Revuelta social y nueva constitución

Nelly Richard

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Pablo Amadeo - Dirección de arte y diseño editorial
María Clara Diez - ebook

Richard, Nelly
Revuelta social y nueva constitución / Nelly Richard ; Prólogo de Javier Trímboli. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2022.
Libro digital, EPUB - (Masa crítica)
Archivo Digital: descarga.
ISBN 978-987-813-097-2
1. Análisis Político. 2. Chile. I. Trímboli, Javier, prolog. II. Título.
CDD 306.09
© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

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CC BY-NC-ND 4.0

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Este libro se realizó con el apoyo de Transnational Institute

NOTA EDITORIAL

Un mundo que atraviesa un tiempo de intensas transformaciones requiere ser pensado en sus asuntos más acuciantes: las múltiples formas en que se ejerce la violencia, el incesante aumento de la desigualdad, los daños al ambiente y a los seres que habitan la Tierra, la violación de los derechos humanos, la militarización de los territorios o el impacto de una pandemia sobre el tejido social, especialmente en sus sectores más vulnerables.

Lejos de documentar el pesimismo, aspiramos a construir herramientas teóricas para transformar las situaciones de injusticia en un ejercicio incesante que liga la teoría con la práctica.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con el apoyo del Transnational Institute, pone a disposición de las y los lectores una nueva colección de textos breves con los cuales esperamos contribuir a entablar diálogos tanto en torno a nuevos y viejos interrogantes, como a la búsqueda de respuestas originales a los problemas de nuestro tiempo.

La biblioteca masa crítica reúne a intelectuales que, desde una diversidad de perspectivas y tradiciones teóricas, han contribuido a la forja del pensamiento crítico enlazando reflexiones sobre tópicos y dilemas de nuestro presente histórico.

índice

Presentación

Por Javier Trímboli

Revuelta social y nueva constitución

Evadir: ¿programa de acción o figura metafórica?

La calle, el pueblo

La potencia feminista y el diseño paritario de una nueva constitución

Torcer el marco del poder instituido

Intersecciones y traducciones: pluralizar las identidades y multiplicar el sentido

Presentación

Javier Trímboli1

Pretender escribir, durante la última semana de noviembre de 2021, unas pocas ideas a partir de esta intervención precisa y lúcida de Nelly Richard podría ser evaluado por lo menos como inoportuno. Es que el célebre “diario del lunes”, que se ha vuelto más y más frenético al ritmo de una temporalidad comunicacional que solo conoce de aceleraciones, amenaza con impugnar toda lectura que busque analizar con perspectiva una coyuntura. Entre estas, claro, se inscribe Revuelta social y nueva constitución. “Llegará el ‘diario del lunes’ y te desautorizará, por lo tanto, si no quieres ser el hazmerreír, el bufón de la hora, lo mejor es que te olvides de cualquier pretensión interpretativa de la vida social y de su curso accidentado, volátil”. Este consejo, más o menos explicitado, desalienta la potencia de la crítica, nos confina en objetos académicos ultraespecializados y, a la par, deja todo en manos de las encuestas, de los memes y de la inmediatez de la información, ya no solo de diarios de todos los días de la semana, sino de cada segundo de cada día. De esta manera, se produce la ilusión, así supuestamente asegurada, de que ya no se fallará. A contramano, Nelly Richard se anima a ensayar sobre caliente una lectura acerca de lo que acontece en Chile desde que el 18 de octubre de 2019 se produjo un levantamiento construido con desobediencias multitudinarias, enormes movilizaciones y enfrentamientos callejeros con las fuerzas represivas, que demostraron tanto que el pueblo no era una experiencia vetusta, solo digna de un repositorio, como que la ferocidad del pinochetismo no había perdido vigencia. A sabiendas de que la fenomenal activación de masas ‒antecedida por las luchas estudiantiles de 2011 y por la revuelta feminista de 2018‒ no ha tenido conclusión, y a sabiendas también de que puede tener una catastrófica, Nelly Richard se lanza y arriesga. Sin esperar a que levante vuelo el muy prudente búho de Minerva. Con una escritura en la que la rigurosidad conceptual se da la mano con la elegancia que no disimula el fuego político.

Pero colocar solo en tal aspecto el valor de este pequeño libro ‒o, a la no tan vieja usanza, de este folleto urgente con decisión de orientar prácticas y conciencias‒, sería un error incluso alevoso. Porque la cuestión principal que emerge del análisis de la revuelta popular de 2019 permite justamente calibrar la situación última creada por los resultados de las elecciones presidenciales. Al menos de la primera vuelta, porque habrá una segunda, entonces también estaremos ante otro “diario del lunes” y así sucesivamente. Se trata de la relación entre la potencia rebelde y destituyente de las multitudes y la posibilidad de que ella incida sobre el ordenamiento político, sobre las instituciones realmente existentes.

