CLACSO y la UAM-Cuajimalpa lanzan en conjunto la colección Palabras clave. Lecturas para este siglo.

La colección pone al alcance de un público no especializado un conjunto de libros que contribuyan a la democratización del conocimiento, ofreciendo lecturas sobre una serie de conceptos clave para interpretar nuestros presentes, las principales novedades y transformaciones que tienen lugar en el siglo XXI, en clave latinoamericana.

Cada libro reúne textos cortos y dinámicos en torno al desarrollo de un concepto. CLACSO y la UAM-Cuajimalpa aúnan esfuerzos para abordar conceptos complejos de un modo accesible, facilitando el acercamiento al conocimiento producido por las ciencias sociales y poniéndolo al alcance de nuevos lectores y lectoras.

Migración / Gioconda Herrera... [et al.]; coordinación general de Iréri Ceja; Soledad Álvarez Velasco; Ulla D. Berg.- 1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2022.
Libro digital, EPUB
ISBN 978-987-813-107-8
1. Derecho de Migración. I. Herrera, Gioconda. II. Ceja, Iréri, coord. III. Álvarez Velasco, Soledad, coord. IV. Berg, Ulla D., coord.
CDD 304.8

Primera edición, 2021

Diseño de colección: Jorge Alfonso Brozon Vallejo

D. R. © 2021, del texto: sus autores

D. R. © 2021, de esta edición:
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Cuajimalpa
Av. Vasco de Quiroga 4871, col. Santa Fe Cuajimalpa
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
C. P. 05348, Ciudad de México
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CC BY-NC-ND 4.0

HECHO EN ARGENTINA Y MÉXICO | MADE IN ARGENTINA AND MEXICO

Índice

Introducción

Iréri Ceja, Soledad Álvarez Velasco y Ulla D. Berg

Subjetividades

Gioconda Herrera

Tránsitos irregularizados

Soledad Álvarez Velasco

Niñez migrante

Valentina Glockner

Luchas migrantes

Amarela Varela-Huerta

Xenofobia, racismo y aporofobia

Handerson Joseph e Iréri Ceja

Régimen de migración y fronteras

Eduardo Domenech

Espacios de confinamiento

Ulla D. Berg

Refugiadxs

Carmen Gómez

Trabajo precario

Yerko Castro Neira

Futuro de las migraciones

Iréri Ceja, Soledad álvarez Velasco y Ulla D. Berg

Sobre lxs autores

Introducción

Iréri Ceja, Soledad Álvarez Velasco y Ulla D. Berg

Al cierre de la segunda década del siglo XXI, la dinámica migratoria en América Latina y el Caribe se ha complejizado sin precedentes históricos. De ser esencialmente espacios emisores de migrantes hacia Europa y Estados Unidos durante el siglo xx, los países de la región se han convertido en receptores de flujos migratorios tanto intrarregionales como globales, y en espacios de tránsito migratorio hacia destinos localizados al norte y al sur del continente. En este mismo periodo, también, se ha acentuado la presencia de la diáspora latinoamericana y caribeña en Estados Unidos que emigra por razones económicas y políticas.

El cambio en el patrón migratorio regional es consistente con un momento histórico en el que las contradicciones del capitalismo neoliberal se han agudizado globalmente. Esto ha implicado que la violencia de la pobreza y la desigualdad se exacerben; que los conflictos bélicos, religiosos y políticos se acrecienten en diversas regiones del mundo y que se agudicen los embates del cambio climático. Por todas esas razones, a nuestro continente han llegado migrantes provenientes de África, Asia y Medio Oriente, quienes se suman a la incesante migración intrarregional caribeña, mesoamericana y sudamericana. Son solicitantes de asilo, refugiadxs, desplazadxs internxs, deportadxs, detenidxs y migrantes irregularizadxs de todas las edades, géneros, nacionalidades, orígenes étnicos y de clase social quienes forman parte de las movilidades migrantes que hoy recorren las rutas sur-norte y sur-sur del continente en búsqueda de un lugar digno y seguro donde sostener sus vidas.

Ante esa multiplicación y diversificación de movilidades, los Estados latinoamericanos y caribeños han dado respuestas heterogéneas volcadas más al control que a la protección de las vidas migrantes. Por un lado, en la mayoría de los casos, los Estados en la región han redoblado sus formas de control fronterizo: han restringido sus políticas migratorias introduciendo barreras para otorgar protección internacional y regularizar a la población migrante al limitar cada vez más el derecho a la libre movilidad y al refugio. A eso se suma que al giro del nuevo milenio la externalización de la frontera de Estados Unidos en el continente no solo se resiente en México y Centroamérica, sino también en Sudamérica. Así, la prevención por disuasión, el confinamiento a migrantes a rutas inhóspitas y su inmovilización temporal en centros de detención (entre espacios fronterizos y el confinamiento a esperas prolongadas y a limbos jurídicos), son hoy prácticas comunes en los países latinoamericanos que otrora solo eran parte del régimen de control fronterizo estadounidense. Lo mismo sucede con la producción legal de trabajadores migrantes irregularizados y racializados o de ciudadanos de segunda clase, esenciales pero descartables, realidad que ya no solo es específica de Estados Unidos, sino que se expande en el continente.

Por otro lado, han escaseado regionalmente las políticas de protección social focalizadas en la población migrante. Por ejemplo, frente al movimiento de centroamericanxs en Caravanas Migrantes, la militarización de las fronteras con la detención y deportación de migrantes han sido las respuestas estatales coordinadas entre México y Guatemala. Otro ejemplo es lo sucedido ante el éxodo venezolano: entre 2015 y 2021, cerca de cinco millones de venezolanos salieron de su país de origen. Aun cuando la gran mayoría se ha dirigido a Colombia y Perú, otros miles también han llegado a Ecuador, Brasil, Chile, Argentina y a algunos países del Caribe. Aun cuando las respuestas estatales han fluctuado desde un aperturismo inicial (con procesos de regularización migrante bajo acuerdos regionales de movilidad en el marco del mercosur y la unasur, la creación de visas humanitarias ad hoc, al reconocimiento generalizado de refugio en Brasil), el redoblamiento del control frente a esa movilidad ha sido persistente. En Ecuador, Perú y Chile se han reimpuesto visados; Colombia y Chile han detenido y deportado a venezolanos; en varios momentos las fronteras sudamericanas se han militarizado y cerrado para contener el imparable flujo venezolano.

Asimismo, miles de nicaragüenses han huido desde 2018 a Costa Rica por la crisis política y económica en su país. Si bien muchxs han obtenido refugio, una gran mayoría continúa esperando la resolución de sus casos, mientras enfrentan circunstancias adversas y la xenofobia. Por otro lado, la migración haitiana es paradigmática pues inaugura un nuevo patrón de migraciones caribeñas y extracontinentales racializadas, transita miles de kilómetros y reajusta constantemente sus proyectos de movilidad. Si en un primer momento existieron algunas respuestas solidarias frente a este flujo (que se articularon con un discurso humanitario y la demanda de mano de obra barata ‒como sucedió en Brasil‒), el aumento de las medidas de control y las políticas de visado restrictivas en Sudamérica empujaron a un gran porcentaje de esta población a la irregularización migratoria, a los tránsitos irregularizados hacia otros destinos como Chile, Argentina y los Estados Unidos y a esperas indeterminadas en ciudades como Tijuana (México).

La hostilidad estatal frente a la población migrante ha tenido su correlato social. Las sociedades latinoamericanas y caribeñas, receptoras y de tránsito, haciendo caso omiso a su propia historia migrante, han redoblado el rechazo, la discriminación y las prácticas xenófobas y racistas erigiendo violentas fronteras sociales inmateriales y temporales que ponen al límite la experiencia migrante contemporánea en nuestro continente ya de por sí híperprecarizada.

Una atención afinada y crítica no puede sino reparar en que lxs migrantes encarnan una lucha contestataria frente a las extremas condiciones de desigualdad sistémica, la violencia del régimen de control fronterizo y migratorio contemporáneo y el terreno extremadamente hostil en el que se mueven. Es más, esas movilidades son un desafío analítico y político en múltiples sentidos: lo son para los Estados que con sus fronteras y políticas pretenden impedir el libre movimiento de las personas. Sin embargo, no hay tecnología, política o muro que pueda detener el ímpetu de lxs migrantes y la fuerza social que lxs sostiene. Ellxs enfrentan a las sociedades por donde transitan y donde llegan poniendo en tela de juicio las lógicas nacionalistas de exclusión y desigualdad. Ellxs también desafían a la academia que no cesa de armar y desarmar conceptos y debatirlos para tratar de capturar la complejidad de la movilidad migrante. Nociones estáticas como origen y destino se desestabilizan con los tránsitos migratorios irregularizados, la circularidad, deportaciones y recomienzos de tránsitos; los miles y miles de kilómetros que en un sentido y en otro (por tierra, agua y aire), las personas recorren exceden por mucho estas definiciones. La movilidad migrante es también un desafío ontológico sobre lo que es y lo que no debería ser una vida vivible. Aquellxs que huyen de la violencia, del racismo, de la violencia de género, del hambre, de la transfobia, del cambio climático y la pobreza, quienes comparten estrategias para sortear el control y la violencia, quienes transitan, retornan, recomienzan rutas o permanecen, construyen moral y políticamente otras formas posibles de vivir y cuidar sus existencias.

¿Cómo entender estos cambios recientes que han tenido lugar en nuestro continente? ¿Qué nos dicen estas nuevas movilidades transfronterizas? ¿Qué podemos aprender de la solidaridad migrante y las múltiples estrategias que despliegan estas personas para sostener sus vidas en un momento histórico antimigrante?

Este libro ofrece distintas pautas para responder a esas preguntas fundamentales y repensar, así, las movilidades migrantes que hoy transforman de múltiples maneras a América Latina y al Caribe. Diez investigadores con diversos bagajes disciplinarios toman parte en esta reflexión colectiva. Cada unx de ellxs está comprometidx ética y políticamente con las luchas migrantes y con el estudio crítico de la migración y las fronteras. A partir de su trabajo etnográfico en diversas latitudes del continente y del aprendizaje que el conocimiento migrante les ha dejado, han venido produciendo contra-narrativas críticas al régimen de control fronterizo regional. Lxs colaboradores de esta obra discuten en torno a términos clave entrelazados que dan cuenta de una dimensión particular de la movilidad y del control contemporáneos en América Latina y el Caribe. Así, Gioconda Herrera aborda las nuevas subjetividades, Soledad Álvarez Velasco los tránsitos irregularizados, Valentina Glockner Fagetti trabaja la niñez migrante, y Amarela Varela, las luchas migrantes. Por su parte, Handerson Joseph e Iréri Ceja, analizan la xenofobia, racismo y aporofobia, mientras que Eduardo Domenech examina el régimen de migración y fronteras. Ulla D. Berg reflexiona sobre los espacios de confinamiento; Yerko Castro sobre el trabajo precario y Carmen Gómez sobre lxs refugiadxs.

Por estas páginas transitan niños y niñas desacompañados, jóvenes buscando un futuro mejor, madres solteras, familias en movimiento, trocheros, caminantes y caravaneros, adultos mayores, personas discapacitadas, personas lgbtiq+, indígenas. Es decir, migrantes que vienen desde Asia, África o Medio Oriente, trazando caminos a lo largo y ancho de todo el continente, simultáneamente marcados por categorías de desigualdad como de raza, género, clase social y estatus migratorio. Sus experiencias diferenciadas dan cuenta de la fuerza social subjetiva, histórica y contestaria que forma y transforma nuestras sociedades.

Esperamos que este volumen colectivo no solo establezca un diálogo con lectores diversos y curiosos sobre las nuevas movilidades en la región, sino que aporte a la investigación militante y políticamente comprometida con un llamado transnacional para procurar justicia migrante en América Latina y el Caribe. Ante la letalidad de los tiempos presentes y la propagación de contextos de guerra contra migrantes materializados en fronteras militarizadas o en la multiplicación de cuerpos migrantes desaparecidos o muertos, urgen reflexiones críticas que contribuyan a detonar acciones decisivas de solidaridad migrante transfronteriza que transformen radicalmente la muerte en políticas de vida.

Subjetividades

Gioconda Herrera

En una escena del documental autobiográfico El grill de César de Darío Aguirre (cineasta ecuatoriano residente en Alemania), la madre del protagonista, desde Ecuador, le dice: “hay que disfrutar de la vida como si fuera una naranja jugosa”. El documental retrata los encuentros y desencuentros que produce la migración en los mundos culturales, sociales y afectivos de las personas migrantes y de qué manera estas experiencias desembocan en la construcción de nuevas subjetividades. Ellas implicarían cambios en las masculinidades (qué significa ser y actuar como un hombre correcto o un buen hijo), rupturas de las normas frente a la vida familiar, distintos entendimientos frente al estatus, la movilidad social, los estilos de vida y las desigualdades, entre otros temas. A su vez, esta película muestra las ambigüedades y los sentimientos encontrados frente a la distancia que impone la migración en momentos cruciales de la vida ‒como cuando los seres queridos parten‒ y la sed por encontrar nuevos horizontes vitales.

