El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia

Etnografía de una Asamblea Constituyente

Salvador Schavelzon

La publicación de esta obra fue apoyada  por el
Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia UNDEF

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© Salvador Schavelzon, 2012
© CEJIS / Plural editores, 2012
Primera edición: octubre de 2012
DL: 4-1-3030-12
ISBN: 978-99954-1-487-0

Conversión a formato ebook realizada por Impera Books.

A los que marcharon por la Constitución,

a las cholitas y cholos, al Pacto de Unidad.

  A mis padres, a Maíra… y a Nina.

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Presentación

Este libro es una versión con muy pocas modificaciones de la tesis de doctorado defendida  el 25 de octubre de 2010 en el Programa  de Post-Graduación en Antropología Social, Museo Nacional, de la Universidad  Federal de Río de Janeiro (ufrj), Brasil. Como se detalla en la introducción, la investigación se realizó entre febrero de 2007 y abril de 2010, con un seguimiento continuo del proceso político boliviano y 14 meses de trabajo de campo en Bolivia. Para esta edición agregamos algunas notas de actualización pero no aumentamos su alcance, que se limita  al periodo que va desde la convocatoria de la Asamblea en 2006 a la aprobación de las primeras leyes post-constituyentes en 2010.

Mientras avanzaba  el proceso  de edición de este libro cambió mucho en la política boliviana, mundo que es objeto  central de este trabajo. Definitivamente el proceso político iniciado con la llegada de indígenas y campesinos al gobierno entró en una nueva fase y quienes  fueron protagonistas de la redacción  del texto constitucional no conforman más un bloque sólido de aliados. El Pacto de Unidad, de donde surgieron muchas ideas que ya son parte del orden constitucional del Estado Plurinacional, se encuentra hoy en un momento de fractura entre las organizaciones campesinas e indígenas que lo conformaron, interrumpiendo así el trabajo de combinación creativa de miradas  que marcó  este proceso. Era ese el lugar político desde donde surgían propuestas que, leídas por una heterogénea bancada de constituyentes del mas-ipsp, había permitido vencer  los desafíos  que marcaron el ritmo de la Asamblea Constituyente y la aprobación de la Constitución.

Este trabajo busca entender cómo se ha llegado a la Constitución promulgada en febrero de 2009 y para eso veremos el funcionamiento de ese encuentro entre organizaciones campesinas e indígenas que dio lugar al proyecto  de lo plurinacional; las relaciones de los constituyentes  entre sí y con sus votantes, el mas y el gobierno;  así como aquellos temas que condicionaron  el rumbo del proceso, como la demanda de autonomía de la Media Luna y el reclamo de “capitalía plena” de Sucre, hoy lejanos de la coyuntura. El libro recorre los caminos  de personas y organizaciones  haciendo política y escribiendo una Constitución, en un momento político abierto por la llegada del mas al gobierno y que remitía a luchas del pasado, a cosmovisiones y a proyectos políticos diversos. Focalizamos  para la estructuración  del trabajo  en la experiencia  de un momento liminal como es el de la Asamblea Constituyente, entrando en el mundo de sus debates, llevando adelante la pregunta  sobre  el encuentro de la diferencia indígena  y comunitaria con el Estado,  sobre la relación  entre una institucionalidad y distintas formas sociales y políticas; y sobre cómo el proyecto  del Estado Plurinacional buscaba ser la base de un proyecto de descolonización y transformación  del Estado a partir de las “naciones  y pueblos indígena originario campesinos”, con sus ideas y reivindicaciones.

En la introducción  presentaré  la opción  teórica y metodológica por la etnografía, como tipo de investigación y de escritura que permite que el protagonismo explicativo no sea de teorías externas a la realidad estudiada y permanezca entonces entre los que vivieron y dieron vida al proceso investigado. La descripción etnográfica permitirá al mismo tiempo reflejar cómo un proceso de estas características es vivido, y entender la propuesta  que la bancada  del mas y las organizaciones campesinas e indígenas expresaban como teoría y pensamiento  sobre el Estado. Esta teoría que nos ocupamos en registrar aquí, sólo se entiende con los lentes de la complejidad.  No es una teoría formalizada,  con enunciados o normativas claras e implantadas definitivamente, diseñadas de forma previa en gabinetes como nuevo código o sistema que reemplace el anterior, sino más bien  intentos parciales o negociados que sugieren una nueva legalidad sin establecerla de forma acabada. Estas características podrían con seguridad llevarnos a entender al Estado  en cualquier lugar, pero también permiten sentir la forma  particular en que el peso de la diferencia comunitaria existe en Bolivia. Sin implantar aún un nuevo derecho de forma definitiva, la nueva Constitución aprobada  es un documento político que logra introducir la fuerza vigente  o reinventada de la comunidad,  la autonomía indígena, la pluralidad.  De ese modo discute con las formas republicanas a partir de voluntades políticas que no siempre se adaptan sin conflicto con la legalidad del Estado, pero que supieron expresarse en ese código.

Siguiendo  etnográficamente las controversias, atrás deberán  quedar  simplificaciones derivadas de la expectativa  de una institucionalidad liberal y la defensa de una racionalidad individualista apoyada  en un Estado de Derecho republicano tradicional. Desde  ese lugar no es posible entender un proceso con muchas  voces y vectores políticos en distintas direcciones, ni tampoco la propuesta de la plurinacionalidad, su combinación inestable, ambigua y no definitiva con imaginarios populares,  liberales y de izquierda, y su articulación con el proceso  de llegada al gobierno  del mas. La etnografía llevará al lector, entonces,  por terrenos de ideas o estructuras políticas en formación y no totalmente constituidas, buscando  no perder la cercanía de la observación y participación  directa de la vida política de donde este trabajo nace. Es la distancia hacia las mayorías  que acceden a la voz estatal, al contrario,  lo que muchas veces lleva a que analistas, académicos u opositores califiquen a los que aquí eran protagonistas de irracionales, ignorantes o manipulados por el populismo.

Creo que el método  de la etnografía transparenta también la riqueza política de un proceso donde no todo se reducía a retórica y falsedad impuesta sin ningún cambio. De formas no siempre previsibles, veremos como una Constitución surgía colectivamente (y no desde el Palacio Quemado o de la pluma de asesores de Cuba y Venezuela, como aún hoy se escucha) trayendo años de reflexiones políticas y articulaciones maduradas  en un largo camino (y no sólo el mandato de una coyuntura), con un afuera que irrumpía obligando a improvisar nuevas salidas y siguiendo  el curso de disputas entre modelos  antagónicos (más allá del intercambio  racional y controlado de ideas constitucionalistas en base a la normativa vigente), o con la presencia  concreta de la Pachamama y la comunidad como realidades políticas significativas y actuantes, en formas cosmopolíticas y modelos que para nada eran más ilusorias o imaginarias que el modelo republicano liberal con el que convivían  o que buscaban superar. La etnografía  de la Asamblea Constituyente, así, es la propuesta  de este trabajo, como intento de entender  lo que pasaba y como alternativa a la explicación que se sobrepone reduciendo todo a repetición previsible, digitación, hegemonía o cualquier otra categoría.

Debo agregar algunas cuestiones de forma. Las notas al pie a veces remiten a fuentes y referencias pero en otras agregan información secundaria o complementaria. En este trabajo he optado por mantener  los nombres originales de las personas citadas, aunque evité mencionarlos  cuando me parecía que hacerlo podría causar susceptibilidad. Dado que el material con que es construida una etnografía es muchas veces producto de rumores o incluso operaciones  políticas enmarcadas en disputas, sin embargo, todo lo que se afirma aquí puede ser considerado apenas variaciones de versiones  construidas con el material  con que se vive la política en Bolivia. Si pensamos en los límites de lo impuesto por el contexto a cualquier idea de verdad, que resulta especialmente evidente en la continua  modificación de sentidos propia de la disputa  política,  esta aclaración  es siempre aplicable pero valga la aclaración para evitar malos  entendidos de quien busque leer estas páginas  con otra intención que la de acceder a propuestas de cartografías de las discusiones que dieron forma y materia al proceso  constituyente.

La fuente fundamental de este trabajo son las anotaciones  en cuaderno de campo a partir de conversaciones o participación en reuniones que eran públicas o a las que mi presencia había sido autorizada por los constituyentes  del mas y las organizaciones  sociales. Con el objetivo  de borrar jerarquías entre voz nativa, teoría y análisis, hemos intentado, en la medida de lo posible,  prescindir de las comillas buscando  que lo que los participantes  de este proceso decían sea la verdadera teoría explicativa de este trabajo, y no ejemplos o “casos” de análisis macro que vienen  de otro lugar. Huimos de modelos universales o reduccionistas sobreimpuestos por el investigador  intentando más bien que las distintas voces  se fundan y mezclen con los posicionamientos que incidían en este proceso  de forma escrita, como bibliografía o análisis que formaban en realidad parte del mismo movimiento de ideas. El límite era no perjudicar  la comprensión del lector, por lo que me temo que presento un ensayo apenas  inicial en el sentido buscado, abusando de la paráfrasis  más de lo que me hubiera gustado y recurriendo a citación cuando me parecía imprescindible para no obstaculizar  la lectura.

Por estos motivos, no debe buscarse en este trabajo literalidad taquigráfica, o interpretación antropológica generalizadora de hechos “en bruto” y sí, antes, la transposición  al papel de un discurso social cuyas expresiones  fueron registradas en un trabajo de investigación originado y destinado inicialmente a un contexto académico de tesis de doctorado pero que desde siempre fue pensado como diálogo político con admiración y complicidad  hacia el proceso  estudiado. Lo que intentamos devolver con esta publicación  al lugar de donde surge es entonces el mismo pensamiento político boliviano que me convocó a iniciar  la investigación. El mismo  demuestra capacidad para viajar combinando afirmaciones contundentes con significados abiertos y silencios con fuerza política y constitucional que desafiaban muchas veces la normativa del derecho vigente, movilizaban  y permitían pensar la comunidad. De esa forma, este pensamiento permitía a lo no estatal reverberar en el Estado, y que la creatividad colectiva urbana,  indígena  y campesina abra espacios o reconstituya territorios y sentidos.

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Agradecimientos

Agradezco por hacer posible esta publicación  a José Antonio Quiroga de Plural Editores, al cuidado  de la edición con seriedad y respeto por mi trabajo; el proceso de publicación  fue largo y en el camino recibí  la ayuda de varias personas que creyeron en este trabajo y se movilizaron por el mismo. Me refiero a Cecilia Quiroga San Martín, Oscar Vega Camacho, Raúl Prada Alcoreza, Adolfo Mendoza Leigue, Leonardo Tamburini, Lucas Sablich, Sabino Mendoza y Juan Carlos Pinto. También quiero agradecer a Guido Rivero, que lamentablemente no podrá ver el libro publicado,  abandonándonos  temprano  pero dejando su entusiasmo con nosotros. Después de varios cambios en lo que sería el conjunto de co-editores, agradezco el apoyo de cejis (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social); a undef (United Nations Democracy  Fund); al iwgia (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas) y a clacso (Consejo Latino Americano de Ciencias Sociales).

Agradezco los comentarios y la aceptación  para participar en el jurado de la defensa de tesis en el ppgas, Museo Nacional, ufrj, a los profesores  Dr. Moacir Palmeira, (ppgas/mn/ufrj), Dr. Giuseppe Cocco (ess/ufrj), Dr. Emir Sader (uerj),  Dra. Manuela Carneiro da Cunha (University of Chicago). También especialmente a mi orientador Prof. Dr Marcio Goldman,  por el apoyo, libertad y confianza otorgados.

La investigación se benefició de una beca de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (capes) en el periodo  2006-2010. Quería agradecer también dos financiamientos para investigación otorgados por el Programa  de Pós-Graduação em Antropologia Social (ppgas), un aporte tramitado por mi Orientador para posibilitar una tercer estancia de campo en Bolivia y una beca de asdi y el Programa  Regional de Becas de clacso en 2007, agradeciendo a Bettina Levy y al aval del cides-umsa de La Paz por medio de su directora Ivonne Farah. No podría dejar de agradecer de manera general al Museu Nacional de la ufrj, sus profesores, empleados, secretaría y biblioteca. La misión de observación electoral de la oea, dirigida por Pablo Gutiérrez, me permitió realizar mi cuarto viaje de investigación a Bolivia.

Agradezco  también  la participación  en este proceso,  por sus comentarios, a Olivia Cunha y Eduardo Viveiros de Castro, miembros del jurado de cualificación. Agradezco a Olivia, también,  por su invitación a participar en el Coloquio Territórios Sensiveis, y a Eduardo por distintas intervenciones en el proceso  de elaboración de la tesis de doctorado y, junto a Marcio Goldman y otros participantes,  por hacer posible  el Núcleo de Antropología Simétrica – Red Abaeté, del que este trabajo es también producto. La investigación se benefició de mi participación en el Simposio organizado por Laura Gotskowitz y Rossana Barragán en la Universidad  de Iowa y del aporte de profesores y compañeros del Primer  Taller de Metodología  del sephis, organizado por el iep de Lima en 2009, y por comentarios a presentaciones en distintos congresos  y eventos académicos.  Agradezco a Marisol de la Cadena por  la interlocución y apoyo mientras redactaba la tesis. También a Néstor Kohan; Michael Hardt; Rodolfo Stavenhagen;  y a Héctor Díaz Polanco, Raquel Gutiérrez, María Teresa Sierra y Araceli Burguete, Mabel Grinberg, Sinclair Thompson, Giuseppe Cocco, Antonio Carlos Souza Lima, a la Fundación Escola de Sociologia de São Paulo, donde ofrecí cursos de extensión, a la puc de Campinas y su Centro de Ciencias Humanas y Sociales Aplicadas, donde enseñé durante 2011 y la Universidad Federal de São Paulo, campus de Osasco, cuyo cuerpo de profesores integro desde 2012. Agradezco también a la carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, donde inicié mi formación.

Este trabajo se debe y dedica principalmente a la bancada  de constituyentes del mas-ipsp en la Asamblea Constituyente, por permitir mi presencia y el tiempo otorgado, a veces incluso comprometiéndose  con la investigación.  Sus reuniones fueron muy importantes para mí, y quedarán para siempre, con discusiones tensas, momentos trágicos y también de carcajadas prolongadas y conversaciones amistosas. Agradezco a todos, pero menciono especialmente a algunos que generosamente compartieron en varias oportunidades sus puntos de vista conmigo: Raúl Prada Alcoreza, Carlos Romero, Mirtha Jiménez, Macario  Tola, Carlos Aparício, María Oporto, Ana María Núñez, Rogelio Aguilar, Marcela Revollo, Francisco Cordero,  Loyola Guzmán, Ada Jiménez, César Cocarico, Jimena Leonardo,  Walter Gutiérrez, Nélida  Faldín, Rebeca Delgado, Dora Arteaga, Benedicta Huanca, Román Loayza, Nancy Flores, Sabino Mendoza, Saúl Ávalos, Ignacio Mendoza, Weismar Becerra, Ramiro Guerrero, Isabel Domínguez, Pablo Zubieta, Magda Calvimontes, Limbert Oporto, Rosalía del Villar, Filiberto Escalante, Félix Cárdenas, Marcela Choque,  Saturnina Mamani, René Navarro, Esperanza Huanca, Eulogio Cayo, Armando Terrazas, Charo Ricaldi, José Lino Jaramillo, Paulo Rojas, Freslinda Flores, Marcela Choque, Cornelia Flores. De otros partidos, también contribuyeron con esta investigación Guillermo  Richter, Ana María Ruiz y Álvaro Azurduy.

También agradezco de corazón a quienes  durante el tiempo de la Asamblea me ayudaron o compartieron conmigo dificultades y victorias, además de que sus voces fueron fundamentales para dar forma a las páginas de este trabajo. Entre ellos, por su generosidad y amistad: Adolfo Mendoza Leigue, Iván Égido, Hernán Ávila, Jesús Jilamita, Mauro Cruz Mendieta, Nelly Toro, Fátima Tardío y familia, Albert Noguera,  Elva Terceros, Juan Carlos Pinto, Cynthia Cisneros, Judith Rosquellas, Leonardo Tamburini, Manuel Morales, Pilar Valencia,  Magaly  Guzmán, José Maldonado, Pablo Ortiz, Wilbert Villca López, Rubén Martínez Dalmau,  Ronny Mendizabal, Rubén, Miguel Ángel, Luty Mendoza,  Iván Bascopé, Wenceslao Humerez Tiñini, Diego Cuadros, Diego Pary, Nancy Vacaflor,William Bascopé, Jasmín Salinas, Soledad Domínguez, Roxana Zaconeta, Silvia Mejía, Jorge Sauneros, Omar Guzmán Bontier, Dora Copa, Zaida, Ruth Vilches, José De La Fuente.

En La Paz y otros lugares, por compartir  sus visiones  sobre el proceso político; o por  la amistad: a Oki Vega Camacho, Rossana Barragan y Ramiro Molina, Xavier Albó, Pablo Regalsky, Silvia Rivera Cusicanqui,  Luis Tapia Mealla, Carmen  Soliz y Andrés Soliz Rada, Jiovanny Samanamud, Reyna, Lidia Urquizo, Farit Rojas Tudela y el Centro de Estudios Constitucionales  de la Universidad  Católica Boliviana San Pablo, Chiqui Núñez,  Pablo Stefanoni, Gloria Bereterbide, Hervé do Alto, Heidy Campos Salazar, Martín Sivak, María Fernanda Rada, Yandira Claros, Isabella Radhuber, Noelia Carrazana, Johana Kunin, Andrea Kramer, Íñigo Errejón, Pedro Barros y el grupo Nossa América de São Paulo, Lorenza Fontana, Alice Soares, Andrea Velasco, Consuelo Tapia, Marcelo Álvarez, Caroline Freitas, Sue Iamamoto, Pavel López, Katu Arkonanda, Valeria Quinaya, Juan Pablo “Shaggi”  Neri, Alejandra Santillana, Miriam Lang, Valeria Coronel, Maria Nela Prada y Fernando Huanacuni  Mamani, Diego  Sztulwark y Verónica Gago.

Amigos y también compañeros, agradezco a Débora Lanzeni, Marina Vanzolini, Agustín Barna, Hernán Pruden,  Julieta Quirós,  Clara Flaksman,  Virna Plastino, Nicolás Viotti, Flavio Gordon,  Francisco Barreto Araújo, Cecília Mello, y Antonia Walford, Ana Carneiro, Renato Sztutman, Valeria Macedo, Soledad Torres Agüero, Danilo de Assis Clímaco, Luis Angosto, Bruno Fornillo y Jorge Derpic, Soledad Gesteira,  Blas Amato, Flávia Marreiro,  Bruno  Marques,  Indira Nahomi, Uirá Felippe García, Suiá Omim,  Zé Renato Baptista, Julia Polessa, Luciana  França, Tânia Stolze, Chloe Nahum-Claudel,  Luana Almeida, Inés Olivera Rodríguez, Erico Valadares, Juliana Caetano, Heloisa Gimenez, Hercules Quintanilha, Julio Delmato,  Virginia Vechiolli, José Kelly, Orlando Calheiros, Gabriel Banaggia, Julia Sauma, Pablo Lapegna, Kregg Hetherington, Natalia Gavazzo, Magalí Rabasa, Nate Freiburguer,  Adalton Marques,  Jean Tible, Eduardo Marques, Pedro Cesarino, Emerson  Giumbelli, Sylvia Caiuby, Ulises Fierro, André Pires, David Moskowitz, Pablo Vommaro, Yara Santi, Paulo Roberto Bühler, Regina Fabiano  de Campos, Norah y Graciela Fernández.

Siempre, a mis padres, Diego y Margarita, por todo. A mi abuelo Coco y a mis hermanos  Martín y Victoria. A Maíra, compañera y amor dulce, con quien iniciábamos nuestra vida juntos mientras este trabajo iba siendo escrito. Y a Nina, que nacía mientras este libro se hacía realidad en La Paz.

São Paulo, marzo 2012.

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Lista de siglas y su significado

Organizaciones sociales

anarescapys          Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento

apg                       Asamblea  del Pueblo Guaraní

bocinab                 Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas  del Norte Amazónico de Bolivia

cidob                     Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia

cnmcoib-bs            Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Originarias e Indígenas de Bolivia “Bartolina Sisa”

cob                        Central Obrera  Boliviana

cod                        Central Obrera  Departamental

conamaq               Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu

cpem-b                  Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni

cpesc                     Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz

cscb                       Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia

cscib                      Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia

csutcb                    Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia

fejuve                    Federación de Juntas Vecinales

fnmcb-bs               Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, “Bar-tolina Sisa”

mst-b                     Movimiento Sin Tierra de Bolivia

oich                       Organización Indígena Chiquitana

pu                          Pacto de Unidad

ONG , fundaciones y organismos de cooperación

cedib                     Centro de Documentación e Información Bolivia

cefrec                    Centro de Formación y Realización Cinematográfica

cejis                      Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social

cenda                    Centro de Comunicación y Desarrollo Andino

ciedac                   Centro de Información Especializada de Apoyo a la Deliberación de la Asamblea

cipca                     Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

cefrec                    Centro de Formación y Realización Cinematográfica

cejis                      Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social

cenda                    Centro de Comunicación y Desarrollo Andino

fes-ildis                 Fundación  FriedrichEbert – Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales

fbdm                     Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria.

hrf                         Human Rights Foundation

pnud                     Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

gtz                        Gesellschaft  für Technische Zusammenarbeit  (cooperación  de Alemania)

Partidos, agrupaciones ciudadanas y alianzas

aai                        Alianza Andrés Ibáñez

adn                       Acción Democrática Nacionalista

apb                       Autonomía para Bolivia

as                         Alianza Social

asp                       Alianza Social Patriótica

ayra                      Movimiento Ayra

cn                         Concertación Nacional

ipsp                      Instrumento Político Soberanía  de los Pueblos

mas                      Movimiento al Socialismo

mas-ipsp              Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos

mbl                      Movimiento Bolivia Libre

mcsfa                   Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria

mir-nm                 Movimiento de Izquierda Revolucionaria – Nueva Mayoría

mnr                      Movimiento Nacionalista Revolucionario

mnr-3                   Movimiento Nacionalista Revolucionario  – Alianza 3

mnr-fr                   Movimiento Nacionalista Revolucionario – Frente Revolucionario de Izquierda

mop                      Movimiento Originario Popular

podemos               Poder Democrático y Social

        un                         Unidad Nacional

Otros

ac                         Asamblea Constituyente

cao                       Cámara Agropecuaria  del Oriente

cepos                    Concejos Educativos de los Pueblos  Originarios

comibol                Corporación Minera de Bolivia

cpe                       Constitución Política del Estado

felcn                     Fuerza Especial de Lucha  Contra el Narcotráfico

idh                        Impuesto  Directo a los Hidrocarburos

inra                       Instituto Nacional  de Reforma Agraria

ioc                        Indígena Originario Campesino

mdrayma              Ministerio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente

oit                         Organización  Internacional del Trabajo

onu                       Organización de las Naciones Unidas

repac                     Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente

tco                        Tierra Comunitaria de Origen

tipnis                     Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure

utac                       Unidad Técnica de la Asamblea Constituyente

umsa                     Universidad Mayor de San Andrés

ypfb                      Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

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Introducción

“Hoy, acaso, estamos en un nuevo siglo XVI, es decir en una época en la cual las viejas categorías explotan y es preciso acuñar otras nuevas”.

Paolo Virno (Gramática de la multitud)

1. Antropología y Asamblea Constituyente

El 6 de agosto de 2006 se inauguraba  la Asamblea Constituyente en Sucre, la “Ciudad  Blanca”, capital formal de Bolivia y sede del poder judicial. Se cuenta que los empleados  a cargo de la seguridad  del acto pidieron  a un grupo de cholitas, campesinas de pollera, manta y sombrero, que se levantaran del suelo donde esperaban porque por allí pasarían los constituyentes.  Ellas se levantaron pero no para retirarse, sino para participar del desfile: eran las mujeres constituyentes. Se trataba de la llegada  al estado  de nuevos actores, indígenas, campesinos, inesperados para la mirada rápida de los empleados de seguridad, de acuerdo con cómo habían sido las cosas hasta entonces.  Este sería gran meta-tema de la Asamblea: la mayoría del pueblo, ahora en el Estado y con la mayoría en la Asamblea.

Este trabajo es una etnografía de la llegada  de campesinos e indígenas[1] al Estado boliviano.  Tiene como foco la  Asamblea Constituyente convocada  e inaugurada en 2006, y el nacimiento del Estado Plurinacional, con la promulgación de la Nueva Constitución e inicio de su implementación en 2009. En una lectura antropológica que como tal buscará acercarse especialmente a la perspectiva de los protagonistas de este momento constituyente, una crónica de los acontecimientos y sucesos que dieron forma a la política boliviana de esta época, con movilizaciones indígenas, regionales y sectoriales, buscará combinarse con la presentación de las hipótesis y visiones políticas que surgían  entre los que vivieron esa llegada y el devenir de la construcción  de un nuevo Estado.

Así, la  particularidad  antropológica de un tema  que también  está  siendo estudiado desde el derecho,  la historia, la sociología  y la política,  estará  en la búsqueda de que lo priorizado  sea el punto  de vista de los protagonistas,  como instrumento que permita acercarnos a entender el Estado y las luchas bolivianas por transformarlo,  ocuparlo,  interpretarlo, utilizarlo o resistirlo. Preparando  el terreno para sumergirnos en la etnografía, en esta introducción, buscaré  presentar el proceso  político y constituyente boliviano,  y algunas preguntas de investigación enhebradas en reflexiones sobre el abordaje conceptual adoptado para el estudio etnográfico del Estado y de las ideas políticas.

El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales accede a la presidencia de Bolivia con el 54% de los votos, el porcentaje más alto desde  la vuelta a la democracia en 1982 y también la primera  vez desde entonces que un presidente asume el Gobierno sin recurrir a pactos parlamentarios. Lo hace con el partido mas (Movimiento Al Socialismo),  que no era un partido de tipo clásico sino la expresión partidaria del Instrumento  Político para la Soberanía de los Pueblos  (IPSP) formado por el sindicalismo campesino del país, y que accede a esa sigla cedida por un partido político activo en décadas anteriores, como forma  de sortear el requisito burocrático de la justicia electoral. Pero  el mas-ipsp cobraría vida propia, más allá de la sigla y también de los sindicatos del campo, sumando fuerza política a partir del impulso inicial de los productores  de hoja de coca del trópico de Cochabamba, que comenzaron a disputar elecciones  locales en 1997 y fueron sumando el apoyo de sectores de izquierda, indígenas y sociales, protagonistas de las movilizaciones en la política boliviana reciente, en calles y carreteras, en marchas, bloqueos, huelgas de hambre y enfrentamientos con el ejército; también  con un progresivo apoyo del voto y apoyo de las ciudades.

Los campesinos sindicalizados que con sus aliados asumieron  desde la década del ‘90 la discusión  del Estado –con la creación  del mas como corolario– se constituyeron en sujeto político clave en un diálogo fluido de intenso contacto y mutuo contagio con un conjunto de organizaciones  políticas, sociales y pueblos de distintas visiones,  que incluso en algunos casos no tenían  al Estado  como horizonte o destino de los proyectos  políticos. El encuentro  de los indígenas  con el Estado era así, al mismo tiempo, el encuentro  de distintos indígenas; de indígenas y campesinos, de organizaciones, partidos, pueblos y movimientos; de sindicatos no indígenas, de dependencias públicas, viejos y nuevos  militantes de izquierda, asesores y representantes políticos que a favor o en contra del espíritu liberal del derecho  estatal, como proyecto de reforma o como canalización de una fuerza ancestral descolonizadora,  daban  lugar a las tensiones  entre el Estado  y formas indígenas no estatales, “salvajes”  desde  el punto  de vista de la codificación  burocrática, con un lugar para la Pachamama y relaciones comunitarias  o indígenas amazónicas distintas  al individualismo moderno, que entrarían en la Asamblea Constituyente, y que formaban parte de la composición de fuerzas de cambio que buscaban al mismo tiempo crear un nuevo tipo de Estado y fortalecer o poner en funcionamiento  el existente.

Para mapear estas discusiones  y fuerzas políticas diversas, el criterio no podrá ser el de una ponderación que responda a la “representatividad”  numérica, económica, o institucional de cada sector político involucrado en este proceso constituyente. Para dar cuenta de lo que estaba en juego y era discutido en la Asamblea, atravesando e interpelando al mas-ipsp mientras redactaba la Constitución, daremos atención a lo que era relevante y significativo en este contexto político, que no siempre pasaba por la institucionalidad  de la Asamblea.  De esta forma, encontraríamos que junto a la fuerza política de los sindicatos del campo, como columna  vertebral del mas en su camino hacia el Gobierno, y junto a una agenda de actualización constitucional elaborada desde el Estado o en interlocución directa con el mismo, se encontraban muy activos los pueblos  indígenas  campesinos y comunidades no siempre organizados en sindicatos y que buscaban  la reconstitución de instituciones y forma de organización  ancestral del ayllu (comunidad andina de parentesco y organización social), en tierras altas; y el reconocimiento de autonomía  política y territorial, en las tierras  bajas. Los representantes de estos pueblos,  y sus asesores, tendrían un lugar destacado en las discusiones de la Asamblea como un bloque que se articulaba políticamente  con la base del mas, pero sin proponerse una participación directa partidaria o gubernamental, aunque si exigiendo representación parlamentaria y reconocimiento constitucional en la estructura de un nuevo tipo de Estado. Sin ellos, a pesar de su número o participación  concreta en la economía nacional y en el nuevo Gobierno,  no podríamos entender este proceso  constituyente.

El MAS-IPSP abría un escenario  constituyente que para nada se reducía a los intereses de cocaleros y nuevas  autoridades estatales. Se abrían  las puertas, más bien, para que caminos  políticos de distintas procedencias,  tendencias y destinos se expresaran,  incluso algunos con signo opositor   al Gobierno. Así debemos entender la fuerza de demandas y organizaciones indígenas que, con la alianza y complicidad  del mas, ocuparían un importante espacio. Su lugar en el proceso constituyente remitía  a las marchas  indígenas  de las tierras  bajas del Oriente iniciadas en 1990, que los relatos de antecedentes de la Asamblea Constituyente siempre reconocían.  Estas marchas marcarían una nueva fase política en la que lo indígena ya no saldría del primer plano de la política nacional,  junto con la exigencia de sus derechos territoriales y políticos. Los pueblos indígenas minoritarios desde ese entonces buscarían  la convocatoria a una Asamblea Constituyente que después sería una consigna también defendida por las organizaciones sociales de las tierras altas, a las que los pueblos  de Oriente se irían acercando y finalmente también  del mas, con Evo Morales asumiendo el carácter de primer presidente indígena y sumándose a la propuesta  de Asamblea Constituyente, que al mismo tiempo la fuerza  de su partido posibilitaba.

Después de las marchas  de 1990 (“por el Territorio  y la Dignidad”),  1996 (“por el Territorio,  el Desarrollo  y la Participación  Política de los Pueblos  Indígenas”) y 2000 (“por Tierra, Territorio y Recursos Naturales”), en la marcha de 2002 (“por la Soberanía  Popular, el Territorio y los Recursos  Naturales”) fue cuando muchos  sitúan el encuentro de los pueblos  indígenas de tierras bajas  con los pueblos indígenas de tierras altas. En esa oportunidad se expresó la solidaridad aymara plurinacional cuando conamaq (Confederación Nacional de Ayllus y Markas  del Qullasuyu) fue al encuentro de los pueblos  organizados en la cidob (primero llamada Central Indígena  del Oriente Boliviano, luego Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, al incluir también otros pueblos), que una vez más marchaban desde las tierras bajas.  Hubo encuentros anteriores entre los distintos pueblos indígenas y campesinos de Bolivia, como el de 1992, por la preparación de actividades por el quinto  centenario  del inicio de la conquista   europea de América, pero 2002 fue un marco.

Del encuentro de las organizaciones matrices indígenas de tierras altas y bajas, con las organizaciones  sindicales de campesinos y colonizadores que habían formado  el MAS-IPSP, surgiría  el Pacto de Unidad,  formado  entre la salida de Sánchez de Lozada y la llegada de Evo Morales a la presidencia. Sería desde este espacio desde donde se elaboraría  la propuesta de Constitución que fue asumida como base  para el trabajo por los constituyentes del mas en varias comisiones. En esta propuesta (Pacto de Unidad [2006], con nueva versión de 2007) se traducía la llamada “agenda de octubre”, surgida en las jornadas conocidas como “Guerra del Gas”, concluidas con la huída  a Estados Unidos del presidente Gonzalo (“Goni”) Sánchez de Lozada, con muertes de manifestantes  luego del intento de venta de gas a Estados Unidos por puertos de Chile[2].

Octubre de 2003 quedaría marcado como el punto más intenso del avance de los movimientos sociales y quiebre de la hegemonía neoliberal sustentada por los partidos políticos que el triunfo del MAS-IPSP sepultaba. Esta agenda comenzaba a ser cumplida por Evo Morales al iniciar su Gobierno con la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, aprobada  en el mes de marzo, y con la nacionalización de los hidrocarburos,  del 1 de mayo de 2006. El Pacto de Unidad desarrollaba más esta agenda,  en su propuesta de Constitución, proponiendo el control de los recursos  naturales para el pueblo, y temas venidos de lo indígena comunitario como la autonomía indígena y campesina, la eliminación del latifundio, derechos colectivos para los pueblos  indígenas  y control de sus territorios, representación directa en el parlamento  y pluralismo jurídico.

De esta forma,  y aunque minoritarios, los pueblos  indígenas amazónicos  y chaqueños  serían protagonistas del proceso  que aquí estudiamos, en una alianza con los “trabajadores  campesinos” y “colonizadores” de sindicatos de agricultores también auto-reconocidos como indígenas, con otras estrategias y concepciones políticas, y una forma de ser indígena percibida como más difusa, genérica y flexible que ahora tenía por primera vez expresión gubernamental. Una definición de lo indígena que, como veremos, se articulaba con la identidad campesina, nacional boliviana, de izquierda  anti-imperialista, y en algunos casos también chola o mestiza, de pequeños productores en busca de inclusión social y oportunidades antes que con la pertenencia  étnica y la continuidad  de formas organizativas y territoriales con poblaciones ancestrales.

De este encuentro de ideas y colectivos políticos, también participaba del escenario constituyente una mirada  política que podemos identificar con el indianismo aymara, con su énfasis en la necesidad de “descolonizar” Bolivia, que por distintos caminos (electorales, alianzas partidarias, de lucha armada,  de [re]construcción de autonomía  del ayllu, o también  sindicales) desde hacía algunas décadas atrás criticaba el pensamiento,  instituciones y colonialismo europeo, denunciando  la discriminación en la búsqueda de un país donde las mayorías quechuas y aymaras, herederas del espíritu rebelde de Tupaq Katari, no se sintieran “extranjeras en su propia tierra”. Se trataba de una tradición política construida a partir de la perspectiva indígena  anti-colonial, de mayorías  conquistadas que ansiaban a gobernar el país, rechazando  la continuidad  de la colonia  en la república,  con solidaridad hacia otros pueblos  indígenas  pero como proyecto  alternativo de poder. Si bien algunos indianismos desarrollaron años antes estrategias y discursos autonomistas y hostiles con el Estado boliviano,  no obstante, las ideas  del indianismo aymara se expresarían en el discurso de Evo Morales, que hablaría de descolonización de una Bolivia que sería por primera  vez para todos, y especialmente en la Asamblea como un caudal de ideas dispuestas a repensar  el Estado de Bolivia, aunque con la propuesta  de la plurinacionalidad  que, de alguna forma, proponía superar  la forma republicana de gobierno.

Los campesinos y cocaleros habían estructurado entonces  un importante movimiento político que llegaba  al Estado, convocaba la Asamblea, y daba lugar a la expresión  de ideas políticas que habían llegado siguiendo  un curso propio y ahora confluían con el mas, pero que en parte también  lo excedían.  Estas ideas coincidían en reivindicar lo indígena y comunitario como parte esencial de Bolivia, y daban lugar a formas políticas diferentes visibles gracias a la abertura  generosa de un movimiento en formación y crecimiento. Las distintas estructuras políticas y formas de entender la política, llegarían a oponerse en varias discusiones, pero las unía una realidad común de pueblos en que la lengua indígena  y la realidad comunitaria persistían, combinadas más o menos con el mercado y la cultura global, a pesar de diferenciaciones  políticas y de lo que una vieja antropología del sentido común, que asocia cultura a cierto tipo de folklore, clasificaba como sociedades con distintos grados de “aculturación”. Esta realidad de “campesinos indígenas”, también asumidos como bolivianos y contrarios a la política  neoliberal, en la que se encontraban campesinos sindicalizados con pueblos indígenas de Oriente y Occidente,  cobra  notabilidad con la Asamblea Constituyente como base social y política de lo que sería la propuesta de Nueva  Constitución y Estado Plurinacional Comunitario.

Una vez en el Gobierno,  en 2006, a indígenas y campesinos también se sumarían  sectores de “clase media”, con militantes de izquierda de mirada política clasista o nacionalista, con participantes de gobiernos pasados, empleados públicos que cambiaban su afiliación política, con universitarios, profesionales y agentes de ong, que serían funcionarios y autoridades de Estado; sobre-representados según  la visión de muchos campesinos e indígenas que participaron de la fase de luchas sociales, pero vistos también  como importante pieza para  atraer votos de las ciudades  para el MAS-IPSP y Evo Morales, que en 2005 también  votaron en gran medida por el mas, a veces desandando viejos prejuicios o también en actitud resignada  ante el rotundo y evidente fracaso de los políticos tradicionales: “los votamos para que dejen de bloquear caminos”, decía un conocido comentario previo a las elecciones  de 2005. Veremos así como junto con campesinos e indígenas,  la bancada  de constituyentes del mas incluiría abogados  y profesionales de las ciudades, donde estos candidatos obtuvieron su representación. El carácter indígena de las mayorías que formaban  el mas, también se beneficiaba de un contexto donde las esferas  estatales y la elite cultural, como muestran las reformas multiculturales de los ‘90, eran permeables a aceptar  la herencia indígena  del país y los derechos  indígenas,  muchas veces acompañando  este cambio con nuevas formas de paternalismo o etnocentrismo[3].

Considerando  el curso de este proceso político,  situamos  este trabajo alrededor del acontecimiento  político de la llegada  de nuevos  actores al Estado, que se expresó política e institucionalmente con la convocatoria  a la Asamblea Constituyente. Esto implica entender esa llegada de campesinos e indígenas  al Gobierno como acontecimiento  político relevante, a despecho de visiones que, o bien denunciaban que los indígenas  aún no gobernaban, como decía cierto indianismo opositor al mas, o bien analizaban que hacía ya tiempo los indígenas habían  accedido  al Gobierno, como en la versión  de quienes defendían reformas multiculturales de la década  del ‘90, o que reconocían anacrónicamente el origen indígena de autoridades que en el pasado  no habían sido así reconocidas.  Estas dos miradas perdían algo que era sumamente relevante para los bolivianos  durante esta época. Eran matices de un debate que es el objeto de este trabajo, y que se completaba  con los que reivindicaban y la llegada  de los indígenas,  emocionándose o llenándose de esperanzas, y con los que reconocían el acontecimiento pero denostándolo como amenaza  de revancha, caos y barbarie que destruiría las instituciones republicanas  del país.

Es exactamente desde este punto  político donde simultáneamente se encuentran campesinos con indígenas y otros aliados, por un lado, y “campesinos indígenas” con el Estado,  por otro, desde donde surge una pregunta que nos ha guiado en esta investigación,  referida a la posibilidad  de introducción de la diferencia (indígena, comunitaria, externa) en el Estado y sobre los procesos de transformación que esta diferencia adquiere en ese encuentro. Continuamente, aunque  de forma nunca definitiva o absoluta que pudiera llevar a cerrar este proceso,  la experiencia indígena en la constituyente mostraba  que había algo que no cabía  en la forma  estatal, una diferencia indígena irreductible al Estado que antes que una frustración o la negativa  a pensar el Estado, aparecía para los indígenas como límite a ser explorado con creatividad, de forma pragmática  o utópica, como tensión que de alguna forma inspiró una Nueva Constitución y que quizás pueda guiarnos en el intento de entender no sólo a la política boliviana sino también  al Estado moderno,  en una de sus formulaciones  locales, como el mismo siempre aparece. Veremos así el funcionamiento  político del Estado, y los límites de su legalidad, posiblemente siempre, y en todos lados, construida en contraste y relación con un afuera de diferencia inabarcable.

En su gira por el mundo, luego de ser electo y antes de asumir el Gobierno, el tema de la diferencia  fue parte de la sensación  causada  por Evo Morales cuando lució una “chompa” o pullover de lana de los que se venden en mercados populares de Bolivia, y que nadie asociaba  con la investidura presidencial.  Poco después asumía el mando ante los pueblos  indígenas en las ruinas de Tiwanaku, con atuendos ceremoniales inspirados en ropas tradicionales de pueblos originarios. Y finalmente adoptaría como vestimenta oficial un traje exclusivo  diferente al del resto de las repúblicas  democráticas  de Occidente, con motivos andinos, pero confeccionado por una diseñadora de alta moda. Las tres vestimentas pueden servir de metáfora para el proceso  que aquí estudiaremos: la llegada del pueblo al Gobierno;  con la ropa que el pueblo usa; el Pachacuty  y retorno de Katari como idea del poder para los indios y fin de la era colonial; o la incorporación de la “cultura”  tradicional  o indígena  al Estado.  Las tres tendencias,  con sus combinaciones, y también  el saco y la corbata  (como imagen de un gobierno de blancos y criollos), cruzarían  la Asamblea Constituyente y la política  boliviana de esta época como índices del acontecimiento político entendido como llegada al Estado  de quienes  hasta entonces no estaban contemplados. Para algunos se trataría de cambios apenas estéticos, para otros sería el reflejo ceremonial  de cambios más profundos[4].

El tema de las formas comunitarias  e indígenas, asociadas a la descolonización, configuraban un tema central en la llegada de Evo Morales y nuevos actores al Estado.  Pero el proyecto  de “La Revolución Democrático Cultural” o “El Proceso de Cambio”, se asociaba también a la ansiada recuperación  del control de los recursos  naturales, parte de la agenda  de octubre, y a la busca  de justicia social en el combate  contra la pobreza y la desigualdad.  El cuadro  del momento se completaba con la oposición política a este proyecto organizada primeramente desde  la región de la Media Luna, con Beni y Pando  detrás del departamento más rico del país, Santa Cruz de la Sierra,  y con Tarija, donde se habían comenzado a explotar grandes reservas de hidrocarburos descubiertas pocos años antes. Se trataba de otra fuerza política reciente y surgía atrás de la bandera  de la descentralización y autonomía, con un trasfondo que también se vinculaba  al tema  del control de los recursos  naturales, y con indiferencia –a veces transformada en racismo  separatista– con las mayorías  indígenas del occidente del país, presentes como migrantes internos también  en Oriente.

La oposición a Evo Morales también llegaba de varias ciudades capitales, pero era en estas regiones de Oriente y el sur desde donde había  crecido en los últimos años una demanda por autonomía y contra el excesivo  centralismo que recién en 2005 había cedido a la primera elección directa para el cargo de prefectos departamentales, hasta entonces elegidos directamente por el presidente.  Respondiendo a esa otra agenda,  el mismo día en que se elegían  los constituyentes, el 2 de julio de 2006, cuatro de nueve departamentos votaban a favor del Sí a la autonomía en un referendo que establecía un mandato  vinculante a ser implementado  en la Nueva Constitución. Los otros cinco departamentos (La Paz, Potosí, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca) se opusieron[5].

Y sería en la Media Luna desde donde  serían electos también la mayoría de los constituyentes opositores  al mas en la Asamblea, mayormente  desde la agrupación podemos (Poder Democrático y Social), ligada a las autoridades políticas y al poder agroexportador de la región.  Esta oposición  se constituiría en verdadero obstáculo para los cambios que buscaba  impulsar  el Gobierno  y las organizaciones sociales. En diciembre de 2006, después del “Cabildo  del Millón” en Santa Cruz, que continuaba una secuencia de cabildos[6] por la  autonomía iniciada años antes, la oposición lograba imponer los dos tercios como modo de aprobación de los artículos del texto constitucional,  después de siete meses de forcejeos y discusiones limitadas al tratamiento  de la elaboración  del reglamento de debates con que se regiría la Asamblea.  La falta de avance en las discusiones del contenido de la Constitución reflejaba la amplia polarización  política entre el mas y la Media  Luna.  La oposición entre “dos tercios” (contemplados en la Ley de Convocatoria a la Asamblea) y la “mayoría  absoluta”; que el mas consideraba estratégicamente importante  adoptar y con la cual contaba  (tenía  147 de 255 constituyentes), expresaba la tensión  entre una Asamblea que se disputaba entre dos lecturas sobre  cuál debía ser el curso de la misma.

La oposición defendía una Asamblea derivada del poder constituido –donde  lo que le quedaba de poder institucional a los partidos tradicionales, junto el espacio ganado por la Media Luna podrían ejercer poder de veto a las reformas  que el MAS propusiera. Por su parte, el MAS pugnaba por una Asamblea “originaria”, como única forma de aprobar una Nueva Constitución y avanzar en el sentido de la “descolonización” y los cambios profundos  contra el viejo Estado colonial y neoliberal. El envío de la propuesta  de ley de convocatoria al Congreso, por parte de Evo Morales, había indicado un camino derivado. Este es el que se ratificaba con la aprobación  de los dos tercios, pero el MAS también  conseguiría  votar un Artículo que definía a la Asamblea como originaria en su reglamento, y de distintas formas  la discusión  se mantendría  viva durante todo el proceso, reapareciendo en distintos momentos.

Una vez aprobado el reglamento,  con el MAS dispuesto o resignado a encontrar dos tercios,  se crearon 21 comisiones que realizaron encuentros territoriales temáticos en los departamentos.  Luego de unos meses de deliberaciones en las comisiones, se amplió el plazo de funcionamiento de la Asamblea hasta diciembre de 2007, pero casi en ninguna  oportunidad  llegarían a convocarse  las sesiones plenarias en el Teatro Mariscal,  de Sucre, sede original de la Asamblea, por el estallido del reclamo  de traslado de los poderes  ejecutivo y legislativo para esta ciudad, después de haber estado instalados hacía más de un siglo en la ciudad  de La Paz, en la reivindicación  que los chuquisaqueños  llamaron “capitalía plena”, y que sería clave en el desarrollo de la Asamblea,  convirtiéndose en tema central de su actividad, por algunos meses. Veremos que el trabajo de la Asamblea concluye de una forma tumultuosa y estrepitosa, sin participación de la mayoría  de la oposición  y fuera de Sucre, consiguiendo  ser conducida hasta su aprobación sólo a partir de un acuerdo congresal con parte de la oposición,  en octubre de 2008, después de numerosas modificaciones en el texto anteriormente aprobado[7].

La Constitución sería aprobada  en referendo el 25 de enero de 2009 y promul-gada  en la ciudad  de El Alto el 7 de febrero. En este momento, de lo que comenzó a tratarse era de la implementación del nuevo Estado. Como parte de las medidas que buscaban adaptar el Estado a la Nueva  Constitución, el 18 de marzo de 2009, Evo Morales firmaba  el Decreto 0048, dando lugar a un acto que fue leído como la muerte  de la República  de Bolivia.  El decreto cambiaba el nombre del Estado de “República de Bolivia”  al de “Estado Plurinacional de Bolivia”.   El texto del decreto era: “en cumplimiento a lo establecido  por la Constitución  Política  del 

Estado deberá  ser utilizada en todos los actos públicos y privados, en las relaciones diplomáticas internacionales, así como en la correspondencia oficial a nivel nacional e internacional, la siguiente denominación: Estado Plurinacional de Bolivia”. Para Ricardo  Calla (2010), ministro de Asuntos Indígenas en un anterior Gobierno, el cambio reemplazaba el régimen republicano antimonárquico instalado en 1825 por uno sin rotación ni cambio periódico de gobierno que potencialmente fragmentaría Bolivia en “micronaciones”; impulsado por un “nacionalismo étnico estadolátrico”, que con el reconocimiento  de diferentes naciones además daría espacio para “el utopismo localista y separatista” de Oriente.

Para los asesores del MAS-IPSP en la Asamblea Constituyente,  el carácter Plurinacional  del Estado era la pieza más importante del nuevo texto constitucional. Había sido propuesto por las organizaciones  indígenas  y asumido como propio por la bancada de constituyentes del mas. Cierto día en una de las comisiones, los asesores explicaban en el pizarrón,  frente a algunos  constituyentes del mas, que el Estado Plurinacional Comunitario  sería un aporte de esta Asamblea  al constitucionalismo a nivel mundial. Es una inédita combinación de lo social, lo liberal y lo comunitario con la cual, decían  los asesores,  la Nueva  Constitución combinaría lo mejor  de los constitucionalismos  francés de 1789, mexicano de 1917 y soviético de 1935, agregando también  el aporte de lo comunitario  por parte de los pueblos indígenas. El Estado Plurinacional buscaría superar también  dos modelos  estatales referidos a la cuestión  étnica: el monoculturalismo de la asimilación e “integración del indígena  a la vida nacional”,  asociado  en Bolivia a la visión  de la revolución  de 1952, avanzada  en lo social pero  limitada en el reconocimiento  étnico y plural; y el multiculturalismo, asociado a las reformas  constitucionales de la década  del 90 en Bolivia y otros países  latinoamericanos,  entendido como un reconocimiento de la diferencia cultural que no altera en nada la subordinación de los pueblos  culturalmente diferentes, por no acompañar el reconocimiento de la posibilidad de control territorial y poder político de libre determinación[8].

El Artículo quinto de la Nueva  Constitución expresaría  estas discusiones  en el tema  de la diversidad lingüística de Bolivia, que sería uno de los ámbitos en que el pluralismo avanzaría más. En su primer inciso,  el Artículo establece el reconocimiento oficial del Estado a las 36 lenguas indígenas, con la misma jerarquía que el castellano: “Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones  y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara[9], araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua,  sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya,  weenhayek, yaminawa,  yuki, yuracaré y zamuco”.

Pero buscando ir más allá del “mero reconocimiento” asociado al multiculturalismo en el segundo  inciso del Artículo quinto se avanza respecto del primero y se establecía también  que el Gobierno Plurinacional y los departamentales deberán usar  al menos dos idiomas oficiales, siendo uno de ellos el castellano y el otro una lengua indígena. En algunos  contextos esto puede pensarse como política multicultural, considerando que el reconocimiento lingüístico en otros países  no excluye  la marginación de las minorías  en las decisiones  políticas. Pero desde el punto  de vista de la casi insignificante presencia de las lenguas originarias y de sus hablantes en el Gobierno  del Estado boliviano, y por tratarse en este país de más de un tercio de la población la que habla esas lenguas, en caso de ser implementada significaría sin dudas una transformación importante e inédita.

No faltaron personas que en momentos difíciles de la Asamblea decían que una vez en el poder,  los campesinos del MAS y sus aliados de clase media ya no necesitarían hacer una Asamblea Constituyente y que sería suficiente con acciones desde  el Poder  Ejecutivo, como lo había sido la nacionalización  de los hidrocarburos, que había aumentado los ingresos  estatales considerablemente y dado lugar a una política de bonos sociales para los niños en edad escolar y para los ancianos[10]. Se trataba más bien, según esta posición  del debate en el ámbito  del proceso de cambio, de impulsar  un Estado fuerte interviniendo  en la economía para redistribuir el excedente económico,  desmontar el sistema neoliberal instaurado desde 1986 y, para algunos, apuntar al socialismo.  Desde  esta visión, de lo que se trataba era más bien de concentrarse en la gestión  e impulsar la industrialización de los recursos naturales, lo que permitiría  redistribuir el ingreso y así reducir los índices de pobreza y recuperar la soberanía  nacional sobre los recursos, principal fuente económica del país.

La Nueva  Constitución era para muchos tan solo un apéndice de las acciones del Gobierno  que pondría “candado” a las políticas  estatales y buscaría también introducir cambios en los tres poderes para consolidar el poder  del nuevo  Gobierno y habilitar la reelección. Esta posición  más estatista, se asociaba a otros procesos políticos de la región  y en particular  al bolivarianismo de Hugo Chávez,  fuerte aliado político y económico del Gobierno  de Evo Morales. Cuba y Venezuela ocupaban un lugar importante  en el mapa político de esta época, levantando banderas asociadas al socialismo  que se mezclaban con las del nacionalismo, y como reiterado argumento de ataque de la oposición. Del otro lado, Estados Unidos  y el modelo  español de autonomías.  El MAS definía su lugar también  en relación a otros gobiernos  progresistas como Argentina y Brasil, con quienes negociaba por el gas y encontraba un camino más moderado de salida del neoliberalismo.

Por su cercanía en el tiempo, la reforma  constitucional de Venezuela era una referencia  para algunos en el mas, como modelo  político. Para otros, en los debates de esta época, la Asamblea surgía antes que nada de la memoria indígena para refundar un Estado que desde el nacimiento de la república en 1825 había dejado de lado a los pueblos originarios y dado continuidad al gobierno colonial, con una primera Constitución enviada por Simón Bolívar, que dio nombre a la nación pero sin incluir a sus mayorías. Esta posición se relacionaba con la idea  de que  el Estado debía ser transformado, y no sólo ocupado por los que habían sido excluidos. En el camino de la crítica al Estado boliviano  actual, la Comisión de Visión País de la Asamblea iniciaría un “Juicio  al Estado Colonial Republicano y Neoliberal” con el objetivo  de conformar un tribunal que simbólicamente impugnaría al Estado Republicano y pondría énfasis en la necesidad  de “descolonización”, pieza clave del proyecto político plurinacional, y presente en el discurso  de Evo Morales.

Si en sus aspectos sociales y de busca de mayor participación estatal el proceso constituyente se acercaba  a Venezuela y la tradición del constitucionalismo social latinoamericano, en su vector indígena  la propuesta  del Estado Plurinacional se entronca, de un lado, en la tradición política del indianismo boliviano, pero también con luchas indígenas por autonomía en el continente, y en el desarrollo de los instrumentos del derecho internacional sobre pueblos  indígenas,  y en particular las discusiones  que fueron también  reflejadas en el convenio  169 de la oit (de 1989) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de septiembre de 2007, aprobada en pleno proceso constituyente de Bolivia. En la etnografía  de la Asamblea estas discusiones  tienen un lugar, llevadas a Bolivia por personas e instituciones concretas, pero también recreadas de manera  original a partir de la situación  particular de los pueblos  indígenas bolivianos y el carácter poblacional mayoritario que diferencia Bolivia de desarrollos constitucionales como Colombia y Brasil. El inicio  de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, cuando aún no se había cerrado el proceso  boliviano abría también  otro punto de referencia en este diálogo[11].

Un constitucionalismo “experimental” proponía  Boaventura de Sousa Santos cuando visitó Bolivia, poco antes de que la Asamblea iniciara en Sucre el trabajo de sus comisiones. En una de sus presentaciones[12], destacó que dando continuidad a las reformas  que incluían el reconocimiento  a la plurinacionalidad y plurietnicidad, en Bolivia se estaba profundizando un constitucionalismo “post-colonial” (2008b:22). Recomendaba también dejar algunas cuestiones “abiertas”, para que soluciones que no estuvieran presentes todavía pudieran  ser encontradas en el futuro. De ese modo, el pueblo  mantendría el poder constituyente en sus manos y su fuerza no sería absorbida por el poder constituido, decía. Pensaba que la democracia   liberal del Estado moderno se encontraba en crisis irreversible y que por eso era necesario  inventar una “demodiversidad”, con democracia de varios tipos.

Diferente era la defensa  y fundamentación de la propuesta  constitucional por parte de Rubén Martínez Dalmau,  asesor del MAS en la Asamblea y también participante en los procesos  constituyentes de Venezuela y Ecuador, escribía sobre el “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano” y ubicaba el caso boliviano como “evolución última” de esta corriente. A diferencia  de otros analistas y participantes del proceso, Martínez Dalmau destacaba antes que nada la centralidad  de elementos como un “carácter social integrador”, la “soberanía  popular”,  la integración con América latina,  la “democracia  participativa” y la constitucionalización  del lugar preponderante que el Estado comenzaba a ocupar en la economía (2008:74).

En las discusiones  del proceso  constituyente y más allá, las controversias  no sólo se traducían en énfasis distintos, con las partes económica, de derechos, de las autonomías  que distintas lecturas preferían.  La propia idea de Estado Plurinacional aludía a formas o sentidos políticos diversos y a veces en conflicto: a un sistema  confederal de pueblos indígenas con poder territorial;  al respeto genérico por la inclusión  e igualdad de oportunidades;  al modelo  soviético de naciones inspirado en la secuencia evolucionista de Morgan retomada por Engels; y también, para algunos críticos, a un poder central hegemónico o autoritario con ritualidad ceremonial indígena. No sería el único  tema abierto a controversias. Las nacionalizaciones  realizadas por el Gobierno  serían también cruzadas por interpretaciones diversas que iban desde la glorificación apologética de abertura de un futuro prominente, al intento de desenmascarar un presunto carácter limitado, falso o problemático. Lo mismo con el tema de las autonomías y de la capital del país con el asiento de los poderes  de gobierno, causantes de los enfrentamientos políticos más fuertes del periodo que aquí estudiamos. Dadas las características de un contexto marcado por la tarea de definición de un nuevo orden constitucional, además, una u otra verdad de forma negociada o impuesta se transformaban en verdad de la ley del Estado,  con todo lo mucho o poco que eso pueda significar, a veces y para algunos alcanzando poder sagrado y otras veces,  o para otras personas, como farsa e imposición dictatorial. Así, la institucionalidad constituyente se constituía como lugar privilegiado para estudiar la disputa  de significados en relación al poder  y a la política.

Y veríamos cómo la vida de las controversias no terminaba,  de hecho, cuando la ley era fijada de forma escrita en una resolución determinada. Dadas las múltiples lecturas que surgían con posterioridad a su promulgación,  el Texto Constitucional es un buen ejemplo de la maleabilidad que suele acompañar  a toda definición conceptual en el ámbito  de la política. Todos  los supuestos  peligros  contra la democracia y el estado de derecho reaparecerían después de haber sido eliminados en el proceso  de redacción y revisión. De nada sirvió que la oposición interviniera en el texto constitucional  aprobado por el MAS y sus aliados en la Asamblea, porque las mismas advertencias y riesgos volverían a aparecer independientemente de la cantidad de revisiones en el texto y previsiones o cláusulas de seguridad, como si nada hubiera sido modificado.

También las banderas  de los pueblos indígenas que caían  en la mesa de negociaciones  reaparecían  entrelineas o en formulaciones ambiguas e indefinidas de artículos que apuntaban inicialmente en distinta dirección. En este sentido, hubo voces desde la oposición que se referían  al peligro de la Nueva Constitución por lo que esta “no decía”,  o “podría posibilitar”. Había tal vez algo más, que estaba en la Constitución pero no necesariamente en las letras de las palabras de sus artículos, quizás porque lo que  la ley expresaba era siempre algo menos desde  el punto  de vista comunitario o de las luchas sociales  del pasado. Ese excedente estaría presente de alguna forma, pero no en la letra o coherencia sistemática de los artículos sino más bien en los silencios  o ambigüedades del texto constitucional,  expresando de esa forma una riqueza  del debate político boliviano  que no se reducía a la actualidad  estatal, ni a las posibilidades  de constitucionalización o incluso por las posibilidades de la correlación  de fuerzas políticas y sus posiciones acerca de los temas  claves de la Asamblea. Es en este nivel que se encuentra  entre lo escrito, lo dicho,  lo representado  y lo esperado  que buscaré presentar este proceso,  desde una antropología de un Estado en estado constituyente.

Una concepción de la política vinculada al conflicto y la multiplicidad, cercana a las propias bases pluralistas de la propuesta  Plurinacional y lejos de propuestas homogeneizadoras y esquematizadas,  tiene afinidad también  con el modo en fue construida esta etnografía. Una descripción más fiel al proceso  estudiado recurre a una mirada de la política  y de la tarea de escribir  una Constitución  como terreno atravesado por controversias, reino más de paradojas que de verdades establecidas o programas cerrados, y más de disputas que de posiciones unánimes y que no se modifican.  Esto se reflejaba en la fragilidad  de muchos significados, en la lucha por imponer interpretaciones y verdades diferentes que a veces se mostraban incompatibles y otras eran combinadas  para dar o no dar lugar a algo nuevo, y que permanecían juntas sin nunca  realizar una síntesis. En el proceso constituyente, más que en otras dimensiones de la vida  política  estatal, la construcción de una verdad que antes de transformarse en ley no era considerada de tal manera; y el proceso por el cual una verdad de pocos se vuelve verdad de todos o pasa a ser aceptada, se muestran crudamente visibles. La continua desconfianza  en esas verdades, la posibilidad de abrir una y otra vez lo que se suponía cerrado y refrendado, creando escenarios inusitados y cambiantes, muestra la fragilidad de la ley y al mismo tiempo su fortaleza, cuando viene acompañada de poder político y fuerza social.

Un espacio como la Asamblea  Constituyente permitía  comprobar el poder de la política  de inmiscuirse en cualquier situación, sin nada que no pueda ser “politizado”, y poder abrir todo punto establecido a redefinición. Quizás toda Asamblea Constituyente sea así, pero lo que es seguro es que los campesinos e indígenas de Bolivia sabían muy bien abrir discusiones  sobre temas antes cerrados en un Estado que entendían como colonial. Como en toda Asamblea, también era necesaria  la operación  contraria: cerrar algunas discusiones  para avanzar. Pero los campesinos e indígenas también demostraban saber cerrar las discusiones  de una forma parcial y provisoria, para ser reabiertas más adelante, como parte de las correlaciones  de fuerza del momento y la negociación,  pero también como acuerdos siempre inestables con que lo externo al Estado se relaciona con lo estatal.

En la etnografía  del Estado  y del proceso constituyente, tendremos  que avanzar por un camino doble porque al mismo tiempo nos encontraremos con instituciones fundadas en los grandes  divisores  de lo que Latour llamó Constitución Moderna  (1994); y con una propuesta  política de Estado  pluralista y descolonizador que en algún nivel cuestionaba las mismas. Veremos la fuerza con que la separación moderna entre sociedad y naturaleza funciona y fundamenta  la propia idea de una Constitución que garantizará recursos naturales para el pueblo y derechos  para las personas; pero veremos también una crítica, inspirada  en formas indígenas ancestrales  tanto como desde  la crítica política de la izquierda pluralista, con un continuo  aparecer  y desvanecerse de oposiciones como Estado y sociedad; política y economía; gobernantes y gobernados; individuo y sociedad; cultura y razón práctica; así como sus derivados vinculados a la propiedad, la división de poderes y los derechos  individuales,  contra los cuales la propuesta de campesinos e indígenas a veces se manifestaba, con un intento de pensar “otras” formas, que la etnología mostró  y que los pueblos,  los intelectuales, los asesores y los constituyentes ponían  en debate constitucional.

Esta precaución de andar por dos caminos que se encuentran y bifurcan deberá ser tomada  cuando  la llegada de los campesinos e indígenas al Estado,  abrió un escenario  donde  la fuerza de lo mayoritario  como construcción política que consigue  convertirse en Gobierno y interpela la idea de Nación no deja de lado la especificidad  de lo minoritario,  con su continuo espíritu diferenciador y que en el proceso constituyente boliviano se expresaba en el deseo de descolonización y de autonomía,  juntando muchas de las cosas  que para “los modernos”  debían permanecer separadas. En este sentido, en Bolivia observamos cómo la verdad  de las mayorías indígenas llegaba al Estado  y escribía una nueva ley; pero al mismo tiempo también vimos la búsqueda de garantizar autodeterminación para pueblos con verdades civilizacionales diferentes, que no tenían la fuerza o el propósito  de constituirse en verdad del Estado ni de asumir la tarea  de gobernar  el país de todos, y si más bien de continuar resistiendo o buscando  la autonomía.

La opción metodológica para el estudio  de este proceso  será la de una etnografía que, de acuerdo con la propuesta  de Bruno Latour (2005), busca seguir minuciosamente a los actores, sus controversias y estabilizaciones, o híbridos y purificaciones (1994), sin explicaciones que se sobrepongan a los trazados de asociaciones en cuanto son realizados. Se trata de una narrativa que busca  el plano de profundidad en el enfoque que Alfred Gell llamó de “biográfico” (1998:10-11), sin imponerse  con explicaciones por sobre los agentes, como ocurre en la “sociología de lo social” que rechaza Latour, ni tampoco  por debajo de ellos, buscando  causas ocultas de sus comportamientos, como lo hace cierta psicología y otras explicaciones deterministas. Interesa aquí presentar antes que  nada las teorías políticas sobre el Estado de los bolivianos que participaron de este proceso,  buscando  lo que en antropología se entiende como dar autodeterminación conceptual a los “nativos”, y que encontramos en la propuesta  de antropología simétrica de Latour (1994), la Teoría  Etnográfica  según Goldman (2006) o en Viveiros de Castro, cuando escribe sobre una continuidad epistémica en que los procedimientos investigados sean considerados del mismo orden que los procedimientos  que caracterizan  la investigación (2002).

La propuesta  tiene cierta especificidad  cuando la simetría del antropólogo se plantea respecto  a actores que adquieren una voz estatal. Es una situación no típica en antropología, donde la continuidad epistémica  en general buscaba realzar perspectivas  que eran acalladas por el Estado moderno  y sus disciplinas de conocimiento, o que eran exóticas respecto  al mismo. No creo, sin embargo, que la llegada al Gobierno  anule la diferencia, y la posibilidad  de estudiarla. Al contrario, será este contexto el que genere nuestras preguntas  y contextos de investigación. Por otra parte, creo que esta situación plantea antes que nada una complicidad o simetría  entre la perspectiva etnográfica y el objeto observado,  en este caso, el propio proyecto de descolonización y Estado Plurinacional. En este último, nuevos  actores sociales –y no sociales ni humanos, como la Pachama-ma– adquieren ciudadanía plena antes negada en un Estado que es transformado por un modelo pluralista y de autodeterminación para los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos. El estudio  del Estado,  así, trastoca un poco el lugar tradicional del antropólogo  y al mismo tiempo, sin embargo, una vez más el objetivo  es entender y describir  instituciones políticas, significados,  formas indígenas y vida social a partir de la observación.

Por el tipo de objeto  etnográfico,  durante esta investigación  la “voz de los nativos” algunas veces se confundía  con la bibliografía especializada  sobre el tema en cuestión y también con documentos elaborados por participantes del proceso  o incluso con discusiones presentes en la prensa.  La etnografía busca  reconstruir el proceso incorporando todas las fuentes y materiales utilizados para la investigación en el mismo plano, incluyendo también opiniones de los que participaban desde el llano, como ciudadanos involucrados en las discusiones políticas. El núcleo de ideas que conforma la etnografía, sin embargo, proviene de mi observación de reuniones y la convivencia con los constituyentes y otros actores políticos vinculados al proceso. Por otra parte, los temas que atravesaban la Asamblea me llevaron a profundizar en la lectura de trabajos sobre otros tiempos en que pude comprobar cómo se habían vivido  las mismas tensiones que recorrían este momento por mi observado. Eran los caminos seguidos por el debate constituyente, que revisaba fracturas del pasado, retomaba aspiraciones ya visitadas o que remitían a la época colonial. El momento político era inédito, pero eran comunes los retornos a 1536, 1781, 1825, 1866, 1874, 1898, 1934, 1952, 1964, 1971, 1979, 1986, 1990, 1994, 2000 y 2003[13].

El trabajo de campo en que se basa esta tesis, ahora publicada  como libro,comenzó poco después de iniciadas  las discusiones  de las 21 comisiones de la Asamblea en Sucre y seguiría hasta la aprobación del texto en las sesiones finales en el Liceo  Militar de las afueras  de Sucre  y en la Universidad Tecnológica de Oruro,en diciembre de 2007. La investigación de campo en Bolivia se reanudaría poco más de un año después, mientras la Constitución era aprobada  en el referendo  y promulgada en la ciudad  de El Alto, en febrero de 2009. Realizaría todavía una visita a Bolivia en 2010, con Evo Morales ya reelecto y la Asamblea Plurinacional elaborando las primeras leyes del nuevo Estado. Es en ese momento que concluye el marco temporal cubierto por esta investigación[14].

2. Para estudiar el Estado y el contra-Estado en Bolivia

En una dirección ya explorada para otros campos etnográficos de la sociedad occidental contemporánea por autores como Marshall Sahlins (1976) y David Schneider (1968), hubo quienes propusieron ya hace tiempo la pertinencia  de un estudio  cultural y etnográfico del Estado. Marc Abélès (1990, 2000) y Bruno Latour (2004 a y b), realizaron estudios etnográficos en instituciones  centrales del Estado francés. Otros se dedicaron a entender las formas con que el Estado es “imaginado” en distintos lugares[15].

Una importante compilación  de textos proponía una antropología desarrollada desde  las prácticas,  lugares o lenguajes que son considerados márgenes del Estado (Das y Poole, eds. [2004]). No se trataba de ver cómo una supuesta forma racional se debilita sino más bien de describir como la ley, la regulación, la disciplina  y el Estado son moldeados.  Los distintos artículos desarrollan casos africanos, latinoamericanos y asiáticos mostrando como los márgenes  son indispensables para pensar  el centro: sin márgenes e ilegalidad no hay centro, ley, y demarcación de la “normalidad”.  Estos autores piensan  una antropología en los márgenes del Estado a partir de la etnografía  y también  del diálogo con las ideas Foucault, Benjamin,  Schmitt y Agamben que permiten  pensar la soberanía  desde los intersticios de la ley y también  desde la violencia, conceptualizada como ríos que fluyen a través y en el interior del cuerpo  estatal. Los autores entienden entonces que la totalidad del Estado  está en los márgenes,  que al mismo tiempo el mismo intentará continuamente superar.

Por  otra parte,  en la introducción a otra compilación de artículos que exploran la conexión  entre cultura y Estado George Steinmetz fundamenta este tipo de estudio y presenta una propuesta de investigación en la que lejos de los estudios de impacto de políticas de gobierno en la cultura,  posiciona al propio Estado como fenómeno y producto  cultural (1999). Steinmetz  critica visiones  clásicas en teoría social en las que el interés por la cultura se limita a los casos lejanos en espacio y/o el tiempo respecto de la modernidad  occidental. Steinmetz sugiere que la racionalidad  instrumental  puede ser considerada  otra forma  de cultura y contrasta su mirada con una lectura de Weber según la cual esa lógica funcionaría como “una especie de no-cultura, una ‘pura racionalidad’  privilegiada  contra la cual otras acciones  orientadas pueden ser contrastadas” (1999:16, trad. mía)[16].

Esta mirada  crítica sobre el Estado, que desnaturaliza sus fundamentos  cosmológicos, es un lugar por donde a menudo pasa el pensamiento  de la política. Jacques Rancière habla de la política  como ilusión, Paul Veyne no le encuentra al grafiti “la imaginación al poder”,  de mayo del 68, porque afirma que el poder siempre es imaginación. Walter Benjamin concibe  al capitalismo  como una religión, y Lévi-Strauss comenta cuando escribe sobre la estructura  de los mitos que las ideologías  políticas son para él las mitologías modernas.  Muchas  veces la palabra  “mito” interviene en la política  y la investigación  social con un sentido despectivo  y de desvelo de realidades ocultas, reveladas por el investigador u opositor político. Aquí se trata de acercarnos a una visión más compleja de símbolos e ideas, en ese nivel que está más allá de la verdad  y la mentira,  y que al mismo tiempo permite acceder a la forma  en que entendemos  lo verdadero y lo falso en la política,  y operamos con esos significados en versiones que se oponen o transforman en distintas combinaciones. Es ineludible entonces una referencia a la obra de José Carlos Mariátegui, y su crítica a la racionalidad burguesa  que rescato la tradición de solidaridad de los Incas,  como fuente del mito que permitirá alcanzar el socialismo  (cf. Mariátegui [1928]).

La antropología  política como un todo siempre tuvo el efecto  de acercar las formas  políticas occidentales a una mirada que las sitúe en su contexto como modo de producción, de representación o de organización  particular y local. Lo mismo que ocurría al estudiar  otras sociedades, y como efecto también del estudio de las mismas. Sin embargo, no hay aún un estudio de las ideas  políticas y sus transformaciones que se compare al estudio  de Lévi-Strauss sobre el complejo mitológico amerindio. Ese no es nuestro objetivo pero sí el campo etnográfico donde se sitúa esta investigación.  Lo que nos lleva a Pierre Clastres, como veremos, por su contribución a demarcar en antropología  el campo del estudio de lo político,  con un Estado estudiado a contraluz, en las fuerzas  que impiden su surgimiento, y mostrando a la guerra  como principal sentido de las sociedades de lógica centrífuga contrarias a la unificación, y que oponiéndose al pacto hobbeaseano, tampoco  nada tenía que ver con la economía, el intercambio  o cualquier otra dimensión  considerada como materialidad primera (2004:244).

En este trabajo se trata de seguir de cerca qué sucede con los pueblos indígenas, los campesinos y sus aliados cuando se encuentran con el Estado y buscan transformarlo. De algún modo, la tarea de pensar una Constitución exige enfrentar estructuras y recombinar elementos de un sistema político. Veremos hasta qué punto los que redactaban la Nueva  Constitución y los que impulsaban o impedían cambios, comenzaban a tener poder de manipular ideas e instituciones, como shamanes, magos, jefes  o sacerdotes  estatales,  y hasta  qué punto  la  Asamblea Constituyente se posiciona como objeto de la transformación   y centro donde todos buscaban intervenir. Esta ficción moderna y estatal, que es parte del mundo social etnografiado, se encontrará con la fuerza persistente de la silueta del Estado moderno colonial y liberal, pero también con fuerzas de afuera del Estado, de la Comunidad,  el pueblo o ideales revolucionarios y de justicia que buscaban trastocar la forma  de organización social. Bolivia parece un buen lugar para estudiar esto, con un Estado consolidado débilmente  como muestra una vieja anécdota que refiere a la supuesta sentencia de la reina Victoria de Inglaterra prometiendo una vez borrar Bolivia del mapa; y al mismo tiempo con fuertes mecanismos de imposición del modelo  republicano  moderno, necesarios donde realmente encontramos formas políticas alternativas vigentes  y con vitalidad.

Sobre una lectura del carácter mágico del capitalismo,  vinculado claro está al Estado moderno,  podemos mencionar  el trabajo de Stengers & Pignarre (2005) sobre  hechicería  capitalista y por supuesto también a Marx en El Capital, con su referencia  al fetichismo  de la mercancía,  siempre impregnado de modo “fantástico” a los productos  del trabajo en las relaciones burguesas  de producción. Por otra parte, desde la antropología,  Michael Taussig  escribe  sobre  la necesidad  del Estado de crear un aura de poder legítimo e irrefutable en torno de sí, y observa que la legitimidad  de la Constitución  de los Estados Unidos  no se deriva de sus principios  legales sino de los fundamentos  culturales y políticos de la idea de los norteamericanos sobre el Estado-Moderno (1992:506). El ejemplo norteamericano es apropiado para evitar la interpretación  de que el Estado es mágico o mítico sólo porque ahora son los indígenas  los que lo ocupan. Taussig también habla de la constitución cultural del Estado  moderno, y de su cualidad de fetiche sagrado, en relación al aura de la E mayúscula  del Estado, que fácilmente podría reemplazar la palabra  Dios (1995:145 y 148). En The Magic of the State (1997), Taussig da cuenta de cómo se conforma  la imagen y la fuerza del Estado-Nación,  entre la razón y la violencia,  señalando  un paralelismo con las operaciones presentes en la magia, el espiritismo  y la religión,  tal como aparece en la política  venezolana, y en la montaña  sagrada donde se rinde culto a María Lionza,  donde él realizó su investigación[17].

En este camino de distintas miradas que permiten acercarnos al Estado  como objeto antropológico, cabe mencionar  el trabajo de Michel Foucault, quien se interesaba por saber qué significa gobernar en una determinada época y cuál es la mentalidad  de gobierno que surge con la modernidad  desde el siglo xvi y se expresa de modo característico en el Estado (2004). Además de llevar la política para nuevos espacios, diseminada e inmanente a todo el cuerpo social, dislocando el análisis de los “centros” de poder a partir de una concepción en que las relaciones de poder están en todas partes, en sus páginas sobre governmentality (mentalidad de gobierno)  enmarca  el estudio del Estado en una historia más general de cierta “racionalidad  típica del arte de gobierno”, que aparece como resultado de estrategias, tácticas, tecnologías y discursos que se impusieron a partir de esa época (1991, 2004:120).

En estos trabajos del último Foucault, la soberanía  del Estado aparece  como una forma en que el poder se cristaliza, y no como formas dadas por sentado,iniciales en gran parte de las investigaciones  sobre el poder.  Su visión del poder, al mismo tiempo, apunta a preguntarse por cómo el mismo es ejercido, aleján-dose de consideraciones  del mismo como substancia misteriosa. Su mirada daría lugar a estudios sobre formación de los Estados y formas de autoridad y gobier-no, como el de Corrigan y Sayer (1985), donde  el Estado deja de ser una cosa, esencia o espíritu para mostrarse como producto de procesos en el marco de una determinada mentalidad que puede ser datada. De alguna manera, en Bolivia encontramos un cuestionamiento a ese mismo modelo o mentalidad asociados a la modernidad y a las que algunas prácticas comunitarias (y la forma  en que estas entraban en la discusión  política) no se adaptarían. Al mismo tiempo, vemos en la Asamblea Constituyente la construcción y representación performática de esas formas modernas de gobierno y control[18].

Otro trabajo influyente para los estudios del Estado, derivado de la concepción del poder como relaciones diseminadas  y no centralizadas, es el de Phillips Abrams (1988), que propone seguir las relaciones   y no la representación,  la ideología e ilusión que identifica con el Estado. Recordando  lo que alguna vez escribió Raddcliffe-Brown, Abrams descarta  el uso de la categoría  Estado,  por considerarla una ficción que debe ser reemplazada  por las nociones  de sistema político, organización política y gobierno. Para Abrams, el Estado es una máscara que debe ser puesta entre paréntesis para poner en evidencia  la función ideológica del Estado. Sus ideas abren líneas de investigación como las de Troulliout (2001), que considera que el Estado-Nación  no es más un contenedor válido y prefiere  apuntar al estudio de sus efectos. Esta discusión nos permite  situar una investigación  política sobre el Estado.  Al mismo tiempo, el tema es cercano  al propio debate político en Bolivia, como veremos ahora.

En los distintos abordajes teórico-metodológicos, encontramos que el Estado es una mentalidad que todo lo abarca y también que él mismo no existe en absoluto. El énfasis en una mirada  materialista o simbólica del poder, omnipresente en el cuerpo  social o restringida,  nos lleva a pendular entre una y otra idea, con efectos metodológicos  para el estudio del Estado: sólo se trata de nuestra arbitraria proyección cultural interna a la legalidad  impuesta  históricamente por el Estado moderno,  dicen algunos, otros ven que las instituciones  políticas tienen materialidad y que incluso determinan las formas simbólicas  con que las vivenciamos. La variación entre concepciones  sobre el poder y la política  que van del formalismo universalista –que la encuentra  en todo lugar– al substantivismo que sólo la considera  en su manifestación institucional, pueden ser encontradas en los sentidos en que la política aparece  para una antropología de la política tal como es desarrollada en Brasil[19].

 Un punto interesante de este debate, para nosotros, es que la tensión entre inexistencia y engaño, de un lado, y omnipresencia microfísica con efectos de verdad, del otro, como en el mito, también aparece en las posiciones políticas del proceso boliviano respecto a las distintas estrategias políticas  e ideas sobre  el poder estatal. De algún modo, los enfoques heurísticos sobre cómo abordar el Estado se reflejan en opiniones de los actores políticos y también en sus estrategias de lucha o acción política. Encontramos por un lado una idea de lo político limitada a lo estatal y que encuentra en la institucionalización  y manejo del Gobierno  el único camino para realizar cambios. Por otro lado, desde una idea de relaciones políticas que se viven en la vida cotidiana, o que tienen su esencia en la comunidad y contra el Estado  (y el Capital),  encontramos  también posiciones que buscan pensar  la política “más allá de las instituciones”,  o “más allá del Estado”.

En Bolivia, el debate sobre el Estado atraviesa los trabajos del grupo  Comuna, interprete y también  participante del proceso  político, activo especialmente en el periodo  2000-2005 de avance de los movimientos sociales hasta el Estado, aunque también con contribuciones escritas más recientes. Entre sus miembros, que serán verdaderos personajes narrativos en esta etnografía, algunos se mantuvieron fuera del Estado y otros integraron el Gobierno del mas. Un miembro de este grupo,  el vicepresidente de Evo Morales, Álvaro García Linera, se convirtió en importante intérprete de la realidad boliviana, además de ideólogo del Estado Plurinacional. Como ex profesor de sociología, preso cinco años sin sentencia por participar  del Ejercito Guerrillero Tupak Katari (egtk), grupo armado en los años 90; gramsciano, indianista katarista y marxista bolchevique según su propia definición, algunas veces combinaba las interpretaciones políticas con interpretaciones sociológicas y en marzo de 2009 también decía “la política es mitad materia cósica y mitad ideas y símbolos; quien domina los símbolos domina la política”[20], y citaba a Lenin en que “no hay proceso  revolucionario sin teoría revolucionaria”. Veremos su papel en la disputa  por imponer una interpretación sobre el sentido del Estado Plurinacional y también su lugar en el proceso constituyente como voz gubernamental en el conflicto político y las negociaciones de la Asamblea. Pero aquí nos interesa más bien su posición decidida a favor de la justificación  de una estrategia  estatal para  los movimientos sociales e indígenas. En García Linera el Estado aparece como único camino político posible, como fase necesaria que se sucede a la fase de movilizaciones sociales.

Con su Artículo sobre autonomías indígenas y la propuesta  de un Estado Multinacional, ya desde 2003 García Linera (2003) hablaba de una salida estatal a la ola de movilizaciones  sociales, aunque su posición por ese entonces era cercana a sectores nacionalistas aymaras, más radicales en su crítica al Estado colonial que los campesinos del Chapare.  Pero será especialmente cuando asuma como vicepresidente que su papel será el de justificar al Estado  como único instrumento para la transformación  social y la realización  de las voluntades políticas. En debate en espacios intelectuales, sería explícito en su recuperación de Hegel y en calificar como no realistas e infantiles las posiciones no estatistas. “Mucho Estado” es totalitarismo pero “mucha Sociedad” es una utopía anarquista para dentro de 7300 años, decía en una conferencia organizada por el grupo Comuna en marzo de 2007, y su énfasis en el Estado iría a ser mucho mayor cuando se ocupara de enfatizar la importancia  del papel del Estado en la industrialización y el desarrollo económico[21].

Por tratarse de un momento constituyente y de llegada al Estado  de movimientos de afuera, todavía era posible  escuchar el debate del Estado como estrategia política  por  la que  los movimientos  habían optado. Aunque no se ponía en duda la importancia de la nueva fase que abría la victoria de Evo Morales,  el Estado como lugar de la política  no completaba el horizonte  de todas las expresiones políticas del país. Para muchos en el MAS que habían  llegado al Gobierno o la Constituyente por trayectorias no gubernamentales, el Estado era, más bien, una circunstancia. Los sindicatos cocaleros habían vivido una guerra  contra las políticas de erradicación en Yungas y el Chapare;  indígenas y campesinos habían  librado batallas por tierra comunal y territorio contra usurpadores o aprovechadores de recursos naturales a veces con complicidad del Estado, a partir de gobiernos locales aliados a las empresas. Otros participantes de este proceso provenían de ong cercanas a las organizaciones sociales; de la lucha armada;  de la militancia  vecinal o de la actividad privada. Lo que escaseaba en el MAS eran biografías  estatales, aunque desde  la llegada al Gobierno no faltarían personajes reciclados de otros partidos o la administración pública, incorporados al MAS y su gestión, cuando este se hizo cargo de esta posición  política.

Las trayectorias no estatales no suponen necesariamente una perspectiva no estatal y, por el contrario, para muchos, el Estado siempre había sido un horizonte que era pensado como espacio en que toda victoria debía  ser cristalizada, aún cuando no había perspectivas remotas de controlarlo, como ocurrió después de la elección de diciembre de 2005. El Estado era para muchos  el que debía  estar presente para defender  territorios indígenas de madereros o buscadores de oro; y el que debía garantizar el control de los recursos  naturales para el pueblo. Para los sindicatos que acompañaron a Evo Morales,  había  sido explícita la búsqueda de superar  el límite sindical de la negociación –nunca respetada desde el Estado– como fundamento para la construcción del instrumento político, y eso es parte del mito de origen del mas, como lo representan múltiples relatos, bibliografía  y filmografía sobre este periodo[22].

El Estado había sido desde hacía tiempo un horizonte, sea desde la estrategia de toma del poder como desde  la reivindicación  trabajadora orientada a exigir del mismo, en especial para el caso de las minas estatales;  al mismo tiempo, no obstante, había también  un espíritu no estatal, que se reflejaría por ejemplo en el proyecto de autonomías indígenas, defendido por el MAS como contrapropuesta de las autonomías departamentales de la oposición. La autonomía era una de las principales reivindicaciones o búsquedas de los pueblos  indígenas que daban su apoyo a Evo Morales pero que no se proponían  participar de la administración del Estado,  pero también fue adoptada por toda  la base campesina del mas. Si bien surgía especialmente como demanda de las tierras bajas, en el proceso constituyente fue incorporada  por el Pacto de Unidad, en el que las perspectivas políticas se contaminaban y las organizaciones campesinas e indígenas de tierras bajas y altas, minoritarias o con mayoría demográfica en sus localidades, dieron lugar a un proyecto común de Constitución. El proyecto del MAS era así estatal en el nivel central, para garantizar los recursos  naturales del pueblo, pero también apoyaba la propuesta  de autonomía en el nivel local del territorio indígena, en defensa de los recursos naturales de los pueblos, como forma política que permitiría contrarrestar un poder de nivel intermedio (departamentos)  que exigía autonomía frente al nivel central pero que era centralista en el nivel local, frente a municipios o pueblos indígenas de Oriente.

Entre la utopía  y la realidad, la autonomía  indígena  y campesina se trataba de un proyecto de reconocimiento estatal a lo que en algunos aspectos ya existía en prácticas e instituciones indígenas,  pero que en otros se relacionaba con tendencias a la reconstitución del ayllu, la consolidación  de territorios ancestrales y el desarrollo del autogobierno  como proyecto a ser construido hacia adelante. El tema traería también  controversias, y se movilizarían  las ideas de “gueto”, de “nueva reducción colonial”, y también desde sectores nacionalistas se criticaría la amenaza  de fragmentación del país o debilitamiento para la defensa de los recursos. La propuesta introducía también  en el debate estatal la cuestión de los “regímenes civilizatorios”  alternativos, de cosmologías  diferentes y de la posibilidad  de un Estado no sólo abierto a las grandes mayorías, sino que fuera también más allá de las formas  políticas liberales y republicanas asociadas a la colonialidad[23].

La alternativa a la estrategia  estatal remitía también directamente a la “Guerra del Agua” de Cochabamba, ocurrida en abril de 2000, y que había abierto la posibilidad de cuestionar  la representación estatal y el capitalismo  de mercado desde lo comunitario, con la expulsión de una empresa concesionaria de agua desde una Coordinadora (por el agua y por la vida)  que nucleaba sectores sociales diversos y que no se proponía la lucha electoral. En Cochabamba se había  vencido  al Estado y dado lugar a pensar  la administración  pública  auto-organizada.  Michael Hardt y Toni Negri  considerarían estas luchas como prototípicas de la defensa del común (Commonwealth,  2009) y, en un artículo escrito para un libro del grupo Comuna del 2000, el propio García Linera había hablado de un avance notable en las luchas de los movimientos sociales en esta época –de “retorno  de la Bolivia plebeya”– con respecto a los objetivos políticos de la fase anterior, concluía  con la Marcha  por la Vida de 1986, cuando  la lucha política era protagonizada por el movimiento obrero liderado por los mineros.

En este artículo (García  Linera  [2000]) el futuro vicepresidente de Morales escribía acerca de la “mitología política de clase del obrero  en el estado”,  apuntando a cómo la clase trabajadora organizada estaba subordinada  respecto del Estado, haciendo demandas pero sin cuestionamiento de la autoridad  del Gobierno. En el análisis de García Linera,  el 2000 en Cochabamba se había quebrado el vínculo de la subalternidad con la producción de un “horizonte de acción autodeterminativo”. Ya en el Gobierno, sin embargo, en un encuentro con Negri,  Hardt y otros intelectuales (publicado como libro en Negri et al. [2008]), García Linera aceptaba que “los movimientos  pueden ser algo en un periodo, pero después tienen que bajar, descansar, tiene que haber un Estado para fijar los puntos  altos y después en años, otros movimientos sociales podrán avanzar”[24].

Negri y Hardt expresaban  con su atención puesta en Bolivia un interés internacional que se traducía en visitas o declaraciones de apoyo de intelectuales y líderes políticos del mundo. En su libro Commonweath, se entiende  el lugar de contraste que Bolivia puede representar  contra la forma-república y su vínculo fuerte con la propiedad privada, que es el tema desarrollado por estos autores en el primer capítulo del libro. Negri y Hardt escriben sobre “la línea dominante  de pensamiento político europeo que va de Locke a Hegel, en el derecho  a apropiarse cosas como base y finalidad del individuo  libre legalmente definido”  (:11-13). Desde  el punto de vista de la política cotidiana  de Bolivia era exagerado dar ese lugar al proceso  constituyente en marcha, cuando la preocupación del Gobierno del MAS era más bien difundir que la propiedad privada sería respetada: para eso se mandaron a imprimir inéditos  carteles, en la campaña a favor de la Nueva Constitución, con el  texto “La Revolución Democrático Cultural Respeta  la Propiedad Privada”, para contrarrestar voces  de la oposición que afirmaban que el MAS la violaría. Pero cabe  notar que una posibilidad de cambio profundo estaba presente  al menos en los rumores,  los miedos de los vecinos de clase media que motivaban ese tipo de propaganda,  las esperanzas  de los militantes y el interés de los intelectuales.

A la hora de encontrar elementos concretos que justifiquen  el lugar central de Bolivia en la política internacional crítica de la modernidad, aparece la comunidad andina y la persistente presencia  de lógicas colectivas tradicionales. Es ahí donde encontramos  otro régimen de propiedad, otras formas  colectivas y asamblearias de participación política, otro régimen  de verdad sobre la relación entre todas las cosas, las montañas y las plantas. El propio Evo Morales adoptó la máxima zapatista de “Mandar Obedeciendo”, presente en niveles comunitarios y sindicales locales, y también en el nivel de la presidencia, con algún tipo de rendición de cuentas a las bases  realizado al inicio del mandato  y siempre presente en el imaginario  del Gobierno. De alguna manera, podemos pensar que los movimientos  sociales en Bolivia hicieron un movimiento  de “lazo”, avanzando hasta un punto máximo de cuestionamiento  del sistema  para después retroceder y quedar estabilizado no tan lejos como se había llegado. Así habían quedado marcadas en la memoria las jornadas de Cochabamba, en las que  se impugnó el capitalismo, la representación republicana  liberal y la autoridad del Estado; divisables  todavía en 2006 y 2007, aunque ya se habría emprendido la tarea de gobernar  el Estado con lo esencial de las instituciones modernas preservadas, sea por convicción, por falta de  fuerza o pragmatismo.

Otro miembro  del Grupo Comuna es el constituyente  paceño del MAS Raúl Prada Alcoreza. En algunos de sus trabajos previos o contemporáneos a la Asamblea Constituyente, se ocupó de pensar  al ayllu como forma arcaica que se mantiene en la memoria cultural hasta los días de hoy,  con  su propia historicidad (1998, 2002, 2008). Para él, a diferencia de García Linera, y a pesar de que también emprendió una participación en el Estado,  la vía estatal para la transformación política se mantendrá siempre como una hipótesis  frágil y no confirmada. En sus trabajos,  la forma  arcaica  del ayllu se relaciona  al principio de lo colectivo por oposición al de la individuación, asociada con la modernidad. Es la sociedad contra el Estado,  y contra el mercado  capitalista, que aparece como forma con trascendencia histórica de la región andina y extiende su presencia a los sindicatos y las movilizaciones políticas de la época reciente,  tanto en el campo como en el ámbito urbano (2008:76)[25].

Prada hace referencia a Pierre Clastres y encuentra en el ayllu la represión de una aparición  del Estado, a partir del sistema  de mandos rotativos y también de las confederaciones   de jefaturas entre clanes.  Se refiere a archipiélagos de comunidades unidos por nomadismo o pactos, que se encuentran en continua dinámica  de circulación, de redes de reciprocidad y complementariedad  de largo alcance en el espacio  y el tiempo, y que también asocia con el politeísmo. Según Prada, el perpetuo movimiento desterritorializador y reterritorializador logra aún hoy grandes movilizaciones poblacionales en momentos clave del ciclo agrario sin necesidad de recurrir a la coerción  estatal[26].

En nuestra revisión  bibliográfica,  Pierre  Clastres no sólo interesa para situarnos en el campo de la política,  sino también quizás pueda ser mencionado como etnógrafo o etno-historiador del Estado, si pensamos en su observación de las fuerzas identificadas con el mismo en el origen  de la división  en la sociedad y como señal de un órgano que separa los que ejercen el poder de los que a este se someten (2004). Clastres da cuenta del lugar fundamental  de la guerra  como estructura social de la dispersión, como dijimos, que impide acumular excedente económico y que permite  conjurar el surgimiento  del Estado para conservar  la autarquía e ideal de totalidad indivisa, sin división abismal entre ricos que mandan y pobres que obedecen. Deleuze y Guattari (2000) retoman  el trabajo de Clastres en Mil Mesetas… con un homenaje y una crítica. Reconocen  la importancia  del reconocimiento de Clastres a un Estado presente en las sociedades primitivas de forma potencial que no logra actualizarse. Pero dudan sobre  la posibilidad de un desarrollo progresivo  del Estado en las sociedades primitivas,  entendiendo más bien que su surgimiento es de pronto. Para Deleuze y Guattari “el Estado siempre ha existido, y muy perfecto, muy formado”.

Para Deleuze y Guattari, las bandas nómades siempre estuvieron en contacto con el Estado y el Estado siempre estuvo en relación con un afuera; del que no puede dejar de intentar apropiarse abarcándolo en su soberanía. En lugar de Estado y contra-Estado, de Todo y Nada, estos autores hablan entonces de interioridad y exterioridad. Lo que interesa a Deleuze y Guattari, y que nos servirá como herramienta  para entender la llegada de los campesinos e indígenas al Gobierno de Bolivia, es la relación del Estado con el afuera. El Estado es soberanía, escriben, pero  la soberanía sólo reina sobre lo interiorizado  y apropiado  localmente (:367). No se puede concebir  Estado sin relación con un afuera. Antes que un corte entre el Estado y la inexistencia  absoluta del mismo, entonces, se trata de coexistencia, competencia e interacción (:366-368); y para pensar esas relaciones  los autores aportan una serie de herramientas que permiten  entender la captura del afuera, la fuga desde  el interior, los flujos moleculares  y las grandes  organizaciones  molares.

La lectura de Deleuze y Guattari sobre  Clastres parece apropiada para pensar la actualidad política de Bolivia;  las relaciones Sociedad/Estado en el contexto de una Asamblea Constituyente y la búsqueda de transformar el régimen republicano con un Estado Plurinacional Comunitario. Siguiendo con Prada, este observa que el ayllu se hizo presente con la unificación  de fragmentos en el altiplano aymara de hoy, cuando  los sindicatos comunales  lograron su síntesis movilizada  en la reunión de los Comités de Bloqueo. Otras movilizaciones, como las de colonizadores, fabriles o cocaleros del Chapare, exploran otras formas,  con componentes autogestionarios, asambleísticos sindicales, nuevas o tradicionales, y con la práctica de la deliberación como hábito de consenso y del arte del convencimiento, escribe Prada. Él ve cómo el bloqueo  de caminos, muy frecuente entre 2000 y 2005, y el cerco a las ciudades, son tácticas nómades que recuperan la memoria guerrera de las comunidades  andinas haciendo presente el ayllu (2008:77 y 44).

Ahora bien, como contra-estatal, el ayllu no tiene nada que ver con la nación y con el partido, ambas instituciones modernas,  continúa Prada. Señala también los continuos  intentos estatales de fragmentación del ayllu desde  la Colonia hasta la Ley de Participación Popular de 1994, pasando por la reforma agraria de 1953 y los decretos y leyes de finales del siglo xix con los que el Estado  comenzó a legalizar  la expropiación de tierras comunales,  intentando también imponer la propiedad individual. Todos ellos violaban   la territorialidad nativa,  cortaban alianzas familiares y encajonaban pueblos en reservas pasibles de ser vigiladas y controladas. Raúl Prada permitiría  pensar también  la cuestión de la relación del ayllu con el Estado, y del Estado con lo comunitario,  cuando escribe que para el ayllu sólo hay dos caminos que aparecen como dilema en momentos cruciales: estatización o el trastrocamiento profundo  del Estado, que no sólo intenta una nueva forma de convocatoria, de res pública, sino también una nueva forma de sociedad (2008:45).

El propio Raúl Prada, como uno de los constituyentes  con influencia en la redacción de la Constitución,  intentaría explorar los dos caminos, del ayllu y del Estado, y también la posibilidad de caminos que unieran el uno con el otro, expresando junto a otros la vertiente del pluralismo  indianista en el proyecto  de texto constitucional, y asumiendo  el mandato del momento estatal de los campesinos e indígenas. Desde la Asamblea,  y después como Viceministro de Planificación Estratégica, siempre cerca  del Pacto de la Unidad, Prada pensaría el desarrollo de la idea de Estado Plurinacional, como proyecto estatal que  canaliza  algo de las fuerzas del ayllu en elementos como la democracia comunitaria y las reivindicaciones que parte de las organizaciones indígenas (en especial, conamaq) llevaban a la Asamblea Constituyente como la reterritorialización, las autonomías,  la representación  directa y la recuperación  de territorios ancestrales.  En trabajos más recientes y en posicionamientos durante  la Asamblea Constituyente, Raúl Prada hablaba, a partir de los proyectos  de reterritorialización,  ayllu y descolonización, convencido en el camino político que lo llevaba a visualizar y anunciar la “muerte del Estado-Nación”.

En diálogo con referencias teóricas y etnográficas que aquí presentamos,  el trabajo de José Rabasa (2003) es interesante porque también articula los trabajos de Negri y Hardt, con el Zapatismo  de Chiapas y el proceso  boliviano.  En un artículo titulado “Negri por Zapata:  el poder constituyente y los límites  de la autonomía” explora esta conexión dada especialmente por la idea de autonomía, y la defensa  en Negri de una posición “más allá del racionalismo moderno”, que también se encuentra  entre los zapatistas que, escribe Rabasa, cuando debatían con el Gobierno  en los acuerdos de San Andrés mostraron ser versados también en las tradiciones jurídicas occidentales.  Este autor entiende  que “la tarea para Negri y los zapatistas ya no consistiría en el establecimiento  de un nuevo Estado (según  el viejo modelo de la toma  del Estado),  sino en la destrucción  del Estado, de ‘este monstruoso fetiche burgués  y capitalista y, por consecuencia, en la transferencia de sus funciones a la comunidad’” (Rabasa [2003], cita The Politics of Subversion, de Negri).

Rabasa señala también  el peligro de que el poder  constituido domestique el poder  constituyente de la multitud,  en México, con una resolución constitucional de los acuerdos  de San Andrés.  Y la misma preocupación aparece en un comentario más reciente (Rabasa [2010]) sobre el discurso de García Linera en la reunión  del Latin American Studies Association (lasa), en Montreal 2007, donde el vicepresidente habría mencionado su afinidad con Lenin sobre la necesidad de “un Estado que no es un Estado” pero mientras en el Gobierno del mas, según Rabasa, para las tareas estatales se mantendría subordinado  el conocimiento  de los indígenas.  Este autor señala intentos estatales de apaciguar la rebelión  del ayllu para gobernar, y la paradoja de que  la Asamblea Constituyente y la Nueva  Constitución busquen legitimar los movimientos que llevaron hasta su creación, pero también regularlos (:279). El problema es colocado en términos de la interacción  entre la más occidental de las instituciones,  el Estado,  y entidades sociales no occidentales como comunidades indígenas mesoamericanas, ayllu y en el pasado también los soviets  de la revolución de Octubre (:271)[27].

Giuseppe Cocco también avanza en mostrar las conexiones  entre el pensamiento autonomista y el proceso boliviano en diálogo también con la “crítica amerindia a las máquinas antropológicas de Occidente” (2009). Con  las “verdades otras” de los indígenas, indica Cocco, encontramos alternativas a las dicotomías modernas  desde la lógica de lo común,  de la relación  y del intercambio.  En este sentido,  se refiere  al “devenir aymara de Bolivia”, a partir de la relación  del poder constituyente con el ayllu, las migraciones y el mundo rural. Citando a García Linera, sobre la  dimensión cultural que en Bolivia  adquiere  la condición  de clase, Cocco  señala la posibilidad  de articulación de sectores sociales diversos. Y citando a Viveiros de Castro, el mismo autor enfatiza la importancia de la figura de la alianza,  central en el parentesco indígena amazónico, como máquina propia de esta ontología, opuesta a la filiación  vertical jerarquizadora, e inspirando una biopolítica contemporánea de construcción de lo común en nuestra sociedad.

En un texto reciente  (2011b), es justamente Viveiros de Castro quien asocia su propio trabajo de los últimos años con el concepto  clastreano de SociedadContra-el-Estado.  El “perspectivismo”,  concepto con que Viveiros de Castro contribuyó a situar en la bibliografía  antropológica  la cosmología de los pueblos indígenas amazónicos (2006, 2010), aparece de hecho como una de las formas del Contra-Estado[28]. Pero además de estos estudios que, en la consideración  del proceso boliviano, permiten situar de forma más directa a los pueblos amazónicos que impulsaron la Asamblea desde 1990, la lectura que Viveiros de Castro trae de la obra de Clastres nos permite  entender el Estado contemporáneo, al presentar la noción   de Contra-Estado como concepto universal,  apropiado para analizar “cualquier experiencia de vida colectiva”. La dependencia respecto a la formaEstado en el plano del pensamiento, dice Viveiros de Castro, no debe impedir “la percepción de todas las intensidades  contrarias, las hendiduras,  brechas  y líneas de fuga por donde nuestra sociedad está constantemente resistiendo a su captura por  parte de la trascendencia sobrecodificadora del Estado” (:304). De este modo, para Viveiros de Castro, “sociedad primitiva”  y “contra el Estado” aparecían como nombre con que Clastres se refería a la multiplicidad  (:318). Dialogando  con la idea de Deleuze y Guattari que citamos más arriba, Viveiros de Castro dice que si el Estado existió desde siempre, entonces la sociedad primitiva también existirá para siempre, “como exterior inmanente  del Estado, fuerza de anti-producción siempre a amenazar las fuerzas productivas, multiplicidad no interiorizable por las grandes máquinas mundiales” (:304). Lo contra-estatal, así, nos servirá entonces como herramienta para pensar  el tema de la diferencia  comunitaria  e indígena en el Estado boliviano.

Y esta universalización  del  concepto  de Clastres  aparece  en la  lectura  de Viveiros de Castro como un “devenir-indio  del concepto”. La idea es una “pieza clave en la máquina deseante de la izquierda  libertaria”, dice este autor, pero se trata de un concepto que no se despega de su origen minoritario, inmanente, de alteridad radical, multiplicación de lo múltiplo, dispersión y continua oposición  al Uno. Se trata, así,  de pensar un concepto que siempre escapa a lo definitivo  y lo completado, con una fluidez propia de un mundo indígena donde la inminencia de la guerra o la debilidad con que la autoridad se constituye nos presentan imágenes que no terminan de establecerse (y son, como máximo, “casi”  establecidas),  tal como Viveiros de Castro describe de forma anecdótica la forma prototípica de una negociación con cualquier indígena amazónico,  que no representa más que a sí mismo. Del mismo modo, pese a tratarse de otro contexto, aparecerá para nosotros el resultado de un acuerdo constitucional buscado  en la Asamblea de Sucre, que no clausura las tensiones  y permanece abierto a interpretación,  prolongando  la fragilidad con que toda definición es establecida en el ámbito  de una asamblea, a diferencia del modo como las resoluciones son determinadas en un tribunal o en la administración  ejecutiva jerárquica de cualquier Estado[29].

Con la actualidad boliviana   en mente, digamos también que la lectura  de Clastres realizada  por una cierta antropología  amazónica es interesante para nosotros por otra cuestión,  sobre  la que no está de más insistir. La propuesta de “antropología política” de Pierre Clastres, etnógrafo del pueblo  Aché del chaco paraguayo,  partía de un “reconocimiento de la plena  capacidad  de autoinvención y auto-reflexión de los pueblos primitivos”, escribe Viveiros de Castro. Es consecuencia   esencial  del análisis clastreano la verificación  de que la  falta de Estado no determina incapacidad, carencia o subdesarrollo y, por el contrario, podría ser considerada como opción buscada y valorada positivamente  por la sociedad “primitiva”. Es el Estado,  más bien, en Clastres,  lo que aparece como contingencia histórica e infortunio de pueblos a los que sin centralización de la autoridad política “no falta nada”, continúa el antropólogo  brasilero. En esa línea, y acercándonos nuevamente al proceso boliviano, Viveiros de Castro confirma un panorama negativo en la situación  actual de los pueblos  amazónicos  –tomando en cuenta el avance amenazador  de varios factores vinculados  al capital y el extractivismo– pero destaca también,  una vez más, la potencia política autónoma  y diferente de los pueblos  indígenas porque, como los campesinos indígenas en la mayoría de la Asamblea Constituyente en Bolivia, “ahora son los Yanomami ellos mismos los que llamaron para sí la tarea  de articular una crítica cosmopolítica de la civilización  occidental, recusándose  a contribuir con la ‘armonía  en todas partes’ con el silencio de los derrotados” (cf. Kopenawa y Albert [2011] y Viveiros de Castro [:308]).

Como puede ser leído en notas de la revista Livre  (citada  en Clastres [2004:268 y 316]), el interés de Clastres por el Estado, como principio político contra el que los pueblos  que él estudia se organizan, lo dirigía incluso a estudiar la transición hacia la aparición  del Estado en las sociedades  de América del Sur: en apuntes escritos poco antes de su muerte, anota que pretende explorar la guerra de conquista en el Estado Inca, y el posible cambio de estructura política entre los Tupi, que en momentos de llegada de los europeos  se encontraban en proceso de unificación,  con la aparición de profetas que hablaban de una posible  tierra sin mal. En uno de sus artículos (sobre  mitos  y ritos de indios de América del Sur, cap. 5, op. cit.), de hecho presenta algunos elementos de etnología andina que permiten entrever un estudio de formas intermedias que escapen a la oposición  dualista entre tierras altas y bajas. Sus notas, y también la lectura de Viveiros de Castro, sirven sin embargo también para presentar la oposición  de esas dos sociedades en algunos planos, con una ontología amazónica  relacional y no jerárquica que contrasta con la ancestralidad  y organización precolonial andina. La verticalidad construida en los Andes  en la relación con los ancestros se esfumaría en las tierras bajas, donde hay poderosos mecanismos y esfuerzos  rituales para impedir la memoria de los muertos,  olvidándolos y eliminándolos del recuerdo social (op. cit. Viveiros de Castro 2011b y Clastres 2004:118-131). Y, sin embargo, Clastres también presenta matices respecto de la oposición, cuando en el mismo texto se refiere al pluralismo  religioso Inca en oposición a la extirpación  de idolatrías de los conquistadores  católicos, realidad que nos catapulta directamente a la discusión del Estado Plurinacional.

Sin negar  la productividad  de la oposición  Andes-tierras bajas para entender la sociedad precolonial sudamericana,  digamos solamente que nos interesa pensar en algunas figuras de una posible aproximación entre ambos territorios, igualmente atravesados por vectores de Contra-Estado y de estatalidad (cf. sobre esto también  Sztutman [2011]). La continuidad y contacto entre estos mundos etnográficos es un hecho etnohistórico que a veces se ha utilizado para alcanzar hipótesis que van a contracorriente de las formas  etnografiadas por Clastres. Me refiero a trabajos de arqueología y etnología (por ejemplo cf. Heckenberger et al. [2003], Fausto [2005]) que buscan  deconstruir la polaridad de tierras altas y bajas a partir de mostrar ejemplos actuales o anteriores de jerarquía y centralización en la amazonia. Mi lectura es la opuesta.  Como vemos en la unión  de tierras altas y bajas en el Pacto de Unidad y la Asamblea Constituyente, creo que es posible pensar una antropología inspirada por Clastres en los Andes, y esa posible mirada es la que vuelve pertinente y actuales los estudios  de la sociedad contra el Estado en la amazonia. No es este el tema de esta investigación,  como tampoco  lo es retroceder a la etnohistoria  o al pasado  Inca, con la resistencia de ayllus, o el encuentro  del imperio con las sociedades  de las tierras bajas,  como ocurrió en territorio de lo que hoy es Bolivia. Pero sí esta perspectiva  debe ser aquí mencionada, en la medida en que permite abrir la observación etnográfica a ciertos momentos del debate político boliviano que, aún en el marco  de un contexto estatal, mostraban una intensidad  destellante con formas salvajes y contra estatales que se presentaban como hipótesis, búsquedas o puntos de vista tenidos en cuenta en el proceso  estudiado.

Avanzando por este camino, también debemos considerar  el trabajo de Marisol de la Cadena, con una investigación que nos acerca elementos no modernos presentes en la visión  campesina e indígena de los Andes. En sintonía con la etnología perspectivista de la amazonia, en un artículo reciente (2008), la autora destaca las conexiones parciales entre humanos y seres que no son humanos (como plantas, animales o paisajes:  “other-than-humans beings”) en la sierra peruana,  donde a partir de protestas en defensa de cerros y montañas contra la explotación minera; o siguiendo  las intervenciones de los movimientos indígenas y campesinos en la política de Bolivia y Ecuador, se hacen presentes “seres de la tierra” como actores políticos que  dan cuenta de otra matriz  política y otras ontologías  amenazadas por “el casamiento  neoliberal entre el capital y el Estado”.  Veremos más adelante el debate sobre estos seres no-humanos en el Estado,  que, parafraseando a Bruno

Latour, se instituyen como nuevos  colectivos que adquieren voz en una nueva Constitución anti-moderna, recuperando aquí y allá trozos y sobras de los modernos y de los pre-modernos, más en el estilo del bricoleur  del pensamiento  salvaje que del ingeniero,  en la oposición  clásica de Lévi-Strauss, y tanto en Ecuador como en Bolivia, ingresando como sujetos del nuevo  orden estatal.

Volviendo al debate contemporáneo  en Bolivia ahora de forma directa,  el grupo Comuna parece ser un espacio intelectual que recorre las posibilidades  del momento político y la búsqueda de autonomía indígena. Entre el Contra-Estado de Raúl Prada y la propuesta  estatal de Álvaro García Linera, ya presentados, encontramos una posición distinta con Raquel Gutiérrez Aguilar, que también publica en los libros editados por el grupo Comuna y es ex pareja de García Linera, presa en el mismo momento que él por la participación  en el egtk, pero no se involucra en la llegada al Estado,  alejándose   de la política  boliviana  en 2006. En su libro sobre el periodo  2000-2005 y la llegada de los movimientos  al Gobierno (2008), Raquel Gutiérrez escribe que “las acciones  de levantamiento y movilización en Bolivia abrieron nuevas perspectivas para producir y pensar  la convivencia social y las posibilidades  ‘otras’ de su auto-regulación”. En diálogo con la experiencia  boliviana, señala la existencia  de dos fracturas sociales: aquella entre los que trabajan y los que viven del trabajo ajeno, y aquella entre los que gobiernan y deciden y los que obedecen y padecen  las decisiones  de otros. Esta autora y participante del proceso  boliviano  critica así la idea del Estado como síntesis ilusoria de un supuesto  interés general que intenta ser desplazado  como lugar privilegiado de lo político. Citando a Pablo Dávalos (cf. 2006), sobre  la fugaz participación del movimiento indígena en el Gobierno  ecuatoriano en 2002, Gutiérrez se refiere a los gobiernos  progresistas en la región  como “triunfos que enmascaran derrotas”.

Raquel Gutiérrez atribuye a los gobiernos  progresistas el “declive tendencial de la capacidad  colectiva de intervenir en el asunto público”,  y observa que los mismos “refuerzan las instituciones colapsadas y reeditan relaciones de mando que no tienen nada que ver con lo horizontal, autónomo y asambleísta; reinstalando el monopolio de la decisión  política anteriormente  en jaque” (:43-45). Pero su posición, sin embargo, no es la de una guerra contra el Estado; y señala más bien que la experiencia de llegada al gobierno por parte del mas “no permite concluir de manera tajante que siempre la ocupación  del gobierno o el estado por alguna fracción de la población  movilizada  sea contraproducente y frene la lucha por la emancipación”. Su propuesta consiste más bien en “la busca de emancipación como acción creativa de colectivamente estabilizar en el tiempo un modo de regulación social por fuera, contra y más allá del orden social que imponen la producción capitalista y el estado liberal (:46). Entre el Estado y el Contra-Estado,  su posición es la de Más Allá del Estado. Y encuentra resonancia, también,  especialmente  en la Guerra  del Agua de 2000 y los bloqueos  en el altiplano aymara  en defensa de la autonomía  local.

En la posición  de R. Gutiérrez  el Estado pasa a ser irrelevante, antes que objetivo a ser ocupado, destruido o conjurado. En una nota al pie, afirma, en ese sentido, que no se compromete con ninguna defensa de la “propiedad estatal” de la riqueza,  pero que tampoco  la rechaza. Y si bien la lucha boliviana  constituye el ejemplo más exitoso contra el Capital y contra el Estado en América Latina; encuentra que la forma  de avanzar más allá del Capital y del Estado, aún queda pendiente (:361). Su posición  dialoga con el trabajo de John Holloway y su propuesta de “cambiar el mundo sin tomar el poder” (cf. 2002), que Raquel Gutiérrez reformula para fines argumentales, como: “La toma del poder no es condición ni necesaria ni suficiente para cambiar el mundo” y que “en términos bolivianos” formula como “de  la estrategia de toma  del poder de corte revolucionario clásico, o de su versión ligera de ocupación del aparato de gobierno mediante elecciones en medio del horizonte de una próxima Asamblea Constituyente, no se deriva de forma directa la emancipación social” (:41).

Raquel  Gutiérrez  cita un artículo en coautoría con García  Linera  y Luis  Tapia de 2000, en que escribían sobre un “nuevo sentido de la soberanía social anteriormente  depositada  en el estado. Lo común, lo colectivo no es ya más de estado, que se ha mostrado como una forma de propiedad privada de los funcionarios gubernamentales”. Y “quedan en pie dos nuevas proposiciones de largo alcance, dos grandes ejes de la multitud  en acción:  la autogestión  político-económica y la comunidad o ayllu ampliado” (:97). El cambio en las posiciones de García Linera, pueden ser leídas como contradicción, pero también de otra forma. Sus posicionamientos, así como las ideas del grupo  Comuna tomadas en su conjunto (sumando  también las posiciones de Luis Tapia y Óscar Vega) deben leerse como fases de la exploración política que encontramos en un grupo de intelectuales y en la política  boliviana. La realidad política para los movimientos e intelectuales de izquierda desde 2006 sería estatal, como escenario de reflexión cuando no de participación  directa. La comunidad  seguirá presente, no obstante, como exterioridad a ser incluida para configurar un nuevo Estado, y nunca  la relación entre interioridad y exterioridad del Estado dejaría de ser problemática a pesar de los énfasis distintos y coyunturales.

La relación tensa entre comunidad y Estado aparecerá como fondo de diversas discusiones en el proceso  constituyente, y cabe preguntarse si la resolución  que configuró una nueva normativa estatal significa  la captura de la comunidad  por parte del Estado o la transformación  del Estado por parte de la comunidad. Deleuze y Guattari son útiles para pensar este escenario, pese a que algunas lecturas parecieran asociarlos solamente a lo contra estatal. En Mil mesetas… (2000) estos autores escribían: “un flujo molecular  se escapaba, primero minúsculo, luego cada vez más inasignable… No obstante, lo contrario también es cierto: las fugas y los movimientos  moleculares no serían nada si no volvieran a pasar por las grandes organizaciones molares, y no modificasen sus segmentos, sus distribuciones binarias de sexos, de clases, de partidos”. La Asamblea Constituyente abriría nuevos escenarios de articulaciones diversas, además de una defensa de lo comunitario por parte del MAS contra el Estado; encontraríamos  críticas minoritarias  de las feministas  al machismo y opresión de la comunidad;  disidencias indianistas o de sectores de clase media contra posiciones mayoritarias del mas; y también la posición del Estado como defensor de la comunidad. Los sindicatos,  el Partido, las bancadas podían ser parte de un flujo desmultiplicado y disperso contra el Estado, podían ser la macropolítica de fases y sistemas  estatales, y podían ser la propuesta de un nuevo Estado, molar pero pluralista y comunitario.

Esto debe ser considerado para dar cuenta de la llegada de los campesinos e indígenas al Estado.  En esta etnografía  daremos  cuenta de esa llegada y presencia estatal, cuyo  sentido  no es fácil de determinar, y que no resume todas las formas de participación política presentes en la actualidad boliviana,  pero que negarla nos llevaría a un nuevo  avatar de la clásica operación  etnocéntrica de escamotear ciertas posibilidades  al indio  o al no “modernizado”. Negar la posibilidad  de ser Estado recuerda la actitud del origen de la antropología,  el pensamiento decimonónico  presente  de otras formas  hasta hoy, en que las poblaciones indígenas eran definidas a partir de la carencia  y la falta, negando en ese entonces  la posibilidad de ser estatales, como si la no existencia de estructuras políticas centralizadas no pudiera tratarse de un orden  social positivamente  construido de esa manera.  Como si los problemas y formas de solución fueran los mismos en todas las sociedades y como si la identidad indígena  estuviera atada a un estadio al que la adopción de formas  centralizadas de gobierno  le estaría vetada.

Negar la presencia indígena en el Estado, aunque no fuera de la forma en que algunos  la hubieran imaginado, resulta semejante también a los argumentos  que dicen que para ser indígena es necesario no haber tenido contacto con la sociedad envolvente. El exceso de Estado de los indígenas bolivianos, así, sería suficiente para que estos dejaran de ser considerados indígenas, ya que para muchos  lo que  los define debe ser, no ya la carencia de “civilización”, sino la presencia de elementos folklóricos y “culturales” sin los cuales tampoco  los indígenas son considerados de esa manera. Esa idea condescendiente y paternalista de lo indígena,  típica de elites mestizas y asustadas con la cercanía innegable  de lo comunitario en lugares que no esperaba ni tolera, la que  valora lo indígena sólo en tanto pureza idealizada no contaminada por la modernidad urbana y estatal.

La inédita cualidad mayoritaria  de los indígenas  en Bolivia, expresada y articulada políticamente  en el voto por Evo Morales, a quien muchos tampoco concedían la posibilidad  de ser considerado indígena,  dio lugar a que en este país los indígenas  buscaran  solucionar sus problemas desde  el gobierno  del Estado y por el camino de la Asamblea  Constituyente; caminos  que en otros contextos sólo se mostraron como vías para legalizar la exclusión pero que en Bolivia abría caminos de esperanza, utopía y posibilidad de justicia para campesinos e indígenas. Para algunos inexorabilidad; para otros renuncia  al proyecto inicial; fatalidad para varios y también camino estratégico. El control del Estado llegaba junto al deseo de descolonización y de pensar un Estado no moderno, no homogeneizador, no republicano, no excluyente ni centralizado,  lo que significaba, en algún punto, y siguiendo la asociación de P. Clastres entre Estado y etnocidio, pensar un Estado que fuera también y al mismo tiempo un no Estado.

3. Estado, “cultura” y diferencia plurinacional

El estudio antropológico  del Estado tiene varios  antecedentes. Hay una larga trayectoria en lo que respecta  al estudio antropológico  de las políticas  estatales destinadas a pueblos  autóctonos, con interés en los procesos  de etnicidad y contacto interétnico (ver, para América  Latina: Bartolomé [2000], Briones [ed., 2005], Ramos [1998], Souza Lima [1995]). También fue estudiado desde la antropología inglesa el contacto de poblaciones tribales o tradicionales con el Estado en contextos coloniales.  Son  clásicos los estudios  del contexto africano  que derribaron el enfoque sincrónico atemporal, no procesual y aislado de las autoridades europeas, ante realidades de urbanización, migraciones, conflicto judicial y político colonial (ver Gluckman [1963]). También relacionado  al contexto colonial africano y derivado de las investigaciones iniciadas por la escuela  de Manchester y el RhodesLivingstone Institute, puede ser de interés para pensar Bolivia el debate sobre la pérdida de vínculos tribales (Wilson  [1941-1942]), con trabajos que sugieren  la superación de la estructura  de parientes  por parte de los sindicatos (Mayer [1960]) y otros que destacan las posibilidades de retribalización y fortalecimiento de vínculos de parentesco en contextos urbanos  donde,  como ocurrió en el surgimiento  del katarismo,  la nueva  vida lleva a recordar y fortalecer el origen  étnico en relación y contraste con otros grupos  (Mitchell [1956], Epstein [1958])[30].

Pero para un estudio antropológico del Estado, más allá de estos antecedentes relacionados  con la expansión  del Estado, debemos pensar antes que nada en un cambio en la sensibilidad del pensamiento  occidental y epistemología de las ciencias humanas, que en la antropología se traduce en la desaparición de barreras analíticas entre un mundo que sería mitológico y mágico –además de “salvaje” y “primitivo”– y otro que se guiaría por una lógica racional de un mundo desencantado y “civilizado”: esa oposición  entre “nosotros” y “otros” que acercó  la diferencia y permite un estudio antropológico de nuestra sociedad, tanto como un estudio de filosofía política a partir de sistemas políticos de matriz no europea. La línea teleológica del evolucionismo  se encontraba en nuevos lugares de donde la antropología clásica pensaba haberlo superado, y los consensos modernos  de la disciplina, como toda verdad, se asociaban cada vez más al poder y el etnocentrismo (cf. Clifford [1983]). La antropología había leído Foucault y era afectada por los movimientos de descolonización de los pueblos que solía estudiar, ahora estatales.

Este clima  intelectual que tiende hacia el pluralismo y la autodeterminación de los pueblos  se deja sentir en las discusiones  jurídicas del derecho  internacional, primero en el proceso  de descolonziación de África y desde fines de los ’80 también en los estados latinoamericanos,  donde hubo un importante avance en los derechos reconocidos  a los pueblos  indígenas, con derechos  multiculturales y reconocimiento territorial. Las técnicas etnográficas que buscan  reconocer  la autoridad de la voz indígena en las investigaciones, resuena también  en la misma clave que los modelos  políticos que buscan reemplazar paradigmas estatales como el tutelaje, el integracionismo  indigenista, el objetivo de mestizaje y de asimilación, a pesar de la vigencia  que esta actitud pueda tener cuando se trata de explotar recursos naturales o considerar prácticas indígenas que nos parecen inaceptables. Parte de este movimiento se debe a las luchas y organización de los pueblos indígenas, que en las últimas décadas  por primera vez desde la conquista revirtieron la curva decreciente poblacional. Pero es una posición política  a la que arriba también cierta izquierda,  como lo demuestra García Linera cuando afirma que su objetivo de vida era el de contribuir para que un indio llegase al poder,  y cuando escuchamos una izquierda pluralista que no tiene más la visión  en la cual las cosmopolíticas indígenas aparecen como misticismo pre-moderno y alienación.

Otro trabajo que fue un marco  en este mundo de ideas fue Orientalismo, de Said (1978), de la época en que la academia occidental comienza a escuchar  lo que los otros tienen para decir sobre lo que ellos decían  de los otros. En la misma época, los estudios de subalternidad, daban cuenta de la madurez  de un pensamiento que tiene reflejo en la academia del norte pero que surge desde el sur. Las discusiones del contexto Hindú sobre nacionalismo y rebeliones campesinas llegarían a Bolivia en una compilación organizada por Silvia Rivera y Rossana Barragán (1997). La edición era auspiciada por el thoa (Taller de Historia Oral Andina) que por ese entonces venía de desarrollar un intenso trabajo con comunidades  del altiplano aymara en proceso de recuperación de sus formas ancestrales, experiencia que contribuiría en dar cuerpo a una de las voces presentes en la Asamblea Constituyente.

A diferencia de los trabajos sobre África citados más arriba, autores como R. Guha, G. Spivak, P. Chatterjee, D. Chakrabarty y S. Amin tienen la relevancia de haber sido leídos en Bolivia,  desde  una tradición intelectual que también pasa por Perú y México, y que sin duda influyó en el proceso  que estudiamos. En la introducción a la compilación citada, de cuya traducción participaron protagonistas del mundo intelectual y proceso boliviano como Silvia Rivera Cusicanqui, Raquel Gutiérrez y Alison Spedding, con una frase que suena familiar en Bolivia se destaca la importancia de los estudios  de la subalternidad “en la comprensión de las formas coloniales y post-coloniales del poder  y la dominación  en sociedades abigarradas y plurales como la India”.  En la introducción  a la compilación, Barragán y Rivera presentan  esta bibliografía  con varios movimientos  importantes que son hoy un aporte para entender la base  intelectual del proceso constituyente que vendría, junto a muchas otras fuentes: por un lado, se reconoce la importancia  del pensamiento hindú colonial y post-colonial, con sus vínculos con un marxismo gramsciano de los años ‘60 y ‘70; por otro lado se reconoce la especificidad de lo subalterno, en relación a la crítica post-estructuralista  de estos estudios  al marxismo, por las relaciones  de este con el pensamiento ilustrado, colonial o nacionalista. Al mismo tiempo, y esto es importante para entender cómo llegan estas discusiones  que pasan por el norte, también se critican lecturas irreflexivas que buscan modas intelectuales y reproducen argumentos sin dialogar con las tradiciones  intelectuales locales, empobreciendo y fragmentando  el debate.  La lectura de los estudios  de subalternidad se hace en Bolivia en resonancia con autores latinoamericanos como Flores Galindo (1988) y un pensamiento socialista local, que sigue caminos mariateguianos, o de autores y conceptos como colonialismo interno (González Casanova [1963]), sociedad abigarrada (René Zavaleta [1982]) o colonialidad del poder (Aníbal Quijano [2005])[31].

Pero en esta etnografía no desarrollaremos una discusión teórica en diálogo con las referencias que citamos en esta introducción, tampoco  un análisis culturalista, post-colonial  o de relaciones de poder, ni la puesta  al día en los debates del derecho  internacional sobre pueblos indígenas y naturaleza, convenios  y constitucionalismo, para lo que Bolivia sin duda es un caso relevante. Interesa antes que nada registrar la forma  en que el Estado se convirtió en tema de pensamiento e investigación para campesinos, indígenas y sus aliados en el proceso boliviano. Si tomamos en serio la idea de Estado Indígena y de lo Plurinacional Comunitario, que algunos descalifican o se apresuran a considerar como una falacia y mera propaganda  política, podemos encontrar un nuevo escenario para el estudio de una teoría del Estado de los pueblos  indígenas, en un momento en el que el Estado moderno  y liberal de Bolivia aparece como objeto de reflexión indígena. La propuesta es el estudio de una teoría nativa, como es costumbre de la antropología,  pero esta vez una teoría nativa del Estado,  la de los indígenas campesinos y sus aliados, intentando entender su crítica en el marco de un proceso de transformación que sucede a un periodo de luchas[32].

 La discusión del lugar de los pueblos  indígenas  y campesinos en relación a la construcción de la nación  y la república forma parte de un debate protagonizado hace tiempo por los etno-historiadores interesados en el área andina (cf. Mallon, [1995], Méndez [2005]). Presentes como mestizos en el discurso homogeneizante de la nación boliviana, peruana  y ecuatoriana,  los campesinos eran  al mismo tiempo privados de sus tierras y sus modos comunitarios de sociedad. Por otra parte, eran convocados a luchar en las guerras  de la independencia o contra países vecinos, eran una masa movilizable de todo proyecto nacionalista pero, luego de las contiendas o triunfos electorales, siempre excluidos de la administración en los países o partidos que habían defendido. En Estado boliviano y ayllu andino (1981) Tristan Platt escribe  sobre  los conflictos entre los comunarios,  el Estado liberal oligárquico y también el Estado de la Revolución del 52 que según Platt significaba, en términos de autonomía y garantías de la propiedad comunitaria, un retroceso respecto al “pacto de reciprocidad” de los primeros años de la Colonia. Este autor escribe que en la lucha contra la “cultura alternativa” de la mayoría “autóctona”, “partiendo de una postura de benevolencia paterna, las actitudes  criollas frente a los indios se transformarían en desdén  autoritario cuando  éstos se mostraban reacios a participar  en un ‘proyecto  nacional’,  cuya realización  presuponía la destrucción de sus propias organizaciones tradicionales” (:17).

La llegada de los campesinos, indígenas y sus aliados  al Estado  en 2006 permite  replantear este viejo tema de la conflictiva relación entre indígenas  y Estado, a partir del nuevo lugar que estos se disponen a ocupar. Por primera vez no sería el caso de estudiar desde una visión externa como el Estado se relaciona con los indígenas,  sino de dar cuenta de lo que los indígenas  tienen para decir sobre el Estado en Bolivia, con su crítica y propuesta que también ocupa por primera vez un nuevo lugar. Para que esto sea posible, deberemos quitarle crédito a los especialistas tradicionales del Estado, cuyas ideas y presupuestos sobre Estado anulan, por su propia racionalidad, la posibilidad  de campesinos en el Gobierno  y formas de Estado no modernas y liberales, basadas en otra razón, que es racional pero antes que nada es “otra”, o al menos busca construirse en continuidad política y espiritual con la misma. “Analistas” de periódicos, “Constitucionalistas”  de programas de televisión, viejos parlamentarios del sistema liberal, o sus versiones plebeyas expresadas por oyentes que llaman a la radio, transeúntes enojados, empleados que viven  del viejo Estado, deben ser tomadas con el cuidado de una verdad derivada de una configuración del poder y que no admite  la diferencia.

Estas voces realizan dos tipos de afirmaciones  contradictorias entre sí: dicen, por una parte, que el Estado Plurinacional  no tendría efectos de tipo “práctico”, “verdaderos” en la realidad boliviana,  como “mera retórica” y “simbolismo” sin existencia real. Por otra parte, sin embargo, también dicen que la presencia de lo indígena y sus símbolos en el Estado amenaza a la república abriendo una situación de efectos concretos con “caos y anarquía”  y riesgos para el “Estado de Derecho”. La segunda  crítica, al contrario  de la primera, reconoce como nosotros  la potencia y relevancia de las propuestas  políticas de campesinos e indígenas, pero ambos lugares comunes de la argumentación opositora al proceso de llegada de indígenas al Estado redundan  en no oír ni dejarse afectar por lo que traen los protagonistas de este momento político. Así, se repiten dos clásicas imágenes coloniales de lo indígena:  la del incapaz  mentiroso  y la del salvaje violento e inmoral[33].

Junto con un apoyo mayoritario y silencioso a Evo Morales y el MAS en varias elecciones disputadas desde 2005, en el mundo político boliviano, sus medios de comunicación y en la clase media de las ciudades es muy sonora  la voz que critica la introducción  de elementos indígenas en el Estado  (hubo cambios vinculados a lo indígena  en la dimensión ceremonial, pero también en la estructura  de ministerios, la presentación  política parlamentaria,  leyes de educación y formas de acceso  al ejército y burocracia estatal). No se trata aquí de ignorar el retroceso de la comunidad  en tantos años  de embates  contra ella, ni de negar  la vigencia de la exclusión  y discriminación, como a veces parecían hablar voceros del Gobierno entusiasmados con los cambios. Tampoco se trata de buscar una pureza romántica de una voz indígena imaginaria que sabemos que muchas veces venía expresada por un diálogo con asesores o políticos de clase media. Se trata más bien  de detectar elementos que a partir de ciertas discusiones traídas por  la llegada del MAS al Estado  en Bolivia permiten pensar en una crítica seria y consistente de los indígenas  al Estado Moderno  y en la realidad  de formas diversas de ver el mundo que existen en la comunidad  y que están presentes  en la disputa  por la transformación del Estado boliviano iniciada en 2006.

En términos etnográficos, la crítica al Estado  liberal republicano es una de las consecuencias de la llegada de los indígenas al Gobierno y puede relacionarse con la emergencia general  de la identificación étnica en América  Latina; desarrollada a veces lejos del Estado en la búsqueda  por autonomía y autogestión, y también componente necesario para la propuesta de un Estado pluralista que radicaliza los paradigmas anteriores de política indigenista incluidos en Bolivia y otros países durante los años ‘90 mientras avanzaba de forma paralela el paradigma neoliberal. La llegada al Estado de formas no modernas  ni liberales republicanas, vinculadas al conocimiento tradicional, relacional, no dicotómico  ni individualista se refleja también con el cambio de época y en los numerosos  doctorados Honoris Causa para Evo Morales por el mundo, y el recibimiento caluroso de su canciller aymara David Choquehuanca en foros internacionales para hablar de valores y saberes no modernos como el del poder  sagrado de la hoja  de coca,  la filosofía del “Vivir Bien” y el respeto  por la Pachamama. No puede exagerarse esta tendencia, porque institutos modernos, bolsas de valores y ejércitos nacionalistas siguen  en pie y con buen financiamiento, pero cabe notar que lo que antes era sólo objeto de tesis de antropología y esoterismo, ahora se escucha en el primer nivel de la política nacional, llegando incluso a tesis de sociología o economía, y en Bolivia aún con aún más fuerza[34].

Por otra parte, resulta notorio que invirtiendo la asociación  de las políticas multiculturales con el Estado neoliberal  en la década del 90, las propuestas plurinacionales vienen en los nuevos gobiernos  progresistas o de izquierda acompañadas de un aumento del Estado en el control y gestión  de la economía, con una mirada con énfasis en lo nacional-popular, vinculada al llamado Socialismo del siglo xxi (y expresado en la alianza política de Bolivia con Cuba y Venezuela), y que daba forma a esa estrategia  estatal de campesinos e indígenas a la que me referí más arriba. Junto con la vuelta de lo indígena,  la llegada del MAS no puede ser entendida sin un componente nacional, campesino, y de izquierda popular estatista. El proyecto de descolonización de hecho venía acompañado del reclamo por soberanía nacional sobre  los recursos naturales, con no pocos conflictos territoriales y programáticos entre aliados dentro del proceso de cambio y en el marco  del apoyo a Evo Morales. La articulación de lo indígena comunitario con lo estatal nacionalista consistía en una de las principales  fortalezas y originalidades del proceso,  pero también una de las principales  tensiones  políticas no resueltas de esta época. Era, al mismo tiempo, un nuevo encuentro de la lógica  clasista y la lógica étnica; o de la nación homogénea con sus naciones étnicas minoritarias excluidas.

Pero esta articulación era para algunos problemática y mentirosa. Una referencia en la crítica al discurso  de la descolonización es Pablo Stefanoni, investigador y periodista argentino que expresó una crítica de izquierda a los sectores  más culturalistas del Gobierno que identificó como “pachamámicos” (cf. Stefanoni [2010g]). A pesar de reconocer  la importancia de lo indígena  como componente combinado con lo popular  en la identidad  del MAS (2006), en varios  textos de opinión Stefanoni denunciaba  una contradicción que estaría presente  entre el proyecto nacionalista y desarrollista industrial –destacado  especialmente en la campaña del MAS por la reelección   de Evo Morales en 2009– con el discurso indianista comunitario,  fuerte en la Asamblea Constituyente, que sería “meramente” “retórico”. Esta visión derivaba de una forma de entender  la política de la que intentaremos tomar distancia, y que aparece  en una frecuente ponderación asimétrica entre el status de realidad concedido a las marcas  del mestizaje  e influencia del mundo moderno respecto del status de irrealidad que se atribuye a la existencia de lo vinculado al mundo “indígena comunitario”, al mismo tiempo que critica la crítica a Occidente y el discurso descolonizador  como poco productivo políticamente y también alejado de la realidad[35].

La otra posibilidad  es intentar entender  lo que movilizaba a las personas  y daba vida a un proceso político vivido como acontecimiento histórico y proceso de cambio. En el encuentro  y combinación de distintas tradiciones  políticas e ideológicas,  al mismo tiempo que en el desarrollo  estatal de ideas inicialmente comunitarias y del campo de la protesta social,  es donde  encontramos  la teoría del Estado que nos interesa etnografiar, en su relación con un mundo político determinado, en el momento en que los indígenas  y campesinos entran  al Estado, con un importante aporte de intelectuales mestizos  o políticos de izquierda cercanos a este proceso político. De hecho, el proceso boliviano que derivó en la Asamblea Constituyente tiene mucho que ver con la izquierda  boliviana,  aliada e interconectada –no sin problemas de comunicación y otras fricciones– con los campesinos e indígenas. Llegada desde partidos, ong u profesiones liberales, esta izquierda se constituye en algunos casos en contrapeso nacionalista o clasista a las demandas  indígenas,  haciendo presente la fuerza del proletariado minero en la formación  política e intelectual de muchos; y en otros casos, con una izquierda pluralista que defiende la agenda  indígena  autonomista y no clasista. Nos acercamos a este proceso,  así, intentando entender conjunciones,  retóricas, articulaciones complejas y cambiantes con reclamos por soberanía nacional, elementos socialistas, continuidades respecto al Estado liberal y la llegada de la Pachamama al Estado  como parte de lo que se entendía como descolonización, en la disputa política  por  la creación de otro Estado y un orden alternativo de vida. Evitamos así la mirada  que reduce este conjunto de ideas a falso discurso, simple continuidad maquillada, o amenaza de barbarie primitivista.

La llegada al Estado  de la diferencia  indígena,  exige hacer un comentario sobre la noción  de cultura. Como decíamos, junto a varios autores, nada evita que el Estado moderno  sea susceptible de un análisis cultural, con  su folklore burocrático y cosmología republicana que remite a la modernidad urbana y capitalista con vocación universal pero origen e “imágenes” locales. En el caso boliviano, además, nos encontramos con que esa cultura estatal moderna se encuentra y es abordada por lo que tradicionalmente  la antropología  estudió como cultura: las formas comunitarias andinas y amazónicas; también con lo que los pueblos  indígenas como actores políticos activos conciben  como cultura y etnicidad, ya que el uso del concepto  está en el mundo y no es exclusivo de los antropólogos.  Por otra parte, encontramos también procesos de etnogénesis y etnicidad contrastiva vinculados a la elite política y empresarial cruceña, luego expandida a buena parte de la población.  Por sus características, este proceso  que surge de la llegada  de Evo Morales al Gobierno  pero que termina posicionándose como oposición  al MAS en la Asamblea, es del tipo que algunos trabajos de historia o antropología han estudiado como “invención de tradición” y denunciado por sus vínculos con proyectos de poder, violencia y exclusión,  antes que de procesos de etnicidad minoritaria (ver Anderson  [1983], Hobsbawm y Ranger [1983], Gellner [1983], Kapferer [1988]), como otra dimensión de la antropología del Estado-nación, en la que no profundizaremos.

La antropología contemporánea, al mismo tiempo, critica el concepto  de cultura: como reificación; como definido de forma demasiado amplia para decir algo relevante; como esencialización que no da cuenta de las relaciones; como estructura simbólica o metáfora que debía ser entendida como modificable por los acontecimientos históricos; y como etnocéntrico, asociado a una clasificación moderna  y limitada para entender otros pueblos  (para  este debate ver Geertz [1973], Sahlins [1981, 1997], Strathern [1995], Kuper [1991]). Hace décadas que la antropología busca  encontrar la mejor salida para evitar dicotomías  como estructura e historia, individuo y sociedad,  cultura y naturaleza, nosotros y ellos. Sin ánimo de entrar en este debate  digamos que siguiendo  los pueblos estudiados,  sería insensato y poco riguroso  descartar el concepto  de cultura en el momento en que comienza a ser usado por ellos. Se trata entonces  de abrir  la etnografía  a todas  las formas etnográficas de la cultura, tomando  en serio  lo que los nativos dicen, aunque  no sea arbitraria la decisión  del antropólogo  de cuál será el nativo que irá a escuchar, y ahí haya entonces siempre algo posicionamiento  político.

Una visión de la política  contemporánea donde la cuestión  de la cultura y las categorías raciales y étnicas ocupan  un lugar privilegiado es la de los autores  asociados al “pensamiento decolonial”, que pueden ser mencionados  como movimiento paralelo o que bebe de la fuente de los procesos políticos de Latinoamérica  en los que de hecho,  estos autores, se inspiran y basan algunas de sus investigaciones. Parte de estos autores, de manera un poco reactiva con el marxismo y los análisis clasistas, otros solamente  señalando  la importancia de la raza  y la etnia  para el establecimiento de la colonialidad, con inspiración foucoultiana, coinciden desde distintas disciplinas  en un interés común por el mundo colonial hispanoamericano y los recientes estados plurinacionales.  Antes habían  trazado vínculos con el pensamiento post-colonial y los estudios de subalternidad,  entre otros del tercer mundo, alertando sobre  los efectos oscuros  de la modernidad  y el colonialismo. Pueden ser considerados para entender  el contexto del debate  sobre cómo fue definido  el pueblo boliviano en este proceso  constituyente(capítulo uno) por su énfasis en lo fronterizo y plural no totalizante, en lo indígena  y afro que deja atrás el recorte clasista; por  el énfasis en la continuidad del colonialismo;  y por  la crítica a la modernidad[36].

Pero el énfasis en la cultura no puede dejar de ser problematizado  si realmente queremos alcanzar  al mismo tiempo la cultura del Estado  y contra el Estado, de los pueblos para alcanzar el Estado y del Estado para disciplinar los pueblos. Para eso debemos entender  al Estado  como cultura, y como “cultura”, para decirlo con la forma  en que Manuela  Carneiro  da Cunha  definió el término  “cultura con comillas”, para referirse a lo que Sahlins describió como “occidentalización o modernización de los mundos indígenas y indigenización de la modernidad occidental” (2004). Para Carneiro da Cunha, “hablar sobre la ‘invención de la cultura’ no es hablar sobre cultura, y sí sobre ‘cultura’ [con comillas], el meta-discurso reflexivo sobre  la cultura […] la coexistencia  de ‘cultura’ (como recurso y como arma para afirmar identidad, dignidad y poder  delante de Estados nacionales o de la comunidad  internacional) y cultura [sin comillas] (esa ‘red invisible en la cual estamos suspendidos’)  genera efectos específicos.” (2009: 372, trad. mía).

Es claro que en el Estado  boliviano  nos encontramos con los dos niveles mezclados de forma muy explícita con una cultura del Estado republicano de la que el katarismo  ayudó  a tomar  distancia crítica y que recientemente incorpora “cultura”, como resultado de la llegada  al Gobierno de quienes tienen formas de ver el mundo, normalmente  entendidas como “culturales” en un sentido del que aquí buscaremos escapar, y que reaparece constantemente en las críticas políticas al Gobierno  de Evo Morales. Se trata de ver entonces el impacto  de la cultura  y la “cultura”,  porque no debemos considerar una etnografía del Estado en Bolivia como un caso “folk” de Estado, o de “cultura” interviniendo  en una máquina de racionalidad burocrática no cultural. El desafío  es evitar una mirada  común en la antropología, que se contenta con señalar “rituales” o “mitos” en contextos no indígenas. Por otra parte, el carácter mágico o mitológico de cualquier formación política, en este caso en la forma  estatal republicana  liberal que la propuesta  del MAS en la Asamblea buscaba revisar, no significa cerrar los ojos al papel  del Estado en relación a grupos de poder, como herramienta que puede ser utilizada a favor de la gente,  o al contrario, diferenciando  y marginalizando poblaciones minoritario o mayoritarias.

Se busca  entender, entonces, la emergencia de la “cultura”  y de las formas  alternativas vinculados a lo comunitario, la Pachamama y formas de territorialidad de los pueblos  de las tierras bajas,  con que los indígenas  buscan politizar y empoderar lo tradicionalmente  reducido  al ámbito de la “cultura”,  que aparecería entonces como “politizado” para confrontar con la acepción de cultura que la concibe como dimensión simbólica sin materialidad y alejada  del Gobierno y del poder. Esa posibilidad era abierta por la Nueva Constitución cuando  abría las puertas,  por ejemplo, al reconocimiento de instancias de gobierno  comunitario,  con rotación y reciprocidad, como niveles gubernamentales a los que se les transfiere recursos sin necesidad de adoptar la forma municipal del estado. El reconocimiento en algunos casos formaliza una situación que ya existía, en municipios que por la presencia campesina o indígena  recurrían a formas comunitarias para su funcionamiento sin necesitar un aval constitucional, en otros casos presenta la posibilidad  de algo nuevo, que no tiene para nosotros nada de utópico si pensamos que estas formas de “cultura” para nada son más mágicas, ideológicas, del ámbito de las representaciones o culturales (sin comillas)  que  cualquier  otra forma de conocimiento o ejercicio del poder, moderno o tradicional. Para nosotros el Estado moderno es también cultura, (a rigor, es también “cultura con comillas”)  y entonces veremos  como la “cultura” (comunitaria) se propone cambiar la cultura del Estado (republicano y liberal), como inversión  del proceso típico de la modernidad, en que el Estado y la industrialización urbana  resultan en un abandono de la cultura indígena o tradicional.

Se trata de pensar el concepto de cultura en su límite, siguiendo a Roy Wagner (1975): como una invención que surge de las relaciones  y está abierto a continua transformación, con operaciones de convencionalización o diferenciación, a partir de simbolizaciones que obvian, inventan o diferencian a través de contrastes y englobamientos y separando dimensiones  dadas o modificadas por la agencia del hombre. Cada  sociedad  inventa una cultura (y una antropología) con énfasis arbitrarios que explican, por ejemplo, como en Occidente se entiende  el par de cultura y naturaleza de modo inverso a otras sociedades  (ver sobre esto también Viveiros de Castro [2002b]). Roy Wagner, y las discusiones contemporáneas sobre la cultura pueden ser pertinentes en un contexto como el Boliviano  donde la definición de identidad tiene consecuencias políticas importantes. Pero debemos tomar algunas precauciones  al mismo tiempo políticas y epistemológicas. Por un lado, la crítica al esencialismo identitario puede llevar a negar  la experiencia vivenciada del racismo  tanto como su contracara de movilización  política autoafirmativa.

Por otro lado, se trata de tomar en cuenta que en el análisis social, muchas veces se abandona  una mirada esencialista de la cultura para acto seguido endurecer la descripción introduciendo categorías pensadas como determinantes “más reales” y estáticos, como hace el mismo Estado para organizar su población.  No se trata, entonces, de exotizar  al Estado;  en la etnografía del proceso  constituyente, con una mirada culturalista extrema que buscando imágenes del Estado se pierda  en el propio aura sagrada que lo acompaña, sin ser sensible al análisis de relaciones de poder y procesos  de exclusión interconectados y recurrentes, que también surgen como visiones  del análisis político local, visibles etnográficamente.  Tampoco se trata de negar  el carácter cultural de estas visiones,  ni de negar  la existencia  de estos mecanismos que constituyen  al poder y al Estado  o a partir de los cuales las personas definen su identidad, para acto seguido sobre-imponer categorías de análisis como poder, desigualdad, sistema mundial o hegemonía que, como en muchos trabajos sobre Bolivia, pretenden explicar pero impiden ver lo que está pasando, reduciendo complejos procesos a determinismos explicativos tranquilizadores y perezosos, como si fuera suficiente con ser críticos de la injusticia  para presentar un buen cuadro de la situación.

Si las ciencias  sociales y buena  parte del pensamiento de la política tienden a alejarse de esquemas teóricos deterministas, esencializadores, subjetivistas u objetivistas, no es menos cierto que los mismos sobreviven cuando las investigaciones reproducen los lugares comunes de un debate político nacional. Y en este debate, con argumentos de la antropología  y la sociología  en el día a día de periódicos y discusiones  constituyentes, queda claro de qué manera el riesgo  inverso  del culturalismo es el economicismo, como razón prepotente que a través de cifras y estadísticas sobre  pbi, inflación, pobreza o número de tractores y conexiones eléctricas, marginaliza la cultura indígena como mero simbolismo, accesorio y sin efectos reales, que ya vimos ser parte del debate  sobre  la presencia de lo indígena y comunitario en el Estado  en Bolivia. En este sentido podemos mencionar un trabajo de Geertz (2000), sobre el Estado Negara,  de Bali en el siglo xix, donde el poder se asocia a la representación teatral del cosmos celestial. En este trabajo Geertz  critica el reduccionismo de la cuestión del poder  a mando y dominación económica[37].

Sobre las formas de etnicidad complejas  en Bolivia, quizás valga la pena considerar una referencia antropológica más. Michael  Herzfeld es otro de los autores que se pregunta por el origen  cultural de la burocracia  occidental y el Estado moderno (1992), explicándolo a partir de un contexto específico  de relaciones y acción social, antes que como forma avanzada de racionalidad. Sobre etnicidad e identificación cultural con sentido político, Herzfeld permite  ir más allá no sólo de las visiones primordialistas de la cultura sino también a su crítica “instrumentalista”, más progresista, donde la etnicidad aparece  desvinculada de un esencias ancestrales o vínculo genético para derivar del interés y posicionamiento  político de los sujetos, dislocando el problema de la etnicidad del contenido  cultural para las relaciones de frontera. En su crítica etnográfica a esa forma bastante difundida de abordar el problema  (cf. Barth [1969]), Herzfeld abre la posibilidad  de dudar de la validez universal del concepto de etnicidad, o que la diferenciación entre los grupos sea para todos del mismo tipo, preguntándose si acaso todos los pueblos definen su identidad de la misma manera (ver Herzfeld [1997] y también Handler [1994]). A partir de su trabajo en aldeas griegas,  este autor describe  también  el carácter estratégico del esencialismo,  advirtiendo que no es suficiente rechazar reificaciones y purezas  construidas (sea del nacionalismo, de grupos étnicos o de la misma investigación antropológica), si no reconocemos su presencia en la vida social (1997:26). En este sentido, Herzfeld estudia el uso de identidades  en relación y contexto performativo, visualizando entonces “esencialismos  prácticos” de los cuales el Estado es uno de sus productores, como forma en que la población  se vuelve manejable, y que resulta en formas  culturales que pueden llevar a matar y morir,  volviendo irrelevante su carácter ficticio.

Para Herzfeld el Estado surge contra la poética social de la diversidad discursiva e identitaria, clasificando,  anulando  la coexistencia  de identificaciones étnicas, nacionales o de otro tipo y actuando así contra  la cultura y la sociedad,  aunque al mismo tiempo podamos verlo como productor de las mismas. Esta crítica a la homogeneización y creación de tipologías  estatales que anulan la diferencia aparece de forma  clara y fuerte en el pensamiento  indianista boliviano  contra el mestizaje y el nacionalismo. Dejando las estructuras y categorías abstractas de tipo gramatical de lado y buscando  construir etnografía desde  la práctica de la vida social, la retórica, y las interacciones reales, Herzfeld muestra también  como las aparentes fijezas del Estado son producto de lo que niegan: de la acción,  el uso y la agencia.  Como en la oposición  Estado/Pueblo  (y como veremos en Virno,2003), el esencialismo y la agencia aparecen como dos caras de la misma moneda[38].

Luego de haber revisado discusiones sobre cómo conceptualizar  al Estado y la cultura podemos volver al problema de la presencia de indígenas y campesinos, y la pregunta por la posibilidad de presencia de lo externo en el Estado y también sobre  la viabilidad  de la institucionalización de lo comunitario e indígena sin que sus propiedades pierdan vigencia o se desvirtúen. Es una pregunta que atravesó el proceso  constituyente y que aparecía para los propios indígenas en Bolivia, ahora en un lugar estatal, o desde sus márgenes, y para aliados que habían mar-chado junto a ellos en los años anteriores y ahora también asumían una posición estatal. En este trabajo buscaremos  explorar si era posible  constitucionalizar la diferencia; lo comunitario;  lo que los indígenas  llevaban a un Estado hasta ahora cerrado a los pueblos indígenas;   la “cultura” politizada.  Muchos apostaban a eso en algunas propuestas de la Asamblea Constituyente, por ejemplo con la de igualdad de jerarquía entre la justicia comunitaria y la del derecho positivo liberal; o el reconocimiento  estatal a formas políticas de mando y organización basadas en el consenso, la asamblea  y la rotación  de autoridades. Ya algunos trabajos (cf. Arnold y Yapita [2000], Spedding [1996]) han señalado  la dificultad de expresión de lógicas indígenas a través del código  estatal de la ley escrita. El riesgo  era el que se asociaba con el multiculturalismo,  como aceptación de lo diverso  que lo reconoce siempre y cuando se mantenga subordinado y sin aceptación plena de derechos políticos y territoriales para  sus portadores.

Era el problema de la descolonización como objetivo de gobierno presente en los discursos gubernamentales.  Descolonizar significaba pensar un Estado diferente. Y los cambios en el Estado eran también  considerados consecuencia  natural y directa de la llegada de nuevos actores y de otra política. En su libro Etnicidad y Clase, Regalsky escribe sobre el problema de la diferencia indígena,  expresada por la oralidad, cuando  se encuentra con la “violencia  del logos” de la institucionalidad escolar “escrituraria”. El de la educación es uno de los ámbitos  donde las comunidades campesinas de Bolivia han buscado  construir su autonomía. Junto a todo un conjunto de relaciones económicas  y políticas de dominación, Regalsky estudia el caso de la lucha  de la comunidad cochabambina de Raqaypampa por tener sus propios maestros que enseñen en lengua quechua y se pregunta “¿hasta qué punto puede el espacio de la escuela compatibilizar la lógica logocéntrica del estado con la lógica  de textualidad oral de la comunidad, que es lo que  la Reforma Educativa de 1994 propone en teoría?” (:168); ésta es una pregunta parecida a la que aparecía en la Asamblea Constituyente a la hora de pensar la combinación de lo estatal con  lo comunitario.  Silvia Rivera también  nota, sobre el Estado colonial y monocultural, que “desde 1532 uno de los fundamentos  de este dominio, se patentizó en el modo cómo las sociedades nativas usaron y fueron transformadas por la escritura”  (1993), y no es un dato menor que hacer una Constitución se vincula con el código escrito del derecho estatal[39].

La autonomía de la que se habla en Bolivia recupera disputas comunitarias de siglos; es lo que se considera en los debates de la Asamblea como “autonomía de facto”, que no necesitó ser incorporada en la legislación  del Estado para  desarrollarse y comenzar a andar. De algún modo, de lo que se trataba ahora era de pensar en la posibilidad de un Estado a favor de la sociedad, que diera lugar a una legislación ya no hostil para las comunidades,  o que las ignorase.  El trabajo de campo realizado para esta investigación nos puso frente a un tema que se vincula al encuentro  entre comunidad y Estado, pero no desde el punto de observación de la comunidad,  ni tampoco exactamente  desde  el del Estado, sino más bien desde el encuentro, y el lugar de la entrada en el Estado y la propuesta de reforma constitucional en la Asamblea Constituyente, que era el lugar desde  donde  las comunidades confrontaban en este nuevo momento la ley estatal. Era a partir de constituyentes elegidos en todo el país, y en los debates protagonizados  por esos constituyentes que el ayllu y las formas comunitarias  no estatales se hacían presentes. Y era justamente en el nivel  estatal donde  la presencia indígena resultaba intolerable, y negada.  Si están en el Estado, no son indígenas, era el razonamiento.

Como es frecuente en toda Latinoamérica cuando los pueblos indígenas reclaman tierras, el Gobierno del MAS también tenía su carácter indígena cuestionado. Por eso se cuestionaba  frecuentemente el resultado del Censo  nacional de 2001, en que el 62% de la población  boliviana respondió  afirmativamente  pertenecer a alguna etnia indígena[40].

El carácter mayoritario   de la población  indígena  y del voto por el mas, atravesando  fronteras rurales y llegando a las ciudades  –donde  parece existir una frontera que sólo puede ser atravesada dejando  de lado  la identificación étnica, excepto  en El Alto, como ciudad de identidad indígena  asumida que votó por el MAS de forma masiva–, acompaña el surgimiento  de un movimiento indígena que se asume como mayoritario y, por tanto, legítimo  ocupante  del Gobierno.  García Linera habló varias veces de “una mayoría demográfica que se transformó en una mayoría  política”, y el propio Evo Morales leía su llegada al Gobierno  como “retorno” después de siglos de exclusión  colonial. Pero la oposición en la Asamblea o en la prensa  nacional observaba  que en el Censo no se había incluido la categoría “mestizo”  y mostraba una encuesta del pnud y la fundación  unir que a pesar de basarse en una muestra pequeña de casos, era muy utilizada para negar el carácter indígena  de Bolivia, con el 68% de los entrevistados que se había declarado “mestizo”  y sólo un 20%, indígena (ver La Prensa, 3 de marzo, 2009).

El periodista e historiador Carlos Mesa (2010b), presidente en ejercicio entre 2003 y 2005, luego de la renuncia  y fuga de Sánchez de Lozada,  calificaba al país como “nación  culturalmente mestiza aunque no uniforme” y escribió en su columna del diario La Razón: “El ejemplo más elocuente de ese mestizaje es el presidente Morales Ayma empezando por sus apellidos”, y agregaba que “Bolivia no es ni será nunca una nación mejor sobre la falsa ‘descolonización’”. Desde la “izquierda nacional”, Andrés Soliz Rada, primer ministro de hidrocarburos del Gobierno del MAS y redactor del decreto de nacionalización de mayo de 2006, era una de las plumas más afiladas y bien argumentadas contra la propuesta del Estado Plurinacional, que veía como debilitador de la unidad del pueblo  para la defensa  de los recursos  naturales. Escribía que “los 330 años de coloniaje hispano y los 180 años de vida republicana generaron un mestizaje, que pone en apuros a los dogmáticos. Una reciente investigación sociológica no pudo diferenciar a los mestizos  de los indígenas  urbanos, que  ahora  son la mayoría del país”[41]. Como veremos, sin embargo, si bien detrás de la defensa nacionalista de los recursos naturales parecía  ser necesario  concebir  una identidad boliviana común y homogénea, con la propuesta de Estado Plurinacional, el MAS parecía en cambio poder hacer esa defensa nacionalista acompañada de una idea de pueblo boliviano alternativa a la del mestizaje.

Silvia Rivera Cusicanqui escribe sobre el carácter ambivalente  del mestizaje, “positivo y renovador” para algunos, “un lastre que impide la occidentalización del país o la emergencia  liberadora del indio”, para otros. La autora define en uno de sus trabajos al “Mestizaje Colonial Andino”,  como marco político determinado por la Conquista  que da lugar a las tres identidades  estructurantes de la sociedad boliviana hasta hoy: indio, cholo (o mestizo) y q’ara[42].  Rivera habla de una polaridad  básica  entre culturas nativas y cultura occidental, y la “ambigüedad e inseguridad discursiva” del término “cholo” o “mestizo” en la región  andina. Cita también  un debate de fines de los años 70, en que Ignacio Mendoza, que sería también  constituyente por el MAS en 2006 y secretario de la Asamblea,  generó estruendo cuando planteó el concepto de la “cholificación” ante jóvenes aymaras que inspirados en la obra de Reynaga veían en el mestizaje  un estancamiento anti-revolucionario opuesto a lo indígena  (1993:55).

El precursor del indianismo  aymara,  Fausto Reynaga,  hablaba en varias publicaciones de las décadas  del 60 y 70 del “Cholaje blanco-mestizo  que gobierna desde 1825”, y en la tesis escrita  para las federaciones  sindicales del campo en 1970, escribía: “En el Kollasuyo de los Inkas,  desde 1825 hay dos Bolivias: Bolivia europea y Bolivia india. La Bolivia india tiene 4 millones de habitantes, y medio millón la Bolivia europea. Y sin embargo ésta es una Nación opresora; esclaviza y explota a la Nación  india. La Nación india no tiene Estado. El Estado es de la Bolivia mestiza; y asume la autoridad  de las dos Bolivias. Toma sin su consentimiento la personería de cuatro millones de indios. El Estado boliviano suplanta la voluntad  de la nación india”. Reynaga fue el fundador  del primer  partido indianista de Bolivia, luego de alejarse del marxismo. Felipe Quispe, “el Mallku”, refrescaría en la política boliviana reciente la imagen de “las dos Bolivias”,  y mientras lideraba el levantamiento  de los movimientos sociales contra el Estado, en 2001, declaró: “el mestizaje me da asco” y pidió a los indios “que piensen con sus propias cabezas y no con ideas prestadas que vienen del pensamiento  criollo-mestizo y de su fracasada construcción del Estado-nación” (Sanjinés [2002:48]). La visión partida de los indígenas  frente a los blancos de corbata, sería una imagen omnipresente también en la Asamblea Constituyente en 2006 y 2007.

A partir de las reivindicaciones del indianismo  aymara,  se entienden también varias modificaciones  constitucionales que serían introducidas, impulsadas  especialmente por las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad.  También desde la política aymara  del altiplano boliviano,  Pablo Mamani y los editores de la revista Willka (2006, 2007) escribían: “Para nosotros … el mestizaje no fue la solución para la convivencia  democrática  de los pueblos indios, aunque en las décadas  ‘60 y 70 muchos jóvenes indios han apostado por ser mestizos, asimilando aceleradamente la cultura de la ‘alta sociedad’, pero no pudieron constituirse ciudadanos bolivianos, han seguido ocupando posiciones  subalternas, inferiores en diferentes espacios sociales. […] lo indígena  o indio […] no lo entendemos  nosotros según lo que ha construido la antropología colonialista de que el indígena es aquel ser que vive en las condiciones más miserables y muy alejadas de las ciudades,  detrás de las montañas o pampas. Aunque claro que vivimos  en esos lugares también.  […] Incluso muchos indígenas viajan en aviones de último modelo y tenemos  celulares, computadoras y damos conferencias en distintas universidades […]” (Willka [2007:230]).

A pesar de las propuestas   de “indianización de la sociedad” provenientes también desde el indianismo,  el reconocimiento  del mestizaje  como identidad asumida de forma  estratégica para buscar eludir el racismo  da lugar en Bolivia al reconocimiento  de lo cholo y lo mestizo  como identidad étnica genérica que no necesariamente implica la pérdida  total de los principios  comunitarios o indígenas. García Linera se había referido a la exclusión  indígena  y la tendencia hacia el mestizaje  a partir de la explicación  inspirada  en Pierre Bourdieu por la cual los campesinos se acercan a la cultura dominante  como forma estratégica determinada por las estructuras simbólicas de los diferentes campos de acción, que determina el abandono de la lengua  y cultura indígena  por efectos de la estructura simbólica  del poder. Pablo Regalsky encuentra en la etnicidad  un doble carácter por el cual, a pesar de haber sido promovido por el colonialismo,  puede volverse una herramienta política de resistencia (2003:38). Y Silvia Rivera discrepa con el influyente antropólogo noruego  Fredrik Barth (1969) afirmando que la etnicidad no depende de “rasgos diacríticos” permanentes y la definición de un grupo étnico no necesariamente viene acompañada de una auto-identificación explícita como grupo  cultural  diferenciado.  En la  introducción  de su libro Bircholas (1996a), Silvia Rivera plantea que “(e)n sociedades post-coloniales como la boliviana,  el proceso de despojo étnico o deculturación impuesta (y autoimpuesta) ha creado situaciones de autonegación que constituyen, en sí mismas, marcas de etnicidad, pero que también evocan la aspiración  a una etnicidad ajena”[43].

Para Silvia Rivera, la etnicidad  del pueblo boliviano se encuentra más allá de espacios de la comunidad territorial y de parentesco, alcanzando barrios marginales urbanos,  la zafra, los mercados, los cocales yungueños y las piquerías cochabambinas en “caleidoscópicas y múltiples etnicidades” como “huella prolongada  del colonialismo interno”, entre medio de “(r)egistros occidentales y bagaje  cultural nativo” y con “pluralidad étnica en los marcos  de la normatividad  y las políticas estatales”. Silvia Rivera  se refiere así a las personas  que son protagonistas de este trabajo y que conformaron  el instrumento político que llegó al Estado  y a la Asamblea  Constituyente en 2006. El Estado y las instituciones  son, así, sólo una de las situaciones  donde encontramos a “(i)ndios,  cholos, mistis, pobres” que en una investigación anterior a la llegada del MAS al Gobierno,  Rivera veía como bases de “tinglados clientelares” que ataban hombres y mujeres de pueblo con “aparatos burocráticos”. Silvia Rivera hablaba de una “tercera República” (citando a Rossana Barragán) que nació como república  chola, entre mímesis y auto-identificaciones, y que fue invocada por todo populismo moderno que hubo en la historia del país (1993)[44].

En 2006 encontramos que hay una novedad, porque vemos alcanzar el Estado y la mayoría en la Asamblea Constituyente a partir de una estructura política conformada y dirigida por esos cholos, indígenas y pobres antes sólo presentes en el Gobierno de forma subordinada, como parte de los tinglados clientelares en sus ramificaciones más alejadas del centro, aunque  debe notarse la importancia de la presencia de aliados de clase media, no poco influyentes, y que para sectores del indianismo  reproducen la dominación  de siempre y que, según algunas formulaciones, son los que en realidad detentan el poder.  Pero,  de cualquier modo, la magnitud con que indígenas y campesinos participan del nuevo Gobierno  abre una nueva fase en la relación  entre la comunidad o pueblo indígena con un Estado que tiene origen en la época colonial, pero que aparece ahora como modificable y con relativa autonomía que permite  instrumentalizarlo a favor de los que nunca gobernaron (cf. Tapia, 2009, sobre el concepto  de “relativa autonomía”). Después de 2006, el escenario que se abre es el de la ocupación inédita del “poder escritural” por parte del pueblo.  No sería fácil avanzar en un horizonte de descolonización en un contexto donde  la ley nunca  fue escrita por las comunidades.  Bartolomé Clavero escribe que “ocurre por Latinoamérica que la doctrina jurídica es todavía, casi sin más, ladina, criolla, mestiza  o como quiera llamarse a lo caracterizadamente no indígena ni afroamericano” (2008:14). Esta es una preocupación que algunas organizaciones  sociales y constituyentes del MAS llevaron a la Asamblea Constituyente y que, veremos, obtiene una solución original. Para entender este proceso, sin embargo, digamos nuevamente que es necesario  aceptar la premisa de la posibilidad  de estatalidad indígena, que es el ensayo  que encontramos en Bolivia a partir de la estrategia adoptada  por los campesinos, indígenas, pobres urbanos y otros aliados.

En contra de la idea  de indios  en el poder, no sólo tenemos  sectores conservadores –en Bolivia y América Latina identificados con el liberalismo–  que negaban el carácter indígena  del mas, también encontramos a los mencionados  sectores indianistas que veían a Evo Morales controlado por un “entorno blancoide” que impediría un Gobierno verdaderamente indígena. Y también vimos que esa idea era criticada desde posiciones de izquierda nacionalista y no indígena que partían de la idea  de triunfo del mestizaje  en la superación  de la identidad indígena  considerada, entonces, falsa. La pobreza de la legislación  estatal para  comprehender a lo indígena  y los problemas  de hacer una descolonización a partir de leyes, sin embargo, contrasta con  la riqueza de lo comunitario, ausente en la ley pero presente en la vida social del campo y de la ciudad. El proceso  de implantación  del “paquete cultural de la ciudadanía”, al decir de Silvia Rivera, no fue lineal ni completo y fue acompañado de “enigmáticos retrocesos en los que volvía a emerger, con toda su frescura, la protesta  cultural indígena, las tácticas de asedio y la rabiosa exterioridad del trabajador minero frente a los códigos  culturales capitalistas”. Su explicación es que “la ciudadanización  no logró transformar, realmente,  las confrontaciones de casta en confrontaciones de clase, pues entre ambos horizontes se produjo una articulación colonial-civilizatoria,  que permitió la precaria  introyección  coactiva  del horizonte cultural de la ciudadanía  en el corazón  y en el cuerpo  de los trabajadores indio-mestizos”  (1993:75). La presencia del ayllu en los movimientos sociales recientes, en los sindicatos  y entre los mineros, tal como lo vimos en los trabajos de Raúl Prada, pueden agregarse en el mismo sentido.

Cerrando un libro de contribuciones sobre colonialidad  del poder, Aníbal Quijano (2005), que también es uno de los autores que buscaron  recentrar el debate en la cuestión  racial y colonial, llamaba a “dejar de ser lo que no somos”, en relación al “espejo eurocéntrico donde nuestra imagen es siempre, necesariamente, distorsionada” (2005:274). El caso boliviano abre una serie de preguntas  al respecto,  todavía sobre  el tema  de la posibilidad  de diferencia en el Estado: ¿Se trata de conquistar  las viejas instituciones? ¿Se trata de crear un nuevo derecho estatal?

¿Es posible  la descolonización  del Estado? ¿El Estado Plurinacional podrá  revertir la dirección  del vector del mestizaje? ¿Podemos hablar de descolonización desde una perspectiva mestiza o no indígena? ¿El Estado es el instrumento  para descolonizar o más bien el objeto a ser descolonizado?  El proceso  constituyente boliviano no responde  todas esas preguntas, pero sí avanza en explorar algunas de sus posibilidades.

Quedaría  abierta, como combustible  del proceso,  la pregunta de hasta qué punto el proyecto político liderado por Evo Morales debe ser leído tan sólo en la clave de una alternativa a los procesos  de individualización, formación de Estado y liberalismo moderno de los últimos  dos siglos. Otros elementos  del proceso de cambio, las relaciones  con el modelo  de “socialismo  del siglo xxi” y las tensiones con el indianismo  y las organizaciones indígenas, parecían a veces dejar de lado la cuestión de la descolonización y expresar los deseos de cambio en otros lenguajes. Por tal motivo,  en el proceso  constituyente no se trataría solamente de correlación de fuerzas entre la comunidad y el Estado.  Parte de las reivindicaciones que llevaron a los indígenas mestizos o pobres a ocupar  el Estado se realizaría por medio de un aumento de la intervención  estatal, de un mayor desarrollo escritural adonde  el Estado nunca había llegado todavía, a partir de una voluntad de soberanía nacional representada por los sindicatos  campesinos en alianza con el ejército  y buscando dejar atrás el proyecto de Estado neoliberal. Cuando eso era lo que prevalecía, entonces, la diferencia  y las tradiciones indígenas  sí quedaban reducidas a “cultura”, y de lo que se trataba era de conseguir inversiones para que sea extraída del suelo la riqueza  natural.

Las contradicciones entre un modelo económico desarrollista y el cuidado  del medio ambiente que resulta del modelo del “Vivir Bien” inspirado en los modos indígenas de vida e impulsado por el Gobierno del mas, que también se reflejarían en silencios o indefiniciones o ambigüedades del texto constitucional  aprobado, entre la cuestión  de la soberanía económica y la justicia social, de un lado, y de la búsqueda de autodeterminación y autonomía indígena, que de hecho es una de las oposiciones por las que transita el proceso boliviano, no se impusieron como obstáculos para el diálogo.  En otras palabras,  hubo choques, pero también una combinación que desde  el encuentro  del Pacto de la Unidad  hasta las discusiones de los constituyentes y la nueva  realidad de un Gobierno con nuevos actores dio lugar a un nuevo tiempo. Para entender esta combinación, una de las claves será la coexistencia  de una política de lo minoritario  con otra de las fuerzas mayoritarias de la nación,  como dos componentes  claves presentes en las distintas aristas del pensamiento político boliviano actual.

Encontramos en Bolivia una política de pueblos minoritarios, que entronca una búsqueda antigua por autonomía con el avance internacional de la normativa vinculada a pueblos indígenas, y que dejara ya hace tiempo el mandato  de “integración o desaparición”, para aceptar la libre determinación  que poco a poco fue imponiéndose en la legislación  de casi todos los países latinoamericanos. Esta política se expresaba en la Asamblea Constituyente en la propuesta de autonomía indígena, representación parlamentaria directa, control de los recursos naturales y derecho a consulta en los territorios indígenas,  derechos colectivos y pluralismo jurídico, entre otros. Pero el punto aquí es que esta búsqueda  política surge de las comunidades  y pueblos indígenas, iniciada en luchas contra los poderes coloniales del Estado, se combina con la conciencia  indígena  que al tanto de su carácter mayoritario  recientemente  se propuso el control del aparato  estatal, su instrumentalización como medio para solucionar  la pobreza y su fuerza para garantizar  la recuperación del control de los recursos naturales.

Se trata entonces de contagio y conexión de ambas luchas políticas. Encontramos que poblaciones minoritarias de tierras bajas acceden mediante alianzas a que el poder  central del Estado defienda sus propuestas; y también que las mayorías descendientes de quechuas y aymaras comiencen a perseguir proyectos de autonomía y derechos  especiales  en otros países sólo pensables para grupos minoritarios. Un discurso estatal no moderno y no dualista (respecto  a ficciones como las de Sociedad y Estado, de hombre y naturaleza, e individuo y grupo, buenas para pensar pero también para ser superadas) es producto también de la combinación de un pensamiento minoritario, que llega al Estado  en Bolivia gracias a su fuerza electoral mayoritaria. Lo que unía ambos proyectos, de mayorías y minorías, es la identidad indígena crecientemente adoptada por los que, producto de procesos políticos impulsados  desde el Estado,  se habían aparentemente  transformado, inexorable y definitivamente, en campesinos modernos, ciudadanos incorporados a sindicatos, bases de partidos y al mercado. Lo que mostró con claridad esta unión de campesinos, indígenas, mineros, pobres del campo y la ciudad,  fue el voto masivo por el MAS y Evo Morales y, en términos  institucionales, también  la formación del Pacto de Unidad, como congregación de organizaciones campesinas e indígenas que fue la base social desde donde se gestó la propuesta  defendida por el MAS en la Asamblea.

Siguiendo  los pasos de los participantes  de este proceso, veremos  cómo una fuerte unión de diferentes permitirá al MAS llegar hasta la aprobación de la Nueva Constitución articulando los proyectos  e imaginarios  políticos de una etnicidad genérica,  producto  del avance del proyecto  de mestizaje, ciudadanización y nacionalidad boliviana; con una etnicidad cosmovisional  de etnias y propuestas civilizacionales alternativas, venida desde decenas de pueblos de tierras altas y bajas, donde a veces aún puede encontrarse una voluntad contra estatal, de búsqueda autónoma de la tierra sin mal, o del “Vivir  Bien”. Como una lucha indígena  de retorno a las formas  ancestrales y como fuerza popular que articula un bloque  de poder, se trata de una tarea política permanente por la cual el carácter mayoritario se construye sin perder la especificidad  de lo minoritario,  dando lugar a una verdad que pasaba a ser verdad estatal con  la adopción de la plurinacionalidad. Si es posible  la diferencia en el Estado, Bolivia parece mostrar que la misma ocurre a partir de la combinación y creación de algo nuevo.

Es en esa propuesta  del MAS que con el voto de la población  sería constitucionalizada en 2009 donde encontramos una teoría nativa del Estado. La misma fue desarrollada a partir del encuentro  de un nuevo sujeto social llamado en la Constitución con el nombre de “pueblos y naciones indígena originario campesinos” que incluye componentes  en tensión pero con algunos acuerdos básicos como el de la voluntad  de avanzar en la descolonización  y la recuperación  de los recursos naturales para todos los bolivianos.  Luego de un crecimiento de los movimientos sociales, se trataba de un proceso  de inédito avance del Estado, con legitimidad inédita en las comunidades, que comprobaban que ahora los indígenas podían también votar a indígenas y administrar la máquina del Estado. Se trataba de una teoría indígena  original, que traía al Estado elementos de la comunidad y manipulaba la diferencia, pero que también  dialogaba con las formas liberales de gobierno que ahora los indígenas  bolivianos habían conquistado. La teoría nativa, por lo tanto, debe entenderse como un conjunto bastante abierto que incorpora sin quitar la especificidad de elementos de la comunidad, pero también la experiencia de la política sindical y de la política  estatal de tipo republicano.

En cada acto, por todo  el país, Evo Morales mostraba  los números de su gestión, donde además de ingresos record para los municipios, por el aumento de ingresos para el Estado  por el decreto de nacionalización, tenía indicadores de macroeconomía ejemplares para inflación, crecimiento  económico, déficit y reservas; mejores que en tiempos de gobiernos neoliberales. Algunos veían captura por una lógica ajena;  otros una venganza  del colonizado, qué usaba los instrumentos del colonizador para emanciparse. Para la oposición era un lugar común hablar de la venganza  indígena,  junto a la denuncia  de discriminación de los no indígenas en la Nueva Constitución. La llegada de los campesinos e indígenas  al Estado era ambivalente. Significaba un proyecto que permitía pensar más allá del Estado  y la república liberal, mientras también parecía dirigirse a que por primera vez haya en Bolivia de un proyecto exitoso de Estado moderno,  con la inclusión de todos como base para  la libertad y el desarrollo.

En un artículo republicado varias veces, Silvia Rivera Cusicanqui analiza un concepto aymara que sirve para entender los fundamentos  de la teoría nativa del Estado en la base de la propuesta plurinacional (Rivera [2006, 2009, 2010a]). En realidad es un concepto que sirve para entender una forma de ver el mundo, pero que también estuvo presente en las discusiones   que derivaron en la redacción de la Nueva  Constitución. Luego de criticar el mestizaje como “fusión de razas, ‘borrón y cuenta nueva’, que resulta una camisa  de fuerza para entender la fluidez cambiante y heterogénea de una compleja articulación de culturas nativas que se mantienen diferentes y no desaparecen (2006:58-62), Silvia Rivera propone pensar más allá de la amalgama, y el “melting pot” (y también de la dialéctica) proponiendo el concepto  de chhixi (es escrito con distinta grafía en cada republicación: chhixi, chixxi, cheje, ch’ixi), proveniente  del mundo aymara, de donde también  surge el indianismo katarista que  la historiadora y socióloga estudió y acompañó de cerca, y de donde también surge  la propuesta  de Estado Plurinacional que llega a la Asamblea  Constituyente.

El concepto  de chhixi aparece como concepto epistemológico y político, y es polisémico. Por un lado es utilizado para referirse a la leña que no sirve, que Silvia Rivera compara con la idea de “híbrido” que remite a infertilidad. Por otro lado, chhixi refiere al tercero incluido en que “a diferencia de lo híbrido,  las diferencias no se funden en una nueva forma pura”,  y este es el sentido  que  la autora rescata.  Es utilizado por los aymaras  como un concepto visual, que refiere a la coexistencia de colores opuestos pero que no se sintetizan ni dan lugar a un nuevo color formado por la mezcla,  sino que permanecen como manchas de colores diferentes siendo al mismo tiempo los dos colores, y ninguno de los dos,  explica  la autora. En un trabajo anterior, este tipo de amalgama aparecía entre el sector de los trabajadores de la carne  que  era al mismo tiempo gremio y ayllu, pagaban impuesto municipal y tributo indigenal.  En los documentos analizados por Rivera,  el Estado y los mestizos (mistis) aparecen como opresores y los obreros se identifican  al mismo tiempo como clase y como etnia aunque  en una rearticulación descolonizadora donde tiene supremacía lo étnico, considerado  más permanente y estructural (1993:75-78)[45].

Silvia Rivera, no obstante, en un texto de 2009 es crítica con el proyecto Plurinacional, que ve asociado a un mapa de 36 etnias rígidamente  diferenciadas. El mapa no fue incorporado en el proyecto de Constitución, pero estuvo presente en la forma en que algunos pensaban el desarrollo futuro de la plurinacionalidad, y por eso la crítica es pertinente. Para Silvia Rivera, el proyecto de Estado Plurinacional deja afuera al mundo intersticial de cholos y mestizos, birlochas, gremios,  zonas de colonización, migrantes, juntas vecinales y quienes provienen de la comunidad pero rompen con ella para no ser discriminados. Encuentra una invisibilización del mundo mestizo, que continua erróneamente apareciendo  como sinónimo de universalidad, y “la representación de los pueblos indígenas como universos homogéneos y estancos, recluidos en treinta y seis territorios, [que] permite a las elites desligarse  de toda responsabilidad sobre la violencia  interétnica, que ocurre siempre en los espacios intersticiales”.  Dada  la condición de mayoría que tiene la población indígena, para Rivera sería necesario  “la indianización del conjunto de la sociedad” (2008:219) y en esto se aleja del proyecto  oficialista, acercándose al indianismo aymara más radical que critica el “entorno blancoide”  y descree del proyecto del mas[46].

Las críticas son también  pertinentes de cara a un proceso político donde más allá de lo constitucionalizado, sigue estando abierta la disputa por significados que marcarán  el curso del proceso  político. En el preámbulo  de la Constitución  que el MAS redactaba, se sentían las tensiones  de un proyecto que buscaba  al mismo tiempo ser el Estado y transformarlo. Realizar proyectos modernos  de desarrollo económico y del Estado Nación,  buscando  al mismo  tiempo la posibilidad  de una política “más allá de la modernidad”.  Este es el preámbulo, aprobado por los bolivianos en el referendo  de enero 2009:

PREAMBULO

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia,  nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos  esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos  nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos  desde los funestos tiempos de la colonia.

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad   de la historia, inspirado en las luchas  del pasado, en la sublevación  indígena  anticolonial, en la independencia, en las luchas populares  de liberación, en las marchas  indígenas,  sociales y sindicales, en las guerras  del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía  y equidad en la distribución  y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad  económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia  colectiva con acceso  al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano  y neoliberal. Asumimos el reto histórico  de construir colectivamente  el Estado Unitario  Social de Derecho Plurinacional Comunitario,  que integra y articula los propósitos  de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país.

Cumpliendo  el mandato de nuestros pueblos,  con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia. Honor y gloria a los mártires  de la gesta constituyente y liberadora, que han hecho posible esta nueva historia.

Este preámbulo fue redactado y aprobado por el MAS en 2007, durante  la Asamblea Constituyente, y sobrevivió a los cambios y revisiones que la oposición realizaría desde el Congreso  en 2008 sobre  el texto ya aprobado por el MAS y sus aliados en el tiempo hábil del foro, como veremos. La etnografía de la Asamblea Constituyente será una crónica de la llegada  de los campesinos e indígenas   al Estado y sus teorías sobre el Estado incorporadas   en la Nueva Constitución, pero también de una serie de obstáculos con que el proceso  político impulsado por el MAS debió enfrentarse. Mi objetivo es que los acontecimientos  permitan dar lugar a una reflexión sobre  el Estado y su interioridad, en relación a lo que está afuera y entra, en un momento fundacional en que se gobierna y construye un nuevo Estado.

4. Plan de la tesis/libro

A partir del sujeto clave “pueblos y naciones indígena originario campesinos” y las discusiones que acompañaron su constitución, en el primer capítulo presento el relato que acompaña la llegada  de los campesinos e indígenas al Estado. El recorrido presenta una serie de acontecimientos significativos y marcos que concluyen con la convocatoria de la Asamblea Constituyente.  El sujeto colectivo que se constituye como núcleo de la Nueva Constitución permite introducir  las distintas miradas políticas que confluyen en la propuesta del Estado Plurinacional.  Junto con el diálogo y tensiones  entre los distintos componentes del MAS en la constituyente y el Pacto de Unidad, veremos también la mano de la oposición liberal mestiza  que sobre el final del proceso  interviene en la definición  de “pueblo boliviano” que la mayoría en la Asamblea había consensuado.

En los capítulos dos, tres, cuatro y cinco  la etnografía focaliza el desarrollo de la Asamblea Constituyente. El capítulo segundo  se centra en algunas discusiones que atravesaron  la fase de comisiones:  el encuentro y combinación del Estado con instituciones y reivindicaciones indígenas o sociales,  la discusión de la tierra y el territorio, de la autonomía  y de la plurinacionalidad.  En el tercer capítulo se trata la irrupción  del tema capitalía que trastoca el curso  del proceso amenazando su continuidad.  El cuarto capítulo se dedica  al complicado proceso de aprobación del texto y, finalmente,  el quinto  presenta  el acuerdo alcanzado,  el modo como se lo alcanza  y las distintas vertientes  que definen el nuevo  texto constitucional. En estos capítulos vemos como la discusión  sobre qué Estado crear da lugar a un conflicto político regional en que la guerra  y el pacto aparecen como extremos posibles de una dinámica  política que tarda en presentar un horizonte estable.

Dijimos que los movimientos en contra y a favor del Estado no nos parecen ser exclusivos de ningún ámbito social particular. Pero si en Clastres (2004) la sociedad (sin Estado) aparece como sociedad para la guerra, en la etnografía del Estado encontramos  aparentemente  lo contrario. Se trata de una sociedad para el pacto, con mucha gente trabajando para eso, y con el centro político como resultado que se busca construir, o en el que los participantes de la política nacional buscaban incidir. La violencia, la voluntad  de cambios radicales y los obstáculos a la gobernabilidad hacen, sin embargo, bastante inestable el camino hacia el acuerdo entre proyectos diferentes, que en varios momentos se desploma aparentemente sin solución, pero luego rencontrando nuevos cauces para seguir su curso.

En el análisis  del nuevo texto aprobado,  luego del acuerdo, vemos el problema de la comunidad  y el Estado en la normativa  constitucional, con avances y retrocesos en las dos direcciones  y configurando una verdadera disputa entre dos fuerzas políticas antagónicas. La resolución constitucional determinó un texto abierto, indefinido y difuso, que parece  ser la forma en que se garantiza para lo comunitario y la autonomía un lugar en el nuevo ordenamiento estatal. Esta resolución era obligada por las condiciones  políticas pero también  desarrollada como forma  estratégica para proteger lo externo al Estado que no puede ser incluido y definido sin costos que comprometan su naturaleza. Sólo en la ambigüedad y el silencio o contradicción constitucional, es mi hipótesis, se evitaba un avance del Estado contra el pluralismo  que una teoría nativa de un posible Estado se empe-ñaba en intentar pensar. Veremos la presencia de cuatro voces en la redacción  de la Constitución,  como lugares cuyo encuentro determinaron  las formas  de esa abertura constitucional. Me referiré a esos puntos de vista como miradas liberal, autonomista,  indianista y nacionalista-anti-imperialista-popular. Son voces de distinto tipo que no pueden ser puestas en un mismo plano porque se referían a problemas y formas políticas diferentes; a mundos diferentes, pero que en conjunto son las responsables  directas de un texto heterogéneo que en parte posterga  las tensiones al periodo  post-constituyente, iniciado en 2009.

En el último capítulo,  el sexto, las posibilidades abiertas por el texto comienzan a ser exploradas en la gestión, con los primeros conflictos del Estado Plurinacional y también  el interés de imponer un nuevo marco  histórico a partir de simbología indígena  que ocupa  un lugar importante y da lugar a una considerable cantidad de controversias. En este capítulo, concluimos  el tema de la presencia de elementos indígenas y “cultura” en el Estado, abierto en esta introducción, y de las distintas lecturas sobre  este tema  en el mundo político que es foco de esta etnografía.

Veremos que estas dos categorías, “campesinos” e “indígenas” (y también la de “mestizo”), serán objeto de controversias e importantes discusiones en el proceso constituyente estudiado. Las mismas eran asimiladas, separadas y también asociadas a visiones políticas criticadas por adversarios. Como es más común en Bolivia, en este trabajo usaremos el término “indígena”, y no “indio”, que tiene connotaciones discriminatorias, aunque en la política boliviana algunas veces este término también es reivindicado. Como veremos en las discusiones, el gobierno del MAS a veces se consideraba un gobierno campesino pero no indígena; otras, gobierno indígena, como sinónimo de campesino; y otras veces, como gobierno indígena además de campesino. Por otra parte, el término “indígena” a veces derivaba en su relativo “indigenista”, utilizado como sinónimo de “indianista” (corriente política o ideología de los indígenas) y no como en otros países latinoamericanos en donde el término se asocia exclusivamente a los no indígenas que hacen políticas destinadas a estos.↵

La llegada del MAS y Evo Morales al gobierno comienza a consolidarse con el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2002, después de Gonzalo Sánchez de Lozada por pocos puntos porcentuales, y la renuncia definitiva de su vicepresidente y sucesor Carlos Mesa, en junio de 2005. Esta última renuncia se produjo en un contexto de movilización de campesinos y mineros que impidieron la asunción de los dos políticos –asociados al viejo sistema político–a cuyos cargos parlamentarios correspondía el mando por los mecanismos constitucionales de sucesión presidencial. La presidencia fue ocupada por Eduardo Rodríguez Veltzé, última autoridad en la línea sucesoria, que asumió el gobierno mientras se “esperaba” por las elecciones en que Morales sería electo. Hay una amplia bibliografía sobre “los años previos” a la llegada del MAS al gobierno (Stefanoni y Do Alto, 2006; Zuazo, 2008; Dunkerley, 2007; Harnecker y Fuentes, 2008; Molina, 2006; Urquidi, 2007), así como de las movilizaciones y la crisis estatal del periodo 2000-2005: García Linera, Tapia Mealla, Prada Alcoreza, Gutiérrez Aguilar (2000, 2002, 2004); Mesa Gisbert (2008); Ceceña (2005); Gómez (2004); Lazar (2008); Mamani Ramírez (2005); García Linera (coord., 2004); Grebe López (2008); Revista Artículo Primero 16 (2004) y 18 (2006), entre otros.↵

Maria Nela Prada, cruceña y funcionaria del MAS me contaba una anécdota de las muchas que podían oírse en Bolivia de esta época: en una fiesta en Santa Cruz donde todos los invitados usaban vestimentas indígenas como disfraz, en homenaje a los pueblos originarios de Oriente, se escuchaba al mismo tiempo críticas, insultos y cantos contra el presidente indígena, tratado como ignorante e incapaz, (además de dictador y centralista).↵

El efecto del nuevo vestuario en relación al modo de ejercer el poder también puede dar lugar a dos imágenes opuestas (¿o combinables?): la idea de un presidente que es uno entre millones que retornan al poder, humilde, como parte de movimientos y comunidades ahora directamente en el gobierno; y la idea del líder máximo, del Inca, del “Jefazo” que gobernará a los bolivianos como padre o nuevo guía espiritual. De una u otra forma, lo que estaba claro es que no sería uno más entre los presidentes de corbata de hasta entonces. Sobre los primeros pasos de Evo Morales y sus características personales de gobierno, véase “Jefazo” de Sivak (2008); y también Baes y De La Hoz (2008); y Pineda, (2007).↵

La realización del referendo autonómico se explica en el marco de la negociación congresal necesaria para aprobar la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Sobre la demanda de la autonomía departamental y la Media Luna puede consultarse Sandoval (2001), Antelo (2003), Pinto Mosquera (2008) Hurtado Hervas (2004), Muñoz García (2005), Urenda (2005, [1987] 2007); Urenda y El-Hage (2007); Prado (coord., 2007), Barrios (2005); Zegada (2007); Dabdoub (2007), ildis (2003), Hurtado Hervas, 2005, Mansilla (2007), Galindo (2006), vvaa (2007), Mosqueira, Pinto Terceros y Landívar (2010), Soruco (coord., 2008).↵

Actos políticos o concentraciones de personas convocadas por causas políticas. El término tiene origen colonial pero es también utilizado por los pueblos indígenas de Oriente en el sentido de asamblea de gobierno o reunión.↵

Después de aprobados los informes de Comisión, hubo pocas sesiones en el Teatro Gran Mariscal: una convocada para aprobar una declaración a favor del fútbol en la altura; otra sesión en que se aprobó la ampliación de las sesiones a diciembre; y también la que sería la última en ese lugar luego de que el MAS aprobara una resolución que excluía el tratamiento del tema capitalía. Sobre la dinámica y funcionamiento de la Asamblea, con los conflictos que la rodearon, véase Serham (2008), Garcés (2010), Gamboa (2010), Éjido y Valencia (2010) Romero, Böhrt y Peñaranda (2009); Revista Tinkazo 23-24 (2008); Revista Artículo Primero (2008); Zegada, Torrez, Cámara (2008). Sobre la convocatoria a la Asamblea Constituyente y el proceso anterior a 2006, véase fundappac (2004 a y b) Kafka (2004) Prada (2006); Verdesoto (2005); Revista Tinkazos Nro 17 (2004); Revista Opiniones y Análisis 74 (2005); 78 y 79 (2006); Romero Bonifaz (2005 y 2006); Fernández y Torres et al. (2005); Konrad Adenauer (2005), idea (2008), Zuazo y Quiroga (2011). Se aguarda la publicación de la Enciclopedia de la Asamblea, con sus documentos fundamentales (Vicepresidencia… en prensa).↵

Sobre el proyecto del Estado Plurinacional ver Albó y Barrios (2007), García Linera (2008) Noguera Fernández (2008); Tapia (2008, 2008b, 2009); García Linera, Tapia, Prada (2007); De Souza Santos (2008 a y b); Acosta (2009); Acosta y Martínez (2009); Almeida (2008); Schavelzon (2009). Sobre Multiculturalismo véase: Jameson, Zizek, eds. (1998); Gutiérrez Martínez (2004) Borrero García (2003); Arocha (2004); Velasco Gómez (2006); Fernández Martinet, 2006; Kymlicka (1996).↵

En este trabajo mantendré la grafía “aymara”, en lugar de “Aimará”, por ser la más utilizada en Bolivia.↵

La nacionalización de los hidrocarburos, por algunos no considerada técnicamente una nacionalización, consistió en un nuevo marco para la renegociación de los contratos con las doce empresas del sector (entre ellas las multinacionales repsol, petrobras, total, bp y exxon), en que se establecía que toda la comercialización y control de la producción pasaba al Estado y las regalías aumentaban de 52% (número al que se había llegado con el voto del MAS en la reforma a la ley de Hidrocarburos en 2005) a 82%. El decreto presidencial “Héroes del Chaco” llegó en un momento de altos precios de petróleo y derivados que aumentó considerablemente los ingresos al Estado (de 250 millones en 2005 a 1000 millones por el petróleo), ya que Bolivia es el segundo productor de Sudamérica. Ver decreto (República de Bolivia 2006); Molina (2009b) y Orgaz García (2008).↵

Para el proceso constituyente venezolano véase Pastor y Dalmau (2001 y 2008), Maingon (2000), Brewer-Carías (2004), Dieterich (2005); para el ecuatoriano: Ayala Mora y Quintero López (2007), Verdesoto (2007), Acosta, Martínez (2009), Quintero (2008), Pérez Ordoñez (comp., 2009), Andrade, S. Grijalva, A. Storini, C., eds. (2009), Lucio-Pareces (2008), Gangotena Guarderas (2010). Acerca de Derecho Internacional de los pueblos indígenas: Yrigoyen (2009), Verdum (2009), Charters y Stavenhagen (orgs., 2010); sobre derechos indígenas en México: Díaz Polanco (1996), López y Rivas (2005), López Bárcenas (2007); para los Andes: Albó (2008a),Pajuelo (2007), Dávalos (2006); Azevedo y Salazar-Soler, eds. (2009); Quijano, (2006), Guerrero y Ospina (2003), Chivi Vargas (2006); para la cuestión del derecho indígena en América Latina ver Clavero (2008).↵

Boaventura de Sousa Santos realizó encuentros con organizaciones sociales, de tierras bajas y de El Alto, y dictó una serie de conferencias posteriormente publicadas en De Sousa Santos (2008b). Concluyó una de estas reuniones afirmando, en sintonía con la propuesta del Estado Plurinacional, que: “Lo que es diverso no está desunido, lo que está unificado no es uniforme, lo que es igual no tiene que ser idéntico, lo que es diferente no tiene que ser injusto. Tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza, tenemos el derecho a ser diferentes, cuando la igualdad nos descaracteriza” (2008b:34-35).↵

Pude iniciar un recorrido por estos caminos con autores como Dunkerley (2003), Klein (1982), Zavaleta (1982, 1983, 1990), Platt (1982), Thompson (2006), Condarco (1983); Rivera [1984] (2003); Albó et al. (1990), Bouysse-Cassagne, Harris, Platt y Cereceda (1987) Dominique Temple (2003), Pascal Absi (2005), Arnold, Jiménez, de Dios (1992). Agradezco a Rossana Barragán por guiarme con la recomendación de lecturas. También por este motivo a Xavier Albó, Raúl Prada y Óscar Vega.↵

El trabajo de campo fue realizado en 4 estancias en Bolivia, en un total de 14 meses: febrerojulio y septiembre-diciembre 2007; enero-abril de 2009; marzo-abril de 2010. Otras visitas posteriores al campo quedarían ya afuera de esta investigación. El trabajo de campo incluyó observaciones de campo en distintos lugares de Bolivia y ámbitos de la política, antes del inicio del trabajo de campo en Sucre. Debemos incluir también entrevistas y conversaciones con protagonistas del proceso en Ciudad de México, Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro y Iowa City. Además de un contacto continuo con la política boliviana a través de publicaciones, correspondencia, noticias periodísticas e Internet, que alargarían el tiempo de trabajo de campo a más de tres años ininterrumpidos. La parte principal del trabajo de campo se centró en la Asamblea Constituyente que tenía su sede original en Sucre, aunque realicé frecuentes visitas a La Paz y esporádicas a otros departamentos.↵

Latour estudió el Concejo de Estado, mientras que Abélès se dedicó a instituciones de la Unión Europea y la Asamblea Legislativa de Francia. Entre los autores que realizaron estudios sobre las formas diversas con que el Estado es imaginado por poblaciones que tienen contacto con políticas estatales, planes de desarrollo o burocracia, ver: Yang (2005), Scott (1998); Hansen y Stepputat, eds. (2001); Gupta (1995); Nugent (2007), Sharma y Gupta (2006), Ferguson y Gupta (2002), Fuller y Harris (2000). Mi investigación plantea un diálogo con dos puntos de vista comunes en los estudios antropológicos del Estado: se dirige a las instituciones centrales del Estado moderno pero en un país considerado marginal y periférico, que bien podría enmarcarse en los casos para estudiar “imágenes” diversas del Estado.↵

La propuesta de Steimentz se vincula a toda una línea de trabajos sobre el Estado cercanos a la antropología pero que surgen desde la sociología histórica inspirada por el trabajo de Corrigan y Sayer sobre la formación del Estado inglés como proceso cultural (1985). Algunos de estos trabajos vinculados al contexto latinoamericano pueden encontrarse en Joseph y Nugent (2002) con contribuciones que estudian la articulación entre cultura popular local, violencia política y el Estado. Este conjunto de trabajos dialoga también con James Scott (1998), de quien retoman un enfoque sobre el Estado que pone énfasis en las prácticas culturales cotidianas.↵

En su trabajo se destaca la ambivalencia de la ley y la imagen del Estado, entre lo oficial y lo ilegal, entre el culto y la estafa, entre lo considerado kitsch o sagrado. En la construcción de su poder, el Estado apela a elementos externos y simbólicamente antagónicos que le dan sentido, y se aproxima al pueblo tanto como en el pueblo aparece lo estatal, escribe Taussig (:157 y passim). En el caso de Bolivia, con la introducción en el Estado de elementos provenientes de la cosmología indígena, la Pachamama, la sagrada hoja de coca, el relacionalismo no instrumental, vemos la relación entre pensamiento mágico y Estado moderno con una nueva significación.↵

Con el concepto de “política de la verdad” (1994), Foucault da cuenta de cómo cada sociedad produce históricamente rituales y mecanismos que le permiten aceptar algunas cosas como verdaderas y otras como falsas. Siguiendo caminos abiertos por Foucault, T. Mitchell (1999) cuestiona en particular las fronteras entre sociedad, economía y Estado, mostrándolas como artificios impuestos contra relaciones microfísicas que atraviesan tales separaciones. Lo mismo que Latour señala como “híbridos de naturaleza y cultura” a los que la “Constitución Moderna” da lugar pero sin permitir que sean visibles, separando lo que de muchas formas aparece amalgamado. En Bolivia, en algunas discusiones, la comunidad y el pensamiento indígena introducían una posición disruptiva de las clásicas dicotomías de la modernidad que la mentalidad de gobierno traía aparejadas. Debemos registrar también los reparos de algunos antropólogos, como Abélès e Herzfeld, sobre la perspectiva foucoultiana. Para ellos, la antropología del Estado puede avanzar en dos direcciones desdeñadas por Foucault: la cuestión de la representación, y la pregunta por la legitimidad del poder. Foucault descartaba estudiar las lo que llamaba “formas terminales” del poder. Para estos autores, en cambio, es posible entender las formas en que el poder adquiere, no sólo como expresión de poder, sino también por formas de consenso y aprobación que el poder obtiene, en cada lugar (Herzfeld [2001:123]).↵

En sus trabajos, Moacir Palmeira junto a Beatriz Heredia se acercaron a la política estatal, pero allí dónde esta no constituía un dominio constante de actividades, sino más bien un fenómeno esporádico correspondiente con la época de elecciones que era concebido como único “tiempo de la política” entre los habitantes de comunidades rurales del nordeste del Brasil (Palmeira y Heredia, 1995). En su trabajo sobre personas vinculadas al movimiento negro de Ilhéus, Marcio Goldman (2006:83-85) encuentra concepciones acerca de la política siempre en coexistencia e interpenetración: “los militantes negros tienden […] a pensar la política de acuerdo con una especie de dinamismo, que la concebiría sobretodo como una actividad, que tiene ciertamente su espacio y su tiempos propios, pero que, simultáneamente, parece estar dotada de un carácter invasivo, que hace que, frecuentemente, sobrepase los límites en que debería quedar confinada (las elecciones, el gobierno) y penetre relaciones y dominios de los que debería estar excluida (el parentesco, el arte, la religión)” (:84-89, trad. mía). Marc Abélès (1996) también destaca dos miradas que aparecen en su investigación sobre la Unión Europea y que podemos ver remitiendo a los dos extremos de la omnipresencia y la total inexistencia: las posiciones etnográficas que este autor señala van desde la idea de que “la Europa política no existe”, hasta la de que son los Estado-Nación los que ya no existen y entonces la política es ahora esencialmente supra nacional, por tanto, exclusivamente de instancias como la de la unión de países europeos.↵

El vicepresidente hacía mención a una concepción coincidente con la de Bourdieu, autor que acostumbraba citar, en que el Estado se expande por todo el cuerpo social, con poder para definir las categorías con las cuales pensamos y percibimos. En uno de sus textos, (1996) Bourdieu presenta una complementación de la fórmula weberiana y define al Estado como una “x” a ser determinada, que reivindica con éxito el monopolio de la fuerza física pero también simbólica en un territorio y ante una población. El Estado para Bourdieu se encarna tanto en la objetividad como en la subjetividad. Y se instituye en esquemas de percepción y pensamiento para lograr ocultar que es producto de una larga serie de actos de institución (:97-98). La separación drástica entre dimensiones objetivas y subjetivas es cuestionable desde una concepción que cuestione las bases del pensamiento moderno y sus consecuencias derivadas. Esta crítica es realizada por ejemplo por Latour (2005).↵

Para completar la posición de García Linera debe agregarse que para él la ocupación del poder del Estado sólo podía ser posible con la construcción de un poder diferente. García Linera, en distintas conferencias, suele explicar que este nuevo poder respetaba, por ejemplo, la participación en elecciones con voto secreto e individual, pero lo combinaba con la práctica común de las comunidades de Bolivia en que la elección apenas valida una decisión tomada anteriormente en asamblea comunitaria, de forma colectiva, decidiendo en esta primera instancia por cual candidato se votaría. La posición estatal decidida de García Linera no deja de considerar, cuando asume su papel de teórico o analista político, la fuerza de lo indígena comunitario y de su autonomía. Se trata de una ambigüedad que no encuentra solución entre la democratización del poder por parte de los movimientos y el camino del monopolio del poder, desde el control del Estado.↵

Además de los ya citados trabajos sobre Evo Morales y su trayectoria previa a asumir el poder, podemos citar el documental Cocalero de Alejandro Landes y la película Evo Pueblo, de Tonchy Antezana, que retratan esos años.↵

La búsqueda de autonomía indígena aparece en distintas formas por toda América Latina. Podemos entender en esos términos las luchas anticoloniales de los pueblos, pero en la década del 80 intelectuales y pueblos dan lugar a una Autonomía que se proponía como ley estatal. Surge en Nicaragua para los territorios de la costa atlántica y se incorpora en la Constitución de ese país en 1987. En México hubo importantes debates sobre la forma que la autonomía debería tener, ¿étnica, pluriétnica, regional o comunal? Entre los zapatistas tiene un desarrollo independiente del Estado, con los Caracoles y Juntas del Buen Gobierno, después de que los diálogos de San Andrés, la propuesta de Ley cocopa y de reforma constitucional fracasaron como camino para el reconocimiento de una autonomía política. En México, sin embargo, también aparecen versiones de autonomía como forma incorporada a la estructura estatal, especialmente en estados sureños como Oaxaca, donde hay más concentración indígena y la autonomía es reconocida en la Constitución local: Díaz Polanco (1997), Lopez y Rivas (2004), Sánchez (1999), Anaya (2006). En Colombia, México y Perú la autonomía se asocia también a experiencias de seguridad comunitaria y autodefensa campesina (ver Sierra [2007, 2009]). Entre los mapuche y otros pueblos es más que nada una lucha por una autonomía negada y combatida por el Estado, con persecución de líderes, avance de empresas forestales y del agronegocio, con fragmentación de los territorios, etc. Sobre la autonomía en América Latina ver Clavero (2008) Burguete, Leiva y Speed (2008); Gabriel y López y Rivas (2005); y Gutiérrez Chong (2008). Sobre las autonomías indígenas en Bolivia, véase Rocha et al. (2008); Galindo (2007) y Molina, Vargas y Soruco (2008). Sobre Ecuador ver Almeida, Arrobo, Ojeda (2005) y Erazo (2008). Las formas de la autonomía son tan diversas como las estrategias de los pueblos y organizaciones, a veces concentrados en la realización de rituales para la recuperación de tradiciones y espiritualidad; otras veces como reconstitución territorial; y también asociada a la llegada al poder, de forma armada o democrática.↵

Hardt y Negri en el libro Commonwealth (2010) se ocupan de cómo en la Guerra del Agua se combinan los distintos sujetos sociales en paralelo, sin que ninguno de ellos prevalezca. En este sentido, mencionan los trabajos de García Linera y el grupo Comuna con el uso de la categoría “forma multitud” para referirse a las redes horizontales de articulación social, que reemplazan a la forma clase, y expresarían una realidad que es al mismo tiempo –en palabras de García Linera– étnica, cultural, política, de clase y regional; y que además, escriben estos autores, no emergen como rebelión espontanea sino en una estructura organizacional madura, vinculada a las bien establecidas redes y prácticas autónomas de los sectores bolivianos involucrados. Hardt y Negri destacan el desarrollo del concepto multitud –paralelo al de su propio trabajo– que en el caso del grupo Comuna aparece derivado de la obra de René Zavaleta y de su idea de Bolivia como una sociedad abigarrada, pero en esta cita, sin embargo, Hardt y Negri toman el cuidado de distanciarse de la asociación que hacía Zavaleta entre lo abigarrado y el carácter precapitalista de Bolivia, para recuperar el uso que se le da actualmente en Bolivia al concepto, en el sentido de pluralidad (2010 :110-112).↵

En un texto reciente (“La Condición Comunitaria en el Estado Plurinacional”, 2010) Prada escribía: “El sindicato campesino no deja de ser una transformación moderna del ayllu, tiene como matriz y referencia al ayllu, incluso cumple funciones y atribuciones del ayllu. Durante el proceso constituyente el ayllu ha sido el referente imprescindible del desarrollo de los artículos que tienen que ver con lo comunitario. Ahora, después de la aprobación de la Constitución, el ayllu es el referente obligado de la aplicación de la Constitución en todo lo que tiene que ver con la realización del Estado comunitario, la democracia comunitaria, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, con el pluralismo jurídico, con la economía comunitaria”.↵

La caracterización anti-estatal del ayllu es interesante cuando en lecturas más genéricas o apresuradas, se suele asociar el mundo andino con lo estatal, reduciéndose los Andes precoloniales al imperio incaico. En Prada, el ayllu se contrapone a las ciudades-Estado como el Cuzco y antes Tiwanaku, y a las sociedades estatistas como el incanato. En su genealogía del ayllu, Raúl Prada encuentra la forma contra-estatal más allá no sólo de la colonia española sino también de los Incas. Raúl Prada critica además el ayllu de algunos trabajos etnológicos, por referirse a un caso histórico ya fragmentado por la Colonia, en las reducciones del Virrey Toledo. Y los límites de la cartografía colonial, que fue transmitido a la República (2008:75).↵

En este sentido, Rabasa cita a Raúl Zibechi, otro intelectual latinoamericano en contacto con Bolivia, que escribió: “Las relaciones sociales no capitalistas y los poderes no estatales que potenciaron el movimiento, pueden entronizar en el poder fuerzas que pretenden legitimar el Estado y expandir el capitalismo” (ver Zibechi 2006). Sobre esta crítica al neoliberalismo, Rabasa se pregunta: “Qué hacer, dado que las fuerzas e intereses que García Linera critica como ‘gran fraude del neoliberalismo’ no desaparecerán de la noche a la mañana, y cuál el rol del poder del ayllu para movilizar y hacer al gobierno del MAS asumir la responsabilidad de destruir ese Estado Neoliberal”. Una respuesta, dice Rabasa, sería la creación de un nuevo tipo de Estado de izquierda, pero esta opción no considera el poder de la oposición y la inevitabilidad de operar desde dentro de la estructura de poder neoliberal ya establecida. Una segunda respuesta sería la disolución del Estado desde adentro, pero ahí surge la paradoja de pensar un Estado de nuevo tipo basado en el poder aymara que llevó a García Linera y Morales al poder, cuando el concepto de Estado está ausente entre los aymaras (2010:272).↵

Viveiros de Castro nos muestra un pensamiento “multinaturalista”, inverso al naturalismo y al multiculturalismo relativista de Occidente, donde en lugar de diversidad de culturas para una única e inerte naturaleza encontramos una pluralidad de naturalezas que comparten con el hombre la capacidad de agencia. Como muestran los viajes shamánicos o los mitos amerindios, en el perspectivismo amerindio la piel de los animales es sólo el disfraz de otro humano con un punto de vista subjetivo, y del mismo modo como nosotros y los indios, otros seres se consideran humanos. Desde el punto de vista del jaguar, así, los indios –su presa– son puercos de la selva (comida de humano, como el jaguar también se ve) y su sangre como cauim, la cerveza que preparan los indios amazónicos. En diálogo con la antropología contemporánea, el perspectivismo lleva al estudio de los no-humanos y de un pensamiento que se desplaza en la horizontalidad, de forma ambigua e inestable, con énfasis en la corporalidad y sus derivaciones sensibles, como también encontraremos en agenciamientos y cosmopolíticas indígenas de los Andes y la Amazonía boliviana, donde la agencia es bien distribuida y seres no humanos, como las montañas y la madre tierra intervienen en política. Sobre intentos actuales de conectar las discusiones de la etnología amazónica con la Andina ver Cavalcanti (2007, 2012) y Schavelzon (2011a)↵

El enfoque etnográfico del funcionamiento de una Asamblea Constituyente, contrastando con su producto cerrado (aunque siempre abrible desde la interpretación o la reforma constitucional), permite observar la negociación política de un modo que es comparable con la inconstancia salvaje de los pueblos nómades de las tierras bajas. Encontramos a la política cotidiana como siempre abierta a la traición, al cambio repentino de las condiciones acordadas, o a la transformación de los términos de la discusión previamente definida e incluso convertida en ley en determinado momento de correlación de fuerzas, del devenir casual del proceso o de los horizontes de posibilidad. En relación al carácter emergencial de la ley, como tendencia efectuada especialmente en determinados contextos pero también como forma que en alguna medida adquiere toda ley, de acuerdo con Agamben (2003) y la introducción a la compilación citada sobre márgenes del Estado.↵

Estas investigaciones son referencia como estudios antropológicos de escala nacional. El contexto es diferente, pero la lógica colonial y del capital traen semejanzas entre África y América Latina. En África los estudios citados tenían una posición ambivalente entre movimientos de descolonización y liberación nacional y las autoridades coloniales o postcoloniales (ver Asad [1973]). Estas discusiones son pertinentes para pensar una antropología del Estado en Bolivia en relación a los movimientos sociales, el Estado, el Estado de los movimientos sociales y la descolonización. Los trabajos citados se conectan también con estudios del tránsito campociudad de la sociología urbana en Estados Unidos, y con las investigaciones sobre campesinato, que en eeuu y América Latina, abordaban ya, como en nuestra investigación, el estudio de sociedades nacionales, reformas agrarias y luchas campesinas.↵

Barragán y Rivera también citan la renovación teórica y metodológica en la historia andina, permitida por el aporte de historiadores argentinos como Tandeter, Garavaglia y Assadourian, que situaron el análisis desde Potosí y la población indígena, de las que estas autoras y el thoa también serían parte. Vease también la compilación de artículos realizada por Steve Stern (1990).↵

Eduardo Viveiros de Castro (1999) plantea una disyuntiva entre una antropología orientada desde el punto de vista indígena, generalmente ajena al problema del Estado pero que puede abarcar incluso el tema del contacto y el Estado siempre que sea desde la perspectiva indígena, y una antropología que estudia los indígenas pero desde el punto de vista del Estado, en su discusión, estudio del contacto de pueblos indígena con Estado brasilero. La llegada de los indígenas al Estado boliviano abre una nueva posibilidad para la antropología simétrica: el estudio del punto de vista indígena que al mismo tiempo se posiciona desde una perspectiva estatal, por ser este el lugar desde donde ahora también los indígenas desarrollan una perspectiva. Esta posibilidad era al menos la que los campesinos e indígenas del Pacto de Unidad buscaban explorar.↵

Sinclair Thompson (2010) da cuenta de la reacción a la aparición pública de Katari, en marzo de 1781, en que las élites y los oficiales españoles empezaron a despreciarlo en términos monstruosos y burlescos. Fray Borda, el fraile dominico cautivo en el campo rebelde de El Alto, escribió que Katari parecía “muy ridículo” como jefe político y militar, y describía sus costumbres religiosas como grotescas y cómicas. En su libro sobre la insurrección liderada por Katari en 1780-1781 puede leerse la crueldad que era atribuida a los indios, amenazantes, violentos y aguerridos (2006). Como en el resto de América Latina, les basta a los indígenas hacer escuchar su voz para que el paternalismo condescendiente se transforme en racismo colonial.↵

El “Vivir Bien” en Bolivia, o “Buen vivir” en Ecuador, Suma Qamaña en aymara, y Sumak Kawsay en quechua, es un término incorporado recientemente en el lenguaje político de los pueblos y el Estado, que hace referencia a una cosmovisión donde el hombre se integra a su entorno, con la Pachamama y otros seres no humanos a partir de la reciprocidad, la complementariedad, y no la competencia típica del capitalismo, resumida en la fórmula de [buscar] “Vivir Mejor”. Tanto como la Constitución de Ecuador de 2008, que también declara al Estado como Plurinacional y que reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, a partir de la introducción de la visión llevada al Estado por el movimiento indígena, la Nueva Constitución boliviana introduciría principios y valores andinos, además de abrazar el pluralismo en distintos niveles, reconocer el derecho al autogobierno e incentivar el desarrollo de los conocimientos tradicionales. Simón Yampara, dirigente aymara proveniente del katarismo, se atribuye haber introducido el término Suma Qamaña en la política boliviana (Pukara [2010]).↵

En uno de sus escritos (Stefanoni [2010e]), por ejemplo, una descripción del uso de celulares, la presencia del pentecostalismo, y la música en la cotidianidad de campesinos e indígenas bolivianos se sobreponen, con status de realidad, al ayllu y los impulsos descolonizadores que aparecen reducidos a discurso intelectual que no coincide con la realidad. Este discurso que surge desde lo comunitario –pese a su fuerza, que vemos evidenciada incluso en la insistencia de sus críticos– no tiene el status de existencia que, por ejemplo, sí se encuentra en las letras de las canciones que Stefanoni escuchaba en un viaje de minibús por El Alto, para nada “indianistas”. A las formas indígenas, en definitiva, se les exige una pureza que no se le pide al liberalismo o al pentecostalismo, que nadie impugna como “mero discurso”, aunque en Bolivia su imbricación con formas indígenas sea evidente. En el último capítulo retomamos esta discusión con el debate generado por lo que Stefanoni llamó discursos “pachamámicos”, y que, creo, remite en el fondo a posiciones economicistas que reducen la importancia de otras dimensiones importantes para entender la política boliviana e indígena.↵

Cf. Escobar (2003), Castro-Gómez y Grosfoguel, eds. (2007), Lander (2000), Quijano (2005), Walsh (2009), Dussel (1996, 2008), Mignolo (2003, 2007 a y b). Mignolo define la opción decolonial de esta manera: “Descolonización (una palabra que es de uso común en los Andes) no significa más que el Estado estará en las manos de la elite local (que terminó en el ‘colonialismo interno’ en Sudamérica durante el siglo xix, y en Asia y África después de la segunda guerra mundial). Descolonización o, mejor, decolonialidad, significa al mismo tiempo: a) develar la lógica colonial y la reproducción de la matriz colonial de poder (que por supuesto significa economía capitalista); y b) desvincularse de los efectos totalitarios de las categorías occidentales de pensamiento y subjetividad (e.g., el sujeto exitoso y progresista y ciego prisionero del consumismo)” (2007b:17). Mignolo también señalaba “Los eventos en Ecuador en los últimos diez años y los de Bolivia que culminaron con la elección de Evo Morales como presidente, son algunos de los más visible signos hoy de la opción decolonial, a pesar de que fuerzas y pensamiento decoloniales estuvieron en los Andes y sur de México por cinco siglos.” (:10). “El Estado Plurinacional que está ya bien avanzado en Bolivia y Ecuador es una de las consecuencias de la identidad en la política fracturando la teoría política en que el Estado moderno y monotópico se fundaba y perpetuado, bajo la ilusión de que era neutral, objetivo y “democrático”, separado de la identidad en la política (:17, trad. mía).↵

La crítica de la oposición al MAS en la Asamblea, con el intento de despolitizar la propuesta oficialista, buscando reducirla a “cultura” puede, de hecho, pensarse a la luz de la crítica de Geertz a la idea occidental de gobierno donde lo “simbólico” es marginalizado. Geertz critica la visión en que la simbología política, la parafernalia y la ceremonia son consideradas meras formas de infundir terror, mistificaciones que permiten a elites extraer excedentes; como ideología política e hipocresía de clase. Geertz defiende una poética antes que una mecánica del poder, y una “aproximación semiótica” al estudio de los elementos habitualmente considerados folklore o “algo que no actúa y sólo esconde, exagera o moraliza” (2000:218-219). En el caso del Estado balinés del siglo xix de Geertz, esos componentes son tan reales y fuertes como los que tradicionalmente se asocian a la idea de gobierno en Occidente; es de sus energías imaginativas y de su capacidad semiótica de donde el Estado extrae su fuerza para hacer que la desigualdad cautive (:220). El rey no se ocupa de actividades profanas que asociaríamos a la administración pública, como riego y división de tierras. Se ocupa de representar un microcosmos del orden celeste, no para conseguir objetivos ocultos e inconfesables, sino porque eso mismo, en esa sociedad, es el poder.↵

Por otra parte, los trabajos de Herzfeld son importantes para pensar una situación donde el pasado histórico adquiere características míticas, como en Grecia y Bolivia; también para preguntarse por la particularidad del estudio antropológico en sociedades con Estado-Nación; y por último, para preguntarnos qué ocurre cuando el lugar de la despoetización estatal es ocupada por el pueblo con un proyecto pluralista y contrario al esencialismo homogeneizador, como es el caso de algunos de los vectores que inspiraban la Nueva Constitución.↵

Antes de 2006, Silvia Rivera escribía, “Allí donde un cabildo, una asamblea sindical o un paylamintu de ayllu deliberaban en su propio idioma y tomaban en cuenta la silenciosa presión y opinión de las mujeres, hoy se implantará un municipio, con concejales a los que hay que dirigirse por escrito y organizaciones territoriales de base que, para sobrevivir, tendrán (nuevamente) que aprender la tecnología del ‘poder escritural’ y de la política ilustrada que durante siglos los ha excluido del poder”. (1996a)↵

Según el Censo 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, la población indígena de Bolivia es del 62%. La siguiente es la proporción de personas que declararon pertenecer a alguna etnia por departamento: La Paz 77, 5%, Chuquisaca 65, 6%, Cochabamba 74, 4%, Oruro 73, 9%, Potosí 83, 9%, Tarija 19, 7%, Santa Cruz 37, 5%, Beni 32, 8%, Pando 16, 2%. Con algunas excepciones, los porcentajes son parecidos al porcentaje de votos obtenido por Evo Morales cuando fue sometido a un referendo revocatorio en 2008, lo que muestra la visible afinidad entre el MAS y la población auto-reconocida como indígena. Estos son los datos de esa elección: 67,41%, La Paz 83,2%, Chuquisaca 53,8%, Cochabamba 70,9%, Oruro 82,9%, Potosí 84,7%, Tarija 49,8%, Santa Cruz 40,7%, Beni 43,7%, Pando 52,5%.↵

Agregaba: “Después de 1952, la migración de quechuas y aimaras alcanzó a todo el país, de manera que no existe un lugar de la geografía nacional en el que no se hubiera producido una simbiosis cultural irreversible. Hoy en día, la primera lengua de los niños indígenas ya no es el quechua, el aimara o el guaraní, sino el castellano, que unifica al país y vincula a Bolivia con América Latina” (Soliz Rada, s/d disponible en http://www.patriagrande.org.bo/).↵

Blanco o europeo; literalmente: pelado, desnudo.↵

En la Bolivia de hoy, el término “mestizo” designa tanto al “cholo” o “indio aculturado” como a los “no indígenas”, de cultura occidental, quizás porque fue entre estos sectores urbanos en que el “proyecto del mestizaje” tuvo más éxito. Distinto es en Perú, como da cuenta Marisol de la Cadena (2004), donde el término “mestizo” se generalizó entre los campesinos en el lugar donde en Bolivia encontramos una identificación étnica. En Perú, ya desde la década del ‘60, el Estado ensayó un proyecto culturalista de recuperación indígena, por lo que la identificación mestiza monoculturalista de los campesinos no era la reproducción de un discurso oficial único, a diferencia de Bolivia. El proyecto “culturalista” de recuperación de las tradiciones comunitarias en Bolivia venía desde la reivindicación política, por fuera del Estado, hasta recientemente. Desde 2005, aproximadamente, sin embargo, en Perú se encuentra un reconocimiento identitario parecido al boliviano. En De La Cadena (2006) se da cuenta, sin embargo, cómo la categoría “mestizo” es doblemente híbrida y podía significar en algunos de sus sentidos ser “indígena”.↵

En el artículo “La raíz: colonizadores y colonizados” (1993), Silvia Rivera escribe sobre la aparición, ya en la década del ‘90, de fuerzas políticas populares “cholas” como condepa y ucs (a la cabeza de un dueño de una cervecería y un popular conductor de radio y televisión) que también recurren a simbología indígena andina. Hay continuidades entre ese proceso y la llegada del mas, en el sentido del voto por candidatos que no son de la elite, aunque no hubiera en esos partidos relación con las organizaciones sociales como las que dieron origen al mas. La primera entrada de actores políticos populares en Bolivia, sin embargo, ocurre ya con el mnr.↵

Esta rearticulación, por otra parte, remite a la lengua aymara en la que, tanto como en el quechua, habría una estructura dialogal en la cual “cualquier forma del ‘nosotros’ se convierte automáticamente en un acto de interpelación a un ‘otro’ que está ya sea dentro o fuera del ámbito de la percepción o identificación, y cuya posición siempre es definida por el acto de lenguaje” (1993:88). Así hablar de uno, significa hablar al mismo tiempo del otro, como encontramos también en el pensamiento amerindio de otros lugares (Viveiros de Castro [2002]). Ver también la afinidad de estos conceptos con la idea de “conexiones parciales” de Marilyn Strathern [1991] (2004).↵

En una entrevista reciente Silvia Rivera (2010b) agrega: “si hay un particularismo es el del mestizo [y] si hay un arcaísmo en Bolivia es el trato señorial que le da el mestizo de elite a su trabajadora doméstica […] el indio es moderno porque resuelve el problema de sobrevivencia haciendo tres cosas a la vez, una de ellas es capitalista, la otra autogestionaria, con la ductilidad de vivir en varios mundos y cambiar de código y cruzar fronteras, ¡qué perfectos y perfectas para el mundo moderno!”↵

Capítulo 1: 

La definición del pueblo boliviano

El pueblo boliviano, de composición plural, desde  la profundidad de la historia, inspirado   en las luchas  del pasado, en la sublevación  indígena  anticolonial, en la independencia, en las luchas populares  de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras  del agua y de octubre, en las luchas  por la tierra  y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.

