Pobreza, ambiente y cambio climatico

Guillermo Castro H.

(Coordinador)

Ana Cristina Solís Medrano

Luis Martínez Estrada

Ángela Peña Farías

Diosnara Ortega González

Pedro Emilio Martínez Martínez

Gulin Bonhomme

Sandra Milena Rátiva Gaona

Omar Adrián Bonilla Martínez

Ella Saavedra Martínez

Fabiola Serna Santamaría

Juliana Speranza

Mirta Niselli Rolón Gómez

Clacso

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Página Legal

Pobreza, ambiente y cambio climático  / Ana Cristina Solís Medrano
[et al.] – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2013.
352 pp.; 25×16 cm – (CLACSO-CROP / Alberto Cimadamore)
ISBN 978-987-1891-40-5
1. Sociología. 2. Cambio Climático. 3. Pobreza. I. Solís Medrano, Ana Cristina
CDD 362.5

ISBN ebook: 978-987-1891-53-5

Otros descriptores asignados por la Biblioteca virtual de CLACSO:
Medio ambiente / Cambio climático / Pobreza / Recursos naturales / Desarrollo local / Deterioro ambiental / Agricultura / Comunidades / América Latina / Caribe.

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Presentación

Guillermo Castro H.[1]*

“Nacidos en una época  turbulenta, arrastrados al abrir los ojos a la luz por ideas  ya hechas y por corrientes ya creadas, obedeciendo a instintos y a impulsos, más que a juicios y determinaciones, los hombres de la generación actual vivimos en un desconocimiento lastimoso y casi total  del problema que nos  toca  resolver.  […] Establecer el problema es necesario, con  sus  datos, procesos y conclusiones. Así, sinceramente y tenazmente, se  llega al bienestar: no de otro modo. Y se adquieren tamaños de hombres libres”.

José Martí, Cuadernos de apuntes, 1881 (Martí, 1975)

 I

José  Martí anotó, en uno de sus cuadernos de apuntes, la reﬂexión que encabeza este  texto a los veintiocho años de edad, recién llegado al exilio que  lo retendría en  Nueva York,  hasta partir a su encuentro con  el paso de las armas de la crítica a la crítica de las armas y caer en combate en Cuba en 1895. Antes, en 1891,  había publicado el ensayo Nuestra América, donde estableció el problema que  correspondía encarar a su generación: hacer de  la  independencia lograda entre 1810  y 1825 un verdadero “cambio de  espíritu”, que  trascendiera al  meramente formal, el cual ya derivaba entonces hacia la consolidación de nuevas formas de autoritarismo y de perpetuación de la desigualdad en nuestros países. Allí dijo  lo siguiente sobre el papel a desempeñar por  la joven generación de intelectuales latinoamericanos en aquella circunstancia:
Se ponen de pie los pueblos, y se saludan. “¿Cómo somos?”, se preguntan; y unos a otros se van  diciendo cómo son.  […] Los  jóvenes de América se ponen la camisa al codo, hunden las manos en la masa, y la levantan con la levadura de su sudor. Entienden que se imita demasiado y que la salvación está  en crear. Crear es la palabra de pase  de esta  generación. (Martí, 1891)
Y de  crear se trata, justamente, esta antología de  estudios de  jóvenes cientíﬁcos sociales latinoamericanos que  buscan nuevos modos de  conocer lo social en  su  interacción, y no  ya  en  contraposición, con  lo natural.
Aquí  se recogen, en  efecto, algunos de los  frutos de una circunstancia que, si desde la perspectiva de los sectores dominantes en nuestras sociedades es de  hechos cumplidos, desde la  de  los  sectores subordinados es de construcción de proyectos alternativos. Entre nosotros las cosas ya no son  lo que  eran, ni volverán a serlo, pero tampoco han llegado a ser  lo que  serán. Por  lo mismo, ante esta lectura cabe recordar que, si bien nunca existe un  pasado al cual regresar, la crisis abre ante nosotros múltiples opciones de futuro a construir, a las que cabe referir todos los estudios y todas las propuestas que  son  presentados aquí, en un  abanico que  va desde el vivir  bien hasta la creación de un  mundo en que  quepan todos los mundos.
Nuestra circunstancia —en  la cual los conﬂictos que  emergen de la  crisis se  combinan con  los  que  fueron mediatizados, pero no  resueltos durante los años de hierro del pensamiento único neoliberal— ofrece nuevas posibilidades de construcción de entendimientos entre movimientos sociales emergentes que  se expresan desde racionalidades  y con  voces  sin  cabida en la geocultura que  implosiona. El detalle de  esos  entendimientos en  casos particulares será diverso, pero sus lineamientos fundamentales ganan cada día en claridad y otorgan una identidad de  sentido a todos los  textos que  hacen este  libro: gobierno  basado en  el consenso —autoridad funcional, no  jerárquica ni  de casta—, igualdad sustentada en la equidad, armonía en las relaciones sociales y en las interacciones entre sistemas sociales y sistemas naturales y una producción centrada en  valores de uso  y en  la valoración de los recursos a partir de la función cumplida en los ecosistemas que los proveen.
Además de esa  comunidad de demandas, hay  aquí una de premisas.  Desde realidades tan diversas como las de Honduras, Cuba, Paraguay  y Brasil, todos los  autores coinciden en  que  la crisis ambiental global lleva a un grado tal las contradicciones y conﬂictos sociales que caracterizaron al siglo XX, las cuales obligan a trascender la racionalidad misma de una visión del desarrollo que  ve en el ambiente una variable entre otras a considerar en la formulación de la política pública y no  la consecuencia mayor de  ese  proceso, así  entendido y ejercido hasta hoy en su carácter desigual y combinado por  los poderes que  en el mundo han tenido lugar.

II

El llamado a un análisis integral de las relaciones entre las sociedades y el cambio climático, planteado en  todos los  textos, se corresponde con  el hecho de  que  el ambiente es el resultado de  las  interacciones entre los sistemas sociales y los naturales a lo largo del tiempo y que, por  lo  mismo, la  aspiración a  un  ambiente distinto nos  remite por necesidad a la  construcción de  sociedades diferentes. Trascender el venerable ordenamiento del  conocer en  las  esferas separadas de  lo social, lo  natural y lo  cultural, asumir la  necesidad de  encarar a  la humanidad como especie en  una naturaleza humanizada por  el trabajo de  la especie que  somos, es el desafío mayor de  la reforma cultural y moral que  reclama nuestro tiempo. Esta compilación ofrece algunas respuestas a ese reto. No lo resuelven aún, sin duda. Pero sin duda también, ya lo plantean de un  modo que, como dijera en  otros tiempos Tom  Payne, no  nos  permitirá ya  des-conocer lo que  hemos empezado a conocer.
Así en Centroamérica, por  ejemplo, desde donde Ana Cristina Solís  Medrano aborda el empobrecimiento de  los  sectores vulnerables en  asentamientos urbanos marginales de Managua y Ciudad de Guatemala, al punto en  que  el acceso al agua potable deﬁne la condición de  pobre/no pobre y la posición de  los  habitantes de  ambos barrios. En  ambos, también, las  diﬁcultades de  acceso al agua han generado conﬂictos entre vecinos como entre barrios colindantes. La  comparación de  los  casos destaca, por  un  lado, la falta de  motivación para la participación de los afectados de los habitantes de Llano Largo, en Guatemala —que  torna fundamental estimular el desarrollo del  capital  humano y social— y, por  otro, la apertura de los vecinos de Tierra Prometida, Managua, a la  organización, que  ha  propiciado espacios de  negociación y gestión con  los  entes encargados de  la distribución del agua para el beneﬁcio de la población.
Luis  Martínez Estrada, por  su  parte, tras señalar que  el  Índice Global de Riesgo Climático 1997-2006 ubica a Honduras entre los países que  enfrentan altos niveles de riesgo, examina el proceso de luchas sociales en  defensa de los recursos naturales que, a partir de la década  del  noventa han servido como elementos de  cohesión social para los pobladores, autoridades civiles y eclesiásticas de las  cercanías del Valle  de Siria y la región de Olancho. De ese proceso han resultado el Movimiento Ambientalista de Olancho y el Comité Ambientalista del Valle de Siria, a los que  caliﬁca como pilares del movimiento ambientalista hondureño y cuyas experiencias analiza en su artículo.
En  lo  más esencial, Martínez Estrada destaca el conﬂicto entre las demandas de estos movimientos sociales y las acciones de grupos de  poder económico y político cuyo  afán de  lucro atenta contra “la homeostasis entre naturaleza y sociedad, que  de  alguna manera ha persistido en  sus  comunidades”. Para el autor, la cultura de depredación de  los  recursos naturales dominante en  su  país expresa lo  que Nicolo Gligo  ha  llamado una “política implícita” de  Estado, que  “ha servido para enriquecer a unos pocos y profundizar las condiciones de pobreza de la mayoría”.
Los  conﬂictos abordados en  el  artículo de  Martínez Estrada se reﬁeren a la minería a cielo  abierto y la deforestación, dos  temas de amplia incidencia en toda nuestra América. La protesta, gestada en un comienzo debido a los perjuicios a la salud de los pobladores, progresa hasta generar una acción colectiva organizada, que  a su vez conduce a una conciencia nueva que  los lleva  a comprender que  “los daños físicos son  ínﬁmos en comparación a los ambientales”.
A partir de  allí,  estos procesos de  lucha organizada ampliﬁcan y enriquecen el mensaje dirigido a los  pobres, quienes se involucran en  tareas y acciones en  pro  de la preservación de los  recursos. En  su desarrollo, estos movimientos generan valores más complejos, dado que  la defensa de las  fuentes de agua y el bosque, por  ejemplo, signiﬁca  defender la  vida  misma de  las  comunidades. Estos valores, dice Martínez, “se materializan en  la  lucha a partir de  la  cohesión social que  generan, reproduciéndose a lo largo del  movimiento y fungiendo como la base sobre la cual el mismo se construye”.
Con  ello,  el principal éxito  de  los  movimientos reside en  la creación de una conciencia ambiental basada en la justicia social, que contradice y enfrenta a la construcción histórica dominante, “arraigada en el afán de lucro, por  encima no solo  de los recursos naturales, sino del mismo ser  humano”, y amparada y promovida por  un  marco legal “totalmente contrario a los  intereses de los  pobres”. En  ese  enfrentamiento, estas formas de  acción colectiva desbordan el ordenamiento político-administrativo de sus  territorios de  origen, para vincularse a  iniciativas de  alcance nacional y regional de  lucha por la  justicia socio-ambiental, que  a su  vez se engarzan con  otros movimientos de escala mundial. La alternativa al alcance de los pobres, concluye, es la organización y la concienciación, pues únicamente “desde la defensa de los recursos naturales a través de la justicia social es posible orillar a los  Estados a instituir leyes  y políticas encauzadas a desacelerar el proceso de cambio climático”.
Ya en  el espacio caribeño, Ángela Peña Farías examina las  relaciones entre la vulnerabilidad ambiental y la reproducción de  la pobreza que  afecta a un  grupo de  familias en  territorios periféricos de Ciudad de  La  Habana. En  su  abordaje, asume —y demuestra— que “las condiciones que  rodean la vida  cotidiana de estas poblaciones” se convierten “en  factores inhabilitantes para que  puedan acceder a las oportunidades que  el sistema social cubano ofrece”. Al respecto, dice, los  hogares más pobres y vulnerables se ven  forzados “a adoptar estrategias que  les permiten sobrevivir, pero no  mejorar sus  vidas”, con lo cual “el ambiente que  rodea las  familias interpone un  conjunto de vulnerabilidades que  no agregan nuevas condicionantes al proceso de empobrecimiento, pero no permiten tampoco cambiar las situaciones que  limitan la  superación, pues no  promueven la  alteración de  los procesos de reproducción de la pobreza”.
Aquí,  la relación con  el entorno institucional fue  considerada el factor más signiﬁcativo de la interacción de estas familias con  su  entorno inmediato, en  cuanto “estas instituciones son  el medio con  el que  cuentan estas familias para estructurar estrategias de  enfrentamiento a la pobreza”. Por  otra parte, el estudio no  constató diferencias  relevantes asociadas al género del jefe del hogar en relación a las estrategias para lidiar con  las diferentes vulnerabilidades ambientales y la propia pobreza. En  cambio, las  redes sociales y familiares constituyen un  factor de  primera importancia para la  vida  cotidiana de estos barrios.
Diosnara Ortega González, por  su  parte, examina las  relaciones entre pobreza, ambiente y cambio climático en  la estrategia de desarrollo local  de  un  barrio céntrico de  La  Habana. Dichas relaciones, plantea, suelen ser  asumidas por  las  estrategias de  desarrollo como fenómenos independientes entre sí.  Esto conduce al  diseño y ejecución de políticas que  pueden llegar a ser  conﬂictivas entre sí, pues no asumen a la pobreza y la vulnerabilidad como procesos que  median la cuestión del  ambiente y el cambio climático. Esta perspectiva fue validada mediante un  estudio de  caso en  el  Consejo Popular de  Jesús  María, un  barrio de la capital cubana, que  analiza los vínculos de aﬁnidad o contradicción entre las  acciones referidas a la pobreza, el ambiente y el cambio climático la estrategia de  desarrollo local  para el 2008-2010.
El estudio asume a la pobreza como un  proceso de  “empobrecimiento no  solo  de  los  sujetos y sus  capacidades-posibilidades individuales, físicas, psicológicas y sociales, sino además de  su  medio social y natural”, que  en  este  caso opera en  el marco de  las  consecuencias de  la  crisis generada en  Cuba “entre otras causas, por  el derrumbe de la URSS”.
En  un  marco de  gestión pública en  el que  “el ambiente es  pensado por  muchos teóricos y decisores como un  medio para alcanzar el desarrollo y no  como una expresión del  desarrollo”, y en  una circunstancia de escasez crónica de recursos y constante tendencia a la centralización, las políticas establecidas de planeamiento desde abajo para el desarrollo local  se ven  impedidas de  “poner en  práctica soluciones estructurales, a  largo plazo, que  impliquen las  más diversas dimensiones de actuación e impacto”. Frente a este  escenario, dice  la autora, la acción estatal otorga prioridad a lo urgente sobre lo importante, en una tendencia que  para ser  revertida requerirá otorgar a las organizaciones locales y sociales, capacidades imprescindibles para encarar y resolver los problemas de su propio entorno.
También desde Cuba, Pedro Emilio Martínez Martínez aborda el impacto de los huracanes Gustav e Ike en las condiciones de pobreza de los habitantes del poblado Paso Real  de San Diego. Su artículo analiza la compleja relación establecida entre el efecto de esos  eventos naturales, en el contexto del cambio climático, y la situación de pobreza de la comunidad estudiada, ubicada en la provincia de Pinar del  Río, en el extremo occidental de la Isla.
Así, Martínez examina las  formas en  que  los  miembros de  este poblado han enfrentado los  efectos de  estos huracanes, las  estrategias  y acciones realizadas con  ese  ﬁn,  y su  percepción de riesgo ante posibles futuros desastres naturales. La red  de apoyo familiar e intervecinal, la adecuada percepción de  riesgo y el apoyo gubernamental han permitido mitigar la diferenciación social del impacto de los huracanes, con  lo cual demuestra las  características particulares de  la pobreza en  Cuba, mientras el proceso de  recuperación  económica y de  la  recomposición del  entramado de  relaciones sociales fue  el resultado de la capacidad autogestión del poblado y del papel activo del Estado y el gobierno local. Sin  embargo, el deterioro habitacional de las personas en situación de pobreza sigue constituyendo la mayor limitación en el enfrentamiento efectivo a los fenómenos atmosféricos cada día  más recurrentes.
Desde Haití, por  su  parte, Gulin Bonhomme se reﬁere a las  interacciones entre pobreza rural y deterioro ambiental en  la  región de Mombin Crochu, con  el propósito de  contribuir a la  formación y la formulación de  las  decisiones políticas más adecuadas al  desarrollo del  país. Al respecto, nos  dice, Haití —el país más pobre del  Hemisferio—, ha  perdido ya su  cobertura boscosa y tiene uno de los índice de riesgo de desastres más elevados del  planeta: en  el siglo  XX sufrió el  impacto de  16  huracanes, 25  inundaciones, un  terremoto de  7,3 grados en  la escala de  Richter y siete sequías, los  cuales causaron la muerte de miles de personas.
Al respecto, Bonhomme demuestra que  la  pobreza en  Mombin Crochu está asociada tanto a un  acceso insuﬁciente a los recursos necesarios para satisfacer las  necesidades básicas como la incapacidad de  las  personas para producir sus  condiciones en  materiales socioculturales. Estos fenómenos condicionan la  relación existente entre los habitantes y los recursos naturales, de un  modo que  conduce a la degradación del  ambiente y el empeoramiento de  la  pobreza, y solo pueden ser  revertidos desde abajo hacia arriba, fomentando el capital social para hacerlo capaz con  su propio capital natural.
Ya  en  América del  Sur, Sandra Milena Rátiva Gaona aborda la representación del  cambio climático en  el discurso oﬁcial, con  referencia a la implementación de  políticas de  mitigación en  el Valle  del Cauca y en  el  oriente de  Antioquia. Su  análisis contrapone la  posición adoptada por  la comunidad internacional, que  considera que  los países empobrecidos “son  más vulnerables a los impactos del cambio climático los países pobres, porque son  pobres” y las políticas que  formalmente están destinadas a la mitigación de esa vulnerabilidad, pero en cambio profundizan la pobreza al convertir la base de recursos de las  comunidades campesinas —tierra, agua, familia, tradición, cultura,  alimento, selva  y montaña—, en  sumideros de  carbono, recursos, réditos y bonos para las economías del norte.
Al respecto, el artículo aborda las relaciones sociales entre el Estado, el  sector empresarial y las  comunidades locales en  el  proceso de legalización e implementación de agrocombustibles y de proyectos forestales como mitigación al cambio climático. La relación entre pobreza, ambiente y cambio climático así analizada le permite “mostrar procesos de desconocimiento, invisibilización y menosprecio por  parte del Estado y de sectores privados hacia formas de relacionamiento con  la naturaleza por  parte de los pueblos indígenas, afrodescendientes  y comunidades campesinas”, víctimas tanto del  conﬂicto armado como de  sistemas legales y comunicativos de  clasiﬁcación social que los ubica en un  lugar de subordinación. Así, concluye, las políticas de mitigación al  cambio climático en  Colombia “reproducen la  condición de pobreza y exclusión de comunidades pobres” y producen tensión entre comunidades, sector privado y Estado al limitar el acceso de los más pobres a su base de recursos, y generar conﬂictos por  el uso y la  tenencia de  la  tierra y del  suelo. Todo ello,  concluye, conduce a estimular “un  proceso de acumulación por  desposesión”, en perjuicio de  amplios sectores de  las  poblaciones y comunidades “desplazadas por  presiones violentas y/o económicas derivadas de  las  inequidades en la distribución y presiones sobre los recursos naturales”.
Desde Ecuador, Omar Adrián Bonilla Martínez aborda el proceso de  conﬁguración de  un  discurso crítico a  la  industria petrolera y la contribución del mismo a la comprensión del problema de cambio climático y la identiﬁcación de alternativas al mismo. Al respecto, dice, los discursos críticos a la industria petrolera en  Ecuador se basan en experiencias empíricas de  indígenas, intelectuales y ecologistas y enfatizan los efectos nocivos de esa industria a la salud y la cultura. Para el autor, la articulación de dichos actores políticos y sus  discursos ha sentado las  bases de una crítica que  permite instaurar propuestas alternativas a  la  industria petrolera, desde perspectivas referidas a  la ecología, el desarrollo y la equidad.
El  discurso ecologista, dice  Bonilla, ha  sido  muchas veces  apropiado desde el  poder, en  términos que  contrastan con  las  versiones construidas desde organizaciones sociales y populares. En  el caso de la crítica a la industria petrolera, este  discurso alternativo fue desarrollado por  comunidades y organizaciones campesinas, ecologistas e indígenas, a partir de los fundamentos cientíﬁcos y jurídicos obtenidos a partir del juicio a TEXACO  en 1993.
Esa  crítica incorporó el  problema del  cambio climático en  sus agendas, adquiriendo así  un  doble carácter: como crítica global de la civilización petrolera y como crítica local  al modelo extractivo en  las comunidades amazónicas. La institucionalización de esta perspectiva como política pública en  el caso de Yasuní, añade, demostró “que  las ideas neoluditas pueden gestar alternativas sin  necesidad de  renunciar a su principio constitutivo, en este  caso, […] la crítica a las miserias del petróleo”.

Ella  Saavedra Martínez, desde Bolivia, nos  ofrece un  estudio sobre  la vulnerabilidad al cambio climático de la agricultura campesina, abordando el caso de familias de los  municipios de Arbieto y Tarata, en Cochabamba, Bolivia, para el período 1999-2009. Su énfasis mayor radica en el agravamiento del deterioro social vinculado a la mercantilización de la agricultura, debido al impacto del cambio climático, que genera “un  escenario de mayor incertidumbre respecto a la sostenibilidad de la producción basada en los recursos naturales y el resguardo de la seguridad alimentaria”.

El estudio aborda en  particular los  conﬂictos derivados de la creciente escasez de  agua en  la  región y las  maneras de  encararla propuestas por  las  comunidades campesinas a partir de  sus  propios saberes ancestrales. Aun  así,  recalca, la incorporación de prácticas ambientalmente sostenibles y la  gestión integral de  las  cuencas que proveen el  agua, requieren apoyo, capacitación y  la  revalorización de  los  saberes locales que  contribuyan a aﬁanzar la identidad de  las comunidades involucradas, con  el ﬁn  facilitar los  consensos que  requiere la búsqueda de  alternativas reales que  generen capacidades  y oportunidades en los actores locales.

Desde Chile, Fabiola Serna Santamaría aborda el cambio climático como un  problema ético, resaltando dos  aspectos relevantes desde el punto de vista moral: la cuestión de la justicia climática, y la discusión sobre el estatus moral de  la naturaleza. Para el caso chileno, se analiza la agenda del  cambio climático desde el punto de  vista de  la ética como saber práctico.
“La crisis ambiental y las  mudanzas en  el clima —dice  Serna— representan un  problema moral fundamental de  nuestra época, en todos los  niveles de  la vida  cotidiana, la política local  e internacional”.  El agotamiento de la base física del desarrollo y el aumento en la frecuencia de eventos extremos, añade, “demandan el despliegue de  argumentos éticos más osados y creativos que  reconozcan la urgencia de cambios culturales en  la relación de los  sistemas sociales con  la naturaleza”.
Haciendo de  la práctica el criterio de  la verdad, el artículo recurre  a la  historia ambiental de  Chile  para demostrar la  ineﬁcacia del criterio utilitarista para poner remedio a los  males ocasionados por su propio predominio. Así dice:  “El análisis de los efectos del  cambio climático y las  medidas de  mitigación deben ser  una reﬂexión situada  en  los  conﬂictos y desafíos presentes en  la historia ambiental del país”, que  incorpore la racionalidad y los  aportes de  los  sectores sociales subordinados. A partir de ello,  identiﬁca algunos desafíos de la agenda ambiental en Chile, referidos en particular a la inexistencia de mecanismos de  participación social que  garanticen la representatividad ante la ley de todos los actores sociales, las necesidad de medidas adecuadas de reforestación, control de la erosión y conservación de la biodiversidad, la  alta vulnerabilidad de  la  fauna marina costera, los costos ambientales de la minería, y los problemas del crecimiento urbano. Así, concluye, “el cambio climático como problema ético reabre el debate sobre el estatus moral de la naturaleza y la justicia climática. Estos dos  aspectos, que  han sido  observados como amenaza para el crecimiento económico, representan la  posibilidad de  enfrentar  los efectos de las mudanzas climáticas desde el punto de vista de las medidas de adaptación y mitigación”.
En  el  caso de  Brasil, Juliana Speranza plantea la  necesidad de un  abordaje sistémico de  la  vulnerabilidad socio-ambiental ante el cambio climático global en  el  medio rural. Tras señalar el  carácter diferenciado del impacto del cambio climático entre los distintos grupos  sociales, y sobre los  rurales en  particular, la  autora detalla los riesgos que  este  proceso implica para el sector agrícola latinoamericano, sobre todo en los frágiles ecosistemas tropicales. Esto, dice, revela la  urgencia de  ampliar y profundizar la  investigación del  problema, trascendiendo además las  limitaciones metodológicas que  aquejan a muchos de los estudios realizados.
Al respecto, dice, los  estudios recientes “carecen de  un  abordaje sistémico que  reconozca todas las  actividades presentes en  el medio rural”, desde la  agricultura y la  ganadería hasta las  actividades no agrícolas, pasando por  las estrategias de reproducción socio-económica  de  las  familias, e incluyendo las  interrelaciones territoriales entre todo ello, para valorar los impactos del cambio climático a una escala verdaderamente humana, que  permita recuperar la experiencia de  la especie en cuanto a prácticas de adaptación y mitigación, para identiﬁcar alternativas y opciones de política a partir de una interpretación crítica de los fenómenos socioambientales. Y sobre todo, concluye, al encarar de  este  modo el problema, podemos percibir que  si bien los efectos del  proceso global pueden acentuar la pobreza y la desigualdad, y minar los  esfuerzos de  promoción del  desarrollo, no  estamos condenados a ello por  necesidad.
En  el caso de  Paraguay, ﬁnalmente, Mirta Niselli Rolón Gómez analiza las estrategias de los agricultores familiares campesinos frente a los  efectos de  las  alteraciones climáticas en  el Distrito de  Abai  del Departamento de  Caazapa, con  particular énfasis en  las  alteraciones generadas por  el cambio climático en  los  ciclos agrícolas durante la última década. Tales  alteraciones, en un  contexto de mercantilización de la agricultura, agravan la vulnerabilidad de la agricultura familiar campesina, en cuanto alteran su entorno natural, por  un  lado, y debilitan su capacidad de inserción en el nuevo entorno social y económico, por  el otro.

En  suma, nos  dice  la autora, la dinámica productiva en la región y en  el municipio “orientó la producción local  hacia un  estilo empresarial expansivo, aunque la transición de los agricultores campesinos aún se  encuentra incipiente, la  expansión del  complejo productivo empresarial y la  expulsión de  gran porcentaje de  familias locales ha dado espacio al acelerado proceso de reconﬁguración de las  espacios geográﬁcos, que  al mismo tiempo modiﬁcaron los  ciclos agrícolas normales como incidencia de  las  alteraciones climáticas”. Con  ello, si bien estos agricultores han superado la etapa de transición de una economía de  sobrevivencia a una de  mercado, “el impacto creciente del  cambio climático en  su  actividad revela la vulnerabilidad de  este grupo, cuya economía incipiente impide su  resurgimiento y consolidación, y podría marcar el  avance o  regresión de  los  agricultores familiares campesinos”.

III

Iniciamos esta presentación recordando a Nuestra América. Con  ella quisiéramos concluirla. Allí, al discutir el papel de la cultura en la formación de  nuestras identidades y la solución de  nuestros problemas—y en  una clara ruptura con  el  paradigma de  progreso establecido por  Domingo Faustino Sarmiento en  1845  y en  tantos sentidos aún vigente— señaló Martí una verdad por  demás compleja, expresándola de  una manera que  no  podía ser  más sencilla. Aquí,  entre nosotros, “no  hay  batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la  naturaleza” (Martí, 1891). Esta antología demuestra, una vez más, la razón que  le asistía y que  mueve a todos los que  hemos colaborado en este  empeño.

BIBLIOGRAFÍA

Martí, José  1891  “Nuestra América” en El Partido Liberal  (México DF) 30 de enero.

Martí, José  1975  Obras  completas (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).

* Licenciado en Letras, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 1973. Maestro en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 1980. Doctor en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía, UNAM, México, 1995↵

Conflicos urbanos y escasez de agua

Repercusiones en la pobreza desde las experiencias en Nicaragua y Guatemala

Ana Cristina Solís  Medrano[1]*

Introducción

La  región centroamericana  ha  experimentado transformaciones en diversos ámbitos que  han afectado a la población en  general. Uno  de esos  corresponde al  impacto social del  largo proceso de  programas de ajuste estructural que  propiciaron la privatización de los servicios básicos, la apertura a la democratización y la liberación de mercados (Martínez, 2008:  15).  Así, el escenario histórico-político-social de  Nicaragua y Guatemala permite entender algunas aristas del  fenómeno de la pobreza en su relación con  el ambiente y cambio climático.
En  la región centroamericana, la precariedad del  acceso al agua alcanza magnitudes gigantescas, tanto en  zonas urbanas como rurales,  si  bien estas últimas se  ven  mayormente afectadas por  la  falta de  cobertura y calidad de  los  servicios básicos. El  impacto de  esta situación varía según la  vulnerabilidad de  los  grupos poblacionales, afectando en especial a las mujeres, niños/as, el campesinado y la población indígena. El análisis de esta situación permite conocer cómo inﬂuyen estas carencias en  la perpetuación de las  condiciones de pobreza, sobre todo en lo relativo al agua de calidad, una condición fundamental para el desarrollo de la sociedad.

El  derecho humano al  agua supone que  todas las  personas deben  de tener acceso diario a, por  lo menos, una cantidad mínima de agua potable para atender sus  necesidades de  consumo  personal  y doméstico. También implica que  la ausencia del mismo deberá ser reclamada al Estado, que  estará obligado a poner en  práctica medidas destinadas a proveer acceso al recurso hídrico. Aun así, muchas veces la falta de legislación, o de cumplimiento de la misma, representa un obstáculo para garantizar un acceso regulado y de calidad del recurso a la población.

Descripción del problema

La  pobreza es una construcción histórica y social. Como tal,  constituye  un  fenómeno complejo y multidimensional, tanto en  sus  causas como en sus  efectos, que  comprende aspectos tangibles e intangibles, relacionados con  nociones como las de carencia, privación y ausencia. Si  bien existen elementos histórico-estructurales y coyunturales que mantienen a las poblaciones altamente vulnerables en condiciones de pobreza, las formas y procedimiento de medición e interpretación de este  fenómeno no han variado mucho.
Así, por  ejemplo, uno de los métodos más utilizados por  los Estados  en la región es el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Esta herramienta, sin  embargo, tiene importantes limitaciones de estructura, metodología y  aplicación, que   no  permiten entender la amplitud del  fenómeno, debido al  carácter cuantitativo de  sus  instrumentos que  limita la obtención de datos que  reﬂejen las realidades culturales y sociopolíticas de  la pobreza. Esto demanda profundizar y aportar elementos teóricos y metodológicos que  permitan entender mejor el fenómeno, desde la mirada y vivencia de los actores sociales involucrados en el mismo.
En  la región centroamericana, Guatemala y Nicaragua se caracterizan por  contar con  altos porcentajes de  población en  condiciones  de pobreza y pobreza extrema; con  altos niveles de desigualdad, analfabetismo y mortalidad infantil, y bajo índice de  esperanza de vida.  Esta realidad se  expresa en  los  compromisos adquiridos por las  autoridades nacionales con  la ﬁrma de documentos como los Acuerdos de Paz  en 1996,  para el caso de Guatemala, y las Metas del Milenio, que  sitúan el combate a la pobreza dentro de  los  objetivos principales que  los  gobiernos de  ambos países deberían alcanzar a mediano plazo.
La  vinculación de  la  pobreza a bajos niveles de  educación, alta vulnerabilidad a riesgos naturales, diﬁcultades para utilizar las  instituciones públicas y malas condiciones de  salud determina en  gran medida los riesgos socio-ambientales a los que  un  individuo o grupo se ven  expuestos, así  como sus  diﬁcultades de  acceso a los  recursos para enfrentarse a  esos  riesgos y situaciones de  vulnerabilidad. En ese sentido, el acceso al agua representa un  elemento de gran importancia para la  calidad de  vida  de  las  poblaciones en  pobreza y, por tanto, uno de los principales problemas a que  se ven expuestas tanto en  el  ámbito urbano como rural. El  agua, en  efecto, es  un  recurso natural de  gran importancia en  la vida,  a la vez ﬁnito y frágil, y que puede asumir tanto funciones de  beneﬁcio como de  riesgo para las poblaciones que  lo demandan.
Los  alcances de  los  servicios municipales de  abastecimiento de agua se han visto  limitados por  los altos índices de crecimiento demográﬁco y los  constantes ﬂujos migratorios del  campo a las  ciudades, así  como por  la contaminación de los ríos  por  las industrias y las poblaciones urbanas. Esto genera una relación de  desigualdad y exclusión que  afecta en  particular al campesinado, la población indígena, los sectores marginados urbanos y las mujeres y niñas/os en nuestros países. Estas limitaciones han expuesto a las poblaciones —principalmente urbano-marginales— al deterioro de la calidad de vida,  llevándolos a  buscar soluciones potencialmente conﬂictivas, como el  uso de  servicios privados de  abastecimientos de  agua, que  entrañan una modalidad social especíﬁca de mercantilización del agua.
A nivel  urbano existen varios ejemplos de los problemas generados  por  el uso  privado de recursos naturales. Entre las distintas experiencias latinoamericanas, uno de los casos emblemáticos ha  sido  “la guerra del  agua” en  Cochabamba, Bolivia. En  este  sentido, el acceso al  recurso agua está sujeta a  disposiciones del  dueño de  la  fuente, así  como el tipo de  relaciones sociales y comerciales que  se tejen en torno al recurso.
La conﬂictividad representa, así,  un  elemento fundamental en  la investigación, que  debe ser  analizada como parte de  la realidad asociada a las  condiciones ambientales vinculadas al  acceso al  agua de las poblaciones estudiadas. Esto genera repercusiones en la calidad de vida  de los sectores poblacionales más vulnerables, que  se hacen evidentes al explorar de  forma comparativa las  condiciones de  pobreza que  surgen a raíz de la escasez del agua en dos  asentamientos urbanomarginales de Nicaragua y Guatemala.

Justificación

Los  conﬂictos socio-ambientales asociados al  acceso al  agua se  han incrementado a nivel  mundial. En  Guatemala dichos conﬂictos resultan tanto de  la  escasez como la  diﬁcultad de  acceso al  recurso y de problemas institucionales en  la gestión del  agua (Sánchez, 2007:  29). En  el caso de Nicaragua, si bien el país cuenta con  recursos hídricos abundantes, prevalece el incumplimiento de la Ley General de Agua y la falta de políticas nacionales que  regulen el uso  de la misma para el beneﬁcio de la población.
Existe una marcada diferencia entre el suministro de agua potable que  se presta a la población de la ciudad de Guatemala comparada con  los centros urbanos del interior del país y las poblaciones rurales. Así, el 80% del servicio de agua de la ciudad de Guatemala es atendido por  EMPAGUA[2]; el 6,9% es abastecido por  la Empresa de Agua Mariscal. El 13,1% restante está constituido por  poblaciones marginales del área metropolitana, que  se  abastecen mediante pozos particulares  y camiones cisternas que  venden el agua sin ningún tipo de tratamiento (Primer Comunicado Nacional sobre Cambio Climático, 2001:  66).
En  Nicaragua, la cobertura total del agua atendido por  ENACAL[3] es del  77%.  Aun  así,  más del  30%  de  la población urbana no  cuenta con  acceso directo al agua potable, y el 65% no dispone de servicio de alcantarillado sanitario. Pese  a los  esfuerzos de  ENACAL  para incrementar el agua producida durante el 2007-2008, se requiere construir nuevas fuentes de agua para cubrir la demanda real  (ENACAL,  2009).
Problemas nacionales ya  estructurales  —deforestación, erosión de  cuencas, impacto de  residuales líquidos no  tratados, mal  manejo de  desechos sólidos, uso  irracional del  agua, etc.—  afectan el potencial  hídrico del  país, convirtiendo en  opciones perdidas las  oportunidades que  debieran servir para el  desarrollo integral de  los  seres humanos. Aunado a eso,  los problemas de exclusión y pobreza de las comunidades urbano-marginales acentúan la vulnerabilidad de la población en relación al acceso de los servicios básicos fundamentales, como el agua.
Los  gobiernos nacionales y municipales no  tienen la  capacidad inmediata de  solucionar los  conﬂictos relacionados a  la  escasez del agua y mejoramiento de  la  calidad de  vida.  Esto hace necesario conocer y analizar la importancia de  la organización de  los  habitantes en  cada asentamiento urbano y los  mecanismos encontrados para la solución de dicho conﬂicto, así  como las  relaciones sociales y comerciales que  se tejen alrededor de la problemática.

Finalmente, los  hallazgos presentados son  relevantes puesto que los  estudios sobre pobreza no  se han enfocado en  el desarrollo socio ambiental en  las  comunidades, especíﬁcamente en  el recurso hídrico y los conﬂictos asociados a su  escasez. El estudio de la pobreza en  el marco de la globalización está abarcando más esferas de la sociedad, lo que  resalta la diversidad de sus  causas y sus  manifestaciones. Esto hace necesario realizar estudios que   permitan comparar contextos distintos con  problemáticas semejantes, rescatando las  voces  de  los individuos y las alternativas de solución.

Objetivos

El objetivo general de la investigación consiste en analizar de manera comparativa las condiciones de pobreza que  surgen a raíz de la privatización y escasez del agua en dos  asentamientos urbano-marginales: Barrio Tierra Prometida, en  Managua, Nicaragua, y Colonia Llano Largo, en  Guatemala, Guatemala. Para dicho análisis comparativo, tienen especial importancia los siguientes objetivos particulares:
 conocer las condiciones de vida  de la población de ambos lugares,  especíﬁcamente con  el acceso y uso  del agua;
 identiﬁcar las  causas que  están provocando el  deterioro ambiental y su impacto en la escasez de agua para las poblaciones objeto de estudio; y

 conocer las respuestas dadas al conﬂicto del agua por  parte de la población organizada y de las autoridades locales.

Enfoque metodológico y selección de los casos

El  universo del  estudio corresponde a dos  contextos. El  primero es la población del  Barrio Tierra Prometida en  la ciudad de  Managua, Nicaragua, y el segundo la Colonia Llamo Largo en la ciudad de Guatemala. La  selección de  ambos lugares se  debió, entre otros criterios, al  conocimiento previo sobre problemáticas relacionadas con el tema del  acceso y distribución del  recurso hídrico y experiencias personales en  el campo, considerando factores como los  siguientes: a)  que  su  población se  encuentra en  condiciones de  pobreza urbana;  b)  que  la  escasez de  agua es  evidente en  la  cotidianidad de  sus pobladores; c) que  existen o hayan existido conﬂictos por  el acceso al  agua, y d)  que  se  reﬂeje la  participación de  la  población para la gestión del  acceso al agua. Así mismo, los  criterios de  comparación entre ambos casos estudiados incluyeron: 1) situación del  acceso al agua; 2) conﬂictos surgidos a raíz de  la escasez del  agua; y 3) estrategias de resolución a los conﬂictos.
El  estudio requirió una metodología cualitativa, para describir e interpretar el comportamiento social y cultural de  las  poblaciones consideradas. En  este  sentido, la perspectiva fenomenológica es pertinente para interpretar los fenómenos sociales desde la propia experiencia del  actor, de  la búsqueda del  signiﬁcado y comprensión de  la realidad (Taylor y Bogdan, 1984), teniendo en cuenta, que  cada individuo dentro de las sociedades organiza su visión del mundo desde una lógica particular.
Al respecto, fue  pertinente el  análisis de  las  percepciones de  la población sobre el  tema estudiado y la  utilización de  metodologías participativas, donde se aplicaron diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos. Así, la metodología participativa permitió indagar y obtener información de  distintas situaciones sobre el origen de los asentamientos, uso  del agua, condiciones de vida y las experiencias  en la resolución de conﬂictos surgidos a raíz de la escasez de agua en los lugares seleccionados.
El  trabajo de  campo desarrollado en  febrero-marzo en  el  barrio de  Tierra Prometida, Managua, y en  abril-mayo en  la  colonia Llano Largo, ciudad de  Guatemala fue  fundamental. Previamente se realizaron visitas exploratorias para reconocer los asentamientos e identiﬁcar a los  y las  líderes y lideresas, Comité de  Agua  (para el caso de  Guatemala) y la  Junta Directiva de  AFODECOM (para  el caso nicaragüense).
La  observación directa permitió conocer de  primera mano las condiciones de vida  de la población, así  como el uso  de la técnica de la bola de nieve para seleccionar a las personas entrevistadas. Fueron realizadas 15  entrevistas semi-estructuradas en  cada contexto, dirigidas a  miembros de  las  organizaciones comunitarias que  trabajan el tema del  acceso al  agua, vecinos/os organizados por  sectores, pobladores afectados por  la  escasez del  agua, dos  entrevistas grupales con  miembros de las asociaciones comunitarias que  funcionan en los lugares seleccionados y jóvenes. Finalmente, la triangulación de la información obtenida permitió someter a control los  relatos obtenidos con  la aplicación de las técnicas de recolección de datos. Así, los datos recolectados se  ordenaron de  acuerdo con  los  ítems de  la  investigación, debidamente analizados.

La pobreza: un fenómeno  en aumento

Las  causas y características de  la pobreza diﬁeren de  un  país a otro y dependen, en gran medida de factores como el género, la etnia, y el contexto social, económico e histórico en que  se experimentan. Los procesos  socioeconómicos, históricos y políticos, en  efecto, marcan la vida de  los  individuos, provocando efectos negativos, principalmente en  la distribución del ingreso y de las oportunidades entre las poblaciones[4].
A pesar de  algunas iniciativas realizadas en  materia de  combate  a la  pobreza y pobreza extrema, ambas constituyen un  fenómeno en aumento en nuestra región. Sin  embargo, los procesos de pobreza representan aspectos más amplios que  se  relacionan con  los  modelos  y estrategias de  desarrollo puestos en  marcha en  cada sociedad. Siguiendo a  López, en  las  carencias que  experimentan los  pobres  y los  pobres extremos inﬂuyen procesos y mecanismos macrosociales, como la incapacidad de las sociedades para generar crecimiento económico sostenido que  esté  acompañado de políticas equitativas de distribución, que   favorezcan la  promoción del  desarrollo humano para todos (López, 2004:  2).  Esto nos  lleva  a pensar que  la  máxima responsabilidad para cambiar el panorama de los grupos empobrecidos  y vulnerables radica en  el diseño de  políticas públicas integrales que  atiendan con  efectividad la pobreza.
El tema de pobreza y su conceptualización dentro de las ciencias sociales no es unívoco, pues su complejidad está determinada por  las variantes teórico-metodológicas con  que  se enfocan los estudios. Aun así,  se ha  llegado a coincidir en algunos criterios que  nos  indican que la pobreza es la privación de activos y oportunidades esenciales a los que tienen derecho  todos los seres humanos. En este  sentido, Arriagada sostiene que  la pobreza está relacionada con  el acceso desigual y limitado a  los  recursos productivos, escasa participación en  las  instituciones sociales y políticas (Arriagada, 2005:  109).  Ese  acceso desigual, a su vez,  deriva de  un  acceso restrictivo a la propiedad, de  bajos ingresos y consumo, de limitadas oportunidades sociales, políticas y laborales, de insuﬁcientes logros educativos, en salud, en nutrición, en acceso y uso  y control en materia de recursos naturales y en áreas de desarrollo. Según Amartya Sen  y su  enfoque de las  capacidades y realizaciones,  una persona es  pobre si  carece de  los  recursos necesarios para llevar a cabo un  cierto mínimo de  actividades (Sen, 1992a y 1992b, citado en Arriagada, 2005:  109).
Para Sen,  la pobreza se identiﬁca con  nociones tales como las de privación, de ausencia, de carencias. La pobreza es una categoría descriptiva, que  permite de algún modo caliﬁcar las condiciones de existencia concretas de  determinados grupos sociales, por  comparación con  otros grupos de la misma sociedad que  no son  pobres (Gutiérrez, 2007:  78).  Este planteamiento ayuda a entender el carácter multidimensional de  la pobreza, y los  aspectos relacionales que  determinan el desarrollo del fenómeno.
Así mismo, Sen  plantea que  la pobreza debe  concebirse como la privación de capacidades básicas y no  meramente como la falta  de ingresos, que  es el criterio habitual con  que  se la identiﬁca. La mejora de la educación básica y de la asistencia sanitaria no solo  aumenta la calidad de vida  directamente sino también la capacidad de una persona para ganar una renta y librarse así mismo de la pobreza de renta. Así, cuanto mayor sea  la cobertura de la educación básica y de la asistencia  sanitaria, más probable es  que  aun las  personas potencialmente pobres tengan más oportunidades de vencer la miseria.
Para el caso de  la investigación se entenderá la pobreza como la privación que  maniﬁestan los  individuos de  un  determinado  grupo y que  limita el desarrollo de las capacidades para enfrentarse a las condiciones de vida  en las cuales se encuentran inmersos como producto de procesos históricos-estructurales en que  les ha tocado vivir.
Otro elemento pertinente en  la  investigación está relacionado con  la calidad de vida.  Esta se asocia con  las condiciones de vida  de las poblaciones, en particular en lo relativo a temas como la movilidad en el espacio urbano, la disponibilidad de los espacios públicos y sus  usos, los  niveles de  congestión, contaminación y degradación del  medio ambiente. A ello  se  agregan los  niveles de  criminalidad y violencia del  entorno; la  capacidad de  prevención y reacción sobre  los desastres naturales, la disponibilidad de servicios básicos — agua, saneamiento—, y los niveles y grados de asociación comunitaria  de las  personas y participación en  dinámicas de barrios (Correa y Rozas, 2006: 14).

El cambio climático y su repercusión en la escasez de agua

En los últimos tiempos se ha incrementado el interés de discutir sobre el cambio climático y sus  repercusiones. La severidad de los impactos del cambio climático, y la complejidad de los procesos de negociación asociados al mismo, están obligando a las  poblaciones a disponer de un  bagaje de conocimiento sobre el tema y de las políticas y negociaciones que  han surgido. En  la  región centroamericana los  impactos han sido  severos: desde sequías prolongadas, inundaciones masivas, fuertes huracanes,  deslizamientos de  tierra, pérdidas de  recursos, hasta degradación ambiental de las tierras e inseguridad alimentaria, todo lo cual genera niveles diferentes de impactos en cada uno de los sectores poblacionales.
El cambio climático se reﬁere a los cambios que  ocurren a través del  tiempo en  el clima, independientemente de  sus  causas naturales o antropogénicas. Estos cambios climáticos a  nivel  mundial no  son nuevos, de hecho, constituyen un  factor que  ha  inﬂuenciado el curso de la historia y evolución humana (Cunningham et al., 2010:  1). La novedad de  nuestro tiempo consiste en  la creciente contribución de  los seres humanos a la  intensiﬁcación de  este  proceso, sobre todo debido  a nuestra masiva dependencia respecto a los combustibles fósiles, cuya combustión genera gases de efecto invernadero (GEI)[5].
Ahora bien, uno de  los  impactos del  cambio climático está relacionado con  el acceso a los  recursos naturales. Esto tiene especial importancia en relación al agua, en tanto se trata de un  bien natural, común, vital  e insustituible para los seres vivos,  y especialmente para los humanos que  tienen el derecho a su acceso, con  independencia de los  costos de  su  captación, reserva, puriﬁcación y distribución, que serán asumidos por  el poder público y por  la sociedad.
Por  otra parte, la  Conferencia Internacional sobre el  Agua  y el Medio ambiente,  convocada por   la  ONU  (2007), estableció cuatro principios. Uno  de  ellos  se  reﬁere a considerar que  el agua tiene un valor económico en todos sus  diversos usos en competencia, a los que debería reconocérseles como un  bien económico. Este principio ha generado polémica en cuanto a que, si bien el agua ha sido  reconocida como bien común, las  grandes trasnacionales se  niegan a hacerlo  y más aun, a que  se convierta en  un  derecho humano. Dicho reconocimiento limitaría su  capacidad de  mercantilizar la  naturaleza, mientras que  al desnaturalizar el recurso hídrico y visualizarlo como bien común existe la  posibilidad de  poner en  práctica cualquier tipo de manejo sobre el agua.
Ciertamente la calidad del agua depende de procesos naturales y, en mayor medida, de las actividades humanas —agricultura, procesos industriales, etc.—  que  inﬂuyen negativamente en  la  calidad de  las aguas naturales, degradan el recurso, lo tornan inutilizable y aun lo hacen desaparecer.[6]. De ello se deriva la mala calidad del agua, que  es considerada como la segunda causa de muerte a nivel  mundial. Según el Informe Mundial del  Desarrollo del  Agua  de la UNESCO (2003), la disponibilidad de  agua potable por  persona está disminuyendo, y se estima que  en  unos veinte años decrecerá en  30%,  mientras se duplican  los usos del agua para diferentes actividades.

A pesar de que  las Naciones Unidas estableció ocho metas dominadas Objetivos de  Desarrollo del  Milenio e hizo un  llamamiento a todas las  naciones para alcanzar soluciones a los  principales problemas que enfrenta la humanidad, el avance logrado es insuﬁciente. En relación al agua, la propuesta pretende que  para el 2015  al menos la mitad de la población deberá contar con  agua potable e infraestructura para aguas residuales. Lamentablemente, trascurrida la mitad del plazo es poco lo logrado. De hecho, en algunas regiones del mundo se ha  acentuado el deterioro del  recurso hídrico y cada día  son  más las personas que  no tienen acceso al agua.

Conflictos socio ambientales

Dentro de sus  múltiples acepciones, el término de conﬂicto se relaciona con  la idea de disputa —generalmente provocado por  la competencia por  un recurso—, la cual puede dirimirse a través de negociaciones o mediante la violencia. Los  conﬂictos expresan, así,  necesidades de cambios o ajustes en  las  estructuras sociales, sea  por  causas exógenas  como la escasez de  recursos, o endógenas, como cambios en  las estructuras de  poder o de  liderazgos. Con  ello,  al producirse un  conﬂicto, se genera un  “desafío adaptativo”, mediante el cual el sistema social debe atravesar por  un  proceso de  adaptación a las  nuevas circunstancias del medio (Sánchez, 2007).
Por   su  parte, los  conﬂictos socio-ambientales[7]  son   entendidos aquí como las  “[…] manifestaciones de transformación de las  estructuras de dominación y ajuste de las  relaciones sociales y económicas que  se generan a partir de las disputas en la dinámica de acceso y control  de  los  recursos naturales” (Sabatini y Sepúlveda, 1997:  52).  Este planteamiento permitiría analizar las distintas formas de apropiación social que  se  presentan en  las  sociedades, así  como el  acceso a  los recursos naturales en su relación con  la distribución de la riqueza y la posibilidad de su utilización sostenible.
La ecología política busca comprender la relación del ser humano con  la naturaleza mediante el estudio de  las  relaciones de  poder que surgen del vínculo entre la sociedad y el medio ambiente. Al respecto, Martínez Alier (2007) plantea que  dentro de los conﬂictos distintos actores tienen distintos grados de poder y pueden usar distintos grados de lenguajes de valoraciones, puesto que  en un  conﬂicto ambiental se despliegan grandes valores en  distintas escalas, que  no  son  conmensurables —ecológicos, culturales y económicos, relativos al derecho a la subsistencia de las poblaciones—.
Históricamente, en  efecto, han ocurrido conﬂictos feroces por la  apropiación de  la  naturaleza. La  colonización del  pasado y la neo-colonización experimentada recientemente en  la región de Latinoamérica han dado origen a una serie de desplazamientos, apropiaciones y expropiaciones de los recursos naturales. Tal  es el caso de  Potosí en  Bolivia con  el saqueo de  la  plata. O bien, las  guerras por  el petróleo en el Medio Oriente y en nuestra región. En  las cuales se reﬂejan las  expresiones de  control de  la naturaleza por  parte de  los  países centrales y de  las  trasnacionales, quienes asumen la lógica de la racionalidad económica, a través de la extracción de los recursos naturales.
Retomando lo planteado por  Hurtado (2007: 148),  el caso de Guatemala se caracteriza por  una alta conﬂictividad económica, política, social y cultural, la cual se explica a través de  un  análisis histórico y estructural. En el marco de la globalización y del modelo de desarrollo imperante —basado en la explotación utilitaria e irracional de los recursos naturales, que  afecta las condiciones ambientales del mundo e impacta de manera directa a los países dependientes, a comunidades y grupos sociales más pobres, marginales y vulnerables—, los conﬂictos  socio-ambientales en  Guatemala son  el  resultado de  la  escasez, distribución, acceso a los  recursos naturales, así  como de  problemas institucionales en  la gestión del  agua, falta de planiﬁcación urbana y crecimiento macrocefálico (Véase Lungo), producidos principalmente por  ﬂujos migratorios de población rural.
La  apropiación social de  la  naturaleza es  un  elemento primordial  para el estudio de conﬂictos. Por  ello,  las formas de organización y relaciones sociales determinan la  relación con  su  entorno natural transformándolo, pero a  la  vez,  sometiéndose a  los  límites establecidos por  el entorno natural. Así, desde el pensamiento ambiental se intenta que  las  personas —desde el nivel  comunal hasta lo  global— sustituyan el paradigma de racionalidad económica por  uno de racionalidad ambiental (Leff,  2006). En  este  proceso, las  organizaciones sociales deben jugar un papel determinante en las relaciones de poder con  la naturaleza, cuidarla y hacer uso  sostenible de los  recursos, en la perspectiva de lo que  Martínez Alier llama la ecología  de los pobres.
El conocer las relaciones de poder asociadas al acceso a los recursos permite entender tanto la dinámica general del conﬂicto, como las ventajas de  ciertos actores sociales sobre otros. Así, por  ejemplo, los actores sociales más débiles carecen de  los  recursos —políticos, económicos o de otro tipo— necesarios para lograr un  statu quo  satisfactorio. Esto, a su vez, se relaciona con  la privación de las capacidades, que  pueden ser  sociales, simbólicas o materiales, lo cual consolida la condición de exclusión y pobreza. Al respecto, la investigación encontró  que, en  el caso del  barrio Tierra Prometida en  Nicaragua, esto  se expresa en  abusos en  el acceso al agua por  parte de habitantes de un asentamiento ubicado en  la  parte alta, que  mantienen un  consumo excesivo y privan del recurso a los habitantes de la parte baja. O para el caso de Guatemala, cuando la escasez de agua en zonas urbanas del área metropolitana lleva  a bombear el líquido desde lugares cada vez más alejados de la ciudad.
Los  conﬂictos de  orden socio-ambiental expresan, así,  las  situaciones de poder y legitimidad inherentes a las relaciones sociales efectivamente existentes. En  este  marco, la  legitimidad tiene la  función de validar el ejercicio del poder de sus  actores —en este  caso, la Junta Directiva de  AFODECOM-Nicaragua, y el Comité de  Agua-Guatemala—.  Muchos de  estos conﬂictos ambientales resultan del  uso  que  se haga de  los recursos naturales como bien común, de  su  gestión, así como del tipo de propiedad. Esto nos  lleva a pensar en la propuesta de Garret Hardin (1968) ilustrada por  la Tragedia  de los bienes comunes[8], donde plantea que  la gestión de los recursos está en manos de individuos racionales, que  no se comunican entre sí y cuyo  máximo interés radica en obtener mayores ganancias con  el uso de los recursos-bienes comunes, hasta llegar a ser  insostenibles.

El caso de tierra prometida, nicaragua: situación del agua

Nicaragua ha experimentado transformaciones importantes en el ámbito político y en  la  estructura económica, los  cuales han generado cambios sociales y culturales en las esferas públicas y privadas. Nuestro  legado colonial incluye fenómenos sociales como la pobreza y la desigualdad social, que  se han incrementado con  el pasar del tiempo, a pesar de los esfuerzos que  se han puesto en marcha para restablecer una estabilidad económica en el país.
Siendo el  país más extenso de  la  región centroamericana,  con una superﬁcie de 130.373,47 km²  (INETER[9]) y privilegiado por  poseer abundante agua, cuenta con  una población de  casi  cinco millones y medio de habitantes distribuidos de manera desigual en su territorio. La mayor densidad de la región del Pacíﬁco, en un  territorio relativamente pequeño, está asociada a características como la alta demanda de mano de obra para las  plantaciones de monocultivo, el incremento  en  el proceso de  urbanización y la  concentración de  la  incipiente actividad industrial. Por  otra parte, la región del  Caribe ha  sido  escenario de un  incremento demográﬁco como producto del  avance de la frontera agrícola, aunque las  condiciones básicas de  la población no han sido  solucionadas y presenta deﬁciencias en la infraestructura de comunicación[10].
La información censal disponible indica que  para el 2005  la pobreza general era  de  48,3% y la  pobreza extrema del  17,2%. Como es  usual, la  pobreza afecta a  un  mayor porcentaje de  población residente en  áreas rurales que  a  la  residente en  áreas urbanas[11].  Así, con  un  55,8% de población urbana, un  6,7%  padece pobreza extrema, mientras en  el 44,2% de población rural este  mal  aqueja a un  30,5%. Esto indica que  la pobreza extrema tiende a incrementarse, y que  la población rural es la que  se enfrenta a mayores niveles de precariedad en las coberturas a los servicios básicos, incluidos el acceso al agua y saneamiento. Al respecto, cabe pensar que  únicamente el 34%  de  la población total tiene cubiertas sus necesidades básicas (INIDE, 2005).
El aumento de la pobreza y la deuda externa llevó  a Nicaragua a formar parte de  uno de  los  países elegibles dentro de  la iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (Highly Indebted Poor Countries, HIPC), deﬁnida por  el G7  para condonar la  deuda de  algunos países. Si bien fue  posible la aprobación de  su  “Estrategia de  reducción de la pobreza”, el fenómeno sigue en aumento.
Hidrográﬁcamente, Nicaragua presenta una distribución irregular de los recursos hídricos superﬁciales y subterráneos. Asimismo, su comportamiento es estacional y responde a zonas de drenaje o territorios  con  distintas características. Las  demandas y usos por  el recurso hídrico varían de  acuerdo a  las  características de  los  usuarios para cada una de las regiones del país. En  la región del Pacíﬁco, por  ejemplo,  predomina la  demanda para riego y consumo doméstico; en  la Central la demanda está relacionada con  la actividad de la ganadería y el aprovechamiento hidroeléctrico, mientras que  en la del Caribe las demandas ecológicas son  mayores.
El Informe de Desarrollo Humano 2006  Más  allá de la escasez:  poder, pobreza y crisis mundial del agua retoma las situaciones que surgen con  las  aguas transfronterizas a nivel  mundial. En  el caso de Nicaragua  cabe mencionar que  de las 21 cuencas del país, se comparten tres ríos  con  Honduras (Coco, Negro y Choluteca) y uno con  Costa Rica (San Juan). Esto ha  generado una serie de  conﬂictos sobre el uso  de los mismos para intereses diversos, que  podrían incrementarse como resultado del  cambio climático. En  la actualidad no  existen tratados de  cooperación para la gestión conjunta de  las  cuencas compartidas con  ninguno de los países limítrofes (ISF  y PS, 2008).
Así, la  situación de  los  recursos hídricos en  Nicaragua presenta particularidades asociadas a su territorio y a los cambios producidos por   el  incremento demográﬁco. Este último genera las  principales presiones que  los  seres humanos ejercen sobre los  recursos hídricos del  país, en  cuyo  marco operan los  efectos del  cambio climático que agudizan las condiciones de pobreza en las que  se encuentran los sectores vulnerables de la población.

Avances sobre la ley general de agua

En  Nicaragua ocurrió un  intento fallido de privatización del agua, en el marco de  los  Programas de  Ajuste Estructural  (ESAF I y II/1998-2001). En  dichos programas se  promovía la  participación del  sector privado en  la provisión de  servicios públicos, incluyendo el abastecimiento del  agua. Esto, lejos  de  mejorar las condiciones de  la  población, incrementó el abandono de  las  políticas sociales. Así, que  en  el 2002,  bajo presiones del BID y apoyado con  el gobierno neoliberal, se inició este  proceso de privatización del agua potable y del alcantarillado.  Sin  embargo, la acción de la sociedad civil y de instituciones interesadas por  el tema del acceso al agua potable y saneamiento permitió evitar la privatización del recurso.

La instancia encargada del  abastecimiento de agua potable y saneamiento fue  el Instituto Nicaragüense de  Acueductos y Alcantarillados (INAA).  En  1998,  la  institución fue  reformada para hacer del INAA un  ente regulador y ﬁscalizador de la prestación de los servicios y crear la  ENACAL,  como empresa estatal encargada del  abastecimiento de agua potable.
El artículo 105 de la Constitución Política de Nicaragua establece el deber del  Estado de  promover, facilitar y regular la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario en beneﬁcio de la población, siendo el acceso a este  servicio un  derecho inalienable.  Así mismo, se deriva que  ejercer el derecho al agua implica tener agua suﬁciente, segura y físicamente accesible y a un  costo asequible.
La Ley General de Agua (2007) establece que  los recursos hídricos son  Patrimonio de  la  Nación, correspondiendo al  Estado promover el  desarrollo económico y social por  medio de  la  conservación, desarrollo y uso  sostenible del  agua, evitando que  pueda ser  objeto de privatización alguna. Asimismo, deﬁne al agua como un recurso ﬁnito y vulnerable, esencial para la  existencia y el  desarrollo, que  constituye  un  recurso natural estratégico para el país, el acceso al  cual es un  derecho asociado a la vida  y a la salud humana. Este artículo está relacionado con  el Objetivo de  Desarrollo del  Milenio, número 7, en el que  se garantiza la sostenibilidad del  medio ambiente, y que  tiene como meta reducir el número de personas sin  acceso al agua potable y saneamiento para el año 2015.
El principal objetivo de la Ley General de Agua,  según lo expresa su  Artículo, consiste en  delimitar el  marco jurídico y las  funciones de  las  instituciones encargadas de  la  administración, conservación, desarrollo y uso  de los recursos hídricos de manera sostenible a nivel nacional regional y local. A su  vez,  establece un  marco conceptual sobre la gestión del recurso, enfatizando en la descentralización de la misma mediante la creación de nuevos agentes activos con  facultades amplias y globales. En  ese  marco, existe una estrecha relación entre actores del  sector público como privado que  asumen responsabilidades compartidas en la gestión, supervisión y ejecución de los recursos hídricos para el beneﬁcio de la sociedad nicaragüense.
Sin  embargo, a nivel  municipal la situación se agudiza, al ser  los gobiernos locales los encargados de ejecutar las acciones relacionadas con  la  gestión del  agua, así  como, de  la  oferta y demanda  —como otros actores con  responsabilidades del  agua[12]—. Si  bien existe una política de descentralización de las municipalidades, estas carecen del ﬁnanciamiento necesario para llevar a cabo las acciones encaminadas a mejorar el acceso al agua de  calidad y al saneamiento para las  poblaciones del país.
La aprobación de la LGA signiﬁcó un  paso importante en la legislación del  país y su  relación con  el tema del  acceso al agua potable y al saneamiento para la población nicaragüense. Sin  embargo, existen demoras en  la  creación de  las  instancias adecuadas para atender la oferta y demanda del recurso, mientras a nivel  local  se multiplican los esfuerzos por  apropiarse de la LGA para el beneﬁcio de la población.

Origen y características del barrio tierra prometida

El barrio Tierra prometida está ubicado en el Distrito III de la ciudad de Managua, localizado en la parte sur-occidental. Una  buena parte de su territorio se encuentra en la Cuenca de las Sierras de Managua, por las cuales bajan las corrientes de agua pluvial que  atraviesan el Distrito de sur  a norte. Dentro del Distrito se encuentra la laguna de Nejapa, la cual fue  afectada por  la deforestación y la expansión urbana hasta desaparecer por  completo.
El Distrito III limita al norte con  Distrito II, al sur  con  el Municipio  del Crucero, al este  con  los Distritos IV y V y al oeste con  el Municipio de Ciudad Sandino. Alberga a 145  barrios, de los  cuales 24 son residenciales, 3 barrios tradicionales, 16 barrios populares, 29 urbanizaciones progresivas, 68  asentamientos espontáneos[13]  y 5 comarcas. Por  su  extensión territorial es uno de  los  distritos más grandes de  la ciudad de Managua. Cerca del  60%  de su  territorio pertenece al área rural y el 40% al área urbana.
El  distrito presenta serios problemas ambientales, como en  el resto de la ciudad. Destaca la deforestación en la parte sur  de su territorio, caracterizado por  pendientes agudas que  forman una barrera física para la  expansión de  la  ciudad. Además, presenta problemas de  erosión severa en  la  cuenca de  Las  Sierras de  Managua. El  distrito está asentado sobre dos  fallas geológicas —Tiscapa y Nejapa—, lo cual incrementa el riesgo sísmico asociado a construcciones que carecen de precauciones técnicas. A lo anterior se añaden otros problemas de orden más general en los barrios y asentamientos urbanomarginales, como la escasez de  agua, falta de  servicios de  aguas residuales, vertederos espontáneos en  predios baldíos, contaminación auditiva, y cauces llenos de  basura. El  barrio Tierra Prometida, en particular, es uno de los principales puntos de concentración de desechos sólidos en el Distrito.
El  barrio fue  fundado por  migrantes internos, provenientes en su  mayoría de  la  zona del  Pacíﬁco, en  cuyo  imaginario las  ciudades constituyen un  referente de desarrollo, junto a otros, provenientes de algunas áreas marginales de  Managua. El  crecimiento desordenado ha  llevado a  las  personas a  crear asentamientos urbano-marginales cuyas deﬁciencias en  materia de  infraestructura y servicios públicos incrementan el empobreciendo de sus  habitantes.
El 20 de agosto de 1991  un  grupo de personas se tomó las tierras ubicadas en  el sector conocido como los  Juzgados de  Managua. En demanda de  espacios para habitar con  sus  familias hombres, mujeres e hijos/as ocuparon las  tierras, improvisando champas[14]  para resguardar el lugar. Las tierras tomadas estaban en manos de empresarios, quienes no  deseaban ceder a las  demandas. Esto agudizó el conﬂicto, pues en  reiteradas ocasiones fueron desalojados por  fuerzas  de antimotines.
El  estudio realizado por  López y Silva  (2006) indica que  la PEA del barrio representa el 44% de la población entre hombres y mujeres. Se  ha  estimado que  el ingreso promedio de  las  personas empleadas formalmente es de C$3,195, quienes se emplean en el sector de las instituciones públicas, empresas y en pequeños negocios propios. La infraestructura de las viviendas del barrio se caracteriza por  el predominio  de construcciones con  techos de zinc, paredes de bloques y pisos de  ladrillos, con  una representación menor de  las  construcciones de materiales de desecho y pisos de tierra. Estas viviendas están ubicadas en  el sector sur, a orillas de  uno de  los  cauces que  cruzan el barrio, donde se presentan mayores casos de pobreza y escasez de agua.
En  los recorridos realizados en  el barrio se observó la existencia de problemas higiénicos sanitarios —presencia de aguas residuales en las calles, mala calidad del servicio de agua potable, botaderos de basura a orillas de los cauces, deforestación, entre otros. Los tres cauces que  atraviesan el barrio han sido  convertidos en  vertederos espontáneos de basura. Esto provoca que  el cauce ubicado en el sector suroeste inunde la calle  adoquinada, por  ser  el único sitio de evacuación de la escorrentía—.
Entre las organizaciones presentes en el barrio se encuentran un Puesto de Salud —actualmente no se brinda atención a la población—; iglesias de distintas nominaciones; organizaciones políticas-CPC (Consejo de Participación Ciudadana) y dos ONG: FUNJOFUDESS[15]  y AFODECOM[16]. En  la actualidad la población del barrio sigue demandando la instalación del servicio básico de agua potable para mejorar sus  condiciones de vida,  a través de la organización comunitaria y del acercamiento con  las instancias correspondientes.

Situación del  acceso al agua

El  acceso al  agua a  nivel  nacional es  limitado, debido a  obstáculos relacionados con  factores antropogénicos y naturales. Esto propicia que  se incremente la escasez de agua en muchos barrios urbano-marginales de Managua. Los habitantes de estos barrios deﬁnen su condición de  pobre/no pobres en  la medida que  resuelven sus  necesidades básicas, y el acceso al agua potable de calidad y constante determina su posición dentro del barrio.
En  Tierra Prometida, el sector sur  es considerado como de extrema  pobreza porque predominan el  desempleo y la  construcción de casas con  ripios, están ubicados a la orilla de  uno de  los  cauces que atraviesan el barrio y no cuentan con  servicios básicos: hasta hoy,  sus habitantes no han tenido acceso al servicio de agua potable de manera adecuada. La población del barrio ha tratado de atender sus necesidades de manera empírica y sin el conocimiento de las normas técnicas, instalando tuberías de  agua potable en  cualquier parte de  las  calles, invadiendo las bandas destinadas para otros servicios. De esto  resulta que  ninguna conexión domiciliar tiene medidor y ENACAL  cobra el servicio por  cuota ﬁja.  Esto los  ha  llevado a  organizarse a  nivel  comunitario para gestionar y demandar el derecho al agua potable y el servicio de aguas residuales ante ENACAL.

La encuesta poblacional realizada por  López y Silva  (2006) indica que  el  96%  de  las  viviendas cuenta con  servicio domiciliar de  agua potable, mientras el 4% se abastece comprando el agua a sus  vecinos o  recibiéndola sin  costo alguno. Además, se  encontró que  el  barrio no  cuenta con  el servicio de aguas residuales, y únicamente el 9% de las viviendas está conectado a la Red  de Alcantarillado de Managua[17], mientras el 35% de la población ha instalado tuberías para aguas residuales, las cuales no cuentan con  un  drenaje adecuado. El carácter de ilegalidad de la red  de abastecimiento efectivamente existente complica la gestión y demandas de los pobladores ante ENACAL.

