identidad acerca de la pertenencia al mundo brasileño e italiano y cómo hacían para negociarla (Zanini, 2013, 2014, 2018, 2020) en Italia. Posteriormente, direccioné mi mirada para otras cuestiones. A medida que mi relación con las personas crecía, procuré investigar sus cotidianidades, rutinas de vida y las diversas formas y estrategias de inserción en el mundo italiano. Encontré, en este sentido, mucha agencia (Ortner, 2007)2 y la capacidad creativa en los procesos de inserción en la sociedad italiana. En este sentido, tanto la presencialidad como el hecho de compartir información por medio de las redes sociales virtuales, especialmente Facebook, WhatsApp e Instagram, fueron muy importantes para mantener los vínculos de investigación y conocer algunas dinámicas de la vida de ellos en Italia en diferentes ciclos de vida. Muchos de estos descendientes cuando fueron entrevistados ya eran miembros de familias transnacionales,3 y mantenían vínculos constantes entre Brasil e Italia. En la ciudad de Roma acompañé parte de la cotidianidad de los entrevistados, participé de sus programas, visité casas, cafés, reparticiones públicas, mercados, ferias, iglesias, servicios de asistencia a migrantes, entre otros espacios, paisajes (Sansot, 1983) y lugares (Auge, 1994) que tenían significado para ellos, en sus procesos de movilidad y la búsqueda de inserción en el mundo italiano. Las narrativas que se desarrollaban en estos espacios y tiempos fueron, en el sentido atribuido por Ricoeur (1991, 1994), construcciones posibles, posibilitadas por el encuentro etnográfico, dialógicamente. En estos encuentros, a través de las narrativas, sueños ucrónicos (Portelli, 1993) y fabulaciones también se hacían posibles. Hay espacio para las recreaciones y resignificaciones sobre lo vivido en las entrevistas, pues las memorias son, como bien señala Halbwachs (1990), elaboraciones sobre el pasado, realizadas en el presente. De esta forma, observé que, más allá de las cuestiones de clase y estatus, hay otros elementos que interfieren en los procesos de inserción en la sociedad italiana, como las cuestiones de género, de percepción de distintos habitus (y hexis) (Bourdieu, 2004), gustos y buen dominio de reglas interactivas, el conocimiento de la lengua italiana y también cuestiones de las subjetividades e intimidades, expectativas e itinerarios particulares de cada ítalo-brasileño. En este sentido, estoy de acuerdo con Brah (2016, p. 32), cuando al observar cuestiones raciales y de género en Gran Bretaña, enfatiza sobre la relevancia de analizar el tema de la subjetividad e identidad para comprender la dinámicas del poder y diferenciaciones sociales.

En algunos casos, las interlocuciones ya se daban en portugués mezclado con italiano. Como conversaba con algunas de estas personas en el horario de descanso del trabajo, algunas veces las entrevistadas mujeres me invitaban a acompañarlas a sus lugares de ocio, especialmente mercados de ropas, maquillaje, almacenes diversos, librerías y cafés. De esta forma, conocí una Italia que era parte de un sistema mundo (Wallerstein, 1999) inimaginable antes para mí, con intercambios, reciprocidades, solidaridades, redes de apoyo y “negocios” que se daban también como una forma de aquellos descendientes para insertarse mejor en aquel contexto. Por ejemplo, una entrevistada me dijo que hacía el aseo por 10 euros la hora y que, con una hora de trabajo, podía comprar un saco muy bonito y sentirse muy bien, tanto en apariencia, como consigo misma, cosa que no conseguía con su empleo de nivel técnico superior en Brasil. Y hacía lo posible por estar siempre arreglada de “forma italiana”. Otra entrevistada, en Roma, me llevó a un mercado de ropa muy bonita y extremadamente barata que venían de países distantes. En fin, el sistema mundo se mostraba de forma cotidiana, en las tácticas y estrategias (De Certeau, 1996, 1998) de hombres y mujeres en proceso de movilidad que, a pesar de ser ciudadanos documentados, no vivían una italianidad en Italia como aquella que aprendieron por medio de la socialización en Brasil, en el que se sentían y se denominaban “italianos”. Allá eran tratados por los italianos nacidos y criados en Italia como brasileños, extra-comunitarios, extranjeros o migrantes. La italianidad presumida era más una expectativa que un hecho vivido por parte de estos descendientes.

Observando también los cuidados éticos4 y de investigación antropológica en las etnografías virtuales, on line o digitales, mantuve respeto por las negociaciones establecidas.5 Siempre pedí permiso para acceder o utilizar, en artículos y presentaciones, fotos posteadas por mis interlocutores en Facebook o Instagram. Después de tener el permiso, las guardaba en mis archivos de investigación, siempre procurando no identificarlos. Las fotos que más me interesaban en publicaciones en redes virtuales eran las de las comidas, cuando los ítalo-brasileños hacían la “comida brasileña” en Italia o mostraban sus rutinas para los parientes que estaban en Brasil. Me preguntaba el sentido de esas exposiciones en las redes sociales de aquella forma y qué sentidos tenían para ellos: ¿qué esperaban que la familia sintiera al recibir las imágenes?

La doble ciudadanía: entre las expectativas y los “reconocimientos”

La inmigración italiana hacia Brasil, que sucedió de forma más expansiva a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, fue acordada entre gobiernos, buscada y promovida por ambas partes. Tanto en Brasil como en Italia se observaba en la migración un buen negocio, así como alternativas para cuestiones sociales y políticas tensas (Franzina, 2006; Alvim, 1987; Grosselli, 1987; Trento, 1988; Hutter, 1972; Zanini, 2006, 2007a). En Brasil, esta movilidad comenzó en el Imperio y se mantuvo en la república. En el sur de Brasil se convirtieron en propietarios de pequeños lotes de tierra y en la región Sudeste trabajaron como obreros en las haciendas de café o en otros oficios. Hubo un número significativo de inmigrantes que provenían del norte de Italia, especialmente de Véneto (Franzina, 2006). Muchos de los ítalo-brasileños que entrevisté en Véneto eran descendientes de los emigrados de aquella región y algunos habían comenzado su proceso de migración desde Brasil hacia la tierra de sus antepasados, en un retorno a los orígenes ancestrales y suyos también (Zanini et al., 2013; Zanini, 2018). La migración de italianos hacia Brasil fue una migración familiar, compuesta por un gran número de campesinos, mayoritariamente católicos y también, pobres. Arribaron individuos que ya ejercían otros oficios en Italia y que poseían algún capital económico o social. Sin embargo, esto eran más una excepción que una regla.

Para que estas personas tuvieran reconocida la ciudadanía italiana fue necesario un largo proceso que implicaba la búsqueda de la documentación y después largas filas en los consulados en Brasil o en las alcaldías en Italia, para quienes hicieron la solicitud individual en ese país. Esto garantizado por la regla de ciudadanía jus sanguinis, derecho de sangre (garantizado a través del comprobante de ascendencia), adoptada por Italia. Brasil tiene la ciudadanía nacional reglada por jus soli (haber nacido en suelo brasileño). Desde 1992, puede obtenerse el reconocimiento de doble ciudadanía, tanto la brasileña como la italiana, sin necesidad de desistir de una de ellas, como ocurría en el pasado. Hay varios caminos para obtener el reconocimiento jurídico de la ciudadanía italiana por parte de los descendientes de inmigrantes italianos, sea individualmente o en familia. Hay filas de espera en los consulados brasileños, en que los pedidos son encaminados y pueden permanecer años esperando para ser evaluados.6

En los últimos años, especialmente entre los jóvenes, ha crecido la búsqueda de procesos de reconocimiento en Italia mediante la solicitud en las alcaldías locales, presentando la documentación y enfrentando un proceso de comprobación de residencia en las ciudades italianas. Hay empresas y profesionales que facilitan este recorrido y han creado un “mercado de la ciudadanía” (Costa y Zanini, 2019) que disminuye el tiempo para obtener la ciudadanía de 3 meses a 1 año. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, en 2018 habría 525.112 italianos considerados all´estero en Brasil. Dentro de este número, una parte está compuesta por los dobles ciudadanos, que pasan a ser considerados italianos residentes all´estero después del reconocimiento y reglamentación de la ciudadanía italiana. Estos números son obtenidos por medio de anagrama consular y de servicios.7 Sin embargo, se sabe que al estar en Italia y al no actualizar los registros en el Anagrafe degli Italiani Residenti all´Estero (AIRE), no hay exactitud en las cantidades.

Para comprender semejante esfuerzo e inversión por parte de las familias o de descendientes, hay que pensar en las formas contemporáneas de pertenencia a los Estados nacionales y también en los cambios que transcurren a partir del proceso de mundialización. Como resalta Anderson (2005, p. 21) en relación a las ciudadanías portátiles, en las cuales existe la experiencia de un nacionalismo portátil también, deben observarse los nuevos procesos de identificación y pertenencia, más centrados en los individuos que en los colectivos. Así, poder escoger ser miembro de un determinado Estado nacional nos alerta acerca de las complejidades contemporáneas sobre las relaciones entre Estados, individuos y sociedades y sus procesos de identificaciones, pertenencias y reconocimientos, inclusive el nacional (Appadurai, 1997; Balibar y Wallerstein, 1991; Balibar, 2004; Ong, 1999; Zincone, 2003; Zincone y Basili, 2010; Oliven, 1992; Balakrishnan, 2000).

“Extranjeros siempre”: cuando la documentación no basta, pero el pasaporte ayuda

Algunas de las “negociaciones”, estrategias y habilidades (Ingold, 2008) desarrolladas y aprendidas en los procesos interactivos en Italia, ayudaban en las inserciones y búsqueda por colocaciones en el mercado de trabajo y por sociabilidades más amplias. Una de estas nuevas actitudes y aprendizajes era observar la forma de vestir e interactuar socialmente de los italianos. Especialmente, las ítalo-brasileñas observaban cómo las mujeres italianas se vestían, se maquillaban, se arreglaban el cabello y utilizaban accesorios. Así, aprendían a arreglarse al “estilo italiano”. Hacían sus compras en mercados más baratos y almacenes más populares, pero escogían muy bien qué consumir, desde los colores hasta los cortes de las piezas de ropa. También me enseñaron cómo seleccionar colores y piezas para parecer “más italiana”. Esta actitud al vestir servía también como una forma de no llamar la atención y de no ser importunada por hombres italianos (u otros), para no parecer “brasileña”. Esto fue observado nítidamente en las mujeres de más de 30 años, aunque las jóvenes también habrían resaltado que cambiaron su forma de vestir y arreglarse para ir a lugares públicos después de un período en Italia y de experiencias embarazosas con hombres italianos (no únicamente) al declararse “brasileñas”. Así, fui ampliando mi mirada más allá de las narrativas. Comencé a observar vestimentas, gestos, uso de accesorios, estética, consumo, emociones (Le Breton, 2009) y otros detalles de la vida cotidiana de estos ítalo-brasileños, tanto hombres como mujeres. Puedo decir que la investigación etnográfica también me afectó (Favret-Saada, 2005) y que pasé a observar la cotidianidad de estos ítalo-brasileños en sus “negociaciones” (Das, 2006).

¿Por qué, si existía la documentación italiana, la ciudadanía reconocida y los derechos garantizados, mis entrevistados, con algunas excepciones, no se sentían tratados como los italianos nacidos en Italia? Esta era una cuestión que me llamaba la atención, pues, en su mayoría, eran blancos, con apellidos italianos y se parecían mucho físicamente a los italianos de Italia, especialmente en Véneto, región de origen de gran parte de ellos. Encontré más reclamos y resentimientos por parte de las mujeres que de los hombres. El estereotipo de “mujer brasileña” las perseguía a algunas que ya habían pasado por situaciones adversas en Italia. La idea de una brasileña como una mujer más abierta y disponible para las interacciones jocosas y sexuales, o de temperamento caliente y pasional, atravesaban las narrativas (Zanini, 2020). La sexualización de las mujeres brasileñas en contextos internacionales también se ha observado en otros países, como Portugal (Gomes, 2013) y Estados Unidos (Mcdonnell y de Lourenço, 2009).

La forma en que estas desccendientes se vestían, interactuaban y lidiaban con las jerarquías italianas eran las expresiones más comunes en el establecimiento de situaciones de malestar, especialmente al interactuar con hombres. Escuché informes de empleadoras italianas que requerían que las trabajadoras domésticas brasileñas se vistieran “apropiadamente” para trabajar en casa. No podían usar ropa corta o escotada como solían usar en Brasil. La “forma brasileña” de ser era interpretada como dominante en las relaciones sociales, como la marca distintiva más fuerte y, partiendo de esta, se generaba una estigmatización, incluso racialización y también una objetivación de la “mujer brasileña”. Muchas de estas mujeres fueron tratadas de manera sexualizada y tomada como objeto exótico en las interacciones sociales. Una estudiante brasileña me dijo en la entrevista que un compañero de estudios italiano le preguntó si las jóvenes de Brasil iban a estudiar a Italia o si querían “otras cosas”. Existe, en algunos contextos italianos, la idea de que una mujer brasileña va a Italia para conseguir un marido italiano y “llevarse bien”. La italianidad que presuponían tener en Brasil, en la convivencia en el mundo italiano, era resignificada y clasificada de otra forma ya que a las mujeres les molestaba la sobresexualización, especialmente a las que provenían de contextos rurales brasileños y de familias católicas.

Hay que pensar, también, cuán compleja es la cuestión racial (Seyferth, 2007) y cómo se comprende de forma distinta en Italia. Muchas de estas mujeres ítalo-brasileñas a pesar de que en Brasil eran clasificadas como blancas, en el escenario interactivo italiano eran consideradas de otra forma:

Mire, yo tuve suerte porque no sufrí mucha discriminación, con poquísimas personas; una vez allá, en mi trabajo, vino una, no me acuerdo si era una monja o una señora de cierta edad, y me preguntó una cosa, pero fue bien al inicio de que había comenzado a trabajar y con esos productos eclesiásticos, que tienen unos nombres todos raros, que yo no sabía ni en portugués imagina en italiano. Ella me pidió una cosa que yo no entendí, entonces se volteó hacia otra persona que estaba con ella y le dijo: “ah, déjalo… ella es una extracomunitaria, ella no entiende nada”. Fue la única vez que me sentí así, discriminada en serio, pero yo le respondí “no soy extracomunitaria, yo soy italiana como usted, ¿quiere ver mi documento de identidad? Porque yo tengo la ciudada… cittadinanza italiana”. Y le dije “no soy extracomunitaria, apenas no entendí lo que me preguntó”. Todo bien… (Entrevista, mujer, 2017, Lazio, 60 años, traducción de Diana Bolanos Erazo).

Como nos apunta Sayad (2000), el retorno, muy anhelado en el mundo de la migración, para algunos de mis entrevistados, se convirtió en una realidad distinta, sufrida y hasta en una “vergüenza” que no era mencionada a los parientes brasileños. Algunos pedían no ser identificados en las entrevistas y que fuera cuidadosa al presentar sus historias, pues no querían que las familias en Brasil supieran de las dificultades que habían enfrentado en el retorno a la tierra de los orígenes. Cuando estaban en Brasil, se trataba de un sueño a realizar o de conocer la tierra de los antepasados y, cuando llegaban a Italia, se encontraban con la realidad de que ese país imaginado ya no existía y que, si querían un lugar en el mundo italiano y algún reconocimiento, tendrían que conquistarlo más allá de la ciudadanía y la documentación en regla. La aceptación del descendiente de emigrados, aunque garantizado por el jus sanguinis no es algo dado en los procesos interactivos y de reconocimiento (Honnet, 2009). Tampoco son sus diversidades (Vertovec, 2007), originarias de sus experiencias de socialización en Brasil.

Pero, ¿por qué, aun viviendo esas situaciones adversas, estos descendientes de inmigrantes nacidos en Brasil buscan y desean la ciudadanía italiana? Organizar los procesos de solicitud de reconocimiento jurídico por parte del Estado italiano requiere tiempo, disponibilidad e inversión financiera. Pienso que esta búsqueda debe pensarse de forma más amplia, como señalan Costa y Zanini (2019), en la cual tener el pasaporte italiano permite otras movilidades, tanto dentro de Europa, por medio del Acuerdo Schengen, como hacia otros países, como Estados Unidos o Inglaterra. Como señaló un interlocutor de la investigación:

Sí, voy a reportar un hecho que para mí representa la facilidad del pasaporte europeo. En una ocasión, en uno de los primeros viajes que hice, ya estaba aquí, creo que fue 2001 o 2002, fui a Brasil y fui a Londres. Así que cada vez que voy a Brasil trato de quedarme uno o dos días, con mi esposa, en una capital para conocerla. Si voy a Portugal, me quedo un día en Lisboa. Así lo hicimos en Alemania, y así voy a hacer para quedarme en Londres. Mi vuelo salió de Verona y llegó a Londres por la mañana, a las 8:30 am, y partió hacia Brasil a las 10 pm. Entonces, cuando llegué al aeropuerto de Londres, no tuve dificultades como ciudadano europeo. Y un grupo de personas que estaban conmigo, brasileños que vivían en Verona, tenían que quedarse dentro del aeropuerto todo el día, porque no podían salir con el pasaporte brasileño. Entonces esta diferencia para mí fue tajante, es fundamental, es una gran facilidad (entrevista realizada en Véneto, en 2017, hombre, 68 años, traducción de autor).

Esta facilidad también permitió que algunos jóvenes, después de obtener la ciudadanía italiana y sin conseguir buenos empleos en Italia o sin acostumbrarse al estilo de vida italiano, se desplazaran hacia otros países para estudiar, trabajar, tener experiencias de vida en otros países o para aprender otros idiomas, en particular inglés o alemán. Según Zincone (2006, 2011), la facilidad del reconocimiento de la ciudadanía italiana por el jus sanguinis, crearía un “familismo legal”, justificado por las descendencias, pero que, de hecho, no se daba con tanta facilidad en la sociedad italiana. En mi investigación encontré situaciones de ítalo-brasileños que no hablaban italiano, poco conocían Italia más allá de las memorias familiares del período de la gran migración y que esperaban “adaptarse” rápidamente y ser reconocidos en el mundo italiano como iguales. Lo que, de hecho, no ocurrió para casi la totalidad de las personas a las que entrevisté. Hay que observar que la cuestión migratoria en Italia siempre es tensa, generando complejidades que deben ser comprendidas en la lógica propia de los contextos italianos (Ambrosini, 2006) y de sus historicidades y construcciones sociales.

Consideraciones finales

Este artículo buscó enfatizar hasta qué punto el acceso al reconocimiento legal de la ciudadanía no siempre significa el derecho a poder habitar plenamente una sociedad determinada y sentirse parte de esa sociedad. Hay otros temas que deben incluirse en las políticas públicas para reconocer alteridades y diversidades en los procesos de movilidad. A través de la investigación etnográfica realizada con ítalo-brasileños en Italia, fue posible observar este aspecto. Considerarse italianos por su ascendencia y ser reconocidos oficialmente como tales no significa vivir procesos fáciles de inserción en la sociedad italiana. La brasilianidad y sus estereotipos continúan siendo vistos como un determinante en las interacciones sociales en Italia, especialmente para las mujeres, sexualizadas y racializadas, muchas veces.