Podemos documentar y comprender las transformaciones en la experiencia subjetiva de la migración a partir de varios lenguajes. El cine y la literatura han sido muy prolíficos estos últimos veinte años en América Latina en retratar estas subjetividades cambiantes y tensionadas que construye la experiencia migratoria. Al mismo tiempo, la migración se inscribe en cuerpos e historias diversas que moldean de distinta manera estas subjetividades. Es decir, la reconstrucción etnográfica de las trayectorias migratorias también constituye un acercamiento interesante que nos permite acceder al mundo de las subjetividades migrantes, de sus prácticas y de los sentidos atribuidos a dichas prácticas.

Cuando le pregunto a Estefanía, una migrante transfemenina en Hamburgo, por qué salió de Ecuador, me contesta que vino “a buscarse la vida”. Esta respuesta la he encontrado en las madres migrantes de clase media empobrecida que fueron a España e Italia hace veinte años desde Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia; en los jóvenes indígenas Kañaris indocumentados asentados en pequeños poblados de la Costa Este de Estados Unidos; en los migrantes deportados cuando explican su migración frustrada; en las mujeres haitianas que cuidan automóviles en las veredas de la ciudad de Quito y en los caminantes venezolanos que venden comida en los parques de distintas ciudades de Sudamérica para eventualmente seguir con su viaje. En el documental mencionado anteriormente, Aguirre también comenta que se fue a los dieciocho años a Alemania por el mismo motivo.

¿Qué significa la expresión buscarse la vida para todas estas personas que provienen de mundos sociales y culturales tan diversos y que experimentan desigualdades también muy diferentes entre sí? ¿Qué vida es la que salieron a buscar y cuál dejan atrás? ¿De qué manera la migración modifica los sentidos que otorgamos a nuestras vidas, nuestros afectos, nuestro lugar en el mundo?

Las migraciones en América Latina han crecido y se han diversificado enormemente en los últimos veinte años. Por un lado, los destinos migratorios se han multiplicado y globalizado. Europa se consolidó como un destino importante, Japón atrajo a lxs nietxs de sus emigrantes en Brasil y Perú, y Estados Unidos ha seguido siendo un destino importante tanto para profesionales de clase media como para amplios sectores de trabajadores empobrecidos de toda la subregión (no solo de México). A su vez, existe un crecimiento exponencial de movimientos intrarregionales entre los cuales los más importantes son los desplazamientos de centroamericanos que huyen de la violencia estructural hacia el norte y el éxodo de población venezolana hacia el sur del continente, el mayor movimiento de personas en el continente en los últimos cien años.

Por otro lado, los perfiles socioeconómicos de las personas migrantes y sus orígenes culturales también se han diversificado. De una migración predominantemente masculina hemos pasado a momentos de feminización de las migraciones, al crecimiento de la migración indígena y afro y de una migración profesional, y también al crecimiento de una migración pauperizada y de sobrevivencia.

A esto se suman las distintas interacciones que experimentan las personas migrantes con los Estados y cómo éstas afectan las subjetividades. Algunas son claramente violentas (como las detenciones y las deportaciones), otras son de invisibilización forzada debido a la falta de documentos, y otras, más bien, pueden ser de negociación constante con la alteridad en la vida cotidiana debido a estereotipos racistas y civilizatorios predominantes en las sociedades de destino frente a las personas migrantes. Es así como los sentidos que construyen los sujetos sobre su proyecto migratorio están atravesados por esa pluralidad de experiencias de dominación que se entrelazan con desigualdades sociales, de género, etarias y raciales1. El reconocimiento de esta multiplicidad nos ayuda a complejizar nuestra comprensión de la migración latinoamericana contemporánea.

Existen una gran cantidad de herramientas analíticas que han desplegado la sociología y la antropología para analizar la complejidad de experiencias. Aquí retomo únicamente dos categorías que son útiles para enfrentar esta complejidad: la interseccionalidad y la mirada transnacional.

Desde la interseccionalidad, es decir, la potenciación de varias dimensiones de desigualdades entrelazadas, podemos entender, por ejemplo, que los motivos de la migración no son únicamente económicos, sino que pueden estar cruzados por experiencias de discriminación como el racismo, la homofobia, la violencia de género o la violencia social. Lo que dejamos atrás y aquello que buscamos en un futuro deben ser comprendidos en el entramado de múltiples dominaciones. Una vez en el destino, los nuevos entornos sociales y culturales (de exclusión y/o extrañamiento) también van a moldear los sentidos de esperanza o desesperanza frente al proyecto migratorio en función de cómo se experimentan estas desigualdades entrecruzadas.

Así, la construcción de subjetividades migrantes es compleja y contradictoria. Por ejemplo, para la mujer trans buscarse la vida significará dejar un entorno violento de discriminación por su condición sexogenérica y convertirse en la principal remesadora de su familia, al mismo tiempo que sobrevive en las redes clandestinas de la ilegalidad migratoria. La madre migrante, como otro caso, pensará en el futuro de sus hijos que se han quedado al momento de cuidar a los ancianos y en el camino ganará cierta autonomía económica que le permita negociar un lugar más igualitario en sus relaciones de pareja mientras aprende a sobrellevar la maternidad transnacional y a navegar nuevos ordenamientos de género, no siempre emancipadores. El joven indígena se imagina un mundo amplio y lleno de posibilidades al tiempo que experimenta la detención y envía recursos a sus familias. Las mujeres haitianas imaginan su tránsito al norte o al sur para dejar mercados laborales precarios y entornos de discriminación racial, las familias venezolanas buscaran sobrevivencia y seguridad en su nueva vida.

Estudiosos de las migraciones transnacionales hablan de la bifocalidad en la experiencia migratoria para denotar cómo los sentidos de la experiencia migratoria se construyen en la interacción de varios campos sociales y culturales simultáneos. La experiencia transnacional construye nuevas formas de ser y de pertenecer, es decir, nuevas subjetividades e identidades sociales que son el resultado de los vínculos, las relaciones y las conexiones que produce la movilidad entre sociedades. Asimismo, a partir de los textos de la feminista chicana Gloria Anzaldúa hemos empezado a hablar de subjetividades fronterizas para referirnos a cómo la migración provoca el encuentro y desencuentro entre varias formas de opresión y de pertenencia que muchas veces son perceptibles más como contradicciones y ambigüedades que como certezas.

La mirada transnacional sobre las migraciones latinoamericanas contemporáneas nos permite, entonces, entender cómo la movilidad modifica la construcción de subjetividades. Las prácticas transnacionales, tanto en términos de sus materialidades (la circulación de objetos, dinero, valores, saberes), como en términos del ir y venir entre dos o más entornos y de experimentar el aquí y el allá simultáneamente (de manera física y, sobre todo, virtual), alimentan la construcción de nuevas subjetividades. En estas nuevas formas de ser y de pensar las distancias físicas, convertidas a veces también en distancias emocionales, se subvierten las capacidades de los y las migrantes de construir sus identidades entre dos o más orillas.

Más allá de las representaciones uniformes que glorifican o victimizan a los y las migrantes (despojándolos de su capacidad de actuar, responder, resistir y transformar), la experiencia migratoria del continente en los últimos veinte años debe llevarnos a construir marcos de comprensión que hagan foco en cómo las desigualdades estructurales y las formas de disciplinamiento del poder y la política moldean la capacidad de acción de los sujetos y, a su vez, son resistidas y contestadas desde cuerpos e historias diversas. Buscarse la vida y experimentarla como una naranja jugosa tienen múltiples significados que forman parte de los proyectos subjetivos de los y las migrantes latinoamericanos en su diversidad.

1 Ver al respecto el estudio de Joseph y Ceja en este volumen.

Tránsitos irregularizados

Soledad Álvarez Velasco

El Diccionario de la Real Academia Española define al término tránsito como “la acción de ir de una localidad a otra” y al término migratorio como un “adjetivo que alude a quien migra o se desplaza de un lugar de origen a otro de destino”. Al juntarlos bajo el término tránsito migratorio se conceptualiza una fase nodal del ciclo de la migración humana: el movimiento transitorio ‒entre lugares de emigración y asentamiento, al interior de o entre países‒, compuesto por tiempos de travesía y de espera, cortos o prolongados, a través de vías aéreas, marítimas o terrestres y de parajes para estancias temporales en ruta. Ese término, no obstante, tiene otra acepción.

Al giro del nuevo milenio, la desigualdad sistémica y la pobreza se han profundizado, las guerras y los conflictos étnicos, religiosos y políticos han proliferado y los embates del cambio climático se han acentuado. Estas causas estructurales han multiplicado, sin precedentes históricos, los tránsitos de migrantes empobrecidos que globalmente buscan un lugar digno y seguro para vivir. Ante estos, los Estados han redoblado sus formas de control, vulnerando el derecho humano a la libre movilidad y confinando a migrantes empobrecidos a cruces y rutas inhóspitas y altamente violentas. Es en ese contexto que mediática y políticamente se ha sobrenfatizado que el tránsito migratorio ocurre por fuera de las regulaciones estatales y vía coyotes o redes de tráfico de migrantes, naturalizando así un vínculo aparentemente indisociable entre tránsito migratorio e irregularidad.

Esta conceptualización ha sido funcional para que, bajo el infalible discurso del combate al tráfico de migrantes, los Estados justifiquen globalmente políticas migratorias restrictivas, impongan visados con requisitos y costos inalcanzables y redoblen la vigilancia fronteriza. Lejos de ser un rasgo natural, el carácter irregular o ilícito que prima en la conceptualización del tránsito migratorio es consecuencia de deliberadas acciones estatales. Por esto se apela a adoptar el término irregularizado que da cuenta de una condición derivada del control estatal.

Los tránsitos irregularizados son constitutivos de las Américas. La irresuelta pobreza y las reiteradas crisis de las frágiles y desiguales economías dependientes latinoamericanas y caribeñas, han sido contestadas con históricas migraciones a Estados Unidos, el mayor destino migratorio global. Sellar su frontera sur ha sido un objetivo gubernamental estadounidense primario. Al cierre de la Primera Guerra Mundial esa frontera empezó a militarizarse y desde entonces el giro antiinmigrante estadounidense en sus mecanismos de control ha ido en incremento, siendo externalizado a México y Centroamérica que hoy fungen como fronteras preliminares para contener a flujos de migrantes. A pesar de ello, y jalados por la certera posibilidad de insertarse como trabajadores indocumentados en la extensa economía informal estadounidense, latinoamericanos y caribeños no han dejado de transitar de sur a norte.

Migrantes mexicanos llevan más de un siglo cruzando clandestinamente a Estados Unidos, mientras que, desde mediados del siglo xx, migrantes andinos, centroamericanos y caribeños han llegado hasta ese país “por la chacra”, “por el hueco”, “por la pampa” o “por el camino”, como coloquialmente se conoce a las migraciones sur-norte con coyote. Esos tránsitos han tenido efectos espaciales: la formación del corredor migratorio entre la Región Andina, Centroamérica, México y Estados Unidos configurado por lugares de espera y atravesado por rutas marítimas, terrestres y aéreas. La travesía por ese corredor data de hace más de cinco décadas, tiempo en el que se ha amasado un conocimiento migrante transmitido de generación en generación para que adultos emigren y para que menores de edad se reunifiquen con sus padres migrantes. En torno a esos tránsitos irregularizados se ha configurado una economía ilícita altamente redituable para agentes migratorios, policías, coyotes, prestamistas, enganchadores, pasadores, dueños de agencias de viajes, transportistas, hoteleros, aerolíneas, entre tantos otros actores, que componen la organización del coyoterismo.

Al presente, los tránsitos al norte han tenido modificaciones. El coyoterismo latinoamericano se ha transnacionalizado: los coyotes del sur, o coyotes ecuatorianos, colombianos o peruanos, trabajan en red vía comunicación digital con coyotes centroamericanos y mexicanos habilitando y controlando la movilidad sur-norte. Como efecto del régimen de deportación estadounidense, migrantes andinos, centroamericanos y mexicanos deportados recomienzan sus tránsitos postdeportación sea con coyotes o autónomamente guiados por sus Smartphones. La exacerbación de la violencia de la pobreza, de pandillas y de la guerra contra el narcotráfico han provocado masivas migraciones centroamericanas de niños, niñas y adolescentes no acompañados o de familias enteras bajo las icónicas Caravanas Migrantes que, desde 2018, han irrumpido como forma de migración colectiva y protección en ruta para contraponer el riesgo de muerte en ruta1. Asimismo, al cierre de la primera década del siglo xxi, migrantes africanxs y asiáticxs también transitan al norte, aunque en menor medida. Debido a las causas estructurales antes mencionadas, al giro antiinmigrante en Europa y a que las políticas migratorias sudamericanas han sido más abiertas que las de países del Norte Global, esxs migrantes han llegado a Sudamérica sea para probar suerte o para transitar desde ahí a Estados Unidos. Es por eso por lo que hoy la región sudamericana es un espacio de emisión, de tránsito y destino global.