Es decir, en qué medida la “evasión” de los amarres del poder, que fue altamente eficaz para hacer temblar a la sociedad postdictatorial, se encontraría dispuesta a plasmarse, a través de transacciones y apaciguamientos, mediante el despliegue de una imprescindible inteligencia política, en una forma estatal transformada que, entonces, la acogería, la incluiría. Instituciones por fin más justas. En este sentido, digamos que la dimensión intelectual de la intervención de Nelly Richard también se revela en que quiere terciar con su palabra a favor de que la revuelta popular no se contente con haber sido un magnífico polvorín de ira, sino que continúe políticamente en el terreno de la democracia, que no se arredre a dar ese paso. Por eso particularmente le interesa la Convención Constituyente que sesiona desde julio de 2021, por eso sobre ella pone el acento ejemplar. Del querer cambiarlo todo a los límites de lo posible y a las reglas institucionales, sorteando no obstante el “chantaje de la derecha”. En este contexto, Elisa Loncón, la presidenta de la Constituyente, aparece como la “traductora” que, a través de la experiencia mapuche, le da expresión a “los distintos sujetos y comunidades hasta ahora marcados por el descarte, la omisión o el rechazo”. Con la voluntad de no aclimatarse a una “exterioridad” respecto de la sociedad, a una posición que solo pugne contra ella y se le resista, sino de producir otra sociedad política, una mucho más justa.

Sabemos que tarde o temprano inevitablemente defrauda suponer que es muy parecido lo que ocurre en un país y en otro de América Latina. Pero también empobrece solo ver situaciones aisladas, no reconocer el “aire de familia”. El libro de Nelly Richard empezará a ser leído de este lado de los Andes cuando, no solo por la obligación de la efeméride, seremos muchos los que estemos mirando por el espejo retrovisor los acontecimientos de 2001 en Argentina y sus jornadas principales del 19 y 20 de diciembre. Jornadas que, como bien se recuerda, al grito de “que se vayan todos” llevaban al límite un extendido malestar con la representación, que se venía abriendo paso desde largo y que apenas dos meses antes había tenido el antecedente electoral del llamado “voto bronca”, es decir, inusitados porcentajes de voto en blanco. Por esos días también se habló y escribió mucho sobre el “éxodo” y la “deserción”. La movilización de masas no conoció los picos sólidos, compactos, de Chile, pero al igual que allí desbordó a los partidos de izquierda y a los sindicatos, incluso a los movimientos sociales. Luego imperan las diferencias y se nos ocurre que la principal refiere a los actores que fueron protagónicos de una y otra revuelta. Si nos atenemos a la perspectiva que ensayaba Deleuze, muy próximo a que se volviera lugar común referir al “fin de la historia”, mientras que la que sacudió a la Argentina tuvo como a uno de sus contingentes clave a esos “demasiado pobres para la deuda” y “demasiado numerosos para el encierro” ‒excedentes de la sociedad de control y también de la agotada sociedad de las disciplinas‒, el Chile popular que despertó en 2019 descubrió entre los motivos más urticantes de su furia el reconocerse ferozmente “endeudado”. Dos formas de situarse en pie de lucha en el siglo XXI.

No obstante, hay otro asunto que las emparenta, pero este en verdad puede ser localizado en toda acción de masas que tenga el carácter de un levantamiento. Me refiero a la cuestión del miedo. Eric Hobsbawm, en una entrevista de 1998, comentaba que el socialismo había funcionado durante el siglo XX como el memento mori del capitalismo, al que le recordaba su condición transitoria, al que le recalcaba que las injusticias y desigualdades podían tener un pronto y definitivo final. No fue el humanitarismo ‒tampoco una lógica exclusivamente económica‒ lo que condujo al Estado de Bienestar, sino el temor a la revolución social. Una vez derrotadas esas apuestas y experiencias, las clases acomodadas se desinhiben, los años noventa son para ellas una fiesta libre de toda sombra. Pero el 2001 reintrodujo entre los argentinos el miedo en los de “arriba”. Declaraba en 2015 una de las voces principales del diario insignia de las clases acomodadas, La Nación: “La dirigencia argentina ‒donde pongo a los políticos, los empresarios, los medios, los sindicalistas, los líderes religiosos, a todos‒, atemorizada por ese fenómeno, decidió darle a la gente una fiesta de consumo por diez años”. En el escrito de Nelly Richard esta cuestión irrumpe por aquí y allá; es “la derecha que ya no podrá dormir tranquila”, pero también, contraatacando, es el “control sanitario”, a propósito de la pandemia y su gestión ‒toda gestión de la pandemia no pudo ser sino esto, porque la pandemia en sí misma es un hecho político de desproporcionada relevancia‒, que busca que “el miedo al contagio” haga olvidar los desbordes comunitarios de la revuelta. Miedos que como flechas van.

Y, añadamos, el kirchnerismo fue, entre otras cosas, una resultante política de la revuelta del 2001 y de la nueva direccionalidad del miedo que esta ocasionó. Hubo voluntad e inteligencia, con una sostenida activación popular, que permitió producir un conjunto de transformaciones que ampliaron los derechos, que redujeron los niveles de pobreza y desempleo, que garantizaron formas de igualdad social, que permitieron otras narraciones y otorgaron la palabra con más democracia en el espacio público. Ahora bien, la última deriva argentina ‒de 2015 a esta parte‒ hace ver con desasosiego que las transformaciones no tuvieron el vigor ni la profundidad para resistir una ofensiva del capitalismo en su fase altamente globalizada. Ofensiva que es eficaz en interpretar mucho más que a las clases dominantes y que se desplegó ‒y despliega‒ sostenidamente. Por eso, la deuda externa vuelve a atenazarnos ‒y todo indica que lo hará por décadas‒, los índices sociales más alarmantes se encuentran cerca de los del 2001, los grandes medios no tienen sombra y dependemos comunicacionalmente de formas y de una temporalidad que en lo más mínimo controlamos. ¿Cuál es la potencia que se precisa para imprimir una huella duradera sobre la vida política y social, una huella que obligue a la justicia con las vidas populares desechadas? Mientras tanto, y continuando el diálogo con lo que propone este escrito imprescindible de Nelly Richard, vale cultivar de una y otra manera el trato con la radicalidad amenazante de la revuelta, en busca del próximo asalto.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2021.