Como bien señala Trouillot (2001), debemos observar los poderes horizontalizados por medio de los cuales el Estado muchas veces se manifiesta, ya sea en sus burocracias y tecnologías, como en sus controles y distinciones que se desdoblan en la vida cotidiana, en sus procesos8 y dinámicas. Así, posibilitar el reconocimiento de la ciudadanía jurídicamente a estos descendientes, por medio de la regla jus sanguinis no siempre es reconocer, en la práctica, que son italianos con derechos plenos, pues las jerarquías y distinciones están colocadas en formas estructurales en la sociedad italiana, en la cual estos individuos son vistos y tratados como extracomunitarios (Tedesco, 2006, 2010), extranjeros. Esto se justifica, también, por el desconocimiento por parte de la sociedad italiana de la historia migratoria de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, especialmente hacia América del Sur. En este sentido, hay otras identificaciones que se superponen al ser italiano de origen (ancestralidad). Estos descendientes son percibidos como diferentes, extranjeros, no iguales. De esta forma se debe pensar que, en el mundo de las movilidades, no siempre tener acceso a la documentación garantiza la equidad. Existen estereotipos y tipologías sociales que se mezclan en las vivencias cotidianas, desde la forma de hablar, vestirse y comportarse y que muchas veces se interpretan como inhibidores de interacciones sociales más amplias y equitativas y ponen a estos ítalo-brasileños como extranjeros y “de fuera”, especialmente para las mujeres.

Creo que es necesario el establecimiento de políticas públicas y de enfrentamiento en las cuales las diversidades y el derecho a las diferencias deberían colocarse en pauta colectiva más ampliamente en Italia. Además de estos reclamos sociales por parte de los descendientes, las pautas de género también deberían ser más discutidas, pues la idea que se tiene en Italia de la “mujer brasileña” favorece a que estas ítalo-brasileñas pasen por situaciones embarazosas constantemente. No solo las mujeres que investigué, descendientes de italianos, sino que las mujeres brasileñas en general tienden a experimentar ciertas limitaciones en las interacciones cotidianas en Italia y en otros países tambien. La sexualización, la racialización y otros estereotipos generan distancias sociales y dificultades en la inserción equitativa, independientemente de las clases sociales. Ese fue uno de los hallazgos que mostraron las distintas fases de la investigación. En este sentido, comprendo que la antropología tiene un papel muy importante en los estudios de las movilidades, sus diversidades e interfaces. Y, como resalta Geertz (2001, p. 65), la tarea de la antropología es inquietar, examinar los dragones, “no domesticarlos o abominarlos en barriles de teoría”.

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1Este artículo fue traducido por Diana Patricia Bolaños Erazo, doctoranda en Ciencias Sociales de la UFSM (Universidad Federal de Santa María).

2 Comprendo agencia, conforme Sherry Ortner (2007, p. 380), en el sentido de que: “En particular, yo veo la subjetividad como la base de la agencia, una parte necesaria del entendimiento de cómo las personas (intentan) actuar en el mundo, incluso si actúan sobre ellas. Agencia no es una voluntad natural u originaria; ella es moldeada en cuanto deseos e intenciones específicas dentro de una matriz de subjetividad-de sentimientos, pensamientos y significados (culturalmente construidos)” [Traducción: Diana Bolanõs Erazo].

3 Por transnacionalismo y vivencias transnacionales, me valgo de los conceptos de Glick-Schiller y Fouron (1997); Faist (2000); Blanc, Glick-Schiller, Szanton (1995); Besserer (2004); Sassen (2001); Baubock y Faist (2010), entre otros. Conforme Glick-Schiller, Basch y Blanc-Szanton (1992); Blanc, Glick-Schiller y Szanton (1995) y Ong (1999), hay determinadas movilidades que cargan consigo la vivencia de mundos paralelos al mismo tiempo, el del país de origen y el de las tierras de destino. Se trata de estar viviendo, al mismo tiempo, en pertenencias y lógicas diversas, más allá de los límites de los Estados nacionales y sus fronteras y lógicas.

4 http://www.portal.abant.org.br/codigo de etica/.

5 Como resalta Hine (2011), en las etnografías virtuales debemos observar las relaciones que se establecen en este contexto.

6 Hay personas que lo obtuvieron en pocos años pero, en promedio, la espera puede llegar a ser de 8 a 10 años, o más, según el consulado en el cual se tramita el proceso.

7 https://www.esteri.it/mae/resource/pubblicazioni/2018/10/annuario_statistico_2018_web_pass.pdf.

8 Como señala el autor: “Though linked to a number of apparatuses not all of which may be governmental, the state is not an apparatus but a set of processes” (2001, p.127). Estos procesos invaden la vida cotidiana, mucho mas allá de los límites imaginários entre la sociedad civil y el Estado.

Crisis identitaria de mujeres profesionistas mexicanas en Alemania: entre la descalificación, la desclasificación y la ilusión del estilo de vida alemán

Yolanda López García

Introducción

La movilidad de personas de México a Alemania ha sido poco estudiada (López García, 2021; Peña Muñoz, 2013) y pocos son también los estudios de actualidad que se enfocan en la migración de mujeres mexicanas o latinoamericanas a este país (Hernández, 2005; Gutiérrez, 2015; Rizzo, 2007).

Usualmente, las investigaciones, así como los medios de comunicación, se concentran en el binomio México-Estados Unidos por la magnitud interdependiente e histórica entre ambos países (Canales Cerón y Meza Mejía, 2016; Canales Cerón y Rojas Wiesner, 2018; Durand, 2016). A pesar de que Alemania es el cuarto país receptor de personas que emigran de México (Fundación BBVA Bancomer y Secretaría de Gobernación/Consejo Nacional de Población, 2019), no se le considera como un destino tradicional para migrantes mexicanos, o bien, no ha sido un tema de relevancia al no ser problematizado.

El objetivo de este trabajo es explorar, a través de los relatos de vida de siete mujeres participantes en el estudio empírico, los imaginarios de la migración en Alemania,1 sus percepciones, transformaciones y estrategias de vida. ¿Qué tipo de experiencias narran? ¿Qué transformaciones y retos experimentan en sus vidas? ¿Cómo los proveen de significado? ¿Qué estrategias emplean en este proceso? De las experiencias compartidas, se discute si estas pueden entenderse como una crisis identitaria en su proceso migratorio y si las participantes experimentan un proceso de desclasificación y de descalificación como en el caso de mujeres latinoamericanas presentado en el trabajo de Hernández (2005). Este tema pone bajo la lupa de análisis los imaginarios2 que las participantes tienen sobre el privilegio, sobre ser mujer profesionista de clase media alta en México y su transformación en Alemania. Además, se discute la idealización de una imagen de la vida en Europa, confrontada con las experiencias vividas y la reflexión sobre el ser de mujer migrante.

Motivos de movilidad

La migración mexicana a Alemania ha sido imaginada y representada como una migración calificada3 o por razones sentimentales, tanto por las y los participantes de este estudio (López García, 2021) como de acuerdo con publicaciones con respaldo gubernamental (Piña Hernández, 2017). Sin embargo, aquí se argumenta que la movilidad se ha dado por una variedad de razones complejas y que por ello no es posible pensarla con categorías singulares que sugieran que solo una razón motivó la movilidad (López García, 2021). Los motivos principales para salir de México expresados por las participantes fueron: estudios, amor, acompañar a su pareja, querer salir de México, aventura, vivir libremente su preferencia sexual y gozar una mejor calidad de vida (tabla 1).

Tabla 1. Panorama de las participantes

Motivos principales

Nivel de estudios / Último puesto en México

Vivir libremente su preferencia sexual; carencia laboral; mejorar la calidad de vida; amor

Licenciatura / Diversos trabajos no fijos

Apoyar a su marido; mejorar la calidad de vida; sueño de vivir en Europa

Licenciatura / Ejecutiva / Directora sector financiero

Matrimonio

Maestría / Profesional en su ramo

Matrimonio

Maestría / Profesional en su ramo. Empresa multinacional. Viajes constantes de trabajo. Sector tecnológico

Deseo de dejar México

Licenciatura / Profesional en su ramo

Estudios

Doctorado

Cambio de vida después de un divorcio; estudios

Doctorado

Fuente: elaboración propia.

Además de estos motivos principales, en el análisis profundo de los relatos apareció el tema de la calidad de vida como un factor fundamental (no exclusivo) en la decisión de emigrar y de permanecer en Alemania. De las narraciones de las participantes fue posible reconstruir su contexto socioeconómico y su autodefinición como personas calificadas con capital social y económico (Bourdieu, 1986) en distintos niveles. En algunos casos se expresaron prácticas de vida que se interpretan como una pertenencia a un contexto socioeconómico medio-alto, mientras que en otros se puntualizó que no se proviene de una familia con alto poder adquisitivo, y que fue gracias al esfuerzo y el trabajo de la madre y el padre que se tuvo acceso a la educación. Esta migración, caracterizada por mejorar la calidad de vida, tiene paralelos con la “migración por estilo de vida”, entendida por Benson y O’Reilly (2016, p. 22) como la movilidad de personas que en la mayoría de los casos tienen relativamente un alto poder adquisitivo y que son relativamente privilegiadas, que se trasladan, ya sea una temporada parcial o completa, de forma permanente o temporal, a lugares que significan para los migrantes algo que se define vagamente como calidad de vida.

Se plantea que tener capital social y educación universitaria significa, en este caso, tener “relativamente un alto poder adquisitivo”, en el sentido de tener capital social y económico. De esta manera es que la educación es vista como una vía para mejorar la calidad de vida y lograr movilidad social. Ante tal meta y deseo de las participantes, en este trabajo se entiende que el estilo de vida juega un rol crucial en su migración.

Según los relatos, la educación es por una parte motivación, pero también estrategia para la movilidad. El siguiente pasaje4 muestra un ejemplo en el que la razón para salir de México fue no querer residir ahí al estar en desacuerdo con muchas de las prácticas en el país.

Fíjate que yo me fui de México, a diferencia de mucha gente, no me vine a estudiar ni porque me casé: yo me fui de México porque yo ya no quería vivir en México. Y hace quince años todavía no estaba como está ahorita. A mí me molestó toda la vida el “dedazo”. Ese “porque conoces a alguien”, “porque esto”, que si eres mujer ya te fregaste si no hay un hombre en la casa. Que yo crecí sin padre, porque se murió. […] Mi mamá me dijo desde muy chica yo me acuerdo la primera vez: llegué como a los doce o trece años bien enojada […] a la casa y yo le dije “me voy a ir de este país, porque a mí no me gusta como es aquí”, y que son impuntuales y que te dicen “sí, sí, ahorita”, y nada más te están dando el avión. O sea, yo vivía a contracorriente en México. Entonces me decía mi mamá: “estudia mucho para que te vayas”. Siempre me decía lo mismo (Maricarmen).

Este pasaje muestra, por un lado, las prácticas del compadrazgo y, por otro, la impuntualidad o falta de compromiso, que le disgustan a la participante. De su relato se interpreta que, además, ser mujer en México implica una situación de desigualdad y de dificultades, que aumenta sin la presencia de un hombre. Es importante resaltar que ella quiere diferenciarse explícitamente de las personas que han emigrado a Europa por estudio o matrimonio, factores que se han manifestado como los motivos principales en los relatos de sus conocidos y que se ven reflejados también en esta investigación. Para ella es importante recalcar que emigró porque pudo hacerlo, porque su preparación le dio las herramientas, pero, sobre todo, porque buscaba otro estilo de vida desde niña. En el caso de otras participantes, la situación es similar, ya que experimentaron situaciones parecidas de descontento en su vida, por lo que la movilidad física fue vista como una posibilidad de movilidad social.

Adriana mencionó que su familia tenía una amplia experiencia en movilidad interna en México; explicó que una de las razones para emigrar a Alemania fue la oportunidad laboral para su pareja y poder tener así una mejor vida. El proyecto migratorio retomó fuerza al encontrarse viviendo en un contexto rural con una presencia importante de población indígena donde la participante ya no veía posibilidades de mejorar, ni de lograr movilidad social para su familia. Reflexionó que vivir en un “pueblo bicicletero” tuvo sus ventajas mientras sus hijos eran pequeños, porque vivieron una vida “bohemia, rodeados de naturaleza”. Explicó que cuando su hijo mayor estaba a punto de entrar a la secundaria, su temor era que la educación en las escuelas de la zona no fuera de calidad. Mencionó el ejemplo de que los maestros de la escuela hablaban “mal” el castellano al decir “haiga” en lugar de “haya” al conjugar el verbo haber.5 Se hace alusión en su relato a que esa palabra es empleada por personas “sin educación”.

El “sueño alemán” y el contraste con la realidad experimentada

Los relatos listaron comparaciones sobre el estilo de vida en México y en Alemania. Su imaginario sobre Alemania incluye mejores condiciones de vida, oportunidades profesionales, mayor seguridad social y pública. La reconfiguración del imaginario de la vida en Alemania se entiende aquí como un “sueño alemán” en contraposición a un imaginario de inseguridad y crimen en México compartido por las participantes, que es razón de peso en la decisión de migrar y quedarse a residir en Alemania.

Entonces, por ese lado, te digo, sí extraño algunas cosas; por otro lado, digo yo, qué bueno que estoy aquí, y pues con la cuestión ahorita de la seguridad mis papás están felices de que estemos aquí. […] O sea, que no me tenga que preocupar donde salen las niñas, a dónde salen, andarlas cuidando, ese tipo de cosas. Mi mamá, yo creo que me extraña […] y a las niñas, […] pero sabe que estamos bien, y que estamos seguras, y que están creciendo en un ambiente sano, sin miedos, sin temores, sin alarmas ni guardias; entonces mi mamá siempre me lo dice, y cuando yo me vine le dije: “mamá, es que [esposo] quiere quedarse a vivir en México”, o sea, era su sueño, ¿verdad?, y mi mamá: “tú no te vas a quedar aquí”, y en aquel entonces no era de inseguridad lo que era ahora. Me dijo: “no, a ti te toca irte”, y yo: “mamá”, me dice: “sí”, es lo mejor para ti y para tus futuros hijos” (Teresa).

El imaginario de lo alemán, alude así a imágenes tipificadas de glamur y cultura que suponen un entendimiento limitado, cerrado y tradicional de la cultura como “alta cultura”, de ser culto, educado y con base en la lógica de la coherencia, es decir, de entender a las culturas como contenedores homogéneos con limites cerrados (Bolten, 2020), donde el nacionalismo metodológico (Wimmer y Glick Schiller, 2002) persiste. Se entrelaza aquí una lógica más profunda de la colonialidad del poder y del saber, que supone la modernidad, el desarrollo y el eurocentrismo que conlleva la idea de superioridad europea: el imaginario de la división racializada de la sociedad prevalece (Quijano, 2007).

La colonialidad influye en la construcción de la ilusión en el “primer mundo” y “el sueño alemán” que, desde una perspectiva mexicana, contribuyen a imaginar la vida en Europa como mejor y glamorosa: “Cuando nos habíamos casado, habíamos venido de luna de miel a Europa y yo había dicho “es que yo quisiera vivir en Europa”. A mí lo que quieras, pero Europa tiene lo suyo. Y suena muy glamuroso, ¿no?, dices “vivir en Europa, qué padre, es que mira los edificios, es que todo es bonito, es que todo mundo es muy ordenado” (Adriana).

Además, supone que hay riqueza y movilidad de clase. Las participantes relataron que sus familiares y conocidos las perciben como “ricas”, con una “buena vida” en Alemania:

La gente dice como “¡oh, vives en Europa!” (expresando sorpresa) como si fueras más importante, ¿no? Eso me llamó la atención. Por ejemplo, tengo algunos primos que se creen muy elegantes y de la clase alta y solían ignorarme. Si me veían en la calle, no me saludaban. Pero ahora, cuando visito México, me organizan una cena especial para verme. Así que ahora, porque “soy europea” estoy en su “liga” y podemos ser amigos. Sin embargo, la gente piensa que eres rico, que tienes dinero y que tienes una gran vida. Quiero decir, por supuesto, la calidad de vida aquí es mejor, sin duda alguna, de eso estoy segura. Sin embargo, eso no significa que seas rico y que te vean como tal y no sé lo que piensan (Maricarmen).

Este imaginario se refuerza al comparar la vida de migrantes en los Estados Unidos, imaginada como una “mala vida”, de sufrimientos y penurias, creando una dicotomía entre ambos destinos. Adriana describió una interacción que tuvo con unas mujeres jóvenes en una de sus visitas a México, en la que ellas expresaron su deseo de estudiar un semestre en Europa por ser, según ellas, un destino más glamuroso que Estados Unidos. Adriana recreó la situación e imitó las voces de las chicas, con un tono que denotaba que las jóvenes pertenecían a una clase alta. Se refirió a la ingenuidad de las muchachas por no tener idea de lo dura y cara que es la vida en Europa. Estaba segura de que sus padres “trabajaban como burros” para pagar el semestre en el extranjero. Les dijo que “Europa puede parecer muy romántica, pero deben saber que la vida no es fácil allí, que no es como uno se la imagina, que no es todo un lecho de rosas, aunque si no tienes que trabajar y tu padre lo paga todo, entonces sí”. Adriana dijo que las chicas estaban muy sorprendidas e irritadas, pero para ella era importante decirlo porque también había tenido esa idea y considera que la realidad es diferente.

Aunque las participantes comparten la opinión de que en Alemania hay mejor calidad de vida y seguridad que en México, varias de ellas cuestionaron la idea del sueño alemán, desafiando la idea de que en Alemania todo es perfecto y de que a pesar de ser “primer mundo” se experimentan desventajas, renuncias y aspectos en los que sus vidas son peores que en México. Se identificaron prácticas que demuestran que su condición relativamente privilegiada desde la perspectiva mexicana ha disminuido o se ha perdido, por lo que se identifica un proceso de desclasificación y descalificación que a continuación se explicará.

Perspectivas sobre la desclasificación

Las participantes reflexionaron sobre los cambios en su vida cotidiana: extrañan algunas prácticas de confort en México y encuentran aspectos de la vida en Alemania que les disgustan. Algunas mencionaron las limitaciones al no poder pagar con tarjetas de crédito en la mayoría de establecimientos y que el domingo sea día de asueto general. También se comentó que no pueden emplear a una trabajadora doméstica.6 Mientras que una participante se quejó por no tener un coche y tener que usar el trasporte público, para otras dos, el poco uso del automóvil es parte de la calidad de vida. Respecto a la vivienda, lo que primero le pareció fascinante a Adriana de la arquitectura en Europa, en la cotidianidad significa vivir en un “viejo edificio europeo” sin ascensor, lo que significa tener que subir y bajar cosas por la escalera. Como tampoco tiene automóvil, también tiene que caminar o utilizar el transporte público con la carga de sus compras, algo que no hacía en México. Esto lo percibe como un cambio en el que no mejoró su vida.