Los tránsitos al norte no son los únicos. En la última década, tránsitos irregularizados desde la Región Andina a países del Cono Sur también han proliferado. El aperturismo sudamericano tuvo un clímax durante los gobiernos postneoliberales de izquierda en la primera década del siglo xxi. Esto provocó un incuestionable efecto llamada entre migrantes dominicanxs, haitianxs, cubanxs, de países africanos y asiáticxs. Esos migrantes llegaron mayoritariamente a Ecuador, país con las políticas aperturistas más radicales. Unos lo hicieron para probar suerte en su economía dolarizada y otros para transitar a Perú y luego a Chile, Argentina o Brasil, salientes destinos regionales. El precipitado deterioro de las condiciones de vida en Ecuador, junto con el abierto giro restrictivo en sus políticas migratorias ha multiplicado, no obstante, los tránsitos al sur. Adicionalmente, el colapso socio-económico y político venezolano ha suscitado, entre 2016 y 2021, un éxodo migratorio sin precedentes de más de cinco millones de venezolanos, dirigido particularmente a países sudamericanos y caribeños. Los tránsitos de venezolanos han trastocado la dinámica migratoria: en una errancia permanente, de ida y vuelta, por trocha cruzan esas fronteras en búsqueda de un posible lugar digno para vivir.

En el corredor migratorio al sur, el control estatal también se ha redoblado. Ante los flujos sur-sur, los Estados sudamericanos han re-impuesto visados, han cerrado y militarizado varias veces sus fronteras, han creado candados legales previniendo la regularización y limitando el reconocimiento de refugio, han detenido, deportado y confinado a migrantes a rutas letales. Del supuesto aperturismo, Sudamérica ha girado a la consolidación de un régimen de control fronterizo que, operando con sus propias particularidades, también ha sido moldeado por la intervención de Estados Unidos vía mecanismos de control más sutiles como la formación de agentes migratorios y cooperación en operativos anti-tráfico de migrantes2.

Entre los tránsitos al norte y al sur hay similitudes. Quienes transitan son adultos y menores de edad, con diversidades sexo-genéricas, pertenencias étnicas y racializadas, orígenes de clase y nacionalidades distintas. Transitan familias, madres solteras, mujeres embarazadas, niñxs y adolescentes solxs o acompañados y personas discapacitadas. Ambas travesías suponen confrontar y negociar con agentes migratorios, policías y militares o con actores paraestatales, como coyotes, miembros del crimen organizado, paramilitares, o habitantes de a pie que también ejercen otras formas de control y violencia. En ambos corredores, lxs migrantes en tránsito son confinados a rutas inhóspitas donde la geografía de las Américas toma parte del control.

Entre Sudamérica y Centroamérica, son la selva del Darién entre Panamá y Colombia, los agrestes caminos en Centroamérica y México o la travesía por el desierto al llegar a Estados Unidos, los que suponen riesgos vitales. Al sur, es el páramo de Berlín, entre Cúcuta y Bucaramanga, el Páramo de El Ángel, antes de llegar a Tulcán, el desierto en Chile, la selva Amazónica o el mar Caribe, los que han cobrado vidas de migrantes. La producción de desaparecidos y muertes no cesa en ambos corredores y los Estados involucrados han redoblado una política de dejar desaparecer y dejar morir y no intervenir para preservar las vidas de lxs caminantes, lxs balserxs, lxs caravanerxs y lxs trocherxs.

En un terreno así de hostil es la organización colectiva la que sostiene los tránsitos al norte y al sur. Como estrategia de protección, en grupos, en caravanas, en familias nucleares, extendidas o configuradas espontáneamente, lxs migrantes avanzan y paran en ruta. El contraste es radical entre la violencia y la solidaridad: se han creado albergues de la sociedad civil para dar refugio, alimento y sostén emocional. Las comunidades migrantes digitalizadas han recolectado conocimiento para encontrar empleo temporal ambulante y callejizado o cruzar fronteras; su cuidado mutuo se materializa en viviendas compartidas; cocinas comunitarias; o en pagar cooperativamente los costos de vida, de coyotes o transportistas. Mientras transitan, montan y desmontan ciudades hechas de carpas de plástico en estaciones de buses o parques; llevan bolsas, empujan sus deshilachadas maletas o coches donde han empacado lo que resta de su vida pasada. Juntos van curando las heridas físicas que deja el camino, mientras el abrigo común les aligera la carga emocional. Así configuran territorios de solidaridad y protección en movimiento para sostener su vida.

Por todo esto, lxs migrantes en tránsito lejos de ser sujetos “pasivos”, “víctimas”, “traficadas” o “indefensas”, son sujetos en lucha que activan permanente estrategias de sobrevivencia. Este tipo de movilidad, imprevisible e incierta, no puede solo conceptualizarse como una fase entre la emigración y el asentamiento, sino como fuerza social contingente que al movilizarse responde ante la violencia sistémica y el régimen de control fronterizo. Los migrantes despliegan prácticas de solidaridad y de cuidado que constituyen su lucha espacial por un lugar seguro y digno donde preservar sus vidas; lucha que hoy moldea los corredores de tránsitos migratorios que forman y transforman al norte y al sur las Américas.

1 Al respecto, ver el capítulo de Glockner en este volumen.

2 Ver al respecto el artículo de Domenech en este volumen.

Niñez migrante

Valentina Glockner

Aunque niñas y niños han sido siempre participantes activos de los procesos de movilidad migrante en el continente americano ‒y en el mundo‒, a partir del nuevo milenio se han desarrollado nuevas dinámicas migratorias en las que ellas y ellos, siendo protagonistas, están redefiniendo el escenario continental. Ya sea viajando miles de kilómetros para reunirse con sus familiares al otro lado de la frontera; huyendo junto con sus familias para salvar sus vidas; buscando refugio en Estados Unidos como estrategia para sortear un sistema migratorio punitivo, racista y xenófobo; o bien, quedándose a vivir en los países de tránsito como consecuencia de la inmovilidad provocada por las políticas migratorias restrictivas, agravadas durante la pandemia de covid-19. En cada una de estas dinámicas, la participación de lxs niñxs migrantes es un factor determinante en el tipo de estrategias, rutas y decisiones que toman los adultos, las familias y las comunidades. Para entender su participación y protagonismo cabe analizar una serie de factores que han vinculado a la migración interna y transnacional con la reproducción de la vida de las infancias en el continente.

Sabemos que la desigualdad económica, la violencia y el deterioro de las condiciones de vida han fracturado a las sociedades expulsoras. No obstante, pocas veces reparamos en la gravedad del impacto que esto tiene en la reproducción de las estructuras e instituciones sociales que sostienen a la niñez: la familia, la escuela, los espacios recreativos, los programas de protección estatal o las instituciones de beneficencia, por mencionar algunas. Frente a esto, la migración se ha convertido en una estrategia de reproducción social, cultural y económica de tal importancia que salir del lugar de origen se ha vuelto “el destino” ineludible para millones de niñxs y jóvenes. Durante décadas, y a lo largo de varias generaciones, la migración ha moldeado e inspirado el imaginario individual y colectivo de millones de niñxs que ven en ella la esperanza de que algo “mejor”, o simplemente “distinto” es posible.

A esto se suma el impacto que a partir de las décadas de 1970 y 1980, la feminización de la migración (el incremento de las mujeres y las madres), ha tenido en la migración transnacional de niñxs que salen de sus países de origen buscando reunirse con sus familias migrantes, proceso social que se ha agravado por políticas migratorias que impiden la reunificación familiar por vía regular. Finalmente, debemos considerar el importante aprendizaje colectivo que la migración histórica ha dejado en las comunidades de origen en todo el continente: las violentas políticas de securitización de las fronteras impiden la migración circular, o de ida y vuelta, y han convertido a la migración adulta en una sentencia de separación familiar de por vida. Este ha sido uno de los motivos principales detrás del surgimiento de las Caravanas Migrantes centroamericanas como una estrategia de resistencia y rebelión frente al designio de que migrar para poder sobrevivir implica perder para siempre a lxs hijxs1.Tan importante como entender las formas en que niñxs participan en las migraciones y contribuyen a moldear sus dinámicas, es comprender las maneras en que han provocado, directa e indirectamente, la producción y transformación de los regímenes migratorios contemporáneos. Un proceso que se ha manifestado en por lo menos tres dimensiones.

Primero, la dimensión legal y discursiva, desde la que han surgido nuevos protocolos, normativas, leyes y reformas legales para proteger los derechos de la niñez migrante. Este es el caso de México, donde, desde finales del 2020 con la reforma a la Ley de Migración, se impide la privación de la libertad de la niñez migrante en centros de detención. También es el caso de Colombia, donde desde 2019, se garantiza el derecho a la nacionalidad de hijxs de padres extranjeros e “indocumentados”; medida que particularmente ha beneficiado a lxs hijxs de venezolanos migrantes. Un ejemplo contrastante ha sido, en cambio, la adopción de un marco legal favorable a la expulsión de niñxs “no acompañados” y de familias con hijxs menores de edad, a pesar de que ello viola todas las convenciones internacionales sobre el derecho al refugio y el principio universal de no devolución. Esto ha tenido lugar en la frontera entre México y Estados Unidos como efecto de la implementación del Título 42, so pretexto de la emergencia sanitaria desatada por la pandemia.

Segundo, la dimensión material, que se refleja en la construcción y/o adaptación de nueva infraestructura pública y privada para albergar, educar y proteger; pero también para detener, privar de la libertad, procesar y deportar a millones de niñxs migrantes. Además, como parte de la burocracia estatal, se han creado nuevos cargos, puestos y nombramientos, así como presupuestos, herramientas y mecanismos para gestionar, cuidar, administrar y acompañar a la niñez migrante, tanto en sus procesos de tránsito, acogimiento, refugio y protección, como de detención, deportación, irregularización y criminalización.

Tercero, la dimensión moral y simbólica en la que la infancia migrante ha jugado un doble papel ya sea como “víctima pasiva e inocente” que debe ser protegida y salvada de “padres irresponsables” y traficantes criminales; o bien como “víctima aceptable o merecedora” de compasión y tolerancia, empatía que no suele extenderse a los adultos. En el otro extremo están lxs niñxs migrantes racializados que “inundan las fronteras”, contaminados por los males y perversiones de sus “familias rotas” y “sociedades violentas”, considerados como “criminales en potencia” o lastres que “abusarán del sistema de asilo y del Estado” y, por lo tanto, deben ser detenidos y deportados.

En este contexto es fundamental entender el surgimiento de ciertas figuras emblemáticas de la migración infantil contemporánea que transitan de manera acompañada y no acompañada los corredores migratorios al norte y al sur de las Américas2, y nos permiten entender las formas en que el régimen de securitización de las fronteras castiga, excluye y violenta a las personas migrantes. Lxs niñxs muertos durante el tránsito migratorio, en los centros de detención del Servicio de Detención y Deportación de los Estados Unidos (ice por sus siglas en inglés), o asesinados por oficiales de la Border Patrol con total impunidad; lxs niñxs separados de sus familias por el sistema migratorio y encerrados en las “hieleras”, las “jaulas” y los centros de detención; lxs niñxs reclutados en las fronteras para fungir como traficantes de personas y mercancías ilícitas por ser inimputables; y lxs niñxs que huyeron con sus familias para buscar protección y han sido obligados a permanecer en campos de refugiados en condiciones inhumanas y de extrema peligrosidad, por ejemplo bajo programas como el Quédate en México (2019-2021), que creó un enorme campo de solicitantes de refugio en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Matamoros, Tamaulipas.

No obstante, algo fundamental que nos enseña la migración infantil, es que, por cada política y régimen de muerte impuesto para la gestión de los flujos migratorios y las fronteras, lxs niñxs responden construyendo estrategias de cuidado y políticas de vida. A las figuras arriba nombradas se contraponen otras, animadas por la fuerza y la potencia más grande que poseen las infancias: la renovación de la esperanza que otros mundos son posibles. Así, se puede identificar a niñxs que producen y reproducen vidas cotidianas en la movilidad e inmovilidad impuestas por el régimen migratorio global, desafiando todas las violencias al construir relaciones de amor, cuidado y reciprocidad; a niñxs migrando en las caravanas y los éxodos comunitarios, como una estrategia de protección y emancipación individual y colectiva; a niñxs que han tomado santuario en iglesias y comunidades religiosas frente a las sentencias de deportación de sus madres y padres, y que encabezan sus procesos de defensa; o a niñxs retornados que (re)construyen nuevas formas de vida en los países de origen, creando posibilidades inéditas para las sociedades de retorno.

Aunque sabemos que la participación de niñxs en los flujos migratorios ha existido siempre, es un hecho que los regímenes migratorios presentes han convertido a la niñez en un mecanismo para castigar y desincentivar la movilidad adulta. No obstante, a pesar de esto, las infancias migrantes han surgido como una importante arena de lucha, reivindicación y debate, pues es en su protección o castigo donde se juegan, una vez más, los límites éticos, morales y políticos de nuestras sociedades y sus regímenes de gobernanza.

1 Ver al respecto el artículo de Varela en este volumen.

2 Ver al respecto el capítulo de Álvarez Velasco en este volumen.

Luchas migrantes

Amarela Varela-Huerta

A las mujeres migrantes,
a las madres deportadas,
a las activistas antirracistas
que ponen el cuerpo para abrazar
las luchas migrantes,
con respeto y admiración.