Conflictos surgidos a raíz de la escasez del  agua

El incremento de la población y la migración campo-ciudad presiona sobre el recurso hídrico, y ha deprimido las vías de acceso al agua que actualmente existen en el barrio, de las que  se conectan un sin número de ramiﬁcaciones que  abastecen durante pocas horas del día  a los hogares. Esta situación explica el surgimiento de conﬂictos por  el acceso al agua, dentro y fuera del barrio.
Las  nuevas conexiones espontáneas que  los pobladores hacen de las  tuberías de agua que  rodean el barrio han provocado ciertos conﬂictos entre vecinos. Varios informantes manifestaron que  uno de los principales focos de conﬂicto se ubica en el sector sur  del barrio, uno de los más afectados por  la escasez del recurso y el más pobre. Dicho sector se abastece de agua mediante la conexión a la tubería que  llega desde el lugar conocido como el kilómetro 8 Carretera Sur, la cual suministra a todos los sectores residenciales y a los proyectos de urbanización del área, quedando al margen la mayoría de los asentamientos urbano-marginales.
Aunado a esto, en  los  alrededores del  área de  estudio han surgido  otros asentamientos urbano-marginales, como es  el  caso de  Los Retirados del  Ejército y Las  Lomas, quienes han mermado e incluso cerrado el ﬂujo  del  agua al  sector sur, originando un  conﬂicto entre ambos asentamientos. Los vecinos del asentamiento Los Retirados del Ejército, por  ejemplo, han puesto una llave de paso a la tubería madre, la  cual cierran cuando el ﬂujo  del  líquido no  es  abundante, dejando sin  abastecimiento por  días al sector sur  del barrio Tierra Prometida. Si  bien este  conﬂicto entre vecinos perjudicados ha  generado amenazas y agresiones verbales y físicas, los  vecinos recuerdan un  único incidente en el que  fueron amenazados con  arma blanca.

En  el conﬂicto destacan dos  roles: el de los vecinos más antiguos, que  realizaron el trabajo de zanjeo para introducir las tuberías conectadas hasta sus  hogares, y el de  los  vecinos que  han llegado recientemente al  barrio, que  tienen la  necesidad de  satisfacer su  derecho al acceso al agua. En  los  otros sectores del  barrio las  condiciones de acceso al agua no han sido  tan conﬂictivas durante los últimos cuatro años. A pesar que  la mayoría de los hogares no  cuentan con  la cobertura del agua por  parte de ENACAL, el nivel  de entendimiento ha sido efectivo. Parece evidente, así, que  en las tensiones sociales asociadas a los conﬂictos socio ambientales se expresan relaciones de poder y legitimidad, puesto que  los más antiguos pobladores asumen el derecho de  controlar a quién se le permite hacer nuevas conexiones de  agua entre las ramiﬁcaciones existentes, y a quién no.

Estrategias de solución a los conflictos

La necesidad de acceder al agua ha llevado a la población entrevistada a desarrollar mecanismos que  propicien soluciones a sus  problemas. Dado que  los conﬂictos en el barrio se han originado por  la demanda de la población a garantizar su derecho al agua, la solución a los mismos está en dependencia de las capacidades que  tienen los vecinos de buscar el equilibrio en el acceso al recurso.
Actualmente, los  pobladores del  barrio están organizados. Esto les ha permitido concretar esfuerzos para encaminar y hacer efectivas las  gestiones ante ENACAL.  La  capacitación a líderes y lideresas de la AFODECOM ha  propiciado espacios de  incidencia política para el beneﬁcio de  la  comunidad. La  efectividad de  la  organización entre vecinos ha  permitido identiﬁcar las  condiciones de vida,  crecimiento demográﬁco y de conﬂictos en el barrio.
En cada cuadra existe un voluntario/a que  facilita el diálogo entre los habitantes y procura mediar en la discusión entre los vecinos que introdujeron las tuberías y los nuevos pobladores, llegando a establecer  arreglos de  pago en  concepto de  introducción de  las  tuberías. El dueño de  la tubería le cobra el recibo al otro vecino, lo que  a su  vez permite cubrir el pago mínimo a ENACAL.  Además, la organización ha  permitido la gestión proyectos con  ENACAL con  un  costo simbólico a través del trabajo comunitario en la introducción de las tuberías. Sin  embargo, esta no ha sido  la constante en el barrio, puesto que  son pocas las cuadras donde los vecinos/as se han organizado.
En  otros casos, las estrategias de solución están en manos de las mujeres, quienes asumen la  mayor responsabilidad en  los  hogares y cuyo  vínculo con  el agua es  signiﬁcativo. Muchas de  ellas  visitan los  hogares donde el acceso al agua es posible durante ciertas horas al día  para cumplir con  los  quehaceres del  hogar. Este es el caso de Gabriela, quien es voluntaria del  sector sur  del  barrio, y cuenta con conexión de  agua. Ella  permite que  alrededor de  12 mujeres lleguen a  su  casa a  lavar, abastecerse de  agua y hasta realizar necesidades higiénicas, así  como permite la  conexión de  su  tubería a  dos  casas vecinas sin  cobro alguno.
Cabe destacar que  el trabajo realizado por  AFODECOM en cuanto  a  la  gestión del  agua ha  sido  signiﬁcativo a  nivel  comunal a  tal grado que  actualmente cuentan con  la aprobación de un  proyecto de agua potable y saneamiento con  ENACAL.  El trabajo de concientización sobre el uso  racional del  recurso y las  visitas casa a casa facilitaron la  identiﬁcación del  desabastecimiento de  agua. Actualmente  el proyecto se encuentra en  la fase  de  recuperación de  la cartera por parte de ENACAL.

El caso de llano largo, guatemala y sus implicaciones en el acceso al agua

La  historia de  Guatemala incluye largos períodos de  gobiernos militares. Esto favoreció el surgimiento del  conﬂicto armado interno que duró 36  años, que  a  su  vez  agudizó, entre otras, las  situaciones de pobreza y desigualdad. La ﬁrma de los Acuerdos de Paz  en 1996  abrió paso a gobiernos civiles que, a pesar de los esfuerzos por  cumplir con los  compromisos adquiridos en  materia de  pobreza, han adoptado una serie de políticas nacionales que  han incrementado las  condiciones  de  pobreza entre los  sectores más vulnerables. Esta situación va de la mano con  obstáculos que  limitan el ejercicio democrático de la ciudadanía, como el incremento de la delincuencia y el narcotráﬁco.
Actualmente, la  ciudad de  Guatemala es  la  más grande y cosmopolita en  la región centroamericana. También es una de  las  más desiguales. Según el censo del año 2002,  Guatemala tenía 11.237.196 habitantes, con  un  61,5% de población indígena. La capital, con  más de  tres millones de  habitantes, es  la  ciudad más poblada del  país, concentra la mayor oferta laboral de la región, representa un  destino migratorio tanto a lo interno como para inmigrantes de otros países (INE, 2002) y presenta un  fuerte desarrollo urbano. La  ciudad está asentada sobre una meseta rodeada de  cuencas frágiles y deterioradas  por  la proliferación de urbanizaciones. Los  sectores empobrecidos  están ubicados en los declives de los barrancos, lo que  incrementa su vulnerabilidad.
La última encuesta sobre condiciones de vida  (INE, 2006), indica que  el 51%  de  la población de  Guatemala vive en  condiciones de  pobreza y el 15,2% vive en  pobreza extrema. El  país ocupa la posición 118  en  el Índice de  Desarrollo Humano y, si  bien presenta ingresos relativamente altos en comparación con  el resto de la región, presenta también los peores indicadores en relación a la salud y educación.
En  materia de  servicios básicos, la  cobertura del  agua potable en  Guatemala es  de  92%  en  el área urbana y 54%  en  el área rural. La  cobertura de  saneamiento básico es  de  72%  en  el área urbana  y del  52%  en  área rural (UNICEF, 2010). La  falta de  cobertura a  nivel nacional y de  calidad del  recurso, se  reﬂeja en  las  altas tasas de morbilidad y mortalidad infantil[18], índices de desnutrición, ambiente insalubre, proliferación de enfermedades hídricas, entre otros (Mesa et al., 2009:  32).
En  Guatemala, la disponibilidad del agua subterránea ha  disminuido a consecuencia de  la arbitrariedad en  la regulación y control en  la construcción de  pozos, principalmente en  la Capital. Además, muchas de  las  fuentes están contaminadas. Todo ello  afecta la oferta de  agua para atender una demanda creciente, vinculada al crecimiento demográﬁco, los  proyectos de  urbanización y el  desarrollo de la industria.

Algunos estudios  (Colón, 2005;  PNUD,   2008) concluyen que  la calidad del  agua en  el  país no  es  buena y las  tarifas no  cubren las acciones de  mantenimiento de  los  sistemas de  conexión domiciliar, en  particular en  los  lugares cuyo  suministro depende de  medios no convencionales —como camiones cisternas, ríos  y manantiales—. En síntesis, la falta de cobertura, calidad y acceso a los servicios de agua potable y saneamiento han llevado a las capas más vulnerables a perpetuar su  condición de  pobreza, lo cual a su  vez  expresa la  falta de efectividad en los compromisos adquiridos por  el Estado en los Objetivos  de Desarrollo del Milenio.

Hacia dónde se camina en la gestión legal sobre el acceso al agua

Guatemala es  el único país de  la  región que  no  cuenta con  una Ley General de Agua  que  ayude a regular el acceso al recurso. Esto representa un tema vigente por  su importancia en garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida  de la población, pues a nivel  legislativo lo que  existe es un  sinnúmero de normas contenidas en leyes,  códigos y reglamentos con  principios disímiles y emitidos en distintos momentos.
Si bien el artículo 117  de  la Constitución de  la República (1985) establece que  todas las  aguas son  bienes de  dominio público, inalienables e imprescindibles[19], en  la práctica el agua es tratada como un bien de propiedad privado, pues el recurso pertenece al individuo que tenga una fuente de agua dentro de su propiedad, y puede ser  comercializado como cualquier otro bien (Sánchez, 2007:  45).  Esto representa una amenaza para la salud pública, pues una vez construidas las fuentes de  agua —públicas o privadas—, el saneamiento del  recurso no es asumido por  las municipalidades ni por  los particulares.
Las  municipalidades tienen la responsabilidad de  suministrar el recurso en el área urbana, mientras que  en las rurales son los Consejos de Desarrollo junto con  los Comités de Agua,  bajo la lógica de la descentralización. No  obstante, en  zonas urbano-marginales, la calidad, presión y costo del agua son  inmensurables y de baja calidad.
Ante  la  evidente necesidad  de  reformar y  modernizar la  cobertura y calidad de  los  servicios públicos de  agua potable y aguas residuales, se exigen acciones concretas en  beneﬁcio del  acceso universal y de  calidad del  agua potable. Este es el camino que  han emprendido las  instancias encargadas del  acceso y distribución del agua, pese a la falta de planteamientos nacionales en la materia, debido a que  no  se ha  favorecido la discusión incluyente de las  partes interesadas en  el tema.

Llano largo, su origen

El área metropolitana de la ciudad de Guatemala se divide en 21 zonas consecutivas y la zona 25 ubicada hacia el Atlántico. El  crecimiento demográﬁco ha propiciado que  los habitantes incrementen sus luchas en  la  búsqueda a  satisfacer las  condiciones dignas de  vivienda mediante invasiones a lugares de alto  riesgo como laderas de barrancos, donde la precariedad y el hacinamiento incrementan las  condiciones de pobreza.
La colonia Llano Largo pertenece a la zona 25,  localizada en  el kilómetro 16,5  de  la  carretera al  Atlántico. Limita al  Norte y Este con  el municipio de  Palencia, al  Sur con  la  colonia Pinares de  Llano  Largo y al Oeste con  la carretera al Atlántico. Hasta hace cuatro años, la  municipalidad auxiliar de  Santa Delﬁna ha  incidido en  la solución de  las  necesidades de  agua potable y saneamiento, incluso en  el  ordenamiento urbano asignando nomenclaturas con  número de  calles y avenidas a los  lotes registrados que  pagan impuestos sobre  los bienes inmuebles.
Sus  habitantes cuentan con  una escuela primaria e  iglesias de distintas congregaciones. La Policía Nacional Civil realiza patrullajes para velar  por  la seguridad de sus  pobladores, puesto se trata de una de las zonas afectadas por  la delincuencia y el crimen organizado. La Municipalidad se hace presente a través de la organización de los Comités de  Barrio integrados por  líderes y lideresas de  la colonia, interesados en trabajar voluntariamente para el beneﬁcio de la población en general.
La  colonia Llano Largo surgió hace treinta años. A diferencia del barrio Tierra Prometida, nacido de una toma de tierra, en Llano Largo, los  lotes fueron vendidos por  una lotiﬁcadora que  estaba a cargo del  ingeniero Anleu, quien además se  encargaba del  cobro para el mantenimiento de la bomba de agua. Aun  cuando la mayor parte de  sus  pobladores proviene del  interior del  país, principalmente de  la zona de  Oriente, otros han llegado de  las  zonas cercanas  de la ciudad, principalmente las  5, 6 y 18. Dado que  en  la zona de  Oriente de  Guatemala predomina una población que  se  autoidentiﬁca como no indígenas, la existencia de población indígena en el barrio es minoritaria.

    ¿Cómo acceden al agua en la colonia Llano Largo?
A medida que  la colonia se fue poblando, sus  habitantes contaron con algunos servicios como luz eléctrica, vías  de acceso de terracería y acceso  al agua proveniente de un pozo perforado por  la lotiﬁcadora. Este es un atractivo utilizado constantemente en los proyectos habitacionales urbanos, que  termina asociándose con  el agotamiento del  recurso por  el uso  irracional y por  las  características hídricas locales, y ocasiona pérdidas materiales, descontento y conﬂictos entre los usuarios.
En  un  principio, el acceso al agua era  ﬂuido y constante. Sobre la calidad de la misma, las  personas entrevistadas coinciden en  que  era muy buena. Sin  embargo, no  todos los  sectores de  la  colonia tienen acceso al agua. Los ubicados en partes altas presentan diﬁcultades de acceso, por  lo tanto, se ven en la necesidad de comprar el agua de los camiones cisternas que  llegan a la colonia y que  no les garantizan las condiciones de sanidad.

El  incremento de  la  demanda gradualmente provocó la  escasez del agua. Esto se vio agravado por  la cercanía a la zona 18, una de las más densamente pobladas, en la cual el abastecimiento y saneamiento  del agua es limitado. Ante  esta situación, los  pobladores accedían al agua por  medios poco conﬁables en  cuanto a calidad y seguridad, como camiones cisternas, a precios elevados para las  condiciones de vida  de la mayoría de sus habitantes. Estos problemas demuestran las limitaciones de la cobertura de EMPAGUA como el ente encargado de distribuir el recurso es limitado.

Conflictos que han surgido por  el acceso al agua y medidas tomadas para la solucionarlos

La falta de acceso al agua por  el agotamiento del pozo de la colonia ha propiciado conﬂictos entre sus  pobladores y ha estimulado iniciativas para garantizar el abastecimiento. El  principal conﬂicto surgió hace cuatro años, al secarse el pozo tras veintiséis años de explotación, debido a las características geológicas de la zona, pues el manto acuífero no es abundante.
Ante  esa  situación, uno de los vecinos con  mayores posibilidades económicas mandó a perforar un  pozo privado. Este tipo de iniciativa no es controlada por  EMPAGUA, por  la falta de Ley de Agua que  regule las acciones relacionadas con  el acceso al recurso.
Esto dio  lugar a dos  situaciones. Por  un  lado, una vez enterados los vecinos de la perforación, se organizaron para demandarle al dueño  la posibilidad conectarse al pozo a través de  la instalación de  las tuberías. Por  otro, debieron encarar el hecho de acceder al recurso a sabiendas de  que  el mismo no  cuenta con  análisis sobre la calidad y tiene un  costo elevado.
Esto se vio agravado en cuanto las personas entrevistas coincidieron en que  no cuentan con  todo el apoyo de la Municipalidad de Guatemala. Además, la colonia Llano Largo se encuentra cercana al límite entre los municipios de Guatemala y Palencia, hecho que  ha  sido  disputado a nivel  municipal a la hora de las  campañas electorales, pero abandonado en la solución a las gestiones locales de sus  pobladores.
En  estas circunstancia, los  pobladores han debido organizarse a nivel  comunitario, a través de  la integración y vinculación al Comité de Agua,  que  ha  sido  encausado por  la Municipalidad de la ciudad de Guatemala y las  “mini munis” para garantizar y organizar el trabajo en  cada zona, de  acuerdo a las  demandas y necesidades locales. Por ejemplo, se ha  facilitado el apoyo de la Municipalidad para construir drenajes de aguas pluviales.

Una  vez  acordado con  el dueño del  pozo al  acceso al  recurso, los  vecinos/as se dieron a la tarea de  invertir recursos materiales y capital social en la solución del conﬂicto, al destinarse para la compra de  materiales e introducir las  tuberías a los  hogares atendidos. Pareciera que  esta solución ha  sido  positiva, pero en 

términos económicos, algunas personas entrevistadas sostuvieron que  si bien se cuenta con  agua las 24 horas del día,  el precio a pagar ha propiciado que  se disminuya el acceso a otros alimentos de  la  canasta básica. Sin embargo, la población más empobrecida de la colonia no cuenta con  los ingresos para introducir las tuberías ni pagarle al dueño del pozo por  la distribución del  agua. Y se ven  en  la necesidad de comprar agua a los camiones cisternas arriesgando la salud.

Conclusiones

El  propósito de  la  investigación radicó en  explorar las  situaciones que  surgen a raíz de  la escasez de  agua y su  estrecho vínculo con  la persistencia de las condiciones de pobreza en asentamientos urbanomarginales de Guatemala y Nicaragua. Se priorizó el enfoque cualitativo,  rescatando las voces  y el sentir de los propios actores sociales en  contextos coyunturales y estructurales que  responden a lógicas neoliberales sobre el uso  irracional e instrumental de los recursos naturales. De tal  manera, que  el punto de partida de la investigación son  los resultados aportados sobre la base empírica de la investigación.
A nivel  de  la  región centroamericana, la  situación del  acceso  y saneamiento al  recurso hídrico representa un  tema que  está empezando a generar preocupación en  las  personas afectadas por  la escasez  del  recurso. Además, los  gobiernos de  la  región han asumido el compromiso de  cumplir con  los  Objetivos de  Desarrollo del  Milenio, especíﬁcamente el 7, que  busca reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que  carecen de agua potable segura y saneamiento básico. Ciertamente, los gobiernos de turno han propiciado un mínimo nivel  de  cumplimiento del  objetivo, y los  avances presentan un  déﬁcit en cuanto a la cobertura y calidad para garantizar el consumo  humano.
En ambos contextos de estudio se reﬂejan disparidades en cuanto a la elaboración de un marco jurídico que  regule el funcionamiento de los entes encargados del acceso al agua por  las poblaciones. En el caso de Nicaragua, se cuenta con  una Ley General de Agua  (2007), la cual ha facilitado el mejoramiento de las condiciones de acceso al recurso, aunque es evidente el desconocimiento y empoderamiento de las  poblaciones sobre el contenido de la Ley. Mientras, Guatemala carece de un  marco jurídico que  regule la situación del agua.
El estudio constató que  en ambos asentamientos el acceso al agua es limitado, lo que  lleva  a los  habitantes a desarrollar estrategias de abastecimiento de acuerdo a las condiciones de vida  en las que  se encuentran. Lógicamente, la escasez de  agua ha  generado conﬂictos tanto entre vecinos como entre barrios colindantes. La  apropiación del recurso ha  sido  una constante en estos conﬂictos.
Si bien hay  muchas necesidades y algunas iniciativas de  proyectos  de incidencia política a nivel  comunitario y municipal, hace falta la  cohesión y participación de  todos los  habitantes. Para el caso de la colonia Llano Largo, es evidente la falta de  motivación de  sus  pobladores para participar e integrase en  las  actividades comunitarias, lo que  hace fundamental estimular el desarrollo del  capital humano y social en  la colonia Llano Largo. En  cambio, en  el caso del  barrio Tierra Prometida la  apertura de  los  vecinos/as a  la  organización ha propiciado espacios de gestión y negociación con  los entes encargados de la distribución del agua para el beneﬁcio de la población.
El agua constituye un  recurso natural de mucha importante para los  seres humanos, porque permite nuestra existencia y propicia el desarrollo de los  grupos humanos. Por  lo mismo, la relación entre la demanda del  recurso y la cantidad disponible es frágil. En  las  condiciones actuales, además, la escasez de agua a nivel  mundial derivada de la desigual distribución territorial del  recurso, se complica debido a la deforestación, la emisión de GEI  a la atmósfera, la mala disposición de los  residuos sólidos y de las  aguas residuales en  las ciudades y el calentamiento global, todo lo cual genera escenarios irreversibles para la humanidad.
El  siglo  XXI,  en  efecto, se caracteriza ya por  una crisis ambiental  global. Esto nos  obliga a enfrentar la necesidad de  un  cambio de paradigma, que  reconozca al  agua como bien común y patrimonio mundial de  la humanidad y haga del  acceso al agua un  derecho humano primordial: es decir, como un  principio fundamental de la vida, que  no puede ser vista bajo la lógica de la racionalidad económica que genera el detrimento de los recursos naturales del planeta, y por  ende, de la humanidad. Estamos ante un  enorme desafío: tratar de cambiar la concepción mercantilista, que  no  ha  conducido a más que  a la petrolización del agua, convirtiéndola en el oro  azul.

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Antropóloga por la UNAN-Managua y Magíster en Ciencias Sociales por FLACSOGuatemala. Docente investigadora del Centro Interuniversitario de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, CIELAC-UPOLI. ↵

Empresa Municipal de Agua de Guatemala.↵

2 Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados↵

En la región centroamericana son evidentes los múltiples rostros de la pobreza manifestados en: la proliferación de la economía informal, incremento en los porcentajes de los ﬂujos migratorios externos e internos, asentamientos humanos empobrecidos, incremento en las tasas de desempleo, desnutrición crónica y mortalidad infantil —principalmente en áreas rurales—, niños y niñas desamparados en las calles, incremento de la delincuencia, entre otros.↵

Son componentes químicos, como el vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxidos nitrógenos que se encuentran en la atmósfera. Actualmente, por las actividades del ser humano se emiten más dióxido de carbono y otros gases invernaderos más intensos dentro de la atmósfera, lo que está provocando el calentamiento global. ↵

Para el caso de Guatemala lo podemos ejempliﬁcar mencionando que dos de los principales ríos que cruzan el área metropolitana se han secado: El río Las Vacas y el de Villalobos. Los cuales han desempeñado un papel importante en materia ambiental, con la diferencia que actualmente lo hacen de forma negativa, al ser utilizados como cauces con desechos y transportar enfermedades a la zona de oriente del país. Uno de los casos emblemáticos en Nicaragua se reﬂeja en la desaparición de la laguna de Nejapa, así como, la contaminación del lago Xolotlán que por sí solo representa una fuente hídrica que pudiera ser aprovechada para la satisfacción de la demanda de agua del país.↵

Cabe mencionar la propuesta de Leff (2006) donde sostiene que los conﬂictos socio-ambientales son abordados dentro de la ecología política, donde se hace referencia a las implicaciones de los conﬂictos en las relaciones de poder y al vínculo entre la sociedad y el medio ambiente, así como las formas dominantes de apropiación de la naturaleza y la contaminación ambiental↵

Hardin presentó el escenario al imaginarse una aldea en la que cada familia es propietaria de su ganado, pero comparten en común los pastos. En el pastizal abierto, los individuos llevan a sus animales para alimentarlos. Ninguna familia estimula el cuidado de los pastos, o procura que no se agoten por medio de controlar o reducir el uso que hace su ganado de los bienes comunes. Esta situación es descrita con el “dilema del prisionero”.↵

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. ↵

El Informe de Desarrollo Humano (2005) evidencia que el porcentaje de tomas de aguas domiciliares es menor al del Pacíﬁco y se estima que el 60% de su población no tienen acceso a agua de calidad. Generalmente, el agua no es tratada adecuadamente, puesto que no se cuenta con plantas de cloración↵

Cuatro de cada 10 personas (39,4%) viven con menos de un dólar al día y las tres cuartas partes de la población (75,8%) sobrevive con menos de dos dólares al día↵

En este contexto municipal convergen otros actores como ENACAL, el Nuevo Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) y en el ámbito rural, los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS). Estos juegan un papel preponderante en la búsqueda de estrategias viables del agua potable y del saneamiento.↵

La mayoría de la población reside en los asentamientos espontáneos, constituyendo una de las principales problemáticas urbanas del distrito. De tal manera que las construcciones de los asentamientos presentan restricciones físicas y riesgos, al encontrarse mal ubicados a las orillas de los cauces, derechos de vías, torres de alta tención, áreas de inundación, entre otras↵

Así se les llama a la improvisación de un lugar para vivir, construido de ripios.↵

Fundación Jóvenes de Futuro para su Desarrollo Educativo, Social y Sostenible. FUNJOFUDESS brinda capacitación a lideres/lideresas comunitarios/as del barrio en temas de gestión y fortalecimiento comunitario. Actualmente, se encuentran en la III fase del programa.↵

Asociación para el Fortalecimiento del Desarrollo Comunitario-Barrio Tierra Prometida. Fundada en el 2005, actualmente abordan temas de gestión de agua potable y residual, energía eléctrica, medio ambiente, salud sexual-reproductiva, ﬁnanciamiento de pequeñas empresas locales y artes dirigido a niñas/os. ↵

De acuerdo con los planos de la Red de Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Managua-ENACAL, en el barrio Tierra Prometida no existe una red de aguas residuales. Sin embargo, en los sectores aledaños se localizan las siguientes tuberías: Al norte se localiza una tubería de concreto de 15 pulgadas (Colectora “A”) que drena de oeste a este, esta tubería trabaja al 36% de su capacidad total, y se encuentran en ella siete pozos de visita. En la parte noroeste del mismo se encuentra la subcolectora “A1” de concreto, con 10 pulgadas de diámetro que drena de sur a norte, a lo largo de la cual se identiﬁcaron cinco pozos de visita. ↵

Por ejemplo, en la región Centroamericana, Guatemala presenta la tasa más alta de mortalidad infantil con el 32% por cada 1000 nacimientos y la tasa de analfabetismo corresponde al 31% de la población mayor de 15 años de edad. De acuerdo con los estándares de la OMS, presenta el 53% de desnutrición a nivel de Latinoamérica ↵

El carácter de bien público inalienable signiﬁca que las aguas no pueden ser enajenadas y el carácter de bien público imprescindible signiﬁca que no pueden ser adquiridas en propiedad por ningún medio legal.↵

Los pobres ante el nuevo contexto del cambio climático y la destrucción de los recursos naturales en Honduras

Luis Martínez Estrada[1]*

Introducción

Centroamérica se  encuentra entre las  principales regiones con  alto riesgo climático a nivel  mundial, esto  es producto de  que  en  las  últimas décadas los  fenómenos meteorológicos han mostrado mayores efectos devastadores. Los  estudios realizados por   la  CEPAL  prevén que  las alteraciones en los niveles de la temperatura promedio y precipitación que  experimentará la región y, consecuentemente, Honduras será de  tal  magnitud que  el  efecto sobre los  sectores  productivos  y sociales podrían alcanzar un  carácter de  desastre, mientras una evaluación de los impactos económicos a futuro muestra que  las pérdidas podrían ser entre 4% y 19% del PIB (Ordaz et al., 2010). Estos pronósticos son  consistentes con  la  evolución del  Índice Global de  Riesgo Climático construido para el período 1997-2006 que  ubica a Honduras  en  la  primera posición entre países con  altos niveles de  riesgos[2] (Harmeling, 2007).Pareciera que  la diosa fortuna nunca echó una mirada hacia este país, ya que  su corta pero vasta historia ha estado impregnada de una creciente pobreza, desigualdad social, desastres socioambientales y conﬂictos políticos que  se han agudizado en  los  últimos años. En  la actualidad se agrega un  nuevo capítulo a la trágica novela que  relata el devenir de Honduras, el llamado cambio climático. Estudios, como los de Rosenzweig y Parry, revelan que  los mayores efectos negativos de  dicho cambio en  el clima se presentarían en  los  países en  vías  de desarrollo (Rosenzweig y Parry, 1994). Ante  este  panorama poco promisorio ¿Existirá alguna alternativa que  permita a  la  humanidad  y especialmente a los pobres sobrevivir en  este  nuevo contexto amenazado por  el fenómeno del cambio climático?

Bajo  el presente entorno, este  artículo tiene como propósito explicar  cómo a partir de la década del noventa en el marco del cambio climático, la defensa de los recursos naturales y el ambiente han servido como elementos de  cohesión social para los  pobladores, autoridades civiles y eclesiásticas de  las  cercanías de  la  Biosfera del  Río  Plátano y el Valle  de Siria y su  posterior constitución en  miembros del  Movimiento Ambientalista de Olancho MAO y el Comité Ambientalista del Valle de Siria CAVS respectivamente.

Aunque las  repercusiones del  cambio climático se maniﬁestan a través de  fenómenos naturales, cabe señalar que  al  igual que  la  pobreza, la  degradación de  los  recursos naturales, la  violencia y otros factores han coexistido con  la  humanidad a lo largo de  su  historia. Esto no  signiﬁca que  los  mismos tengan un  origen natural o divino, como varias corrientes alejadas de  la  ciencia o con  intereses maniﬁestos en  tratar de  ocultar la realidad de  estos problemas pretenden argumentar; de  aquí la necesidad de  desmitiﬁcar a la luz  del  pensamiento crítico y propositivo las  acciones que  han conllevado a  que Honduras en  el plano ambiental, económico, social y político sea  lo que  es hoy  o, en otras palabras, como expresa Pierre Bourdieu: “Desnaturalizar y desfatalizar el mundo social, esto  es, destruir los mitos que  ocultan el ejercicio del poder y la perpetuación de la dominación” (Bourdieu, 2005).

Para desarrollar el presente artículo con  un  enfoque sociológico fue  necesario recuperar la importancia que  la estructura tiene como motor del  conﬂicto y de  las  distintas formas de  acciones colectivas[3] que  interactúan en  torno a estos movimientos sociales. Esto es  proporcionado en gran medida por  los aportes teóricos de Francesco Alberoni (1970 y 1984), Alain  Touraine (1984) y Alberto Melucci (1986) quienes brindan los principales fundamentos de las teorías de los nuevos movimientos sociales y para quienes

la sociedad no  puede explicarse apelando a lo no  social, a lo metasocial:  la providencia, la  ley,  la  evolución o  las  necesidades naturales. Hablar de  lo social es  hablar del  funcionamiento de  la  sociedad, no sobre su  naturaleza. Es  decir, de  sus  orientaciones, su  poder, sus  mecanismos de decisión, sus formas de organización y de cambio. (Jiménez,  2005:  16)

De esta manera, los  hallazgos empíricos contemplados son  producto  de  un  trabajo cualitativo desprendido de  la  revisión de  fuentes bibliográﬁcas, entrevistas a profundidad con  actores clave  y grupos focales con pobladores que  participan activamente en la dinámica de los movimientos en estudio. Además, en gran medida la información recabada data del primer semestre del año 2010  y gravita en torno a las  unidades analíticas de  motivaciones, relaciones, elementos simbólicos y formas de acción emprendidas por  los participantes.

El presente artículo evidencia, en  primer lugar, una síntesis histórica de  los  procesos de  desarrollo, así como el deterioro de  los  recursos naturales en  el  país, de  tal  manera que  han propiciado las actuales condiciones sociales para el surgimiento de  organizaciones populares que  procuran defender estos recursos, de  allí  que  este  escrito contemple el análisis de dos  de las principales formas de organización insignias, como lo son  el Movimiento Ambientalista de Olancho y el  Comité Ambientalista del  Valle  de  Siria, que  a  todas luces y como lo evidencia este  documento son  pilares del movimiento ambientalista hondureño.

Contexto de la problemática ambiental en honduras

Desde su  conquista y a lo largo de  su  historia post-colonial, América Latina se ha  visto  sometida a la dinámica capitalista en  sus  diversas facetas, caracterizada a grandes rasgos; por  la producción a gran escala, distribución inequitativa de los bienes producidos y del ingreso, desigualdad en  los  términos de  intercambio y una cultura basada en el consumismo. Esto, consecuentemente, conﬁguró un  proceso económico, político y sociocultural en  el que  interactuaban desde polos opuestos los diversos actores sociales donde el entorno medioambiental  pasó a un  segundo plano, en el mejor de los casos, o como es más evidente los  recursos naturales únicamente sirvieron como medios para polarizar aun más tales inequidades.
En  Honduras, hasta los  primeros tres cuartos del  siglo  XX,  el tema de  los  recursos naturales era  totalmente soslayado, tanto que no ﬁguró en la agenda política de los gobernantes de la época. Lo más concreto que  reﬂeja ese  lapso es una Ley de  Minería promulgada en 1906,  la que  era  totalmente complaciente a favor de  los  intereses de los propietarios del capital en todo aspecto incluido el medioambiental.  En  cambio, los bosques eran posesión nacional, pero industriales sobre todo extranjeros hicieron uso  irracional de  este  recurso, que carecía de protección estatal, dando lugar a la deforestación en favor de actividades agropecuarias (Sandoval Corea, 2000).

Con  la implementación del  modelo Sustitutivo de Importaciones a partir de la segunda mitad del  siglo  XX, el Estado toma fuerza y el tema de los recursos naturales aparece en la agenda pública creándose una serie de instituciones y programas cuyo  objetivo era  la protección, manejo y aprovechamiento de estos recursos; poco tiempo después estas instituciones incumplieron su cometido. Mientras tanto, en el campo de  la  industria extractiva, pequeños enclaves en  manos de capital extranjero amparados en el marco legal  de manera sistemática degradaron de  forma acelerada los  recursos naturales, adyacentes a las explotaciones mineras.

Un elemento hasta entonces presente en todo el proceso de desarrollo histórico de la minería y la explotación de los bosques en el país que  estaba latente pero permanecía hasta cierto punto encubierta era la  corrupción, factor que  sumado a los  conﬂictos políticos que  buscaban transformaciones más profundas en  la  región llevaron al  surgimiento del  movimiento ecologista, encabezado principalmente por jóvenes profesionales que durante la década de los ochentas lograron entre otras conquistas obligar al Estado a declarar 36 áreas protegidas principalmente de  bosque nublado (Sandoval Corea, 2000); en  cambio,  la exploración minera durante este  período permaneció inerte y se circunscribía a los yacimientos ya existentes.

Con   la  implementación del  neoliberalismo  como modelo rector  de  la política económica en  el país, los escasos logros en  materia medioambiental pasaron a la historia; esto  debido a que  el manejo y la explotación de  los  bosques pasaron a manos privadas, reduciendo el rol del Estado a simple guardián del bosque en terrenos nacionales y ejidales. Paradójicamente, en esta etapa de debilitamiento estatal es cuando se comienzan a crear nuevas instituciones que  teóricamente regularían las  relaciones socioambientales; sin  embargo, estos órganos  de mediación fueron víctimas de la corrupción interna del propio régimen político, así  como de las relaciones económicas vinculadas a la industria forestal.

En  el campo de la minería el neoliberalismo sentó las bases para el resurgimiento de  esta industria; pero como era  de  esperar, impulsada por  el capital extranjero y acompañado de  intereses corruptos nacionales, que 

hasta ﬁnes  de la presente década comprendía 300 concesiones, de  las  cuales únicamente tres poseía licencia para operar y en contraposición, las restantes 297 lo hacían de manera ilegal (ASONOG,  2007). Lo anterior ha  catalizado la problemática ambiental, trasladó dichas disputas al plano social manifestándose en crecientes tensiones antagónicas entre los que  se apropian y explotan indebidamente los recursos naturales y quienes sufren de manera directa junto a las  demás especies de  ﬂora y fauna las  secuelas de  la  degradación ambiental en la última década.

Cambio climático, pobreza y ambiente

Paralelamente esta degradación ambiental ha  beneﬁciado  política y económicamente a  un  grupo selecto de  personas, así  como generó precarización en  las  condiciones de  vida  de  cuantiosos conglomerados  a lo largo del país; sin  embargo, esta condición no es exclusiva de Honduras. Desde la  Revolución Industrial Europea a  ﬁnes  del  siglo XVIII,  el proceso de  transformación de  la naturaleza ha  sido  vertiginoso y fundamentado en  el afán de  lucro, colocando al  hombre por sobre las  demás fuerzas de  la naturaleza y al capital por  sobre el ser humano. Dicha dinámica de cambio es tan nociva para el planeta que el mismo en  los  últimos años se ha  vuelto más impredecible amenazando severamente a los pobres que  habitan las regiones con  mayores niveles de atraso o empobrecidas del orbe.
Desde hace algunos años, se ha comenzado a analizar el proceso de cambio climático de origen antrópico, concluyendo que  es la mayor  amenaza ambiental enfrentada en el siglo  XXI. En  cuanto calentamiento del planeta, autores como Magaña indican que  el aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero tendrá consecuencias negativas dependiendo de nuestra vulnerabilidad. Ya se habla  de las alteraciones que  sufrirá el ciclo  hidrológico o del aumento en  el nivel  del  mar e incluso se proyectan los  impactos que  pueden sufrir ciertas regiones o sectores en caso de no cambiar nuestra actitud hacia los factores que  alteran el clima (Urbina y Martínez, 2006).
Ante  esta nueva amenaza global, la relación entre pobreza y medio ambiente trasciende a un  nuevo plano, donde la agravada interacción entre ambos se ve empeorada por  este  nuevo escenario global. En el caso hondureño, la misma tiene claramente repercusiones nefastas en  perjuicio de  los  pobres por  su  histórica situación de  riesgo a  la que  han sido  sometidos y las  drásticamente modiﬁcadas condiciones ambientales en  las  que  habitan, propensas a deslaves, inundaciones, sequías, entre otras.
Los  factores sociales desempeñan un  rol  primordial en  la  crisis climática actual. A esto, Oliver-Smith le brinda una explicación partiendo de un  enfoque evolutivo, donde los desastres son  identiﬁcados como procesos que  van  de condiciones críticas pre-existentes a desastrosas, especialmente para determinados grupos cuando se presenta una amenaza natural. Por  lo tanto, no  se puede concebir a los desastres como el  resultado de  una relación lineal causa-efecto, es  decir, que  del  evento extremo de  la naturaleza se derive necesariamente la ocurrencia del  desastre. Entonces, de esta manera se entienden a los desastres como procesos complejos, multicausados, multifactoriales y multidimensionales (Urbina y Martínez, 2006).
Como previamente es señalado, las condiciones de riesgo ambiental hoy enfrentadas por  los pobres en Honduras no son  producto de la naturaleza en  sí misma, sino el efecto de un  proceso histórico de degradación que  puede entenderse a partir de las dimensiones políticas, económicas y socioculturales de  los  diversos actores intervinientes. Del mismo modo, es posible resaltar que  entre los factores conﬂuyentes en esta problemática se encuentran las desacertadas políticas, económicas, forestales y sociales tomadas por  los  gobernantes; al  igual las  prácticas inapropiadas de  los  pobladores, empresarios y trabajadores, que  contribuyen aumentar la amenaza del cambio climático.
El  principal aporte en  la dimensión política se constata a partir del  último cuarto del  siglo  XX.  El  mismo consiste en  el intento por parte del Estado de regular la explotación forestal a través de la creación de  instituciones como la Corporación Hondureña de  Desarrollo Forestal (COHDEFOR); su  puesta en  marcha era  necesaria debido al desordenado y degradante uso  de los recursos naturales en los rubros de  producción de  madera, ganadería, agroindustria y minería. Tanto empresarios, gobernantes, pobladores como pequeños agricultores de  las  zonas, bastos en  recursos colaboraban con  esta degradación, la  que  en  palabras de  Sandoval Corea asume como política estatal: “Honduras continúa persistiendo en el error histórico de creer que  es un  país agropecuario sin estudiar, analizar y reconocer que  es un  país eminentemente forestal” (Sandoval Corea, 2002:  277).
Esta creencia se  institucionalizó, haciéndose parte esencial del naciente estado de  derecho, por  medio de  la  promulgación de  leyes como la Reforma Agraria (1962-1975). Estas iniciativas de desarrollo emanadas desde gobiernos reformistas y autoritarios omitieron impulsar el desarrollo forestal, así  normativa, como la  Ley  de  Minería iba en detrimento de los recursos naturales y el ambiente. De esta manera, los sistemas legales e institucionales no han promovido cambios sustanciales en el tema, sino que  se han vuelto funcionales al deterioro  actual de  las  relaciones entre ambiente y sociedad, sosteniendo  y generando condiciones de pobreza.
Las  condiciones sociales surgidas de  las  políticas estatales e interacciones socioeconómicas limitaron a los  pobres a aprovechar los remanentes de  estos recursos. Por  consiguiente, buena parte de  la hondureñidad construyó esquemas mentales reproducidos por  varias décadas, convirtiéndolos en  costumbre y hasta hacerlos parte de una cultura de  deforestación, depredación de  la vida  silvestre y contaminación de las fuentes de agua. Simultáneamente esta cultura fue  concebida como fuente de lucro particular, conllevando a la entrega de los mismos a intereses transnacionales, tales son  los  ejemplos evidentes de  las  concesiones a la Rosario Mining Co. y United Fruit Co.,  entre 1875  y 1925.
Si a la cultura antiambiental y el afán de lucro particular se agrega  un  contexto de  capitalismo incipiente sin  regulaciones estatales, es  segura la  conﬁguración de  un  escenario de  conﬂictividad social, donde tanto las  élites económicas como los pobres en  su  disputa por el control de recursos depredaban la naturaleza. Un ejemplo evidente de esto  lo constata la práctica del  latifundio y la ganadería extensiva, lo que  orilló a los pequeños campesinos sin  tierra a las  laderas de las montañas donde aplican técnicas aprendidas de  las  costumbres tradicionales de  deforestación, quema y sobreexplotación de  suelos no aptos para la agricultura.
La conﬁguración social desprendida a lo largo del transcurrir cronológico fue  marcando una fuerte polarización de  la  sociedad hondureña. En  primer lugar, se situaron los  pobres, conformados por  la inmensa mayoría carente de medios de producción, incluyendo como tal  la  tierra; mientras que  ambientalmente hablando se  situaban al margen del  acceso a los  principales recursos naturales. No  obstante, gran proporción de estos residían en el área rural, paradójicamente la zona geográﬁca con  mayor riqueza en este  tipo de recursos, pero con mayores niveles de vulnerabilidad ambiental.
En  segundo lugar, paralelamente se  constituyó una élite  económica dominante, aunque reducida, poseía en  calidad de  terratenientes las  principales áreas geográﬁcas fértiles y con  gran riqueza forestal. La  misma se caracterizó por  su  conservadurismo, incapaces  de  echar andar un  proyecto de  desarrollo en  función de  estos recursos; más bien optaron por  asirse del  poder político que  sirvió de  plataforma a  los  incipientes capitales transnacionales, quienes en  deﬁnitiva en  alianza con  la élite  político-económica nacional llevaron a cabo una repartición particular en  la explotación de  recursos  naturales, marginando del  usufructo a  las  grandes masas y en detrimento del  ambiente.
Fue  así que  a lo largo del último siglo,  el marco jurídico nacional fue instrumentalizado para la elaboración, promulgación y ejecución de leyes  vinculadas directamente a la explotación de los recursos naturales; las  mismas fueron sumamente beneﬁciosa para estas élites, pero totalmente lesivas y atentatorias a  los  intereses de  los  pobres. En  el caso de  que  el aparato legal  no  protegiese sus  actos, de  manera impune acuden a métodos corruptos, tal  como apuntan  Tinoco y Sosa en su obra:
Existe una red  de corrupción entre los empresarios de la madera —considerados algunos de ellos  como las  personas con  mayor poder económico en el país—,  políticos y funcionarios públicos. De hecho, la corrupción ha formado una trama que nace desde la propia fundación de los partidos políticos tradicionales lo que,  unido a la falta  de cultura electoral de la mayor parte de la población, permite que  la urdimbre se constituya en un  muro casi  inexpugnable, debido a sus vastas ramiﬁcaciones y a la gama de actos de corrupción que  dependen unos de los otros, como en una fatal  cadena. (Tinoco y Sosa, 2007: 15)
Existe una relación indisoluble entre empresarios y políticos en la legislación sobre recursos naturales. Esto lo constatan las  Leyes  General del Ambiente y la de Minería promulgadas en 1993 y 1999 respectivamente, donde a grandes rasgos las mismas otorga varias prebendas a las  compañías mineras que  van  en  contra de  tener un  aprovechamiento racional de los recursos mineros del país, rentabilidad tributaria,  ﬁscal  y económica justa así como obtener un  desarrollo ecológico sostenible, debido a los impactos negativos causados por  la extracción minera en la economía, ambiente y aspectos sociales de las comunidades  (ASONOG, 2007).
Para desarrollar el presente trabajo, se han identiﬁcado los principales conﬂictos socioambientales acaecidos en el país en las últimas dos  décadas. Los  mismos se tratan de procesos asociados con  ciertas amenazas naturales, de origen humano, cuyos efectos han repercutido nocivamente de manera especial en  actividades agrícolas, ganaderas, forestales e hidrológicas; manifestándose particularmente en sequías, deforestaciones y contaminación de  fuentes acuíferas. En  deﬁnitiva, la gran mayoría de  las  amenazas ambientales asociadas a estos conﬂictos tienen origen social, político y económico.

En  virtud de estas nuevas amenazas vinculadas al cambio climático, la riqueza del  estudio radica en visibilizar la experiencia organizativa en dos  regiones de Honduras que  presentan conﬂictos socioambientales. Del  mismo modo pretende demostrar cómo por  medio de la organización se procura buscar una alternativa para revertir hasta cierto punto la degradación ambiental, en la que  se encuentran inmersos estas regiones y consecuentemente sus  pobladores.

Conflictividad socioambiental : los casos de estudio

En  las siguientes líneas se presentan dos  interesantes experiencias de acción colectiva, que  probablemente contribuya a entender de manera más precisa la  dinámica organizativa forjada alrededor del  tema ambiental. La  primera gira  en  torno a la explotación minera en  San Martín en el Valle de Siria y la segunda de la explotación forestal en el departamento de Olancho; ambas constituyen casos de estudio oportunos para tratar de analizar dicha problemática.
El Valle  de Siria se ubica en  el centro del  país, a 120  km  al norte de la capital Tegucigalpa conformado por  los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros, todo parte del  departamento de  Francisco Morazán. El  Valle  tiene una extensión de  32  km  con  una población que  supera los  cuarenta mil  habitantes, quienes antes de  asentarse la compañía minera Entremares, de capital canadiense, se dedicaban principalmente a la agricultura y ganadería. En  cuanto al desarrollo humano en  función de  los  niveles de  analfabetismo, longevidad e ingreso per  cápita cabe señalar que  es relativamente bajo, ya que  para el 2009  según el Índice de Desarrollo Humano IDH  la región del Valle alcanzó un  índice del 0,630  (PNUD, 2011).
Por  otra parte, el Departamento de Olancho se sitúa al oriente del país, su  superﬁcie comprende aproximadamente el  21%  del  territorio  nacional, conformado por  23 municipios poblados por  aproximadamente medio millón de  habitantes (Secoff, 2010). Principalmente estos se dedican a la industria maderera, ganadería y agricultura; en su  conjunto para el año 2009  los  pobladores de  este  vasto territorio presentan un  IDH  de  0,660  (PNUD, 2011). Además, en  parte de  su superﬁcie se encuentra un importante segmento de la Biosfera del Río Plátano, según varios expertos, la segunda más grande del continente, rica en biodiversidad y vida  silvestre.
En  lo referido a la  conﬂictividad en  el Valle  de  Siria, varios pobladores precisan que  esta surge a  partir de  la  comprobación de  la existencia de oro  en la región en 1995.  Ante  ello,  los vecinos del lugar se entusiasmaron por  las  expectativas de  empleo que  surgirían de  la potencial explotación minera, sin embargo, estos mismos señalan que en  1999  se percataron de  los  posibles daños ambientales y socioeconómicos de  corto, mediano y largo plazo, que  provocaría tal  extracción bajo la  modalidad de  Cielo  Abierto. De  esta manera, se  generó una situación de  preocupación en  múltiples pobladores de  la región, quienes de  manera inmediata iniciaron un  proceso de  movilización encaminado a contrarrestar el riesgo al que  tal  amenaza los  sometía (Martínez, 2010).
En  cuanto al tema forestal, es posible asegurar que  estudios realizados en  el país demuestran que  el 87,7% del  territorio nacional es de  vocación forestal, aproximadamente  98.629 km2;  de  esta área, en la  actualidad, únicamente el 57,6% está cubierta de  bosques. Entre 1990  y 2000,  Honduras perdió aproximadamente 10%  de  su  diversa  cobertura forestal, que  comprende pinares, bosques latifoliados, no  coníferas y manglares (Tinoco y Sosa, 2007). Gran parte de  ella ubicada en  Olancho, donde según informes públicos, en  el 80%  de los  árboles que  se  cortan no  se  cumplen las  regulaciones de  la  Ley Forestal (Moreno, 2003).
Previo a la organización de un  movimiento consolidado en Olancho, se  suscitaron una cadena de  luchas aisladas que  parten desde 1989  en San Francisco de la Paz,  1992  en Guayape, posteriormente es Gualaco en  1998  y en  1999  Salamá y Silca. Siendo la experiencia de Salamá la que  ﬁnalmente entabló las  bases sólidas para iniciar seriamente un proceso organizativo (Tinoco y Sosa, 2007) y como expresan los propios pobladores:
El  mismo surge del  descontento de  algunos de  ellos  que  veían  transitar por  el centro de  su  comunidad enormes rastras conduciendo troncos de árboles cortados en  otros municipios, tal  tránsito era  percibido por los pobladores como una amenaza latente a su seguridad personal y la de sus bienes. (Martínez, 2010)

Después de  conocer los  hechos que   han producido históricamente parte de la problemática socioambiental que  ha  aquejado a este  país, es imprescindible analizar las  propuestas organizativas y de  cambio que  se han promovido en las últimas dos  décadas y con  mayor fuerza en la primera del  siglo  XXI.  A continuación se describe un  par de experiencias de acción colectiva, conformadas por  pobladores de las regiones de Olancho y el Valle de Siria, que  han sido  capaces de generar las condiciones para el surgimiento de un movimiento ambiental con una dinámica social que  trasciende las fronteras del país.

Surgimiento y consolidación del mao

Como previamente se señaló, las  primeras acciones no  fueron por  la defensa del  bosque, tampoco fueron estrictamente ambientalistas. Con  ellas  únicamente se buscaba prevenir accidentes dentro del  municipio, así  lo expresa uno de  los  involucrados en  el primer plantón durante el año 2000:

En  ese momento lo que  exigíamos era  que  se hiciera una calle  alterna, no peleábamos por  defender el bosque, peleábamos porque se respetara a las personas del  pueblo que  estaban en  esa  calle  y que  eran afectadas por  el polvo  y el peligro que  representaba. (Tinoco y Sosa, 2007: 31)

Posteriormente prosiguieron las  protestas a  nivel   de  plantones en las  principales vías  de  comunicación. Por ejemplo, las  efectuadas en el municipio de  Silca en  2001  ya  asomaban matices ambientalistas, siempre en este  mismo año los pobladores de ese municipio acompañados por  los de Salamá obligaron a los madereros a salir de la localidad a través de medidas de presión, impidiendo su acceso y corte de madera en los bosques circundantes, pasando a plantones en los puntos donde se realizaban los cortes ilegales de madera (Martínez, 2010).

Los  alcances de  estas acciones fueron notorios y contundentes en  contra de  los  madereros, porque les boicoteaban el corte y traslado  de  la  madera por  las  comunidades. Sin  embargo fue  la  creación de conciencia entre los  pobladores de  los  municipios aledaños que terminó de brindar las condiciones para formar un  incipiente conglomerado de pobladores que  los identiﬁcara ante la sociedad, el cual fue nombrado Frente Ambientalista del Norte de Olancho (FANO). Hasta este  nivel  todavía no  se constituía un  grupo organizativo claro, sino solamente se articulaban acciones masivas para la defensa del bosque, con  el objetivo de aumentar las medidas de presión, llamar la atención de las autoridades, así como incrementar el grado de conciencia.

Con  motivo de  un  plantón de  30 días, los  protestantes presentaron un  pliego de peticiones a las autoridades estatales, ocurriendo lo que  sucede siempre en  el  país, las  mismas no  cumplieron ninguno de los siete puntos planteados durante la negociación. Entre estos se incluía realizar una auditoría forestal, proteger las zonas productoras de  agua, declarar la veda  forestal e intervenir la COHDEFOR por  su corrupción y complicidad en la destrucción y robo del bosque (Tinoco y Sosa, 2007).

Hasta entonces la  estructura montada giraba en  torno a  la  ﬁgura del  Sacerdote Católico de  la Parroquia de Salamá Andrés Tamayo, quien era  el principal líder de  la movilización y que  junto a otros pobladores habían emprendido estas acciones que  de  manera repentina comenzaban a establecer importantes nexos de interacción entre pobladores de las comunidades involucradas. Otro elemento preponderante en la lucha fue la incorporación de las escuelas zonales impulsadas por el religioso en la región; esto  sumado al repudio generalizado en contra de los madereros por  el agotamiento de las fuentes de agua provocados por  la deforestación, las acciones emprendidas comenzaron a ser percibidas favorablemente por  otros sectores.

Esta experiencia de  lucha produjo  compromiso,  hermandad  y solidaridad entre quienes la  emprendieron. Posteriormente se  convirtieron en  los  pilares desde los  cuales se estructuró el Movimiento Ambientalista de  Olancho (MAO),  entidad que  contempla pluralidad de pensamiento, diversidad política, de género, edades y todo aquello que  hace a un  ser  humano diferente a otro; pero el elemento solidiﬁcador fue  su  vocación por  la vida,  entendida desde su  amplia visión, interconectando el respeto entre el ambiente y las personas.
Las  acciones emprendidas contribuyeron a enriquecer la estructura interna y a extender la cultura ambiental por  el resto de los municipios afectados con  la tala de los bosques. De esta manera, al fragor de las actividades de protesta, surgen la Central de Patronatos la Venta Gualaco (CEPAVEG), el Comité Permanente Ambientalista de Guayape,  Olancho (CPAGO), el Frente Ambientalista del  Norte de  Olancho (FANO), el Comité Ambientalista de Campamento (CAM), el Movimiento Ambientalista de Salamá (MAS), el Movimiento Ambientalista El  Rosario (MAR)  y el Movimiento Ambientalista de  Guata (MAGU) (Tinoco y Sosa, 2007).
Al mismo tiempo en  que  las  actividades se tornaban cotidianas, el respaldo social alcanzado por  las  mismas produjo que  muchas organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional pusieran su vista sobre esta acción colectiva surgida en  Olancho. Este respaldo fue  parte esencial para la  conﬁguración de  su  organización formal como Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), conformado por el conjunto de entidades del departamento vinculadas a la defensa del ambiente y la prevención de la tala de los bosques.

Desde su surgimiento, el MAO aparece como un  centro de convergencia de  distintas organizaciones con  un  mismo objetivo, en primer lugar, el  de  difundir una conciencia de  preservación del recurso bosque, en  tanto recurso maderable; posteriormente esta misma conciencia lleva  a percibirlos como fuentes de  agua, es decir, del  “bosque emana la  vida”.  Por  ende, hay  que  defenderlo de los  aserraderos, quienes durante  décadas se  han beneficiado de su  destrucción y que  además han deteriorado los  ecosistemas en los  que  subsisten los  pobres, dedicados en  su  mayoría al  agro en pequeña escala.

Estrategias de lucha del mao

La  incipiente acción colectiva que  más adelante se  convertiría en  el MAO continuó en su labor de difusión y movilización. Nada más que en esta nueva etapa lo hacía con  mayores contingentes poblacionales, permitiendo en  el 2003  llevar a cabo la primera Marcha por  la Vida, acción considerada como uno de los símbolos referentes del MAO; de hecho esta sirvió como punto de  partida para la consolidación de  la lucha ambientalista en  Olancho. Hasta el momento se han realizado tres Marchas por  la Vida,  que  son  caminatas multitudinarias que  duran siete días y culminan en la ciudad capital, Tegucigalpa.

Para entonces, el espacio generado por  la lucha ambientalista ya era  una instancia articuladora, aunque carente de un  plan claramente estructurado, canalizaba los  esfuerzos de  muchos actores sociales preocupados por  la situación ambiental. La conciencia ambiental colectiva había evolucionado, planteándose exigencias de mayor alcance, tales como las reclamadas en la primera Marcha por  la Paz:

La solicitud de una veda  forestal, evaluación integral del estado de los recursos naturales y la situación de la tenencia de la tierra en zonas boscosas, la organización de  recurso forestal por  parte del  Estado, identiﬁcación de las  zonas de mayor potencial de almacenamiento de agua susceptibles de riesgos de erosión, identiﬁcación de actores económicos y sociales responsables directos de la depredación del  recurso forestal, así como la creación de una comisión que  supervise y monitoree el ﬁel cumplimiento de la veda  y facilitar el buen desempeño de la instancia evaluadora. (Tinoco y Sosa, 2007: 42)

Identiﬁcados tanto los factores como actores sociales responsables de la degradación ambiental de la región, el naciente MAO comenzó a articular a los diversos movimientos locales entorno a acciones estratégicamente planiﬁcadas. De esta manera, el Padre Tamayo se convirtió en uno de los íconos de la lucha ambientalista, su mensaje de carácter humanista cautivó el imaginario colectivo. Así mismo, la experiencia previa entre campesinos y mujeres pobladoras fue aprovechada como base social, la que  posteriormente fue fortalecida por  la incorporación de maestros, profesionales, miembros de organizaciones no gubernamentales y jóvenes de las comunidades; quienes con  sus  acciones parecían desarrollar una ideología neoludita.

Entre las  estrategias de  lucha que  el  movimiento contemplada desde sus  orígenes, se encuentran: La detención de maquinaria, la permanente realización de plantones ante autoridades locales y marchas regionales con  el ﬁn  de  exigir una política forestal de  beneﬁcio para la  comunidad. Al igual que  la  organización, las  estrategias han ido  forjándose conforme a la lucha, apareciendo algunas novedosas y creativas como las enlistadas por  uno de los miembros del MAO:

El abrazo a los árboles, quitarles la pintura, bajar las máquinas, plantones y detención de rastras, concentraciones y tomas de las alcaldías, el uso  de los nuevos medios de comunicación, así como el diálogo también es parte de la estrategia. (Martínez, 2010)

El repertorio de acciones emprendidas por  el MAO, se entiende a partir  de la aﬁrmación desprendida de uno de sus  miembros: El movimiento ambientalista encontró a la gente cansada de tantas reuniones y de tanto proceso de planiﬁcación; por  eso es que han preferido hacer menos reuniones, menos planiﬁcación y estar en primera línea en la lucha y la movilización. (Martínez, 2010)

La  dinámica del  MAO,  aunada los  niveles de  conﬂictividad de  esta región ha  colocado en  constante riesgo a sus  integrantes. Este riesgo es tal,  que  uno de sus  dirigentes señala:

Hoy  nos  sentimos tristes e indignados ante estos  hechos, ya  son  nueve compañeros ambientalistas los  que  han sido  asesinados y los  casos aún siguen impunes. Hemos denunciado hasta la  saciedad estos  asesinatos y las  autoridades de  nuestro país  no  les  prestan la  menor importancia. (MAO, 2010:  1)

El pragmatismo de la dinámica estratégica y organizativa del MAO ha colisionado tanto contra los  intereses de los  madereros y de  la clase política como con  la estática y burocrática organización popular hondureña. Esto fue evidenciado en 2004  durante la segunda Marcha por la Vida,  en la que  participaron varias organizaciones sociales de todo el país; pero otras de carácter tradicional no  lo hicieron. Los  resultados  de esta segunda Marcha fueron de trascendental importancia, ya que  se tomó mayor conciencia de la problemática elevándola al plano nacional: de hecho otras organizaciones que  enfrentaban diﬁcultades ambientales acompañaron al MAO en su lucha.

La lucha ambientalista de Olancho ha adquirido dimensión internacional. A través de la Internet se hace llegar la denuncia al ámbito mundial y a su  vez, recibe la solidaridad de organizaciones externas. De  aquí, que  es posible inferir que  los  dos  grandes resultados de  la segunda Marcha por  la Vida  fueron: El  crecimiento de la conciencia ambientalista en  la  población hondureña y la  denuncia en  el  plano internacional. A nivel internacional se  logró construir alianzas con organizaciones similares sobre todo de  países centroamericanos, sin descuidar su crecimiento nacional y local.

Ante el constante crecimiento y adherencia de nuevos actores a la lucha, el MAO se vio en la obligación de extender su dirección, siendo necesario la conformación de un Concejo Consultivo. El nuevo órgano tiene como función acompañar en  la  toma de  decisiones a  la  Junta Directiva Central, la que  está constituida por delegados de las  Juntas Locales, representando esto  un avance organizativo encaminado a aumentar los niveles de democracia en la toma de decisiones y ejecución de actividades.

Identidad y principios del mao

Como nuevo movimiento social, el MAO construyó su  propia identidad en función de sus  luchas, tornándose una organización dinámica e impulsora de  acciones inmediatas circunscritas a sus  objetivos. El diverso repertorio de acciones en las que  interactúan actores sociales heterogéneos fue  cohesionando un  sentimiento homogéneo de pertenencia a una organización, es decir tanto campesinos como mujeres y jóvenes aﬁrman pertenecer al MAO, sin importar sus diferencias ideológicas, religiosas o de cualquier otro índole.
La identidad del  movimiento solamente podría ser  útil  a la consecución de sus  objetivos, en la medida en que  la misma estuviera cimentada en principios sólidos. El MAO a través de la lucha conﬁguró varios principios que  se fueron solidiﬁcando con  el tiempo y la incorporación de nuevos actores sociales; estos se concentran en el amor a la vida.  Al igual que  el MAO, el CAVS, declaran: que  su  propuesta de lucha y la razón a la misma es el amor a la vida,  la vida como producto de los recursos naturales; suﬁciente justiﬁcación esta para defenderlos inclusive ofrendando la misma.
Alrededor de  la  vida  giran otra serie de  principios enarbolados por  esta organización, uno de  ellos  es la  autonomía. Entendida esta como la  independencia de  acción y no  sometimiento a  instancia u organización alguna, probablemente dicha soberanía ha  colaborado al fortalecimiento y desarrollo de este  movimiento hasta la fecha. Lo anterior es constatado por  la inclaudicable resistencia a los intereses de políticos, empresarios u otras formas de injerencia que  pretenden desviar la  lucha por  la  defensa del  bosque y los  recursos naturales emprendida desde más de una década.
Otro elemento que  identiﬁca a los  miembros con  la causa es su sentimiento de  territorialidad, el que  agrega un  alto  valor de  pertenencia a la defensa de  los  recursos naturales. Esto toma sentido en función de la idea de que  de estos recursos emanan la vida,  los mismos se encuentran en su territorio, el que  no puede ser  transgredido por  los  depredadores del  bosque; consecuentemente todo aquel que llegue con  este  objetivo, automáticamente  se  convertirá en  un  enemigo del  bosque, un  emisario de  muerte y por  ende un  adversario del movimiento.
Ese  apego por  la  vida  es integrado de  una práctica teológica de carácter humanista. Este principio se desprende de la praxis de algunos  de sus  líderes y base social, quienes lo impregnaron en  forma de valores tales como la verdad, el respeto a la creación y la esperanza.
De allí,  que  la retórica está en  consonancia con  las  prácticas cotidianas  de  la denuncia pública, protección de  los  recursos naturales y el deseo de cambio en pro  de un  equilibrio entre ambiente y sociedad.
La  conciencia ambiental traspasó los  límites ecológicos trasladándose al  plano social. A medida en  que  el movimiento intensiﬁca la lucha en  contra de  los  depredadores del  bosque, reconoce que  estos  son  impulsados por  un  sistema económico injusto, donde el  ﬁn es la acumulación de bienes materiales sin  importar que  esto  se haga en  detrimento de muchas personas y de la naturaleza. Gracias a esta cosmovisión, el MAO encamina sus  esfuerzos a luchar por  la justicia, profundizándola al plano social y de esta manera acentúa que  protegiendo a los recursos naturales no solamente los beneﬁcia a sí mismo, sino que  también agregan un  elemento más a favor de la paz.
En primer lugar, fue la acción la que  en deﬁnitiva forjó gran parte de  la  identidad de  la  organización. Las actividades de  ayuno y marchas a  lugares distantes conﬁguraron una relación estrecha entre compañeros, quienes compartían un  vínculo de pobreza y migración. En  segunda instancia, es  posible señalar que  esta interacción desarrolló principios impregnados de  valores humanista con  alto  contenido espiritual y ﬁnalmente por  el principio global de  la justicia. De esta manera, el MAO comenzó a ser reconocida ya no como una mera organización ambientalista, sino como una instancia que  procura la justicia social a través de la lucha.
Es  evidente que  si alguien en  este  sistema de  desigualdad opta por  luchar en  favor de la justicia encontrará muchos enemigos. Los cuales en  el  caso del  MAO  pueden son  visibles e  invisibles, entre los  primeros se maniﬁestan los  deforestadores, pobladores apáticos,  además de  empresarios y autoridades municipales y estatales corruptas que  permiten y fomentan la depredación de los recursos y la injusticia social.
Esta conciencia que  procura la  justicia se  irradia a lo largo del país y traspasa las fronteras. El MAO es un  modelo a observar por  su construcción social y perseverancia en  la lucha, lo que  ha  hecho que los enemigos de la naturaleza enﬁlen acciones cada vez más radicales en  contra de  sus  miembros, tal  es  el  caso de  las víctimas mortales durante el Golpe de Estado de 2009  y su  continuación; desde entonces  el MAO  es objeto de  persecución constante por  las  autoridades gubernamentales aliadas a intereses de  la  élite  golpistas vinculadas a los  intereses madereros y eclesiásticos que  han expatriado y amenazado a  varios líderes; pero el legado permanece, así  lo  aﬁrma su actual presidente:
Bueno, sabemos que  el Padre Andrés salió,  ya todos sabemos porqué, porque  es malo defender a un pueblo que  se está  muriendo de hambre, a un pueblo que  se está  muriendo de sed,  a un  pueblo que  se está muriendo de enfermedades. Entonces por  eso  salió  el Padre Andrés; lo que  a nosotros nos queda es seguir lo que él un día nos enseñó. Él nos enseñó que tenemos que  luchar por  defender los  recursos naturales y las vidas  humanas y yo pienso que  ya lo estamos haciendo. (Martínez, 2010)
Por  otro lado, el MAO aparte de despertar y crear un alto  nivel  de conciencia ambiental, contribuyó de manera sustancial a la construcción de una normativa judicial que  regula la explotación de los bosques, así como la protección de la vida  silvestre y las  fuentes de agua, a través de la gestión de un  ordenamiento territorial en  las  zonas forestales y la creación de instituciones estatales encargadas de velar  por  el cumplimiento de la normativa forestal, además entre sus  conquistas en el año 2006  se contempla la veda  forestal en varios municipios de Olancho. Lo anterior solamente fue posible gracias al respeto y honorabilidad obtenidos a lo largo de la lucha (Martínez, 2010).

La defensa de los recursos naturales del país, no es labor exclusiva del  MAO.  Existen otras organizaciones con  vasta experiencia que han contribuido al  desarrollo de  una conciencia ambiental, las  que han expandido su radio de acción local  y nacional hasta situarse en el plano internacional. Otro ejemplo referente, lo constituye el Comité Ambientalista del Valle de Siria, cuya acciones movilizadoras y socializadoras promotoras de  una cultura de  vida  son  presentados en  las siguientes líneas.