Otro aspecto es el de las experiencias y opiniones sobre el sistema de salud alemán, que fue un tema que resaltaron varias participantes. Si bien se considera que hay un beneficio, las opiniones son diversas cuando se comparten experiencias específicas sobre los servicios prestados por el personal médico y los hospitales. Las mujeres cuyos hijos nacieron en Alemania describieron su experiencia de parto. Para María y Maricarmen, el enfoque natural de dar a luz, así como la figura y papel de la matrona7 se consideraron muy positivos y una de las ventajas del sistema. María, por ejemplo, describió su experiencia con el método de parto natural como muy útil porque le ayudó a ganar confianza en su cuerpo y aprendió que era posible evitar una cesárea. El involucramiento de la matrona fue muy útil para aprender a cuidar al bebé.

La experiencia de Teresa es opuesta: el nacimiento de su bebé fue una situación crítica y asegura que habría sido más segura en México. Ella no podía entender por qué en Alemania existe una “obsesión porque todo sea natural”, incluso soportar horas de dolor de parto y dar a luz sin anestesia, lo cual cree que pone en riesgo la vida de la madre y del bebé, por lo que acusa a las prácticas de las matronas de negligencia médica. En su experiencia en hospitales privados en México, la cesárea está normalizada y no es vista como algo excepcional como en Alemania.8

El embarazo me llamó mucho la atención aquí. Para empezar los gine, bueno, ya sabes que aquí el sistema médico está de la mierda, y los médicos son muy distintos a los de nosotros, que también son muy así sobreprotectores, bueno, sobre todo los privados, nunca fui al IMSS pero los privados así de que “ay, qué le pasa”, y media hora ahí oyéndote […] yo sí he oído muchas historias bien feas de partos naturales porque las parteras son como en la Edad Media. (Teresa)

La percepción de Teresa está vinculada a su realidad en México, y su punto de comparación son los hospitales privados, ya que nunca había asistido a uno público. Este tema demuestra imaginarios opuestos de bienestar y de calidad de servicios.

Ser mujer migrante

Las participantes dijeron sentirse discriminadas en Alemania, algo que no experimentaban en México. Por ejemplo, Adriana describió que la situación más bochornosa que ha pasado es que fue acusada injustificadamente de robo en una tienda de ropa, según ella por ser identificada como una “migrante”. Ser migrante se percibe como equivalente a ser tratada despectivamente, sufrir discriminación y sentirse frustrada por no tener las herramientas para defenderse.

Adriana se refirió a los “sacrificios” que se hacen en la migración para tener una mejor vida y con nostalgia habló de la vida cómoda que había tenido en México, y cómo había imaginado una vida que sería glamorosa en Alemania pero que dista de serlo. Sin embargo, dijo que ha aprendido a dejar atrás esa “comodidad superficial”, adaptándose y valorando otros aspectos, como la calidad de vida y la seguridad. “Todo vale la pena”, dice, cuando ve a sus hijos hablar con fluidez en tres idiomas. No obstante, dudó al considerar si venir a Alemania había sido la decisión correcta. Dijo que quería creer que lo era.

Por su parte, Maricarmen argumenta que salió de México muy molesta, como se ha mencionado antes, pero reflexiona que antes “todas las puertas se abrían para ella”:

No sabía lo que se siente al ser discriminado. Eso nunca me pasó en México. Pero llegué aquí y ¡se siente horrible! Cuando no les gustas porque eres de otra raza (sic). Se siente horrible y no quiero ni imaginarme lo que se siente al ser negro. Porque bueno, mientras no abra la boca y hable, usted [se refiere a sí misma] puede engañar a los demás, ¿no? Pero se siente horrible y todavía lucho con eso. Me enfado mucho y siento impotencia. También tuve problemas en la Kita [guardería], aunque mi hijo es rubio. Saben que la madre no es alemana y un par de personas lo tratan mal. Y sé que voy a luchar toda mi vida con eso. No puedo aceptarlo. Peleo con todos y con todo si siento discriminación. Los pongo en su lugar y todo, pero eso no cambia lo que sienten, ¿no? (Maricarmen)

La historia de Maricarmen plantea importantes aspectos sobre los imaginarios de diferenciación, la clase social y el fenotipo. Si el enfoque se centra en los argumentos sobre la etnia y el fenotipo, es posible observar cómo Maricarmen se ve a sí misma como una mujer blanca que nunca experimentó la discriminación en México; en Alemania es posible para ella “camuflarse”, hasta que habla el idioma. Ella también argumenta que su hijo es rubio y aunque el fenotipo de ambos es de blancos, se enfrentan a la discriminación por ser “diferentes”. Este pasaje demuestra que el imaginario de la colonialidad sigue presente respecto a la división racializada de la población.

Maricarmen mencionó que se identifica activamente como mexicana porque siente que eso cambia la percepción que se tiene de ella en un contexto que le parece poco amistoso con los extranjeros de ciertos orígenes, por ejemplo, turcos o musulmanes. Esto se debe a las experiencias negativas que ha tenido en Alemania y que describió en su historia. El siguiente ejemplo muestra cómo Maricarmen se diferencia activamente en cuanto a su nacionalidad y su religión, utilizando un crucifijo como objeto simbólico identificativo:

Cree que eres turco porque eres extranjero, así de fácil. Entonces, el alemán me trataba feo, hasta que escuchaba que era de México. Y los turcos me decían majadería y media porque no traía la cosa esa en la cabeza. Y un buen día, estaba, entraron un señor, y yo creo el hijo turco, a la tienda y quién sabe qué me dijo y pues yo le volteo a ver al joven y le digo en alemán, “es que no le entiendo”, y “ta, ta, ta” (remedando idioma), o sea, me estaba insultando, ¿no? Entonces me dice el muchacho, “¿pues qué no eres turca?” Le digo, “no, yo soy mexicana” y ya les dio risa, se disculpó y así. Llegué trabada de coraje, ¿no?, con mis amigas y al siguiente cumpleaños me regalaron esta cruz de oro blanco (la muestra, la trae colgada en el cuello). Y desde entonces la traigo. Qué gacho, ¿no?, que este es mi “OK, no soy musulmana”. Pero es lo que me ha salvado, porque desde entonces creo que no es ni la mitad de lo que me hacían de discriminación antes. Pero eso es nada más de frente sin conocerme, la gente que sabe quién soy, pues hay gente cerrada. Te digo, yo tengo muy buena suerte: a mí, si me pongo a contar, de diez, nueve veces me tratan bien. O sea, no debería de quejarme. Pero el ser humano así es, te sientes mal y es lo que se te queda (Maricarmen).

Este pasaje se vincula con “la ilusión cuantitativa” acerca de la percepción que se tiene sobre la cantidad y presencia de colectivos de migrantes y el efecto que eso tiene en la “poca presencia” de personas provenientes de México en Alemania.9 En este estudio se encuentra que las participantes tienden a no reconocerse como “migrantes” y tratan de distanciarse de esa categoría por la connotación negativa que se tiene en el imaginario colectivo (Aliaga Sáez, 2014) y que en este caso está muy relacionado con los estereotipos de migrantes mexicanos a Estados Unidos por ser imaginados regularmente como personas “sin cultura”, que han emigrado por necesidad y que viven situaciones difíciles (López García, 2021, 2015). Para algunas participantes de este estudio fue difícil reconocer que, a pesar de su capital social y económico, también experimentan situaciones similares. Además, se encontró que en un contexto donde se experimenta ambigüedad, incertidumbre y diversidad, las participantes se apegan más a los imaginarios nacionales como una forma de tener seguridad, plausibilidad, normalidad y certeza (López García, 2021). Solo una participante se autodefinió explícitamente como migrante y como persona bicultural.

Colonialidad y nacionalidad de la pareja

Hasta ahora se ha argumentado que los imaginarios sobre el sueño alemán, el glamur y la movilidad social responden al imaginario de la colonialidad. De los relatos, se encontró también que algunas participantes hacen una distinción respecto a la nacionalidad de sus parejas, las mentalidades y estilos de estas. Específicamente dos participantes con pareja mexicana expresaron incomodidad sobre comentarios que han recibido respecto a su pareja por parte de otras mujeres con pareja de nacionalidad alemana. Se interpreta que encontrar una pareja alemana implica “una mejora social”. Por ello aquí se deduce que la lógica de la colonialidad impera con la imaginada valía del esposo alemán sobre la del esposo mexicano, que acarrea no solo cuestiones de fenotipo, sino de jerarquización de la nacionalidad alemana sobre la mexicana.

Con ellas, (sus amigas mexicanas) muy bien. Porque además este grupo es de puras profesionistas que vinieron a Alemania por otros motivos, ya sea por trabajo, por estudio. Algunas pocas porque se casaron con alemanes, pero no son la mayoría. Eso es lo raro de este grupo. Entonces todas tienen una perspectiva diferente a aquellas que solamente “ay, me casé con un alemán”, ¿no?, “y me vine a vivir en Alemania”. Que con ese tipo de personas que he conocido en otros contextos es bastante incómodo. Porque, por ejemplo, una que conocí estando yo embarazada: “Ay, muchas felicidades” y no sé qué, “estás esperando bebé, entonces estás casada con un alemán”. No. Así de “no, mi marido es mexicano”. Y la cara invariablemente es así como de “ah, pobre”, ¿no?, “porque no se consiguió a un alemán”. Como si tener un marido alemán fuera el gran logro. […] Y generalmente me da coraje. A pesar de que me ha pasado muchas veces no entiendo por qué si la propia nacionalidad no implica ningún mérito de tu parte, por qué tienes que andar presumiendo la nacionalidad de tu marido, ¿no? O sentirte muy orgullosa de la nacionalidad de tu marido. Y entonces cuando las personas que conozco en general, pues las mujeres que conozco, y esa es la primera pregunta que me hacen, no vuelvo a hablar con ellas nunca (risas) básicamente (María).

Este pasaje permite identificar además una diferenciación en dos extremos: por un lado, se identifica una clasificación entre las mujeres mexicanas por el motivo de su migración, de las profesionistas activas académicas o trabajadoras de las esposas que “solo se casaron” con un alemán. Por otro lado, en el caso de las mujeres casadas con un mexicano, se percibe un distanciamiento tanto por el motivo de la nacionalidad de la pareja como por intereses, personalidades u ocupaciones. El relato de Adriana –también casada con un mexicano– narró que no se integró a una asociación cultural mexicana que organiza eventos tradicionales mexicanos, debido a que para Adriana es solo una pérdida de tiempo, y un ambiente “de chisme” por parte de las mujeres que en su mayoría están casadas con alemanes. En este sentido, desde la historia particular de Adriana se interpreta también que tener una pareja alemana implica ciertas ventajas y estrategias en la integración al nuevo país, a diferencia de tener que empezar desde cero, como en su caso.

Además del imaginario de la colonialidad implicado en la nacionalidad de la pareja, se puede interpretar, de las dos citas presentadas, una distinción que María hace entre mujeres “dependientes” y que emigraron “por seguir al marido”, y por parte de Adriana, la distinción entre mujeres “ocupadas o desocupadas”. En su caso, ella es ama de casa y se considera una persona muy ocupada que no tiene tiempo para el tipo de eventos que organizan las mujeres de la asociación cultural mexicana, que además están casadas con alemanes.

De la totalidad de los relatos de las mujeres de este estudio puede interpretarse que, independientemente de la nacionalidad de su pareja y de su estatus profesional al momento de emigrar, ellas han sido parte fundamental en la motivación de migrar, o bien de quedarse a residir en Alemania; aunque no estén del todo contentas ni satisfechas, reflexionan y toman acción en sus transformaciones de vida.

Por ello, aunque algunas participantes describan sus relaciones afectivas como motivación principal para migrar, no deben ser vistas como personas pasivas que son “llevadas por un hombre blanco” (Hernández, 2005, p. 205), en el caso de las participantes con una pareja de nacionalidad alemana, o que “van siguiendo a un hombre”, en el caso de las participantes con una pareja de nacionalidad mexicana. Es importante mencionar que, según sus relatos, las mujeres que renunciaron a su trabajo aseguraron haberlo hecho por decisión propia, ya que el plan de cambiar de residencia está unido con la motivación de tener una mejor calidad de vida. En las narraciones de todas las participantes se reconoce que todas han experimentado desafíos en su integración social en Alemania, además de que algunas han experimentado en mayor o menor medida implicaciones de desclasificación y descalificación en sus historias de vida en un contexto migratorio.

Perspectivas de descalificación

Específicamente en el caso de las mujeres que han decidido emigrar por motivos amorosos, se pudo identificar narrativas sobre crisis identitaria al replantearse su condición social, de clase, profesional y de pertenencia. Esto puede analizarse desde los relatos donde se narran emociones de vacío, experiencias de dificultad al integrarse al sector laboral en los mismos niveles de toma de decisiones que tenían en México, o bien, al integrar prácticas que no eran realizadas en México, como, por ejemplo, el cuidado del hogar y de los hijos.

Por ejemplo, al arribar a Alemania, Susana y Ana se sintieron aisladas, tristes, nerviosas e incluso deprimidas, a pesar de que vivían en grandes ciudades como Múnich y Berlín, donde hay muchas actividades, a diferencia de la vida en otras ciudades o pueblos más pequeños.

El primer [año] fue el peor. Para empezar, hacía mucho frío. De repente no tenía a nadie a mi alrededor, de repente no tenía nada que hacer aparte de estudiar alemán y el invierno era muy frío y todo estaba muy oscuro. No sé, es decir, el shock, el choque cultural te golpea. Sabes que vienes a Alemania, sabes que te van a hablar en alemán, sabes que las cosas son muy diferentes, pero no es lo mismo decirlo, decir “sí, sí, sí, lo sé”, que estar realmente aquí y vivirlo (Susana).

Además del choque cultural que señala, debido al proceso de ajuste a sus nuevas condiciones de vida, tenía la sensación de ser inútil y de no ser nadie. “Y así el primer año fue difícil porque siempre me sentí deprimida, es decir, me sentí muy inútil, completamente inútil, me sentí mal, muy mal, por el hecho de que me sentía inútil, impotente, no sé, como una completa don nadie y decía: ‘¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?’” (Susana).

Al reflexionar sobre su movilidad, Ana imagina que las personas que emigran a los Estados Unidos están motivadas por una “necesidad real”, como la de dar sustento a su familia, a diferencia de ella, que emigró para lograr su estilo de vida deseado, primero a Canadá y luego a Alemania. En ambos países trabajó en condiciones precarias alejadas de su profesión, primero en el sector de la construcción, de manera ilegal, en un trabajo que describió como “esclavitud contemporánea”; y en Alemania en un hotel, de manera legal, pero sintiendo el trato de “inmigrante”.

Entonces me metí a trabajar en un hotel con terrible alemán, super insegura; todas mis compañeras eran vietnamesas (sic), polacas, cubanas, o sea, de todos lados menos de Alemania, porque nadie quiere trabajar en algo que te canse más de lo que te puede dar el gobierno, ¿ya sabes? Entonces, […] los colegas alemanes eran muy serios, muy duros, había gente medio grosera, por ejemplo en el elevador y […] las inmigrantes de otras culturas todas juntitas ahí caminábamos, todas las vietnamesas (sic) y yo nos hicimos amigas, ¿no?, estás en la misma circunstancia, […] yo no entendía nada de lo que me decía nadie, yo adivinaba alemán. Sabía lo que tenía que hacer de trabajo y ya medio adivinaba qué me tocaba hacer, o cuándo tenía que ir, eso fue también muy dramático: llegaba a mi casa yo llorando todos los días porque era el trabajo físico, pues, que es cansado (Ana).

La historia de Ana es muy importante para deconstruir la idea de que solo cierta población migrante de un nivel socioeconómico bajo es la que migra y tiene experiencias de trabajo indocumentado y precario.

Se identificó que las participantes que emigraron principalmente por amor tuvieron más dificultades para iniciar una vida social por sí mismas, para aprender el idioma y encontrar su papel en el nuevo entorno. Este es el caso de mujeres profesionales como Adriana, Teresa y Susana, que tuvieron puestos altos de toma de decisiones en México, con experiencia internacional, que experimentan un nuevo lugar para vivir en Alemania, pero también un nuevo rol en su vida como amas de casa. Aunque Teresa y Susana sí trabajaron en sus áreas profesionales, decidieron renunciar por querer cuidar a sus hijos y “por no tener necesidad de trabajar ni sufrir los malos tratos” de sus empleadores (Susana). Aunque el contexto migratorio de las participantes les impone retos, son ellas quienes han tomado la decisión activa de no integrarse más al sector laboral. El siguiente pasaje describe claramente la transformación de Teresa en sus roles de vida:

Desde que me casé yo tenía bien claro que queríamos una familia, […] pero claro, la parte profesional, fue una lotería que me consiguiera ese trabajo yo aquí, […] entonces esa parte la extraño, porque conocí a gente, comida, hábitos, rutinas, […] además que en mi caso […] era una vida de mucho glamur, […] yo a los hoteles que llegaba eran cinco estrellas, y era andar en taxi y era restaurantes de carnes y […] era moverme en un mundo pues […] como de ricos y famosos, ¿no? Entonces andar con los directores de la empresa y jamás fijarnos en cuánto costaba un hotel, […] porque eran unos señores proyectos de año y medio, entonces donde los consultores teníamos la vida de magnates […] Para empezar, dejar de trabajar, dejar tu rutina de mujer profesionista, de traje sastre, de zapato de tacón y todo, ya pues con el embarazo poco a poco le vas bajando al tacón, […] pero sí es una parte que sí extraño pero que no la cambio, por lo que tengo ahora. Yo se lo he dicho a mi marido, la verdad es que fue una etapa que disfruté, o sea, la viví al máximo y ahora pues estoy en otra y me toca, ¿no? […] Y yo siempre le dije a mi marido “voy a dejar de trabajar, yo me voy a dedicar a mis hijos”, mi mamá así lo hizo, entonces a la mejor viene mucho de familia, mi mamá nunca trabajó, gracias a Dios porque nunca tuvo la necesidad tampoco (Teresa).

Crisis identitaria

Los procesos de desclasificación y descalificación y los retos para integrarse a Alemania generan un sentimiento de vacío al no saber a dónde pertenecer: las participantes señalaron que tampoco pueden decir que pertenecen del todo a México, que se han convertido en turistas.

Narrar su vida le llevó a Adriana a reflexionar sobre cómo el proceso migratorio le ha enseñado a desprenderse no solo de las cosas materiales –su casa y sus muebles en México–, sino también de la familia, las tradiciones y las costumbres.