Bertha despierta abrazada a su hija Victoria. Son las siete de la mañana y el sol se cuela entre las persianas de la habitación que, aún después de la noche lluviosa, mantiene la sensación de útero reconfortante; escenario perfecto para los ronquidos felices que anuncian los sueños de Victoria. Han pasado tres años desde que ambas cruzaron el muro que divide América Latina de Estados Unidos y cinco desde que dejaron San Pedro Sula, en su añorada Honduras. Ya no son las de antes. Nadie lo es. Bertha es una madre de 23 años, su hija nació en pleno tránsito, por eso ella dice que su niña es de todas partes: fue concebida en San Pedro Sula, pero escapó en la panza de su mamá después de que la policía asesinara a su papá, Manuel, por error, cual “falso positivo”, una noche de “operativos” mientras él volvía del trabajo. Bertha y Victoria se fugaron de ese barrio y de las formas que toma la violencia estructural. Ellas no huyeron de mareros como muchas de sus vecinas actuales en Houston. En esa ciudad texana ambas finalmente se asentaron después de dos años de sortear fronteras verticales, internas, externas y sociales. Migraron, se desplazaron, se fugaron para buscar una vida que, además de poder ser vivida, sea celebrada.

En el otoño de 2018 Bertha atendió al llamado que circuló por el chat de sus compañeras de trabajo para sumarse a la Caravana por la Vida. Había que presentarse una mañana de octubre en la central de autobuses de San Pedro Sula con los enseres básicos para salir caminando a Estados Unidos. Bertha se quedó sorprendida de encontrar a muchas otras mujeres solas con sus hijxs pequeños que acudieron al llamado. Victoria nació en Tijuana y creció en el Chaparral, un campamento que Bertha y otros 1.500 sobrevivientes de muchas formas de contrainsurgencia instalaron en México. La autogestión del campamento ocurrió en medio de la pandemia de covid-19 que encerró a la gente en todo el mundo en sus casas porque el virus llegó para demostrarle a la humanidad cuán frágiles somos como especie. En ese tiempo pandémico, Bertha sonrió varias veces porque sus vecinas mexicanas sintieron en sus cuerpos la misma vulnerabilidad que ella había sentido cuando atravesó Honduras, Guatemala y México. De esa travesía en la Caravana Migrante ella guarda fotos en su celular, “para que cuando Victoria crezca, entienda cuantas tierras la vieron nacer”, como ella decía.

Después de dos años de espera para cruzar la garita en Tijuana, de manera “ordenada y regular”, como le decían los jóvenes que trabajan para organismos internacionales, como la Organización Internacional de las Migraciones, el dinero ya no le alcanzaba para pagar la renta de su cuartito en la vecindad en la que vivía. Su primo Javier, que desde Honduras le enviaba dinero por Western Union, cayó en desempleo y dejó de enviar remesas en lempiras a Bertha. Por eso, ella se involucró en la construcción del Chaparral y por eso, también, una noche cualquiera del otoño de 2020, cruzó la frontera con Victoria en brazos, sin que su cruce fuera “ordenado o regular”, sino más bien desafiante; fue desobediencia pura, impulso de vida ante las muchas prácticas de muerte que esa joven madre y la catracha-mexicana-estadounidense Victoria soportaron antes de desafiar las fronteras y a la policía migratoria de ice como se llama la migra en Estados Unidos, “por sus siglas en inglés”.

Después de una larga noche de cruce fronterizo, Bertha se entregó a la migra. Estuvo detenida por dos semanas en una hielera, o una cárcel para migrantes en la que ice mantiene las celdas a temperaturas bajo cero para castigar a quienes desobedecen las leyes de ingreso a Estados Unidos1. Después de solo dos semanas, pues hay quien pasa meses encerrado en ese complejo industrial multimillonario que son las cárceles privadas en Estados Unidos, Bertha contó su “creíble” testimonio frente a la corte de inmigración. La jueza le creyó, entre otras cosas, porque Bertha fue asesorada por Margarita, una joven abogada binacional que creció sin papeles en Estados Unidos, pero pudo acogerse a la figura de Dreamer, cursó la universidad para estudiar leyes y ahora trabaja como abogada pro-bono apoyando a madres como Bertha a estructurar relatos que sean “creíbles” ante los jueces de inmigración.

Bertha fue “liberada” con un grillete con el que la “monitoreaban”, una actualización de los que se usaban en la época de la esclavitud. Margarita le ayudó a conseguir una habitación y un trabajo: otra vez en una maquila pero que del otro lado del muro paga a 12 dólares la hora. A los pocos meses, Bertha y Victoria se mudaron de San Diego a Houston para vivir cerca de María, una amiga que es como la tía de Victoria porque se conocieron cuando, en Tapachula, las subieron en una camioneta que prestó su caja trasera para subir a mujeres embarazadas que caminaban en la Caravana del 2018. Desde hace dos años, Bertha, Victoria, María y Samir, el hijo de María, viven en un pequeño departamento en esa hostil ciudad, en donde a menudo las detienen para pedirles “papeles” por su “perfil racial”, como les dicen los oficiales.

Desde que viven en Estados Unidos han mantenido contacto con las organizaciones de migrantes que conocieron en la Caravana de 2018. Asisten a talleres para convertirse en community organizers en un Worker Center, o centro por los derechos de los trabajadores, donde han conocido a otras mujeres que han organizado huelgas para demandar mejores salarios, han formado parte de protestas frente a compañías que defraudan a trabajadores “sin papeles”, van a una que otra fiesta del centro para bailar ritmos que no conocían con sus nuevos compañerxs de lucha. El tercer domingo de cada mes, sin falta, van en grupo hasta el Centro de Detención que ice subcontrata para mantener encarcelados a cientos de migrantes. El último domingo que fueron, María y Bertha gritaron consignas de apoyo a las madres detenidas que sostenían una huelga de hambre en ese centro, en demanda de ser reagrupadas con sus hijxs, quienes les fueron arrebatados cuando fueron aprehendidos en la frontera.

La migración de mujeres para buscar vidas que se puedan vivir y celebrar, junto a sus hijxs o maternando una familia transnacional atravesada por muchos muros, no es un fenómeno novedoso. Existe desde que existe el hambre. Lo que es novedoso es la forma en la que comprendemos las estrategias para cuidarse y cuidar de otros migrantes, desplazados y exiliados del neoliberalismo, del terror, de las dictaduras, de las sequías, de los huracanes, del patriarcado2.

La historia de Bertha, María, Victoria y Samir es una postal de prácticas de vida: retrata la imaginación política con la que las personas migrantes responden a las formas de contrainsurgencia en lo contemporáneo; es lo que varias cronistas de la migración hemos propuesto llamar luchas migrantes o formas de acción latente o manifiesta, colectiva o individual, subjetiva o comunitaria, que practican sujetos migrantes o refugiados en momentos concretos para defenderse de la extranjerización permanente de la que son objeto por las leyes que los ilegalizan. Son movimientos sociales que los migrantes impulsan con acciones y discursos en clave de auto-representación radical, acciones que defienden el derecho a quedarse (no migrar), a migrar, a atravesar fronteras, a permanecer en el territorio elegido, a regresar. Las luchas migrantes pueden ser huelgas de hambre y/o de sed, marchas, caravanas, sentadas, piquetes, escraches, encierros, mítines, asambleas, campañas, “motines” en centros de detención, o simplemente actos cotidianos de sostenimiento de las tramas de la vida.

Cuando son colectivas y manifiestas, las luchas suelen ser protagonizadas por migrantes de muchos países, con culturas políticas diversas, que negocian identidades complejas en su movimiento. Son luchas transnacionales, pluriétnicas y, muchas veces, intergeneracionales en las que se disputan también identidades de género. Estas pueden tener lugar en el origen o en los territorios donde nacieron, pues existen muchas organizaciones binacionales que sostienen tramas de vida comunitaria con las remesas que envían quienes tuvieron que partir. Hay luchas que se organizan en el tránsito, como las Caravanas donde viajaban Bertha y María con sus hijxs; otras que suceden en los nortes del mundo, pero también existen episodios de lucha en los países del sur, como la Asamblea de Estudiantes Migrantes o los colectivos de senegaleses vendedores ambulantes en Buenos Aires. También existen luchas de migrantes deportados en Ecuador o Colombia y en México. Es decir, esas luchas suceden en territorios de origen, tránsito, instalación y deportación. Como dice el lema, “estamos por todas partes”.

Las luchas migrantes pueden tener estructuras estables y vocerías definidas, o ser insurgencias que resultan complejas de interpretar porque carecen de un discurso político manifiesto, una dirigencia visible, hasta de un teléfono concreto o un perfil en redes sociales para poder contactarlas. Por eso el desafío por parte de intérpretes y cronistas es desarrollar una estrategia de escucha radical para cada episodio de contrainsurgencia migrante. Es necesario atravesar la experiencia con todos los sentidos alerta y contarla en coproducción con sus protagonistas para evitar miserabilizar, criminalizar o idealizar tales luchas que son tan complejas como cualquier movimiento social. Para estudiarlas, además de atravesar esa experiencia, cabe conversar con las sociologías que piensan los movimientos sociales y también con aquellas que analizan las movilidades migrantes en la contemporaneidad latinoamericana.

1 Ver al respecto el capítulo de Berg en este volumen.

2 Ver al respecto el capítulo de Herrera en este volumen.

Xenofobia, racismo y aporofobia

Handerson Joseph e Iréri Ceja

En agosto del 2015, seis haitianos que conversaban afuera de la Iglesia de la Misión Paz, en São Paulo, fueron baleados por cuatro personas que pasaron en un carro y les gritaron “haitianos, ustedes roban nuestros empleos”. Los migrantes heridos acudieron a dos unidades de salud, donde les negaron la atención. Volvieron a sus casas con balas en el cuerpo. Hubo una doble violencia y un doble sufrimiento: los producidos por los agresores y después los producidos por los profesionales de salud.

En los últimos años, la violencia contra las personas migrantes ha aumentado en los países americanos, algunos hechos puntuales dan cuenta de esto. Se han quemado campamentos migrantes como ocurrió en el norte de Brasil y en la ciudad de Ibarra, en Ecuador. En marzo del 2021, cuatro policías asesinaron a una mujer salvadoreña (con estatuto de refugiada) que trabajaba limpiando cuartos de hotel en Tulum, México. El Estado, que debía protegerla, la mató.

Líderes políticos de distintos países hacen campañas presidenciales, estatales y locales contra los migrantes. Se construyen muros y vallas en las fronteras para impedir el ingreso a los de a pie. Como ejemplo de los muros legales e inmateriales, a ciertas poblaciones se les solicitan requisitos que saben que no pueden cumplir; o, bajo una política de discrecionalidad, los agentes migratorios en los aeropuertos niegan el ingreso al país. Se despliegan fuerzas militares en las fronteras y corredores migratorios, y a los extranjeros se les impide abrir una cuenta bancaria por no contar con un número de identidad nacional. Y así, podríamos continuar con una larga lista de ejemplos de las formas que toma la xenofobia, el odio a las personas migrantes, especialmente negras, e indígenas, o aquellas provenientes de países árabes y orientales, originarios de los países más empobrecidos y en conflicto.

Los episodios aquí presentados no tienen pretensiones generalizantes. Sin embargo, buscamos llamar la atención sobre situaciones concretas y recurrentes de discriminación y violencia que sufren las personas migrantes, principalmente las no blancas y las más empobrecidas, a partir de categorías de diferenciación y desigualdad como la nacionalidad, el género, el color/raza, la clase social y la religión. Estas experiencias deben ser entendidas en el cuadro de las políticas discriminatorias, especialmente aquellas basadas en la nacionalidad y el color de la piel y, por tanto, de una construcción racializada de una otredad indeseada frente a otra deseada.

Hay una relación intrínseca entre xenofobia, racismo y aporofobia (odio a los pobres). Aunque estos términos no significan ni representan lo mismo, juntos actúan como un dispositivo de control social interseccional muy poderoso de exclusión y violencia contra poblaciones consideradas “peligrosas” para la reproducción social y racial de una determinada nación. Más allá de las manifestaciones puntuales de ciertas prácticas es importante resaltar que se trata de lógicas estructurales que se consolidan históricamente en las Américas y que se promueven a través las instituciones estatales, civiles y de los medios de comunicación, convirtiéndose en políticas discriminatorias y de exclusión.

La xenofobia es el odio hacia los extranjeros, los “otros” ajenos a una nación que, aunque múltiple, con conflictos y con prácticas de exclusión interna, se imagina como una comunidad frente a una alteridad. Pero la xenofobia, tal como se muestra en las Américas, no es una práctica contra todos los extranjeros, las fronteras se abren selectivamente frente a aquellos considerados deseables, personas leídas como blancas y con poder adquisitivo, y se niega a menudo frente a poblaciones empobrecidas y racializadas.

El racismo es un legado colonial esclavista que se constituye a través de un conjunto de conceptos y creencias ideológicas esencialistas que contribuyen a establecer la división de la humanidad en distintas razas jerárquicamente clasificadas, a partir de ciertas características físicas comunes. Existe una relación inseparable entre el concepto de racismo y el de raza. Ser racista, practicar el racismo, implica necesariamente tener concepciones raciales. Sin embargo, las razas humanas no existen, no hay evidencias biológicas y científicas de la diferencia y la superioridad entre personas consideradas blancas, negras e indígenas. Distintos teóricos latinoamericanos y africanos han enfatizado el carácter ideológico que la invención de la palabra raza, y que el racismo, han tenido para justificar las desigualdades, exterminar poblaciones indígenas durante la mal llamada conquista y esclavizar personas negras traídas de África. El racismo permanece estructuralmente a través de las desigualdades raciales entre las personas en las distintas esferas de la vida social e institucional hasta el día de hoy.