Surgimiento y consolidación del cavs

El año 2000  es crucial para la explotación minera a cielo  abierto en el Valle de Siria, pues justamente en este  año se otorgó Licencia Ambiental a Entremares (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, 2000) de  capital canadiense, bajo el  marco de  una nueva ley  entreguista. Además la Corporación Municipal de  San Ignacio le otorgó permiso para iniciar la  exploración de  uno de  sus  tajos, mientras la  exploración del  otro Tajo  (Palo Alto)  tuvo lugar hasta el año 2004.  Ante  tal situación, los pobladores percibían un panorama amenazante para las comunidades circundantes, así lo expresa uno de los afectados:

Fueron unas monjas canadienses las primeras en alertar a la población de lo perjudicial que podría llegar hacer la instalación de una empresa minera cerca de “su comunidad”. (Martínez, 2010)

De esta manera, las  religiosas concertan con  pobladores de  la región realizar unas capacitaciones de  carácter informativo, con  el  objeto de sensibilizar a los vecinos de las  comunidades afectadas. Posteriormente, un  grupo heterogéneo de  pobladores sensibilizados procedió a la conformación de un  comité, en  el cual convergieron personas de diversas ideologías, religiones, profesiones y género con  un  objetivo en común, el de resistir a esta transnacional de forma organizada.
El  proceso de  organización estuvo precedido de  movilizaciones estudiantiles y de  pobladores en  las  zonas aledañas al  enclave minero. Estas actividades sumadas a  los  procesos informativos y  de sensibilización, lo que  en  deﬁnitiva crearon las  condiciones óptimas para la construcción inicial de un comité intermunicipal conformado por  maestros, campesinos, amas de  casa, profesionales,  religiosos y políticos locales. Cabe señalar que  antes de  la conformación del  comité ya coexistía en  la región una serie de organizaciones dedicadas a  luchas especíﬁcas, tales como las  de  los  maestros,  campesinos  y patronatos que  aisladamente realizaban actividades reivindicativas de carácter gremial.
El elemento cohesionador de  estos diversos actores sociales, fue como lo expresan en sus  propios términos los miembros del CAVS: La Lucha por  la Vida.  La  interpretación de  estas palabras denotan una visión holística acerca de la vida,  elevándola a la interacción de los elementos humanidad y naturaleza que  en deﬁnitiva consiste en el respeto mutuo y el aprovechamiento racional de estos recursos, ya que  son percibidos como generadores de vida  y a su vez merecen ser  tratados como seres vivos  por  parte de  la  humanidad (Martínez, 2010). Esta percepción recíproca de  respeto es radicalmente opuesta a la depredadora de recursos a la planteada por  el capitalismo, generando una colisión entre dos  formas de pensar y actuar antagónicas.
A pesar de  la  conﬁguración histórica en  Honduras de  una cultura de  depredación de  los  recursos naturales, el caso del  CAVS demuestra que  todavía sobresale un  núcleo mínimo de  personas con conciencia ambiental,  quienes en  primera instancia se  organizan para denunciar la  escasez del  agua, deterioro de  viviendas, cambio drástico en  el  clima, deforestación, contaminación  de  suelos y del aire entre otros. Es  a partir del  malestar colectivo infringido por  la trasnacional minera y con  la colaboración de  actores sociales externos  al contexto, que  se comienza a modiﬁcar su percepción sobre la naturaleza y consecuentemente a revalorarla e iniciar la lucha por  la defensa de los recursos naturales.
Uno  de  los  factores claves, para este  cambio de  conciencia, lo constituye un  mensaje teológico de  carácter humanista y crítico de la  realidad. Dicho mensaje es  pertinente a  quienes comulgan una ideología liberadora, que  aunada a las decenas de años de exclusión y las  experiencias reivindicativas de  gremios locales y campesinos, encontró tierra fértil para su  propagación y reorientación de  la  relación con  el ambiente, hasta el punto de  enfrentarse en  una lucha asimétrica ante los  intereses transnacionales. Esta confrontación se da en diversas villas  que  va desde el cabildeo político hasta la presión social en las calles.
Inicialmente la organización fue constituida por  aproximadamente treinta miembros de  diversas religiones, ideologías, profesiones  y edades conﬂuyentes en la región. Su consolidación es lograda a través del transcurso de la lucha y su experiencia organizativa, llevándolos a descentralizar el comité, formando de  esta manera comités locales en  aldeas y caseríos de  la  región; no  obstante, como mecanismo de  defensa ante los  embates de  las  autoridades estatales y la transnacional, el CAVS practica la Democracia Centralizada, siendo manejada su dirección por  quienes iniciaron la lucha a petición de la Asamblea General.
Entre el repertorio de acciones ejecutadas por  la transnacional se identiﬁcan una serie de estrategias y tácticas encaminadas a destruir esta organización. Las  mismas van  desde intimidaciones, querellas legales, componendas  políticas, sobornos y campañas de  desprestigio  en  las  comunidades; sin  embargo las  movilizaciones, campañas de  concienciación y la incorporación de  nuevos actores sociales han despertado en  gran parte de  los  pobladores una naciente conciencia ambiental y de  protección de  sus  recursos, contrarrestando los  ataques de la minera y sus  aliados.
La fuerte participación de los pobres ha  sido  otro de los factores de  mayor peso que  han consolidado al  movimiento, sumándose de manera consiente a  las  acciones desarrolladas por  el  Comité, especialmente en  aquellas masivas, como las  tomas de  la  minera, de  carreteras y las marchas multitudinarias hacia la capital. De esta misma forma es frecuente encontrar campesinos, obreros y amas de casa en las  Juntas Directivas de los comités locales, donde desempeñan roles de dirección, así  como actividades de organización y concientización en sus  comunidades.
Actualmente en  la  región se  constata un  cambio en  la  percepción acerca del  ambiente y el respeto al mismo. El  proceso de  concienciación maniﬁesta resultados positivos en  función de  las  masivas campañas de reforestación, vigilancia de bosques y campañas de socialización impulsada por  jóvenes y los principales frutos radican especialmente en  los  pobres, quienes dependen directamente de  los recursos provistos por  la  naturaleza en  materia de  agua, cultivos y material de construcción.
La  conciencia ambiental experimentada entre las  clases desposeídas de  la región contrasta con  las  acciones y discursos de  quienes ejercen el poder económico. De ahí  que, por  ejemplo, pequeños empresarios y comerciantes locales comulguen con  los  intereses de  la transnacional, debido a que  los exiguos recursos económicos generados  en  materia de  salario por  parte de  la minera han producido una dinámica económica que  ha  sido  capitalizada por  estos empresarios. Este crecimiento se queda corto ante la aparición de enfermedades de la  piel,  de  las  vías  respiratorias, escasez de  agua, contaminación de suelos y ríos.
Esta nueva relación sociedad-naturaleza impulsada por   el  comité traspasa la barrera cultural, conduciéndola a un  plano político, convirtiendo el tema ambiental y especialmente lo concerniente a la minería a cielo  abierto en  un  tópico de agenda pública. Obviamente, encuentra enormes obstáculos en la élite  política nacional que  deﬁende  férreamente los  intereses transnacionales, lógicamente haciendo de  oídos sordos al clamor popular de  los  pobladores conscientes del Valle. A pesar de la poca incidencia en las esferas políticas del país, las principales conquistas han sido  en el plano social.
Simultáneamente al trabajo emprendido a nivel  local, el Comité ha  sido  un  referente de la temática de lucha contra la destrucción de los recursos naturales propiciados por  la industria minera. Desde su constitución ha  entablado relaciones con  organizaciones populares y no gubernamentales aﬁnes, sirviendo como prototipo organizativo para impulsar nuevos movimientos a  lo  largo del  país. Adicionalmente ha permitido la formación de una plataforma de lucha amplia con  entidades similares, otorgándole en la actualidad la dirección de dicho frente.
La experiencia del  Comité ha  demostrado la colusión entre capital transnacional, política y justicia nacional. Un  aspecto importante para comprender la  intensidad de  la  lucha emprendida por esta organización, es la conformación de una alianza multisectorial con  diversos actores de  la  sociedad civil  en  procura de  una nueva Ley  de  Minería, lo  que   por   disposiciones judiciales quedó únicamente en  una reforma de  13  artículos catalogados como inconstitucionales. La que  posterior al Golpe de Estado fue  revertida por  el poder judicial beneﬁciando de  manera evidente a la minera, dejando  entrever el desinterés de  las  autoridades por  la  preservación de los recursos naturales.
Un estudio refrendado por  la Asociación Hondureña de Organizaciones No Gubernamentales (ASONG) en 2008,  señala que  algunas de las estrategias implementadas por  el Estado de Honduras para proteger  a las industria minera son:  la falta de formalismos en la presentación de  denuncias, retraso inexcusable e inexplicable en  los  procedimientos de investigación, remoción de funcionarios que  han cuestionado e incluso condenado a Entremares, elaboración de informes así como la renuencia a brindar información pública sobre los controles aplicados a las industrias mineras y retraso en la reforma a la Ley de Minería entre otros (Pastoral Social Caritas Arquidiocesana, 2008).
La experiencia acumulada por  el CAVS ha  despertado interés en la  región. Desde hace unos años es  parte activa de  una red  regional que  impulsa reformas a las  leyes  de  minería en  cada uno los  países centroamericanos, en colaboración con  organizaciones internacionales encargadas de  velar  por  los  derechos humanos y ambientales. Lo anterior se vuelve  ineludible en  el actual contexto de  globalización o neocolonialismo, donde en  cada país esta problemática se maniﬁesta con  diferentes matices, pero bajo la misma lógica de usufructo y deterioro de recursos naturales.
El carácter democrático de  este  movimiento social ha  convertido  la vía jurídica en  uno de sus  escenarios de contienda; sin  embargo, no  es el único. El agregado social ha  propiciado las  condiciones idóneas para movilizar el  descontento de  los  pobladores, teniendo como fruto, el cierre de  operaciones de  la empresa para el 2011;  no obstante el recelo a la aplicación de la justicia y la conciencia forjada a  lo  largo de  la  década de  lucha vuelven insuﬁciente dicha acción, hasta el punto que  en la actualidad los pobladores exigen la indemnización por  los daños causados y algo  muy concreto es la exacción de la reforestación y saneamiento de la totalidad del área usufructuada por  la transnacional.
El Valle de Siria ya no solamente es reconocido por  ser una región vasta en oro, sino también por  la resistencia de sus  pobladores, capaces  de  emprender acciones para revertir una situación de  calamidad socioambiental. Como todo proceso, la  construcción de  una nueva conciencia ambiental es  lenta, encontrándose inconclusa, pero con altas proyecciones de  crecimiento sobre todo entre la  juventud. Las expectativas de  los  dirigentes se  encaminan a  profundizar sobre las causas últimas que  provocan la explotación irracional de sus recursos, por  consiguiente, esto  llevará a modiﬁcar su relación con  los mismos y enfrentar la amenaza del  cambio climático por  medio de  la preservación y el uso  racional de la naturaleza.

Estas expectativas son  sostenidas por  cimientos éticos. La  relación sociedad-naturaleza es  percibida bajo una visión holística que supera la conciencia ambiental, ubicando ambos elementos como actores interdependientes. Con  respecto al  ambiente, el presidente del Comité Ambientalista de Valle de Siria, aﬁrma:

Es  la parte que  nos  ayuda a vivir,  es lógico, si no  hay  protección: no  hay árboles, no hay agua y sin todo eso moriríamos irremediablemente. Entonces,  en función de eso hemos trabajado, han habido distintos presidentes desde la fecha en que hemos empezado y nunca alguno de los compañeros ha  dicho: yo soy de este  partido y yo voy a proteger mi  partido. Vemos  la realidad en que  vivimos, una cosa  es la política y otra es la realidad que  se vive en el campo y la de quienes explotan la naturaleza. Porque sin bosques no  hay  vida,  todo desaparece; por  eso  son  cosas necesarias de proteger  y eso es lo que ha hecho mantenernos unidos, unidos porque hemos hecho a un lado  todo lo que  podía separarnos. (Martínez, 2010)

Consideraciones generales

La comunidad mundial converge en  que  el cambio climático es una amenaza latente que  posiblemente provoque desastres a nivel  global, especialmente en  los  países del  Sur. Este consenso reaﬁrma la  noción de que  son  los pobres los más afectados, por  ende, deberían ser los más interesados en tratar de modiﬁcar su situación de vulnerabilidad, la que  ha  sido  construida socialmente a lo largo de la historia. En  consecuencia, las  decisiones que  se tomen en  el presente deben girar en  función de  enfrentar los  factores que  causan las condiciones  que  los ubica en esa  situación, dichas decisiones transcienden el plano ambiental, permeando las  dimensiones política y económica de la sociedad.
Estos cambios anhelados por  los pobres incorporados a estos movimientos sociales no son  producto de imposiciones externas, sino todo lo contrario, surgen espontáneamente como respuesta a acciones de grupos de poder económico y político, quienes en su afán de lucro rompen la  homeostasis entre naturaleza y sociedad, que  de  alguna manera ha  persistido en  sus  comunidades. Las  acciones impulsadas por  los  pobladores reﬂejan el disgusto ante un  sistema económico y social que  irrespeta los  recursos naturales, reduciéndolos a  simples mercancías capaces de generar riqueza económica.
Estas instancias organizativas surgen del  clamor popular, partiendo de  sus  experiencias particulares emprenden acciones encaminadas a enfrentar a los depredadores del ambiente. El enfrentamiento directo contra un  sistema económico, difusor de ideas antiambientales  vuelve  asimétrica la  contienda, debido a la ausencia de  recursos por  parte de los Movimientos. Para empeorar el asunto en Honduras, la cultura de depredación de  los  recursos naturales no  compete únicamente a los  empresarios nacionales y transnacionales, sino que  es una política de  Estado manejada a través de  una agenda oculta que históricamente ha servido para enriquecer a unos pocos y profundizar las condiciones de pobreza de la mayoría.
Estos conﬂictos, con  la minería a cielo  abierto y la deforestación inicialmente, surgen como perjuicios a la salud de  los  pobladores. A medida en  que  los  agraviados confrontan a  los  causantes de  dichos problemas se conﬁgura una acción colectiva organizada. Construyendo  una conciencia ambiental que  permite darse cuenta que  los  daños  físicos son  ínﬁmos en comparación a los ambientales. Es a partir de estos procesos de lucha organizada que  los mismos producen una serie de  estrategias orientadas a difundir su  mensaje, especialmente dirigidos a los pobres, quienes en buena proporción se involucran incondicionalmente a desarrollar tareas y acciones en  pro  de la preservación de los recursos y el crecimiento de sus  movimiento.
Con  el objetivo de  defender los  recursos naturales, los  procesos  organizativos son  impregnados de principios humanistas. La misma se traslada al plano inmaterial, encontrando respaldo en  el respeto al derecho a la vida,  ya que  el defender las  fuentes de  agua y el bosque signiﬁca defender su  propia vida,  en  virtud de que  de estos surge la misma. Estos principios se materializan en la lucha a partir de la cohesión social que generan, reproduciéndose a lo largo del  movimiento y fungiendo como la  base sobre la  cual el mismo se construye.
Las  estrategias de  lucha, van  en  consonancia a los  principios de respeto, amor y verdad, entre otros. Consecuentemente, las  acciones emprendidas tanto por  el CAVS como por  el MAO,  aunque radicales en algunos de los casos, se caracterizan por  su  paciﬁsmo y el respeto al  Estado de  Derecho, hasta el  punto en que  preﬁeren el  sacriﬁcio personal al enfrentamiento y buscan simultáneamente desde las  vías sociales y legales incidir en las políticas públicas, tendientes a derogar y reformar leyes.  De hecho, el principal éxito reside en la creación de una conciencia ambiental basada en la justicia social.

Esta conciencia de  justicia social penetra la  dimensión ambiental,  impregnándose en  el imaginario colectivo. Además se ubica en  el plano social a través de  la  lucha, enfrentándose a una construcción histórica arraigada en  el afán de lucro, por  encima no  solo  de los  recursos naturales, sino del mismo ser humano. Dicha posición encuentra fuerte barrera en  las  élites económica y políticamente poderosas, así  como de  los desposeídos, cuya conciencia ha  sido  absorbida por este  proceso histórico de socialización que  le induce al consumismo y la desorganización. De esta manera lo sintetiza el Presidente del MAO:

En  Honduras es rara la persona que  mira por  un  bienestar común, primero miramos lo económico y si queda tiempo miramos lo común. Debe  ser lo contrario: primero miremos por  un  pueblo que  está  fregado  y después vemos por  lo económico; pero todos los  que  estamos formando parte de MAO lo hacemos ad honorem, ninguna persona tiene un  salario, nosotros lo hacemos ad honorem. (Martínez, 2010; énfasis propio)

Amparados en  el poder político, estas élites a lo largo de  la historia, desde la  colonia, han conducido a gran parte de  la  población a una situación de sometimiento. Lo anterior ha  sido  propiciado a través de la conﬁguración de marco legal  totalmente contrario a los intereses de los  pobres, por  consiguiente, la inexistencia de  políticas económicas y sociales orientadas a desarrollar el país, ha  sido  la constante. En  los raros casos en  que  se han tratado de  impulsar, las  mismas se fundamentan en  una cultura de  la  depredación de  los  recursos naturales, beneﬁciando a las élites económicas nacionales y transnacionales, en detrimento de las mayorías.

Un elemento sustancial en la dinámica de estas formas de acción colectiva, lo constata el rompimiento de  las barreras territoriales en cuanto a la defensa de recursos naturales y la difusión de una conciencia  ambiental. Esta situación ha  tomado matices tanto a nivel  nacionales como centroamericano de  una lucha por  justicia socioambiental,  la misma puede ser  considerada como una conquista ostensible, debido a que  gracias a esta estos movimientos se han propiciado leyes y reformas que  en teoría mejoran las condiciones de los recursos, pero en la práctica son  irrespetadas por  las élites que  controlan el poder.
Ambas organizaciones plantean claramente las  causas que  originan la problemática socioambiental en  el país. Del  mismo modo establecen que  la misma es repercusión de un  problema de escala mundial;  de hecho el discurso y las acciones tanto del MAO como del CAVS contemplan una forma de  concebir la relación sociedad-naturaleza diferente a la difundida por  el neoliberalismo. La concepción de esta relación es producto de  un  proceso dinámico de  lucha y reﬂexión, alimentada de los valores y creencias surgidas de los pobres y las agrupaciones sociales que  conﬂuyen en los mismos.
La  vorágine depredadora de  los  recursos naturales tanto a nivel local  como global es  incesante, tanto enemigos consientes o inconscientes como quienes luchan por  el ambiente son  y serán víctimas de los desastres que  pueda originar el cambio climático. De aquí, que  la alternativa al alcance de los pobres, es la organización y la concienciación, debido a que  a partir de estos bastiones se pueden combatir políticas y conductas antiambientales por  medio de la presión de la base social. Solamente desde la defensa de  los  recursos naturales a través de  la justicia social es posible orillar a los  Estados a instituir leyes  y políticas encauzadas a desacelerar el proceso de cambio climático.

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Dirección de Investigación Cientíﬁca, Universidad Nacional Autónoma de Honduras.↵

La principal razón de esta ubicación es el daño causado por el huracán Mitch en 1998, que generó graves pérdidas en los cultivos, al afectar más del 29% de las tierras aptas para sembrar del país, además de provocar un deterioro de las cuencas hidrográﬁcas y procesos de erosión y salinización de aguas subterráneas por la elevación del nivel del mar ↵

Se considera acción colectiva el proceso por el cual las personas realizan esfuerzos conjuntos dirigidos a inﬂuir en la distribución existente de poder (Frías y Ruiz, 2001: 175). ↵

Vulnerabilidad ambiental y reproducción de la pobreza urbana

Ángela Peña Farías[1]*

Algunas reflexiones sobre su relación en territorios periféricos de ciudad de la Habana

A modo de introducción: presentando el problema

La  pobreza y su  reproducción constituyen temas de  importancia capital e implican para las ciencias sociales un  compromiso ético ineludible. Según Mayra Espina (2008) estos son  procesos multidimensionales, cuya expresión y condiciones de reproducción, lo constituye la vulnerabilidad también multidimensional de  aquellos que  los  padecen.  Las  vulnerabilidades pueden estar causadas por  las  limitaciones y riesgos que  el entorno en  que  viven  los  grupos, implican para sus condiciones de  vida,  sesgando las  posibilidades de  alcanzar su  pleno desarrollo (Sen, 1988). Ese  entorno o medio ambiente se  constituye por  el conjunto de  factores físicos naturales, socioeconómicos, políticos y culturales que  se relacionan con  la vida  de los seres humanos por  varias generaciones. Dicha red  de  interrelaciones se  produce de manera desigual según territorios y grupos sociales distintos. De ahí que  el presente estudio indague acerca de  las  relaciones de  producción entre vulnerabilidades ambientales y pobreza, en  este  caso en territorios periféricos urbanos.
En los márgenes de las ciudades más importantes, sobre todo por los procesos de inmigración interna (Figueroa, 1986), han proliferado asentamientos periféricos cuya característica deﬁnitoria es  su  crecimiento desordenado y sin  pautas de planiﬁcación.
En  el caso de  Cuba, la población urbana excede ya el 75%  de  la población total (ONE, 2002:  173).  Dicho crecimiento no  siempre ha estado mediado por  planiﬁcación o pautas urbanísticas, sino también, entre otros, por  procesos espontáneos de asentamientos en las periferias de  las  urbes principales (Espina, 2008). En  cuanto a la pobreza, aunque esta no  tiene una intensidad elevada en  el país, se habla por algunos estudiosos (INIE)[2] que  en  2006,  el 20%  de  la población total en Cuba se encontraba en condiciones de pobreza. Gran parte de esta población vive en zonas periféricas urbanas (Espina, 2008:  181).
Según se  ha  puesto de  maniﬁesto en  investigaciones realizadas (Ferriol, Ramos y Añé, 2006;  Zabala, 2006) los elementos básicos que conﬁguran la pobreza en  Cuba están constituidos por  bajos ingresos, insuﬁcientes para cubrir el costo de la canasta básica de las  familias, y la precariedad de la vivienda, tanto por  el déﬁcit habitacional como por  el deterioro progresivo. En  ese  sentido, en  la isla  existe una política  universal preventiva de manejo de las vulnerabilidades sociales y físico-naturales. En  este  marco la cuestión ambiental y sus  nexos con el desarrollo, ha sido  una problemática presente desde la constitución de  la República Socialista[3]. Sin  embargo, desde el punto de  vista investigativo se ha  padecido de un  exiguo tratamiento de conﬂictos que involucrarían una visión más integral: diferente acceso a recursos naturales, espacios de  vulnerabilidad y riesgos socioambientales como procesos complejos e interdependientes (Ver Jiménez, 2008), desde en una perspectiva multidimensional.
Atendiendo a lo planteado, este  estudio busca conocer qué  sucede en aquellos territorios periféricos de la ciudad capital que  no han sido beneﬁciados con  proyectos de transformación de ningún tipo[4]. Su objetivo  general consiste en analizar cómo se relacionan entre sí las vulnerabilidades medioambientales que  afectan a un  grupo de  familias pobres que  habitan estos territorios con  los procesos de reproducción de la pobreza que  experimentan dichas familias en la actualidad.
El  desarrollo de  la investigación asumió dos  presupuestos teóricos  de  especial importancia. Por  un  lado, se parte del  criterio de  no limitar el concepto de medio ambiente como naturaleza en el sentido tradicional, sino asumirlo desde un enfoque complejo que  integre además dimensiones socioeconómicas y políticas (Delgado y Sotolongo, 2006). Por  otro lado, se incorpora el criterio de  que  la familia es inﬂuenciada como sistema social por  el ambiente que  la circunda, debido a las relaciones especíﬁcas que  establece con  el mismo (Broderick, 1993). Esto permite proponer que  la multicausalidad del proceso que genera y reproduce la pobreza familiar incluye los  modos en  que  las familias se  relacionan con  las  limitaciones que  el entorno establece para sus estrategias de desarrollo. Así, es posible identiﬁcar vulnerabilidades que  tienen como base la situación ambiental y que  juegan un papel en la reproducción del fenómeno de la pobreza.
El  estudio empírico en  este  caso será una fuente de  problematización y reﬂexión sobre las  relaciones medio ambiente-pobreza, de escasa atención en la academia cubana. Para su desarrollo, esta investigación abordó algunos subtemas como objetivos especíﬁcos.
En  primer lugar se buscó caracterizar las  condiciones medioambientales —físico naturales,  socioeconómicas y políticas— actuales de  las  familias pobres que  habitan en  asentamientos irregulares periféricos de Ciudad de La Habana, y las vulnerabilidades ambientales que  se  asocian a ellas  en  cuanto limitantes del  desarrollo de  la  vida familiar. Al mismo tiempo, fueron analizadas las  percepciones sobre tales condiciones y vulnerabilidades que  construyen las  familias pobres de  los  territorios escogidos, y las  estrategias de  enfrentamiento que  desarrollan para hacer frente tanto a la pobreza como al impacto agudizado de  las  vulnerabilidades ambientales que  caracterizan sus condiciones de vida.
Por  último, a modo de cierre analítico, se intentó reﬂexionar acerca  de  los  modos en  que  las  condiciones y prácticas mencionadas se convierten en  factores condicionantes de  la  reproducción de  la  pobreza para estos grupos en  estos territorios. La propuesta metodológica  para abordar estos temas fue  de corte cualitativo y exploratorio, a partir de la aplicación de entrevistas a expertos e informantes claves de los barrios, observaciones encubiertas no participantes a las zonas escogidas y entrevistas en  profundidad a familias seleccionadas mediante el procedimiento de bola de nieve.

La estructura del  presente trabajo cuenta con  un  acápite donde se  discuten los  principales presupuestos para abordar el tema. Seguidamente, se ubican los apartados donde se exponen los principales  resultados y razonamientos elaborados a partir de  la  aplicación de  la  metodología utilizada; y por  último a  modo de  conclusiones, se  ubica una sección donde se  intenta dar cuenta desde el enfoque teórico asumido y la información construida, de potenciales certezas sobre el tema.

Fundamentos teórico–metodológicos para el análisis ambiente, vulnerabilidad, pobreza y estrategias familiares. definiciones y relaciones

Partiendo de Delgado y Sotolongo, este  trabajo asume la necesidad de una visión del mundo que  lo conciba como un todo integrado más que como una discontinua colección de partes. Esta perspectiva compleja integradora entiende la realidad como trama de relaciones inacabada y se enfoca hacia una matriz de relaciones que  incluye determinaciones  recíprocas (Espina, 2010:  101).
En  esta perspectiva, el análisis de  las  condiciones ambientales y su  interrelación con  los  procesos de  reproducción de  la  pobreza intentará centrarse en tres dimensiones sensibilizadoras del ambiente, siempre asumiéndolas como divisiones analíticas o subredes  de relaciones:
 Ambiente físico natural: es el conjunto de  condiciones físicas, sanitarias y de infraestructura urbanas del  territorio donde se asienta la familia en  cuestión y sus  propias condiciones de vivienda. También la  frecuencia y severidad de  eventos climáticos en  la  zona que  los  han afectado y afectan con  especial mención de los procesos asociados al cambio climático.
 Ambiente socioeconómico: en  este   ambiente se  incluyen los factores de  tipo estructural —educación, empleo, salud, entre otros— y simbólico —sentido de  la  desigualdad, privaciones, etc.—  que  caracterizan las  condiciones de  vida  de  las  familias y la comunidad, también se incluyen factores como las capacidades productivas y laborales, la disponibilidad de programas y redes sociales de apoyo social, y relacionados a la superación de vulnerabilidades ambientales, en el territorio.
 Ambiente político: alude aquí a las  posibilidades de participación de las familias, dadas por  la existencia y eﬁcacia de la red de  instituciones y mecanismos de  diálogo e información que permitan su  incidencia mediante demandas, quejas, sugerencias  o capacitación.
De este  modo, la vulnerabilidad se asocia a las  condiciones de  riesgo y diﬁcultad que  inhabilitan de manera inmediata o en  el futuro a los grupos afectados para la satisfacción de su  bienestar —en  tanto subsistencia y calidad de vida—  en contextos socio-históricos territorial y culturalmente determinados. Para entender estos procesos se requiere de una combinación compleja de los procesos ambientales.
Las  condiciones medioambientales constituyen vulnerabilidades cuando limitan el desarrollo integral de las potencialidades y derechos humanos de las personas. Por  tanto, las vulnerabilidades contribuyen a la existencia del fenómeno de la pobreza en la medida en que  refuerzan  las condiciones que  pueden entenderse como causas o factores de reproducción de la misma.
De este  modo, vulnerabilidad social y pobreza no  son  equivalentes. La pobreza, en efecto, tiene un carácter especíﬁco en cuanto constituye una situación de carencias económicas, espirituales y materiales,  que  se  traduce en  privaciones y desventajas económico-sociales que  impiden la  satisfacción adecuada de  las  necesidades humanas esenciales y el despliegue de una vida  normal (Espina, 2008).
En  las  visiones más completas del  análisis de  la pobreza resalta el criterio de  la  participación como un  factor clave  (Sen, 1988). Por participación se entiende, en este  caso, el paso de las personas a su rol de sujetos y no de simples objetos de prácticas externas. Esta asunción de su papel de sujetos está dada por  su inﬂuencia directa en  aquellos asuntos íntimamente vinculados a sus prácticas (Alejandro, 2008:  70).
La  reproducción de  la pobreza ocurre cuando el ciclo  de  exclusión sistémica se hace crónico. Este ciclo  limita las  posibilidades de acceso de los pobres a las oportunidades de superación que  el sistema social ofrece. O cuando no  hay  —o no  se utilizan— vías  o canales de acceso, o  posibilidad para los  pobres de  acceder a  los  patrones de vida  normales de la sociedad. Estos fenómenos hacen que  la incapacidad para la  movilidad social —estancamiento  social— de  estos grupos se traspase de generación en generación, o durante el curso de toda la vida  de un individuo o familia contribuyendo a la circularidad de la pobreza.
Algunos presupuestos sistémicos sobre la vida  familiar permiten sostener la relación vulnerabilidad ambiental-reproducción de  la pobreza familiar. Así, las concepciones sistémicas sobre la familia (Broderick, 1993) apuntan que  el sistema familiar mantiene transacciones formales e informales de  bienes, servicios e información a través de sus  fronteras con  otros sistemas sociales. Las  transacciones informales  operan mediante los  contactos sociales con  parientes, vecinos, amigos, compañeros de  trabajo, parejas sexuales y conocidos, mientras las  formales son  aquellas que  se  dan entre los  miembros de  la familia con  instituciones como los servicios sociales, iglesia, agencias de gobierno, entre otros.
Los  estudios familiares asumen que   las  familias son   sistemas que  usualmente se orientan hacia el logro de  metas que  pueden formar parte de  un  proyecto planiﬁcado racionalmente o acciones con un  alto  grado de espontaneidad. Las  estrategias de enfrentamiento constituyen acciones cotidianas encaminadas a maximizar su aptitud para enfrentarse a  entornos físico-naturales y sociales adversos. De igual modo, se orientan a disminuir el stress que  las vulnerabilidades ambientales provocan en  el desempeño de  la familia, o reducir o eliminar las  diﬁcultades familiares en  el logro de  alguna meta superior que  implique movilidad o adaptación. También se habla de estrategias para inﬂuenciar el ambiente, buscando su transformación para facilitar progresos en la superación de las diﬁcultades.
En  general, estos son  procesos complejos de  adquisición, construcción, intercambio y uso  de  recursos disponibles, para resistir y ajustarse al impacto del entorno (Olson et al., 1983). Sin  embargo, en muchas ocasiones tales estrategias cristalizan en formas inadecuadas de relación de la familia con  la estructura y el sistema social, estabilizando su situación de exclusión en relación a estos e institucionalizando la reproducción de la pobreza (ver  Peña y Proenza, 2009).
La pobreza familiar está relacionada con  el despliegue de sus  recursos, y su  capacidad de  organización para manejarlos. Igualmente se  relaciona con  los  mecanismos de  afrontamiento disponibles y las contingencias externas que  afectan al grupo (Hossain, 2005). Los modos  de acción familiar se basan en ciertas maneras de concebir la realidad, en percepciones que  crean los miembros en relación al entorno y a  su  lugar en  él.  La  percepción denota el  conjunto de  opiniones, valoraciones y concepciones que  los sujetos elaboran en torno a diferentes objetos y se conforma en estrecha relación con  las condiciones estructurales y objetivas que  le sirven de marco o contexto (ver Berger y Luckmann, 1998).

Pautas metodológicas de la investigación

Esta investigación optó por  una estrategia metodológica de corte cualitativo, exploratorio, descriptivo analítico y transversal. El diseño correspondiente incluyó entrevistas en profundidad a los jefes  de hogar de un  grupo de familias pobres que  habitan territorios periféricos de Ciudad de La Habana; la revisión bibliográﬁca; entrevistas semiestructuradas a informantes clave, y observación directa no participante y encubierta en  los  territorios escogidos para esta investigación, de manera complementaria. La  información recabada fue  procesada a partir del  sistema de  código abierto, posibilitando ﬂexibilidad en  los análisis, de modo que  las deﬁniciones teóricas sirvieran de ejes  analíticos y no de categorías estrechas preﬁjadas.
Para analizar las  conexiones existentes entre reproducción de  la pobreza y vulnerabilidades ambientales, además, fueron analizadas las condiciones particulares de vida  de la familia escogida, y se procuró comprender sus  experiencias de relación con  el ambiente y los modos  en  que  estas contribuyen a explicar su  situación actual. Tal,  por ejemplo, la interacción de la familia con  el medio institucional, con  la situación físico-sanitaria y el cambio climático, y estrategias de  vida donde se involucre dicho medio. En lo relativo a las condiciones de los barrios, este  análisis se complementó con  las  observaciones directas, y las  entrevistas a los  informantes claves —funcionarios de  gobierno local, líderes formales, entre otros— y a las propias familias.

Para el estudio fueron escogidas tres comunidades: una en  San Miguel del  Padrón (Alturas de  San Miguel), una en  Arroyo Naranjo (El  Moro) y una en  Boyeros (La  Catalina). Las  familias fueron seleccionadas mediante el procedimiento de  bola de  nieve, garantizando que  cada una llevará más de cinco años viviendo en  la localidad. En total fueron entrevistadas 19  familias —13  (68%)  dirigidas por  mujeres y 6 (32%)  por hombres— y 5 informantes clave  (presidentes de CDR,  y delegados[5]), así  como 5 expertos en  el tema del medio ambiente y la pobreza.

Familias escogidas para el estudio: presentación de los casos

Para ubicar los casos de estudio en el análisis es imprescindible conocer  de antemano las características socioestructurales de las familias:  11 de  las  19 están compuestas por  entre 3 y 6 personas; 4 por  7, 8 o más personas, y 4 por  solo  1 o 2. El total de personas en los hogares es de 80 y el tamaño promedio es de 4,2 miembros por  hogar.
En  ninguna de las  familias analizadas hay  un  jefe de hogar cuyo nivel  educacional sea  universitario, y entre los miembros del  total de las  familias solo  hay  tres graduados de  nivel  superior. El  nivel  educacional más representado en  estas personas es el técnico medio y el secundario. Esto indica los  bajos niveles educativos alcanzados por esta población.
Resulta interesante que  los  individuos más jóvenes sean los  que han alcanzado más altos niveles educativos, mientras las  personas de  más de  50 años sean las  de  menor nivel  de  educación terminado. Esto tiene sentido al considerar que  las  personas de menor edad han podido beneﬁciarse de  la red  de  servicios de educación garantizados universalmente y de  forma obligatoria por  el Estado y sus  políticas sociales desde el triunfo de la Revolución (Álvarez y Motar, 2004).

También resulta signiﬁcativo el alto  índice de prevalencia de discapacidad funcional, mental o físico-motora presente en  las  familias estudiadas. Al respecto, llama la atención el carácter multiproblemático  de  las familias pobres que  habitan estos territorios. Así, 6 de  las familias entrevistadas tiene algún miembro con discapacidad de  algún  tipo, y una tiene 4 miembros con  esta condición. Esto abre nuevas interrogantes sobre la relación pobreza-discapacidad para futuros acercamientos al tema.

Condiciones físico naturales: vulnerabilidades y estrategias de enfrentamiento características físiconaturales y vivienda. Fuentes de vulnerabilidad

Los  tres barrios demuestran numerosas limitaciones en  su  infraestructura. Prácticamente todas las  calles, callejones y aceras están entre  regular y mal  estado. Si bien algunas zonas cuentan con  servicios como electricidad y alumbrado público, en  otras estos servicios maniﬁestan irregularidades alarmantes, como su ausencia parcial o total según su  cercanía a  la  calle  principal que  conecta cada barrio con el resto de  la ciudad. En  cuanto al suministro de  electricidad a residenciales, las  viviendas ilegales que  carecen de  autorización formal de  acceso al servicio lo obtienen mediante desvíos directos del  cable central, llamados “tendederas”.
En  relación al  saneamiento, todas las  calles de  los  tres barrios están sucias, con  desechos y basura sin  medio de recolección visible. Esto demuestra la ausencia de estrategias oﬁciales o comunitarias de saneamiento estable, y conductas sanitarias inadecuadas: “Aquí  hay una gran cantidad de calles afectadas […] con  la indisciplina de la población se une la mala gestión de las  administraciones” (Declaración de un  delegado).
Por  otra parte, es  común a  los  tres barrios el gran número de fugas de aguas limpias o albañales. Esto pone en evidencia el pésimo estado de  las  redes sanitarias y de  suministro de  agua, que  en  algunos  casos se  acentúa por  la  combinación de  estos salideros con  la acumulación de  desechos de  todo tipo que  convierten el área en  un foco  de insalubridad.
Debido al estado deplorable de estas redes, algunas viviendas colindan con  las  aguas albañales, que  pasan frente a  sus  puertas o las  rodean. Según uno de  los  delegados a la asamblea municipal del Moro, la  situación de  las  zanjas afecta las  condiciones de  vida  del barrio, pues el mal  estado del alcantarillado convierte a las partes expuestas de la zanjas en microvertederos donde son  arrojados incluso animales muertos.
Todo permite señalar que  las  condiciones físico-naturales de  los barrios periféricos abordados son  negativas. Su  característica fundamental es  la  insalubridad y la  falta de  higiene comunal. En  esta valoración coinciden tanto los  funcionarios como las  familias, quienes opinan que  dichos factores se  constituyen en  situaciones de  riesgo ante la  contaminación por  desechos, y el peligro de  propagación de enfermedades como el dengue o la leptospirosis.
Este deterioro de  la sanidad de  los  barrios se combina con  la situación de los inmuebles, una parte signiﬁcativa de los cuales está en regular o mal  estado. Es común el uso  de materiales de desecho para la construcción de cercados o partes componentes de algunas viviendas. En  casos observados en  Alturas de  San Miguel y la  Catalina, la ocupación ilegal de  algunos locales acentúa el nivel  de  marginalidad de estos asentamientos.
En  las  viviendas de  las  familias estudiadas, resaltan casas cuyos materiales de construcción predominantes son  mampostería y madera en  las  paredes, entre mal  y regular estado. Los  techos son mayoritariamente de  tejas o madera, sin  que  ninguno se mantenga en  buenas condiciones. Aunque casi  la  totalidad de  los  pisos es  de cemento, hay  casos en  que  son  de  tierra y todos se  encuentran en mal  estado.
Estas cuestiones no  ofrecieron diferencias signiﬁcativas ni  entre  barrios ni  entre familias dirigidas por  hombres o mujeres. Esto podría explicarse por  la limitada movilidad en  términos de  vivienda en el país (Peña, 2005). Las  casas que  ocupan estas familias han sido adquiridas de una manera que  no  ha  garantizado una situación adecuada en este  aspecto.
Según las historias de acceso a las viviendas que  ocupan estas familias las  vías  de adquisición han sido  sobre todo mediante herencia—aunque no  mediaran términos jurídicos— o  traspaso familiar informal. Otras vías  han sido  la invasión de locales no  apropiados para la habitabilidad o el asentamiento ilegal en  solares yermos hacia los bordes externos del  barrio: “Esto era  un  almacén que  […] y nosotros tuvimos que  venir para acá  por  necesidad y no hay propiedad ni nada, porque a mí  se me  cayó  mi  casa anterior hace más de  13 años y me metí aquí, esto  es ilegal”  (entrevista 5). De las  ocupaciones legales, la más común en  estos casos estudiados es  el  usufructo gratuito y en ningún caso la vivienda era  propiedad de la familia que  la ocupaba.
En  cuanto a  las  condiciones sanitarias de  los  inmuebles, una proporción elevada de  conexiones consiste en “tomas” ilegales directas de  las  redes centrales de  suministro de  agua limpia o  desagüe de  albañales. Dichas conexiones en  su  conjunto están en  regulares condiciones.

En general, todos los jefes de hogar tanto hombres como mujeres plantean esta situación de las viviendas como una de las preocupaciones  fundamentales. Estas condiciones de  vivienda, unida a las  condiciones estructurales y naturales del  barrio, constituyen una de  las vulnerabilidades fundamentales que  afrontan estas poblaciones. Ante tal  situación, estas personas han desarrollado estrategias de  resolución mediante la interacción con  la red  de instituciones existentes en su localidad y municipios, llegando en algunos casos a dirigirse a instancias de  administración y gobierno provincial y aun nacional: “Yo le he escrito a todo el mundo […] uno plantea problemas al delegado” (entrevista 2).  “Nosotros hemos ido  a  la  reforma urbana planteando la situación” (entrevista 6). Lo planteado, como puede apreciarse, conﬁrma que  el problema de  la vivienda constituye un  factor crítico para las familias pobres en la sociedad cubana actual (Peña, 2005).

Relación con el clima. vulnerabilidad ante el cambio climático

En  cuanto a la  frecuencia, severidad y efectos de  eventos climáticos en  la  zona analizada y sus  afectaciones probables o  de  hecho a  las familias que  habitan estos territorios, en  las  entrevistas se  hizo alusión a haber sufrido ciclones y huracanes, como las  manifestaciones atmosféricas de  mayor impacto. En  ningún caso se hizo referencia a otro tipo de suceso como movimiento telúrico, etcétera.
Estos eventos ocurren con  cierta frecuencia y todos los entrevistados  han experimentado sus  consecuencias a los largo de sus  vidas. Al respecto, los impactos más mencionados han sido  las pérdidas totales o  parciales de  elementos de  las  viviendas como cubiertas, paredes, carpintería exterior, etcétera.
Al propio tiempo, hay  casos en los cuales esta vulnerabilidad juega un  papel estratégico en los modos de superación de sí misma. Así, algunos entrevistados consideran la afectación de un evento climático severo como una vía de recibir ayuda de las instituciones especializadas  que  de otro modo no ofrecerían sus  servicios: “Nunca me  ha afectado directamente un  ciclón, no  hemos tenido esa  suerte, porque esa es una oportunidad de haber recibido materiales […] esa  vía hubiera sido  buena para recibir ayuda, pero no  hemos tenido esa  suerte” (entrevista 2). Aquí se observa la complejidad de un  análisis en el que  las condiciones del  ambiente natural e institucional generan vulnerabilidades, al tiempo que  las estrategias de superación asumen los efectos de la misma como medio de llamar la atención institucional.
Las  circunstancias descritas constituyen vulnerabilidades en cuanto la  gran cantidad de  casas en  mal   estado pone en  riesgo la estabilidad habitacional y emocional de  las  familias ante un  evento climático severo. Por  otro lado, la escasa higiene comunal y la desorganización urbanística imperante en  estos territorios hacen que  las repercusiones luego del  tránsito de alguno de estos episodios naturales vayan más allá  del daño físico producido a las viviendas, debido al riesgo de propagación de enfermedades transmitidas por  mosquitos, y a que  las fases de recuperación necesiten un  lapso mayor que  en otros territorios con  mejor organización. Con  ello,  el factor sensibilidad del riesgo se combina con  el bajo perﬁl de la resiliencia, que  depende en alto  grado de la intervención institucional.
Esto hace que  estas familias experimenten, como una preocupación cotidiana, el  problema de  la  vulnerabilidad físico natural, que en  los  barrios analizados se ve agravada por  la ausencia de  medidas preventivas comunitarias ante eventos climáticos comunes en la zona y en  el país en  general. Por  ejemplo, no  se  observó en  ningún caso poda de  árboles, lo cual resulta alarmante dado el estado deplorable de muchas viviendas cercanas y que  la temporada ciclónica estaba en pleno al momento de las  observaciones, que  es cuando se activan las estrategias oﬁciales para esto.
Sin  embargo, aunque no  se observó una acción que  denotara la preocupación familiar masiva por  este  tema, algunas familias han dispuesto de  medios improvisados para asegurar sus  cubiertas de  tejas en  caso de vientos fuertes mediante palos, piedras y sacos de escombros. Esto demuestra tanto preocupación como desconocimiento de los  efectos colaterales de  estos medios empleados, puesto que  en  el caso de los primeros estos son  materiales ligeros ante vientos y lluvias fuertes, y en  el caso del  último, al  mojarse con  la  lluvia aumenta su peso, lo cual debilita la  cubierta de  tejas. Esto pone en  evidencia la falta de  información especializada en  este  sentido y esta ausencia de capacitación genera un  reforzamiento de las vulnerabilidades.
Esta vulnerabilidad asociada a factores físicos y naturales se  ve reforzada por  el desconocimiento de  los funcionarios y líderes locales,  y de  las  propias familias, sobre las  cuestiones relacionadas con el cambio climático y sus  posibles efectos. No  existe un  dominio del tema entre los entrevistados, aunque si una noción de los peligros que entraña para la humanidad este  proceso. En  ese  sentido, el discurso de  los  entrevistados hizo referencias a  problemas como el aumento de  los  ciclones y su  intensidad, incremento de  la temperatura, entre otros, aunque según los  propios interpelados no  hay  una conciencia de lo que  esto  puede signiﬁcar para ellos.

Estrategias ante el peligro. se refuerza la vulnerabilidad?

En  general, las  acciones comunitarias o institucionales como medidas  oﬁciales de  enfrentamiento y prevención de  las  vulnerabilidades climáticas se enfocan en las acciones impulsadas por  la Defensa Civil. Dichas estrategias se basan en evacuaciones y ofrecimiento de albergue a las familias en riesgo: “Hay  un plan de defensa, se evacuan a las personas, yo misma he tenido gente evacuada en mi casa […] hay que obligar a veces  a la gente porque no  se evacuan a veces  por  no  dejar las  casas” (CDR.  El  Moro). Además, se  procura ofrecer materiales según la disponibilidad en el territorio y la intensidad de las afectaciones a las familias. Sin  embargo, si las medidas de evacuación demuestran una alta eﬁcacia, no  ocurre lo  mismo con  las  acciones constructivas que  contribuyan a transformar la situación de vulnerabilidad del hábitat.
En  sentido general las  familias refieren prepararse para los eventos climáticos severos anticipándose  a  la  evacuación para lidiar con  el riesgo. En  ese sentido reciben información por  diferentes  canales como pueden ser  las  orientaciones de  los  organismos de  defensa civil  a través de  la  televisión y otros medios de  comunicación o la  propia intervención de  los  líderes de  la  comunidad. En  algunos casos el acceso a la información se produce de manera oral a través de vecinos y familiares que  la transmiten a los demás y les ofrecen su  ayuda.
Así, la estrategia fundamental puesta en  práctica usualmente en estos casos es la evacuación durante el evento, tanto desde el punto de vista de los funcionarios como desde el punto de vista de las familias entrevistadas. Las  redes de relaciones de las  familias desempeñan un papel relevante en el proceso, tanto para la trasmisión de información como para acometer acciones de protección ante el peligro.
Resulta interesante también que  estas familias, que  deben evacuarse ante peligros de derrumbes en sus  hogares, tienen como estrategia proteger no  solo  la  vida,  sino también el escaso equipamiento de  sus  hogares. En  ese  sentido el jefe  de  familia no  procede a la evacuación sino que  se queda en la casa cuidando los bienes: “Yo evacuo a mis  hijos pero yo no  me  voy de aquí, porque al regreso no  sé si me voy a encontrar con  las cosas que  dejé” (entrevista 19). Este aspecto en particular evidencia la desconﬁanza de  estas personas en  relación al medio social en que  viven,  al que  perciben como una amenaza añadida al riesgo que  signiﬁca la intensidad del fenómeno climático.

Cabe pensar,  así,  que   tanto las  propias condiciones físico-naturales como las  estrategias y percepciones para lidiar con  ellas contribuyen a mantener la situación de  vulnerabilidad que  padecen estas familias y sus  territorios ante los  riesgos biológicos y climáticos. Esta situación refuerza el criterio de Armando Fernández (2008) acerca de  las  limitadas capacidades de  generar estrategias autónomas de estos grupos y su alta dependencia de la acción institucional que  promueva prácticas más apropiadas ante los posibles riesgos climáticos o de otro tipo.

Ambiente socioeconómico: privaciones y estrategias fundamentales en la integración socioeconómica fuentes de empleo e ingresos para las familias. vulnerabilidades económicas

Lo usual en estos barrios es no  disponer recursos materiales explotables  que  puedan redundar en  una mayor actividad productiva. Esto tiene como consecuencia inmediata que  la disponibilidad de  empleo en  el interior de  los  territorios sea  bastante reducida. Por  otra parte, los  casos estudiados indican que  el acceso a mejores condiciones de vida  por  la vía del empleo formal no parece favorecida en estas zonas.
Las  fuentes de empleo estatales que  se observan en  estos barrios están fundamentalmente en los servicios, salvo  en el caso de La Catalina  donde se observa una actividad productiva agrícola por  la existencia  de porciones de tierra cultivable en el territorio. Si bien en el área de  estudio existen algunos pequeños negocios privados, la  actividad económica informal es signiﬁcativa, desde la venta de artículos ligeros por  vendedores ambulantes que  pregonan sus  productos mientras se desplazan por  las  calles del  barrio, hasta pequeños negocios que  se hacen desde las propias casas. Este comportamiento se observó en los tres territorios estudiados y de igual manera en familias dirigidas por hombres y por  mujeres.
En  cuanto a la situación laboral de los miembros de las  familias estudiadas, la mayor parte con  empleo formal tiene vínculos estables con  el Estado. En este  grupo de población fue bastante escaso el desarrollo de actividades empresariales privadas de pequeña escala, siendo más común la actividad informal esporádica para suplir limitaciones  del ingreso familiar de manera eventual.
En  la  mayoría de  los  casos, los  ingresos son  en  moneda  CUP[6]  y oscilan entre los  200  y los  700  CUP,  provenientes de  salario estatal o chequeras de pensiones por  discapacidad o jubilación laboral. En este sentido, para muchas de estas familias el empleo estatal es una de las vías  de agenciarse ingresos seguros y regulares: “De vez en  cuando si me aparece un  trabajito lo hago, por  el Estado, porque siempre me ha gustado trabajarle al Estado” (entrevista 3).
Sin  embargo, los salarios estatales a los que  pueden acceder estas personas están lejos  de  poder garantizar un  consumo de  bienes materiales y culturales suﬁciente para satisfacer las  necesidades de  los hogares. Esto así  sobre todo debido al bajo nivel  educacional de esta población, que  le impide una movilidad laboral ascendente. Por  esta razón una de  las  estrategias encontradas consiste en  la recepción de remesas esporádicas enviadas por  familiares y amigos tanto del  interior como desde fuera del país: “Yo te digo  un día le pido a este  hijo  20 pesos, otro día  le pido al otro” (entrevista 3); “A veces  mi familia en el exterior me  envía dinero y a mi yerno le envían a veces  sus  amistades, esto  es eventual pero ayuda a comprar algunas cosas necesarias” (entrevista 4). Otras formas de lidiar con  las limitaciones ﬁnancieras más comunes en estos hogares incluyen el acceso a bienes materiales provenientes de amigos, vecinos o parientes que  colaboran con  la familia en casos de situaciones difíciles.

Por  otra parte, se hacen referencias a actividades económicas irregulares como pueden ser las ventas de productos elaborados o cultivados por  las  familias; la reventa en  el barrio de productos adquiridos  a bajos precios en otras zonas de la Ciudad u otras actividades de menor escala: “Cuando aparece la  costura, es  una cosa que  cuando viene alguien y me  la traen, otras veces  vendo algo  un  racimo de plátano, una fruta de  mi  patio […]” (entrevista 9).  En  este  sentido, las vulnerabilidades fundamentales a que  se enfrentan estas familias están relacionadas con  la incapacidad de generar ingresos estables mediante el empleo formal. En  gran medida esto  está vinculado con  las limitaciones de ofertas de trabajo más remunerado en sus territorios y por  las pocas posibilidades de ascenso laboral en general. Por  esta razón, estas personas están sujetas a fuentes de ingresos irregulares que no  pueden garantizar acceso a niveles de  consumo que  le garanticen una canasta básica o satisfacer sus  necesidades familiares.

Servicios sociales disponibles. la alimentación, situación de vulnerabilidad y estrategias

La mayor parte de los  servicios sociales localizados dentro de las  zonas  estudiadas corresponden a aquellos que  de manera general se encuentran en  todos los  barrios del  país. Es  decir, se relacionan con  la cobertura de las políticas sociales y las redes de distribución normada de  alimentos y medicinas, así  como instituciones de  salud y educación. A partir de  estas políticas en  estas zonas funcionan estrategias para que  los  grupos de  menores ingresos accedan a medicamentos  y otros bienes necesarios para su calidad de vida.
Entre estos programas, tiene especial importancia para las familias  el de  entrega de  medicamentos gratuitos ante casos de  enfermedad, lo cual garantiza la seguridad del sistema de salud: “Por  ejemplo yo he necesitado medicamentos y no he tenido para comprarlos y me lo dan gratuitamente” (entrevista 3). Esta es una de las razones por  las cuales este  aspecto no es de los que  puedan fundamentar vulnerabilidades con  base ambiental.
Por  otra parte, al interior de estos barrios no hay  un  movimiento signiﬁcativo de transportes motores y no  hay  circulación de ómnibus ni otro tipo de transporte colectivo. Lo signiﬁcativo aquí es la escasa posesión de bienes motores y otros medios de locomoción, lo cual demuestra limitaciones económicas en general y pocas posibilidades de movimiento al interior de los barrios o desde estos hacia el centro de la ciudad: “Hace poco me puse muy mal, pero muy mal  […] y nosotros tuvimos que  ir, bueno, tuvieron que  llevarme cargada hasta la calzada, porque aquí no hay medios de comunicación, esto  es como si fuera un oeste” (entrevista 5).
En  relación a la  oferta de  alimentos y otros bienes de  consumo de  los  hogares en  el entorno, los  vecinos e informantes clave  del  barrio consideran que  las  ofertas son  limitadas y que  esta es una de las privaciones fundamentales que  experimentan: “Tenemos venta de refrescos, tenemos garantizado un  comedor comunitario para la gente de menos recursos, pero aquí no hay  muchos servicios sociales de ese tipo para la gente” (CDR).

Con  respecto a la nutrición o alimentación de  las  familias, algunas  personas reﬁeren en  ocasiones no ingerir alimentos calientes en todo el día.  No obstante en su mayoría reﬁeren hacer de 1 a 3 comidas diarias y su elaboración en cada hogar está asociada a la composición interna del  mismo, de acuerdo a la edad, situación laboral y de salud de  los  miembros de  los  hogares. Así, aquellas familias donde hay  niños  o ancianos tienden a hacer desayuno, pero aquellas donde algunos  miembros trabajan durante el día  solo  realizan como promedio una comida principal diaria en las tardes:

Yo hago tres  comidas al día  porque estoy  anotado en el comedor comunitario, acá se cocina una sola vez pero me queda para el almuerzo, y cuando está  ﬂojo  voy  al  comedor. El  desayuno mis  hijos  me  garantizan siempre algo, no nos vamos sin comer a la cama, pero mis hijos  solo comen una vez al día, por la tarde porque trabajan, desayunan cuando hay lo que pueden, a veces solo café,  pero siempre se llevan  algo a la boca. (Entrevista 3)

En  su mayoría, estas familias reﬁeren depender en gran medida de la adquisición de suministros ofertados por el Estado a precios subsidiados  a través de  la  red  de  distribución normada[7]. Sin  embargo, estas ofertas solo  cubren una parte de  las  necesidades alimenticias de  los miembros de  los  hogares. Según Mayra Espina, lo distribuido por  el mercado racionado subvencionado garantiza solo el 63% de los requerimientos nutricionales promedio y cubre únicamente la alimentación de entre 13 y 15 días del mes  (Espina, 2008:  176).
Es  por  esto  que  las  familias estudiadas adquieren otros tipos de alimentos en los mercados agropecuarios estatales de precios topados y en su mayoría estos productos adquiridos son  frutas y vegetales. Los entrevistados declaran que  solo  consumen carne rara vez cuando este tipo de alimento es proporcionado por  la libreta.
Es  importante recalcar que  las  familias con  niños menores de 14  años y  ancianos reciben productos lácteos mediante el  sistema de libreta lo cual permite a estos hogares garantizar desayunos a sus miembros en  alguna medida. En  opinión de  un  entrevistado de  La Catalina, hay  familias —aunque no es el caso de ninguna de las interpeladas— que  asumen el tener más hijos como una manera de seguir beneﬁciándose de estas garantías (entrevista 13).
En  general, la  cuestión de  la  alimentación es  una problemática sensible e implica para familias de  bajos ingresos un  reajuste de  los gastos totales y un  reajuste del  consumo de  alimentos al  interior de la familia, privilegiando a aquellos miembros más necesitados como niños, enfermos y ancianos en  detrimento de  otros miembros más saludables o resistentes.
Otras estrategias para lidiar con  las  limitaciones en  el consumo de  alimentos que  padecen estas familias consisten en  producir  alimentos para su autoconsumo en patios y jardines, cuando los tienen. También, por  los  escasos ingresos y por  las  reducidas ofertas en  el área, una práctica común es intercambiar los cultivos por  otros bienes de utilidad con  vecinos y amigos.
Los comedores comunitarios son  muy mencionados por  las familias  que  se entrevistaron y que  tienen entre sus  miembros adultos mayores, ya que  es a estos a quienes se dirige este  servicio. Aun  cuando los entrevistados que  hacen uso  de este  servicio plantean que  su cantidad es muy reducida, esta oferta es un  alivio  para las limitaciones que encaran en su alimentación.
El  problema de  la  alimentación en  Cuba es  uno de  los  factores  en  los  que  se limita el desarrollo de la vida  familiar (PMA-Cuba, 2001). Por  esta razón, uno de  los  programas del  estado para paliar el bajo potencial de consumo alimenticio de los grupos más vulnerables  son  estos comedores, que  ofrecen desayuno, almuerzo y comida a precios subsidiados.
Según los entrevistados, el problema en estos comedores es que  la oferta de alimentos es poco variada e insuﬁciente para las necesidades alimentarias. Por  otra parte, este  servicio está dirigido a grupos vulnerables por  edad, en este  caso ancianos con  problemas económicos, por  lo que  las  familias a las  que  estos pertenecen no  acceden a este beneﬁcio directamente. Es importante señalar que  este  servicio de comedor fue  más mencionado en  El Moro que  en  los otros dos  barrios. Esto pudiera estar mediado por  el hecho de  que  el comedor en  esta barriada funciona con  mayor regularidad y organización que  en  los otros territorios.
Otro problema relacionado con  la  oferta de  servicios en  las  comunidades consiste en  las  malas condiciones y la falta de  higiene de algunos de  los  inmuebles donde se  ofrecen dichos servicios. Pero lo más signiﬁcativo en  relación a este  tema tiene que  ver  con  la valoración de la calidad de las ofertas que  hacen los beneﬁciarios. Por  ejemplo  la inadecuada atención en  policlínicos y médicos de la familia, la mala calidad de  la alimentación en  los  comedores comunitarios y la insuﬁciente disponibilidad de  ofertas recreativas son  algunas de  las limitaciones que  maniﬁestan los  servicios: “Yo creo que  lo  que  más afecta es que  el policlínico del barrio no funciona bien, como debería ser, a veces  tengo que  llevarme a mi papá enfermo para que  me  le den oxígeno en  otro policlínico porque aquí no  hay  nadie que  lo atienda bien” (entrevista 1); “Yo tengo un  comedor que  yo cojo  el almuerzo, a mí me dan desayuno almuerzo y comida pero lo que  te dan se lo come un  niño y se queda con  hambre” (entrevista 3). Este tipo de  criterios son  emitidos tanto en  las  entrevistas realizadas a las  familias como a los informantes claves.
Sin  embargo, la cobertura de algunos programas de ayuda, como los  mencionados comedores, y el apoyo a pacientes de  instituciones de salud con  escasos recursos económicos, posibilitan ciertos niveles de satisfacción elementales a esta población.
La mayor parte de las  familias en  condiciones de pobreza en  los barrios estudiados tiene alguno de sus miembros en edad escolar, pensionado o sin  empleo formal. Esto acentúa el hecho de que  la vida  de estas familias transcurra mayormente en el interior del barrio en que residen, dependiendo de los servicios que  en  él se ofrecen para la satisfacción de sus  necesidades.

No obstante, las familias entrevistadas maniﬁestan algún descontento por  el impacto real  que  pueden tener estos servicios en  la superación de sus  condiciones de vida.  En  general de estas ofertas se desprenden beneﬁcios materiales importantes para ellas, pero también un  perjuicio simbólico signiﬁcativo. Resulta, como se verá  más adelante, que  la insuﬁciente calidad de la respuesta institucional en el territorio se va erigiendo en una vulnerabilidad palpable, pues genera en  estas personas sentimientos de  subvaloración o negligencia en comparación con  otras áreas urbanas.

Relaciones sociales y percepciones de la pobreza

Las  vulnerabilidades vinculadas a este  eje  socioeconómico están relacionadas con  los  escasos recursos productivos y de  disponibilidad de empleos así  como la insuﬁciente oferta de servicios de impacto en la movilidad social, que  puedan signiﬁcar una superación real  de  las condiciones de  vida  precarias. En  cambio, las  estrategias que  ya comienzan a erigirse como fundamentales tienen que  ver con  la incorporación de la institucionalidad al alcance de las  familias, y un  recurso imprescindible para su supervivencia: el capital social existente en las redes de relaciones en las que  participan.

En  relación a las  condiciones de  integración social de  las  familias  en las redes de relaciones que  existen en el barrio, resaltan las diferencias entre las visiones que  se tejen del barrio como un  conjunto, y las  que  se construyen sobre los vecinos que  comparten las  vicisitudes  de  la vida  cotidiana con  estas personas. En  este  sentido, existen opiniones sobre el  barrio como que  “tienen la  mente tan negativa que  están el tiempo pensando en  cómo jugar cabeza, en  tomar ron, en  ver  en  qué  momento el que  trabaja deja  la  casa sola  para robar” (entrevista 15). Este criterio es manejado tanto por  las familias como los informantes claves.
Este tipo de  opinión denota que  la  valoración que  las  familias construyen acerca de la proyección social de los habitantes del barrio en  que  viven  se  caracteriza por  la  indisciplina. Estas conductas, au-
nadas a las  escasas posibilidades de  recreación sana en  el territorio, pueden signiﬁcar limitaciones en  la  incorporación de  prácticas que redunden en  un  mejor aprovechamiento de  las  posibilidades que  la sociedad puede ofrecer.
Por  contraste, las  visiones de los vecinos cercanos son  completamente distintas: “Acá ya todos se conocen y, por  ejemplo, si tengo un  problema en la familia ellos  me  apoyan, me  auxilian” (entrevista 3). El tipo de apoyo o ayuda a la que  se reﬁeren en la mayoría de los casos tiene que  ver  con  el intercambio de  bienes de  uso  cotidiano: “Cuando estoy enferma me  dan medicina, un  poco de  arroz y así” (entrevista 12). En  estos casos se evidencia que  las redes de relaciones  en las que  participan las familias, dotadas de capital social que se activa en momentos de necesidades, juegan un  papel importante.
Esto permite constatar el lugar que  ocupa la sociabilidad tanto en la explicación de criterios negativos sobre el barrio en que  viven,  como en  la incorporación del  mismo en  las  estrategias de sobrevivencia. Al respecto, cabe pensar que  el relacionamiento con  familiares y vecinos cercanos es una constante en  las  estrategias y percepciones sobre su ambiente que  construyen las personas entrevistadas.
Lo anterior permite deducir vulnerabilidades, en el sentido de que los  servicios que  la población recibe en  gran medida están afectados por  la actuación insuﬁciente de las instituciones que  los representan u ofrecen. El aspecto explicativo de esta aseveración está en el resultado palpable y observable de la agencia de dichas instituciones y de la opinión de funcionarios y familias entrevistadas.
En  lo relativo a la incidencia del ambiente socioeconómico no se observaron diferencias sustanciales en  cuanto al  género del  jefe  del hogar de  estas familias. Tampoco se constató distinciones respecto a las percepciones sobre el ambiente ni en cuanto a las estrategias para lidiar con  las diﬁcultades propias de sus  situaciones.
Sin  embargo, sí se encontraron diferencias entre las  familias de acuerdo a las  maneras de  percibir sus  condiciones de  vida,  aunque esto  no  haya implicado diferencias sustanciales en los modos en que se concibe la superación o tratamiento de  la privación padecida. En este  caso, importa señalar que  todas las  familias reconocieron tener privaciones de  vivienda, de  alimentación, y escasas posibilidades de esparcimiento y recreación, todo lo cual se relaciona con  una privación de  base constituida por  los  bajos ingresos. Asimismo estas privaciones remiten a  limitaciones en  los  servicios y ofertas presentes en su entorno.
Sin  embargo hay  familias que  aun así  no  se  consideran pobres (6)  esgrimiendo criterios como que  “no  estamos como esa  gente de África, no  tenemos pobreza porque tenemos algo  que  comer” (entrevista 5); “el cubano nunca se acuesta sin  comer, si no  tiene un  familiar  lo ayuda […] un  pobre no tiene techo, no tiene atención médica” (entrevista 1).  Estos argumentos demuestran que  estas familias que no  se  consideran pobres, manejan una visión de  la  pobreza como pobreza extrema y se comparan con  la realidad de  países de  menor nivel  de cobertura social que  Cuba. En  ese  caso, plantean que  la responsabilidad de los que  no han avanzado más en la vida  es porque no han sabido aprovechar las  posibilidades de  empleo, de  estudio y de superación dadas por  el gobierno.
Por otra parte, las personas que caliﬁcarían a su familia como pobre en todos los casos establecen esa  valoración comparándose con  el resto de la sociedad, por  lo que  manejan una concepción más relativa del proceso. Este grupo considera que  dicha situación está causada por  pocas posibilidades y oportunidades ambientales recibidas durante el curso de la vida y asientan la posibilidad de superación en las instituciones oﬁciales y en última instancia en el Estado: “Me hace falta esto  y lo otro, pero no puedo tenerlo porque el Estado no me  lo da” (entrevista 2). Es decir que  la responsabilidad de solución es interpretada como de agentes externos a la familia, en especial el Estado.

Resulta común en  todos los  casos que  las  personas identiﬁcan la pobreza con  condiciones de  tipo material, no  valorando las  pocas posibilidades de participación o de toma de decisiones sobre el curso de sus vidas como un elemento que  denote pobreza en un sentido más integral. Hasta este  punto la  tendencia observada en las  entrevistas alude a la dependencia de  estas personas en  condiciones de  pobreza con  el entorno institucional inmediato. Estas instituciones son  referente constante en  sus  agencias y acciones encaminadas a resolver los  conﬂictos de  su  adaptación al medio ambiente, por  tanto forman parte de sus  estrategias y las interrelaciones entre la población y ellas adquieren relevancia para este  estudio.

Ambiente político. posibilidades institucionales en la pobreza y participación  como estrategia red institucional, existencia y usos de mecanismos de participación

En  lo  que  hace a  las  posibilidades de  participación de  las  familias mediante mecanismos de diálogo e información, existentes como potencialidades desde el punto de vista formal, las condiciones en estos barrios son  semejantes a las  de  todas las  localidades del  país: primeramente mediadas por  un  conjunto de  mecanismos legal  y políticamente ajustados para viabilizar la  participación sociopolítica de  la sociedad civil en Cuba.
Así, constituyen mecanismos a nivel  local  las  reuniones comunitarias de rendiciones de cuentas de delegados a la asamblea del Poder Popular, despachos directos con  funcionarios del  gobierno y el intercambio con  las instituciones de la administración local  sectorializada—salud, vivienda, comunales, etcétera—.
En  lo que  hace al ejercicio de estos derechos en los barrios estudiados, y a  las  percepciones y acciones que  sobre ellos  construyen las  familias entrevistadas, cabe aﬁrmar que  estas posibilidades de  participación son  limitadas. Esto, no  porque no  existan caminos o vías  oﬁciales de  diálogo con  las  autoridades, sino por  el mal  estado de  su  funcionamiento y el descontento de  las  familias en  relación a las  posibilidades de  incidencia en  su  vida  cotidiana a partir de dicha participación.
Las  entrevistas han permitido constatar que   el  ejercicio de  la participación de  las  familias en  la vida  comunitaria se traduce en  la mayoría de los casos analizados en  acudir a las  instancias institucionales a tramitar gestiones relacionadas con  los asuntos de su interés, a asistir a los fórum o reuniones de la comunidad para hacer reclamos o solicitudes a los delegados u otros funcionarios que  asistan: “El pueblo  tiene ideas, la  gente habla, pero de  ahí  en  fuera uno no  ve nada más, no  se ve que  se haga nada” (entrevista 1); “Se llevan al consejo los problemas fundamentales de la circunscripción […] pero siempre ha  habido problemas con  los recursos” (delegado).
Sin  embargo, existe el criterio entre los  funcionarios entrevistados  que  las  familias en  estos barrios son  receptivas a los llamados de cooperación con  actividades comunitarias. “Yo paso una citación con eso  me  basta […] cuando yo cuento con  ellos,  me  sirven, me  dan el paso al frente” (CDR).  En  este  tipo de  acciones, sin  embargo, las  familias perciben que  su participación no tiene verdadera incidencia en el curso de sus  vidas y de la comunidad. Por  el contrario, su  concepción de su participación es más bien formal. Las entrevistas realizadas evidencian que  tal  formalidad es incluso asumida como el deber ser de  la participación, entendiendo que  su  rol  en  los  proyectos consiste en  ejecutora objetivo trazados desde arriba tanto por  la  vía  institucional como organizativa. Reaﬁrmando este  criterio, funcionarios del gobierno han planteado que  cuando el trabajo “llega”  los vecinos de la comunidad se movilizan, dando cuenta del sentido vertical que  asume tanto en  la  práctica como en  las  percepciones de  los  informantes el ejercicio de la ciudadanía en estos territorios.
A su vez, algunos funcionarios perciben que los vecinos participan de  las  reuniones comunitarias y rendiciones de  cuentas solo  cuando su  convocatoria resulta en  beneﬁcio para sí mismos sin  compromiso con  la comunidad “hay  un  rechazo a veces,  a qué  voy a ir a la rendición de  cuentas si no  me  van  a dar nada” (delegado). La  percepción de los vecinos, sin embargo, es distinta: “En las asambleas tu planteas las  cosas y te  dicen siempre que  van  a  dar solución, pero nada de nada” (entrevista 1). Aun  así,  las  personas reconocen los  espacios de discusión y reunión, de  los  CDR,  con  el delegado como mecanismos estratégicos: “Cuando hay  una situación que  afecta a la población se ha  ido  a cuanto nivel  se tiene que  acudir, pero lo que  ha sucedido es que  ese nivel  no ha  sido  receptivo” (entrevista 2).

En  relación a la acción de la red  institucional que  funciona en estos barrios como niveles locales de la red nacional, tanto las entrevistas como las observaciones realizadas permiten constatar que  el accionar de  dichas instituciones formales —sobre todo las  que  representan localmente la implementación de las  políticas sociales sectoriales— padecen de ineﬁciencias en  sus  desempeños. Las  experiencias recogidas arrojan inconformidades importantes, sobre todo en relación a las instancias locales de  la vivienda, de  la seguridad social, comunales y las administraciones locales en general: “Yo creo que  el problema es sobre todo de  organización, yo creo que  son  buenas al  menos para lo que fueron creadas, la cosa es que  no  siempre se logra que  se involucre la gente, y las cosas pudieran ser  mejores” (entrevista 4).