Esto puede ser muy glamuroso, es muy padre, pero tiene su precio y no sé si le pasa a todo el mundo, que en algún momento empiezas a dudar y, ¿realmente quiero volver a México? ¿Voy a encajar allí? Porque llega un momento en que ya no encajas en ningún sitio. Cuando sientes que te han echado de allí porque tus amigos ya no te responden de la misma manera en WhatsApp, o están muy contentos cuando los visitas, pero solo pueden verte durante media hora porque no tienen tiempo en sus vidas. Y cuando estás aquí bueno, tampoco has hecho el esfuerzo de formar el mismo grupo que tenías allí, ¿verdad? Porque no he querido hacer el esfuerzo, o porque no los encuentro tan divertidos, porque el sentido del humor no es el mismo, y dices “ya no encajo en ningún sitio, pero no importa, soy increíble incluso si estoy solo” (risas) (Adriana).

Las experiencias expresadas en los relatos con frases como “no encajar o pertenecer a ningún lugar”, “estar atrapado entre dos mundos” y la idea de “ser algo, pero sintiendo y conociendo cosas nuevas” demuestran la dinámica en curso de la crisis como ruptura con lo normalizado y establecido, como puede ser la pertenencia a estructuras claras como una identidad nacional, así como los procesos de cambio que surgen de las interacciones interculturales en los contextos inciertos, donde se recrea la identidad que es múltiple e híbrida.

Reflexiones finales: migración calificada, ¿por estilo de vida o por derechos humanos?

Según Gandini (2018), México se enfrenta a una paradoja en lo que respecta al aumento del nivel educativo de sus recursos humanos, con más personas que obtienen títulos de posgrado: México ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto lugar a nivel mundial en la migración de alta calificación a los países de la OCDE (Gandini, 2018, p. 76); Estados Unidos es el principal destino (Gaspar y Chávez, 2016, p. 92).

En el caso de la investigación sobre migración de personas altamente calificadas de México, se ha tendido a centrarse en las condiciones que ofrecen los países de destino, en vez de enfocarse en las circunstancias del país de origen (Gandini, 2018). La preocupación por la falta de seguridad y el respeto de los derechos humanos básicos es crucial para comprender la “fuga de cerebros” de México. Por lo tanto, como indica Gandini, estudiar en el extranjero no es solo una decisión “por placer”, sino también una última opción debido a la falta de oportunidades y de respeto a los derechos básicos allí.

Esta investigación ha demostrado que la movilidad de las participantes no puede categorizarse simplemente como una migración calificada o por razones afectivas, ni tampoco exclusivamente como una migración por estilo de vida. Sino que las razones para migrar son variadas, complejas y los motivos se empalman.

Es notable que la percepción negativa de la situación en materia de seguridad en México se contrasta al añadir diversas perspectivas a la reconfiguración dinámica de un “sueño alemán”, que está vinculada con la noción de estilo de vida en Alemania. Estos imaginarios se nutren de recursos simbólicos (García García y Verdú Delgado, 2008; Goycoechea Rodríguez, 2003; Lehmann, 2007) reconstruidos por los medios de comunicación y las interacciones sociales donde confluyen las percepciones y prácticas de las participantes, su familia y amigos.

La relevancia de destacar la migración calificada y por estilo de vida, va encaminada a desentrañar problemas estructurales en México que quedan invisibilizados al categorizar la migración de personas con capital social y económico. Busca precisamente poner al descubierto, primero, que estas personas a veces no tienen otra opción que emigrar o quedarse a residir en el extranjero para garantizar el gozo de sus derechos, a pesar de que no les implique necesariamente una mejor calidad de vida. Segundo, que sin embargo, la complejidad en esta migración empalma el estilo de vida, los imaginarios sobre la (in)seguridad y la ilusión de la movilidad social y geográfica a un contexto europeo, idealizado bajo una lógica donde la colonialidad de pensamiento persiste, al imaginar que la vida en Alemania o en Europa es glamorosa y libre de retos. Las transformaciones de las mujeres en sus experiencias de movilidad constatan sus procesos de crisis identitaria cuando experimentan la desclasificación y la descalificación en Alemania. Sin embargo, las participantes demuestran ser agentes activas en su vida en un contexto migratorio en el que se replantean su socialización en México en contexto socioeconómico y el actual en Alemania, experimentando así procesos de reconstrucción identitaria.

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ZDF. (22 de Septiembre 2019). Pflegekräfte aus Mexiko - Spahn: Genau die Migration, die wir wollen. ZDF.

1 Los datos empíricos son parte de la investigación doctoral que analizó trece relatos de vida de personas nacidas y socializadas en México, radicadas en distintas ciudades de Alemania (López García, 2021).

2 Se entiende como imaginario social a “las formas de significación institucionalizadas que adopta la sociedad en el pensar, en el decir, en el hacer, en el juzgar” (Baeza, 2011, p. 33). Para una discusión más profunda sobre los campos de acción de los imaginarios sociales, ver López García (2021).

3 Gandini (2018) y Lozano-Ascencio y Gandini (2011) señalan la falta de una definición comúnmente aceptada para este tipo de migración. En este trabajo se entiende por migrante altamente calificado a un individuo que ha completado la educación terciaria y que tiene un título universitario.

4 Los pasajes han sido editados de forma que su lectura sea ágil. Las ediciones internas son señaladas con corchetes. Los nombres de las participantes han sido modificados y sus datos anonimizados.

5 “Haiga” es una antigua forma de castellano que se ha mantenido en su mayoría en las zonas rurales. El uso de esta palabra se considera un vulgarismo según Rodríguez Muñoz (2012). Algunas personas, a pesar de su nivel de educación, todavía la utilizan comúnmente.

6 Dos participantes nombraron a la trabajadora doméstica como “sirvienta” o “criada”, lo que denota clasicismo.

7 Las participantes utilizaron la palabra en alemán “Hebamme” en lugar del término castellano “Matrona” o “Partera”. La figura de la matrona no es tan común en México. La “doula” se ha vuelto más conocida en tiempos recientes.

8 Según el Informe de Salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el segundo lugar entre los países de la OCDE en cuanto a nacimientos por cesárea con 46,8%, mientras que Alemania ocupa el duodécimo lugar, con 30,2%. Esta cifra se refiere al número total de partos por cesárea realizados por cada 100 nacidos vivos e incluye únicamente los datos de los hospitales públicos. En el informe se menciona que la tasa real podría ser mayor, ya que hay pruebas de que las cesáreas tienden a realizarse con mayor frecuencia en los hospitales privados (OECD, 2017, p. 180).

9 Se encuentran similitudes en las percepciones de los efectos de ser “pocos” mexicanos en Europa en el estudio en el que este artículo está basado, con el estudio sobre mexicanos en Murcia, España (López García, 2015).

La sutil xenofobia que negamos. El caso de México

Leticia Calderón Chelius

En México, como en la mayoría de los países de la región latinoamericana, el análisis del proceso migratorio se centra en los grupos de mayor vulnerabilidad: refugiados, personas en tránsito migratorio, desplazamiento forzado. Estos son algunos de los abordajes de la reflexión y búsqueda de soluciones a la difícil condición que cada una de estas situaciones representa para las personas migrantes. Experiencias como la movilización masiva de personas caminando juntas desde Centro América rumbo a Estados Unidos conocido como Caravanas de migrantes (Fernández, 2019; Varela, 2019), el éxodo de las personas de nacionalidad venezolana en todo el continente (Gandini, 2019) y el retorno forzado y sus consecuencias (Anderson, 2016; CSM, 2018), son algunos de los tópicos de mayor abordaje respecto a la movilidad humana contemporánea especialmente en México.1 Estos ejemplos y tantos otros predominan en la agenda de investigación y análisis nacional mexicano ya que, aunque son procesos que se gestaron a lo largo de un tiempo prolongado, hubo un momento en que se volvieron coyunturas críticas que atrajeron el interés de observadores y especialistas como es el caso de los solicitantes de asilo (Ramírez, 2020). Sin embargo, sabemos muy bien que el proceso migratorio va más allá de estos momentos irruptivos que, a su vez, generan distintas experiencias sociales. La migración es un escenario en que se dan múltiples procesos que van más allá de la movilidad y sus consecuencias inmediatas e inminentes. Es una experiencia humana que provoca situaciones que derivan incluso en asuntos constitutivos de la identidad de las personas y los colectivos. Cuestiones como la nacionalidad, la extranjería, la idea de pertenencia e identidades complejas (múltiples ciudadanías, familias de estatus jurídicos mixtos) solo adquieren sentido en el proceso mismo que la migración provoca (Mateos, 2018).

Una de las muchas cuestiones que la migración revela con gran claridad es la xenofobia, la cual, sin embargo, como muchos otros elementos que este proceso produce, suele considerarse secundaria, apenas mencionada o, en todo caso, situación que procede a la movilidad física de las personas de un sitio al otro, sea en un tránsito migratorio o durante el largo limbo de espera como el que provocan las políticas migratorias contemporáneas (Paris Pombo, 2019). La xenofobia, sin embargo, es un elemento que marca todo el proceso migratorio de una manera directa en la experiencia misma del desplazamiento, lo mismo que de toda etapa de la movilidad, pero aún más en el encuentro que la migración permite entre las sociedades con las que se efectúa el contacto entre quienes migran y quienes reciben permanente o pasajeramente a colectivos de personas migrantes (Bauman, 2016).

La xenofobia es la respuesta negativa de algunos miembros de una sociedad ante quienes consideran extraños y califican como “lo opuesto” a lo que los identifica como grupo nacional; esto no pasaría de anecdótico o el típico ejercicio de comparación de formas de ser y folclorismos nacionales (Universal, 2019). No es el caso, ya que la xenofobia excede el simple contraste entre el “ellos-nosotros” que puede ser un elemento de identidad primaria, incluso natural a la condición humana, sino que se trata de la negación del otro, un intento de disminución de la personalidad y la autoestima a partir de exaltar la otredad descalificando la contraria. En la mayoría de los casos, la xenofobia es una conducta primitiva, carente de información y repleta de lugares comunes negativos respecto de un colectivo nacional. Es una conducta deplorable porque no persigue fines de defensa o sobrevivencia, como puede haberse dado en contextos históricos ancestrales, en que el encuentro de grupos diversos ponía en peligro a uno de estos, sino que es una actitud hostil sin mayores elementos que la ignorancia, lo que la vuelve aún más peligrosa; porque la conducta xenófoba no busca en su propio arsenal mental elementos para matizar el contraste, sino que descalifica al otro simplemente por lo que se atribuye a su nacionalidad.

Es importante enfatizar que la xenofobia es más que simple ignorancia o incluso una conducta que replica valores que el modelo colonial (siglo XVI) impuso como modelo de lo ideal vs su antítesis, que ha justificado históricamente la sujeción de las naciones no solo por la vía militar (conquista), económica o política, sino incluso, por la imposición de los valores más sublimes de ciertas culturas nacionales (xenofilia) respecto a las nacionalidades indeseables o supuestamente inferiores (xenofobia). Se trata, entonces, de una herencia que permite que persista el racismo que las propias sociedades reproducen al interior de sus contextos nacionales (Navarrete, 2016), pero que en el escenario migratorio se vitaliza y se usa como un pretexto no solo para encubrir conductas individuales ofensivas hacia otros, sino que es un argumento legitimado para encubrir acciones criminales (trata de personas), de control político y reproducción de valores sociales que preservan esos mismos ideales culturales que definieron al mundo hace más de 500 años.

Si bien la xenofobia es evidente, aunque no predomine como uno de los ejes de análisis y estudio en el campo de los procesos migratorios, está ahí siempre, aunque no se explicite o no se mencione como tal. Esto se observa, por ejemplo, en la manera de narrar travesías humanas de uno u otro grupo –desde los medios de comunicación hegemónicos– (Rodríguez-Alarcón, 2019), la aceptación de algunos grupos y el rechazo de otros –sin mediar ninguna otra cosa que su origen nacional– (Ronderos, 2020) o la política migratoria discrecional hacia algunos grupos nacionales en detrimento de otros (Pardo, 2019). Estos puntos son solo menciones que cualquiera puede reconocer que se repiten en sus propios países. No obstante, más allá de ese nivel en ocasiones evidente por lo burdo que puede llegar a ser (Carrillo Reveles, 2016), hay un nivel más complejo donde la xenofobia se expresa de una manera mucho más sofisticada porque se vuelve un elemento legalmente avalado, permitido e incluso reforzado por parte del propio entramado legal de cada estado. Es decir, además de las conductas violentas o humillantes que son claramente percibibles y que se pueden documentar como tales, hay mecanismos jurídicos cuyo contenido refuerza la xenofobia.

Un caso ampliamente documentado es la política migratoria de la República Dominicana hacia los haitianos y los dominicanos descendientes de haitianos que radican en ese territorio nacional (Pelletier, 2019). Este caso es un extremo de xenofobia legalizada porque en 2013, a través de la Ley 169/14, se negó el derecho a la ciudadanía tanto a los haitianos radicados en la República Dominicana como a sus hijos nacidos en dicho territorio, nacionales dominicanos (Fernández Hernández, 2021). Este proceso de desnacionalización llevó a un caso de apatridia generalizada que indignó al mundo y llevó a que finalmente, el 16 de julio de 2020, el presidente Danilo Medina, firmara un decreto que inició un proceso para naturalizar a personas que, a su vez, habían sido desnacionalizadas por la ley mencionada (Pérez, 2015). Aunque es el inicio de un largo proceso para reconocer el derecho a la identidad jurídica y a la nacionalidad de miles de personas en ese país, el caso prendió las alarmas ante nuevos procesos de pérdida de derechos por la vía del despojo de la nacionalidad.2

Otros casos de alarma ante la fragilidad de lo que se pensaba un derecho asentado, como es la portación de derechos en un escenario de movilidad migratoria, es el nuevo estatus jurídico para millones de personas que provoca el inicio del BREXIT (inicios de 2021). Ante la situación que modificó los marcos de la relación del Reino Unido con la Unión Europea con la salida del primero de dicha unión, las consecuencias no solo han sido económicas y políticas sino que han afectado directamente la vida de las personas. Una de estas consecuencias provocó que se formara el movimiento 3millones, a propósito del número de nacionales originarios de algún país de la Unión Europea que viven en Reino Unido, en muchos casos desde hace años e incluso décadas, y que dado el nuevo marco jurídico pasaron de tener igualdad de condiciones como todo ciudadano local, a ser extranjeros y por tanto, tener que tramitar desde un pasaporte hasta regularizar su situación migratoria, pagar impuestos como trabajadores externos al Reino Unido, limitar su acceso a servicios y apoyos e inclusive, condicionar su estancia a su nacionalidad (más allá de ser miembros de la Unión Europea). Esta nueva situación produjo una anomalía jurídica que movilizó a millones, algunos que decidieron volver a sus países de origen, como Portugal, Italia, España, siendo estos los principales países cuyos nacionales en su momento se asentaron en el Reino Unido. Otros se han visto obligados a naturalizarse como ciudadanos del Reino Unido y así preservar su condición de ciudadanos locales, y otros más, a buscar asesoría para entender qué implica su nueva situación jurídica ahora como extranjeros, cuando por décadas fueron considerados como ciudadanos en igualdad de condiciones que los locales. La mayor preocupación que este grupo expresa es el tema del acceso a servicios de salud y educación, sobre todo para lo que tienen hijos nacidos en el Reino Unido, que a su vez son ahora nacionales y ellos, sus padres, extranjeros.3 Estamos frente a una situación que se antojaba impensable para los miembros de la Unión Europea de perder su condición de ciudadanos cuando gozaron por décadas de libertad de movilidad y de integración laboral y económica plena en todo país miembro de esta unión. Aunque esta situación se mantiene en el resto de Europa, para 3 millones de ciudadanos europeos que radican en el Reino Unido, todo cambió y las voces de alarma se encendieron ante brotes de xenofobia, sobre todo respecto a algunas nacionalidades que hasta hace poco eran vecinos sin ningún adjetivo adicional.

Este caso muestra que la xenofobia puede estar en situaciones que van más allá de las actitudes, declaraciones o conductas deplorables por su violencia verbal o incluso física de personas o colectivos hacia otros nacionales, sino hasta otras situaciones donde el entramado legal mismo se vuelve contra las personas y las señala, distingue y marca como diferentes incluso de un día al otro. La xenofobia tiene por tanto muchos niveles y necesita verse desde distintos planos.

La xenofobia a la mexicana

“No intentes entender a México desde la razón,
tendrás más suerte desde lo absurdo”.

André Breton, 1938

Llevaría demasiado tiempo detallar la xenofobia en México porque se trata de un país que oscila entre la hospitalidad y la hostilidad (Calderón Chelius, 2018). La narrativa oficial exalta las gestas nacionales sobre el aporte de los extranjeros a nuestra sociedad y el papel ciertamente ejemplar de México rescatando personas que han huido de situaciones espantosas, y al mismo tiempo, México como recurrentemente escenario de situaciones horrendas para los extranjeros más vulnerables que cruzan el territorio nacional (Pastrana, 2020). México es un país que se suele mirar en los éxitos de los mexicanos que emigraron y lograron visibilidad premiada, que celebra las remesas que recibe de sus trabajadores radicados en el extranjero, y que se vanagloria de la difusión de la cultura nacional, gracias a la presencia de millones de mexicanos, sobre todo en Estados Unidos donde se concentra el 98% de los que emigraron, pero que, a su vez, vaya paradoja, es un país donde se sostienen exaltados debates públicos incluso sobre el número de extranjeros que deberían jugar en sus equipos de fútbol local para no perder el rasgo nacional de ese deporte (Carrillo Reveles, 2016).

De esta manera, México es un país de altísima expulsión migratoria que se calcula en casi 12 millones de ciudadanos mexicanos radicados en el extranjero, que suman casi 36 millones si se incluyen a sus hijos y nietos que son mexicanos como señala el artículo 30 de la Ley de Nacionalidad (aprobada a inicios de 2021), que los reconoce como tales. A pesar de la circunstancia de ser un país de millones de mexicanos viviendo en entornos multiculturales, México es un país con poca conciencia de la diversidad que ofrece la experiencia de convivir cotidianamente con extranjeros integrándose a su sociedad. Esto no ocurre en México de manera generalizada y la razón es demográfica. De acuerdo con el Censo 2020 en el país hay 126 millones 14 mil habitantes de los cuales, 1 millón 212 mil son nacidos en el extranjero. Esto significa que hubo un mínimo aumento respecto al censo del 2010 (961 mil, 121 personas nacidas en otro territorio nacional radicando en el país de manera permanente, no tránsito migratorio). Es decir, el número de extranjeros radicados en el país representa menos del 1% del total de la población total. Adicionalmente, hay que considerar que de este porcentaje la inmensa mayoría (797 mil 266 personas) son originarias de Estados Unidos, muchos de los cuales presumiblemente son descendientes de mexicanos.4 Por tanto, en el caso de México, la xenofobia que podemos registrar no se da de manera generalizada en el encuentro cotidiano entre locales y extranjeros de muy diferente origen, lo cual en realidad es excepcional y muy acotado a ciertos sectores y ámbitos laborales, de clase social e incluso urbanos, donde se concentran la mayoría de los colectivos de extranjeros que radican en el territorio nacional.5 Es cierto que hay casos en que, sin lugar a duda, se dan episodios de xenofobia incluso criminal, situaciones de población agredida en su tránsito rumbo al norte para llegar a la frontera con Estados Unidos, o personas violentadas y abusadas por su origen o señaladas precisamente por su nacionalidad como rasgo que “justifica” un ataque más allá de la situación que pudiera haber ocurrido.6 Sin embargo, esta no es una situación generalizada en el país. Lo que sí es generalizado es una asimetría de trato que se da de manera recurrente y aceptada entre los nacionales respecto a los extranjeros, permitida e incluso auspiciada por el mismo Estado a partir del entramado legal vigente.