1 Historiador. Actualmente es profesor en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Entre otros libros, es autor de Sublunar. Entre el kirchnerismo y la revolución (Buenos Aires: Cuarenta Ríos, 2017).

Revuelta social y nueva constitución

El 18 de octubre de 2019, la movilización coordinada por estudiantes secundarios para protestar contra un alza de tarifa en el transporte público tomó la forma de una sorprendente revuelta popular que desató una crisis político-social de extrema magnitud en Chile. Solo un mes después del inicio de la revuelta, es decir, el 15 de noviembre de 2019, el gobierno de derecha de Sebastián Piñera ‒un gobierno completamente deslegitimado por la vehemencia del masivo rechazo a sus políticas y, además, atemorizado por el fuego de los incendios (estaciones de metro y otros) que amenazaban con destruir la ciudad‒ se vio obligado a ratificar un acuerdo parlamentario ‒empujado por los gritos de la calle a favor de una asamblea constituyente‒ para llamar a un plebiscito nacional que se pronunciara sobre la vigencia o la derogación de la Constitución de 1980 firmada por el exdictador Augusto Pinochet.

Luego vino la pandemia que interrumpió los ritmos frenéticos del presente movilizado, suspendiendo todo futuro en un tiempo estacionario, diluido y confuso. El gobierno de S. Piñera usó a la pandemia como pretexto para vaciar el espacio público mediante cuarentenas e instalar la vigilancia policial en las calles. También se aprovechó de dicha situación para reordenar su agenda política en torno al control sanitario con la esperanza de que el miedo al contagio fuera a disipar el recuerdo descontrolado de la revuelta. Pese a las vicisitudes de la pandemia y pese a los obstáculos interpuestos por la derecha para tratar de cancelar la realización del plebiscito nacional, el domingo 25 de octubre 2020, el 80 % de los votantes confirmó su opción a favor de una nueva constitución. El 4 de julio de 2021, se inauguró la primera sesión de la Convención Constitucional integrada por 155 miembros (elegidos exclusivamente por votación popular) que son hoy los encargados de redactar una nueva Constitución Política de la República de Chile.

En medio de los saltos y sobresaltos que configuran este vertiginoso itinerario que va desde las pulsiones rebeldes hacia las gramáticas transformadoras de los poderes instituidos,

me propongo revisar algunos de los significados de la crisis (ruptura y mutación) expresada por la revuelta de octubre de 2019.

Evadir: ¿programa de acción o figura metafórica?

Todo comenzó la tercera semana de octubre de 2019, cuando estudiantes secundarios coordinaron por WhatsApp una evasión masiva que consistía en saltarse los torniquetes del metro como protesta frente al alza en el precio del transporte público decretada por el gobierno de Sebastián Piñera. El llamado a evadir se traducía en no pagar como otra forma de luchar. Era un llamado extensivo a no hacerles caso a los reglamentos, a fugarse de los controles y vigilancias, a burlar el sistema, a zafarse de las imposiciones. El gesto desobediente de los estudiantes secundarios resumido en la palabra evadir trazaba, además, una metáfora desterritorializadora frente a los amarres del poder. Evadir hablaba de fuga y éxodo (para retomar el lenguaje de Hardt y Negri)2 como tácticas ‒oblicuas‒ de la multitud: unas tácticas que combaten los aparatos de dominación ya no mediante una oposición de fuerzas dirigidas contra su centralidad (el Estado), sino a través de formas dispersas de hacerles el quite a todos los mecanismos de sujeción.

No voy a entrar aquí en la larga discusión de si estas figuras de la evacuación de los lugares del poder (éxodo, fuga, deserción, huida, sustracción) contribuyen o no a romper con las cadenas de sometimiento del capitalismo neoliberal. Si bien sirven para renovar el imaginario libertario, no existe prueba aún de que dichas figuras sean eficaces para alterar las estructuras del poder instituido ni, tampoco, para habilitar nuevos enlaces o conectores entre sociedad, Estado y democracia como aquellos que hacen falta en estos tiempos marcados por un profundo divorcio entre la política y aquellas formas de vida (marcadas por la desesperanza, la rabia y la frustración) que se desentienden radicalmente de sus instituciones. Quiero simplemente recalcar aquí la figura del evadir como detonante de la revuelta de octubre de 2019 en Chile para subrayar hasta qué punto esta revuelta fue enteramente distinta a los anteriores movimientos de reivindicación social y política que, al final de la transición, se habían levantado contra la dominante neoliberal en Chile.