Preámbulo de la Nueva Constitución.

En este capítulo, recorreré simultáneamente  dos caminos con temporalidades diferentes. Uno será el de la discusión  en la Asamblea,  entre los constituyentes, sobre  la redacción  del Artículo que trataba sobre  la definición  de “pueblo boliviano”;  el otro será el tema  de la constitución,  en los años anteriores, del sujeto colectivo que redactaba esta Constitución, y que es un sujeto político vinculado con los distintos sentidos  en que llega a la Asamblea  la idea de Estado Plurinacional. Se trata de una etnografía sobre la llegada de los campesinos e indígenas al Estado  y del modo cómo ese proceso se incorpora en un artículo central para el proyecto  de Constitución.

El resultado  de las discusiones   constituyentes es lo que veo como Teoría Nativa del Estado de indígenas campesinos y sus aliados, que aparece en este capítulo como un diálogo entre genealogía  y trayectorias de los sectores  que participaban de este proceso y sobre el recorrido en la lucha por fuera del Estado que habían protagonizado. Las ideas que cristalizan en la redacción  de este artículo nos remiten a 30 años atrás, cuando comienzan a escucharse ideas políticas y a formarse organizaciones sociales que ahora eran protagonistas de la política nacional. Veremos cómo esta teoría del Estado aparece  implícita en la definición del sujeto específico para el Estado boliviano, y se construye juntando dimensiones que para otros debían  estar separadas:  etnia y clase; ayllu y sindicato; pueblos de tierras bajas, colonizadores y afrobolivianos.  Al final del proceso constituyente, la definición  de pueblo boliviano sería una vez más alterada, esta vez por la oposición que reintroducía las ideas de mestizaje, república y nación, propias de las definiciones  de Estado y sujeto  estatal que campesinos e indígenas buscaban dejar atrás o reformular en los debates  constituyentes que presenciamos, y que volverían modificadas ahora por un nuevo contexto constitucional:  el de la forma plurinacional de Estado.

1.  Redacción de un artículo entre opresión de clase y discriminación  étnica

1.1. Las reuniones del MAS en la casa Argandoña

Las reuniones de la bancada del MAS en la Casa  Argandoña  eran la instancia en que los constituyentes discutían  los artículos redactados  por las 21 comisiones de la Asamblea[1]. En tres grupos que combinaban departamentos de Oriente y Occidente,  los constituyentes oficialistas leían los avances  del proyecto  de mayoría y realizaban modificaciones. Así se conformó una primera versión  del texto constitucional, a partir de los informes  del MAS y aliados en las distintas comisiones. Este espacio se conocía como “comisiones mixtas del mas”, y preparaba una propuesta de texto constitucional  que se debería aprobar en las reuniones plenarias que comenzarían luego de finalizado  el trabajo de comisiones. En la reunión, se proyectaban en la pared  los artículos redactados en su última versión y eran leídos colectivamente, comentando y realizando modificaciones. El primer borrador de la Constitución,  formado  en julio de 2007 a partir de los informes, tenía más de 700 artículos que irían a buscar ser aprobados  con dos tercios de los votos hasta el 6 agosto, fecha prevista inicialmente para la finalización  de la Asamblea. El texto se distribuyó entre los constituyentes del MAS encabezado con el texto de “borrador observado”  introducido a mano en el original  a instancias de Roberto Aguilar, vicepresidente de la Asamblea,  para evitar filtraciones a la prensa que pudieran publicarse como “la Constitución  del mas”, atendiendo a cierta expectativa sobre el contenido de la misma.

Los dos tercios para la aprobación de artículos eran el requisito incluido en el Reglamento  de Debates de la Asamblea  después de siete meses de discusión. Y esa meta era difícil, a juzgar por el comportamiento  de la oposición en las comisiones, reacia a los acuerdos. Por eso se hablaba de una extensión del plazo, pero eso era también difícil porque el Senado  estaba controlado por la oposición, y podría impedir una modificación en la Ley de Convocatoria a la Asamblea, necesaria  para la ampliación. La oposición del Senado  había bloqueado  todas las leyes propuestas desde el Gobierno  en el primer año y medio de gestión, y por tanto era difícil imaginar un acuerdo congresal. Algunos se preparaban entonces para terminar de forma apresurada la Asamblea,  que sin consenso obligaba por Reglamento a que todos los artículos aprobados fueran sometidos a referendo. Ante este escenario los técnicos corrían para compatibilizar  una versión final de texto. El trabajo de revisión de esa versión probablemente final del texto en la Casa Argandoña era entonces acompañada de un clima de frustración entre los constituyentes que veían señales de que la oposición  prefería la clausura de la Asamblea sin Nueva Constitución.

Respondiendo a la “Agenda de Octubre”, que había expulsado a Sánchez de Lozada  cuando  este intentó impulsar  la exportación  de gas a Estados Unidos por puertos de Chile, los constituyentes buscaban garantizar  la propiedad de los recursos  naturales para el pueblo boliviano. “Movemos un ladrillo y se mueve toda  la pared” graficaba un constituyente, porque si se declaraba  la propiedad de los recursos  naturales para el pueblo boliviano, sería necesario definir quién componía el pueblo,  cómo este era compuesto  y conceptualizado. No vaya a ser que nuevamente  los extranjeros expropiaran  las riquezas de suelo boliviano. Y esta sería la discusión  en que entrarían los constituyentes  del mas, y de la que trataremos en este capítulo.

La definición era importante, además, porque independientemente de los recursos naturales, la idea de pueblo se hacía presente como sujeto principal del proceso de cambio impulsado por los que se identificaban justamente con el pueblo boliviano en oposición a los partidos  tradicionales y la elite que siempre había gobernado. En los debates, alguien recordaba que “el presidente” había dicho que el poder radicaría en el pueblo  y ya no en el Estado. La definición de la categoría pueblo servía entonces para que quedara claro que serían los indígenas  y campesinos los que pusieran la firma  en el texto constitucional  que estaban redactando. Pero definir la categoría pueblo  implicaría  desglosar y explicar constitucionalmente un concepto difuso que en el terreno social se mantenía como suma de identidades diversas sin necesidad de ser explicitadas. El problema  era análogo al de la institucionalización de formas comunitarias que en el proyecto  de Constitución también  el MAS buscaba realizar.

En la definición consensuada, que se incluía como Artículo tercero en el proyecto de Constitución, se incluyeron como individuos a las mujeres y los hombres como “bolivianas y bolivianos”. Se hizo referencia también a la visión  clasista de la realidad social, del marxismo y el movimiento obrero boliviano, pero como forma de inclusión también de los sectores medios no identificados étnicamente, como “áreas urbanas de diferentes clases sociales”.  El lugar central en la Constitución y en esta definición  de pueblo sería reservado para las naciones  originarias  del Altiplano, los pueblos indígenas de las tierras bajas, los campesinos de todo el país, los colonizadores (“comunidades  interculturales”, según la definición  que ellos mismos habían adoptado) y los afrobolivianos,  que no se consideraban indígenas ni originarios pero también exigían ser reconocidos. La primera formulación de la definición  sobre  la cual los constituyentes discutirían era la siguiente:

“El pueblo boliviano es el conjunto  de los bolivianos  y bolivianas pertenecientes a las naciones  y pueblos indígenas originarios campesinos, afrobolivianos y clases sociales, sectores y grupos económicamente y culturalmente diversos”.

Una mujer, constituyente del mas, había sugerido que se hablara de “bolivianas y bolivianos”  antes que de “bolivianos y bolivianas”, y la sugerencia  fue aceptada, a pesar de que para  algunos  la cuestión de género era una discusión del primer mundo, llevada a Bolivia por los agentes  el desarrollo y la cooperación extranjera. También se eliminaría   la calificación  de “culturalmente diversas”, originalmente incluida como modificador de las áreas urbanas.  La modificación había sido una sugerencia de la constituyente Rosalía  del Villar, de El Alto, que era trabajadora social y decía que ella no se identificaba como “culturalmente diversa”, expresión que le parecía  aludir a “una ensalada”. También tuvo lugar una larga discusión  sobre  la necesidad de mencionar o no a “clases, sectores y grupos sociales”. Una asesora de pueblos de tierras bajas opinaba que no debía incluirse, porque  las clases “clasificarían nuevamente”. Otro constituyente agregó:  “nuestro aliado  Cuba no tiene clases, si las nombramos las estaríamos reafirmando”. Roberto Bustamante, que había participado de la lucha armada proponía  que se mencionara  al proletariado. Y Rosalía intervino nuevamente  para defender   la mención a las clases. Como encuestadora, decía haber constatado que la gente se identificaba como “clase baja”, “clase media”, o “clase media-baja”, y por eso el rótulo debía  incluirse. Otro constituyente proponía reemplazar el término  “clase” por el de “poblaciones urbanas”.

Como fruto de las alianzas realizadas  por  el MAS desde su formación, algunos constituyentes que venían de la izquierda  buscaban  incluir la clase social como forma sociológica de entender la sociedad,  pero también como categoría que los identificaba culturalmente, podríamos  decir. Ex militantes de partidos de izquierda, antes que obreros, buscaban que junto a la inclusión de los indígenas y campesinos se incluyeran  las clases, como si fuera una categoría étnica que los identificaba, especialmente cuando se trataba de representantes de las clases medias urbanas que no se veían incluidos en la categoría  central de la definición,  y no se veían a sí mismos como quechuas o aymaras o no creían que esa era la única forma  de entender  la población.

Siguiendo con la discusión,  Eulogio  Cayo  se reconocía como indígena de la cultura de los K’alchas  pero  defendía  la mirada clasista, típica de su proveniencia: era profesor de escuela, donde los sindicatos de izquierda marxista tienen fuerte influencia. Cayo,  representante del departamento de Potosí, consideraba que era más ideológico político hablar de clase, y que así se evitaría que luchas étnicas se antepusieran a las luchas sociales.  Sin la idea de clases en la Constitución,  para Cayo, “la lucha étnica va a ser entre pobres, cada uno en su territorio autónomo. No vaya a ser que pase lo mismo que en Yugoslavia”. Veía la inclusión de criterios exclusivamente  étnicos como una estrategia del neoliberalismo para someter a los indígenas. En este sentido, un asesor defendía la inclusión  de clases argumentando contra el multiculturalismo  que veía ocultando las relaciones de poder. La división de la sociedad  en clases serviría para poner de manifiesto las relaciones de desigualdad.

Además de las propuestas de eliminar la mención a la clase, alguien  proponía incluir como definición de pueblo al “conjunto de bolivianos de las distintas clases y sectores que se sienten pertenecientes a naciones y pueblos”. De este modo se quería evitar una doble clasificación de un mismo sujeto, ya que tanto como la etnia,  la clase podía abarcar a la totalidad del pueblo. Pero no convencía. Marcela Revollo, mujer del Alcalde de La Paz y constituyente por el msm[2], hablaba del problema de “desdoblar poblaciones” haciendo aparecer clases dentro de las naciones indígenas. Prefería que se hablara solamente de pueblo, y también pedía que se continuara con esa discusión después, pasando a otra cosa. Intervino también en la discusión  un ex miembro del Partido Comunista  Boliviano, René Navarro, que en discurso encendido dijo “no seamos ilusos que la lucha de clases va a terminar en 30 o 50 años, no tiene que ver con el marxismo sino con los medios de producción. En Huanuni  estamos  estatizando a los productores  y así fortaleciendo a la vanguardia.  No poner clase social es desconocer  el momento político. Las clases manejan  todo: en el campo hay clases sociales, luchas de ricos y pobres. Como se califica a los zafreros  ¿son campesinos, son explotados son obreros? Se trata de luchar entre clases, no entre naciones”.

1.2. La clase social de la izquierda en la Asamblea

En el contexto  de la política boliviana discutir la pertinencia  del concepto  clase para entender  la sociedad remitía directamente a la cob (Central Obrera  Boliviana) y a los mineros de la Federación, otrora centro de la política (y economía) del país. Desde la Revolución de 1952 que protagonizaron (y de la que luego fueron separados por los hombres del mnr, ver Dunkerley [2003]), participaron de algunas experiencias de co-gobierno, con nombramiento de ministros, especialmente en la experiencia de la Asamblea Popular de Torres en 1971 e integrándose en 1982 al Gobierno de la udp presidido por Hernán Siles (1983-1985), que terminó en fracaso y que funcionaba como contra ejemplo de la izquierda  en el poder para el MAS al iniciar su gestión.  En 2007 la cob estaba desprestigiada, sin participación en el escenario  político de sus viejos dirigentes, recluida y crítica del Gobierno del mas. Entre los constituyentes no había dirigentes de la cob o mineros, lo que se explica por la ausencia de la central en el último ciclo de protestas sociales de 2000 a 2005 y la formación  del mas. Pero su visión  clasista estaba presente en la mirada política de varios constituyentes de la bancada  del mas, urbanos de izquierda, con formación marxista, ex militantes de los partidos de izquierda que en el pasado  vivieron  la influencia de la Central  y asimilaron a través de su militancia esa mirada.

Aunque sobrevivía en la forma  de ver el mundo de los constituyentes,  el clasismo había retrocedido en la política boliviana  luego de la derrota de la Marcha por la Vida  de 1986, en que los mineros  –“espina  dorsal de la cob”– intentaban resistir al decreto  21060 del viejo caudillo del 52, Paz Estenssoro, que en un nuevo mandato en agosto de 1985 daba origen con su firma a la época “neoliberal”.  El decreto, entre otras cosas, cerraba  las minas estatales, y la marcha  de reacción a esta medida se desarmaría  al enfrentarse con un cerco del Ejército antes de La Paz. Los mineros habían presentado un plan para evitar el cierre, con reducción de salarios como había ocurrido en las nacionalizaciones de 1952. Pero  la Federación minera se encontraba en crisis, como el movimiento obrero clasista a nivel mundial, y en 1985 los propios  mineros  dan cuenta de su fragmentación y falta de horizonte como movimiento de clase concientizada votando mayoritariamente por el ex dictador Banzer  en las elecciones presidenciales –que no asume por falta de apoyo parlamentario– y aceptando de forma masiva la indemnización ofrecida por el Gobierno,  iniciando una importante corriente migratoria con destino en San Pablo, Buenos Aires,  El Alto y también el Chapare,  donde también había llegado Evo Morales, buscando nuevas oportunidades y dejando  atrás Oruro. Para el pueblo boliviano, en 1986, comenzaba una etapa de silencio que sólo se cortaría años después, con nuevas ideas y formas de organización.

Filemón Escóbar fue en el pasado principal dirigente de los mineros, y era uno de los sindicalistas que aportaron en la formación  política de líderes y sindicatos en el trópico cochabambino. Sería también uno de los fundadores  del mas, pero Evo Morales  lo expulsaría en 2004 después de una confusa sesión en el Senado en la que Filemón se abstuvo de votar en un tema que vinculaba  a los Estados Unidos. En su libro de memorias, Filemón permite entender algo de la concepción política de los mineros, donde se nota la importancia  de la producción  en la economía nacional, así como la visión  clasista y lo nacional,  como símbolos centrales de esa cosmología. Escóbar cita las resoluciones del congreso de 1985, en que la fstmb (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia), se declaraba “El más grande símbolo de la nación y de la futura revolución, sintetizada en el guardatojo del minero, [que] quedará borrado y con él nuestra emancipación […] no debe olvidarse que Bolivia tuvo rasgos de nación por ser un país fundamentalmente productor de materias primas exportables. [Con] el decreto 21.060 […] la producción y la productividad  ya no cuentan. El trabajo y el trabajador,  el técnico y el productor  ya no tienen sentido para forjar la nación (2007:103-104)”.

Defendiendo una propuesta de interculturalidad y complementación de la cultura indígena y la europea, en su libro, Escóbar critica  la falta de flexibilidad de la mirada clasista de la cob, y el “pensamiento  de la izquierda  tradicional”, que hasta el día de hoy establece en sus estatutos que su estructura corresponde en un 51% para el proletariado,  40% para los sectores de la clase media y 10% para el campesinado (2007:165). En su ascenso como líder social  campesino, Evo Morales había  intentado ganar espacio  en la cob y fue expulsado. Durante la  Asamblea Constituyente,   la Central  fue opositora y sólo en momentos de definición se acercó a la posición  del Gobierno.  La amenaza del MAS de buscar el control de la cob, dicen algunos, habría sido el motivo del acercamiento,  que después de la aprobación de la Constitución  se volvería una alianza consolidada. Silvia Rivera Cusicanqui atribuye la rigidez  de la cob respecto a los campesinos e indígenas a “la raíz liberal-ilustrada de las direcciones sindicales” y su “imbricación con el horizonte civilizador de 1952, de la forma  ciudadana  y el imaginario mestizo construido por el discurso  nacionalista y de izquierda”. A pesar de una alianza abstracta entre obreros  y campesinos que se fortalece desde  la década  del ‘70, Rivera hace referencia a “barreras infranqueables para articular la diversidad étnica de los trabajadores”  entre los dirigentes obreros[3].

Analizando la discordancia en otro nivel,  la autora  da cuenta  de las divergencias acerca de prácticas productivas, en que la producción alimentaria de los campesi-nos y sus necesidades de reposición de la fertilidad del suelo se encontraban con una “cultura obrera  insensible”  que defendía  las empresas mineras, dedicadas a la “actividad depredadora  y contaminante por excelencia” (1993:105). También el sociólogo aymara  Félix Patzi, primer ministro de educación de Evo Morales, da cuenta del desencuentro: “Cuando  el katarismo  y el indianismo  insistían en la idea de que en Bolivia persiste el colonialismo,  los miembros de la izquierda argumentaban en contra indicando  que esa afirmación es racista. Explicaban  que en Bolivia,  lo que existe es el proletariado  y la burguesía  y que en el medio se ubica el campesinado,  que debía transitar hacia  su proletarización para hacer  la Revolución socialista y comunista. La izquierda afirmaba que la lucha en Bolivia era entre pobres y ricos, entre proletariado y burguesía, pero eran tan miopes que no podían darse cuenta que los pobres justamente eran los indios y los ricos los blancos, es decir, que el ser de una determinada  clase estaba constituido, también, por el elemento  étnico. En otras palabras,  los izquierdistas  no comprendieron jamás la verdadera dimensión  de las clases sociales en Bolivia” (2004).

Desde el punto de vista clasista, hasta en debates actuales se señalaba  el papel conservador  del campesinado.  Algunos mencionan la fuerza  de los mineros  que el Che Guevara  conoció cuando pasó por Bolivia en su viaje en motocicleta. Esta sería una imagen que podría  haber  influido para  la elección  de Bolivia como destino del foco guerrillero que iniciaría en Sudamérica. De hecho también se dice que en 1967 los mineros  habían votado en Asamblea contribuir a la guerrilla del Che con una mita (sistema utilizado por la colonia español para explotar las minas, en que cada comunidad  enviaba  trabajadores de manera rotativa, como servicio obligatorio temporario),  lo que explicaba  las masacres ordenadas por Barrientos en 1967, en las minas de Catavi y Siglo xx con cientos de muertos, mientras los campesinos permanecían inmóviles en el “Pacto Militar-Campesino”.

Evo Morales  mencionaría  en varios discursos al  Che Guevara,  como en octubre de 2008, en que declararía en el aniversario  de su muerte, en un acto en Vallegrande, que “no derramó su sangre en vano”. En 2007, sin embargo, alguien decía en un debate político en La Paz que el Che había  escrito “no puedo entender la humanidad del indio”. Se solía mencionar  que por la entrega  de parcelas individuales de tierra a campesinos en la reforma  agraria iniciada en 1953, la llegada del Che  al Oriente boliviano  no había  sido en el momento ni lugar apropiado. Lo cierto es que, en la larga  lista de lecturas del Che Guevara en Bolivia, separadas mes a mes en 1966 y 1967, conservada  al igual que su diario por sus captores y hoy conservado en la bóveda del banco  central de Bolivia,  entre Cortázar,  Graham Greene, Maquiavelo y un libro sobre el proyecto  de Constitución de la República Popular de China, encontramos varios títulos sobre etnología y la cuestión indígena en Bolivia[4].

García Linera (en el Retorno de la Bolivia Plebeya, de Comuna, 2007) también da cuenta de la importancia y después decadencia del sector obrero. En un artículo publicado por primera vez en el año 2000, narra los acontecimientos de la Marcha por  la Vida.  Era el cierre de un ciclo en que los mineros “alma virtuosa  de la nación nacida en 1952” habían  sido los protagonistas.  Linera habla de este sector como el de “los fundadores  de un sentido real de ciudadanía sumamente democratizadora a través de la figura  del sindicato  que se expandió  hasta el último rincón de la geografía estatal. En fin, si algo existía de Nación y de Estado en Bolivia era por los mineros  de las grandes  empresas nacionalizadas, por su trabajo y sus deseos” (2007:29). Como vimos en la introducción,  el que sería vicepresidente de Evo Morales habla de “una inclinación irreductible de este proletariado, y en general del proletariado  moderno, a buscar sus derechos por mediación  del Estado, lo que significa un reconocimiento implícito del Estado como representante general de la sociedad  […]” (2007:40).

García Linera escribía sobre un hábitus de clase de la  condición obrera “conservador y dominado”. Señala la ambición de integración en el Estado, que se presenta “no con titularidad gubernativa, sino como súbdito, como seguidor, arrogante y belicoso pero tributario de adhesión y consentimiento negociados”. El obrero no se ha visto como soberano, escribe García Linera; “pues el soberano no pide sino ejerce, no reclama sino sentencia”. Y veía la Marcha  por la Vida,  en que se reclamaba  el no cierre de las minas, como “la más grande escenificación de esta sujeción  de la clase a la legitimidad  estatal”. En este sentido, apunta una característica que años más tarde serviría para fundamentar  el nuevo  Estado Plurinacional. Para García Linera, la clase obrera boliviana “nunca ha de abandonar la creencia  de que el apellido,  el dinero  y el conocimiento  letrado es el requisito imprescindible para gobernar” (:39).

Un activo grupo  trotskista que tenía periódico  y había abierto como local la “Casa Obrera y Juvenil de El Alto”, era crítico del Gobierno y de los trabajos de García Linera. También hablaba de forma irónica de un grupo trotskista disidente de una de las ramas  del por, que habría sido cooptado por García Linera, antes del triunfo del mas, y que ahora era parte de su equipo de trabajo en la Vicepresidencia. En sus escritos, consideraban al MAS “un partido campesino pro-burgués” con “rasgos semibonapartistas” que diluye su carácter “frentepopulista  (su permeabilidad a las presiones de los ‘movimientos  sociales’)” imponiendo  su control sobre  la clase trabajadora y con acuerdos con la burguesía  nacional y el capital extranjero. Definían  al discurso del Gobierno  como “mezcla ideológica confusa de fraseología indigenista, discursos democráticos y elementos semi-marxistas, combinado todo esto con apelación a la ‘patria’  y a la ‘bolivianidad’,  dentro de la que sobresale por su persistente  retórica, la interculturalidad”. Sobre  los trabajos de García Linera criticaban que niegue  la realidad de clases[5].

Una de las principales  controversias que acompañarían al proceso  constituyente sería la del significado  del Estado Plurinacional. Ingresado  a la Asamblea en la propuesta  de las organizaciones  sociales, sus sentidos eran diferentes para cada sector político. La izquierda clasista estaba, entre otras tradiciones,  presente en el origen del término. Una de sus fuentes era el modelo  soviético introducido localmente por el Partido Comunista  de Bolivia. Xavier Albó recordaba en una conversación conmigo  las discusiones  de Ovando  Sanz, uno de los fundadores de este partido, que hablaba  del problema de las nacionalidades  en Bolivia y de un “Estado Multinacional” inspirado en la jerga comunista  y los trabajos de Engels que retomaban a Morgan con aquella secuencia  evolucionista que partía en la fratria para llegar a la tribu y después a la nación,  como preámbulo  del Estado. Albó recordaba que en la década del 60 “el campesino era el saco de patatas y sólo importaba la clase obrera, como dice el 18 Brumario”;  y que ya en esa época, John Murra decía “lo que ocurrió en un país como Rusia, no sirve para todas partes”.

El libro de Ovando Sanz era uno de los que llevaba el Che Guevara en su mochila, e incluso escribió algunas notas sobre esa propuesta[6]. Filemón Escóbar también asociaba la idea de Estado Plurinacional con esta tradición y los trabajos de Ovando Sanz, cuando en octubre de 2008 buscaba “alertar” a Evo Morales de los supuestos peligros de este tipo de Estado, que asociaba a “una declaración de noviembre de 1917 en Rusia que establecía  la igualdad  y soberanía de todos los pueblos, su autodeterminación y el libre desarrollo de las minorías nacionales y etnográficas”. En una carta abierta, publicada  en La Razón (Escóbar [2008]), Filemón  Escóbar pensaba que la  propuesta  podría  “deshacer” Bolivia  como “provocó el derrumbe  de la urss”, cuando se intentó revertir el proceso de homogeneización cultural, o “rusificación”. Debido a la importante  influencia del Partido Comunista  en el movimiento campesino e indígena de Ecuador, aún más “clasista” que en Bolivia, no es raro que ese sea el origen del término también  en esas latitudes, desde donde también llegó a Bolivia más recientemente, por la vía de los contactos del movimiento indígena.

En el debate de los constituyentes en la Casa Argandoña, la discusión derivó en una posición de consenso por la cual  se incluía  la mención a la clase social junto a la de las categorías  identificatorias de los grupos  étnicos y naciones originarias. Adolfo Mendoza,  asesor de la Confederación  de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, lo fundamentaba aludiendo al movimiento katarista, que criticaría la identificación exclusivamente  clasista anteponiendo la identidad aymara,  pero buscando combinar una y otra clasificación, explicaba  el asesor. Desde  la década del 70, continua Adolfo, no es más suficiente  lo clasista, y tiene que ser étnico cultural, que incluía también  a las tierras bajas.  Decía en la reunión  de constituyentes: Lo primero es lo indígena  campesino, a no dudar, pero no podemos olvidarnos de los sectores urbanos  e incluso de los empresarios que están por el cambio. Lejos de poder imponer una visión  clasista como definición de la totalidad del pueblo  boliviano, al menos la izquierda  clasista podía  con esta propuesta incluir su categoría de lucha como blasón en el nuevo  texto. La formula incluiría entonces, en la definición  de “pueblo boliviano”, a las bolivianas  y los bolivianos “pertenecientes a las áreas urbanas de diferentes clases sociales”, en primer lugar.

Raúl Prada, reconocía que la propuesta de Adolfo Mendoza permitía incluir otros sectores pero pensaba que el tema aún no se estaba resolviendo. Recordó que antes no existía este artículo, y que en su lugar se establecía que la soberanía radicaba en pueblos y naciones. Había sido en la reunión  de constituyentes con el presidente Morales y organizaciones en Cochabamba, a fines de mayo de 2007, que se agregó  la definición  de pueblo: un concepto político singular, pero de composición plural, explicaba Raúl Prada. Pilar Valencia, asesora de cejis[7], recordaba que la idea de definir el pueblo se debía a los campesinos que habían reclamado que además de las “naciones  y pueblos” figurase en el texto constitucional el término “campesinos”,  con el que ese sector se identificaba.

Los constituyentes proponían que el Artículo podría  ser trasladado a otra parte de la Constitución,  o que el tema se podría resolver en el preámbulo.  Debía esperarse también a que estuviera resuelta la discusión  sobre  la soberanía  y usufructo de los recursos  naturales. “Nos estamos complicando” decía Prada, y opinaba que no se debía mezclar en el mismo Artículo la clase y la definición étnica, porque  “nos va a llevar a excluirlos”. Explicaba  que en el proceso general había dos posiciones, una antropológica étnica que hacía referencia a naciones; y otra sociológica, que hablaba de clases. Citó a Thompson: “la lucha de clases crea las clases” y defendía que sólo por el hecho de que las clases existían nos estaban obligados a mencionarlas.

Raúl Prada también explicaba que los constituyentes de la Comisión Visión País tampoco habían querido incluir el término “mestizo”, que en Sudáfrica sí está, por las explicaciones  que habían oído en Cochabamba de algunos especialistas, como Raquel Yrigoyen  Fajardo, antropóloga peruana  especialista en temas de derechos indígenas. Se refería a las discusiones sobre el proyecto  homogeneizador del 52, que criticaban el uso del término mestizo,  calificándolo de colonial. Raúl Prada proponía seguir pensando y “buscar un texto que no connote ni la definición sociológica ni la antropológica”. Su propuesta era “pensar otra sociología”, y era de algún modo lo que  los constituyentes estaban haciendo mientras elaboraban su teoría del Estado, basada necesariamente  en una teoría de la sociedad  nacida de las luchas de años anteriores. Hernán Ávila, también  asesor del cejis, me decía mientras  transcurría la reunión  de constituyentes que “esta revolución es regional, indígena  y de clase”. Cansados de la discusión  algunos  pedían seguir  al día siguiente,  otros se habían  ya retirado. “Que se queden  los que les interesa”, decía otro, “esta reunión  no es por quórum”. Faltaba todavía discutir los términos  en que la mirada  étnica de la sociedad  se incluiría en el Artículo de la Constitución que estaba siendo discutido en la Casa Argandoña  de Sucre.

1.3. Indígenas orgánicos e invitados

En la bancada  de constituyentes del MAS existía una división  entre los “orgánicos” que habían  llegado a las listas de candidatos desde  las organizaciones sociales que integran el instrumento  político y los “invitados”  que habían sido convocados para atraer el voto de las ciudades,  por sus conocimientos o trayectoria. Además de externos, los “invitados” eran profesionales urbanos de clase media y mestizos o blancos, por lo que  entre los constituyentes  del MAS se reproducían dos denuncias comunes a la política boliviana:  una de los indígenas  a los mestizos  por sentirse discriminados o excluidos de las decisiones; y otra de los mestizos  a los indígenas por la repentina subordinación o discriminación por tratarse de “no orgánicos”. La dualidad a veces era incluso utilizada simbólicamente en el sentido de la complementariedad y unión de las “dos Bolivias”,  como era entre “Evo y Álvaro”,  la presidenta de la Asamblea de pollera, Silvia Lazarte, y el vicepresidente de corbata, el economista  y ex rector de la Universidad  Mayor  de San Andrés (umsa) de La Paz, Roberto Aguilar. También había  sido la foto de campaña de muchos constituyentes, con la imagen de campo y ciudad en las candidaturas  departamentales y locales. Y todos tenían su imagen de las “dos Bolivias” en las comisiones de la Asamblea, hablando o fotografiando  el trabajo con los representantes  del otro estamento o lugar.

El MAS había surgido como partido campesino, aunque  desde el principio se había articulado con sectores de izquierda. A pesar de que sus candidatos, ministros y militantes atraviesan todas las fronteras sociales,  el MAS siempre mantenía una posición de partido del campo y de los movimientos sociales indígenas campesinos que le habían dado origen. Si bien había conseguido el voto urbano, principalmente en el Altiplano,  la fuerza  de las votaciones  marcaría  claramente la frontera entre campo y ciudad, con varias ciudades capitales que se mostrarían menos afines  al mas, eligiendo gobernantes opositores. La división  traía una imagen colonial, donde los “vecinos” criollos o mestizos, mantenían su recelo hacia los “indios”, respetándolos siempre que ocuparan posiciones subalternas. Para algunos la desconfianza de los campesinos sería una respuesta a esos esquemas coloniales de delegación en los más letrados.

Había problemas,  especialmente  entre profesionales de izquierda y constituyentes aymaras. Hija de un dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (mnr), arquitecta de Oruro, Mirtha Jiménez era constituyente del MAS de la Comisión de Estructura del Estado,  una de las que yo visitaba diariamente. Desde joven siguió un camino político diferente al de su padre y se sumó al ps-1 de Marcelo Quiroga  Santa Cruz, líder político e intelectual desaparecido por la dictadura (en 1980), integrando incluso la guardia armada  y durmiendo en las épocas difíciles cada día casas diferentes. Un pariente  militar la salvó cuando  la detuvieron. Nunca participó de cargos públicos, pero siempre en la militancia “desde  las calles”.

En los meses previos a la elección  para constituyentes, con un grupo de 20 personas  Mirtha realizó una “operación de visibilización”  hablando del nuevo escenario  en los medios y logrando gracias a eso ser nombrada como candidata del MAS por Oruro para la Asamblea,  inicialmente como cuota del msm en las listas del mas, aunque después se distanciaría de ese partido. Durante la Constituyente, asumió la vice-presidencia de la bancada  del MAS y tenía amplia presencia en los medios. En una charla informal comentaba  que se sentía discriminada  por sus compañeras de pollera de El Alto. Ella se definía como birlocha, que en Bolivia tiene varios sentidos pero que ella lo usaba  en el de mestiza que adopta  la moda europea u occidental[8]. Emiliana Ilaya de Tancara –de la Comisión de Educación– le preguntó porqué  se pintaba  la cara y ella le contestó “yo soy así”. Y comentaba que a otra constituyente de Oruro  las cholitas de El Alto le dijeron  “te pintas el cabello y eres india”. Mirtha reconocía, sin embargo, que los constituyentes están ahí para dar poder a esos sectores indígenas y para terminar con la servidumbre.

Armando Terrazas era constituyente de la Comisión de Desarrollo Social pero actuaba como uno de los principales  articuladores políticos de la Bancada.  Era fundador del MAS y dirigente de San Julián, área de colonización de migrantes de Occidente enclavada en Santa Cruz, pero era médico y de tez blanca. Su situación era diferente a la de la mayoría de los profesionales  constituyentes del MAS porque era fundador del MAS en Santa Cruz, miembro orgánico y no invitado.

Consideraba más bien que los invitados eran  los primeros que traicionaban, y mencionaba el caso de un chuquisaqueño que siendo elegido como aliado, se había convertido en duro opositor cuando estalló en Sucre el reclamo de la ciudad por convertirse en sede de los poderes  de Gobierno. No obstante, hablaba de discriminación por ser mestizo y profesional. Creen algunos compañeros que el MAS es para organizaciones indígenas; no aceptan clase media y clase alta, pero acá el tema es ideológico, afirmaba contundente.

Armando Terrazas defendía que el MAS se transformara en una organización de izquierda, más allá de la difusa red de organizaciones sociales. Así, veía que habían transformado a San Julián en vanguardia del MAS en Santa Cruz. Decía que el aporte ideológico  de la gente de izquierda era importante. Las organizaciones sociales a veces pelean solamente por espacios de poder dejando de lado el aspecto ideológico. Se elige por ejemplo orgánicamente a un candidato para ser diputado o constituyente, pero tenemos diputados que nunca  han abierto la boca.  Esta era una visión común entre los sectores de izquierda y urbanos  del mas, críticos a la posición  de los “orgánicos”  de los sindicatos contra la izquierda  de la ciudad, poderosa  entre los cuadros del Gobierno  y también  entre los constituyentes.

Armando ejemplificaba: En San Julián hay uno que era del mnr y ahora es diputado  del mas, gana para postularse, y nunca ha abierto  la boca. Eso es lo orgánico a veces. En el Parlamento  Plurinacional tienen que estar los cuadros políticos, necesitamos  gente que batalle ahí adentro. Y daba el ejemplo de una dirigente campesina de Chuquisaca que también se había pasado a la oposición, a pesar de ser indígena. El aspecto ideológico  es aún todavía frágil en el Movimiento al Socialismo, me decía. Para cargos locales, alcaldes, no ser indígena o campesino es un argumento en contra. No tenemos partido todavía. La gente es evista, nos falta profundizar. Mientras no seamos un partido vamos a tener la ambigüedad del sindicato. Armando  decía que el sindicato “ahora nos apoya, pero va a tener desviación en el futuro, porque  el sindicato tiene otro objetivo,  es para defender a sus afiliados. El partido es para tomar el poder,  ahí el papel de la clase media, para conducir este proceso”,  explicaba una de las veces en que conversamos.

Como respuesta a la llegada  de “invitados” y una a veces sobre-actuada intensión de llegar a la clase  media, desde el indianismo  era común la crítica  a la continuidad de la exclusión  de los indígenas,  crítica que se dirige especialmente al “entorno blancoide”  que se habría “enquistado”  alrededor de Evo impidiendo un Gobierno verdaderamente indígena, aunque algunos sectores indianistas más radicales también  niegan  el carácter indígena  de Evo Morales, por su distancia con la lengua  y costumbres comunitarias. Los dos primeros números de la revista Willka, editada por Pablo Mamani Ramírez y Quisbert Quispe (2006, 2007), se dedican a criticar los “entornos blancoides”. En el segundo  número, los autores proponen una mirada de la política  en que prevalece  lo étnico,  y critican “la mayoría de las producciones intelectuales [que] suelen centrarse en las temáticas económicas y políticas, dejando de lado la presencia física o no de indígenas en el poder político […]” (Willka [2007: 229-234]). En su posicionamiento, se sitúan en la “perspectiva  de la plebe o de lo indígena  aymara” que no buscaría atacar, sino defender a Evo Morales de ese “entorno” que impediría al presidente  a relacionarse con sus correligionarios indígenas[9].

Eulogio Cayo, que también era constituyente  de la Comisión Estructura del Estado,  hacía  la crítica inversa  a los que señalaban la falsedad en la incorporación de símbolos y vestimenta indígena. Hablaba de “los campesinos que aprenden a hablar español o a usar la computadora  y ya dicen ‘soy q’ara’”. De todos modos, los entendía y reconocía que se ponían corbata para no ser marginados.  Él mismo, que se reconocía como indígena, usaba terno (saco) y corbata. Había sido maestro de escuela y después de la Asamblea  le gustaría candidatear para ser alcalde.

1.4. El katarismo como teoría política de la articulación entre clase y etnia

La articulación de la definición  clasista del pueblo con la definición  a partir de criterios étnicos era la implementación de una visión política llegada a la Constituyente desde  el indianismo katarista. También desde este espacio había llegado el carácter plurinacional  del Estado, adoptado  en la Asamblea,  más allá de que los comunistas hubieran  usado el término con anterioridad. El katarismo  surge en el tránsito entre la ciudad  de La Paz y las comunidades de las provincias  del departamento, en el momento en que las estructuras sindicales  del campo quiebran el “pacto militar-campesino”, y se alían a la cob en contra de la dictadura militar.

Junto al declive de la cob, el katarismo surge y amplia rápidamente su base social.  El movimiento  remitía  al  intelectual  precursor  del indianismo  Fausto Reynaga. En su libro Kataristas, Javier Hurtado (1984) narra el surgimiento  de este movimiento entre jóvenes  de la Provincia  Aroma, cuna de líderes míticos del pasado rebelde aymara, en el sur del departamento  de La Paz, que cuando llegaban a estudiar o trabajar en la ciudad reflexionaban  sobre  la discriminación que sentían en carne propia. En 1969-1971 algunos de estos jóvenes –destacándose Raymundo Tambo y Jenaro Flores– vuelven a las comunidades  y rápidamente llegan a la cima del sindicalismo  agrario, desplazando  a los dirigentes que habían sido parte desde 1964 del pacto con los militares que alejó los campesinos de los obreros. La renovación consistía en la aparición de la lectura étnica de la realidad, pero también de la rearticulación  entre clase y etnia[10].

Hurtado narra el recorrido político del katarismo,  que empieza controlando centrales provinciales  en 1969 y que en 1971 llegaría a la cúpula  de la Central Sindical Nacional  de los campesinos, prohibida luego  por  la dictadura y reasumida por el katarismo  sólo en 1978. Los dirigentes son perseguidos por Hugo Banzer, que los proscribe. Jenaro Flores llega a ser el primer campesino en ocupar el más alto cargo  en la cob, desde  la clandestinidad, antes de quedar paralítico por un tiro en la columna  disparado  por agentes de la dictadura.  Los kataristas sacarían también  conclusiones políticas sobre la masacre del valle de Tolata (1974) donde el poder militar golpeaba  incluso a los que habían sido más leales al pacto con el dictador René Barrientos.

En los orígenes  del katarismo,  Hurtado presenta dos vertientes que surgen a partir de lecturas del nacionalista  Montenegro y Reinaga: una era indigenista, dice Hurtado, pensando la lucha india con contenido racial, y la otra era también indigenista pero “recalcaría el problema campesino desde una perspectiva nacional y de clase”. Esta última es la que da lugar al katarismo  desde los sindicatos campesinos (1984:32-33). Es interesante que la oposición  entre clase y etnia en Bolivia tiene un tercer término  en cuestión: la nación. Como categoría que remite a cultura e identificación se acerca a la de etnia. Pero se aleja de esta en lo que la Nación remite a Estado moderno,  como unidad  cultural que surge vinculada al Estado moderno, aunque puedan existir naciones sin Estado. El término también se aleja de la mirada  étnica en tanto que es la izquierda  clasista de los trabajadores la que en Bolivia reivindica  la nación.  Una izquierda indianista se construye exactamente  contra la idea de nación, entendida como construcción homogénea monocultural, y por tanto colonial,  en otra época base de expresiones  políticas separatistas, acalladas con la llegada de un presidente aymara.

En su camino ascendente, en 1971 los kataristas participan  de la Asamblea Popular de Torres, (“el Kerensky boliviano”, dice Filemón Escóbar) que había llegado al poder  con un levantamiento de los que llamó “cuatro pilares”: militares, obreros, campesinos  y estudiantes. En 1979, los kataristas fundan la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Bolivianos (csutcb), hasta hoy la organización  sindical de los campesinos y que se integraría  al instrumento  político que lleva a Evo Morales a la presidencia. Surgía desmoronando  el sistema político de campesinos, obreros y Estado en que el mnr era mediador, y la nueva central se afilia a la cob; aunque ya en 1979 muestra que la rebasa  en fuerza de convocatoria y mantiene autonomía respecto a ella. Nótese, sin embargo, los términos que componen el nombre de la nueva  central: “Sindical”, “Trabajadores”, “Campesinos”, “Bolivia” mostrando los símbolos que en esa época orientaban  la política, incluso de quienes  estaban interesados en incluir la cuestión  de la discriminación  étnica y comenzaban a introducir términos en la política boliviana como descolonización y plurinacionalidad.

En la definición del nombre de la central sindical se introduce  la mirada clasista, y queda  eliminada  la propuesta  de los kataristas de que el nombre del líder mítico  fuera incluido en la denominación.  Además de los kataristas,  la central incluía campesinos del resto del país donde  la modernización e idea de mestizaje introducidas por la Revolución  Nacional  había sido más exitosa que en Aroma. De todos modos, el nombre de Katari aparecía en distintivos y sellos, y permanece hasta hoy en el nombre de las federaciones  departamentales  de La Paz y Oruro. La llegada de la mirada  indianista y su articulación con la visión  clasista se daba como una introducción paulatina de componentes  étnicos y descolonizadores junto a la idea  de clase que era lo dado y aceptado con anterioridad en el marco del sindicalismo heredero de la Revolución  Nacional, con importante presencia de la izquierda.  Silvia Rivera  critica los conceptos  de vanguardia y “actitudes, gestos y ademanes paternalistas y discriminatorios a los que los kataristas son extremadamente susceptibles”. La autora, además, da cuenta de una desconfianza que era mutua, ya que la izquierda  veía al katarismo  como racistas anti criollos. (2003:169 nota 46)[11].

Es desde este espacio político sindical campesino, liderado ahora por los kataristas, que surge la articulación sin síntesis definitiva de la clase y la etnia. Se reproducía un acercamiento de los campesinos con los obreros que, a pesar de la desconfianza y discriminación, se había construido en la oposición  a la dictadura, a partir de la convivencia  en las cárceles  o en el exilio en Cuba, cuentan los relatos. Este encuentro de obreros e indígenas es analizado por Silvia Rivera en Oprimidos pero jamás vencidos (2003), donde destaca la unión a partir de la cual por primera vez “ponchos y lluch’u rompen la monotonía de los trajes occidentales en la sede  de la Central  Obrera Boliviana”. Esta “descolonización visual” es marca de la Asamblea Constituyente y el Gobierno  de Evo Morales, y podemos pensar que en la llegada  de campesinos e indígenas  al Gobierno  en 2006, continúa o reproduce el proceso de llegada a las estructuras sindicales  primero, y de la cob después, a fines de los ‘70.

Rivera da cuenta de que dirigentes obreros son obligados a hablar en aymara y qhechwa, que eran idiomas que muchos conservaban como lengua materna; y cita el testimonio  de un dirigente que narra cómo los mineros  empiezan a visitar sus comunidades en el campo, donde por muchos  años sólo iban a hacer política los militares. Por ese tiempo surge el grito de “¡Viva Tupaq Katari!, ¡Viva  la cob!”, dice Silvia Rivera, que es lo que  gritaría Evo  Morales  en diciembre de 2009 cuando cerraba su campaña para la reelección junto a Pedro Montes, dirigente máximo de la cob, que habría pasado a apoyar  al Gobierno  del mas. El reconocimiento  de los obreros  “a quienes, en el fondo, consideraban tan indios  como ellos”, significa para Silvia Rivera el efecto ideológico  más importante del katarismo en la cob, y será convertido en verdad  estatal cuando  el Artículo tres de la Constitución  que los constituyentes redactaban  en la Casa Argandoña  incluyera ambas formas de describir  la realidad. La importancia  del katarismo para la política boliviana  de las últimas décadas,  era visible como presencia diseminada en el campo político, tanto oficialista como opositor, en momentos de proceso constituyente[12].

Del katarismo vemos también  surgir la discusión  sobre  la estrategia de los indígenas  frente al Estado. Ya desde  la década  del 80 sectores indígenas  salidos de las filas kataristas impulsaron proyectos  político partidarios,  llegando al Congreso y a otras instancias  estatales, en experiencias que deben ser consideradas para leer lo que estaba en juego en la Asamblea Constituyente impulsada por el MAS en 2006. El Movimiento  Indígena Pachacuti (mip), de Felipe Quispe, había incorporado militantes y discusiones  del partido Movimiento Indio Tupac Katari (mitka), de Luciano Tapia y Constantino Lima, y sería reacio a las alianzas con partidos “mestizos”.  El primer antecedente era el Partido Indio de Bolivia (pib), del propio  Fausto Reynaga, a fines de los 60, donde habría también militado Jenaro Flores. Pero el principal partido surgido del katarismo  sería el Movimiento Revolucionario Tupaq Katari (mrtk), luego mrtkl (agregando la “L” de Liberación), que consigue dos diputados en los 80 (Víctor Hugo Cárdenas en La Paz y Walter Reynaga en Potosí). Este partido se acercaría primero al Gobierno de la udp, de izquierda y organizaciones sociales, invitaría como candidato a vicepresidente  al dirigente minero Filemón Escóbar, para después acercarse al mnr de Sánchez de Lozada con el discurso de hacer reformas por adentro y ubicando a Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente en 1993[13].

Xavier Albó desarrolló la imagen de “los dos ojos” para explicar el indianismo katarista (en Stern [1990]): un ojo mira para la opresión  de las clases,  y el otro hacia  la discriminación de naciones[14]. En “Mestizaje cabeza abajo…” (2002) Javier Sanjinés considera esta doble dimensión en el discurso  de Felipe Quispe, quien promueve un “Estado de los trabajadores  y la unión socialista de las naciones oprimidas”. Quispe asume la dirección  de la csutcb y desde el 2000 hostiga a los Gobiernos  neoliberales con bloqueos de caminos y movilizaciones. Sanjinés ve al discurso de Quispe como “la mezcla  del exterminio indígena y de la lucha de clases”, con un apelo a “aymaras, a quechuas, y a otras nacionalidades  indígenas para la creación  de una nueva madre patria, la ‘Unión  de las Naciones  Socialistas del Qullasuyu’  […] bajo la égida  del colectivismo  y del comunitarismo  […] agregando a las ideas de Fausto Reinaga  la lucha de clases.” (:147). En el 2000, Felipe Quispe había creado  el partido mip, pensado como brazo político de la csutcb que lideraba (ver Quispe [2003]), y que estaba dividida en dos ramas,  la otra afín a Evo Morales, con Román Loayza (en 2006 presidente de la bancada de constituyentes del mas).

El enfrentamiento  de Quispe contra el Gobierno democrático del ex dictador Hugo Banzer, en 2000, dio una difusión exponencial a su discurso de oposición entre república aymara  y república de blancos como “dos Bolivias”. Fue famosa también una célebre respuesta de Quispe a la periodista   paceña de televisión Amalia Pando, en la que preguntado por los motivos de su lucha, decía “para que mi hija no tenga más que ser tu sirviente”  (cf. Mantilla [2002]). Un año después, Quispe tendría su momento de auge con el levantamiento  de la región  aymara controlada por él y la formación  del Cuartel General Indígena  de K’ala Chaca, con un Ejército Indígena Comunal  que expulsó a las fuerzas estatales del orden  y tomó  las instituciones administrativas  junto a bloqueos en el Altiplano con miras a expandirse y marchar hacia La Paz.

García Linera había tenido  contacto con Quispe desde la década  del 80, cuando ambos apostarían por la sublevación armada  obrero-indígena  para la toma del poder, en los “ayllus rojos”,  con trabajo político en minas y el Chapare,  con la Ofensiva Roja de los Ayllus Kataristas, y con la organización  egtk, quizás  el único movimiento armado del continente que planteó de manera  clara combinar indianismo y marxismo. La organización sería desarticulada con la prisión en 1993 de Quispe, García Linera, Raquel Gutiérrez, el futuro constituyente  Macario Tola y Juan Carlos Pinto, responsable en 2007 de la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (repac), entre otros.

Después de cinco años de cárcel vendría el periodo  protagonizado  por Quispe desde  la csutcb, y con una relación de articulación y rivalidad creciente con Evo Morales que en ese entonces era visto como líder solamente  regional del Chapare. En el artículo Indianismo  y marxismo (en 2008a), García  Linera  distingue tres corrientes indianistas: en primer lugar la de Quispe y el nacionalismo  aymara,  que ve como el verdadero cuestionamiento al Estado  colonial,  posiblemente como el futuro vicepresidente visualiza en ese momento la superación de la crítica que había hecho a la mentalidad del movimiento obrero que sale de escena con la Marcha por la vida de 1986. “Bajo esta mirada”,  escribe Linera, “el indígena aparece  no sólo como un sujeto político, sino también como un sujeto de poder, de soberanía” y propone “un Estado que, por esta presencia  india, tendrá que constituirse en otro Estado  y en otra República”. Una segunda  vertiente es menos urbana, y la relaciona  con “los discursos políticos integracionistas, que reivindica  el ser indígena  como fuerza de presión para obtener reconocimientos en el orden estatal vigente”. Y la tercera es la vertiente “culturalista, que se refugia en el ámbito  de la música, la religiosidad y que es denominada ‘de los pachamámicos’. Como veremos,  con el MAS en el Gobierno los pachamámicos conseguirán también poder estatal, al menos desde el punto de algunos críticos.

En Pueblos indios en la política (2002), que aquí complementamos con información proveniente de una entrevista que realice con el autor en 2009, Xavier Albó narra el recorrido de Felipe Quispe como líder de la csutcb después  del 2000 y su complementaridad/rivalidad con Evo Morales, que Albó describe como realización/quiebre del ayni (reciprocidad) entre aymaras, siguiendo la secuencia de bloqueos a veces coordinados y otras veces no acompañados, en las regiones controladas por Quispe y Morales. Ambos comandaban masivas movilizaciones, Quispe hablando de la toma aymara  del poder y Evo Morales contra la política de “Coca cero” de erradicación de la producción de la hoja en el Chapare iniciada por Banzer y seguida con violencia militar por su vicepresidente Tuto Quiroga, quien asumió el cargo antes de la muerte  del dictador, y que sería el líder de podemos, principal agrupación de oposición al MAS en la Asamblea Constituyente como sucesora de adn además de principal canal de expresión de la oposición de la Media  Luna.

Albó también escribe sobre un favor del Gobierno  a Felipe Quispe, favor vinculado   al título de historiador de su hijo, Eusebio, en momento en que se destrababa una difícil negociación  y que Quispe terminaría dando su apoyo a Wilberto Rivero como candidato del nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas, y también alejándose de Morales y otros movimientos sociales. Se hablaba de Felipe Quispe como candidato a vicepresidente por el mir, pero  El Mallku lo desmintió con una buena  salida: más bien él sería candidato a presidente y mandaría a Jaime Paz (que era el candidato a presidente)  al “Ministerio  de asuntos de blancos”[15].

Oí varios comentarios en tiempos de la Asamblea Constituyente sobre cuál sería el destino actual El Mallku, que en algún momento se calculaba que iría a ser el primer presidente indígena: “dejó la política  y está plantando nabo” o escuché también que “dicen que El Mallku está sólo indianista y dejó el marxismo”. Después de 2006, intentó reaparecer con distintos proyectos políticos y candidaturas pero también  demostró  externalidad con el juego político  al que entró el mas. Para las elecciones  de 2009, Evo Morales  lo invitó a sumarse pero El Mallku respondió con críticas al entorno blancoide que controlaría el Gobierno en lugar de Morales. Cuando fue diputado, buscaba criticar la etiqueta  de la institución, sentándose en un cuero, como en el campo, y renunciando  antes de terminar el mandato.  También se hablaba de denuncias de corrupción por la compra de tractores, que algunos explicaban como golpe político que aprovechaba la falta de manejo de códigos burocráticos por parte de la lógica comunitaria  de poder.

Ya como candidato a vicepresidente  de Evo Morales, García Linera no hablaría de Indianismo y marxismo, sino de Evismo, indianismo y marxismo (2008g, con primera versión más corta de 2005). Habla del indianismo como el movimiento que “cohesionará una masa movilizable, insurreccional y electoral, logrando politizar el campo político y consolidándose como una ideología con proyección  estatal”.

Distingue  entonces  la variante radical, liderada por Quispe, que constituye un “indianismo  nacional aymara”  con el “proyecto de indianización total de las estructuras de poder político”; de lo que  sería una variante moderada de indianismo liderada por Evo Morales con un “discurso campesinista que ha ido adquiriendo connotaciones más étnicas en los últimos años […] con un abanico de alianzas flexibles y plurales […] un proyecto de inclusión de los pueblos  indígenas en las estructuras de poder y poniendo mayor énfasis en una postura antiimperialista”.

Define a esta vertiente  como indianista de izquierda “por su capacidad de recoger   la memoria nacional-popular,  marxista y de izquierda formada en las décadas  anteriores, lo que le ha permitido una mayor recepción urbana, multisectorial y pluri-regional, haciendo de ella la principal fuerza parlamentaria de la izquierda y la principal fuerza electoral municipal del país”. En el artículo citado, García Linera llama evismo a lo que con cierta licencia interpretativa considera “indianismo” del mas. En otra entrevista (Stefanoni,  Ramírez, Svampa [2009]) lo explicará como “indianismo flexible capaz  de convocar a los sectores no indígenas, mestizos,  sectores medios urbanos”, en un “proyecto de auto-representación de la sociedad plebeya y los movimientos sociales que rompe las anteriores estrategias de lucha por el poder”; que propone un “nacionalismo expansivo, una nación con ‘unidad en la diversidad’”.

Pero si bien el universo  indianista del katarismo  no es la identidad  que carac-teriza al Gobierno de Evo Morales y los campesinos, debemos reconocer la fuerza del proyecto  indianista y evaluar su rastro también presente en el Gobierno  del mas, especialmente a partir de importantes  trazos introducidos en el nuevo  texto constitucional, además de la participación  concreta de algunos cuadros kataristas en áreas gubernamentales  específicas  (cultura, cancillería, justicia comunitaria).Vimos que ese fue el origen  de las ideas  que permitieron  definir la composición del “pueblo boliviano”, combinado las clases sociales  con las naciones  indígenas. Y será también del katarismo  desde  donde  llega hasta la Asamblea Constituyente la propuesta  del Estado Plurinacional. Xavier Albó recordaba en una conversación que el primer congreso en que se funda la csutcb fue clandestino, en un cine que ahora es parking de autos, y que el segundo fue ya en democracia, en 1983, grande y bien organizado. En ese congreso, la tesis política  que se plantea es la del Estado Plurinacional. Aunque no era la primera vez que el katarismo  utilizaba este término[16].

En la tesis  de fundación de la csutcb, de 1979, se dice: “los campesinos aymaras, qhechwas, cambas[17], chapacos, chiquitanos, moxos, tupiguaraníes y otros, somos los legítimos dueños de esta tierra. Somos la semilla  de donde ha nacido Bolivia y somos los desterrados en nuestra propia tierra. Queremos  reconquistar nuestra libertad cortada en 1492, revalorizar nuestra cultura y con personalidad propia ser sujetos y no objetos de nuestra historia…”. En la tesis del 83, incluida como anexo en el libro  de Silvia Rivera (2003), leemos: “Somos herederos de grandes civilizaciones. También somos herederos de una permanente lucha contra cualquier forma de explotación y opresión. Queremos ser libres en una sociedad sin explotación ni opresión  organizada en un Estado Plurinacional que desarrolla nuestras culturas y auténticas formas de gobierno propio”[18].

En la década  del 80, después de normalizada, la csutcb creará la Corporación Agropecuaria Campesina (coraca), su “brazo económico”, en un contexto de disputas faccionales entre partidos de izquierda, ong, y el katarismo.  Félix Patzi (2007:46) da cuenta de la división que deriva de esas disputas, con un bando que defendería una posición clasista por el socialismo  (Víctor Morales desde  el Movimiento Campesino de Base) y otro pluri-multicultural (de Genaro Flores, Víctor Hugo Cárdenas, etc.). Poco después,  muestra Patzi, al entrar en la década del 90, la lectura clasista de la vanguardia proletaria y el camino hacia el socialismo iba cediendo espacio a los discursos  de “autodeterminación” o “pluri-multiculturalidad”. Felipe Quispe, seguido por algunos  sindicatos,  lideraría la vertiente de la autodeterminación alejado de los acuerdos con otros partidos, proponiendo estados independientes de quechuas y aymaras. La vertiente “pluri-multi” tendría más contacto con intelectuales mestizos,  la izquierda,  la iglesia y ONG[19].

Es interesante ver que el katarismo  da lugar primero a una versión multiculturalista que se articula con un gobierno neoliberal y, después, junto al mas, a partir de la búsqueda de superación de esa misma matriz política, hace que el proyecto plurinacional  se articule con políticas nacionalistas de aumento  de la intervención del Estado. Durante el mandato  de “Goni” y Víctor Hugo Cárdenas, se da lugar a reformas constitucionales que incluyen  el carácter “pluricultural y multiétnico” de Bolivia, se reconoce  las Tierras Comunitarias  de Origen (tco) para los indígenas, en respuesta a las marchas,y  se da lugar a la educación  bilingüe,  junto a políticas de descentralización y participación de las organizaciones  de base en la política municipal. García Linera critica desde  la cárcel estas políticas impulsadas por el mnr, en un número de los Cuadernos  de Discusión de Chonchocoro en 1993, titulado “El ‘pluri-multismo’  o el vergonzoso asimilacionismo  burgués”[20]. Según Patzi (2007), los mestizos  de izquierda “se dieron cuenta que la propuesta ‘pluri-multi’  era la única teoría de confraternización que podía  permitir  la convi-vencia entre dominados y dominantes. Por eso se apropian  de este planteamiento convirtiéndolo en algo propio”.

En sus fundamentaciones,  el proyecto de Estado Plurinacional en la Asam-blea, que había sido propuesto por las organizaciones  indígenas  y campesinas en el Pacto  de Unidad, era en primer lugar un desarrollo que surgía  desde  la matriz  katarista e incorporaba como principal  crítica el rechazo  al proyecto  de homogeneización cultural con  que se caracterizaba el proyecto de la Revolución Nacional y también la visión  clasista de la izquierda moderna.  El proyecto bus-caba operar una contra-homogeneización que fuera en dirección contraria a la unidad cultural del mestizaje como identidad nacional impuesta desde 1952, con el monoculturalismo  castellanizante introducido  desde la escuela  y el servicio militar, con participación de la iglesia y la “campesinización” como identidad que se imponía a través de sindicatos que las leyes de la reforma  agraria obligaban  a formar y operaban la introducción  de comunidades en la economía de mercado fragmentando la propiedad  comunitaria del ayllu. En segundo lugar, además, el proyecto del Estado Plurinacional se distinguía de la experiencia de reformas de la década  del ‘90, consideradas multiculturalistas y, como tales, con un reconoci-miento de la diferencia meramente  retórico, no realmente descolonizador y que estaba herido de muerte por su complicidad con la república  liberal.

Puede pensarse entonces que la nueva propuesta incorporaba también el reco-nocimiento de la autodeterminación, que en la década anterior había permanecido ajena al programa  del katarismo “pluri-multi”. El aire de familia del katarismo, sin embargo, conectaba  todas estas variantes que en el Pacto  de Unidad y la Asamblea, además, se articularía con otras vertientes contenidas también  en el espacio político abarcado por el mas. Además de la inclusión  de los indígenas en lugar central en la definición del “pueblo  boliviano”,  la Nueva Constitución establecería en su primer artículo, luego de la caracterización  del Estado  como Plurinacional y Comunitario, entre otras definiciones,  que “Bolivia se funda en la pluralidad  y el pluralismo  político, económico,  jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso  integrador del país”.

En el segundo  Artículo del proyecto de Constitución,  el sello katarista pluricultural, combinado con la lucha  por la autodeterminación,  incluiría, además, la declaración  de que: “Dada  la existencia precolonial de las naciones  y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre  sus territorios, se garantiza su libre determinación  en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía,  al autogobierno,  a su cultura,  al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación  de sus entidades  territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”. En otros artículos se garantizan las creencias  espirituales “de acuerdo con sus cosmovisiones” y se oficializan “todos los idiomas de las naciones  y pueblos indígena originario campesinos”.

2.  La coma que separaba indígenas de campesinos; y al ayllu del sindicato

2.1. Los “indígena originario campesinos” en el proyecto de Constitución

Antes  de llegar a la fórmula  final en la definición de “pueblo boliviano”, el borrador de la Constitución  se refería a “naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos”, con una “y” entre “indígenas  originarios”  y “campesinos” y con todos los términos  en plural. Esto no conformaba a constituyentes que provenían de las filas de los sindicatos  campesinos ni a las organizaciones  sindicales del campo de la base del MAS que criticaban  la separación entre originarios y campesinos como una discriminación que estaría indicando  que los campesinos no son indígenas, modo en el que ellos también se identificaban. Los deseos de “descampesinar” de sectores del katarismo  críticos del “proceso de transformar comunarios  en campesinos”, impulsado  desde el Estado desde los 50, se chocan con la realidad concreta de campesinos que no tenían problemas con esa forma de denominación, ni con mantener sus propiedades  individuales de tierra y que eran compañeros  en el MAS y en el proceso de cambio contra el neoliberalismo y por la descolonización.

En concreto, los campesinos de la csutcb y los “colonizadores”  que habían migrado en busca de tierras, no querían dejar de ser reconocidos como indígenas, porque se reconocían como quechuas y aymaras, pero tampoco querían dejar de estar presentes  en la definición  con el término  de campesinos. Y se oponían entonces a que en la definición  de “pueblo boliviano” fueran separados de las naciones originarias y pueblos indígenas por una coma (“,”), que podría significar la pérdida  de derechos y que no se correspondía  con la forma en que ellos se auto-identificaban.  Al mismo tiempo,  tampoco querían dejar de lado la categoría con que fueron identificados –e inventados, incluso para sí mismos– por medio siglo. La crítica al “proyecto  de la campesinización” no impedía que siguieran operando  las explicaciones  del mundo que muchos habían incorporado, y que implicaba también la apropiación  positiva –incluso como blasón de lucha– del término campesino.

La discusión derivaba en el tema de cómo en los últimos años los sindicatos campesinos –y también el propio Evo Morales– comienzan a asumir una identidad indígena, sin dejar de lado la de campesinos. Era una situación  distinta a la del Perú, donde la identidad  campesina en las sierras era hasta hace poco unánime, y puede haber tenido que ver con la influencia del katarismo,  pero también sin duda con la amplitud numérica de lo indígena comunitario en Bolivia. Con la identificación de campesinos como indígenas se revertía  la dirección del proceso  dominante  en el siglo xx, marcado por el mandato “modernizante”  de “integración del indio a la vida nacional”,  que implicaba  dejar de lado, no sólo un reconocimiento étnico que más bien es a posteriori que se construye, sino instituciones, formas culturales, políticas y organizativas concretas, propias  de la vida comunitaria. Se revertía un proceso que, en realidad, nunca llegó a ser completo pese a los esfuerzos  estatales en terminar con la lógica comunitaria (y apropiarse de las tierras colectivas)  como señalaba un constituyente en el debate  que narra la historia política reciente  de Bolivia: “las bases siguieron hablando lenguas originarias y ahora están recuperando su identidad indígena”.

El Pacto de Unidad, que había elaborado el proyecto de Estado Plurinacional, contenía  esta tensión en su seno. Como mencionamos en la introducción, estaba conformado de forma más permanente por tres organizaciones “matrices” campesinas  (la csutcb, los “colonizadores”  y la Central  de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa) y por dos organizaciones matrices de originarios e indígenas (conamaq,  formada por ayllus especialmente  de tierras  altas y cidob,  con representantes  provenientes  especialmente  de las  tierras  bajas orientales).  En función de esta división en el mundo político boliviano,  la unión  de indígenas y campesinos aparecía en primera  instancia como contra-natural. Las dos mitades del Pacto de Unidad mostraban sus diferencias en la cotidianidad de sus relaciones en la Asamblea,  y el propio Evo Morales había hecho referencia a la diferencia de status de las distintas  organizaciones cuando, en la reunión   “para afinar  el proyecto” en Cochabamba con los constituyentes, dijo que al hablar de la Asamblea Constituyente “los indígenas  son los impulsores, y los campesinos los que se movilizarán y la defenderán”. conamaq y cidob eran organizaciones indígenas que formaban  el Pacto de Unidad y apoyaban el proceso de cambio liderado por Evo Morales, pero no eran “orgánicos” del mas, ni participaban de sus congresos e instancias de decisión. Como organizaciones, no formaban  parte del Estado y aunque había algunos (pocos) constituyentes de cidob y conamaq entre los asambleístas elegidos en las listas del MAS la relación era en varios puntos tensa y conflictiva. Pero  al mismo tiempo lo que se veía en este proceso  constituyente es que ambas partes se unían y encontraban.

Para muchos en la oposición, la identificación de campesinos como indígenas era algo así como un golpe o engaño de quienes buscaban privilegios. La definición del ser indígena  no era para estas personas  compatible  con la participación en instancias políticas estatales ni tampoco con el uso de reloj, ropa moderna o anteojos. A pesar de las raíces  étnicas de los campesinos, que en muchos casos incluso conservaban  la lengua y otras tradiciones, e incluso para algunos constituyentes del MAS y especialmente de otros partidos, las categorías  de campesino e indígena no eran asimilables. No se aceptaba una definición amplia y genérica de lo indígena. En la reunión  de constituyentes, revisando el proyecto, el abogado potosino Víctor Borda opinaba que campesinos e indígenas debían permanecer como sujetos separados porque “los campesinos no son precolombinos,  son del ‘52”. José Lino Jaramillo, de Tarija, no estaba de acuerdo y le contestó que unos y otros “tenemos  las mismas raíces”.

Las tensiones  entre las organizaciones indígenas y campesinas tenían que ver directamente con el rumbo del proyecto de Estado Plurinacional. El mismo era el marco de un proyecto que iba acompañado de medidas que los campesinos y colonizadores parecían no acompañar o, en algunos casos, rechazaban explícitamente.  Durante la Asamblea, las organizaciones indígenas cidob y conamaq, se quejaban de la falta de acompañamiento por parte de la otra mitad  del Pacto de Unidad en reivindicaciones que para ellos eran partes fundamentales del proyecto de Estado Plurinacional, como la autonomía indígena, la representación directa, el reconocimiento  de la propiedad  colectiva, etc. Y uno puede preguntarse por qué esta tensión, cuando vimos que la csutcb es creada por los kataristas que se alejan del proyecto de Estado del 52 impulsado por el mnr y continuado por los militares; y que esa central sindical desarrolla propuestas que son antecedentes directos  para  la formulación de la propuesta de Estado Plurinacional. Lo cierto es que el indianismo katarista que  funda  la csutcb treinta años  antes de la Asamblea explica el Pacto de Unidad y el acercamiento  entre campesinos e indígenas, pero como organización sindical que se expande a nivel nacional, incorpora desde su origen también  la herencia de la reforma  agraria,  la campesinización y la mentalidad moderna que aunque mantiene  prácticas tradicionales en su forma de organización,  adopta una forma política moderna  (la del sindicato). La csutcb rompe en 1979 con las organizaciones campesinas anteriores, que se encontraban ligadas  al Estado  del mnr y de los militares;  pero como nueva Central, pasa a ocupar  el lugar de las viejas estructuras sindicales,  con las mismas bases sometidas al proyecto de convertir “comunarios” en campesinos bolivianos hispanohablantes pequeños productores con propiedad  individual, con importantes rupturas pero, como en todo importante movimiento, también con continuidades.

Para  entender  la csutcb en momentos de la Asamblea  –y la ambigüedad en la discusión  alrededor de la coma en la definición  de “pueblo”– debemos ir más allá de los kataristas que habían logrado en 1979 crear una nueva central sindical (la csutcb) englobando bajo su control a todo el sindicalismo  campesino nacional, y manteniéndose en la dirección  del mismo hasta 1988. La fuerza política que esto significó, les permitió enterrar definitivamente  el pacto militarcampesino iniciado por Barrientos en 1964, pero de manera natural el núcleo de dirigentes salidos de Aroma perdería cohesión y se vería expuesto a otras miradas políticas con las que debería convivir. De algún modo, los kataristas en la csutcb dirigían un ámbito que no era el que más se ajustaba a su visión política. Silvia Rivera escribe que “el sindicato como modalidad única de organización significaba introyectar  la herencia clientelista, populista y homogeneizadora del modelo ciudadano y negar en los hechos  el pluralismo  cultural y organizativo de las sociedades  indígenas  reales. En esa medida, la csutcb se aisló de las organizaciones indígenas de la amazonia y de las autoridades  étnicas de regiones como el norte de Potosí, el occidente de Oruro e incluso el Altiplano y valles de La Paz y Chuquisaca,  donde la presencia  sindical  resultó artificial y no estuvo exenta de las prácticas prebendarias  y civilizatorias heredadas  del sindicalismo mestizo de la etapa  1952-64” (2003).

Silvia Rivera habla también de que el propio katarismo fue víctima de “efectos perversos emanados de la articulación liberal-populista-colonial,  reproduciendo prácticas que acabaron contradiciendo su propia  ideología pluriétnica” (2003:50). Este contexto permite entender las posiciones  que encontrábamos  entre campesinos de la csutcb dirigida hasta 2010 por el mestizo cruceño Isaac Ávalos, vinculado al comercio de tierras, y la Confederación de Colonizadores de Bolivia, dirigida por Fidel Surco, con una empresa de transporte en los Yungas  de La Paz. Ellos eran legítimos  dirigentes del MAS por su participación en las luchas anteriores  al triunfo electoral, pero no se enmarcaban en la tradición  intelectual y política del katarismo.  Sus posiciones internas en el Pacto de Unidad distaban del indianismo  clásico que había  fundado  la central y se aproximaba en sus posiciones a ese nacionalismo popular que deriva de la Revolución del 52 y en el que se incluía buena  parte del Gobierno de Evo Morales. Esta realidad combinatoria de lógicas políticas distintas, permitía  entender en 2007 los límites que podían tener, desde  el interior del propio proyecto  político del mas, las propuestas  del indianismo katarista más radicales en la propuesta de descolonización y superación de la forma republicana y liberal, entendida como forma occidental y colonial.

Contra una oposición poco explícita  desde el interior  del  mas,  serían conamaq, organización derivada como la csutcb del katarismo  altiplánico, y cidob, de los pueblos amazónicos,  desde donde se exigiría–junto a algunos pocos  constituyentes– profundizar,  desarrollar y transversalizar  la idea de Estado Plurinacional, para que esta idea no fuera un rótulo meramente declarativo. La tensión se vivía en el Pacto de Unidad y al interior  de la csutcb como una tensión entre un modelo político moderno, acompañado de una identidad indígena genérica y difusa, y la búsqueda de las tradicionales formas  culturales y políticas indígenas, criticada a menudo como “folklorismo”. La fórmula que superaba estas diferencias  y juntaba a todos los quechuas, aymaras, guaraníes y miembros de otras etnias en una única categoría englobante,  era la de “pueblos y naciones indígena originario campesinos”, sin comas y con el plural sólo en el final, incluida por los constituyentes en el proyecto  de Constitución y que postergaba o sublimaba  las diferencias entre campesinos e indígenas en el texto que redactaban.

La fórmula que unía en un único nombre sujetos sociales diferentes y también distintas formas  de ser indígena implicaba  una amplitud  conceptual que permitía  incluir grupos  étnicos nómades, poblaciones reducidas en las misiones con economía de subsistencia,  junto a comunidades campesinas con propiedad individual. Esta variación para muchos traía el riesgo  de que  el indianismo menos genérico, que conservaba modos de vida comunitarios menos combinados con formas modernas de mercado, se diluyera en la falta de definición  de lo indígena, que incluía también a campesinos mestizos modernizados. Otros advertían que con esa definición, lejos de diluir la “indigenidad”, se abriría  la posibilidad de generalizar para grandes cantidades de campesinos (mayoritarios en sus Municipios) los regímenes de derechos especiales que en otros países sólo son pensados para aplicar a poblaciones  minoritarias. Este era el miedo de la oposición al MAS en la Asamblea, que criticaban  la idea de Estado Plurinacional como régimen etnocrático que excluiría a los mestizos  y dejaría a una minoría  mestiza sin garantías ni Estado de Derecho frente a los excesivos derechos otorgados a excesivos indígenas.

Adolfo Mendoza, asesor de las Bartolina Sisa, contribuyó en la creación  del nuevo nombre de “pueblos y naciones indígena originario campesinos”, que se incluiría en gran cantidad de artículos del proyecto  de texto constitucional elaborado por el mas, como referencia  del actor protagónico  del nuevo texto, el de las mayorías y minorías finalmente incluidas en la Constitución desde sus particularidades. Él defendía la fórmula en una de las tantas reuniones con constituyentes en la revisión del proyecto. La defendía afirmando que no importaba el nombre sino el sujeto social, se trataba de un sujeto con los tres nombres “indígena originario campesinos”, “como si se dijera Luis Pedro Enrique o José María Jorge”. Los nombres tenían que ver con la denominación  cultural histórica  de cada sector. Mendoza daba el ejemplo de su nombre, segundo nombre, y dos apellidos, que no iban separados por comas cuando firmaba.  Hernán Ávila, del cejis y cercano a las organizaciones de tierras bajas, explicaba que el término  “campesino” hacía referencia a actividad pero internacionalmente se reconoce como referente a identidad originaria, por lo que se había  adoptado la fórmula de “indígenas originarios campesinos” como acuerdo del Pacto de Unidad.  La constituyente Isabel Domínguez, ejecutiva de las mujeres campesinas  de Bolivia, decía en la discusión que “si traicionamos un Artículo vamos a recibir justicia comunitaria,  vamos a ser wasqueados [golpeados con chicote]. Somos todos originarios, no menonitas  ni brasileros [presentes, de hecho, en la zona  rural del Oriente boliviano]. Sacamos una propuesta con organizaciones”.

El Pacto  de Unidad era la  unión de las organizaciones  que la definición también  estaba juntando en la situación  de redacción de la Constitución,  y que permanentemente  eran separadas por chicanas políticas, bromas, diferencia de miradas  políticas o de formas de entender la identidad indígena entre los distintos miembros de esas mismas organizaciones. Entre los constituyentes que protestaban con la nueva  fórmula,  se encontraba  el caso de los que venían de comunidades campesinas no identificadas como indígenas, notablemente en Tarija, uno de los departamentos con más bajo porcentaje de población indígena (18% en el censo de 2001). Por otra parte,  la identidad campesina seguía teniendo  su atractivo para muchos en la csutcb que criticaban a organizaciones como conamaq, por “querer volver al pasado” y hacer lugar a un discurso “importado por ong extranjeras”. Se le atribuía  al propio Evo Morales, el mandato  de que en la Constitución  “no pongan  indígenas en todos lados” y que “paren  con el indigenismo”. Al respecto, Hernán  Ávila del cejis decía que de a poco csutcb va a ir perdiendo  de conamaq, y la identificación campesina frente a la indígena, y que ellos lo saben… decía Hernán, y por eso muchos decían en tono crítico que ahora convenía ser indígena, tal como fronteras afuera del MAS la oposición  también  se disgustaba. “Era conveniente para conseguir  tierras”, decían ciertos sectores. Evo Morales era uno de los que saliendo de la comunidad  se había convertido en campesino colonizador, para más recientemente  recuperar  la identidad indígena,  a pesar de no hablar lenguas originarias ni vivir en el marco de obligaciones comunitarias del ayllu. Por eso,  tanto desde  el indianismo nacionalista aymara  como desde sectores conservadores se denunciaba que el carácter indígena  de Morales era falso.

Las tensiones entre organizaciones campesinas e indígenas llevaban frecuentemente a dudar en la fortaleza  y viabilidad del Pacto de Unidad. Hernán Ávila contaba que en febrero de 2007 los asesores del pacto se reunieron  en Santa Cruz, cejis dominó las reuniones  y desde ahí no se habían  vuelto a hablar. Comentaba que el trabajo en el proyecto  de Constitución lo retomó el Bloque Oriente, formado por las organizaciones  sociales de Santa Cruz, junto a ong “amigas”, pero en esa ocasión sin los campesinos. Según este técnico que trabajaba en el apoyo técnico a organizaciones y constituyentes, sólo cuando  Isaac Ávalos vio que ese trabajo era reconocido,  los campesinos volvieron  al Pacto para apoyarlo. En mayo de 2007 se reuniría nuevamente el Pacto para aprobar la propuesta que había sido formulada en agosto de 2006 y organizar  la reunión  en Cochabamba con constituyentes y Evo Morales. Esta reunión es importante porque  reubica al Pacto como actor político del proceso constituyente, después de que su presencia política hubiera menguado y su existencia sólo se estuviera manteniendo  porque su muerte no había sido decretada, a pesar de no haber tenido más reuniones ni instancias de coordinación. La vuelta de colonizadores y campesinos y el apoyo de estos últimos a la propuesta, cuya base era en realidad más cercana a los planteamientos de cidob y conamaq que a los campesinos del Pacto, daría el aire político necesario  para convertir la propuesta en base de texto constitucional del MAS de varias comisiones. Junto a propuestas de los Ministerios  y de expertos, este fue un insumo importante para el trabajo en la redacción de la Nueva Constitución.

El tema de la creciente asunción  de la identificación indígena,  a veces estudiado como “emergencia” indígena, aunque habría que preguntarse para quién y por qué ciertas poblaciones  eran o no visibles, tenía también  un reflejo en el nombre de las organizaciones que eran parte del Pacto de Unidad, por ejemplo en el caso de las mujeres campesinas de la Confederación Bartolina Sisa, quienes modificaron  el nombre de su organización   incluyendo  la palabra  “indígenas” junto a la de “campesinas”[21]. Las variaciones de la nomenclatura  de los pueblos indígenas en la Constitución  se sintieron también  en la redacción del proyecto de capítulo  de autonomías  entre  los  constituyentes  del  mas.  En una reunión para avanzar en la redacción  de artículos realizada en la casa de la secretaria de la Comisión  de Autonomías, Magda Calvimontes, se trataba sobre  la denominación de las unidades  territoriales. Estas eran  formada  por población más territorio, decía uno, y mencionaba lo importante  que fue el territorio para que los judíos se desarrollaran como nación. Por derivación de la discusión  de la composición  del “pueblo boliviano”, las “Unidades Territoriales Indígenas”, se llamarían “Unidades Territoriales Indígena Originaria Campesinas” (que serían los espacios territoriales que reemplazarían a las anteriores Tierras Comunitarias  de Origen establecidas en 1994, incluyendo el concepto más integral de Territorio). Los Municipios podrían ser también Indígena Originario Campesino; y también existiría  la posibilidad de que haya Región Indígena Originario Campesino, si esas unidades accedían a la autonomía  indígena.  Durante la lectura del proyecto,  alguien  pedía que no se “encapsule” a los indígenas  en el Municipio,  “pueden ser más que eso”. Dependería de que dos tercios de los habitantes así lo definieran  en referendo. Aunque en la búsqueda de consenso  con la oposición, “el presidente Evo” había definido “que no se modifiquen los límites  territoriales”. Se trataba entonces  de pensar una redacción que no cerrara esa posibilidad para el futuro, pero que aún no la implementara y en eso estaban constituyentes, dirigentes y asesores intentando avanzar con la redacción.

De igual modo, se había definido que la región indígena  no podría superar los límites del departamento. “Con eso nos dieron jaque mate”, decía Iván Égido, asesor de la cidob. Adolfo Mendoza explicaba que era una decisión política de otro orden. “Hace cinco años que nos hablan bonito”, escuché,  entre las quejas desde el ámbito  de las organizaciones  por esa decisión. Y alguien recordaba  las declaraciones de la oposición a favor, provocativamente,  de que un departamento pueda convertirse en departamento indígena también por dos tercios de los votos. La propuesta partía de una posición de Santa Cruz que sobreactuaba su indiferencia a lo que pasara con las mayorías  indígenas  del Altiplano; pero un constituyente del MAS decía: “¿por qué no lo tomamos?”. Sobre las consecuencias en el país de las discusiones  que estaban sosteniendo, alguien ponía el ejemplo de Tarija, con 12 Municipios: “no siempre va a haber reconstitución, donde gana el movimiento  popular será campesino e indígena, donde no, nos entraran por el lado  de territorio”. Y había dudas con la unidad  “región”;  un asesor decía: “si ponés región,  te pueden mamar como podemos con las provincias,  que es pero no es”, en referencia a la unidad  provincial,  existente pero sin instituciones propias ni influencia. “Llamémoslo  únicamente  Territorio indígena Originario Campesino”, alguien concluía.

Los de conamaq querían que el nombre sea por denominación cultural histórica  de cada comunidad;  en el caso del Altiplano aymara, querían que la Constitución  incluyera  los suyos, las marqas y los ayllus. Por otra parte,  la csutcb y los “colonizadores”  recordaban  que ellos estaban conformes  con la figura de Municipio, pedían entonces que cuando se defina unidades territoriales no se mezcle a las naciones  y pueblos. Era una crítica a la disputa  principal  de conamaq, que busca “descolonizar” los términos de las unidades  territoriales, reemplazado  el término de sindicato por el de ayllu, como denominativo de la organización  local. Ahora  en la discusión,  veían que municipio también debía reemplazarse por la unidad comunitaria tradicional correspondiente. El ayllu, que reemplazaba al sindicato, reemplazaría también al Municipio, con una concepción que integraba  territorio y organización comunitaria de parentesco y producción correspondiente. La cidob también  intervenía en el debate, con sus asesores y dirigentes, aclarando que no siempre sus territorios coincidían con el Municipio y que debería  llamarse solamente  “territorio indígena” para que no sea ocupado por campesinos que vendan la tierra. Pero  otro constituyente opinaba que debería ponerse la palabra  “campesino” para que no se inviabilice, porque la csutcb no permitiría que fuera sólo indígena. Nuevamente  aparecía el problema  de que muchos campesinos no querían dejar de ser considerados indígenas originarios.

Mientras continuaban  con la lectura del proyecto  de informe de Comisión, los constituyentes y técnicos se encontraban con que se hacía referencia a “pueblos indígenas originarios y comunidades  campesinas”, separando los dos sujetos nuevamente.  Adelantando la discusión que ya citamos, pero que en realidad tendría lugar días después  en la bancada  del mas, el asesor Iván Égido ya sugería que se modificara por “indígena originario campesino” que era el acuerdo  al que había llegado el Pacto  de Unidad. Pablo Zubieta, en cambio, pedía que la decisión se postergase  hasta que hubiera en la reunión  alguien  de “la Única”  (csutcb) presente. Junto con Magda Calvimontes opinaban que debía mantenerse  la “y” separando pueblos indígenas y comunidades campesinas. Iván Égido decía que era un acuerdo de meses de discusión.  Criticaba  la idea de campesino con la imagen de que en la misma “entro yo que tengo tierras, o tu papá con hacienda. Campesino es cualquiera que vive en el campo, cuando se trataba de beneficiar a los indígenas  o campesinos con poca tierra”.

Jorge Saunero, asesor de conamaq,  pedía por su parte no confundir   la creación de entidades con la reconstitución  del territorio, que su organización promovía. Y consideraba que los campesinos “no quieren asumir pero también tienen asentadas historias”. Hablaba  de un “debate histórico con campesinos”. La redacción  del Artículo incluiría que “la conformación  de entidades  territoriales indígenas originarias campesinas se basa en la reconstitución  de sus territorios ancestrales y en la voluntad  de su población expresada en consulta democrática conforme a sus normas y procedimientos propios de acuerdo a la Constitución y las leyes”. Jorge pedía que en el proyecto,  en los procedimientos  establecidos para cuando  un territorio vaya a convertirse en indígena,  se hiciera referencia a la preexistencia de la Colonia. De lo contrario, cualquier campesino podría reclamar el territorio.  Como era de esperarse,  los representantes de las organizaciones campesinas no estaban de acuerdo en que se los limitara; explicaban  que también habían  perdido  tierras que eran suyas antes de la Colonia.  Algunos  campesinos y colonizadores se asientan sobre  territorios no ancestrales, pero pedían el derecho a reconstituir territorios como los ayllus originarios.  Para no impedir esa posibilidad es que se debía escribir en la Constitución  “Entidades   territoriales indígenas originarias y campesinas”.

Lo que sí pedían los campesinos era que se estableciera una diferencia con “los campesinos  menonitas o daneses, dueños de muchas  hectáreas en Oriente”, para que ellos sí no fueran beneficiados. En la redacción  del Artículo habían  sacado el término “ancestrales”, para considerar a los “colonizadores”,  o a los campesinos tarijeños, sin asentamiento continuo desde tiempo anterior a la Colonia. La conformación de entidades  territoriales se basaría en la reconstitución  de territorios sin exigir población permanente,  atendiendo a que en muchos casos los pueblos fueron expulsados de sus tierras pero  tenían derecho  a retornar. De ese modo, sin embargo, se estaba abriendo  la puerta para que “los menonitas  reconstituyan”, alguien advertía alarmado. La mención a indígenas originario campesinos impediría esa posibilidad y aparentemente, al final de la reunión, se había llegado a un acuerdo: “¿todos coinciden?”, preguntaba el constituyente  que tenía a su cargo la computadora  con el archivo definitivo del texto.

Sobre  la consulta para que una  entidad  territorial se convirtiera en indígena, conamaq pedía que se quite el término “democrático” para la consulta,  ya que los procedimientos tradicionales de elección podían  no ajustarse a esa definición. También insistía en que se mencionaran los términos  originarios  para las unidades territoriales. Pero  los constituyentes notaban  que no era posible mencionar sólo unos nombres, por más difusión que el ayllu pudiera  tener en los Andes,  y no otros, como tentas y capitanías, usados en tierras bajas por los guaraníes.  Alguien proponía mencionar todos los nombres, como se había  hecho  con la mención de todas las lenguas  en uno de los artículos. Un asesor de conamaq veía el problema y se quejaba de que en tierras bajas  los pueblos  no estuvieran trabajando el proyecto  de reconstitución  territorial que ellos desarrollaban  en Occidente. “Nos agarró el proceso  en calzoncillos”, decía. Pero esta evaluación detonó una discusión fuerte, en la casa  de la constituyente  del MAS que hacía de sede de la reunión  entre constituyentes de la Comisión de Autonomías y las organizaciones. Un asesor de cidob contestó  al de conamaq: “es una opinión personal lo de estar en calzoncillos. Y es decisión de ustedes que se tenga que ser ayllu para ser indígena, pero no pueden imponerlo a otros”. Mencionaba también una comunidad que conamaq no habría reconocido porque mantenía  el nombre de sindicato. Los chiquitanos llaman capitanía aunque sea un nombre dado por las Misiones,  porque  les sirve, continuaba. Y pedía más responsabilidad a la otra organización aliada. Su posición era que no se incluyeran los términos indígenas, porque sería como poner en la Constitución  los nombres de los departamentos. Pero el constituyente Pablo Zubieta discordaba  recordando que los ayllus tienen nombres específicos. Y se quejaba: “si no va el término  ayllu tengo que explicar en Oruro que fue así porque cidob no quería”.

Finalmente,  las autoridades originarias  de conamaq presentes aceptaron que en el proyecto  del MAS se dijera “nombre ancestral que corresponde”, sin especificaciones.  Tata Víctor hizo mención a luchas de años y pidió disculpas por la discusión.  Vinimos de corazón abierto. Lázaro Tacoó, uno de los líderes de cidob pedía “que nos respetemos” y decía que ellos estaban contentos con el término “cabildo”. En Oriente no hablamos  de reconstitución, pero ya avanzamos en ello con las tco, agregaba. Magda decía a los indígenas  que ella tiene mucho que aprender de ellos para  defenderlos y festejaba su “acierto” de haber llamado a Isaac Ávalos, ejecutivo de la csutcb, y a Adolfo, asesor de las “bartolinas” porque  antes, decía, estaba sola en la reunión  para la defensa de los campesinos. Habían  trabajado el capítulo del proyecto de “autonomía de pueblos y naciones indígena originaria campesinos” que para el cruceño Saúl Ávalos, presidente de la Comisión, debía resumirse a “autonomía indígena” para cuando se hiciera propaganda o hablara con los medios de comunicación.

 2.2. Ayllu y sindicato

Las tensiones  en la elaboración del proyecto de Constitución en Sucre reflejaban las disputas  de las organizaciones  matrices en las comunidades.  Tenían que ver con el choque entre distintas miradas políticas, que la coyuntura  de la Asamblea Constituyente y la llegada al Gobierno  del MAS había conseguido acercar pero que aún existían como diferencias latentes, como se vería en las discusiones de la Asamblea. La controversia se vinculaba a la crítica que venía del katarismo hacia la forma sindicato como estructura ajena a las comunidades  que fue impuesta desde una concepción  monocultural. El katarismo siempre había combinado la visión  étnica con la visión  de clase, pero  en sus variantes indianistas  más radicales las formas  políticas de la izquierda  aparecían  como apenas otra forma  exógena y colonial. El sindicato fue establecido obligatoriamente para conseguir  tierras por el Gobierno  del mnr después de la reforma  agraria de 1953, esto era señalado en 2007 por sectores indianistas que en años recientes se habían alejado de la csutcb, creando en algunos casos otras formas  organizativas paralelas, en la búsqueda de reconstruir instituciones tradicionales. En esta crítica se señalaba también  la política de prohibición de atuendos tradicionales desde  la lógica sindical y nacionalista, que esgrimía que la misma remitía a la servidumbre de indios anterior a la Revolución. Los indios serían campesinos, y asimismo los comunarios pasaron a autodefinirse, hasta hace poco tiempo.

La crítica indianista estuvo presente desde el nacimiento de la csutcb, pero en la Asamblea de 2007 se expresaba especialmente en las posiciones de conamaq surgido en 1997 (a partir de trabajos en las comunidades iniciados años antes), con el proyecto  de reconstitución de territorios ancestrales –muchos fragmentados o usurpados por el régimen de hacienda desde hacía más de 100 años atrás– y también de recuperación del ayllu y las formas  tradicionales de gobierno comunal, a veces vigentes y otras siendo  recreadas a partir de la memoria y la reinvención.  En un proyecto de larga escala, conamaq apuntaba a reconstruir el Qullasuyu,  parte sur del imperio Inca, basándose en mapas coloniales, reconstrucciones históricas y el trabajo en las comunidades que realizaban frecuentes talleres y actividades dirigidas en ese sentido. En el tiempo de la Asamblea, los objetivos de conamaq consistían en lograr la inclusión  en la Constitución  de la libre determinación  para ejercer el autogobierno y la autonomía de las nacionalidades y pueblos indígenas originarios, con la meta  de alcanzar el Sumaq Qamaña (Vivir Bien). Los modos de conamaq para alcanzar ese objetivo  tenía tres pasos estratégicos:  Reconstituir  el territorio, Restituir las autoridades  del ayllu y Fortalecer  el gobierno  del Qullasuyu[22].

Según Xavier Albó, conamaq “logró que su discurso cuaje”, y pudo aprovechar la simpatía de ong internacionales a su propuesta indígena. Al mismo tiempo, las ong ignoraban a la csutcb, porque “se olvidan del katarismo”,  y los ven solamente como sindicatos, error al que induce  el nombre que tiene la organización. El crecimiento de conamaq también se vio beneficiado, según Albó, por el carácter autoritario de Felipe  Quispe cuando dirigía la csutcb, desde donde “botaba todo el que no estaba con él”. conamaq tuvo un momento de crisis cuando aceptó encontrarse con Banzer,  cuando  el ex dictador era presidente en el 2000. En ese momento, la organización buscaba diferenciarse de El Mallku, con el discurso de “no somos politiqueros”.  Pero este encuentro le valdría  hasta la actualidad críticas desde el resto de la política de izquierda y campesina  en Bolivia, aunque el que aceptó ese acercamiento y le colocó un poncho  a Banzer, Vicente Choquetilla, fue derrocado desde Oruro por las bases de conamaq y desde entonces la organización  había crecido e incorporado  autoridades de los ayllus, quedando  de lado gente urbana de La Paz y Oruro que había estado en el origen  de la organización.

CONAMAQ era una de las organizaciones  sociales más activas durante la Asamblea Constituyente, con veedores en varias comisiones y acompañamiento permanente con oficina en Sucre. Los principios que se buscan recuperar o reforzar en el trabajo comunitario  eran los de la dualidad-complementariedad;  la rotación;  la reciprocidad y la redistribución. Antes de que el Gobierno  entregara a conamaq una casa para ser su sede en La Paz, en 2008, los técnicos  de la organización trabajaban en la sede de una ong, con buena parte de su financiamiento proveniente de Dinamarca, motivo de la crítica más común a conamaq desde  las organizaciones campesinas, relativo a la supuesta influencia de intereses extranjeros anti-nacionales. conamaq se encontraba en el Pacto de la Unidad con organizaciones que apoyaban al Gobierno, pero mantenía su independencia y en algunas coyunturas fue crítica. En 2007, sus bases y organizaciones  locales vivían disputas internas entre sectores afines al Gobierno, sectores independientes y sectores cercanos al alcalde de Potosí, René Joaquino, del partido Alianza Social.

En momentos de la Asamblea, conamaq se definía como crítica del neoliberalismo, defensora del llamado “Desarrollo Integral” y también de la propuesta de Estado Plurinacional Comunitario. La organización, tenía una idea clara de lo que serían las naciones  del Estado Plurinacional, porque  así es como la Colonia española había traducido sus estructuras de gobierno, los suyus.  Jesús Jilamita,  uno de los principales  técnicos que trabajaban para conamaq, había participado de procesos de reconstitución en uno de los primeros suyus en iniciar ese proceso, y comparaba a estos con las provincias,  forma con que los cronistas  españoles habían llamado a las parcialidades indígenas  del Qullasuyu. Jesús me mostraba un mapa, en que se yuxtaponía Bolivia actual y alrededores con los suyus, que son a su vez integrados por markas,  “con variaciones dialectales”, explicaba  Jesús, y que a su vez son formadas por los ayllus (la comunidad local, con antepasado común). La idea de 16 suyus ideales que conamaq buscaba  reconstruir, se basaba en el Memorial de Charcas de 1552, 16 años después de la llegada  de los españoles. Pero el término “nación” aparecía con distintos sentidos en la política  boliviana; por ejemplo, para las organizaciones campesinas  representaba unidades delimitadas de forma mucho más genérica, como las de los quechuas  y aymaras, que eran consideradas naciones que incluían a la totalidad de esos pueblos, formados por todos los que se reconocían de esa manera. conamaq consideraba que la nación o nacionalidad que compone el Estado Plurinacional estaba determinada por variables que incluían población, territorio, gobierno e identidad  cultural.

La organización creció a fines de los ‘90 y en la década de 2000 con un discurso alternativo a la csutcb, tanto en la lucha katarista por la autodeterminación aymara como en la lucha  campesina salida de los valles cochabambinos por el control del Estado. conamaq tenía un proyecto de gran escala, pero su trabajo era más que nada a nivel local, con articulaciones regionales,  por lo que al igual que los pueblos  de las tierras bajas  del Bloque  Indígena  en el Pacto de Unidad, apuntaban a la autonomía  antes que a la disputa  por el poder  estatal. Un punto claro de diferencia con los campesinos,  era la crítica a la relación con los partidos políticos considerados, al igual que los sindicatos, formas modernas de organización ajenas a la comunidad. Y el conflicto de conamaq con los campesinos  tenía expresión especialmente en esos lugares donde  el ayllu y las autoridades  originarias rivalizan con el sindicato.  La reconstitución  del ayllu se realiza en muchos casos aprovechando la estructura del sindicato,  y por eso algunos  critican lo que veían solamente como cambio de nomenclatura adornado con ropas folclóricas. Desde esta visión,  conamaq correspondería a la Central Sindical,  y los suyus y markas a las federaciones  departamentales  y subcentrales de provincias. Pero conamaq asociaba  este cambio de sindicato por ayllu con la descolonización, lo que se transformaba en una lucha política cuando  en algunas comunidades las estructuras sindicales  se mantenían y el ayllu aparecía  de forma paralela y en tensión, como negación  del sindicato.

Esa era la gran diferencia  que separaba indígenas originarios de campesinos, en tanto el sindicato  se enmarcaba en la mirada clasista o de la herencia de la Revolución Nacional, los originarios del ayllu encontraban la cuestión étnica-cultural como fundamental. Por eso, la cuestión de la coma (“,”), en las discusiones de los constituyentes, implicaba la posibilidad de unión de miradas  políticas diferentes, ya unidas coyunturalmente en el Pacto de Unidad y en el apoyo de la llegada de Evo Morales al Gobierno y la convocatoria de la Asamblea Constituyente. El proyecto de reconstitución del ayllu era criticado por los campesinos como localista y fragmentador, además de funcional a los intereses extranjeros. Mientras que a la csutcb se la acusaba de estar pegada a la visión  de los ‘50 y los ‘60, y con vínculos fuertes con el clientelismo y las maquinarias  partidarias organizadas desde el poder del Estado. conamaq, de algún modo, desarrolla su posición  política en continuidad con las reflexiones del katarismo,  aún cuando  eso implicaba  alejarse de la organización  que el katarismo había creado[23].

Los asesores técnicos que estaban en Sucre  defendiendo  las reivindicaciones de las organizaciones  indígenas de tierras bajas  y de conamaq, tenían una posición crítica respecto de los campesinos. En la reunión  entre constituyentes, organizaciones y Evo Morales en Cochabamba (mayo 2007) los campesinos y colonizadores habían  mostrado sus reparos con el proyecto del Pacto de Unidad, llamando a término de las discusiones y buscando  dejar de lado algunas reivindicaciones, como el reconocimiento de la preexistencia y la propiedad exclusivamente colectiva para los territorios, puntos esenciales  para conamaq en el proyecto  de Constitución del mas. “La csutcb no decía  nada  en la reunión y al día siguiente dijo que no estaba de acuerdo”, se quejaba  uno de estos asesores, y otro agregaba “están aferrados a la lógica  del 52-53 y no aceptan  lo plurinacional”[24].

Como ya adelantamos, no obstante, la diferencia de miradas no se correspondía con una realidad en las comunidades  donde existía de hecho la oposición  y disputas  entre las macro organizaciones, pero también articulación, convivencia y transformación fluida. Los constituyentes daban cuenta de estas variables cuando hablaban de sus comunidades de origen. Jimena Leonardo, constituyente de pollera que impulsaría la Justicia Comunitaria en su Comisión, por ejemplo, había participado de estructuras tradicionales de mando, cuando por la enfermedad de su madre acompañó a su padre en su mandato de autoridad originaria. Pero al mismo tiempo  integraba como dirigente la estructura de la federación de mujeres campesinas de La Paz, y daba cuenta de cómo su comunidad era reconocida como ayllu, pero convivía con comunidades  vecinas organizadas en sindicato y unas y otras asistían a ampliados  sindicales tanto como a reuniones convocadas por conamaq. Su provincia  era “mitad ayllu, mitad sindicato”, decía. En su propia comunidad,  algunos iban cuando llamaba conamaq y otros cuando  lo hacía csutcb, o la federación  departamental  Tupak Katari; pero la comunidad estaba representada en ambas instancias. Eso mismo pude encontrar cuando acompañé a dos constituyentes a una comunidad de la circunscripción  en que habían sido electos, en el área rural de Oruro. En el salón donde los constituyentes exponían el avance  del trabajo en Sucre,  estaban sentados lado a lado autoridades originarias y dirigentes sindicales,  distinguidos  por las camperas de cuero en el caso de unos, y ponchos arriba de las mismas camperas, en el caso de los otros.

Un constituyente aliado del MAS que había sido elegido en una comunidad que se reconoce  parte de conamaq, Chuy Veizaga, vestía siempre un ll’uchu (gorro) tradicional y había  recorrido todos los ayllus de su circunscripción en un minibús de su propiedad acompañado de un compañero, que ahora era su asesor en la Constituyente, pero que permanecía la mayor parte del tiempo en la región, para hacer trabajo político. Esperanza  Huanca asistía también con vestimenta tradicional; provenía de un ayllu afiliado  a conamaq,  en un área del norte potosino que a pesar de la relación con el trabajo minero y los sindicatos nunca había perdido su organización comunitaria[25].

La crítica que García Linera  había  hecho  a la clase obrera en su Artículo sobre la marcha de 1986, superada en la Guerra del Agua,  ahora era direccionada hacia la estrategia  “ayllista” de conamaq, contrastada  con  la posición política de Felipe Quispe, junto a quien  estaría políticamente  hasta 2004. García Linera señala que “lo que separa a estas organizaciones son las estrategias políticas frente al Estado. Mientras  la csutcb [de Quispe] apunta a la toma del poder  estatal, vía sublevación, para instaurar un gobierno indígena a escala nacional, el conamaq apunta a una defensa de los derechos  locales de los ayllus a cambio del reconocimiento y legitimación histórica de la estructura estatal dominante” (Linera et al. [2004:336]). En la crítica de conamaq a la forma  sindicato, el futuro vicepresidente  del MAS veía una “lectura formalista y literal de las diferencias”.  García Linera  sostenía que  en la realidad  de las comunidades, los sindicatos habían mantenido las formas tradicionales de gobierno. Para García Linera “(h)ay ocasiones en que el sistema de autoridades  del ayllu se presenta  como una extraña artificialidad sustentada en el apoyo de ong y de vecinos de pueblo o residentes urbanos”. Y algo parecido sustentaba Félix Patzi cuando alejándose de la crítica de conamaq al sindicato decía: “el sindicato sólo fue dañino a nivel supracomunal,  es decir, desde central agraria hacia arriba (federaciones provinciales, departamentales y confederación nacional). Ya que todas estas instancias se estructuraron bajo  la lógica de la separación de la sociedad  civil y la sociedad  política, donde  los dirigentes  flotan por encima de las bases”. Pero Patzi considera a la comunidad blindada de esta política, y ve el proyecto  de reconstitución del ayllu impulsado por conamaq como idealización, “ya que el sindicalismo impuesto a partir del ‘52, había diezmado las formas organizativas de poder del ayllu” (2007)[26].

Esta supervivencia del ayllu por debajo del sindicato sería crucial para entender el momento político actual en Bolivia.  La emergencia étnica de los sindicatos campesinos y colonizadores tenían esa base material. En tanto el proyecto del MAS se estaba desarrollando como llegada al Gobierno de los campesinos e indígenas, podemos pensar que el intento de modificar  la estructura republicana  era la reproducción a nivel  estatal de la articulación  local de formas políticas modernas con la diferencia del ayllu. Estaba ocurriendo  en el nivel central de Gobierno, un encuentro que en los últimos 50 años se había  desarrollado en la comunidad con la combinación o choque de miradas. Omar Guzmán había trabajado junto a los campesinos en Cochabamba y visitaba Sucre para intervenir en el debate  de las comisiones y participar en reuniones que buscaban  revivir el Pacto de Unidad, en momentos de crisis. Hablaba  del carácter sindical y campesino del MAS con influencia  del marxismo de los 60, que pensaba al campesino como actividad económica equivalente a la de mineros y obreros; y pensaba a los indígenas afuera de este esquema, como economías de subsistencia.

Guzmán creía que conamaq había surgido para romper la csutcb y dividir el movimiento campesino. Lejos de la crítica al sindicato  como resabio colonial, veía la csutcb como organización anti capitalista que surge por la lucha obrera, después de la revolución  cubana,  y que mantiene  esta característica en su esencia y estructura. Y por eso a mi interlocutor le parecía  importante destacar a las “bartolinas” y cstucb por su perspectiva  de clase que viene  de la Revolución del

‘52, con un discurso más consistente “que no genera rechazo como el de hablar del tiempo de antes de la Colonia, como hace conamaq”. Omar defendía que la mirada cultural no reconocía la lucha de clases y recordaba que “la transformación no es en el cielo, sino en la tierra”[27].

Las autoridades originarias de Pakajes, en el departamento de La Paz, y de los ayllus de la provincia  Bolívar, en Cochabamba, mostraban un matiz interesante de las realidades  que conamaq contenía.  El primero era un ejemplo exitoso de reconstitución de ayllu, en el segundo,  el ayllu convivía  de forma  paralela al Municipio, controlado por autoridades sindicales. En un evento para discutir las autonomías,  el “Tata autoridad” de Pakajes explicaba que se trataba de poner en letra la autonomía que ya existía, y que por acuerdo de conamaq la autonomía sería a nivel de marka o suyu y no de ayllu, y debería  dejar atrás al Municipio. Ellos habían  “enterrado”  al sindicato  el 13 de septiembre de 1997. Explicaba que actualmente para algunas cosas articulaban con el Municipio y que para otras no, o gradualmente. Después de haber reconstituido, el siguiente paso fue la gestión territorial, estaban inventariando  los recursos naturales con gps, y habían contratado dos consultorías. Los recursos naturales se manejaban a nivel suyu, y tenían un Poder  Ejecutivo  de mallkus y otro Legislativo de amautas (sabios), que cuando hubiera autonomía se iría a ocupar de leyes. Pakajes tiene 10 mil km cuadrados y 50 mil habitantes, pero  el Gobierno no había querido reconocer todo el territorio como tco, explicaban.

El Mallku de Pakajes  contó que a pesar de haber enterrado  el sindicato  y sacado la personería  jurídica, cuando  Felipe Quispe formó su partido en 2002 el sindicato  había vuelto, por lo que había ahora dos estructuras. Pero ellos de conamaq tenían legitimidad y el sindicato  “tendrá que incorporarse”, decía. Veía a la csutcb ligada al sistema  y “campesinada”,  mientras que ellos habían resistido 500 años, decía. Los de Carangas, en Oruro, habían reemplazado  el sindicato, pero en Orinoca,  tierra natal de Evo Morales, estaba volviendo. En Pakajes se incluía entre los objetivos exigir una participación en el directorio de las explotaciones mineras  de comibol y un porcentaje para “emprender  el desarrollo”. También recuperar  la cultura milenaria. A largo plazo el proyecto era sumar más territorios a las 10 markas ancestrales iniciales, que formaban parte del suyu original del que Pakajes es la cabeza,  pero que ha sido desestructurado. Para el desarrollo productivo  los recursos que llegan por la Ley de Participación Popular (de 1996) no eran suficientes y por eso tenían alianzas estratégicas para el desarrollo productivo con viceministerios, financieras y universidades. Nuestros antepasados usaban  oro, plata y prendas; era igual, reflexionaba.

Los ayllus de Cochabamba se quejaban  del Municipio, que era el único ejecutor de recursos. Una mujer que acompañaba a las autoridades  como asesora ad honorem explicaba que los alcaldes no tenían conocimiento de los procesos  de reconstitución y hacían escuelas, canchas de futbol, letrinas o acequias, asesorados por ong, pero no lo que quería el pueblo.  La visión es la del Banco  Mundial  o Naciones Unidas. Cualquiera que gana las elecciones  se enmarca en las leyes y los financiamientos.  Las instancias de control y gestión participativa (también establecidas en la Ley de Participación Popular de 1996) son todos hombres y todos dirigentes sindicales. Y como son del partido, eligen gente del MAS para comité de vigilancia y dicen “no escribir carta al presidente, no criticar al partido”, porque piensan en ser diputados en el Gobierno, o hacen una fiesta y se resuelve todo. Toda la provincia  es tco, explicaba, pero no pueden titularla porque hay oposición de los propios comunarios y el sindicato.  El Municipio no quiere volverse autónomo porque dicen que las autoridades originarias reemplazarían  al sindicato. La estrategia de esos comunarios de conamaq es no entrar al Gobierno Municipal, “porque desde las leyes no puedes hacer nada”. Se quejaba de que los que eran elegidos abrían su oficina y se olvidaban de todo. “Nosotros estamos en la reconstitución  y no en lo electoral y nos chocamos como moscas en la pared”, compartía en la reunión.  No quieren saber nada de los ayllus. Nosotros también somos indígenas,  dicen los del sindicato, los ayllus no tienen lugar. “Pero como estamos afuera hacemos  control social, y tienen una visión que no es desarrollista sino de suma qamaña.

En otro encuentro de conamaq, en Sucre, mientras sesionaban  las comi-siones de la Asamblea,  en Junio de 2007, Jesús Jilamita presentaba un informe a las autoridades,  Mama qállas y Tata mallkus. Eran momentos  críticos, porque se temía que muchas de las propuestas o reivindicaciones de conamaq salieran del proyecto  del MAS en la Asamblea,  en su afán de conseguir consenso con la oposición. Tenemos 16 constituyentes en el MAS y otros partidos no enemigos–evaluaba Jesús– de los cuales 11 son de ayllus integrantes de conamaq, pero sólo dos están aquí en la reunión.  Muchos  de los constituyentes propuestos  por conamaq e incluidos en listas de partidos, ya no respondían a la organización ni asistían a sus reuniones, y no “bajaban” a dar informes.  No hay ni un constituyente nuestro en la Comisión de Tierra y Territorio, criticaba Jesús, en lo que veía como error técnico. En Tierra y Territorio se trata la reconstitución que es central para nosotros, decía a las Tata autoridades. Pero no todos fueron fracasos, continuaba. Evaluaba que se trataba de un momento histórico que en mucho tiempo no iría a repetirse. ¿Hace  cuatro meses qué incidencia teníamos?, preguntaba. Y consideraba que “hemos estado avanzando”[28].

Desde CONAMAQ se pensaba en tiempos de la  Asamblea convocar   al II Congreso Indigenal (el primero había sido en 1945), que era una propuesta que serviría para preguntar qué quieren  los pueblos con territorio, autonomía y recursos naturales, decía Jesús.  Este asesor técnico observaba que la prensa  no saca las propuestas de la organización a pesar de comunicados, para que la gente no tenga miedo. No habían publicado la propuesta de que los originarios  de las tierras altas pudieran tener tierras fiscales en Oriente. Desde conamaq se criticaba una ley que da tierra que sólo acepta dotaciones por cercanía, porque “nos deja de lado”. También criticaba el término “adjudicación”  para las dotaciones  de tierra, que es término de españoles  para rematar las tierras. Al día siguiente del evento habría un Acullico (mascada colectiva de coca) que se haría en la Recoleta  de Sucre, por tratarse de una fecha astrológica importante. Se utilizaría el espacio para reclamar por  la inclusión  de las propuestas de conamaq en las comisiones: “tenemos que sentar nuestra posición”. Los de la cidob, de tierras bajas,  todavía no sabían si asistirían, y algunos de conamaq veían a la cidob “en el juego  de aceptar tener costos para no pelearse dentro del Pacto con los campesinos”. La autoridad para el acto sería el Mallku del suyu Qhara-Qhara,  porque  Sucre está en el territorio de ese pueblo. Este debería  definir si sólo las autoridades o todos los comunarios deberían estar presentes  en la ceremonia, a la hora de la salida del sol. El horario no era el mejor para convocar a la prensa,  pero los invitarían para el final.

CONAMAQ había hecho  del nombre ayllu un tema político, aunque como escribe Javier Hurtado (1984), todo resurgimiento aymara se cocina siempre en la defensa de la lengua  y del ayllu. Esa posición que distinguía a la organización  se basaba en la crítica al sindicato,  que surge desde sectores intelectuales vinculados al katarismo,  pese a que los vínculos del katarismo  con las estructuras sindicales siempre fueron fuertes. El concepto  ayllu, sin embargo, iba más allá del concepto sindicato, refiriendo también  a la unidad territorial comunitaria y cultural. Como si además de un significado paralelo al de Estado, como institucionalidad política, ayllu representase  también  un sentido  paralelo  al de Nación, con el vínculo  de nacimiento y de parentesco  entre sus miembros. La crítica de que era sólo un cambio de nomenclatura tiene que ver con que el sindicato generalmente  es en Bolivia también más que un sindicato; aunque el ayllu contenía  de forma más explícita  el deseo descolonizador que a veces podía expresarse a través del sindicato, pero que con el proyecto de reconstitución tenía un unívoco significado crítico a las estructuras modernas como partido, Municipio y también el sindicato. A pesar de sus desarrollos desiguales  entre los distintos territorios, a partir de una homogeneidad cultural diferente  y una persistencia también variable de las instituciones comunitarias,  el proyecto de retorno del ayllu se consolidaba como modelo alternativo de gestión y organización política. En la Asamblea Constituyente, era con la propuesta  de autonomía indígena que el ayllu se integraría en la estructura del Estado Plurinacional,  con herramientas  para  buscar  también  el Desarrollo Integral.

CONAMAQ presentaba  esta propuesta  política como modelo objetivo para ser aplicado o reforzado y recuperado en las comunidades  que se sumaran al proceso de reconstitución. Los elementos de este modelo no eran exclusivos de conamaq, formaban parte de la política comunitaria y era común escucharlos en las discusiones  de la Asamblea Constituyente como parte de un lenguaje común en las regiones  rurales de Bolivia. Además del código  ético-moral de los Incas, de no mentir, no robar ni ser flojo –al que algunos  kataristas habían agregado “no seas llunku” (adulador, “chupa  medias”)– se incluía la rotación,  la dualidad  y complementariedad entre hombres-mujeres y entre comunidades. Para obras de riego, excavaciones, limpieza, caminos, se recurría a la minka, trabajo comunal de raíces precolombinas  –utilizado por los Incas y también los españoles– al ayni, o reciprocidad, y al muyu,  o turno. La minka se piensa como trabajo que se hace con placer, acullicando coca, como un encuentro festivo, a diferencia de otros trabajos. Desde Carangas, me explicaban que si el Mallku es buena  autoridad nadie escapa  del trabajo comunitario, pero si es “falluto” sí. Decían también que con los planes sociales del Gobierno  se habían  debilitado, porque  “ahora dan plata para todo, hasta para hacer letrina: ‘plan’”.  En los ayllus de Cochabamba decían que estaba fuerte todavía, principalmente en época de cosecha. Cuando no hay plata para las fiestas, se hace ayni, y cuando llegan los invitados con bebidas se registra en papel  si lo hacen como ayni o como regalo. Si es ayni tengo que ir a bailárselo, comérselo y se paga después de años.

Desde Charcas decían que para  ellos la reconstitución  no es volver atrás sino sacar elementos que permitan mejorar nuestro sistema de vida. Además del muyu, mencionaba el thaqui,  que es la carrera  política,  que comienza desde pequeña responsabilidad y va ascendiendo. Una crítica a Felipe Quispe, escuchada algunas veces, era que adquirió el título de Mallku cuando estaba en la cárcel y sin haber hecho  toda la carrera, en parte por haber migrado de joven a Santa Cruz, donde trabajó como obrero de la construcción.  En el proyecto  de Constitución,  el MAS buscaba incorporar la democracia comunal y estos mecanismos. Algunos proponían que incluso  fuera válido para  la administración estatal. Una  autoridad  de Charcas Qhara-Qhara explicaba que la idea del sistema  es no concentrar funciones, con autoridades  para  la justicia, el gobierno, además de los amautas,  como concejo de ancianos. Además había decisiones que correspondían al cabildo.  En Charcas un “Concejo de Segundos” se ocuparía del legislativo, y este designaría un ejecutivo, con autoridades para el suyu (Mallku), la marka (Khuraka)  y el ayllu (Segundos Mayores).  El cabildo además tiene un Jilakata como autoridad.

Para pensar el proceso  de conversión en autonomías indígenas, se pensaba codificar este sistema y desde la cooperación  se hablaba de cuantificar y tal vez monetarizar este trabajo. Había un consenso mayoritario, sin embargo, de rechazar los salarios para autoridades y otros pagos, aunque había un interés importante por conseguir financiamiento para proyectos. Desde los ayllus de Cochabamba, decían que sindicato es sinónimo de alcaldía y que en los Municipios  no había minka sino mercantilismo. Las autoridades piden presupuesto para pagar refrigerio,  contratan un chofer. Un sistema importado en las tierras ancestrales, alguien decía. Para conseguir financiamiento para proyectos,  algunos ayllus o suyus habían recurrido a la cooperación  internacional, a Ministerios e incluso a financieras privadas, porque  los Municipios  dicen “esto no es de nuestra competencia”. Pero algunos comunarios  cuestionan “que nos vamos a sentar a tomar cafecito con los hermanos  de ong”. Con la autonomía  indígena, pensaban  que sería más fácil atraer recursos  para  obras  en los ayllus como manejo de camélidos (llamas), baños en la escuela, conservación  de suelos y cuenca, etc. Si bien desde Charcas aclaraban que si había  plata habría corrupción aunque fueran autoridadesoriginarias, desde Oruro agregaban que para fiscalización y control también se debía emplear la minka,  el ayni, y el muyu.

3.  Pueblos de tierras bajas, colonizadores y afrobolivianos

El sujeto colectivo clave de “naciones y pueblos indígena originario campesinos” contemplaba a los pueblos indígenas y a los campesinos que reconocían su herencia originaria. La fórmula presente en la definición  de “pueblo boliviano”, en uno de los primero artículos del proyecto  de Constitución, se repetiría en varias partes del texto, como respecto a los “territorios indígena  originario  campesinos”, la “jurisdicción indígena originaria campesina” de justicia, etc. Pero  las discusiones no estaban saldadas dentro del Pacto de Unidad y el mas, desde  el momento en que un importante  sector social, el de los “colonizadores”,  no se sentían incluidos en esa fórmula. Tanto por la crítica a la folklorización  como por una identificación de los campesinos colonizadores, en algunos casos como no indígenas, la fórmula  con la unificación de indígenas y campesinos eliminando la coma traía problemas. Los “colonizadores” eran una de las organizaciones  más fuertes en la base del mas, y desde  el ‘70 una de las principales columnas del campesinado. Cuatro de las federaciones del trópico de Cochabamba, cuna política de Evo Morales, eran parte de la central (siendo las otras filiadas a la csutcb), así como las de otras regiones que el MAS también  tenía como espacio  político asegurado,  sea en el interior de La Paz o de Santa Cruz  (San  Julián, Alto Beni, Yapacaní, Caranavi y Coroico). Eran además una importante organización social, parte del Pacto de Unidad, y por eso su voz era importante en las reuniones del MAS donde se discutía el proyecto de Constitución.

La Confederación Nacional de Colonizadores fue fundada en 1970-1971, cuando  tuvo lugar la apertura  democrática   del General  Torres,  a partir del descontento de muchos sindicatos con la Confederación  Nacional  Campesina, que era oficialista durante la dictadura de Barrientos y apoyaba el pacto militarcampesino. Como Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (cscb), estos sindicatos se afilian a la cob, con una ruptura con los militares simultanea al acercamiento  con los obreros,  al igual que los campesinos kataristas por esa misma época. Después del 2000, los colonizadores son una de las organizaciones que impulsan la Asamblea Constituyente y son también fundadores del MAS-IPSP. Por acuerdo  político, la presidencia  del MAS corresponde a Evo Morales y la Vicepresidencia se alterna entre la csutcb y la central  de los colonizadores.  Era entonces parte orgánica y de la dirección  política del mas. Contaban en la bancada del MAS con siete constituyentes salidos de sus filas, a los que se debía sumar otros que provenían de circunscripciones  donde esta organización era importante, y por  tanto hacían  que sus demandas  fueran acompañadas. Durante el tiempo  de la Asamblea, modificaron su nombre por el de “Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia” (cscib). Mantenían la palabra “Sindical” pero introducían “Comunidades Interculturales”, que era la forma  en la que exigían ser incluidos en la definición  de “pueblo boliviano”[29].

En una reunión de las organizaciones   sociales con constituyentes de la Comisión de Visión de País, en junio de 2007, un dirigente colonizador reclamó que su sector debía ser incluido en la Nueva  Constitución: “Si no estamos con nombre y apellido no nos interesa tierra ni autonomía”, dijo. Preguntaba dónde estaba su sector en el Estado Plurinacional , que en el proyecto del Pacto había sido incluido pero después eliminado en las versiones  del proyecto  que por ese entonces circulaban. El dirigente criticaba al MAS que pedía acompañamiento pero no los incluía como querían: “dicen ‘súmense los mineros’  ¿pero donde están incluidos?  ¡No hay!”. Que nos digan dónde estamos nosotros. Sólo hablan de indígenas y originarios. Y este es el sector más estigmatizado por la cooperación.  El dirigente hizo un recorrido histórico de los cambios que vivieron  los miembros de este sector social:  Primero éramos “indios”, después “colonos de hacienda”, después “criollos sin derechos de España”, después  nuestros abuelos van a la Guerra  del Chaco,  y después “campesinos”. Villarroel, General  Arce,  en la Tesis  de Ayopampa se habla el nación boliviana, quieren uniformizar, ahí ya hay planes de asentamiento. Primero asentamiento espontaneo,  después planificado, ahí salimos de ayllu y somos colonias y colonizadores. Tenemos origen quechua, aymara, algunos hermanos van a las fiestas, chuño, papa, pero viven en el trópico  o en San Julián. Los aymaras de distintos lugares  son distintos. Entre quechuas  y mosetenes, aymaras y lecos hay matrimonios interculturales.

Y advertía, el dirigente: hubo  acuerdos en el Pacto de Unidad,  si van a borrar algo que se consulte. En junio de 2007 todavía se discutía la fórmula  con la que se definiría  al “pueblo boliviano”. Un constituyente aclaraba en la reunión  con las organizaciones, que el tema aún no había  sido zanjado y se seguía discutiendo. Los afrobolivianos aparecían en los borradores  como sector diferenciado y ellos no, reclamaba el dirigente. “Entiendo  la preocupación”, decía uno de los asesores del Pacto de Unidad en la Asamblea, presente en la reunión.  Después de algunas discusiones,  sería incorporado  el término de “comunidades interculturales” en la definición. Además de la clase y la etnia, la inclusión  se relacionaba  con el sector político clave para la aglutinación de los sectores que acompañaron la llegada de Evo Morales a la presidencia.

Silvia Rivera Cusicanqui escribe que “(n)o es una casualidad que justamente esas formas de plantear la etnicidad  como parte de un proyecto político más amplio, e incluso la posibilidad  de un presidente indígena,  han salido del Chapare y no de los ayllus del Altiplano”.  En ese sentido, Rivera  cita la autobiografía  del dirigente  katarista Luciano Tapia (1992), que “(h)abiendo sido minero, comunario y colonizador, es en este último espacio interétnico donde encuentra la explicación de su realidad, […] no es precisamente en su ayllu o en el interior de las fronteras de su grupo étnico que Tapia descubre su condición cultural y política y la proyecta a la lucha electoral”. Para Rivera Cusicanqui “muchos de los dirigentes indianistas han tomado conciencia de su proyecto político a través del paso por el cuartel, por la universidad, o por los sindicatos de colonizadores. Es ahí donde habían podido comprobar que la igualdad ciudadana  era una falacia, y que había discriminación” (:221).

El Chapare  era el lugar de confluencia de sectores urbanos y rurales empobrecidos, en el que se respetaba en muchos casos la tradicional lógica andina  de explotación de diferentes nichos económicos por parte de parientes que se distribuyen por distintos espacios  sin perder nunca el vinculo con la comunidad de origen. Puede verse este encuentro de situaciones y personas como la realización de una combinación de ideas y miradas  políticas que antes que en la teoría  y la formulación  constitucional se hace a partir de estrategias de vida y construcción práctica de las bases para una definición de “pueblo boliviano” plural. Para eso contribuiría  la organización  política y sindical que defendería   la hoja de coca, fuente económica para la vida  de estos campesinos, además de símbolo andino e indígena, con importancia ritual y espiritual, y amenazada por las políticas  de erradicación. Puede verse en el Chapare un microcosmos de Bolivia, en el que el MAS aprende a dialogar con el macrocosmos boliviano.

Es desde este espacio de combinación de tradiciones políticas y civilizacionales que, preocupados por superar los límites de la lucha sindical y marcados por una fuerte búsqueda de cambio, en 1995 los campesinos de los valles deciden intervenir en las elecciones.  Así, en 1997 Evo Morales llega al Congreso  aliándose con la Izquierda Unida, con la votación más alta en el país para un diputado  uninominal, 61,8% en la circunscripción 27 de las provincias  Carrasco y Chapare en Cochabamba. El cierre del movimiento tendría además como elemento estructurante de su identidad  al anti-imperialismo espontaneo motivado por la autoría ideológica y cooperación “técnica” de Estados Unidos en las políticas de erradicación de la coca en el Chapare.

En una entrevista con el periódico estatal Cambio, Evo Morales (2010) rememora su trayectoria política y menciona al comienzo los ampliados de la csutcb en el tiempo en que Jenaro Flores era todavía ejecutivo y la consigna  era “por poder y territorio”. En el relato luego  pasa por la fundación  del instrumento  político en el Chapare y llega al tiempo de la disputa con Felipe Quispe, en que este decía “No, pues, tú eres llok’alla (joven),  no te corresponde, yo soy tu mayor, vas a ser nomás después. Ahora yo voy a ser candidato a la Presidencia”. Después, la Corte legalizó el partido del Mallku, con el argumento  de evitar bloqueos,  pero según Morales para evitar que se sume al mas, que fue la sigla que consiguieron los cocaleros,  cuando  la propia no era legalizada en la Corte Electoral, a pesar de cumplir  los requisitos. Evo cuenta que ex vocales después reconocieron que la Embajada de eeuu chantajeaba a la Corte,  que dependía de su financiamiento y estaba “sometida”. Si se unían en 2002, hubieran  ganado las elecciones –dice Morales– porque el MAS perdió por 1%, y el mip sacó 4%, pero reconoce que en ese momento, con 27 diputados, se hubiera repetido la experiencia de la udp. En 2005 ganó con 76 diputados y en 2009 Evo Morales fue reelecto junto con la elección  de 88 diputados,  obteniendo  la mayoría de dos tercios en la nueva Asamblea Legislativa.

García Linera, ya como vicepresidente, realza la importancia de los cocaleros en aglutinar el nuevo  bloque  de poder que llegaría a controlar toda la institucionalidad del Estado. Pero es interesante también considerar su punto de vista sobre los colonizadores,  a partir de su trabajo sobre repertorios de movilización social (2004), que puede iluminar algunos aspectos del rumbo tomado por el MAS luego de obtener la presidencia.  García Linera señala la importancia  del Estado como referente negativo unificador de los colonizadores,  sin que de eso se derive una posición anti-estatal, y sí una “dialéctica de inserción y presión muy propia del mundo subalterno boliviano”,  con la que también  había analizado el retroceso de la visión obrera  en la época de la Marcha  por la Vida,  pero ahora sin connotación negativa. García Linera et al. (:299) habla de luchas por reconocimiento e inclusión social, con demandas realizadas desde “una externalidad susceptible  de ser negociada con el Estado a partir de concesiones”, como se desprende  del tipo de demandas que los moviliza ligadas necesariamente  a la regulación y presencia estatal, citadas por García Linera et al.: definición de límites municipales,  reconocimiento legal a los productores  y comercializadores de coca, ítems para escuelas,  titulación de tierras, mantenimiento de caminos, participación de los propios campesinos en el saneamiento de tierras, etc.[30]  Cabe notar, sin embargo, que las áreas colonizadoras de coca no fueron impulsadas por el Estado, sino desarrolladas de forma clandestina, lo que probablemente puede haber tenido consecuencias en cuanto  al quiebre del vínculo de subordinación con el Estado  al que García Linera se refiere, más fuerte en proyectos de colonización impulsados  desde el Estado.[31]

Los cocaleros del Chapare  asumen en la década  de 1990 y 2000 un liderazgo que los lleva al Estado  y que deja un poco más atrás a los sectores aymaras  del Altiplano, protagonistas después del descenso  político de los obreros.  Pero es interesante considerar  lo que Xavier Albó escribía en 1984 (en Stern [1990:386-388]), cuando la irrupción aymara aparecía como novedad porque era Cochabamba donde se habría  esperado  el liderazgo de las movilizaciones,  como había sido desde 1936 hasta el fin del pacto militar-campesino. Albó dice: “para algunos este cambio podría parecer incluso desconcertante, pues esos aymaras que siguen en una economía de subsistencia con mucho autoconsumo  alimenticio, e incluso conservan aún mucho de las antiguas comunidades,  parecerían estar corriendo contra la historia.  El agro cochabambino había liderado  el movimiento precisamente  por tener un mayor nivel de modernización y de apertura a formas nuevas. Si el liderazgo debía  abandonar  Cochabamba, lo más obvio hubiera sido que éste pasara a las regiones  de colonización,  las más abiertas y las más expuestas a las contradicciones  del mercado […]. Así lo pensaron los maoístas  de ucapo, muchos obreros y universitarios ligados a Caranavi, y así llegó a meditarlo  el grupo del Che…”. La aparición  del MAS en el Chapare,  debe entonces insertarse en esta línea histórica más amplia, como un retorno o re-emergencia, aunque también podamos decir que la aparición  aymara  era también  un retorno, si pensamos en la época colonial y pre-colonial, en que los valles eran sólo un apéndice  del ayllu andino.[32]

Pero el momento político que da lugar a la Asamblea Constituyente y el proyecto de nuevo  Estado trataba justamente  de contornar el enfrentamiento  y parcialidad de los sectores sociales, dando lugar a una articulación de movimientos, que tendría su expresión en la definición  constitucional del “pueblo boliviano”. Este camino comienza a ser trazado en aquellas discusiones en que el katarismo pensaba un país plural en las décadas  del 70 y 80. Pero tendría un fuerte avance después de 1990, con la aparición  en la escena  política de los indígenas  de las tierras bajas.  El colombiano  Efraín Jaramillo Jaramillo (2008), del Colectivo de Trabajo Jenzera, escribe en nota publicada  por la agencia  de noticias por Internet bolpress: “A partir de la Marcha  en 1990 por el Territorio  y la Dignidad que protagonizaron  los indígenas  de tierras bajas desde  Trinidad  hasta la Paz, los indígenas  serranos acudieron  solidarios a recibir con mantas y víveres a los marchantes. Algo aprendieron los unos de los otros. Los de tierras bajas  a comprender  el sentido y la importancia  de la movilización  para reclamar derechos. Los de la región  andina  a entender que los ayllus, markas y suyus de la región andina y subandina deben reconstituirse con base en la noción  de territorialidad indígena de tierras bajas para reivindicar  los territorios ancestrales. Esto dio lugar a que ayllus, markas y suyus  del Qullasuyu de la región  andina  se organizaran en la conamaq y presentaran demandas de Tierras Colectivas de Origen (en Chuquisaca 3 demandas por 961.000 hectáreas, en Cochabamba 4 por 456.000 ha En la Paz 38 por 1.2 millones de ha. En Oruro 80 por 7.9 millones de ha y en Potosí 49 por 4.2 millones de ha (iwgia, El mundo indígena [2006])”.

Debido al reducido número de población de estos pueblos,[33] en la Asamblea sólo cuatro constituyentes eran representantes de pueblos indígenas de las tierras bajas a través de las listas del mas, en las pocas circunscripciones donde tienen una densidad considerable  respecto del total (Nélida Faldín y José Bailaba  del pueblo chiquitano, Miguel Peña de los mojeños, Abilio Vaca de los guaraníes). Pero el resto de los pueblos estaban presentes a través de su organización madre, la cidob que era una de las organizaciones  sociales más activas en Sucre[34]. La visión  de las tierras bajas  en la propuesta de Constitución se benefició también  del trabajo de la ong cejis de la cual provienen  varios funcionarios del Gobierno del mas, y que se ocupa de asesorar, como ya mencionamos, la mayoría de los reclamos territoriales de los pueblos  de tierras bajas.

La marcha de 1990, organizada  desde  tierras bajas  “por Territorio y Dignidad”, Impulsada,  después  del segundo encuentro en San Lorenzo de Mojos, por la Central  de Pueblos Indígenas del Beni (cpib), es reconocida corrientemente como el primer antecedente  directo de la Asamblea Constituyente. Las reformas “pluri-multi” incorporadas en el primer Gobierno de Sánchez de Lozada, buscaban responder a las demandas de estos sectores. El Gobierno  de Paz Zamora, en 1990, había iniciado el reconocimiento de territorios. Los indígenas de tierras bajas eran los actores que estaban por detrás de la abstracción  de lo pluricultural y multiétnico. Estas políticas eran incorporadas simultáneamente en otros países de la región, influidos por las mismas discusiones y un mismo proceso de intensificación en la aparición de pueblos indígenas en la política nacional, que coincidía con el quinto centenario de la conquista  europea.[35]

Apoyados por ong con financiamiento internacional, semejantes a las que apoyaban a los pueblos de las tierras  bajas en los otros países amazónicos,  los indígenas llevaban a la política nacional  el testimonio  de la diferencia  cosmológica de sus pasados nómades y no estatales, como elementos fragmentados de un conocimiento que pasó en Bolivia por la experiencia de las Misiones y la inclusión en regímenes de trabajo semi-esclavo en las haciendas. Uno de los mojeños que se encontraba en Sucre para observar  el trabajo de las comisiones, me fue presentado como representante de un pueblo caníbal que hasta hacía poco tiempo comía gente. El mojeño me saludó orgulloso y de forma amable, aclarando que ya no hacían “eso” en tiempos actuales. Se discutiría en la Asamblea  cuánto representaban estos sectores del pasado  precolonial. La debilidad del Estado boliviano y la falta de desarrollo económico les había permitido  subsistir, muchas veces con condiciones de vida muy difíciles, y en condiciones de exclavitud o explotación por parte de haciendas o madereros. La interpretación de vínculos con el pasado nómade era asunto de trabajo en las mismas comunidades.

Para el proyecto de Estado Plurinacional que ya se mencionaba en documentos kataristas de 1979, la aparición  de los pueblos  de tierras bajas era fundamental porque ponía nombre a una idea de multiplicidad que en principio era apenas un enunciado.  Políticamente, también, permitía fortalecer las disputas  de los

campesinos de Occidente en dirección a la propuesta katarista que buscaba alejarse de la herencia  de la reforma  agraria de 1953. Las distintas economías, lenguas, “sistemas civilizacionales” serían incluidas en un proyecto político pluriétnico para el Estado boliviano,  en la demanda de Asamblea Constituyente. La aparición de los grupos  étnicos de Oriente, hacían carne una serie de reflexiones intelectuales surgidas por el katarismo  y retomada por los trabajos  del grupo Comuna, que señalaban  la “condición  multisocietal” de una Bolivia “abigarrada”, a partir de la lectura de Luis Tapia sobre  la obra de René Zavaleta, y con distintas formulaciones que derivarían también en la propuesta  de “capitalismo andino-amazónico” en García Linera.[36]

Una de las críticas al Estado Plurinacional,  sin embargo, apunta justamente a cuestionar  la existencia  o viabilidad de las distintas “naciones” que conformarían el Estado  Plurinacional  a partir principalmente  del argumento  de debilidad demográfica y falta de representatividad, conectado con la supuesta  “aculturación” de estos pueblos, concepto hace tiempo criticado en la antropología  (¿quién se atribuye la posibilidad  de decir quién tiene o no cultura?), pero que persiste en las discusiones  políticas. También se hacían críticas de tipo “técnico” para refutar la propuesta  política del Estado Plurinacional.  En el debate sobre este tema,  una nota del diario La Razón cuestionó  la idea de Estado Plurinacional y el número  de 36 pueblos indígenas a partir de una entrevista al antropólogo  Wigberto  Rivero que había sido el encargado del estudio gubernamental  sobre etnias de Bolivia que dio como resultado ese número de referencia. Este antropólogo ahora decía que posiblemente haya más etnias inicialmente no contabilizadas en el estudio que dio el número 36, número incorporado en la Constitución  en la mención del número de lenguas indígenas oficializadas. Menciona  en particular dos grupos nómades (nahua y toromona) que viven en la frontera  y no fueron inicialmente incluidos. El titular de La Razón era “La tesis de 36 naciones indígenas carece de una base académica. Un mapeo completo de las etnias de Bolivia, en todas las regiones, no se ha hecho recientemente”. El Artículo también menciona que dentro de las etnias aymara  o quechua hay pueblos que se autodefinen como naciones; por lo que,  algunos de los 36 pueblos  estarían conformados por varias naciones, o más de una (La Razón, 4 de enero, 2009). Las críticas a lo plurinacional  venían  de dos extremos: no existirían esos pueblos, a-culturados por la colonización;  o bien existirían más de los previstos, no reconocidos aún por la mirada de la nueva propuesta estatal.

Como contrapropuesta, otro antropólogo en Sucre argumentaba que en lugar de “naciones” se debería haber utilizado “grupo  étnico”, entendiendo los proce-sos de emergencia étnica y fragmentación, de acuerdo con el modelo propuesto por Barth (1969). En el contexto de Bolivia, el comentario  buscaba cuestionar la  idea de Estado Plurinacional en el sentido  de confederación de naciones, como constituyentes inspirados  por cierto indianismo  buscaban  configurar. La crítica parecía  restaurar el tratamiento  multicultural del tema a la manera de la Constitución hasta entonces vigente. En esta, los “grupos  étnicos” no tendrían autogobierno ni representación en el Parlamento   Plurinacional  y serían más fácilmente sumados o eliminados de una lista  sin consecuencias  políticas. La crítica a la idea de confederación era común en la oposición  del Oriente, como expresada en una columna de opinión del diario cruceño  El Deber firmada por Mario Rueda Peña. Aunque  este modelo nunca fue realmente acompañado desde el Gobierno  y la bancada  de constituyentes del mas, el analista consideraba que a partir del reconocimiento  del hábitat ancestral, se crearán 36 “miniestados” y que sobre  esa territorialidad “el etnoculturalismo, alentado por ciertas ong, los empujará a atrincherarse en su territorio contra moros y cristianos”, y “abrirá las puertas no sólo a enfrentamientos  entre Municipios y pueblos  nativos, sino entre las propias naciones ‘indígenas’. La pelea será por los recursos  y el territorio” y que “en definitiva, lo ‘plurinacional’  es una bomba de tiempo…”.

El encuentro  de puntos de vista que buscaban redactar el Artículo sobre  la definición “pueblo boliviano” en Sucre quizás se había materializado por primera vez en 1992, cuando  las distintas organizaciones indígenas y campesinas confluyeron para la organización  del “aniversario”  de la conquista  europea. En esa oportunidad, pueblos de tierras altas y bajas se articularán también con una corriente continental de protesta y luchas indígenas.  El propio Evo Morales (2010) lo recuerda;  lo que es importante porque da cuenta de cómo los campesinos más alejados del discurso étnico también  son parte de este proceso:  “Entre los años ‘89, ‘90, empieza la campaña por los 500 años de resistencia indígena popular, hablamos de la invasión española, europea,  del año 1492. Antes se llamaba Abya Yala. En 1991 fui invitado a Quetzaltenango, Guatemala, para participar en un evento por los 500 años de resistencia indígena  popular.  El debate era: ¿hasta cuándo vamos a seguir en la resistencia? ¿Por qué no la toma del poder?  Fue un fuerte debate del movimiento  indígena de Perú, México, Guatemala, Ecuador. Ahí decidimos la toma  del poder  el año 1992, justo a 500 años. Yo organicé una marcha de Sacaba a Cochabamba; tengo video,  fotografías, estaba llena de wiphalas. La marcha,  ¡brutal! en octubre, con motivo de los 500 años de resistencia […]”.

En junio del 90 una reunión de la csutcb con la cidob cerca la lago Titicaca elaboró una plataforma conocida como “Declaración de Corqueamaya”. Proponía la unificación  de csutcb y cidob en la Asamblea de Nacionalidades. Definieron entonces las labores más importantes de esa Asamblea:  “la recuperación de identidades y del patrimonio indígena alienado, comenzando  un proceso de autodeterminación a niveles económico, territorial, cultural e ideológico”. Se combinaban los horizontes  de las distintas vertientes  kataristas; tanto lo “plurimulti” como la autodeterminación y la autonomía frente al Estado parecen  estar presentes en esa declaración, que vemos como antecedente de las discusiones  de la Asamblea  Constituyente en 2007. Luego de la reunión  quedó  establecido un comité que incluía a csutcb, cidob, cob, las iglesias  y unitas (red de ong, de donde proviene el canciller Choquehuanca) para convocar a la Asamblea  de Nacionalidades que tendría lugar en octubre de 1992. El comité definió un “proyecto” en agosto de 1991 llamado “Campaña Quinto Centenario”. Sin embargo Regalsky (2003:153) da cuenta del “fracaso” de la Asamblea  de Nacionalidades, cuya agenda sin embargo avanzaba en discusiones colectivas que pasarían también por la Asamblea Constituyente.[37]

García Linera et al. dan cuenta de una  falta de claridad en los objetivos de la Asamblea de Nacionalidades. Para unos era una instancia para construir un Estado “Pluri-nacional  y pluri-multicultural”; para otros, la Asamblea de Nacionalidades era visualizada como un esfuerzo para la construcción del Instrumento  Político (:310). Todavía sin una articulación firme, ya estaban presentes los elementos temáticos y los actores sociales de un mundo político que llegaría al Estado  15 años después. A pesar de que la agenda quedara inconclusa y la gran Asamblea no llegara a ser convocada, vemos que se encontraban por primera vez los actores y las propuestas  que en el Pacto de la Unidad  darían  lugar al primer borrador de Constitución. Lo que los kataristas habían postulado en los ’70, en los ’90 empezaba a concretizarse y perfilarse hacia lo que presenciábamos en las discusiones de la Asamblea. Por eso no tienen sentido las visiones de la Asamblea únicamente explicadas a partir de la improvisación.

Por el mismo camino habría otras marchas desde tierras bajas,  cada vez mejor coordinadas  con otros actores sociales del país (1994, 1996, 2000, 2002 y 2004). Una de ellas, conocida  como “La marcha del siglo” se organiza en rechazo  al proyecto de la Ley inra del Gobierno  (en 1994-1995) con la participación  de campesinos de la csutcb, indígenas de la cidob y colonizadores  del Chapare.

La convocatoria fue “Marcha por el Territorio, Tierra, Derechos  Políticos y Desarrollo”. Además de consensuar la Ley inra se pedía incorporación de trabajadores asalariados del campo a la Ley General del Trabajo;  postulación de candidatos a las elecciones  sin intermediación de los partidos políticos; creación de fondos nacionales de desarrollo indígena  campesino; etc.

Otra experiencia en esta misma dirección  fue el Estado Mayor  del Pueblo, con la participación de Evo Morales. Campesinos e indígenas se encontraban; la ausencia sistemática era siempre la cob, que no se incorporaba en el avance  de las demandas indígenas, que tenían como principal bandera el pedido  de una Asamblea Constituyente. Al llegar el año 2000, de esta forma,  la temática étnica estaba totalmente instalada en la política boliviana.  Esto se debe en primer lugar al katarismo,  pero no estaría completo  el escenario  que daría lugar a la Asamblea Constituyente sin la articulación con los pueblos de las tierras bajas  y con campesinos de otras regiones. El encuentro  de tierras  altas y bajas daría lugar a un doble contagio productivo en términos políticos. Uno de los efectos será que en las tierras altas se incorpora la exigencia  de derechos habitualmente pedidos  por pueblos minoritarios, como autonomía y territorio, para poblaciones mayoritarias en sus regiones (quechua y aymara). En esto también tienen un papel las ong que llevan a Bolivia experiencias de otros países  y el debate de los derechos indígenas en el nivel internacional.

En este proceso, la búsqueda de autonomía, que surge como reclamo de pueblos que se encuentran cercados en Oriente, es adoptada progresivamente  por comunidades de las tierras altas en relación a proyectos como los de conamaq de retorno del ayllu y recuperación de territorios y prácticas ancestrales. Al mismo tiempo, algo de la lectura katarista de la realidad es adoptado desde las tierras bajas con la incorporación de la crítica al colonialismo, el deseo de descolonización,  el “Vivir Bien” y el proyecto  de Estado Plurinacional. También hubo cada vez más conocimiento y relación con la legislación  vinculada  a Reforma Agraria, tcos, y organización local (Ley de Participación). La idea de naciones, común entre los suyus aymaras fue adoptado por el pueblo guaraní y más recientemente incluso utilizado por organizaciones quechuas.

Hay una controversia sobre el entusiasmo  de los distintos sectores sociales del Altiplano al recibir  y solidarizarse con los pueblos  de Oriente en sus marchas. Pero  lo cierto es que indígenas de tierras altas y bajas terminan confluyendo en espacios comunes de articulación política. A la distancia  puede verse claramente cómo ambos espacios  políticos comienzan una fructífera experiencia de influencia mutua.  Regalsky describe la marcha  de 1990 así: “Cuando, después de 34 días de caminata,  los casi 800 habitantes de los bosques tropicales cruzaron  las nieves eternas en la cima de las montañas a 4600 m sobre el nivel del mar y comenzaron a descender  hacia la ciudad,  ya les escoltaban mineros,  cocaleros, pobladores andinos, estudiantes universitarios y miembros de las principales iglesias. El apoyo urbano masivo para los pueblos étnicos bolivianos  ‘redescubiertos’  presionó  al Gobierno a aprobar  cuatro decretos presidenciales, tal cual lo exigía  la marcha indígena de la cpib. […] fue la primera vez que se menciona en forma explícita a la Jurisdicción Indígena Territorial” (:149-150). Según Silvia Rivera, la marcha fue “una fiesta multiétnica que no pudo ser dominada ni desvirtuada por el país oficial de terno y corbata” y también  la califica de “pachakuti, un vuelco cósmico, que irrumpía nuevamente como un rayo en el cielo despejado del tiempo lineal” (:53).

El antecedente directo para la formación  del Pacto de la Unidad  es la marcha del 13 de mayo de 2002, desde Santa Cruz hacia La Paz, con la demanda de convocatoria a la Asamblea Constituyente para refundar Bolivia. En una carta de conamaq al presidente  y al Congreso  (conamaq, 2002), se leía:

“VIVA LA MARCHA A LA SEDE DE GOBIERNO ¡¡¡INDÍGENAS Y CLASES SOCIALES DEL ORIENTE Y OCCIDENTE UNIDOS¡¡¡” […] “CONAMAQ como autoridad Nacional de los Pueblos Indígenas Originarios de los Ayllus, Markas  y Suyus CONVOCA a todos los hermanos comunarios de los Ayllus Markas  del campo y de la ciudad, profesionales, transportistas, comerciantes,  albañiles, zapateros, maestros rurales y urbanos hijos de los aymaras  quechuas,  guaraníes, tupiguaraníes, mosetenes,  chipayas y todos en general habitantes del hoy llamado estado boliviano, a sumarse a la defensa de los derechos  consuetudinarios frente la política del Gobierno  que nos quieren imponer con la Reforma  a la Constitución aprobando  en el Congreso  Nacional, cuando éstos deberían  ser consultados y consensuados con la participación directa de las Organizaciones Nacionales representativas”.

Para Adolfo Mendoza el encuentro se da en 1990, pero inicialmente sólo por inclusión de los pueblos. Sería recién en 2002 cuando  el encuentro  de tierras bajas y altas se propondría transformar el Estado. Ahí comenzó a hablarse de “refundar el Estado” con la Asamblea Constituyente. El Pacto se forma gracias a la iniciativa de algunas organizaciones indígenas de tierras bajas como cpesc (Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz) y cpemb (Central de Pueblos  Étnicos Moxeños de Beni) y apg (Asamblea del Pueblo Guaraní) en 2004, después de la marcha por la Asamblea Constituyente. Para él, el Pacto es capital político. Adolfo Mendoza se definía como “perro guardián del Pacto”. Recordaba que desde la marcha  del 2002 él estaba con el Pacto y por la Asamblea, y así se lo había  explicado  a García Linera  cuando  le preguntó  “¿por  qué haces esto?” en una charla en el Café Ciudad de la plaza del Estudiante, a la que el futuro vicepresidente  lo invitó, después  de verlo pasar con los pies ampollados en la marcha desde las tierras bajas,  que pasó por el Valle y llegó hasta La Paz. Por ese entonces, los actores sociales que con Evo Morales en el poder llegarían a apostar mucho por la Asamblea  no tenían una estrategia definida  en ese sentido, y García Linera todavía militaba en ese entonces por la sublevación aymara,  cerca de Felipe Quispe. A inicios del 2000 el MAS no convocaba  todavía a una Asamblea Constituyente, y ahí podía verse de forma  clara la distancia del mas, como partido, respecto a las organizaciones sociales que en el contexto constituyente eran  aliadas. Sin embargo, Mendoza veía al MAS como lo último legítimo que le quedaba  al sistema  de partidos, con capacidad para ser más, en algunos momentos,  que un partido más y acercarse a las organizaciones.

El objetivo político del MAS en 2002 ya eran las elecciones  y no la Asamblea Constituyente; lo que  durante  la Asamblea era motivo  de chicanas entre miembros de las organizaciones.  Algunos decían que “Álvaro y Evo nunca creyeron en la Constituyente” y recordaban “cuando la marcha de 2004 pasó por el Chapare  los cocaleros no les dieron ni agua del monte”.  Otros matizan o tenían otra versión. Sólo algunos sectores se oponían explícitamente a la consigna  –antes de 2003, cuando se generalizaría– y otros, como el de Román Loayza, sí la veían con buenos ojos y se habrían sumaron a las organizaciones que marchaban desde tierras bajas en 2002. Como respuesta a estas críticas, en el mundo político de la izquierda  y los movimientos,  las organizaciones indígenas muchas veces son criticadas por sus vínculos con ong y su posición fragmentadora. Cuando la alianza política se eclipsa, los campesinos consideran que las reivindicaciones de las tierras bajas  son impuestas por las ong (extranjeras) y que su propuesta de autonomía no contribuye a la lucha contra la desigualdad  contra un enemigo común. Por su parte, a los mineros se les atribuye claudicación por la aceptación de la indemnización en 1986 o la falta de consideración de la cuestión  colonial. Los cocaleros y colonizadores no quedaban  al margen de las críticas y algunas veces se podía escuchar como problemático el pedido  de libre mercado para la hoja de coca. También se decía que algunos en el grupo Comuna veían a la Asamblea Constituyente como reformista y no apostaron por ella en un primer momento, y que el MAS pensaba que la consigna podía perjudicar en las elecciones. Lo interesante era que a pesar de las diferencias  durante todo el proceso  constituyente  las distintas miradas se articulaban en un proyecto común.

Otra versión,  escuchada  también en ese mundo político que durante la Asamblea tenía lugar en cafés, salidas de reuniones y otros espacios,  decía que como el Pacto no respondía directamente a Evo Morales,  los cocaleros habrían intentado fundar otro “Pacto”  con las mismas organizaciones (y que ese habría sido el “Estado Mayor del Pueblo”).  Si los colonizadores  y la csutcb se habían reincorporado al Pacto, los cocaleros  permanecían al margen,  considerándolo un espacio ajeno, o sin sentido cuando ellos tenían dirección  directa con Evo Morales y el mas, incluso participando de espacios de poder en el Gobierno; celosos quizás de que esa relación directa no fuera a ser negociada con la incorporación de más interlocutores. Esa distancia respecto al Pacto, sin embargo, haría que los cocaleros sólo participaran  del escenario  constituyente en la elección  de algunos constituyentes, con movilizaciones en determinados momentos pero no con la presencia constante que sí tendrían  las otras organizaciones.  Esto puede entenderse desde un punto  de vista lógico entre cocaleros:  ellos ahora participaban de la Asamblea y otros escenarios  estatales a partir de la presencia directa en el Gobierno del mas.

Según Omar Guzmán, el Pacto se forma  en octubre de 2003, “después de que se escapó Goni, había 4000 colonizadores en las afueras de la ciudad, hicieron un ritual con  otros sectores,  dijeron  que no se van a separar y de ahí surge el Pacto de Unidad”. Omar había sido asesor de los “colonizadores”,  pero ahora estaba distanciado;  él había acompañado la formación  del Pacto y comentaba que las primeras que se sumaron después de ese ritual fueron  las “bartolinas”  y después la csutcb que aportaron  el dominio del territorio; conamaq se había agregado “porque no se puede fundar algo nuevo sin incorporar nuevos actores”, decía. Pero creía que a conamaq lo había hecho la embajada dinamarquesa, con grandes cantidades de dinero, quejándose  que en Dinamarca no hicieran eso con sus indios.  Por otra parte, Omar decía que había  distintos proyectos en juego para transformarse en Constitución. Uno era el proyecto  del Pacto de Unidad, con una versión de 2006 y que en mayo de 2007 todavía se estaba elaborando en reuniones cerradas, debido a los problemas internos que aún existían. De ahí podría “aparecer  una Constitución por arte de magia” en pocos días, decía Omar. Un segundo  proyecto era el que de a poco se estaba elaborando en comisiones, a partir de las posiciones  del Pacto de Unidad, que estaban entrando en cada Comisión, y del trabajo de los constituyentes.

De acuerdo a la versión  de Omar, un tercer proyecto de Constitución era el de Evo Morales, en el que habrían participado asesores venezolanos y cubanos que partieron  antes del comienzo del trabajo en Sucre. Esta última versión era mencionada comúnmente por la oposición, para quienes “la Constitución del MAS era redactada en Cuba y Venezuela”, pero no había documentos de esa procedencia considerados de hecho en el trabajo de comisiones. Sí había, no obstante, ideas que llegaban a Bolivia provenientes del debate constitucionalista del continente, con elementos como el Congreso  unicameral  y el control social que habían sido incorporados al orden constitucional venezolano. Y Cuba tenía presencia  con cooperación en salud y educación, especialmente, con algunas brigadas en campaña. Antes que de estos países,  los asesores  extranjeros que sí tuvieron participación en Sucre provenían de España, contratados especialmente por la oposición cruceña para diseñar el modelo de las autonomías.

Formalmente,  según sus documentos, el “Pacto de Unidad” surge como espacio de las organizaciones sociales para dar curso a tres demandas de la “Agenda de Octubre”: Asamblea Constituyente, Referendo para la nacionalización  del gas y Reforma Agraria. Así lo citan Iván Égido y Pilar Valencia  (2010:27-29), que participaron del proceso como asesores  de los pueblos de Oriente y escribieron un trabajo sobre este proceso,  en el que dan cuenta de discusiones sobre la necesidad “legalista” de proponer una reforma de la Constitución y una ley que dé lugar a la convocatoria de la Asamblea, frente a la idea de una convocatoria que emanase del pueblo  sin necesidad de recurrir a los poderes  constituidos. La tensión recorrería todo el proceso  constituyente como oposición  entre la Asamblea  “originaria” o “derivada”,  lo que es también una constante en los procesos  constituyentes de la región,  con diversos intentos de intervención por parte de congresos, poderes Judicial o Electoral, aún cuando  las asambleas  se declararan fundacionales.  En 2004, el presidente  Mesa y el Congreso  dan curso a las reformas  constituyentes que permitirían  abrir el camino para la convocatoria. Suscrito por seis organizaciones, aunque con otras también presentes, en septiembre  de 2004 en Santa Cruz de la Sierra,  se firma el “Pacto de la Unidad” propiamente dicho, con el objetivo de dar lineamientos para la convocatoria  a la Asamblea desde la perspectiva de la “Agenda de Octubre”.

Después de participar activamente en la discusión de la Ley de Convocatoria a la Asamblea, las organizaciones volverían a encontrarse en la construcción de una propuesta de Constitución “de consenso”, a partir de encuentros nacionales en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, con una Asamblea Nacional en Sucre, que el 5 de agosto de 2006 –un  día antes de la inauguración de la Asamblea– le entrega a los constituyentes la “propuesta para la Nueva Constitución Política del Estado”. El documento  se entrega “a la Asamblea Constituyente, al Gobierno  nacional y al pueblo boliviano” y los autores se presentan en el texto como “organizaciones campesinas,  indígenas, originarias y de colonizadores”.[38]  La propuesta  del Pacto de unidad fue conformada  especialmente  entre los meses de mayo y agosto, de 2006, en más de diez encuentros, asambleas y talleres, además del funcionamiento de una Comisión Técnica permanente (cf. Valencia y Égido [2010]). Estos autores documentan que en el Tercer Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Originarias  hacia la Asamblea Constituyente (“Minka Abya Yala por Bolivia  hacia  la Asamblea Constituyente”), de junio de 2006, con cerca de 120 participantes nacionales y 20 internacionales, se acordó  utilizar el sujeto de los tres nombres: “indígena  originario campesino”, como manera de superar  las discusiones por el reclamo  persistente de conamaq a la csutcb por su identidad “campesina”, y de csutcb por poder ser al mismo tiempo campesino e indígena: “campesino indígena”.

Con esta discusión  saldada, con las clases, los colonizadores  y el resto de bolivianos y bolivianas ajenas a los pueblos  y naciones, lo único que faltaba para dar a luz a la definición del Pueblo Boliviano que el MAS propondría incluir en la Constitución sería la inclusión del pueblo afroboliviano. Luego de la aceptación de los colonizadores con el nombre de “comunidades interculturales”, se hizo un lugar para esta población,  cuyos representantes estaban en Sucre  durante la Asamblea

Constituyente. El pueblo  afroboliviano se concentra situado especialmente en la región de Los Yungas de La Paz, y se organizan en el Movimiento Cultural Saya Afroboliviano (mocusabol), formado a partir de migrantes  de Los Yungas  en la ciudad de La Paz, como años antes había  sido con el katarismo. Los afrobolivianos recorrían como muchos otros las comisiones en el Colegio Junín de Sucre. No querían quedar excluidos de la Constitución  como lo habían  sido del Censo de 2001. No se consideraban indígenas, ni preexistentes a la Colonia ni campesinos; y la lógica  pluralista con que  el MAS pensaba la Nueva  Constitución daba la razón a la demanda de este grupo que independientemente de su tamaño demográfico, calculado en 22 mil personas, aunque posiblemente mucho mayor. El MAS y los constituyentes habían  llegado a Sucre para incluir, ese era el mandato.

Una agrupación  política de militantes homosexuales  también recorría  las comisiones en Sucre, pero a diferencia de los afrobolivianos, ellos no reclamaban ser nombrados  en la definición del pueblo.  Querían  solamente que se aprueben “todas las formas” de familia sin nombrar explícitamente el casamiento gay por que los constituyentes y Bolivia, decían, todavía no estaban preparados para más que eso. Otro grupo lgbt (acrónimo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis) se había acercado a la oposición, que le había prometido incluir el casamiento  entre personas del mismo sexo en el proyecto de Constitución. Sus demandas  chocarían fuertemente con las posiciones de las iglesias, y su fuerza en la Asamblea, en especial dentro del mas, a partir de la confesión  religiosa  de muchos campesinos, entró en tensión con posiciones  progresistas de izquierda de constituyentes urbanos.[39]

La inclusión  de los afrobolivianos no fue asimilada automáticamente y también generó debate en la reunión  de constituyentes del MAS en la Casa Argandoña. Ellos reclamaban que en la definición  de “pueblo boliviano”, así como en todos los artículos que referían a indígenas y campesinos, aparecieran nombrados. Disconformes con eso, algunos constituyentes reclamaban  que sería injusto darles un lugar destacado. Algunos  pensaban que si se los nombra a ellos habría  que nombrar a todas las etnias, por extensión. “O todos o ninguno”, se decía. Otros evaluaban que al nombrarlos  “estamos  creando  un macro-pueblo cuando sólo son 500 personas, ¿por qué no pusimos a los quechuas que somos dos millones?”. “Esto es un chenko” (desorden) se escuchaba. Alguien propuso, entonces, en la discusión, “que los hermanos  afro vayan en otro párrafo con los campesinos”, y también que se haga una lista de todos los pueblos  en un documento anexo. En las primeras versiones del texto se hablaba de “afrodescendientes”, pero alguien advirtió  en la reunión que se debía hablar de afrobolivianos “porque si no se estaría dando derechos a los brasileros”. “No nos preocupemos”, alguien temporalizaba, “eso va para corrección de estilo”. En junio de 2007, mientras  las comisiones se preparaban para presentar sus informes,  la discusión  de los constituyentes  del MAS llegaba a la fórmula  siguiente:

El pueblo  boliviano está conformado  por la totalidad de las bolivianas  y los bolivianos pertenecientes a las áreas urbanas  de diferentes clases sociales, a las naciones y pueblos indígena  originario campesinos, y a las comunidades  interculturales y afrobolivianas.

En Gramática de la multitud, Paolo Virno (2003) estudia la contraposición de los conceptos  de pueblo y multitud, que ve como central en el momento de fundación de los Estados modernos  en Europa, y que en los días de hoy estaría de vuelta después de haber desaparecido de escena por mucho tiempo. El pueblo sería un concepto ligado a la existencia  del Estado,  su reverberación o reflejo. Virno recupera  el sentido de pueblo en Hobbes, para quien tiene que ver con el uno, con la voluntad única,  con la institución del cuerpo político estatal. Después de la afirmación del concepto moderno de soberanía, la multitud  desaparece, pero parece haber sobrevivido de manera  raquítica y actualmente reaparecer junto a la decadencia de ese Estado. Apoyándose  ahora en Spinoza, Virno define la multitud como algo que rehúye a la unidad,  es refractaria a la obediencia, no establece pactos durables ni se constituye en persona jurídica. La multitud es pluralidad que persiste como tal en la escena  pública  y la acción colectiva, sin converger en el uno ni desvanecerse en un movimiento  centrípeto. La multitud es la existencia política de los muchos en tanto muchos como forma permanente y no intersticial o episódica, escribe Virno.

Es claro en Bolivia el movimiento  en dirección al pueblo  y al Estado,  como conceptos relacionados y que se necesitan mutuamente. En momento de crecimiento de las movilizaciones sociales encontramos a la multitud  emergiendo junto a las fisuras del Estado moderno en Bolivia, pero vemos que luego de aparecer se canaliza en un proceso de renovación “popular”, de un nuevo pueblo que conforma un nuevo Estado. Si en los años de luchas hubo momentos contra-estatales o autonomistas, mientras se escribía una Constitución vemos a las organizaciones buscando pensar un Estado que responda a las necesidades  del pueblo. Hay un indudable proceso estatal en marcha en Bolivia, que podemos ver incluso contra la multitud  en la medida que unifica, institucionaliza, desmoviliza.

Sin embargo encontramos, aún después de 2006, también un movimiento en dirección a la multitud,  en el sentido contrario en que Virno describe  al pueblo, esto es, “detestando”  la multitud, como “unidad sintética”, monopolio de la decisión y contrario a la pluralidad.   En la Constitución  del pueblo boliviano y el Estado Plurinacional vemos la búsqueda de preservar  la pluralidad en la unidad, y así encontramos  el momento político  boliviano   actual al mismo  tiempo (re) construyendo un Estado Moderno y expresando un deseo colectivo de ir más allá de lo instituido y de las formas establecidas de la modernidad política. Eso parecía estar en juego  en la redacción del Artículo que definía la idea de pueblo boliviano. Parece tratarse en Bolivia, entonces, de un pueblo y un Estado que no detesta la multitud sino que busca mantener un diálogo con ella. El proceso constituyente boliviano iba en el sentido del Estado y del pueblo,  esa había  sido la decisión  de los movimientos  sociales al disputar las elecciones y decidir ocupar el aparato estatal. Pero había también en el mismo proceso un movimiento en dirección a lo no centralizado,  de la autonomía, y de la multitud, como lugar político enterrado en el siglo xvii por la formación  de los Estados modernos,  coincidente en los Andes con el momento de la colonización.

Algunos elementos que los constituyentes buscaban incluir  en la Constitución, empezando por la idea de Plurinacional Comunitario, parecen estar en consonancia con la multitud  que, para Virno, no está compuesta  ni por “ciudadanos” ni por “productores” y ocupa una región intermedia  entre lo individual-colectivo de la tradición socialdemócrata,  y de lo público-privado  de la tradición  liberal.  Para ella no vale de ningún modo la distinción entre público  y privado, escribe Virno. Veremos en las discusiones  sobre territorialidad, propiedad de la tierra dentro de los territorios indígenas, representación política, cómo esta aseveración  suena familiar  a las discusiones de los constituyentes. Un pueblo definido como multitud está en la crítica al pueblo  nacionalista definido de forma homogénea.[40]

Una particularidad del debate boliviano  es que esta crítica a la modernidad viene desde un intento de recuperar tradiciones pre-modernas, articuladas con la realidad  de la migración,  las ciudades,  la colonización de tierras, la realidad interétnica y también la identidad boliviana o indígena genérica común de las mayorías. Las formas comunitarias e indígenas se conectan  con la búsqueda política de superar  los lugares comunes de la modernidad,  sin renunciar a la política  en posiciones post-modernas como el folklorismo new age o el nihilismo  del fin de la historia.  En ese sentido podemos ver coincidencias con Virno cuando rechaza “entonar canciones desafinadas de cuño posmoderno (‘lo múltiple es lo bueno; la unidad es la calamidad de la cual hay que cuidarse’)”, y reconoce que “la multitud no se contrapone al Uno,  sino que lo re-determina. Inclusive los muchos necesitan una forma  de unidad, un Uno: pero –aquí  está el punto clave– esta unidad ya no es el Estado, sino el lenguaje,  el intelecto, las facultades comunes del género humano. El Uno no es más una promesa, sino una premisa”, escribe Virno (:17). Lo que parece  caracterizar el proceso  constituyente boliviano  no es la estabilidad en el polo  estatal o de la multitud,  como apuesta por un Uno o por una multiplicidad permanente sin pasar por una Constitución o por el Estado,  lo que quizás nunca encontremos. Vemos un Pacto de Unidad que tiene a la pluralidad  como premisa, pero que se apoya sobre su Unidad.  Por eso los movimientos en Bolivia buscan  al mismo tiempo la definición  de su identidad (del pueblo)  y garantías de diferencia que permitan  incluso ir más allá del Estado.[41]

4. La revisión de la fórmula: los mestizos y la nación, nuevamente

Pero el trabajo de los constituyentes en Sucre y las discusiones  que los llevaron a la fórmula  citada no quedarían ahí. Como veremos, en un conflictivo proceso constituyente,  el MAS lograría aprobar en diciembre de 2007 el Artículo formulado por los constituyentes del mas, pero el conflicto alrededor de la aprobación  de la Constitución y también  el debate continuarían hasta octubre de 2008, en que el texto se reabriría para modificaciones antes de ser definitivamente aprobado.  La oposición al Gobierno expresaba que en el proyecto  de los constituyentes del MAS los indígenas  y campesinos tendrían privilegios respecto a otros sectores del país, en particular los mestizos (los reconocidos como “no-indígenas” en Bolivia), que en la encuesta  del pnud que citamos en la introducción  había  dado como resultado que el 68% de la población se reconocía como mestizo, según enarbolaba buena parte de la oposición  al MAS y a la “visión  étnica” de la realidad.  El tema había recorrido las discusiones  de la Asamblea, incluso dentro de la bancada  del mas. Sectores de clase media, o campesinos no indígenas, buscaban que la autonomía o el acceso a tierra fuera también  para los mestizos. Desde la izquierda nacional, por otra parte, a partir de la lectura de la sociedad  boliviana  como mestiza, había voces  críticas hacia la propuesta  plurinacional o de autonomías indígenas, que podrían potencialmente facilitar la división territorial y el retroceso de la soberanía.

Mientras se avanzaba en el proyecto  de Constitución,  surgían  críticas de todos lados: internas, en la prensa, en la opinión pública de la gente en las calles. En particular, los mestizos  o miembros de la clase media tenían algunos temores, a pesar de haber votado por Evo Morales, en buena parte. En los pasillos de la Asamblea conocí a una politóloga llamada Carmen, que estaba haciendo estudios de postgrado en el cides-umsa de La Paz; había pedido reunirse con constituyentes para tratar sobre sus preocupaciones en el proyecto  de Constitución del mas. No estaba “para nada de acuerdo”  con la oposición, pero decía que le daba miedo el potenciamiento de los indígenas y que no se sentía incluida en el sistema político actual. La propuesta  del MAS de quitar las circunscripciones plurinominales (por departamento), impulsando que la elección  de representantes sea sólo por circunscripción  uninominal  (local), que finalmente quedaría sin efecto,  le parecía “una barbaridad”, porque implicaría la destrucción  de los partidos políticos. Carmen decía: “va a haber voto uninominal  donde el candidato hace lo que quiere por que no tiene ningún compromiso con el partido ni un proyecto para la región,  lo votan a él y cualquiera entra”. También le daba miedo lo que había hablado con Magda Calvimontes, de la Comisión de Autonomías, que le leyó el proyecto  del MAS según  el cual cualquier  territorio, Municipio o región podría declararse autónomo  por el voto de dos tercios de sus habitantes. Eso para la politóloga “generaría innúmeros conflictos”.

Magda  había  defendido  la constitucionalización  del 11% del idh (Impuesto Directo de los Hidrocarburos)  para Tarija y otros departamentos productores, “ganado por luchar”, pero que para Carmen perjudicaría a los departamentos  sin recursos. Le preocupaba la relación entre autonomía y recursos naturales y opinaba que debería haber una distribución equitativa, per cápita de los recursos en todo el país. Eso va a generar que todos reclamen, decía, y también que “once guaranís, si ganan por dos tercios, sean autónomos y tengan un ingreso desproporcionado”. Reclamaba que se pensara en un plan de desarrollo de modo centralizado, o local, pero que el desarrollarse no esté vinculado a los recursos. Con la Ley de Participación Popular (1996) los Municipios ya tienen recursos y sólo compraron jeeps y ll’uchus (gorros indígenas). Ella tenía dudas  de que  los territorios indígenas fueran un espacio bueno para el desarrollo productivo.

El lugar de los indígenas  en el proyecto  de Constitución del MAS era exceso de corporativismo, para la politóloga. Estaba de acuerdo con cupos parlamentarios para indígenas (representación especial) pero no la elección  por usos y costumbres, donde veía corporativismo. Pensaba más bien que era necesario  fortalecer el Senado,  como expresión de las regiones. Veía problemas con la idea de comunitario y colectivo, que los indígenas  y el MAS defendían, por ir en contra de la propiedad  individual. Ella representaba  a los sectores  en Bolivia considerados mestizos de la ciudad,  en una versión académica e informada, que no era opositora, aunque compartía las críticas de estos sectores. No le perdonaría  a Evo que rife esta posibilidad,  decía. Y criticaba la idea de “descolonización”, que también utilizaban algunos investigadores en el postgrado  que estudiaba. “Eso ya pasó”, decía, y también  criticaba “que hay metidos gonistas en el Gobierno  del mas, y que hasta el momento se seguía en el marco  del neoliberalismo”.

Una  de las críticas directamente dirigida a la fórmula del MAS para la definición de “pueblo boliviano” vino del analista y editor José Antonio Quiroga, que rechazó en 2005 la oferta para ser vicepresidente en la fórmula  que llevó a Evo Morales a la presidencia. Para Quiroga la definición de “pueblo boliviano” puede reducirse a “la nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y por los campesinos”; y en la redacción  del texto por parte del MAS habría una confusión entre “nación  cultural” y “nación  política”, a partir de la cual con la idea  de Estado Plurinacional se estarían llamando “naciones”  a lo que debería ser –como en España– “nacionalidades”. Según Quiroga, esto provocaría que la “nación boliviana” quedara excluida del Estado Plurinacional y que los que no forman parte de los pueblos y naciones indígenas fueran diferenciados, en un proceso que veía como el de la conversión  de la nación  boliviana  en “nación clandestina”, en alusión a Jorge  Sanjinés  donde  la nación  excluida era, en la película  del director boliviano, la nación comunitaria  indígena.  Al considerarlo equivocadamente  monocultural y excluyente, decía José Antonio Quiroga,  el Estado Plurinacional reemplazaría a la nación boliviana (2009:9).

En la interpretación que compartió conmigo en entrevista de febrero de 2009, Adolfo Mendoza  veía la nueva definición incluida en el texto como no redundante. Para  él, la mención  de bolivianos y bolivianas, por un lado, y de naciones y pueblos, por otro, significaba  integrar dos tipos de categorías: una individual y otra colectiva. De este modo, se sellaba en la Constitución los derechos  colectivos de los pueblos y su identidad no individual válida como sujeto político frente al Estado. En ese sentido,  el constituyente Carlos  Romero, antes de la aprobación  de la Nueva Constitución, decía a la prensa  que lo “plurinacional”  es lo que verdaderamente hace particular y distinta  la Nueva Constitución, y “enfatiza  el reconocimiento de colectividades que legítimamente pueden autoidentificarse como pueblos o naciones indígenas”. Romero diferencia lo plurinacional de lo “pluri o multi cultural”, ya en la anterior Constitución  de 1967 reformada en 2004 (y anteriores), en que el pluralismo  aparece “solamente como derecho declarativo, y da pie a que  la diferencia cultural sea vista sólo como un hecho básicamente folklórico, no asumen que el componente  cultural es transversal a todas las relaciones sociales, con componentes económicos, políticos y sociales”. Lo que se pretendía con lo plurinacional, afirmaba,  era un efectivo reconocimiento de las naciones originarias como parte efectiva del Estado boliviano.

Para un asiduo  analista en los medios bolivianos, el abogado constitucionalista Carlos Alarcón, que también participó en la Asamblea como experto contratado, “lo plurinacional en la definición misma del país es empezar por lo que  divide  a los bolivianos, dejando de lado lo más importante, que es lo común, lo que nos une”. Decía: La gran  falla de este proyecto es que por la innovación  quiere  destacar y resaltar lo diverso,  y no plantea claramente  lo que es común a todos los bolivianos. Genera una sensación de falta de pertenencia, cuando elimina la nación  y la república;  el que no pertenece a un pueblo o nación indígena anda descolgado, como marciano  dentro del Estado. Para Alarcón, el piso común sobre  el que se puede levantar el resto de las identidades  son los conceptos de nación y república boliviana –que habían salido del proyecto de Constitución del mas– y los valores compartidos por todos, como libertad, igualdad y justicia.

Las críticas buscarían  quitar legitimidad  a una Constitución aprobada  por el mas, y que la oposición desconocía. Pero eso no había sido todo…[42] Cuando se reabre  el texto constitucional y la oposición  “revisa” la Constitución defendida por el MAS y aprobada en la Asamblea Constituyente en 2007, como veremos con detalle en el capítulo  5, el Artículo que define al “pueblo boliviano” es modificado y queda redactado de la siguiente  forma:

“La nación boliviana está conformada  por la totalidad  de las bolivianas  y los bolivianos,  las naciones  y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo  boliviano”.

Esta sería la fórmula que finalmente quedaría incluida en la Nueva Constitución boliviana, promulgada en febrero de 2009. Lo importante  para la oposición era que se había incorporado el término nación, al igual que el término república en otros artículos, ausentes  en el proyecto  de Constitución que el MAS había aprobado en 2007. También se eliminaba la mención a las clases sociales (con  la idea de “pertenecientes a las áreas urbanas  de diferentes clases sociales” incluida a instancias de constituyentes del MAS identificados como mestizos de izquierda) con la mención de naciones y pueblos, pero sin que estos, junto a las clases, designen grupos o subdivisiones a los que los bolivianos pertenecen,  como en la versión anterior. Lo que define el Artículo 3 de la Constitución ya no es al pueblo boliviano, sino a la nación  y sus componentes “que en conjunto  constituyen el pueblo boliviano”.

A partir de las modificaciones, por otra parte,  las naciones indígenas quedaban subsumidas a la categoría principal  de nación. Al pasar de una definición  por extensión a otra englobante se puede ver repetición. Esto sería analizado distintamente como virtud o incongruencia. Pero lo importante  es que con esto  la oposición intentaba imponer continuidad con la Constitución  anterior y defender  la idea de nación. El término nación introducido en este Artículo de la Constitución  no tiene poco peso político en Bolivia, como en otros lugares. Como señala Tapia, “nación  contra anti-nación”  era el clivaje principal en el proceso  inaugurado  con la Revolución de 1952 (Tapia, 2008: 76). Pero  la oposición en el proyecto  del MAS a la introducción  de la idea de “nación” no venía desde lo “antinacional”, identificado con los representantes en Bolivia de los intereses capitalistas extranjeros.

En el proyecto  del mas, la nación  era dejada de lado con las ideas de Estado Plurinacional y de Pueblo, que para los constituyentes eran las primeras. En el desarrollo del proceso,  no obstante, cada vez tomó más importancia  la disputa con la Media  Luna.  En el marco  de esta rivalidad, con la amenaza separatista de Oriente, para el Gobierno  volvió a tener sentido el énfasis en la unicidad  de la nación, más cuando la mayoría indígena-popular estaba reconocida en su comando. Política que también se expresó  con la alianza del Gobierno  con el Ejército, explicada como alianza estratégica basada  en la importancia  que en la ideología militar tendría la unidad  de la patria  y que permitiría contrarrestar iniciativas separatistas. También la reintroducción  de la nación era posible  en el momento de “nacionalizaciones” y un proyecto de nación que se revitalizaba con la llegada de las mayorías al Gobierno. Quizás por estos motivos derivados de la coyuntura política,  la introducción pudo hacerse sin traumas y Bolivia sería al mismo tiempo nación y plurinación. ¿Sería posible una nación plurinacional, que vaya en contra del proceso  de homogeneización y que dé lugar a la diferencia  en el marco de un Estado?

A pesar  de las modificaciones y la introducción del término “nación”. Las críticas al supuesto modelo de Estado “Etnocrático” continuarían siendo las mismas. El ex vicepresidente  Víctor Hugo Cárdenas, analizando la Constitución diría que la misma tiene virtudes, como más derechos y temas que antes no existían, como el medio ambiental. Pero también señalaba graves y serios errores: “Si Mandela hubiese  estado aquí, hubiese  hecho una Constitución como en Sudáfrica, donde ya no dijera blancos, blancos, blancos y los negros abajo  aplastados, pero  tampoco volteando la tortilla dijera ‘ciudadanos negros, negros, negros. Blancos aplastados’, eso es lo que hace  la Constitución actual. Hay triple ciudadanía: quienes tenemos más derechos somos los llamados naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Segundo,  las comunidades interculturales. El resto que no es indígena originario, ni intercultural, es de tercera categoría. Bolivia, desgraciadamente hay que decirlo, tiene una Constitución etnocéntrica, incluso racista por su triple ciudadanía. Es el único país en el mundo que tiene una Constitución construida bajo el criterio de ciudadanía  étnica”. Esta voz crítica al Gobierno  del MAS y su proyecto de Constitución había criticado en otro momento lo que veía como sistema judicial que crearía 36 justicias independientes.  Sin embargo, reconocía: “el MAS abrió  las puertas a una presencia  de sectores sociales excluidos, eso es un gran avance.  Que  no hay cualificación ahora, cierto; que entra cualquiera al cargo, cierto. Pero no podemos negar que una democratización social era importante en Bolivia. […] Hay que reconocer  al MAS su valentía, su audacia y su decisión para abrir las puertas de par en par” (Pukara [2010]).

Otra crítica al Estado Plurinacional y la definición  del pueblo sería escrita por Julio Aliaga. Para él, la Nueva  Constitución establece la existencia de 36 naciones culturales y/o étnicas definidas por origen, sin opciones, mientras que a “más una” nacionalidad, se pertenece por adscripción cuando no se es étnica/racial/ culturalmente identificable.  Esta otra nacionalidad,  no étnica,  la define  como “Limbo Boliviano”. Y considera a esta última como democrática mientras que las otras serían antidemocráticas  por ser impuestas, aunque con derechos especiales y privilegios, como una justicia propia, o prioridad en la dotación  de tierras y el control de recursos naturales renovables  en su territorio. Aliaga considera  que “(l) os otros, la gran mayoría del país, los no-indios  y no originarios y no campesinos, estamos en El Limbo, reconocidos legalmente como ‘bolivianos’; definidos como ‘lo que resta’. Basta la noción de mestizaje, de lo urbano  o la práctica de un oficio no vinculado a la tierra: mestizo,  citadino, obrero,  minero, taxista, consultor,  o empleado de oficina, todos los oficios valen para vivir en el Limbo”.[43]

Desde el mas, sin embargo, había surgido en el proceso  constituyente una definición  flexible y abierta de lo plurinacional,  correspondiente  con la forma con que también vimos construirse la definición  de pueblo. No refería a naciones delimitadas que se integrarían en el Gobierno central, sino más bien a la posibilidad de incorporación de todos a las instituciones. Mantenía la esencia del reclamo  katarista, que era la denuncia  de exclusión de las mayorías. Pero sin una visión que divida a la población  en componentes  étnicos diferenciados, no era ese el modelo  que la Constitución  desarrollaba,  a pesar de que ese era el fantasma en algunas críticas. Sería más bien el “pueblo boliviano” genérico, “indígena originario campesino, intercultural y afroboliviano” que tendría las puertas  tan abiertas como hasta entonces las habían  tenido los blancos. Desde  el indianismo o las organizaciones indígenas de tierras bajas,  que de hecho no veían aumentar su participación en el Estado,  se criticaría lo plurinacional  como una reforma “meramente declarativa”, pero la base del mas, los campesinos y colonizadores que ahora de hecho  integraban  el Gobierno, con mujeres de pollera o campesinos en los tres poderes y en la Constituyente,  sentían el cambio.

En una entrevista en el diario  La Prensa  le preguntaron  a García Linera (2010a) por el nuevo Estado y él respondió:  “¿Qué es la plurinacionalidad?  Es la igualdad  de derechos de pueblos, de culturas en nuestro país. No es nada más que eso. Todo en el marco de una sola identidad nacional boliviana.  Somos una nación de naciones. La plurinacionalidad es el reconocimiento  de los derechos colectivos de mestizos, aymaras, quechuas, guaraníes, de su idioma, tradición y cultura; que todos tengan  las mismas oportunidades para acceder a beneficios, a cargos públicos y a reconocimientos”. Lo plurinacional como algo que “no es nada más que eso” conformaba  a la izquierda  nacional, a los campesinos y a cierta demanda de las mayorías indígenas que buscan participación de tipo moderno en el sistema  del Estado liberal. No era ya el proyecto  del mestizaje,  del monoculturalismo como condición para la ciudadanía,  y además en lo que respecta a las minorías  étnicas del país permitía desarrollar las autonomías para ir más allá del modelo multicultural del reconocimiento que no da poder político territorial y se limita a la suma de algunos derechos genéricos.

La definición amplia será una marca de muchas discusiones incluidas en la Nueva Constitución. Ya veíamos algo de amplitud conceptual cuando los constituyentes y las organizaciones sociales discutían el modo de su inclusión y llegaban a la conclusión  de que sólo la suma sin jerarquización ni división podía expresar la diversidad  sin excluir. La intervención de la oposición  sólo hizo más evidente su carácter genérico  y abarcante. Y de algún modo la definición  constitucional acompaña esos procesos sociales que en las personas y grupos  dio lugar a cambios identitarios, recuperación del carácter indígena  y combinación de miradas (clasista, nacional, étnica). El propio Evo Morales es ejemplo de eso. Ni indio puro ni mestizo puro. Recordando siempre a Katari, y al mismo tiempo poniendo  el énfasis en la cuestión  de la soberanía  y unión nacional. La identidad construida de esta forma se escuchó en la oea, cuando se consideraba  la revocación  de la resolución que había excluido a Cuba de la entidad,  en mayo de 2009, y Evo Morales declaraba que él, al igual que Cuba, era marxista-leninista y comunista, desafiando a que entonces sea de igual modo expulsado como había sido Cuba en los 60. En otra oportunidad  se declaraba humanista,  criticando que la izquierda y la derecha discriminaban a los indígenas.  Al mismo tiempo nunca deja de lado su adscripción campesina,  su alianza con el Ejército, los proyectos desarrollistas, la mención a la democracia y su puesto de dirigente máximo de las Federaciones de Productores de Coca en el trópico  cochabambino. Cuando se distanciaría de las demandas de los indígenas  de tierras bajas él también diría que se siente antes sindicalista que indígena, y también sería católico o recordaría su paso por el Ejército, cuando  la situación  política lo llevara a iluminar uno u otro aspecto de una trayectoria parecida a la de muchos bolivianos.

Como Evo Morales,  el Estado Plurinacional  y el “pueblo boliviano” era muchas cosas; y sólo en la suma de lo indígena, lo moderno,  lo autonomista, lo marxista,  el MAS y Evo Morales podían encolumnar a todos detrás de sí, ganar con el voto de todos y fundar un nuevo Estado. También las críticas vendrían de muchos lugares: indianistas, liberales, marxistas o nacionalistas. Del mismo modo, y porque esa parece ser una marca de cualquier proyecto político de masas exitoso, García Linera hablaría de movimientos sociales y de socialismo o de Estado e institucionalidad. También el Pacto de Unidad era muchas cosas, sólo así habría acumulación de fuerzas para crear nuevos sentidos de las viejas palabras, inventar palabras  nuevas, o repetir fórmulas, pero significando  algo distinto. La política aparece  como ese espacio donde  las palabras cambian de sentido, o los viejos sentidos aparecen con nuevas palabras. La política corona sus éxitos y conduce sus batallas detrás de conceptos. A veces parece que son estos los que movilizan  el juego político y cobran vida propia. La política es tierra de pasiones, y así veremos que “autonomía”,  “capitalía” o “nacionalizaciones” contienen más significado que lo que una ley o procedimiento de gestión puede implementar: la descentralización;  el traslado de la sede de poderes; o la expropiación, compra de empresas por parte del Estado o aumento de las retenciones impositivas.  La máquina de Estado hace esa traducción, donde una vez vencidas las batallas, surge una nueva verdad estatal y esta es traducida en leyes y reglamentaciones. Antes podía ser considerada un engaño, propaganda o mera retórica. Y este carácter a veces incluso puede sobrevivir más allá de la aprobación  de las leyes o de una Nueva Constitución.

El proceso boliviano mostraba continuamente cómo hay significados más allá de las leyes,  del Estado y de las palabras.  Y el proceso  constituyente era el catalizador donde  todas las fuerzas políticas se encontraban para crear sentidos nuevos que puedan orientar una forma de organización. Sin duda la definición abierta de “pueblo boliviano” iba en esa dirección, como cristalización inestable que articula pasado y futuro en un artículo de la Constitución.

Los constituyentes del MAS autorizaron mi presencia en sus reuniones, de las que participaban también algunos de sus asesores técnicos.↵

Movimiento Sin Miedo, partido que eligió constituyentes en las listas del mas, como parte de una alianza política. Su fuerza política era especialmente urbana, y gobernaba la alcaldía de La Paz.↵

Silvia Rivera cita también al que sería primer vicepresidente aymara, Víctor Hugo Cárdenas, que como dirigente katarista ocupaba la representación de la Central campesina en la cob. En los Congresos de la cob del 87, 89 y 92, él protagonizaría conflictos entre los indígenas y campesinos con la Central Obrera, a la que el Cárdenas de este momento acusaba de “organización excluyente” incapaz de expresar la “democracia comunal” de las bases, lo que Silvia Rivera atribuía al “verticalismo, caudillismo y corrupción” de los proletarios, liderados por los fabriles. Se trataba, según Cárdenas, del “desencuentro entre lo obrero y lo campesino, entre la lucha de clases y la lucha de culturas” (en Rivera [1993:106]).↵

Entre estos libros encontramos: Los orígenes del hombre americano (P. Rivet), El hombre americano (A. d’Orbigny); El Iténez salvaje (Luis Leigue Castedo), Tupac Amaru el rebelde (Boneslao Lewin), El indoamericanismo y el problema social en las Américas (Alejandro Lipschutz), Informe de las Naciones Unidas sobre los problemas de las poblaciones indígenas andinas (oit Ginebra 1953), Monografía estadística de la población indígena de Bolivia (Pando Gutiérrez), Historia del colonialismo (J. Arnault), Raza de bronce (Alcides Arguedas), Sobre el problema nacional y colonial de Bolivia (Jorge Ovando), La sociedad primitiva (Lewis H. Morgan), La cultura de los inkas (Jesús Lara), Idioma nativo y analfabetismo (Gualberto Pedrazas), Costumbres y curiosidades de los aymaras (Valda). (Cf. Sexto [2007]).↵

Se referían en esta crítica a una “operación ideológica de negar el carácter de clase de los fenómenos reales de los que habla y denuncia, reduciéndolos a sus manifestaciones étnicoculturales, como el lenguaje y color de piel, con lo que pretende detenerse en las soluciones superficiales, sin abordar las bases materiales a las que está sujeta la situación de opresión de los pueblos originarios”. También criticaban las autonomías indígenas por dejar de lado a los indígenas urbanos y confinarse a áreas empobrecidas, sin desarrollo productivo e industrial, lo que las convertirá en presa fácil de la voracidad de empresas y trasnacionales “que podrán aprovechar la etiqueta intercultural para acceder al saqueo de sus materia primas y recursos naturales”, crítica que coincide con las posiciones que surgía desde el nacionalismo. El grupo era la lor-ci (Liga Obrera Revolucionaria – Cuarta Internacional), sección Bolivia. Vease http://www.lorci.org y Ferreyra (2009, 2010).↵

Ernesto Guevara escribió sobre el libro de Ovando: “Libro monocorde, con una tesis interesante sobre el tratamiento de Bolivia como Estado multinacional, aquí expresa que la Reforma Agraria boliviana es un mito, cosa que habría que investigar más a fondo y estadísticamente”.↵

Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Sociales (http://www.cejis.org/). Fue fundado por los jesuitas a inicios de los 80. De ahí salieron varios ministros de Evo Morales (Muñoz, Rada, Almaraz, Rivero, Romero). Es la ong responsable por el 80% de las demandas de titulación de tierras en Oriente. Ver Terceros Cuellar (2004). Mantuvo presencia constante durante la Asamblea Constituyente, contribuyendo como asesores de constituyentes del MAS y organizaciones sociales (de tierras bajas) en varios temas.↵

Silvia Rivera escribió: “En cuanto a los estereotipos raciales y su terminología, subsisten toda una gama de discriminaciones: indio, ‘puro’, ‘t’ara’ son los insultos raciales dirigidos al comunario rural o al migrante de primera generación, en tanto que ‘indiaco’, ‘cholo’, ‘cholango’, ‘medio pelo’ y otros aluden a los sectores intermedios en ascenso. Si bien en su versión femenina el contenido despectivo de estos términos se atenúa (”chola” o “cholita”, que también se utilizan como autodesignación), las variantes ascendentes femeninas continúan siendo designadas en términos despectivos: ‘birlocha’, ‘chota’, etc. En el caso masculino, los insultos al cholo provienen específicamente del mundo q’ara, en tanto que en el caso femenino, el término ‘birlocha’, por ejemplo, puede ser usado despectivamente, tanto por la mujer oligarca como por la chola orgullosa que siente como una degradación el adoptar el ‘vestido’ o vestimenta femenina criolloq’ara” (1993:68).↵

Los autores asimilan el proceso actual con 1952 en que los que hicieron la Revolución quedaron afuera y un reducido grupo, con personas que ni siquiera habían participado de la misma entraron al Palacio de Gobierno. Otro punto fuerte de esta crítica es el tratamiento de izquierda y derecha como igualmente colonialistas y racistas; y también el relativo a la lengua “Aquí los presidentes, senadores o ministros debían hablar en aymara o quechua o guaraní como un hecho absolutamente normal. Todos los pueblos del mundo lo hacen en su idioma y con todo derecho”, escriben. Félix Patzi también hacía eco de la teoría del entorno blancoide. Había renunciado como ministro de educación del primer gabinete de Evo Morales después de enfrentarse a los maestros (de izquierda) y la iglesia católica (2007:340). En su libro Insurgencia y Sumisión, evalúa que “toda la estructura del poder del Estado casi nada ha cambiado, y continua siendo dominada por la élite blanca mestiza que pregonó la visión unilineal de la historia euro céntrica”. También veía el proyecto de descolonización abandonado en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Asamblea Constituyente. Futuramente buscaría abrir un nuevo espacio político con la descolonización como principal bandera.↵

Sobre los orígenes del katarismo se mencionan espacios culturales y no solamente políticos, como la radio San Gabriel, con programas en aymara. Según Silvia Rivera eran “expresiones multiformes del asentamiento indio en las ciudades”. En un texto que me fue enviado por el autor, Sinclair Thompson menciona el resurgimiento de Tupac Katari desde los 60, con los indianistas seguidores de Reynaga que en los bloqueos de 1979 vuelven el nombre de Katari “parte de una amplia conciencia histórica popular”. También menciona los trabajos de historiadores aymaras como Roberto Choque, que sería viceministro de Evo, y del Taller de Historia Oral Andina; también la adopción del nombre Tupaq Katari por parte de la Federación Campesina de La Paz en 1969, y la estatua al líder indígena que la Federación construyen en Ayo Ayo en 1971. La “serpiente resplandeciente” empezó a resurgir a la luz pública después de un largo periodo de oscuridad, escribe el historiador.↵

En el primer documento del katarismo, Manifiesto de Tiwanaku, de 1973, están presentes algunas de las ideas que llegarían hasta la Asamblea Constituyente de 2006-2007. En el manifiesto hay elementos básicos de la mirada indianista de la política, con frases como “somos extranjeros en nuestro propio país”, y a pesar de la cercanía con la cob –o justamente por eso–, en sus tesis fundadoras de la csutcb se aclararía que “no aceptaremos cualquier reduccionismo clasista convirtiéndonos en campesinos” y declaraban aceptar la colaboración y solidaridad de la izquierda, “siempre y cuando no implique imposiciones de ninguna naturaleza” y respete la “independencia de clase ideológica” del movimiento campesino. (Rivera [2003:154]).↵

Encontramos sus protagonistas en todos los lugares políticos posibles, por ejemplo el canciller Choquehuanca, el ex ministro y ex candidato del MAS Félix Patzi, opositores liberales como Víctor Hugo Cárdenas; opositores de izquierda como Pablo Mamani desde el ámbito intelectual y Felipe Quispe desde la política, hasta 2006; aliados críticos como conamaq, candidatos de la oposición progresista en La Paz, como Simón Yampara y hasta un “katarista de derecha”, Fernando Untoja. En un debate anterior a las elecciones de abril de 2010 organizado por el Periódico Pukara, varios de estos caminos estuvieron representados. Véase: vvaa (2010).↵

Jenaro Flores, dirigente histórico del katarismo, se iría de este partido del que también participó, por diferencias con otros dirigentes y formaría el fulka. En sus estatutos, el mrtkl incluía formas andinas de organización como la dualidad, la rotación y el control colectivo de los líderes, y sería fundado en el lugar donde Katari fue descuartizado por los españoles, en un ritual de sangre. Víctor Hugo Cárdenas se identifica con la propuesta de una democracia intercultural que combine lo comunitario con el liberalismo. Ver entrevista en Calderón (2002). Estos temas recorrían también las posiciones indígenas de las discusiones de la Asamblea Constituyente.↵

Albó señala que la vinculación de la clase y la etnia como dos perspectivas no excluyentes es la clave ideológica del katarismo en la región aymara, tal como se expresara en el bloqueo de caminos de 1979. Señala también a los campesinos maoístas de ucapo y al Bloque Campesino en la perspectiva de clase, y a los partidos indios con vínculos con el primer mundo señalando una contradicción fundamental de tipo étnico. La polaridad también la encuentra entre analistas que parten de la sociología y las ciencias políticas, de un lado, y los que parte de la historia y la antropología, de otro (en Stern [1990: 384-385]).↵

Escenas que forman parte de estos años son las de las disputas por el control de la csutcb, negociaciones unilaterales o conjuntas con el Gobierno, la expulsión de Evo Morales del Parlamento por ser considerado narcoterrorista y la intervención de la embajada de Estados Unidos apoyando la disputa contra la hoja de coca y Evo Morales. También la foto del El Mallku, Evo Morales y Oscar Olivera, líder de la Guerra del Agua de Cochabamba, saliendo del departamento de García Linera y mostrando la unidad que el Gobierno se había estado empeñando en romper con dinero para dirigentes y también con otros métodos. Rivero había sido ministro de Asuntos Campesinos y Pueblos Originarios de Banzer. Su relación con Quispe buscaba negociar por separado con los líderes de las protestas del Altiplano y el Chapare, para quebrar su articulación.↵

Víctor Hugo Cárdenas, que era dirigente del katarismo, le dijo a Albó (con quien trabajó ocho años en cipca) que en 1978 el término ya se usaba, en el sentido de entender como naciones a los pueblos aymara, quechua, guaraní, mojeño, etc. Xavier Albó cuenta también la anécdota de que por influencia de Cárdenas, Gonzalo Sánchez de Lozada propuso el Estado Plurinacional en el cierre de campaña para la primera elección que ganó, en 1993 y llevo al katarista a la Vicepresidencia. “Lo Plurinacional no es un invento del Evo contra las autonomías, como dicen los cambas”, decía Xavier Albó. Miguel Urioste, director de la Fundación Tierra, menciona las propuestas políticas y económicas de la csutcb, en que se hablaba de “colonialismo interno” y lo “plurinacional” pero, para él, aún con terminología “campesinista”, en la época de la apertura democrática que marca también el comienzo del contacto entre organizaciones campesinas y ong para financiar y asesorar (Urioste [2007: l-lii]).↵

Camba” tiene un origen que remite a los campesinos mestizos u originarios de Oriente. Recientemente, sin embargo, fue adoptado como identidad de la elite de Santa Cruz, Beni y Pando, imaginada como formada por descendientes de Europa. A veces el término refiere a la población de estos departamentos, como categoría étnico-cultural. Otras veces se opone a “Cruceño” o “beniano”, por no incluir a los descendientes de quechuas y aymaras del departamento, alcanzando algunas veces un uso político discriminador y también aglutinador, como veremos.↵

En sus primeros Congresos después de la vuelta de la democracia, en 1983 y 1984, la csutcb dirigida por el katarismo elaborará también el proyecto de la Ley Fundamental Agraria, que mantendrá como reivindicación por años y que anticipa otra línea que llevará a la Asamblea Constituyente, vinculada directamente con el sustento de las comunidades antes que con las demandas de inclusión, crítica al racismo y propuestas de descolonización, aunque podamos fácilmente trazar una relación. Algo de esto confluirá en las discusiones y críticas a la elaboración de la Ley inra –aprobada en 1996– y el proyecto de reconducción de la reforma agraria aprobado ya en tiempo de la Asamblea Constituyente, en 2006, que serán importantes antecedentes para la discusión de tierra y territorio en la Constitución.↵

Silvia Rivera hace referencia a un proceso del que fue testigo, cuando después del segundo Congreso de la csutcb en junio de 1983, se buscaba convocar un encuentro de “ayllus y autoridades originarias” y terminó en fracaso. (2003:51). De esas discusiones surgía CONAMAQ.↵

En Indianismo y marxismo escribiría que las “políticas de Estado de reconocimiento retórico de la multiculturalidad contrapone a la identidad indígena autónoma asentada en los sindicatos […] una caleidoscópica fragmentación de identidades, de ayllus, de Municipios y de etnias”. Y ese proceso sería el que explicaría, para el futuro vicepresidente, un desplazamiento de las luchas sociales del Altiplano aymara a las zonas cocaleras del Chapare donde el discurso de tipo campesino complementado con componentes culturales indígenas no sería presa del multiculturalismo como en los andes.↵

El cambio a tono con la Nueva Constitución era de Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, “Bartolina Sisa” a Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”. http://www.bartolinasisa.org/↵

CONAMAQ estaba dirigido por un concejo de autoridades originarias que representaban a los siguientes suyus ya reconstituidos: Jach’a Karanga; Jatun Killaka Asanajaqi; Charka Qhara Qhara; caop; Ayllus de Cbba; Jach’a Pakajaqi; Sura; Uru; Kallawaya. También los siguientes suyus en proceso de reconstitución: Larikaja; Chuwi; Comunidades de Tarija; Yampara; Qulla. También se había sumado el Pueblo Afrodescendiente y los migrantes andinos de Yapacaní, en el Oriente boliviano. Véase: http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/74656 d706c6174653132333435363738/Plan-conamaq.pdf y http://www.conamaq.org.bo/↵

En este sentido, Silvia Rivera, que fue asesora de la csutcb cuando era controlada por Jenaro Flores y participó del thoa, vinculado también al origen de conamaq, considera el impacto del proyecto estatal monocultural, a partir de relaciones de encuentro-desencuentro entre la multiplicidad de lo social y la unidad, a partir del choque de la comunidad con el Estado y el sindicato, como espacio de unidad de lo social “introduciendo una presión homogeneizadora de la diversidad que cobijaba en su seno”(2003:100).↵

Una tesis de 1999, citada por Regalsky (Andolina en Regalsky [2003]) da cuenta de estas rivalidades en relación a la idea de lo plurinacional. Andolina escribe como asambleas alternativas para imaginar y construir un nuevo Estado llamado Estado Plurinacional se neutralizaron desde el comienzo por el partidismo político al interior de la máxima autoridad de la csutcb con la ayuda de las ong religiosas.↵

En su investigación sobre organizaciones sociales, García Linera et al. (2004), distingue tres situaciones que se encuentran en las relaciones entre conamaq y csutcb. En el primer caso (especialmente en Oruro y norte de Potosí) la institucionalidad del ayllu está presente porque nunca dejó de existir. En el segundo caso, después de la Revolución del ‘52 el sindicato fue adoptado y ahora hay un “retorno” a las formas originarias y la fidelidad organizativa a las estructuras macro-regionales es variable: “en momentos responde a la representación del conamaq para negociar alguna exigencias a las instituciones del Estado, en tanto que en tiempos de movilización puede responder a la convocatoria de la csutcb”. Sobre la tercera situación dice que “la relación entre sindicato y ayllismo es conflictiva en la medida en que las estructuras organizativas se disputan la adhesión de las comunidades” (2004:329).↵

Patzi (2007) escribía que “al interior de las comunidades el sindicato tenía la misma función que ancestralmente se habían asignado a las autoridades originarias, aunque se habían quitado su poncho y su chicote; es decir, conservaban la rotación, la sucesión en el mando y las jerarquías continuaban con leves alteraciones. De la misma manera, el ejercicio de un cargo sindical continuaba siendo obligatorio, tal como está instituido para las autoridades ‘originarias’ y es requisito básico para acceder a los diversos recursos existentes en la comunidad. Es decir, tenemos un panorama en el que diversos cargos políticos de la administración estatal fueron hábilmente subsumidos por la lógica comunal, asignándoles un nombre ‘moderno’: sindicato”.↵

A partir de su experiencia con los colonizadores de Cochabamba, Omar encontraba más potencia política en el mundo quechua de los sindicatos campesinos, que entre los aymaras. Consideraba a conamaq una organización capitalista, recordando que los primeros que metieron la mercancía en Bolivia fueron los aymaras, por el comercio, y mencionando las fábricas y maquilas en El Alto, con explotación de los propios familiares. Cómo técnico de los colonizadores, Omar decía que había buscado que las organizaciones sociales no se subordinen a un partido pero que había perdido. Veía ahora que las organizaciones eran un brazo del mas, y no el MAS un brazo de las organizaciones. Omar veía que a pesar de la influencia del marxismo, el MAS nunca había planteado la revolución social clasista, sino más bien “que el Estado no sea tan mierda”, con políticas como los bonos que consideraba “placebos”.↵

Había ingresado en el proyecto del MAS el reconocimiento de la preexistencia a la Colonia, la autonomía –que no debía ser sólo administrativa sino entendida como reconstitución de territorios ancestrales– y el derecho a la consulta, defendido junto con la cidob. Sobre la demanda de “transterritorialidad” que permita reconstruir un territorio fragmentado por provincias y departamentos, había sido acogida en la Comisión de Autonomías, pero aún había resistencias.↵

García Linera et al. (2004), da cuenta del debate interno de los colonizadores sobre el término con que se identifican. Y es al indianismo-katarismo, con representantes en la zona de colonización del departamento de La Paz, que se atribuye la sustitución –en momento de la investigación coordinada por García Linera de manera aún amorfa– por la autoidentificación como “indígenas”. En este trabajo citan un mandato de un Congreso para no denominarse más colonizadores. En el trabajo citado se dice: “[…] esta identidad indígena–originaria […] Está en medio de una identidad primordial fundada en sus propias condiciones de producción y reproducción social, la actividad agrícola campesina: […] esta adhesión primordial […] siempre será el punto de partida, y de llegada, de sus reivindicaciones y convocatorias frente al Estado. […] de ahí que la lógica victimizante sea un elemento central de los mecanismos de agregación social y, como lo muestra la historia de las rebeliones recientes, uno de los mecanismos simbólicos más influyentes en la movilización exitosa de los movimientos sociales.” (:294)↵

García Linera también señala el “desarrollismo” propio de la filosofía de la colonización desde 1952, acorde con el resto de las iniciativas del Estado nacionalista: “incorporar a los campesinos al mercado, ampliar la base productiva, sustituir importaciones de productos agropecuarios, ‘nacionalizar’ el territorio mediante una presencia dirigida de pobladores articuladas sindicalmente, etc. En esta visión estatal y campesina, el Oriente se presenta como zona ‘despoblada’, en la mayoría de los casos, o con presencia de ‘salvajes’ sobre cuyos derechos nadie, ni Gobierno ni campesinos ni terratenientes, se preguntan ni se preocupan” (:275).↵

El despliegue de la colonización continuará durante el Gobierno de Evo Morales, con colonizaciones de cocaleros avanzando también sobre áreas indígenas tanto en el territorio interétnico tipnis, frontera con el Chapare, como en el norte de La Paz. En ambos, la disputa entre comunidades indígenas y colonizadores incluye el cuestionamiento del verdadero carácter étnico de las poblaciones de esas áreas, a veces también hablantes de quechua. En 2010, este conflicto alcanzó el proyecto de Evo Morales, con financiamiento del Gobierno de Brasil, para construir una carretera que atraviesa parte de la amazonia boliviana para unir el Chapare con San Ignacio de Mojos en el Beni, departamento conectado en muy mayor medida a Santa Cruz de la Sierra que al Altiplano y los valles. Los cocaleros aseguran tener el apoyo del presidente y los conflictos periódicos alcanzan ribetes violentos.↵

Albó agrega que el modelo de revolución populista, muy ligada a un proyecto estatal, fue más digerible en Cochabamba. Y en el altiplano se encontraba no en Aroma sino en Achacachi, la “Cochabamba” del altiplano por su larga historia de haciendas y otras características, dice Albó. Por eso fueron los kataristas los primeros en romper con el pacto militar-campesino, retomando la memoria de la sublevación de los Katari y otros levantamientos más recientes. También señala cómo en Cochabamba la tradición comunal y el vínculo con el Estado y el mnr eran más fuertes. Y Albó también ve este contraste entre quechuas y aymaras como una reedición del de los Amarus del Cusco, con haciendas reales, y los Katari de los ayllus altiplánicos. Ve a los Amaru precursores del “populismo” del mnr, con alianzas sistemáticas con mestizos y criollos. Sobre la participación de indígenas en política antes del mas, ver Ticona, Rojas, Albó (1995); y Albó (2003).↵

Población estimada: Araona 112, Ayoreo 1.701, Baure 976, Canichana 420, Cavineño 1.677, Cayubaba 645, Chacobo 501, Chiman 8.528, Chiquitano 184.248, Ese Ejja 939, Guarasugwe 31, Guarayo 9.863, Itonama 2.940, Joaquiniano 3.145, Lecos 2.763, Machineri 155, Maropa 4.498, Moré 101, Mosetén 1.601, Movima 10.152, Moxeño 76.073, Nahua s/d, Pacahuara 25, Sirionó 308, Tacana 7.056, Toromona s/d, Yaminahua 188, Yuqui 220, Yuracare 2.755, Guaraní 133.393, Tapiete 63, Weenhayek 2.020.↵

La cidob se forma en 1982 con representantes de los pueblos guaraní-izoceños, chiquitano, ayoreo y guarayo (pueblos que guerreaban entre sí, décadas antes, según cuenta la leyenda). Desde 1977 –mientras los kataristas se dirigían a crear la csutcb– estos pueblos comenzaron a establecer contactos, impulsados por el guaraní “Sombra Grande” y el intelectual Jürgen Riester, que funda la ong apcob (Apoyo Para el Campesino del Oriente Boliviano). Se trata también del ingreso de ong y la cooperación internacional, más la participación de sectores de la Iglesia Católica, del mismo modo que había sucedido en las tierras altas.↵

Las reivindicaciones de los pueblos orientales motivaron movilizaciones que a su vez sirvieron como factor de cohesión y politización en las comunidades. Por otra parte, la marcha del ‘90 y la línea política de la cidob y sus filiales, surgen en un contexto internacional de emergencia de grupos indígenas con reclamos de derechos. En 1989 se aprueba después de años de debate el Convenio 169 de la oit, que servirá de marco jurídico para las reivindicaciones de estos pueblos. El convenio permite a la política indigenista hacer un corte con su pasado de tutela, paternalismo y objetivos integracionistas de asimilación, y es ratificado por Bolivia en 1991 (véase Charters y Stavenhagen [2010], Ventura [2009]).↵

García Linera escribe entonces Marxismo, nacionalismo e indianismo en Bolivia (2008), un corto bosquejo de la discusión en que hace referencia a que “una lectura más rica de la temática indígena y comunitaria vendrá de la mano de un nuevo marxismo crítico que, apoyándose en las reflexiones avanzadas por René Zavaleta Mercado (1937-1984), buscará una reconciliación de indianismo y marxismo”. Luis Tapia ve a Zavaleta como el trabajo de síntesis más elaborado y complejo para entender Bolivia. Destaca su concepto de “lo nacional-popular”, síntesis más intensa y extensa de Bolivia, según Tapia. En un texto de 2000, evaluaría que no hay todavía una fuerza social que recuerde, encarne y sintetice la densidad de la historia, cuestión colonial y las nuevas condiciones de la explotación y dominación; pero sí rescataría la importancia del katarismo como síntesis de lo que fue y es Bolivia desde el punto de vista de los conquistados, colonizados o dominados y que –escribe Tapia– “en sus versiones más fuertes jala la historia y actualiza y plantea hoy la gran contradicción de estas tierras: somos un territorio multisocietal bajo dominio colonial, con una sociedad mestiza dominante racista y un estado inorgánico en relación a los pueblos y las culturas locales (2007 [2000]: 86).↵

Hubo un Comité interinstitucional de los 500 años de resistencia y rechazo al festejo del “V Centenario”. Regalsky cita las tareas propuestas en el encuentro de organizaciones, entre las que se incluían: escribir una nueva Carta Fundamental; Ley de Tierras y Territorio; Libro ‘Nuestra Historia’; Propuesta de Educación Multinacional; Estrategia Económica; Nuevo Mapa de Bolivia; Libro de Cultura y Religión; Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural. Sólo tuvo éxito la Reforma Educativa, propuesta, en la Comisión coordinada por Víctor Hugo Cárdenas, que publica el documento en 1991 y en 1994 daría lugar a una Ley.↵

El documento está firmado el 5 de agosto de 2006, y una segunda versión sería repartida en mayo de 2007. Firman el documento la csutcb, la cidob, los “colonizadores”, la Federación de Mujeres “Bartolina Sisa”, conamaq, Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz – cpesc, Movimiento Sin Tierra de Bolivia – mst, Asamblea del Pueblo Guaraní – apg, Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni – cpemb. Y en nota se aclara que la Asociación Nacional de Regantes (anarescapys) y la Coordinadora de Defensa del Río Pilcomayo (coderip) “se adhieren a la propuesta, razón por la cual la han integrado sus aportes y enriquecido el documento”. Durante la Asamblea serían los primeros cinco los que de hecho representarían al Pacto de la Unidad y harían seguimiento del trabajo de Comisiones, asesoramiento técnico, propuestas, protestas y movilizaciones.↵

María Galindo y Julieta Paredes, con sus colectivos “Mujeres Creando” y “Mujeres Creando Comunidad”, son dos nombres importantes en el debate de género y minorías sexuales en Bolivia, con posiciones provocativas que abarcan un arco de posiciones variadas, desde la crítica impertinente a la defensa desde una posición independiente, según el caso. Son interesantes las críticas al machismo dentro de la izquierda, los movimientos y la cooperación, en uno de los casos, y la articulación de la cuestión de género con la cuestión étnica y comunitaria en el otro. Véase por ejemplo Monasterios (2006) Mujeres Creando (2005), Paredes (2008) y Arnold y Spedding (2005). Sobre la participación de las mujeres en la Asamblea, desde la experiencia de una de las ong más activas y con más financiamiento, véase Mujeres presentes en la Historia (2006).↵

Raúl Prada defendería una interpretación por la que las poblaciones urbanas eran incorporadas en la categoría “interculturales” no exclusivamente asociada a los colonizadores y también como forma de la multitud que permite un proceso de “desestatalización” (2011e): “cuando se habla de comunidades interculturales se habla de todas las poblaciones y conformaciones demográficas cuya composición es explícitamente intercultural, como son las poblaciones de las ciudades, las poblaciones migrantes, las poblaciones multiétnicas. Esta aclaración es indispensable cuando la organización sindical de los llamados anteriormente colonizadores se nombra como interculturales, y después de su último Congreso, interculturales originarios; la aclaración tiene que ver en el sentido de que la definición del “pueblo boliviano” que se refiere a las comunidades interculturales no solamente se refiere a estas poblaciones de migrantes climáticos sino a toda condición social y demográfica e intercultural diversa y entrelazada, por lo tanto también se refiere a las poblaciones urbanas así como de asentamientos multiétnicos. Desde el punto de vista del discurso constitucional es interesante que se defina el concepto de pueblo de una manera plural, mostrando su composición compleja y diferencial, de esta forma se acerca el concepto de pueblo al concepto de multitud renacentista, dejado de lado por el propio proceso de estatalización que vivieron las sociedades y los países. De esta forma el concepto de pueblo se acerca más a su composición plural, a su múltiple perfil, volviendo a abrir las compuertas a una desestatalización de la sociedad, incursionando nuevamente por las rutas de la autogestión y la participación”.↵

En el concepto boliviano de lo comunitario, que refiere a los modos colectivos de política y organización, encontramos los signos que Virno asocia a formas actuales de vida y producción. Es difícil decir dónde termina la experiencia individual y privada, dice Virno, y encontramos un enturbiamento donde las líneas de frontera colapsan, o devienen poco fiables las categorías de ciudadano y productor, importantes en Rousseau, Smith, Hegel y Marx. Era el mismo “paquete moderno” criticado desde el katarismo en la década del 70, contra los intentos continuos desde el Estado de imponer ese modelo en Bolivia con leyes, reformas agrarias, escuelas y cuarteles.↵

El cambio continuo en los artículos de la Constitución nos recuerda la fórmula “Ce ne pas tout” de Lévi-Strauss en el análisis transformacional de los mitos, frase que caracteriza al análisis estructuralista, como llamara la atención Eduardo Viveiros de Castro, donde siempre es posible una inversión más, hasta el infinito.↵

Artículo “Un 6 de Agosto Post-Inter-Pluri-Mega-Multiple: La Identidad y el Limbo”, escrito el 6 de agosto 2010 y distribuido en la lista de emails Aula Libre (posteado también en el archivo de http://aulalibrebol.blogspot.com/). En el texto, el autor también afirma: “Mientras nuestras raíces occidentales no se revaloricen, ningún esfuerzo de unificación o reconstrucción de una alternativa político-ideológica será posible y el etnonacionalismo seguirá campante en su carrera de destrucción de las bases democráticas y la institucionalidad política de lo republicano. Y hay jurisprudencia: el reconocimiento constitucional de la condición de “afrodescendiente” para recibir el reconocimiento identitario de “afroboliviano” y las ventajas y privilegios correspondientes, similar a la de indígena/originario/campesino. Nota importante: los afro-descendientes, no son indígena/originario/campesinos, pero no están en el Limbo. ¿Y los euro-descendientes?”.↵

Capítulo 2: 

Las comisiones y la búsqueda de un centro entre “dos Bolivias” y el Estado

Para concluir queremos  retomar algunos temas que a nuestro modo de ver marcan los debates  y discusiones en varias de las  diferentes   asambleas y  convenciones.  Por un lado, la desigualdad que emerge constantemente a propósito de la ciudadanía  y las  elecciones,   pero también en la  familia y entre los hijos,  todo ello en estrecha relación con la tensión entre  individuo   y colectividad-sindicato;  por otro  lado, la representación territorial como parte de una conceptualización de Bolivia y del país como una asociación  política de territorios en los que las capitales  de los cantones, provincias  y capitales de departamento tuvieron un rol fundamental.

Rossana Barragán (2006a: 167)

1. La Ley de Convocatoria y los dos tercios

La llegada de los pueblos indígenas a la Asamblea se había consumado entre controversias y la desconfianza  de que una vez más el sistema  político les bloquearía el camino. La Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea  Constituyente (Ley 3364) había sido una de las primeras medidas del Gobierno  de Evo Morales y fue promulgada  el 6 de marzo de 2006, casi tres años  antes de la fecha  en que sería promulgada la Nueva  Constitución.[1]  Pero dado el control del Senado por parte de parlamentarios de la oposición,  la ley sólo pudo ser aprobada  tras una negociación  política donde se limitó la posibilidad  de representantes directos de los pueblos  indígenas  y otras propuestas que desde años anteriores venían siendo discutidas por las organizaciones sociales. La propuesta aprobada determinaría la composición de la Asamblea Constituyente y mucho de su desarrollo.  En la misma Ley de Convocatoria se llamaba a elecciones para julio de 2006; se establecía que la Asamblea  funcionaría por un año desde agosto de 2006 y estaría compuesta por 255 constituyentes. Además,  estipulaba que la aprobación del texto constitucional sería por dos tercios de los votos de los miembros presentes. El acuerdo político con la oposición  incluía que el mismo día en que se eligieran los asambleístas se votaría en cada departamento  un referendo consultando por la aprobación de un régimen autonómico, que sería vinculante y que debería ser implementado  por la Nueva  Constitución (Ley 3365, aprobada  el mismo día).