Consecuencias de la acción institucional. desigualdad  como resultado

 Las  consecuencias simbólicas de  las  condiciones y vulnerabilidades ambientales aquí analizadas —en  particular, su  impacto en  la  autoestima y motivaciones de estas familias— tienen aquí especial impor tancia. Los  habitantes de  estos barrios experimentan un  alto  sentido de  la  desigualdad, vinculado al  lugar  que  su  territorio ocupa en  la ciudad y la  sociedad mayor, tanto desde el  punto de  vista material como  espiritual.
 Al respecto, las personas consideran que  en estos barrios se recibe menor atención que  en otras zonas  centrales: “En otras zonas residenciales esto  no  pasa, aquí todo es salidero, salidero, yo me  siento muy mal”  (entrevista 18). Estas percepciones, a su vez, generan descontento  y sentimientos de  desesperanza: “A veces  me  descompenso y me tiro en  la  cama […] porque son  experiencias muy duras” (entrevista 2).  En  ocasiones estos criterios demuestran tener un  impacto en  la motivación de emprendimiento de estas familias “a veces  un  poco de frustración porque veo que  en  otros lugares las  cosas mejoran y aquí no es igual” (entrevista 4).
En  este  sentido, la percepción de desigualdad territorial se reﬁere tanto a la distancia física entre el barrio y el centro de desarrollo de la ciudad, como a la percibida marginación con  relación a otros barrios o zonas metropolitanas; “Se ve por  ahí  que  hay recursos, como se hizo en la Güinera, se hizo un proyecto y se le dio materiales a la gente, posibilidad de mejorar pero aquí no ha llegado nada” (entrevista 4). Esto resalta la importancia de la acción institucional formal en la construcción de estas percepciones de desigualdad.
A pesar de  esta inconformidad maniﬁesta, no  se  narró en  ningún  caso algún tipo de  actividad comunitaria en  función de  mejorar las  condiciones ambientales que  fuese auto-gestionada o promovida por  la  propia población barrial. En  ese  sentido, aparecieron en  las entrevistas criterios que  denotan un  alto  grado de  conformidad o de ausencia de posiciones de emprendimiento para una real  transformación de las  condiciones de vida  de las  familias: “Adaptarnos a la vida que  podemos llevar, adaptarnos es lo único que  hemos podido hacer” (entrevista 2).
Es  decir que, en  su  opinión, la  acción institucional no  ha  motivado  el accionar comunitario independiente. Por  el contrario, en  todos los casos, las personas esperan convocatorias de participación por parte de  los  líderes de  la  comunidad. Esta situación pone coto a las capacidades de  resiliencia que  las  familias puedan desplegar, por  su alta dependencia de  las  instituciones formales de  la comunidad y de la sociedad en general.
Tanto la participación altamente formalizada que  esto  último sugiere, y la  insatisfacción con  la  acción institucional en  el territorio, hacen que  estos factores se conviertan en  elementos ambientales de vulnerabilidad para las familias. En particular, esta vulnerabilidad tiene  que  ver  con  la existencia de  limitaciones para que  estas personas incidan directamente como sujetos en  el desarrollo de  estrategias de superación de la pobreza.
En  lo  que  respecta a  las  instituciones del  barrio, estas constituyen por  su  funcionamiento una vulnerabilidad, pero constituyen también son  una fortaleza o una posibilidad estratégica. Estos grupos,  en efecto, no  pueden ejecutar acciones para el  mejoramiento de  sus  condiciones de  vida  al  margen de  las instituciones formales. En  ese  sentido, el análisis de  las  aspiraciones de  estas familias y las consideraciones acerca de  las  posibilidades de  concreción de  dichas expectativas indica que  en  gran parte de las  estrategias identiﬁcadas o aspiraciones para el futuro, media la acción de las instituciones oﬁciales de conjunto con  el esfuerzo de la familia: “La aspiración mayor es arreglar la casa […] sí, yo creo que  es posible de  lograr todo está en que  las instituciones nos  faciliten las cosas porque no siempre funcionan de la mejor manera” (entrevista 4).

Por  añadidura, la poca eﬁcacia de la acción institucional para incidir en  los  aspectos que  limitan con  más fuerza las  condiciones de vida  de las  familias estudiadas, no  se constató ningún tipo de acción que  implicara capacitación de  los  habitantes de  los  barrios para enfrentar las vulnerabilidades a que  están expuestos. Ni en el discurso de los informantes clave, ni en las entrevistas con  las familias, fue posible identiﬁcar elementos alusivos a este  tipo de  trabajo de  capacitación. Esto implica una limitación, en  cuanto toda la información que  manejan estas familias proviene de parientes, amigos o vecinos, y de los medios de comunicación masiva. Esto explica que  desempeñen acciones  que  muchas veces  no  sean las más adecuadas para hacer frente a los problemas que  enfrentan.

Comentarios finales. vulnerabilidades ambientales como factores condicionantes de la reproducción de la pobreza

Inspirada en  las  nociones de  reﬂexividad que  caracterizan la mirada compleja de  la realidad, esta investigación propuso un  acercamiento al medio ambiente de manera totalizadora (Espina, 2010). Por  ello, se intentó no  analizar ninguna de  las  dimensiones del  entorno en  especíﬁco de  forma aislada. Por  el contrario, se intentó reﬂexionar sobre su articulación con  los procesos que  implican limitaciones para estas familias en la superación de su situación de carencias y las consecuentes estrategias desarrolladas.
Desde el punto de  vista ﬁsico-natural resultan limitantes constatadas el estado crítico de las  viviendas y el alto  nivel  de informalidad y deterioro de  las  redes y suministros de  infraestructura urbana en los barrios. Asimismo resulta una vulnerabilidad ambiental el escaso saneamiento e higiene que  pone en riesgo la salud de los vecinos ante el potencial peligro de brotes epidémicos como dengue, leptospirosis, etc.  Por  último, la escasa capacitación —tanto estratégica como informativa— que  tienen los  funcionarios y familias sobre los  efectos del cambio climático para su  comunidad y para sí mismos implica una disminución de las capacidades de enfrentamiento.
Desde el punto de vista socioeconómico, constituyen condiciones limitantes el escaso nivel  de recursos productivos en el ambiente y las limitadas disponibilidad de empleos acordes a los niveles educativos y expectativas de las  familias de estos barrios. Esta situación limita las oportunidades de las  familias para incrementar sus  ingresos por  vías formales y así  mejorar sus  condiciones de  vida,  y las  hace depender de  transacciones irregulares e informales para sobrevivir. Dentro de dichas condiciones, las  privaciones más signiﬁcativas son  la  escasa alimentación, la vivienda en  mal  estado y los  problemas de  salud en las familias que  las hacen dependientes de los servicios ofrecidos por la red  institucional que  funciona en estos barrios.
También resultan vulnerabilidades las  limitadas ofertas de  estos servicios y su  calidad. De manera general, todos los entrevistados reciben beneﬁcios mediante la  implementación del  sistema de  políticas sociales cubano. Sin  embargo, estos son  insuﬁcientes tanto por  su reducido despliegue de  recursos redistributivos como porque, al  ser asistencialistas, no  logran revertir su  funcionamiento en  acciones de promoción. Esto mantiene la vulnerabilidad, pues merma el sentido de  emprendimiento de  estas personas. Tal  situación se relaciona con el no poder cubrir sus necesidades básicas de manera autónoma, pero también con  que  su  ambiente no  estimula la  conﬁanza y la  autoestima, ni  promueve el sentimiento de  ser  capaz de  hacer y proponer. Todo ello  pone de  maniﬁesto la  falta de  oportunidades  efectivas de participar en los procesos de toma de decisiones.
Por  tanto, en lo relativo al eje ambiente político resultan vulnerabilidades las pocas posibilidades de incidencia real  que  tiene la participación altamente formalizada de  las  familias. Lo dicho se acentúa con  las maneras de interpretar y ejecutar la participación sociopolítica en los territorios abordados, demostrando limitaciones en el ejercicio de la agencia familiar. De lo anterior se deduce la poca incidencia de la acción de las familias o comunitaria para la efectiva superación de la pobreza en estas zonas, y para su desarrollo integral.
En  relación a la  existencia de  redes institucionales y su  funcionamiento, el hecho de  que  estas instituciones a nivel  local  no  resulten  eﬁcaces en  el cumplimiento de  las  funciones para las  que  fueron creadas constituye una vulnerabilidad. Su ineﬁcacia tiene un  impacto especialmente negativo en la superación de las limitaciones del entorno  de estas familias, en  aquellos aspectos que  más los  afectan, como vivienda, alimentación,  servicios sociales y saneamiento. Lo  mismo puede decirse de  la  alta dependencia de  estas instituciones respecto a  los  niveles superiores —provinciales y nacionales—, y su  limitada discrecionalidad y recursos. Todo ello genera sentimientos de descontento y percepción de  desigualdades en  relación a otras zonas de  la ciudad por  parte de las personas implicadas.
En  todos los casos, por  tanto, desde el punto de vista físico como social, estos  barrios  son  considerados periféricos no  solo  por la distancia  con  relación al centro de la ciudad y a sus  núcleos productivos y de desarrollo socioeconómico,  sino  también desde  el punto de vista del comportamiento de  las  dimensiones del  ambiente como acción institucional, niveles de desarrollo comparados con  el resto  de la ciudad, y calidad de la participación comunitaria, entre otros.
Para Susann Ullberg (2005), las pocas posibilidades incrementan la  vulnerabilidad ante cualquier contingencia negativa —como una crisis socioeconómica, evento climático severo o guerra—, mientras que  el acceso a recursos materiales y a poder político aumentará la resiliencia. En  este  sentido, cabe concluir que  las familias pobres de los barrios periféricos escogidos no cuentan con  posibilidades de resiliencia  real. Es  decir, que  si bien las  condiciones medioambientales con las  que  interactúan no  pueden ser  consideradas la  única causa que explique la reproducción de  la pobreza familiar, sí se constituyen en factores de limitación de posibilidades de cambio o movilidad social.
En  cuanto a  las  estrategias de  enfrentamiento a  la  pobreza y a las vulnerabilidades identiﬁcadas, las condiciones medio ambientales de  mayor importancia para estas familias son  las  que  tienen que  ver con  el ambiente socioeconómico y, lejos  de ser  acciones racionalmente planiﬁcadas, constituyen actividades altamente espontáneas. Por su parte, el ambiente físico natural de los barrios es considerado en todos los  casos como un  factor negativo para el correcto desenvolvimiento de las familias que  los habitan.
En ese sentido, el ambiente físico natural desempeña una función explicativa de las condiciones de vida  precarias y constituye la base de muchas de  las  vulnerabilidades que  ponen en  riesgo el desarrollo de una vida  normal según los estándares de la sociedad cubana (Ferriol, Ramos y Añé, 2006). Y en muy pocas aristas puede ser entendido como un  elemento estratégico, siendo evidentes solo  los  casos que  cuentan con  afectaciones mayores para llamar la atención de las  autoridades, o los que  utilizan el recurso tierra para producir alimentos y generar ingresos o trueques con  vecinos.
En  cuanto a  la  disponibilidad de  posibilidades para la  superación de  la  pobreza, hay  contradicciones entre las  familias, —y entre el discurso maniﬁesto y el latente— sobre la  importancia del  medio en  la explicación de  sus  condiciones de  vida.  En  ese  sentido, el análisis  constató que  las  diferencias fundamentales sobre estos temas se deben sobre todo a  la  propia visión de  sus  condiciones de  vida  que construyen estas personas. Es  decir, dependiendo de si se auto caliﬁcan  como pobres o no,  y las  instancias responsabilizadas por  esa  situación. Con  todo, las nociones dependencia o afectación en relación al medio ambiente en que  se desarrollan apuntan a la importancia que tiene este  en la reproducción de la vida  familiar, y en esto  casos de la reproducción de la pobreza.
La  participación social de  las  familias desempeña un  papel importante en  sus  estrategias de  enfrentamiento, en  la  medida en  que toman los espacios de participación institucionalizados como medios de  tramitar sus  quejas y solicitudes. Esta participación no  tiene un carácter de  emprendimiento, sea  de  movilización familiar hacia el cambio social o de la comunidad en función de metas concretas, salvo algunos casos puntuales descritos en los que  la comunidad ha actuado en  conjunto para resolver problemas del  ambiente físico natural del barrio. Esto remite a  limitaciones en  la  formación y despliegue de capacidades en  estas poblaciones pobres, puesto que  en  ellas  se  ha limitado la  capacidad de  saber agregar y construir demandas sociales.  Según plantea Amartya Sen  (1988), la  falta de  capacidades para emprender actividades importantes remite a  factores causales de  la pobreza. En  este  caso la circularidad de mutuo condicionamiento de estas vulnerabilidades y la  reproducción de  la  pobreza, lleva  a  reaﬁrmar el  punto de  vista comprensivo reﬂexivo, a  partir del  cual los factores causales son  parte de la deﬁnición del problema.
Este enfoque complejo propicia análisis abiertos, que  en el desarrollo de  este  trabajo resaltan la importancia de  la arista institucional  del problema para la comprensión de las diferentes dimensiones analíticas deﬁnidas en el marco teórico de esta investigación. En este caso, la metodología aplicada permitió constatar que  la relación con el entorno institucional es considerada el factor más signiﬁcativo de la interacción de estas familias con  su entorno inmediato, tanto para plantear determinadas situaciones en sus percepciones sus condiciones  de vida,  como porque estas instituciones son  el medio con  el que cuentan estas familias para estructurar estrategias de enfrentamiento a la pobreza.
El  papel que  juega el medio social para las  familias es  también importante, en cuanto redes locales de relaciones que  permiten resolver  problemas cotidianos o  transacciones informales. Sin  embargo, aun la inserción de  estas redes de  apoyo informal está altamente inﬂuenciada por  la ineﬁcacia de la acción institucional.
Por  otra parte, es  justo decir que  no  se  constataron distinciones signiﬁcativas a partir del género del jefe del hogar en relación a las estrategias para lidiar con las diferentes vulnerabilidades ambientales y la propia pobreza. Esto puede ser relevante para entender que  la elaboración de estrategias y los mecanismos que  se incorporan a estas no estén afectados por  el género del jefe del hogar, sino por  otros factores como las posibilidades del entorno para sustentar esas  estrategias.
Según Hossain, en  la  medida que  la  pobreza no  es  solo  caracterizada por  la  ausencia de  bienes e  inhabilidad para acumular un conjunto de ellos,  hay que  referirse también a la ausencia de oportunidades en relación a las  alternativas de estrategias de enfrentamiento. En  este  caso, resulta evidente que  los  hogares más pobres y vulnerables  se ven forzados a adoptar estrategias que  les permiten sobrevivir pero no mejorar sus  vidas, mediante acciones encaminadas a atender las necesidades de la subsistencia y de reproducción de vida  familiar, pero en ningún caso a la movilidad social.

Estas personas están limitadas de alcanzar un  cierto nivel  de funcionalidad o capacidad debido a la falta de empoderamiento añadido a la falta de bienes, e ingresos bajos (Hossain, 2005). En  los casos estudiados resulta evidente la ruptura o disfuncionalidad de la relación individuo sociedad debido a la incapacidad de los mecanismos institucionales de  inclusión y equidad social de  promover transformaciones a nivel  de los espacios sociales. En  ese  sentido se hace referencia a la imposibilidad de  las  personas en  cuestión de  articularse socialmente de modo beneﬁcioso para sí mismos y su comunidad.

A modo de cierre

Este trabajo intentó reconstruir reﬂexivamente las  conexiones  existentes entre la  situación de  vulnerabilidad ambiental que  cualiﬁcan el desarrollo de  la vida  de  un  grupo de  familias, y las  condiciones de pobreza que  padecen, en  territorios periféricos de  la  Ciudad de  La Habana. El  estudio deja  en  evidencia que  el ambiente que  rodea la vida  de las familias interpone un  conjunto de vulnerabilidades especíﬁcas  que  no agregan nuevas condicionantes al proceso de empobrecimiento, pero tampoco permiten cambiar las  situaciones que  limitan la  superación, pues no  promueven la  alteración de  los  procesos de reproducción de la pobreza.

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Profesora asistente e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana↵

Instituto Nacional de Investigaciones Económicas.↵

En las legislaciones medioambientales del país, se abordan temas como la regulación para el uso racional de los recursos, reconociendo la vinculación que tienen con el desarrollo económico y social, con el bienestar y la seguridad de la sobrevivencia humana (Ver Ley 81 del Medio Ambiente).↵

En Ciudad de La Habana existen proyectos comunitarios como los Talleres de transformación Integral de los Barrios, que han denotado un reconocimiento oﬁcial de la inﬂuencia que ejercen las vulnerabilidades ambientales en la de reproducción de la precariedad, y la necesidad de mayor atención a los grupos que se aglomeran en condiciones de desventaja e insalubridad en territorios marginales. Más solo existen alrededor de 20 de estos TTIB en Ciudad de La Habana y no han sido replicados en otras provincias. Estos proyectos cuentan con programas de transformación social, cultural e infraestructural y sus metodologías de intervención son participativas (Dávalos, 2004). Estos talleres han logrado resultados en la solución de algunas problemáticas asociadas a la pobreza en estas áreas, y ayudado a identiﬁcar vulnerabilidades presentes en ellas, que evidentemente afectan las condiciones de las familias que allí viven (Ver Coyula, 1999). ↵

Los CDR (Comités de Defensa de la Revolución) son organizaciones de masas a nivel barrial, a los cuales pertenecen por derecho y costumbre todos los miembros de una comunidad. Su unidad de existencia básica son las cuadras y en cada una hay un órgano directivo —presidente, vigilancia y activistas—. Su función fundamental es mantener organizada y alerta a la población. Para más información ver o <www.cdr.cu/ index.php/iquienes-somos>. Los delegados por su parte, son los representantes de la circunscripción —conjunto pequeño de cuadras— a la asamblea de gobierno municipal —gobierno local— ver . ↵

En el país coexisten dos monedas una convertible a divisas “CUC” y la otra es el peso tradicional con menor nivel de compra “CUP”.↵

Estos mecanismos se realizan mediante una libreta de abastecimiento con que cuenta cada hogar cubano para adquirir estos productos en las bodegas de los barrios.↵

Examen de la estrategia de desarrollo local

Las relaciones pobreza medio ambiente cambio climático en el contexto cubano

Diosnara Ortega  González[1]*

Introducción

Las  relaciones entre desarrollo-pobreza-medio ambiente-cambio climático constituyen un  punto central de  las  estrategias de  desarrollo, desde donde dar cuenta de  cómo son  entendidos y atendidos dichos procesos. La interdependencia entre los procesos de desarrollo, la pobreza, el cambio climático y el medio ambiente como el espacio vital donde ellos  tienen lugar, constituyen un  sistema estructural de la vida social y natural. Las  conexiones entre estos procesos se (re)producen desde las  prácticas, creencias y nociones que  los  constituyen. La  inconciencia sobre la complejidad de  estas relaciones por  parte de  los distintos actores, conlleva a reproducir estos procesos como si fueran independientes unos de otros, con  cierta autonomía en sí mismos.
Cuando la desconexión alcanza el terreno de las  políticas, limita su impacto y genera estrategias ineﬁcientes ante la compleja realidad. El presente estudio se acerca a esta problemática desde un  estudio de caso: el examen de  la  estrategia de  desarrollo local  del  barrio Jesús María, en  la  capital cubana. Para ello  se  ha  realizado una pregunta guía de  la investigación: ¿Cómo la actual estrategia de  desarrollo del barrio de Jesús María articula o no las acciones referidas a la pobreza, el medio ambiente y cambio climático? A ﬁn  de  problematizar esta pregunta, se propuso como objetivo principal de la investigación analizar los  modos en  que  se  articulan o no  las  acciones referidas a  la pobreza, el medio ambiente y el cambio climático en  la mencionada estrategia, entendiendo la articulación como integración, ejercicio de concertación y acoplamiento de  actores y agendas bajo una misma estrategia.
La contextualización de esta investigación en un barrio —consejo popular— de  La  Habana, permite analizar la  estrategia de  desarrollo local  en  la práctica política de las  distintas instituciones y actores locales, a  partir de  los  modos en  que  ellos  diseñan e  implementan las  acciones referidas a  la  pobreza, el  medio ambiente y el  cambio climático. Al mismo tiempo, permite complementar el análisis de esta dimensión con  el estudio de su dimensión discursiva.
Algunas de las preguntas que  guiaron el estudio y que  se problematizan en  estas páginas son:  ¿cuáles son  las  acciones referidas a la pobreza, el medio ambiente y el cambio climático que  se implementan actualmente en  el barrio Jesús María? ¿Cómo se  diseñan e implementan esas   acciones dentro del  marco de  una estrategia de desarrollo local? ¿Desde dónde, cómo y cada cuánto tiempo se diseña la estrategia? ¿Cómo es concebido el desarrollo de la localidad en relación con  la problemática medio ambiental y del cambio climático?
¿Qué  relaciones existen entre la estrategia de desarrollo a nivel  local y otros niveles: municipal, provincial, nacional? ¿Cuáles son  las  potencialidades y debilidades de  la estrategia de  desarrollo del  consejo popular atendiendo a sus  principales problemáticas y características medio ambientales?
La  primera parte del  trabajo presenta un  encuadre teórico que aborda las  relaciones estudiadas desde una propuesta crítica de  la ecología política. El  segundo acápite se adentra en  Cuba y su  modelo  de  desarrollo actual: las  estrategias de  desarrollo vistas desde un enfoque ambientalista. Esta presentación lleva  a abordar dos  problemáticas: desarrollo ¿sustentable? en Cuba y la paradoja del desarrollo sustentable y local.
La  segunda parte presenta el  estudio de  caso, estructurado  del siguiente modo: una caracterización del  consejo popular Jesús María,  cuestiones generales sobre la estrategia de desarrollo local: condiciones de posibilidad, diseño e implementación, cuestiones prácticas referidas al  diseño e implementación del  Planeamiento Estratégico, las  acciones referidas a  la  pobreza, el  medio ambiente y el  cambio climático que  tienen lugar dentro de  la estrategia de  desarrollo local y las  conclusiones. Para el estudio de  caso se  trabajó con  un  diseño y enfoque cualitativos, que  permitió comprender los  mecanismos estructurales y subjetivos desde los cuales se (re)produce la estrategia de desarrollo local, y en especial las relaciones entre desarrollo-pobrezamedio ambiente-cambio climático.
La  investigación se  centró en  las  características del  estudio de caso como examen detallado, comprehensivo, sistemático y en  profundidad del  objeto de  interés (García Jiménez, 1991:  67).  Las  técnicas  utilizadas fueron:
 La entrevista en  profundidad —grupal e individual—, realizada  a los distintos actores que  intervienen desde sus  roles en  la estrategia de desarrollo local.
 La  observación participante, realizada en  distintos contextos: reuniones vecinales, instituciones dentro y fuera del barrio que intervienen en  la  estrategia de  desarrollo local, y en  las  áreas del consejo popular —calles, parques, entre otros—.
 El análisis de documentos, realizado al Planeamiento Estratégico  Comunitario que  es el instrumento principal de la estrategia,  diagnósticos del  barrio, la  Estrategia Integrada del  Sistema  de  Gestión de  la Ciencia, Innovación tecnológica y Medio Ambiente, marco normativo que  rige  la política ambiental en el país, estudios geoambientales realizados en  la localidad, registros de trabajo del Consejo Popular y la Asamblea Municipal del Poder Popular.

 El análisis de contenido, realizado al texto de las entrevistas.

PRIMERA PARTE: 

Encuadre teórico relaciones entre desarrollo–pobreza–medio ambiente

La compleja relación entre desarrollo, pobreza y medio ambiente ha sido  simpliﬁcada y marginada en el discurso desarrollista, que  las asume  como independientes entre sí. Del mismo modo, las políticas ambientales, las políticas contra la pobreza y las estrategias de desarrollo también se  presentan desarticuladas. Esta desarticulación limita la efectividad de las mismas y genera una profundización de las problemáticas hacia las que  se dirigen. Al decir de N. Gligo  “la importancia de  las  políticas ambientales implícitas en  las  políticas de  desarrollo tiene que  ser  sopesada en su real  dimensión, cuestión que  hasta el día de hoy  no sucede” (Gligo, 1997,  citado en Gligo, 2006:  15).
Autores como Fernando Tudela, Juan Jované y Guillermo Castro, coinciden en entender el empobrecimiento social y el del mundo natural  como “el resultado de un  mismo conjunto de causas estructurales que  han venido operando a lo largo de períodos muy prolongados en la región” (Jované, 1992;  Tudela, 1991:  14-16, citado en Castro, 2002). Según Vandana Shiva:
Dos mitos económicos facilitan el separar dos  procesos ligados últimamente: el crecimiento de la opulencia y el crecimiento de la pobreza. En primer lugar, se ve el crecimiento solo  como crecimiento del capital. Lo que  se deja  de percibir es la destrucción de la naturaleza y de la economía  de subsistencia de la gente que  crea  este  crecimiento. Las dos externalidades del crecimiento creadas de manera simultánea: la destrucción medioambiental y la  creación de  la  pobreza son  vinculadas luego   de forma incidental, no  a  los  procesos de  crecimiento, sino  entre sí.  Se aﬁrma que  la pobreza crea  destrucción medioambiental. Y se ofrece la enfermedad como remedio: el crecimiento resolvería los  problemas de la pobreza y la crisis medioambiental, a los que  inicialmente dio  lugar. (Shiva, 2006)
Esta investigación concibe las relaciones entre estos procesos y el medio  ambiente en su interdependencia. Por  ello, se entiende al desarrollo, en su dimensión local, como un  “proceso que  orientan los actores locales mediante acciones de  transformación del  territorio en  una dirección deseada […]” (Guzón, 2006:  72),  que  es dependiente de  intereses-ﬁnes-necesidades tanto locales[2], como nacionales e internacionales. Las transformaciones implementadas en un territorio tienen un impacto —positivo/negativo— no solo sobre los objetos/problemáticas que  se persiguen directamente con  ellas, sino también sobre el medio ambiente y en consecuencia sobre la re-producción de la pobreza.
Es necesario entender la pobreza como empobrecimiento no  solo de los sujetos y sus  capacidades-posibilidades individuales, físicas, psicológicas y sociales, sino además de su medio social y natural. Desde  este  enfoque se  estarán reconstruyendo las  conexiones existentes al interior de la pobreza como proceso estructural mediante el cual se (re)producen individuos y grupos sociales en  desventaja social, producto de las desigualdades sociales y de la degradación de los recursos naturales y humanos. Estos procesos son  impulsados por  un  modelo determinado de desarrollo.
Las  prácticas de un  grupo social en  condiciones de pobreza suelen implicar un uso  depredador del medio ambiente, lo cual repercute en el cambio climático. El ideal del desarrollo impone a estos grupos/ sociedades no  solo  los  ﬁnes  a alcanzar, sino también los  medios. Es así que  la transferencia de conocimientos y tecnología destructora del medio ambiente, constituye la única opción no  de desarrollo para estos sujetos —como se entiende—, sino de empobrecimiento. Al mismo tiempo es necesario hacer la lectura inversa: es la condición de pobreza  en  la que  se (re)producen estos grupos/sociedades, las  que  condicionan el uso  de  prácticas no  sustentables como únicas alternativas de sobrevivencia.
Las  relaciones entre desarrollo-pobreza-medio ambiente-cambio climático son  dialécticas y no  lineales ni solo  cíclicas, aunque contribuyan a la (re)producción del círculo vicioso de la pobreza entendida de este  modo amplio. Lo que  tradicionalmente se ha  entendido como estrategias de desarrollo en  el marco del  discurso de  la  modernidad, puede entenderse entonces como estrategias de empobrecimiento y no solo  para aquellas sociedades llamadas subdesarrolladas, sino también para las “desarrolladas”.
El  empobrecimiento, según se entiende aquí, “es el resultado de procesos graduales o de circunstancias repentinas que  afectan a individuos, hogares o comunidades […]” (Spicker, 2009:  114).  Estos procesos tienen como una de sus causas, la degradación medio ambiental y no solo  de los recursos productivos, ya que  si bien estos últimos tienen una inﬂuencia directa en el empobrecimiento, la degradación medio ambiental en sentido general también, solo  que  a más largo plazo.
Desde este enfoque, la pobreza no se entiende como la cara opuesta al desarrollo, ya que  ninguno de los dos procesos son comprendidos como procesos homogéneos, uniformes y continuos. Por  el contrario, se piensan como procesos complementarios, que  en  muchas ocasiones  tienen expresiones en un  mismo sujeto o colectividad.

La  necesidad de  entender la  pobreza como un  proceso abierto y en  constante interrelación con  expresiones del  desarrollo es sobre todo esencial para el  caso de  Cuba, donde la  particularidad de  su política y sistema social, desborda las clasiﬁcaciones clásicas. La coexistencia de una crisis económica agudizada durante casi veinte años junto a una fuerte política social, determinan distintos modos de entender la pobreza.

Cuba y su modelo de desarrollo actual : las estrategias de desarrollo vistas desde un enfoque ambientalista

Los  estudios sobre los modelos de desarrollo[3]  sucedidos en  Cuba durante el período de  la  revolución[4]  se  han centrado en  su  dimensión económica[5]. Desde ellos,  el desarrollo es entendido sobre todo como crecimiento económico. Esta característica no  es exclusiva de  los  estudios, lo es también de los modelos mismos. Sin  embargo, a diferencia  de  las  economías puramente capitalistas donde el crecimiento se entiende como un ﬁn del propio desarrollo, el proyecto revolucionario cubano, de  carácter socialista, lo concibe como medio para la  satisfacción de necesidades imprescindibles del ser humano. Los ejemplos son  conocidos. Basta señalar su  política social de  carácter universal que  privilegia una racionalidad humanista sobre la economicista.
Este otro  desarrollo se acerca a la búsqueda de un  desarrollo humano, de las  capacidades de sus  sujetos en  su enfoque democrático[6]5. Desde él puede reconocerse, de modo general, una política o políticas de  atención a la  pobreza y la  desigualdad. Según Mayra Espina, estudiosa cubana de las problemáticas del desarrollo y la desigualdad:
La experiencia cubana demuestra la validez de una variante de acción sobre  la pobreza que  opera colocándola dentro de una concepción del bienestar social y de la igualdad como derecho universal de ciudadanía, que  se sustenta en  instrumentos de  distribución y redistribución de  los  bienes, pero alterando primero las relaciones de producción.
Sin  embargo, el carácter universal de  esas  políticas, como rasgo distintivo de ellas, se debilita por  el homogenismo y su vulnerable sustentabilidad económica (Espina, 2008:  202).
El diseño e implementación de políticas comunes que, intentando universalizar derechos y accesos, no  atienden a  las  diversidades sociales y contextuales, imprimen un  carácter homogenista a la política social en  general y de  atención a  la  pobreza en  particular. De  igual modo no se establece como principio de racionalidad de esas  políticas un modelo sustentable económica y ambientalmente. Así, las acciones encaminadas a solucionar una problemática especíﬁca terminan generando efectos colaterales en dimensiones marginadas dentro de las estrategias de desarrollo, como lo es la ambiental.

Los  modelos de  desarrollo cubanos han tenido una articulación entre su  dimensión económica (crecimiento económico) y su  dimensión social, esta última expresada en una política social y de atención a la pobreza y las desigualdades. Sin embargo, no se han expresado de igual modo las relaciones entre estas dimensiones y la dimensión ambiental desde una perspectiva ecológica. Esta ha constituido una debilidad de los modelos de desarrollo durante las últimas cinco décadas.

Desarrollo  sustentable?  en Cuba

La  condición de  país subdesarrollado y dependiente impone condiciones de  posibilidad a  las  estrategias de  desarrollo más allá  de  la voluntad política. La  crisis económica-política-social de  los  noventa generó un  giro  en  el modelo de desarrollo vigente desde la década de los setenta, el cual se centraba en  la industrialización por  la vía de la sustitución de  importaciones. Pedro Monreal, uno de  los  estudiosos cubanos de los modelos de desarrollo en Cuba, aﬁrma que

la fase que se extendió durante el período 1975-1990 pudiera denominarse de “industrialización por  la vía de la sustitución de importaciones en condiciones de  alta  compensación externa” (para abreviar: sustitución com- pensada de importaciones), en los noventa se abrió una nueva etapa de lo que,  en esencia, era  la misma estrategia, la que  se puede denominar “reindustrialización por  la vía de la sustitución de importaciones con  orientación  exportadora superimpuesta” (para abreviar: reindustrialización com- binada). (Monreal, 2002: 12, énfasis propio)

Al decir de Monreal:

 La  economía cubana describió, en  los  noventa, una trayectoria de  reinserción internacional sobre tres  pilares: la utilización intensiva de recursos naturales, el acceso a rentas externas —remesas familiares— y el ingreso limitado de capitales de préstamo y de inversión. (Ibídem: 9; énfasis propio)

Los  recursos naturales constituyeron y  constituyen para el  actual modelo de desarrollo cubano un  núcleo fuerte de explotación, sobre todo en  la actividad del  turismo. Al mismo tiempo, su  uso  intensivo ha sostenido líneas de  exportaciones como el  habano y el  níquel. Según Monreal:

La noción de que  la orientación exportadora debe  enfocarse hacia sectores con claras “ventajas comparativas” —recursos naturales— y hacia unas pocas actividades industriales, tampoco es plausible como supuesto de una estrategia de desarrollo en Cuba. El énfasis casi  exclusivo en un  programa exportador sustentado en “ventajas comparativas” naturales o en un “gran salto”  de alguna rama industrial, también pudiera conducir a un  callejón sin salida. (Monreal, 2002: 13)

En  concordancia con  este  autor y otros[7], el modelo de desarrollo implementado a partir de  la crisis y reforma de  los  noventa[8]  ha  estado integrado por  estrategias de resistencia. Esta característica limita una estructuración y planiﬁcación de  las  mismas a largo plazo, constituyéndolas en estrategias coyunturales, es decir, marcadas por  coyunturas  de oportunidades y limitaciones muy especíﬁcas.

Las  estrategias de desarrollo “no signiﬁcan, necesariamente, la existencia de planes económicos integrales ni de grandes diseños de transformación industrial”; por  el contrario, tienden a ser  muchas veces  el resultado de decisiones prácticas y fragmentadas que tratan de dar  respuesta a crisis inmediatas y a problemas de corto plazo, y no responden a consideraciones estratégicas. (Monreal, 2002: 12)

Para el caso cubano, se entiende por  estrategia de desarrollo local  las líneas, proyectos y acciones diseñadas en el Consejo Popular[9]8  a ﬁn de transformarlo, favoreciendo la reproducción de la vida de sus habitantes.  Este proceso de  transformación se  sostiene sobre el diagnóstico participativo de sus  principales problemáticas, fortalezas y limitaciones.  La herramienta fundamental de  la estrategia de  desarrollo local para el caso cubano es el Planeamiento Estratégico Comunitario.
El  Planeamiento, como se  le conoce, es  un  instrumento de  planiﬁcación que  recoge el diagnóstico de  los  principales problemas de la comunidad, la misión, los objetivos y el plan de acciones a realizar durante un  período de dos  años en  el Consejo Popular. Sin  embargo, y coincidiendo con  Ada Guzón: “La estrategia de desarrollo no  es solamente la deﬁnición de líneas y proyectos, sino que  está conformada por  todas las acciones que  del momento inicial en adelante se acometen”  (Guzón, 2006:  77). Por  ello,  entendemos como parte de la misma todas las acciones planiﬁcadas o no que  en el transcurso de la vida  del barrio se producen a ﬁn de solucionar sus  problemáticas.

El carácter de resistencia y emergencia que  acompaña las estrategias de desarrollo en Cuba no solo  marginaliza la dimensión ambiental desde la perspectiva ecológica del  desarrollo, sino que  la torna vulnerable, al recaer sobre ella  un  peso importante de  la economía alejada de una práctica de sustentabilidad. Esta debilidad del actual modelo de  desarrollo cubano se  expresa también —y como parte del  mismo— en  las  estrategias de  atención a  la  pobreza. La dimensión ambiental queda al  margen de  los  estudios sobre la  pobreza y en  sus  políticas mismas. Mayra Espina reconoce como una de las carencias esenciales entre los estudios sobre pobreza en Cuba la insuﬁciente consideración de la problemática ambiental y sus  conexiones con  la  pobreza (Espina, 2008:  106).  Esa  (des)articulación entre las  políticas y acciones referidas a la pobreza y las  políticas  y acciones ambientales dentro de  la  estrategia de  desarrollo es  aun más visible en el plano local.

La paradoja del desarrollo sustentable y local

La  marginación de  la dimensión ambiental dentro de  las  estrategias de desarrollo local  en el caso cubano no niega el reconocimiento —relativamente independiente— de un  conjunto de normativas que  rigen la política ambiental en el país. La preocupación por  la problemática ambiental, y en  particular por  su  sustentabilidad, cobra importancia en  las  décadas del  ochenta y del  noventa, junto al auge internacional de  la noción de  desarrollo sostenible/sustentable y su  inserción en  el discurso político mundial.

Esta preocupación por  la  dimensión ambiental nace ligada a la apuesta —sobre todo desde la academia— por un  desarrollo sustentable.  La sustentabilidad, para muchos estudiosos cubanos[10], constituye una alternativa y problemática que  engarza con  la  búsqueda de  un desarrollo endógeno, local. Según Roberto González:

Todavía la percepción que  tenemos del  medio ambiente en  Cuba […] requiere darle un  viraje. Tenemos que  impulsar la idea  de que  el medio ambiente es un  factor capaz de promover y potenciar el desarrollo, siempre y cuando el hombre tenga en cuenta las particularidades inherentes a cadacomunidad y territorio, así como sus diferencias para valorar las potencialidades de ese desarrollo. (González, 1995: 71)

¿Por qué  nacen ligadas en el contexto nacional las propuestas del  desarrollo local  y el desarrollo sustentable? El  período de  ﬁnales de  la década del ochenta y principios de la siguiente, además de haber sido el período de moda de estas “nuevas” nociones del desarrollo en el ámbito internacional, fue aquel en que  Cuba vivenció la crisis económica, política y social generada, entre otras causas, por  el derrumbe de  la URSS. Esta coyuntura marcó un  giro  dentro del  modelo de  desarrollo,  que  buscó alternativas de  salida y sobrevivencia de  la crisis. Las estrategias que  acompañaron al nuevo modelo se dirigieron hacia una sustentabilidad del desarrollo que, más que  ﬁnes  ecológicos, buscaba mayor eﬁciencia económica, traducida en  mayor productividad con menos recursos.
Esto dio  lugar al impulso de  estrategias “sustentables” y no  sustentables respecto al medio ambiente. Por  una parte, se pusieron en práctica iniciativas de positiva trascendencia ambiental sobre todo en el plano de  la agricultura: desarrollo de  un  programa de  agricultura urbana, programas de  agricultura verde, medicina tradicional, energías  alternativas. Por  otro lado, también en  el mismo período, se impulsan la minería y el turismo como líneas líderes de desarrollo, con un  impacto signiﬁcativo en el medio ambiente. A esta desarticulación y contradicción entre las  estrategias de  desarrollo frente a lo medio ambiental, la llama Orlando Rey Santos: “la paradoja ambiental de los años noventa” (Rey,  2002:  86).
En  ese marco, fue potenciado también el ámbito local  a través de una “descentralización” de  las  funciones administrativas del  Estado. Sin duda, la localidad —el municipio— fue la escala donde más visible se hicieron, y se hacen aún hoy,  los  impactos de  una crisis que  no  se supera. La localidad es el espacio donde se (re)produce la vida  de las personas y donde impactan las políticas.
Cuba cuenta con  un  sistema jurídico que  regula la  política ambiental, el cual tuvo una reorganización en la década del noventa, mediante instrumentos como la Ley  número 81 de  11 de  julio  de  1997, reconocida como Ley del Medio Ambiente, y el impulso de la Estrategia Ambiental Nacional, que  guía la ejecución de la gestión ambiental en  el país. Sin  embargo, el despliegue de  las  estrategias ambientales, muchas veces  tiene lugar en los mismos organismos que  explotan los recursos naturales sin  un  modelo de desarrollo sustentable.

En  Cuba el ambiente es pensado por  muchos teóricos y decisores como un  medio para alcanzar el desarrollo y no  como una expresión del  desarrollo. “Nuestra percepción, la  del  mundo subdesarrollado, es que debemos luchar porque el medio ambiente sea  un  factor para nuestro desarrollo” (González, 1995:  79).  En tal  sentido la dimensión ambiental sigue subordinada a un  patrón de desarrollo.

Aun cuando en los planes y programas de inversiones de la mayoría de los organismos, todavía no  se  da  la  prioridad requerida a  la  protección del medio ambiente, se vislumbra un  avance importante con  la incorporación de la dimensión ambiental en la política. (Terry, 1997: 45)

Otra debilidad de las estrategias ambientales es que  se concentran en la evaluación ambiental y en programas de educación ambiental. Si bien la dimensión educativa e informativa es importante para lograr la efectividad de las estrategias, requiere el complemento de planes de acciones  transformadoras de prácticas, con  políticas que  solucionen las problemáticas que  generan determinados usos destructores del entorno.
Estos programas encaminados a la  evaluación y educación ambientales en  el espacio de  la  localidad carecen de  una participación comunitaria y suelen ser  generados de modo exógeno a la comunidad o por  determinados actores dentro de la misma sin  un  proceso participativo. Según María de  los  Ángeles Pérez, reﬁriéndose a la gestión ambiental comunitaria “en  muchas ocasiones no  rebasa lo  espontáneo  o el activismo característico […] para accionar en función de una solución o convocatoria formal; así  pudiéramos citar la  recogida de desechos, la forestación de un lugar”. Estos “no generan procesos movilizatorios de conciencia, ni clariﬁcan los signiﬁcados de la gestión en su totalidad, mucho menos un  rol  individual o comunitario que  posibilite transformaciones en  los sujetos y la asimilación de una cultura ambiental” (Pérez, 2010:  200).

La búsqueda de un desarrollo sustentable a nivel  local  se enfrenta a estas problemáticas, al tiempo que  no  produce una criticidad sobre la noción de  sustentabilidad como propuesta de  desarrollo. La  débil integración entre las  dimensiones ambiental, social y económica, se expresa en las estrategias de desarrollo y consecuentemente en las políticas y acciones referidas a la pobreza, el medio ambiente y el cambio climático.

SEGUNDA PARTE:

El estudio de caso caracterización del consejo popular Jesús María

Jesús María es  un  consejo popular urbano ubicado en  el municipio Habana Vieja,  de  la capital cubana. Es uno de  los  consejo populares más extensos y poblados del municipio, con  una población de 28.853 habitantes en 1 km²  (Bravo, 2006:  33). Las condiciones de pobreza en las  que  se  encuentra —entre las  que resalta el  hacinamiento— dan cuenta de un  grave deterioro ambiental.
Se  localiza en  una de  las  zonas céntricas de  la  capital, lo  cual inﬂuye en sus condiciones ambientales. Su demarcación territorial incluye una estación de ferrocarriles y la avenida principal Monte, que concentra una red  comercial importante, y es una de las vías principales de tránsito de la ciudad. Esto genera un  gran volumen de desechos en  el área, incrementado por  la numerosa población ﬂotante, lo cual se ve agravado por  la insuﬁciencia de depósitos o colectores de basura y por  la irregularidad en su recogida por  parte de la entidad encargada: Servicios Comunales. “La recogida de la basura tiene altas y bajas, no es constante. El consejo necesita unos cuatrocientos contenedores y solo  tenemos ciento y tantos” (Vicepresidente del Consejo Popular).

En  el barrio existen seis  zonas de  acumulación de  escombros  y treinta y un microvertederos, para un total de treinta y siete. Esta cifra varía en dependencia de la acción de Comunales, pero según los/as entrevistados/as hay  lugares donde la recogida de los desechos sólidos[11] ocurre dos días a la semana, en otros como la avenida principal Monte dos  veces  al día  y en  otros más alejados de  la avenida principal, solo una vez a la semana. Esta irregularidad hace que  aunque para algunas zonas del  consejo haya mejorado relativamente el  problema de  los desechos sólidos, este  siga  siendo uno de  los  principales indicadores que  afectan tanto la imagen ambiental del  barrio como la calidad de vida  de sus  residentes.

El contenedor donde boto la basura queda a ciento cincuenta metros aproximadamente, frente a un punto de venta de leche, y a menos de cincuenta metros  de la panadería, las cuales se afectan por  los insectos que generan el vertimiento de la basura y el mal olor al no recogerla. (Residente de Jesús María)

Siempre hay  basura a pesar de que  pasan dos  veces  en el día  a recogerla, por  la mañana y en la noche. Los camellos[12] barren los tickets y los tiran en  la avenida. Los  contenedores son  insuﬁcientes, entonces la gente deja la basura en  los postes y en  las  azoteas. (Residente de la Avenida Monte, Jesús María)

Uno  de  los  problemas señalado como más grave por  los/as entrevistados/as fue  la insuﬁciencia en el abasto de agua. La zona donde está ubicado Jesús María cuenta con  una parte baja y otra alta. En  esta última, el agua solo  se suministra dos  veces  a la semana[13]. En  el período en  que  se desarrolló el trabajo de  campo de esta investigación coincidió con  la sequía que  afecta al país. Debido a las escasas lluvias y la  depresión de los mantos freáticos, así  como la  escasez de  combustible, y el deterioro de  las  redes hidráulicas[14], el bombeo de  agua es  insuﬁciente. En  consecuencia, en  la  zona alta han pasado hasta veintiún días sin  recibir agua.

En  estas situaciones está previsto el abasto de agua mediante camiones cisternas popularmente llamados pipas. Pero estas, además, son  muy insuﬁcientes debido a la escasez de combustible y de que  el municipio no cuenta con  ellas.

Llevamos veintiún días  sin agua. Tenemos una asignación de cuatro pipas y a veces  cuando traen, traen una pipa para diecinueve apartamentos. Entonces la cisterna de nuestro ediﬁcio queda dentro de la tienda[15] que  está en  los  bajos y la administradora no  quiere que  le pasen la manguera del agua por  dentro de la tienda porque si se bota el agua se le puede echar a perder la mercancía. Entonces nosotros hemos creado un  tubo para echar el agua por  ese tubo directo a la cisterna, pero muchas veces  las pipas vienen  y no traen la adaptación para el tubo y no se puede echar el agua. Con una pipa la cisterna solo  se llena  un  pie  y medio que  no  alcanza para los diecinueve apartamentos. Esa  sola  pipa viene  a veces una vez a la semana, otras veces  se pasa la semana y no viene.  (Residente de Jesús María)

En  la  voz  de  esta entrevistada pueden no  solo  conocerse las  problemáticas con  que  cuentan los residentes de esta zona, sino también los conﬂictos y estrategias a las que  se enfrentan.

Otro factor de  contaminación es la limpieza de  tanques de  combustible de  los  barcos en  la  bahía de  La Habana. Esta actividad se desarrolla precisamente en  la zona colindante con  el consejo, convirtiéndola en una de las más afectadas. Hay  presente, además, una Termoeléctrica que  expulsa residuos tóxicos. La contaminación del  aire producida principalmente por  esta fuente y el tránsito de  vehículos, repercute en  la presencia de  enfermedades respiratorias en  la población del barrio, entre las que  resalta la tuberculosis[16].

El  ruido es otro de  los  problemas que  afecta en  el consejo, provocado tanto por  la termoeléctrica y las vías de tránsito como por  los propios habitantes. “Con  relación al ruido, yo soy uno de los ruidosos que  pone la música alta, pero en mi pasillo[17] todos lo hacemos así que nadie molesta a nadie” (Residente de Jesús María).

La  situación de  insalubridad se agrava con  el deterioro del  fondo  habitacional, que  para los habitantes y funcionarios/as constituye el principal problema del  barrio. Allí existen ediﬁcios múltiples, ciudadelas y casas. De ellas, 502 son  consideradas buenas (5%);  1860 regulares (15%)  y 8028  (80%)  se  encuentran en  mal  estado[18]. Debe subrayarse que  existen construcciones de los siglos XVIII  y XIX,  que en su mayoría no han recibido la reparación requerida[19].
El problema de la vivienda, su  insuﬁciencia y deterioro, complejiza  otro de  los  indicadores de  deterioro ambiental en  la  localidad: la escasez de  áreas verdes. En  el consejo existen cuatro parques con muy poco arbolado y sin  personal que  los  atienda. La  presencia de parques y áreas verdes constituye una de  las  demandas de  una parte  de  la población, mientras la otra sostiene que  no  deben utilizarse locales vacíos en  la construcción de parques existiendo tanta falta de viviendas. Ambas demandas no logran integrarse dentro de la percepción ambiental de los habitantes, sino que  se presentan generalmente como excluyentes.
Sobre estas condiciones del  fondo habitacional en  Jesús María repercuten también los  efectos del  cambio climático. El  aumento de las temperaturas inﬂuye directamente sobre los materiales constructivos de las viviendas que  en su mayoría son  de mampostería y ladrillo, dilatándolos. Cuando esas  temperaturas descienden abruptamente o se producen lluvias, el agua y la humedad penetra por  las grietas y se producen los derrumbes[20].
Un  segundo impacto del  cambio climático sobre los  residentes del barrio, es la subida de la marea, la cual se produce aleatoriamente y cada vez con  más frecuencia. Al colindar con  una parte de la Bahía de  La  Habana, cuando sube la  marea las  compuertas de  drenaje se cierran y esto  provoca un  retorno de las aguas albañales al interior de las  viviendas. El alcantarillado —construido en  1915—  se obstruye  y provoca los  vertimientos en  todo el consejo, agravando la  presencia de vectores como el mosquito Aedes aegypti,  transmisor del dengue.
Estos indicadores del  deterioro ambiental en  el barrio Jesús María  expresan las condiciones de pobreza en las que  se ubican muchos de  sus  habitantes, y dan cuenta de  la  formación de  una población vulnerable que es  también arrastrada hacia procesos de  empobrecimiento. Sin  embargo, es necesario comprender estos indicadores en su  interdependencia con  las  condiciones sociales del  barrio, a ﬁn  de dar cuenta de la complejidad de los procesos de pobreza y vulnerabilidad en que  se encuentran sus  residentes.
En  general, las  condiciones sociales del  Consejo Popular Jesús María dan cuenta de  una población en situación de  pobreza, visible por  ejemplo en el nivel  de desempleo presente, sobre todo en jóvenes, y el bajo nivel  educacional —debido, principalmente, al abandono escolar en edades tempranas—. Esto implica que los salarios percibidos por  los  que  tienen vínculo laboral sean bajos, pues el grado escolar vencido no  les permite acceder a empleos con  mejor remuneración[21]. La presencia de  alcoholismo, prostitución y drogadicción agravan la situación social del barrio.
La  indisciplina social, caliﬁcada así  por   los  propios residentes del consejo y sus  funcionarios/as, incide en el agravamiento de las condiciones ambientales. Ejemplos de esa  indisciplina señalados por los/as entrevistados/as  son  la  construcción  ilegal de  viviendas y las reparaciones o ampliaciones desarrolladas sin la autorización del personal técnico capacitado. Estas construcciones provocan averías en las  viviendas y redes hidráulicas y de  electricidad. Otras expresiones son  el vertimiento de  aceites y residuales líquidos contaminantes en los  alcantarillados, así  como la fundición ilegal de plomo —metal altamente tóxico— por parte de residentes.

Las  prácticas de  una parte de  los  habitantes pueden clasiﬁcarse como contaminantes del  medio ambiente. Sin  embargo, es necesario analizar los medios y condiciones de vida  de esas  personas para poder comprender el porqué de  esas  prácticas. Muchas de  ellas  no  tienen alternativas. El  contexto de  carencias económicas y culturales especíﬁcas, intensiﬁcan aun más el uso  de esas  prácticas como las  únicas posibles. Esto hace imprescindible mirar los  procesos de  empobrecimiento en  todas sus  dimensiones y desde los  procesos políticos y económicos que  los atraviesan.

Sobre la estrategia de desarrollo local : condiciones de posibilidad, diseño e implementación

Institucionalidad

El  análisis de  las  condiciones de  posibilidad de  la  estrategia de  desarrollo local  en  el Consejo Popular Jesús María implica conocer su institucionalidad y funcionamiento. El  Consejo Popular es la estructura que controla y ﬁscaliza todas las  actividades encaminadas al desarrollo local. Este Consejo está integrado por veintitrés circunscripciones[22], las  cuales cuentan con  un  representante de  sus  intereses  y necesidades: los/as delegados/as del Poder Popular.

El/la  delegado/a es el actor local  principal de la comunidad al ser el/la intermediario/a entre el Consejo Popular y los/as electores/as. Sus funciones se remiten además de  a la ﬁscalización y control de  todas las actividades desarrolladas en su circunscripción, a la gestión de los principales problemas de sus  electores/as.

Sin  embargo, existe una estructura a la cual se subordina el Consejo  Popular y sus  delegados/as: la Asamblea Municipal del Poder Popular, que  a  su  vez  se  subordina a  la  Provincial, y esta última a  la Nacional. Al mismo tiempo, cada Asamblea cuenta con  una estructura adjunta que  lleva el control de los recursos en cada nivel:  los Consejos de la Administración Municipal y Provincial, conocidos como CAM y CAP respectivamente.

Los CAM y CAP

dirigen las entidades económicas, de producción y de servicios de subordinación local,  con el propósito de satisfacer las necesidades económicas, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas y recreativas de la colectividad del territorio a que se extiende la jurisdicción de cada una. (Artículo 103, Cap.  XII)

Aunque en la práctica se enfatiza que  es una estructura independiente de  las  Asambleas Municipales y Provinciales del  Poder Popular, para dar cuenta de una desconcentración de poderes, en  la práctica los/as Presidentes/as y Vicepresidentes/as de  las  Asambleas coinciden con los/as de los Consejos Administrativos.

El  Consejo Popular no  cuenta con  autonomía de  recursos para propiciar un  desarrollo local. Sus  funciones se  remiten al  control  y ﬁscalización, y carecen de recursos para su gestión. Los recursos presentes en la localidad pertenecen a las entidades administrativas que, si bien son  controladas y ﬁscalizadas por  el Consejo y sus  delegados/ as, son administradas por  los organismos, empresas y ministerios a los cuales pertenecen. En la práctica el poder no responde a la ﬁgura política que  representa el/la delegado/a, sino a quien tiene los recursos, y paga los salarios y estimulaciones.

Los  recursos con  los  que  cuenta el Consejo para llevar a cabo la estrategia de  desarrollo son  asignados por 

planes anuales aprobados por  la Asamblea Provincial y Municipal del  Poder Popular. Estos planes  se construyen en  un  primer momento de  abajo hacia arriba. Los Consejos Populares constituyen sus  planes, los cuales son  integrados en los distintos niveles hasta formar el plan nacional, que  a su vez desciende nuevamente hasta el Consejo Popular. La integración de estos planes implica una reestructuración en los montos de recursos.

En  la práctica, la construcción de los planes en Jesús María no se corresponde con  las  verdaderas necesidades existentes. Los/as encargados/as de su elaboración, teniendo un  dominio total de cada una de las problemáticas del consejo, elaboran los planes de acuerdo a lo que suponen será el monto a aprobar por  las  instancias superiores. Esa práctica no solo presenta de manera muy subvalorada las necesidades del barrio, sino que  se legitima como un  modelo de planiﬁcación.

Esta cultura de la planiﬁcación constituye un  fenómeno que  trasciende el caso en  estudio. Los planiﬁcadores hacen depender los planes  más de los posibles presupuestos que  de las necesidades reales[23].

La elaboración de proyectos que  cuentan con  la colaboración extranjera es una de las vías principales para poner en práctica acciones de  la  estrategia de  desarrollo del  barrio. Sin  embargo, el  diseño de esos  proyectos también se realiza desde este  modelo de planiﬁcación, dependiente de los recursos disponibles económicamente y no  de las necesidades realmente existentes.

El  gestor principal de  estos proyectos con  colaboración extranjera  es el Taller de Transformación Integral del  Barrio (TTIB), el cual es  otra importante institución dentro del  Consejo. El  mismo actúa como asesor del 

Consejo Popular, las  organizaciones de  masas, instituciones y entidades de  base a escala barrial desde 1999. El  Taller, como se le conoce, además de ser un gestor de proyectos comunitarios en  la  localidad, lleva  a cabo los  diagnósticos en  el barrio y es  quien diseña su  Planeamiento Estratégico Comunitario, que  constituye el instrumento fundamental de  la  estrategia de  desarrollo del  consejo para dos  años. El actual Planeamiento Estratégico fue elaborado en el 2008  y, en el momento de redacción de este  trabajo, está vigente hasta diciembre del 2010.

Diseño e implementación del planeamiento estratégico

El Planeamiento Estratégico es un  instrumento de planiﬁcación ﬂexible  que  se reestructura de acuerdo a las coyunturas internas del  propio  Consejo. Aunque la construcción del mismo debe ser participativo según sus propios principios, en la práctica su diseño y actualización es liderado por  los  especialistas del  TTIB,  el Consejo Popular, fundamentalmente su  presidenta, y de  modo más externo pero con  gran inﬂuencia, el Programa de  Desarrollo Humano Local (PDHL). Este último, si bien no está presente físicamente en el consejo, es un  representante de la cooperación extranjera y actúa como gestor de proyectos  con  presencia de cooperación internacional.

En  la práctica el diseño de estos proyectos —y de la planiﬁcación en  general— es  muy dependiente de  los recursos disponibles o presuntamente disponibles. En  este  sentido, los proyectos elaborados en busca de un ﬁnanciamiento externo —sobre todo si es internacional— suelen ser  estructurados más de acuerdo a los intereses de los cooperantes que  a los de la comunidad. La negociación entre ambos actores es muy pobre, y esto  está condicionado sobre todo por  la precariedad de  las  condiciones sociales de  la  localidad y la  cada vez  más escasa presencia de importantes apoyos internacionales.

El  Planeamiento cuenta en  su  diseño con  un  diagnóstico de  los principales problemas del  barrio realizado a través de  una matriz DAFO. Es a partir de su análisis que  se deﬁnieron la misión y los objetivos  estratégicos del  mismo. La misión del  Planeamiento para el período 2008-2010 ha sido  “elevar la calidad de vida del barrio educando a la comunidad y mejorando las  condiciones desde el punto de  vista constructivo y social con la  participación de  la  población” (Planeamiento Estratégico Comunitario de Jesús María, 2008).

Esta misión tiene como cuestión central la calidad de vida  de los habitantes de Jesús María, que  según las problemáticas e indicadores antes descritos, se ubican en  procesos de  empobrecimiento. A ﬁn  de cumplir con ella,  se trazaron los siguientes objetivos estratégicos:

1. Mejorar las condiciones de la vivienda, los servicios y el entorno.
2. Desarrollar actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas en función de la comunidad.
3. Atender las demandas sociales existentes en el barrio.
4. Promover la integración, cohesión y capacitación de todos los actores comunitarios (Planeamiento Estratégico Comunitario de Jesús María, 2008).

Estos objetivos guían el Plan de  Acciones (2008-2010) que  debieron solucionar los problemas diagnosticados en la localidad. Cada una de las  acciones diseñadas se agrupa en  relación con  un  objetivo estratégico especíﬁco. El uso de esta metodología permite delinear las principales medidas a realizar en un  plazo de dos  años dentro del Consejo a ﬁn de solucionar sus problemáticas. A lo largo de este  período que  casi completa el tiempo previsto para su  implementación, se  han venido cumpliendo parcialmente las acciones y objetivos diseñados.

Las  condiciones de  posibilidad en  las  que  se  inserta el  Planeamiento —institucionalidad, contexto económico, político y social de la localidad, nacional e internacional—, lo afectan tanto en su diseño como en su  implementación. Si en  el diseño el carácter dependiente de  la planiﬁcación con  relación a los  recursos es un  factor de  desvirtuación, en  la implementación esto  puede referirse a la demora en  el cumplimiento de los  planes, principalmente los  constructivos[24], que se acumulan pasando de año en año sin poder atender las necesidades crecientes y extremas de las personas.

Entre las  razones que  explican el incumplimiento de  los  planes constructivos están los  derrumbes diarios de construcciones que  no aparecen en los planes y a las cuales hay  que  dar una solución con  los recursos disponibles para el  cumplimiento de  los  mismos. Además, a pesar de  la dependencia en  relación con  los recursos en  su  fase  de diseño, estos siempre son  muy inferiores a las  necesidades existentes dentro y fuera del  Plan. Otras de  las  razones que  inﬂuyen en  el  incumplimiento es la desviación de recursos por  actores con  más poder sobre el Consejo mismo, como por  ejemplo la Asamblea Municipal y Provincial o representantes de  algunos ministerios, los  cuales en  la práctica ejercen un  máximo de poder.

Estos factores hacen que  el Planeamiento solo pueda ir cumpliéndose aleatoriamente y de modo fragmentado, sin  un  orden lógico que implique un  tipo de  desarrollo. Las  estrategias y acciones responden a problemáticas que  se presentan como independientes unas de otras. Por  esta razón, si bien su carácter puntual favorece su cumplimiento en el contexto en el que  se reproducen, impide que  tengan un  carácter integral y estructural.

Dentro del  Planeamiento aparecen acciones dirigidas a promover  vías  de  participación y educación que  hagan sostenibles las  soluciones dentro de  la  localidad. Sin  embargo, diseñar y realizar acciones encaminadas a desarrollar estos procesos —realmente claves para cualquier transformación— de  manera desarticulada, sin  una lógica integral y estratégica, no  solo  no  imprime un  sentido estructural a las acciones y objetivos, sino que  además va en detrimento de ellas  mismas.

La mayoría de las acciones desarrolladas como parte del  Planeamiento en  Jesús María han estado dirigidas a promover la participación y fundamentalmente la educación en las áreas que  los diseñadores  consideran más importantes: la educación sexual y de género, y la educación ambiental[25]. Sin embargo, lejos de cumplir sus ﬁnes, aﬁrma el  especialista principal del  TTIB,  encargado de  llevar a  cabo estas acciones: “La  gente ya no  quiere participar, está cansada de  que  las acciones sean solo de capacitación. La gente va perdiendo la fe porque no  ve cambios concretos, se prometen esos  cambios pero no  se hace nada porque no hay  recursos”.

El desbalance y desarticulación entre las acciones se explica también porque ha  habido una tendencia a desarrollar acciones de carácter  educativo —lo cual no  garantiza que  lo sean—, y que  en  criterio de los/as funcionarios/as entrevistados/as, son  las que  menos recursos económicos llevan.

Los proyectos de rehabilitación son  proyectos en los que  nadie quiere meterse porque son  muchos problemas, trabas burocráticas, entonces esos proyectos se alargan mucho y los  colaboradores ponen un  tiempo determinado que  si no se cumple queda como un proyecto fallido. (Especialista principal del TTIB)Tú oyes hablar de educación medio ambiental y la mayoría de las acciones ambientales están encaminadas a  elevar la  cultura medio ambientalista de  las  personas, pero eso  es  porque la  educación medio ambiental es  lo más  barato que  puedes hacer desde el punto de  vista  de  acciones medio ambientales. […] ¿Qué  acciones de  impacto ambiental podemos realizar en Jesús María? Transformar el problema de los residuos sólidos, pero eso lleva  dinero. Además no  está  solo  en  las  manos de la presidenta del  Consejo  Popular porque en  este  municipio hay  una empresa que  se dedica a la recogida de los residuos sólidos. Otro  asunto sería las redes hidráulicas, pero eso  no  lo resuelve un  presidente del Consejo Popular, ni siquiera un presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Son  recursos que están en  el  Instituto Nacional de  Recursos Hidráulicos, conjuntamente con  la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos de Ciudad Habana, que  tienen un  número de  recursos. (Especialista Integral del  Ministerio de  Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en  el municipio y residente de Jesús María)

Estas características del  diseño e implementación del  Planeamiento expresan prácticas y creencias políticas de los actores locales y de sus contextos de ínter-acción. El modo en  que  se diseña e implementa la estrategia de desarrollo en la localidad es, además, el resultado de luchas entre dichos actores e instituciones. La suplantación de poderes de  unos sobre otros, su  conﬂuencia en  el espacio local  sin  una articulación ni comunicación suﬁcientes, son  causas explicativas de  las limitaciones del Planeamiento.

A continuación se propone entrar en  un  análisis más minucioso de las acciones referidas a la pobreza y el medio ambiente que  constituyen la actual estrategia de desarrollo local  de Jesús María.

Acciones referidas a la pobreza

La  mayoría de  las  acciones realizadas en  el consejo popular buscan solucionar expresiones de  los  procesos de  empobrecimiento, aunque los  distintos actores locales no  los  perciben como tal.  Esta ausencia de reconocimiento[26] limita una estrategia de lucha, enfrentamiento o mitigación de la pobreza. Esta es su primera debilidad.

Entre las  acciones que  se  desarrollan en  el  barrio puede mencionarse la lucha contra el VIH-SIDA, una de 

las  enfermedades más comunes en la comunidad, pues el Consejo es el tercero en incidencia en  todo el país. Esta acción involucra en  sí misma a otras, referidas a problemáticas inﬂuyentes como la prostitución y la drogadicción.

En  el Consejo tienen lugar diversas políticas que  contribuyen a solucionar, a corto y largo plazo, algunos de estos procesos de empobrecimiento: las  de  salud, educación, empleo y seguridad social son las  principales. Muchas de  estas políticas son  parte de  la política social nacional. En este  sentido, son  rectoradas por  estructuras y niveles que  superan el poder de  gestión del  Consejo Popular. En  la práctica, ello  implica que  la mayoría de las  acciones realizadas en  la localidad respondan al diseño de estrategias nacionales sobre las estrategias locales y sus  problemáticas.

La  desarticulación entre las  instituciones que  dirigen la  política social en el país se expresa en el impacto de sus  acciones en la localidad. La multiplicidad de  tareas que  se ejecutan por  diversos actores, independientes unas de otras limita su efectividad y genera reacciones contraproducentes con  respecto a ellas  mismas y a las personas.

Un ejemplo es el caso de las acciones desarrolladas por  el Ministerio de Salud Pública y sus dependencias a ﬁn de mantener el control del dengue, enfermedad producida por  el mosquito Aedes Aegypti. Estas  acciones son  insuﬁcientes sin  un  trabajo sistemático de Comunales, entidad encargada de recoger los desechos sólidos y solucionar los salideros existentes en  la  localidad. La  débil articulación entre estas instituciones, y el incumplimiento por  parte de  Servicios Comunales provoca que  la enfermedad, junto a otras también producidas por  vectores y la alta contaminación medioambiental, sea  una de las problemáticas presentes de manera frecuente en el consejo.

El estudio de los procesos de empobrecimiento y su carácter multifactorial e interdependiente da cuenta de círculos viciosos en su producción. Sin  embargo, las  acciones implementadas sobre ellos  solo generan soluciones parciales, pues existe una desconexión entre ellas bajo una misma estrategia. La  estrategia de  desarrollo del  Consejo, que  intenta integrar dichas acciones, es  constreñida además por  el contexto institucional, en  el que  se inserta el Consejo Popular como espacio supuestamente autónomo, pero donde se expresan políticas, estrategias y marcos jurídicos de carácter nacional que  lo trascienden.

Otra limitante es el agravamiento de las problemáticas en la localidad y el aumento de  sus  indicadores, lo cual hace que  se aplacen  y sustituyan acciones estratégicas planiﬁcadas por  acciones inmediatas que  den solución a las  situaciones presentadas. Así, la  estrategia de desarrollo se convierte en un grupo de acciones no necesariamente estratégicas, que  buscan solucionar las expresiones de la pobreza[27], lo que permite caracterizarlas como acciones emergentes y de resistencia.

Según la secretaria de evacuación de la Asamblea Municipal del Poder Popular: “Tenemos una estrategia en proyecto pero debido a las características de este  municipio no podemos proyectarnos en relación a todas las problemáticas que  tenemos. […] Aquí  se trabaja operativamente en el problema del día”.  Por  su parte, el Especialista integral del  CITMA  del  municipio aﬁrma que:  “Independientemente de  la  voluntad política, el trabajo se dedica solo  a lo que  ocurre en el momento”.

Estas constricciones que  caracterizan la  práctica de  la  política en  el  consejo popular son  comunes también a las  acciones que  se reﬁeren al  medio ambiente, como una de  las  dimensiones más importantes de los procesos de empobrecimiento. A continuación, se presenta un  análisis del diseño e implementación —fortalezas y limitantes— de las mismas.

Acciones referidas al medio ambiente y el cambio climático

Como se mencionó, el deterioro ambiental forma parte de una de las problemáticas que   engrosan los  procesos de  empobrecimiento  del Consejo y sobre la que  se proyecta el Planeamiento. Sin  embargo, lo ambiental se ve limitado dentro del Planeamiento a acciones puntuales  que  lo  revelan como un  indicador más y no como causa-consecuencia de muchas de las problemáticas presentes y antes descritas.

Durante el período de  ejecución del  Planeamiento  2008-2010 se ha  ido  realizando un  grupo de acciones con  el ﬁn de dar solución a la cuestión ambiental del barrio, tales como la disminución del número de microvertederos, el aumento de los colectores de deshechos sólidos y la concientización en  el trabajo con  Servicios Comunales. Aun  así, persisten microvertederos, los  colectores de  basura son  insuﬁcientes en más del 50% de los casos, y la recogida de los deshechos es intermitente, por  mencionar solo  algunos ejemplos.

Paralelamente se  desarrollan acciones encaminadas a  la  educación ambiental. Sin embargo, la ausencia de una estrategia que integre la  dimensión educativa en  el trabajo ambiental debilita las  acciones realizadas, las cuales suceden aleatoriamente. Es  decir, se  producen generalmente a partir de coyunturas especíﬁcas como son  jornadas de celebración por  fechas o eventos puntuales, por  ejemplo el Día  Mundial  del Medio Ambiente.

Otro elemento a considerar es que  la mayoría de  las  acciones se resumen a talleres y concursos que involucran sobre todo a niños/as y ancianos/as, cuya convocatoria es más fácil  dado que  se encuentran más cercanos al  trabajo de  las  instituciones presentes en  el  barrio. Los/as niños/as  son  convocados desde las escuelas y los/as ancianos/a desde espacios de  interés común que  los  reúnen. Por  lo general, una vez terminadas estas acciones no  son  sistematizadas ni  tienen continuidad, mientras su  carácter sumamente focalizado las  hace insostenibles fuera de las coyunturas donde se producen. Para el Especialista principal del TTIB,  “no  es prioridad una estrategia porque las  acciones  que  se realizan son  en pequeños grupos”.

Al mismo tiempo que  dentro del  consejo se realizan estas acciones  aisladas, focalizadas y con  muy poca conexión entre ellas  y con  el resto de  la estrategia de  desarrollo, el municipio cuenta con  una Estrategia  Integrada del Sistema de Gestión de la Ciencia, Innovación Tecnológica y Medio  Ambiente, o Estrategia Ambiental, como se le conoce. Esta paradoja tiene explicación porque en la práctica dicha Estrategia Ambiental tiene muy poca práctica y uso  en la localidad.

Al preguntarle al Especialista Integral del CITMA de la AMPP, que es  quien diseña y controla la  implementación de  la  Estrategia  Ambiental en  el municipio, sobre si la misma tenía un  impacto en  la localidad, respondió:

Yo pienso que  sí desde el punto de vista  de la voluntad política. El Consejo Popular Jesús María debe  tenerla, yo no lo he veriﬁcado. Esa  estrategia se elabora por  nosotros —se hizo  en el 2007—  pero se somete a la AMPP. No hay un elevado porcentaje de aplicación en la práctica de la Estrategia Ambiental, eso no  quiere decir que  no  se le tire[28] a problemas determinados, pero no como estrategia.

