ECOLOGÍAS DE LOS SABERES CAMPESINOS: 

MÁS ALLÁ DEL EPISTEMICIDIO DE LA CIENCIA MODERNA.

REFLEXIONES A PARTIR DEL CASO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DE SANTIAGO DEL ESTERO VÍA CAMPESINA

Pablo E. Barbetta 

[Autor]

Clacso

La Colección Becas de Investigación es el resultado de una iniciativa dirigida a la difusión de los trabajos que los investigadores de América Latina y el Caribe realizan con el apoyo del Programa Regional de Becas de CLACSO.
Este libro presenta la investigación que la autora realizó en el marco del concurso de proyectos para investigadores de consolidación académica sobre Actualidad del pensamiento crítico de América Latina y el Caribe organizado por el Programa Regional de Becas de CLACSO con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Asdi.
Proceso de evaluación de contenidos: Los contenidos de este libro han sido seleccionados por un jurado de especialistas en la materia y evaluados por dos académicos externos a la institución en un proceso de revisión por pares.
Barbetta, Pablo
Ecologías de los saberes campesinos : más allá del eplstemlcldlo de la ciencia moderna: reflexiones a partir del caso del movimiento campesino de Santiago del Estero vía campesina . – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2012.
E-Book. – (Becas de Investigación / Bettlna Levy)
ISBN 978-987-1891-04-7
1. Sociología Rural. 2. Ecología. I. Título CDD 307.72

Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO:
Campesinado / MOCASE -VC Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina / Ciencias sociales / Ecología de los saberes / Estudios rurales / Reforma agraria / Soberanía alimentarla / Derecho a la tierra / Argentina / Santiago del Estero
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Primera edición
Ecologías de los saberes campesinos: m á s all á del epistemicidio de la ciencia moderna. Reflexiones a partir del caso del Movimiento Campesino de Santiago del Estero V í a Campesina.
(Buenos Aires: CLACSO, julio de 2012)
ISBN 978-987-1891-04-7
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La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaria Ejecutiva de CLACSO.

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Prólogo

Este libro presenta la investigación realizada durante el año 2008 por Pablo Barbetta en el marco del Concurso CLACSO-Asdi sobre “Actualidad del pensamiento crítico de América Latinay el Caribe” para investigadores de consolidación académica. El resultado final de esta investigación fue actualizado y preparado para su publicación en el año 2011.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de actividades que el Programa Regional de Becas de CLACSO viene desarrollando con el objeto de fortalecer la producción académica latinoamericana y caribeña y promover la reflexión crítica sobre los grandes desafíos que enfrentan las sociedades de la región. En este sentido, este concurso forma parte de una serie de iniciativas desarrolladas para estimular un pensamiento social latinoamericano y caribeño capaz de capturar la singularidad histórica de las sociedades de la región y -en continuidad con una vasta tradición de trabajo intelectual, científico y académico-proyectar y estudiar la viabilidad de alternativas. En particular, esta convocatoria buscó dar cuenta de la capacidad actual de las ciencias sociales latinoamericanas para pensar la singularidad histórica de la región, recuperar y profundizar la tradición crítica del pensamiento latinoamericano y aportar nuevas categorías teóricas para pensar los problemas y desafíos actuales.

Queremos destacar que esta actividad no hubiera sido posible sin la confianza y el apoyo brindado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi), que auspició la organización de este concurso. Asimismo, dejamos constancia del valioso aporte realizado por los académicos que formaron parte de los Jurados que asumieron la tarea de evaluar y seleccionar los trabajos presentados: Norma Giarracca (Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina), Fernando Martínez Heredia (Universidad de La Habana, Cuba) y Hugo Zemelman Merino (El Colegio de México). Agradecemos también a los directores de los Centros Miembros de CLACSO que respaldaron las presentaciones y facilitaron la tarea de los investigadores en sus respectivas instituciones.

Muy especialmente agradecemos a los investigadores ganadores del concurso por el aporte que hicieron al programa. En orden alfabético sus nombres son: Alejandra De Gatica, Alexander Ruiz Silva, Hen-rique José Domciano Amorim, Mariela Puga, Pablo Nicolás Barbetta y Yuri Fernando Torrez Rubin de Celis.

Programa Regional de Becas

Buenos Aires, junio de 2012

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Introducción

Pablo Barbetta[1]

Dentro de la teoría social contemporánea es cada vez más frecuente el planteo que sostiene que nos encontramos en un periodo de transición paradigmática, siendo éste un proceso que no sólo se refiere a una transición epistemológica, sino que implica también una transformación del paradigma societal. Desde dicha perspectiva las sucesivas crisis de la sociedad capitalista contemporánea muestran las deficiencias del paradigma dominante, ya que ponen de manifiesto que éste ya no es capaz de explicar o dar respuestas a los reclamos y expectativas de gran parte de la ciudadanía (Santos; 2000). Pero al mismo tiempo, la crisis de los proyectos de sociedad aparece claramente vinculada a la crisis de fundamentos del conocimiento social (Zemelman, 1987). Dicha situación ha hecho que el conocimiento social se repliegue a una función de diagnóstico crítico de situaciones, sin poder avanzar más allá de estos marcos para llegar a transformarse en fundamento de opciones sociales viables.

A grandes rasgos, la base de la crítica se sitúa en el modelo de racionalidad que preside a la ciencia moderna y en las consecuencias de que esta formas de conocer y comprender tienen sobre la realidad social, política y económica. En este contexto, nociones tales “ego-po-lítica del conocimiento” (Grosfoguel; 2006), “colonialidad del poder” (Quijano; 2000), “ego-conquisto” (Dussel; 1994), entre otras, adquieren especial relevancia para cuestionar el carácter colonial/eurocéntrico de los saberes sociales sobre el continente y la idea de modernidad como modelo civilizatorio universal (Lander; 2000). Más precisamente creemos junto a Santos (2000; 2006) que la racionalidad occidental forjó a partir de las ciencias sociales una forma de ver y conocer el mundo basada en cinco monoculturas[2], las cuales supusieron un “epistemicidio” de conocimientos alternativos y de los pueblos y grupos sociales cuyas prácticas son construidas a partir de esos conocimientos alternativos, un meta relato que empuja a las sociedades desde lo atrasado a lo desarrollado; la imposibilidad de pensar diferencias (sexuales, étnicas, raciales) con igualdad, la imposibilidad de pensar lo particular y lo local como alternativa creíble a una realidad universal o global; y la consideración de la racionalidad económica como la más importante en el ser humano, y por lo tanto la búsqueda de rendimientos increméntales en el modelo de desarrollo económico.

En este trabajo, partimos de la hipótesis de que la acción política y social del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE -VC) integrante del Movimiento Nacional Campesino e Indígena, se transforma en un signo de un problema complejo. Nos dota de señales de que la compresión del mundo es mucho más amplia que la compresión occidental del mundo, generando una discrepancia entre la teoría y la práctica social. Discrepancia que se construyó desde las ciencias sociales sobre y a partir de la naturalización de los procesos modernizadores. De esta manera, la consecuente politización de la cuestión rural nos invita a excavar en el residuo cultural producido por el canon de la modernidad occidental para descubrir las tradiciones y alternativas que de ella fueron expulsadas; excavar en el colonialismo y neocolonialismo para descubrir en los escombros de las relaciones dominantes entre la cultura occidental y otras culturas otras posibles relaciones más recíprocas e igualitarias (Santos; 2000).

En este contexto, teniendo en cuenta que “las identidades subalternas podrían servir como un punto de partida epistémico para una crítica radical a los paradigmas y las formas de pensar eurocéntricos” (Grosfoguel, 2006: 42), “lo campesino”/ “lo indígena” plantea un doble reto. En primer lugar, al interior de las ciencias sociales, ya que, como sostiene Santos (2000), todo conocimiento crítico tiene que comenzar por la crítica del conocimiento. Es decir, en este trabajo nos interrogamos acerca de la forma en que las ciencias sociales en Argentina han abordado el “tema” campesino, haciendo hincapié en sus definiciones y los fundamentos metodológicos y epistemológicos de tales abordajes. En segundo lugar, en la medida en que “lo campesino’V'lo indígena” plantea un escenario de pluralidad conflictual de saberes que se ponen de manifiesto en los discursos y en las distintas prácticas sociales, asumimos la necesidad de replantear los mecanismos de comprensión y análisis de la realidad campesina, con el objeto de aportar una alternativa teórica a partir de redescubrimientos en el campesinado argentino, en sus saberes, en sus prácticas, en sus fragmentos epistemológicos, culturales, sociales y políticos que nos ayuden a pensar otros modos de articular economía, política y mundos de vida.

El trabajo estará dividido en cuatro grandes apartados. El primero de ellos estará destinado al análisis crítico de los debates clásicos sobre el campesinado, ya que si tenemos en cuenta que el pensamiento político y social sobre este continente ha estado atravesado históricamente por una tensión entre la búsqueda de sus especificidades y miradas externas (Lander; 2000), nos interesa indagar en qué medida la óptica de las ciencias sociales sobre el campesinado se ha visto reducida de la experiencia europea. En el segundo de los apartados se abordará la forma en que los estudios rurales en Argentina ha abordado la cuestión campesina desde una perspectiva histórica que supone pensarlo en relación con la colonialidad del poder. El tercero tiene por objetivo aportar una alternativa teórica que permita replantear los mecanismos de comprensión y análisis de la realidad campesina en Argentina, haciendo hincapié en los saberes campesinos subjetivos y objetivados en las prácticas cotidianas, como puntos de partida epistémico para una crítica radical a los paradigmas y formas de pensar eurocéntricos. Por último, el cuarto estará destinado a las conclusiones finales.

Sociólogo. Doctor de la Universidad de Buenos Aires con mención en Antropología, Do¬cente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Becario posdoctoral CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Fac. de Cs. Sociales, Universidad de Buenos Aires.↵

Ellas son la monocultura del saber y del rigor, del tiempo lineal; de la naturalización de las diferencias, de la escala dominante y del monoproductivismo capitalista↵

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Breve paso por los debates campesinos clásicos

El origen sobre la cuestión agraria, en general, y particularmente de los estudios sobre el campesinado, se remonta a fines del siglo XIX y principios del XX desde el extrañamiento de los investigadores urbanos y metropolitanos de Europa y Norteamérica (Marx, Lenin, Kautsky, entre otros) es decir, un contexto muy alejado de la realidad de los campesinos en los países “periféricos” contemporáneos, quienes se constituyen hoy en día como el principal referente de los estudios sobre el campesinado.

En este contexto, el planteo (sostenido por la tradición marxis-ta) acerca de la inevitable desaparición del campesinado, ya sea por representar una forma atrasada e incompatible con el desarrollo del capitalismo o puesto que los procesos de diferenciación social inevitablemente conducirían a su proletarización o a su capitalización, se tornó un discurso hegemónico. Hegemonía que se construyó aún a pesar de que otros autores, como fue la Escuela para el análisis de la organización y producción campesinas, cuyo principal exponente fue el agrónomo ruso Alexander Chayanov[1], sostenían que sólo raramente encontramos un orden económico en estado puro, y que por lo general los sistemas económicos coexisten unos con otros, formando complejos conglomerados por lo que era necesario comprender la unidad económica familiar en forma diferenciada a la agricultura capitalista, ya que ésta basada su lógica no en la ganancia, la renta o el salario (elementos capitalistas), sino en la satisfacción de sus necesidades familiares (Cha-yanov; 1974). Así, sostenía que:

En la teoría moderna de la economía se ha hecho costumbre pensar todos los fenómenos económicos en relación exclusivamente con la economía capitalista. (…) Todos los demás tipos (no capitalistas) de vida económica se consideran insignificantes o en proceso de extinción; por lo menos se piensa que no tienen influencia en las cuestiones básicas de la economía moderna y por lo tanto no presentan interés teórico. (…) Una región muy vasta de la vida económica (la parte más grande del área de la producción agraria) se basa no en una forma capitalista, sino en la forma completamente diferente de una unidad económica familiar no asalariada. Esta unidad tiene motivos muy especiales para la actividad económica, así como una concepción muy específica de lo que es remunerativo (Cha-yanov, 1974:49; la cursiva es del original).

En otras palabras, la familia campesina[2], en tanto unidad de producción, no produce para acumular ni para obtener ganancias -aunque éstas pueden existir sin ser su objetivo-, sino que produce en función de sus necesidades de consumo familiar. De este modo, el principal objetivo de las operaciones y transacciones económicas campesinas está orientado por la subsistencia y no por la obtención de una tasa normal de ganancia, constituyendo el trabajo de la familia la única fuente de ingreso posible. En definitiva, lo que intentaba mostrar Chayanov, desde un análisis desde “abajo”, es decir, desde un conocimiento construido a partir de un saber localizado, era que el modo de producción campesino no responde, en esencia, al funcionamiento y organización de los postulados en los que se fundamenta la economía capitalista.

Sin embargo, la coexistencia de estas unidades económicas no capitalistas y capitalistas no suponía para el autor que las primeras fueran situadas en una condición de inferioridad en relación con las segundas. En un escrito utópico: “Viaje de mi hermano Alexis al país de la utopía campesina”, Chayanov (1981) rescata las potencialidades políticas, económicas, sociales y culturales de los campesinos. En este trabajo, la vida social y económica se organiza en base a los antiguos principios seculares que estaban presentes en la base de la economía campesina, donde el hombre no se opone a la naturaleza, el trabajo se efectúa en el contacto creativo con todas las fuerzas del cosmos, y crea nuevas formas de existencia. Cada trabajador es un creador, cada manifestación de su invididualidad es arte del trabajo. El trabajo no está separado de la creación de formas organizativas, donde la libre iniciativa personal permite a cada ser humano manifestar todas las posibilidades de su desarrollo espiritual. En este punto, es necesario resaltar junto a Teodor Shanin, en un artículo titulado: “El mensaje de Chayanov: aclaraciones, faltas de comprensión y la ‘teoría del desarrollo’ contemporánea”, que fuera de sus Viajes con mi hermano Alexis (novela corta que él mismo definió como una “utopía campesina”), no había ningún mensaje de “lo pequeño es bello” en Chayanov, sólo una fuerte objeción a la hipótesis imperante en aquel momento de que “cuanto más grande, necesariamente será más eficaz” (Shanin, 1988:151).

En este contexto, es interesante destacar, siguiendo a Sevilla Guzmán (1983), que

Durante más de medio siglo los científicos sociales no sólo rechazaron abiertamente la posible existencia de un modo campesino de producción sino que alejaron de su pesquisa teórica cualquier análisis sobre el campesinado. (…) De esta forma la antigua tradición europea de los estudios campesinos quedó paralizada (pág. 145; la cursiva es del original).

Este autor señala que fue recién durante los años sesenta y setenta que estos trabajos fueron retomados por diversos autores para reflexionar sobre la persistencia de las unidades económicas campesinas en contextos de modernización, surgiendo nuevas corrientes cuyas posturas discurrieron principalmente en la discusión: cam-pesinistas vs. descampesinistas. Los descampesinistas basaban su argumento, inspirados en la tradición marxista clásica acerca del campesinado, en el predominio hegemónico de la lógica capitalista para sostener que el campesinado, en tanto resabio no-capitalista, desaparecería en forma de proletariado o de burguesía capitalista.

Así podemos sostener que su pensamiento se inscribe dentro de lo que Santos (2000) denominó como monocultura del mono-producti-vismo capitalista, es decir, a partir de la idea de que el crecimiento económico y la productividad mensurada en un ciclo de producción determinan la productividad del trabajo humano o de la naturaleza, lo que implica el descrédito hacia cualquier otra forma de organizar la productividad, generando el último tipo de ausencia, denominada ” improductividad “.

Anclada sobre esta improductividad, podemos inscribir a dicho pensamiento, por un lado, dentro de la monocultura del tiempo lineal, la cual admite que la historia tiene un sentido, una dirección, marcados por la idea de progreso, modernización y donde en nuestro caso, el desarrollo de las fuerzas productivas llevaría a la desaparición de las unidades campesinas. Por el otro, dentro de la monocultura de naturalización de las diferencias, en la medida en que el pensamiento occidental no sabe pensar diferencias con igualdad. En este contexto, ser campesino y por ende, “no capitalista” supone la descalificación del modo de producción campesino.

Los campesinistas, por el contrario, de inspiración claramente chayanoviana, se basaron en la idea central de considerar al sector como un “modo de producción” con una lógica diferente a la capitalista. Asimismo argumentaban que este modo de producción, articulado subordinadamente al hegemónico, le era “funcional”. Encontramos en esta posición a Claude Servolin (de origen francés) que junto a Kostas Vergopoulos (griego-francés) son los que más han influido en los autores latinoamericanos. Sus argumentaciones se basaban en los siguientes principios: a) la tierra es el único medio de producción agrícola basada en el principio de “limitud” (es limitada pues no es producto del trabajo humano; aunque se la trata como si lo fuera, como una mercancía); b) por lo antes referido y por la capacidad y poder de la clase terrateniente, ésta se apropia de una sobreganancia: “renta”; c) la tasa de ganancia industrial a causa de ello resulta perjudicada y rebajada. Por todo esto, la presencia del campesinado (sin poder para reclamar renta) resulta funcional al capitalismo en su conjunto. Se le deja al campesinado lo necesario para su reproducción y se logran alimentos baratos para la reproducción de la fuerza de trabajo del sistema. El sistema capitalista no necesita la racionalidad en la agricultura, sino de la sumisión de ésta a la racionalidad del sector industrial. Es decir, sin el componente crítico que caracteriza al pensamiento de Aníbal Quijano, sostenían la articulación bajo una forma subordinada de la economía campesina, de sus recursos y de sus productos, en torno al capital y del mercado mundial.

Mientras que el determinismo económico eclipsaba el debate campesino, en el plano político, los debates del siglo XX sobre el campesinado se construían sobre dos oposiciones binarias: la agencia contra la estructura; y cultura contra economía. En el primero de ellas, el interrogante que obsesionaba a los académicos remitía a la indagación acerca de si el campesinado podía ser considerado una clase. En este contexto, si bien hasta los años de 1960 los campesinados protagonizaron grandes movimientos políticos, las corrientes más ortodoxas del marxismo los colocaron siempre “bajo sospecha”, ya que “la condición de poseer o controlar la tierra y sus apegos a tradiciones culturales que no contaban con la simpatía de los intelectuales “modernizadores” contribuyeron a esta situación. El actor del cambio político se construía en referencia al capitalismo y a sus reglas de funcionamiento, donde las relaciones de propiedad eran fundamentales” (Giarracca, 2003: 5). En este contexto, el debate político sobre el campesinado de fines de la década de 1960 era abordado a partir del nivel de “clasicidad” de las poblaciones campesinas en relación con la clase obrera, que se erigía como sujeto histórico de los procesos revolucionarios. En otras palabras, los análisis derivaban la acción política del campesinado de la posición en la estructura social.

En este contexto, diversos autores compartieron la afirmación de Theodor Shanin de considerarlo como un sector de “baja clasicidad” (Shanin; 1979). Uno de ellos fue Eric Hobsbwam (1976) quien afirmaba que “por muy militantes que sean los campesinos, el ciclo de sus faenas los ata a su destino” (pág. 124). Otros, en cambio, como Eric Wolf (1972) y Hamza Alavi (1974) sostienen que el campesino medio y los campesinos pobres pero “libres” (que no están restringidos por el dominio de ningún poder) son los que construyen los grupos clave para los levantamientos. Éste último, luego de analizar los casos de las revoluciones rusa, china e india, sostiene que los campesinos pobres son la clase menos militante del campesinado debido a sus hábitos serviles interiorizados durante siglos o la mentalidad atrasada del campesinado, etcétera.

Pero el atraso del campesinado, fundado en su dependencia objetiva, es una condición relativa y no absoluta. En una situación revolucionaria, cuando por ejemplo los campesinos medios promueven con su militancia el desarrollo de sentimientos contra el terrateniente o el campesino rico, su moral se eleva y está más dispuesto a responder a las llamadas a la acción. En este contexto, cuando las condiciones objetivas previas se satisfacen el campesino pobre se convierte en una fuerza potencialmente revolucionaria, aunque la debilidad inherente a su situación lo deja más expuesto a la intimidación y las derrotas temporales (Alavi; 1974).