Bastaría tomar como ejemplo el poderoso movimiento estudiantil del 2011 para leer las diferencias de posturas y maniobras que lo separan del movimiento anarquizante de la revuelta. Las quejas del movimiento estudiantil del 2011 en contra de la privatización de la educación se dirigían al Estado para exigirle que volviera público y gratuito el sistema de educación superior mediante políticas de reforma institucionales. Las encargadas de formular estas demandas estudiantiles eran organizaciones estructuradas según los códigos de la política tradicional, con sus dirigencias encargadas de representar al movimiento universitario en su interlocución con el Estado. En cambio, la revuelta de octubre de 2019 dio curso a múltiples flujos de rebeldía social que, sin una previa coordinación política ni un programa de transformación articulado, desataron energías comunitarias cuya protesta ya no era sectorial (“educación”, “trabajo”, “salud”, etc.), sino transversal a todo el sistema de reglas neoliberales y a los modos de existencia masificados por el consumo. Además de la viralización de las redes sociales y su conectividad instantánea de multitudes dispersas, la revuelta de octubre de 2019 ‒sin banderas de partidos políticos ni actorías reconocibles‒ solo confió en la calle y la asamblea como territorios locales de participación directa, “evadiendo” cualquier mediación, representación o delegación político-institucional.

Sin embargo, la consigna del evadir que resultó tan elocuente para que el cuerpo social de la revuelta se fugara del control político-institucional ejercido por la transición neoliberal, debió ser revisada en la nueva coyuntura abierta por la anunciada realización del plebiscito nacional de octubre de 2020. La ofensiva político-ideológica desatada violentamente por la derecha y la ultraderecha para seguir protegiendo a la Constitución de Augusto Pinochet, que le sirve de armadura a la economía de mercado, puso a Chile en alerta haciéndole saber que la batalla contra sus fuerzas de choque debía ser enérgica y contundente. No era ese el momento de “evadir” (desertar) el llamado a pronunciarse en las urnas para dejarle el campo libre al enemigo. Organizarse para votar “apruebo” en el plebiscito nacional de octubre de 2020 supuso unir voluntades, acordar definiciones y concertar alianzas, generar pactos de entendimiento entre identidades y comunidades diversas para hacerlas converger afirmativamente en un mismo diseño político-estratégico. Hubo que orientar los flujos de negatividad contestataria de la revuelta en una dirección táctica a fin de lograr un objetivo concordado: defender mayoritariamente la opción “apruebo” para dejar atrás la herencia autoritaria que buscaba perpetuar el “rechazo” de la derecha y la ultraderecha. Este necesario redireccionamiento de los flujos de la revuelta con vistas a una participación mayoritaria en la votación del plebiscito nacional nos obligó a mantener en reserva la figura del evadir que había sido disparada por la revuelta de octubre. No se trataba de abandonarla del todo

(su potencial metafórico nos sirve, desde ya, para volver a “saltar los torniquetes” cada vez que nos amenaza un ordenamiento represivo u opresivo),

pero sí de dejarla sin efecto para responder a un esquema de acción específico demandado por las circunstancias.

La revuelta es lo que tuvo lugar en un tiempo de excepción (octubre de 2019), pero es también aquello que compone un archivo vital de símbolos y experiencias cuyas marcas pueden desinscribirse y reinscribirse en citas heterogéneas, móviles y compuestas, que “evaden” la tentación de repetir lo acontecido (querer reencarnarlo tal cual) ya que, por definición, el acontecimiento es singular, único e irrepetible. Lo que sí sabemos es que el archivo vital de la revuelta condensa fuerzas y energías que podrán ser reactivadas en otros tiempos y lugares y que dicho archivo va a seguir resonando como fuente de inspiración para quienes sueñan con otros mundos cuya línea de horizonte volverá a dispararse cada vez que un “ahora es cuando” (justificado y poderoso) llame a sujetos y comunidades a rebelarse contra un régimen de imposiciones frente al cual no queda otra que decir “¡basta!”. Pero, además, el estallido de la revuelta fue tan radical (también, hay que decirlo, envuelto en una violencia social tan inusitada) que sigue amenazando de destrucción todo lo edificado por la derecha que ya no podrá dormir tranquila.

La revuelta proyecta una sombra espectral que seguirá atentando contra toda normatividad que busque tranquilizar a la fuerza al cuerpo social.

La espectralidad de esta sombra latente agita todo orden de normalización política, que ya no se vive tan seguro como antes. Y esto no solo concierne a la derecha. La sombra fantasmal de la revuelta de octubre de 2019 permanecerá imaginariamente activa como desborde y excedente que agrieta las pretensiones de un dominio consolidado de representación política e institucional. Ni el futuro trazado de la nueva constitución (deseado y conflictivo a la vez) puede considerarse a salvo de los tumultos desencadenados por la revuelta de octubre de 2019.

2. Michael Hardt y Antonio Negri (2002). Imperio. Buenos Aires: Paidós, pp. 200-201.

La calle, el pueblo

La revuelta de octubre expresó el hastío de la población frente a los abusos del modelo neoliberal que, desde la dictadura y durante la transición, la expuso a una serie de maltratos económicos y sociales en materia de trabajo, educación, salud, pensiones, vivienda, etc.

La culpa la tuvo un modelo hipermercantilista que construyó su imperio financiero y empresarial a costa de sujetos cada vez más precarizados bajo el encadenamiento tramposo del consumo, la deuda, el crédito y la hipoteca.

Una de las consignas repetidas en lienzos y grafitis durante el estallido social era aquella que, con motivo del alza de 30 pesos en la tarifa del metro, precisaba: “No son 30 pesos sino 30 años”. La revuelta dejaba así en claro que la queja generalizada de la población iba dirigida en contra de la herencia de la dictadura tal como fue acomodada por la transición.

En efecto, si bien la transición chilena pretendió darle “un rostro humano” al modelo neoliberal3 administrando políticas de corte redistributivo para reducir la pobreza y la desigualdad social, nunca cuestionó los principios de la “sociedad de mercado” consagrados económicamente por el régimen de privatización de lo público que el equipo de los Chicago Boys convirtió en doctrina durante la dictadura cívico-militar en Chile.