La Estrategia Ambiental, en este  caso, fue  diseñada en correspondencia  con  las  líneas estratégicas de  la provincia. El  ejercicio de  las  Estrategias Ambientales no sucede de abajo hacia arriba, sino mediante un acoplamiento de la Estrategia Ambiental Nacional, las provinciales y las  municipales. La  limitación principal de  este  proceso es que  no se tienen en  cuenta el contexto local  como la base donde impactan o deberían impactar dichas estrategias.

El Especialista Integral del CITMA entrevistado desconocía la elaboración de un  diagnóstico ambiental en el Consejo Popular de Jesús María, el cual no  solo  es parte del  territorio que  abarca la Estrategia Ambiental, sino también el Consejo Popular donde él reside. Por  su parte, los actores de la localidad desconocen de la existencia de dicha Estrategia, y no  solo  no  la  implementan, sino que  realizan acciones importantes para el barrio al margen de ella.

Sin  embargo, la Estrategia Ambiental municipal parte de una caracterización general del  municipio que  no  tiene en  cuenta las  particularidades del contexto local, es decir, de los distintos consejos populares. Un ejemplo lo constituyen la no correspondencia entre los datos ofrecidos en la Estrategia Ambiental y los ofrecidos por  el diagnóstico ambiental de  Jesús María y su  realidad misma. Según la  Estrategia del  Municipio, que  integra siete Consejos Populares, y constituye el segundo más poblado de la provincia, el total de microvertederos presentes ha  sido  en el período 2007-2010 entre 25 y 30. Sin  embargo, el Consejo Popular de  Jesús María en  el 2009[29] contaba con  más de  30 microvertederos en apenas un  kilómetro cuadrado.

Esta Estrategia, al  igual que  el Planeamiento Estratégico, desarrolla objetivos, líneas estratégicas y acciones. Al margen de  ello,  la articulación entre los  objetivos y acciones es  muy pobre, generando que  factores potenciados mediante una acción u objetivo especíﬁco, sea  limitado o contrarrestado por  otro. A continuación se presentan los objetivos de la Estrategia Ambiental:
 Incrementar el impacto de la ciencia y la tecnología en  la economía y la sociedad.
 Perfeccionar la gestión de ciencia, la tecnología y el medio ambiente en  el municipio, potenciando el desarrollo comunitario de manera que  contribuya a la gobernabilidad local.
 Fortalecer el papel de  la  delegación como institución rectora del sistema provincial de protección del medio ambiente.
 Elevar la calidad higiénica sanitaria y ambiental del municipio que  se  reﬂeje en  la  eliminación de  los  vectores mediante un correcto manejo de  los  residuales de  manera que  se garantice una mejor calidad de vida.
 Elevar los niveles de satisfacción en la producción, el comercio y los servicios.
 Controlar la aplicación de  los  programas de  la Revolución en las actividades del transporte, energía y comunicaciones.
 Utilizar las  potencialidades de  educación, cultura y  deporte como herramienta para aplicar los  objetivos CITMA  en  el trabajo comunitario.
 Perfeccionar las actividades de la preparación para la Defensa que  son  responsabilidades del CITMA.
Si  se  relacionan estos objetivos con  las  problemáticas existentes en el Consejo Popular Jesús María, se verá  que  están destinados a tener muy poco impacto, entre otras razones porque no  se  corresponden con   las  problemáticas más urgentes presentes en  la  localidad. Por ejemplo, los objetivos y el plan de acciones de esta Estrategia no hacen referencia a enfrentar los  problemas de  la vivienda agravados por  el impacto del  cambio climático. Tampoco aparecen objetivos ni acciones  referidas al problema del  abasto de  agua potable, ni  de  las  redes de alcantarillado. Estos no solo  son  problemáticas del caso estudiado, sino que  caracterizan la vida de los/as habitantes de todo el municipio.
Si  bien el ambiente forma parte del  campo de  acciones que  diseñan e implementan tanto la Estrategia Ambiental como el Planeamiento Estratégico, el cambio climático no es tenido en cuenta como factor que  inﬂuye cada vez más en las problemáticas señaladas como graves para el territorio en ninguno de los dos  instrumentos. En  consecuencia no  aparecen objetivos ni  acciones directas en  relación a cómo enfrentar dicho fenómeno.
Según la  voz  del  propio especialista integral del  CITMA  en  el territorio:
Lograr que se integrase a una estrategia de desarrollo el medio ambiente y todas las dimensiones de manera integral es el sueño, algo muy  ambicioso. Cuando ocurren en el día tres  derrumbes —como la semana pasada—, absorbe el tiempo y los recursos. Y en el consejo popular peor todavía, porque la moneda que  es la que  hace falta  para impactar medioambientalmente —porque la voluntad política solo no hace, no logra impactos ambientales positivos—, no la tienen.

Esta descripción sintetiza el deber ser y la práctica real  de la estrategia de  desarrollo local, desde una comprensión —aunque limitada— de sus  constricciones.

Conclusiones

Las  relaciones entre desarrollo-pobreza-medio ambiente constituyen en el caso estudiado un  vínculo de interdependencia, aun cuando sus instrumentos de  acciones —y sus  gestores— no  lo reconozcan en  su complejidad. El estudio del  Planeamiento Estratégico diseñado e implementado en  el  Consejo Popular Jesús María y de  su  realidad da cuenta de cómo se entrelazan estos procesos.

Las  problemáticas apuntadas como expresiones del  empobrecimiento, también en su dimensión ambiental, constituyen el punto de atención de  la  estrategia de  desarrollo local. En  ella  no  existen objetivos ni  acciones referidos al  cambio climático, ni  en  su  diseño ni implementación, a  pesar de  que  muchas de  las  problemáticas más graves, como las relacionadas a los derrumbes y el deterioro del fondo habitacional y de  las  redes de  drenaje, son  una consecuencia directa del mismo. El aumento de las temperaturas ha provocado un  impacto en  las  construcciones, provocando agrietamientos en  las  paredes, las cuales en  su  mayoría fueron construidas en  el siglo  XVIII  y XIX.  Al mismo tiempo, la sequía afecta el abasto de agua al barrio, sobre todo en las zonas altas, durante períodos cada vez más largos.

Frente a los  crecientes procesos de  empobrecimiento del  barrio, la  misión y los  objetivos del  Planeamiento buscan elevar la  calidad de  vida  de  las  personas. Sin  embargo, los  objetivos y las  acciones no están articulados como partes interdependientes de un  mismo instrumento y como expresión de procesos permeables. Tampoco existe una integración entre las distintas estrategias y diagnósticos que  impactan o deberían impactar en la localidad cuando son  gestionados por  otros actores y con  diferentes grados de poder/subordinación.

Esta situación se  debe a  la  pobre articulación entre los  actores en  sus  distintos niveles y entre sus  funciones dentro del  Planeamiento Estratégico, lo cual genera diagnósticos y planes elaborados desde realidades diversas, cuyas problemáticas levantadas no  coinciden entre  sí ni con  la realidad del Consejo. El elemento más desfavorable de esta desarticulación son  los efectos contraproducentes que  provoca la implementación de  acciones no  acordadas y compartidas. Por  ejemplo, la existencia independiente de dos diagnósticos ambientales y dos planes de  acciones realizados por  actores distintos y con  diferentes grados de poder, los cuales además se desconocen entre sí, limitan el impacto de  sus  propuestas. Uno  es  fuerte en  el conocimiento de  las problemáticas reales del  barrio y actúa sobre ellas. El  otro es  débil en  esa  dimensión pero tiene una experiencia superior en  el  trabajo referido al  ambiente y el  cambio climático. Los  distintos grados de poder hacen que  uno sea suplantado por  el otro o que, como en el caso analizado, se implementen sin  conexión entre sí.

Las  acciones que  ellos  deben ejercer no  se  conjugan bajo una misma lógica estratégica. En  este  sentido, la multiplicidad de tareas ejecutadas por  distintas instituciones y sujetos, independientes unos de  otros, no  solo limitan su  efectividad, sino que  producen reacciones  contraproducentes con  respecto a ellas  mismas y a las personas. Las  más comunes son  el descreimiento por  parte de  los/as residentes,  a quienes por  una vía le dan una información que  es negada por otro actor con  distinto poder, y las resistencias que  se traducen en la lentitud en la implementación de las acciones, y en ocasiones frenan los proyectos.

Por  otra parte, la  acumulación y agravamiento de  los  procesos de empobrecimiento en Jesús María y la urgencia de implementar acciones que  los  solucionen generan un  reto respecto al  tiempo y al tipo de  acciones que  se  desarrollan en  condiciones de  emergencia  y resistencia. En  este  sentido la estrategia de desarrollo se convierte en un  grupo de acciones no necesariamente estratégicas, que  buscan solucionar las  expresiones de  la  pobreza. El  poco carácter estratégico de las  estrategias está dado por  su  imposibilidad de diseñar acciones articuladas entre sí a largo plazo que  busquen soluciones abarcadoras a las problemáticas a las que  se dirigen.

La concentración de recursos en acciones de emergencia, si bien garantiza que  sean atendidos los casos en peores condiciones de vida, desplazan y limitan el curso sistemático del Planeamiento. Esto genera una limitación del  ejercicio articulado entre las  acciones referidas al medio ambiente y la pobreza. Al mismo tiempo, produce una práctica  focalizada —asistencialista en  ocasiones— que  busca encontrar soluciones inmediatas, las  cuales terminan desplazando o aplazando soluciones a más largo plazo pero estructurales, que  las hagan sustentables y sostenibles.

Todo ello  es  agravado además de  por  las  características institucionales y políticas desde donde se produce la estrategia de  desarrollo local, por  los insuﬁcientes recursos económicos con  que  cuenta el Consejo Popular, limitando la autonomía y sostenibilidad del  Planeamiento. Esta limitación de recursos es también una de las causas por las que  las acciones referidas al ambiente se concentran en el trabajo educativo, aplazando las acciones de impacto ambiental directo.

La compleja relación entre el tipo de estrategia de desarrollo implementada y los procesos estructurales y agravantes a los que  se dirige constituye un  círculo vicioso que  limita un  desempeño sistemático y creciente de la estrategia, y con  ello el control sobre la acumulación y complejización de dichos procesos.

El  carácter de  resistencia y emergencia del  Planeamiento al  no poner en  práctica soluciones estructurales, a largo plazo, que  impliquen las  más diversas dimensiones de  actuación e impacto, implica que  se produzca una acumulación y complejización de las problemáticas, agravándose las  condiciones que  las  producen con  el tiempo y la conﬂuencia de  nuevas situaciones. Este proceso de  acumulación  y complejización demanda de soluciones cada vez más difíciles, costosas y abarcadoras. Frente a este  escenario y la imposibilidad creciente de  implementar ese  tipo de  estrategia, las  acciones se limitan solo  a aquellos problemas más urgentes que  permitan resistir. Solo  que  dentro de este  círculo, la resistencia también se vuelve  proporcionalmente más frágil y efímera.

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Licenciada en Sociología, MSc en Psicología Social y Comunitaria. Investigadora del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.↵

Para el caso cubano se identiﬁca lo local con la escala municipal. ↵

Se entiende por modelo económico: “el conjunto de principios, el modo de funcionamiento y los mecanismos de gestión de un sistema económico, para indicar que dentro de un mismo sistema pueden existir diferentes modelos de implementación” o estrategias (González, 2000: 5. Citado por Espina, 2008: 15).↵

Se reﬁere con “período de la Revolución” al que va de 1959 hasta la actualidad.↵

Autores como Monreal, Carranza, Gutiérrez, Castañeda o González↵

El enfoque democrático del desarrollo humano entiende el desarrollo como “un proceso integral, autosostenido y sustentable, de desarrollo dinámico de las capacidades humanas de todos los ciudadanos, en una sociedad heterogénea, pero integrada, sin excluidos, contrarrestando y limitando el desarrollo del capital global y restituyendo la soberanía a los pueblos” (Espina, 2008: 77). A diferencia del enfoque neoliberal, el cual concibe el desarrollo de las capacidades humanas como proceso de tecniﬁcación de su fuerza de trabajo, a ﬁn de generar mayor explotación.↵

Como Julio Carranza, Luis Gutiérrez, Mayra Espina y Juan Valdés Paz.↵

“La consideración de que la reforma se extiende hasta la actualidad no supone que asumamos que crisis-Período Especial-reajuste económico estén formando un todo lineal, sin distinciones internas de momentos que marquen una evolución de la economía y los indicadores sociales. Valdés Paz (2003) identiﬁca tres subperíodos, a partir de la situación de la economía, en esta etapa de socialismo mixto: entre 19901994, sobrevivencia; entre 1994 y 2001, recuperación; entre 2001 y la actualidad, recesión o estancamiento” (Espina, 2008: 128). ↵

Los consejos populares tiene una doble signiﬁcación: como demarcación territorial y como organización de base. Los consejos populares constituyen una demarcación territorial dentro del municipio y están compuestos por circunscripciones, las cuales son delimitaciones más pequeñas que los integran. Al mismo tiempo el Consejo Popular es la organización estatal de base que sostiene todo el sistema del Poder Popular en Cuba. Ellos se remite al control y ﬁscalización de las actividades encaminadas al desarrollo local. Para distinguir ambas deﬁniciones se reﬁere a la primera como el consejo popular (en minúsculas), y a la segunda como el Consejo Popular (en mayúsculas).↵

No se les reconoce en este estudio como ecólogos o ambientalistas ya que en esencia se trata de economistas, geógrafos, biólogos, historiadores, sociólogos, etc., que fundamentalmente conciben lo ambiental desde un enfoque o dimensión de otras problemáticas, como el desarrollo, más que como objeto de estudio en sí.↵

Entre los desechos sólidos más generados en el consejo se encuentran los escombros, producto de los numerosos derrumbes que ocurren diariamente (1.2), así como los materiales de construcción utilizados en reparaciones. Estos desechos sólidos no pueden verterse en los colectores de basura porque se deterioran muy rápido, pero tampoco se ubican otro tipo de colector para su recogida, por lo cual las personas arrojan los desechos en las calles y locales vacíos, creando microvertederos.↵

Se les llama “camellos” a los metrobuses del transporte público. ↵

Según diagnóstico ambiental realizado en 2009↵

La red de alcantarillado data de 1915, por lo cual los salideros de agua existen en todo el consejo.↵

Los ediﬁcios ubicados en la zona de la red comercial tiene en los bajos tiendas u otros centros comerciales.↵

Fuente: Diagnóstico ambiental del Consejo Popular Jesús María (2009).↵

“Pasillos” es como se conoce a las viviendas interiores cuya entrada común es un pasillo que las comunica con la calle. Son viviendas continuas y muy pequeñas↵

Estos datos fueron obtenidos del Planeamiento Estratégico Comunitario del Consejo Popular, realizado en 2008 y vigente hasta el 2010. En entrevista con uno de los miembros del Taller de Transformación Integral del Barrio, una de las instituciones del consejo popular, aseguró que el 90% de las viviendas ya se encuentran en mal estado.↵

Fuente: Residentes del barrio y funcionarios del Consejo Popular.↵

En el consejo popular se producen 1,2 derrumbes diarios. ↵

La mayoría de las personas que asisten en busca de trabajo al Consejo Popular tiene como último grado escolar vencido el noveno grado.↵

Son delimitaciones espaciales más pequeñas en las que se divide el consejo popular. ↵

Las causas de esto no serán analizadas aquí, solo se apunta como un fenómeno que incide directamente en el diseño de la estrategia de desarrollo en estudio.↵

En entrevista realizada a la presidenta del Consejo Popular, aﬁrmó que en el 2009 no se cumplió con ninguna de las acciones constructivas previstas en el plan. ↵

Coincidentemente estos son los temas principales de las agendas de la cooperación extranjera.↵

El término pobreza ha sido marginado dentro de las Ciencias Sociales cubanas y dentro del imaginario social también. Uno de los pilares de la revolución y sobre todo del discurso oﬁcial ha sido la erradicación de la pobreza como “uno de los males del pasado”. Esta ha sido una importante causa que explica la estigmatización del término. Al respecto de la pobreza y los estudios sobre pobreza en Cuba ver Espina, 2008. ↵

Se enfatiza en distinguir entre solucionar expresiones de la pobreza y no la pobreza, en tanto la primera de esas vías remite solo a las consecuencias y la segunda a sus causas o cuando menos al proceso mismo↵

La expresión “tirar” se reﬁere en el registro popular a focalizar, hacer de manera puntual algo.↵

En el momento de redacción de este artículo, la Estrategia Ambiental se actualiza cada tres años. La actual se realizó en el 2007 y corresponde actualizarla a ﬁnales del presente año.↵

Impacto de los huracanes Gustav e Ike en las condiciones de pobreza de los habitantes del poblado paso Real de San Diego

Pedro Emilio  Martínez Martínez[1]*

EL PRESENTE TRABAJO  PRETENDE analizar la compleja relación establecida entre el efecto de los huracanes Gustav e Ike en el contexto del cambio climático, y la situación de pobreza de la comunidad Paso Real  de San Diego  en  la provincia de Pinar del  Río,  ubicada en  el extremo occidental de Cuba.
El  tema abordado intenta visualizar cómo los  miembros de  este poblado han enfrentado los efectos de estos huracanes, qué estrategias y acciones han realizado con  ese ﬁn y qué  percepción de riesgo poseen de  cara a posibles futuros desastres naturales. También el análisis se centrará en la participación del Estado y gobierno local  como actores importantes en la recuperación de la comunidad; así  como en la evaluación de los daños económicos, el impacto en la vida  cotidiana y las reacciones psicológicas ocasionadas por  el impacto de los huracanes.
La metodología cualitativa orientó el curso de  la investigación  y se  utilizó el tipo de  investigación descriptivo-analítica. La  entrevista individual semiestructurada, la entrevista conversacional y la grupal, además de  la utilización de  una guía para la observación no  participante constituyeron las  técnicas de  recolección de  información que permitieron recopilar parte de lo ocurrido a los miembros del poblado ante el desastre natural.
Aunque el poblado de Paso Real  de San Diego  se pudiera considerar en situación de pobreza, se tomó como referencia a los miembros del poblado ubicados en la periferia del casco urbano, los cuales en el momento del impacto presentaban las peores condiciones en el fondo habitacional. Especíﬁcamente se identiﬁcó a los  más pobres a partir de la tipología habitacional que  establece la Defensa Civil según el grado de vulnerabilidad ante desastres naturales, además de lo obtenido a partir de la observación y las entrevistas.

Desastres naturales, vulnerabilidad y pobreza

El surgimiento de los problemas ambientales globales como el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático ha  traído consigo una multiplicidad de  consecuencias, entre ellas, el incremento de los niveles de pobreza. La relación entre el medio ambiente y en  especial los  desastres naturales y la  pobreza se  pone de maniﬁesto en  la notoria vulnerabilidad de los pobres en  relación con estos eventos.
El  concepto de  vulnerabilidad ha  resultado eﬁcaz no  solo  para comprender el  grado de  riesgo existente antes del  desastre natural, sino también para entender cómo los afectados afrontan las situaciones  de desastre. Sin  embargo, no podría hablarse de grupos afectados homogéneamente, porque los  desastres naturales no  suelen manifestarse de forma neutral, la vulnerabilidad se maniﬁesta de manera diferenciada en  la  estructural social, siendo los  pobres los  más vulnerables. De ahí,  que  la capacidad para sobrevivir y recuperarse de  los efectos de  un  desastre natural sea  la resultante de  dos  componentes: la magnitud física y la condición socioeconómica de los grupos afectados  (Informe del estado ambiental en Nicaragua, 2001:  8).
La  situación de  pobreza no  solo  pone en  riesgo a  los  pobres al permanecer en territorios propensos al desastre, sino que  también generan obstáculos sociales, económicos y políticos a sus  posibilidades de  responder ante el evento desastroso, unido a los  procesos simbólicos  del  desastre (Ullberg, 2005:  3),  junto a  otros factores, como la poca capacidad para establecer estrategias adaptativas, de mitigación de  desastre y de  prevención de  cara a futuros eventos similares. Por lo tanto, no  se debe entender a la pobreza solo  como carencia de  ingresos básicos —pobreza absoluta— o en  relación con  otros grupos sociales —pobreza relativa—; sino también en su relación con  las capacidades reales de  un  grupo social para utilizar adecuadamente las posibilidades a  las  que  tiene o  puede tener acceso y la  preparación social que  tiene ese  grupo social para percibir esas  posibilidades,  valorarlas debidamente y hacer uso  de las mismas (Acanda, 2004:  348). Por  ello,  es que  los desastres naturales no  son  tan naturales, sino que están relacionados con  las condiciones de riesgo en un  contexto físico y socio-económico especíﬁco; de ahí  que  el desastre sea  un  resultado del encuentro, en el espacio y el tiempo, de amenazas naturales y riesgos socialmente construidos que  incrementan las condiciones de vulnerabilidad de un determinado grupo social (García Acosta, 2005:  31).
Para el caso cubano, la realidad sobre la pobreza anteriormente descrita presenta diferencias en  cuanto a la  capacidad y el modo de actuación que  tienen los pobres de la Isla  en  relación con  otras realidades foráneas.
Teniendo en  cuenta el  elevado nivel   cultural de  los  pobres en Cuba, entendido no  solo  como los  conocimientos acumulados relacionado con  lo artístico y literario, sino, esencialmente con  una series de  actitudes, representaciones sociales y modos de  actuación que  se alejan, aunque no del todo, de la cultura de la pobreza de los pobres en otras partes del  mundo, es decir, la manera de pensar, sentir y actuar de los pobres trasmitidas de generación en  generación y que  perdura mucho más en  el  tiempo que  la  situación de  pobreza en  si  misma (Lewis, 1986).
A partir de los años noventa se han venido realizando en Cuba diversas investigaciones sobre pobreza en la que  diversos autores como Mayra Espina, Aurelio Alonso, Ángela Ferriol, entre otros han realizado importantes aportes a la comprensión de la pobreza en Cuba y a la necesaria contextualización de las teorías y conceptos usados internacionalmente. Uno  de estos conceptos es el de pobreza con  amparo, que  permite ubicar la pobreza en Cuba con  determinadas garantías en cuanto a la alimentación, salud, seguridad social, y educación.
Para entender la  relación de  la  pobreza y el medio ambiente en Cuba es necesario tener en cuenta que  los pobres poseen un  alto  nivel de percepción de riesgo sobre los acontecimientos climáticos desfavorables, nivel de organización, integración social, política e institucional.
Unido al  concepto de  pobreza el  concepto de  construcción  social  de riesgos, se torna teóricamente útil  para entender los impactos de los desastres naturales en  su diferenciación, y por  tanto visualizar a los  pobres como objetos especialmente vulnerables. Este concepto hace referencia a las  formas en  que  la  sociedad construye contextos vulnerables que  provocan desajustes o desadaptaciones al medio ambiente de tal  grado que  este  se convierte en  una amenaza y en  un  generador de riesgos (García Acosta, 2005:  31).
Los desastres naturales conforman un  proceso de aprendizaje colectivo donde las  personas construyen un  conocimiento sobre la base de  la experiencia adquirida que  les  permite una mayor adaptación para eventos futuros. Sin  embargo, los  pobres demuestran menor capacidad de  adaptación, debido a que  existen procesos sociales de  exclusión social que  obstaculizan la organización coherente en  la producción de  conocimiento que  permita una efectiva relación entre el universo cultural y las  variaciones en  la dinámica de  la naturaleza (Ullberg, 2005:  4). Por  tal motivo, es que  la pobreza no debe entenderse como algo  estático, como un  estado de simple carencia, sino como proceso, resultado a la vez que  premisa; como producto y producción de  subjetividad: producción de  actitudes, estilos de  vida,  hábitos de conducta, representaciones, sistemas de  necesidades y de  modos de satisfacción de esas  necesidades, etcétera (Acanda, 2004:  349).

J.  H.  Steward, el  padre de  la  ecología cultural, ha  demostrado como las  sociedades utilizan el referente cultural para adaptarse socioculturalmente a  condiciones ambientales con  características particulares. Esta adaptación sería el resultado de  una serie de  ajustes progresivos, evolutivos o no,  que  estarían explicando los mecanismos de  la  naturaleza social y cultural que  las  sociedades humanas crean para usar, manejar o explotar el medio ambiente. Es  por  ello  que  la ecología cultural se centra en los aspectos culturales, lo cual, además de  referirse al potencial genético de  adaptación, supervivencia, competencia, etcétera, permite explicar la naturaleza de las comunidades humanas reconociendo que  los  patrones culturales no  son  genéticamente derivados, por  lo  que  no  pueden ser  analizados de  la  misma manera que  las características orgánicas (Steward, 1973:  32).

Pobreza e impacto de huracanes

Aunque algunos cientíﬁcos señalan que  los  cambios en  el clima y el medio ambiente son  producidos por  otras causas ajenas al  cambio climático, la  mayor parte de  la  comunidad cientíﬁca aﬁrma que  tales variaciones medio ambientales se deben a los  efectos del  cambio climático. En  tal  sentido la  preocupación por  esta problemática ha tomado una renovada importancia en diversas zonas del planeta, debido al aumento e intensidad de los huracanes y las tormentas tropicales que  han causado en  algunos casos y elevado en  otros, la situación de  pobreza en  muchas regiones y comunidades, convirtiéndose en una problemática central para las regiones vulnerables a estos fenómenos naturales.
El impacto de los huracanes siempre ha constituido un  problema para Cuba tanto para la  economía del  país, las  familias, como para el medio ambiente. Sin  embargo, con  el triunfo de  la Revolución en 1959,  el país estuvo en mayor capacidad para enfrentar estos fenómenos  naturales, así  como en la reducción de riesgos de las poblaciones más vulnerables o en situación de pobreza; muestra de ello  es la baja mortalidad, producto de  los  impactos de  los  ciclones tropicales y la disminución de  las  pérdidas materiales. Sin  embargo, todavía no  se cuenta con  una infraestructura, sobre todo en la vivienda, que  permita enfrentar estos fenómenos naturales con  el máximo de efectividad. La adaptabilidad a las  nuevas condiciones del  cambio climático constituye  en  estos momentos una prioridad para el Estado cubano. En  tal sentido se está produciendo una relocalización de los espacios habitables  de  algunas comunidades costeras y se han construido viviendas más resistentes.
Existen numerosos poblados y comunidades con  alto  riesgo por inundaciones costeras o con  una alta vulnerabilidad hacia los vientos y las intensas precipitaciones. La provincia de Pinar del Río  —región en la que  se encuentra ubicado el poblado objeto de estudio—, por  su ubicación geográﬁca, ha  sido  históricamente una de  las  más afectadas  del país.
En el poblado Paso Real  de San Diego  las familias en situación de pobreza fueron las más afectadas, pues sus casas sufrieron derrumbes totales, además de las pérdidas materiales personales y familiares.
Analizar el agravamiento de las condiciones de pobreza en el poblado en  Paso Real  de San Diego, a partir del  impacto de los huracanes  Gustav e Ike  y el tipo de  acciones estratégicas que  han desarrollado sus  habitantes y los  diferentes actores sociales para mitigar los efectos del desastre natural, nos  permite entender con  mayor claridad la relación que  se establece entre un  fenómeno de este  tipo y la situación de pobreza de sus  habitantes.
El  incremento y severidad de  los  desastres naturales, entre ellos los  provocados por  los  huracanes en  diversas regiones del  planeta, especialmente en  países subdesarrollados, ubica esta problemática en  el centro del  debate cientíﬁco y gubernamental sobre la  relación sociedad-naturaleza. El  impacto de  los  huracanes ha  demostrado la falta de  previsión, organización y capacidad de  adaptación de  diferentes sociedades, a partir de los  diferentes niveles de desarrollo y la inequidad de  distintos grupo sociales en  la  estructura social, siendo los pobres los más vulnerables.
La creación del  Grupo Intergubernamental de  Expertos sobre el Cambio Climático en 1988  y posteriormente las diversas Conferencia de  las  Partes de  la  Convención Marco de  las  Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la diversidad de  eventos académicos y gubernamentales sobre el medio ambiente y los  efectos de  los  huracanes reﬂejan la preocupación por  comprender cómo interactúan el medio ambiente y la  sociedad de  formas tan violentas y de  qué  manera se pudieran mitigar los  efectos de  los  desastres naturales y establecer efectivas estrategias de enfrentamiento.
En  el contexto actual, se hace urgente conocer los  grupos sociales  y las  comunidades que  se  encuentren en  estado de  riesgo por  su vulnerabilidad ante los  huracanes y sus  efectos. La  situación de  pobreza, en no pocas ocasiones condicionante de la vulnerabilidad ante tales eventos y de otra parte, como incapacidad para revertir los daños causados, es objeto de  estudio de  algunos académicos, aunque no  lo suﬁciente, teniendo en cuenta la urgencia y la gravedad de la relación entre los desastres naturales causados por  los efectos de los huracanes y la situación de pobreza en especial de los países subdesarrollados de la región del Caribe.
En  el contexto regional, el Caribe constituye la subregión que  en mayor medida se  ha  visto  afectada por  los  desastres naturales provocada por  la  incidencia recurrente de  los  efectos de  los  huracanes y las  tormentas tropicales. El  crecimiento y la  concentración de  la población, la urbanización acelerada en  asentamientos humanos no planiﬁcados, las  condiciones de  pobreza y la  localización de  numerosas comunidades en  áreas de  alto  riesgo, entre otros, constituyen factores que  incrementan la vulnerabilidad de la región (CEPAL  y PNUMA, 2001:  96).
Para el caso cubano en 1997,  el Instituto de Meteorología declaraba que  el examen de las variaciones observadas permitieron adelantar la hipótesis de que  el clima en Cuba había transitado hacia un  nuevo estado, con  características similares a las proyectadas para un cambio climático: incremento de  la  temperatura superﬁcial del  aire, reducción del rango de la temperatura y mayor frecuencia de sequías largas y severas, especialmente en verano (Gutiérrez Pérez, 2008).
El  aumento de  la frecuencia e intensidad de  los  huracanes y las tormentas tropicales, producto del cambio climático y su relación con las condiciones de pobreza, en el Caribe, y en especial en el territorio cubano, requiere de investigaciones desde distintas ciencias y aun mejor, una visión transdisciplinar de la problemática.
Aunque se  han realizado diversas investigaciones asociadas a los  desastres naturales en  Cuba, por   ejemplo, la  realizada en  una localidad ubicada en  el municipio de  Miramar a partir del  impacto del  huracán Wilma (Sánchez, Pérez y Pons, 2007), realmente existe un  déﬁcit de las mismas, teniendo en cuenta la importancia y actualidad del tema.

En  el caso de  investigaciones que  relacionen los  desastres naturales, vulnerabilidad y situación de pobreza, no se encontraron investigaciones al respecto. Existen investigaciones sobre vulnerabilidad y riesgo vinculadas al espacio en  unos casos, y en  otros, al impacto en algunas comunidades, pero no contienen como centro la situación de pobreza de algunos grupos o comunidades, ni tampoco de qué  manera inﬂuye la cultura de pobreza en el enfrentamiento a los desastres.

Vulnerabilidad  ante los desastres naturales en el contexto regional

Cuba, por  su ubicación geográﬁca, recibe recurrentemente los impactos  de tormentas tropicales y huracanes. Junto con  el aspecto geográﬁco se le añaden los efectos del cambio climático que  agrava tal situación. Por  tal motivo, las investigaciones que  se realicen con  el objetivo analizar la  relación que  se  estable entre los  efectos de  los  desastres naturales provocados por  los huracanes y la sociedad en general, y la situación de  pobreza en  particular, adquiera notable relevancia en  el contexto cubano actual.
En  la cronología cubana, se tiene que  por  primera vez cruzan por el archipiélago tres ciclones tropicales en solo 20 días y tres huracanes intensos en una temporada. Estos huracanes fueron el Gustav, Ike y el Paloma (Ballester y Rubiera, 2008) En  Cuba, solo  hubo que  lamentar siete muertes, directas e indirectas, en  ocasión del  huracán Ike,  aunque  en  términos de  pérdidas materiales pueda catalogarse como la más devastadora de su historia (Ballester y Rubiera, 2008).
En  la  estación meteorológica del  poblado de  Paso Real  de  San Diego, el huracán Gustav estableció un  record mundial en cuanto a la mayor racha de viento registrada en  un  ciclón tropical. Este poblado fue  catalogado como zona de  desastre por  el impacto devastador del huracán Gustav el 30 de agosto y el Ike el 9 de septiembre.

En  tal  sentido, el estudio de  la  relación sociedad-naturaleza en este  poblado adquiere alta relevancia, en  la  medida que  puede contribuir en  el entendimiento del  complejo proceso que  sufren los  habitantes de un  poblado en el enfrentamiento a un  desastre natural, y cómo esta situación es  diferenciada por  grupos sociales, donde los que  se  encuentran en  situación de  pobreza o  son  más vulnerables están en  menores condiciones de  adaptabilidad y prevención hacia futuros desastres.

Impacto de los huracanes gustav y ike en el poblado de paso Real de San Diego percepción de riesgo de los pobladores antes y después del desastre natural

La  provincia de  Pinar del  Río,  y en  especial el municipio de  Los  Palacios, ha  sufrido en numerosas ocasiones el impacto de diversos huracanes, por  lo  que  la  población de  esta provincia tiene experiencia previa del signiﬁcado del impacto de estos fenómenos atmosféricos.
Sin  embargo, a pesar de  la preparación de  los  miembros del  poblado de  Paso Real  de  San Diego  para enfrentar huracanes intensos, muchos no  se imaginaron la intensidad y la capacidad destructiva de los  huracanes Gustav e Ike:  “Nosotros siempre hemos tenido la  preparación necesaria, […] aunque no se pensó que  fuera tan grande”[2].
La percepción de riesgo de la población en relación con  el impacto  de  los  huracanes estuvo condicionada por  las  experiencias anteriormente vividas y a partir de ello,  se estructuró la estrategia para la seguridad de la familia y de la vivienda.
El  impacto de  ambos huracanes sobrepasó lo  esperado, lo  previamente imaginado; aunque la percepción de riesgo no  podría catalogarse como ingenua, falta de  realismo, o subestimación. Es  decir, aunque la percepción de riesgo no fue  todo lo realista que  requería la situación, sí fue  lo suﬁcientemente adecuada como para evitar pérdidas  de  vidas humanas y daños materiales superiores a los  recibidos, hecho este  signiﬁcativo teniendo en  cuenta experiencias homólogas en otros países afectados por  estos fenómenos atmosféricos.
La adecuada —aunque todavía insuﬁciente— percepción de riesgo para enfrentar los huracanes estuvo condicionada por  el alto  nivel de  organización y prioridad tanto del  Estado cubano, como del  gobierno local, la  defensa civil  y las  organizaciones de  masas locales; unido al conocimiento colectivo de los pobladores, su moderado nivel educacional y cultural.
Uno  de  los  referentes del  nivel  de  conocimiento meteorológico de  la  población, lo  demostró la  disciplina de  los  pobladores ante la aparición del ojo del huracán[3], ya sea  porque algunos lo identiﬁcaron o porque recibieron información de la defensa civil u otros habitantes del  poblado. En  este  caso funcionó tanto la información oﬁcial como las redes de relaciones sociales informales que  se establecieron.
La percepción de riesgo para el segundo huracán se adecuó mucho  más a la realidad y permitió establecer, según la población entrevistada, mayor seguridad en  las  viviendas y otras instalaciones. De igual manera, la población expresa que  se sienten mejor preparados para el impacto de  futuros huracanes, algunos han mejorado sus  viviendas, pero otros las han construidos con  los mismos materiales utilizados para la construcción de las anteriores casas y corren el riesgo de derrumbe parcial o total nuevamente.
La  fortaleza del  poblado en  el enfrentamiento de  futuros desastres naturales de  este  tipo, se  encuentra en el  nivel  organizativo,  el apoyo del  gobierno, la defensa civil y la solidaridad, disciplina y adecuado nivel de percepción de riesgo de la población.

La deﬁciencia estaría, fundamentalmente, en  el fondo habitacional  nuevamente construido, que  sigue estando deﬁciente para resistir huracanes de  alta magnitud y mantiene la diferenciación por  grupos sociales, donde los más pobres siguen reproduciendo sus  condiciones habitacionales deﬁcientes. Esto último se  debe a la  incapacidad de proveerse los  recursos suﬁcientes para la  construcción de  sus  casas con  la seguridad que requiere para el enfrentamiento de huracanes de alta intensidad.

Afectación por los daños económicos

El impacto desde el punto de vista económico de los huracanes Gustav  y Ike  sobre el poblado de Paso Real  fue  signiﬁcativo, teniendo en cuenta que  fueron afectadas 1126  viviendas que  representan el 70% del total, sin  tener en cuenta que  existían 119 viviendas que  se encontraban en proceso de construcción. Del total de viviendas, 391 sufrieron derrumbe total y 130  derrumbe parcial, las  demás fueron afectadas  en el techo ya sea  total o parcialmente.
El proceso para la construcción y reparación de viviendas se está realizando jerárquicamente según el tipo de afectación y las condiciones  de  la familia. El  Estado provee los  recursos y los  habitantes con su  propio esfuerzo y la  ayuda de  familiares y vecinos construyen o reparan sus  viviendas.
La  agricultura —actividad económica fundamental en  el poblado—  fue  afectada severamente, todos los  cultivos fueron destruidos y aun después de un  año, todavía no se consumían las viandas que  se producían en  el  poblado o  sus  alrededores. Las  empresas sufrieron menos daño, aunque se perdieron algunos animales y alimentos. Sin embargo, por  no  haber tenido la suﬁciente protección los  productos almacenados en las instalaciones donde permanecen tradicionalmente, se tuvieron que  emplear recursos en transporte, combustible, etcétera para poder almacenarlos en lugares distantes del poblado.
El  impacto de  los  huracanes no  solo  afectó total o parcialmente el fondo habitacional, sino que  también afectó muchas de las instituciones del  poblado, entre ellas  la que  ofrecían los  servicios en  la red comercial, eléctrica y educacional.

Si bien la magnitud de los huracanes fue elevada, el impacto tuvo consecuencias nefastas debido a la  precariedad del  fondo habitacional;  muchas de las viviendas tenían cubiertas ligeras y se encontraban clasiﬁcadas en  estado regular o malo. Una  vez más se puso de  maniﬁesto que  el riesgo ante desastres naturales también es una construcción social, porque no solo  depende de la naturaleza, sino también de los espacios vulnerables que  construyen los  seres humanos y que  se encuentran diferenciados en la estructura social, siendo los pobres los más vulnerables.

Impacto en la vida cotidiana y reacciones psicológicas  ante el desastre

La vida  cotidiana de Paso Real  de San Diego  cambió radicalmente al paso de los huracanes Gustav e Ike,  violentándose el sistema de relaciones sociales. La manera en que  los individuos se relacionaban entre sí y con  su entorno se transformó, de tal manera que  los individuos ya no fueron los mismos, sobre todo las personas en situación de pobreza;  sus  experiencias y percepciones sobre el medio ambiente no  son las de antaño. En  tal sentido, la población infantil en situación de pobreza fue  la más afectada: “Después del  paso destructivo de los huracanes cuando comenzaba a nublarse, los niños con  miedo corrían otra vez para sus casas, les decían a sus familiares que  iba a venir el ciclón, esto  era  muestra del rechazo de la situación que  estaban viviendo”[4].
Los  días posteriores al desastre estuvieron centrados en  la construcción de  sus  viviendas o en  la espera de  ello,  a la vez que  los  servicios eléctricos, educacionales y del  comercio se  vieron afectados, al mismo tiempo que  muchos estuvieron desvinculados de  su  centro laboral.
El impacto de ambos huracanes no  solo  tuvo consecuencias económicas, sino que  también afectó desde el punto de  vista emocional a toda la comunidad; las reacciones psicológicas se acentuaron hasta sobrepasar la capacidad de control en no pocas personas en los primeros  momentos inmediatos al desastre.

La tristeza profunda, el desaliento y la frustración se apoderaron del poblado por  largos días:

Yo, particularmente, la pasé  muy  mal,  porque caí  en un  estado depresivo. Las  personas estaban sonámbulas, todo en el aire,  un  poco  sin  saber qué hacer, un  poco  desesperanzados, se veía una tristeza tan  grande por  haber perdido todo y se pensaba ¿se podrá recuperar lo perdido?; yo estuve, una semana o quince días  mal,  que  no  me  sentía, […] me  sentía empequeñecido,  impotente. (Entrevista grupal 4, realizada a tres  de los miembros de un núcleo familiar)

La vida  cotidiana para los miembro del poblado cambió radicalmente,  la  reestructuración de  los  espacios físicos y con  sentido afectivo hacia el interior de  las  casas, provocaron alteraciones en  los  niños: “Una  de las  cosas que  me  impresionó, fue  la  de  una niña de  diez años, que  cuando vio la destrucción de su casa, no quería ir para ella, porque decía que  esa  no  era  su  casa, comenzó a orinarse, no  quería ir a la escuela y lloraba mucho” (entrevista a la psicóloga del  Centro de Salud Mental).
Los trastornos más comunes, según un  estudio realizado a partir de  una intervención comunitaria[5], fueron los neuróticos secundarios a situaciones estresantes, trastornos de  la conducta que  afectaron el sueño, el apetito y en los casos de pacientes descompensados, los trastornos asociados a las  neurosis depresivas constituyeron la patología más recurrente.

En  la población infantil los  trastornos más frecuentes en  el medio  familiar estuvieron relacionados con  el sueño, la intranquilidad, ansiedad, enuresis, entre otras. En  la  escuela los  niños sollozaban con  facilidad, se sentían inseguros y disminuyeron el rendimiento académico al permanecer distraídos e intranquilos. En  sentido general,  los  infantes manifestaban exageradas necesidades de  protección de algún familiar o maestro y expresaban sentimientos de tristeza (Espinosa Ferro, 2008).

Acciones y estrategias de los habitantes del poblado para enfrentar el impacto de los huracanes

Las  acciones tomadas por  los  miembros del  poblado, y que  fueron organizadas por  las  autoridades locales, se pueden enmarcar en  tres fases: la preventiva, la fase  de evacuación o permanencia en casas seguras y la  fase  de  recuperación. En  las  tres hubo una articulación efectiva entre las  autoridades: gobierno nacional, gobierno local, organizaciones políticas y de masas, la defensa civil y la estación meteorológica local  y nacional con  los miembros del poblado.
En  la fase  preventiva, el objetivo era  informar a la población sobre  el  recorrido del  huracán y las  medidas que  se  deberían tomar antes, durante y después del  impacto. En  tal  sentido, algunos pobladores de  Paso Real  de  San Diego  que  tenían casas resistentes al impacto de  un  huracán de  alta categoría, permanecieron en  sus  casas en el lugar más seguro y aseguraron las partes más vulnerables como ventanas y puertas.
Otras personas fueron evacuadas en  instituciones estatales, la iglesia y en casas de vecinos o familiares. La efectividad de la evacuación consintió por  una parte, en la capacidad movilizativa y organizativa  de  las  distintas autoridades, así  como la conﬁanza que  la población tiene en  el gobierno y la defensa civil en  torno a la seguridad de la evacuación: atención médica, alimentación y seguridad física de las instalaciones ante el impacto de huracanes.

La  solidaridad entre vecinos y las  redes de  apoyo familiar también constituyeron una fortaleza en la eﬁciente evacuación:

El día  que  pasó el ciclón, sobre las tres  de la tarde, nosotros estábamos en la casa  y tuvimos que abandonarla y refugiarnos, el niño, su mamá y yo en el baño de una casa, una casa  que había al frente, que tiene techo de placa, cuando pasó la primera ráfaga del Gustav, que salimos afuera, la casa  estaba desplomada. (Entrevista 9, hombre de 75 años que  tuvo  la experiencia de  haber sufrido el huracán de  1944,  el más  intenso hasta la  actualidad después de los huracanes Gustav e Ike)

La  combinación entre las  relaciones institucionales y las  relaciones personales solidarias condicionaron el éxito  de  la  evacuación de  los pobladores de Paso Real  de San Diego.
Las  relaciones solidarias interfamiliares y vecinales se extendieron al proceso de evacuación, pues una vez terminado el azote de ambos  huracanes, los pobladores se ayudaron mutuamente: “nos  ayudamos unos a los  otros, porque aquí se conoce todo el mundo, nos  hemos ayudado en lo que  se ha podido” (entrevista 6, mujer de 34 años). “Mi hermana vino  y me  compró los colchones a última hora y mi otra hermana me  dio  albergue durante tres meses aproximadamente” (entrevista 11, hombre de 53 años).
La  iglesia católica ubicada en  el  poblado desempañó un  papel importante en  la  evacuación de  la  población, además de  haber realizado algunas donaciones, junto a  algunas instituciones nacionales y extranjeras no  gubernamentales y de la población ubicada en  otras provincias del país.
El proceso de reconstrucción del poblado dependió en parte de la autogestión, que  mediante la red  de relaciones sociales informales los miembros del  poblado se  brindaron apoyo económico y psicológico mutuamente. Ejemplo de  lo anterior lo constituyó la creación de  escuelas informales en otras instituciones o en algunas de las casas que no fueron afectadas.
Sin  embargo, la  solidaridad se  centró fundamentalmente en  las personas en  situación de  pobreza, pues sus  viviendas fueron las  más afectadas, lo cual evidencia que, ellos,  los más pobres se encontraban antes del paso de los huracanes en una situación desventajosa en relación con  los otros grupos sociales.
Si  bien el  proceso de  solidaridad expresa los  valores humanos de  la población toda, el impacto del  desastre natural demostró la diferenciación en  la  estructura social en  Paso Real  de  San Diego. Por ello,  es que  la relación sociedad-naturaleza no  es neutral para todos los grupos y clases sociales; los más vulnerables y a la postre, los más afectados, no  solo  dependen del  apoyo económico, ya  sea  familiar, vecinal o  gubernamental, sino que  también desde el  punto de  vista psicológico se encuentran en desventaja al ubicarse en el role  del ayudado, del protegido.
La  vulnerabilidad de  las  viviendas está asociada a la  calidad de las mismas y por  tanto a los grupos sociales que  en ellas  habitan. Los más pobres fueron los más afectados, los que  tuvieron que  albergarse en instituciones o en casas de familiares o vecinos.

Existe una tradición de  evacuaciones ante fenómenos naturales, por  lo  que  ya  forma parte de  la  cultura de los  pobladores, ha  conformado parte de un  aprendizaje colectivo ante fenómenos naturales; todavía queda en  el imaginario colectivo el impacto del  huracán de 1944,  tal  experiencia se  ha  trasmitido de  generación en  generación hasta conformar en la actualidad como uno de los sucesos más importantes en la historia del poblado.

Papel del estado y el gobierno local

La Ley de Defensa Civil en Cuba para el enfrentamiento de los desastres naturales establece que  los  Presidentes de  la  Asamblea Municipal  y Provinciales del Poder Popular son  los máximos dirigentes de la defensa civil.  Ellos tienen concebido un  Plan de  orientación y divulgación a la población con  el objetivo de  prepararlos para un  posible desastre natural. Este Plan se aplica fundamentalmente los días de la Defensa, se convocan a todas las  personas y se les orienta qué  hacer, en qué  momento y dónde. Se les explica a las familias los modos de actuación según la categoría del huracán, el lugar para el que  deben dirigirse a partir del estado de sus viviendas. Sin embargo, “siempre existe peligro, la magnitud de  un  huracán en  ocasiones es impredecible, es difícil imaginar hasta dónde puede llegar el impacto o la magnitud del viento, de las lluvias” (Orlando Palacios, Jefe  de la Defensa Civil en el municipio Los Palacios).
El Plan contempla las maneras de actuar de la población en relación con  la categoría del  huracán, dónde ubicarse a partir de la tipología  previa que  se establece de las viviendas: la tipología 1 es aquella vivienda con  condiciones suﬁcientes para soportar un  huracán de categoría 5 y que  no se encuentre en un área vulnerable —no posea áreas de inundación o no esté  próximo a un  río  o presa—.
Las   formas de  evacuación antes del  impacto se  establecieron como estaba previsto: por  una parte, los miembros del poblado se alojaron en  instalaciones estatales, en  la cual se les garantizó la alimentación, servicios médicos y todo lo necesario para la estancia en  ese lugar mientras fuera necesario. Por  otra parte, la alternativa al lugar de alojamiento la constituyeron las  casas topología 1 que  con  el consentimiento del  propietario se albergaron las  personas con  viviendas tipología 2 y 3; este  tipo de  alojamiento es  ventajoso porque se  disminuyen los  gastos económicos que  se invierten en  las  instituciones, además de constituir un  acto solidario.
Todavía en la práctica “queda mucho por  hacer, no podemos decir que  todo es perfecto, porque en  ocasiones las  personas no  recuerdan lo  explicado anteriormente,  el  nivel  cultural inﬂuye mucho en  esto” (Orlando Palacios). Sin  embargo, de  manera general, los  planes previos  al  desastre natural, así  como su  implementación constituyeron un  éxito, teniendo en cuenta que  no  hubo pérdidas de vidas humanas y se preservaron algunos recursos materiales; la deﬁciencia estaría en la condición de pobreza de mucho de los pobladores de Paso Real  de San Diego, la endeble construcción de sus viviendas es muestra de ello.
El impacto de los huracanes puso de maniﬁesto la vulnerabilidad de los pobres en el enfrentamiento a los desastres naturales, pero a la forma cubana de manifestarse esta problemática, es decir, lo que varios autores cubanos han deﬁnido como pobreza con  amparo. Esta conceptualización de la pobreza nos permite entender las maneras especíﬁcas que  se  desarrolla este  fenómeno en  la  realidad social cubana, donde las personas en situación de pobreza acceden a beneﬁcios sociales que limita la exclusión social típica de sociedades socialmente excluyentes.

Una  de las fortalezas del gobierno local  es que  cuenta con  una estación meteorológica en  el mismo poblado, que  aunque debe modernizarse la tecnología, cuenta con  suﬁciente dispositivos de  detección e información para enfrentar cualquier tipo de fenómenos atmosféricos.  La mayor diﬁcultad se encuentra en la capacitación del  personal técnico de la Estación:

En  esta  Estación, técnico medio en meteorología en estos  momentos, me queda uno  solo,  y es quien habla […] es un  problema serio el tema de la superación en la meteorología, ¿qué  hacemos con tener tantos licenciados, tantos doctores arriba en el centro, si en la base  no  somos capaces de tener?  El dato primario sale de aquí, todo lo que  escucha, oye y ve el mundo sale de una estación meteorológica. (Yosvany Izquierdo Torres, director del Instituto de Meteorología de Paso  Real  de San  Diego)

Antes, durante y después de  los  impactos de  los  huracanes Gustav e Ike, la comunicación entre la defensa civil local, nacional y la estación meteorológica fue sistemática y sin contratiempos, lo que  demostró la adecuada relación entre los cientíﬁcos y los decidores políticos:

La Defensa Civil está  bien  estructurada, tiene un  trabajo bien  coordinado con  Meteorología […]  comunicación siempre hubo, la  Defensa Civil  no hacen nada sin contar con  nosotros, incluso todas las decisiones que  ellos toman lo hacen partiendo de las informaciones que  salen de aquí, pero no solo la Defensa Civil, sino  todo el gobierno. (Yosvany Izquierdo Torres)

A modo de conclusión

El impacto de los huracanes Gustav e Ike ha sido  diferenciado teniendo en cuenta la estructura social. El grado de vulnerabilidad se manifestó en  los grupos más pobres, pues sus  viviendas fueron destruidas parcial o totalmente, además de  haber sufrido la mayor cantidad de pérdidas materiales al interior de sus  viviendas. Sin  embargo, si bien los  más pobres han sido  los  más perjudicados no  han sido  excluidos por  otros grupos sociales o el Estado. La red  de apoyo familiar e intervecinal, la adecuada percepción de riesgo junto con  el apoyo gubernamental, ha  permitido mitigar la diferenciación social del  impacto de los  huracanes, con  lo cual demuestra las  características particulares de la pobreza en Cuba.

El  desastre natural provocado por  el  impacto de  los  huracanes Gustav e Ike  en  el poblado de  Paso Real  de  San Diego  constituyó un desafío, sobre todo, para las  personas en  situación de  pobreza, en  la medida que  tuvieron que  reestructurar el sistema de relaciones sociales violentado por  las complejas relaciones establecidas entre la sociedad y la naturaleza.
El nivel  de afectación económica y psicológica estuvo diferenciado  por  grupos sociales, por  ello  la rapidez y el modo en  la recuperación de los más pobres tuvo mayores limitaciones y obstáculos.
Las  consecuencias psicológicas negativas generadas como los trastornos neuróticos secundarios y la neurosis depresiva a partir del impacto de los huracanes y el malestar emocional y existencial de sus pobladores, reestructuró la vida  espiritual del  poblado, la manera de concebir los proyectos individuales.
El proceso de recuperación económica y de la recomposición del entramado de  relaciones sociales en  Paso Real  fue  el resultado de  la capacidad autogestión del  poblado y del  papel activo del  Estado y el gobierno local.
La autogestión estuvo marcada por  la solidaridad entre los  vecinos,  la diversas redes de apoyo familiar que  se establecieron, tanto de familiares al interior del  país como de los radicados en  el extranjero, la creatividad y la capacidad de enfrentamiento al nuevo desafío.
El Estado y el gobierno local  fueron centrales en la organización previa al desastre y en la distribución de los recursos de manera diferenciada por  grupos sociales y las intervenciones comunitarias con  el objetivo de disminuir las  patologías asociadas al desastre, sobre todo en  la  población infantil. La  eﬁciente gestión de gobierno acompañó todo el proceso de reconstrucción del poblado, por  lo que  se hizo evidente que  el ente gubernamental constituyó un  actor imprescindible en la prevención y recuperación del poblado.
También es  válido señalar cómo Instituciones  eclesiásticas, la Cruz Roja Internacional y las  donaciones de  la población cubana de otras provincias fueron determinantes en el apoyo económico y psicológico de los pobladores.
La localización geográﬁca de Paso Real  ha  condicionado que  sus pobladores posean una percepción de riesgo moderadamente adecuada  a  los  impactos de  los  huracanes debido a  la  frecuencia con  que son afectos por  estos fenómenos, lo cual constituyó una ventaja en el enfrentamiento a los desastres.

A partir de  las  experiencias vividas y del  conocimiento colectivo adquirido, es  indudable que  la  percepción de  riesgo de  los  pobladores  de  Paso Real  de  San Diego  se encuentra en  mejores condiciones para enfrentar un  probable futuro impacto de ciclones tropicales. Sin embargo, el deterioro habitacional de las personas en situación de pobreza sigue constituyendo la mayor limitación en el enfrentamiento efectivo a los fenómenos atmosféricos cada día  más recurrentes.

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Centro de Estudios Demográﬁcos, Universidad de La Habana↵

Entrevista número 5. Hombre de 27 años e ingeniero agrónomo.↵

El denominado ojo se encuentra en la región central del huracán, durante el periodo de tiempo que el ojo permanece en un territorio aparenta tranquilidad, pues sale el sol y disminuye considerablemente los vientos, pero una vez que se aleja comienzan las rachas de vientos más fuertes. ↵

3 Entrevista a la psicóloga del Centro de Salud Mental (recibió en consulta a los niños afectados psicológicamente por el desastre natural de la comunidad)↵

Colectivo de autores. Intervención comunitaria ante reacciones psicológicas consecuentes a la situación de desastre en el municipio Los Palacios. Material en soporte electrónico, septiembre-noviembre de 2008.↵

Pobreza rural y deterioro ambiental en Mombin Crochu, Haití

Gulin Bonhomme[1]*

Introducción

Estudios elaborados por  diversos investigadores sociales[2] establecen una relación directa entre pobreza y deterioro del ambiente. Ilustraremos tal conexión mediante el siguiente esquema:
 La  situación de  pobreza conduce a  la  población a  explotar los recursos ambientales indiscriminadamente, sin  planiﬁcación previa.
 El deterioro del ambiente agudiza la pobreza, pues cada abuso ambiental se  traduce en  un  embargo económico-ecológico a largo plazo.
 Pobreza y medioambiente retroactúan el uno sobre el otro haciendo que el problema económico-ecológico vaya en crescendo.
Pocos países en  el mundo enfrentan una amenaza más seria de catástrofe ambiental que  Haití. Es un  país sobrepoblado, cuyos recursos  son  sobreexplotados y que  con  toda evidencia se encamina a un deterioro aun mayor. Las  posibilidades para invertir esta tendencia disminuyen cada día.  En  esta perspectiva, el ministro de  Medio Ambiente y Agricultura, Jonas Gué  aﬁrmó:

Haití constituye un  ejemplo impresionante del  “círculo vicioso”  de  la extrema pobreza y la degradación del medio ambiente. Una  gran parte de la pobreza y del sufrimiento de Haití se deriva de la pérdida de sus  bosques y la extrema pobreza constituye en sí misma una de las causas principales de  la deforestación y un  obstáculo importante para la gestión sostenible de los bosques. La lucha contra la pobreza debe  erigirse como estrategia central para la restauración de la biodiversidad y los bosques. (Gué,  2008)[3]

Objetivos de la investigación

La relación entre pobreza y medio ambiente es siempre indirecta. Los medios de  vida  de  los  pobres explican el modo en  que  estos interactúan con  su  medio ambiente, estando los  derechos y las  capacidades en  la  base de  opciones para establecer prácticas locales sostenibles o racionales. El  estudio busca analizar la  relación existente entre la pobreza y el deterioro ambiental en el municipio de Mombin Crochu, Haití, donde gran parte de la población está viviendo en la pobreza extrema, y sufre un  deterioro ambiental importante. Con  ese ﬁn, fueron planteados los siguientes objetivos:
 Analizar la  situación del  deterioro ambiental en  el municipio de Mombin Crochu.
 Comprender el vínculo entre el proceso de deterioro ambiental y la pobreza.
 Identiﬁcar las  prácticas agrícolas de  los  productores pobres que  afectan el medioambiente de la región.

 Hacer algunas propuestas con  miras a revertir esta situación.

Marco teórico

Actualmente se reconoce que  la pobreza es un tema relativamente complejo  y multidimensional, que  ha  evolucionado desde dimensiones estrictamente  económicas hasta  otras incluso ﬁlosóﬁcas, pasando  por la  incorporación de  esferas extraeconómicas, y la  interrelación de  las esferas económica, social y política (Iguiniz, 2001). La  pobreza tiene manifestaciones  diversas. Por  un  lado se  encuentran  deﬁniciones especíﬁcas como la de  FAO (2001), que  la describe tomando como base la línea internacional de  consumo promedio en  US$1,00/día. Por  otro, hay  concepciones como la de  Rubio y Fernández (1995), para quienes la pobreza es la incapacidad para generar incrementos en  el producto marginal del trabajo que  permita incrementar las posibilidades de elección entre diferentes bienes de consumo. Otras deﬁniciones, como la de Robb (1999), consideran que  las personas pobres reﬂejan su condición en forma de privación material: falta de dinero, empleo, alimentos, vestido y vivienda suﬁcientes, junto con  un acceso inadecuado a los servicios de salud y agua potable, a lo que  agregan factores no materiales como la seguridad, la paz, y el poder sobre las decisiones que  afectan sus vidas.
Sin  embargo, según Renshaw y Wray (2004) solo  se reconocen dos métodos convencionales para “identiﬁcar” la pobreza: el de las líneas de pobreza y el de  las  necesidades básicas insatisfechas (NBI). Para algunos,  la principal manifestación de la pobreza es la insuﬁciencia de ingresos para alcanzar cierto nivel  de vida;  para otros, la principal señal es la insatisfacción de necesidades básicas. Ambas concepciones han predominado en la literatura sobre la pobreza desde los cincuenta y han servido de base teórica y metodológica para los estudios de pobreza en Haití.
La pobreza de ingreso se centra en el crecimiento económico y en la industrialización como su  motor. Una  concepción de  esta naturaleza  hizo del  PIB  per  cápita la medida por  excelencia del  desarrollo. Se asumió que  mayores niveles de  consumo signiﬁcaban mayores niveles de bienestar. Este enfoque fue  cuestionado al constatar que  la pobreza persistía en  países subdesarrollados de  gran crecimiento económicos, que  no se traducía en la mejora de la calidad de vida  de la población.
La crítica al paradigma dio  como resultado dos  nuevas perspectivas: el enfoque de equidad y el de las necesidades básicas (Iguíñiz, 1995). El primero de  ellos  se basó en  el reconocimiento de  que  los  frutos del crecimiento podían no  distribuirse de  igual forma entre la  población, pues la  riqueza generada podía concentrarse en  pocas manos. Así, el crecimiento económico debía ser “ajustado” a la equidad en la distribución de sus frutos.
El  enfoque de  necesidades básicas surge de  esta crítica y se  entronca en los esfuerzos de las Naciones Unidas por  contar con  medidas conﬁables y que  facilitaran las comparaciones internacionales (Alcalde, 1998). En  vez  de  ampararse en  la  distribución de  los  ingresos —una medida relativa entre pobres y no  pobres—, buscaron una medida absoluta que  identiﬁcara de la mejor manera posible las manifestaciones básicas de la pobreza a partir de los requisitos mínimos que  una persona  necesita para sobrevivir y reproducirse, sin  los  cuales la población debía ser  considerada pobre. La  pobreza se deﬁnió entonces como la privación de  requerimientos materiales para cubrir mínimamente las necesidades humanas, incluyendo la alimentación, agua limpia, y salud y educación básicas.

Aun  así,  la  pobreza de  ingreso sigue siendo la  forma privilegiada para el análisis de  pobreza en  diferentes países de  América Latina[4]. A pesar de eso, en Haití fueron elaborados mapas de pobreza a cargo Instituto Estadístico y de Informática en 1996 y 2004,  partir de indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Medio ambiente

El concepto del  medio ambiente es variable según cada disciplina, tal como señala Gallopin (1980). Es necesaria, entonces, una deﬁnición lo suﬁcientemente general para servir de  denominador común a  varias disciplinas en  la  tarea de  entender y evaluar la  relación entre medio ambiente y la pobreza. Entendemos por  medio ambiente el conjunto de elementos externos naturales  —agua, suelo, clima, aire—, construido—ciudades, vías,  industrias— y sistemas ecológicos —bosques, océanos,  lagunas, cuencas— que  conforman el lugar donde habitan seres vivos. Es decir, el entorno en el que  vivimos y nos  reproducimos, ya sea urbano o rural.

Cuando hablamos de degradación ambiental nos enfrentamos pues a un  concepto ecológico-económico-político que  podemos deﬁnir como un abuso y mal  uso de los recursos naturales que tiene incidencias negativas sobre la economía de una zona, la vulnerabilidad ante catástrofes naturales, y conduce a un daño de la salud y el bien estar humano.

Los  recursos naturales son  los  materiales de  la  naturaleza que los  seres humanos pueden aprovechar para satisfacer sus  necesidades  —alimento, vestido, vivienda, educación, cultura, recreación, etcétera—. Los  recursos naturales son  la fuente de las  materias primas—madera, minerales, petróleo, gas,  carbón, etc.—  que  transformadas sirven para producir.

Literatura sobre el tema

No  existe propiamente un  conjunto de  teorías acabadas sobre las  relaciones causales entre pobreza y medio ambiente. En  gran parte, los enfoques existentes son  consecuencia de  generalizaciones de  estudios empíricos (Lele, 1991: 56). Los factores fundamentales que inducen a los campesinos a la degradación de los recursos naturales son:

 La sobre-explotación de los recursos, inducida por  la escasez de la tierra y las pocas oportunidades de nuevos empleos en los sectores no agrícolas.
 El  abandono de  las  prácticas tradicionales de  conservación de los recursos.
 La colonización de tierras que  constituyen un  factor de deterioro  y perturbación del  medio natural (FAO,  1988,  citado por  De Grande, 1996).
Una  serie de autores han analizado los nexos entre pobreza y degradación de recursos en América Latina (Hajek, 1995;  Stonich, 1992). Este análisis es crucial a la hora de plantear hipótesis para abordar el problema. El enfoque más común en la región es plantear que  la pobreza rural es el motor de procesos de degradación relacionados a la falta de opciones de  desarrollo, lo  cual lleva  a  sobreexplotar los  recursos naturales como los  suelos y bosques. Autores, como Panayotou (1995), asocian fuertemente estos procesos a imperfecciones en  los  derechos de propiedad y a una producción de baja intensidad que  obliga a una agricultura extensiva. Esto es una permanencia en la actualidad de las formas nativas de agricultura. Cabe subrayar que, en la sociedad haitiana,  estas prácticas resultan en gran parte del disfuncionamiento de las instituciones tradicionales y de  las  inexistencias de  instituciones modernas eﬁcientes.
La literatura especializada ha explicado el círculo vicioso entre pobreza y degradación ambiental, en  el que  los  productores empujados por  el crecimiento poblacional y la pobreza se ven obligados a utilizar suelos marginales frágiles —corte de  árboles para venta, técnicas no sostenibles de producción, etc.— lo cual a su vez acentúa su nivel de pobreza por  el bajo potencial productivo de sus recursos (Reardon y Vosti, 1995). Distintos estudios de casos han demostrado que  la pobreza es a la vez causa y consecuencia de  la degradación de  la base de  recursos naturales y el medio ambiente (Biaggi, 1998;  Miranda et al.,  1998;  Larrea et al., 1998), pero debido a la cantidad de factores que  intervienen en dicha relación, los resultados son particulares a cada zona especíﬁca (Aubad, 1996).
El círculo vicioso también se puede visualizar en las interrelaciones entre las  condiciones de salud atribuibles a factores ambientales y a la pobreza. La contaminación de  agua y aire explica la incidencia de  enfermedades diarreicas y respiratorias. Estas enfermedades usualmente se han entendido como causadas por  la pobreza, pero la relación también opera en  ambos sentidos, pues la mala salud perpetúa la pobreza (Brundland, 1999).

Es  necesaria una evaluación del  estado actual de los  niveles de pobreza y de los recursos naturales, la determinación de las  tasas del  proceso  del  deterioro ambiental y los vínculos que  existe con  los niveles de pobreza. A ella  debe agregarse la  evaluación de  escenarios alternativos tecnológicos existentes, que  permitan revertir el círculo vicioso e iniciar uno, que serían de mucha utilidad en la creación de políticas, a nivel local.

El área de estudio

Mombin Crochu se ubica en  el departamento noreste, Haití. La región cubre un  área de 191,51 km2  y tiene 31.556 habitantes, según los datos del censo publicado por el Instituto de Estadística de Haití (Censo 2008). De acuerdo a este  mismo censo, la estructura de edad en Mombin Crochu muestra una población joven. El  grupo de  personas de  0-19  años representa el 46% del total; el de 20-59  años, el 49%,  mientras que  solo el 5% de la población la conforman envejecientes de 60 años y más. El 56%, por  tanto, está integrado por  menores de 35 años.

En  cuanto a la estructura por  sexos, el 49%  de esta población está formado por  hombres y el 51% por  mujeres. El 73% de los hogares tiene una jefatura masculina y un  27%  la tiene femenina. En  el plano social conviven formas de organización familiar y comunitaria.
El  mayor problema social de  las  áreas críticas es la desnutrición, asociada no  solo  con  bajos ingresos, sino también con  el deterioro de recursos naturales —suelos y bosque—. La economía es 100% de subsistencia, mediante actividades como la agricultura y la ganadería.
La  pluviometría oscila entre los  1800  y 2500  mm por  año. Los cultivos de habichuelas, arvejas Congo y maíz, en esta zona con  relieve accidentado, llevaron a una destrucción de  la capa arbolada original, constituida por  bosques de  pinos, mangos y caoba. La  erosión resultante llevó a una baja en el rendimiento de los cultivos y en el caudal de los  ríos, particularmente en  período de  estiaje. La  deforestación provocó  también la desaparición de  varias especies animales, particularmente de aves.
La técnica agrícola aplicada en la zona es la llamada “tumba y quema”,  consistente en  que  el campesino “tumba” los  árboles y arbustos de un  área determinada y los “quema” para convertirlos en abono para la  cosecha, eliminando además otras especies dañinas al  cultivo. Las cosechas resultantes son  de ciclo  corto, y se hacen de manera periódica o circular. Con  este  procedimiento el campesino puede desaparecer cada año árboles y otras especies vegetales que  podrían contribuir al amortiguamiento de las lluvias sobre la tierra. La destrucción de la cobertura vegetal, sin  ningún control de las autoridades, ha  provocado la degradación de la tierra, la erosión y la sedimentación. Se puede estimar en  millones de  toneladas de  tierra arrastradas cada año por  las  lluvias torrenciales hacia el mar, según el estudio de  campo realizado por  el periodista Geraldino González (1999: 75-78).
A nivel  ambiental, Mombin Crochu es una de las regiones más devastada de Haití según un  estudio realizado por  un  organismo local  llamado GADRU (Grupo de Apoyo al Desarrollo Rural), titulado Pobreza en diferentes departamentos (2008: 109). Entre 2000 a 2009, esta región pasó de una cobertura vegetal de 15% a 0,5% de su territorio (GADRU,  1999: 67). En  la actualidad el agotamiento de los recursos arbóreos se debe a la tala de  los  árboles para la fabricación de  carbón, para leña, para la construcción de andamios y puntales en la industria de la construcción y para la industria del mueble. La crisis ambiental en Mombin Crochu es muy grave: deforestación, erosión de los suelos, escasez de agua, insalubridad urbana, pérdida de la biodiversidad, aumento del número de chabolas y explosión demográﬁca constituyen factores que  agravan la vulnerabilidad de la zona.
El panorama es muy lamentable. A modo de ilustración, para ir y volver  de la escuela los niños de Mombin Crochu caminan unos 3 kilómetros y en  su travesía encuentran todo tipo de desechos: calles llenas de  barro, vegetación inhóspita, etcétera. Las  viviendas son  hechas por los  mismos habitantes, con  materiales rudimentarios y de  poca resistencia, sobre rellenos de  piedras y palos. Sus  diseños son  básicamente iguales, sus paredes interiores son  de pedazos de madera, zinc  y cartón. No poseen registro sanitario, por  lo cual los baños casi  no  existen, son letrinas sin  alcantarillados; muchos usan las  llamadas bacinillas para hacer sus necesidades y se lavan con agua y jabón, pues no tienen dinero para cubrir sus necesidades básicas, entre ellas comprar papel higiénico.
Estas personas buscan en los bosques la madera para levantar sus viviendas, tener fuego y ganar terreno para la siembra de alimentos. Este tipo de comportamientos acelera los procesos erosivos e incrementa los niveles de riesgo por  deslizamientos de tierra e inundaciones. Sus deyecciones y los residuos sólidos y líquidos que  originan de su vida cotidiana van  a parar a las  fuentes superﬁciales de agua, que  son  utilizadas para su  propio consumo, con  lo cual se crea un  círculo de contaminación  y enfermedad que  desmejora su calidad de vida.
Por  otra parte, al estar las tierras en manos de particulares, los conucos realizados sin  asesorías técnicas ocasionan que, después de  un largo tiempo de cultivo, se pierde la capa vegetal y no  se produce más. Eso  obliga a cambiar de  sitio, haciendo otros conucos donde todavía existe capa vegetal, destruyendo nuevamente los  árboles que  aún quedan. En  los últimos años la construcción de viviendas en las cabeceras de los ríos  ha ocasionado la desaparición del 90% de ellos.  Y los que  aún quedan tienen categoría de riachuelos.
La situación está en  el límite. La falta de energía y electricidad, el uso  del  carbón, y la falta de políticas públicas indican que  el ambiente no constituye una prioridad del gobierno. Todos estos problemas se pueden  entender como un  proceso de agotamiento de recursos naturales a partir de un  vínculo vicioso entre la pobreza y el ambiente, en el que  la primera es el factor determinante.