Si bien es cierto que durante mucho tiempo, los análisis mar-xistas impugnaron la posibilidad del campesinado de erigirse en un actor político a menos que sean impulsados por una dirección externa, otros autores como el historiador Edward P. Thompson (1989) y el antropólogo James Scott (1985) inscribían sus desarrollos teóricos en la oposición binaria “cultura contra economía”, abordando las rebeliones campesinas enfatizando los aspectos culturales de la acción política, es decir, dejando de lado los determinantes estructurales de la acción. El primero descentrará el concepto de clase del determinismo económico a partir de una idea de “conciencia de clase”, entendida como el modo en que se expresan las experiencias en términos culturales (tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales), para interpretar las rebeliones de los campesinos por el aumento del precio del pan -bien de consumo primario- en Inglaterra. El segundo, en cambio, sostendrá que los levantamientos y/o las revueltas son momentos excepcionales en la vida de un campesino o trabajador rural y que su manifestación más común son las “formas cotidianas de resistencia”, verdaderas “armas de los débiles”, es decir, acciones que requieren poca o ninguna coordinación y que evita la confrontación directa: sabotaje, “violencia menuda”, habladurías, chismes maliciosos.

Así los debates campesinos clásicos corren el peligro de caer tanto en el reduccionismo económico como en el peligro del culturalismo; peligro que implica la división de lo económico, lo político, lo cultural y lo social como arenas autónomas. En este contexto, teniendo en cuenta junto a Grosfoguel (2006) que:

La “colonialidad del poder” es un concepto que busca integrar como parte del proceso heterogéneo estructural las múltiples relaciones en las que los procesos culturales, políticos y económicos se ven imbricados en el capitalismo como sistema histórico (pág. 35), y que ésta se reproduce al interior de las ciencias sociales en tanto “colonialidad del saber”, el problema que se plantea gira en torno de la forma de razonamiento más adecuada para dar cuenta de la compleja articulación de la realidad (Zemelman; 1987).

En este punto, teniendo en cuenta que “En opinión de Lander, las ciencias sociales y las humanidades que se enseñan en la mayor parte de nuestras universidades no sólo arrastran la “herencia colonial” de sus paradigmas sino, lo que es peor, contribuyen a reforzar la hegemonía cultural, económica y política de Occidente” (Castro -Gómez, 2007: 79), debemos interrogarnos acerca de cómo fue tratada la cuestión campesina en los debates académicos en Argentina. En este sentido, en el siguiente apartado nos interrogaremos acerca del lugar que tuvo la “cuestión campesina” dentro de los estudios rurales en Argentina; cómo y en qué medida fue permeada por dichas teorizaciones y debates, y bajo que presupuestos epistemológicos fue “construida” la noción de campesino dentro del espacio académico.

Toledo (1991) sostiene que el análisis de la economía campesina y su potencial emancipatorio quedó cancelado por varias décadas con el fusilamiento de Chayanov en 1939 y la ruta seguida por el régimen soviético "que privilegió una sociedad urbano- industrial semejante a la de los países capitalistas, en donde el sector rural se vuelve un espacio dominado y finalmente expoliado, y en donde los campesinos y la naturaleza se conciben como formas "atrasadas" que hay que destruir para alcanzar el progreso" (pág. 16). ↵

Chayanov caracteriza a la familia campesina como aquella que "no contrata fuerza de trabajo exterior, que tiene una cierta extensión de tierra disponible, sus propios medios de producción y que a veces se ve obligada a emplear parte de su fuerza de trabajo en oficios rurales no agrícolas" (1985:44).↵

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Estudios campesinos en Argentina

Bengoa (2003) sostiene que la cuestión agraria en América Latina, en los últimos 25 años, ha sufrido cinco desplazamientos temáticos[1] producto de los cambios que han ocurrido en la agricultura y de la diversidad de miradas de quienes estudian la realidad rural y de los actores que allí operan. Así, los temas se han ido deslizando de la hacienda a la empresa moderna, luego de campesinos a pobres rurales, más tarde de los siervos del campo a los temporeros, después de campesinos a indígenas, y por último, de campesinos a campesinas. La cuestión agraria argentina difícilmente pueda ser encasillada dentro de desplazamientos temáticos que propone Bengoa, muy posiblemente, por las particularidades que subyacen a su inserción en el sistema mundo y que la diferencian de los otros países latinoamericanos. Es decir, una rápida inserción en el mercado mundial como proveedora de productos agropecuarios, un importante sector de productores medios (los chacareros), la ausencia de una reforma agraria, etcétera.

En efecto, en un trabajo realizado por la socióloga Norma Gia-rracca (1999), podemos encontrar un panorama general del aporte de las ciencias sociales a los estudios de los procesos agrarios y mundos rurales de Argentina. En él, la autora realiza un ordenamiento de la temática -si bien no tiene como objetivo la jerarquización del valor teórico de la producción ni de la injerencia que éste tuvo en las decisiones políticas de cada época- de acuerdo a ciertos ejes que hegemonizaron los debates. De esta manera, la autora delimita cuatro períodos que resumimos, brevemente, a continuación:

Primer período: el pensamiento social agrario (1900-1956): generado por dirigentes económicos y políticos y por técnicos gubernamentales, ya que las ciencias sociales como disciplinas científicas no existían como las conocemos en la actualidad, los debates, en un contexto de modo de producción “capitalista exportador”, giraban en torno a los elementos necesarios para la puesta en producción de las tierras que se iban incorporando con el avance de la línea de frontera: asentamiento de mano de obra apta para la agricultura, colonización y propiedad de la tierra. A partir de la década de 1930, cuando comienza el estancamiento de la región pampeana y por lo tanto, era difícil mantener la participación relativa del país en el comercio mundial de granos, el debate comenzó a girar, desde diferentes perspectivas, en torno a las salidas posibles de esa crisis.

Segundo período: la institucionalización de las ciencias sociales (1957-1976): durante este período, las ciencias sociales focalizaron su atención en: 1) el estancamiento de la producción pampeana; 2) los arrendamientos y las posibilidades de la mediana producción en la región pampeana; 3) la crisis de los cultivos regionales, 4) la problemática de la mano de obra agrícola; 5) las organizaciones gremiales de los productores.

Tercer período: el “Proceso” (1976 -1983): se caracteriza por la persecución, desaparición y el exilio de gran parte de los investigadores como consecuencia del último golpe militar y por lo tanto con un corte en las investigaciones que se venían llevando a cabo. Los que permanecieron en el país realizaron trabajos sobre el minifundio en las distintas regiones del país, sobre los mercados y condiciones de trabajo.

Cuarto período: el regreso a la democracia (1983 -hasta la actualidad): en el marco de la desregulación y neoliberalización de la economía los interrogantes remitían, por un lado, a los efectos que estas medidas traerían aparejados en el sector agropecuario a nivel de las estructuras productivas y económico -social del sector. Por el otro, a trabajos que posaban su mirada en los actores y sus acciones, con la consecuente circulación de conceptos tales como “estrategias familiares”, “acciones colectivas”, etc. Por último, como una categoría residual, podemos nombrar los estudios sobre pobreza rural.

Tal vez resulte paradójico para el lector que este trabajo esté afirmando la importancia de las luchas, resistencias y los proyectos emancipadores del Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), en general y del MOCASE -Vía Campesina en particular, cuando en los debates académicos en torno a la cuestión rural en Argentina se pone en evidencia su invisibilización. Sin embargo, en Argentina, el resurgimiento público, a partir de la década de 1990, del movimiento campesino e indígena, trasforma a estos sujetos en una clase de supervivientes, tal como lo afirma Berger (2006). Supervivencia que se prolongó durante varios procesos históricos y que veremos a continuación.

El proceso de organización nacional

Varios autores, entre ellos Dussel (1994), Quijano (2000), Mignolo (2007) y Lander (2000) sostienen que la conquista del continente americano conforma la base de dos procesos interrelacionados: la modernidad y la organización colonial del mundo. En este sentido, Mignolo (2007) sostiene que hay dos paradigmas para pensar América como concepto: uno que la interpreta como “descubrimiento”, y otro como “invención”. El primer término, remite a “una perspectiva imperialista de la historia mundial adoptada por una Europa triunfal y victoriosa, algo que se conoce como ‘modernidad’” (Mignolo; 2007: 29). Esta perspectiva de la historia victoriosa, de un proyecto de la modernidad cuyo modelo era Europa, poco tiene que ver con la otra perspectiva, aquella que señala el carácter de “invención”. Ésta no hace más que marcar la faceta colonial de la modernidad al asociar a la idea de América como con la idea de colonialidad. Retomando el pensamiento del historiador y filósofo mexicano Edmundo O’ Gorman, Mignolo (2007) sostiene que la invención de América supuso la apropiación del continente y su integración al imaginario eurocristiano.

Pasar de un paradigma al otro requiere, según los autores, desplazar espacio-temporalmente el momento del “nacimiento” de la Modernidad. Ésta ya no puede ser pensada como el período de la historia que se remonta al Renacimiento europeo o, como sostiene toda la tradición europea actual, desde Hegel a Habermas, el acaecimiento de la Reforma, la Ilustración y la Revolución francesa; sino que el acontecimiento histórico clave que inició el proceso para la implementación del principio de la subjetividad moderna es el descubrimiento de América (Dussel; 1994). En este contexto, América ha sido “des-cubierta” para ser civilizada por el “ser” europeo de la “Cultura Occidental”, pero “encubierta” en su Alteridad, ya que “los habitantes de las nuevas tierra descubiertas no aparecen como Otros, sino como lo Mismo a ser cor quistado, colonizado, modernizado, civilizado, como “materia” del eg moderno” (Dussel; 1994: 36). De aquí que la palabra “modernidad” tk ne un contenido negativo, mítico, dirá el autor, que oculta el proceso “d dominación” o “violencia” que ejerce sobre otras culturas, violencia qu se funda bajo la premisa de que la cultura europea es una civilizació superior a las otras culturas. Pero al mismo tiempo, la Modernidac en su núcleo racional, se presenta como emancipación del estado d inmadurez cultural de aquellas culturas con instrumentos, tecnología; estructuras prácticas políticas o económicas o al grado del ejercicio d la subjetividad menos desarrollada.

El territorio que comprende la actual República Argentina n estuvo exento, al igual que los demás países de Latinoamérica, de lo procesos de colonización y modernización sobre su población. Si embargo, su “invención” tuvo características particulares, ya que s población indígena y campesina fue rápidamente negada a partir d los dispositivos de poder desarrollado por la conformación del Estadc nación de acuerdo a, como podría sostener Castro-Gómez (2000), un doble gobernabilidad ejercida tanto hacia adentro del Estado nacional e su intento por crear identidades homogéneas, como hacia afuera por la potencias económicas en su esfuerzo por asegurar el flujo de riqueza desde la periferia hacia el centro.

En efecto, el proceso de construcción nacional se basó en do procesos interrelacionados: el de la conquista del territorio habitad por las poblaciones indígenas y el consecuente exterminio de ésta como forma expeditiva de homogenizar la población nacional y de es modo, facilitar el proceso de constitución de un Estado-nación me derno, a la europea. En otras palabras, el proceso de construcción d< Estado-nación argentino profundizó la aniquilación y reducción de la poblaciones indígenas nativas (que había comenzado en el período ce lonial), bajo un modelo civilizatorio europeizante que estuvo sostenid por el mito de un inmenso territorio “desierto” sólo transitado por una cuantas hordas de cazadores “bárbaros” (Bartolomé, 2004). Si bien 1 densidad demográfica del área no era en absoluto comparable a la qu poseían las altas culturas andinas y mesoamericanas, algunos dato indican que el territorio que conforma la actual República Argentina n se encontraba casi despoblado para el momento del contacto con los ir vasores europeos. En las provincias del noroeste argentino la població ascendía hasta el medio millón de habitantes, y sólo en el territorio d Entre Ríos, que para esa época incluía también a la actual provincia d Santa Fe, habitaban unos 40 mil indígenas de diferentes etnias (Bartc lomé, 2004; Oddone, 1956).

Si consideramos a la palabra “desierto” como eufemismo que simbolizaba la ausencia o escasez de asentamientos “blancos” y el rechazo de la sociedad mayoritaria a conceder a los grupos indígenas que lo habitaban el estatus de “poblaciones”, podemos afirmar que el proyecto de la nación argentina tuvo, por un lado, en su seno un mecanismo de colonización del ser que, como sostiene Mignolo, “consiste nada menos que en generar la idea de que ciertos pueblos no forman parte de la historia, de que no son seres” (Mignolo; 2007: 30). De aquí que la historiografía nacional se desarrolló al margen de los indígenas, que sólo aparecieron esporádicamente en episodios casi siempre violentos, desempeñando un homogéneo papel de “bárbaros”, “incivilizados”, “nómadas” y finalmente “exterminados” (Quijada, 2003).

El éxito en la defensa y desplazamiento de las fronteras del Estado-nación (es decir, el avance sobre las tierras aún indígenas) planteó la discusión acerca de los derechos de los indígenas sobre ellas. Las posiciones no fueron unánimes, pero en última instancia, aún para los que pensaban en la legitimidad de tales derechos, la condición para la obtención de tierras (sea como ocupación o como restitución) fue el sometimiento de los indígenas a la civilización. En este contexto, a partir de 1885 se inició una nueva etapa en la relación Estado-Pueblos indígenas. El Estado comenzó a incorporar a los indígenas y a considerarlos sujetos de derecho. Sin embargo, la incorporación posterior al sometimiento no solamente supuso una subordinación cultural (abandono de la lengua y costumbres ancestrales), sino que, en la forma que asumió, se consideraba a los indígenas como ciudadanos de segunda clase (Gutiérrez, 1998).

En otras palabras, el proyecto político de construcción de una nación argentina, se construyó a partir de la moderna dicotomía entre “civilización y barbarie”, situación que lleva implícita la supresión de las diferencias y la homologación compulsiva de los particularismos. En este sentido, Ocampo (2005: 46) sostiene que

Los arquitectos y artífices de la nación que se inspiraron en la Generación del ’37, representada por Alberdi y Sarmiento, y que consolidaron la nación Argentina, basada en la constitución de 1853, se transformaron en acérrimos enemigos de las minorías; para adquirir el derecho de ciudadanía plena había que abdicar de todas las categorías de origen y de cualquier elemento que significara diferenciación.

En este sentido, podemos situar la conocida propuesta de Alberdi (1981) de que el habitante aborigen del territorio nacional “no figura ni compone mundo en nuestra sociedad política y civil”[2].

De esta manera, a partir del encubrimiento de las poblaciones indígenas comienza a gestarse un nuevo patrón de poder que se construyó, como sostiene Quijano (2002) a partir de la convergencia de dos procesos históricos: a) la codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza y b) la articulación de todas las formas históricas de control de trabajo, de sus recursos y de sus productos, en torno al capital y al mercado mundial.

En cuanto al primer proceso, el autor sostiene que la idea de raza, cuyo origen histórico se sitúa con el descubrimiento de América, fue la manera de legitimar a las relaciones de dominación, de superioridad/inferioridad entre dominantes y dominados, instituidas desde la conquista. De esta manera, la idea de raza no sólo operó como principio clasificador de las poblaciones conquistadas en rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad sino que también fue utilizada como construcción mental, en donde “los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y, en consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y culturales” (Quijano; 2000: 203).

En Argentina, la idea de raza en tanto matriz civilizadora o moder-nizadora se reflejó en las políticas de colonización. Mientras que en un primer momento, las tierras conquistadas en la campaña del “desierto” fueron distribuidas entre los sectores civiles y militares triunfantes, con la sanción de la constitución nacional en 1853, y particularmente con el artículo número 25, se alentó fuertemente la inmigración europea sin restricciones, ni gravámenes algunos, “que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. En otras palabras, era necesario generar el cambio de sangres nativas por “razas trabajadoras”.

De esta manera, la afluencia masiva[3] a partir del último cuarto del siglo XIX de inmigrantes procedentes del viejo continente permitió visualizar a la población argentina como crecientemente homogénea “de raza blanca y cultura europea” y por ende facilitando este proceso de invisibilización de la diversidad. Sin embargo, los inmigrantes tenían escasas posibilidades de transformarse en propietarios. Sólo alrededor de un treinta por ciento logró adquirir tierra en propiedad a través de planes de colonización, o vía la compra en el mercado (Sol-berg, 1982). De esta manera, la gran mayoría se ofreció como mano de obra, en algunos casos yendo y viniendo a su país de origen, mientras que otros se convirtieron en arrendatarios. Así, dichos actores se integraron de una manera subordinada a la expansión agropecuaria en la región pampeana, que había comenzado a partir de la década de 1880 del siglo XIX, como respuesta a un proceso caracterizado por el impulso de la demanda europea, especialmente de Gran Bretaña. La necesidad de los países industriales de obtener alimentos baratos para disminuir el costo de reproducción de su fuerza laboral, condujo a la inserción de la Argentina en la división internacional del trabajo como país proveedor de granos y carnes, entre otros productos. Primero la explotación del ganado para el saladero y la obtención de cueros, luego el esplendor del ovino y la lana, más tarde la irrupción del cultivo de trigo y otros cereales, sumados al refinamiento de las pasturas y el mejoramiento del ganado vacuno, fueron expandiéndose como respuesta a la demanda foránea.

Pero hacia 1930, después de más de cinco décadas de crecimiento acelerado, la agricultura pampeana había agotado las posibilidades de sostener ese ritmo debido al agotamiento de las tierras de mayor aptitud (todo aumento de la producción debía solventarse combinando la incorporación de las tierras de menor aptitud relativa con el empleo de técnicas que permitieran aumentar sostenidamente la productividad de la tierra y del trabajo) y debido a que el proceso de reproducción ampliada encontraba una traba fundamental en la estructura de propiedad y en el sistema de explotación de la tierra, basado sobre arriendos y aparcerías inestables, con una gran mayoría de agricultores familiares no propietarios de la tierra, y con un bajo grado de capitalización.

En este contexto de crisis agraria, los conflictos entre los dueños de la tierra y los agricultores, así como también los trabajadores rurales, fueron recurrentes. Recordemos aquí las huelgas de trabajadores en la Patagonia, de la Forestal de Chaco y el Grito de Alcorta que dio origen a la Federación Agraria Argentina (FAA), entre otros conflictos. Bidaseca (2006) sostiene que la Federación Agraria Argentina, se funda en una muerte (la de Francisco Netri[4]) y en una paradoja: el momento discursivo que fundaba al sujeto colectivo excluía al sujeto que vertebró la protesta: el “campesino”, trabajador del surco, trabajador sin tierra en los distintos usos que otorgan los propios actores a una identidad, cuya falta de definición daba cuenta de su alto contenido fragmentario. Entonces, la FAA se constituye como gremio que aglutina a los agricultores con tierra.

Mientras que la región pampeana[5] se integraba al sistema mundo como proveedora básicamente de granos y carnes, la clase dirigente y la oligarquía argentinas decidieron incorporar, a partir de la década de 1850, al norte grande argentino[6] al “progreso” (Bolsi y Meichtry; 2006). De esta manera, el sector “exportador” avanzó sobre esas provincias modernizando y desarrollando algunas estructuras productivas “tradicionales”, que se ajustaron a la creciente demanda nacional. Si bien el costo de dicha modernización incluyó la desaparición de algunas de sus economías por la competencia de la importación y por lo tanto, desplazamientos y reemplazos de población, se crearon o modernizaron los principales complejos agroindustriales que hoy se encuentran en el paisaje del Norte Grande Argentino: los complejos azucareros en Tucumán, Salta y Jujuy, en el de la yerba mate en Misiones y el de la explotación forestal[7] y el algodón en Chaco, Santiago del Estero y el noroeste de Córdoba. Modernización que requirió de la existencia de los cultivadores como proveedores de la materia prima y de mano de obra. Así, el campesinado se integró subordinadamente a dichos complejos a partir de una doble identidad, como pequeños productores pero, al mismo tiempo, como trabajadores rurales.

Sin embargo, junto a dicha modernización persistieron formas tradicionales no sólo en relación con las actividades productivas sino además con la conducta de los distintos sectores de la sociedad. En este sentido, Bolsi y Meichtry (2006) sostienen que aún a pesar de la modernización, persistieron las relaciones de dominación tradicionales al interior de las modernas estructuras capitalistas, situación que fue común en la industria azucarera del Tucumán, o en el complejo agroforestal de Santiago del Estero. Buena parte de la población fue sujeto de esta práctica, pero más aún la población indígena de la Puna y principalmente la del Gran Chaco, doblemente perjudicada, pues el proceso de apropiación de la tierra les restó, además, sustento espacial a su economía. En la misma dirección, Bialet Massé (1985) en 1904, por un lado, denunciaba las condiciones laborales a las cuales era sometida la población criolla e indígena, mientras que por el otro, marcaba el error de los distintos gobiernos al preocuparse exclusivamente de atraer al capital extranjero e impulsar la inmigración ultramarina, menospreciando al capital criollo y descuidando al trabajador nativo. Si bien su análisis no se distanciaba de una postura, por un lado, biologicista, que ponderaba positivamente los rasgos fenotípicos de la población criolla y nativa[8], y por el otro, civilizadora -a través de la conscripción[9]-, marcaba, al mismo tiempo, la necesidad de convertirlos en propietarios. En este sentido, dicho autor sostenía: “hay que derribar [...] el mal estado de la población criolla; hay [...] que darle tierra en balde y todavía darle semillas y herramientas; son suyas, es el soberano de la tierra. Que se venda [la tierra] al que viene de afuera, pase; pero al dueño de casa hay que darle lo suyo” (Bialet Massé; 1985: 122).