La consigna “Chile despertó” hacía valer la doble acepción de la palabra despertar: la de tomar conciencia y la de reaccionar. La consigna “Chile despertó” expresó el deseo del pueblo chileno de reapropiarse de una fuerza vital que le fue robada a la ciudadanía por el pacto transicional entre redemocratización y neoliberalismo: un pacto hecho de formalismos y tecnicismos para que ningún exabrupto pasional (ni arrebatos populares ni convulsiones de la memoria) echara a perder la gradualidad de su instrumentación pasiva. Este robo de la fuerza vital ocurrió de distintas maneras. Primero, la discursividad pública de la transición comenzó sustituyendo la palabra “pueblo” (asociada a la épica de la revolución socialista durante la Unidad Popular y, luego, al vigor protestatario de las luchas antidictatoriales) por el vocablo “gente”, para designar así una masa anodina, una masa fácilmente moldeable por los sondeos de opinión, las estadísticas del consumo y los rankings de gustos y tendencias. Además, la transición y su “democracia de los acuerdos” se dedicaron a cuidar la gobernabilidad como artefacto retórico-institucional, produciendo una fetichización del consenso que uniformó las conductas alineándolas sobre la base de la resignación y la moderación. La transición chilena ‒con su libreto oficial de la memoria como reconciliación inspirado en una simbología cristiana‒ obliteró las disputas de

la memoria de la postdictadura en tanto memoria convulsa, hecha de recuerdos desintegrados y biografías rotas que ya no tuvieron dónde inscribir en la esfera pública sus testimonios del desastre.

La tecnocracia de una cultura de expertos cuyos lenguajes profesionales se rindieron al pragmatismo de los saberes ejecutivos contribuyó, a su vez, a la borradura de toda la materia expresiva de los recuerdos vinculados afectivamente a la memoria insatisfecha.

La consigna “Chile despertó” de la revuelta de octubre de 2019 acusaba las faltas de una democracia elitista, tutelada por los poderes fácticos de la derecha que resguardan los privilegios de los grupos de influencia mediáticos, políticos y económicos que dictan la agenda pública.

También escenificaba un pueblo que había perdido el temor a expresar su radical desconfianza hacia las mediaciones de la política institucional: una política declarada impura y traicionera en comparación con lo que estaría naciendo al fervor de la calle, es decir, la “ingobernabilidad del pueblo”4 que convirtió a tal espacio en garante irreductible de la espontaneidad rebelde de una población indignada que ya no se dejaría capturar por ningún aparataje político. Se celebró la furia destituyente de la calle como exterioridad salvaje que debía vengarse de la domesticada institucionalidad política rompiendo, intransigentemente, con las viejas organizaciones de los partidos. Se instaló la dicotomía adentro (poder de Estado e institucionalidad política) / afuera (la autonomía social de las asambleas populares y la calle como territorios liberados) que, como todas las dicotomías, restringe el campo de opciones a lo binario de un enfrentamiento absoluto de polaridades contrarias. Esta rígida dicotomía adentro / afuera dejó poco espacio libre para ensayar planos de coexistencia entre fuerzas diversas (organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, agenciamientos varios de cuerpos e inteligencias colectivas) que conjugaran singularidades y multiplicidades. Tampoco permitió que las instituciones, en lugar de ser vistas únicamente como marcos fijos de regulación-imposición normativa, fuesen percibidas como conjuntos de puntos y líneas que se desplazan, se entrecortan y se reformulan bajo la presión de las energías críticas que se desatan en las pugnas entre lo instituido y lo instituyente libradas en los bordes y las fronteras del sistema.

La calle como escenario multitudinario de la protesta en octubre de 2019 tuvo al pueblo como protagonista, que volvió a cobrar heroicidad allí, levantándose como fuente redentora de una nueva épica combatiente. A la izquierda le fue difícil no ceder a la idealización romántica del pueblo-uno y admitir que

las multitudes de las revueltas están hechas de fracciones de identidad desensambladas, a veces complementarias y a veces antagónicas, cuyas líneas de juntura o división se alteran

según cómo se mueve el conflicto al exterior de la comunidad insurrecta pero, también, al interior de cada nosotras/nosotros.

Si las identidades que componen “el pueblo” no son identidades previamente constituidas sino identidades que se autoconstituyen según el ritmo ‒impredecible‒ de las convergencias pero también de las divergencias entre intereses, voluntades, pulsiones y deseos, esto significa que “pueblo” nunca va a ser la representación dada de un todo. La izquierda más clásica, que reconoce como “pueblo” solo a aquellas identidades movilizadas que luchan desde abajo contra la dominación capitalista, no se muestra dispuesta a reconocer que “lo popular” se constituye de una incómoda mezcla que va desde los sublevamientos revolucionarios hasta los microfascismos de la vida cotidiana utilizados a su favor por los movimientos de derecha y ultraderecha que recurren hoy a la emocionalidad de sentimientos primarios (el miedo, el temor, el odio, el resentimiento) para darle libre curso a su fanatización por el orden. Los avatares de la democracia nos enseñan que lo que incluye o bien excluye la categoría de “pueblo” es materia de un reparto fluctuante, inestable, tal como se expresa en la contienda entre populismos de izquierda versus populismos de derecha. La enseñanza crítica de lo que les sucede a las revueltas nos transmite, entre otras lecciones, el saber que la comunidad feliz del “estar juntos” en las calles no es equivalente al sustento ontológico de un “nosotros, el pueblo” unificado en su devenir revolucionario. La brecha ‒sin rellenar‒ entre el “estar juntos” y el “nosotros, el pueblo” como señal de no-completitud demuestra por qué, tal como lo advierte Judith Butler,5 la relación entre soberanía popular y democracia es una relación desajustada, incompleta, conflictual, nunca garantizada.