En septiembre de 2004, cuando  durante la presidencia  de Carlos Mesa se habilitaron los mecanismos para la convocatoria a la Asamblea, las organizaciones sociales hicieron una propuesta en que se planteaba la elección  de un total de  248 constituyentes incluyendo  10 por circunscripciones especiales étnicas de tierras bajas y 16 por representación  directa de nacionalidades indígenas de tierras altas en procesos  de reconstitución territorial, ambos elegidos por “formas propias”.[2]

En una investigación de la época, García Linera presentaba la voz de Evo  Morales, como entrevistado, que defendía una propuesta de tres circunscripciones y decía: “si no logramos […] que los quechuas,  aymaras  y guaraníes seamos mayoría, esa constituyente no sirve, no va a cambiar el modelo, no va a cambiar el sistema político, habrán parches […] por lo menos quisiéramos que los constituyentes sean 60% de quechuas, aymaras y guaraníes basados en el último censo nacional del país, para cambiar el sistema económico y el sistema  político […] como somos tres [constituyentes  por circunscripción], obligatoriamente uno de ellos debe ser indígena, el segundo mujer, el tercer dependiendo en qué zonas estamos, puede ser minero, campesino de la región  […] si fue en Yungas, uno sería aymara cocalero, luego una mujer, porque  los hoteleros son poquitos  y el tercer un negro, si es en la circunscripción de la comunidad negra” (:346).[3]

Raquel Gutiérrez Aguilar (2006) permite acceder a un cierto descontento que recorrió  el campo de las organizaciones  sociales en momento de la aprobación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea.  Este se deja entrever en una entrevista realizada por esa época, en que habla de “diques” a una Asamblea para evitar lo que desde  la sociedad  podría irradiar hacia el Estado. Decía: (l)a Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente recompone el sistema  institucional. Al autorizar sólo a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas a participar en él, se han quedado fuera nada menos que las organizaciones sociales que le dieron sudor y sangre a este proyecto […] el escenario  de la Asamblea  Constituyente significa para mí, sin ninguna  duda, el diseño  institucional, organizativo y político para la contención del avance de los movimientos sociales. Es una búsqueda desesperada de la cicatrización de las grietas que  abrió  la insurrección social. Raquel Gutiérrez hablaba de “un intento sistemático de Evo de apaciguar  la disidencia  autónoma para hacer del MAS un instrumento político consolidado” y citaba a sectores políticos aymaras que habían expresado: “Nosotros que dimos el inicio a todo esto, nos vamos a quedar afuera, ladrando como perros a los muros”.[4]

Dada  la importancia de la proporción de constituyentes y votos para el desarrollo de la Asamblea, varios veían en la Ley de Convocatoria un sello al destino del proceso.  Del acuerdo congresal derivaría la futura composición de la Asamblea y el poder de veto de la oposición controlando el Senado  se trasladaba así a la Asamblea Constituyente, a pesar de que esta intentara sortearlo declarándose “originaria” en una de sus primeras votaciones. En la Ley de Convocatoria aprobada habría 210 constituyentes elegidos en circunscripciones locales uninominales y 45 por circunscripciones plurinominales, por los votos a nivel departamental de cada partido o agrupación ciudadana que postulaba candidatos, cinco en cada departamento (dos por la mayoría, uno por la segunda  fuerza,  uno por la tercera y uno por la cuarta, cuando  éstos lograran más del cinco por ciento de los votos válidos). Por otra parte, en cada circunscripción  uninominal  entrarían dos constituyentes por la mayoría y uno por la minoría.  Este mecanismo de elección, sumado al número fijo de cinco constituyentes plurinominales por departamento, dio a los departamentos opositores al MAS del Oriente un porcentaje mayor  de lo que hubiera  resultado de un modelo de representación solamente poblacional.[5]

Sin embargo, a pesar de la exclusión  de las organizaciones  indígenas, el MAS sirvió como canal para que muchos campesinos e indígenas  fueran electos constituyentes. Xavier  Albó  y la red de ong Apostamos por Bolivia realizaron una encuesta con la totalidad  de constituyentes que dio como resultado que 55,8% se autodefinían como miembros de algún pueblo originario (31,8 quechuas; 16,9 aymaras; 7,1 de otros pueblos: 6 chiquitanos, 4 mojeños, 4 tacanas y 1 de las etnias guaraní, guarayo, itonama y joaquiniana) ver Albó (2008a:96 y 2008c), aunque debe aclararse que esta adscripción no significa participación en la vida comunitaria en un sentido étnico tradicional, ni en las organizaciones indígenas. El porcentaje de los constituyentes que vivían en el área rural es parecido  al porcentaje  de población rural en el último censo: 33%. En la pregunta  “raza”  un 69.8% se declaraba mestizo;  seguramente  la mayoría  de los que no declararon vivir en el área rural. El resto se definía en un 26.7% como indígenas y un 3.6%, blancos. Pero entre los mestizos  se incluyen algunos de los que respondieron también pertenecer a algún pueblo originario (especialmente los no aymara, donde la idea  de mestizaje tiene más aceptación, o logró ser impuesta  en mayor medida).

Estos resultados reflejan las formas  bolivianas  de vivir la adscripción  étnica. Ser indígena no impide ser también mestizo, por lo cual distintas formas  de identificación (indígena, mestizo, campesino) pueden presentarse como mayorías. Por otra parte,  la categoría  mestizo  abarca  tanto a los que se reconocen como no indígenas, como a los que se reconocen de esa manera. Mestizo puede ser “cholo” o puede ser “clase media”, en Bolivia. Por otra parte, 88 constituyentes eran mujeres y 167 varones, siendo profesionales 43,2% de las mujeres y 62,3% de los hombres. Las mujeres resultaron en la encuesta  ser más jóvenes, en mayor proporción dirigentes de base y también  en más casos miembros de grupos étnicos.

Antes que los números, sin embargo, la historia  de algunos constituyentes permite  dar cuenta de hasta qué punto  el MAS había incluido sectores externos al Estado,  a pesar de diques y formas  institucionales que tendían a evitarlo. 80 constituyentes del mas, de los 142 elegidos, provenían de organizaciones campesinas e indígenas  de todo el país. La necesidad de encontrar candidatos de todo el territorio evitó que los postulantes de la ciudad monopolizaran las candidaturas y llevó al MAS a recurrir a las organizaciones sociales que le habían dado origen. En los pocos lugares donde los sindicatos agrarios no estaban presentes,  el MAS también recurrió a las agrupaciones  indígenas. La composición era entonces  la más diversa: representantes de gremios, profesionales liberales, intelectuales, amas de casa, líderes sociales,  burócratas  de la política. Había  candidatos de larga militancia política o carrera sindical, y otros que en base a dinero o buenos contactos habían sido nombrados candidatos.

Jimena Leonardo, mujer de pollera, de una provincia paceña, había candidateado porque  en su circunscripción  faltaban candidatas mujeres y las habían salido a buscar con una convocatoria por la radio. Llegó después de haber sido ratificada en varias instancias asamblearias y mientras otros se arrodillaban para pedir  el voto ella hizo su campaña hablando de Justicia Comunitaria,  que conocía por haber sido autoridad originaria junto a su padre cuando enfermó su madre, y después especializándose con estudios en La Paz. Benedicta Huanca nació en una mina, después migró al Chapare  y después  al Plan 3000 en la ciudad  de Santa Cruz. A ella le fue bien con la venta, en su casa, su hijo se estaba por recibir de ingeniero y los domingos el comercio le daba 18 mil pesos bolivianos (más de dos mil dólares), casi el doble que el sueldo mensual  de constituyente, que era el mismo que el de un diputado nacional, y que alarmaba a varios ciudadanos. Para muchos constituyentes era más dinero por mes de lo que ganaban habitualmente en un año.

Si bien en el Poder  Ejecutivo  el propio Gobierno reconocía la dificultad  de encontrar cuadros indígenas,  en el Congreso   y en la Constituyente,   personas que se identificaban como indígenas, en especial quechuas y aymaras, ingresaban de un modo inédito. La entrada de indígenas  era al mismo tiempo el ingreso  de pobres,  comerciantes minoristas, trabajadores, pequeños productores del campo, etc. 137 sobre 255 constituyentes del MAS (más cinco del MAS presentados en otras siglas, totalizando 142) representaban de mejor manera esta realidad, aunque también había campesinos e indígenas en agrupaciones o partidos menores  que obtuvieron 25 representantes. La otra parte de las “dos Bolivias” había votado por podemos que redujo su porcentaje obtenido en la elección presidencial de 2005, pero le alcanzó para elegir 59 o 60 constituyentes (33 de ellos de Santa Cruz, Beni y Pando); también, en menor medida, por los restos del mnr –con algún peso especialmente en la Media Luna– y por Unidad Nacional (un), de Doria Medina.

Como millonario, blanco y de un partido opositor, Doria Medina era uno de los símbolos de esta Asamblea,  y era frecuentemente utilizado como ejemplo para graficar las “dos Bolivias”,  como cuando aparecía con Teodora Tapia, vendedora en el comercio informal de La Paz y presidenta de pollera de la Comisión de Economía de la que él también  participaba.[6]

A pesar de la diferencia  a favor del mas, la oposición  impedía al oficialismo alcanzar los dos tercios de los votos, y cerraba  fila, en la discusión del Reglamento de Debates, atrás de la posición irreductible de que se incluyan los dos tercios como forma de aprobación de artículos. La representación especial (plurinominal) que los departamentos tuvieron en la elección de constituyentes (cuando  el MAS había triunfado sólo en tres gobiernos departamentales y la oposición en seis), sumado a la no inclusión de la representación especial para pueblos indígenas, ponían al MAS en la obligación de buscar acuerdos. Quedaba la posibilidad de someter a referendo dos constituciones de mayoría y minoría, pero por razones de gobernabilidad el MAS buscaría evitar ese escenario que enfrentaría dos proyectos políticos.

Antes de inclinarse por el acuerdo,  sin embargo, el MAS buscó por meses imponer la mayoría absoluta (con la que contaba) como modo de aprobación del texto. Eso iniciaría meses de disputas que derivaron en cabildos y huelgas de hambre, como la iniciada por Doria Medina y otros constituyentes de su partido, sin que se aprobara  el reglamento de debates ni se pudiera dar inicio a las deliberaciones  constituyentes. Del otro lado, el Pacto de Unidad realizó vigilias para apoyar  la decisión  del MAS de imponer la mayoría  absoluta. Nunca  estuvo muy claro el cálculo político por detrás de la coyuntura  de la Asamblea, si tenemos en cuenta que el MAS sabía que no contaría con dos tercios desde  la aprobación  de la Ley de Convocatoria, por la forma establecida para la elección de constituyentes. En el momento del acuerdo  con la oposición para aprobar la convocatoria,  hubo declaraciones del vicepresidente  –a cargo de la negociación– en el sentido de que sería una reforma parcial, de no más de 20% de la Constitución  anterior.[7]

Román Loayza es un líder histórico de los campesinos y había sido electo como constituyente. Adolfo Mendoza,  asesor  de las “bartolinas”   lo describía como un gran movilizador:  “te dice ‘en tantos días  te movilizo tantas personas’ y lo hace”. Había sido secretario ejecutivo de La Única y era el presidente  de la bancada  de constituyentes del mas. Algunos  lo veían como sucesor de Evo Morales y este parecía recortarle espacio. Hablándole a los constituyentes,  en reunión cerrada, Román decía que se debía hacer una Constitución para todos y presentaba su análisis político: “podemos dice ‘¿porqué  quieren dividir en 36?’, dicen que vamos a pelear incluso entre quechuas  y aymaras. Pero cada uno tiene su territorio. Quechuas y aymara somos muy honestos, no somos guerreros. La invasión española y conquista nos quisieron acabar a quechuas y aymaras. Y si nos vemos de frente nos parecemos muy bien entre Oriente y Occidente”. Algunos escuchaban es su perspectiva los rastros de su adscripción religiosa evangélica.

El 1 de septiembre de 2006, mientras  el MAS intentaba avanzar en la aprobación de un reglamento que permitiese  la aprobación  de la Constitución  por mayoría  absoluta, Román Loayza cayó en la fosa del Teatro Gran Mariscal, donde se realizaban las sesiones  plenarias, y perdió el conocimiento  por varios días. Cayó en medio de un tumulto causado  por los constituyentes  de la oposición que quería impedir el avance  de la sesión,  hacían ruido con botellas de plástico contra la mesa y se dirigieron hacia la testera, desestabilizando por su reacción al constituyente del mas. García Linera, siguiendo de cerca las negociaciones desde La Paz, ordenaba por teléfono “que se proceda a votar”. Algunos constituyentes no estaban totalmente convencidos  de continuar con la sesión e incluso algunos pocos  se retiraron. Para el MAS estaba en juego la aprobación de una Constitución sin necesidad de negociar con la oposición. Isabel Domínguez, prima de Román, ejecutiva de las mujeres campesinas “bartolinas”, quería castigar a la oposición con el chicote que llevaba con ella desde  que fuera elegida autoridad.

Algunos explican “la caída de Román” en términos de cosmología andina. Para Jorge Saunero, asesor de conamaq, “en 2004 cuando se forma  el Pacto de Unidad Román Loayza se compromete a reconstituir [territorios ancestrales] sino, no hubiéramos hecho el Pacto.  Pero no ha cumplido y por eso la pacha se está ocupando”.  Otros comentaban  que ese día un policía había impedido la entrada de Román con su chicote y su líquido, dos elementos que ritualmente deben  estar juntos, a la sesión  plenaria  de la Asamblea. Él advirtió que no debían separarse pero el policía  de la entrada  no le permitió  entrar con los dos. Meses después  tuve una conversación sobre el tema con constituyentes de la Comisión Estructura del Estado. Mirtha Jiménez había quedado a cargo de la bancada  del MAS después  del accidente, como vicepresidente, y también quedó coordinando el trabajo en la Comisión por la ausencia  por enfermedad de Isabel Domínguez. Los comentarios sobre la explicación  mágica de la  caída de Román abrieron un debate sobre creencias. Mirtha contó que se hizo cristiana porque su hijo se salvó de la brujería  de la mujer del ex marido.  Hernán Ávila, asesor del cejis y sociólogo, contó que el dirigente indígena  de tierras bajas Miguel Bejarano no va a un lugar si su médico dice que hay peligro. Hernán, por su parte, se reconoce como indígena pero no cree en brujería, encuentra una explicación a partir de efectos psicológicos  o sociológicos. Mirtha en cambio se reconocía como mestiza y “mujer de vestido” (en oposición a “de pollera”), pero cree en brujería y también en fantasmas. Contaba que su casa queda arriba de una mina, y por eso su padre se curó de hernia de disco y ella de piedras en la vejiga.  La clase media de izquierda  socialista, en este caso, tenía creencias tradicionales, y el que se reconocía como indígena defendía explicaciones modernas. Hernán recordaba que llamaban “brujas” a las mujeres que luchaban y Nélida Faldín, constituyente del pueblo chiquitano, también en la Comisión Estructura del Estado, agregó  que a ella la acusaron  de ser bruja hace poco, porque  el ser elegida para constituyente le trajo envidia  de sus propios compañeros y de dirigentes viejos que la querían sacar. Nélida contaba también  que chuqui es un tronco con el que se cura en su comunidad y el constituyente Eulogio  Cayo  decía que donde él vive se cura con lagartija y tripa de perro.

La discusión de los primeros meses de la Asamblea  se centró en el Artículo 70 (antes número 71) del Reglamento de Debates, referido al sistema de votación a utilizarse en la aprobación  de las decisiones  de la Asamblea  y del nuevo  texto constitucional. Hubo votaciones en septiembre y noviembre en que el MAS se impuso por mayoría absoluta de su bancada, con el voto de 140 constituyentes sin respetar acuerdos que se estaban alcanzando en un espacio de concertación para aprobar los “dos tercios”, con el voto de 87 constituyentes en contra. Pero a pesar de esta votación  la oposición  logró imponer los dos tercios, tal como establece  la Ley de Convocatoria, especialmente después de mostrar su fuerza en la impor-tante concentración en Santa Cruz que se conoció como “Cabildo  del Millón” y en los otros departamentos  de la Media  Luna  con la conformación de una Junta

Autonómica. La situación mostraba al MAS que la Media Luna no participaría de la Asamblea  si no era con esa forma de votación. A pesar de haber aprobado  el Artículo por mayoría,  algunos sectores del MAS se mostraron dispuestos a con-tinuar dialogando  para buscar un acuerdo. Los dos tercios se aprobarían recién el 14 de febrero, después de una reunión de los constituyentes con Evo Morales, en la que este expresaría su voluntad de que se acuerde con mnr y un, a pesar de críticas de la csutcb.[8]

En noviembre de 2006, en discurso   frente al vi Congreso  del mas,  Evo Morales había puesto su mandato en manos de la Asamblea: “mi mandato depende de los constituyentes, si los constituyentes quieren  revocar el mandato  de Evo Morales, ningún problema. Si la Asamblea  Constituyente quiere  adelantar las elecciones,  ningún  problema. Por mi parte, misión cumplida, he cumplido con lo que nos hemos propuesto”, dijo. Lo que pasaría después de la aceptación de los dos tercios, sería una pérdida de confianza en la Asamblea  por parte del Gobierno y se pasaría  al extremo  opuesto  de lo buscado  en los primeros 7 meses de Asamblea, con un intento desesperado de buscar consenso con la oposición. El escenario  con que comenzaban las deliberaciones  de la Asamblea, una vez aprobado  el Reglamento,  era para muchos frustrante y afectaba el proyecto  del mas. La oposición podría poner límites a lo que el MAS había pensado para la Asamblea Constituyente que acompañaría la llegada  de Evo Morales –los indígenas y campesinos– al Gobierno,  a pesar de los dos triunfos electorales por el 54% y 53% de los votos en la elección presidencial  de diciembre de 2005 y para constituyentes de julio de 2006.

El secretario técnico de la Comisión de Educación, Diego Pary, que más adelante sería viceministro “indígena” de Educación Superior, decía que la Asamblea Constituyente debía haberse  instalado en octubre de 2003, después de la caída de “Goni”, o cuando ganó Evo. Ahora se veía que la oposición había recuperado espacio y que el MAS no podría imponer los cambios revolucionarios que buscaba, decía.  Por otra parte, los dos tercios no eran lo único  que alejaban a Bolivia de los cambios revolucionarios profundos. Raúl Prada escribiría (2010): “Las elecciones eran un instrumento democrático para viabilizar la agenda  de octubre y el ímpetu del poder constituyente de los movimientos  sociales. Empero el 2006, después de la asunción  de mando por parte del presidente  Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera,  la disyuntiva se presenta  al flamante gobierno indígena y popular: Cambiar todo o efectuar cambios paulatinos de una manera diferida y pragmática. Se escoge  lo segundo  ante el temor de no poder manejar un Gobierno inserto en radicales transformaciones institucionales. Esta decisión cautelosa se toma no sin dudas, sobre todo por parte de las organizaciones sociales”.

Paralelamente a la resolución  de los dos tercios, hubo también bastante movimiento por el tema  de la conformación de las 21 comisiones, que el MAS intentó distribuir estratégicamente.[9]  En marzo  y abril se realizaron  foros territoriales en los 9 departamentos  con sesiones  donde asistía buena  parte de los constituyentes y se recibían propuestas de la gente. Algunas  de estas reuniones  en los departamentos  generaron bastante tensión, como en Santa Cruz por las Autonomías, en Sucre por el reclamo  de vuelta de los poderes  y en Tarija por la propuesta  de “décimo departamento”. La oposición  los criticaba por el gasto de organización de los foros, que contaba con financiamiento de la cooperación  internacional. Las discusiones de la Asamblea comenzaron a fines de abril, después de que cada Comisión elaboró sistematizaciones de las propuestas  recibidas.

A inicios de mayo comenzó la fase de mi trabajo de campo localizada en Sucre, con el seguimiento de los trabajos de las comisiones. En los meses anteriores me había acercado a la investigación  de la política boliviana  desde otros ámbitos, en los departamentos  del Beni y La Paz. Entrevisté por esta época a Doria Medina, que por los votos que representaba su partido era clave para conseguir el acuerdo. Pensaba que el MAS conseguiría  la reelección (no indefinida) y el voto directo para jueces de la Corte  Suprema mientras que la oposición  se quedaría con la autonomía  departamental y mantener  la actual estructura del Congreso. Era un cálculo que terminaría siendo acertado, después de imprevisibles e inesperadas idas y vueltas del proceso  de la Asamblea que apenas se iniciaba. La incógnita sería el reclamo de Sucre como sede  de los tres poderes de gobierno (sólo era sede del Poder Judicial), que aparecía luego de resuelta la cuestión  de los dos tercios como principal tema de conflicto en la Asamblea.  El tema dividía incluso a los constituyentes oficialistas y nadie podía prever un desenlace.

2. La búsqueda  de un centro  y las “dos Bolivias”

Después de definidas las reglas de la Asamblea, con la resignación del MAS por los dos tercios, se iniciaría  la elaboración  de los artículos y la búsqueda de acuerdos en cada Comisión. Con apoyo de los ministerios,  la participación de asesores del mas, las organizaciones y las propuestas recibidas, se iniciaría la tarea de elaborar el texto constitucional  en base al trabajo  de las comisiones. Habiendo llegado a la Asamblea  en este momento, el MAS que yo conocería en Sucre era el que al mismo tiempo intentaría introducir reformas importantes y conseguir consensos. Eso implicaba que algunas propuestas iniciales, como la de re-hacer  el mapa de Bolivia o impulsar una nueva reforma agraria, quedarían en la nada,  pero otras que no gozaban de la aceptación  de la oposición, como el Congreso unicameral y las autonomías indígenas, se mantenían en pie.

Lo que veremos en este capítulo es el intento del MAS de la constituyente–que no era el MAS de antes de 2005 ni el MAS del Poder Ejecutivo– en encontrar un centro político que pudiera permitir alcanzar dos tercios. Las organizaciones sociales permanecían en el juego político, pero el protagonismo  estaría ahora no en la movilización,  sino en la búsqueda  de acuerdos para la construcción  del proyecto de Nueva Constitución. Ese lugar del centro era el lugar desde  donde nacería un nuevo Estado. Nadie podía indicar con exactitud dónde  estaba ese lugar, pero era necesario  alcanzarlo para aprobar la Constitución.   Vendrían entonces  distintas teorías que imaginaban un centro e intentaban  construirlo. En esta fase de comisiones, hubo casos de independencia en explorar  distintos caminos políticos. Buscar un centro sería entonces al mismo tiempo elaborar un proyecto con elementos  traídos por campesinos e indígenas al Estado,  y también contemplar  los sectores opositores  que pese a ser minoritarios tenían la llave para la aprobación de la Nueva  Constitución.

El centro se escabullía o cambiaba de lugar. El centro aparecerá,  en el caso de la Comisión Tierra, como ecuación  entre los lugares de las distintas fuerzas e ideas políticas, y como construcción de una propuesta de artículos constitucionales que incorpora pequeñas modificaciones dejando de lado los extremos.  El lugar del centro sería también la articulación, en un proyecto, de propuestas  diferentes,como cuando el MAS combinaba autonomías de distintos niveles,  en la Comisión respectiva. Y por último veremos el intento de avanzar con los movimientos socia-les con una propuesta fuerte que configurara un centro a partir de un movimiento brusco de dislocación, como ocurrió en la Comisión de Visión de País. Encontrar el centro era un trabajo artesanal y político, y en algún punto imposible de ubicar con precisión, con el nacimiento  de un nuevo Estado construido a partir de un lugar político cuya base es siempre evasiva y en movimiento.

La etnografía mostrará ese movimiento de encontrar el centro, de posibi-litarlo, y también de conjurarlo, de impedir que comience a ser dibujado en un nuevo lugar. Lo que queda claro, como marca de este tipo de procesos, es que la opción  por el Estado se traducía en la necesidad  del pacto. En Pierre Clastres (2003, 2004), vemos que la sociedad  primitiva  impide la formación  del Estado a partir de la fragmentación  centrífuga y la guerra.  De lo que se trataba en la Asamblea Constituyente es de construir un Estado, y eso se hacía buscando un centro como lugar donde el acuerdo político es posible. Las fuerzas políticas en acción parecen entonces mostrarse como inversas a las estudiadas  por Clastres.

Se trataría de institucionalizar  lo externo,  de fuerzas centrípetas y de evitar  la guerra. Era el momento en que los campesinos e indígenas gestionaban un poder e interceptaban fuerzas desestabilizadoras. La opción por el Estado, sin embargo, no parece  neutralizar totalmente el desplazamiento de vectores contra estatales. De algún modo, con la introducción e institucionalización  de lo externo veremos un proceso  donde las fuerzas descentralizadoras no sólo buscaban  terminar con el Gobierno  del mas, sino que también eran de algún modo amparadas por el mismo. No había fuerzas en una única dirección ni sentido. El punto de partida, de hecho, era lejano al pacto, y aparecía para muchos como el problema de las “dos Bolivias”, una de ellas hasta este momento externa al Estado.  La construcción del centro llevaba consigo una preocupación por la pluralidad  que de alguna manera permitía mantener latentes algo de las fuerzas  contra-estatales de la comunidad indígena y la lucha de los movimientos sociales.

En la cronología  de la Asamblea publicada por Carrasco y Albó en la revista Tinkazos (2008) se resume  un debate realizado en marzo de 2007, donde  las fuerzas políticas presentaron en Sucre su visión de país. Según Albó  fue la primera vez en que se debatía públicamente  las propuestas  de Estado y Constitución de los constituyentes,  una vez finalmente  superada   la discusión del Reglamento. Marzo de 2007 era también  el momento en que comenzaban a aparecer en las comisiones las voces de los constituyentes de todo el país, que en la negociación de los meses anteriores habían sido relegados por unos pocos negociadores. En el evento descripto por Albó, el mas, mop, as, asp y mcsfa defendieron  el Estado Plurinacional Comunitario  y Solidario y una Nueva Constitución fundacional. podemos, parte del mnr, y otros defendían más que nada la autonomía departamental. Humberto  Tapia, “poncho rojo”, habló  del Pachakuti,  y Guillermo Richter del mnr coincidió con Doria Medina, de un, en la economía social de mercado, el rol estatal en la economía y el control de los recursos  naturales, temas centrales para el acuerdo  con el mas. En la presentación había  también  un contraste entre el power  point con  que exponía sus ideas podemos y las disertaciones del MAS en quechua, aymara, guaraní, bésiro, mojeño y castellano acompañadas de un q’uwacha, sahumerio ritual con menta silvestre.

Unos meses después, ya con las comisiones en funcionamiento, la constitu-yente Esperanza  Huanca,  originaria del norte de Potosí, vestida con atuendos tradicionales, se dirigía a la oposición en una sesión de la Comisión de Visión de País, en la clave  de las “dos Bolivias”.  Tenía como interlocutores a la oposición de podemos y el mnr, con saco y corbata en la sala de la Comisión, y les decía:

No quieren  el verdadero  cambio. Ustedes son ahoritita los representantes   de las transnacionales que no quieren  el cambio, su propuesta solamente son parches y nosotros queremos cambios profundos. Cuando ustedes gozan de privilegios. Cuando mis hermanos se mueren de hambre. Cuando mis hermanos ni siquiera tienen acceso a salud, a educación. No nos vamos a doblegar, no les tenemos  miedo. Y que quede bien claro en cada uno de ustedes. Yo creo que bastante hemos tenido paciencia. Pero es el colmo que hasta este momento no puede ser que no seamos responsables. ¿Qué creen pues? que nos dicen: “estos tontos”, como nos dicen, “que no sabemos de leyes”… tengan un poquito de seriedad, ¿de qué sirve que lleven esa corbata? ¿De qué sirve que sean estudiosos,  letrados, masterados?  ¿dónde  está la responsabilidad?

Estamos haciendo una Nueva Constitución  Política del Estado para Bolivia. Nos dicen: “se van a vengar de nosotros” Para nosotros no hay la venganza…  No les hemos hecho nada y ustedes ya están llorando… ¿Les hemos matado? ¿Les hemos asesinado? ¿Cómo han hecho de ustedes, sus abuelos? Si ustedes quisieran  el verdadero cambio entonces debieran de discutir. Hemos sido tolerantes. Evidentemente, nos dicen, “estos indios, estos campesinos… no saben nada”. ¿Será que no sabemos de la historia? Pero  en nosotros está nuestra realidad, en nosotros está innato. No es como nos dicen, no es como en los medios de comunicación nos están tratando, especialmente a las mujeres. Siempre nos están amenazando, pero ya no estamos en aquellos tiempos, cuando han matado, cuando han descuartizado a nuestros abuelos, a Tupaq Katari, a Bartolina Sisa que nunca tenemos que olvidar.

¿Qué somos? ¿Objeto de burla? ¿Títeres? ¿Payasos?  Yo digo con mucho dolor, y también con mucho orgullo,  los medios de comunicación dan cobertura a unos cuantos, pero nunca han dado cobertura a una india como yo. Nunca se ha visto. Para ustedes este proceso  hay que trabar. Para ustedes sería bien que abortase este proceso constituyente pero  no les vamos a dar el gusto, porque  ustedes más bien son los mentirosos, los que engañan […] Yo creo que tenemos que ser bien cautos con lo que decimos. Y yo por lo menos, según mis usos y costumbres, digo ama llulla, ama qhilla, y ama suwa.  [10]Y entonces, ¿Que es esto? No hay que olvidar cuánta sangre se ha derramado para este proceso. No es un chiste. Tal vez a ustedes no les duele, pero a nosotros sí nos duele. Quiero cambios. Y para eso me han encomendado desde mis bases a redactar una Nueva  Constitución Política del Estado, de acuerdo a nuestras vivencias, no copias de otros países.  […] Y que quede bien claro. Que no nos tomen de tontos, antes lo han hecho  con nuestros abuelos,  ahora aquí estamos… [frase en quechua] …y no les tenemos  miedo.

2.1. Buscando consenso en estructura  del Estado

Un día de abril de 2007, Guillermo “Cacho”  Richter, 58 años, abogado del departamento del Beni, ex ministro y parlamentario,  líder del mnr en la asamblea,  le hacía preguntas a Nélida Faldín, de Lomerío, 26 años, representante del pueblo indígena  chiquitano,  electa en las listas del mas. Ambos eran parte de la Comisión Estructura y Organización del Nuevo  Estado, o “Estructura del Estado” y el diálogo se enmarcaba en la búsqueda  de consenso para aprobar el informe de la Comisión. Una vez más, se encontraban las “dos Bolivias”  en Sucre.  El líder emenerrista preguntaba por los alcances de la propuesta  del MAS y las organizaciones de crear “autonomías indígenas”. Le parecía viable, con reparos, para las tierras bajas, pero veía complicaciones para culturas amplias como aymaras y quechuas.

Sobre la mesa había  una wiphala,  bandera  de los pueblos indígenas del altiplano que el MAS quería que la Constitución reconozca como símbolo nacional, y una bolsa con hojas de coca que algunos asambleístas pijchaban mientras transcurría  la reunión. Un mapa de Bolivia en la pared, computadoras, asistentes de los constituyentes, un observador  de una organización  social con lluch’u (gorro tradicional) hacía anotaciones en un cuaderno. En el entretiempo de la reunión habría, como casi todos los días en esta Comisión, una charla de expertos organizada por el ciedac [11]  y un almuerzo. Nélida Faldín veía con preocupación  el escenario de referendo como destino, según el reglamento aprobado,  de todos los temas que no obtuvieran dos tercios. Por ser minorías  poblacionales en sus territorios, veía difícil que temas  como la autonomía indígena se impongan en referendo nacional, debido a que afectaban intereses de poderosos, decía con tristeza.

Pero Richter encontraba problemas con el proyecto de autonomía  indígena, y no veía claro por ejemplo cómo un territorio accedería  a volverse autónomo.  El MAS proponía un referendo para crear regiones o autonomías indígenas, que al igual que la autonomía  departamental tendría que realizarse en la unidad  que se volvería autónoma y no en el nivel envolvente.  La autonomía indígena no podrá votarse en el nivel departamental  por el mismo motivo que la autonomía departamental no puede votarse a nivel nacional, ilustraba un técnico que participaba en la charla junto a Nélida y otros constituyentes. Esto traía temor  a Richter, que veía una posible fragmentación del país,  con cientos de referendos por autonomía indígena en un país con “Estado débil”. Proponía entonces pensar algún mecanismo y “candados” como podría  ser el de poner plazo de cinco años antes de la conformación de cada Gobierno autonómico; o un porcentaje elevado de votos mínimos; o podría establecerse, sino, la necesidad de revisión y ratificación de las autonomías en el Congreso o en el Tribunal Constitucional. Richter opinaba que en caso de incorporarse un modelo nuevo era necesario un control preventivo.

Por otra parte,  Richter  expresaba sus dudas sobre la  idea de autonomías indígenas respecto a los recursos  naturales, otro gran  tema de esta Asamblea. ¿Si la comunidad no quiere  explotar los recursos, el prefecto [máxima autoridad departamental, en ese entonces] no puede hacer nada? ¿Qué pasa si viene una transnacional como el laboratorio Merck a invertir? ¿Qué pasa si el Estado quiere y la comunidad no, o al revés? Para Richter, “las autonomías no pueden ser un muro y si se descubren  recursos naturales no pueden ser sólo de ellos”. Las preguntas de Richter aparecerían también  internamente en el mas. Por eso los contornos del debate nos interesan, porque en parte son los del proyecto  que se construía colectivamente en este proceso  constituyente, al mismo tiempo en que avanzaba buscando un centro. En su respuesta, Nélida Faldín diferenciaba entre recursos renovables y no renovables, decía que sería necesaria una “capacitación” pero que la opinión  de la comunidad sobre la explotación  de recursos tendría que ser vinculante. Era un derecho que figuraba en el convenio  169 de la oit, ratificado por Bolivia como por la mayoría  de los países de la región,  agregaba  un técnico presente en la reunión.

Este diálogo era el de una mujer joven y un hombre maduro, pero podía ser leído como diálogo paradigmático de la Bolivia  actual, o entre esas “dos Bolivias” de descendientes de blancos europeos  e indígenas,  entre la política vieja y la nueva que al mismo tiempo volvían a aparecer nítidamente enfrentadas y buscaban condiciones para un encuentro. Era un diálogo que tenía lugar en cada Comisión, en el Gobierno,  en las disputas regionales  y en muchos espacios de la vida social en Bolivia. Al menos así se vivía esta Asamblea y muchas  situaciones en las calles de las ciudades,   comercios, sets de entrevistas televisivas  o universidades. Era imposible estar en Bolivia y no oír hablar a los bolivianos sobre indígenas “que hasta hace poco no podían ir a comprar un dulce”, como decía una constituyente paceña, que no tenían permitido  hablar en su lengua o que sus padres no se la enseñaban para que no sufrieran discriminación  en la ciudad.

Y además de un abogado descendiente de europeos y una indígena de la etnia chiquitana, este diálogo tenía en uno de sus lados al mnr y del otro a una organización de pueblos indígenas de las tierras bajas.  El mnr era el partido que había liderado la Revolución  del 52 y que, con el primer Paz Estenssoro, había nacionalizado  las minas, aprobado  el voto universal, hecho la reforma agraria y abierto escuelas. Pero también  era el partido que, con el último Paz Estenssoro, había  dado lugar al decreto 21.060 de desactivación de las minas estatales y dado inicio al neoliberalismo, profundizado también por el mnr con Sánchez de Lozada (1992-1998, 2002-2003). Después de Octubre, el mnr había quedado reducido a una fuerza regional minoritaria en Oriente pero era importante en la Asamblea, en la medida en que al igual que un, podía ser la llave de los dos tercios para  el mas.

La organización indígena de Nélida Faldín, había sido una de las que marcharon en 1990, en la Marcha  por la Dignidad  y el Territorio  que es reconocida como primer antecedente de la Asamblea Constituyente y que fue seguida de otras cuatro marchas  que dieron lugar a reformas  multiculturales en los 90. Las marchas habían dado lugar también  a los avances en la titulación de tierras indígenas, con el reconocimiento  de las Tierras Comunitarias de Origen (tco) que la reforma constitucional de 1994 había habilitado y que con asesoramiento del cejis se había constituido en prioridad  para las organizaciones de tierras bajas.  Los pueblos de las tierras bajas  como el de Nélida, nucleados en la cidob, no participaban  del Gobierno de Evo Morales, pero eran aliados y buscaban participar en la redacción de la Nueva  Constitución y en la formación  del Estado Plurinacional, apostando por la consolidación  de las autonomías  indígenas,  como paso siguiente  al de la titulación. El encuentro de Nélida y Richter, simbolizaba el desafío de un acuerdo nacional que se escriba en una Nueva Constitución. Una cierta apertura en el sector del mnr representado por Richter, parecía mostrar que el acuerdo  era posible. Era el artificio moderno “Asamblea Constituyente”  lo que hacía que ese diálogo sea más que un diálogo entre dos personas  y tuviera que ver con la nueva forma del Estado.

Nélida contaba que cuando  llegó el proceso constituyente fue elegida representante de las diez familias de su comunidad, después por el cantón y luego recorrió las 28 comunidades de su tco, donde fue confirmada. Le había tocado, como dirigente, concluir el proceso de saneamiento y titulación de la tco. Nélida explica a Richter que es a partir de la tco que su pueblo buscará  construir la autonomía,  conquistando reconocimiento de poder político en esas estructuras, que para ella no deberían  estar subordinados  al departamento.  Hay que pensar cuando Evo Morales no sea más presidente, que pueden sacarles los manantiales, decía y criticaba que hasta ahora sólo hayan estado representados  por los políticos de la capital del departamento.  Richter señalaba  el avance,  en tiempos del gobierno de su partido, a favor de la descentralización  con la Ley de Participación Popular y la incorporación  de las circunscripciones individuales que “acercaron los candidatos al pueblo”.  Personas como Nélida, decía Richter, habían podido entrar en la política gracias  a esas medidas impulsadas por el mnr.

Había algo de resentimiento en un mnr que veía al MAS de Evo Morales ser el beneficiario  de medidas impulsadas por ese partido en la década  del ‘90 y que habían  contribuido  al ingreso  de campesinos e indígenas en la política  estatal (cf. Barrios [2003], Hufty et al. [2005], ildis [2003]). Aunque el puntapié  inicial se había dado durante el Gobierno de Paz Zamora en 1990, también las tco habían sido implementadas gracias a reformas del Gobierno  de Sánchez de Lozada,  del que Richter fue ministro, con una Ley de Reforma Agraria que incorporaba  las tco, desarrollando la reforma  constitucional del Artículo 171 que estableció a Bolivia como país multiétnico y pluricultural y el derecho  de los indígenas  a sus tierras. Eran las políticas que el MAS y sus asesores entendían como multiculturalistas que buscarían superar.

Esta versión  que Richter presentaba sobre un mnr impulsor de reformas progresistas contrastaba con la más habitual del presidente neoliberal con acento americano, pero era la autoimagen del mnr y desde donde era posible  construir un puente con el mas, que había llegado para “desmontar el neoliberalismo” asociado a la última fase gubernamental  del mnr. Pero  la lectura celosa del mnr, que al mismo tiempo quitaba  valor al MAS pero hacía posible  el encuentro, llegaba a postular que el proceso político impulsado  por el MAS no haría más que reeditar el clásico proyecto  del Nacionalismo Revolucionario de la década  del 50. Como muchos otros (Molina  [2006], Stefanoni [2006]), Richter pensaba que varias de las políticas impulsadas por Evo Morales se enmarcaban  en el programa nacionalista del mnr. Destacaba en ese sentido las nacionalizaciones de Evo Morales, aunque agregaba que a diferencia de la revolución  del ‘52 con las minas de los Barones del Estaño, la nacionalización  del MAS no traspasaba el total de las empresas al Estado, y el aumento  de la participación  del Estado en la renta no era en todos los pozos, incluyendo también reembolsos que no eran muy bien conocidos y que bajarían indirectamente el porcentaje de impuestos ingresados al Estado.

El carácter progresista  del mnr y la supuesta compatibilidad de visiones de ese partido  con la propuesta  plurinacional del MAS puede ser cuestionada a partir del trabajo de Regalsky (2003), que considera a la Ley de Educación de 1994, la Ley de Participación Popular, Ley Forestal y Ley de Municipalidades de esos años del primer Gobierno de Sánchez de Lozada (con Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente) en el mismo espíritu de “integración” para crear una “consciencia nacional” presente en décadas anteriores.[12] Desde el Gobierno,  García Linera  rechaza la comparación de la política  del MAS con la del mnr, en lo que constituía una importante  discusión  política presente desde la llegada del MAS al Gobierno y el despliegue  de su plan de nacionalizaciones.  Para él, la revolución del 52 fue un proyecto que fue en contra de lo indígena en la medida en que consagraba el monoculturalismo  e inició una reforma agraria que buscaba  adaptar a las comunidades a la lógica del capitalismo  en el campo: los comunarios devenían en campesinos bolivianos, sindicalizados y con propiedad  individual de la tierra. Además de la propuesta  del Estado Multinacional, propuesta  por García Linera en 2003, luego reeditada con el título de Estado Plurinacional (2008) la propuesta de “capitalismo  andino”  del vicepresidente,  defendida desde 2005, buscaba ir en el sentido opuesto  a esas transformaciones y utilizar el excedente  económico para potenciar o garantizar formas económicas comunitarias e incluso de caza y recolección en la selva amazónica (cf. García Linera [2005 a y b, 2006b]).

Pero algunas tendencias políticas del MAS hacia el nacionalismo  desarrollista permitían abrir la hipótesis de la comparación, no tanto a partir de la propuesta de Estado Plurinacional sino más bien desde las políticas sociales, de nacionalizaciones y el proyecto  de desarrollo económico. Preguntado por Pablo Stefanoni para Clarín de Argentina si el aumento de la participación del Estado  en la economía (que pasó en menos de dos años del 6 al 19%) significaba  un retorno al desarrollismo de los años 50, García Linera respondió un no rotundo (Stefanoni [2007]). Se trataría ahora de una modernización pluralista que a la economía moderna industrial sumaría  la microempresa familiar urbana y la economía campesina comunitaria. Para García Linera, el objetivo sería ir en el sentido opuesto  a las transformaciones de la revolución  del 52, y la diferencia  ya era visible en situaciones como la mencionada en esta y otras entrevistas o intervenciones, en que el vicepresidente contaba que en un acto en Potosí, un niño indígena  le dijo a Evo Morales que su sueño era ser presidente como él, cuando antes, los indígenas  se proyectaban solamente como albañiles o cabos de la policía.  En el mismo  sentido, García Linera declaró en otra entrevista: “La Constituyente puede inclusive no cambiar nada; lo fundamental  es que los indígenas,  históricamente excluidos, sean los que estampen con su firma la nueva Constitución” (apud Rojo  y Camacho [2007]).

Si el Estado Plurinacional  impulsado por Evo Morales, entonces, retomaba banderas  y políticas del primer nacionalismo revolucionario, era claro que debía  ir más allá y esta diferencia tenía que ver con la inclusión de los indígenas  y la construcción de un Estado plural. La búsqueda de consenso entre constituyentes como Guillermo Richter y Nélida Faldín, en las diversas comisiones,  debía construirse más allá de la Constitución  y las leyes de la década  del 90, del “multiculturalismo” y del programa  del Nacionalismo Revolucionario de los ‘50. García Linera cumplía, en diversas exposiciones,  el papel de fundamentar el centro conceptual de este nuevo Estado Plurinacional que según el vicepresidente  estaba abriendo una nueva fase en la historia boliviana,  después de las del Estado  liberal (de las primeras  décadas del siglo), del nacionalismo  (inaugurado por la revolución  del mnr en 1952), y del neoliberalismo  (iniciado en el 85 también por el mnr, y cerrado para él con la llegada del MAS y Evo Morales). Este nuevo momento estatal tenía nuevos actores y nuevas ideas para realizar un nuevo Estado, y eso era lo que estaba en juego en la mesa de la Comisión de Estructura del Estado con lo que Nélida Faldín defendía y que Richter se resistía a asimilar. Eran los temas, también, llevados al Estado por campesinos e indígenas y que habían dado lugar a la Asamblea Constituyente.

En términos  constitucionales, se trataba del paso de lo multicultural  a lo plurinacional, que se entronca en la crítica académica y política a la inclusión  subordinada de lo indígena. Se buscaba entonces, en esta Asamblea, un cambio en la estructura del Estado que diera otro tipo de lugar a lo indígena. Era lo que estaba en juego en las discusiones sobre la autonomía indígena e inclusión pluralista con igual jerarquía de lo comunitario indígena respecto al modelo liberal republicano. Ese era el centro para el mas, que buscaría convertir en posición de centro de la Asamblea y Constitución que diera lugar a un Estado para todos los bolivianos. Los cambios también pueden ser leídos como avance de la introducción  de derechos indígenas, común en la legislación  de los países de América Latina, en el marco de la implementación de instrumentos jurídicos como el convenio 169 de la oit (ratificado por Bolivia en 1991) y la declaración  de las Naciones Unidas para pueblos indígenas que sería firmada  mientras la Asamblea se encontraba aún en funcionamiento,  y que llegaba a Bolivia de la mano de asesores técnicos de ong o expertos. Considerando que este consenso en legislación sobre pueblos indígenas había sido aceptado e introducido en parte durante el Gobierno  del mnr hacía viable también, por otra parte, pensar  en el acuerdo. Una interpretación flexible de lo plurinacional,  que lo acercara  a las políticas multiculturales que una parte de la oposición al MAS estaría espontáneamente dispuesta a aceptar, era la apuesta de los espíritus  más negociadores  del Gobierno  del mas, en busca de caminos hacia un centro que permitiera hacer andar la Asamblea.

La discusión sobre la similitud y posibles coincidencias con el mnr, de hecho, no tenía un interés meramente historiográfico. Dado el número de 18 constituyentes del mnr, que no es nada considerando que fuera el gran partido nacional en el pasado,  pero podía  acercar al MAS a los dos tercios, el partido de Gobierno buscaría seducir a Richter, líder del mnr en la Asamblea. La posible cercanía de los proyectos  era entonces lo que podría entusiasmar a los que buscaban un pacto que posibilite  la Nueva  Constitución y lo que ubicaba a Guillermo Richter en el centro de donde  saldría la negociación constituyente de un nuevo Estado. Todos los análisis políticos llegaban a la conclusión  de que sin el mnr y el partido un, definido como de “centro-izquierda” por su jefe y de “centro-derecha” por el mas, sería imposible conseguir los 28 votos que el MAS necesitaba  para alcanzar los dos tercios de la Asamblea, 170 de 255 constituyentes. De ahí, también, la importancia del diálogo entre Richter y Nélida en la Comisión de Estructura del Estado.

Guillermo  Richter expresaba tener voluntad de consensuar, “a todos nos quita el sueño  la responsabilidad  ante la historia…  más allá de los partidos…  no estoy cerrado a nadie”, decía. En todo momento, al igual que Doria Medina y a diferencia de podemos, expresaba la voluntad  de alcanzar el pacto. Sin un proyecto alternativo al del mas, más allá de la defensa  de las autonomías de Oriente, esos dos partidos veían su papel como grandes constructores del espacio político del centro. En las reuniones  afirmaba  que quería que la Comisión no fracasara. Entrevisté por esos días a Richter un fin de semana en uno de los bares de enfrente a la plaza  central de Sucre. Luego de exponer  las ideas que defendió en la Comisión le pregunté  qué podría  aportar el mnr al país y dijo que si la oposición al MAS fuera el mnr en lugar de podemos, el camino del cambio democrático estaría garantizado.

A diferencia de podemos y los sectores de poder  a los que este está vinculado, decía Richter, el mnr no está de acuerdo en una confrontación civil con el mas. Nosotros tenemos estructuras democráticas y de eso no nos vamos a salir, decía. Hay sectores que no quieren saber de coincidencias. Hay que discutir mucho, hay visiones  distintas, pero el mnr quiere contribuir a la gobernabilidad  que el MAS necesita, y hay que intentar la posibilidad de otro pacto social a partir de la Nueva  Constitución. Estuvimos en gobiernos por 60 años y veo que podemos comete el error de pensar  que si el MAS fracasa los votos irían para ellos, evaluaba.

También se quejaba de “los dinosaurios”  de su partido que lo llamaron  cuando leyeron en La Razón que aportaría a la gobernabilidad   del mas.  Mientras lo entrevistaba  lo llamó  otra constituyente  del mnr. Le consultaba antes de ir a hablar en televisión. Él recomendó  hablar de que el departamento  es para ellos el mejor ámbito para igualar, donde se garantizan los derechos  sin perjuicio de nadie. También le pidió que aclare que no hicieron un acuerdo con el mas, de lo que podemos lo estaba acusando.

Su posición  política era importante porque podía significar el escenario  de acercamiento que el MAS necesitaba en la Asamblea.  Richter creía que sólo con voluntad para el consenso el MAS podría crear una gobernabilidad duradera como el mnr en su época. Sin embargo, observaba que más allá de algunos círculos, faltaba en el MAS voluntad para eso, porque para él, Evo Morales carece de formación democrática sólida por no haber abandonado  las prácticas del sindicalismo  corporativo. Después de un año y algunos meses de gobierno, sin embargo, valoraba algunas políticas, y “que se esté generando  una conciencia  de inclusión social muy importante”. Richter decía que a pesar de su pasado movimentista interpretaba la historia  del país y si bien veía temas imposibles de ser consensuados como el Congreso unicameral y el cuarto poder,  creía que el acuerdo  sí era posible.[13]

Siguiendo con el debate  en la Comisión, Richter se manifestaba a favor de avanzar en la protección, defensa y fortalecimiento de la propiedad de los pueblos sobre  las tco, y también  del lenguaje y su cultura. Pero aclaraba: esto no es para separar del departamento, de la provincia  y del Estado. El Estado nacional tiene que tener presencia en todo el territorio. La autonomía indígena como la concibe el MAS incluye ejercicio de la soberanía, autogobierno, decía. Quieren un poder social  que corta  las  posibilidades  de integración  nacional.  Richter  imaginaba una guerra de ayllus “frente a la que el país se quedaría impasible asistiendo”, explicaba que entendía el proyecto  plurinacional  del MAS como 36 pueblos con derecho a autorregulación en todo sentido, y unidos en un cuarto poder elegido corporativamente por pueblos indígenas y sin control constitucional.  Se refería al Poder Social, presente en algunos anteproyectos del mas.

Richter no estaba de acuerdo  con la propuesta  del MAS de que la autonomía indígena  tuviera la misma autarquía que la autonomía  departamental. En eso coincidía con la posición política  de la Media Luna, de donde habían sido también elegidos los candidatos emenerristas. Mencionaba el caso de una tco de 900 mil hectáreas ocupadas por sólo 90 personas y que si fuera completamente  autónoma implicaría desaprovechar los recursos naturales que la provincia y el departamento podrían explotar. Opinaba que se debía avanzar en los derechos de las comunidades indígenas originarias, en un marco gradual, sin ruptura con el Estado, incorporando las autonomías en la estructura territorial del departamento, y a su Concejo Legislativo. Era el proyecto que su partido había incorporado en la Constitución en la reforma  de 1994 y que el Estado Plurinacional buscaba  superar.

Teniendo estatuto y poder de autogobierno la autonomía indígena significaría, según decía Richter, una reterritorialización inmediata y modificación de la estructura del Estado. Le preocupa la relación con los otros niveles  territoriales y veía problemas con la formación de 36 autonomías correspondientes a cada uno de los pueblos  indígenas. El asesor de las “bartolinas”, Adolfo Mendoza, intervenía en la reunión para decir que si las autonomías no entran en la estructura del Estado queda sólo como un derecho, ya presente en la actual Constitución. Este asesor técnico y futuro senador  del MAS por Cochabamba, ponía sobre la mesa ese cambio que debía significar un avance  respecto  al Estado actual, y era por tanto uno de los puntos contra los cuales un viejo político reaccionaba.

Sobre  el proyecto de reterritorializar, que la búsqueda de dos tercios postergaba, Nélida Faldín explicaba que su pueblo quería formar una región chiquitana, juntándose con las comunidades  dispersas que se encuentran en tco de cinco provincias. La constituyente Mirtha Jiménez, hablaba  del objetivo  de reterritorializar para dar reconocimiento  jurídico a territorios indígenas  que cubren varios departamentos con relaciones efectivas. Pero sabía que no iba a ser para esta Asamblea, decía. Los constituyentes vinieron  a Sucre, decía Mirtha, para consolidar  los territorios indígenas porque la autonomía  municipal  (establecida en 1996 por la Ley de Participación Popular, también del mnr) no funcionó para  alentar el desarrollo. Los municipios  reciben dinero y actúan con esa lógica territorial de departamentos y municipios, que no corresponde  con las regiones ni con la lógica de los pueblos  indígenas.  Ella veía que con la reterritorialización el desarrollo y la distribución  de la riqueza  serían más fáciles porque el alcalde tendría capacidad  política y control territorial para respaldar a la comunidad  y no al partido  como hasta ahora.

Richter decía que no había forma de que no haya guerra si se saca una parte del Beni o cualquier departamento, como, según el dirigente  del mnr, la propuesta de reterritorialización implicaba.  Criticaba la fragmentación que implicaría el sistema  de autonomías indígenas o la creación  de regiones.  Mirtha Jiménez mencionó que había 329 municipios con autonomía sin que nadie quiera separarse y Richter pedía que en la Nueva Constitución se garantizara el respeto  por los nueve departamentos. En ese punto Mirtha coincidía y recordaba que en 2005 casi hubo  una guerra por redistribuir curules legislativos sacándoles representantes a Oruro y Potosí, para dárselos a Santa Cruz. Los constituyentes mencionan  los pedidos de autonomía de El Alto, del norte de Potosí y del Chaco.  Una provincia de Chuquisaca quería irse a Tarija por las regalías del gas. Representantes cívicos de la provincia beniana de Vaca Diez, dieron una charla en la Comisión para pedir la conformación  de una región, o incluso un nuevo departamento a partir de su provincia. En todos los departamentos  de Bolivia había regiones que potencialmente  podrían  convertirse en otra unidad,  o que tenían vínculos económicos  o culturales más bien con pueblos de otros departamentos.

En contraste con los medios y advertencias a veces apocalípticas de la oposición,  durante la Asamblea, en el MAS se decía, con algo de resignación, que esta sería una Constitución “de transición”. Adolfo Mendoza  explicaba un proceso hacia  las regiones desde las provincias. En esta Asamblea  habría algunos elementos para iniciarlo. En el horizonte de la reterritorialización, algunas organizaciones  del Pacto de Unidad  planteaban el fin de los municipios, provincias y departamentos. El conamaq tenía como prioridad avanzar en la “reconstitución”  de los territorios ancestrales de las naciones originarias y pueblos indígenas. Para ellos, la territorialidad  y consolidación de territorios ancestrales era base fundamental para la autonomía,  el autogobierno y otros derechos que la Nueva Constitución reconocería a los pueblos  indígenas.

El momento político y las propias posiciones del Gobierno  o de la bancada del mas, sumados a la falta de definición de las centrales campesinas, sin embargo, exigían moderación, para muchos, respecto del proyecto de las organizaciones indígenas. La dificultad de imponer este proyecto  no era sólo  la distancia  de 28 constituyentes para los dos tercios. Había límites a las posiciones indígenas desde sectores fuertes dentro del propio MAS y la consolidación del Instrumento Político  como partido y como Gobierno implicaba también un alejamiento de algunas propuestas, en lo que se entendía como realismo político y mesura en la interpretación  de cuáles eran los cambios realizables y cuáles no. Era la “lectura estatal” de la real politik desde donde  se buscaba dibujar un centro para el acuerdo,  tan alejado y tan cerca de las propuestas  del Pacto de Unidad como fuera posible.

Otro tema  conflictivo era la propuesta de representación  directa en el parlamento, ya discutido para la elaboración de la Ley de Convocatoria a la Asamblea. Si bien el Estado Plurinacional  se fundamentaba en el carácter mayoritario  de campesinos e indígenas que ahora serían realmente incluidos, en Oriente los pueblos indígenas eran minoritarios y por eso la autonomía allá cobraba otro sentido. Nélida Faldín explicaba que la mayoría de los pueblos indígenas de las tierras bajas no podían acceder a representación  política por ser minorías poblacionales en sus circunscripciones. De hecho,  para  ella ser elegida  como representante por la circunscripción 57 tuvo que postularse desde las listas del mas, para  lo que  disputó con los ayoreo y otras etnias que quedaron sin representación en la Asamblea  y sólo pudo permanecer por un aval de Evo Morales que en lugar de beneficiar a sus aliados más cercanos,  los campesinos colonizadores, definió que ese lugar sería para pueblos  indígenas. Pero había sido con los votos de los colonizadores por el mas, que Nélida había entrado en la constituyente,  como una de las cuatro representantes  de pueblos de tierras bajas, representando a las minorías pero también como miembro de una de las etnias más numerosas de Oriente.

La representación  directa era entonces parte importante  del proyecto  de Estado Plurinacional y uno de los puntos que lo diferenciaría del proyecto  multicultural asociado a las reformas  del mnr en los 90. Además de presentar su libro sobre filosofía andina Taypi, Omar Guzmán llegó a Sucre para dar charlas a los constituyentes sobre representación directa y otros temas,  presentando  en las comisiones una de las posiciones referenciada en el Pacto de Unidad. Exponía  que a pesar del derecho a auto-representación y auto-determinación, el Congreso  no contempla la variable  étnica o cultural y sólo la territorial (Senado) y poblacional (en Diputados). Sin representación  directa, decía,  el Estado se seguirá considerando monocultural.[14]

Richter también exponía sus “preocupaciones” sobre este tema  en la reunión de la Comisión y citaba el caso del pueblo  moré, en el río Mamoré del Beni, que son sus amigos, decía, y que son en total 190 personas. En estos casos, para Richter la autonomía  aparecía  menos viable en las tierras bajas  que en las altas, al contrario de cómo hasta entonces  lo venía presentando. Estaba de acuerdo en que estos pueblos  tengan capacidad  para elegir autoridades, para administrar recursos naturales y tener su propia justicia. Pero la representación estatal crea desventajas, decía. Además, si en la Asamblea  departamental del Beni hay representantes de sus 16 pueblos indígenas, por ejemplo, los indígenas  tendrían mayoría frente a los representantes  de las doce provincias,  pese a ser minoritarios en términos de población.  Richter opinaba que no podía haber “democracia” para un sector del país y “corporativismo” para otro. Habría  desigualdad porque  los departamentos con más pueblos  indígenas  tendrían más representantes. “¿Si los ayoreo  son 100 y tienen un representante,  cuántos les correspondería a los quechuas?” preguntaba, y era una pregunta que se escucharía también  dentro del mas.

Hernán Ávila, encargado de hacer un seguimiento a la Asamblea para la ong cejis, también contribuía a la discusión.  Los Moré son 190 pero tienen lógicas diferentes de ver la naturaleza y tienen que estar representados.  Para él tendrían que combinarse el voto  directo  y sufragio universal con modos tradicionales, inclusive en el Congreso.  Richter preguntaba qué pasa con los indígenas  urbanos y si estos votarían por los representantes indígenas.  Nélida respondía  que si los urbanos se definen como indígenas tienen que someterse a nuestro estatuto y a los usos y costumbres.  Constituyentes y técnicos pensaban en justicia histórica de inclusión como criterio por encima de la proporción   poblacional,  y como argumento se citaba el convenio  169 de la oit. Una unidad territorial sin representación política, no sería totalmente autónoma, defendían.

En una nueva reunión, después de realizar sus consultas, Richter se mostró más abierto a la idea de representación  directa. De hecho, decía que veía un quiebre peligroso si los indígenas  no se integraban en las estructuras de poder. Sin representación veía riesgos en la unidad e integración. Su propuesta era ahora que los pueblos  indígenas tuvieran representación,  pero reagrupados y no uno por cada pueblo. Le parecía “razonable” que haya dos representantes indígenas  por departamento en el Senado o la Cámara de Diputados. Comentaba que si bien en el mnr muchos no aceptan esa propuesta, y aún cuando  le traía problemas con los ganaderos  de su departamento, en principio iba a defender  la representación en la Asamblea departamental. “Los cambas”, continuaba Richter, dicen “que haya autonomía en los cuatro departamentos  que votaron por autonomía en el referendo, y que con el resto del país hagan  lo que quieran”, por eso no aprobarían representación  directa para los pueblos  en el Oriente, justamente donde los pueblos indígenas son minoría poblacional y no pueden acceder a representantes. Richter presentaría una propuesta formal sobre este tema, con nueve diputados (por cada departamento) y cuatro senadores (dos por tierras altas y dos por tierras bajas) elegidos por usos y costumbres.

También traía  problemas la propuesta   del MAS de crear un parlamento unicameral, anulando el senado, aunque  manteniendo  algo de la representación territorial. Omar Guzmán presentaba  la propuesta  en otra actividad organizada para la discusión   de constituyentes. En su propuesta habría 27 representantes territoriales (como en el actual senado, 4 por departamento), además 70 representantes elegidos  por sistema poblacional uninominal (como los diputados) y 70 de modo étnico  cultural con representación  directa. Ese era un modelo para un país en el que 62% se reconoce indígena, explicaba. Para Richter, con una sola Cámara se pierde  la igualdad entre departamentos.  Y la desigualdad  en la representación puede llevar a la guerra,  como cuando  Santa Cruz llevó 4 diputados, que casi se quiebra el sistema democrático, recordaba. Algunos parlamentarios representarían a 200 personas y otros a 300 mil. Otro problema sería que los indígenas  también votarían en las circunscripciones  uninominales.  Preguntaba cómo garantizar  la igualdad de todas las regiones.  Yo me retiro después de la Constituyente  a mi actividad, decía Richter, pero creo que es mejor el Senado.  El Senado  y la bicameralidad, insistía Richter, “dan equilibrio”.  Un técnico señalaba, sin embargo, que con el Senado también había desigualdad en cantidad de representados por los senadores  de los distintos departamentos. Un senador de Pando representa mucho menos gente que uno de Santa Cruz. Así criticaba que la representación directa se criticara con el argumento  de la diferencia  de densidad de población, que a nadie incomodaba en el sistema  vigente.

Nélida se disgustó con la insistencia de Richter sobre la necesidad de mantener el Senado  y le preguntó “porqué no se va a hacer su informe [de Comisión] y deja de repetir  lo mismo”. “Lo mismo le digo a usted”, le respondió  Richter. Mirtha intentaba bajar la tensión con la posición  de que no se trata de hacer dos informes y Richter se mostraba abierto: si me convences yo firmo, pero no veo como reemplazar  los departamentos y cerrar el senado.  La discusión era complicada e incluso despertó diferencias internas en la bancada  del MAS de la Comisión. Un constituyente del MAS pensaba en voz alta: en Venezuela hicieron unicameral y ahora están replanteando y ¿cómo Motete Zamora[15] va a decir “ya no hay senado”? ¿Va La Paz a aceptar que cada departamento tenga 10 diputados? “No”.

Por otro lado Mirtha Jiménez expresó  la voz de los departamentos  chicos que no veían con buenos ojos terminar con la Cámara territorial: si hay sólo una Cámara, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz van a decidir, dijo. Esos desequilibrios hicieron que Potosí y Oruro no tuvieran desarrollo, agregaba. Pensaba que la distribución   del Impuesto Directo a los Hidrocarburos  debía ser equitativa y la cota de coparticipación no debía ser por población. Daba el ejemplo de un municipio de Oruro, que tiene 200 habitantes, que recibe sólo 500 dólares y ni siquiera  habían  elegido alcalde. El MAS hoy tiene la mayoría,  decía Mirtha, pero ¿qué iría a pasar cuando sean oposición? Estas posiciones podían contribuir en la discusión que permitiese la creación  de una posición de centro con la oposición. Aunque todo acercamiento   trans-partidario, a partir de las lealtades  departamentales, por ejemplo, implicaba automáticamente  la renegociación  del centro establecido internamente.

Presionados por el tiempo, ya que el plazo inicial de clausura de la Asamblea Constituyente iría a ser agosto de 2007 –dos meses después de estas discusiones– Mirtha decía que la Constitución  Política del Estado “no es una fábrica de papas fritas”, y temía que el tiempo no vaya a alcanzar para llegar  al consenso. Se preguntaba: ¿quiénes van a ser los 10 iluminados que van a hacer mi trabajo de constituyente? previendo que por la falta de tiempo un pequeño grupo haría la versión  definitiva  del texto. Antes  de llegar a reuniones plenarias había que reunirse con otras comisiones con temas afines, de eso depende la paz social y el futuro del país, decía. Pensaba que tenían que pedir extensión del plazo para entrega de informes, por lo menos al 13 de junio, aunque ningún partido quería hacerse cargo de pedir prórroga. Todo está politizado  y si alguien pide, el otro partido arremete, se quejaba.

Luego de la entrega  de informes de Comisión vendrían  las plenarias,  y todo avance en búsqueda de consensos sería un gran aporte para esa etapa final. Ri-chter también estaba preocupado porque la fecha del 30 de mayo para entrega de informes era inamovible según la Directiva  de la Asamblea, y en ese tiempo sería imposible llegar con un solo informe. “No hay tiempo para el consenso”.  Acercándose  el final del plazo otorgado los constituyentes de podemos pidieron una licencia colectiva para hacer un seminario  interno con el líder del partido, Tuto Quiroga. Ese viernes sería feriado, y el jueves  siguiente  el MAS se iría a discutir los proyectos de comisiones con Evo Morales y sus asesores en Cochabamba. Sería una reunión importante, con las organizaciones sociales y autoridades nacionales del mas, establecida para el último fin de semana de mayo para tomar decisiones sobre el proyecto.[16]

Quedaban sólo  tres días de trabajo  antes del plazo final. Mirtha  Jiménez decía que hasta el jueves hay que hacer los fundamentos  iniciales del informe.  Al otro día yo terminaría ayudando en la redacción  de los mismos cuando encontré a Mirtha sola en la Comisión intentando avanzar con eso en la computadora  de la Comisión.  Pocos días después, el plazo se estiraría un mes hasta el 31 de junio, con fecha de compatibilización entre comisiones entre el 5 y el 11 de julio para empezar las plenarias  el 14 de julio y votar la Constitución,  artículo por artículo, hasta el 6 de agosto. Si para el 24 de julio no se llegaba a aprobar la Constitución “en grande” (aprobación general), habría que llamar una consulta ciudadana  para ampliar  el plazo de la Asamblea,  se pensaba. Algunos hablaban de la necesidad de cuatro meses más. También se escuchaba hablar de declarar a esta Asamblea como pre-constituyente y pensar en prepararse para una nueva Asamblea más adelante. Nélida Faldín decía que antes de votar ella tenía que llevar la propuesta a su pueblo. Más allá de la propuesta de informes con artículos de cada Comisión, no había todavía una propuesta  de Constitución que pudiera  ser discutida, aunque la misma se iría elaborando en las reuniones  de la Casa argandoña. Después la fecha de informes se postergaría aún más hasta el 13 de julio.

Benedicta Huanca,  del Plan 3000, que también formaba parte de esta Comisión, decía por esta época que se sentía perjudicada,  que iba todos los días a la Comisión y no se reunía  la Subcomisión de la cual ella formaba parte, la oposición no asistía. Vengo y no hay nada para trabajar, vine por el cambio, porque en el campo sufren, esa es mi queja, decía. Y consideraba que no se debería pedir extensión de plazo de la Asamblea  porque no estaban discutiendo ni debatiendo. No estamos haciendo nada y pedimos extensión,  estoy lastimada. A todos  les pesaban los meses que habían pasado sin avances por las posturas duras sobre  el modo de votación y muchos manifestaban cansancio.

3. Tierra y territorio, entre la cao y conamaq

3.1. El centro  en la Comisión de Tierra y Territorio

La Comisión de Recursos  Naturales Renovables,  Tierra, Territorio y Medio Ambiente, conocida en la Asamblea como “Comisión Tierra”, puede verse como otro microcosmos del escenario político-ideológico  de Bolivia en tiempos de la Asamblea. En las distintas comisiones tenía lugar un enfrentamiento de distintas magnitudes entre los mismos dos proyectos políticos rivales, y también se hacían presentes  distancias  internas  y contradicciones  secundarias  dentro de la  base aliada del Gobierno  del mas. La Comisión Tierra, estaba presidida por Carlos Romero que había entrado como primer candidato a constituyente departamental por Santa Cruz, auspiciado  por las organizaciones indígenas de tierras bajas,  con quienes había trabajado en las propuesta de titulación desde su puesto de director del cejis. En el trabajo de la Comisión, Romero tendría un papel de mediador y posibilitador de acuerdos que iría a ser clave nuevamente  en otros momentos del proceso  constituyente. Romero era bien valorado desde el MAS por su papel al frente del cejis en los últimos  diez años, acompañando a las organizaciones indígenas en marchas  políticas, trámites de titulación de tierras y escenarios legislativos como el del debate para la reforma  del Artículo 171 de la Constitución en 1994, la incorporación de tenencia de tierras en la elaboración de la Ley inra de 1996, su modificación en 2006 y la reforma de la ley forestal, todas discusiones que confluían en el proyecto  de informe de Comisión en la Asamblea.[17]

La Comisión estaba formada por 17 constituyentes, ocho  representando  la posición  mayoritaria del mas, ocho disidentes en los dos extremos, con 4 indianistas del altiplano de un lado y 4 representantes de podemos del otro, dejando a los ocho del MAS en el centro de “las dos Bolivias”,  imagen nacida del indianismo aymara en referencia a las dos unidades  con que podía ser entendido el país: una europea y otra indígena.  El voto restante para completar  los 17 constituyentes era el de Ana María Ruiz,  del mnr, que en votaciones clave en que los indianistas no apoyaban el proyecto  del mas, le permitió  al oficialismo  alcanzar la mayoría. Este entendimiento del MAS con el mnr para  la temática  de tierra se daba  a partir de un compromiso del MAS de esta Comisión en continuar en los marcos  de la reforma agraria iniciada por el mnr en 1953. A pesar  de que el mnr representaba sólo un voto en la Comisión Tierra,  al igual que en la Asamblea  como un todo, el MAS debía seducirlo. También, al igual que en otros contextos de negociación, este acercamiento  del MAS hacia  el centro implicaba disidencias  internas desde sectores indígenas.

El tema en el que el MAS no pudo aunar posiciones  con el mnr fue el de la autonomía departamental, que como gran tema  de la Asamblea, también aparecía en esta Comisión. El mnr apoyaba que la administración de la tierra (saneamiento, dotaciones) fuera decidido  a nivel departamental,  y el MAS pudo contornar este tema para el informe sólo con el apoyo de los indianistas que en otros temas planteaban diferencias, “(Rubén) Costas ni en sus sueños  tendrá jurisdicción  sobre tierra y bosque” declaró Romero a la prensa  (El Deber, 5 de julio, 2007). En este tema el mnr y podemos se alineaban y “Ana María levanta los brazos”  decía Romero, mostrando nuevamente las dificultades que surgirían  en las plenarias.[18]

En su tarea de buscar consenso, Romero veía la Comisión como un centro en precario equilibrio y decía: “con esa postura de podemos, se rebelarían dentro del mas”. Como me explicó, su idea para centrar el debate  y conseguir apoyos para el informe  que facilitaran después el trabajo  en plenarias era: “yo freno a conamaq, que ellos frenen a la cao (Cámara Agropecuaria de Oriente)” en referencia a la oposición, pero veía “muy lejos a los sectores indígenas que hablaban de reconstitución del tawantinsuyu”  y en podemos “un proyecto dictado por las cámaras  empresariales”.

Entre los diversos temas  que la Comisión abordaría,  el de la tierra  era el que cautivaba más atención por ser importante foco de conflictos en el Oriente. El empresariado  cruceño es la base de la oposición  a Evo Morales, y su base económica es eminentemente agroindustrial. La tierra era uno de los temas que estaban en la coyuntura,  entonces,  junto a la demanda de autonomía departamental. Pero la Comisión llamaba también la atención  de todos, por los discursos de “revolución agraria” del Gobierno,  por ejemplo en el mensaje de Evo Morales cuando cumplió un año de Gobierno, a inicios de 2007 en el Valle de Ucureña, Cochabamba.  Algunos pensaban que vendrían cambios en el campo debido a la presión  de la base campesina del mas. Algunos pronosticaban que  podría impulsarse  la reversión de la propiedad  de latifundios y tomas de tierra, como había sucedido antes de la reforma  agraria de 1953. Sin embargo la realidad política mostraba que el MAS buscaría  llegar a las ciudades,  la clase media y a las regiones  opositoras,  por lo que la tierra no sería la prioridad  del Gobierno, por su potencial de conflictividad. Entonces,  desde sectores de izquierda había más bien una crítica hacia la postergación de los cambios en la distribución de la tierra, que algunos explicaban por la llegada  al Gobierno de los campesinos, lo mismo que permitía especular con importantes cambios. Sobre este tema, Luis Tapia señalaba  la contradicción  de que sea un partido campesino el que estaba hablando de industrializar,  lo que promovía necesariamente  el movimiento de migración  forzada del campo a la ciudad.[19]

Como explicaba  Evo Morales,[20]   la  Revolución  Agraria  del Gobierno  del MAS consistía en dar tierras y condiciones para que sean producidas, además de avanzar con el “saneamiento”  (la verificación de titularidad a la que Morales se refería), y eso podía hacerse con las herramientas  en la legislación  vigente.  Lo que se esperaba de la Comisión Tierra, como de otras, era entonces que permita “constitucionalizar” instrumentos ya introducidos como la Ley de “Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria”, de 2006, que modificaba la Ley inra (Instituto nacional de Reforma Agraria) aprobada en 1996, pero especialmente se esperaba que diera lugar a una reforma que dependía  del Poder Ejecutivo y podía ser impulsada  incluso con los elementos  legislativos y constitucionales de 1996. El contenido de estas reformas, y en particular la del 2006 realizada ya con Evo Morales en el Gobierno, consistía en el fortalecimiento de la política agraria derivada de la Reforma  del ‘53 pero con la introducción  del tema indígena y la prioridad en la dotación de tierras para campesinos e indígenas como destinatarios de las tierras fiscales a ser distribuidas. Además, se incluirían en la Constitución mecanismos para buscar neutralizar una serie de decretos o procedimientos administrativos que habían dado lugar a lo que en artículos o declaraciones Romero llamaba “contra-Reforma Agraria”, las medidas  administrativas o políticas que a pesar de la legislación  impedían de hecho el acceso de los indígenas  a las tierras, manipulando  los procedimientos  de verificación de la propiedad.

La disputa  en la Comisión Tierra sería entonces garantizar que sea el Estado central y no el departamento  quien dirija el proceso,  para dar continuidad a la Reforma de 1953 en oposición a las reformas liberales de mercado  en temas agrarios y la corrupción  o tergiversación de los instrumentos establecidos, utilizados a favor de los grandes propietarios  de tierra. ong como cipca, cendas, cejis y Fundación Tierra, que tenían representantes en Sucre asistiendo el trabajo de las comisiones,  habían consolidado un trabajo técnico de consenso sobre el tema durante muchos años de trabajo junto a las organizaciones  campesinas de todo el país. Esa era la base para el proyecto  de la Comisión, que permitió encontrar en Sucre un espacio para una nueva cristalización de esas posiciones. Además de la denuncia  de irregularidades y obstáculos de los gobiernos  departamentales al saneamiento y entrega de títulos agrarios  a comunidades indígenas, priorizando la demarcación  de tierras de productores empresariales en territorios indígenas y la reducción  de las superficies demandadas por los pueblos,  o negando personería jurídica a organizaciones indígenas, este consenso indicaba como grandes problemas  agrarios en Bolivia el del minifundio  en Occidente y el del latifundio en Oriente,  vinculado  al problema de la distribución  desigual  de la tierra.[21]

Además de las diferencias de “institucionalidad agraria”, es decir, de si sería el departamento o el nivel central quien administraría estas cuestiones, hubo otras diferencias irreductibles que no fue posible  consensuar  con la Media  Luna  y que posiblemente llegarían hasta el referendo, por la dificultad de obtener dos tercios para las mismas. Al momento de iniciar las votaciones  de la Comisión, Romero las resumía frente a la prensa. Consistían en mecanismos redistributivos de la propiedad  agraria: límites para el latifundio y reversión como modo de recuperar tierra no productiva, también habló de la gestión  territorial indígena, que daría más control a los pueblos  indígenas en sus territorios, incluyendo  el dominio de los recursos naturales no renovables.

La modificación de la Ley de Reforma Agraria ocurrida a fines de 2006, mientras  la Asamblea discutía su reglamento, es interesante porque además de introducir un balance de 50 años de Reforma Agraria desde el punto  de vista campesino, ahora en el poder, ponía en marcha en el Congreso  una dinámica política que se repetiría en la Asamblea y que tenía que ver con el nuevo lugar de organizaciones de campesinos  e indígenas. En esa oportunidad se vio por primera vez con claridad el juego  de fuerzas políticas que se desplegaría en los próximos años, caracterizando al Gobierno  de Evo Morales y el mas, entre proyectos de reforma y un rol gubernamentalque  antepone  la administración a la reforma. Sería el momento de la negociación  con la oposición  para aprobar reformas, de encontrarse con una oposición dura que se sentaba a dialogar pero no modificaba sus posiciones buscando golpear políticamente al Gobierno y que no se realicen cambios, sería también momento de explorar  las distintas pulsiones contenidas en el mas, como ese encuentro  entre la estatalización que buscaba  regular la vida económica del campo y las fuerzas  que defendían  la autonomía  de lo indígena comunitario y territorial.

En esta oportunidad también apareció por primera vez con claridad la movilización  en las calles de las organizaciones sociales para presionar por los cambios; la búsqueda de resquicios  institucionales o “maniobras” en la estrategia del MAS que con el argumento de la razón de la justicia social para las mayorías intentaba cerrar el conflicto; el recurso  a la gente, donde  el MAS tenía mayoría y también la posibilidad  de ceder a los reclamos  de la oposición  y renunciar a los cambios profundos o postergarlos para avanzar y terminar el conflicto. En el fondo,  la dinámica política ponía en evidencia el problema de cómo hacer cambios respetando la institucionalidad  republicana y democrática heredada, que era el gran tema a resolver también  en la Asamblea.  Era el problema de un Gobierno que quería realizar cambios pero se encontraba con obstáculos institucionales fuertes, y con fuerza institucional de los sectores políticos a los que había desplazado  del poder. En el caso de la “reconducción de la Ley inra”, que debía reformarse porque se había vencido el plazo para el saneamiento  dispuesto por la Ley de 1996, fracasó la mesa de diálogo con la oposición  y después de movilizaciones y de amagar a aprobar  la Ley con senadores  suplentes, la misma fue aprobada por decreto.

En otro escenario  de las mismas batallas, la diferencia  de miradas se puso en evidencia ya en los primeros  debates de la Comisión, cuando cada bancada presentó su caracterización. Cuando se discutía el tema del origen de la riqueza cruceña, los constituyentes  de podemos insistían en que se debió a “mérito propio” de Santa Cruz sin ayuda del Estado y el MAS consideraba que se debió a la transferencia del excedente de la renta minera de Occidente. podemos, por otra parte, negaba la existencia  de latifundio en Bolivia con el argumento de que muchas de las tierras que estaban siendo así consideradas no soportaban técnicamente una explotación intensiva ni semi-intensiva, por lo cual debían  ser excluidas. Romero preguntaba si querían  llevar las cosas al tiempo de Roma, cuando podemos se opuso a la necesidad  de Función Económico  Social (fes) como condición para la propiedad  empresarial,  base de la política agraria desde  1953. Con el avance de las discusiones,  podemos aceptó  la fes, pero estableció que predios que no la  cumplieran  serían expropiados  con pago de indemnización,  contemplando inversiones, mejoras y daños sobrevinientes y prohibiendo la reversión.[22]

En el momento de cierre de informes de Comisión, el viceministro de tierras Alejandro Almaraz, también ex director del cejis y protagonista de la aprobación de la Reconducción  de la Reforma  Agraria, inició una demanda contra  la constituyente de podemos en la Comisión, Elianne Capobianco, ex directora del inra en Santa Cruz y acusada de donar 12 mil hectáreas en territorio del pueblo guarayo, a la familia  del también demandado Branco Marinkovic, presidente del Comité  Cívico Pro Santa Cruz, líder de la oposición y las movilizaciones contra el Gobierno. Si la bancada  del MAS en la Comisión estaba formada especialmente por constituyentes provenientes de ong y organizaciones  sociales, los representantes de podemos provenían de las cámaras empresariales. Durante los debates de la Comisión, inclusive,  intereses forestales entraron en conflicto con los agropecuarios cuando  la constituyente Capobianco defendía la ampliación  de la frontera agrícola y el constituyente Ávila, también  de podemos, proponía reconocer a los concesionarios  forestales poderes de policía en sus territorios para garantizar sus explotaciones y frenar esa expansión.

La disidencia  indianista del MAS en la Comisión, que no tendría expresión en la Asamblea a nivel general, pero sí se sentiría en distintos episodios o críticas contra el Gobierno de Evo Morales, estaba representada por dos partidos chicos del Altiplano y Potosí, aliados con dos constituyentes del mas. Los dos partidos disidentes eran as del alcalde de Potosí René Joaquino, y asp de Omasuyos, que junto a otros partidos menores  del Occidente indígena sumaban en la Asamblea cerca de diez constituyentes, con los que el MAS contaba para los dos tercios. Eran sectores indígenas que no tenían relación con el Pacto de Unidad aunque formaban  parte de ramas locales de csutcb y conamaq. Representaban un nacionalismo étnico que consideraba a Evo Morales “un hermano”,  pero lo veían capturado por “el entorno blancoide” de mestizos y ong. Eran producto de la representación de estructuras políticas locales opositoras  del MAS en regiones de mayoría  indígena donde los partidos conservadores no tenían espacio. En varios momentos, incluso, se hablaba de la posible postulación de René Joaquino,  como rostro indígena  en alianza con la Media  Luna, pero más que nada se trataba de  la expresión  de un voto de oposición  al MAS en lugares donde  los partidos no campesinos ni indígenas no tenían ninguna presencia.[23]

Romero veía a estos sectores muy alejados del proyecto del mas, que ubicaba más cerca de la izquierda  nacional, según  graficó en una conversación en el Colegio Junín, donde se reunían  las comisiones. Estos constituyentes eran críticos también de las reivindicaciones  de tierras bajas  y llegaron a calificar de “latifundios” a las tco de los pueblos  indígenas de Oriente, planteando la necesidad  de redistribución, por su gran extensión. Estos sectores también  acusaban a Romero de favorecer a las tierras bajas en detrimento de quechuas y aymaras. Nuevamente ubicándose en el centro, Romero decía: “me acusan de que sólo vemos Oriente, pero en Santa Cruz nos corren con matones porque dicen que estamos  contra Santa Cruz”. Romero sería en la Asamblea uno de los más activos y eficientes en la búsqueda  del centro.[24]

En términos de dinámica política de la Asamblea, estos sectores eran los que buscaban empujar al MAS a dejar de intentar encontrar consenso con la oposición y asumir posiciones más duras. Vladimir Alarcón Tintaya, aymara de la circunscripción 13 de El Alto y que provenía  del Partido Comunista  Boliviano, interrumpió a Romero en una sesión en que este hablaba de buscar consenso y exigió: “¡Impongamos! ¿Somos revolucionarios o amarillos? ¡avancemos hermano presidente! [de la Comisión]”. De hecho,  el MAS siempre consideraba como posibilidad  la adopción de una postura de avance sin concesiones, como había intentado por meses en el debate del Reglamento. La nacionalización del gas en mayo de 2006 y la aprobación de la reconducción de la Reforma Agraria eran ejemplo de ese avance en la discusión  interna del mas. Una alternativa evaluada  por los constituyentes del MAS en Tierra y Territorio,  en ese sentido,  era traspasar  votos de la propuesta mayoritaria  del MAS a la posición  minoritaria  de indígenas y mas, para excluir el informe  de podemos. Por Reglamento, era necesario aprobar un informe de mayoría y otro de minoría y por el número  de constituyentes en la Comisión era posible desdoblarse para aprobar dos informes afines y sin concesiones para buscar votos de sectores moderados.  De esa forma,  la propuesta  de la oposición no entraría en plenarias y de esa forma tampoco llegaría al referendo  en caso de que ninguna propuesta obtuviera dos tercios. Romero llegó a consultar esta posibilidad a sus compañeros en la reunión  de la bancada  del mas.[25]

3.2. Territorialidad indígena y formas de propiedad

El proyecto de la mayoría del MAS buscaría  actualizar la Reforma Agraria incorporando  la territorialidad indígena que, desde el punto de vista de las organizaciones indígenas de Oriente, en la Reforma  Constitucional de 1994 había sido introducida de forma  limitada. Con  la Nueva Constitución, las Tierras Comunitarias de Origen (tco) pasarían a ser Territorios Indígena Originario Campesinos (tioc) en el sentido  de la “reconducción  comunitaria  de la Reforma  Agraria” promulgada por Evo Morales en 2006. De este modo se reintroducía el concepto  de “territorialidad” que los pueblos  habían reclamado ya en 1996 pero que el mnr consideró más apropiado no incluir, limitándose  al concepto  de “tierra”, junto a una concepción  acotada de los derechos involucrados en ese reconocimiento.

En una entrevista que realicé por la época del cierre del trabajo de las comisiones, Romero explicaba que la propuesta  del MAS “es una continuación de la Reforma Agraria que ya de alguna manera ha sido impulsada por las leyes especiales, pero también es una constitucionalidad de la territorialidad  indígena y es sobre todo una mejor base material para otorgarle dimensión política a esta territorialidad y aumentar el empoderamiento  de las asociaciones  sociales. La dimensión política es que se reconoce derechos de gestión sobre  la tierra, sobre recursos naturales se respeta  la integralidad de la territorialidad  y esto fortalece el rol de comunidades y pueblos”. Romero consideraba también que “todos los procesos políticos y sociales de los últimos años han girado en torno a territorialidad, las disputas con empresas petroleras, la guerra  del agua, la guerra  del gas, las demandas  de tierra y territorio, las nuevas  estructuras organizativas  de los pueblos indígenas y los movimientos sociales con base a control de territorialidad. Entonces esta es una transversal que es la que va a traer los verdaderos  cambios en la estructura del Estado”.[26]

José Blanes (2007) escribía en ese sentido que los problemas  de clase y las tradiciones nacionalistas encontraron en los derechos indígenas, particularmente en los derechos por el territorio, un eje fértil y un motor potente para su ascenso político. Según este autor, la pérdida  de centralidad de lo clasista,  dio lugar  al tema de la gestión  del territorio, que va más allá de la tierra de los campesinos e informa  las diferentes posiciones sobre la autonomía. Blanes afirma que este fue el eje conducente a la Asamblea Constituyente y también el que hizo despertar la reivindicación de las autonomías  departamentales. El MAS defendía los cambios y la inclusión  de la variable  étnica  a los mecanismos de Reforma Agraria y la territorialidad reconocida por el Estado, pero esto no se introducía en el orden constitucional sin problemas. Como veremos a continuación, la posición de centro del nuevo Estado, y no sólo de la posibilidad  de alcanzar dos tercios, no iba tan lejos como las propuestas  de las organizaciones sociales. Ese era el punto exacto del proceso  donde el Gobierno de los movimientos sociales dejaba  de ser los movimientos  sociales. Era el momento de implementar lo posible,  en un tiempo de gestión que se acercaba al “hacer”  y se alejaba de la utopía  que había movilizado.

Por otra parte, la innovación  constitucional implicaba también incorporar a los campesinos a las tioc, asociando los territorios a nuevas comunidades.  El cambio respondía al contexto de la forma de identificación étnica que había hecho que comunidades campesinas comenzaran a considerarse indígenas. Un estudio del cipca, facilitado por Eulogio Núñez, se menciona el caso de los sindicatos campesinos de Ayopaya, en Cochabamba, que renunciaron a títulos individuales de tierra y optaron por titulación colectiva con preservación de estructuras e instituciones comunitarias.  Pero ese no era el caso más corriente, y el tratamiento del tema en la Asamblea generó un problema entre las organizaciones campesinas e indígenas que amenazaron con romper el Pacto de Unidad. Algunos remontaban las diferencias  a tiempos anteriores, cuando los Incas buscaban  controlar los valles y se perfilaban  sobre  las tierras bajas.  Así era leído por organizaciones indígenas de Oriente  la llegada de campesinos y colonizadores a sus territorios, que había dado lugar recientemente a varios conflictos violentos, con el ingreso de plantadores de hoja de coca a territorios indígenas (norte de La Paz y límite entre Beni y Cochabamba) y de forma más pacífica  el ya mencionado conflicto entre estructuras políticas identificadas  con el ayllu frente al sindicato.

El conflicto estalló cuando se discutió el tipo de propiedad al interior  de los nuevos tioc. Las organizaciones indígenas buscaban que sólo fuera reconocida la propiedad  colectiva, pero las centrales  campesinas presionaban por un proyecto donde también  esté permitida  la propiedad  privada individual, impulsada desde 1953 en las comunidades  agrícolas. Los campesinos y colonizadores no estaban dispuestos a colectivizar sus propiedades, aunque en varias comunidades estos mismos campesinos las mantuvieran  en combinación con las propiedades colectivas. El propio Román Loayza, explicaba en una reunión de constituyentes, cómo la propiedad  es individual y colectiva  al mismo tiempo, por ejemplo cuando se encuentra yeso, que es de toda la comunidad.  El Viceministerio  de Tierras, dirigido por Alejandro Almaraz, había recomendado  que se continúe la política  de la Ley de Reconducción Comunitaria de 2006, donde por primera vez se abrían las puertas al reconocimiento  de la propiedad  colectiva y se establecía que ésta sería la forma  de propiedad en los territorios indígenas.[27]

En un momento se llegó a pensar en establecer que en Oriente los territorios tendrían propiedad colectiva y en Occidente individual, pero Álvaro García Linera terminó cerrando el tema cuando dijo en reunión con los constituyentes que se respete  la propiedad  individual en las tco. La Constitución consagraría la propiedad  colectiva, entonces, pero sin limitar la posibilidad  de dotaciones individuales. El problema  de la propiedad  individual en los territorios se debía, decía Romero, al temor  de tierras bajas  de que la dotación individual  pueda servir para favorecer otra vez una apropiación privada de especuladores de tierras. Romero veía ventajas de la titulación  colectiva  en términos de organización, planificación, gestión territorial y en términos de tradición organizativa de los pueblos. Pero defendía la coexistencia de las distintas formas sobre la base de que la propiedad  individual es una realidad de estos pueblos  desde el tiempo incaico. Pensaba también que las diferencias entre organizaciones  se debían a falta de conocimiento, insuficientes contactos, disputas de espacios organizativos, pero que de ninguna manera se podía hablar de contradicciones que no se puedan conciliar.[28]

Otra posición  del debate, abierto en momentos de Asamblea Constituyente pero articulándose con la política  territorial de años anteriores, fue expresada como crítica a la política  de las organizaciones  indígenas  de tierras bajas  en los últimos años, esas que de alguna forma ahora con el MAS y con Romero llegaban hasta la Constitución. El antropólogo Roberto Balza, presentaba algunas críticas en una de las charlas de expertos organizadas por la Comisión de Estructura del Estado. Criticaba a organizaciones indígenas, al Estado  y a ong como cejis, por haber buscado titular territorios diferentes a los que los pueblos  de hecho habitaban y usaban, por haber  priorizado  la estrategia de reclamar  las tierras menos ocupadas y por tanto más fácil de ser reconocidas por el Estado.  El resultado había sido, según Balza, que no se habían  respetado los modos tradicionales de ocupación del espacio, apropiados para la forma de vida de los pueblos, y se había dado lugar a mudanzas territoriales de comunidades enteras y al alejamiento  de áreas ceremoniales y de caminos con acceso a centros urbanos.  De ese modo los pueblos se alejaban de mercados y servicios, y de los lugares donde vendían artesanías para tener dinero que utilizaban en algunos momentos,  por ejemplo, para comprar bala o cuadernos para los chicos,  ilustraba Balsa. También se alejaban del acceso  al agua,  los suelos fértiles y los espacios  de caza y recolección con que complementan su dieta.[29]

En relación a este tema, la constituyente  del mnr en la Comisión Tierra elaboró un informe individual que mantenía sin modificaciones el modelo de tco (introducido en la Reforma Constitucional de 1994 por su partido). Su documento manifestaba que la inclusión  de derechos territoriales de preexistencia y acceso tradicional a los recursos sería excesiva  y entraría en conflicto con la tenencia de tierra productiva  existente. Frente a esta posición.  Romero pidió proyectar los artículos del convenio  169 en la pared  de la sala de Comisión para mostrar hasta qué punto  la propuesta de informe de mayoría coincidía con ese convenio marco ratificado por Bolivia en 1991, en lo que se refiere a derechos territoriales. Días después, tras consultar  con líderes indígenas de su región, Ana María Ruiz apoyó finalmente el proyecto de Artículo del mas, que reconocía derechos colectivos y acceso  tradicional, pero quitando  del texto la mención a derechos de preexistencia (Beaulieu [2008]). Por su parte, la oposición  de podemos en la Comisión se oponía al reconocimiento de la territorialidad con el argumento de que daría a los indígenas  control de los recursos  naturales en sus territorios considerando también que el cambio de nombre, de tco por tioc amenazaba a los productores privados no indígenas, porque con la introducción del término “campesinos” el MAS buscaba impulsar colonizaciones de campesinos de Occidente en Oriente.[30]

3.3. Recursos naturales y marcha indígena

Las formas de propiedad no serían el único  conflicto entre los distintos sectores del MAS en las discusiones  de los temas de la Comisión de Tierra. La inclusión en el Estado de los derechos indígenas no era automática y realizada sin fricciones, las que se sentían incluso dentro del mas. Más allá de las disputas  sectoriales, se trataba nuevamente  del problema de la diferencia indígena  en relación  al Estado. Algunos sectores defendían posiciones estatales contra los indígenas o de un orden jurídico que no podía incluirlos sin conflicto porque tenía otra naturaleza y partía de principios que chocaban con sus formas  tradicionales en proceso de reconstitución o todavía vigentes en algunos lugares. Constituyentes urbanos del mas, los sindicatos del campo y la izquierda  nacionalista en el Gobierno  tenían motivos para “frenar” los deseos  de las organizaciones  indígenas,  que en última instancia veían como amenazantes para la unidad  y soberanía  del país, o como no acordes  al Estado de Derecho y la unidad  del movimiento social, encontrándose así, algunas veces, con los argumentos  de la oposición.  El Estado que se hacía presente en las discusiones  del MAS no era exactamente  el del comité de asuntos de la burguesía, o de la defensa  política  de los intereses empresarios  o de elites tradicionalmente  en el poder,  pero  como otras administraciones veía la necesidad de “defenderse” de las reivindicaciones  indígenas,  que desafiarían su unidad y monopolio de la autoridad.

El tema de los recursos  naturales era considerado por las comisiones de Hidrocarburos, Recursos Hídricos y Energéticos, Minería,  Desarrollo Integral Amazónico, Desarrollo Rural y Coca.  Pero  sería la Comisión de Tierra, ocupada de los recursos naturales renovables, la responsable en abordar el principal Artículo en que se definía  la propiedad y dominio de todos los tipos de recursos, afectando todo un bloque de capítulos en la Constitución reunidos bajo el Título de “Medio Ambiente, Recursos Naturales y Tierra Territorio”. Este Artículo establecía que: “Los  recursos naturales son de dominio y propiedad directa e indivisible  del pueblo boliviano.  Corresponde  al Estado su administración reconociendo, respetando y otorgando [31] derechos propietarios individuales y colectivos sobre  la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento con participación  social sobre otros recursos naturales conforme a ley”. La fórmula era: dominio y propiedad  para el pueblo;  administración para el Estado y uso y aprovechamiento para indígenas en sus territorios o concesiones privadas. Lo importante era posicionar  al pueblo como propietario en lugar del Estado. Con ese cambio, en palabras de Romero en otra de las entrevistas que le realicé por esa época,  se buscaba  “evitar lo que había pasado con administraciones públicas que privatizaron las riquezas  nacionales, como Sánchez de Lozada que por decreto reglamentario  entregó los campos petroleros a empresas privadas y esto derivó en a pérdida  del control del excedente  económico, la externalización de las riquezas,  la reproducción de la pobreza y el debilitamiento  de la soberanía económica y política del país”. Los constituyentes de podemos impulsaban que el dominio y propiedad  fuera del Estado, y dos constituyentes del mas, junto a los de los partidos indianistas, defendieron  la moción de dominio originario de la tierra y el territorio para los pueblos  originarios y comunidades  diversas del campo y la ciudad.

Adolfo Mendoza,  técnico de las mujeres campesinas y del MAS en la Asamblea, era señalado como responsable de la fórmula  en que los recursos  pasaban a ser propiedad del pueblo,  no del Estado. Sobre  su trabajo él opinaba que había posibilidad de influir, y que los asesores eran responsables por lo que influían o por lo que no influían. Pero si bien reconocía su responsabilidad en esa definición sobre la propiedad  de los recursos,  y la defendía, consideraba  que respondía más bien a una posición  colectiva. Otro técnico, Iván Égido de la cidob, lo cuestionaba por esa posición, porque a su juicio implicaba salirse de lo acordado  por el Pacto de Unidad, que consistía en que los derechos indígenas  irían primero y no en un segundo plano como había quedado luego de que se reconoció la propiedad de los recursos para todo el pueblo, quedando para los indígenas sólo el reconocimiento del uso exclusivo de los recursos renovables. Era la determinación que había dado lugar a la definición  de pueblo boliviano que vimos elaborarse en el capítulo anterior. Conversábamos los tres en el bar Salfari de Sucre, famoso por servir ajenjo artesanal y otros licores, e Iván exponía una crítica común en este proceso:  las organizaciones campesinas no acompañaban  las posiciones de las organizaciones indígenas. En el documento  del Pacto de Unidad, decía que él personalmente había tenido que incluir lo acordado  en el documento,  porque  los asesores de las otras organizaciones no lo hacían por iniciativa propia.[32]

El conflicto sobre  los recursos  naturales en áreas indígenas, apareció con fuerza en la reunión  de Cochabamba a fines de mayo de 2007 cuando  las comisiones presentaron su trabajo al presidente Morales, con la presencia de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad. En esa reunión se definieron con Evo Morales temas importantes como el de que la propuesta  de un cuarto Poder “social” no iría en el proyecto del mas, que a pesar de haber sido bastante anunciado  ahora era visto como obstáculo para el acuerdo  con los partidos de oposición. Los constituyentes del MAS fueron desde Sucre hasta Cochabamba en ómnibus y en un accidente de los que son tan frecuentes en rutas bolivianas  varios de ellos resultaron heridos. También el proyecto de Constitución sufrió heridas de distinta profundidad. Una de ellas era el que Evo Morales manifestara que los pueblos indígenas no podrían tener dominio y propiedad de recursos  naturales en sus territorios. Tampoco tendrían uso exclusivo, que según  la opinión  del presidente “era lo mismo que la propiedad”. Según Romero, también había problema en el Gobierno con asimilar el reclamo  de consulta vinculante para explotación de recursos, presente en el convenio 169 como derecho.

En el Artículo que definiría la propiedad  de los recursos  naturales se establecía que corresponde  al Estado la administración  de los recursos  naturales, “reconociendo, respetando y otorgando derechos de uso y aprovechamiento con participación social sobre otros recursos naturales conforme a ley”. Las organizaciones indígenas no aceptaban que sus derechos dependieran del reconocimiento y otorgamiento por parte del Estado, y exigían  que en sus territorios el uso y aprovechamiento –ya que no era posible exigir la propiedad y dominio– esté garantizado. Pese a que este había sido uno de los puntos acordados a nivel interno del Pacto de Unidad y presentado en su propuesta de agosto de 2006, desde la dirección del MAS se le habría dicho a Romero que retroceda en este punto y en el modo en que se estaba concibiendo la territorialidad.  Lo mismo repetiría Evo Morales en una reunión a solas con los líderes de las tierras bajas y sus asesores, solicitada para  intentar bajar la tensión por distintos temas.  Después de esta reunión algunos se quejaban  del “entorno” de Evo Morales. El presidente había justificado la decisión diciendo que no quería que ocurriera de nuevo “lo del Madidi”, parque nacional en que indígenas y colonizadores se habían  enfrentado violentamente por la tierra.  La intervención del Gobierno  en la Asamblea  en gran medida de los casos era guiada por un intento de evitar posibles  conflictos.

Si la renuncia  al “poder social” era simbólicamente  significativa por haber sido una importante reivindicación mencionada en todos los discursos de los dirigentes campesinos sobre la Nueva  Constitución y en el de varios constituyentes –en la Comisión Estructura del Estado se acababa de organizar una actividad  al respecto–  la misma había sido más fácilmente asimilada por las bases  campesinas del mas, que de algún modo compartían  la visión de que ahora eran Gobierno. Controlando el Poder Ejecutivo, el poder social perdía importancia  e incluso se corría el riesgo  que fuera un mecanismo aprovechado por la oposición al Gobierno de los grupos  cívicos de las regiones.  Sobre  el “Poder Social”, el MAS comenzaba a observar que implicaría formar una inmensa estructura burocrática  con posibles dificultades políticas que podrían  volverse contra el Gobierno.  Pero el tema de los recursos  traería problemas con la base indígena  del Pacto de Unidad. La definición de Morales respecto a lo que los indígenas esperaban,  no había sido asimilada  tan fácilmente. Leonardo  Tamburini del cejis, que me explicaba que estaba en Sucre para contribuir a bajar la tensión entre las organizaciones  y los constituyentes, resumía la situación  en que el consenso era dar uso a indígenas y propiedad al Estado  y había preocupación de que se retroceda.

En Cochabamba el propio Romero había asegurado que el uso exclusivo ya estaba garantizado. Y no faltaba sino  sólo incluir  en la Constitución lo que  ya estaba en el convenio 169 oit, decía Tamburini. Pero ahora desde la presidencia se dice que “uso exclusivo” es casi igual que propiedad, y por eso quieren poner otra palabrita. La posición de los pueblos  indígenas  a esa altura, era asegurar autonomía y uso exclusivo, sin pedir propiedad de los recursos en esta Asamblea. Si se retrocede y no hay autonomía indígena, entonces, las organizaciones se quebrarían, decía el director del cejis que había sucedido en ese puesto a Romero. En reunión con las organizaciones del Pacto, días después, Tamburini  analizaba el escenario interno del MAS y veía costo político para éste en no aceptar la posición de los indígenas. Era ese costo lo que creaba posibilidades para un acuerdo. Un nuevo acuerdo con los indígenas  traería rédito político para el mas. Pero Leonardo Tamburini analizaba también que Carlos Romero no se podía comprometer por los recursos no renovables porque no es tema de su Comisión sino de la de Hidrocarburos. El tema a discutir con él es entonces los recursos renovables,  pero también se entiende que no quiera asumir cosas que lo enfrenten con el mas, decía. A pesar de la cercanía  con las organizaciones de tierras bajas en años anteriores, Romero ahora hablaba desde el MAS en la Asamblea. Desde ese lugar, conamaq y cidob aparecían para Romero “con planteamientos sectarios muy radicales”.

Junto con la oposición  del Gobierno  a su planteamiento, los indígenas  comenzaban a darse cuenta de que sus reclamos tampoco serían acompañados  por las organizaciones campesinas y de colonizadores, con una cercanía “orgánica” con el Gobierno y que hablaban desde el punto de vista del interés nacional,  antes que indígena, a pesar de que eran co-firmantes de la propuesta  del Pacto entregada a los constituyentes del mas, donde se proponía una visión diferente. Los campesinos y colonizadores se reconocían como indígenas pero en la discusión  de los recursos nacionales pensaban  como bolivianos y apoyaban lo que era la base de la política  económica de Evo Morales. No eran minorías  étnicas las que exigían derechos en el marco  de un Estado nacional, avalados por el convenio  169 de la oit sino, ahora, el propio Estado-Nación. Del otro lado las organizaciones que apostaban a la consolidación  de territorios ancestrales y que estaban en proceso de reclamos territoriales en tierras altas y bajas, nucleados en conamaq y cidob apoyaban al Gobierno  del mas, pero no eran el MAS ni el Gobierno.  Ese era el marco político que permitió que esta diferencia se expresara.

Según  los técnicos de estas organizaciones, “las trillizas” –como se conocía a las tres organizaciones campesinas–  actuaban como “operadores”  del Gobierno para frenar  al bloque indígena (cidob  y conamaq)  “y todavía hablaban  de tierra en lugar de territorialidad”. Cerca  de las organizaciones indígenas y entre los constituyentes se comentaba  el último documento  del Pacto de Unidad que las “bartolinas”  no apoyaban y que la csutcb no habría firmado; o que sí había firmado, pero por error de una regional de la csutcb, que estampó su sello equivocadamente. Por esta época, alguien recordaba que uno de los asesores  del presidente aclaró en Cochabamba que no habían  firmado  nada con las organizaciones, por lo que debían reconocer que se habían quedado solos en estos temas. Especialmente luego de escuchar la voz de “el jefe”, que en la dinámica del proceso se sabía que era la última palabra en términos de decisiones.[33]

Las diferencias de intereses entre indígenas  y campesinos sobre recursos naturales que aparecían en el periodo de comisiones no eran nuevas. Así lo muestran documentos  del Pacto de Unidad  del tiempo en que se elaboraba  la propuesta para la Asamblea Constituyente, por ejemplo los de Camiri en mayo de 2006, en que el tema de los recursos aparece como uno de los puntos sin consenso  entre las organizaciones.  Hasta agosto de 2006 cuando comenzaba la Asamblea no se había concluido  la discusión  sobre  el dominio y propiedad de los recursos naturales no renovables, a pesar de que un día antes del inicio de la Asamblea se presentaba  el documento  citado más arriba donde se establece que el dominio y la propiedad aparecía compartido entre los pueblos indígenas y el Estado.[34] El conflicto político que estalló en tiempo de la Asamblea, sin embargo, respondía a que temas que ya habían  alcanzado consenso  eran vueltos a revisar. Eso había pasado  con los temas del uso y aprovechamiento  exclusivo y derecho a consulta vinculante, que había sido puesto en duda por Evo Morales en la reunión  de Cochabamba.

En el desarrollo de las negociaciones, las organizaciones indígenas aceptaron no pedir la propiedad y el dominio de los recursos no renovables, pero de ninguna manera  aceptarían quitar de la Constitución  el uso exclusivo  en sus territorios de los renovables. Era un retroceso muy grande  para ellos y sumado a otras diferencias surgidas en distintas comisiones, ponía a las organizaciones al borde de la ruptura con el mas. Es en ese contexto que la cidob decide iniciar una marcha indígena “Por las autonomías indígenas, tierra y territorio y el Estado Plurinacional”.  La marcha  salía en momentos de definición en las comisiones y se sumaban al clima conflictivo que se vivía en Sucre por esa época, con movilizaciones  diarias de diversos sectores como los universitarios (por la autonomía  universitaria y contra el “control social” en la Universidad); los mineros cooperativistas; los cívicos que amenazaban con desobediencia civil y paro cívico desde la Media  Luna;  las movilizaciones por el tema de la sede de los poderes  en La Paz y Sucre; etc. “cidob viene en carros desde Santa Cruz”, se anunciaba en Sucre.[35]

CONAMAQ también marcharía pero finalmente decidió realizar una vigilia en Sucre con representantes de todos los suyus debido  a que por ser tiempo de la cosecha no podría movilizarse en gran número, decían. Con el resto de los integrantes del Pacto de Unidad se habían enfriado las relaciones. Entre los reclamos de la vi marcha indígena se incluía la representación  directa en un parlamento nuevo,  la autonomía  indígena,  los derechos colectivos, el Estado Plurinacional y el Pluralismo  Jurídico  y “la propiedad y el uso y aprovechamiento  exclusivo sobre los recursos naturales renovables  y la participación en la gestión, administración y utilidades en la explotación  de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios”. Los temas exigidos  eran rechazados  en las comisiones especialmente por la oposición (podemos, un, mnr) pero el destinatario de la marcha también era sin dudas el mas, que manifestaba sus dudas o en la búsqueda del consenso dejaba caer especialmente los temas reivindicados por los indígenas. En el mas, la marcha  tuvo como reflejo la reducción  de la participación  de los asesores de tierras bajas en la elaboración  del proyecto  de Constitución.[36]

Hablando con periodistas, el presidente de la cidob, Adolfo Chávez, decía que si no les hacían caso a sus reclamos habría un levantamiento indígena.[37]  Esperanza Huanca, de Visión de País, decía que el Pacto se rompería, el día anterior no habían podido ni reunirse. Nélida Faldín de Estructura del Estado, decía que se movilizaban porque “negocian con nosotros” y comentaba por esta época que Silvia Lazarte dijo: “con indígenas o sin los indígenas vamos a tener Nueva Constitución”. Eso podía ser dicho por la presidenta  de la Asamblea  porque, decían desde tierras bajas:  “somos pocos y tienen a los campesinos”,  agregaba. Sobre los campesinos Nélida decía que ya no tenían tierras colectivas sino individuales,  a las que llegan, las producen  y las venden.  Sin embargo le había parecido bien la reunión que habían tenido con Evo Morales, en la que quedaron que seguirían discutiendo.

Finalmente, después de picos máximos de tensión entre los pueblos indígenas y “los políticos” del MAS en privado y con los de la oposición en público,  el MAS y el Pacto de Unidad pudieron superar el conflicto sobre  los recursos naturales. El uso exclusivo de los recursos naturales renovables  en los territorios fue garantizado, no hubo quiebre  entre el MAS y organizaciones indígenas, que levantaron la marcha  antes de dejar el departamento  de Santa Cruz, alegando enfermedades y clima adverso, el 17 de julio. Las palabras del “Jefe” habían sido desautorizadas, o tal vez Evo Morales había cedido para mantener  la unidad.  Al mismo tiempo, se pudo contornar que no entrara en el proyecto  de Constitución del MAS el importante reclamo  de dominio de los recursos en los territorios, dando lugar a la posición de consenso en el MAS a favor de la propiedad común de los recursos para el pueblo  boliviano, en cuya definición los indígenas tenían un lugar destacado.

Carlos Romero, explicaba  frente a la prensa  por esta época cuáles eran los alcances del “uso exclusivo” sobre los recursos. Los periodistas consideraban que era un abuso y preguntaban alarmados las consecuencias después de escuchar  las declaraciones catastrofistas de la oposición.  Buscando  tranquilizarlos, Romero explicaba que el uso exclusivo es para la leña y recursos de los indígenas,  y que para explotación comercial intervendría el Estado. Al mismo tiempo, la Comisión de Poder Legislativo se había comprometido a que entrara el tema de la representación directa, disolviendo  así las razones  que habían motivado la marcha. La reunión de los dirigentes del Pacto en que se llegó al acuerdo  con Romero no se hizo pública “como espacio” para de ese modo evitar que se acuse a asesores o dirigentes de estar “negociando el dominio originario”, reivindicación mantenida hasta el final por las organizaciones pero que el Gobierno  no iba a aceptar. Evo Morales también contribuyó al acercamiento,  convenciendo  en la reunión   de La Paz solicitada por las organizaciones indígenas que una posición crítica iría a perjudicar el proceso  de cambio.

El resultado de las reuniones entre las organizaciones y Romero fue la firma de un acta en que se estableció  el acuerdo.  Las organizaciones habían pedido que quedara por escrito. La reunión donde se firmó  el acta se realizó en la casa que funcionaba como sede de las organizaciones indígenas con 7 constituyentes, autoridades de conamaq, cidob y los afrobolivianos presentes. En la reunión, los dirigentes de las organizaciones indígenas manifestaron su descontento. Tata Agustino, autoridad máxima de conamaq, se manifestó frustrado por  la decisión de dejar afuera el reclamo  de dominio originario de recursos naturales para los pueblos originarios. Dijo que se estaba dando cuenta ahora que el MAS no los apoyaba. Queríamos una Constitución originaria, nuestros derechos se basan en la pre-existencia de los pueblos  indígenas  originarios,  nuestra vivencia es diferente, no tenemos  representantes suficientes para llevar nuestra voz y por eso confiamos en ustedes constituyentes acá, lamentaba.  Lázaro  Tacoó,  del pueblo chiquitano y la cpesc dijo: “pensamos que íbamos a dos puntas contra la derecha,  pero había sido que entre nosotros también hay diferencias”. Dijo también que Evo Morales les había dicho que siguieran  adelante, pero en las reuniones  con técnicos  los campesinos comenzaron a traicionarlos. Pidió que las instancias superiores  del MAS hablen con los constituyentes  porque algunos querían  borrar las tco. Y concluyó con que estaba lastimado porque  los estaban postergando.

La reunión  concluiría con la palabra  de Romero que leía el acuerdo:  “propiedad y el dominio de los recursos naturales será para la población  boliviana;  la administración será en el marco  del nivel central del Estado Plurinacional  Unitario; los pueblos  indígenas tendrían en sus territorios el usufructo exclusivo  de los recursos naturales renovables”. Dijo también que seguiría trabajando con el Poder Ejecutivo para buscar mejorar el acuerdo, quizás incluyendo la consulta  vinculante que los pueblos pedían para explotación de recursos naturales, pero  que temía  que sería difícil porque  por acuerdo  con la Directiva de la Asamblea  el trabajo de las comisiones se debería  terminar al día siguiente. Luego Romero salió con el papel del acta firmado  y la reunión  continuó  entre los dirigentes de las organizaciones indígenas,  los afrobolivianos  y los técnicos.  Había frustración y Tata Martín, Mallku de conamaq manifestó que ni las “trillizas”  ni el Gobierno  aceptarían el dominio de los no renovables por lo que marchar  contra eso sería chocarse la cabeza. Pensaba sin embargo que se podría pedir la co-gestión.  No creía que les fueran a dar a los guaranís los recursos naturales, decía, porque  toda Bolivia vive de eso, pero no pueden dejarnos pelados nuevamente.  En la reunión  se evaluaba la debilidad  frente al MAS sabiendo también que en última  instancia  la otra parte del Pacto de Unidad  sería fiel a su presidente. Álvaro Infante, asesor técnico de la cidob, agregaba: Sabemos que es el Gobierno de los campesinos y no de nosotros, sabemos que no vamos a ganar, pero al menos no tenemos que perder.

Después fue la votación  en la Comisión de Tierra y Territorio. Los constituyentes de podemos y la del mnr, además de establecer en el proyecto  que los recursos naturales serían de propiedad del Estado, buscaban que la territorialidad indígena  quedase  restringida a las tco de la reforma   constitucional  de 1994. Con nueve  votos, la mayoría de los constituyentes del mas, aprobaba el acuerdo con unas pocas modificaciones: “se reconoce  la integralidad del territorio indígena originario y de las comunidades que incluye el derecho  a la tierra,  al uso y aprovechamiento  exclusivo de los recursos naturales renovables  en las condiciones determinadas por Ley, la consulta  previa e informada y la participación  en los beneficios  por la explotación  de los recursos  naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias,  administrados por sus estructuras de representación y definir su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza”.[38]

Pero  la búsqueda del consenso  abría frentes continuamente.  El acuerdo con los pueblos  indígenas  dio lugar a que  desde  el MAS le dijeran a Romero: “¿por qué has ofrecido esto?”, él se quejaba. Por el otro lado, las organizaciones indígenas seguían amenazando con considerarlo  traidor y él los veía con planteamientos sectarios. Carlos Romero me contaba  que  les dijo que  si lo querían  declarar traidor por no darles los recursos a los pueblos indígenas, que lo hicieran, y explicaba que les hizo firmar un acta el jueves justamente para evitar eso. Cerca de Romero se pensaba que los dirigentes aceptaban  el acuerdo  pero eran los técnicos quienes seguían insistiendo en buscar más.

4. Autonomías indígenas, departamentales y regionales

4.1. La autonomía departamental

Cuando durante el Gobierno  de Carlos Mesa  se intensifica el debate constituyente, después de la reforma  constitucional de 2004 que posibilitó la convocatoria a la Asamblea y la realización  de referendo, desde Santa Cruz los impulsores  de la autonomía  departamental buscaban  un referendo autonómico oponiéndose  a la realización  de la Asamblea.[39]  Susana Seleme, pluma respetada en Santa Cruz siempre opositora del Gobierno del mas, escribe en 2005 en este sentido, defendiendo un referendo sobre autonomías antes que una convocatoria a la Asamblea, porque creía que en un escenario como la Constituyente, “la propuesta  cruceña perderá por la política matemática  del voto” (La Prensa, 16 de febrero, 2005). Todavía no había  surgido la idea de los “dos tercios” como modo de aumentar  el poder político de esa representación minoritaria.[40]

 La falta de entusiasmo de Santa Cruz en la Asamblea Constituyente explica bastante del comportamiento de podemos, con su fuerza especialmente  concentrada en Oriente. La estrategia de Santa Cruz para conseguir  la autonomía había priorizado a la realización  de concentraciones públicas o “cabildos”, defendidos como hitos en el camino autonómico.  El primer cabildo fue convocado  el 22 de junio de 2004 por el Comité Pro Santa Cruz cuando su presidente era Rubén Costas, desde 2005 elegido prefecto del departamento.  El segundo  Cabildo fue el 28 de enero de 2005, según sus organizadores asistieron 350.000 personas, y dio lugar a la Asamblea  Provisional Autonómica  con el mandato  de convocar a un Referendo autonómico  vinculante y a elecciones de prefectos en todo el país en caso que el Gobierno  nacional no lo hiciera.[41]

Antes de la elección de constituyentes y la realización del referendo autonómico en los nueve departamentos,  el 28 de junio de 2006, otro cabildo se reunió en el Cristo Redentor  de la ciudad de Santa Cruz, con presencia estimada de 500.000 personas llamando a votar el 2 de julio por el Sí. El siguiente  sería el ya citado “Cabildo  del Millón”, con el escenario  de la Asamblea  ya en marcha, realizado para que se aprueben los dos tercios como modo de votación, y acompañado de una huelga de hambre con 2500 participantes,  el 15 de diciembre de 2006. Este cabildo resolvió desconocer la Nueva Constitución en el caso de que se violara la Ley de Convocatoria o el mandato  vinculante del Referendo Autonómico. En tal caso, llamaba a la Prefectura a dotarse de un Régimen Autonómico Departamental a ser aprobado mediante cualquier vía democrática, el cual debería  establecer los principios  de un Estado Social y Democrático de Derecho, consigna importante, poco después, como marco de la propuesta  de podemos en la Asamblea.

Si bien la demanda de la autonomía surge con anterioridad a la llegada del MAS al Gobierno,  rápidamente  se estructura como principal oposición  al Gobierno, con Evo Morales ocupando el lugar del centralismo  contra el cual la demanda se organiza.  Desde  el mas, se desconfía que el reclamo  es una estrategia de las elites poderosas,  habituales participantes de gobiernos  de los partidos tradicionales. Por eso a pesar de haberse  mostrado  neutral en un primer momento, Evo Morales inicia un mes antes del referendo  una campaña por el No a las autonomías  que triunfa en La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca. El resultado había dado una nueva imagen de las “dos Bolivias”, con la que resonaban en un contraste entre cambas y collas, que alimentaban  algunos deseos separatistas presentes en la Media  Luna, en alza a partir de importantes descubrimientos de hidrocarburos en los últimos diez años. Para entender la forma en que se vivía la oposición, debe incluirse el contexto de discriminación hacia lo indígena  y altiplánico (lo “colla”) en la sociedad  cruceña y sus clases dominantes.

Félix Cárdenas,  constituyente aliado del MAS y ex ejecutivo de la csutcb, hablaría en un evento vinculado a la Constituyente  en 2007 de “Autonomía  del bolsillo, para vender  el petróleo  y el gas sin garantizar desarrollo”. Para él la autonomía  tenía sentido para culturas en peligro, como derecho para preservar el carácter étnico  cultural. Hablaba de “36 formas mirar el mundo” en proceso de resistencia. Sin esas culturas  el mundo se empobrece y por eso el Estado tiene que dar cuidado a las culturas en extinción. En contraposición, expresaba que algunas familias de Oriente no pueden ser nación. Pedía definir qué es ser nación, y veía que los indios ganaban  en el campo de batalla pero podrían perder en la mesa de negociaciones. Para ser nación autónoma debe haber registros de territorio, idioma, religión propia. Y afirmaba que los cambas no tienen eso, es sólo autonomía de una oligarquía.

Muchos dirigentes cívicos, empresarios y políticos de Santa Cruz vinculados con la demanda autonómica, integraban o tenían afinidad con una organización llamada “Nación  Camba”, fundada en el año 2000, que defiende abiertamente el separatismo  como propuesta  geopolítica para la región.  Los alcaldes de Santa Cruz y Trinidad en el Beni, funcionarios de la Prefectura cruceña  y de los comités cívicos  de la Media Luna se manifestaron públicamente en ese sentido. La organización que se presenta como Nación Camba, tiene un brazo político  al que llama Movimiento  Nación Camba de Liberación (mnc-l) y en su website, definen a Bolivia –que también llaman “Estado colonial andino-kolla”–  como “una especie de Tíbet Sudamericano constituido mayoritariamente por las etnias aymará-queschua, atrasado y miserable, donde prevalece la cultura del conflicto, comunalista, pre-republicana, iliberal, sindicalista, conservadora,  y cuyo centro burocrático (La Paz) practica un execrable  centralismo colonial de Estado que explota a sus ‘colonias internas’, se apropia de nuestros excedentes económicos y nos impone la cultura del subdesarrollo,  su cultura”.[42]

En sus documentos definen a su “nación  no oficial” con el 70% del territorio y 30% de la población boliviana, con una “cultura mestiza  que proviene  del cruzamiento de hispanos y guaraníes”,  con el Índice de Desarrollo Humano (idh) más alto del país y quinto productor mundial de soja. Reclaman ser incluidos en la Constitución  como minorías nacionales diferenciadas, anunciando que de no cumplirse, accederán a su independencia  nacional por la vía pacífica y del Referendo,  sobre  la base del Derecho de Autodeterminación reconocido por la onu. Podría parecer una de tantas páginas de internet sin repercusión  fuera de esta red, pero lo cierto es que esa fue una línea política importante entre los cruceños de podemos durante el proceso  constituyente. Eso se expresaría de forma muy visible especialmente en 2008.

El Comité  Cívico Pro Santa Cruz, la Unión  Juvenil Cruceñista y medios de comunicación con mucha audiencia en el departamento expresaban esta posición, acompañada de un racismo hacia la población  de origen andino, quienes sufrían insultos corrientemente  en ciudades como Trinidad y el centro de Santa Cruz, como pude constatar. Esta tensión  explica  la oposición de la expresión  política de la Media Luna contra la del partido de indígenas  y campesinos,  aún cuando Santa Cruz tuviera un importante porcentaje de la población de migrantes del Altiplano. Se trata de una mayoría entre las clases populares  del departamento  que explica el triunfo del MAS en la elección para constituyentes en julio de 2006, y una base cercana  al 40% en todas las elecciones  recientes. Pero la cultura dominante de la ciudad de Santa Cruz parece no haber asimilado esa realidad de algunos de sus barrios más poblados como el Plan 3000 y la Villa 1 de Mayo, y parece más bien pensar como Gabriela Oviedo,  ganadora del concurso Miss Bolivia 2004, que en la competencia  de Miss Universo declaró: “mmm… unfortunately, people that don’t know Bolivia very much think  that we are  all just Indian people from the West side of the country, it’s La Paz all the  image that we reflect, is that poor people and very short people and Indian people … I’m from the other side of the country, the East side and it’s not cold, it’s very hot and we are  tall and  we are white people and we know English. So all that misconception that Bolivia is only an Andean country, it’s wrong…”.[43]

 Dado el carácter vinculante del referendo autonómico  realizado junto a la elección de constituyentes, la autonomía departamental para la Media Luna no era cuestionada en la Asamblea Constituyente. El modo de contrarrestarla sería,  en el mas, pensado a partir del modo en que la misma se implementaría y definiría constitucionalmente. En este sentido, la estrategia del partido de Gobierno sería la inclusión de otros niveles autonómicos, indígena y regional, que sumados al nivel municipal, autónomo por ley desde 1999, quitarían importancia y peso político al nivel departamental. Para la Media  Luna,  el proyecto del MAS presentado en la Comisión de Autonomía desvirtuaba una “verdadera” autonomía departamental, y este era uno de los principales  enfrentamientos de la Asamblea  Constituyente. Esta Comisión era la más numerosa de la Asamblea, con 25 miembros. Veremos algunas discusiones ocurridas en esta Comisión y en los debates entre constituyentes del MAS y representantes de organizaciones sociales presentes también en algunas instancias de elaboración  del proyecto.[44]

En Autonomías se reflejaban conflictos presentes también en otras comisiones: la búsqueda de acercamiento con el mnr; la tensión con los indígenas;  el enfrentamiento con podemos. Desde  el Chaco,  la región más rica en hidrocarburos, se hablaba de décimo departamento y los indígenas amenazaban  con huelga de hambre y no contribuir en la búsqueda del MAS por dos tercios si no se incluían las autonomías indígenas. Magda Calvimontes, constituyente del MAS y secretaria de la Comisión, decía que “la botarían”  de Tarija si no salía la autonomía provincial. Con la autonomía  departamental aceptada,  la disputa con la oposición  era por las competencias  que tendrían las autonomías  departamentales y especialmente por la inclusión,  en la Constitución,  de la “cualidad  legislativa” de la autonomía de nivel departamental, a lo que el MAS se oponía.

4.2. Autonomía indígena

En el mas, el proyecto de Constitución incluía una clara tensión entre dos perspectivas. De un lado, el desarrollo del proyecto plurinacional, con la autodeterminación para  las autonomías indígenas; del otro, un proyecto nacional, de inspiración socialista, popular, convencido de la necesidad  de utilizar el Estado como herramienta de intervención política en la economía, que buscaba frenar lo que entendía como ambiciones de una elite desplazada recientemente del poder  y acantonada en Oriente. Si en algunas discusiones de la Constituyente la bancada  oficialista apostaba  por la autonomía local indígena, cuando la rivalidad con el poder empresarial cruceño eclipsaba todo, el MAS ocupaba el lugar del centralismo,  en el intento de quitar poder a las autonomías departamentales, como forma de asegurar  la unidad  nacional y avanzar con el proceso de cambio. El proyecto de Estado del mas, así, tenía en su interior un cruce entre dos caminos: el de mantener  un centralismo estatal que por primera vez beneficiaría a indígenas y campesinos en la construcción  de la nación boliviana; y el de un autonomismo impulsado especialmente por las organizaciones indígenas que apoyaban el proceso pero que no se habían involucrado en la tarea de gobernar. En algunos momentos los dos caminos se cruzaban, como en la cuestión de los recursos naturales o la propiedad colectiva en territorio indígena. En otros, el MAS buscaría combinarlos dando lugar a una autonomía indígena que al mismo tiempo sea el modo de neutralizar  las denominadas “autonomías de capitales de departamento” en la disputa principal  con sus enemigos de Oriente.

Por otro lado, con la forma de una autonomía indígena alternativa a la de los pueblos indígenas de tierras bajas, comunidades quechuas o aymaras del altiplano que eran mayoritarios en términos demográficos en sus regiones, articularían  la nueva propuesta de las autonomías con la lucha de siglos de defender su organización,  el ayllu, frente al Estado. Contra ellos se manifestaba, en los debates de la Comisión, el ex presidente del Senado en 2005 que los movimientos  sociales impidieron llegar a la presidencia,  Hormando Vaca Diez. El constituyente de una agrupación  unipersonal  de Santa Cruz  (aai),  decía que sólo  entendía las autonomías indígenas en las tierras bajas, como acción afirmativa, donde eran minoría, e incluso en esos casos, pedía reparos en el reconocimiento  del control de los recursos naturales. Preguntaba si irían a darle los recursos  naturales al 2% de los habitantes porque  son chaqueños  y estaban antes de la colonia,  “¿qué pasa con el 98% restante?” El jefe de la bancada de podemos en la Asamblea, Rubén Darío Cuellar, agregaba: no malinterpretemos ni digamos lo que no es, no puede haber un departamento con cuatro cabezas  que se van a agarrar  entre ellas. El presidente tiene que saber lo que pasa en Puerto Suárez. 36 naciones ya no es un gobierno unitario, autonomía indígena es soberanía  absoluta. Y se preguntaba qué va a pasar cuando haya dos o tres autoridades para  la misma área.

El constituyente Roy Moroni  del mnr-fri de Tarija decía que el MAS quería igualdad pero sólo pensaba en los indígenas  dejando de lado a los mestizos.  Si nos sacamos  el sombrero  y los atuendos, decía, somos todos iguales, todos mestizos. Pensaba  que la autonomía  indígena  era despedazar  al Estado, era el caos y la anarquía. Carlos Aparicio,  constituyente chuquisaqueño  del mas, pedía a la oposición no seguir predicando  el miedo porque  los indígenas quieren ser parte de este Estado. Para él, autonomía  no era división, sino que los que fueron excluidos formen  parte del Estado. El objetivo era acercar el Estado al individuo,  al ciudadano y a las regiones, decía, y comentaba que en los encuentros territoriales realizados por la Comisión en Santa Cruz la gente  les había dicho: “estamos hartos de la centralización de los departamentos”. La constituyente Magda  Calvimontes, defendía que quien luchó por la autonomía no fue la Media  Luna  sino los pueblos indígenas. Y pedía pensar en la gente  sencilla y no en aquellos a los que sólo les importaba  manejar  el dinero y ahora inventaban  lo de las autonomías  departamentales porque no tenían lugar en el Gobierno  central.

Mientras  el MAS redactaba su proyecto con las organizaciones,  Iván Égido, técnico de la cidob, razonaba que si no se fundamentaba  el derecho a la autonomía, se iba a seguir diciendo que la autonomía indígena surgía como estrategia del MAS para agujerear la autonomía departamental, cuando fue principal bandera en marchas de 2000 y 2002. Escuchando a los distintos sectores  campesinos e indígenas, quedaba claro que las autonomías indígenas, así como la idea de Estado Plurinacional eran categorías polisémicas, con varios sentidos. Para algunos campesinos era simplemente  consolidar el poder  que ya tenían en el control de municipios por parte de sindicatos. Otros pueblos del Altiplano buscaban  más bien dejar de lado  la estructura  municipal de alcaldes y desarrollar  las propias formas comunitarias de gobierno, en algunos casos ya existentes, como parte de la estrategia  de reconstitución de los territorios preexistentes  a la colonia.  En las tierras bajas,  guarayos  o yuracarés buscarían  reforzar el autogobierno  en las tco entonces vigentes, en algunos casos con distintas autonomías en el marco de espacios  multiétnicos más amplios.

El debate de las autonomías indígenas de hecho había sido importante en los años anteriores a la llegada del MAS al Gobierno,  con propuestas que surgieron junto a marchas y encuentros entre organizaciones  (cf. Rocha [2008], Valencia y Égido [2010], Molina, Vargas y Soruco [2008]). Había sin duda una conexión o reflejo de la discusión que se había producido en México, donde algunos pueblos habían  desarrollado la propuesta,  al igual que intelectuales marxistas,  especialmente después de su participación en la elaboración de un régimen de autonomías para  la costa atlántica nicaragüense,  incluida en la Constitución sandinista de 1987. En México el tema había entrado en el debate nacional cuando  los zapatistas lo incorporaron  durante los Acuerdos  de San Andrés en 1996, y los procesos  que le siguieron.[45]

En el debate boliviano  la autonomía  gana espacio después de la Guerra  del Agua de 2000. En esa oportunidad,  la política boliviana  discute la autogestión y formas políticas no estatales de luchar contra la injusticia y por la vida. En 2003, García Linera presentó una propuesta de autonomías indígenas, como sistema combinado con formas diferentes para territorios de tierras bajas, departamentos “mestizos” y el caso que le era más cercano en ese momento, de una gran nacionalidad aymara  en el Altiplano  con un avanzado esquema de autogobierno con instituciones propias y participación en todos los niveles del Gobierno  central (ver García Linera [2005a]). En su propuesta de autonomía estatal, García Linera llegaba incluso a proponer que las autonomías  étnicas de quechuas y aymaras tuvieran un Ejecutivo y una Cámara  Legislativa Nacional Indígena con jurisdicción territorial urbana y rural continua  y competencias totales en educación, titulación de tierras, impuestos, recursos naturales no renovables, etc. (2003, reeditado en 2005a y 2008a). Félix Patzi había sido crítico, afirmando  que la autonomía  no era en Bolivia una demanda de los movimientos  indígenas, que por su carácter mayoritario hablaban más bien de una sustitución del poder  con otro proyecto societal distinto al del liberalismo, que Patzi articulaba con su propuesta de Sistema Comunal, con empresas comunales en la ciudad  y el campo que reemplazarían  la economía capitalista (2004:153).[46]

En el tiempo de la Asamblea,  la autonomía  había sido incorporada por los campesinos e indígenas y formaba parte de la propuesta  del Pacto de Unidad. Al mismo tiempo, cada pueblo pensaba su autonomía de un modo específico. En el caso de los guaranís,  sería la autonomía  regional la que tenía sentido como forma de reconocimiento de sus estructuras organizativas  más amplias, y no las autonomías indígenas de nivel menor que veían como posible burocratización. Un técnico de los guaranís explicaba mientras se elaboraba  el proyecto, que con la autonomía  le darían entidad política a los “filtros contra el Estado”  que ellos ya habían construido y que graficaba con círculos concéntricos, desde las 25 capitanías  hasta la gran Asamblea del Pueblo Guaraní (apg). Por eso se oponía a la formación de autonomías indígenas en el nivel municipal  que para otros pueblos podía ser estratégica. Temían que las capitanías  se volvieran 25 gobiernos guaraníes fragmentando  la nación que para  ellos debía atravesar los límites actuales de Chuquisaca,  Santa Cruz y Tarija. Avilio Vaca,  constituyente guaraní  del MAS explicó que ellos habían pedido 10 mil hectáreas y les habían  dado el 60% por lo que ahora la lucha era por garantizar  la unidad  del territorio. El vicepresidente de la cidob, Lázaro Tacoó de la Chiquitanía, presente en las reuniones de discusión del proyecto entre constituyentes del MAS y las organizaciones, comentaba la estrategia  de su organización, que difería de la de los guaranís.  Ellos buscarían llegar a la autonomía regional a partir de ir sumando progresivamente municipios, que se irían convirtiendo en autonomías indígenas. Irían consolidando territorios ancestrales jurídicamente  reconocidos,  y municipios que tuvieran mayoría indígena.  Así había sido entre los guarayos,  que sólo cuando ganaron el poder en el municipio en San Miguel, pudieron  iniciar el proceso de titulación de tco. También podría aspirarse a construir la región  de ese modo en San Ignacio de Mojos,  del Beni, con 170 comunidades indígenas. Es un sueño, decía, que si no se cumplía, lo buscarían  realizar por otros modos de lucha, “quizás en una nueva Asamblea Constituyente dentro de cinco años”.

Con otra visión,  como había manifestado en los debates de la Comisión de Estructura del Estado, Guillermo  Richter pensaba que la autonomía  indígena debía subordinarse al departamento y señalaba a favor de esa tesis que en el Beni muchos indígenas habían votado por la autonomía  departamental en 2006. El MAS estaba creando  una contradicción  falsa entre autonomía indígena y autonomía departamental, decía en una entrevista realizada para esta investigación.  Su opinión era que el MAS tenía que comprender que la inclusión  de los indígenas en el departamento  era el único  mecanismo institucional y político para evitar que las oligarquías  de Oriente tengan el poder. Decía:  necesitamos a los indígenas para evitar que el poder quede en manos de las oligarquías.  La autonomía [departamental] ya es inevitable, no quererla sería una declaratoria de guerra, pero solamente con un concepto avanzado de inclusión [sin abandonar el marco del departamento]  puede vencerse al proyecto autonómico.  La de Richter era una visión que el MAS no compartía, porque la distancia  que separaba al MAS del acuerdo con el mnr era también  la distancia que lo separaba  de su proyecto, en la voluntad  de hacer algo diferente. En uno momento fundacional,  la búsqueda del centro no era sólo una aritmética de espacios políticos, como muchas veces. Era una aritmética que tomaba en cuenta una visión específica  sobre la realidad.

En  la Comisión de Autonomías, el MAS había dado la Vicepresidencia a Eduardo Yáñez,  del mnr beniano. Este constituyente, como en la Comisión  Tierra, estaba dispuesto a elaborar un informe  junto a los constituyentes del mas. Pero para eso debían acercar posiciones.  Entre las ideas expresadas en la Comisión, el mnr tenía coincidencias  con algunos constituyentes urbanos  del mas, sin embargo, eran los representantes  indígenas quienes desafiaban la posibilidad  de encontrar un centro. Un dirigente guaraní se quejaba de algunas posiciones del mas, en un foro con invitados externos organizado por la Comisión de Autonomías. Evo Morales habla de gobierno indígena popular pero quiere mantener a las provincias,  un sistema obsoleto y arcaico que frenaba  la reconstitución.  Se quejaba de cómo los habían dividido en cinco provincias y en cantones, temía que los fracturaran aún más. Pedía a los constituyentes que se pusieran  la camiseta  del cambio y que no queden las competencias libradas a los estatutos de los departamentos. Porque en Tarija los indígenas  que están ahí antes de que Tarija sea parte de Bolivia, ahora sólo llegan al 4,5% de la población.  Esa debilidad demográfica, puede notarse, era tanto argumento a favor de la autonomía  indígena,  como argumento de la oposición en contra de la misma. ¿La insignificancia numérica obligaba a un régimen territorial especial, o era justamente lo que lo hacía inviable?  La respuesta parecía ser intermedia: las autonomías serían viables, para muchos, para minorías poblacionales que no obstante fueran mayoritarias a nivel local.

4.3. La indefinibilidad salvaje de los conceptos indígenas

La posición de los sectores más preocupados por el Estado de Derecho –dentro y fuera del mas– muchas  veces no llegaba como impugnación a las propuestas indígenas. Llegaba como exigencia de definición y explicitación de en qué consistirían las innovaciones y cuáles serían sus límites y atribuciones. Las propuestas no eran rechazadas de plano, muchas eran parte del consenso sobre esta temática a nivel internacional, pero eran limitadas en la forma  de definición y desarrollo de sus características. Así, la incorporación  del autogobierno  indígena  y el pluralismo traía problemas para varios constituyentes que veían con preocupación dejar temas sin “cerrar”,  lo que puede verse como fricciones vinculadas a la incorporación en la institucionalidad  del Estado  de algo externo. Reunido  con el MAS para la elaboración del proyecto, de esta forma, Eduardo Yáñez  pedía que se incorpore la necesidad de estatutos en las autonomías indígenas como mecanismo para que haya normas  escritas, que en ese momento no existían. Pensaba que los indígenas tenían que desarrollar sus normativas, porque se estaba estableciendo que las autonomías  tendrían “cualidad normativa administrativa” y no podía ser que algunas autonomías  legislen y otras no.

Su comentario apuntaba a defender a los indígenas:  si no se incluye a los indígenas habremos fracasado, decía. Seguirá siendo “nosotros y ellos”. Estaba de acuerdo con que los municipios, provincias o departamentos donde los indígenas tengan presencia  mayoritaria se conviertan automáticamente en territorios indígenas. Pero con estatutos escritos.  No puede ser que algunos  territorios se gobiernen de una forma y en otros de otra. Tiene que haber normas genéricas. También pedía que se hablara de pueblos indígenas y no de naciones, “nación es Bolivia”, decía. En el mismo evento, el abogado  Juan Carlos Urenda, ideólogo de las autonomías  departamentales, decía que los indígenas  eran divisionistas. Le preocupaba la inclusión  en la Constitución  de “usos y costumbres” y “formas propias” y pedía que se aclare con precisión  qué serían esas formas. Agregaba  lo que se había convertido en la principal demanda de la oposición en la Comisión: sin cualidad legislativa para el departamento,  no sería autonomía.[47]

El problema de la definición aparecía entre los propios constituyentes del MAS de la Comisión de Autonomías. En reunión de elaboración del informe,  en junio de 2007, Saúl Ávalos preguntaba  por las tco: son 27, con casos de 10 personas con 400 hectáreas. Decía que todavía no veía claro el proyecto. Para Pablo Zubieta las tco no serían automáticamente autónomas  y preveía una ley para regiones y autonomías indígenas que definiría qué hacer con las uniones  o subdivisiones internas de las distintas etnias dentro de algunas  tco. Qué pasaría si en un mismo tco algunos pueblos quieren autonomía y otros no, preguntaba Saúl, y pedía que no se deje abierto porque irían a crearse situaciones de caos. Debería, para él, definirse como Artículo en la parte de definiciones del capítulo de autonomías, y no quedar para la legislación posterior. Pilar Valencia,  del cejis, que había participado del proceso  de elaboración de la propuesta  del Pacto de Unidad, decía que en el Pacto se habló de que no se defina todo en la Constitución. Esa definición de “no definir” sería una pieza central en el constitucionalismo de indígenas y campesinos.

Saúl Ávalos pedía que alguien  graficara cómo quedaría  Bolivia una vez reconocida  la autonomía  indígena  y regional con discontinuidad geográfica. La autonomía con discontinuidad era un reclamo de pueblos con una misma identidad que estaban dispersos o en islas, como los chiquitanos  en Santa Cruz. Pablo Zubieta, hizo un gráfico para explicar el caso de Oruro, con círculos que representaban los cuatro distintos grupos de urus; con uno de ellos no continuo  y más distante. Las organizaciones habían renunciado para esta Asamblea a buscar el reconocimiento  de entidades  territoriales indígenas que superaran  los límites departamentales, pero en este proyecto se incluía la idea de unidad de pueblos  al interior de un mismo departamento.

Ávalos veía preocupante que no se hubiera definido tampoco quien podría acceder a la autonomía.  A diferencia de otros presentes  en la reunión,  creía que se debía considerar  el porcentaje  en censos para definir la identificación  como indígena. También le preocupaba el tema de los quechuas y aymaras en Santa Cruz (por ejemplo en el Plan 3000 y la Villa 1 de Mayo) que ya no tienen estructura social ni política organizativa como indígenas. Si en la Constitución  se define que sería por autodeterminación, indígena  puede ser cualquiera, decía Saúl. Pedía hablar con precisión. Pedía una lista de los que así se definen y se quejaba de una redacción forzada para que estén todos presentes, en la que no se definía claramente. ¿Dónde se van a registrar? Se me hace que estamos escribiendo algo que no se va a poder realizar. Hablamos de territorio ancestral, ¿donde  están los mapas, o decretos que estaban y ya no? Mucho discurso y no hablamos de espacios territoriales concretos.  No estamos identificando quienes  son. Pedía no crear falsas expectativas  que no iban a poder concretizarse. Así no vamos a poder ayudar a los indígenas,  razonaba.

¿Cada puntito en el mapa va a ser un territorio autónomo?, continuaba preguntando Saúl. Podrán ser, contestaba Francisco Cordero, del msm y opinaba que un registro de comunidades y territorios que Saúl veía necesario sería para después de la Constitución.  Para Saúl el registro tenía que estar en la Constitución  sino, sería algo de nunca acabar; creía que tendría que ser posible dibujar un mapa, y que se debería saber de qué se está hablando cuando se dice naciones y pueblos. Para redactar hay que saber quiénes son, como sabemos cuántas provincias  hay. En Santa Cruz sabemos que en base al censo  2001 hay cinco grupos indígenas, pero hoy nadie sabe hacer un mapa del Beni y no sabemos cuántos pueblos indígenas existen. Alguien mencionó  los mapas realizados por el Ministerio  de Descentralización y otro distinto de conamaq. Saúl preguntaba cómo ajustar la redacción al mapa si hay varios mapas diferentes, ¿eso es lo que queremos? Él afirmaba  que el MAS tenía el mandato  de hacer autonomía indígena y que no estaba en contra, pero pedía más definición.

El Pacto había planteado que las 36 naciones –correspondientes al número de grupos étnicos de Bolivia– tuvieran autonomía,  decía Pilar, pero muchas comunidades estaban en proceso de reconstitución  del territorio y algunas todavía no habían alcanzado la titulación de tco en 10 años de Ley inra. Si se fuera estricto con las preocupaciones de Saúl, se dejaría afuera a los que todavía no tienen tierras jurídicamente, explicaba. Alguien aportaba con las críticas de Xavier Albó al último censo –presentadas también en el foro de expertos– en que se mostraba que hubo pueblos no censados y que se tomó  el criterio de la lengua, cuando hay quienes hablan lenguas nativas sin reconocerse como indígenas e indígenas que lo son sin hablarlas. Pilar mencionó la autodeterminación que está en los primeros dos artículos del convenio 169 de la oit. Saúl preguntaba de qué se estaba hablando si todo era tan confuso,  ¿si todo está un chenko, que están hablando? Hace falta un reconocimiento preciso. Si el censo no sirve, qué vamos a hacer. No podemos basarnos en criterios individuales.  Yo digo que establezcamos a quién vamos a beneficiar, decía Saúl.

Saúl Ávalos era representante de los sectores profesionales  o de clase media electos por el MAS en varias circunscripciones  urbanas  del país. Pilar Valencia llegó a ponerse colorada de rabia escuchando  los razonamientos  de Saúl, que no provenía  del mundo político de ella, ligado  a las reivindicaciones  políticas indígenas sino más bien de la izquierda  mestiza  no indianista, y que pasaba por arriba de las explicaciones  de ella, sin entablar un diálogo. En las reuniones  de la Comisión de Autonomía, había sido autorizada la participación  de técnicos cercanos a las organizaciones,  como Pilar, que acercaba  los acuerdos  del Pacto de Unidad a los constituyentes. Conversando  con los técnicos de organizaciones como conamaq, apg y cidob, eran claras las diferencias  con el MAS y había algo de frustración con lo que  ellos explicaban como distancia entre un Gobierno indígena de un Estado Plurinacional, tal como había sido pensado en el Pacto de Unidad, respecto de un Gobierno y un Estado no indígena con presidente aymara.

La propuesta del Pacto de Unidad era un gobierno por usos y costumbres, con otro tipo de democracia y de justicia, comentaba  uno de los técnicos, y agregaba que por eso algunas comisiones  del MAS la habían  dejado de lado. Era también un Estado con sujetos colectivos y no individuales. Y con otra institucionalidad, distinta de la occidental.  Esa distancia entre el proyecto  del MAS y el de las organizaciones, era fruto directo de la decisión  de la Comisión del Congreso  que consensuó  la convocatoria  a la Asamblea con la oposición y que no aceptó  la propuesta del Pacto para la Ley de Convocatoria de la Asamblea. A pesar de que el MAS tenía la mayoría, los pueblos indígenas de comunidades del Altiplano y de tierras bajas, eran minoría. Sus propuestas, así, entraban gracias a la apertura  del mas, aliado y sensible a las organizaciones indígenas, pero con diferencias que se hacían sentir en la hora de definición.

Saúl Ávalos,  por otra parte, registraba atentamente la opinión de los opositores de Santa Cruz, y siempre estaba escuchando las declaraciones  de cada día en una pequeña radio. Citaba a Juan Carlos Urenda, “que dice falsos pueblos indígenas”, y preguntaba si había tco que no son pueblos; y qué pasaría cuando son cien personas. Y ¿qué es territorio indígena? No pregunto por el concepto,  del que podemos escribir 20 páginas. En las regiones  indígenas  muy pocos territorios o municipios van a quedar en un departamento, y la mayoría en las tierras altas va a cruzar departamentos, Bolivia ya no se va a organizar en departamentos, sino en departamentos y territorios indígenas… eso nos cuesta imaginar,  decía, en la etapa de comisiones de la Asamblea. La posición de Saúl en la reunión  era la de que si lo dejaban  así al proyecto,  había que saber que había imprecisión. Tenemos que defender esta propuesta, hay que poder demostrar y hablar de algo real, concreto y cierto: “hay 36 pueblos” por ejemplo, si hay más tendrán que esperar que sean reconocidos,  el censo es lo único  real, oficial. Pablo Zubieta,  también constituyente urbano  del MAS discordaba. Decía que no había imprecisión, que era un proceso, y que él podía decir exactamente qué pueblos indígenas hay en Oruro, y que eso se definiría en la Comisión de Nacionalidades y Ciudadanía. Marcela Revollo también decía que era un proceso que se iba a resolver caminando.

En una reunión convocada por las organizaciones  indígenas  para escuchar explicaciones  de los constituyentes del mas, en momento de definir los informes de Comisión y ante la amenaza por parte de la cidob de una marcha indígena, Pedro Nuny, vicepresidente de la cidob que en diciembre de 2009 sería elegido diputado, decía que le hubiera gustado que asistieran más constituyentes del MAS y que la propuesta  de los pueblos  indígenas había sido deturpada. Esperaba, decía, que sus aliados, los campesinos, no sean cómplices de eso. Y se preguntaba en voz  alta qué iría a hacer sin ellos el mas, “que se declara representante de los pueblos indígenas pero no nos hacen caso”. Un dirigente de conamaq explicaba que lo de las autonomías  venía de años, y que no estaban pidiendo un favor. Es obligación de ustedes insertarlo en la carta magna, le decía a los constituyentes. Tenemos un presidente indígena, la mayoría de los constituyentes son indígenas, ¿porqué no lo hacen?  preguntaba.  Dejamos nuestras familias para venir aquí y estamos porque queremos que cambie la situación  de los últimos  años.  Sería  muy triste si no. Nosotros pedimos la autonomía y la Asamblea constituyente y ustedes de la noche  a la mañana cambiaron  la propuesta. Nos da mucha tristeza que la propuesta de los pueblos  indígenas no vaya a ser insertada.

Un asesor técnico de conamaq expresó en la misma reunión que veían  al MAS “con otra mira, ya con otro trabajo”,  y que “aunque digan que el MAS es de los pueblos  indígenas y campesinos se está apartando de la visión  que tenía”. Sabemos quiénes  son los que están con la línea y quienes no, decían desde la Organización de Pueblos Originarios de las Tierras  Altas. El que representaba a la organización en esta reunión  con los constituyentes se lamentaba  de nunca haber podido verdaderamente consensuar con los campesinos y colonos, que eran del Gobierno y tenían que defender  la posición  oficial. Los dos constituyentes indígenas de la Comisión, Evaristo Payro y Avilio Vaca estaban dispuestos a presentar un informe en la Comisión separados del resto del MAS y defenderían la posición de las tierras bajas,  si fuera necesario con una huelga de hambre. Los dos constituyentes del msm del alcalde de La Paz, también  tenían un proyecto alternativo.

Eran votos que le impedirían al MAS alcanzar  la mayoría. Los sucesivos intentos del MAS de elaborar un proyecto que al mismo tiempo disputase con Oriente, pero incluyera parte de sus demandas, había dejado al MAS en el centro, pero sin el apoyo de ninguno de los extremos.

Por el MAS de la Comisión de Autonomías, en la reunión  con las organizaciones, habló Pablo Zubieta. Decía que no se podía echar por la borda  todo el camino recorrido y que el proyecto no había sido deturpado. Contaba que el primer proyecto borrador tenía 21 artículos de los cuales sólo uno (el 19) hablaba de las autonomías indígenas. Pero ahora tenían un proyecto con seis artículos sobre autonomías indígenas y seguían mejorando  el documento. Ahora le habían dado competencias,  fiscalización y control de recursos y había que seguir afinando, decía. Ahora había un capítulo para cada autonomía,  que antes estaban diluidas. Tenemos diez días de trabajo, verifiquen  los documentos, nunca se dijo que no se consolidarían las autonomías indígenas. Pablo Zubieta también dijo estar en contacto permanente con la dirección  nacional del mas, que considera a conamaq y cidob aliados y compañeros. Todos los constituyentes del instrumento  y los aliados van a estar con la línea, aseguró.  El tema,  de todos modos, sería alcanzar dos tercios, para lo que estaban trabajando ya que eran 142 y faltaban 28 para alcanzar los dos tercios.

Los dirigentes máximos de cidob y conamaq solicitaron que al día siguiente todos los constituyentes  del MAS en la Comisión de Autonomías  les dediquen una hora de tiempo. Irían a hacer una contra-propuesta para el proyecto  que trabajaban en la Comisión, pero de ahí no se moverían más. Si los abandonan tirarían un grito al aire, decía Adolfo Chávez, presidente de la cidob. Si no asisten veremos  qué hacer pero les damos una opción más. Si es necesario vamos a hacer una nota escrita pero entre hermanos  no es necesario. No es posible que ustedes sean complicados, juntemos a los demás constituyentes e inviten también a los de la derecha, instruía. Habló también  de los antepasados  que sembraron y de Sombra Grande, de sus hijos y de años de lucha, con muertes y accidentes en las marchas.  Otro dirigente decía que a veces hay mucha retórica, son muy declarativos en los artículos cuando  hay que ir directo a lo que se quiere sin vueltas. También las organizaciones se quejaban de que Evo siempre escuchaba más a los campesinos y pidieron que la autonomía  indígena  fuera aprobada  en plenario para que no fuera a referendo. Si las cosas no mejoran daremos una voz a los que nunca quieren quedar mal, advertían. Las discusiones se daban  al mismo tiempo en que transcurría el conflicto que describí sobre la Comisión Tierra con el tema de los recursos y que derivó en la convocatoria  de la marcha.[48]

Defendimos la autonomía indígena, explicaba Saúl, pero lo queremos escribir de modo que se pueda llegar a los dos tercios. Tenemos que tener una visión amplia, nacional y no decir “si está lo mío, lo demás no nos preocupa”, eso está mal para los dirigentes. Tienen  que pensar en Bolivia, seguía Ávalos. Entre nosotros, en la casa, podemos sacarnos la mugre, pero afuera tenemos que ser uno sólo, con cariño lo digo.  Rosario  Ricaldi, constituyente tarijeña de la Comisión agregaba: estamos trabajando con el proyecto escrito por ustedes… en la historia  pudimos haber tenido un proceso de cambio, pero lo desperdiciamos por no estar juntos. No hay que ser como los que sólo piden autonomía  departamental. Vemos nuestro interés, pero hay que tener horizonte amplio. LázaroTacóo concluyó la reunión diciendo que ya habían tenido mucha paciencia. Habían hecho lo que decía Saúl de ser uno afuera, pero fueron viendo como los defraudaban  y constituyentes aliados renegaban. Mencionaba  también al constituyente  de la Comisión Tierra que había renegado, incluso, de las tco.

Pedro Nuny agregó que algunas comisiones  tomaron la propuesta  del Pacto como propuesta de texto base, pero otras no. Y agregó que “si queremos descolonizar Bolivia, tenemos  que descolonizar primero la cabeza de algunos constituyentes”. Pedro explicaba que la de las autonomías era una propuesta integradora: jamás pensamos en fragmentar Bolivia. Y concluyó reafirmando que no podía escribirse  una Constitución sin ellos, los pueblos  indígenas.

4.4. La autonomía provincial

En la elaboración  del proyecto  del mas, internamente, también surgieron problemas  con los que defendían  el nivel de autonomía intermedio de las provincias, también en junio de 2007, sobre  el final del trabajo de las comisiones. Algunos constituyentes del MAS elegidos en regiones  del sur u Oriente, buscaban aminorar el intento del MAS de limitar el poder  de la autonomía departamental. Pensaban que la misma sería buena para las regiones independientemente  de los colores políticos de los departamentos. Rosario Ricaldi, de Tarija, pedía a sus compañeros no ser inmediatistas y no pensar que nunca el MAS iba a estar gobernando en los departamentos hoy en manos de la oposición.  El MAS es fuerte, podemos ganar y nos estamos limitando a nosotros mismos, decía. Magda Calvimontes, también de Tarija (donde de hecho no era exagerado pensar que el MAS podría  ganar las elecciones) coincidía, y recordaba a sus compañeros  que se trataba de acercar el Gobierno a la gente.  En el mismo sentido, también opinaba que la única  forma de evitar divisiones  era escuchar a las provincias. Para ella el reclamo autonómico en Oriente no se limitaba exclusivamente al pedido de autonomía para los departamentos y debía llegar a las provincias.

En la redacción  del capítulo  se definía a la autonomía  indígena  originaria campesina como “el ejercicio  del derecho al autogobierno  como expresión de la libre determinación de las naciones  y pueblos indígena originario campesinos”. Magda Calvimontes pedía que la autodeterminación  saliera de ese lugar y se trasladase a la parte  de los fundamentos  o las disposiciones generales de todo el régimen de autonomías. Pensaba que los mestizos  (y los departamentos) también tenían derecho a la autodeterminación.  Esta declaración generó  rechazo  entre las organizaciones   indígenas  y sus técnicos. La libre determinación  aplicada a los departamentos implicaría  independencia,  decían. Pablo distinguía entre autodeterminación y libre determinación, que se estaba usando indistintamente. Avilio Vaca, decía que la autodeterminación  debía ser sólo para los indígenas  e Iván Égido, explicaba que la libre determinación “se ejerce con las instituciones, porque  si no serían Estados dentro de Estados, cuando no se trata de eso,  porque los indígenas ejercen su libre determinación en el marco  del Estado”.

Iván Égido notaba, no obstante, que en el caso de los indígenas,  las autonomías serían diferentes que para los departamentos: sin libre determinación sería integracionismo,  decía Iván, integración  de los  indígenas al  municipio. Pero Magda  Calvimontes  insistía que “es igual para los indígenas  que para el departamento porque en una comunidad indígena no son libres absoluto”. Magda decía “estamos construyendo no importa  lo que digan los autores”, citando una charla del mexicano Díaz Polanco. Magda Calvimontes contó que trabajó en el Tribunal Constitucional y que es abogada pero no creía en que había técnica constitucional para hacer una Constitución. Se puede hacer todo. Es el pueblo. Hay que Inventar. No cerrarnos con nuestras posiciones, ni digamos “que quede el documento como yo presenté”.  Tata Víctor, autoridad originaria de conamaq, decía que ellos no irían a “largar” las ciudades:  “Los de la ciudad,  son nuestros hijos y tenemos que contemplarlos, no dejarlos sueltos. Los pueblos indígenas originarios no podemos dejar la ciudad.  Aunque en el futuro los departamentos  vayan a desaparecer. Si no, parecemos egoístas”. Dijo también que el autogobierno  tiene 35 mil años, y que “hoy la reciprocidad que manejábamos, está con los cooperativistas [mineros], pero no totalmente, y por eso las cooperativas  fracasaron”.  También aclaró que la libre-determinación no es libertinaje.[49]

La defensa  de las provincias en voz de algunos constituyentes del MAS generó una crisis interna. Avilio Vaca, del Chaco guaraní, decía que eso “es lo que quiere la derecha”.  Un técnico de conamaq decía que el tema ameritaba  discutirlo políticamente “incluso con el hermano  Evo”, y aclaraba que no sería para que se decida arriba sino para decidir “con” arriba. Para Marcela Revollo, del msm de La Paz, las provincias habían sido creadas como proceso de desconcentración de la hacienda  y no respondían a criterios culturales o económicos sino más bien a los intereses de los terratenientes. Coincidía con las organizaciones indígenas, en que en el proyecto de reterritorialización veían a las provincias como un obstáculo colonial. Pensaba  que las provincias  anularían las regiones  que eran la base para pensar una nueva territorialidad incluso más allá de los departamentos. Para Marcela, lo que había que fomentar era la unión  de provincias para formar regiones y no la división  de regiones dando autonomía a las provincias.  Los técnicos de las organizaciones indígenas decían que las provincias invisibilizaban la cuestión indígena, y llamaban   la atención  del riesgo de que en poco tiempo haya 112 provincias autónomas.[50]

La bancada  del MAS en Autonomías se encontraba sin conseguir  cerrar un proyecto que obtuviera  la mayoría. Si se incluían las provincias autónomas, Marcela Revollo y Francisco Cordero del msm, el constituyente guaraní Avilio Vaca, Evaristo Payro que presentaba  la propuesta  de conamaq y quizás algunos más no firmarían. Eduardo Yáñez, aliado del mnr, Saúl Ávalos, Magda Calvimones y tres constituyentes  más no estaban de acuerdo con un informe que no las incluyera. El constituyente Oña, del mbl, aliado inicial del MAS se había ido con la oposición por el reclamo sucrense de capitalía y en ninguno  de los dos escenarios el MAS podía presentar su informe. Sólo con un acuerdo  interno, el MAS podría imponerse por un voto dejando en segundo lugar el informe  de podemos.

El problema  de las provincias tenía que ver con pocos casos en el país, como el Chaco, la provincia Cordillera  y la de Vaca Diez  en el Beni,  donde  la “identidad provincial” era fuerte. El argumento  de Saúl Ávalos, presidente de la Comisión, eran los votos en el referendo  que se perderían en esas regiones si no se daba  la autonomía.  Saúl decía que había que ser estratégico y para que en Oriente  les guste tenía que decir “provincia”,  al igual que “región” en Occidente. ¿Cuál es la diferencia  con la propuesta de la derecha? le preguntaba  un técnico, en ambos proyectos se encontraba  la provincia   descentralizada. Saúl decía entonces, en respuesta, que la derecha  llamaba  a las cosas  como le gusta a la gente,  y que él pensaba por un millón y medio de la ciudad  y el técnico  sólo por  las organizaciones indígenas. Proponía que se llamen “provincias” en Oriente y “regiones” en Occidente, no le preocupaba el msm, que  al final apoyaría,  sino que dos constituyentes indígenas habían dicho que “ni muertos” aprobarían el proyecto  del mas. Magda hacía consultas con dirigentes del Chaco para ver si aceptaban cambiar el término provincia  para adoptar el de región. Había quien manifestaba en el MAS que los indígenas pedían demasiado  para el poco peso electoral que tenían.

Finalmente,  la solución fue crear un nivel provincial-regional, que contemplaría los distintos casos,  “por estrategia”. Evo Morales se había manifestado a favor de que las provincias  y departamentos se mantuvieran, y dijo terminante “los vamos a tener por mucho tiempo”. Para un técnico de las organizaciones indígenas eso significaba una camisa de fuerza, pero se aceptaba en virtud de la búsqueda de dos tercios. La solución era, como muchas otras en este proyecto de Constitución, abierta e indefinida. La discusión pasó a ser si sería “provincial y regional” o bien “provincial o regional”. Quedó “provincial regional”, como “indígenas originarios campesinos”, sin separación. En la redacción, Francisco Cordero pidió eliminar  la especificación de que este nivel estaba entre el departamento y el municipio, para que en el futuro pueda ser la base para un nuevo departamento. Los constituyentes y técnicos pensaban también cómo hacer para que no se dejara  al margen una provincia  con historia común fuera de la región, para que no aíslen a alguna. Yáñez decía que se espere dos años, para que no fuera un chenco (confusión, desorden).

Se pensaba también si para la autoridad  de este nivel territorial se usaría el término gobernador, Jefe de Gobierno “como en Buenos Aires”, prefecto… gobernador es mucho…  continuarían viendo. Las autonomías indígenas, se incluirían pero no exactamente como las organizaciones indígenas pedían, se deberían circunscribir a los actuales municipios o tco. Esto frenaba los proyectos de reconstitución, pero sería algo para comenzar,  la inclusión aliviaba, de hecho, la tensión entre indígenas  y el MAS en Sucre. Adolfo Mendoza explicaba la diferencia  entre autonomía y descentralización, que notaba que algunos estaban confundiendo. La descentralización viene de Banzer, decía, y autonomía es autogobierno. Una autonomía se vinculaba con la discusión de los derechos indígenas a nivel internacional, estaba siendo desarrollada por pueblos indígenas en todo el continente y partía desde los propios pueblos y naciones;  la otra era una delegación desde el poder central hacia  las otras unidades.  El debate  se vinculaba con la Ley de Participación Popular de 1996, de la cual lo único rescatable era que situaba como sujeto a las organizaciones “de abajo”, decía Adolfo. Y pedía  agregar una frase en el proyecto para que cuando  la tco se transforme en autonomía no se pierda  la propiedad colectiva. Había que tener cuidado  contra los propios dirigentes y el corporativismo  del MAS “que va a intentar ocupar espacios de las autonomías”, observaba otro técnico  al respecto

5. Comisión Visión de País y las formas de alcanzar un nuevo centro

Del informe de mayoría  del MAS en la Comisión de “Visión País” saldría el corazón del Estado Plurinacional con su caracterización; los principios y valores;  la inclusión de símbolos patrios; reconocimiento de lenguas y creencias espirituales; y otras importantes  definiciones  como la declaración del autogobierno  para los pueblos y naciones indígenas preexistentes a la colonia.  El MAS trabajó en esta Comisión sobre  la base del proyecto presentado por las organizaciones  sociales en el Pacto de Unidad.  El informe de la mayoría era entonces bastante más osado que el tono general  de los informes  del MAS en el resto de las comisiones de la Asamblea. Se había avanzado en la propuesta  de la plurinacionalidad  como en ninguna  otra Comisión. Todo esto hacía a estas líneas de la Constitución  como quizás el momento más indianista  del Gobierno de Evo Morales. Era esa la inspiración de los elementos  más importantes –y originales– introducidos en el documento de esta Comisión. A partir de las bases  establecidas en este informe, los sectores cercanos a las reivindicaciones indígenas buscarían “transversalizar” lo plurinacional  al resto de los artículos constitucionales.  Se encontrarían con límites en el propio MAS y también en la necesidad de búsqueda de consenso con la oposición.  A diferencia de otras comisiones  las organizaciones  indígenas no tenían reparos hacia lo aprobado por el MAS en Visión País, a cuyas deliberaciones habían asistido como veedores.

Por eso mismo, la oposición  era particularmente ofensiva y reactiva en la crítica de este informe.  Mientras la Comisión avanzaba con su trabajo, Gamal Seham, constituyente de podemos, opinaba que el MAS quería, con el Estado Plurinacional Comunitario,  maquillar un Estado comunista  con republiquetas que serían como soviets de naciones, con el soviet mayor del poder social (Gigavisión [2007]). Opinaba que esto llevaría al enfrentamiento  entre bolivianos  y bolivianas, en lugar de llevar a un Estado nacional con democracia  y paz. El del MAS era para él un proyecto político totalitario que no quería concertar, por lo que no veía sentido en la propuesta de ampliar la Asamblea, que se escuchaba por esa época. Seham afirmaba: queremos un Gobierno para todos y no un nuevo colonialismo aymara sobre los valles. En resumen, definía al Gobierno de Morales y la propuesta  del MAS como la de un Gobierno con características “comunistas, indigenales y totalitarias”. En las reuniones  de Comisión los constituyentes  de podemos continuaban con las críticas. Para Gamarra,  el Estado plurinacional era una idea etarra para dividir el país. Mencionaba a asesores españoles del MAS y Zulema Arza, constituyente de podemos por el Beni, agregaba que no querían ser esclavos de Cuba y Venezuela señalándome equivocadamente a mí, el antropólogo, mientras denunciaba la presencia de asesores extranjeros del mas. Manfredo Bravo, también de podemos, insistió en que el proyecto  del MAS dejaba a una parte de los bolivianos  afuera.

Jorge Lazarte participaba  de las reuniones,  aunque no se llegó a autorizar su voto cuando  intentó integrarse como miembro de la Comisión después de renunciar a una de las vicepresidencias de la Directiva. Pero tenía derecho a voz y decía que el MAS estaba jugando a “aprendiz de brujo” por combinar  lo plurinacional con lo unitario, para él una contradicción explosiva. Lazarte, decía que era un experimento porque ningún país en el mundo es así y que con el mismo se desprecia el Estado de Derecho,  parte inherente del Estado Moderno  para poner límites al poder.  Para Lazarte “no se puede ser demócrata  sin respetar el Estado de Derecho”. Por esta época, y en especial en esta Comisión, podemos buscaba embanderarse atrás del “Estado de Derecho” en contra del Estado Plurinacional. Meses después el MAS incorporaría esa definición, a la que  al principio era reactivo, agregando la referencia al Estado Social de Derecho, en la definición del carácter del Estado. En el informe  de Comisión nunca se llegó a hablar de un Estado que no fuere “de Derecho”, pero esa definición identificada con la crítica  liberal  al Gobierno indígena, no era antes enunciada explícitamente.

En la sesión  de la Comisión en que se presentaron  los informes,  Lazarte se ocupó de fundamentar  el proyecto  de podemos. Explicaba que aunque no estaba explicitado, cuando en el proyecto  se hablaba de “nuestras tradiciones” se reconocía a los pueblos  indígenas.  Pero hacía énfasis en no evadir los desafíos de la modernidad y de enfrentar los retos del mundo actual reconociendo las tradiciones universales. En el proyecto se hablaba de Estado Constitucional de Derecho, Democrático Social; se hablaba de interculturalidad, libertad, igualdad,  justicia con el castellano como único idioma oficial para todos. Jorge Lazarte también afirmaba que por la unidad  del país, el Estado no podía basarse en la diferencia étnica como lo hacían  Franco  y Hitler. En la fundamentación  del proyecto  de informe por minoría  criticaba también  la idea de “naciones indígenas”, y decía: “no hay raza aymara o quechua porque  están mezcladas ya que el sombrero  y la pollera vienen de los españoles”.

En una reunión  solicitada por las organizaciones  del Pacto de Unidad a los miembros del MAS y aliados de la Comisión Visión País, Isaac Ávalos, ejecutivo cruceño de la csutcb, dijo que “no puede bajarse  el Estado Plurinacional  porque ahí estamos todos, los 37 pueblos”; pidió a los constituyentes que explicaran qué es el Estado Plurinacional  para que todos los dirigentes presentes escucharan;  y dijo también que su organización haría un spot televisivo sobre  el tema. Frente a los dirigentes, Raúl Prada dijo que el Estado Plurinacional era la apuesta  más importante  del Pacto de Unidad y las organizaciones.  Era el reconocimiento  de las comunidades  originarias y de la preexistencia,  que para Prada se vinculaba con el eje de la descolonización.  Descolonizar  significa reconocer naciones,  sus formas políticas, institucionales y sociales, además  de sus idiomas, incorporando también a poblaciones campesinas mestizas como chapacos y vallunos. No se excluye a nadie, y no sería como la Revolución  del 52, con un Estado mestizo que desconoce a los indígenas.  En esta propuesta  [continuaba  Prada] la matriz principal es descolonizar el Estado. Llamaba a corregir  la enfermedad  de este Estado que se cree Estado Nación moderno,  unitario y universal, pero que desconoce la realidad  al querer  construir  la unidad desconociendo  la diversidad. El Estado Plurinacional corrige este error, y convierte en Estado lo que somos realmente: las culturas en forma de Estado, seguía Prada.

En esta dirección  la Comisión de Visión de País había organizado semanas atrás un seminario sobre descolonización, con amautas indígenas. En su argumentación  Raúl Prada rescató el aporte de Boaventura de Souza Santos, con su idea de Estados experimentales,  propios, post-liberales, post-modernos  con una nueva forma de entender  la interculturalidad.  Y criticó a Franz Barrios y Xavier Albó, a quienes asociaba con lo plurinacional  liberal, como había discutido con ellos poco antes, en la reciente presentación  de un libro en el auditorio  del Archivo Nacional sobre el Estado Plurinacional  editado por el pnud (Albó y Barrios 2007). Prada hablaba de superar los ejemplos de Estados Plurinacionales liberales de Europa como Suiza, España y también de Sudáfrica, para superar lo liberal y el colonialismo  interno. Se trata de elevar nuestra complejidad a formas de representación, que vayan más allá del voto individual y de impulsar la reterritorialización. El Estado Plurinacional es reconocer instituciones con reciprocidad, como el ayllu y la tenta, decía.

En el debate  de la presentación  del libro, Albó había aclarado que habían intentado buscar una propuesta  operativa,  refutando críticas como la de que el Estado Plurinacional sería Estado dentro del Estado, pero también alejándose de ideas que veía difíciles de llevar a cabo como la de reconstruir el tawantinsuyu, “no sé qué dirán Chile, Perú y Ecuador, pero supongo que será complicadillo”, había expresado reaccionando a la crítica  de Raúl Prada desde  la platea. Franz Barrios dijo en la presentación  del libro que intentaron ir “un poquito más allá del liberalismo  clásico”,  como al hablar  de derechos  colectivos, pero también dijo que Raúl tenía razón y que en el libro no abandonaban  totalmente el Estado liberal, que veía como un Estado que tiene cosas que hay que aprovechar. Pensaba que no se podía hablar de viabilidad de lo intercultural sin liberalismo, y que no se podía negar el derecho de apelación, que es una idea europea  liberal. Pero sí había que reformar el liberalismo, agregaba,  y a su juicio sí era posible proteger la decisión de jueces originarios sin que la justicia ordinaria  revise sus decisiones, así como incluir una composición intercultural del tribunal.  Pero  Barrios  decía dudar si realmente  los indígenas querían la reconstitución  del territorio. El trabajo de encuentro entre Albó y Barrios era un diálogo  entre la postura  intercultural y la postura  liberal y podía verse como otra búsqueda  del centro en este proceso constituyente. Era un centro con demasiado liberalismo para la discusión   que se llevaba en Visión País, pero terminaría siendo más cercana a la posición  del MAS en la Asamblea que buscaba  obtener los dos tercios con un acercamiento a la oposición.

En el mismo  debate en la Biblioteca  Nacional  intervino Félix Cárdenas, presidente de la Comisión Visión País y aliado (había sido elegido en las listas de Concertación Nacional, pero su partido era Patria Insurgente,  aliado al MAS y de perspectiva de izquierda indianista) que dijo que en la Nueva Constitución no se trataba de derechos de criollos y mestizos, que ya tenían derechos, sino de incluir a los que no salieron en la foto de 1826. Dudaba de la viabilidad  de “un nuevo pacto social”, porque veía que ya había igualdad de derechos formales, pero el color de la piel y el apellido definían el ascenso  y descenso social. Buscaba una transformación más radical de lo que veía como continuidad colonial. Se diferenciaba, sin embargo, de la idea de lucha de indio contra blanco, como en Tupac Katari y rescataba más bien a Zárate Willka: “con respeto de indios a vecinos y de vecinos a indígenas”. Decía que la idea de autonomías ya estaba ahí [a fines del siglo xix, ver capítulo siguiente]  con las mismas banderas de ahora. La descolonización, por tanto, era un trabajo no solamente para indígenas, decía Félix, que en 2010 sería nombrado viceministro de descolonización por Evo Morales, padre del hijo de su esposa, según algunos recordaban en Sucre. Decía también que lo intercultural no es igual a lo plurinacional,  como algunos pensaban, y que sin plurinacionalidad no podría haber interculturalidad.

Al cierre de la reunión  que los constituyentes mantenían  con las organizaciones sociales Raúl Prada mencionó que en la Comisión asumieron la propuesta del Pacto y que ahora había que construir entre todos un sentido común y una fundamentación  teórica, porque  el proyecto no sólo debería ser defendido en las plenarias sino también en la sociedad. Para eso pedía a los dirigentes que los ayudaran, y pedía también reflexionar colectivamente sobre las consecuencias teóricas y políticas de lo que los constituyentes  ya habían asumido en la Comisión. Se refería a la votación del informe  de Comisión, del 6 de junio de 2007, en que los constituyentes de la mayoría habían decidido desdoblarse para excluir el informe de minoría elaborado por los cuatro constituyentes de podemos y el mnr, este último partido en esta Comisión alineado sin bemoles  con podemos. Los constituyentes del msm, que habían sido elegidos en las listas del MAS por la alianza entre los dos partidos, apoyaron  el proyecto de informe de Comisión propuesto por Félix Cárdenas. De esa forma, pasaban a fase de plenarias dos proyectos afines, con la propuesta de Estado Plurinacional (con 6 votos del mas) y de Estado Multinacional (con 5 votos de los constituyentes del msm y Félix Cárdenas).

En momentos en que se cerraban los informes  de todas las comisiones,  la exclusión del informe  de podemos tomó a todos por sorpresa y convirtió a la Comisión Visión País en el epicentro de la atención en la Asamblea. El proyecto de la oposición, de un Estado Social de Derecho,  quedaba  afuera. Con esta medida se buscaba neutralizar lo que el MAS de la Comisión calculaba que sería la estrategia de la oposición,  cerrada al consenso, de construir con los informes  de minoría de todas las comisiones una Constitución alternativa para someterla a referendo, evitando así que el proyecto  del MAS consiguiera  los dos tercios. El problema de este escenario con referendo nacional era que se esperaba que en el mismo entraran temas polémicos como la vuelta de los poderes  para Sucre  (capitalía),  el control de la tierra y los ingresos  por recursos naturales en los departamentos, además de otros temas sensibles como religión y símbolos patrios, que cualquiera  fuera el resultado  de la votación, “podría dividir el país”. Para los constituyentes de Visión País, impedir la llegada  a plenarias de “la cabeza” de la virtual Constitución  de podemos, evitaba ese escenario, y justificaba esa forma de votación.

La respuesta de la oposición fue condicionar su participación en la Asamblea, o cualquier negociación en busca de consenso, a la aceptación  del informe  en la Comisión de Visión País. Además, un grupo de constituyentes de podemos de distintas comisiones,  decidieron invadir la sala de la Comisión con gritos y golpes, para manifestarse. Lejos del consenso necesario para la aprobación  final de la Constitución,  la Comisión estaba  partida  al medio y con dos posiciones políticamente opuestas. Desde las organizaciones  sociales algunos hablaban de apoyar  la medida con movilización. En la reunión pedida por las organizaciones, Félix Cárdenas fue directo y pidió a los dirigentes  del Pacto de Unidad que les dijeran a los constituyentes de la Comisión lo que debían hacer. Defendió la medida tomada en la Comisión, como forma de evitar que podemos “meta  toda su Constitución”, medida por la cual “hasta ahora  están llorando”.  También advirtió que “en otras comisiones están intentando meter  lo que no entró en Visión  País”. Y criticó al vicepresidente, que “dice que hay que hacer consensos cuando con la derecha no se puede pactar”. Dijo que los pactos son entre personas iguales y que sólo se puede hacer un pacto si se acepta el Estado Plurinacional  y las Autonomías Indígenas, esa era su posición y también  la adoptada por los constituyentes  del MAS y del msm en Visión País.[51]

Paulo Rojas, de Vallegrande y del msm, pequeño productor rural, lamentó que  no sólo sea la derecha la que cuestionaba el informe y el Estado Plurinacional. “Todo  lo que ellos no hacen”, se quejaba,  “la culpa es de Visión País”, apuntando a algunos constituyentes del MAS que realizaron críticas directas a la estrategia de excluir el informe de podemos. Paulo había organizado reuniones con miembros de su Comisión y técnicos para  intentar pensar  la fundamentación y la “transversalización” de lo plurinacional  en los informes  del resto de las comisiones, pero las reuniones  no tuvieron mucho éxito. Muchos comentaban  por esta época que lo plurinacional  estaba entrando meramente como algo “simbólico”  o “declarativo”. Esperanza Huanca decía que “lo plurinacional sólo va a estar en la tapa de la carpeta”. Por eso Paulo reclamaba que faltaba un lineamiento de la Directiva para el Estado Plurinacional, y pedía “que salga la decisión  de reunirse con toda la bancada  para defender el Estado Plurinacional”. Decía, en la reunión  con las organizaciones  sociales, que algunos  lo apoyaban individualmente pero que se necesitaba  el apoyo de toda la bancada.

Podrá haber dos tercios en “deberes y derechos” pero no en el Estado Plurinacional, decía Paulo Rojas, y si no hay Estado Plurinacional ¿para qué vinimos? Propuso que en las manifestaciones que se harían en La Paz para  contrarrestar el pedido de Sucre por la vuelta de la sede de los poderes  se diga y ponga en las paredes que Sucre es capital de la Nación Camba, y La Paz del Estado Plurinacional. Concluyó también diciéndole a los dirigentes  del Pacto que harían  lo que ellos les dijeran y afirmando:  “si dicen mátense ahí adentro lo hacemos… pero necesitamos apoyo moral”. Si los del MAS quieren que entre el informe  de podemos que ellos lo digan  frente a ustedes, le decía a las organizaciones.  Y pedía apoyo del Pacto: no podemos pelear solos, necesitamos  aliados; el Estado Plurinacional es el ajayu,  el espíritu  del país. Sino ¿que vamos a decir cuando volvamos? “¿la derecha nos ha mamado”, “somos cojudos”? No, no vamos a poder decir eso. Tenemos que asumir esa responsabilidad, dirigidos por ustedes, reflexionaba. Y pedía: Consulten con sus comunidades, como en otro momento de la historia del país fueron  los mineros, ahora nosotros –los campesinos e indígenas– tenemos que luchar contra la oligarquía,  concluía Paulo.

José Lino  Jaramillo,  otro constituyente del MAS y la Comisión fue de la Juventud Comunista y que me contó que de muy joven  intentó entrar en la Guerrilla  del Che pero no lo dejaron, pedía que se convoquen reuniones con las autoridades y la bancada del MAS y que si podía  estar el presidente,  mejor. Los líderes sociales no respondieron directamente la consulta  de los constituyentes de Visión  País. Justino Leaños, de conamaq, explicó que tenían reuniones previstas con la Directiva de la Asamblea y con la bancada  del MAS para que dijeran sus puntos de vista. Agradeció por la información  y por responder  al llamado de las organizaciones, pero dijo que había hablado con el presidente que era necesario un “jalón de orejas”. Fidel Surco, ejecutivo de los colonizadores,  criticó a los constituyentes que no trabajaban mucho: “hay que meterle por tiempo y materia pero los viernes ya se pelan”. Dijo además que algunos constituyentes se estaban “desmarcando”  y que “hay que ver quien está con nosotros”. Para eso el presidente  había pedido que las organizaciones se reunieran con los asambleístas. Otro Tata autoridad de conamaq manifestó el descontento con el trabajo de los constituyentes: “hablan de incluir algo y después lo sacan”  y criticó que falta capacidad de negociación y persuasión  del MAS con la oposición.  Dijo que el Estado Plurinacional  estaba mezclando azúcar con arena, por la combinación entre el carácter Unitario  y Plurinacional Comunitario del Estado. Criticó el gobierno Unitario por ser igual al actual, “con  un capísimo” y recomendó sacarlo. Concluyó pidiendo no dejar el gobierno indígena que se había logrado.

Frente a la decisión  en Visión País de un avance más radical que excluyera a podemos, se abría  la posibilidad de que un sector descontento,  con el apoyo de las organizaciones indígenas también descontentas, creara un bloque independiente en la Asamblea  y se apartara de la voluntad concertadora  del Gobierno. Podría ser este sector el que alejara al MAS de los dos tercios, y no los sectores de centro como mnr o un que el MAS buscaba seducir. Los constituyentes más críticos estaban disgustados con las posiciones del MAS como las que habían motivado  la movilización de tierras bajas,  además de otros disgustos con el rumbo del proyecto, y especialmente con los compañeros que buscaban hacer esfuerzos a costa del proyecto  para conseguir acercarse a la oposición.  Pero la verdad  es que se calculó que esta disidencia hubiera sido sólo una salida testimonial de izquierda e indígena, no acompañada ni siquiera por los cerca  de 15 constituyentes que habían sido elegidos por su pertenencia a organizaciones indígenas de las tierras altas y bajas. Fue un mérito del mas, no obstante, mantener a todos juntos, y la hipótesis de una ruptura no garantizaba más posibilidades de avanzar con el Estado Plurinacional y otras demandas a las que, después de todo, el MAS tampoco había cerrado  totalmente las puertas.  Como Isaac  Ávalos  aclaró en la reunión con Visión País, el Gobierno respetaba la plurinacionalidad y para las organizaciones era más lo que se ganaba  con la Constitución del mas, que con una magra disidencia.

Por otra parte, la figura de Evo Morales unificaba esta gran alianza, con una popularidad que incluso llegaba hasta las bases de conamaq y cidob, cuando no a sus cuadros dirigentes y a sus técnicos, y con la amenaza de la Media  Luna sobre el gobierno  indígena  y popular. El pedido  de los constituyentes  al Pacto de Unidad,  en el sentido de que les dijeran “qué hacer”, se diluyó en el transcurso de los acontecimientos  como una vía muerta de los posibles  rumbos de este proceso constituyente. En conversación personal, mientras la cuestión  de la Comisión se definía, con bastante presión  interna para que reviertan la exclusión de podemos, Raúl Prada me dijo que estaba escéptico, y que creía que su papel en este proceso tendría que haber sido el de quedarse afuera. Raúl se quejaba de su lugar actual, como constituyente, por considerar que fracasó en su intento de ser crítico desde adentro. Ahora veía que eso no era posible y tampoco veía un avance decidido en la reconstitución  de naciones y el Estado Plurinacional, veía cooptación,  “reflujo” de las organizaciones y desde el Gobierno  un proyecto  limitado al Estado de Bienestar, presente simbólicamente  en la incorporación  del carácter “social”  ya en la definición  del tipo de Estado del primer artículo. Raúl Prada,  en ese momento, no sabía responder por qué si la mayoría de los constituyentes  del MAS eran anti-capitalistas no hacían un proyecto  de Constitución con ese carácter, que era mi pregunta, pero veía que en lo plebeyo  de los movimientos  continuaba el proceso y que el proyecto  del Pacto de Unidad había salvado a la Asamblea, “sin su propuesta no tendríamos nada”, decía.

García Linera había tenido cierta participación  en el proceso  constituyente desde un comienzo. Estuvo a cargo de la negociación de la Ley de Convocatoria y en la presentación  de listas de constituyentes en la Corte Electoral, confeccionadas por él junto a Evo Morales. También estuvo en reuniones políticas con los constituyentes conduciendo la búsqueda de la mayoría simple en la discusión del reglamento. Era el responsable  político de la Asamblea  y llegaba desde La Paz como delegado del presidente y jefe del mas. El trabajo de las comisiones se desarrolló con independencia hasta el final, más allá de las consultas.  Y el 15 de junio, cerca de la fecha  final de entrega, el vicepresidente  llegaba a Sucre para reunirse con los constituyentes  del MAS en conjunto, y después de forma separada con cada Comisión  para tratar temas conflictivos y contribuir en la toma de decisiones políticas. Había voces que protestaban por lo bajo  por lo que parecía un intento de controlar  la Asamblea, pero también se escuchaba el pedido  de su presencia por parte de constituyentes que tenían dificultades para algunas decisiones  difíciles que se les escapaban  de las manos. Los críticos simplificaban  la visita como una simple injerencia, pero algunas comisiones  demostraron poder tomar decisiones diferentes a las recomendaciones  del Gobierno.  Su presencia era un factor más que influía en la redacción  del texto.

En una reunión a la que asistí, antes de abrir un diálogo con los constituyentes, afirmó que la Constitución  debe ser revolucionaria pero duradera. Para eso recomendaba que se trabaje con el objetivo  de quitarle  la base social a los opositores y abarcar así al 70 u 80% de los bolivianos.  Con un pedazo de personas es imposible dialogar y a esos hay que dejarlos de lado porque no se puede negociar con ladrones y traficantes y por eso algunos temas van a ir a referendo, decía. Pero hay que dialogar con los sectores que tienen base social e incorporar sus demandas para que no ocurra que se pasa a plenaria con mayoría pero aún así perforan  el espíritu de la Constitución.  Recomiendo trabajar en comisiones de esa forma, continuaba, y recomendaba:  no les demos base social”. Si conseguimos eso, la Constitución  va a ser imparable, continuaba. Como no tienen mayoría buscan confrontación con el discurso  de dividir  el país. Cuando presionan con lo de la capitalía  en las comisiones hacen que nos enfrentemos paceños y los de Sucre, ¿quieren otra guerra civil? Hay que decir que estos son los divisionistas y los violentos. Garanticemos la unidad  del 54%, conquistemos al 30% y aislemos al 10%. Si hacemos eso tendremos estabilidad del Gobierno y habrá continuidad del proceso  de cambio. Somos constituyentes que venimos de los movimientos sociales, ese es nuestro núcleo irrenunciable, pero debemos ganar el resto. No le demos ese 30% flotante a los opositores, eran sus palabras iniciales.

El conflicto con Visión  País era el principal  tema  de coyuntura y fue el que abrió  el diálogo  en la reunión  entre el vicepresidente, la Directiva  de la Asamblea y los constituyentes  del MAS en el salón principal  de la Prefectura  de Chuquisaca. Mario  Orellana, del msm, habló por la Comisión en cuestión y dijo que se necesitaban decisiones  políticas a ser tomadas  juntos (“nosotros, usted y los movimientos sociales”).  Presentó la estrategia como de bloqueo del proyecto de podemos para impedir que consoliden su Constitución e introduzcan su visión de país. Pedía entonces una decisión política sobre si “se sostenía o se liberaba  el bloqueo”.  El riesgo de liberarlo sería que haya dos constituciones, decía, una de las organizaciones y otra de la oposición. Si fuera ese el caso, consideraba  que no sería necesario  ampliar  la Asamblea más allá del 6 de agosto, y que se los debería desafiar a ir cuanto  antes al referendo.  Otros constituyentes discordaron.  Saúl Ávalos, de Autonomía, consideraba que el informe  de podemos no quedaría afuera de plenaria, a pesar de haber sido excluido en la Comisión. ¿Acaso vas a callarle la boca para que no opine?, preguntaba.

De la Comisión, José Lino Jaramillo, aclaró que intentaron consensuar  pero la oposición no había querido; y Paulo Rojas aclaró que se trataba de descabezar su proyecto de Constitución y no de dejarlos sin voz. Renato Bustamante, de la Comisión Otros Órganos  del Estado recordó  la disputa  por el reglamento  en que se decía que la oposición  se iría pero llamaron cabildos y lograron aprobar su propuesta. Reflexionó que no sería una Constitución revolucionaria sino apenas algunas reformas.  Raúl Prada destacó que habían presentado un borrador de Constitución revolucionaria: Plurinacional, reconociendo  la preexistencia de naciones y pueblos, con un cambio en la representación e importantes candados. Decía que era necesario  sostenerla en plenaria pero también en el país. Defendió lo que ocurrió en Visión País como señal para mostrar que la propuesta de la minoría no existe, que son una minoría de la minoría.  Pero destacó que no pueden sacarle la voz, que no cree que eso sea seguro y que no hay que tener miedo a la voz de la oposición. “Más bien”, decía, “hay que dejar que hablen para que se vea que ya no tienen nada que decir”.

Emiliana Ilaya de Tancara, cholita de pollera, también  recordó la disputa  por el reglamento  y pidió que no pasara  lo mismo. Preguntaba también qué irían a hacer en plenarias si no saben qué es el Estado Plurinacional, aunque  reconoció que las organizaciones  estaban felices porque  se votó por el mismo. Magda Calvimontes,  abogada  tarijeña, intervino diciendo que tenían que enamorarse  del proyecto de Constitución, pidió que hablaran un mismo lenguaje, porque vieron en las comisiones mixtas que entendían cosas distintas. También consideró que muchos no entendían qué es el Estado Plurinacional,  incluyéndose.  Y sobre el conflicto de Visión País pidió que se respete  la decisión  de la Directiva,  que había devuelto el informe  con observaciones de forma para dar lugar a que los constituyentes de la Comisión modificaran la medida. Loyola Guzmán decía: no hemos hecho  la revolución  como para imponer nuestra posición, y recomendaba esperar  al domingo siguiente para ver cuánto movilizaba  la oposición, que había convocado a las calles. Pablo Zubieta  de Autonomías advertía contra un núcleo duro que quería  destruir la Asamblea y llamaba  la atención  del riesgo  de dos paquetes de artículos en plenarias. Notaba también que después de lo de Visión País comenzaron a desestructurarse otras comisiones.

Rosalía  del Villar, de Estructura del Estado notaba  en cambio que Carlos Goitia, de podemos “acérrimo enemigo” había dicho que no está de acuerdo pero que aprobaba el Estado Plurinacional,  lo que mostraba que el consenso  era posible. Teodora Tapia, constituyente de pollera de la Comisión de Desarrollo Económico  notaba que si antes la oposición quería consensuar, desde la semana anterior agredían,  y la consigna  era hacer  fracasar la Asamblea y decir que es fuera de la ley. Dijo  que si se quiere consensuar no se puede estar “chicaneando” Artículo por Artículo y mencionó que la semana anterior Tuto Quiroga,  jefe de podemos, se había  reunido con los constituyentes de esa agrupación en Sucre, y después de esa reunión, en varias comisiones  se comentaba un endurecimiento de las posiciones de podemos.

Habló también  el Doctor Gutiérrez Sardán, ex líder de la Falange Boliviana y asesor directo de Evo Morales. Dijo que no se tenía que aprobar una Constitución por maniobras, “porque un constituyente  salió al baño y ahí aprobamos”. Esto no nos muestra como padres de la patria, decía.  Y criticó a Félix Cárdenas, presidente de Visión País, a quien muchos en el MAS responsabilizaban por la medida tomada, pese a que de hecho se trató de una decisión colectiva en la Comisión. Sardán decía que Cárdenas era un compañero  de lucha, pero quería estar liderando  el movimiento campesino y hoy está muy disminuido. Por eso, decía Sardán,  él no pierde nada. Y opinó que aunque  esto tenga algo de riesgo de que puedan  presentar una Constitución de minoría  para confrontar en referendo con la del mas, tenemos que respetar el reglamento  y el Artículo 26 que dice que los informes se aprueban por mayoría absoluta.

También hizo uso de la palabra Roberto Aguilar, vicepresidente de la Asamblea, dijo que con el conflicto de Visión País se estaba levantando una polvareda innecesariamente, porque la propuesta volvería en plenaria. Pidió que se respete la decisión  de la Directiva  (de volver a votar e incluir el informe  de podemos) y consideró que sólo después se iba a saber si fue un error político o no, como ahora se evaluaba como error el no haber  votado el Reglamento  por mantener una posición, en 2006. Dijo que eran momentos de aguantar y llamó la atención por el modo en que los constituyentes  de podemos entraron a protestar en Visión País, rescatando a “los se quedaron mirando”. Eso mostraba que nosotros somos el diálogo  y ellos la violencia,  continuaba  Aguilar.  Y reconocía que si se decide que en la Comisión se modifique la decisión  los constituyentes del MAS tendrían problemas internos y Félix Cárdenas  los iba a llamar traidores. Pero para eso proponía “como figura” que el informe  vuelva a la Comisión observado por la Directiva. Reconocía  también  errores desde la propia Directiva, que por burocracia no habían tenido capacidad de responder rápido a la Comisión y concluyó diciendo que primero se debía  definir la estrategia, a dónde queremos  ir, y de ahí las tácticas, y que la estrategia era aprobar la Constitución  por dos tercios.

En su intervención sobre el tema, García Linera retomó su análisis inicial y dijo que hay dos maneras de enfrentar una posición adversa, cada una con consecuencias  diferentes: “te enfrentas y no la reconoces;  o la absorbes,  la incorporas en tu proyecto y la vences  frente a la sociedad”. Y compartía su lectura política: el bloque opositor no va a desaparecer, va a segur ahí. Ese opositor no reconocido, se rindió o desmoralizó… pero; ¿si no es así? Si tiene base social que se moviliza; te desconocen en la negociación. Si la propuesta de la minoría es débil y no tiene base social es una cosa. Pero si tiene, se complica. Si tienen base social te van a obligar a hacer referendo, a votar reforma  en el Congreso. Si dejas que la presión se acumule, decía, por algún lado va a explotar. La actitud de negar  a la oposición, tiene consecuencias. Podremos  tener que hacer amarres, negociaciones… Ahora les damos  lo que en julio del 2006 no aceptábamos. Pero si tiene base social no lo puedes negar, aparece por arriba, por abajo. Tenemos que ganar bien. Y nuestras propuestas ganan más elecciones. Lo que parecía imposible se logró: el voto. En enero y julio [del 2006] tuvimos  el 54%, que no se daba nunca. Hay que ir ganando: el año pasado en Sucre nos silbaron una cuadra, quedamos desmoralizados. Ayer había una chica llorando. La mejor forma de ganar es con el voto; nunca ganamos  negando el voto. Eso es la trayectoria  del mas: ganamos con los votos.

García Linera pedía “reflexionar con mucha estrategia política”. Y sobre los rivales decía:  ellos confunden autonomía con separación y puede ser que no haya dos visiones de país, pero también puede ser peligroso no reconocerlos. Analizaba que si gana la Constitución con 60%, iba a haber un 40% que no la reconozca, van a haber cabildos. Sería darles argumentos. Lo ideal es una Constitución aprobada por el 80, 90%. Y que sólo algunos artículos vayan a referendo, analizaba García Linera. La Asamblea no es el único  espacio para los cambios, debemos hacer hasta donde llegue la fuerza, no hay que poner  toda la carne al asador,  recomendaba. Muchos se van a hacer en las próximas gestiones de Gobierno. No hay que transformar todo. Me preocupa que se divida el país, decía. Y concluía: recomendación compañeros, si tiene base social, reconozcámoslos.  Decidamos, la Directiva emitió decisión: si eso tiene base social, reconozcámoslo.  Y continuó con el análisis de otros temas problemáticos.

La teoría de la base social como definidora de los temas que entraban en el proyecto de Constitución era la teoría del centro desde  el punto  de vista de la gestión  estatal. El MAS había renunciado a cambios profundos optando por el camino de la Asamblea Constituyente y por tanto el lugar del centro era el lugar de un Estado que reconocía  los límites impuestos por los sectores opositores con poder de movilización, cuando no con poder  institucional. Esa era la forma de buscar  la estabilidad requerida  para imprimir cambios por la vía que había encontrado  el mas:  el crecimiento   económico y la distribución,  para lo que aportaban  las nacionalizaciones,  el proyecto de industrialización y de desarrollo económico impulsado por el Estado. Visión País, en ese sentido, aparecía como una resistencia a la posición  del acuerdo  y el consenso  que era la estrategia del MAS desde que aceptó los dos tercios como forma de aprobación, y quizás incluso desde antes, cuando fueron definidas las reglas básicas de la Asamblea, en acuerdo con la oposición para la aprobación de la Ley de Convocatoria. Y era interesante que la búsqueda  de un camino más radical de transformaciones no venía desde la izquierda  socialista del mas, quizás más conforme con la estrategia  estatal de transformaciones. La idea de un centro más corrido  del lugar calculado como centro por el Estado actual llegaba desde  el indianismo y el discurso  de la descolonización,  con la crítica al Estado republicano entendido como continuación del sistema colonial.

La posición  del Gobierno  del mas, expresada por García Linera en las reuniones con cada una de las comisiones era la misma: la posición del consenso para alcanzar dos tercios. Las recomendaciones de García Linera iban entonces en contra del posible  escenario  de un referendo con dos constituciones opuestas en disputa. El camino contrario había sido examinado en los meses iniciales de la Asamblea, con el intento de imponer la mayoría absoluta, quizás más como búsqueda de un control político total, que no necesariamente  venía junto a un proyecto de Constitución ya definido y radicalmente  diferente del que se propondría en 2007. Las propuestas que eran intolerables para la oposición seguían sobre la mesa, defendidas por algunos o como carta de negociación. Pero el Gobierno  buscaba especialmente neutralizar a Oriente, incluyendo sus demandas en el proyecto,  y de ninguna manera se preparaba para una guerra que existía sólo en los temores de la oposición o en algunas posiciones  marginales de la base del mas, donde se escuchaba hablar de la reversión  masiva de tierras, del control social como cuarto Poder  o co-gobierno y de la propuesta  de superación  del Estado liberal o del capitalismo de mercado, con su régimen de propiedad.

Como forma de entender  el ejercicio  del poder, la  búsqueda del centro consistía entonces en deglutir las propuestas  del otro en un acto caníbal que lo incorpore  al proyecto  de Estado, dejándolo sin discurso y fuerza política, aún cuando para eso fuese necesario cambiar los objetivos iniciales y renunciar a lo que se es. Serían los campesinos e indígenas  los que administrarían  el Estado nacido del nuevo centro, y eso implicaba un Estado diferente, pero estaba claro que la prioridad para el MAS no era en este proceso buscar cambiar el poder.  El objetivo era ocuparlo. En ese sentido el proceso  boliviano dialogaba con la tradición  de da moderna y el debate  sobre la toma del poder. En su exposición ante los constituyentes del mas, García Linera decía hablar desde la experiencia  que habían adquirido desde la presidencia,   aguantando  paros de los camioneros, protestas de los mineros cooperativistas, con millones de dólares perdidos  en comercio y movilizaciones por varios días. Se trataba de escuchar a la sociedad, antes que de implementar un programa y el deseo  de un sector. Esa era a posición definida desde el Gobierno  y no hubo frente a la misma una reacción desde los constituyentes que plantearan de forma  clara una alternativa. Se trataba de lograr consolidar la posición  de intérpretes de la sociedad,  de ser el Estado, ese era el momento político de los movimientos sociales en Bolivia. Faltaba sólo saber si el MAS tendría éxito, y a cuánto debería renunciar para conseguirlo.

Otro gran conflicto de la época de comisiones  había sido el que enfrentó  la Policía y el Ejército por las propuestas de cambio de la Comisión de Seguridad y Defensa.  Policías del MAS y de la oposición se habían unido y proponían  quitarle al Ejército potestad sobre la seguridad interior, eliminando  también  el Servicio Militar obligatorio  y la justicia propia. Como respuesta, constituyentes que representaban intereses de los militares elaboraron  un proyecto  que “descuartizaba” a la Policía distribuyendo algunas de sus competencias  en diferentes instituciones. El Gobierno  intervino la Comisión y estableció que no hubiera cambios vinculados a ese tema respecto de la Constitución anterior. García  Linera  explicaba  en la misma reunión:  nuestras tres fuerzas son la opinión pública,  las movilizaciones sociales y las fuerzas armadas,  cada una en cada cosa. Pero si los del Chaco o Camiri toman pozos, ¿a quién vamos a movilizar? No va a ser a los movimientos sociales. No estamos en el mejor momento de los movimientos sociales. No es el 2003 que movilizábamos 80 mil, 300 mil personas. Necesitamos la fidelidad  de las ffaa y unidad de mando. Sino el Estado Plurinacional puede derrumbarse.[52]

De nada sirve cambiar en Visión País o Tierra y Salud, continuaba  el vicepresidente, si Fuerzas Armadas y Policía se están enfrentando. Para que podamos hacer todos los cambios tiene que estar firme  Defensa  y Seguridad. Si no logran unificar  el mando, no vamos a tener la fuerza  para defender  lo que se haga en otras comisiones. Sino compañeros, continuaba, van a ser los responsables  de la estabilidad del Gobierno  de Evo Morales. La derecha se está acercando  a los suboficiales, advertía. Ojalá tuviéramos Policía y ffaa producto de una revolución, pero no es así. Si en un tiempo consolidamos  los cambios podremos cambiar la Policía y el Ejército, pero  como en el ajedrez,  no se puede atacar con todo a la vez. Podrá haber algunos cambios desde leyes orgánicas, para preservar este núcleo del Estado, continuaba García Linera. Y concluía: Ojalá desaparezca  el Estado, pero hay que ser realistas: no va a desaparecer  el Estado; pido a los compañeros más radicales que sean maduros.

Al  final de la reunión  algunos  constituyentes conversaban   disgustados. Algunos habían esperado una defensa más dura de la decisión  de excluir a podemos. Loyola Guzmán se quejaba de “que vengan a imponer” y preguntaba irónicamente si la Asamblea no era originaria. Vladimir Alarcón de El Alto decía que García Linera sólo pensaba en la reelección,  y que no tendría miedo de decírselo personalmente.  Los constituyentes de Visión  País estaban descontentos y criticaban a compañeros de otras comisiones por demagogos. Esperanza Huanca expresaba que revisando  la medida  perderían aliados como Félix Cárdenas y que serían castigados en la comunidad,  donde serían ellos los que irían a tener que responder. Advertían, también,  que de seguir así habría varios constituyentes que se rebelarían. “Que la próxima vez que pacten con la derecha nos avisen” pedía Esperanza Huanca, la constituyente  más cercana a conamaq, de un ayllu del Norte de Potosí. Otro constituyente recordaba  que se había retrocedido de la misma forma  con la Ley de Convocatoria, y que por eso no se podía esperar otra cosa. Ese día en Sucre, llegaban 17 micros de la Juventud Cruceñista para unirse a los universitarios y cívicos sucrenses  en sus protestas. La Policía había encontrado armas entre los estudiantes.  El locutor de Univisión decía que se las pusieron. En La Paz los policías entraban en huelga de hambre, García Linera volvía para allá de urgencia para tratar ese tema con el presidente. Al día siguiente volvería a Sucre para reunirse entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana con cada una de las comisiones,  alguien se quejaba de que los constituyentes hablaban  mucho y querían quedar bien con el vicepresidente.

Raúl Prada era el que se mostraba más arrepentido por la decisión de excluir a podemos entre los constituyentes  de la Comisión, y veía con preocupación lo que se había generado. Reflexionaba que el MAS aparecía  haciendo  lo que antes denunciaba  de los otros –maniobras– y que de esa forma le habían dejando a la oposición  el discurso de la democracia.  Sobre el vicepresidente  destacó que a diferencia de antes en que venían a imponer, en esa última reunión sentía que García Linera había venido a escuchar. La resolución  del tema Visión País llegaría mientras  el MAS negociaba con podemos en el Congreso  la posibilidad de ampliar  las sesiones  más allá de agosto. El 31 de Julio los constituyentes de la Comisión  que pertenecían al msm y habían dado sus votos al proyecto alternativo, quitaron  el apoyo del proyecto  de cn, que quedó con tres votos, y lo dieron  al proyecto del mas, que obtenía así ocho votos. Permitían de esa forma  la entrada del informe de podemos, como segundo informe más votado, con las firmas  de cuatro constituyentes. El tema perdería  relevancia dado el curso que tomarían  los sucesos, pero fue un momento importante de la Asamblea, como expresión nítida entre los proyectos  de las “dos Bolivias”, como propuesta de un centro menos negociador para la construcción   de un nuevo Estado, un centro que dejaba de lado la visión  de la oposición liberal más dura con el Gobierno  del mas.

6. El resto  de las comisiones, la ampliación y el trabajo técnico

El tratamiento de los temas en las comisiones había revelado algunos conflictos que no se esperaban. También revivió debates ya transitados en otros momentos de la historia política boliviana.  En la Comisión de Deberes, Derechos y Garantías, Loyola Guzmán, participante  del grupo urbano de apoyo a la guerrilla del Che en 1967, criticaba que algunos de sus compañeros  del MAS en la Comisión defendieran  la posición  del Vaticano sobre el derecho a la vida desde la concepción. Una buena parte de los constituyentes  del MAS participaba de cultos cristianos evangélicos y tuvo un problema de conciencia   entre la posición del MAS y la de sus iglesias. Desde el MAS se llamó a revertir el voto que había aprobado  el Artículo sobre el tema por mayoría, con algunos constituyentes del MAS aliados circunstancialmente a los de la oposición,  también  alineados con la posición  de la iglesia católica. La votación se revirtió, pero no todos en el MAS cambiaron su voto. La posición de izquierda se encontraba con la adscripción religiosa a iglesias pentecostales en crecimiento en la zona rural. Estas creencias eran para algunos la prueba del mestizaje  campesino y era utilizada como argumento para criticar la emergencia  del discurso étnico y la introducción  de prácticas rituales andinas tradicionales en el Estado. No era el indianismo que aquí enfrentaba a campesinos contra la izquierda  urbana  dentro del mas, sino el evangelismo.

En la Comisión de Ciudadanía, Nacionalidad y Nacionalidades estaban en cuestión  la mayoría de edad y si se podría elegir o ser elegido a los 16 o a los 18 años. Un constituyente evaluó que los jóvenes  estaban a favor del proceso de cambio y que sería bueno entonces que votaran, pero que dejarían esa decisión para que sea resuelta desde  la presidencia. En esa Comisión también  discutían cuántos años debería residir un extranjero en el país  para obtener  la naturalización. Algunos pedían diez o veinte años, pero llegaron a consensuar internamente en cinco, se mostraba una posición común en Bolivia de rechazo a los extranjeros, asociados  al colonialismo  y a la elite política mestiza.  podemos proponía que fueran sólo dos años, con su también clásica posición de afinidad con todo  lo que llega de afuera  del país. En la Comisión de Poder Ejecutivo, también se consultaría en el Gobierno  el tema conflictivo de la reelección  indefinida.  Los constituyentes pensaban incluir una cláusula transitoria que llame a referendo revocatorio del presidente, vicepresidente  y prefectos para 2008. Pensaban también fórmulas para impedir presidentes que hubieran  residido toda su vida en el exterior o tengan cónyuge  extranjero; pensaban en los casos particulares de los ex presidentes Tuto Quiroga (que asumió la presidencia con la muerte  de Banzer y está casado con norteamericana)  y Sánchez de Lozada (que habla el español con acento anglosajón).[53]

En la Comisión de Educación,  la clase y la etnia volvieron  a encontrarse en enfrentamientos  entre constituyentes indígenas  y constituyentes del magisterio, cuyos gremios docentes tienen una importante tradición de izquierda  trotskista. En 2006, el Congreso  Educativo generó  tensiones entre el proyecto indianista del entonces ministro Félix Patzi contra las posiciones de los profesores  urbanos de izquierda y también  la iglesia católica y otras congregaciones  religiosas. En el tema educativo, se encontraban nuevamente  los actores que en la Comisión de Derechos se habían  enfrentado por la discusión  del aborto.  El problema en la Comisión de Educación, después de resolver el tema de la laicidad,  era el de cómo sería la educación  en las autonomías indígenas y departamentales, porque los maestros querían  mantenerla centralizada a nivel nacional. Sobre el reclamo de la apertura de Universidades Indígenas, García Linera las había definido como mecanismo de exclusión; y con la oposición había problemas por el tema del control social  en la Universidad,  que ya había dado lugar en Sucre y otras ciudades a movilizaciones de estudiantes y “padres de familia”.

Eran muchos temas a tratar que se caían por los costados en la búsqueda  del centro o que llevaban las discusiones a extremos donde el acuerdo era imposible. Había temas que impedían acuerdos internos al mas, aún antes o a veces en lugar de ser obstáculos de acuerdo  con la oposición. Una vez definida  la estrategia de buscar dos tercios, se debía aún construirlos e interpretar cómo un proyecto de Constitución podría obtenerlos. El centro debía ser interpretado en una ecuación que además de la aprobación, debía contemplar el avance  en proyectos  de cambio que el MAS representaba y buscaba  realizar. podemos había  detectado unos 30 temas sin coincidencia y buscaba apoyo en sus regiones para articular junto a los prefectos de la oposición  una Constitución  alternativa que llegara  al referendo. El jefe de podemos, Tuto Quiroga,  planteaba la propuesta  de que el referendo sobre los temas sin consenso  fuera vinculante, como condición para aceptar una ampliación de la Asamblea.  Luego de impedir los dos tercios para el mas, la oposición  buscaría  un proyecto que permitiese neutralizar las propuestas  de cambio, preservando la Constitución  actual con algunos agregados que pudieran garantizar movilización y fuerza política. Entre los temas de la agenda opositora estaban la “capitalidad plena”  de Sucre; el derecho a la vida desde  la concepción de los cristianos;  las autonomías departamentales y la oposición a las autonomías indígenas de la Media  Luna;  el Congreso bicameral y no unicameral; y el rechazo al voto desde  los 16 años, a la reelección, al Estado Plurinacional, a la elección  de jueces con voto popular y a la Justicia  Comunitaria.[54]

El gran conflicto que se avecinaba en primer lugar era el del reclamo de Sucre por  la vuelta de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la “capitalía plena”. El final de la fase de comisiones,  con la entrega de informes  para el 13 de Julio, fue marcado por el crecimiento de este reclamo, que entró en los informes de 6 comisiones, con el apoyo de los representantes  de la Media  Luna,  y también de chuquisaqueños del MAS y otros partidos  aliados al Gobierno. La participación de la Media  Luna volvía el tema de la sede de los poderes  un conflicto entre dos Bolivias y ya no entre dos ciudades o regiones, aunque la adhesión  de constituyentes campesinos chuquisaqueños del mas, y la oposición a la propuesta por parte de constituyentes paceños de podemos, llevaba el tema nuevamente  al plano de lo regional,  de modo transversal a las procedencias  partidarias, étnicas o de clase. Después de la entrega de informes,  el MAS se encontraba con un proyecto de Constitución de más de 700 artículos. Se buscaría una empresa para fotocopiarlo en cinco días, cuando ya deberían iniciarse las plenarias.  En caso de no conseguir la ampliación del plazo,  el MAS buscaría  aprobar  la Constitución en pocos días.

El 2 de Julio hubo una sesión plenaria para votar la extensión  del plazo.  La Directiva dio 10 minutos a cada orador, pero aún así el debate duró más de seis horas. Había dos propuestas: 6 de diciembre y 14 de diciembre, “porque no se cumplió, cerca del plazo, con el mandato  del pueblo”.[55] Antes habían circulado las propuestas de ampliar la Asamblea con plazo indefinido, o que se suspendiera por unos meses para luego volver con una situación política menos volátil. Ambas ideas significarían  un triunfo de los que querían que la Asamblea de Evo Morales fracasara,  el MAS seguía buscando un consenso en momentos en que el mismo parecía política y aritméticamente  imposible. Las intervenciones de Doria Medina, líder de un, y Guillermo  Richter, líder del mnr en la sesión  de la Asamblea, sin embargo, parecían mostrar que el pacto estaba al alcance de la mano. Doria Medina decía que las visiones  de Oriente y Occidente pueden ser complementarias, y consideraba que en el plazo previsto podía lograrse un consenso con la inclusión de lo plurinacional  de Occidente y lo autonómico de Oriente. Pedía que en caso de ampliar  la Asamblea,  se aprendiera de la experiencia  de la primera etapa de discusión del reglamento cuando se había llegado a un acuerdo y que una llamada de La Paz lo quebró.  Criticó la intervención  de otros poderes  y llamó al MAS a que aprendiera  algo de democracia y no le tenga miedo a las minorías.  Estas ideas lo ubicaban  en el centro del juego político de la Asamblea: seducía al MAS hablando  de la posibilidad de un acuerdo y parecía decirle a los otros actores que haría bien el papel de controlar al MAS sin dejar que propuestas radicales fueran incluidas en la Constitución.

Richter decía que hay caos y desorden, pero que era caos y desorden democráticos. Decía que no había existido en la historia  de Bolivia un contexto de movimientos sociales como constituyentes. En 1826 había sido libertad a medias, con un sistema liberal pero sobre una base de explotación, y que hasta 1952 sólo votaban los que tenían dinero. Se había pasado del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social, pero con democracia  restringida, discursaba.

Decía sentirse regocijado porque  “ahora otros partidos hablan de pacto”, y decía que el único justificativo para pedir ampliación era construir un gran acuerdo nacional en el que tendrían que estar todos. Que nadie se sintiera  al margen: ni departamentos, ni provincias, ni indígenas. Nosotros queremos discutir cambios y transformaciones para Bolivia. Esto es la prueba de fuego, no vamos a poder pedir más, agregaba. Y pedía que se re-estableciera desde el día siguiente la Comisión que trabajó en el Artículo 70.

En la sesión convocada para ampliar la Asamblea, las dificultades volvían con los discursos  de la Media  Luna. Hugo Oliva, único  constituyente del mir, también hablaba de la necesidad  de un acuerdo político nacional pero advertía que “si el MAS no saca lo de Plurinacional no va a haber consenso”. Además, votaría en contra de la ampliación  porque entendía que la misma no favorecía acuerdos y que la crisis política nacional del momento surgía de la Asamblea Constituyente. El jefe de podemos en la Asamblea, Rubén Darío Cuellar, también  hablaba de consensos, pero criticaba  la intransigencia e imprecisión del mas, que quería imponer una situación que no se condice con la democracia. Se necesitaba voluntad política antes de que encontrar un caballo volador, decía. Y Hormando Vaca Diez veía que si no se ampliaba la Asamblea  habría una frustración nacional, y decía que “por suerte” había dos tercios para la resolución  que ampliaba la Asamblea, porque decía querer que se ampliara pero no poder  votar a favor de la misma “en esos términos”. Cómo y para qué ampliar  era la gran pregunta,  decía.[56]

Después de aprobada  la ampliación  en la Asamblea, era necesario  todavía que la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea fuera modificada,  también por dos tercios, en el Congreso  Nacional.  Después de una difícil negociación, nuevamente a cargo del presidente del Congreso,  Álvaro García Linera, el 3 de Agosto la ampliación se avalaba, prolongando las sesiones hasta el 14 de diciembre de 2007, y mostrando que el acuerdo  era posible. La oposición había aprovechado la ocasión, además, para garantizar la necesidad  de los dos tercios en la aprobación y otras cláusulas: como que sería la autoridad del Congreso  y no de la Asamblea la encargada de llevar a cabo  los referendos finales; revertir lo ocurrido en Visión País estableciendo reglas para la aprobación  de informes de Comisión; ratificar la necesidad  de inclusión del referendo autonómico  y tomar recaudos para que no se evite el ingreso de los constituyentes  al hemiciclo.[57]

Un centro de Estado Plurinacional más autonomías  parecía perfilarse con el acuerdo por la ampliación. Pero podemos no estaba de acuerdo con lo plurinacional ni con la forma  en que el MAS concebía las autonomías, y había constituyentes indígenas que amenazaban con no contribuir para los dos tercios si dejaban de lado sus reivindicaciones.  En los primeros días de agosto, mientras se resolvía  la ampliación en el Congreso, conamaq decidió romper con el mas, distanciándose de las otras organizaciones  del Pacto de Unidad y realizando un acto de clausura simbólica de la Asamblea, que era la misma posición que también había adoptado la cob, hasta entonces siempre lejana del mas. Disgustados con el rumbo de la Asamblea y el curso de sus demandas, conamaq colgó un cartel de clausura en la puerta  del teatro Gran  Mariscal,  y bajó la wiphala del mástil, decidiendo  buscar otras formas  de incidencia política. Días antes, la presidenta  de la Asamblea había manifestado que por orden del MAS no entraría la representación  directa y también tuvieron una muy mala reunión con los constituyentes  del MAS que precipitó la ruptura.  Sus compañeros indígenas de cidob se mantuvieron  con el Pacto de Unidad y ese día “no nos contestaban el teléfono”.

Mientras  tanto, algunos  constituyentes y técnicos  del MAS comenzaban a trabajar en la consolidación  del texto constitucional  a partir de los informes  de mayoría aprobados por el mas, pero atentos a los temas que deberían ser consensuados en las sesiones plenarias. Alguien decía: “Necesitamos  un texto, sino no podemos tener estrategia, sin borrador ¿con qué vamos a convocar a las organizaciones?”. Otros veían necesario definir un texto de base para la negociación, con propuestas “de máxima” que después podrían cambiar en la búsqueda de dos tercios. A partir de entonces,  la construcción  del texto constitucional  dependería más de la negociación  de elementos que entraban y salían del proyecto,  que de un debate ideológico amplio. Las posiciones políticas y diferencias se habían traducido a una serie de temas que los técnicos y algunos constituyentes trabajaban definiendo en forma de artículos, a partir del trabajo entregado por las comisiones. Habría  consultas puntuales, pero este trabajo se centralizó en un grupo reducido que se conoció como la Comisión Técnica. La Asamblea Constituyente volvía a reducirse a una pequeña Comisión como en la época de las negociaciones por el reglamento  en 2006. Varios  constituyentes quedaban  disgustados cuando  lo redactado por ellos se modificaba, pero la redacción  del texto definitivo exigió centralizar en pocas manos un trabajo que de otra forma aparecía como inviable. No hubo manifestaciones  contrarias hacia esa dinámica o impugnaciones en la bancada  de los elegidos para realizar esa tarea, pero sí se expresó  dentro del MAS el deseo de algunos de integrarse a la Comisión o de ser consultados. Los miembros de la Comisión tenían dificultades para encontrarse porque  los universitarios de Sucre a favor de la capitalidad  los perseguían. Por esta razón se reunían en casas particulares y en secreto. El trabajo era realizado con el apoyo de asesores de las organizaciones  sociales y delegados desde el Poder  Ejecutivo  para la construcción del texto.[58]

Con  el nombre de “Ajustes Técnico-Jurídicos al Documento Consensuado en Bancada  el 3 de agosto de 2007” el diario La Razón de La Paz publicaba  el 14 de agosto, sin permiso del mas, el avance  de su proyecto de Constitución, con 434 artículos. A partir de su publicación, la prensa  había  buscado  generar polémicas, por ejemplo por la inclusión  de la reelección  indefinida  para  el presidente  y vicepresidente, y no para los prefectos. En el MAS circulaban sospechas sobre quién podría haber filtrado el documento a la prensa  y se sospechaba de un periodista que podría  haberlo robado  cuando  la Comisión Técnica habría ido a almorzar y dejó el documento  en la computadora  en una sala del Hotel Oberland,  donde  a veces se reunían. Era el proyecto que se habría sido votado apresuradamente si no se hubiese conseguido  el acuerdo para la ampliación  de la Asamblea,  el 6 de agosto. Frente a la posibilidad  de no ampliación, y antes de que García Linera consiga  cerrar la negociación para ampliar el plazo en el Congreso,  la Comisión trabajó día y noche sin interrupción. Cuando la versión  del texto constitucional estuviera  lista, habría un acercamiento con los partidos chicos, el mnr y un, porque se sabía que no darían apoyo a un texto “en el que no pusieron ni una coma”.

Después de los desentendimientos  con la cidob por las reivindicaciones indígenas que derivaron en la marcha,  los asesores de esta organización  y los del cejis y cenda, que trabajaban junto a ellos fueron prohibidos de continuar en las reuniones.  Pilar Valencia, sin embargo, pudo permanecer cuando llamó indignada al presidente  de la cidob, que llamó para quejarse a Evo Morales, quien se comunicó con el vicepresidente de la Asamblea, que llamó a Carlos Romero para que le permitieran  a la asesora  continuar presente.  Román Loayza, presidente de la bancada  del mas, también había apoyado que las ong entraran en las reuniones. Al mismo tiempo, había algunos constituyentes elegidos para participar de la Comisión que no asistían a muchas de sus reuniones y otros que no habían sido elegidos pero que a veces se acercaban para aportar en temas específicos. En la Comisión Técnica,  la dinámica  fue ubicando  a Romero como centro del trabajo y era Elva Terceros,  su asistente, la que controlaba  la computadora  con el documento  sobre el que se trabajaba, y que sólo aceptaba  introducir los cambios que su jefe autorizaba. “Todos hablaban pero ella sólo escribía  lo que Romero daba el visto bueno”, decía uno de los asesores  participantes del grupo.

El 18 de septiembre,  el Grupo Líder de periódicos (El Correo, El Deber, La Prensa y otros) titulaba “una Constitución  del equipo técnico”. Era una nueva nota sobre  el proyecto  de Constitución trabajado por la Comisión Técnica. Se informaba también que algunos temas polémicos  habían salido del proyecto: la autonomía  regional se difería para el mediano o largo plazo; no habría  cuarto Poder (social), y se garantizaba  la educación  privada  y la autonomía  indígena. Sobre el documento,  Carlos Romero explicaba a la prensa  que “(s)e eliminaron duplicidades, yuxtaposiciones, se concordaron  textos, ajustaron redacciones, va a ser concluido  al amanecer, se calcula que serán 300 artículos y será presentado a la bancada  mañana a las 9:00”. La prensa informaba, complacida, que no habría reelección continua y se respetaría la propiedad privada; pero, alarmada, agregaba que se incluiría como símbolo patrio a la wiphala  y que Sucre no era definida en el proyecto  como capital constitucional.

Albert Noguera  era uno de los dos asesores españoles, convocados por el Poder Ejecutivo,[59]  que trabajaban con la Comisión Técnica, A Albert le había tocado trabajar junto a Rebeca Delgado en Derechos y Deberes, que debían ser unificados en el título 3 de la Constitución  pero se encontraban dispersos en distintos artículos elaborados  por varias comisiones. La Comisión Técnica se distribuía algunos temas problemáticos en subcomisiones de dos o tres técnicos  o constituyentes para agilizar el trabajo. Acompañé a Albert mientras trabajaba en el documento  y llegué a sugerir alguna corrección de escritura en el borrador del texto que  al día siguiente Romero revisaría. Albert trabajaba también en un informe que habían  solicitado los colaboradores de Hugo Chávez, para interiorizarse del avance de la constituyente boliviana  antes de una reunión que el presidente venezolano  tendría con Evo Morales. Chávez había pedido diez puntos.