En otras palabras, el campesinado y las poblaciones indígenas se erigen en una clase de sobrevivientes a un proceso en el cual, como sostiene Quijano (2000), se articularon todas las formas históricas de control de trabajo, de sus recursos y de sus productos, en torno al capital y del mercado mundial, imponiendo una sistemática división racial del trabajo, en donde cada forma de control de trabajo estuvo articulada con una raza en particular. Mientras que el trabajo asalariado se concentraba casi exclusivamente entre los blancos, las poblaciones colonizadas “[•••] permanecían básicamente bajo relaciones no asalariadas de trabajo, aunque, desde luego ese trabajo, sus recursos y sus productos, se articulaban en una cadena de transferencia de valor y de beneficios cuyo control correspondía a Europa Occidental” (Quijano; 2000: 206)[10].

El estado intervencionista, emergencia campesina

Al igual que en otros países de la región, la concentración de tierras en Argentina se transformó en un problema endémico relacionado históricamente con el tipo de poblamiento, la distribución de la tierra y con la inserción de la economía en el mercado mundial. En este sentido, se organizó una forma de tenencia de la tierra que combinaba minifundios y latifundios, en donde el lugar asignado al campesinado y a las poblaciones indígenas correspondían al primer término de este binomio. En el marco de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) en donde, por un lado, el Estado fue el encargado de consolidar el desarrollo de la economía en su conjunto a través de medidas proteccionistas y políticas promocionales de la actividad productiva (Azpiazu; Basualdo; Khavisse:1989); y por el otro, los procesos del mercado y del Estado, lejos de ser antitéticos, eran complementarios, configurando lo que Teubal (1994) denomina un “modelo articulado”, se dicta hacia 1940 la ley de colonización, con la intención de encontrar una solución a dicha problemática. Si bien la gran estancia agrícola ganadera coexistió durante el siglo XX con la pequeña y mediana explotación agraria gracias a una serie de arreglos institucionales que mantuvieron cierta negociación entre los actores económicos y el Estado (representado en el espacio productivo agrario por una serie de instituciones generadas después de la crisis de 1930: la Junta Nacional de Granos, la de Carnes, la Dirección Nacional del Azúcar, la Dirección de la Yerba Mate, entre otras), la finalidad general de dicha ley era la de aplicar un plan “destinado a poblar el interior del país, a racionalizar las explotaciones rurales, a subdividir la tierra, estabilizar la población rural sobre la base de la propiedad de la misma y a llevar mayor bienestar a los trabajadores agrarios” (CAN, 1944, citado en León y Rossi, 2006). Con ella, “la propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley de acuerdo al interés colectivo”, todo un avance sobre el ya mentado absolutismo del derecho de propiedad. Los objetivos explícitos de la ley eran aumentar el número de agricultores propietarios, dividiendo los campos en unidades económicas (familiares), solucionar una serie de problemas técnico-económicos de la agricultura, aumentar la población rural mejorando las condiciones sociales y afianzando la familia. Se creó, como organismo de aplicación de la ley, el Consejo Agrario Nacional, un ente autárquico dirigido por una mayoría de representantes oficiales.

Los objetivos del CAN se cumplieron de manera irregular, no sólo debido a los vaivenes de la política nacional, sino también por los resultados concretos en materia de colonización. En el período 1940-1975 se compraron 896.651 hectáreas, se expropiaron otras 264.250, y se transfirieron a través de otros organismos 105.457. En total 1.266.358 hectáreas. El 75% de las colonias creadas por el CAN correspondieron a las provincias pampeanas, y sólo el 25% al resto de las provincias (LeónyRossi, 2006).

En efecto, en la década de 1960, un estudio del Comité Interame-ricano de Desarrollo Agrícola (CIDA) mostraba el atraso de la producción agrícola, cuyo principal factor explicativo remitía a los problemas de la propiedad y la tenencia de la tierra. Por ejemplo, aun a pesar de la centralidad que tuvo el plan de colonización en la región pampeana, el estudio sostenía que si bien existían más unidades agropecuarias que hace 50 años, casi toda la aparente subdivisión había ocurrido por el parcelamiento de las fincas de menor tamaño, y no de las grandes estancias. Marcaba para la región noroeste tanto la centralidad de las explotaciones subfamiliares (52.4%) y familiares (29.2%), y el grado de concentración de la superficie operada (4.12% y 44.89%). Este proceso también ocurría en el resto del país.

Es aquí donde hace su aparición la cuestión campesina, que, a diferencia de otros países como México, Bolivia, Perú, ha tenido poco peso (Giarracca, 1990). Podemos encontrar dos razones a esta relativa invisibilización de la cuestión campesina en Argentina. En primer lugar, el carácter eminentemente agroexportador del país sesgó la problemática del desarrollo agrario en la Argentina y el estudio de las transformaciones sociales y productivas, hacia los procesos económicos y sociales que ocurrían en la pampa húmeda. De esta manera, dicha región, asociada a la empresa familiar capitalizada (los chacareros o colonos a los que haremos referencia más abajo), se erigió como el modelo estereotipado de la estructura social agraria argentina. Como sostiene Dargoltz (2003: 6): “al identificarse a la región pampeana con el resto del país, las regiones carecieron de pasado, de historia, de economía y por cierto que otras formas de producción pasaron a ser totalmente dependientes de la pampa húmeda”. Esta situación de invisibilidad y de dependencia transmite una idea de homogeneidad sobre la naturaleza y dirección de los procesos económicos y sociales. En este marco, la subordinación de las economías regionales a un desarrollo nacional centrado en la región pampeana supuso tanto la exclusión de regiones productivas como el silenciamiento y arrinconamiento de una heterogeneidad de sujetos sociales agrarios (campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, etcétera). De esta manera, la naturaleza económica de tal proceso oscurece otras dimensiones enjuego, como culturas, estilos de vida y estrategias productivas que subyacen a las particularidades de la estructura social agraria argentina. En segundo lugar, Posadas (1997: 74) sostiene que: “no vamos a encontrar reflexiones ni discusiones del tenor de las llevadas a cabo por los campesinistas y descampesinistas mexicanos, ni un volumen de estudios de caso, como los efectuados en Ecuador o Perú”, ya que en ese período Argentina atravesaba por un período político dictatorial que impidió la reflexión crítica pública (Giarracca; 1990).

Situados en su mayoría en regiones “periféricas” en relación con el “centro” pampeano, el debate campesino partía del consenso de que los campesinos argentinos ni podían ser asimilables a los campesinos latinoamericanos ni eran totalmente capitalistas, ya que se trataba de unidades que raramente se mantenían fuera del mercado, que cuando podían utilizaban mano de obra asalariada, y que en la mayoría de los casos habían nacido al calor del desarrollo agroindustrial (de la caña de azúcar, del algodón, la yerba mate, el té, la vid, etcétera (Giarracca y Teubal, 2005). Es decir, en Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, los campesinos no se limitaron a producir alimentos básicos para el consumo interno, sino que desde sus orígenes y en las regiones no pampeanas integraron algunas de las cadenas agroindus-triales más importantes como proveedores de insumos y mano de obra (Tsakoumagkos, 1986).

De esta manera, el objetivo de las ciencias sociales en relación con las unidades campesinas fue, si bien esto no significa dejar de lado la lógica interna de las unidades campesinas, “buscar su sentido en el rol que la misma cumple en la expansión del capitalismo, porque no es posible hablar del campesinado en abstracto, sino que su explicación radica en la formación social concreta en la que se desenvuelve” (Tsakoumagkos, 1986: 230). En otras palabras, ello implica considerar la relación entre la expansión del capitalismo y la “funcionalización” (o su disfuncionalidad, podríamos agregar nosotros) del campesinado por parte del modo de producción capitalista que lo subordina.

En este contexto, el campesinado fue conceptualizado de diferentes maneras. Si bien para Giarracca (1990: 57) el término campesino refiere “a un conjunto de aspectos económicos pero también sociales y culturales; un pasado o religión común, historias de luchas sociales que los haya conformado como grupo”, las características diferenciales del campesinado argentino, que marcáramos anteriormente, en relación con el latinoamericano, imposibilitó un debate teórico acerca de los rasgos que caracterizan al campesinado más allá de lo que Santos (2000) denominó como “la monocultura del monoproductivismo capitalista”.

En efecto, el término “campesino” fue utilizado mayormente para designar a una forma de organización económica distinta de la capitalista, donde prevalece el trabajo familiar y donde si bien existe venta y compra de mercancías, ésta no alcanza ningún excedente una vez terminado el ciclo productivo. En este sentido, Archetti y St0len (1975) sostenían que “en este tipo de economía el productor se ‘reproduce’ con su familia sin que haya un proceso de capitalización que le permita expandir sus actividades, ya sea comprando más tierra o modificando la tecnología utilizada” (Archetti y St0len, 1975:152). Por ende, para Archetti (1974), la economía campesina constituye lo que Marx en El capital (1974) definió como economía mercantil simple, que difiere principalmente de la capitalista en que no busca la obtención de ganancia a través de la contratación de fuerza de trabajo, sino que tiene como objetivo final la satisfacción de necesidades.

En esta misma dirección, Murmis (1980) sostenía que la unidad de producción fundada en la combinación de tierra y trabajo familiar, es “la unidad campesina por excelencia”. Sin embargo, para el autor ésta no es más que un punto de referencia, ya que el autor creyó positivo para el análisis de las unidades campesinas o con rasgos campesinos la construcción de una tipología donde el límite superior esté marcado por un tamaño que no le permita basarse en la renta de la tierra y el inferior enfatice el carácter de “productor” (en otras palabras, unidades cuya significación como productora es limitada por ser muy pequeñas o ya semi-proletarias). De aquí que “las unidades campesinas no sólo son parte de un conjunto más amplio [el de pequeños productores], sino también que tienden a estar “en flujo hacia” o “resistiendo un flujo hacia” otros tipos de unidades productivas que en algo se le asemejan” (Murmis; 1980: 2). Así, dentro de este espectro, “existe una amplia gama combinatoria de trabajo familiar y tierra; siendo estos dos factores productivos los ejes que se toman para delinear las numerosas definiciones de campesinos, tanto en forma genérica como en el caso particular de nuestro país” (Posadas; 1997: 77, las cursivas pertenecen al original).

Estas caracterizaciones fueron de suma importancia dentro de los estudios rurales en Argentina, en primer lugar, porque permitían diferenciar al campesinado de otro sujeto importante de la estructura agraria argentina más ligado a los sectores medios rurales, y que fuera denominado de distintas maneras, según la zona geográfica en donde estuvieran asentados: chacareros o farmers, para la región pampeana, y colonos para las regiones del nordeste. En efecto, Eduardo Archetti y Kristi Anne St0len (1975) caracterizan al colono como aquel productor que combina trabajo doméstico y trabajo asalariado y que acumula capital, lo que permite, en un lapso significativo, ampliar el proceso productivo aumentando la productividad del trabajo. En otras palabras, una de las caracterizaciones conclusivas de este estudio es que los colonos no son ni campesinos ni capitalistas, pues si bien recurren al trabajo doméstico y dependen del desarrollo del ciclo doméstico en las decisiones sobre recursos y política inversora, también es cierto que logran un nivel de acumulación de capital que les permite incrementar las fuerzas productivas para apropiar más tierra y nueva tecnología. En cuanto al “chacarero”, Palacio sostiene que “se ha pasado de considerarlo poco menos que un pobre campesino sin tierra a merced de despreocupados latifundistas a verlo como un pequeño empresario capitalista, moderno e independiente, algo así como un farmer como los que poblaron el midwest norteamericano” (Palacio;1996: 54). De esta manera, para Francisco Delich (1972), los campesinos constituían “una cuarta clase” ubicada entre la clase media rural y los asalariados.

En segundo lugar, porque esta “cuarta clase” en el agro argentino, como podría sostener Delich, se diferenciaba por poseer una racionalidad diferencial en términos económicos en relación con los otros sujetos sociales pertenecientes a la estructura agraria argentina, es decir, racionalidad caracterizada, como sostiene Chayanov, por la subsistencia, y no por la obtención de una tasa normal de ganancia. De esta manera, “debido a la tendencia a interpretar economías de subsistencia como retrasadas y reprimidas, la pobreza “culturalmente percibida” se ve como la pobreza real (…) y esto ha levantado a toda una industria del desarrollo” (Cochrane; 2006: 1).

La solución a dicho problema adquirió dos perspectivas contrapuestas. La primera de ellas, desarrollada en el capítulo local del estudio del CIDA, destacaba como limitantes al desarrollo: a) la defectuosa división de la tierra que ofrecía un crecido número de minifundios; b) una escasa cantidad de predios de tamaño familiar, frente a grandes explotaciones; c) la dificultad para el acceso a la tenencia de los predios. Sostenía una estrecha relación “entre la disponibilidad de recursos en las explotaciones y la capacidad de progresar; relación tan estrecha como entre la forma de tenencia de un predio y los incentivos para mejorar” (CND en CIDA 1964: 9).

En cambio, en otros trabajos, Vessuri sostenía que la tenencia legal de la tierra no es por sí sola la solución aparente para promover el desarrollo, sino que había que poner énfasis, además, en un cambio en las asimetrías de la comercialización. En palabras de la autora, “si el proceso productivo ubica a la pequeña producción campesina en posición desventajosa, el proceso de comercialización representa la pérdida adicional de parte de su valor de producción” (Vessuri; 1972: 369, véase también 1973[11]).

Sin embargo, para el economista agrario Pedro Tsakoumagkos (1987) ambas posturas no parecieran irreductibles. En efecto, el autor sostiene que el campesinado es funcional al capitalismo, pero subordinado al proceso de valorización del capital, subordinación que involucra desde el comienzo a las esferas de la circulación y de la producción campesina, ya que, entre otros factores, poseen la tierra bajo formas que no implican pago de renta; proveen de insumos agroindustriales en condiciones de marginalidad a escala internacional y de ineficiencias en una industria significativa a nivel nacional; experimentan presiones crecientes sobre el proceso de producción por falta o pérdida de acceso al desmontado, necesidad de agroquímicos y necesidades de financia-miento externo, y falta de alternativas; ofrecen mano de obra “barata” a la agroindustria por el escaso poder de negociación, por la utilización de trabajo familiar gratuito y por la elusión de legislación laboral.

Sin embargo, la implementación de las medidas liberales a partir de la década de 1980, cuya consecuencia será, como veremos en el apartado siguiente, la conformación de un modelo concentrador y excluyente en el agro argentino, pero sobre todo para las unidades campesinas, conllevó a que esta racionalidad diferencial del campesinado no fuera analizada como una faceta inherente al modo de producción campesino, sino a la falta de adecuación de éste al sistema económico imperante. En este contexto, la idea de funcionalidad del campesinado va dejando lugar al concepto de “exclusión”, y por ende el campesinado pasó a ser definido a partir de sus carencias estructurales (la ausencia de niveles de capitalización, producción para la subsistencia, el carácter marginal de su producción, etcétera).

Después de la agroindustria, el agronegocio

El debate campesino adquirió otras connotaciones con el final del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), caracterizado por la distribución de los ingresos y por su carácter in-tegrador en los niveles social y político. A partir de mediados de la década del setenta, se imple mentaron una serie de medidas económicas impuestas desde el Ministerio de Economía comandado por Celestino Rodrigo. Posteriormente, las bases para la redefinición del modelo de acumulación fueron implantadas por la dictadura militar a partir de 1976, imponiendo un nuevo comportamiento económico y social basado en la valorización financiera (Basualdo, 2001). Para ello fue necesaria la implementación de un vasto proceso de reformas que introdujo profundos cambios económicos y sociales, impactando tanto sobre la estructura económica y el orden social, como sobre el rol y las funciones del Estado. En el plano político, estas reformas pusieron en jaque la función integradora del Estado y de la política, perdiendo ésta última su centralidad como instancia unificadora de la vida social (Lechner, 1996).

Luego de la apertura democrática, el modelo de acumulación basado en la valorización financiera se sustentó en lo político en un modelo de dominación basado en el “transformismo argentino” (Basualdo, 2001). De aquí que haya sido posible en la década del noventa la instauración del Plan de Convertibilidad y la implementación de medidas de desregulación del sector (disolución de mercados de concentración, de organismos de fiscalización y regulación de productos regionales, eliminación del sistema de precios sostén, entre otras medidas), la apertura al exterior de la economía, y las privatizaciones.

En el sector agropecuario estas medidas favorecieron a las grandes empresas de semillas y agroquímicos, profundizando la agroindus-trialización, es decir, el incremento de los procesos de transformación, procesamiento, almacenamiento y comercialización de la producción agraria y la industrialización de la agricultura; o, en otras palabras, el uso creciente de bienes de origen industrial, de insumos industriales y de servicios técnicos (Piñeiro, 1995). Ello conllevó a la reconfiguración del sistema agroalimentario y a un profundo proceso de “reordenamiento territorial”, que consolidó a la agricultura industrial en tanto modelo hegemónico de producción, controlado por el agronegocio, y orientado al mercado externo. De esta manera, se evidenciaron considerables repercusiones en la organización y el proceso mismo de producción agraria, a partir del desarrollo de nuevos insumos y tecnologías, y la implementación de los denominados “paquetes tecnológicos” (Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2006).

Conjuntamente a estos procesos, se comprueba una progresiva pampeanización, favorecida por la creciente incorporación de regiones extra-pampeanas a partir del avance de la frontera agrícola, y fundamentalmente gracias al avance de la soja transgénica. Este proceso no sólo genera el desplazamiento de las actividades agropecuarias regionales (ganadería, citricultura, etcétera) y cultivos tradicionales (algodón, girasol, etcétera), sino también de formas de producción alternativas, ocasionando asimismo el arrinconamiento y expulsión de poblaciones y comunidades locales. Así, la consolidación de un sistema agroalimentario y agropecuario vinculado a los complejos agroindustriales, produjo una alteración en la configuración espacial guiado por el modelo pampeano de construcción del territorio.

Al mismo tiempo, el agronegocio o los emprendimientos empresariales de aprovechamiento de recursos naturales (agua, petróleo, gas, minerales, turismo, etc.) someten, sin consulta previa, a poblaciones y lugares locales a los efectos de una explotación que se controla y se dirige desde lugares distantes (por ejemplo: desde centros urbanos nacionales o internacionales). De esto resulta la conformación de territorios excluyentes, es decir, poblaciones locales son expropiadas del acceso a los recursos naturales del lugar o a las riquezas que allí se generan, o son obligadas a abandonar los modos tradicionales de producir que allí desarrollaban. Para estas poblaciones lo que resta en todo caso, son los negativos impactos de tales usos del territorio: de forestación, contaminación (humana, vegetal y animal), pérdida de biodiversidad, escasez de tierras, degradación de suelos, cambio climático, exclusión, éxodo, etcétera (Domínguez, Lapegna y Sabatino; 2006).

Como consecuencia de lo anterior, en la década del noventa se evidenciaron, a nivel de la estructura agraria, las siguientes transformaciones: a) una disminución en el número de explotaciones, y un aumento en su tamaño medio; b) la pérdida de rentabilidad en las unidades de menor escala y la constitución de nuevos umbrales de sostenibilidad (Teubal y Rodríguez, 2001); c) una intensificación de la capitalización en los procesos productivos; d) el incremento de los niveles de endeudamiento (Teubal y Rodríguez, 2001); e) el aumento del empleo no agrario, así como una disminución del empleo rural. En otras palabras, estos procesos y las consecuencias derivadas de éstos nos hacen pensar que se dio un giro en cuanto al papel del campesinado en los distintos complejos agroindustriales. Ya no es posible pensar en una inserción subordinada en el sistema, pero funcional al capital agroindustrial de la pequeña producción campesina. Se trata de un proceso tendiente al arrinconamiento del modo de producción campesino. En este contexto, los campesinos quedarían “acampando”, persistiendo como “población redundante” (Murmis, 1994). Cabe aclarar que esta imagen difiere de las visiones descampesinistas, para las cuales el avance del capital proletarizaría grandes masas campesinas; en este caso los campesinos son identificados como “pobres rurales” junto a asalariados, productores familiares empobrecidos y aborígenes (Craviotti y Soverna, 1999).