3. Fernando Atria (2013). Veinte años después. Neoliberalismo con rostro humano. Santiago: Catalonia.

4. Rodrigo Karmy (20 de octubre de 2019). El triunfo popular. El Desconcierto [revista electrónica], Santiago de Chile.

5. Dice J. Butler: “La ‘soberanía popular’ se convierte sin duda en poder electoral cuando la población emite su voto, pero nunca se trata de una traslación completa ni adecuada. Hay algo en la soberanía que sigue siendo intraducible, algo que no se puede trasladar y que es insustituible… Hay algo en la soberanía popular que es contrario a, y excede o supera, toda forma parlamentaria de poder que aquella instituye y fundamenta” (Judith Butler, Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Buenos Aires: Paidós, 2017, p. 165).

La potencia feminista y el diseño paritario de una nueva constitución

No habría cómo leer el estallido social de octubre de 2019 sin reconocer como su antecedente más próximo la revuelta feminista de mayo de 2018 que se inició, en Chile, con la movilización de estudiantes mujeres que tomaron más de sesenta sedes universitarias en contra de la educación sexista para luego contagiar al país entero con sus reclamos contra todo el sistema de censuras, violencias y arbitrariedades que opera el dispositivo patriarcal tanto en los mundos privados como en las estructuras públicas.

A diferencia de lo sucedido con la institucionalización burocrática de las demandas por “gratuidad y calidad” del movimiento estudiantil chileno del 2011, cuyos reclamos sectoriales se dejaron tramitar en la clave ministerial del rubro “educación”, la insurgencia feminista de mayo de 2018 rebalsó el formato de los decretos de ley, de las agendas técnicas y las políticas públicas. La desobediencia de los cuerpos y lenguajes de dicha protesta feminista, que se manifestó audazmente a través de la performance callejera, anticipaba, en su ruptura simbólica del contrato sociomasculino, el radical trastocamiento del orden efectuado por la revuelta de octubre de 2019.

La última concentración multitudinaria realizada antes de la pandemia fue la marcha feminista del 8 de marzo de 2020, que tuvo como consigna: “En contra de todas las precariedades”. La potencia de interpelación política y social de esta consigna radica en cómo

el feminismo ha sabido articular un cruce de planteamientos y actuaciones que traspasa las fronteras identitarias del nosotras, las mujeres como reducto de género, para apuntar a un entrecruzamiento de motivos que urden la complicidad socioestructural entre patriarcado y capitalismo.

La teoría feminista ha analizado cómo funciona la ley del valor y del disvalor que separa a lo reproductivo (domesticidad y sexualidad) de lo productivo (el rendimiento económico y la ganancia del capital) y ya no es posible reimaginar la democracia sin tomar en consideración no solo el vigor internacional del movimiento feminista como fuerza social de organización masiva, sino, además, la capacidad teórica de la crítica feminista para anudar política y subjetividad con el materialismo de la economía y de los cuerpos.

Con la llegada de la pandemia, las mujeres asumieron la gestión solidaria del cotidiano familiar y social en plena adversidad (la crisis sanitaria, la debacle económica). A la par, el feminismo supo teorizar cómo lo precario-feminizado apunta al “límite del capital: aquello de lo que no puede prescindir la vida social para continuar” y que funciona como su reverso oculto.6

Después de la última marcha histórica del 8 de marzo de 2020, durante los largos meses de pandemia cuya temporalidad suspendida parecía haber disipado cualquier horizonte de futuro movilizado, las feministas no dejaron de actuar y pensar, de intervenir. Afinaron modos de seguir trabajando juntas para sostener sus redes activistas, realizaron asambleas de barrio con vecinas y pobladoras y organizaron ollas comunes, se solidarizaron con las víctimas de los graves atropellos a los derechos humanos causados por la represión policial en contra de los manifestantes de las protestas, activaron colectivos artísticos para darle curso a un trabajo con la imagen y la palabra que revitalizara el sentido y los sentidos que se encontraban en estado de desarme, fortalecieron complicidades entre el transfeminismo y las disidencias sexuales, etc. Y, además, se involucraron de pleno en una reflexión exigente sobre democracia, feminismo y nueva constitución articulando, por ejemplo, la Plataforma Feminista Constituyente y Plurinacional (diciembre de 2020).

El avance social y político del feminismo que estimuló la revuelta de mayo de 2018 culminó con la aprobación en el parlamento de la Ley de Paridad de Género para el Proceso Constituyente (22 de marzo de 2020), que convirtió a Chile en el primer país en el mundo en aplicarle un esquema paritario al diseño de una nueva constitución. Siendo este logro muy valorable, el feminismo sabe que no es suficiente contar con la simple presencia de las mujeres en las estructuras de poder establecidas para garantizar una transformación antipatriarcal de dichas estructuras. No basta con insertar la particularidad de la diferencia sexuada de lo femenino en un dispositivo de representación cuya generalidad sigue siendo masculina para torcer el conjunto de la escena.