Este informe es útil para ver cuáles eran los temas que el MAS discutía internamente y aún no alcanzaban consenso en esta instancia de redacción  del proyecto. La mayor preocupación de Albert era quizás el tema de la distribución  de ingresos entre departamentos  por hidrocarburos.  El 11% para los departamentos productores había sido incluido por la Ley de Impuestos a los Hidrocarburos  de 2004, y ahora sería constitucionalizado. Con esta distribución,  escribía  Albert, Tarija recibía 143 millones de dólares y La Paz tres millones;  y en proyecciones para dentro de 20 años, Tarija ganaría dos mil millones pero La Paz continuaría con tres. Le preocupaba también el tipo de mayoría requerida para aprobar ciertas leyes importantes e incluso la facilidad con que se estipulaba la aprobación  de los tratados internacionales, que en la versión provisoria dependía sólo de la aprobación del Congreso y que para Albert debía  ser más difícil ante la posibilidad de que Estados Unidos  continuara con su intento de aprobación bilateral de tratados de libre comercio.  Albert y otros técnicos proponían que la aprobación de tratados fuera por referendo,  lo que más adelante sería así adoptado. En un momento de disgusto con la bancada  del MAS que no incorporaba  varias de sus sugerencias, Albert describiría  al MAS como formado por indígenas conservadores, urbanos de izquierda y clase media de derecha que entraron porque garantizaban votos. Sin embargo, confiaba en el trabajo de la Comisión porque sólo había urbanos y los de derecha no eran un peligro porque  estaban alineados con los intelectuales más de izquierda, relativizaba.[60]

Cuando la Comisión Técnica terminó la consolidación de un texto constitucional, volvieron las reuniones  en la Casa Argandoña  para discutir su contenido con el resto de los constituyentes del mas. El texto se conoció como “proyecto finalísimo”, en septiembre, y fue el momento en que se manifestó directamente el disgusto antes presente en corredores y conversaciones individuales de muchos que veían modificados o ausentes los artículos trabajados en las comisiones. La mayoría de los reclamos  venía desde sectores urbanos  y, en algunos casos, se mezclaba con la expectativa  de participar de la Comisión, pero también se escuchaba  la crítica de que “los indígenas  perdieron  la voz, y sólo hay clase media e intelectuales”, o “para lo técnico se llama a los clase medieros y para lo simbólico a los indios”,  se criticaba que en la Comisión hubiera sólo dos mujeres, y que “modifican  lo que les parece sin consultar”.

Ada Jiménez y Magda Calvimontes encabezaban  las críticas  a la Comisión Técnica, se manifestaban “frustradas” y “usadas como payasos”. Magda decía “yo hubiese muerto por la Constitución  que quería, pero no por esta. En la discusión del Artículo 70 estaba dispuesta a ir a las armas  para defender”.  Eran expresiones propias del contexto  de definiciones y debates políticos, una vez presentado el primer proyecto  integral de texto constitucional. Magda  criticaba que no hubieran incluido el 11% para Tarija: “puede no decir 11% pero tienen que constitucionalizar las regalías”.  Si no, decía, volverían como en el pasado los “pueblos fantasmas” cuando queremos desarrollo.[61] Sabino Mendoza defendía a la Comisión, cuyos miembros, recordaba, habían sido elegidos en la bancada  y tenían  el apoyo de la dirección  del mas. Decía que reconocía a los que sabían de leyes;  él sabía de coca. Una cholita constituyente decía que ella quería  a los profesionales,  porque aprende de ellos, “¿sin ellos qué haríamos?”, se preguntaba, y agregaba que si alguien está negociando  se va a saber y las familias  los van a juzgar. Dentro de la Comisión Técnica, también habían aparecido diferencias con constituyentes que reunidos sin convocar al resto de la Comisión cambiaban partes del proyecto.  Otra discusión surgía como crítica, en la redacción  del texto, a un exceso de legalismo que defendería  la idea de que no se podían cambiar ciertas definiciones  del orden constitucional vigente. También se perfilaba una posición que dialogaba más con la propuesta pluralista de las organizaciones indígenas y otra que tenía como referente el modelo  desarrollista y nacionalista de los campesinos y más cercanos también a la izquierda  socialista, aunque con innumerables excepciones y cruzamientos.[62]

Mientras los constituyentes discutían el proyecto  en la bancada  del mas, en la Casa Argandoña, aparecieron nuevamente  problemas  con temas vinculados a los militares. Cuando  se leía el proyecto,  María Oporto citó el “Encuentro  de la juventud”, donde se había pedido que el servicio  militar sea obligatorio no sólo para los hombres sino también para las mujeres, sin excepción. Un constituyente del campo, que pidió que lo tradujeran  porque hablaría en quechua, dijo que el servicio  militar trae pérdida económica a la familia y también sufrimiento para las madres. Se quejaba de que los manden a la frontera. Viendo que se hablaba de un tema que involucraba a la decisión  de no modificar nada de Seguridad y Defensa respecto a la Constitución anterior, Gregorio  Mamani, principal representante del Ejército en el mas, puso el grito en el cielo. Dijo que el servicio  militar era obligatorio y que sólo se aclarase  lo de objeción de conciencia, agregando en el Artículo que el tema será definido por ley. La discusión crecía y Mamani salió de la reunión  con el celular en la mano diciendo que llamaría a Evo Morales.[63]

Como meses atrás, y con participación de los asesores  de Evo Morales, en Cochabamba se hicieron cambios importantes en el proyecto,  como sacar  la objeción de conciencia, el control social,  la representación  directa, el referendo para ratificación de tratados; además de introducir  el 11% de las regalías  y referendo para  estatutos departamentales. Era el lento avance  en dirección a un centro que posibilite  aprobar  la Constitución y avanzar en la fundación  de un nuevo Estado, aún a costa de preservar  las instituciones  del viejo. En un texto distribuido  por email tiempo después (8/12/2009), Magda Calvimontes defendía la introducción de regalías y de la autonomía regional, que la habían enfrentado tanto con los asesores españoles como a los constituyentes  que defendían  el proyecto de las autonomías indígenas. El tema había ingresado como parte de las negociaciones una vez aceptado el juego  de los dos tercios y de consolidar la gobernabilidad desde el Estado.[64]

Los asesores que acompañaban el trabajo de la Comisión Técnica conversaban durante la cena  en un descanso  del trabajo. Participaban  Diego Pary, de las organizaciones campesinas y con confianza de la Directiva,  los españoles  del ceps; Elva Terceros, de confianza de Romero; Cecilia Rocaballo, abogada que también tendría después de la Asamblea un paso por el Gobierno.  Y también  el Doctor Gutiérrez Sardán, que había sido abogado de Evo Morales, como otros hombres de confianza del mandatario, también dirigente de la Falange Boliviana y del antiguo mas, partido de origen  falangista (nacionalista popular) que cedió  la sigla al MAS de los cocaleros en la década del 90, cuando estos decidieron emprender el camino electoral. Evo  lo llamaba “Doctor Tarzán”, y este había sido también abogado de la cob y de sindicatos,  por lo que opinaba con conocimiento que el derecho  a huelga en el proyecto de Constitución podría dar problemas al Gobierno. Recomendaba pensar algo para el caso de los sindicatos donde  el que emplea es el Estado, como Salud y Educación, que eran sectores políticamente problemáticos.

Los técnicos estaban preocupados  por la constitucionalización  del 11% de regalías para los departamentos  productores,  que exigían estas regiones  y que García Linera y Santos Ramírez dijeron que iba, “lo aseguraron”,  alguien decía. Para algunos en la mesa en que los asesores cenaban  “capitalía no es nada  al lado del conflicto que pueden armar levantando sus regiones si se toca el 11%”. Debían pensar entonces en qué parte del texto y de qué forma entraría. Había también un problema por el formato  del texto, comentaba otro asesor, con mezcla  de núme-ros romanos, numerales y letras dentro de los artículos; “un Frankenstein”, decía alguno, pero otro le quitaba importancia al tema  y decía que “en una noche arreglamos eso”. Algunos  artículos eran muy largos y temas afines estaban separados en distintos artículos que podrían unificarse. Alguien comentaba, con mezcla de horror y humor, que en una Comisión se había  defendido  la pena de muerte. Cecilia estaba contenta por ver una Constitución finalmente entera, a pesar de que faltaba todavía mucho trabajo y no se visualizaba  la posibilidad de su aprobación. Se comentaba también que había debates no cerrados, como el de la relación  entre las dos justicias, que el movimiento indígena deberá seguir discutiendo porque no va a ser un asunto que sea cerrado ahora, en esta Asamblea Constituyente.

Albert Noguera  opinaba que debían pedir una reunión con Evo para tener autoridad para negociar  un proyecto de consenso  con los técnicos de un y otros. Por otra parte, ellos se preparaban para viajar a Ecuador, que iniciaba su Asamblea Constituyente. Varios  constituyentes y técnicos  les habían pedido que los recomendaran para ir a exponer su experiencia o asesorar en ese país. Como en toda conversación en la Asamblea, por esta época, llegó el punto de discutir sobre los números.  Víctor Borda había comentado ese día que por sus cálculos no se llegaría a los dos tercios. Por lo que se iría al escenario  de dos constituciones. Según  el constituyente se necesitaban al menos 10 de podemos para llegar a los dos tercios. Sardán comentó  sus gestiones personales con algunos constituyentes del MAS que no se habían mostrado decididos, o que incluso habían sido críticos. Dijo que hablaría con Vladimir, que en la Comisión Tierra no votó por el proyecto de la mayoría. Ellos no se están sintiendo parte, hay que incluirlos y les hablaría de responsabilidades, decía Sardán.

Otro asesor técnico calculaba que sí se llegaría a dos tercios si se polarizaba con podemos y se conseguía  entonces el apoyo de todos menos de podemos. Para Diego Pary se llegaría a dos tercios pero no para todos los temas. No se llegaría para Estado Plurinacional, por ejemplo, porque partidos como as y otros chicos no estaban de acuerdo. Según los españoles, en la situación  de no conseguir dos tercios, había culpas personales de asesores del presidente, me comentarían más adelante. Ellos hablaban  del que consideraban responsable, por haber defendido en 2006 que era posible alcanzar aquella forma de mayoría. Me relataban  la forma en que en ese momento, este asesor presidencial, había dicho “tranquilo, ya estamos cerca de los dos tercios, le conseguimos una beca a eeuu al hijo de uno, un puesto a otro y se llega”. Y que para defender ese punto de vista también  se acudía a la mentira, diciendo que el Ejército no quería  otro modo de aprobación. Meses después, uno de los asesores españoles publicaría una crítica al “inventor de los dos tercios y de la cuadratura  del círculo”.[65]

Román Loayza había quedado un tanto relegado  de las decisiones,   como muchos otros constituyentes, a pesar de haber entrado en la Asamblea como uno de los dirigentes más poderosos. Su asesor Wenceslao Humerez Tiñini,  lejos del centro desde  el que se iba conformando un proyecto de Constitución para ser negociado,  clasificaba al MAS en tres sectores,  que graficaba en los nudillos de su mano. En el centro ubicaba a Román y a las organizaciones indígenas campesinas que habían propuesto el Estado Plurinacional. Ubicaba también aquí a Raúl Prada, a la Comisión Visión País y a los sectores indianistas del Gobierno, que sólo tenían entre los ministros a David Choquehuanca.  Incluía a Félix Patzi, con quien Wenceslao había trabajado en la elaboración  de la Ley Avelino Siñani, cuando aquel era ministro de educación, y notaba como principal falencia de este sector la falta de cuadros técnicos. Desde este centro,  la mirada sobre el proceso  era crítica y se demandaba la necesidad de desarrollar más lo plurinacional,  presente en el proyecto  borrador solamente  como declarativo. Era la vertiente  del MAS que derivaba de las discusiones  del katarismo,  aunque  Román Loayza agregaba un sector de Cochabamba, donde hegemonizaban los cocaleros  y campesinos más nacionalistas que indianistas. En su explicación  gráfica, el centro político era campesino indígena y plurinacional.

Pero la fuerza  política de los campesinos y de Román Loayza (quien fuera ejecutivo de la csutcb años atrás), estaba por ese tiempo alejada de ese centro imaginario y de definir los términos  de la discusión   así como el  proyecto de Constitución.  El centro que el MAS estaba construyendo para buscar consenso más bien se acercaba a los dos nudillos inmediatos  (índice y anular) en la mano con que Wenceslao hacía un mapa político, correspondientes para él a los sectores que consideraba como los que en ese entonces estaban decidiendo.  Uno era el de la izquierda  socialista, que contaba con algunos ministros y que en la Asamblea identificaba con Roberto Aguilar y Armando Terrazas; y el otro, que lo identificaba con la derecha,  eran el msm del alcalde de La Paz, algunos asesores en la Asamblea y algunos de los ministros más influyentes, como Arce, Quintana y San Miguel, por entonces cuestionados por algunas organizaciones sociales.[66]

Estos eran los tres nudillos centrales de su mano, aunque en el esquema todavía agregaba los nudillos del meñique y el pulgar, reservados para podemos de un lado y “el Goni” del otro. A García Linera y Carlos Romero los ubicaba entre los campesinos y la derecha.  Wenceslao  estaba disconforme  con el curso  de la Asamblea y pensaba que ésta tenía que retomar el protagonismo y cerrar el Congreso. El mejor argumento para cerrarlo era que el Senado  había frenado ya 97 proyectos de ley, decía.

Wenceslao pensaba que cerrar el Congreso  era mejor que rodearlo, como habían  hecho los de El Alto en 2003. También criticaba que hubiera desconexión en el MAS y que no se tomaran decisiones  colectivas. Sobre la estrategia  para la Asamblea pensaba que había que desconocer  los acuerdos  con la oposición y llevar a referendo dos constituciones. La construcción de un centro creaba disidencia, y Román Loayza terminaría excluido por Evo Morales y abandonaría  el MAS presentándose como candidato alternativo en 2009 y aumentando la lista de fundadores del MAS o ex aliados alejados del Gobierno.  De todos modos, como la construcción  de un centro de donde pudiera nacer un nuevo Estado era una búsqueda a ciegas, la constelación de propuestas impulsadas por años, la posibilidad de un cambio de rumbo y de buscar  el centro en otro lugar, seguían presentes y podían ser escuchadas cuando uno conversaba con los actores políticos  que participaban de este proceso.

Por otra parte, a partir del grupo  que trabajaba el proyecto de Constitución, el MAS continuaba con el trabajo “técnico” de construir y refinar un marco constitucional desde  cierta idea de centro determinada  por alguna ecuación  que se iba determinando  entre las miles de propuestas  recibidas,  la correlación de fuerzas en el MAS y en la Asamblea, la “base social” de la oposición  y sectores que se manifestaban,  el trabajo de años de ong junto a organizaciones sociales, ideas inspiradas en procesos de otros países, la redacción  de los primeros informes y las sugerencias  del Poder Ejecutivo. Todo eso comenzaba a presentar  la silueta de un nuevo Estado y, a diferencia de meses atrás, en octubre de 2007 ya había un texto de Constitución, a pesar de que había  todavía un difícil proceso político por delante antes de que entrara en vigor y pudiera ser implementado.

“Encuentronacional de organizacionesindígenas,originariasycampesinas”juniode 2006 y “Propuesta de las Organizaciones Indígenas,  Originarias y Campesinas, hacia  la Asamblea Constituyente”presentada  e l19 de junio 2006. Fuente: Éjido y Valencia (2010).[67]

El artículo 232 de la Constitución reformada en 2004, determinaba que la Asamblea se convocaría por “Ley Especial de Convocatoria”, sancionada por dos tercios de voto congresal, y sin posibilidad de veto presidencial. Ver República de Bolivia (2006).↵

El Pacto de Unidad ya lo había propuesto en mayo de 2005, en la Comisión respectiva del Congreso. Proponía que hubieran 6 constituyentes para tierras bajas y 12 para tierras altas de un total de 188, por representación directa. Ver trabajo de Éjido y Valencia (2010: 34) y sobre el proyecto oficial que incorporaba circunscripciones indígenas ver Corte Nacional Electoral (2005).↵

Evo Morales criticaba algunas fórmulas de elección con el argumento de que las organizaciones se dividirían para tener más constituyentes. Pero defendía una propuesta de circunscripciones con triple representación con voto individual y secreto pero con pre-candidatos de las organizaciones elegidos de forma comunitaria. Aún como investigador, García Linera (et al. 2004) hace una crítica a la propuesta de cidob y conamaq, que buscaban ser el canal para que candidatos indígenas elegidos por formas propias fueran reconocidos. El futuro vicepresidente pensaba que estas desconocerían estructuras de pueblos indígenas en algunos casos más representativas, como las del sindicalismo agrario del altiplano norte (Felipe Quispe), causando el fraccionamiento de identidades indígenas mayores como la aymara, que adquirió fuerza política “no a partir de micro-identidades regionales estatalmente reconocidas y fomentadas” (:346-7).↵

El debate que estaba abierto en esa fecha era si participar o no, comentaba Raquel Gutiérrez. Su propuesta era entonces dejar al MAS con el problema del gobierno, y “guiarnos por Sun Tzu: Cuando el enemigo avanza, retrocedemos; cuando el enemigo retrocede, avanzamos. Cuando el enemigo se pasma, lo ofendemos; cuando el enemigo ofende, nos protegemos. En fin: esto es una danza. Cuando hablaba con Oscar Olivera en plena época de campaña, le decía: vete de vacaciones, a la playa, corretea, baila, lee las novelas que nunca leíste. Es el momento de la fiesta de ellos. No nos invitaron y no queremos ir. Vámonos de vacaciones a reponer fuerzas”.↵

Hubo dieciséis agrupaciones o partidos con representantes. El MAS eligió a 137 de los 255 asambleístas; podemos a 60; la tercera fuerza era el mnr (Movimiento Nacionalista Revolucionario), con 18 constituyentes a través de tres facciones departamentales (mnr,mnr–fri y mnr–a3); un (Unidad Nacional) 8; el mbl (Movimiento Bolivia Libre) 8; AS (Alianza Social) 6; cn (Concertación Nacional) 5; mop (Movimiento Originario del Pueblo) 3; apb (Autonomía para Bolivia) 3; Ayra 2; asp 2; el mir-nm 1; mcsfa 1; y aai 1. Muchos de los partidos o agrupaciones ciudadanas eran el intento de renovar viejos partidos, como adn de Hugo Banzer, partido del cual muchos de sus miembros integraron podemos, otros eran el “reciclaje” de los partidos mnr, mir, ucs y nfr que formaban parte de la coalición que gobernaba hasta la expulsión de Sánchez de Lozada en Octubre de 2003.↵

Un constituyente de la Comisión de Ciudadanía y Nacionalidad explicaba que la interculturalidad es lo que se da con Doria Medina: “él es rico, nosotros pobres y nos damos la mano, a veces él se siente grande y nosotros chicos, a veces nos igualamos”. Filiberto Escalante era constituyente del MAS por Oruro, con infancia pobre, ahora era millonario gracias a su fábrica de repuestos de automóviles en San Pablo. “Gracias a dios ahora los indígenas estamos de igual a igual con Doria Medina”, decía.↵

Puede haber sido un cambio de estrategia, que buscó imponer un reglamento de debates con aprobación por mayoría (y no dos tercios) para buscar una Constitución revolucionaria. O puede ser producto de una crisis de no saber cómo avanzar. El gobierno o los propios constituyentes pueden haber oscilado entre posiciones más o menos radicales, midiendo mientras avanzaba el proceso las posibilidades de transformación. Otra versión que escucharía explicaba los meses de no funcionamiento de la Asamblea, por la discusión empantanada acerca del reglamento, como estrategia necesaria para “preparar” a los constituyentes para los debates, en numerosos talleres y seminarios que de hecho funcionaron en ese tiempo.↵

En esta votación final del Reglamento se aprueba que los artículos en la última votación “en detalle” serían aprobados por dos tercios, y los informes de Comisión y la primera votación “en grande” por mayoría absoluta. En caso de no haber dos tercios en la votación de artículos se pasaría a referendo. El 17 de Noviembre de 2006 el MAS había aprobado de forma apresurada que los artículos se votarían por dos tercios “de los presentes”, pero que la oposición sólo podría observar la votación de tres artículos, que en caso de no ser revisados por dos tercios pasarían a referendo. Después de esta votación se inician las huelgas de hambre de la oposición. Antes, una Comisión de Concertación se había acercado al acuerdo con parte de la oposición (mnr y un) con una fórmula mixta, que proponía una votación por mayoría absoluta de los artículos, excepto en los casos más polémicos, y dos tercios para el texto final, reglamento y desafuero. El acuerdo sería rechazado por la intransigencia del mas, impulsada desde el gobierno, tratando de traidores a los que estaban negociando desde el mas, pero para después terminar aceptando una fórmula menos favorable, cuando el intento de imponer la mayoría absoluta fracasara. También en noviembre una decisión del Tribunal Constitucional logró frenar el intento de la oposición de judicializar la Asamblea, pero al mismo tiempo echaba por tierra la idea de asamblea originaria, declarándose competente. Raúl Prada, uno de los responsables de la concertación que sería descalificada, lo relataría de esta manera (2011e): “La primera comisión de la constituyente, encargada de elaborar el reglamento de la Asamblea Constituyente, llega en doce días a elaborar el reglamento y a un acuerdo, dos tercios para el texto final, dos tercios para el desafuero y dos tercios para la revisión del reglamento; todo lo demás era por mayoría absoluta. La bancada del MAS se reúne para discutir esta propuesta, cuando la mayoría de las bancadas departamentales se inclinan por la propuesta de la Comisión, se interrumpe abruptamente la reunión y se declara cuarto intermedio. Una comisión del Ejecutivo llega a Sucre con la orden de mantener la posición por mayoría absoluta, a pesar de que se les informa que se llegó a un acuerdo en la Comisión, de que si no se acordaba un arreglo la Asamblea Constituyente podía entrar a un conflicto sin precedentes, y que, además la mejor forma de aprobar por mayoría absoluta es aceptar la aprobación por dos tercios en algunos temas. Lo que viene después es conocido, no se acepta la propuesta de la Comisión y estalla el conflicto. Después de medio año se llega a un acuerdo parecido al de la Comisión de Reglamento”.↵

En enero se conforman las Comisiones. Al MAS le correspondían 11 de las 21, y eligió las de Estructura del Estado, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Autonomías,Educación, Hidrocarburos, Minería-Metalurgia, Desarrollo Rural, Tierra Territorio, Desarrollo Económico, según sus nombres abreviados. El 24 de enero se eligieron presidente y vicepresidente de las mismas. La oposición no asistió, excepto algunos disidentes interesados en participar de la dirección de alguna Comisión ofrecida por el mas.↵

o seas mentiroso, no seas flojo, no seas ladrón. Principios morales incaicos.↵

Centro de Información Especializada de Apoyo a la Deliberación de la Asamblea Constituyente (ciedac). Organizaron 28 “consultorías” con la participación de exponentes de un variado arco ideológico y político: Carlos D. Mesa Gisbert, Carlos Cordero, Omar Guzman, Juan Albarracin, Luis Alberto Orellano, Ramiro Molina, Franz Barrios Suvelza, Jose Luis Chamon, Drina Sarik, Guillermo Aponte, Ramiro Salinas, Federico Escobar, Gonzalo Ruiz Paz, Carlos Hugo Laruta, Roxana Zaconeta, Rosario Baptista, Ismael Soriano, Eduardo Pardo, Mauricio Mancilla, Soledad Noya, Silvina Ramirez, Roberto Balza, Clareth Toro, Jose Ivankovic, Marcelo Zabalaga, Cristina Methfesel, Mario Oroxol, Carla Nemtala. También aeci financió la participación de Carlos Alarcón, Paulino Verastegui, Maria Bolivia Rothe. Quien financiaba esta ong era un misterio. Un documento disponible en 2009 en la siguiente página, prueban que el origen era usaid, la agencia norteamericana de cooperación. Había sospechas pero este dato se mantenía en secreto debido a la enemistad del MAS con eeuu, que podría haber inviabilizado las actividades. La página estuvo disponible en: http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/ transition_initiatives/country/bolivia/rpt0607.html↵

En su trabajo, Regalski muestra que en el nivel local la reforma educativa iba en contra de la experiencia de educación comunitaria, limitando la autonomía de la comunidad que la propuesta del MAS en la Asamblea buscaría fortalecer. Las leyes del mnr, muestra Regalski, implementaban la descentralización pero daban herramientas a los municipios y ciudades intermedias para controlar comunidades menores como la estudiada por él. En el caso de Raqaypampa, en Cochabamba, estas reformas renuevan las continuas disputas de la comunidad con los vecinos y transportistas del pueblo cercano, con vínculos con el mnr. Del mismo modo, la Ley de Educación establecía la educación bilingüe pero fortalecía a los maestros provenientes de las ciudades, contribuyendo a asfixiar experiencias locales de educación comunitaria en quechua (2003:192-195).↵

Con el tiempo se mostraría que los 18 constituyentes del mnr estaban divididos por facciones independientes y con posicionamientos políticos diferentes. Además, puede pensarse que el hecho de que el MAS reemplazara al mnr como principal partido nacional, con similitudes en su programa respecto del mnr clásico, provocaba en los dirigentes emenerristas una posición reactiva antes que abierta para el acercamiento. Había para ellos una sensación de falsedad y resentimiento ante un partido que los eliminaba del escenario político utilizando muchas de sus recetas y miradas políticas. Había un problema en garantizar un acuerdo que significaría la victoria política para quienes los habían sacado del poder y hacían muchas cosas parecidas, aunque de otra manera.↵

Presente en el debate, un técnico de conamaq intervino explicando que de acuerdo a la tradición de autoridades comunitarias, la representación directa debía ser, además, rotativa. Para que se sirva mandando, decía, es la asamblea comunal donde se elije, planifica, sigue la gestión y rectifica a los representantes. El presidente de la Comisión de Poder Legislativo, presente en el debate, por otro lado, criticó que de cien habitantes en un pueblo, cincuenta voten dos veces: en circunscripción indígena y en la actual. Lázaro Tacoó, dirigente de cidob, dijo a su vez que hay consenso sobre eso en el Pacto de Unidad y que sin representación cultural no será un Estado Plurinacional.↵

También constituyente de la Comisión Estructura del Estado, ex prefecto de Tarija y ministro, pero que no asistía a las reuniones por problemas de salud.↵

A la reunión del MAS asistirían dos representantes de cada Comisión y cinco por cada departamento, lo que estaba causando algunas disputas internas para definir quienes irían. En Estructura del Estado se había pensado que los que fueran a la reunión no fueran los más leales, como premio, sino los que se mostraban con más dudas sobre la propuesta del mas, para de ese modo garantizar su posición de apoyo.↵

Según me decía una de las colaboradoras de Romero en 2007, la cercanía con las organizaciones de tierras bajas, hacía que a Romero le cueste integrar el partido e instrumento político como tal, a lo que tendría que irse adaptando. En el trabajo de la Comisión, sin embargo, habría más tensiones justamente con las organizaciones indígenas y el propio cejis, con una dirección diferente a la que Romero había impulsado. “Años ahorrando para la Asamblea Constituyente y justo pierde la dirección este año”, se lamentaba uno de sus colaboradores. Romero habría disputado la presidencia de la Asamblea con Silvia Lazarte, y Evo Morales lo excluyó acusándolo de “apetito personal” cuando los diarios reflejaron que sus bases de Oriente lo propusieron. También hubo tensión con la Directiva de la Asamblea cuando la Comisión presidida por Romero no participó de los Encuentros Territoriales organizados por la Asamblea, recogiendo propuestas de la sociedad de forma independiente, como respuesta, en el fondo, del intento de Lazarte de bloquear la participación de Romero. Pero también era casi unánime en el MAS el reconocimiento de la Comisión Tierra como una de las más eficientes y con buen trabajo.↵

A pesar de la coincidencia entre podemos y el mnr en este tema, sin embargo, en el desarrollo de las votaciones, la constituyente del mnr se enfrentó a Elianne Capobianco, de podemos, acusándola de haber confesado que su agrupación no iría a consensuar nada con el MAS y exigiendo que el apoyo al proyecto de podemos fuera de manera integral y no sólo en algunos artículos, de manera selectiva. Esto hizo que los temas en que el mnr se alejó del mas, como en la defensa del departamento, dieran lugar a un tercer proyecto, con la única firma del mnr en la Comisión, alternativo tanto al del MAS como al de podemos.↵

Charla en Seminario Internacional organizado por Comuna, marzo 2007. Ver sobre el tema de la reforma agraria en el MAS Fornillo (2012).↵

En una entrevista con el colectivo Amauta, de Argentina, Evo Morales (2008) fue preguntado por el tema y respondió: Hay una profunda diferencia entre la Reforma Agraria y la Revolución Agraria. La Reforma Agraria de 1952 y 1953 se ha producido bajo un levantamiento permanente indígena, con fusil al hombro, que obligó a los partidos y gobiernos de turno a realizar una Reforma Agraria. Pero esa Reforma Agraria de 1952 ha dejado minifundios, surcofundios, latifundios (sobre todo en el Oriente boliviano)… Nosotros ahora, dentro de una Revolución Agraria nos hemos planteado la redistribución de la tierra. En dos años hemos llegado a redistribuir más de 10 millones de hectáreas, a nivel titular. Mientras que los gobiernos anteriores, a lo largo de 10 años llegaron a sanear 10 millones. Nosotros lo hicimos en dos años. A ellos [gobiernos anteriores al mas] cada hectárea saneada les costó diez dólares, a nosotros nos constó un dólar por hectárea. ¡Una tremenda diferencia! La Revolución Agraria tiene cuatro componentes: la redistribución, acabar con el latifundio (improductivo, especialmente), luego la mecanización (entregamos más de mil tractores), los créditos y la apuesta por productos ecológicos. También está el tema del comercio. Frente a los tratados de Libre Comercio (tlc), hemos tratado de promover un tratado de comercio justo entre los pueblos (tcp), que nos está costando un poco implementarlo.↵

Urioste y Kay (2005), Hernaiz y Romero (2008), y Eulogio Núñez (cipca) en una entrevista, mencionan las dobles dotaciones, los latifundios entregados como favor político y otros fraudes que habían estudiado y denunciado. Se trataba del trabajo de muchos años junto a las organizaciones que ahora eran la base del mas. Puede mencionarse como antecedente de este trabajo el proyecto de Ley Fundamental aprobado por el histórico congreso de la csutcb en 1983, organizado por los kataristas, que por muchos años fue referencia para las comunidades campesinas y sus asesores técnicos de las ong. Con una relación teóricamente simétrica entre ayllu y Estado, según Albó, este proyecto marca la dirección hacia un estado plurinacional (1987:408). Véase también Romero (2005, 2006a, 2006b, 2008) donde se resume su posición sobre el curso de la política agraria.↵

Sobre esto Romero preguntaba: “¿cómo se va a indemnizar a una persona que no cumple la condición para la cual obtuvo la tierra? Resultaría siendo premiada con una indemnización. Pero además es contradictorio el concepto porque se quiere indemnizar las mejoras y daños sobrevivientes pero si el predio está abandonado, ¿de qué mejoras o inversiones futuras podemos hablar? Esto inviabilizaría cualquier mecanismo de distribución de la propiedad agraria y sería reproducir un problema estructural del Estado boliviano actual que es una estructura de tierras absolutamente desequilibrada e injusta”.↵

Humberto Tapia, de asp y siempre con su poncho rojo, presentó junto a los otros tres constituyentes disidentes una propuesta para la “revisión de títulos de propiedad agraria otorgados por el gobierno neoliberal a los nacionales y extranjeros. Recuperación de tierras de los extranjeros, y la no transferencia de tierras a titulo de compra y venta a favor de los mismos”. El proyecto también ponía limite a la posesión de tierras por parte de extranjeros, no sólo en tierras fiscales, como había impulsado el mas, aún cuando cumplieran la fes y fueran productivas.↵

En el trabajo de Devin Beaulieu (2008) se citan también otros detalles del enfrentamiento de estos constituyentes con Romero en la Comisión de Tierra. Tapia aparece considerando insuficiente y reformista al proyecto del mas, por tratarse de los intereses de clase de los profesionales de ong. Tapia y Vladimir Alarcón hablaron en una última sesión de traición al pueblo, y Romero los trató de “demagogos, discurso incendiario y show político para la prensa”, destacando que él avanzó en consulta con los líderes del Pacto de Unidad. José Bailaba, constituyente del MAS y representante indígena de las tierras bajas que había permanecido en silencio, ratificó esto cuando Romero le pasó el micrófono para que expresara su posición.↵

Al final, hubo un empate entre dos proyectos de informe que fueron los segundos más votados, con cuatro votos. Sin los votos del mnr para el proyecto de podemos en esta Comisión, se creaba un vacío legal ya que no se había establecido qué pasaría en caso de empate. El diario La Razón reproducía la preocupación de la oposición, de que pasaran a plenarias dos informes semejantes, cuando el de podemos era defendido como el que “verdaderamente representa a la otra mitad del país”.↵

El significado de la idea de territorialidad es considerado también por Isabella Radhuber en su libro sobre tierra, en varias entrevistas (2008:38). Ella cita al constituyente Raúl Prada que entiende que mientras “tierra” enfatiza una dimensión socioeconómica, “territorio” se refiere a una dimensión ecológica y antropológica de la misma. También cita a Miguel Urioste, quien entiende al territorio como construcción social entre cultura y ambiente, que más allá de la distribución en el espacio se relaciona a un sentimiento de pertenencia de la comunidad como experiencia colectiva. Para Alison Spedding la territorialidad es inexistente en el sentido material y es más bien una construcción imaginaria, una proyección de ideas sociales colectivas hacia un territorio que además puede materializarse y que se transforma en un espacio vital, con ideas que abarcan valores culturales, normas, ideas religiosas y sistemas de ordenamiento económico, político y jurídico, entre otros, en redes o sistemas sociales que están marcados por la influencia mutua entre territorio y sociedad.↵

La propuesta del Pacto de Unidad iba aún más allá del reconocimiento colectivo de tierras proponiendo la propiedad comunitaria no sólo para los territorios indígenas, espacio donde finalmente se circunscribió la discusión. En las discusiones técnicas de los campesinos, desde la propuesta de Ley Agraria de 1984, se oponía el modelo de la “colectivización” asociado al caso soviético y entendido como “la sumatoria aritmética de ciudadanos”, al modelo de la “comunitarización”, propio del ayllu andino, y que se entiende como sistema holístico, vinculado al don y la reciprocidad (sobre reciprocidad andina cf. Temple [1995 y 2003]). Otros reconocen lo comunitario como espacios comunes a las familias y reconocido por la colonia española, pero descreen de lo colectivo, como tipo de propiedad que sería exógeno (Molina [2008]).↵

Xavier Albó se refiere a este encuentro entre lo individual y colectivo cuando critica a las autoridades encargadas de llevar adelante la Reforma Agraria quienes nunca habrían llegado a entender el juego entre lo comunal y familias individuales. “Desde su lógica ajena a esta realidad andina han seguido exigiendo, incluso en los reglamentos de la Ley inra de 1996, que toda propiedad agraria sea o colectiva o individual, cuando lo esencial de la comunidad andina es la combinación jurídica de ambos rasgos” (En: Introducción a Nietos de la Reforma Agraria, Barragán y Urioste [2007:x-xi]).↵

Balza criticaba también la participación de representantes indígenas en la estructura estatal, como con la elección de alcaldes indígenas. Para él no habían salido de los moldes occidentales de organización y participación política, no había dado frutos positivos ni un trato preferencial a sus demandas. En su tesis de licenciatura (2001) Balza critica la Ley inra de 1996, como procedimiento equivocado del Estado para delimitar territorios. En su trabajo, se refiere a ella como una “ley de desarrollo agrícola capitalista, no para grupos selvícolas”. Distanciándose de las organizaciones indígenas, que por su participación en consultorías realizadas en sus territorios también lo consideraban lejano, Balza también encontraba problemática la demanda por presencia ancestral, debido a la presencia de más de un solo pueblo en los territorios.↵

Con una opinión diferente, Eulogio Núñez explicaba que la formulación de estos artículos en la Comisión (y después en el texto constitucional) no implicaba reconstitución de territorios originarios en sentido amplio, porque en la legislación boliviana los territorios no tienen demarcación continua. De este modo, el reconocimiento de la territorialidad no amenazaba propiedades privadas legalmente constituidas que cumplen la función económica social.↵

Había una discusión previa de si el Estado debía “reconocer” o “conferir” derechos. Al final se definió que sería “reconociendo, respetando y otorgando”, integrando los dos sentidos.↵

La Propuesta del Pacto de Unidad del 5 de agosto (2006), era más favorable para los pueblos indígenas y establecía: “Toda extracción de los recursos naturales renovables y no renovables al interior del territorio plurinacional, está sujeta a procesos de consulta previa y obligatoria a las organizaciones sociales del lugar […] El dominio originario de los recursos no renovables es de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. La propiedad de los recursos no renovables es compartida entre las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos y el Estado Unitario Plurinacional. […] Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos co-administran, co-gestionan los recursos no renovables con el Estado unitario plurinacional. Así mismo, tienen participación equitativa en los beneficios […]”.↵

Como la de todo mediador, la posición de Evo Morales siempre tenía algo de desequilibrio para uno de los lados. Y quizás no sea casual que haya sido un campesino con identidad indígena pero también boliviana nacional el que haya conseguido encabezar el movimiento social boliviano. A pesar de todas las casualidades que deben acompañar a un hombre para llegar a la presidencia, el modo campesino de ser presidente de todos, parece más viable que el modo de ser presidente que podemos imaginar en un líder aymara con marcada identidad étnica, como Felipe Quispe; o de un indígena de tierras bajas con sus reclamos de derecho para minorías o bien algún dirigente histórico de la izquierda proveniente de la clase media, como Peredo o Del Granado, sin la interlocución con el pueblo boliviano que ahora ingresaba con fuerza al Estado como nunca antes. Esa fuerza de lo nacional, con una mirada que no supera las formas modernas de institucionalidad y caminos para el desarrollo, era lo que ahora enfrentaban los indígenas de las tierras bajas.↵

“Encuentro nacional de organizaciones indígenas, originarias y campesinas” junio de 2006 y “Propuesta de las Organizaciones Indígenas, Originarias y Campesinas, hacia la Asamblea Constituyente” presentada el 19 de junio 2006. Fuente: Éjido y Valencia (2010).↵

La marcha rememoraba las históricas marchas que desde el 90 habían llevado a los pueblos de las tierras bajas a la política nacional. Era la sexta marcha indígena de la historia, que arranca por resolución del 6 de junio de 2007 de las organizaciones de la cidob reunidas en Comisión Nacional y que haciendo una evaluación del debate en las Comisiones de la Constituyente deciden iniciar la marcha “con la preocupación por lo que está pasando en la Asamblea Constituyente en la que se están minimizando, tergiversando o excluyendo las propuestas y demandas históricas de los Pueblos Indígenas”.↵

La plataforma de demandas de la vi Marcha indígena era más detallada: Estado Unitario Plurinacional con reconocimiento de la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios y la participación en todos los niveles de gobierno. Autonomías Indígenas sin subordinación y con igualdad de jerarquía frente a las demás entidades territoriales. Para que los recursos naturales que se encuentran en los territorios indígenas beneficien colectivamente a nuestros pueblos. Representación directa de las naciones y pueblos indígenas en el órgano legislativo. Derechos colectivos de los pueblos indígenas. Comisión Política de la vi Marcha Indígena, 16 de julio de 2007 (Valencia y Égido [2010]).↵

El 10 de Julio, mientras se desarrollaba la marcha, el constituyente de podemos Fernando Morales (Santa Cruz) golpea en el aeropuerto de Sucre a Adolfo Chávez, presidente de la cidob. El agresor justificaba la acción con el argumento de que Chávez viajaba en avión mientras sus bases marchaban a pie.↵

Con algunas modificaciones, sería el artículo 403 de la Nueva Constitución. En el Artículo 30 del capítulo sobre derechos indígenas, se garantizaría los derechos “a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan; A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios; A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio”. En octubre de 2008 se agregaría como aclaración la frase de “sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros”.↵

Criticando la propuesta de Asamblea Constituyente, que se atribuía a Mesa Gisbert-Evo Morales, y solicitando en su lugar sólo un referendo autonómico, véase (Antelo s/d y Landívar s/d) en el website de Nación Camba (http://nacioncamba.net/articulos/).↵

En su artículo sobre el mismo tema, Archondo (2005) hace un cálculo de los constituyentes que le tocarían a Oriente a partir de los resultados de las elecciones municipales de 2004, llegando a la conclusión que los afines al planteamiento cruceño no superarían el 37 por ciento, en cualquiera de las fórmulas propuestas por la Corte en enero de 2005. Es que sólo el 23% de los votantes inscritos en 2004 eran cruceños, y por eso “el origen de sus angustias es casi exclusivamente demográfico”, dice Archondo.↵

Además de Rubén Costas, en las primeras elecciones directas para ese cargo de 2005, podemos elegiría como prefectos a Leopoldo Fernández en Pando y Ernesto Suarez en Beni, que habían sido parte del partido adn de Hugo Banzer. En Tarija el prefecto electo sería Mario Cossio, que había sido presidente de la Cámara de Diputados por el mnr. Así se había conformado la Media Luna, que impulsaba el reclamo de autonomía en lo que se conocería como “agenda de enero”, por el cabildo de 2005, en contraposición a la “agenda de Octubre” incorporada por el MAS a su plataforma de gobierno, con el reclamo de nacionalización de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente.↵

Uno de los artículos de website se titula “Ser separatista no es delito”, y definen su posición a favor del libre mercado (Muñoz García [s/d]). Su líder, Sergio Antelo Gutiérrez, publica en la página de internet un capítulo de su libro “Los cruceños y su derecho de libre determinación”, donde afirma que el destino de Santa Cruz y la Nación Camba ya no descansa en los mercados Altoperuanos, que fueron la justificativa de los “integracionistas” para justificar sus incompetencias empresariales. Habla entonces de integrar la Nación Camba al alca (zona de Libre Comercio de las Américas, impulsada por el presidente estadounidense George W. Bush) o a los Estados Unidos de Sudamérica que sería liderado por Brasil y Argentina, con un mercado que calcula en 400 millones, y con costas marítimas que, afirma, “serán nuestras”. (Antelo [2003])↵

Fuente de la frase: http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia20579.asp. Sobre el “habitus Camba”, ver Waldmann (2008), para acceder a una visión histórica del reclamo cruceño y los debates por la autonomía ver Pruden (2003, 2008a, 2008b). La traducción de la frase de la participante en el concurso es: “mmm… desgraciadamente la gente que no conoce Bolivia muy bien piensa que nosotros somos todos solo pueblos indígenas de la parte occidental del país, es La Paz toda la imagen que reflejamos, es esa gente pobre y gente muy baja y personas indias… yo soy del otro lado del país, la parte oriental no es fría, es muy caliente y somos altos y gente blanca y sabemos inglés. Así que toda la confusión de que Bolivia es sólo un país andino, está equivocada …”.↵

Fuente de la frase: http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia20579.asp. Sobre el “habitus Camba”, ver Waldmann (2008), para acceder a una visión histórica del reclamo cruceño y los debates por la autonomía ver Pruden (2003, 2008a, 2008b). La traducción de la frase de la participante en el concurso es: “mmm… desgraciadamente la gente que no conoce Bolivia muy bien piensa que nosotros somos todos solo pueblos indígenas de la parte occidental del país, es La Paz toda la imagen que reflejamos, es esa gente pobre y gente muy baja y personas indias… yo soy del otro lado del país, la parte oriental no es fría, es muy caliente y somos altos y gente blanca y sabemos inglés. Así que toda la confusión de que Bolivia es sólo un país andino, está equivocada …”.↵

Díaz Polanco (1996, 1997), que participó como asesor en Nicaragua, había desarrollado la propuesta de Autonomías Regionales. Surgía en el marco de la crítica mexicana a las políticas indigenistas integracionistas y tutelares presentes en todo el continente, fuerte desde los años 80. Durante el diálogo de San Andrés el Gobierno termina aceptando la autonomía indígena pero sin definirla a partir del autogobierno, el reconocimiento de la base territorial y la jurisdicción judicial propia (era meramente un reconocimiento declarativo de derechos, ya presentes en los tratados internacionales firmados por México). La posibilidad de autonomía retrocedería aún más cuando el Gobierno pasaría a hablar de “municipios con población mayoritaria indígena” y ya no de autonomía. Esa propuesta era etnicista, fragmentalizadora y no autonomista, escribe Díaz Polanco, además de que separaba indios de no indios. Por otra parte, los indígenas de Oaxaca no estaban de acuerdo con la propuesta de autonomía regional defendida por Díaz Polanco y la anipa (Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía), planteando en su lugar la autonomía desde la comunidad. En 1997 hay intentos en el Parlamento mexicano de desarrollar la temática indígena (ley cocopa) que concluye negativamente para los pueblos con la reforma constitucional de 2001. Cuando también la Corte cierra las puertas a la autonomía los zapatistas comienzan una estrategia de buscar autonomía sin relación con el Estado también alejándose del objetivo de conformar un frente nacional y más bien proponiendo un modelo político de replicación de experiencias autónomas locales (los “caracoles”, desarrollados como forma política junto a las “Juntas de Buen Gobierno”). Hay contacto entre la experiencia mexicana y la boliviana a partir de realidades semejantes y de personas que llevan las discusiones de un lado para otro. Ver también Gabriel y López y Rivas (2005).↵

Patzi señala como dificultad de la propuesta de autonomías la difícil delimitación de un territorio específico debido a que los indígenas están dispersos y en el caso de los quechuas y aymara se trata de territorios discontinuos, incluso por el sistema de pisos ecológicos integrados (estudiados por Murra) que el sistema de autonomías no permitiría. Patzi afirma que sería más apropiado pensar autonomías regionales que involucren al resto de la población no indígena. “Pero esto no solucionaría el problema de la colonialidad y el tipo de civilización, dado que tal como está planteada, la autonomía se refiere a administración propia bajo el marco de un Estado nacional capitalista”, escribía Patzi. Además, señalaba que el anclaje territorial de la cultura impediría que los que circulan y están fuera del territorio se favorezcan. Su crítica más fuerte es que las autonomías no cuestionan la economía capitalista y la colonialidad: “dentro de las regiones autónomas se prevé la continuidad de la discriminación racial y la explotación capitalista” (2004:153). García Linera le responde de un modo interesante: considera que la propuesta de autonomía es coyuntural y dada por la correlación de fuerzas.↵

Carlos Hugo Molina, que elaborara en 1996 la Ley de Participación Popular impulsada por el mnr de Goni, opinó sobre el proyecto de informe de la Comisión, en un foro organizado con expertos. Intervino criticando que cualquier distrito que lo decida podría constituirse en entidad con las mismas cualidades gubernativas, con lo cual se crearían 39 departamentos. No escapa a ustedes que estos temas pueden generar una guerra civil, decía. Y opinaba que el convenio 169 oit “para pueblos indígenas y tribales en países independientes” está pensado para minorías y no para mayorías como son considerados los quechuas y aymaras en algunas regiones. Para evitar eso pedía que las competencias se definan y no sean genéricas.↵

Al día siguiente presentaron sus reivindicaciones en la sala de la Comisión: Estado Plurinacional, Autonomía Indígena, Territorio, Recursos Naturales, Representación Directa. Antes habían dado una conferencia de prensa y habían regalado poleras (remeras, camisetas) a los constituyentes. En tono duro dijeron que les dolía escuchar discursos como los políticos de antes. Magda Calvimontes, del mas, decía que lo plurinacional estaba arriba de la Constitución, en el primer artículo y que así era transversal en toda la Constitución, aunque no esté explícito en cada parte. Saúl Ávalos explicaba que el día anterior no había ido a la reunión porque el jefe era Zubieta, “el de barbita”, jefe de bancada, e interpelaba a los indígenas: “los enemigos no somos nosotros del mas, ni el del mnr está con nosotros”. También exponía, en junio de 2007, que se necesita que la propuesta tenga 170 votos, pero el MAS tiene 137, más 4. “Y no todos los masistas están con todo. Hay unos 10 chúcaros del mas. Estamos en 130 y necesitamos 40. Sin los dos del Ayra, 3 del mop, 2 de cn, 8 de un, 18 del mnr no hay dos tercios. Ayer saqué cuentas y cagadingo llegué a dos tercios”, decía. “Si no se logra aquí, habrá referendo. No es el MAS el enemigo. Cuando los vemos en el periódico contra el mas, duele. Cuando lucharon por la Asamblea lucharon contra ellos, contra los que ahora están contra el mas”. Saúl decía que escuchaba a todos y que pedía lograr, con la “sabiduría que puede dar Dios”, incorporar todas las demandas, para conformar a todos.↵

La ambigüedad del término libre determinación no es resuelta en el convenio de la oit y otros tratados internacionales. En una entrevista que le realicé en su paso por la ciudad de São Paulo, Rodolfo Stavenhagen, que participó de su elaboración, menciona que la inclusión en un convenio anterior surge pensando en los pueblos de África todavía coloniales, a los que la onu quería darles instrumentos para que consigan su independencia. La postulada autodeterminación otorgada por varios países firmantes del tratado a los pueblos indígenas, entra en conflicto cuando los Estados buscan dar concesiones de explotación de recursos naturales a empresas o las tierras indígenas se vuelven atractivas por algún otro motivo. Ver Charters y Stavenhagen (orgs, 2010).↵

Esto es fomentar constitucionalmente la fragmentación de Bolivia, decían, con argumentos parecidos a los empleados por la Media Luna para criticar la autonomía indígena. La tendencia en América Latina es crear regiones, decía un técnico. También la fam (Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia fam-Bolivia. http://www.fam.bo/portal/) estaba en contra de la autonomía para las provincias, porque consideraba que con ellas la autonomía municipal se vería debilitaba. Por tal motivo, a pesar de una buena relación inicial, la enviada de la fam a la Asamblea debió dejar de participar en las reuniones cerradas del MAS para la elaboración del proyecto.↵

Todo Estado surge de un pacto, pero en la Comisión Visión de País se estaba discutiendo si en ese pacto debía participar podemos, que por ese entonces se negaba a consensuar con el mas. Por eso, después de haber sido llamados a revertir la medida por parte de la dirección del MAS en el Gobierno, consultaban a las organizaciones y pedían “que nos diga el Pacto de Unidad si incluimos a podemos”. Félix Cárdenas aclaraba que ninguno de los constituyentes cambiaría el voto pero que existe la posibilidad de que el informe de podemos sea válido si se retira el informe de cn-Patria Insurgente, que había desplazado al de podemos con los votos del msm. Otra posibilidad era permitir la incorporación de Jorge Lazarte, al que la mayoría de la Comisión estaba bloqueando. Si él votara, junto a otro constituyente del MAS que debería ingresar para respetar la proporcionalidad, el informe de podemos empataría con el informe propuesto por cn-Patria Insurgente y podrían entrar los tres informes. Se evaluaban también otras soluciones formales, y algunos querían convencer a Miguel Peña, del pueblo mojeño, que se bajara de la Directiva –“donde se aburría”– para participar en la Comisión, habilitando también el voto de Jorge Lazarte, y ganando así una voz de tierras bajas para la discusión en plenarias.↵

El constituyente Limbert Oporto ex mayor de la Policía, había sido impulsor del proyecto inicial de la Comisión de Seguridad y Defensa y estaba disgustado. Me decía que el ejército había hecho un trabajo psicológico con especialistas internacionales para hacerle creer al presidente que había riesgo de inestabilidad. Criticaba a Héctor Arce, Quintana y García Linera, que intervinieron ante el conflicto y también notaba que el desenlace favorable al Ejército se explicaba por la cohesión que este logró, mientras la Policía no funcionó como institución, con sus mandos oficiales, y no intervino como él esperaba a favor del proyecto. Decía que a los policías les importa el ascenso, aunque era una institución más democrática, y citaba la información “no pública” de una oportunidad en que oficiales del Ejército habían disparado a soldados cuando no querían reprimir. Limbert notaba que antes el MAS se apoyaba en los movimientos sociales y ahora en el Ejército, en su análisis, en la Asamblea primaba la subordinación al partido, y señalaba a los constituyentes de la Comisión que cambiaron su voto inicial por orden del Ejecutivo. Decía que lo originario había quedado en la nada y veía que la subordinación al Ejecutivo era un mal ejemplo para el mundo. Limbert esperaba que se instalen nuevamente las plenarias, donde intentaría exponer el proyecto en dos horas y que entre nuevamente, con apoyo de los constituyentes.↵

Entre los temas de difícil resolución entre los propios constituyentes del mas, se incluía en “Minería” problemas con el tema de la reserva fiscal de áreas. La disputa entre mineros estatales y cooperativistas que meses antes había llegado a un enfrentamiento con muertos en Huanuni también tuvo repercusión en la Comisión. Los cooperativistas habían apoyado al MAS en su llegada al Gobierno y ahora protestaban con dinamita en Sucre. En la Comisión de Fronteras, los constituyentes plantearon como problema el tema de si se dejaría a las poblaciones de municipios limítrofes hacer comercio con países vecinos; también, si se daría rango constitucional a tratados y convenios internacionales económicos. Los temas mencionados como conflictivos en la Comisión de “Otros Órganos del Estado” eran el del Control Social, que si bien “el presidente ya había definido que no entraría como cuarto poder”, “podría entrar de algún otro modo transversalizado”. Otros temas sin consenso en esta Comisión eran el del carácter autárquico o autónomo del Banco Central y temas que habían alarmado a la Policía, como el destino del registro único de personas, la independización de la Unidad de Lucha Contra el Crimen respecto a la felcc, y la relación de la Policía con el Ministerio Público. En Desarrollo Social Integral, sus miembros decían que no había mucha divergencia ideológica, pero que faltaba definir el tema de la jubilación universal y obligatoria; y la incorporación de los funcionarios públicos a la Ley General del Trabajo. La Comisión de Recursos Hídricos y Energía tenía problemas con la introducción de la palabra “concesiones”, que podría significar la apropiación de esos recursos; y la explotación y reserva fiscal de áreas, donde había problemas con la palabra “vinculante”. En la Comisión de Desarrollo Amazónico, los temas que faltaban definir eran los de exploración o pausa ecológica, concesiones forestales (también discutido en Tierra y Territorio), y el capítulo de régimen amazónico que debería definir entre otras cosas la amplitud de lo que se definiría como área amazónica. Desarrollo Rural tenía sólo un artículo en disenso: transgénicos. Y la Comisión de Poder Legislativo discutía varios temas, como la cantidad de miembros del parlamento, su forma y la representación directa. En esta Comisión, sólo hubo consenso con la oposición para la inclusión de la suplencia sin remuneración.↵

Los temas que Carlos Romero mencionaba como posibles temas detectados para discutir en una eventual mesa de concertación eran prácticamente los mismos: capitalidad; reelección (ilimitada o por una vez); el modelo de Estado (Plurinacional Comunitario o Social de Derecho); las autonomías (con o sin cualidad legislativa); sistema parlamentario (unicameral o bicameral); elección de magistrados (por voto de la población o en el Congreso); redistribución de tierras y modelo económico.↵

Desde la Directiva se decía que luego de ampliada la Asamblea habría tarjeta de asistencia. En los últimos meses había habido un tironeo entre constituyentes de partidos indistintos contra el descuento que la Directiva quería implementar por faltas. Al final, un constituyente entró en las oficinas administrativas de la Asamblea y salió corriendo con la lista de firmas que los constituyentes debían hacer para cobrar el salario. De esa forma se imposibilitaba que se contabilicen los descuentos. Había una crítica generalizada contra el cumplimiento de los constituyentes: meses discutiendo el reglamento y después sólo trabajando martes, miércoles y jueves, porque los viernes viajaban a las regiones y volvían a Sucre sólo los lunes por la tarde. El salario de 10 mil bolivianos (menos de 1500 dólares) también era considerado excesivo. La única sesión de los últimos meses había sido para aprobar una cláusula por unanimidad a favor del futbol en la altura.↵

Por el MAS hubo algunos discursos buscando ese centro del acuerdo y la concertación estatal. Carlos Romero hablaba de recurrir nostálgicamente al parlamento como cuando se tomaban decisiones sin tomar en cuenta a los bolivianos. Expresó también que de ahí en adelante no se podría hacer nada sin los indígenas y que el Estado pluralista multicultural era el mejor nivel para implementar las autonomías. No digan a la mayoría que sea democrática, si dejan de lado lo plurinacional. Eso no es querer concertar. Democracia pluralista, Estado Multicultural, Estado con Autonomías. Es de ahí que se debe partir para el acuerdo. Walter Gutiérrez, de la Comisión de Educación, decía que habían dado muchas señales de diálogo y que esa era la última oportunidad que daba el MAS para consensuar. No hay que tener miedo al Estado Plurinacional porque nosotros no tenemos miedo a las autonomías. Fue un reclamo indígena que aceptamos por que el pueblo lo tomó. Que ahora sea un pacto real. Lo manifestamos de forma oral y escrita, decía Walter.↵

En los nuevos “candados” se establecían dos caminos para la aprobación del texto. En el primero todos los artículos deberían ser aprobados en detalle por el voto de los dos tercios de los miembros presentes, y el texto final por el voto de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea. En el segundo camino, en caso de no lograrse los dos tercios de votos en uno o más artículos, en la etapa de detalle, el Congreso los enviaría a referendo vinculante. En este caso, luego de la consulta, el texto final se aprobaría por dos tercios de los constituyentes presentes, para entonces someterlo a referendo de aprobación. Ver República de Bolivia (2007).↵

Los constituyentes del MAS que participaban en la Comisión eran Carlos Romero, por Santa Cruz, con un perfil técnico por su trayectoria en la ong cejis; Rebeca Delgado, ex jueza cochabambina que había entrado en política partidaria por primera vez como candidata a constituyente; Saúl Ávalos, empresario de Vallegrande y ex dirigente político universitario, cercano a Silvia Lazarte; Rosario Ricaldi, de Tarija, abogada que trabajó con organizaciones sociales en comunicación popular desde una ong. Víctor Borda, de Potosí, con claro perfil de abogado. César Cocarico, también abogado, que sería electo gobernador de La Paz en abril de 2010; el intelectual Raúl Prada; Walter Gutiérrez, dirigente del magisterio con más perfil político que técnico; y Marcela Revollo, del msm, esposa del alcalde de La Paz y líder de ese partido, además de socióloga y futura diputada. Algunos tenían cercanía política con la presidenta de la Asamblea y su vicepresidente; pero otros no, y se habían sumado al grupo por sugerencia del Gobierno, con aprobación de la bancada.↵

Al igual que Rubén Martínez Dalmau y eventualmente otros dos participantes, en distintos momentos, estaba en Bolivia como representante del ceps de Valencia (http://www.ceps. es/), ong de abogados que había participado en la elaboración de la Constitución venezolana de 1999, participaría en la de Ecuador (2008) y también en asesoría política en otros países del alba. Por el origen español a veces eran hostilizados, especialmente por la oposición y la prensa, con la idea de que “extranjeros escribían la Constitución” aunque también hubo críticas de constituyentes del mas. Su papel era de apoyo técnico en distintos temas cuando los constituyentes lo solicitaran, y trabajaban también junto a asesores de las organizaciones del Pacto de Unidad, aunque los del bloque indígena después de la entrega de informes se habían distanciado. Trabajaban coordinados por Teresa Morales y a cargo del viceministro de Coordinación Gubernamental Héctor Arce, que había sido abogado de Evo. Para elaborar su proyecto autonómico, la oposición de Santa Cruz también trabajaba con constitucionalistas españoles.↵

Albert también veía que la parte de deberes y derechos tenía una forma liberal; y comentaba que el Poder Social había sido recortado en sus atribuciones, por los problemas que traería para el Gobierno más adelante. Un comentario del reporte era que la política regional había desplazado muchos temas sociales, y que los departamentos autonómicos tendrían “mini-asambleas legislativas”. Entre sus comentarios, Albert manifestaba su preocupación por algunos temas, como la distribución de curules por departamento en el Congreso, con posibles dificultades desde el punto de vista político dada la correlación de fuerzas en Bolivia.↵

También tenían una lista de reclamos, como la necesidad de incluir cambios, como sobre “la reversión de prueba en la presunción de paternidad, para que no sea la madre la que tuviera que demostrar”, y prohibir el trabajo infantil antes de los 16 años, “aunque digan que en el campo es normal que trabajen”. El grupo rebelde tenía reparos también con la propuesta de plurinacionalidad, y Magda decía que era una Constitución folklórica y que la inclusión de palabras en quechua, como Pachamama, era decir sin que cambie nada. Ada decía que lo plurinacional “no pasaba del reconocimiento que hay ahora” y estaba en contra de la oficialización de 36 lenguas porque pensaba que el español sirve para que los indígenas puedan estudiar y no queden marginalizados en reducciones, “ha sido la lengua de los colonizadores pero se ha vuelto la lengua de todos”. Rosalía, también de este grupo, recordaba que su madre no quería enseñarle aymara. Ada se quejaba de la presencia en la Comisión de Marcela Revollo, del msm, partido con el que había roto relaciones y que veía con desconfianza. Y la criticaba diciendo que en su cumpleaños había mucha ong y ningún indio.↵

Un grupo –con matices internos– era más cercano a Silvia Lazarte (Saúl, Pablo, Armando, Charo y Roberto) y otro a Carlos Romero (Rebeca, Víctor, Chato, Marcela), el segundo “más progresista” y con vínculo con García Linera antes que directamente con Evo. Después de la Asamblea, los miembros de estos dos grupos entrarían, sin excepciones, como autoridades de Gobierno.↵

Loyola Guzmán contó que, como miembro de la asofam (Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) en los últimos años, se había reunido con madres de hijos que murieron haciendo el servicio militar, con cadáveres sin autopsia. Los pobres lo hacen para tener casa y comida un año. Para Loyola, la objeción de conciencia no es solución y debería establecerse como servicio voluntario con opción a hacer un servicio social. Evo dice que le sirvió el servicio militar pero eso es personal de él, decía. Raúl Prada notó que había que compatibilizar porque en una parte de la Constitución se hablaba de objeción de conciencia y en otra no, debía cambiarse en uno de los lugares “no se está observando la defensa de la patria”, aclaró, pero para hacer un texto homogéneo debía modificarse la parte sobre defensa que por acuerdo quedaría igual.[/footnote

En una reunión de los primeros días de Octubre en Cochabamba, realizada para analizar el proyecto  en la bancada  del mas, con la Asamblea ya ampliada pero paralizada por temas que veremos en el siguiente  capítulo,  estalló una rebelión dentro del mas. Sectores de clase media descontentos que se aliaron con los que defendían el proyecto de los militares y con la parte de la Comisión que cuestionaba el papel  central de Romero, hicieron  levantarse a otros que estaban descontentos porque el informe había pasado de 700 artículos, salidos de comisiones, a 300. Magda Calvimontes arengaba con el argumento  de que “estos iluminados cambiaron nuestros informes  que tanto nos costó hacer”.  Romero renunció a la Comisión, como habían buscado algunos “rebeldes”; pero por intervención directa de García Linera,  el tema se resolvió con su permanencia y la ampliación  de la Comisión. Evo Morales sólo estuvo al inicio  de la reunión en Cochabamba, pidió que se incluyera  la prohibición de bases  militares extranjeras y se retiró después de un discurso sin opinar sobre los temas del proyecto.[footnote]Se sumaron a la Comisión René Navarro, Freslinda Flores (que tenía familia de militares y había entregado por ventanilla el proyecto de las ffaa que intensificó el conflicto con los constituyentes de la Policía), Magda Calvimontes, Ada Jiménez, Pablo Zubieta, Marco Carrillo, Víctor Hugo Vázquez, Eduardo García, Miriam Cadima. Esteban Urquizu fue elegido para asistir pero no se integraría debido al conflicto de capitalía. El grupo trabajaría paralelamente con reuniones separadas, en parte porque algunos del grupo inicial pasarían a ocupar otro espacio de negociaciones en La Paz (el Concejo Político). Cocarico coordinaría la reunión del nuevo equipo técnico, que se ocupó de revisar el proyecto inicial.↵

En discusión con los que se oponían a la autonomía de la región del chaco, Calvimontes escribía: “gracias a las autonomías regionales, se ha constitucionalizado por las y los constituyentes del MAS-IPSP el 11% a favor del departamento productor y no de la región productora […] dejen que las chaqueñas y chaqueños, caminen solos por eso es autonomía, que abarca mucho más que legislar, ‘democratiza el poder y democratiza los recursos, esa es la esencia de la autodeterminación del Pueblo Chaqueño’”.↵

Y escribía sin decir su nombre (criterio que aquí mantengo): “Me lo imagino sentado frente a su mesa cerca de las oficinas presidenciales, quizás incluso observando la plaza Murillo desde uno de esos despachos del Palacio Quemado que resiste al tiempo, con muebles que hace décadas dejaron de relucir, y donde se llega subiendo escaleras y cruzando recovecos que nunca fueron pensados para un edificio de esas características”. Esta es una descripción exacta del despacho de uno de los asesores de Evo Morales. El argumento de Dalmau (2008) era que la incorporación de los dos tercios en la Ley de Convocatoria a la Asamblea era una previsión adecuada para el parlamento, donde es necesario un consenso mayor para que no se impongan minorías, pero no en el marco de una Asamblea, donde habría un referendo aprobatorio de la Constitución. En su opinión, una minoría de un tercio tendría en sus manos la decisión, decidiendo por sobre la mayoría.↵

Algunos constituyentes urbanos podían ser considerados la derecha del mas, por sus posiciones críticas a las propuestas de las organizaciones y más rupturistas con la tradición liberal. En varias discusiones, esta posición “de derecha” aparecía en la forma de un discurso formalista por la legalidad, parecido al de la oposición. El msm era un partido progresista urbano, con su base en la ciudad de La Paz e intención de ampliar su presencia en el resto del país. Pero no puede ser englobado en la derecha si vemos, por ejemplo, su papel en Visión País y Autonomía, donde se aliaron con el sector indígena plurinacional, a pesar de que el partido tuviera también manifestaciones en sentido contrario. En 2010, el msm rompería la alianza con el mas, pero no se acercaría a los indígenas ni tampoco a la oposición de derecha al mas. Más bien intenta encontrar para algunos un lugar fuera del MAS pero “dentro del proceso de cambio”, aunque a partir de la ruptura la distancia política no dejaría de aumentar y sus dirigentes se convertirían en principal voz opositora en el congreso y a nivel nacional.↵

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Capítulo 3: 

La cuestión capitalía

La  pugna  entre los  dos pueblos hermanos, infortunado corolario de la contraposición   de sus grupos minoritarios, llegó así, al terreno  de la beligerancia permanente,  y en tan favorable atmósfera de resentimiento  recíproco,   el intento, entonces  fallido, pudo, con el tiempo, reaparecer con mayor fuerza hasta convertirse en tentativa afortunada,  no sin antes dejar en los campos de batalla centenares  de cadáveres junto a la estéril efusión  de sangre generosa.

Ramiro Condarco Morales (1983:70)

1. La demanda de Sucre

Mientras  el MAS elaboraba su proyecto de Constitución, una vez cerrado el trabajo de las comisiones,  el conflicto abierto  por Sucre para ser reconocida en la Constitución como Capital y sede de los tres poderes, conflicto conocido  como de “capitalía” o de “capitalidad”, empieza a envolver y amenazar  todo el proceso constituyente. La clase, la etnia e incluso  la autonomía y el Estado Plurinacional quedaron invisibilizados por la demanda de Sucre, que se transformó en un conflicto político  de escala nacional. Veremos que la memoria de la Guerra Federal vinculada a este conflicto, reintroduciría  las imágenes del colonialismo  y, así, la cuestión de la discriminación  y la exclusión  étnica;  también se oiría hablar de autonomía y de clase, pero ahora como temas derivados y complementarios al de capitalía, que se constituía en contradicción o tema principal.

La ciudad de Sucre tenía status formal  de capital del país, pero desde hacía más de 100 años era sede solamente del poder judicial. “Era agosto de 2007 y el viento levantaba el gas lacrimógeno tirado el día anterior por la policía para disipar a los estudiantes”, anoté en mi cuaderno de campo. Las marchas de estudiantes a favor de la capitalía se habían  vuelto rutina en Sucre desde que el conflicto que estalló al final de la fase de comisiones ocupó el centro político de la Asamblea Constituyente. Por primera vez un gobierno indígena y de izquierda era defendido por policías y militares contra estudiantes. “Antes queríamos un mundo sin militares y ahora los necesitamos” me decía Sacha Llorenti, cercano colaborador de Evo Morales.[1]

El tema había despertado a la población de Sucre, que se movilizaba a diario por el centro de la ciudad  y que opinaba que con la capitalía habría  empleo y desarrollo para  el departamento.  Entre los constituyentes había  frustración por no haber  podido  reiniciar el trabajo constituyente luego de la ampliación  del plazo hasta diciembre. Había renunciado  el asambleísta  Jorge Arias, dueño del canal de tv Univisión, elegido por el MAS de Santa Cruz. Jorge Lazarte pidió licencia y viajó a París para actividades académicas en la Sorbona. Algunos pensaban que el Gobierno  ya no quería  la Asamblea, y que no haría nada para salvarla. Era comentario  frecuente señalar que había faltado una “pre-constituyente” y que se cometieron muchos errores en la convocatoria.  También muchos pensaban y expresaban que se cerraría  la Asamblea sin resultados y que en pocos años habría otra. Ada Jiménez, constituyente del mas, decía que el último año había pasado rápido pero que fue sentido en el cuerpo y la salud  por muchos constituyentes como si hubieran pasado cinco. Varios hablaban de estrés o de enfermedades atribuidas a la tensión política que habían estado soportando.

En la fase de comisiones,  el tema había entrado con facilidad en los informes de minorías de las comisiones de Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo que se vinculaban  directamente  con los poderes de Estado. En la Comisión de Otros Órganos  del Estado el tema había entrado en el informe  de mayoría, con la participación  de Orlando Cevallos, elegido por el mbl, hasta entonces aliado del mas. Y el tema también  había sido introducido en Hidrocarburos y en Autonomía, en esta última con el voto de Mario Oña, que abandonó  la alianza con el MAS de las primeras semanas de trabajo de la comisión  para acercarse a la Media Luna. En estas dos comisiones  la introducción del reclamo sucrense fue más debatida, por no tener un tema directamente relacionado con el reclamo.

Las discusiones  fueron fuertes en todas las comisiones. Para intentar neutralizar el tema,  por ejemplo, en la Comisión de Poder  Judicial el MAS había intentado proponer que la capital fuera en Potosí o en El Alto, en esta última en homenaje a la lucha de ese pueblo en la Guerra del Gas de 2003.

A la posición de intransigencia de los constituyentes chuquisaqueños se oponía la del MAS y la de los cincuenta  constituyentes, de las distintas fuerzas políticas de La Paz, que rechazaban el reclamo y amenazaban replegarse a su departamento. La Paz no estaba de acuerdo en someter  el tema a un referendo que, incluso si se ganara con los votos leales al MAS en Occidente,  “dividiría el país”. Por haber sido incluido en los informes de las comisiones, según el reglamento de debates, el tema debería ser tratado obligatoriamente en las plenarias  y así, por el mecanismo establecido, en caso de no obtener los dos tercios sería sometido automáticamente a referendo de la población.  Además de los constituyentes  del departamento, había votos favorables a la capitalía desde la Media  Luna.  La Junta Autonómica formada por los comités cívicos y gobiernos de los cuatro departamentos  donde había triunfado  el Sí en el referendo  por la autonomía  de 2006, había emitido resoluciones a favor del reclamo.  El conflicto, sin embargo, también fracturaba a podemos, ya que sus constituyentes paceños no apoyaban la medida.

El tema se había introducido lentamente en el proceso constituyente. En noviembre de 2006, en un encuentro de la Federación  de Asociaciones Municipales de Bolivia (fam-Bolivia), el presidente del Concejo  Municipal  de Sucre, Fidel Herrera, que había sido electo por el mbl y se declaraba progresista pero también  había sido candidato a segundo senador por Chuquisaca en 2005 con la agrupación podemos, había  presentado la moción de que en la Nueva  Constitución se incluyera  el carácter de “capital constitucional” de la ciudad  de Sucre, no presente en la Constitución  de 1967, aunque aún no hablaba  del traslado de los poderes  y la “capitalía plena”.  En ese momento recibió  el apoyo de todas las ciudades capitales menos de La Paz. No era aún un conflicto regional instalado, sino más bien algunos movimientos  de dirigentes. Prueba de eso es que los empleados de la alcaldía,  que más adelante encabezarían  las movilizaciones  por el tema, iniciaron una movilización  política luego de inaugurarse  la Asamblea en agosto de 2006, en que se hacían una serie de reclamos  opositores  al Gobierno del MAS pero aún sin mencionar el tema capitalía, todo esto lo reportaba  el diario sucrense Correo del Sur. [2]En 2006, había dirigentes hablando del reclamo pero sin apoyo popular; también sectores políticos movilizados en contra del mas, pero aún sin la bandera  de la capitalía.

En cuanto a los argumentos  políticos de la oposición,  el mensaje principal era el del “respeto  a la legalidad”   y “la defensa  de la democracia”.  El Comité Interinstitucional pedía que el tema capitalía  fuera  tratado en la  Asamblea y eventualmente sometido a referendo, como el reglamento  estipulaba,  y afirmaba que no se opondría si su propuesta era rechazada por dos tercios. También exigía que la sede de la Asamblea no fuera trasladada; en última instancia, el reclamo básico también tenía que ver con la “legalidad”:  quería  que se respetara el carácter de Sucre como capital y que se trasladaran todos los poderes de gobierno, como toda verdadera capital. Conversando  con la población  de Sucre, uno podía notar la fuerza  de la alianza política que se conformaba con la Media Luna, en una región donde se había votado masivamente por el MAS y por Evo Morales en 2005 y 2006. La gente hacía comentarios a favor de los cruceños que antes no se habrían escuchado de forma tan corriente, era común la mención a la hospitalidad cruceña  o la idea de que económicamente sería conveniente para Sucre mirar hacia Oriente.

El MAS veía con preocupación esa alianza de Sucre con los que el año anterior casi logran inviabilizar  la Asamblea con la demanda de “dos tercios” como modo de aprobación de los artículos. Por eso Paulo Rojas, del msm, había propuesto a sus compañeros  que la posición  debía ser La Paz capital del Estado Plurinacional; Sucre capital de la Nación Camba, y de eso hablaban explícitamente los líderes cívicos de Sucre y Santa Cruz, proponiendo  también convocar otra Asamblea. Algo de eso había en los nuevos horizontes políticos de los sucrenses; una profesora en la facultad de Derecho me decía: “no queremos ser del mismo país que ellos”, en relación a los paceños,  que ahora aparecían como centralistas a pesar de que en julio del año anterior Chuquisaca  había votado por el No en el referendo  por la autonomía.

La Paz reaccionó con fuerza a los movimientos  de Sucre y el 20 de julio realizó un “cabildo” en El Alto, que llamó “de los dos millones”,  para rivalizar con el “cabildo del millón” que realizaron Santa Cruz y otros departamentos  el 15 de diciembre de 2006, por el tema de los “dos tercios”. El número  era exagerado, porque la población de La Paz y el Alto suman 1.704.293 habitantes, según Instituto Nacional de Estadística, pero sin duda el cabildo tuvo la concentración más numerosa en la historia del país. La consigna era “La Sede no se Mueve” y se votaron algunas resoluciones, leídas por Macario Tola, presidente de la brigada de constituyentes de La Paz en la Asamblea, donde se instruía a los constituyentes de La Paz a impedir el tratamiento del tema  de la sede  de gobierno en la Asamblea y se otorgaba un plazo hasta el 6 de agosto para que se eliminara el tema de manera definitiva, caso contrario se iniciaría un paro departamental indefinido con movilización  general nacional y vigilia permanente  de la Asamblea.[3]

Ya no sólo la Asamblea sino también el país se paralizaba por este tema. Según los diarios, los “ponchos  rojos” de Omasuyos, junto a pesqueros  del lago Titicaca, colonizadores del norte paceño,  cooperativistas mineros  y vecinos  del Alto ocuparon cerca de tres kilómetros  de una de las principales  avenidas de El Alto. Las autoridades nacionales y Juan del Granado,  alcalde de La Paz por el msm, no estuvieron presentes, y saldrían a la luz reclamos  del msm al mas, exigiendo una posición más firme en contra de la capitalía  y también  criticando la intervención externa del Legislativo  para ampliar la Asamblea. El Gobierno buscaba tener oficialmente una posición neutral de “no tomar partido por ningún departamento” y hablaba de “independencia de los constituyentes” en las declaraciones  que venían dando sobre el tema, aunque hubo algunas palabras de Evo Morales que saludaban el cabildo de El Alto y destacaban el rechazo a la demanda de traslado de poderes “por el mensaje de unidad nacional”.

Cinco días después, también Sucre se movilizaba  de manera  contundente, lo que mostraba que no sería fácil dejar descontenta a cualquiera de las dos ciudades en la resolución  del conflicto. Eran  las mayores movilizaciones  políticas de la historia  en las dos ciudades.  En Sucre se hablaba de 200 y 500 mil personas, número también controversial dado el total poblacional.  El acto fue cerca del Estadio Patria y el único orador fue Jaime Barrón,  rector de la Universidad  y presidente  del Comité Interinstitucional por la Capitalidad Plena, quien también había  sido el único  orador en la movilización de marzo. En su discurso expresó el reclamo de “constitucionalización de Sucre como Capital Plena” en contra de “el centralismo del Estado y el desequilibrio  entre las regiones  del país”. De modo similar  al discurso paceño contra la capitalía plena de Sucre, en su mensaje había una crítica a “elites reaccionarias”  que eran, para ellos, las que defendían  el centralismo que “asfixiaba  la República”. En el discurso de Barrón, elaborado por el Comité Interinstitucional, también se levantó la bandera de la “unidad nacional” y se hizo “un enfático pedido  por la democracia”.[4]

Días después, el 15 de agosto,  con la ampliación de la Asamblea hasta diciem-bre ya decidida, en reunión plenaria convocada para aprobar el presupuesto y otras cuestiones organizativas, los constituyentes de La Paz propusieron un proyecto de resolución de la Asamblea que sería un marco en la dinámica  del proceso. La resolución prohibía  el tratamiento del tema  de capitalidad, y fue votado por ma-yoría  absoluta  de la plenaria, lo que  causó  revuelo de los constituyentes contrarios a la medida y después de la población  de Sucre. Los manifestantes reunidos no dejaban  salir del Teatro Gran  Mariscal de Ayacucho a constituyentes del mas que permanecían en el Teatro. Marco  Carrillo, constituyente y vocero del mas, saludaba desde una ventana mientras desde abajo amenazaban lincharlo. Los cons-tituyentes salieron después de muchas horas. Del otro lado, las instituciones de Sucre y sus pobladores se movilizaban,  declaraban paro cívico, huelga de hambre, luto e incendiaban neumáticos y wiphalas. Cientos se movilizaron al Teatro.  Los comités cívicos de la Media  Luna  se solidarizaron con cartas a los líderes cívicos de Sucre,  mientras los constituyentes y parlamentarios de esa región analizaban replegarse.

En una sesión de seis horas, la resolución leída por Macario Tola decía: “(d)isponer que ante la inexistencia  de comisión específica,  preservando  la unidad nacional,  la paz social, se excluyan de los informes  de minoría y mayoría y del tratamiento de la plenaria  de la Asamblea Constituyente  el tema  de la capitalidad plena”. La moción impediría el pedido de los cívicos  de Sucre de que el tema sea sometido a referendo de la población,  en caso de no aprobarse en plenarias por dos tercios. El proyecto de resolución aprobado  fue introducido a través del tema “varios” incluido por el MAS en la Orden  del Día [5] y que desde temprano había puesto a los cívicos en alerta. De un total de 234 asambleístas inicialmente presentes (sobre 255), la resolución  fue aprobada con 134 votos a favor, 73 en contra, 6 abstenciones y 21 constituyentes que se retiraron de la votación.  Por reglamento, para modificar  la resolución  de plenaria se necesitaban dos tercios, aunque algunos buscaron  impugnar la votación   por cuestiones de forma. La votación fue precipitada tras un pedido de la bancada  de La Paz que fue aceptado por la presidenta  Silvia Lazarte que, fiel a su estilo, llamó a votar mientras  se trataban otros temas,  en medio de gritos de “dictadora” y golpes en los curules por parte de los opositores.

Después de la resolución,  ocho  constituyentes chuquisaqueños de distintos partidos, incluyendo  algunos del mas, iniciaron una huelga de hambre y llamaron a tomar los edificios donde funcionaba la Asamblea.[6] El Comité Interinstitucional por  la Capitalidad Plena hablaba de “procedimientos antidemocráticos” y declaró luto llamando  a usar cintas negras “por la muerte  de la democracia”.  El prefecto David  Sánchez,  electo por el mas, se manifestó  contra la resolución  y dispuso una sala del Palacio  Prefectural para que también se instalasen ayunantes. Poco después, presentaría la renuncia,  pero esta no sería aceptada por Evo Morales que le pediría  continuar, para evitar tener que llamar a elecciones departamentales en ese contexto. Habría  piquetes  de huelguistas también  en Santa Cruz, organizados por residentes chuquisaqueños.  Conocí a algunos estudiantes que se habían sumado a la huelga  por sólo un día, y que decían que daban sopa con pedazos de pollo. Ada Jiménez, constituyente paceña  del mas, ponía en duda la calidad de la huelga, y decía que veía muy bien a los huelguistas, bien alimentados. Empleados de la alcaldía le sacaron  fotos y ella decía  “que me hagan  lo que quieran”. Los empleados de la alcaldía, junto con los universitarios, eran el grupo  de base de las protestas, movilizaciones y otras acciones  vinculadas a la capitalía.

Los universitarios eran además una de las principales  columnas  de movilización. Se decía que los profesores obligaban  a marchar a cambio de puntos en sus calificaciones. Obligados o no, lo cierto es que cuando había movilización se suspendían  las clases en todas las facultades. El MAS decía, en declaraciones  del ministro de Gobierno, que era un grupo de jóvenes alcoholizados o drogados y violentos. Otra importante columna  era la de los empleados públicos, que incluía además de los de la alcaldía, a los de las empresas públicas y de la universidad, que eran dispensados del trabajo. Militantes del MAS que trabajaban como asistentes en la Comisión de Desarrollo Integral Amazónico, con los que conversé, decían que la resolución del conflicto sería inminente  y habría enfrentamientos entre marchas en favor y en contra de la Asamblea. Pero pensaban que la Asamblea tenía que seguir aunque hubiera derramamiento de sangre. Razonaban que si el tema llega a referendo, los enfrentamientos  serían aún más violentos, pero que no se podía parar el proceso  constituyente. Un constituyente consideraba  que suspender por un mes la Asamblea no era legal pero sí correcto políticamente. Y analizaba que eso “causaba paro en Sucre, pero sólo en Sucre, que no existe”. Un constituyente chuquisaqueño señalaba que el Gobierno  estaba parcializado y no quería diálogo, a sabiendas de que La Paz tenía 1.300.000 votos y Chuquisaca sólo 240.000. El factor demográfico era la debilidad  de Chuquisaca, pero la alianza con la Media  Luna  podría  modificarlo.

Con el paso de los días, quedaba  claro que la medida impulsada por La Paz, que buscaba  volver a poner  la Asamblea en movimiento, en realidad  la paralizó. Los chuquisaqueños exigían que para volver a sesionar se respetaran los temas que ingresaron en las comisiones. Sucre no permitiría la continuidad de la Asamblea si el tema  del traslado de los poderes  no se trataba y consideraba ilegal la forma  en que el tema había sido excluido. En ese sentido, también hubo un fallo judicial, que la Directiva  de la Asamblea se negó a considerar. Excepto por sus miembros paceños, podemos acompañó la posición del Comité Interinstitucional de Sucre. Guillermo Richter manifestó que el mnr también se oponía a la resolución. Una asamblea de los cocaleros en el Trópico de Cochabamba declaró “ente distractivo” al tema  de la capitalidad  y se declaró en alerta, lista para marchar a Sucre en caso de que fuera necesario.[7]

El Comité Interinstitucional había organizado una vigilia para impedir el funcionamiento  del foro hasta que el tratamiento  del tema sea reintroducido. También se convocaban frecuentes movilizaciones o paros cívicos y se vendían o distribuían camisetas alusivas a la capitalía  en varios modelos. Así se llegó hasta septiembre con movilizaciones constantes que al final ya no encontraban en la ciudad neumáticos disponibles para ser quemados.  En los paros se cortaban las calles con piedras  o vehículos para que no haya circulación, y las piedras  se dejaban preparadas en las esquinas  para volver a cortar días después en el siguiente paro. En actos en la plaza se llamaba a desconocer  la Asamblea. El grito común era capitalía y los manifestantes  de Sucre empezaron también por esta época a gritar “autonomía”.  El día en que se excluyó el tema de la Asamblea,  incluso se escuchó en las movilizaciones  el grito de “independencia” y, como puede verse en los periódicos   del día, se escuchó también cantar “independencia,   con la Media Luna”.

La Directiva suspendió las reuniones plenarias mientras en espacios de nego-ciación se buscaba reactivarlas. No se visualizaba una solución para reiniciar  las plenarias, que por otra parte seguían teniendo resultado incierto porque tampoco había avances en la búsqueda de los dos tercios. En una conversación rápida, Fidel Herrera me dijo que no era que ellos se hubieran ido con la Media Luna sino que la Media  Luna había  apoyado  lo que ellos pedían; también dijo que no quería el fracaso de la Asamblea y que estaba de acuerdo con el Estado Plurinacional, pero no con la reelección  y el Congreso  unicameral. Hablaba  de un proyecto regio-nalista “con  todos” que al principio estaría en el centro y más adelante se abriría a la disputa ideológica.  También decía que, según  los datos que ellos manejaban, en un eventual referendo nacional por la capitalía Sucre  ganaría.  Mirtha Jiménez denunciaba que los líderes sólo querían “sumar  réditos políticos a sus desgastadas y neoliberales figuras corruptas” y para eso “engañaban y mentían a la población dándoles falsas esperanzas de una demanda que no era posible realizar”.[8]

En una exposición  ante sus compañeros de la bancada  de constituyentes del mas, Carlos Romero explicaba que el tema no era solamente la capitalía sino que se apuntaba también a la división  del país. Sacar la sede de La Paz era aislar a los movimientos  sociales de la región  andina y estaba asociado a un proyecto fede-ralista, casi confederalista que era el proyecto  de autonomías, decía. Estuvimos contra las autonomías y fue un error del MAS porque es un proceso democrático en todo el mundo. Ahora nosotros defendemos autonomías y ellos piden algo que es mucho más: piden potestad legislativa sobre competencias  nacionales. Piden eso sobre recursos naturales no renovables, que es la base de la estructura  de poder. Los tarijeños no pueden decirle  al país que quieren el gas porque  todos se les irían encima. Pero dicen que las regalías e impuestos  sobre el gas se resolverían en el departamento. Quieren controlar los recursos.  Aislarían a Occidente. Y llegado el momento le darían  una patada  al Perú o que se arrodillen. Por eso capitalía rima mucho con “autonomía”, era su lectura.

Carlos Romero denunciaba también la intervención  en el conflicto de la logia Liga Sucre, apoyada por la masonería y las dos fuertes logias de Santa Cruz (que controlan las cooperativas de servicios públicos y otras instituciones). Había sido formada durante el juicio de responsabilidades al dictador García Meza, por gente beneficiada por el régimen, que en ese momento agredió y persiguió a los que impulsaban  el juicio. Denunció  frente a la prensa  que la logia era ultra-fascista y que los que lideraban la demanda por la capitalía  eran  los del sector más duro, con muchas coincidencias con podemos aunque querían revivir la Falange Boliviana como espacio  político. Señalaba también  vínculos políticos y de parentesco entre líderes de la protesta  en Sucre y los cívicos cruceños.  Romero comentaba que algunos le habían dicho que estaba loco y que pensaba que estaba en Santa Cruz, pero que el director del periódico El Correo, defensor de la causa  de la capitalía, le había dicho que sus denuncias de las logias eran todas verdaderas.[9]

Mientras   la Asamblea continuaba suspendida,  Román Loayza, presidente de la bancada  del mas, declaraba  al diario  La Razón que “no importa que vaya al fracaso,  nosotros  somos la mayoría absoluta, somos orgánicos y no tenemos ningún miedo, pero no se va a frenar la Nueva  Constitución Política del Estado”. En el MAS se hablaba de trasladar la sede  de la Asamblea a Cochabamba, Potosí u Oruro, lo que no era posible sin una nueva e improbable intervención  del Congreso porque  la sede estaba definida y ratificada en Sucre por la Ley de Convocatoria a la Asamblea y la de su ampliación. Se realizaron reuniones  entre el Gobierno y los dos departamentos  involucrados. Toda la población de Sucre estaba al tanto y seguía  el curso del conflicto paso a paso, por radio, televisión y comentarios entre conocidos. Después de ver la movilización de La Paz, algunos en Sucre pensaban que sería más razonable que viniera sólo el Poder Legislativo. Pero los dirigentes eran terminantes y parecían  jugar al todo o nada: “Capitalía Plena”.

1.1. La cuestión capitalía de 2007 a 1825

“Cuestión Capitalía” se llamó ya en el siglo xix al conflicto sobre  la sede  de los poderes que libraron las ciudades  de La Paz y Sucre, esta última antes llamada Chuquisaca y, en tiempos coloniales, primero La Plata y después Charcas, capital de la Audiencia,  jurisdicción territorial dependiente primero del Virreinato  del Perú y desde 1776 del Virreinato del Río de la Plata. El conflicto surge junto a la nueva patria, independizada en 1825. Según Condarco, en su libro clásico sobre el caudillo indígena  Zárate Willca y la Guerra  Federal  (1983), cuyo resultado dio la capitalidad  a La Paz, la ciudad  de Sucre era un lugar inadecuado  para ser asiento de poderes, y era sólo interés de influyentes  políticos  lo que explicaría esa ubicación de la capital.  Impugnada la ciudad  de Oruro por razones climáticas, escribe Condarco, los “taimados doctores de Charcas” habían  llevando a la “Ciudad  Blanca” la Asamblea de 1825 que había sido convocada por el Mariscal Sucre para definir “la suerte de las provincias  alto peruanas” (:64-65).

El primer cuerpo  legislativo de la república  boliviana,  definió que la capital de la república  se denominaría Sucre, y declaró a la entonces ciudad de Chuquisaca como sede provisional de gobierno,  dando al libertador  Simón Bolívar  la potestad de elegir el sitio en que se establecería la nueva  capital con el nombre Sucre. Bolívar se inclinó por Cochabamba, y el Mariscal Sucre mandó a edificar sede para el ejecutivo  y legislativo. Pero  el traslado nunca  se realizó y ya sin los próceres Sucre y Bolívar, los interesados  lograron que fuera aprobada  una ley, en 1839, que declaraba que la capital sería la antigua Chuquisaca,  y que para cumplir con el mandato  de la primera asamblea, pasaría a llamarse Sucre. La Constitución, sin embargo, autorizó al ejecutivo  a sesionar en cualquier ciudad del país y tanto el presidente como el Congreso  sesionaron en distintas ciudades por varios años. En el debate por la capitalía  que acompañaba esa trashumancia, La Paz usaba exageradamente como prerrogativa que había sido en esa ciudad donde más veces se había instalado el Gobierno,  escribe Condarco. Aunque algunas fuentes indican que en el siglo xix el Congreso  se había reunido 29 veces en Sucre, 20 en La Paz y 10 en otras ciudades.  En 1898, el Congreso  declara la “residencia permanente”  del Poder Ejecutivo en Chuquisaca,  lo que da lugar al estallido de la Guerra  Federal.[10]

Mientras disputaban  la capitalidad, historiadores paceños  y chuquisaqueños polemizaban sobre la primacía de sus ciudades como lugar del “primer grito libertario lanzado en Sud-América”, al interpretar el sentido independentista  del 25 de Mayo de 1809 en Chuquisaca y el 16 de Julio del mismo año en La Paz. También hubo  resoluciones del parlamento, impulsadas por La Paz, que le daban a esta ciudad  la capitalía  o capitalidad. Y en esta ciudad  funcionó  el Gobierno entre 1828 y 1846. El líder de la Central Obrera  de El Alto, Edgar Patana, expuso en noviembre de 2007 los argumentos  a favor de que la sede  fuera La Paz y mencionó que mientras en la plaza  Murillo había una sede de gobierno desde 1828, en Sucre el gobierno  se ejercía desde el palacio Arzobispal.  Eran las pri-meras décadas de vida de un país que se había formado por la unión  de algunas provincias  coloniales, relativamente autosuficientes, sin buenos  caminos  que las conectaran y con soberanía sobre amplios territorios relativamente  despoblados pero con valiosos recursos naturales.[11]

El parlamento había discutido también,  en 1871, la posibilidad  de transfor-marse en un país federal, otro reclamo  regionalista que volvía en 2007 con la demanda de autonomía. Pero por un solo voto, la decisión  se había definido en favor del sistema  unitario. Y Condarco dice también que en estas discusiones, “más que anhelo del pueblo  paceño  se trataba de ambición de sus hombres de partido aspirantes a los altos cargos  de Estado, que agitaron el espíritu  regionalista de la inocente  ciudadanía  local” (:67). Lo mismo se podía decir de los doctores de Sucre en esa época y se diría también en 2007. Se trataba de una disputa entre las elites que siempre habían gobernado.  Pero lo cierto es que durante  la Asamblea Constituyente el pueblo  de Sucre, los estudiantes y vecinos de la ciudad  salieron a manifestarse por la capitalía,  palabra  que resuena en los oídos  de cualquiera que estuvo en Sucre en 2007, por el insistente canto de los manifestantes  en las repetidas movilizaciones por la ciudad.  El reclamo  había sido impulsado por un grupo de dirigentes, como la demanda de autonomía en Santa Cruz, pero se convirtió en un reclamo masivo.

Cuando se inauguró la Asamblea Constituyente con un desfile de los pueblos indígenas en Sucre  el 6 de Agosto de 2006, día de la independencia  de Bolivia, la ciudad continuaba  siendo  tranquila y recibía  la Asamblea sin sobresaltos y con hospitalidad.  El conflicto de la capitalía transformó  totalmente el clima  de Su-cre y dejó atrás una ciudad que podía ser comparada  con la que tenía en mente Condarco cuando escribía que Fernández Alonso avanzaba hacia La Paz y “atrás quedaba su apacible ciudad, lánguidamente dormida y aromada por el perfume de sus floridas huertas, junto a un pasado de vanas esperanzas” (:150). La “Ciudad Blanca”, con nombre  oficial establecido en 1843 de “Ilustre y Heroica Sucre” tiene un aire colonial, que también se observa presente en su vida tradicional, con una importante presencia de campesinos que llegan a pedir limosna en las calles de la ciudad en Navidad o se acercan a vender cada día en los mercados. Esa presencia de campesinos que trae reminiscencias coloniales, a diferencia de El Alto u otras ciudades con presencia indígena, es percibida en Sucre como la de grupos de afuera de la ciudad,  reservada  ésta más bien a los “vecinos”  que, como en tiempos de la Audiencia de Charcas, cuidan con exclusividad de los asuntos públicos de la ciudad y añoran el tiempo en que por ahí también pasaban las decisiones de la nación.[12]

El aire de metrópolis  colonial también  le es dado a Sucre por su orgullo de haber sido sede, establecida en 1559, de la Audiencia,  tribunal administrativo sobre un amplio territorio que abarcaba  del sur de Perú al norte  de Argentina, incluyendo a Paraguay hacia el este; sede también del Arzobispado  de La Plata; de la Universidad  fundada en 1624, donde hoy estudian jóvenes de toda Bolivia y donde se formaban  los “doctores de Charcas” que en el siglo xix participaron de los movimientos independentistas de varios países de la América hispana; y de la Casa  de la Libertad  donde  se firmó  el acta del nacimiento  de la república  en 1825. Algo de esto –mezclado  con otras cosas– parecía  sentirse cuando los manifestantes de Sucre cantaban “por desarrollo integral, por luz y verdad”; “Silvia, lazarte, chola ignorante”;  “Evo a la escuela,  Lazarte  a la cocina”;  o cuando en 2007 el arzobispo, la alcaldesa y el rector, junto a constituyentes chuquisaqueños, el colegio  de abogados y otras instituciones,  defendían  la causa  de la capitalía, con la contribución  también  de los tribunales judiciales  que emitían  fallos que buscaban impugnar las decisiones  de la Asamblea.

Claro que junto con aquella había “otras” Sucre, sin embargo; comenzando con la de un departamento mayoritariamente campesino y hablante de quechua, pobre y sin fuerza económica, y que había elegido a un prefecto del MAS en 2005, igual que Oruro y Potosí. Ocurría un cambio radical de signo político que también había tenido lugar en 1899, cuando  la juventud sucrense  se sumó al ejército liderado por el presidente  conservador  Alonso, para luchar contra los líderes liberales paceños que antes admiraban; al mismo tiempo y de la misma forma en que en la Paz los conservadores apoyaron en la guerra al liberal Pando.  El creciente rechazo contra La Paz se podía escuchar en los gritos de “el que no salta es llama”, o en expresiones racistas hacia indígenas,  como había ocurrido también en la ciudad de Cochabamba, en febrero de 2007, con el enfrentamiento  entre campesinos y “vecinos” de la ciudad.  O cuando en el principal  hotel de Sucre,  el Sucre Grand Hotel, frente a la plaza, se negaron a hospedar a mujeres constituyentes de pollera, mientras sí se había hospedado a los constituyentes de corbata de la oposición; o como se repetiría de manera más grotesca en mayo de 2008 con cívicos obligando a campesinos a arrodillarse frente a la bandera  chuquisaqueña.

Frente a esta imagen colonial de Sucre, o de los conservadores decimonónicos que no modificaban en nada la relación que habían tenido sus padres y abuelos hacia  las comunidades indígenas o campesinas, se fortalecía la imagen de la Bolivia popular e indígena que el proyecto  del MAS en la Asamblea buscaría empoderar, y también  la imagen de las “dos Bolivias”,  la blanca  y europea, y la campesino indígena. La imagen de Zárate, “El Temible” Willka, aparecía  nuevamente, junto a la de los jóvenes  sucrenses de buena familia que fueron masacrados, y cuya sangre fue bebida en Ayo Ayo cuando se dirigían en operación  militar para intentar someter  la rebelión  de los liberales de La Paz que no aceptaban  la “Ley de Radicatoria” que definía a Sucre como capital. Venía al presente también  el Estado Federal declarado por Willka, a cuyo ejército recurrieron  los liberales paceños contra la elite de Sucre. Así como los líderes de la causa  de la capitalía en 2007 reivindicaban como modelo  la memoria de los criollos que consiguieron  la independencia en 1825, como movimiento por la libertad  y la república  que no tenía mucho que ver con los indígenas.

En la disputa  política por viabilizar  la Asamblea, el MAS recordaba la Guerra Federal no solamente como estrategia de comunicación,  sino también porque la estructura narrativa volvía con los ataques  a un Gobierno  indígena,  los cantos racistas, y constituyentes como Félix Cárdenas,  que recordaba que había sido electo en la circunscripción  de donde era oriundo  el temible  Willka; o Nancy Flores Barco, que se presentaba como bisnieta de Santos Marca  Tola, líder de una sublevación en 1904 y que ella describía como “una especie de secretario de Zárate Willka”. Nancy Flores había llegado a la Asamblea “para velar por la dignidad  de las mujeres  de pollera, que somos muy humilladas”; había sido autoridad originaria en su cantón y luego llegado a dirigente en la fejuve de El Alto. En Sucre había  sentido la Guerra  Federal en su propia piel cuando fue agredida por empleados de la alcaldía  que la intimidaban  sacando fotos, y por las calles de la ciudad cuando  la reconocían  como paceña, por su manta, sombrero y pollera.

La lectura de las “dos Bolivias”  era actual cuando  vemos el lugar político de la Federación  de Campesinos de Chuquisaca, que no se plegaba a las posiciones del Comité Interinstitucional por la Capitalidad  Plena.  Aunque una marca del conflicto de la capitalía  es que los posicionamientos  a favor o en contra del reclamo  cortaban transversalmente los partidos y los ámbitos  urbano y rural. De los 16 constituyentes chuquisaqueños  del mas, 10 continuaron fieles a las posiciones  del resto de la bancada  y del Gobierno,  mientras otros –del campo y de la ciudad–  se plegaron a la huelga  de hambre, asistían y presentaban informes en las reuniones  del Comité  Interinstitucional y también participaban de las movilizaciones o tuvieron una posición  oscilante. Uno de los casos emblemáticos fue el de Sabina Cuellar, dirigente sindical campesina, que buscaba  ser la prueba de que no se trataba solamente  una cuestión de abogados criollos de la ciudad  y por eso mismo sería elegida Prefecta en 2008, como representante propuesta por el Comité Interinstitucional por la Capitalía.[13]   También fue emblemático  el líder campesino Esteban Urquizu que se mantuvo   fiel al Gobierno y sería elegido gobernador, luego de completado  el mandato asumido por Sabina Cuellar. Por la presencia campesina del departamento,  la marca  de campesino era importante para imponerse en ese nivel, y por eso el MAS había ganado en el departamento en 2005, aunque con un candidato urbano. Otras figuras del conflicto, sin embargo, respondían directamente al estilo “Doctor de Charcas”, como el constituyente de podemos Jaime Hurtado, ex presidente  del Colegio de Abogados de Chuquisaca y asiduo  representante del Interinstitucional ante los medios.[14]

El espíritu colonial y citadino de Sucre permitía  postular en 2007 la hipótesis de que detrás de la demanda de Sucre se encontraba una oposición conservadora al gobierno  campesino indígena  del mas. En esa clave el Gobierno  entendía el acercamiento que ocurrió por esta época entre los cívicos de Chuquisaca y los de Santa Cruz.  Para otros, el conflicto de la capitalía en 2007 no removía estas antiguas rivalidades sino más bien  el reclamo de una región postergada frente al centralismo que beneficiaba a los poderosos  y ahogaba Chuquisaca. En las manifestaciones también se escuchaba  el canto de “Bolivia soberana, no venezolana”. Y algunos miembros del Comité  Interinstitucional intentaban deshacer  la asociación de la demanda con la elite colonialista,  buscando fundamentos nacionales y populares.

La imagen de la Guerra  Federal, no traía solamente  el cuadro  de indígenas contra conservadores  criollos, y del presidente aymara  atacado por una elite que cantaba “Sucre de pie, Evo de rodillas”. Otros recordaban  más bien que después de requerir  el apoyo indígena,  los liberales de La Paz les dieron  la espalda, continuando con el proceso  de expropiación de tierras, y estableciendo  otro gobierno  criollo colonial. Era la posición indígena que denunciaba a las oligarquías tanto paceñas como chuquisaqueñas en sus disputas de poder, y que recuerda  las posiciones indianistas  críticas tanto de la izquierda  como de los partidos nacionalistas o liberales en el siglo xx, o que acusan a Evo Morales de estar siendo engañado por un “entorno blancoide”. Así, la vuelta del tema  de la capitalía  traía el recuerdo  histórico de que después de la Guerra  Federal,  los liberales dejaron de lado a los indígenas  después de haberse favorecido por la intervención  que habían acordado.[15]

1.2. Capitalía y Cumbre  Social

La situación del proceso  constituyente se reducía a la cuestión capitalía. Y la disputa se daba en términos de confrontación  entre distintas verdades  irreconciliables. Sucre defendía una verdad histórica de pensarse  la capital, que era una verdad que buscaba argumentos legales pero que en realidad iba más allá de las leyes  y también de la factibilidad  logística del traslado. Los paceños tenían otra verdad histórica, pero también una verdad de facto, determinada por el poder político mostrado con la movilización, de que los poderes  no serían trasladados (“la sede no se mueve”). La otra verdad  que fundamentaba  la posición  del MAS iba más allá del tema de los poderes  de gobierno y era la verdad  del derecho  de los pueblos indígenas a construir  un Estado  para  todos. Era la verdad del Estado Plurinacional,  que se veía obstaculizada por una elite racista. Frente  al desacuerdo, sólo quedaba resolver una situación de relaciones de fuerza: si el tema  no se trataba, Sucre no dejaría sesionar a la Asamblea.  Si el tema se trataba, La Paz “replegaría” sus 50 constituyentes. En su demostración de fuerza, La Paz también hablaba de impulsar un referendo en que se preguntara  sobre  el traslado del Poder  Judicial,  como modo de hacer a Sucre dar un paso atrás con la propuesta de referendo. Sucre iría hasta el fin en la posibilidad abierta por la coyuntura  de la Asamblea Constituyente.

En Sucre circulaban rumores en todas las direcciones. Algunos constituyentes eran agredidos  por la calle u obligados a devolver las viviendas  que habían alquilado  al llegar a Sucre en agosto. Las mujeres  de pollera recibían insultos por la calle (“india” o “chola de mierda”) y constituyentes como Esperanza Huanca habían tenido que  dejar de usar su atuendo  tradicional. Ella opinaba que Evo debía estar mal asesorado, y Nélida Faldín recordaba a un pueblo que decidió matarse y desaparecer para que sus hijos no sufrieran como habían  sufrido ellos. Sonia y Marcelina, que trabajaban de reporteras para los medios estatales (Canal  7 y Red Patria Nueva), también fueron agredidas. A Sonia le quitaron el sombrero  y la manta y a Marcelina un grupo de manifestantes le gritaban “miren, la chola ahora tiene celular”. Ella se reía de las mujeres de vestido que le gritaron sin reconocer la diferencia  entre un celular y un grabador  digital. Nelly Toro,  que tenía un programa a las 6 de la mañana en quechua, había filmado a una periodista del canal cruceño y opositor del Gobierno, unitel, entrenándolos y diciendo “uno, dos, tres” a niños para filmarlos cantando a favor de la capitalía, y había discutido con una reportera de ese canal opositor que le dijo que era “una licenciada y no una cualquiera” (ver Indymedia  [2007]).

Para buscar soluciones, una iniciativa fue convocar una reunión en la bancada del MAS con constituyentes paceños y chuquisaqueños no plegados a las protestas de capitalía. Estos últimos eran siete, y llegarían a ser diez de dieciséis. Mirtha Jiménez los llamaba héroes, por haberse  mantenido  leales a pesar de que su cara estaba en las paredes  de Sucre con un círculo de prohibido y la palabra traidores. Se habló de la idea  de proponer un referendo por fuera de la constituyente sobre  los tres poderes, que seguramente no sería aceptado por el Comité Interinstitucional. Una constituyente de pollera, de El Alto, decía  que por historia Sucre no debería ser tampoco la capital,  y que el reclamo  era un pedido de las logias oligárquicas  y no algo que fuera a beneficiar al pueblo. Pero a eso se opusieron los constituyentes chuquisaqueños, que consideraban que ser capital sí era un derecho.  Ellos tampoco estaban de acuerdo con la posibilidad de trasladar la Asamblea a Oruro, ciudad que el MAS pensaba como alternativa. Todo parecía llevar al escenario de dos constituciones enfrentadas en referendo, y existía el riesgo de que en los lugares donde el MAS no ganase fuera desconocido el resultado general.[16]

En el patio de la casa Argandoña,  Marco Carillo y René Navarro daban declaraciones a la prensa.  Después de un atentado contra la casa de la alcaldesa  de Sucre repudiaron  la agresión.  Carillo recordó también  que él mismo había sido agredido y que aunque quemaron con gasolina  la puerta  de su casa, muy pocos medios de comunicación  lo informaron.  Dijo también que él y muchos otros constituyentes del MAS habían tenido que mudarse, porque la consigna era “maten una llama”. Yo nací de una pollera linda, y si Jesucristo viniera a Bolivia daría de comer primero al área rural, donde  a veces hay que caminar 15 km para obtener agua,  decía Carrillo. Pedía también que se terminara con la discriminación y los insultos por la calle. La plaza 25 de Mayo es de todos y este Gobierno  se ocupa de los más pobres, concluyó.

La respuesta  de las organizaciones sociales de la base del mas, ante la paralización de la Asamblea y las movilizaciones de los chuquisaqueños por la capitalía, fue convocar una Cumbre Social para el 10 de Septiembre en Sucre y “En Defensa de la Democracia, la Vida  y la Refundación de Bolivia. Contra el Odio y el Racismo. Por la Revolución Democrática Cultural”. En la convocatoria, firmada por las organizaciones  del Pacto de Unidad, exceptuando conamaq, y además Juntas Vecinales de La Paz y El Alto, y la Confederación de Gremiales, se hablaba de: “Defender nuestra Democracia, la Asamblea Constituyente y las Autonomías Regionales e Indígenas”. Las organizaciones  sociales buscaban  defender la Asamblea y crear el escenario  para que volviera a sesionar con una defensa física del foro en un cerco que contrarrestase la vigilia de los sucrenses. Para muchos,  eso implicaría  violencia entre cívicos y campesinos.

Habían pasado  tres semanas después de la resolución  del 15 de agosto, que había derivado en un receso llamado por la Directiva  para intentar desactivar  el conflicto. A la Cumbre asistirían cocaleros del Chapare  y los Yungas,  campesinos de todo el país, indígenas de las tierras bajas  y “ponchos  rojos”, entre otras organizaciones. Los cocaleros de Yungas llegarían a pie y los campesinos de Potosí y Chuquisaca  serían los que aportarían mayor número de movilizados, junto a los del Chapare.  Pero antes de la llegada  de las organizaciones  a Sucre, Silvia Lazarte prolongó la suspensión  de la Asamblea.  La Cumbre se realizaría, pero ya no sería un cerco que con la movilización  del país se impondría frente a los chuquisaqueños  para reabrir las sesiones.  La Cumbre Social sería sólo un acto en el estadio Patria de Sucre. Por eso también se redujo la convocatoria  que inicialmente García Linera había anunciado en 100 mil indígenas y campesinos, pero que llegó a 12 mil, según la prensa.  El líder de la csutcb, Isaac Ávalos, garantizaba, en coordinación con el Gobierno  y la Directiva  del foro, que sólo se reunirían a discutir la situación  política de la Asamblea.  Sólo el Comité  Interinstitucional continuaba  advirtiendo que los campesinos llegaban a Sucre para tomar instituciones y provocar enfrentamientos.

Reunido en Sucre para coincidir con la Cumbre Social, se realizó el Encuentro Nacional de Juventudes, que declaró su apoyo a la continuidad  de la Asamblea.

En las intervenciones se criticaba como equivocación la suspensión de un mes de la Asamblea (resuelta por Silvia Lazarte) y que “las bases  de las organizaciones no fueran a Sucre para hacer el cerco contra la oligarquía”.  Veían  que era necesario “presionar  la Asamblea para que no fracase”.  Estudiantes de Sucre contrarios a las posiciones  del Comité denunciaban que las marchas  por la capitalía  eran obligatorias. Decían que se movilizaban a cambio de puntos “en la U”, o para no ser aplazados. Se informaba también que en la Universidad  Tecnológica  se habrían movilizado mil de un total de cinco mil, y bajo presión. Se agregaba que se movilizaban “por la joda”.  Y se comentaba que este semestre  habría sólo un examen parcial. Agregaban que el paro  cívico era garantizado  por los funcionarios públicos de la alcaldía y la Universidad, pero que era un reclamo  de una elite que perjudicaba a los propios comerciantes chuquisaqueños. Denunciaban que daban coca y bebidas  alcohólicas para mantener  las vigilias. Y que la impresión de que Bolivia estaba con ellos era falsa, como se veía en la votación  de los constituyentes en contra de la resolución  del 15 de agosto, de los 54 de Chuquisaca,  sólo 34 habían  votado contra la resolución.  Otro estudiante veía como algo equivocado negar poder de convocatoria a los cívicos. Recordaba  que se habían tocado dos horas las campanas de las iglesias  y todos salieron a las calles. Veía a la derecha re-articulándose y que vendría un enfrentamiento porque  ellos quieren muertes.[17]

 Después de llenarse las tribunas  del estadio con los campesinos que habían marchado, en algunos casos desde días atrás, empezó el acto con una larga lista de oradores, coordinados por Nelly Toro, periodista que colaboraba  con el Pacto de Unidad. Por la Asamblea habló Silvia Lazarte, ratificando la suspensión  de las sesiones, el no tratamiento del tema capitalidad y el rechazo  al fallo judicial. Fidel Surco, de los colonizadores, e Isaac Ávalos dirigían  todo desde el palco, indicando quiénes debían hablar. Los estudiantes del encuentro recién citado quisieron manifestarse, pero Isaac dijo que no, porque no los conocía. Hablaron los ejecutivos de las federaciones de trabajadores campesinos, colonizadores y mujeres campesinas de todos los departamentos. Fidel insistía en que debía hablar Sabino Huanca, pero no aparecía y mandó a que lo buscaran. Había “seguridad comunitaria”, formada por indígenas con ponchos,  chicotes y atuendos tradicionales. Se dieron varios Jallalla (vivas) a la Asamblea Constituyente. Se criticó también  repetidamente  el fallo de la corte distrital que mandaba a anular la resolución  del 15 de agosto y a reintroducir el tema de la capitalidad. Los oradores pedían  el reinicio  de la Asamblea. En las resoluciones se expresó la posición  del MAS y las organizaciones ante el conflicto, se exigió que por ética los constituyentes no cobraran  salario el mes en que la Asamblea continuaba suspendida y se amenazó a la elite chuquisaqueña aprobando que las organizaciones se guardaban el derecho de tomar medidas más radicales en caso de que no permitieran funcionar la Asamblea.[18]

 Desde  las organizaciones indígenas se analizaba que “el Gobierno no quería otro Cochabamba y prefirió ceder”, en referencia a los eventos de febrero de 2007 en que vecinos y campesinos llegaron al enfrentamiento,  oportunidad  en que el Gobierno del MAS también buscó frenar el avance  campesino contra el Gobierno departamental opositor. El MAS mantenía  fuertes vínculos con los movimientos sociales, que se habían movilizado para defender   la Asamblea, pero su lugar era el de ser Estado y apostaba por el camino institucional. Eso era la Asamblea Constituyente y el Gobierno,  a pesar de que Evo Morales continuaba siendo formalmente dirigente de los productores  de coca y hacía frecuentes gestos que lo mostraban  como ajeno a los códigos  tradicionales del poder.  Nadie  en Bolivia esperaba seriamente que las organizaciones campesinas fueran a lanzarse en la toma de tierras, expropiaciones de empresas u otras reformas  más radicales, porque  los movimientos se habían alineado en la estrategia  de ocupar  el Estado, con pocas voces disidentes. Mucho menos después de la aceptación  de los dos tercios como forma de aprobación de la Constitución  en la Asamblea.

El llamado a las organizaciones  continuaba en el mas, sin embargo, como reflejo. Las movilizaciones  coordinadas con iniciativas del Gobierno  serían un instrumento importante para resolver la aprobación del texto en la Asamblea, como había sido en 2006 con la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria y también en 2005, cuando  las organizaciones impusieron  leyes en el parlamento  e intervinieron en la definición  de la sucesión  presidencial,  impugnando dos candidatos hasta que el presidente  de la Corte fuera nombrado como presidente provisional, mientras se preparaba el camino para  la llegada del MAS a la presidencia.  Pero las transformaciones se realizarían desde el Estado de la “Revolución Democrático Cultural”. Y para eso, antes que nada, se debía sortear dos grandes demandas de la oposición:  capitalía y autonomía. “¿Era la política  de siempre?” Algunos se preguntaban.  Para otros era la reacción  al ingreso  en el Estado de la diferencia.

2. El Concejo Político Suprapartidario de La Paz

Con su proyecto de Constitución ya avanzado, aunque se siguiera modificando, el MAS necesitaba retomar la iniciativa para aprobar su texto constitucional. Necesitaba superar o de algún modo esquivar  el reclamo de la capitalía; y también  iniciar negociaciones para conseguir dos tercios que permitieran  concluir el proceso en marcha. Si no lo conseguía  en Sucre, el MAS debía  crear las condiciones para que la Asamblea  sesionara en otro departamento  y probablemente para someter  los temas sin dos tercios a referendo, enfrentando en las urnas  los artículos de los informes de minoría de la oposición.  La apuesta, después de haber minimizado la Cumbre Social, era una convocatoria  al diálogo de todos los partidos políticos con representación en la Asamblea. Y para eso entraba en escena  el vicepresidente García Linera, como presidente del Congreso,  que convocaba a una Cumbre Política en su despacho de La Paz. Comenzarían semanas de diálogo en que se buscaba esperanzadamente la concertación.[19]

Una reunión de Jefes de bancada en Sucre dio el aval al espacio. Se buscarían acuerdos  alrededor de distintos temas, incluyendo la capitalía,  que no serían vinculantes para la Asamblea pero si insumos para ser adoptados y luego ratificados en las plenarias,  que debían iniciarse  el 8 de octubre, cuando  vencería el plazo de la última suspensión.  El senador Böhrt, de podemos, había sido parte de las negociaciones que derivaron en el nuevo escenario de diálogo, pero su partido criticó la propuesta de que todas las fuerzas  políticas  de la Asamblea tendrían igual número de representantes (con una pequeña diferencia a favor de podemos y del mas), y pedían que se respetara  la proporción presente en la Asamblea.[20]

 El prefecto  de Chuquisaca por el mas, David Sánchez,  retornó a su cargo después de retirar su pedido de renuncia, a pedido de Evo Morales. Desde Sucre, Armando Terrazas y otros veían  difícil la concertación y hablaban en la prensa de que se vendría el escenario de dos constituciones sometidas  a referendo. El diálogo sería un último movimiento  antes del final, para el que faltaban tres meses. En simultáneo,  la Directiva anunciaba  en Sucre una reunión con los jefes de bancada para buscar soluciones en el tema de capitalidad. Después de las reuniones iniciales del nuevo  espacio de diálogo, hubo una reunión en la casa Argandoña donde Carlos Romero informó  al resto de los constituyentes  del MAS sobre el estado de la cuestión. Anunció  el acuerdo por unanimidad al que se había llegado después de 16 horas de debates en La Paz, y que daba lugar a la creación  de la Comisión de Diálogo y Consenso. El diálogo había comenzado con las 16 fuerzas políticas (y 23 representantes) en La Paz el miércoles  19 de septiembre. Además de constituyentes había  autoridades partidarias para que haya poder de decisión “y no sea un diálogo de amigos”.[21]

 El camino no estaba totalmente allanado para el diálogo y la Directiva  de la Asamblea,  celosa de no perder protagonismo, parecía tomar decisiones de forma independiente de la Cumbre realizada en La Paz. Para el mismo día que se había convocado en La Paz una reunión del nuevo espacio  de diálogo con constituyentes y dirigentes políticos,  la propia Directiva controlada por el MAS había citado en Sucre a sesión de Comité de Diálogo con los Jefes de Bancada para tratar el tema de capitalía. De alguna forma se reeditaba una rivalidad expresada  entre Silvia Lazarte y Carlos Romero, que había aparecido  al inicio de la Asamblea  y que luego volvería. En una reunión de los constituyentes del mas, Romero decía que la decisión  había  sido un error político de la Directiva, porque  comenzarían nuevamente  los cercos, y calificaba  la situación  de dificilísima.[22]

Romero pedía “apoyo total” a la bancada  del MAS para viabilizar  el espacio abierto en La Paz. “Hay una semana para  salvar la Asamblea”, decía. “Si no hay acuerdo político no se va a reabrir y cada uno va a volver golpeado  a su casa como cadáveres políticos”. Yo estoy golpeado,  decía Romero, y agregaba, “si no se resuelve aquí, será en calles, barras y golpes o a bala”. Sugería que la bancada  se declarara en movilización, porque “si esta semana fracasa el diálogo,  la Asamblea constituyente está muerta”. Romero estaba de acuerdo  en que los Jefes de Bancada se reunieran con la Directiva, pero siempre y cuando  lo hicieran sin boicotear el espacio de La Paz, conformado como Comité Especial de Diálogo y Consenso y que funcionaría hasta comienzos de Octubre,  viabilizando  las plenarias.[23]

En la reunión en que Romero, Revollo y los otros participantes de la Cumbre informaban a sus compañeros, los constituyentes  de la bancada silenciados con el centro de gravedad política desplazado  a La Paz, recuperaban la voz.  Se quejaban por  la proporción de representantes  por partidos en el Comité, que para nada calculaban como favorable: “Estamos jodidos”, “va a ser 17 contra 6”, “se va a cerrar la Asamblea”, “ese acuerdo es una huevada”, “¿quiénes han negociado?”, “¿no era originaria  la Asamblea?”, fue la primer ola de opiniones que salían desordenadas y se sumaban al descontento  que había por esa época hacia  la Comisión técnica. “Desconocemos la posición del ejecutivo” decía también Mirtha, evidenciando la falta de  plan  y la incertidumbre que se vivía en ese momento. René preguntaba si en la reunión  se había hablado de trasladar la Asamblea a Oruro.

Carlos Romero continuaba quejándose de la falta de estrategia y de que “todo lo improvisamos”. Yo decidí jugarme aunque me haga enemigos, decía. Contó a sus compañeros que la noche anterior había hablado con el vicepresidente  y que este había compartido  los criterios con él. Romero había planteado telefónicamente el problema  de la convocatoria  de la Directiva  en Sucre, hecha al mismo tiempo en que el diálogo era convocado  en La Paz, y el vicepresidente  dijo que iría a coordinar con la Directiva para que la decisión se moviera a La Paz. El lunes habría reunión para comenzar con el diálogo  y lo primero que van a traer es el tema capitalía, preveía Romero. Y hay que tener opciones. Señalaba los vínculos con la Media Luna y decía que después de un referendo sobre el tema no se podría garantizar la unidad  del país y habría que aceptar la guerra civil. Proponía:  hay que tener Plan A, de negociación política, por el que él apostaría; también un Plan B, para ir a dos constituciones; y Plan C, de preparar  el ejército social que, en tres semanas, si los otros no funcionaran, tendría que entrar a la batalla.

La cstucb daba un ultimátum a la Asamblea y conamaq y la cob la desahuciaban. La Cumbre Política de La Paz había convocado  al Comité de Diálogo que se reunió en Sucre. Este se mostró como inviable y las conversaciones pasarían definitivamente a La Paz,  en la Vicepresidencia y sin la Directiva  como organizadora. Pero en Sucre se había confeccionado una agenda con seis ejes propuestos por el mas, en los que la oposición  agregó temas que le interesaba  incluir en el diálogo. Se incluiría la discusión  de capitalía en el eje Estructura y Organización del Estado, como quería la oposición, lo que  era requisito  para  viabilizar  el espacio, aunque  el MAS consiguió que se aceptara que el tema  fuera tratado al final. Aún no se definía, sin embargo, los términos  en que el tema se incluiría. Los otros ejes temáticos a tratar eran Caracterización del Estado;  Estructura territorial del Estado; Modelo económico social; Tierra,  territorio y recursos naturales.[24]

De ese modo, los últimos días de septiembre, se abría un espacio de diálogo en La Paz, cuyo carácter no vinculante  le daba posibilidades de entrar en los temas conflictivos. No había sido posible conseguir acuerdos antes de octubre, para iniciar  el 8 de octubre las plenarias.  Pero la mesa estaba instalada. O casi instalada, porque  cuando todo parecía resuelto, estalló un nuevo  conflicto porque La Paz seguía intransigente rechazando el tratamiento del tema. El tema de la sede de los poderes  entraría como “Asiento Institucional”. Por unos días, se discutió en La Paz si esa fórmula significaba o no incluir  el tema. El vicepresidente  de la Asamblea,  Roberto Aguilar (mas) convocó a una conferencia de prensa en la que comunicó que La Paz había decidido desconocer el acuerdo por considerar que la discusión  del “asiento  institucional” de los poderes  reponía  la capitalidad al debate.  Aguilar se distanciaba así de lo acordado  en la reunión  dirigida por la presidenta de la Asamblea  y mostraba una posición  intransigente que adoptaba La Paz, correspondiente  con la resolución votada el 15 de agosto en Sucre.[25]

Era difícil: para  seguir  la Asamblea era necesario para unos que el tema fuera tratado y para otros que no lo fuera. El riesgo era que ambos bandos rechazaran el acuerdo,  pero la fórmula  de “asiento institucional” logró su cometido,  lo que puede interpretarse como una revisión del MAS a la resolución  del 15 de agosto que retiraba de tratamiento el tema.  Para eso, la ingeniería  política debió correr de escena a la Directiva,  y disolver en el nuevo espacio de diálogo a las minorías con poder de veto como Podemos, los chuquisaqueños y la bancada de La Paz. Era una solución provisoria, y no en el marco  de la Asamblea, pero fue necesaria para abrir el diálogo. “Asiento Institucional” fue entonces una fórmula sin significado o, más bien,  con el significado  que la voluntad política que  cada uno  tenía de abrir un diálogo le daba: para los paceños significaba que el tema no sería incluido; para los chuquisaqueños, que sí lo sería. Y sólo podemos se negaba a asistir al diálogo. El diario La Razón anunciaba: “Sin una definición clara sobre su significado,  el tema de ‘asiento institucional’ dominará hoy la reunión  del comité  suprapartidario que busca viabilizar  el trabajo de la Asamblea  Constituyente”. Roberto Aguilar continuaba insistiendo que el tema del “asiento institucional” debería  ser retirado y el Comité  de Emergencia de La Paz había convocado a una nueva Marcha “de la paceñidad” para rechazar el tratamiento  del tema.[26]

El Concejo  Político comenzó a discutir los ejes temáticos y era abierto de modo triunfalista por García Linera que anunciaba que con las diez fuerzas que habían decidido participar el espacio  garantizaba más de dos tercios de los votos para aprobar el texto constitucional.  La cuenta daba 179 constituyentes (sobre 255), y superaba por nueve los dos tercios, pero ese cálculo daba por sentado que la totalidad de los constituyentes  de las fuerzas participantes  votaría por el mismo proyecto, algo para nada garantizado. En el conteo, se incluía un, mnr, as, Ayra y mbl que no eran aliados del MAS y representaban 29 votos. Pero sea como fuera, el plan era buscar acuerdos y eso es lo que se estaba empezando a hacer en la Vicepresidencia con largas jornadas de discusión. Ese mismo día, en conferencia de prensa con medios internacionales, Evo Morales había sido claro: “yo no tengo ningún Plan B”. Chuquisaca daba señales de que estaba expectante. Edwin Velázquez de podemos se retiró una vez más del encuentro,  pero Orlando Ceballos del mbl, antes aliado del MAS y que hizo huelga de hambre después  del 15 de agosto, permaneció, lo que evidenciaba un avance en dirección a la reapertura. El Concejo  Político decidió  escuchar  las propuestas  de La Paz y Sucre, y los dos lados aceptaron participar de la reunión,  el 7 de Octubre, en que los cívicos  repetirían sus posiciones y el vicepresidente,  en representación del Concejo, tomaría nota.

2.1. Los acuerdos del Concejo

Mientras funcionaba el espacio  de concertación,  el comienzo de las plenarias  se postergaba  hasta el 24 de Octubre y después de tres días de diálogo coordinado por el vicepresidente,  el Concejo  anunciaba  la firma  de un primer acuerdo sobre “Modelo de Economía Privada, Estatal y Comunitaria” (tercer eje de la agenda). Se incluía el reconocimiento  del derecho a la propiedad  privada,  a la sucesión hereditaria, dos temas que la oposición  solía decir que el MAS no respetaba en su proyecto de Constitución, además del cuidado por la seguridad  jurídica en la economía privada. También se reconocía  la “economía plural” y el “vivir bien”, y un Estado “que interviene y no sólo observa o regula”. El acuerdo conseguía también la firma de dos constituyentes disidentes de podemos (Lindo Fernández y Ramiro Ucharico) y de diez de las 14 fuerzas presentes.  Era la primera buena noticia concreta de avance en dirección  al consenso  quizás  desde  la ampliación de la Asamblea en agosto de 2007.

Poco después, el  Concejo también conseguía  acuerdos en los temas de Autonomía y Visión País, correspondientes a los ejes de Estructura Territorial y Caracterización  del Estado. La constituyente del MAS Rebeca Delgado, era ahora la encargada  de presentar los avances a los constituyentes del MAS en Sucre, como parte del Comité  Técnico y participante en el diálogo  de La Paz. El 15 de octubre, una vez más en la casa Argandoña,  hubo una reunión tensa, con cerca de 60 constituyentes. Se habían escuchado quejas de falta de información a la bancada  por parte de la Comisión Técnica. Pero Rebeca prevenía: “Decir que estamos reemplazando a los 255 es discurso de la derecha”.  Habían estado enclaustrados trabajando y por eso no había podido haber más comunicación con el resto de la bancada  que esperaba en Sucre, explicaba. Y, por las quejas de La Paz, agregaba que si el tema de capitalidad no entraba, el diálogo  no se habría iniciado.[27]

“El objetivo político es construir consensos e identificar los temas  controversiales que no lograrán dos tercios en la votación plenaria”,  explicaba  Rebeca. Destacaba que en el primer acuerdo sobre economía había dos tercios,  con  la firma de diez u once representantes. Pero advertía que cuando se estaba por firmar el segundo acuerdo (sobre autonomías) con doce fuerzas, aparecieron  sólo ocho. Doria Medina, muy firme en sus decisiones  hasta el primer acuerdo, después se alejó cuando se definía que habría cuatro niveles de autonomía. Rebeca se había alegrado de que podemos por fin mostrara su cara y se retirara, comunicaba, pero agregaba que luego podemos y el mnr Camino al Cambio (de Tarija) volvieron y era “otra vez a bloquear y discutir”. Cuando se incorporaron, otra vez a hablar de las autonomías y Estado Plurinacional. Entre mnr y podemos se pasan papelitos, son lo mismo. No sabían de qué hablamos pero se oponían y jalaban gente. Los partidos chicos comenzaban a alejarse y no firmar. Alianza Social, de René Joaquino,  tenía orden de no firmar y era el que daba el discurso de la derecha  en lugar de podemos, “con cara de partido de izquierda”.[28]

La gran concesión  del MAS en el tema de autonomías, en esta instancia de diálogo, fue la aceptación  de la facultad  normativa, explicaba Rebeca. Era algo que la oposición  solicitaba pero que aún así no permitió que firmaran los acuerdos. Desarrollando el asunto, Rebeca explicaba que se había incluido  la palabra “legislativa”, en referencia a la cualidad de hacer normas  que tendrían los niveles más bajos de gobierno, pero que por las competencias otorgadas a cada nivel, en realidad  la autonomía no tendría esa capacidad. Era difícil conformar a la oposición y también al propio MAS y por eso surgían esas fórmulas complejas. La concesión consistía en dar cualidad legislativa sólo para las competencias  específicas,  que serían negociadas en una discusión posterior. Estuvieron entre cuatro y cinco horas viendo si firmaban o no y los partidos con pocos representantes en la Asamblea se querían  retirar, contaba Rebeca. Explicaba  también  los riesgos de otorgar una facultad legislativa plena:  significaría  la posibilidad de creación de leyes y llevaría a la federalización.  Si Santa Cruz u otro departamento tuvieran sus propias  leyes significaría  la división  del país. Con esa cualidad estaríamos hablando de Estados independientes. Como Rebeca relataba a sus compañeros, también había habido diferencias  por el tema  de la capacidad de los departamentos de suscribir acuerdos y convenios internacionales. Eso implica  firma de tratados de libre comercio,  militares, comercialización de recursos naturales, explicaba. Y como balance, Rebeca decía que “para nosotros es un buen documento, se levantan las reivindicaciones”, pero que a pesar de los avances en dirección al consenso, en ese segundo acuerdo ya no había dos tercios.[29]

Por otra parte, mientras el Gobierno hacía el máximo de esfuerzo para acercarse a la oposición se descuidaba el lado de las bases sociales, que eran las que  se alejaban del MAS cuando este encontraba un centro de acuerdo con sus rivales. Luego  de la firma del acuerdo  del 11 de octubre, el presidente de la cidob solicitaba aclaraciones sobre  el destino de las autonomías  indígenas  y anunciaba nuevas movilizaciones. Evo Morales se reunió con ellos y consiguió que los indígenas  suspendieran  las protestas. Pero el malestar continuaba.  Con las organizaciones de las tierras bajas no hubo ruptura, como en el caso de conamaq, pero la tensión  se mantendría. Así lo manifestaba Lázaro Tacoó, de cidob, entrevistado en una nota del periódico La Prensa (19 de octubre, 2007) en la que afirmaba que el Concejo Suprapartidario había frenado cuatro de las siete demandas  fundamentales de las organizaciones indígenas en la Asamblea.  “Poco a poco han ido cediendo en todo”, decía en la misma nota Justino Leaños  de conamaq, que hablaba de “traición” del mas.[30]

Los ejes de discusión tercero y cuarto fueron aún más difíciles. El MAS presentaba como mérito haberlos firmado aunque ninguno lograba representar dos tercios, a pesar del apoyo conseguido de ocho fuerzas políticas.[31]   Los nuevos documentos correspondían al eje temático de Caracterización del Estado, vinculado a los temas  tratados en la polémica Comisión de Visión de País. Se dieron a conocer como “acuerdos  de Visión  de País y Caracterización  del Estado”. Rebeca Delgado continuaba exponiendo a sus compañeros que se habían flexibilizado las posiciones de la fase de comisiones, y que recogiendo en la propuesta  oficialista elementos de la oposición se le agregaba  al Estado Unitario Plurinacional  y Comunitario el carácter “Social Democrático de Derecho”, presente en el informe de la minoría propuesto por podemos. El MAS había decidido ceder en su proyecto para acercarse a un pacto, aunque  todavía este último no se viabilizaba. Por eso las críticas de las organizaciones que veían retrocesos no acompañados  de réditos o profundización  del proceso de cambio.[32]

Sobre el acuerdo  de estructura y modelo de Estado, García Linera dijo a la prensa  que “es un gran avance, es una revolución total de la concepción  del Estado, que no excluye a nadie”. Dijo también que los tres grandes  ejes de la historia boliviana estaban articulados: lo comunitario,  lo social y democrático, y lo autonómico. Lo calificó de “una revolución total del Estado”. En entrevista a El Deber explicaba el eje que marcaba los tres acuerdos suscritos hasta ese momento, en lo que llamó “distintas caras de un mismo bloque histórico que conjunciona lo comunitario,  lo estatal y lo privado”,  con correlato regional  en la temática de las autonomías  departamentales, del empresariado   regional ascendente y también la autonomía  indígena,  que reconoce   la fuerza material comunitaria. En la definición del Estado, García Linera hablaba de contenido estatal para  las dimensiones económica y territorial, y lo “Social  de Derecho”, con un vínculo social de un Estado que protege, cuida lo educativo, redistribuye y está presente en la economía; y un Estado también  Plurinacional Comunitario,  que es para el vicepresidente un aporte boliviano a las definiciones de Estado que rompe con la lectura napoleónica de que toda nación tiene un Estado, con una nación que es conformada por muchas naciones (García Linera [2007a]).

El líder de un, Samuel  Doria Medina,  declaró a la prensa  que en las últimas tres semanas se había definido el tronco fundamental del acuerdo sobre la Nueva Constitución y que el principio  de entendimiento se podía traducir en todas las materias. Para Doria Medina se estaba aprobando una fusión de las visiones  del MAS y de la minoría,  por lo que no era una visión indigenista del Estado Plurinacional sino que más bien se estaba dando lugar a una Carta Magna mestiza. Por su parte, Guillermo Richter explicaba que su partido no había respaldado el documento porque no compartían  la visión de Estado, mencionaba que “elevar a los pueblos  indígenas a la calidad  de naciones es una arbitrariedad conceptual con riesgos para la unidad nacional”.  En el informe  a los constituyentes del MAS sobre los últimos acuerdos, Rebeca contaba que la oposición pedía también que la palabra  Plurinacional  vaya  al final de la caracterización  del Estado. Pero  hay cosas que ya no se pueden hacer, decía. La voluntad de diálogo tenía límites. No se puede ir más allá. Quieren confundirnos; que sepa la bancada  las dificultades. No puede haber más postergaciones. Decidimos que va hasta el jueves y viernes, 18 y 19 de Octubre, y ahí se termina. Rebeca decía que si el diálogo fracasaba, al menos habría servido para ver las mentiras  de la oposición,  como la de que el MAS no quería diálogo o que era una Constitución importada  desde Cuba.[33]

A finales de Octubre,  el MAS declaraba que el 80% de la Constitución  había sido ya consensuado.  El MAS había reconocido a los departamentos poder legislativo para sus competencias, y al nivel regional de autonomía se le había restado importancia, supeditándolo al departamento y definiéndolo como un mero espacio de planificación.  El debate de meses con Oriente se centraría entonces en repartir, ceder o compartir las competencias. Fue el último avance del Concejo de La Paz.

El periódico  La Prensa destacó el papel  del experto Franz Barrios, convocado  a la Vicepresidencia, para aportar en el debate donde propuso un modelo de distribución de competencias que sirvió de base para el trabajo.[34]  El periódico  El Deber publicó la lista de competencias nacionales exclusivas propuestas por el Gobierno y las diferencias  del proyecto  de la Media  Luna.[35]

Como había repetido en publicaciones y exposiciones en la fase  de comisiones de la Asamblea,  Barrios explicaba que había ejemplos en los otros países para todas las direcciones,  por lo que se trataba de entender cuál sistema  sería mejor para Bolivia. Barrios representaba el lugar del conocimiento  técnico en que confiaban oficialismo y oposición como lugar del centro político desde  dónde pudiera construirse un acuerdo. Había defendido  la idea de que la autonomía debería tener poder de legislar, y también aclaraba en sus intervenciones que la autonomía indígena no sería un peligro si se tomaban  los recaudos necesarios y se diseñaba bien la estructura. Para que los indígenas  no se vayan hay que poner válvulas para que estén cómodos, decía en una exposición de meses atrás. Algunos lo acusaban  de dar una apariencia  técnica a las posiciones políticas de uno u otro lado, pero su posición prevalecería en un proyecto de Constitución que aspiraba a obtener dos tercios. En distintos foros o espacios de discusión que rodearon a la constituyente, era la regla que sociólogos, antropólogos e indígenas defendieran la propuesta  del mas; abogados y empresarios  la criticaban. Como politólogo, Franz Barrios buscaba ensayar una posición intermedia y así expresaba, en una de sus presentaciones, que hablaba desde el punto de vista de la ciencia,  distinto del de la ley, pero también distante de la opinión de periodistas y otras personas.

Barrios había dicho en uno de esos foros en que participó, que Bolivia no era tan complicada  al lado de países como la India,  con 2300 dioses, además de nacionalidades, y que había modelos en el mundo para todos los gustos. Criticaba los malentendidos  respecto a la idea  de federalismo, que para Barrios podría no aparecer aunque hubiera legislación en las regiones. En lugar de federal y unitario prefería hablar de modelos simples y complejos, citando el caso de España e Italia, que no eran federales aunque  sus regiones  legislaran. También discordaba con el Gobierno del MAS en que dar legislación implicaría  riesgo a la unidad, argumento con el cual se buscaba impedir dar legislación a los departamentos,  a los que se acusaba  de tener un proyecto federalista. Dar sólo cualidad administrativa, como en el referendo, era Autonomía  sólo por convención, decía Barrios, y esta fue la posición que terminó convenciendo al MAS en el Concejo  Político, como posible camino que podría  llevar hasta el pacto.

Según uno de los participantes del Concejo  Político, el vicepresidente  había estado presente  el 90% del tiempo, durante un mes. Abría las reuniones,  hacía síntesis y fundamentaba, y sólo salía para darle informes  a Evo Morales. Óscar “Oki” Vega, del grupo Comuna y cercano  al vicepresidente, pensaba que García Linera se había puesto en papel de mediador por primera vez desde que asumió como vicepresidente de Evo, mientras que en su trayectoria anterior siempre había sido de ir a la confrontación.  Oki Vega pensaba que sólo en el momento del Concejo, el vicepresidente  habría asumido la constituyente, que era lo que varios de su entorno le venían  sugiriendo,  mientras él había preferido hasta entonces priorizar la participación  en el tema de la economía. Raúl Prada decía en broma que Oki era el último “romántico  de la Asamblea”,  porque creía que los dos tercios estaban cerca. Raúl Prada, también  de Comuna, era más escéptico y, como el resto de sus compañeros, salía del Concejo  sin una buena evaluación. El constituyente de Visión País fue uno de los 6 representantes del MAS en esta instancia de diálogo y comentaba por ese entonces que un estaba “colaborando” pero veía al emenerrista  Richter “más bandido”: no era podemos y se presenta como de centro-izquierda, pero tampoco firmaba los acuerdos con el argumento de que lo estaban presionando.

García Linera trabajaba en la búsqueda del centro y por eso presentó  la propuesta de 199 escaños parlamentarios elaborada por Adolfo Mendoza,  desde la perspectiva  del Pacto de Unidad, como “un texto que hizo el entorno del Chato Prada”, conocido por sus posiciones radicales desde  el punto  de vista de la oposición. Era un modo de presentar posiciones  extremas para así demarcar el campo de juego y llevar así el debate  a un centro político. Este era el objetivo del MAS y del vicepresidente  en esta instancia, antes que defender la propuesta  que surgía del ámbito de las organizaciones.  Ana María Ruiz, que había acompañado con su firma  los acuerdos,  elogiaba  al vicepresidente  por su claridad y paciencia en la búsqueda  de acuerdos: “los esperaba  horas para ver si firmaban”. Y describía el papel de Linera como el del pragmatismo  y la búsqueda  continua de los dos tercios como prioridad, incluso frenando a compañeros del mas, por ejemplo al interrumpir discusiones para pedir: “seamos realistas, veamos si eso es posible o no”. Sobre su compañero de partido en el Concejo, decía que una cosa era Richter antes de que podemos llegara a las reuniones,  y otra después. Lo convencían, decía  la constituyente Ruiz.  “A todos nos llaman” le dijo ella a Richter. El mnr es amplio, hay todo tipo de sectores llamando, me explicaba graficando que Richter escuchaba a unos y ella a otros, y que a ella también la presionaron con amenazas para que no apoyara  al mas. Ana María Ruiz había sido alcalde de Mojos, municipio con importante presencia indígena, y se definía cerca de los indígenas  y a favor del Estado plurinacional.  Es lo lógico en un país con 70% indígenas con odio y rabia racial. Por eso firmé, diga lo que diga mi partido. Y agregaba que si el mnr se va con podemos, muere el mnr.[36]

Algunos coincidían en que “la voz ausente en el Concejo”  había sido la de la presidenta Silvia Lazarte. Y algunos la criticaban porque  “no dirige pero impide todo posible liderazgo”. Para Elva Terceros, asistente de Romero, el problema del Concejo no fue la derecha,  de la que poco podía esperarse, sino la izquierda, por irresponsables. Un grupo había dicho “ni a Oruro con el mas, ni con podemos en Sucre”,  y a esos se refería. Otra discusión de esta época en las diferentes  lecturas políticas sobre el balance del Concejo  discordaban si el MAS había cedido mucho o mantenido sin modificar los puntos importantes de su propuesta. Para Sabino Mendoza,  el mayor logro del Concejo  había sido que se deshicieron fantasmas, como ese de que el MAS no quería dialogar, y que el MAS hacía “racismo al revés”. Con nostalgia hacia el periodo  de la lucha por la coca pensaba que si la oposición lograba que no se aprobara la reelección, él lideraría  la línea indigenista radical. La situación política parecía transitar en un tenue límite  entre la guerra y el consenso, entre el pacto y la vuelta al tiempo de la lucha social. Sabino había coincidido en un vuelo de avión con Richter, que le dijo que pensaba que la Asamblea debería ampliarse  hasta marzo; Sabino le dijo que había cansancio para eso y Richter  le respondió “así es la política”.

2.2. Nuevo conflicto en la bancada

La reunión en la casa Argandoña  con el informe  de Rebeca Delgado a la bancada del MAS continuó con planteamientos, recriminaciones  y demandas a la Comisión Técnica que estaba participando del diálogo y revisando  el proyecto de Constitución. La Comisión Técnica era cuestionada por la falta de comunicación con la bancada.  Y desde  la Comisión o Comité, como algunos lo llamaban,  se cuestionaba la información  que había llegado de que desde  la bancada  los habrían intentado desconocer.  Rebeca decía que mientras se reunían en La Paz llegaba información de que había problemas en la bancada,  en Sucre, y que se ponía en duda de si los constituyentes que negociaban en La Paz conservaban el apoyo del resto de sus compañeros. “¿Los van a apoyar o no?”,  les preguntaban en La Paz, y Rebeca informaba que “decidimos seguir adelante pensando  que nuestra bancada va a entender”. Es legítimo querer proyectarse y sabemos que hay problemas de liderazgo personales, decía Rebeca, pero pensemos en seguir adelante. Lo cierto es que era el momento de cerrar acuerdos con la oposición  y no hubo un canal abierto con Sucre para  verificar si la  bancada –o las  organizaciones sociales– acompañaban las decisiones.

Armando Terrazas reemplazaba  a Román Loayza en la conducción de la reunión, después de que este saliera en medio de la discusión  con dolor de cabeza. En lugar de información  nos llegaban quejas, decía y rechazaba “los rumores de La Paz de que están haciendo  otra Constitución en el Junín y la Argandoña”.  El problema era por el paralelismo  de trabajo de la Comisión Técnica inicial y los constituyentes que se habían sumado cuando  la misma se amplió. Decía que la posición había sido no trabajar con autonomías porque “nuestro comité” está trabajando eso. Y que estaban realizando cambios no para desconocer sino para “mejorar”  el proyecto: “si hay que cambiar algo es por el bien del país al fin y al cabo”. Y el presidente  se molestó y dio dos días de plazo para que entreguemos la Constitución, por eso había que mejorarla, explicaba Armando. Se decía que la vieja Comisión Técnica había dicho que el único documento  válido era Oberland (el nombre del hotel donde  se había trabajado en la primer Comisión Técnica) y que después querían desconocer “lo que Cocarico y sus amigos hicieron en Sucre”. Armando también criticó a Carlos Romero, que “no puede decir ‘la mitad de mi cuerpo al comité  técnico y la otra al comité  político’…  había que seguir trabajando”.

César Cocarico hablaba de ambiciones de poder y pedía a Armando no decir que no se había querido desacreditar a la Comisión  Técnica porque no era verdad. Se había querido desacreditar, sostenía. Se quejaba que desde la bancada  habían entrado a la reunión  de la Comisión  Técnica para exigir que él no dirigiera. “No quieren que un indio dirija”, decía Cocarico, que en 2010 llegaría a ser gobernador de La Paz. Y agregaba que en la primer Comisión Técnica se cambió autonomías porque casi era lo mismo que proponía podemos y que, aunque algunos no trabajaron, buscaron desacreditar cuando no se quiso dejar lo decidido en la Comisión, porque todos quieren que entre todo su informe, en referencia a un conflicto entre Saúl Ávalos y Marcela Revollo, que derivó en que Ávalos se retirase de la Comisión. Por alusión, Magda Calvimontes, de la Comisión de Autonomía, pidió la palabra  y negó  la comparación del proyecto con el de la derecha.  Según ella, en la Comisión Técnica sólo se había agregado  lo de la Ley Marco de Autonomías, con lo que todos estaban de acuerdo.  Pero el resto es igual, se defendía Magda, y pedía que leyeran el proyecto  antes de acusar. Agregó que se hablaba de “el proyecto de Saúl”, pero la parte de autonomía indígena fue hecha por los indígenas y la regional  por los que trabajamos en las regiones.[37]

Un constituyenteindígena  de Potosí pedía  respetar la Comisión Técnica, que había reducido de 700 a 330 artículos. Marco  Carrillo, designado por la bancada con apoyo de Evo Morales, decía que les habían dado  la confianza  al Comité Técnico  Político, pero no un cheque en blanco. Había reclamos también por las modificaciones que la Comisión de La Paz había realizado en el texto “Decálogo”, que otro grupo de Constituyentes de la Bancada  había elaborado en Chimoré, junto a Santos Ramírez. Alex Contreras,  el vocero  oficial, los había felicitado, alguno se defendía. El documento  se necesitaba para ir a las circunscripciones a hacer campaña, y tenía que ser un único documento  nacional. Cocarico reconocía que lo habían modificado,  pero decía que lo habían hecho porque  había contradicciones que no podían mantenerse. Emiliana Ilaya de Tancara, de La Paz, dijo que en el Concejo Político los estaba engañando la derecha. También dijo sentirse mal, “que se estaban discriminando entre ellos porque algunos son blanquitos y otros morenitos.  Y preguntaba: ¿para qué hemos venido? ¿Por interés personal? Ahora eso estoy viendo. Y decía que si iban con esos 10 mandamientos no iban a recibir bien en el lugar donde  los eligieron  porque no querían 10 puntos sino una nueva Constitución.[38]

René Navarro decía que en la vida nadie  es insustituible sino nomás parte de un engranaje, y que las cosas en la izquierda  no eran verticales sino más bien en espiral.  El error de esta Comisión, decía, es firmar documentos retrocediendo en algunos puntos cuando no hay dos tercios garantizados, ¿por qué voy a firmar un documento para la derecha?,  eso no es correcto, afirmaba  frente a sus compañeros. En el diálogo sólo tienen que ver líneas generales y no hilar fino, decía. Incluso si estuviera en La Paz el vicepresidente.  Para René Navarro,  frente a la inminencia del fracaso eran importantes  los 10 puntos “aprobados con aplausos en Cochabamba”. El pueblo se va a quedar con eso. Y pedía que le dijeran a Evo que tenía que haber máxima cobertura en los medios. La constituyente Dunia reconocía que había temas menos imposibles y otros, como tierra y territorio, que no se debían negociar. Y de hecho ese era un eje que el diálogo  no había tocado y permanecía pendiente en La Paz. Serían principalmente  los temas de sistemas político y ordenamiento territorial los puntos donde había comenzado un acercamiento.

Rebeca hablaba por celular con Romero, afuera de la sala  de reunión, y después diría que desde La Paz Romero le preguntó  “¿cómo te está yendo  en la reunión?” y que ella había  tenido que responder “era cierto, hay gente diciendo que traicionamos, que estamos yendo contra las organizaciones”. “Nos dicen que el MAS no necesita de oposición para destruirnos y es verdad”. Venimos y nos vamos bajoneados, gente llega tarde y se queja sin saber, alguien lanza una piedra y ya comienza, describía con tono desconsolado. Rebeca explicaba que en el diálogo de La Paz la dinámica  es dura porque se tienen que tomar decisiones en el momento; y que no estaban solos porque  también  estaba el vice con mandato del presidente. Y no somos niños,  tenemos  clara la línea política, afirmaba  frente a la bancada.  ¿Cómo podemos ser tan destructivos? Si alguien piensa que traicionamos nos retiramos, decía. Evo se reunió con cidob y en todos los acuerdos  se consulta al presidente  y al vice, agregaba como respaldo.

Después de las palabras  de Rebeca alguien pedía que no hubiera más peleas porque “tenemos que ser soldados del instrumento” y en cualquier momento nos convocan. Recordaba que Evo había dicho que si no triunfaba el diálogo decidirían los ciudadanos.  Pidió la palabra Avilio Vaca, del pueblo  guaraní, y lanzó una estocada: “los representantes indígenas no formamos  parte de ninguna comisión y ahora no tenemos esperanza en las autonomías indígenas”. Informaba que hubo Asamblea de la apg guaraní y que en el punto  12 rechazaban  los acuerdos  del Concejo  Político, en los que se establecía que las autonomías indígenas no podrían cambiar límites municipales,  ¿de qué cambio estamos hablando? preguntaba y anunciaba que su organización se iría a movilizar. Amenazó con “largarse” en huelga de hambre  y decía que los indígenas que acompañaron la redacción no iban a abandonar y estaban de acuerdo  con el texto del mas, pero no con el Concejo Político. Era la voz más crítica hacia  el diálogo  de La Paz en la reunión,  y fue justamente a Avilio  que  la bancada elegiría para integrarse al Concejo  Político, en un puesto dejado por otro constituyente que había optado por no asistir, porque sentía que su participación en el diálogo lo pondría  en situación complicada con sus bases y principios.  Al elegir a Vaca,  la bancada del MAS en Sucre mostraba así su descontento con los acuerdos. Sin embargo, esta elección  sería ilustrativa del modo como un discurso crítico se neutralizaba. De hecho, su voz crítica ya no se mantendría luego de integrar el espacio  de la Vicepresidencia en La Paz.

Eulogio Cayo decía que algunos parecen diputados defendiendo sus regiones y rebajándose a Comité  Cívico, cuando hay que hacer una Constitución para nueve millones. Cayo ganó aplausos de todos, y también  risas. El clima comenzaba a descomprimirse y Armando Terrazas decía que a veces dan ganas de llorar que nos peleamos entre nosotros, y aceptaba que “cuando se negocia, se negocia, y se puede perder”. No pueden pedir cuarto intermedio para ir a consultar a Sucre, concedía. Armando  preguntó al pleno si se ratificaba  la Comisión Técnica y la Comisión Política de La Paz y nadie se opuso. Y concluyó diciendo que se juntaran en Sucre  los distintos documentos del Decálogo que estaban circulando y sobreponiéndose. Walter Gutiérrez agregó  que esa semana se decidía si vive o no vive la Asamblea; y que Evo había dicho “yo ya me he preparado para que si fracasa esto el Gobierno  no va a salir quemado, ustedes van a salir quemados”. Rebeca pedía que esté listo el Decálogo  por si entramos en Plan B de aprobar nuestra Constitución; y que era momento de trabajar como en la campaña para llegar a constituyente e ir hasta el último lugar a difundir  la Constitución.

Con una prorrogación de la suspensión por parte de la Directiva,  el Concejo Suprapartidario de La Paz obtenía tiempo hasta el 24 de octubre para intentar llegar a acuerdos en los puntos  restantes, incluyendo  capitalía, pero el MAS no obtendría más acuerdos como los iniciales. podemos había  vuelto a las reuniones para obstaculizar las discusiones e intentar romper el espacio, evidenciando además disputas internas y fracturas producidas por el tema de capitalía. Doria Medina declaró a la prensa  que podemos estaba realizando una gran contribución  al estudio sociológico al crear una nueva categoría: “el partido político problema”, que no propone soluciones y siempre le encuentra observaciones  y cuestionamientos a las propuestas.  Ángel Villacorta, explicaba  la dinámica que también había aparecido en la fase de comisiones: podemos siempre estuvo en contra y pese a ello lanza una propuesta,  discute y muchas veces hace cambiar el tenor de los acuerdos, pero llegado el momento los podemistas  no firman, por no estar de acuerdo con el informe  general. García Linera decía: Hemos pasado días enteros escuchando argumentos, incorporándolos, para que luego no firmen. Lo que hacen es patear los temas,  mezclarlos y asfixiarlos con la idea  de que  este Comité Político no vuelva a firmar más documentos. Ahí se requiere tomar decisiones políticas.[39]

Mientras concluía el Concejo con cambios importantes en el proyecto pero sin la menor garantía de dos tercios, Evo Morales  abría un nuevo  frente de conflicto, al margen de la Asamblea pero probablemente vinculado  con la posibilidad de su fracaso, y en el marco de la rivalidad con la Media Luna que se expresaba también en la Asamblea.  Era una propuesta de ley que buscaba crear un bono universal y vitalicio para ancianos, de 300 pesos bolivianos por mes (40 u$d), llamado Renta Dignidad.[40] Y el conflicto estalló porque  el dinero para el pago de la renta provendría de parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos  (idh) que hasta entonces era destinado a los gobiernos departamentales, alcaldías y universidades. El argumento  era la baja ejecución presupuestaria en esas instancias. Pocos días después comenzaron las protestas  y se anunciaron nuevamente movilizaciones y huelgas de hambre. Evo Morales anunció que implementaría el recorte  a las prefecturas por decreto, si fuera necesario, y habría un frente de confrontación que se sumaba al de la capitalía.

Con componentes diferentes a los presentes  en la disputa  inicial por la mayoría absoluta o los dos tercios, o en la Cumbre Social y en las distintas formas  de construir los informes  en la fase de comisiones, seguía en pié una tensión entre el pacto republicano  como centro que diera lugar a un nuevo Estado y el avance decidido que construyera  otro  Estado  de manera  revolucionaria  imponiendo la transformación   por arriba de los caminos institucionales. En declaraciones anteriores, García Linera recordaba que Oriente sólo tendría autonomía  departamental si se aprobaba la Constitución. En el referendo de 2006 se había votado por “…dar a la Asamblea Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía departamental, aplicable inmediatamente  después de la promulgación de la nueva Constitución…” y por tanto, el fracaso de la Asamblea llevaba a retrasar la implementación de las autonomías en los cuatro departamentos donde  había ganado  el Sí, explicaba  el vicepresidente.  El mensaje de García Linera era que sin diálogo y consenso, vendría la violencia. Presentaba al proceso político liderado por Evo Morales como la última  alternativa antes del caos,  o del avance de los movimientos sociales sobre  la propiedad. Había dicho: La derecha contrarrevolucionaria y fascista no frenará el programa de cambios del Gobierno, que continuará con o sin Constituyente.[41]

Sobre el final del trabajo del Concejo  Político, García Linera  daría una entrevista al diario cruceño El Deber, en la que sería preguntado por una frase suya “nos vemos en las calles”,  que había causado revuelo en la prensa  opositora.  Y respondió: La Asamblea Constituyente fue propuesta  como lugar democrático  de ensamblaje de intereses del país. Es un escenario  conflictivo pero dialógico. Es, a su modo, el reconocimiento  de las fuerzas emergentes,  el derecho de las fuerzas replegantes a sentarse a la mesa e incorporar sus derechos y puntos de vista en el horizonte del país. En ese sentido reflexionaba sobre el Concejo Político: ¿Por qué estamos aquí, por qué le he dedicado cuatro semanas de mi vida como Vicepresidente a encerrarme 15 horas con los constituyentes? Porque  queremos impedir que se despliegue esta ala radical, pero  eso no lo están queriendo  entender algunas fuerzas conservadoras. Estamos dando muestra de que queremos concertar […]

Éste es el mejor y quizá el último escenario para pactar intereses.[42]

Conversé con Raúl Prada sobre su visión en distintas entrevistas, luego  del cierre del espacio  de diálogo y consenso en La Paz. Pensaba que la Asamblea y el Gobierno habían desmovilizado a las principales organizaciones; y que Evo Mora-les quería cerrar la Asamblea, mandando a Linera como último intento de salvarla. Por eso en el Concejo  el objetivo era ceder para salvar  la Asamblea. Reconocía que el 85% de acuerdos que el Concejo había alcanzado era sobre temas que no eran los importantes, además de que esos acuerdos no eran vinculantes. Veía que había temas, como los dos tercios y capitalía, en los que no se debía  haber entrado, al mismo tiempo de que había  otros temas de fondo que sí eran importantes pero que  la Asamblea no había abordado. Prada todavía veía posible salvar la Asamblea y llegar al referendo de la población, sin embargo. De todos modos, señalaba que en el texto había límites y que sería una Constitución de transición, sin grandes cambios. No era la Asamblea que habían querido, y por eso hablaba también de apostar por una nueva Constituyente más adelante.

Raúl Prada veía que la  Asamblea se había aislado y que había desgaste. No fue un proceso en el que participaron los movimientos  sociales, en que se construyera un sujeto constituyente. La aprobación del texto sería  una victoria contra la “derecha  recalcitrante”, pero tenía muy presente y recordaba que en el texto constitucional  no había reterritorialización ni descolonización. Hidrocarburos, medio ambiente y tierra pueden ser ejes para una reforma importantísima, decía, pero para un proyecto nacional y no descolonizador. La política se hace de las movilizaciones y no de las instituciones, decía, recordando  el proyecto inicial de que todo el país fuera la Asamblea,  con “asambleas  rodeando la Asamblea”. Para  él había sido una Asamblea convencional, con el “liberalismo  de nuestras costumbres colonizadas”, y la “arquitectura  del Estado  colonial”.  Tenemos que aprender mucho, decía. Somos buenos para resistencia y no para gobernar. Tenemos que aprender a coordinar en estos escenarios en que eres el Gobierno  y tienes  la mayoría. Tienes que ejercer  la mayoría políticamente y no solamente declararla, especialmente cuando hay un complot de la derecha  y los grupos  de poder. Y tenemos que aprender que la política no se hace  de la misma manera que hacen ellos. Nos hemos dejado atrapar por el viejo Estado, expresaba.

Para salvar el proceso, entonces, había que aprobar el texto y después realizar movilizaciones post-constituyentes que interpretaran a su manera los artículos. Así se iría hacia  la descolonización,   pensaba Raúl Prada: con una apropiación plebeya del texto. Sería coordinando también con el Gobierno,  con una lucha en el Congreso  para transformar  el texto en leyes, en materialidad jurídica. “Ya está, hay que acabarla”, decía. Y defendía trasladar la Asamblea a Oruro en caso de que el tema de capitalidad no se solucionara, reconociendo que “Hay cosas: el Pluralismo  jurídico, la reversión  de tierras por no cumplimiento de la función económico  social, que el Agua no es propiedad privada, el desarrollo sostenible y que ellos ya se quedaron  sin la bandera  de autonomía. Hay modificaciones de forma que pueden permitirnos transformaciones más adelante”. Por eso defendía aprobar el texto así como está y dejar que el pueblo,  las naciones, se apropien  del texto y lo usen de instrumento de lucha. Lo que importa es la interpretación, decía Prada, la interpretación movilizada  desde lo plurinacional. Ya se sabe que es una transición, ahora sólo se apuesta a que termine y siga esa transición.[43]

3. Las propuestas sobre  capitalía

Las tareas del Concejo  Suprapartidario  dirigido por García Linera en La Paz terminaron con la presentación  de una propuesta a los sectores pro-capitalía  de Sucre. Las negociaciones sobre los otros temas finalizaron sin más acuerdos, aunque trascendió que el MAS estaría dispuesto a renunciar a puntos importantes de su proyecto, como el parlamento unicameral y la reelección presidencial indefinida. Pero no hubo más acuerdos (cf. bolpress, 24 de octubre, 2007). El último acto del Concejo reunido en La Paz fue la firma de la propuesta  por el tema Sede de los poderes,  que fue elaborada por una subcomisión que en principio permaneció en secreto y que después se supo que estaba integrada por Carlos Romero del mas, Samuel Doria Medina de un y Guillermo  Richter del mnr. El 24 de Octubre, después de 70 días de suspensión de la Asamblea y de algunas semanas de funcionamiento del Concejo,  con tres acuerdos firmados que no garantizaban dos tercios, o cuatro, contando el de capitalía, esta comisión realizaba una propuesta en documento firmado en la suprapartidaria  por diez agrupaciones y un disidente de podemos. El acuerdo  ofrecía a Sucre ser sede del Poder Judicial y del nuevo Poder  Electoral; algunas sesiones  del Congreso,  la declaración de “Capital Histórica” y construir una carretera y un aeropuerto.[44]

Los cívicos de Sucre rechazaron la propuesta. El vicepresidente declaró que un 90% del documento  había sido propuesto  y “casi redactado” por los miembros del Comité Interinstitucional de Sucre que sugirieron  incluir ser sede de los poderes Judicial y Electoral y la construcción del aeropuerto  y la carretera. Aparentemente,la propuesta había surgido a partir de un pre-acuerdo de los líderes cívicos paceños y chuquisaqueños, pero que sus bases rechazaron. Y Romero denunció que la interrupción en el avance  de las negociaciones se explicaba con un viaje a Sucre de Branco Marinkovic, presidente del Comité  Pro-Santa Cruz, que produjo un cambio radical en el clima  de las negociaciones, después de haberse  realizado al menos siete reuniones. La agencia estatal abi informaba sobre reuniones de los cívicos sucrenses con Carlos Dabdoub.[45]

Además de rechazar  el documento,  el  Comité  Interinstitucional  llamó  a movilizaciones para el día siguiente.  Jaime Barrón, presidente del Comité  Interinstitucional, explicó una dura “contra-propuesta”  del Comité: “Pedimos que el Legislativo vuelva inmediatamente  después  de aprobarse la Nueva Constitución Política del Estado,  y en forma  progresiva  el Ejecutivo y todos los órganos  de Poder adicionales quedan en la capital constitucional  de Bolivia”. En respuesta al rechazo,  el Comité de Emergencia de La Paz pidió el traslado de la Asamblea fuera de Sucre. Marcela Revollo, del msm, era una voz representativa de los actores políticos de La Paz que habían impulsado  la consigna de “La Sede No Se Mueve”. Cuando la noticia  era el rechazo de Sucre a la propuesta del Concejo me dijo “listo Salvador, se sigue en enero”. Esa era su propuesta (reabrir la Asamblea al año siguiente),  crítica de la estrategia del mas, en que había observado que “se ocupan de 8 de un y se les van a ir 9 por el otro lado”. Desde  el Gobierno, algunos hablaban de la posibilidad  de cerrar la Asamblea, dejando los temas centrales para ser sometidos a referendo de la población.[46]

Una novedad importante fue la posición  de la Federación  Única  de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chuquisaca (futpoch), que después de su encuentro en Zudáñez presentó una contrapropuesta sobre capitalía de forma separada del Comité Interinstitucional. Era una propuesta difícil de cumplir para el MAS y que La Paz nunca aceptaría, pero representaba un quiebre importante en la posición  del bloque de la región,  que mostraba a los campesinos a favor de la capitalidad  pero lejos de las posiciones intransigentes del Comité  Interinstitucional, controlado por sectores cívicos mestizos de la ciudad.  Se renovaba así la imagen de las “dos Bolivias”, que la llegada del MAS al Gobierno había reavivado. De la Comisión de Negociación, Doria Medina consideró  ante la prensa que esta propuesta  bastante exigente pero menos que la del Comité  sería la base del acuerdo, y al igual que Romero defendía como factible un traslado progresivo o compartido  del Poder Legislativo.[47]

 Además de la movilización de Sucre y del rechazo chuquisaqueño a la propuesta del Concejo  Político, un obstáculo para el funcionamiento  de la Asamblea era la intervención  de la Fiscalía  del Distrito de Chuquisaca que emitió un mandato de aprehensión para obligar a declarar y luego arraigar en Sucre a los miembros de la Directiva  que habían avalado  la resolución  que prohibía la discusión   del tema capitalía en la Asamblea. Los constituyentes se declararon “perseguidos” y anunciaron que se quedarían en La Paz donde las organizaciones  sociales los defenderían.  Esta intervención  del poder judicial de Sucre en el proceso  constituyente se convirtió en otro de los puntos que entraron en la negociación.[48]

Fue entonces que se puso en marcha  desde sectores del MAS que no participaban de las negociaciones  el plan de trasladar la Asamblea a Oruro, pese a que no era posible formalmente porque la Ley de Convocatoria establecía expresamente la sede de la Asamblea  en Sucre. El plan comenzó a desarrollarse rápidamente, con declaraciones  del Comité Cívico, la alcaldía,  prefectura  y Universidad de Oruro  garantizando  el apoyo logístico y de una delegación de representantes de 9 partidos que viajaron a comprobar las condiciones.  Al mismo  tiempo, la Comisión Negociadora  del Concejo  Político evaluaría la situación  de seguridad en Sucre, para decidir si recomendaba  el retorno o traslado de la Asamblea. Pero el plan fracasó y fue abortado después  de que el último día de octubre asistieran solamente 87 constituyentes del MAS a una reunión convocada en Oruro para medir fuerzas propias.

La reunión y el fracaso de la convocatoria  que se esperaba fuera mayor se mantuvo en secreto, pero fue importante para verificar internamente que sería difícil convocar un alto número de constituyentes fuera de Sucre. El mop, el mnr y Richter del mnr declararon que no asistirían, y el MAS no tenía seguridad ni siquiera de alcanzar la mayoría absoluta con la que contaba sesionando en Sucre. No irían los diez constituyentes chuquisaqueños leales  al mas, que compartían las posiciones de la Federación de Campesinos del departamento; tampoco otros aliados que no necesariamente asumían la posición paceña de “La Sede no Se Mueve”. Al volver a Sucre, Armando Terrazas se quejaba de la falta de compromiso; “tuve que mentir para que vayan a Oruro porque no querían”, me ilustró. Era tiempo de recriminaciones y facturas. Evo Morales no tomaba decisiones por la Asamblea,  y Armando se quejó de Silvia Lazarte, a quien responsabilizaba de haberle dado a García Linera el poder de decidir, consultándole en 2006, en lugar de aceptar el primer acuerdo por los dos tercios conseguido  en negociaciones  al comenzar la Asamblea. También había quejas contra Romero, que seguía apostando por el diálogo  y que, Armando  junto a otros, veían como “un técnico  al que le faltaba de política”. Las críticas también alcanzaban la intransigencia  de La Paz, que no permitía  el tratamiento del tema que estaba paralizando  la Asamblea.[49]

 Sin estar al tanto de la marcha  atrás en la estrategia  de Oruro, el Comité  Interinstitucional decidió tomar medidas para evitar esa posibilidad. Las sesiones en otro departamento posiblemente anularían la Asamblea, como muchos deseaban, pero también les quitaría la fuerza que habían obtenido con vigilias y movilizaciones que tuvieron impacto  gracias a que la Asamblea era en Sucre. Reaccionando frente a la posibilidad de traslado, el Comité Interinstitucional convocó entonces a una Cumbre Nacional Cívico-Institucional para el 6 de noviembre, para que la “Junta Democrática de Bolivia asuma una posición sobre el eventual traslado de las sesiones”, que se veía como inminente.

Como el principal fundamento para el traslado al que buscaban oponerse eran las protestas  callejeras  en Sucre, que impedían su funcionamiento, para evitar el traslado de la Asamblea los cívicos hicieron un gesto de diálogo y decidieron ofrecer condiciones para la vuelta  al funcionamiento  normal del foro a la ciudad.  En un acuerdo  firmado  con la subcomisión coordinada por Romero, con los campesinos chuquisaqueños y con el Comité, el día 31, al mismo tiempo que el MAS medía fuerzas en Oruro, los sucrenses garantizaban que las acciones  legales contra la Directiva y la Vigilia quedarían en suspenso siempre y cuando en la primera sesión se tratara el tema  de capitalidad,  anulando  la resolución  del 15 de agosto.[50]

Después del pre-acuerdo,  Silvia Lazarte anunció que la Asamblea  regresaría a Sucre y convocó a los constituyentes  a presentarse en la ciudad  el siguiente  lunes, 5 de noviembre, cuando  presentaría un cronograma de trabajo y convocaría el reinicio de las sesiones.  Faltaban 40 días para que se venciera  el nuevo plazo de aprobación y entrega del nuevo  texto constitucional. Al mismo tiempo, una resolu-ción del Concejo  Político ponía  plazo a la negociación y llamaba a la Subcomisión de Diálogo a “realizar los últimos esfuerzos para resolver el tema de la sede  de los poderes”.[51] Se respiraba algo de aire político en Sucre, y el cierre de la Asamblea no era ya el único  escenario  visible, aunque  la situación aún no se descomprimía en tanto el tratamiento  del tema  capitalía en la primera sesión no era aceptado por La Paz, y Sucre no se había mostrado favorable a aprobar  la propuesta  generada desde el Concejo  Político. Romero declaraba a la prensa  escrita lo siguiente:  “Es bastante delicado,  no quisiera  dar una posición optimista ni pesimista porque a estas horas el tema  ya debería estarse resolviendo. Es muy complicado, seguimos haciendo esfuerzos. Valoro a los integrantes de la Subcomisión que siguen buscando iniciativas; en fin, no quisiera  adelantar mayor criterio. No se ha hecho ninguna nueva propuesta. Necesitamos más tiempo” (Los Tiempos, 6 de noviembre, 2007).

Las conversaciones  entre los cívicos  y la Comisión formada por Richter, Romero y Doria Medina se habían reiniciado.[52]  La base de las negociaciones era la propuesta  de que dos poderes  estarían en La Paz (Legislativo y Ejecutivo) y dos en Sucre (Electoral y Judicial) que significaba una ganancia para Sucre si se tomaba en cuenta la situación  del momento y que, dada  la falta de simetría de la importancia de los poderes,  se podría complementar con otras instituciones no “cedidas” desde La Paz, pero sí “compartidas”. Se escucharon rumores de que el Senado podría pasar a Sucre, o algunas instituciones del ejecutivo hasta garantizar determinado número de empleos. Así surgió una segunda propuesta, el 4 de noviembre, y poco después una tercera, final y “engordada”,  presentada el día 6, que dejaba de lado la demanda  paceña de constitucionalizar sus dos poderes, e incorporaba  puntos presentes en la propuesta  de los campesinos. La nueva propuesta  consistía en otorgar a Sucre status de “Capital Constitucional” y aunque no abordaba  el tema de sede de los otros poderes,  proponía dar a la ciudad  de Sucre,  entre otras cosas, la Defensoría  del Pueblo,  el Ministerio de Justicia, una Comisión del Congreso  que funciona en el receso parlamentario,  y también un punto exigido por los el Comité Interinstitucional: las nuevas entidades nacionales a crearse radicarían en Sucre.[53]

 La posición de los campesinos  de Chuquisaca era ahora más decidida a favor de viabilizar la Asamblea por lo que apoyaron la propuesta. Hubo también apoyos desde sectores opositores,  como un senador chuquisaqueño  de podemos. El senador de Oruro, Carlos Böhrt, también  de podemos, calificó ante la prensa de incoherente la propuesta chuquisaqueña de pedir el traslado inmediato del Poder Legislativo. Pero el Comité Interinstitucional rechazó también la nueva propuesta, y mantuvo la posición  de no negociar el reclamo  de vuelta de los dos poderes  y la capitalía plena. Además, la propuesta tampoco había obtenido el apoyo de La Paz, que decía  “ni  un alfiler a Sucre”. Roberto Aguilar, vicepresidente de la Asamblea, comentaría más adelante que en ese momento le había preocupado la posibilidad de que los cívicos aceptaran el acuerdo, que veía como un retroceso para el mas. Por eso “besaba el televisor”, decía,  cuando  salió Edgar  Arraya (constituyente disidente del mas) a gritar que eso era inaceptable.

La Paz defendía la posición  de no ceder a partir de lo que se tenía (la sede de los poderes  Ejecutivo y Legislativo), y no de lo que pudiera ser equilibrado en una negociación abstracta entre dos partes. Lo que se enfrentaba entonces era el realismo  de La Paz con el historicismo  de Sucre, este último con una fuerza de negociación efímera, por la coyuntura  de la Asamblea.  Y también estaba en juego el proceso político iniciado por la llegada del MAS al Gobierno, que no era un tema ajeno a la discusión  de la sede  de los poderes.  En este sentido, Macario Tola, presidente de la brigada  de La Paz y constituyente del mas, me decía que lo importante era lo comunitario  y lo plurinacional,  que no creía que se hubiera cedido mucho en el Concejo  y que había que apostar a las autonomías indígenas. Explicaba que los de El Alto luchaban  no sólo por “la sede no se mueve” sino también por la constituyente  y el Estado Plurinacional. Contaba  cómo estaban trabajando con la población de El Alto, con proyecciones en Power Point sobre la propuesta de Nueva Constitución que debían defender en las urnas.  Decía que había estado cinco años preso –había  sido compañero de García Linera en el egtk y caído preso junto a él en 1992– y que no le tenía medio a la violencia.  Pensaba que así como se nacionalizó  el 70% de los hidrocarburos  (con el aumento  de impuestos), el pueblo  tendría que seguir exigiendo otras nacionalizaciones. Pero el boliviano  se mueve y después para, para esperar, me explicaba.

El 6 de noviembre García Linera declaró el cierre de la instancia  de diálogo en La Paz y la responsabilidad  de buscar la forma  de continuar con la Asamblea volvió a la Directiva.  Los cívicos reiniciaron sus vigilias para no dejar reiniciar las reuniones  plenarias hasta que se revirtiera la exclusión  del tema por la resolución del 15 de agosto. Después de trascender la negativa  de Sucre a aceptar  la propuesta del Concejo, García Linera realizaba sus declaraciones más duras desde la llegada del MAS al Gobierno: “Queda la Asamblea Constituyente en manos de su Directiva, de los asambleístas  y del pueblo boliviano, que confiamos sabrán encontrar el mecanismo para  liberar  a la Asamblea Constituyente de este chantaje ultra conservador,  de este secuestro reaccionario,   racista y fascista de algunos sectores empresariales  y políticos que quieren  hacerle daño al país”. Se refirió a los dirigentes del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, a algunos empresarios de Santa Cruz y a la agrupación ciudadana podemos, que impedían el funcionamiento de la Asamblea, y advirtió que “(e)sta decisión libera a la mayoría para que en los siguientes días pueda  tomar decisiones  aún mucho más radicales en cuanto a la distribución  de las riquezas.  La minoría no tendrá derecho a reclamar  el que la mayoría tome decisiones radicales en torno a temas de la propiedad,  porque ellos, la minoría, es la que está cerrando el escenario  de encuentros y diálogo”.[54]

Los sectores más duros de la oposición  parecían  aceptar el reto de la confrontación y buscaban sumar voluntades para imponer una contrareforma con las banderas de autonomía  departamental, capitalía y oposición  al Estado Plurinacional. Planeaban abrir una Asamblea  opositora al mas, en Sucre, convocando a 128 constituyentes (el quórum básico), u organizando una Asamblea paralela en la sede oficial del foro en caso de que el MAS insistiera en trasladarse a Oruro. El constituyente chuquisaqueño, Edwin Velázquez, de podemos, declaraba que la oposición sumaba cerca de cien asambleístas que impedirían el traslado a Oruro. Las tres vertientes del mnr, as del alcalde de Potosí,  las agrupaciones de la media luna (mir, apb, aai) y podemos dieron una conferencia de prensa anunciando esta posición  y nueva acumulación de fuerzas y se hablaba de constituyentes del MAS y un que también se sumarían.  Mencionaban  el apoyo de constituyentes de 10 fuerzas, un número parecido  al que el MAS logró reunir en la firma  de los acuerdos del Concejo Suprapartidario de La Paz.

Buscando  evitar el traslado de la sede, los manifestantes  de Chuquisaca en vigilia y movilización,  rodeaban  el edificio de las oficinas  administrativas  de la Asamblea  Constituyente, en el Teatro Gran Mariscal, para impedir la eventual salida de documentos de la Asamblea. No obstante, el diálogo con los cívicos no se había  cortado totalmente, y el 9 de noviembre el diario La Razón publicó  una foto de Romero ingresando a la casa del asesor  del Comité Interinstitucional, Germán  “Chunca” Gutiérrez, a la medianoche, después de dejar una reunión con la Federación  de Campesinos. Se decía que Barrón y Cava estaban dispuestos a aceptar un acuerdo que les diera “al menos el legislativo”.  Pero cualquiera que fuera su estado en ese momento, la negociación  rozaba lo imposible.

El avance sobre la propiedad, cuya posibilidad García Linera había anunciado, no se había activado, como tampoco el traslado a Oruro  ni el avance de las negociaciones  con el Comité. Raúl Prada recordaba que en los talleres entre constituyentes realizados antes de comenzar  el foro la posición  era “reforma  constitucional” o “Asamblea Constituyente”.  Al final iría a ser una reforma, evaluaba. Las peleas internas incluso habían  afectado la salud de Raúl,  cómo la de otros constituyentes, que había tenido un surmenage.  Él había sido desautorizado nuevamente,  en el Concejo  Político, como había ocurrido cuando participó de una primera negociación por el reglamento  en 2006, y luego de la decisión  de excluir a podemos en Visión de País. Recordaba que Álvaro tuvo un momento anarquista cuando salió de la cárcel, influenciado  por Raquel Gutiérrez, pero después apostó por el Estado y la real politik. Según Prada, García Linera había sido “ganado” por los medios. Hasta el 2005 existía una tensión entre estatismo y anarquismo. Después, lo anarquista mana kanchu,  [55]decía Raúl. Me confesaba que como participante del proceso había decidido ver qué pasaba con la real politik y pensó  “quizás  el Álvaro tiene razón”, pero ahora decía estar comprobando que el pragmatismo  político no funcionaba y que era política tradicional. Por eso pensaba que quizás su lugar tendría que haber sido acompañar  el proceso desde afuera.

Veía que el Gobierno  le había “soltado  la mano a la Asamblea” y que no había estrategia para la Asamblea Constituyente, había incoherencia y falta de planificación, decía. Contaba que después del discurso fuerte de García Linera al cerrar el Concejo,  era el momento de empezar con el Plan B, con movilizaciones y medidas del ejecutivo, pero no hubo  nada. Así lo había pensado también Álvaro, decía Raúl, como se había escuchado en un discurso que iba en la dirección  de lanzar la revolución  agraria con reversión  de tierras. Se mueven con ambigüedad y hoy se ve el riesgo claramente de que no se termine. Para terminar se necesitan cojones y eso no hay. Cojones para enfrentarse a lo que digan arriba decía el Chato Prada, señalando en su crítica también a los asambleístas.

Raúl Prada estaba a favor de que  la minoría se expresara en un segundo texto, y que hubiera  referendo  entre las dos visiones de país, una con los movimientos sociales y otra con los comités cívicos de la Media Luna. Pensaba que nadie apoyaría la Constitución de podemos y que los chuquisaqueños no serían suficientes para aprobarla.  Ante la posibilidad  de una Asamblea chuta [56]en Sucre, creía que también había que pensar seriamente en trasladarse a Oruro. “Ahora es el todo por el todo”,  decía Prada, y veía como algo positivo que Carlos Romero haya negociado  para reaperturar la Asamblea pero observaba que si después no hubiera dos tercios, todavía no había  plan para seguir con las plenarias.  Lo que había era incertidumbre y falta de decisiones. Ahora nos vieron  los tobillos y se envalentonaron, decía. Y las únicas opciones que veía eran “Oruro… o ganar  la plaza”.

4. Entre la violencia y la decisión final

Cerrada  la vía del diálogo  con la clausura  casi sin resultados del Comité Multipartidario en La Paz, el MAS y la oposición  comenzaron  a medir fuerzas,  los unos para buscar la aprobación  del texto y los otros para darle el tiro final a la Asamblea. Vendría un largo tiempo de agónico tire y afloje sin iniciativa  triunfante de ninguna de las partes, con una distribución  de fuerzas que no permitía al MAS alcanzar los dos tercios, pero tampoco a cualquier  otra de las fuerzas avanzar por otro camino. El éxito de la Media  Luna  en imponer los dos tercios como forma de aprobación parecía estar llevando  la Asamblea a la nada,  a pesar de que desde ambos extremos se diagramaban estrategias para reconducir la Asamblea  en una dirección radical: autonomista, en el caso de la Media  Luna, con capital en Sucre; o revolucionaria plurinacional, en el caso del mas. Mientras avanzaba  el mes de noviembre, el Comité Interinstitucional en Sucre no daba muestras de flexibilidad para negociar  una salida. Los defensores de la capitalía tenían miedo de que en una eventual sesión se autorizara el traslado del foro y no se retomara el tratamiento del tema  de la capitalidad,  y los que lideraban el conflicto parecían no aceptar una solución arbitrada. Hubo también una reunión de las prefecturas departamentales opositoras y las fuerzas cívicas de la Media  Luna y Chuquisaca en Tarija, en que se confeccionó una agenda independiente de la Asamblea.[57]

 Luego de rechazadas las propuestas,  con el discurso de García Linera devolviendo a Sucre el protagonismo,  el 7 de noviembre Silvia Lazarte convocaba  a sesión  para el viernes 9 de noviembre, en la que se decidiría el eventual traslado de la Asamblea a una sede donde pudiera sesionar. Lo que viabilizaba la convocatoria era el acuerdo firmado  entre cívicos de Sucre y la Subcomisión del Concejo Político ya extinto el 31 de Octubre,  en el cual el Comité Interinstitucional garantizaba  el orden a cambio de que el tema  de la capitalidad  fuera tratado en la primera reunión de la Asamblea. La disputa  política central se trasladaría entonces  a la definición de la Orden  del Día para las sesiones,  que los cívicos esperaban  que incluyera  el tema capitalía, en su primera  convocatoria a sesiones en Sucre después  de casi tres meses de suspensión, la Directiva  no llegaba a un acuerdo para incluir ese tema. Algunos miembros de la Directiva  no asistieron a una sorpresiva reunión, según Silvia Lazarte, por tener los celulares apagados, y sin respetar el pre-acuerdo que había viabilizado  la reapertura,  la Orden  del Día anunciada por la Directiva  no incluía aquella cuestión.[58]

Ante  la posición de la Directiva  e influidos por la radicalidad del discurso de García Linera (según me  comentaban  personas presentes en la  reunión) la Asamblea del Comité Interinstitucional desconoce   el preacuerdo y decreta vigilia, bloqueo  de caminos y marchas. Según algunos,  la decisión  se toma de modo apresurado y sin cautela ante el eventual cumplimiento  del acuerdo en la primera sesión, y no oyendo  el pedido de no desconocerlo por parte de dos de los líderes por la capitalía –Fidel Herrera  y Aydeé Nava. Guiados por la emoción y creencia de que el MAS buscaría aprobar su Constitución “en cinco minutos”, pero también como respuesta al discurso duro de Linera, en que el vicepresidente llamaba  fascistas a los cívicos,  y que fue escuchado  al inicio de la reunión,  antes de que la Asamblea  decidiera si autorizaría  la vuelta de las sesiones,  se dejaba  la negociación y se volvía a la calle. El Comité declaraba vigilia impidiendo nuevamente  las plenarias y convocó a adherirse a la “lucha  por la defensa  del idh”, a movilizarse en defensa de la legalidad,  y declarar a García Linera “enemigo de Chuquisaca”. En la tensa reunión  había primado la voz más radicalizada de los estudiantes, que declararon que “noviembre se convertirá en la revancha  de Ayo Ayo”, recordando el episodio de la guerra federal en que los jóvenes  chuquisaque-ños eran sacrificados, más de cien años atrás. La reunión  concluyó con el llamado de los estudiantes a dejar las palabras  y pasar a la acción  y se convirtió en vigilia bloqueando  el acceso al Teatro Gran Mariscal.

Entrevisté al prefecto  de Chuquisaca (mas) David Sánchez, que estaba participando de la Vigilia  sentado en las gradas (escaleras)  de la puerta  del Teatro, junto a los líderes del Comité Interinstitucional y al lado de las constituyentes del MAS Epifania Terrazas y Sabina Cuellar que se habían sumado al reclamo. Habían llegado más personas a la plaza de enfrente al Teatro hasta alcanzar el número de 150 aproximadamente, siendo los estudiantes  el grupo más numeroso. El prefecto defendía  la posición  del Comité:  tratar el tema de capitalía como única forma de destrabar la Asamblea.  Mientras conversaba  con él se escuchaban  los gritos de la gente “Esto es Sucre carajo, Sucre se defiende” y “Silvia Lazarte, bolas mana kanchu”. Habían decretado  la medida de fuerza porque la Orden  del Día no se refería al tema  capitalía y sí al traslado de sesiones. Pregunté al prefecto  Sánchez si la vigilia no justificaba  el traslado de la Asamblea y reconoció que esa había sido una posición en el debate del Comité, reconoció que es un círculo vicioso  en el que sólo se autorizaría el funcionamiento de la Asamblea si se suspenden las protestas, pero éstas no se suspenderían  sin garantías de tratamiento del tema en el foro.[59]

 La Vigilia terminó mal. Unos 17 constituyentes del MAS de La Paz ingresaron al Teatro a las 6 de la mañana para la sesión que comenzaría al día siguiente y unos 50 estudiantes en vigilia reaccionaron violentamente. Entraron algunos constituyentes más con el objetivo  de reabrir las sesiones  y los cívicos rompieron puertas y ventanas del Teatro, intentando invadir y ocupar el edificio. La Policía intentaba desalojar a los asambleístas  advirtiendo que sus vidas corrían riesgo pero los constituyentes  se negaban a dejar  el lugar de las sesiones  intentando resguardarse en el último  piso del Teatro. Jaime Barrón pedía a los estudiantes que no invadieran el Teatro porque  sería excusa para cambiar la sede  y criticaba ante la prensa  a la Federación  de Campesinos “por dejarse influenciar por los intereses particulares del MAS y algunos  dirigentes”.  Para  evitar la violencia  la Directiva suspendió  nuevamente  la sesión y ese día distintos constituyentes  del MAS fueron agredidos físicamente en distintos puntos  de la ciudad,  especialmente cuando  se acercaban  al Teatro para cumplir  la convocatoria  de la Directiva. Jimena Leonardo relataba días después cómo había sido el ingreso de sorpresa  al Teatro en la madrugada  del día 9. Los taxistas habían empezado a tocar bocina para denunciarlos, por lo que pensaba que los taxistas estaban  con la capitalía,  y que sería necesario  conseguir  otros taxis para los constituyentes.

ERBOL informaba que “una turba enardecida que responde  al Comité Interinstitucional de Chuquisaca”  agredió al menos a siete asambleístas  y que el vicepresidente  del foro había declarado que habían identificado con videos a los agresores, que eran funcionarios de la Alcaldía  de Sucre. Algunos constituyentes eran identificados fácilmente por la población, por su aparición cotidiana en los medios, como comprobé cuando un lustrabotas de la plaza le dijo a Raúl Prada que sabía que él era “un constituyente paceño”. Prada sería uno de los agredidos, con una patada recibida en el rostro cuando  funcionarios  de la Alcaldía frenaron el taxi en el que se encontraba, lo ayudó  un constituyente al que no reconocieron. También hubo intentos de frenar el vehículo  en que se transportaba Silvia Lazarte, pero la Policía  pudo evitarlo. “¿Esta  es la garantía que han ofrecido?” preguntaba el comandante  de Policía de Chuquisaca mientras sus hombres dispersaban a los manifestantes.[60]

Carlos Romero contaba que se salvó de la turba escondiéndose  debajo de una mesa de la oficina  de la ong cipca, cuando se acercaron para agredir a Román Loayza. En ese momento hablaba con Álvaro García Linera, a quién debió dejar del otro lado de la línea  sin explicaciones y con el teléfono colgando  del cable mientras se ocultaba. Ya más distendido, más tarde recordaba  con humor que García Linera le preguntaba  por el número de bajas, “porque cree que está en la guerrilla”.  Los medios de Sucre y algunos de sus dirigentes, explicaban  la violencia como respuesta a las provocaciones del mas, decían que Mirtha Jiménez y Marcela Revollo habían  criticado a los manifestantes  o la causa  de la capitalía.

“Que nos maten, pero el proceso  no para” diría Mirtha rememorando más tarde lo sucedido. Un constituyente buscaba conseguir gas paralizante y había realizado contactos con militares con ese fin, y alguien sugería que el gas paralizante había que  tirárselo a la Directiva, a la que consideraba responsable por no haber incluido el tema de la capitalía  en la Orden  del Día a pesar del acuerdo.

Después de las agresiones, muchos veían las mejores condiciones políticas para trasladarse a Oruro. Pero el MAS decidió  insistir en la convocatoria de sesiones en Sucre: “Queremos que sigan pegando a los del MAS a nombre de la democracia, que saquen matones a nombre de respetar la legalidad, pateando  a los asambleístas” declaraba con ironía Armando  Terrazas a la prensa.  El principal  discurso de los cívicos de Sucre “en defensa  de la legalidad”  estaba debilitado.  En conferencia de prensa, Silvia Lazarte declaró: “Si quieren matarnos que nos maten, si quieren echarnos que nos boten pero nosotros no nos vamos a ir de esta ciudad.  Esa es la decisión,  hasta que la plenaria  no decida qué se hace no nos vamos a mover de aquí, porque eso dice la Ley de Convocatoria”. Esa era la posición a la que el MAS había  llegado: reinstalar la Asamblea para aprobar la Constitución  del modo que se pudiera, para que luego la población  revalidara en referendo  los artículos sin dos tercios. En consonancia,  la csutcb, la central  de mujeres campesinas y los colonizadores también daban conferencia de prensa para anunciar movilizaciones hacia Sucre  desde  el lunes siguiente para garantizar la Asamblea, “en cumplimiento de las resoluciones  de la Cumbre Social del 10 de septiembre en Sucre”.

Entre  los rumores que circulaban oí que se seguían pensando propuestas para negociar  con los cívicos chuquisaqueños, como la de que Evo Morales fuera tres meses por año a gobernar  desde la Glorieta, palacio en las afueras de Sucre. También se decía que la alcaldesa  ya se estaba desmarcando de las protestas porque no recibiría  dinero para obras.  Carrillo comentaba que Barrón no estaba de acuerdo y era intransigente, pero que Fidel  Herrera,  la alcaldesa Nava y Jhon Cava le habían dicho en privado que no querían “todo” sino “alguito más que la tercera propuesta”. Él les había pedido que si querían eso lo digan de forma oficial. Romero continuaba reuniéndose  con esos sectores y también con los campesinos de Chuquisaca para alcanzar un acuerdo. Uno de los asesores  de Silvia Lazarte, Rubén, decía que los del Comité Interinstitucional estaban  fracturados y había cuestionamientos hacia Barrón. Los estudiantes habían dicho que si quería seguir en el Comité  haciendo política tenía que dejar la rectoría.[61]

Marcela Revollo se quejaba de que cuando se estaba por acordar, Silvia Lazarte no cambió la Orden  del Día y los que negociaban ya no tenían cara para hablar con la oposición. Decía que después de eso el mnr dijo que el MAS no era serio y pidió que les presenten propuestas  concretas si quería volver a dialogar. Estaba enojada con el MAS y decía que después de eso el msm ya no apoyaría la última propuesta  del Concejo,  por la falta de seriedad. El constituyente Eulogio Cayo decía que si no aprobaban la Constitución  “en grande” no iban a poder volver a sus lugares y no los iban a dejar hablar en ningún lugar: “Cayo te vas, nos van a decir”, ilustraba, y decía que no los elegirían  ni como corregidores. Otro constituyente del MAS decía que se terminó el tiempo de la legalidad, y que había que aprobar la Constitución por mayoría simple y el pueblo lo refrendaría  por dos tercios. Del otro lado, el prefecto de Pando Leopoldo Fernández anunciaba que si el Gobierno no cumplía los departamentos de Oriente y Cochabamba declararían “autonomías de facto”, asumiendo el mandato  del pueblo  del referendo de 2006.

4.1. El bloque  disidente y el intento de sumar

Los problemas del MAS para aprobar  la Constitución no se reducían a la tensión entre La Paz y Sucre. Las organizaciones  indígenas continuaban descontentas con el rumbo de temas como la autonomía  indígena  y la representación  directa después  del Concejo  Político. Evo Morales habría estado de acuerdo en reducir los alcances o quitar del proyecto estos temas,  en caso de que la negociación  lo exigiese. Jazmín Salinas, que había trabajado como “técnica” en Visión País y ahora lo hacía en conamaq, daba cuenta de la tensión  de la confederación  de ayllus y markas hacia el Gobierno,  pero también de los conflictos internos de la organización, con una fuerte entrada del partido as de René Joaquino en ayllus de Potosí, a los que llegaba su influencia política. También las “bartolinas”  tenían pujas  internas. El intento de concertación  con la oposición en La Paz, además de infructuoso, había debilitado la base  social del mas, principalmente el apoyo de las organizaciones indígenas que habían visto caer algunas de sus reivindicaciones,  a pesar de que en el discurso final García Linera parecía indicar que luego del fracaso en la concertación vendría un avance en el proyecto de los campesinos indígenas.

Las dificultades internas del MAS y la reinstalación de las sesiones dieron lugar a la aparición  de un nuevo  actor político en la Asamblea,  cuyo nivel de cohesión era dudoso, pero que en la prensa  se anunciaba como un nuevo bloque de 35 constituyentes. Era un grupo formado por sectores aliados al MAS que se habían diferenciado de la bancada  oficialista en los últimos  tiempos. En la mayoría de los casos buscaban  una posición que no implicara un alejamiento  del proceso de cambio, pero sí la expresión  de un disgusto hacia los procedimientos  del MAS en la conducción  del mismo, aunque  estaban también  los que señalaban diferencias más profundas. La prensa exageraba  la importancia numérica y política del bloque y las consecuencias de su formación, porque muchos de ellos no dejarían de contribuir en la búsqueda  de dos tercios del mas, pero el bloque  existía y traía algo de nerviosismo  a los que hacían cuentas en el mas. La prensa hablaba de una “brigada patriótica” o “Frente Amplio de Asambleístas  Patriotas” y aparecía, con 35 votos, como fuerza dirimidora  frente a los 120 constituyentes  leales al mas, los 6 de un y los 81 de la Media  Luna.[62]

Loyola Guzmán, elegida en las listas del  mas y Néstor Torres  del MOP dieron declaraciones en representación  del que llamaron el “Bloque  Bolivia”, que se habría formado después del fracaso del diálogo.  Guzmán pedía no ser llamados disidentes, sino constituyentes con posiciones  críticas y autocríticas con el interés de sacar la constituyente del estancamiento.  Torres fue más allá y declaró –en sintonía con la oposición– que el objetivo  de convocar a 128 cons-tituyentes fue reabrir  la Asamblea sin esperar  al mas, rechazando un posible traslado puesto  que ya contarían con 110 constituyentes. Loyola Guzmán me explicaba su posición, y aclaraba que el espacio  que habían formado se llamaba Bloque Bolivia y no Frente Patriótico o Alternativo, como los llamaba la prensa. Lo que motivó su formación  fue el enojo por la manera en que el MAS manejó las cosas, porque no querían apoyar  una Constitución votada sin discutir, decía. No saben hacer alianzas, no te llaman a participar del proyecto y quieren tu voto. Se quejaba de que en la reunión  les dijeron  que si no votaban les iban a ejercer justicia comunitaria.[63]

Nancy Burgoa era parte de una Comisión del MAS formada para negociar con los partidos aliados minoritarios. En su informe a la bancada  del MAS decía: nos han querido sondear sobre si nos vamos a Oruro o nos quedamos. Dijimos que estamos haciendo también  nosotros nuestra evaluación, pero que había una tendencia a ir a Oruro. El mop y asp dijeron que ellos seguirían  la decisión  del mas. El resto –que estaban en términos personales– dijeron que iban a pensar y que aún no tenían decisión, pero tuvieron problemas internos porque  algunos hablaban cuidando sus propios intereses, según  la constituyente Burgoa.  Había 18 constituyentes en la reunión  y dijeron que faltaban dos o tres. Aclararon que son nuestros aliados naturales y pedían que se agoten los esfuerzos para sesionar en Sucre. Torres del mop proponía que se debía sesionar en un cuartel de Su-cre. El msm había pedido una reunión por separado para explicar su posición, y dijeron querer una identidad  política al interior del mas, lo que no significaba que se irían, aunque no participarían más de las reuniones.  Nosotros les vamos a seguir como soldados, no hemos roto acuerdos. Estamos con ustedes y avísennos lo que decidan porque los seguiremos.  Hemos quedado en eso, decía Burgoa en su informe.

Freslinda Flores también había participado de reuniones y decía que los del nuevo  bloque  eran constituyentes con angurria de poder, que querían extorsio-nar al MAS en el momento preciso  para tener réditos económicos y de liderazgo. Freslinda les dijo: “¿por qué carajo de una vez no dicen lo que quieren?”, y ellos respondían: “podemos compartir  el poder” y “el hermano Evo se ha olvidado de nosotros”. Debemos materializar  el apoyo porque necesitamos a los chirlas… no digamos que los tenemos,  sugería, y proponía que alguien con poder político desde La Paz tuviera negociaciones  uno por uno. Álvaro Azurduy, disidente de podemos, decía que lo que quieren es incorporarse en la gestión  de Gobierno, y que su gente trabaje en el ministerio  de salud. Eso tiene que materializarse sí o sí, decía.

Después de realizar conversaciones  con el nuevo espacio, el MAS logró un acuerdo  para que los partidos menores volvieran a trabajar con él, con la condición de que sean escuchados y que la sesión  se instale en Sucre,  luego de establecer un temario que incluyera el tema de la capitalidad. Pero Silvia Lazarte y la Directiva no habían  modificado  la Orden del Día, creando nuevamente  disgusto entre los aliados. En una reunión de bancada de constituyentes del MAS en la Argandoña –en la que “tipié”  el acta a pedido de los constituyentes–  Mirtha Jiménez corregiría a Román, que había dicho que los aliados apoyarían  al mas, diciendo que no se trataba de que “apoyaban” al mas, sino de que desde ese momento se pensaba la estrategia  en conjunto y que “desde hoy en adelante las decisiones  se toman con todo el Frente Amplio”, espacio en el que el MAS buscaría reintegrar a los aliados. Lastimosamente  la hermana  Silvia estaba reunida en otra parte y no respetó la decisión  de modificar  la Orden  del Día, explicaba Mirtha, y pedía que se explicara a los aliados “que comprendan que no fue nuestra voluntad… de hoy en adelante los acuerdos  deben cumplirse,  incluso la Directiva… Eso es lo primero que tenemos que aprobar como bancada si queremos que funcione ese Frente, para que esto avance”, decía.

Charo Ricaldi también relataba  la falta de coordinación de la Directiva  y decía que no se necesita una carta formal, sino usar el teléfono, que está para eso. Armando Terrazas se quejaba ante sus compañeros de la “descoordinación” entre Directiva y bancada: Primero había sido el conflicto  de la Comisión Técnica, cuando  volvió al texto. En la reunión  del día anterior, por la noche,  la bancada decidió  la Orden  del Día junto con los partidos aliados y antes de que terminara la reunión la compañera Silvia en conferencia de prensa ya estaba anunciando otra Orden del Día. Teníamos  acuerdo con los partidos chicos que ya no nos creyeron, decía Armando. Dicen que perdimos credibilidad, aunque son ellos que  no dicen la verdad. Tuvimos  que formar comisión de tres constituyentes  del MAS con los que dicen ser de izquierda, y hasta comemos en la misma mesa –la presidenta costea pollo– pero en la práctica hacen  otra cosa  y no votan con nosotros. Y después dicen “no nos den duro en allá”, porque no quieren que el MAS diga la verdad en las comunidades,[64] continuaba Armando.

Para contribuir en la toma de decisiones  políticas y la búsqueda  de sumar voluntades para conseguir  los dos tercios o un número aceptable para ir a Oruro, poco antes de tomar una decisión  final se trasladó a Sucre el principal operador del mas, el senador  Santos Ramírez Valverde, que más tarde dejaría  el Senado para asumir funciones como presidente de ypfb, no corriendo muy buena suerte en ese destino. En el MAS se escuchó la orden de que todos se quedaran en Sucre porque llegaba Santos Ramírez a definir. Santos conformó  una comisión para buscar dos tercios, formada por los constituyentes del Concejo  Político, los de la Directiva, los dirigentes de las organizaciones  y miembros de la Dirección  Nacional del mas. Deberían empezar a visitar a los otros constituyentes. Él estaría cuando pueda porque lo reclaman del Senado,  decía, dando cuenta de su papel estratégico en el Congreso.

Santos Ramírez decía, en otra de las reuniones diarias de la bancada del mas, que era fundamental el trabajo de las organizaciones para ganar a los constituyentes de partidos chicos de Oruro y Potosí, que podían responder a sus bases antes que a sus partidos. Los del Bloque  Alternativo criticaban al Instrumento  pero decían que estaban por el proceso de cambio, igual que los Sin Miedo, agregaban.  Santos Ramírez creía que se estaba cerca de los dos tercios para la última propuesta  de la capitalidad.  Si no se conseguían los dos tercios, la posición era no sesionar. El senador Ramírez había cerrado la posibilidad  de una nueva ampliación  desde el Congreso. Del mbl se sabía que Oña ya estaba con la derecha,  pero de Cevallos y otros no se sabía y podrían aportar. EL mnr amenazaba con no votar por la propuesta de capitalía si La Paz no lo hacía,  y decía que el acuerdo  que había firmado ya no era válido por no haber sido aprobado por los sectores cuando fue presentado. Le habían preguntado a Ricardo Cuevas  que dijera en bloque todo lo que quería , para negociar, y dijo que respondería al día siguiente para consultar con Cossio. La suma venía difícil.[65]

 En una de sus reuniones,  cuando el reinicio de las sesiones  era inminente, el MAS evaluaba, pensaba estrategia y medía fuerzas. Se hizo una revisión por bancada y fueron contabilizados aproximadamente 130 constituyentes del mas. Eso daba quórum por uno o dos constituyentes, pero se estaba lejos aún de los dos tercios sin los otros partidos, como se sabía desde el principio. Pablo Zubieta sugería que el voto fuera nominal, para comprometer a los constituyentes de La Paz, y recordaba que dos tercios para el tema de la capitalidad  no significaban dos tercios para el resto. En sus cuentas, que escribió en la pizarra,  se sumaban 28 constituyentes de partidos chicos, que él sumaba a los 133 que calculaba del MAS (con los disidentes de podemos) contabilizando un total de 161 constituyentes, nueve menos que los dos tercios. Rebeca pedía insistir con Richter para alcanzar los dos tercios, y sugería que se lo apoye en el discurso  y se lo fuerce a hablar para comprometerlo. Pero había tres corrientes  en el mnr respondiendo a distintos jefes políticos de las regiones. Los constituyentes del MAS se quejaban del doble discurso de Richter pero se decía que con que garantice 6 votos ya sería suficiente.[66]

4.2. Entre vigilias y los últimos intentos  de convocar

No estaba claro para los constituyentes qué pasaría después de lograr instalar la sesión. En la reunión  del mas, Víctor Hugo Vázquez se preguntaba qué irían a hacer en las plenarias.  El tema de capitalía va a llegar, sea por correspondencia o de cualquier forma, preveía, ¿Cuál propuesta vamos a homologar? Raúl Prada recordaba que la primera propuesta fue aceptada por el Comité de Emergencia de La Paz, y no así la tercera. Había que evitar problemas con La Paz, decía. Magda Calvimontes, de Tarija, proponía homologar la primera propuesta que, decía, en un 95% había sido escrita por Jhon Cava y Barrón, no por el Concejo  político. Proponía homologar esa propuesta. Y si chillan es su problema, los que vamos a decidir que se hace con la capital somos nosotros. Pablo Zubieta de Oruro no estaba de acuerdo. Para él tenía que votarse la propuesta  que garantizase los dos tercios, y esa era la última propuesta,  “aunque  La Paz no esté de acuerdo”. La falta de consenso era evidente  incluso  entre los constituyentes que no eran de Chuquisaca o La Paz. Rosario Ricaldi decía que había que evaluar que además de la Asamblea estaba en juego el apoyo al mas, al Gobierno. Y veía que si se iba al referendo además de ya haber perdido  el de Sucre se podría perder el apoyo de La Paz. Veía también que podemos de La Paz no apoyaría,  con el discurso de que defendían el mandato  de La Paz, que había  rechazado  la tercera propuesta.

Varios coincidían en la necesidad  de modificar  el reglamento,  especialmente para evitar la pérdida  de tiempo en largos debates que impedirían llegar a la votación del texto. Prada agregaba que sin esa modificación no se podría terminar, y que “nuestro interés es ir a aprobar y no a discutir”. Pedía prepararse para que los rodearan,  “y para eso llevar coca”.  En cuando  al temario,  decía que si no se modificaba se estaría dando argumentos  para que se movilizaran. Había que hablar y coordinar  con la Directiva, porque podía ser que ellos estuvieran  buscando provocar para justificar el traslado a Oruro. Los constituyentes del MAS acordaron entonces mandar una carta a la Directiva solicitando modificar  la Orden  del Día, pensando especialmente en proteger las relaciones con los aliados con quienes  se había acordado eso. Si se abrían las sesiones  se propondría como primer punto la revisión del reglamento, para que no discutieran cada Artículo todos los constituyentes. Mirtha había  adelantado la propuesta  al vicepresidente  de la Asamblea, y comunicaba a todos que Roberto Aguilar había dicho que estaban de acuerdo. Sobre qué pasaría con la capitalía,  Mirtha dijo que  si salía el tema se podría homologar la propuesta  salida del Concejo,  pero los constituyentes  respondieron con un “no” generalizado, en coro. La estrategia a seguir todavía no estaba clara en el mas.[67]

Rebeca decía que lo que deberían  estar haciendo  era “recuento de ovejitas” y sugería  articular con los demás para no lanzarse a Oruro sin gente. Informó también que en los reportes  del servicio  de inteligencia se había dicho que los sucrenses planeaban tomar la constituyente. Pedía  entonces comprobar si había garantías de seguridad, “para no ir a meterse a la boca del lobo a que les hagan corralito”. Para eso pedía el trabajo de los operadores,  y también confiar en la Directiva. Víctor Hugo Vásquez afirmaba que “no estamos preparados para la revolución. La revolución no se hace con esta cantidad  de gente. Se planifica entre dos o tres personas. Aquí todos queremos  hablar”. Y denunciaba que unos minutos después de la última reunión  la información  ya se sabía afuera. También Armando opinaba que “no podemos trazar estrategias en un ámbito como este, tiene que haber generales” y sugería que estos fueran los jefes de bancada, porque discutiendo así no avanzamos  y los hermanos se aburren viendo nuestros problemas, decía.

Mientras se esperaba  una nueva convocatoria, se realizaban en Sucre reuniones entre la Directiva y los Jefes de Bancada, sin encontrar acuerdo sobre la Orden del Día. Continuaba la vigilia, exigiendo que se cambie la agenda de la convocatoria, y los cívicos inventaban vericuetos argumentativos para intentar no mostrar a la vigilia como impedimento para la realización  de las sesiones,  decían que se trataba de una “toma pacífica” que no impediría la sesión.  También trascendieron diferencias  internas entre los miembros del MAS en la Directiva,  causadas  por la falta de flexibilidad de Silvia Lazarte para modificar  la Orden  del Día, a pesar del acuerdo con los cívicos alcanzado por Romero y de la bancada  del MAS con los partidos aliados. Otros, sin embargo, afirmaban que era Roberto Aguilar el que mantenía una posición dura en la Directiva,  por ser fiel a la posición de La Paz.[68]

Ese fin de semana del 10 de noviembre los constituyentes  del MAS se encontraron en Tarabuco, a 60 km de Sucre “para decidir”. La convocatoria era secreta, para evitar agresiones,  pero un constituyente de Oruro  la anunció  en los medios. Sabino Mendoza recordaba que en el tiempo de la lucha sindical,  sólo diez personas  sabían  la estrategia y nadie decía nada. Diferenciaba también a los constituyentes que venían de las luchas y a los que habían lanzado solos su campaña en la ciudad con un “grupito” de diez personas. Mientras conversábamos, los dirigentes de su región  lo llamaban preocupados porque habían escuchado que hubo violencia contra constituyentes, y también  lo llamaban de Radio Yungas. Sabino se sentía mal ante la posibilidad  de que termine en la nada este proceso  que veía como “lo máximo a lo que se llegó”. Sabino también participaba de la comisión de negociación  con los partidos chicos. “Se les puede dar “pegas”,[69] pero piden mucho, decía. Lo importante era buscar dos tercios. Sumar, sumar, sumar, decía Sabino. Reconocía, sin embargo, los avances. Ahora había una Constitución que en agosto no estaba; pensaba que en el Concejo  no se cedió mucho y se negoció bien, y que la violencia  contra constituyentes había  dejado  mal parada  a Chuquisaca en el resto del país.[70]

 Se decía que de haberse reunido, la sesión del 9 de noviembre hubiera decidido por mayoría simple el traslado a Oruro. Pero en Tarabuco los constituyentes de Chuquisaca, junto a la Federación Campesina que tanto había contribuido (quebrando  el frente chuquisaqueño), solicitaron que la Asamblea no se trasladara. Esteban Urquizu decía que irse de Sucre era perder y que los que debían  irse eran las minorías. También se temía que en un eventual traslado a Oruro se perdieran unos veinte constituyentes del mas. En la reunión  hubo críticas a Romero “por hacer cosas sin consultar” y a la Directiva  por la falta de coordinación con la bancada. Incluso se discutió largamente  la posibilidad  de cambiar la Directiva, pero la propuesta  fue descartada.

“Decidimos  avanzar” me decían  algunos constituyentes al volver de la reunión. El MAS había decidido llamar a sesión para el martes 13 de noviembre, con una Orden  del Día donde se incluía la modificación  del reglamento,  lectura de correspondencia y los informes  de la suprapartidaria.  Con este último punto entraba indirectamente el tema de la capitalidad.  También se repartieron tareas en comisiones para la negociación con las otras fuerzas. Una comisión  formada por Armando Terrazas y Rebeca Delgado trabajarían en el proyecto  de modificación del reglamento. La Comisión Técnica incluiría los acuerdos de la Vicepresidencia en el proyecto  de Constitución. Romero continuaría con las conversaciones con el Comité Interinstitucional y junto a Ada Jiménez denunciaría a la prensa  las agresiones. René Navarro y Sabino Mendoza se ocuparían de realizar acuerdos políticos con los distintos partidos y disidentes para buscar sumar constituyentes.

El plan se completaba con la convocatoria   de las organizaciones  sociales, campesinas e indígenas, cuyos dirigentes también  habían estado en la reunión de Tarabuco, para proteger a los constituyentes y permitir  las sesiones. Esta posibilidad de movilización traía a la política boliviana  el resurgimiento de las imágenes de guerra. Fidel Surco declaraba a la prensa  que no buscaban enfrentamiento pero que “los compañeros”  estaban preparados y “si la constituyente  va a costar sangre, va a costar sangre,  ¿qué le vamos a hacer?”. Adolfo Chávez, presidente de la cidob decía refiriéndose a los estudiantes de Chuquisaca “Vamos a limpiar a esos malcriados y someterlos a castigos tradicionales”. Romero declaraba que los movimientos no debían prestarse a los enfrentamientos y violencia que querían los sectores ultraconservadores para destruir la Asamblea. Las organizaciones iniciarían una vigilia para impedir que los sucrenses volvieran a evitar el reinicio de las sesiones.  Habría  entonces dos vigilias enfrentadas y se temían confrontaciones.[71]

En la reunión  del mas, Román Loayza  le pedía a Gerardo García, “que es vicepresidente  del Instrumento,  que sería bueno que intervengan para que no haya enfrentamientos entre campesinos y universitarios. Los universitarios tienen rifles y los campesinos van a aparecer muertos. Nosotros (los campesinos) estamos acostumbrados a dormir  con la frazadita en la calle y no vamos a beber como ellos. Entonces hermanos  y hermanas  está claro esto: las organizaciones sociales tienen que encabezar porque son las que han organizado este instrumento político. Ojalá que no nos abandonen,  Gerardo, estos 20 días. Hay que preparar ollas comunes. Y si no nos dejan, sea legal o no legal, tenemos  que decidir en otra parte. Y vamos a ganar hermanos con toda seguridad. En la brigada patriótica unos cuantos son unos traidores. Incluso pueden quedarse con podemos. Gerardo dijo que estaban hablando con los hermanos  mineros  que están calientes. Dicen que si sigue la frega, como decimos, la joda, van a venir veinte mil mineros. Los sectores están cada vez más enojados.

En sincronía, García Linera marcaba el inicio de una semana que se pensaba definitoria convocando  a la población a movilizarse.  En una radio declaró: ¿Qué le pedimos a la población?, que nos acompañe desde donde pueda, desde  la fábrica, la asamblea, el cabildo,  la marcha; quisiéramos una población que nos impulse a realizar más cambios. Encontramos, en este llamado a la movilización del vicepresidente lo que puede verse como momento político de la secuencia  analizada en el primer capítulo como avance en la constitución  del “pueblo boliviano”, desde las luchas sociales  al Estado y la Asamblea. En esta secuencia  armada  a partir de distintos análisis dispersos  de García Linera, entre otros, teníamos  primero las movilizaciones de la clase obrera  derrotada en la marcha por la vida de 1986, donde encontrábamos  una mirada  política marcada  por la imposibilidad de pensarse más allá de la subordinación  respecto del Estado. Luego las movilizaciones adquirieron su componente  étnico apuntando a la descolonización,  y en el ciclo iniciado en abril de 2000 se expresaban en forma de una multitud que ya no tenía al Estado  como interlocutor exclusivo,  ni se identificaba como clase. El nuevo llamado a la movilización que escuchábamos en noviembre de 2007, como nuevo momento de esta secuencia,  se enmarca en la llegada del MAS al Gobierno,  con las organizaciones  sociales en estado de desmovilización, pero con la necesidad de su intervención para garantizar la continuidad del proceso  constituyente y la intensificación de los cambios.[72]

 La convocatoria a sesiones  salió finalmente para el 14 de noviembre, después de discusiones  con la oposición en la Directiva,  que querían  garantizar la lectura del fallo judicial  de un tribunal de Chuquisaca, como forma de obligar a reintroducir el tema de la capitalidad  en la Asamblea. No se incluyó el tema de reforma del reglamento,  pero en el tercer punto  de la Orden  del Día se incluía “Informe de la Directiva sobre el Comité  del Diálogo  y Concejo  Político” y como cuarto punto “Conformación  de Comisión de Concertación”. Sin embargo, el grupo de medios Líder, con varios periódicos, informaba que “Lazarte se contradijo cuando fue consultada sobre el tratamiento de la capitalidad. Primero  reprendió a los periodistas  al asegurar  que quienes siguen  la información  de la Asamblea saben que ése es un tema que está incluido en el Concejo  Político. Sin embargo, cuando fue consultada nuevamente, se negó a hablar sobre él porque, según dijo, ‘no está en discusión ni en la Orden  del Día’”. Otro periódico  informaba  que “al ser consultada si el tema de la capitalidad estaba  incluido  en la agenda  del día, respondió: ‘Sobre eso no voy a responder, porque no está en el temario,  eso no puedo hablar, porque no hemos tratado eso como Directiva’”.[73]

Los constituyentes chuquisaqueños del MAS apoyaban la aprobación por dos tercios de la propuesta del Concejo  Político como solución  frente al conflicto de capitalía. Lo manifestaban en conferencia de prensa en una sala del Teatro Gran Mariscal, sede administrativa de la Asamblea.  Declaraban que la propuesta  del Concejo  era favorable para el desarrollo y que la diagonal  Jaime Mendoza iba a ser buena para Monteagudo. El tiempo se está acabando,  decía Carlos Aparicio, y agregaba “Jugar a ‘capitalía o muerte’ es mucho y ‘todo o nada’ va a ser nada”. Un periodista les preguntaba  provocativamente  si no querían  la vuelta del Ejecutivo y el Legislativo,  y la respuesta  de los constituyentes  fue “No es que no queramos. Es inviable porque las negociaciones se han roto”. Hablaban por diez constituyentes, porque  4 se habían ido con el Comité.

El pueblo nos mandó a hacer la Constitución  y a ellos vamos a entregarles la Nueva Constitución, agregaba  otro constituyente. Después de la conferencia de prensa  los acompañé a la radio  aclo, que tenía un micrófono  abierto todos los días a las 17 horas y lo querían aprovechar  para pasar su mensaje. Pero en la radio los invitaron a participar  al día siguiente de un programa. También irían al Programa de Cristina Corrales “Cristina en la Constituyente”. María  Oporto me contaba que ella no sabía que había una oficina de protocolo de la Asamblea que llamaba a todos los medios para organizar  la conferencia  de prensa, recién ahora lo descubría, porque recién ahora habían empezado a salir. Carlos Aparicio me decía que si en la reunión  de ese día del comité  interinstitucional se llamaba a paro cívico se terminaba todo.

Si se arregla la Orden  del Día, decía Borda en una reunión del mas, mañana no va a haber bloqueo y entraremos. ¿Qué va a pasar después? No quiero ser pájaro de mal agüero pero creo que no se llega, decía. Richter y otros habían  pedido tiempo para pensar, porque el MAS les pedía una definición antes de iniciar la plenaria. Víctor Borda decía que sin dos tercios se debería comenzar a pensar en que el tema de la capitalidad  pase a la Comisión de Concertación. No se podía confiar en contabilizar podemos de La Paz en la suma de dos tercios para el tema capitalía porque no apoyaban la misma propuesta  del Concejo  Político que el resto de los constituyentes y en especial que de los constituyentes del MAS de Chuquisaca.  Santos Ramírez decía que sólo podría pasar a concertación   la primera propuesta, que proponía  dar “dos más dos poderes” (Judicial y Electoral para Sucre,  los otros para La Paz), sin que se hable de dar capital constitucional, como aparecía en la tercera propuesta  apoyada  por los campesinos y el MAS de Chuquisaca. “La última propuesta  sería la muerte  de la Asamblea”,  decía Santos Ramírez, pensando en la fuerza  de la bancada  de La Paz. El Jefe de bancada  del MAS de La Paz ratifica que no apoyan  la tercera propuesta.

La Asamblea del Comité Interinstitucional se realizaba en la Universidad San Francisco  Xavier,  el martes 13 de noviembre, un día antes de la sesión convocada. Había unas 60 personas, líderes de las instituciones  y yo entré junto a la prensa local que estaba autorizada a estar presente en la sala. La reunión era importante porque se debía decidir si se aceptaba  la convocatoria  de la Directiva,  en la que el tema de la capitalidad entraba indirectamente  con los informes  del Concejo Político. Pero nadie propuso levantar la medida de fuerza. En las intervenciones se criticaba “la dictadura de Evo”, y dos “manipulaciones”  corrientemente mencionadas: la de los campesinos por parte del mas, y la del MAS por parte de Cuba y Venezuela. Algunos de los que hicieron uso de la palabra, a juzgar por el acento, no eran chuquisaqueños de origen. Habías varios constituyentes presentes, como Sabina Cuellar, Arminda Herrera, Epifania Terrazas del mas, Urquizu y Velásquez de podemos y Arraya del mbl. El salón donde  se realizaba la reunión estaba decorado con un mural del célebre pintor boliviano  Walter Solón Romero que muestra a los líderes criollos de la época de la independencia rodeados de trabajadores del campo, mostrando sus manos y fuentes con productos alimenticios (ver foto de la reunión  en anexo).[74]

En su informe, el rector Jaime Barrón hablaba sobre su encuentro con constituyentes, que garantizaban hablar en nombre de 40 de ellos. Y no estamos hablando de los que siempre nos apoyaron. Le habían dicho que buscarían incluir el tema en la plenaria  cuando  se trate el informe  del Concejo  Político de La Paz. El rector buscaba medir la fuerza del reclamo dentro de la Asamblea. Dicen que hay 105 con capitalía, decía. Que si le sumamos los 30 o 40 del frente nos permitiría enfrentar. Pedía reunirlos: Reunamos a los 105 y el resto para plantear estrategias en la Asamblea, pido a los constituyentes que se comprometan en eso. Y reflexionaba: si somos pocos va a haber enfrentamientos, pero si somos 200 mil no pasa nada con los pocos campesinos que vengan. Barrón Informaba también que lo habían  llamado los campesinos de Chuquisaca diciendo que querían continuidad de la Asamblea, y él les respondió  “nosotros también  queremos”.