Pensar el racismo en América Latina no es una tarea fácil. El mito del mestizaje en nuestros países ha servido para consolidar los Estados nacionales bajo una supuesta idea imaginada armónica de mixtura entre distintas razas; negando la existencia de las lenguas, costumbres y conocimientos indígenas y silenciando la presencia de poblaciones negras traídas desde África para ser esclavizadas. Detrás de una supuesta identidad mestiza, se esconden políticas estatales de blanqueamiento e higienización racial en busca de una promesa de civilización y progreso y doctrinas para aceptar las identidades nacionales como esencias.

La literatura sobre el tema señala que en los siglos xix y xx, la política migratoria liberal hizo que países como Brasil y Argentina fomentaran durante varias décadas la inmigración de grupos étnicos, raciales, culturales y sociales blancos. En el caso brasileño, una de las principales preocupaciones de las élites gobernantes del siglo xx fue el “blanqueamiento” de la población. En el Estado Nuevo (1937-1945), el gobierno brasileño estableció reglas y criterios a cumplir en cuanto al tipo de inmigrantes que eran considerados deseables e indeseables. Las personas consideradas ideales para blanquear las futuras generaciones eran portuguesas, suecas, alemanas e italianas, y las inadecuadas eran negras, indígenas, judías y todas aquellas no blancas. Procesos similares existieron en otros países de América Latina, como Ecuador, Colombia, México.

En Argentina, la historiografía oficial sostiene el genocidio de la población negra e indígena. El gobierno argentino en la segunda mitad del siglo xix reclutó de manera desproporcionada e intencional a personas negras para conformar el ejército del país en la cruenta Guerra del Paraguay (1865-1870), la mayoría de ellas murieron. Antes de esa guerra, la Constitución Nacional de 1853 ya tenía como objetivo fomentar la inmigración de personas blancas de Europa por aproximadamente 100 años (1850-1950) como estrategia de la clase dirigente para la europeización del país.

En otro nivel, en los últimos años comenzó a tomar fuerza el concepto de aporofobia, una palabra que antes del 2017 no existía en el diccionario y que fue acuñada por la filósofa española Adela Cortina. Se trata del odio a los pobres y como categoría nos permite entender que no es cualquier extranjero al que se odia, es al pobre. Difícilmente los migrantes blancos, especialmente aquellos originarios de los países más ricos padecen xenofobia, por el contrario, se incentiva la migración y el turismo. Las personas migrantes racializadas como “blancas”, especialmente las ricas, son recibidas con altos subsidios bajo la promesa de que invierten en el país y generan empleos.

Algunas ideas subyacen a las prácticas xenófobas, racistas y aporofóbicas que hemos mencionado. Por un lado, las personas migrantes son leídas como una amenaza a la seguridad nacional, se les acusa de incrementar los índices de criminalidad, y según la nacionalidad, se les estereotipa como narcotraficantes, terroristas o prostitutas. El solicitar “carta de no antecedentes criminales” es un requisito generalizado y naturalizado en todos los países para solicitar cualquier tipo de visa. Desafortunadamente, con el covid-19 vemos cómo se refuerza la idea de que lxs migrantes son un “problema” porque traen enfermedades, lo que genera más dispositivos de control migratorio y políticas más restrictivas y violentas. Además, las personas migrantes son acusadas de gastar recursos públicos, lo que, en los países latinoamericanos, con Estados empobrecidos, es aún más complejo. Sin embargo, distintos estudios económicos han corroborado que lxs migrantes aportan más de lo que “cuestan”, a través del consumo que realizan y mediante su trabajo generalmente precarizado, lo que nos lleva al siguiente punto.

Provocar la irregularidad migratoria mediante políticas estatales restrictivas, espacializa la vulnerabilidad de las personas migrantes, permitiendo su condición de mano de obra explotable y su deportabilidad. Esto es un elemento clave para sostener el sistema capitalista, que necesita acumular cada vez más recursos despojando a la gran mayoría de sus derechos y tierras. De de tal forma, se construye un ejército de reserva de mano de obra que es desechable y esencial1. La xenofobia, el racismo y la aporofobia hacen parte del engranaje que posibilita moral y políticamente esta lógica violenta que instaura la sospecha, el miedo, la exclusión y la muerte como mediador de las relaciones humanas.

Sin embargo, cotidianamente las personas migrantes, racializadas y precarizadas, denuncian y luchan contra las violencias sufridas; se organizan a través de asociaciones migrantes y cuentan con apoyos de activistas, estudiosos, e instituciones para reivindicar sus derechos laborales, educacionales y de salud. Esas respuestas sociales han sido importantes en las últimas dos décadas, y lo seguirán siendo, para el desarrollo de algunas políticas migratorias más inclusivas y humanas.

1 Ver al respecto el capítulo de Castro en este volumen.

Régimen de migración y fronteras

Eduardo Domenech

A partir de finales del siglo XX, con el establecimiento del capitalismo global y la reconfiguración del orden mundial, tuvo lugar un proceso de expansión del control migratorio a escala planetaria. Finalizada la Guerra Fría, los esquemas de control de las migraciones internacionales sufrieron transformaciones sustantivas. La “migración irregular” pasó a engrosar las supuestas nuevas amenazas mundiales junto con el terrorismo, el comercio de armas, el tráfico de drogas y el crimen organizado. Hubo un notable endurecimiento de los controles migratorios y fronterizos en la zona del Atlántico Norte, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. La globalización del control migratorio se materializó través de diversos mecanismos de regionalización e internacionalización y de un creciente involucramiento de múltiples actores institucionales, en particular, de algunas organizaciones intergubernamentales como la Organización Internacional de las Migraciones (oim) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur). Durante los noventa e inicios de la década del 2000 se sentaron las bases para el establecimiento de un nuevo régimen global de control de las migraciones orientado fundamentalmente a combatir las “migraciones irregulares” mediante políticas y narrativas fundadas en el principio de una “migración ordenada” y la adopción de diversos mecanismos multilaterales.

Dicho régimen se apoya en diversos procesos de regionalización e internacionalización de políticas, prácticas y saberes expertos que involucran a actores que operan a distintas escalas. Los llamados Procesos Consultivos Regionales (pcr o rcps por sus siglas en inglés) impulsados en distintas partes del mundo han sido una herramienta fundamental en la configuración del régimen global de gobierno de las migraciones. Son parte de la nueva arquitectura de regulación internacional de los movimientos migratorios basada en el modelo tecnocrático de la “gobernanza global” de las migraciones. Relacionados con procesos y bloques regionales de integración económica y liberalización comercial, los pcr fueron centrales en la formación de regímenes regionales de migración y fronteras alrededor del mundo. En América Latina, es posible identificar dos regímenes regionales cuya formación está relacionada con la creación de estos foros consultivos. En Norte y Centroamérica, poco tiempo después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), se creó la Conferencia Regional de Migraciones (crm) o Proceso Puebla. Por otro lado, en el 2000 se inauguró la Conferencia Sudamericana de Migraciones (csm). Junto al discurso oficial emergente en otros espacios de integración regional y sostenido por los gobiernos progresistas o postneoliberales, este foro consultivo jugó un papel central en la difusión del lenguaje de los derechos humanos en el campo de las migraciones. En esta época también se aprobaron leyes de migración que ampliaron los derechos de los migrantes y se configuraron diversas políticas y prácticas de control que articulan derechos humanos y seguridad.

A lo largo de la década del 2010, los regímenes regionales de migración y fronteras evidenciaron importantes transformaciones a partir de la visibilización y politización que adquirió la migración caracterizada como extrarregional o extracontinental. Las turbulencias generadas por la inmigración proveniente de diversos países asiáticos y africanos, así como del Caribe (especialmente de Cuba, Haití y República Dominicana), perturbaron los arreglos institucionales orientados al control de la migración y las fronteras. Estos movimientos se tradujeron rápidamente en un asunto de interés regional cuando las burocracias nacionales e internacionales empezaron a advertir su expansión y su carácter irregular. La mutación e intensificación del control de fronteras en el hemisferio norte, junto con las medidas migratorias llevadas a cabo por algunos gobiernos progresistas o postneoliberales sudamericanos y la llegada y dispersión de nuevas migraciones en la región, produjeron conexiones interregionales e intercontinentales que tuvieron múltiples efectos sobre el orden fronterizo regional. La medida de exención de visado en Ecuador en el 2008 tuvo una enorme repercusión en la reconfiguración de los regímenes regionales de control fronterizo en tanto que habilitó la llegada de numerosxs migrantes considerados indeseables de distintas partes de la periferia mundial. Así, espacios geopolíticos que durante los primeros años del siglo xxi estaban establecidos como zonas fronterizas con relativa independencia se acoplaron a raíz de las prácticas de externalización de la frontera estadounidense y la conformación de un corredor migratorio que articula Ecuador, Centroamérica, México y Estados Unidos1.

Las nuevas migraciones trastocaron el orden fronterizo regional y dieron lugar a diferentes prácticas de control (externalización, contención, disuasión, bloqueo, aceleración, etc.) que han oscilado entre el punitivismo y el humanitarismo. En México, los procesos de criminalización y securitización de la migración en vínculo con la militarización de las fronteras, se agudizaron a lo largo de las dos últimas décadas. La expansión e intensificación de operativos de control y la proliferación de centros de detención a lo largo del territorio nacional han hecho que México sea definido como una frontera vertical. Al mismo tiempo, la narrativa humanitaria ha ido permeando las intervenciones de control estatal y de protección de la población migrante. Las complejas articulaciones entre agentes migratorios, fuerzas de seguridad y actores del crimen organizado han creado escenarios de violencia extrema que incluyen extorsiones, secuestros, violaciones, desapariciones y muertes. En el espacio sudamericano, la intensificación del control migratorio y fronterizo tuvo una de sus principales expresiones en el aumento del uso de medidas punitivas o represivas como la detención, la expulsión y el rechazo en frontera. Estas prácticas de violencia estatal han estado entrelazadas con medidas como la ampliación de los requisitos de ingreso y residencia, la imposición de visas consulares y humanitarias, la negación sistemática del estatuto de refugiado a través de procedimientos sumarios y la implementación de programas de “retorno voluntario”, entre otros. Varios gobiernos nacionales, en particular hacia mediados de la década de 2010, reforzaron los esquemas securitarios de la migración mediante la combinación de medidas punitivas, humanitarias y tecnológicas justificadas en nombre de una “migración segura, ordenada y regular”. La migración masiva desde Venezuela volvió a desestabilizar los arreglos y certezas institucionales en torno a la regulación del movimiento y habilitó la propagación de prácticas humanitarias de control migratorio y el desarrollo de prácticas de datificación de la movilidad a través de herramientas digitales y biométricas de control y vigilancia.

Las llamadas crisis migratorias o crisis de refugiados constituyen un componente estructural de los regímenes de migración y fronteras. Estas supuestas crisis dan cuenta de las fricciones que se producen entre el control del movimiento y la autonomía de las migraciones. Entre las diferentes situaciones nombradas como crisis que se produjeron en la región latinoamericana en torno a la migración extrarregional, las de mayor alcance se originaron en los sucesivos cierres de frontera que determinaron los Estados centroamericanos hacia finales del 2015 para contener fundamentalmente el desplazamiento terrestre de cubanxs hacia los Estados Unidos a través de nuevas rutas. La privación de movimiento también incluyó a miles de migrantes en tránsito procedentes de países del Caribe, Asia y África. La secuencia de intervenciones institucionales supuso la aplicación de medidas de facilitación, contención y represión del movimiento orientadas a descomprimir la acumulación de migrantes varadxs y a prevenir nuevas llegadas. Otra de las crisis recientes que involucró movimientos a gran escala y tuvo un gran alcance regional se produjo en el contexto de la salida masiva de venezolanxs iniciada alrededor del 2015. El llamado éxodo venezolano colocó a la cuestión del refugio y los refugiados entre los asuntos políticos de mayor discusión regional, además de la visibilidad internacional que le dio al ser tematizado y abordado como un desplazamiento de población a gran escala. Este movimiento masivo de migrantes venezolanxs estimuló la construcción de una “respuesta regional”, más allá de las medidas estatales ejecutadas de modo independiente y errático. La producción de estas crisis ha supuesto el despliegue de diversos mecanismos y prácticas de control en el marco de esquemas de acción y pensamiento fundados en la gobernanza de los flujos migratorios.

Finalmente, no hay regímenes de migración y fronteras sin luchas migrantes2. De acuerdo con la literatura crítica, las luchas migrantes no son meras respuestas o reacciones a las políticas migratorias oficiales o cualquier nueva modalidad de gobierno de la migración, sino que participan activamente de la configuración de las políticas de control de la movilidad. Al mismo tiempo, estas políticas se organizan a partir de los modos en que son desafiadas por las múltiples formas y continuas transformaciones que adquieren los movimientos migratorios y las luchas migrantes a distintas escalas. Dentro del heterogéneo universo de luchas migrantes, las luchas por el movimiento constituyen la expresión más acabada de las desigualdades y constricciones ante la movilidad. Estas luchas están relacionadas con los antagonismos y conflictos fronterizos que se desatan debido a la intensificación de la movilidad de migrantes ilegalizadxs, las prácticas de apoyo y solidaridad del activismo migrante y los esfuerzos de actores estatales, privados e internacionales por controlar el movimiento. En América Latina, tanto las Caravanas Migrantes como lxs caminantes y trocherxs se han convertido en las principales figuras de estas luchas por el movimiento. Estas prácticas de movilidad humana constituyen una manifestación concreta del carácter autónomo e indómito de las migraciones en el marco de las luchas que se desatan en los regímenes de migración y frontera.