Por suerte, Chile ha podido celebrar que la amplia mayoría de las mujeres que hoy integran paritariamente el órgano constituyente se ubique desde la perspectiva del feminismo7 y que también se haya incorporado a la lista de los 155 constituyentes varios representantes de las disidencias sexuales.8 Si recordamos que el primer artículo de la Constitución de 1980 firmada por Augusto Pinochet consagraba el concepto de “familia” como “núcleo fundamental de la sociedad” (un núcleo basado en la unidad procreadora de un hombre y una mujer según el naturalismo binario de los cuerpos, que prohíbe las libres interpretaciones del género), no cuesta mucho dimensionar el valor crítico de perversión-subversión del género operado por el feminismo en contra de la inamovilidad de la ley y su defensa reaccionaria de la familia, tal como la ejercen la derecha y la ultraderecha conservadora que hicieron campaña por el “rechazo” en el último plebiscito nacional.

6. Verónica Gago y Luci Cavallero (9 de abril de 2020). Deuda, vivienda y trabajo: una agenda feminista para la pospandemia. Revista Anfibia [publicado simultáneamente en elsaltodiario.com].

7. Siguiendo al artículo “¿Convención paritaria = convención feminista?”, firmado por Pamela Figueroa, Lucía Miranda y Carolina Meza en Ciper (24 de mayo de 2021), “la mayoría de las mujeres electas ‒el 64, 9 %‒ corresponde a un perfil feminista”.

8. Según dato recopilado por el observatorio Les Constituyentes y publicado en El Mostrador el 4 de junio de 2021, son ocho los constituyentes que reivindican explícitamente su activismo LGBTIQ+: Jennifer Mella (D5), Valentina Miranda (D8), Pedro Muñoz (D24), Javier Fuchslocher (D21), Gaspar Domínguez (D26), Rodrigo Rojas (D13) y Tomás Laibe (D27).

Torcer el marco del poder instituido

El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución que dio lugar a un plebiscito sobre la vigencia o derogación de la Constitución de 1980 fue insatisfactorio porque, entre otras limitaciones, circunscribió su firma al ámbito de la representación parlamentaria y excluyó de su ronda de decisiones a aquella exterioridad social (organizaciones populares, movimientos de la sociedad civil) que había protagonizado la revuelta de octubre de 2019. Se debió ajustar el deseo del todo (la Asamblea Constituyente como expresión plena de la autodeterminación popular) al forzado reconocimiento del límite que marca las circunstancias de lo posible: “Convención Constitucional” fue, desde ya, el nombre-sustituto que nos impuso el chantaje de la derecha. Hubo que pasar del desborde utópico del querer cambiarlo todo al reajuste de las expectativas en función de reglas prefijadas institucionalmente.9 Así y todo, las torsiones ejercidas desde fuera (la calle) y desde dentro (la institucionalidad política) lograron sortear los límites y las limitaciones impuestas con una fuerza innovadora que torció el marco de la Convención Constitucional para volver realizable lo previamente negado: la asignación de escaños reservados para el pueblo indígena, la competencia de las listas de independientes y la aplicación de la paridad de género. El proceso constitucional chileno muestra, así, que deriva de

los cruces e intersecciones entre, por un lado, exigir lo imposible como vector utópico (la revuelta) y, por otro, reconocer las figuras de posibilidad que permiten ejercitar los cambios en el mundo real.

Asumiendo que no se trata de un todo o nada, esta Convención Constitucional supo aprovecharse de los espacios de tensión móviles (grietas, fisuras, intersticios) que surcan los campos de acción entre poder y contrapoder, aparatos de cierre y dinámicas de apertura, para transitar entre “poder originario” y “poder derivado” de modo excéntrico. Junto con confirmarnos la radical impureza de toda fórmula y categoría, la hibridez de rasgos cuya mixtura dota a este proceso de singularidad creativa nos confirma la necesidad de forjar ciertas mediaciones táctico-estratégicas entre, por un lado, las pulsiones de la revuelta que buscan revocar-derogar el orden existente (lo destituyente) y, por otro, las gramáticas de renovación-transformación de los poderes establecidos (lo constituyente-instituyente) para que lo explosivo del reclamo social deje de ser un mero “acto de liberación puntual que se consume en sí mismo”10 y pueda construir enlaces y conexiones que medien entre los sublevamientos del deseo y las luchas hegemónicas, entre la esfera de visibilidad de los cuerpos en la calle y su producción de enunciados en la esfera de los discursos institucionales.

9. Las críticas ‒justificadas‒ a las fórmulas del acuerdo parlamentado también atañen a la imposición de un quórum supramayoritario de dos tercios para la aprobación de las leyes orgánicas constitucionales (un quórum que preserva la facultad de veto de una minoría), además de las limitaciones prácticas trazadas por los partidos políticos a la participación de los independientes y de los representantes de los pueblos originarios mediante escaños reservados.