El constituyente de podemos Edwin Velásquez dio un informe de la reunión que habían  tenido los Jefes de Bancada  con la Directiva, quejándose de la versión informada a la prensa por Silvia Lazarte. No sé si nos creen tontos pero se esfuerzan en seguir violando las leyes, decía. Barrón preguntó por las acciones  al interior de la Constituyente  y el “podemista” respondió que era muy poco lo que podían hacer porque estaban coartados de la posibilidad  de participar. Se están violando los derechos  y garantías de los constituyentes  porque ni siquiera tendremos derecho a uso de la palabra, decía. Acompañarían  en las calles, y estarían en la plenaria del día siguiente pero solicitaba que no les pidieran  algo que no pueden hacer. Se quiere  pisotear  las leyes alterando el procedimiento, por eso estamos en las mismas condiciones que la semana pasada, afirmaba. Y su propuesta de Orden del Día era: Tomar lista; Correspondencia;  Lectura del fallo; Aprobación informes; Seguir el procedimiento  de la ley de ampliación.[75]

 También habló el prefecto Sánchez, que agradeció aplausos diciendo que parece que es el único que quiere  flexibilizar y encontrar espacios  de diálogo. Pedía reflexionar, decía que estaban aislados y que había que hablar con la federación de campesinos para unir ciudad y campo. Sugería que se invite a los campesinos al rectorado. Barrón recordaba que toda decisión se tomaba en ese lugar, y que “toda conversación en privado se debe traer acá”.  Al promediar la reunión los estudiantes pidieron  la palabra, dijeron que el tiempo se había agotado y anunciaron que en ese momento el sector estudiantil iría a la vigilia. Proponían  que sólo el presidente se quedara para dialogar con el sector campesino pero que ellos se irían en ese momento “para que no nos madruguen”. Salieron gritando capitalía. La reunión continuó. Arraya anunciaba reunión con las 15 fuerzas de la Asamblea sin el MAS y que estaba en contacto telefónico con los Jefes de Bancada  que en ese momento entraban en reunión con la Directiva para seguir discutiendo la Orden del Día.[76]

Jhon Cava destacaba que en la anterior vigilia el prefecto  se había quedado hasta las 5 a.m., pero pedía que se controle asistencia de todas las instituciones porque la vigilia debía ser con todos y no sólo “unos cuantos”. Por su observación acerca del paro y su pedido final, se notaba un temor  entre los cívicos  sobre  la propia convocatoria, que por ese entonces se comentaba en Sucre que había disminuido.  Arminda Herrera, constituyente disidente del MAS decía en este sentido que “tenemos que agradecer a los dioses que hay universitarios, sin desmerecer  a otros sectores”. Y reflexionaba: “si decimos  que nos apoyan de seis departamentos, pero no hay muestras de ese apoyo, ¿cómo implementaremos la legalidad  en la Asamblea?” En su resolución,  el Comité volvía a decretar una vigilia, entendiendo que con la Orden  del Día propuesto por la Directiva  –que había sido aceptado por los campesinos– no se estaba asegurado el tratamiento del tema capitalía.[77]

 Desde La Paz tampoco se veían condiciones para apoyar la reapertura   de las sesiones.  Macario  Tola me explicaba  la posición  de La Paz, que no estaba de acuerdo con que se abriera una Comisión  de Concertación, lo que implicaba que el tema llegue directamente  a referendo. Se sabe que si reelección va a referendo, se gana, me decía. Pero capitalidad no puede ir, es peligroso. Macario decía que El Alto estaría de acuerdo más bien en aprobar  la propuesta  del Concejo  sobre capitalía –se refería a la primera propuesta y no a la última–  que obteniendo dos tercios terminaría  con el conflicto. Pero veía que los del Comité  habían iniciado Vigilia y no lo aceptarían.   Pensaba que se debería  aceptar el escenario  de dos constituciones, y reiniciar sesiones, “aunque  sería un problema  si las dos obtienen una votación parecida. Estaba la propuesta de hacerlo en un cuartel, en otro lugar de la misma Sucre, pero el problema  era la imagen que darían, cuando iba a ser una Constituyente  abierta  al pueblo, agregaba. Pero admitía que aún no daría el número necesario para convocarla. Abrir la sesión  con menos de 140 sería quemarse, me decía.

La plenaria del día siguiente no comenzó,  y fue postergada hasta las 15 horas de la tarde. Yo estaba  en la casa Argandoña con constituyentes del mas, Esperanza Huanca, sin sus atuendos tradicionales, dudaba  de si entrar o no al Teatro  para esperar la sesión. Rogelio Aguilar, constituyente chuquisaqueño del mas, me pidió que  lo acompañara para ver cuánta gente había en la vigilia  en frente del Teatro. Era peligrosa su idea, porque su nombre estaba en las paredes indicado como traidor de Chuquisaca, por no plegarse a los reclamos de capitalía. Le pregunté, antes de llegar, que en caso de ser agredido por los de Sucre prefería que lo defendiera  o que le sacara fotos, y dijo “fotos”. Cuando llegamos a la plaza Libertad,  en frente a la puerta del Teatro, saqué  algunas fotos y noté que las cerca de 200 personas presentes iban dirigiendo  sus rostros hacia mí. Un grupo de personas se acercó diciendo que yo era asesor venezolano, o buzo (espía) del mas. Yo veía como decenas de rostros se direccionaban hacia mí y también empezaron silbidos en repudio de mi presencia. Algunos gritaban que me vaya, me rodearon y alguien intentó sacarme la cámara. “Es asesor venezolano del mas”, se escuchaba. Algunos me recomendaban irme y otros pedían ver mis documentos. El círculo de los que me rodeaban crecía. Yo explicaba que era antropólogo y que estaba haciendo una investigación para una tesis. No me creían. A pesar de no haber venezolanos trabajando con el MAS en Sucre, era generalizado  el discurso  de líderes de la oposición  contra supuestos venezolanos y cubanos que estarían escribiendo  la Constitución del mas. Ese era entonces el fantasma con el que los manifestantes pro capitalía me interpretaron. Me acerqué entonces hasta uno de los líderes de la protesta, Fidel Herrera,  y le dije que me habían  confundido  con otra persona porque no era venezolano sino argentino. Él dijo a la gente que había habido un error, logrando así dispersar  la atención hacia mí, aunque el rector Jaime Barrón puso en duda mi versión y dijo que yo no tenía acento “gaucho”  (argentino).[78]

 Por  falta de garantías, la sesión que debía comenzar a la tarde fue una vez más suspendida sin nueva fecha para su realización. La oposición  pediría leer el fallo y si lo conseguía el tema capitalía estaría adentro. Una negociación que intentaba que el tema capitalía entrara a una comisión especial y no a la de concertación fue infructuosa, y ni Sucre ni La Paz estaban de acuerdo con sesionar. “La Asamblea está a la deriva” titulaba un diario, y no había fecha para la reanudación del trabajo. En la bancada  algunos del MAS hacían cálculos con el celular de cuánto tiempo se le debería  dar a cada informe de comisión para que alcanzara  el tiempo. Era imposible cumplir con el plazo de diciembre si no se modificaba el reglamento de debates, aumentando las horas de duración  de la sesión. Ya se sabía que no habría tiempo para discutir cada artículo, se debía  restringir  la participación en el ámbito de plenarias y simplemente sesionar para aprobar el texto. La oposición no avalaría eso, pero aún restaba saber si buscarían participar de la sesión  para obstaculizar al MAS o para introducir el tema de capitalía. Roberto Aguilar preparó  un nuevo cronograma de trabajo para someter a votación.[79]

El domingo 18 de noviembre, las organizaciones sociales se movilizaron hacia la ciudad de Sucre y se reunieron en un ampliado de todas las organizaciones sociales del Instrumento Político y sus regionales, en un micro-estadio de Sucre, con la presencia  de los constituyentes  y autoridades del partido.  Era la máxima instancia  resolutiva del MAS y se reuniría “para aprobar determinaciones”.  El Plan a ratificar era que el ampliado de lugar a un cerco de las organizaciones que permitiera la reinauguración de las sesiones. Gerardo García, vicepresidente del mas, tomaba lista a los constituyentes  y dirigía la reunión  del ampliado  en vista de que la autoridad  máxima del partido, Evo Morales, no estaría presente. Informó  sobre  la compra de la casa  para el funcionamiento  de la dirección  del mas, sobre el recibimiento  de 400 computadoras donadas pero “adueñadas” por un ministerio y sobre deudas. Agradeció también  los aportes descontados a los asambleístas que desde Octubre irían sólo para publicidad. Dijo que después de ser Gobierno le sorprendió que hubiera muchos masistas “busca-pegas” mientras los hermanos  esperaban  con paciencia.[80]

En el ampliado  hubo discursos de las federaciones  sindicales de los 9 departamentos. Damián Condori, de los campesinos de Chuquisaca dio un “saludo revolucionario” y se levantó el sombrero.  Ratificó el apoyo a la propuesta  del 6 de noviembre sobre capitalía, que era la propuesta  hasta entonces con más consenso pero sin el apoyo de La Paz. Y anunció que los pueblos  estaban llegando. También pidió lineamentos del ampliado  para no quedar solamente en “dichos”.

La Federación campesina de Chuquisaca había anunciado un bloqueo, por tiempo indefinido, de todos los caminos  que llegan a Sucre para la semana siguiente. El dirigente campesino de La Paz, pidió en representación de 23 delegados, que se explique  el acuerdo con los chuquisaqueños,  y recordaba que los alteños en el cabildo del 20 de julio habían dicho que la capitalidad  “no se discute”.

En los últimos  días se había activado nuevamente  la comisión de Diálogo formada por Romero, Doria Medina y Richter, a quienes sumó Torres del mop (y del Bloque disidente) y Gamal Serham de podemos. El sábado 17 se lograba firmar un acuerdo de la Comisión con el Comité Interinstitucional incluyendo el tema  de la capitalía en la Orden  del Día de la siguiente manera: “el informe de la Comisión de Diálogo acerca del tema que generó  el problema”. El acuerdo se firmó en el rectorado después  de estar reunidos  de 9 am a 11 pm, con presencia de la iglesia  católica aunque para Romero el monseñor  no era de buena fe. El acuerdo  ratificaba lo firmado  el 31 de octubre, no cumplido ni por los cívicos ni por  la Directiva, y se llamaba a convocar  plenarias  para el lunes 19, al día siguiente del ampliado.  El diálogo con los cívicos  se había iniciado en septiembre y tuvo su última propuesta a inicios de noviembre. A fines de noviembre se reabría pero las posiciones  seguían encontradas: el Comité Interinstitucional apostaba  a que fuera  leído  el fallo en las plenarias,  interpretando que con  la sola lectura el fallo judicial del 8 de septiembre pasaría a ser válido y anularía  el veto al tema de la capitalidad sin necesidad de nueva votación.[81]

Por el lado del mas, la estrategia  que se imponía era la de aprobar por dos tercios la tercera propuesta  del Concejo Político y, en caso de no haber dos tercios, mandarla a Comisión de Concertación.  Sólo la bancada  del MAS de La Paz no estaba de acuerdo con ese procedimiento, defendiendo más bien aprobar la primera propuesta,  del 25 de Octubre, que repartía y constitucionalizaba  los poderes Ejecutivo y Legislativo para La Paz y Judicial y Electoral para Sucre. Macario Tola me explicaba que si dejan que el tema llegue a Referendo en La Paz los “violarían”, por el mandato del cabildo de no trasladar nada para Sucre, y que dejar que llegue a la Comisión de Concertación ya era un lujo. Romero explicaba, por otra parte, que si no se conseguían  dos tercios para ratificar el acuerdo  sobre capitalidad, se volvería al punto inicial con La Paz de repliegue y Chuquisaca en vigilia, y eso era bastante palpable.  Pensaba  que nunca se resolvería  el conflicto si se entraba en la discusión  de si la resolución  del 15 de agosto es ilegal o legal. Como el tema era político, solo se solucionaría  con un acuerdo  político que luego fuera constitucionalizado. Romero explicaba a sus compañeros del MAS que el Comité Interinstitucional  lo había reconocido, y por eso firmaron diciendo que se iba a construir un acuerdo político.

Le pregunté a Romero si cambiarían aprobar la Nueva Constitución por permitir  el referendo y me contestó que sí, que él estaría de acuerdo pero  que por la posición de La Paz, el MAS se oponía oficialmente a esa posibilidad. Según Romero, la de La Paz era una posición radical innecesaria porque en caso de hacerse el referendo  lo ganarían.  Aceptar el referendo  podría  viabilizar la Asamblea, pero el MAS de La Paz no permitiría llegar a esa posibilidad, con el argumento  de la posible división del país, cualquiera sea el resultado de la consulta. Para Romero La Paz debía ver que la propuesta  daba una serie de instituciones a Sucre sin efectivamente involucrar el traslado, y comentaba que el diario La Razón se había dado cuenta y titulado, ese día: “La Asamblea se reabre sin discutir  el traslado de la sede”.  Lo que evaluaba como positivo era que la bancada  de La Paz aún no se había replegado;  hasta que eso ocurriera, decía, había posibilidades de éxito. En la charla con Romero, en un almuerzo, también participaba Raúl Prada, que agregaba un comentario crítico al msm. Éste amenazaba con replegarse de forma unilateral, cuando  para Prada la posición debía ser “todos o ninguno”.

Romero resumió el escenario  político como orador  del ampliado un día después de haber firmado  el acuerdo  con la oposición,  como también lo haría en esos momentos de definición en reuniones con los constituyentes  del mas. Es de conocimiento que la Asamblea está en un momento muy difícil. Estuvo bloqueada físicamente y hubo acción directa de grupos de Chuquisaca contra los asambleístas. Es importante la presencia de las organizaciones porque hay sólo 27 días para resolver temas importantes como capitalía, autonomía, tierra y territorio y estructura del Estado.  En la suprapartidaria  hubo acuerdos importantes pero está en disputa  la adeudada distribución del poder político, con distribución de la riqueza y pluralismo. Sin embargo hay sectores que quieren que fracase la Asamblea declarando las autonomías  de facto, decía. Romero explicaba que lo que estaba en disputa era un proyecto de autonomías de tinte federalista.  Piden manejo de la tierra, del bosque (recursos renovables) y que entreguemos el control de la renta petrolera y del gas a título de capacidad legislativa y competencia fiscal. Romero dijo que ese tinte político fue el que distorsionó  la Asamblea.

Para “despejar”  el tema de la capitalidad  Romero hablaba en el ampliado de la necesidad  de una movilización  social. “Es un hecho que se va a ver quién manda: Poder Ejecutivo o Media Luna y vamos a ver para las siguientes  décadas la configuración  de poder. Romero presentó  el trabajo de la Comisión, que, aclaraba, fue formada por la Directiva   y suprapartidaria. Centenas de horas dedicadas al tema y decenas de reuniones. Ofrecimos instituciones importantes como la Comisión del Congreso, más proyecto de desarrollo de 300 millones de dólares, se dijo que fue una tomadura de pelo del MAS y las propuestas  fueron rechazadas. Pero Branko Marinkovic no les da permiso a suscribir un acuerdo, decía. Y volvía a hacer referencia al “bloqueo  cobarde de la Asamblea con bates de beisbol para partir  la cabeza de constituyentes”. Fue ahí que nos paramos, decía. Por eso pedía que para re-abrir era necesaria  la colaboración  de las organizaciones  sociales, constituyentes y de los dos departamentos de La Paz y Chuquisaca. Es fácil para  podemos ser radicales sin responsabilidad,  pidiendo referendo, expresaba Romero. Pero está en riesgo que el país se divida en dos bloques. También criticaba la postura  de “ni un alfiler a Sucre”, que para él significaba hacerle el juego a los separatistas.

El plan para la plenaria  convocada  para el día siguiente, explicaba Romero, sería leer el informe  con las 3 propuestas, y si se paran de Chuquisaca con que se lea el fallo, se les dirá que no está en la agenda  de trabajo. El paso siguiente sería aprobar por dos tercios la última propuesta. No vamos a seguir con la espada  de Damocles en la cabeza. Se debe resolver, decía Romero, e informaba que la propuesta se consultó con Juan del Granado,  Luis Revilla, Macario Tola y fejuve de El Alto. Es fácil decir en la prensa  “no fui consultado”, para el palco, pero se les consultó. Si no se logran los dos tercios sigue  vigente la resolución del 15 de agosto. La estrategia es clara, repetía: se entra, la comisión informa la propuesta, votamos  la propuesta que la federación  de Chuquisaca aceptó. Si hay dos tercios perfecto, sino, sigue  la resolución.

Pero al día siguiente, 19 de noviembre, cuando se implementaría  el plan, la sesión plenaria volvió a suspenderse. La Directiva publicó en la prensa  la misma Orden del Día elaborada para la sesión pasada, sin incorporar el acuerdo  firmado el sábado anterior con el Comité  Cívico.  La intransigencia de la Directiva  venía acompañada de la del Comité  de Emergencia de La Paz, que criticó el acuerdo y llamó traidores a los que lo firmaron. [82]Es muy probable, cotejando algunas fuentes, que la decisión  de no cambiar la agenda  de la convocatoria  no viniera solamente por presiones de La Paz, sino también por la negativa de Silvia Lazarte a que alguien  le impusiera la Orden  del Día, a lo que podría haber contribuido también  la rivalidad desde el comienzo de la Asamblea con Romero que estaba adquiriendo mucha influencia en el proceso.  Otra explicación  de por qué la Orden del Día acordada no se implementó  podría ser que desde La Paz ya había otro plan en marcha y que no se veía conveniente abrir sesiones en Sucre. El día de la suspensión,  Silvia Lazarte declaró que era ese ámbito dirigido por ella el que debía elaborar  la Orden  del Día, desconociendo  el acuerdo firmado por constituyentes con el Comité. Yo no descartaría esa posición personal rígida como uno de los factores que hicieron  dar marcha  atrás con el acuerdo  firmado por Romero. Barrón declaró que se instalaría inmediatamente  la vigilia por la “burla” de la Directiva.  Y se decía que después de una reunión  del MAS por la noche, Santos Ramírez, Gerardo García, Sardán y Armando Terrazas habrían “arrinconado” a Silvia Lazarte y después de “sacarse  la mierda” acordaron que el acuerdo  sería respetado.[83]

 No hubo Asamblea pero sí había salido  la marcha  desde Caracollo (Oruro) para presionar al Senado por la aprobación de la ley de la renta Dignidad. Conversando con constituyentes cercanos en el día de la suspensión, Romero comentó que había empezado a hacer lobby en los medios, y que ya había hablado con erbol, atb y aclo, para denunciar que la Directiva estaba desconociendo el acuerdo. Alguien dijo “habíamos alcanzado acuerdo y la chola se puso en el medio”, con un humor indudablemente colonial y políticamente incorrecto. Romero comentaba que le dijo a Richter que de los otros está acostumbrado pero el problema  es cuando  el golpe te viene de adentro. Richter decía que así no se puede confiar, se pierde  el apoyo que había.  Otro constituyente agregaba: “La Silvia es fregada”. Desconocen las comisiones que nombran, se quejaba Romero y decía que iba a dejar todo porque así no estaba acostumbrado a trabajar. Estos quieren  cerrar la Asamblea, seguía Romero, en referencia a la Directiva.  Y su posición  era ahora “dejar toda la decisión  en la Directiva”.  Le había dicho a Santos Ramírez y a García Linera que lo llamaran cuando  organizaran  al mas, porque así no se podía. Romero comentó que la noche anterior García Linera lo había  llamado para advertirle que lo querían dejar solo. El vicepresidente habría intentado hacer algo para protegerlo, pero sin resultado.[84]

 En la reunión  de la bancada  del mas, Cayo se quejaba de que por cuarta vez la bancada  decidía algo y no servía de nada porque de arriba decidían  otra cosa. En vano nos hacen hablar. No hay capacidad para dirigir la Asamblea y por culpa de ellos esto puede fracasar. José Lino pedía disciplina y firmeza porque había llegado el momento de demostrar quiénes eran. Depongamos actitud de pelear entre nosotros. Parecemos piedra de molino que gira y gira y no hace nada. Pedía convocar a las organizaciones  y que se tomaran decisiones.  Estaba emputado y aburrido.  Otro constituyente pedía aprobar la Constitución  “en grande” cuando llegaran las organizaciones porque  calculaba que después de una semana se iban a volver a sus regiones.

Silvia Lazarte habló frente a sus compañeros  sobre las recriminaciones que estaba recibiendo por falta de coordinación. Si estoy todos los días aquí soy culpable… si no estoy aquí también soy culpable, decía en la reunión  de bancada del mas. ¿Cómo creen que yo voy a alegrarme cuando aquí deciden  otra cosa y nos riñen? Vendré, me sentaré en un rincón y no hablaré nada. Yo aguanto que la derecha me pegue… el enemigo verdadero,  pero  cuando entre nosotros hacemos eso es muy grave. Para ganar o para perder  hay que estar unidos, mantengamos  la unidad,  decía.  Incluso al interior me sacan la mierda ¿Acaso piensan que no tengo corazón? A Roberto le saco la mierda también,  que se meta a ver cuántos votos se llega. Pero contamos  los votos un día y ya no llegamos a esa cantidad. Hay que reflexionar y no dejar sueltos a los constituyentes. Tienen  que estar todos en estado de emergencia y en forma conjunta. Yo creo que podremos superar. Yo veo las cosas de esa manera, decía.

Saúl Ávalos se quejaba: ¡de nuevo hicimos mucho lío para  al final aceptar  el acuerdo del sábado! Parecemos mareando la perdiz. Y después de haber escuchado quinientas  veces las sumas sin que aparezcan  los dos tercios veo dos alternativas: entrar sin saber qué va a pasar, o entrar sabiendo, decía. Pero opinaba que la única opción era entrar. Después de haber visto videos hay que tirarse a la piscina. Sugería entrar preparados para quedarse a vivir hasta terminar, porque  no debían salir con las manos vacías. “Como dice Silvia”, decía, “la sesión correspondiente” quizás no sería en la primera noche sino al otro día. Pensaba que no había forma de perder porque  nadie les iría a poner una pistola en la cabeza para aceptar algo que no quisieran. Había que ir anotando como van votando y quizás por alguna desgracia alguno se desmaya o algo y se para la votación. Pero hay que entrar. Y no acabar hasta que salga humo blanco. Consideraba que si no hubieran ampliado el 6 de agosto habrían ganado. Ahora se reposicionaron y la receta viene de eeuu y España financiada por las multinacionales.

Walter Gutiérrez decía que seguían siendo prisioneros porque si ingresaban y no se trataba capitalía como ellos quieren  los cercan. La decisión sería tomada afuera. Y hoy vimos que no parecen humanos, han pateado a una señora y han hecho eso porque eran mayoría. Los campesinos no van a quedarse ahí, estamos llegando al enfrentamiento.  Los senadores dicen que van a sesionar en otro departamento y nosotros seguimos caminando por ahí sin decidir. El senador Luis Vásquez habló de crear un Congreso  constituyente para meter el referendo autonómico de 2006. Pero si vamos a otro lado dos tercios es de los presentes. No es tarde ahorita para ir a Oruro, pensaba. ¿Si nos quedamos aquí y no hay capitalía como vamos a salir? Tenemos que tomar decisiones porque va a llegar el 14 de diciembre cuando lo que se haga no va a tener sentido. Walter era de La Paz, y su bancada todavía no aceptaba tratar el tema de la capitalidad  en sesiones realizadas en Sucre. Lo encontré en otro momento por las calles de Sucre y dijo que iba a aprovechar para ir a internet antes de que La Paz pida el repliegue,  que era inminente.

Macario me decía que la estrategia para la plenaria sería mandar  el tema a la Comisión Especial que se puede formar sin necesidad de dos tercios, algo que ni los cuates saben, decía. Carlos Romero también estaba de acuerdo con ese plan. Víctor Borda  había  revisado  el reglamento confirmaba que las comisiones especiales –no la de “concertación”– se crean por mayoría absoluta y no por dos tercios. El tema capitalía no tiene comisión  específica como los otros temas, para donde van a incorporarse los acuerdos del concejo,  decía Víctor, por eso se debería crear una comisión  especial. Proponía dejar que la oposición hable y crear la comisión. Después de votar los informes, votar por la propuesta de capitalía y si no hay dos tercios que se ratifique la resolución  del 15 de agosto.

Esto sería necesario por la falta de dos tercios que se preveía  para cualquiera de las propuestas salidas del Concejo  Político. En reunión de los jefes de bancada  con las organizaciones, habían llamado por teléfono con altavoz a Edgar Patana, de la fejuve de EL Alto, para que explique su posición y todos lo escucharon decir que a los constituyentes que fueran a la sesión  y trataran el tema  de la capitalidad  los irían a ir a buscar a sus casas. Después de que no se haya modificado la Orden del Día conforme acordado, el Comité Interinstitucional reanudó  la vigilia. Se vivía un clima de guerra inminente, sólo aminorado  porque se veía también al Comité Interinstitucional debilitado. La ful ya no respondía a Barrón y los estudiantes criticaban a los líderes cívicos por haber firmado  el acuerdo  garantizando  el orden. Pero  al mismo tiempo habían  terminado  las clases en la Universidad  y por tanto la principal  fuerza de movilización había desaparecido en alta medida.[85]

 El martes  20, lejos de reinstalarse las sesiones  convocadas  con la antigua Orden del Día, hubo nuevos episodios de violencia frente al Teatro. Sucrenses en Vigilia agredieron a un grupo de campesinos que iniciaba un cerco en las puertas del Teatro Gran Mariscal. Eran campesinos llegados de Potosí y Orinoca (tierra de Evo, en Oruro)  para defender la Asamblea. Les llovían insultos y objetos que buscaban obligarlos a abandonar el cordón frente a la puerta  del Teatro.  Les  sacaban los sombreros y gritaban “llamas ignorantes”, “macacos  de Chávez”,  etc. La tensión derivó en golpes cuando un campesino reaccionó e hirió a un estudiante con el palo de la wiphala  que querían arrebatarle.[86] Los cocaleros de los Yungas de La Paz anunciaron que llegarían unos 20 mil a Sucre para exigir respeto a la Asamblea y defender a La Paz como sede de los poderes  Ejecutivo y Legislativo.

En una entrevista publicada  por El Correo/Grupo Líder (el 21 de Noviembre de 2007). Juan Pijcha, dirigente campesino, anunciaba  el corte de suministro de agua desde Chayanta. El entrevistador le decía que si se cortaba el agua también los campesinos perderán su producción y él respondió  que “en la guerra  todos tenemos que perder y eso han entendido los hermanos campesinos”, “¿Guerra?” preguntó  el periodista  y Pijcha dijo “Nosotros hemos conseguido  la Asamblea Constituyente con sangre lucha y muertos y un gran sacrificio. ¿No es acaso eso una guerra silenciosa? Hemos sido agredidos e insultados en el Teatro Gran Mariscal. Somos seres humanos, no somos llamas como nos han dicho y vamos a luchar por nuestro proyecto.  Esos insultos refuerzan nuestra decisión  de cambiar el país con un nuevo texto constitucional”.  Juan Carlos Pinto, encargado de la repac, escribió un editorial para el periódico El Constituyente, en el que decía que se había acabado el tiempo del consenso y no había que tener miedo de confrontar. Había que prepararse  para presentar dos constituciones con dos visiones de país.

En reunión  del MAS de ese día, María Oporto, de Chuquisaca,  atribuía la violencia a la Directiva  que no aceptó lo decidido en la bancada. Ella vio como le pegaban al constituyente Martín Serrudo, y “si Rosita no se tiraba encima lo mataban”, decía. El constituyente agredido  pedía  que la hermana Silvia fuera a sacar conclusiones  con ellos. Hoy han humillado, metido bombas a las hermanas y no debemos ser pongos de nada, decía. Proponía trasladarse a un cerro para terminar, y olvidarse de los dos tercios. También había habido incidentes en la Universidad Pedagógica (ex Normal de Maestros) porque  el lugar había sido cedido para que allí pernoctaran  los campesinos, quienes fueron expulsados por los estudiantes, con el argumento  de que aquellos habían  llegado para agredirlos, y acusaban  al rector de ser “masista”. Silvia Lazarte les dijo que aprobarían la Constitución por ellos, aunque sea en las calles. Las organizaciones campesinas de varios puntos del país aseguraron que no dejarían que ninguno  de los egresados de esa universidad puedan ser profesores en sus regiones. La ministra de Justicia, Celima Torrico, criticó la discriminación hacia los campesinos, a quienes se les había dicho que no podían entrar a la ciudad. En el MAS se decía que el herido chuquisaqueño fue por una piedra de ellos mismos y que  la periodista Cristina Corrales tenía la imagen.[87]

La última sesión convocada en el Teatro Mariscal fue la del miércoles 21. La Directiva había cedido y convocaba a sesión en Sucre, presentando como Orden del Día la formulada  el sábado  anterior por la Comisión con los Cívicos. Eso dio lugar a que algunos constituyentes de La Paz advirtieran que dejarían el foro si el tema  era tratado en las plenarias.  Y recordaban que necesitarían dos tercios para derogar  la resolución  del 15 de Agosto. Macario Tola decía que la fórmula  de “el tema que generó el problema”  no significaba nada y que él no sabía cuál era ese tema. Como cuando se discutió el significado  de “asiento  institucional”, las interpretaciones eran variadas. Pero tampoco  esa sesión pudo concretarse, y por octava vez consecutiva  la Directiva volvía a suspenderla, por falta de condiciones de seguridad. Fue un día de versiones encontradas, tensión en el aire y clima de desenlace inminente pero aún no presentado. Alguien se quejaba de que “en lugar de todo ir hacia una decisión, se embarra”.[88]

Roberto Aguilar conversaba con unos pocos periodistas de manera informal en el patio del Colegio Junín, una noche después  de otra larga jornada  de idas y vueltas. Decía que Bolivia siempre buscaba equilibrios. Desde el 2000 se había balaceado para las organizaciones, con un máximo alcanzado con Goni en 2003 y la llegada del MAS al Gobierno. Después de ahí se había nivelado, con retroceso de la movilización y el avance  de la Media Luna. Decía que veía la Asamblea como el centro aparentemente  tranquilo de un tornado alrededor. Y que si se cerraba la Asamblea vendrían los cambios violentos. Los campesinos son como levadura, decía, después de las agresiones van a crecer. Eran doscientos y van a ser dos mil. Y señalaba que podrían venir dos situaciones: una oposición reducida con grupos aislados en descontento y estudiantes protestando o la del enfrentamiento,  que podía  hacerse realidad en Bolivia. Alguien  le preguntó  si habría traslado y Aguilar respondió que Silvia ya había dicho que la Asamblea se quedaba en Sucre.

4.3. Del triángulo simbólico a la decisión final

Néstor Torres, del mop y en el Bloque Patriótico, había propuesto  junto a otras fuerzas que había tres cuarteles en Sucre que cumplían las condiciones para albergar las sesiones.  La ventaja era que no se incumplía el requisito impuesto en la Ley de Convocatoria de que fuera Sucre la sede de las sesiones.  Pero era un cuartel. Víctor Hugo, por su parte, opinaba que yendo a Oruro no se evitaba  el problema del tema capitalía. Pablo Ortiz, que estaba en Sucre cubriendo  la Asamblea para El Deber de Santa Cruz, decía que si hay sesión va a haber enfrentamiento. Pensaba que se iba hacia una guerra balcánica por el tema étnico aunque Bolivia se salvaría porque  no había plata para guerra. El Doctor Sardán decía que ahora era momento de hacer valer el carácter Originario  y activar a las organizaciones sociales. Linera  declaraba que o se volvía a un bloque de poder anterior o se avanzaba hacia una reconfiguración de la relación entre los bloques.  El senador de podemos Carlos Böhrt, desde La Paz, declaraba que el tema de la capitalidad terminará en el referendo  por falta de dos tercios.

Hablando a los constituyentes del mas, Carlos Romero evaluaba las posibilidades de sesionar en Sucre u Oruro, y pensaba que si se quedaban en Sucre había que organizar una protección  social y tener en cuenta que el Teatro en determinado momento “se abre a patadas”. El riesgo de Oruro era que muchos no los irían a seguir y que todos los chiquitos, decía Romero, ven la posibilidad de extorsionar al mas. Tendremos que lidiar con eso y es vomitivo un proyecto de país mezclarlo con eso, expresaba. Sobre la posibilidad  de Oruro, Romero decía que si esa era la opción  tenía que ser rápido, y no como el cuento del lobo. El Correo dice hoy: “los masistas no tienen quórum y por eso no van”, se han envalentonado, reparaba Romero. En el momento en que hablaba había pendiente una nueva convocatoria para sesionar en Sucre, y si iba a ser mantenida Romero veía necesario la necesidad de un resguardo social, y también un resguardo policial y militar. Hay que ejercer el poder; con resguardo social no es insuficiente, decía, porque si se enfrentan van a tener el muerto  que están buscando.  Y también notaba un riesgo que había sido señalado por Víctor Borda: sin dos tercios para resolver el tema capitalía, la espada sigue sobre nuestra cabeza y está el riesgo de que se genere un nuevo Viru Viru.[89] Aunque quizá ese es un costo de autoridad que hay que asumir, ponderaba.

Y sorpresivamente se decidió  el traslado a Oruro. Mientras se esperaba la sesión en Sucre,  y estaba claro que así sería, en una reunión  de la bancada del MAS con las organizaciones a mediados de noviembre, se definió ir a Oruro. Cansados de que de mañana los del Interinstitucional decían una cosa y a la tarde otra, me explicaban, se tomó  la decisión. Era también una decisión que se tomaba en respuesta a las agresiones y a la falta de garantías de seguridad en Sucre. Se acabaron las instancias  y al día siguiente  la Directiva  iría a anunciarlo a las bancadas.  Los campesinos  de Chuquisaca eran los únicos que estaban en contra, pero se decidió por mayoría y Silvia Lazarte iría a acatar lo que las organizaciones decidieron. La decisión de ir a Oruro llegaba “porque se acabó  el tiempo y las alternativas”, y porque  “los constituyentes tenemos  que ser responsables con los votantes y el país”.  El plan era mandar  al Congreso dos informes de minoría y mayoría y que el pueblo boliviano decidiera entre las dos constituciones. Pero el traslado quedaría como decisión  tomada  al calor de los acontecimientos,  de manera apresurada.

La decisión de ir a Oruro “no se consolidó” y se dio marcha  atrás cuando algunos ya estaban preparándose  para el traslado y mandar sus pertenencias. A pesar de la decisión  por mayoría entre constituyentes y representantes de las organizaciones, la orden  o la aprobación desde arriba no llegó y la Directiva ratificó una vez más que la sesión  sería en Sucre. En el Gobierno  prefieren que no haya Constitución a que haya un muerto y se cierre por eso, alguien decía. Haber ido a Oruro hubiera  sido transformarla en una Asamblea regional, otros justificaban. Otros aseguraban  que nuevamente  el problema era el número.  Irían sólo 130, se había calculado, y otros apuntaban  sus críticas a García Linera: “quiere cerrarla y por eso no se juega con Oruro”. Después de retroceder había enojo y otro constituyente decía que el problema  no era que la Asamblea era manejada desde arriba sino que desde arriba la manejaran mal.

Armando Terrazas y otros se quejaban de la  falta de una estrategia clara: “¿Hay una o tres cabezas?”, preguntaba a sus compañeros. En Tarabuco decidimos quedarnos en Sucre, pero después que nos pegan decidimos Oruro y de arriba llaman a quedarnos en Sucre, explicaba, y decía que era necesaria una única dirección política. Pero veía que a la bancada  los constituyentes ya no obedecían; muchos no se quedaban en Sucre esperando la sesión y cuando aparecían gritaban descontentos. Comencemos a ordenar  la tropa para ordenarnos, pedía. En otro momento, conversando con compañeros, Armando decía que si él fuera el Comité  Interinstitucional dejaría al MAS sesionar, “porque no llegamos”. Sólo haría el pedido de que se respetara el reglamento  diciendo  que Sucre por la unidad permitía una Constitución concertada. Pero otro constituyente acotaba “si dicen eso los cuelgan”. Conversaban que lo del cuartel no estaba descartado y que para ir a Oruro era necesario esperar más tiempo para juntar más gente.

Mientras  la resolución  de la Asamblea  no se definía, las organizaciones  sociales convocaban  a una importante movilización hacia La Paz para defender  el proyecto de la Renta Dignidad,  “no podemos dejar sólo al presidente”,  decía el líder de los campesinos. La simultaneidad de la iniciativa del Gobierno  con la Asamblea debilitaba la movilización  pero buscaba algo prioritario: legitimidad para el Gobierno  en horas de definición.[90]  Isaac Ávalos, líder de los campesinos, explicaba a los constituyentes que estarían correteando de un lado a otro para estar en esa movilización y también en Sucre, aunque no tenía avioneta como Branko Marinkovic, decía. Había hablado con el presidente  y Oruro ya estaba descartado y comentaba que el día anterior el doctor (se refería a Armando) lo había llamado para decir que se estarían trasladando a Oruro; pero  ya los compañeros se estaban convocando a La Paz para después confluir en Sucre. El ejecutivo de la csutcb decía que habían convocado a 400 personas por federación departamental, con otro contingente adicional de 500 personas que se sumaría  desde el Chapare,  y triplicando ese número en la siguiente  semana.

Cómo cuando fue la Cumbre Social, Chuquisaca y Potosí movilizarían un número mayor de campesinos, por ser los territorios más cercanos, y en esta oportunidad se quedarían en Sucre para garantizar  el cerco que permitiera reanudar  las sesiones. [91]No queremos enfrentar pero no podemos seguir igual, ya es demasiado. Acá no pasan de 300 locos, y no vamos a perder  la Asamblea por 300 locos. Vamos a tener que dar algunos sopapos, decía. Pablo Zubieta veía dos escenarios: que no haya dos tercios y sean dos constituciones; o que se haga en Sucre lo que se iba a hacer en Oruro y se sesione sin la oposición con la vigilia de los movimientos sociales. En este último caso, por las modificaciones en la ley de ampliación,  los temas en disenso saldrían de la concertación aprobados  por dos tercios de los presentes (y no del total de constituyentes), o de lo contrario irían a referendo directamente resultando en dos constituciones. Macario Tola decía que “le huele” que será La Glorieta, que no deberían llamar más cuartel o Liceo Militar, sino Colegio  y museo, lo que también era. [92]

Podía establecerse un triángulo simbólico entre  las tres opciones que apa-recían en el horizonte  y entre las cuales no había aún una decisión. En el vértice del centro se proponía el Liceo  Militar de La Glorieta, como opción intermedia y menos problemática donde se podría pensar en un nuevo pacto estatal. En los extremos,  la posibilidad  de Oruro era la del avance  de los movimientos  sociales dejando al margen a la oposición y a algunos aliados; y del otro lado la posibilidad del Teatro Mariscal era la posición más conciliadora con el Comité Interinstitucio-nal y que garantizaba la presencia de la oposición pero que podía traer una mayor cantidad de costos o fracturas internas. Oruro  era la opción que renunciaba a la búsqueda de dos tercios, y era puesta en consideración  desde el mismo espíritu que en 2006 insistió en oponerse a los dos tercios y en la fase de comisiones con el avance  sin la oposición de Visión de País. Pero hubiera sido una opción más del 2003 que de los tiempos de Gobierno, en que la opción  del mas, a nivel general, había venido  siendo  la del camino institucional, ejerciendo  el poder  del Estado y apoyándose en una alianza con las fuerzas armadas,  buscando  acuerdos con la oposición menos radicalizada. La Glorieta era entonces el vértice del triángulo que permitía mantener en pié la búsqueda de los dos tercios, con el apoyo de los militares y sin quebrar la legalidad.  Las organizaciones sociales la acompañarían.

Esa decisión  fue ratificada en reunión de Evo Morales con los Jefes de Ban-cada departamentales de constituyentes del mas, que fueron llevados en avión desde Sucre. Evo Morales  le había dicho a Silvia Lazarte en la reunión:  “viva o muerta, me entregas  la Constitución  el 14 de diciembre”. También avisó que la Asamblea Constituyente no entraría en el presupuesto para 2008 y que si no había Constitución les iban a hacer juicio político a los constituyentes. Evo Morales dijo que la Constitución debía  ser el regalo de Navidad  para los bolivianos,  y también aseguró que ahí no les iría a faltar nada, porque  el plan era quedarse a dormir en el cuartel hasta el final de la aprobación.  Carlos Romero le había preguntado a García Linera por qué no Oruro, ya que La Glorieta le parecía  fácil de bloquear. “Quieren  transformarnos en mártires” decía Romero. La respuesta era que en La Glorieta se convocaba a más constituyentes que a Oruro, y si no se aseguraba los dos tercios, al menos se acercaba más a la posibilidad de conseguirlos. Los dos tercios eran necesarios  para aprobar el texto sin dejar temas controversiales en un referendo  previo  al referendo aprobatorio final de la Constitución  y también, antes que nada, para modificar el reglamento e imponer las reglas de juego.

Mientras  el MAS esperaba  para hacer el anuncio de la decisión  final, los once miembros de la Directiva discutían sobre  propuestas  diferentes ante el conflicto político de la Asamblea.  Como fue transmitido a la prensa,  uno de los vicepresidentes, Ángel  Villacorta de un, planteaba  volver a convocar  la sesión  en Sucre. Ricardo Cuevas, del mnr de Tarija, proponía suspender las sesiones por seis meses. Pastor Arista, expulsado  de as, defendía  la opción del traslado de la sede a otro departamento y Mauricio Paz, de podemos, prefería continuar en Sucre y sugería activar las comisiones mixtas para leer los informes  de mayorías y minorías en las comisiones donde el tema de capitalía aparecería. Willy Padilla, de cn, reproducía el discurso sucrense  opositor de “volver a la legalidad”; y mientras esperaba, ya con estrategia, el MAS pedía tiempo para consultar con las bases.  Fuera  de la Directiva, el constituyente cruceño  Alberto Serrate pedía el cierre definitivo de la Asamblea. Era la posición  de los Comités  Cívicos de la Media  Luna.  Al mismo tiempo, por primera vez se juntaban  las distintas vertientes regionales  del mnr para presentar una declaración  conjunta en la que rechazaban  la posibilidad  de un traslado. Y podemos de Chuquisaca  solicitaba al segundo  vicepresidente  de la Asamblea, Mauricio Paz, que convocara a sesiones  sin el MAS en la sede  legal de Sucre.

La convocatoria  final para el viernes 23 llegó el 22 de noviembre, en el Liceo Militar de las afueras  de Sucre. A las siete de la tarde del jueves  se hizo  la última reunión  del MAS en la Casa Argandoña  para ultimar detalles. Armando anunció a los constituyentes  que “se lanzó la convocatoria  y ya no era hora de discutir, sino de ver cuántos había. Dijo que se estaba en Estado de Emergencia. Santos Ramírez dirigió la reunión. Ya está la última decisión, anunció, fue tomada en la reunión con los Jefes de Bancada en La Paz. Se iría a La Glorieta, al Liceo  Militar. Si se configura el fracaso, decía a los constituyentes del mas, sería del Gobierno y de ustedes. Y fundamentaba  la medida diciendo que si se salía de Sucre sería aislamiento, se acusaría de ilegalidad y seríamos  los responsables  del fracaso. Por eso ese debate se había agotado. La reunión era para tomar las últimas decisiones  y verificar la responsabilidad política de nuestros constituyentes. Ya no habría debate, explicaba. Ya está la Orden del Día y la convocatoria, sólo falta verificar disciplina y ver cómo nos trasladamos.  El lugar ya estaba tomado por la Policía  y más tarde se llevaría a cabo una reunión  con dos autoridades militares sobre  la preparación  del lugar.

En su informe  sobre las negociaciones  con otros partidos, Santos Ramírez decía que un había cambiado su posición y ese día había propuesto “vamos si antes nos dejan hablar con el presidente”.  Que hablen después, es chantajismo, decía Santos Ramírez. Sobre el peligro de que la oposición decidiera convocar sin el MAS al Teatro, el senador  creía que un y los paceños  de la oposición no irían, porque “La Paz los colgaría”. Además, explicaba que no había que asustarse con la amenaza de abrir sesiones en el Teatro  porque el único  que puede convocar sesiones es la presidente y la Directiva  se instala con la mayoría de sus miembros”. El mnr estaba desparramado y disperso, pero a Marcela se le había preguntado en la reunión  con el presidente,  y dijo que definitivamente  el msm estaría. Santos pidió en la reunión  con los constituyentes del MAS saludar con un aplauso a Lindo Fernández, disidente de podemos que se había acercado al MAS y estaba presente. Los dos Félix del bloque  alternativo dijeron: “Estamos dispuestos a acompañar siempre que haya un resultado”. Ahora  habría  otra reunión  para explicarles  el tema alimentación y esas cosas. Con ellos reinstalaremos  plenaria,  y los partidos chicos dijeron “ahora nos convocan ¿y después qué?” Nosotros fuimos claros que el proceso  los convoca  antes y después, decía la autoridad política enviada  a negociar por Evo Morales.[93]

 Lo peor sería nuestra inasistencia, decía Santos Ramírez. Si falta uno o dos sería un problema. Hay que garantizar los dos tercios que estamos trabajando. Santos comentaba  que el Bloque  Alternativo decía que van a acompañar pero que se quejaban que sus propuestas habían entrado en el texto. Hay que incluirlas. Trabajemos con los técnicos,  solicitaba; y pedía que hubiera cuidado con lo de Fuerzas Armadas y Policía. Sería grave generar conflicto con eso. Esta noche  hay que movilizarse. Alimentación va a ser ahí. Hay que movilizarse con todo para estar ahí 10 o 15 días. En la sesión  se respetaría el reglamento:  primero aprobar informes, se aprueba en debate, luego se vota el proyecto  “en grande”. Hasta ahí no hay donde perdernos, decía. Por capitalía, tenemos pacto con Federación de Chuquisaca. Pedía que se designara un constituyente por bancada departamental para tomar decisiones políticas y técnicas de forma operativa en el Liceo, “por cualquier cosa que se presente”.

Después de la aprobación “en grande” había dos caminos, según las modificaciones de la ley de ampliación. Alternativa uno: se aprueba todo por dos tercios del total de constituyentes;  alternativa dos, se aprueba por dos tercios de los presentes y los artículos que no alcanzaran esa mayoría irían a referendo. Si va el mnr y otros se forma una comisión de concertación  con las diferencias, explicaba Santos. Veía como dificultad que la oposición cambie de estrategia y decida  ir al Liceo. En ese caso pedirían que se respetaran los acuerdos del Concejo.  Ellos tienen derecho a meterse en este escenario.  Si no, vamos con  el texto de la mayoría,  al que se le agregaría  lo de las minorías  aliadas. Ni nosotros iríamos si no podemos leer el texto, observaba. Se decía que había problemas en el texto, entre las versiones del Oberland, Sucre, Cochabamba, pero Santos Ramírez aclaraba que no era posible discutir como bancada. Si va la oposición se sigue el reglamento y discuten informes artículo por artículo. Si no van, los dos tercios van bajando  de 170 a 165, 164 y es más fácil. Pero la falta de  uno  o dos de nosotros sube los dos tercios, advertía.

Santos pedía la presencia  militante de cada uno. Si aquí no avanzamos, no tenemos un escenario más. Si ahora fracasamos, no vamos a poder hacer nada. Vinieron flotas de La Paz y El Alto, mañana Cochabamba… Vamos a desplegar con todo. No vamos a mezquinar ahora, vamos con todo. Inicialmente  era segundo  anillo movimiento social, primer anillo policía  y tercero militar. Pero los movimientos quieren ser primer cordón. Que decidan ellos. Y habría que seguir hablando  con del MAS que no van solamente por resentimientos personales. Santos Ramírez pasó la palabra a las bancadas para ver si había preguntas y preocupaciones. Las dudas no podrían aparecer más. Era la última decisión.  Había un tono más solemne entre los constituyentes, como René Navarro que decía que la Asamblea iba a quedar en la historia.  Otros daban recomendaciones  prácticas, como la de hablar con alguien en particular que no estaba asegurado. Cayo decía que había que aplicar  la reciprocidad, a lo que Santos respondió “vinimos  con autorización plena y es la tarea colectiva  que estamos asumiendo”.

Carillo sugirió publicar  el texto el domingo a lo que siguió un “no” generalizado. Decía que el Canal 7 “nos ha abandonado” y pedía hacer un esfuerzo para que llegaran periodistas  del interior del país porque todos los canales de Sucre eran de Barrón. Saúl Ávalos anunciaba que a partir de ese momento había un corte y se pronunciaba  el principio  del final. No había más incertidumbre. Y el corte de hoy es que lo que hacemos es legal, decía. No hay como puedan contradecir porque  la sede sigue siendo Sucre y se respetaría el reglamento. Pedía hablar de Liceo y no de Cuartel, y evitar la palabra  militar. Es un instituto como cualquier otro, sólo que está a cargo de militares. Nuestra realidad debe ser como si estuviéramos en el Teatro, decía.  Son ellos los que están en la ilegalidad, hablando  de departamentos de facto y Asamblea paralela. Somos la mayoría del país. También pedía no olvidarse de lo que pasaba afuera de la Asamblea: Hacer lectura diaria de coyuntura. No descartar nada.  Incluso  la posibilidad  de volver al Teatro.  Porque, ¿cómo vamos a volver a las calles sin militares  a hacer campaña por la Constitución después de que nos encerráramos en un cuartel? Pedía ser conscientes de que “no es cuestión sólo de aprobar.  El mundo no acaba ahí”.[94]

Otros constituyentes  empezaban a compartir sus puntos de vista y Santos Ramírez los interrumpió.  Si entramos en el debate nos vamos a cansar y hay que movilizarse. Operativicemos. Anunció un nivel político de decisión formado por él, Gerardo, Armando y Roberto Aguilar, que deberán estar en comunicación “con abajo  y arriba”.  El grupo  de constituyentes que participaron en la Comisión Técnica quedaba fuera de esta comisión, podía notarse. Habría también  una Comisión de Reglamento. Por la noche Santos se reuniría todavía con el Bloque  Alternativo y con los comandantes.  Una comisión logística se movilizaría también un poco después de la reunión  hacia el Liceo. Santos Ramírez  presentó la estrategia  nuevamente al final: si va podemos, vamos con el documento  del Concejo.  No se trata sólo de reinstalar. Si hay 50 para fregar, van a estar fregando minuto a minuto. En ese caso, la última opción es darles Constitución de minoría y habría dos constituciones. Hay dos alternativas. Consensos primero pero sino: dos constituciones.

Para concluir se le dio la palabra a Barrientos, secretario de la csutcb. Isaac Ávalos  estaba  en la marcha de La Paz. Las organizaciones decidieron que los man-dos oficiales eran los ejecutivos regionales, decidieron no hacer un nuevo ampliado. Estaban esperando para reunirse y ver cuál sería su papel al día siguiente: Cuál va a ser el mecanismo y a qué hora y lugar nos trasladamos. Y Santos Ramírez  decía para todos: Compañeros, hagamos historia. Yo me asusté cuando nos echaron del Congreso  (Santos era diputado  junto a Evo Morales cuando lo expulsaron en 2000). Si sale bien se van a sentir bien por haber cumplido por lo que fueron elegidos. Por la noche  cené con algunos constituyentes que se preparaban para entrar en el Liceo  Militar. Magda Calvimontes dijo que le gustaría morirse en una siesta chaqueña  con olor a bosta de vaca. Raúl Prada agregó que en una hamaca. Los universitarios tiraban petardos en su Vigilia de la plaza  Libertad,  frente al Teatro, con camperas  de colores. Otros constituyentes brindaban con dirigentes sociales de organizaciones de base que habían llegado a Sucre para el ampliado  y que, de manera  obligatoria, hacían pagar la cuenta  a los asambleístas.

Sacha Llorenti había presidido la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (apdh-Bolivia) y desde ese lugar había apoyado a los cocaleros antes de la llegada del MAS a la presidencia. Era viceministro encargado de la coordinación del gobierno con los Movimientos Sociales y sería nombrado en 2010 Ministro de Gobierno a cargo de la policía. Algunos pedían una acción más firme de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes en Sucre, y se comentaba que no reprimían porque sus autoridades estaban susceptibles por el informe de la Comisión de Seguridad y Defensa en la Asamblea, luego del enfrentamiento entre constituyentes policías y militares de la Comisión. Sacha Llorenti dejaría el ministerio en 2011, luego de ordenar una violenta represión a la marcha indígena opuesta a la construcción de una carretera por el tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure).↵

En noviembre de 2006, el diputado por podemos Fabio Porcel propuso capitalía plena y en la Asamblea los chuquisaqueños buscaron incorporarse en los cargos directivos de todas las comisiones para respaldar la propuesta. En marzo se conformó el Comité Interinstitucional por la Capitalía Plena”, y se realizó una movilización de miles de personas que, según la prensa, era la más importante en mucho tiempo. Días después, el tema entra por primera vez formalmente en la Asamblea, cuando se realizaba el Foro Territorial para recibir propuestas en Sucre y las autoridades locales entregan la propuesta a la presidenta Silvia Lazarte. Luego el tema entraría en las comisiones y la posición del MAS sería la de no tratarlo “para evitar el enfrentamiento entre regiones”. En una de las revistas editadas por la Vicepresidencia, en su texto “Reflexiones sobre la coyuntura”, García Linera (2007) dice que en el acto del 25 de mayo de 2007, autoridades locales se le habían acercado para hablar de capitalía, y que habían manifestado que se conformarían con trasladar a Sucre al menos el poder legislativo. La posición posterior intransigente era, para el vicepresidente, señal de que por detrás del reclamo había intenciones políticas desestabilizadoras.↵

En las resoluciones se hablaba además de unidad de la patria, se instruía la puesta en marcha de un plan de desarrollo y, sobre el tema de la convocatoria, ratificaba la “decisión irrenunciable de garantizar la permanencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo”; se reafirmaba “el respaldo del departamento de La Paz al proceso de cambio y a la Asamblea Constituyente”; y se rechazaba “la intención de aquellos pequeños sectores conservadores antinacionales que buscan solamente dividir y enfrentar a todos los bolivianos”. En el acto central hubo ocho oradores, principalmente dirigentes sociales del departamento: Federación Campesina, fejuve (juntas vecinales), Central Obrera Regional de El Alto, Gremiales (vendedores), rectora de la umsa y la fam, además de Macario Tola por los constituyentes y Luis Revilla, futuro alcalde de La Paz por el msm en las elecciones de 2010, que en ese momento era presidente del Concejo Municipal y coordinador del Comité de Emergencia de La Paz por la Defensa de la Sede de Gobierno (organizador de la Asamblea de la Paceñidad y convocante al acto).↵

Los puntos básicos de la fundamentación eran: contra el centralismo, por la democracia y la unidad nacional. El diario Correo del Sur reportaba que el senador del MAS Gerard Ortiz pilotaba una avioneta que sobrevolaba la manifestación arrojando volantes a favor de la capitalía. Los manifestantes gritaban “la sede sí se mueve”. La movilización fue convocada como “El Día del Regocijo por la Capitalidad” y fue iniciada a las 7 de la mañana con repique de campanas de las iglesias y una misa solicitada por el Comité Interinstitucional y la Alcaldía a la que asistieron ministros de la Corte Suprema, que enfrentaban por ese entonces un juicio político impulsado por el mas.↵

Aunque diccionarios como el de la Real Academia Española indican que la expresión “Orden del Día” se antepone de artículo masculino, mantendremos el femenino por ser esta la manera utilizada en el contexto estudiado. Como en otros términos, tomamos esa determinación por motivos etnográficos aunque algunas teorías etimológicas también argumenten en ese sentido.↵

Eran los constituyentes Orlando Ceballos (mbl), Epifania Terrazas (mas), Sabina Cuéllar (mas), Álvaro Azurduy (disidente de podemos), Oscar Urquizu (podemos), Mario Oña (mbl), Rolando Tejerina (podemos) y Cirilo Mallón (mbl). Excepto dos de podemos, el resto habían votado junto al MAS en 2006. En pocos días los ayunantes llegaban a 80, en lugares de ayuno abiertos por las empresas locales de agua, de electricidad y de telecomunicaciones; por la Federación Universitaria, las Juntas Escolares, la Central Obrera y sindicatos de trabajadores universitarios, entre otros, donde hacían huelga empleados y autoridades. También se sumaron parlamentarios y empleados de la alcaldía. El Comité Interinstitucional anunciaría semanas después la presencia de 600 ayunantes, aunque la prensa contabilizaba 200.↵

La Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia dio un ultimátum a Sucre exigiendo frenar los reclamos y recomendando trasladar el foro a otro departamento en caso de que los mismos continuasen. La csutcb se reuniría en Sucre para decidir su posición, el día 23 de agosto, en que vencía el plazo que los cívicos sucrenses dieron a la Asamblea para reincorporar el tema. La Federación de Campesinos de Chuquisaca anunciaba la marcha de siete mil campesinos a Sucre para defender la Asamblea. También hacía declaraciones a la prensa Adolfo Chávez, presidente de la cidob, comunicando que la Comisión Nacional de esta organización había establecido que si Sucre no dejara avanzar el tema de la Constituyente, se procedería a un cerco a esta ciudad por parte de los pueblos indígenas de la Amazonia, Chaco y del Oriente boliviano.↵

Los líderes mediáticos de la protesta fueron cuatro: Aydeé Nava, la alcaldesa, quien movilizó a sus empleados y que luego perdería su mandato por denuncias de corrupción impulsadas por el mas; Jaime Barrón, rector de la Universidad San Francisco Xavier y presidente del Comité Interinstitucional, que sería elegido alcalde de Sucre en 2010 y también perdería el mandato por denuncias del fiscal sobre su responsabilidad en un episodio racista en que públicamente se humilló a campesinos en la plaza central. Fidel Herrera, presidente del concejo de la ciudad, que sería apresado en 2009 por denuncia de la hija por abuso sexual. El cuarto era Jhon (sic) Cava, presidente del Comité Cívico Pro Intereses de Chuquisaca (codeinca), que en abril de 2010 perdería las elecciones a gobernador de Chuquisaca ante otro protagonista del conflicto de capitalía, el constituyente del MAS y líder campesino Esteban Urquizu.↵

Romero informaba también que al margen del grupo más duro, que se identificaba con la falange, Aydeé Nava estaba formando un partido político que se llamaría País. Estudiaron una campaña subliminal con carteles (“Sucre ni un paso atrás”) y no piensa en Tuto Quiroga, informaba Romero, sino en el liderazgo provincial y municipal. Eran los mblistas asociados con los cruceños y Tommy Durán, que a pesar de no tener título habilitante ocupaba un cargo técnico en la Municipalidad de Sucre, y que como presidente del Comité de Movilizaciones por la capitalía plena sería quien armaba los grupos de choque en coordinación con la Unión Juvenil Cruceñista, que exportó a Sucre los procedimientos utilizados en Santa Cruz, por ejemplo los bates de beisbol como armas mostradas en las movilizaciones. Romero informaba también que la alcaldía de Sucre está podrida en corrupción, con 23 denuncias judiciales contra Aydeé Nava y su ex esposo. Toda la familia de Aydeé Nava tiene cargos en la alcaldía y ella tiene cinco sueldos como alcaldesa, en Fancesa y en emas, apas y otras entidades. Marcos Bustamante, su ex esposo, era Oficial Mayor de la alcaldía pero vive y trabaja en Santa Cruz. Romero también mencionaba a los familiares de Fidel Herrera con ítems en la alcaldía y con una nuera en la cainco.↵

El ensayo de Velasco Romero sobre la guerra federal (2003) también aporta datos para entender el contexto de la guerra, cuando se sentía la falta de una ciudad industrial o puerto, como consecuencia de la pérdida del Litoral en la guerra del Pacífico, y una provinciana y aristocrática Sucre tomaba decisiones desafortunadas en medio de disputas entre liberales y conservadores, y un gobierno nómade.↵

La República de Bolivia (inicialmente República de Bolívar) surge en 1825 con las cuatro antiguas provincias de la Audiencia de Charcas que se convierten en departamentos de Chuquisaca, Potosí, La Paz y Cochabamba. En el siguiente año se crean como departamentos Santa Cruz y Oruro, que se desprenden de Cochabamba y Potosí. Tarija, que era parte de Potosí, se incorpora en 1831 y Beni se crea en 1842. Posteriormente se da origen al distrito Litoral, antes extensión de Potosí y perdido en la guerra con Chile (1879) junto a la salida al mar. En un tratado de 1889, Argentina incorpora territorios en litigio con Bolivia, al tiempo que renuncia al reclamo sobre Tarija y Chichas. El último de los nueve departamentos actuales de Bolivia en crearse fue Pando, que tiene origen en 1938 con la parte de las colonias del nordeste que restaron a Bolivia después de la pérdida territorial del Acre en la guerra con Brasil (1967 y 1899-1903). Como consecuencia de esta guerra Bolivia perdió territorio también con Perú, país con el que estuvo confederado en 1837-1839. Finalmente, como consecuencia de la guerra del Chaco (1932-1935) Bolivia también pierde territorio disputado con Paraguay.↵

En la ciudad se siente un conservador ritmo del pasado, con jóvenes que sólo salen hasta las 22 horas sometidos a rígida autoridad disciplinar de los padres y con la paralización de la ciudad en la hora de la siesta, algo ya difícil de ver en otras capitales. Sucre fue reconocida como patrimonio por la unesco en 1991. Tiene arquitectura hispana colonial bien conservada, con plazoletas, jardines, parques, columnas greco-romanas, fuentes de granito, iglesias antiguas, calles empedradas y casas de tejas de barro cocido y obligatoriamente pintadas de blanco en el centro de la ciudad.↵

Había sido alfabetizada por el programa “yo si puedo” que los cubanos implementaron en Bolivia. Por su origen campesino y del mas, ella comenzó a ser comparada con Malinche, la mujer azteca que traicionó a su pueblo uniéndose a Hernán Cortés, en México. Y ya se había enfrentado al MAS cuando siguiendo sus creencias religiosas votó por el derecho a la vida desde la concepción y, a diferencia de otros constituyentes después de estallar el conflicto, no cambió su voto.↵

Era el encargado de presentar los argumentos legales del reclamo. Después de la aprobación de la resolución del 15 de agosto, listaba once irregularidades ante los medios y explicaba que analizaban dos tipos de procedimientos para impugnarla: “la reconsideración de la votación del miércoles al amparo del artículo 71 de la cpe vigente en el momento y concordante con el Pacto de San José, que dispone que toda norma tiene derecho a ser revisada; y también acudir al artículo 120 de la cpe vigente, donde se establece el recurso abstracto de inconstitucionalidad, el amparo constitucional, el recurso directo de nulidad y, finalmente, la demanda al procedimiento constitucional”.↵

El general Pando le habría prometido a Zárate Willka ser el segundo presidente y devolver las tierras comunales expropiadas con la ley de 1874, liberando los colonos de hacienda, si destruía con su ejército de quechuas y aymaras al blanco del Sur. Pero el caudillo indígena muere con sus tierras expropiadas y los que lo acompañaban encarcelados. Después de triunfar, con un ejército más numeroso pero peor armado, en la Proclama de Caracollo había declarado: “Los indígenas, los blancos nos levantaremos a defender nuestra República de Bolivia […] deben respetar los blancos o vecinos a los indígenas, porque somos de una misma sangre e hijos de Bolivia, deben quererse como hermanos con los indianos… hago prevención a los blancos… para que guarden el respeto con los indígenas…”. Ver Gisbert et al. (2001), Ari, Marina (2004). Sobre el tema véase también el trabajo de Pilar Mendieta (2010), donde la autora trabaja con una hipótesis interesante, que podría impulsar preguntas sobre el proceso constituyente. Esta autora se pregunta si en lugar de guerras autónomas de los liberales y de los indígenas, como sostienen otros investigadores, no se trataría más bien de indígenas aprovechando el conflicto entre las elites para incluir y negociar dentro del proyecto liberal su propio proyecto pactista. La Guerra Federal habría puesto en juego un solo frente liderado por el Partido Liberal, al que se sumaron los indígenas buscando la restitución del pacto de reciprocidad establecido en la colonia y que habían perdido. Según la historiadora, esta hipótesis permite presentar a los indígenas con autonomía relativa y no como eternas víctimas sin conciencia y movilizados desde arriba (:37).↵

Carlos Aparicio, del Chaco chuquisaqueño, que sería elegido diputado en 2009, calculaba que el tema capitalía no entraría en la Constitución de la minoría, porque así se estarían arriesgando a perder los votos de La Paz. Sumaba que con dos millones de votos de La Paz, más Cochabamba, Potosí, Oruro y la mitad de Santa Cruz en un referendo entre dos constituciones se ganaría, “somos mayoría”. Pero otro constituyente no era tan optimista. Recordaba que el alcalde de Potosí, ya había demostrado que no apoyaría el MAS y arrastraría votos, y que tenía aliados también en la Federación campesina de Chuquisaca. Además, en La Paz y Cochabamba los prefectos eran opositores. Evo Morales había ganado con el 54%, pero una elección por la Constitución podría tener otro resultado.↵

En las decisiones finales del encuentro se daba apoyo a la Constituyente y se rechazaba su suspensión, “que es lo que quiere la derecha”. Se proponía hacer una coordinadora con propuestas claras y se pediría la reinstalación de la Asamblea a la brevedad porque si no, no se llegaría hasta diciembre. También proponían sumarse a la vigilia de las organizaciones pero prefirieron no avanzar más con las declaraciones. Todavía no sabían lo que se resolvería en la Cumbre, alguien explicaba, y por eso no era prudente adelantarse. Si proponían algo diferente a lo decidido después en la Cumbre por el resto, podría pasarles como en una anterior Cumbre en que no los escucharon. Debían tener una posición flexible porque de lo contrario la prensa diría que los estudiantes están en contra del gobierno.↵

Las siguientes fueron las resoluciones de la Cumbre: “1. Defender hasta con nuestras vidas la Asamblea Constituyente y este proceso irreversible de cambios profundos impulsados por la fuerza histórica de nuestros pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas junto a las Organizaciones populares. 2. […] En caso de no haber garantías democráticas de las Sesiones, deberá instalarse de inmediato en otro departamento manteniendo como sede la ciudad de Sucre. 3. Respaldamos a nuestra hermana Silvia Lazarte Flores, […] que por ser una mujer indígena de pollera fue discriminada por sectores oligárquicos racistas de la ciudad de Sucre. 4. Desacatar y rechazar de manera contundente el fallo emitido por la corte superior de distrito de Chuquisaca, en un acto de prevaricato y atropellando el carácter fundacional independiente de la Asamblea Constituyente, no podemos permitir que una resolución aprobada por la mayoría de los asambleístas elegidos por el pueblo, sea eliminado por dos jueces nombrados a dedo por cuoteo político de partidos tradicionales de la derecha. 5. Exigimos a los asambleístas que de acuerdo a principios de moral y ética a no cobrar sus salarios por los días no trabajados. 6. Los Movimientos Sociales del campo y la ciudad defenderemos el proceso de cambio a la cabeza de Evo Morales Ayma […]. 7. Exigimos que la instalación del Congreso Nacional y el informe presidencial de cada 6 de agosto asuma un carácter rotativo entre los 9 departamento, por principio de igualdad, equidad y justicia. 8. Denunciamos […] la agresión e insultos a dirigentes de organizaciones sociales y asambleístas, a la quema de símbolos de los pueblos indígenas originarios campesinos y la destrucción de sedes de las organizaciones sociales. 9. Advertimos pequeños grupos de las logias fascistas, de seguir desinformando a la población, perjudicando la Asamblea constituyente, y acabarse el dialogo, asumiremos otras medidas más radicales […] 10. Las organizaciones sociales del campo y la ciudad nos declaramos en estado de emergencia, vigilia permanente y nos comprometemos a organizar comités de defensa de la a.c. a través de nuestras confederaciones, federaciones, juntas vecinales, asociaciones, sindicatos, capitanías, tentas, ayllus y todas las organizaciones sociales, populares […]. Ver Indymedia (2007)↵

La nueva posibilidad de diálogo comenzó a tomar cuerpo después de una reunión de dirigentes políticos y constituyentes en la Fundación Boliviana por la Democracia Multipartidaria (fbdm), que organizó una reunión para analizar los consensos en la fase de comisiones. Carlos Romero, quien se había destacado en la fase técnica, organizaría el diálogo, a pesar del celo de la Directiva ante la pérdida de protagonismo. La instancia de diálogo se empezó a gestar en los días que siguieron a la Cumbre Social y tuvo como primera fecha de convocatoria el lunes 17 de septiembre, después postergada, y el palacio de la Vicepresidencia como espacio. Fueron los acontecimientos y la decisión del gobierno de intervenir con la figura del vicepresidente los que terminaron formalizando el espacio que originariamente sería apenas un diálogo marginal.↵

Los chuquisaqueños que asistieron al espacio de la Vicepresidencia (Orlando Ceballos, jefe del mbl y Edwin Velásquez, subjefe de la bancada de podemos) abandonaron la sala criticando que excluyeran también de ese ámbito el tema capitalidad. Pero paralelamente a la formación del Concejo, los ministros Quintana, San Miguel y Delgadillo se reunían primero en Sucre y luego en Cochabamba con los líderes de La Paz y Chuquisaca para buscar salidas a ese mismo tema. Por Chuquisaca participaron el rector Jaime Barrón; el vicerrector Iván Arciénega; el prefecto David Sánchez; la alcaldesa Aydée Nava; el presidente cívico Jhon Cava; el asambleísta Jaime Hurtado; un dirigente gremial y uno de la prensa. Por La Paz asistieron el presidente munícipe Luis Revilla; el secretario general de la Prefectura Alejandro Zapata; el presidente cívico Jorge Ríos; el historiador Juan Reyes; la rectora de la umsa, Teresa Rescala; un representante de la umsA y otro de la prensa.↵

Se reunieron más de 40 personas entre delegados políticos, constituyentes y autoridades partidarias. Encabezaba Álvaro García Linera como presidente del Congreso y por el gobierno. Estaba presente la Directiva de la Asamblea Constituyente (Lazarte, Aguilar, Mendoza, Padilla, Cuevas, Peña, Villacorta, Paz y Arista). Y, por el mas, Santos Ramírez, Román Loayza y Armando Terrazas; por Podemos, Rubén Darío Cuéllar, Sandro Aguilar, Óscar Ortiz, Óscar Mercado y Edwin Velásquez; por el mnr, Guillermo Richter y Mario Justiniano. Por cn, Mario Machicado, Félix Cárdenas, Iván Morante y Gonzalo Aruni; por AS, René Muruchi y Wenceslao Alba; por el mop, Félix Velásquez y Néstor Tórrez; por Ayra, Fernando Untoja. Por el mcsfa, Juan Zubieta, Carlos Delgado, Hugo Martínez y Roxana Yujra. Por el mnr a3, Freddy Soruco; por un, Samuel Doria Medina, Ricardo Pol, Arturo Murillo y Jaime Navarro. Por el mbl, Orlando Ceballos. Se ausentaron solamente los Constituyentes Hugo Oliva (mir) y Hormando Vaca Diez (aai), de bloques unipersonales en la Asamblea.↵

En la instancia de diálogo convocada en Sucre por la Directiva como Comité Especial de Diálogo y Consenso, reunido el lunes 24 de septiembre, la discusión se empantanó por el tema de capitalidad y del fallo en contra de siete miembros de la Directiva por haber excluido el tema de las sesiones. Los notificados por la Corte del distrito de Chuquisaca declararon que no acatarían el fallo, que en todo caso la Corte debía notificar a los 134 constituyentes que votaron a favor. El tema paralizó la instancia de diálogo y Roberto Aguilar declaró que el tema de capitalidad era “inmanejable”. Tampoco tuvo resultados la instancia de diálogo de los ministros del gobierno. Según Juan Ramón de la Quintana, el Gobierno había ofrecido a Chuquisaca ser sede nacional de instituciones descentralizadas, como el Defensor del Pueblo, la Contraloría, Corte Electoral, o el Servicio de Impuestos; y que incluso estaban dispuestos a trasladar otras instituciones del Ejecutivo, aunque no ministerios.↵

Marcela Revollo leyó el documento “Gran Acuerdo Nacional para Viabilizar la Asamblea Constituyente” que se había consensuado el 20 de septiembre en La Paz con los 16 partidos, en 16 horas de diálogo, y que constaba de 4 artículos sobre la voluntad de un acuerdo y el compromiso de respetar los dos tercios. El espacio de diálogo sería formado por 6 constituyentes del mas, 3 de podemos, y 1 de cada uno de los otro partidos en la Asamblea. El 1 de octubre se haría una evaluación del avance de acuerdos, para reiniciar las plenarias una semana después.↵

La agenda era más compleja e incluía los temas más conflictivos de la Asamblea: 1) Caracterización del Estado: Modelo de Estado; sistema de gobierno; religión; reconocimiento de pueblo indígenas: visión de país. 2) Estructura territorial de Estado: Autonomía departamental y municipal, provinciales, regionales e indígenas y descentralización; división política y administrativa del Estado. 3) Modelo económico y modelo social: Sistema económico; organización social del Estado; sistema educativo y cultural; derechos, deberes y garantías. 4) Tierra, territorio y recursos naturales: Disposiciones generales (dominio y propiedad, régimen de uso y aprovechamiento); hidrocarburos; minería; recursos hídricos; energía; forestal; tierra y territorio. 5) Disposiciones transitorias. 6) Estructura y organización del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Otros Órganos, Control Social, Sistema Electoral, Sistema de representación política, seguridad y defensa; traslado de poderes o Capitalidad.↵

El término “asiento institucional” figura en las referencias históricas de la discusión del tema en el siglo xix. Fue propuesto por el cochabambino Ricardo Pol, de Unidad Nacional, y aceptado en el Comité de Diálogo. Constituyentes del msm dieron declaraciones también afirmando que “asiento institucional” era sinónimo de capitalidad. Pero otros, como Raúl Prada –presente por La Paz en la reunión donde se había elaborado la agenda, junto a representantes de asp, “ponchos rojos” y Humberto Tapia– defendían ante los medios que “asiento institucional” no era sinónimo de capitalía. Ricardo Pol decía, por ejemplo: “No entra el tema de la capitalidad con otro nombre, lo que entra es la discusión del asiento institucional de los poderes del Estado”. Prada decía también a la prensa que: “La interpretación del asiento institucional como si fuera la capitalidad es una interpretación de derecha, que está conspirando contra la Asamblea Constituyente”. Esteban Urquizu, de Chuquisaca, decía que el tema había ingresado, pero de forma indirecta.↵

El principal partido de oposición declaraba estar trabajando en pulir su proyecto de Constitución de minoría, y por esa época vivía conflictos internos también causados por el tema de capitalía, que había enfrentado a constituyentes paceños con los de la Media Luna y Chuquisaca. Eso se evidenciaba en las declaraciones de sus constituyentes, que cuestionaban al jefe de la bancada y discutían públicamente por los representantes electos internamente para asistir al Comité.↵

Recordaba que la Oposición quería abordar “temas concretos y cosas específicas” como Justicia Comunitaria, Capitalía, Reelección, Congreso Unicameral y Estado Plurinacional, pero que ellos propusieron trabajar con ejes temáticos generales para no visibilizar los temas conflictivos. Sin embargo, para viabilizar el diálogo era necesario que los temas entrasen, y Linera había dicho que debían entrar aunque sin presentarlos como ejes de discusión, para evitar que la inclusión fuera vista como derrota en el caso de que no se alcanzase consenso. Otro tema que había dificultado la negociación, en los primeros tres días de diálogo en Sucre, era que el mnr y un decían que Silvia Lazarte no era persona adecuada para dirigir.↵

El problema fueron nuevamente las autonomías indígenas. Acá mismo en la bancada no se entendía “libre determinación” imagínense allá, decía Rebeca en la reunión de constituyentes del mas. Al final se aceptó por la declaración de las Naciones Unidad y el convenio 169. Se acordó que no superarían límites municipales y los cuatro niveles tendrían el mismo nivel de jerarquía. Se estableció también una jerarquía en que después de la Constitución habría una ley marco de autonomías, luego los decretos y, por último, los estatutos y las normas administrativas. Esto no lo aceptaron y ahí se fueron el mir y el mnr con sus tres facciones, que pretendían igual jerarquía del carácter normativo del departamento y la ley nacional.↵

Rebeca comentaba al MAS que el mnr tenía una política de que “aunque le pongamos florcitas se iban a oponer”, y veía como lo positivo las firmas de Pastor Arispe, que se desmarcó de as, y de Ana María Ruiz (del mnr) que firmó como independiente. Rebeca decía que no se sabía cuánto esas firmas representaban en votos, y también explicaba que Carlos Romero lanzó a la prensa lo del Plan B cuando otra vez se estaba fortaleciendo la derecha y jalando a otros partidos.↵

Según ambas organizaciones, las demandas que los acuerdos echaban por tierra, si es que no habían caído antes, eran 1) la Representación Directa en el Congreso; 2) las que habían sido incluidas en Visión de País, como el Estado Plurinacional, ahora articulado con la propuesta de la oposición y que los indígenas consideraban inclusión meramente declarativa o “de título”; 3) la propiedad directa sobre los recursos naturales en sus territorios, que no veían prioritario dado que observaban la dificultad de ser aprobado; 4) Las autonomías indígenas, que ahora cidob veía que dependerían de las prefecturas, a pesar de la anunciada igualdad de jerarquía, por las competencias y límites acotados a los municipios. Sólo se mantendrían en pie los reclamos de pluralismo jurídico (Justicia Indígena); la constitucionalización de la consulta y del autogobierno.↵

El mas, un, as, cn, mop, mbl, asp, mcsfa, junto a los constituyente Lindo Fernández (disidente de podemos) y Ana María Ruiz (mnr), todos aliados del MAS desde el inicio de la Asamblea.↵

Rebeca decía, en síntesis, que el acuerdo reconocía la pluralidad en todos los términos. También comentaba que los desanimó en La Paz tener que explicar cien veces el Estado Plurinacional, incluso dándoles los libros de la repac. El mir decía “no estoy convencido del Estado Plurinacional” y as pedía que sea más bien país “intercivilizatorio” para no dividir el país. “Ya, pongamos eso” dijo el mas, y agregó intercivilizatorio para buscar más firmas en el acuerdo, sin conseguirlas, rememoraba Rebeca. El mnr tampoco estaba convencido y pedía días de “cuarto intermedio”. Después dirían que estaban de acuerdo pero que recibieron llamados para no firmar. Y parecía que Zubieta firmaría pero no lo hizo diciendo que no estaba de acuerdo con el título Visión País. También se había cambiado la composición poblacional porque decían que se excluía a los no indígenas, y se la cambió para que fuera más general.↵

Mientras el Concejo negociaba, Saúl Ávalos, como participante de la Comisión Técnica, presentó un borrador de proyecto de Constitución a la prensa. El proyecto no recogía los avances del diálogo en el Concejo Político de La Paz y presentaba una versión dura de un proyecto que en realidad permanecía abierto, como work in progress, en temas como reelección, tipo de parlamento y autonomía, con variables de máxima y de mínimas para someter en la negociación y búsqueda de dos tercios. Carlos Romero calificó la presentación de Ávalos de “actitud irresponsable, individual del constituyente” y explicó que el partido no decidió hacer público ningún documento y que en comisiones mixtas, los acuerdos de La Paz deberían transformarse en artículos. Saúl Ávalos, era cercano políticamente a Aguilar y Lazarte, de la Directiva, que no habían visto con buenos ojos el traslado de las decisiones a la sala del vicepresidente.↵

En la entrevista reconocía el papel de García Linera dirigiendo el diálogo y evaluaba que el MAS había cedido bastante y era ahora el turno de la oposición. Barrios destacaba especialmente que después de 180 años de historia el nivel central otorgara cualidad legislativa a los departamentos. Pensaba incluso que el MAS debería ir más allá, eliminando la “primacía y prelación legal” que ubicaba decretos por encima de los estatutos y leyes locales. Otro tema abierto a discusión y que podría cambiar era que las competencias no expresamente dispuestas por la Constitución también correspondieran al orden central de gobierno. En intercambio por e-mail con Barrios para mi investigación, él se refiere a “la cuestión de la potestad legislativa que como Ud. bien anota, me atrevo a imputar a mi insistencia en el debate constituyente” e indica que su fundamentación más elaborada sobre el tema sería publicada en Barrios (2007 y 2009).↵

Los disensos incluían las demandas de la oposición que eran consideradas propias de un modelo federal por parte del mas: administración de justicia; política fiscal y de hacienda; política exterior; control de la tierra; ordenamiento territorial; impuestos; política de recursos naturales renovables y no renovables; y la demanda departamental de tener potestad de firmar convenios internacionales. Otra exigencia de sectores cívicos muy criticada era la demanda de control de migraciones internas. Barrios proponía mantenerse la legislación sobre esos temas en manos del Congreso Nacional, pero delegar la planificación, reglamentación y operación (ver El Deber, 17 de octubre, 2007).↵

193 Y sobre las otras facciones mnr-fri y mnr “Camino al Cambio”, decía que no habían tenido nunca una reunión y que muchos tenían compromisos por campañas financiadas, o campañas a financiar. Capobianco de podemos la invitó a la casa; y la cao y cainco le ofrecían cenas e invitaciones. Un compañero la invitó a una reunión con 40 personas y cuando llegó eran 700 para que explicara por la Comisión Tierra. Decía que “a las mujeres las ven débiles y piensan que van a ceder a las presiones”.↵

Rebeca presentó las modificaciones al informe original de autonomías con un cuadro en la pizarra, donde graficaba las nuevas jerarquías entre leyes y decretos. En lo propuesto por la Comisión de Autonomía en julio, de la Constitución se pasaba directamente al Estatuto Departamental. Esto nos asustó, decía Rebeca. Dijeron que sería como España y podría ir hacia Autonomía plena departamental. Por eso entre estatutos y cpe se incluía la Ley Marco, siguiendo el modelo francés. No se había agotado el debate de la Comisión de Autonomías”, reflexionaba. Rebeca relataba que otro cuestionamiento había sido el de Nélida Faldín –y de las organizaciones indígenas– porque dijeron que no iba a haber reconstitución territorial. Pero la línea del MAS es que no va a haber reconstitución, decía Rebeca. Cuando el Concejo Político hace el acuerdo lo hace en base a esto, no hubo traición, explicaba. Las autonomías serían del mismo nivel pero no habría reconstitución territorial.↵

El Decálogo del MAS destacaba los elementos que serían utilizados para hacer campaña a favor de la Constitución, y por los que se esperaba que las organizaciones se movilizarían en caso de fracasar la Asamblea. Entre otras cosas, el Decálogo hablaba del Estado Unitario Plurinacional Comunitario con democracia directa y control social. Incluía la representación directa de los pueblos; la reelección y revocatoria de mandato; la justicia comunitaria, el voto popular de jueces y el tribunal con “juristas e indígenas”. Aclaraba el respeto a la propiedad privada y anunciaba el “mayor protagonismo del Estado en la redistribución de la riqueza”. Acerca de los recursos naturales se incluía el “dominio originario del pueblo boliviano, a través del Estado”, aclarando que sólo los pueblos indígenas tendrían derecho a la administración y usufructo de los recursos renovables en sus territorios. Se incluía también la constitucionalización del 11%. Se hablaba de incorporar derechos colectivos. Se aclaraba también que se garantizaba la autonomía universitaria “pero con control social y rendición de cuentas”. Se incluía la renuncia a la guerra, que más adelante sería un punto eliminado por el propio mas, y la prohibición de bases extranjeras en su territorio, punto que llegaba al proceso constituyente por iniciativa presidencial.↵

21 de octubre 2007, diario El Deber.↵

Contemplaría a 673.000 personas mayores de 60 años. Supliría el déficit de previdencia en Bolivia, donde sólo un 5% de las personas en edad de jubilarse cobraba jubilación. Aunque también era visto como continuación del Bono Sol impulsado por el mnr con el dinero de las empresas capitalizadas (parcialmente privatizadas). Por primera vez en Bolivia se implementaba un bono con carácter universal.↵

En una entrevista radiofónica en el informativo La Hora del País, conducido por Eduardo Pérez, el vicepresidente decía “yo creo que en Podemos hay dos fuerzas, la fuerza del jefe nacional que tiene una mirada de acercarse en fin, y hay otras fuerzas con asiento en Santa Cruz muy vinculados al sector empresarial, con otra mirada de rechazo absoluto. En Podemos hay una disputa entre liderazgo nacional entre Quiroga y las fuerzas cruceñas que tienen otra mirada para el líder de las próximas elecciones. Quiroga es líder de la derecha conservadora residual. […] vinimos a pactar, a ceder a conciliar a tomar en cuenta los intereses de las otras fuerzas para garantizar los dos tercios, […] con Podemos desde el inicio algo raro pasó, primero me mandaron unos interlocutores con mucha capacidad de concertación y luego me pusieron personas que tenían una intención ideológica de hacer pasar el tiempo”.↵

21 de octubre 2007, El Deber, op. cit. La entrevista otorgada a Pablo Ortiz, corresponsal del periódico en la Asamblea, y al que no volvería a concederle entrevistas después de esa vez, parecía tener un claro destinatario: “las propias fuerzas conservadoras que no supieron aprovechar el escenario de diálogo, de paz y de esfuerzos que la historia nos dio como generación”. Sobre ellos decía que “tendrán la responsabilidad histórica de haber asfixiado ese escenario y de haber provocado la emergencia de fuerzas sociales que cuestionarán de manera radical el latifundio, la propiedad de la tierra y las riquezas”. Si eso se cierra, decía, los sectores conservadores pueden decir que es un buen logro, ‘lo cerramos’; pero pueden dar lugar a que en algunas alas de los sectores populares ya no se planteen reconocer el derecho del otro, sino consolidar su propio interés. García Linera se refirió expresamente a los sectores de El Alto y a algunos sectores indígenas del norte de Potosí que “se preguntan cómo cuestionar los límites de la tierra”.↵

En un texto de 2011 (Prada [2011e]) analiza el proceso a la luz de algunos trabajos históricos, interpreta algunos artículos de la Constitución aprobada y concluye que “ya no hay cabida para seguir construyendo el Estado nación en plena crisis global del capitalismo y de la modernidad”.↵

La propuesta se basaba en siete puntos principales: 1) Reconocer constitucionalmente a Sucre como capital histórica de Bolivia, sede del Poder Judicial y del Poder Electoral; y como la sede del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo nacional, a la ciudad de La Paz; 2) Constitucionalizar el Cuarto Poder (Corte Nacional Electoral) con sede en Sucre; 3) Sesión inaugural, sesión de clausura y todas las sesiones de honor del Congreso Nacional en Sucre; 4) Crear una Oficina de Coordinación Legislativa en la ciudad de Sucre; 5) Crear una oficina regional permanente del Ministerio de Justicia en Sucre; 6) Ratificar el art. 46 de la actual Constitución (que posibilita el traslado de sesiones del Congreso), y 7) Obtener recursos económicos para la construcción del nuevo aeropuerto de Sucre y de la carretera “Diagonal Jaime Mendoza”. Firmas: Silvia Lazarte, Roberto Aguilar, Pastor Arista, Ricardo Cuevas, Weimar Becerra, Ángel Villacorta, Miguel Peña Guaji (Directiva), Carlos Romero, Franz Asunción (cn), Roxana Zaconeta (mbl), Sabino Condori (as); Avilio Vaca Achuco, nombre ininteligible por Camino al Cambio; Guillermo Richter; Román Loayza; Ricardo Pol (un); otra firma por A3 mnr; otro constituyente del MAS, Lindo Fernández (independiente); David Vargas (asp); Oscar Mamani (AS); Raúl Prada; Félix Vásquez Mamani (mop); Jaime Navarro (un); Samuel Doria Medina; Mario Machicado (cn); Evaristo Pairo; Juan Zubieta; Humberto Tapia (asp); y Ana María Ruiz a título personal.↵

Romero contaba a la bancada del MAS que hubo muchas reuniones reservadas: con Barrón, muchas en su casa de Sucre, otras en mi casa en Santa Cruz y también en La Paz en una casa dispuesta por Doria Medina. Ellos reconocieron que este es un tema de enfrentamiento civil y que si trasladamos los poderes habría guerra civil con La Paz. Hicieron contrapropuestas, algunas instituciones, plan de desarrollo pero muchas de estas propuestas después negaron y dijeron que ni siquiera nos han conocido físicamente y que jamás se habían reunido. Habían avanzado cuando se modificó la correlación de fuerzas dentro del Comité Interinstitucional con la posición de la Federación de Campesinos de Chuquisaca. El Constituyente del MAS que lideraba las negociaciones continuaba: Primero dijeron que no pertenece al Comité pero tuvieron que asumir que tenían dos propuestas; una dura y otra más flexible. También logramos incorporar dos instituciones con la que teníamos principio de acuerdos: el comité del bicentenario y el colegio de abogados. Con la incorporación de ellos ya teníamos un pre acuerdo, pero se declaró un cuarto intermedio y en ese momento nos enteramos por casualidad que Javier Limpias de podemos y Branco Marinkovic se dirigían a Sucre en avioneta privada. Después de eso dijeron que la reunión que era para las 15 debía ser a las 17. La gente de inteligencia hizo seguimiento de Marinkovic y supimos que estaba reunido con Fidel Herrera en su casa. En la reunión decían que no podían empezar sin Fidel y decían que no lo podían ubicar porque había perdido el celular. Cuando llegó a las cinco y media llegó a romper la reunión, se había endurecido por el comité cívico de Santa Cruz.↵

El senador Santos Ramírez aseguró a la agencia apg que los temas que podían ser puestos a consideración en referendo podrían ser latifundio, recursos naturales y el secreto bancario, y declaró: “Si la derecha cree que cerrando la Asamblea Constituyente va a dificultar el proceso de cambio, se equivoca porque la Asamblea no es una medida de Gobierno, es un escenario de patrimonio y transformación política, económica social y cultural de los bolivianos”.↵

En su propuesta, los campesinos pedían que Sucre fuera declarada “Capital Constitucional” (y no histórica); el retorno del poder legislativo; el ministerio de justicia, y nuevas instituciones a crearse del poder ejecutivo. La propuesta aceptaba la creación del Cuarto Poder, Electoral y, además de las obras ofrecidas, exigía impulsar el desarrollo del departamento.↵

A partir de una demanda presentada por el Comité Interinstitucional sobre el fallo de un tribunal de garantías que anuló la resolución de la Asamblea Constituyente del 15 de Agosto sobre el no tratamiento del tema de la capitalidad, se intimaba a Roberto Aguilar (mas), Silvia Lazarte Flores (mas), Ángel Villacorta Vargas (un), Miguel Peña (mas), Weimar Becerra (mas), Pastor Arista (as) y Svetlana Ortiz Tristán (mas).↵

La convocatoria había sido presentada por Armando Terrazas en reunión de bancada, y muchos manifestaron no estar de acuerdo con la estrategia, pero decían que la aceptarían si fuera necesario “como soldados”. El plan era para Armando la última posibilidad de aprobar la Constitución. Consistía en hacer quórum, aprobar la Constitución en grande y luego luchar para que se apruebe en referendo. No estaba claro que pasaría si también asistía podemos. Y el costo serían las contestaciones por ilegalidad.↵

El acuerdo era el siguiente: 1. Las instituciones chuquisaqueñas representadas por el Comité Interinstitucional y la Federación Única de Trabajadores de Pueblo Originarios de Chuquisaca, garantizan la continuidad de las actividades de la Asamblea Constituyente, reafirmando la existencia de condiciones necesarias para su funcionamiento en la ciudad de Sucre, por lo que podrá reiniciarse las mismas desde el 5 de noviembre. 2. Trabajar un acuerdo que resuelva el tema de capitalidad en el marco de las diversas propuestas para su posterior constitucionalización en la primera sesión plenaria de la Asamblea Constituyente. El Concejo Político se compromete a responder a las instituciones chuquisaqueñas a la brevedad posible. 3. Las acciones legales que han iniciado en contra de la Directiva de la Asamblea Constituyente se dejan en suspenso hasta el tratamiento del acuerdo sobre capitalidad en la primera plenaria. Firmas: Jaime Barrón (Comité Interinstitucional); Damián Condori (secretario ejecutivo futpoch); alcaldesa Aidée Nava; Jhon Cava (Comité Cívico); Antonio Jesús (Federación Universitaria de Chuquisaca); Guillermo Richter, Samuel Doria Mediana y Carlos Romero.↵

Al mismo tiempo, la Corte de Distrito de La Paz anulaba el mandato de la Corte de Sucre, declarando procedente un recurso de Habeas Corpus y determinando que los miembros de la Directiva no podrían ser juzgados hasta que la Asamblea levantara el fuero o inmunidad de sus miembros por dos tercios.↵

Carlos Romero contaría que cuando la Subcomisión se dirigía a Sucre para hacer la segunda propuesta al Comité, Richter había dicho “cuando les vayamos con esta propuesta les vamos a tener que decir ‘disculpe por la pequeñez’”, a lo que Doria Medina había agregado que eso era lo que él le debía decir a su esposa. Con su humor, Doria Medina también decía que el MAS quería tentarlo con una de sus constituyentes. Las bromas agregan un elemento para entender cómo se vivían estos momentos de tensión y negociación política.↵

La propuesta de acuerdo entre el Comité Interinstitucional de Chuquisaca y el Concejo Político, del 6 de noviembre, era: 1. Sucre Capital Constitucional de la República de Bolivia en el texto constitucional. 2. Constitucionalizar la creación del Cuarto Poder con sede en Sucre, en base a: 2.1. La Corte Nacional Electoral. 2.1. El Registro Civil. 3. Radicar las nuevas entidades nacionales a crearse en el marco de la nueva Constitución Política del Estado en la ciudad de Sucre: 3.1. Procuraduría del Estado. 3.2. Tribunal de Enjuiciamiento de Jueces y Fiscales. 4. En la nueva Constitución Política del Estado se establecerá que la Comisión de Congreso tenga como sede a la ciudad de Sucre, donde se llevarán a cabo todas sus sesiones, con todas las atribuciones señaladas en la actual Constitución Política del Estado en el Capítulo vi del Título Primero del Poder Legislativo. Además el Congreso Nacional se reunirá en Sucre para: 4.1. Inauguración, Clausura, Sesiones de Honor. 4.2. Juicios de Responsabilidades al Presidente, Vicepresidente, Ministros y prefectos. 4.3. Elección de todas las autoridades del Poder Judicial. 4.4. Leyes que aprueban Reformas Constitucionales parciales. El Poder Ejecutivo se compromete a honrar los siguientes compromisos en el marco de este acuerdo: 5. Abrir oficinas permanentes en la ciudad de Sucre de: 5.1. Congreso Nacional. 5.2. Ministerio de Justicia. 6. Garantizar el financiamiento para: 6.1. Ruta Diagonal Jaime Mendoza. 6.2. Aeropuerto Internacional de Alcantarí. 6.3. Desarrollo del sector de hidrocarburos. 6.4. Desarrollo del sector agropecuario.↵

Sectores hasta entonces críticos de la posición “dialoguista” del mas, como el concejal alteño, Roberto de la Cruz, y conamaq salieron a apoyar las palabras del vicepresidente. Aunque conamaq aclaró que el apoyo se daría siempre y cuando se respetara la consulta para explotación de recursos naturales. Los “ponchos rojos” de Achacachi (en la voz de su alcalde, que sería senador del MAS poco después) y organizaciones de El Alto manifestaron apoyo al Vicepresidente y al gobierno. Eran los sectores a los que el vicepresidente se había referido cuando anunció cambios sobre la propiedad y la distribución de la riqueza. Ante campesinos en Potosí, el 8 de noviembre, Evo Morales entregó 76 tractores y llamó a defender la Asamblea. En su discurso expresó: “Al pueblo boliviano, especialmente el movimiento indígena del Oriente, del Occidente o del valle, quiero decirles que no podemos permitir que grupos, familias, no quieran que concluya la Asamblea Constituyente. Tenemos que esforzarnos para concluir la Asamblea Constituyente, para refundar Bolivia”. Y dijo que sentía que la oligarquía quería frenar la Asamblea por miedo a perder en el referendo, por miedo al pueblo.↵

“No hay”, en quechua, frase generalmente acompañada en Bolivia de un gesto repetitivo de medio giro, hecho con la mano abierta con los dedos apuntando hacia arriba.↵

Falsa, falsificada.↵

A la “cumbre política, cívica y social” de Tarija asistieron los prefectos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando, Tarija y cívicos de Chuquisaca. Trabajaron en un plan de acción para enfrentar el corte presupuestario del dinero del idh (para la Renta Dignidad) estableciendo un ultimátum para que el gobierno devuelva el dinero retenido y abrogue el Decreto que da origen a la retención. También establece declarar “autonomía de facto” el 15 de Diciembre si la Asamblea no constitucionaliza antes el mandato del referendo autonómico.↵

La Orden del Día incluía: traslado de sesiones, control de asistencia, lectura de correspondencia y asuntos varios. En el reglamento de la Asamblea un punto decía “la Directiva hará la orden del día” y ese era el motivo esgrimido por Silvia Lazarte y la Directiva para no dar lugar al acuerdo realizado por la subcomisión del Concejo capitaneada por Romero, y a la que La Paz desde un principio se había opuesto.↵

Hay que ver la habilidad de quienes tienen el 80% del apoyo del pueblo, decía, transfiriendo la responsabilidad al partido de gobierno. Le pregunté si le parecía aceptable la última propuesta del Concejo Político y dijo que era difícil hablar ya de propuestas. “Ya el raciocinio o las opciones no van”, decía, y reconocía la dificultad de la situación en que si aceptas la propuesta [de la Comisión de diálogo] la gente piensa que se estás retrocediendo. Reconocía que “hay gente de derecha que quiere derrocar al gobierno”, también que en Chuquisaca había “mucha gente quebrada políticamente que aprovechó para salir a la palestra”. Reconocía que el tema capitalía podría evitar el cambio necesario que el país necesitaba, como la lucha contra la pobreza, por ejemplo, pero su posición era que el cambio debía hacerse teniendo en cuenta los temas pequeños y que como autoridad del departamento tenía que estar con el pueblo. Agregaba el prefecto que, sin embargo, “La gente se siente feliz porque está unida, pero muchos de nosotros estamos preocupados porque el tema no se está resolviendo”.↵

Otro medio de noticias elevaba a 25 el número de asambleístas agredidos, y reportaba agresiones a militantes del MAS en Tarija y a periodistas en Sucre, en especial los de medios oficiales. Renato Bustamante fue uno de los más golpeados, mientras intentaba proteger a Marcela Revollo y Loyola Guzmán, a las que les lanzaban objetos y escupían. También se agredió a Mirtha Jiménez y Peregrina Cussi Viza, esta última, de 60 años, declaró a La Razón: “me golpearon por atrás, jalándome de mis trenzas y de mi aguayo […] nos han arrinconado a la pared y nos ha comenzado a gritar de indias, de ignorantes, de cochinas. Los policías ese rato nos han venido a proteger y cuando nos estábamos retirando comenzaron a lanzarnos llantas, piedras y a golpearnos con los palos de su bandera”.↵

Rubén decía que se estaba amenazando con hacer un juicio de responsabilidades a los constituyentes después del 14 si no entregaban una Constitución, pero que no importaba, porque en poco tiempo el MAS iba a controlar el Poder Judicial. Decía que en Santa Cruz los jueces son todos blancos, y que debían empezar a entrar abogados indígenas, y agregaba que a Germán “el chunca” Gutiérrez, asesor del Comité que había declarado a favor de llegar a un acuerdo, lo habían hecho entrar en el poder judicial.↵

Se incluía al msm, que se quejaba de no ser consultado por sus aliados, el mbl que se había alejado por el tema de la capitalidad; asp, mcsfa, as, cn, Ayra y mop ya críticos en algunas discusiones de la fase de comisiones. Además sumaba a dos disidentes de podemos, uno de un, tres del mar (Pando) y tres del mismo mas. La prensa publicó una lista con los siguientes nombres: Revollo, Orellana, Cordero, Apaza, Bustamante, Rojas, Vaca (msm); Oña, Ceballos, Mallón Meras (mbl); Rivas, Lima, Guzmán (mas); Vargas, Tapia (asp); Machicado, Peres Mamani, Alanez Nina, Cárdenas (cn); Durán, Pairo (Ayra); Ucharico, Fernández (podemos); Gutiérrez (disidente un); Zubieta (mcsfa); Becerra, Tiburcio (mar); Murichi, Arista, Condori, Mamani Ramos, Alba (as); Vale Vega, Vásquez, Torres (mop).↵

Loyola criticaba la soberbia en el mas, que les hacía pensar que sólo ellos son el cambio. Se quejaba de que levantaran la mano antes de saber por lo que iban a votar, “Ya no eran ovejas sino robots”, decía. Dudaba de que el MAS fuera socialista y narraba la trayectoria de Evo de esta forma: “lideró un movimiento más grande de lo que imaginó, después se acercó al gobierno para conseguir más cosas para su movimiento, después se vistió de indígena sin nunca haberlo sido, no habla quechua ni aymara y eso es algo importante en una cultura”. Decía que su relación con Fidel lo hace acercarse un poco al socialismo y su relación con Chávez lo hace acercarse al caos. Era crítica de la idea de Estado Plurinacional: “no tiene nada que ver, lo étnico se sabe que no va con la clase”. Y también protestaba por las “idas y vueltas” por los dos tercios, por la inmunidad, y ahora por Oruro.↵

Fuera de la reunión, Armando Terrazas me explicaba que para convencer a los partidos chicos había que ir directamente a los ayllus, “imaginate la impresión que da un blanco como yo hablando en Quechua”, decía. Silvia Lazarte se había enojado con él, lo había responsabilizado de que la bancada tomara decisiones sin consultar a la Directiva, pero él decía en privado que no le importaba lo que le dijera Silvia porque él hablaba directamente con el presidente por ser fundador del MAS y su mujer comadre del Evo.↵

Pablo Ortiz escribió en El Deber que “el MAS tiene una forma muy extraña de seducir. A los representantes de fuerzas pequeñas que tienen sus bases en las áreas rurales los amenazaron con presionarlos desde sus regiones y juzgarlos a su retorno si no apoyan hoy al mas. […] Con los partidos medianos, como un y mnr, el trato es distinto. Saben que dependen de su aceptación para alcanzar los 170 votos que hacen dos tercios, pero la presión que ejercen sobre ellos es que firmaron la propuesta del Concejo Político, por lo que estarían moralmente obligados a apoyarlos”.↵

Dentro del mas, se contaba con 37 constituyentes por La Paz (habían perdido a Loyola Guzmán pero sumaban aliados de otros partidos), 10 por Chuquisaca (sumaron 2 a los incondicionales y había 4 disidentes), 18 de Potosí, 13 de Oruro más 7 aliados, 2 por Pando, 2 por Beni, 10 por Tarija y 20 de Cochabamba. De Santa Cruz eran 20, pero Arias había renunciado, Bailaba estaba enfermo y de otros dos no se sabía. Contaban con 9 constituyentes menos de los 142 iniciales del MAS en 2006 (eran 6 de Chuquisaca, 1 de Cochabamba, 1 de La Paz y uno de Santa Cruz que renunció). A eso se deberían sumar 7 de un (sin Lazarte), 3 del mop, 12 de as, 2 de asp, 2 de Ayra, 1 de San Felipe y 1 del mbl.↵

Víctor Borda, de Potosí, pensaba que no debía incluirse en la Orden del Día la homologación de ningún tema, y sí la modificación del reglamento, que le parecía un desatino. Proponía que se modifique la forma de aprobación de los informes y la de la Constitución, en los artículos 50, 70 y 71 del reglamento. Proponía priorizar la modificación del reglamento y no tener una posición oficial acerca de cuál tema a tratar. Además, solicitaba que se forme una comisión para el tema de la capitalidad. Le parecía un contrasentido poner en reconsideración la resolución del 15 de agosto y homologar alguna de las propuestas. También notaba que sería incoherente pedir el traslado de sede, como indicaba la Orden del Día anterior, porque si se podía sesionar sería un contrasentido argumentar el traslado con el argumento de que no se dejaba sesionar. Mirtha le cuestionaba que aunque no se propusiera el tema de la homologación, “quieras o no” la oposición va a salir con esos temas. Borda le respondió que si Arraya o podemos pedían la reconsideración de la resolución, la estarían revalidando, pero no podían ser ellos los que la incluyan en la convocatoria.↵

“La Orden del Día se cambió aunque el hermano periodista mueva la cabeza” había dicho la presidenta en su último contacto con periodistas. También se había referido al “hermano público”, para ratificar una nueva convocatoria a plenarias, que se contradecía con la suspensión que horas antes había anunciado Roberto Aguilar, por falta de garantías de Sucre. Para Pablo Ortiz, del periódico El Deber, Silvia Lazarte era el problema principal del proceso, humillando a gente en reuniones y con asesores que el periodista comparaba con los de un sindicato. Defendía el papel de Romero en las negociaciones “porque acepta cosas”, en oposición a la Directiva y también a Chato Prada, de quien decía que “no le importa nada”.↵

Empleos. La búsqueda de “pegas” era un tema importante en la nueva gestión estatal. Para algunos era símbolo de lo peor de la política, de la cooptación de movimientos sociales, de corrupción y falta de ética de la administración pública o revolucionaria. Para otros era una de las formas en que el pueblo entraba por primera vez al gobierno (ver tesis de Hervé do Alto sobre el lugar de los busca-pegas en el del mas).↵

Sabino Mendoza hablaba de épocas de emboscadas con la policía en que se perdían entre las montañas con piedras y hondas contra balines y gases. Decía que “la felcn era como el diablo y hoy los militares los defienden”. Quería irse al bosque y dejar Sucre. Quería también comenzar a trabajar con turismo en Coroico, diversificar. También terminar la carrera de derecho que cursaba en La Paz. Eran días de tensión en Sucre.↵

La cpesc, de los indígenas de Santa Cruz, también se movilizaría y declararon que en su oficina –desde dónde hablaban con la prensa– había nacido la Asamblea. Los productores de coca de las seis federaciones del trópico, los ponchos rojos y las distintas federaciones departamentales de trabajadores campesinos del país anunciaron su presencia. Desde Potosí, la Policía también movilizaba refuerzos. Sectores importantes movilizados en el periodo 2000-2005 pero que no estaban participando de forma activa en el proceso de la Asamblea como los regantes de Cochabamba y el Movimiento Sin Tierra de Bolivia, también anunciaron su presencia en Sucre. Vladimir Machicao, secretario Nacional del mst, anunció que ante el posible fracaso de la Asamblea Constituyente, el mst ocuparía y recuperaría tierras de latifundistas. Habría una cumbre del mst los últimos días de noviembre en Cochabamba.↵

En sus declaraciones aparecidas en los medios el 12 de noviembre, García Linera reflexionaba: Es como si el pueblo hubiese dicho confiamos en lo que haga el presidente Morales y nos quedamos ahí, lo que estamos viendo es que el presidente Morales está profundamente comprometido con los cambios y el cambio en función de justicia e igualdad, pero ahora le toca a la sociedad, al vecino, al profesional, al campesino, al indígena, al obrero, movilizarse por esos derechos. Si tenemos sindicatos y federaciones que se repliegan a la vida cotidiana, ya no habrá continuación del proceso, lo que habrá es una sustentación del proceso, pero no así un incremento o un enriquecimiento del proceso, eso dependerá mucho de la movilización de las personas (Fuente: agencia anf). De la movilización dependía, en su análisis, el triunfo de lo nuevo o la resurrección de lo viejo.↵

En reunión con constituyentes del mas, Silvia Lazarte criticó a los cívicos del Comité Interinstitucional por no acercar propuestas de solución y en su lugar “solamente un carta diciendo que quieren diálogo y están prestos y abiertos”. Esa carta no dice nada, decía la presidenta. Sobre una audiencia de los cívicos con la Directiva, ella explicaba: la verdad, la verdad de las cosas es que nos han querido imponer que pongamos de nuevo capitalía en la agenda. Querían hacer con nosotros la agenda para la Asamblea. Y eso yo no podía soportar. Se acabó mi paciencia de mí con ellos. Si me he callado hasta ahora fue por respeto por la imagen del MAS y el instrumento político y por la federación de campesinos. Silvia Lazarte preguntaba: ¿cómo es posible que quieran preparar la agenda?, y contaba que les había preguntado a ellos si aceptaban que le hagan la agenda de su reunión.↵

El mural retrata un movimiento popular, pero que no tenía a los campesinos como protagonistas. Estos aparecen en el mural con elementos de trabajo y el centro es reservado para los líderes criollos de la revuelta independentista. No había como evitar la comparación con la gesta de la capitalía, con sus líderes mestizos y letrados de la ciudad que protagonizaban la demanda. Era la auto-imagen de muchos en el Comité Interinstitucional, que defendían que todo Chuquisaca los apoyaba y sin duda se sentían en el lugar de los próceres criollos retratados. El mural era el telón de fondo de la reunión donde hablaron los líderes de la protesta. Se titula “Jaime Zudáñez y la Revolución de Mayo” y es de 1950. Zudáñez fue uno de los Doctores de Charcas. http://www.funsolon.org/solon.htm↵

Su diferencia con la Directiva, decía Velásquez, era que para él, de acuerdo a la normativa vigente, el tema no podría pasar directamente a la comisión de concertación, y tampoco se podría aceptar la Orden del Día con la lectura de informes del concejo, porque esta había sido la instancia que usurpó las tareas de los constituyentes. Explicaba que la Ley 3728 de ampliación (Bolivia, 4/8/2007), en su artículo 2 establecía que primero se debían votar los informes, luego el texto “en grande” y sólo después abrir la comisión de concertación después de la cual si no hay consenso los temas llegarían al referendo. Velázquez defendía que la ley estaba por encima del reglamento de la Asamblea, que podría modificarse.↵

El constituyente de podemos, Jaime Hurtado, coincidía con Velásquez en que la Comisión de concertación sólo se puede activar después de la aprobación “en grande” por lo que no podría funcionar desde mañana. Pero aclaraba que sí podría funcionar, según el reglamento, una comisión especial de diálogo y consenso. Pedía que se llamara a un paro cívico porque sino las personas estarían trabajando y no podrían asistir a la Vigilia que se pensaba convocar. Jhon Cava decía que sólo un sector del área rural estaba faltando, y que no se debía decir que faltaba todo el área rural, porque algunos estaban presentes. Consideraba que no se debía “lanzar” paro cívico porque sería desvirtuar la medida y más bien pedía que por el paro de trasporte que había sido anunciado se de tolerancia hasta el medio día. También pedía que se convoque a una Cumbre Social y que se decrete el repliegue de los parlamentarios para ver quién estaba con su pueblo.↵

En reunión con la Directiva, el Comité Interinstitucional también había aclarado que aceptaba una Comisión de diálogo pero no aceptaba mandar el tema a una comisión de concertación sin previa anulación de la resolución de agosto por votación. En la resolución del 13 de Noviembre, el Comité había establecido: Defender a la Directiva del Comité Interinstitucional y respaldarla por el ataque terrorista y mediático del Gobierno. El responsable de estos hechos son [sic] el Vicepresidente de la República, por incitador, y los miembros de la Directiva, que aprobaron el temario provocativo del pasado viernes. Chuquisaca defiende el trabajo de la Asamblea Constituyente, enmarcada en la legalidad y la democracia, debatiendo todos los temas incorporados correctamente en las 21 comisiones. Convocar la vigilia de mañana, a partir de las 19:00, en defensa de la legalidad y la democracia, previa reunión, a las 17:00.↵

Yo era cercano al mas, tanto por mi preferencia política como por los lazos de amistad y confianza entablados en los meses de investigación. Era consciente también de las consecuencias metodológicas de esa cercanía. Mi objetivo era entender la política boliviana desde un punto de vista cercano a los indígenas y campesinos, con sus aliados, que eran la mayoría en la Asamblea, lo que implicaba renunciar a buscar un acercamiento de igual grado con los opositores al mas. Después de lo sucedido, periodistas de Radio Sucre y Radio Universitaria que se encontraban en la vigilia me entrevistaron en vivo. Fidel Herrera también dio declaraciones sobre lo que había ocurrido y dijo que a veces hay errores y pasan estas cosas. Una señora me dijo que me confundieron con otro argentino que sale en la televisión y dice mentiras. Algunos me pidieron disculpas de parte de Sucre. Me acerqué de nuevo a Rogelio, que había asistido lo ocurrido desde un costado, y lo encontré discutiendo con alguien sobre el tema de la capitalía. Él decía que Sucre iba a perder todo. Su interlocutor decía que no se iban a dejar comprar por un aeropuerto y una carretera. Yo comencé a decir algo pero el hombre que conversaba con Rogelio me pidió que no opinara acerca de cosas de otro país. Después de ese día me reconocerían varias veces en las calles de Sucre sin saber muy bien quién era yo pero identificándome con el mas. “No queremos masistas” me dirían en la entrada de un bar, intentando impedir que ingrese.↵

Con el actual reglamento (trabajando 6hs diarias de lunes a viernes) quedarían 20 días y 180 hrs, correspondiendo a 30 min por artículo sobre un total calculado de 350 (en realidad superaban los 400). Se propondría aumentar a 10 u 12 horas diarias de trabajo, de lunes a sábado, con lo que se obtendría 24 días y 240 o 288 horas, con 41 o 49 minutos por artículo, según dos variantes propuestas, aunque también se estipulaba dar dos horas a los 156 artículos conflictivos y 15 minutos a los ya consensuados. La propuesta del cronograma era modificar el reglamento y aprobar por mayoría absoluta “en grande” el primer borrador del 19 al 22 de noviembre, leer los 21 informes hasta el 24 de noviembre, aprobar los artículos de consenso (por dos tercios) hasta el 27, y hasta el 8 de diciembre los conflictivos. Hasta el 12 se haría la lectura y revisión del texto final y el 13 de diciembre se aprobaría la Constitución.↵

Santos Ramírez colgaba una bandera de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, con la que el MAS había firmado un convenio para crear una Escuela de formación política consistente en 9 eventos departamentales y 20 regionales hasta fin de año. Ramírez pedía que el ampliado vote resoluciones autorizando el curso. La Orden del Día del ampliado era: Informe de la dirección nacional y de los dirigentes, y estrategia para la Asamblea. Gerardo García saludó a los dirigentes de la dirección del MAS presentes: Avilio Flores, Lidia, Fabio, Mauro Willca, Félix Machicado, Adolfo Flores, Antonio Flores, Román Loayza, Isabel Dominguez, su persona, Leon Richard, Santos Ramírez, Leonilda Zurita.↵

Romero contó que los sucrenses pedían como condición que se lea el fallo que anula la resolución que eliminó capitalía, pero eso no lo iban a aceptar. La maniobra de la oposición era presentarlo como “qué les cuesta sólo una lecturita”, cuando si se lee nos hemos notificado, se activa el mandamiento de aprehensión y anularía la resolución de agosto, explicaba Romero. Después, los de podemos plantearon que se considere la anulación de la resolución del 15 de agosto y también dijimos que eso no discutimos. Pedimos garantías firmadas que desmovilicen grupos de choque. A los que emborrachan y dan bates. La garantía tiene que ser del Comité de Sucre. “Álvaro, tengo que hacerte dos consultas rápidamente” informaba un periódico que escuchó a Romero hablar por teléfono celular antes de firmar el acuerdo. El “Acuerdo por la Asamblea Constituyente” (ac) comprometía a: 1. El tratamiento democrático y pacífico de las diferentes propuestas acerca de los temas de interés regional y nacional… 2. Garantizar la realización de las sesiones de la ac, de acuerdo a la normativa de la ac, plasmada en reglamento y leyes. 3. Reanudar la plenaria el lunes 19 de noviembre con el siguiente orden del día: Control de asistencia; Informe de la Comisión de Diálogo acerca del tema que generó el problema y todo lo tratado con el Comité Interinstitucional de Chuquisaca y su debate de acuerdo a reglamento de la ac; Informe acerca del cronograma de trabajo de la ac. Firmaban los representantes del Comité Interinstitucional (Nava, Herrera, Barrón, Cava y otros) y de la Comisión de Diálogo de la ac, junto a monseñor arzobispo de Chuquisaca como testigo de buena fe (Sucre, 17 de noviembre de 2007). Por conflictos internos del Comité, la Federación Universitaria de Chuquisaca abandonó la reunión sin firmar y diciendo “han traicionado”.↵

Incluso alguien llegó a amenazar con la toma de la empresa cementera del asambleísta Doria Medina, participante de la Comisión que firmó el acuerdo. Juan del Granado declaró que podrían movilizarse contra los grupos pequeños y racistas radicales vinculados a la Media Luna. Formalmente, sin embargo, la sesión había sido postergada porque el vuelo de la mañana que traía a los constituyentes de Tarija y Santa Cruz no salió. “Esa excusa nos salvó y pudimos cambiar la convocatoria” decía Armando Terrazas. Guillermo Richter intentaba justificar ante la prensa interpretando que fue un error debido a que el servicio publicitario del periódico fue contratado el viernes, antes del acuerdo. Aseguraba que la convocatoria se rectificaría, pero con el correr de las horas se mantuvo.↵

Romero declaró a Amalia Pando, por Radio erbol, que si la Orden del Día no se modificaba por capricho o estrechez política, la Directiva tendrá que asumir los costos políticos y responsabilidades. Silvia Lazarte afirmaba que el Comité Interinstitucional no era quién para fijar la convocatoria. Roberto Aguilar, sin embargo, declaró según la prensa, que la Orden del Día sí sería modificado para incorporar los informes de La Paz. Lazarte declaró que no conocía el acuerdo, aunque había escuchado a Romero en el ampliado, que habló después de ella, y a pesar de que el propio Aguilar se había reunido para tratar sobre el tema con la Comisión.↵

Carlos Romero contaba que el día del acuerdo se encontraron a las 17 horas con Roberto Aguilar, que dijo que Silvia Lazarte estaba enferma y que por eso no se reunía. El vicepresidente de la Asamblea estuvo de acuerdo con la propuesta de modificación de Orden del Día. Después Silvia insistiría en que nadie le haría Orden del Día y en la reunión de Jefes de Bancada diría que nadie consultó y mintió que la bancada no estaba de acuerdo con la modificación. Roberto Aguilar se habría puesto colorado y dicho para justificarse que la reunión del sábado fue a título personal y no institucional. Romero también se quejaba de que con Rebeca Delgado y Chato Prada pidieron una reunión con la Directiva y la Dirección Nacional para hacer un análisis serio y tomar decisiones pero cuando fueron sólo había una colaboradora del vicepresidente de la Asamblea“y los chicos de la repac”. Decía que le hacían vacío. Álvaro Linera le habría dicho también a Romero que ya en agosto pensaron en cambiar la Directiva pero que tuvieron miedo del impacto político. Pablo Zubieta, cercano a la presidenta de la Asamblea, tenía otra versión según la cual Roberto Aguilar le había dicho a Romero en aquella reunión que consulte con la Jefa y él no lo habría hecho. Desde ese espacio político de diferencias internas al mas, rumores y versiones encontradas, también se acusaba que Romero sería cercano al msm y se presentaba como prueba que cuando estaba en La Paz, Romero se alojaba en la casa de Juan del Granado y Marcela Revollo.↵

“Lo tienen que hacer por amor y no por la nota”, decían los docentes a sus alumnos durante las protestas, me contaba una estudiante. Y escuché también que desde la alcaldía decían en los barrios que si no iban a la marcha harían el adoquinado u otras obras en otro barrio. Se rumoreaba también que Aydeé Nava compró una casa en Miami y que se iría, lo que contradecía la información de que estaría fundando un nuevo partido.↵

El campesino herido fue llevado a la guardia del Hospital Santa Bárbara, en la esquina de la plaza Libertad a la que daba el frontis del teatro, acompañado de la constituyente Isabel Domínguez. Antes, la constituyente Rosalía del Villar se había puesto delante de él para protegerlo. La policía formó un cordón y separó los bandos. Hubo algunos heridos. En respuesta a las agresiones, los campesinos de Potosí amenazaron con dejar a Sucre sin agua, cortando el canal del río Ravelo que lleva el agua hasta la ciudad.↵

Habían tirado al piso la cámara de Cristina Corrales y, viendo los videos, se había identificado que quienes lo hicieron fueron gente de la Alcaldía y empleados de la Universidad. Cristina decía que en Sucre “son más racistas que en Cochabamba”. Y hablaba de los collas que gritaban contra los “llamas de La Paz”, que eran los peores, como los camba-collas de Santa Cruz. Patrick, camarógrafo francés, decía que no iba a dar más imágenes al MAS porque lo amenazaron que “si hay imágenes en spots está muerto”. Yo también contribuí con fotos e imágenes de las agresiones, que eran juntadas para elaborar spots televisivos que intentaban influir en esos momentos de definición.↵

Por la mañana Mirtha mandó a todos los empleados de la bancada al Teatro. Habían unos 200 campesinos que habían nuevamente intentado proteger el lugar de las sesiones, pero que ante el asedio se habían corrido de la puerta y separado en pequeños grupos por la plaza. Los estudiantes gritaban “que se vayan” y tiraban piedras, papeles y ramitas. Mama Isabel Domínguez dio declaraciones a la prensa. Ada y Rosalía, de La Paz y El Alto, sacaban fotos. A Ada constituyentes de podemos le gritaron “chola, ponete la pollera” y ella respondió que defendía al pueblo y que era chola con orgullo.↵

Militarización del aeropuerto de Santa Cruz para desbaratar un esquema de corrupción, unas semanas atrás, al que se opusieron movilizaciones de gente dando lugar a un enfrentamiento con el Ejército. Quieren el muerto que no tuvieron en Viru Viru decía Romero.↵

La Renta Dignidad traería críticas a cierta conciencia de izquierda del gobierno, que podía ver la iniciativa fuera de los cánones de la izquierda marxista y también del proyecto desarrollista industrial. Pero al mismo tiempo era parte esencial del proyecto liderado por Morales, desde la perspectiva de la deuda social con los ancianos. Algunos podían ver la medida como un desaire a la Asamblea, porque la movilización al Congreso quitaba los ojos de Sucre y también menguaba el poder de convocatoria de las organizaciones, pero la popularidad de la medida sería un elemento que el MAS también necesitaba para resolver la disputa política por la Asamblea. La decisión de cortar ingresos de las prefecturas para pagar la renta daba instrumentos para que la oposición reaccionara ante la opinión pública. Pero dado el superávit de las cuentas prefecturales por el idh, quitar de ahí el dinero era un cálculo de racionalidad económica, aunque seguramente combinado con adversidad política.↵

Freslinda presentaba el plan estratégico: La policía haría un primer cordón, con el apoyo de un grupo de choque de la policía nacional que responda al mando directo del comandante sin intervención del prefecto. El segundo cordón serían las organizaciones sociales y un tercero las fuerzas armadas en puntos estratégicos protegiendo. Al mismo tiempo, para “aperturar” el comité político debe hacer acuerdos con los partidos minoritarios y ver lo que están pidiendo. Afirmaba que ese bloque se formó para sacarle rédito político y económico al mas, y ya se acabó la reunión de amigos.↵

El Castillo de la Glorieta es un palacio de finales del s xix, ubicado en el recinto del Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade. El MAS buscaba quitarle la connotación militar, pero Madaí Sivila, periodista sucrense de la fam, me decía que ahí ella había hecho práctica de tiro durante el servicio militar. La distinción no fue necesaria después de que se decidiera acondicionar un galpón del Colegio Militar y no el Palacio, que ya había sido saqueado en la Revolución del ‘52.↵

La bancada de La Paz sólo tenía dudas con Loyola y sin ella eran 37. Santos decía que se iban a reunir y que lo de Loyola era sólo un problema de coordinación: No creo que no vaya, sería grave que se aísle sola de La Paz. Otro dice que habló con ella y “como siempre habló de su ideología” y dijo que tiene compromisos con los otros compañeros del Bloque Alternativo. En Cochabamba 26 firmaron el acta y había dudas con Rodolfo Rivas. Arispe de podemos también “dice que va”. Chuquisaca también sumaba a Álvaro Azurduy de podemos. Los del mbl “un rato dicen que no y otro que sí”. De Pando iban 4, de Beni 3 firmes. Potosí contabilizaba 18 y Oruro 13 más aliados. Tarija serían 10, pero jurado no había llegado y estaba con celular apagado aunque sabía que tenía que estar. El total superaba lo necesario para quórum, pero aún estaba lejos de dos tercios del total. La decisión política es que si el martes no se aprueba la Renta Dignidad en el Congreso, el presidente decreta y ahí todos los movilizados vienen a Sucre. La prensa tiene que entrar, sino sería nuestra debilidad. Informó que los dos compañeros que faltan ya salieron y llegarían en poco tiempo, Enrique Jurado llegaría al día siguiente y también José Bailaba porque habían atropellado a su hermano. Se abocarían en que estén, tenían pasajes reservados por si había sesión.↵

Víctor Borda y Raúl Prada tenían dudas con la estrategia. Prada sugería comisiones y pensaba que era necesario legitimidad antes que legalidad, que estaban dejando un escenario de debilidad en Sucre y que era necesario “reasumir el carácter originario”. Decía que la Asamblea era el epicentro de la coyuntura política y que en sus manos estaba la refundación de una segunda república. César Cocarico estaba de acuerdo con Raúl en hacer comisión de seguimiento y preguntaba por apoyo técnico y computadoras. También decía que no sólo habría ruptura en la Asamblea sino también a nivel general porque Santa Cruz iría a “saltar”. Santos aclaró que no iban a ser las mejores condiciones y que por la noche trabajarían el tema político y al día siguiente lo organizativo.↵

Capítulo 4: 

La guerra de la aprobación

Que el  Numeral 1) del  Artículo  Primero de la  Ley N° 3728 de 04 de agosto de 2007 dispone que “en el caso  que todos  los Artículos  sean aprobados en detalle  por el  voto de los dos tercios de los miembros presentes,  el texto final de la nueva  Constitución Política del Estado será aprobado mediante   el voto de dos tercios  del  total de los miembros de la  Asamblea Constituyente”,  situación  no aplicable  al presente caso por tener un Artículo que fue aprobado en la estación  en detalle por votación menor a los dos tercios de los  miembros  presentes  de la Plenaria,   por lo  que la aprobación del texto final de la nueva  Constitución Política del Estado no requiere  la aprobación de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea  Constituyente.

Del texto de la Resolución Plenaria de la Asamblea Constituyente, 9 de Diciembre de 2009, Oruro.

1. La Glorieta

El viernes 23 de noviembre por la mañana se anunció un cerco de organizaciones de todo el país a Sucre para garantizar el funcionamiento  de la Asamblea  en el Liceo Militar. El palacio  o castillo de La Glorieta,  junto al que se realizarían  las sesiones, estaba a 7 kilómetros  del centro de Sucre. Los grupos de manifestantes más numerosos eran las organizaciones de El Alto y los campesinos de Chuquisaca y Potosí. Desde Santa Cruz, el segundo vicepresidente del Comité  Cívico de ese departamento, Roberto Gutiérrez, dijo que el masismo se acercaba  al nazismo, calificó de ilegal la sesión  y criticó que se intentara escribir  la Constitución “entre fusiles y bayonetas”. Diego Pary, asesor de las organizaciones  que apoyaban la Asamblea,  acercó con su vehículo a dos constituyentes de la oposición que habían aceptado participar de las sesiones.  Mientras entraba en el Liceo algunos manifestantes le gritaban  “traidor” a uno de los podemistas  que iban en el vehículo, pero Diego avisaba: “nos está apoyando”  y hacía gestos para que no le gritaran.

Él confirmó que los sucrenses ya se estaban movilizando al Liceo desde el centro de la ciudad,  aunque Jaime Barrón había declarado más temprano que no iban a movilizarse porque no querían que un alteño mate a un sucrense. Desde el recinto donde se encontraba  el mas, llegaba la información  de que había quórum y alegría, y que estaba  todo listo para  comenzar.[1]

En la puerta había  periodistas  entrevistando a los constituyentes que entraban. Uno de ellos, Esteban Urquizu, habló por los diez constituyentes chuquisaqueños que  entrarían  a la sesión. Informó que iban los del campo y algunos del área urbana que estaban por el cambio. “Capitalía es una cortina”, afirmaba a los periodistas. Emilio Gutiérrez, de El Alto, desoyó  la posición de su partido e ingresó  al Liceo con el torso desnudo  donde llevaba pintada la frase “Unidad,  antes que esclavos morir”. Se informaba que en la plaza Libertad ya habían gasificado. Tuto Quiroga daba declaraciones a los medios hablando de Cuba y Venezuela. La noticia en los medios también era un ritual realizado  en Achacachi, donde ponchos rojos habían degollado perros en Q’ala Chaca, Omasuyos, población donde se formó el Cuartel General Indígena  liderado por Felipe Quispe en 2001.[2]

En La Paz, el Senado  controlado por la oposición  había aprobado  la Renta Dignidad pero con fuentes de financiamiento alternativas a las propuestas por el Gobierno, para inviabilizarla, como provocación. La marcha de las organizaciones llegaría a la plaza Murillo recién el lunes siguiente.  Desde  Sucre,  Loyola Guzmán le había avisado a sus compañeros que no deliberaría en cuarteles. Nava y Herrera estaban desaparecidos y la prensa no conseguía  encontrarlos. Evo Morales habló desde El Alto. La agencia de noticias estatal abi titulaba: “cientos de jóvenes  abordan camiones y se trasladan al Castillo de la Glorieta”.  La cidob anunciaba una marcha  hasta Sucre en defensa de la Asamblea y su vicepresidente, Pedro Nuny, informaba que se les unirían sectores urbanos  de juntas vecinales y organizaciones sociales. Juan del Granado había mandado  5 mil personas.

El ministro  De La Quintana  criticaba a un y el mnr por no asistir a la plenaria y “engañar  al país”. Incluso los que en la fase de comisiones se habían mostrado  cercanos  al mas, decidieron no aportar con su presencia a la apuesta de La Glorieta: Eduardo Yáñez, que había votado con el MAS en Autonomías, llegó a llamar  al desconocimiento de la Asamblea; Ana María Ruiz que se había acercado  al MAS en la Comisión Tierra y en el Concejo  Político tampoco  estuvo presente; de Richter ya se esperaba  que no asistiera. Era entendible que no fueran si pensamos que el lugar político que ellos buscaban era entre el MAS y podemos. No veían redituable el cálculo de posibilitar  los dos tercios al MAS y tampoco de quedar como opositores a una Constitución que estarían ayudando  a aprobar.[3]

Antes de entrar a La Glorieta almorcé con Adolfo Mendoza, que permanecería afuera del Liceo, cerca de las organizaciones. Adolfo decía que todo dependía de la cantidad de constituyentes que vayan y que al día siguiente podría pasar cualquier cosa, pero que lo importante era que militarmente la posición  era ventajosa porque los campesinos iban a estar como cristianos esperando  y eran los estudiantes los que iban a tener que movilizarse e “ir hacia”. Podrían hacer la estrategia “Caballo de Troya” decía Adolfo o una bisagra para encerrarlos. Y se daba por contado que habría enfrentamientos. Él se quedaría afuera “por decisión de las organizaciones”. Adolfo pensaba que sería en ese momento que vendría  la discusión. Si la oposición  no iba al Liceo no había porqué aceptar  la Constitución  hecha para el acuerdo  y las organizaciones exigirían cambios. Veíamos a Jaime Barrón arengando en un acto de la plaza  25 de Mayo en una televisión mal sintonizada de Yotala, un poblado cercano a La Glorieta. Llamaba  al desacato civil de cualquier resolución de la Asamblea  Constituyente.  Al final del acto que se declaró “cabildo”, pidió votar para  declarar ilegal la Asamblea para decidir la apertura  de libros para juntar firmas por referendo de sede de los poderes  y autonomía para Chuquisaca, y convocó a movilizarse  hasta el Teatro Gran Mariscal donde en ese momento estudiantes se enfrentaban con la Policía.[4]

Luego entré en el Liceo. “Estoy adentro” escribí en mi cuaderno de campo. La sesión se inició a las 15 horas.  Era la sesión número 70 de la Asamblea, la mayoría realizadas en 2006, mientras se intentaba elaborar el reglamento. Las sesiones se llevarían a cabo en un gran galpón,  los constituyentes dormirían  en pabellones del liceo militar y la cena se serviría en el comedor  del lugar. Se autorizó  la participación de la prensa. Había pasto bien cortado y canchas de deporte. A la hora de comenzar, 144 constituyentes estuvieron presentes, 109 ausentes y uno había renunciado. Con 128 personas había quórum y con 97 votos se alcanzaban dos tercios de los presentes, número fácil de asegurar  para  el mas. Estaban presentes todos los departamentos  y todas las comisiones, con constituyentes de 9 fuerzas políticas,  festejaba  el mas. Félix Cárdenas propuso un nuevo temario que fue aprobado, en el que se incluía la modificación  del reglamento. Roberto Aguilar decía que se sesionaría de manera legal pero no en condiciones normales.[5]

La no presencia de la oposición modificaba los escenarios  que se habían calculado. Raúl Prada explicaba en la reunión plenaria que por la Ley  de Ampliación–que se incorporaba al reglamento– había dos caminos de aprobación: uno “corto”, cuando hay dos tercios de los votos  del total, con  los que el MAS no contaba en La Glorieta; y otro “largo” cuando  no hay consenso  y se deben someter artículos a referendo. Pero pedía reflexionar acerca de que la Ley de Ampliación  tenía en cuenta el escenario  del Teatro, y no el nuevo  escenario  que se había  creado.  Prada preguntaba: ¿vamos a mantener ese escenario? Ponía en consideración si había que modificar  el Artículo 70 que pedía  dos tercios del total de los votos, como habían propuesto  Walter Gutiérrez y Juan Zubieta, a pesar de la Ley de Ampliación. Implicaría hacer lo que Raúl Prada ya había propuesto en la reunión  del MAS del día anterior: “asumir  el carácter originario  de la Asamblea”.

Pero Carlos Romero interrumpió a Prada en su exposición, e hizo una explicación “rápida y práctica”. Si aprobamos los 400 artículos por dos tercios, que aparentemente no es muy difícil, el texto va a ser enviado al Congreso, que es el que convoca al referendo. Si decimos “desconozco la ley” el Congreso nos va a rebotar el texto, por más originarios que seamos… entonces no existe la posibilidad. Habrá que conseguir 25 constituyentes más –para alcanzar dos tercios  del total– o ir a referendo. Antes que nada, el intercambio de puntos de vista probaba que no había una estrategia definida y que todavía no se hablaba  de la que  sería la estrategia final.

En los alrededores del improvisado recinto de sesiones varios constituyentes y asesores paseaban y comentaban los acontecimientos.  Algunos técnicos trabajaban con miembros de la bancada chuquisaqueña  porque  todavía no estaba claro qué pasaría  con el acuerdo  sobre el tema capitalía en las actuales condiciones. Wenceslao Humerez Tiñini, cerca de la sesión,  insistía con que la Asamblea debía cerrar el Congreso  y se quejaba de que cuando se lo mencionaba en el reglamento  se lo estaba avalando. Esperanza Huanca había vuelto a vestir su almilla, ropa típica de su pueblo  del norte de Potosí. También Nélida Faldín vestía ropa tradicional de los chiquitanos.  Llegaba  la información,  desde afuera del Liceo, de que se había cerrado el paso de El Tejar para evitar la llegada de manifestantes.

Diego  Pary agradecía que haya asistido a la sesión Pastor Arispe,  de la Directiva. “Si no estábamos perdidos”, decía. Las organizaciones sociales esperaban  en los cerros que nacían a la vera de la ruta donde  estaba la entrada de La Glorieta. Saúl Ávalos notaba que como él diariamente, ahora todos estaban escuchando radio.  El periodista  de La Razón se quejaba de que tenía que hacer dos notas hasta la una de la mañana. Una nota sería sobre  la plenaria y la otra “con  datos pintorescos”.  Elva Terceros,  asistente de Carlos Romero, decía que no se había quitado ni agregado nada al proyecto trabajado por la Comisión Técnica, a pesar de la no asistencia de la oposición. Ana Núñez de Chuquisaca  le decía a la red de radios Patria Nueva  que se estaba por aprobar  el último acuerdo de la comisión creada por el Concejo  Suprapartidario  sobre capitalía. Desde la bancada  de La Paz pensaban otra cosa.[6]

 En el recinto improvisado para la sesión seguían  debatiendo.  Pablo Zubieta analizaba que los dos caminos tenían trampas,  incluidas por la oposición  en el Congreso cuando se aprobó la Ley de Ampliación. El camino  “corto”, necesitaba que todos estén de acuerdo para tener dos  tercios  del total. En el camino “largo” las diferencias  irían a referendo dirimitorio, pero este debía ser aprobado  posteriormente por dos tercios del Parlamento,  lo que parecía imposible. Como el Congreso no iba a convocar el referendo, Pablo proponía  poner un plazo o permitir que el presidente lo convocase.  Habría  que buscar también para el camino “corto” algunas combinaciones, sugería. Puede ser lo que dice Cayo de considerar la ausencia  como una renuncia, aunque podrían venir. Consideraba que dada  la situación,  el camino largo tenía salida, pero el corto no.

Silvia Lazarte dijo a continuación que “hecha  la ley hecha  la trampa”, y que no podían culparse a los constituyentes ni tampoco al presidente. Hay candados y no van a darnos  la salida fácilmente, ¿no ve? Y llamaba a votar por si se seguiría el camino corto o el largo. Para Carlos Romero era un debate  estéril. Hemos tenido una salida inteligente en seguir en Sucre, y no podemos a la vuelta  de la esquina  violar la ley firmada  por Linera y promulgada por Evo. Si decimos que botamos a alguien por faltar, siempre van a ser 255. Afirmaba de forma contundente que si no respetaban  la ley estarían haciendo  un auto-golpe y el efecto conseguido  al abrir las sesiones se iría a revertir. Ya se discutió demasiado. “Votemos”, pedía. En ese momento se estaban aprobando  modificaciones en el reglamento,  y aún faltaba votar el Artículo 70, el más polémico. Vásquez reflexionaba que la única forma  de que podemos fuera a la sesión  era que se publiquen las faltas y se descuente. Pero si vienen, pueden joder, alguien notaba. Humberto Tapia tenía la duda de si el Congreso  podría modificar los artículos. Silvia Lazarte le respondió que el Congreso no podía modificar nada, afirmación que no se mostraría verdadera más adelante, mostrando como el curso seguido por el proceso  era imprevisible.

Como todos los artículos, el 70 del reglamento  se aprobó por unanimidad. En la modificación  del reglamento  hubo protestas de Mario Orellana, por el msm, y de otras minorías en defensa de la posibilidad  de participación y debate, aunque fuera limitada. Pero se decidió que habría sólo 20 minutos para cada jefe de bancada por cada parte de la Constitución,  y no se discutiría artículo por artículo. Además, con los cambios no habría ya un máximo de seis horas de debate, sino discusión por “tiempo y materia” y sin límite de tiempo e incluyendo fines de semana hasta agotar la Orden  del Día. La idea del MAS era solamente leer los artículos de forma continua con apenas algunas acotaciones que se recibirían por parte de los partidos,  hasta terminar  la aprobación.[7]

Roberto Aguilar llamó a cuarto intermedio  hasta el día siguiente  a las 8. Eran las 23:30 y terminaba la sesión. Aguilar también llamó a definir  el tema  de la capitalidad e informó que los hermanos de Chuquisaca y La Paz estaban dialogando. Evidenciaba que aún no había acuerdo. Cenamos en el comedor del cuartel y había optimismo. Se repartieron  las camas. Aunque la oposición no fuera a estar presente, se había decidido respetar los acuerdos  de la Suprapartidaria, incluyendo la bicameralidad y otras cosas que no habían  llegado a firmarse en la instancia de la Vicepresidencia pero que el MAS había aceptado ceder en la eventual  negociación. Habría una resolución de la Asamblea ratificando el acuerdo.  La presidenta y el vicepresidente de la Asamblea realizaban junto a un grupo de constituyentes una q´uwa, en que Pastor Arispe  hizo un discurso con componentes  rituales andinos.

Estaba en el Liceo Alfredo Rada, ministro de Gobierno (a cargo de la Policía), que había llegado “a ver la seguridad”  junto al viceministro  de Defensa Legal del Estado Héctor Arce, colaborador directo del presidente.  Decía a los constituyentes que estaba todo bien y que “ahora depende de ustedes”. También estaba Santos Ramírez, que presentó la solución a las dudas  sobre  la estrategia,  en el jardín donde se reunía un grupo de constituyentes. Para decidir por el camino “largo”, que era el que se buscaría por no contar con dos tercios de los votos del total, no puede haber consenso en todos los temas,  explicaba  el senador. El MAS no podía aprobar por unanimidad todos los temas porque  para activarse esta vía, por lo menos un tema debería someterse a referendo. Era un mecanismo pensado para el caso en que no hubiera acuerdo y dos tercios para la aprobación, y según la ley sólo se activaba ante la falta de  dos  tercios  del total de los votos. En caso de que la situación siguiera  igual y la oposición no se hiciera presente, entonces, se elegiría el camino más largo, creando una disidencia artificial en algún tema que se decidiera someter a referendo.

Habría problemas para que el Congreso  autorice el referendo, pero sin esa falta de unanimidad la Ley de Ampliación no permitía optar por ese camino de aprobación, pensado inicialmente como resolución de la Asamblea sin dos tercios que contaría con la presencia  de la oposición  que establecería qué temas irían a referendo. Sin opositores, en un escenario  inusitado, el MAS tenía la posibilidad de elegir cuál tema llevar a votación de la población.  Siguiendo  este camino, el MAS conseguía viabilizar de forma legal la sesión de La Glorieta , quedando habilitado para aprobar los artículos “en detalle” por dos tercios de los constituyentes presentes, y no del total, por las reglas aprobadas por el MAS y la oposición en el Congreso en agosto. Con  la presencia de la oposición, hubiera sido difícil para el MAS obtener dos tercios de los presentes para accionar esta vía, pero los problemas internos de la oposición y la desconfianza frente al escenario de aprobación organizado por el mas, dieron  al MAS una llave que posibilitaba divisar por primera vez el final del proceso,  al menos en su primera fase, ya que sería el Parlamento quien por dos tercios –con los que el MAS no contaba– encaminaría el texto para aprobación de la población.

Ese mecanismo no apartaba toda la incertidumbre,  pero era sin duda la estrategia que mostraba menos complicaciones y mayor  legalidad. Santos Ramírez entonces preguntaba cuál tema pensaban los constituyentes que sería el más adecuado  para  llevar a referendo. Armando Terrazas proponía  que fuera el voto a los 16 años. Santos decía que no porque los de 16 todavía no votan. Dunia Ignacio Pamo propuso que fuera la tierra. Roberto  Aguilar proponía reelección, “que es por lo que más nos critican y central en nuestro proyecto”.  El oficial mayor  de la Asamblea proponía que fuera algo como el Bono Dignidad. Había en esta reunión del fin de la jornada  comentarios  generalizados  de elogio a los constituyentes de Chuquisaca que habían defendido  la posición del mas. Algunos no podían volver a sus regiones y estaban amenazados. Santos Ramírez  decía que había que llevárselos a trabajar en La Paz, y que desde el Gobierno  los tendrían en cuenta.

Roberto Aguilar pensaba  que había que dejar hablar al msm y a los partidos chicos. Que de cada 5 minutos, dos se les dé a ellos. Le preocupaba el orden y la disciplina de los constituyentes en la sesión, porque muchos no estaban votando en el “recinto” y con 10 constituyentes menos dejaba de haber quórum. Cuando se comience a votar el texto había  que contar los votos. Santos Ramírez observaba que faltaba una instancia de reunión de jefes con sus bancadas para que hubiera una posición única y clara. Un constituyente observaba que Doria Medina estaba suavizando el discurso, por lo que podría  estar preparándose para venir. Ricardo Cuevas, del mnr, decía que no había asistido por el idh. Roberto Aguilar contaba que un periodista avisó que los partidos chicos no estaban votando, y que por eso empezaron a darles la palabra.

Desde  Sucre llegaba la información  de que en el primer día de sesión hubo 180 heridos en los enfrentamientos,  muchos de ellos policiales,  y cerca de 40 detenidos. Por teléfono me avisaron, desde Sucre, que ya había dos muertos. La represión en el centro de la ciudad había  durado horas. Un jefe nacional de Po-licía estaba a cargo de la fuerza  en la ciudad.  Los manifestantes de Sucre habían dejado sin luz la zona de El Tejar,  cercana  al Liceo, hacia donde se acercaban. Se solicitó una reunión con el prefecto, Barrón y Herrera para intentar que los manifestantes volvieran a la plaza 25 de Mayo, pero los líderes no controlaban a los manifestantes.  Además los del Comité  Interinstitucional no querían reunirse porque  estaría presente el prefecto y lo habían desconocido  por su posición du-bitativa en relación  al mas: “algunos  del Comité no quieren ‘capitalía’, quieren la prefectura” había  dicho Alfredo Rada.[8]

En el Liceo, Santos Ramírez reparó en mi presencia  junto a los constituyentes y se acercó a saludarme y preguntar quién y de dónde era. Me contó que recorrió toda la Argentina  cultivando tabaco  y verduras. Estaba yendo a participar de la reunión entre La Paz y Chuquisaca. En reconocimiento de los compañeros que estaban haciendo vigilia en las montañas,  un constituyente decía que no podían irse a dormir. La reunión de la madrugada La Paz – Chuquisaca se suspendió por falta de acuerdo. La clave sería Macario, escuché. La Paz no aceptaba  el tercer acuerdo y le habría dicho a Santos Ramírez  que el MAS tenía que elegir entre La Paz y Chuquisaca o, en otros términos,  entre 10 y 37 constituyentes. Diego Pary le preguntaba  a Saúl Ávalos a quién iba a apoyar  Santa Cruz entre la posición de La Paz y Chuquisaca. Si no había  un acuerdo  el tema  se definiría por el voto de los presentes. La opinión de Pary, asesor que en breve sería nombrado viceministro, era que la propuesta daba cosas buenas para Chuquisaca y debía ser aprobada.[9]

1.1. La aprobación  “en grande”

Al día siguiente, el sábado 24 de Noviembre, “día dos”, la prensa  no podía llegar al Liceo por los bloqueos  de caminos. Los constituyentes del MAS daban declaraciones a los medios desde el Liceo por teléfono, y repetían los argumentos  de que la legalidad  se había respetado y que la presencia  de nueve fuerzas daban legitimidad a las sesiones.  En Santa Cruz se tomaban o bloqueaban instituciones como la Aduana,  ypfb y la Dirección  del Trabajo  en protesta por el recorte del idh y por las sesiones  en La Glorieta. Los prefectos de la Media Luna se dirigían a Sucre. Ana María Ruiz llamó desde afuera a una asistente técnica llorando, deprimida por que todo termine así, “en ese lugar tan feo”. Ada Jiménez, preocupada, decía: “necesitamos que entre una fuerza de derecha”. Romero veía que ya era definitivo que podemos no iría y mencionaba que habían sacado un manifiesto. En conferencia de prensa  desde la sede de Gobierno, Evo Morales hizo un llamado a la paz y a la unidad  del país buscando equilibrio económico y pidió apoyo a las Fuerzas  Armadas.[10]

Al inicio  de la segunda  sesión  el número de presentes había bajado a 132, pero poco más tarde subiría  a 139. Una constituyente tuvo que ser evacuada  al hospital y llegó una más de Pando, otros estaban en el Liceo  pero  no presentes  en la sesión. Paseaban por el jardín o conversaban fuera del lugar de votaciones. Eso causó el enojo de Roberto Aguilar, que abrió  la sesión  criticando la indisciplina que en ese ambiente era muy notoria, decía. Lo que se habla atrás molesta a los de adelante, explicaba.  A partir de entonces las sesiones  serían más puntuales y los que no estén serán registrados como atrasados o faltantes. La única forma de modificar  nuestra imagen es mostrar que los que estamos  acá somos responsables. Ellos quieren mostrar que hay indisciplina y un periodista dijo que parece reunión sindical y hasta hay techo de calamina. No tiene que ver con infraestructura sino con institucionalidad y disciplina. Silvia Lazarte agregó que si no está presente no va a tener derecho  a uso de palabra. Y dio permiso sólo a las bancadas  de Chuquisaca y de La Paz para que se reúnan y logren un acuerdo. La Asamblea estaba frenada nuevamente,  dentro del Liceo,  por el tema de la capitalidad.[11]

 En la  reunión entre  los  dos departamentos  enfrentados  por  el  conflicto, Santos Ramírez le había dicho a los paceños  “ellos no van a poder volver a sus casas”. “Como si nosotros pudiéramos” se quejaba  Marcela Revollo. Chuquisaca no estaba de acuerdo en que se constitucionalicen dos poderes  para La Paz pero Marcela Revollo decía que ellos no volverían habiéndole  dado todo a Sucre y sin eso. Evo Morales le dijo a ella que el tema ya no se trataba en la Asamblea. Marcela pensaba que Sucre quería dejar el tema abierto para seguir pidiendo en la próxima constituyente. Pero la negociación era complicada, Sucre no aceptaría que nada fuera constitucionalizado para La Paz, para no retroceder de la situación actual, y exigía que, al menos, su carácter de capital quedase  constitucionalizado. Debería figurar “Sucre,  capital constitucional de Bolivia”. Pero con eso La Paz amenazaba con retirarse.[12]

Por la mañana, en la sesión, hubo algunos problemas  en la definición de procedimientos. No se podría  votar “en grande” porque eso no había sido incluido en la Orden  del Día. Correspondía leer los informes de Comisión, pero se quería evitar que entrara el tema capitalía, presente en seis informes. Algunos constituyentes pedían que no se viole el reglamento. Y había quienes estaban preocupados porque sus informes no fueran a ser leídos. Unos decían que primero había que leer informes  y otros que antes se debía formar comisión. Se creó informalmente la Comisión de Compatibilización de Informes, para ser ratificada al día siguiente, cuando estuviera incluida en la Orden del Día, y se empezaron a leer los informes. Sólo el informe  de Visión País, fue presentado de forma más extensa por Félix Cárdenas, que aclaró que había sido incluido el informe  de minoría que tanto conflicto había generado, pero que no sería leído. El informe  fue ratificado en plenaria  con tres abstenciones: Ramiro  Ucharico disidente de podemos, Torres del mop y Magda Calvimontes,  del mas. El resto de los informes  se votó sin comprobación nominal del voto por departamento, porque  el vicepresidente de la Asamblea manifestó que le recordaron  que para informes  sólo era necesario comprobar que había mayoría absoluta. En la plenaria se corría contra el tiempo, y los constituyentes sugerían  modos para cada vez avanzar más rápido. Propusieron resumir  solamente  lo más relevante e innovador de cada informe. No se concluía con la lectura porque el tiempo  de exposición  establecido se acababa  rápidamente. Aguilar hacía malabarismos  para salvar las formas.  Informó  que en la Comisión de Integración  los artículos serían leídos en detalle.[13]

Después de leer los primeros informes, donde no entraba el tema capitalía, Macario Tola pidió la palabra  “con carácter previo”, e informó que Chuquisaca y La Paz estaban reunidos para tratar de dar solución  al conflicto “que es de conocimiento público”. Pidió que se deje pendiente  el tema en las comisiones en que está inserto y se continúe con las siguientes  hasta esperar  el acuerdo,  que era inminente.  Otros defendieron la propuesta. Saúl Avalos proponía  dar tiempo para el acuerdo por capitalía sólo hasta que se termine  la lectura de los informes porque el tema no podía seguir paralizando. Aguilar sugirió saltear las comisiones en las que entró el tema de capitalidad y de ese modo su tratamiento fue eludido. Para el informe  de Seguridad  y Defensa Roberto pidió que se votara la propuesta del vicepresidente de la Comisión, que no establecía modificaciones respecto a la Constitución vigente. A pesar  de estar sesionando casi solos, el MAS había decidido respetar acuerdos y buscar aprobar  una Constitución no radical. Roberto Aguilar pedía ser legalistas para  evitar futuras impugnaciones legales.

En el jardín  de al lado  de la puerta  del recinto, algunos  constituyentes tomaban un respiro  mientras  seguía  la lectura de informes. Había dificultad para conseguir  señal de celular y mucho más para que los periodistas transmitieran por internet. Había sólo unos pocos enchufes que no alcanzaban para cargar las baterías de todos los celulares. En la sesión  se advertía que los policías  querían sacar nuevamente el tema Seguridad y Defensa. “¡Eso no!”, dijo Armando Terrazas alarmado. Llegaba también la información de que en Sucre habían gasificado en el mercado  campesino porque estaban echando a la gente  de La Paz que vendía coca. René Navarro dijo preocupado  que iban a matar a Román Loayza y que los campesinos no entrarían más a Sucre. Entré a ver qué pasaba en el recinto, a pesar de que los alrededores parecían  políticamente más relevantes y escuché  decir al vicepresidente Aguilar: “compañeros o colegas asambleístas, no hay micrófono”.[14]

Esteban Urquizu explicaba que los diez constituyentes de Chuquisaca tenían una posición  clara. Dos puntos no se negocian:  Sucre declarada capital constitucional y la sede del Poder no se constitucionaliza a favor de La Paz. Y decía que no se prestarían a la radicalidad  de El Alto. La Paz decía que la única forma  de terminar el conflicto era constitucionalizar dos poderes  para La Paz y dos para Sucre. Se decía que había que reconocer a la Federación  de Chuquisaca que fue la que permitió destrabar  el conflicto, lo que perjudicaba la demanda de La Paz. Diego Pary y un periodista de La Razón decían que si se aprobaba el tercer acuerdo sin constitucionalizar sedes se desinflaría  el conflicto, pero La Paz no aceptaba. Chuquisaca también amenazaba con irse, advirtiendo que otros se irían junto a ellos. Y estaba también el riesgo inminente de que La Paz pida repliegue. Esteban Urquizu decía que si no aceptan eso no había acuerdo e iban a votación de los constituyentes presentes. Raúl Prada decía a la tarde que no habría acuerdo. Prada se había cruzado en el camino con Esteban Urquizu que le pidió que acuerden la tercera propuesta. Chato Prada decía que él estaba de acuerdo pero que había que convencer a los compañeros. Le preguntó a Esteban si había hablado con las organizaciones y él contestó que tampoco  todos estaban de acuerdo.

María Oporto,  de los chuquisaqueños del mas, conversaba con Macario Tola al costado del lugar donde  se realizaba la sesión.  Macario  le habría dicho que La Paz ya no quería acuerdo. Reunámonos  para irnos decía María a sus compañeros en respuesta a la posición de La Paz. No quieren poner ni siquiera Sucre Capital, decía María indignada. La Paz se había endurecido. Vargas le decía a Macario que hagan resolución y conferencia de prensa para que la gente se calme. Yo recorría el Liceo y escuchaba a unos y a otros. Algún constituyente de La Paz me explicaba después que había tres posiciones en la brigada  de ese departamento. Macario, Vladimir  Alarcón y Yoni Bautista, igual que las organizaciones de El Alto, estaban por el no al acuerdo. Un segundo grupo quería abstenerse y dejar que se apruebe la tercera propuesta.  Ahí estaban los Sin Miedo y Raúl Prada. Y el tercer grupo eran Ada Jiménez y Rosalía  del Villar que pensaban que para destrabar el conflicto se debía acompañar  el acuerdo que solicitaba Chuquisaca. Humberto Tapia trataba a todos de traidores. Otros no tenían posición y no sabían si ponerse como negociadores o como radicales, me decían.

Los constituyentes seguían  votando y el prefecto Sánchez, que más temprano se había reunido con Silvia Lazarte en un puente del castillo La Glorieta, cerca de donde funcionaba la Asamblea,  entró en la sesión  con una bandera blanca y acompañado de la apdh y otras personas para exigir que se suspendiera la sesión, con el argumento de que ya había un muerto entre los manifestantes (cf. bolpress, 25/11/2007). Raúl Prada pedía que esa noche se apruebe la Constitución.  No se aguanta a la noche  decía  Ramiro Guerrero. La Policía estaba desbordada y había riesgo de invasión. Algunos estaban de acuerdo en que la Asamblea  ya se cierre y que el Congreso  la pase a Oruro. No es viable continuar, se escuchaba, “van a entrar”. Los estudiantes habían  empezado a ingresar por el río y sobrepasaban a la Policía. Arrojaban  llantas de autos encendidas dentro del Liceo.  Otros constituyentes señalaban que no podrían ingresar porque  todavía estaba el cordón del Ejército.

En determinado momento comenzó a correr la noticia de que los militares tenían orden de disparar si los manifestantes empezaban a entrar al cuartel. Es su “lógica”, se decía, los militares no podrían permitir una invasión de ese tipo. Me explicaron que si los estudiantes tomaban  el cuartel destituirían  al comandante. Este lo iría a impedir, entonces, hasta con bala. El plan de los constituyentes era entonces  terminar  la primera sesión y automáticamente iniciar otra para aprobar “en grande” la Constitución. Roberto Aguilar decía que si no hubiese  minorías  se podría pero estas exigían modificaciones que podrían llevar toda la noche.  Esteban Urquizu decía que la Policía  ya había  retrocedido  300 metros. Félix Vázquez dijo que a las 17 hs. había dicho que se vote “en grande” pero que ahora ya era tarde, la Asamblea debía cerrarse y reabrirse en otro lugar. El Mayor  Vargas fue a ver el terreno y descubrió que había un gasoducto. Recordaba que en Octubre en El Alto habían  volado una gasolinera  y un puente. Otro riesgo eran los gases mal tirados. Aguilar rememoraba, mientras observaba a los manifestantes  en las montañas, que él alguna vez había mandado  a comprar dinamita. Pocos rectores sabían de combate como él, decía.

Alguien de La Paz anunciaba que ya había acuerdo, pero que Macario y otros no votarían. Se calculaba que los manifestantes  entrarían en un momento u otro y la Constitución  debía aprobarse “en grande” urgentemente. Se leyó el índice, o los títulos de sus partes y se aprobó de forma rápida. La resolución con el acuerdo  para Chuquisaca se aprobó con 118 votos a favor y 18 abstenciones de La Paz. Establecía que se incluirían en los artículos de la Constitución  que Sucre es capital y sede de los poderes  Electoral y Judicial, de acuerdo a la última propuesta del Concejo, además de que nuevas instituciones a crearse y la Comisión del Congreso tendrían sede también  en esta ciudad. Además se recomendaba  al Poder Ejecutivo la realización de algunas obras. Esto no satisfacía el reclamo  de La Paz de que sus dos poderes  fueran también  constitucionalizados, como aparecía en la primera propuesta del Concejo.  Se aprobó, también,  la formación  de la Comisión de Compatibilización, sin definir sus miembros, que cada bancada dispondría. Votaron también que el proyecto  de Constitución contemplaría  las comisiones no leídas.[15]

Mientras  tanto se aprobaban las últimas resoluciones, con emoción entre los constituyentes. En eso María Oporto de la bancada de Chuquisaca salía del recinto y me pedía que la acompañase. Quería buscar el texto de la resolución que se había votado  en la sala donde habían trabajado los técnicos y donde había impresora. Ella necesitaba  presentar la resolución  a la Directiva para que la firmen  y así quedase validada. En el camino, atravesando una cancha de básquet, cruzamos  al doctor Sardán que felicitó a María por el coraje demostrado.[16] Después de terminar con la aprobación  en su primera instancia “en grande” algunos constituyentes se sacaban  fotos en el escenario  para inmortalizar de otra forma  el momento ya inmortalizado con la aprobación del texto “en grande”. Muchos pensaban que ahí terminaba la Asamblea Constituyente y que no habría nueva reunión. En el MAS había un sentimiento de misión cumplida acompañado de un fondo de frustración.

1.2. La evacuación

Y con la Constitución aprobada  “en grande”, sólo faltaba salir del cuartel, antes de que los manifestantes  entraran. Esteban Urquizu se fue caminando por los cerros, con otro compañero. El Mayor  Vargas salió caminando  por el río y a Ramiro Guerrero lo pasaron a buscar sus hermanos en movilidad (vehículo). Se decía que podemos se había arrepentido de quedarse afuera y que le había pedido a Evo Morales que parase la Asamblea para poder asistir. Pero también se decía que un y mnr al día siguiente renunciarían colectivamente a la Constituyente. Carlos Romero comentaba que le había avisado a García Linera que en La Glorieta en dos días habría un muerto, y estaba disgustado con la decisión  de sesionar en el Liceo, decisión que atribuía al vicepresidente.  Decía: “no somos más amigos de Álvaro”, aunque posteriormente se reconciliaría.

Rebeca Delgado decía que esperaba que por lo menos quedase  la Constitu-ción, que se salve. Y Rosario Ricaldi analizaba que lo malo era que esto estaba debilitando  al presidente.  Se había conseguido  la aprobación  “en grande” pero nadie sabía cómo podrían continuar para alcanzar la aprobación “en detalle”. Era sólo una primera aprobación,  parcial, a pesar de los festejos iniciales.  El Con-greso no autorizaría  el traslado a Oruro y en Sucre se había demostrado que no se podía sesionar. Llegaba la información a los Asambleístas  que en poco tiempo0 la Policía  se quedaría sin balas. En la ciudad estaban rodeando  las comisarías.  El constituyente Vargas,  líder de la revuelta  de policías en 2003, decía que iban a tomar las delegaciones  policiales y volver con armas hasta donde  ellos estaban. Unos doscientos  policías  controlaban la puerta  del Liceo. Por la noche  habían parado  los enfrentamientos. Pero se veía que las antorchas con fuego  iban  bajando o se movilizaban por los cerros, amenazantes.

Sirvieron la cena y algunos parecían comer normalmente. A otros los alcanzaba la incertidumbre, el miedo, o la solemnidad. En el comedor Silvia Lazarte lloraba rodeada de ocho cholitas constituyentes de pollera y sombrero, sus compañeras. Vi a Sabino Mendoza, Pablo Zubieta y otros con cara de mucha preocupación. Decían que Romero había llorado cuando  se avisó que había un muerto. Los militares habían convocado a todos en ese lugar para dar instrucciones de cómo sería la salida. Antes intentaron evacuar  a los 23 periodistas presentes, con un cerco de militares, pero quedaron  atrapados entre los manifestantes y el Liceo, sin poder avanzar ni volver. Walter Gutiérrez preguntaba  si pensábamos que habría otra plenaria. Y todos decían que no. Decía que en su circunscripción un anciano le había dicho: “¿pensaba que sería fácil, sopa  de leche? Están removiendo el hormiguero”.

El comandante  a cargo  tomó  la palabra y dijo una frase que todos los presentes recordaríamos para siempre: “hicimos tres planes  para  evacuar,  pero nos han fallado”. Inmediatamente el ministro Alfredo Rada lo cortó y no hubo más mensaje de los militares. Se hablaba de que nos sacarían con helicópteros a las 5 de la mañana , o que sería caminando hasta la tranca o en convoy de autos hasta Potosí. Dijeron que irían a evaluar la situación  y mandaron a todos a dormir. La mayoría obedeció y fue para los pabellones. Saúl Ávalos decía que la noche  favorecía  a los rivales. Weimar Becerra, que era piloto, decía que los helicópteros venezolanos prestados  al Gobierno podían aterrizar en la cancha  de básquet y transportar de a 30 personas.Seguíamos el movimiento de las antorchas  de los estudiantes. De a ratos se escuchaba “llama” y otros insultos porque  los de Sucre se encontraban con alteños o campesinos que también estaban en los cerros. Macario  Tola ya no estaba en el Liceo y había subido a las montañas con sus compañeros.  Yo me quedé donde  el ministro Rada. Romero, Aguilar y otros intentaban  resolver  la situación, cerca del puesto sanitario.[17]

 Luego, todos fueron reunidos  en una cancha deportiva de cemento. Dora Arteaga me pidió que me sentara a su lado, en el borde donde todos esperábamos instrucciones para salir en fila por  la quebrada. Salimos caminando por un sendero entre los cerros. Pasamos un río, subimos una piedra, y nos hicieron esperar sentados hasta que llegaron vehículos. La mayoría de los constituyentes llevaban bolsos y valijas grandes que habían preparado pensando que estarían dos o tres semanas  aprobando  la Constitución. Algunos dejaron cosas en el cuartel. Había casi luna llena y “sólo faltaba el lobo”,  diría más adelante Sabino  Mendoza.  Camionetas 4×4 abiertas de la Policía  y Bomberos nos sacaron de la calle a donde habíamos llegado caminando, hasta una ruta. Por la ruta pasamos un bloqueo de manifestantes en Yotala. El ministro Rada coordinaba  el operativo e iba al frente. Escuchábamos por la radio  que pensaban que los constituyentes seguían  en el Liceo. Rada iba a pie delante de las camionetas  y negoció o dijo algo para que levanten el bloqueo  y los últimos manifestantes nos dejaran pasar.[18]

 El convoy de camionetas  con constituyentes se detuvo en determinado lugar del camino donde había ómnibus esperando para llevarnos hasta Potosí,  desde donde hubo dispersión para los distintos puntos cardinales. Con un grupo grande fui hasta Oruro y con un grupo pequeño seguí hasta La Paz. Al llegar a Potosí Carlos Romero daba entrevistas a la Red Patria Nueva.  Decía que había dos posibilidades: cambios y proceso  constituyente o que los grupos  de poder cierren la Asamblea. Humberto Tapia viajaba camuflado con gorro potosino y sin su poncho. Félix Cárdenas había salido también  por las montañas  junto a Félix Vásquez, Mario Machucado y Nelly Toro, que los guiaba.  Luego se separaron y Cárdenas fue interceptado por grupos pro-capitalía, agarrado como rehén y torturado por universitarios. Se decía que hicieron un simulacro de ahorcarlo y de quemarlo  vivo, echándole gasolina, que recordando la filiación que él trazaba con Zárate Willka, puede verse como venganza  histórica de jóvenes de Sucre por lo de Ayo Ayo, aunque para encontrar imágenes del enfrentamiento  no necesitamos remitirnos a tanto tiempo atrás. A Cárdenas  lo habría salvado Tommy Durán, denunciado por Romero como el que movilizaba a los grupos  de choque en el Comité,  que lo llevó al hospital,  de dónde Félix se escapó.[19]

Después de la evacuación,  Diego Pary decía que ahora recuperaría su vida. Un asesor técnico de la Comisión de Poder Legislativo me  preguntaba si en Argentina había trabajo de técnico en informática. También una constituyente de Chuquisaca me decía que emigraría a la Argentina, donde esperaba conseguir trabajo, porque  no podría volver a Sucre. Richter declaraba a los medios que en la  aprobación “en detalle” iba a ir a frenar la Constitución del mas. Para  la oposición era eso: “La Constitución del MAS aprobada en un cuartel y con muertos”. Había muerto un abogado de 29 años.  Los  cívicos  desfilaban  con el féretro en la ciudad. Pero sería de tres el total de muertes, en episodios no totalmente clarificados, uno presuntamente por intentar entrar al cuartel por el río. Rada declaraba que no se usaron balas sino solamente agentes químicos. Por la noche habían  tomado e incendiado  el departamento  central de Policía. También se habían escapado los presos de la cárcel.  La Policía abandonó  la ciudad de Sucre afirmando que “no había garantías” para volver. “Hemos perdido” decía un constituyente mientras nos alejábamos de Sucre. “La derecha  frenó la Asamblea y se reposicionó en las regiones”, otro analizaba. El MAS publicaría el texto y buscaría formas de volver a sesionar. Era necesario por lo menos un día más para aprobar el texto “en  detalle”. En el micro que salió de Potosí  la mayoría dormía o miraba pensativo  el paisaje. Parecía imposible convocar a otra sesión.

2. El Hotel  Torino

Exiliados de Sucre, el 25 de noviembre, el clima de derrota no era más profundo sólo porque la Asamblea  todavía tenía plazo legal para funcionar  hasta el 14 de diciembre. César Cocarico pedía organizar una reunión para analizar lo que había pasado pero nadie se entusiasmó  con la propuesta.  Él evaluaba que se había perdido tiempo con el reglamento, y que se podría haber aprobado “en detalle” si se hubiera  salteado esa discusión del primer día. Saúl Ávalos decía que la mala información  los perjudicó.  En un momento las radios  decían  que había cinco muertos. Algunos que el día anterior estaban destrozados o “no querían saber más nada”, ya comenzaban a recuperar  el semblante.  Se escuchaban también recriminaciones  internas en la bancada  de La Paz. Marcela Revollo insistía en que algunos se habían quedado sin posición ni donde pararse en la discusión  de capitalía. Teníamos la ciudad  en contra, decía Chato Prada, que pensaba que en La Paz hubieran sido más fuertes, como en 2003.

La noticia en los medios era la represión  y los muertos,  antes que la Constitución aprobada “en grande”. Un hombre decía al micrófono  radial que ahora vendría una guerra. Roberto Aguilar comentaba que cuando pensó en postularse para constituyente dijo que la Asamblea transformaba  el Estado o desataba   la guerra civil. Se supo que habían muerto dos policías. Pablo Ortiz decía que la Policía  le robó el grabador  y que amenazaban a los camarógrafos  que filmaban la represión.  Él había quedado  del lado de afuera de La Glorieta y pensaba que si se hubieran quedado sesionando en poco tiempo habrían  invadido  el cuartel. Desde  el medio día rebasaron a la Policía  y sólo no entraron porque volvieron a la ciudad para velar al muerto.  Evo Morales dijo que había que investigar sobre los muertos y sólo escuetamente dijo que apoyaba la Nueva Constitución. Decía que ya en junio había advertido a las autoridades  del Comité Cívico que reconsideren tratar el tema que podía dividir el país.

La oposición buscaba desconocer  la aprobación  del texto en el Liceo. Su posición  era hablar de “Constitución ilegal, aprobada  en un cuartel, y sólo por el mas”. La frase “Constitución masista aprobada con sangre” se escucharía por meses. Para enfrentarse a ese proyecto de Constitución, los cívicos y prefectos opositores, nucleados en el Concejo Nacional Democrático  (conalde) convocaron a un paro cívico-empresarial en las seis regiones opositoras (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca) y huelgas de hambre a iniciarse la siguiente semana. Emilio Gutiérrez fue el único  constituyente de un que asistió a la sesión del Liceo.  Decía  que lo hizo por conciencia y por El Alto. El resto se había quedado  afuera, pidiendo  legalidad y ahora no podía opinar, decían en el mas. También decían que podrían  haber mantenido  su perfil de centro izquierda si se quedaban, pero que no lo hicieron.  Se decía que un había pensado en entrar y probablemente lo hubiera  hecho si el MAS duraba más tiempo en La Glorieta. Y aún se pensaba que el mnr y un podrían haber optado por la concertación, para no quedar asociados a podemos. Habían  visto a Doria Medina con ganas de conversar.

Después de la sesión en el Liceo, Heinz Dieterich (2007) –intelectual alemán que estuvo vinculado al chavismo  y a la idea de “Socialismo  del siglo xxi”– escribió  una crítica al Gobierno  del mas, anunciando su fracaso inminente.  Según Dieterich, “en las condiciones  concretas de Bolivia una Asamblea Constituyente significaba iniciar una guerra por un trozo de papel (la Constitución),  en lugar de librar una guerra real por el poder real. Este error permitió  a la derecha  reagruparse y recuperar  la iniciativa estratégica”. Comparaba la situación  boliviana con agosto y septiembre de 1973 en el Chile de Allende, y veía una situación de coexistencia de “dos Gobiernos y dos Estados”, uno popular y otro gamonal,  a partir de la formación  del conalde y el llamado  a la autonomía  de facto. Evaluaba que el doble poder  históricamente  había  sido resuelto por la neutralización física del enemigo con fuerza  civil y militar, pero no encontraba condiciones favorables para eso en Bolivia, con lo cual sólo veía la opción de “negociar  las demandas de la oposición  en condiciones desfavorables o dejar la quimera de la Carta Magna y de la Asamblea  Constituyente en el olvido y convocar a nuevas elecciones generales”.[20]

En la televisión se hablaba de “la peor crisis del Gobierno”, aunque el vocero Alex Contreras negaba que hubiera crisis. Marco Carrillo intentó entregar la Constitución al prefecto Manfred Reyes  Villa, opositor, y fue corrido y golpeado hasta el medio de la plaza principal, en frente a la prefectura.  La ministra Celinda Sosa iniciaba en Santa Cruz la campaña por el Sí en un acto con gremialistas. Macario Tola declaró que la resolución votada al final de la sesión no era válida porque  fue aprobada bajo amenaza de los chuquisaqueños. Podría revisarse en una eventual siguiente sesión. Otros decían que después de lo que pasó no se podía premiar a Chuquisaca dándole cosas. Evo Morales pidió públicamente a Silvia Lazarte que convoque a otra sesión.  Se comentaba en el MAS que la presidenta  estuvo internada. Ella quería  que la reanudación de sesiones fuera en Cochabamba, cerca de las bases de Evo. Pero el problema era el prefecto Reyes Villa, que era opositor y podría complicar  los planes. También se recordaban  los enfrentamientos  entre campesinos y vecinos en esa ciudad en enero de 2007.

Algunos decían que podría ser en La Paz o El Alto, tal vez en el recinto del Congreso, aunque con el problema de que “se regionalizaría”. Se decía que en Oruro podría haber problemas con los cooperativistas  mineros y que la ciudad no era adecuada porque  no tenía aeropuerto, lo que complicaría que la oposición viajara. También trascendió que hubo un nuevo  altercado entre Silvia y Roberto. El vicepresidente  de la Asamblea dijo que llamaría a Evo o Álvaro porque  la presidenta quería “tomar decisiones  sola”. Se esperaría a que termine  el paro cívico-empresarial anunciado en Oriente y decidirían.  El 6 de agosto no teníamos Constitución y hoy sí, valoraban en el mas. Marcela Revollo se reía de una encuesta que presentaban en una radio a favor de la Constitución  del mas, pero sólo en base a 18 llamadas.  El 26 de noviembre, Evo Morales participó de un importante  acto en plaza Murillo. En esa ocasión habló largamente de la Nueva Constitución, además de las políticas sociales. Mientras hablaba,  Rubén Costas salió a dar declaraciones en vivo en Santa Cruz, ocupando  todo el tiempo de la televisión regional. No por nada en La Paz, durante el acto, los manifestantes expulsaron de la plaza a las cámaras  de ese canal cruceño.

Sobre la Asamblea, Evo Morales dijo: Ojalá nuestra compañera Silvia Lazarte convoque  nuevamente  para aprobar “en detalle”, y mencionó que habían participado 10 fuerzas políticas. La Asamblea era la única forma de garantizar  la Revolución Democrática, decía el presidente.  Pedía a profesores y estudiantes que lo perdonen  porque no podía entender que se enseñe racismo, o a escupir y a humillar a las mujeres de pollera. Recordó que no se aceptaban mujeres de pollera en algunos hoteles. También mencionó que la universidad  estaba hecha con la plata del pueblo  y tenían hoy mucha plata por  la lucha de los hidrocarburos.

“¿Cómo pueden frenar las sesiones?”,  preguntaba.  Agregaba  que el tema de la capitalidad no era parte de la “agenda  de octubre”. Sobre las muertes  dijo que las Fuerzas  Armadas  no usaban esas balas, y recordó que cuando Banzer tenía que viajar a pedir dinero a eeuu aparecía en el Chapare  un “soldadito muerto”. Yo escuchaba  el discurso a pocos metros de Evo Morales, en un corralito donde estaban algunos constituyentes y organizaciones, en la esquina de la plaza Murillo donde se encuentran el Congreso  y el Palacio de Gobierno. Un manifestante me pidió que me retirara de las primeras filas porque saldría en las filmaciones y “van a decir que estaban sólo extranjeros”.[21]

Un día después del acto en La Paz, el 27 de noviembre, las organizaciones sociales realizaban un cerco al Congreso  para aprobar  la ley que creaba  la Renta Dignidad,  insistiendo con el proyecto  que quitaba una porción  del impuesto a los hidrocarburos  correspondiente  a las prefecturas.   Después del tratamiento en el Senado,  donde se modificó  el proyecto, fue convocada por García Linera una sesión del Congreso en pleno (juntas las cámaras  de senadores y diputados) donde se evitó la entrada de opositores y Santos Ramírez garantizó  la presencia de suplentes  de la oposición que apoyaron la iniciativa. Se hablaba del bono  “Genoveva Pinto” para los senadores, en juego de palabras con el “Juancito  Pinto” que recibían los niños en edad escolar. Un senador suplente fue llevado en avioneta desde Cobija para que diera quórum o votara. Los manifestantes  rodeaban   la puerta del Parlamento con fotocopias con la cara de los senadores  de podemos, pero no fue necesario  frenarlos porque  no asistieron.

Algo importante para la Asamblea Constituyente fue que junto a la Renta Dignidad, el Congreso aprobó  un Artículo único habilitando a la Directiva  de la Asamblea a trasladar las sesiones de la Constituyente.[22] Era una medida sorpresiva que permitía con una maniobra irregular en el Congreso  –más bien, afuera del Congreso, impidiendo que la oposición  asistiera–  dar legalidad al traslado de la Asamblea.  Al mismo tiempo, la votación  de la renta universal  buscaba conseguir legitimidad social para el Gobierno  y para  la estrategia de trasladar la Asamblea. Con la medida se daba cuenta también de que la iniciativa  de la Renta Dignidad no estaba desvinculada de la estrategia de la Asamblea. Aunque sin duda no había estado en los planes iniciales porque  lo que se esperaba era que la Constituyente funcione  hasta el 14 de Diciembre en La Glorieta. El cerco al Congreso,  por otra parte, situaba una vez más al proceso  político liderado por Evo Morales en el espacio liminal entre el respeto  institucional y el avance  de los movimientos sociales frente a la ley de un Estado considerado colonial.[23]

 En pocos días volvió la cotidianidad de la Asamblea con reuniones de bancada, de Directiva y de Comisión Técnica. Macario Tola compartía conmigo su análisis y decía que se estaba viendo el último aleteo de podemos. Pensaba que el 14 de diciembre esa agrupación, que obstaculizaba  al MAS en la Asamblea y el Senado, moriría. Pensaba que un y el mnr deberían ir a la última sesión si no querían  el mismo destino. “O te posicionas o te mueres”, me decía. Sobre la todavía incierta resolución que tendría el tema capitalía, Macario me confesaba que tenía miedo de ir a presentar la posición de los constituyentes de La Paz en la reunión  del Comité de Emergencia, que sería más tarde, ese mismo día en que conversábamos. Había descontento porque  en La Glorieta sólo se constitucionalizaron dos poderes  para Sucre, decía. Contaba que Chato Prada fue a pedir a este Comité  que se vote la resolución y no lo dejaron hablar porque querían que no se dé nada a Chuquisaca. Macario hablaría con Revilla antes de la reunión.

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, respondía por Bolivisión  el 29 de noviembre a una entrevista realizada por una conductora (llamada Miriam) indignada con el mas. El ministro explicaba  que no era una Constitución co-munista porque había Tribunal Constitucional, Congreso,  propiedad  privada y autonomías departamentales. En el programa  de televisión, el ministro criticaba que podemos dijera “ni un alfiler a Sucre” en La Paz, pero en Sucre “capitalía plena”. Hablaba de la incitación  a la violencia,  por “Evofobia”, en los discursos de dirigentes cívicos , lo que relacionaba con la idea de “usted no puede venir acá porque es de pollera” y cuando decía que el tema capitalía se había convertido en el tema principal  de debate la conductora lo interrumpió diciendo: “no ha habido debate”. La conductora criticaba que la Constitución  se hubiera aprobado sólo con la lectura del índice  y el ministro respondía  que se debatiría en la votación “en detalle”. San Miguel mencionó también las comisiones y el Concejo Suprapartidario como instancias donde hubo discusión, aunque  la oposición  tenía la táctica de “debatir y dilatar para no llegar a nada”. En el programa, también entró en discusión  la Renta Dignidad. Sólo 115 mil personas reciben jubilación, y el Gobierno  proponía que fuera una renta universal y vitalicia para todos los mayores de 60, decía el ministro.

En otro programa  de televisión, (Final Abierto, Canal 7, 28/11/2007) Guillermo Richter del mnr daba explicaciones de por qué no había asistido a La Glorieta. El Mayor Vargas y Raúl Prada criticaban sus argumentos. Para Richter, ir al liceo implicaba introducir elementos  de confrontación, porque no se había construido un escenario para redactar el texto. Criticaba  la falta de acuerdo entre las visiones  de las dos mayorías  y también  la introducción del tema capitalía para que fracase  la Asamblea y el mas. Se sentía en “momentos en que el pan se quemó antes de salir del horno”,  y echaba  la culpa a los extremos ubicándose  en el medio del cuadro político. Richter mencionaba el incumplimiento del acuerdo sobre  la Orden  del Día, del que había participado, como uno de los motivos  de descontento con el mas. Vargas y Prada le recordaban  que la Directiva  había reintroducido el acuerdo  de la Subcomisión sobre la Orden del Día, pero que aún así el mnr no había asistido a la reunión. Richter criticaba también  lo que había pasado en La Glorieta. No leer la Constitución  es grave respecto de la historia legislativa y leer sólo el índice  quiebra la tradición  constitucional.  Criticaba   la vocación hegemonista  del MAS y afirmaba que no podían tratar “en detalle” un texto que fue ilegalmente aprobado.  Prada criticó el colonialismo de ampararse en las viejas leyes.[24]

La “Ciudad  Blanca”, aprovechó  lo blanco de sus paredes para escribir todo tipo de mensajes. Encontré  Sucre  llena de grafitis como “Viva Bolivia sin llamas”, “Evo asesino”, “Evo aborto de llama”, “Linera Ramera”, “prefecto cornudo”, “Viva  Gonzalo Durán carajo, tu muerte  será vengada”,  “prefecto traidor”, “Evo Pongo de Chávez”, “Evo narco”, “Evo = Goni”, “juicio de responsabilidades a Evo Sánchez de Lozada”, “Linera de terrorista a Ramera”, “Evo Narco”, “Evo cocainista” y “Linera kewanchu, bolas mana kanchu”.  El viernes 30 de noviembre volví a buscar mis cosas a Sucre y lo mismo había ido a hacer Benedicta Huanca, constituyente del Plan 3000 de Santa Cruz. Macario Tola me había recomendado cuidado y me ofreció que un militar me acompañe. La Policía todavía no había vuelto a la ciudad,  y declaraba que no volvería si no les devolvían  el armamento robado y los resarcían por los vehículos y edificios destrozados.[25]

Habían incendiado y saqueado  la vivienda  del prefecto Sánchez,  quien se encontraba en la clandestinidad,  en “retiro espiritual”. El prefecto interino era rechazado por ser del MAS y algunos decían que el prefecto no renunciaría y que podría  volver del Perú, donde se encontraba. Había declarado también  que los del Interinstitucional  le habían dicho que si les daba el 50% de “pegas” en la prefectura lo dejarían tranquilo. Había sido difícil para él encontrar una posición entre el MAS y el Interinstitucional.  Por otra parte, en Sucre  estaba instalada la idea de que al MAS no le había importado  los muertos. En el bar donde no me habían  dejado entrar porque “no queremos masistas”, me acerqué a los que habían intentado frenarme,  decían: Evo es dictador por encerrarse en un cuartel, estaban de acuerdo en que no pueden trasladarse los poderes porque es muy caro pero pensaban que tendrían que haber dejado que se discuta. Afirmaban que los campesinos se movilizaban obligados y que todos sabían que García Linera era terrorista.[26]

Macario Tola decía que la posición  de La Paz no era más que pedir lo que ya existía, sólo que constitucionalizado. Si no se constitucionalizan  los dos poderes también para La Paz, decía Macario, Sucre pediría referendo popular por junta de firmas y no sería Sucre vs. La Paz, como piensa Evo, sino toda la Media Luna contra La Paz. Si Chuquisaca  insistía en pedir el referendo, para Macario tendrían que ser sometidos a referendo los cuatro poderes  y no solo los que se encuentran en La Paz. Macario recordaba que Evo Morales les había dicho a los constituyentes “chuquis” que aceptaran eso y él les daría un cato[27] de tierra en el chapare. Pero María Oporto le había dicho a Macario que aunque  el referendo no se hiciera, no se le podía  quitar a la gente  la esperanza de alguna vez tener los poderes de vuelta, constitucionalizando dos poderes  para La Paz.

María Oporto y Ada Jiménez decían que si se hubiera  votado la resolución a las dos de la tarde se hubiesen  evitado los muertos. Charo Ricaldi estaba mal y decía tener miedo de que se pierda todo. Magda Calvimontes confesaba que había marchado por la capitalidad,  ella había estudiado en Sucre y le tenía cariño a la ciudad (ni clasismo ni regionalismo: cariño). “Te desmarcaste” le decía Marco Carrillo  ante  tal declaración. Magda decía que no le importaba  que la boten  del MAS por defender a los departamentos  chicos, siempre oprimidos. Pero defendía que no se había desmarcado porque no había aprobado  el que se trate el tema de la capitalidad  en su Comisión. Eso hubiera sido desmarcarse, decía. Y estaba enojada  con Juan del Granado,  alcalde de La Paz y uno de los organizadores  del cabildo de “La Sede No Se Mueve”. Él era “cochala” y había sido concejal en Sucre. Magda decía que Sucre  le había abierto las puertas también  cuando  estuvo ahí por el juicio de García Meza. Recordaba que hasta había ido presa por manifestarse a favor del juicio.

El lunes 3 de diciembre comenzaba una huelga de hambre en la Media Luna, encabezada por el prefecto Rubén  Costas. Había sido convocada por el conalde con la consigna  crítica de “por el recorte del idh y la aprobación de la Constitución”. Los prefectos y cívicos llamaban a una “resistencia  civil” al Gobierno para dar continuidad   al paro cívico-empresarial de la semana anterior (bolpress, 27 de noviembre, 2007). También llegaba  la noticia  de que en Venezuela había ganado  el No, por un punto porcentual, en el referendo impulsado  por Hugo Chávez para reformar más de 30 artículos de la Constitución (cf. Viciano  Pastor y Martínez Dalmau [2008]). El MAS debía decidir en ese momento qué tema o temas someter a referendo, y el resultado negativo de una consulta extensa y muy técnica podría  influir en el proceso boliviano para tomar esa decisión. Freslinda Flores decía que podrían incorporar en el proyecto  de Constitución cosas de la reforma venezolana como la reducción  del máximo a 6 horas de trabajo. Albert Noguera venía de Ecuador, donde estaba participando como asesor. En los dos procesos había discusiones parecidas y él comentaba  cómo en Ecuador acababan de dejar que la derecha  limite los derechos  incluidos en el proyecto.

2.1. Un nuevo triángulo de opciones

En La Paz, no se había resuelto nada en la reunión  con Evo Morales, pero se llamó a los constituyentes a estar preparados para movilizarse cuando la Directiva informara  el nuevo  lugar de las sesiones.  El texto se aprobaría rápido para que no hubiera posibilidad de reacción. El presidente había dicho que no había que perder tiempo en “el detalle”. Debían estar preparados  para subirse al ómnibus cuando fueran convocados. Mientras tanto se continuarían haciendo  los últimos ajustes en el texto de la Constitución, incorporando también  las modificaciones propuestas por las minorías desde la Comisión de Compatibilización de Informes formada en la sesión  del Liceo y que estaba trabajando. Aún quedaban dudas de qué pasaría, no sólo con capitalía, sino con otros temas  como la forma  del Parlamento y la reelección.  El plan era esperar que el trabajo  de la Comisión estuviera terminado, reunirse en 24 horas desde  la tarde y toda la noche  aprobando el texto, y terminar a la tarde siguiente para dar así tiempo  para que llegue la oposición, aunque no mucho tiempo. Las minorías habían pedido ampliación del plazo. Pero Evo Morales y García Linera  habían  dicho que el 14 se terminaba de la forma  que fuera.

Sobre el destino de la Asamblea, que se mantendría en secreto hasta último momento, surgían nuevamente una serie de opciones, con un nuevo triángulo que recordaba  el del Teatro,  La Glorieta y Oruro. La discusión y una serie de rumores ahora transitaban entre Oruro,  La Paz y el Chapare. Era uno de los temas de conversación en los ambientes  del Hotel Torino de La Paz, donde muchos constituyentes del MAS y partidos minoritarios de los distintos departamentos esperaban como en concentración de plantel de fútbol y donde yo también me había hospedado. Así pasaron varios días. Roberto Aguilar contaba que Ricardo Cuevas, del mnr tarijeño, había ido a la reunión  de la Directiva  “de buzo”, para ver dónde  sería la última sesión. Le dijeron Chapare. Le pregunté si pensaba que el mnr y un irían y puso cara de duda, dando a entender que existía la posibilidad, pero agregando que con cómo estaban las regiones  le parecía que no los dejarían ir. Si van les queman las casas, alguien agregó.  La oposición también hacía sus juegos y a veces decían que irían a la sesión  y otras que no.

Mirtha Jiménez intentaba organizar  a los constituyentes. Avisaba que estaban en alerta máxima. Había 64 constituyentes alojados en el Torino que sumados a los domiciliados en La Paz eran la mayoría lista para movilizarse y aprobar la Constitución. Habría más tarde otra reunión con “el jefe”. Una mujer “brazo operativo de la dirección  del mas” había llegado para ver si estaban todos y preparar la reunión. Sería sólo una reunión informativa, le decía Armando Terrazas a Limbert Oporto. Más tarde se suspendería cuando Santos Ramírez llamara a Víctor Hugo Vásquez para decirle que podían ir a descansar. Varios jugaban  al ajedrez o paseaban por el patio del Hotel. En el Liceo  le habían robado la filmadora  a Angélica Siles y la laptop a René Navarro. “Están investigando” les habían dicho. Weimar Becerra le decía a Carlos Aparicio que si no lo dejaban  volver a Chuquisaca le daría tierra en Pando. Alguien tocaba la guitarra,  y Román Loayza se acercaba contando que tocaba el charango y había ido a comprar uno a Villa Serrano.[28]

Desde hacía un mes atrás, mientras  el MAS buscaba  dos tercios, la oposición buscaba  alcanzar 128 voluntades que le permitieran  abrir sesión en Sucre sin el mas. Mientras el MAS iba a La Glorieta, podemos y aliados habrían alcanzado juntar 80 constituyentes. Y mientras  el MAS se preparaba para la reunión  final, la oposición  seguiría buscando  acumular  fuerzas. Pero el conflicto  de capitalía también había dividido a podemos (con 60 constituyentes) y muchos dudaban que el partido pudiera  mostrar fuerza ahora y sobrevivir en unidad después de la constituyente. Limbert  Oporto comentó  en el Torino  que lo habían llamado para ir a sumarse en la Asamblea  paralela que se abriría en Sucre. La propuesta ofrecía a cambio que el informe  elaborado por él (y que beneficiaba a la Policía contra los intereses del Ejército)  entrase en la Constitución.  Lo había llamado un constituyente de podemos que era ex policía como él y que había  votado el mismo informe en la Comisión de Seguridad y Defensa. Limbert decía que no se iría sólo por el compromiso que había asumido con el presidente pero pensaba que el Mayor Vargas sí se iría con los otros. Había dicho que haría “todo lo que quieran” si reincorporaban a los dos policías compañeros de él expulsados  por Goni en 2003. “Tienen que dárselo”, opinaban otros constituyentes,  “a parte porque fue en la lucha contra el Goni”.

Víctor Hugo Vásquez  decía que el plan de la Media Luna era hacer un golpe de Estado, nombrando  a Costas presidente de la república  nueva y a la Juventud Cruceñista como ejército. Decía  querer la resolución inmediatamente.  Santos le había dicho “estoy amarrando”  e iba a encontrarse con dos constituyentes más de las minorías. Yo me pregunto por qué ustedes no han amarrado  antes, le había dicho  al senador. Ada Jiménez reflexionaba que cuando llegaron querían cambiar todo. Había  algunos cambios, pero también frustración. De su Comisión  –Otros Órganos  del Estado– no había quedado nada, lamentaba. Decía que quería ser legisladora en el futuro, porque como constituyente se quedó  con el gusto. Marco

Carrillo analizaba  que el mayor problema eran las prefecturas. Manfred Reyes Villa en la campaña había apoyado a Evo Morales para ganar y ahora apoyaba el Bono Dignidad con spots televisivos que lo mostraban  sentado al lado de campesinos, aunque también pidiendo por el idh.[29]

Las charlas de la espera  en el Torino eran un nuevo espacio para comprobar la heterogeneidad  del mas. Peregrina Cussi salía a comprar jabón para lavar la ropa en su cuarto y contó que sabía hacer una q´uwa con caca de burro. Algunos se entusiasmaron: “nunca hicimos una”, e iban a organizarla. En el mismo lugar escuché  una charla entre Magda y Limbert sobre la necesidad que tenían de pedir cuartos con baño privado. Yo soy pequeño burguesa, decía Magda, y quiero que todos los bolivianos  tengan  lo que yo he tenido”. Magda criticaba a los que se creían dueños  del partido o que eran más porque marcharon con Evo Morales cuando nadie estaba con él. José Lino decía que no era del mas, partido creado por la Falange,  sino del Instrumento como red de organizaciones.[30]

De la Comisión de Compatibilización salía humo. Era donde se estaba definiendo  la redacción  de la Constitución. Silvia Lazarte le había  dado el poder  a Pablo Zubieta mientras que Carlos Romero y otros habían  sido desplazados del manejo de la computadora  y la revisión  final del texto. Pablo  no permitía  ver el documento. Se discutía quién entraba y quién no a la Comisión. Se amagaba con llamar  al presidente.   Se hacían movimientos  de presión para modificar cosas. Marcela no quería autonomía regional, que se parecía  bastante a la provincial. Habían cambiado la parte de Tierra  y de otras comisiones. “Grave”, decía Diego Pary, que participaba de algunas reuniones, al escuchar las quejas. Rubén Dalmau decía que les habían hecho sacar que la justicia militar depende  de la ordinaria. La justicia militar sería sólo para  delitos militares pero Limbert notaba que para el código  de ellos todo entra como delito militar, incluso estafa, y aclaraba que condicionaría su voto en la última sesión  a que todo quedara por lo menos igual y no se retroceda en el tema de seguridad.

Magda Calvimontes también condicionaba su voto a que  entraran las regalías, hasta entonces establecidas por ley. La habían  elegido para estar en la Comisión pero no la habían dejado entrar a la reunión. Weimar hablaba “uno por uno” para convencerlos de que no podrían aprobar “las concesiones”  con las que empresas de todo el mundo estaban talando los bosques de Pando. Rebeca Delgado estaba enojada con Pablo Zubieta, por cambios en el Tribunal Constitucional. Se reunían en la Vicepresidencia. Amenazaba con decirlo en la plenaria,  si no lo cambiaban antes. Por someterse a la presión  de las iglesias habían  sacado  del texto que el Estado es laico, aunque alguien decía que después lo hicieron reintroducir. Otros estaban enojados con Sardán, que en un momento convirtió  el texto en pdf para que nadie hiciera más cambios. Jimena Leonardo estaba enojada con Rebeca Delgado y Víctor Borda, que habían sido compañeros de Comisión de Justicia. Decía que ellos no querían  la justicia comunitaria  y que en un Artículo se había incluido que la ordinaria  iría a revisar las decisiones  de la comunitaria.  Después le aseguraron  que era un error y que lo sacarían.  Era el momento de la revisión final del texto y cada constituyente tenía un reclamo.

Por orden de Silvia Lazarte, Pablo Zubieta  no le daba el texto a nadie. Carlos Romero entró a la reunión, habló y se fue. Chato Prada iba a estar, por decisión  de la bancada, pero Santos Ramírez  no leyó su nombre en la reunión  que dio inicio al trabajo.  “Mejor”, decía él, y se quejaba de las “muchas mezquindades”. Algunos se quejaban de otros que les “cebaban las medias” a Silvia para modificar  el texto. Pablo decía que más complicado que los partidos chicos son los del propio MAS y se quejaba de los caprichos.  Desde  la reunión, también  Marcela se quejaba de Pablo por algo de autonomías. Llamó a Chato para que la ayude  pero este le dijo que no iría porque no lo nombraron y no quería más problemas. Payro decía que lo habían llamado sus organizaciones y le dijeron que había que cambiar cosas en la autonomía  indígena.  Eso traba, decía. Saúl Ávalos tampoco  estaba conforme porque salió  lo de autonomías provinciales y lo regional  se aceptaría sólo por dos tercios del concejo  departamental,  lo que las supeditaba  y las hacía difíciles de aprobar. Además, sólo las provincias  “que cumplan condiciones de región” podrían  convertirse en tales.[31]

Alguien  de Oruro recordaba que cuando Pablo Zubieta fue  rector de la Universidad hubo 6 meses de huelga y las cosas se solucionaron mal, sin un buen acuerdo. Pablo Zubieta  tenía la computadora  con el proyecto  que sería votado “en detalle” y eso lo hacía blanco de todas las críticas. Desde la bancada  todos tenían algo que reclamar, sacado o agregado “por iluminados”, como decía Magda Calvimontes.  Entré en la Vicepresidencia,  acompañando  constituyentes que participaban de la reunión de la Comisión  de Concertación. En ese momento,  el vicepresidente  se reunía con dirigentes de las federaciones mineras, lo que llevaba a pensar que la opción  sería Oruro. Los cooperativistas ya se habían manifestado contra el Gobierno y eran un eventual factor de riesgo para la sesión.  Pedían  la propiedad y aguinaldo cono si fueran mineros estatales. Es extracción capitalista, alguien analizaba. También había problemas con los “ropavejeros”, que eran fuertes en Oruro porque estaban en la ruta de la ropa  usada  que entraba desde Chile. Me explicaban que el 99% del mercado campesino de Oruro es de ropa usada. A pesar de estas reuniones  preparativas, sin embargo, se decía incluso internamente, para distraer, que la reunión  sería en el Chapare.

Silvia Lazarte anunció públicamente  que la convocatoria  sería para la fecha 12 de Diciembre en la localidad del Chapare Lauca Ñ, bastión cocalero de Evo Morales. Constituyentes del Chapare, sin embargo, me decían que no sería en el Chapare pero que se decía eso sólo para que fuera  hasta allá la Juventud Cruceñista. Ahora no querían que vaya la oposición a la sesión, pero si fuera, “se avanza igual”, decía el constituyente paceño  Walter Gutiérrez. Si fuera podemos podrían no alcanzarse los dos tercios de los presentes teniendo que volver repentinamente a la estrategia  de las dos constituciones, y sin evitar la instancia  del Congreso. En la reunión  del MAS Santos Ramírez pidió que todos se quedaran en La Paz porque  la salida sería aérea. El que no está es porque se fue con la derecha,  dijo. Muchos  salían conformes  de la reunión  porque ahora había fecha y plan. Para pasar  el tiempo, en el Hotel Torino  había cursos para los constituyentes  dados por viceministerios. Dieron uno sobre el Banco  Central y otro sobre  el Plan de Desarrollo. Es importante y el presidente quería que sepan sobre eso decía Santos Ramírez a los constituyentes.

El constituyente y dirigente cocalero Martín Serrudo era entrevistado para un documental. Decía: “me siento realizado por aportar a este cambio que ha costado mucha sangre, mucho dolor y luto”. El camarógrafo  pedía por favor que repitiera una frase que le había parecido buena pero no había podido filmar correctamente: “70 muertos en El Alto para salir de la estafa” repetía  Martín. Raúl Prada era quizás el más convocado para entrevistas televisivas.  Romero también era muy entrevistado, pero especialmente por reporteros de a pié, a la salida de los espacios  de concertación o trabajo de los que participaba. Roberto Aguilar era el que daba declaraciones cuando  había que hacer anuncios,  del mismo modo que la presidenta,  en casos especiales.  El programa “Entre Culturas” grabó una entrevista en 5 partes con Raúl Prada. Antes de comenzar, el productor  del programa recomendaba a Prada que el tono no fuera coloquial sino contestatario y punzante, sin interrupciones. No puede ser un tono suave cuando el contexto está hirviendo,  decía. Que sea el tono de Visión País cuando estaba Jorge Lazarte, sugería.[32]

 Una noticia importante por esos días era que Evo Morales había decidido someter su mandato –y el del vicepresidente  y los prefectos–  a referendo revocatorio.[33] A comienzos de diciembre el proyecto  se aprobaba en diputados pero como tantas otras iniciativas,  se frenaría en el Senado.  Macario decía sobre la iniciativa de Evo que el MAS perdería  la prefectura de Chuquisaca pero ganaría en La Paz y Cochabamba, en ese momento controladas  por  la oposición. Pensaba que en Tarija a Mario Cossío no ganaría, y se había visto que la marcha  de la Renta Dignidad había sido ahí muy fuerte y pensaba que la oposición se dividiría. La incógnita era Pando, donde había posibilidades pero era difícil porque “si alguien se manifiesta viene un brasilero y lo mata”, me explicaba. Carlos Aparicio de Chuquisaca había viajado en helicóptero a su región, en el Chaco  chuquisaqueño junto a Evo Morales. Fueron a un acto por el descubrimiento de un pozo de petróleo que era mayor que Margarita. Evo Morales le había dicho en el viaje que con el referendo ganaban  en La Paz, Pando, Cochabamba y quizás Tarija. Macario era optimista en el futuro del Gobierno, y me contaba que se lanzaría el Programa  “Evo Productivo”. Ya no sería para construir escuelitas o canchas de básquet como con el “Evo Cumple” y con eso el MAS se reposicionaría, me explicaba.

Mientras se esperaba  en el Hotel Torino, los constituyentes seguían las noticias por televisión. Se informaba sobre una marcha de la cidob y sobre  la visita del Relator de las Naciones  Unidas  para cuestiones indígenas,  Rodolfo Stavenhagen, quien saludaba la Renta Dignidad  y reconocía que en Bolivia los indígenas vivían en peores condiciones que los no indígenas. Destacaba que Evo Morales había reemplazado el Ministerio de Asuntos Indígenas  por políticas transversales dirigidas por el Ministerio  de la Presidencia.  Roberto  Aguilar comentaba:  “ya tiene apoyo de la onu nuestra Constitución” y otra constituyente de Santa Cruz decía “Somos famosos”. Después veían a Saúl Ávalos siendo entrevistado en otro programa. Varios se reían de que se había puesto corbata. “Se viste de mestizo”, decía Jimena.[34]

En la televisión también se reproducía una entrevista a Evo Morales realizada por la televisión venezolana.  El presidente  informaba  que había tres opciones para  la última sesión: La Paz, Chapare y Oruro. Saludaba a los mineros de Oruro “que tienen que garantizar”, y también a las organizaciones de El Alto y campesinos del Chapare.  Pero estaba diciendo que serían  las de Oruro  las que tenían que garantizar. Recordaba  que en Sucre no dejaban sesionar y que gracias a que entraron  al Liceo Militar había Constitución “en grande”. Decía que esperaba que el próximo fin de semana ya entregaran “en detalle”. El fin de semana sería 8 de diciembre, cuatro días antes de la fecha oficialmente  anunciada  por Silvia Lazarte. Evo Morales también hablaba ya de una fiesta para el 15 de diciembre en plaza Murillo con la entrega final de la Constitución.[35]

 A las 19 horas del 7 de diciembre entrevisté a la segunda  Secretaria  de la Asamblea, Svetlana Ortiz, que seguía afirmando que la convocatoria  “no pasaría del día 12”. Otros constituyentes ya confirmaban que sería Oruro. Filiberto Escalante aseguraba que a las 6 de la mañana saldría un avión para ese departamento. Por la noche había comenzado la reunión de la Directiva  que convocaría sesiones para el día siguiente, en Oruro.  Cerca  de la sede de la Lotería,  en El Prado de La Paz, los ayudantes de Roberto Aguilar estaban comprando  pollo para todos, por lo que parecía que la reunión  se extendería. Jimena Leonardo, a la que encontré por la calle cerca  de ahí, decía que no entendía por qué no tomaban decisiones rápido y por qué alargaban. Ya tendrían que haber decidido, y la oposición va ir a fregar a cualquier lugar que vayan, decía.[36]

Finalmente fue anunciado que la sesión  sería el 8 de diciembre a las 18 horas. Había casi 17 horas para  llegar y cada constituyente debía ir por su cuenta. Weimar me invitó a viajar en la camioneta que manejaba Roberto Aguilar, con él, la mujer de Aguilar, Miguel Peña y dos asistentes. En el camino de La Paz a Oruro llovía. Aguilar saludaba con la bocina  a los ómnibus de la Policía  que iban a reforzar  la seguridad de la sesión,  y señalaba  las vicuñas  del camino. Weimar recomendaba poner tabaco en el parabrisas  y contaba historias de corredor, de caciquismo y ley del más fuerte en Pando. Evo Morales hablaba desde el Chapare  por la radio. Saludaba a Huanuni: decía una vez más que la mejor forma de hacer cambios en democracia era con la Asamblea Constituyente y que los movimientos  sociales consiguen democracia para todos los bolivianos  y no sólo para los campesinos. Jorge Lazarte declaraba que al volver  de Francia comprobó que había que suspender la Asamblea por un tiempo. “Es un cínico”, decía Roberto, “hay que decir que pidió un tiempo porque tenía un curso”.

Entraban a Oruro y comenzaron los llamados telefónicos. Llamaban y decían que Ana María iría, “que venga en flota nomás, ¡que gente más pancha!”, decía Roberto. El vicepresidente de la Asamblea preguntó a Romero si había novedades, y el constituyente respondió que no tenía datos. En otra comunicación decía “¿para qué se alojaron? la idea es no alojarse, ¡es toda la noche!”. Miguel Peña dijo que sólo irían a dormir si se dormían en la mesa. Roberto hablaba con Silvia Lazarte informando que llegaban “¿cómo va todo?, entonces voy para allá”. Tendrían reunión. Se reunirían  con Santos para contar el número de constituyentes alcanzado, calculaban que hasta con 60 de ellos había dos tercios (de los presentes).  Había dos de Pando que se habían “desmarcado”.  Eran las 15:30 y la sesión  era a las seis. Weimar propuso ir a comer cordero. Miguel habló casi por primera vez en el viaje para decir que por primera vez estaba de acuerdo con Weimar. Roberto les dijo que los dejaba en el restaurant, y se iba al local.[37]

3.  La última sesión  en la Universidad Tecnológica de Oruro

La sesión  se desarrollaría en el Centro de Convenciones de la Universidad Tecnológica de Oruro. Los constituyentes fueron recibidos  por manifestantes mineros, de organizaciones sociales como el conamaq y vecinos. Periodistas de Patria Nueva informaban a los constituyentes  que la oposición  estaba en la ciudad  y había llamado a conferencia de prensa, pero no estaba presente a la hora de iniciar la sesión.  Tampoco asistiría el mnr. Las agrupaciones  pequeñas  del Bloque Patriótico sí estaban presentes, inclusive Loyola Guzmán que no había asistido al Liceo  Militar, y Unidad Nacional de Doria Medina había decidido también estar presente. Al momento de empezar la sesión había 153 constituyentes en sala. José Bailaba estaba con baja médica en la ciudad,  y otros dos estaban llegando. Un número parecido, de 154 constituyentes, había  votado en Agosto de 2006 con el MAS para  declarar a la Asamblea originaria. No mucho parecía haber cambiado en cuestión de números  desde entonces, dando cuenta de hasta qué punto el destino de la Asamblea había sido en buena medida sellado con la Ley de Convocatoria de marzo de 2006.

Afuera de la Universidad  esperaban  las organizaciones,  una banda orureña tocaba  el bombo mientras  llegaban los constituyentes y el resto de la gente  los aplaudía. Había  prensa internacional. Una reportera de Folha de Sao Paulo, Flávia Marreiro, me preguntaba por el cerco de las organizaciones, que impedían el ingreso de la oposición. “¿La defensa?” repregunté espontáneamente. Lo que para mí y para el MAS era una vigilia para proteger a los constituyentes, para parte de la prensa era un nuevo cerco que impediría sesionar normalmente a la Asamblea. Ella explicaba que en Brasil el problema de la capital  se había solucionado con plata, trasladando los poderes a Brasilia pero manteniendo en Rio de Janeiro el mismo número de empleados públicos que los que habría en la nueva capital. Desde  La Paz, el entonces corresponsal del diario argentino Clarín, Pablo  Stefanoni, me preguntaba cómo iban las cosas  y decía que había escuchado que Evo Morales podría ir a Oruro con los campesinos para el final.

Al iniciar  la sesión,  el MAS se apresuraba y empezaba a aprobar  artículos. Las minorías pedían la palabra  y Silvia Lazarte comenzó  negándola pero después accedió. Ricardo Pol, de un, decía que estaban ahí para hacer oír su voz y no para validar lo que consideraba ilegal. Los campesinos no impidieron la entrada  de unos doce constituyentes de podemos que mientras transcurría la sesión irrumpieron en la plenaria,  rodeados  de la prensa,  para hacer un acto de repudio y denunciar ilegalidad. Alejandro Medina de Oruro, Gamal Serham de Cochabamba, José Antonio Aruquipa y Carlos Goitia de La Paz, entre otros, gritaban “dictadura” e “ilegal”. Pedían  garantías de seguridad y que la sesión  se suspendiera hasta que llegaran los otros constituyentes de la oposición, pero el resto de podemos estaba en sus regiones porque la agrupación  estaba dividida en al menos dos facciones correspondientes a Oriente y Occidente, y los de Santa Cruz habían decidido no asistir. La sesión se había convocado con 18 horas de antelación y no 24 como indicaba el reglamento, esgrimían como prueba de la ilegalidad. En caso de que la oposición asistiera, la estrategia del MAS era sacar una resolución para que hubiera dos constituciones y dejar así que ellos se fueran a Sucre para hacer la suya. Pero su presencia  después  del MAS haber comenzado a aprobar la Constitución podría ser problemática por la interferencia  en las votaciones.

Svetlana leía el texto, que iba siendo aprobado “en detalle”. Varios constituyentes seguían  la lectura con una copia del texto en la mano, otros charlaban o daban  vueltas. A las 9 de la noche  iban por el Artículo 121 votado “en detalle”, llegaban  al número de 158 constituyentes presentes,  y Silvia Lazarte dio la orden de que no entrara ni saliera nadie más. Faltaban pocos  constituyentes para alcanzar los 170 en el recinto,  los dos  tercios  del total, pero 4 constituyentes de un votaban en contra y pedían incorporar modificaciones.  Carlos Romero y otros estaban en eso, incorporando los pedidos de Doria Medina al texto definitivo  que se iba votando. Se buscaba un acuerdo de última hora con ellos. Mirtha estaba mal porque habían sacado “lo social” como parte de la Constitución.  Limbert llamaba a Rebeca, con el texto en la mano y le pedía: “chequeemos esto”. Freddy Alánez, de cn, buscaba intervenir en la Constitución  del mas. Propuso que se incluya el inglés entre las lenguas oficiales, por la globalización.[38]

Los técnicos también  estaban movilizados.  Uno de ellos había  detectado que en la parte de expropiación se hablaba de función social, cuando eso ya estaba en la de propiedad privada. Pensaba que se tendría que decir, más bien, “cuando sea necesario para el interés público”. “Lo entendieron”, decía, cuando hicieron lugar a su observación.  Cleto Pérez Mamani, constituyente por cn, también quería intervenir con modificaciones en la Constitución del mas. Sus observaciones defendían  la posición de las iglesias evangélicas, a las que su partido se vinculaba, en temas sensibles incluso para muchos  cristianos del mas. En la Asamblea había 80 miembros de distintas iglesias cristianas que protagonizaron varios conflictos con las posiciones defendidas por los constituyentes de izquierda.  Este constituyente paceño decía que el reconocimiento de la espiritualidad de los pueblos  coartaba la práctica religiosa de los hermanos. Pedía que dijera unión entre hombre y mujer, y no “entre personas”, porque de lo contrario “se acepta  la homosexualidad y el lesbianismo  cuando el pueblo boliviano es claro contra eso”, decía.[39]

El Mayor Vargas pedía  que se reconociera  al ser humano como fundamental, como había sido incluido en la Comisión de Concertación pero en la versión  de Oruro ya no estaba. Pidió “de corazón” que apoyaran y aprobaran esa modificación, pero no sería aceptada. Los que hacían uso de la palabra  eran más que nada los constituyentes de las minorías  que parecían  querer cobrar al MAS un precio por su asistencia a la sesión.  Y el MAS hacía sugerencias, después de la lectura de cada bloque  de la Constitución, más bien de forma, con propuestas de modificaciones surgidas en la última  lectura. En términos de redacción y estilo, con repeticiones o imprecisiones, el texto tenía varios  problemas.  Saúl Ávalos saludaba que llegaban a 160 constituyentes; pedía cambiar la palabra  “ejército”  por Fuerzas Armadas; que se incorpore un párrafo que indique que se garantiza la educación  privada  y de convenio; y saludaba que la educación  sería gratuita al igual que los trámites para  hacer  el título. Para  dar lugar al acuerdo que se esperaba por el tema capitalía, pedía también que se anulara la resolución  votada en La Glorieta en que Sucre se declaraba capital.[40]

Doria Medina y otros constituyentes  de un hicieron una intervención sugiriendo varias modificaciones.  El líder de un recordaba que unos días atrás Chávez había perdido un referendo. “Su gente  le pidió tiempo y no escuchó”, reflexionaba. Unidad Nacional no vino a sabotear o a que se cierre  la Asamblea. Ojalá cuando se apruebe no sean sólo los del MAS los que piensen que es un buen proyecto. Si se da el tiempo para tratar los temas nosotros vamos a decirlo. No se está respetando  el reglamento.  Dice que los documentos  tienen que entregarse con 24 horas y se entregó hoy, siendo  el texto constitucional y no cualquier documento. Por eso tienen que tener paciencia.  Decía:  “esta Constitución es un avance, se mejora la visión  del Estado, no deja afuera a nadie”. Pero señalaba que algunas cosas ya acordadas y firmadas (en los acuerdos de octubre en el Concejo Suprapartidario) se habían cambiado.

Entre sus observaciones,  Doria Medina cuestionaba que se haya modificado el primer Artículo de la Constitución, respecto de como se había consensuado en el Suprapartidario.  Ahí cada palabra era importante, decía. La formulación era “Estado Unitario Social de Derecho  Plurinacional Comunitario”  y Raúl Prada insistía en que Plurinacional fuera adelante, como estaba  en la versión distribuida para la votación  “en detalle”. Doria  Medina  reconocía  que no había una visión indígena que corría  al resto, sino que se incluía algo que antes estaba excluido, y recordaba que eso había sido discutido con presencia del “vice” en el Concejo Suprapartidario reunido en La Paz. Vean si le van a dar la razón  a podemos que decía “por  que firman  si el MAS no va a cumplir”, interpelaba Doria Medina en un reclamo que fue atendido.  El resto de las correcciones no eran muy significativas. Pedían también  el respeto a la educación privada y tenían reparos sobre el modo como se garantizaba la propiedad  privada.  Por un, hablaron también Soledad Chapetón, Emilio Gutiérrez y Ricardo Pol.[41]

 Una de las asistentes de Álvaro García Linera estaba llamando a Oruro para saber “cómo anda esto”. Le informaron que un denunciaba que no se habían respetado los acuerdos del Concejo  Político reunido en la Vicepresidencia,  excepto en la parte económica. El doctor Sardán recorría el salón con nerviosismo y alguien me explicaba que “le cambiaron  cosas”. Rosalía se quejaba a Silvia de que haya sido Marcela Revollo, del msm, una de las que  hablara en representación del mas. Silvia rezongaba.  Otros criticaban que Marcela no sólo hablaba en el tiempo del MAS sino que decía cosas que ya habían sido descartadas en discusiones del Comité.  Adolfo Mendoza  estaba armando  una reunión con los técnicos para revisar algunas cosas. Vivienda  no podía entrar como asistencia social, alguien decía. Félix Vásquez, del mop, se quejaba  del modo como habían reordenado los derechos. Loyola Guzmán quería hablar en el tiempo del mop, que este partido le había cedido, pero no la dejaron.  Se retiró del salón. Un constituyente de as proponía que el Ministerio  de Minería se trasladara a Potosí y que la comibol fuera constitucionalizada. Hablaba  de revolución social de los trabajadores. Juan Zubieta, del mcsfa, llamaba a ver si esto se trataba de revolución o de reformismo. Y destacaba que en el texto se incluía el trabajo de comisiones y de las propuestas de los encuentros  territoriales. No era sólo la Constitución  del mas.

A la una de la mañana del 9 de diciembre, ya eran 164 los constituyentes presentes, con la llegada de José Bailaba desde Santa Cruz, Mamani y Félix Cadiva. Se estaba solamente a 6 constituyentes de los dos  tercios  del total, que era el mnr quien podría haberlos aportado, aunque un continuaba votando en contra. Para un acuerdo  faltaba tiempo y un pequeño número adicional de constituyentes, dos cosas que el MAS no tenía ni podía parar la aprobación para buscar. Era poco, pero un abismo inalcanzable para el mas. Roberto  Aguilar hablaba  sobre  las propuestas recibidas,  algunas de forma,  otras de fondo. Se volvería a tratar el tema más conflictivo y pedía que haya acuerdo entre La Paz y Chuquisaca. Se conformaría una Comisión de Concordancia y Estilo con la Directiva  y los jefes de bancada. Por la madrugada comenzaron a votarse los artículos, o a diferirlos en el caso de que fueran observados por al menos 15 constituyentes, según  el reglamento.  Por los pasillos, Romero decía que era infantilismo no haber cambiado el orden  de los términos en el Artículo 1 como había pedido un, y como se había firmado en el acuerdo  de la Vicepresidencia.  Loyola Guzmán se había quedado en un rincón fuera de la sesión con Jorge Lazarte y otros críticos, que no podían retirarse porque se había dado la orden de que la puerta  no se abriera más. Isaac Ávalos, el prefecto de Oruro y dirigentes locales autorizados a entrar se paseaban por el recinto y los ambientes  anexos.

Llegó la información de que estaban llegando manifestantes en ómnibus desde Santa Cruz. “Hay que acabar”, decía Romero. Vargas fue a hablar por este tema con Santos que se encontraba en uno de los edificios de al lado del Salón donde se realizaba la sesión plenaria. Carlos sugería modificar de nuevo el reglamento para poder terminar antes. Alguien decía que con dinero,  la derecha podía poner en contra a los mineros  o entrar y sentarse para crear conflicto y terminar mal. Después de la lectura  de la segunda  parte, Doria  Medina  volvió a plantear sus observaciones. Se refería críticamente a la opción por circunscripciones únicamente uninominales en el Parlamento como “un  retroceso  para  la democracia”; a la reelección  por una vez, ya que la indefinida había sido eliminada  del proyecto; y a los procedimientos de elección del Defensor del Pueblo y magistrados. Decía que por la forma  en que había sido  definido,  el sistema  electoral excluiría  a las minorías.[42]

Uno de los temas más controversiales  entre el MAS y la oposición había sido el de la reelección. La reelección “continua sin límite de mandatos” era uno de los puntos incluidos en la reforma  constitucional propuesta  por Chávez y rechazada pocos días antes en Venezuela. A pesar de las ideas  y vueltas, en el proyecto  a votar “en detalle”, se incluía la reelección  por sólo un mandato, y no indefinida (Artículo 169). Era uno de los cambios más importantes en la versión discutida en Oruro, y había sido una decisión de último momento  porque hasta hacía poco tiempo la idea era que la reelección  fuera indefinida  y fuera también uno de los temas sometidos a referendo, junto con el tema de la tierra. La idea era que para impulsar la aprobación de la Constitución  en el referendo  el MAS usase su mejor arma: la popularidad de Evo Morales. Si a lo largo del proceso  constituyentes se pasó de la diferencia  absoluta en todos los temas a sólo una pequeña lista de diferencias, puede decirse que la reelección  era quizás  la controversia mayor,  sobre la que ningún acuerdo se había intentado aún y que era tanto pieza fundamental en el proyecto  del MAS como principal  objeto de críticas desde una oposición que acusaba a Evo Morales de ser un dictador y de querer perpetuarse.[43]

 Después de las 5 de la mañana y tras 11 horas de sesión, se votaba “en detalle” la tercera parte de la Constitución, sobre la Estructura y Organización Territorial del Estado. Los artículos sobre autonomías habían pasado sin conflictos y faltaban unos 100 artículos para terminar. La dinámica era siempre la misma: casi todos los artículos eran aprobados por el MAS y sus aliados, con cuatro votos de un en contra. Sólo algunos  artículos eran diferidos  para  ser tratados en la Comisión de Concertación o concordancia (como fue el caso del Artículo 162 de designación de Defensor del Pueblo y otras autoridades  de control por parte del Parlamento, por pedido de un) y muy pocos tuvieron abstenciones o votos en contra de constituyentes del mas, a veces resentidos por redacciones distantes a las elaboradas por ellos en la Comisión.