¿Cómo se relaciona la pobreza con  las prácticas agrícolas? ¿Cómo afecta la pobreza a la elección de las prácticas agrícolas o forestales que degradan los recursos naturales? En este  trabajo se presenta un modelo conceptual de los vínculos entre la pobreza —medida por  activos de explotación agrícola—, la elección de las prácticas agrícolas y las condiciones  de  los  recursos naturales. Ese  modelo se examina empíricamente, con  el objetivo de buscar los vínculos existentes entre los niveles bajos de activos y el deterioro de los recursos naturales.

Situación de pobreza en Mombin Crochu

La pobreza es un  factor determinante en  Haití, esta situación se empeora en  las  sociedades campesinas de  acuerdo a  diferentes economistas. En  el  mapa de  la  pobreza realizad a  partir de  los  datos del Censo de la población en 2004  por  el Instituto Estadística e Informática  de  Haití, Mombin Crochu es  uno de  los  municipios más pobre del  Departamento de  Noreste (IHSI, 2004:  17).  En  2004,  utilizando el método de  Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) y con  los  datos del Censo, se estimó que  la pobreza afectaba al 85% de los hogares en Mombin Crochu.

Resultado y discusión

La complejidad del  análisis de la relación entre pobreza y ambiente obliga a presentar las  prácticas de  la población de  Mombin Crochu con  el ambiente como variable dependiente, para ver  cómo se relaciona con  la  situación de  pobreza de  la  gente. Con  este  propósito, se  empezó por  determinar el nivel  de  pobreza de  la  comunidad, de acuerdo con  los datos publicados acerca de la situación socio-económica de los habitantes. Después se hizo una descripción del  componente de los recursos naturales, humanos, físicos y ﬁnancieros de la comunidad, relacionado con  el comportamiento familiar en  el uso de  esos  recursos. Además, se  realizaron 110  entrevistas con  los  habitantes del  lugar y autoridades de  la zona para conocer la mejor la situación de la gente.

Para tener una idea de la situación de pobreza, utilizamos una encuesta de Necesidades Básicas Insatisfechas publicada hace cinco años la Oﬁcina de Estadística e Informática de Haití. Según la encuesta, el 85% de la población del municipio tiene necesidades básicas insatisfechas en  comparación con  el municipio vecino (Valieres) que  tiene un 80%.  Según la misma encuesta, el factor de tenencia de tierra tiene un carácter muy relevante para medir la situación socio-económica de los habitantes de Mombin Crochu, pues los hogares que  no  poseen tierra presentan situaciones de pobreza más elevadas que  los que  poseen.
Para cuantiﬁcar y caracterizar las  actividades productivas de  la población rural que  convive con  el deterioro ambiental, fueron identiﬁcadas 17 comunidades del municipio de Mombin Crochu. La encuesta se aplicó a 89 familias de 7 personas en  promedio, representativas de  este  universo. Además, fueron realizadas 50 entrevistas a jefes  de hogar de  entre 35-60  años y 15  grupos focales entre el 13  de  abril y el 18 de  mayo del  2010.  Las  principales cuestiones abordadas en  las encuestas y las entrevistas fueron las relacionadas con  las características de  la propiedad, de  las  viviendas, características productivas—producción, destino—; las  diferentes actividades desarrolladas por los miembros de la familia e ingresos, las personas que  viven  fuera de la  comunidad rural, el deterioro ambiental —existencia de  procesos de  degradación ambiental, comprensión del  concepto, y sugerencias para combatir el  fenómeno—, y las  acciones del  Gobierno y de  las autoridades locales en cuanto a esta problemática.

El punto de partida para el análisis fue la cuestión de la existencia o no de condiciones básicas que  permitiesen deﬁnir el área como una zona de gran deterioro ambiental. El alcalde de la localidad nos  dijo:

Estamos viviendo en una situación de pobreza alarmante, los que  se quedan  en la comunidad usan el único remedio que tienen para sobrevivir que es el ambiente, la tierra o emigrarse hacia la capital en busca de una vida mejor. No es una situación que  buscamos, sino  que  se impone a nosotros, entonces tenemos que  actuar en consecuencia.

En  la misma perspectiva, un  padre de familia que  se dedica a la venta de madera y el carbón nos  dijo:

Sé muy  bien  las  consecuencias que  esto  trae [cortar los  árboles] pero no puedo dejar de  hacerlo ya que  vivo de  esto.  Sin  esta  actividad no  puedo mandar a mis  hijos  a la escuela, tampoco puedo comer. No tenemos ningún  estado que  se preocupa por  este  problema. En  la zona, todo el mundo hace esto,  es lo que usamos para cocinar, para hacer carbón, para construir casas, etcétera. Estaría dispuesto en no  seguir, pero por  lo menos tendría que  tener otra actividad que  me  permitiera tener algún tipo  de  ingreso. Creo  que  si estuvieras en mi caso, tú harías lo mismo.

Pedro Jean tiene 29 años de edad. Terminó el octavo grado de la primaria y se dedica a la venta de arena desde hace cinco años, tras abandonar el cultivo de la tierra junto con  su padre, después de la muerte de este  último. Me dijo  lo siguiente:

La venta de arena me permite tener algo dinero. Puedo decir que soy mejor que mucha gente de la comunidad. Por lo menos, no muero de hambre. Estamos viviendo en una comunidad sin  ninguna oportunidad de progreso, no  hay  trabajo, no  hay  nada. Una  vez, intenté un  viaje  hacia la República Dominicana, desgraciadamente no pude llegar a mi destino ya que en el camino la policía me detuvo y me repatrió. Desde  entonces decidí quedarme ahí  y vender arena para la construcción.

Al preguntarle si  sabe las  consecuencias que  esta actividad tiene, él contesta lo siguiente:

Yo sé pero qué  quieres que  yo haga. En  Haití, estamos obligados a hacer cualquier cosa  para sobrevivir, no  importa las  consecuencias, si  no  uno muere de hambre. La vida es más  importante. Estoy dispuesto a hacer algo diferente pero tengo que  tener una alternativa.

COHPEDA es una organización, según la deﬁne su director ejecutivo, compuesta por  cientos de entidades campesinas que  trabajan en la lucha  por  el respeto al ambiente. Para ellos,  el mayor problema de Haití y de Mombin Crochu en particular lo constituyen la deforestación y la erosión. Señala que  estos problemas tienen una relación muy estrecha con  lo económico y lo social, pues mucha tierra que  podría ser  cultivable va al mar. “Tenemos la ﬁlosofía de  llevar la lucha por  el medio ambiente en  Haití y unir esta lucha para mejorar las  condiciones de vida  del pueblo haitiano”, dijo  ﬁnalmente.

En  Haití existe un  desequilibrio entre el alarmante crecimiento demográﬁco y el ritmo de  crecimiento económico del  país. El  crecimiento demográﬁco sin  el crecimiento económico alimenta directamente la pobreza. Esta idea fue  comprobada en  Mombin Crochu durante nuestro estudio.
En efecto, hay una coincidencia entre las aﬁrmaciones de los grupos  focales de  que  el deterioro ambiental tiene relación con  la situación socio-económica. Según los  grupos focales, el medio ambiente provee a  los  habitantes locales importantes recursos que  satisfacen sus  necesidades no  solo  materiales, sino también aquellas subjetivas relacionadas con  la calidad ambiental, el contacto con  la naturaleza y la percepción del  espacio. Desde esta perspectiva la satisfacción de necesidades depende de la forma como una cultura percibe su medio ambiente, y se  apropia de  sus  recursos. Todos los  entrevistados  expresaron que  ante la falta de alternativas se sienten obligados a hacer cualquier tipo de actividad para ganarse la vida,  sin  importar las consecuencias que  puede tener sobre los recursos ambientales.

La  actividad zonal predominante —cría ganadera extensiva con especies no  adaptadas a la  zona y alta carga animal—, sumada a la extracción de especies leñosas para su utilización como combustible, determina una escasa cobertura vegetal. Si se agregan algunas características propias del  sistema, tales como la presencia de suelos poco evolucionados, pendientes pronunciadas y condiciones de aridez y clima  desfavorables, se concluye que  están dadas las  condiciones para el  desarrollo de  procesos conducentes al  deterioro ambiental. Por otra parte, la población que  permanece en la zona carece de servicios esenciales, posee ingresos que  no cubren los niveles de subsistencia  y comienzan a  evidenciar signos de  pobreza estructural, manifestada por  las  necesidades básicas insatisfechas. Todo esto  determina otros impactos, como la migración a otras zonas donde existan más posibilidades de obtener trabajo y progreso.

Prácticas agrícolas de los habitantes de mombin crochu y su situación con el ambiente

El  establecimiento de  latifundios cañeros y ganaderos, así  como de agroempresas comerciales para la exportación que  se registró durante los  primeros años de  la época de  Duvalier, creó demanda por  las  tierras usadas antes por  los campesinos, que  se vieron expulsados hacia terrenos menos productivos. El crecimiento de la población campesina  misma también aumentó la presión sobre la tierra y obligó a mucha  gente a buscar la vida  en  tierras nuevas. Y ﬁnalmente, el aumento  de  la  población urbana creó la  demanda creciente por  productos agrícolas, lo que  estimuló tanto a ﬁncas de tamaño medio como a los campesinos a producir para el mercado urbano interno.

Todos estos factores se combinaron para que  la  tierra llana disponible para los  campesinos escaseara. Los  procesos descritos ocurrieron en el pasado y están ocurriendo todavía. Ante esta situación el campesino se encuentra frente a una disyuntiva: se queda en el campo llano; emigra hacia la  ciudad o busca tierras libres en  las  lomas. Si decide quedarse en el campo, sus  opciones serían las siguientes:
 Convertirse en asalariado agrícola (campesino sin  tierra).
 Conseguir una parcela de buena tierra que  sea  regable, lo que permite cultivarla con  rendimiento sostenido.
 Conseguir buena tierra con  capacidad productiva aunque sin riego, o tierra de mala calidad, y terminar eventualmente vendiendo una parte creciente de su tiempo como asalariado.
El  grupo de  campesinos que  deciden emigrar hacia las  montañas en busca de  tierra se  reúnen con  los  que  eran trabajadores de  los  aserraderos que  se  habían quedado sin  empleo al  producirse el  cierre de  los  mismos, además de  los  monteros que  practicaban ganadería superextensiva en  las  montañas. A este  grupo de  campesinos lomeros  se  plantea la  opción de  buscar su  sustento en  cultivos perennes (café), cultivo de ciclo  corto bajo el sistema agrícola de la agricultura migratoria o  explotación forestal. Muchos campesinos de  montaña plantan cultivos perennes, como el café,  el cacao y frutales, sobre todo en  zonas donde las  condiciones del  suelo y del  clima favorecen estos cultivos. Estos generalmente producen con  un rendimiento sostenido, pero pobre, ya que  se suele manejar de  forma extensiva y con  tecnología  rudimentaria.
Sin  embargo, aun los  cafetaleros dependen para la alimentación de  la  familia y para completar los  ingresos en  efectivo provenientes de  los  cultivos perennes, de  cultivos de  ciclo  corto para subsistencia, como habichuelas. Muchos habitantes practican la agricultura migratoria. Es  el sistema agrícola natural en  todas las  zonas tropicales del mundo. Produce un  óptimo retorno al trabajo y prácticamente no  requiere insumos químicos. No  causa degradación ambiental, siempre que  la tierra queda en barbecho por  suﬁciente tiempo tras un  ciclo  de cultivo, para permitir el restablecimiento de la vegetación original. Al margen de esas  condiciones, esta agricultura migratoria deforesta las tierras lo que  erosiona los suelos y termina agotando el recurso.

Una  fuente de ingreso para muchos moradores de Mombin Crochu es  la  fabricación del  carbón, que  además cocinan con  leña. Los habitantes están conscientes del  daño que  esto  causa al  medio ambiente pero ellos  se sienten obligados ya que  no tienen otras alternativas. Al respecto, el agrónomo Fresnel Borgela, que  trabaja en la zona, plantea lo siguiente:

Este  problema no  es  solamente de  Mombin Crochu, es  un  problema de Haití. La  mayoría de  la  población hace uso  de  la  leña  para cocinar. Estoy  consciente de  esta  situación, hemos organizado talleres, campaña de sensibilización sobre esto,  pero no  podemos hacer más  cosa. En  mi  casa, lo usamos también, a pesar de  que  mi  formación académica a veces  me remuerde la  conciencia pero uno  tiene que  vivir.  Hemos presentado un plan al  Ministro del  Medio Ambiente para subvencionar el gas  propano o desarrollar un  proyecto que  permitiría a  la  población el acceso a  una estufa; nunca esto  se llevó a cabo. La gente no puede dejar de comer, pero el único medio que tienen para cocinar es cortar árboles, entonces aunque no apoyo esto,  no podemos dejar de hacerlo.

Las presiones sobre los recursos naturales en Mombin Crochu

Para deﬁnir los  indicadores de  presión, es decir, las  causas de  la degradación de la tierra, fueron puntualizadas algunas cuestiones orientadoras con  relación al  sobreuso o uso  inapropiado de  los  recursos naturales —básicamente, el  sobrepastoreo y la  corta y quema de  la vegetación, respectivamente—, así como la extracción de arena en los ríos  para la construcción y la existencia o no  de  prácticas de  menor impacto sobre el suelo. De este  modo, se procuró conocer el nivel  de concientización de  las  comunidades sobre las  consecuencias de  sus actividades productivas. Una  vez  deﬁnidas las  presiones, se  intentó establecer las razones que  conducen a las comunidades rurales a realizar de esta manera sus actividades de producción, y cuáles serían los factores determinantes —económicos, sociales, políticos, culturales, y otros—, y las fuerzas conductoras de esta conducta degradadora.

Las  familias del  municipio de  Mombin Crochu viven  bajo el régimen de  bienes comunales, con  acceso al  área de  la  tierra que  una familia pueda conservar en  producción. El suelo recibe gran presión
porque las  prácticas productivas se  basan en  agricultura y ganadería,  con  efectos colaterales como la pérdida de  cobertura vegetal, de fertilidad, de  estructura para retener humedad y el incremento de  la contaminación por  sales provenientes de los fertilizantes químicos. El ganado es valorado en  la zona. En  la perspectiva de  la conservación, el ganado vacuno es perjudicial debido a sus  mayores requerimientos alimenticios y a las  prácticas inadecuadas de manejo. La mayoría de los hogares encuestados cortan los árboles o arbustos como combustible para cocinar.
La  tecnología utilizada para la  agricultura es  la  tradicional, de tumba y quema, con  algunas prácticas convencionales como la aplicación de fertilizante químico y pesticidas. El 96% de los productores entrevistados que  habitan la comunidad aplica fertilizantes químicos sin  contar con  ningún tipo de asesoría, contaminando el agua de lluvia que  arrastra los residuos químicos llevándolos hasta los arroyos y ríos. Las prácticas de conservación de recursos naturales son  escasas. Dada la ausencia de  prácticas de  conservación del  suelo, este  pierde fertilidad rápidamente por  arrastre del agua de lluvia, del viento y extracción de nutrientes por  el cultivo. Esto, aunado al corto periodo de recuperación, provoca su  deterioro, cuyas consecuencias incluyen la pérdida del hábitat de muchas especies animales.
El comportamiento de la familia para obtener ingresos y/o recursos  naturales se condiciona por  la disponibilidad de  recursos humanos,  físicos, ﬁnancieros y naturales. Así,  su  dinámica productiva es 100%  de subsistencia y esto  determina su comportamiento en cuanto a las prácticas agrícolas.
El  deterioro ambiental no  es un  fenómeno puntual: existen una dinámica y diversos procesos que  interactúan previamente. Por  tanto,  el  análisis debe tener como referencia a  la  realidad anterior. La población percibe claramente las  transformaciones que  se han venido  produciendo en  sus  tierras y el empobrecimiento de  los  recursos, porque la gran mayoría de los entrevistados han vivido  siempre en la misma región. Sin  embargo, la  diﬁcultad de  acceder a  información cuantitativa  oﬁcial impide evaluaciones objetivas de  la  degradación de la tierra, más allá  de informes del  área de suelos del  Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos naturales.
Un estudio publicado en  2004  por  FECHU, un  organismo no  gubernamental, informa que  la vida  de  los  habitantes de  Mombin Crochu depende por  completo de la tala de árboles para la construcción, la  madera para energía y el carbón, y para limpiar nuevos terrenos para agricultura que  reemplacen los deteriorados por  el exceso de uso y la erosión. Así, la degradación de  los  recursos naturales socava los medios de  vida  y las  oportunidades de  subsistencia futuras de  una parte signiﬁcativa de la población que  vive en situación de pobreza. La veracidad de la aﬁrmación anterior es, sobre todo, patente respecto de los sistemas agrícolas. La degradación del suelo y del agua constituye un  obstáculo de primer orden para el incremento de la productividad agrícola, que  representa el pilar básico de subsistencia de los habitantes  de  Mombin Crochu, y constituye la piedra angular de  las  estrategias  de reducción de la pobreza adoptadas en numerosos países.
La pérdida de  capacidad productiva del  suelo se traduce en  una reducción del  ingreso familiar, y una degradación social. Ante  la imposibilidad de  mantener el nivel  de  vida  de  la familia, los  habitantes ingenian estrategias de  supervivencia, buscando fuentes de  ingreso adicionales fuera de su propia parcela.

Una  de esas  fuentes de ingreso adicional es la fabricación de carbón, una actividad que  acelera la  degradación  ambiental,  pues generalmente se practica en  bosques que  necesitarían una tregua para poder regenerarse. Otra fuente es la ganadería, especialmente en  las zonas de bosques secos. La crianza extensiva impide la regeneración natural de  los  bosques. El  ganado es criado en  forma extensiva y su alimentación se sustenta exclusivamente en  los  pastos naturales. Las precarias condiciones ambientales, sumadas a estiajes prolongados y a un  inadecuado manejo de  los  pastos, son  determinantes de  la baja capacidad productiva regional. El  sobrepastoreo se  ha  traducido en una disminución de  la vegetación nativa, a lo que  se agrega la compactación del  suelo por  efecto del  excesivo pisoteo del  ganado, que expone al suelo a la erosión. Agotadas las oportunidades de buscar el sustento en  la naturaleza, quedan como opciones emprender la emigración o dedicarse el chiripeo rural: rifas, gallos, vender billetes, contrabando, etcétera.

Factores condicionantes de esta situación de deterioro ambiental

Para establecer indicadores de  impacto es importante determinar la perspectiva de la población local, pues su percepción descansa en una experiencia de  vida  y en  la  observación cotidiana de  su  entorno. Al describir su propia realidad, la población local  no establece necesariamente una relación directa entre sus condiciones de vida y la creciente degradación de los suelos. Esta relación puede ser  constatada a partir de los relatos de vida  de los campesinos.

Para identiﬁcar los indicadores de impacto, se solicitó al grupo de trabajo que  explicitase los problemas centrales de la población con  relación al deterioro ambiental y la extensión de esos problemas. En este sentido se deﬁnieron algunas líneas de  análisis tales como la capacidad de las  actividades productivas para satisfacer los requerimientos de sustento familiar, las formas de acceso al agua, el crecimiento de la población rural y la concepción de la pobreza en el medio rural.
Se reconocieron como problemas prioritarios la pobreza rural la falta de  agua y de  oportunidad. En  cuanto a la falta de  agua, la consecuencia más destacada fue que  las comunidades y su ganado se ven forzados a consumir aguas de  calidad inadecuada. Con  relación a la migración, se destacó la situación de pobreza de la población rural y el abandono de las actividades agropecuarias. Respecto de la pobreza rural, se enfatizó la noción de que  se enfrenta una forma de pobreza que  no solo  se expresa en ingresos reducidos, sino también en la falta de  asistencia técnica y de  servicios básicos en  educación, salud y saneamiento básico.
Hay  que  recordar que, de  acuerdo al  planteamiento teórico de REARDON y VOSTI  (1995), se  consideran pobres en  las  diferentes categorías de  recursos: naturales, humanos, físicos y ﬁnancieros. La situación de  pobreza en  la cual está inmersa la población le obliga a hacer uso de los recursos que  está a su disposición para sobrevivir. Los habitantes, al no  disponer otros recursos económicos que  no  sean la tierra, se sienten empujados de usarlo para su  sobrevivencia sin  pensar  en  las  consecuencias que  puede generar una explotación de estos recursos y tienden a ampliar la frontera agrícola utilizando más selva para nuevas parcelas. No hay  mano de obra caliﬁcada para una agricultura de conservación, tienen problemas con  su salud, su tecnología es  rudimentaria, y cada vez  tienen menos espacios adecuados para la producción, lo que  redunda en sus  ingresos: tienen poco dinero en efectivo para comprar lo necesario para subsistir.

Cabe aﬁrmar, así,  que  la pobreza suele tener consecuencias negativas para la  protección del  ambiente. Cuando la  población no  tiene nada que  comer ni combustible, ni materiales para hacerse una casa, suele recurrir al  bosque. Años  de  pobreza han acabado con  la  masa forestal del país. Además, la falta de árboles tiene consecuencias terribles cuando sobreviene un desastre natural. Allí donde no hay árboles, la  tierra está suelta y desprotegida y es  más fácil  que  se  produzcan graves corrimientos de  tierra y desprendimientos de  rocas que  agraven el desastre.

Las catástrofes y el desarrollo y el medio ambiente

Cuando las  catástrofes suceden en  una zona con  construcciones precarias, falta de infraestructuras —canalizaciones de agua, carreteras, electricidad— y una población vulnerable a causa de  la pobreza, sus efectos aumentan aun más. Además, el  proceso de  recuperación  es más lento. A veces  las catástrofes se suceden sin  que  haya dado tiempo a recuperarse de la anterior. Este es el caso de Haití, que  cada año sufre huracanes tropicales que  dejan al país cada vez más debilitado. El  terremoto que  azotó el país el 12 de  enero del  2010  empeoró aun más la situación.

Recomendaciones

Se necesita una estrategia integre los diferentes aspectos de la pobreza, incluyendo el aspecto ambiental. La implementación de la infraestructura básica, el acceso a la educación entre otros, son  aspectos fundamentales para el  mejoramiento ambiental. Es  importante que  se busque la conservación de la tierra sobre la base del  manejo racional de cuencas de agua tomando en consideración los aspectos ambientales y socio económicos. Otros elementos incluyen:
 Fomentar proyectos de conservación y reforestación para prevenir la erosión del  suelo, particularmente en  las  cuencas, sobre  terrenos de importancia económica y agrícola.
 Priorizar la  acción ambiental  de  los  gobiernos locales en los diferentes ámbitos de gestión: político, social, económico y tecnológico.
 Promover a nivel  nacional y regional la revisión de la organización y funciones de los gobiernos locales, para la institucionalización de mecanismos estructurales que  impulsen una efectiva gestión ambiental y del desarrollo local  integral y sostenible.
 Que  el gobierno facilite a la población crédito o subvenciones para hacer uso  de  fuentes de  energía que  no  dependan de  la tala de árboles.
 Crear o fortalecer redes nacionales y regionales de información que  den  soporte a los  procesos de  mejoramiento de  la gestión ambiental local.

 Fortalecer la  capacidad institucional de  los  municipios —sus recursos humanos, ﬁnancieros y particularmente tecnológico —  para una adecuada gestión ambiental.

Conclusión

Partiendo del concepto de pobreza deﬁnida en este  documento, podemos aﬁrmar que  la pobreza en Mombin Crochu es un proceso matizado por  las siguientes características:
 Poco acceso a los recursos necesarios para satisfacer las  necesidades básicas.
 Incapacidad de las  personas para producir sus  condiciones en materiales socio-culturales.
 Existencia de la dicotomía escasez-abundancia, de donde el enriquecimiento de unos implica el empobrecimiento de otros.
Estos fenómenos constituyen elementos de  presión que  condicionan el tipo de relación existente entre los habitantes y los recursos naturales. Esta relación se pone de maniﬁesto en las prácticas agrícolas que degradan el medio ambiente.
Los problemas sociales son  parte del sistema que  hoy día  impera. Es  necesario poner en  maniﬁesto como estos problemas inﬂuyen en el  ambiente, destacando que  el  principal problema que  desde hace mucho existe es la pobreza, que  a menudo conﬁna a los pobres de las zonas rurales en tierras poco productivas.
La pobreza conduce a la deforestación, que  priva de recursos  vitales a los más vulnerables y acelera el proceso que  relaciona pobreza y degradación del medio ambiente.
Una  sociedad no tiene futuro promisorio si no puede controlar lo que  sucede con  sus  tierras.

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Sen,  Amartya 2001  Desarrollo y Libertad (Bogotá: Planeta).

Consejo Económico y Social (CES), República Dominicana↵

Véase el último informe del PNUMA sobre el estado del medio ambiente, GEO 2000 y los informes anuales del World Resources Institute de los últimos 10 años. Otros estudios como el informe de la comisión de Brundtland sobre pobreza y medioambiente sostiene esta tesis defendida en este trabajo de investigación. ↵

El Ministro fue entrevistado el primero de mayo del 2008, en ocasión de la celebración del día mundial de la agricultura. Cf. Alterpresse, 2 de mayo del 2008 en . ↵

Los ingresos proveen una fuente accesible y conﬁable de datos para la medición de lapobreza. De allí su ventaja sobre otras medidas cuantitativas cuya recolección es más compleja (como las NBI) y de otras opciones de medición cualitativa relativamente recientes y que sufren el estigma de no ser “objetivamente veriﬁcables”. La gran mayoría de los estudios sobre pobreza en América Latina utilizan como dato básico la medida de ingresos (Attanasio y Székely, 1999: nota 6). Un inventario de los mismos para el período 1980 a 1995 se encuentra en Vos (1997). ↵

Cambio climático: discursos oficiales que legitiman las desigualdades

 Comparación entre la implementación de políticas de mitigación: agrocombustibles en el Valle del Cauca y proyectos forestales en el oriente antioqueño, Colombia

Sandra Milena Rátiva  Gaona[1]*

“Si uno no vive  como piensa, termina por pensar  como vive”.

Gabriel  Marcel

Introducción

El lugar de las políticas de mitigación en la estrategia geopolítica del cambio climático

El  informe del  Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC  por  su sigla  en inglés) de 2007[2] aﬁrma que  “muy probablemente”  la  aceleración del  calentamiento global es  resultado de  la  acción del hombre sobre el planeta, particularmente por  el uso  de combustibles  fósiles y la deforestación y uso  intensivo del  suelo. Los  impactos para las  generaciones futuras son  tan inciertos como devastadores, y la incertidumbre no  radica en  el desconocimiento de  los  impactos, sino en  la  impredictibilidad de  su  “distribución cronológica, magnitud y características regionales” (CMNUCC, 1992:  1). Sin  embargo, algunas cosas no  son  inciertas y ni siquiera generan gran controversia: los países del Anexo I del protocolo de Kioto, es decir, los que  más han  contribuido con  el calentamiento global por  sus  emisiones de  Gases de Efecto Invernadero (GEI) y demanda de recursos naturales son  los que  menos sufrirán los  impactos, mientras los  países empobrecidos por  procesos de  expoliación, colonialismo, comercio ecológicamente desigual, endeudamiento (Martínez Alier, 2003), guerra y desventajas comparativas serán los  más impactados con  el aumento del  nivel  del mar, los  eventos meteorológicos extremos, los  cambios en  regímenes hídricos, la desertiﬁcación de los suelos y los aumentos en las temperaturas globales. ¿La razón? Los países empobrecidos no cuentan con la infraestructura, la solvencia ﬁnanciera o la capacidad institucional de prevención de desastres con  la que  cuentan los países “desarrollados”.  En  otras palabras, son  más vulnerables a los impactos del  cambio climático los países pobres, porque son  pobres (IPCC,  1991;  IPCC, 2007;  FOEI, 2007;  GFH, 2009).

Esta es  una forma de  relacionar cambio climático y pobreza, quizá la  más cruel, obvia y cínica; sin  embargo, en  este  trabajo me interesa explorar otro camino de  esta relación, el de  la profundización de la pobreza a través de la mercantilización del clima, donde el mercado pone en competencia a las comunidades rurales de los países del sur  global con  las entidades ﬁnancieras, comerciales e industriales de los países del  norte global, y donde la mercancía principal es el territorio: tierra, agua, familia, tradición, cultura, alimento, selva y montaña para los unos; sumideros, depósitos, recursos, réditos y bonos para los otros.

Las preocupaciones por  el cambio climático son  globales y se han convertido en un  punto en común —más no  de encuentro— entre las expresiones organizadas de la sociedad civil, el mercado y los Estados, hasta el punto en que el cambio climático es, hoy por  hoy, tema central para las instancias políticas internacionales como la ONU,  que  desde 1988  viene impulsando acciones y agendas conjuntas para “detener” las  emisiones de  GEI  y estabilizar el  clima global. En  este  sentido, la Convención Marco de  Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC, 1992) fue  una respuesta diplomática a  un  fenómeno de afectación global. Así pues, los criterios[3] de “responsabilidades comunes  pero diferenciadas”, de  implementación de  mecanismos ﬂexibles para “mitigar la concentración de GEI” y el de “promoción de sumideros  y depósitos de GEI  a través de cooperación y transferencia tecnológica” (CMNUCC, 1992:  2ss),  se hicieron agenda y planes de  acción global, primero, a través del protocolo de Kioto (CMNUCC, 1998) que dio  origen a:

 Los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)  en países en vías de desarrollo.

 El mercado internacional de carbono regulado por la Convención.

 Los proyectos de implementación conjunta entre países del anexo I.

Y en  segundo lugar, a través del  plan de  acción de  Balí  (CMNUCC, 2007), que  enunció la implementación de  políticas de  mitigación  — de emisiones de GEI—,  políticas de adaptación —para enfrentar los efectos inminentes del  cambio climático— y de transferencia tecnológica —para cumplir con  el propósito de promover al mismo tiempo el desarrollo económico[4]—.

Ahora bien,  es  importante  resaltar  algunos puntos  de  análisis  para avanzar en  el  planteamiento del  problema de  la  mercantilización global del  clima como un  factor de  exacerba la  pobreza a  través de  los  conﬂictos socioambientales en  contextos locales: i) han pasado 18 años desde la instauración de  la Convención Marco, 12  años desde la  redacción del  protocolo de  Kioto, 3 años desde el acuerdo sobre el plan de acción de Balí  y 2 años desde la entrada en rigor del  protocolo, y solamente la  reciente crisis ﬁnanciera y económica logró disminuir 1,3%  las  emisiones de  GEI  durante 2009[5]; ii) la renombrada Conferencia de las Partes de la Convención (COP) número XV, realizada en  Copenhague (2009) y Cancún (2010) visibilizaron la  incapacidad de  las  Naciones Unidas para resolver el conﬂicto de  intereses de  los  países con  mayores niveles de  emisión de GEI  y los intereses del resto de la humanidad; iii) conglomerados económicos de  energía, agroindustria,  biotecnología, Instituciones Financieras Internacionales  (IFIS), gestión de  riesgos, transportes y gestión forestal, han venido desarrollando un  nicho de  mercado “verde” asociado  a  la  implementación del  protocolo de  Kioto y al cumplimiento de los compromisos de la CMNUCC, y ﬁnalmente, iv) los movimientos y organizaciones sociales han sido  invisibilizadas  y acallados como actores políticos en  la  disputa por  la  resolución de un  problema global que  atenta claramente contra los  derechos fundamentales de  los  pueblos, de  la  madre naturaleza y del  equilibrio ecológico vital  necesario para la  continuidad de  la  especie (Rátiva, 2009;  Gilbertson y Reyes, 2009;  Klein, 2009;  LVC, 2009;  CJN,  2009).

Problema de investigación y asuntos metodológicos

En  este  contexto socio-político, y con  la  preocupación de  abordar empíricamente un  tema poco explorado por   las  ciencias sociales, este  trabajo de investigación se planteó como posibilidad de indagar sobre las  políticas de  mitigación al  cambio climático en  Colombia, y la  racionalidad e  institucionalidad en  las  que  se  han venido desarrollando. Esta intención responde a la preocupación de líderes comunitarios ante las  irregularidades, la  falta de  información y la velocidad con  la que  ciertos negocios del carbono se exponían en  regiones donde el Estado apenas hace presencia. Regiones que  además se  caracterizan por  la  reproducción de  condiciones de  desigualdad y pobreza históricamente construidas a través de diferenciaciones y marginaciones de clase, raza o etnia.

El  problema de  investigación en  torno a la cual he  venido concretando estas reﬂexiones es cómo son  las relaciones sociales que  se dinamizan entre  el Estado Colombiano, el sector  empresarial y las comunidades locales  en  el proceso de legalización e implementación de agrocombustibles y de proyectos forestales como mitigación al cambio climático. En  el caso de  los  agrocombustibles, analizaré la  producción de etanol a base de caña de azúcar en el valle  geográﬁco del río Cauca, que  comprende el sur  del  departamento del  Valle  del  Cauca y el  norte del  departamento del  Cauca, donde el  sector privado es representado por  fedebiocombustibles y la Asociación de Cultivadores  de  Caña (Asocaña); y para el  caso de  los  proyectos forestales, analizaré el caso del MDL “Bosques de San Nicolás”, donde el sector privado es  representado por  la  corporación MASBOSQUES[6], ONG que  reúne a varios actores regionales.

Estos dos  casos, el de los agrocombustibles y el de los proyectos forestales, serán comparados a partir de los procesos de promoción/ legitimación, legalización e implementación, con  un  fuerte componente de  análisis de  discurso, y de  impactos de  políticas públicas. Resulta central identiﬁcar similitudes y diferencias entre estos casos, entendiendo que  nos  interesan en  tanto políticas de  mitigación en Colombia, por  lo tanto, también es central resaltar que  he  buscado contrastar la  versión de  los  actores hegemónicos —el  Estado central, el  Estado descentralizado y sectores privados— con  la  voz  de comunidades directamente afectadas por  estos proyectos y de  movimientos sociales organizados  en  los  territorios donde se  vienen implementando los  proyectos, que  representan, en  alguna medida, sectores invisibilizados y subalternizados por  procesos históricos de exclusión. La investigación ha  sido  desarrollada en 3 momentos metodológicos: primero, una revisión documental centrada en  política pública, legislación y normativa, buscando establecer e  identiﬁcar los argumentos centrales y de carácter político que  el Estado utiliza para llevar al nivel  de leyes  y políticas nacionales proyectos como los que  nos  ocupan; un  segundo momento metodológico ha  sido  el desarrollo del trabajo en campo, donde he conversado y entrevistado a líderes de las  comunidades y a representantes de organizaciones sociales, allí  buscaba establecer los impactos directos de estos proyectos  en los territorios, pero además, buscaba contrastar los argumentos e intenciones de las leyes  o intereses generales argumentados por el Estado, con  la percepción y situación real  de las comunidades que habitan los  territorios en  cuestión; y, ﬁnalmente, el tercer momento  de  investigación, cuando busqué respuestas oﬁciales frente a los problemas enunciados por  las  comunidades, este  momento implicó entrevistas y conversaciones con  funcionarios públicos y agentes del sector privado, para escuchar sus  propias percepciones sobre la implementación y las  tensiones implícitas en  estos proyectos; algunas de  estas entrevistas no  fueron registradas por  políticas internas de ministerios e instituciones. Como asunto central de  la metodología de  trabajo desarrollada para este  documento, quiero señalar que  mi  posición no  es neutral, ni  objetiva; por  el contrario, mi  trayectoria como activista política, como ambientalista  me  ubican en  un  lugar de  enunciación (Foucault, 1996;  Bolivar, 2003) explícito que  deseo compartir con  el lector  o  lectora: el  lugar de  la  visibilización de  problemáticas asociadas  al  modelo de  producción capitalista, y la  ampliﬁcación de  las voces  de  comunidades, lideres, personas y organizaciones sociales, que  ajenas a las disputas de producción de conocimiento en campos especializados y legitimadores de  saber, comparten sus  problemas, pero también sus  anhelos, sus  alternativas y sus  propias formas de resistencia. Este elemento, sin  embargo, no justiﬁcaría una posición panﬂetaria, que  contrario al propósito político de esta investigación, deslegitimaría las  conclusiones; en  este   sentido, la  rigurosidad  — que  no  es  objetiva— y la  reﬂexividad —que  no  es  neutral— serán las herramientas epistemológicas que  buscan ilustrar un  ejemplo de legitimación de desigualdades.

La política de mitigación al cambio climático en Colombia: tensiones entre el estado y el mercado

“La culpa del tema ambiental, como social  y laboral,

es de los países  industrializados, desarrollados […]

desde allá viene  el modelo, viene  la estructura, […]

el aparato está hecho para favorecer a esos grandes  monopolios del país”

( Trabajador agrícola de la caña de azúcar, marzo de 2009).

En  su  teoría de  las  desigualdades persistentes, Charles Tilly  aﬁrma que  “las grandes y signiﬁcativas desigualdades en las ventajas que  gozan  los seres humanos [surgen] porque las personas que  controlan el acceso a recursos productores de  valor resuelven problemas organizacionales acuciantes por  medio de  distinciones categoriales” (Tilly, 2000:  21), que  clasiﬁcan y organizan las interacciones, le dan sentido a las relaciones sociales y conﬁguran lo bueno, lo deseado y lo legitimo. Este proceso, que  es resultado de acumulados culturales, categoriales e institucionales, se renueva al  tiempo que  refuerza legados ya  existentes. Esto quiere decir que  se construyen y dinamizan nuevos lenguajes y códigos, incluso nuevas clasiﬁcaciones categoriales (Lechner, 1995), para mantener las  diferencias y las  desigualdades sociales. En este  apartado veremos cómo el discurso de  la  mitigación al  cambio climático es apropiado por  el Estado Colombiano para regular y normalizar —a través de las leyes  y disposiciones de política pública— el acceso diferencial a beneﬁcios y ganancias derivados de  procesos de producción novedosos y altamente excluyentes, que  son  los  negocios derivados de  la  implementación de  las  políticas de  mitigación, en nuestro caso, la  producción de  agrocombustibles y la  comercialización de certiﬁcados de emisiones reducidas (CER) por  proyectos Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).
En  primer lugar, es preciso establecer la relación entre políticas de mitigación y procesos de acumulación de capital, donde gracias al capital natural, “hoy es posible una explotación conservacionista de la naturaleza. La biodiversidad aparece […] como zonas de  reserva, territorios y hábitat de la diversidad biológica, valorizados por  su riqueza  genética, sus  recursos ecoturísticos y su  función como colectores de carbono” (Leff,  2005:  192).  La tierra, el agua, las semillas, el clima, la  atmósfera y otras cualidades de  la  naturaleza son  convertidas en costos y ganancias; no  en  el sentido clásico de los medios de producción (Marx, 1947), sino como mercancías en  sí mismas. Este cambio en la comprensión, apropiación y valoración de la naturaleza implica nuevos mecanismos de privatización y comercialización. Mecanismos que  vienen siendo legitimados, legalizados e implementados con  rapidez  a causa de la fuerte degradación ambiental, que  ha  convertido al medio ambiente sano en  un  bien escaso. El cambio climático y el sobreconsumo de combustibles fósiles han servido como dispositivo de activación de la acumulación capitalista de “servicios ambientales”.
La producción de agrocombustibles y la implementación de proyectos MDL  en  Colombia muestran la  inﬂuencia del  discurso de  la mitigación al  cambio climático que  surge en  el plano internacional, en  este  caso a través de la cumbre de Río  de Janeiro sobre desarrollo sostenible de 1992,  ratiﬁcando que la globalización es el proceso de valorización interminable de todas aquellas partes de la naturaleza que  antes estaban afuera de la lógica de valorización del sistema capitalista [y que]  El capitalismo es un  sistema expansionista en el que todo es interpretado como materia prima para el proceso de producción de valor  y plusvalía. (Altvater, 2006: 358)
Así, por  ejemplo, la entrada en  rigor de  la Convención Marco de  Naciones Unidas para el  Cambio Climático en  Colombia (Ley  164  de 1994) y la ratiﬁcación del  protocolo de  Kioto (Ley  629  de  2000) desencadenaron una primera serie de acciones legislativas, normativas y programáticas entre el 2000  y el 2003  que  tenían como intención promover la venta de servicios ambientales como estrategia de mitigación al cambio climático (CONPES 3242,  2003[7]), para promover la participación competitiva de Colombia en  el mercado de reducciones veriﬁcadas de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el establecimiento y consolidación de un marco institucional nacional (y así) aprovechar las oportunidades económicas y tecnológicas derivadas de las  acciones de mitigación que  permitan el desarrollo sostenible del  país. (CONPES, 2003: 6 y ss.)

En  este  sentido, la  concertación de  agendas interministeriales[8] para cambio climático entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo  Territorial (MAVDT)  con  los  Ministerios de  Educación, Defensa, Protección Social, Transporte y Agricultura generó garantías institucionales para la consolidación de las  políticas de mitigación con  una perspectiva de desarrollo basada en la variable ingreso y en el aumento  del  PIB,  sometiendo el bienestar social y natural al desarrollismo, donde “el desarrollo [...]  sigue siendo un  enfoque de arriba abajo, etnocéntrico y tecnocrático que  trata a la  gente y a las  culturas como conceptos abstractos, como cifras estadísticas que  se  pueden mover de  un  lado a otro en  las  gráﬁcas del  ‘progreso’” (Escobar,  1996:  94). Una  muestra importante de  cómo las  políticas asociadas al  cambio climático en  Colombia rápidamente tomaron un  carácter privatizador, excluyente y economicista:

El  MDL  representa una posibilidad para los  países en  desarrollo, entre ellos  Colombia, para: i) generar reducciones de  emisiones veriﬁcadas de manera competitiva, crear nuevas oportunidades de  negocios, atraer in- versión extranjera  y generar nuevas fuentes de divisas, ii) generar beneﬁcios adicionales como difusión de tecnologías ambientalmente sanas, mejoramiento del medio ambiente local,  generación de empleo, y iii) fortalecer las instituciones y los sectores en relación con la mitigación del CC. (CONPES 3242,  2003: 4; énfasis propio)

[...] Agenda de mitigación: Este  componente apoya la implementación de acciones que  reducen la  emisión de  GEI  con  dos  ﬁnalidades. Aumentar la participación de Colombia en  el mercado internacional de carbono [...] aprovechar las oportunidades de ﬁnanciamientos del mercado de carbono en  lo  que  respecta a  proyectos MDL  y acceso a  mercado voluntario. La segunda es la implementación de una agenda sectorial para reducción de emisiones (not  market driven) con especial énfasis en el desarrollo de energías  renovables en zonas no interconectadas y la adopción de medidas de eﬁciencia energética. (BID, 2010: 4; énfasis propio)

[...] Los  impactos de la degradación ambiental que  resultan más  costosos para  la economía colombiana, en  su  orden son:  los  servicios deﬁcientes de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene; los desastres naturales (como inundaciones y derrumbes); la  contaminación del  aire  urbano; la degradación de la tierra y la contaminación del aire  intradomiciliaria, los cuáles en su conjunto superan el 3,7% del PIB, lo cual  se reﬂeja principalmente en  el aumento de  la mortalidad y morbilidad, lo mismo que  en  la disminución de la productividad. (Larsen, 2004,  citado en agenda interministerial MAVDT, Minprotección social; énfasis propio)

Dentro de la primera serie de regulaciones en Colombia frente al cambio climático tenemos los lineamientos de política de cambio climático para Colombia (MAVDT,  2002), la estrategia nacional para MDL (MAVDT, 2000), la ley tributaria (Ley 788 de 2002) que  exime de impuestos a la  maquinaria para proyectos de  reducción emisiones de  GEI  y de producción de agrocombustibles, el documento CONPES 3242  para la venta de  servicios ambientales y mitigación (DNP,  2003) y la primera comunicación nacional ante la CMNUCC (MAVDT, IDEAM, 2001), que fueron desarrollados con  agilidad una vez ratiﬁcados los compromisos del  protocolo de  Kioto. La  posibilidad de  vender CERs a  los  países del  anexo I como parte del  cumplimiento de la cuota de reducción de emisiones de GEI generó preguntas ﬁscales, jurídicas e institucionales, que  si bien no han sido  del todo resueltas —como veremos con  los proyectos forestales—, han sido  eﬁcientemente tramitadas para el incentivo  de sectores y gremios especíﬁcos de la economía nacional. Viejas herramientas de  protección ﬁscal  para los  grandes gremios —como exenciones tributarias y creación de  regímenes especiales—, e innovación institucional en  la  promoción y legitimación de  los  mercados verdes —campañas publicitarias, creación de  dependencias del  estado—  fueron los  mecanismos utilizados para la privatización de beneﬁcios naturales antes no contemplados por  el mercado. Las categorías ambientalmente sostenible, ambientalmente responsable o amigable con la naturaleza han surgido con  fuerza en  las  piezas publicitarias y propagandísticas de empresas e instituciones vinculadas en este  proceso).

Así, las políticas de mitigación, que  son  por  deﬁnición sectoriales, favorecieron inmediatamente los  megaproyectos del  sector energético,  de  transporte masivo, de  residuos y agroindustriales. Agendas de capacitación para las  Corporaciones Autónomas Regionales[9], la  reglamentación de los MDL en el país a través de las resoluciones 1242 de 2006,  453 de 2004,  453 y 454 de 2004  del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y la  creación del  grupo de Mitigación de  Cambio Climático dieron soporte técnico e institucional  para la  consolidación del  “Colombia CDM  Portafolio 2009”,  que sistematiza todos los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio adelantados en el país y respaldaba, de forma publicitaria, lo que  sería una posición de Colombia en las negociaciones de Copenhague:

El  MDL  debe  continuar como un  mecanismo que  contribuye al desarrollo sostenible del país  […] Los proyectos han representado la inclusión de nueva capacidad instalada en energías renovables, mejoras en la eﬁciencia energética, promoción de gestión sostenible de residuos agrícolas e industriales y fomento a opciones sostenibles de movilidad. (MAVDT, 2009: 12)

Para principios de  2009  el Ministerio de  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, autoridad nacional designada frente a  la  Junta de MDL  de  la  CMNUCC, contaba  con  125  proyectos MDL:  23  de  manejo  de  residuos, 11  de  transporte, 16  de  LULUCF, 1 de  agricultura, 39 de  industria y 35 de  energía. De estos, 5 estaban en  formulación, 39 registrados, 9 en  proceso de aprobación nacional, 14 con  carta de iniciativa, 38 con  carta de no  objeción, 6 con  carta de no  objeción en proceso, 14  registrados y 5 que  recibieron CERs[10]. Según las  propias proyecciones del gobierno de Álvaro  Uribe Vélez,  para 2020  Colombia estaría recibiendo “miles de millones de dólares por  bonos de carbono” (Vicepresidencia, 2010:  min 7-26).

Ahora bien, esta insistencia en el fomento de proyectos MDL y de la competitividad en  el mercado internacional del  carbono está fuertemente justiﬁcada desde el gobierno en  el deseo de  aprovechar los recursos naturales con  los que  cuenta el territorio nacional, intención plasmada en  los  documentos  “Colombia potencia por   naturaleza”, “Visión Colombia II Centenario 2019” “Colombia 2025” y “Una  gestión ambiental y de  riesgo que  promueva el desarrollo sostenible”; iniciativas todas de  planeación o proyección del  gobierno nacional, gestadas  entre el 2006  y el 2009,  que  rescatan la biodiversidad y la riqueza natural como una fuente de “desarrollo” para el país, una fuente que, según los documentos, no  ha  sido  lo suﬁcientemente explotada y que en las próximas décadas proveerá a Colombia de divisas y de liquidez, lo que  le dará a Colombia un  lugar privilegiado en  “la industria de la biodiversidad” gracias a los compromisos de reducción de emisiones de GEI  (Vicepresidencia, 2010:  min 5-10).

De manera indirecta, los compromisos del protocolo de Kioto han sido  el motor de estos negocios de la mitigación del cambio climático en  Colombia. Así,  por  ejemplo, la  última directiva de  la  Unión Europea sobre energía renovable (DOUE, 2009), según la cual, a partir del  1 de enero de 2017,  la implementación de agrocombustibles en el viejo continente debe contribuir a la reducción de las emisiones en un 50% de sus compromisos totales, ha llevado al gobierno colombiano a proyectar el uso  de un  total de 3,5 millones de hectáreas en 2020  para la implementación de monocultivos aptos para la producción de agrocombustibles, lo que  requeriría 20 plantas industriales para producir etanol y 10 para biodiesel, argumentando que la demanda [de agrocombustibles] ha  estado asociada con  la dinámica de los combustibles fósiles y al creciente interés en la reducción de los gases efecto invernadero (GEI)  por  parte de los principales países consumidores de combustibles fósiles, siendo esta  última una consideración que  actualmente se encuentra en discusión a nivel mundial y que deberá ser evaluada en el país.  (CONPES 3510,  2008: 13)

Al mismo tiempo, y mostrando la estrecha relación entre la demanda internacional de  servicios ambientales  y la  oferta local  de  recursos naturales, Fedebiocombustibles[11] aﬁrmaba al referirse a la proyección del gobierno nacional sobre agrocombustibles que el programa de  alcohol que  se ha  propuesto al país,  busca no  solo  atender  las necesidades del mercado interno, sino  alcanzar la producción suﬁciente para la exportación, aprovechando el TLC con  Estados Unidos y los acuerdos con  la Unión Europea. (Fedebiocombustibles, 2009: 1)

El  documento CONPES 3510  de  2008,  el decreto 383  de  2007,  la segunda comunicación nacional ante la  CMNUCC de  2009  (IDEAM, MAVDT)  y la resolución 551  del  MAVDT de  2009,  que  representan la segunda serie de normativas en cuanto a la regulación de cambio climático en  Colombia, ratiﬁcan la importancia de  mejorar la competitividad en el mercado del carbono y de garantizar el crecimiento de la industria agroenergética para contribuir con  el desarrollo sostenible del  país, mostrando como resultados los  24 mil  empleos directos del sector del  etanol y el biodiesel para 2010,  y las  potencialidades para reducir pobreza de los proyectos forestales.

Estas premisas del “desarrollo sostenible del país”, de “contribuir con  la reducción de emisiones de carbono”, de empresas “ambientalmente sostenibles” y de crecimiento económico, que  han sido  centrales en la legitimación y posicionamiento de las políticas de mitigación al cambio climático en Colombia, pueden ser  cuestionadas desde, por lo menos 3 puntos de vista: i) este desarrollo que pregona la legislación sobre cambio climático en  Colombia basada en  “intereses generales” excluye las concepciones y proyectos de vida  de comunidades rurales (indígenas, negras y campesinas) y urbano-populares radicalizando las  categorías y condiciones de  exclusión social, ii) premian e incentivan a agentes contaminantes, transﬁriendo recursos públicos de los MDL para que  se reduzcan emisiones, que  con  el simple cumplimiento  de  la normativa ambiental preexistente se alcanzarían, generando un incentivo perverso, y una distribución ecológica desigual y clasista, y iii) promueven un  capitalismo burocrático y una burocratización de la naturaleza, al crear beneﬁcios monetarios a gremios enriquecidos históricamente a través de los conﬂicto de clase y del  conﬂicto armado, y al crear nuevas instancias y dependencias del Estado encargadas de estos beneﬁcios y de los trámites devenidos de la política de mitigación. Veamos en detalle cada punto.

Al aﬁrmar que  el desarrollo que  pregona la legislación sobre cambio climático en Colombia basada en “intereses generales” excluye las concepciones y proyectos de vida  de comunidades rurales (indígenas, negras y campesinas) y urbano-populares radicalizando las  categorías y condiciones de exclusión social, es importante señalar que  los sectores beneﬁciados por  los MDL en Colombia son  gremios o industrias establecidas, que  no solo  han sido  beneﬁciados por  los procesos históricos de  expropiación de  tierra (Kalmanovitz, 1998:  325-390), sino que  además se beneﬁciaron con  la apertura económica (Restrepo,  2003) y con  la privatización de  los  servicios públicos (Martínez, 2003:  231  y ss.)  de  los  años noventa que  quebró a gran parte de  los pequeños y medianos empresarios. Energía, Residuos Sólidos, Transporte y Agroindustria son  los  sectores que  mayores beneﬁcios han recibido de  parte del  Estado para la  implementación de  proyectos MDL[12];  un  acaparamiento de  recursos de  capacitación técnica, respaldo institucional y legitimación por  medio de procesos de certiﬁcación internacional, ya muestran una clara tensión entre los principios políticos del  Estado para respaldar a las  minorías y buscar equidad en  la  sociedad Colombiana, y los  principios del  mercado neoliberal que  facilita la acumulación de  capital en  sectores claramente deﬁnidos  por  sus  grandes capitales.

Las  represas, los  rellenos sanitarios, los  monocultivos agroenergéticos —palma y caña— y los  sistemas de  transporte masivos, son ﬁnanciados por  la sociedad Colombiana a través del consumo obligatorio de estos servicios, y a través de la ﬂexibilización laboral que  reduce costos de producción —con  la excusa de incentivar la inversión privada—, pero además, son  ﬁnanciados a través de la infraestructura que  el Estado dispone como concesión o como venta a empresas privadas de estos sectores, que  reducen así gastos de funcionamiento que nunca se revierten en  tarifas diferenciales para la población. Algunas de  las  empresas que  recibirán ganancias y beneﬁcios por  proyectos MDL son Cementos Argos,  Gas Natural —que  pertenece a Gas Natural Internacional SDG  SA, de  unión Fenosa—, British Petroleum Exploration Company, Cemex, Unión Fenosa e Isagen, entre otras.

Sin  embargo, no  es  el  elemento económico el  que  me  interesa resaltar sobre los procesos de exclusión y aumento de la desigualdad. Es  el  elemento hegemónico (Gramsci, 1999;  Williams, 1997) el  que nos  interesa; la  idea según la  cual el  mercado de  carbono generará crecimiento económico y desarrollo sostenible para Colombia, pues como mencionaba anteriormente, la legislación y los recursos del Estado destinados a  los  MDL  y a  la  producción de  agrocombustibles, han sido  acaparados por  gremios y empresas, mientras han generado conﬂictos socio-ambientales, laborales y alimentarios con  comunidades  indígenas, afrodescendientes, urbano-populares y campesinas en diferentes regiones del país.

Esto implica una mirada diferencial sobre la pobreza y el desarrollo, ya que  la idea de desarrollo termina reforzando las categorías  —y condiciones— históricas de exclusión, en la medida en que  apoyan la distribución de  recursos que  hace el mercado: quienes invierten “ganan”,  los demás se pueden beneﬁciar. Y esto  es aun más claro cuando revisamos el portafolio de proyectos MDL, y encontramos que  ningún proyecto está siendo gestionado por  comunidades organizadas, por organizaciones sociales de base o por  autoridades territoriales indígenas  o afrodescendientes.[13]  Un primer elemento para entender por  qué la política de mitigación al cambio climático en Colombia solo incluye a los sectores empresariales es esta:

Los costos de transacciones de MDL son  altos, entre 60.000 y 280.000 dólares (adaptado de CCPO, 2005).  Los costos de transacciones son los costos necesarios para preparar la documentación de un MDL (Project Idea  Note o PIN; Project Design Document o PDD), la validación y el registro del proyecto  y la negociación del contrato con el comprador. Los MDL tienen altos riesgos de inversión. (Carbono y Bosques et al., 2009: 27)

Sin  embargo, es preciso repetir y resaltar que  estas exclusiones visibilizan las tensiones entre la idea de desarrollo basada en el ingreso y aumento del  PIB,  que  homogeniza a la población y reduce los intereses nacionales a los intereses deﬁnidos por  el Estado como generales, dejando por  fuera otras formas de habitar los territorios y de concebir el futuro, convirtiendo a un sector de la sociedad en “gente pobre”, y a otro sector en “actores del  desarrollo”, con  la consecuencia visible de que  la “gente pobre” será beneﬁciaria de los proyectos que  los “actores del  desarrollo” promoverán. Este elemento de  menosprecio y objetivación de  los  grupos minoritarios o  subalternizados  (Spivak, 2003: 307)  podemos observarla en  la forma en  que  se aborda el tema de  la consulta previa para comunidades que  habitan territorios donde se implementarán  proyectos MDL:

El proponente debe  demostrar que  surtió la información sobre el proyecto a la comunidad. Para garantizar la participación de la comunidad, el proponente por  intermedio de la Personería Municipal o Distrital publicitará la convocatoria a la socialización del  proyecto indicando la fecha, hora y lugar en donde se realizará dicha reunión; se podrán utilizar otros medios de comunicación y publicidad. La información del proyecto debe  estar disponible en la Personería para su consulta durante un  periodo no menor a un (1) mes.  La convocatoria a la socialización del proyecto debe  publicarse mínimo con  una (1) semana de anticipación al evento. (Anexo  1, res  551 2009,  MAVDT, 2009: 18; énfasis propio)

El “proponente” debe “surtir” la información y probar que  las  observaciones fueron incluidas en  los  ajustes, es decir, la comunidad debe ser  informada, pero no  hace parte del  proceso de  construcción del proyecto y mucho menos existe la  posibilidad de  que  no  se  realice el  proyecto. Es  la  aplicación de  un  discurso colonialista —en  tanto discurso que  segrega— para el ejercicio de un  dominio territorial que el Estado aplica incluso a  las  comunidades con  derechos colectivos sobre sus  territorios; esta fuerte tensión entre el  ejercicio de  poder a  través del  lenguaje que  ejerce el  Estado en  la  implementación de proyectos de  mitigación[14], y su  responsabilidad en  la garantía de  los derechos étnicos y minoritarios que  habitan los  territorios, es  más clara al comprender que  este  discurso busca autorización para sus  estrategias mediante la producción de conocimientos del  colonizador y del  colonizado que  son  evaluados de  modo estereotípico pero antitético, ii) gira  sobre el reconocimiento y la renegación  de las diferencias racial/cultural/históricas [y] iii) su función estratégica predominante es la creación de pueblos sujetos a través de la producción  de conocimientos en términos de los cuales se ejercita la vigilancia y se incita a una forma compleja de placer/displacer. (Bhabha, 2002:  98, énfasis propio)

En  conclusión, la idea de desarrollo sostenible que  legitima la legislación sobre mitigación del  cambio climático en  Colombia está basada en  el desarrollo de  sectores y gremios especíﬁcos, más no  en  la problematización de la desigualdad, de la autonomía de las comunidades locales, y ni  siquiera en  consideraciones ambientales locales; por  el contrario, esta idea de desarrollo reproduce los estereotipos de la pobreza/riqueza que  justiﬁcan la sujeción de las comunidades al Estado o al  sector privado, que  “surte” soluciones para las  comunidades no desarrolladas.

El  segundo punto que  señalamos como parte de  los  cuestionamientos a  la  política de  mitigación en  Colombia es  que  premian e incentivan a agentes o empresas contaminantes, transﬁriendo recursos públicos[15] de los MDL para que  se reduzcan emisiones, que  con  el simple cumplimiento de la normativa ambiental preexistente se alcanzarían, generando un  incentivo perverso, y una distribución ecológica desigual y clasista “[…] al entender que  el patrón del uso  de los recursos  y sumideros ambientales depende de  las  cambiantes relaciones de poder y de la distribución de los ingresos [hablamos de]  conﬂictos ecológicos distributivos” (Martínez Alier, 2005;  Guha, 1991).

Esta apreciación está respaldada por  las críticas que  sectores ambientalistas y de la sociedad civil vienen haciendo a las negociaciones internacionales del  clima (PNUD-PNUMA, 2009), según las  cuales el mercado de  carbono genera incentivos perversos, debilita las  legislaciones ambientales a niveles nacional y local, y promueve un  tráﬁco de emisiones reducidas que  no soluciona el verdadero problema de las emisiones de GEI:  el sobreconsumo.

En  este  sentido, “a las  empresas que  están detrás de  estos proyectos [MDL]  se  les  paga por  hacer lo  que  hubieran hecho de  cualquier manera, mientras que  los  créditos permiten a las  empresas de los  países industrializados exceder su  ‘tope’ o nivel  máximo de  emisiones” (Gilbertson y Reyes, 2010). En  el caso Colombiano, el manejo de residuos sólidos, los sistemas de transporte masivo, la producción de energía hidroeléctrica y las restricciones al manejo de residuos industriales, que  constituyen buena parte de  los  proyectos MDL  del portafolio del  Ministerio, eran temas que  venían siendo discutidos y regulados con  el ánimo de cumplir con  otros tratados internacionales como el Tratado de  Montreal o el Convenio de  Diversidad Biológica, y otros más venían siendo gestionados como parte del  ordenamiento territorial urbano que  inicio con  la  descentralización del  Estado en 1986  (Ley  11 de 1986). Por  su  parte, la producción de agrocombustibles  venía dinamizándose como estrategia de exportación a la Unión Europea, y solo  hasta el desarrollo de metodologías en  MDL  forestales,  que  incluyen plantaciones de  palma como bosques, el biodiesel no contaba con  posibilidades de recibir CERs, lo cual fue identiﬁcado como problema por  el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural en una entrevista realizada para esta investigación.

Finalmente, señalamos como tercer punto de  cuestionamiento, que  la política de  mitigación promueve un  capitalismo burocrático y una burocratización de la naturaleza, al crear beneﬁcios monetarios a gremios enriquecidos históricamente a través de los conﬂicto de clase y del conﬂicto armado, y al crear nuevas instancias y dependencias del Estado encargadas de estos beneﬁcios y de los trámites devenidos de la política de mitigación. Sobre los  beneﬁcios monetarios ya mostramos como algunas empresas y sectores se beneﬁciarán, y, en segundo lugar, aunque no profundizaremos en esta tesis[16], es importante señalar  que  gran parte del  conﬂicto armado en  Colombia es dinamizado por  los procesos de explotación de recursos naturales por  actores corporativos que  ﬁnancian a grupos paramilitares, y por  procesos de despojo legal  que  el Estado agencia, para garantizarles a estas empresas las  condiciones laborales y de  tenencia de  títulos que  garantizan  “la conﬁanza inversionista”. Estos elementos muestran que  las relaciones entre el Estado y el mercado, a pesar de presentar tensiones desde la perspectiva de los derechos de las minorías, es una relación ﬂuida, que utiliza los  mismos argumentos del  desarrollo y del  “interés general” para implementar negocios rentables a los  dos.  Sobre esta relación, podemos decir con  O’Connor que

precisamente porque [los bienes públicos de la naturaleza] no son  producidos o reproducidos en forma capitalista, pero dado que  son  comprados y vendidos y utilizados como si fueran mercancías, las condiciones de suministro —cantidad y calidad, lugar y tiempo— deben ser reguladas por  el estado o por  los actores capitalistas como si ellos fueran el estado. Aunque la capitalización de la naturaleza implica el aumento de la penetración del capital en las condiciones de producción —por  ejemplo: los árboles de las plantaciones, las  especies genéticamente alteradas, los  servicios postales privados, el voucher educativo, etc.—,  el estado se instala entre el capital y la naturaleza, o media entre el capital y la naturaleza, con  el resultado inmediato de que  las  condiciones de producción capitalistas se politizan. (O’Connor, 1988: 23, citado en Altvater, 2006)

Así,  por  una parte, los  sectores empresariales o  privados gozan del favor de  las  políticas de  Estado, y el Estado a su  vez  puede cumplir con  cifras de  desarrollo, con  compromisos de  tratados internacionales, con  inversiones en tecnología, y, por  supuesto, con  sus cuotas electorales[17].

“Fue el Gobierno el que  recurrió a los Ingenios que  estaban exportando su azúcar para que  invirtieran en  la producción de alcohol carburante utilizando su materia prima y de esa manera el país  no tuviera que importarla, en  tanto que  se les reconocía el valor  de diferencia frente  a lo que  estaban recibiendo por esas ventas al exterior  más  una  tarifa por la conversión, pero descontado el precio convertir el azúcar crudo en reﬁnado”, explicó Bendeck [presidente de fedebiocombustibles], en un comunicado del gremio. (El Espectador, 27-05-09; énfasis propio)

Sin  embargo, hay  un  elemento poco explorado que  debe ser  resaltado,  y es que  las  políticas públicas ambientales —como las  de género, las  de  juventud y las  de  cultura— han generado un  crecimiento del cuerpo burocrático especializado del  Estado. En  este  caso, podemos hablar de una burocratización de la naturaleza, donde las consultorías, las  dependencias, las  asesorías, las  mediciones y las  implementaciones  requieren de un  nivel  de caliﬁcación profesional que  facilita despojar de su carácter espiritual a la naturaleza y de elitizar los saberes sobre la naturaleza, que  antes eran saber popular de las comunidades. De esta manera, centros de  pensamiento cientíﬁco orbitan alrededor del  Estado como parte del  cuerpo burocrático necesario para regular y controlar el campo ambiental.

Las  políticas de mitigación al cambio climático, y las  de adaptación también, han generado este  interesante proceso de  burocratización  de la naturaleza, que  legitiman las  decisiones ﬁnancieras y mercantiles. Así  por  ejemplo, durante 2009  Colombia ﬁrmó un  crédito con  el  BID  por  U$200  millones para “apoyar al  país en  su  proceso de vulnerabilidad del  desarrollo económico [...]  a la vez que  se busca aprovechar las oportunidades económicas y tecnológicas de las acciones  de mitigación que  se están llevando a cabo a nivel  internacional”, para lo que  se establecieron 4 componentes: estabilidad macroeconómica, generar un marco institucional, construir agendas de mitigación y construir agendas de adaptación (BID,  2009), lo que  muestra que  la capacidad institucional del  Estado para afrontar el cambio climático es un  objetivo de la política misma y por  lo tanto será necesario cualiﬁcar técnica, ﬁnanciera y cientíﬁcamente esta línea de acción.

Por  supuesto, al  sumar los  costos ﬁnancieros, los  requerimientos  técnicos y los conocimientos cientíﬁcos que  requiere un  proyecto MDL, o la cantidad de tierra que  requiere producir agrocombustibles, vamos viendo como la política de mitigación en el Estado Colombiano está destinada a ciertos sectores de  la sociedad: “los  que  asumen los riesgos”. Entonces, es preciso hacer una aclaración: “los riesgos  ﬁnancieros  los  asume el sector  privado, pero  los  beneﬁcios son  para  todos los Colombianos”[18]  sin  embargo, las ganancias son  para quien hace la inversión y las pérdidas son  para las comunidades que  pierden sus  territorios y sus autonomías, entonces aún debemos preguntarnos: ¿qué se entiende por  beneﬁcios?

Implementación de agrocombustibles y proyectos forestales en Colombia. el mercado y el territorio

En  el apartado anterior vimos, fundamentalmente, cómo la relación entre el Estado y el sector privado genera un  acaparamiento de  los recursos del  Estado y como a su  vez, el Estado se beneﬁcia de la implementación de estos negocios derivados del  mercado internacional de  carbono y de  agrocombustibles cumpliendo con  unos parámetros de “desarrollo” excluyente.

En este  apartado, veremos brevemente, pero en detalle, las tensiones  entre las comunidades que  habitan los territorios donde se vienen implementado la producción de agrocombustibles y un proyecto MDL forestal, los agentes privados y el Estado.

Agrocombustibles en el Valle del Río Cauca

“Lo que no es renovable se agota”.

Fede biocombustibles

El valle  geográﬁco del río Cauca, donde se extiende el monocultivo de la caña de  azúcar, comprende cuatro departamentos al occidente de Colombia: Caldas, Risaralda, Valle  del  Cauca y Cauca. Sin  embargo, esta investigación se ha centrado en la frontera entre el departamento Valle  del  Cauca con  el  departamento del  Cauca, que  popularmente se  conoce como norte  del Cauca;  una sub-región compuesta por  27 municipios, donde el 55,6% de la población de la región se reconoció como minoría étnica en el censo de 2005:  41,0% de su población se reconoció como afrocolombiana y el 14,5% como indígena (Urrea, 2010: 34).  Esta cifra es importante si tenemos en  cuenta que  en  Colombia el total de la población afro asciende tan solo  al 10,5% y la población indígena al  3,4%.  Por  esta razón demográﬁca, el norte  del Cauca  es denominada por  ONGs, organizaciones indígenas y afrodescendientes como un  “territorio intercultural”, ya que  allí la presencia de afrodescendientes se remonta a la historia de los primeros grupos de esclavos del virreinato de la Nueva Granada, y los pueblos indígenas Nasa, Misak,  Yanakona y Kokonuko, organizados hoy  en resguardos[19] habitan el territorio desde tiempos ancestrales.