La xenofobia legalmente aceptada, el caso de México

Definir la xenofobia como una reacción irracional y violenta contra los extranjeros por el solo hecho de poseer una nacionalidad de origen diferente es un hecho que se ha documentado como parte misma de la formación de los estados nacionales (Calderón Chelius, 2014). Una nueva complejidad radica en mostrar cómo esta noción claramente acotada e incluso legalmente definida como un atentado a los derechos humanos de las personas, se expresa en lo que podemos denominar xenofobia legalmente aceptada. Si centramos el análisis de la xenofobia en la experiencia de la población extranjera que radica en México (CONAPRED, 2020), se nubla una expresión mucho más amplia de exclusión, negación e incluso odio, que se refuerzan desde una legalidad que sustenta e incluso reproduce distintos tipos de xenofobia o por lo menos, escenarios en que se da entrada a la xenofobia.

En una sociedad como la mexicana con su amplia diversidad, la noción de “lo extranjero” y “el extranjero” es un componente importante para definir la identidad nacional, la cual desde su origen tuvo un carácter defensivo. Desde el siglo XIX, la historia patria forjó la identidad nacional mexicana a partir de la defensa ante distintas invasiones extranjeras. La sobrevivencia de la geografía actual del país no es sino el resultado de lo que pudo defenderse para preservar un territorio unificado. De ahí que dicen los “psicólogos históricos” que la psique nacional quedó en alerta permanente ante lo extranjero (Lomnitz, 2010). Este elemento generó una identidad ambivalente que va desde una actitud abierta y generosa hasta una postura recelosa y suspicaz hacia lo que llega del exterior (Maldonado, Marín, González y Schiavon, 2018). Es en este contexto que se pueden ubicar las experiencias concretas en las que desde el propio marco legal nacional se reproduce una xenofobia legalizada que permite y reproduce una asimetría de trato entre locales y foráneos, lo que sucede simultáneamente en una sociedad dividida por clases y grupos étnicos.7 El detalle está en que es en el marco de esta forma de desigualdad estructural derivada del racismo y el clasismo de la que el México contemporáneo es consciente y ante lo cual se verifica un debate profundo (Navarrete, 2020), el escenario al que se suman otras formas de discriminación, como son los diversos tipos de xenofobia que suelen negarse o simplemente se omite de los análisis.

El temido artículo 33

Una primera forma de xenofobia legalizada se da en la experiencia que provoca en los mexicanos y los extranjeros avecindados en el país la referencia al artículo 33 Constitucional que a pesar de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos que se dio en 2011, no se eliminó y tan solo se matizó. El sentido original de este artículo es la idea de que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país” (Hoyo, 2015). Aunque con la señalada reforma constitucional, este artículo perdió su pilar fundamental que era ser un modelo de expulsión de los extranjeros que se consideraban “sospechosos de amenazar a la nación y permitir la expulsión de un extranjero de manera inminente y sin mediar juicio alguno” (Becerra, 2005, p. 65), en la actualidad, este modelo no tiene forma legal de llevarse a cabo por el enfoque garantista del derecho mexicano (se puede interponer un amparo contra una orden de expulsión por ejemplo). Sin embargo, el artículo 33 sigue siendo un instrumento legal simbólico que se menciona por parte de la población a la menor provocación, como un elemento que otorga superioridad a cualquier mexicano respecto a un extranjero cuando este le resulta indeseable por cualquier cosa, incluso la más banal (Leo, 2020). Además, aunque en el texto legal sigue estando explícitamente prohibida la participación en política de parte de los extranjeros, en realidad, esta norma se utiliza de manera discrecional porque no hay una sanción para esta conducta y son conocidos los casos de extranjeros que hacen política de manera pública en el país. Es decir, el tipo de participación política se da en un sentido más performativo que formal porque los extranjeros residentes en México no tienen canales de expresión electoral de ningún tipo (Calderón Chelius, 2019). No obstante, es conocida la participación a través de los medios de comunicación, algunos incluso como líderes de opinión y muchos otros, participando en distintas manifestaciones por diversas causas de todo tipo de ideología.

De esta manera, aunque el artículo 33 en la actualidad es una norma sin dientes para su ejecución, su sola existencia otorga a los ciudadanos mexicanos un poder simbólico que es lo que observamos como una “xenofobia legalizada”, ya que es un recurso simbólico que se usa para intimidar a un extranjero por ser adversario político, como fuente de control de conductas que la autoridad no quiere tolerar,8 o como una forma de impedir que las personas extranjeras que se radican en el país se organicen en colectivos para exigir derechos. Esto es parte de lo que explica la prácticamente nula participación política organizada en grupos visibles de los extranjeros que radicados en México.9

La referencia del artículo 33 como un mecanismo de silenciamiento o intimidación de un nacional mexicano sobre un extranjero es un ejemplo de cómo una ley que ni siquiera es ya del todo efectiva, lo que propicia es un escenario que limita derechos en lugar de buscar ampliarlos, pero además, marca una división tajante que reproduce un poder simbólico que refuerza la distinción de trato basado en el origen nacional de las personas. Este rasgo de la cultura política mexicana tiene consecuencias en el tipo de modelo de integración subordinada que se ha generado en México hacia los extranjeros (Haas, 2020), que se suele plantear con políticas asistenciales y no como un modelo de reconocimiento de la condición de portadores de derechos de las personas, más allá de su origen e incluso su condición legal en el país. Es prácticamente inexistente la mención a derechos políticos (como votar) de las personas migrantes en el país como un elemento sustancial del proceso de integración, por ejemplo.

El artículo 33 no es por tanto un asunto superficial que resulte simplemente administrativo, sino que su sola existencia mantiene abierta una puerta a la exclusión y tolera un tipo de xenofobia aparentemente sutil, que ni siquiera se cuestiona ni ofrece resistencia porque los mismos excluidos lo han normalizado como tal. Como señala el jurista Juan Manuel Becerra: “El artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es uno de los artículos más populares entre los extranjeros, aunque no se conozca su contenido real y su alcance. Es común escuchar la broma entre los extranjeros, ‘no hablo porque me aplican el 33’, lo que implica que el extranjero podría decir algo relacionado con la política interna del Estado Mexicano y no lo puede decir a riesgo de expulsión del territorio mexicano” (Becerra, 2005, p. 59).

Podemos decir, por tanto, que esta “xenofobia legalmente” aceptada subsiste en las leyes mexicanas a través de ejemplos como el artículo 33 que, si bien no tiene ya efectos legales como los tuvo, sigue siendo un mecanismo disuasivo y de control y aún peor, suele ser la última palabra para quien tiene el control simbólico de toda situación controversial cuando se quiere descalificar a un adversario extranjero y no se tienen argumentos para sostener un debate, “Que le apliquen el 33”.

Ciudadanos de tercera,10 los naturalizados son:

Un caso aún más extremo de la xenofobia legalmente avalada [...]. Por increíble que parezca, quienes se naturalizan como mexicanos cumpliendo todo un trámite legal por demás complejo, siguen manteniendo condiciones de exclusión legal en muy distintos niveles.

De entrada:

1. No pueden tener doble nacionalidad, a pesar de que a los mexicanos de nacimiento sí se les garantiza este derecho.

2. Su movilidad es limitada. De hecho, si residen fuera de México durante cinco años, pierden su nacionalidad, lo que podría convertirlos en apátridas.

3. No cuentan con derechos políticos plenos: no pueden ocupar cargos en el Ejecutivo ni formar parte del Legislativo como diputados o senadores.

4. Tienen acceso limitado a puestos relacionados con la seguridad. No pueden formar parte del ejército ni de los cuerpos policíacos.

5. Son discriminados laboralmente: no pueden pilotear aviones comerciales ni ser tripulación en embarcaciones mercantes mexicanas. Incluso no pueden ser profesores de educación primaria o directivos en sector público (Wojna, 2018).

Aunque ha habido una serie de controversias constitucionales para permitir que los ciudadanos por naturalización accedan a puestos de acuerdo a su capacidad sin ponderar su origen nacional sino su ciudadanía, como son los casos de consejeros electorales,11 siguen vigentes las prohibiciones a un sinnúmero de cargos a todos los niveles y a lo largo de las distintas constituciones locales de todo el país los cuales son expresamente reservados para mexicanos por nacimiento. Por ejemplo, presidente del Poder Ejecutivo de la Unión, secretario del Despacho, ministro de la SCJN, fiscal general de la República, gobernador de una entidad federativa y magistrados de los Poderes Judiciales locales.12

Detrás de la normatividad de reservar estos cargos a mexicanos por nacimiento, algunos expertos sostienen que esto se debe a la propia historia del país o a una cuestión de seguridad nacional. Sin embargo, justamente este es el detalle, si se trata de sujetarse a la historia decimonónica nacional, es necesario reconocer que el país ha transitado desde entonces por múltiples momentos que han modificado su propia cultura política frente a lo extranjero (Maldonado et al., 2018), pero además, en todo caso, el propio proceso de acreditar la ciudadanía por opción supone que la Nación supera las dudas que pudiera tener respecto a quien elige ser mexicano, lo abraza y lo asume como un miembro más de la comunidad política con derechos plenos, tal como la figura de la ciudadanía por naturalización.

Es cierto que ha habido cierta apertura y cambios en esta normatividad, pero los que se han dado en la ampliación de derechos para los ciudadanos por naturalización obedecen a esfuerzos individuales que han presentado los propios interesados a través de controversias y litigios muy especializados.13 En otros casos, depende de la voluntad del gobierno y sus mayorías legislativas para modificar las leyes, como sucedió, solo por citar un ejemplo, con la Ley de Entidades Paraestatales que fue modificada a inicios de 2019 para permitir que ciudadanos por naturalización puedan ocupar cargos de dirección en las entidades paraestatales pues la ley que lo impedía estaba vigente desde 1998. En el caso de esta modificación legal se dio como resultado de una controversia pública sobre la designación del escritor Paco Ignacio Taibo II, nacido en España en 1949, emigrado a México a los 8 años y naturalizado como ciudadano mexicano en 1984, lo que le impedía en su momento, ser designado director del Fondo de Cultura Económica. La reforma resolvió destrabar un asunto sobre todo por consideraciones políticas, pero no tocó la esencia de la exclusión ni llevó a los actores políticos y sociales a cuestionar el hecho mismo de que exista una exclusión por ciudadanía adquirida (Penchaszadeh, 2015). Esto muestra que en lugar de hacer una modificación a fondo que elimine la restricción de la ciudadanía por naturalización e incluso, la mención misma de dicho tipo de ciudadanía como diferenciador social permanente, el debate se ha limitado hasta ahora a resolver solo casos específicos.

Mantener una distinción legal entre ciudadanía por nacimiento respecto a una por naturalización es una forma de ejercer control político en un sentido muy amplio. Esta forma de control, además, aún sin proponérselo, alienta la xenofobia porque refuerza en la sociedad mexicana la idea de que hay cierta superioridad entre quienes acreditan una nacionalidad territorial (por nacimiento), respecto a quienes por el azar o la historia familiar no tienen el mismo historial. El punto medular es que esta distinción de niveles de ciudadanía preserva una relación asimétrica entre la población que da lugar a un uso discrecional para descalificar a los ciudadanos por naturalización, cuando resulta conveniente para quien ejerce dicha asimetría a su favor. Aún más porque como hemos señalado, el impedimento legal de un sinfín de empleos y designaciones no tiene una justificación técnica ni de competencias, sino que está meramente basada en un supuesto decimonónico que no tiene sustento en pleno siglo XXI, donde el debate actual trasciende la idea misma de nación y se complejiza dado el escenario de un mundo altamente interconectado. Al mismo tiempo, mantiene un “pequeño poder” de funcionarios que, aun cuando en algún trámite oficial no se establezca la distinción entre ciudadanos por nacimiento respecto naturalizados, de manera arbitraria se insiste –a nivel de ventanilla– en hacer la mención como requisito para acreditar incluso la obtención de licencia de manejar o darse de alta en algún registro de vacunación aun cuando sea un derecho universal.

El punto medular de lo que provoca la insistencia legal de excluir de cargos y funciones a los ciudadanos por naturalización es que además de la clara violación a los derechos de las personas que han adquirido la nacionalidad mexicana por naturalización es que refuerza una idea interiorizada en la cultura política mexicana de permitir descalificar por lugar de nacimiento sin que eso se considere discriminación ya que la propia ley lo permite. Este hecho ha permitido que exista una “xenofobia legalmente amparada” por las propias leyes y normas mexicanas. No hay que ir muy lejos para constatarlo ya que en el debate público se discute acaloradamente si un ciudadano por naturalización debe tener o no derecho, sea a un empleo, a un nivel de participación pública o incluso a la representación política (Calderón Chelius, 2019). Incluso, como ya hemos mencionado, el debate sobre el derecho a jugar futbol profesional a partir de la condición de ciudadanos de primera o de tercera, como suele ocurrir con los naturalizados, no es tan banal como pudiera pensarse, sino que es una expresión de lo asentado de los argumentos que, en el fondo, delinean algunas de las expresiones de la identidad nacional mexicana contemporánea (Carrillo Reveles, 2016).

Estos ejemplos muestran la asimetría que se reproduce entre los miembros de la sociedad mexicana que se monta sobre una larga lista de desigualdades y que, en este caso, en lugar de permitir que la ciudadanía sea un mecanismo de igualdad ante la ley, refrenda la diferenciación. Un elemento adicional es que, pese a lo riguroso de la ley en este tema, la realidad es que en lo que toca a los naturalizados, la ley se puede modificar e incluso llega a omitirse, lo cual es la muestra del uso discrecional de la propia ley. La existencia de esta distinción legal se ha estudiado en términos históricos (Yankelevich, 2019), pero las razones de ese proceso no pueden ser razones para explicar la subsistencia de dicha normatividad en pleno siglo XXI. De esta manera, la mera mención de una distinción, por mínima que sea, entre una ciudadanía por nacimiento a una ciudadanía por naturalización, debe ser eliminada por completo de las leyes mexicanas salvo, tal vez, las excepciones que otros países suelen hacer como reconocimiento excepcional a cargos como la presidencia o altos cargos militares.14

Conclusiones

A pesar de que el tema migratorio tiene una cobertura importante en términos académicos y mediáticos, tanto en México como en América Latina en general, la realidad es que son las coyunturas críticas que el proceso migratorio desborda lo que concentra la mayor atención de los estudiosos y la opinión pública (las caravanas, por ejemplo). La xenofobia, sin embargo, es uno de estos temas constitutivos de la dinámica que la experiencia de la migración produce en mayor o menor escala en cada sociedad. Como hemos sostenido a lo largo de estas páginas, la xenofobia es una expresión irracional de odio visceral, de descalificación de otro ser humano por su mero lugar de nacimiento y los prejuicios que se atribuyen a dicho origen. Se trata de una forma violenta de distinción entre nacionales y extranjeros que puede llegar a ser cruel y aberrante.

El aporte de este texto va más allá de este nivel de la xenofobia por demás inaceptable física o simbólicamente. Se trató de dar elementos para mostrar lo que hemos llamado “xenofobia legalmente aceptada”, que es una expresión tan grave como lo que de por sí provoca la xenofobia, porque es la forma aparentemente “sutil” que acepta, tolera e incluso fomenta, marcar distinciones entre nacionales y extranjeros avalados por el marco legal de cada país. En el caso de México, las dos expresiones de esta forma de asimetría social se pueden ver a través de dos ejemplos, como la pervivencia del artículo 33 de la Constitución Mexicana referente a la prohibición de los extranjeros a participar en política en el país, y la existencia a lo largo de una cantidad innumerable de leyes, códigos normas y la mismísima Constitución Nacional, que avala diferentes tipos de ciudadanía, ya que distingue entre nacidos en el territorio nacional y sus descendientes, y los que por la vía jurídica adquieren la ciudadanía mexicana. Así pues, la xenofobia legalmente aceptada implica la existencia de un entramado legal y normativo que no solo fomenta la distinción de trato y la asimetría entre “calidades” de ciudadanía, sino que, a su vez, mantiene una puerta permanentemente abierta para permitir conductas xenófobas.

Al momento de cerrar este texto nos encontramos en el proceso de vacunación masiva contra el Covid-19 en México. La prioridad inicial fueron las personas mayores de 60 años. Una mujer de origen austríaco que radica en el país hace cuarenta años asistió a su cita. Le negaron el servicio por ser extranjera, a pesar de que la autoridad sanitaria nacional explícitamente había señalado de manera reiterada que la vacunación incluye a todos los residentes que cubrieran el requisito de la edad y radiquen en la circunscripción en que se realiza la campaña de vacunación15 (Calderón Chelius, 2020). ¿Por qué entonces le niegan el servicio a una persona de casi 80 años, formada hace horas para recibir la vacuna? ¿Por qué el joven funcionario encargado de aplicar la vacuna desconoce la instrucción y asume una actitud por demás recurrente entre los funcionarios mexicanos que llegan a tener contacto ocasional con algún extranjero que radica en el país?

La respuesta, por más simple que parezca es que en muchos sectores de la población, y en el imaginario colectivo, prevalece una idea de que los extranjeros podrían “querer aprovecharse del mexicano” (identidad nacional defensiva) y la otra es que, finalmente, si son nacidos en otras tierras, no son miembros de la comunidad aún siendo naturalizados. El tema es profundo porque finalmente, tocar esta fibra arcaica del nacionalismo mexicano expresado en diferentes formas de xenofobia, implica replantear las bases mismas sobre las que se soporta la identidad nacional. El primer paso para lograrlo es realizar un acto de congruencia y redefinir el marco legal que preserva una distinción de trato entre los mismos ciudadanos, lo que resulta contrario a las normas internacionales y a las propias pretensiones nacionales de ser un país que se reconoce más allá de sus fronteras.

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1 A diferencia de otras latitudes, donde el éxodo sirio es central en el análisis, en México es escaso el seguimiento a este tema y salvo por la experiencia encabezada por la asociación Habesha, la migración contemporánea de sirios es prácticamente invisible en el país. https://www.proyectohabesha.org/

2 https://www.dw.com/es/rep%C3%BAblica-dominicana-otorga-nacionalidad-a-cientos
-de-ap%C3%A1tridas/a-54506219

3 https://www.the3million.org.uk/

4 56 mil 810 son de Guatemala, 52 mil 948 son de Venezuela y 305 mil 228 nacieron en otros países como Honduras, Colombia, Cuba, Canadá y España. https://conexionmigrante.com/2021-/01-/25/censo-en-mexico-2020-asi-ha-sido-la-migrancion-dentro-del-pais-este-ano/

5 Hay ámbitos laborales donde la presencia de extranjeros es notoria, como el espectáculo, los negocios, ciertos giros comerciales o la academia, pero se trata experiencias acotadas y no generalizables a la población en su conjunto.