En este contexto, desde una estrategia metodológica cuantitativa a partir de datos primarios y/o secundarios¹⁵, autores como Caracciolo Basco et al. (1978), Manzanal (1988 y 1990), Borro y Rodríguez Sánchez (1991), entre otros, relacionaron al campesinado con minifundistas concebidas como unidades subfamiliares, es decir, predios con mano de obra preeminentemente familiar, no orientadas ni integradas a la economía de mercado, o sólo parcialmente integradas, o cuya superficie permite el trabajo de hasta dos hombres/año en forma permanente, y donde la superficie de corte del estrato se realiza en función de las características productivas dominantes. A su vez, Forni y Neiman (1994), Tsakoumagkos, Soverna, Craviotti (2000) y Murmis (2001), entre otros relacionaron al minifundista con la pobreza rural, entendiendo por estas unidades a aquellas caracterizadas por un bajo o mínimo nivel de capitalización, reducidos niveles de flujos monetarios y una organización social de la unidad asentada, prácticamente en forma exclusiva, sobre el uso de mano de obra familiar; y en las que se cumple que: a) la explotación es dirigida directamente por el productor; b) no dispone de tractor y tampoco contrata servicios de maquinaria para la realización de las tareas; c) no utiliza trabajadores remunerados no familiares en forma permanente. Estas dos últimas caracterizaciones están muy relacionadas al diseño de políticas públicas desde organismos nacionales como el Programa Social Agropecuario (PSA) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Así, frente al avance del modelo del agronegocio y la situación de exclusión del campesinado respecto del mismo, en el espacio académico como en el de las políticas públicas la noción de “agricultura familiar” ha comenzado a ganar terreno en detrimento de la de campesinado. Un ejemplo de este deslizamiento es el estudio reciente realizado, con el aporte del PROINDER y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), sobre los pequeños productores de la República Argentina, cuyo objetivo remite al dimensionamiento de su peso económico y laboral sobre la economía nacional en base a los datos del CNA 2002 (Obschatko, Foti, Román, 2006). Las autoras parten de la vinculación del pequeño productor con la explotación agropecuaria familiar como términos intercambiables, en base a la hipótesis de que: “las explotaciones agropecuarias de pequeños productores son aquellas en las que el productor o socio trabaja directamente en la explotación y no emplea trabajadores no familiares remunerados permanentes” (2006:14). En base a esta definición, construyen una tipología de pequeños productores que pone énfasis en los niveles de capitalización para determinar el nivel de ingresos y de producción de las explotaciones, contemplando un criterio de regionalización que pueda dar cuenta de las diferentes orientaciones productivas. A la variable correspondiente a la superficie total de explotación se le asigna un peso relativo subordinado, y la delimitación queda librada a criterios de “razonabilidad” referenciados en la cantidad de hectáreas “factibles de ser explotadas con mano de obra familiar” (Obschatko, Foti, Román, 2006). De esta manera, como resultado del análisis de los elementos mencionados, distinguen tres tipos de pequeños productores:

    (TI) un estrato superior de pequeño productor familiar capitalizado que -a pesar de la escasez relativa de recursos productivos con los que cuenta (tierra y capital) en relación al nivel medio de la actividad representado por el empresario agrario-, puede evolucionar (realizar una reproducción ampliada de su sistema de producción). No presenta en general rasgos de pobreza y sus principales carencias se refieren a servicios de apoyo a la producción (financiamiento y crédito, asistencia técnica, apoyo a la comercialización, a la integración en cadenas productivas, etc.);

(T2) un estrato intermedio de pequeño productor familiar (los llamados “campesinos” o pequeños productores “transicionales” por la teoría sociológica) que posee una escasez de recursos (tierra, capital, etc.) tal que no le permite la reproducción ampliada o la evolución de su explotación, sino solamente la reproducción simple (es decir, mantenerse en la actividad), y presenta algunos rasgos de pobreza por falta de acceso a servicios sociales básicos;

(T3) un estrato inferior de pequeño productor familiar, cuya dotación de recursos no le permite vivir exclusivamente de su explotación y mantenerse en la actividad, (es “inviable” en las condiciones actuales trabajando sólo como productor agropecuario), por lo que debe recurrir a otras estrategias de supervivencia (trabajo fuera de la explotación, generalmente como asalariado transitorio en changas y otros trabajos de baja calificación), posee acentuadas condiciones de pobreza, y su mantenimiento en el campo se explica, en una gran mayoría de casos, por el aporte que recibe de programas públicos de asistencia social y por otros ingresos eventuales (Obschatko, Foti, Román, 2006: 36, las cursivas pertenecen al original).

Así, lo que la teoría social durante años había insistido en delimitar, es decir, al campesinado del chacarero/colono (en el caso argentino), con el pequeño productor familiar capitalizado en términos de Obschatko, Foti y Román (2006), queda nuevamente unido bajo la noción de “agricultura familiar”. Sin embargo, como sostienen García Guerreiro et al.; 2009: 7): “se trata también del abandono de toda perspectiva que contemple una lógica propia del campesinado dentro de la omnipresente lógica de desarrollo del capitalismo”.

Frente a esta situación de exclusión tanto en su faceta socioeconómica, como consecuencia del modelo del agronegocio, como teóri-co-académica, la respuesta del Estado para atemperar los costos del ajuste fue la implementación de programas estatales -Cambio Rural y el Programa Social Agropecuario, entre otros- que incluyen en sus objetivos lograr una mayor escala a través de la promoción de formas asociativas. En términos generales, las políticas de Desarrollo Rural implementadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPYA) han tenido como objetivo “mejorar la calidad de vida y aumentar los ingresos de los pequeños productores tendiendo una malla de contención frente a las políticas de ajuste y desregulación y, complementariamente, modernizar, reconvertir y diversificar las explotaciones para alcanzar niveles de productividad sustentables y con capacidad competitiva” (SAGPyA; 1997, Documento de Estrategia). En este contexto, como sostiene Carballo (2007: 3):

[t] al enfoque, con sus más y sus menos se generalizó, e hizo tan “natural”, que las propuestas para quiénes son discriminados negativamente o excluidos de los beneficios de las políticas públicas, se efectúan sin tener en cuenta que sólo se está considerando las complejidades existentes en “una de las dos caras de la misma moneda”, y que la viabilidad de las mismas depende también de la posibilidad de frenar el avance arrollador del modelo hegemónico.

Sin embargo, también fue un período de conflictualidad política y social en el agro argentino. En 1970 habían surgido como un desprendimiento de la Federación Agraria Argentina, las Ligas Agrarias que nucleaban a distintos sujetos de la estructura agraria argentina (colonos, campesinos, trabajadores rurales). Entre sus reclamos principales se contaban las mejoras en las condiciones de producción y precios de los cultivos agroindustriales; aunque hay que recordar que en provincias como Formosa y en alguna medida en Corrientes, incluyeron la demanda por la tierra. En este contexto, mientras que Roze (1992; 2004) hacía hincapié en el carácter heterogéneo de las diferentes experiencias provinciales de las Ligas, ya que éstas estaban “condicionadas por las estructuras de clase en el interior de las cuales se desenvuelven los productores asociados a las ligas” (Roze; 1992: 11), Ferrara (1973), por su parte, resaltaba la fuerte homogeneidad ideológica y de acción, en base al análisis de las similitudes que presentaban los distintos grupos en sus acciones y enfrentamientos con las autoridades gubernamentales. A pesar de tratarse de grupos diferentes de productores, la búsqueda de esta homogeneidad y organización unitaria le permitió al autor sostener la idea de que la acción de Las Ligas adquiría un carácter revolucionario. Sin embargo, la experiencia de las Ligas Agrarias fue truncada por el proceso dictatorial implantado en marzo de 1976.

Con la apertura democrática en 1983 comenzaron a surgir una gran cantidad de movimientos campesinos que aun a pesar de las conceptualizaciones de dicho sujeto social como “pobres”, “minifun-distas” o agricultores familiares, revivió el interés por los procesos de resistencia a las políticas neoliberales que llevan a cabo dichos sujetos desde una perspectiva que rescata la capacidad agencial de las organizaciones, y sus acciones colectiva de protesta. Sin bien estos trabajos se apartan de la noción de clase a partir de un marco de análisis inscripto en la llamada “teoría de la acción colectiva” y la “teoría de los nuevos movimientos sociales”, “[•••] ponen mucho más fuertemente el énfasis en las cuestiones de relativismo subjetivo ligado fundamentalmente a la organización de los movimientos, quedando la lucha, el conflicto y la puja entre fuerzas antagónicas relegadas a un segundo o tercer plano” (Galafassi; 2006a: 2). Pero a su vez, al analizar la capacidad de los movimientos para generar marcos cognitivos coherentes con los esquemas mentales de las personas a las que intentan implicar o reclutar, anulan toda posibilidad de preguntarse por la existencia o no de un proceso de lucha y movilización anti-sistémico (Galafassi, 2006b). En otras palabras, marcan una ausencia de estudios que conecten la acción política de las distintas organizaciones campesinas con los fundamentos epistemológicos en los cuales se basan dichas resistencias, y que permitirían analizarlas como luchas emancipadoras.

El autor sostiene que si bien la cuestión agraria se han ido deslizando de una temática a otra, ello no quiere decir que se haya producido una ruptura entre unas y otras.↵

Aquí concordamos con el pensamiento de Flórez-Flórez (2005: 90) quien sostiene que: "Uno de los dispositivos a través de los cuales el poder disciplinario se instala en América Latina es el de las Constituciones; ellas contribuyeron a inventar la ciudadanía, a crear un campo de identidades homogéneas que hiciera viable el proyecto moderno de gobernabi-lidad (...). La homogenización de la población latinoamericana -vía la Carta Magna- no implicó la democratización de las relaciones sociales y políticas (tal como lo supone el imaginario del Estado moderno y su perspectiva eurocéntrica de la nacionalización)" (las cursivas pertenecen al original).↵

La inmigración neta entre los años 1871 y 1930 fue de cuatro millones de inmigrantes extranjeros, en su mayoría italianos y españoles. En 1914, el 70.5% de los farmers de la región pampeana eran extranjeros (Solberg; 1982).↵

Francisco Netri era un abogado de origen italiano que llevó adelante la protesta.↵

Dicha región la integran las provincias Buenos Aires, Santa Fe, parte de la provincia de Córdoba, La Pampa y Entre Ríos.↵

Según los autores está compuesto por las provincias de Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catarmarca, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.↵

La actividad forestal declinó en estas provincias a principios del siglo XX.↵

"El obrero criollo es un su inmensa mayoría, casi podría decirse en su totalidad, mo¬reno oscuro, de frente elevada y ojos muy vivos, negros; la boca grande y la barba aguda, cuello seco, más bien largo, ancho de hombros y de talla esbelta; su estatura, de media¬na arriba, tiene ejemplares muy altos, las articulaciones voluminosas y temperamento nervioso, a veces nervioso-bilioso, más raramente linfático-nervioso. Posee alta intelec¬tualidad y es de gran esfuerzo muscular instantáneo, resiste al trabajo largas horas, aun sin comer y hace marchas asombrosas bajo un sol abrazador..." (Bialet Massé; 1985: 38).↵

El servicio militar obligatorio, implantado en 1901, tenía como objetivo hacer ciuda¬danos argentinos a partir de un conglomerado híbrido y confuso como consecuencia de la gran inmigración de la época. El Ejército se convertía en el portaestandarte de la civilización de acuerdo a la línea de pensamiento de Sarmiento.↵

Si bien existen diferencias entre los distintos autores consultados, existe un rasgo común entre ellos: control de trabajo, de sus recursos y de sus productos, en torno al capital y del mercado mundial. Por un lado, Aparicio (1985: 29) sostiene que "las con¬secuencias del proceso de extracción forestal fueron una consolidación de la relación capitalista -asalariado bajo la forma de trabajo casi forzoso en el obraje y una modifi¬cación en la configuración espacial de los asentamientos humanos" Por el otro, Bilbao (1967) manifiesta que la actividad tiene carácter cuasi-capitalista dada la ausencia del elemento fabril, permitiendo así la subsistencia de rasgos propios de la economía feudal. Una posición similar sostiene Alen Lascano (1972: 17) para el cual la llamada industria forestal no participa de los enunciados propios de la definición de industria, ya que en ella no se encuentra "una verdadera transformación de la materia prima, sino solamente extracción del medio natural y con ligeras variantes de forma, su envío a los centros de aprovechamiento y consumo". Por último, Dargoltz (2003) señala que se trató de una economía de enclave. El autor caracterizaba la actividad forestal como una economía de enclave en base a dos argumentos. En primer lugar, se trataba de núcleos de actividad económica controlados de una manera directa desde afuera del país y en segundo lugar, el término enclave también determina un aislamiento físico, o geográfico, determinado originalmente por condiciones sociales, naturales e institucionales. ↵

La autora trabajó especialmente sobre la producción campesina en la provincia de Santiago del Estero. El primero de los trabajos fue realizado en los departamentos de Figueroa, Moreno y Copo y el segundo, sobre una región de riego (Yuraj Tacú; Quimil y San Agustín).↵

6

Hacia una ecología de los saberes campesinos

Las razones que remiten a dicha ausencia deben ser buscadas, a nuestro entender, en la mirada colonial que las ciencias sociales han tenido sobre el campesinado. Mirada colonial que se evidencia en la importancia que adquieren los debates clásicos sobre el campesinado tanto en el registro el económico y como el político. En este sentido, creemos que las diferentes definiciones acerca del campesinado en Argentina comparten con los clásicos el carácter residual de la economía campesina en el desarrollo capitalista, y el difícil devenir de estos sujetos en contextos de integración en los procesos de modernización. Es así que asociar campesino con pequeño productor, minifundista, con explotaciones pobres, supone reproducir e inscribir, al igual que los autores clásicos (tal vez, exceptuando a Chayanov) el conocimiento sobre dichos sujetos dentro de las monoculturas del monoproductivismo capitalista, de la naturalización de las diferencias, del tiempo lineal. Al mismo tiempo, el debate en su matriz política se interrogaba acerca de los grados de clasicidad del campesinado (es el caso de Roze para las experiencias de las Ligas Agrarias) o acerca de las dificultades para la realización de una acción política autónoma (en el caso de los abordajes de las luchas campesinas en base a las teorías de los nuevos movimientos sociales) que suelen caer, al igual que los teóricos clásicos, en el reduccionismo económico o en el peligro del culturalismo.

Sin embargo, la mirada colonial no se debe únicamente a la “herencia” de las teorizaciones clásicas, sino también a un paradigma científico que obedece a un modelo epistemológico de ciencia desplegado por la modernidad occidental que se constituyó a partir de la revolución científica del siglo XVI bajo el dominio de las ciencias naturales. Desde Galileo, Newton, Kepler y Descartes, las ciencias naturales se asentaron en determinados principios epistemológicos y reglas metodológicas que permitieron la construcción de una visión del mundo y de la vida que llevaron a dos distinciones fundamentales. Mientras que la primera de ellas remite a la jerarquización del conocimiento científico por sobre el conocimiento de sentido común, ya que, como sostiene Santos (2000): “al contrario de la ciencia aristotélica, la ciencia moderna desconfía sistemáticamente de las evidencias de nuestra experiencia inmediata” (Santos; 2000: 67), la segunda lleva a la distinción total entre naturaleza y persona humana (Santos; 2000). En base a esta distinción, la naturaleza es considerada como un mecanismo que puede ser controlado y dominado a partir del descubrimiento de las leyes que la gobiernan a través de la observación y de la experimentación. En este contexto, las matemáticas se convirtieron en el instrumento privilegiado para el conocimiento más profundo y riguroso de la naturaleza. En base a ella se construyó un modelo de ciencia en el cual conocer significa cuantificar, aun cuando las cualidades de los objetos no sean tenidas en cuenta, y en donde la complejidad del mundo social es reducida a partir de la división y clasificación, para luego poder especificar las relaciones sistemáticas entre las partes (Santos; 2000). Es decir, se privilegia cómo funcionan las cosas, en detrimento de cuál es el agente o cuál sea el fin de las cosas. Así la ruptura de la ciencia moderna con el conocimiento del sentido común y con la sabiduría práctica y cotidiana de los hombres es radical. Esta consiste en que

mientras que en el sentido común, y por tanto, en el conocimiento práctico en que se traduce, la causa y la intención conviven sin problemas, en la ciencia, la determinación de la causa formal es la que permite prever y, por consiguiente, intervenir en lo real y, en última instancia, posibilita a la ciencia moderna responder a la pregunta sobre los fundamentos de su rigor y de su verdad a través del conjunto de sus éxitos en la manipulación y en la transformación de lo real (Santos, 2000: 69-70).

De esta manera, la universidad se erigió como lugar privilegiado de la producción de conocimiento, “[•••] no sólo como el lugar donde se produce el conocimiento que conduce al progreso moral o material de la sociedad sino como el núcleo vigilante de esa legitimidad” (Castro Gómez, 2007: 81). Sin embargo, este tipo de modelo epistémico -que Castro-Gómez (2007) denomina “la hybris del punto cero”, ya que para el autor, tanto en su pensamiento como en sus estructuras, la universidad se inscribe en la estructura triangular de la colonialidad: es decir, la colonialdidad del ser, la colonialidad del poder y la colonialidad del saber- es responsable, como sostendría Santos (2000) del desperdicio de la experiencia.

En este punto, el problema que se nos plantea aquí gira en torno a la forma de razonamiento más adecuado para dar cuenta de la compleja articulación de la realidad que el discurso y la acción campesina supone; cómo superar las ausencias que los estudios sobre el campesinado en Argentina imprimieron sobre estos sujetos; cómo restaurar, comprender e interpretar los procesos y productos inherentes a los mundos de vida de las poblaciones campesinas.

Concordamos con Zemelman (1987), quien sostiene que el razonamiento sobre la realidad histórica tiene que ubicarse en un campo de la realidad más vasto que el de la teoría; en la dirección de un horizonte histórico que abra paso a la delimitación de un campo de objetos, antes que restringirse a un objeto particular que, por lo general, queda circunscrito a una estructura teórica. Ello supone un necesario control de los sesgos teóricos ideológicos, para evitar la reducción del problema a un esquema predeterminado. Pero no sólo eso, para el autor, situarse en un lugar más vasto que el de la teoría, implica rescatar “la existencia y actividad de los sujetos sociales, los cuales, a través de sus concepciones ideológicas traducidas en prácticas, influyen en la conformación de la dirección que va tomando la realidad en su proceso de transformación” (Zemelman; 1987: 4). En otras palabras, se trata de rescatar la articulación entre la dinámica de los sujetos y los procesos que se vinculan directamente con las prácticas. Esto supone, parafraseando a Santos (2001), desarrollar una forma de conocimiento en donde conocer es reconocer, avanzando en un sentido que implica elevar al otro (en nuestro caso a las/os campesinas/os) de la condición de objeto a una condición de sujeto.

Creemos que este paso es el primer requisito para superar un modelo de ciencia donde el sujeto que habla siempre está escondido, se disfraza, se borra del análisis, al igual que su ubicación epistémica. En este sentido, avanzar hacia un “cuerpo-política del conocimiento”, tal cual lo definió Grosfoguel (2006) implica, a nuestro entender, adoptar un enfoque cualitativo mediante el uso de los métodos fenomenológi-co y hermenéutico dialéctico para la comprensión e interpretación, en nuestro caso, de la realidad campesina.

En este contexto, si bien concordamos con Castro-Gómez (2007) que la ciencia -y por ende la universidad- debería avanzar hacia una transdisciplinariedad, creemos necesario retornar hacia una sociología de la vida cotidiana (Maffesoli; 1989). Ésta se refiere a lo que sea por encima o más allá de lo que comúnmente se llama las relaciones sociales, ya que es tiempo de mostrar que ellas descansan en un ethos al que la modernidad le ha prestado poca atención, porque lo social es entendido, ya sea como el producto de un determinismo económico-político, o de la asociación racional, funcional o contractual de individuos autónomos (Maffesoli; 1989). Dicho ethos que el autor propone llamar socialidad (sociality) “nos recuerda que el mundo social que es “dado por sentado” (Schutz) puede ser entendido como el producto de la permanente interacción, de una constante reversibilidad entre los varios elementos del entorno social dentro de la matriz del entorno natural” (Maffesoli; 1989: 1).