1 Ver al respecto el capítulo de Álvarez Velasco en este volumen.

2 Ver artículo de Varela en este volumen.

Espacios de confinamiento

Ulla D. Berg

En 2015, Manuela, una migrante indígena ecuatoriana, fue detenida en Arizona cuando intentaba cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Durante los dos meses que estuvo en el centro de detención de migrantes, ella sufrió de varias maneras: la comida no le caía bien, pasaba mucho frío, no podía dormir bien por la luz fosforescente que no se apagaba de noche, y no podía comunicarse con las guardias porque la mayoría no hablaba español. Además, extrañaba a su esposo e hija que ya residían en Estados Unidos y a su hija mayor quien se había quedado con su abuela en Ecuador.

Manuela hablaba casi a diario por teléfono con su familia, y le dolía cuando su hijita se quejaba del trato que recibía de la familia extendida. Su esposo contrató un abogado para sacarla de la detención lo antes posible, aunque sea bajo fianza y llevando un grillete en su cuerpo. A pesar de ello, Manuela perdió su caso y decidió no apelar. Había escuchado a otras mujeres detenidas que una apelación podría dar lugar a un período de detención más prolongado. Manuela anhelaba salir de su confinamiento y reencontrarse con sus hijas. No obstante, después de dos meses fue deportada a Ecuador.

La historia de Manuela no es única y nos enseña varias cosas. Por un lado, demuestra cómo los regímenes de migración y fronteras del siglo xxi se basan cada vez más en la inmovilización de ciertos cuerpos migrantes, racializados y excluídos para la sociedad receptora, concebidos incluso como una amenaza para dicha sociedad. Por otro, evidencia cómo las personas migrantes latinoamericanas viven el tiempo de confinamiento en estructuras carcelarias (con la criminalización que conlleva esta experiencia) como parte de los sacrificios que tienen que hacer en un sistema racista y discriminatorio para buscar una vida mejor para sus hijxs. Esta práctica punitiva de poner a migrantes indocumentados, así como a solicitantes de asilo, en centros de detención no disuade, sin embargo, a las personas de buscar refugio y mejores oportunidades de vida.

Según la Real Academia Española, el término confinamiento significa el aislamiento temporal impuesto a una población, persona, o grupo de personas por razones de salud o de seguridad. El término se utiliza tanto para denominar espacios donde sujetos interpelados por el Estado o por grupos de poder podrían separarse física y socialmente del resto de la sociedad en espacios de mayor control social. En la historia temprana de las instituciones carcelarias y de reclusión penal, el propósito original de confinar a una persona que cometía un delito no era castigarla, sino esperar hasta que se ejecute el castigo corporal, a menudo realizado por una familia o grupo social rival. Esta lógica que frecuentemente resultó en asesinatos o en violentas represalias, cambió con la invención del sistema penitenciario moderno, a inicios del siglo xviii. El filósofo inglés Jeremy Bentham (1748-1832), quien ha sido atribuido como el ideólogo del panóptico, estaba en contra de la pena de muerte e introdujo el concepto de una prisión donde el hecho de confinar y mantener a los presos encerrados ya era en sí mismo un castigo. De ahí que la prisión podría ser a la vez un espacio de posible reforma para el prisionero. Este enfoque de reforma y rehabilitación de la persona confinada fue disminuyendo radicalmente con el giro punitivo y luego securitista en las instituciones carcelarias.

En el contexto migratorio contemporáneo, el término confinamiento es utilizado sobre todo para describir la detención de personas migrantes en instalaciones carcelarias. Esta práctica injusta e inhumana es implementada por los Estados alrededor del mundo para confinar a personas en movimiento a una larga espera por la adjudicación de sus casos que fácilmente pueden terminar en una posible deportación. La detención de no ciudadanos en virtud de la deportación se ha utilizado a lo largo del siglo xx en momentos acentuados de crisis económica o de seguridad nacional, pero las estructuras de xenofobia y racismo que fomentan este sistema en el siglo xxi poseen una continuidad histórica con previas prácticas y procesos de racialización, discriminación, criminalización, encarcelamiento, y exclusión de personas no blancas, subrayando así la desigualdad estructural de todos los no ciudadanos (documentados e indocumentados) ante la ley.

El siglo xxi ha visto una expansión global en la capacidad estatal de detener a personas en movimiento. En las Américas, Estados Unidos y México se mantienen en conjunto los sistemas de detención de migrantes más extensos del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con más de 200 centros de detención ‒públicos y privados‒ que confinan a cientos de miles de personas migrantes cada año, en su mayoría provenientes de América Latina y el Caribe. México también sostiene un gran sistema de detención de migrantes con una serie de instalaciones llamadas “estaciones migratorias.” En las últimas décadas, con la externalización de las fronteras por parte de los Estados Unidos, México se ha visto presionado a expandir sus políticas de control migratorio incluyendo su capacidad de detener personas en movimiento y así contener los flujos provenientes, principalmente, de Centroamérica (región azotada por la violencia generalizada y desenfrenada por el control de pandillas, rupturas del estado de derecho, decrecimiento económico, y los estragos del cambio climático).

No todos los países de las Américas enfatizan la detención de migrantes en sus políticas migratorias. Aunque muchos países de la región han endurecido sus políticas de control migratorio en las últimas décadas1, Sudamérica no ha tenido el mismo crecimiento en la detención de migrantes como ha ocurrido en el resto del mundo. La mayoría de los países sudamericanos no cuentan con protocolos o sistemas formales de detención a migrantes en situación administrativa irregular. Por ejemplo, Argentina, principal país receptor de migración sur-sur en la región, no tiene centros de detención de migrantes. En 2016, el gobierno nacional intentó abrir un llamado “centro de retención” pero el proyecto fracasó debido a las movilizaciones en su contra. No obstante, un decreto del Ejecutivo luego buscó acelerar las “expulsiones” y actualmente existen “salas” de detención temporal en los aeropuertos para este propósito. En Uruguay se reconoce el derecho inalienable de los migrantes y de sus familiares a migrar independientemente de su situación migratoria y no se prevé la detención de personas en situación migratoria irregularizada. En el caso de Paraguay, si bien la ley prevé la detención de extranjeros por motivos relacionados a la migración, para garantizar la expulsión, ésta no se aplica a menudo.

Ecuador es un caso interesante y también un poco anómalo en la región. Durante mucho tiempo, ese país ha sido uno de los principales lugares de refugio en América Latina2. El país recibió amplia atención por adoptar el principio de “ciudadanía universal” en su Constitución de 2008. Paradójicamente, en este mismo periodo, Ecuador también intensificó sus políticas de control y entre 2010-2011 detuvo y deportó a migrantes provenientes de Colombia, Pakistán, Cuba, y Haití. Este escenario cambió en 2017 con la nueva Ley Orgánica de Movilidad Humana que eliminó las detenciones y las deportaciones y produjo, entre otras cosas, el cierre de los centros de detención del país, incluyendo el famoso y eufemísticamente llamado “Hotel Carrión” en la ciudad de Quito. Eso no quiere decir, sin embargo, que ya no se expulsen de Ecuador a migrantes en situación administrativa irregular o que no se les entregue “notificaciones de salida voluntaria” para provocar sutilmente sus expulsiones.

Los centros de detención de migrantes no son los únicos espacios de confinamiento relacionados a las migraciones latinoamericanas del siglo xxi. A menudo, los migrantes con rumbo a la frontera entre México y Estados Unidos. quedan confinados de manera temporal en casas de seguridad controladas por coyotes o guías como parte de la dinámica de la migración irregularizada y de prácticas de extorsión de dinero y violencia en ruta. Otros se quedan varados en fronteras específicas sin la posibilidad de avanzar. Durante la pandemia, los espacios y las prácticas de confinamiento se han multiplicado. Migrantes irregularizados en tránsito y solicitantes de asilo y refugio regionales y extracontinentales han quedado varados entre seis fronteras nacionales distintas: entre México y Estados Unidos, entre México y Guatemala, en el Tapón del Darién, entre la frontera de Ecuador y Colombia; entre Chile y Bolivia; y, entre Brasil y Venezuela3. Al no recibir protección estatal adecuada, su ya precarizada condición socioeconómica se ha acrecentado, tanto como su exposición a riesgos y violencias locales.

Desde finales del siglo xx, la securitización y la criminalización de la movilidad humana, junto con el giro punitivo en las políticas de control y vigilancia, han generado un mercado del “manejo” de las migraciones extremadamente lucrativo para la industria carcelaria. Este modelo altamente funcional a la economía capitalista ha creado un incentivo financiero perverso para mantener a más personas migrantes inmovilizadas por más tiempo bajo estructuras y prácticas punitivas, en su mayoría tan solo por haber cruzado una frontera internacional sin autorización. Los movimientos de solidaridad migrante en toda la región han exigido la abolición de este extenso e injustificable sistema de detención masiva. Mientras tanto, desde sus espacios de confinamiento, en un entorno totalizador y deshumanizador, las personas migrantes continúan su labor diaria sosteniendo la esperanza de crear un futuro mejor y más libre para todxs.

1 Ver capítulo de Domenech en este volumen.

2 Ver capítulo de Gómez en este volumen.

3 Ver capítulo de Álvarez Velasco en este volumen.

Refugiadxs

Carmen Gómez

Una persona refugiada es aquella que huye de su lugar de origen debido a un conflicto armado o la persecución que un Estado o actor tercero realiza sobre ella debido a sus opiniones políticas, su religión, su nacionalidad, por motivos raciales o por su identificación con un grupo social particular, como ocurre, por ejemplo, con las poblaciones lgbti por su orientación sexo-genérica. La amenaza contra la vida de estas personas les obliga a desplazarse por fuera de las fronteras de un Estado (donde sus derechos no están garantizados) para pedir protección en otro.

Según esta definición tres situaciones son indispensables para que una persona pueda ser reconocida como refugiada: el peligro demostrable a perder la vida o sufrir daños irreparables en su integridad física y psíquica, la desprotección o persecución directa o indirecta de un Estado, y el cruce de una frontera internacional. Se trata, en este sentido, de una categoría de orden jurídico. Esto significa que el término emana de las reglas del Derecho Internacional Público, en concreto del Derecho de los Refugiados, el cual se encuentra contenido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. Los Estados signatarios de estas legislaciones se comprometen, además, a aplicarlas por encima de sus normativas nacionales.

La protección internacional que está ligada al reconocimiento como persona refugiada se basa en tres hechos. Por un lado, el acceso a derechos de ciudadanía, en principio parciales, para aquellos que obtienen el estatus. Por otro, el acceso a programas que buscan la normalización de las condiciones de vida y el fin progresivo de la condición de refugiado. Naciones Unidas los llama soluciones duraderas y toman tres formas: 1. integración en el país receptor, hasta que la persona pueda ser declarada nacional del mismo; 2. retorno voluntario al lugar de origen, si es que los factores de persecución o de violencia han cesado; 3. reasentamiento en un tercer país en donde puedan tener plena seguridad y adquirir, con el tiempo, la nacionalidad de éste. Finalmente, la protección está aparejada a la imposibilidad de que el país receptor pueda devolver a dicha persona al lugar del que huye o a un tercer país en donde pueda producirse algún tipo de amenaza a su vida o integridad física, esto se conoce como principio de no devolución (non-refoulement).

En América Latina, la protección de los refugiados ha tenido un desarrollo particularmente importante. Es la única región del mundo con un régimen de protección doble, que distingue entre asilo y refugio. En primer lugar, encontramos el sistema regional de Asilo Político, llamado Asilo Diplomático y Territorial, construido entre finales del siglo xix y la primera mitad del siglo xx. A él suelen acceder individuos con trayectorias políticas, culturales o económicas públicas. Varios exmandatarios y altos funcionarios de gobiernos latinoamericanos, sindicalistas y militantes de partidos políticos y organizaciones de derechos humanos han sido beneficiarios. De igual modo, se ha utilizado en caso de políticos o personajes de calado internacional no latinoamericanos. El caso más reciente y sonado ha sido el del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se asiló en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido.

El segundo de los sistemas de protección que funciona en la región es el internacional, es decir, el asentado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Éste fue reforzado, además, por la firma de la Declaración de Cartagena en 1984 que introduce como principal innovación la ampliación del concepto de refugiado, considerando como posibles causas: violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias de perturbación del orden público. La mayoría de las peticiones de protección que se producen en la región, particularmente de población colombiana, haitiana, cubana, centroamericana y venezolana, así como de población extracontinental (africana, asiática y de Oriente Medio), se abordan desde el sistema internacional, el cual se conoce comúnmente como refugio.