6 Es recurrente el señalamiento de la prensa nacional de casos de conductas criminales asociadas a una nacionalidad.

7 De acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 25 millones de personas en México se reconocen como indígenas y de ellos, 7 millones 382 mil son hablantes de una de las 68 lenguas que se hablan en México además del castellano. https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html

8 Un caso emblemático es el del colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, deportado por el gobierno mexicano y que luego de ocho años consiguió una sentencia histórica de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su favor y contra la ilegalidad de su expulsión del país. https://sinfronteras.org.mx/index.php/2017/10/17/tribunal-confirma-actuacion-ilegal-de-inm-en-caso-de-miguel-angel-beltran-villegas/

9 Las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes en México no suelen ser encabezadas por extranjeros, sino, sobre todo, por ciudadanos mexicanos. Es probable que haya alguna excepción pero realmente es excepcional porque el Art. 33 es una referencia simbólicamente muy intimidatoria por las consecuencias que puede tener sobre un extranjero radicado en el país.

10 Se dice que son de tercera porque como experiencia de exclusión, los mexicanos con doble nacionalidad también enfrentan exclusiones legales lo mismo que la población mexicana deportada a su propio país.

11 Discurso Consejero Ernesto Ramos IECDMX 01/10/2020 a la 1 hora con 2 minutos https://www.youtube.com/watch?v=6uTOjym3bYE&feature=youtu.be

12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

13 Tal es el caso de Jorge Aljovin que desde el litigio estratégico, ante el Tribunal Electoral en el juicio ciudadano SUP-JDC-134/2020, logró inaplicar la restricción legal que impedía a los mexicanos por naturalización ser consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

14 En Estados Unidos, por ejemplo, no hay exclusión para ser gobernador para los ciudadanos por naturalización. El ejemplo más famoso es el actor nacido en Austria, Arnold Schwarzenegger, gobernador por dos períodos de California.

15 https://www.sinembargo.mx/27-11-2020/3900016

Identidad y cultura: conceptos con gran efecto. Un análisis comparativo entre Latinoamérica y Europa

Luisa Conti

Introducción

Los conceptos teóricos son abstracciones de la realidad física. Estas abstracciones son necesarias para ordenar los elementos que la componen, ayudan a interpretarlos y a comprenderlos. Las palabras, y con ellas los conceptos, al mismo tiempo que reproducen la realidad, la producen: ofreciendo categorías útiles para interpretar el entorno, impactan en las acciones humanas.

Tanto en América Latina1 como en Europa se observan dinámicas, algunas de ellas sutiles y otras evidentes, de discriminación y agresión contra personas migrantes y sus descendientes. Investigar las categorías abstractas que, al transformarse en palabras e incorporarse a narraciones políticas y mediáticas, las sustentan, es extremamente útil para poder comprender este fenómeno complejo y para, consecuentemente, enfrentarlo.

Este artículo se enfoca específicamente en los significados atribuidos y atribuibles a los conceptos identidad y cultura, singularmente y en interconexión, reflexionando sobre el imaginario que los mismos crean. ¿Qué significados obstaculizan el desarrollo de una sociedad en que el ideal de igualdad se practique, direccione y legitime a través de acciones excluyentes de sus miembros y cuáles favorecen a la realización de distopías? ¿Cuáles, en cambio, deslegitiman la distribución injusta de poder y favorecen el desarrollo de una sociedad pacífica, verdaderamente democrática, en la que todas las personas son reconocidas como parte integrante del sistema, independientemente de sus peculiaridades y pertenencias culturales?

Hablar de identidad y cultura en el ámbito temático de la migración implica considerar la herencia histórica de las relaciones sociales en las regiones latinoamericana y europea, la enraizada profundamente, aunque opuesta experiencia del colonialismo. Exactamente esta herencia común dentro del mismo continente permite delinear tendencias generalizables, a pesar de la extrema diversidad de los diferentes países, ellos mismos también internamente heterogéneos.

Para responder a las cuestiones presentadas, el artículo está dividido en dos partes: en la primera se analiza el contexto europeo, en la segunda el latinoamericano. Ambos capítulos están estructurados de la misma manera: en primer lugar, se muestra la presencia migrante bajo una perspectiva histórica; en segundo lugar, se focaliza en las dinámicas excluyentes a las que se enfrentan los inmigrantes para discutir críticamente su marco conceptual y finalmente, contrastarlo en la última sección con lo adecuado a un desarrollo inclusivo de la sociedad.

Europa

Migraciones

La migración global a mayor escala se produjo desde Europa que inició con la expansión político-territorial, económica y cultural en el siglo XV, provocando a través de enfermedades, guerras, hambrunas y atrocidades, la muerte de millones de personas indígenas (Rosales-Jiménez, 2010) y en general, sobre todo en el período entre el principio del siglo XIX hasta el principio del XX, un cambio de gran alcance en la composición de las poblaciones locales (Oltmer, 2018). Después de la Segunda Guerra Mundial, con el comienzo del proceso de descolonización, empieza la historia de Europa como continente de flujos inmigratorios. La disolución de los imperios coloniales europeos provocó una migración de retorno a gran escala de colonos europeos hacia Europa (Smith, 2003). Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y 1980, alrededor de 6 millones de ‘europeos’ llegaron al continente europeo procedente de los (antiguos) territorios coloniales (Smith, 2003, p. 10), aprovechando puntos de acceso privilegiados debido a los vínculos que seguían existiendo entre las antiguas potencias coloniales y los nuevos Estados independientes (Oltmer, 2018). El nivel de migración transfronteriza a Europa no ha aumentado en las últimas décadas, como dejan creer los debates actuales, sino que se ha mantenido estable en un nivel bastante bajo (Abel/Sander, 2014), como enseñan también los siguientes datos sobre la situación actual.

El porcentaje de residentes que al 1º enero 2020 no eran ciudadanos europeos fue de 5,1% (23 Mio.) y 13% (58 Mio.) eran ciudadanos europeos que se trasladaron a otro estado europeo (Eurostat, 2021).

Durante 2019, un total de 4,2 millones de personas inmigraron a uno de los Estados miembros de la UE, de estos 2,7 millones eran personas de países no pertenecientes a la UE. En el mismo año, 2,7 millones de personas abandonaron su país europeo, de estos 1,2 millones emigraron a un país fuera de la UE. En números absolutos, la presencia de personas migrantes es más alto en Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España. Alemania, Francia y España reportaron en 2019 también el número más alto de emigraciones (Eurostat, 2021). Así que, por ejemplo, el índice de migración neto en Alemania en el 2018 fue de 400.000 personas (German Federal Statistical Office, 2019). La mayoría de los migrantes en Europa provienen de países europeos: los cuatro grupos más grandes en 2019 fueron personas de Rumania, Polonia, Italia y Portugal (Eurostat, 2021). En el año 2015, 4,6 millones de latinoamericanos y caribeños residían en Europa, la mitad de ellos en España (Bayona-i-Carrasco y Avila-Tápies, 2020).

En 2019, el 0,6% de la población total tenía título de refugiado. Entre las nacionalidades de personas que más solicitaron asilo por primera vez eran venezolanos (7,3%) y colombianos (7%). Los venezolanos fueron entre los que recibieron asilo con más frecuencia. Se midieron grandes diferencias entre países europeos en lo que se refiere a la tendencia de aceptación o rechazo de solicitudes de asilo, por ejemplo, el 2% de los ciudadanos afganos en Hungría y el 93% de ellos en Italia recibió asilo en 2019. El 2020, caracterizado por el comienzo de la pandemia Covid-19, se recibieron 33% menos solicitudes de asilo. El 9% de los permisos de residencia fueron dados en el 2019 por asilo, la mayoría vinculado a razones familiares (38%), trabajo (17%), educación (4%) y otras (32%) (Comisión Europea 2020).

En el 2020, el 57,4% de las personas de origen extra-europeo resultan empleadas; el 4,6% de todas las personas empleadas oficialmente. Ellos son, en comparación con los ciudadanos autóctonos y también con los migrantes europeos, infrarrepresentadas en los sectores más retribuidos (administración pública y defensa; educación; presupuesto y administración) y tiene más raramente empleos en que se necesita cualificaciones específicas. Al mismo tiempo, son sobrerrepresentados en sectores menos atractivos (limpieza y ayuda doméstica, construcción, minería) y son empleados más frecuentemente como personal no cualificado. Como señala el informe de la Comisión Europea sobre inmigración, es importante tener en cuenta que muchos ciudadanos de países no miembros de la UE son trabajadores esenciales (Comisión Europea 2020).

Mientras que anteriormente, la migración hacia Europa era forzada por dictaduras políticas y conflictos militares y las personas tenían elevada cualificación, la migración del nuevo siglo se caracteriza por una mayor diversidad en sus perfiles sociodemográficos, en particular hay un mayor número de personas indígenas y mujeres (Bayona-i-Carrasco, Pujadas Rúbies, y Avila Tàpies, 2018, p. 5)

En una posición particularmente vulnerable a la discriminación, explotación y abuso están las personas que pasan la frontera sin autorización, que quedan en otro país sin permiso oficial y/o que trabajan sin contrato (OIM, 2020). Hay un estimado de 500 mil personas en Europa en esta condición (OIM, 2017). El estatus de migrantes puede cambiar de un momento a otro de regular a irregular así como, menos frecuentemente, de irregular a regular a través de cambios legislativos. Su vulnerabilidad favorece a las organizaciones criminales (ONU, 2013, p. 91).

Exclusión

Al final de febrero de 2020, en la presentación del reporte anual del ECRI (European Council against Racism and Intolerance), la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović Burić, afirmó que Europa se enfrenta a una realidad espeluznante: los delitos de odio racista aumentan a un ritmo alarmante, reforzando la tendencia de los últimos años (ECRI, 2020, p. 26). La pandemia, como se describe en el reporte del año siguiente, ha empeorado la situación: la población más vulnerable sufrió en 2021 aún más “agresiones verbales y físicas, exclusión social, denegación de acceso a bienes y servicios básicos, restricciones discriminatorias a la libertad de circulación y políticas de cuarentena, así como una retórica intolerante por parte de personajes públicos, en particular políticos y profesionales de los medios de comunicación” (ECRI, 2021, p. 6; traducción propia). En particular, migrantes y solicitantes de asilo se han enfrentado a graves dificultades para acceder a los derechos y servicios básicos, estuvieron más expuestos al riesgo de contraer el virus, a más precariedad laboral y más control policial (ECRI, 2021, p. 10).

Un número creciente de partidos políticos mayoritarios están adoptando políticas restrictivas con respecto a la migración y la integración (ECRI, 2020, p. 8), un número creciente de partidos de extrema derecha se convierten en partidos mayoritarios. El discurso de odio ultranacionalista, xenófobo, racista y homo/transfóbico caracteriza las campañas electorales de 2019 (ECRI, 2020, p. 8) y se expande en el entorno social digitalizado, corroyendo la cohesión social y socavando los principios de igualdad y dignidad en que el ideal democrático se funda.

El modelo propuesto por Illouz (2019) nos ayuda a comprender la estrategia comunicativa detrás de este rumbo aberrante, al poner en evidencia sus tres elementos fundamentales: 1. La declaración de un enemigo simple a identificar: los ‘extranjeros’ y algunas minorías étnicas y religiosas; 2. La frustración general de las personas, que se canalizan y dirigen al supuesto ‘enemigo’; 3. El amor por su comunidad imaginada que necesita ser protegida y salvada.

Es evidente que la estrategia no es nueva, es una repetición actualizada del pasado. En Europa, el Holocausto es el ejemplo más monstruoso de ello. Es la forma extrema de implementación del mecanismo psicosocial de la otredad: la separación de las personas en un endogrupo y un exogrupo que transforma a las personas no reconocidas como endogrupo en diferentes a priori. A ‘los otros’ se atribuyen características negativas, en algunos casos incluso se los deshumaniza, mientras que las características positivas se reservan para uno mismo y el grupo de pertenencia. Esto permite, por un lado, justificar la opresión de los considerados otros y, por otro, mejorar la autoimagen del endogrupo, reforzando además el sentimiento comunitario.

La línea que demarca la supuesta diferencia con los migrantes y las minorías étnicas presume la existencia de lo que Anderson (1983) teorizó como “comunidad imaginada”: un grupo homogéneo de personas que se reconocen como la población autóctona, originaria. Su origen es la fundación de la Nación que, por ejemplo, en Italia y en Alemania es bastante reciente (circa 150 años), en algunos casos se trata de crear puentes con poblaciones más antiguas que fueron particularmente exitosas. En esta visión, existen por lo menos tantos ‘pueblos’ como naciones, y cada pueblo tiene su esencia específica que lo diferencia de los otros.

Algunos justifican esta supuesta diferente esencia a través de diferencias biológicas raciales, no obstante estas hayan sido científicamente desacreditadas: ¡los seres humanos pertenecen a una única misma raza! Otros la asocian a la cultura nacional, étnica o religiosa percibida como una influencia insuperable, totalizante, que determina el modo de ser, pensar, hacer y sentir de todas las personas pertenecientes a una misma nación, comunidad étnica o religiosa. Esta perspectiva es llamada por Balibar (1991) “neo-racismo” o “racismo cultural” (Balibar, 2008) porque aunque no justifica las supuestas diferencias entre ‘pueblos’ con argumentos biologicistas, sigue esencializando a las personas sobre la base de una de sus pertenencias, sin cuestionar la homogeneidad de las comunidades imaginadas.

Estas creencias tan difusas como ingenuas ofrecen la base para distintos discursos excluyentes. La categorización que Cerase (2014) ha elaborado analizando comentarios en redes sociales escritos en italiano en contra de los migrantes permite nombrar algunas de las narraciones más potentes, también difundidas en diferentes países europeos. Estas son las siguientes:

1. Discurso biológico. No solo asume la existencia de diferentes razas, también les asigna una jerarquía supuestamente natural: la propia es claramente la superior, las otras son inferiores. Esta clasificación legitima la intolerancia, la falta de respeto y la opresión de ‘los otros’, así, el umbral de lo socialmente inaceptable baja. Los así construidos-otros tienen que asimilarse en la medida de lo posible para ser tolerados. El modelo ideal es el de la asimilación, un modelo oficialmente superado, en la realidad pero perpetuado bajo el concepto de integración.

2. Discurso securitario. Ve a ‘los otros’ como propensos por naturaleza a cometer delitos. Las personas que crecieron en otros países o que pertenecen a específicas minorías étnicas son percibidos como una amenaza a la seguridad. Estas narraciones crean sentimientos de miedo e inseguridad entre los ciudadanos y legitiman de ese modo políticas más restrictivas y opresión policial. Exclusión y marginalización son consecuentemente estrategias necesarias para limitar los daños que los que son percibidos como ‘otros’ pueden causar.

3. Discurso identitario. Considera la presencia de migrantes como una amenaza a la cultura nacional, pensada como un conjunto de ciertos valores, costumbres, creencias y un estilo específico de vida. Quien participa de este discurso imagina que estos son compartidos por todos los autóctonos y reclama entonces el derecho de preservar la identidad nacional de la globalización y de la contaminación cultural. Aun cuando la asimilación sea algo según esta perspectiva deseable, la segregación parece ser la estrategia más prometedora: por un lado, las diferencias culturales son vistas como obstáculos insuperables para una vida conjunta; por otro, se presume que ‘los otros’ rechazan las normas y las costumbres locales.

4. Discurso populista. Reivindica los derechos de la población autóctona al acceso a la vivienda, al trabajo y a los servicios sociales, considerados como escasos y por tanto amenazados por la presencia de inmigrantes o grupos minoritarios que quieren supuestamente aprovecharse de ellos en perjuicio de los nativos. Ni siquiera se consideran la riqueza producida por estos grupos, la complejidad estructural detrás de la división de los recursos entre los miembros de un sistema o el papel de Europa en la creación de factores de empuje que generan migración. Este discurso juzga fundamental el mantenimiento de la desigualdad para asegurar que los nativos continúen al mando. El ideal de democracia inclusiva tendría entonces que ser rechazado por considerarse peligrosamente ingenuo.

Otro discurso que tomó fuerza con la pandemia Covid-19 es que se ve a los migrantes como portadores de enfermedades.

Estos discursos se entrelazan y difunden rápidamente también gracias a las redes sociales: penetran en la cotidianidad, fomentando discriminación individual, practicada por personas a otras personas en los espacios públicos, discriminación institucional, practicada por personas a otras personas adentro de los espacios institucionales, y la perpetuación de la discriminación estructural, provocada por los sesgos inherentes al sistema (Pincus, 1996). Como pone en evidencia el concepto de “interseccionalidad” (Crenshaw, 1989), el posicionamento social de cada persona adentro de un sistema y, por tanto, el poder o impotencia que cada uno tiene en diferentes ámbitos
(Budde, 2018, p. 46) se determina por la presencia o ausencia de ciertas características, muchas de estas fuera del control de la persona misma como, por ejemplo, el género, la edad, el país de nacimiento o algunos fenotipos, como el color de la piel. La procedencia de un país del Sur global es, por ejemplo, un factor que generalmente disminuye el poder personal. Una verdadera “matriz de dominación” (Collins, 1990) se ha desarrollado entonces, históricamente, un “esquema social de pertenencia y orden” (Budde, 2018, p. 45), absolutamente independiente del individuo y que produce que unos gocen personalmente de los privilegios y otros sufran personalmente de la exclusión social, política y social dentro de estas estructuras de poder complejas que permean el sistema.

Inclusión

El análisis presentado en la sección anterior pone en evidencia cómo la desigualdad entre las personas se vincula a la invisibilización de la peculiaridad individual y a una extrema simplificación de los mecanismos que regulan la acción y la interrelación humana. La percepción de algunas características parece ser suficiente para crearse una imagen del otro, de sus pensamientos y motivaciones y, por tanto, para interpretar sus acciones. Un papel central en este proceso lo juegan los estereotipos y prejuicios incorporados a lo largo de la vida, que surgen de fenómenos históricos como el machismo, el clasismo y el racismo que aún permean la sociedad europea.

Con relación a la exclusión de personas migrantes y de sus descendientes, quienes están en el foco de este artículo, ellos juegan un papel central en el imaginario racista, reforzado hoy con la mala utilización cotidiana del concepto de cultura. El término cultura, asociado generalmente con la cultura nacional, tiene una fuerza esencializante (dime de dónde vienes y te diré quién eres). Aunque esta simple correlación contrasta con la naturaleza dinámica y dialógica de la identidad, se mantiene en el imaginario, sesgando la percepción de ‘los otros’ con importantes consecuencias.