En  el departamento del Valle del Cauca,

el cultivo de la caña representó el 27% de la producción agrícola total en el departamento del Valle y el 17% en el departamento del Cauca [y] el azúcar representa el 56% de la producción total de alimentos para el departamento del Valle. (Fedesarrollo, 2010: 49, cifras del 2007)

Allí, el 13,4% de la población posee el 80%  de la tierra y el 87%  de la población posee el 20% de la tierra del departamento. Desafortunadamente, las cifras de tenencia de la tierra en el departamento del Cauca no  han sido  actualizadas desde 1989,  por  lo  cual no  es  posible dar cuenta del  nivel  actual de concentración en  este  departamento.  Mostrando que  la distribución político-administrativa no da cuenta de los fenómenos y procesos sociales y culturales de un  territorio.
Lo que  sí está ampliamente documentado es el proceso de despojo y expropiación de tierras en el norte  del Cauca  durante las décadas del  sesenta y setenta para la  expansión del  monocultivo de  la  caña de  azúcar, que  cubriría con  azúcar colombiana, la  cuota que  dejo  el embargo económico a Cuba en Estados Unidos (Mina, 1974;  Taussig, 1975;  Ramos, 1994), con  la  ventaja de  que  en  el valle  geográﬁco del Cauca existen condiciones climáticas y geográﬁcas que  permiten la producción durante todo el año, y no solo  en la zafra. Este proceso de despojo afectó principalmente a las comunidades de campesinos afrodescendientes que  habitaban la región desde la abolición de la esclavitud en 1851.  Sin  embargo, no es sino hasta 2001,  cuando se inicia la implementación del alcohol carburante en la región, justo cuando las complicadas condiciones de  producción de  los  ingenios, que  incluía desventajas competitivas con  los precios internacionales del  azúcar y un  aumento en los costos de producción por  el deterioro de las condiciones físicas de la tierra, entre otras, presionó la búsqueda de nuevos mercados y negocios, siendo los agrocombustibles la respuesta de los gremios agroindustriales de la región.
Así, esta “innovación tecnológica”, como llama el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial a la producción de alcohol carburante, produjo durante 2009,  324.692.357 litros de etanol consumidos en  su  totalidad en  el país gracias a la cuota obligatoria de mezcla de alcohol carburante en la gasolina que  el gobierno decretó desde 2007. En  la actualidad, sabemos que  el sector produce $2,32  billones al año (Fedesarrollo, 2010), y que  utiliza más de  202.926 hectáreas para el monocultivo, la mitad de la tierra cultivable del  valle  geográﬁco (Fedesarrollo, 2010.  Cenicaña, 2008)[20]. Ahora bien, quisiera nombrar la contradicción: el crecimiento de  la  riqueza del  sector empresarial  y terrateniente no  corresponde con  las  demandas de  los  trabajadores y de  las  comunidades rurales que  aún permanecen en  la región. Por lo  menos tres elementos ilustran esta contradicción: i)  el  deterioro de  las  condiciones laborales en  el  sector, ii)  la  deuda ecológica del monocultivo en la región, que  ilustran el problema de la distribución de impactos ambientales, y iii) los conﬂictos culturales entre ingenios y comunidades, que  ilustran el problema político y cultural de la subregión. Veamos.

El Estado ha  promovido los agrocombustibles bajo tres premisas “generar empleo rural, garantizar la  autosuﬁciencia energética para el país y reducir emisiones de GEI”  (Entrevista Minagricultura 2010; CONPES 3510;  Minagricultura; Fedebiocombustibles). Con  este  propósito ha  generado un  amplio marco normativo que  “promueve la inversión privada con  estabilidad jurídica”:

[...] la Ley 693 de 2001,  de origen parlamentario y, posteriormente, el Gobierno Nacional tramitó ante el Congreso de  la República la Ley 939  de 2004,  las cuales deﬁnen el marco legal  para el uso  de biocombustibles [...] estableciendo la obligación de  utilizar mezclas de  combustibles  fósiles y biocombustibles […] las Leyes 788 de 2002 y 939 de 2004 establecen exenciones tributarias con el propósito de fomentar la producción y el consumo de  biocombustibles. Adicionalmente, el Decreto 383  de  2007,  modiﬁcado por  el Decreto 4051  de 2007,  establece estímulos para la implementación de  zonas francas para proyectos agroindustriales en  materia de  biocombustibles. [...]  la Ley 1111  de 2006  establece una deducción del  impuesto de renta del  40%  de las  inversiones en  activos ﬁjos  reales productivos en proyectos agroindustriales [ﬁnalmente] en el marco del Programa Agro Ingreso Seguro (AIS) se han implementado instrumentos ﬁnancieros que contemplan líneas de crédito blandas para la siembra de cultivos que generen  biomasa para la producción de alcohol carburante y biodiesel. (CONPES  3510,  2009: 5-6)

En  resumen, el Estado colombiano i) generó enormes exenciones tributarias al  sector —la  sobretasa a  la  gasolina[21], IVA, impuesto  global[22]  y renta líquida[23]—, ii) formalizó la cuota obligatoria de  mezcla de gasolina y ACPM con  alcohol carburante y biodiesel en todo el país—un  85% progresivo desde 2007  hasta 2012  según el decreto 1135  de 2009—, iii)  generó estímulos adicionales como zonas francas para la producción de agrocombustibles, desarrollo tecnológico con  recursos públicos y facilidades de  endeudamiento, y ﬁnalmente, iv) facilitó el usufructo de  infraestructura pública —vías,  acueductos— y recursos no  renovables públicos —agua, aire limpio, suelo productivo para la producción de alimentos— para la producción de agrocombustibles.

Según Pérez y Álvarez, quienes elaboraron  un  completo estudio sobre la  deuda social, ambiental y laboral del  sector azucarero con el país:

Al sumar las tres  fuentes de subsidios tributarios al etanol —IVA, impuesto  global y sobretasa—, el monto del  subsidio es altamente signiﬁcativo: $13.633 millones para 2005;  $169  mil  millones para 2006  y $184  mil  millones para 2007,  ascendiendo a  una suma total cercana a  los  $367  mil millones para los  tres  años, sin  contar con  las  exenciones de  impuestos relacionadas con las nuevas inversiones y las inversiones en zonas francas. (Pérez y Álvarez,  2009: 28)

La tesis central de Pérez y Álvarez es que  estas ventajas que  el Estado colombiano ha  otorgado a los  agroindustriales de  la caña no  se han visto  redistribuidas en las condiciones laborales de los trabajadores de la caña —corteros de  caña—, ni en  un  aumento del  “empleo rural” o en el simple “desarrollo de la región”; como he venido argumentando, y contrario al discurso oﬁcial acerca del bienestar devenido del crecimiento económico y de la inversión privada, una funcionaria reconoce que  “[...] no  se han aumentado los empleos rurales, pero al menos se mantienen los preexistentes” (Entrevista Minagricultura). Ni cuantitativa, ni cualitativamente la producción de agrocombustibles en  el valle del río Cauca ha representado un mejor estar para los empleados del  sector o  las  comunidades de  la  región, por  el  contrario la  idea de “aumentar el empleo rural” supone que  los campesinos no  poseen tierra propia por  lo que  deben emplearse; es una forma de disimular la concentración de  la tierra y la falta de  condiciones de  producción para el campesinado.

“De los 12.467 corteros registrados por  Asocaña para 2004,  2735 están contratados directamente por  los ingenios, mientras los restantes  9732  están vinculados por  medio de  las  Cooperativas de  Trabajo Asociado (CTA)”  (Pérez y Álvarez, 2009:  17),  donde cada individuo asume sus  pagos de salud, pensión y riesgos profesionales, quedando excluidos además de las vacaciones remuneradas, servicios de recreación y otros beneﬁcios de la contratación directa[24]. Según un  líder de los  corteros de  caña, las  CTA representan “la ﬂexibilidad laboral que los ingenios necesitan para ganar más […] se desentienden de sus  responsabilidades patronales como los antiguos esclavistas de la región, no les interesa sino el lucro”.

En  este  sentido, y de forma muy sucinta, un  fragmento del pliego de peticiones de los trabajadores de la caña en el paro del 2008,  donde se detuvo la producción por  más de dos  meses, muestra la perspectiva de los trabajadores del sector:

[...] apelando e invocando el derecho inalienable e irrenunciable al trabajo, la vida y la dignidad, los trabajadores asociados en las CTA, sistema de contratistas, y las demás formas de contratación existentes en el sector y que prestan sus  servicios en siembra, campo, cosecha y fábrica a los ingenios, trapiches y demás formas asociadas al  gremio de  la  industria azucarera y de agrocombustibles en  el valle  geográﬁco del  Río  Cauca […] presentamos  este  pliego  único de  exigencias [...]  contratación directa, estabilidad laboral e indemnizaciones y detener la importación de maquinaria para la mecanización del corte. (Pliego único de peticiones, 2008: 4)

Según el estudio de  Pérez y Álvarez, aproximadamente  el 45,9% de los ingresos brutos de los corteros se destina al pago de su seguridad social, que  bajo la  contratación directa serían compartidos entre el ingenio y el empleado. Al respecto, varios corteros de caña corean que “La caña recibe al hombre, lo recibe jovencito pero cuando la suerte lo vuelve  viejito y sin  un  ranchito y con  las uñas llenas de mugre queda  el pobre viejito”; del  mismo modo, y al  ser  cuestionado sobre su experiencia como trabajador del  sector, el  líder entrevistado aﬁrma que  “el corte de la caña es un  trabajo duro; es un  trabajo duro y no se gana nada”.

Me  interesa resaltar que  el  incremento de  la  riqueza no  representen bienestar para el conjunto de la sociedad, por  el contrario, las mediciones de riqueza, de aumento de productividad, y de ganancias parecieran ir en contravía de los imaginarios/anhelos de dignidad, bienestar o, simplemente, de  “tener algo”,  que  maniﬁestan los  trabajadores del sector. Tal es el nivel  de incompatibilidad entre el discurso oﬁcial sobre “desarrollo rural” por  la  producción de  agrocombustibles,  y las  necesidades y peticiones de  los  corteros, que  a  pesar de los  acuerdos devenidos del  paro del  2008,  el gremio azucarero viene implementando la  mecanización del  corte de  la  caña que  dejara sin empleo a la mayor parte de los empleados de corte.

Durante la celebración de los 50 años de Asocaña, donde empresarios se reunieron con  gobernantes, prestantes personalidades y políticos de  la  región, donde además el  presidente Álvaro  Uribe Vélez y otras autoridades eclesiásticas y educativas reiteraron el  discurso del desarrollo regional a partir de la producción de agrocombustibles, el rector de  una prestigiosa universidad Jesuita aﬁrmó: “Uno  de  los retos más exigentes que  afronta el sector azucarero es la reubicación laboral de  los  corteros que  quedarán cesantes con  la  mecanización” (Peláez, 2009:  4).

Adicional a  la  tensión laboral que  genera el  monocultivo de  la caña de azúcar, mencionábamos el problema de la distribución ecológica  desigual derivada de la producción de agrocombustibles. El consumo del agua del río  Cauca sin  ningún costo, el derrame de residuos agrotóxicos y de vinazas[25] en las cuencas subsidiarias, la quema de la caña para facilitar el corte, la pérdida de  humedales y la pérdida de biodiversidad, que  representan males de  cualquier monocultivo, han sido  ampliamente denunciados por  las comunidades de campesinos e indígenas de la región. En  julio  de 2009,  una Misión Internacional de veriﬁcación de la situación de agrocombustibles en Colombia, constató y documentó los daños ambientales y culturales del monocultivo de la caña en la región (CENSAT et al., 2010).

Los  impactos ambientales son  impactos culturales en  las  comunidades rurales que  habitan el territorio afectado. La pérdida de cuencas,  de  agua apta para el consumo humano y animal, de  biodiversidad y los cambios en el microclima por  la falta de sombra, devenidos todos del  monocultivo de  la  caña de  azúcar, afectan los  cultivos de pancoger o  de  subsistencia, generando pérdida de  cosechas y autonomía alimentaria en las familias que  se han visto  obligadas, desde el despojo de las décadas del setenta y ochenta del siglo  XX a emplearse a destajo para los ingenios como corteros.

Las  relaciones entre los  impactos ambientales y las  transformaciones culturales son  evidente. La imposición del  monocultivo acabó con  la  producción ecológica sustentable propia de  las  comunidades campesinas negras (Taussig, 1975) y transformó radicalmente el paisaje  de la región, y con  él, muchas formas de producción no capitalistas.  El conﬂicto ecológico es tan irrebatible que  en  el CONPES 3510, que  dicta los lineamientos del  Estado sobre agrocombustibles, reconoce que  la pérdida de biodiversidad es una de las amenazas latentes de esta industria, entre otras como:

La transformación de  ecosistemas naturales y la consecuente pérdida de los servicios ambientales asociados a estos  ecosistemas. El establecimiento de monocultivos en donde previamente existían ecosistemas naturales. El aumento de  emisiones de  gases  de  efecto invernadero ante una posible deforestación de ecosistemas boscosos. Aumento en  el consumo y contaminación del agua. Aumento en el uso de fertilizantes y plaguicidas. Mayor degradación y erosión de suelos. Incremento en  la generación de vinazas en la producción de etanol, y metanol y glicerina en la producción de biodiesel. Emisiones atmosféricas de impacto local  que  requieren una mayor evaluación tanto en  su  incidencia sobre la  salud humana como sobre el ambiente. Introducción y propagación de organismos genéticamente modiﬁcados así como de especies exóticas. (Conpes 3510,  2008: 24)

Por  otra parte, y como el Ministerio de  Agricultura y Desarrollo Rural  reconoce, las  discusiones sustanciales que  se  han dado sobre los agrocombustibles son  las  discusiones sobre la  tierra y la  seguridad alimentaria; una funcionaria del Minagricultura entrevistada aseguró que  el problema del  acaparamiento de  la tierra está relacionado con monocultivos existentes antes de  la  producción del  etanol y el  biodiesel, y que la amenaza a la seguridad alimentaria por  desaparición de  fuentes hídricas y diversidad de  cultivos de  pancoger se  resuelve garantizando salarios que  cubran el costo de  la  canasta familiar en el mercado alimentario procesado. Esta perspectiva, que  nuevamente se centra en la generación de ingresos y de aumento del PIB regional, desconoce nuevamente la relación entre impactos ambientales, distribución ecológica desigual y cambios culturales y sociales.

En  el caso del  valle  geográﬁco del  río  Cauca, y en  general contra el argumento de que  los agrocombustibles no  están relacionados con la presión/disputa por  la tierra, es importante recordar que  según el plan de  gestión ambiental de  la Corporación Autónoma del  Valle  del Cauca (CVC, 2001), y el informe regional de  Desarrollo Humano del 2008,  “los  conﬂictos por  el uso  del  suelo y del  agua, y la  pérdida de biodiversidad”  (PNUD, 2009:  233)  son  la  prioridad en  las  zonas rurales de la región. No podemos desligar el producto de su proceso de producción, de tal forma que  la presión por  tierras para la producción de caña en el norte del Cauca no se puede separar de la demanda que genera la producción de etanol. Una  de las características socio-políticas del norte del Cauca es que  es la única región de Colombia donde la concentración de la tierra no  está relacionada con  el desplazamiento forzado, sino con  procesos de centralización y despojo racial, que  corresponden al modelo de acumulación por  desposesión (Harvey, 2003) que  beneﬁcia tan solo  a 13 ingenios en  más de  200.000 hectáreas de suelo fértil. Como aﬁrma la investigadora Paula Álvarez:

si no existieran todos los incentivos, sino existieran todos los apoyos del estado, sino  existiera esta  idea  de convertir al país  en potencia en la producción  de agrocombustibles, sino  existiera toda esta  plataforma de recursos, de incentivos, de leyes que sostienen este negocio de los agrocombustibles, pues los empresarios no ampliarían su cultivo. (Álvarez,  2010)

Para ﬁnalizar este  apartado, quisiera mostrar cómo eso  que  técnicamente llamamos impactos ambientales se relaciona con  los  cambios culturales de las comunidades, especialmente negras, indígenas y campesinas de  la región. Por  una parte, la  pérdida de  biodiversidad y agua que  amenaza a  la  seguridad alimentaria signiﬁca la  pérdida de  ocupaciones agrícolas autónomas en  ﬁncas propias, ya sea  por  la presión por  la compra de  la tierra, o por  los  daños causados por  los agrotóxicos, arrojando a los  hombres a emplearse en  los  ingenios,  y a las  mujeres a las  actividades domésticas de  la capital de  la región, Cali,  en ambos casos sin  ninguna estabilidad o seguridad social.

Esto, que  llamamos soberanía alimentaria va mucho más  allá  de la capacidad de comprar alimentos, que es la estrecha deﬁnición de seguridad alimentaria; la soberanía implica comer lo que se produce en la propia tierra. Implica la libertad de decidir no trabajar para el ingenio y de mantener en comunidades proyectos de vida  propios.

[…] La  lógica, de  todas maneras, de  la  empresa privada es  su  ganancia y ellos  no  van  a soltar nunca su  ganancia [...]  40 años atrás había mejor calidad de vida  que  hoy,  el hombre y las mujeres de esta  zona del valle del Cauca tenían mejor calidad de vida  así hubiera menos pavimento.

[...]  el valle  eran guaduales, era  agua, yo no  soy  tan  vieja,  pero tengo un papá que  tiene 87 años y un  abuelo, y ellos cultivaban […] los dueños fueron  arrendando, por  allá  atrás. Eso  eran ﬁncas y de  un  momento a otro fueron tumbando las ﬁncas. Antes  sembraban café,  cacao y se acabó todo eso, empezaron a sembrar soya,  maíz y caña, y después solo hubo caña. Le arrendaron a los ingenios, y ellos  se apropiaron del resto… habían frutas, pero con esa fumigación con ese… ¿cómo se llama? Glifosato acabaron con todo lo que  se mantenía la comunidad, por  eso  fue  que  los dueños de las ﬁncas tuvieron que  vender, porque como ya no daba casi  frutos, pues ¿qué hacía uno? (Entrevista a líder  indígena)

En  suma, las condiciones laborales, degradación ambiental, tenencia y uso  del  suelo, la invisibilización de otras formas de vida,  la falta de posibilidad de elegir —en qué  trabajar, qué  comer, qué  decir sobre su territorio—, y la próxima mecanización del  corte que  desempleará a más de 5000  personas, restringe y atenta contra derechos fundamentales y contra derechos culturales asociados al territorio de  comunidades originarias y tradicionales. Como dicen las coplas populares de la región:

Las tierras de nuestros padres

Los ingenios nos  cambiaron

Por  un salario de hambre

Y con  hambre nos  dejaron.

El cultivo de la caña

Para el pueblo es una carga

El pueblo produce dulce

Pero  su vida  es amarga.

Mecanismo de desarrollo limpio forestal en el oriente antioqueño

El oriente antioqueño es una subregión ubicada en  el oriente del  departamento de  Antioquia, al noroccidente del  país. Esta región compuesta por  23  municipios se  divide a  su  vez  en  cuatro subregiones: altiplano, bosques, embalses y páramo. Para esta investigación el territorio se ha deﬁnido por  la implementación del proyecto MDL “Modelo de  ﬁnanciación alternativo para el manejo sostenible de  los Bosques de San Nicolás”, ubicado en la subregión de altiplano, especíﬁcamente en los municipios de Rionegro, La Ceja  y Carmen de Viboral.

El  oriente antioqueño es  una zona de  marcadas diferencias sociales. Mientras el 49%  de la población de la región vive en  situación de pobreza, en esta misma región se produce la tercera parte de energía hidroeléctrica de Colombia recibiendo importantes regalías[26]; está atravesada por  la  autopista Bogotá-Medellín, una de  las  más importantes del  país, y en  ella  se ubica un  complejo industrial de cemento, textiles y alimentos; es tristemente recordada por  los múltiples ataques de las FARC-EP y el ELN  en los años ochenta, la sangrienta incursión del paramilitarismo a ﬁnales de los años noventa y principios de siglo, y por  la  reciente militarización estatal que  ha  colocado en  la  zona más de  2500  miembros del  ejército, provocando 141  enfrentamientos  con  las  insurgencias de la región entre 2003  y 2004  (OPPDHDIH, 2004:  3 y ss.).  La región en cuestión se caracteriza demográﬁcamente por  población mestiza, de vocación campesina, manteniendo formas de  producción de  pancoger combinada con  monocultivos de  rápido rendimiento en mini y microfundios. La mora, las ﬂores y rezagos de café  caracterizan la producción para comercialización de  la zona de estudio.

Algunas organizaciones sociales de  la  región[27] denuncian la  implementación “de  una estrategia cívico-militar que  garantice el control  y regulación de  zonas estratégicas, como el  oriente, que  tienen muchos recursos como agua, biodiversidad y minerales”. Según este argumento, la  estrategia incluye mayor presencia del  ejército, bases militares, retenes, reclutamientos ilegales (o  batidas) y detenciones preventivas, incluso, en  la  región se  presentaron casos de  ejecuciones  extrajudiciales o mal  llamados “falsos positivos”; esta estrategia también incluye acciones cívicas como propaganda favorable al ejército, cursos en escuelas y salones comunitarios, desprestigio de organizaciones y líderes sociales, y acusaciones en  espacios públicos de vínculos con  las  guerrillas. La  principal tensión entre estas formas organizadas de las comunidades y el ejército, radica en las permanentes  denuncias sobre la pobreza, la exclusión y la marginación que  se hace evidente ante las cifras de crecimiento económico de la región y la pobreza crónica que  se evidencia en los sectores rurales.
Al respecto, es  importante resaltar el hecho de  que  la  colonización del  noroccidente Colombiano fue  patrocinada por  el Estado colombiano a ﬁnales del  siglo  XIX,  por  lo tanto la apropiación de  muchas tierras dio  como resultado la propiedad por  tenencia de la tierra y no por  titulación, lo que  facilitó la titulación fraudulenta después de los desplazamientos forzados en la región, una forma de acumulación por  desposesión que  ha  sido  deﬁnida como un  acaparamiento de  tierra por  parte de  terratenientes relacionados con paramilitares [...]  esto  es una forma de  despojo que  ha  beneﬁciado a los gestores de  megaproyectos hidroeléctricos, viales,  industriales o  agroindustriales, que  consiguieron tierras así y luego  las vendieron a precios elevadísimos. (Entrevista a líder  campesino, 2010)
Esta compleja caracterización de  la región ilustra claramente la presencia diferenciada del  Estado (González et  al.,  2006), mostrándose en  ocasiones como fuerza armada, en  otras ocasiones como infraestructura vial  o energética, otras veces  como burocracia asistencialista que  agudizan la pobreza con  subsidios diferenciales, y otras veces como instituciones con  proyectos productivos o culturales para el “empoderamiento de  la  comunidad”. En  el marco de  esta presencia diferenciada del  Estado, ubicamos el  rol  que  ha  jugado CORNARE (Corporación Autónoma Regional del  río  Nare) en  el diseño e implementación de  proyectos productivos, introduciendo en  la  región los proyectos forestales desde 1999  como forma de  conservación y gestión de servicios ambientales.
El proyecto MDL  Bosques de San Nicolás ha  sido  gestado y gestionado por   CORNARE, quien  con   apoyo del  Ministerio de  Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT),  promovió el mercado de  los  servicios ambientales, incluidos los  MDL  forestales, fundamentalmente a través de  la  creación, asesoría y apoyo a MASBOSQUES, una ONG  creada para el manejo de estos proyectos en  la región. Bosques de San Nicolás es un  proyecto que  pretende capturar 120  mil  toneladas de  CO2   en  1410  hectáreas dispersas de  la  región, iniciando en 2008  y un  periodo de acreditación de veinte años (Entrevista MASBOSQUES, 2010). El  objetivo ﬁnal  del  MDL  es tener 8730 hectáreas. Según las  estimaciones de  MASBOSQUES,  CORNARE y MAVDT,  la región tiene un  potencial de  15.000 hectáreas para la implementación de proyectos de servicios ambientales asociados al protocolo de Kioto.
Ahora bien, la novedad de  este  proyecto, según MASBOSQUES, es  la  combinación de  especies maderables con  especies de  árboles productivos en el corto y mediano plazo: un  sistema agroforestal que se adecua a las  prácticas y necesidades campesinas. Junto a el cedro de  altura, el pino colombiano y el abarco, que  son  especies maderables,  este  proyecto promovió la  siembra de  aguacate, cítricos, frijol, maíz y yuca. Este aspecto diferencia profundamente este  MDL de, por ejemplo, el MDL forestal de Procuenca, ubicado en el eje cafetero colombiano que  se fundamenta en la plantación de especies foráneas al ecosistemas, evidenciando afectaciones sociales y culturales para la vocación campesina de la cuenca del río  Chinchiná (Cardona, 2009).
Identiﬁcar esta diferencia resulta central para entender que  existe  una diferencia entre el  uso  real  de  la  tierra, y la  planeación que sobre los  suelos hace el  Estado, tomando especial importancia las Corporaciones autónomas Regionales, el MAVDT y las administraciones  locales, quienes deﬁnen los usos que  se permitirán y promoverán respecto a  los  bosques como sumideros de  carbono para mitigar el cambio climático. La  normativa nacional generaliza las  actividades forestales y desconoce, nuevamente, la importancia de los bosques en las dinámicas locales, y las múltiples posibilidades de participación e incorporación de las comunidades en este  tipo de proyectos. Por  eso, la  combinación de  especies productivas para las  comunidades campesinas demuestra una importante posibilidad de  integración de  las verdaderas necesidades de la población local  a este  tipo de proyectos.
En  líneas generales, la legislación nacional sobre bosques ha  generado incentivos a la explotación de  plantaciones forestales promoviéndolas como reforestación y como conservación; en  este  sentido, encontramos la Ley 37 de 1989  donde se establecieron las bases para estructurar el  Plan Nacional de  Desarrollo Forestal (PNDF); El  Decreto 1791  de  1996  de  Ordenación Forestal, la  ley  139  de  1994  que crea el certiﬁcado de  incentivo forestal; el decreto 1220  de  2005  que reglamenta las  licencias ambientales para monocultivos forestales, el decreto 1824  de  1994  por  el cual se  reglamenta parcialmente la  Ley 139  de  1994  y se  reglamente el certiﬁcado de  incentivo forestal por reforestación, el decreto 900 de 1997  por  el cual se reglamenta el Certiﬁcado de Incentivo Forestal para Conservación.
Sin  embargo, los  ejercicios legislativos más importantes en  material forestal son  sin  lugar a dudas, la Ley 2811  de  1974  código Nacional de  Recursos Naturales Renovables y de  Protección al  Medio Ambiente, que  declaró, muy tempranamente en  comparación con América Latina, las  zonas de manejo especial, áreas de reserva forestal  y una completa regulación conservacionista; deﬁniendo, desde el Estado, zonas de uso  exclusivamente forestal y dándole lugar privilegiado a la  planeación como mecanismo de  ordenamiento territorial para el desarrollo económico forestal y ambiental. En  segundo lugar, merece especial atención, la  ley  1021  de  2006,  llamada Ley  forestal, que  fue  declarada inexequible por  la  Corte Suprema de  Justicia por la falta de consulta previa a comunidades negras y pueblos indígenas del  país sobre un  recurso fundamental de sus  territorios que  se vería afectado por  esta ley.[28] Estas dos  leyes,  y la  inexequibilidad de  esta última, muestran la complejidad que  representa el uso  de los bosques en  el país; para el año 2000  el 58,7% del  territorio nacional tenía vocación forestal, sustentando las  intenciones y esfuerzos del  MAVDT por  promover los  MDL  forestal y la  aprobación en  la  CMNUCC del mecanismo REDD.
Por  otra parte, la comercialización y mercantilización de los bosques y/o de sus  productos, en  particular a través de los monocultivos forestales o plantaciones comerciales representan un  peligro para la supervivencia de  muchos pueblos indígenas, y una amenaza para la cultura y el modo de  vida  de  otros pueblos y de  comunidades rurales  de  todo el territorio nacional. El  argumento fundamental de  esta aﬁrmación es que  el bosque y la selva  no  son  solo  un  “recurso natural”,  sino que  implican formas de  producción anteriores o diferentes a la  explotación capitalista, que  además incorporan mecanismos de reproducción/transmisión cultural: construcciones en madera, consumo  ocasional de  frutos del  bosque, recreación, espiritualidad, entre otros, que  no  solo  corresponden a pueblos indígenas, sino también a comunidades campesinas y rurales.

Un ejemplo de la tensión entre usar el suelo según lo planeado o dispuesto por  el Estado (central o descentralizado) y las condiciones/ necesidad de las personas y comunidades que  habitan ese “suelo”, que además está directamente relacionado con  la captura de CO2   por  uso forestal del suelo:

El  abandono [por  desplazamiento forzado] de  tierras cultivadas generó una recuperación de  la  superﬁcie boscosa durante el periodo 1986-1990 de 144.840 hectáreas mientras que  en el periodo 1990-1994 esta  cifra  fue de  147.400 hectáreas.  Teniendo en  cuenta lo  anterior y suponiendo que las áreas de bosques evaluadas no fueron intervenidas en el periodo 1986- 1996,  por  el cambio en el uso de la tierra se capturaron en el periodo 1986-1990 1.010.800 toneladas de CO2  y en el periodo 1990-1994 1.023.900 toneladas (MAVDT, DNP, 2002: 20).

El tema del  uso  planiﬁcado del  suelo, considerado de mayor rentabilidad económica, no  puede sobreponerse al cumplimiento de  los  derechos fundamentales de  las  personas. El  tema de  la titulación y del uso  de las tierras o del suelo en Colombia es un  tema profundamente relacionado con  el conﬂicto armado del país; la disputa por  el control sobre las  tierras de  mayor productividad ha  dinamizado el  enfrentamiento armado entre los  ejércitos insurgentes, paramilitares y del narcotráﬁco en el país, de tal  forma que  los desplazamientos masivos en  Colombia han favorecido el  enriquecimiento de  la  clase terrateniente, especialmente ganaderos, palmicultores y minero-energéticos, avalados y legitimados por  los planes de desarrollo y por  los proyectos macroeconómicos de los últimos gobiernos del  país. En  este  sentido, y teniendo en  cuenta que  los  proyectos de  mitigación asociados al sector forestal son  realmente innovadores, y se encuentran en proceso de  planiﬁcación estatal, es fundamental reﬂexionar sobre la relación entre el uso  real de  la  tierra —asociado a las  necesidades de  las  comunidades— y la promoción de  servicios forestales —asociados a la mitigación del  cambio climático—, ya que  un  enfoque de justicia social  y respeto por  los  derechos de  los  pueblos evitaría reproducir las condiciones de marginación y exclusión de los territorios.

En  el caso del  MDL Bosques de San Nicolás, el manejo que  se le ha  dado al tema de las tierras ha  sido  fundamental:

nosotros estuvimos mucho con  el Ministerio del Medio Ambiente, resulta que esto [MDL] exigía  títulos del predio; para quitar esa incertidumbre que había, no hemos podido, o se ha hecho muy  difícil, esa concertación de las áreas […] entonces como la normatividad hablaba sobre títulos, o sea, uno tenía que  tener el título de la tierra [...] toda esta  zona, es una zona especial, porque la mayoría de los usuarios que estaban inscritos en el proyecto eran tenedores, tenedores pacíﬁcos, y todavía no tenían legalizada la titularidad de las tierras, entonces eso fue uno  de los problemas y el año  pasado y antepasado fue renegociación con  el banco mundial porque nosotros no éramos capaces implementar esas  hectáreas, nosotros no  podíamos, no íbamos a  ser  capaces, porque nosotros no  teníamos títulos de  la  tierra; entonces el ministerio empezó a trabajar en eso y saco  la nueva resolución 553 y la 551, en donde ya mejoraron eso y en donde ya a través de un certiﬁcado de la administración municipal del gobierno local  se puede.

Como podemos ver, un  tratamiento local, con  un  enfoque más adecuado a las condiciones del contexto, permite establecer una relación entre el Estado, el sector privado y las comunidades menos tensa, menos  conﬂictiva y menos desigual. La  incorporación de  especies productivas, el  reconocimiento de  formas no  típicas de  tenencia de  la tierra, la  implementación con  personal de  la  región y la  aplicación en  terrenos pequeños del  MDL,  permiten un  avance lento, pero más adecuado de  este  tipo de  proyectos. Por  supuesto, el  proyecto y su implementación no puede desprenderse de las tensiones implícitas en el MDL,  ﬁnalmente, hay  compromisos en  un  mercado global que  ya ha sido  acaparado por  el Banco Mundial: por  una parte, no es claro el manejo de los riesgos ﬁnancieros, ni las implicaciones a la autonomía de las comunidades sobre los bosques derivadas de las cláusulas prohibitivas o restrictivas, por  otra parte, aun no es claro cómo se distribuirán regionalmente las ganancias, ya que  los pequeños campesinos quienes son  más afectados por  la pobreza y la marginación no pueden participar y solo  obtienen algunos jornales o pagos ocasionales por  su trabajo, mientras quienes tienen tierra de sobra y no habitan la región obtendrán ganancias:

Pues  el proyecto ha  generado empleo, a mí me toco  plantar, el trazo, todo […] el proyecto lo recibió la Junta de Acción  Comunal […] uno  que ha sido agricultor uno  sabe  cómo sembrar un  arbolito […] nosotros contratamos por  un  tanto, nosotros entregamos el proyecto listo  por  un  tanto de plata. (Entrevista miembro de la Junta de Acción  Comunal)

Yo vivo acá  en el corregimiento [San José,  del municipio de la Ceja]  […] y tengo una hectárea […] mi  terreno era  apto para el proyecto, lo que  pasa es que como es tan  pequeñito no sirve,  tenía que ser más  grande, porque lo mínimo que  exigen  es una hectárea en adelante. (Entrevista con  don  Luis)

[…] A la gente siempre le da  miedo el proyecto de  reforestar, porque la tierra les queda perdida para veinte años, asusta que no puedan disponer de ella […] y pues el proyecto tiene que  ser para gente que  tenga bastante tierra y que  no  necesite los lotes,  no  cualquiera puede, porque veinte años es tiempo, por  ejemplo el café  da cada año  y la mora da cada ocho días,  que  es lo que  se da acá,  lo que  yo tengo en mi ﬁnca. (Entrevista con Don  Bernardo)

En  este  sentido, varios líderes de organizaciones aﬁrman que  muchos proyectos de  reforestación en  la  región han fracasado porque no  logran incluir a la mayor parte de la población, que  tienen entre media y una hectárea, mostrando —y en  alguna medida reproduciendo— el problema de  la concentración de  la tierra, y del  acaparamiento de  la clase media de la región de los beneﬁcios que  pudieran otorgar estos proyectos forestales. Sin  embargo, hay  una aceptación generalizada del  MDL  entre la  comunidad, y sobre todo, el  manejo que  se  le  ha dado —diferente de las represas, según los lugareños— ha  abierto las reﬂexiones sobre las  posibilidades y potencialidades que  este  tipo de proyectos podría traer a la región, y a ellos  como tenedores de las tierras y de los bosques:

el beneﬁcio social, económico y ambiental parece mucho más  tangible que otros proyectos forestales, porque este  se  ha  hecho con  propietarios,  lo que  sabemos es  que  hay  como 240  hectáreas con  el proyecto, y de  esas 240 hectáreas hay  como 600 usuarios. (Entrevista a miembro de Junta de Acción  Comunal)

Para ﬁnalizar este  apartado, quisiera resaltar el manejo del MDL Bosques de  San Nicolás como un  intento de  planeación público-comunitaria de  los  recursos forestales de  la  región; si bien, la  gestión y la administración del proyecto ha sido  desarrollada por  técnicos de CORNARE  y de  MASBOSQUES, lo cual deberá ser  mejorado en  el futuro del  proyecto, el trabajo de  campo ha  mostrado que  es posible incluir elementos participativos y comunitarios en  la ejecución del  proyecto, lo que  muestra no solo  la aceptación y apropiación de los argumentos ambientales del  MDL  por  parte de  algunos habitantes, sino que  también permite a los campesinos y organizaciones pensar en propuestas para las entidades del Estado que  han estado al frente de este  proyecto. Esta posibilidad de  participación es  fundamental para evitar que  la participación sea  una formalidad y un  trámite en  este  tipo de proyectos,  como vimos antes respecto a la consulta previa. Sin  lugar a dudas, un  enfoque comunitario que  reconozca los  saberes y las  necesidades/ condiciones de  la población local  rompe el círculo de  la desigualdad cultural y abre posibilidades para la construcción público-comunitaria de alternativas productivas justas y equitativas. No es una garantía de justicia social, pero si es un  camino mejor que  el enfoque estatal-corporativo que  se implantó con  los agrocombustibles.

Conclusiones. entre el estado y el territorio

En este  trabajo he intentado profundizar en la relación entre pobreza, medio ambiente y cambio climático desde una perspectiva cultural, que  me  ha  permitido mostrar procesos de  desconocimiento,  invisibilización y menosprecio por  parte del  Estado y de sectores privados hacia otras formas de relacionamiento con  la naturaleza. Formas que hace parte la  grupos sociales minoritarios  que  adicionalmente han sido  marginados de sus  derechos y de otros beneﬁcios que  se han perdido en la falacia del “interés general de la nación”; estos grupos, que son  los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas, habitan los sectores rurales de Colombia[29] y no solo  son  víctimas del conﬂicto armado, sino que  también sin  víctimas de sistemas legales  y comunicativos de  clasiﬁcación social que  los  ubica en  un  lugar de subordinación frente a los autorreconocidos actores del desarrollo.

De forma sucinta, presento las  conclusiones de  este  trabajo, que espero sean útiles a la transformaciones sociales que  requiere el país, y el mundo: i) la  legislación, regulación y normatización de  las  políticas de  mitigación al  cambio climático en  Colombia, reproducen la  condición de  pobreza y exclusión de  comunidades pobres en  la medida en  que  mantienen un  régimen de  enunciación, planeación, actuación y legislación ajeno a las  categorías, valores y experiencias de  estas comunidades en  sus  territorios. Las  opiniones, necesidades y tradiciones de las comunidades son  subvaloradas, ignoradas o invisibilizadas en  algunos documentos del  Estado o de proyección de los sectores privados sobre mitigación; ii) esta situación conlleva a la tensión entre comunidades, sector privado y Estado porque se anuncian beneﬁcios ambientales y sociales, pero la implementación atenta contra las formas tradicionales de producir alimentos, de obtener agua y de relacionarse con  la naturaleza. Adicionalmente, implica presiones y conﬂictos por  el uso  y la tenencia de la tierra y del suelo; ﬁnalmente, en el caso de los agrocombustibles, afecta a las comunidades en la medida en que  cambia el paisaje y las relaciones de producción culturales previas al monocultivo. iii)  se evidencia privatización de  recursos públicos a través de  las  políticas de  mitigación del  cambio climático en  Colombia; la  investigación ha  mostrado que  ningún proyecto es gestionado o administrado por  comunidades u organizaciones sociales,  mientras que  las  empresas u ONG  que  lo hacen están recibiendo fuertes estímulos a través de la exención de impuestos, acaparamiento de recursos técnicos y administrativos del Estado y a través de subvenciones al consumo, como en el caso del etanol.

Resulta central el rol de las instituciones descentralizadas del Estado; el caso del  MDL  Bosques de San Nicolás, gestionado por  CORNARE muestra que  el diseño y la implementación con  criterios locales y buscando adaptarse a las  condiciones culturales y ambientales del territorio disminuye los impactos negativos del proyecto y propicia los espacios de concertación con  comunidades y organizaciones, del mismo  modo, actuaciones corruptas, elitistas y centralistas rompen los vínculos de  concertación, radicalizando las  tensiones entre Estadosector privado y comunidades-organizaciones sociales. Finalmente, v) la conclusión central de mi investigación, y que  genera gran preocupación, es que  hay  un  estímulos a la acumulación por desposesión en las iniciativas oﬁciales de mitigación del  cambio climático en  Colombia. Grandes empresas y sectores que  concentran ingresos privados y recursos del  Estado se verán beneﬁciados por  estas políticas, mientras sectores amplios de las poblaciones y comunidades afectadas saldrán perjudicadas, desplazadas por  presiones violentas y/o económicas derivadas de las inequidades en la distribución y presiones sobre los recursos naturales.

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de incentivo forestal y se dictan otras disposiciones. Decreto

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Socióloga y candidata a MA de Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia; investigadora, activista ambiental y educadora popular. ↵

Los señalamientos posteriores a la cumbre de Copenhaguen han demostrado, que los señalamientos del informe PICC de 2007 son tímidos en comparación con las recientes y escandalosas correcciones al informe↵

Un interesante análisis sobre el mercado de emisiones en: “The story of cape and trade”, en <www.youtube.com/watch?v=pA6FSy6EKrM> acceso 10 de diciembre de 2012.↵

Un análisis sobre las implicaciones de las negociaciones sobre cambio climático en la democracia global se encuentra en Vélez, 2007: 37-59.↵

Ver <www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/08/100813_emisiones_caen _lp.shtml>. ↵

MASBOSQUES es una corporación para el manejo sostenible de los bosques. ↵

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) es un organismo técnico asesor del ejecutivo y la máxima autoridad nacional de planeación en el país, siendo el espacio más importante de discusión para la formulación de las políticas públicas en: <www.dansocial.gov.co/index.php?option=com_content&view=article& id=448:conpes&catid=134:home&Itemid=69>.↵

Agendas Interministeriales del MAVDT. Acceso a estas agendas vía respuesta a un derecho de petición radicado ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en marzo de 2009.↵

Las Corporaciones Autonomas Regionales (CAR) son las entidades descentralizadas encargadas del cumplimiento de las normativas ambientales en las diferentes regiones del país. Dependen del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y hacen parte del Sistema Nacional de Ambiente (SINA) creado en 1993 para garantizar el desarrollo sostenible del país.↵

Para el mes de agosto de 2010, el MAVDT tiene 146 MDL en su portafolio, 19 más que hace 14 meses, y adicionalmente, fue aprobado el primer MDL forestal en el país↵

Fedebiocombustibles representa a los industriales productores de agrocombustibles en el país. “La Federación Nacional de Biocombustibles es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa destacadas voluntades de servicio a la Nación para convertir el sector de los biocombustibles en una palanca de riqueza en aquellas regiones en donde se establezcan los núcleos industriales” (Fedebiocombustibles, 2009). ↵

Solo el sector forestal representa una novedad para la legislación y para los procesos de acumulación. Más adelante profundizaremos en su análisis.↵

Las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia tienen el derecho de autonomía sobre su territorio, de tal forma que ejercen formas de autoridad y administración propias basadas en su cultura. Esto está consignado en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 70 de 1993.↵

Aunque es un discurso que aplica para todos los proyectos relacionados con recursos naturales en el país: minería, petroleo, represas, carreteras, etcétera. ↵

Está pendiente avanzar en las reﬂexiones sobre los recursos público globales. No solo los recursos monetarios, sino otros recursos públicos como los equilibrios ecosistémicos y las regularidades climáticas↵

Es común encontrar en el conﬂicto armado colombiano la explicación a muchos de los problemas del país; sin embargo, he intentado centrarme en la concentración de recursos del Estado y otros recursos públicos, para ampliar el campo de análisis sobre la pobreza y la desigualdad. Sobre conﬂicto armado y recursos naturales ver Idarraga (2009). ↵

En Colombia se conoce popularmente como cuota electoral a la gente que ha apoyado en las campañas electorales a los funcionarios públicos escogidos por voto popular, y que por lo tanto reciben una serie de beneﬁcios, subsidios, tasas, descuentos, cargos y favores políticos.↵

Frase pronunciada por una funcionaria del MAVDT en el Foro Cambio Climático. Posición desde Colombia: qué, quién, cómo se decide, 7 de abril de 2009, Auditorio Virginia Gutierrez de Pineda, Universidad Nacional de Colombia.↵

Los resguardos son la ﬁgura legal y política que garantiza la autonomía sobre un territorio por parte de un pueblo indígena. Establecidos desde la colonia, la Constitución Política de Colombia los reconoce como parte de los derechos de los pueblos, en el marco de la multiculturalidad.↵

Hacia 1960, la cantidad de hectáreas cultivadas con caña eran aproximadamente 60.000, mientras que en el 2000 ascendían a 186.473. ↵

Impuesto a la gasolina reglamentado por la Ley 488 de 1998, que recauda recursos para el desarrollo y mejoramiento de los sistemas públicos de transporte en el país. Consiste en 25% de cada unidad vendida de gasolina. De este 25%, 6,5% son para el departamento, y 18,5% para los municipios.↵

Ley 788 de 2002, por la cual se exime del IVA, impuesto global y sobretasa al alcohol carburante.↵

Decreto 1970 de 2005, por el cual se exime de la renta líquida gravable a los cultivos de tardío rendimiento por diez años.↵

Adicional al tema salarial, es importante señalar que los corteros son remunerados por cantidad de caña cortada por día, bajo temperaturas entre los 25ºC y 35ºC, sin dotación de herramientas en la mayoría de los casos, sometidos a riesgos extremos como el corte de la caña ardiente, que consisten en cortar la caña mientras esta se quema en enormes incendios de varios metros a la redonda.↵

Subproducto líquido de la destilación del mosto en la fermentación del etanol, que sin tratamiento ﬁnal, se convierte en un agente tóxico. ↵

Las regalías corresponden a la “contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de un recurso natural no renovable cuya producción se extingue por el transcurso del tiempo”. Las regalías en Colombia están ampliamente normatizadas; fueron creadas y reguladas por la ley 141 de 1994 y hasta hoy se sigue legislando al respecto. La producción de agrocombustibles no paga regalías por ser un recurso “renovable. En el oriente antioqueño se ubican las represas de Peñol, Guatape, San Lorenzo, Playas, Santa Rita y Calderas, entre otras de menos tamaño.↵

Las organizaciones sociales aquí mencionadas, han solicitado explícitamente mantener su identidad bajo reserva por condiciones de seguridad.↵

El proceso de disputa jurídica por la ley forestal mostró claramente una tensión: ¿Qué es propiedad del Estado y qué es competencia de la autonomía de las comunidades indígenas y afros? ↵

Será preciso trabajar este mismo tema para los sectores urbano-populares.↵

Miserias del petróleo: una mirada desde Ecuador

Omar Adrián  Bonilla Martínez[1]*

“Señoras y señores, ¡tengo  la respuesta!

¡Por increíble que parezca, me he topado por casualidad con  

la única tecnología que nos  salvará  del cambio

climático desenfrenado! Sin  patente, sin  letra chica,

sin  cláusulas escondidas. Esta  tecnología

—una nueva forma radical  de capturar y almacenar carbono— ya

está causando revuelo entre los cientíﬁcos.

Es barata,  es eﬁciente, y se puede  aplicar de inmediato.

Se llama… dejar los combustibles fósiles  en el subsuelo”.

(Monbiot, 2007)

Introducción

Este artículo versa sobre una revisión de las  ideas críticas a la tecnología  petrolera gestadas en  Ecuador, a través de tres casos de estudio desarrollados en  las  últimas dos  décadas: el  primero, el  juicio a  la Compañía Petrolera TEXACO  (1993); el segundo, la propuesta de Moratoria a la explotación petrolera (2001); y el tercero, la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo del  Parque Nacional Yasuní (2008). Mediante el análisis de dichos procesos se busca responder las siguientes preguntas: ¿Qué  elementos permiten dilucidar la conﬁguración de un discurso crítico a la industria petrolera? ¿Cómo el discurso resultante contribuye a comprender el problema de cambio climático y posibilita pensar en alternativas al mismo?

La investigación parte de la premisa de que  los discursos críticos a la industria petrolera en  Ecuador se basan en  experiencias empíricas  de  los  actores sociales que  los  han formulado y su  constatación de los efectos nocivos a la salud y la cultura. En  este  trabajo han sido estudiados los  casos de  diversos sectores sociales: indígenas, intelectuales y ecologistas.
La hipótesis de esta investigación es que  la articulación de dichos actores políticos y sus discursos, a lo largo de casi  cuatro décadas, han sentado las  bases de una crítica que  permite instaurar propuestas alternativas a la industria petrolera, que  asumen perspectivas múltiples respecto a la ecología, el desarrollo y la equidad.
La  investigación se divide en  dos  partes. En  la primera parte se busca explicar los  condicionantes sobre los  que  fue  posible iniciar el proceso crítico a la industria petrolera, asimismo se mira el problema del cambio climático como un  concepto en disputa.
En  la  segunda parte se  abordan los  tres casos de  estudio antes mencionados, su  historia, los  actores que  fueron importantes en  su formulación, y sus  alcances políticos y sociales; de  forma simultánea  se presentan entrevistas a los actores que  formaron parte de los procesos para que  sean sus  voces  las  que  narren la conﬁguración de los mismos.

I

Petróleo: un cuadrilátero

A partir de la década del noventa existe una comprensión del cambio climático en  Ecuador y otros países, que  responde a la convergencia de varios hechos:

 Impactos petroleros que  se extienden y visibilizan desde ﬁnales de 1980.  Posteriormente con  la salida del  Ecuador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, problemas latentes  desde el inicio de las operaciones petroleras que  se intensiﬁcaron en esos  años.

El fortalecimiento del movimiento indígena a partir del levantamiento de  1990  y en  el  caso de  los  indígenas de  la  región amazónica —donde se asienta la industria petrolera—, a partir de  la marcha de  1992.  El  fortalecimiento de  organizaciones ecologistas radicales formadas tras el reconocimiento de los impactos petroleros y por  la gestación de movimientos similares, vislumbrados en la cumbre alterna de Río de Janeiro en 1992.

 En  estos años también aparecieron organizaciones de  afectados,  en  su mayoría campesinos que  emigraron a zonas que  en sus  agendas suelen incluir medidas de reparación ambiental.

Los impactos petroleros y los críticos a la industria —ecologistas campesinos y colonos—, como se verá  más adelante, gestaron al unísono múltiples escenarios de  conﬂicto durante los  últimos veinte años en Ecuador, nutridos por  un  contexto internacional de crisis ambiental a partir de la publicación de los informes de Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en 1998.

El cambio climático como concepto en disputa

Larry Lohman acota en  una entrevista realizada para esta investigación, que  en  la  actualidad el discurso mundial de  cambio climático metamorfosea, por  el  hecho de  que  muchas comunidades agrarias, campesinas e indígenas del mundo se apropian del discurso promovido  por  organismos internacionales como el Banco Mundial, la ONU, y en especial, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. A la vez, la idea de cambio climático se llena de nuevos contenidos a raíz de la experiencia empírica de las comunidades que  experimentan sus efectos. Este proceso según Lohman, pasa por  cuatro momentos:

Las comunidades, especialmente las campesinas pueden percatarse mejor que  nadie de  los  efectos del  cambio climático, debido a  que:  en  primer lugar, ellos pueden ver los efectos de dicho fenómeno en su vida cotidiana, a través, del cambio en los ciclos  de la tierra, el cambio en las estaciones, inundaciones, sequías, etc.  En  segundo lugar, porque las comunidades agrarias frecuentemente desconfían de los actores que  promueven proyectos  para mitigar el cambio climático como plantaciones o hidroeléctricas pues estos  mismos han sido  en  muchos casos los  que  antes despojaron a las  comunidades y en  tercer lugar, porque la  preocupación en  torno a este  tema se ha vuelto cada vez más  extendida, por  lo que  en la actualidad existen ONGs  o grupos ambientalistas que  acompañan en el tema y le dan difusión al tema, en cuarto lugar, por  la convergencia con  organizaciones campesinas nacionales e internacionales empoderadas del tema como por ejemplo la Vía Campesina. (Entrevista a Larry Loman)

Lo anterior genera un  fenómeno de resigniﬁcación y apropiación del discurso de  cambio climático por  parte de  organizaciones indígenas y campesinas, que  colocan el  discurso como parte del  proceso estructural de  sus  demandas sociales, gracias a que  este  se ha  convertido en  un  elemento de  contienda política y deviene en  episodios de protestas públicos y colectivos. De  esta forma el  cambio climático, se  convierte en  lo  que  Ernesto Laclau llama “signiﬁcante vacío”  es decir, el acto de signiﬁcación de un  determinado concepto o palabra que  se “precipita” en  un  momento de necesidad. Se trata de la capacidad de actualizar el lenguaje constantemente, lo cual en  la política y en  especial, en  las  dinámicas de  articulación política constituyen un  acto fundamental (Laclau, 2004:  102)  ya que  demuestran que  los signiﬁcados no son  estables, que  los discursos pueden ser  apropiados y signiﬁcados y de esta forma, como expresa Lohman, convertirse en un  espacio de disputa.

Al confrontar esta teorización de  las  transformaciones de  los  discursos, es  destacable una entrevista realizada al  líder indígena de  la comunidad  Guamaní, Manuel Shiguango, quien al  ser  entrevistado en  torno al cambio climático; si ha  escuchado hablar sobre él, si sabe cómo funciona. Respondió que es un fenómeno distinguible desde hace algunos años en su comunidad, al punto que  le han denominado Yllu.

En quichua le sabemos decir ya viene  el Yllu es cuando ya empieza a cambiar el comportamiento de la tierra, empieza a secar el agua, hay  mucho daño y la naturaleza nos  dice  que  estamos mal,  es lo mismo que  el cambio climático, pero nosotros lo  vemos que  ya  no  llueve  que  está  totalmente descontrolado, esta  palabra es de  mi  abuelita. (Entrevista a Manuel Shiguango, julio  de 2010)
Bajo  el término Yllu  se encuentra una comprensión del cambio climático;  es una traducción de un  concepto quichua que  contiene la carga de  su  cosmovisión. Lo anterior permite dotar de  nuevos signiﬁcados al cambio climático donde se incluyen valores alternativos y al mismo tiempo una reinterpretación política de ambos términos.
El ejemplo anterior forma parte de lo que  se llama en esta investigación “neoludismo”, el cual, de acuerdo a Bartra, reﬁere a las ideas críticas a la tecnología capitalista y sus efectos sociales, de los que  destacan la miseria social y los impactos ambientales. En  ese aspecto, el neoludismo tiene coherencia con  el ludismo original de las rebeliones obreras y campesinas que  se dieron al inicio del  siglo  XIX  en  contra de las máquinas (Bartra, 2008).
Dicho concepto explica las  críticas a la  tecnología en  relación a la conciencia que  distintos actores toman frente a la automatización. Sin embargo, es necesario trasladar el concepto al Ecuador y sus actores  particulares; es de suma utilidad la metodología desarrollada por Joan Martínez Alier, quien estudió en varios países —entre ellos  Ecuador— a  heterogéneos actores que  se  han caracterizado por  batallar contra la depredación de la naturaleza, personas generalmente míseras,  afectadas por  impactos ambientales de industrias depredadoras y contaminantes, a las que  ha denominado ecologistas populares. Estas frecuentemente se oponen a los valores crematísticos centrados en los análisis costo-beneﬁcio que  legitiman mayoritariamente dichas industrias, sistemas de valores, códigos y signiﬁcados fundamentados en la situación social y cultural de  los  afectados. Martínez Alier  busca los sistemas de  valoración alternativos de  los  ecologistas populares y de las poblaciones afectadas en general (Martínez, 2005).

Para el  estudio de  los  tres momentos en  los  que  surgieron los planteamientos neoluditas que  aborda esta investigación, se  emplea el concepto de  “contienda política” desarrollado por  Doug McAdam y Charles Tilly,  el cual hace referencia a un  proceso en  el que  se enfrentan distintos actores, que  conﬁguran un  espacio contencioso que activa e incorpora acciones y personajes nuevos dentro de su dinámica. Para que  un momento pueda ser caliﬁcado como contencioso debe cumplir con  tres elementos: ser  episódico, ser  público y ser  colectivo (Tilly  y McAdam, 2005). Estos elementos están presentes en los casos de estudio que  se tratan.

 II

La miseria que legó texaco

La  TEXACO  ingresó al  Ecuador en  1964,  la  extracción petrolera se dio  desde 1973  y sus  operaciones duraron hasta 1992.  La  compañía causó daños económicos, sociales y culturales a los  pobladores de  la Amazonia, además de  graves impactos ambientales a lo  largo de  su estancia en  la Amazonia ecuatoriana, afectando a los  grupos étnicos Kichwa, Siona, Secoya, Cofane, Tetete y Sansaguari —los dos últimos, desaparecidos por  los  impactos de la actividad petrolera—, así  como a comunidades agrarias migrantes de la sierra y la costa ecuatoriana.

Lo  anterior motivó que  a  nombre de  30.000 afectados, 75  residentes de  la Amazonía ecuatoriana colocarán junto a la ﬁrma Kohn, Nast & Graf  una demanda a la compañía bajo la ﬁgura de “Acción de Clase”  en septiembre de 1993.  La demanda se basó en la negligencia y ofensa internacional, por  acción y omisión, ante el aumento de cáncer, como a la degradación y destrucción de las condiciones de vida  de los habitantes (Fontaine, 2007:  11-20).
La investigadora Judith Kimmerling calculó que  TEXACO  deforestó por  lo menos un  millón de  hectáreas en  los  bosques pluviales del  Ecuador, derramó alrededor de  17 millones de  galones de  petróleo  en  la  región, y 19  mil  millones de  galones de  residuo tóxico sin tratamiento.
El juicio a TEXACO  ha  sido  denominado el Juicio del  Siglo, por tratarse de uno de los primeros casos donde se enfrentan actores tan asimétricos en  el plano legal.  Así mismo origina en  Ecuador una innovación en los repertorios de acción colectiva, particularmente en el terreno cientíﬁco que  fundamentó las exigencias.
El  juicio contra TEXACO  abarcó múltiples problemas como la soberanía, el derecho internacional y la valoración ambiental; además los  afectados y la  empresa pusieron en  juego argumentos de  orden cientíﬁco y técnico que  van  desde pruebas sobre el nivel  de contaminación del agua hasta impactos socioculturales.

Lo anterior llevó a una demanda donde la exigencia combinó instancias sociales con  restauración de  ecosistemas, como plantea una de las afectadas:

El  hospital que  se  necesita debe  ser  muy  bien  equipado, con  personal  y equipos. Pero  antes de esto debemos tener agua limpia. Tenemos que exigir también la descontaminación del suelo  porque si seguimos consumiendo los productos contaminados y el agua envenenada seguimos contaminándonos y envenenándonos. Si consumimos la carne de los animales también nos  contaminamos porque todo está  contaminado, entonces lo que  hace falta  es descontaminar completamente el medio ambiente. El  agua tiene que ser traída de un lugar donde no haya contaminación porque si cogen el agua del Aguarico, por  más  que  le hagan tratamientos, va a seguir estando contaminada. Las indemnizaciones también son  muy  importantes porque sino,  no  tenemos de  donde sacar recursos para curarnos (Grupo Focal, mujeres mestizas, Coca).  (Beristain, 2007: 143)

Esta reﬂexión revela un  grado de  reconocimiento de  las  interdependencias y efectos combinados que  existen en  la  dinámica petrolera, denota conciencia de  la  importancia regeneradora, pues la  demanda  además de  indemnización supone la  reparación ambiental, produciéndose pérdidas millonarias para la  empresa de  perder el caso, aparte de importantes costes políticos.

Como indica Pablo Araujo el proceso judicial a nivel  político permitió que  los  habitantes de la Amazonía manejarán un  discurso ecologista propio de una alta conciencia ambiental, así  como abandonar una actitud timorata y dependiente de  los  actores dominantes en  la zona (el  Estado y las  petroleras) pasando a  una actitud contestataria  y reivindicativa (Araujo, 2009:  96);  se podría agregar que  el nivel judicial obligó a los  demandantes a fundamentar de  forma técnica y cientíﬁca sus  percepciones respecto a los problemas ocasionados por la empresa, y permitió la traducción de  múltiples saberes de  campesinos e indígenas a un  lenguaje que  pueda ser  aceptado en las cortes.
De este  modo a lo largo del  conﬂicto se  presentaron cuantiosos documentos que  demostraron los  impactos petroleros desde diferentes  enfoques. Los  más destacados elaborados con  la colaboración de médicos, químicos, psicólogos: “Culturas bañadas en  petróleo. Diagnóstico de  salud realizado por  promotores”  (UPPSAE, 1993); “Violaciones de derechos en la Amazonía Ecuatoriana” (Jochnick, 1994); “Informe Yana Curi: Impacto de la actividad petrolera en  la salud de poblaciones rurales de  la  Amazonia Ecuatoriana” (San Sebastián, 2000); “Ecuador ni  es,  ni  será ya,  país amazónico. Inventario de  impactos petroleros -1” (Maldonado y Narváez, 2003).
Los  informes nombrados aseveran que  en  las  poblaciones amazónicas hay  una relación proporcional entre cercanía a los pozos petroleros y aumento en los casos de leucemia, mortalidad infantil, problemas en  la piel,  y constatan pérdidas de  animales y cultivos en  las poblaciones.

Un  elemento muy importante en  esta demanda es la caracterización del  daño ambiental como un  efecto permanente no  circunscrito al  momento. En  la  demanda del  caso TEXACO  entregada en 1993  se dice:

El efecto dañoso de estos  actos y omisiones, que  constituyeron práctica corriente en las operaciones de TEXACO, no se limita en el tiempo al momento en el que  se produjo dicho acto  u omisión. Los efectos contaminantes y el peligro para la  salud y los  bienes han permanecido en el tiempo y subsisten todavía, de  manera que  no  debe  considerarse solamente el  daño ya  producido, sino  también el  daño potencial que  los materiales contaminantes vertidos en el ambiente pueden producir en el futuro. (Martínez, 2005:  124)

El párrafo citado muestra la necesidad de contemplar los  daños desconocidos, dado que  los efectos de este  tipo de catástrofe no se pueden pronosticar.

En  el contexto del  juicio se  comprendió e incluso publicitó los impactos petroleros. Esto previno a comunidades y organizaciones indígenas y campesinas, así como a ecologistas y otros grupos, sobre posibles procesos similares en  otras zonas del  país. De  esta manera se  adquirió un  conocimiento que  generaba una alerta temprana sobre nuevas operaciones petroleras y una crítica en  general a  la tecnología petrolera.

La  crítica a la tecnología petrolera incluye en  varios sectores de la sociedad, sobre todo organizaciones ecologistas, una serie de acciones:  asambleas para compartir experiencias, “toxitour” para acercarse a los impactos y acción directa como forma de expresión del rechazo.

El caso TEXACO  y los conocimientos obtenidos para fundamentar los impactos y las responsabilidades cimentaron la crítica a la tecnología petrolera, porque mostraron al  petróleo como factor de  empobrecimiento y deterioro ambiental. Sin  embargo, por  tratarse de un proceso local, esta perspectiva no  contempló las implicaciones petroleras fuera del ámbito amazónico.

Génesis y desarrollo de la propuesta de moratoria a la actividad petrolera: una lucha contra la miseria

Las  demandas de moratoria a la explotación petrolera se han presentado en  varios países. El  caso más conocido es Costa Rica, donde sen suspendieron hace casi  una década las actividades petroleras. Sin  embargo, conforme aumentó la  crítica, fundamentalmente proveniente del ecologismo, la idea de moratoria se intensiﬁcó.
El  documento más antiguo que  he  encontrado para la  presente investigación se  llama “Condiciones exigidas por  las  organizaciones no  gubernamentales del  Ecuador al  Estado ecuatoriano y al  Banco Mundial” y su fecha data del 27 de enero de 1990.  En  dicho documento se hallan buena parte de los argumentos usados hasta nuestros días para oponerse a la actividad petrolera. Se planteó: 1) el gobierno del Ecuador debía parar toda exploración y explotación petroleras en los territorios tradicionales de  las  nacionalidades indígenas amazónicas mientras no se hayan legalizado todos los territorios; 2) se otorgarían garantías de  satisfacción a las  poblaciones indígenas de  que  las  operaciones no  causarían ningún tipo de impactos directos o indirectos; 3)  se  rehabilitarían las  zonas afectadas; 4)  una vez  cumplidas estas propuestas, las  organizaciones pactarían con  las  federaciones locales y regionales; 5) Se detendría la explotación en el Parque nacional Yasuní, ilegal por  tratarse de un  Parque Nacional de acuerdo a la constitución vigente en 1990  (Ver documento en Bravo y Martínez, 1993).
La  propuesta de  moratoria planteó premisas alternativas a  las comúnmente construidas sobre la  explotación petrolera y el territorio.  En  primera instancia revertió el planteamiento de que  el petróleo suponía desarrollo económico y se consideró que  había conducido al país a una especie de maldición: “la maldición de los recursos naturales” o “la enfermedad holandesa” (Acosta, 2009), al anclar su  economía a un  solo  sector, despojándolo de independencia y soberanía, y a nivel  local, al  causar impactos económicos, sociales, culturales y de salud; junto a dichos impactos se incluyeron dentro de esta perspectiva los  llamados pasivos ambientales[2]. Por  otra parte con  las  ideas de moratoria se ha  pasado a valorar la Amazonía de una forma distinta, en desmedro de la forma tradicional que  había asociado el imaginario de lo amazónico a lo exuberante, lo lejano, la frontera.
De ser  una fuente inagotable de  recursos o un  espacio por  conquistar, ideas propias de  la  década del  setenta, se  pasó a considerar positiva su  conservación, por  la riqueza de  sus  paisajes y la inmensa biodiversidad. Finalmente, y a  la  par de  la  importante presencia de las organizaciones indígenas, se deja  de considerar la Amazonía como territorio baldío y se toma en cuenta los territorios donde existen pueblos, nacionalidades[3]  indígenas con  derecho a decidir sobre sus  formas de vida.
Este tipo de argumentos que  reivindican la conservación del medio  ambiente, sus  funciones eco-sistémicas y priorizan las formas productivas locales no  pasan solo  en  Ecuador. Joan Martínez Alier ha  demostrado que  son  comunes a diferentes poblaciones (Martínez Alier, 2005), y es  precisamente la  convergencia de  varias organizaciones y afectados a nivel  internacional la que  fortalece la propuesta de moratoria.
La cooperación internacional a partir de la emergencia del movimiento indígena sumada a la crisis de un  Estado que  en cierta forma simpatizó con  sus  prerrogativas, permitió que  se  desarrollen varios procesos, a  la  par que  se  contemplaron equivalencias con  otras regiones del  trópico en  vías  de  desarrollo. Esto permitió que  se creara la red  Oilwatch, bajo la coyuntura trágica de la muerte del  ecologista Ken  Saro-Wiwa, activista inmerso en  protestas y denuncias contra la compañía Shell. Al respecto Elizabeth Bravo cofundadora de  la  red Oilwath plantea:
Investigamos diferentes casos de  problemas ocasionados por  el petróleo, pero el caso de Nigeria despertó mucho interés, hay  que  tomar en  cuenta que  también era  relevante el Ecuador por  el caso de TEXACO, vimos hechos similares en Indonesia y otros países de América Latina, por  ese motivo en febrero del 96 nace Oilwatch como una red  del Sur. (Entrevista: Elizabeth Bravo, agosto de 2010.).

La presencia internacional de Oilwatch y su  carácter de “red  del Sur”  permiten a esta red  vincular afectados, sin  mediación de organizaciones ajenas al contexto. Dicha situación sería muy importante a la hora de contribuir a una posición alternativa al problema de cambio climático. Al respecto Ivonne Yánez plantea:

Nosotros comenzamos a trabajar el tema de  cambio climático con  redes como WRM, que trabajaban bajo  la idea  de que el cambio climático era un problema de consumo de países del norte. Quisimos rescatar esa perspectiva pero a partir de nuestro propio conocimiento que  era  la lucha contra la extracción de petróleo, es decir, las causas de este problema. Dimos un par de seguimientos a las discusiones, hablamos con  personas de otros países y logramos crear una perspectiva propia vinculando los problemas locales con  los problemas globales, en ese aspecto la voz de los ecologistas ecuatorianos que  trabajamos en petróleo fue importante. (Entrevista a Ivonne Yánez, 2010)

La primera declaración de esta red  se envió a la Conferencia de Kyoto sobre Cambio Climático (1998) y su principal solicitud fue el llamado a “una moratoria en toda nueva exploración de reservas combustibles fósiles en áreas prístinas y de frontera” (Oilwatch, 1998).
La  perspectiva global sobre los  impactos petroleros vinculó las diﬁcultades locales al problema planetario del  cambio climático, factor  que  coincidió con  la  exposición de  resultados del  Panel Intergubernamental de Cambio Climático que, a pesar de las  resistencias de la industria, declaró que  la quema de  hidrocarburos era  la principal amenaza para el planeta. De hecho, el Informe Stern, que  versa sobre los impactos económicos del cambio climático, plantea que  los costos del  cambio climático en  las  próximas décadas pueden equivaler a los mayores desastres del  siglo  XX, como las  dos  guerras mundiales y la Gran Depresión (Stern, 2007).
En  ese aspecto, la presencia del tema indígena fue  determinante. Uno  de los casos donde más se combinó argumentos locales con  globales y ambientales con  indígenas fue en la comunidad de Sarayacu.
Sarayacu, a partir de la crítica al extractivismo petrolero y la reivindicación de  múltiples saberes, implantó alternativas a la  explotación de crudo a nivel  regional mediante la elaboración de su “Plan de Vida”,  en el que  se deﬁnieron modos de operar el territorio, al establecer  por  ejemplo diferentes zonas de reserva, con  criterios culturales y ecológicos. También describieron la  existencia de  lagunas sagradas, cerros y pantanos donde habitan espíritus poderosos que  prohíben la presencia de  gente. El  Amarum o anaconda vive en  los  remolinos que  se forman en los ríos; cuando alguien es atrapado por  un  remolino  puede llegar a otro mundo, pero no  volverá nunca a este  (Chávez, Rommel y Moreno, 2005).
Cabe mencionar los  “Acuerdos de  Sarayacu” (1989), alcanzados tras la  negociación que  se  produjo en  esa  localidad, uno de  los  momentos en los que  se fortalecieron las demandas regionales de las organizaciones amazónicas y se  consolidó una organización nacional, mientras que  dentro de  Sarayacu se negoció la suspensión de  actividades petroleras (López, 2004:  157).
Sarayacu y la organización de  la región a la que  pertenece readquirieron valor en  la  discusión por  territorios y actividad petrolera a partir de 1992,  cuando se tornó uno de los  centros desde el cual se organizó la movilización nacional con  motivo de  los  500  años de  resistencia de  los  pueblos indígenas amazónicos de  Pastaza, provincia a la que  pertenece Sarayacu, y se logró la adjudicación de “títulos de propiedad comunal en  un  área de  1,15  millones” de  hectáreas (Fontaine, 2004:  161).
El año 1992  fue determinante para estos temas, pues a la vez que los  pueblos indígenas adquirían visibilidad en  Ecuador y Bolivia con las  marchas, y se  concretaban los  procesos de  reconocimiento gracias  al  Convenio 169  de  la  OIT,  tenía lugar la  “cumbre de  la  tierra”, en  donde se establecieron los dos  acuerdos internacionales de mayor relevancia: el Convenio de  Biodiversidad, y la  Convención Marco de Cambio Climático.
La causa de Sarayacu volvió a sobresalir a partir del intento de explotar petróleo en 1996,  en manos de la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC).  No obstante, la comunidad combinó una serie de  argumentos entre los  que  destacó la  idea de  que  el petróleo ha  causado graves impactos ambientales; que  las comunidades indígenas viven  en condiciones de abundancia cuando tienen manejo del territorio y pueden contribuir al desarrollo del Ecuador a través de su manejo de recursos. Independientemente de comprobar estos argumentos, los habitantes de Sarayacu propiciaron un  contexto mediático como la retención y posterior liberación de trabajadores petroleros dentro de su territorio, una serie de ruedas de prensa y documentales entretenidos, que  posicionaron sus  propuestas a  nivel  nacional. La comunidad inauguró una acción contenciosa con  el gobierno, puesto que  si bien se había planteado con  anterioridad una oposición a las empresas petroleras por  parte de actores locales, esta vez se hizo pública, y se incorporaron novísimos actores y formas de movilización. El  discurso de  la identidad cultural se convirtió en  una herramienta política que  cuestionaba desde su visión del mundo las actividades petroleras, mientras anteponía su condición de pueblo originario como el fundamento legítimo a través del cual pedir al gobierno el reconocimiento de derechos colectivos y territoriales.
Asimismo, la  comunidad indígena Sarayacu compendió un  discurso tradicional —donde destacaba que  las  operaciones de prospección petrolera afectaron lugares sagrados— con  modernos discursos ecologistas que  daban cuenta de  una crisis ambiental global junto a reivindicaciones propias de derechos humanos. Esta serie de planteamientos permitió pactos con  organizaciones no  gubernamentales  y otras organizaciones que  apoyaron la  resistencia. Finalmente lograron poner un  recurso de  protección en  la  Corte Interamericana  de derechos humanos (CIDH).
Emitida la resolución de la CIDH  en el año 2003  sobre Sarayacu, se  ejercieron medidas cautelares para las  comunidades de  la  zona, que  fungieron como moratoria a la actividades petroleras. Este ejercicio de  moratorias, actividades y disputas desarrolladas por  dicha comunidad, ﬁltraron poco tiempo después al sur  de Sarayacu, en las comunidades Shuar y Achuar, quienes se opusieron a la exploración de crudo en sus  territorios. La comunidad Kichwa de Sarayacu junto a las  comunidades Shuar y Achuar llegaron al acuerdo de  mantener el territorio sur  libre de  petróleo, impidiendo hasta hoy  las  actividades  petroleras.
En  los últimos años debido a la autonomía que  ha obtenido y a la ventaja de que  Marlon Santi, presidente de la CONAIE, sea  procedente de Sarayacu, se plantea:
En  Sarayacu llevamos desde cuando era  niño protegiendo a  la madre tierra, ha  pasado mucho tiempo desde que  Sarayacu lleva  esa protección y no ha  dejado ingresar a las empresas petroleras. El tema del  calentamiento no  se  habla en  la  organización, sino en  los  materiales de  las  escuelas y colegios, así  se busca que  reaccionen jóvenes y niños. Ahora hay  una información básica sobre el  calentamiento global y los negocios que  se están haciendo a costa de este  problema, se  está preparado para todo y creo que  ese  conocimiento es  básico (Entrevista: Santi, julio, 2010).