A pesar de esta situación extraordinaria en términos normativos y del régimen de protección que se intenta construir en las décadas siguientes ‒cabe recordar los encuentros multilaterales que se realizan cada diez años desde la firma de la Declaración de Cartagena (San José, 1994; México, 2004; Brasilia, 2014) y los acuerdos que dichos encuentros han producido con respecto al desarrollo de soluciones duraderas‒, el respeto y la garantía de los derechos de estas poblaciones ha estado muy lejos de cumplirse.

No solo el acceso al estatus de refugiado ha estado restringido sistemáticamente si lo comparamos con el volumen de peticiones anuales en toda la región, sino que aquellos que lo obtienen se enfrentan a serios déficits en la aplicación de las medidas de protección e incluso en el acceso a derechos básicos como trabajo, educación o vivienda. El caso colombiano es significativo de estas paradojas y vulneraciones de derechos en lugares como Ecuador, Venezuela o Chile. Estas poblaciones son objeto constante, además, de discursos y acciones xenofóbicas, de discriminación o de acusaciones de suponer un fardo para los Estados receptores; una situación que se redobla si son afrodescendientes1. Particularmente flagrante es la situación de miles de niños, niñas y adolescentes centroamericanos que escapan de la violencia y la pobreza en sus países de origen y que se dirigen a México y Estados Unidos, obteniendo escasas respuestas por parte del sistema de protección internacional, el cual vivió un deterioro inaudito durante la era Trump.

Cabe preguntarse, entonces, por qué se dan estas contradicciones entre el discurso y la práctica en América Latina. Durante varias décadas el régimen de protección de los refugiados se ha ido dotando de instrumentos cada vez más precisos en términos de ampliación temporal y geográfica del mandato de protección, así como en el aumento de las posibles causas de reconocimiento en contextos como el africano o el latinoamericano. No obstante, desde inicios de la década de 1990, el régimen internacional de los refugiados se ha debilitado progresivamente. La comprensión securitaria y de control que envuelve los procesos migratorios a escala mundial, ha afectado también a los desplazamientos de carácter forzado, lo que permite explicar estos cambios.

Si bien esta situación coincide con el momento de auge en América Latina en cuanto a la construcción y reforzamiento de su sistema de refugio, no hubo nunca una consolidación de este en términos prácticos. Entre otras cuestiones, la Declaración de Cartagena ha tenido una aplicación extremadamente residual. De hecho, solo en dos ocasiones se ha utilizado como forma de reconocimiento masivo. El primero tuvo lugar en 2009 con poblaciones colombianas en Ecuador y la implementación del llamado registro ampliado, permitiendo el reconocimiento como refugiadas de más de 28.000 personas. El segundo, tiene lugar entre 2019 y 2020 en Brasil, con el reconocimiento como refugiados/as de más de 46.000 personas venezolanas.

No obstante, aplicar cabalmente Cartagena supone, teniendo en cuenta la ampliación que comporta de las causas de refugio y el escenario actual de aumento exponencial de desplazamientos forzados, reconocimientos masivos y generalizados. Esta cuestión genera fuertes reticencias por parte de los Estados latinoamericanos y, por lo tanto, que se dé una interpretación muy limitada de la normativa internacional, pensando en su aplicación de forma excepcional, es decir, dependiendo del origen nacional de las poblaciones y del contexto geopolítico.

Esto explica las situaciones contradictorias que hoy por hoy se dan en toda la región:

1. Reconocimientos del estatus para unas poblaciones sí y otras no, aunque las causas de la huida tengan cierta similitud (colombianos, venezolanos, centroamericanos, haitianos, mexicanos);

2. Reconocimientos masivos o rechazos igualmente generalizados del estatus de los nacionales de un mismo Estado dependiendo del país de recepción. El caso venezolano es paradigmático en cuanto a las distintas respuestas que observamos en países como Ecuador, Brasil, Perú o Chile;

3. Empuje de las poblaciones hacia soluciones migratorias que no procuran protección como las visas humanitarias (venezolanos y haitianos) o las visas regionales como las otorgadas dentro de los acuerdos del Mercado Común del Sur (mercosur) (colombianos);

4. Violación sistemática del principio de no devolución, particularmente de poblaciones centroamericanas peticionarias de refugio o en necesidad de protección internacional en México y reenviadas hacia “países seguros” como Honduras o Guatemala.

A esto se suman nuevas formas de desplazamiento forzado relacionadas con los megaproyectos de desarrollo o el cambio climático, que requieren una renovación de los lineamientos de Cartagena. En este sentido, no solo se necesita una aplicación coherente y veraz de los marcos normativos de los que se han dotado los Estados latinoamericanos, sino también de una ampliación de las causas de la protección en una región particularmente expuesta a este tipo de desplazamientos. Solo en un escenario así podríamos hablar de la existencia de una protección efectiva para las personas refugiadas en América Latina.

1 Ver capítulo de Joseph y Ceja en este volumen.

Trabajo precario

Yerko Castro Neira

Lejos estamos de la época en que las migraciones se podían definir casi exclusivamente por el tránsito desde el campo a la ciudad y donde las personas migrantes terminaban habitando las periferias de las urbes, empobrecidas y trabajando en la informalidad. Desde fines del siglo pasado e inicios del nuevo milenio, las lógicas migratorias se han modificado, así como las formas de trabajo y el sentido de la economía. Por una parte, si bien continuó la migración rural-urbana (aunque reducida), en todo el continente americano se transformaron estos patrones al punto de tener ahora muchas formas de migración, de tránsitos y de itinerarios, no siendo éstos ahora sólo exclusivamente aquellos que van desde el sur hacia el norte. Hoy haitianos viven en Chile y Brasil, africanos en Ecuador y Argentina, y venezolanos en Colombia, Perú o República Dominicana, tan solo por nombrar algunos ejemplos.

Por donde veamos en nuestro continente, las movilidades humanas han cambiado conformando una nueva geografía del desplazamiento y la migración. A esto se suma que, desde el comienzo de la segunda década de este siglo, la cantidad de personas en necesidad de protección internacional bajo la figura del asilo o del refugio ha aumentado considerablemente1. En los hechos, buena parte de estas nuevas dinámicas de los movimientos migratorios se debe a que no se trata, como antes, de movilidades organizadas como respuesta a la diferencia económica entre los países, entre el campo y la ciudad, o a la búsqueda de empleo solamente. Al contrario, ahora muchas personas migrantes son desplazadas por los innumerables conflictos regionales; otras salen por las presiones de sectores criminales o de abusos de las autoridades, y un grupo también considerable por el deterioro de los recursos naturales y de la presencia de economías extractivistas. A ello se suman los cambios en la economía neoliberal, en el patrón de acumulación y en los mercados globales. Esto significa que, entre países, se comparte un consenso de prácticas comunes que implica una política de mercados libres, fronteras abiertas (a los productos, pero restringiendo el paso a cierto tipo de personas), un Estado reducido y procesos constantes de desregulación. Todo ello en conjunto, funciona conducido por el interés en la tasa de ganancia. El capital y la economía se dirigen allí donde la tasa de ganancia es mayor. En el caso contrario, cuando la tasa de ganancia es menor, el capital simplemente se retira.

Al observar estas transformaciones, podemos concluir que la historia de las migraciones está íntimamente ligada a la historia de las formas de explotación de su fuerza de trabajo. En este sentido, las migraciones han sido centrales en el proceso de acumulación de capital. Al modificarse el patrón migratorio de América Latina, ha provocado que ahora la mayor parte de sus países sean a la vez emisores y receptores de personas en movilidad. Esto significa que ahora los países latinoamericanos dependen tanto de las remesas que envían sus connacionales emigrados (quienes, por lo general, hacen trabajos esenciales en los países de destino, pero son ellos mismos desechables) como de aquella mano de obra inmigrante que entra de forma recurrente al mercado informal y precarizado en sus países.

En ese contexto, donde los cambios en la economía se combinaron con los cambios en el patrón migratorio (ambos fenómenos íntimamente relacionados), se han generado una multiplicidad de situaciones y un común denominador: la degradación social de los migrantes, el endurecimiento del régimen de control fronterizo y migratorio y la integración precarizada de la fuerza de trabajo ilegalizada. Es decir, con la expansión de la globalización desde los noventa del siglo pasado, los gobiernos aumentaron sus formas de control migratorio no para eliminar totalmente la llegada de extranjeros, sino para incluirlos de manera subordinada en el mercado laboral precarizado.

No toda la clase trabajadora es la misma. Precisamente, en la economía posfordista (a partir de la década de 1970) observamos una enorme variedad de trabajadores, cuestión fundamental para el desarrollo y dinamismo del capitalismo que desde sus orígenes ha requerido de fuerza de trabajo migrante o desplazada. Así, se ha profundizado la conformación de formas de trabajo precario y de trabajo no libre en el que los migrantes hacen parte de esas formas de trabajo indocumentado, explotable hasta el extremo. Son formas de trabajo, forzado en su mayor parte, donde la constante es la negación de derechos.

La presencia de las personas migrantes garantiza la dotación constante y numerosa de trabajadores que ocupan los empleos de peores condiciones, peor remunerados y desprovistos de todo tipo de derechos. Su presencia, además, resulta estratégica para que empleadores deliberadamente precarizen condiciones laborales, de por sí deterioradas, de los propios trabajadores precarizados del país de llegada. En este sentido, para la economía y para la tasa de ganancia, el resultado es ideal puesto que se multiplican las posibilidades de contar con fuerza de trabajo precaria y dócilmente explotable.

En el contexto de la globalización económica contemporánea, los migrantes no son simplemente excluidos. Al contrario, la ilegalidad migrante permite que los países excluyan a algunas personas mientras toleran que otros ingresen, pero siempre subordinadamente al mercado de trabajo precario. Por estas razones, a lo largo y ancho del continente vemos que ellos y ellas trabajan sin protección laboral, sin derechos, teniendo que comprar sus herramientas de trabajo, pagar por su salud y cubrir sus necesidades en caso de pérdida del empleo. De esta manera, la falta de documentación legal se transforma en una condición infranqueable que produce un orden de explotación laboral importante.

Fernanda es una mujer africana que, por ahora, vive y trabaja en Ecuador. Ella nos cuenta que la frase que más le repiten los empleadores allí a una migrante es: “Tú no tienes papeles, por lo tanto, no tienes derechos y no me puedes denunciar”. Desde muchos ángulos de observación, podemos decir que los migrantes realizan trabajos esenciales para la vida de nuestras sociedades. La economía necesita de la fuerza de trabajo migrante (su ilegalización aumenta la tasa de ganancia del capital) en áreas tan importantes como en las que se desenvuelven: la construcción, agricultura, jardinería, alimentación, trabajo doméstico y de cuidados, así como de limpieza.

Sabemos que los trabajadores esenciales sostienen el estilo de vida y de consumo contemporáneo. Las labores de cuidado y las tareas domésticas se han tornado indispensables y es por ello por lo que sobre todo las migrantes del sur, y que dedican su fuerza de trabajo a estas labores, son la mayoría y constituyen hoy por hoy un rasgo de la división internacional del trabajo.

Lxs trabajadores migrantes siempre han sido importantes en la historia del capitalismo y ese es también el caso en la actualidad. Pero ahora, en conexión con una economía fragmentada y descentrada, ocupan un lugar central en la conformación de una clase trabajadora sin derechos. En ese modelo domina la subcontratación, el trabajo temporal, la informalidad, el trabajo por hora o a destajo y la división constante de la población trabajadora de acuerdo con su origen nacional, racial y de género. Estas complejas situaciones se han intensificado exponencialmente por la pandemia del covid-19. Justamente, cuando en todo el mundo se pedía a la población mantenerse en casa evitando los contactos, los gobiernos de las Américas comenzaban a aceptar públicamente el carácter esencial de los trabajos que hacen los migrantes, muchos de ellos indocumentados. A comienzos de la pandemia en abril del 2020, por ejemplo, Donald Trump calificó al trabajo agrícola como un tipo de empleo esencial. “¡Queremos que vengan!”, indicó el polémico presidente cuando se le preguntó por la llegada de migrantes que vienen a trabajar en el campo, “no estamos cerrando la frontera para ellos. Han estado ahí años de años y he dado mi palabra a los granjeros: van a continuar viniendo”. Gracias a esto, en diversos estados de la unión americana se suspendieron las redadas donde laboran estos “trabajadores esenciales”. Como en una imagen jamás pensada, ellos han podido moverse en las ciudades rumbo a sus trabajos sin que se les exijan documentos y sin que se les pidan explicaciones. Los más invisibles y marginados ahora son reconocidos como esenciales. Esos trabajadores son la excepción dentro del Estado de excepción o de urgencia. De alguna manera, la división internacional del trabajo los ha puesto en el centro de la economía y de la ansiada recuperación económica a la que todos aspiramos.

Con la pandemia, la agenda antiinmigrante se ha profundizado en el continente dejándonos ver, con mucha más claridad, la contradicción de un sistema migratorio guiado por una especie de darwinismo social donde sobreviven los más aptos y donde los más débiles deben ceder su lugar en la sociedad. Luchar contra este orden perverso, sin embargo, implica desafíos políticos y sociales enormes, puesto que supone entender y construir una respuesta que reestructure y transforme las formas de acumulación, las condiciones de trabajo y que redefina a lxs migrantes como trabajadores esenciales y no desechables.