La sesión avanzaba y los artículos iban siendo aprobados sin discutir. Sólo algunas observaciones de las minorías, que en realidad ya habían participado  también en la Comisión que elaboró  el texto final. Sólo Doria Medina, en realidad, presentaba observaciones disidentes. Por ejemplo sobre ypfb, inversión extranjera y la necesidad de autorizar semillas transgénicas. A pesar de ser sólo cuatro votos un tenía cierta capacidad  para simbolizar apoyo de sectores medios. Y también aparecía como una de las fuerzas políticas más importantes de la Asamblea,  era la cuarta fuerza. Aunque  un estaba votando en contra de todos los artículos, sin embargo, daba a la sesión  la legitimidad  que el MAS buscaba mostrar. Desde el punto de vista de Unidad Nacional, su presencia se justificaba en que el MAS había reinstalado la sesión  de forma  legal, y porque se reconocía que se había abierto al diálogo, del que Doria Medina había participado con protagonismo. Silvia Lazarte le pedía a Doria Medina que acercara  las observaciones por escrito.[44]

La verdadera discusión todavía abierta y que podía influir en la redacción de la Constitución,  en realidad, transitaba de forma casi invisible por las conversaciones de los constituyentes del MAS y técnicos que habían estado más cerca del trabajo de redacción. “Sardán Cambió cosas”, se decía por lo bajo del asesor del presidente, que ya no era “El Doctor Sardán”. Había quejas por correcciones realizadas después de la aprobación “en grande” en la Comisión con gente de las bancadas. Para otros el culpable  no era Sardán sino Silvia Lazarte a través de Pablo Zubieta, que había accedido a coordinar el trabajo de la Comisión “aislando a Carlos Romero”. “Hay problemas, cambiaron cosas, Pablo manipuló”, decía Raúl Prada, e “Hicieron barbaridades”  decía Mirtha Jiménez. No se trataba de cambios muy significativos, pero sí de algunas cosas que no habrían gozado de la aprobación  de todos. “La estructura funcional  la cambiaron de lugar”, alguien decía, por ejemplo.[45]

Antes del amanecer, me acerqué  al alambrado  y conversé con el grupo de personas que esperaban afuera de la universidad, encendiendo fuego para luchar contra el frío. Decían  que estaban esperando  el nacimiento  de la Nueva  Constitución política del Estado. Un hombre me decía que eran pobres a los que nunca nadie les dio nada. Estaban ahí para apoyar a Evo Morales y a la Nueva Constitución. Había mineros, gente de El Alto y del conamaq. Gritaban “Jallalla nuestro presidente”,  y “Jallalla cholita Marina”, una conocida música de charango. Preguntaban cómo estaba yendo todo adentro y si los ánimos estaban caldeados. Cerca de la puerta  algunos  impedían que alguien saliera, “vayan a trabajar” o “vayan a informar bien”, gritaban cuando  veían gente circulando fuera del recinto.

Al llegar a la votación  del Artículo 398 referido al límite de la propiedad de la tierra, cerca del final, Pablo  Zubieta  explicaba  el mecanismo de votación y la estrategia que sería adoptada, de acuerdo al camino “largo” establecido en la Ley de Ampliación, que sería el que deberían respetar dado que el “corto” sólo era posible con dos tercios del total de 255 constituyentes. Según  el procedimiento, lo que no fuera aprobado  por dos tercios de los presentes, pasaría diferido a la Comisión y de ahí al referendo.  Si sólo un tema no tiene dos tercios, sólo ese Artículo va al dirimitorio, explicaba Pablo Zubieta. Para que se pueda aprobar  el texto completo por dos tercios de los presentes –y no del total– era necesario que hubiera por lo menos un tema sin consenso entre los presentes, de lo contrario habría un vacío legal. Esa posibilidad de aprobación se había abierto por la ausencia de podemos y semanas  antes no era aún visible.[46]

 El Artículo que sería mandado por el MAS a referendo, no sería el de reelección. Se optó por el Artículo  398 sobre el latifundio,  que tenía entonces dos variantes sobre  las cuales el MAS crearía una disidencia artificial para posibilitar la aprobación del texto de la Constitución “en detalle” por dos tercios de los presentes. El artículo, en sus dos versiones, prohibía el latifundio  y la doble titulación “por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo  del país”. La diferencia a ser votada sería respecto a la superficie  máxima establecida para tenencia de tierra, la primera opción establecía el límite en 5 mil hectáreas y la segunda  en 10 mil. Mandar estas dos versiones del mismo Artículo a referendo sería además  un llamado a votar en contra del latifundio y la concentración  de la tierra en pocas manos.[47] Silvia Lazarte llamó a votar por las dos opciones de Artículo 398 y confirmó que no había dos tercios, mandando  los artículos a referendo. Una de las opciones  había tenido 45 votos y “como no llega a dos tercios, por tanto va al referendo”, explicaba Lazarte. Nancy Vacaflor, de radio erbol, presente en toda la Asamblea, comentaba que Silvia le hacía acordar a los sindicatos.

En el momento de votar los últimos  artículos algunos aprovecharon  para introducir en plenaria temas hasta entonces no discutidos. Ya eran las siete menos cuarto de la mañana del día 9 de diciembre. Reyes, aliado del MAS en Pando, vicepresidente de la Comisión Amazónica, pedía que el departamento  de Pando, por haber sido siempre olvidado, sea reconocido como 100% amazónico. Era algo que “no hace mal a nadie”. Y explicaba que había sido un tema polémico porque hería los intereses de productores de ganado y a las concesiones forestales. El que no apoya es anti-patriota, decía. Y reconocía que en el departamento  no irían a importar carne, “no voy a mentir, hay ganado”, pero explicaba: apuntamos a que el Gobierno  lo vuelva  turístico y así vamos a ganar más plata. Si creen que esto no sirve, benefician a los terratenientes, concluía. Su pedido sería atendido.

René Muruchi, de as, y René Navarro y Víctor Borda, del mas, todos potosinos, pedían la creación de la una entidad autárquica financiera para administrar la industria  minera  con sede en ese departamento. El pedido  sería atendido, pero agregando que donde  las empresas autárquicas establecerían su domicilio  legal sería en Potosí pero también en Oruro. El Mayor Vargas recordaba que eran los de El Alto los que lucharon por la industrialización,  y pedía otra modificación. Este sería uno de los dos artículos diferidos. Después Ignacio Mendoza, primer secretario, lo leería diciendo  Artículo 732 en lugar de 372. Nadie había dormido. Se votaba que el Estado debería intervenir en la industrialización y que el órgano a crearse funcionaría en los dos departamentos. “Chuquisaca  y ahora esta huevada” decía un asesor técnico de las organizaciones  sociales al lado mío. Vargas decía “hablamos de amor y crean otro conflicto. La Paz no puede permitir que eso más nos quiten”. Muruchi respondía que no le estaban quitando nada a nadie, y recordaba que Potosí había sido el centro del país. Silvia decía: “Entonces, en votación”. Hubo algunos votos de La Paz en contra mientras Borda y otros reían y festejaban  felices la aprobación.

Se terminaba de votar los artículos “en detalle” de la última parte, aprobados todos por dos tercios, abrogando la Constitución de 1967, con un Artículo mandado a referendo y uno que había sido diferido, informaba Aguilar. El Comité de Integración haría modificaciones en el Artículo 19 sobre vivienda, y de Concordancia y Estilo en el 36. El coordinador del Comité  era Pablo Zubieta. Sobre la propiedad en el radio urbano  se proponía  incorporar el Artículo 206 de la Constitución vigente. Samuel Doria Medina hacía sus últimas observaciones,  correspondientes a la quinta parte de Jerarquía Normativa y Reforma de la Constitución.  Presentó observaciones a artículos que calificaba como pruebas de la intención  del Gobierno de hacer una democracia de un solo partido. Si esa forma de aprobación no se modificaba, Doria Medina anunciaba que ellos serían  los primeros en hacer campaña contra el referendo.  Raúl Prada decía que hay una cuestión que tiene que entender Samuel.  Esta Constitución es un nuevo mapa institucional que abre un horizonte político nuevo. Se necesita un régimen  electoral que exprese un Estado Plurinacional con autonomías  y regiones indígenas. Si aprobamos esta Constitución necesitamos nuevas disposiciones electorales. Por eso defiendo  el Artículo primero de la transitoria, decía Prada,  en alusión a las críticas del líder de un.[48]

Entonces se aprobó todo “en detalle”, el diferido de la minería  y sólo quedaba el Artículo 6 sobre  la capital. Ahorita Chuquisaca  va a plantear que la resolución entra en el Artículo 6, pero todavía no hay acuerdo, decía Aguilar. Comenzaba a tocar la banda Imperial de Oruro, convocada para animar con música de carnaval el festejo. Pero se detuvo ante el aviso de un constituyente que les comunicaba que faltaba un artículo. Wenceslao decía por los pasillos que ahora no debería esperarse un año para comenzar con la reversión  de tierras. Saúl Ávalos pedía la palabra: cuatro departamentos serán autónomos  y ahora lo estamos aprobando,  y hoy lo estamos constitucionalizando, festejaba y mandaba un mensaje  hacia Oriente: el MAS había aprobado las autonomías departamentales por los que la Media  Luna había luchado. Saúl Ávalos criticaba también  que los medios dijeran “el MAS está aprobando  su Constitución” sin mencionar a un, mbl, y otros partidos presentes. Aquí están todos excepto los que gobernaron ayer, decía. Eso quería hacer notar.

3.1. Nuevamente  capitalía y la aprobación  del texto

Faltaba votar el Artículo 6 referente a capitalía, que había sido diferido. Se anunciaba que los jefes de bancada apoyaban un acuerdo. Pablo Zubieta decía en la plenaria, en coordinación con Aguilar, que se leerían otras resoluciones  administrativas que la Asamblea necesitaba aprobar, mientras se intentaba una solución. Chuquisaca pidió la palabra  y Adolfo Mendoza,  a mi lado, se lamentaba gesticulando un “no” con la cabeza.  Ceballos, del mbl chuquisaqueño, que se había alejado del MAS cuando estalló el conflicto pero ahora se estaba reconciliando y asistió a la sesión,  opinaba que la resolución sobre el tema se había aprobado en La Glorieta y no era necesario volver a votar para que se incorpore  al artículo. Pedía que la resolución pase al Comité de Concordancia, que hasta ese momento no había trabajado y solicitaba a la Directiva  su conformación. Era la Comisión establecida en el reglamento  para trabajar los temas en disenso y de la cual –si no hubiera acuerdo– podría derivar el envío del tema a referendo.

Mario Orellana, del msm de La Paz, criticaba “una interpretación antojadiza de Ceballos” y recordaba que hasta que el Artículo diferido  no se resolviera no podría  votarse la Constitución.  Rubén Dalmau y Teresa Morales, cerca de mí, aplaudían la intervención. El Mayor  Vargas gritaba que ese tema no existía, por la resolución  de agosto. Macario pidió la palabra  y habló “a ustedes y al pueblo boliviano. Hay problemas  importantes para solucionar, como los raciales, pero se utilizó el tema capitalía para obstaculizar  la Asamblea. Era un tema político para que la Asamblea  fracasara, decía. Mencionó  la resolución del 15 de agosto  que saca el tema de tratamiento. “No pudimos encontrar una solución por eso estamos en Oruro”. Y pedía leer el proyecto  de resolución de los asambleístas de La Paz. Los constituyentes conversaban  entre ellos sin saber cómo resolver la cuestión. Era el único  momento de los dos días en que la Asamblea deliberaba sin una posición ya consolidada. Charo Ricaldi decía por los pasillos que si se votaba todos apoyarían  la resolución,  y preguntaba a Romero qué hacer con este tema. Carlos Romero le respondía  que no sabía, y también se lamentaba con la cabeza. Las posibilidades a la vista eran variadas  y catastróficas: imposición de La Paz generando  conflictos posteriores  en otras regiones,;  repliegue  de La Paz y referendo. Pablo Zubieta  de Oruro hablaba  con los chuquisaqueños. Magda decía que tenía derecho a defender Sucre y que había sufrido amenazas.

Tomando la palabra, Pablo Zubieta resumía la situación: no hay acuerdo con relación a este tema y perjudica  el Artículo 6. Había dos resoluciones votadas: la del 15 de agosto para que el tema no sea tratado, la del 24 de noviembre en el Liceo que dispone que se escriba que Sucre es capital y sede del Poder Judicial y el Electoral. La propuesta de La Paz es que haya una resolución que dice que La Paz es sede de los otros dos poderes.  Yo creo que no se debe votar, decía Pablo, y proponía más bien “buscar una solución”. Su propuesta era que se escribiera que Sucre es capital constitucional, sobre lo que no había dudas, y emitir  otra resolución que ratifique lo del 15 de agosto. Silvia llamaba a seguir leyendo resoluciones hasta que Pablo  llevase la resolución  definitiva. Sigan  trabajando,  pedía. Y algún constituyente respondía  que no había  nadie trabajando, solicitando que se pusiera a consideración  lo que pide Chuquisaca.

Silvia decía: “queramos o no hay que dar solución” y pidió votar una resolución para decidir si se aprobaban  las resoluciones ya aprobadas  sobre el tema. Poco después vi a Pablo Zubieta sentado solo. No había más negociaciones o diálogo sobre  el tema  entre las partes. Pedían  que fuera leída la resolución  de la Vicepresidencia. Chuquisaca pedía la palabra,  pero La Paz le pidió leer la propuesta  de constitucionalizar los dos poderes  para ese departamento. Desde La Paz decían que las dos resoluciones se complementaban sin contradicciones. Serían “dos para cada uno”. Los constituyentes de Chuquisaca gritaban que no. La situación comenzaba a ponerse tensa. René Navarro, de Potosí, comenzaba diciendo “no podemos rifar el proceso de cambio por posiciones regionalistas”, y defendía constitucionalizar los cuatro poderes y “dar nombre  y apellido  a las dos ciudades”. Pedía hacer una lectura política de la Segunda  Guerra Mundial y consensuar. “Porque si los de Sucre no consiguen serían exiliados de su departamento e igual si no se constitucionalizan los dos a La Paz”.[49]

Habló entonces Esteban Urquizu afirmando que los de Chuquisaca que estaban por el cambio estaban presentes y que habían salvado la Asamblea. ¿Quiénes quieren chantajear y aplastar a los departamentos pequeños?  A los que somos 10 o 20 constituyentes por departamento nos quieren aplastar, eso tiene que constar en la historia, decía, buscando  el voto de otros departamentos  contra La Paz. No nos aliamos a la derecha y salvamos la Asamblea, recordaba. Su propuesta era que los artículos diferidos sean trabajados por la Directiva y los jefes de bancada, incluyendo  la resolución  ya votada y sin constitucionalizar poderes para La Paz. Basta de ser humillados, pedía. La resolución claramente dice que en la Constitución tienen que incorporarse  los acuerdos de quechuas y aymaras. Y advertía que si no se respeta no queda  otra opción  que retirarnos de esta plenaria. Mencionaba que eran 12 constituyentes, que podrían  dejar al MAS por debajo de la mayoría absoluta o el quórum.

Un constituyente de Oruro decía que desde el kinder se sabe que la Capital es Sucre, y que por tanto nada más debían  constitucionalizarse poderes  para Sucre. Román Loayza,  criticaba a podemos y al Comité  Cívico y pedía incluir lo que ambos departamentos  pidieron,  respetando la resolución de Sucre y dando dos poderes para La Paz. Silvia Lazarte decía que los constituyentes tenían que entenderse como una familia. “Nos calmamos”,  decía María Oporto. Y anunciaba que tenían una propuesta para viabilizar, como siempre: “se respeta  el principio constitucional de Sucre Capital, y no queremos que se constitucionalicen  los poderes, que son de todos”. Estaba renunciando a que se constitucionalizaran  el Poder  Electoral y Judicial para Sucre, además de las otras ofertas que el departamento había recibido y estaban incluidas en la resolución aprobada en La Glorieta. Víctor Hugo Vázquez pedía actuar con racionalidad y actualizaba la situación: constitucionalizando  la capitalía en Sucre y repartiendo los poderes aplaudía La Paz; reconociendo la Capital sin incorporar  los 4 poderes, aplaudía Sucre.[50]

Realmente había ahora, por primera  vez, una plenaria discutiendo abiertamente un tema  para  encontrar  la mejor solución y redactarla en la Nueva Constitución. Pero ese no era necesariamente  el mejor escenario, y podía llevar la Asamblea a un fracaso humillante. Las tensiones internas de un movimiento sólido aunque heterogéneo como el MAS hacían inimaginable  la posibilidad de una discusión abierta  entre todas las fuerzas  de la Asamblea.  Y así la fortaleza del MAS como movimiento que unificaba  al pueblo boliviano era puesta a prueba. Vargas preguntaba qué les habían hecho los paceños  a los otros departamentos para que los odiaran. Nos dicen llamas y no decimos ningún epíteto contra ustedes. Desde  la bancada de Sucre le aclaraban que era la oligarquía  la que decía eso. Cuando en octubre nos tiraban balas, dábamos la vida por los recursos naturales de los que todos los departamentos  van a vivir, continuaba el Mayor Vargas. Nunca dijimos “queremos que esto sea para La Paz” y sólo pedimos unidad, decía. Vargas proponía  no constitucionalizar los poderes para La Paz si se aclaraba en la Constitución que el referendo nacional sólo se podrá realizar para revocar mandatos y no para consultar sobre  la sede  de poderes. Así podría servir para que la gente  que está buscando  guerra en el país no siguiera en el futuro con ambiciones sobre el mismo tema. Silvia lo interrumpió  diciéndole que no podía argumentar  tanto. Vargas terminó diciendo “La Paz, hermana Silvia, tiene dos millones de votos y si se consuma eso ellos no nos van a apoyar”.

Saúl Ávalos aclaraba que ningún  constituyente presente odiaba  a La Paz y proponía resolver separadamente la capitalidad y la sede. Proponía votar primero por si se constitucionalizaría la sede,  algo a lo que pensaba que nadie se oponía y luego consultar por los poderes.  Silvia Lazarte tomó la palabra y llamó a votación. Dijo: Yo no los entiendo. Queremos plantear cualquier cosa sin tener el razonamiento fundamental para nuestro país. En este momento para mí ninguna cosa es primordial más que aprobar la Constitución Política del Estado, ¿sí o no? ¿Por qué ahora no podemos entender eso? Proponía no decidir ni que sea constitucional, ni capital, ni poderes. Sabemos que es otra instancia  la que decide  el lugar de los poderes.[51]  Ningún departamento es para mi enemigo, somos una familia unida, continuaba. ¿Que están diciendo  en el mundo? Los medios internacionales están transmitiendo que por intereses políticos y económicos regionales… Debemos ser ejemplo como Bolivia.

Proponía  que se respetara que el Poder Ejecutivo y el Legislativo estén en La Paz y el Judicial en Sucre,  pero  sin constitucionalizarlo.  Que se mantenga tal como está y no vamos a pelearnos, decía. Si no queremos discutir hay que ponerlo de esa manera. Y como no es contra ningún,  que se dé solución porque es suficiente discusión. No le corresponde a la Asamblea Constituyente, decía. Entonces Silvia Lazarte llamó a votación por el Artículo 6, de manera sorpresiva, proponiendo que la situación quedara igual que en la Constitución hasta entonces aún vigente. Esto implicaba no reconocer  el carácter de capital constitucional de Sucre ni la sede de los poderes  Legislativo y Ejecutivo para La Paz. Sólo se constitucionalizaba que las distintas instituciones del Poder  Judicial tendrían su sede en Sucre, como estaba definido en la Constitución  de 1967.

El resultado inmediato fue que mientras La Paz aplaudía y Lazarte declaraba el Artículo 6 como aprobado, la bancada  de Chuquisaca se retiraba. Diego Pary le pedía a Roberto que llamaran a Santos. Rubén Dalmau y Adolfo intentaban convencer a los chuquisaqueños  de que no salieran de la sesión. Teresa Morales lloraba y suplicaba “no pueden volverse a su casa”. Carlos Romero pedía que se reconsidere  la votación. Esteban  Urquizu  declaraba que sin un departamento no hay Constitución, mientras dejaban el salón de la Universidad de Oruro. Los constituyentes de Chuquisaca se subían a la camioneta de Ramiro Guerrero, estacionada junto al edificio.  Unos  ocho  constituyentes chuquisaqueños  entraron al auto con  la intensión  de dejar el predio  de la Universidad  y, así, la Asamblea. Otros constituyentes pedían que se forme una comisión para trabajar. Alguien sugería  que los otros departamentos deberían salir también, para negociar. Desde afuera había muchos manifestantes esperando,  trepándose para intentar ver y entender  lo que pasaba.

Mirtha Jiménez, Carlos Romero y Armando Terrazas salían con un proyecto de resolución en la mano y buscaban a los chuquisaqueños. Sucre aceptaba la propuesta que se había alcanzado, pero La Paz no. El prefecto de Oruro y Armando mediaban con los constituyentes dentro del vehículo.  Esteban  se agarraba la cabeza. Ramiro finalmente sale del auto y se dirige a negociar nuevamente. En la camioneta Toyota, los chuquisaqueños esperaban con la cabeza baja a la negociación de la que participaba uno de ellos. Dentro del salón la Directiva continuaba leyendo resoluciones de menor importancia. Rechazaron el proceso penal que un Juzgado de Chuquisaca les había  iniciado.  Una asistente de la Directiva  me decía que tenía miedo. “Que se vayan, ya se sabía”, me decía Macario, me agarraba del brazo y decía “¿de qué te apenas?  tenía que terminar así”.

La gente gritaba “A trabajar” desde afuera, en la vigilia. Alguien  decía  que no se podían ir, que si el resto dejaba  que se fueran, los cívicos de Sucre los irían a levantar como héroes para deslegitimizar. Ramiro salió de la reunión  y Avelina Vaca, de Chuquisaca, comentaba que La Paz ahora no quería poner “Sucre capital”. Teresa hablaba por teléfono con Evo Morales. Álvaro García Linera quería que se respeten los acuerdos de la Suprapartidaria.  Evo pedía que se apuraran. Ya los tiene como que los constituyentes no le responden,  alguien decía. Santos Ramírez había desaparecido y nadie podía  encontrarlo para que participara de la negociación. También había salido temprano  del Liceo Militar, antes del final. Evo Morales  retó por teléfono a Sardán y mandó a que pararan de discutir y siguieran aprobando. Alguien decía que a los de arriba no les importaba la gente y sólo pensaban  en avanzar. Isaac Ávalos rezongaba. Fidel Surco había llamado a decir que los que discutían estaban jodiendo al resto, y que estaba hablando “como Pacto de Unidad”. Evo no quería esperar ni por la capitalidad  y antes no había querido esperar por lo de tierra, que también tardó en resolverse.

Se hizo entonces una reunión de jefes de bancada con las organizaciones sociales como testigos, para buscar una salida. Coordinaría  Armando, con tres constituyentes por departamento y las organizaciones sociales serían garantes. Una nueva negociación partía de cero y transitaba en el difícil espacio de buscar que La Paz y Chuquisaca continúen en la sala para aprobar  todos juntos la Constitución. Tenemos que solucionar, no podemos arruinar el fin de la Asamblea Constituyente, decía el Chato, Raúl Prada. No podemos crear un problema  de esa envergadura, decía Cesar Cocarico. Se decía que la derecha  sería la única beneficiada. Roberto Aguilar decía “que resuelva Santos”, pero este no aparecía ni respondía  el celular. Ramiro daba vueltas buscando a Armando.  Magda pedía calma y solución. Y había enojo con la presidenta  y el vicepresidente  de la Asamblea.  Hay que golpear a Roberto, decía un importante  constituyente. Interpretaban que Roberto quería constitucionalizar  los poderes –la posición de algunos en La Paz– pero que no lo asumía y “le tira la bola a Santos”. Él debería  haber enfrentado a los paceños, decían algunos. “Carlos, inventá una solución”,  le pedían otros a Romero. Si así fue un año y medio por qué cambiaría al final, decían  otros constituyentes mientras esperaban  el resultado de la reunión   de negociación. Loyola, que se había quedado esperando en un ambiente anexo porque no la dejaban  salir, decía que se podría haber tratado el tema  en el Teatro y sin muerto. “¿Me prestas una hoja, hermano?” me pedía Romero, que seguía buscando formas de solucionar. Yo anotaba en mi cuaderno.

Y finalmente se anunció  el acuerdo.  Mirtha, Diego y otros corrían para la plenaria. Macario me sonreía, parece que hubo acuerdo y ganó La Paz, pensé. Una cholita decía que ya se dormía de todo esto. La banda del carnaval orureño esperaba con los bombos en el suelo. Adolfo Mendoza,  que participó de la reunión decía que todo se iba a tranquilizar. La mayoría de los constituyentes chuquisaqueños esperaban al lado de la camioneta. No podrían  salir, si quisieran, porque los manifestantes no lo permitirían. Tenían esa orden, como cerco o como vigilia, según el punto de vista. En el salón comenzaba a llamarse  el quórum. ¿Por qué no sale Ignacio?  preguntaba alguien de Chuquisaca. Carlos Aparicio decía que había que terminar. Ignacio Mendoza había dicho que se quedaba en la sesión. Había 129 constituyentes, quórum por apenas un constituyente.

Roberto reinició la sesión diciendo que escucharon la discusión que consideraba que no debía haber habido. Sometía primeramente a votación  la resolución sobre si los constituyentes  podían trabajar en los meses siguientes,  hasta que fueran convocados para una sesión final de ratificación. Ricardo  Pol de un decía que no se podía atropellar una ley con una resolución,  que era una barbaridad y que si querían introducir esto lo hubieran  hecho cuando metieron  mañosamente el cambio de sede en el Congreso.  Se abstuvieron 9, la mayoría  votó que no podrían trabajar y sólo 49 votaron por el sí. La resolución fue rechazada, “se aplica automáticamente  la ley”, y discutieron si tendrían salario los siguientes  meses. Roberto Aguilar decía que si hubiera  salario él no iría a cobrarlo. Emitieron una resolución de reconocimiento a la Policía  y las Fuerzas Armadas.  Ignacio Mendoza sugirió pronunciarse también por los muertos  de La Calancha,  el día de la sesión en La Glorieta.

Al final Chuquisaca regresó a la sesión  y los aplaudieron;  tres o cuatro de La Paz  dejaron  la sala. Se discutió si la Constitución ya se había votado o no, porque los artículos “en detalle” habían sido aprobados pero faltaba la etapa  de “revisión”. Se aprobó la resolución que delegaba esa tarea a la Directiva. La versión final sería la cpe aprobada “en grande, detalle y revisión”. “Trabajen”  gritaba la gente cada vez que algún constituyente se asomaba y eran vistos por los que seguían  la sesión por los parlantes de afuera. Sabino Mendoza se lamentaba con la cabeza. Macario le tiró un papelito a Villacorta, en la testera. Armando decía que había acuerdo. Jonnhy Valdez, de La Paz, decía que había que mostrar  altura porque estábamos en un momento histórico, que los nueve departamentos  están como hermanos por la unidad,  y que los de La Paz proponen una alternativa de solución;  pasando a explicar lo acordado  poco antes.

El acuerdo consistía en que sólo se constitucionalizaría “Sucre Capital”, que no aparecía en la Constitución anterior, y que se pondrían candados para evitar que el tema continúe sin resolverse. Por el miedo de que el Tribunal Constitucional le de la sede a Sucre, por no constitucionalizarse los otros poderes, se fundamentaría para que el Tribunal  se remita a actas. Como candado para evitar referendo, se agregaba que se consideraba  “traidores a la patria”  a los que quisieran dividir el país. Ramiro Guerrero, de Chuquisaca, también fundamentaba y daba apoyo para el acuerdo desde Chuquisaca.  Que todos escuchen  el mensaje de Guerrero, alguien pedía. Hablaba de grandeza y unidad. Mario Orellana, del msm paceño, leyó el acuerdo  y se refirió a que cuando  el interés nacional está en juego, había que renunciar a las demandas regionales. Entendemos la demanda de Sucre, por eso va a ser constitucionalizada como capital de la República. Pero La Paz tiene también  una historia. A veces pecamos de soberbia por el cabildo que luchó por esta Asamblea y la Constitución  que se concretiza con unidad.

Orellana leía que para  evitar conflicto, se sugería complementar  el Artículo 11 con un parágrafo que dijera que “ningún mecanismo de consulta se aplicará a temas que afecten la unidad  del país”. Cocarico, que fue protagonista en idear la propuesta acordada, continuaba diciendo “este momento  debe quedar grabado en la memoria de todos los bolivianos”  y proponía agregar un párrafo en el Artícu-lo 197 con el texto: “En su función  interpretativa, el Tribunal  Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus actas, documentos y resoluciones, así como el tenor literal del texto”. Y expresaba que la voluntad del constituyente era que nadie hurgue en este tema. También constitucionalizarían, como había dicho su compañero de bancada, que “Quien promueva acciones que dividan debe ser considerado  traidor a la patria y así será castigado”. Cocarico decía que el que no quiera unidad es traidor. Silvia Lazarte pidió  la redacción para incluirlo. Ceballos hablaba de la voluntad política de los departamentos  y resumía: Artículo 6: Sucre Capital. Artículo 11: que lo que no promueve la unidad  es traición y Artículo 197: texto que propuso Cocarico. Ese es el acuerdo  al que hemos llegado, que se constitucionalice. Que se vote, solicitaba.[52]

 Roberto Aguilar decía: esto es histórico, “que sea aprobado por aplauso y por unanimidad”. Pero hubo pedidos de que fuera aprobado  por voto. Se votó por la reconsideración  del Artículo 6, de “Sucre es capital de Bolivia”. Vargas, Macario,  Vladimir  Alarcón y algún  otro constituyente de La Paz votaron en contra, Renato Bustamante se abstuvo. Por la reconsideración  del Artículo 125, sólo Vargas votó en contra, e Ignacio Mendoza se abstuvo. El Artículo 197 contó sólo con tres abstenciones. Se pidió que se lea, “¿dónde está el texto?” preguntaba Silvia Lazarte. Entraba la banda  y Armando leía el acuerdo:  “es delito de traición a la patria  lo que de cualquier forma divida el país”. Silvia preguntaba: “¿quien no quiere  la unidad del país?”. Un Potosino discursó en quechua. Alguien pedía que todos se abrazaran  para salir en un solo cuerpo. Entonces la banda  comenzó a tocar, y se entonaron  las estrofas del himno nacional boliviano, con el puño en alto y la mano en el corazón.

Luego de finalizada la sesión, Roberto Aguilar citaba para el día siguiente a las 9 de la mañana al Comité de Concordancia y Estilo. Ya había Nueva Constitución. El mensaje  final de Silvia Lazarte fue que había que seguir con el trabajo. Roberto habló ante un grupo de constituyentes, antes de dejar el salón e iniciar la marcha por la ciudad  junto al pueblo.  Recordó cuando le decían a Silvia “india de mierda”, y dijo que en ese momento hablaban de miles de mujeres. Destacó el Estado Plurinacional  criticando  la idea de que divide, y volvió a destacar a la presidenta y a la política  “en  el buen sentido de la palabra”. Dijo también que hubo hombres valerosos, y agregó “yo me descuento”. Aguilar mencionó  a mujeres de pollera que enfrentaron  el insulto y que las “corretearan”.  Y a Martín Serrudo defendiendo a Damián Condori (dirigente de los campesinos de Chuquisaca). Personas golpeando y pateando a hermanos,  que son gente que sólo quiere incorporarse a este Estado, decía. Ellos fueron nuestro corazón,  nuestro sentimiento.

Salí junto a los constituyentes,  en una emotiva marcha que llegó hasta el centro de la ciudad.  Volaban  papelitos  y las manos eran agarradas entre todos para caminar juntos. Los constituyentes se mezclaban fácilmente con las personas que se habían acercado para asistir a la última sesión  de la Constituyente,  y con las organizaciones  del Chapare,  El Alto y Oruro que habían esperado afuera durante toda la noche.  Los constituyentes felices, aliviados y con emoción. Se había terminado. Pablo Ortiz, periodista cruceño que había seguido la Asamblea desde el principio y era bastante crítico del mas, también  lloraba emocionado. En el almuerzo Teresa Morales, asesora del Gobierno, me llamaba posmoderno porque le dije que no tenía una hipótesis de investigación para explicar este proceso.  El 15 de diciembre la Constitución  se entregaría a Evo Morales con una marcha y fiesta en la plaza Murillo de La Paz.

3.2. Retoques al texto en la Lotería y el nuevo escenario

Con el texto constitucional  en la mano lo que el MAS debía buscar a continuación era la difícil tarea de que el Congreso  convocara  al referendo dirimitorio  y de aprobación y luego ganar la votación en las urnas  para promulgar  la Nueva Constitución. Para eso, el Gobierno  llamaría a un nuevo espacio de diálogo. Era también momento de empezar a difundir  el texto aprobado en todo el país, y en la Vicepresidencia  se realizaban algunas reuniones  para pensar  la estrategia de comunicación. Por unos días más, sin embargo, todavía seguiría  trabajando  la Asamblea Constituyente con la Comisión de Revisión, que prepararía la versión final para entregar en plaza Murillo al presidente  y remitir  al Congreso para que concluyera  el proceso. Nuevamente Pablo Zubieta había sido designado por Silvia Lazarte como coordinador de la Comisión y por tanto era una  vez más el principal destinatario de críticas. Mirtha Jiménez llamó a Román Loayza, Álvaro García Linera, Saúl Avalos y Carlos Romero quejándose de que Silvia había cerrado  la Comisión. Magda le hablaba  a Pablo Zubieta de “tu Constitución”,  y le decía que no iría a votarla.[53]

“Un año haciendo   la Constitución  para deshacerla en una noche”, decía otro constituyente,  y llamaban  traidor a Pablo. Muchos querían  entrar a la Comisión, con el argumento  de que estaban “haciendo  desastres”. “La política es sucia” le había dicho Pablo a alguien. No habían  dejado  entrar a los asesores españoles, por orden de Silvia. Y sólo permitieron  la presencia  de Sardán, otro constituyente decía indignado.  Se decía que Silvia había mentido diciendo que los españoles  sacaron  la justicia comunitaria   para justificar  la prohibición de entrada. Rubén Dalmau decía que estaba ahí con su sueldo de profesor, como voluntario, y que en la puerta  de la Universidad  en Oruro  las organizaciones no lo dejaban  entrar por ser de España. Uno preguntaba “¿dejamos pasar a este q’ara?”, y otro respondía  “no, y que agradezca que había luz porque si no lo habríamos  violado”. Él explicó que estaba con el proceso de cambio y así le habían permitido  la entrada.

Entre las modificaciones  introducidas en la etapa  de revisión, se incluía  el cambio en los requisitos para ser juez del Tribunal  Constitucional, que cerraba las puertas  a las autoridades  originarias  sin formación académica. Habría sido sugerencia de Borda y Cocarico, que según  una constituyente tenían una postura de “esta es la ley” cuando  de lo que se trataba era de cambiar las leyes. Algunos veían que en las modificaciones, que se hacían  en la sede  de la Lotería,  en La Paz, habían hecho cambios positivos que mejoraban el texto, y que sólo se exageraba o creaba  conflicto por ambición de estar presente. En la última madrugada antes de entregar el texto Silvia Lazarte,  por influencia de los pastores evangelistas, había mandado a hacer cambios exigidos por las iglesias como la mención de hombre y mujer para el casamiento, como otros constituyentes evangelistas habían  siempre insistido en incluir desde el trabajo de comisiones.

En el balance  de la última  sesión, había una opinión crítica generalizada contra La Paz y el uso de su fuerza en la negociación para obtener ganancias. En la bancada  de Chuquisaca  del MAS había frustración y no habían quedado conformes. Esteban Urquizu me decía que defendían el acuerdo por el que se habían jugado y sacrificado, pero no lo que se había aprobado luego de la imposición de La Paz. Pensaba que La Paz pediría más en el futuro y no se calmaría. En el edificio de la Lotería,  en La Paz, los Chuquisaqueños  tenían una reunión con los miembros de la Directiva  de ese departamento para ver que se podía hacer. Podrían exigir que se incluyera lo aprobado  el 24 en la resolución  votada en el Liceo. En Sucre,  la Policía había  vuelto y la Asamblea había resuelto donarle sus computadoras. Limbert decía que la Policía  de Sucre  no tendría que haber vuelto sin las condiciones adecuadas, pero que lo habían tenido que hacer porque si no el Ejército, de manera desleal, hubiera  empezado a hacer tareas de la Policía,  explicaba. Limbert también estaba frustrado porque no había sido posible introducir cambios en el tema de Seguridad y Defensa, por la presión  del Ejército y por la falta de acompañamiento de su propia fuerza  al proyecto.

Era fácil perderse  en un mundo de rumores y peleas internas por poder que involucraban cambios en el texto constitucional. La indignación y énfasis con que los constituyentes hablaban  de esas disputas llevaban a eso. La vida cotidiana de los políticos  estaba  llena de esas cosas y de eso era también que se construía  el nuevo Estado. Una etnografía del proceso constituyente debe  pasar por la tensión que constituía este amplio movimiento de disputa en el interior  y que es parte inseparable de la política para  los que participan en ella como protagonistas. Sin embargo había una cierta “contradicción principal”  que unificaba  las rivalidades internas y creaba un escenario más formal y solemne  orientado hacia el exterior del mas, en el que se daba lugar a la discursividad  política y se escuchaba hablar de revolución,  lucha contra la oligarquía,  riesgo  de separatismo y de guerra civil. Por esta época, la disputa  con la Media Luna agrupaba y polarizaba  el campo político en un proceso en que la aprobación  de la Constitución  sólo movilizaba para una nueva fase.

La fuerza de la oposición, que controlaba  la mayoría de los Gobiernos  Prefecturales, el Senado y en los últimos meses habían sumado Chuquisaca al bloque de departamentos opositores, hacía que el objetivo de aprobar  la Constitución  se planteara como una batalla necesaria y difícil para garantizar  la continuidad  del proceso de cambio. Entrevisté a Romero antes de la entrega final de la Constitución. En sus respuestas ya se sentía el tono de la etapa  que comenzaba, o que continuaba aumentando intensidad. Decía que el proceso  constituyente había  sido tan difícil porque se trataba de transformaciones estructurales. Resumía los grandes momentos de la historia  de Bolivia y llegaba a la Nueva Constitución en la que “por primera vez participa  la pluralidad, la heterogeneidad  de lo que es Bolivia, de sus regiones, sus pueblos, sus culturas, sus clases sociales distintas expresadas en estos 255 constituyentes que integramos la Asamblea”. Romero hablaba de una revolución democrática con dispersión de poder y sin un poder hegemónico claro.

Uno de los balances de la Asamblea,  para Romero, era que se había permitido clarificar cual es la disputa  real del poder  en Bolivia. Esta disputa era, para el constituyente,  el control de la tierra y el bosque en Santa Cruz y la definición de la renta del gas en Tarija.  Del otro lado: movimientos indígenas que se han plasmado como elemento  articulador del poder  político. A juicio de Romero, el Estado no había podido cohesionarse aún adecuadamente, y mantenía  fracturas profundas a nivel de sus regiones. Eso era lo que estaba siendo explotado por los sectores conservadores que quieren  frenar el proceso de cambio, seguía  Romero, a partir de la exacerbación de sentimientos regionales y una fibra que todavía es muy delicada en Bolivia, pese a que en eso veía substanciales avances, que era el tema del racismo.  Así definía el proyecto político conservador que buscaba generar un escenario asimétrico de dos bloques de regiones, con sectores más radicalizados con tendencias potencialmente separatistas y sectores más moderados con un modelo de autonomías que buscaba el control de los recursos  naturales y el excedente económico para redefinir las relaciones políticas y económicas con el Occidente.

El nombre de Romero, como el de otros asambleístas,  dirigentes indígenas, representantes de ong, diputados, políticos del mas, etc., estaba en listas pegadas en paredes de la ciudad de Santa Cruz, acusándolos de traidores al departamento. La ciudad de Santa Cruz era gobernada por Percy Fernández,  tío del presidente del Comité Pro-Santa Cruz Branko Marinkovic, y que no ocultaba su mirada racista. Meses atrás había propuesto  la división  del país en dos. En diciembre de 2007, mientras en Oruro se aprobaba la Constitución,  la plaza central 24 de Septiembre se había vuelto un campamento con carpas donde varias personas ayunaban para protestar por la Asamblea Constituyente y el recorte de recursos a los Gobiernos  Departamentales. En los primeros días de diciembre, se habían difundido imágenes grabadas también de Santa Cruz, con una violenta agresión física contra militantes del mas, corridos con palazos  al grito de “collas de mierda”, y también imágenes de golpes a un fotógrafo agredido duramente por el sólo hecho de ser “masista”.

La asociación de empresarios,  la Cámara Agropecuaria de Oriente, junto a Comités Cívicos de la Media Luna y Chuquisaca declaraban que la Constitución no era válida por haber sido aprobada de forma ilegal. El debate constituyente seguía afuera y después de la Asamblea. Del otro lado, el Gobierno y las organizaciones defendían el texto y comenzaban a organizar la campaña para su aprobación. Los sindicatos de maestros habían conseguido que la educación  siguiera  centralizada y declararon que “asumirán  la Constitución”. A pesar de la crisis  interna,  la agrupación ciudadana podemos, se unía en la crítica a la Nueva Constitución. Tuto Quiroga declaraba que la Constitución aprobada  era “un pedazo de papel que vale tanto como papel higiénico usado”.[54]

El 15 de diciembre Silvia Lazarte entregaba la Constitución al presidente Morales.[55] En la entrega de la Constitución aprobada  en Oruro por la Asamblea Constituyente, Evo Morales habló de descolonización y al final de su discurso pidió que lo ayudaran a decir: “que viva tierra y territorio, kausachun coca, que vivan los constituyentes patriotas”. García  Linera  dijo que insistirían con el llamado al diálogo,  a pesar de que mientras  el MAS convocaba al mismo, habían apaleado constituyentes, perseguido campesinos, puesto bombas en casas de constituyentes. Contaba que se había encontrado con Costas y Marinkovic pidiéndoles que acerquen sus propuestas, pero la respuesta había sido “la Asamblea Constituyente no sirve”. Habían hecho todos los esfuerzos, decía García Linera,  y afirmaba que los seguirían  haciendo.

4. La ofensiva de Oriente contra la Constitución

El mismo día que en La Paz se entregaba la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente al presidente,  en Santa Cruz se reunía de manera auto-convocada una Asamblea local que intentaría abrir una nueva  agenda  contrapuesta a la de la Constitución “del mas”. La reunión fue realizada en el edificio de la Prefectura de frente a la plaza  central de la ciudad, con parlamentarios cruceños, representantes de las provincias  y de los pueblos  indígenas como asambleístas.  El objetivo era elaborar  el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, y la aprobación  sería realizada como en Oruro, en una sesión relámpago de menos de dos días. Después de la última sesión de la Asamblea  Constituyente, el 9 de diciembre, la estrategia  de los departamentos  de la Media  Luna consistía en la búsqueda  de aprobación de estatutos luego  de ser aprobados en referendo departamental darían lugar a una autonomía “de facto”.

El asesor  de la Asamblea  cruceña que dirigía  la elaboración   del Estatuto Departamental de Santa Cruz era Juan Carlos Urenda y el texto concluido  al día siguiente, 16 de Diciembre, era distribuido por el diario  El Deber y presentado como contrapropuesta cruceña a la Constitución recientemente  aprobada   en Oruro. El Estatuto no respetaba el marco  constitucional aprobado en la Asamblea Constituyente,  ni tampoco  el  orden dispuesto por  la  Constitución  anterior, vendrían tiempos de enfrentamiento. Esa estrategia explicaba  la ausencia  de los constituyentes cruceños  en las últimas sesiones  convocadas  por la Asamblea Constituyente y marcaría  el ritmo político de los siguientes meses en Bolivia.

Desde  la Prefectura de Tarija, Mario Cossío llamaba a defender  el mandato del referendo autonómico  de 2006 y a declarar autonomía de facto. Isaac Ávalos declaraba que si había autonomía de facto y los departamentos desacataban la ley, los campesinos irían a tomar tierras. Desde La Paz, el Gobierno declaraba que los que llamaban a la división  del país tendrían cárcel. La ministra Torrico declaraba que perseguirían con la ley y la justicia. El vocero  Álex Contreras  decía  que cinco personas  (los prefectos) y los Comités  Cívicos  buscan  la desestabilización de la democracia.  El MAS contaba con las Fuerzas Armadas  para garantizar  la unidad territorial, pero Rubén Costas anunciaba que en el Ejército muchos juraron defender la Constitución todavía vigente y que irían a desconocer  la aprobada  por el mas. Ese día, jóvenes que se identificaron como de la Falange Boliviana, sabían donde había estado yo los últimos días y en qué dirección había residido en la ciudad de Sucre. Me decían que no querían “indígenas de mierda, ong de mierda ni extranjeros de mierda”. También me expulsarían de la sesión en que aprobaban el Estatuto Departamental, diciéndome  que debía abandonar Santa Cruz.

Detrás de la bandera de una Autonomía en sentido fuerte, propia de un modelo confederal, como decía Romero, Santa Cruz encabezaba la apuesta del conalde de vencer a Evo Morales e impedir la entrada  en vigencia de la Constitución  de Oruro. El plan comenzaba con la aprobación de los estatutos en referendos que mostrasen  la popularidad  de la causa  en los cuatro departamentos  de la Media Luna donde había ganado  el Sí por la autonomía  en el referendo  del 2006. En Santa Cruz se había iniciado  la recolección  de firmas, que alcanzaría  la cifra de más de 100 mil, y el 30 de enero Rubén Costas emitía  la resolución que fijaba  la fecha del referendo departamental para el 4 de mayo. Los otros departamentos seguirían en secuencia escalonada por el mismo camino. Desde 2004 (Ley 2769) se había habilitado, por presión de los movimientos sociales, el mecanismo para consulta popular  departamental, nacional y municipal  vinculante.[56] Por el lado del Gobierno  del mas, que ahora tomaba  las riendas del proceso  constituyente de manera directa, comenzarían  intentos de abrir escenarios de diálogo, que pudieran llevar a la aprobación de la Constitución, por entonces en un horizonte muy lejano y bastante inviable por la correlación  de fuerzas en el Congreso.  El 7 de enero hubo una reunión con los prefectos, que buscaban  el reintegro de la parte del Impuesto a los Hidrocarburos que el Gobierno  había destinado al pago de la Renta  Dignidad.

Según el constituyente de podemos Gamal Serham  en su libro La historia no oficial de la Asamblea Constituyente (2008:54), en este escenario la oposición rechazó la propuesta de diálogo de García Linera, a cargo de la Comisión Política, quien ofreció a la oposición  realizar propuestas  de modificación del texto aprobado, que deberían después ser aceptadas por la Plenaria de la Asamblea Constituyente. Según Serham, el vicepresidente pretendía una independencia de la Asamblea que nunca existió. El constituyente cochabambino de podemos citaba también un párrafo aparecido en La Prensa escrito por su compañero de bancada –José Antonio Aruquipa– en el que este consideraba a la Constitución aprobada  en Oruro como “un estatuto azul [el color del mas], aprobado  entre fusiles y bayonetas y reformulado en la Lotería Nacional”  y también era llamado “texto denominado por el MAS como ‘Nueva  Constitución’ manchada  de sangre, viciada de nulidad y plagada de aberraciones jurídicas para destruir el Estado de Derecho” (:59).

A fines de febrero habría un nuevo  intento de diálogo con líderes del Congreso, también  sin resultados; y el día 26 García Linera proponía una tregua de dos meses sin medidas de fuerza en las regiones  y de los movimientos  sociales para realizar un “gran acuerdo nacional”, aceptando también la posibilidad de que hubiera algunos cambios en la Constitución aprobada  en Oruro. Sin embargo la Corte Electoral Departamental de Santa Cruz comenzó a preparar el referendo ratificatorio del Estatuto para el 4 de mayo, en desafío a la Corte Nacional  que había  desautorizado la votación. En respuesta,  el 28 de febrero,  el MAS buscaría una nueva jugada maestra con los movimientos  sociales en el Congreso  que le permitiera terminar el trabajo  de la aprobación de la Constitución.  Un tercer cerco al Congreso,  como el que aprobó el cambio de sede y la Renta Dignidad  (y en 2006 el intento de aprobación de la ley de tierras) permitió esta vez la aprobación de tres leyes: una prohibiendo  la realización de referendos departamentales; otras dos viabilizando  la convocatoria a referendo “Dirimidor”  y “Aprobatorio” de la Constitución, para el 4 de mayo, misma fecha en que Santa Cruz había convocado su consulta.[57]

Una vez más, no se trataba de un avance creador de una nueva institucionalidad después  de la ruptura con el orden establecido, sino de un avance como maniobra realizada para aprobar reformas normativas sin romper el marco  de la institucionalidad vigente.  Se trataba de movimientos que introducían pequeñas modificaciones y no grandes cambios, como parte de un juego  institucional en que el MAS decidió  jugar desde la década del 90, cuando  decidió  entrar en la política electoral. Las medidas tenían como justificación  los intentos de obstaculizar y la negativa  de diálogo por parte de la oposición,  representada por un pequeño grupo de legisladores de partidos tradicionales o renovaciones de los mismos, de posiciones  liberales, en coordinación  con la oposición  de Oriente embanderada antes que  nada en el regionalismo autonomista, aunque también con sobrevivientes de anteriores Gobiernos,  en particular del partido adn del ex dictador Banzer.

La diferencia entre los dos sectores de la oposición era que mientras los mestizos liberales elegidos en el Altiplano hacían énfasis en la defensa  del Estado de Derecho  y “la legalidad”, desde Oriente se impulsaba un camino de imposición de reformas por fuera de la institucionalidad,  con medidas populares impuestas por la fuerza,  como era el caso del proyecto de aprobación de los estatutos. En Bolivia las estructuras legales crujían, independientemente del contexto de la Asamblea Constituyente, apenas un signo más de esa situación. Las leyes y normativas, no eran entonces una barrera infranqueable, y atrás de lo que se consideraba “verdades políticas”, era posible encontrar caminos políticos para avanzar en la disputa. Era un pasado moribundo,  en realidad, lo que aparecía preservado en las instituciones, a la luz de la fuerza  del mas, ahora mayoritaria. La fuerza política de la voluntad popular, a favor de Evo, del nuevo Estado Plurinacional o también de la autonomía  departamental, aparecía  del lado de lo nuevo  y lo legítimo.  No era una disputa en contra de la ley, sin embargo, porque irónicamente  todas las batallas en que se denunciaba “ilegalidad”, se libraban con el cuidado de ratificar las decisiones  políticas en nuevos marcos  normativos  que pasaran a estar vigentes.

En el cerco al Congreso,  se aprobaba entonces  la convocatoria  para definir el proceso constituyente poco más de dos meses más adelante. Según abi,  la agencia estatal de noticias, “En una jornada histórica marcada  por la presión  de los movimientos sociales, el Congreso Nacional, con la presencia de una reducida oposición, dejó este jueves en manos del pueblo boliviano  el futuro del nuevo texto de la Constitución  Política del Estado (cpe), tras sancionar por dos tercios de votos de los presentes  dos referendos constitucionales para el 4 de mayo”. Según Serham,  el vicepresidente coordinaba en su despacho una de la reuniones de la Comisión Política abierta recientemente  con los líderes de la oposición en el Congreso,  cuando  se excusó para retirarse unos instantes de la reunión,   insistiendo en que continuasen en su ausencia. Pero nunca volvió a la reunión  y sí apareció en el Congreso  Nacional para dar lugar a la sesión donde se aprobaron las leyes, poco antes de que el cerco de las organizaciones impidiera el ingreso de los parlamentarios  de la oposición.

Gamal Serham era de esos constituyentes de podemos que insistían con la legalidad del orden vigente. Indicaba  entonces que la Policía  no había garantizado seguridad para que el presidente  del Senado  (Óscar Ortiz, de podemos) pudiera  recorrer las dos cuadras que separan a la Vicepresidencia  del Congreso; que parlamentarios de la oposición presentes no pudieron hacer uso de la palabra; también que los senadores  suplentes no podrían haber estado presentes, como estuvieron, porque los titulares no pidieron licencia; y que tampoco se podría haber aprobado leyes en la sesión  conjunta de las dos cámaras,  sin haber pasado por cada una de ellas de forma separada. También se denunció que algunas congresistas fueron golpeadas para impedir su entrada. Eran las mismas críticas que se habían escuchado en la Asamblea, y en la lista de “21 ilegalidades” de las que Serham era muy probablemente el autor. El mnr y Unidad Nacional criticaban la medida y llamaban a votar por el No. “Esto es una declaratoria de guerra a las regiones”, decía Guillermo Richter a la prensa.[58]

 Pero esta vez la jugada  de ajedrez no pudo concretarse. La Corte Nacional Electoral, presidida por José Luis Exeni, suspendió el 7 de marzo las consultas de la Nueva Constitución, “por falta de condiciones  técnicas, operativas,  legales y políticas”, ratificando también  la suspensión  de la consulta cruceña.  La Corte se pensaba hasta ese momento cercana políticamente al Gobierno,  pero intervenía para canalizar el proceso  por la vía del Congreso  de la Nación, instancia en la que la Corte depositaba  la tarea de realización de las convocatorias,  ratificando así el curso que había sido establecido en la Ley de Ampliación de agosto de 2007.[59]

Hubo quien desconfiado de la autonomía de la Corte  sospechaba que la medida era un retroceso del MAS ante los riesgos de no ganar el referendo o por otros cálculos políticos que habrían primado. Lo cierto es que quedaba determinada una marcha atrás en el intento de vencer  la convocatoria  al referendo  de Santa Cruz con los referendos  constitucionales.  Por su parte, sin calcular la posibilidad de suspensión por parte de la Corte,  después del cerco, la oposición  ya se había comenzado a preparar  para llamar al desacato del referendo impulsado  por el Gobierno.

En Chuquisaca, un día antes de la suspensión  de los referendos  por parte de la Corte, los cívicos posesionarían  de forma  unilateral y también sin respetar el marco institucional, a la Junta Autonómica  Departamental  de Chuquisaca. Proclamaban también a la ex constituyente del MAS y ex dirigente campesina Sabina  Cuéllar como prefecta de Chuquisaca, ante la ausencia del prefecto David Sánchez y en desconocimiento del prefecto interino Ariel Iriarte, nombrado por el mas. La concentración daba plazo hasta el 17 de marzo para que el Gobierno la reconociera  oficialmente,  ya que reconocían que el nombramiento no le daba aún respaldo legal para firmar cheques  y resoluciones.[60]

 En respuesta, el 21 de marzo se realizaba un cabildo campesino en Tarabuco, interior de Chuquisaca, para ratificar el apoyo al prefecto  interino  y a la Nueva Constitución. En este departamento, eran los partidarios del MAS los que hablaban de respeto a la legalidad,  criticando  el nombramiento ilegal de Sabina Cuellar. En una entrevista para la prensa,  la hasta entonces todavía constituyente Sabina Cuellar hablaba de los muertos  del día de la aprobación de la Constitución  en el Liceo; de que el Gobierno  “marginó  a Chuquisaca”; y explicaba que “no hemos pregonado autonomía cuando estaba la Asamblea, pero ahora él (Evo Morales) ha discriminado a Chuquisaca, por eso nosotros hemos decidido autonomía para el departamento”. Decía que no había traicionado sino más bien puesto  la camiseta de Chuquisaca.[61]

El 11 de Marzo, luego de suspendidas las consultas constitucionales,  asistí a una conferencia de prensa del viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, realizada en el Consulado  de Bolivia en Buenos Aires. Anunciaba que el ex canciller argentino Dante Caputo  llegaría a Bolivia como representante de la oea para observar y hablar con las partes. Decía  que el diálogo y el consenso eran el único camino para aprobar los referendos.  Y manifestaba su preocupación por los “líderes regionales  que quieren  hacer referendo sin enmarcarse en la legalidad”. Explicaba  que la Corte  Nacional   Electoral los había desestimado, dejando también en suspenso  el referendo de la Nueva Constitución, pero que las Cortes Departamentales decidieron seguir. El Gobierno estaba comprometido con autonomías, decía, porque las veía como un anhelo antiguo de la población, pero sólo se aceptarían enmarcadas en la Nueva Constitución. Preguntado por cómo sería la resolución  del conflicto, Arce dijo que García Linera iría a convocar sesión del Congreso,  y que también había otras instancias además  del Congreso, pero insistía en que la oposición  debía respetar  la legalidad y aceptar el diálogo y el consenso.  La situación era un Gobierno  convocando al diálogo cada vez que se manifestaba,  incluso aceptando realizar cambios en el texto aprobado, pero con una oposición que no mostraba gestos en el mismo sentido y avanzaba con su agenda. Desde Oriente se había  lanzado la convocatoria a aprobar estatutos a pesar de la oposición gubernamental y de la Corte  Nacional.[62]

 Además del seguimiento de las noticias, una conversación con Luty Mendoza, asistente de Roberto Aguilar, vía internet, me permitió  tener una mejor idea de la tensión  que se vivía en torno a la Asamblea Constituyente, a fines de marzo de 2008. Ella se manifestaba preocupada por el Licenciado  Aguilar, como llamaba a su jefe. Me contaba que el Juicio  a la Asamblea  había sido negativo y por esos días se esperaba la orden  de aprehensión a siete miembros de la Directiva,  por lo que no descartaban  entrar en la clandestinidad.  Los miembros del MAS de la Directiva pensaban que no podían volver a Sucre para declarar porque serían linchados, decía Luty. Pero tampoco podrían permanecer en la clandestinidad porque en poco tiempo  sería necesario convocar una última sesión de la Asamblea para incorporar  los resultados del referendo de la tierra. Además, le preocupaba el referendo  de Santa Cruz para el 4 de mayo, y que por necesidad de trabajar los militantes se habían alejado de lo político, decía  mi interlocutora, por chat. También señalaba  el problema de que los constituyentes estaban  “en el limbo” sin poder  trabajar hasta que se resuelva el proceso  constituyente. Le preocupaba también  una noticia que acababa  de leer, sobre la presencia de militares norteamericanos en la selva peruana.

4.1. La agenda de Evo Morales y el mas

Frente a la inminencia  del referendo del 4 de mayo en Santa Cruz,  el Gobierno decidió no impedirlo, descartando la hipótesis de militarizar Santa Cruz, y priorizó continuar en la disputa  política a partir de la promoción de su agenda de realizaciones gubernamentales. Todos los Ministerios eran orientados a avanzar con sus políticas, con un énfasis en la visibilidad, a partir de un estricto seguimiento directo del presidente.  El 1 de mayo de 2008, fueron anunciadas nuevas nacionalizaciones, siguiendo con la tradición  de comunicar importantes medidas en el día del trabajador, Evo  Morales  decretó la nacionalización de entel (Empresa de Telecomunicaciones) y de cuatro empresas petroleras (repsol, transredes, chaco y clhb) con empresas internacionales como bp, pae y aei entre sus accionistas. Al mismo tiempo  Evo Morales iniciaba su campaña en defensa  del fútbol en la altura, y entregaba canchas de fútbol en comunidades de más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, organizando también un frente político  regional  contra la decisión de la fifa de realizar una prohibición que afectaba especialmente  a Bolivia.[63]

También los sectores sociales tomaban iniciativas, asumiendo el pedido de Evo Morales y García Linera, de acompañar al Gobierno  con movilización social, o a partir de iniciativas propias. En los pueblos  indígenas de Santa Cruz (chiquitanos, ayoreos, yuracaré-mojeños, guarayos y guaraníes), la cpesc declaró  la autonomía indígena “de facto”, como modo de contrastar la política del prefecto, advirtiendo que en sus comunidades no habría  votación  del Estatuto Departamental.[64]

El presidente continuaba con su política de entrega de obras, tractores, radios, computadoras, del Programa “Evo cumple”, financiado con recursos otorgados por Venezuela, que por algún extraño motivo no se consideraban “cooperación internacional”, al igual  que  los aportes de otros países, y sí “los cheques de Chávez”, que habían conseguido  acelerar la gestión y esquivar la burocracia, pero contaban con problemas en la fiscalización del uso de los recursos. Al mismo tiempo, la brigada médica cubana  instalada en Bolivia desde 2006 anunciaba  la cifra alcanzada de 11 millones  de consultas gratuitas realizadas en Bolivia. El plan de alfabetización “Yo Sí Puedo”, también coordinado por los cubanos, anunciaba haber superado la meta de 500 mil alfabetizados, acercándose a declarar el fin del analfabetismo  en Bolivia. A inicios de abril, también fueron expropiadas o revertidas propiedades del norteamericano latifundista Larsen en Alto Parapetí. Se trataba de una medida que beneficiaría a la comunidad guaraní que allí trabajaba en condiciones de semiesclavitud, y la repercusión  de la medida aumentó porque la comisión del inra que se dirigió  al lugar, encabezada  por el director de la entidad, fue recibida  con tiros y piedras, debiendo regresar posteriormente con las fuerzas de seguridad.

El discurso y política oficiales enfatizaban principalmente el aspecto  económico y la creciente intervención estatal en el ámbito  productivo y de explotación de recursos naturales. El 4 de abril, junto al vicepresidente y a Santos Ramírez, que ya había dejado el Senado para dirigir la empresa estatal de petróleo (ypfb), Evo Morales anunciaba la licitación para  la construcción  de una planta separadora  de líquidos  del gas natural, con un crédito de 450 millones de dólares otorgado por Argentina, y decía que Bolivia no podía seguir siendo  la misma que fue durante la colonia, la república  y durante los modelos económicos “que pasaron por Palacio”, porque  era la hora de dar valor agregado  “a nuestros recursos naturales”, decía, según informaba  la agencia estatal de noticias abi. Evo Morales también se quejaba de que la prensa  se interesara más en el aspecto político y no le dieran espacio  a noticias como la que estaba anunciando, o al plan de exploración en áreas no tradicionalmente petroleras del país (a cargo de la empresa mixta Petroandina), y la nueva  política de industrialización de hidrocarburos.  El mismo día, Evo Morales también anunciaba 100 millones de dólares en créditos para pequeños productores afectados por desastres naturales.

En un acto en Ivirgazama, Chapare, Evo Morales afirmaba:  Mientras esté legal y constitucionalmente elegido como Presidente, nos sacarán muertos  del Palacio de Gobierno. Vamos a luchar hasta el final por los derechos  de los pobres y por la igualdad entre los bolivianos.  García Linera  explicó la polarización  que enfrentaba  el país como un enfrentamiento   entre la antipatria,  integrada  por unas pocas familias y dos logias, y el Gobierno del mas, que dio el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad,  nacionalizó los hidrocarburos  y entregó tierras a los indígenas. La prensa informaba que con un ejemplar del proyecto de Constitución Política del Estado (cpe) en una mano y una copia de los estatutos Autonómicos en la otra, Evo Morales dijo que no tenía miedo al referendo  de Santa Cruz del 4 de mayo, y anticipó que el Gobierno enfrentaría una guerra económica  con los departamentos de la Media Luna, pidiendo a los movimientos sociales que estén listos para trasladarse a cualquier punto del territorio a fin de defender el proyecto del MAS y la unidad  de Bolivia.[65]

Considerando  los datos macroeconómicos, la situación   era buena para la administración   del MAS con record de reservas (7 mil millones), estabilidad económica, control de la inflación  y aumento de las exportaciones.[66] También se difundía una encuesta de ipsos Apoyo Opinión y Mercado,  la más conocida empresa de sondeos de opinión del país, que registraba un aumento  del apoyo a la Nueva Constitución  Política del Estado en marzo, en las cuatro  mayores ciudades,  del 36% al 41%, poco para garantizar el triunfo definitivo en los referendos que vendrían, pero recibida como una buena noticia por el Gobierno.  El rechazo al texto constitucional  había bajado del 48 al 41 por ciento, con 18% que no respondieron. En el mismo periodo, y sin informar  el universo  consultado, la aprobación de la gestión  de Evo Morales había subido de 55% a 56%.

Otra buena noticia para el Gobierno,  e importante en términos políticos, era que el 1 de mayo se había formalizado el acercamiento de la Central Obrera Boliviana (cob), hasta entonces distanciada y crítica del Gobierno. En abril,  la Central sindical realizó una marcha  rechazando  la consulta cruceña convocada para el 4 de mayo, quemando muñecos de Tuto Quiroga y Rubén Costas. La nueva alianza era importante  en términos del recorrido analizado en el capítulo 1, y puede verse como el punto más alto en términos de congregación de organizaciones  sociales atrás del MAS de Evo Morales. Las malas lenguas decían que si la cob no se acercaba  al Gobierno,  el MAS buscaría disputar sus cargos dirigentes, muy posiblemente desplazando a los actuales dirigentes. Pero lo cierto es que los obreros se unían a indígenas y campesinos, fortaleciendo el bloque  unido contra la arremetida lanzada desde Oriente. Recordando  el tiempo de la udp, 25 años atrás, el ministro de Trabajo, Walter Delgadillo, anunciaba  junto a Pedro Montes, ejecutivo  de la Central, que la cob y el Gobierno habían consumado una alianza para defender el proceso de cambio.

El día del referendo por la aprobación  del Estatuto en Santa Cruz,  la tele-visión  oficial exhibía una clase de García Linera sobre “el Modelo Productivo de la Nueva  Bolivia y las Nacionalizaciones”. No se hacía mención al referendo ni tampoco al proyecto  de Constitución.  El trabajo presentado  en la televisión sería publicado también en la revista Análisis  3, que edita la Vicepresidencia con “discursos y reflexiones” de García Linera. En el mismo se leía: Hemos entrado en un nuevo ciclo que va a durar años, quienes  quieren regresar al arcaísmo  del neoliberalismo están perdidos,  ahora hay que pensar en un Estado fuerte que sea bien administrado, que invierta, que distribuya las riquezas  y que fundamentalmente,  industrialice al país.[67]

 El 19 de abril, dos semanas antes del referendo, el vicepresidente García Linera sí había hablado de la coyuntura  de Santa Cruz, en una entrevista concedida  al diario El Deber. El resultado del referendo determinaría  una elite cívico-prefectural-empresarial más legitimada o menos legitimada. Consolidación, desgaste o repliegue, que de cualquier modo se trataba de la estructura  del poder regional, y no nacional, decía, porque no veía en las elites de Santa Cruz un discurso que dispute el modelo  con alternativas para  todo el país. El entrevistador preguntaba si se podría concluir que después del 4 de mayo Santa Cruz no se separaría. Y García Linera respondió que jamás lo permitirían los cruceños,  el Estado nacional y las ffaa. Pensaba que las elites cívico-empresariales,  profundamente aisladas internacionalmente, no apuntaban a ello sino a “una especie de algo más allá del federalismo”. Como mensaje a la región, cuando preguntado por la posibilidad de diálogo, García Linera dijo que el Gobierno  “está dispuesto a flexibilizar el idh sustancialmente”. Afirmaba  que la nueva  cpe y los estatutos debían ser compatibilizados y legalizados en el Congreso.  Y concluía, “Si se quiere ceder, esto se resuelve en cuatro horas”.[68]

4.2. Los estatutos autonómicos y la crítica gubernamental

El 4 de mayo en Santa Cruz,  el Estatuto fue aprobado por el 83% de los votantes, según la Corte Electoral Departamental, y por el 51% según  los cálculos del Gobierno, que descontaba la abstención  respecto de la última elección  en el mismo distrito, y los votos por el No. En las zonas de colonización como Yapacaní y San Julián, la abstención  habría  sido muy alta, o directamente se impidió la votación, registrándose también enfrentamientos con decenas de heridos.[69]  En un mail colectivo, la productora argentina Gloria Beretervide informaba  de la situación vivida en uno de los puntos más calientes de la votación:  “Casi  todo el día de hoy estuvimos filmando en el Plan 3000, que resistió bravamente la imposición de una votación rechazada por la mayoría de los habitantes de este populosísimo barrio. La violencia fue una constante desde anoche,  cuando  los vecinos  decidieron  que no iban a permitir  el ingreso de las urnas  para la consulta.  Durante  todo el día de hoy, vecinos se dirigieron a las escuelas en donde había urnas para retirarlas y quemarlas…”. También denunciaba la presencia de armas entre los manifestantes de la Unión  Juvenil Cruceñista.

Los estatutos eran  una apuesta  radical de la Media Luna. Tenían razón de ser una vez implementado un régimen autonómico en el país, pero desconocían el marco  del texto constitucional  que buscaba  establecer ese régimen. La Media Luna hablaba de realidad autonómica de facto, desconociendo su responsabilidad en el plano nacional para cuestiones que fueran más allá de lo local. La necesidad de que las competencias regionales sean reconocidas, otorgadas o avaladas por la Constitución del país, sin embargo, era evidente. Los estatutos entraban entonces más como un documento para negociar con el poder central, que como marco jurídico para ser implementado. Puede ser que en algunos temas, el Estatuto pudiera verse como un plan de acción a futuro, de desarrollo de instituciones propias. Pero el separatismo  no era un proyecto  oficial para la mayoría de los líderes autonomistas de la Media Luna, por lo menos en la coyuntura  del momento, por lo que  la imposibilidad de implementar los estatutos sin coordinación con el Gobierno evidenciaba el carácter de documento político de negociación y oposición al mas, antes que nada.

Apuntando  al buscado  espacio de negociación,   el Gobierno difundía sus datos de 48% de oposición al Estatuto.  Los indígenas anunciaban que harían un Estatuto Autonómico propio. En los medios de comunicación  privados, los estatutos no tenían el mismo tratamiento que la Nueva Constitución: eran la voz del pueblo de Santa Cruz, y legales por la legitimidad  del voto de los cruceños que sin embargo parecía no haber dado la misma legitimidad a los constituyentes elegidos para elaborar un texto en la Asamblea. Hernán Ávila, del cejis, pensaba que lo más lógico sería “abrir”  la Constitución y los estatutos, y sólo después llamar a referendo consensuando. Pero nada garantizaba que la oposición diera a la Constitución  la legitimidad que nunca le había dado, decía Hernán,  que pensaba que en Oriente seguirían con su “agenda propia”. Sin embargo, veía que en la Media Luna, los departamentos  necesitaban  ser constitucionales, y eso era lo que el Gobierno  podría ofrecer a cambio de la aprobación de la Constitución.[70]

Con su legalidad cuestionada por el Gobierno, si algo eran los estatutos, era un documento crítico a la política  del MAS y al proyecto  de Constitución impulsado por el Gobierno. En forma  de artículos y de Estatuto, mucho de su contenido era antes un manifiesto político que una normativa  institucional. Así quedaría claro en el debate político que tendría lugar alrededor de los estatutos que iban siendo aprobados, debate en el que entró el Gobierno  a pesar de tener como estrategia principal  el objetivo de desconocerlos.  Carlos Romero y Juan Manuel de la Quintana discutieron su contenido de forma  detallada, y también hubo mención a sus elementos más polémicos por parte de García Linera y otros. El preámbulo del Estatuto marca el tono de la propuesta, abriendo el texto con la declaración de que “El Departamento  de Santa Cruz, que antes de la formación  del Estado boliviano poseía, en virtud de la Ordenanza de Intendentes de 28 de enero de 1782, un alto grado de autonomía para manejar las competencias relativas a Justicia, Hacienda, Administración y Guerra, y que tenía ya unos  límites territoriales y una delimitación político-administrativa definida […] bajo los principios  del Estado Social y Democrático de Derecho, y los elementos esenciales de la democracia establecidos en la Carta Democrática  Interamericana suscrita por Bolivia en 2001 […]”.[71]

Uno de los puntos más polémicos era la definición de “pueblo cruceño”, que podemos leer en contraste con la definición  de “pueblo boliviano” considerada en el primer capítulo de esta tesis. El Artículo 161 de Estatuto cruceño  decía así: “De acuerdo al Convenio  169 de la oit y el Convenio  de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas,  el pueblo cruceño reconoce con orgullo su condición racial mayoritariamente mestiza. Su obligación de conservar  la cultura y promover el desarrollo  integral y autónomo de los cinco  pueblos indígenas oriundos del departamento: Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y Mojeño”. Wilfredo Chávez, desde el Ministerio de Justicia  consideró  al Estatuto como racista, en especial por la mención a una “condición   racial”. El relator de la onu sobre Pueblos  Indígenas,  Rodolfo Stavenhagen,  criticó la intención de Santa Cruz de aprobar el Estatuto y calificó este Artículo de ilegal, racista y atentatorio contra los derechos  de los pueblos  indígenas.

La mención al convenio  169 y la Declaración  de Naciones  Unidas, citada erróneamente en el Estatuto cruceño como “convenio”, parecía una provocación a las discusiones  llevadas por los pueblos  indígenas  a la Asamblea Constituyente, especialmente si se continuara leyendo que “el pueblo cruceño reconoce con orgullo su condición  racial mayoritariamente mestiza”. La mención a una mayoría mestiza, a la que no se animaría  la oposición  congresal que revisaría  el Artículo referido al pueblo  boliviano  en la Constitución,  supone la crítica al carácter  mayoritario indígena  de Bolivia, que según el censo de 2001 alcanzaba en Santa Cruz a 37,5% de los habitantes de ese departamento.  Para la oposición al MAS que se expresaba en el Estatuto, los mestizos habrían sido discriminados y negados en la Constitución aprobada  en Oruro.

Por otra parte,  en la definición del Estatuto del “pueblo cruceño”, la mención a cinco pueblos indígenas “oriundos del departamento”, podía leerse como crítica al reconocimiento  étnico de un gran porcentaje de quechuas y aymaras que habitan en el departamento.  Además de buscar “cerrar” la consideración  de pueblos étnicos del territorio cruceño,  como una crítica a procesos de etnogénesis, o de reidentificaciones, el Estatuto excluía y negaba la identidad étnica a los migrantes del altiplano, que son los principales  depositarios del racismo cruceño expresado por la dirigencia  cívica . En la base política que inspiró  la demanda autonómica y el Estatuto cruceño,  sólo se daba lugar al reconocimiento  de las cinco  etnias minoritarias con un lugar en la Asamblea  autoconvocada que elaboró el Estatuto, a partir de la participación de representantes indígenas afines al Gobierno Departamental. Estos pueblos  eran aceptados como componente inicial que mezclado con la población  hispana  habría  dado lugar a la identidad  “camba”, verdadero sujeto político por detrás del proyecto  político de la Media Luna en contra del mas. Aunque no había sido incluido, en el debate cruceño se hablaba incluso de la propuesta de limitar desde el Estatuto las “migraciones internas” a Santa Cruz.[72]

 Rafael Bautista, escribía  el 30 de abril en especial para abi que, en primer lugar, el “ultimátum”  de los estatutos implicaba la expropiación  de la decisión democrática. Pensaba que las críticas debían  ir más allá de la condena  a su ilegalidad, que era una oposición sólo de forma. Escribía que “No se trata de descentralizar el poder sino acumular  todo el poder posible. Es una estrategia defensiva, urgente, que se impone una oligarquía en proceso de desplazamiento.  Frente a la avalancha popular,  le queda reagruparse y asaltar de nuevo el poder. Pero esto no puede decirlo con todas sus letras, por ello acude  al encubrimiento. Como la hegemonía oligárquica ya no puede sostenerse en sus propios dogmas, tiene necesariamente que usurpar un nuevo discurso para cobijar en éste la legitimación de su dominio”. Denunciaba entonces una “transformación semántica” en el concepto de autonomía, reivindicación histórica que asociaba a los indígenas  y la autodeterminación, con un “rapto” del sentido original del concepto, con el fin de justificar y legitimar la recomposición en el poder  de una oligarquía  emparentada al capital  transnacional.[73]

Como había sucedido en la última instancia de diálogo, convocada en octubre del año anterior en la Vicepresidencia, el punto  central en que el modelo  autonómico expresado por el Estatuto se oponía al modelo del texto salido de la Asamblea Constituyente, era la distribución  de competencias. Romero denunciaba que el Estatuto no incluía las autonomías indígenas y atrasaría su agenda, que la Corte Departamental de Justicia era considerada última instancia y que el gobernador decidiría  sobre  tierras como máxima autoridad. García Linera se había referido también al intento cruceño de crear un “inrita”, pequeño inra (Instituto Nacional de Reforma Agraria). En algunos casos, la atribución de competencias igualaba o superaba  los presentes en regímenes federales. Esto despertaba  las corrientes suspicacias sobre la intención  separatista de los cruceños,  y por eso Evo Morales llamaba en sus discursos a luchar contra el separatismo.

Del lado camba, desde una columna  de opinión  del diario El Deber, el periodista Guillermo Capobianco  Ribera hablaba de “La revolución autonómica  del 4 de mayo”. Así calificaba a la aprobación  de un Estatuto con 53 competencias exclusivas para el Gobierno  Departamental, “de las cuales,  por lo menos 40, le arrancará mediante  la fuerza del voto ciudadano al Gobierno  central”. Predecía que de ese modo de manera irreversible se desplazaría el centro de articulación de la economía nacional desde La Paz hacia Santa Cruz, destacaba que la aprobación había sido por parte del “ciudadano nacido, que trabaja y está domiciliado en Santa Cruz, sin importar  el color de su piel, su clase social, su religión o su fortuna”.

Entre las competencias  que la Constitución  de 1967 (cf. República de Bolivia) y el texto aprobado por el MAS atribuían al Gobierno  Nacional pero que el Estatuto cruceño  otorgaba  al departamento, se encontraban  el control sobre tierras, agricultura, ganadería,  sanidad  animal, suelos  forestales y bosques, el aprovechamiento forestal, hidráulico  e hídrico, áreas protegidas, medio ambiente y equilibrio ecológico y uso de la diversidad biológica.  En su Artículo 12, el Estatuto proclama la capacidad  para realizar “acuerdos intergubernamentales”  entre la región  y el Gobierno  central, como si se tratara de países diferentes, y afirma que “El Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz celebrará convenios de colaboración  para la gestión y prestación de servicios correspondientes a materias de su exclusiva competencia, tanto con el Estado Nacional como con otros departamentos y los Gobiernos  Municipales”.[74]

 Otro tema polémico era el tema  de la seguridad. En contraposición al mando único  de la Policía  de Bolivia,  e imitando un régimen federal, el Estatuto llamaba a promover acciones en coordinación con el Estado Nacional, los Gobiernos Mu-nicipales, la Policía Nacional  y el Concejo Departamental de Seguridad Nacional. Se creaba un organismo de seguridad que fue complementado  con declaraciones públicas  del prefecto Costas, que tomó la iniciativa de crear “guardias civiles” para garantizar  la seguridad  el 4 de mayo en la votación  del Estatuto. El prefecto  tam-bién prometió que la guardia departamental tendría un salario de 4000 bolivianos.

Una de las críticas al Estatuto de Santa Cruz  a las que accedí, fue la de Mauricio Ochoa Urioste, presidente de la Asociación de Juristas de Bolivia. Ochoa  aportaba datos estadísticos de pobreza, que daban cuenta de que en la provincia Guarayos el 90% eran pobres, en la provincia Velasco, el 78%, y que  de las 15 provincias, 12 superan el 50% de pobres, según el censo  de 2001, “¿este es el modelo de desarrollo de Santa Cruz?”, preguntaba. Mencionaba que para  el Estatuto el Estado debería delegar las competencias  en tierra, educación  y biocombustibles,  “esto último algo que nunca se habló en Bolivia y es impulsado por varias transnacionales”, decía en su exposición. El Estado central sólo se ocuparía, según el Estatuto, de cuidar del sistema penitenciario  y el control meteorológico. El constitucionalista explicaba que el Estatuto estaba  lleno de doctrina contra el Estado boliviano,  y aportaba  datos para entender el lugar político de sus ideólogos.

El preámbulo es copia del de Cataluña, decía Ochoa.  Y mencionaba el finan-ciamiento de la cooperación  norteamericana y empresas multinacionales a Juan Carlos Urenda, a quien en la Asamblea provisional autonómica de diciembre, yo había escuchado ser presentado como “nuestro constitucionalista”. Reproducien-do denuncias también presentadas por Quintana, Ochoa citaba los encuentros y relaciones de distintos ideólogos  de la “autonomía”, como Teresa  Bustillos, con la agrupación catalana psa de Joan  Pratt; y de Antelo, Asbún,  Aguilera y también Urenda con usaid, la agrupación Nación Camba, jueces del Tribunal Constitu-cional, empresas cruceñas, asociaciones de empresarios  del agro y las empresas multinacionales  del agronegocio presentes en Santa Cruz, como importante plaza soyera.[75]

En una entrevista para La Razón, Juan Carlos Urenda  era cuestionado  por la presencia de derechos fundamentales en el Estatuto cruceño. Entre ellos se incluía el derecho  al asilo, a la propiedad  privada, libertad religiosa, seguridad jurídica, derecho a la vida,  a la salud, educación,  etc. Entre los derechos políticos se incluía la “condición  política de cruceño”, con derechos reconocidos a los cruceños  en el exterior. Urenda explicaba  que se habían  incluido los derechos  ante la incertidumbre en torno al futuro texto constitucional  y decía “es mejor que estén y se repitan los derechos. Además hay un tema, hasta ahora nadie sabe cuál va a ser el texto constitucional  futuro; si será del MAS u otro. Entonces,  ante la ausencia  de un texto seguro, teníamos que anotar los derechos  que nosotros queremos que prevalezca”. Desde La Paz, el constitucionalista Carlos Alarcón aclaraba que los derechos y garantías correspondían  al nivel constitucional  y que “si se repiten a nivel del Estatuto los derechos constitucionales da señales de que ya no es un Estatuto si no una Constitución paralela”. Sobre la condición política cruceña, veía que había un exceso, porque la única condición política debía ser la de boliviano.

Fernando Garcés, de la ong cenda, publicó en internet un borrador para la reflexión  (2008) y el análisis donde criticaba que en la última edición  del libro Separando la paja del trigo, de j.c. Urenda, de 2006, se había  excluido la propuesta que sí estaba en las primeras dos ediciones  del libro, donde  aguas, desarrollo forestal, hidrocarburos, minería, medio ambiente,  ecología, recursos naturales, riego y tierras aparecían como competencias a ser legisladas en el departamento. Garcés escribe  que “en un acto mágico” desaparece su propuesta para ocultar que los autonomistas querían apropiarse de los recursos. En su libro, Urenda defiende el modelo  de Estado liberal e incluye los derechos indígenas pero de manera marginal y subordinados a la autonomía  departamental, solamente  otorgando derechos  culturales y lingüísticos como competencia para ser legislada también en el nivel departamental.  Por ese tratamiento, Garcés afirma  “como ya se lo dijo su mismo maestro Requejo, en un país como Bolivia el tema indígena no puede ser parte marginal de un modelo de autonomías como el que plantea el autor”.

Como Bautista y otros, Garcés  retoma  el argumento del desenmascaramiento de los autonomistas  (y además de Urenda  critica al trabajo de Mario Galindo) encontrando  que detrás de “estratagemas discursivas”; “los ‘cívicos’ quieren nomás recapturar el poder político perdido en el escenario  nacional” y que “el objetivo es la articulación  de Oriente  al eje geopolítico del Brasil”. El diseño es un diseño democrático, reconocía Garcés, pero escribía que las prácticas eran “monopólicas, separatistas, cargadas de virulencia verbal y violencia física, armadas sobre un montaje mediático de bondad, eficiencia y democracia”. Recordaba también, en su artículo, que el 3 de octubre de 2006, después de que por iniciativa  del MAS la Asamblea  Constituyente se declarara “originaria”,  Juan Carlos Urenda, como asesor del Comité  Pro Santa Cruz, propuso el repliegue  inmediato  de los constituyentes de las cuatro regiones  de Oriente para establecer una Asamblea Constituyente paralela (Garcés  cita a El Deber).

El 1 de junio en Beni y Pando, y el 22 de junio en Tarija, se realizaron comicios para  ratificar cada uno de los estatutos autonómicos, con resultados políticos similares a los de Santa Cruz.[76]  Desde Tarija, Magda Calvimontes, constituyente del MAS y secretaria de la Comisión de Autonomías, difundía por e-mail el texto “Estatuto Autonómico de Camino al Cambio y otros”, en que denunciaba   el proceso de elaboración del Estatuto por la agrupación  política del prefecto Mario Cossío y clamaba por “verdaderas autonomías”.  Calvimontes escribía: “[…] señalan que no respetará si se aprueba la “Constitución  Masista”,  por más que sea aprobada por mayoría, pero a nombre de “democracia” convocan a referendo para aprobar “sus estatutos”, sin una ley que la convoque,  sin que existan las autonomías en el texto constitucional, sin que exista un Gobierno Departamental (pues lo único  que  existe es un prefecto  elegido  pero posesionado por el Presidente) […] los tarijeños tenemos  el derecho  de elegir a nuestros legítimos y electos representantes para elaborar de manera  participativa con todos los sectores, […] ninguna provincia, ningún pueblo indígena, ninguna comunidad campesina, se sientan excluidas. ¡¡ hay que democratizar el poder y los recursos, con verdaderas autonomías, autonomías para el Pueblo!!!!”.[77]

Una de las pocas buenas noticias para el MAS provenidas de Santa Cruz, era la reaparición del espacio  político Santa Cruz Somos Todos, que ya había hecho pronunciamientos a favor de la Asamblea Constituyente en septiembre y octubre de 2007, y que presentaba propuestas de modificaciones al texto constitucional  y proyecto  de Estatuto. Era un grupo de personalidades de la cultura, intelectuales y otros (como el diputado  de un Alejandro Colanzi y el rector socialista Jerjes Justiniano), que no se identificaban con el MAS pero tampoco con podemos y el Comité Cívico, y que también tenían la particularidad de no ser identificados como cuerpos  extraños por parte de la sociedad  “camba”, tal cual entienden a muchos de sus coterráneos. Santa Cruz Somos Todos, era entendido más específicamente como “la clase media de Santa Cruz”. Su posición frente al Estatuto era que, antes de apoyarlo o rechazarlo, debía ser conocido por la población.  Se dirigían a los “cruceños y no cruceños que viven en el departamento”,  buscando  quebrar  la dicotomía camba-colla, y criticaban el centralismo pero también la “deuda social negada”. Apoyaban el camino del diálogo y también la autonomía pero aprobada en el marco de la Constitución.  Era el camino que también  buscaba  explorar el mas, pero que en la primera mitad de 2008 permanecía cerrado.[78]

5. Referendo Revocatorio y el extremo  de la polarización

El 8 de mayo, sorpresivamente, los senadores de podemos aprobaron un proyecto de referendo revocatorio de mandato para el presidente,  el vicepresidente y todos los prefectos, que había sido propuesto y aprobado en Diputados por el MAS en diciembre de 2007, y luego frenado en el Senado  controlado por la oposición. Evo Morales aceptó el desafío, aunque las primeras declaraciones de los congresistas y del vicepresidente eran contrarias a la medida,  con el argumento del “cambio de contexto”. Los senadores de la oposición  habían tenido reparos con el proyecto aprobado, por ejemplo en la pregunta  del referendo,  que en caso del presidente y vicepresidente era formulada con la redacción:  “¿Usted  está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el Presidente Evo Morales Ayma y el Vicepresidente  Álvaro García Linera?”. Pero para que el proyecto  no pudiera ser devuelto con cambios y fuera aprobado  automáticamente, fue votado en el Senado sin modificaciones. El Ejecutivo promulgó  la ley y convocó  al referendo para el 10 de agosto de 2008.

La decisión desnudaba  divisiones internas de la oposición. El conalde decidió no participar del referendo aprobado  por los senadores  de podemos, pese a que poco antes, el 31 de marzo,  luego de un nuevo fracaso de instancias de diálogo, los prefectos habían firmado una carta en la que llamaban a encaminar el referendo  revocatorio  que había sido inicialmente propuesto  en diciembre del año anterior. A pesar de la negativa  inicial, y a sabiendas de su popularidad, sin embargo, los prefectos de Beni y Santa Cruz aceptaban poco después  el reto de someterse a las urnas. Sólo Manfred Reyes Villa de Cochabamba y José Luis Paredes de La Paz, con menos seguridad  de poder  salir victoriosos,  mantuvieron la oposición al referendo  hasta el final.

En los meses previos  al referendo,  se vivía tensión política y aumentaba  la polarización. Mientras Evo Morales anunciaba  malestar entre los militares y rumores de golpe de Estado en los cuarteles, el 24 de mayo en Sucre tenía lugar un episodio de racismo, que recorrería  el mundo, con campesinos golpeados, obligados a arrodillarse, besar el piso y la bandera  de Sucre y gritar a favor de Sucre, en contra del MAS y de Evo Morales en la plaza  central de la ciudad,  frente a la prensa y a una multitud de manifestantes. Eran campesinos que habían llegado a la ciudad para participar de un acto en que Evo Morales entregaría ambulancias para los municipios, en la víspera del aniversario del grito de la independencia de 1809. Pero el presidente no pudo llegar hasta el estadio por  las manifestaciones que rodeaban  al mismo. En los videos del episodio  se pueden ver insultos a personas por el solo hecho  de usar polleras o ser del campo.[79]

 También hubo agresiones a líderes cívicos  contrarios al prefecto en Tarija, donde se registró un atentado con bomba en un canal de televisión de Yacuiba, cuyos implicados aparecerían en una fotografía junto a Tuto Quiroga, difundida por el Gobierno.  Como en Sucre, en distintos aeropuertos de la Media  Luna  se impedía la llegada  de Evo Morales, inclusive obligando a cancelar un acto con Cristina Kirchner y Hugo Chávez por la ocupación de aeropuertos. Estas acciones de la oposición  se difundían en los medios como falta de control territorial por parte del Estado boliviano y su Gobierno. Por la misma época, el 3 de junio, el Colegio  Nacional de Abogados, desde La Paz, sugería  anular el proyecto  de Constitución aprobado  en Oruro, como única salida a la crisis política del país.

El crecimiento  político de la  oposición, después de la aprobación   de los estatutos departamentales, sumaba a sus filas una nueva Prefectura, después de que el 29 de junio también se elegía en Chuquisaca, ahora oficialmente, a la ex constituyente del MAS Sabina Cuellar como primera autoridad del departamento. Era una candidatura que había surgido del Comité  Interinstitucional en Defensa de la capitalía  y venció  al candidato del MAS y de as. En ese momento, todos los prefectos departamentales, exceptuando los de Oruro y Potosí, eran opositores del Gobierno de Evo Morales. El referendo revocatorio aprobado  por la oposición cambiaría nuevamente la correlación de fuerzas y el escenario político, pero en ese momento no se veían caminos para buscar la aprobación del texto constitucional.

En entrevista con Amalia  Pando,  en marzo de 2008, cuando  la Corte había anulado  la convocatoria del MAS al referendo constitucional, García Linera decía que la Asamblea no estaba muerta y había renacido como el ave fénix para ser aprobada. La conocida periodista paceña Amalia Pando, defendía que sí había muerto, y que la aprobación “en grande” había sido su testamento, porque  el hecho de no estar podemos, le quitaba legitimidad. El vicepresidente garantizaba que lo que faltaba del trabajo de la Asamblea se haría con legitimidad y legalidad, con el texto que recuperaba los acuerdos de la Vicepresidencia, la inclusión  de las autonomías y el mandato  del referendo por la tierra constitucionalizado,  con las correcciones menores de la versión  “en detalle”. Lo que importa es el 54% que votó a Evo Morales, también  en Santa Cruz, y no la oposición del prefecto, decía. Aseguraba que de no haberse declarado un “cuarto intermedio”,  que suspendía  la convocatoria a referendo constitucional, sectores urbanos  universitarios y cooperativistas irían a manifestarse a favor de la Asamblea. A pesar de que la oposición quiso  matar la Asamblea,  decía el vicepresidente, la gente con su voto legitimará y legalizará  el texto constitucional.

En la entrevista, García Linera también denunciaba un decálogo de acciones contra el Gobierno  al que también Evo Morales se había referido meses antes, que consistía en un plan “golpista” que comenzaba a ser realizado  desde  la Media Luna, y que incluía la ocupación  de instalaciones públicas,  bloqueos  del sector transporte, guerra económica con subida de precios y promoción de movilizaciones, y el intento de cerrar válvulas para el mercado  interno de petróleo. García Linera incluía en ese plan el intento de aprobar una supuesta  carta de autonomía, y aseguraba que el Gobierno  respondería  con los mecanismos legales de la Constitución y también apelando a la movilización  de la población.  Decía que “el soberano”  tenía que defender comprometiéndose con el proceso de cambio, y que eso se estaba viendo con movilización después de mucho tiempo de letargo del movimiento social. García Linera recordaba también que un indígena había cumplido  el sueño cruceño de explotar el Mutún [minerales]  y que por primera vez en 180 años se reconocía  la diversidad  de los pueblos.[80]

 El resultado del referendo  del 10 de agosto redibujaría  el escenario político boliviano y daría aire político al Gobierno  aunque aún no sería suficiente para frenar el avance  de la oposición.  Evo Morales y García Linera obtuvieron el apoyo del 67,41% de los votos, con un amplio incremento del total de votantes. También ocurría  la ratificación de los prefectos opositores  de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz. Las máximas autoridades de Cochabamba y La Paz, también opositoras, eran revocadas, y en Chuquisaca no hubo votación. El prefecto de Oruro estuvo a punto de ser revocado, pero contra lo establecido  en la ley y defendido por el Gobierno antes de la votación, primó el criterio adoptado  por la Corte, que exigía para ser revocado un mayor número de votos respecto  al original.  Nombrando interventores en los departamentos con prefectos revocados, la oposición  ahora tenía cinco Gobiernos  y cuatro pasaban a ser del mas. El MAS ganaba así dos departamentos además de una ratificación histórica a nivel nacional.

El principal resultado que modificó el clima político era el aumento de apoyo para Evo Morales, que había ganado en 95 de 112 provincias  del país, a pesar de que con la ratificación de los estatutos y el control de Prefecturas, hasta entonces se había planteado un avance de la oposición  en las regiones.  La lectura que prevalecía en la prensa, sin embargo, era la de la ratificación de las “dos Bolivias” y la de una situación de empate entre Media  Luna y Gobierno, a partir de que la mayoría de los prefectos de la oposición  también  habían  sido ratificados,  lo que también podía leerse sin duda como una nueva votación a favor de las autonomías. El mapa de la victoria  de Evo Morales y García Linera expresaba un apoyo de más de dos tercios del país,  en todas las regiones. La oposición a Evo Morales en Tarija y Chuquisaca se reducía a las capitales,  y el presidente  había obtenido apoyo en varias provincias de los departamentos  de Santa Cruz, Beni y Pando (ganó en 27 de las 44 provincias opositoras). En varias regiones de Occidente había superado el 95% de los votos.[81]

El mapa de “Nación Camba” había sido desarmado, se había pintando de azul gran parte de un territorio que políticamente se pensaba como opositor y trayendo una imagen diferente de la que dejaban  la toma de aeropuertos para impedir la presencia de Morales en algunas regiones. Sólo la franja de provincias fronterizas con Brasil y cuatro ciudades capitales de departamento, en realidad, eran los lugares que habían  votado en contra de Evo Morales. La nueva situación contradecía   la imagen de las “dos Bolivias”, y de la  oposición como “la otra mitad”, y se acomodaba mejor a la de Bolivia como país con mayoría indígena campesina. Después del triunfo, muchos opositores cuestionaron a Tuto Quiroga, jefe de podemos, e ideólogo del apoyo de los senadores  al proyecto  impulsado inicialmente por el mas. Nadie entendía por qué había sido podemos el que le abriera  al MAS las puertas de semejante triunfo político. Fundado en 1997, en 11 años el MAS había  crecido la cifra de dos millones de votos.[82]

Era un desastre para la oposición, y especialmente para podemos, que había liderado la oposición y había apostado por intentar impedir la aprobación de la Nueva Constitución. Y el resultado del referendo  significaba  que el MAS podría tener confianza para convocar la consulta para  la aprobación de la Constitución. El riesgo del Gobierno  o Constitución paralela, o del separatismo  y guerra civil también  se volvía inviable políticamente. Y ya a nadie le quedaban dudas, también, de la necesidad  de ratificar un régimen de autonomías. Pero al afianzamiento  político de Evo Morales, que en realidad ya era fuerte desde el 53,7% en 2005, le siguió  un periodo de mayor confrontación social. Parecía ser el crecimiento  del MAS lo que estimulaba opciones violentas y por fuera de las instituciones  por parte de la oposición,  y no al contrario,  con la violencia política como recurso de las minorías políticas  antes que de las fuerzas  con apoyo por una causa popular.

El 15 de agosto fracasó un nuevo  intento de diálogo convocado por el Gobierno, y el conalde organizó una nueva huelga de hambre y paro cívico. ¿Qué buscaban? Podrían haber utilizado su control del Senado  y control de varias regiones para imponer condiciones al MAS en la aprobación de la Constitución.  El MAS se mostraba  abierto a realizar modificaciones y devolver los ingresos  quitados a las Prefecturas para financiar la Renta Dignidad, que sumaban 166 millones de dólares. Pero la oposición  parecía  estar perdida  en una lucha a todo o nada en contra de la Constitución y del Gobierno de Evo Morales y por el establecimiento de autonomías plenas de forma  unilateral y no negociada.  Recordaba  el accionar de los cívicos de Sucre por la capitalía.  En ese contexto un discurso del prefecto Costas insultaba a Evo Morales  llamándolo  entre otras cosas “excelentísimo criminal”, en la línea que había iniciado cuando llamó a Hugo Chávez “macaco mayor” y “macaco menor” a Evo Morales.

El 21 de agosto los ganaderos  de Santa Cruz y Beni decidieron no enviar más carne a Occidente. La medida fue suspendida  antes de llevarse a cavo pero días después se iniciaron bloqueos de ruta en el Chaco y en Santa Cruz, tomando las “trancas”  para evitar el tránsito. Como había ocurrido en mayo en Sucre, en Santa Cruz hubo enfrentamientos con la Policía  y el Ejército. En Beni los cívicos desconocieron las fuerzas de seguridad nacionales. Evo Morales habló de “golpe de Estado civil”. En la Media  Luna se inició también una ola de tomas de instituciones nacionales. Hubo tomas de instituciones como la Superintendencia  de Hidrocarburos en Tarija, de Impuestos y la Aduana  en Villamontes,  del inra y la Administradora de Caminos  en Cobija y del Servicio de Impuestos Nacionales y control del aeropuerto  en Trinidad.

A fines de agosto, Evo Morales buscaba forzar un avance, convocando por decreto al referendo aprobatorio  de la Nueva  Constitución y la elección  de prefectos revocados,  pero una vez más es detenido por una resolución de la Corte Nacional  Electoral que con argumentos  legales resuelve no organizar ninguna elección hasta cuando esta no fuera convocada  por Ley del Congreso, respetando su resolución de marzo. De modo unilateral,  al mismo tiempo, Rubén Costas llamaba a elecciones para elegir asambleístas  departamentales en el marco del Estatuto aprobado en mayo, elección que también fue rechazada por la Corte. A partir de entonces,   la nueva bandera de la oposición  sería el pedido de una auditoría en el padrón  electoral con acusaciones de irregularidades, que serían atendidas por la Corte.[83]

 El 3 de septiembre, una reunión  del conalde habría decidido radicalizar el enfrentamiento  con el Gobierno,  a partir de la intensificación  de bloqueo de caminos, asumiendo el control de válvulas de gasoductos  y ocupando más instituciones del Gobierno central. Como el Gobierno advertía hacía tiempo, un plan de insurrección estaba en marcha, y se alcanzó a cortar el suministro de gas a países vecinos. Los cívicos también cerraron fronteras internacionales  y paralizaron  las principales  rutas de Tarija, Santa Cruz y el sur de Chuquisaca. También hubo destrozos en las sedes de la ong cejis, y en las de las organizaciones indígenas cidob y cpesc.[84]

El bloqueo total de Oriente puede verse como la inversión de la paralización del Occidente  en 2003, durante la Guerra del Gas, y que abría el camino de llegada del MAS al Gobierno. En ese momento, como señala Böhrt (2009: 57), Santa Cruz se presentaba como “Bolivia Productiva” en oposición a la “Bolivia trancada”. En 2008, era el Gobierno quien impulsaba la Bolivia Productiva,  y la Media  Luna  la que trancaba. En agosto, el Gobierno  había difundido imágenes de una reunión secreta entre el embajador de Estados Unidos, Phillip Goldberg, y Rubén Costas. El 10 de septiembre, Goldberg fue declarado “persona  non grata” y expulsado del país, acto al que le sigue  la expulsión del embajador  boliviano en Washington, y también la expulsión  –por  solidaridad con Bolivia–  del embajador norteamericano en Venezuela, con duras declaraciones de Hugo Chávez, que expresó días más tarde “váyanse  al carajo, yanquis  de mierda”. También declaró que darían apoyo armado a Bolivia, en caso de Evo Morales ser derrocado, provocando  protestas de las Fuerzas Armadas  del país. Tenía información  del Gobierno  boliviano y de un ministro, de que algunos  sectores del Ejército no respondían  al mando del presidente.[85]

Como respuesta a las movilizaciones de la Media Luna, desde San Julián, y en la ruta a Cochabamba, los campesinos comenzaron a organizar un cerco a Santa Cruz. Pero el 11 de septiembre, en la ruta que sale de El Porvenir, en Pando, un nuevo hecho cambiaría  nuevamente el escenario. En el máximo pico de la escalada de violencia insurreccional de la Media  Luna, se produjo una emboscada a una marcha de campesinos e indígenas simpatizantes  del mas, que se dirigían a la ciudad  de Cobija para realizar un ampliado. La emboscada con armas de fuego, organizada por empleados de la Prefectura  de Pando, provocó 20 muertos y centenas de heridos, aunque se dice que habría más cadáveres no reconocidos que fueron llevados por el río, donde muchos  habían buscado refugio de la balacera. Se conocería como la “Masacre  de Pando”, y tendría un papel importante en el curso del proceso.

Ante la declaración  de Estado de Sitio, el prefecto Leopoldo  Fernández dio orden a grupos  civiles de resistir el ingreso de fuerzas de seguridad, que tomaron el aeropuerto de Cobija. El prefecto fue detenido y acusado por el fiscal de genocidio por la participación  de sus empleados y vehículos en la masacre,  y enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz. El 15 de septiembre, y con el recuerdo del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, se reunían de emergencia en Santiago de Chile los presidentes de los países  que integraban unasur, constituido en mayo de ese mismo año. En La Declaración de La Moneda, los presidentes  aprobaron resoluciones en las que expresaban el respaldo  al Gobierno de Evo Morales y el desconocimiento a cualquier intento de golpe civil y ruptura del orden constitucional. Expresaban su defensa a la integridad  territorial, denunciaban la Masacre de Pando y creaban una comisión para el acompañamiento  del diálogo abierto por el Gobierno  de Bolivia con los sectores opositores.  En la reunión  con los presidentes, Evo Morales  criticó el intento de golpe cívico-prefectural.[86]

 El 12 de septiembre, el plan de la Media Luna todavía no había sido abortado y Rubén Costas promulgaba la Ley Departamental número 7, que hacía referencia al “proceso de transferencia de competencias  exclusivas del Departamento Autónomo de Santa Cruz”, de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera  del Estatuto aprobado el 4 de mayo, y que servía de marco para incorporar al Estado Departamental  las instituciones tomadas  por los manifestantes.  En el Artículo 2 de la ley se establecía que “Todas las instituciones públicas  del Gobierno Nacional que a la fecha  se encarguen de la administración  de alguna de las competencias exclusivas del Departamento  Autónomo  de Santa Cruz, establecidas en el Artículo 6º del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz dentro de esta jurisdicción departamental, se incorporan a la estructura orgánica  del Ejecutivo Departamental del Gobierno  Departamental Autónomo  de Santa Cruz”.[87]

Pero  la Masacre del Porvenir sería el límite al avance  de la Media Luna. Si la escalada no frenaba y las organizaciones sociales decidían movilizarse en contra de los autonomistas,  no era difícil imaginar un escenario de guerra civil. De eso se hablaba en las calles de Bolivia, en sus programas de radio y de televisión. Pero después de la masacre  de Pando  el diálogo fue abierto y por primera vez desde  la llegada de Evo Morales al Gobierno  tendría éxito, como veremos en el próximo capítulo. De algún modo, después de un mes de reacción desesperada, el país asimilaba los resultados de los dos tercios obtenidos  por Evo Morales en el revocatorio  (cf. Schavelzon [2008b]). Con el encarcelamiento   de Leopoldo Fernández, ex parlamentario y ministro de Banzer,  luego electo como parte de la estructura heredada  de adn por podemos y perteneciente  al núcleo duro de la Media  Luna,  la cantidad de las Prefecturas opositoras  se reducía a cuatro, con dos prefectos revocados, uno detenido y dos desde el principio en manos del mas.

En la versión de los hechos, que tenía la gente de Leopoldo Fernández, quienes lo apodaban “cacique”, y que en gran proporción se exilió en la ciudad fronteriza brasilera de Brasileia, (hubo cientos de exiliados, después de la masacre,  cuando comenzaron las detenciones), se acusaba por los hechos  al alcalde de Cobija “Chiquitín” Becerra y a su primo Weimar Becerra, ex constituyente y miembro de la Directiva de la Asamblea, y ambos del mar, aliado al MAS en la región.  Viajando con Weimar hacia Oruro, para la sesión  final de la Constituyente en diciembre de 2007, él había contado algunas historias de Pando,  que me permitieron entender algo de la fama de “sin ley” (aunque con rey) que esas tierras tenían. Actualmente con 50 mil habitantes (y más de mil quilómetros cuadrados para cada habitante según  la densidad  poblacional),  lo que desde 1938 es Pando fue escenario de la guerra del Acre a inicios del siglo xx y todavía es territorio de frontera, de todo lo ilegal y de la ley del más fuerte. Weimar contó que su familia decidió apoyar el proceso de cambio con sus hermanos  y primos. Los Becerra y los Ferreira son de las mayores familias de Pando, pero la diferencia  es que los Becerra son valientes y los Ferreira no, explicaba Weimar.

Weimar contaba  que  años atrás tenía un mandamiento de apremio porque casi mata atropellados a policías que lo estaban molestando  por un carro irregular. Se fue entonces a Brasil y Perú, perdiendo  la casa y el camión con el que trabajaba de transportista, y empezó a recuperarse  haciéndole  la campaña a un diputado. Weimar decía que como el comandante  de la Policía  era un “mal viviente”  le habían robado también el auto. Explicaba que Pando era el reformatorio de policías de Santa Cruz y Cochabamba que se portaban mal. Él había sido campeón Perú-Bolivia-Argentina de Moto Cross en 1991, y pudo volver a Pando cuando un político lo llamó para correr representando a Pando en el Premio Nacional de Automovilismo. Un juez al que él había ayudado dándole piezas de auto sin saber que era autoridad le arregló todo. Dieron  la orden en la Policía  para que recuperara  el carnet de identidad, y cuando  lo fue a buscar en la Policía encontró que la persona  que lo atendió  había sido su compañera del colegio.  De todos modos él sabía que si lo agarraban podría escapar, porque en Pando no hay cárcel, explicaba, a pocas horas de la última sesión  de la Asamblea.[88]

Después se metió en los movimientos para dar tierra a los que no la tenían, contaba. Y decía que el Gobierno  tenía que ayudar porque ellos estaban  solos. El prefecto tiene más armas y gases que la Policía Nacional  y al que denuncia a Leopoldo amanece muerto, decía. Se sabe hace muchos años que Leopoldo es narcotraficante y cuando  era presidente  del Senado le quitaron la visa para  Estados Unidos por eso. Desde que está él de prefecto , el narcotráfico aumentó 1000 por ciento, y se matan en la calle con el otro bando. Pero nadie ve nada y la Policía  no dice nada. En el Municipio  hay 5000 empleados, mil quinientos más que en La Paz, y a Leopoldo no lo apoyan ni 500. Por eso había  llevado maleantes  del Acre, en Brasil. Weimar decía que en Pando se sabía también que Leopoldo no había ganado  las elecciones.  Evo no escuchó, pero Leopoldo había hecho desaparecer 5000 carnet que usaron brasileros para votar por él. La Corte Electoral está con ellos. Hacer un referendo ahí es perder, decía.[89]

El ayudante personal  de Leopoldo,  le contó que cuando era ministro de Gobierno y Evo presionaba en el Chapare,  le llevó un maletín de dinero y Morales no lo recibió.  Weimar elogiaba a Evo, pero lo veía solo. ¿De qué sirve que trabaje 18hs?, preguntaba. Cerca del final de la Asamblea Constituyente, en 2007, a Weimar lo habían  llamado amigos preguntando cuánto valía su voto. De los 4 constituyentes que el MAS tenía como aliados en Pando, dos se habían “desmarcado”. Uno era de esperarse, decía Weimar, porque era sobrino de Leopoldo Fernández y del presidente de la Corte Departamental.  Pero el otro era firme,  y había trabajado con él en el taller de autos. Lo debían haber amenazado  fuerte, pensaba, y agregaba “el demonio está en Pando”. Decía que había que conseguir armas y meterle con todo para el referendo  de aprobación de la Constitución. “Ahora es a bala”, acotó Roberto Aguilar, que manejaba la camioneta  y se preparaba para comandar la última sesión  de la Asamblea Constituyente, en Oruro. Ambos coincidían en que sería difícil evitar muertes.

Desde la brigada paceña se había hecho un aporte para contratar los 16 micros que estaban llegando de El Alto. Buscaban lugar para que se estacionen. El prefecto fue a recibir los ómnibus con alteños pidiendo que no hubiera confrontación. Los que viajaban en los micros no permitieron ser revisados por la Policía y Patana, dirigente de la fejuve de El Alto, que en 2010 sería elegido alcalde, dijo que la única arma que llevaban era la organización. Cantaban “¡fusil, metralla, El Alto no se calla!”. Ver bolpress, 21 y 23 de noviembre, 2007).↵

Días después, en La Paz y Santa Cruz se realizarían marchas en contra del maltrato de animales, motivadas por el ritual. Exigían una ley de protección a los animales y cantaban “asesinos” y “no somos salvajes”. Las imágenes del sacrificio recorrerían el mundo y serían utilizadas para criticar al Gobierno de Evo Morales por largo tiempo. El acto de los “ponchos rojos” se había realizado en respuesta a las agresiones de la Media Luna.↵

A pesar de las coincidencias que pudieran tener con un proyecto del MAS hecho para seducirlos, el mnr y un dudaban ser los que viabilicen y den aire político al intento del MAS de sesionar en el Liceo. A diferencia de los partidos chicos, el mnr tampoco veía rédito en ser coautores de la Constitución del mas, partido que había crecido sepultando al mnr y que amenazaba con dejarlo en el pasado. Por otra parte, muchos constituyentes del mnr respondían políticamente a la Media Luna. Además, la jugada del MAS era arriesgada para ellos porque sumarse a la partida podía significar compartir una derrota, más allá de las posiciones defendidas en los debates al interior del Colegio Militar. Otros sectores políticos de la oposición, más adelante, sí evaluarían positivamente esa posibilidad de colaborar.↵

A Adolfo Mendoza la Constitución le parecía mala. Habría que haberle dado más fuerza al Poder Electoral Social, pensaba. Criticaba entre otras cosas la exclusión de la representación directa, de cuestiones de género y señalaba contradicciones entre lo general de recursos naturales y los artículos específicos de recursos hídricos, minería, etc. Veía que las organizaciones podrían pedir una nueva Asamblea dentro de poco tiempo si esta fracasaba, aunque el Gobierno no iría a querer. Adolfo criticaba a la gente de Santos Ramírez y decía “éste va a hacer lo que sabe hacer: ganar votos amenazando con decir lo que sabe de los de la oposición, y eso es chantaje. Y está muy mal”. A los técnicos españoles los veía más acostumbrados a respetar decisiones partidarias que colectivas y de las organizaciones. También se refería a otros técnicos que habían defendido la opinión de sólo un grupo en el Gobierno. Para ellos, además, la realidad se tenía que acomodar a las leyes y no al revés, decía Adolfo.↵

La Orden del Día propuesta era: 1) Asistencia, 2) Lectura de Correspondencia, 3) Renuncia de Arias, 4) Modificación del Reglamento, 5) Informe de la Directiva y 6) Informe de las 21 Comisiones. El Informe sobre el Comité de Diálogo y Concejo Político sería dado por la Directiva y no por la Comisión de Diálogo. Habían presentes 10 constituyentes de Chuquisaca (no fue Álvaro Azurduy contrario a lo que se esperaba); 37 de La Paz; 19 de Santa Cruz; 21 de Potosí (mas y Aliados, sin as); 16 de Oruro; 8 de Tarija; 2 de Pando y 3 de Beni. Los números eran distintos a los contabilizados frente a Santos Ramírez un día atrás en la reunión del mas, con altas y bajas en los departamentos.↵

Barrón había declarado que desconfiaba de que el MAS trataría el tema. Ana culpaba a Aydeé Nava y a Del Granado de que no hubiera acuerdo hasta ese momento. Sólo cambiaron el orden de las cosas. Macario Tola le preguntaba a Vladimir Alarcón, de El Alto, quién se estaba ocupando de la negociación con los “chuquis”. Se decía que se aceptaría la tercera propuesta que no tenía apoyo de las organizaciones de La Paz. “Desconocen a Patana y Zapata”, concluían. “Que quede claro que yo no me hago cargo de esa negociación”, decía Macario. Una constituyente me agregó en la lista de las personas que se quedaría a dormir en el Liceo.↵

El msm se perjudicaba porque no era considerada una bancada separada del mas, perdiendo así la posibilidad de hacer observaciones propias. El debate sobre la necesidad de aprobar o discutir más, sería importante en el desenlace de la Asamblea Constituyente de Ecuador, en 2008. Entre los cambios al reglamento de la Asamblea realizados en La Glorieta están: en el Artículo 27 se creó un Comité para compatibilizar los informes de las comisiones y convertirlos en una estructura constitucional; el Artículo 50 amplió sesiones a sábados, domingos y feriados; el Artículo 51 amplió el tiempo de sesiones: en el Artículo 61 se estableció dos vueltas de 20 minutos para hacer uso de la palabra por agrupaciones políticas; en el Articulo 63 se redujo el tiempo para presentar informe de comisiones de dos horas a 15 minutos. Para la aprobación “en grande”, cada bancada política y brigada departamental tenía una hora y se había reducido a 15 minutos. Para la aprobación “en detalle” no podrían hablar los 255 constituyentes 10 minutos cada uno sino 20 minutos por bloque del texto y por bancada. En el Artículo 64 se redujo de dos a un minuto el tiempo para mociones; en el Artículo 68 se incorporó el sistema de votación por mano alzada; el artículo 70 de los dos tercios no se modificó y en el Artículo 71 se modificó que para reconsideración se necesitaría un tercio de votos de los presentes. La pérdida de mandato (Artículo 84) se aprobaría por dos tercios de los presentes para eventualmente quitarle el mandato a la oposición.↵

Madaí Sivila, periodista sucrense, había escuchado que la oposición estaba discutiendo si entrar o no. Ella decía que la gente de Sucre quería que el MAS se fuera a El Alto o a Oruro y que dejaran Sucre porque se pensaba que los de El Alto no dejarían que aprueben la capitalidad en La Glorieta. La Asamblea se veía como un espacio paceño. Madaí también decía que no quería estar en el mismo país que esta gente y que ella firmaría por el referendo de autonomía y capitalía plena para Sucre, en los libros abiertos por Barrón. Otros hablaban de querer independencia. La represión no ayudaba al MAS en su búsqueda de conquistar la opinión pública.↵

La posición de Macario Tola y la de buena parte de la bancada de La Paz era la de que se constitucionalicen dos poderes para Sucre y dos para La Paz. De lo contrario, decía La Paz, Chuquisaca seguiría pidiendo referendo hasta obtener la capitalía plena. La posición de Santos Ramírez era que también se constitucionalicen los cuatro poderes.↵

También denunció que tuvo acceso a un documento en que la Media Luna planificaba bloqueos en las rutas principales del país para evitar el abastecimiento de recursos al Occidente, planificaba también cerrar las válvulas de los principales oleoductos energéticos que alimentan a las principales ciudades del país. Decía tener miedo que el pueblo de verdad reaccione. (Fuente: Canal atb, atb noticias 3ra edición, Conducido por Casimira Lema, 24 de noviembre 2007). Vale la pena prestar atención a las denuncias a la luz de lo que sucedería en los meses siguientes.↵

Aguilar informó que se publicaría en prensa la lista de los asistentes y no asistentes para que la población haga seguimiento. Pedía preservar el quórum y que para eso las salidas fueran lo menos posible y estuvieran cerca para ser convocados. Sugirió hacer ordenamiento de presencia física en este ambiente, ubicándose por bancada por departamento, para facilitar el conteo de votos. Las votaciones constitucionales tienen que ser estrictas, y como no hay sistema electrónico, no puede fallar ni un voto, porque harían recursos constitucionales. El Mayor Vargas dijo que no iban a permitir que el vicepresidente imponga un sistema de control, y Roberto corrigió que su pedido era sólo para el mas, y que los otros partidos podrían sentarse donde quisieran. Dijo que no era control sino asumir con responsabilidad este proceso que es tan importante y el último.↵

En la hora del almuerzo, Rosalía del Villar buscaba un cuarto privado para ella y Ada Jiménez, porque la noche pasada llegaron a las dos de la mañana despertando a las cholitas paceñas y estas en venganza las habían levantado temprano. Eso vino después de las discusiones políticas en la brigada de La Paz por el acuerdo de capitalidad, en donde ellas también se habían enfrentado con las mujeres campesinas o de pollera. Rosalía decía que las cholitas eran muy intolerantes y que además de pelear en la bancada “ahora tienen lío en el dormir”. Según Rosalía a la mañana había acuerdo con Chuquisaca y Macario y otros fueron con “chismes” a las organizaciones y se dieron vuelta. Y dice que sólo Nazario, dirigente de El Alto, no aceptó la propuesta. Los asesores técnicos buscaban ofrecer alternativas, pero también tenían sus preferencias, decía. Magda Calvimontes estaba movilizada porque no había ni presidente, ni vicepresidente, ni secretario de la Comisión de Hidrocarburos, y esa Comisión es importante para Tarija, decía. Enrique Jurado, del mas, era el presidente y no había llegado porque estaba enfermo, el resto eran de la oposición. Magda estaba yendo a hablar con Santos por ese tema.↵

En la sesión algunos pedían comprensión para concluir con la lectura de los informes de sus Comisiones, a lo que le siguieron posiciones como la de César Cocarico, que hablaba de dar respuesta al pueblo boliviano. Walter Gutiérrez decía que la utac había ya distribuido los informes y que los mismos se conocían. Había que acelerar porque “si se tarda 5 minutos por informe no llegamos”, decía. El pueblo está esperando una aprobación en grande, decía Armando Terrazas. Después de tantas discusiones sobre la definición de “pueblo boliviano” era necesario que se apruebe el texto para consolidar su inclusión constitucionalizada. Carlos Romero y Roberto Aguilar discutían en la hora del almuerzo si se debían leer o no todos los informes y llegaron a la conclusión de que había que leerlos sí o sí. Cocarico sugirió que fuera un informe ejecutivo y Romero le contestó “vos sos el que te querés ir al ejecutivo”. Romero anunció que se retiraba a trabajar con su computadora en el proyecto de Constitución. Se sugirió que cuando apareciera el tema de capitalía se diría que no se lo trataba por la resolución del 15 de agosto.↵

Por la tarde del segundo día de sesiones, el prefecto de Chuquisaca llegó al Liceo para pedir que pare la Asamblea porque en Sucre no habían garantías y existía riesgo de muertes. Se encontró con la presidenta Lazarte en un puente, a la entrada de La Glorieta (ver foto en anexo). Dio declaraciones a la prensa, dijo que no tiene sentido enfrentarse entre dos pueblos. Que le gustaría renunciar mil veces, “pero estamos acá”. Pedía que echaran al comandante porque hubo gasificación exagerada. Se decía que el rector estaba frenado sin poder avanzar ni retroceder con su movilidad (vehículo). También que los campesinos habían ido a reclutar gente al mercado campesino para enfrentarse con los estudiantes y cívicos.↵

Macario me dijo que habían entrado a la votación sin acuerdo, asustados por lo de afuera. Y que no hubo acuerdo porque “la changa” no quería, refiriéndose a María Oporto, con quién negoció. Los otros estaban callados, decía. Chuquisaca había amenazado con irse si no se aprobaba la tercera propuesta, y si ese día no salía nada se mostraría esa ruptura y sería grave, decía Macario. La Paz también habría amenazado con retirarse, pero terminó cediendo y priorizando la aprobación “en grande” que de no hacerse podría haber significado el fin de la Asamblea.↵

Cecilia, Gonzalo y Rubén estaban en la sala y ayudaron a María a imprimir la resolución. Habían varias versiones. Una que había sido elaborada desde la Directiva a las 13:30 de ese día, y que me fue facilitada por un asesor de la Directiva días después, introducía la primera propuesta, que conformaba a La Paz. Había otra propuesta que fundamentaba la necesidad de constitucionalizar los cuatro poderes, pero en los artículos de la resolución sólo constitucionalizaba dos. Después de imprimir la resolución, María quería buscar a su bebé, que estaba con la “cholita” que lo cuidaba en la galería de unos cuartos y me mandó a mí a que entregue la resolución a Miguel Peña, de la Directiva, para que sea firmada. Volví al Paraninfo en el momento que empezaban a cantar el himno. Entregué la resolución a Ramiro Guerrero, de Chuquisaca, que la entregaría a la Directiva que firmaría la resolución aprobada.↵

En determinado momento las antorchas se empezaron a apagar. Roberto Aguilar decía que aprendió, cuando había conflicto en el Teatro, que a las tres o tres y media era la hora en que bajaba, porque se mantenían a alcohol. No entendí si se refería a las antorchas o a los manifestantes. A esa hora, en los tiempos del Teatro, el vicepresidente de la Asamblea armaba su propio operativo con su gente, con un auto no muy conocido, para retirarse. Carlos Romero habló con García Linera, quien le pidió que cuente la gente, contamos 76 en un pabellón. Después Arce y Rada hablaban con Evo Morales (Roberto reconoció su voz en el celular, que estaba con altoparlante). Yo me quedé despierto cerca de los constituyentes que dirigían la situación, más por necesidad de ver que se hacía para resolver la salida, que por preocupación de metodología etnográfica. El comandante a cargo me preguntó si era periodista, porque en ese caso no podría permanecer ahí. También otro militar me preguntó quién era y desconfiaba de mí, hasta que los constituyentes dijeron que me podía quedar. Cuando el plan estaba listo formé parte de una comisión para llamar a todos los asambleístas que dormían en los pabellones. Roberto me dijo que no prendiera la luz para que se despertaran sin alarmarse.↵

Saúl Ávalos hacía monitoreo con su radio. Cuando pasamos por Yotala, una señora que había llamado a la radio decía que más temprano retuvieron a un par, y que en ese momento estaban pasando movilidades. Mientras pasaban los vehículos reconocieron a constituyentes, y uno gritó algo sobre la conciencia. También pasarían por ahí ómnibus con 400 personas de El Alto. Macario Tola iba con ellos y contaría después que para burlar el bloqueo pasaron cantando “‘capitalía’, ‘capitalía’” y con mujeres de Potosí en el borde hablando en quechua para confundir.↵

La situación trágica se mezclaba con el humor. No había quedado muy claro cuál fue el acuerdo de capitalía por el que se votó. Raúl Prada conversaba con Yoni Bautista y no se ponían de acuerdo si se habían constitucionalizado los dos poderes a La Paz. Yoni decía que el tercer acuerdo del Concejo no se había leído. Alguien pensaba que fue un engaño. En broma, Pablo Zubieta pedía que no fueran paranoicos y que se fijaran bien porque en lugar de “Comisión del Legislativo” podrían haber puesto “Comisiones y el Legislativo”, disimuladamente incluyendo el traslado del Legislativo. Carlos Romero contaba un diálogo que fue tenso unas horas más temprano. Álvaro García Linera tenía información de que los constituyentes ya habían dejado el Liceo y que quedaban pocos estudiantes. También preguntó si estaban preparados para resistir desde adentro. Sin estar en posición de negociar, decía Carlos, le decía al vicepresidente que si no los empezaban a sacar su muerte sería responsabilidad de ellos. Otra persona se preguntaba si García Linera quería dejarlos como víctimas, y decía: “después de aprobar en grande, ya no les servíamos”.↵

Dieterich (2007) llamaba a salvar Bolivia, que veía como el eslabón más débil en la cadena de los países bolivarianos, porque “las consecuencias de su derrota para los gobiernos en Venezuela, Ecuador y Nicaragua, serían estremecedoras”. Entre “las causas subjetivas de la derrota popular en Bolivia” mencionaba la falta de experiencia del equipo gubernamental de Evo Morales, en que encontraba una ausencia de pensamiento estratégico realista, tipo Cromwell o Lenin. Criticaba especialmente que la Vicepresidencia de Álvaro García Linera había invitado “a uno de los principales confusionistas del imperialismo, Tony Negri, para que expusiera sobre ‘la multitud’, las nuevas subjetividades y ‘la mierda que es el Estado Nacional’”, en un discurso que el alemán veía que encajaba con las propuestas de “autonomía” departamental. Mencionaba también como error la subestimación del enemigo, y como error estratégico más grave “la sacralización suicida del constitucionalismo, con la Carta Magna y la Asamblea Constituyente”.↵

Evo Morales presentó a García Linera como “el investigador del Gobierno”, que le había informado que desde 1940 Bolivia no tenía superávit comercial como durante su Gobierno. En su discurso defendió algunos cambios incluidos en la Constitución aprobada “en grande”. Los servicios básicos como agua y luz no podrán ser negocios privados y son declarados como derechos humanos. Decía que cuando desconocen la Constitución están desconociendo esa propuesta, y desafiaba a los prefectos y al Comité Cívico a que dijeran de frente que no puede ser un derecho humano. Evo Morales informaba que los hidrocarburos nacionalizados también estaban siendo “blindados”, y que si rechazan la Nueva Constitución estaban rechazando eso. Aclaraba también que el Estado Plurinacional no es sólo indígena. Saludamos a los negros de Yungas, decía, y “al hermano Juan, medio gringuito, que no atrasa” en referencia a Juan del Granado, que lo acompañaba en el palco. Dijeron que no íbamos a respetar la propiedad privada, decía, y aseguraba que estaría garantizada la economía mixta plural: estatal, privada y también la comunal. Todos tenemos algo de propiedad privada pero también colectiva, afirmaba. La Constitución plantea lucha contra la corrupción pero retroactiva, aunque en el Senado no quieren aprobar la ley de fortunas sospechosas. Y razonaba: si cívicos y prefectos de la media luna no quieren que se apruebe es porque tienen miedo. Y también defendió la revocatoria de mandato. Decía: en Sica Sica quieren bloquear porque acusan al alcalde. Algunos acusan al alcalde, otros dicen que es sano. Muchos problemas de ese tipo en el país. En vez de bloqueo que perjudica a la gente, revocatoria de mandato. Y esto está incluido en la Constitución.↵

Aprobaban “en grande” y “en detalle” la modificación del Artículo 6 de Ley 3.364 de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Esta determinaba que “la Asamblea Constituyente tendrá su sede en la ciudad de Sucre, Capital de la República”. El nuevo texto establecía que “Se faculta al presidente de la Asamblea Constituyente convocar a sesiones en cualquier lugar del territorio nacional” (República de Bolivia [2007]).↵

El cerco al Congreso era el desenlace de la marcha desde Caracollo de las organizaciones sociales que se habían dividido para, al mismo tiempo, presionar al Senado y garantizar el funcionamiento de la Asamblea, y que se había calculado para que después de la aprobación en La Paz confluyera en una movilización masiva a Sucre para el cierre de la Asamblea. Lo que sería un cerco a la Asamblea, sin embargo, se convirtió en un cerco al Congreso, que inicialmente nadie esperaba que volviera a involucrarse con el proceso constituyente tan rápido. Con la medida se abrían las puertas a convocar a una última sesión para aprobar “en detalle” la Constitución. Después de la dramática aprobación “en grande”, se decía que también se había conseguido el apoyo de aliados que no estuvieron en el Liceo, así como de los campesinos y bancada de Chuquisaca, que una semana antes eran uno de los motivos para continuar en Sucre pero ahora aprobaban el traslado.↵

Richter decía desafiante que si el MAS se comprometía a dejar sin efecto la aprobación, podrían asistir a las eventuales próximas sesiones. Pero la defensa de Richter a la tradición constitucional, generó la reacción inmediata de Raúl Prada contra el “Estado colonial”. Antes que el derecho está la legitimidad, decía. Y también: No podemos quedarnos atrapados en la telaraña del derecho colonial, hay que fundar nuevas leyes y una Segunda República. Prada pensaba que si no aprobaban “en grande” vendría una guerra civil, y cuestionó también lo que llamó de “vieja práctica de Guillermo de dilatar sin llegar a nada”. Prada concedía que se podría rectificar el no haber leído el texto, que se conocía con anterioridad, pero recordaba que la Asamblea era el último camino de diálogo. Richter consideraba las ideas de Raúl Prada como “una irracionalidad”. Y aprovechaba para enfatizar que “no pueden decir que eso es una revolución mayor que la del 52”.↵

Benedicta Huanca decía que después de todo esto se iría a alejar un poco de la política, pero un año después la encontraría electa como presidente de un distrito en el Plan 3000. Le parecía que se había estado trabajando mucho tiempo para una Constitución que no era tan buena, pero en ese momento había que quedarse a ayudar, decía. Al día siguiente estaría en La Paz para una reunión de constituyentes con Evo Morales. El presidente es de nosotros, de los pobres, decía. Y veía que la derecha iba a seguir frenando, igual que en Venezuela. Pensaba que la oposición iría a Oruro “o a donde sea” a molestar.↵

En la televisión local, se difundía un spot sobre cómo el prefecto de Chuquisaca contribuyó para pacificar. El guión del spot televisivo enumeraba sus acciones de los últimos días: “requisó a los del Alto, pidiendo que se manifiesten de forma pacífica”; “Hizo reuniones con todos, el Comité interinstitucional no fue porque él convocó”; “Fue a interrumpir la sesión de la Asamblea”; “Pidió que renuncie el jefe de Policía por represión”.↵

Medida agraria que corresponde a 40m², tamaño límite para la producción de coca por unidad doméstica.↵

A muchos les preocupaba que después de aprobado el texto se quedarían sin salario y sin poder trabajar hasta que la Constitución sea aprobada. Álvaro García Linera dijo que ellos ya estaban volviendo como héroes, y eso ya era suficiente, no había que darles nada. Seis meses después del referendo dirimitorio, deberían volver a sesionar para aprobar la versión final del texto y someterla al último referendo ratificador. Hasta entonces tendrían mandato sin sueldo, según lo estipulado. Evo Morales había dicho que no les iban a pagar, pero Silvia Lazarte dijo que si se entrega la Constitución a tiempo se puede pedir. “Pero tenemos que hacer campaña por la Constitución”, se escuchaba la preocupación, ¿De qué vamos a vivir y cómo mantener a nuestros hijos? En Beni es todo de avioneta, para hacer campaña. Una constituyente del Chapare explicaba que para los actos hay que pagar “conjunto, chicha, todo”. Hay que pagar almuerzo, no es fácil, Salvador. Alguien proponía una solución: dicen que la utac no gastó ni la mitad del dinero, podemos usar eso pidiéndolo en nota, proponían. Mi Federación me apoya para mi provincia pero no en las otras, decía otro constituyente.↵

Ada también criticaba que el Gobierno no “hacía medios”, tendrían que estar 30 segundos todos los días, decía. Y sobre la Constituyente pensaba que tendrían que haber ido a Oruro inmediatamente después de las agresiones en Sucre. Tanto Ada como Marco coincidían en que la debilidad del MAS era la relación con la clase media. Se habían incorporado sectores medios y profesionales en la dirigencia pero faltaban en las bases. Marco decía que era necesario acercarse a colegios de abogados y de otros profesionales. Mirtha le había hablado a Santos de una concejala de un que la había acompañado y que “tiene base y va a ser alcaldesa”.↵

Nora Martínez era Directora de la Asociación de Profesionales de Cochabamba y había sido llamada por la Federación de Campesinos para ser candidata porque en su circunscripción de la ciudad no había candidatos del MAS que pudieran seducir a la clase media. El Estado Plurinacional le parecía un experimento pero lo apoyaba porque es lo que las organizaciones quieren, decía. Criticaba también a los que antes usaban zapatos y ahora abarcas (sandalia campesina) y no entendía por qué la Constitución se traduciría a todas las lenguas cuando “nadie las hablaba”.↵

En los días de espera, el Hotel Torino también se volvía un espacio de la redacción del texto. Pidieron hablar con los constituyentes unos chicos de una organización de trabajo infantil. Decían que iban a organizar apoyo a la Constitución. Les dijeron que una secretaria les iba a tramitar un encuentro con el vicepresidente, pero ellos pidieron que sea con Evo Morales. “Con Evo a través del vice” decía Mirtha. Víctor Hugo les decía que el presidente ya aceptó que se prohibiera la explotación infantil y no el trabajo infantil. Pidieron leer el texto como había quedado. También se acercaban otros con reclamos, como los que pedían derechos de los animales. Un joven hacía lobby por la protección de animales y decía que Adolfo Chávez de la cidob le había dado su apoyo e hizo llamadas para que entren artículos. También dijo que le explicó todo a Silvia Lazarte en un viaje en avión en que se la encontró y ella dijo que “no le venga con cosas de Argentina”, cuando le había mencionado derechos reconocidos en ese país. Quería que se agregue algo sobre el trato sin sufrimiento. Marco le decía que no fuera ingenuo porque le estaba haciendo campaña a podemos, que criticaban el ritual de Omasuyos con perros. El joven le dijo que ellos se fueron de la marcha cuando la otra asociación protectora de animales, en Santa Cruz, quiso marchar contra la sede del mas. Le había entregado a García Linera una tesis sobre el tema, que el vicepresidente dijo que leería.↵

En el Programa Prada explicó su lectura: sería una Constitución de transición entre lo unitariosocial de bienestar y lo plurinacional-comunitario, y criticó a la oposición “sediciosa” que había probado en realidad no querer ni capitalía ni autonomía, cuando rechazaron la propuesta de capitalía del Concejo y el carácter legislativo que se proponía dar a los departamentos.↵

Evo Morales envió el proyecto al Congreso. Recuperaba una iniciativa surgida en enero de 2007 como respuesta a la violencia en Cochabamba y el intento de las organizaciones sociales de desconocer al prefecto, pero que nunca había sido considerada. Meses después, en otro contexto, el reto sería aceptado por la oposición.↵

Saúl pedía al público que se fijara en la Constitución que tenía cada uno en su casa y leyeran algunos artículos. Llamaba a leer los artículos 22 y 56 sobre el derecho a la propiedad privada y la función social de la propiedad. Tampoco se impide la herencia, decía, “como dicen”. Y leía el único artículo sobre la coca “para mostrar que no es una narco-Constitución”. Los constituyentes comentaban que por primera vez en la historia se estaba leyendo la Constitución en Bolivia. En La Paz se vendía por 3 pesos bolivianos en la Pérez, cerca de la plaza Murillo y en los puestos de periódicos. Alguien decía que la gente se tomó esto en serio y ahora sabía lo que es una Constitución, un referendo y dos tercios.↵

El 7 de diciembre algunos constituyentes debieron mudarse a otro Hotel, porque sólo se había reservado hasta ese día. Pero la Comisión ya había entregado el texto, anunciando que participaron constituyentes de 11 fuerzas con modificaciones de forma y no de fondo. La prensa anunciaba que asistirían 164 constituyentes, incluyendo un de Doria Medina, convencido después de la Asamblea de la Paceñidad (El Comité de Emergencia de La Paz dijo que fueran los 52, “sino son traidores”), y los disidentes del MAS Pedro Lima y Rodolfo Rivas. Las declaraciones a la prensa de Doria Medina habían cambiado de tono. Declaró al semanario Pulso, publicado el 8 de diciembre, que le constaba que el MAS “hizo todo por negociar y los que obstaculizaban eran los de Oriente”. Le preguntaron si no le parecía que eso fue sólo hasta el Liceo y Doria Medina respondió que cuando los moderados no traen resultados, los más radicales es normal que aparezcan.↵

Al día siguiente me explicarían que la reunión se dilató porque Ángel Villacorta, cuarto vicepresidente, de un, pidió tiempo para consultar a Samuel si irían. Pero Samuel estaba en un seminario y hubo que esperar a que saliera. Por eso pidieron el pollo. A las 12 de la noche confirmó que sí, y por eso atendieron el pedido de ellos de que fuera en Oruro, me decía otro secretario de la Directiva, Weimar Becerra, y se confirmó la convocatoria para ese mismo día por la tarde.↵

Weimar hablaba con uno: “¿Cuánto querés? ¿Que hacés en Sucre? ¿Cuánto te dan los podemistas? ¿70 mil? Yo te doy 80” decía, supongo que en broma, pero uno nunca sabe. “Es a las 6. Te llamé harto. Nos vemos más tarde”. Decía que su interlocutor estaba chupado y que “si no va está jodido”, su gente y el alcalde le habían manifestado. Y sobre la oposición analizaba que la gente se estaba dando cuenta de cómo son. La agresión a campesinos en Sucre y Cobija, y lo de Riberalta ayudó, opinaba.↵

Un pedía cuarto intermedio y alguien decía “me suena a negociación”. El MAS no quería parar, corría contra el tiempo. Doria Medina decía que se lo dieran o “sino sigan solos”. Armando Terrazas dijo: “tenemos que hablar de democracia cuando los engendros de la dictadura que desaparecían vidas hoy están acá hablando de democracia. Acá sólo no se consensuó con el compañero Samuel, sí con el resto”, aclaraba. Y pedía “que se den los 15 minutos que pide Samuel”. Roberto propuso 15 minutos en sala. Emiliana, de la región del lago, pedía que los 15 minutos para la Comisión de Integración no sean una o dos horas como en otras sesiones.↵

Además de homofóbico era también xenófobo porque vinculaba la homosexualidad, que criticaba, a los extranjeros. Y le parecía que el artículo 56 dejaba la puerta abierta para el aborto, cuando se decía “se garantizará el ejercicio de prácticas sexuales”. Eso no se puede constitucionalizar, decía. Y si eso permanece ahí, amenazaba, el pueblo evangélico no va a votar en el referendo nacional. Y recordaba que el pueblo evangélico es el 20%, más de un millón y medio de personas. También propuso que en la sesión quinta referida al deporte, se incluyera lo de la altura. Se refería a la campaña de Evo Morales contra la prohibición de la fifa al fútbol en la altura.↵

Rebeca mencionaba 4 artículos de la primera parte, que creía que debían complementarse. Se había omitido la lengua machajuyai-kallaguaya; para la prohibición de escuchas y conversaciones privadas sugería agregar “salvo autorización judicial”. En el artículo 26 faltaba un punto y coma. Marcela Revollo saludaba la sesión histórica, que esperaba que diera paz al pueblo boliviano. Ella criticaba la separación entre derechos fundamentales y fundamentalísimos.↵

Doria Medina cuestionaba que la forma de garantizar la función social e interés colectivo de la propiedad privada, en el artículo 56, creaba desconfianza. Un propietario no va a poder tener un terreno sin construirlo, decía. Ahora una familia no va a poder tener una propiedad para los hijos, reproduciendo uno de los fantasmas movilizados por la oposición contra el mas. Tampoco le convencía el artículo 11 sobre el reconocimiento de la democracia comunitaria. Ricardo Pol añadió que suscribía el pedido de Avalos de incluir la enseñanza privada. Emilio Gutiérrez pedía incluir pequeños empresarios y algo sobre las empresas en quiebra. Soledad Chapetón también apoyó la defensa de la educación privada y pidió incluir algo sobre profesionales para los niños con capacidades excepcionales.↵

Para Doria Medina las circunscripciones plurinominales aseguraban una mejor representación. Si queda así, un partido, con 30% podría tener todos los diputados, decía, y recordaba una exposición de la Corte Electoral en la Vicepresidencia. También rechazaba la elección directa de magistrados que “Si bien no se firmó acuerdos en la vice, recuerdo que se dijo que sería un experimento” y pensaba que la “valoración intercultural de los candidatos” podía dar lugar a diversas interpretaciones. Sobre la reelección decía que uno de los pilares de nuestra democracia es la alternancia, y que cuando un presidente se quiso reelegir fue cuando vinieron los golpes de Estado. Pensaba que el MAS tenía que pasar a ser un “partido del sistema”.↵

García Linera era uno de los que había asegurado que este tema se sometería a referendo aunque tuvieran dos tercios. La discusión se centraba en relación a una cláusula transitoria del proyecto de Constitución que establecía que el mandato actual comenzado en 2006 no se contabilizaría luego de aprobada la Nueva Constitución. De esa forma, Evo podría candidatearse en 2008 y gobernar 10 años. El Pacto de Unidad había propuesto que la reelección fuera sólo una vez, pero muchos constituyentes defendían la “indefinida”. Según García Linera, Evo Morales prefería no opinar sobre ese tema y se mantenía frío cuando alguien a su alrededor lo hacía.↵

Los cuatro votos de un eran los de Samuel Doria Medina, Ricardo Pol de Cochabamba, Soledad Chapetón y Emilio Gutiérrez de El Alto. La agrupación tenía otro de sus miembros en la Directiva y otros tres como disidentes, fuera de la sesión. Entre las observaciones presentadas por Doria Medina se incluía la del artículo 320 pidiendo “que no se discrimine la inversión nacional frente a la extranjera” pensando en Hidrocarburos. “Es interés del país que haya inversiones”, decía. También criticaba que toda la producción será comercializada por ypfb y que ypfb tiene que tener 51% cuando se sabe que petrobrás no acepta eso. Decía que poner porcentajes generaría problemas en el corto plazo. Criticaba la calificación de “traición a la patria” a quien hiciera algo distinto con estos artículos, lo que consideraba que sería que distintas visiones económicas sean condenadas por traición a la patria. Notaba que a pesar de incluir la inversión privada, cuando se establecía que no habrá concesiones en energía y agua, se estarían impidiendo. Y decía que el uso de semillas transgénicas era una necesidad para que sean competitivos ciertos sectores. Esas eran sus observaciones que calificaba de “técnicas” para esta parte de la Constitución, y que no fueron atendidas.↵

Rubén Martínez, del ceps de Valencia, que había colaborado en la Comisión Técnica, acercó algunas observaciones a Pablo, los días anteriores, y el orureño le había dicho que “no garantiza que entre”. Rubén se quejaba que los artículos 178, 181, 284 y 290, de autonomías, estuvieran mal redactados. Se quejaba de mayúsculas después de coma, y también le parecía absurdo que un referendo decidiera sobre una cuestión técnica referida a tierra. Me decía también “alguien tuvo la feliz idea de trasladar esto acá” sobre algo que estaba en las normas sustantivas y había pasado a las transitorias.↵

Cuando el Congreso aprobó la ampliación del plazo hasta diciembre de 2007, en agosto, la preocupación de la oposición era garantizar que el texto tuviera que ser aprobado por dos tercios. Nadie imaginaba que podemos saldría del escenario de definición, posibilitando al MAS conseguir los dos tercios por los que tanto habían luchado para incluir. Pero a esa altura la oposición había renunciado a cualquier posible búsqueda de consenso, no había podido o querido imponer el escenario de un referendo con dos constituciones alternativas, y apostaba a declarar la Asamblea y la Constitución como ilegal. Recuerda un poco a la estrategia de la oposición venezolana que decidió no presentarse a elecciones parlamentarias dejando al psuv el control del Congreso por un mandato entero.↵

En el resto del artículo, las dos opciones establecían que “se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley”. En la versión original del texto, votado “en grande” en el Liceo Militar, el artículo terminaba ahí y dejaba para la legislación la tarea de establecer el número de hectáreas, tema ahora sometido a consulta de la población.↵

En la disposición transitoria primera se establecía que en el plazo máximo de sesenta días desde la promulgación de la Constitución el Congreso debería aprobar el régimen electoral provisional para elección de la Asamblea Legislativa, presidente y vicepresidente, con mayoría absoluta. Doria Medina consideraba que iba en contra del principio de respeto a las minorías. Marco Carillo del MAS proponía que para que ni mayorías opriman a minorías ni viceversa, fueran dos tercios de los presentes para reformar la Constitución, pedía aceptar la sugerencia de Doria Medina. Más adelante, la observación sería considerada.↵

La propuesta de resolución que se pretendía votar decía que considerando la existencia de reivindicaciones legítimas y por un país unido, la Asamblea actúa con justicia histórica de modo equitativo. Escuchando a organizaciones representativas de las organizaciones de La Paz, agregaba, y en artículo único proponía constitucionalizar e Poder Ejecutivo y Legislativo en la ciudad de La Paz. ↵

Yoni Bautista aclaró que La Paz jamás atropelló a nadie y siempre luchó con visión de país. Por justicia por los hombres y mujeres que habían muerto en las luchas pedía que se constitucionalicen el Legislativo y Ejecutivo para La Paz, sin desconocer la resolución del Liceo. No pensaba que detrás de eso estuviera la mala intención de después pedir más. René Muruchi decía que si se hacía dos y dos se iba a generar enfrentamiento y no iba a haber Constitución. Proponía determinar que haya consulta previa sobre el traslado de poderes, antes del referendo dirimitorio para que no haya polarización. Chuquisaca decía que sí a esta propuesta desde sus lugares. Félix Vázquez sugería buscar equilibrio para los que no eran de esos dos departamentos. Fuera de la sesión, Juan Carlos de la repac consultaba sobre la propuesta de que se defina la capital pero los poderes sean descentralizados en los departamentos. Y que la primera magistratura resuelva el asiento de los poderes agregaba Adolfo Mendoza, pensando soluciones. Todo el mundo está avergonzado, decía Rebeca Delgado, y Saúl Ávalos recordaba que Chuquisaca cobijó a miles de hijos de toda Bolivia que estudian en Sucre.↵

Preguntaba si los constituyentes sólo debían decidir sobre cuántos poderes hay y le respondieron en coro que sí. Preguntaba también si algún artículo de la Ley de Convocatoria dice lo contrario y el coro respondió que no. Y continuaba: “¿Dónde dice que tenemos que hacer eso? Hay abogados, economistas… demuestren, ya que están aquí, hermanos. Yo no quiero cometer errores ante el país y no quiero ser juzgada. Yo soy una mujer madre y tengo el corazón grande. ¿Por qué hablan de eso si no es nuestra atribución? Yo no voy a cometer error en este momento el Poder Ejecutivo y Legislativo es en la Paz y Sucre el Judicial. si alguien quiere cometer ese error, que cometa, yo no voy a cometer. La Paz tiene Ejecutivo y Legislativo y Sucre el Judicial”. Preguntaba: ¿los otros departamentos qué tenemos? Y el coro de constituyentes respondía “nada”. ¿Entonces porque es esa pelea? ¿Vamos a hacer que 4 pelagatos nos hagan pelear? “no”, respondían en un discurso interactivo con la bancada de constituyentes.↵

Ramiro Guerrero hizo un comentario, de forma. En el Artículo 6: primero Sucre capital, después los símbolos. Se propuso que la tipificación de “la promoción de la división” como traición a la patria fuera en el Artículo 125. Armando dijo que no era parte del acuerdo. La propuesta leída por Mario era la primera que Sucre no aceptó y después volvió. La diferencia se aclaró, y Cocarico explicaba que las propuestas eran complementarias: La división territorial del país puede ser por la división de los órganos por eso puede incluirse en el mismo artículo de manera genérica, sin especificar que la traición será por sede de poderes. Alguien pide incluir en el art 125 el tema de los poderes como tipo específico de causa de desintegración. Formalmente la aprobación final ocurrió después de modificar y aprobar tres artículos que habían sido diferidos para tratamiento al final de la sesión (el 6, 19 y 372 referidos a la Capital del Estado, Propiedad en el Área Urbana y Recursos Minerales), y reconsiderado, modificado y aprobado el Artículo 125, vinculado al acuerdo político y presentado como correlacionado con la modificación del 6.↵

Mirtha decía que Pablo ya desde el principio se había acercado a Silvia y se hizo ver por Evo cuando rector. Recordaba también que Román había ganado la votación para ser presidente, pero no se respetó y desde el Gobierno impusieron a Silvia. Para ella tendría que haber sido Isabel Domínguez. Magda iba más lejos y decía que el problema de la Asamblea era Silvia. De los jefes de bancada sólo Víctor Hugo Vázquez y Agustina de Santa Cruz la apoyaban, alguien agregaba. Para otros varios el presidente tendría que haber sido Carlos Romero, que disputó para el cargo hasta que Evo Morales “lo denigró, tratándolo de ambicioso”.↵

En un documento que la oposición hizo circular, se mencionaban 21 normativas del reglamento de debates y leyes relacionadas con el proceso que el MAS habría incumplido. Incluían el intento de imponer la mayoría absoluta al iniciar la Asamblea Constituyente; el informe de la Comisión de Visión de País; la resolución del 15 de agosto que excluía el tema capitalidad del debate; la falta de publicación del Orden del Día 24 horas antes, para la sesión de La Glorieta y Oruro; que la oposición no tenía seguridad para asistir a las sesiones. No se habría cumplido la necesidad de “precautelar la independencia de la Asamblea” también incluida como atribuciones de la Presidencia en el reglamento; se habría violado el carácter público de las sesiones; no se distribuyó con tiempo el documento a ser votado en las últimas sesiones, aunque podría haber casos “de urgencia”; no se había convocado una Comisión de Concertación integrada con representación proporcional de minorías; no se habría distribuido con cinco días de antelación el texto final antes de la revisión de concordancia y estilo; no se habría respetado el derecho a participación y no se concedió la palabra para observaciones a los artículos; no habría registro creíble o verificable sobre el número total de asistentes a las últimas plenarias; no se respetó el reglamento ni el procedimiento para reformarlo; otras observaciones se referían a la falta de dos tercios del total en la aprobación, sin considerar que se había optado por el “camino largo” que la Ley de Ampliación también establecía. La mayor fuerza de la oposición no sería este tipo de impugnaciones técnicas, en muchos casos discutibles, sino la cantidad de representantes en el Congreso que, como en la Asamblea, como primera minoría permitían impedir que el MAS alcance los dos tercios por si solos, necesarios para convocar el referendo que apruebe la Constitución.↵

En su cronología de la Asamblea, Albó (2008) incluye que el 15 de diciembre, en el municipio de Santa Rosa del Sara, en el norte de Santa Cruz, unos mil campesinos incluidos sin duda los de la colonia Chore de donde proviene Silvia Lazarte, entraron a la plaza del pueblo para festejar la aprobación del nuevo texto constitucional, pero se encontraron con la Unión Juvenil Cruceñista y otros grupos, que derivaron en una trifulca con saldo de 32 heridos. Al mismo tiempo, la prensa informaba que el Departamento de Estado de eeuu hizo público un comunicado en el que “recomienda a los ciudadanos estadounidenses posponer los viajes no esenciales a Bolivia” por “la naturaleza altamente polarizada del proceso de la Asamblea Constituyente de Bolivia”.↵

Cochabamba y La Paz, con prefectos opositores pero en territorios donde se había votado por el MAS y por el No en el referendo autonómico, quedaban al margen de esta estrategia al igual que los cívicos de Sucre, que permanecían como aliados de la Media Luna. En Sucre, se juntaban firmas en primer lugar para realizar un nuevo referendo que revisara el voto de 2006 por el No a la autonomía. Los cívicos del Comité Interinstitucional en defensa de la capitalía, que se habían sumado al conalde, buscarían también elegir una autoridad leal al pedido de capitalía para remplazar al entonces clandestino prefecto David Sánchez.↵

Eran las siguientes leyes: 3835, que establece que sólo el Congreso Nacional puede convocar a consulta en los departamentos hasta que no haya autoridades departamentales electas. 3836 que convoca al Referendo Dirimitorio sobre la extensión del latifundio y a Referendo Constituyente de rechazo o validación del proyecto de Nueva Constitución, para el 4 de mayo. Y la Ley 3837, que modificaba artículos de la Ley de Ampliación de la Asamblea, disminuyendo el plazo de convocatoria del Referendo Dirimitorio y autorizando a realizarlo de manera conjunta al aprobatorio de la Constitución.↵

En una alusión negativa que remitía a la definición del “pueblo boliviano”, el periódico El Deber informaba el 29 de febrero: “Con la plaza Murillo tomada por partidarios del Gobierno y sin resguardo alguno, los parlamentarios fueron presa de la muchedumbre. Cuando la cochabambina Ninoska Lazarte, de Podemos, intentaba ingresar en el Palacio Legislativo, fue agredida por hombres y mujeres. La golpearon con cascos mineros, monteras quechuas, chicotes aimaras, la patearon, mojaron con agua y la expulsaron de la plaza. […] Con cerco al Parlamento, golpiza a tres diputadas, toma del hemiciclo por ponchos rojos y mineros con dinamitas y rodillo congresal, el Movimiento Al Socialismo aprobó anoche la convocatoria para los referendo constitucionales y cambió la Ley de Referendo para intentar eliminar la posibilidad legal de que los prefectos llamen a consultas sobre autonomías departamentales”.↵

Debe aclararse, que las discusiones legales no contaban con el Tribunal Constitucional para que las dirimiese, ya que esta instancia judicial se encontraba acéfala, al igual que la Fiscalía (que funcionaba con un interino) y la Corte Electoral, que contaba sólo con tres de sus cinco miembros. Las diferencias con la oposición en el Congreso hacían imposible avanzar en los nombramientos.↵

Pero el procedimiento legal establecía que el MAS no podía nombrar prefecto sin llamar a elecciones, lo que no era conveniente para el Gobierno dado el clima político de Sucre después de los sucesos de capitalía. Mi amiga Nelly Toro, a quien el canal del arzobispado donde trabajaba le había prohibido introducir “la visión de los ayllus” en la que ella creía, me ponía al tanto de la situación por e-mail. Decía: “por otra parte en Sucre eligieron a doña Sabina Cuellar de prefecta, pero hecho en un cabildo sólo de gente de Sucre y no del departamento y los movimientos sociales de Chuquisaca no la recibirán porque fue desconocida por traición a sus bases el año pasado, la oligarquía de Sucre lo que quieren es poner a una india como dicen ellos para derrocar a otro indio y hacer pelear entre todos los indios y ellos ver de palco todo, es un juego político realmente desagradable, lo peor es que la señora no se da cuenta de que está siendo utilizada por esa gente”.↵

Sabina continuaba, frente a los medios, contando que luchó desde sus 17 años en la organización Bartolina Sisa, siempre por la izquierda y la igualdad. Y que luchó e hizo campaña por el presidente Evo Morales, para que haga cambios y respete la legalidad, después de que mataron a su papá, marido y cuñado en 2001, cuando iban a comprar ganado. Sobre Evo Morales decía: “tiene que tomar en cuenta por qué la gente está reaccionando. Tiene que saber que la canasta familiar está subiendo. Él también tiene que pensar en Bolivia, porque no puede dividir y siempre ha predicado: ‘No voy a matar, no voy a levantar armas y no voy a matar a nadie, porque vamos a hacer cambios’. Ahora está haciendo todo lo contrario, está levantando armas, está usando a las Fuerzas Armadas, y eso no puede pasar” (El Correo del Sur [2008]).↵

En abril, los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil y Argentina, Jorge Taiana y Celso Amorim, y el vicecanciller colombiano, Camilo Reyes, llegaron a Bolivia para contribuir a buscar acercamiento y diálogo entre las partes. La Iglesia Católica también participó como facilitadora, reuniéndose con unos y otros. También fue enviado por la oea Dante Caputo, como había anunciado Arce. La conclusión de Caputo no fue muy reveladora: indicó que las partes se encontraban distanciadas y que veía riesgos de que las diferencias no pudieran ser zanjadas por el diálogo. La oea declaró que respaldaba la unidad territorial de Bolivia, pero no emitió comunicados condenando la consulta cruceña, como el Gobierno esperaba. El 5 de abril el jefe de podemos, Jorge Tuto Quiroga, declaró que para posibilitar una mesa de diálogo era necesario que el Gobierno retire su Constitución y deje sin efecto la redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (idh).↵

En este caso la “nacionalización” se trató de la compra (no expropiación o confiscación) de acciones, en tres de los casos en términos no aceptados por las empresas. Por ese motivo los analistas criticaron la medida pero esta vez reconocieron que era una nacionalización real, a diferencia de la opinión acerca de la de 2006, en que se aumentó los impuestos y obligaba a comercializar vía ypfb. El decreto traspasaba el control de las empresas a ypfb, en una operación de 43,6 millones de dólares. El constituyente Pablo Zubieta sería el presidente de una de estas empresas nacionalizadas.↵

Adolfo Chávez declaró a la prensa: “si envían ánforas, primero las destruirán, y si hay resistencia de grupos, ‘desenvainarán’ arcos y flechas para obligar que no se realice la consulta”. En regiones como San Julián, en Santa Cruz, y Bermejo, en el Chaco tarijeño, también hubo manifestaciones en contra de los estatutos y la convocatoria del referendo departamental.↵

Con lo de guerra económica se refería a la política de control de precios lanzada por el Gobierno, con la prohibición de exportación de Aceite (cuyo principal productor era el líder cívico cruceño Branko Marinkovic) y también otros productos orientales como carne de res, harina de trigo, arroz y trigo. En Santa Cruz hubo importantes manifestaciones para oponerse a las medidas, y mientras los productores amenazaban con dejar de producir, el Gobierno anunciaba la baja del precio amenazando con nacionalizar las industrias en caso de que “castiguen al pueblo”.↵

En el primer bimestre del año, las exportaciones habían crecido un 63%, respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 1.026 millones de dólares según el Instituto Nacional de Estadística (ine), con un superávit favorable a Bolivia de 368 millones de dólares, 214 más que en 2007. El principal producto era el gas natural, con ventas de 417 millones a Brasil y 51,8 millones a Argentina. Los principales compradores de Bolivia eran Brasil (por 454 millones), Corea del Sur (109 millones), Argentina (91 millones), Estados Unidos (69 millones), y Perú y Venezuela (42 millones).↵

Su tono y postura en la exposición en televisión era de profesor, y exponía mientras solicitaba que pasaran las imágenes que acompañaba su presentación. “A ver si cambiamos el cuadrito”, pedía, e incluso en una oportunidad salió de cámara para hacer avanzar el slide siguiente de la presentación. Mostraba claramente el objetivo del Gobierno de promocionar la gestión priorizando el tema económico, dejando de lado otros temas como la inclusión indígenas y las autonomías.↵

García Linera predecía una “crispación” con intensificación de las tensiones intrarregionales cuando se comenzara a exigir el cumplimiento de las promesas del Estatuto, en temas como tierras, aumento de salarios y seguro universal de salud prometidos. También veía “tensionamientos” con indígenas y colonizadores y los pequeños propietarios. “La lucha de clases está llegando a Santa Cruz”, decía, porque “la clase obrera y el oficinista les van a cobrar cuentas” (El Deber [2008]).↵

Lo informaba el periódico La Prensa, desde Santa Cruz. Publicó que “La Villa Primero de Mayo, Nueva Esperanza y el Plan Tres Mil son los principales bastiones del Movimiento Al Socialismo (mas) en la ciudad de Santa Cruz, mientras que San Julián, Cuatro Cañadas, San Pedro, Yapacaní, Comarapa y Montero se convirtieron en refugios de los movimientos sociales que rechazan el Estatuto Autonómico. La Corte Departamental Electoral (cde) de Santa Cruz admitió que en estas zonas habrá problemas durante el referendo por el Estatuto Autonómico”.↵

Otra asesora del cejis que había participado del debate en la Asamblea, Pilar Valencia, agregaba que el Gobierno daría la autonomía pero “agujereada” por las autonomías indígenas. De ese modo, el MAS potenciaría procesos interesantes que hasta ese momento no había impulsado. Para ella, hasta entonces el MAS había priorizado la gobernabilidad y el Estado Unitario, y la coyuntura de disputa con los departamentos podría dar lugar a procesos interesantes para los pueblos indígenas. El tema étnico y de la política referente a los pueblos indígenas era uno de los temas polémicos del Estatuto. Un columnista cruceño que lo defendía en el diario El Deber, José Mirtembaum, defendía “equilibrar el texto constitucional del MAS que da privilegios a los indígenas frente a los mestizos”. A pesar de la diferencia de niveles entre una Constitución y un Estatuto, este intento de ponerlo uno enfrente al otro era una constante en el discurso autonomista de Santa Cruz.↵

Texto completo del Estatuto (Departamento de Santa Cruz de la Sierra [2007]) elaborado en diciembre y aprobado en referendo el 4 de mayo.↵

Algunos indígenas recibían salario en la prefectura de Santa Cruz, y también tenían sus organizaciones indígenas amigas del autonomismo departamental y opuesto a las organizaciones indígenas históricas, nucleadas en la cidob, que defendían más bien la autonomía indígena.↵

Y aporta como elemento explicativo, la necesidad norteamericana de aumentar la producción agrícola para garantizar cierta demanda de etanol, principal causante –además– del aumento de los precios de los alimentos en el mundo. Se compara con el propósito norteamericano al provocar la independencia de Kosovo (en que también la “autonomía” sirvió de retórica útil) para poseer un satélite Militar y tener acceso al control de los energéticos provenientes del mar negro. Bautista afirma que “al disponer la tierra para la alimentación de autos de los países ricos socavamos la posibilidad de alimentación de la propia población local (la producción intensiva del monocultivo con transgénicos, de mayor productividad, sólo logra, a la larga, la depredación en los suelos y, lo que es más grave, socavar la capacidad reproductiva de la tierra)” (ver Bautista [2008]).↵

El artículo 86 del Estatuto cruceño faculta al departamento a la definición de políticas para aprovechamiento y protección de los recursos naturales renovables. También se llama a aprobar por ley departamental el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso del Suelo, aunque aclarando que sería “en el marco de las leyes básicas nacionales que regulan este procedimiento”. Se establece también una futura ley de tierras, en el artículo 102, otorgando al Gobierno Departamental competencia sobre el derecho de propiedad agraria, la regularización de los derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras en el departamento de Santa Cruz. El Estatuto también reconoce, sin embargo, la necesidad de evitar “grandes extensiones de tierras improductivas, por ser contrario al interés colectivo y no cumplir ninguna función social ni económico-social”.↵

También se señalaban vínculos con la Conferencia Liberal de América Latina; con eeuu; y con Carlos Montaner y Álvaro Vargas Llosa, intelectuales conservadores y críticos de los Gobiernos progresistas o de izquierda de la región. La red se completaba con podemos, que Ochoa definió como la presencia mediática del Comité Cívico, mencionando la estrategia de la derecha corporativista de Bolivia, con acción en varios frentes: Comités cívicos, partidos, mutación de partidos, prefectos que se autodenominan falazmente gobernadores (en el Estatuto) y medios de comunicación, Marinkovic (presidente del Comité) e Ivo Kuljis (cainco) tienen sus medios de comunicación. Accedí a sus puntos de vista en un evento organizado por la Embajada de Bolivia en la Argentina. Véase también Ochoa Urioste (2006).↵

El voto a favor de los estatutos fue de 80,2% en Beni; 81,8% en Pando; y 80,1% en Tarija. El Gobierno había apostado por la abstención e indicaba que el abstencionismo había alcanzado en Beni 34,5%, en Pando 46,5% y en Tarija el 34.8%. Según la Ley Marco del Referendo, la consulta es válida si supera el 50% de sufragios, en base a la lista de inscritos, pero el pedido de anulación de las consultas se debía a que la Corte Nacional no las había autorizado. Sumando el No y la abstención en los cuatro departamentos, el Gobierno informaba que había alcanzado el 49,96 % de los ciudadanos de la Media Luna (575.632 personas habilitados para sufragar), presentando esa cifra como oposición a los estatutos Autonómicos promovidos por prefectos y cívicos.↵

Magda Calvimontes también escribía: “Con relación a los estatutos aprobados por Camino al Cambio (diputados de camino al cambio, senadores de camino al cambio, alcaldes de camino al cambio, comité cívico de camino al cambio, federación de campesinos trucha creada por camino al cambio, amigos, parientes, compadres y otras relaciones conocidas por la sociedad tarijeña del entorno de camino al cambio), no merecen la pena analizarlos ni cuestionarlos, pues serán considerados constitucionalmente, como una iniciativa legislativa de un grupo de ciudadanos sin mandato, que decidieron hacer su propuesta, para que el día de mañana cuando, los verdaderos representantes del pueblo tarijeño, quienes tengan el “mandato para elaborar de manera participativa los estatutos lo realicen […] Si el Estatuto de Camino al Cambio y otros, habla en nombre de la mayoría, es porque por tradición política ellos, que siempre han sido minoría pero han gobernado este país, gracias a su democracia pactada, cuoteo y el prebendalismo, siguen pretendiendo hablar por la mayoría, pero se olvidan que los “invisibles de antes” ya no más”.↵

Santa Cruz Somos Todos criticaba también a los líderes de la demanda autonómica denunciando que no todas las voces cruceñas habían sido oídas en la elaboración del Estatuto, y había observaciones como la falta de fuero sindical; la discriminación de pueblos indígenas (cuyos representantes serían nombrados por una organización establecida por el gobernador); y el centralismo hacia las provincias; la falta de reconocimiento a las minorías políticas y sub regionales, entre otras. Documentos de sst disponibles en: http://santacruzsomostodos07. blogspot.com/↵

En Humillados y ofendidos se registró fílmicamente el conflicto y participación de los líderes cívicos de Sucre (Barrón, Nava, Herrera). En uno de los testimonios una mujer agredida preguntaba llorando, en quechua: “señora alcaldesa por favor, que te duela el corazón un poquito, ¿por qué nos haces pegar? ¿por qué nos haces sufrir?” Carlos Aparicio, constituyente, se veía acongojado por las agresiones y defendía la necesidad de aprobar la Constitución. Sería diputado de la primera Asamblea Plurinacional. Otros constituyentes chuquisaqueños, como Édgar Arraya y Epifania Terrazas, trabajaban en la campaña de Sabina Cuellar y como muestran los videos estuvieron presentes en los actos donde se produjeron las agresiones. El documental de Brie y Álvarez está disponible en 5 partes en youtube (Brie et al. [2008]). Por este tema Barrón, que aparece en las imágenes, sería suspendido de la alcaldía en 2010. A raíz de lo sucedido, el Gobierno instituiría el 24 de mayo como “Día Nacional de Lucha contra la Discriminación Racial”.↵

Entrevista de Amalia Pando, Radio erbol, 7 de marzo, Programa Cuenta Regresiva, disponible en el sitio de la Vicepresidencia de Bolivia: http://www.vicepresidencia.gob.bo/↵

Ver Resultados http://www.cne.org.bo/resultadosrr08/wfrmPresidencial.aspx Por departamento, el voto para Evo Morales obtuvo los siguientes resultados: La Paz 83,2%, Chuquisaca 53,8%, Cochabamba 70,9%, Oruro 82,9%, Potosí 84,7%, Tarija 49,8%, Santa Cruz 40,7%, Beni 43,7%, Pando 52,5%.↵

En una explicación de estratega legalista, la justificación de Quiroga fue que aprobando el referendo se evitaba la convocatoria al referendo aprobatorio de la Constitución, porque la ley de referendo indica que el presidente sólo puede convocar a un referendo por mandato constitucional. Aún era posible, sin embargo, que el Congreso hiciera la convocatoria (ver la Razón, 28 de agosto, 2008). Los porcentajes electorales del MAS habían sido: 3,71% en 1997; 20,94% en 2002; 53,74% en 2005; 54,58% en 2006 (todos en primera vuelta con varios candidatos en disputa); alcanzando en 2008 el 67,41% de la votación nacional, con 2.103.732 votos.↵

El 28 de agosto de 2008 Evo Morales promulgó el Decreto 29691, en el que se convocaba una vez más a Referendo Nacional Constituyente, Dirimitorio y Aprobatorio, para el 7 de diciembre de 2008, dando curso a la convocatoria hecha por Ley No 3837 de 29 de febrero de 2008 (y que había sido rechazado por la Corte). También convocó a la elección de prefectos de los Departamentos de La Paz y Cochabamba que fueron revocados y de consejeros departamentales y subprefectos, en circunscripción provincial, en todo el territorio nacional. Pero la ley aprobada en el cerco de febrero le otorgaba al Congreso la facultad de hacer la convocatoria y por tal motivo el 1 de septiembre, José Luis Exeni, hace conocer los impedimentos legales al presidente, y emite la Resolución No 149/2008, donde desautoriza la votación y también reconoce “las recomendaciones sobre el Padrón Electoral de los observadores de la oea” ordenando una auditoría independiente del Padrón.↵

Uno de los cortes tuvo lugar en los campos San Alberto y San Antonio, en Tarija, afectando el envío de gas que suple el 80% del consumo de la industria de San Pablo. Los medios de prensa en Brasil, instaban al Gobierno Lula da Silva a tomar medidas. Santos Ramírez anunció pérdidas millonarias y el Gobierno condenó los ataques calificándolos de terroristas. En el sur de Chuquisaca, el corte del campo Vuelta Grande afectó el envío de gas a la Argentina. En Santa Cruz, con la Unión Juvenil Cruceñista a la cabeza, se ocuparon y saquearon los edificios públicos de inra, sin (Impuestos), entel, canal 7, Migraciones, Aduana, Superintendencia Forestal y otras. La televisión también había filmado la agresión de la ujc al jefe departamental de la Policía de Santa Cruz.↵

Las relaciones con el Gobierno de George Bush eran tensas, por cuestiones políticas como el descontento norteamericano con el estrechamiento de relaciones de Bolivia con Irán (Morales visitó Irán y Libia, correspondiendo la visita de Ahmadinejad del año anterior). De parte de Bolivia, había denuncias de intromisión de la representación estadounidense y de usaid en asuntos políticos internos. El embajador incluso había ironizado que no le extrañaría que Evo Morales quisiera cambiar la sede de Disney World, después de que Morales dijera que se debiera cambiar la sede de la onu, por demoras en aeropuertos y dificultades para asistir que había sufrido. Días después de la expulsión de Goldberg, la administración Bush incluyó a Bolivia en la lista de países que no colaboran con la lucha contra el narcotráfico. Las declaraciones de Hugo Chávez generaron malestar en las ffaa. La rivalidad de Evo Morales con eeuu data del tiempo en que ese país colaboraba con la política de erradicación total de la coca en el Chapare.↵

Hubo una investigación de la fiscalía y otra de una comisión de unasur. El 24 de septiembre la unasur formó la Comisión Investigadora de la Masacre de Pando, designando a su frente al abogado argentino especialista en derechos humanos Rodolfo Mattarollo. Ver el informe de unasur (2008a), Indymedia (2008), Declaración (unasur [2008b]) y El Deber (2008).↵

En el artículo 5, se agregaba: “Se transfieren a título gratuito a favor del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz todos los inmuebles y bienes públicos de las instituciones del Gobierno Nacional que administren alguna de las competencias exclusivas del Departamento Autónomo de Santa Cruz”. Ver: Ley de la Asamblea Departamental de Santa Cruz (2008).↵

Antes de iniciarse la carrera de autos por la cual había podido volver, lo metieron preso en La Paz por tener mal la placa de la moto, cuando había ido a probar el camino para la carrera nacional. Salió gracias a una llamada al primo diputado, contaba. Después no le querían dejar competir en la carrera porque no tenía cinturón de seguridad y dijo que “si él no comía no comía nadie” y que si no le dejaban salir cortaría el paso de la ruta y nadie correría. Ganó la carrera nacional por 26 segundos. Lo habían intentado tentar con Miss Guayrá, pero priorizó la carrera.↵

Aunque la gente había salido por primera vez en 30 años en contra de Leopoldo, Hay que aliarse con todo el mundo para ganarlo, decía. Pensaba que con el tema de la tierra y de recursos naturales se podría ganar en la Media Luna. Le había pedido a Evo que lo pusiera tres meses de viceministro de Tierra sin sueldo, “la pega más fuerte de Oriente”, porque veía a Almaraz “aplazadísimo”. Y también pensaba que había que cambiar a algunos comandantes y a dos tercios de la Policía. En 2010 Weimar asumiría como Director de Desarrollo Forestal, denunciando en los medios el tráfico de madera.↵

Capítulo 5: 

El acuerdo y la Constitución abierta

“Hay  en  América Latina una larga historia  en  materia indígena  –tan larga como prácticamente de todo un siglo– con ilusiones y frustraciones provocadas,  en lo  que aquí interesa, por gestos de constituciones que no guardan  la costumbre de cuestionarse a sí mismas al adoptar  novedades de fondo. Cuidan  ante todo su línea de flotación. Y resulta que discapacitan a quienes amparan: neutralizan  lo que reconocen; reducen cuanto integran. O tales son sus efectos incluso a corto plazo cuando  se dirigen a los indígenas.”

Bartolomé Clavero (Geografía jurídica de América Latina).

Este  capítulo  trata, en primer lugar, de la construcción  del acuerdo  político  de octubre de 2008 que dio lugar a la convocatoria  del referendo  de aprobación de la Constitución,  al tiempo en que se conforma  desde el discurso estatal una  interpretación de la historia  de Bolivia por la cual el Estado Plurinacional  era ruptura tajante con el pasado. En segundo  lugar, el capítulo trata del texto constitucional que resultó de todo el proceso  político estudiado.  El resultado sería una Constitución Abierta, con visiones diferentes combinadas en un texto con definiciones estructurales en tensión, que dan lugar a ambigüedades, contradicciones o espacios de indefinición estratégicos, como forma de dar lugar –coexistiendo– a horizontes y formas normativas liberales, indígenas e inspiradas por proyectos políticos diversos.

Sería una gran constelación de intereses y voluntades, pero que se formaría alrededor de un centro, como espacio  político del pacto que había comenzado a ser construido en 2007, y que sólo después de que la Media  Luna midiera  hasta dónde alcanzaban sus fuerzas pudo concretizarse en una mesa de negociación y diálogo que hasta entonces no había sido posible  con éxito. Ese centro sería el que daría  lugar al Estado Plurinacional, con sus nuevos consensos básicos establecidos, y era el MAS de Evo Morales, después de ser ratificado en una elección en que superó los dos tercios, el que  lo traduciría en un nuevo orden constitucional. Haber localizado un centro base para el acuerdo,  sin embargo, no significaba dejar de lado el conflicto. Una  Constitución Abierta lo contenía.  La Nueva Constitución daba lugar a un nuevo Estado que establecía un centro en un lugar diferente que el viejo Estado, y eso implicaría la tensión  propia de toda trasformación,  que un texto con espacios indefinidos o elementos ambiguos mantendría latente como, en definitiva, los contornos de la política boliviana habían  sido siempre.

1. El gran acuerdo constitucional

Después de la Masacre  del Porvenir,  el diálogo se hizo posible y un acuerdo constitucional comenzó a ser construido. El modo en que el pacto se hizo realidad y las síntesis de discusiones que le sirvieron de base  se encuentran en los escritos de sus operadores ocasionales más directos, publicados  por la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fbdm), vinculada a una ong holandesa, y con apoyo de la cooperación alemana. Esa Fundación fue el espacio donde el núcleo político de conversaciones que derivaría en el acuerdo  de 2008 se construiría. Fue en el trabajo político que acompañó a los encuentros que derivaron en la publicación de esos libros, también,  desde donde el diálogo entre el MAS y la oposición  que estaba siendo esquivo comenzó a hacerse  realidad,  al mismo tiempo en que las condiciones  políticas más generales iban apareciendo.[1]

Las discusiones “técnicas” organizadas por la fbdm con la participación  de Carlos Romero y Carlos Böhrt, a quienes se encargaron “consultorías”, no eran el único espacio donde se estaba interpretando “el centro” desde donde surgiría el acuerdo  constitucional. Vimos que desde  la fase de comisiones en la Asamblea el mismo era multi-localizado en incontables conversaciones  informales u oficiales,  internas  al MAS o entre los distintos partidos.  Pero el espacio articulado alrededor de Carlos Romero, que ya había tenido un papel destacado  durante la Asamblea, fue el que en la historia del proceso constituyente terminó articulando políticamente  la concertación política que derivó en el pacto.[2]

El lugar del acuerdo estuvo inmediatamente  ligado a la discusión  de cómo crear una mesa donde se trabaje sobre la Constitución aprobada por el MAS y algunos aliados en Oruro en diciembre de 2007; y también los estatutos autonómicos aprobados en referendo por la Media Luna en mayo y junio de 2008. En febrero de 2008, salía publicado  el trabajo “Puentes para un diálogo democrático Proyectos de Constitución y estatutos: compatibilidades y diferencias”, de Carlos Böhrt, Silvia Chávez Reyes y Andrés Tórrez Villa-Gómez.  Era un trabajo impulsado por la fbdm, al que le seguiría  uno encargado  a Böhrt, Romero y Carlos Alarcón para un libro que, al igual que el primero, sostenía la tesis de que la compatibilización de los estatutos con la Constitución era posible y, por tanto, el acuerdo viable. En el capítulo de Torrez se presentan  interesantes tablas donde  se muestra  que en los estatutos y la Constitución  era sólo un porcentaje  minoritario  el de artículos de “consenso crítico”. En cuanto a la Constitución de Oruro, sus consensos difíciles alcanzaban  al 22%, En el Estatuto autonómico de Santa Cruz los artículos de consenso  crítico alcanzaban  al 13% del total, porcentaje que se reducía en el caso del documento  de Tarija a 4%. El Trabajo se completaba con la organización  de los artículos por grados de dificultad y sugerencias de consenso.[3]

 Antes de las votaciones  en los departamentos, también el jesuita y antropólogo Xavier Albó (2008a), escribía una comparación entre “la Constitución nacida de una elección nacional de constituyentes y aprobada a pesar del asedio de los que querían abortarla”, y “los estatutos aprobados también de forma maratónica pero por un grupo autonombrado”. Pese a la polarización, sin embargo, Albó reconoce que hay muchos elementos comunes y que se debería entonces pulir, reparar y complementar la Constitución,  antes que abortarla. Escribe  Albó en su columna semanal de La Razón: Los artículos duros realmente  conflictivos son mínimos en los estatutos de Tarija y Pando intermedios en los del Beni y mayores sólo en el caso de Santa Cruz, que añade 40 nuevas competencias  departamentales “exclusivas” a las 13 que –un poco mich’a– ya les concede  la Nueva Constitución. Se trataba, para Albó, de que las minorías  acepten reparar el vicio más antiguo, de la primera Constitución de 1826, en que los pueblos  mayoritarios  del país fueron excluidos (albó, 2008b).

Albó era uno de esos que buscaban  el centro, trabajando para eso. Ya mencioné el trabajo de diálogo que había protagonizado en otro libro financiado por la cooperación internacional (pnud) junto a Franz Barrios Zuvelza. La Agrupación Santa Cruz Somos Todos también había planteado una posición de centro; y el Gobierno  del mas, como un todo, había  ensayado  varios intentos desde que renunció a la búsqueda  de la mayoría  absoluta como forma de aprobación de la Constitución. En una entrevista que hice a Xavier Albó en 2009, este analiza que a pesar de que se habían hecho concesiones, en La Glorieta y Oruro  todavía el texto no estaba refinado, en parte porque la oposición no estaba para negociar, y en parte por la prisa por el plazo final de la Asamblea que se acercaba. Además le habían echado abortivos a la wawita  (la Constitución)  para que no naciera, para hacerla fracasar, entre los cuales el abortivo más fuerte era el tema  de la capitalía, decía. Recordaba que Boaventura había dicho que llegaba a la Constituyente para aprender  teoría; pero también agregaba que “tenemos  el Premio Guinness de abortos, e ideas interesantes que después se van a la mierda”.

Para el jesuita  Albó, el resultado  fue un texto repetitivo  y con cosas “mal precisadas”, por falta  de tiempo, decía. Aunque veía que en cada instancia  el texto de la Constitución  se iba refinando. Otras cosas son ensayos,  decía, como la elección popular  de jueces, única en mundo. Albó veía la parte de los modelos económicos como lo más débil, por la dificultad  de poner en marcha muchos ámbitos de producción y no depender solamente de materias primas. Albó decía que comparativamente no había en América Latina ninguna Constitución que se le acercara , porque, por ejemplo, en la ecuatoriana  veía lo de las nacionalidades mucho más diluido. Decía sobre Bolivia que “(e)n términos de relaciones humanas, yo creo, tenemos muchas más posibilidades de dialogar que en otros lugares”. Y concluía: cuando uno ve lo que había y lo que hay, se ve que se ha avanzado.[4]

Sin contar los espacios  infructuosos de diálogo en la Asamblea, otros habían fracasado en enero de 2008 con Evo Morales y los prefectos; en febrero García Linera con el Congreso; en marzo nuevamente con los prefectos, con mediación de la iglesia y la oea; en junio sin respuesta de los prefectos; y en agosto con una nueva convocatoria de Evo Morales, desahuciada nuevamente por los prefectos de la Media  Luna.  El llamado frustrado de Junio, por parte del presidente, había dado lugar por primera vez a lo que se conoció después como “mesa paralela” o “mesa clandestina”, encuentro de diálogo que no se hizo público en la sede de la fbdm, cuyo directorio estaba integrado por representantes de todos los partidos políticos  del país, entre ellos Carlos Romero y Carlos Böhrt. La amistad personal  entre el constituyente del MAS y el senador de podemos habría hecho posible  el inicio de las tratativas, que buscaban  continuar el espacio de diálogo de febrero coordinado por el vicepresidente  García Linera, en que se habían ya identificado algunos puntos de la Constitución aprobada  en Oruro, que el MAS estaría dispuesto a modificar.[5]

Desde el discurso autonomista de la Media Luna, y a pesar de siempre haber participado  del Gobierno central, sin embargo, la región  se presentaba como totalmente excluida por el centralismo  de La Paz. Santa Cruz parecía razonar diciendo “quédense con el Gobierno que nosotros nos ocupamos del departamento con autonomía  plena”. Santa Cruz planteaba su propuesta  política cerrando  la posibilidad  de participar del Gobierno como había  sido en las décadas anteriores, y renunciar a pensar Santa Cruz desde el Gobierno  central. Con la llegada  de Evo Morales,  los cruceños  se cerraban en el departamento.  Las publicaciones del ildis y fbdm  iban en sentido contrario, en el sentido  de que pensaban la compatibilización de proyectos, a contramano de la polarización  presente  en las regiones y también en algunas posiciones  duras del Gobierno,  que no asimilaba la posibilidad de modificar el texto de Constitución, aunque tampoco presentaba caminos para conseguir su aprobación. Desde el espacio de la “mesa clandestina” se pensaba un acuerdo que no sería posible hasta que Bolivia pasara por puntos todavía más altos de confrontación. Por otra parte, digamos que por la cercanía que estos trabajos tenían con protagonistas  del proceso constituyente, como Romero, pueden considerarse  parte del trabajo de elaboración de una Nueva Constitución.[6]

1.1. El diálogo de Cochabamba

En el trabajo de Peñaranda (2009) se da cuenta de lo complejo que fue la apertura del diálogo,  a partir de entrevistas con los protagonistas. Fue Tarija el eslabón que se abrió de la Media Luna para viabilizar el diálogo con el Gobierno, inmediatamente después de la masacre de Pando. El prefecto Cossío  se dirigió al Palacio Quemado, mientras en Santa Cruz todas las instituciones estatales iban siendo tomadas. El viaje de la comitiva  de Tarija a La Paz fue viabilizado por el senador Ruiz Bass Werner, luego de gestiones de la dupla Böhrt-Romero  activadas desde fines de agosto y con la participación de otros mediadores como Fabián Yaksic, con autorización de García Linera, a pesar de su desconfianza de que esta vez el diálogo  efectivamente fuera  a instalarse.[7] Desde La Paz, se había prestado  atención  al discurso  más conciliador de Cossío, después del triunfo en el revocatorio. Roberto  Ruiz afirma que la violencia  del martes  9 en Santa Cruz, y la que también se produjo en Tarija no fue espontanea sino planificada por sectores radicales que querían preservar la unidad del bloque de la Media  Luna  ante la decisión  “tan fuerte” de Tarija de ir a La Paz (Peñaranda [2009:164]). El diálogo  trastabillaba y era frágil, incluso por la detención de Leopoldo Fernández, uno de los prefectos  del conalde.[8]

En el espacio  de diálogo se comenzó a trabajar un documento en conjunto, pero los sectores más duros no garantizaban  la devolución  inmediata  de las instituciones tomadas en Santa Cruz y buscaban  reintroducir el tema capitalía. La posición más moderada que veía la necesidad  de una “salida pactada a la crisis” prevaleció después de gestiones en Santa Cruz, “hablaron con el hermano de Rubén, Pepe Costas, para que hable con su hermano”, “Hablamos con varios amigos de Santa Cruz entre ellos Carlos Hugo Molina [ministro de Sánchez de Lozada] que hablaron con otra gente” decía Ruiz, que veía que “la movilización ya se empezaba a debilitar” y aceptaron devolver las instituciones  y viabilizar  así el acuerdo. En el trabajo de Peñaranda se indica que Marinkovic, primero renuente, aceptó el acuerdo y, del mismo modo, Tuto Quiroga.[9]

 El acuerdo inicial abrió una mesa de diálogo entre Gobierno  central y gobiernos departamentales. Las reuniones se realizaron  entre el 18 de septiembre y el 5 de octubre en Cochabamba. La primera reunión duró casi 18 horas. En la versión de Romero era el encuentro de un Gobierno  nacional contundentemente relegitimado en las urnas y los prefectos de oposición que había concluido con movilizaciones fallidas. Había sido un fracaso porque hubo una toma violenta de instituciones, con control físico de los edificios,  pero sin poder ponerlas en funcionamiento para la instauración  de un régimen autonómico de facto, escribía Romero. Además, la violencia  de La Media Luna no tuvo la adhesión  de la población, que se mantuvo indiferente y condenó posteriormente los hechos de Pando (Romero et al. [2009:15-18]). Varios comentaban que los sectores urbanos de Santa Cruz reaccionaron también  de mala manera ante el vandalismo  en las tomas de instituciones mostrado por la televisión.[10]

El diálogo comenzó a trabajar en el Valle con asesores  de las nueve prefecturas, una mesa coordinada por el ministro  de Economía Luis Arce Catacora para tratar el tema del recorte de idh y otra coordinada por Romero sobre autonomías. También se trataría el tema  de la designación pendiente de autoridades judiciales y electorales. Participaron  veedores  de la iglesia  católica, evangélica, metodista, de la onu, oea, Unión Europea, unasur, algunos representantes de esta última unión con sus países miembros también por separado y, de Europa, Francia y Gran Bretaña.[11] Al abrirse el diálogo, la nueva prefecta Sabina  Cuellar intentó reintroducir  el tema capitalía pero en el acuerdo  el tema quedaba de lado. En realidad, estaba claro que no podría haber un acuerdo con el tema capitalía y la Media Luna ya no acompañó la demanda de Sucre, ante el sentimiento de traición de los chuquisaqueños  militantes de esa causa.

Mientras el diálogo se desarrollaba, los movimientos sociales realizaban una importante movilización que se anunciaba como cerco a Santa Cruz y amenazaba recuperar  las instituciones tomadas  en caso de que los cívicos  y otros no las desocuparan.  Santa Cruz estaba preocupada  porque el 24 de septiembre se inauguraría la Expocruz,  feria de negocios  del campo que enorgullece a los sectores empresariales  del departamento. Los campesinos de la csutcb anunciaban que a los 20 mil marchistas se sumarían 30 mil la siguiente semana si los prefectos del conalde no acordaban con el Gobierno y viabilizaban el referendo  aprobatorio de la Constitución. García Linera destacaba que la marcha y bloqueo de caminos no fuera por aumento salarial o reivindicaciones económicas regionales, sino en defensa de la democracia,  la institucionalidad,  la unidad  nacional,  y presionara por la firma del documento.  Al comenzar  el diálogo en Cochabamba, Evo Morales criticó la pérdida  de neutralidad del Cardenal Terrazas, y recordó los “actos delincuenciales” de la oposición, incluyendo los atentados en ductos y la masacre de Pando. Luego, partió a Panamá, donde recibió un doctorado Honoris Causa.

El diálogo se viabilizaría,  y avanzó en el consenso sobre el capítulo de autonomías de la Constitución. El cerco de las organizaciones a Santa Cruz se suspendió, y también  se aceptó devolver los recursos del idh, con otros mecanismos. Romero informó que el Gobierno aceptó todos los pedidos de los prefectos: se aceptó que los departamentos  tuvieran recursos propios; elección de autoridades; potestad legislativa, que  las autonomías tendrían igualdad jerárquica y que no habría modificación de límites de departamentos. Pero los prefectos se retiraron del diálogo y no firmaron, en protesta por la detención de un cívico del Chaco,  apresado  por la “voladura” del ducto de gas. Los prefectos declararían que las modificaciones no los conformaban, pero Peñaranda escribe que en ningún momento especificaban cuáles serían las divergencias  (op. cit.:181). El día 5 se presentaba  el resultado a Evo Morales y los prefectos de Tarija, Beni y Santa Cruz aceptaban fotografiarse junto al presidente.  No lo haría Sabina Cuellar de Chuquisaca. No participó  el departamento de Pando, que desde el 20 de septiembre tenía al ex general  a cargo del Estado de Sitio, Rafael Bandeira, como autoridad interina.[12]

1.2. El acuerdo congresal

El 8 de Octubre,  tres días después de la entrega  de los avances  del diálogo  de Cochabamba, la concertación  continuaba   en un nuevo escenario:  el Congreso Nacional, que adquiría  carácter constituyente. Los prefectos no habrían podido asumir el trabajo  de continuar con la concertación   referente  al resto de la Constitución, que García Linera les había ofrecido, según él mismo manifestaba (Peñaranda [2009:182]). El MAS recurrió entonces a otros interlocutores,  y el resultado sería que después  de haber concertado con autoridades departamentales los temas referidos a la autonomía, el resto del texto sería discutido con sectores moderados de la oposición, que aceptaron ese papel en el Congreso. Inicialmente, sin embargo, el MAS se mostraba cerrado a realizar nuevas modificaciones, especialmente a partir de declaraciones de Silvia Lazarte y otros constituyentes que cerraban esa posibilidad.

Pero Evo Morales convocó a los presidentes de las cámaras y jefes de bancadas, iniciando así dos nuevas semanas de negociaciones, en las que todo el texto constitucional fue discutido. Evo Morales también había cerrado la posibilidad de realizar modificaciones  fuera del capitulo consensuado de autonomías diciendo: “no somos constituyentes para estar cambiando el texto”. Legisladores,   como Félix Rojas, aceptaban que hubiera algunos cambios, pero no “de contenido” y sí solamente “de forma”.  Isaac Ávalos declaró: “Ya que los prefectos no quieren, nosotros lo haremos, pero modificar el tema de tierra, el Estado Plurinacional,  el tema del agua,  los recursos naturales, el gas y el petróleo, nosotros no aceptamos ningún  otro cambio”. Se hablaba de aceptar modificaciones  sólo en el capítulo de autonomías (La Prensa, 10 de octubre, 2008).[13]

Mientras el espacio de diálogo se iniciaba en el Congreso, las organizaciones sociales iniciaron el 13 de octubre una marcha desde Caracollo, a 200 km de La Paz, para exigir la aprobación del referendo aprobatorio y dirimidor de la extensión máxima permitida en la propiedad de la tierra. Los dirigentes sociales anunciaron primeramente que realizarían un “cerco” para presionar a los parlamentarios, pero posteriormente corrigieron la propuesta y anunciaron que sería más bien una “vigilia”, que llegaría en 8 días a La Paz. Según algunas aproximaciones  estimativas participaron 100 mil personas de 95 organizaciones y Evo Morales encabezó  la marcha en las primeras horas de su recorrido. La oposición  criticaba y pedía que el mandatario  recordase que no era ya un dirigente cocalero, pero Evo Morales declaró a la prensa  que se sumaba “como afiliado de la cob, del conamaq, de la csutcb y como vecino de Orinoca”.[14]

Evo Morales expresó: “La refundación de Bolivia nos ha unido…  Saludo la decisión de la cob de unirse a la conalcam”. El concepto tiene importancia si pensamos en los últimos 20 años de luchas sociales en Bolivia, que unificaron los distintos sectores  en la fórmula  que define  al pueblo boliviano como sujeto clave y autor de la Nueva  Constitución. Esta vez, sin embargo, el pueblo  no aparecía en la heterogeneidad  de la bancada  de constituyentes, sino en una marcha que llegaría al Congreso  para exigir la convocatoria a la aprobación de la Nueva Constitución. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos avanzaban junto a Evo Morales a la cabeza  de la marcha,  con destino al poder  central. Para la oposición, sin embargo, se trataba sólo de un cerco y de una nueva ilegalidad.

El mismo día que comenzaba la marcha de Caracollo, entrevisté en São Paulo a Branko Marinkovic, que iniciaba un recorrido por varios países para denunciar “atropellos a los derechos  humanos en Pando”, no por la masacre  de indígenas, sino para pedir garantías para las más de 300 cívicos y vinculados con la prefectura que se habían auto-exiliado y declarado en la clandestinidad  en una ciudad brasileña vecina a Pando, después de los sucesos  del Porvenir,  por miedo a ser convocados por la justicia.  Sobre la Asamblea Constituyente criticaba que no fueron respetados los dos tercios y decía que por eso los cívicos no aceptarían  la Constitución, aunque los prefectos  sí lo harían, decía. Los motivos eran que, según el presidente del Comité  pro Santa Cruz, no se sabía quién  la había  redactado, y aceptar  la “Constitución  del mas” sería traicionar los cabildos  y el voto de las personas que defendieron la autonomía y votaron por los estatutos. Para Marinkovic, la Constitución dejaba  todo sujeto a la decisión  del presidente  de la república  y ponía en peligro el Estado de Derecho y la democracia. Le preocupaba también la elección  de representantes por “usos y costumbres” y la justicia  comunitaria, que a su juicio no daría derecho de apelación a alguien que fuera atropellado por un auto en una comunidad, o en San Julián, tierra de colonizadores.

Marinkovic, era acusado de usurpar  tierras de pueblos indígenas y tiempo después se declararía también perseguido y dejaría el país. Mencionaba la presencia de venezolanos en Bolivia y en los sucesos del Porvenir, y le preocupaba la participación  del presidente en la marcha que estaba partiendo desde Caracollo y que él veía como nuevo cerco al Congreso. Le pregunté en qué se oponían al proyecto de autonomía del Gobierno, y dijo que la diferencia era fundamentalmente que no la consideraba autonomía porque un decreto del presidente  está por encima de las determinaciones del departamento  y el Estatuto. Este sería uno de los elementos del texto modificado en el diálogo congresal, pero la posición  intransigente del Comité no cambiaría. Por otra parte, sobre  la violencia  del mes de septiembre en Santa Cruz, se quejaba de la radicalidad  de la Juventud  Cruceñista,  que definió como vándalos a los que si alguien tiene que resolver algún problema les paga para que lo resuelvan.[15]

 Según escribe Romero sobre  el diálogo que se abría en el parlamento,  “de acuerdo a informaciones preliminares a las que había accedido el Gobierno,  la principal fuerza política opositora, había adoptado  la estrategia de participar en el diálogo pero sin la decisión  política de llegar a acuerdos, buscando reproducir actuaciones anteriores en las que participaban muy dinámicamente en los debates pero luego inviabilizaban los pactos alegando cualquier  pretexto” (2009:21). Hubo descontento cuando  los representantes de podemos enviados a la reunión  del diálogo fueron Luis Vázquez, Óscar Ortiz y Walter Guiteras, de la línea más dura “anti-acuerdista”. Pero poco después podemos dio lugar a la participación  de Böhrt y el diálogo comenzó a viabilizarse por fuera de la instancia oficial, donde ocurrían largas discusiones. Fue entonces que volvió  a activarse  la “mesa paralela” organizada por Böhrt y Romero, que se reunía en las oficinas  de Romero en el Ministerio que estaba a su cargo (mdrayma) y anticipaba el tratamiento de temas que después serían considerados en el Congreso,  “para orientar y direccionar  el debate en las reuniones  oficiales”.

En las reuniones  participó también  el diputado Alejandro Colanzi, de un, que había sido uno de los que firmaron  el documento  del espacio “Santa Cruz Somos Todos” en la coyuntura  del referendo  del Estatuto. Era el momento de la apuesta  por el diálogo,  llevada adelante por actores que podemos ubicar en el centro político, ese desde dónde surge un nuevo Estado. Ni la visión separatista ni el indianismo  pluralista más puro, tenían lugar en esa mesa. Según García Linera, en entrevista a Peñaranda, un año antes, cuando se abrió  la multipartidaria en la Vicepresidencia, solicitó a Rubén Darío Cuellar organizar un espacio en el que “la fuerza mayoritaria  le ofrece a la segunda  fuerza trabajar en un acuerdo”, pero  “hasta ahora lo estoy esperando con la respuesta” decía el vicepresidente. En Octubre de 2008, García Linera comentó que se acercaba a veces a la mesa grande del diálogo en el Congreso,  para mostrar voluntad de diálogo y flexibilización, pero ahí las discusiones  avanzaban  muy lentamente. “Vásquez  es especialista en encontrarle problemas a cualquier cosa”, decía Linera (Peñaranda [2009:188]).[16]

El verdadero avance  ocurría en las reuniones  de Romero y Böhrt, que se basaban en el trabajo del primer semestre del 2008, facilitado por  la fbdm. Según narran los protagonistas,  era el carácter “clandestino”  y no oficial que permitía un ámbito  de trabajo con resultados. Las reuniones  se habían  iniciado en la residencia particular de Guido  Rivero,  presidente  de la Fundación, cuando Oriente apuntaba a aprobar sus estatutos y el Gobierno  no sabía cómo viabilizar  la aprobación  del texto aprobado en Oruro. En cuanto a las facciones  cruceñas  de podemos en el Congreso,  cuentan los protagonistas, apostaban más bien a que frente al fracaso de la Asamblea, se declarase  la autonomía de facto y por tanto no querían ningún contacto con el Gobierno. La lógica de Oriente era buscar la autonomía  y dejar la confrontación con el Gobierno, de la que las minorías opositoras de Occidente eran más dependientes en su juego político.

El senador Ruiz explicaba  la tarea política de este espacio  de negociación de la siguiente manera: “teníamos que jalar hacia  el centro político  a los sectores que estaban a la derecha  en podemos y a los sectores radicales del mas” (entrevista con Peñaranda [2009:192]). Era el mismo objetivo con que vimos operar a Romero en la Comisión de Tierra, y después en la comisión por el tema de capitalidad. Pero especialmente en la Comisión de Tierra, donde se encontraban presentes voces bien parecidas a las que definían el acuerdo  final por la Constitución,  en el Congreso. Ruiz también explica que este espacio  externo a la reunión  de delegados por partido en el Congreso funcionaban de forma generalizada, espontanea y desorganizada. Además del espacio  de Romero y Böhrt, Ruiz decía que las mesas “(s)urgieron en distintos momentos, según la coyuntura.   Todos los actores, en algún momento,  hacían sus propias ‘mesas paralelas’ donde discutían, sin presiones y libremente, las posibilidades  de acuerdos. Estos acuerdos se trasladaban luego a la mesa formal, donde se incorporaban al texto constitucional”.  Para  Ruiz no se trataba tampoco de mesas clandestinas, sino de “mesas técnicas de trabajo, fuera de cámaras,  no oficiales, no formales, mesas exploratorias de la posibilidad de un acuerdo (2009:191-193).[17]

Además del tema de la reelección,  los temas  que frenaban el acuerdo y que luego se fueron consensuando  eran la reversión   de tierras, las concesiones  de servicios públicos, la forma del senado,  la elección de autoridades de la Corte  Electoral y la propuesta  del MAS de que la reforma  de la Constitución fuera realizada por mayoría absoluta. La oposición había acercando una primera lista con una docena de observaciones, pero que con el pasar de los días fue siendo aumentada con nuevos temas. Como vimos en el capítulo  1, la oposición  también  exigía la reintroducción de los términos “nación”  y “república”; la libertad de expresión y de prensa;  el control social; la gestión de recursos  naturales; la aclaración de los límites de la libre determinación de los pueblos.[18]Sobre la reelección, la discusión era si una vez aprobado el nuevo  texto, Evo Morales estaría habilitado a uno o dos mandatos, dependiendo de si se contabilizaría o no el mandato  iniciado  en 2006, y que en realidad sería medio mandato. En autonomías, se incorporaba  lo de Cochabamba, que transfería 24 nuevas competencias para los gobiernos autonómicos de los departamentos, consideradas pocas, sin embargo, para  la bancada cruceña que tomaba el Estatuto autonómico como referencia.[19]

 Según los protagonistas,  entrevistados por Peñaranda (2009), el acuerdo  se desencadenó  después  del viernes 19 de octubre,  cuando  la marcha estaba cerca de La Paz y el ala dura de podemos, comandada por el presidente  del Senado, Óscar Ortiz, dio un ultimátum demandando presentar en 24 horas la redacción alternativa de lo que se había estado debatiendo.  El pedido parecía imposible de cumplir, y una nueva maniobra de podemos para tensionar el diálogo. Pero Romero logró presentar las nuevas redacciones de artículos, gracias al trabajo anticipado, con cerca de 180 artículos modificados, de un total de 411 que tenía el texto constitucional (2009:196). Esa sería la propuesta  que se transformaría en texto constitucional, luego de una primera  sesión concluida en la madrugada en que se aprobó una “ley interpretativa”  con la cual el Congreso se autorizaba a realizar cambios en el texto aprobado en Oruro.[20]  A las 2:45 comenzarían a ser considerados   los artículos modificados, que eran leídos mientras iban saliendo de la impresora. A las 8 de la mañana comenzó la sesión final, con los parlamentarios  del MAS mascando coca y los de la oposición  manteniéndose  despiertos con café y cigarrillos, cuando  la marcha que había salido de Caracollo ya había entrado en La Paz.

La ley de convocatoria  a los referendos aprobada estableció para el 25 de enero de 2009 la votación  por la ratificación  de la Nueva Constitución, y para el 6 de diciembre de 2009 la elección  de presidente y parlamentarios. Los nuevos prefectos, que pasarían a llamarse “gobernadores”, conforme había sido introducido por los estatutos, serían  elegidos  en abril de 2010, junto a alcaldes y asambleístas regionales. El lunes 20 de octubre Evo Morales se había  trasladado a la localidad de Ventilla para recibir a los marchistas  y caminó junto con ellos las últimas  9 horas  hasta la plaza  Murillo,  frente al Congreso, junto con sus ministros. Los manifestantes estuvieron un día frente al Congreso, escuchando a grupos folklóricos y pernoctando allí junto  a Morales, que permaneció en la plaza.  Fue frente a la multitud que Evo Morales, a las 12:52 del medio día, llorando emocionado,[21] promulgó la Ley de Convocatoria al referendo aprobada por 106 parlamentarios, uno sólo más de los dos tercios necesarios.[22] Romero y Novillo encabezaron  el trabajo técnico de modificación de artículos y esta vez no fue Santos Ramírez, sino García Linera y Torrico quienes se ocupaban de sumar votos y “hacer amarres” para alcanzar dos tercios. El MAS tenía 80 congresistas y necesitaba 25 votos de la oposición. El ministro Quintana semanas  antes había advertido en conferencia de prensa que podrían  aprobar  la convocatoria con mayoría  simple modificando la ley de convocatoria a referendo que se había aprobado  con el cerco de febrero. El argumento  servía para que la oposición advirtiera que con o sin ellos habría  convocatoria.  Esa era la situación que estaba en el aire en realidad desde  el triunfo del MAS en el revocatorio  del 10 de agosto. La ley fue aprobada con 9 votos de un, 9 de podemos y 8 del mnr a favor del acuerdo.  Era lo que se había buscado  durante todo el 2007 en la Asamblea Constituyente, sin éxito, y que ahora se demostraba que era posible. Como en otras oportunidades,  hubo quejas nuevamente desde el MAS de que congresistas que participaron activamente proponiendo  reformas, y que fueron aceptadas,  dejaron la votación o votaron en contra.

Entre las decenas de modificaciones introducidas, una preocupación a la que la oposición había sido particularmente sensible tenía que ver con la propia supervivencia  política de los partidos presentes  en la negociación, a partir de las normas y estructura del sistema  electoral. Eso  hizo  que el Senado  y las circunscripciones plurinominales fueran repuestos en el orden constitucional, cuando  en Oruro o en versiones anteriores habían sido eliminados.  También se extendió a un año el mandato de los parlamentarios  que estaban en funciones,  fijando las elecciones para diciembre de 2009 y no para inmediatamente después de aprobado el nuevo texto. Ese tema trababa las negociaciones  finales, después  de ya definidos todos los ajustes del texto. Tener elecciones de inmediato, decía Romero, era obligarlos a votar a favor de su tumba política.[23]

Para sellar el acuerdo,   Evo Morales renunciaba  a aspirar a una segunda reelección. Suya había sido la decisión de consensuar cambios en la Constitución con la oposición, y también la de ceder en este tema  tan sensible.  Así, mientras  el Congreso extendía su mandato, Evo Morales lo reducía, porque su primera gestión de sólo 3 años, sería contabilizada como mandato completo. Para Romero “ese es un desprendimiento objetivo, inverosímil, indubitable, incontrastable. De tal modo que está en la conciencia  del pueblo  boliviano,  está en la ética del sistema político, está en el testimonio de nuestros veedores de la comunidad internacional que esto fue así”. Y poco antes de que la marcha  ingresara a La Paz, cuando luego de haber cedido en ese tema esperaba que podemos fijara su posición  final. Romero decía a la prensa:  “de nuestra parte ya dimos todo”.[24]

 Y el acuerdo del Congreso fracturó la agrupación podemos, primera minoría también en el Congreso, con el sector más extremo, representante de Beni, Pando y Santa Cruz, que votaron en contra de las leyes que  sellaban el acuerdo. Pese a una posición  inicial dura, y de haber repetido hasta el cansancio  que la “Constitución del mas” había sido aprobada ilegalmente con sangre, Tuto Quiroga acompañó a sus constituyentes del Occidente  y avaló el acuerdo.  Si no lo hacía,  corría el riesgo de quedar aún peor colocado con la ruptura  de los parlamentarios  de su fuerza política acompañando el acuerdo a pesar de su posicionamiento contrario. Los protagonistas comentan que el convencimiento dentro de podemos sólo se concretizó sobre el final, y que las posiciones contrarias, como la del presidente del Senado Óscar Ortiz y otros cruceños, ya no tenían demandas  fuertes que no hayan sido atendidas. La posición pública de Quiroga en los días siguientes sería atribuirse los méritos  del acuerdo,  con el que se abría conseguido  aliviar los peligros contenidos en el texto anterior.[25]

No obstante, al igual que un de Doria Medina –que declaró que el 95% de las observaciones  habían sido incluidas– y el mnr, Tuto Quiroga  participaría poco después en la campaña por el No a la Nueva Constitución. En el momento del acuerdo, desde Estados Unidos,  el líder cívico Branko Marinkovic desconoció también  el acuerdo. Rubén Costas llamaba a formar un Frente Amplio electoral para votar por el No. Y desde El Nuevo Día, periódico  de Santa Cruz, se evaluaba que el acuerdo  había sido una alianza  entre el MAS y los partidos  tradicionales contra  la oposición autonomista de Oriente. Sin embargo, este diario  en su editorial reconocía  que “el proyecto  absolutista con los indígenas  como escudo para perpetuarse en el poder”  había sido abandonado o, más bien, diferido para más adelante. Desde la resignación,  y anhelando como siempre la caída  de los campesinos e indígenas del Gobierno,  un Senador de Podemos declaraba que la Constitución  duraría lo mismo que Evo en el poder.

Mientras algunos se preocupaban de destacar su papel en el acuerdo  para asociar su nombre a ese hecho  político constituyente, desde Omasuyus llegaba un documento de “El Mallku” Felipe Quispe, titulado “¡traición  al movimiento indígena y popular! Evo Morales y el MAS acaban de arrodillarse nuevamente  ante la derecha,  los racistas y la reacción”.[26]El carácter no retroactivo del límite a la propiedad máxima de la tierra fue el principal  punto de crítica de las fuerzas  sociales  descontentas, aunque Romero explicaba que la reforma agraria no se afectaba porque los que no cumplieran   la Función Económico Social tendrían de todos modos sus tierras revertidas.  Disconforme, también se escucharía después del acuerdo  a Silvia Lazarte, quien manifestó a la prensa “nadie me informó sobre lo que debía  ocurrir estos días en el Congreso”. Román Loayza también fue crítico, y declaró que “era mejor  que los parlamentarios hagan desde un principio  todo el trabajo, ya que en menos de 48 horas se cambió todo lo construido  durante el tiempo de vigencia que tuvo la Asamblea”. Raúl Prada, en cambio, escribía: “El Congreso, declarado constitucional, hará después ciento cuarenta y cuatro modificaciones,  revisando ciento veintidós artículos, empero no podrá cambiar el espíritu  constituyente, la voluntad constituyente, expresada en la estructura  misma de la Constitución,  en la visión  de país y en el modelo  de Estado; manifestando  esta voluntad principalmente en la parte declarativa de la Constitución y derivando consecuencias importantes en la parte orgánica  de la misma” (Prada [2010e]).

Carlos Romero, en entrevista que realicé meses más tarde, citaba como condiciones que posibilitaron  el acuerdo  al resultado del revocatorio  que cambió la correlación de fuerzas; a la polarización extrema desde mediados del 2006; el apoyo internacional; especialmente  el límite que el país sintió después  de la masacre de Pando; y de modo fundamental, decía, la decisión  de Evo Morales de respaldar las modificaciones en el proyecto de Constitución, que había sido ya aprobado  en “grande, revisión y detalle”. Evo Morales fue importante, nuevamente,  cuando después de 17 horas de espera en la plaza Murillo, los mineros detonaban cachorros de dinamita y se proponían sobrepasar el anillo policial para invadir el Congreso, expulsar a los parlamentarios  que no alcanzaban un acuerdo, y clausurarlo. Sólo con la voz del presidente,  que explicó que era la oposición  la que buscaba una excusa para suspender  la sesión,  los manifestantes más radicalizados estuvieron de acuerdo en continuar esperando.  Antes también  el presidente había suplicado paciencia a los “ponchos rojos”, que también amenazaban  con tomar el parlamento, y les había explicado que era el sector oligárquico  el que tomaba instituciones.

En su discurso de promulgación de la ley, Evo Morales declaró que “digan y hagan  lo que hagan, no volverá el neoliberalismo  a Bolivia” y anunció  la transición al Estado Plurinacional Autonómico. También dijo “Siento de verdad que este proceso de cambio no se interrumpe”, “Siento que ya no soy importante para el proceso de cambio, hay nuevos líderes”, “Puedo irme al cementerio contento porque he cumplido con el pueblo”  y “a partir de este momento, todos los hermanos  y hermanas empezarán la campaña para que –como decía nuestro compañero de la Central Obrera Boliviana– la aprobemos con el 100 por ciento. Especialmente las bolivianas y bolivianos campesinos, como los sindicatos obreros.  También pedimos a la gente de la ciudad sumarse  para refundar Bolivia”. El diputado potosino, Cesar Navarro, saludaría también el acuerdo,  y calificaría a la Nueva Constitución como “uno de los productos  más importantes de nuestra historia”. Evo Morales también  declararía después  del acuerdo, que en la Constitución  de Oruro  habían incluido temas estratégicamente pensados  para negociar. Lo mismo me diría de los estatutos un ex asesor técnico de la Asamblea:  tenía “exabruptos”  pensados para ser rebajados en un posterior acuerdo.  Esta estrategia llama la atención, no porque sea una forma poco habitual de negociación, sino porque la misma sólo pudo llevarse a cabo una vez concluida  la Asamblea Constituyente.

Esta misma posición  sería también  revelada más adelante también por García Linera: “y ante la necesidad  de contar tarde o temprano con dos tercios de los sectores medios de la derecha  que viabilicen su aprobación,  el Pacto de Unidad diseñó una estrategia que consistía en incorporar  en el borrador de la Constitución, artículos con una posición más radical de lo necesario y sostenible históricamente, para luego proceder a enderezar  la redacción  hasta donde  el movimiento  social requería y podía sostener, obteniendo  con ello los acuerdos necesarios  que destraben la aprobación por dos tercios de los votos, ya sea en la Constituyente  o en el Congreso.  ¿Era posible otra ruta de aprobación de la Constitución  por la vía de la fuerza de movilización? Por supuesto!!! Pero ello requería una sublevación, una insurrección que pasara por encima de todos los otros contrapoderes  aún presentes del viejo Estado” (2011b:142).[27]

1.3. García Linera y la nueva narrativa política plurinacional

Álvaro García Linera construiría una narrativa del proceso,  y la presentaba  en discursos y entrevistas. Era claramente un trabajo intelectual asumido como responsabilidad estatal, en defensa del proceso  político liderado por Evo Morales y que sellaba su proyecto de transformación en la Nueva Constitución. Su discurso del día de la promulgación de las leyes que permitían  viabilizar el proceso constituyente fue publicado en los cuadernillos de la Vicepresidencia con el título de “Cómo se derrotó  al golpe Cívico-Prefectural” (2008). Consistía en una exaltación de la gesta constituyente, como base para  la consolidación de un nuevo consenso estatal que se establecía para lo venidero,   ante el fracaso de la oposición.  Los constituyentes que hicieron   el texto fueron perseguidos,  chantajeados, los han escupido y pateado y a pesar de eso hicieron  el texto, decía  García  Linera,  que admitía sentir por ellos profundo  respeto y admiración. Se requería un esfuerzo más, narraba el vicepresidente,  que explicaba que al 98%, o al 95% del trabajo era de los constituyentes, y que el Congreso había agregado un 5% con el que se concluyó el trabajo, como única  forma  en la que se pudieron hacer los pactos, sin lo cual García Linera pensaba que “nos seguiríamos enfrentando,  en el Congreso, en la calle, en las regiones”.

Hablaba de “un aporte humilde, pequeño, que hemos hecho a su gran obra, su trabajo titánico”; y de que “ese aporte como por arte de magia hace que todos se convierten en constitucionalistas” y sobre  la oposición decía “hasta la derecha  si no quiere ser rebasada por el tren de la historia tuvieron  que suavizarse y tragarse las palabras  de ‘mientras esté vivo no va a haber Nueva Constitución’. Lo que el constituyente construyó con sus manos es de toda Bolivia. Los constituyentes pueden descansar tranquilos”. Expresaba  que lo que los constituyentes  construyeron iba a perdurar 30, 40, 50 años, “después de que Bolivia  le dé el sí”, todavía faltaba el referendo. El nuevo consenso  –el centro– que la Nueva  Constitución establecía se resumía en tres elementos, según el vicepresidente. Primero  la igualdad,  como reivindicación   del movimiento indígena y los pueblos, era la plurinacionalidad, decía. Segundo, la desconcentración del poder y descentralización, reconociendo la vitalidad de cada región: la autonomía. Tercero: la economía industrial, que reconoce la pequeña industria  y la economía campesina, con un papel especial para el Estado. “Igualdad de los pueblos, industrialización y autonomía” eran la base del nuevo consenso que presentaba  García  Linera  el 23 de octubre, comenzando  también la campaña para  la aprobación del texto, que luego del acuerdo congresal se daba por hecho. Los tres temas  eran para  el vicepresidente  “los tres temas  generadores de los conflictos que nos separaban, las rajaduras  de la vida social, quebraduras  de Estado [que] hoy son parte del texto”. La derecha se había quedado sin propuestas ni nada que ofrecer, decía, y veía que ya no tenía líderes ni programa. Calculaba que en unos años volvería a surgir una oposición, como un nuevo  tren que pasará dentro de diez años. Pero decía que los que fueron al cabildo (no decía  del millón, y hablaba de 500 o 200 mil personas) tenían su proyecto incorporado en la Constitución. Veía como actitud testimonial casi intrascendente  los que seguían duros, que si no se subían a la rueda  de la historia serían  triturados. El que se opone a este texto, decía,  se opone a la demanda autonómica y al cabildo. Y afirmaba que todo el programa acumulado en 180 años de vida republicana ahora había sido incorporado como Constitución, y que eso lo estaba encabezando  el presidente Evo, señalaba.

Con el texto constitucional definitivamente   aprobado en el referendo  de enero de 2009, al que se llegó después de una campaña bastante sucia en que los partidos que contribuyeron  al acuerdo  congresal se opusieron  duramente  al texto que habían revisado García Linera continuaría en su papel de exponer de forma  sofisticada la interpretación  del MAS sobre el proceso  político y su lugar en la historia boliviana. Podía sonar a apología, a discurso que clausuraba la lucha política imponiendo un panegírico o exaltación de un Estado nuevo como punto de llegada y revolución victoriosa. Pero ese era el tono que requería un discurso que se proponía poner las palabras  de una época en una disputa de versiones y significados propios de un innegable momento de cambios políticos.

Lo escuché directamente en el Palacio  de Telecomunicaciones de La Paz, en marzo de 2009, con una nueva presentación de su lectura del proceso  político, en la inauguración  de la Escuela  de Fortalecimiento y Formación Política “Evo Morales Ayma”, organizado por la agrupación  Los Satucos, del diputado Torrico, por entonces todavía importante  figura del Gobierno. En su conferencia, definía al Estado como máquina de poder político que monopoliza las decisiones, y hablaba del problema de construir un “yo colectivo” que represente a todos. Ese es el don del poder,  la hegemonía, el liderazgo  y el misterio  del Estado, decía. Mencionaba a Marx, Weber y Gramsci, y empleaba la frase de Zavaleta Mercado “los parientes pobres de la burguesía”, para explicar el bloque  que en 1952 logra articular al resto de la sociedad  detrás de su proyecto. Ahora “somos nosotros los que estamos construyendo un nuevo discurso colectivo”, comparaba, y destacaba  que era a través de las ideas que se distinguía el nuevo Estado, porque  “no hay nada más idealista que el Estado”, decía.  Era una mirada analítica que ubicaba al Estado  Plurinacional como fase histórica análoga a la iniciada  en 1952 con la Revolución  Nacional.[28]

La diferencia con 1952, explicaba, era que el núcleo del nuevo  bloque  eran ahora los indígenas, articulado a urbanos  vecinales, clase obrera y pequeños grupos de clase media. Y ejemplificaba los cambios con la imagen de las madres que antes no querían que su hijo hablara en aymara. Así vivió Bolivia hasta hace 3 años, afirmaba.  El nuevo bloque, explicaba García Linera, a diferencia  del 52 no era homogéneo, y lo graficaba comparando  la vida de Evo con la suya: no frecuentaban las mismas fiestas ni escuelas, él había podido viajar y hacer una maestría; pero ahora se articulaban en un mismo bloque de poder. Hasta 2005, exponía, se mantuvo  la idea de rosca, de familias que se casan entre sí. García Linera decía que con un bloque de poder plurilingüístico y cultural, el Estado ahora  iría a ser también  plural, como el bloque  de poder que ahora estaba en el Gobierno.

En su caracterización histórico-política, García  Linera (2008c y 2008d) presenta “como hipótesis de trabajo”  el que desde septiembre de 2008 culmina la crisis del Estado neoliberal  y se da origen a la construcción  del nuevo Estado. Se trata de la fase plurinacional,  que sucede a la neoliberal vigente desde 1986; a la fase nacionalista que tiene origen en 1952; y la fase liberal, que le antecediera. García Linera  entiende la victoria de Evo Morales en 2005 como un marco que tiene correlato en las decisiones estatales que comenzaron a tomarse especialmente en términos económicos, pero que hasta la resolución del proceso  constituyente aún estaba consolidado de forma inestable. Sólo después  de septiembre de 2008, explicaba  el vicepresidente,  ocurrió el “punto de bifurcación” (concepto de Prigogine  utilizado por él ya desde hacía diez años atrás) en que el bloque  de poder emergente se consolida. Y es ahí donde se resuelve  la situación  de “empate catastrófico”, expresión  de cuño gramsciano popularizada también por él en Bolivia, “en que aún lo viejo no permitía a lo nuevo  imponer sus determinaciones”.[29]

En su conferencia de marzo de 2009 en La Paz, García Linera explicaba que el nuevo bloque  tenía distintas maneras de entender la democracia  más allá de la idea de que el individuo  es primero a la sociedad.  Y señalaba que en la Bolivia Plurinacional, a pesar de que la economía estatal es la que lidera en el nuevo modelo económico y productivo, los indígenas tendrían sus formas económicas comunitarias respetadas en la construcción  del Estado  y ya no se disolverían como pequeñas burguesías  del campo ni se tornarían “el indio folklórico” del neoliberalismo.  Eran las ideas que ya había elaborado como modelo  del “capitalismo andino-amazónico”  durante la campaña electoral que culminó con la victoria electoral de diciembre de 2005. En la campaña que comenzaría en 2009 buscando  la reelección, sin embargo, la propuesta  de industrializar y desarrollar el país económicamente  sería protagónica, y la cuestión  de la pluralidad  étnica y de formas económicas diferentes saldría de escena.[30]

En una entrevista otorgada después de la victoria del proyecto constituyente del mas, García Linera indica que de los tres ejes del nuevo  Estado, el tema  autonómico y el tema de la igualdad  plurinacional  ya habían sido definidos por la Constitución.  Sobre  eso era necesario  aún elaborar las leyes derivadas  y crear las instituciones correspondientes, explicaba García Linera. Se entiende que con esas palabras el vicepresidente  indicaba  no una jerarquía, sino una división de tareas en el marco del proceso de cambio. El papel prioritario del Estado sería entonces concentrarse en el tercer elemento  introducido  como nuevo consenso  estatal: el de la economía. García Linera explicaba a La Prensa, en ese sentido, que el Gobierno debía ocuparse  especialmente  del potenciamiento  del Estado, con un crecimiento económico basado en la industrialización  que sería acompañado  de políticas sociales de acceso universal, mejoras de servicios básicos y ampliación de derechos para todos.[31]

Y una vez resuelto el escenario  de la aprobación  de la Constitución  podía observarse, de hecho, que el Gobierno  focalizaría en el programa  “Bolivia Productiva”, que sería la idea-fuerza de la campaña que empezaba luego de aprobada la Constitución para buscar reelegir a Morales y García Linera en las elecciones de diciembre de 2009. En los meses siguientes a la promulgación,  y llevando a la práctica  esa idea de que las tres ideas  básicas  del Estado Plurinacional  ya no eran asunto de discusión, se hablaría antes de nada de industrialización  del gas, de reservas de litio, refinerías  de petróleo, trenes, plantas separadoras,  megacampos, represas, exploración en el norte de La Paz y nuevas áreas, y hasta de un satélite, que  el Gobierno lanzaría para tener “soberanía tele-comunicativa”, y que bautizaría como “Tupak Katari”. Veremos en el último capítulo que el horizonte de la descolonización  y del gobierno indígena no saldría del universo discursivo abarcado por el Gobierno.  Pero las prioridades  políticas tendrían que ver más con el proyecto económico  impulsado por la izquierda  nacionalista y estatal del Gobierno de Evo Morales y los campesinos.