En este sentido, avanzar hacia una sociología de la vida cotidiana supone hacer énfasis en la subjetividad, en los patrones culturales, en las posibilidades de vida, en las expectativas y en las visiones de futuro, etcétera, que refieren y se asientan en la experiencia colectiva y sobre un “stock” de conocimientos disponibles basados en el sentido común de las personas acerca del mundo social en el que viven (Maffesoli; 1989). Pero debemos abordar dichos conocimientos sobre la realidad cotidiana no como si fueran incomensurables o incomprensibles por no obedecer ni a los criterios científicos de verdad ni a criterios de los conocimientos reconocidos como alternativos de la filosofía o de la teología, sino como conocimientos personales y colectivos, un saber interno a cada comunidad, que ha de aprenderse para aplicarse en los demás días de la vida y que, según Santos (2000), puede convertirse en un sentido común emancipador dado el potencial de esta forma de conocimiento. De aquí que dicho autor apele a la reinvención del sentido común, a pesar de que éste sea generalmente un conocimiento mistificado y mistificador, ya que posee una dimensión utópica y liberadora que puede valorizarse a través del diálogo con el conocimiento posmoderno (Santos; 2000).

De esta manera, el análisis de un conocimiento situado en la vida cotidiana nos permitirá, tal como lo propone Santos (2006), expandir el presente y contraer el futuro con el objetivo de crear el espacio-tiempo necesario para conocer y valorar la inagotable experiencia social que está en curso en el mundo de hoy. En otras palabras, esto nos permitirá avanzar tanto hacia una crítica profunda sobre la mirada de las ciencias sociales sobre el campesinado en Argentina, como aportar una alternativa teórica que permita replantear los mecanismos de comprensión y análisis de la realidad campesina, haciendo hincapié en los saberes campesinos subjetivos y objetivados en las prácticas cotidianas.

Sobre el campesinado santiagueño

El campesinado santiagueño, al igual que sus pares argentinos y latinoamericanos, puede ser considerado como sobreviviente a un modelo civilizatorio y moderno que comenzó a implementarse desde el período colonial, ya que Santiago del Estero fue una de las provincias con mayor incidencia tanto política como económica de la región. En el plano político, la provincia fue la primera ciudad en el territorio nacional a partir de la cual partieron los avances expedicionarios hacia todo el noroeste, con el objetivo de fundar nuevas capitales que facilitaran la comunicación con el Alto Perú. Así se fundaron Londres en 1558, Córdoba de Calchaquí en 1559, Cañete en 1560, San Miguel del Tucumán en 1565, Salta en 1582, La Rioja en 1591, Jujuy en el año 1593. De esta manera, Santiago del Estero se constituyó en un verdadero centro político-geográfico regional (Alen Lascano; 1996), recibiendo el nombre de “madre de ciudades” (Di Lullo; 1937). En lo económico, su importancia residió en los intentos por “refuncionalizar” la clásica estructura agraria de subsistencia con un incipiente desarrollo industrial, imponiendo nuevas formas de organización del trabajo, de ocupación de la tierra y de asentamiento poblacional (Aparicio; 1985).

El cambio en la configuración económica y social se produjo en base a tres ejes: a) la apropiación de las técnicas y producciones agrarias indígenas, incorporándoles nuevos elementos traídos por los conquistadores (por ejemplo, el ganado vacuno, las semillas de algodón, la vid y el trigo); b) la entrega de tierras a través de “mercedes”[1], en general grandes extensiones sin límites precisos, siendo los beneficiarios los conquistadores, congregaciones religiosas y servidores civiles y militares; y c) el sistema de encomiendas, que implicó un sistema de ocupación productiva del territorio, por el cual se entregaba parcelas de tierra a los conquistadores en concepto de recompensa o tributo por los servicios prestados. Dicho sistema funcionó en base al disciplina-miento de las poblaciones indígenas locales con el objetivo de reordenar el trabajo de la tierra, y de transformar de manera artesanal los bienes primarios (Aparicio; 1985). De esta manera, las poblaciones indígenas no sólo fueron expropiadas de sus tierras, sino que sus descubrimientos culturales más aptos para el desarrollo del capitalismo fueron reapro-piados y puestos en función del capital y del mercado mundial.

Aquí debemos destacar el papel jugado por los jesuítas en la “refuncionalización” de la economía santiagueña. El establecimiento  de las reducciones indígenas no sólo cumplió un rol evangelizador y cultural, sino que también “constituían comunidades dedicadas al trabajo agrícola-ganadero socialmente protegido, capaces de arraigar al hombre a la tierra e integrarlo a la vida civilizada” (Alen Lascano; 1996: 137). Si bien Alen Lascano rescata el aporte económico y social realizado por los jesuítas, las condiciones laborales a las cuales se sometía a las poblaciones indígenas fueron excesivas y, sumadas a otros factores (por ejemplo, enfermedades y cambios en la alimentación) llevaron a una disminución importante de dichas poblaciones. En este contexto parece tomar cuerpo la idea de Dussel (1994), quien sostiene que Europa ejerce una misión pedagógica sobre las otras culturas, que a pesar de no estar exenta de violencia y del padecimiento sufrido por los miembros de las culturas colonizadas, es justificada bajo su cariz civilizador o moderni-zador. Es bajo este tinte que se desvanece la culpa del colonizador por la violencia ejercida, deslizándose ésta hacia las víctimas conquistadas. Como sostiene el autor:

En esto consiste el “mito de la Modernidad”, en un victimizar al inocente (al Otro) declarándolo causa culpable de su propia victimización, y atribuyéndose el sujeto moderno plena inocencia con respecto al acto victimario. Por último, el sufrimiento del conquistado (colonizado, subdesarrollado) será interpretado como el sacrificio o el costo necesario de la modernización (Dussel, 1994: 69-70).

Luego de las guerras por la independencia, la conformación de un modelo nacional agroexportador implicó la apertura del período ganadero en la provincia, con base organizativa en las estancias ganaderas. En un trabajo del antropólogo Santiago Bilbao (1967) en el departamento de Copo, desde una perspectiva centrada en aspectos culturales, revela que en dicha zona los establecimientos ganaderos suponían una organización señorial, patriarcal, latifundista y con una alta tendencia al autoabastecimiento. Aquí los contratos de trabajo eran en base al pago en comida y habitación, y la institución de compadrazgo se erigió en la característica predominante de dicha actividad.

Hacia 1880, conjuntamente con los procesos de construcción y fortalecimiento del Estado-nación, llega el ferrocarril a la provincia y con él, la demanda de productos forestales para la construcción de las vías férreas. Las buenas condiciones naturales (un 70% de la superficie provincial estaba cubierta de buenas especies forestales[2]) hicieron que esta actividad se expandiera rápidamente, conjuntamente al trazado del ferrocarril (Alen Lascano, 1973). La actividad forestal, que se erigió en base a la figura del obraje como forma de organización social de la producción, trajo importantes cambios en la configuración social y económica de la provincia. Estos cambios están relacionados a dos pares de conceptos: obraje-latifundio y obraje-ferrocarril.

El primero de los binomios supone poner en consideración qué sujetos y bajo qué forma de tenencia de la tierra pusieron en marcha la actividad. En este sentido, Alen Lascano (1972: 97) explica que la filosofía gubernativa de la época

[...] sostenía que el mal era el desierto y para poblarlo debían enajenarse las tierras fiscales como la única forma posible de atraer población y progreso al Chaco santiagueño. Ya que el nativo no estaba en condiciones económicas de adquirir esas tierras, ni de encarar las explotaciones forestales indispensables en bosques lejanos e impenetrables, los gobiernos las adjudicaban por sumas irrisorias a grandes firmas. He ahí el origen del feudo forestal y la explicación a los remates, concesiones o permisos de explotación de tierra fiscal en Santiago del Estero, (…) [que] dio origen a los extensos obrajes de la zona.

En este sentido, en sólo seis departamentos de la provincia, veinte firmas de obrajeros poseían casi un millón y medio de hectáreas (Alen Lascano; 1973); un dato que me permite dar cuenta del grado de concentración de la actividad.

Los bosques santiagueños fueron comprados por “El Sindicato de Capitalistas para la Adquisición de las Tierras de Santiago del Estero”, sociedad integrada por las principales familias de la oligarquía porteña (Zuberbuhller, Santamarina, Lloverás, Rufino, etcétera). Alen Lascano (1972) agrega que, en otros casos, fueron tierras ganadas al indio que los gobiernos concedieron a los jefes de mando de fortines defensivos en la zona, en retribución de servicios militares. A partir de éstas, se constituyeron importantes sindicatos económicos manejados por sus descendientes.

El segundo de los binomios, “obraje-ferrocarril”, supone considerar que la ubicación del obraje estaba íntimamente relacionada con el trazado de las vías férreas. De esta manera, la localización de los asentamientos humanos dejó de ser la consecuencia del hallazgo de agua para la ganadería, y se expresó a lo largo del recorrido de las vías, encargándose el propio ferrocarril del abastecimiento de agua. Así se configuró una ocupación del espacio precaria y transitoria como consecuencia de los continuos desplazamientos en búsqueda de nuevas áreas vírgenes para la continuidad de la actividad (Aparicio; 1985).

Si bien la actividad forestal estuvo asociada con la construcción básica de la infraestructura necesaria para vincular a la provincia con el resto del país, es decir, con cierto grado de “progreso”, el carácter precario y transitorio de la actividad hizo sentir sus consecuencias tanto a nivel ecológico como demográfico. En primer lugar, el carácter meramente extractivo de la actividad provocó a nivel ecológico un desequilibrio atmosférico, irregularidades climáticas, erosión del suelo y sequías. A nivel demográfico, el trazado férreo marginó a pueblos cuya importancia devenía del período colonial, entre ellos, Loreto, Villa Si-lipica, Villa Atamisqui, Villa Salavina, Villa Quebrachos, etcétera, al mismo tiempo que creó nuevos centros urbanos en otros lugares. Esto implicó la emigración masiva de trabajadores, que no sólo abandonaron sus hogares sino también la actividad agrícola, en búsqueda de oportunidades laborales en los obrajes.

Luego de la decadencia de la actividad forestal, el contexto político y económico nacional, que incluía elementos de desarrollo industrial para la sustitución de importaciones y los consecuentes fenómenos de urbanización de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, tuvo su correlato en la provincia. La implementación de obras de riego, el fomento de la producción de cultivos industriales[3] y el impulso de la producción hortícola tenía por objetivo lograr el fortalecimiento del sector minifun-dista, ya que esta producción estaba tradicionalmente en manos de este sector, y dado su importancia en la estructura agraria (Aparicio, 1985).

Sin embargo, en la década de 1960, un trabajo realizado por el Consejo Nacional de Desarrollo (1964) resalta como trabas al desarrollo del sector agropecuario provincial: a) los bajos índices de capitalización, pues si bien los diferentes tipos de explotaciones se diferenciaban entre sí en cuanto al tamaño de los predios, la organización laboral y las actividades agropecuarias preponderantes, todas ellas compartían este rasgo en común; b) la degradación del medio como consecuencia de la explotación forestal exhaustiva y el sobrepastoreo; c) la defectuosa división de la tierra que ofrecía el contraste entre un crecido número de minifundios y una escasa cantidad de predios de tamaño familiar frente a las grandes explotaciones; d) la falta de agua, y el consecuente desmejoramiento o la pérdida de los pastizales.

Sobre esta imagen de la estructura agraria es que a mediados de la década de 1960 comenzaron a desplegarse en la provincia transformaciones que tendieron a profundizar y expandir las relaciones capitalistas en el agro santiagueño. Tal vez la de mayor envergadura fue, en 1966, un proyecto de colonización llevado a cabo por el Estado, a través de la Corporación del Río Dulce[4]. Este proyecto apuntaba a desarrollar la cadena agroindustrial de tomate para conserva, financiándose con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, y enmarcándose en las políticas de la “Alianza para el Progreso” que impulsaba Washington en Latinoamérica. Nacido con la idea de lograr la desaparición de las chacras de menos de cinco hectáreas, de aumentar notablemente la superficie en poder de chacras medianas (10 a 20 hectáreas), que se triplicarían, y consecuentemente de disminuir en términos absolutos y relativos la importancia de las mayores de 50 hectáreas, así como la desaparición de las chacras de más de 100 hectáreas (Aparicio, 1985), el proyecto del Río Dulce no pudo alcanzar satisfactoriamente ninguno de estos objetivos. Pese a estas metas planteadas inicialmente, la reestructuración parcelaria no fue completada, e incluso se expandieron aquellos estratos que se buscaba erradicar: los predios mayores de 50 hectáreas aumentaron, entre 1965 y 1982, del 47% al 49,2%; y aquellos menores de cinco hectáreas pasaron, en el mismo período, de 6,8% a 11,1% (Aparicio, 1985)[5].

A partir de la década de 1970, la provincia tampoco se vio “privada” de participar de la consolidación de la agricultura industrial, controlada por el agronegocio y orientada al mercado externo. Esto supuso la expansión de la frontera agropecuaria[6] a la provincia a través de la introducción de cultivos orientados a la exportación, cuya producción hasta ese momento había estado concentrada en la región pampeana y en las provincias periféricas a ésta (Manzanal y Rofman, 1989); y del incremento de los stocks vacunos, ovinos y porcinos (Aparicio, 1985).

Esta expansión de producciones agroexportables y ganaderas tuvo importantes consecuencias: a) la sustitución de actividades de baja productividad como la ganadería caprina y la extracción de carbón de leña, así como también la disminución de la superficie cultivada de producciones tradicionales como el maíz, el algodón y la alfalfa (Aparicio, 1985); b) sobre los actores sociales y, por lo tanto, sobre la estructura agraria, se evidencia durante el período un rápido proceso de concentración de la propiedad de la tierra, demarcando un fenómeno que se mantiene hasta la actualidad[7]. En definitiva, generó una mayor preca-rización de los niveles de vida rurales en general y de los campesinos y pequeños productores en particular; ya que, por un lado, el desmonte de tierras resta el recurso de la leña a los pobladores locales e impide que el ganado caprino aproveche el monte como abrigo (Aparicio, 1985); por otro lado, la disminución del cultivo de algodón, sumada a su tec-nificación, disminuyó las posibilidades de ingresos extraprediales; y por último, otras estrategias de complementación de ingreso familiar como las migraciones estacionales hacia otras producciones (un ejemplo, es la migración a la zafra tucumana) se restringen cada vez más, como consecuencia de la incorporación de tecnología capital intensiva (Giarracca et al., 2000)[8].

En conclusión, el crecimiento económico producto de lo que algunos denominan “modernización” de la agricultura santiagueña implica una mayor concentración de los recursos y una mayor desigualdad en la distribución del excedente generado. Dicha situación se manifiesta en los altos índices de pobreza[9],migraciones, bajo producto bruto interno[10] y el deterioro de sus recursos naturales. Si tenemos en cuenta que actualmente es una de las provincias con mayor porcentaje de población rural (33.9%) y con mayor presencia de pequeños y medianos productores del país[11], sumado a la alta concentración de la propiedad en la estructura agraria[12], el alto porcentaje de situaciones con tenencia precaria de la tierra[13], y la expansión de la frontera agropecuaria, a partir de la década de 1970 se configura un escenario donde el arrinco-namiento y el desplazamiento de campesinos y medianos productores hasta 200 hectáreas se erige como una de las características principales de la historia agraria santiagueña.

Dichas situaciones nos permiten sostener, como lo hiciéramos arriba, que se dio un giro en cuanto al papel del campesinado en los distintos complejos agroindustriales. Ya no es posible pensar en una inserción subordinada de la producción campesina en el sistema pero funcional al capital agroindustrial. Se trata de un proceso tendiente al arrinconamiento del modo de producción campesino.

Sin embargo, es importante destacar que la idea de progreso y de modernización que gobernaron el desarrollo agropecuario provincial se erigieron desde su instauración en el período colonial como un dispositivo de poder disciplinario que implicó la laceración de los derechos de los diferentes sujetos intervinientes. En primer lugar, de los indígenas, quienes bajo las condiciones laborales del obraje textil y las reducciones fueron aniquilados, invisibilizados y transformados en mano de obra temporaria la mayor parte de las veces. En segundo lugar, de los hacheros, quienes trabajando de sol a sol, subsistían magramente bajo un sistema laboral casi feudal, y donde el estatuto del peón rural reglamentado durante la primera presidencia de Perón nunca fue aplicado. Por último, a partir de la década de 1960, la implantación de un desarrollo agrario basado en la introducción de cultivos para la exportación generó la expulsión, mayoritariamente coercitiva, de pequeños productores agropecuarios y campesinos con tenencia precaria de la tierra.

No obstante, la crisis del desarrollismo, iniciada en Latinoamérica a finales de los años sesenta, convergió veinte años después en un sinnúmero de movimientos sociales que comenzaron lentamente a construir alternativas a ese modelo (Escobar y Alvarez, 1992). En efecto, el proceso de subjetivación política[14] (Ranciére, 1996) por el cual atravesó el campesinado argentino y que conllevó a la conformación del Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), en general y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina, en particular, permitió desencadenar un proceso de construcción de autonomía por el cual “los conjuntos más elementales y más sedimentados de las relaciones sociales en las sociedades capitalistas contemporáneas” (Santos, 2000: 272) son cuestionados, y conjuntamente con ellos, se produce un proceso de cuestionamiento al poder colonial y moderno que los situaba en el lugar del no lugar tanto a nivel económico como político.

Sobre el movimiento campesino en la provincia de Santiago del Estero y el mocase -vía campesina

El surgimiento del movimiento campesino en la provincia está íntimamente relacionado con la defensa de la tierra como consecuencia de los intentos de expulsión de desplazamientos y del desalojo judicial de muchos campesinos que se iniciaron en la década de 1970, cuando algunas empresas -en su mayoría no radicadas en la provincia- reclaman como propias las tierras ocupadas legítimamente por los pobladores. Sin embargo, durante esta década, y hasta mediados de los años ochenta, se evidencia una situación de “exclusión silenciosa” debida a una ausencia de estructuras de movilización a través de las cuales los campesinos pudieran organizarse e implicarse en la acción colectiva. En efecto, las organizaciones representativas de este sector en la esfera nacional -como la Federación Agraria Argentina o CONINAGRO- no tuvieron, históricamente, una presencia significativa dentro de la provincia (Dargoltz, 1997). Tampoco tuvieron influencia en la zona las Ligas Agrarias (como en las provincias de Chaco, Misiones, Corrientes o Formosa) ni se registra, antes de mediados de los años ochenta, la influencia de un accionar gremial campesino, como en el sector cañero tucumano.

La ausencia de estructuras de movilización se modifica, en los años ochenta, con la aparición de un nuevo actor social: las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s). Éstas -ligadas, la mayoría, a una labor pastoral y social tanto de las parroquias locales como de los Obispados católicos- promovieron la conformación de equipos de apoyo y de promoción rural y comenzaron a trabajar con campesinos y otros sectores sociales subordinados de la estructura agraria santiagueña, en base a prácticas discursivas que hacían referencia, fundamentalmente, a la importancia de la asociación como condición de posibilidad para el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos (Alfaro; 2002).

Es así como comienza a gestarse el surgimiento de una organización campesina. El primer paso de este proceso organizativo tuvo lugar en lo que se dio en llamar el “Grito de los Juríes”: el 29 de octubre de 1986, se realiza en Suncho Pozo una movilización popular que reúne a 1500 campesinos de la zona y de otros lugares de la provincia. Las sucesivas peregrinaciones religiosas en devoción al “Señor de Mailín” -protagonizadas por los sectores campesinos-favorecen un proceso de movilización, sentando un precedente que puede ser señalado como el disparador de la formación del MOCASE. Así, el Io de diciembre de 1989, a tres años del “Grito de Los Juríes”, se reúnen en esta misma localidad los representantes de estas organizaciones, quienes, luego de ese primer encuentro, establecen otros en Forre, Colonia Dora y Añatuya. Finalmente, el 4 de agosto de 1990 se constituyó, formalmente en Quimilí, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE).

Sin embargo, no se puede hablar del surgimiento del MOCASE sin dejar de hacer referencia a la construcción de una identidad colectiva. En efecto, en el transcurso de este proceso donde confluyen las prácticas discursivas de las ONG’s y las movilizaciones campesinas, fueron emergiendo y cohesionándose ciertos factores identitarios alrededor de prácticas sociales y culturales compartidas en relación con la tierra. Dicha identidad colectiva, lejos de ser homogénea, aun cuando apela a un nosotros “campesino”, también incluye a peones, obreros, hacheros, changarines y golondrinas (De Dios, 1993; Alfaro, 2002). Según Alfaro (2002), la construcción de una identidad colectiva se construye bajo un denominador común: el trabajo subordinado, mal pago, no calificado y poco remunerativo.