La identidad del ser humano es una obra en construcción continua. Los seres humanos desarrollan su identidad en el día a día, influenciados por una multiplicidad de culturas, por ejemplo, la cultura de su familia, la de las instituciones donde estudiaron, la de su barrio, la de su comunidad religiosa, la de su grupo de amigos, la de sus grupos de investigación, las de sus contactos en las redes sociales. En todos los varios contextos en que las personas se mueven absorben cultura, o sea, conocimientos que influyen en sus pensamientos, sus sentimientos, sus maneras de ver y de actuar. Lo que en un nuevo contexto era desconocido, se transforma con el tiempo en conocido, lo que no se comprendía pasar a ser normal y plausible, a tener sentido (Conti, 2012).

En estos contextos, las personas pueden entonces actuar de manera automática: saben qué esperar de los otros y qué esperan los otros de ellas. A través del encuentro con los otros y con el entorno en general, el ser humano va transformándose en un proceso dialógico (Buber, 1960) de aprendizaje continuo, que explica porqué somos diferentes de lo que éramos hace 5, 10, 15, 20 y más años. La transformación de una persona es, entonces, un proceso natural que toma forma en su Lebenswelt (Schütz y Luckmann, 1973), el ámbito de la realidad, en sí misma heterogénea, en la que se mueve con soltura. La Lebenswelt es al mismo tiempo intersubjetiva –porque es un espacio co-creado con más personas– e individual, ya que la extensión de la Lebenswelt depende de las rutas tomadas por cada uno. Las Lebenswelten se solapan, pero es casi imposible que coincidan exactamente. Esto explica por qué padres y madres e hijos e hijas a veces no se comprenden, por qué personas que viven cerca tienen intereses diferentes o por qué hay partidos políticos con valores opuestos en un mismo país. También sirve para entender por qué investigadores de diferentes países pueden trabajar exitosamente juntos, por qué TikTok tiene éxito entre los jóvenes de todo el mundo, o por qué seres humanos pueden comprenderse incluso si no hablan un idioma común.

Cultura e identidad tienen una relación recíproca, mediada por la comunicación. Si por un lado, la identidad es influenciada por las culturas de pertenencia, por otro, la pluralidad cultural del individuo transforma el entorno. Las culturas nacen a través de las interacciones interpersonales y a través de estas se van transformando en el tiempo y difundiendo en el espacio. De hecho, afectan al individuo, pero al mismo tiempo, el mismo individuo las transforma. Entonces, no solo la identidad del individuo es dinámica, sino que también las culturas están en continuo cambio, son productos ellas mismas de interculturalidad (Conti, 2012). Esto explica por qué si hiciéramos un viaje al pasado, todos nos mirarían como si fuéramos extraterrestres, porque reímos o nos chocamos a ver publicidades antiguas, por qué diferentes idiomas tienen palabras similares.

La comunidad imaginada, como grupo homogéneo cultural entonces no existe y no es posible que exista porque sus miembros son por naturaleza singular y pertenecen de forma natural a diferentes contextos socioculturales. Además, vivir en una misma nación significa compartir parte de la propia Lebenswelt, lo que incluye compartir algunos elementos y estilos culturales. En este sentido, decir que los migrantes son diferentes de la comunidad imaginada es doblemente errado: por un lado, porque no hay quien es igual y, por otro, porque personas migrantes comparten con miembros de la comunidad imaginada no solo partes translocales de la Lebenswelt sino también contextos locales.

Tan falsa es entonces la visión esencialista de la identidad cuan real es su impacto negativo sobre la cohesión social. Para combatir la exclusión multidimensional de personas migrantes y promover la inclusión de aquellos que son y llegan a ser parte de un sistema complejo como la nación es fundamental promover la capacidad de deconstruir esta visión estática y totalizante de la cultura y la interpretación esencializante de la identidad. El concepto de integración no ha logrado superar su antecedente, asimilación, porque no promueve la deconstrucción del imaginario descripto, sino que continúa dando la idea de que hay algo homogéneo a lo que los que son considerados a priori diferentes deben adaptarse.

La fuerza cohesiva del discurso relacionado con el concepto de inclusión reside en el hecho de que reconoce la singularidad de cada persona y conecta tal heterogeneidad de la población con el ideal democrático. Todos los miembros de la sociedad (démos) son partes iguales de ella y tienen por lo tanto igual derecho a tener el poder (krátos) de tomar parte en ella. Las barreras a esta participación equitativa son problematizadas como las categorizaciones que justifican que alguien tenga menos acceso a este derecho que otros. El discurso alrededor del concepto de inclusión considera por fin la complejidad de la realidad, trasladando el foco desde el individuo al sistema y permitiendo reconocer el origen de las fallas para resolverlas. Este planteamiento fomenta el desarrollo de un sistema en que cada uno sea aceptado y apreciado, en que todos puedan más fácilmente y libremente desarrollar su potencial, enriqueciendo así a la sociedad (Conti, 2020).

Como pone en evidencia el concepto de inclusión, la concientización sobre la naturaleza dinámica y plural de la identidad es fundamental para combatir en general la discriminación, ya que permite deslegitimar la “matriz de dominación” (Collins, 1990) cuyo mecanismo de funcionamiento consta de la estereotipización inferiorizante de identidades sobre la base de ciertos aspectos como, por ejemplo, el origen nacional, el género o ciertos fenotipos. La destrucción de la matriz de dominación a través de la deconstrucción del imaginario relacionado con esta es inherente a la inclusión como estrategia político-institucional para realizar el ideal democrático que aún es utopía, también recogido en constituciones nacionales y presentado como valor fundante de la Unión Europea (Comisión Europea, 2021). Eliminar la posibilidad de justificar problemas a nivel socioeconómico o educativo mediante el recurso de la esterotipización permite un análisis real de sus causas, condición para la creación de estrategias sustentables en todos los ámbitos.

América Latina

Migrantes

Latinoamérica es históricamente una región de inmigración. Distintos tipos de flujos migratorios se han sucedido en los cinco siglos transcurridos desde su ocupación principalmente por los reinos de España y Portugal. En la literatura se identifican generalmente cuatro fases del proceso migratorio (Pellegrino, 2003, p. 11), por lo que los flujos actuales podrían interpretarse como una quinta etapa.

1. La primera fase se inicia con la Conquista y termina con la Independencia: es la fase de la inmigración transoceánica originada por factores mercantiles estratégicos que incluye la migración forzada de millones de personas desde el continente africano, principalmente a Brasil, Colombia y Venezuela, para resolver el problema de la escasez de mano de obra. La esclavitud, abolida alrededor de 1850, se reemplaza en Latinoamérica con el trabajo contractual casi forzado con personas de China, dando vida a enlaces que favorecen flujos migratorios desde este país también en el siglo siguiente (Pellegrino, 2003, p. 11; OIM, 2021b).

2. En este mismo período, a mediados del siglo XIX, empieza una fase de fuerte inmigración europea a Latinoamérica, un escape que brindó la posibilidad a los estados europeos de (re)organizarse (Aruj, 2008, p. 96). Millones de migrantes se trasladaron de Europa al continente Americano, mayormentea Estados Unidos y a países de America del Sur. Entre lo que se mudaron a Sudamérica 38% eran italianos, 28% españoles y 11% portugueses (OIM, 2021b). La mitad de ellos se quedó en Argentina –en 1914, un tercio de su población era extranjera (Modolo, 2016)–, un tercio en Brasil y el resto, en su mayor parte, en Uruguay (OIM, 2021b). Desde 1850 se comienza a constituir en América Latina una comunidad de sirios y de libaneses, que escapaban del Imperio Otomano (Zlotnik y Palma, 1991, p. 528).

3. A partir de la crisis económica de 1929, los flujos migratorios europeos a Latinoamérica se atenúan hasta casi interrumpirse con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y se reanudan levemente a su fin con la inmigración de españoles e italianos desplazados (OIM, 2021b). Una excepción es Venezuela, que se mantuvo como destino importante para migrantes portugueses, españoles e italianos también durante de las décadas de 1950 y 1960 (Álvarez, 2007, p. 91). Esta misma fase, que va entonces desde 1930 a mediados de la década de 1960, se caracteriza principalmente por movimientos internos a los diferentes países de población campesina, afectado por la crisis económica, hacia la ciudad y especialmente hacia las grandes metropólis (Pellegrino, 2003, p. 11).

4. Desde la década de 1960, impulsados por los acontecimientos políticos y el deterioro de la situación socioeconómica en algunos países, sobrevienen flujos de emigración. Se trata principalmente de una migración intrarregional, sobre todo fronteriza, favorecida por las grandes diferencias en el desarrollo económico y social entre los diferentes países. Los mayores receptores de migrantes regionales desde la segunda mitad del siglo pasado fueron Costa Rica, Argentina, Venezuela y desde la década de 1990, Brasil y Chile, siendo este último, junto a Bolivia, Ecuador y Perú, uno de los países con mayor emigración (OIM, 2021b).

En esta misma época, especialmente desde la década de 1980, empieza también una emigración extrarregional, continua y en progresivo ascenso, en particular hacia Estados Unidos, Canadá y España; además de otros países europeos, sobre todo Italia, Países Bajos, Portugal, Francia y el Reino Unido (OIM, 2021b).

La crisis económica del 2008-2009 señala el comienzo de una nueva fase migratoria (Durand, 2013), caracterizada por el endurecimiento de las políticas migratorias, de los controles fronterizos progresivamente más militarizados y de un mercado del trabajo más reducido y competitivo en países de destinos importante como los europeos y Estados Unidos (Gandini, Prieto Rosas y Lozano-Ascencio, 2020). Esto trae aparejado un aumento de la migración intrarregional, de la migración de regreso y de la inmigración de personas desde Siria, varios países africanos, así como de China y de Corea (OIM, 2021b). Durante el 2017 se contaban 10 millones de inmigrantes en la región y 39 millones de emigrantes. Entre 2010 y 2015 la tasa de inmigración (11%) (OEA, 2017, pp. 6-7) fue superior a la media global. Todavía América Latina y el Caribe es la región del mundo con más bajo porcentaje de migrantes respecto a su población (1,5% para 2017) (OIM, 2018, p. 20).

En los últimos años, crisis ambientales, políticas y económicas dieron vida a fuertes flujos migratorios especialmente desde Haití y la República Bolivariana de Venezuela cuyo saldo migratorio se transformó rápidamente de positivo a negativo (Gandini, Prieto Rosas y Lozano-Ascencio, 2020, p. 105). Además, los flujos migratorios con origen en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) dirigido principalmente a Estados Unidos, transitando por México, han estado en constante aumento desde mediados de la década de 1990 y se han hecho más visibles a partir de 2018 en forma de caravanas (Gandini et al., 2020, p. 105). Las emigraciones masivas desde estos países se dirigieron y dirigen a diferentes destinos, pero se quedan mayoritariamente en la región, afectando especialmente a la República Dominicana (con poblaciones provenientes de Haití), a Colombia (desde Venezuela) y a México, que pasó a ser un país de permanencia para aquellos cuyo sueño americano se interrumpe en la frontera. Las políticas de inmovilización enlazadas a la propagación del Covid-19, asimismo, han maximizado la tendencia a permanecer en países de tránsito durante períodos prolongados.

Exclusión

La pandemia de Covid-19 ha creado una crisis dentro de la crisis, empeorando la situación ya vulnerable y precaria de muchos migrantes en la región, que se desarrolla en un espacio jurídico que va desde el estatus irregular a la ciudadanía precaria. Ejemplo de ello son la falta de acceso a los subsidios por desempleo, la inmovilidad involuntaria, como la imposibilidad de regresar a sus países de origen (MMC, 2021, p. 5). El camino al país de destino, la permanencia en los países de tránsito y el de destino, la expulsión y el camino de regreso son experiencias en sí mismas llenas de desafíos y riesgos. El modelo interseccional toma forma en la realidad: edad, género, color de la piel y etnicidad percibida son dimensiones que influyen fuertemente en el destino de cada migrante en Latinoamérica. Niños, niñas, jóvenes, mujeres, indígenas y afrodescendientes corren un mayor riesgo de sufrir privaciones, violencias y estigma (CEPAL, 2014, p. 227; OIM, 2016, p. 3).

Es más probable, en cambio, para los migrantes de países ricos fuera de la región tener experiencias migratorias positivas en Latinoamérica, ya que tienen mayores posibilidades de ser percibidos favorablemente y, por tanto, integrarse al sistema con mayor facilidad (Pérez, 2012). Algunos estudios demuestran que los inmigrantes en América Latina, independientemente de su estatus y origen, son un factor propulsante al desarrollo de los países receptores y no son para nada una amenaza para la seguridad social (World Economic Outlook, 2020). Todavía las narrativas en contra de los migrantes de países de la región están muy difundidas, fomentadas por autoridades políticas y los medios de comunicación. Estudios realizados en diferentes países del centro y sur de América (Sabarots, 2002; Torre Cantalapiedra, 2020; Cociña Cholaky, 2020) identifican, sin embargo, los mismos discursos:

· Discurso biológico: el migrante como amenaza a la civilidad. Es el nuevo bárbaro, un ser inferior, desviado que por su condición debe ser sometido a los nacionales, de raza superior.

· Discurso securitario: el migrante como amenaza a la seguridad nacional. Es visto como delincuente, invasor o terrorista, que no solo amenaza la seguridad de la población nacional sino también a nivel del sistema, desestabilizando el país.

· Discurso identitario: el migrante como amenaza a la cultura y a la identidad nacional. Este discurso lo considera portador de una cultura y de una identidad distinta y supone una monoculturalidad del propio país y la existencia de una identidad homogénea a toda la población de la Nación.

· Discurso populista: el migrante es una amenaza a la economía nacional, ocasionando una carga económica para las arcas públicas. Entonces, pone en riesgo el bienestar de la población nacional.

· Discurso acerca de la salud: el migrante es una amenaza a la salud pública. No solo abusa de los servicios sanitarios, sino que también es portador y transmisor de enfermedades.

Estas imágenes difusas justifican políticas de seguridad y de control e instigan a relaciones de desprecio y abuso. Fundamentalmente, el ideal de igualdad no es perseguido, sino al contrario el de la diferencia, la no pertenencia, de imposibilidad de integración (Cociña Cholaky, 2020, p. 183). El antagonismo narrado entre Ellos y Nosotros justifica la discriminación y segregación que impiden el acercamiento y el encuentro. El concepto de ciudadanía precarizada pone en evidencia que su permanencia es tolerada pero con la garantía de un tratamiento diferencial en el ejercicio de los derechos, segregando los migrantes al estatus de ciudadanos de segunda o tercera clase (Cociña Cholaky, 2020, p. 183; Tijoux y Díaz, 2014). Numerosos científicos (Cociña Cholaky, 2020; Moreno Balaguer, 2012; Laó Montes, 2018) relacionan esta actitud discriminatoria con el neoliberalismo, un sistema que fomenta la inequidad. Para mantener este sistema se rechaza la construcción de un modelo que garantice los derechos esenciales de todos, utilizando a los migrantes como chivos expiatorios de los problemas de la población nacional.

La tendencia a convertir a los inmigrantes en “ilegales” facilita la creación de un rótulo estigmatizante, ya que traslada la culpa y la responsabilidad moral al migrante de su propia “ilegalidad”, un estatus que en verdad es causado y querido por la administración política. “La exclusión del sistema se sublima en una supuesta malignidad de la víctima” (Sabarots, 2002, p. 104). La detención de ilegales y su asimilación como delincuentes comunes produce la autolegitimación policial y la presunción de culpabilidad.

Esta retórica de la inequidad se enlaza fácilmente con la matriz de dominación que caracteriza América Latina, en que la dimensión étnica juega un papel central. Los pueblos indígenas y los afrodescendientes figuran entre los grupos más discriminados a nivel individual e institucional, con menor acceso a servicios básicos, más expuestos a violaciones de sus derechos humanos. Marginalizados y empobrecidos, viven una situación de mayor precariedad, a riesgo de ser desplazados, por ejemplo, por la desposesión de sus tierras. (OIM, 2016, p. 3). Su vulnerabilidad aumenta cuando se adjunta el estatus de migrante, agravando las dificultades de inclusión laboral y social, reforzando las barreras al ejercicio de su derecho a la protección social y al acceso a trabajo decente.

Inclusión

La despersonalización, la inferiorización y la deshumanización de las personas indígenas y de los individuos raptados en el continente africano fueron estrategias que permitieron a las potencias coloniales a largo de los siglos legitimar su dominación y opresión (Van Dijk, 1984; Tileagă, 2007). Las culturas locales fueron juzgadas como atrasadas en comparación con la cultura medieval de los países colonizadores. En este sentido, las barbaridades cometidas por los conquistadores fueron narradas y vividas como una lucha contra la barbarie (!) y justificadas como una misión civilizadora (Wallerstein, 2006). La asimilación cultural no fue solo un paso obligado hacia la supuesta ‘civilización’ de la nueva parte del reino sino también un importante instrumento de control.

Con la introducción del concepto de ‘raza’ se pudo vincular a los diferentes grupos sociales y sus culturas a características físicas y caracteriales inalterables: las primeras permiten categorizar a las personas rápidamente, las segundas justificar su posición en la jerarquía social. La creación de nuevas identidades colectivas racializadas permitió una estratificación social de la población y una división del trabajo funcional al capitalismo hegemónico europeo, no solo en la región sino a nivel global. Las principales categorías en que se estructuraron las nuevas identidades de la población latinoamericana son, listadas en orden jerárquico, las siguientes: europeos (“blancos”); los hijos de europeos, nacidos o criados en la colonia (“criollos”); los hijos de europeos e indígenas (“mestizos”); las personas raptadas en el continente africano y llevado a Latinoamérica (“negros”) (Rangel, 2020).

Un marcador de la sociedad latinoamericana es, entonces, históricamente su carácter estamental, por la cual el origen ‘racial’ influye fuertemente sobre la definición de la posición en la jerarquía social de una persona (Pérez, 2012). Hoy, la categorización racial de las personas sigue siendo un mecanismo activo, que se autorreproduce permanentemente, creando nuevos mecanismos para asegurar la inmovilidad social, aunque sus formas cambian de país en país y se relacionan con las diferentes coyunturas históricas. El concepto de ‘raza’ sigue siendo un instrumento exitoso de distribución de poder, produciendo y reproduciendo desigualdad, discriminación y exclusión (Rangel, 2020).

El proceso de independización de las potencias colonizadoras llevó a la creación de una etnicidad nacional ficticia sin reconfigurar, sin embargo, las jerarquías sociales, como se observa en la diferencia de trato que experimentan hoy indígenas y europeos migrantes. La ideología del progreso orientado a la industrialización y filosóficamente al positivismo europeo marca los mitos de origen de las naciones latinoamericanas (Quijano, 2000) que mantuvieron de hecho el orden social que incluye a unos y excluye a otros.