En una entrevista de enero de 2010, Óscar Vega (2010) analiza este cambio en el discurso  de campaña, como movimiento hacia el centro. Él decía  que “(e) l cambio de discurso de la campaña de hace cinco años a ahora es que lo que era una propuesta de cambio, transformación, nacionalización de los hidrocarburos, convocatoria a la Asamblea Constituyente y descolonización; cinco años después la campaña del MAS se centra en el salto industrial con un discurso fuertemente economicista y las garantías  de que los derechos  que están en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional se van a cumplir. Y esto demostraría que del discurso  del proceso de cambio estamos queriendo  plantear un paradigma del cambio como una perspectiva de centro. Un centro que permite  resolver todas las necesidades como sociedad, reconociendo que hay desigualdades, donde todos van a ser atendidos, pero donde no queda  claro el rumbo”. Se perdería de vista un horizonte de transformación marcado por una “agenda” (la de Octubre), y el discurso  industrialista traía un plan económico pero planteado como época de administración y gestión de lo “ya transformado”, antes que como política y deseo de “búsqueda de transformación”.[32]

Volviendo a la exposición de García Linera en la inauguración de la Escuela de Formación con varias autoridades del Estado en la platea, el vicepresidente hablaba de una “previsión objetiva” con la cual vaticinaba una “década de oro para Bolivia”, abierta porque ya no habría que invertir mucho tiempo en resolver el tema del poder.  Se trataría, más bien, de cómo aplicar mejor tres ejes estructurales: el plurinacional, el autonómico y el del Estado conductor de la economía,  decía el vicepresidente. Consideraba que el horizonte epistemológico  de esta generación y esta época estaba marcado por la Constitución  Política y esos tres pilares.  Y expresaba que esa generación será recordada como una generación  virtuosa que resolvió, a su modo, lo que ocho o diez generaciones  anteriores no pudieron. Decía que las nuevas  creencias  serían a partir de entonces la matriz de la política en Bolivia por veinte o treinta años;  y que junto con el cambio institucional y la consolidación de un nuevo bloque de poder a nivel nacional representarían  un cambio estructural a partir del cual la pelea  ya no iba a ser por proyectos de sociedad, sino por formas de interpretar, administrar, conducir y viabilizar cada uno de los tres ejes del campo político nacional. Había nacido una Bolivia con igualdad entre indígenas y mestizos, distribución territorial del poder y participación  del Estado en la economía.

2. La Constitución abierta y la media luna

Después de tres años  de Gobierno,  el MAS conseguía  aprobar  la Nueva Constitución. El 25 de enero se realizó el referendo “dirimidor”  y “aprobatorio” de la Constitución.  El Sí por la Constitución  se impuso con el 61%, y además un 80,65% se manifestaba  contra el latifundio, definiendo  en 5 mil hectáreas el límite máximo para la propiedad,  para lo venidero.  “Le hemos ganado a Dios” alguien decía, en referencia a la campaña por el No que había protagonizado  la iglesia  católica y parte de la oposición. La Nueva Constitución ya era una realidad y sería promulgada por Evo Morales  el 7 de febrero en El Alto. A continuación presento una lectura del texto que fue aprobado, que permite  sentir los rastros de un proceso  conflictivo, con tensiones que se prolongarían en el tiempo, y que algunos  las mencionaban.  Esta mirada iba más allá de la versión  defendida  por García Linera, que vemos más bien como narrativa que buscaba imponer una posición  política que marcara un rumbo en un escenario que continuaría como campo de distintas fuerzas sociales y de ideas en disputa.

A tres días del referendo en que se aprobaría la Constitución, el cejis presentó en La Paz su revista Artículo Primero y el video sobre el proceso  constituyente Construyendo la dignidad. En el evento, Raúl Prada fue invitado a exponer, y presentó su visión del texto constitucional. Veía dos vetas determinando el texto y el proceso. La matriz  del texto son los movimientos, y de ahí su carácter original y originario, decía. Pero también estaba el carácter formal,  que se había hecho presente con la intervención del Congreso  en varios momentos  del proceso  (ley de convocatoria, ampliación,  modificación),  dándole al acto constituyente  un carácter constituido. Eran esas dos racionalidades, de lo constituyente  y de lo constituido,  que explicaban  para Raúl Prada la tensión que veía presente desde el primer Artículo de la Constitución. Por eso el ex constituyente  lo considera  un texto “de transición”, que se encontraba  entre lo Social de Derecho y lo Plurinacional  Comunitario. En la charla Prada analizó algunos núcleos centrales de estas tensiones.

En los primeros artículos se habían incluido reivindicaciones indígenas, y el autogobierno y la gestión  ambiental  implicaban descolonización, decía Prada. Eran para él un paso trascendental que fundaba una segunda república a partir de los pueblos  indígenas.  Pero respecto al ordenamiento  territorial, reconocía que la mayoría de los constituyentes decidieron  renunciar  a la reterritorialización  al decidir no afectar los límites departamentales. Se acepta el Estado Plurinacional pero no sus consecuencias, veía Raúl Prada, aunque gracias a la presión  de las organizaciones, sí se había introducido la región,  que en sus límites, permitía  al ex constituyente efectivamente  pensar  la reterritorialización.  Un segundo punto de tensión señalado por Raúl Prada se encontraba en la visión sobre  los recursos naturales. En la minería no se menciona el medio ambiente, aunque en hidrocarburos sí. En Recursos  forestales somos ambiguos y no logramos  resolver lo de las concesiones  madereras,  decía. Y señalaba que al mismo tiempo se habían incluido los valores de las comunidades que viven en armonía  con la naturaleza. Raúl Prada veía que no se había renunciado a los nuevos paradigmas  respecto a los recursos naturales, pero presentaba la lectura de un texto “con tonalidades”.

El balance de la Autonomía Indígena le parecía más positivo. Ese es el alcance político del Estado Plurinacional, observaba.  Para el Chato Prada, tanto la reconstitución como la tutela se habían discutido en las comisiones, y las dos cosas estaban en el texto. En eso había habido una ganancia de Oruro al Congreso. En el mundo del MAS y las organizaciones,  el acuerdo de Octubre se pensaba como retroceso en el proyecto,  obligado  por las circunstancias. Pero para Raúl Prada las autonomías indígenas se habían consolidado en el Congreso,  donde se había definido  que pasarían a tener  más competencias.  Se había avanzado con una definición más clara de lo que había en Oruro, decía Prada, dando cuenta que la única línea de avance del proceso tampoco había sido solamente en dirección a la indefinición y ambigüedad. La apertura  del texto era un balance general a partir de temas que se cerraban en direcciones  diferentes. Con tantos temas siendo definidos, no había una única línea con que pueda interpretarse el proceso  en su totalidad, de forma homogénea; y el resultado de un texto heterogéneo era más bien el producto  de “avances” y “retrocesos”, búsqueda de definir o de dejar una discusión sin cerrarse para abarcar más respecto a una versión anterior del texto o, por el contrario, de cerrarse.

En su exposición, Raúl Prada agregaba que la representación directa venia desde antes de la Asamblea y que  en la multipartidaria no se había logrado introducir debido a la posición de las minorías y también, reconocía, por los sindicatos campesinos. Después del Congreso, se había logrado  introducir  la representación indígena, con las circunscripciones especiales, “pero no la representación directa con su foro”. Era el resultado de prejuicios contra otras formas de representación y de concesiones a minorías, decía Raúl Prada. Y también veía que la democracia comunitaria presente en los primeros artículos de la Constitución había  entrado en la Autonomía Indígena pero no en la Asamblea Plurinacional, que con la representación directa podría  haber tenido un carácter Plurinacional fortalecido. Había un cuarto senador por departamento, en las propuestas  discutidas en la Asamblea, pero después  del Congreso no quedó  claro si este sería indígena, decía Prada.

Otro tema en tensión, señalado por Prada, era la concepción económica. Se mencionaban economías con otro objetivo  que no eran los de la ganancia,  y sí por ejemplo la cohesión de la comunidad y el “Vivir Bien”.  La Constitución abría otros horizontes económicos, no sólo capitalistas sino también comunitarios, con alternativas al desarrollo desde  el poder  político y económico a las comunidades. Pero simultáneamente,  señalaba Prada, otro eje del texto era el fortalecimiento del Estado, que aparece como articulador y promotor en toda la cadena económica, y con las nacionalizaciones y el proyecto  industrialista al que no se renuncia.

El último tema “en tensión” que Raúl Prada menciona  es el de la modificación en la relación  entre el Estado y la Sociedad. Decía que para evitar el Estado hegeliano, de la síntesis  política  de la Sociedad  –el que García Linera defendía explícitamente en algunas presentaciones  intelectuales– estaba  la Participación y el Control Social que intervendría en la construcción  colectiva de la administración de justicia, lo electoral, etc. Sin embargo, ahí también hubo concesiones, decía Prada. El Control Social va a depender de una ley y fue reducido. En la pragmática de los artículos se veía el resultado de la correlación  de fuerzas,  decía. Y que había  un carácter plural del Estado, pero sin renunciar al carácter estatista. Prada  veía  la Constitución como “gramática de un pacto social”, y también como “caja de herramientas que permite no renunciar a los objetivos aunque pasan a un proceso de más largo plazo”. Y veía en los artículos una tensión entre “escritura pragmática” resultado de la correlación  de fuerzas –internas y con la derecha–  y “principios filosóficos”.

Prada proponía leer el texto de esa forma: no como letra muerta sino como caja de herramientas. Se trataría entonces,  decía Prada, de operacionalizar en la construcción   de las leyes  y nuevas  instituciones el espíritu  constituyente del texto. Era una transición que dependía de las luchas, concluía Raúl Prada, para no entrar en una “desconstitucionalización”  del texto, con leyes parecidas a las anteriores. Y en otro texto profundizaba más estos conceptos. Escribía:  No se puede desarrollar y desplegar  la democracia  participativa si se mantienen formas centralizadas, jerárquicas, burocráticas, no deliberativas, obedientes, sumisas,  si las formas  de cooptación  son reiterativas, si las formas  de gobierno disciplinario y las formas  de gobierno derivados de la economía política siguen vigentes, si el Estado administrativo,  si el Estado policía,  si el Estado del control, de la normalización subsisten condicionando las prácticas  políticas.  La democracia participativa es posible si se liberan las fuerzas contenidas, se desprenden  los imaginarios  y la imaginación radicales, se promueve la creatividad  y la productividad.[33]

 Cómo vimos, el acuerdo  de octubre había modificado  una gran cantidad de artículos. La Constitución abierta, ambigua, indefinida, o con conceptos abarcativos es producto en primer lugar de la delicada correlación  de fuerzas entre el MAS y la oposición, que obligaba por su propio peso a que sobre  la base del texto del mas, podemos y el resto de la oposición pudieran intervenir en la redacción. Esto daba lugar a la apertura, aunque en muchos casos, las modificaciones se trataron de lo contrario:  de aclarar, de explicitar y de eliminar  repeticiones.  Al margen de la confrontación  entre el MAS y podemos, en segundo lugar, podemos hilar más fino y encontrar en la Constitución también  otras voces dentro de cada una de las dos principales  fuerzas.

Por el lado del oficialismo,  vimos en el capítulo 1 que la composición  plural del pueblo boliviano  tenía reflejo en la redacción  del texto. Como vimos en la fase de comisiones,  la lógica de lo minoritario  se combinada con la de las grandes mayorías; y también  encontramos  un importante clivaje entre la visión  pluralista de los pueblos indígenas y otra inspirada  por un posicionamiento  político de izquierda  nacionalista o socialista, sin énfasis en la cuestión  étnica y que busca  la hegemonía política y el poder.  Por el lado de la oposición,  una de las voces  que aparecía con fuerza en el proceso  constituyente y que también fue introducida en el texto era la del reclamo  regional de autonomía.  El Gobierno  señalaba que estos sectores políticos no tenían un proyecto nacional más allá del intento  de aumentar  el control político local; pero había sin duda una visión que venía de estos sectores y que –buscando el acuerdo– había sido incluida, sin necesidad de que la Media  Luna  colabore  o apruebe modificaciones con sus propias manos en la Asamblea o el acuerdo  congresal.  En segundo  lugar, la oposición  expresaba en este proceso al pensamiento liberal, característico de la “clase media mestiza” de las ciudades  bolivianas,  que también estaba presente en el MAS pero que en algunas discusiones era subordinada.

La voz mestiza, más reacia a reconocer la autonomía indígena y el pluralismo en la estructura  estatal, también era defendida por los representantes orientales de podemos,  y se expresó especialmente en la revisión   final del texto en el Congreso. La Constitución que es producto de todas estas miradas,  sin embargo, incorpora la visión  de la oposición  no sólo en la revisión  final del Congreso, sino más bien ya desde  la época de las comisiones, introducida por el MAS pensando seducir a la oposición,  o a veces por convicción propia de algunos sectores del partido de gobierno que incluso ganaban espacio cuando  la línea política era la de acercarse a la oposición.  Veremos a continuación cómo aparecía  la discusión entre estas macro  identidades políticas en el producto  final que se convertiría en la Constitución  de Bolivia.

En el resto del capítulo,  presentaré  las miradas  políticas que afectaron sensiblemente el texto constitucional,  como parte de sus componentes  ideológicos o políticos que influyeron en la redacción, y el carácter abierto e indefinido  del texto que acompaña la coexistencia  de esas miradas. Presento primero la intervención del sector más duro de la oposición  fuerte en Oriente; luego seguirá  la mirada del nacionalismo  de izquierda con énfasis en la soberanía económica; posteriormente me referiré a la tensión entre miradas  liberales que buscaban  preservar la república y se veían preocupadas por el Estado  de Derecho  junto al pluralismo del indianismo,  al final, como amenaza de esa visión y también como uno de los principales inspiradores del texto. Por si acaso, viene bien aclarar que se trata de vectores matrices para ordenar  la discusión,  que no es posible definir de forma unívoca y homogénea. Una misma persona pasaba por esos distintos momentos, y ni hablar de un grupo político o un Artículo en redacción.

2.1. La visión de Oriente en la Constitución

El régimen  de autonomías fue incluido en la Constitución  en la forma  negociada con los prefectos en septiembre de 2008, aunque en esa oportunidad se retiraron de la mesa de diálogo sin firmar, y a pesar de que en el acuerdo  congresal de Octubre los representantes  de la Media Luna tampoco fueran  de la partida. Es el mas, más bien, el que decide  incluir las autonomías a pesar de que la oposición no firmara acuerdos ni acercara votos de sus sectores políticos. Algunos parlamentarios de la Media  Luna,  en realidad, participaron de las discusiones  y luego propondrían modificaciones en el Congreso,  y antes en espacios de diálogo de la Asamblea, pero se mantendrían políticamente alejados, en lo que el Gobierno  veía como intento de obstaculizar al Gobierno  en discusiones que iban más allá del texto constitucional. Se trataba de una inclusión estratégica, que veía la necesidad  de incorporar un reclamo con base social, como requisito indispensable para alcanzar una posición  de centro. Y veremos que daría como resultado un régimen original y en tensión entre proyectos  políticos distintos de descentralización.

El lugar político de los autonomistas  no sería totalmente reductible al liberalismo de identidad mestiza de buena parte de la oposición. Aunque Nación Camba hablaba también de empresarios exitosos y economía de mercado como sello distintivo de Santa Cruz, había algo que los unía que tenía que ver con los lazos de identidad de tipo proto-nacionalista y de interés local antes que de ideológico universal abstracto de tipo moderno. Por lo tanto, al igual  que entre los cívicos de Sucre, por detrás de una cerrada defensa de la causa autonómica,  podían  encontrarse signos de transversalidad ideológica.  El prefecto Costas manifestó  en algún momento su interés “social” y cuando me dirigí al Comité  Pro Santa Cruz para escuchar  la opinión de sus líderes, fui recibido por su vicepresidente segundo que había militado en la Juventud del Partido Comunista,  en el movimiento estudiantil de la ful, había sido exiliado de la dictadura de Banzer y hacía críticas por izquierda  al Gobierno de Morales, parecidas a las que se escuchaba  desde la “izquierda nacional”.[34]

 La Media Luna se había cohesionado y surgido como sector político con fuerza, además, no con Evo Morales sino más bien antes, con Sánchez de Lozada y especialmente con Carlos Mesa, representante puro del liberalismo  de La Paz (cf. Mesa [2008], Gutiérrez [2008]). La de Oriente era una propuesta regionalista, sin una definición  clara para el resto de los temas que estaban en discusión en la Asamblea, y fue de ese modo que dejó su marca en la Constitución.  No buscaban la conservación  de lo viejo,  como sería el signo principal en la visión  de los sectores liberales mestizos,  pero no tenían una propuesta alternativa  al MAS más allá de la autonomía  “plena”.  Durante la Asamblea Constituyente, Oriente no dudaba en rechazar escenarios de diálogo,  mientras  el MAS buscaba incorporar las autonomías pero en un modelo que las limitaba. Había intereses políticos asociados e intentando orientar un reclamo que se había  vuelto popular,  algunos de ellos con directo interés de frenar el gobierno  indígena de izquierda; pero como el nombre de este sector político lo indica (Oriente, Santa Cruz, Nación  Camba, Media Luna), se trataba de un reclamo regional, con algunas expresiones de tipo étnico: camba vs. Colla, o “mestizos” en sentido de “no indígenas”.

Después del conflictivo 2008, el Gobierno  del MAS reconsideró su posición y decidió incorporar el reclamo autonómico  a su propuesta, en términos cerca-nos a los propuestos  por Oriente. Ya había  aceptado la autonomía, pero fue sólo entonces que decidió ceder a todos los reclamos  que habían quedado sobre la mesa, y fue de ese modo que alcanzaría un centro para fundar el nuevo Estado. El Gobierno aceptó no subordinar las leyes departamentales a decretos presiden-ciales, con la modificación en la jerarquía  de las normas  jurídicas, en el Artículo 410. Los decretos bajan a un cuarto lugar, por debajo de las leyes nacionales,  es-tatutos autonómicos, y también  legislación departamental, municipal  e indígena. Antes de las leyes, en la jerarquía  establecida,  sólo la Constitución  y los tratados internacionales tienen más autoridad, mientras en la versión  de Oruro  tratados y Constitución, junto a leyes nacionales y decretos, se ubicaban por arriba de las leyes departamentales. Otra importante incorporación  sería aceptar la cualidad legislativa de las autonomías  (art. 278), pese a que no se incluía en la pregunta del referendo autonómico  vinculante de 2006. La última versión  del acuerdo, además, y propuso un proyecto más equilibrado de competencias,[35]  dejaba de lado la idea  de que  la Autonomía sería solamente un proyecto de “la oligarquía”,  y asumiéndola como forma del Estado Plurinacional. Las Autonomías Regionales, al mismo tiempo, serían sólo “espacio  de planificación y gestión” sin atribuciones de gobierno  (Artículo 280) y sin tener competencias  exclusivas asignadas.

En otro avance  para los departamentos autónomos, se estableció –ya en septiembre– que los recursos departamentales (y también universitarios, municipales y de autonomías indígenas) ya no serían centralizados por el Tesoro  Nacional, como en la Constitución de Oruro (Artículo 340). Y se establece que son recursos departamentales las regalías creadas por ley, la participación en impuestos a los hidrocarburos, e impuestos departamentales  sobre recursos naturales (Artículo 341). Entre las concesiones  a Oriente, las regiones  y los territorios autónomos indígena originario campesinos, se limitaban  territorialmente prohibiendo que estas unidades superen  los límites departamentales,  esto ya desde  las versiones constitucionales de 2007. Un cambio simbólico fue de nomenclatura,  los prefectos pasarían  a llamarse “gobernadores”,  tal como ellos lo venían  haciendo desde la aprobación  de los estatutos. Los departamentos también pasarían a poder cobrar impuestos, y manejar mayor número de competencias.  El nivel central de gobierno  tenía en la versión  de Oruro 43 competencias privativas, que pasaron a ser 22 después de octubre de 2008. Los departamentos pasaron de 12 exclusivas a 36.

El proyecto del MAS no era el de Oriente, como podía verse en la distribución final de competencias y en que los distintos niveles autonómicos  departamentales e indígenas mantenían igualdad de jerarquía, sin subordinar territorios indígenas  al departamento.[36]  Pero se había avanzado en un proyecto intermedio, muy alejado de la voluntad inicial del MAS de rechazar la propuesta.  Se había encontrado un centro. El momento en que el MAS asume definitivamente y de forma significativa las autonomía  es en la mesa de diálogo de septiembre,  abierta después de la Masacre de El Porvenir;  y sus avances fueron incluidos en la versión  del texto constitucional que derivó en el acuerdo del Congreso  ratificado en octubre. Esa incorporación  demostraba  al mismo  tiempo que la agenda   de los prefectos  se limitaba al pedido  de autonomía y recursos para financiarlas, porque  no salió de Oriente un nuevo reclamo después de esa fecha, y también ocurrió un notable descenso de la convocatoria  para  la movilización en Santa Cruz. No haber accedido a las autonomías con antecedencia, pasó desde el MAS a ser considerado un error político reparado en 2008 como llave para  el acuerdo.[37]

 En cuanto  al texto constitucional  en su tercera parte, sobre  Estructura y Organización Territorial del Estado, vemos una Constitución abierta que combina un modelo de Estado centralista y no Federal, con elementos de descentralización y distribución de competencias,  que en algunos temas superaba la realidad de los Estados federalistas. Albert Noguera (2008), participante del proceso como asesor, escribía sobre el régimen de autonomías  dando cuenta de que la Constitución no se define en este tema a favor de un modelo claro. La tensión entre el gobierno indígena y el bastión  de la oposición en Oriente, no podría haber permitido otra cosa, escribía.  Este autor señala que si el texto es pionero y vanguardista en el reconocimiento  del carácter plurinacional  del Estado y en la participación de los diferentes sujetos colectivos, sobre  el tema de autonomías  señala que en comparación al modelo  español,  en el que se ha inspirado, “tiene como objetivo dar una apariencia de Estado autonómico o ser más una declaración de cara a la galería, para  intentar satisfacer las demandas de Santa Cruz y los departamentos de Oriente”.

Según Noguera, en el texto no hay una aproximación técnica real al modelo español de organización territorial autonómica y “a pesar de su auto-denominación en el Artículo 1, el modelo  territorial boliviano no es un Estado autonómico  sino un modelo de Estado simple e unitario […] el nuevo  proyecto de Constitución boliviana  lleva el centralismo  al límite de lo posible,  pero no lo supera”.  Un elemento que demuestra esto para Noguera es la “cláusula residual”  por la cual las constituciones prevén mecanismos para cubrir vacíos de asignación competencial. Si en casos como Italia y España ante el silencio se favorece  al nivel intermedio de autonomía, en Bolivia toda competencia no incluida es atribuida  al nivel central del Estado. Si bien el análisis de Noguera es previo al último acuerdo,  este punto permaneció en el texto después  del pacto político con la oposición. En el plano político, sin embargo, a pesar de que los sectores autonomistas  más duros reclamaron que en el nuevo  texto no estaba contemplada  la “autonomía plena”, el Gobierno  logró mostrarse cediendo  y otorgando  el tan reclamado  régimen autonómico que las regiones  reclamaban.  La propia población de Oriente  lo entendió así, cesando la demanda por autonomía y derivando en reivindicaciones técnicas de los líderes o asesores cruceños.

Los cívicos mantendrían el esquema de confrontación discursiva, sin embargo, y negaban que se hubieran atendido sus reclamos, mientras el Gobierno  tomaba la bandera  de la autonomía  en Oriente, anunciando  el nuevo Estado que sería Plurinacional, pero también autonómico. O la autonomía  como una de las tres partes fundamentales, en García Linera. Más competencias de las incluidas en la Constitución, decía el Gobierno,  significaba superar los límites del federalismo, mientras que el carácter del Estado Boliviano  continuaba  siendo  unitario. La autonomía era entonces una de las categorías abiertas, indefinidas y polisémicas incluidas en la Nueva Constitución.  El nivel de las autonomías  regionales de gobierno,  también incluido en la tercera parte de la Constitución, era otro de los elementos misteriosos y ambiguos; había quedado  restringido y subordinado  al departamento; pero continuaría siendo objeto de críticas por parte de municipios y departamentos que consideraban a la región  como unidad que les restaba poder. Mantendría así algo del sentido original, en el horizonte  de sus defensores o en la crítica  de sus opositores, como la estructura  territorial pensada por el Gobierno para disputar poder con el centralismo  interno a los departamentos. Para las organizaciones sociales continuaba siendo parte del proyecto a futuro de reterritorialización y redefinición  del mapa del país, descartado por su potencial conflictivo ya en las versiones  del texto de Sucre. Pero es que todas estas formas, federal, autonómico,  unitario, descentralizado, nunca son más que rótulos que cambian de sentido según el contexto.[38]

La opinión  del autonomismo radical de Juan Carlos Urenda (2009) parece ir en el mismo sentido, reconociendo la falta de uniformidad en el texto. Urenda propone la figura de “El Estado Catoblepas”, utilizada recientemente por Mario Vargas Llosa y empleada  para explicar “didácticamente” la Constitución  aprobada en 2009, en una edición bilingüe. La Nueva Constitución, para Urenda, contiene  el germen de su propia inviabilidad, a partir de cinco contradicciones descritas por el autor de la siguiente manera: 1) el principio  de igualdad vulnerado por el racismo  expreso  que impregna su texto; 2) el sistema  democrático erosionado por el control social tipo fascista; 3) el régimen de autonomías departamentales anulado por un sistema competencial torpemente centralizado; 4) el desarrollo económico limitado por la tendencia  al estatismo  comunitarista y un régimen de inversiones  sobre  recursos naturales absolutamente  desalentador y; 5) la justicia  como función esencial del Estado, que tiene en la justicia comunitaria  el germen de un mar de injusticias. (2009: 7). Urenda habla de una “conversión sin fe” del Gobierno  al autonomismo. “Sin fe”, nótese, pero “conversión”  al fin. Los cinco niveles de gobierno  garantizarían la ingobernabilidad y llama a realizar un frente de la Media Luna con aliados en las ciudades  para resistir la Constitución.  Su estrategia es un pacto que se plasme en una ley de reforma de la Constitución.

Si bien los delegados  de los departamentos habían  estado cerca de aprobar el régimen de autonomías  del mas, su opinión se mantuvo  crítica, y fueron los representantes de Oriente en el Congreso  también  los que hasta al final mantuvieron una línea de no acercamiento con el Gobierno  y su propuesta.  Para los sectores de la Media Luna, el punto  de comparación para medir si se trataba o no de autonomía no era el Estado  centralista anterior, sino el que se perfila en el proyecto  de Estatuto aprobado en cuatro departamentos.  En la comparación del Estatuto de Santa Cruz con el régimen de autonomías de la Constitución, Juan Carlos Urenda indicaba en entrevista con el periódico  El Mundo de Santa Cruz (urenda, 2008b), que 56,3% de las competencias  no estaban cubiertas; 29% habían sido cubiertas con limitaciones, sujetas a una ley nacional; y que sólo 14,5% habían sido completas completamente.  Previsiblemente, entonces, antes del referendo aprobatorio de la Constitución en enero de 2009, Oriente se sumaba a la campaña por No a la Constitución.[39]

Juan Carlos Urenda  rompería relación con el prefecto  Costas  que había asesorado para la negociación  autonómica;  y en 2010 se postularía sin éxito a la gobernación  con el discurso  más confrontativo hacia el Gobierno de la campaña cruceña. En la entrevista recién citada, cuando  hacía campaña por el No a la Constitución, expresaba  la lectura política  de Oriente negando que se hayan distribuido las competencias  necesarias para que fuera considerado un régimen autonómico; y vislumbra un país, que en cuanto a la organización   territorial, “van a crearse como hongos gobiernos indígenas, regiones, se va a agudizar  la división, se va a convertir a transformar la democracia  representativa en democracia de feudos, y se generará una grave ingobernabilidad” (2008b). Y también hablaba de “fascismo” de los movimientos  sociales con la constitucionalización de los cercos;  “tendencia  socialista, comunitarista  con intervención del Estado en todo el campo de la economía y los recursos naturales” (2008b). Juan Carlos Urenda no diferenciaba  la Constitución del acuerdo  de la aprobada  en 2007 en Oruro. Pensaba que después  “del shock de que los representantes  del altiplano y de los valles decidieron un texto constitucional  a espaldas de la ‘media luna’, con los representantes  de los departamentos donde ganó el No, decidiendo sobre los departamentos donde ganó el Sí, […] el Conalde con otro nombre, los departamentos autonómicos, tendrán que tomar las banderas  a la voluntad soberana  de los referendos de mayo y junio” (Urenda [2008b]).

2.2. Tierra y reclamos sectoriales de Oriente

El perfil indefinido  de muchas partes del nuevo  texto constitucional tenía que ver directamente con disputas de poder económico entre sectores empresarios y trabajadores. Además de autonomistas,  los políticos de la Media Luna eran sensibles a las preocupaciones de este tipo, dados los fuertes vínculos de las cámaras y asociaciones empresarias con los representantes políticos de la oposición al MAS en la Asamblea  Constituyente y el parlamento.  Para muchos, eran justamente esas preocupaciones  las que habían  dado lugar al reclamo  autonómico. Santa Cruz era orgullosa de su sector productivo, y así como había sido con los constituyentes cruceños de podemos, los legisladores  de Oriente expresaban la voz de las cámaras empresariales  del agro, de la explotación  forestal de otros recursos naturales. Así se impusieron cambios importantes en la última  versión del texto constitucional  que, según Romero, fueron negociados directamente con los sectores empresariales,  garantizando así un apoyo a la aprobación  del referendo que no era posible  alcanzar tratando directamente  con los representantes políticos.[40]

 A pesar de la importancia  que la reforma  agraria y el régimen de recursos naturales tiene para el espíritu  de la Constitución  de indígenas, campesinos y la agenda de los movimientos  sociales surgida en los años de lucha, tras consultas con Oriente realizadas por el parlamentario  del mnr, Fernando Romero, en el momento de la revisión del Congreso, se incluyeron modificaciones que preservan el status quo en temas en los cuales se podría haber esperado una reforma más profunda.  Tras el acuerdo,  la Nueva Constitución establece que la explotación de recursos naturales renovables  de forma exclusiva por parte de indígenas en sus territorios será “sin perjuicio de derechos adquiridos por terceros” (art. 30); sobre las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos, se afirma que deberán adecuarse al nuevo ordenamiento  jurídico pero que “en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos”  (cláusula transitoria octava).  En este caso, estaba en juego  el futuro de las poderosas cooperativas de servicios, especialmente fuertes y vinculadas  al poder político en Santa Cruz.[41]

En el conflictivo tema  de la tierra, el sector agroexportador de Oriente también había obtenido cambios que formaron parte del acuerdo y fueron incorporados a la Constitución. Aunque  los legisladores de Oriente no votaron junto al MAS para aprobar  el acuerdo, las negociaciones  pueden haber influido en crear un clima propicio para el avance del mismo. Entre estos cambios, se agregaba la propiedad agraria mediana entre la pequeña y la empresarial,  porque sectores políticos de la oposición manifestaban que la desaparición de la categoría  podría  llevar a una política de expropiación de ese tipo de unidades por parte del Gobierno, explicó Romero. Un cambio que sí era importante fue que después de las modificaciones del Congreso,  se garantizaron los derechos  “legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios  se encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos” (Artículo 394), impidiendo demarcaciones o reservas continuas  de tierras que en Bolivia, a diferencia  de otros países, ni siquiera es un reclamo  del movimiento indígena, a pesar del avanzado saneamiento de tierras en la década  del 90 en sentido contrario, con el ingreso de muchos empresarios del agro en territorios indígenas.

En cuanto a la Revolución Agraria anunciada por Evo Morales, el Gobierno y las organizaciones del campo aseguraban que sería posible la dotación de tierra revertida de latifundios improductivos a los campesinos e indígenas, a partir de herramientas adecuadas para eso también presentes en la Nueva Constitución. El Gobierno  explicaba que a pesar del respeto a “derechos adquiridos”,  los propietarios deberían  cumplir  la Función  Económico Social, sin lo cual las tierras serían expropiadas. Pero el texto era especialmente ambivalente en este tema. El Artículo 399 establecía que los límites de la propiedad, que el pueblo ratificaría en referendo, “se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia  de esta Constitución.  A los efectos de la irretroactividad  de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley”. En el segundo  punto se definía también que “(l)a prohibición  de la doble dotación no se aplica a derechos de terceros legalmente adquiridos”. En el mismo Artículo se afirma  taxativamente que “(l)as superficies excedentes que cumplan  la Función Económico Social serán expropiadas..”,  con dos puntos al final de la frase.

Pero a pesar  de la concesión otorgada al sector empresarial del agro cruceño, la constituyente Eliane Capobianco de podemos había elaborado un Power Point con el que hacía campaña por el No a la Constitución, criticando la prohibición del latifundio improductivo y a la aplicación de sistemas de servidumbre o esclavitud. En su comentario decía que a pesar de tener las tierras trabajadas, “habrán  otros requisitos laborales y administrativos que serán causal suficiente para la reversión de las tierras productivas.  […] por ej. Si dan anticipo a sus trabajadores, si son padrinos de sus trabajadores se consideran bajo el sistema  de servidumbre razón suficiente para revertir la propiedad”. Según la constituyente, quien tenía vínculos institucionales con los sectores corporativos  de Oriente,  el límite  al latifundio “significa una paralización de las fronteras agrícolas  y productivas, nadie podrá transferir en el futuro superficies mayores a las reglamentadas”. Para Capobianco, además, la Constitución sometida  a referendo era parte de una conspiración impulsada por el Foro de São Paulo para crear una comunidad de naciones, y citaba como pruebas  frases en las constituciones  de Bolivia y Venezuela  sobre la integración latinoamericana.

Si desde sectores opositores la Nueva Constitución era acusada de amenazar la propiedad y el Estado de Derecho a pesar de los cambios introducidos en octubre, sin embargo, desde un análisis realizado desde el mas, se llegaba a la conclusión de que la expropiación  de todas las propiedades mayores de 5 mil hectáreas no era conveniente. La cláusula de “no retroactividad”, en esa interpretación y a pesar de las críticas de sectores de izquierda, no afectaría los planes políticos del mas, y lejos estaría de ser una traición como algunos habían denunciado. En su análisis sobre el tema, Adolfo Mendoza  concluía que: “la propuesta de limitar el tamaño de la propiedad en un límite máximo de 5000 hectáreas, puede representar: Depresión económica en el sector ganadero, desincentivo a la inversión en el sector ganadero,  obligar al sector ganadero  a reconvertirse hacia la agricultura, en consecuencia, daño ambiental dado que las tierras son de vocación ganadera, desabastecimiento de carne en el mercado  interno. En un balance somero, no corresponde  crear un clima de mayor  confrontación con el sector ganadero, pues las tierras  que se puedan recuperar del proceso  de reversión por la limitación constitucional, no serán de gran utilidad para la redistribución  de tierras a quien no la posee o la posee insuficiente”.[42]

En sus escritos sobre el acuerdo, de hecho, Böhrt y Romero afirman que la propuesta de incluir  la no retroactividad fue aceptada por Alejandro Almaraz, viceministro de Tierras de una larga trayectoria cercana  a las organizaciones indígenas, y además de sectores empresariales del agro poder, y que también realizaron consultas con los dirigentes máximos de movimientos  sociales (2009:190 y :23). Para Romero “(e)n todo caso, este acuerdo no altera la política  redistributiva  de tierras contenida  en la cpe concretada en tres disposiciones  fundamentales: la condición de cumplimiento de la función económica-social (fes) de las propiedades empresarias,  reversión de los que no lo cumplan,  y distribución exclusiva de tierras fiscales a favor de indígenas campesinos y afrobolivianos”, esto último incorporado en la Ley de reconducción aprobada con presión de las organizaciones campesinas e indígenas en 2006, y también incluido en la Nueva Constitución.

Retroceso a las reivindicaciones de las organizaciones o posición con la que el Gobierno campesino coincidía (¿el Gobierno  estaba seguro en oponerse a expandir la frontera agraria?),  el escenario  político en octubre de 2008 era de polarización extrema y el razonamiento de las organizaciones sociales más representativas ante el acuerdo  del Congreso y la aceptación de la “irretroactividad” del límite al latifundio fue apoyar  el acuerdo  y la convocatoria al referendo, a pesar de los costos. Asesores cercanos a la dirigencia  de las organizaciones indígenas más críticas me contaron después cómo se enteraron de la noticia durante la marcha,  cuando  plantear una disidencia era impensable. Hay que considerar que la información  del acuerdo llegó literalmente “sobre  la marcha” y no había mucho lugar para otra cosa que acatarla. Para entender cómo se construye este “impensable”, los asesores me contaban también que fue clave el papel  de Romero antes del acuerdo  y de la marcha, reuniéndose con los dirigentes y asegurando que primaría ese razonamiento de un apoyo en bloque del que dependía el triunfo o el fracaso del proceso de cambio.

Algunos observaban que estaba en marcha  un pacto para limitar los alcances de la Reforma  Agraria.  La comparación con la revolución  del ‘52, también llevaba a preguntarse si, como en ese caso, habría un avance distributivo de tierras. Antes de la Reforma  Agraria iniciada por ley del mnr en 1953, y también de la Constitución de 1938 que anticipaba con Villarroel muchos de los cambios que vendrían con Paz Estenssoro (Gotkowitz [2007]), los campesinos habían ocupado haciendas de manera  directa y por eso desde 2006 cabía la pregunta  de si los campesinos buscarían ocupar latifundios improductivos, en gran parte entregados por el poder  político y militar de las décadas  anteriores a pocas familias de manera irregular. Entre otros factores, quizás  la estrecha cercanía  orgánica  de los sindicatos campesinos con el Gobierno  de Evo Morales, cuya gobernabilidad les preocupaba, era un factor explicativo  más para entender la pasividad de las fuerzas sociales  desde  la llegada al Gobierno, antes que de la pasividad  del Gobierno o su supuesto papel desmovilizador.

A inicios de 2009, poco después de aprobada  la Nueva Constitución,  asistí a reuniones  entre funcionarios  del Viceministerio   de Tierras y los máximos dirigentes de la csutcb de todo el país para coordinar y armar un equipo de trabajo entre las organizaciones y el Viceministerio para avanzar con las dotaciones de tierra. “Dos años hemos perdido”,  decía Wilbert Villca López, a cargo de la Unidad de Dotaciones. Y tenía quejas por listas entregadas por las organizaciones con gente fantasma  o que ya tenía tierra, problemas con adulteraciones de censos de personas  pertenecientes  a sindicatos; y de loteadores dentro de las organizaciones. De uno y otro lado, daba  la impresión de que una Revolución Agraria no estaba a la orden  del día. Los funcionarios del Viceministerio  manifestaban  que había dos millones de hectáreas aún disponibles para dotación, pero que aún así les es difícil organizar grupos de campesinos dispuestos a asentarse. Algunos dirigentes se quejaban de que las tierras ofrecidas eran inaccesibles, a veces a días de viaje de la ciudad.  E Isaac Ávalos, líder de la csutcb que coordinaba  la reunión,  decía: “es cuestión de animarse”.

Desde las organizaciones surgía la queja al Viceministerio de que no se creaban las condiciones para trabajar  la tierra; lo que debería hacerse coordinando con otros ministerios que provean carpas, caminos y energía. “Si no, es ir al monte a que te piquen los mosquitos”, uno de los líderes decía. Los dirigentes campesinos no se mostraban muy dispuestos a organizarse para ocupar  las tierras. Era evidente  la cantidad de problemas técnicos involucrados en la entrega  de tierras, pero antes que eso llamaba  la atención la falta de iniciativa de las organizaciones  en avanzar con la ocupación  de tierras. En las reuniones,  los líderes campesinos tenían como principal preocupación solicitar la incorporación de gente de su confianza en los organismos  respectivos prometiendo  solamente, de forma vaga, que irían a realizar listas en las federaciones departamentales con interesados para recibir la tierra. En la reunión,  Isaac Ávalos pedía que hubiera gente de los campesinos en el Viceministerio,  porque veía que eran todos “indigenistas”; “estamos  muy molestos y es oportuno  reclamar lo nuestro” agregaba.  Y preguntaba  al resto: “no estamos pidiendo una pega, ¿no ve?”, a lo que el resto de los dirigentes  de las federaciones  presentes en la reunión respondían con un “no”.

Si bien el Gobierno de Evo Morales era ya el que más tierra había entregado en los últimos tiempos, con 700 mil hectáreas en 3 años de gestión, frente a 26 mil de 1996 a 2006,[43] y además el que por primera vez había priorizando a indígenas y campesinos, la falta de iniciativa  en el tema  por parte de las organizaciones explica porqué pudo ser aceptable la cláusula de no retroactividad para  las 5 mil hectáreas que posibilitó en octubre el acuerdo congresal. Conversé sobre el tema con el ex constituyente Ramiro Guerrero, que luego sería Juez de la Corte Suprema, pero que por entonces había vuelto a la Fundación Tierra, en La Paz, “exiliado” por ser uno de los constituyentes chuquisaqueños que siguieron  fieles al MAS durante el conflicto de la capitalía. Veía que el Gobierno estaba rezagado en el tema  tierra y observaba que el incra se trababa en cuestiones administrativas sin ocuparse  de verificar predios.  Se combina falta de decisión política y los problemas en la parte técnica, decía, y consideraba que “a pesar de que se muestran  cifras, la reforma agraria no se ha priorizado”. Sin embargo, veía positivos  los avances  en el tema  de la tierra de la Nueva Constitución. Y pensaba  entonces que “(d)e lo que  se trata es de hacer funcionar los mecanismos de saneamiento y verificación de la Función Económica Social, porque más allá de la irretroactividad,  hay mecanismos que pueden hacer que la distribución  de la tierra sea más equitativa”.

3. La izquierda nacionalista, popular, socialista,  latinoamericana

En alianza tensa con los pueblos indígenas de tierras altas y tierras bajas,  en la elaboración  del proyecto de Constitución, tenía lugar una matriz política que surgía de distintas miradas  de izquierda,  socialistas, de defensa de la soberanía nacional, o quizás incluso resabios  del clasismo  que fuera dominante en la izquierda boliviana hasta la Marcha  por la Vida.  Podemos unificar como “izquierda nacional” a este sello que dejó su marca en la Nueva Constitución, tal el rótulo  con que se reconoce a parte de la izquierda  boliviana  (y latinoamericana), y que provee al Gobierno del MAS el corte político que lo identifica. Era quizás  la mirada dominante entre los constituyentes  del mas, y es también  la que puede verse como mirada de la mayoría de los campesinos que formaron  el Instrumento  Político e ingresaron al Estado.  Antes  que plurinacionalidad y las tesis del indianismo  katarista, que fueron fundamentales en la Constitución,  los sindicatos campesinos y colonizadores llegaron con un reclamo de justicia social; de recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, de empleo y lucha contra la pobreza, e incluso con un anti-imperialismo de izquierda que creció en la década  anterior y permitió  el apoyo masivo al “Movimiento al Socialismo” de Evo Morales.

Adopto el término “izquierda nacional” porque incluye las vertientes nacionalistas y socialistas que le dan origen y que no tienen, en realidad, ningún término que  las unifique. Es claro que  la izquierda clasista es opuesta al nacionalismo tanto desde el punto de vista histórico como ideológico –basta pensar en las discusiones de la Segunda  Internacional– pero lo cierto es que en este proceso,  estas posiciones se acercaban, ambas como expresión del gobierno del pueblo y de la política ante todo de control del poder  estatal. Quizás como posición natural de una izquierda que se siente boliviana, busca el gobierno  de todos y critica la potencial “fragmentación” –del país o del sujeto revolucionario–  encontrada por ellos en la política indígena.  No utilizo la expresión  “izquierda  nacional” en referencia a los que de hecho se definen con esa categoría, que apenas se refiere a un grupo limitado de los que estaban en esta línea. Y debe quedar claro que este bloque da lugar y apoya  en el proceso  constituyente a las reformas  pluralistas y la propuesta del Estado Plurinacional, que durante la Constituyente eran consenso  absoluto dentro de la bancada  del mas.[44]

 Puede pensarse que el apoyo político desde el nacionalismo  y la izquierda  a las propuestas surgidas del indianismo,  a pesar de las tensiones,  le dan a estas un peso político que no tendrían si dependieran de la fuerza  electoral y demográfica de los pueblos  indígenas que las defienden  más fehacientemente. Pero el énfasis del bloque  de la izquierda nacional no es el pluralismo, aunque  este pudiera  estar involucrado cuando el reclamo es la inclusión  de las mayorías, y sí más bien una mirada  política que busca desarrollo e independencia económica del mismo modo que en una importante  vertiente de la izquierda  presente en toda América Latina y en los gobiernos  progresistas que ocuparon la presidencia de países vecinos en los últimos años.

Es difícil resumir  un pensamiento político pero podemos dar algunas señas, como que es el Estado la solución  para  la mayoría de las cosas: el Estado que está a favor del pueblo  y constituye  la institucionalización de la justicia social y popular conquistada. Respecto de la demanda autonómica de Oriente, especialmente en la faceta empresarial  y vinculada   al modelo liberal de apertura económica de mercado típica de la década  del 90, antes que una elite racista –como para el indianismo– para la izquierda  nacional se trataba de una elite que entregaba  los recursos naturales a multinacionales, y que potencialmente defendía posiciones separatistas amenazantes  de la unidad  nacional  y del proyecto  político  estatal impulsado  desde el Gobierno.

Fernando Molina habla de la llegada del MAS al Gobierno como “el retorno de la izquierda  nacionalista” (2006) y Pablo Stefanoni de “nacionalismo plebeyo articulado por masas indígeno-mestizas con un componente étnico-cultural” (Stefanoni [2006:38]). Lo cierto es que el Gobierno  combinaba el pluralismo  indianista –presente en los primeros artículos de la Constitucióncon una posición abiertamente  contraria a la interpretación  indianista,  pero no por eso imposibilitada de construir una alianza con esta, y que buscaba posicionar  al Gobierno del MAS como “popular”  antes que “indígena”. Puede verse, en un mapa de las ideas políticas que estaban en juego en Bolivia, una transformación de la dupla clase/etnia por la de pueblo/etnia, entendida como combinación de miradas que se desplaza de la “clase”  a la identidad  “popular”, ante la cual los actores sociales de este proceso se inclinaban en sus discusiones.

Desde su nacimiento, el katarismo había combinado  las demandas contra la discriminación cultural con las de opresión de clase, acercándose a planteamientos de izquierda en la época  de resistencia a la dictadura. Pero aunque  el acercamiento del indianismo  con la izquierda  es fuerte en Bolivia –desde Jenaro Flores hasta Felipe Quispe– es más bien la vertiente  de la izquierda  nacional la que acerca el proceso boliviano con el socialismo, estrecha lazos con Cuba y Venezuela –aunque a veces prefiere mostrarse más cerca de Lula y Kirchner– y da lugar a un discurso anti-imperialista con menciones de Evo Morales y García Linera al “horizonte socialista”, o al “socialismo comunitario” en ocasiones selectas y especiales. [45]La mayoría de los ministros de Evo Morales provienen políticamente de este espacio ideológico. Sólo el canciller se identifica con el indianismo aymara; el resto puede ubicarse en la izquierda  nacional, con trayectorias más o menos militantes más o menos cercanas a los partidos de izquierda o a los sindicatos.

Como García Linera había dado a entender;  las tareas del Poder Ejecutivo (Órgano Ejecutivo en la ncpe) se vinculaban más a la economía y menos a las otras dos líneas de consenso de la nueva Bolivia,  la de las autonomía   y de la plurinacionalidad. Eso explica que la importante  línea indianista presente  en la Asamblea Constituyente retrocediera una vez aprobado el texto dando  lugar a que los ministros de la “izquierda nacional” pusieran en marcha una política que busca en primer lugar crecimiento  económico con soberanía. Si bien podrían establecerse importantes  diferencias entre nacionalistas, socialistas, campesinos y el movimiento obrero boliviano –todos agrupables en esa etiqueta de “izquierda nacional” en el contexto de la Asamblea–  creo que en el proceso  constituyente estos sectores se unificaban como núcleo, ubicados  estructuralmente a un lado de la vertiente pluralista del indianismo con la que tenían relación pero de la cual se diferenciaban.

Estos sectores eran mayoritarios en las filas del mas, y debemos incluir aquí no sólo a una mayoría de ministros, sino también de parlamentarios, constituyentes y organizaciones de campesinos y colonizadores,  fundadoras del mas, protagonistas de las movilizaciones y también con espacios en el Gobierno  y el apoyo de decisiones  estratégicas. En el mapa político-ideológico vemos que si la vertiente pluralista del indianismo surge como superación del marco del multiculturalismo, la vertiente de la izquierda nacional buscaba  ir más allá del proyecto del nacionalismo revolucionario del ‘52. Y podemos pensar que lo que justamente permitía proponer un proyecto que iba más allá del multiculturalismo  era la relación del indianismo pluralista con las mayorías indígenas desde un proyecto político que buscaba el poder. Y que lo que permitía a la izquierda  nacional superar  al nacionalismo  del ’52, del mismo modo, era la combinación con el pluralismo indianista que le permitía superar su monoculturalismo y complicidad con el Estado colonial.

Respecto a los contenidos  de la Nueva  Constitución boliviana, a pesar de que la izquierda nacional guiaba principalmente la línea ejecutiva de política económica, dejando brillar al indianismo en la Asamblea Constituyente. En el texto constitucional podemos encontrar también  su marca,  como una de las fuerzas que dieron lugar también  a esa característica que aquí discutimos: de la indefinición  multidireccional y la apertura.  En primer lugar, medidas  que partieron del presidente como las distintas nacionalizaciones y otras medidas en sentido de aumento  de la participación estatal en la economía fueron incluidas en el articulado del texto. La Cuarta Parte de la Constitución  (Estructura y Organización Económica  del Estado) dedica 104 artículos  del total de 411, al modelo  económico, desarrollo rural y explotación de recursos naturales. Antes que al ‘52, en realidad, esta vertiente remitía  más directamente a Octubre de 2003, la “guerra  del gas”, en que Sánchez de Lozada debe renunciar por las protestas iniciadas  por sus proyectos sobre hidrocarburos, el reclamo de nacionalización y la crítica al neoliberalismo.

Esta matriz de izquierda con énfasis en lo económico  estaba presente en las lecturas que asociaban  la Nueva Constitución boliviana, o su proyecto, con el llamado “nuevo constitucionalismo latinoamericano”.  Esta corriente tiene características de izquierda nacional, de defensa de la soberanía y acerca el proceso boliviano  al de Venezuela y Ecuador, así como del avance o flirteo en dirección al socialismo. Rubén Martínez Dalmau  ubica el caso boliviano como “uno de los textos más avanzados  del mundo” y la “evolución  última” (2008:74) de esta corriente, que se inicia con la Constitución colombiana  de 1991 y sigue  con las de Ecuador (1998 y 2008) y Venezuela (1999). Según Martínez Dalmau, que participó como asesor de la Asamblea en Bolivia –y también de Venezuela y Ecuador–, lo que caracteriza a estas reformas es el principio  de la “soberanía  popular”  y la “democracia  participativa”. También son elementos comunes de estas reformas, según Martínez Dalmau, la protección   de nuevos derechos  fundamentales,   la regulación del papel del Estado en la economía, un “carácter social integrador” y la integración con América  latina.

Otro rasgo común al nuevo constitucionalismo de la región es la presencia del referendo vinculante y obligatorio para el cambio constitucional, que Martínez Dalmau fundamenta como “la marginación del poder  constituyente constituido” (:72). El autor también  observa que esta corriente es considerada innovadora en cuanto  a la forma, como lo muestra  el empleo de nuevas expresiones y una tendencia a la efectividad  constitucional (:76), que en el caso boliviano se ve en la amplia atención a la sección económica, y un interés en buscar claridad y expresión “sin sombras” de la voluntad del constituyente,  antes que mayor brevedad o mejor redacción.  Este constitucionalismo,  según Martínez Dalmau, “es considerado como una superación de la democracia representativa hacia la participativa”  (:96).

En este sentido, Bolivia incorpora también  el control social; el órgano  electoral (cuarto poder) y la revocatoria  de mandato. Martínez Dalmau menciona como característica de esta serie  de textos cons-titucionales  la visualización de sectores vulnerables o marginales (:87). Con ellos, se incluye la temática indígena.  Vemos, sin embargo, que en una evaluación de la reforma  de Venezuela y Colombia, así como de los elementos  destacados por este autor, podría  decirse que este constitucionalismo  no parece ir más allá de la inclusión  de derechos para grupos minoritarios, en el marco de las reformas bolivianas de la década  del ‘90, con el reconocimiento  del carácter multiétnico y pluricultural; pero no de la autonomía y el autogobierno  de los pueblos.  Antes que con la línea  de reformas que busca dejar  atrás el paradigma multicultural, la intervención  en el texto constitucional  por parte de esta matriz política pue-de asociarse  al “Constitucionalismo  Social”,  que tuviera bastante desarrollo en América Latina desde la Constitución  mexicana de 1917, su primer expresión, y en otras como la de Argentina de 1949, con Perón.  Era la inclusión de derechos del trabajo, que tenían a la clase obrera  como sujeto político central, apuntando también al modelo  del Estado de Bienestar.[46]

 Si había algo que unificaba  las visiones nacionalistas y socialistas en el mas, esto era la visión  de que  el proceso de cambio era dirigido por el Estado. La distribución de competencias privativas  del nivel central de gobierno muestra esto, cuando incluye de manera exclusiva en su control: “Política económica y planificación nacional”, “creación, control y administración de las empresas públicas estratégicas del nivel central del Estado”,  “Política general  sobre  tierras y territorio, y su titulación” e “Hidrocarburos”. En el Artículo 311 queda  claro el papel  del Estado cuando se establece que este se encarga de la “dirección  integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación”, y que “el Estado podrá  intervenir en toda la cadena  productiva  de los sectores estratégicos, buscando  garantizar su abastecimiento para preservar  la calidad de vida de todas las bolivianas  y todos los bolivianos”.  En el mismo Artículo se define que los recursos naturales son de propiedad del pueblo pero administrados por el Estado, de acuerdo con la forma en que  cristalizaron las discusiones que vimos desarrollarse en la fase de comisiones.[47]

Pero, una vez más, vemos que este avance decidido en dirección del intervencionismo estatal viene matizado por otras determinaciones, como la igualdad jurídica de las distintas formas  de organización económica,  la importancia de la “armonía con la naturaleza” y el modelo  del “Vivir Bien”, inspirado en la cosmovisión de los pueblos indígenas, que será trabajado en el último capítulo. Respecto a los recursos naturales, el Artículo 351, establece que el Estado asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos  naturales; “poniendo  candado” a lo establecido  en el decreto  de nacionalización  del 1 de Mayo de 2006. Pero al mismo tiempo, y después de la revisión del Congreso,  se agrega que no se tratará de todos los recursos naturales sino de los recursos  naturales “estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias,  las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas”. De esta forma,  se hacen concesiones tanto al sector empresarial como a los indígenas comunitarios y a las cooperativas; permitiendo la participación de empresas privadas, pero también abriendo la posibilidad de formas comunitarias de gestión no totalmente controladas por el Estado.[48]

Incluso las partes más estatistas y más pluralistas de la Constitución no dejan de articular los distintos imaginarios presentes en el mas. De ahí su forma abierta e indefinida. De ese modo, en el Artículo 306, el Modelo Económico  se define como plural y “orientado a mejorar la calidad de vida y el ‘vivir bien’ de todas las bolivianas y los bolivianos”.  En el mismo artículo,  la economía plural se define como constituida “por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa”.  En octubre, la oposición  sólo agregó  la “seguridad jurídica” entre los principios  de la economía plural, que incluyen también reciprocidad, solidaridad, complementariedad,  redistribución, sustentabilidad y transparencia.[49]

En lo que se entendía como “desmonte del neoliberalismo”, el Artículo 396 establecía que “El Estado regulará el mercado de tierras” yendo en dirección  contraria de la política agraria  de los ‘90. La Constitución establecía que las concesiones sobre servicios básicos y recursos naturales; electricidad y telecomunicaciones; y mineras deberían adecuarse al nuevo régimen. Sin embargo, en octubre se agregó una cláusula transitoria (la octava) por la cual el Estado reconoce  derechos  preconstituidos y adquiridos  para las concesiones. Otro cambio realizado en Octubre (en el Artículo  316) eliminaba, entre las funciones  del Estado,  la de participar en la economía mediante la producción directa de bienes y servicios económicos y sociales. La Constitución Abierta era resultado de disputas de intereses, pero también del encuentro de horizontes políticos diversos. Vale la pena considerar  el vaivén entre miradas  políticas variadas incluidas en este Artículo sobre el modelo económico del Estado Plurinacional:

Si bien la idea de la parte  económica de la Constitución  era que pusiera “candado” a las políticas impulsadas por el Gobierno,  una vez aprobado  el texto, sus artículos eran empleados como fundamento de la política  impulsada por Evo Morales. Cuando  el Gobierno  recuperó  las acciones de la fábrica nacional de cemento (fancesa), en manos del ex constituyente Samuel Doria Medina, otorgándolas a la gobernación de Chuquisaca, el decreto presidencial comenzaba con el siguiente  texto: “considerando: Que el numeral  4 del Parágrafo ii del Artículo 311 de la Constitución  Política del Estado, señala que el Estado podrá intervenir  en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todas las bolivianas y bolivianos. Que el Parágrafo  i del Artículo 319 de la Constitución  Política del Estado, establece que la industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas […] siendo prioritaria la articulación de la explotación de los recursos naturales con el aparato productivo. Que el Parágrafo i del Artículo 349 de la Constitución Política del Estado, dispone que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá  al Estado su administración en función  del interés colectivo” (Estado Plurinacional de Bolivia [2010g]).

Si bien hay un consenso en señalar que el rumbo del gobierno   del MAS adquiriría cada vez más un tono económico y nacionalista antes que indígena y plurinacional comunitario,  lo cierto es que los cambios a la Constitución  en octubre de 2008 afectaron todas las vertientes, moderando el texto en todos los grandes temas. En lo que hace al imaginario  social y intervencionista estatal del mas, por ejemplo, en el acuerdo  congresal el derecho  a la seguridad  social dejó de tener carácter gratuito (Artículo 45).[50]

4. La Constitución abierta del pluralismo comunitario

El momento político iniciado con la llegada  de los campesinos e indígenas   al Estado, estaba protagonizado por el tema étnico y plurinacional. Esa era la gran innovación del texto constitucional  aprobado, y también  la principal  fuente de controversias. Desde  Oriente, desde el nacionalismo popular de izquierda y también  desde sectores mestizos  liberales serían esos los temas atacados. En esta parte voy a referirme a esta tensión de la Constitución  que definimos como “abierta”, vinculada al tema de los pueblos  indígenas.

Andrés Soliz Rada, ideólogo de la izquierda   nacional  y primer ministro de Hidrocarburos de Evo Morales, escribía en su artículo “El indigenismo y usaid” que “la ambigüedad  en el lenguaje  es el arma favorita de las ong. Ellas mezclan las palabras nación, comunidad  y pueblo y las tornan intercambiables. Todo palabrerío es útil, siempre que no se hable de la contradicción  principal que enfrenta a naciones opresoras y naciones oprimidas. El pilar de estas últimas es la alianza indo-mestiza,  sin la cual la liberación nacional es inalcanzable. Por esta razón, la verborrea  que encubra  el papel del imperialismo es financiada por usaid, Europa,  el Banco Mundial y el bid”. En una conversación  con él en La Paz, criticaba  la idea de Estado Plurinacional y decía sobre la Constitución que “Hay ideas para fundamentar todas las posiciones…”. Era una crítica al carácter abierto  de la Constitución, desde la conciencia  nacionalista del proceso de cambio. [51]

 Las dudas sobre el proyecto de Estado Plurinacional, desde dentro del espa-cio del mas, pude notarlas también en una conversación con Pablo Stefanoni en septiembre de 2007, por ese entonces corresponsal en Bolivia para el diario Clarín de Argentina. Como era común escuchar entre los campesinos y en el Gobierno, decía que el conamaq, aliados del MAS y parte del Pacto de Unidad habían  sido un invento de los daneses  y de las ong. Criticaba  la idea de reconstitución de ayllus, que asociaba al apartheid  o las reservas indígenas de eeuu. Hablaba de un sistema de feudos, en oposición a un movimiento indígena de ideología común. Explicaba su influencia en el proceso  constituyente sólo por el dinero que recibían de cooperación internacional y ong; criticaba la representación  directa y pedía pensar desde la mezcla  de una “Bolivia real” como la del Chapare, que oponía a la idea de nación aymara, que no sabía de dónde había salido porque para él no existían las naciones por atrás de la plurinacionalidad. En ese sentido, Stefanoni se quejaba de que nadie en el MAS supiera explicar qué era el Estado Plurinacional. Preguntaba qué pasaría  con la autonomía indígena en El Alto.

Decía que García Linera ya no hablaba de lo plurinacional  ni de otras cosmologías y que el proceso  se resumía a tres o cuatro cosas que tenían claras como la nacionalización  del gas, una especie de reforma agraria y acciones puntuales como entrega de radios y tractores. Se podría agregar los bonos Juancito Pinto y Dignidad, con bastante impacto y en ese momento en proyecto o implementación. Pensaba que si fracasaba  la constituyente  –que en el momento en que conversamos se veía como muy probable– Evo Morales aprovecharía para imponer un decisionismo. Decía que cuando Evo Morales era diputado había dicho que, para él, acabar con el colonialismo era “ir al mismo baño que un diputado de derecha”.

Lo que Stefanoni veía como objetivo bien más limitado que los apuntados  por los defensores de la plurinacionalidad. Stefanoni observaba que muchos  se preguntan en el MAS “para qué la constituyente  si está Evo”,  y veían  la revolución  como esa llegada. De hecho, esa era la posición de García Linera, a quien Stefanoni había entrevistado algunas veces, quien enaltecía esa posibilidad alcanzada, de que un indígena campesino pudiera ser presidente. Para Pablo Stefanoni, la constituyente se llamó sólo porque estaba en agenda, y decía que hubiera tenido sentido en los ‘90, para imponer algunas cosas, pero ahora  al Gobierno no le servía. La oponía a la constituyente  de Chávez, que habría tenido claro para qué quería una constituyente; y veía el riesgo  de que en Bolivia pasara como en Ecuador, que había fracasado en su anterior constituyente.[52]

 Para María Galindo, del grupo feminista paceño Mujeres Creando (cf. Mo-nasterios [2006] y Mujeres Creando [2005]), el conamaq estaba sobrevalorado y “es una ong”. Decía que con la propuesta  de reconstruir el Tawantinsuyu  no se sabe qué es lo que se quiere hacer, ni desde qué punto de vista histórico  lo veía como modelo  falso e impostura  histórica. En entrevista realizada para esta investigación en marzo de 2009, criticaba que los indígenas  se auto-recluyeran en el territorio. Criticaba lo andino-céntrico que según ella restablecía  jerarquías entre los pueblos. Y veía lo plurinacional como re-direccionamiento de la discusión política del país, sin correlato en la realidad inmediata.  Apuntando  a un Estado colonial, racista, blancoide,  burocrático,  centralista, homofóbico y proxeneta; para María  Galindo,  las autonomías indígenas reproducían en pequeño al mismo Estado, con nuevas cúpulas en pequeños territorios, “que van a hacer perder veinte años”. También planteaba dudas acerca de que los guaranís  tuvieran más poder para frenar a repsol que el Estado nacional. Veía las autonomías como un tema solamente discursivo y distractivo de los objetivos de la sociedad  boliviana.  Decía que  la sociedad boliviana buscaba re pensarse como sociedad e impugnar la forma de representación política para cuestionar una estructura corrupta y colonial y no para crear una nueva representación basada en identidades.

María Galindo pensaba  sin embargo que los sindicatos campesinos no podían criticar a organizaciones como el conamaq, porque también estaban “oenegizados”.  Al mismo tiempo, criticaba que el MAS estuviera convirtiéndose en un proyecto populista, imitando políticas del mnr como los bonos,  pero carente de proyecto político y en proceso de degradación y descomposición interna, aunque no hubiera  todavía desgaste político para afuera. Le pregunté en qué usaría el dinero de los hidrocarburos  y después de pensar un poco dijo que en Salud y Educación. El texto constitucional  aprobado  le parecía malo, discursivo y poco práctico. Y creía que los militares y la Policía no eran grandes aliados del Gobierno de forma  gratuita, y que el MAS los había  hecho  volver cuando  la democracia boliviana los había conseguido confinar a los cuarteles. En un espacio tan pequeño donde el Sí era estar con el Gobierno y el No era ser traidor al proceso de cambio, Mujeres Creando decidieron hacer una propuesta propia de Constitución.  El texto recogía propuestas de las mujeres como el apellido materno  o que no haya Fuerzas Armadas, y era un manifiesto para seguir generando esperanzas, decía María, “porque como mujer, el texto del MAS les ponía  un corsé que no las dejaba respirar”.

Otra voz crítica en el debate boliviano era la de Víctor Hubo Cárdenas, electo vicepresidente de Sánchez de Lozada en 1993, y que amenazó con candidatear para presidente para enfrentar al mas, pero desistió cuando la oposición no logró conformar un frente que lo incluyera. Expresaba  la posición  liberal indígena,  de intentar combinar lo comunitario  y lo liberal.  Según sus palabras buscaba “la combinación creativa de las virtudes  de la democracia  indígena  con la democracia liberal” (Calderón [2001]). En entrevista para La Razón de junio de 2008, consideraba que era necesario compatibilizar los estatutos de la Media Luna, los que veía con una visión liberal, y la Constitución  defendida  por el mas, que veía con un sustento ideológico  comunitario.  Sobre las Autonomías  Indígenas, consideraba que no pasó el nivel de la consigna;  pero que pretende  substituir la antigua exclusión criolla de los indígenas por la exclusión de los indígenas sobre los criollos y mestizos, una ciudadanía de primera (indígena) frente a otra de segunda o tercera (la no indígena). También criticaba, antes del acuerdo de Octubre, que en la Nueva Constitución se mutilara la nación  dando por tierra los avances  de su Gobierno en la construcción  de una nación  pluricultural y multiétnica, y de un Estado unitario, democrático,  intercultural, descentralizado  y autonómico. Consideraba también que en tierras altas las territorialidades  ancestrales  eran difíciles de definir, a diferencia de las tierras bajas.  ¿Cuál  mapa territorial es el ancestral? ¿El mapa del dominio inca, aymara o uru?, preguntaba.

A continuación presentaré la importancia de la vertiente  que  deriva  del indianismo en la redacción  de la Constitución  que da origen  al Estado Plurinacional. Y defenderé que a diferencia de lo que ocurre con las reivindicaciones  de tipo económico e incluso de derechos sociales impulsados desde la izquierda nacional; en el caso de las instituciones indígenas  y comunitarias, no es necesariamente negativa la indefinición y ambigüedad en la redacción de una Constitución Abierta. Esta hipótesis surge en primer lugar de la observación  etnográfica de las discusiones relacionadas a estos temas, cuando podía verse cómo, justamente cuando las definiciones  se cerraban y el espacio de la interpretación post-constituyente se reducía,  eran las comunidades y los pueblos  los que salían perdiendo,  con un retroceso en su autonomía  respecto del Estado y de la forma  republicana  de la institucionalidad y jerarquía liberal.

En parte esto se debe a una simple situación de correlación de fuerzas, que con la necesidad de dos tercios ponía  a las propuestas superadoras de la colonialidad  estatal arrinconada contra las cuerdas.  Pero  creo que el motivo de que pueda hacerse una lectura positiva  de la indefinición  tiene que ver también con que las características  de la diferencia  de la comunidad,  de los principios  colectivos de las formas  indígenas,  no son reductibles  al Estado  y sus normas que permanecían en Bolivia en el marco del Derecho  Liberal,  implantado  desde la época colonial. Raúl Prada, Félix Cárdenas y otros de los constituyentes que defendían este horizonte para el Estado boliviano, veían en esta indefinición  las marcas  de la “transición”,  y sin duda esto puede considerarse cierto si pensamos en que los elementos comunitarios del texto pueden tener todavía mucho más desarrollo. Sin embargo, creo que lo positivo  de la subsistencia  de espacios vacíos y no difusos en la Constitución boliviana, pueden  verse como un avance  de la comunidad que se mide como hecho en el ahora,  sin necesidad de analizarse como paso previo o incipiente para un futuro redentor. Esos espacios  ganados  en la Constitución explican  la movilización y el apoyo militante de los indígenas  al texto cuando  se llegó a un momento  de definición. Esta era la teoría de los constituyentes del MAS sobre un nuevo Estado, porque era de esta forma incompleta  como se buscaba crear un nuevo derecho estatal.

La tensión que veremos a continuación es entonces  la de un fuerte choque que viene desarrollándose desde tiempos incluso pre coloniales, y que tiene que ver con el avance del derecho positivo y del Estado sobre  el ayllu, la oralidad, la autonomía  indígena,  la diferencia; y que en realidad es un enfrentamiento continuamente recreado en toda sociedad con minorías  o mayorías subordinadas, y no necesariamente vinculado a la etnicidad  o territorialidad ancestral, que es la forma en que aparece en Bolivia. Es, de algún modo, el encuentro  entre la ley del Estado y la autodeterminación,  que puede expresarse en cualquier ámbito de lo social. El problema de la legalidad del Estado  no sólo coartaba el autogobierno comunitario indígena. Era también  el avance de los cambios impulsados por la izquierda nacionalista que encontraba también la ley como obstáculo, y que daba un fundamento al Pacto de Unidad y la unión estratégica de la izquierda nacional con el pluralismo  indianista comunitario.  En ese sentido puede entenderse un comentario de Morales difundido por la prensa en julio de 2008, en el que declaró que “Cuando algún jurista me dice: ‘Evo  te estás equivocando jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal’, bueno yo le meto por más que sea ilegal. Después les digo a los abogados:  ‘Si es ilegal, legalicen ustedes, para qué han estudiado’”. Eso era lo que fundamentaba para el presidente  la necesidad  de descolonizar  el Estado y aprobar una Nueva Constitución, manifestando una oposición  entre la acción, la decisión, y la legalidad burocrática del Estado antiguo. Ante la crítica y espanto de la oposición, la expresión común del presidente era “le meto nomás”, expresando  la voluntad de tomar decisiones progresistas que se encuentran con la oposición  de leyes hechas en otro momento y para otra cosas, como también sentían las comunidades  con sus formas  políticas diferentes, o los pueblos con pasado nómade, que no partían de la individualidad  ni de la propiedad,  ni de la universalidad homogeneizadora.

4.1. La Constitución indianista

La forma abierta e indefinida de la Constitución,  con tensión e incluso contradicciones o fuerzas políticas que avanzarían en distinta dirección, debe mucho a la irrupción  de los indígenas  y su reclamo de autonomía en el Estado. Esta fuerte mirada introducida en el texto constitucional,  puede identificarse como “postkatarista”, por sus vínculos históricos y afinidades con el indianismo  aymara que se hizo uno de los principales  lenguajes políticos bolivianos,  como vimos en el primer capítulo, o como “indianismo pluralista” como otra de las cosmopolíticas que intervinieron en la redacción  del texto. Al mismo tiempo, esta vertiente se relaciona y alía con corrientes autonomistas  de izquierda o pluralistas de otras partes del mundo y en particular, con la discusión  internacional de derechos indígenas en ámbitos como las Naciones Unidas, aunque en disidencia.

Es desde esta vertiente, y a partir de la crítica al monoculturalismo y el multiculturalismo, que fueron pensados  los primeros artículos de la Nueva Constitución, redactados por la Comisión Visión País a partir de la propuesta  de las organizaciones sociales en el Pacto de Unidad,  integrado por indígenas  de tierras altas y tierras bajas, campesinos y colonizadores y también con la participación de sectores del MAS afines a estos planteamientos.  En estos artículos se establecen los lineamientos básicos  de un Estado que pasa a caracterizarse como Unitario Plurinacional Comunitario,  intercultural, descentralizado  y con autonomías.[53]

Estos elementos  se vinculan directamente  a muchos protagonistas, y en especial a la parte indígena  del Pacto de Unidad (cidob y conamaq). Si bien era todo el Pacto de Unidad quien incidía con sus propuestas  en la Constitución, combinando visiones y agendas, el pluralismo venía del indianismo y especialmente de los pueblos de las tierras bajas, minoritarios y que daban forma concreta al pluralismo, que a pesar de su poco peso demográfico representaron mucho para esta vertiente presente en el texto. Las propuestas de la política de estos pueblos, de las que son inseparables las ong y la discusión  internacional de derechos y latinoamericana de autonomía, pasaba por la aprobación de los campesinos –dentro del Pacto– y del MAS –Gobierno y constituyentes– en un verdadero proceso  creativo donde  lo minoritario se volvía modelo para mayorías, las ideas de territorialidad se combinaban, las palabras  llegaban  al texto con su sentido original pero también, al mismo tiempo, cargando negociación, recorte o relectura.

El reconocimiento  de 36 lenguas oficiales y la obligación  para el Gobierno Plurinacional y los gobiernos  departamentales de hablar  al menos una de ellas además del castellano (artículos 5 y 234); es uno de los elementos donde se ve de forma más clara la idea de Estado Plurinacional. La Constitución no menciona 36 pueblos y naciones, pero sí reconoce como oficiales en el ámbito  nacional a las lenguas de hablantes minoritarios. Reconocer  a todos los idiomas como oficiales es quizás el punto más avanzado a nivel mundial  respecto al avance  de reconocimiento de derechos, que después de abandonar las posiciones  de “integrar  al indígena a la vida nacional”,  esto es, de imponerle la cultura del colonizador  y el mestizaje,  pasa a reconocer  la diferencia y luego a darle todo el poder político que una Constitución puede dar, no sólo a nivel local, como minoría respetada, sino como parte de un todo plurinacional.

Este es uno de los artículos en el que el MAS busca ir más allá del mero reconocimiento multiculturalista, e implica especialmente que las mayorías quechuas y aymara tendrán una ventaja para acceder a cargos públicos. No es, de este modo, solamente un elemento pluralista introducido en la Constitución, sino también un elemento nacionalista y popular, porque refiere a que el Estado no vuelva a ser de una elite, y que la llegada de los campesinos e indígenas al Estado sea permanente y no limitada a la cabeza  del Ejecutivo,  sino que se disemine por toda la administración pública.  Surge de las discusiones  de derecho internacional para minorías, pero en Bolivia tiene un sentido popular, por ser mayoritaria la población indígena, de algún modo pensando un régimen que se enfrenta a la minoría  colonial, de los pocos que siempre gobernaron.  El Estado Plurinacional inauguraría en 2009 una escuela de gobierno, y en La Paz se iniciarían cursos de lengua para los funcionarios públicos.  Pero el avance del pluralismo sería interceptado por los sectores defensores del viejo Estado; y en octubre de 2008 agregarían en la Constitución una cláusula  transitoria (la décima) que decía: “El requisito de hablar  al menos dos idiomas  oficiales para el desempeño de funciones públicas determinado en el Artículo 235.7 será de aplicación progresiva de acuerdo a Ley”. El Artículo contenía un error, porque  el requisito figura en el Artículo 234.7 y no en el 235.7, que era la numeración de Oruro, pero sin duda es otro de los vetos de la oposición al proyecto  del mas, y que determinan su carácter indefinido hacia futuro.

García Linera había sido desde sus escritos uno de los impulsores  de las reformas plurinacionales. En su propuesta publicada en 2003, menciona la necesidad de que haya funcionarios indígenas en todos los niveles del Gobierno,  y formación de carreras administrativas de gobierno en los tres idiomas mayoritarios del país (García Linera [2008:251]). Como vicepresidente, sin embargo, en una charla organizada  por Comuna en la Alianza Francesa de La Paz, reconoce como “imposible” encontrar cuadros indígenas capacitados para las tareas del Estado. Decía “No hay técnicos petroleros indígenas,  ni subsecretarios en ninguno  de los tres Ministerios más importantes, lo que  no es culpa del Gobierno sino la realidad de la estructura social”.  Al final de la charla,  en el momento de hacer preguntas a su exposición,  alguien que se presentó como autoridad originaria  aymara le entregó su tarjeta y dijo que sólo convocaban  a los afiliados  al mas. El conflicto se enmarcaba no solamente en el problema de los cuadros indígenas  sino también en el tema de los pedidos  de “pegas” (puestos de empleo) a autoridades de Gobierno, que alcanzaba dimensiones  considerables, fruto sin duda del cambio en las estructuras. El color de piel del nuevo poder hizo posible que mucha más gente accediera a pedir empleo, aunque no habría una renovación de las plantas permanentes formadas en gobiernos anteriores.[54]

 De cualquier modo, lo que se escribe en los primeros artículos de la Constitución y el preámbulo, además de derechos de los pueblos indígenas, autonomía y territorialidad, marca la presencia  del indianismo  pluralista como una de las imágenes fuertes con que podemos entender el proceso  constituyente boliviano. Esta imagen es la de la idea de inclusión de lo comunitario  en la Constitución como presencia  real y fuerte en proyecto. Sectores del Gobierno  o la constituyente, indígenas y mestizos, que pensaban  los fundamentos políticos del nuevo Estado desde esta tradición, escribieron  en el preámbulo: “Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano  y neoliberal”.

Bartolomé Clavero escribe que el Estado Boliviano  “se afirma desde el siglo xix combinando elementos recibidos de ultramar, piezas de procedencia hispana, francesa, británica o prusiana, mientras que se resiste  a la adopción de componentes más cercanos en la propia tierra, de instituciones y experiencias de cultura quechua, aymara, guaraní o de otra raíz indígena” (2006:55). El sentido de la convocatoria a la Asamblea  Constituyente en 2006 era justamente hacer esa reparación. Y se comprobaría una vez más que las instituciones indígenas  y comunitarias no se introducen sin conflicto en el derecho  estatal. Sin embargo, no encontramos un fuerte choque ni transformación  radical de las formas  liberales, sino más bien que lo indígena y también otras reivindicaciones populares aparecen en la Nueva Constitución a partir de espacios no reglamentados, categorías abiertas, difusas e incluso contradictorias o que postergan la definición  para más adelante.

Veremos a continuación el destino de las reivindicaciones indígenas en el texto final aprobado como Constitución de Bolivia. En las reuniones  de discusión del proyecto de Constitución era visible la preocupación por introducir el pensamiento indígena. No se debía tratar solamente de que fueran los indígenas  los que redactaran la Constitución, sino también  de darle al nuevo  Estado una cara indígena. Para esto entre los primeros artículos, también se incorporarían los principios  y valores de los pueblos.  Esto también  era discutido por los constituyentes del mas en sus reuniones de la casa Argandoña  mientras se elaboraba  la primera versión del texto constitucional.

Se discutían  artículos de la Comisión Visión País sobre los “principios éticomorales de la sociedad plural” que el Estado “asume y promueve”, y los valores y fines del nuevo  Estado. Entre los primeros se incluían: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa),  teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). La grafía se incluiría en lengua nativa en la versión original con la traducción entre paréntesis,  y se fue modificando  con las revisiones del texto. El ivi maraei de los guaranís,  por ejemplo, se traducía como “sociedad  soñada”, hasta ser incorporado  como “tierra sin mal”, tal como Pierre y Hélène  Clastres y la etnología  de estos pueblos  lo describieron.

El suma qamaña aymara, traducido como “vivir bien”  tendría un lugar especial en los discursos de Evo Morales vinculados al cuidado  del medio ambiente, presentado como alternativa al desarrollo  capitalista.  Así sería defendido en oposición al “vivir mejor” asociado al individualismo capitalista. También en la Constitución de Ecuador se incorporaría este concepto como “Buen Vivir”, que el Gobierno boliviano buscaba instalar a nivel internacional en foros e intervenciones de Evo Morales y que Hugo Chávez  lo había incorporado en el nombre de una tarjeta para  gastos sociales  de la población subvencionados por el Estado. Los principios de “ama qhilla, ama llulla, ama suwa” que en Bolivia se enseñan a los niños en la escuela  y se explica su significado a los turistas en las visitas guiadas  a sitios arqueológicos, se presentan como principios de la sociedad  Inca que se quebraron con la invasión española. Raúl Prada, proponía  agregar un cuarto principio, traducido como “no seas egoísta”, que habría estado incluido inicialmente, según un amauta (sabio  andino) les había enseñado a los constituyentes de la Comisión Visión País. Opinaba que la reducción  a tres principios era “una mestización”.[55]

Isabel Domínguez, líder de la Confederación de Mujeres Campesinas y constituyente del MAS por Cochabamba proponía traducir diferente el “vivir bien” para que fuera en plural y para todo el pueblo. Saúl Ávalos del MAS de Santa Cruz, decía no sentirse incluido por esos principios, que eran exclusivamente provenientes de los pueblos  indígenas, pedía que se incluyeran los principios  de los mestizos. Luego de los principios  ético-morales,  el proyecto incluía otros artículos, con una extensa lista de valores  en que el Estado se sustenta, adoptados  por el MAS en Visión de País a partir de la propuesta  de la organizaciones  sociales.[56] También se incluyen los “fines y funciones”  del Estado. El abogado  potosino Víctor Borda se manifestó sorprendido porque se habían incluido principios  como equidad, equilibrio,  solidaridad y armonía que consideraba  liberales y europeos. También pedía que se precisaran  los valores, derechos  y principios, y qué era cada cosa, “porque los juristas interpretan mil cosas”.[57]

Raúl Prada intervino con la explicación de que sería una Constitución híbrida y una Constitución “de transición”, “no hay valores universales, todos son culturales y acá hay dos culturas mezcladas”. Raúl Prada continuaba “desde el principio  en la definición  del Estado hay elementos  liberales, no se trata de sacarlos sino de combinar las dos cosas,  nos movemos entre ambas aguas, liberal y comunitario” y concluyó que “la reciprocidad  es caro a la cosmovisión andina; la redistribución es de la cosmovisión andino-amazónica; e Igualdad, libertad y justicia son conceptos liberales; pero el fin tiene que ser construir una sociedad descolonizada,  eso es lo específico de este nuevo  Estado”. Marco Carrillo, ex periodista de Cochabamba discordaba. Dijo: “me parece que para los discursos  está bien, pero no le cabe al Estado  construir  la descolonización”.  Para algunos la colonización era un fenómeno de tipo  cultural, que se debía modificar  con otra educación.  Para otros era el Estado que debía ser descolonizado, era un fenómeno  vinculado al poder. También escuché que el Estado no era el objeto de la descolonización  sino más bien el instrumento con que la misma se conseguiría.

Mario  Orellana, del msm, pedía que se consiga  el listado de las naciones  y pedía  que los dirigentes del Pacto de Unidad  estuvieran presentes,  “quedamos que todos trabajamos juntos”, recordaba. Esperanza Huanca había insinuado que no se estaba respetando la posición  del Pacto de Unidad. Y la discusión llevó a suspender la reunión  de constituyentes hasta que representantes de las organizaciones estuvieran presentes. Cirilo Mallón Meras también  se sumaba pidiendo para no prolongar, que haya dirigentes con poder de decisión  para decir “esto está bien”. Rebeca recomendaba no olvidarse  de lo cultural discutiendo únicamente  desde el punto de vista técnico. Y Eulogio Cayo propuso que entre los fines del Estado se incluyera el de crear una sociedad socialista. En respuesta a su propuesta alguien le gritaba  que sería mejor escribir que fuera un Estado comunista:  “pongamos Estado Comunista”  dijo el constituyente  ante la risa de sus compañeros.

En un debate organizado por la Comisión de Visión País, la tensión  entre la posición liberal y la posición indígena  aliada a los sectores progresistas  de la discusión  internacional del derecho  indígena,  quedaron  visibles cuando  la constituyente de podemos Zulema  Arza le preguntaba a Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, por el Artículo  171 introducido en la Constitución  anterior  en ese momento aún vigente. El Artículo era producto de la reforma  constituyente marcada  por la lógica multiculturalista, y reconocía  derechos de los pueblos, las “tierras” (no territorios) y personalidad  jurídica.  El Artículo fue leído por la constituyente que al finalizar preguntó  al expositor  Clavero  si le parecía  con “carga colonizante o descolonizante”. La respuesta se enmarcaba en las diferencias  que el MAS llevaba a la discusión  boliviana  de lo plurinacional  como superación del multiculturalismo de la década  del ‘90. Al mismo tiempo, buscaba advertir la posibilidad de inclusión de elementos coloniales que pueden ir en una Constitución descolonizadora, como marcas  del colonialismo interno en los estados latinoamericanos.

La lectura buscaba la complicidad del jurista español  al argumento de que no era necesario incorporar nuevos derechos en la Constitución porque  estos ya se encontraban incluidos. Pero Clavero manifestó que el Artículo “es una expresión quinta esencial del colonialismo  constitucional”. En primer lugar criticaba que el Estado “reconozca”  a pueblos que son anteriores al Estado, con derechos  que no dependen del Estado. Decía que el problema es quién reconoce a quién, y que más bien Bolivia necesitaba el reconocimiento  de los pueblos  y las comunidades indígenas; y la Constitución  debía comenzar con que “Bolivia se hace cargo y agradece  el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas a su existencia”. Ese era el primer signo colonial. El segundo,  común a varios países latinoamericanos, era que en el Artículo leído el Estado reconoce personería jurídica a las comunidades indígenas, y para el especialista  ese reconocimiento implicaba el poder del Estado auto-atribuido para regirla.[58]

Y el tercer rasgo colonial que Clavero encontraba en el Artículo leído por la constituyente de podemos, era que se reconoce a las autoridades  como sistemas alternativos de la solución  de conflictos;  lo que en lenguaje jurídico equivale a “arbitraje, mediación  y conciliación”, es decir, seguía Clavero, formas secundarias de resolución de conflictos alternativas a la justicia institucional  establecida, con lo cual el Estado considera  que no puede obligar a toda la ciudadanía  a que confíe para todo y siempre en la justicia establecida. Este planteamiento  elimina el reconocimiento  de la territorialidad  y la misma naturaleza de lo que es una autoridad, continuaba  el jurista constitucionalista. Si una autoridad es igual que un árbitro depende de que los equipos y la liga estén de acuerdo en que funciona y se ajunta las reglas. Eso es una autoridad, imposibilitado según la Constitución colonial de que puedan  ejercer funciones de autoridad en su territorio respecto  a quienes no pertenezcan al territorio,  decía. Cualquier Estado puede ejercer funciones de autoridad respecto a gentes que no pertenecen a la ciudadanía  y están en el territorio, agregaba. Es impensable que una autoridad indígena  pueda  actuar así en su territorio porque la Constitución está diciendo  que es lo mismo que un árbitro y el horizonte sigue siendo el horizonte colonial.[59]

 Entre los que más destacaban el perfil indianista de la Constitución propuesta por el mas, se encontraban  los más alarmados opositores que expresaban que la aprobación del texto significaría  la anarquía indígena que no respetaría el Estado de Derecho y el avance de los aymaras  colonizando el resto del país. Escuchando a los opositores  más radicales,  tanto como a los partidarios  más indianistas del mas, se trataba de lo indígena  entendido como irreductible a las instituciones republicanas y liberales de la nación.  Era una interpretación que coincidía con el Gobierno en que los indígenas  habían llegado  al poder e introducirían sus determinación.  Diferente era la posición desde sectores indianistas opositores del Gobierno  que opinarían que los indígenas  todavía no habían conseguido  el poder y que las reformas  constitucionales no los incluía realmente.  Una tercera posición era la que señalaba  las reformas  multiculturales y también participativas de los ‘90, o anteriores,  con las circunscripciones uninominales (territoriales) que habrían  significado el ingreso de los indígenas  al Estado no con Evo Morales, sino años antes, con esas reformas.

A continuación presento de manera más extensa dos temas que marcan  el proyecto de Constitución  del MAS y surgen desde la vertiente  post-katarista del pluralismo  indianista: la autonomía  indígena  y la justicia comunitaria.  Eran también dos de los temas  más atacados por el discurso  de la oposición.  En el origen de estos dos elementos  tenemos  la propuesta  del Pacto de Unidad. Genealógicamente, además, podemos ver la fuerza de tierras altas detrás de la propuesta comunitaria y de la descolonización, y de las tierras bajas en la autonomía y el pluralismo,  aunque  vimos en el primer capítulo cómo el propio núcleo del indianismo aymara también  adoptó la lucha por lo plural. Vimos sin embargo, que ese origen daba lugar a una propuesta conjunta, de “naciones y pueblos indígena originario campesinos”. Avanzado en el proceso  constituyente podemos identificar vertientes en tensión o combinación, y no posiciones parciales que no hayan pasado por la revisión  del otro.

4.2. Autonomía indígena en la Constitución

Quizás el tema abierto e indefinido por excelencia era el de la Autonomía  Indígena,  con la que se trataba de institucionalizar las formas  de organización social y política propias de los pueblos.  Para sectores indianistas críticos, las autonomías indígenas reproducían la lógica colonial de las reducciones  indígenas.  Para opositores  liberales era el fin del Estado de Derecho. Su abertura permite  todos estos juicios porque  lo que es en realidad no sería definido en la Constitución  ni en las leyes y estatutos que la reglamenten,  sino en el desarrollo autónomo de la autonomía, que la Nueva Constitución puede impulsar, pero que le antecede  y la supera.  En lo que respecta a la Constitución, hay dos grupos  de artículos que desarrollan las autonomías indígenas. Estos dos están diferenciados por el lenguaje, propósito e imaginario de los que los redactaron. En primer lugar, los artículos 2 y 30 de la Constitución  desarrollan los derechos  de ese sujeto clave: naciones y pueblos indígena originario campesino. Es una formulación más declarativa a la vanguardia  del avance  internacional de los derechos indígenas  expresado  en el convenio 169 de la oit, de 1989, y la Declaración  de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, de 2007.

En otro grupo de artículos –del 289 a 296, 303 y 304– hay una formulación más técnica, en el marco del régimen autonómico, que desarrolla las competencias otorgadas  al nivel campesino indígena de autonomía, y que no se corresponde con los derechos enunciados en la primera parte de la Constitución.  En Bolivia, el desarrollo de la autonomía  indígena  como parte del régimen autonómico se enmarca en el proceso  de descentralización iniciado en los ‘90 y que dio lugar a la Ley de Participación Popular, de 1996, y la Ley de Municipalidades de 1999. Estos artículos, son fruto de un proceso  constituyente en que el desarrollo de la Autonomía  Indígena estuvo vinculado al desarrollo de los otros niveles,  especialmente  el departamental. Cuanto más descentralizador era el proyecto  del mas, producto de la negociación,  más avanzaba  la Autonomía  Indígena.  Cuando  los departamentos  lograron que las autonomías  tuvieran cualidad legislativa, por ejemplo, la autonomía de los indígenas también  se beneficiaba por la decisión  de que ningún nivel autonómico subordinara a cualquier otro.[60]

 De algún modo, así, las autonomías  indígenas  aumentaban  su presencia institucional  junto al interés  del MAS de frenar a la oposición  política de Santa Cruz. A fines de 2007, antes de la aprobación  del texto constitucional, Carlos Romero declaraba que las preocupaciones  de las organizaciones  indígenas  del Pacto de Unidad se solucionarían con una reunión informativa. La Media Luna continuaba diciendo que no había autonomía  departamental pero las organizaciones temían que la indígena  hubiera  sido perjudicada.  Defendiendo  la definición constitucional que preocupaba a los indígenas  Romero explicaba a la prensa  que “La autonomía indígena es el único autogobierno pleno. A diferencia de los otros niveles autonómicos, son los únicos que podrán manejar sus propias instituciones y sistema jurídico y tendrán la posibilidad  de aprovechar sus recursos naturales renovables. A través de las mancomunidades  también podrá mantener la unidad de su territorio. Y por supuesto que no estará subordinada  a la autonomía departamental”. Las autonomías  regionales, explicaba, serían una garantía para que no haya autonomías departamentales centralistas. El siguiente  Artículo se enmarca en esta concepción  de autonomía,  vinculada a la descentralización  estatal, antes que a la lucha anti-colonial  de los pueblos.

Vimos en el capítulo dos que  las autonomías  derivaban de dos tendencias encontradas, una de arriba para abajo y otra desde  las comunidades hacia arriba. En una charla en abril de 2009 en el Palacio de las Telecomunicaciones, Romero describía estas dos interpretaciones doctrinarias sobre la autonomía y decía que las dos habían sido trabajadas  en el texto constitucional. Una era descentralización político administrativa de desconcentración del poder del Estado; y la otra el reconocimiento del autogobierno a entidades vivas preexistentes al Estado. La autonomía departamental, municipal y regional respondía a la primera y la indígena  a la segunda.  En una se reconocían derechos históricos pre-coloniales como la posibilidad de reconstituir las entidades políticas a través de la autonomía con una base jurisdiccional, territorial. En la otra, como descentralización política, “el Estado está transfiriendo funciones a los niveles de las entidades sub-nacionales”, decía Romero.

En su exposición, Romero también afirmaba que “en la Constitución  hemos pensado que el diseño autonómico  para este país debe ser flexible. Porque  es un país con mucha heterogeneidad”, esa era otra concepción que resultaba en un texto no uniforme, independientemente de las vertientes políticas que lo redactaban. Hablaba de heterogeneidades económicas, geográficas y culturales, “que están muy claras”. Y daba el dato de que de la población económicamente activa, el 81-83% oscilan entre actividades  terciarias entre los que están los sistemas  económicos mercantil-simple, tradicional y comunitario. Sólo un 17% de la población  está vinculada directamente a la economía capitalista moderna, aportaba Romero la información. Por eso la Constitución  debía ser flexible.

En el acuerdo  congresal, hubo modificaciones que afectarían  la autonomía indígena, y también a su indefinición estratégica. En el Artículo 291 de la Constitución aprobada  en Oruro, se estipulaba que “La conformación de entidades territoriales indígena originario campesinas autónomas se basa en la consolidación de sus territorios ancestrales, y en la voluntad de su población, expresada en consulta, conforme a sus normas y procedimientos propios […]”. Se hacía lugar a la reivindicación de las organizaciones indígenas de las tierras altas (conamaq) que impulsaban “la consolidación de territorios ancestrales”. En la versión revisada por el Congreso  (Artículo 290) se establece que “La conformación de la autonomía indígena originario campesina se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones y en la voluntad  de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución  y la ley. […]”. Es evidente como el agregado de “habitados por esos pueblos y naciones” limita la cantidad de pueblos que podrán acceder a la autonomía.[61]

En la revisión  del Congreso,   también se agregó que “la ley establecerá requisitos mínimos de población  y otros  diferenciados  para  la  Constitución de autonomía indígena originario campesina” (Artículo 293). En el proceso de elaboración de la Ley Marco, las organizaciones  indígenas pedían que este mínimo de población fuera de 1000 personas, pero fue establecido en 5000 con el argumento  de Romero de que con menos, no habría viabilidad para impulsar proyectos con los recursos  distribuidos,  en un cálculo de recursos per cápita correspondientes. También se estableció que la conformación de la autonomía, así como del Estatuto o carta debería ser aprobada por referendo de la población (Artículo 294), y no por procedimientos propios, como estaba establecido en el Artículo 291 de Oruro.

Otro golpe para los indígenas fue la eliminación de la posibilidad de que poblaciones minoritarias de un municipio (y que no conforman un territorio indígena) accedan a la autonomía.  Esto traía problemas especialmente en las tierras bajas, donde grupos indígenas conviven con colonizadores o población mestiza. Los chiquitanos, por ejemplo, se sitúan territorialmente en islas que en algunos de los municipios donde se sitúan administrativamente,  no tendrían forma de acceder a la autonomía por consulta a la población.[62]  Ya antes de octubre de 2008, el proyecto de autonomía indígena adoptado por el MAS no era exactamente  el que las organizaciones indígenas hubiesen querido. El presidente había definido que no habría modificaciones de límites departamentales. La autonomía indígena tendría igual jerarquía que los otros niveles (de manera análoga a la jurisdicción indígena de justicia en el sistema judicial) pero subordinada por las competencias que se le asignaban. No habría reterritorialización, aunque sí se incluirían las regiones  que en un futuro podrían  contribuir para eso.

Y al lado de la definición más declarativa y otra más técnica de las autonomías indígenas, queda mencionar una tercera forma de autonomía,  vinculada a cómo de hecho se empiezan a construir gobiernos  indígenas  y campesinos autónomos en los territorios que acceden a esa condición (cf. Colque [2009] y Fundación Tierra [2009 a y b]). El punto  de partida para  las autonomías indígenas había sido dado por la ley electoral transitoria de abril de 2009, que llamaba a referendo en los municipios con mayoría indígena que quisieran optar por transformarse en entidades autonómicas.  Al volverse autónomos, estos municipios podrían acceder a nuevas competencias  establecidas por la Constitución  y no presentes para las autonomías municipales, establecidas en Bolivia desde 1996.

En esa oportunidad,  sólo 19 municipios presentaron  los trámites, de los cuales sólo doce cumplieron  los requisitos legales para que en diciembre de 2009 se realice la votación.  En 11 de ellos ganó  el Sí por la autonomía, con más de 200 mil votantes en total.[63] Los indígenas que quisieran optar por la autonomía pero no fueran mayoría en sus municipios, podrían hacerlo una vez aprobada  la Ley Marco de Autonomías, a partir de Territorios Indígenas Originarios Campesinos (los antiguos tco), o constituyéndose en territorio para después buscar realizar los trámites  que los conviertan  en autonómicos. Según datos de Xavier Albó, producto de sus consultorías como asesor del Ministerio de Autonomías (Albó y Romero [2009]), 187 municipios de los 330 que hay en Bolivia tienen mayoría indígena originaria campesina y además mantienen  la lengua, sólo 3 de ellos en Oriente. Pero sin considerar la variante lingüística, son 226 los que cuentan con mayoría reconocida como indígena (con más de 80% de su población en la mayor parte de los casos), incluyendo 16 municipios de tierras bajas.

Luego de aprobada la Constitución, se realizaron eventos entre organizaciones y comunidades para poner en marcha  el nuevo proceso.[64] Algunos municipios y territorios que no se sumaron  al primer contingente de municipios convertidos a autónomos,  comenzaron  el proceso autonómico  apuntando a sumarse más adelante. Uno de ellos fue Raqaypampa, en el valle cochabambino, donde hubo en el pasado importantes luchas por la autonomía  vinculadas a la defensa  de la educación bilingüe (cf. Regalsky [2003]). La central sindical regional  de campesinos elaboró un proyecto de Estatuto Autonómico (Raqaypampa [2009]), que es la tarea a la que también se abocarían  los municipios transformados en entidades autonómicas. El proyecto propone que “Los estatutos son la norma escrita básica de la autonomía  indígena  de Raqaypampa y tienen el mismo rango que las normas y procedimientos  propios  establecidos por nuestra tradición oral vigente en la vida  de nuestras comunidades y se subordinan únicamente a la Constitución Política del Estado”.

En la fundamentación inicial del proyecto también  se lee: “El estado plurinacional será una realidad cuando el pueblo ejerza su soberanía en forma directa sobre todos los aspectos  de la vida y sobre todos los rincones de su espacio vital. […] La propuesta de estatutos para la autonomía  indígena  de Raqaypampa no está aún cerrada, ni nunca lo va a estar. No sólo porque las comunidades de Raqaypampa aún están discutiendo su contenido, sino fundamentalmente porque la comunidad indígena no se rinde ante ningún texto escrito como la verdad fundamental.  La verdad fundamental es la de la vida,  y ningún texto escrito está por encima de la vida. El ejercicio de la soberanía del pueblo, y sobre todo en el caso de los pueblos indígenas pre-existentes a la colonia y a la república,  no se rinde ante ningún texto sagrado, lo sagrado es la voluntad soberana del pueblo.  Lo que define  la realidad de un texto escrito es cuando el pueblo  se pone en marcha y lo pone en práctica”.

En el Power Point preparado  por Eliane Capobianco para la campaña por el No a la Constitución,  se citaban algunos artículos vinculados con la autonomía indígena, que la asustaban. La ex constituyente hablaba de “falsos pueblos indígenas”, y pensaba que era el departamento y no la Asamblea Legislativa Plurinacional la instancia  que debería  intervenir en caso de temas de límites entre municipios y su agregación para conformar regiones indígena originario campesinas  (Artículo 295, sobre las regiones indígenas autónomas). Le preocupaba que la decisión  de constituir una autonomía indígena originario campesina fuera “de acuerdo a las normas y procedimientos de consulta propia”, aunque para la transformación  de municipios se hubiera agregado en octubre el requisito de que la consulta  fuera por referendo. También le parecía vago el término  “población   afectada” a la hora de hablar de “derecho de consulta a la población  afectada por explotación de recursos naturales”.[65]

4.3. La justicia comunitaria y el Estado

Según  datos del Ministerio de Justicia, que en 1999 presentó un extenso estudio y propuesta normativa auspiciada por el Banco Mundial, este modo de justicia afecta a dos millones y medio de personas  (calculado sobre un total de 8 millones) y a 10 mil comunidades. Trata generalmente de peleas y riñas, separaciones, deudas, calumnias, robo, conflictos por tierras o daños causados por animales, entre otros, aunque en algunos casos llega al linchamiento  o torturas por delitos más graves, en situaciones que exceden la Justicia Comunitaria según sus defensores pero que la caracterizan, para sus críticos.[66]

Carlos Alarcón (2009), analista siempre consultado por la prensa,  que fuera vice ministro de Justicia en el Gobierno provisional que antecedió a la llegada de Evo Morales y que también participó de la Asamblea Constituyente como experto consultado  en la fase  de comisiones por el MAS –en la Comisión Estructura del Estado– escribía en una columna de opinión de La Razón, a propósito de un controversial caso de justicia comunitaria en que una asamblea decidía expulsar de la comunidad y ocupar  la vivienda del ex vicepresidente aymara Víctor Hugo Cárdenas, con los argumentos de incumplir las tareas comunitarias, no haber dado nada al municipio cuando estuvo en el poder,  y hacer campaña por el No para el referendo aprobatorio de la Constitución.

El analista escribía:  “Existe un dilema  existencial en la sociedad boliviana: organizarse como Estado de Derecho con ley y justicia… o constituirse como conjunto de tribus en que cada grupo administra  la violencia  por cuenta propia, usurpa la autoridad pública del Estado y se transforma en legislador, juez, verdugo con  las reglas que  se le dé la gana”. Carlos Alarcón reclamaba  “Estado de Derecho, ya!” y evaluaba que “en Bolivia estamos acostumbrándonos a una situación en que en determinados lugares del territorio nacional el Estado no ejerce autoridad… la expropiación, justicia comunitaria  y asambleas populares se convierten en pretextos inaceptables para cubrir delitos graves contra las personas y violaciones a los derechos  humanos”.

La Justicia Comunitaria,  o “jurisdicción indígena  originaria campesina”, era el  gran proyecto  del indianismo katarista  en la  Asamblea y llevaba a la constituyente el tema  de la relación entre comunidad  y Estado. Era el capítulo constitucional donde  se hacía más concreto  el tema de cómo un Estado Plurinacional incorporaría  otras formas  no liberales sin asimilación, subordinación o reducción a una expresión  local. Por otra parte,  la justicia  del ayllu es uno de los espacios  donde de manera más clara y fuerte lo comunitario  muestra  su vigencia. Era un tema que trascendía también lo folklórico  cultural y exigía a los constituyentes un reconocimiento de su entidad política. Sería también  uno de los temas donde el carácter ambiguo, indefinido y abierto de la Constitución quedaría expuesto. Y más allá del reconocimiento constitucional,  el tema de la existencia de una jurisdicción indígena con poder judicial sin lugar a dudas se trasladaría a tribunales y cortes, ámbitos  legislativos y políticos, Ministerios y la opinión pública  general, donde  los corrientes casos de justicia comunitaria seguirían siendo motivo de polémica.

La Justicia Indígena Originaria Campesina era tema ineludible para las críticas al Estado Plurinacional provenientes desde el sector mestizo liberal. Para ellos, se trataba de desafíos a la soberanía  del Estado que debía basarse en el monopolio del control judicial, como expresaba Alarcón. Para otros era preciso  avanzar con el pluralismo o incluso “indianizar” Bolivia, reconociendo el carácter mayoritario de la población indígena. Toda la justicia  debería ser comunitaria, según algunas miradas  críticas; y otros hablaban de una justicia dual. En el debate boliviano,  la defensa de la Justicia Comunitaria  comienza con la referencia  a Will Kymlicka (1996). Sus trabajos fundamentan  la compatibilidad de los derechos  colectivos y culturales con el liberalismo  y avanza  hasta la propuesta  de superar  los marcos republicanos  del Estado nación  moderno. En este último sentido, Raúl Prada (2008) escribe sobre cómo la forma  ayllu “contra estatal” resiste en lucha contra los reiterados  intentos de control y reducción por  parte  del Estado  (primero Incaico, luego español y después republicano).[67]

Junto a la reforma  constitucional de 1994, en un proceso de reformas multi-culturales protagonizado por Víctor Hugo Cárdenas, como presidente del Congreso, se inicia una incorporación de la temática indígena en la legislación,  desde el punto  de vista de un Estado que pasa a ser reconocido desde ese año, en su Constitución, como pluricultural y multiétnico. La reforma constitucional incluía la Justicia Comunitaria,  las Tierras Comunitarias  (aunque  no los “territorios”), la Educación  Bilingüe,  y otras reformas  como la del  código penal que pasó a reconocer la Justicia Comunitaria.  La forma en que esta justicia era incluida es la del reconocimiento  que mantiene subordinación respecto la justicia “ordinaria”. Y en ese marco,  Carlos Alarcón propuso en 2005 una reforma que convertiría  las autoridades indígenas  en “conciliadores comunitarios”  dependientes  del Vice-ministerio de Justicia que él dirigía.  En esa línea de inclusión estatal controlada de lo indígena,  la Corte Suprema había propuesto en 2004 que las autoridades originarias fueran transformadas en jueces de paz.

Una versión diferente para esta misma inclusión y reconocimiento de las prácticas jurídicas de las comunidades  surgió en 2007, como parte del proceso constituyente en el informe  en la Comisión de Justicia en la Asamblea  Constituyente.[68]  En el proyecto  de Constitución del MAS las decisiones  de la justicia tendrían “carácter definitivo”  y “competencia plena” sobre cualquier persona que viole normas jurídicas propias, aunque no sea miembro de la comunidad;  y también en conflictos inter-comunitarios. Un órgano de “Control Constitucional Mixto Intercultural” revisaría las decisiones que vulneren derechos fundamentales de la Constitución.[69]

En el proyecto  de informe de la  oposición en la  misma  Comisión de la Asamblea (presentada por los constituyentes  de podemos y mnr) la Justicia Comunitaria  sólo podría ser aplicada a los miembros de la comunidad,  y sólo para los casos  de comunidades con unidad de etnia, idioma, etc., en un territorio ancestralmente heredado.  De este modo limitaban  las interpretaciones  al proyecto de la mayoría por el cual podría  haber Justicia Comunitaria  inclusive en las comunidades de migrantes, más recientes, y hasta en las ciudades.  En este proyecto, además, el control de jurisdicción y constitucionalidad estaría en manos de un Tribunal Constitucional no mixto. Y se agregaba que las autoridades  de las comunidades deberían ser registradas en la Justicia Ordinaria  donde  también deberían  hacer informes  anuales de sus actividades. Para un constituyente del mnr, “legislar la Justicia comunitaria sin base legal es volver a la barbarie”. Decía que no hay normas  ni datos fidedignos,  y que en los Estados civilizados no puede haber crimen  si antes no hay ley. Mencionaba las torturas y la pena de muerte, en lo que calificaba de derecho feudal.

La protagonista del debate  sobre Justicia comunitaria  en la Asamblea fue Jimena Leonardo, siempre de pollera, sombrero y manta, que estaba participando de la redacción  de la Constitución  junto a abogados de la ciudad  y a campesinos quechuas de los valles. Ella presidía la Subcomisión de Justicia Comunitaria,  a la que no asistió ningún miembro de la oposición.  Ella quería  que sea reconocida la justicia  de sus abuelos, de un tiempo en que no había rateros, como ahora con la Justicia Ordinaria.  Y aclaraba que los linchamientos quedaban al margen de la Comunitaria, al contrario  de como la oposición “quiere hacer ver”. Para la oposición, Justicia Comunitaria era sinónimo de linchamientos.  Entrevisté a Jimena después de aprobada  la Constitución, ya como ejecutiva de la de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz, y me explicaba que la Justicia Comunitaria “no es un objeto que pueda ensamblarse con la otra. Es otra lógica, colectiva y no individualista ni del lucro. No traída de afuera. La otra es de afuera y por eso aunque le pongan dinero va a fracasar. La otra va a morir”, decía. Y afirmaba “si Bolivia es diversa haremos un Estado diverso”.

El tema había sido discutido en la bancada  del mas, en aquellas reuniones de la Casa Argandoña  donde  los constituyentes revisaban  los artículos de las comisiones. Por la Comisión de Justicia hacían una presentación Rebeca Delgado, ex jueza, y Jimena Leonardo. Contaban que habían recibido 400 propuestas y que estaban preparando  un informe de Comisión donde  el monismo jurídico se dejaría atrás. También presentaban  datos en un cuadro comparativo  entre las dos justicias. La Justicia Ordinaria  tenía sólo 900 jueces con 1200 empleados en el país, y de 327 municipios sólo en 130 había sistema de justicia ordinaria. Rebeca explicaba que la Justicia Comunitaria  no sería solamente “para el campo, como ahora”, sino que también  tendría un lugar en el Tribunal  Constitucional, que sería de composición mixta intercultural. Los miembros deben saber por lo menos una lengua originaria, explicaba. Cuando un tema no se resolviera en la Corte Intercultural, sólo le quedaría pasar a la Corte Internacional.  No estaría subordinada a la justicia ordinaria.  Rebeca pedía que la justicia Comunitaria  no esté en el patio de atrás y tenga la misma jerarquía. Actualmente, decía, la justicia Comunitaria  está criminalizada.  Y explicaba los linchamientos como exabruptos que ocurren cuando no llega la Policía, principalmente en lugares periurbanos.

Cuando Jimena se dirigió  al escenario  del auditorio donde  se realizaba la reunión,  alguien la silbó a modo de piropo, y ella retó “no me silben, a las llamas se silba”. Jimena explicaba que con los abuelos no había rateros pero ahora, con justicia ordinaria, sí. Nomás como mala hierba debe ser, arrancada de raíz, expresaba. Insistía en que asesinato no era Justicia Comunitaria.  Y pensaba que pueblos minoritarios como los Araona,  con 101 habitantes, en vulnerabilidad, también tenían que poder tener justicia comunitaria  para resolver sus conflictos. Sus compañeros le preguntaban  si solo iba a sancionar a los indígenas,  y contestó “A todos, a los k´aras también”.  Explicaba que una de sus ventajas era que era gratuita, “rompería nuestra lógica si cobrásemos, sólo pueden  comprar escritorios, etc.”. Otro argumento  a favor de Justicia Comunitaria  era la tardanza de la justicia ordinaria.  Y definía a las dos justicias como articuladas, y no paralelas. Decía que se debía incluir el pluralismo  contra el Estado Colonial, para recuperar  la soberanía popular. Cuando hay problema en una comunidad la Justicia boliviana  contrata un antropólogo  extranjero de asesor jurídico y eso viola la ley, graficaba.[70]

En el debate de los constituyentes del mas, volvemos  a encontrar la multiplici-dad de miradas  políticas que convivían en el marco de un mismo proyecto político. Otro constituyente desconfiaba de la lectura étnica de la realidad, y pensaba que la justicia debía  ser igual para todos, y que sería negativo que hubiera dos sistemas. ¿Cómo haremos para hacer llegar la Justicia  a El Alto?, era su cuestión. Y evalua-ba que el problema  era que ahí no había ni justicia comunitaria ni ordinaria. Le preocupaban los pobres de la ciudad, que pensaba no estarían contemplados en el pluralismo jurídico y serían discriminados. Hubo también una propuesta de que si en determinado tiempo la ordinaria  no resolvía, que pasase a la comunitaria. Otro constituyente pensaba que el castigo debería  ser trabajar en las comunida-des y no la cárcel donde  se hacen dólares o planifican robos. Walter Gutiérrez recordaba que Evo Morales había dicho que los indígenas  eran la reserva moral de América, y que por tanto había  que llevar la justicia comunitaria  del campo a la ciudad.  De la Comisión de Justicia, Víctor Borda decía que se aplicaría en el campo o en la ciudad,  siempre y cuando hubiera usos y costumbres y una cultura. No puede haber Estado plurinacional sin pluralismo jurídico, decía. Y pensaba que no se estaba creando  algo nuevo  sino leyendo  la realidad. Estaba de acuerdo, sin embargo, en que debían incluirse principios  como no matar y no humillar, válidos para todas las culturas.

Fátima  Tardío era la secretaria técnica de la Comisión de Justicia hasta que estalló el conflicto de la capitalía.  Como sucrense,  había  sentido la distancia que de un día para otro apareció  entre el MAS y muchos de sus aliados de la ciudad. Con un esquema en un papel, dibujaba dos cuadrados representando a las dos justicias,  conectados  con la instancia  máxima del  Tribunal  Constitucional  In- tercultural. Me explicaba que se adoptaría un modelo en el que los dos sistemas serían paralelos, aunque  en la práctica la Justicia Comunitaria  ocuparía  el lugar de un juez de instrucción, de nivel local, lo que no significaba sin embargo que fuera un juez sin poder. Otro modelo inicialmente propuesto  pero que había sido descartado otorgaba a la Justicia Comunitaria  distintas instancias de deci-sión correspondientes al ayllu, las marcas,  los suyus y en cuarto lugar el Tribunal Constitucional, me comentaba.[71]

La ong norteamericana Human Rights Foundation (hrf), con actuación en América Latina, presentó un informe en 2008 sobre Justicia Comunitaria que puede ser citado como caso extremo de las propuestas  que limitan y subordinan el derecho  de las comunidades. En este informe se recomendaba que los pueblos indígenas  pudieran  tener libertad para decidir en qué sistema de justicia ser juzgados; también que no debería  ser necesario  recurrir al Tribunal Constitucional para resolver conflictos de competencia y que, antes bien, todas las sentencias  de tribunales de justicia comunitaria  deberían  ser revisadas o poder ser apeladas ante autoridades del sistema  jurídico ordinario.  Para la hrf la Justicia  Comunitaria es justicia en propias manos y por tanto ilegal,  tal cual concluye en su informe.[72]

4.4. Justicia indígena en la nueva Constitución

El consenso  dentro del MAS y que luego fue refrendado por otros partidos para transformar la propuesta  en texto constitucional, fue más bien el del reconocimiento de la Justicia Comunitaria  como instancia  local de resolución de problemas menores. La consideración de los límites entre dos sistemas coexistentes con autonomía, permiten pensar en un conflicto real entre formas  políticas diferentes y que pueden graficarse en el encuentro de la oralidad y la escritura, y todo lo que el pasaje de una a otra no alcanza a contemplar. En la Nueva Constitución, la justicia comunitaria es incorporada como “Jurisdicción Indígena Originaria Campesina” (e Indígena “Originario” Campesina, algunas veces), que de ese modo se incluye no como otra justicia,  sino como posible  jurisdicción  local y comunitaria de la justicia ordinaria del Estado.

De esta forma la justicia indígena  queda protegida por la Constitución, al mismo tiempo que se limitan algunas aspiraciones propuestas por las organizaciones indígenas y por Jimena, en la Comisión. Pero no totalmente. Como veremos,  la Justicia Indígena es otro ejemplo de un texto constitucional abierto y ambiguo. En el primer Artículo de la Constitución se declara al Estado como Plurinacional y que Bolivia se funda en el pluralismo  jurídico  (junto al político,  económico,cultural y lingüístico);  en el segundo Artículo se reconoce a las “naciones y pueblos indígena originario campesinos” el derecho  a la libre determinación,  la autonomía, el autogobierno, y al reconocimiento de las instituciones. Más adelante en la Constitución Bolivia adopta para su gobierno  la forma democrática participativa, representativa y comunitaria (art. 11); entre los derechos de las naciones y pueblos se incluye el de que sus instituciones sean parte de la estructura general  del Estado y el derecho  al ejercicio  de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión (art. 30.ii.14).

Un capítulo especial, del título correspondiente al órgano  judicial del nuevo Estado se ocupa de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina. En las disposiciones generales sobre la estructura y organización del órgano judicial se declara nuevamente el principio del pluralismo jurídico (art. 178), que la función judicial es única, y que “la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía”  (art. 179). Esta última definición es quizás  la más importante declaración a favor de la justicia indígena.  Es, además, el mayor reconocimiento a una justicia no estatal en el marco de una Constitución. En el proyecto de Constitución aprobado  por la Asamblea Constituyente en Oruro en diciembre de 2007, ya había recortes respecto del informe  salido de la Comisión de Justicia. A continuación mencionaremos  sin embargo los cambios finales que tuvieron lugar en el Congreso  Nacional, ratificados por la población a inicios de 2009.

Junto a la defensa  de la jurisdicción  indígena,   vemos en el texto también recortes en sus competencias y alcances. En octubre de 2008, especialmente dos de los tres artículos correspondientes a la justicia  indígena fueron modificados (ver tabla). En el primero, además del respeto al “derecho  a la vida”  ya presente en la versión  de la Constitución aprobada  por el MAS en diciembre de 2007, se agregó el “derecho a la defensa”.  En el segundo  Artículo se eliminó  la frase que decía: “La jurisdicción indígena originaria campesina conocerá todo tipo de rela-ciones jurídicas” cambiándola por la de que “Esta jurisdicción conoce  los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido  en una Ley de Deslinde Jurisdiccional”, en el art. 191 de la Nueva  Constitución, derivando así a una futura ley la definición  de sus alcances.[73]

Tabla comparativa de modificaciones de octubre de 2008 en el Congreso al capítulo sobre Jurisdicción Indígena Originaria Campesina. La columna de la izquierda representa la versión aprobada en 2007 y la de la derecha es el texto constitucional vigente desde febrero de 2009.

Los cambios aparecen subrayados [74]

En la Constitución aprobada  por el MAS y aliados en diciembre de 2007 ya había sido eliminada la propuesta de un tribunal mixto plurinacional que regulara ambas justicias. Dentro  del MAS también había dudas sobre los alcances  que debería  tener la Justicia Comunitaria  y además el texto había sido elaborando para  intentar un consenso con sectores de la oposición que contribuyeran en la búsqueda de dos tercios. En la corrección final, sin embargo, hubo modificaciones en los tribunales superiores  que afectaron la fuerza  de la justicia  indígena. Para candidatearse a la magistratura  del Tribunal  Constitucional Plurinacional se requeriría inicialmente que “Los postulantes que provengan del sistema ordinario deberán poseer título de abogado y haber desempeñado con honestidad y ética funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria durante ocho años y no contar con sanción de destitución del Control Administrativo Disciplinario de Justicia”. A los postulantes del sistema  indígena  originario campesino sólo se requería “haber ejercido  la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia”. Según Carlos Romero, “En el diálogo parlamentario se consideró que no era necesario el requisito expreso de la paridad,  puesto  que no se trata de una representación por cuotas, sin desconocer  la garantía de la presencia de ambos sistemas”.[75]

 Más allá de su composición, con las modificaciones es posible que las funciones del Tribunal  Constitucional Plurinacional,  tal cual fueron  definidas,  afecten el carácter vinculante de las decisiones  de la jurisdicción  indígena.  De hecho, este tribunal tiene como atribuciones,  la de conocer y resolver “Las consultas de las autoridades indígenas  originario campesinas sobre la aplicación  de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto” sobre  las cuales “La decisión del Tribunal Constitucional es obligatoria”  (art. 202.8). Y también le competen “Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena  originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental”  (art. 202.11). En el Artículo 203 se agrega que “Las decisiones y sentencias  del Tribunal  Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario  ulterior alguno”.[76]

 Otros párrafos de la Nueva Constitución,  relativos al nuevo  órgano  judicial y no necesariamente  al capítulo de la justicia indígena,  incluyen elementos  que fortalecen   la idea de una Constitución abierta que posterga  la definición  de jerarquía entre ambas justicias. En el Artículo 115, por ejemplo, se declara que “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, y que “El Estado garantiza el derecho al debido  proceso,  a la defensa  y a una justicia plural”, reconociendo el pluralismo  pero remitiendo a los términos  de la justicia ordinaria.  Se trata de un encuentro  entre distintas ideas  de justicia en la Asamblea  Constituyente. Y la demanda  de fortalecimiento y reconocimiento de la autonomía  de la justicia indígena no sólo tenía por adversarios a los mestizos  o blancos conservadores o liberales de la oposición, sino a la izquierda moderna  que buscaba un sistema más justo  en el  marco  de un Estado más fuerte  y presente,  sin compartir  la reivindicación  del movimiento indígena de jerarquización de sus instituciones respecto del sistema  englobante del Estado nacional. En este sentido  la Constitución incorporaba innovaciones en el sistema  judicial que no tenían que ver con la jurisdicción  indígena.[77]

El producto  final constitucionalizado  es ambivalente. La jurisdicción indígena, a pesar de los cortes, está defendida y reconocida. Los análisis en el mundo político  boliviano  parecen  considerar esta  inclusión  o bien como traición  al movimiento indígena, o bien como demasiados derechos que ponen en riesgo el Estado de Derecho.  Para mí, el balance debe ser intermedio en una Constitución con ambigüedad y contradicciones que posterga  al análisis de casos concretos en los tribunales, y a la elaboración  de las leyes, la definición  de la relación  entre la justicia indígena  y el resto del sistema  jurídico estatal. De hecho,  el Artículo 304 establece como competencia  exclusiva de las autonomías  territoriales indígenas el “Ejercicio  de la jurisdicción indígena  originaria campesina para la aplicación de justicia y resolución  de conflictos a través de normas y procedimientos propios de acuerdo a la Constitución  y la ley”.

La Constitución ya pone el nombre de “Ley de Deslinde Jurisdiccional”, a la que deberá en realidad,  definir la real jerarquía  de esta justicia en relación a la “ordinaria”,  o bien mantener espacios abiertos para que sea en la vida jurídica cotidiana donde ésta relación continúe a ser desarrollada. La definición de la jerarquía de la jurisdicción indígena,  así, queda  afuera de la Constitución,  aunque lo que diga el texto puede ser una herramienta importante para la misma (ver investigación coordinada por Rodríguez  Veltzé y Rojas Tudela sobre pluralismo, análisis y propuestas de Ley de Deslinde, vv.aa. 2010).[78]

En muchos casos, así, la construcción  de un nuevo tipo de Estado con garantías para el pluralismo,  se basaba en lo no escrito, en lo confuso  o en lo que por ambiguo e indefinido se deriva para ser definido más adelante, en el curso de la vida política y social. Sostendré así que a pesar de las soluciones  estatales estándar para problemas de jurisdicción, presentadas por las voces  que defienden la universalidad de un monismo jurídico que llevaría a unificar el sistema  de impartición de justicia bajo  el control del Estado y los juzgados  de la jurisdicción ordinaria, en Bolivia se busca una respuesta original al problema de la convivencia de sistemas  jurídicos.  Con  el mismo modelo, encontramos un resultado semejante para la convivencia  de lenguas  oficiales, distintas economías y también  distintos niveles  territoriales en la nueva  estructura del Estado boliviano.

En la difícil tarea de preservar el autogobierno  y no dar lugar a que se acuse a la Justicia Comunitaria  de prácticas ilegales, el viceministro de Justicia Indígena Originaria y Campesina –Valentín Ticona– explicaba al periódico La Prensa (Ticona [2009]), poco después de ser aprobado por la población en referendo  el nuevo orden constitucional, que aún estaba en discusión si se prohibiría la aplicación de pena de destierro, que no se permitirían  algunos castigos físicos habituales pero que el objetivo  general era no imponer las penas desde  el Estado y dar lugar a los procedimientos propios. Lo que está en juego es hasta dónde y de que forma el Estado reglamenta  la justicia no estatal. La pena de muerte, sin embargo, sí se prohibiría en la reglamentación  de la jurisdicción indígena,  considerándola tergiversación de la misma. En ese tema no hay concesiones y no es la comunidad de forma autónoma  la que prohíbe con sus propios mecanismos la pena capital, sino el Estado como garante del orden constitucional.

Lo que parece ser clave en la disputa  política  que se vivió en la Asamblea Constituyente y continuaría en las discusiones  del MAS para su reglamentación es el límite con que se piensa  la Justicia Comunitaria y cómo –una vez definida– se articula con  la justicia  estatal ordinaria. El grado de autonomía de la autonomía indígena, reconocida por la Constitución,  es lo que parece  estar en juego cuando vemos, de un lado, una Justicia Comunitaria  escandalosa, no domesticada, incierta, y que por esas características tiene una naturaleza incompatible con el Estado. Y del otro lado; una Justicia no peligrosa que se incorpora sin conflicto en las instituciones del Estado republicano  que antes no la reconocía,  pero que necesariamente se incorpora a partir de una subordinación de la Justicia  Indígena al control  estatal que horada la fuerza de su libre determinación.

En cualquier caso, sin embargo, vemos que aunque minimizada a casos menores  la Justicia Comunitaria mantiene –por su carácter asambleario y no escrito– algo de indefinición. Es ese elemento, no totalmente ausente en cualquier forma de justicia, el que parece preservar de algún modo la autonomía de la comunidad, y que en el caso Boliviano fue permitido gracias a una definición abierta de la relación con el resto del sistema  de justicia. No hay otro tema  de la Constitución donde el papel estratégico de esa apertura esté más claro.[79]

5. La parcialidad liberal mestiza conservadora

Entre las voces  de oposición  al MAS en la Asamblea,  las que venían de la Media Luna no tenían un “proyecto  alternativo” de país, sino más bien el objetivo  de defender intereses regionales y empresariales, y una posición respecto a la autonomía definida como “siempre algo más de lo que sea ofrecido por el mas”, al punto de protagonizar un modo de negociar en el que –según  las denuncias  del MAS y también de observadores de partidos de oposición como Richter y Doria

Molina, como vimos– el objetivo  era el intento  de trabar las conversaciones  y evitar los puntos de encuentro. podemos durante  la Asamblea buscaba evitar la construcción de un centro. Funcionaba  entonces como oposición  política concentrada en un bastión, con suficiente fuerza para imponer modificaciones que la beneficiaran  pero no con la voluntad ni la fuerza  para alterar el curso general del proyecto impulsado  por el mas, como quedó comprobado en 2008.

Pero un sector político-ideológico,  al que la Media Luna se había aliado en la conformación  de podemos, y que derivaba de partidos políticos que habían protagonizado  la vida nacional en la últimas décadas,  sí tenía un proyecto alternativo más allá del regionalismo y los intereses particulares de empresarios beneficiados en el pasado  con la cercanía del poder.  Eran grupos  liberales, conservadores,  nacionalistas críticos de la presencia  del factor étnico en la política o incluso sectores moderados  de la oposición,  que tenían un modelo  claro para defender: el anterior sistema político y económico que el MAS buscaba modificar. A diferencia  de Oriente, el problema de estos sectores era que carecían de la fuerza de los autonomistas para imponer condiciones  al mas, o aspirar a imponerse en elecciones. En la Asamblea  eran sectores del mnr y un (integrado por ex participantes del mir de Paz Zamora, presidente a inicios de los ‘90), en el periodo 2006-2009 fuerzas políticas minoritarias  en el Congreso   y la Asamblea, que a pesar del pequeño número de representantes aspiraban  a ubicarse como tercera posición  entre el MAS y la Media  Luna.

Fue este espacio político  el que se acercó al centro –aunque  no concretó  el acercamiento hasta octubre de 2008– y posibilitó  al MAS aprobar la convocatoria al referendo  constitucional, no sin antes revisar la Constitución e introducir sus modificaciones. Sin una agenda propia como Oriente, incluso constituyentes de podemos (como los parlamentarios  Böhrt y Ruiz que contribuyeron al acuerdo) veían  la coyuntura  política de una forma  que los inclinaba a negociar con el mas, tal vez midiendo que la necesidad  de dos tercios por parte del MAS les otorgaba una oportunidad única para tener voz en la redacción  de la Nueva Constitución.

Más allá de la fuerza política institucional, yo asocio  a estos sectores políticos con un imaginario mestizo muy importante en las ciudades capitales de Bolivia. Se trata de la llamada clase media, o los profesionales, aunque puede tratarse de hijos y nietos de quechua y aymara con título universitario; o bien blancos sin título, o cualquier  otra combinación que sea así presentable en determinado  contexto. Aunque la elite sea en gran medida de tez blanca, especialmente  en Santa Cruz, la presencia  de rasgos andinos es evidente, dando lugar a que antes que “blancos”, la “clase  media” sociológicamente privilegiada se considera “mestizos”, como el modo en que la “clase  media” se identifica y que siempre me dio la impresión de ser un eufemismo para la pretendida  “clase no indígena”.  Estos “blancos de espíritu”, “profesionales”, o “clasemedieros”, partidarios de la “cultura universal” de tradición europea, incluso con componentes de izquierda, protagonizaban discusiones con los indígenas  también dentro  del mas.  Son los sectores  que hasta hoy integran de forma contundentemente mayoritaria la administración pública, las universidades y los restaurantes de las ciudades de Bolivia. Criticando la presencia  de esta vertiente política-ideológica,  que también se encontraba en el partido de Gobierno,  Silvia Lazarte declaró una vez que tenía “orgullo de no ser profesional”, como expresión de rechazo a este sector.[80]

Su situación de inferioridad numérica  en el contexto de la necesidad  de dos tercios para aprobación, permitió sobre el final de la redacción  del texto constitucional que el sector mestizo  y liberal, que a pesar de ser minoritario  tenía a su favor el conocimiento  del orden estatal vigente  y constituido, adquiriera una importante posibilidad de hacer escuchar su voz revisando la Constitución  de los indígenas originarios campesinos, por primera vez en la cabeza  del Estado. Esta revisión no aportaría elementos que no hubieran estado ya presentes en un texto que presentaba numerosas  continuidades con el pasado, y que incluso desde  la propuesta de la bancada oficialista había  dado lugar a las prudencias republicanas. Pero sin duda permitió fortalecer elementos característicos de esta mirada política y cultural, que en la versión  salida de la Asamblea  Constituyente había sentido algunas amputaciones,  y que con una formulación ambigua daba lugar a pensar o más bien proyectar otro tipo de Estado.

La oposición  al MAS insistía en que el proyecto  de Constitución excluía a las minorías mestizas. El Estatuto de Santa Cruz había incluido expresamente a los mestizos, y se difundía  la famosa  encuesta del pnud donde  la mayoría del país se había identificado de esa manera.  Como vimos, esto llevó a que se introdujera la categoría de “nación boliviana” en lugar de “pueblo boliviano”. La idea de pueblo, resonaba a “populismo” y a las masas comunitarias colectivas, no individualizadas.  Se excluía, en octubre de 2008, la frase del mismo Artículo 3 “la totalidad de las bolivianas  y los bolivianos pertenecientes a las áreas urbanas  de diferentes clases sociales”, para referirse solamente a los individuos bolivianos: “la nación  boliviana  está conformada por la totalidad de las bolivianas y bolivianos”, correctamente también introduciendo “la perspectiva de género”. En el proyecto  inicial del MAS el término “Nación” había sido excluido,  pero  en su lectura del acuerdo, Carlos Romero escribió que en realidad el proyecto aprobado  en la Asamblea presuponía la nacionalidad  boliviana  cuando hablaba de “bolivianos y bolivianas”. Era, para Romero, un miedo injustificado de la oposición, y por eso fue fácil reinsertar la categoría  sin prejuicios.

Otro reclamo de la oposición  en octubre era la reintroducción  del término “República”, que la oposición  exigía reponer en la caracterización   del tipo de Estado del Artículo 1, pero  fue introducida sólo en el número 11. Carlos Romero, en su análisis del acuerdo, explicaría que este no había sido un pedido difícil de contemplar, porque a pesar de que la oposición  hablaba  de “desaparición de la República”, de hecho  las instituciones que conforman  la misma como forma de gobierno que emerge en oposición a la monarquía,  habían sido respetadas. En el Artículo 11 de la Nueva Constitución, que define la forma de gobierno, se reemplazó “El Estado” por “La República de Bolivia” (cuadro anexo en Romero,  2009).

El Artículo también combina la forma democrática representativa, con la democracia participativa y la democracia comunitaria. Las tres formas de democracia, aquí, expresan las tres vertientes  principales en la redacción  de la Constitución: la liberal (representación),  la de la izquierda nacional (participación)  y la del indianismo  (comunitaria); siendo la democracia  la estructura básica  del centro.[81]

La República  también  fue incluida en varios artículos que refieren  al presidente, vicepresidente e incluso senadores  “de la república”.  Pero la inclusión  no fue completa. La oposición en el Congreso,  olvidó en octubre modificar  el preámbulo del texto, que incluye  un párrafo  con la siguiente definición: “Dejamos en el pasado  el Estado colonial, republicano  y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos”.

Y meses después, “moriría” la “República de Bolivia” cuando por decreto Evo Morales  diera lugar al “Estado  Plurinacional de Bolivia”, como nombre oficial. Desde  la oposición protestarían por el gasto que implicaría  modificar el nombre del país en innumerables  documentos oficiales. La muerte de la república  y el nacimiento  del Estado Plurinacional volverían a ser titular de la prensa  cuando en enero de 2010 asumieron  los nuevos representantes de la nueva Asamblea Plurinacional de Bolivia, que enterraba al Congreso  Nacional,  o Congreso de la República. Si en otras latitudes la república no es una forma política cuestionada o incluso es una forma progresista que mantiene el espíritu de revoluciones contra el absolutismo  y a favor de la libertad,  en Bolivia los campesinos e indígenas  la asocian a la colonia,  de igual modo que a la palabra  “liberalismo”.

En Bolivia, descolonizar es entonces también desrepublicanizar. Y también desde  el horizonte  socialista, la república se asocia al régimen burgués de gobierno, aunque también haya países que se identifican como república  socialista, o república bolivariana, como la Venezuela de Chávez. Aún en tiempos de la Asamblea, el Artículo primero de la Constitución introducía también  las distintas visiones: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario,  libre, independiente, soberano,  democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad  y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. Vimos que el modelo  pluralista buscaba sumar sin oponer. La realidad política, sin embargo, daba lugar a embates entre los distintos componentes  del carácter del Estado. Lo unitario estaba en tensión con lo autonómico  y descentralizado; lo Social de Derecho  virtualmente intentaría impugnar muchas de las consecuencias lógicas del Estado Plurinacional Comunitario. Por eso tenía sentido desarrollar una Constitución abierta que contemplaba a todos, antes que un texto con coherencia uniforme.

Con 411 artículos, la Constitución  boliviana  es clasificada como una Constitución larga. Esto sería una marca también en las otras reformas  de la región. Y eso parece ser también una consecuencia de su carácter abierto e indefinido, con la obligada  inclusión de diferentes lógicas políticas, no siempre en armonía. La Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, con una veintena de artículos, deja mucho para la legislación pero es más clara en su carácter republicano y liberal, aunque  quizás toda Constitución sea por su naturaleza en algún punto abierta e indefinida.  Por otra parte, su tamaño se debe a que incluye en sus artículos cuestiones que podrían  ser desarrolladas posteriormente en la legislación. Pero es el conflicto y la desconfianza  hacia instituciones republicanas  y el derecho  estatal, lo que probablemente haya llevado al constituyente  a explicitar en los artículos mucho de su voluntad. Este deseo  era confrontado con el mecanismo constitucional de “conforme a Ley”, o “de acuerdo con la Constitución y la ley” que era agregado a decenas de artículos. El exceso de desarrollo llevaba en muchos casos a cerrar discusiones y definir temas abiertos; pero llevaba también  al encuentro de lógicas distintas, en una lógica por la cual cuanto más se escribía más se abría la definición.

Muchas de las modificaciones de la última negociación  en el Congreso  podrían entenderse como conservadoras, en el sentido de que restauraban  el orden anterior. Algunas innovaciones que habían sobrevivido hasta el final de la Asamblea fueron finalmente  descartadas. En otros casos sólo era el disparo  final a elementos que ya habían  sido recortados desde Sucre.  Era el caso del “control social”, que inicialmente había sido pensado como un cuarto poder pero después disminuido por miedo de la oposición  y desinterés del oficialismo  que, en el poder, veía al Poder Ejecutivo como poder social. En numerosos cambios el control social era debilitado: por ejemplo, cuando se establecía que el Banco  Central “será controlado por el sistema de control gubernamental y fiscal del Estado”,  y no, como en la versión  de Oruro,  “controlado  en la forma dispuesta por esta Constitución y la ley”, que habilitaba  el control social si la ley así lo definiera  (art. 329).

Carlos Romero da cuenta de cómo el sentido  inicial del control social era más un fantasma que un verdadero  cuarto poder: “En realidad en el tema de control social no hubo muchos problemas. Varios capítulos observados  tenían demasiada carga ideológica. En este caso, se pensaba que era una estructura de suprapoder  constituido, que amenazaba todas  las actividades  económicas tanto públicas como privadas.  Ellos mismos se dieron cuenta de que no era así” (Entrevista para El Deber, 22 de octubre, 2008).[82] En la revisión  de octubre,  la oposición se había ocupado de agregar el requisito de “seguridad jurídica” como principio de la economía plural (art. 306) pero se quitaba  la posibilidad  de que las cooperativas  de servicios públicos estén sometidas a control social (art. 335). Aunque las principales preocupaciones de este sector político parecían  centrarse en lo institucional,  también defendieron el poder empresarial, al que toda forma republicana  está intrínsecamente ligada. En uno de los artículos, por ejemplo, se incorporó una salvaguarda por la cual el sector privado  puede intervenir en la cadena  productiva  de los recursos  naturales estratégicos, sea como empresas contratadas o como empresas mixtas;  lo que por otra parte iba totalmente en la dirección de la búsqueda de inversiones por parte del Gobierno.

También había caído el proyecto  de un parlamento  unicameral,  existente en Venezuela  desde  la Constituyente del 1999. Pero el golpe más fuerte de los interesados en mantener  el orden, identificados con la república  liberal, se dio en octubre con modificaciones tendientes a garantizar la continuidad  del sistema político, limitando entonces con mecanismos institucionales la fuerza política del voto a favor del mas. Romero escribe que “Dados  los intereses estratégicos en pugna, los temas que generaron  mayor  debate fueron los aspectos inherentes a la conformación y composición funcional del poder político del Estado” (2009: 22- 23). Esto incluía: reelección, estructura de la Asamblea Legislativa Plurinacional, integración  de los organismos  jurisdiccionales, sistema jurídico indígena originario campesino, integración de la Corte Electoral Plurinacional  y la aplicación  de la mayoría  absoluta de votos para la reforma  parcial de la CPE.

En los cambios de octubre vinculados con el poder político y su institucionalidad, se recuperó  el nombre de “Senado”, se volvió  al número anterior de congresistas,[83] y al sistema de circunscripciones departamentales (plurinominales, para  la mitad  de los diputados), cuando en Oruro se había definido que la Cámara de Diputados sería en su totalidad elegida  por voto de circunscripciones  locales (uninominales), dando poder al parlamentario  para que obtuviera votos antes que al partido  que  lo candidateó. También retornaron los suplentes, que desaparecían en el proyecto  del MAS en Oruro. En las modificaciones de octubre, se reintegró al presidente  del Senado  en la sucesión  constitucional (169); se excluyó  al Poder Judicial  de la revocatoria de mandato (240); y se limitó el poder  del control social evitando que participe en la toma de decisiones sobre políticas públicas (art 242). También se disminuyó la presencia obligatoria de indígenas en el nuevo Órgano Judicial.

Una de las modificaciones  buscaba frenar ese “poder social” del MAS en el Gobierno,  elevando los requisitos para reforma de la Constitución  y elección de algunas autoridades. Se buscaba  evitar la posibilidad  de un contra poder  que actúe como última instancia contra los órganos establecidos, donde la oposición perdía cada vez más espacio. La oposición quería mantener su poder de veto con la exigencia  de dos tercios, como vimos entre los principales puntos que frenaban las negociaciones de octubre. Se estableció entonces que la reforma de la Constitución no fuera por mayoría  simple  de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino por dos tercios. La Asamblea Constituyente podrá ser convocada por mayoría absoluta, pero también se agregó en octubre que el texto final debería aprobarse por dos tercios, aunque  “de los presentes”, además del referendo de la población, incluido por iniciativa del MAS (Artículo 411). En la elección  de la nueva  Asamblea en diciembre de 2009, sin embargo, el MAS obtendría los tan preciados  dos tercios, volviendo  fútiles estas modificaciones  para lo inmediato.[84]

Donde más se veía una disputa de poder entre sectores políticos en decadencia, sin ningún tipo de alternativa política,  fue en la disputa contra la reelección,  que logró limitar a Morales a dos mandatos y no tres, como habría sido si se dejaba de contar el mandato  iniciado en 2006, de acuerdo a la irretroactividad  de la ley, considerada para otras modificaciones  incluidas y común en casos de reforma total de la Constitución.  Como vimos, esta negociación vino acompañada de la discusión de plazo para las elecciones, porque  los parlamentarios de la oposición no estuvieron de acuerdo con que su mandato se redujera.  El acompañamiento de este reclamo de la oposición  por parte de congresistas del mas, les causó un fuerte reto de Evo Morales,  que les aseguró que ninguno de los presentes volvería a ser candidato al Congreso.  Evo Morales cumpliría  lo afirmado,  en una acción que muchos veían como negativa para la consolidación  de cuadros políticos formados en la tarea legislativa y en la formación del MAS como partido con cuadros dirigentes estables. La renovación de cargos desde las bases, sin embargo, es desde siempre la fuente social del poder  del mas.

Y a pesar  de la revisión de la Constitución aprobada  en Oruro por parte de la oposición,  nunca dejaba de ser un texto amenazante, discriminador de los mestizos, y con peligros  para el “Estado de Derecho”, en las críticas de los sectores políticos desplazados. Esto fue una marca del proceso, porque después de las modificaciones de octubre volvían los argumentos  con que las mismas habían sido fundamentadas. A veces daba la impresión de que modificaran  lo que modificaran,  el texto recibiría  las mismas críticas. Otras veces parecía  sin embargo, que realmente sí había  elementos  rupturistas que podrían dar lugar a un Estado diferente. Pero la posibilidad de ruptura con lo viejo, aparentemente no se encontraba en la letra de los artículos, una y otra vez revisados para complacer a la oposición. Tampoco se encontraba en las políticas adoptadas  por el Poder Ejecutivo. La posibilidad  del cambio se encontraba más allá de lo escrito  y de la Constitución y todo el proceso constituyente era sólo la cristalización de la fuerza social conseguida por indígenas y campesinos en los años anteriores, junto a la quiebra  del anterior sistema político. Si tenemos que encontrar dónde quedaron,  en la Nueva Constitución, los deseos  de cambio de las organizaciones  de base, deberemos concluir que es en los espacios  en blanco, en las indefiniciones,  los silencios y ambigüedades de lo constitucionalizado.

Quizás un texto constitucional tiene el poder  de ser lo que fuere, a pesar de lo que en él está escrito. O tal vez hay formas de escribir que permiten establecer y constituir una realidad diferente a lo que queda escrito, a partir del sentido otorgado a conceptos cuyo significado sólo puede ser definido políticamente. El MAS atendía a todas las preocupaciones de la oposición, porque su prioridad era alcanzar el referendo y ya habían afirmado muchos de sus voceros que sería desde el Gobierno  desde donde se continuaría con los cambios. Algo de esto percibió Jorge Lazarte, acérrimo  opositor del MAS procedente de la oposición letrada de La Paz, que en una columna de opinión  del diario La Razón poco antes del referendo afirmaba que el peligro  de la “Constitución del mas” estaba justamente en lo que  esta no decía.  Pero  la voz crítica no hablaba  de una Constitución negociada con la oposición  y seguía con el discurso  alarmista de los riesgos  del mas, que encontramos por ejemplo en la Editorial del diario  cochabambino  Los Tiempos (31 de octubre, 2008), cuando afirmaba que “Nos encontramos  ante una obra maestra de ingeniería  política mediante  la cual, sin decirlo de manera explícita, se constituye un cuarto poder del Estado”.[85]

 Quizás el elemento que despertaba más advertencias de peligros catastróficos era el referido  a los derechos  territoriales y políticos que se les otorgaba  a los pueblos y naciones indígenas campesinas. Después del acuerdo,  al respecto  Romero declaró al diario El Deber:  “Había mucho temor que se adquieran derechos colectivos desmesurados. La categoría ‘indígena originario campesino’ provocaba bastantes dudas.  Nos pedían que pongamos guiones o las desagreguemos.  En realidad  lo que estaban  tratando de mostrar era que temían que los derechos indígenas reconocidos a minorías en otros países,  se apliquen en Bolivia a mayorías. Entonces les dije que deberíamos balancear los equilibrios  en tres niveles: territorial,  cultural –sobre todo de justicia indígena–  y social. Cuando fuimos revisando los tópicos y delimitamos la justicia indígena  a ámbitos territoriales, se dieron cuenta de que había conceptos sobrecargados.  El trabajo técnico permitió absolver  las preocupaciones rápidamente” (22 de octubre, 2008).

A pesar de que parlamentarios de la oposición de indudable compromiso con el Estado  de Derecho  liberal habían  volcado sus inquietudes en la reforma  del texto, con cambios en 120 artículos, los fantasmas continuaron.  Los miedos no desaparecían, quizás porque iban más allá de lo modificable,  porque se trataba simplemente de un posicionamiento político opositor a como dé lugar o porque lo que  los asustaba  eran posibilidades  en el futuro desarrollo de elementos presentes en el texto como la autonomía  indígena  y el reconocimiento  de derechos políticos a los pueblos  indígenas, que dado el consenso  internacional en la materia,  la oposición quedaba sin argumentos para impugnar. Lo que restaba, para sectores liberales atemorizados  por la emergencia indígena, era simplemente lamentar que habían nacido en un país con mayoría indígena y con una supervivencia de modos de organización social comunitaria y no Estatal, que  ahora  entraban  en el Estado.

Una buena exposición de las críticas a la Constitución por parte de los mestizos liberales de La Paz es la de Fernando Molina (2009a), director del semanario de política Pulso. Plantea que las innovaciones  plurinacionales del texto son una ficción jurídica que no cuenta con instrumentos para cumplirse,  en lo que puede verse como inversión de la situación ocurrida con las constituciones de los primeros cincuenta años de la vida republicana, cuando se establecía el orden ahora criticado por los indígenas.  Se trataba, en el siglo xix, de principios republicanos pero con un régimen político “cesarista”, que para Molina remite a lo que Octavio Paz expresaba como “la hipocresía  leguleya que llevó a los pueblos americanos a copiar leyes que les permitían  sentirse civilizados, pero que ninguno estaba dispuesto a cumplir” (apud, op. cit.: 3). Para este autor, la Nueva  Constitución postularía la superación de la república,  sin realizarla. Creo  que hay una diferencia que no es menor entre un Gobierno aristocrático que niega derechos  al pueblo sin acceso al poder,  aunque  los reconozca  en la Constitución, y un Gobierno como el del MAS que busca ampliar  los derechos para las mayorías y también incluirlos en el texto. Pero mi principal  diferencia con los argumentos que reducen la plurinacionalidad a algo declarativo o incluso falso, como veremos en discusiones a considerar en el último capítulo, es que creo que es con ese tipo de significados abiertos y en ebullición que se hace la política. A pesar de reconocer  las dificultades de la implementación, y los retrocesos en el resultado final respecto  a las intensiones, creo que los cambios constitucionales tenían una fuerza política “real”, con potencial transformador y que de hecho algo ocurrió en Bolivia en estos años.

Para Molina,  la Constitución promulgada en 2009 lleva hacia  un extremo  la concepción de Bolivia como sociedad no homogénea y diversa (él dice también “no nacional y fragmentaria”) introducida ya desde las reformas constitucionales de 1995; y también vuelve a la matriz  de la economía estatizada con influencia nacionalista, socialista y anti liberal, que es para él hasta la actualidad  la principal “ideología boliviana”. La combinación de estas ideas, asociadas por mí a la izquierda  nacional (socialista y nacionalista) y al indianismo pluralista, dio lugar, para Molina,  al “carácter híbrido  e incluso contradictorio de la filosofía  de esta Constitución, que por un lado apunta a la centralización  y la acumulación  del poder, y por el otro ofrece garantías políticas y oportunidades de gobierno a un sinnúmero de entidades subnacionales,  en particular a los pueblos indígenas”. Sobre esa situación el autor vaticina que  las dos tendencias son incompatibles, por lo que en uno de los dos aspectos, necesariamente  iría a fracasar (:6). Mi investigación se centra en la redacción  de una Constitución y no en la evaluación  de las políticas del Gobierno y la situación económica del país. Pero siendo consecuentes con los principios  pluralistas que combinaron  elementos heterogéneos, no veo que por definición la autonomía indígena vaya a impedir el control de los recursos naturales, aunque pueda haber conflictos puntuales en este sentido. Es ahí donde la flexibilidad  del texto permite  encontrar soluciones originales y combinar sin oponer  tradiciones políticas o bagajes cosmológicos diferentes.

En sus críticas al texto, Molina  señala que la propiedad colectiva y la propiedad comunitaria  limitan la libertad económica y la propiedad  privada. También critica la determinación  de que el uso que se haga de la propiedad  no debe ser perjudicial al interés colectivo. Molina  ve el término “propiedad colectiva” como contradicción en los términos, y que el mandato de “redistribuir la riqueza” apunta a “disminuir  la propiedad  de unos para favorecer a los otros”, prediciendo  que muchos de los beneficios  sociales que se establecen (como creación de empleo), deberán hacerse necesariamente a costas de la propiedad “de alguien”. También considera que el incremento  de la propiedad  estatal, con la participación  en la industrialización y en el control de los recursos naturales, también irá en desmedro de la propiedad  privada (:13). Molina reconoce que se acepta la explotación privada de recursos no renovables, pero señala que la Constitución  de 2009 evita decirlo, y sólo lo hace con eufemismos.

En su lectura sobre  “la ideología  de la Constitución”,  Fernando  Molina se ocupa de las “ideas  indianistas”  que asocia a intelectuales generalmente dedicados a la antropología y la historia, algunos de origen aymara,  y que habrían tenido una fuerza inusual desde los primeros años del siglo xxi. Caracteriza  al indianismo desde la idea de un nuevo ciclo milenario con respeto a la naturaleza  y descolonización, y la crítica al pensamiento occidental.[86] Pero señala que este ideario no se ha concretado. Escribe que “el 70% o más de la Constitución  está basada  en el republicanismo  latino (soberanía popular, división de poderes), el liberalismo inglés (limitación  del Estado por medio de la definición  de los derechos  civiles y personales) y el francés (derechos  políticos, principio de no discriminación). La autodeterminación de los pueblos  indígenas ha sido tomada del acervo de la izquierda europea. La descolonización es un concepto ‘post-colonial’, es decir, desarrollado en los centros educativos del primer mundo.  Etc.” (op. cit. :41). Señala que la considerada  primera Constitución indianista del país, incluye  la asamblea comunal sólo con carácter deliberativo (y no ejecutivo);  los usos y costumbres son sólo para  el nivel local y supervisados;  el conocimiento tradicional no ocupa  otro lugar que  el actual en el sistema educativo; y el carácter “plural” puede encontrarse en todas las economías del mundo.

Algo que llama la atención  en las críticas al proyecto  de Constitución, y que muestra de paso el carácter multiforme  y ambiguo en el que insistimos, es que al mismo tiempo se lo considera amenazante y superfluo, meramente  retórico pero que va en contra de los principios básicos y la legalidad  estatal. Molina considera que el indianismo  es su ideología pero que la misma no fue introducida en sus artículos. Sin embargo señala que el carácter inembargable de la tierra y la propiedad colectiva son una “condena” y “discriminación” para los indígenas  que trabajan en ellas. Señala que el indianismo  de la Constitución  tiene un carácter “superestructural, político, burocrático”, que la autonomía indígena es “más política y cultural que productiva y social”, y que la misma sólo servirá de fuentes de empleo para los dirigentes. Afirma  que “Desgraciadamente,  la Constitución se agota en aumentar el reconocimiento  político de los indígenas  (lo simbólico) y plantea muy poco sobre  la necesidad  de revolucionar  las bases económicas de la sociedad  rural”. En este sentido manifiesta su preocupación sobre lo que para él es el verdadero  problema de la “opresión  indígena”  en las comunidades:  la explosión demográfica y el alcohol. Al mismo tiempo señala que la Constitución consagra un modelo  capitalista de Estado y “populista”, y reconoce que en su análisis aborda el problema  productivo “desde el punto  de vista de la explotación de los recursos naturales y la transferencia del excedente a los más pobres, a través del Estado”, donde necesariamente, observa, se limitan las libertades de mercado y la propiedad privada.

Entre otras actividades, la fBDM organizó un viaje a Cuba con algunos constituyentes, que fue saludada por un artículo de Fidel Castro, en su papel de analista en la prensa escrita y digital de la isla. El director de la Fundación, Guido Riveros, en conversación personal comentaba cómo trabajó para que el gobierno y la oposición reconocieran este espacio. Para convencer a podemos llamaron a Cossío, para convencer a Evo pensó en Fidel y llamó al embajador de Cuba.↵

Por otra parte, desde enero de 2008 la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (repac) había iniciado tareas de difusión del texto constitucional en actividades por todo el país y en los medios de comunicación. Imprimió ejemplares del texto y, “para convencer a la clase media”, creó un personaje que imitaba a una mujer ama de casa que buscaba refutar las críticas y rumores que se escuchaban sobre la Nueva Constitución en los medios. Los constituyentes participaban de los eventos. La Vicepresidencia también realizaba actividades, como los eventos con intelectuales invitados, por ejemplo Dussel, Laclau, Negri, Zemelman, Spivak, con exposiciones comentadas por el vicepresidente. Estos eventos pueden ser vistos como espacios de demostración de apoyo al gobierno en la búsqueda de legitimidad y apoyo político a la Constitución, que sería medida en el referendo, como otra importante instancia en la construcción del centro. Además, el vicepresidente de la Asamblea, Roberto Aguilar, realizó una gira por Inglaterra, Alemania y España, para “socializar” el proceso constituyente. Y hubo también varios viajes al Ecuador, que concluía su Asamblea a fin de julio, iniciada en septiembre del año anterior, y tendría su referendo dos meses después.↵

Los tres libros están editados por fes-ildis y fbdm. En el primer libro, Romero escribe sobre tierra y pueblos indígenas, y, entre Böhrt y Alarcón, se separan el resto de los temas de la Constitución (Böhrt, Alarcón, Romero [2008]). En otro libro, Böhrt y Chávez discuten la posibilidad de compatibilización estatutos, y hay un capítulo de Torrez sobre “Herramientas para un diálogo” (Böhrt, Chávez, Tórrez [2008]); El tercer libro es el que narra cómo se alcanzó el acuerdo en el Congreso (Böhrt, Romero, Peñaranda [2009]). Torrez muestra que los temas conflictivos en la Constitución se distribuían de la siguiente manera: rol de los pueblos indígenas (17%), autonomías (22%), reformas políticas (19%), justicia (17%), tierra (12%), régimen económico (11%) y derechos (2%). Demás está decir que para la Media Luna las controversias eran más numerosas.↵

Albó recuerda cómo en La Glorieta había todavía un parlamento unicameral, que sale en Oruro, y que incluso la copia que se entregó a Evo ya era distinta también a la de Oruro. Había cosas insensatas puestas para negociar, veía Albó, como la jerarquía que ponía primero Constitución, luego decretos y al final leyes, que era evidentemente para negociar y después lo sacaron muy rápido. Recordaba temas en los cuales “ideólogos urbanos” hacían una defensa sólida, pero que después simplemente lo arreglaban agregando una palabrita. Fueron ajustes que permitieron llegar al referendo, decía Albó, y para eso la aprobación de Oruro había sido un paso adelante.↵

La información proviene del texto “Cuarenta días que conmovieron a Bolivia y un pacto político forzado” cuya versión en borrador me fue facilitado por Böhrt. La versión final sería publicada en Romero; Böhrt; Peñaranda (2009).↵

En uno de los trabajos vinculados a este espacio técnico de discusión, Tórrez (2008:83) escribe sobre las competencias educativas, que estaban creando controversias entre el Estatuto cruceño y la Constitución aprobada en Oruro, y que para él debería ser exclusiva del Gobierno nacional. Pero agrega un comentario de sentido común que permite sacar interesantes conclusiones. Agrega que el hecho de que sea competencia exclusiva no impide que los departamentos tengan la competencia de legislar el desarrollo de la normativa nacional, atendiendo a sus particularidades históricas y culturales. Y de hecho es lógico pensar, decimos nosotros, que el hecho de que un tema se defina en Ley nacional no impide que desde la representación departamental del parlamento o Asamblea Legislativa –de hecho la brigada Cruceña no es pequeña– las regiones puedan imprimir su mirada en la legislación nacional, como podría haber sido también en la Asamblea Constituyente, y ocurrió al menos, dentro de la bancada del mas.↵

“En el rostro de García Linera se dibujó una sombra de enorme duda e incredulidad”, dijo Böhrt, por los fracasos anteriores en intentos de diálogo. El vicepresidente de la República aceptó iniciar las gestiones, a pesar de las dudas (abi, 21 de octubre, 2008).↵

En una reunión convocada por el Senador Ruiz en Tarija, el Alcalde, el prefecto, el rector defendieron la posición de abrir el diálogo frente a la oposición de las otras 22 entidades tarijeñas presentes, que finalmente fueron convencidas. Los hechos de Pando contribuyeron a que el conalde avalara la gestión. Incluso el prefecto detenido habría avalado que hubiera diálogo, al evaluar que eso lo beneficiaría. La versión de los tarijeños era que el gobierno decretó Estado de Sitio en Pando para que el diálogo fracasara. Según el podemista Ruiz, la detención de Leopoldo Fernández era un “torpedo” del ala radical del gobierno. La firma del documento se postergó y, como había una movilización de los “ponchos rojos” cercando el Palacio de Gobierno, Mario Cossío debió salir escondido, con chaleco antibala y camuflado en el vehículo de un ministro.↵

Ruiz relata que después de enterarse de lo ocurrido en Pando, García Linera llegó a la reunión, amenazó con encarcelar a Cossío, criticó los referendos organizados con dinero público y estaba “con un estado de ánimo muy negativo, agresivo, exaltado… con una ira contenida muy grande”. Según Ruiz, García Linera dijo que estaba ahí solamente porque el Presidente se lo había pedido y que él hubiera preferido no asistir. Habría dicho “yo he estado preso cinco años por poner un par de petardos a plantas de alta tensión; ustedes han hecho cosas mucho peores y merecen estar presos de por vida” (Peñaranda [2009:167-168 y 173]).↵

Otro factor mencionado por Romero era que las movilizaciones no habían logrado paralizar la dinámica económica, ni afectar la canasta familiar ni la economía popular, gracias a dispositivos implementados por el gobierno desde emapa para garantizar el abastecimiento alimentario. Él había intervenido directamente en ese tema, al haber sido nombrado poco tiempo antes ministro de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente (mdrayma), luego de una autocrítica del gobierno a la estrategia de “guerra económica” con prohibición de exportaciones, en la que se había embarcado en meses anteriores.↵

Por Santa Cruz participaron Urenda, Asbún y Strauss. Por la fam participaron Revilla y otros; Colanzi y Ricardo Pol estuvieron por un; el presidente del senado, Óscar Ortiz; Böhrt y Gamal Serham por podemos. Reaparecían varios actores protagónicos de la Asamblea. Raúl Prada y asesores del Pacto de Unidad, como Adolfo Mendoza, también estuvieron presentes. Por Chuquisaca estuvo el constituyente de podemos Jaime Hurtado y el asesor del Comité Institucional “Chunca Gutiérrez”.↵

Los acuerdos fueron firmados por la fam y el resto de las prefecturas. Romero menciona que aunque los prefectos no hubieran firmado, sus representantes sí habían firmado un acta dónde se registraba un 80% del capítulo de autonomías con acuerdos. Urenda y otros autonomistas lo habrían firmado el 1 de octubre, indica Romero. Romero también informa que hubo dos audiencias de concertación con representantes de los pueblo indígenas en cidob y conamaq, con quienes se acordó los contenidos de la autonomía indígena. También una comitiva de la región del Chaco, con la cual se consensuaron los contenidos de la autonomía regional.↵

Participaron del espacio de diálogo congresal: Peredo, Rojas, Navarro, Herbas del mas, Ortiz, Vázquez, Franco, Montenegro y el constituyente Serham por podemos, además de Ruiz y Böhrt. Romero representaba al gobierno y por un estaba los diputados Colanzi, Villavicencio y el constituyente Ricardo Pol. El mnr aportó con el senador Mario Justiniano, los diputados Roxana Sandoval y Fernando Romero y el constituyente Richter. Böhrt da cuenta de la autorización de Tuto Quiroga y de la posición contraria al diálogo de los representantes congresales de podemos, sólo flexibilizada al final.↵

Otro medio de prensa citaba sus declaraciones de esta manera: “Vengo a la marcha como afiliado a la cob, como afiliado al conalcam, como afiliado a la Confederación de Campesinos y como afiliado a la Confederación de Colonizadores”.↵

Marinkovic decía que tres veces le habían intentado ocupar el Comité, porque un imbécil presidente del Comité antes que él les dio espacio en el predio de la institución; y que estaba intentando hacer gestiones para conseguir un nuevo espacio fuera de ahí. Sobre la toma de instituciones, la atribuía a la federación de universitarios, que después se descontroló y dio lugar a ladrones que llegaron desde el campo. Decía que Santa Cruz era el departamento menos racista dando como ejemplo que todos asistían todos los años al desfile de paceños en el aniversario de La Paz, y mencionaba que incluso en el directorio del Comité había paceños.↵

Para Böhrt, la mesa paralela de octubre empezó con Romero, Novillo, presidente de la cámara de diputados y autoridad del MAS en el Congreso y el senador Tarijeño Roberto Ruiz. Los parlamentarios de Santa Cruz y Beni eran la parte dura de podemos, que aspiraba a que el MAS no pudiera convocar el referendo para aprobar la Constitución. Böhrt también menciona la participación de Doria Medina y Santos Ramírez, y describe que por las diferencias internas de podemos y la posición intransigente de varios, él y Ruiz “se representaban a ellos mismos” a diferencia de Romero y Novillo, que participaban de las reuniones en representación del mas. Se reunían cuando todo parecía destinado al fracaso, decía Böhrt, “pero no podíamos permitir que la violencia nos ganara” (2009:188-189). Tuto Quiroga habría estado en un principio cerrado a la posibilidad de un acuerdo. Pero después se flexibilizó y tanto él como Evo Morales y García Linera eran informados de cada avance en las negociaciones, autorizando y posibilitando políticamente que la mesa clandestina funcionara y pudiera tomar decisiones que pasarían al Congreso. En el espacio paralelo eventualmente también participaban otros actores, como autoridades de gobierno convocadas por el tratamiento de algún tema, o parlamentarios de la oposición y ex constituyentes.↵

Sobre la informalidad e importancia de los espacios paralelos, el constituyente Richter, que también participó en algunas instancias, decía que no se trataba de una mesa paralela sino “informal”. Y también comparte, en entrevista de Peñaranda, una anécdota de su propia participación en las negociaciones. Cuenta que el sábado 18 de octubre, mientras la marcha se acercaba y la posibilidad de acuerdo parecía alejarse él estaba conversando informalmente con parlamentarios de un y el mnr cuando se acercaron Carlos Romero y, de casualidad, también se sumaron Ortiz y Guiteras, dos senadores de podemos que también pasaban por ahí. Fue en esa reunión donde se habría conversado por primera vez, en un “sinceramiento”, sobre uno de los temas centrales que hasta entonces no se había acordado: la reelección. Romero denunciaría a la prensa que la oposición buscaba dejar ese tema para el final para mostrar una imagen del MAS no queriendo ceder y sólo interesado en la reelección.↵

El 9 de octubre podemos había presentado una primer lista con 16 observaciones, que incluían: la libertad de expresión; el control social; la conformación del nuevo Poder Legislativo; la justicia; inseguridad jurídica; Corte Electoral; el sistema electoral; la conformación de los poderes del Estado; la reelección del Presidente; la “desaparición” del término República del nuevo texto constitucional; la educación y enseñanza religiosa; el derecho a la vida; la propiedad privada; los recursos naturales; las autonomías, y la discriminación lingüística.↵

Los autonomistas de Santa Cruz exigían en su Estatuto tener competencia exclusiva para estos temas, no contemplados en la Constitución: educación, salud, tierra, justicia, policía, recursos naturales renovables y no renovables, suelos forestales y bosques, aprovechamiento forestal, áreas protegidas, medioambiente, diversidad biológica, biotecnología, aguas, licencias para servicios, telecomunicaciones, electrificación urbana, relaciones laborales, desarrollo sostenible socioeconómico, defensa del consumidor, ferias internacionales (todo año Santa Cruz organiza una feria agrícola), espectro electromagnético, límites provinciales, desarrollo de pueblos indígenas y campesinos, asuntos de género, medios de comunicación y cooperativas. Ver Revista Opiniones y Análisis, vinculada a podemos, nros. 91, 92, 93, 95, 97, 98 (2006-2008) sobre proyecto de Constitución y de estatutos, y referendos.↵

La “Ley Interpretativa” establece que es facultad del Honorable Congreso Nacional contribuir al proceso constituyente y podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional por ley especial del presente Congreso aprobada por dos tercios de votos de sus miembros presentes. Los ajustes no podrán afectar la esencia de la voluntad del constituyente, también decía el artículo votado. (ver República de Bolivia, octubre de 2008).↵

Según el periódico La Prensa (22 de octubre, 2008): La alegría invadió el centro político de La Paz. El Congreso aprobó las convocatorias a consultas. Mientras cantaba el Himno Nacional, el Jefe de Estado se quebró en llanto casi inconsolable. Llegó a él Iván Canelas, el vocero presidencial, y las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del comunicador. Acudieron también Isaac Ávalos, de la Federación de Campesinos; Fidel Surco, líder de la conalcam, y Pedro Montes, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (cob), y sollozaron.↵

La pregunta del referendo sería: “¿Está usted de acuerdo con refrendar el texto de la Nueva Constitución Política del Estado, presentado por la Asamblea Constituyente y ajustado por la Comisión Especial de Concertación del Honorable Congreso Nacional, que incluye los consensos logrados en el diálogo entre el gobierno con los prefectos y representantes municipales sobre autonomías, incorporando el resultado de la consulta sobre el artículo 398 a ser resuelto en este mismo referendo y que la misma sea promulgada y puesta en vigencia como nueva Ley Fundamental del Estado boliviano?”.↵

Según relató el diputado Gustavo Torrico, la oposición planteó que ellos no querían acortar el mandato y que pedían que se ponga una cláusula transitoria que permita que concluyan hasta enero de 2011. Unidad Nacional planteó que se lleve adelante la elección en diciembre de 2009 y nosotros aceptamos, luego vino la oposición a decir que sea en mayo de 2010; les dijimos que ya no va más, que fuimos sinceros, que ya estiramos demasiado, que ya hicimos todos los ajustes, que nos parecía que eran caprichos y no tenían sentido y que bueno entremos de una vez a Congreso y aprobemos. Luego de eso la oposición vino con otra idea, plantea que sea en diciembre de 2009, otra vez, pero que previamente se realice un referendo consultándole a la gente si quiere que el Presidente vaya a una reelección y si quiere que se modifique o se cambie la fecha de la elección, lo que parece una irracionalidad.↵

Carlos Romero declaró: No es verdad que la reelección constituya un factor de entrabamiento para el diálogo, la oposición trasladó el tema al final, postergando probablemente porque quería aparentar que este era un factor de entrabamiento, pero no es un tema estructural que trabe los acuerdos. El Presidente de la República obtuvo más de dos tercios de votos el 10 de agosto, y pese a esa legitimación emergente de las urnas el MAS le ofrece generosamente a cambio de viabilizar la aprobación e implementación de la Nueva Constitución. En verdad, jurídicamente la elección y reelección deberían correr para lo venidero, sin contar este periodo constitucional actual. Algunos partidos políticos consideraron que eso era excesivo, el MAS y el Presidente de la República renunció a la posibilidad de reproducir el control de la administración pública por la vía electoral en un segundo periodo constitucional, después de adelanto de elección que se propone (a partir de clippings con resúmenes de periódicos).↵

Quiroga declaró: el acuerdo incorporó la autonomía departamental con facultades legislativas y administrativas, y se dejó de lado el proyecto totalitario garantizando las libertades básicas y derechos fundamentales de los ciudadanos, la propiedad privada y dejando de lado las atribuciones todopoderosas que tenía el denominado control social, quienes antes podían pedir la renuncia de autoridades elegidas por el pueblo. También se garantiza el derecho de los padres de familia de elegir el tipo de educación para sus hijos, decía Quiroga a los medios. También decía que con una Constitución clara se podrán atraer inversiones de los que antes no hubieran arriesgado el capital.↵

Felipe Quispe criticaba el respeto a la propiedad privada que ya no sería sujeta a reversión, lo que sería contradictorio con las declaraciones de Evo Morales en sentido de “destruir el capitalismo”, decía el dirigente; también criticaba en el documento la vuelta al esquema vigente de Congreso y elección de parlamentarios; la no retroactividad para reversión de latifundios; y “que las justicia comunitaria había sido restringida”. Documento firmado por El Comité Político del Movimiento Indio Pachakuti – MIP. Chukiyawu Marka, 21 de octubre de 2008.↵

García Linera continuaba: “Y como había sido previsto, sentados en la mesa del diálogo, en medio de la mirada de representantes de unasur, de la oea, de Naciones Unidas, se procedió a incorporar correcciones al borrador de la Constitución. Consultando cada coma que se modificaba a las organizaciones del Pacto de Unidad y a la cob, se hicieron retoques a la estructura inicial del texto enviado por los constituyentes al Congreso. Al transcurrir las horas, la ‘estrategia envolvente’, daba los resultados. Se cambiaba el texto allí donde precisamente se había doblado la vara de manera intencionadamente exagerada, para que en la negociación se pudiera ‘enderezarla’ a modo de concesión que sume apoyos electorales y sociales. Al final, el texto Constitucional incorporó visones y derechos mínimos de otros sectores de la sociedad, pero se lo hizo de tal manera que quedaron articulados en torno a un sólido tronco constitucional rector, dominante, de los intereses, derechos y proyecto estatal de las organizaciones indígenas campesinas obreras y populares. Fue una construcción de hegemonía que consolidó el proyecto de Estado, economía y sociedad construido por los movimientos sociales como el único proyecto nacional-general existente”. (:145)↵

Las ideas que el Estado Plurinacional dejaba atrás eran las del neoliberalismo, que García Linera explicaba como apoyado en las siguientes bases: privatización que traería recursos para modernizar la economía; la globalización como hecho irreversible al que había que sumarse para conquistar el bienestar y la modernización de la sociedad; y la democracia pensada como régimen de pactos políticos de élites, con una ilusoria división de poderes. Ver también sus exposiciones y trabajos accesibles en el website de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional y sus artículos publicados por Comuna (García Linera et al. [2010]), clacso (2008a) y la Vicepresidencia (2010a, 2011a y b).↵

Me baso aquí especialmente en el texto publicado de una exposición en una Universidad de Santa Cruz (2008f). En una entrevista al periódico La Prensa (2010b) decía: “Ha culminado el proceso de transición estatal. Bolivia inició un proceso de crisis del Estado neoliberal, con sus invariantes de colonialidad y patrimonialidad, en el año 2000. Entre 2000 y 2008 fue el momento de la transición, cuando se puso en juego si se volvía al viejo orden o se saltaba al nuevo. Y tuvo sus etapas matemáticamente calculadas: inicio de la crisis y formación de un proyecto alternativo de poder entre 2001 y 2003; entre 2003 y 2008 ‘empate catastrófico’, donde coexisten dos proyectos de poder, de país: el dominante pero en decadencia, y el emergente pero que todavía no es dominante; y luego viene la conquista del gobierno por parte de este último, la tensión, el ‘punto de bifurcación’ entre agosto y octubre de 2008, que es el momento de la correlación de fuerzas donde mediante estrategias guerreras de los dos bloques confrontados se define el destino del Estado y así, en 2009 se da la consagración y validación electoral, política y cultural de esa victoria estatal que comenzó a labrarse desde el año 2000 con la rebelión”.↵

La fundamentación de esta salida de escena de lo comunitario, más allá de La expresión de la voluntad de un futuro comunista o socialista, aparecería en la ocasión de referirse a la justicia indígena originaria campesina. García Linera opinaba que el Estado no debía normatizar, burocratizar ni estatizar lo que existe justamente como práctica “anti-estatal”. Eso significaría querer asesinarla y hacerla desaparecer. Agregaba también en respuesta a críticos que “(i)maginar que el Estado cree su antítesis, cree economía comunitaria o absorba la justicia indígena originaria campesina: o es una ingenuidad infantil propia de quienes reciben el Bono Juancito Pinto, o es una política destructiva de estas semillas de comunismo, de comunitarismo universal que son las comunidades indígenas-campesinas” (2011b:138-9).↵

García Linera expresaba: “El Estado es la gran locomotora porque ha pasado de generar el 13 por ciento del Producto Interno Bruto al 31 por ciento, y nuestra meta es el 35 por ciento” (2010b), En una exposición de abril de 2009 en el Palacio de las Telecomunicaciones, Carlos Romero decía que no es la Constitución la que modifica el tema del desarrollo económico, sino la que recoge lo modificado por el Poder Ejecutivo. Los cambios marcan un nuevo rol del Estado en la economía, decía Romero, con la nacionalización del gas (con control de excedente) y reconstitución de la empresa estatal ypfb. El Estado había aumentado en la participación de la renta financiera, modificando la estructura fiscal. Romero señalaba que antes de 2005 la principal fuente de ingresos eran préstamos y donaciones (40%), y la participación de la renta petrolera era del 5,9%. Después de la nacionalización de 2006, los ingresos por los impuestos directos de hidrocarburos aumentaron de 180 millones entre 2000 y 2005, a 2400 millones de dólares en 2009 con la renegociación de precios y el aumento de exportaciones, pese a la caída del precio internacional.↵

El programa para la próxima gestión (mas 2009a) se titulaba “Un plan para la Bolivia del Siglo xxi: moderna, industrial, satelital, con salud para todos, autoabastecida en su alimentación, unida, democrática, ejerciendo un liderazgo energético en la región, exportadora de electricidad, hierro y con su propia industria automotriz”. Se elaboró también un documento para la campaña electoral con “cien logros del periodo 2006-2009” (mas [2009b]). El relato de García Linera actualizado al momento de publicación puede verse en la siguiente entrevista otorgada a La Jornada (García Linera [2012])↵

Raúl Prada continuaba, en el texto De las contradicciones (2010) afirmando que “La base más problemática de las contradicciones tiene que ver con la genealogía de las tecnologías de poder, los diagramas de fuerza, el mapa de las instituciones, las normas y procedimientos. En la medida que estas técnicas se mantienen, perduran, se sedimentan, son recurrentes en las formas de gobierno, en las políticas públicas, en las disposiciones institucionales, en esa misma medida entran en contradicción con las transformaciones dibujadas en el horizonte plurinacional comunitario y autonómico”.↵

El vicepresidente del Comité, Nicolás Rivero, veía en el gobierno del MAS la intensión de fragmentar el país, con el proyecto de las autonomías indígenas, al mismo tiempo de concentrar poder, y también lejos de una “visión universal” con la que él se identificaba. Ver Paredes Mallea (2003) y Rivera, J. A. (2008)↵

La formulación de muchas competencias fue modificada, algunas pocas desaparecieron o aparecieron sin haber estado en el proyecto anterior, y también hay repeticiones. Muchas de las competencias privativas del nivel central del Estado ahora aparecen como “exclusivas”, con lo cual pueden delegarse. Algunas eran en la versión de Oruro concurrentes y ahora pasaron a ser exclusivas, haciéndolas delegables pero no automáticamente. Entre las competencias que ahora pueden ser transferidas al departamento, se incluyen algunas importantes como: régimen electoral; comunicaciones; recursos naturales estratégicos; recursos hídricos; biodiversidad y medio ambiente; política forestal y régimen general de suelos; seguridad social; sistema de educación y salud; reservas fiscales respecto a recursos naturales; política fiscal; administración de justicia; políticas y régimen laborales; deuda pública interna y externa; régimen de la tierra. En el “catálogo de competencias” se incluyen algunos errores, como las que figuran como exclusivas pero ya están presentes entre las municipales y departamentales, también aparecen competencias que antes no figuraban, y “biodiversidad y medio ambiente” aparece tanto como exclusivas y como privativa.↵

Sobre la igualdad de jerarquía, Romero refutaba la crítica de que se volvería inmanejable y daba el ejemplo del Poder Ejecutivo y Legislativo en que ninguno le da órdenes al otro aunque tenían funciones diferentes. Los distintos niveles autonómicos, de igual modo, tienen competencias diferentes pero una autoridad no le da órdenes a otra autoridad, el prefecto o gobernador no manda en el Alcalde. Y citaba que en Alemania se le llamaba a eso igualdad de mérito y en España igualdad de oportunidad. Explicaba en una charla de abril de 2009, que la autonomía municipal se fortalecía adquiriendo capacidad legislativa y nuevas materias competenciales. Y que si bien goza de igualdad jerárquica con relación a los otros tipos de autonomía, eso no significa que su estructura sea simétrica, puesto que debe responder a las particularidades de la realidad social que expresa. Por tanto, tiene competencias diferenciadas en un sistema de asimetría competencial.↵

La fuerza que Oriente había demostrado obligaba a que el gobierno atendiera su demanda, y eso hizo el gobierno, como expresaba García Linera en una entrevista radial, entrevistado por Eduardo Pérez: “Hemos contribuido con algunos errores políticos, y lo admitimos con honestidad que cometimos el error de no abanderar la reivindicación de autonomía en 2006. El Presidente es consciente de eso. Hemos contribuido a cohesionar liderazgos de manera muy contundente; pero aprendimos rápido la lección para fin de año evaluando revisando, estaba claro que nosotros teníamos que dar un giro de timón de nuestra interpretación de las autonomías, y lo que hicimos es abanderar las autonomías incorporando lo indígena”. En el análisis del acuerdo de Romero (Romero, Böhrt, Peñaranda [2009]), sin embargo, de 13 competencias proyectadas por la Asamblea Constituyente en el texto aprobado en Oruro, se incrementan a 59, de las cuales 36 son exclusivas, 7 compartidas y 16 concurrentes. Estas competencias se refieren a políticas de desarrollo departamental en términos socio-económicos, prestación de servicios, infraestructura, patrimonio natural, patrimonio cultural, tributos y otros ingresos, institucionalidad de su autogobierno. Las concurrentes y compartidas son las que requieren un mayor esfuerzo, dada su envergadura o que trascienden la jurisdicción departamental.↵

Según el resumen de La Prensa del 22 de octubre, citado por Peñaranda (2009:198), pese a la oposición de los cívicos de la Media Luna, las regiones fueron incluidas en el proyecto. En el diálogo de Cochabamba la autonomía regional aparecía como opcional pero en la versión aprobada tendría una Asamblea regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, aunque no sería elegida por voto popular. Además, contaría con un órgano ejecutivo de atribuciones menores y con los miembros de su asamblea regional elegidos en cada municipio junto con las listas de candidatos a concejales municipales. Serían los chaqueños de Tarija quienes comenzarían primero a darle sentido concreto a estas discusiones, en 2010, después de su aprobación.↵

En la campaña, y en función de la comparación entre Estatuto y Constitución, difundieron la siguiente pregunta: ¿Podría el gobierno departamental de Santa Cruz servir eficientemente a la población si, a diferencia del Estatuto, el proyecto de Constitución, aprobado en el Congreso, no le otorga ninguna competencia en educación, salud, tierra, justicia, policía, recursos naturales renovables y no renovables, suelos forestales y bosques, aprovechamiento forestal, áreas protegidas, medioambiente, diversidad biológica, biotecnología, aguas, licencias para servicios, telecomunicaciones, electrificación urbana, relaciones laborales, desarrollo sostenible socioeconómico, defensa del consumidor, ferias internacionales, espectro electromagnético, límites provinciales, desarrollo de pueblos indígenas y campesinos, asuntos de género, medios de comunicación y cooperativas?. Y si a lo anterior le agregamos que el gobierno departamental tendría competencias limitadas, generalmente sujetas a la dictación [sic] de leyes nacionales, para la elaboración de su Estatuto, la transferencia de competencias, el régimen económico financiero de las mismas, tributos departamentales, obras públicas, planificación departamental, agricultura, ganadería, caza y pesca, vivienda, turismo, telefonía fija y móvil y ordenamiento territorial. ¿Hemos ganado? Urenda (2008a).↵

Entre las modificaciones exigidas por los sectores del poder económico en la última versión del proyecto, se incluía la autorización a “la producción, importación y comercialización de transgénicos” cuya prohibición definida en el proyecto aprobado en Oruro, fue modificada por “la futura regulación por Ley” (art. 409). Los delitos contra el medio ambiente, en la última versión del texto, dejan de ser imprescriptibles (Art. 111), aunque “quien viole el régimen constitucional de recursos naturales” es incluido entre los delitos clasificados en el artículo 124 como “traición a la patria”.↵

Romero explicaba el funcionamiento de mesas informales donde participaron distintos actores políticos, en Octubre 2008, para destrabar el acuerdo. En entrevista a El Deber del 22 de Octubre, Romero decía que el ministro de aguas, René Orellana, le demostró a saguapaz, cooperativa de aguas, que el sistema de concesiones anterior es desventajoso frente al sistema de licencias. La opinión de la cooperativa era “que el Estado quería barrer con todos sus bienes y apropiárselos”, pero en el diálogo se alcanzó el consenso incluido en el texto constitucional, de que “estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a ley”. El tema tan sensible para los bolivianos que habían protagonizado dos guerras del agua, expulsando a las empresas concesionarias de Cochabamba y El Alto, ahora era solucionado con la introducción de otra palabra de significado abierto. Era abrir la posibilidad de privatización, para algunos, y cerrarla e impedirlo, para otros.↵

El informe agregaba que “las propiedades mayores a 4.000 hectáreas abarcan una superficie entre 14 y 16 millones de hectáreas distribuidas en más de 2.000 unidades productivas en las cuales se puede estar criando aproximadamente 3 millones de cabezas de ganado bovino, lo que equivale a casi la mitad del ganado existente en el país que alcanza a 6,2 millones de cabezas de ganado bovino. Una afectación de las propiedades a partir de 5.000 hectáreas, implicaría la reversión de aproximadamente 7 millones de hectáreas y la reducción de aproximadamente 1,4 millones de cabezas de ganado vacuno, lo que podría representar que este sector ganadero deje de percibir un ingreso bruto presunto de cerca a 400 millones de dólares. Esta situación podría generar un cuadro de conflicto muy agudo, sobre todo si se considera que la tendencia de los emprendimientos ganaderos es a crecer, debido al incremento de la demanda de carne vacuna. Asimismo se debe considerar que no toda la superficie de una propiedad es igualmente aprovechable, existen porciones que no pueden ser utilizadas sea por sus cualidades o porque las normas ambientales prohíben el uso. Esta situación plantea una interrogante respecto de cómo se podría operar la reversión de las superficies excedentes a 5.000 hectáreas. Si es voluntaria por parte del ganadero, éste podría ceder las áreas in-aprovechables, lo cual implicaría que el Estado no gana en tierra para ser redistribuida; por el contrario, si es el Estado el que escoge, la tendencia será a revertir lo mejor de las tierras, con lo que el ganadero perdería en los hechos la totalidad de su propiedad”. (documento “ayuda memoria” cedido personalmente por el autor).↵

Otro dato indica que desde 2006 se reconocieron 15 millones de hectáreas a indígenas de tierras bajas, en las 190 tco luego llamadas tioc. Esa cantidad es lo que generaba desde sectores campesinos la crítica de “latifundistas” a sus compañeros de tierras bajas.↵

Debemos aclarar también que el escenario político no era el del indianismo de los 60 que se oponía tanto a la izquierda como a la derecha por racistas y discriminadores. La vertiente que identificamos con el pluralismo indianista, de hecho, tenía entre sus componentes a intelectuales provenientes de la izquierda clasista, y que se habían alejado de la idea que trataba la espiritualidad indígena como alienación, veía a la comunidad indígena como feudalismo que debía poner en movimiento las fuerzas productivas para emanciparse, y no tenía problemas con la “monoculturalidad”. Esta izquierda, además, abrazaba la idea de autonomía y se referenciaba en la experiencia de la Guerra del Agua en 2000, con horizontes no estatales en sus planteamientos políticos. Raúl Prada era el ejemplo más claro en la Constituyente, aunque muchos técnicos de las organizaciones indígenas tendían a estar en el mismo lugar político.↵

Entre otras pocas ocasiones, a lo primero hizo referencia García Linera en su discurso de asunción al segundo mandato (22 de enero 2010); a lo segundo, Evo Morales en la promulgación de la Nueva Constitución, 7 de febrero de 2009.↵

Ver Vanossi (1994), Gargarella (2008).↵

En el Artículo 316 se determina la función del Estado en la economía, que consiste en: 1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. […] 2. Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios. 3. Ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía. 4. Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales […] 5. Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, con el objeto de lograr el desarrollo económico y social. 6. Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio ambiente […]. Sin duda este artículo no fue redactado por la misma persona que redactó los que desarrollaban la temática plurinacional.↵

En otro inciso se aseguraba el control y la participación social en la toma de decisiones para la gestión y administración de los recursos naturales. Pero en octubre se modificó para que el control y la participación social sólo fuera para “el diseño de las políticas sectoriales”. También se establece que “el Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, pero debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país”. Y en el artículo 124 se define que la violación del régimen constitucional de recursos naturales es delito de traición a la patria, que merece la máxima sanción penal. En la versión de Oruro, sin embargo, la redacción era más fuerte. Se consideraba traición a la patria el “Que realice actos para la enajenación de los recursos naturales de propiedad social del pueblo boliviano en favor de empresas, personas o estados extranjeros”.↵

En este artículo de la Nueva Constitución, se incluye también un inciso que remite a la idea de potencializar la economía comunitaria con el excedente de la de mercado: “La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo”. Pero en otro inciso del mismo artículo 306, otra tradición política –enmarcada en el Estado de Bienestar antes que en la de lo comunitario– metió la mano y entonces se define también que “El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo”. El ser humano había sido una inclusión de último momento en Oruro, e iba en contra de los avances realizados en la Nueva Constitución del Ecuador, con el reconocimiento de derechos de la naturaleza, a partir del respeto de la cosmovisión indígena.↵

Sobre estas críticas y otras, como las vinculadas a la despatriarcalización, ver Mamani Huallco (2011).↵

Soliz Rada vincula en un mismo cuadro de relaciones al Gobierno del mas, ong, el proyecto plurinacional e intereses imperialistas en Bolivia. Véase “El Indigenismo y usaid” (2009), “Evo y usaid” (2010a) y otros artículos compilados en: http://www.rebelion.org/ mostrar.php?tipo=5&id=Andr%E9s%20Soliz%20Rada&inicio=0 o http://bolpress.com/a. php?autor=25↵

Stefanoni expresa también estas críticas en el artículo titulado “‘Cambiar todo’ o ‘constitucionalizar lo ya hecho por Evo’” de la revista Archipiélago (2009). Ahí defiende que la principal demanda indígena es inclusión y modernidad, lejos de promover el retorno a los antepasados (:49). Considera que Morales casi no dio cabida al indianismo radical defensor de la “autonomía indígena”, y sus principales políticas públicas se orientan a llevar modernidad al campo: Hospitales, bonos contra la deserción, alfabetismo, carreteras, tractores, reducción de tarifas luz y teléfono, documentos, transmisión gratuita del mundial.↵

El proyecto, que se convertiría en Constitución, se proponía también fundar Bolivia en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En otro artículo clave (el segundo), se establece: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”. Y en el quinto artículo se amplía la lista que el katarismo había comenzado a elaborar a fines de los 70, oficializando “el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.↵

En un acto del mas, en el aniversario de la creación del partido, un discurso de García Linera fue interrumpido por el grito de “queremos pegas” de los militantes, según reportaba Stefanoni en Clarín.↵

Silvia Rivera traduce de manera diferente ama suwa, ama qhilla, ama llulla como “no seas ladrón, no seas traidor y no seas flojo” y agrega ama llunk’ku (no seas servil). En (1994:49).↵

El texto revisado sería: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.↵

Entre los fines y funciones esenciales del Estado se incluían: 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. […] fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. […]. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Y una más que en octubre de 2008 sería eliminada: 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.↵

Clavero decía “al reconocer esta realidad sólo está diciendo ‘¿qué remedio me queda?, esto existe y no puedo acabar con ello’; se está atribuyendo poder normativo sobre esas comunidades; se está atribuyendo el poder de decir si son enajenables o son inajenables; si se relacionan de este modo o de otro con la propiedad privada o con el mercado, si tiene la disposición de recursos o no, si los recursos del subsuelo no pueden ser derecho de las comunidades, si el recurso incluso del suelo como aguas y bosques depende y según las reglas qué cabe al Estado, entonces bueno… la comunidad que le reconozca [en todo caso] si el reconocimiento del Estado implica que tiene el poder de disponer de sí misma. Es otro signo quinta esencial de lo que es el colonialismo; esencial porque el colonialismo institucional es esto y no otra cosa. No es decir que las comunidades indígenas son incapaces, es decir que reconozcan a las comunidades indígenas aunque de hecho con esto se está diciendo que son incapaces para elegirse a sí mismas”.↵

Clavero continuaba explicando los elementos del colonialismo institucional, presente en múltiples constituciones de Latinoamérica. Lo que parece que es un gran reconocimiento de que puedan esas autoridades resolver sus conflictos conforme a usos y costumbres, es condenar a la comunidad a que se salga de su propia tradición, tratando temas que tradicionalmente no trataba, intentando resolver una cuestión de forma que no es la tradicional. Ahí no hay reconocimiento institucional porque no puede salirse de sus usos y costumbres; y la comunidad no tiene capacidad auto-normativa y no puede hacerse cargo de la responsabilidad colectiva de regular el propio territorio con vistas a la propia felicidad y libertad como cabe a quienes libremente se identifican con esa comunidad y aceptan por lo tanto las autoridades de esa comunidad.↵

Del mismo modo que los departamentos, las autonomías indígenas pasaron de tener facultades “legislativas normativo-administrativa, fiscalizadora, ejecutiva y técnica, ejercidas por las entidades autónomas” (artículo 273 Oruro) a tener “la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo” (artículo 272 Congreso).↵

Durante la Asamblea Constituyente de 1988 en Brasil, hubo una discusión similar, a la que hacen referencia Ricardo, Marés y Santilli (2009). Los autores se refieren a la ambigüedad del concepto constitucional de “tierras tradicionalmente ocupadas”, que da lugar a dos interpretaciones: “ocupadas hace mucho tiempo”, o “ocupadas conforme a la tradición”. En la constituyente el tema dio lugar también a una disputa entre las ideas de “tierras efectivamente ocupadas” con la de “tierras permanentemente ocupadas” en este último caso limitándose a las tierras inmemoriales. En la discusión, sectores contrarios a los derechos indígenas decían que la primera formulación legitimaría invasiones de tierras por parte de los indios. Los que los defendían, criticaban que la segunda formulación destituía de derechos a los indios que ya habían sido expoliados de las tierras por terceros.↵

El artículo 294 de Oruro establecía de forma más amplia que “La voluntad expresada en consulta para conformar territorios indígena originario campesinos se ejercerá a partir de territorios ancestrales consolidados como propiedad colectiva, comunitaria o por posesiones y dominios históricos en proceso de consolidación; y por municipios existentes y distritos municipales.” El artículo 293, que lo reemplazó en octubre, establecía que “la autonomía indígena basada en territorios indígenas consolidados y aquellos en proceso, una vez consolidados, se constituirá por la voluntad expresada de su población en consulta en conformidad a sus normas y procedimientos propios como único requisito exigible”, y agregaba que “Si afectase límites municipales, deberá seguirse un procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones particulares que señale la Ley […] Para constituir una autonomía indígena originario campesina cuyos territorios se encuentren en uno o más municipios, la ley señalará los mecanismos de articulación, coordinación y cooperación para el ejercicio de su gobierno”. En la cláusula transitoria séptima, se agregaba también que “el territorio indígena tendrá como base de su delimitación a las Tierras Comunitarias de Origen. En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo, la categoría de Tierra Comunitaria de Origen se sujetará a un trámite administrativo de conversión a Territorio Indígena Originario Campesino, en el marco establecido en esta Constitución”.↵

Los requisitos incluían 10% de firmas del padrón municipal y dos tercios de los votos en el concejo. Votaron por la autonomía indígena en La Paz, Jesús de Machaca y Charazani; en Santa Cruz, Charagua; en Potosí, Chayanta; en Chuquisaca, Huacaya, Tarabuco y Mojocoya; y en Oruro, Chipaya, San Pedro de Totora, Pampa Aullagas, Salinas de Garci Mendoza y Curahuara de Carangas, en este último, ganó el No a la autonomía. Hasta ser aprobados los estatutos o cartas orgánicas, que permitiesen el modo de elección de autoridades por usos y costumbres, en abril de 2010 los municipios transformados en autonomías indígenas eligieron alcaldes de modo tradicional, aunque la Constitución permitía que lo hicieran por formas propias (art. 293). Se encuentra aún inédito un importante trabajo de investigación coordinado por Xavier Albó como consultoría para el ministerio de Autonomía con tres estudios de caso en autonomías indígenas.↵

El lanzamiento de las autonomías indígenas fue realizado en Camiri el 2 de agosto de 2009, en un encuentro de doce municipios que decidieron por su autodeterminación. El 29 de octubre de 2009 la Fundación Tierra y la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra organizaron un Seminario Internacional titulado: “Bolivia Post-Constituyente, Tierra, Territorio y Autonomías Indígenas” http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009102904&phpsessid= (ver Fundación Tierra [2009b]).↵

La constituyente de podemos calificaba a las autonomías indígenas de “sistema de apartheid que entraría en conflicto con los otros niveles autonómicos”. En su presentación, también se exponía la preocupación por el artículo 403 que reconocía “la integralidad del territorio, incluyendo el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios”.↵

Sobre el debate del encuentro entre ley indígena y estatal ver Yrigoyen Fajardo (1995), Bascopé Sanjinés (2005), Molina Rivero (2005), Chivi Vargas (2006, 2009, 2010 a y b), Nicolás, Fernández, Flores (2007).↵

Idón Chivi (2006), que había participado del Ministerio de Justicia del Gobierno de Evo Morales y sería más adelante nombrado Director de Descolonización en el Viceministerio del mismo nombre, critica las aproximaciones recientes del Estado para reconocer la justicia indígena, considerándolas expresiones del pensamiento de la élite que excluye la experiencia indígena y niega la capacidad de autodeterminación conceptual de los mismos. Es desde estas posiciones que en el debate se fundamenta una defensa de la Justicia Indígena no controlada por el Estado, negando los intentos de “mero reconocimiento”, en defensa de la autodeterminación. Ver otras de sus contribuciones en: http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Id%F3n%20 Mois%E9s%20Chivi%20Vargas&inicio=0↵

Informes de Comisión de Justicia, Asamblea Constituyente. 13 de julio 2007.↵

En este órgano había un importante reconocimiento de la justicia indígena, pero con un leve desequilibrio a favor de la justicia ordinaria porque se proponía que el nuevo órgano estuviera integrado por tres titulares y dos suplentes que fueran autoridades indígenas designadas directamente por los pueblos, pero de un total de siete magistrados titulares y tres suplentes, con lo cual los indígenas quedaban en minoría entre los titulares. El Ministerio de Justicia de Evo Morales (2006) también presentaba una versión con amplio reconocimiento de la autoridad indígena, con una Justicia Comunitaria que era considerada “obligatoria” para los miembros de las comunidades.↵

En el Informe de junio de 2007, la Sub Comisión de Justicia Comunitaria en la Asamblea Constituyente, presidida por Jimena, presentó un cuadro con las ventajas de la Justicia Comunitaria, entre las que se incluía que es transmitida de generación en generación y ancestral; que tiene alto grado de legitimidad y credibilidad; que es reparadora y dinámica; oral, gratuita, rápida, flexible, solidaria, preventiva, transparente y participativa; con autoridades rotativas por consenso y con revocatoria; que apunta a la reinserción del infractor; es localizada, de inmediata ejecución, y sin el desprestigio del sistema ordinario.↵

Fátima veía problemas en la articulación de las justicias. La comunitaria podría apelar a la otra, pero nunca a la inversa. Y en la Corte habría representantes de las dos, pero no veía como podría conformarse un Tribunal Constitucional. Observaba que casi nunca habría apelaciones en la comunitaria, y los jueces fijos llegados de ese sistema no harían nada, o tendrían que fallar sobre los temas de la ordinaria. Para ella la solución eran dos sistemas separados, por jurisdicciones. Y veía que la Justicia Comunitaria difícilmente podría cumplir la Constitución porque “chicotean, o hacen dar dos vueltas a la plaza desnudo y eso es contra la dignidad”.↵

El informe afirma que “una justicia que decide consultando hojas de coca, debe estar subordinada, monitoreada y revisada constantemente”. En definitiva, para la hrf la Justicia Comunitaria viola derechos como el de ser notificado formalmente de cargos y acusaciones, la presunción de inocencia, el derecho a representación y apelación. Para la hrf la Justicia Comunitaria discrimina a la mujer, que suele tener penas más duras cuando comente adulterio. También asocia esta justicia a los linchamientos, “que en Bolivia se realizan con el argumento de que la Justicia Comunitaria les da amparo”. Huma Rights Foundation Reporte 15 de enero 2008 http://www. humanrightsfoundation.org/ Ver también Revista Opiniones y Análisis, nro. 81 (2006).↵

Aún derivando mucho de la definición a una futura ley, en la reforma se incluyeron algunos límites. En la versión aprobada en 2007, la jurisdicción indígena ya se limitaba al ámbito territorial de los pueblos indígenas, pero en la modificación de 2008 se agregaba que sólo afectaría a los “miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino”. Si bien en la versión de la Asamblea Constituyente no se aclaraba lo contrario, se podría interpretar que personas externas a la comunidad podrían ser juzgados por la justicia indígena, como de hecho ocurre en prácticas habituales de justicia indígena. En el tercer artículo sobre el tema (art. 192), se mantuvo la declaración de que “Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción”. Pero se eliminó del segundo artículo: “La jurisdicción indígena originaria campesina decidirá en forma definitiva. Sus decisiones no podrán ser revisadas por la jurisdicción ordinaria ni por la agroambiental y ejecutará sus resoluciones en forma directa”.↵

Tabla facilitada por Adolfo Mendoza y que circuló en el ámbito de las organizaciones del Pacto de Unidad para analizar los alcances del acuerdo del Congreso en octubre de 2008.↵

En la Nueva Constitución se establecía que el Tribunal Constitucional estaría integrado por “miembros elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino”. Pero después de la revisión, en la actual Constitución (en el art. 199) no se hace más la distinción de proveniencia de los postulantes y se establece para todos que “para optar a la magistratura del Tribunal Constitucional Plurinacional se requerirá, además de los requisitos generales para el acceso al servicio público, haber cumplido treinta y cinco años y tener especialización o experiencia acreditada de por lo menos ocho años en las disciplinas de Derecho Constitucional, Administrativo o Derechos Humanos”. Con lo cual se elimina la posibilidad de magistrados provenientes del sistema indígena que no hubieran pasado por el sistema ordinario. Sólo se reconoce que “Para la calificación de méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia”, del mismo modo que en el Tribunal Supremo de Justicia, y otras instancias judiciales superiores. En el Tribunal Supremo Electoral, inicialmente dos de los cinco miembros deberían ser de “origen indígena originario campesino”. En la versión final se mantiene el requisito de que dos miembros tengan ese origen étnico (aunque no necesariamente hayan participado del sistema judicial indígena) pero sobre un total aumentado a siete miembros.↵

En otros artículos fuera del capítulo de la jurisdicción indígena, se prohíbe el confinamiento (castigo común en la Justicia Comunitaria), y se establece también que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso (art. 117). Como si quedara duda de que esas definiciones afectasen a la jurisdicción indígena, en el artículo 119 se establece que “Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina” El artículo 117 agrega para todo el sistema un límite de sanciones máximas y establece que nadie sufrirá sanción penal no impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. En el artículo 119 se agrega que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa y que el Estado proporcionará un defensor gratuito. En el artículo 120 se establece que ninguna persona podrá ser sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa.↵

Por ejemplo el voto directo para elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y las Acciones de Amparo Constitucional, de Libertad, de Cumplimiento y Popular, con las que la población podrá dirigirse a los tribunales de la justicia ordinaria sin necesidad de abogados ni cumplimiento de procedimientos administrativos o técnicos difíciles de llevar adelante por cualquier ciudadano.↵

De modo coherente con esta estrategia de supervivencia de lo indígena en el Estado, Miguel Aragón (2009) afirma que sobre la determinación de competencias entre los dos sistemas de justicia, “No consideramos que se deban establecer reglas para determinar la competencia, similares a las que, por ejemplo, están en el artículo 49 y en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil boliviano. Planteamos esto porque de lo contrario estaríamos perforando la viabilidad de la jioc [Justicia Indígena Originaria Campesina], que se vería sometida a permanentes procesos de conflictos de competencia desde las otras jurisdicciones a petición de personas que desde dentro o fuera del territorio indígena hacen graves daños a los bienes jurídicos individuales y colectivos de los indígenas”.↵

En diciembre de 2010 la Asamblea Legislativa aprobaba la Ley de Deslinde Jurisdiccional (Estado Plurinacional [2010f]), después de consultar con organizaciones pero ante críticas de la cidob y el conamaq por algunas restricciones como la de impedir juzgar personas ajenas a la comunidad, o por delitos penales, terrorismo, corrupción, homicidio, asesinato, trata y tráfico de personas y de armas, narcotráfico; vinculados a hidrocarburos, forestal e incluso agraria, excepto el reparto interno de tierras en las comunidades. La ley incluye mecanismos de “cooperación” de las comunidades con el Ministerio Público y la Policía para cotejar antecedentes e información; prohíbe la pena de muerte, el linchamiento y la violencia contra mujeres y niñas (establece que toda conciliación en este último tema es ilegal). Según declaraciones de la viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina y de Evo Morales, la ley no sería reglamentada debido a la diferencia entre las distintas formas de administrar justicia en cada pueblo.↵

Taboada Terán (2008:52-53) habla de lo difícil de ver una clase inferior por encima, y describe a Bolivia como “un pueblo de indios y mestizos que ha comenzado a andar”, pero que es “triste y engorroso ver cómo se enfadan los pretendidos blancos al verse gobernados por pobres y libres, los indios”. Aunque esta vertiente de ideas que intervino en la redacción del texto no era para nada ajena al mas, como vimos también en la disputa de “invitados” y “orgánicos”; dentro del partido de Gobierno, los constituyentes identificados con esta mirada, habían asumido una alianza con los indígenas y el proyecto de Estado Plurinacional. Era entonces más bien desde la oposición desde donde los sectores expresaban la voz de la república liberal establecida.↵

Artículo 11. i. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. ii. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1.Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la Asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley. 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.↵

En el título sobre participación y control social hay un cambio donde “el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada” deja de participar “en la toma de decisiones” para hacerlo solamente en el “diseño” de las políticas públicas. En la versión de la Asamblea Constituyente la participación y el control social se ocuparían, además de otras funciones que se mantuvieron, de velar por la aplicación adecuada de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción agroambiental y de la jurisdicción indígena originario campesina; y se limitó el control sobre la universidad, permitido cuando se establecía que se aplicaría sobre todas las instancias autonómicas o autárquicas (241, 242).↵

Serían 130 diputados y 36 senadores, como anteriormente. En el proyecto de Oruro, irían a ser 121 diputados y cuatro representantes por cada departamento, pero sin indicar el número total de 36, dejando la puerta abierta, quizás, a la creación de un décimo departamento, posiblemente en el Chaco, donde existía el reclamo y sería el primer lugar donde el MAS impulsaría la creación de una región, para horadar el poder del opositor departamento de Tarija.↵

Lo mismo para la elección del fiscal del Ministerio Público (artículo 227); de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional (artículo 158), y para la preselección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (art. 182), que serán elegidos por sufragio directo de la población, en una medida muy criticada pero que fue mantenida y es parte del texto constitucional. Esto se suma a los cambios referidos a la composición de los tribunales, que consideramos más arriba y que, como vimos, terminaba con la composición paritaria entre el sistema originario y del derecho académico occidental. El primer nombramiento de jueces fue realizado por decreto, con una “Ley Corta”. La votación de las autoridades del Órgano Judicial tenía fecha fijada para octubre de 2011.↵

En la interpretación del periódico, el reconocimiento de la “Acción Popular” (artículos 135 y 136), en que cualquier persona, a título personal o de una colectividad puede dirigirse a la justicia para denunciar el incumplimiento de cualquier derecho, sería un plan político para que, por ejemplo, “quien quiera hacer valer su derecho al trabajo, podrá tomar, en nombre de la ‘Acción Popular’, una empresa pública o privada para hacerlo cumplir, y ningún empresario podrá negarse a satisfacer esa demanda, pues hacerlo será interpretado como una violación al texto constitucional. De igual manera se podrá exigir vivienda o salud”. El razonamiento concluye afirmando que “las demás disposiciones que supuestamente garantizan la vigencia del Estado de Derecho, quedan reducidas a la condición de meras declaraciones líricas”.↵

Molina menciona a García Linera como uno de los que hicieron la síntesis teórica del indianismo, y lo resume como “rechazo al pensamiento occidental, especialmente al que se asocia a la Ilustración y la revolución científica”; “exaltación de la peculiaridad, ‘supuestamente única’, de las culturas autóctonas”; “colonialismo interno” como categoría explicativa central de la sociología e historiografía; derivación de los problemas de desarrollo a la opresión racial; repudio de “los intentos previos de superación de la exclusión y explotación indígena” incluso el mestizaje; línea de continuidad desde los levantamientos contra la Corona española hasta las rebeliones recientes; búsqueda de la “descolonización” que implique “la indianización del Estado mediante la sustitución de las élites por una dirigencia indígena y la construcción de un Estado étnico que refleje la diversidad” además de una reforma educativa; búsqueda del advenimiento de un “tiempo nuevo” como ciclo milenario en el que imperará el colectivismo económico (aunque con progresos tecnológicos), la imposibilidad del racismo y el colonialismo; la comunión con la naturaleza. Para otra mirada sobre el indianismo véase Pacheco (1992) y Hurtado (1986).↵

Capítulo 6: 

La implementación del nuevo Estado

Sabemos  que el  debate constitucional  sobre el  Estado,   la sociedad y el país no ha finalizado ni está cerrado. En realidad, la promulgación de la nueva  Constitución  establece las tensiones y conflictos de una transición democrática  entre la exigencia de una refundación y sus consecuentes transformaciones, y, por otro lado, la necesidad  de matizar y reformar únicamente  lo necesario o lo suficiente  para que el cambio sea ordenado e inteligible para el orden social y cultural existente.  Es decir,  las líneas de confrontación  están en el modo de posicionarse en relación con el cambio, porque nadie en esta situación  puede abstraerse del cambio y de la urgencia  de los cambios.

 Óscar Vega Camacho (2011:18)

En este capítulo conclusivo veremos  los primeros pasos de la implementación de la Nueva Constitución. Comenzaba el tiempo de la gestión,  con la consolidación del poder  institucional, pero las tensiones  que atravesaron  la Asamblea seguirían presentes y se expresarían  al momento de elaborar  las primeras  leyes del Estado Plurinacional. Se continuaría pensando y redefiniendo el rumbo del proceso, pero cerraría el espacio  ritual de delinear un nuevo Estado. Volveremos aquí al tema abierto  en la introducción  de este trabajo, por el que pasamos algunas veces, sobre la llegada  de la diferencia  al Estado.  Veremos este tema a partir de las fricciones que se comenzaban a desplegar en caminos que se bifurcan para los que durante el proceso  constituyente permanecieron aliados. La diferencia indígena campesina en el Estado también dará lugar a debates sobre la forma de entender este proceso. Para algunos el discurso étnico y la presencia  de la Pachamama eran falsos; para otros lo comunitario  e indígena  inspiraba  la búsqueda de descolonización, un nuevo Estado y una  alternativa al desarrollo capitalista.

1. El nacimiento  del Estado Plurinacional

El 7 de febrero de 2009, en un acto con desfile en El Alto, Evo Morales  promulgaba la Constitución junto a Silvia Lazarte y Rigoberta Menchú,  entre otras autoridades e invitados extranjeros.  Los  constituyentes asistían el desfile desde  un palco al costado del escenario  central. En su discurso, Evo Morales reconocía como siempre “la conciencia del pueblo boliviano” y evocando la impronta indígena que inspiró la gesta, decía: […] Después de 500 años de rebelión, invasión y saqueo permanente; después de 180 años de resistencia contra un Estado colonial, después  de 20 años de lucha permanente  contra un modelo neoliberal, hoy, 7 de febrero de 2009, es un acontecimiento  histórico, […] promulgar  la nueva Constitución  Política del Estado. En la historia boliviana,  es el movimiento indígena campesino, después de tantos años, hermanas y hermanos, que empieza primero en la elección  de los constituyentes, para una Asamblea Constituyente el año 2006, es su participación para redactar una Nueva Constitución, inspirado en la lucha de nuestros antepasados, en la lucha de nuestros  hermanos indígenas desde 1600 y 1700, inspirado en la lucha de muchos  hermanos  que fundaron Bolivia, y no podemos olvidar la rebelión del movimiento indígena en Bolivia, a la cabeza de Tupac  Katari, Julián Apaza.  […] Al frente del escenario  central, antes de que comenzara una marcha de las nacionalidades, el Ejército  y la Policía, un grupo  de yatiris ch’allaban ejemplares de la Nueva  Constitución en un ritual frente a las cámaras  del mundo. Le pregunté a uno de ellos si eran de conamaq y me respondió que esos eran pagados por la cia, ellos eran de “las comunidades sagradas de El Alto”. También había un grupo de quechuas, con sus familias, haciendo ceremonias rituales menos llamativas, para bendecir también el nuevo  texto. El acto era desorganizado. Me encontré  al lado del comandante  del Ejército que le dijo a Evo Morales,  llegado hasta el frente del palco, que las tropas  estaban  listas para iniciar  el desfile. El presidente  subió al escenario junto al vicepresidente,  ministros y colaboradores. Luego alguien se acercó y me dijo que yo no podía estar al lado del comandante, por ser extranjero. La prensa  sacaba  fotos y Sacha Llorenti, viceministro, decía que había que hacer una barrera. Los periodistas se opusieron porque perderían la visión privilegiada y solo se corrieron de delante del escenario  cuando empezó a pasar el desfile.

Otro viceministro, Pablo Groux, también  daba instrucciones para organizar el acto. En su discurso, el presidente habló de la Nueva Constitución: Finalmente, gracias a los movimientos sociales, obreros y originarios se ha aprobado  esta Nueva Consti-tución. Intentaron permanentemente liquidar, eliminar a la Asamblea Constituyente con falsos pretextos, dijeron autonomía,  ahí tienen autonomía;  dijeron capitalía, ahí tiene la capitalía correspondiente;  dijeron dos tercios y el 10 de agosto del año pasado más de dos tercios del pueblo boliviano apoyó esta Revolución Democrático Cultural, ahí están los dos tercios. Debo decir gracias por ese apoyo consciente del pueblo boliviano. Hablaron de la propiedad  privada, dijeron que íbamos a quitar la propiedad  privada, la nueva cpe boliviana garantiza la propiedad  privada, pero también  garantiza la propiedad estatal y la propiedad colectiva de cooperativas, de asociaciones en toda Bolivia. Hermanas y hermanos, esos grupos que representan todavía a los vendepatrias, a los neoliberales,  intentan frenar este proceso revolucionario, pero no pudieron y no podrán, porque hay una conciencia del pueblo boliviano que seguirá derrotando a los vendepatrias de la historia  boliviana.[1]

 […] Esta nueva cpe boliviana  garantiza la igualdad de oportunidades para la gente  del campo y de la ciudad,  garantiza fundamentalmente,  hermanas   y hermanos,  la unidad, la igualdad y la dignidad  de todo el pueblo boliviano, y si hablamos de la dignidad  yo quiero decirles, hermanas y hermanos, que en tres años de Presidencia, de una vida diferente que es la vida sindical, una nueva experiencia,  sólo la sabiduría  de nuestros pueblos,  de nuestras fuerzas sociales, ha permitido identificar, resistir y derrotar a los agente  externos,  derrotar al imperialismo norteamericano. […] En esta nueva cpe boliviana no se permite y no se permitirá instalar ninguna base militar extranjera, por tanto no habrá embajadores como antes, que ponían ministros y despedían ministros; embajadores de eeuu que autorizaban  la entrada de aviones  al aeropuerto  de Chimoré. Ha terminado eso gracias a la consciencia  del pueblo  boliviano.

[…] También, hermanas y hermanos,  algo ético que se ha recuperado, es la ley que nos dejaron nuestros antepasados, por primera vez en la nueva  cpe boliviana se incorpora  el ama sua, ama llulla y ama k’ella. […] hermanas y hermanos, en esta nueva Constitución Política del Estado boliviana por supuesto  está el sentimiento del pueblo boliviano, la lucha permanente contra el colonialismo, contra el neoliberalismo y fundamentalmente contra el imperialismo. […] Hermanas y hermanos, en esta nueva Constitución, por primera  vez en la historia,  y siento que es por primera vez en Latinoamérica o en el mundo, los servicios básicos, el agua, la luz, el teléfono, son un derecho humano, por tanto no serán de negocio privado sino de servicio público. Hermanas y hermanos,  por supuesto algo importante y central, en esta nueva cpe boliviana se reconocen  todos los idiomas de los pueblos  originarios, también se reconoce al idioma español o castellano como decimos, no se excluye a nadie.[2]

[…] Bolivianas y bolivianos, siento que se ha avanzado bastante, sólo gracias a la conciencia del pueblo boliviano; inspirados, repito, en nuestros héroes, inspirados en nuestros próceres  de la liberación  y, sobre todo, en los movimientos  sociales, del campo y la ciudad.  Saludo  la lucha histórica del conalcam, la cob. […] La marcha, la gran marcha de octubre para obligar al Congreso Nacional que apruebe una ley que permita consultar  al pueblo boliviano. […] Los mandos de las Fuerzas Armadas,  desde el momento que llegamos  al Palacio,  ya pasaron a la historia,  a la nueva historia, a la nueva página, por defender la patria y servir al pueblo boliviano junto a los movimientos sociales. Un comandante de las Fuerzas Armadas me decía, “díganos con qué dirigentes sindicales debemos coordinar para defender la unidad de la patria”, cuando  so pretexto de autonomía querían dividir Bolivia. No habrá, hermanas y hermanos, ni cuatro prefectos, ni cuatro cívicos que puedan descuartizar a Bolivia, como cuatro caballos descuartizaron a Tupac Katari. […]

Evo Morales leyó el documento  histórico del acta con la sentencia  de los españoles ordenando la tortura y muerte de Katari: “[…] Cuando fuere sacado de la prisión  donde se encontraba  arrastrado por un caballo, con una soga en el cuello, cómo pedía la justicia y del beneficio  y sosiego de ellos mismos y con unas cuerdas robustas en las manos y los pies sea descuartizado por cuatro caballos, para que muera y su cabeza sea llevada a la ciudad  de La Paz”.[3]El presidente también mencionó a líderes indígenas, criollos y de izquierda que habían luchado en el pasado  para posibilitar este momento, y luego prosiguió: Con permiso de ustedes, vamos a promulgar la Nueva Constitución Política del Estado boliviano, delante de ustedes, de cara al pueblo boliviano, no como antes, sólo en el Congreso dentro de cuatro paredes.  Aquí no tenemos nada que ocultar, es la transparencia, eso es, hermanas y hermanos, la conciencia  del pueblo  boliviano, para promulgar la Nueva  Constitución.

Con permiso de ustedes. Hermanas y hermanos  de Bolivia, en este día histórico, proclamo promulgada la Nueva  Constitución Política del Estado boliviano, la vigencia  del Estado plurinacional unitario, social y económicamente, el socialismo comunitario. […] Hermanas y hermanos, es impresionante lo que estamos haciendo, de la rebelión  de nuestros antepasados a la revolución  democrática  y cultural, de la revolución democrática  cultural a la refundación  de Bolivia. De la refundación, y es mi pedido, con respeto, de la refundación  de Bolivia…

Nacía  el Estado Plurinacional, y el acto y la marcha  de pueblos y militares terminaban apresuradamente bajo un diluvio y el granizo.  La mera mención al “Socialismo Comunitario”, que era una novedad, era suficiente para introducir el término  en el debate boliviano,  aunque no viniera acompañado de especificaciones.  El reconocimiento  de Katari y otros líderes de la lucha anti colonial iba en la dirección  de situar al Gobierno  del MAS en la mitología  política de las rebeliones indígenas. Fiel a su estilo de líder agregador,  al mismo tiempo, pedía reconciliación de “originarios milenarios” con “originarios contemporáneos”, como repetiría en otras oportunidades,  buscando  respetar la igualdad de todos los bolivianos. Mencionaba a movimientos sociales pero también a los militares, y mencionaba logros antiimperialistas y populares pero también recordaba que la propiedad  privada estaba garantizada y la Iglesia  Católica no sería perseguida.

En sus últimas palabras  gritaba ¡El Alto de pie, nunca de rodillas! ¡Bolivia de pie, nunca de rodillas! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Qué viva Bolivia unida con autonomías! ¡Jallalla Bolivia soberana! ¡Kausachun Bolivia digna! ¡Kausachun! […] En sus palabras había mucha meta-textualidad que remitía  al proceso  de constitución del pueblo boliviano y a los grandes temas que habían  abierto el camino a este proceso.  Recordaba  la lucha por la hoja  de coca (del “Kausachun coca”, en quechua), también el grito de la revolución cubana “patria o muerte, venceremos”, que no sin polémica  sería incorporado como voz de arenga oficial de las Fuerzas Armadas bolivianas. Evo Morales también recordaba un grito alteño popularizado en la Guerra  del Gas de octubre  de 2003, que puede ser leído también  como grito antiimperialista  (“El Alto de pie, nunca de rodillas”), daba un Jallalla típico de la espiritualidad  del Altiplano y sumaba además un viva para la autonomía.

Esa noche,  los constituyentes firmaron ejemplares de la Constitución  promulgada, cenaron y bailaron en un restaurante con música folklórica del centro de la ciudad.  Los  constituyentes  se encontraban después de mucho tiempo. En el 2008 sólo se habían reunido una vez, después  del acuerdo de octubre, en que les habló el presidente  y se armaron  grupos  para trabajar en las futuras leyes. Algunos habían formado una Fundación que podría aportar en el futuro trabajo de la elaboración de las leyes, y que fue presentada esa noche. René Navarro, de Potosí, se quejaba de que dirían que era una Fundación para buscar “pegas” y consultorías cuando  los constituyentes tendrían que ser una autoridad moral. También decía que en los militares no se podía confiar y recordaba como lo habían presionado en el tiempo de la Comisión.

Vladimir Alarcón criticaba a García Linera como “entorno blancoide”, decía que le había pedido que renunciase como candidato a la Constituyente pero que él se había quedado por el pueblo.  Creía que la gente se daba cuenta de los errores de Evo pero que a él lo respetaban  porque  “es su sangre”, y se quejaba de que los Ministerios  estaban llenos de “blancos”. Continuaba con resentimientos hacia Romero desde  la época de la Comisión, del que decía “podrá leer 4 mil libros pero si los principios  no son buenos no sirve”. Él había formado  el MAS de El Alto en 2001 y decía que era duro ver cómo todo se lo llevan los que aparecieron ahora. En Cochabamba, Nora Martínez había  vuelto a su empresa. Decidió  salir de la política  porque le parecía muy ingrato. Te obligan a disciplinarte y después se olvidan de vos, decía. Ada Jiménez se había mudado a Santa Cruz pero decía que la política “nunca  se deja”. Seguía con reuniones.  Al igual que otros, Nora se desilusionó cuando supo que la medalla  que recibieron había sido pagada con recursos donados por los constituyentes que tenían, en ese momento, cargos en el Gobierno,  y no por el Poder Ejecutivo. Varios decían sentirse olvidados.

Pastor Arispe, de la Directiva y disidente de as, diferenciaba entre tres grupos de personas en el mas: los “masistas”, los “evistas”,  y los que “están por el cambio”. Pensaba que había que pasar de la lógica  vertical de Evo  a la lógica  circular propia de los pueblos  andinos. Alguien me pedía que en mi trabajo  contara la verdad, le molestaba  que dijeran que la Constitución  había sido escrita por un grupito. Al terminar el evento, aunque  algunos seguirían  bailando entrada la madrugada, acompañé a Mamá Esperanza a su alojamiento,  junto con otro constituyente. Era en la zona del mercado  de la Uyustus,  y el cuarto costaba uno o dos dólares la noche,  de los más baratos de La Paz. En su aguayo llevaba su reboso (manta), documentos, una botella de agua  y la Nueva Constitución. Como otros constituyentes, me invitó a su comunidad. Son 200 personas y muchos no hablan español, pero que ella traduciría,  me decía. En su pueblo,  el 100% había votado por el Sí a la Constitución aunque,  como el presidente había mencionado  en su discurso, usaid había hecho campaña diciendo que para votar por Evo había que votar por el No.

Varios constituyentes estaban trabajando en los Gobiernos Departamentales o en el Gobierno central.[4] Otros habían  vuelto a ocupar  cargos en los sindicatos o entraban en carrera para buscar ser candidato a asambleísta plurinacional en las elecciones  que llegarían en diciembre de 2009. Luego de la promulgación de la Constitución,  cerca del Gobierno y entre los constituyentes, circulaban  miles de rumores sobre los inminentes cambios en el gabinete  de Evo. Un decreto  lo reorganizaría para adaptarlo al Estado Plurinacional.  Había operaciones a favor y en contra de los distintos candidatos  para ocupar puestos. Una constituyente me contaba sus llamados a dirigentes para hablar mal de uno de ellos. Muchos se preguntaban si saldría Juan Manuel de la Quintana,  cuestionado  por los movimientos sociales por haber participado de Gobiernos de derecha y responsable político por el triunfo del No a la Constitución  en el referendo  de Pando.[5]

Al día siguiente de la promulgación,  Evo Morales posesionaba  a sus ministros, pero con pocos cambios. Serían 20 Ministerios, y hubo algo de descontento porque  los ministros cuestionados por los sectores sociales e indígenas continuaban junto al presidente  y no se habían incorporado indígenas, más allá de una dirigente campesina de Tarija en Desarrollo Rural. Se creaba  el Ministerio de Autonomías, a cargo de Carlos Romero, con dos Viceministerios a cargo de los ex constituyentes Saúl Ávalos (que dejaba Hidrocarburos) y Rosario Ricaldi, que había estado trabajando en la repac. Raúl Prada estaba trabajando como director en el Ministerio  de Economía, a cargo de pensar  las leyes. En 2009 o 2010 sería nombrado  viceministro de Planificación Estratégica. Cultura pasaba a ser Ministerio y se creaba  el Viceministerio de Descolonización, que en 2010 pasaría a estar a cargo del ex constituyente de Visión de País, Félix Cárdenas. Dentro de este Viceministerio,  también funcionaría  la Unidad  de Despatriarcalización, a cargo de la ex constituyente Esperanza Huanca, y con las ex constituyentes Elisa Vega y Dora Arteaga también trabajando.