El resultado de la conformación de un “nosotros” posibilitó el surgimiento de cooperativas para fortalecer los aspectos económico-productivos y la conformación de organizaciones campesinas “de base”, contribuyendo así al fortalecimiento de la sociedad civil santiagueña, en general, y del movimiento campesino, en particular. En este último aspecto, la densificación de la sociedad civil generó las condiciones de posibilidad para que la “exclusión silenciosa” pudiera revertirse, adoptando una postura que reivindica la propiedad de la tierra.

En efecto, la conformación de un movimiento campesino en la provincia posibilitó la aparición de un “discurso del derecho”, situando a los campesinos como sujetos legítimos del reclamo al defender sus derechos de posesión frente a las usurpaciones de empresas y/o particulares, las que muchas veces son apoyadas por los poderes públicos. En este contexto, desde sus inicios el movimiento asumió como estrategia central la lucha por la tenencia de la tierra y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas. Entre sus objetivos más generales se encuentran:

buscar soluciones a problemas comunes, (…) ser representante de los campesinos frente a las autoridades, (…) apoyar las peticiones de cada una de las organizaciones que lo integran respetando su autonomía, (…) promover la capacitación en cooperativismo y gremialismo, (…) [hacerse] escuchar en los espacios de poder y en los distintos organismos del gobierno provincial relacionados con la política agropecuaria (Extracto del acta fundacional).

Por su parte, la lucha por la tenencia de la tierra para el movimiento campesino se desarrolla, en gran medida, en el ámbito judicial, donde presenta demandas, recursos de amparo, etc. con el objetivo claro de que ningún campesino santiagueño más sea desalojado de sus tierras. Para ello, cuenta con un equipo de abogados que no sólo le presta asistencia a los integrantes de las organizaciones, sino también a cualquier productor que se acerque a la organización. Si bien las acciones de la organización pasan principalmente por el foro judicial, el MOCASE no descarta otro tipo de acciones ante la posibilidad de un desalojo.

Ahora bien, como sostiene Bourdieu (1996) el poder de hacer de los grupos, está basado en dos condiciones: en la posesión de un capital simbólico que depende de la autoridad social adquirida en las luchas anteriores, y en el grado en que la visión propuesta del mundo social está fundada en la realidad. En este sentido, resulta importante resaltar los acontecimientos ocurridos (únicamente a modo de ejemplo, ya que dichos sucesos se repiten constantemente en la provincia) en las localidades de Pinto, Vuelas[15] y de La Simona[16]. Sin embargo, este último caso reviste trascendencia en la medida en que derivó en la instalación de una “carpa negra” en la zona del conflicto, convirtiéndose ésta en símbolo de la resistencia a los desalojos compulsivos de tierras. Si bien no es mi objetivo analizar la carpa como símbolo en su verdadera complejidad, es mi intención resaltar que su importancia se deriva, tal cual sostendría Kertzer, del hecho que las organizaciones sólo pueden ser vistas a través de símbolos asociados a ellas. De esta manera, al decir del dicho autor, “crear un símbolo o, más comúnmente, identificarse a uno mismo con un símbolo popular puede ser un potente medio de ganar y mantener el poder” (Kertzer, 1988: 5), ya que los símbolos instigan a la acción social y definen el sentido de sí mismo del individuo, así como proporcionan los medios por los cuales las personas dan sentido al proceso político (Kertzer, 1988).

Los tres ejemplos citados dan cuenta de la capacidad del movimiento social para movilizar a una multiplicidad de organizaciones e instituciones solidarias y medios de comunicación para evitar los desalojos. En otras palabras, pusieron de manifiesto la capacidad del movimiento para imponer un reconocimiento en la comunidad, para revelar (y oponerse a) las situaciones de desalojo que se venían desarrollando.

Si bien a lo largo de estos años, la organización ha llevado adelante un destacado proceso de expansión, no sólo al ampliar su presencia territorial en la geografía provincial, sino también por el desarrollo de una amplia red de relaciones con otras organizaciones e instituciones tanto de nivel local, nacional e internacional, en la actualidad, y desde principios de 2002, la organización se encuentra fracturada. La ruptura del MOCASE significó la conformación de dos organizaciones con claras diferencias en cuanto a la forma organizativa, las estrategias, los recursos y los grupos de apoyo. Una de ellas, compuesta por siete organizaciones de base, conservó para sí el nombre de la organización, manteniendo además, la misma estructura organizativa. Es decir, es una organización de segundo grado que nuclea a organizaciones campesinas de los distintos departamentos provinciales cuyos delegados conforman una mesa provincial, que se reúne mensualmente y funciona como un espacio de intercambio y discusión que abarca una serie de temas tal como lo muestran las distintas áreas de la mesa provincial (Cultura y Jóvenes; Educación; Promoción y Organización; Tierra; Producción y Comercialización; Ecología y Derechos Humanos; Salud y Mujer). En palabras de Durand (2006: 110): “adoptó una estructura cercana al modelo centralizado, funcionando alrededor de un conjunto de técnicos y dirigentes campesinos, aunque con ciertas características del modelo burocrático”. Se trata de una organización más cercana al Programa Social Agropecuario, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación. De hecho, muchas de las organizaciones de base que componen el MOCASE surgieron gracias al trabajo asociativo del programa. Además, luego de la ruptura, se ha asociado a Federación Agraria Argentina (FAA). Sin embargo, la confluencia de FAA con Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO y Confederación Rural Argentina (CRA), en el “paro del campo” del 2008 conllevó la salida de la FAA del MOCASE, y la conformación con otras organizaciones campesinas del país (que también participaban de FAA) del Frente Nacional Campesino.

La otra organización surgida de la ruptura, el MOCASE -Vía Campesina, nombre adoptado por su vinculación con la organización internacional, asumió una estructura claramente descentralizada (Durand, 2006), ya que sus miembros decidieron trabajar por una organización “sin patrón y sin presidente, un movimiento solidario, participativo, que respete la participación de mujeres y jóvenes y que se organice por comisiones” (Conclusiones de la Asamblea, 28 de noviembre del 2001, citado en Durand, 2006), y eliminar el sistema de votación para tomar decisiones y proceder por consenso, es decir, continuar las deliberaciones sobre cada tema hasta que hubiera acuerdo entre todos. Asimismo, se modificó la estructura organizacional, funcionando a partir de ese momento en secretarías alrededor de los siguientes temas: a) tierra; b) producción y comercialización; c) educación; d) agua y caminos; e) comunicación; f) organización y promoción; g) salud. Además, las organizaciones zonales, actualmente nueve que reunían aproximadamente a 9000 campesinos/as[17], tienen representantes en cada una de las mesas, y, para facilitar la participación, las mismas sesionarían en distintas localidades en forma rotatoria, evitando la antigua centralización en la ciudad capital, que facilitaba a algunos la asistencia pero perjudicaba a otros (Durand, 2006). Por otra parte, su accionar está enfocado al nivel nacional, articulando acciones con movimientos de desocupados y con otras organizaciones campesinas e indígenas pertenecientes al Movimiento Nacional Campesino e Indígena, y al nivel internacional con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y a través de ella, como ya sostuvimos, con la Vía Campesina. Si bien ambas organizaciones, el MOCASE y el MOCASE -Vía Campesina, mantienen los mismos objetivos por los cuales surgieron y por los cuales lucharon juntas durante doce años, en materia política presentan grandes diferencias. El MOCASE-Vía Campesina despliega un discurso más radical en cuanto a la concepción de la tierra y la forma de defensa, una mayor diversificación productiva y diferencias en cuanto a la promoción y renovación de los cuadros dirigentes, que se plasma en tres proclamas íntimamente relacionadas: defensa de la tierra/territorio, soberanía alimentaria, y reforma agraria integral.

Reforma agraria: defensa de la tierra/territorio y soberanía alimentaria

La Reforma Agraria para nosotros la vemos en construcciones cotidianas, no tiene que ver con tener acceso a un pedazo de tierra -digamos con el título y todos los chiches- sino con esto. Es ella, es el territorio, es la cuestión del acceso a los medios de producción, una producción sana valorizando los saberes que se tienen y no del título y bueno… entro a arrendar o entro a alquilarla, ¿no? sino es de producir, tener la capacidad de abastecer con los distintos productos de las familias campesinas a nivel regional. El tema también de poder tener acceso a las maquinarias o bueno, en el caso de la fábrica de dulces ¿no? cómo de la leche de nuestras cabras nomás nosotros podemos hacer el queso, los yogures y hacer ventas locales en principio. Es el rescate de las semillas criollas, de no entrarle a lo transgénico que digamos es lo que está matando hoy la biodiversidad en el planeta ¿no ? sobre todo en América Latina que están destruyendo los bosques, el agua, desaparición de especies. Y tiene que ver también con la actitud, la actitud, el tema de los valores, el ser compañero o el ser respetuoso con lo que nos rodea, con la tierra, bueno con todo lo que podemos ver, con el planeta. Es las futuras generaciones, es una tarea nuestra elhecho de que sea posible la Reforma Agraria. (Entrevista; 2008)

La extensa cita del epígrafe marca el alto grado de polisemia que adquiere la Reforma Agraria para los campesinos nucleados alrededor del MOCASE-Vía Campesina. Territorio, saberes, valores, producción, biodiversidad, entre otras cuestiones resaltadas por la entrevistada, parecen ser un sinnúmero de sustantivos inabarcables que se suceden sin un principio articulador. Encontrarlo me requirió, en primer lugar, suspender por un momento todo lo que las ciencias sociales me habían enseñado acerca del sujeto campesino; para luego, a través de la observación de los campesinos en su cotidianidad, de las entrevistas en profundidad aprender de ellos; aprendizaje que me permitió lograr un ordenamiento, tal vez, fortuito. En este contexto, comienzo con el derecho a la tierra.

Para las comunidades campesinas, el derecho a la tierra está íntimamente relacionado con una concepción de la tierra propia de una identidad y tradición campesinas, que se transmiten de generación en generación. Los campesinos obtienen de la tierra su identidad, por lo cual ésta última está dotada de un poder de individualidad; es decir, la tierra está unida a su propietario, pues de ella dependen sus costumbres, su cultura y sus formas de trabajar; éstas últimas se instituyen en base a una relación que establece a la tierra y al campesino como cosas idénticas. Expresiones como “La tierra es la vida para el campesino” o “no hay tierra sin hombre, la tierra hace al hombre” imprimen un sello particular al derecho a la tierra, en la medida en que aquí el derecho personal no está separado del derecho real, es decir, aquél que regula las relaciones jurídicas entre las personas y las cosas. La cosa, en este contexto la tierra, contiene un fuerte componente subjetivo que remite a un proceso sociohistórico de conformación de la identidad campesina.

Pero a su vez, a contrapelo del discurso moderno donde las estrategias de conocimiento sobre la naturaleza se convierten en estrategias de poder y de dominación, transformándola en recurso natural incon-dicionalmente disponible y con el objetivo de constituir el nuevo sistema económico mundial centrado en la exploración intensiva de los recursos (Santos, Meneses y Nunes; 2004), esta identidad remite una tradición familiar “campesina”, compuesta por una cultura y costumbres profundamente enraizadas que confluyen para construir un sentido particular en relación con la tierra, la cual obliga y vincula. Por un lado, obliga a la implementación de prácticas agrícolas, ganaderas y forestales que respeten el equilibrio ecológico y social. Por ejemplo, mantener los montes en pie supone resguardar el equilibrio ecológico de la zona de los efectos del desarrollo-degradación de suelos, contaminación de las aguas, resistencia a los plaguicidas, uniformidad genética, entre otros y del progreso basado en la ciencia. Pero sobre todo, la posibilidad de salvaguardar un modo de vida campesino. En este sentido, el cuidado del monte resulta fundamental en términos económicos, ya que el monte es utilizado tanto como medio de alimentación para el ganado caprino como para la elaboración de postes y carbón. Pero también lo es en términos sociales y culturales, en la medida en que es utilizado como fuente de alimentación de la población campesina misma, y para extracción de yuyos y plantas que forman parte del recetario “médico” popular.

Por el otro lado, la tierra vincula en la medida en que dentro de las comunidades campesinas se mantienen relaciones de reciprocidad-préstamos entre amigos, intercambio de prestaciones, por ejemplo, en las labores productivas diarias, y en la utilización de los recursos naturales, bosques o montes, aguadas, etcétera-[18]. En otras palabras, para las comunidades campesinas el derecho a la tierra no puede surgir sobre el registro de un contrato utilitario, sino de la subordinación de los intereses materiales a una norma simbólica -el sentido de la tierra-que los transciende. De aquí que el sentido que adquiere la tierra para estos campesinos difiere de aquél que considera la tierra como un recurso productivo y/o especulativo que debe ser explotado en búsqueda de una mayor ganancia en el menor tiempo posible. En otras palabras, el “modo de producción campesino” se contrapone a una agricultura basada en una utilización intensiva de los recursos naturales y guiados por racionalizaciones monetarias. Es así como la defensa de la tierra se plantea, entonces, como la defensa de un modo de vida y de una cultura campesina, que reúne un uso y apropiación particulares de los recursos naturales. En consecuencia, el movimiento campesino pone en tela de juicio el tipo de crecimiento y desarrollo económico que propugnan los apologistas de una agricultura monoproductora de soja o del agronegocio.

Si bien el discurso del derecho a la tierra se basa en diferentes artículos del Código Civil Argentino a través de la figura jurídica de prescripción adquisitiva veinteñal[19] y que para los campesinos, adoptar el lenguaje del derecho del estado-nación les ha permitido situar la defensa de sus predios en una escala que resulta la condición sine qua non para que su demanda tenga lugar[20], el proceso organizativo y los intercambios con otras organizaciones ha generado un deslizamiento: ya no se trata únicamente de la lucha por la tierra en términos jurídicos, sino de la lucha por el territorio. Como nos explican nuestros entrevistados:

Si bien antes la cuestión puntual era esto, vamos por esa posesión y en esa posición nos estamos jugando la vida. Pero en realidad, digamos, sin decir “territorio” era que se estaba defendiendo el territorio. Y después se ha incorporado el tema del territorio, la palabra territorio, cuando en realidad existía. No es que iba la familia Enrique por sus cinco hectáreas, sino que había toda una comunidad que estaba defendiendo un territorio” (Entrevista; 2008).

[...] el territorio hemos visto nosotros, que el territorio se comprendía: aire arriba, tierra y subsuelo, entonces sería todo el

territorio, el agua también es nuestra, del agua también somos dueños. Porque venían y nos sacaban el agua, o sea de las minas, los mineros van y sacan porque está abajo de la montaña, total no tiene dueño. Entonces bueno, éste es un territorio, así que bueno, territorio nuestro, entonces defensa: aire, tierra y agua. Porque estamos por la defensa de la naturaleza, por la defensa de la vida. Entonces esto, lo que a través de la organización, lo que vamos, o sea, vamos por un camino y nosotros hemos partido por defender nuestra posición en nuestra tierra. Y de ahí, bueno, vemos lo productivo, vemos lo humano, y nos vamos abriendo (…) ¿Si nos contaminan el aire qué pasa? Y también es nuestro, entonces tenemos que defender porque no es solamente para un grupito, es para toda la sociedad, todo un planeta. Porque más allá de que nosotros estemos luchando aquí que no nos volteen los montes, que no volteen los bosques, que no prendan fuego, también afecta a la ciudad de Quimilí y también tenemos familia, y también afecta a otras grandes ciudades (Entrevista; 2008).

Porque antes peleábamos por la tierra y es como que suena a una posesión. El territorio ya es una cosa amplia que tiene que ver con muchos elementos. Están los saberes, el tema del cuidado del monte, las yerbas medicinales, el del agua, la territorialidad (Entrevista; 2008).

Las citas dejan entrever que el territorio es considerado como un espacio fundamental y multidimensional para la creación y recreación de los valores sociales, económicos y culturales de las comunidades campesinas. En este contexto, la lucha por el territorio para las comunidades campesinas no es la lucha por una determinada cantidad de hectáreas, sino por el territorio entendido como “un cuadro de vida” (Santos, 1994). Es decir, un espacio geográfico donde se asientan las diversas relaciones sociales. En este espacio, tienen lugar múltiples e imbricadas relaciones de poder sustentadas en la posesión de distintos capitales, pero sobre todo en el despliegue de distintas estrategias basadas en diferentes racionalidades. Nos referimos a la tensión resultante de la puesta en acción de distintas intencionalidades de los actores (Estado, mercado, diversos sujetos sociales -empresas, comunidades campesinas e indígenas, productores empresariales, etcétera-) que sub-yacen en un mismo territorio. En otras palabras, por territorio como “cuadro de vida” aludimos a las lógicas de cada actor social asentadas en un escenario geográfico, orientadas a su reproducción como sujeto social. Así, en el caso de las comunidades campesinas/indígenas, su  reproducción social, económica y cultural no puede ser concebida sin una concepción holística del territorio, donde los campesinos, a través de sus prácticas, expresan una intencionalidad y una capacidad para estructurar, adecuar y habilitar los espacios requeridos hasta convertirlos en territorios. Prácticas que deben poder integrar cada una de estas dimensiones de la vida social, dado que la primacía de un orden sobre otro (por ejemplo, del económico sobre el cultural) supondría generar desigualdades o formas de exclusión (GEPCYD, 2008).

Sin embargo, el paso de la lucha por la tierra a la lucha por el territorio también está signado por un proceso de “descolonización y la des-gener-acción del ser” (Maldonado-Torres, 2007) en dos direcciones íntimamente relacionadas. La primera de ellas, remite a la recuperación de la identidad indígena, solapada por los dispositivos de poder derivados de la moderna dicotomía entre civilización y barbarie, expandida en toda la extensión sudcontinental, y por el consecuente modelo civilizatorio que hizo que estas poblaciones transmutaran su identidad tanto para ser integrados a los mercados como así también para alcanzar el status de ciudadano[21].

La segunda de ellas remite a la integración de los campesinos/ indígenas, vía políticas de desarrollo, a los complejos agroindustria-les. Como se expresa en la cita siguiente, la trasformación campesino/ indígena de un productor, cuya lógica productiva se basaba en la satisfacción de sus necesidades familiares hacia otro guiado por la lógica de la ganancia, implicó para la organización refutar esas lógicas de desarrollo porque ellas amenazaban la supervivencia misma. En otras palabras, el proceso organizativo permitió tomar conciencia de que, como sostiene Baraona (1987: 181): “el capitalismo, como cualquier otra formación social-histórica, no puede, en cuanto tal, hacer campesinos. Sólo puede deshacerlos y con una intensidad y a una escala no experimentadas antes”.

Y así muchos compañeros habían caído en la trampa del famoso neoliberalismo que nos han puesto cosas por medio para que cambiemos nuestra propia identidad por otras impuestas. Había compañeros, te estaba comentando, que tenían a lo mejor dos hectáreas de algodón, una hectárea de maíz, a lo mejor un poco de zapallo, de sandía, y tenían sus gallinas, sus pavos, sus patos, de todo un poquito, una biodiversidad. Que creemos nosotros que esto es lo exacto, o sea, lo mejor para nuestro diario vivir. Entonces veía que estaba a buen precio el algodón. ¿Para qué me va a entrar una chiva y me va a jorobar el algodón, un chancho que es mañero ? Si con la plata que saco del algodón puedo comprarme un cabrito, me puedo comprar un lechón, me puedo comprar las chivas, me voy y me compro los huevos, total voy a tener dinero. Se deshicieron de los chanchos, de las chivas, de las gallinas y apostaron al algodón. Entonces han apostado todo al algodón -estaba bien pagado en una época-; [pero] se vino abajo el algodón; ahí entonces quedó muerto, porque tenía una sola producción [que] se vino abajo, y: “¿Ahora qué me pongo, qué como?”; ya no tenía. (Entrevista; 2008)

De aquí que los campesinos/indígenas organizados alrededor del MOCASE-Vía Campesina se hayan dado a sí mismos una política de desarrollo basada en la soberanía alimentaria, pero que debe ser vista tanto como un proyecto económico, social, cultural y político. De acuerdo con nuestros entrevistados se trata de producir para vivir, en base a valores y prácticas agrícolas, ganaderas y forestales que se desarrollan respetando un equilibrio ecológico y social en base a producciones que responden a las características clásicas de la provincia, en general, y al del sector campesino, en particular[22].

En este contexto, desarrollo supone rescatar “[•••] parte de la sabiduría acumulada por la comunidad campesina, que durante siglos ha sido custodia del medio ambiente, el bosque y el monte, y ha organizado actividades productivas sin romper ese equilibrio. Queremos recuperar esa mirada y ese saber distinto, y desde allí plantearnos crecer todos” (Entrevista a campesino del MOCASE-Vía Campesina, en La Vaca, 2003). De aquí que el proceso organizativo permitió la recuperación de ciertas tradiciones, técnicas productivas y cultivos dejadas de lado por las comunidades campesinas debido a los procesos de “modernización” del agro santiagueño, que buscaban la integración de los pequeños productores a los sistemas agroindustriales.