También si los europeos fueron desde la ruptura del “espacio
Atlántico” (Pérez, 2012) con los imperios coloniales considerados ‘extranjeros’, siguieron siendo bienvenidos en los jóvenes Estados nación y explícitamente requeridos para continuar desarrollando el ideal de mejoramiento de la raza mestiza americana-nacional, como ejemplifica el discurso de Prado, presidente del Perú, en 1897:

Es necesario incrementar el número de nuestra población, y lo que más, cambiar su condición en un sentido ventajoso para la causa del progreso. En América gobernar es poblar, y la población debe buscarse en la inmigración espontánea, atraída por la acción de las leyes, gobiernos e individuos, de razas vigorosas y superiores que, mezclándose con la nuestra, traigan ideas prácticas de libertad, trabajo e industria. No promovamos, opongámonos a la inmigración de razas inferiores (Prado, 1897, p. 158 citado por Quiroz Ávila, 2015, p. 36).

Es interesante observar que la percepción positiva de los inmigrantes europeos que se mantienen el presente les coloca en una posición privilegiada que favorece su rápida integración al sistema. Esta interrelación entre la actitud positiva hacia desconocidos y las oportunidades que ellos reciben de realizarse muestra la importancia de la actitud misma. La cuestión central a resolver es cómo favorecer una actitud positiva hacia todas las personas, también hacia aquellos, la gran mayoría, que en la clasificación de las razas tan imaginaria cuanto arraigada están atrapados en la parte más baja de pirámide.

Considerado que la causa legitimante de la discriminación es la diferenciación de los individuos a través de la esencialización de sus identidades, es fundamental deconstruir tal entendimiento de identidad para quitar legitimación a las estructuras hegemónicas contemporáneas cultivadas históricamente: si se quiere transformar la sociedad en una sociedad realmente democrática es necesario transformar también su marco conceptual. Es tiempo de des-esencializar las identidades, o sea, liberarlas de las categorías racializadas perjudicantes de las cuales son hechas prisioneras, ya que ninguna categoría puede pretender describir la esencia de un individuo y puesto que la identidad está en permanente construcción. La identidad del ser humano es múltiple, dialógica, en devenir. Esto no significa negar su pertenencia a grupos socioculturales, sino que es una invitación a reconocer todas sus pertenencias, locales y trans-locales, culturales y sociodemográficas.

Realizar el ideal democrático de la igualdad implica favorecer la crisis de las estrategias de dominación del sistema biopolítico homogeneizante y excluyente que atentan contra la dignidad del ser humano, apuntando a “seres humanos limitados, coartados en libertades y posibilidades, que viven una existencia precaria, atados a macropoderes que les condicionan” (Tejeda González, 2011, p. 99). Una sociedad inclusiva es una sociedad que acepta y da valor a la diferencia de cada uno de sus miembros y de cada uno de sus grupos culturales. Este reconocimiento de todos ‘los Otros’ como ‘Nosotros’ permite el encuentro dialógico, a pie de igualdad en el día a día, construyendo una sociedad fuerte y justa.

Conclusión

Las sociedades contemporáneas europea y latinoamericana son caracterizadas por una fuerte heterogeneidad. Esta heterogeneidad se espeja en sus miembros que se desarrollan en contacto con una pluralidad de culturas que, a su vez, se difunden a nivel local y trans-local a una velocidad acelerada particularmente por la globalización económica avanzada y por la digitalización. La rápida transformación del entorno y las múltiples crisis que se suceden fomentan una sensación de fragilidad y de inseguridad que injertan “retrotopías” (Bauman, 2017) que puedan satisfacer el deseo de regresar a un pasado idealizado, cuando la comunidad imaginada era supuestamente homogénea. En este sentido, los migrantes encarnan con su presencia la no-normalidad, la diversidad, y el mecanismo de Otredad que les hace fácilmente chivo expiatorio de muchos problemas reales o percibidos. Este desprecio hacia los migrantes se practica particularmente hacia personas procedentes de países menos ‘desarrollados’, más pobres, reproduciendo lógicas heredadas del largo pasado colonialista, sin considerar la conexión multidimensional entre este pasado y la actualidad.

El concepto de raza ha creado categorías que aún regulan la percepción de los otros; la jerarquía entre las razas aún garantiza a priori privilegios a los unos y discriminación a los otros. Esta común cultura racista, que permea las sociedades y sus habitantes en ambas regiones, se espeja en los mismos discursos contra los migrantes: biológico, identitario, populista, securitario y en aquel relacionado con la circulación de enfermedades. Estas narrativas están, así, aunque lejos de la realidad expresa de las estadísticas y de la ciencia en general, largamente difundidas, como muestra el éxito actual de partidos nacionalistas y racistas en ambos continentes.

Un aspecto, sin embargo, que diferencia a estas regiones es que mientras en Europa la discriminación racista dentro de los países es un fenómeno relativamente reciente, apuntando a algunas minorías dentro de los Estados-naciones y a los inmigrantes, en América Latina la misma sociedad está estructurada según la lógica racista.

Respondiendo a las preguntas que han orientado este artículo, se concluye que el ideal de la sociedad democrática –la igualdad de todos sus miembros, los recién llegados como los nacidos en el lugar– implica la deconstrucción del imaginario racista, surgido en la Edad Media y utilizado a lo largo de los siglos para legitimar sistemas hegemónicos opresivos.

Tal deconstrucción necesita la concientización sobre el hecho de que los seres humanos pertenecen a la misma raza humana, que la identidad humana está en un continuo devenir, desarrollándose a través de las relaciones sociales y en contacto con el entorno permeado de una multitud de culturas. Que la cultura también es un producto de la acción e interacción humana, y por tanto está también por naturaleza en transformación y es híbrida. Es importante poner en evidencia que la idea de la nación como entidad cultural homogénea es simplemente un mito, bien peligroso, porque otorga el poder de oprimir, excluir o destruir ‘diversidades’ incómodas. Quitando a la matriz de dominación su legitimación, se abre la oportunidad de crear, a través de una relación dialógica de las diversidades, un sistema de poder verdaderamente democrático.

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1 En adelante, Latinoamérica se usará para referirse a Latinoamérica y el Caribe.

Sobre los autores y autoras

Jacques Ramírez Gallegos es doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana (CDMX). Especialista en migración suramericana, docente-investigador en la Universidad de Cuenca (Ecuador). Profesor invitado en varias universidades de Ecuador y Latinoamérica. Investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Miembro del Comité Editorial de la Revista Comparative Migration Studies. Exdecano de la Escuela de Relaciones Internacionales (IAEN). Exasesor en la Secretaría General de UNASUR en temas de migración y ciudadanía regional. Su principal línea de investigación es migración, Estado y política(s). Autor de varios libros y artículos científicos. Sus más recientes publicaciones son De la ciudadanía suramericana al humanitarismo: el giro en la política y diplomacia migratoria ecuatoriana (2020) y Disputa política y decisiones gubernamentales sobre migración: el giro a la derecha en Argentina, Brasil y Ecuador (2021). Correo electrónico: jacques.ramirez@ucuenca.edu.ec

María del Pilar Ospina Grajales es doctora en Ciencias Sociales con mención en sociología por Flacso México. Socióloga, magíster en Desarrollo Regional. Investigadora en el campo de las relaciones internacionales y los estudios migratorios en América Latina con publicaciones en estas mismas áreas. Docente de la Universidad Católica de Pereira (Colombia). Correo electrónico: pilar.ospina@ucp.edu.co

Virginia Signorini es doctora en Transborder Policies for Daily Life. Realiza actividades de investigación en el ámbito de las migraciones forzadas y es autora de artículos en revistas nacionales e internacionales y de una monografía de próxima impresión sobre la historia de la acogida de refugiados en Italia. Desde 2004 trabaja en el marco de proyectos dedicados a la acogida de solicitantes y titulares de protección internacional en Italia. Realiza actividades de formación a nivel nacional e internacional, en particular sobre el acceso a los derechos sociales de los solicitantes y titulares de protección internacional. Correo electrónico: virginia.signorini@yahoo.it

Mustafa Aksakal es doctor en sociología y estudios de desarrollo. Actualmente trabaja como coordinador científico e investigador-docente en la Facultad de Sociología de la Universidad de Bielefeld (Alemania). Su proyecto de habilitación se centra en el análisis multinivel de la migración internacional de personas altamente cualificadas y las desigualdades. Además, trabaja sobre la investigación de la migración en tiempos de crisis. En el marco de los proyectos de investigación mencionados, es coeditor y coautor de varios volúmenes editados sobre las políticas y los procesos migratorios en Europa y América Latina. Correo electrónico: mustafa.aksakal@uni-bielefeld.de

María Gabriela Trompetero Vicent tiene una maestría en Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld (Alemania). Actualmente es candidata al Doctorado en Sociología en la misma casa de estudios con la Bielefeld Graduate School in History and Sociology donde investiga los procesos de categorización de las personas en movilidad humana en Colombia por parte de distintos actores que conforman el régimen migratorio y de refugio colombiano. Ha trabajado como asistente de investigación en la Facultad de Sociología en la Universidad de Bielefeld, en el Migration Policy Institute en Washington D.C. y como docente con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá (Colombia). Correo electrónico: gabriela.trompetero@uni-bielefeld.de

Santiago Canevaro es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Antropología Social (IDAES/UNSAM) y sociólogo (UBA). Es profesor de la Escuela Interdisplinaria de Altos Estudios Sociales (UNSAM). Su área de trabajo incluye las temáticas vinculadas con clase social, sectores medios, culturas populares, migraciones, mercado de trabajo, servicio doméstico, desigualdad y afectos. Es autor del libro Como de la familia. Afecto y desigualdad en el trabajo doméstico (Prometeo, 2020) y Presencias invisibles. Performance, identidad y migración (EAE, 2012) además de compilador junto a Ana Abramowsky del libro Pensar los afectos. Aproximaciones desde las Ciencias Sociales y las Humanidades (2017). Es miembro del Centro de Estudios en Antropología de la UNSAM, del Programa de Estudios sobre Clases Medias en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y co-coordina el Núcleo de Estudios Sociales sobre la intimidades, los afectos y las emociones en la FLACSO (Argentina). Correo electrónico: sancanevaro@gmail.com

María del Carmen Villarreal Villamar es profesora del Programa de Posgrado en Ciencia Política de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro (UNIRIO, Brasil). Doctora en Ciencia Política y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid (España). Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Génova (Italia). Actualmente desarrolla un posdoctorado financiado por el programa Nota 10-FAPERJ y es investigadora del Grupo de Relaciones Internacionales y Sur Global (GRISUL) de la UNIRIO y del Núcleo Interdisciplinar de Estudios Migratorios (NIEM). Sus líneas de investigación son migraciones, políticas migratorias y gobernanza; multilateralismo y cooperación al desarrollo; medio ambiente y derechos humanos. Sus últimos libros publicados son Pensamiento crítico latinoamericano sobre desarrollo (Catarata, 2020) y América Latina na encruzilhada: lawfare, golpes e luta de clases (Autonomia Literária, 2020).

Natalia Gavazzo es doctora en Antropología (Universidad de Buenos Aires, Argentina), magíster en Estudios Latinoamericanos (University of London, Reino Unido) y licenciada en Ciencias Antropológicas (UBA, Argentina). Actualmente se desempeña como profesora e investigadora adjunta del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín (Argentina), donde desde 2019 dirige el proyecto IDRC “Migrantas en Reconquista”. Desde 1999 estudia las migraciones regionales hacia la Argentina, con énfasis en las segundas generaciones de jóvenes bolivianos y paraguayos en Buenos Aires. Ha publicado artículos en revistas especializadas de todo el mundo, así como también tres libros (el último en 2019 titulado Boliviantinos y Argenguayos, una nueva generación de jóvenes migrantes e hijos de inmigrantes en Buenos Aires) y numerosos capítulos. También se ha desempeñado como docente en instituciones académicas nacionales e internacionales, y como consultora en organismos como OIT, OIM, UNFPA y UNICEF.

Lucila Nejamkis es especialista en migraciones, Estado y políticas públicas. Coordina el Núcleo de Estudios Migratorios IDAES-
UNSAM. Actualmente codirige el proyecto “Estrategias socioambientales para fortalecer la resiliencia de las mujeres trabajadoras migrantes en el Área Reconquista” (2019-2022), financiado por la cooperación canadiense (IDRC). Ha publicado diversos libros y artículos en revistas académicas nacionales e internacionales. Se desempeña como investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-IDAES-UNSAM). Es profesora asociada regular de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (Argentina) y profesora en la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Licenciada en Sociología (U.B.A), magíster en acción política y fortalecimiento institucional en el Estado de Derecho (Universidad Rey Juan Carlos e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, España) y doctora en Ciencias Sociales (UBA, Argentina).

Asmara González-Rojas es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara (México) y maestra en Estudios Internacionales por la Universidad de Sheffield (Reino Unido). Actualmente es profesora-investigadora de tiempo completo en el Departamento de Estudios Regionales (INESER); es directora y editora de la Revista Carta Económica Regional y miembro del Centro de Estudios Globales, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA) en la Universidad de Guadalajara (México). Su área de investigación son los estudios de desarrollo. Una primera línea se centra en los vínculos entre desigualdad, etnicidad y políticas públicas en contextos de conflicto. Una segunda línea, en posdesarrollo y sus problemáticas globales. Ha publicado algunos capítulos de libro y artículos como “Construyendo espacios de igualdad: liderazgos y participación social y política de las mujeres” y “La política Potemkin chiapaneca: La Ciudad Rural Sustentable en Santiago el Pinar”. Correo electrónico: asmara@cucea.udg.mx

Olga Aikin Araluce es Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid (España). Actualmente es docente e investigadora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Sus líneas de trabajo son migración y presión política transnacional en torno a temas de derechos humanos. Es autora de varios artículos académicos y libros, entre los que destacan Activismo social transnacional: un análisis en torno a los feminicidios en Ciudad Juárez (2011) y Procesos migratorios en el occidente de México (2017). Correo electrónico: oaikin@iteso.mx

Maria Catarina Chitolina Zanini es profesora titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Santa María (UFSM). Investigadora Pq/ CNPq nivel 2. Visiting Scholar en Universitá Cá’Foscari Venezia (Italia), 2019. Antropóloga, investigadora en migraciones internacionales, su trabajo se enfoca conjuntamente en la migración italiana a Brasil y de italo-brasileños a Italia. Miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios Migratorios (NIEM-RJ), Instituto Histórico São Leopoldo (IHSL), MIGRAID/UFSM y Cátedra Sérgio Vieira de Mello (Acnur)/UFSM. Publicó y organizó varios libros sobre migración internacional. Su libro Italianidade em el sur de Brasil es uno de los primeros estudios antropológicos sobre la migración italiana a la región central de Rio Grande do Sul, Brasil. Escribió artículos sobre la migración italiana a Brasil y de brasileños a Italia, publicados en revistas brasileñas e internacionales, como Revista Antropologia (USP), Revista Mana, REMHU, Revista História Unisinos, Diaspore, entre otras. Coordinó varios grupos de trabajo con la Asociación Nacional de Investigaciones y Posgraduación en Ciencias Sociales (ANPOCS) y la Asociación Brasileña de Antropología (ABA), promoviendo reflexiones y discusiones sobre procesos migratorios en el entorno académico. Ha guiado, a lo largo de los años, numerosas investigaciones y proyectos sobre procesos migratorios históricos y contemporáneos en Brasil y también en Italia.

Yolanda López García es investigadora y docente en el Departamento de Estudios Interculturales y Comunicación Empresarial (Interkulturelle Wirtschaftskommunikation, IWK), de la Facultad de Filosofía en la Universidad Friedrich-Schiller de Jena (Alemania). Su formación académica es interdisciplinar: doctora en Filosofía por la Universidad Friedrich-Schiller de Jena (Alemania), maestra en Migración Internacional y Relaciones Interculturales por la Universidad de Osnabrück (Alemania), y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) (México). Ha realizado estudios de intercambio en la Universidad de Leipzig (Alemania) y en la Universidad de Murcia (España). En su investigación doctoral titulada Imaginaries of Migration: Life Stories of Mexican Migrants in Germany”¡, (septiembre, 2021), exploró las vidas y percepciones de migrantes mexicanos en Alemania. Combinando las teorías de la interculturalidad, los imaginarios sociales y el método de las historias de vida, investigó el rol de imaginarios sobre la calidad de vida como motivación para migrar, el papel del nacionalismo banal al re-imaginar a México desde Alemania y la dinámica re-construcción de la(s) identidad(es) tanto en sus procesos de “alemanización”, de “mexicanización” y de interculturalidad, es decir, de la construcción de nuevos imaginarios distanciados de contenedores nacionales. Sus intereses de investigación posdoctoral son el papel de la digitalización en la vida cotidiana, la interculturalidad digital y los imaginarios sociales digitales. Su experiencia docente incluye seminarios sobre teoría intercultural, laboratorio intercultural digital, migración y estilo de vida, relaciones entre América Latina y Alemania, estudios regionales con enfoque decolonial en América Latina, por mencionar algunos. Cuenta además con experiencia en medios de comunicación y en la cooperación internacional universitaria.

Leticia Calderón Chelius es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por FLACSO-México. Es profesora e investigadora del Instituto Mora, especializada en el estudio de los procesos migratorios y sus consecuencias como la hospitalidad, la integración, la xenofobia y las políticas migratorias. Experta en relaciones México-Estados Unidos. Presidenta del Patronato de la asociación Sin Fronteras I.A.P, asesora de la organización Mexicanos en Exilio, y miembro de la mesa directiva de Otros Dreamers en Acción (ODA). Ha sido docente en distintas instituciones nacionales e internacionales de educación superior y directora de tesis en su especialidad. Durante 2019 fue miembro de la comisión de expertos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para desarrollar la figura de Diputado Migrante de la CDMX. Es columnista y comentarista recurrente en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales y comentarista semanal en el canal de YouTube Sin Censura. Escribe una columna semanal en el portal www.sinembargo.mx

Luisa Conti es doctora en Comunicación Intercultural por la Universidad Friedrich Schiller de Jena (Alemania) y en Educación por la Universidad de Padova (Italia). Desde 2006 es investigadora y docente en la Universidad de Jena, donde es responsable nacional de proyectos europeos para mejorar la calidad de los procesos educativos a través de metodologías participativas (SHARMED, SHARed MEmories and Dialogues, www.sharmed.eu, y KIDS4ALLL, Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning, www.kids4alll.eu). Además, es miembro del grupo de investigación de Researching Digital Interculturality Co-operatively (ReDiCo, www.redico.eu), el cual es financiado directamente por el Ministerio Alemán de Educación e Investigación. Su trabajo científico focaliza sobre el diálogo intercultural y los mecanismos de inclusión y exclusión, en particular en el campo de la educación. Si bien su enfoque es la sociedad europea, conoce las especificidades que distinguen el contexto europeo del latinoamericano, ello gracias a las estancias realizadas en diversos países de la región (por ejemplo, en la Universidad Veracruzana, México) y los proyectos de investigación conjunta, como la plataforma para el diálogo sobre crisis migratorias, CALAS. Desde el año 2020 es editora asociada de la revista científica Intercultural Education Journal (Taylor & Francis).