Un notable episodio ocurrido luego de la promulgación  fue la decisión  de crear una asamblea comunal de ocuparía la vivienda del ex vicepresidente aymara Víctor Hugo Cárdenas en la comunidad de Sank’ajawira, Omasuyos. La polémica alrededor de casos de justicia comunitaria  no son nuevos en Bolivia, pero sí lo sería la posición  ambigua de un Gobierno  ante un hecho que se había realizado en castigo por la campaña de Cárdenas a favor del No a la Nueva Constitución, sumado a la acusación  más general de que el sentenciado  no había cumplido con su comunidad. Evo Morales impugnó la toma  de la propiedad  pero dijo que el afectado debería  saldar cuentas con la comunidad. Raúl Prada opinó que la toma de la casa  del ex vicepresidente no respondía  al marco de la justicia  comunitaria, constitucionalizada pero aún no institucionalizada, y que más bien “aquella reunión fue un cabildo o demostración  política de una democracia comunitaria”. Pero consideró que el caso debería  ser resuelto mediante la vía judicial ordinaria, toda vez que la Nueva Constitución también garantizaba la propiedad  privada (La Prensa 14/3/2009). Cárdenas inició una demanda a tres líderes  campesinos que identificaba como responsables individuales, y también al Gobierno, por no haber impedido lo ocurrido,  a pesar de su denuncia anticipada.[6]

El 18 de marzo de 2009, tenía lugar el Decreto  (0048), que fue leído como la muerte  de la República  porque cambiaba el nombre del Estado de República de Bolivia por el de Estado Plurinacional de Bolivia. El cambio se enmarcaba en la  serie de medidas que concretaban la incorporación  de elementos andinos y plurinacionales en la estructura del Estado  y en la definición  de sus bases fundamentales, principios y valores. En uno de sus artículos (el octavo) la Constitución establecía que el Estado asumía y promovía distintos principios ético-morales extraídos de distintas tradiciones y cosmovisiones indígenas que ahora serían de una sociedad  plural (la tierra sin mal, el no mentir y el “vivir bien” entre ellos), como vimos. La wiphala había sido incorporada como símbolo nacional, en este sentido, pese a la crítica de opositores que la veían como símbolo del avance andino sobre el resto del país.  En la disputa por imponer interpretaciones, García Linera la asociaba a todos los pueblos, incluso los de Oriente, pero imponerla sería una tarea política que llevaría algún tiempo. Así quedaba demostrado en ocasión  del acto del día de la patria  en 2010, cuando el anunciado  uso de la wiphala generó polémica en los días previos al acto del 6 de Agosto, que en esa oportunidad sería realizado, como gesto de disposición nacional y conciliador, en Santa Cruz de la Sierra.

2. La gestión  y sus lecturas indígenas

Después de la promulgación, Evo Morales se reunía con sus nuevos ministros y viceministros en Wajchilla, en las afueras de La Paz. Ya no participaban las organizaciones sociales, como ocurrió anteriormente, y más bien se presentaban  los informes de cada repartición  directamente  al presidente.  Evo Morales criticaba lo que no le parecía  bien, ponía plazos y también había algunos retos. En esta reunión criticó a “los intelectuales” y dijo “no quiero teoría en que repetimos  lo mismo; quiero acciones, quiero ejecución”. Pidió que en una semana estuviera listo el proyecto de Ley Marco de Autonomías, y criticó que algunos Ministerios “lanzaban” cosas sin tener el presupuesto. Al mismo tiempo, muchos Ministerios, empresas públicas y direcciones presentaban muy baja “ejecución presupuestaria”. Evo exigiría que como mínimo debiera  alcanzarse el 30% de ejecución. Una asistente a la reunión  decía que el presidente sólo quería cantos de sirenas y resultados. Al iniciar su gestión, en 2006, Evo Morales había bajado a la mitad  su salario, determinando así un techo máximo más bajo  para toda la administración pública. Sobre otro rasgo de su forma de gobierno,  suele comentarse su ritmo incansable de trabajo, desde las 5 de la mañana –horario de campesino boliviano– hasta después  de la media noche (cf. Sivak [2008]).[7]

Días después de la promulgación de la Constitución  en El Alto, tenía lugar quizás  el mayor escándalo en la gestión  del mas, con el encarcelamiento de Santos Ramírez, hombre fuerte del MAS que era mencionado  como posible sucesor de Evo Morales, candidato a la presidencia,  o como posible candidato a vicepresidente para diciembre de 2009. Había sido parlamentario junto a Morales antes de que este llegara a la presidencia y mientras era senador –como vimos en capítulos anteriores.  También cumplió un papel clave como operador político en el desenlace de la Constituyente  y otras operaciones importantes para el Gobierno. Había sido involucrado en el cobro de un soborno de 450 mil dólares a un empresario beneficiado en una licitación de la empresa estatal de petróleo (ypfb), que Santos Ramírez  dirigía, para producir glc. La irregularidad se descubrió luego de un asalto con la muerte del empresario  involucrado, en la puerta  de la casa de un pariente del senador. Y es interesante que, acorde con la importancia  de lo indígena  en el proceso político, también  fue en lenguaje étnico, el argumento con el que Santos Ramírez  se defendió  frente a la prensa: “para ser mis parientes tendrían que hablar quechua y no matar” dijo para distanciarse de los hermanos de su mujer, involucrados directamente, además  de pedirle a su esposa el divorcio, como intento infructuoso de separarse  del escándalo.[8]

Evo Morales no lo protegió y en pocos días estaría preso  en la cárcel San  Pedro de La Paz. Macario Tola me había dicho que en su lugar hubiera renunciado de inmediato declarando que se sometería a la justicia comunitaria  y a la ordinaria. Escuché también un argumento de defensa que consideraba que algunas prácticas tradicionales de reciprocidad  eran interpretadas como corrupción equivocadamente por el sistema  legal del Estado colonial. Por otra parte, Bajo y Stefanoni (2009) escribían: “Si Santos Ramírez  hubiera sido un invitado de clase media, la respuesta hubiera sido fácil y conocida, pero se trató de un ‘peso pesado’, con madre de pollera y quechua hablante, norpotosino y hasta ‘posible  sucesor’ de Evo; es decir, con todas las credenciales de un masista de verdad”. También aprovechaban el escándalo  para hacer una crítica sobre  la que volveremos. Decían: “limitarse a linchar a Santos Ramírez puede […] opacar el debate de fondo […] discutir lo que hoy no se discute detrás del predominio de la retórica, a menudo  hueca, de la descolonización: qué tipo de Estado se hará cargo de los recursos estratégicos del país, tal como lo establece  la Nueva Constitución, evitando recaer en la tentación fácil del capitalismo  de Estado que emerge en Bolivia después de cada fracaso liberal y siempre goza de amplio apoyo social. Temáticas […] prácticamente ignoradas por una izquierda que pendula entre el nacionalismo  y el culturalismo”.

El asesor del Pacto de Unidad, Adolfo Mendoza, comentaba acerca de una campaña en las paredes de Cochabamba y Santa Cruz, para el referendo constitucional, que decía: “soy crítico pero no cojudo, voto sí”. Y veía que  venía  el momento de implementar  todo lo aprobado  en la Constitución.  Evo Morales había dicho que el programa de Gobierno sería la Constitución. Por eso Adolfo veía como un error garrafal adelantar las elecciones,  como algunas organizaciones proponían. Adolfo veía a la Constitución  como “comunitaria liberal”, o “liberalismo comunitario”. En diciembre de 2009 sería elegido primer senador por Cochabamba, pero en marzo de 2009 estaba trabajando como consultor  para  la elaboración de la Ley Marco de Autonomías en el Ministerio de Autonomías.  Alguien me decía que Romero había llamado a Adolfo para tener una versión cercana a las organizaciones con la que después pudiera negociar y ceder, acercándose a lo que inicialmente quería, mostrando su perfil de operador político. Pero Adolfo volvería a tener protagonismo en la definición  de esta ley más adelante, como senador, cuando con las organizaciones  obligaran al MAS a construir un nuevo centro, distinto del inicialmente demarcado  por Romero. Antes, en el trabajo del Ministerio  de Autonomías,  Carlos Romero había llamado también a Jesús Jilamita, asesor de conamaq, a Xavier Albó y a Carlos Böhrt, todos participantes de la búsqueda del centro en la Asamblea  Constituyente. Evo había pedido el proyecto  de Ley Marco para ese lunes a la tarde.

Macario  Tola estaba trabajando en la Vicepresidencia,  en la resolución   de conflictos sociales con sectores. Como figuraba en planillas, no pudo ser candidato a gobernador de La Paz, cuando su nombre fue manejado, a inicios de 2010, después de que Félix Patzi debió renunciar a la candidatura.  En otro caso que involucró el lenguaje  étnico de la política boliviana, Patzi, el indianista ex ministro de Educación y después secretario  de la Prefectura  de La Paz, inició un escándalo en el MAS cuando  resistió al pedido  de Evo Morales de que diera un paso al costado, después  de ser detenido por la Policía  por conducir con alto porcentaje de alcohol en sangre. Ocurrió en la misma semana en que fuera firmado un decreto supremo que aumentaba las penas por ese mismo delito, como reacción al elevado número de accidentes de tránsito.

Lo interesante es que Patzi intentó resistir al pedido de Morales de que deje la candidatura,  y apeló a las bases sociales, consiguiendo  que en algunos casos lo siguieran,  y buscó defender su candidatura presentándose  a un tribunal de justicia comunitaria en su comunidad de origen, en la provincia Aroma, cuna del katarismo, donde se resolvió que podría continuar como candidato después de hacer mil adobes como castigo. La pulseada  la ganó  el MAS y Patzi anunció que formaría un partido que lucharía por una verdadera descolonización. Pero antes de ser obligado a declinar, cuando  el partido no presentó sus papeles a la Corte, la disputa  se expresó en términos  culturales andinos  y en los medios masivos de comunicación. La primera defensa de Patzi fue decir que había bebido como parte de la tradición  aymara por la muerte  de un familiar.  El canciller, David Choquehuanca,  le respondió  que estaba violando el mandato  indígena  de “no mentir” (ama sulla) cuando se comprobó que ningún  familiar del candidato había muerto. Evo Morales también puso en duda el modo en que Patzi realizaba los ladrillos de adobe de castigo, que él mismo había hecho cuando era niño y sabía que era imposible realizarlos en el tiempo en que Patzi anunció haberlos terminado.

El candidato que lo reemplazaría  sería el ex constituyente Cesar Cocarico, que había conversado conmigo en marzo de 2009, luego de ser nombrado  como responsable  de la  recientemente  creada Unidad  de Análisis  Constitucional, invitado para pensar  la fase de implementación y respaldar  al presidente  en la interpretación de la Constitución,  decía.  Desde ahí también  intentaría orientar la interpretación  del texto constitucional  frente a la población.  Los que hemos participado  del proceso  constituyente tenemos  que aportar para que la doctrina constitucional boliviana  se oriente correctamente, decía. Hay temas que no entienden los sectores académicos  ni los sociales.  La democracia  comunitaria por ejemplo, no debe ser considerada como restrictiva sino como ampliación de los derechos.  A pesar de los cambios de octubre, veía que el texto significaba  la inclusión de absolutamente todos. Sin embargo, aclaraba que lo plurinacional  no significaba solamente colocar un indígena. Cocarico había trabajado en el decreto del Órgano  Ejecutivo con que se reformó  el gabinete y veía que “lastimosamente” no habían incluido muchas  de sus recomendaciones como la de que la economía comunitaria tenga su área específica de trabajo en el gabinete.

La gestión de gobierno era un mundo  político bien diferente  al de la Asamblea Constituyente. Había continuidades, pero también una dinámica, un clima y una discusión diferentes. También se había  dejado  atrás la confrontación con Oriente, más allá de la operación de la Policía  en abril de 2009 contra una “célula terrorista” comandada  por un húngaro-boliviano  veterano de la guerra  de los Balcanes combatiente por Croacia, además de actor y poeta, que habría planeado atentados con un plan separatista y vínculos con líderes cruceños y armas pesadas[9]. Después de aprobada  la Constitución, no fue más una lucha de posiciones para vencer al contrincante que buscaba obstaculizar y derribar el Gobierno,  sino más bien un momento en que se sentía necesario  hacer gestión y mostrar resultados. No era una “gestión  sin política” la que tenía en mente  el mas, aún con las banderas  de la revolución democrático cultural levantadas.  Pero mucho menos era “política sin gestión”  (sobre  la articulación de las categorías  política y gestión ver Schavelzon, [2006 y 2007]). Y en ese intento destacaban  los problemas de la falta de cuadros de gobierno, tanto como el de la falta de “ejecución presupuestaria”, como problema derivado.  El Ministerio  de Hacienda era el único lugar donde  habían festejado porque habían sobrado, sin ser ejecutados, mil millones de dólares, más o menos lo que se calculaba que la economía necesitaría por la crisis económica mundial.

A García Linera se lo veía preocupado hablando por celular y diciendo “me tienen que dar los nombres, me tienen que dar los nombres”;  y decía querer volver a ser profesor. En la Vicepresidencia había un sector a cargo de Jiovanny Samanamud, que se ocupaba de la descolonización organizando eventos con intelectuales internacionales y con un grupo de discusión teórica, que Samanamud diferenciaba del pensamiento político “más concreto”, del grupo  Comuna. Era un funcionario público de la descolonización,  igual que los que integraban  los Viceministerios de Descolonización y de Interculturalidad, dependientes  del Ministerio de Cultura. Cuando  entrevisté a su ministro Pablo Groux, en marzo de 2009, citaba el Artículo 98 de la Nueva Constitución en que se definía  la interculturalidad como herramienta de integración del país y cohesión  entre naciones y pueblos,  lo que veía más allá del mero reconocimiento de la Constitución  anterior y en contra de la división.  Le interesaba un modelo en que la visión indígena  y la occidental estén equilibradas  sin que ninguna de las dos se imponga. Y ese encuentro  él lo veía en la base de la sociedad;  no sería algo forzado. Pablo Groux proponía que se pudieran pensar actividades en los lugares donde en ese momento había prejuicio,  juntando por ejemplo un desfile de cholitas de El Alto con las modelos “Magníficas” de las que se enorgullecía Santa Cruz.

El Ministerio de Educación, es hace años en Bolivia espacio de discusión sobre interculturalidad. Ahora comenzaba a pensar la plurinacionalidad. Estaba dirigido por el ex vicepresidente de la Asamblea,  Roberto Aguilar, y otros ex constituyentes también lo acompañaban. Diego Pary, asesor en Sucre de las organizaciones, era el flamante viceministro  de Educación Superior, y era reconocido como uno de los indígenas  en el Gobierno de Morales. No se crearía, sin embargo, una unidad para educación indígena porque se decía que esta debía  ser transversal. Acompañé al ex constituyente Armando Terrazas a negociar con directores de Escuelas que hacían huelga de hambre  por cuestiones gremiales. Y asistí a reuniones del Bloque Educativo Indígena, que nucleaba a los Concejos Educativos de Pueblos Originarios de Bolivia (cepos) y estaban  discutiendo  junto al Ministerio  la propuesta de Universidades Indígenas y también  el proyecto de ley de creación de Institutos de Lengua y Cultura de los Pueblos  Originarios.  El director de los cepos era Walter Gutiérrez,  otro ex constituyente del mas. A pesar de que había acuerdo en las líneas políticas generales, un dirigente preguntaba  “¿acaso la Constitución dice que hay que crear dos sistemas separados?”.

En la reunión,  hubo quejas de que se pidiera título universitario para asumir funciones en universidades o el Ministerio.  Otros observaban que “Ya hubo hermanos en el Ministerio,  pero  hacen lo mismo que en tiempo  colonial”. Si entraba alguien al Gobierno  debía ser con mandato de las bases, acordaban. Metámonos en la cabeza que estamos en el poder, alguien decía. Y agregaba que “lo plurinacional lo hemos visto como palabra pero lo tenemos  que ver como gestión”. A veces mandamos hermanos por mandar, por avalar hemos avalado, se quejaba  otro de los presentes. Veían mal que autoridades que llegaron con su aval ahora les apagaban el celular cuando  los llamaban. El viceministro Diego  Pary, enumeraba  los problemas  de gestión para la apertura de las Universidades Indígenas, que serían tres: una quechua en Cochabamba, una guaraní en Santa Cruz y una aymara en Warisata. Un problema era el plazo puesto por Evo Morales, que no permitía una buena convocatoria con concursos para profesores y rectores.[10]

Raúl Prada había asumido como Director General de Normas de Gestión Pública en el Ministerio  de Economía y Finanzas Públicas. Estaba elaborando las futuras normas, especialmente  la ley de administración pública y de presupuesto  para  las autonomías. Buscaría desarrollar elementos como la participación social, que habían  quedado  recortados en el texto constitucional.  Lo entrevisté en febrero de 2009, poco después de nombrado el nuevo gabinete. Decía que veía una paradoja muy peligrosa, con mucho show en relación a la promulgación de la Constitución  y en relación a lo plurinacional  y lo comunitario  y lo nuevo; pero sin que haya en la práctica manifestaciones  que de manera clara nos digan que estamos avanzando en este sentido. No hay lo plurinacional  ni la equidad de género en el nuevo gabinete, decía. Y veía más bien “mucho del espíritu de las viejas  leyes en las nuevas  leyes, sin novedad, ni deducción  radical del texto constitucional”. Consideraba  que ni el Gobierno  ni las organizaciones  estaban consiguiendo encontrar el nuevo paradigma. “Es un andar a ciegas en una noche oscura, y no se termina de encontrar el horizonte”,  graficaba  la situación.

En una entrevista con Stefanoni, Svampa y Fornillo (2010) Raúl Prada habla del desafío de pensar leyes y también un nuevo concepto de gestión pública. Ahora nos damos cuenta que lo más difícil es cómo construimos este nuevo concepto en una estructura de ley, en una ley, decía. Dado que la técnica legislativa es muy conservadora,  la manera de hacer  la ley es muy conservadora, además el hecho de bajar una estructura tiene que ver con incorporar los instrumentos de la gestión pública, es decir lo que tiene que ver con la formalización,  la planificación, la administración,  la evaluación.  ¿Cómo incorporamos  estos instrumentos a la nueva concepción? Teníamos una salida y era que estos instrumentos tienen que ser participativos, no podemos hablar de una formulación técnica especialista, sino de una formulación  colectiva, que tenía que haber participación, con planificación participativa, un presupuesto participativo, una ejecución con participación y control social, que tenía que haber una evaluación, no solamente de la gestión sino de los resultados y del impacto.[11]

Pero  la estrategia  estatal por la que se había optado, no terminaba de convencer a Raúl Prada.  Cuando  lo entrevisté en 2009, decía que en el Gobierno se puede luchar y transformar, pero es también una hoja perdida en la tormenta en un proceso que tiene otra lógica. Y definía el trabajar en el Estado como una posición incómoda que dificultaba tener una posición  crítica. Sobre el papel de los intelectuales en este proceso, veía que las voces críticas del periodo anterior ya no estaban cumpliendo el papel  de vanguardia  crítica, y decía: en ese maremoto, o más, en ese mar, las voluntades individuales se han diseminado,  han sido tragadas y absorbidas por esta contingencia.  Y frente a ese patético hecho,  entre lo que se esperaba  que fuera una Asamblea  revolucionaria, con sinergia con las organizaciones sociales, una Asamblea  que responda a un debate nacional, hemos tenido una Asamblea que se ha metido en sus propias  contradicciones, con mucha dificultad ha terminado  saliendo del debate conflictivo, de la diatriba con la oposición  y a duras penas aprobando un texto constitucional.[12]

En su reflexión, Raúl Prada decía que cuando apuestas por el Estado apuestas por lo instrumental,  por lo heurístico,  por el camino de la reforma,  para hablar en viejos esquemas, y no por lo innovador,  la decisión  colectiva, por la gente, por el quiebre  revolucionario. En su balance, decía que el texto había recogido en gran parte lo que se había planteado como horizonte, pero el contenido  del articulado se había disminuido. Las finalidades son alusivas pero los contenidos son conservadores, definía. Y veía de modo crítico una sobrevaloración de los significados y los sentidos,  con show,  inflar el discurso,  inflar el sentido, y en la práctica se repite y se continua con lo viejo o se hacen  las cosas a medias. Esa contradicción es complicada y se repite en todo, incluso en la nacionalización de los recursos, consideraba.  No podemos rifar un proceso tan rico, y tan eficaz desde el punto de vista de la significación simbólica,  al tener un indígena presidente, afirmaba.

El Estado es lo que tenemos, y es lo que está transformando, decía. Lo que habría que preguntarse es si esta salida pragmática  no tiene un costo; que es la perdida de iniciativa de los movimientos sociales, la perdida  de la iniciativa  de la opción de lo colectivo,  de lo múltiple, de la multitud;  que  es lo que  le da un carácter transformador al proceso, porque se democratizan las decisiones, se hacen a partir de acciones directas las transformaciones; y hay un proceso de maduración colectiva y política, de Constitución de sujetos nuevos. También afirmaba que: cuando hay movimientos sociales, se da un proceso de interpelación a lo instituido y hay una gran interpelación imaginativa de las instituciones. Hay un proceso realmente trastocador, que significa una madurez colectiva. Eso se ha perdido,  la iniciativa está en el Gobierno y en los funcionarios.  Y esta siempre va ser instrumental y no creativa. Se puede tener creatividad en los instrumentos,  pero estos responden  a un esquema de comportamientos y por tanto a lo dado, y no a la posibilidad  de devenir, creación proliferante, que es un acto revolucionario.

Reconocía un paso importante, en la constitucionalización de lo comunitario y la institucionalización de las autonomías indígenas. Es descolonizador en tanto se reconocen las estructuras e instituciones que anidan en otros proyectos civilizatorios, decía, como marco y matriz en la nueva matriz de sociedad y de Estado. Pero veía que después de reconocer que somos una sociedad comunitaria, había que optar por salidas comunitarias en lo económico y en la organización territorial del Estado. La institucionalización  y estatalización de la comunidad, decía, le daba a la comunidad otro carácter y le hacía perder su peso específico. Expresaba  en la entrevista cuánto de Estado y cuánto de sociedad aún no se habían terminado de resolver, y mencionaba que el lunes siguiente  conamaq presentaría un proyecto de Ley Marco de Autonomías. “A lo mejor es otra salida”, decía.  Las comunidades se han empoderado y ahora presentan una ley porque ahora tienen que pensarse estatalmente, precisan  de su propia institucionalidad. Pero no dejaba de advertir un peligro en la institucionalidad.  La institucionalización implica  normas,  leyes, reglamentos, quizás procesos muy fuertes de homogeneización y de control, que tienen que ver con la repetición  del desarrollo estatal, decía.[13]

La cuestión de la tensión  entre Estado y comunidad, era aún una pregunta abierta. Raúl Prada decía que se trataba de “una discusión”. Si las comunidades se fortalecen en el proceso,  decía, querrá decir que la institucionalización   fue un proceso de transición necesaria, para una salida comunitaria,  o un socialismo comunitario, como dicen. Si las comunidades se debilitan y sirven como base de sostén a un proceso de estatalización donde  se reproduzcan  las grandes  burocracias, estamos apostando por una salida reformista burocrática y no una salida transformadora. No estamos optando por una salida autogestiva de lo comunitario, continuaba. Él veía peligros. Pero veía que la decisión  de hacerlo o no había que tomarla en el proceso  después de fuertes discusiones.  En ese sentido agregaba algo que lo preocupaba: esas discusiones no se están dando. Su reflexión era que lo más rico del proceso  constituyente boliviano,  inclusive de la conformación de lo plurinacional, era lo comunitario. Y lo más rico, se termina por institucionalizar, ese era el punto crítico de su pensamiento. Nos estamos  jugando  el todo por el todo, en el desenlace del proceso.  Estamos apostando a ciegas, o al azar, por una salida aún no correctamente discutida.

En la entrevista  de febrero de 2009, agregaba: Al optar por el reformismo nos estamos alejando de la utopía, que es lo comunitario. ¿Por qué hay una opción por el realismo  político? ¿No hay otra salida? ¿Sólo está el principio de la realidad  y no está el principio del placer? ¿Después de hacer la revolución  no hay otra salida que el reformismo?  ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahora, Respondamos  lo que respondamos yo creo que siempre hay un costo, que es el costo del proceso, decía Prada. Al optar por el reformismo  estamos optando por un más largo plazo al proceso, estamos difiriendo. Estamos aceptando las mezclas  y combinaciones, las transiciones, estamos aceptando las continuidades y las invenciones y estamos aceptando que este nomás  va a ser el camino, un camino bastante zigzagueante.  Y eso es un costo, porque  hay gente que está esperando los cambios. El Movimiento Sin Tierra, espera el reparto inmediato de la tierra. Si se promulga  la Constitución pero no hay posibilidad de tener tierra hay un problema,  eran sus palabras.

3. Representación especial indígena y marcha de las tierras bajas

Otro espacio  de conflicto, abierto luego de la promulgación de la Constitución, era el de la implementación de las leyes derivadas  de la misma. Veremos a continuación como las organizaciones  indígenas  vivieron  el avance  de la primera ley del nuevo  Estado, la Ley de Régimen Electoral Transitorio  que regularía  las elecciones en que Evo Morales buscaría  la reelección y el resto de los cargos del Ejecutivo y Legislativo serían renovados. Era la última  ley que debía ser aprobada por el viejo Congreso y la Constitución ponía un plazo para su aprobación. Como vimos, durante el proceso constituyente fue constante la tensión  entre los distintos sectores que conformaban la base del Gobierno,  y veremos que el diálogo  difícil con las organizaciones seguiría presente en la discusión de las primeras leyes plurinacionales, una vez renovada la nueva Asamblea. En cidob y conamaq había descontento con el proyecto de Ley de Régimen Electoral Provisional entregado al Congreso  luego de la promulgación  de la Constitución,  en febrero de 2009. Ya empezamos a vulnerar la Constitución  política y su Artículo 30, me decían los técnicos de conamaq. Era la primera ley del Estado Plurinacional,  y fue también el primer conflicto post-constituyente con las organizaciones indígenas.[14]

 La Ley Electoral Transitoria,  afectaba  todo el sistema  político  pero en particular me interesa el conflicto desatado por el tema de las circunscripciones especiales indígenas que habían sido incorporadas por la Nueva Constitución y ahora se discutían nuevamente  en el tratamiento de su implementación  efectiva. Se trataba de uno de los principios  que desarrollarían  el carácter plurinacional más allá de lo declarativo. La reivindicación indígena de representación especial por elección directa con formas propias no había quedado incluida en la Constitución; pero existía una apertura para incorporar a las mismas por voto universal en la circunscripción indígena, que sí podría ser creada. Cesar Cocarico me había explicado su posición, contraria a la representación  directa: pensábamos que era ilegítima porque hay pueblos con cientos de habitantes y otros de millones, pensamos entonces que era una forma de discriminación hacia los pueblos grandes que tenían más población por parte de los pequeños  pueblos. E iba generar muchos conflictos. Los pueblos grandes estaban ya con la idea de fraccionarse mucho más con el objeto  de tener más representación. En el pueblo aymara, por ejemplo: surgirían los collas, los pacajes,  omasuyos y los lupacas  como entidades étnicas separadas. Ahí nomás ya vemos que cuatro pueblos  grandes se fraccionarían para cada uno tuviera su representación.[15]

La representación indígena era uno de los puntos más ambiguos de la Nueva Constitución y por tanto la discusión de la ley que implementaría estos escaños y el modo de elección sería clave. En dos artículos consecutivos  de la Constitución aprobada, el 146 y 147, se afirmaban enunciados opuestos. En el capítulo sobre las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional,  el Artículo 146.vii definía que “Las circunscripciones especiales indígena originario campesinas,  se regirán por el principio  de densidad poblacional en cada departamento”. En el siguiente artículo, 147.iii se determinaba lo contrario: “La ley determinará las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, donde no deberán ser considerados como criterios condicionales  la densidad poblacional,  ni la continuidad geográfica”.[16]Según el Artículo 146, las circunscripciones indígenas se regirían por densidad poblacional y según el 147 no deberá ser considerada como criterio la densidad poblacional.  Según Carlos Böhrt, se trataba de un error de revisión, según el cual en octubre se habrían olvidado de borrar un Artículo que quedó de la versión  anterior del texto. Xavier Albó, presentó una compleja interpretación según  la cuál no se contradirían, ni habría sido un error.[17]

Con otra definición  abierta, se habilitaba a que en la reglamentación  de la ley se estableciera  lo que se considere más apropiado, por ejemplo, que grupos indígenas no minoritarios accedan a esta representación por circunscripción especial, o que grupos mayoritarios también puedan hacerlo “sin importar la densidad poblacional”. Por eso, en los ante-proyectos   de la  Ley Electoral Transitoria cidob se apoyaría en el Artículo 146 y conamaq en el 147. El tema ya había sido largamente discutido en el debate de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, donde finalmente los pueblos  indígenas no fueron habilitados para tener representantes directos, o garantizados en cada circunscripción, ni elegidos a través de sus organizaciones.

La discusión se repetiría  tres años después, ya con la Constitución aprobada. Para los ideólogos  del Estado Plurinacional, la representación directa sería  la forma en que poblaciones minoritarias pero con “sistemas civilizaciones” diferentes y marginalizados por el Estado colonial y republicano  tuvieran acceso a participar en la dirección  del nuevo  Estado. Para la oposición era un despropósito, que discriminaba a la población  no indígena.  Muchos  razonaban  así también  dentro del mas. El tema también había sido largamente discutido en la Asamblea.  Lázaro Tacóo,  del pueblo  chiquitano, reconocía que después de la marcha a El Torno en 2007 (suspendida),  el MAS había incorporado  todas sus demandas exceptuando representación directa, pero que entró “una ventanita” con las circunscripciones especiales. Después de la marcha se habían reunido con Evo, quien había afirmado no estar de acuerdo  con la representación  directa, “maduremos la idea,  vamos a seguir pensando” habría dicho Evo Morales.

Algo que preocupaba a los técnicos de conamaq en el proyecto de reglamentación electoral provisoria, era que se exigía a los pueblos personería jurídica para postular candidatos, Es un trámite burocrático que nos va a dividir. No podrían postularse desde organizaciones  como cidob o conamaq, dependiendo de los partidos políticos, como había sido en las elecciones  para constituyentes, decían los técnicos. Veían  voluntad del MAS de intervenir en la elección  de asambleístas indígenas. Las agrupaciones indígenas podrían pedir personería jurídica según la ley de agrupaciones  ciudadanas y partidos políticos, pero no lo llegarían  a hacer a tiempo para la elección,  por lo que sólo les quedaría  volver a postularse en los partidos, veía Jesús Jilamita. Eso provocaría que los partidos tengan que ir a buscarse un mosetén o yuracaré para disputar por votos por el representante indígena, observaba.[18]

El otro tema conflictivo eran los escaños  que se asignaban para esta forma de elección. La propuesta de cidob, de tierras bajas, era de 19 escaños,  la de conamaq,  24. A fines de febrero, llegaba  al  Congreso   la propuesta  de ley elaborada por el Poder Ejecutivo (a cargo de Héctor Arce) en que se proponía que fueran 15 escaños para la circunscripción especial indígena originaria campesina. Conversé con los técnicos  de conamaq, que pensaban cómo actuar  frente al avance del proyecto.  “Nos  quieren  meter en una misma bolsa a quechuas y aymaras, eso no es plurinacional” decía un técnico voluntario de la nación  kallawalla. Para conamaq, en Bolivia había 44 pueblos, y no 36, como corrientemente se consideraba. conamaq no consideraba a quechuas y aymaras como unidades homogéneas, sino como formada por distintos pueblos minoritarios con su propia identidad étnica en el marco  de esas nacionalidades.[19]

 Para las organizaciones campesinas y gran parte del mas, conamaq estaba integrado por pueblos indígenas mayoritarios que como tales, no deberían acceder a las circunscripciones  especiales.  Evo Morales decía “si son buenos dirigentes se hacen elegir”. Para el mas, era a través de las circunscripciones no especiales (uninominales y plurinominales) y a través de este partido que quechuas y aymaras eran elegidos. Era entonces desde el mas, desde donde  las organizaciones indígenas encontraban mayor resistencia a sus propuestas de crear 24 escaños especiales o 19, según  la propuesta de cidob. La brigada cruceña de podemos, había declarado  estar de acuerdo en que los indígenas  tuvieran 36 escaños. En sus reivindicaciones, la Media Luna decía por esos días: “Libertad para Leopoldo Fernández, idh y 36 escaños”. La cidob lo había visto como una provocación y respondió que ellos no eran como los cívicos de Sucre que aceptaban ser apoyados por la Media  Luna  en algo que sabían que era imposible.

En las discusiones   entre técnicos  y algunas autoridades originarias  que se encontraban en La Paz, se discutía cuál sería la mejor estrategia  frente al avance del proyecto.  Se pensaba en sacar una declaración de prensa pero aparecía  el problema de la posible  reacción  de los ayllus, como ya había ocurrido, en la que desde  las bases  se criticaba el rumbo crítico de la organización matriz, acusando a los técnicos. Algunos mallkus no quieren  criticar para que no se diga que estamos contra el Gobierno, alguien decía. Había un apoyo por Evo Morales que, según algunas autoridades originarias,  no había sido respetado cuando en agosto de 2007, conamaq se distanció  del MAS y de la Asamblea Constituyente. Para algunos, había  sido una acción  decidida  al calor de los acontecimientos, luego de una reunión con el MAS donde las reivindicaciones de las organizaciones indígenas habían sido excluidas.[20]

 Jesús Jilamita,  técnico de conamaq,  exponía las preocupaciones  en un encuentro que duraría cinco días, con autoridades originarias y técnicos de las distintas regionales  de la organización,  organizado  para discutir la propuesta  de Ley Marco de Autonomías. La cooperación danesa y cipca habían aportado para que las autoridades  de las provincias  pudieran  llegar a La Paz. La propuesta de ley sería presentada poco después al ministro  Romero, de Autonomías y al vicepresidente García Linera. Pero más urgente resultaba reaccionar a la discusión de la única  ley que la Constitución  mandaba a aprobar antes de que el Congreso nacional diera lugar a la nueva Asamblea  plurinacional. Hay temas en el que el Gobierno no quiere ceder, exponía Jesús. Decía que en la ley electoral, en el manejo del Órgano  Judicial y en el del Órgano  Ejecutivo el Gobierno  ya demostró que no iría a ceder. Pero Jesús consideraba que la ambigüedad de los artículos 146 y 147 abrían  las puertas para crear circunscripciones indígenas donde son minoría y también donde son mayoría. Eran las primeras discusiones post-constituyentes, donde  el carácter de la Constitución aprobada,  que definimos como abierto en el capítulo anterior, se ponía en evidencia.[21]

Estamos conscientes de que hay violación de la Constitución  y acuerdos; se comprueba que el Gobierno quiere un proceso de cambio sin los pueblos indígenas, decía Jesús Jilamita. Pero aclaraba “quizás no sea productivo decirlo ahora”. Proponía escribir una carta al ministro de la Presidencia y al presidente del Congreso para que se frene el debate hasta que haya acuerdos con la sociedad civil. Y hablar con los mallkus “para que reaccionemos”. conamaq ya está “en  la congeladora”, reflexionaba, por las reacciones  críticas que el Gobierno  ya conocía, pero decía que alguien tenía que reaccionar. Todavía no estaba claro, en febrero de 2009, cuál sería la posición  de cidob. Habían presentado una propuesta, pero Jesús decía que era resultado de una consultoría y no de un trabajo de equipo con consulta a los pueblos. Evaluaba que conamaq sería el más afectado, porque  sus pueblos  no se considerarían minoritarios y por tanto podían no ser incluidos en los escaños especiales  para los departamentos donde están presentes. Se descontaba que “las trillizas” no se manifestarían porque  incluirían sus candidatos “como mas”. Y se lamentaba que los mallkus estaban reaccionando  muy tarde. Hay que ver si un pronunciamiento  nos posiciona,  decía el asesor técnico.[22]

 Por último, Jesús decía que no había que cerrarse a participar en las circunscripciones uninominales, donde ya habían demostrado que como indígenas podían ganar, como en Norte de Potosí. Son estrategias de trabajo, decía. De hecho,  la flexibilidad de lo campesino indígena, abría posibilidades aún no definidas en un sistema político en transición y aún abierto. Mauro  Cruz Mendieta,  otro asesor técnico de conamaq, hacía un mapa para explicar cómo sería la distribución de escaños. Mauro calculaba que habría alianzas, y se podría incluir un sistema interno de rotación entre pueblos. Pero la elección  sería  por voto universal y secreto, según  la propuesta entregada por el Gobierno. Mostraba también como se estaban violando los artículos 11, 26 y 211 de la Constitución  que establecen la democracia comunitaria e incluyen  las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos entre los derechos  políticos. Y proponía utilizar la reunión que habría por la Ley Marco para pedir por ese otro tema. El vicepresidente  había mandado pedir el proyecto “para saber qué hablar”, pero el proyecto  todavía no estaba listo. Que manden  lo que haya había dicho.[23]

En la reunión  de autoridades y técnicos de cidob y conamaq para fijar una posición en conjunto, se organizaba una conferencia de prensa para el día siguiente a las 10 de la mañana en plaza Murillo. No hay tiempo, decía Lázaro Tacóo, de cidob, el “viernes  se decide”. Y proponía pensar si se haría vigilia, huelga de hambre o movilización. Alguien evaluaba positivamente a Romero,  que se habría jugado por la representación  directa incluso contra los campesinos y el mas. Así se gana a las organizaciones, alguien agregaba. Al día siguiente llegarían todos los mallkus del conamaq y también llegarían a La Paz representantes de las once seccionales  de cidob. Se ha violado la Constitución,  no hay consulta ni autogobierno, decía Iván Bascopé, del cejis. Llamaba a luchar por un derecho que les correspondía  a los pueblos indígenas. No estamos pidiendo un tractor, decía. Si así nos botan y excluyen de esta ley, qué va a pasar después  con las autonomías, alguien preguntaba. Mauro decía que era un tema político y técnico, porque se estaba empezando a enhebrar  la política del país. Sugería pedir que se frene el tratamiento y que todos los diputados  se reúnan para conocer  el proyecto porque sólo lo conocía  el presidente  de la comisión donde estaba en tratamiento.

Tata Jilliri Apu Mallku Elías, máxima autoridad de conamaq, con el logo de la organización estampado en una de esas camperas norteamericanas de moto que se consiguen en los mercados  de ropa usada de Bolivia, denunciaba que el Gobierno no había coordinado  con ellos igual que en la Asamblea.  Por nuestro presidente hemos aguantado, decía, pero ya era hora de salir a la cancha.  Se habían reunido en comisiones y realizado 7 observaciones, sin resultado. “Esito le daremos” podrían haber dicho, expresaba.  Criticaba al gabinete, que calificaba de “juntucha” y no un Gobierno  plurinacional. Como cidob y conamaq hemos sido excluidos, pero cuando les ajustan los zapatos nos llaman, y dicen “Pacto de Unidad”, seguía. Se quejaba de los campesinos, a los que no les interesaba  el tema porque  estaban adentro metidos: es su Gobierno. Y pensaba que tenían derecho de estar con o sin invitación, porque  eran cidob y conamaq los que luchaban y a los otros no les interesaba. Al día siguiente se haría el concejo  ordinario político de conamaq, y harían una movilización. Ya faxeamos  la nota a los suyus, decía Tata Elías. En la reunión  se mencionaba a algunos senadores con los que se podía hablar. Había que hacer presión en el parlamento.  Desde el Gobierno se atribuía  la posición crítica de conamaq a los técnicos, pero muchos mallkus también estaban en contra.

En la madrugada  del 3 de marzo, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaba el informe de la ley electoral, sin dar lugar a las modificaciones propuestas y reduciendo de 15 a 14 la cantidad de escaños para indígenas. Las organizaciones matrices seguían sin ser reconocidas para presentar candidatos, y tampoco se reconocían las formas tradicionales de elección. El enojo se expresó en una reunión  entre las organizaciones indígenas y los diputados  de la Comisión de Asuntos Indígenas. José Bailaba, que había sido constituyente y diputado por el pueblo  chiquitano se manifestaba frustrado y decía a sus compa-ñeros que había que quedarse en La Paz hasta que hubiera “humo blanco” porque era un momento definitorio. Decía que les habían mentido porque  habían dicho que conversarían pero aprobaron sin incorporar nada ni reunirse. Mauro Cruz Mendieta decía que con ese proyecto habían eliminado por completo  el Kullasuyu. No incluir muchos pueblos de tierras altas, que habían sido englobados como quechuas y aymaras era un error técnico y político grave, decía. Evo habría dicho “Especiales es para minoritarios de tierras bajas por que en el Altiplano se puede ganar diputados y alcaldes con el voto”.

Tata Elías, decía que los seguían excluyendo. Lázaro, que Evo y los campesinos se oponían, y que “no había  sido la derecha el enemigo”. Hilarión decía que los qhara qhara (quechuas)  no se iban a presentar por circunscripción uninominal que fueron hechas por emenerristas para que gane  la ciudad;  y que ellos eran una minoría, como podían comprobar de forma documentada. A él lo habían  desvestido los campesinos militantes de la prefecta  Sabina, decía. Por eso andaba sin su sombrero y su chicote. También se quejaba de que les habían  hecho trabajar “como burros” para el instrumento político y ahora los querían dejar afuera. Le preocupaba cómo irían a explicar  la derrota en los ayllus. Iván Bascopé decía que los pueblos  se habían cuidado de no mostrar un perfil “siempre contra-Estado”, pero que en el informe  que ahora pasaba a plenaria de Diputados no incluyeron nada, igual que en la Constitución. En la constituyente, decía, no se había  podido luchar bien por las reivindicaciones  porque  hubo poca representación indígena. Pero 10 diputados para cidob y 4 para conamaq no era legítimo.

Jesús Jilamita veía que no había voluntad política y que Evo estaba con sus sindicatos. No podemos violar la cpe que  tanto ha costado aprobar,  ni seguir atentando contra el proceso de cambio al dejar sin representación indígena a conamaq y cidob que son los legítimos  representantes de los pueblos indígenas en Bolivia, decía. Los diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas del Parlamento reunidos con las organizaciones propusieron pedir reunión con Evo y Novillo. Firmarían una resolución para que se frene el tratamiento hasta que no hubiera consenso. El presidente de la Comisión, Leandro Chacalluca, decía que por censo los indígenas eran 62% y en el proyecto aprobado  en Asuntos Constitucionales eran el 15%, y en proyecto de organizaciones 22% de la representación  en la Cámara. No consideraba que ese 62% también incluía a quechuas y aymaras de la ciudad y de los sindicatos. Una diputada de pollera pidió  a las organizaciones trabajar en conjunto su propuesta, porque ella no la conocía. Si nada está incluido como dice Tata Elías, que esta Comisión haga otro proyecto, proponía. Y también pedía que hubiera  una audiencia  urgente con el presidente.  Pero las organizaciones sabían que de esa Comisión no saldría nada, debido  a la “presencia sindical”.[24]

 El día en que se iniciaban  la votación en Diputados,  representantes de las organizaciones indígenas se hicieron presentes en el Congreso  para buscar una propuesta común y buscar introducir modificaciones en el proyecto antes de que fuera aprobado. El presidente  de la Cámara de Diputados,  Eduardo Novillo, había aceptado que se consensue   el proyecto  con las organizaciones.   Era un espacio de diálogo del que también  participaba  el Ministerio de Autonomías, a través de Diego Cuadros, asesor, que también había asesorado en Sucre desde el Viceministerio  de Descentralización, para intentar  llegar a un acuerdo. La reunión se realizaba en una elegante sala de la planta baja del Congreso,  donde suelen realizarse reuniones de concertación. En la reunión se analizó el proyecto y se propusieron modificaciones. cidob y conamaq se incorporarían como aptas para presentar candidatos. Había  observaciones  a que las circunscripciones abarquen toda la zona  rural y no solamente  los lugares donde estaban los pueblos indígenas. Diego Cuadros opinaba que se debía incluir cláusulas para que toda la zona rural de Cochabamba, por ejemplo, no vote por los 2500 yuracarés y yuquis del Chapare.  También para que exista un solo candidato, de lo contrario los campesinos tendrían los suyos.[25]

Jesús le preguntaba   al representante del Ministerio  de Autonomías, si les molestaba que quitaran escaños al departamento o que  les resten al mas. Aclaraba que ese no era el espíritu, porque  a nivel de las organizaciones se hablaba de alianza con el MAS para las próximas elecciones. Y señalaba casos puntuales de pueblos aymaras y quechuas que nunca habían tenido representación debido a las ciudades intermedias, por ejemplo en el sur de Potosí. Observaba  que las circunscripciones uninominales fragmentaban a los pueblos  urus, chichas y pacajes. También Hilarión, de los qhara qhara decía que las uninominales no los representaban  y que una diputada y una senadora de pollera se habían vendido. No creía que fuera a venir un diputado de afuera a gestionar por su pueblo.  Pero desde el MAS se decía que las uninominales no se discutirían. Las circunscripciones indígenas saldrían de las plurinominales.[26]

Mientras la votación de la ley avanzaba en su primera instancia de Diputados, todavía no se había alcanzado una propuesta de escaños común entre cidob y conamaq. Un mallku del conamaq exigía la presencia de más diputados y que los escaños se designaran  a partir del mosaico de nacionalidades. Si no nos respetan como corresponde, decía, tendemos a desaparecer. Por eso cada pueblo tendría que tener su representación. Nos han metido en una bolsa, decía. Hilarión decía que los que estamos en el instrumento no tenemos  que pelearnos entre nosotros, y que no quería  afectar a los hermanos  uninominales,  pero quería volver a sus bases con una circunscripción especial indígena para Chuquisaca. Un dirigente del tipnis, pedía que desde la nacional ayuden  a los pueblos  originarios y que si bien ellos eran 5 mil o 10 mil, habían  sido los que comenzaron las movilizaciones por  la constituyente  en 1990. El ex constituyente Sabino Mendoza, que estaba en la reunión  también  por el Ministerio  de Autonomías, como asesor de Romero, pedía a los dirigentes que haya comprensión. Los cocaleros habían luchado y tenían muertos y no tendrían ningún escaño especial, recordaba. Como ex dirigente pedía a las organizaciones que se ayudara a las autoridades a avanzar, porque  ahora somos Gobierno, decía.

A las 15:30 de la tarde los diputados  ya habían aprobado la ley en grande. Se anunciaba que Carlos Romero llegaría al Congreso. En la reunión se sugirió pedir que se parara la sesión, cuando se escuchaba por los parlantes que habían aprobado  el Artículo 3 “en detalle”. Un diputado fue a llamar a Novillo y conamaq llevó finalmente  a una propuesta común de 19 escaños, basada en la propuesta de cidob pero con el nombre de los pueblos y suyus que se debían incluir en cada circunscripción especial. Lázaro dijo que cidob quería ayudar a conamaq porque eran un bloque. Había 5 escaños para tierras altas, y sugería que después al interior se pusieran de acuerdo quién iba de representante. Algunas autoridades de conamaq estaban disgustadas porque  no se había atendido el pedido  de que hubiera  representantes para sus pueblos.  Tata Elías y Pedro Nuny firmaron  el documento y lo imprimieron para llevarlo al recinto.  Romero había hecho gestiones para que postergaran  la votación de los artículos correspondientes. Ahora se reunirían con él.[27]

Carlos Romero hablaría con el presidente. Evo Morales estaba en una reunión en Cochabamba y había pedido 45 minutos. Romero también dio declaraciones a la prensa,  y se dirigió  al palacio.  Pedía que tuvieran lista la redacción  de los artículos que solicitaban modificar.  Leandro  Chacalluca reforzaba el pedido de los mallkus, recordando que La Paz era el 51% del voto nacional y el sostén del presidente Morales. Pero de 12 nacionalidades de tierras altas, sólo  se habían atendido 3 escaños y para compartir con cidob, repasaba. Diego Cuadros salió con la copia para llevarla al hemiciclo. Además de las organizaciones indígenas, en el Congreso había un grupo de mujeres demandando que se cumpla la equidad de género. La diputada Elisabeth Salguero representaba  la propuesta  de que se incluyeran criterios de equidad de género y paridad para la composición de la Asamblea  Legislativa, pero no recibió ningún voto de sus compañeros  del mas. La votación en el recinto avanzaba.  Mientras Evo Morales no respondía  el teléfono, las organizaciones  ya se preparaban para resignarse, y esperar la votación en el Congreso  (diputados  más Senado) donde nuevamente podrían incidir. Se esperaba que el Senado hiciera modificaciones, y en pocas semanas se reuniría el Congreso con las dos Cámaras  para la aprobación  final. La Constitución había dado plazo hasta abril.

Cuando Evo Morales conversó con Romero, le dijo que no estaba de acuerdo con aumentar las circunscripciones  indígenas.  Romero le insistió en que por lo menos se volviera al proyecto que había salido del Poder Ejecutivo,  con 15 escaños. El presidente dijo que no estaba de acuerdo pero si era necesario para viabilizar aceptaba. Sugirió además que se debían incluir los quechuas. El ministro Romero recomendaba a las organizaciones  pedir audiencia  lo antes posible  con el presidente, antes de la votación  en Congreso. Lázaro decía que aymaras y quechuas no podían incluirse porque si no se les entrarían por todos lados. Analizaban  si apoyarían una nueva propuesta conjunta por 15, menos de lo que las dos organizaciones habían pedido originalmente. Romero pedía hacerlo rápido. Hubo acuerdo nuevamente para pedir que se vuelva  al número inicial de 15, y que se incorporen todos los pueblos, “así todos tienen el derecho  a luchar por el escaño”, decía Jesús. Romero decía a las organizaciones  que estaba en una encrucijada y ya sin más “movimiento de cintura”. Recordaba que habían sido compañeros de años, que lucharon por años, pero que no tenía más movimientos.

Diego Cuadros se mostraba disgustado y como reflexión me dijo que este tipo de cosas no debían hacerse a última hora. La propuesta debía haberse presentado con tiempo y con tiempo también consultar  al presidente. Para indignación de las organizaciones  que observaban  la sesión desde el palco, los diputados votaban en contra de la inclusión  de los nombres de pueblos acordada, en contra del aumento a 15 escaños, y además incorporaban a la csutcb como organización que podía  registrar candidatos. Se había aprobado que La Paz y Santa Cruz tendrían 3 circunscripciones especiales, Cochabamba y Beni 2, y Chuquisaca, Potosí, Oruro y Tarija, 1, en total sumaban 14 escaños. Además se llamaba  al referendo autonómico en los departamentos  donde en 2006 había ganado el No, y también en la región  del Chaco.  En reunión con cidob y conamaq, Romero les decía que había sido una provocación de los diputados campesinos y que él autorizaba a las organizaciones a decir que había un acuerdo con él y Navarro y que el presidente había accedido. Criticaba el doble discurso de los diputados  del MAS que decían que los escaños debían ser sólo para minorías  y al mismo tiempo meter a la csutcb. “Así somos”, decía el diputado Chacalluca, y agregaba que “hay que ponerse el poncho.  Ahora no hay más poncho y solo saco y corbata”.[28]

 Carlos Romero pidió colaboradores para mandar un mensaje de texto por celular  a Álvaro García  Linera diciendo: “bancada  mas incumplió acuerdo conamaq”. ¿Cómo van a explicar eso? preguntaba Romero enojado, reunido con las organizaciones. ¿Cómo no cumplen un acuerdo? Y decía que los argumentos para votar en contra eran pretextos infantiles. Un mallku de conamaq decía: “nunca se habló de csutcb”. Hilarión agregaba que se explicó varias veces que era para minorías, Evo Morales decía que era para minorías cuando en tierras altas había mayoría, pero ahora incorpora  la csutcb. Esto tiene que ir a una pugna, decía. Un asesor de la Cámara explicaba a los mallkus de conamaq, frustrados, que todavía había 5 instancias hasta la aprobación final. Decía  que había sido una decisión hormonal. Carlos Romero hablaba  con un asistente de Álvaro: “quisiera que le transmita al vicepresidente que hemos incumplido acuerdo con conamaq, y eso nos parece una situación complicada.  El vice y luego el presidente  accedieron volver a 15, y en el acuerdo estaba el presidente de la bancada  y entiendo que Novillo lo conocía,  pero votaron 14. Además incorporaron a csutcb como organización que puede postular para circunscripciones especiales”.[29]

Consideraba, no obstante, que el texto sería  cambiado drásticamente en el Senado. Si el Senado no lo aprobaba por mayoría absoluta sin modificaciones, necesariamente habría sesión de Congreso donde se debería aprobar por dos tercios. Y el Congreso no se convocaría en menos de 20 días, por lo que había posibilidad de seguir insistiendo. Las organizaciones preguntaban cómo se iría a garantizar en el Congreso  y Cesar Navarro y Carlos Romero se quedaban callados. No hay control, decía uno. “No va a ser fácil para  nosotros explicar en los ayllus”, decía un Tata autoridad de conamaq. Confiábamos en sus autoridades pero no nos han escuchado,  decía otro dirigente indígena.  Se decidió organizar una reunión con los diputados, para no llegar a la sesión  definitiva en las mismas condiciones. Cesar Navarro decía que había que resolver lo de Potosí.  Complicaba que hubiera nombres  de pueblos considerados mayoritarios, como los chichas. Veía un problema en enumerar pueblos. Ya a él lo habían  acusado  de estar negociando. Romero pedía que en la reunión de la siguiente semana estuvieran los diputados de Potosí.

El desenlace fue bueno para el mas, porque  la ley fue aprobada y así convocadas las elecciones  para diciembre de 2009 y abril de 2010. Pero fue peor que lo esperado  para los pueblos  indígenas.  Más de un mes después de la aprobación en Diputados, el vicepresidente García Linera convocaba,  por tiempo y materia, la sesión de Congreso. Había un plazo impostergable marcado por la Nueva Constitución, y ante  la falta de acuerdo  con la oposición  el MAS amenazaba con una renuncia  colectiva de parlamentarios,  con enjuiciar a la  oposición y con cercar nuevamente  el Congreso.  Evo Morales inició una huelga de hambre, que fue secundada por las organizaciones sociales. El líder de la cob, Pedro Montes, jugaba al ajedrez con el presidente en las horas libres, pero las Cámaras mostraban cómo el presidente continuaba con su actividad de Gobierno, a base de hoja de coca, como en los tiempos  de dirigente sindical, cuando había llegado a estar 18 días en huelga de hambre.[30]

Se decía que la oposición  buscaría postergar las elecciones,  con la demanda de que se reelabore  el padrón  electoral. La nueva bandera de la oposición,  después del triunfo de Evo Morales en el referendo  revocatorio y de la aprobación de la Constitución,  era la denuncia  de posible fraude y de irregularidades en el padrón. José Luis Exeni decía inicialmente que se tardarían tres años en rehacer un padrón, que por otro lado, la oea y otros auditores lo habían  declarado en un 97% transparente. Una vez más, sin embargo, el Gobierno  cedía para viabilizar, y el MAS aceptó la realización de un nuevo padrón biométrico e informatizado.  El 11 de abril la ley electoral transitoria fue aprobada. Nuevamente, Carlos Romero estuvo al frente de las negociaciones, y los disidentes de podemos Ruiz y Böhrt, se acercaron  al Gobierno para permitir la aprobación de la ley.

Pero los escaños  especiales  para indígenas  fueron reducidos a 8, uno por departamento, exceptuando Potosí, por considerar a su población indígena como mayoritaria y a los escaños especiales,  sólo para pueblos  minoritarios. El proyecto aprobado por el senador  opositor  era de 3 escaños para indígenas, y no de 36, como habían amenazado con aprobar. También se establecía que cualquier organización podía postular candidatos. Al mismo tiempo se aprobaba por primera vez el voto en el exterior, aunque  con un límite máximo de votantes menor a lo que el MAS esperaba. Después de 26 horas de debate,  cuando  concluyó  la lista de oradores,  la oposición pidió la palabra  y el diputado  cochabambino  Bernardo Montenegro llamó “maricón”  al vicepresidente.  Al concluir su huelga de hambre con dirigentes sociales y promulgar  la ley, Evo prometió que el número aumentaría una vez instalado el primer Parlamento Plurinacional. Pero dijo que no serían siete sino dos tercios. Expresaba una posición común en el mas: es Evo Morales y su partido el que representa a indígenas sin necesidad de que haya representaciones  territoriales especiales correspondientes a etnias específicas.  Para el mas, el gobierno  indígena,  era el Gobierno  del mas.[31]

Los pueblos expresaron su descontento,  rechazaron  la ley e incluso se escuchó que formarían un frente con sigla propia para las elecciones,  y que dejarían la Coordinadora  Nacional para el Cambio (conalcam) que nucleaba a las organizaciones  aliadas al Gobierno.  Como vimos, el proceso  constituyente había logrado juntar indígenas y campesinos,  clase media de izquierda con sindicatos del campo y pueblos de las tierras bajas.  Pero  si bien habían  sellado su alianza en una sólida categoría, sin comas, de pueblos y naciones indígena originario campesinos, las tensiones habían  recorrido el proceso  constituyente y seguían después de la aprobación.[32]  Sobre las frecuentes reyertas entre indígenas   de organizaciones indígenas y campesinas del mas, en una columna de opinión, Xavier Albó (2010) criticaría meses después  la resolución de la Corte  que implementaba la elección de autoridades en las autonomías  indígenas.  La elección sería en abril de 2010, como en todos los departamentos  y municipios del país, para los municipios que decidieran en referendo ser autonomías indígena originario campesinas.  La crítica de Albó era que se continuaba sin respetar las normas  propias para elección de candidatos indígenas  originario campesinos, obligándolas a presentar  listas de todos los candidatos  (a los que se seguía llamando “alcaldes” y “concejales”) avaladas por partidos políticos o agrupaciones ciudadanas habilitadas.[33]

Desde la  oposición, el avance de la consolidación   institucional del MAS derivaba en el autoritarismo  y el no respeto a la democracia.  La vieja oposición congresal, que se había deshecho  frente al fracaso en la estrategia  de impedir la Nueva Constitución y la reelección del Gobierno,  estaba lejos de percibir un límite impuesto por el MAS al autogobierno  indígena.  Entendían el proceso  de llegada de los campesinos e indígenas  al Poder  Ejecutivo,  más bien, como una amenaza al Estado de Derecho y la legalidad  que ellos habían administrado hasta entonces. El ex presidente  Carlos Mesa,  de los más destacados representantes del sector urbano  mestizo  y liberal, que a comienzos de 2009 se precandidateaba para oponerse en un frente opositor  a Evo Morales en diciembre, pero al igual  que Víctor Hugo Cárdenas quedaría en el camino, consideraba que la aprobación de la ley electoral era “el último  dique  a la mazmorra”, avalando “el camino hacia la autocracia”. Para Mesa (2009), que como vicepresidente de Sánchez de Lozada, asumió el cargo de éste cuando, en 2003, huyó a consecuencia de la Guerra  del Gas, vendría “un Gobierno que de aquí en más, no hará otra cosa que construir el terrible monólogo  del poder por el poder mismo”.

En su columna  del diario La Razón Mesa escribía: “El primer camino de cualquier democracia es el cumplimiento  de la ley. La ley en esta democracia  es la desafortunada  Constitución  que una parte mayoritaria del país votó sin haberla leído.  Esa ley, aún y con sus terribles déficits, establece reglas. Si una sola de ellas es violada por la nueva  Ley Electoral, será espuria. Para poner un ejemplo, si una sola circunscripción uninominal  especial indígena ocupa el espacio  de una circunscripción plurinominal se violará la Constitución, porque ésta establece sin lugar a duda o interpretación alguna, que el 50% de las circunscripciones deben ser plurinominales y el otro 50% uninominales […] Sólo  la idea del apego a la ley y la respuesta democrática  nos hará mejores  que quienes  usan la democracia para  un proyecto  de poder  unilateral y con un solo rumbo, el fracaso. Una buena y legítima Ley Electoral es el último  dique. Después el agua y el lodo correrán sin freno y nos anegarán a todos”.[34]

4. Reelección, pachamama y el desencanto moderno

El 6 de diciembre de 2009, Evo Morales y Álvaro García Linera eran reelectos, con el 64,22% de los votos válidos (casi 3 millones de votos, un millón más que en agosto de 2008), dejando en segundo  lugar, con 26,46%, a Manfred Reyes Villa (Plan Progreso para Bolivia-Convergencia), ex prefecto (revocado en 2008) y ex edecán  del dictador y narcotraficante García  Meza. Huiría de Bolivia ante una citación de la justicia  de las que también  habían motivado el exilio de otros líderes cívicos involucrados en las protestas de 2008. En las elecciones  presidenciales y legislativas  la oposición no había logrado unificarse en un frente contra Evo Morales, y apostaba a refugiarse en bastiones  locales que disputarían en las elecciones regionales de abril de 2010. Yo viví la elección de diciembre  desde uno de los cuatro países donde los bolivianos en el extranjero votaban  por primera vez (Schavelzon [2009e]). De forma no esperada ni siquiera para el oficialismo, el MAS lograba  controlar las dos Cámaras de la nueva Asamblea  Plurinacional, y también  los dos tercios necesarios para aprobar  leyes.[35]

En la asunción   de Evo Morales volvieron las ceremonias   con elementos indígenas y los cambios “simbólicos”. Por primera vez Evo Morales pronunció frases en quechua, aymara y guaraní. Como cuando se promulgó la Constitución y cuando se cambió el nombre del Estado, volvió a enunciarse  el nacimiento  del Estado Plurinacional. La asunción  de Evo Morales ante los pueblos indígenas del continente fue aún más grandilocuente y espectacular que en 2006. En el acto, Evo Morales fue nominado como “líder espiritual de los pueblos”  y recibió  el saludo de numerosos  delegados de pueblos  indígenas del continente. La medalla que desde 1825 se entregaba  al presidente fue cambiada por una con el nombre de Estado Plurinacional, y también se anunció que se cambiaría  la moneda corriente en el país.

En el  viejo Congreso, que ahora era Asamblea Plurinacional, se quitó  el busto de Paz Estenssoro reemplazándolo por el de Túpac Katari, y se agregaron también las imágenes de Katari y Bartolina Sisa, junto a las de próceres  criollos. A pesar de la anunciada  “muerte  de la República”, García Linera asumió los valores republicanos,  en el sentido de la inclusión  de todos, según explicó, y dijo a Manfred  Reyes  Villa que le enviaría un ejemplar de La República de Platón. Otros hablaban de fundación de una segunda república. En la asunción  en el Congreso, García Linera habló de un horizonte socialista y acudió a conceptos gramscianos empleados por René Zavaleta para anunciar el paso de un Estado Aparente a un Estado Integral. En su discurso frente a la nueva Asamblea Plurinacional declaró: “necesitamos al Estado  en cada centímetro de nuestra patria, no van a haber más islas y republiquetas como hasta hace unos años donde reinan los poderes informales, el abuso y el patronazgo  […] el Estado tiene que liderar la economía en los  niveles  estratégicos que generan excedentes que puedan distribuirse  al resto de los sectores productivos;  si no hacemos eso, quien se lleva el excedente económico son los poderes  extranjeros como lo han hecho durante 180 años”.

El canciller David Choquehuanca era el único indígena en el gabinete y junto al de Economía y Finanzas (Luis Arce Catacora) el único que permaneció en su puesto desde el comienzo de la primera administración del mas. En la apertura de un seminario internacional de pueblos indígenas y mujeres parlamentarias, poco antes de la asunción de Morales en Tiwanaku, el canciller pidió impulsar acciones internacionales para reconstruir el concepto de “Vivir Bien”  y criticó la lógica de acumulación occidental y consumista. Por esos días, también daba una entrevista al diario La Razón, donde presentaba sistematizado en 25 puntos, en qué consistía la filosofía del “buen vivir”. Resumía el “Vivir Bien”,  como “vivir en armonía con la naturaleza”, que era un modelo heredado de los ancestros andinos.  Relacionaba esa filosofía con las transformaciones  del Estado Plurinacional.  Choquehuanca decía “ahora empezamos a valorar nuestra historia, nuestra música, nuestra vestimenta, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestros recursos naturales, y luego de valorar hemos decidido  recuperar  todo lo nuestro” y relacionaba el “Vivir Bien” con la unidad de todos los pueblos.[36]

También afirmaba que cuando el Gobierno  hablaba de cambio climático, se estaba refiriendo  al mismo tiempo a derechos cósmicos, a los que Choquehuanca ubicaba antes que los derechos humanos. Decía el canciller a La Razón: Para los que pertenecemos a la cultura  de la vida  lo más importante no es la plata  ni el oro, ni el hombre, porque  él está en el último lugar. Lo más importante son los ríos, el aire, las montañas,  las estrellas, las hormigas,  las mariposas. La filosofía del “Vivir Bien”  es uno de los canales en que la diferencia comunitaria e indígena se muestra en el Estado. Propaganda  dicen unos, “etnocracia” dicen otros. Pero puede pensarse también en que estas discusiones  permiten  dar cuenta de que hay algo de diferente en la llegada de los campesinos e indígenas  al Estado, y en el desarrollo  de la plurinacionalidad. Choquehuanca  incluía en esta filosofía el ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), del Artículo 8 de la Constitución,  como principios ético-morales de la sociedad plural y presentes en las características  de la gestión  de Evo Morales, quien se había comprometido a cumplir esos principios.

Choquehuanca explicaba que el “Vivir  Bien” da prioridad a la naturaleza  y postula que todos los seres que viven en el planeta se complementan unos con otros. El modelo  incluye también  la convivencia  en comunidad,  donde todos se preocupan por todos y donde  las decisiones se toman por consenso. Y también es importante saber comer, beber, danzar, comunicarse,  trabajar y “oír a los abuelos”. Alguna vez Choquehuanca declaró, lo que armó un escándalo en la prensa  opositora, que él hacía años que no leía libros, y que aprendía leyendo las arrugas de las manos de los ancianos.  En sus 25 puntos sobre el “Vivir Bien”, Choquehuanca decía que lo más importante no es el humano (como plantea el socialismo),  ni el dinero (como postula el capitalismo),  sino la vida.  Se pretende buscar una vida más sencilla, con el objetivo de salvar el planeta, dando prioridad  a la humanidad. Esta doctrina incluye a todos los seres que habitan el planeta, como los animales y las plantas, y respeta las diferencias  entre todos.

En el “Vivir  Bien”, el canciller también  incluía la necesidad  de protección de las semillas  y recuperación de la riqueza   natural del país para que todos se beneficien. Por eso hablaba también de nacionalizar y recuperar  las empresas estratégicas del país en el marco del equilibrio  y la convivencia  entre el hombre y la naturaleza,  en contraposición con una explotación irracional de los recursos naturales. “El “Vivir  Bien”, aclara esta filosofía, no es “vivir mejor” como plantea el capitalismo. Choquehuanca  comentaba  que las comunidades  continúan honrando con danza y música a la Pachamama pero en las ciudades  las danzas originarias son consideradas como expresiones folklóricas. En la nueva  doctrina se renovará el verdadero significado del danzar, afirmaba.  El trabajo también  era importante para Choquehuanca, decía que “Vivir Bien” era considerar el trabajo como fiesta. Explicaba también que el trabajo es una forma de crecimiento, y por eso en las culturas indígenas  se trabaja desde pequeños. Por eso el trabajo infantil no se había prohibido en la Nueva  Constitución.[37]

Pero esta introducción  de lo comunitario en el Estado para algunos escondía poder, mentira e interés. Víctor Hugo  Cárdenas, que es primo del canciller Choquehuanca, pero cuyo padre se había cambiado el apellido  para buscar  evitar el racismo,  declaró sobre el “Vivir Bien”:  “Lo dicen de boca para afuera. Hablan de respetar a la Madre Tierra y a la Pachamama, pero hay más narcotráfico, no hay intervenciones  del Estado por el medio ambiente, la minería también envenena. Esto es marketing para posicionar a Evo como líder mundial,  para eso fue el acto de Tiwanaku, donde fue una burla su comunicación con los ancestros: duró un minuto. No hay respeto a los dioses,  la Pachamama, y mucho menos a la cultura aymara”. En un reportaje de la revista  veja de Brasil, después  de la toma  de su vivienda, declaró que Evo Morales no sería indígena: “A pesar de tener padres indígenas, Morales nunca aprendió su lengua materna, no vivió en la comunidad ni practica sus valores. No vive en el mundo aymara. Además es soltero, lo que para un indígena significa ser una persona por la mitad.  Morales  es apenas una creación  inteligente del marketing  político, que fue muy bien aceptada en el exterior. Con mucha artimaña,  consiguieron  convertir un dirigente cocalero en un indígena” (ver Cárdenas [2009] y con una crítica confluente: Lora [2009] y Soliz Rada [2010b]).

Entrevisté a Pedro Portugal, director del periódico  Pukara,  de orientación indianista y crítico del Gobierno. Portugal decía que Evo Morales sólo recientemente, a partir del contacto con ong del exterior, reconoce  que es indígena porque le han hecho  notar que tenía en el rostro un billete de lotería que no estaba cobrando. Evo es el prototipo  de la persona  que nació en comunidad pero no le interesa, decía Portugal, su problema era la lucha social y la lucha  de la coca,  y tan fuerte fue su compromiso en ese aspecto que ha perdido  todos los aspectos culturales de cuando vivía en la comunidad,  completaba.  Portugal decía que lo que hay es una impostura. Le han hecho notar que si se viste de cierta manera lo pueden ver en el exterior que es un dirigente indígena. Una manipulación y puesta en escena como en un teatro, no tanto para beneficiar o para  llevar al debate políticas indígenas, porque, ¿qué políticas indígenas hay?, preguntaba,  sino sobre todo para motivar y conseguir  el apoyo exterior. ¿Qué ha cambiado? ¿En qué la Bolivia de antes de Evo ha cambiado? No hay nada, es pura ficción, afirmaba. Se va con su trajecito, con su aguayo  portando bulto, lo visita alguien importante y comienzan a mascar coca, ¡zonceras! ¡Folklore! ¡No político!, exclamaba Portugal, que también criticaba a Choquehuanca de demagogo y de que no habla de lo tiene que hablar de acuerdo a su puesto.[38]

En un artículo sobre  la ceremonia de Tiwanaku,  Portugal (2010) citaba  las “distorsiones indigenistas de ese acto”, como en los diseños  de la vestimenta,  la ofrenda y otras rupturas  con la etiqueta  tradicional.  También mencionaba que todos los abanderados de las 36 nacionalidades eran aymaras y otras observaciones de ese tipo. En este texto, Portugal daba  crédito a la opinión de distintos líderes sobre la distancia  de Evo Morales  hacia  la lucha de los indios,  y que más bien compartiría el criterio de los sindicatos campesinos porque “se mofa de cualquier ideología que tuviese que ver con un pretendido ‘retorno al pasado’: Para él eso era, despectivamente, regresar al ch’unch’u  pacha, es decir, a la época de los salvajes”. Y criticaba que “quien lo disfraza”,  es “una izquierda  frustrada, que solamente pudo llegar al poder  bajo el poncho de un indio”. Y afirmaba:  esta izquierda es la más entusiasta en ese “cosmovisionismo”, aunque ellos pertenecen a la cultura que históricamente ha sojuzgado y dominado a los indios.

Volví a Bolivia para la elección de abril de 2010, en que se elegirían  el resto de las autoridades aún no renovadas desde la promulgación (asambleístas departamentales, alcaldes y gobernadores; sólo quedaría para más adelante –2011– la novedosa elección de jueces).[39] Los resultados ratificaban un avance del MAS en Oriente, significaban una baja en el total de  votos  al 51%, e incluían algunas sorpresas. El MAS no logró ganar en Tarija, donde se había impuesto en diciembre, perdió  las Alcaldías importantes de La Paz y Oruro, que quedaron en manos de sus ex aliados del msm, que se presentaban ahora en listas separadas, y protagonizaban una dura campaña de enfrentamiento verbal con el mas. También perdía en Achacachi y otros municipios por desconocer  los candidatos elegidos por las bases (designando  los llamados candidatos “a dedo”, que no fueron apoyados), y bajaba  la elección en lugares tradicionalmente del MAS como el departamento de La Paz y el Alto. En Charagua, una de las primeras autonomías indígenas, ganaban candidatos opositores al proyecto de autonomía, también por desentendimiento  entre organizaciones y el MAS nacional. Los mejores resultados para el MAS fueron en la Media  Luna. Aunque sólo se logró ganar en el departamento de Pando,  el partido de Gobierno consiguió una buena posición en otras Asambleas Legislativas Departamentales y pasaba a controlar directamente  seis de los nueve departamentos. Los ex constituyentes César Cocarico  y Esteban Urquizu fueron elegidos gobernadores  en La Paz y Chuquisaca; y Edmundo Novillo, presidente de la Cámara de Diputados en el primer mandato del mas, era electo en Cochabamba. [40]

 Una señal de los cambios frente al avance  de la consolidación del MAS como partido de poder, fue la aparición  de disidentes en sus filas, por ejemplo el ex constituyente Román Loayza, el ex senador Lino Villca, el ex vocero de Evo Alex Contreras y el propio Movimiento Sin Miedo, que inició  la construcción  de candidaturas en todo el país.  Al mismo tiempo, el MAS tenía nuevos aliados diferentes a los tradicionales y que incomodaron a varios. Como candidata a la gobernación de Beni se presentaba  la ex Miss Bolivia Jéssica Jordán, en la alcaldía  de Santa Cruz y Cobija, se presentaba ex opositores. Pero la nota había sido la presentación de miembros de la Unión  Juvenil Cruceñista, ex empleados de la Prefectura  de Rubén Costas y barras bravas de equipos cruceños, llamando a votar por el mas, acercados por Isaac Ávalos, hasta entonces aún ejecutivo de la csutcb y luego senador. La inclusión de políticos “reciclados”, sin embargo, estuvo presente desde  la llegada al Gobierno, como en el caso de algunos importantes ministros de su primera gestión, que salieron en la segunda.[41]

Desde  un sector tradicionalmente crítico al Gobierno del mas, la intelectualidad aymara  e indianista de izquierda, llegaba a una lectura en que se vaticinaba que ya no se repetirían los altos porcentajes electorales en las ciudades de La Paz y El Alto, ni en las comunidades del altiplano. Mamani (2009) se preguntaba: ¿Hay miopía histórica en relación a los ideales y el proyecto  histórico del pueblo aymara que es uno de los grandes soportes de este proceso? ¿Hay un entorno blancoide que expropia nuevamente como en el 52 la lucha y la historia aymara  o india?”. Hablaba de descontento ante “acciones gubernamentales que de un reformismo radical baja a un reformismo débil. Para este autor, las políticas públicas  no eran orientadas por la meta de una efectiva descolonización  del estado y la forma  de Gobierno poco o nada tenía de plurinacional. También se quejaba de la “nominación casi a dedo de los candidatos a las elecciones”.

En un verdadero contra-programa de Gobierno, Mamani se refería a “la lógica de un entorno blancoide alrededor de un presidente indio”, cuestionaba que “se haya detenido radicalmente la re-distribución de la tierra en Bolivia” y “la reducción de lo indígena originario campesino a una expresión territorial y social mínimas. Las autonomías indígenas han sido reducidas a minúsculos  territorios y gobiernos. Que es contrario al hecho  Declarativo de la Nueva Constitución”. Según Mamani “con  ello se estaría volviendo a imponer el principio  de dominación colonial bajo ahora la figura de lo plurinacional.  Las autonomías deben ser de hecho y no sujeto a la constatación  de un antropólogo que es la Certificación del Ministerio de Autonomías”.  También criticaba la baja representación indígena en el Parlamento,  en la Corte  Electoral y el sistema  Judicial y que “el impulso a la economía comunitaria también se está quedando  en discurso”. Mamani, de la Universidad  de El Alto, demandaba becas para indígenas, que se cancelen los convenios educativos con la iglesia  –que debía devolver tierras y pagar impuestos– y escuelas de fútbol para que pueda haber un número 10 de la selección  con apellido indígena.[42]

En 2010 se registró una rebelión en Potosí, que había votado por Evo Morales y el MAS en la reciente elección. El paro de 19 días era capitaneado por el Comité Cívico y con un pliego de reivindicaciones vinculadas al desarrollo  y a un conflicto de límites con Oruro relacionado con recursos minerales. Carlos Romero junto a otros ministros volverían a las mesas de negociaciones.  El día de la patria,  6 de Agosto, el Gobierno  decidió hacer el acto central nuevamente en Santa Cruz, pero los campesinos de la csutcb optaron por no asistir al acto. En el affaire Patzi, campesinos de La Paz también se mostraron críticos de las determinaciones del Gobierno.  En 2010, dirigentes importantes  del MAS como Torrico, Llorenti y Fidel Surco, por otra parte, perdieron  sus cargos, fueron cuestionados por las bases o desafiliados del MAS después de distintos episodios.

Como veremos, también los indígenas de tierras altas y bajas se manifestarían descontentos y organizarían medidas de protesta frente al modelo de explotación de recursos naturales apoyado por el Gobierno o las nuevas  leyes en elaboración. La nueva época, vinculada también a un retroceso de la oposición, daría lugar al debate político en algunos ámbitos intelectuales. Ninguna de estas dinámicas, en realidad, sería realmente novedosa o significaría un cambio de rumbo del Gobierno.  El avance del MAS en las instituciones  no sería puesto aún en cuestión; pero después de un crecimiento electoral sobre  todo el país, era otro el escenario, con gestión, desgaste e inicio del desarrollo del nuevo  orden constitucional. La disidencia y crítica “desde  adentro del proceso”, vendría especialmente en 2011, con las leyes fundamentales  del Estado Plurinacional ya aprobadas y después  del límite arbitrario en que concluimos  esta investigación.

4.1. Pachamama y proceso de cambio: el debate

Una voz que fuera cercana al Gobierno  del MAS pero que cerca del comienzo del segundo mandato comenzó a ser crítica, especialmente hacia la propuesta de descolonización y lo comunitario,  fue la del periodista e investigador argentino radicado en Bolivia Pablo Stefanoni, con el que conversé en 2007, cuando ya descreía de la propuesta plurinacional, como expresaría más adelante en artículos de Le Monde Diplomatique, edición boliviana, que dirigía. Era un punto de vista que provenía de una izquierda  crítica, que había sido incluida por el indianismo representado por Pablo Mamani y su revista (Willka [2007, 2008]) en el “entorno blancoide” del Gobierno del mas. En su análisis de las elecciones  de abril, Stefanoni se refirió a soberbia  oficial, falta de densidad política del mas, y de “ausencia de cuadros a la altura de un proceso de cambio como el que se proclama”. En su análisis de las elecciones en La Monde Diplomatique, encuentra la evidencia de “una lógica caudillista que impide la construcción  de un real movimiento colectivo”.

Stefanoni encontraba que el MAS no entendía el Oriente, donde  la “retórica pachamámica” no interpela a la población, y donde el MAS habría aplicado el “razonamiento andinocentrista” de “la revolución la hacemos en el Occidente, en el Oriente podemos hacer cualquier  cosa”.  Los resultados de El Alto, con el retroceso del mas, da por  tierra –en  la interpretación de Stefanoni– con una visión ingenua sobre  la ciudad  como pura rebeldía social o de teorías “indianistas”, “románticas” y “retóricas” sobre  el ayllu urbano”. Y agrega: “Pero el pachamamismo tampoco alcanzó para ganar en Achacachi, núcleo duro de la aymaridad”, dice Stefanoni, sobre una crítica a la que volveré en breve, y que lo hace saludar la aparición  del msm como oposición de centroizquierda que “sin tufillo a ancien régime, podrá abordar con mayor credibilidad y honestidad el debate sobre  los déficits institucionales y de gestión que acechan al proceso  de cambio”.

En otro texto, Stefanoni  (2009a) comentaba sobre la cooperación de Francia para poner en pie una escuela de administración pública, en la que “es probable que la lógica ‘weberiana’ de los franceses choque  más temprano que tarde con el discurso  ‘multiculturalista’ y ‘comunitarista’ que predomina entre quienes hoy discuten una nueva ley de la función pública y consideran  que el Estado boliviano debe ser un reflejo de las culturas comunitarias  que predominarían –sobre una base evidencial bastante discutible– en la sociedad  boliviana”.  Se refería a Raúl Prada, que trabajaba en las normativas  de gestión pública. Poco después escribía que “La consolidación de una nueva langue de bois (pensamiento  estereotipado, políticamente  correcto) “poscolonial”  corre el riesgo  de reemplazar  la realidad por el wishful thinking (pensamiento  ilusorio), que vería supuestos “proyectos alternativos a la modernidad  y al capitalismo”  en el mundo indígena-popular boliviano. Su punto es que los elementos  indianistas y de cosmovisión andina en el discurso  oficial del MAS son “meramente retóricos”. Como los liberales, escribe  Stefanoni, este sector es incapaz de ver la matriz  nacional-desarrollista, que atraviesa el proceso de cambio y se expresa, por ejemplo, en la defensa  oficial de la explotación  petrolera en la Amazonía.

A raíz de un comentario de Raúl Prada a un artículo crítico de Stefanoni  sobre la ceremonia de asunción de Evo Morales en Tiwanaku, se desarrollaría un debate entre ambos en una  lista de e-mail sobre la caracterización del Estado Plurinacional y la Nueva Constitución. Era un debate que explicitaba una importante discusión presente en el proceso  político boliviano desde la llegada del MAS al Gobierno.[43]

Junto  a la crónica de la re-asunción de Evo Morales, Stefanoni (2010a) presentaba su análisis en que señalaba que resulta difícil ocultar los parecidos con el nacionalismo de los 50, “pese a los esfuerzos  del Gobierno”. Decía también que “lo que parece unir a la enorme diversidad que contiene  el ‘evismo’ es el nacionalismo popular” y que “Ni la onda new age-cósmica, ni las visiones  para las cuales desde Katari hasta Evo no pasó nada, parecen explicar un complejo proceso de fuertes rupturas y sorprendentes continuidades”.

Stefanoni escribía  que los llamados a construir el socialismo de García Linera, negados  hasta hacía poco tiempo, “no parecen reflejarse en las políticas públicas, ni en el debate de los movimientos sociales. Y el discurso eco-comunitarista tiene como correlato un modelo económico sostenido en el extractivismo  de materias primas: gas y minería, y en un imaginario  fuertemente desarrollista”. Con un llamado al realismo,  desencantado, Stefanoni hablaba  de expectativas desmesuradas, y citaba  las que encontraba por ejemplo en la intelectual  mexicana Ana Esther Ceceña, quien se preguntaba: “¿Será Bolivia  el espacio de gestación de un nuevo sistema de organización de la vida planetaria?”.  En el intercambio  de mensajes con Raúl Prada, siempre cercano a la mirada de la realidad derivada  del indianismo,  Stefanoni hablaba del MAS como “reciclamiento” y “etnización” de la matriz ideológica del Nacionalismo  Revolucionario, lo que ilustraba con: “el escasísimo (nulo) interés para comenzar a construir un plurilingüismo efectivo y el predominio de la retórica pachamámica que encubre al nacional-desarrollismo”y que “a nivel gubernamental no hay ninguna voz relevante que ponga en cuestión a las ilusiones  desarrollistas imperantes”.

El debate  que estas opiniones despertarían, puede verse como un choque entre las vertientes indianistas  y de izquierda  nacional, centrales en la base de la Nueva  Constitución y del proceso de cambio, esta vez en la disputa  intelectual por cómo interpretar  el proceso. Quizás también entre  la lectura  de intelectuales modernos-republicanos, e intelectuales indianistas-descolonizadores; mostrando la vecindad  ya señalada por el katarismo  entre la izquierda  y el sector mestizo liberal. La posición de Stefanoni, de hecho, no era una novedad para quien hubiera conversado  con la izquierda  no indianista crítica de Evo Morales; Soliz Rada, referente de la izquierda nacional mencionó  positivamente el libro de Stefanoni en sus críticas  al “etnicismo” (2011a); y también escuché a dirigentes del msm aprobar  los puntos de vista de este autor. En cuanto a los sectores mestizos  y liberales no de izquierda, puede verse una confluencia no buscada de posiciones en el sentido  de la vulgarización  de lo comunitario  indígena,  o su pensamiento cosmológico. La ridiculización de los elementos  indígenas  es muy común en la elite  criolla  y conservadora, en forma de humor y complicidad  crítica ante cualquier elemento andino en el Estado, considerado  fuera de lugar, mal gusto, o provocación vengativa de quien alcanza el poder y busca venganza con quienes antes lo detentaban,  en su mirada.[44]

Considero  importante la discusión  porque de hecho marcaría un momento político en el que el propio Gobierno se alejaría de importantes elementos procedentes de las organizaciones indígenas y del indianismo  que fueron importantes a la hora  de redactar la Constitución.  El énfasis que hace tiempo García Linera ponía en el objetivo  de industrializar y desarrollar económicamente a Bolivia a partir de la renta del gas, ocuparía  un primer plano –en tiempos de gestión y de campaña electoral, con lenguaje a veces nacionalista y otras marxista, de desarrollo de las fuerzas productivas  para el aprovechamiento  común– mucho más que los temas de un indianismo del que el vicepresidente había sido también exponente. Era sin duda un cambio de fase,  terminada  la Constituyente.  La discusión de Stefanoni con Prada en la lista de e-mail, que después se haría pública e involucraría a otros participantes; expresaba la posición de un periodista atacando y un ex constituyente defendiendo  algo que desde  el punto de vista de la agenda  de Gobierno quizás ya no era.

A diferencia de la posición que expresaba  Stefanoni, sin embargo, García Linera y el propio Evo nunca fueron críticos con el componente comunitario e indianista. En ese sentido, en el terreno de las tensiones,  hablarían de socialismo comunitario, de indianismo y marxismo, o de plurinacionalidad, aunque con una posición más cercana  al comunitarismo que se mezcla  con la lucha sindical, más propia de la csutcb y los colonizadores,  que de las versiones  de búsqueda de reconstitución  del ayllu o de autonomía indígena defendidas por cidob y conamaq. En su discusión con Prada, Stefanoni preguntaba “¿Dónde  se expresa el Estado plurinacional  en el nuevo  gabinete (4 ministros indígenas de 20)?”; y escribía: “Yo veo un plurinacionalismo fuertemente retórico y poquísima capacidad para operar en un espacio más terrenal”; así como que “el discurso eco-comunitario no tiene ningún correlato en las políticas estatales, desarrollistas y extractivistas…. hay un riesgo de caer en el fetichismo  del texto constitucional…”. Stefanoni se preguntaba, en sus mensajes a Prada: “¿en Bolivia no sigue imperando el viejo Estado, desde el cual  se busca refundar  el país? ¿basta una Constitución para transformarlo? ¿se quiere realmente eso?”. Stefanoni apoyaba –“críticamente” decía él, – el proceso de cambio. De su argumentación se desprende que, en última instancia, no parecía convencerle que, eso que calificaba como mera “retórica”, fuera a realizarse y convertirse en “política concreta”. Así, podemos contarlo entre los que buscaban otro tipo de fundamentaciones como base del proyecto político del mas, más alejada del post-katarismo  y de lo plurinacional.

La crítica de Stefanoni tiene dos niveles: primero, el que apunta al alto grado de retórica; en segundo  lugar, la crítica alcanza también  a los fundamentos  del Estado Plurinacional y la descolonización. Pablo Stefanoni se pregunta: “¿basta el plurinacionalismo para bajar la pobreza del 60% y la extrema del 30%?”. “¿Hasta dónde puede llegar la reterritorialización  comunitaria  en un país urbano –asumiendo heroicamente que el campo sí sea comunitario,  lo cual no es para nada evidente  en la mayor parte de Bolivia?”. Pareciera entonces que Stefanoni espera que la “mera retórica” nunca se realice más allá de los discursos  y los artículos de la Constitución. Stefanoni abre incluso el interrogante sobre la asociación  de las autonomías  indígenas con el apartheid sudafricano y afirma: “no me gustaría vivir en un país gobernado  por una antropolocracia [sic] culturalista”. “¿Podemos refundar  al país desde  la base de la política  de la identidad  y el culturalismo?”.

El apoyo crítico al proceso de cambio, por parte de Stefanoni, parece sostenerse debido a que, de hecho,  la “retórica constituyente” de lo plurinacional  no se traducía en las políticas  del Gobierno.  Esta posición puede verse también como una nueva transformación de la vieja  tensión  entre la mirada étnica y otra “de clase”, o entre la mirada  indígena  y la del nacionalismo  de izquierda “popular”, que como vimos recorre  la política boliviana  y el proceso  constituyente en las posiciones de campesinos, indígenas y militantes de izquierda.  El apoyo de Prada al proceso era bien diferente del de Stefanoni, pese a también ser “crítico”, como vimos. En su caso, parecía estar basado  justamente  en la posibilidad de sí avanzar en el sentido criticado como “meramente retórico”. Su posición se acercaba, así, a la vertiente indianista  de lo plurinacional, ideas que contribuyó a incluir en la Nueva  Constitución, como constituyente clave del proceso.  Prada decía que “el presente pragmático trata de amortiguar  el alcance logrado. Empero, se aprobó una Constitución, este es el referente que hay que defender”.[45]

Para Raúl Prada los hechos hablan “de fenómenos complejos y contradictorios en la transición”.  Y considera que “Bolivia es una toma de posición en contra de la colonialidad.   La descolonización se resuelve por la reconstitución comunitaria y por la interculturalidad,  por la emergencia  de lo plurinacional”. Respecto a la comparación  con el 52 señalada por Stefanoni como crítica, para Prada, “las condiciones de posibilidad  histórica, los escenarios,  los actores sociales, los sujetos sociales, los problemas son otros, nuevos, quizás más profundos y propios debido a la tarea descolonizadora”. Concedía algo de razón al panorama de Stefanoni: “que todo esto se parece a la reiteración  de lo mismo, como si reviviéramos  el circo político de los periodos  republicanos  liberales, de acuerdo”; pero la clave de su argumento y la posición  política de Prada, me parece, era que luego de esa afirmación preguntaba: “¿Pero,  sólo hay esto? ¿Estos sucesos borran definitivamente  los alcances del horizonte abierto por los movimientos  sociales, que se expresan en esas finalidades nombradas, en la Constitución,  como Estado plurinacional, comunitario  y autonómico,  apuntando a una economía social y comunitaria, además de la participación  social?”.

Raúl Prada encuentra en el actual  proceso, y especialmente en la Nueva Constitución, “un discurso descolonizador, una crítica al proyecto  mestizo,  una crítica a la nación  boliviana.  El proyecto  descolonizador  es opuesto al proyecto del nacionalismo  revolucionario, es su crítica”. Prada, a diferencia de Stefanoni, ve un quiebre, con la actualidad  boliviana abriendo posibilidades que superan  la experiencia  nacionalista. Separando  las dos experiencias,  en lugar de asociarlas, Prada afirma que “El proyecto descolonizador apunta a la reconstitución  y reterritorialización comunitaria, un objetivo opuesto a la formación de una burguesía nacional”. Y sobre los simbolismos que para Stefanoni también hablan de repetición, dice: “En Tiwanaku se unge a un Inka, no a un presidente. No creo que esto haya ocurrido antes, si bien se utilizó el simbolismo de Tiwanaku para legitimar al proyecto  nacionalista, la forma  de utilización era otra, en todo caso era para articularlo a un proyecto nacional y mestizo”. Raúl Prada encuentra “un campo de fuerzas, en una gama de sucesos, donde emerge un proceso de empoderamiento indígena. En el campo de las relaciones cotidianas comienza a cambiar el papel,  la función,  la ubicación de los aymaras,  quischwas, guaraníes; se da un copamiento de las presencias indígenas, populares y plebeyas”.

Este es, para Prada, “el campo de posibilidades abierto por la crisis múltiple del Estado-nación”, por la “irradiación  del poder constituyente de los movimientos sociales”. Para él: “El horizonte de posibilidades abierto por los movimientos sociales y por la Constitución no se circunscribe de ninguna manera en el nacionalismo revolucionario ni en el Estado-nación,  al contrario propone una nueva forma de Estado, una nueva forma de relación del Estado y sociedad,  articulada por la participación  social, un nuevo sistema de gobierno,  el de la democracia participativa”. En lugar de “la tesis de la reiteración del proyecto nacionalista” Prada encuentra a Bolivia frente a la posibilidad  de dar lugar a un nuevo sistema político: “Estas transformaciones estructurales, históricas, culturales y políticas, implican la muerte  del Estado-nación.  La aprobación de la Constitución,  por parte del pueblo  boliviano, proyecta la fundación  de una nueva forma de Estado, que la Constitución llama Estado Plurinacional Comunitario  Autonómico,  en su nuevo perfil”.

Si para Stefanoni se trataba  de “retórico constitucionalismo”  (y da como ejemplo de lo retórico que los recursos naturales sean del pueblo, pero a través del Estado), para Prada  “Este  texto define  la muerte del Estado-nación y el nacimiento  del Estado plurinacional, descolonizador, comunitario  y autonómico”. Prada reconoce que el texto aprobado “resulta un texto radical para el pragmatismo preponderante” y por eso llama más bien a “defenderlo políticamente de las tendencias pragmáticas  y ciertamente nacionalistas”. Creo que el debate  es interesante no sólo por el matiz  entre dos lecturas de este proceso sino también porque ilumina  la fuerte oposición  entre lo que es percibido, en determinado contexto, como símbolos, teoría y discurso, de un lado; y práctica, acción concreta y materialidad, de otro. Este tema clásico del pensamiento  político, en Bolivia además nos lleva a discutir elementos  indígenas  y comunitarios en conflicto con la ley estatal y, en algún punto, con esa oposición moderna que pareciera destinar la diferencia indígena a la esfera  cultural de los significados  que son estériles en la práctica. Sin embargo, desde un pensamiento de izquierda que a diferencia  del pasado no trata las creencias y a la voz nativa como misticismo y alienación, en estos tiempos  y de forma contundente en el proceso  boliviano, es posible complejizar y entender de otra forma  la materialidad,  y por tanto la emancipación social y las formas  políticas en relación con la multiplicidad.[46]

 El debate continuaría y sumaría nuevos participantes luego de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (www. cmpcc.org)  organizada en Tiquipaya, Cochabamba, por el Gobierno boliviano, en abril de 2010. Era un evento preparatorio  para la Conferencia Mundial de Clima a realizarse en México unos meses más tarde, y había surgido por iniciativa de Evo Morales después  del fracaso de la Cumbre de Copenhague sobre el mismo tema. Entre las actividades  que acompañaron  el encuentro se realizaron q’oas, danzas tradicionales y hubo también discursos de Hugo Chávez  contra el capitalismo. El evento tenía 17 mesas de discusión, pero algunas organizaciones y ong organizaron  la “mesa popular 18” con exposiciones sobre conflictos socioambientales registrados en Bolivia, con críticas también a la política  de industrialización  del Gobierno y el modelo  extractivista.[47]

En la  Cumbre, nuevamente se activaron los dispositivos  que estuvieron presentes en la ceremonia  de Tiwanaku. Y la crítica al discurso  presidencial  de los que desconfiaban de elementos de cosmología  andina, volverían a reaccionar. En la apertura  de la Cumbre, Evo Morales llamó a gritar “Planeta o Muerte” y David Choquehuanca,  discurrió sobre el sumaj qamaña (“vivir bien” en aymara). Stefanoni (2010b) publicó  notas críticas (como “¿Adónde nos lleva el pachamamismo?”) dirigidas a los que llamó “los pachamámicos”, que vinculaba  al indianismo en lo que definía como “neolengua a la moda” que “contribuye a disolver las profundas  ansias de cambio de los bolivianos  en el saco roto de una supuesta filosofía alternativa a la occidental,  aunque a menudo es aprendida en espacios globales como los talleres de ong, en la calma  de la Duke University o en los cursos supervisados por Catherine Walsh en la Universidad Andina o la flacso Ecuador”.[48]

La crítica al “pachamamismo”, expresaba una opinión de la izquierda nacional que estuvo presente desde un principio  en los comentarios  de esa vertiente al proyecto del Estado Plurinacional, como dijimos. De hecho, Stefanoni (2009c) cita a Andrés Soliz Rada en una nueva  crítica publicada en Le Monde Diplomatique referida a la campaña por la reelección  de Evo Morales en diciembre de 2010.[49]

Soliz Rada señalaba el carácter desarrollista clásico de la plataforma  de Gobierno para las elecciones, y era citado afirmando  que al mismo tiempo Evo Morales no apoyaba explícitamente a los, llamados por Stefanoni, “pachamámicos” pero que tampoco los desautorizaba;  y que varios de ellos ocupaban cargos en el Estado y tenían influencia política, como el canciller David Choquehuanca. Desde ahí despegaría nuevamente la crítica de Stefanoni, que en el mismo artículo se refería también a la ambivalencia gubernamental en el debate de la nueva  ley de gestión pública, por sustentar “polémicamente” que Bolivia era una sociedad comunitaria y al mismo tiempo organizar una escuela de administración pública con cooperación de Francia “un país no adepto precisamente al multiculturalismo radical”.

Por momentos la crítica  de Stefanoni parece dirigirse más que nada a exabruptos,  frases escuchadas  al canciller y otros en los discursos ceremoniales.  El periodista e investigador  señala un hiato entre el “pachamamismo” y “la realidad”, denunciando lo que sería “mentira” y se explica como “un buen negocio”, en referencia al uso interesado de elementos de la cosmovisión andina. Pero en otros pasajes de sus escritos es evidente que la crítica se extiende no a exabruptos y uso descuidado de conceptos de una cosmología en la palestra política sino,  nuevamente, a la propuesta  política de introducir  la cosmovisión andina en el Estado, tal como aparecía en las demandas como la plurinacionalidad y la descolonización y que como vimos generaban desconfianza en Stefanoni y el pensamiento  de la izquierda nacional. Son esos elementos, más allá de los exabruptos,  los que le permiten trazar una relación entre el discurso  oficial en Tiquipaya y académicos como Catherine  Walsh y el proyecto de pensamiento  decolonial, que han trabajado tópicos como la interculturalidad  con buenos ojos también para la lectura étnica de la política, más allá de la nación  y la clase social, y a los que Stefanoni también dedica su desconfianza.[50]

Pablo Stefanoni fue informado de que Fernando Huanacuni había sido el responsable de un discurso de Evo Morales que generó revuelo en los medios de comunicación  del mundo que cubrieron  la Cumbre de Tiquipaya, por algunos comentarios sobre la relación  entre masculinidad, calvicie y pollos no orgánicos. Pero el foco de la crítica de Stefanoni era el discurso anti moderno de parte del indianismo, que eran ideas presentes en el Gobierno del MAS y que encontramos también en la Nueva Constitución. No era un componente  marginal al que se refería Stefanoni, y parecía hablar de un peligro inminente y real cuando  decía que la Cumbre de Tiquipaya dejó la evidencia   de que “el proceso de cambio es demasiado importante para dejarlo en manos de los pachamámicos”. Su crítica señalaba la contradicción de un discurso ecologista de cuidado de la Madre Tierra, con la realidad de un país “extractivista y con reprimarización de la economía”, y llama la atención  que en este punto coincidía con organizaciones  sociales como el conamaq,  que Stefanoni asociaba con el “pachamamismo”  y el proyecto plurinacional, que más adelante también  sería objeto de sus críticas.[51]

 La contradicción gubernamental es solo un elemento en el que Stefanoni busca desenmascarar los componentes  étnicos de un discurso en los que no cree. Por eso habla de “discursos vacíos” y “una  cándida  lectura de la crisis del capitalismo y de la civilización  occidental”. Su crítica se dirige entonces a intelectuales y políticos provenientes del indianismo,  como los vinculados a la cancillería  dirigida por David Choquehuanca, que organizaron la cumbre climática, y también a Raúl Prada. Sus escritos recibirían  críticas justamente desde  voces provenientes  del indianismo, como Simón Yampara –histórico del katarismo  que fue candidato por el msm a la gobernación de La Paz– y también de voces de afuera de Bolivia como la del peruano Hugo Blanco (2010) y la canadiense  Melanie  Balanger (2010). El primero trataba a Stefanoni de racista y lo contradecía diciendo que sí era posible hacer bloqueos de caminos “por el Buen  Vivir”,  lo que Stefanoni afirmaba nunca haber escuchado, dado que “Felipe Quispe habla menos Pachamama y más de tractores e internet”.[52]

En un nuevo  artículo publicado en La Paz, Stefanoni (2010c) continúa desarrollando su concepto de “pachamamismo”, y si bien se cuida de no mencionar ni una vez la palabra “mestizaje”,  utiliza los mismos argumentos con que los sectores liberales y de la oposición  al MAS criticaban  la Nueva Constitución y el proyecto  plurinacional, señalando la falta de reconocimiento del carácter no puramente indígena, sino más bien mestizo de Bolivia. Según  esta crítica, habría un velo de falsedad en el “reciente” reconocimiento de la mayoría de la población como indígena. La crítica  al pachamamismo va así contra un elemento  central en el proceso  político liderado por Evo Morales, y que daba su particularidad a la situación boliviana:  la expresión  étnica del sujeto político, la realidad  indígena del mas. Stefanoni pone una vez más en evidencia que el destino de sus críticas es el proyecto  del Estado Plurinacional y sus fundamentos pluralistas  al concluir con ironía afirmando que las que hace son preguntas de un “mono-pensador”, como Prada y otros autores lo calificaban.[53]

En uno de sus escritos Stefanoni considera como descolonización y movilidad social y cultural exitosa,  a la vía intermedia que aparece  “entre la asimilación  y el gueto”, asumiendo  en realidad dos críticas habituales en los fundamentos  del propio Estado Plurinacional, “más allá del multiculturalismo  de los años 90 y el monoculturalismo  de los 50”. Pero en su escrito, en el sentido  de criticar el argumento de ancestralidad con que se fundamentaba  el autogobierno indígena, Stefanoni lo asocia con un “pachamamismo” que no sería capaz de reconocer  la “verdadera”  cara étnica de Bolivia. Esta crítica, similar a aquella por la cual los indígenas serían en realidad, “mestizos”,  también  fue expresada por Soliz Rada en sus columnas de opinión, tal como citamos en la introducción,  y también  lo hizo en una conversación personal en 2009. En este sentido, Stefanoni  señala la creciente relación de los campesinos e indígenas con el evangelismo pentecostal, lo que le parece ser suficiente para refutar la fuerza  de lo indígena  en Bolivia, como cuando dice que esa imbricación cultural “es demasiado empirista y/o descriptivista para los pachamámicos”.

El discurso de Stefanoni insiste en la denuncia  a un doble discurso o falsedad vinculada a toda introducción  de la Pachamama en el discurso  de Gobierno del mas, en lo que me parece una marca de la visión moderna  en las ciencias sociales: la visión del “desencantamiento  del mundo” que confina “la cultura” a un plano marginal. Aunque la visión  indianista  no sea el foco de las críticas de Stefanoni, que buscaba alcanzar solamente sus vertientes “esotéricas”,  la forma en que entendía la realidad boliviana  estaba en clara oposición a las premisas del indianismo y el post-katarismo,  fuertes en la actualidad;  como la que destaca  la cuestión étnica, el proyecto  plurinacional y la lucha política  de recuperación de la matriz comunitaria.  Considerar  a la Pachamama un esoterismo es no poder salir de un modo de pensar  occidental restricto y sin ver, en todo caso, hasta qué punto el desarrollismo puede ser del mismo modo “esotérico” además de “político”, a lo que Stefanoni le da exclusivamente  status de realidad, poder de agencia y ciudadanía epistemológica.

Mi crítica a estos argumentos –aunque  en este trabajo mi esfuerzo es presentar los debates bolivianos sin intervenir como una voz de clausura– es que las ideas políticas siempre tienen un grado de abstracción que deja necesariamente escapar mucho de la multiplicidad  de lo vivido. El liberalismo  o lo comunitario, en ese sentido, sirven como modelos en la construcción  de sistemas o caminos político-sociales pero no son esos sistemas ni tampoco pueden ser implementados sin excesos del mundo y la realidad. Stefanoni  dice criticar no a los indígenas  sino al “discurso de salón”; yo me pregunto si el liberalismo no es también una cuestión discursiva “de salón”, bastante alejado de lo que realmente ocurre en la economía de los que se identifican con esas ideas. En lugar de entender  al indianismo como un “proyecto”, y como la búsqueda  de recuperación e introducción de lo comunitario en el Estado, Stefanoni espera  encontrar esos vínculos no modernos como realidad ya restablecida, y de ahí el contraste en que insiste Stefanoni con proyectos desarrollistas impulsados por el Gobierno  o con una realidad cultural mezclada, además de la importante presencia de actores nacionalistas en el proceso que tienen otras metas y recuperan otra memoria. En lugar de un proyecto político en marcha, posibilitado por la llegada real de indígenas y campesinos al Estado, para Stefanoni se trataría de un “velo” o máscara que impide ver la “realidad”, que para él no se lee con los ojos del indianismo.[54]

Si por la crítica  a lo indígena,  la lectura de Stefanoni podía acercarse a posiciones mestizas de la ciudad, irónicamente  también  había puntos de contacto con la de los sectores  aymaras que criticaban al “entorno blancoide”, que también encontraban el carácter indígena  del Gobierno  como falsedad e impostura. La diferencia es que para Stefanoni, no se trata de que esa perspectiva indígena entre al Gobierno desplazando a los mestizos,  sino más bien de descartar totalmente la mirada  considerada nostalgia de una realidad étnica homogénea del pasado  que ya no es. La mirada que expresa  Stefanoni entra en situación de alarma y advertencia cuando  la Pachamama, el “Vivir Bien” y la plurinacionalidad  conviven  en el mismo plano de realidad –aunque  sea en conflicto– con elementos  de un proyecto nacionalista, el objetivo de industrializar los recursos naturales y la política estatal del día  a día. Y tanto en las críticas del “entorno blancoide”  como en las de la izquierda nacional que es crítica de la mirada étnica, y aún cuando como en el caso de Stefanoni parten de la constatación  de la mezcla,  hay al parecer  una falta de comprensión del carácter flexible, abierto y difuso de lo comunitario  y de la forma  en que se expresa en ese momento en la política boliviana.  Ambas lecturas eran diferentes a las de Evo Morales,  el Pacto de Unidad y el mas, que no tenían problema en juntar la Pachamama  con el salto industrial. La perspectiva de lo chhixi,  traído al debate por Silvia Rivera (2006) y presentado al inicio  de este trabajo, parecía ser olvidada en las impugnaciones indianistas de un Gobierno  no tan indígena;  o nacionalistas a un Gobierno que es indígena por demás.

En la entrevista  ya citada de Stefanoni et al. (2010), este le pregunta  justamente por este tema durante  la Asamblea Constituyente, a Raúl Prada. La pregunta era: “¿No hay un sobredimensionamiento de lo comunitario,   en el sentido de asociarlo a lo popular,  cuando en realidad es una pequeña parte de los sectores populares  indígenas de Bolivia que todavía mantienen  ciertas prácticas comunitarias? ¿Hasta qué punto se puede plantear un Estado comunitario si las comunidades están muy debilitadas y ocupan espacios cada vez más residuales?”. A lo que Raúl Prada respondió,  anticipando el debate que tendría meses después en la lista “ayllu”:  “En la multipartidaria  había una visión de que las comunidades solo eran las comunidades indígenas, estaban aisladas y no habían muchas;  la otra visión (que es la mía y que compartía con algunas organizaciones indígenas) es que la comunidad  no solamente son las comunidades  indígenas sino que las mismas comunidades indígenas migran con sus redes de relaciones comunitarias y se transfiere eso también a las ciudades”.

Prada continuaba: “En este último sentido lo comunitario es algo mucho más complejo, es un tipo de institución difusa pero que logra mantener  conductas y comportamientos comunitarios y ciertas identidades comunitarias.  […] Aparece en distintos lugares de manera interesante como democracia comunitaria, como economía comunitaria, como justicia indígeno-originario-campesina,  que es comúnmente una justicia comunitaria.  Aparece,  pero no termina de resolverse. Eso tiene que pasar por la interpretación  de la Constitución  en el trabajo de las leyes”. En otro artículo, Stefanoni desarrolla más sus ideas y apunta a una “retórica” que no reconocería la realidad urbana,  desarrollista y moderna de Bolivia y señala que muchas de las categorías  del pachamamismo (como el chacha-warmi) no resisten a la investigación  histórica, y que “en algunas haciendas,  los propietarios, no precisamente  pluri-multis, sólo dejaban entrar a curas que hablaran en aymara con sus colonos…no fuera que aprendieran castellano y se marcharan”.[55]

 La crítica de Stefanoni a “los pachamámicos” derivó en un debate entre sistemas cosmológicos y sociopolíticos tradicionales y modernos,  trayendo una vez más la discusión  de la lucha por la descolonización  a la que el proceso  constituyente boliviano  y la propuesta  de Estado Plurinacional siempre convocaron. Para Stefanoni no estaba en juego la discusión  de la alternativa  al capitalismo y el pensamiento  moderno occidental. Eso era parte de la “retórica  hueca” que ocultaba lo que veía como fundamental: “la pobreza”, “el desarrollismo”, aunque como señala pensamiento  katarista, los pobres en Bolivia son indios y los indios son pobres. Con la crítica al pachamamismo, sin embargo, la Pachamama se fortalecía como parte inseparable  del proceso  político en marcha. “Al nombrarlos los constituye”, señalaba Marisol de la Cadena  en una conversación personal.

De hecho, las intervenciones que siguieron al debate iniciado con la crítica de Stefanoni en las semanas posteriores a la Cumbre, dieron cuenta de cómo estaba en juego  la discusión sobre una alternativa al capitalismo y a la modernidad, a partir de la inspiración  de lo comunitario  indígena.  No casualmente, era justamente esta la discusión  a la que la conferencia  sobre el clima organizada por los “pachamámicos” buscaba aportar, en oposición a la lógica de desarrollo de los países industriales; y también eran temas que habían  recorrido el proceso  constituyente cómo componentes  presentes en los fundamentos del nuevo  Estado Plurinacional, en la idea de descolonización y en las autonomías  indígenas.  También era una discusión indispensable para entender la Asamblea  Constituyente,  la formación del mas, el Pacto de Unidad y la victoria electoral de los campesinos e indígenas.

En esta frecuencia,  Simón Yampara, que participó como experto de algunos debates de la Asamblea Constituyente, decía: “Si la comprensión de Stefanoni es generalizada, creo que es necesario abrir un debate, pues es su mirada simplista de un mono-pensador occidental que no entiende  la lógica andina  pues su mente y corazón sólo llega a llevar a un sinónimo de pachamamismo=‘exotismo familiar o neolengua’, que además  tiene conciencia reciclado de la basura  que produce  la filosofía y el pensamiento  occidental. Es decir esto evidencia que estamos frente a dos maneras de cultivar valores humanos y cosmo-convivenciales, una es la ancestral milenaria y otra es la occidental centenaria  de esta parte de la tierra, pero que hasta este momento estos elementos no son factores de debate,  ni se los quiere encarar por simple mal formato del ‘chip’ occidental y colonial a la que se han habituado  intelectuales, ‘cientistas’ y opinadores  ocasionales, con cierto estigma racial. Eso es producto de la borrachera y chakhi colonial en la que  se mueve gentes como Stefanoni e ideólogos/intelectuales  del masismo que no son tan diferentes. Ese debate y diferenciación de ambos me gustaría saber y escuchar”.[56]

Otro que se sumó al debate fue Arturo Escobar,  antropólogo colombiano que enseña en la Universidad americana de North Carolina, Chapel  Hill. Él tiene un importante trabajo en que muestra  la cara colonialista y “retórica hueca”  no del modelo  andino sino justamente del concepto “desarrollo” (1994), discusión muy apropiada para Bolivia, puerto de todo tipo de “cooperaciones  internacionales”. En un comentario a los textos de Stefanoni sobre pachamamismo, Escobar (2010) analiza dos “posiciones de sujeto” que ve subyaciendo al debate: la de intelectualespolíticos “pachamámicos” y la de los que llama “modérnicos”. Serían dos “voces sociales” que hablan de “la configuración de conocimiento  o ‘episteme’ de la que provienen, y la ontología  o premisas básicas sobre el mundo que conllevan. Lee la afirmación de Stefanoni de que “el pachamismo impide discutir seriamente” en el marco  del pensamiento moderno “eurocéntrico” y observa una descalificación de un saber considerado “no científico”, “local”, “romántico”, “incompleto”, etc, por parte de Stefanoni.[57]

Escobar argumentaba que “la complejidad  del conocimiento académico y la aparente simplicidad  del pachamámico son efectos de discurso y, por tanto, de poder –es decir, tienen un comienzo, un periodo de hegemonía, y posiblemente un final, del cual ya pudiéramos estar presenciando los primeros atisbos”. Considera también la visión desencantada del mundo, que sería compartida por las distintas variantes del “conocimiento modérnico”, y que ve como algo profundamente ajeno a los mundos y conocimientos defendidos por muchos de los “pachamámicos”. En su artículo, Escobar  revisa las limitaciones  de los “conocimientos  modérnicos” (cm) y las ventajas  de los “conocimientos  pachamámicos” (cp) para iluminar caminos  ante la crisis social, ecológica y cultural actual. Es la “crisis  del modelo civilizatorio occidental” que líderes y liderezas indígenas aseveran en muchas de sus cumbres, escribe Escobar.

Escobar enmarca la discusión surgida en Bolivia en la crisis del modelo euromodernidad, definido por una ontología y modelo de mundo dualista (que  separa sujeto y objeto, naturaleza y cultura, individuo  y comunidad).  Arturo Escobar menciona a algunos movimientos sociales y tendencias no dualistas que anuncian “el surgimiento de la relacionalidad  como hecho epistémico, social, político y cultural de gran importancia en el inicio del milenio”; “algo así como ‘la revancha de la relacionalidad’” en lo que  ve como un desafío frontal al régimen moderno de verdad desde  la emergencia de lo pachamámico/relacional. También lo identifica con distintas corrientes del pensamiento contemporáneo.[58]

Y creo que la perspectiva  de Escobar es pertinente porque incorpora en la discusión  los mismos fundamentos con que surge el Estado Plurinacional, con los primeros artículos de la Constitución y las propuestas de los “pachamámicos” (en el sentido amplio de Stefanoni), que fueron incluidas en la Constitución y son parte del discurso del Gobierno.  Escobar se pregunta “¿Cómo queremos inter-existir, inter-ser, con todos los seres sintientes –sentipensantes,  pues la conciencia  no es solo atributo de los humanos como nos lo dicen algunos biólogos de la complejidad y muchos pachamámicos– con todos los humanos y no humanos de cada lugar, de cada sociedad, y del planeta / pluriverso?”. Y menciona a las experiencias  de autonomía de Oaxaca y Chiapas, porque señala que aquella no es una pregunta puramente teórica. Se trata, para Escobar, de “una política que asevere que muchos mundos son posibles –una política para el pluriverso–  requiere de epistemologías que acepten que muchos conocimientos son posibles”.

En uno de sus trabajos, Raúl Prada (2010c) escribe que Stefanoni “no parece haber entendido mucho las lógicas inmanentes de estos procesos y de las dinámicas moleculares de los movimientos sociales, tampoco  de las formas representativas que acompañaron la formación del instrumento político. Entre estas formas jugaron un papel politizador  las recuperaciones simbólicas en los imaginarios sociales, en la reconstrucción de las identidades colectivas; por ejemplo, el discurso  katarista ha formado parte de la atmósfera representativa y de legitimación de las resistencias, rebeliones y movimientos de las últimas décadas”. Y asocia  al investigador  y periodista con una toma de posición a favor de “una tendencia pragmatista y de realismo político en el campo de fuerzas que pugnan el proceso”.  Y continuaba: “Se cree muy ingenioso al descalificar  los rituales y las ceremonias  de la challa dedicadas a ofrendar a la pachamama,  al cuestionar con cierto aire de pedantería y pretendido  racionalismo  las creencias,  los saberes  y las interpretaciones   que giran alrededor de la cosmovisión  de la pacha,  del equilibrio  y la armonía  dual y complementaria, que forma parte de las concepciones  heredadas, recreadas y reconfiguradas andinas”.[59]

En su respuesta a los distintos mensajes, Stefanoni encuentra extraño que sea cuestionada su “posición de sujeto” como “cientificista” desde una Universidad norteamericana (2010c). Y acude  el concepto  de ventrilocuismo –utilizado por Silvia Rivera para criticar a otros académicos  americanos–  para referirse a los que hablan en nombre de los indios. No se referiría a los indígenas,  explica, porque Stefanoni más bien asocia el Pachamamismo con una elite desconectada de la realidad,  aunque a los que él critica no sólo son académicos  extranjeros, sino intelectuales mestizos  y aymaras, como los que fueron responsables de la Cumbre de Tiquipaya. Contestando a sus críticos, Stefanoni define el objeto de sus críticas, más bien, como “un discurso difuso y vacío (proveniente de algunos, no todos, decoloniales,  subalternistas y autonomistas, además de adherentes a otras corrientes postmodernas) sobre la Pachamama y una supuesta epistemología antimoderna, que construye una cosmovisión andina de salón, y ventrílocua a los indígenas  realmente existentes de quienes se atribuye su representación”.

Esta última definición me parece clave, si pensamos en las características  desarrolladas en el capítulo 5, sobre  las características abiertas, difusas y ambiguas del nuevo texto constitucional. Stefanoni habla de un discurso “difuso y vacío”, pero le da a la observación un sentido opuesto a mi interpretación de la Constitución y el Estado Plurinacional. Para mí la apertura  es lo que permite  la presencia  de lo comunitario  en el Estado, la indefinición,  y los silencios (“el vacío”)  entre los artículos del texto protegían  en varios casos las reivindicaciones  indígenas  y de movimientos sociales frente a un contexto político adverso. Era la única  forma en que la oralidad  y formas  sociales alternativas se introducían al Estado sin ser desvirtuadas totalmente.

Con la no definición de la autonomía,  justicia y democracia indígena, por ejemplo,  era posible un camino que fuera más allá de las estructuras institucionales establecidas. Los peligros anunciados por la oposición sobre la propiedad privada y el Estado de Derecho,  aunque no tengan asidero real en el texto de la Constitución, parecen  dar cuenta de que se tocan fibras vinculadas a la posibilidad  de pensar un Estado y una legalidad diferente. En el caso de Stefanoni, por el contrario,  lo difuso parece  relacionarse con la hipocresía y la falta de relación con la realidad. Creo que en lo indefinido  radica la posibilidad  de algo nuevo, mucho más que una retórica mentirosa  sin injerencia  real en la realidad.  Y esa posibilidad de algo nuevo, no me cabe duda, es algo nuevo:  la política de los indígenas  campesinos en el Estado como nunca antes había ocurrido.

5. Las tensiones post-constituyente

Además de recibir críticas por “pachamamista”. Desde 2009 se escucharon cada vez de manera más fuerte las críticas al Gobierno por desarrollista y destructor de la Pacha Mama. La mencionada mesa 18 de la Cumbre Climática fue un referente de esas críticas. El principal  reclamo  al respecto fue la denuncia  de violación del derecho a consulta incluido en la Constitución.  Algunas  columnas  de opinión de Soliz Rada (2010d) y Pablo Cingolani (2010) hicieron denuncias vinculadas a grandes proyectos de minería, hidroeléctricas y petróleo, realizados sin consultar a los habitantes (ver sus notas en la sección  de autores de bolpress). En el caso de Cingolani  el énfasis de las críticas era la destrucción  de la naturaleza,  en contradicción con el discurso  de la Pachamama; Soliz Rada, por su parte, hacía hincapié en las falencias del Estado para garantizar su soberanía sobre la riqueza natural y el “entreguismo”. En julio de 2010, conamaq organizaba una Cumbre de Ayllus y Comunidades Indígenas sobre Derecho de Consulta Previa e Impactos de Industrias Extractivas y Megaproyectos. En sus resoluciones se llamaba a elaborar una Ley Marco de consulta y se denunciaba que el Artículo 39 de la Ley de Régimen Electoral establecía que el derecho  a la consulta  “no tiene carácter vinculante” en contradicción con la Nueva Constitución. En el documento  también hablaban de la Pachamama y el “Buen Vivir”.

En reunión con conamaq, Morales les habría dicho que “no se va a poder cumplir la consulta porque demora y perjudica las inversiones, porque es un acto burocrático y como los proyectos  son un pedido del pueblo, no se va a poder consultar” (Ver Resoluciones de la  Cumbre de Ayllus sobre consulta previa, conamaq [2010]). Un momento de explicitación de estas diferencias  fue la entrevista de Le Monde Diplomatique al vicepresidente  García Linera (2009). En la entrevista, Stefanoni, Bajo y Svampa le preguntaban: “Al escuchar a Evo Morales se advierte un desfase entre sus discursos en defensa de la Pachamama, la tierra y el territorio,  más hacia fuera, y un discurso más desarrollista hacia adentro, incluyendo denuncias de las ong que promueven una Amazonía sin petróleo ¿cómo lo explica usted?”. El vicepresidente  respondió:  “Por una parte, se lleva hacia el ámbito estatal esta lógica  de la relación  dialogante  con la naturaleza; pero a la vez, en cuanto eres Estado, necesitas recursos y excedentes crecientes para atender necesidades  básicas de todos los bolivianos, y de los más necesitados, como las comunidades indígenas y populares urbano-rurales. Y ahí, evidentemente, se genera  una tensión. Por tanto, tienes que caminar  con los dos pies”. Esta tensión la comparaba con la de “ser ‘Estado de movimientos sociales’, entre democratización del poder y monopolio de decisiones”.

García Linera decía: “Hoy no estamos abriendo paso en el norte amazónico para que entre Repsol o Petrobras. Estamos abriendo paso en la Amazonía para que entre el Estado”, y explicaba de este modo la necesidad inexorable de Estado: “¿Es obligatorio sacar gas y petróleo del norte amazónico  de La Paz? Sí. ¿Por qué?, porque necesitamos equilibrar las estructuras  económicas de la sociedad boliviana,  porque  el rápido  desarrollo de Tarija con el 90% del gas va a generar desequilibrios a largo plazo. Se necesita, por tanto, equilibrar  a largo plazo  las territorialidades del Estado. Igualmente, se requiere excedentes económicos para reforzar estructuras comunitarias, para expandirlas, para buscar modos de modernización alternativos distintos a la destrucción de las estructuras comunales, como viene sucediendo  hasta hoy. Y a la vez, es necesario impulsar, en acuerdo con las comunidades, una producción hidrocarburífera no depredadora del entorno”. El plan se completaba, tal como el vicepresidente definiría en otras declaraciones, con la industrialización del litio en Potosí, hierro en Santa Cruz (Mutún), además  del gas en Tarija y el desarrollo agropecuario en todo el Oriente.  Pero  la entrada en la Amazonia para buscar petróleo había generado rechazo de la cpilap (Central de Pueblos  Indígenas  de La Paz). García Linera los acusaba  de tener vínculos con ong extranjeras y usaid y contaba que habían conseguido apoyo negociando comunidad por comunidad.[60]

Otro conflicto entre los indígenas  de tierras bajas  y el Gobierno  tuvo lugar después de la salida de Alejandro Almaraz del Viceministerio  de Tierras. Víctor Camacho, su sucesor, declaró que estaría preparando  una reforma de la ley de reforma agraria, para permitir  la propiedad  individual para campesinos dentro de los territorios indígenas. Según Álvaro Infante, asesor de la cidob, en una conversación personal, esto era una “propuesta  loca” y fue rápidamente desmentida por el Gobierno,  desde el Ministerio responsable,  y luego también por el viceministro reemplazado. Pero de una u otra forma  se veía amenazada la unidad de la categoría  política del sujeto colectivo que había inspirado la Constitución: “pueblos y naciones indígena originario campesino”. Desde Santa Cruz, un columnista de El Deber describía esta tensión como conspiración de campesinos y cocaleros andinos contra los pueblos  indígenas  de las tierras bajas.

El miedo del columnista  (Camacho [2010]) no era justificado de acuerdo a la normativa vigente.[61] Pero este era uno de los temas  en que la Constitución era abierta e indefinida, y sus miedos sin duda reproducían tensiones presentes en el mundo de las organizaciones  campesinas e indígenas. En marzo de 2009, había entrevistado a Pedro Nuny, vicepresidente de la cidob, del pueblo mojeño. Después se convertiría en uno de los primeros 7 diputados indígenas elegido por circunscripción especial en las listas del mas. Como diputado  manifestaría  las diferencias con el oficialismo,  llegando incluso a condicionar su apoyo a la Ley Marco de Autonomías, que sin los indígenas podía significar para el MAS no alcanzar los dos tercios necesarios. Pedro decía que los indígenas de las tierras bajas tenían capacidad de tener responsabilidad  de Estado pero hasta entonces el MAS no los había convocado,  y en las reuniones con Evo se veía que no había voluntad y el presidente los veía con recelo. Criticaba que el gabinete recién posicionado no tenía ni tres indígenas, y que estos eran sólo del Occidente.  Pedro Nuny  decía: “hasta el día de ayer, o ahora, hay todavía patrones carayanas, blancos, terratenientes, ganaderos.  Que no sea que mañana nuestros nuevos patrones sean nuestros hermanos de Occidente, los quechuas  y aymaras. Porque nos han demostrando que tienen un pensamiento colonial de seguir colonizando de seguir conquistando más tierras, de seguir abarcando en desmedro de nosotros”.[62]

El 21 de junio de 2010, mientras  tenían  tratamiento las primeras cinco leyes del Estado Plurinacional,  la cidob inició  la vii Marcha “Por la Defensa del Territorio, la Autonomía  y los Derechos  de los Pueblos  Indígenas”  desde tierras bajas,  con una lista de reclamos sobre saneamiento de tierra, derecho  a consulta y autonomía indígena y circunscripciones indígenas, que estaban siendo discutidos en las primeras leyes de la Asamblea Plurinacional. Antes también se había movilizado   la Asamblea del Pueblo Guaraní, por explotación petrolera sin consulta en el Chaco.  Las organizaciones  indígenas  salían del proceso constituyente bastante disconformes. La Representación  Directa, los Recursos Naturales en Territorios Indígenas,  la Autonomía,  el Pluralismo Jurídico y los derechos fueron temas problemáticos  hasta el final, que por su mera inclusión traían desconfianza  a la oposición,  pero que nunca  satisfacían lo considerado básico para las organizaciones.  La ruptura, sin embargo, nunca era definitiva. Hubo muchas  rupturas en el proceso y también muchas reconciliaciones. A pesar de las diferencias,  las cinco organizaciones  matrices tenían interés en preservar el Pacto de Unidad.

Con la discusión  de la Ley de Régimen Electoral definitiva volvería el tema de las circunscripciones especiales, un año después de la aprobación de la primera ley. A pesar de las propuestas iniciales, en Diputados se había reducido a 14 y luego fue aprobado  que hubiera sólo 8 circunscripciones especiales. En 2010 el número fue reducido a 7 circunscripciones especiales indígenas, excluyendo a Potosí y Chuquisaca, por evaluar que no había pueblos originarios minoritarios en esos departamentos. Entre los pueblos  contemplados había 36 pueblos agrupados en 7 diputaciones,  sin incluir aymaras  y quechuas, ni tampoco las parcialidades  aymaras  que el conamaq había demandado.[63]Criticando la reducción de escaños, apareció  la voz del ex viceministro de Tierras  durante todo el primer Gobierno de Evo Morales, Alejandro Almaraz. Sus críticas iban en el sentido  de mostrar contradicciones entre posiciones  del Gobierno  y la Constitución,  y fueron respondidas por García Linera, a inicios de julio, quien declaró “lamentablemente Almaraz no leyó la Constitución,  o la olvidó”.[64]

Sobre el reclamo de representación parlamentaria Isaac Avalos, senador y ex ejecutivo de la csutcb, declararía en 2010: Sinceramente yo no les entiendo  a estos compañeros de cidob y conamaq. Por qué están peleando  el tema de autonomías pues ya está definido y, para mí, la participación directa no va porque no tienen argumentos para crear sus propios diputados. Las autonomías ya están consensuadas y lo que quieren es obstaculizar el proceso de cambio. Las tensiones entre indígenas  y campesinos se dejaron sentir también con las declaraciones  del parlamentario y dirigente cocalero Julio Salazar a radio erbol, que advirtió que las federaciones del trópico habían decidido no dejar pasar por su territorio a los indígenas. También reproducían el discurso  oficial de que la marcha era financiada por intereses extranjeros. En respuesta a las acusaciones de injerencia de usaid, el presidente de la cidob, Adolfo Chávez, retó al Gobierno a expulsar de Bolivia a la agencia   del Gobierno estadounidense, y denunció que varios Ministerios recibían financiamiento de ese origen.[65]

Almaraz también habló en los medios de “un cambio de rumbo evidente” del Gobierno, que se expresaba en las demandas indígenas, y mencionó también “cómo manejaron  lo de Caranavi” y la pelea  con el msm.[66] La marcha duró un mes y tres días, y concluyó con un acuerdo firmado por Carlos Romero, la ministra de Desarrollo Rural, y el viceministro  de Aguas y Medio Ambiente Juan Pablo Ramos, que días después renunciaría negándose a firmar una licencia ambiental para autorizar sin consulta con los pueblos indígenas la construcción  de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, que pasaría por territorio indígena y era frecuentemente mencionada  en los discursos de Evo Morales.[67]

Una comisión del Senado,  integrada por el ex asesor del Pacto de Unidad, Adolfo Mendoza,  entre otros, fue clave para que los pueblos  de tierras bajas  suspendieran la marcha, con la incorporación de algunas demandas en el proyecto  de Ley Marco de Autonomías,  que inicialmente no estaba abierto a incorporación de modificaciones después de finalizado su tratamiento. Los indígenas cedían aceptando incorporar  la necesidad  de referendo para la ratificación  de sus estatutos autonómicos, que era la tarea en la que se abocarían desde entonces. Otros temas incluían  la tensa relación entre indígenas  y campesinos, como el reconocimiento de los Territorios Indígena Originario Campesinos (tiocs) como exclusivamente indígenas y no como campesinos. La negociación paralela al avance  de la marcha terminó en muy malos términos con Carlos Romero y los representantes  de su Ministerio, que esta vez fueron desplazados  en la resolución del acuerdo por parte de la comisión de senadores.[68]

El nacimiento  del nuevo Estado se concretaba con cinco leyes “orgánicas”, para  las cuales las cláusulas de la Constitución daban 180 días para su aprobación: Ley de Órgano  Electoral Plurinacional,  Ley del Régimen Electoral, Ley del Órgano Judicial, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y Ley Marco de Autonomías y Descentralización.  Para el MAS hubiera  sido difícil tramitarlas en el viejo Congreso. Los dos tercios obtenidos en las elecciones  de diciembre de 2009, permitieron  aprobarlas sin resistencia de la oposición. Por mandato constitucional, las cláusulas transitorias establecían plazos para  revisión  del escalafón judicial, revisión de concesiones y tratados internacionales.  El trabajo legislativo continuaría  durante el primer mandato de la Asamblea  Legislativa, hasta la implementación de las leyes necesarias. Según Adolfo Mendoza, en declaraciones a un periódico: “Necesitamos una ley que nos permita cambiar el patrón de acumulación económica y respete los derechos de la Madre  Tierra”.[69]

Aún divididos y no recuperados por los sucesivos  triunfos del Gobierno desde agosto de 2008 (revocatorio, convocatoria a referendo, aprobación  de la Constitución, reelección de Evo y elecciones locales), la oposición  de Oriente tuvo un papel marginal en las discusiones del Congreso,  retirándose de las negociaciones en oposición a una cláusula de la Ley Marco de Autonomías, en que se autorizaba a suspender a autoridades electas con acusaciones  del fiscal por delitos penales.[70]

Pero el escenario  que se imponía luego de aprobada  esta ley, era la discusión  de compatibilización de los estatutos aprobados en la Media Luna en 2008 con  la Nueva Constitución, que desde Oriente se había  intentado desconocer.  En un programa de televisión emitido  el día en que Evo Morales promulgó  la nueva Ley Marco, Juan Carlos Urenda criticaba una vez más el centralismo  del Gobierno a partir de la referencia de los estatutos. Señalaba que los estatutos habían sido aprobados por el 86% de las personas, frente a una Constitución  que no había sido aprobada en Santa Cruz  (allí la votación por el Sí había  rondado  el 40%) ver Abogado del Diablo (2010).

Sobre el futuro del proceso autonómico, Juan Carlos Urenda hablaba de la necesidad  de una reforma  constitucional. Citaba al vicepresidente del país,  que en septiembre de 2009 habría estado de acuerdo en tal reforma. El ex constituyente Saúl Ávalos, presente en el programa de televisión, decía que eran los estatu-tos los que debían reformarse para adecuarse a la Constitución,  si querían ser implementados,  que era la posición gubernamental. Todos hablaban de necesidad de pacto y de diálogo. El gobernador Costas había saludado la aprobación de la Ley Marco de Autonomías,  para el disgusto de muchos en el autonomismo  cruceño. Pero Romero analizaba que la Media Luna había improvisando argumentos muy malos para oponerse a la Ley, porque sistemáticamente había rechazado todas las ofertas de concertación convocadas por el Gobierno  en el último año. Por haber mantenido  el escenario  de 2008, de buscar impugnar la Constitución  desde  los estatutos,  la oposición había perdido  la posibilidad  de opinar y ser considerada en la elaboración de la Ley Marco, daba a entender Romero. Sin embargo, en un comentario frente a las cámaras luego de finalizado el programa, Romero declaraba que era necesario adecuar los estatutos a la Constitución, y también aceptaba que en materia de competencias podría haber una adecuación de la ley y también de la Constitución  (ver unitel [2010]).[71]

 Serían las Asambleas Departamentales  elegidas en abril de 2010 las que realizarían la adecuación,  y luego de aprobada  la Ley Marco de Autonomías,  el periódico La Prensa daba cuenta de que en Pando, Beni y Tarija, los asambleístas ya habían  iniciado el trabajo (23 de julio, 2010). De a poco, también se regularizaba la situación  institucional del país, y con una “ley corta” Evo Morales suplía provisoriamente las vacantes de los tribunales, que según  la Nueva Constitución serían elegidos por voto directo, y cuyas elecciones serían en octubre de 2011, con intento de boicot por parte de la oposición, con alto porcentaje de votos nulos o blancos,  pero  el resultado de la entrada de polleras, sombreros y nombres nuevos a los tribunales superiores. Los Comités Cívicos perderían poder de convocatoria y relevancia política, pese a que intentaron a mitad de 2010 llamar a nuevos cabildos con una agenda dura. Sus reivindicaciones eran en contra de las “persecuciones penales con fines políticos”; proponer una reforma parcial de la Constitución para conseguir “un régimen  autonómico real”; y llamar a las Asambleas Departamentales a adecuar  los estatutos Autonómicos votados “sin modificar su contenido”. Carlos Romero evaluaba que “La gente ya pasó de una etapa de movilización política a una etapa de expectativa por alcanzar resultados”.[72]

 El 26 de Julio de 2010, luego de aprobadas  las leyes orgánicas del Estado, García Linera hablaba en el acto de inauguración  del xxi Congreso Ordinario de la Federación  Especial  de Trabajadores Campesinos del Trópico, una de las federaciones más grandes de colonizadores cocaleros del trópico de Cochabamba, con 20 mil afiliados, y donde Evo Morales aún es secretario ejecutivo. En esa oportunidad García Linera anunció el ingreso  a una quinta etapa en la Revolución Democrática, emprendida por el Gobierno de Evo Morales, en la que  la “ofensiva estratégica” estará orientada a la construcción  y la toma del poder  político, económico y cultural “para  tener la capacidad  de decidir y mandar  sobre la política y la economía” del país. El periódico  Los Tiempos, de Cochabamba (27/7/2010) titulaba “Vice Anuncia el inicio  de la toma total del poder”. Según el vicepresidente, en una primera etapa se construyó el Instrumento  Político por la Soberanía  de los Pueblos;  en la segunda  se incursionó en el escenario  político de los procesos electorales; en la tercera se llegó al Gobierno y en la cuarta se derrotó ideológica y políticamente a la derecha,  reportaba  la prensa.

Comenzaba la quinta etapa en que “el desafío es construir el poder  total en base a tres ejes: los poderes económico, político y cultural, para garantizar  el proceso de cambio”. García Linera explicaba que para tener el poder  económico, era preciso consolidar el proceso  de industrialización de las materias  primas y la soberanía sobre los recursos naturales, luego redistribuir la riqueza  y por último potenciar  la capacidad económica de los sindicatos para que tuvieran capacidad económica y productiva. Pensaba en un modelo en que los movimientos sociales empezaran a tener organizaciones productivas administradas colectivamente y que, decía, los haría invencibles. En cuanto al poder  político, habría manifestado  que además de los Gobiernos  y la Asamblea,  era importante la presencia del pueblo humilde y trabajador –sin que necesariamente tenga formación profesional– en todas las entidades del país, con servidores públicos dispuestos a sacrificarse y con la idea de que van a salir pobres de los cargos; y con control social. Para obtener el poder cultural dijo  que debía reforzarse y ampliarse  la ideología de igualdad y sacrificio que impulsaba Evo Morales. Pero recordaba que la revolución   era revolución justamente porque no había recetas.

Un día después al acto en el Chapare,  28 de Julio de 2010, después de ser aprobadas las leyes fundamentales del nuevo  Estado, García Linera clausuró un evento sobre Tierra y Territorio (apud Bartra [2010]). Como en esta revolución el sujeto era el movimiento indígena y campesino, decía el vicepresidente, la cuestión “Tierra-Territorio”  era la clave de la que dependían a mediano y el largo plazo. Continuaba  desarrollando la idea del poder económico para las comunidades. Decía: El Estado  no puede crear lo comunitario,   esto es tarea de las propias comunidades. Pero sí puede crear condiciones para que pasen de la “propiedad en común” a la  “producción  en común”, en la  línea  de la  propuesta  Década Productiva que había presentado  la csutcb. Y decía que era de la comunidad de donde nacía el paradigma “Vivir Bien”, con mecanismos de desarrollo que no estaban basados en la rentabilidad. Aclaraba sin embargo que el “Vivir Bien” no se sostenía sobre  la miseria. Decía que se necesitaba salud, educación,  carreteras, electricidad, sin destruir el entorno. Pero le preocupaba que el derecho  a la consulta fuera vinculante, decía,  porque cuando se quisiera  explotar un recurso no renovable y la comunidad  no quiera, esta dice que “no se toca” y entonces “no se toca”. Este tema enfrentaría el Estado a los pueblos  indígenas en decenas de proyectos y especialmente en las protestas del tipnis.

Veía que después de que los movimientos  indígenas y campesinos “se volvieron” Estado, con su proyecto y programa de políticas de Estado, se habían replegado a los particularismos,  al localismo,  al individualismo comunitario y el corporativismo. “De la posibilidad de volverse Estado se dan cuenta primero los quechuas y aymaras del Altiplano y los valles, mientras que los pueblos del Oriente han seguido luchando en una cierta exterioridad, decía, con la séptima marcha indígena  recién terminada.  Entonces, el reto es cómo incorporarlos plenamente al nuevo  Estado plurinacional. Ahí era donde aparecía nuevamente la necesidad de Estado en su razonamiento:  Hasta 2008 el interés general lo representaba  el movimiento y el Estado iba a la zaga. Ahora es al revés.  Debido al repliegue  de ciertos sectores a su interés particular, el Estado  debe asumir por sí mismo  la representación  del interés general.

Sin embargo señalaba que esa presencia  del Estado no era lo que deseaban, y que debía ser temporal. Sólo temporal. Y previendo un tiempo nuevo afirmaba: No hay revoluciones permanentes,  son por oleadas. Esperamos una nueva oleada de masas. Una oleada de movimientos que pasen por encima del Estado, que vayan aun más allá que el hermano  Evo. Dijo también que lo más importante de la plurinacionalidad  del Estado eran los grandes cambios simbólicos. La mudanza más significativa e importante, lo más profundo de la plurinacionalidad, señalaba, es que hoy en el horizonte de vida de un indígena campesino boliviano  está el de ser canciller o albañil, contrabandista en pequeño  pero también presidente. García Linera recordaba que unos días atrás él estaba sentado entre una campesina que era ministra y un campesino que era senador. Esto es lo más revolucionario de Bolivia decía el vicepresidente: que puedes ser ministro o legislador sin necesidad de teñirte la piel o de cambiarte  el apellido.[73]

El nuevo tiempo político del Estado Plurinacional anunciaba  que la aprobación de la Constitución sólo cerraba una etapa para iniciar otra donde  no sólo se trataría de gestión. La dinámica de acontecimientos que había llevado hasta ahí –y que aquí nos ocupamos de presentar– ya se perdía en un pasado que sólo trascendía en el modo como había quedado definido en las nuevas normas constitucionales. Sus espacios abiertos y tensiones  irresueltas, sin embargo, eran el territorio donde  la política boliviana se había desplazado.  Era un centro político y verdad formal que había costado encontrar y que había  dado lugar al nacimiento del nuevo Estado. Era un nuevo espacio irremediablemente tenso porque  a pesar de los esfuerzos de los constituyentes,  la vitalidad de la comunidad, la diferencia de proyectos políticos de larga data, las miradas regionales o ideológicas,  los proyectos de poder y la incansable  voluntad de cambio y descolonización no dejarían de articularse y movilizar.

Lo que no podía negarse es que en este proceso había ocurrido algo que sin duda había marcado  este tiempo. Algunos buscaban negar con desconfianza los sentidos políticos  que los pueblos y naciones indígena originario campesinas habían defendido y transformado en ley. Esta verdadera teoría desenvuelta como Nueva  Constitución determinará un camino para la política boliviana cuya dirección y significados continúan definiéndose. Por lo pronto,  se trata de una nueva Constitución promulgada  por un presidente indígena; y espero que estas páginas hayan permitido reflejar algo de la pasión,  controversia y fuerza política que acompañó a la discusión,  redacción  y aprobación de sus conceptos, espacios abiertos y palabras. Es ahí que encontramos  una potente teoría del Estado de los campesinos indígenas y sus aliados. La misma puso en debate  la cuestión  de la diferencia indígena de la comunidad y su relación con el Estado, cuestión que los bolivianos y los pueblos  indígenas sin duda seguirán transitando.

Evo Morales también denunciaba “nuevas mentiras y engaños” de la oposición durante la campaña para la aprobación de la Constitución: Nuestras queridas abuelas y abuelos, me informaron en el campo, estos grupos han viajado por el campo para hacer campaña contra la Nueva Constitución y con unos argumentos como que voten por el No para que el Presidente Evo Morales se quede, y nuestras abuelas y abuelos queriendo votar por el No, imagínense con semejante mentira querían engañarlos. […] En las ciudades, en algunas iglesias ¿qué decían? “Si el 25 de enero del 2009 se aprueba la Nueva Constitución –decían algunos padres– nos van a perseguir, van a cerrar nuestra Iglesia, no vamos a poder orar, ni celebrar misa en ningún lugar”.↵

Sobre las lenguas decía: Algo importante, un boliviano, una boliviana está obligado poco a poco a aprender a hablar un idioma originario y también el español, pero también un idioma extranjero; si hay inglés, alemán, italiano o portugués, es una forma de comunicarnos con todo el mundo. Ahí empezaremos desde el Palacio, algunos para mejorar nuestro aymara o nuestro quechua, algunos para aprender; pero también idiomas extranjeros para comunicarnos, repito, con todo el mundo.↵

Sinclair Thompson escribe (2010:s/n) “desde que asumió su cargo presidencial, Evo Morales ha hecho un gran uso simbólico de Tupak Katari. Ninguna cabeza de Estado boliviana había incorporado jamás a Katari en el panteón histórico de héroes nacionales. Morales ha leído públicamente la sentencia de muerte de Diez de Medina en más de una ocasión. La primera vez fue el 15 de noviembre de 2006 en Peñas, paradójicamente poco después de la ceremonia de la reconstitución del cuerpo realizada por activistas radicales y líderes de base. Pero “Evo” mismo ha adquirido ahora una estatura mítica comparable a la de Katari, y se nos ofrece como un ejemplo del mismo fenómeno de simbólica condensación. Este no es únicamente un fenómeno de adulación popular. La cobertura de la prensa contemporánea y el análisis político sobre Bolivia están también frecuentemente concentrados en él, y en una profecía autocumplida, tienden a enfatizar su rol como caudillo. No hay duda de que él, como Katari, ejerce enorme influencia y tiene un gran peso político. Sin embargo, ese tratamiento normalmente disminuye el rol de amplias fuerzas sociales (sectores populares, mujeres, jóvenes, etc.) que constituyen y hasta cierto punto aún sostienen su poder actual.↵

Marco Carrillo y René Martínez habían sido nombrados delegados presidenciales en las regiones, y se preguntaban si con los cambios serían delegados para las autonomías. En el Gobierno, Roberto Aguilar era ministro de Educación. Armando Terrazas era asesor político y también convocaron desde este Ministerio a Faustino Ollisco, ex presidente de la Comisión de Educación en la Asamblea. Romero pasó de ministro de Desarrollo Rural y Medio Ambiente al recién creado Ministerio de Autonomías, Saúl Ávalos ocupó por un corto periodo el Ministerio de Hidrocarburos y Freslinda una dirección del Ministerio de Salud. Rebeca fue posesionada como viceministra de coordinación gubernamental, cerca del presidente y Marcela Revollo en un ente dependiente del Ministerio donde estaba Romero, a donde también había sido convocado Sabino Mendoza y Vania Zárate. Pablo Zubieta y Magda Calvimontes estaban trabajando en una empresa estatizada de hidrocarburos. Cocarico en una unidad del Ministerio de la Presidencia. Y varios campesinos habían vuelto a asumir funciones en sus sindicatos y organizaciones de base. Con el pasar del tiempo se sumarían al Estado también otros ex constituyentes, así como asesores y dirigentes sociales, como gobernadores, legisladores o funcionarios (ver más adelante en el capítulo).↵

Las organizaciones sociales decían que no pedían Ministerios pero sí estar presentes en las reuniones de gabinete para hacer control social. Varios rumores involucraban a los ex constituyentes, que en muchos casos fueron contemplados por el Ejecutivo y por los Gobiernos locales del mas. Los rumores –u operaciones– vinculados a los constituyentes decían que Saúl Ávalos saldría del Ministerio de Hidrocarburos porque no tendría los apoyos suficientes para quedarse y que Silvia Lazarte entraría al Ministerio de Gobierno o de la Presidencia. Otros decían que la presidenta de la Asamblea tenía que descansar y entonces la mandarían a alguna Embajada. Marcela Revollo o Fabián Yaksic, por acuerdo con el msm, podrían ir a un nuevo Ministerio de Autonomía que se crearía, pero con Pablo Groux en Cultura ya serían muchos de esa fuerza política. Rebeca Delgado podría ir a Justicia, Raúl Prada a Educación y Romero podría pasar de Autonomías al Ministerio de la Presidencia en lugar de Quintana. Algunos rumores se demostrarían ciertos, otros no.↵

En un spot televisivo de enero de 2009, Víctor Hugo Cárdenas decía, junto a su mujer Lidia Katari y sus hijos: “el Gobierno no ha dicho que la creación de 36 gobiernos indígenas con gobierno propio, leyes propias y justicias propias van a poner en grave peligro la unidad de Bolivia”. La periodista Amalia Pando preguntó al vicepresidente si los comunarios deberían devolver la casa; Álvaro García Linera dudó unos segundos, respiró, y dijo que Víctor Hugo Cárdenas tenía el derecho de propiedad y una ocupación violenta no iría a ser permitida por el Gobierno, pero que los comunarios podían hacer el trámite –propio en las comunidades– por el cual aquellas personas que no cumplen las labores comunales y las responsabilidades colectivas, son objeto legal interno para la recuperación y expropiación. (Fuente: audio de la entrevista a Álvaro García Linera en Radio erbol, 9 de marzo de 2009, publicada en resumen de noticias de abi. Ver Schavelzon (2009d).↵

Otra consecuencia post constituyente en el Gobierno era el inminente cierre de la repac (Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente). Juan Carlos Pinto, su director, estaba preocupado por las 60 personas que se habían ocupado de la capacitación sobre los contenidos del nuevo texto en todo el país, y también al mas. El vicepresidente había dicho que sus cuadros demuestren lo que saben en la gestión, entrando en los ministerios, pero él sabía que antes que cuadros de gestión ellos eran cuadros políticos. Por otra parte, la repac era vista como espacio del vicepresidente y por eso mismo él no podía insistir en defenderla. También, después del referendo, era un tiempo de gestión y no de política, se decía. Evo no le veía el sentido a continuar con la capacitación porque quería cosas inmediatas de corto plazo, me decían, y además García Linera había dicho que no servía ir a las comunidades si estas se quedaban calladas. Para el trabajo de difusión política que hacía la repac, debía comenzar a entrar en acción la conalcam. Por esos días, hablé con el historiador Pablo Quisbert, que había dirigido el programa de alfabetización “Yo Si Puedo”, que con método cubano había logrado declarar en diciembre de 2008 a Bolivia “libre de analfabetismo”. La segunda fase (de post alfabetización) sería más difícil porque tendría más posibilidad de deserción, es más larga y no tiene resultados inmediatos para mostrar, que es lo que el Gobierno está priorizando, me decía. Con el “Yo Sí Puedo”, se había ido anunciando municipio por municipio, departamento por departamento el avance. Se había logrado con verticalismo e incentivos para los profesores, me explicaba. Ciertos sectores del Gobierno habían querido que el programa fuera más político, pero Pablo Quisbert pensaba que no serlo era lo que había garantizado su éxito, por ejemplo para poder entrar sin problemas en municipios opositores. Para eso también había tenido que lidiar con algunas organizaciones que le pedían “pegas”.↵

Su mujer era Giovanna Navia, cuyos hermanos formaban parte del entorno de confianza de Santos Ramírez en la empresa y estaban recibiendo en su vivienda el soborno, donde se dijo que también estaba el ex senador. La mujer de Santos Ramírez había sido protagonista en un documental para la bbc, como militante del mas, producido por Gloria Beretervide que por esos días buscaba entrar en contacto con alguien que le pudiera dar alguna explicación. Uno de los cuñados de Santos Ramírez era diputado de podemos y otro era incriminado por esos días también como propietario de prostíbulos y proxeneta. También se decía que Santos fue importante para unificar la militancia del mas, y que después de su caída no habría nadie que mandase frente a las diferentes facciones. Algunos hablaban también de una confabulación para incriminar a Ramírez. Mencionaban la rivalidad con García Linera, que la gente de Santos Ramírez consideraba como alguien externo al mas. Escuché también la teoría de que había sido un “regalo griego” con el cual Evo Morales se habría querido deshacer de él, porque le molestaba tener cerca gente que lo había acompañado desde el pasado. “Le gusta rodearse de obsecuentes y yunkus”, me decía alguien que citaba a Filemón Escobar y a Hugo Morales, hermano de Evo, que habrían salido porque lo hacían sentir disminuido. Mientras entrevistaba al senador Peredo, lo llamaban para pedir que hiciera algo porque habían destinado a Santos Ramírez a la peor zona de la cárcel de San Pedro.↵

La muerte de Rozsa Flores (cf. http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_R%C3%B3zsa) terminó siendo la nota final y tardía de la confrontación del MAS con la Media Luna que después de septiembre de 2008 se extinguió hasta dejar de ser una amenaza política real para el Gobierno.↵

En Warisata, donde fue la histórica experiencia de la escuela ayllu de Elisardo Pérez, había un conflicto entre municipios por el lugar en el que estaría la universidad. Había 36 consultores trabajando en la curricula, pero muchos no habían cumplido con entregar el informe a tiempo. Evo Morales había dicho que quería que los cursos fueran de pocos alumnos para que se conocieran con el profesor, y sugirió que se comenzara con 40 alumnos por carrera. En la reunión del Bloque alguien decía que debían ser ellos y no el presidente los que decidieran eso. También había dificultades porque había poca plata, y todavía no se habían podido destrabar los recursos del Fondo Indígena del idh. Las universidades indígenas debían ser un ejemplo educativo y no una copia de otras universidades, alguien decía. Y Diego Pary sugería que hablaran con el presidente, porque a veces las organizaciones tienen más llegada que los ministros y viceministros. Si querían proponer que se posterguen las fechas para ampliar la discusión del proyecto, debían pedirlo en una carta al presidente y no a él, porque él debía cumplir el plazo puesto por el presidente. Y el “Jefe” había dicho que no quería hacer acto hasta que no se inaugure, decía Diego Pary, ya me han hecho poner muchas piedras fundamentales y después no avanza, había dicho.↵

A partir de pensar lo plurinacional no como tema lingüístico, sino como multisocietal, también estaba pensando en un modelo “multi institucional” para una “gestión pública plurinstitucional”. Raúl Prada decía que la incorporación de la institucionalidad indígena implicaba a la forma Estado abrirse a otras formas de institucionalidades que no fueran solamente las modernas, de la modernización. “Eso nos llevó a pensar que debíamos idear una gestión pública mixta, es decir, aceptar que hay una herencia de la modernización, que hay tareas de modernización, en el sentido de recoger lo más democrático de la modernización, por lo tanto, aquello que permite la democracia participativa pero articulada con formas comunitarias. […] y la plurinstitucionalidad nos abría a una concepción plurinormativa, un pluralismo normativo. Todas estas cosas son consecuentes del primer artículo de la Constitución que dice “nos movemos a un pluralismo jurídico, político, económico, cultural, social…” entonces es el pluralismo el que tiene que ser la matriz de la transformación de la gestión pública. […] Un pluralismo de gestiones, muchas gestiones: comunitarias, centralizadas, descentralizadas. Eso nos llevó a rescatar una idea del ayllu, que es la de archipiélago. Planteamos como otra tesis, los archipiélagos administrativos […] abrirse a proyectos civilizatorios y culturales alternativos, y por lo tanto abrirse a una concepción de Estado que no tenga que ver con el Estado moderno, el Estado-Nación, sino con un Estado que se está moviendo a otras condicionantes, culturales, sociales. Desafíos que tienen que ver con la participación, con el pluralismo. Entonces esto no solamente nos muestra desafíos que tienen que ver con que debemos avanzar a una nueva gestión, sino a un nuevo Estado, y ambos dos están íntimamente vinculados. (versión de la desgrabación de entrevista enviada por los autores, sin datos de paginación en versión publicada).↵

Consideraba que no había una “masa crítica” en Bolivia, en ese momento. Y definía a Álvaro García Linera como un intelectual lúcido defensor de la apuesta estatal en el proceso de transformaciones, lo que le parecía una posición más conservadora que crítica. Creo que él es optimista y creyente que los instrumentos estatales son el mecanismo que tenemos para el proceso de cambio, decía, lo que veía como “la salida del realismo político”, con la cual tenía dudas. Y comentó la discusión del grupo Comuna en 2004; en la que Álvaro decía que los movimientos sociales se debían institucionalizar… Luis Tapia apoyaba ambas cosas (“los movimientos sociales son dinámicos y plásticos pero necesitan que sus conquistas se cristalicen”, decía, en palabras de Prada), y para el propio Prada la institucionalización era el momento en que el movimiento muere.↵

La discusión del Estado nunca la hemos terminado de resolver, forma parte de la tradición de izquierda, pero se vuelve a reiterar de una manera novedosa en Bolivia, con este horizonte de lo comunitario, decía Prada. La comunidad que en gran parte es una especie de interpelación al Estado, y al pasar a estatalizarse, participa de procesos de concentración del poder, y en eso estoy de acuerdo con Zibechi, se debería optar más bien por la diseminación y dilución del poder, decía. Recordaba también su “vieja tesis”, en que el ayllu substituye al Estado y al mercado. Él creía que en la medida en que se impusieran las comunidades tendríamos menos Estado. Pero ahora tenemos más Estado, y también tenemos comunidad. La pregunta es, entonces, ¿cuánto de comunidad vamos a tener? ¿cuál va a ser el desenlace del proceso? ¿no es que las comunidades se van a diluir en una nueva forma estatal? ¿no es que las comunidades van a perder su propio carácter en un proceso muy fuerte de estatalización? ¿no es que las comunidades van a formar parte del fortalecimiento de la composición de una nueva versión de Estado? Y afirmaba que eso tampoco estaba resuelto en el texto constitucional. Con tensiones entre lo comunitario y lo Estatal; lo descentralizado y lo centralizado; el pluralismo económico y un papel muy fuerte del Estado.↵

La ley establecería las reglas para la elección de asambleístas y reelección de Evo Morales, en diciembre de 2009; y para la elección del resto de autoridades regionales en abril de 2010. También se daba lugar a los referendos en que los primeros municipios indígenas y también la región del Chaco accederían a la autonomía. La región chaqueña sería el primer ensayo de autonomía regional en el país, y era estratégico para el Gobierno tanto para debilitar a la oposición en Tarija, como para garantizar votos de los diputados de esa región que permitiesen aprobar la ley electoral en un Congreso que mantenía un Senado opositor.↵

Según Cocarico, aunque no se pudo incorporar que uno de los 4 senadores por departamento fuera indígena, la representación indígena fue reparada con las circunscripciones especiales indígenas, aunque con elección no directa sino por voto. El resto de las minorías no indígenas entrarían con la incorporación de las circunscripciones plurinominales (diputados electos por voto contabilizado en todo el departamento, y no en la circunscripción local) que habían salido en el primer proyecto de Constitución del mas, pero luego fueron reincorporadas. Habían sido reintroducidas en el diálogo de la Vicepresidencia, bajo el siguiente análisis, decía Cocarico: un candidato puede ser elegido con 30% de los votos, pero el 70% que no votó por él ya no tendría representantes, creando una situación de mayorías ficticias”. Notaba, sin embargo, el problema en el proyecto que circulaba en ese momento (de Ley Electoral Transitoria) de crear 15 circunscripciones especiales indígenas, porque se restarían representantes de las circunscripciones plurinominales, que en la Constitución se establecía que debían ser la mitad del total de circunscripciones.↵

El artículo 146 también determina que estas circunscripciones especiales “no deberán trascender los límites departamentales. Se establecerán solamente en el área rural, y en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos constituyan una minoría poblacional. El Órgano Electoral determinará las circunscripciones especiales. Estas circunscripciones forman parte del número total de diputados”. El 147, agrega que “i. En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y mujeres. ii. En la elección de asambleístas se garantizará la participación proporcional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. En la versión de Oruro, el artículo 149 establecía que “en las circunscripciones especiales indígena originario campesinas no deberán ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacional, los límites departamentales ni la continuidad geográfica”.↵

Albó (2009) escribe: ¿Se contradicen? Pienso que el art. 146 se refiere a que debe haber más circunscripciones especiales ahí donde haya más población indígena originaria minoritaria, mientras que el art. 147 contrasta genéricamente esas circunscripciones ‘especiales’ con las demás uninominales: la población de las primeras no debe calcar la de las segundas, así como tampoco debe tener el mismo criterio de continuidad geográfica. La razón es clara: lo que se busca es asegurar la presencia de esos pueblos tan minoritarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional a pesar de su pequeño peso demográfico y su dispersión geográfica. De lo contrario, dicha Asamblea nunca llegaría a ser suficientemente “plurinacional” y aumentaría el riesgo de que estos pueblos nunca lleguen a estar presentes. La afirmación de Böhrt es del texto “40 días que conmovieron Bolivia”, mimeo. ↵

Por las condiciones de la ley, decía Jesús Jilamita, conamaq no podía pedir escaños para pueblos mayoritarios en sus circunscripciones. Para no quedarse afuera de las especiales debían fundamentar entonces su carácter minoritario. Eso había generado diferencias entre los técnicos de la organización. En resumen, Jesús veía que sería un sistema completamente occidental y no plurinacional, con las mismas características que los códigos electorales anteriores. Por usos y costumbres sólo se podrá elegir internamente al candidato. Y decía que pensaba que el MAS no podía meterse en la elección de los indígenas en circunscripción especial. Es una elección de nosotros, decía.↵

Los quechuas y aymaras, para conamaq, se subdividían en 16 suyus, 14 de ellos dentro del territorio boliviano, que eran las naciones originarias del Qollasuyu y que buscaban reconstituirse. Las circunscripciones indígenas que proponían no se correspondían con las uninominales y en algunos casos abarcaban territorios de más de una de ellas. Además, en algunos departamentos había diferencias entre las dos organizaciones matrices de indígenas, de cuál pueblo contemplar en las circunscripciones especiales. conamaq proyectaba 17 circunscripciones sólo para las tierras altas: en La Paz, pueblo kallawaya (2), pakajaqi (2) y una alianza “estratégica” entre qhapaj umasuyu y el pueblo afrodescendiente. Para Oruro, proponía cuatro circunscripciones: karangas, killakas, suras y uru. En Potosí, tres: charkas, chichas y quillakas. Para Chuquisaca la de los qhara qhara, y de los quillakas (San Lucas). En Cochabamba las de sura urinsaya (2) y chuwi. Los pueblos contemplados por la cidob eran los siguientes: en Santa Cruz, pueblo chiquitano, guarayo, guaraní, ayoreo, mojeño-yuracare y mojeño ignaciano. En La Paz: tacana, leco y moseten.En Tarija: guaraní, weehayek y tapiete. En Pando: tacana, esse ejja, yaminagua y machineri. En Cochabamba: yuracaré y yuracaré-mojeño. En Beni: cavineño, tacana, chácobo, pacawara, mojeño, tshimane, movima, canichana, siriono, itonama, baure y more. En Chuquisaca se proponía contemplar al pueblo guaraní.↵

Pero la medida también tenía que ver con facciones internas de conamaq, asociadas al alcalde de Potosí René Joaquino, y que dos años después continuaba siendo parte de la autocrítica. Más recientemente, sin embargo, una marcha de los mallkus antes del referendo constitucional también había sido mal interpretada. La forma en que se expresaría la crítica al proyecto de ley electoral, entonces, tendría que ser pensada por los técnicos de manera cuidadosa, de modo que el desacuerdo con la posición del MAS pueda ser expresado pero sin ubicar a la organización como opositora. La imposibilidad de reunir a todas las autoridades para cada decisión del trabajo, decían los técnicos, era parte del problema y de la situación que se debía evaluar.↵

Sin embargo, se preguntaba cómo se iría a definir la nación cuando no hay territorio que empieza aquí y termina aquí, y los quechuas y aymaras están en todo el país. Jesús veía que tal como estaban establecidas las reglas, habría disputas entre los pueblos para garantizarse representación. Y saldrían perdiendo los pueblos menos numerosos como los lecos en La Paz y los guaraníes en Chuquisaca, preveía. Nos van a hacer pelear entre cidob y conamaq, notaba. En el proyecto de ley, las circunscripciones no se establecían en territorios de los pueblos, sino más bien en territorios formados por el área total de cada departamento, quitando las ciudades. Las circunscripciones no se establecerían por pueblo, sino por zona rural de los departamentos, donde todos podrían votar por candidatos pertenecientes a ciertos pueblos detallados.↵

Pero más que pronunciamiento había que iniciar un proceso de negociación con el Gobierno. Jesús notaba que el Gobierno estaba entrando en proceso electoral, y no estaba para restar ni para perder de aliados a los pueblos indígenas. Y ellos piensan que nosotros vamos a acatar, ¿nosotros asumimos eso? preguntaba Jesús. Y veía que una declaración podría leerse como crítica al Gobierno y en contra del proceso de cambio, pero tampoco había que reaccionar tarde al proceso eleccionario. Temía que el Gobierno hubiera pedido un tratamiento acelerado y unilateral sin consulta con las organizaciones. Sugería hacer un pronunciamiento con cuestiones técnicas pero sin ir contra el Evo, o decir que la Constitución no está respetada. En una carta pedirían frenar el trámite y pedir una reunión con las organizaciones “para que los mallkus digan tata Evo, o hermano Evo, no estamos tan de acuerdo con la ley electoral”. El Gobierno les había “mandado” a Romero, Yaksic o Teresa Morales y sus técnicos, pero eso no era vinculante.↵

Pastor Arista, de Potosí, ex miembro de la Directiva de la Asamblea Constituyente, había sido elegido por as, aunque terminó la Asamblea como independiente y participando de las sesiones finales como aliado del mas. Participaba de la reunión como autoridad originaria en ayllus filiados a conamaq y proponía analizar la propuesta del Gobierno y emitir una contra propuesta sin importar la imagen pública. Pensaba que conamaq tenía que ser realista y crítico y decir algo para que no se sigan cometiendo errores. Preguntaba si con un pronunciamiento se dañaría el proceso de cambio o sólo al presidente y al partido mas. Y decía que le preocupaba más bien que se dañe a los pueblos por el neoliberalismo. Este proceso sigue con Evo o sin Evo, decía. Y pedía que se baje la información a las bases para que no estén ciegamente con el Gobierno. Desde otra de las regionales, o suyus de conamaq, otra persona decía que el Gobierno estaba aprovechando la coyuntura del encantamiento. Y criticaba que desde el Gobierno se dijera que las críticas sólo provenían de los técnicos y no de las bases. Por eso pedía mencionar qué cosas de fondo que están en la Constitución se estaban vulnerando, para sentar precedente.↵

El diputado Leandro Chacalluca ejemplificó con un cuadro en el pizarrón la situación de los escaños en el departamento de La Paz. Había 29 diputados por ese departamento, 15 uninominales y 14 plurinominales. De esos, en la última elección todos los uninominales habían sido ganados por el mas, y de los elegidos por voto departamental, 7 eran del mas, 5 de podemos y 2 de Unidad Nacional. Por eso era impensable que las circunscripciones indígenas fueran restadas de los escaños territoriales (plurinominales). Además, el diputado agregaba que los campesinos e indígenas diputados por el partido de Gobierno, lo eran por las circunscripciones uninominales. De los 7 plurinominales, sólo uno era indígena y el resto “supuestos intelectuales” y de la clase media. El objetivo sería que los indígenas entraran como plurinacionales restando aún más espacios de la oposición, con cinco circunscripciones especiales indígenas que habían sido incluidas en el proyecto. Los indígenas apoyarían al MAS quieran o no, razonaba, porque sino los chicotearían en sus comunidades. Recordaba también que los indígenas eran el 62% del país, y todavía un porcentaje más alto en La Paz, aunque haya manipulaciones de la prensa afirmando que los indígenas sólo seamos el 20%, decía. Chacalluca agregaba que los indígenas debían reunirse con el presidente, porque algunos diputados decían “es orden del presidente” reducir los escaños indígenas, y no era verdad. Él se encontraba entre la espada y la cruz, decía, porque era del MAS pero también representaba a los pueblos indígenas. Desde las organizaciones se mostraron satisfechos con la explicación. Y ratificaron que los indígenas estarían con el mas. Los hermanos no se van a vender a la derecha porque van a estar controlados por las bases, decía Jesús.↵

En la reunión había 8 dirigentes de la cidob y 4 de sus técnicos, 10 autoridades de conamaq y 3 técnicos, 2 afrobolivianos, y dos diputados del mas: Jorge Silva, y el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Leandro Chacalluca. Otros diputados y asistentes se acercaban por un rato, en algún momento del debate. La prensa sólo fue autorizada a pasar rápidamente para captar algunas imágenes de la reunión, sin audio. Había descontento sobre el número de escaños, porque en la Comisión se había bajado de 15 a 14 el número de circunscripciones especiales. Potosí había dejado de tener circunscripción especial, porque se consideraba que no había población indígena minoritaria. Las organizaciones consideraban esa reducción un retroceso político, y recordaban que la brigada cruceña había manifestado pedir 36, aunque en el proyecto de podemos se incluían 13. El proyecto de Unidad Nacional atribuía a los indígenas dos escaños. Se analizaba en la reunión la situación de cada departamento, y de las circunscripciones plurinominales de donde saldrían las indígenas. En la propuesta de cidob, la cantidad de escaños especiales respondía a criterios demográficos internos. En función de la cantidad de población se agrupaban los pueblos para ser distribuidos, y mostraban mapas que habían confeccionado para fundamentar la propuesta. Diego Cuadros pedía ser realistas y pedir lo que sea viable. Pedía ver datos de la Corte Electoral. Para él, las circunscripciones indígenas deberían abarcar solamente a pueblos cuando por su número no pueden ganar. Le parecía exagerado el mapa de cidob, que incluía pueblos en el Chapare que él nunca había escuchado que existían. Analizaba qué sería razonable pedir y qué sería inadmisible. El cálculo debía considerar el total de plurinominales de donde saldrían estas circunscripciones, y no el total de pueblos presentes en cada departamento. Aunque había 16 pueblos indígenas, por ejemplo, en Beni nunca se aceptaría recortar 4 o 5 plurinominales, como sí podía ocurrir en Santa Cruz, con menos pueblos pero más escaños.↵

Otro técnico de conamaq pedía debatir con los hermanos diputados y también con la derecha en la sesión que en ese momento ya había comenzado a votar artículos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Preguntaba si el propósito sería solamente administrar el sistema colonial. Queremos solucionar el problema del hambre y los municipios no nos los permite, decía. La estructura republicana no lo permite. Pedimos debatir, agregaba. Diego Cuadros, coincidía en que el rediseño de las circunscripciones era adecuado, de acuerdo a los criterios que se estaban señalando. Se daría un paso mucho más grande. Proponía que se pidiera a los diputados que un representante de cidob y otro de conamaq pasaran al hemiciclo a exponer. Mauro Cruz Mendieta decía que la propuesta de conamaq era constitucional, porque si no, ¿qué es lo plurinacional? Lo plurinacional era para él que los pueblos aparecieran con nombre y apellido, y no englobados en identidades macro étnicas.↵

Diego Cuadros resumía el acuerdo entre las organizaciones que se estaba llevando a los diputados: 1) habría aval de conamaq y cidob a candidatos para que no haya organizaciones paralelas. 2) Se solicitaban 19 escaños, y se aumentaban los de tierras bajas, porque se explicó que la Constitución establece que debe ser para minorías. Jesús le explicaba a un mallku que lo importante ahora eran los nombres de los pueblos incluidos en cada circunscripción especial. En algunos departamentos habría disputas entre pueblos nucleados en conamaq y pueblos de tierras bajas, pero ellos ganarían porque eran mayoría, le decía al mallku. Hubo reuniones de cidob y conamaq separados y juntos. Llegó también a la reunión Cesar Navarro, jefe de la bancada del mas. Tata Elías explicaba que habían acordado para dar viabilidad y porque habían trabajado en conjunto, pero la propuesta no los satisfacía. Otro Tata autoridad explicaba que en La Paz eran 12 pueblos pero sólo estaban poniendo a 3. Lázaro dijo que no querían irse solos y dejar a conamaq. Navarro haría las consultas con el presidente de la Cámara. Decía que aunque se hubiera avanzado en gran parte de la votación había mecanismos para incluir el acuerdo. Al final de la votación se podrían modificar los artículos.↵

En la votación de los artículos finales, Leandro Chacalluca leyó la propuesta de las organizaciones. Se incorporaría que es cidob y conamaq los que registran, y la corte no podrá incluir otras organizaciones, partidos o agrupaciones ciudadanas que las mencionadas. Novillo agregaba que se aumentaría a 15 los escaños, y aclaraba que había sido consensuado. El diputado Ojeda pidió la palabra y dijo que no iría a votar porque Potosí tenía sólo un escaño. Alguien decía que se estaba excluyendo a los quechuas. Novillo dijo que en la Constitución se establecía que los escaños serían para minorías, y en Potosí los quechuas son mayoría. En Potosí se incluían 2 escaños indígenas en la Asamblea departamental. También habló Navarro, que alternaba entre la bancada y presidencia donde estaba Romero y se incluían los cambios. Alguien notaba que en la lista de pueblos que podrían disputar se estaban incluyendo a algunos que no figuraban en la Constitución. Se refería a la lista de lenguas oficiales.↵

En el salón, con las organizaciones, llegaba Navarro y Carlos Romero le pidió explicaciones. La explicación fue que parte de la bancada de Potosí había interpretado que se estaban reduciendo pueblos mayoritarios a minoritarios. Y el problema fue porque en ese departamento la circunscripción del pueblo chichas, incluye las ciudades de Tupiza y Cotagaita, e interpretaron que si la parte indígena se separaba de la circunscripción uninominal se le estaba haciendo un favor a una minoría del mnr en la ciudad. Querían a los indígenas votando en circunscripción territorial, aunque de otro modo esto no se impedía porque la circunscripción indígena no se recortaba de la uninominal, era coexistente. Parte del descontento de los diputados habría tenido que ver con que Chacalluca aumentó la representación de La Paz, y por eso lamentablemente no hemos podido controlar, decía Navarro. Sobre la inclusión de csutcb, Navarro decía que había sido incluida al final, pero en el primer artículo donde figuraban las organizaciones que podrían registrar, no figuraba. Romero agregaba que en derecho eso se llamaba “ultrapedito” que es cuando alguien es incluido sin haberlo solicitado. Una autoridad originaria decía que entre los diputados había enemigos de conamaq. Navarro decía que nuestra bancada se puede criticar pero es muy firme y no se puede decir que no luche por los pueblos indígenas. Observaba críticamente que por la semana regional (vacaciones mensuales en el Congreso), y por el carnaval, no pudimos debatir como es debido. Y mencionaba que la disputa potosina entre ayllus de caof-conamaq y la csutcb era innecesaria. Hace 5 años habían llegado al enfrentamiento físico.↵

También Isaac Ávalos ayunaba en un colchón junto al del presidente. Se informó que había 36 grupos de huelguistas de al menos 114 organizaciones sociales con unas 1.027 personas en los nueve departamentos ayunando. Fidel Castro mandó su apoyo y escribió: “Los avances económicos y sociales que se producen en Bolivia enloquecen a la oligarquía que en el Parlamento bloquea las elecciones convocadas para finales del presente año… No albergo la menor duda de que Evo saldrá victorioso”.↵

En el mismo sentido que el discurso de Morales, más de dos años después de estas discusiones, mientras yo preparaba este texto para su publicación, García Linera (2011b:139-150) presentaba su versión de estos hechos. Inclinándose por los argumentos de las organizaciones campesinas, se refería a un intenso debate en el interior del Pacto de Unidad, que habría sido saldado por unanimidad a favor de la posición de los campesinos, de que la representación “especial” significaba continuar con tratamiento paternal y de tutela de minorías inferiorizadas. Los campesinos habían pasado de mayoría poblacional a mayoría política, y le proponían a los indígenas de tierras bajas que hicieran como ellos: “construir liderazgo social hacia otros sectores de la región donde vivían; construir acuerdos con otras organizaciones populares para garantizar que sean electos con el voto de los otros pobladores urbanos y rurales de la región también”. García Linera resumía lo que los campesinos decían a cidob y conamaq. A estos últimos les preguntaban si acaso los campesinos de Omasuyos, por usar el término sindicato, los cocaleros del trópico y los aymaras de El Alto o San Julián no eran también indígenas, a las tierras bajas preguntaban si 100 mil indígenas tenían más derecho a representación parlamentaria que dos millones y medio. Por el riesgo de violencia, fragmentación y desconocimiento del liderazgo moral e intelectual de los campesinos, la resolución de estos debates sería no ampliar la representación especial a las mayorías y que se plantearía al Congreso (en la ley electoral de 2010) que se reconocieran 7 circunscripciones para “ayudar a las Naciones Indígenas minoritarias a potenciar su presencia política sin dividir al resto de las organizaciones ni discriminar internamente a la inmensa mayoría de indígenas”. Los culpables eran las ong que tendrían una misión caritativa que concebía a los indígenas como “eternos menores de edad” destinados a ser conservados para la mirada folklórica y roussoniana de la cooperación internacional en medio de una supuesta “originalidad” y pureza aislada, escribía García Linera, despojándolos de cualquier capacidad de política, de liderazgo y de construcción hegemónica en el entorno. Respondiendo críticas, García Linera explicaba que los candidatos del MAS a todos los cargos electivos procedían de consultas con las organizaciones sociales, introduciendo de ese modo indígenas y/o campesinos en la conducción del Estado. Esa presencia era calificada por el vicepresidente como “la revolución posible”, y como “la revolución política más importante del país y del continente en los últimos siglos”.↵

En su Resolución Nº 01/09, los pueblos indígenas del Beni declaraban: primero.Rechazar la Ley del Régimen Electoral Transitorio, por no reconocer la existencia de los 18 pueblos indígenas del departamento del Beni en la designación del número de escaños, y el desconocimiento a la forma de acreditación de nuestros candidatos a través de nuestras organizaciones legitimas y legalmente constituidas. segundo.Condenar el manoseo politiquero del que hemos sido objeto los Pueblos Indígenas del Beni, por parte de la ultra derecha parlamentaria, el MAS y sus operadores políticos. tercero.Condenar la actitud desleal y deshonesta de quienes considerábamos nuestros aliados y hermanos: los parlamentarios del MAS y las organizaciones andinas que forman parte del conalcam, que a la hora de la verdad nos han dado la espalda […] (15-4-09).↵

Para Albó, el procedimiento impuesto por la Corte podría desatar innecesarias distorsiones en esas pioneras autonomías que todo el país estaba mirando como en vitrina. En varios lugares puede que se registren dos listas ante la Corte: una de candidatos presentados por la organización originaria local y otra de candidatos cobijados en el mas. Sería lamentable que se fomentase así la imagen distorsionada de una confrontación que en el fondo no existe o es muy superable, a la luz del apoyo masivo que estas mismas organizaciones matrices y sus bases han dado a Evo y al MAS en las recientes elecciones de diciembre. Estas organizaciones y sobre todo los operadores del mas, desde el nivel local hasta la cúpula nacional, tienen ahora la gran responsabilidad de evitar en esas once autonomías ioc una confrontación entre quienes se arrimen a ese partido al margen de la organización matriz del pueblo originario local y quienes se apoyen en su organización al margen del mas. Si uno gana y el otro pierde, todos perderíamos pues la autonomía ioc es un proyecto común de ambos. Xavier Albó elaboraría distintos trabajos sobre las autonomías indígenas como consultor del Ministerio de Autonomías (cf. Albó y Romero [2009]; Albó [inédito]).↵

Agregaba: Los horribles días de esta Semana Santa que ha inaugurado la separación entre Estado y religión, con una actividad “política” frenética, retratan muy bien el alma de este proceso. Una vez más la presión y la amenaza. Los insultos del peor nivel –de los que no ha escapado el propio Vicepresidente– han sustituido por ahora a los “movimientos sociales” que agredieron parlamentarios en la plaza Murillo. Sólo es cuestión de tiempo, pues éstos se constitucionalizarán gracias al capítulo dedicado al Control Social en nuestra Carta Magna (las milicias mineras, obreras y campesinas consagradas en el texto constitucional de 1961 parecerán organizaciones serenas y ordenadas en comparación). […] Vamos sin ninguna duda camino a la confrontación y a la ruptura.↵

También 11 municipios se transformaban en autonomías indígena originaria campesinas, y el Chaco era aprobado por referendo como la primera región autónoma del país. El resto del país pasaba a tener todos sus departamentos autónomos, ya que así también lo decidieron en referendo los departamentos que no lo habían hecho en 2006. Eran elegidos como parlamentarios varios protagonistas del proceso constituyente como los ex constituyentes Rebeca Delgado, Héctor Arce, Carlos Aparicio, Ignacio Mendoza y Marcela Revollo, el ex prefecto de Chuquisaca David Sánchez, el ex asesor del Pacto de Unidad Adolfo Mendoza, y los dirigentes campesinos e indígenas Fidel Surco, Isaac Avalos y Pedro Nuny.↵

El encuentro fue organizado por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, el Parlamento Indígena de América (pia) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Recibió apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa), el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (unifem), la Vicepresidencia del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Cancillería. Ver Choquehuanca (2009). El “Vivir Bien” es incorporado también en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y es explicado en una entrevista con La Razón (Choquehuanca [2010]).↵

También hablaba de vivir en complementariedad y en equilibrio con la naturaleza, y defender la identidad. Para Choquehuanca, “Vivir Bien” era también reincorporar la agricultura a las comunidades, cultivando productos para cubrir las necesidades básicas para la subsistencia. Por eso en el Estado Plurinacional, se hará la devolución de tierras a las comunidades, decía. En el nuevo Estado Plurinacional se pretendía también retomar la comunicación que existía en las comunidades ancestrales. Entre los preceptos que establecía el nuevo modelo, Choquehuanca incluía también el control social y el respeto a la mujer. También la reciprocidad, o ayni, que en la comunidad es devolver en trabajo la ayuda prestada por una familia en una actividad agrícola. Mencionaba también distribuir racionalmente el agua y aprovecharla de manera correcta. Distintos trabajos buscan sistematizar o proponer distintas lecturas del vivir bien y buen vivir, algunos trazando puentes con el pensamiento de izquierda, otros exclusivamente desde la cosmovisión indígena o de la comunidad. Véase por ejemplo, de Bolivia y Ecuador: Vega Camacho (2011), De Marzo (2010), Acosta y Martínez (2009), Gudynas (2009), Huanacuni (2010), Dávalos (2008a y b) Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia (2009, 2010), además de los Planes de Desarrollo de Bolivia (2007) y Ecuador (2009) y de varios autores en Farah y Vasapollo (2011).↵

Pedro Portugal expresaba que lo plurinacional fragmenta, hace inventar identidades nuevas, no es para quechuas aymaras, sino para grupos de 40, 100, 1000 habitantes. Veía un discurso indigenista, cuando los indígenas estaban pidiendo limosna en la calle, y el 90% del gabinete no era indígena. Preguntaba: ¿Por qué a Evo Morales le gusta ser la cara morena rodeado de blancos? Decía también que los indígenas que estaban en el Gobierno son unos papanatas y no resisten el mínimo ensayo. Nuestro canciller, en los 15 minutos que ha tenido para hablar en las Naciones Unidas ha hablado esoterismo y huevadas. ¿Qué persona pierde un tiempo así en hablar tonteras? ¿Acaso un americano mormón habla de Adam Smith, o un católico de la santísima trinidad? ¡nadie! Las convicciones íntimas se las mete uno en la cabeza y habla de su oficio que es política internacional. Habla de los indígenas del poder; que el indígena mantiene la naturaleza; el sexo de las plantas; que se hablan entre ellas; el equilibro cósmico; que no hay que pisar a las palomitas… ¡mentiras! No están ejerciendo su trabajo. Y su trabajo es administrar esta sociedad del siglo xxi y garantizar los derechos básicos de los indígenas en la sociedad. Opacan eso con grandes elecciones de tipo del modelo de sociedad, sobre capitalismo, socialismo, que la derecha va a surgir, son mentiras… se engaña con argumentos para niños. Es demagogia. Y eso es porque una pequeña ong que en Europa sería una cosa mínima acá es una potencia y define políticas, continuaba. Portugal (2010) agregaba: El indígena es parte del mito europeo. Unas veces como el «mal salvaje», negación de la cultura: el antropófago. Otras como el «buen salvaje», salvador de la humanidad: el sabio natural. Huelga decir que ambas imágenes son falsas y que sólo hacen parte del imaginario colonialista. Ver también periódico Pukara Nro 59 (2011).↵

Participé como observador electoral en la misión de la oea, acompañando el acto eleccionario en Santa Cruz.↵

El triunfo de Chuquisaca fue importante y simbólico, aunque en la ciudad fue elegido como alcalde Jaime Barrón, líder del Comité Interinstitucional, poco después suspendido por una ley aprobada por el MAS que habilitaba a suspender de sus funciones a las autoridades con acusaciones de la fiscalía. La oposición campo-ciudad, sin embargo, fue una constante en el país y no sólo en Chuquisaca. Cobija y Cochabamba fueron las únicas capitales de departamento en que ganó el mas, que mantuvo la delantera en 220 de 337 municipios. Elizabeth Salguero, candidata del MAS en La Paz, perdía la elección frente a Luis Revilla del msm, uno de los grandes ganadores de la elección, proyectándose junto a Juan del Granado como figuras opositoras nacionales. El diputado César Navarro de el MAS también perdía en Potosí frente a René Joaquino. Otro resultado notable fue en el Alto: Édgar Patana fue elegido alcalde con 38,7 de los votos, pero donde el MAS había obtenido el 87% en diciembre, cuando el candidato era Evo Morales, la más fuerte arma electoral del mas. Sobre la elección de representantes indígenas de los legislativos departamentales ver: Revista de la cidob Bolivia Plurinacional (2010).↵

Antonio Peredo (2010) escribía sobre algunos candidatos, en una advertencia de los peligros para el Instrumento Político. Con el msm, la prensa recordaba el giro desde el pedido de Evo de “clonar al alcalde” hasta la acusación de “traidores neoliberales”, “basureros”, “mañudos” y “entristas”, que fueron las acusaciones públicas por las cuales el MAS consideró “intento de robar candidatos” a la inclusión en las listas del msm a algunos candidatos elegidos por las bases y que el MAS había dejado afuera.↵

Mamani explicaba que para la visión aymara, la economía es uno de los hechos fundamentales para la reproducción de la vida social y la reproducción de los animales, de los ríos; lo que no significaba descuidar el proceso de producción industrial y de excedente. El hecho es construir una economía comunal que produzca y a la vez que redistribuya radicalmente sus excedentes a todos los sectores sociales, escribía. Llamaba a implementar programas de salud desde la perspectiva del sumaq kamaña, como sistemas de alimentación propia con la mirada de la economía comunal. Decía que eso implicaba potenciar la economía del ayllu y de las comunidades, y de los barrios urbanos. Los grandes levantamientos de Omasuyus, El Alto, los Yungas o Chapare, Cochabamba, ha sido sostenido por esta dinámica social y esta economía, agregaba.↵

El debate sucedió en la lista “ayllu” del grupo Yahoo, en los mensajes 1250 a 1280 de enero y febrero de 2010.↵

470 Fernando Molina (2011b) atribuye a él mismo y a Stefanoni haber sido los primeros en señalar la matriz nacionalista del Gobierno del MAS, a partir de trabajos que ya citamos (Molina [2006], Stefanoni [2006]). En artículo publicado mientras revisábamos este trabajo para su publicación Molina escribe sobre la ideología del Gobierno: “en la olla de presión de los acontecimientos históricos y de los ritmos del poder, se ha convertido en una suerte de ‘puré’ en el que se mezclan, indistinguibles, ideales con conveniencias, hechos con mentiras, giros a la derecha, a la izquierda y al centro, estatismo con grandes ganancias privadas, indianismo naturalista con depredación ambiental, progresismo con machismo, homofobia, etc”. En la línea de la denuncia de una especie de fraude o mentira, común a las críticas del indianismo aymara tanto como del nacionalismo de izquierda o, en este caso, desde liberalismo, Molina prosigue: “¿Qué queda, pues, de la ‘novedad plurinacional’? Sólo las ficciones jurídicas, como la atribución a los pueblos de la condición de “naciones”, que no se traducen en ninguna prerrogativa estatal. Queda también, para ser justos, un avance relevante: el empoderamiento indígena, aunque éste sea más un resultado de las vicisitudes de la lucha popular que de alguna política pública. Es más, cuando esta política existe (como en el caso de las cuotas indígenas en las elecciones judiciales), los primeros en transgredirla son los seguidores del partido de Gobierno”.↵

En el debate, Raúl Prada proponía alejarse de “coyunturas y escenarios concretos donde discurren estos hechos” –hechos a los que aludía en sus críticas Pablo Stefanoni– y “descifrar y codificar [los sucesos] a partir del horizonte abierto por los movimientos sociales desplegados durante seis años de luchas”. Así, en su crítica a la lectura de Stefanoni, Prada destacaba especialmente el carácter plurinacional comunitario del nuevo Estado, y sus modelos territorial y económico incluidos en la Nueva Constitución. “No te olvides que los procesos conllevan el contenido de lo que inscriben, en sus momentos de intensidad, las luchas sociales, los movimientos sociales, las emergencias subversivas.↵

Tanto en la política de izquierda como en el pensamiento social y en particular en la antropología hubo desarrollos importantes que permiten pensar la separación moderna entre lo que vemos como material y concreto como simplemente una forma de entender el mundo. Otras formas y otros mundos, como aquellas donde la posibilidad de agencia racional no se limita a los humanos, son estudiadas en los pueblos indígenas desde el momento en que el pensamiento occidental reconoce la capacidad conceptual de los mismos. Lo que quizás sea novedoso actualmente es que esta discusión se vuelve pertinente en la política nacional y del proceso de cambio boliviano, al igual que en otros lugares (visiblemente, en Chiapas). La autonomía conceptual de los indios no es sólo un principio defendido por el antropólogo en sus estudios, como este, sino también lo que se escucha en la izquierda boliviana en el Gobierno del mas.↵

Entre los organizadores de la Mesa 18 había varios protagonistas del proceso constituyente: conamaq, cejis, cedla, cenda, cesu, bolpress, enlace, colectivo casa, fobomade y Movimiento Sin Tierra. Se presentaron los conflictos ambientales de Corocoro, San Cristóbal, Liquimuni, La Joya, lago Poopó, entre otros. Las otras 17 mesas emitieron resoluciones, “vinculantes para Bolivia”, sobre desarrollo capitalista, derechos de la Madre Tierra, Tribunal de Justicia Climática, Referendo Mundial del Cambio Climático, Vivir Bien, Protocolo de Kyoto, Migrantes Climáticos y Bosques, entre otros temas. García Linera declaró sobre esta mesa que “No existe una mal llamada mesa 18 sino que existía un club de ong que quieren hacer de Bolivia y de los pueblos un protector de la orgía depredadora de empresarios en el norte. Ni como organización social ni como gobierno lo aceptamos”. Ver las conclusiones en (Conferencia… [2010]). Para Raúl Prada, ya entonces viceministro de Planeamiento Estratégico y que fue uno de los expositores en la Cumbre, “Esta conferencia mundial de pueblos en defensa de los derechos de la madre tierra desplazó las discusiones de las cumbres, circunscritas en la evaluación del calentamiento global, hacia el análisis de las causas estructurales del cambio climático. […] Llamo comienzo de una revolución mundial anticapitalista a este acontecimiento por el compromiso logrado por los movimientos sociales asistentes de defender los derechos de la madre tierra, identificando al capitalismo como la causa estructural de la crisis ecológica; creo que esta perspectiva forma parte de los nuevos movimientos antisistémicos antiglobalizadores, anticapitalistas y ecologistas”.↵

La crítica no apuntaba a lo que en los Andes se entiende a veces como “pachamamismo”: corrientes no necesariamente políticas que buscan recuperar el folklore andino. La crítica incluía eso, pero fundamentalmente se dirigía a expresiones de una de las vertientes cosmológicas que recorrían el discurso oficial, que aunque no eran las únicas, creo que eran importantes y se relacionaban con importantes elementos incluidos en la Nueva Constitución. Aunque en el debate se perdería el foco de sus críticas, era claro que con la idea de “pachamámicos” se refería a las ideas indianistas o andinas en el discurso gubernamental que eran el lenguaje corriente de buena parte de la política en el Altiplano desde Reynaga y el katarismo, como lo comunitario y la descolonización.↵

Soliz Rada señalaba: “la actual plataforma del MAS es la antítesis de la Constitución de Oruro. Promete un gran salto industrial, carreteras; trenes; corredor bioceánico; aeropuertos; usinas hidroeléctricas; siderúrgicas; usinas de etanol, etileno, metanol; producción agropecuaria a gran escala; seguro universal agrícola; empleo en abundancia; educación digital; satélite de comunicaciones y valorización de la identidad nacional”. Andrés Soliz Rada (2010c) sostiene la hipótesis de que el indigenismo sólo fue sobreactuado por el Gobierno para enfrentarse con la Media Luna, pese a que no tendrían viabilidad ni voluntad política para implementarlo, desde una Constitución que califica de “incoherente”.↵

En lo que se conoce como proyecto de pensamiento decolonial o de modernidad/colonialidad, con diferentes variantes y grados de profundidad en sus análisis se incluyen autores como Enrique Dussel, Catherine Walsh, Walter Mignolo, Arturo Escobar y otros. cf. Lander (2000); Escobar (2003); Castro-Gómez y Grosfoguel, eds. (2007); Quijano (2005), Walsh (2009); Dussel (1996, 2008).↵

Stefanoni acepta en su texto que el pachamamismo tiene poca incidencia en el Gobierno, pero le preocupa que sea un discurso útil para que no haya debate serio sobre extractivismo y capitalismo dependiente. En un nuevo comentario en la lista “ayllu”, Raúl Prada coincide con la preocupación, destacando la tensión entre “Pachamama o Desarrollo”, pero el ex constituyente no entiende por qué Stefanoni llama despectivamente “pachamámicos” a un conjunto de corrientes involucradas en la reconstitución de la cosmovisión de la pacha, entre las cuales se encontraban los que buscaban defender los derechos de la madre tierra. Las ideologías indianistas que se encuentran en el Gobierno, dice Prada, son las que están más lejos del industrialismo y desarrollismo. Por eso mismo, no entiende por qué las observaciones de Stefanoni no se dirigen a las corrientes de herencia nacionalistas responsables de lo que criticaba. En una columna de opinión en el periódico Página 7 de La Paz, Stefanoni (2011) escribía: “a quién representa conamaq”, que veía con una “sobrerrepresentación en el terreno mediático en relación a su fuerza política social efectiva” y que “Al parecer la radicalidad de las promesas de luchas es inversamente proporcional a las posibilidades de llevarlas adelante”. Prada le respondería en el mismo medio (2011b) destacando el trabajo del thoa (Taller de Historia Oral Andina) que le da origen, como ruptura con la academia; destacando la resistencia del ayllu; la memoria de los levantamientos que conamaq expresaba, y su influencia en el proceso constituyente; e identificando a Stefanoni con un nacionalismo al que entendía como forma mestiza de dominación sobre las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.↵

Blanco daba el ejemplo de la mujer de una comunidad que se oponía al extractivismo minero con la frase “no voy a comer oro”. Stefanoni respondió que en Argentina había comunidades occidentales y modernas que también realizaban las mismas protestas. Era la lucha “cultural” lo que le molestaba y parecía falso. En su crítica, Stefanoni asociaba Pachamama y Buen Vivir y decía que mientras el indianismo es política, el Pachamamismo era esoterismo. Melanie Belanger hacía una crítica interesante porque aportaba argumentos desde la tradición de la izquierda nacionalista, criticando el antagonismo que Stefanoni veía entre extractivismo y pachamamismo en el actual proceso, y hablando de conciencia ambiental que intentaba desarrollar energías alternativas renovables en “la misma Revolución Bolivariana ‘extractivista’”. Melanie Belanger señala que el “extractivismo petrolero” ha permitido tremendos logros en salud, empleo, vivienda, alimentación y valorización identitaria para el pueblo, y cita a un historiador que habló de “pozos de luz y de esperanza” en Venezuela.↵

De forma más directa, en su artículo “A farra da antropología oportunista” la revista Veja de Brasil (2010a), desarrolla un punto de vista en esencia asimilable al de los mestizos liberales de Bolivia: el carácter indígena de los que así se reconocen se denuncia como falso. La revista también se dedicó a Bolivia (Revista Veja [2010b]), al mismo tiempo negando que la mayoría de la población sea indígena, y advirtiendo sobre los riesgos de la política indígena sobre el Estado de Derecho. La nota se titula, “A farsa da nação indígena”, y afirma “Na Bolívia, país de maioria mestiça, a ideologia que mistura nostalgia inca com marxismo levou Evo Morales ao poder. Muitos índios começam a perceber o engano”.↵

Creo que si el debate traído oportunamente por Stefanoni tuvo tanta repercusión –fue muy discutido en el mundo intelectual boliviano– es porque aunque ese no fuera el sentido de Stefanoni, fue leído de uno y otro lado como ataque a la fuerte presencia de lo indígena y comunitario en el discurso político y la realidad boliviana. Stefanoni no atacaba a los indígenas, pero sí a la idea de “lo indígena”, que sería ficcional y sobredimensionada en la realidad boliviana. En ese sentido, creo que tal crítica a la presencia de lo comunitario juzga injustamente a la identidad y fuerza de lo indígena, de una forma que no se lo hace con cualquier otra identidad cultural o sistema económico-político (e.g. la identidad francesa o el liberalismo, siempre con momentos rituales de refuerzo y momentos en que se disipa ante una realidad compleja). Es claro que la colonización dejó rastros y que Bolivia ya no está en el siglo xvi, pero es injusto –y políticamente conservador, a mi juicio– minimizar y reducir estos elementos que todos vemos en Bolivia a simple simbolismo o retórica, como si la forma en que vemos el mundo no fuera parte del mundo, y como si lo que sería dominante –lo colonial, el mercado capitalista, la modernidad– permitieran describir una totalidad homogéneamente mezclada, pero eso sí, alejada del ayllu.↵

Desarrollaría más sus puntos de vista en un libro publicado en 2010 (Stefanoni [2010g]) abriendo muchos debates y algunos malos entendidos (Soliz Rada [2011], Prada [2011c], Spedding [2011]). Pablo cita trabajos como el de Barragán (2006b) alejándose de una idea de mestizaje homogénea, como la del proyecto nacionalista del 52, mencionando los cambios en la estructura social y cultural de Bolivia, hoy urbana, con fuerte influencia pentecostal e identificaciones intermedias basadas en posiciones económicas antes que de origen cultural. Yo coincido en que la hibridez de las realidades urbanas es evidente, pero creo que en la crítica a los discursos esencialistas se pierde de vista un fenómeno real de identificación indígena y vigencia de la comunidad. Por otra parte, la realidad chhixi parece en Stefanoni llevarlo a refutar y considerar “retórica hueca” a los componentes andinos antes que a los modernos, cuando sería más justo ver cómo es notoria la manera en que lo moderno aparece resignificado por la comunidad, quizás de forma más visible que en otros lugares, ¿o el cristianismo pentecostal, aunque su doctrina sea rígida, aparece sin mezclas? De ese modo, no estoy de acuerdo cuando buscando un lugar “entre el gueto y la asimilación” el autor dice por ejemplo “el llamado a no leer, o sólo leer ‘las arrugas de los abuelos’ –como propuso el canciller David Choquehuanca– choca con los impresionantes esfuerzos de los campesinos por enviar a sus hijos a la universidad, inclusive a casas de estudio privadas y con la propia biografía letrada del canciller, que incluso realizó cursos en la escuela de cuadros de Cuba” (:24). Desde mi punto de vista, y del de lo chhixi, no veo por qué esas tres realidades no puedan coexistir fácilmente. Es justamente el pensamiento moderno y no el indígena el que obligaría a las dicotomías y a tal separación, y no veo que la afirmación de que hay continuidad de lo aymara no pueda hacerse al mismo tiempo en que se reconoce la transformación propia del mundo urbano. En otro texto está claro que la crítica a la asociación de lo indígena con lo campesino lleva a Stefanoni a no dar cuenta de otras formas más complejas de relación, escribe: “la mayor parte de la población boliviana (incluyendo a los indígenas) ya son urbanos […] a falta de mejores argumentos muchos optan por pensar espacios socioantropológicamente densos y complejos, como El Alto, como simples ayllus urbanos” (2010h). ¿Acaso lo denso, lo complejo y lo urbano no pueden conjugarse con el ayllu? Yo veo que propuestas como el “Vivir Bien” y el Estado Plurinacional Comunitario se ubican justamente en ese espacio, y que no son ideas de sectas esotéricas que evitan lo moderno sino las palabras que ahora desde la Constitución caracterizan al nuevo Estado.↵

Y continuaba: Como verán no es un simple pachamamismo que reclaman la gente de los pueblos provenientes de la civilización Tiwanakuta, dicho sea de paso hace MAS 10 millones de años que ya ha sabido encaminar este tipo de cambios climáticos, producto de ello se tiene la revolución agropecuaria, los sistemas de waru-warus los más conocidos como suka qullus donde se ha armonizado el manejo de agua tierra-clima para la producción de las patatas por ejemplo[…] provenimos de horizontes y sistemas de producción de valores distintos y como tales convivimos aun en condiciones de asimetría y colonialidad de saberes y conocimientos, pero con una ceguera cognitiva de entender o sobre entender lo andino con el chip occidental.↵

Considera las premisas de un conocimiento que se consolidó a partir de la “secularización de la sociedad y la separación de naturaleza y cultura”; “la expulsión de dios (la espiritualidad) y de los seres no humanos como actores del conocimiento objetivo, y a la magia y el mito como sus prácticas –todos estos precisamente ingredientes claves de muchas de las posiciones pachamámicas!”; “la invención del ‘individuo’ racional y separado de la comunidad, que se encuentra con otros individuos para intercambiar en mercados regulados por precios, o que se agrupan en sociedades para crear estados”.↵

Escobar cita a un corriente visitante de Bolivia, Boaventura de Sousa Santos, cuya obra describe como dedicada al diálogo entre cm y cp, a partir de una ecología del conocimiento plural. Boaventura de Souza Santos pone en el mismo plano cm y cp como forma de enfrentar problemas modernos para los cuales ya no hay soluciones modernas. Señala también distintas fuentes donde se pueden encontrar formas no dualistas de conocimiento, no solo entre los grupos sociales vistos como “pachamámicos” (indígenas, afro-descendientes, o aquellos que continúan teniendo un apego al territorio y el lugar). Menciona como ejemplo la fenomenología, la ecología, la agroecología, algunas teorías de complejidad, la biología relacional de Maturana y Varela, la etnografía de modelos locales de naturaleza, el Budismo, algunas corrientes filosóficas de la inmanencia/diferencia, como la obra de Deleuze y Guattari, algunas teorías de redes auto-organizadas, algunos enfoques decoloniales, y quizás algunas perspectivas anarquistas, entre otras. A partir de lecturas con las que yo estoy más familiarizado, podemos citar aquí también las ontologías del candomblé (Goldman [2006]) las culturas-naturalezas de los campesinos peruanos (de la Cadena [2006, 2008b]), y el perspectivismo amazónico (Viveiros de Castro [2006, 2010]).↵

Stefanoni retribuye las críticas de Prada, y escribe (2010c): El viceministro Raúl Prada responde con frases del estilo: “Desde esta perspectiva habría que acercarse a la cosmovisión de la pacha, al complejo configurativo de la alajpacha, espacio tiempo del pluriverso, de la acapacha, espacio-tiempo del lugar, del aquí y ahora, de la mancapacha, del espacio-tiempo interior, que puede también ser el subsuelo”, incluyendo la frase sin contexto y de manera impresionista. En el párrafo anterior había afirmado que el pachamamismo es un “buen negocio”, y su filosofía “confunde todo, impide discutir/cuestionar seriamente el desarrollismo y no nos dice nada sobre el nuevo Estado, el nuevo modelo económico ni cómo mejorar, efectivamente, la vida de los históricamente excluidos y marginados”.↵

En la misma entrevista García Linera decía: “Junto al derecho a la tierra de un pueblo está el derecho del Estado, del Estado conducido por el movimiento indígena-popular y campesino, de sobreponer el interés colectivo mayor de todos los pueblos”. El presidente de ypfb, Carlos Villegas, y el ministro de Hidrocarburos, Oscar Coca, declararon que los indígenas eran obstáculos para el desarrollo y que el Gobierno diseñaría mecanismos para restringir el derecho a consulta y control de los indígenas sobre los recursos naturales en sus territorios (ver La Razón, 2009). El Gobierno iniciaría una campaña de desprestigio con organizaciones que reclaman ser consultadas, con la constante de la denuncia de vínculos con usaid. Las acusaciones se dirigieron al fobomade, red de organizaciones que trabajan el tema de recursos naturales, y también hacia las organizaciones indígenas que participaron activamente del proceso constituyente desde el Pacto de Unidad, como la cidob. Ver: Foro Boliviano por el Medio Ambiente y Desarrollo (http://www.fobomade.org.bo/). El mismo conflicto, pero con oposición intensificada, se daría en 2011 frente al intento gubernamental de construir una carretera de Villa Tunari hasta Trinidad pasando por el parque nacional y territorio indígena Isiboro Sécure, sin considerar “vinculante” a la consulta con los pueblos que allí viven. El Gobierno consideraría que una cantidad pequeña de indígenas no podían interponerse al interés económico de la nación. Sería otro conflicto post-constituyente.↵

Según su argumento, las 12 millones de hectáreas saneadas en los territorios indígenas (ex tco) ahora serían ocupadas por los campesinos pequeños propietarios sin tierra, al haber sido constitucionalizados como nuevos copropietarios junto a los indígenas de los territorios que en la Nueva Constitución se llaman Territorios Indígena Originario Campesinos, pero que el columnista llamaba “Tierras de Indígenas, Originarios y Campesinos”, haciendo eco de las fuerzas que buscan dividir lo que el Pacto de Unidad unió en los años anteriores a la llegada de Evo Morales al Gobierno y la instalación de la Asamblea Constituyente.↵

Yo no quiero creer que el día de mañana nos estén avasallando lo que hemos conquistado con tanto sacrificio, nuestros territorios, donde creemos que se va a garantizar el desarrollo de la autonomía indígena según nuestra propia visión y cosmovisión con autogobierno. Yo no quisiera creer eso, pero parece que hay una intencionalidad. Pareciera que para este Gobierno los pueblos indígenas solamente son los quechuas y aymaras, con mucho respeto a nuestros hermanos de conamaq. Ojalá el presidente se dé cuenta en algún momento que somos nosotros sus aliados y que somos también indígenas. Sólo ve como indígenas a los indígenas con ponchos. Estamos totalmente convencidos que este Gobierno lastimosamente tiene una careta con tiente indigenista, pero no es indigenista, porque los indígenas no están gobernando todavía. Algunos tienen el privilegio, entonces nos preguntamos, cuales indígenas somos, somos indígenas de segunda, de tercera, porque estamos viendo que algunos tienen la facilidad de llegar y los hermanos que somos los orgánicos, ahí estamos, como se dice, como tanque que no se vende. Yo lo digo esto y no tengo temor en decirlo, no son sólo impresiones personales, sino del colectivo que representamos”.↵

La ley determina, que hasta el próximo censo de población, las circunscripciones especiales corresponden, en cada uno de los departamentos, a las siguientes naciones y pueblos indígena originario campesinos minoritarios. La Paz: afroboliviano, mosetén, leco, kallawaya, tacana y araona; Santa Cruz: chiquitano, guaraní, guarayo, ayoreo y yuracaré–mojeño; Cochabamba: yuki y yuracaré; Oruro: chipaya y murato; Tarija: guaraní, weenayek y tapiete; Beni: tacana, pacahuara, itonama, joaquiniano, maropa, guarasugwe, mojeño, sirionó, baure, tsimane, movima, cayubaba, moré, cavineño, chácobo, canichana, mosetén y yuracaré; Pando: yaminagua, pacahuara, esse ejja, machinerí y tacana. Ver Ley del Régimen Electoral (Estado Plurinacional de Bolivia [2010a]).↵

En respuesta, Almaraz (2010) leía el artículo 146 de la Constitución donde se dispone que las circunscripciones especiales indígenas se establecerán donde los pueblos y naciones indígena constituyan una minoría poblacional. Su crítica era que los guaraníes de Chuquisaca no tendrían representación, porque en un nuevo recorte a las circunscripciones indígenas, los departamentos de Chuquisaca y Potosí carecían de representación indígena especial. También denunciaba el incumplimiento del artículo 292 en que se dispone “Cada autonomía indígena originario campesina elaborará su Estatuto, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios”, cuando el Gobierno buscaba imponer el referendo como forma de transformación en autonomía, en la Ley Marco de Autonomías.↵

Ávalos explicó que si la Constituyente o el Concejo Político cedían en la representación directa, aymaras y quechuas abarcarían todos los curules, por su presencia masiva en el país, por lo que no quedarían cupos para otros sectores, no solo indígenas. Una fuente allegada al Gobierno señaló que esta propuesta había sido vetada desde el mismo presidente Evo Morales, quien señaló que si los indígenas quisieran tener representantes en el Poder Legislativo u otra instancia deben ganarlas con los votos.↵

Fue una violenta represión, con dos muertos, luego de que por influencia del ahora senador Fidel Surco una planta procesadora de cítricos donada por Venezuela, prometida para Caranavi, fue destinada al municipio de Alto Beni. Al final, el Gobierno entregó una planta a cada municipio.↵

Los acuerdos en varios casos consistían en la toma de cartas en el asunto por parte de las reparticiones gubernamentales correspondientes, pero no garantizaban rápido cumplimiento. En otros casos se trataba de asegurar fondos para saneamiento, revisión de concesiones forestales y mineras, reversión de tierras fiscales en tierras indígenas y otros que responden a leyes vigentes. Otras demandas, vinculadas a las sugerencias de modificaciones a la Ley Marco de Autonomías (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010b), fueron atendidas en parte. Además de reapertura del proyecto de la Ley Marco de Autonomías, la marcha consiguió la asignación de 20 millones de dólares para la implementación de la Gestión Territorial Indígena en todos los territorios titulados. El Gobierno no accedió a que se les asignara la Dirección de Administración de Bosques. Los indígenas pedían también conclusión de los procesos de saneamiento y el desalojo de los terceros de sus territorios, así como la inmediata reversión y expropiación de tierras y la dotación de las tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas del lugar, temas sobre los cuales el Gobierno se comprometió a conformar una comisión con la cidob para su tratamiento. Sobre las autonomías indígenas, la cidob defendía su proyecto para garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la autonomía sin límites municipales que deban ser acatados o requisitos que las imposibilitan. Ver los documentos del acuerdo en cidob (2010 a y b).↵

En su discurso de entrega de la Ley Marco de Autonomías a los marchantes, el senador Adolfo Mendoza recordaba que gracias a la primera marcha por el territorio y la dignidad “jamás vamos a permitir la construcción de un país sin los pueblos indígenas”. Que la segunda marcha dio un salto en el reconocimiento de una nueva forma de la propiedad colectiva; y que gracias a las marchas del 2000 y del 2002 se realizó la Asamblea Constituyente. Recordó las marchas de 2006 por la reconducción comunitaria de la reforma agraria y la del año 2008, para avanzar con la aprobación de la Constitución. La nueva marcha, histórica, marcaba el avance en la implementación de la cpe, incorporando los acuerdos con los pueblos indígenas en la Ley Marco de Autonomía. Ver informe del cejis sobre la Marcha. (cf. Bergier [2010]). En la coyuntura de la marcha, Raúl Zibechi (2010) decía “En el fondo, están naciendo las primeras grietas en el Estado Plurinacional, un edifico que aún no se ha terminado de construir. ¿Porqué surgen esas grietas? Porque hay una potente disputa de poder, ya que los pueblos originarios no tienen porqué aceptar el marco del Estado-nación, que es a lo que se remite el Estado Plurinacional. En este punto aparecen dos miradas que intentan dar cuenta de los procesos en curso”.↵

Para el primer año de trabajo ya se planificaban, como prioritarias, las leyes sociales (de Pensiones, Trabajo, Salud, Educación); además de la de Control Social, Deslinde Jurisdiccional (que incluye la relación entre justicias ordinaria y comunitaria), Unidades Territoriales y también las leyes “económico productivas”. También la ley de procedimientos constitucionales, de faltas y contravenciones, de seguridad ciudadana, de armas y municiones, de procurador del Estado, modificaciones al sistema penal a favor de los niños, niñas y adolescentes, modificaciones al Código Tributario y la nueva Ley de Aduanas. Ver las primeras 5 leyes (Estado Plurinacional [2010 a, b, c ,d y e]). En 8 meses de trabajo, se habían aprobado 32 leyes (Paredes [2010]). En 2010 y 2011 se aprobarían las leyes de la Revolución Productiva, de Seguridad Social, de Revolución Educativa “Avelino Siñani”, de Deslinde Jurisdiccional, la Ley Contra el Racismo y la Discriminación.↵

Eso había permitido suspender a Jaime Barrón en la alcaldía de Sucre, y era visto por Oriente como parte de una persecución política por vía judicial, iniciada con las detenciones de líderes cívicos con vínculos con una célula terrorista acribillada en abril; además de encarcelamientos que se habían realizado después de septiembre de 2008, tras la violencia que el Gobierno calificó de “golpe cívico-prefectural”. Después de la Masacre de Pando y el encarcelamiento del prefecto, numerosos cívicos se habían auto-exiliado en Brasil. También se amenazaba al alcalde de La Paz, Luis Revilla, elegido por el msm. Para la oposición, además de no haber igual rigurosidad para alcaldes oficialistas, eran procesos judiciales motivados políticamente; para el Gobierno, se trataba del intento de politización de procesamientos judiciales para buscar impunidad ante graves crímenes. Con el discurso de estar siendo perseguidos, luego de aprobarse una ley retroactiva contra la corrupción, también salieron del país varias autoridades de Gobiernos anteriores, además de Manfred Reyes Villa, luego de perder la elección a prefecto, y Branko Marinkovic.↵

Urenda, que era señalado como ideólogo de las autonomías departamentales, había sido candidato a gobernador en abril, y criticaba a Rubén Costas –reelecto– que aparecía frente a Urenda como más abierto a dialogar con el Gobierno y dejar atrás la agenda unilateral de autonomía. A partir de entonces, y tal vez por mucho tiempo, la posición política de la Media Luna sería buscar instalar la necesidad de aprobar una Ley de Convocatoria para Reforma Constitucional, como escenario en el cual puedan renegociar la distribución de competencias entre departamentos y Gobierno central. Ver artículo de Urenda (2010) donde escribe, en un tono bien diferente que el de los años anteriores, que la Constitución aprobada en 2009 “establece un régimen de autonomías departamentales, municipales e indígenas que, en lo estructural, tiene una definición aceptable”, pero que “Sin embargo, en contrapartida y en forma contradictoria, ha desarrollado un Gobierno central desmesurado y ha opuesto cortapisas al desarrollo pleno, especialmente de los Gobiernos departamentales. […] De esta manera, ha creado una novedosa forma de Estado, en la que coexisten regímenes territoriales autónomos en un Estado centralista, fórmula ‘a la boliviana’ que genera un Estado contradictorio en sí mismo y, por lo tanto, fallido”. En un análisis de las competencias departamentales de los estatutos no presentes en la Constitución, Urenda llega a los números de 77,95% en Pando, 62,13% en Santa Cruz y 68, 34% en Tarija (Beni no fue analizado). Eran números más altos que los presentados para la campaña por el No a la Constitución (ver cap. 5.2.1).↵

Sin oposición, vendría el tiempo de las contradicciones internas que alcanzarían gran amplitud nacional en los últimos días del año 2010 cuando el vicepresidente anunciaba la firma del Decreto Supremo 748 que terminaba con el subsidio para la venta de carburantes, con el objetivo de destinar esos fondos (380 millones de dólares) a otros destinos (se aumentaban salarios a magisterio, salud y fuerzas de seguridad); para evitar el contrabando; y para impulsar la producción nacional de combustibles. El aumento fue conocido como “gasolinazo” y calificado de neoliberal. Las protestas en El Alto y otras ciudades, ante el aumento del precio de la gasolina en 83% y diesel en 72%, además de otros productos, por derivación, lograron que el Gobierno diera marcha atrás, abrogando el decreto. En términos políticos fue un marco importante que alcanzaba la figura del presidente como nunca antes en lugares donde se lo había apoyado ampliamente. Ver las notas críticas de Prada (2011a), que había dejado el Gobierno, y Mamani (2010), del indianismo de El Alto. También los discursos que fundamentaban la medida de Evo Morales (2010) y de la abrogación, García Linera (2011a). En el segundo semestre de 2011 las organizaciones indígenas cidob y conamaq, sectores urbanos, disidentes del MAS y parte de la oposición se sumarían a un masivo rechazo a la construcción de una carretera que pasara por el centro del tipnis impulsada por el Gobierno sin respetar la voluntad de las comunidades, con el argumento del interés común por el desarrollo económico, la necesidad geopolítica de unir regiones y como promesa a las bases cocaleras que serían beneficiados. Se desataría uno de los conflictos del gobierno con más trascendencia. Las organizaciones campesinas del Pacto de Unidad seguían fieles al MAS y los colonizadores bloquearon la viii marcha indígena que llegaría a La Paz con mucho apoyo después de haber sido reprimida por la policía. El discurso desarrollista nacional se opondría tajantemente a los derechos de los pueblos indígenas y al medio ambiente. Ver la Plataforma de demandas de la marcha (cidob, 2011) Los primeros trabajos sobre el conflicto del tipnis, que reconfiguraría el mundo político que fue objeto de mi investigación son Prada (2011f), Fundación unir (2011), Fundación Tierra (2012) Bautista, Chávez, Chávez, Paz, Prada, Tapia (2012), ver también Schavelzon (2011b, 2011c, 2012).↵

En Tensiones creativas de la Revolución. La quinta fase del Proceso de Cambio, García Linera (2011a) desarrolla estos temas. García Linera habla de 5 fases desde el 2000 a la actualidad, pasando por empate catastrófico (2003-2008) y el punto de bifurcación (2008); de la guerra del agua y del gas, hasta la derrota de la Media Luna, con un avance materializado desde la elección de Evo. La quinta fase, actual, es definida como la de las “tensiones creativas”, con referencia a Mao, y que pueden ser el motor del proceso, si bien articuladas como “flujo de voluntad de poder”, comunista. Entre las tensiones de esta fase el vicepresidente ubica a la que hay entre Estado y movimientos sociales, planteando la idea de gobierno de movimientos sociales y el objetivo de un Estado Integral, pero también señalando el problema de la toma de decisiones; otra tensión es la del interés sectorial dentro del bloque popular vs. el interés general del común y de la Patria, explicando los conflictos aparecidos desde 2009, después de la reelección y la desaparición de la oposición como fuerza beligerante, con el ejemplo de la cidob, Potosí y sectores de la cob; la cuarta tensión mencionada se refiere a la necesidad de alianzas para construir hegemonía, incluyendo empresarios “patriotas” sin que la conducción del proceso deje de estar en manos de las clases plebeyas. Por último, García Linera señala la tensión que encuentra entre el socialismo comunitario para Vivir Bien con el proyecto de industrialización y la generación de riqueza para la redistribución social como demanda histórica, con una resolución que elude la destrucción capitalista de la naturaleza y el hombre. Con críticas de tipo nacionalista y también de defensa de la plurinacionalidad y la Madre Tierra en 2011 la Coordinadora Plurinacional de la Reconducción sacaría a la luz un manifiesto (2011), el mismo fue firmado por un grupo diverso de intelectuales, militantes sociales y ex funcionarios del Gobierno como Raúl Prada, Gustavo Guzmán y Alejandro Almaraz. El Manifiesto tiene críticas económicas (pobreza, gestión de ypfb, política financiera, extractivismo, nacionalización caracterizada como falsa); políticas (falta de transparencia, autoritarismo, represión a oposición, nombramientos judiciales irregulares y falta de implementación de la Constitución); y una serie de propuestas. La respuesta al manifiesto vendría en otro libro escrito por García Linera (2011b), atribuido al “oenegismo” que entre otras críticas es acusado de ser cómplice junto con la elite cruceña en la defensa infantil del medio ambiente. La respuesta vendría después del conflicto del tipnis, en Guzmán, Almaraz, Olivera, Fernández, Regalski (2011). Algunos momentos del debate político pueden seguirse en un libro publicado por la Vicepresidencia y la fdmp (vvaa [2011]), en cuya presentación García Linera se alejó de sus compañeros de Comuna (ver sobre estas discusiones Prada [2011], Molina [2011], Soliz Rada [2011a]). Por otro lado, después de criticar durante todo el proceso al vicepresidente por ideólogo de la autonomía indígena y lo plurinacional, entendidos como debilitadores de la soberanía y defensa de recursos naturales, Soliz Rada (2011b) elogió el rumbo del desarrollo no comunitario sino sudamericano anunciado por García Linera. A comienzos de 2012, mientras concluimos la revisión de este texto para publicación, la principal disputa política continuaba siendo la de la carretera por el tipnis, que el gobierno insistía en impulsar. Aún sin oposición estructurada, se acercaría 2014 y la discusión de si Evo Morales estaría legalmente habilitado para disputar la reelección.↵

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Filmografía y programas de televisión

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Brie, César; Brie, Pablo y Álvarez, Javier Horacio. Humillados y ofendidos. Video Documental producido por Artes Andes Américas, 2008. Disponible en cinco partes en: http://www.youtube.com/watch?v=WuqohdMV Nj4&feature=related

García Linera, A. Entrevista  al Vicepresidente  de Bolivia Alvaro García Linera en el programa El Pueblo es Noticia, de Bolivia tv y Radio Patria Nueva, el domingo 2 de enero, 2011a. Disponible en: http://aqui-avance. blogspot.com/2011/01/voz-11.html

Gigavisión. Entrevista televisiva en estudio a Gamal Serham. Canal Gigavisión, 22 de junio de 2007.

Landes, Alejandro (director), daniels, Ellyn (producción). Película “Cocalero”.  Bolivia, 2007.

Antezana, Tonchy (director). Película “Evo Pueblo”. Bolivia, 2008.

Unitel.  Entrevista  a Romero,  10 de Julio  2010. disponibles  en: http://eju.tv/2010/07/ministro-romero-acepta-que-se-deben-revisar-las-competencias-de-la-ley-marco-y-la-constitucin/ Programa

Indymedia. video: “Imagenes indignantes y reveladoras: Así Actuó  el Fascismo Prefectural en Pando  contra l@S Herman@S Campesinos e Indigena”. Disponible en: http://bolivia.indymedia.org/node/19859

Otros  documentos

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Cidob Documento en que se analiza el proceso conflictivo del acuerdo, 2010a: http://www.cidob-bo.org/images/2010/23%20de%20julio.pdf

           . Acuerdo Comisión vii Marcha-Gobierno Estado Plurinacional. 18 al 22 deJulio 2010b, Disponible en: http://www.cidob-bo.org/images/2010/acuerdofirmado.pdf

           . Plataforma de Demandas de la viii Gran Marcha Indígena “por la Defensa del tipnis, por los Territorios,  La Vida, Dignidad y los Derechos de los Pueblos  Indígenas  del Oriente, Chaco  y Amazonia Boliviana”. 2011. Disponible en: http://www.cejis.org/sites/default/files/plata-forma%20de%20demanda(1).pdf cirabo. Justicia Comunitaria en Pueblos Indígenas Amazónicos de Bolivia. Memoria de Taller. Riberalta, 25 al 28 de septiembre de 2006. cirabo.

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