De esta manera, en un contexto provincial donde el desmonte, como consecuencia del ingreso de productores de soja y el uso de agroquímicos y semillas transgénicas, genera una pérdida de biodi-versidad y problemas de salud en la población, entre otros impactos, la relación “respetuosa” entre el productor agrícola campesino y la naturaleza (recursos naturales esenciales como la tierra, el agua, el aire) o, en palabras de nuestro entrevistado, “la sabiduría acumulada por la comunidad campesina” adquiere una fuerte dimensión política. En efecto, Johannes Michelsen (2001) considera que la moderna tecnología puso de manifiesto una dificultosa relación entre el hombre y la naturaleza que va más allá del simple modelo agrícola, por lo que se trata de cuestionar modos de conocimiento, lenguajes, políticas públicas, y no sólo una forma de producción. A este respecto, la forma de producción campesina en tanto “custodia del medio ambiente” implica la conformación de “comunidades normativas” referidas a las reglas y patrones de conducta erigidos como consecuencia de modelos de interacción cotidiana (Barrett, 2000), y se encuentra estrechamente relacionada con la noción de tiempo, pues el cuidado del medio ambiente posibilita la reproducción de los recursos naturales y, por lo tanto, de la misma comunidad. A su vez, abre un espacio de debate entre ella y la economía de mercado, guiada por racionalizaciones monetarias, cuyo objetivo es la maximiza-ción de ganancias sin cuestionar las “externalidades” ambientales.

Al mismo tiempo, en base a proyectos productivos sustentables que se asientan en la idea de garantizar la soberanía alimentaria de las comunidades, el MOCASE-Vía Campesina ha comenzado a construir y fortalecer lo que se podrían denominar “agroindustrias campesinas”, es decir, el procesamiento de su producción: dulces, arropes, escabeche de pollo y de cabrito, y a partir del año 2007 cuenta con una fábrica de queso con el apoyo en la capacitación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Estos emprendimientos productivos inciden a nivel de la unidad de producción campesina. En efecto, algunos de estos emprendimientos apuntan a diversificar el horizonte productivo de la unidad familiar, posibilitando además la ocupación de miembros del grupo familiar que, de otra manera, se verían obligados a emprender migraciones estacionales o permanentes, asalariarse, etcétera.

Por otro lado, esos emprendimientos permiten problematizar la división sexual del trabajo, ya que muchos de ellos son realizados por mujeres; por ejemplo: los tejidos, los dulces y conservas. Sin embargo, esto no puede ser circunscrito al ámbito de la producción. En este sentido, en un trabajo de la década de 1970 sobre una comunidad rural en la provincia de Santiago del Estero, la antropóloga Hebe Vessuri (1972) se interrogaba acerca de la ideología y práctica en relación con los comportamientos masculinos y femeninos en el seno de la familia rural. La autora resalta el alto grado de autoritarismo centrado en la figura paterna, al sostener que “el ideal del padre es una figura, como la de un patriarca, que puede mandar y disponer de sus hijos como mejor le parezca” (1972: 83), al tiempo que “un buen padre, un hombre cabal, mantiene a su esposa e hijos, no le teme al trabajo duro y enfrenta la vida con coraje e integridad” (Vesurri, 1972: 84). Mientras el ideal del hombre se relaciona con su capacidad de trabajo y su masculinidad, el honor de la mujer se basa exclusivamente en su devoción a la familia. Ella debe someterse al ámbito doméstico (a las tareas del hogar, el cuidado de los niños, entre otras tareas) y a la dependencia hacia su esposo, que no es sólo económica[23]. Este ideal de hombre, en un contexto económico caracterizado por bajos ingresos, se aleja de la práctica. En efecto, la hombría del hombre se ve afectada cuando sus ganancias son insuficientes y, por lo tanto, la mujer debe salir a trabajar para aumentar el ingreso del hogar. Sin embargo, contribuya o no la mujer en él con dinero extra para el grupo familiar, su aptitud como esposa se mide en términos de eficiencia y frugalidad en el desempeño de su rol doméstico (Vessuri, 1972).

Más de treinta años han pasado desde las investigaciones de Ves-suri. Sin embargo, las entrevistas realizadas permiten pensar que dicha ideología, en términos de la autora, se encuentra aún enraizada en las poblaciones rurales de Santiago del Estero. Sin embargo, el proceso organizativo generó ciertas transformaciones en el espacio doméstico, las cuales permitieron repensar el lugar que le estaba asignado a la mujer. En efecto, varios hechos afirman este proceso de transformación social: muchas mujeres son importantes dirigentes; muchos de los emprendimientos productivos son llevados a cabo por ellas, y el rescate de sus saberes en relación a la selección y conservación de las semillas, les devolvió la voz[24].

En cuanto a la comercialización, dicha organización cuenta con una cooperativa, Ashca Caycu Ltda., en la localidad de Quimilí, la cual en sus orígenes era utilizada para la venta de los productos de los asociados con la intención de mejorar la integración de los productores con el sistema agroindustrial (sobre todo en el caso del algodón). El objetivo no era más que evitar a los intermediarios para obtener un mayor precio por los productos. Con el crecimiento y afianzamiento de la organización, este objetivo pasó a un segundo plano, convirtiéndose ésta no sólo en una cooperativa de comercialización sino también de trabajo y formación. De esta manera, el movimiento armó un aserradero y una metalúrgica en Quimilí, expandiéndose esta experiencia hacia otras zonales. Además, la comercialización fue resignificada con el fin de impulsar el “comercio justo” (Saroldi, 1997), es decir, un intercambio social donde lo determinante es el valor del trabajo incorporado al producto, y no su precio de mercado. Para el desarrollo de esta forma de comercialización, la organización cuenta con un fondo de comercio para que el productor reciba el pago cuando entrega la mercadería, y no tenga que esperar hasta que el producto sea vendido. El productor establece un precio por su producto y la diferencia entre el precio pactado con el productor y el de venta queda en la organización para la financiación del fondo. En otras palabras, se trata de una forma de intercambiar relacionadas, como sostiene Giarracca (2008: 38), con los mercados reales, es decir, con “instituciones, organizaciones creadas por la acción de los hombres, no a espaldas de la sociedad, sino por la acción de mujeres y hombres, donde los agentes se encuentran e intercambian básicamente para satisfacer las necesidades de alimentación, de vestimenta, de formación” .

De esta manera, podemos sostener que la acción política de las organizaciones de base en el espacio de la producción y de la comercialización buscan reducir o eliminar la explotación, la desigualdad y la opresión, características básicas de las relaciones sociales en las que se funda la estructura social en el agro santiagueño, en particular, y el capitalismo, en general. En este sentido, las distintas experiencias de estas organizaciones se proponen transformar relaciones asimétricas, tales como la relación productor-acopiador, patrón-asalariado, agricultura familiar-agricultura industrial. En este contexto, aun cuando algunos investigadores consideran a estas experiencias productivas como “economías de la nueva pobreza” (Salvia, 2004), ya que jerarquizan la economía formal por sobre todas otras economías, caracterizándolas de “informales” y por lo tanto, son vistas como meras estrategias adap-tativas tendientes a morigerar los impactos de la exclusión y, por ende, como residuales, los emprendimientos productivos y de comercialización de la organización pueden ser consideradas como “campos de experimentación” (Santos, 2000). Se trata de producir para vivir, en base a valores y prácticas que contradicen la lógica de un sistema económico y social altamente excluyente.

Repensando el campesinado santiagueño

El campesinado ha generado eternas y poco clarificadoras polémicas (si el campesinado constituía o no una clase, y si ésta lo era “en sí o para sí”; o si por el contrario, los campesinos constituían una fracción de clase, retardataria y análoga a un “saco de patatas”; si este grupo constituía una categoría social integrante de una parte de la sociedad mayor estructurada en clases que se resiste a la modernización; o si por el contrario posee una racionalidad económica que rechaza las tecnologías no apropiadas; si como clase o grupo pertenecía a un régimen de producción ya concluido (como el feudalismo por ejemplo) o si su pervivencia bajo el capitalismo le valía su consideración también capitalista; si constituía un “modo de producción” o sólo era una “sociedad parcial” portadora de una “cultura parcial”) (Sevilla Guzmán y González de Molina, 2004). En Argentina, en cambio, el debate no alcanzó semejante impronta teórica, sino que más bien los cientistas sociales se dedicaron a analizar (y por supuesto, nominar) cómo las características estructurales de este sujeto al que nosotros llamamos campesino fueron variando a través de los distintos períodos históricos, y como consecuencia de las trasformaciones ocurridas en el modelo agropecuario. Sin embargo, ambas discusiones trataban, en definitiva, de encontrar el término más correcto para denominarlo: si éste era el de campesino, agricultor familiar, pequeño productor, minifundista, entre otras propuestas conceptuales. Y cuáles podrían ser las diferencias sustantivas entre tales denominaciones. Para los autores mencionados anteriormente, la cuestión campesina planteada en estos términos es un falso debate; ya que el campesinado es, más que una categoría histórica o un sujeto social; “una forma de manejar los recursos naturales vinculada a los agroecosistemas locales y específicos de cada zona utilizando un conocimiento sobre dicho entorno condicionado por el nivel tecnológico de cada momento histórico y el grado de apropiación de dicha tecnología, generándose así distintos “grados de campesinidad” (Sevilla Guzmán y González de Molina, 2004: 33, las cursivas pertenecen al original).

Desde esta óptica podemos afirmar que Reforma Agraria, Soberanía alimentaria y derecho a la tierra/territorio se erigen en reclamos que se sostienen a partir de determinados saberes que, traducidos en diferentes prácticas, revelan “una racionalidad ecológica implícita” (Toledo, 1990). Sin embargo, “ya no se trata sólo de alcanzar la autogestión económica (y política), a través del establecimiento de un proceso de producción sostenida, es decir, respetuoso de los procesos naturales. Se trata de llegar a ese estado poniendo justamente en juego buena parte de los elementos que forman parte de la propia cultura, y que bajo esta nueva perspectiva resultan sumamente apropiados” (Toledo, 1992: 81).

En un contexto donde el sentido emancipador de la racionalidad moderna es fuertemente cuestionado, el campesinado santiagueño ha encontrado en el rescate del cor-pus de conocimiento campesino e indígena su posibilidad de supervivencia. Es cierto que este cor-pus está compuesto tanto por aquellos saberes que son generados en las comunidades rurales a partir de la observación detallada y sistemática de la naturaleza, y que son transmitidos de generación a generación por la tradición oral y por la práctica en el contexto de la actividad productiva familiar, o en términos generales, en el ámbito de la agricultura campesina (cultivo de varias especies; control de malezas, control de insectos y enfermedades casi sin (o sin) químicos; fertilización orgánica; rotación de cultivos; integración agro-pecuaria-forestal; y uso de recursos y energía locales), como así también por aquellos saberes que pueden ser considerados “conocimiento de otros”, es decir, aquellos aprendidos en el trabajo como peones rurales (tal vez, en nuestro caso, resulten paradigmáticos los conocimientos aprendidos en la zafra azucarera o en el obraje forestal), o aquellos impuestos por organismos estatales que a través de soluciones homogeneizantes pretendían convertir a la comunidad campesina en modernas unidades de producción.

Sin embargo, los distintos espacios de formación (la Escuela de Formación en Agroecología, los espacios de discusión internos y/o con otras organizaciones) permiten apuntalar, discutir, sistematizar, aquellos saberes que remiten a la relación histórica del campesino con los recursos naturales y las exigencias para la supervivencia campesina; al mismo tiempo que cuestionar las prácticas y saberes que subsumen al campesinado a la lógica del capital. En otras palabras, se trata de la re-legitimación del saber censurado y reprimido por instituciones claramente filiadas al avance del Estado y el capital, erigidas sobre una lógica donde “otras formas de hacer las cosas -de vestirse, de comer, de producir, de intercambiar bienes- no son percibidas y promovidas como manifestaciones de diversidad sino como indicación de incapacidad, de inhabilidad para actuar de acuerdo con el modelo universal y reconocido como válido, es decir, el occidental” (Agostino, 2004).

Sin embargo, no podemos ver a los conocimientos productivos y tecnológicos campesinos como un conjunto de conocimientos y prácticas que no cambian y que solamente se transmiten de generación en generación sin que se produzcan transformaciones, ni en el acervo de conocimientos ni en los mismos campesinos. En los espacios de formación, como en las prácticas campesinas, no sólo se evidencian procesos de recuperación y rescate del pasado, sino también procesos de ruptura y resignificación de conocimientos y prácticas a partir de la incorporación de lo nuevo. En efecto, durante un trabajo de campo realizado a mediados del 2007 tuve la posibilidad de conocer la recientemente inaugurada fábrica de quesos de cabra gestionada y llevada adelante por la comunidad de El Simbolar. Su construcción había demandado no sólo mucho esfuerzo tanto de la comunidad como del movimiento mismo, sino también un período de formación a cargo de técnicos del INTI, quienes enseñaron nuevas técnicas para la producción de quesos. En este contexto, una de las mujeres presentes me comentaba, mientras hacía las labores necesarias para poner en funcionamiento la fábrica, que si bien ellos sabían hacer quesos, habían aprendido nuevas técnicas que les permitirían mejorar los aspectos bromatológicos a través de la pasteurización de la leche, o cómo decidir acerca del tipo de queso que iban a realizar con una determinada producción de leche. En definitiva, el material etnográfico recogido indica que en esas elecciones técnicas cotidianas existe un acoplamiento entre los saberes técnicos modernos y los tradicionales. En otras palabras, éste y otros ejemplos (como la adopción de energía solar, el control sanitario de los animales, entre otros) dan cuenta de que en la producción campesina existe innovación, creatividad, cambio, dentro de un paradigma de conocimiento que no jerarquiza los conocimientos académicos, sino que los considera como una mirada alternativa a los saberes construidos comunitariamente durante años.

En este sentido, la Asociación para la Promoción del Desarrollo Rural (CENEPP), una Organización No Gubernamental (ONG) que desde el momento de la fundación del movimiento campesino le presta asistencia, ha desarrollado una metodología de trabajo particular. Se trata de una asistencia técnica entremezclada con militancia. Con los años, la estrecha relación entre técnicos y campesinos hizo que los primeros fueran reconocidos como “campesinos de manos blandas”, que trabajan a la par con los “campesinos de manos duras”. Dicha distinción no sólo remite a las características realizadas por cada uno de ellos, sino también a los saberes que cada uno porta en su individualidad.

De esta manera, la superviviencia del campesino en su territorio, aun en condiciones en que ninguno espera que sobrevivan, se sustenta en la cultura, en la historia, la movilización de un “saber-hacer”, en los fenómenos de aprendizaje colectivo, en las formas de cooperación y de asociación entre los sujetos, es decir, en las estrategias sociales y productivas que se desarrollan en una escala local. En otras palabras, aun cuando a los ojos del capital y de muchos cientistas sociales, el campesinado se presenta como un sector arcaico, conservador y obstaculi-zador de las fuerzas productivas, el MOCASE-Vía Campesina pone en cuestión la idea de que el único modo de arribar al conocimiento válido es la ciencia y las técnicas modernas, inscribiéndose en una tradición agroecológica sustentada en prácticas y saberes ancestrales, y en donde lo particular y lo local se presentan como alternativa creíble a una realidad universal o global. En este sentido, es en los discursos, en las prácticas y en los saberes campesinos que la lucha campesina encuentra un apoyo sustancial en su esfuerzo por lograr la emancipación económica y política, al mismo tiempo que nos proporcionan sugerencias, pistas para deconstruir una mirada colonial sobre este sector.

Aparicio (1985:16) define a la merced como la "concesión para extraer frutos de la tierra que se daban primero por una vida y luego por dos, con el objeto de obtener tributos en general materializados a través de la renta en trabajo a que se sometía a las poblaciones indígenas".↵

A nivel nacional, representaba la décima parte de la superficie forestal argentina.↵

El ejemplo paradigmático fue la producción de algodón, que se expandió de 4.080 hec¬táreas en 1924 a 25.000 en 1934. Ya en 1935 la provincia contaba con 15 desmontadoras y dos fábricas de aceite de algodón.↵

Éste se puso en práctica en el área de riego, y con mayor énfasis en los departamentos de Banda y Robles (en el oeste de la provincia),↵

Los conflictos entre los diferentes organismos encargados de poner en práctica el proyecto; las diferencias entre el financiador del mismo y algunas de las instancias del Estado nacional y provincial; la oposición de los grandes productores (que veían reducida la oferta de mano de obra y evaluaban con resquemor la posibilidad de agremiación de los colonos); y la prohibición para los colonos de destinar parte de la tierra al autoconsumo y a realizar trabajos extraprediales, serían algunas de las causas que coadyuvaron a que el proyecto fracasase (Aparicio, 1985). Contribuyeron en el mismo sentido las restricciones de un enfoque en el cual el Estado era la instancia centralizadora de las decisiones y las intervenciones, y en donde se obviaba la participación de los pobladores y la sociedad civil locales dentro de los procesos decisorios. Es decir, no se previeron mecanismos que garantizaran un eficiente traspaso de la experiencia a sus beneficiarios, ni canales que permitieran que los mismos se ejercitaran en la toma de decisiones a los efectos de apro¬piarse de las capacidades de gerenciamiento necesarias para llevar adelante las acciones de manera autónoma. Si todo dependía de la acción estatal, la sociedad civil no tenía rol alguno que jugar en los procesos de cambio (Alfaro, 2000).↵

Dicho avance de la frontera se realizó a costa de los montes y bosques, proceso que continúa ya que según Greenpeace (2007) entre los años 2002 y 2006 se desmontaron 515.228 hectáreas.↵

En efecto, mientras que en 1969 las explotaciones de hasta 25 hectáreas representaban un 60.52%, en 1988 diminuyeron al 53.95%, cayendo en 2002 al 40.08% del total de las explota-ciones. En los demás estratos en el período 1969-2002 se evidencia un aumento relativo de explotaciones, siendo éste más importante en los estratos de más de 1000 hectáreas (1969= 4.25% y 2002 = 9.74%, es decir, que en términos porcentuales aumentaron más del 100%) y en el estrato de 200 a 1000 hectáreas (1969= 10.01%y 2002 = 18.14%). Sin embargo, en términos absolutos, la cantidad de explotaciones disminuye en todos los estratos (1969 = 30416; 1988 = 21122 y 2002 = 20949). En otras palabras, esta etapa está marcada por una fuerte desapari¬ción de productores y por un proceso de concentración de la superficie operada.↵

Lo mismo sucede con las emigraciones de algún miembro familiar a los grandes cen¬tros urbanos, ya que el incremento de las tasas de desocupación y subocupación restringe la posibilidad de empleo y, por lo tanto, de enviar remesas (De Dios, 1999).↵

24 Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, el 26,2% de los ho¬gares y el 31,3% de la población de la provincia tenía necesidades básicas insatisfechas. Según Murmis (2001), para la población rural dichos índices alcanzan el 53.83%. Esta situación se relaciona con el alto porcentaje de desempleo en las zonas rurales, que ronda el 28.8% según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001.↵

De acuerdo a datos del Ministerio del Economía, el producto bruto geográfico pro¬vincial representa alrededor del 0.80% del PBI nacional, siendo una de las provincias de menor desarrollo relativo del país.↵

Es importante aclarar que los censos agropecuarios no tabulan la información de forma tal que sea posible reconstruir la organización social de las mismas. Si bien tradi-cionalmente se utiliza el tamaño de la explotación como un indicador del tipo de agente social existente, dicho paralelismo es inadecuado. Por lo tanto, pequeño y mediano pro¬ductor no tienen aquí una carga teórica, como lo especificáramos más arriba.↵

A partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario del 2002 se constata que el 40.08% de las unidades corresponden a aquellas de hasta 25 hectáreas, el 22.82% de más de 25 y hasta 100 hectáreas y el 9.18% entre 100 y 200 hectáreas. Si bien podemos sostener que el 72.08% de la estructura agraria santiagueña está compuesta por pequeños y me¬dianos productores, éstos solo controlan 6.43% del total de la superficie de la provincia↵

Si consideramos por tenencia precaria de la tierra a aquellas explotaciones sin límites definidos sumadas a aquellas con límites definidos con régimen de la tierra contrato accidental, ocupaciones y otros regímenes, Santiago del Estero es una de las provincias con mayores porcentajes de explotaciones bajo esta situación (55.56%).↵