10. Franco Berardi (15 de noviembre de 2019). La revuelta en sí misma es un acto terapéutico [Entrevista]. El Mostrador.

Intersecciones y traducciones: pluralizar las identidades y multiplicar el sentido

Quizás haya dos formas de abordar el diseño de la nueva Constitución en Chile: 1) evaluar sus avances en el proceso de darle forma jurídica a los contenidos políticos que serán parte definitiva del texto normativo-constitucional; 2) atender la experimentalidad del proceso mismo de producción de escritura constitucional como un laboratorio de creación en el que se ponen a prueba no solo definiciones jurídico-normativas, sino también modos de relacionarse, gestos y actuaciones, representaciones y simbolizaciones de identidades, relatos visuales y escenas narrativas. Las imágenes hipermediatizadas de la transmisión pública de las sesiones de la Convención Constitucional (las vestimentas indígenas, el pañuelo verde de las feministas que defienden el derecho al aborto o bien los pañuelos de la disidencia sexual, los lienzos en defensa de los derechos humanos, etc.) conforman imaginarios que se despliegan en contraste intensivo con la uniformidad del resto del mundo político-institucional. El texto constitucional propiamente dicho pertenece al orden de lo macropolítico: tiene que ver con definiciones del Estado, mecanismos de redistribución del poder, defensa de derechos sociales y de la naturaleza, reconfiguración de la democracia, etc.). Pero todo lo que acontece en el interior de las sesiones de la Convención Constitucional, desde su sesión inaugural hasta hoy, señala los cambios micropolíticos que, a nivel enunciativo y performativo, testimonian sobre una remodelación de lo sensible en términos de significación y representación.

El domingo 4 de julio de 2021 se inauguró la Convención Constitucional bajo la presidencia de Elisa Loncón, integrante de la comunidad Lefweluan de Traiguen: mapuche, activista por los pueblos indígenas y académica en el campo de la literatura y las humanidades. Por un lado, su condición de representante de los pueblos originarios electa como presidenta del máximo órgano constituyente de Chile ratifica simbólicamente la necesidad de que la nueva constitución atienda al conflicto entre el Estado de Chile y la nación mapuche que, hace siglos de siglos, se encuentra condenada por el dominio estatal al olvido y la negación de su ancestralidad, además de haber tenido que sufrir la desposesión de sus tierras y la persecución de sus derechos. Por otro lado, la condición de profesora de lenguas de Elisa Loncón, que debe traspasar el cruce entre oralidad y escritura en el caso del mapudungun, trae a escena los desafíos (no solo idiomáticos) de la interculturalidad, con sus saltos de traducción entre lenguas y culturas que participan de distintos regímenes de elaboración del sentido. ¿En qué consiste la “traducción”? En un mecanismo que busca equivalencias entre un régimen de significación y otro para trazar un horizonte de inteligibilidad compartido. Esta es una tarea clave dentro de la Convención Constitucional ya que su diseño contempla un ejercicio de elaboración colectiva de modos de intercambiar posiciones y enunciados como base de una escritura en común / de lo común que debe desplazarse entre lo particular (identidades, territorios, etnias, géneros que hablan por sí mismos y en nombre de sí mismos) y lo universal (algún sistema que habilite equivalencias flexibles ‒no clausuradas‒ entre lo particular y lo general).

El simbolismo de la figura de Elisa Loncón presidiendo la Convención Constitucional del nuevo Chile reunió, en la sesión inaugural del 4 de julio de 2021, todas las variaciones expresivas de la diversidad cultural al

trenzar lenguas, culturas, géneros e identidades en un complejo nudo de extrañezas y reconocimientos.

Cuando hizo uso de la palabra en dicha sesión inaugural, Elisa Loncón se trasladó del yo-mujer indígena, representante de un pueblo originario a un nosotras-nosotros-nosotres que englobaba a las víctimas de la explotación económica, del maltrato racial, de la opresión sexual, de la represión policial, de la segregación étnica, de la precarización social, de la violencia de género, etc.

Lo mapuche (sinónimo histórico de despojo civilizatorio y de humillación racial) devino el “significante flotante” a través del cual las palabras de Elisa Loncón hicieron girar una constelación de imaginarios suficientemente amplia como para integrar a los distintos sujetos y comunidades hasta ahora marcados por el descarte, la omisión o el rechazo. Elisa Loncón supo pluralizar su locus de enunciación desencializando su identidad mapuche: haciendo girar distintas posiciones de sujeto cuyos segmentos entrecruzados de marginación económica, política y sexual visibilizaron el modo en que se entrelazan el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo.

En una de las numerosas entrevistas dadas después de su asunción como presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón dijo querer “dotar de ética a la palabra”,11 es decir, cambiar su valor y sustancia comunicativa para dignificar culturalmente el lenguaje.

Hay un llamado, suave y determinado a la vez, a restituir esta ética de la palabra que, en su caso, va asociada a una poética del nombrar:

un llamado que desafía al neocapitalismo mediático cuyas hablas tecnificadas y funcionarias le sirven a la planificación ejecutiva de un presente sin profundidad ni misterio.

La voz de Elisa Loncón le restituye profundidad y misterio al lenguaje, a la par que genera inflexiones decoloniales y antipatriarcales que marcan una ruptura sensible con el modo en que el poder dominante ordena sus palabras y compone sus vocabularios. Ya que la política no se reduce a la pura instrumentalidad del poder ni tampoco a un conjunto de técnicas de gobernanza de lo social, merece ser relevada esta dimensión micropolítica de los cambios de entonación que ritman las sesiones de la Convención Constitucional, ya que dibujan ‒figurativamente‒ los nuevos horizontes de sentido dotados de potencial emancipador que deberán acompañar en Chile cualquier cambio macropolítico para que reimaginar la democracia sea también cuestión de lengua.

11. Entrevista a Elisa Loncón, matinal de Chilevisión, 5 de junio de 2021.

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