1 Ver el capítulo de Gómez en este volumen.

Futuro de las migraciones

Iréri Ceja, Soledad álvarez Velasco y Ulla D. Berg

El análisis de este libro se centró en las dos primeras décadas del siglo xxi. Son veinte años marcados por crisis, exacerbación de violencias y movimientos transfronterizos. La crisis global desatada por los atentados perpetrados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, trastocó la geopolítica del mundo y consolidó el giro al violento régimen de control fronterizo cuyas consecuencias letales para el caso de Latinoamérica han sido analizadas en varios de los capítulos. Así, se inauguró el siglo xxi, cuya segunda década se cierra con otra crisis global desatada por la primera pandemia del nuevo milenio. Las transformaciones de la movilidad migrante en América Latina y el Caribe del siglo xxi han tenido lugar hasta ahora en un período histórico marcado por las crisis. De hecho, entre 2001 y 2021 también tuvieron lugar la crisis financiera global de 2008, la provocada por la caída de los precios internacionales del petróleo en 2013, las crisis políticas en múltiples países de la región, junto con la crisis de los Estados y el colapso de la protección estatal que han impactado directamente entre tantos múltiples ejemplos. Han sido dos décadas en las que hemos resentido y resistido los embates del capitalismo neoliberal y el deterioro ambiental producido por la economía capitalista híperextractiva, que despoja de derechos y coloca en una situación de extrema desprotección a las poblaciones más vulnerables, como la población migrante.

Ese escenario de crisis sistémica planetaria está hoy exacerbado por los efectos de la pandemia global del covid-19 cuyos efectos apenas podemos avizorar. Atravesamos un escenario dantesco de exacerbación de la violencia antimigrante en el que cabe preguntarse por el futuro de las movilidades migrantes en las Américas. Las nueve reflexiones que conforman este libro colectivo dan cuenta de diversos modos del carácter incierto y contingente de dinámicas migratorias específicas que son parte del nuevo patrón migratorio regional. No solo son las rutas, las estrategias, las tácticas y las subjetividades migrantes las que se han modificado, sino también las prácticas estatales para contener a las movilidades migrantes diversas que recorren las Américas. Quienes contribuimos al campo de estudios de las migraciones latinoamericanas y caribeñas, sabemos a priori que el cambio constante determina la experiencia migrante y por eso predecir certeramente las formas que ésta tomará resulta una tarea irrealizable. No obstante, proponemos tres reflexiones finales que pretenden expandir y complejizar una necesaria reflexión crítica en torno al futuro de las movilidades migrantes en las Américas en un escenario de crisis sistémica.

Primero, el tiempo de pandemia ha sido extremadamente funcional para que la arremetida antinmigrante e hípernacionalista en nuestros países se consolide. La excepcionalidad de la crisis sanitaria consolidó un llamado nacionalista a proteger a la población nacional, deliberadamente excluyendo a migrantes y solicitantes de refugio. Muchos países en la región han restringido los movimientos internacionales, transfronterizos e internos para contener el virus y reducir el impacto de la pandemia. Estas nuevas formas de control de migración y fronteras, junto al decrecimiento económico, sin duda afectarán tanto los motivos por las cuales la gente emigra y las maneras en que se les da la bienvenida o se les cierran las puertas a lo largo del continente. Aún no está claro qué efectos tendrá esto a largo plazo en la movilidad humana en la región y más allá. Sin embargo, la sospecha, el control y la muerte abren y cierran este periodo de análisis.

En este contexto nos preguntamos, ¿cómo se relacionarán los Estados latinoamericanos y caribeños con las personas migrantes y solicitantes de asilo regionales y extracontinentales que llegan, transitan y siguen saliendo hacia otros destinos? En particular nos preocupa que, tal como lo reflexionan lxs autores de este volumen colectivo, de manera generalizada los Estados en América Latina y el Caribe han adoptado políticas de abandono frente a su responsabilidad de garantizar la vida la población migrante: no garantizar la protección a solicitantes de asilo y refugio; dejar explotar en trabajo esenciales, dejar desaparecer, dejar explotar, dejar detener, dejar deportar y dejar morir, parecería ser la tónica de la agenda migrante estatal en el continente. Siempre hay excepciones y países, o localidades, con políticas más inclusivas por ejemplo en el acceso a salud y educación sin importar el estatus migratorio de la persona. Pero el panorama general en el continente demuestra la falta de protección y el intento activo del Estado de inmovilizar, sumado al desmantelamiento general de los sistemas de protección nacionales. En ese contexto una academia militante crítica que le siga el pulso a las respuestas estatales como vía de producir insumo para hacer denuncias públicas y sumarse a la lucha de organizaciones migrantes en contra del Estado y por la exigencia de derechos a la población migrante en el continente tendrá una relevancia preponderante.

Segundo, los impactos del cambio climático y los conflictos ambientales provocados por el modelo extractivo y desarrollista en los países de la región, interactuando con otros motivos como la pobreza y la violencia, serán cada vez más motivo de desplazamiento forzado y los marcos normativos actuales de protección no dan cuenta de esto. Por un lado, será necesaria una ampliación de las causas de protección para la concesión de refugio para incluir factores relacionados al cambio climático. Al mismo tiempo, será fundamental una reformulación sobre los sistemas de protección actual que compartimentan de manera estrecha las injusticias y sufrimiento de las personas. Además, es necesario que se habilite una mirada orgánica y dialógica entre el campo de las migraciones y los estudios ambientales, vinculados a la ecología política latinoamericana ya que estos comparten una serie de conflictos en común. Las múltiples formas de violencia e injusticia racial, social, legal y ambiental que hoy proliferan en nuestros Estados deben ser desnaturalizadas y contestadas desde un pensamiento y praxis colectiva para comprender cómo los embates ambientales y la movilidad migrante tienen raíces comunes y a la vez cómo en la configuración de territorios de protección y cuidado ambiental y en ruta hay una potencia de sostener la vida.

Tercero, en un escenario de triple crisis sanitaria, económica, social y ambiental la movilidad migrante de adultos, niñxs, madres solteras, familias nucleares, extensas o que se configuran en ruta provenientes de múltiples rincones del planeta y también de nuestros propios países, no tiene visos de detenerse, sino más bien de multiplicarse y complejizarse. Desde una academia militante comprometida ética y políticamente con la lucha migrante debemos poner en práctica lo que nos han enseñado las comunidades migrantes: ante la absoluta desprotección estatal y la amenaza a sus vidas, la solidaridad y el cuidado común son el contraste radical para sostener su batalla cotidiana por la existencia. La capacidad de tejer vínculos, redes, conexiones; de crear espacios comunes; de acompañarse en ruta; en los trabajos precarizados; de no dejar de lado la doble preocupación por el origen y el destino; de cuidar con el envío de remesas; de sostenerse incluso estando en detención, confinado; de protegerse frente al racismo, a la xenofobia, a la exclusión por ser pobre y no-nacional. Esas luchas cotidianas que las despliegan niños, niñas, adolescentes, madres solas, familias nucleares, extendidas, configuradas en ruta, que hacen parte de lxs trocherxs, lxs caravanerxs, lxs caminantes y lxs balserxs, esas luchas se sostienen porque hay prácticas colectivas. Ese aprendizaje es el que debemos llevar a la praxis como forma de investigación transnacional colectiva: recolectando sus voces, narrando sus disputas, sus desobediencias, y las múltiples formas en las que los Estados vulneran sus derechos. La investigación militante colectiva y transnacional nos debe llevar a ser cronistas críticos para multiplicar las voces, las resistencias y, sobre todo, las justas exigencias y defensas de las vidas migrantes. Esas vidas importan, son vidas de africanos, asiáticos, caribeños y latinoamericanos que hoy están en movimiento.

La defensa justa de las vidas en movimiento es responsabilidad de todas las sociedades latinoamericanas y caribeñas: sociedades que se sostienen por el trabajo esencial y no desechable de trabajadores migrantes en Estados Unidos que envían remesas, pero que también trabajan en la economía informal local; sociedades que se trastocan con otras lenguas, otras historias, otras voces, otras creaciones y otros cuerpos migrantes. El futuro de la movilidad migrante en América Latina y el Caribe solo puede dejar de ser letal si optamos colectivamente por interrumpir la reproducción de la presente crisis sistémica. La imaginación creativa de aquellxs que no dejan de irrumpir en los espacios nacionales en donde no pertenecen, pero en donde deciden armar una vida, debería darnos luces para sumarnos a su lucha.

Sobre lxs autores

Soledad Álvarez Velasco es geógrafa y profesora del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Heidelberg. Es co-coordinadora general del proyecto de investigación regional “(In)Movilidad en las Américas y covid-19”. Tiene un doctorado en geografía humana por el King’s College de Londres. Su investigación se centra en la migración indocumentada en tránsito global Sur-Norte y en la formación de los corredores migratorios a través de las Américas.

Ulla D. Berg es antropóloga y profesora asociada en los Departamentos de Antropología y Estudios Latinos y Caribeños de la Universidad de Rutgers, Estados Unidos y co-coordinadora general del proyecto de investigación regional “(In)Movilidad en las Américas y covid-19”. Es autora del libro Sujetos móviles: Raza, migración y pertenencia en el Perú y los Estados Unidos (Instituto de Estudios Peruanos, 2016) y coeditora, con Robyn Rodríguez, de la antología Transnational citizenship across the Americas (Routledge, 2014).

Yerko Castro es profesor de Antropología Política en la Universidad Iberoamericana de México. Sus temas de investigación son las migraciones y el régimen de control migratorio, sus múltiples violencias y los problemas asociados a la ley y la justicia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. También es miembro del Laboratoire Mixte International meso, con sede en París vii, Francia, y de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, relaju.

Iréri Ceja cursa el programa doctoral en Antropología Social en el Museo Nacional, Universidad Federal de Río de Janeiro. Es la coordinadora del Mapeo Polifónico del proyecto de investigación regional “(In)Movilidad en las Américas y covid-19”. Es coautora del libro Corpografías: género y fronteras en América Latina (flacso, idrc, 2017). Ha sido becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt, México) y de la Fundación Wenner Gren (Estados Unidos).

Eduardo Domenech obtuvo su doctorado en sociología y se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (ciecs, conicet y unc). Además, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido director de los programas de investigación “Multiculturalismo, migración y desigualdad en América Latina” (2004-2012) y “Migración y movilidades en perspectiva crítica” (2018-2020).

Carmen Gómez es doctora en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, 2010, y profesora titular del Departamento de Sociología y Estudios de Género de flacso Ecuador. Sus trabajos se insertan en la línea de la sociología de la globalización, las desigualdades sociales y las migraciones internacionales. Sus publicaciones incluyen diversas geografías: América Latina, Magreb y Oriente Medio y giran en torno a temas de asilo/refugio y desplazamiento forzado.

Valentina Glockner es antropóloga mexicana, investigadora del die-cinvestav. Su trabajo con la niñez busca entender desde sus experiencias y saberes las migraciones contemporáneas, las fronteras, el Estado y el humanitarismo g/local. Ha dirigido y codirigido proyectos financiados por la alianza ConTex (Universidad de Texas y conacyt), National Geographic Society y National Science Foundation. Ha sido fellow de clacso-crop, el Programa Matías Romero de la sre y el Institute for Advanced Studies de Princeton.

Gioconda Herrera es profesora titular del Departamento de Sociología y Estudios de Género de flacso Ecuador. Sus investigaciones han girado en torno a preguntas sobre los efectos de la globalización sobre las desigualdades sociales en Ecuador. Entre sus publicaciones, se encuentran: Voces y experiencias de la niñez migrante venezolana en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú (coordinadora) (clacso, 2020) y Migraciones internacionales en Bolivia y Ecuador: crisis global, Estado y desarrollo (flacso Ecuador, Université Catholique de Louvain, Université de Liège, ares).

Handerson Joseph es doctor en Antropología Social en el Museo Nacional, Universidad Federal de Río de Janeiro, con una estancia doctoral en la École Normale Supérieure y École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Profesor del Departamento de Antropología y de la Maestría y el Doctorado en Antropología de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil. Profesor de la Maestría en los Estudios de Frontera de la Universidad Federal de Amapá, Brasil. Profesor de la Maestría en Antropología de la Université d’État d’Haiti.

Amarela Varela Huerta es mamá, profesora/investigadora en la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Aprendiz de feminista que apuesta por coproducir crónicas sobre luchas migrantes (y prácticas de muerte en su contra) narradas desde la experiencia y los saberes de los propios pueblos en movimiento. Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Universidad Autónoma Metropolitana

Rodolfo René Suárez Molnar
Rector de la Unidad Cuajimalpa

Álvaro Julio Peláez Cedrés
Secretario de la Unidad

Mónica Jiménez Sánchez
Coordinadora de Extensión Universitaria

Carlos Francisco Gallardo Sánchez
Jefe de Publicaciones

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Karina Batthyány
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Nicolás Sticotti
Fondo Editorial

Migración se puso en línea en julio de 2022.

El cuidado de la edición estuvo a cargo del área de publicaciones de la UAM Cuajimalpa-Rectoría y de la Dirección de Publicaciones de CLACSO. La corrección de estilo, de Úrsula Treviño y Mariana Rossetti; la formación, de Jorge Alfonso Brozon Vallejo.