El proceso de subjetivación política para Ranciére (1996) está íntimamente relaciona¬do con la actividad política, en tanto que sólo hay política debido a que los que no tienen derecho a ser contados como seres parlantes se hacen contar entre éstos, la construcción de un litigio o distorsión depende, a nivel de los actores, de un proceso de subjetivación política. Por esta última, el autor entiende "una capacidad de producir esos escenarios polémicos, esos escenarios paradójicos que hacen ver la contradicción de dos lógicas, al postular existencias que son al mismo tiempo inexistencias, o inexistencias que son a la vez existencias" (Ranciére; 1996: 59). ↵

El caso de Pinto puede ser considerado como un "caso típico", en la medida en que la acción del MOCASE Vía Campesina imposibilitó el desalojo de un productor. En caso de Vilelas resulta, tal vez más paradigmático, ya que el productor recuperó su tierra, luego de que éste fuera desalojado por la fuerza pública, gracias a la acción de la organización y de sus abogados.↵

Los acontecimientos ocurridos en 1998 en La Simona se plasmaron en un comunicado de prensa que circuló vía e-mail y en algunos medios gráficos: "En la Provincia de Santia¬go del Estero, en la comunidad de La Simona, próxima ala localidad de Los Juríes, donde han nacido y viven más de 60 familias campesinas, llegaron el 12 de octubre miembros de las firmas de Guillermo Masoni (Jungla S.A., Mimbres S.A. y Salónica S.A.) y sin orden judicial ni mediar palabra alguna entraron con dos topadoras arrasando árboles y destru¬yendo las posesiones y alambrados de los campesinos. Al resistirse pacíficamente éstos, y hacerse presente el servicio jurídico del MOCASE (...) presentando escritos en el Juzgado de la ciudad de Añatuya, las topadoras se detuvieron. Sin embargo, el domingo 18 de oc¬tubre, intentaron reiniciar su acción violenta, pero familias enteras se pusieron delante de las topadoras resistiendo su paso, e invocando el derecho de posesión veinteafial que les asiste. El viernes 23 de octubre, llegaron a La Simona tres camionetas de las firmas, con policías y civiles armados, y pusieron nuevamente en marcha las topadoras, reiniciando su obra destructora. No traían, porque no existe, ninguna orden de juez competente. Por el contrario se sabe que hay una orden del juez de Añatuya para comenzar un sumario contra miembros de la firma" (Comunicado de prensa del MOCASE). ↵

Muchas de ellas están integradas por varias comunidades campesino/indígenas: Co¬munidad Indígena Vilelas (Santo Domingo); Comunidad Indígena Lules-Vilelas (El Re¬tiro); Comunidad Indígena Sanavirones (Las Abras); Comunidad Indígena Guaycurúes (Pozo del Toba) Comunidad Indígena Vilela (Pampa Pozo); Comunidad Indígena Vilelas (Tres Leones); Comunidad Indígena Tonocotes (Puerta Grande).↵

Durante el período de "exclusión silenciosa", es decir, antes de la conformación del movimiento campesino, la estratificación existente en la estructura agraria generaba relaciones jerárquicas entre terratenientes, campesinos y campesinos sin tierra, pero al mismo tiempo operaban fuertes elementos de igualitarismo entre los miembros del grupo dominado. La noción de igualdad en este grupo tenía dos ámbitos fundamentales de pensamiento y acción. La primera se derivaba del cristianismo a partir del cual, como hijos de Dios, todos los hombres son merecedores del mismo respeto y de un trato igua¬litario. El otro ámbito, mucho más restringido, abarcaba el contexto de las relaciones entre miembros de la misma categoría social y se manifestaba en las redes de interacción entre parientes, vecinos y amigos. Dichas redes constituían un ámbito concreto para la existencia de intereses comunes (Vessuri, 1979). Sin embargo, esta noción de igualdad no habilitaba un accionar político. La autora ha sostenido que dichos individuos "care¬cen de autonomía en el plano social en la medida en que, enfrentados a determinadas presiones y normas, la restricción de la gama de alternativas posibles en su condición social, los lleva a acatarlas pasivamente, sin someterlas a una evaluación conciente y crí¬tica, sin llegar a tomar decisiones prácticas ni a plantearse intenciones como resultado de una reflexión independiente y racional" (Vessuri, 1979: 51). Con la conformación del movimiento campesino en la provincia, el potencial disruptivo de la identidad colectiva supuso la politización de la igualdad intrínseca de las comunidades rurales santiaguefias, resaltada por Vessuri (1979) y, por lo tanto, la construcción de comunidades, definidas desde dos dimensiones, como un sitio inter-dimensional en tanto compleja amalgama de grupos e individuos, y como un "espacio comunicativo" potencialmente necesario para la construcción de procesos de solidaridad (Barrett, 2000).↵

La prescripción adquisitiva de dominio (o usucapión o en nuestro caso, comúnmente llamada prescripción veinteñal) es un instrumento judicial incluido en el Código Civil por el cual un propietario, al abandonar una cosa mueble o inmueble, puede perder su derecho al uso y goce de la misma, si otra persona poseyó esa misma cosa durante el tiempo requerido para adquirirla por prescripción. En otras palabras, la ley decide ha¬cerle perder el derecho a quien abandonó la cosa durante el tiempo necesario (que es de veinte años) para que otro usucapiera, reconociéndole el derecho de propiedad a quien la aprovechó económicamente. Esto último se evidencia a través de actos posesorios, es decir, su cultura, percepción de frutos, su deslinde, la construcción o reparación que en ellas se haga, y en general, su ocupación, de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en algunas de sus partes.↵

Al respecto, veáse Barbetta (2009).↵

En referencia a la recuperación de la identidad indígena una entrevistada nos relataba: "Y esa cultura es lo que nos vinieron sacando desde este modelo ¿De qué formas nos venían sacando? Por ejemplo, cómo vos, nosotros aquí, tenemos la lengua quichua. Qué vergüenza hablar quichua, ya nuestros padres, algunos de nuestros padres no hablaban, algunos ha¬blaban escondidos, otros no lo querían enseñar y otros que sabían hablar cuando iban a la escuela, los maestros los castigaban. Los castigaban por ejemplo poniéndolos de penitencia en el sol, o de rodillas en el maíz para que no hablen quichua sino que hablen la lengua cas¬tellana, por ahí empezaron. (...)Toda esa cultura nos fueron cambiando así; '¡Ay mira que indios que son!'Entonces al chico lo iba haciendo resentir 'tenes que modernizarte, ¿Cómo vas a usar esos pantalones?' 'modernízate, pónete otro pantalón o córtate el pelo, o píntate o hacete algo con la ropa'. Con todas esas cosas y así '¿Qué vas a vivir en el monte? Deja de vivir en los montes, venía la ciudad (...) en la ciudad tenes progreso'. Y todo eso era mentira porque en el monte también se puede vivir, y se puede vivir dignamente. (.. .)Los indios eran como los matones, los malos -así nos hacían creer- y hoy vemos que esto era lo que nos estaban poniendo para que otros ganen su partida" (Entrevista, 2008).↵

Entre la producción agrícola, el cultivo de algodón y alfalfa -dependiendo de la zona- a pequeña escala es su principal fuente de ingresos. También se siembran pequeñas su¬perficies de maíz, anco, zapallo, sandía, destinadas al autoabastecimiento. En la época invernal, se desmontan manualmente pequeñas superficies de "monte" (bosques) y se aprovecha la madera para venderla como leña, postes o para quemarla en parvas para la producción de carbón, que usualmente es vendido a compradores que entran desde las zona urbanas más grandes del país. Para realizar las labores agrícolas se emplea la mano de obra familiar, y ocasionalmente se contrata mano de obra estacional en la época de cosecha del algodón. En la producción ganadera prima el ganado caprino, y en menor media el vacuno y el ovino.↵

Vessuri (1972) resalta que la dedicación a la familia exige abstinencia sexual excepto en la relación marital. En este contexto, la infidelidad de la mujer, no así del hombre, es un testimonio de su falta de vergüenza y de su fracaso como madre. A pesar del tiempo transcurrido desde el trabajo de la autora, dicha situación aún se haya presente.↵

La participación de las mujeres no se reduce únicamente a dichos espacios. Ellas adquieren muchas veces un papel predominante en la defensa de la tierra. Como en el caso de La Simona, ellas tuvieron un papel preponderante, ya que fueron las primeras en pararse frente a las topadoras. En este sentido, en el discurso de los compañeros hombres se destaca muchas veces la bravura de dichas mujeres. ↵

7

Conclusiones

Durante las tres últimas décadas el agro argentino ha experimentado significativos procesos de transformación en sus estructuras productivas y en sus características demográficas, ecológicas, sociales y culturales. Al mismo tiempo ha sido el escenario de agudos conflictos protagonizados por campesinos e indígenas, especialmente relacionados con la lucha por los bienes naturales: tierra, agua y bosques o montes nativos y por controlar el manejo de su espacio vital. En este contexto, el campesinado continúa concitando el debate en relación con su existencia y posibilidades de perpetuación.

En este trabajo, partimos de la hipótesis de que la acción política y social del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC) integrante del Movimiento Nacional Campesino e Indígena, nos brinda señales de que la compresión del mundo campesino es mucho más amplia que aquella propuesta por las ciencias sociales, ya que el sentido de sus discursos y prácticas generan una discrepancia entre la teoría y la práctica social. De esta manera, más que interrogarnos acerca de las posibilidades de existencia y perpetuación del campesinado, intentamos analizar y comprender críticamente la forma en que las ciencias sociales en Argentina han abordado el “tema” campesino, haciendo hincapié en sus definiciones y los fundamentos metodológicos y epistemológicos de tales abordajes. Para luego, en segundo lugar, replantear los mecanismos de comprensión y análisis de la realidad campesina, con el objeto de, a partir del redescubrimiento, de sus saberes, de sus prácticas, de sus fragmentos epistemológicos, culturales, sociales y políticos, aportar una alternativa teórica que nos ayuden a pensar otros modos de articular economía, política y mundos de vida.

En ese contexto, propusimos abordar la realidad campesina a partir de una sociología de la vida cotidiana (Maffesoli, 1989), es decir, abordando el mundo social campesino entendido como el producto de la permanente interacción, donde es posible la constante reversibilidad entre los varios elementos del entorno social, y donde se asientan la subjetividad, en los patrones culturales, en las posibilidades de vida, en las expectativas y en las visiones de futuro, etcétera. A partir de ahí, comprendimos que “lo campesino” /”lo indígena”, lejos de comprenderse por los intentos de clasificación de este sujeto social (pequeño productor, campesino pobre, minifundista, etcétera), se explica por el sentido de sus luchas por la tierra y el territorio, que se sustentan en saberes construidos en dos planos: uno concreto ligado a la experiencia práctica de la vida rural, y el otro con niveles de abstracción fundamentado en símbolos y significados que dan explicación a hechos ubicados fuera de su mundo objetivo inmediato.

Así, el reclamo por una reforma agraria y la soberanía alimentaria se asienta sobre un stock de conocimientos que generaron las condiciones de posibilidad para su supervivencia. Se trata de un conjunto de conocimientos productivos y tecnológicos campesinos, así como de prácticas que se transmiten de generación en generación a partir de la observación detallada, sistemática de la naturaleza en el contexto de la actividad productiva familiar, o en términos generales, en el ámbito de la agricultura campesina (variación de los tipos de cultivos; control de plagas y enfermedades minimizando o evitando el uso de químicos; fertilización orgánica; rotación de cultivos; integración agro-pecuaria-forestal; y uso de recursos y energía locales) como así también por aquellos saberes que pueden ser considerados “conocimiento de otros” (como la adopción de energía solar, el control sanitario de los animales, entre otros). Es decir, estamos frente a un paradigma de conocimiento que no jerarquiza los conocimientos académicos, sino que los considera como una mirada alternativa a los saberes construidos comunitariamente durante años y cuya adopción (o no) dependerá de las posibilidades de adecuación de éstos a la relación histórica del campesino con los recursos naturales, y las exigencias para la supervivencia campesina. Es decir, en palabras de Toledo (1990), a la “racionalidad ecológica implícita” del campesinado.

En definitiva, la importancia de sus demandas, de sus luchas y sus resistencias radica en que, por un lado, ponen al descubierto aquelíos procesos invisibilizados por las ciencias sociales en Argentina y que remiten a la conformación de un patrón de poder colonial /moderno. Es decir, la recuperación de la identidad indígena por parte de algunas comunidades campesinas pone al descubierto el proceso de colonización del ser a que los indígenas fueron sometidos; la revalorización del trabajo y de los saberes de las mujeres campesinas cuestiona la jerarquía global de género que da primacía a los hombres sobre las mujeres y al patriarcado europeo sobre otras relaciones de género; las luchas por tierra y territorio conjuntamente con la re valorización y recuperación de los saberes y prácticas campesinas o indígenas, instalan a nivel general el debate sobre el control de los recursos naturales y la relación con la naturaleza, cuestionando la idea moderna que sostiene una distinción total entre naturaleza y persona humana; producir con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria de las comunidades campesinas e indígenas supuso retirarse de aquellos espacios y relaciones económicas que los subordinaba. De esta manera, parafraseando a Dussel (2000), no se trata de un proyecto pre-moderno, como afirmación folklórica del pasado; ni un proyecto anti-moderno de grupos conservadores, sino de un proyecto “trans-moderno” de liberación político, económico, ecológico, cultural, etcétera.

Esto nos permitió pensar, siguiendo a Escobar (1998), que el conocimiento sobre el campesinado se construyó desde una posición obje-tivista y empirista que dictaminó la existencia de estos entendidos como residuos arcaicos inmersos en el mundo contemporáneo, a los cuales es posible conocer e intervenir desde afuera, es decir, desde los países centrales. En otras palabras, el eurocentrismo que permeó el debate sobre el campesinado ubicó como eje y como fin para las otras sociedades a la sociedad (moderna, racional, capitalista) a la que pertenecía el teórico, en un claro legado de evolucionismo social. En este contexto, el interés institucional y científico por el campesinado, como un sujeto histórico particular, surge entonces desde la específica mirada de la modernidad.

En efecto, los debates clásicos acerca del campesinado, que per-mearon fuertemente a través de la “herencia colonial” de sus paradigmas a las ciencias sociales latinoamericanas, fueron hegemonizados por la tradición marxista donde la inevitable desaparición del campesinado se explicaría por representar éste una forma atrasada e incompatible con el desarrollo del capitalismo, o porque los procesos de diferenciación social inevitablemente conducirían a su proletarización o a su capitalización. Así, los científicos sociales no sólo rechazaron abiertamente la posible existencia de un modo campesino de producción, como sostenía la “Escuela para el análisis de la organización y producción campesinas” sino que se alejaron de toda investigación teórica sobre el campesinado. De esta manera, el determinismo económico que caracterizaba a dichas teorizaciones las inscribía dentro de tres monoculturas desarrolladas por Santos (2000): a) del mono-productivismo capitalista, lo que implica el descrédito hacia cualquier otra forma de organizar la productividad, generando el último tipo de ausencia denominada “improductividad”; b) del tiempo lineal, ya que la consideración de las unidades campesinas como improductivas implica necesariamente que la historia tiene un sentido, una dirección, marcados por la idea de progreso y modernización, y donde en nuestro caso, el desarrollo de las fuerzas productivas llevaría a la desaparición de las unidades campesinas; y por último, de naturalización de las diferencias, ya que el pensamiento no sabe pensar diferencias con igualdad: ser campesino y por ende, “no capitalista” supone la descalificación del modo de producción campesino.

Del mismo modo, el determinismo económico tuvo una importante impronta para el debate político sobre el campesinado de fines de la década de 1960. Aquí, el campesinado era abordado a partir del nivel de “clasicidad” en relación con la clase obrera, que se erigía como sujeto histórico de los procesos revolucionarios. En otras palabras, los análisis derivaban la acción política del campesinado de la posición en la estructura social. En base a dicho análisis, durante mucho tiempo los teóricos sociales impugnaron la posibilidad del campesinado de convertirse en un sujeto político activo. Otros (el historiador Edward P. Thompson y el antropólogo James Scott), en cambio, inscribían sus desarrollos teóricos en la oposición binaria “cultura contra economía”, abordando las rebeliones campesinas enfatizando los aspectos culturales de la acción política, es decir, dejando de lado los determinantes estructurales de la acción. Sin embargo, al hacer énfasis en las experiencias políticas en términos culturales, corrían el mismo riesgo que los debates campesinos clásicos, es decir, en el peligro que implica la división de lo económico, lo político, lo cultural y lo social como arenas autónomas.

De este modo, la percepción de la diferencia en la contrastación con otras formas de producción económica y con tipos de organización social y política distintos fue y es invisibilizada y negada en pos no sólo de un determinado modelo de desarrollo, sino también de un modelo de ciencia en donde la complejidad del mundo social, en nuestro caso, el mundo social agrario y el campesinado, es reducido a partir de la división y clasificación, para luego poder especificar las relaciones sistemáticas entre las partes (Santos, 2000).

Las ciencias sociales en la Argentina no fueron ajenas a dichas tradiciones teóricas y epistémicas. Si bien es cierto que la cuestión agraria argentina difícilmente pueda ser encasillada dentro de los desplazamientos temáticos que propone Bengoa (2003), muy posiblemente, debido a su rápida inserción en el mercado mundial como proveedora de productos agropecuarios, un importante sector de productores medios (los chacareros), la ausencia de una reforma agraria, etcétera, el campesinado argentino comparte con el latinoamericano el hecho de ser una clase de supervivientes. En efecto, supervivientes de los procesos sociales, económicos y políticos contra los cuales debieron luchar por su sobrevivencia: durante el proceso de organización nacional, a la aniquilación y reducción de las poblaciones indígenas así como también la colonización del ser de aquellos sobrevivientes; en la etapa del estado intervencionista, a los procesos de desarrollo y modernización de la agricultura campesina, ya que durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el campesinado, en tanto pequeño productor, era considerado parte del y funcional al sistema agropecuario a partir de su subordinación a la agroindustria; y por último, durante el modelo del agronegocio, a la violencia intrínseca de ese modelo en donde los modos del ser, los modos del hacer y los modos de decir del campesinado fueron asociados con la pobreza, o con el minifundio, es decir, unidades con escasa o nula capacidad productiva, y en consecuencia excluidos de la estructura social agraria.

Sin embargo, el campesinado puede ser considerado un sobreviviente también de la exclusión epistémica a la que fue sometido por las ciencias sociales en Argentina, ya que las demandas y los discursos campesinos dan cuenta de que su delimitación, en tanto objetos de estudio, conlleva la reducción de la realidad y por ende, la pérdida de complejidad. En efecto, la relativa invisibilización de la cuestión campesina en Argentina debido al sesgo que el carácter eminentemente agroexportador del país imprimió sobre la problemática del desarrollo agrario en la Argentina no sólo implicó la tardía aparición de la cuestión campesina en el país, sino también que los cientistas sociales se dedicaran a analizar (y por supuesto, nominar) cómo las características estructurales de este sujeto al que nosotros llamamos campesino fueron variando a través de los distintos períodos históricos, y como consecuencia de las trasformaciones ocurridas en el modelo agropecuario. Así, el campesinado fue conceptualizado de diferentes maneras a partir de derivar los rasgos campesinos de sus carencias estructurales: pequeño productor, minifundista, pobres rurales, agricultor familiar. En definitiva, sostenemos que los debates acerca del campesinado en Argentina se construyeron a partir de una razón perezosa “que se considera única, exclusiva y que no se ejercita lo suficiente como para poder mirar la riqueza inagotable del mundo” (Santos, 2006: 20); y por lo tanto, se han caracterizado por pensamientos fragmentadores, que poco podían dar cuenta de los mundos de vida y de la realidad campesina.

En definitiva, a pesar de la crudeza con la cual han sido vapuleados desde la conquista hasta la globalización, dejando tras de sí esencias y legados patrimoniales, este trabajo definió al campesinado a través de la consideración de los elementos básicos de resistencia cultural que aún los identifica como culturas que recrean y reconstruyen un determinado conocimiento local en torno a la naturaleza, a la conservación de las semillas y los alimentos, saberes medicinales alternativos, entre otros. Intentamos dar cuenta de que estos saberes, que se traducen en determinadas prácticas, revelan una imagen compleja de la vida social, que debe ser pensada dentro de una lógica multidimensional (que incluya lo social, lo cultural, lo económico y lo político). Pero por sobre todo, implicó, parafraseando a Santos (2001) desarrollar una forma de conocimiento en donde conocer es reconocer, avanzando en un sentido que implica elevar al otro (en nuestro caso a las/os campesinas/os) de la condición de objeto a una condición de sujeto en tanto dirección epistemológica que permita superar el carácter eurocéntrico y colonial de las ciencias sociales.

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