Para Marlon Santi, además del  petróleo, una serie de  negocios vinculados al  cambio climático se  han convertido en  posibles amenazas. El  paso del  tiempo y la  situación de  moratoria tendrán que demostrar su validez, a partir de las siguientes generaciones y sus  respuestas a las problemáticas que  surjan.

Yasuní itt y la miseria como cambio climático

La  propuesta de  no  explotación de  crudo que  se  gesta a  la  par del anuncio de explotación de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini  hasta cierto grado ha  trascendido la frontera, volviéndose uno de los  temas más importantes en  la  agenda del  gobierno ecuatoriano  y los movimientos sociales.
El Yasuní se caracteriza por  ser  uno de los lugares más biodiversos  del  mundo.[4]  El Parque Nacional Yasuní fue  reconocido como tal en 1979 y como parte de una Reserva de la Biosfera en 1989,  la cual incorporó la Zona de Amortiguamiento del parque, y al Territorio Waorani. La población del Yasuní, ya sea  porque viva dentro del Parque, o porque esté  en las zonas de inﬂuencia directa del mismo, en términos generales se opone a la expansión de la frontera petrolera, principalmente las comunidades asentadas en las orillas del Río Napo.
La  iniciativa de  no  explotación del  crudo nació como una propuesta política de  muchas aristas. En  tanto propuesta política debía desarrollar lineamientos relacionados con  un  modelo de transición a un  Ecuador post petrolero a nivel  nacional, y a un  modelo de justicia climática a nivel  internacional. Planteó una nueva opción para combatir el calentamiento global, evitando la explotación de combustibles fósiles. Y, basándose en el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, la propuesta incorporó el elemento de la compensación, bajo la expectativa de motivar a los países causantes del cambio climático, la entrega al Ecuador de un fondo por  la no explotación del crudo (Martínez, 2009).
La  iniciativa Yasuní-ITT vincula el  problema del  calentamiento global con  la  conservación de  un  área natural. Plantea que  al  ser  la quema de  petróleo la  principal causa del  calentamiento global, una forma eﬁcaz de  combatir el  problema es  evitar su  extracción. Esta propuesta considera que  los países desarrollados, principales autores del  problema, deben dar al  Ecuador la  mitad de  lo  que  obtendrían explotando el Yasuní.
Dicha idea, al  igual que  la  moratoria que  de facto  se impuso en el sur  de la Amazonía, está vinculada al ecologismo radical, que  considera que  en  esta zona el  petróleo traería problemas al  ambiente, empobrecería a la población local  y ocasionaría múltiples problemas culturales y sanitarios.

Esperanza Martínez, una de las gestoras de la propuesta, explica de este  modo el planteamiento:

La idea  central es empujar a que  se hable de petróleo, no  de carbono. El tema es que todos reconocen los problemas y la realidad del cambio climático,  sin embargo no se quiere hacer mucho, más  aun, se buscan evasivas y las evasivas comienzan por virtualizar la causa del cambio climático, y mover toda la discusión al terreno del carbono (que  nadie sabe  exactamente qué es), en lugar del petróleo. Por eso creemos que para enfrentar el calentamiento global hay que reducir el consumo del petróleo, pero para reducir el consumo hay que  enfrentar todo su proceso de extracción. (Entrevista a Esperanza Martínez, 2010)

Dicha idea permite cambiar el  escenario de  discusión del  Yasuní  y del  problema de  cambio climático, puesto en  los  últimos años se ha disociado la extracción de petróleo de los efectos del  cambio climático,  dando prioridad a los  efectos de  la extracción del  petróleo en  su entorno. La Iniciativa Yasuní ITT asocia ambos problemas y al mismo tiempo procura una respuesta a las dos  situaciones.

Guilleme Fontaine ha  estudiado el tema con  detenimiento. Plantea  que  la propuesta fue deﬁnida por  un  sector del gobierno de Correa perteneciente al  “ecologismo radical o utópico” y es  el resultado de la institucionalización de  este  movimiento, pues cristalizó en  el momento en que  un  reconocido ecologista, Alberto Acosta, desempeñó el cargo de Ministro de Energía y Minas (Fontaine y Puyana, 2008:  190). Fontaine considera que  la  propuesta tiene poca viabilidad económica  debido a  que  se  basa en  una serie de  premisas no  demostrables, no  averiguables o  aun erróneas. No  cree  que  se  pueda conllevar el aumento del  precio de  crudo o las  ganancias por  exportar derivados con  la construcción de  la nueva reﬁnería; dice  que  la idea de  ahorro de  carbono es incierta dado que  el mercado mundial de  energía está orientado por  la  demanda que  crece al  ritmo de  la  oferta; sostiene que  una compensación indeﬁnida no se puede garantizar; y ﬁnalmente  considera que  Ecuador tiene poca legitimidad ante la  comunidad internacional porque no ha  demostrado cuidar el Parque Yasuní.

Sin  embargo, Fontaine reconoce el valor político que  se contrapone a la política petrolera tradicional, al “oponer una contra utopía”, la  no  explotación petrolera, a  “la  utopía desarrollista”. Reﬁriéndose a  “la  explotación sin  discriminación” plantea que  el  ecologismo radical ha  logrado polarizar el debate entre tecnócratas pro  petroleros y ecologistas (Fontaine y Puyana, 2008:  188)  Sostiene, al  igual que esta investigación, que  la propuesta contribuye a plantear el Ecuador post petrolero; no obstante, para este  autor se requiere una mediación de ecologistas moderados que  permitan extraer el petróleo con  bajos impactos ambientales (Fontaine y Puyana, 2008:  188).  Tal mediación y búsqueda de consenso responde más a las  posiciones desarrollistas y tecnocráticas, que  al horizonte del movimiento ecologista. Fontaine imagina un  ecologismo a imagen y semejanza de los fundamentos de la “gobernanza ambiental” en  lugar de  una ciencia que  considere los problemas en juego respecto a lo post petrolero. En términos políticos y exclusivamente localistas, la lectura de Fontaine es interesante, pero omite el carácter global de la propuesta.

No  es  posible analizar la  propuesta de  no  explotar el  crudo al margen de la crisis global, o como respuesta y crítica a la industria  y tecnología petrolera considerada como el origen y causa de  la  crisis climática. Por ese motivo, más allá de las inconsistencias que  en materia  económica atinadamente se han señalado, la propuesta ha  calado en diversos sectores, se ha  recreado y alimentado con  varias fuentes y se mantiene viva. Una  de las posturas más interesantes en esta tensión proviene del  movimiento indígena ecuatoriano CONAIE y puede ser motivo de enfrentamiento con  el Estado:

Yo sinceramente quería poner dentro de la agenda de la CONAIE  y lo he logrado [...]  En  una ocasión se  dijo  que  el Yasuní iba  a ser  explotado  y estuvimos a punto de venirnos para hacer resistencia por  el Yasuní. Quería  venir  aquí para ponerme al  frente e impedir el proceso. (Entrevista, Marlon Santi, 2010)

En  cierto sentido esto  se ha  vuelto un  caso emblemático para las  poblaciones indígenas. Como indica Marlon Santi, la  explotación del parque podría suponer un escenario de conﬂicto y movilización de los indígenas de la zona y el país, quizás debido a que  la difusión del caso lo ha mostrado como un escenario donde se disputa en mayor medida el modelo extractivista.

A este   respecto Inés Shiguango, vicepresidenta de  la  CONFENIAE,  considera imperativo construir alianzas en torno al Yasuní con demandas indígenas similares:

La propuesta del  Yasuní es a nivel  nacional, a nivel  regional y a nivel  internacional, nosotros pensamos que  es importante construir las  alianzas entre las nacionalidades porque cada provincia tiene nuestras propias reservas y parques nacionales. La  lucha no  es  solo  por  el Yasuní sino  por todos los territorios amazónicos y lugares de nacionalidades. (Entrevista a Inés  Shiguango, marzo de 2010)

Inés Shiguango encuentra en  la propuesta un  ejemplo a imitar, pues permitiría a comunidades en situaciones similares aﬁrmar y proteger sus  territorios. Estas declaraciones de líderes provenientes de organizaciones regionales y nacionales que  avizoran conﬂictos junto a  los ecologistas ecuatorianos, muestran que  la  explotación de  la  reserva podría producir un  conﬂicto de escala nacional.

La  propuesta se  ha  movido con   dos   epicentros simultáneos. Por  una parte las  acciones gubernamentales, que  alimentan la posibilidad de  una eventual explotación, inciden fundamentalmente fuera del  país. Por  otra las  acciones de  los  movimientos sociales, que  desarrollan una dinámica a  la  amenaza petrolera, basada en fortalecer la resistencia local  y el planteamiento nacional de un Ecuador post petrolero.

De las propuestas oﬁciales el ﬁdeicomiso resulta ser el documento más importante, pues a la vez que  permitiría volver  posibles las  contribuciones internacionales, establece las condiciones de uso y destino de los fondos.

Por  otra parte la propuesta de “Plan del Sumak Kawsai”, en tanto propuesta de la sociedad, es más relevante, pues de una forma similar a la comunidad de Sarayacu, han planteado estilos de vida alternativa, pero esta vez  amparados por  la  Constitución. La  propuesta de  este modelo a orillas del  Río  Napo es  resolver los  problemas al  evitar el consumo de derivados de petróleo.

Si bien el ﬁdeicomiso ha  oxigenado la iniciativa, tiene varios vacíos  y contradicciones. El  primero es  que  a  pesar de  construirse la propuesta sobre la crítica al modelo petrolero y al mercado de carbono,  en el ﬁdeicomiso existe una permanente equivalencia del petróleo al carbono mencionado en  varios de  sus  artículos. Además se señala que  la equivalencia será de  acuerdo a los  valores establecidos por  el mercado de Leipzig (Artículo 26) e incluso se dice  que  en el futuro podrían llegarse a estas negociaciones dentro del mercado (Artículo 27).

Desde el punto de  vista de  la crítica al petróleo como agente de cambio climático esto  podría ser considerado una renuncia a las posiciones, que  justamente partían de la necesidad de enfocar en el petrolero  las propuestas para frenar el cambio climático.

Con  la iniciativa Yasuní ITT  ha  sido  posible sintetizar una serie de demandas respecto a la necesidad de frenar la extracción petrolera y de resolver las  miserias ocasionadas a lo largo de su  historia en  las zonas de intervención.

Conclusiones

El  discurso ecologista es  global desde hace algunas décadas, en  la medida que  surge como la manifestación de  problemáticas globales. Sin  embargo ha  sido  muchas veces  apropiado como un  discurso del poder, construido desde los  grandes organismos internacionales, es decir un discurso construido “desde arriba” en el que  se imbrican problemas geopolíticos, cuyas soluciones se encaminan hacia el control de los territorios.
En  esta investigación se  pretendió demostrar que  paralelo a dichos discursos existen otros que  se  construye desde organizaciones sociales y populares. Los fundamentos de estos grupos pueden ser mejores que  los  de  organismos multinacionales, para tratar problemas ambientales como el cambio climático.
En  Ecuador existe una progresividad en  las  demandas anti-petroleras o neoluditas, fundadas en  un  conocimiento sobre los  impactos  de  la  industria. Esta perspectiva crítica ha  sido  desarrollada por comunidades campesinas, grupos ecologistas y organizaciones indígenas, gracias a  los  fundamentos cientíﬁcos y jurídicos obtenidos a partir del juicio a TEXACO  en 1993.
Los críticos a la industria petrolera referidos en esta investigación han sido  situados en una posición privilegiada, pues han podido contrastar la idea de bienestar de las comunidades, con  lo ofrecido por  la sociedad petrolera.
Su crítica al petróleo incorporó el problema del cambio climático dentro de  sus  agendas gracias a  un  contexto favorable que  se  dio  a mediados de los noventa, época en que  convergieron diferentes organizaciones preocupadas por  la  extracción del  petróleo. Esta alianza fue local, nacional y regional, y permitió ejercicios de moratoria hacia actividades petroleras, como sucedió en la comunidad de Sarayacu.
Dichos sucesos históricos brindan  la  articulación de  una perspectiva global en  torno al cambio climático y a la crisis ambiental, a través de  experiencias locales y territoriales. Lo  anterior otorgó a la crítica de la industria petrolera en  Ecuador, un  doble carácter: como crítica global de la civilización petrolera y como crítica local  al modelo extractivo en las comunidades amazónicas.
Finalmente la Iniciativa Yasuní-ITT del 2007,  vuelve  a posicionar la  idea de  territorios sin  petróleo como una alternativa real  al  problema del  cambio climático. Pero también esta iniciativa resulta ser una alternativa en  la  concepción de  la  crisis ambiental global, pues a  logra integrar el problema de  la  extracción petrolera a  la  idea de cambio climático.
Por  ese motivo tiene mucha importancia que  esta demanda haya llegado a  institucionalizarse como política pública. Pues es  una demostración de que  las ideas neoluditas pueden gestar alternativas sin necesidad de  renunciar a  su  principio constitutivo, en  este  caso, la crítica a la degradación social y ambiental ocasionada por  la industria petrolera: la crítica a las miserias del petróleo.

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Entrevistas

        Bravo, Elizabeth: entrevista realizada en agosto del 2010.

Lohman, Larry: entrevista realizada en mayo del 2010.

Martínez, Esperanza: entrevista realizada en agosto del 2010.

Santi, Marlon: entrevista realizada en agosto del 2010.

Shiguango, Inés: entrevista realizada en marzo del 2010.

Shiguango, Manuel: entrevista realizada en agosto del 2010.

Yanez, Ivonne: entrevista realizada en agosto del 2010.

Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo (IEETM), Ecuador.↵

Término usado por la economía ambiental para asignar valor a las externalidades ocasionadas por los daños ambientales↵

El concepto “nacionalidad indígena” es una de las demandas históricas del Movimiento Indígena Ecuatoriano. Pugna por el reconocimiento de derechos colectivos y derechos territoriales para las nacionalidades que comparten una historicidad común y el universo cultural que ello supone, así como un territorio↵

Cabe recordar que el Yasuní alberga más de 165 especies de mamíferos, 110 de anﬁbios, 72 de reptiles, 630 de aves, 1130 de árboles y 280 de lianas, sin contar con innumerables especies de invertebrados todavía no estudiados (Acosta, 2009: 190). ↵

Vulnerabilidad al cambio climático en la agricultura campesina

Estado ambiental, percepciones locales y efectos del cambio climático. el caso de las familias de arbieto y tarata

Ella Saavedra Martínez* Ella Saavedra Martínez[1]*

Introducción

Durante la última década, el cambio climático ha  acentuado su  efecto  en  las  actividades humanas, lo que  ha  generado incertidumbre en cuanto a  las  medidas a  tomar ante esta situación. En  este  entorno cambiante, los  sectores rurales resultan especialmente vulnerables debido a la pobreza de las familias campesinas, que  dependen de actividades agrícolas muy susceptibles a los factores de riesgo generados por  ese fenómeno natural.

Entre la década del  ochenta y el 2002,  la pobreza rural aumentó de  59,9  por  ciento a  61,8  por  ciento. Dos  tercios de  ese  incremento corresponden a poblaciones rurales en extrema pobreza. En los países del cono sur, incluida Bolivia, el 40% del total de los hogares produce los bienes alimenticios del país (Berdegué et al., 2008:  4, 16).  La agricultura campesina representa la mejor oportunidad en  términos económicos y sociopolíticos para reducir los  índices de  pobreza rural y preservar la seguridad alimentaria de países en desarrollo. Las principales desventajas, que  conﬂuyen en una baja productividad, consisten en  los  limitados activos con  que  cuentan estas familias y en  la lucha constante que  le impone la variabilidad climática.

El análisis de Baudoin (2009) sobre la crisis rural en Bolivia indica que  la crisis económica ha ampliado el universo de personas que  se encuentran por  debajo de  la línea de  pobreza, generando “importantes  variaciones en  el empleo rural, sobre todo un  traslado de la masa laboral hacia la agricultura de autoconsumo” (Baudoin, 2009:  3). Por otra parte, las  comunidades locales presentan características culturales y sociales particulares, por  lo  cual la  visión que  tienen acerca de su  situación resulta única. Incluso los parámetros de pobreza con que  se miden las  comunidades incluyen una visión de  vida  holística, por  lo cual no  se apreciarán únicamente en  datos cuantitativos sino cualitativos. Las  respuestas más acertadas acerca de  las  medidas a adoptar para enfrentar al cambio climático provienen del  interior de las comunidades, quienes a diario generan nuevas estrategias para relacionarse con  su  entorno. Por  lo cual es imprescindible conocer los mecanismos de acción de manera que  se logre involucrar a los actores en la búsqueda de soluciones que  mejoren su situación.

Para mitigar los  impactos de la actual crisis económica mundial en el sector rural boliviano, se requiere anticiparse a los efectos en la seguridad alimentaria, acelerando la  producción de  alimentos básicos,  especialmente en  los  territorios más pobres. En  este  sentido la necesidad de conocer a fondo el contexto de los riesgos climáticos que inﬂuyen en la agricultura se torna un aspecto primordial y estratégico. La presente investigación tiene como propósito centrarse en los efectos  del cambio climático en la agricultura campesina en la región del Valle Alto de Cochabamba, Bolivia.

Descripción del problema

El cambio climático se reﬁere a cualquier cambio signiﬁcativo en parámetros climáticos como temperatura, precipitación o viento durante largos períodos de tiempo. Este fenómeno tiene importantes efectos sociales, que  hacen necesario identiﬁcar en  cada región los  grupos humanos en situación de riesgo.

Localizada en una región de extremos climáticos y con  una variedad amplia de ecosistemas, Bolivia es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático comprobado por  los 700 millones de dólares de pérdidas registradas en el país los dos  últimos años por  causa de los desastres naturales (Watkins et al., 2007). Bolivia es uno de los países más pobres de  América Latina, y el de  porcentaje más alto  de población indígena en la región, siendo este  el sector social “donde se concentra la pobreza e inequidad” (Ticehurst et al., 2009:  5). Tomando en cuenta las diferentes regiones y la diversidad de sistemas agroecológicos en  nuestro país, la  problemática relacionada con  los  efectos del cambio climático se torna compleja.

Por  su ubicación ecogeográﬁca Cochabamba se ha constituido en uno de los departamentos de principal actividad agrícola desde la época de la colonia española debido a las óptimas condiciones en cuanto a recursos naturales y a su  clima templado. Las  alteraciones meteorológicas en las últimas décadas han cambiado notablemente tanto la situación del entorno como de la producción agrícola. Según los resultados de  proyectos agrícolas de  Cochabamba en  los  últimos años, la cantidad de cosechas pérdidas a consecuencia de los cambios de temperatura ha  aumentado (Montaño, 2009). También se ha  manifestado una mayor ﬂuctuación térmica en periodos cortos y en la elevación de temperaturas extremas[2], lo cual ha provocado la habilitación de áreas de  cultivos en  lugares donde antes no  era  posible la implementación de especies no tradicionales. Estos cambios en los patrones de cultivo se observan en el desplazamiento de zonas de producción tradicional a especies producidas en otras condiciones agroecológicas.

El Valle Alto ocupa el epicentro del departamento de Cochabamba y es una región de larga tradición agrícola. Para noviembre de 2010,  el 60% de la producción agrícola y ganadera del Valle Alto[3] fue declarado en riesgo debido a la sequía, al bajar el nivel  de agua disponible en la represa de La Angostura y Laka Laka entre 5 y 10 centímetros por  día, y no lograr abastecer los requerimientos de los agricultores (Opinión, 2010). Este problema se  ha  ido  incrementando  sustantivamente los últimos años y las  consecuencias de  la sequía se ven  reﬂejadas en  la baja producción de alimentos y en el incremento en los precios de los productos de primera necesidad (FM Bolivia, 2007).

El  cambio climático no  es  la  única preocupación ambiental de las  comunidades locales, que  deben afrontar otros retos ambientales como la deforestación, la erosión de los suelos y la contaminación de los cuerpos de agua. Los impactos del cambio climático signiﬁcan un estrés adicional poniendo en  peligro la sostenibilidad de los recursos naturales y cambiando los  patrones de  temperatura y precipitación que  hacen que  los emprendimientos agrícolas sean más riesgosos y los sistemas de subsistencia más vulnerables.

Las modiﬁcaciones en el uso  de suelo de las áreas rurales en el departamento de Cochabamba se ha convertido en extensiones de habilitación de sectores con  vegetación natural en áreas agrícolas, pues muchas familias campesinas han migrado y las que  quedan se ven afectadas  por  la sequía, los conﬂictos en los derechos de agua, y el ataque de nuevas plagas y enfermedades. Así, las alteraciones en la calidad de los recursos naturales, en el nivel  de pobreza de familias campesinas y en la seguridad alimentaria para los  productores agrícolas convergen en torno a la problemática de la variabilidad climática local. Esto plantea la necesidad de responder a las siguientes interrogantes:

 ¿Cuáles son los efectos de las variaciones climáticas en el entorno ambiental próximo a las comunidades de Arbieto y Tarata?
 ¿Qué  características de degradación ambiental de los recursos naturales en  la zona de  estudio constituyen factores de  riesgo que  incrementan la vulnerabilidad de las familias campesinas?
 ¿En  qué  magnitud los  cambios en  el medio ambiente han in-
ﬂuido en las prácticas agrícolas y conocimientos locales de las familias campesinas?

 ¿Cuáles son  las  percepciones locales de las  comunidades de la población de estudio sobre los cambios en el clima, el entorno y sus  efectos en la producción agrícola?

Justificación

Al presente, en América Latina la producción agropecuaria ha intentado satisfacer la demanda por  alimentos bajo un  continuo crecimiento poblacional. La  constante expansión de  la  frontera agropecuaria ha generado una presión signiﬁcativa sobre los recursos naturales renovables (en  especial suelos y aguas), con  impactos negativos en  su  estado y en  su  capacidad para sostener la producción. En  el escenario actual de cambio climático, el IPCC[4] ha estimado impactos que  ponen en  riesgo la  seguridad alimentaria, en  particular en  las  poblaciones rurales. Estas alteraciones (positivas o negativas) han determinado un escenario de  mayor incertidumbre respecto a la  sostenibilidad de  la producción basada en  los  recursos naturales y el resguardo de  la seguridad alimentaria. La  comunicación de  estas incertidumbres a los actores clave, quienes tendrían que  actuar para adaptarse, no  es aún un  asunto resuelto. La  relevancia de  este  estudio radica en  que  para conocer cuán vulnerables resultan los actores  clave  es necesario tomar como punto de partida su situación actual y evaluar el pasado próximo.
Los parámetros climáticos constituyen factores esenciales para la producción de alimentos. Debido a que  el clima determina los ecosistemas y su tipo de vegetación, las zonas rurales del país se encuentran bajo el riesgo de ser  alteradas por  un  cambio en el clima. A escala regional, impactos generados por  eventos extremos como inundaciones y sequías amenazan los asentamientos humanos, los recursos hídricos y la  producción agrícola, entre otros. Por  lo mismo, la  extrema sensibilidad del  sector agrícola al  cambio climático demanda tomar en cuenta diversos enfoques con  una perspectiva integradora.
Los conﬂictos ambientales inﬂuyen en gran manera en la capacidad de adaptación de los grupos humanos, más aun aquellos en situación de  pobreza y pobreza extrema en  el área rural. Además, la vulnerabilidad ambiental interﬁere en  el desarrollo de  las  comunidades obstaculizando su  capacidad de  generar ingresos o de  diversiﬁcar la producción, manteniéndolas pobres. Para lograr establecer los  lineamientos y políticas de lucha contra la pobreza es imprescindible estar al  tanto de  las  potencialidades y las  debilidades que  enfrentan estas comunidades. Por  esto  resulta de suma importancia que  los estudios de pobreza utilicen una perspectiva social y ambiental (Núñez y Martin,  2009). Así, esta investigación incorpora al estudio de la vulnerabilidad los  impactos generados en  el entorno que  afectan la economía campesina.
Entre las limitaciones para evaluar e identiﬁcar opciones de adaptación en Bolivia se encuentra la ausencia de herramientas de investigación que  permitan generar un  método base, aplicable a ciertas zonas  de  evaluación. Asimismo es imperante evaluar objetivamente los datos cuantiﬁcables y realizar una comparación con  las percepciones y experiencias de la población frente al cambio climático. La creciente importancia de la gestión de los recursos naturales demanda informar acerca de los efectos del cambio climático en relación al desarrollo de una agricultura rural y considerar su pertinencia desde la realidad de las familias campesinas. Por tanto, en el caso de Bolivia resulta crucial incorporar el componente social en los proyectos, lo cual puede resultar complicado, en  especial al trabajar con  comunidades campesinas en el área rural.

Bolivia ha  generado herramientas que  coadyuvan a enfrentar el cambio climático, como la Ley de Desastres Naturales y un  Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC) que  está a cargo de iniciativas sobre seguridad alimentaria y resolución de  impactos sobre la salud de  los  seres humanos y los  ecosistemas. Aun  así,  el hecho que  exista una norma no  garantiza que  la  entidad pueda cumplirla, debido a que  no  existe un  sistema de  gestión de  riesgos estandarizado para mitigar las  contingencias. Estos sistemas implican contar con  información precisa sobre los  efectos en  un  área que  está expuesta a un fenómeno natural el cual es  posible lograr con  una línea base. Para ello  es necesario identiﬁcar estos efectos, con  el ﬁn de conocer mejor el contexto que  enmarca a las  familias campesinas y la  situación de vulnerabilidad en  que  se encuentran, apoyando así  a las  autoridades nacionales, que  carecen de  la capacidad inmediata de  solucionar los conﬂictos locales.

Objetivos y enfoque metodológico

El  objetivo general de  la  investigación consistió en  evaluar la  situación de  la  agricultura campesina en  función de  su  vulnerabilidad al cambio climático en  el período (1999-2009) de acuerdo a las  características biofísicas y socioculturales de  las  familias de  los  municipios de Arbieto y Tarata, en Cochabamba. Así, la investigación se ocupó en particular de:

 Realizar una evaluación ambiental de  la  zona de  estudio, de manera que  sea posible deﬁnir los factores de riesgo relacionados  a las prácticas agrícolas campesinas.

 Identiﬁcar, analizar y evaluar el grado de inﬂuencia del cambio climático en los cultivos principales de la agricultura campesina  en las familias de caso.

 Revalorizar las prácticas y conocimientos locales relacionados a factores agrícolas, empleados por  las  familias de  caso para enfrentar el cambio climático.

Selección de la zona de estudio: Municipios de Arbieto y Tarata

Cochabamba pertenece a la zona de  los  Valles  de  Bolivia (Montes de Oca,  2005) y se encuentra dividida en  tres subzonas de  acuerdo a su ubicación geográﬁca: Valle Alto, Valle Central y Valle Bajo. Por  sus  características climáticas, Cochabamba es el primero de  los  dos  departamentos que  posee un  clima templado y por  su ubicación geográﬁca con  relación a las otras zonas de Bolivia presenta una vulnerabilidad a la sequía, inundaciones y granizo (Ministerio de Planiﬁcación, 2004). Por  otra parte, Cochabamba se ha  constituido en uno de los departamentos de principal actividad agrícola debido a las óptimas condiciones  que  presenta el medio ambiente y a su clima templado.

El  universo de  estudio corresponde los  municipios de  Arbieto y Tarata que  pertenecen al Valle  Alto de  Cochabamba. Debido a la dis-

posición social interna de las comunidades, se estableció como límite del estudio al área conformada por  las 5 comunidades que  pertenecen a la organización de regantes de Laka Laka, 5 de las cuales pertenecen a Arbieto y una a Tarata. Estos municipios fueron seleccionados a partir de factores de vulnerabilidad en función de los siguientes criterios:

 Condiciones de pobreza en la población rural.

 Problemas de desastres naturales relevantes en el departamento desde 1999.

 Conﬂictos sociales acerca de  la  disponibilidad de  los  recursos  naturales.

 Zona de potencial productivo afectado por  la problemática ambiental del entorno.

Enfoque metodológico

Para identiﬁcar y precisar el vínculo entre ingresos y otros elementos relacionados con  la  calidad de  vida  o  la  felicidad humana es  necesario un  enfoque multidimensional del  bienestar social. Dado que  el bienestar social no  se identiﬁca incluye tanto condiciones materiales como las apreciaciones subjetivas o percepciones de los individuos, la investigación optó por  un  abordaje cualitativo del problema.
La  investigación cualitativa  en  los  estudios sobre pobreza no es  nueva. El  uso  de  técnicas cualitativas de  acopio de  información fue  muy popular tanto en  estudios antropológicos biográﬁcos como en otros que  combinaban elementos antropológicos y sociológicos (Chambers, 1994). Los  estudios de  caso mediante los  llamados Métodos Intensivos Antropológicos y Sociológicos —técnicas etnográﬁcos  y observación participante—, y las Muestras Intencionales — Métodos Rápidos de  Valoración, con  técnicas como las  entrevistas semi-estructuradas, informantes clave  o grupos de  discusión focalizados— son  ejemplos de la aplicación de la metodología cualitativa a los estudios sobre pobreza desde la década del sesenta (Lewis, 1961).
El estudio sociológico de la pobreza no  puede descuidar la perspectiva cualitativa. Así, este  estudio se orienta desde el enfoque cualitativo de naturaleza sociológica que  busca las cuestiones subjetivas a partir de las percepciones de los individuos o grupos de individuos en torno a sus  condiciones de vida.  Estas percepciones son  trianguladas con  datos obtenidos por  medio de  la  revisión de  documentación  y datos estadísticos proporcionados por  instituciones acreditadas que recopilan este  tipo de información.
Este enfoque facilita identiﬁcar y comprender la  revalorización del  conocimiento local  en  cuanto a la  capacidad de  adaptarse a los cambios del clima en condiciones de riesgo, en el cual resultan unidas de manera intrínseca la previsión del  clima y la concepción de fragilidad del  ecosistema. Ello  requiere de una metodología de investigación integral que  enfoque el conocimiento local  desde una realidad particular, e implica un  análisis interpretativo del  objeto de  estudio, que  considera la realidad en su contexto natural e interpreta fenómenos  desde la perspectiva de los sujetos implicados (Denzil y Lincoln, 1994:  273-277). Aquí, la sociología del conocimiento muestra que  este emerge en  condiciones particulares y concretas, en  cuanto cada forma  social genera sus  propios conocimientos (Delgado y Tapia, 1998).
El enfoque cualitativo buscó aquí profundizar en la conducta de las  familias campesinas y de  estas con  el  medio ambiente (Alvira, 2002:  21).  La interrelación entre lo natural y lo social incluye un  delicado equilibrio de  factores materiales y espirituales. La  visión del grupo familiar en  su entorno, transformándolo para responder a sus necesidades de un  modo respetuoso, garantiza así  la continuidad en el tiempo de su  presencia en  la naturaleza. En  este  sentido, lo inmaterial del  patrimonio funciona como una base de sostén de esta relación, en  cuanto las  creencias, tradiciones, aspiraciones, necesidades y valores de las comunidades se traducen en objetos materiales, y en una apropiación del espacio que  a su vez retroalimenta las creencias.
Así, conocer las  percepciones locales sobre los  cambios generados  en el sistema de producción agrícola campesino en función a los cambios ambientales en  la  última década es  indispensable a su  vez para comprender cuán vulnerables son  estas familias en relación a la producción de los principales cultivos agrícolas de la zona de estudio. Con  ese  propósito, fueron utilizados métodos e instrumentos de  recolección de datos como la observación participante, las historias de vida,  entrevistas semi-estructuradas y talleres grupales de discusión.
La observación participante permitió conocer los acontecimientos y hechos de la vida real  de las familias campesinas. Las historias de vida  permitieron recabar datos sobre los acontecimientos climáticos en  el periodo 1999-2009 complementando con  el calendario agrícola para puntualizar las  actividades entorno a  los  cultivos principales. Las entrevistas semi-estructuradas fueron dirigidas a veinte comunarios elegidos aleatoriamente para complementar los  datos de  las familias en  los  recorridos de  campo. También fueron entrevistados actores locales importantes, como autoridades comunales y personal de  proyectos independientes realizados en  la  zona. Finalmente, los datos recolectados fueron analizados y ordenados según el sumario de la investigación para la redacción del informe ﬁnal.

La estrategia principal de investigación fue  sido  diseñada y elaborada por  el Centro Universitario AGRUCO, con  una experiencia  de veinte años de estudio en  el área rural. La misma se basa en el enfoque Histórico Cultural Lógico y la  Investigación Participativa  Revalorizadora.

Enfoque Histórico Cultural Lógico (HCL)

El HCL constituye una herramienta para “comprender la realidad de la cultura campesina, en  tiempo y espacio” (Delgado y Tapia, 1998), priorizando la  revalorización del  saber local. Este enfoque permite comprender la vida  de la comunidad en su cotidianidad, e interpreta cada suceso de la vida  de las familias campesinas tomando en cuenta las relaciones de la vida  espiritual, material y social (Delgado, 2006). Esta perspectiva holística ha  partido de  experiencias en  formación, investigación y desarrollo que  han facilitado el  diálogo de  saberes interculturales para la sostenibilidad de  la diversidad cultural de  las comunidades campesinas bolivianas.
El diálogo intercultural promueve la investigación y experimentación campesina, entendida como “aquella que  enlaza métodos cualitativos y cuantitativos, objetivos y subjetivos en el desarrollo de una experiencia” (Escobar y Lisperguer, 2006). La investigación campesina  permite la  innovación y la  recreación de  conocimientos que  por sus  características no son  fácilmente replicables. Incluir este  enfoque en la metodología permitió deﬁnir la realidad de las comunidades involucradas de manera integral en función a su comportamiento frente a los cambios ambientales en el período 1999-2009.

Investigación Participativa Revalorizadora (IPR)

La IPR consiste en “la comprensión de la vida cotidiana en sus dimensiones natural, social y espiritual así  como en  la sistematización, acción y generación de conocimientos y saberes en forma participativa” entre los actores locales y externos a través de un  diálogo intercultural (Pérez, 2007:  44). La revalorización del saber campesino reconoce la  sabiduría de  la  cultura campesina ancestral, la  cual por   cuenta propia ha  desarrollado conocimientos y estrategias que  garantizan el  proceso productivo. La  investigación participativa constituye un proceso de  generación de  conocimientos que  involucra a los  actores sociales recogiendo saberes locales desde su perspectiva cultural para una adecuada comprensión de su realidad vivencial en un determinado contexto (Delgado y Tapia, 1998). Esta estrategia permite rescatar y valorizar los  criterios de  manejo del  sistema agrícola campesino y su relación con  el medio ambiente que  los rodea.

El  programa de  IPR  que  AGRUCO[5] desarrolla  considera  en  su parte conceptual y operativa la  vida  cotidiana de  las  comunidades campesinas e indígenas y los  municipios rurales como el eje central de la investigación y el desarrollo endógeno. Este método permite generar nuevos conocimientos de  manera interactiva entre actores locales e investigadores externos, vinculando además los procesos de investigación con  alternativas de desarrollo local.

Unidades de análisis

Para hacer posible la triangulación de los datos fueron deﬁnidas tres unidades de análisis además de los datos a investigar dentro de ellas—tiempo y espacio—.
 La  organización de  regantes de  Laka Laka: Es  la  unidad de análisis mayor de  la  investigación, deﬁnida como la  organización social en  función de  sus  relaciones de  producción, el espacio geográﬁco que  ocupa la cuenca beneﬁciada por  la presa  Laka Laka y la estructura simbólica de  este  espacio donde se  llevan a  cabo las  actividades principales que  permiten las interacciones sociales.
 La comunidad campesina (Suyo): Las  comunidades campesinas  que  participan de la organización de los regantes de Laka Laka son  seis  y se denominan suyos mayores: Cabecera de Cuenca, Gringos, Mamanaca, Cardozo, Prado y Ladera. Estas a su vez engloban a los suyos menores de manera que  puedan organizarse efectivamente. Para la  selección de  las  comunidades se tomó en  cuenta la disposición de  la comunidad por realizar la  investigación, que  fue  participada al  directorio de los reganes de Laka Laka.

 La familia: Resulta la unidad de análisis menor de la investigación, considerada en el análisis a nivel  de estudio de caso junto  con  la comunidad y la organización de  la región. El seguimiento a  las  familias seleccionadas permitió comprender la lógica de la organización de la producción y su relación con  el manejo y la conservación de la diversidad cultivada, así  como de las  percepciones locales respecto de los efectos del  cambio climático. Las familias fueron seleccionadas a partir de su disposición a apoyar al investigador y permitirle acompañarle en sus  actividades cotidianas.

Marco teórico

La pobreza rural y el “vivir bien”

“Queremos volver  a Vivir  Bien,  lo que signiﬁca que ahora  empezamos a valorar  nuestra historia,… nuestra cultura, nuestros recursos naturales, y luego de valorar  hemos decidido recuperar todo  lo nuestro, volver  a ser lo que fuimos”. (Choquehuanca, 2010)[6]

El 37% de la población de Bolivia reside en áreas rurales. En  2006,  en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio  de Planiﬁcación del Desarrollo agrupó cerca del 90% de los municipios en territorios según el comportamiento del índice de necesidades básicas insatisfechas y niveles de pobreza (Budion, 2009:  2). En  el campo se concentran la mayor parte del mercado informal de trabajo; las malas condiciones de vida;  las mayores diﬁcultades de acceso a la tierra, a recursos ﬁnancieros y a servicios básicos Todo ello contribuye a la baja productividad de la agricultura y estimula la migración a las  ciudades, en  un  proceso en  el que  los  índices de  urbanización se encuentran en aumento, mientras decaen los valores de la vida  rural.
Todos los pueblos indígenas originarios, a través de diferentes expresiones, conciben el concepto de  “Vivir  Bien”, en  la cual se basa la estrategia nacional del  gobierno actual para el desarrollo. Esta concepción va más allá  del  desarrollo económico y del  concepto mismo de  desarrollo, para integrar las  dimensiones sociales, culturales y espirituales (Tapia, 2008:). El  “Vivir  Bien”  es el resultado de  la vida  en armonía, equilibrio y complementariedad dentro la sociedad y de esta con  el entorno natural. La forma de valorar esta noción implica establecer una línea base y determinar cuantitativa y cualitativamente los efectos que  producen distintas actividades. Esta valoración establece sus efectos en la organización social, el conocimiento local, relaciones de  género, ritualidad, autoestima e  identidad cultural local  (Ponce, 2003:  53,56). Este proceso es  eminentemente participativo: la  construcción de  los  resultados, conclusiones y aporte al conocimiento en general, es el fruto de la interacción entre actores locales y externos.
Los programas convencionales de desarrollo utilizan indicadores cuantitativos relacionados con  la agricultura y la nutrición para medir  el desarrollo rural. “La visión de  mundo andina tiene implicaciones  concretas sobre cómo los campesinos andinos miran y evalúan la pobreza” (Tapia, 2008:  139-140). La visión local  de  los  pueblos sobre los  indicadores para evaluar el desarrollo, el trabajo y la producción agrícola son  distintos a los  utilizados convencionalmente, ya  que  en ninguno se incluyen términos monetarios sino que  hacen énfasis en la diversidad y en la conservación del conocimiento local  como una base fuerte y una condición imprescindible para la  producción agrícola exitosa y sostenible (Delgado, 2010:  28).  “[…] la vida  no  se mide únicamente en función de la economía, nosotros vemos la esencia misma de la vida”  (Huanacuni, 2010).

Las  respuestas más acertadas para reducir la pobreza rural se dirigen hacia una concepción holística que  genere políticas de  acción inclusivas. Es  claro que  dichas respuestas serán generadas a  partir de las comunidades y construidas con  los actores locales. “Una  de las ventajas de utilizar el enfoque del desarrollo económico local  es el hecho  que  permite promover el mejor encadenamiento entre lo rural y lo urbano” (Kay,  2004:  15). Esto permite mantener la identidad de los pueblos, y que  puedan interactuar con  diferentes actores sociales para encontrar una armonía que  preserve la coexistencia entre los valores rurales y el territorio urbano.

Agricultura campesina y revalorización de saberes  locales

Según Berdegué (2008) y encuestas realizadas a 9 países, el escenario  general de  crecimiento económico-rural en  los  próximos quince años proyecta pocos cambios en  América Latina. Hoy,  la  evidencia empírica corrobora que  la pequeña y mediana agricultura campesina no está desapareciendo en América Latina. Se espera que  las cadenas productivas mejoren la  situación de  los  productores, a pesar de  que usualmente beneﬁcian en mayor proporción a empresarios.
En  Bolivia, la agricultura es realizada principalmente por  las comunidades campesinas que  proporcionan más del  75%  de la canasta básica familiar en el país, ocupando menos del 10% de la tierra cultivable (Urioste, 2005). Así, la agricultura se consolida a nivel  nacional como principal segmento económico agropecuario, a pesar de  situaciones adversas como las exigencias de producción del agro, la migración, y otras que  afectan su aporte.
La  base de  la  agricultura tradicional es  la  parcela familiar, que corresponde al sector campesino. Los  bajos ingresos que  ella  genera se  deben a  una serie de  factores internos y externos en  su  entorno productivo, como el minifundio, los aspectos climatológicos adversos, las  exigencias del  mercadeo y la  calidad de  los  productos. Debido a su  lógica natural, la familia se consolida como la principal fuerza de trabajo en  respuesta a la necesidad prioritaria de  autoconsumo.  Los productos agrícolas solo son incorporados al mercado cuando las condiciones de producción mejoran.
La sociedad rural boliviana está compuesta por  diversos actores. Gran parte del  país presenta la  inﬂuencia de  la  región andina, donde  predomina la economía comunitaria y campesina con  una fuerte inﬂuencia de  relaciones y prácticas de  reciprocidad en  los  sistemas de  producción. La  unidad económica campesina sustentada  en  la tecnología tradicional proveniente de usos y costumbres no  opera al margen de  las  múltiples relaciones entre la economía y la sociedad. Esto da  lugar a la  coexistencia de  economías diversas en  el mundo rural. Los  propietarios campesinos indígenas sin  y con  comunidad, cuyo  sistema productivo se  caracteriza por  pequeñas superﬁcies de parcelas para subsistencia y obtención de ingresos mediante la venta de excedentes de productos alimentarios, constituyen un  importante porcentaje la población de los valles.
Para comprender mejor las dimensiones socioculturales y económicas de la vida  de estos productores campesinos es necesario incorporar conceptos básicos de ecología y una visión holística de las prácticas campesinas. En  este  marco cabe hablar de Desarrollo Endógeno Sostenible, deﬁnido como un  proceso continuo de  recreación, adaptación e innovación de  conocimientos basados en  un  diálogo intercultural entre el saber andino y el conocimiento cientíﬁco occidental moderno (Morales y Chirveches, 2010:  37).  Esto permite desarrollar las capacidades locales de las comunidades y su aprovechamiento por parte de los productores, las cuales pueden servir de plataforma para la diversiﬁcación y expansión de sus  iniciativas productivas y sus  proyectos vitales (Delgado, 2010:  28).
Las sociedades locales no pueden ser concebidas únicamente desde  una perspectiva externa de  articulación al mercado que  funciona en  base a los  paradigmas de  productividad y competitividad, sin  tomar considerar sus  capacidades internas de  organización (Delgado, 2010:  30). La revalorización y construcción interna de capacidades de las  comunidades contribuye a insertar en  el territorio local  aquellas redes externas, de manera que  no se encuentre aislada.
Una  visión fragmentada del mercado campesino no permite captar la  realidad integral de  su  sistema de  producción agrícola. Este sistema de  producción campesino incluye tanto relaciones de  orden social y económico, como con  el ecosistema natural, cuya biodiversidad se mantiene a través de una agricultura de policultivo (Delgado, 2010:  32).  Con  todo ello,  si  la  comunidad se  integra al  mercado  y la  sociedad mayor a través de  la  producción agropecuaria, garantiza  también la  preservación de  especies y variedades aún existentes, cumpliendo una función interna de  autoconsumo en  beneﬁcio de  la población urbana.

Cosmovisión andina y medio ambiente

El concepto de paisaje natural expresa un delicado equilibrio de factores  naturales y socioculturales, materiales y espirituales. Es  la visión del grupo familiar en su entorno, transformándolo para atender a sus necesidades de un  modo que  garantice la continuidad en el tiempo de su  presencia en  la naturaleza. La conservación del  paisaje natural se relaciona, así,  con  la protección de alternativas en las relaciones entre las personas y la naturaleza.

[…] el camino y el horizonte de la comunidad implica primero saber vivir y luego  saber convivir. No se puede vivir bien  si los demás viven mal,  o si se daña la Madre Naturaleza. Vivir bien  signiﬁca comprender que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto. (Huanacuni, 2010)

La  degradación de  los  recursos naturales es un  tema de  gran importancia, pues las posibilidades del desarrollo productivo y la economía familiar campesina dependerán de la calidad de los mismos. Los pueblos  indígenas tradicionalmente han desarrollado procesos de ocupación espacial estacional. Utilizan el territorio mediante la  combinación de  sistemas agrícolas, pecuarios, de  caza, pesca y recolección, con  las acciones de conservación. Tienen una importante experiencia en  esta materia, lo que  explica la conservación de  áreas naturales en los  espacios de  hábitat indígena (Romero, 2006:  28).  Esto resalta la relación y valor que  tiene el grupo familiar respecto de un  paisaje natural deteriorado y uno que  se encuentra cuidado. La  relación entre la diversidad biológica y la cultura recupera la cosmovisión originaria de concebir a la cultura como algo  derivado de la naturaleza (Morales y Chirveches, 2010:  15).

Desde la  cosmovisión de  los  pueblos originarios, vivir  bien solo es posible en armonía y equilibrio con  todas las formas de existencia, y con  una relación de  profundo respeto a la vida  y a la Madre Tierra (Huanacuni, 2010:  54).  En  la cosmovisión andina, la evolución de  la vida  se considera como una espiral creciente, no lineal. La religión de las  comunidades campesinas evolucionó a partir de  sus  experiencias agrícolas, dentro la cual interactúan la vida  espiritual, material y social.  Por  ejemplo, en  el momento en  que  los  campesinos se preparan para cultivar ejecutan un  ritual para pedirle a  la  Madre Tierra que contribuya a  esto  creando las  condiciones espirituales óptimas (Tapia,  2008:  136-140). En  esta óptica, una buena cosecha, en  términos cualitativos y cuantitativos, depende tanto del  uso  de  las  tecnologías apropiadas, como de los rituales adecuados.

La reciprocidad también es parte fundamental de los métodos de cultivo utilizados, pues existe una interacción continua entre todas las formas de la vida.  Los humanos cultivan plantas y la gente es cuidada por  las  plantas (Poma, 2010:  17-18). La  complementariedad es  otro concepto importante en  la  vida  tradicional andina. Los  campesinos buscan un  equilibrio entre las  cosechas y los  animales y otros recursos,  tales como el suelo, el clima y el trabajo. La visión del campesino es de  diversiﬁcarse en  múltiples objetivos, lo que  da  como resultado un  alto  de  nivel  de  biodiversidad que  ayuda a  reproducir sus  vidas tanto social como espiritualmente.

Marco referencial del estudio

La región de los Valles  constituye 13%  del  territorio de Bolivia. Comprende 6 departamentos densamente poblados, entre ellos Cochabamba (Montes de Oca,  2005:  37). Los Valles  se caracterizan por  las diversidad de sus pisos ecológicos, la poca cantidad de materia orgánica en los suelos y el limitado acceso al agua para riego. Por  sus  características  climáticas, la zona presenta una vulnerabilidad a la sequía, inundaciones y granizo. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 2 y 18°C, propias de altitudes entre 1800  y 3600  msnm. Por  ello, a medida que  se desciende del  altiplano a los  valles  la actividad agrícola cobra mayor importancia que  la pecuaria (Soliz y Aguilar, 2005:  53).
La zona acoge una agricultura diversiﬁcada con  distintos grados de inserción al mercado, asociada a prácticas y valores culturales cuyo origen se asienta en la cultura quechua. En  ella  predomina el sistema minifundista de producción, lo cual ha  limitado el desarrollo agropecuario y de su  grupo social a partir de sus  condiciones. En  este  sentido, la fragmentación de las unidades parcelarias, que  diﬁcultan su uso técnico eﬁciente y su  integración empresarial, es un  problema que  se agudiza. El minifundio ha  producido el agotamiento progresivo de las tierras, que  genera también el deterioro de los recursos naturales, debido a factores como la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad.

La región del Valle ha experimentado una serie de transformaciones  en  diversos ámbitos que  han afectado a la población en  general. Un  elemento de  especial importancia para el desarrollo económico, social y político de  la  región ha  sido  el  largo proceso de  ajuste estructural, mediante programas que   propiciaron la  privatización de los servicios básicos, la apertura a la democratización y la liberación de  mercados (Martínez, 2008:  15).  Sin  embargo, cada vez  más son los sectores empobrecidos, en especial del área rural, los que  asumen las  consecuencias de los largos años de conﬂicto interno y la falta de cumplimiento de  las  políticas públicas que  han sido  creadas por  los gobiernos para combatir la pobreza y pobreza extrema, la desigualdad y exclusión.

El contexto del valle alto de cochabamba

El Valle Alto de Cochabamba está conformado por  16 municipios[7] que cubren la región oeste de Cochabamba, entre los cuales se encuentran los de Arbieto y Tarata. El 75% de la población vive en áreas rurales, y el 25% en ciudades intermedias[8]. El 51,4% de la población es femenina,  y el 48,6% masculina, una proporción casi  constante en todos los municipios (INE, 2001). Esto se debe a los altos niveles de migración temporal o deﬁnitiva en la población masculina hacia provincias, departamentos y países de mayor dinámica económica[9].
La población económicamente activa (PEA)  alcanza a 74.300 habitantes, de  los  cuáles un  48,5% están ligados íntegramente  a  la agricultura, y el 51,5% practica otros oﬁcios adicionales como comercio,  albañilería, artesanía y transporte. La  actividad económica del Valle  Alto se articula en  torno a la producción agrícola y pecuaria; la transformación de  productos agrícolas y derivados de  la pecuaria; la producción de  frutales, la  forestación y la  compra y venta de  fuerza de trabajo. Según la aptitud de uso  de suelo se tienen como principales  los  cultivos de  maíz (grano y choclo), trigo y papa (Rico, 2004). La agricultura genera el 51%  del  ingreso de  las  familias campesinas, y el  procesamiento de  sus  productos mediante actividades como la producción de pan, wiñapu1, chicha, y de los de la actividad pecuaria—leche, queso, huevos, carne y ropa de lana—, representan otro 31% de sus  ingresos totales.
La  población mayoritaria es de  origen quechua, si bien hablan el idioma castellano por  la inﬂuencia urbana. Según el mapa de pobreza realizado por  el INE[10], el 73%  de  las  familias está en  esa  condición. Este dato resulta elevado respecto al  promedio nacional de 58,6%, debido a que  la mayoría de los pobladores del Valle Alto viven en  áreas rurales donde convergen múltiples factores de  empobrecimiento, ya descritos.
El Valle  Alto es considerado como una región de  larga tradición agrícola, y ocupa el epicentro del  departamento de Cochabamba. Sin embargo, durante las últimas décadas ha  enfrentado una aguda crisis sin salida en cuanto a las características y posibilidades de producción agropecuaria. Dentro de este  panorama, si bien la economía campesina  se diversiﬁcó y contribuyó al vivir  bien, la excesiva fragmentación de la tierra ha  perjudicado el desarrollo productivo. En  lo que  hace al sector agropecuario, entre 2002  y 2008  la frontera agraria se extendió en  un  30%.  A pesar de esto  la calidad y cantidad de la producción se ha visto  mermada por  las inclemencias climáticas y la degradación de la base de recursos (Zeballos, 2007).
Los  constantes cambios en  el clima y la  agravada sequía de  los últimos años han provocado una aguda escasez de  agua para riego en  Valle  Alto,  lo que  obliga a muchos a utilizar aguas servidas para regar la  escasa producción agrícola que  aún existe y evitar pérdidas en la cosecha. Según cifras del mapa de incidencia de pobreza, el 80% de las comunidades ha  emigrado hacia zonas más promisorias donde subsistir (Hinojosa, 2009:  15-23)[11]. A la migración se suma la muerte del  ganado de  varias especies, que  debe ser  sacriﬁcado por  la población que  se  ha  quedado sin  recursos, aﬁrmó el representante de  los municipios afectados. Los  reportes de  los  municipios del  Valle  Alto son  cada vez más preocupantes por  el nivel  de pobreza que  se genera como efecto de la falta de agua para consumo humano, que  asola esa extensa región anteriormente agropecuaria.[12]

Esta es el área donde convergen las  principales presiones de  los seres humanos sobre los  recursos naturales, las  condiciones altas de pobreza y las inclemencias del tiempo. Así, los efectos del cambio climático durante la última década inﬂuyen en  las  condiciones favorables  para vivir bien, y contribuyen al deterioro de la calidad de vida  de los sectores vulnerables del país.

La cuenca de aporte de laka laka y área de riego

La  zona elegida para la  investigación se encuentra delimitada políticamente por  los  municipios de  Arbieto y Tarata. Debido a las  características organizativas de  las  comunidades se ha  elegido deﬁnir el área de  investigación en  función a los  suyos mayores y menores, los cuales están gestionados por  la organización de regantes de Laka Laka. Los  suyos se  encuentran  ubicados según la  distribución de agua en el área de riego como sigue: al norte, a los pies  de la presa, se encuentra el suyo Cabecera; le siguen a extremos este  y oeste Ladera y Cardozo, Mamanaca, Prado y Gringos, que  es  el suyo con  mayor cantidad de población.
En  términos hidrográﬁcos, la zona de estudio pertenece a la Subcuenca de Wasamayu (Llink’urina) de la Cuenca mayor del Valle Alto, que  se ramiﬁca en los ríos  de Pucara Mayu, Jatun Mayu, Cliza  y el Sulty. El agua de la zona tiende a ser alcalina y puede utilizarse en riego o, previo análisis, como agua potable. La formación geológica de la zona corresponde a suelos aluviales del tipo limo arcilloso, con  tendencia a una baja presencia de materia orgánica y de poca fertilidad.
La  zona pertenece a  la  región subtropical. El  inﬂujo de  la  faja sub-andina le proporciona un  clima templado. A mayor altura existe un  incremento general de  la  precipitación, la  humedad relativa del aire y de  la velocidad del  viento, mientras disminuyen la temperatura,  la evaporación y la evapotranspiración. La mayor parte del  sector presenta una cobertura media con  zonas pequeñas de  cobertura alta en la cual se pueden apreciar eucaliptos, molles y cañahuecas. Existen grandes áreas de pastoreo, en las que  la tenencia de ganado por  familia varía según las formas de acceso.
La tierra es utilizada para la actividad agrícola bajo riego y secano,  complementada por  la  tenencia de  ganado ovino y vacuno. Los cultivos principales de  la  zona de  estudio incluyen el maíz (grano y choclo), el  trigo, la  papa y durazno, con  pequeñas proporciones de cultivos hortícolas como la  cebolla. Las  prácticas agrícolas de  estos cultivos son  anuales y se realizan en zonas que  normalmente no cuentan con  sistemas de riego.

La producción principal en zonas con  riego es la papa, con  dos  a tres cosechas por  año. Las máximas limitantes están relacionadas con la  baja fertilidad de  los  suelos y los  problemas de  salinidad, aunque es  posible evidenciar en  algunos casos que  el  trigo puede tener un comportamiento muy tolerante. El  cultivo del  durazno está limitado a  zonas con  regadío. La  comercialización de  productos agrícolas se realiza en las ferias de Cliza  y Tarata, y en los mercados urbanos de la ciudad de Cochabamba.

Estado ambiental y manejo local de recursos naturales

La degradación de  los  recursos naturales es intensa en  zonas de  alta pendiente y con  poca cobertura vegetal. Esto resulta evidente en  la formación de  cárcavas en  lugares cercanos a Tarata y la  zona norte de riego. Esta área se encuentra inﬂuenciada por  la meteorización de las  rocas y la  crianza de  animales predadores de  la  cobertura  vegetal,  cuyo  pastoreo disminuye la posibilidad de  mejorar la calidad del suelo. Los  derrumbes de  taludes en  las  colinas causan un  desvío de aguas superﬁciales en épocas de lluvia generando problemas para los regantes. El impacto ambiental debido a la degradación del suelo y las pendientes se traducen en efectos colaterales para la biodiversidad de la zona, lo cual se traduce en un  indicador negativo para el vivir bien.
El  impacto ambiental proveniente de  la actividad humana en  la zona se  concentra el uso  de  químicos para elevar el rendimiento de los  cultivos, pues hasta ahora las  alternativas ecológicas no  suelen presentar los  mismos rendimientos para combatir las  plagas e intensiﬁcar los rendimientos. Otro problema inminente a la torrentera que pertenece al cauce principal del  sistema de  riego es la deﬁciente disposición ﬁnal  de basura, que  propicia la acumulación de productos no biodegradables como los plásticos.

La  gestión de  los  recursos naturales tiene como unidad mayor al área de riego de la presa de Laka Laka y a la cuenca de aporte. Sin saberlo, los comunarios actualmente realizan en este  marco el manejo de  la cuenca. Por  lo mismo, es vital  informar a la población sobre el potencial del  manejo integrado de  cuencas para lograr una estrategia  correspondiente a la  cosmovisión andina. Los  principios y valores  locales en  las  relaciones sociales priorizan la  relación comunal, participativa y también institucional, en  la cual participa el gobierno municipal. Lamentablemente en el aspecto institucional el suyo Cabecera, debido a su  ubicación político geográﬁca, se encuentran desfavorecida frente a los demás.

El riego y la problemática socioambiental de la disponibilidad del  agua

El sistema de Riego del complejo múltiple de Laka Laka fue construido por  la Cooperación Canadiense en 1993.  La infraestructura consta de una presa derivadora de hormigón ciclópeo ubicada en Tarata (su Cabecera) que  presenta una capacidad de  embalse de  2,8  hectómetros cúbicos[13]. El canal principal de riego del Río  Choque Mayu puede conducir un  volumen de 500  litros por  segundo y los secundarios la mitad. El sistema comprende el tramo que  va desde la presa hasta cubrir toda la zona de la Pajcha, donde se encuentran los otros 5 suyos de Arbieto.
Entre 1993  y 2003  la organización inicial de regantes se mantuvo sólida, y contó con  el asesoramiento técnico de  uno de  los  comunarios, adecuadamente capacitado, quien realizo el monitoreo constante de  la represa. Este gerente de  mantenimiento se mantuvo a cargo de los  canales mayores y menores, velando por  un  control estricto de la distribución de  agua (ver  Anexo  7). En  esta etapa inicial, a Tarata se le permitió utilizar el sistema para obtener agua para el consumo humano. Actualmente existen muchos robos de agua en los alrededores de  la  cuenca, lo  cual ha  tornado en  conﬂictiva la  relación entre los regantes de  Tarata y Arbieto, y aun entre los  regantes tarateños y los residentes urbanos.
A partir de  2003  la  organización anterior se  desintegró. Actualmente, el mantenimiento deﬁciente de la presa ha derivado en un proceso  de sedimentación que  ha  reducido casi  en la mitad la capacidad de almacenamiento del embalse. Este problema se ve agravado por  la tendencia natural a la  sequía en  la  zona. La  sedimentación ha  afectado además la calidad de  agua del  embalse, la cual según el estudio realizado en laboratorio presenta contaminación física (ver Anexo  8).
A estos problemas se  añade la  constante disputa por  los  límites entre Arbieto y las  comunidades colindantes. Los  límites de  Arbieto  siguen extendiéndose en  los  últimos años y los  miramientos con los  municipios colindantes, entre ellos  Tarata, generan disputas por la propiedad de los terrenos y por  el acceso a menores cantidades de agua. Además, no  todos los suyos apoyan con  la limpieza y mantenimiento de  la  presa. Esto genera conﬂictos internos, pues el mal  uso del sistema afecta a todos los comunarios.

Los  efectos del  cambio climático en  el Vallo  Alto  son  más notorios  a partir de 1999.  Su intensiﬁcación ha generado situaciones como la escasez de  agua en  la zona, que  agrava problemas como los  creados  por  la sedimentación del embalse. Esta situación ha  llevado a los usuarios a buscar alternativas, como la perforación de pozos profundos  y el uso  de  tanques para riego. Existen proyectos propuestos de riego por  goteo y de gestión del agua que  aún se encuentran en proceso y no han sido  del todo viabilizados. Siendo esta zona productora de durazno por  excelencia, la  producción se ve gravemente amenazada pues ese cultivar demanda mucho cuidado e hidratación.

Caso: familias de arbieto y tarata

El  municipio de  Arbieto, con  una superﬁcie de  162,31 km2, es  parte de la Tercera Sección de la Provincia Esteban Arze, ubicada al sudeste del  departamento de  Cochabamba[14]. Limita al  Norte con  la  provincia  Cercado y Chapare, al  Sur con  Tarata, al  Oeste con  la  provincia Capinota y al  Este con  la  provincia Germán Jordán. Mantiene problemas de  deﬁnición de  límites con  varios de  estos municipios, sea como producto del proceso histórico, o por  problemas de articulación de  comunidades a subcentrales campesinas de  otros municipios. Su estructura organizativa sindical está constituida por  42 comunidades consolidadas en 3 distritos y 6 subcentrales campesinas, o suyos.
Tarata colinda con  Arbieto al norte, y la mayor parte de la población vive en el sector urbano. Unas 40 familias de Tarata viven en Cabecera de cuenca, y cuentan con  160 personas, de las cuales el 70% de la tercera edad. En  el caso de Arbieto, las familias de regantes son  alrededor  de 400, con  una población de unas 16000 personas. En  los municipios  las poblaciones generalmente son  pequeñas y dispersas, existe un gran porcentaje de población conformada por  ancianos, niños. La migración, tanto de varones como de mujeres ha mermado la población.[15]

El único grupo étnico existente en  la zona es el quechua. Las  familias y las organizaciones sociales y productivas constituyen núcleos importantes. El  nivel  de  vida  en  Cabecera es  precario y los  ingresos económicos son  menores que  los  de  otros suyos ubicados en  Arbieto,  que  cuentan con  mejor acceso a recursos básicos. El movimiento comercial en la zona se organiza a partir de ferias semanales de artesanía, comida tradicional, ferias productivas, entre otras. En  cuanto a educación, Tarata cuenta con  seis establecimientos Tarata con  servicios  de colegio y de grado y Arbieto con  tres. En la zona hay  un centro de  salud y cinco puestos sanitarios que  ofrecen diversos servicios y cuya cobertura no es muy extensa.

Percepciones sobre el entorno y saberes  locales

De acuerdo con  las  encuestas realizadas, el campesino tiene un  concepto integral de la pobreza, relacionado con  los 3 ámbitos de su vida personal: la vida  espiritual, la material y la social. Esto contrasta con la deﬁnición occidental, fundamentada en  la carencia de aspectos materiales. El  campesino, que  en  vez  de  ver  pobreza ve el bienestar, concibe como necesidades aquellos principios de respeto al territorio, el  medio ambiente, y la  continuidad de  la  vida  tanto natural como humana. Estos principios se relacionan con  la cosmovisión andina de mucha inﬂuencia en la zona.

[…] pobres son los que no pueden comer, los que no respiran aire  puro, los que no tienen hijos  ni tierra… somos pobres cuando no podemos producir bien  pero siempre la vida  nos  vuelve  a ayudar y llega la lluvia  para los cultivos  (Valeriana).

La  reciprocidad es  un  aspecto sumamente importante para las familias campesinas, pues se identiﬁcan culturalmente con  un  grupo, en el que  intervienen las relaciones de parentesco, las ﬁestas y la complementariedad económica. El  campesino no  siente que  esté  bien si no respeta a su organización: pertenece a, y es aceptado por, un  grupo que  en este  caso es su subcentral.

Para el campesino es  elemental la  seguridad que  puede generar en su vida  a partir de una convivencia sana con  su entorno, ya sea con la naturaleza, con  lo espiritual a través de sus  ritos, con  sus  parientes y el grupo al  que  pertenece. Para las  familias de  Arbieto y Tarata es importante que  se logren desarrollar sus  capacidades y que  ellos  puedan mejorar las situaciones de adversidad que  se presentan, como por ejemplo las inclemencias climáticas que  afectan su producción.

Hay que darle a la vida lo que nos pide  para que estemos bien  y la vida nos pueda dar  lo que  necesitamos, el agua es vida,  las plantas son  vida,  la Pachamama[16]  también siente y necesita alimentarse, también se enoja si no nos  portamos bien  con  ella… si la tierra nos  da plantas entonces podemos comer sano y si nos  sobra vender en el mercado. (Leonardo)

El  ecosistema de  Arbieto es  apto para la  producción de  papa, trigo, maíz, durazno, uva y manzana. El clima presenta temperaturas bajas, registrándose incluso heladas en los meses de mayo y julio, vientos en agosto y septiembre, con  lluvias en los meses de noviembre a febrero (ver  Anexo  9). Los  son  de  calidad regular, provenientes de  la Cuenca de  Laka Laka. La  mayoría de  las  parcelas tiene acceso al  agua para riego, otros poseen tierras a secano y en  algunos casos cuentan con pozos de  agua subterránea para el consumo doméstico y el riego de algunas parcelas.

Cada familia de  Arbieto y Cabecera posee en  promedio 1  hectárea, por  lo cual dentro de  la  clasiﬁcación agrícola corresponden a la agricultura campesina. Predominan los  cultivos de durazno, trigo, papa y maíz en  ese  orden de  importancia, y se  cultiva haba, arveja en  menor proporción. El  cultivo de  durazno es  el  que  tiene mayor cobertura, deﬁniendo a la zona como un  sistema de  producción predominantemente frutícola duraznero. Arbieto solía ser  un  municipio netamente forrajero, cuyas características de  la tierra han permitido insertar los  duraznos como un  negocio por  excelencia. Lamentablemente, la sequía y las granizadas han atacado a los cultivos de durazno de manera devastadora.

La  economía del  área de  riego de  Laka Laka estuvo siempre relacionada al forraje y sobre todo al maíz, pero los bajos ingresos que generaban ambos rubros llevaron a los  regantes a buscar otras alternativas de  subsistencia, encontrando en  el durazno el producto idóneo  para la calidad de sus  tierras. La fruticultura en  Arbieto y Tarata utiliza la aplicación regulada de productos químicos para el control de plagas y enfermedades. Los  abonos y fertilizantes son  agrobiológicos en muchos casos, compuestos por  elementos biodegradables como la bosta de oveja, de vaca  o de gallina.

El  cultivo de  hortalizas y producción de  frutales se  realizan en familia. Todos los integrantes participan en el proceso de producción: unos aporcando la  tierra (des-herbando); otros, fumigando, protegiendo los cultivos y frutales de las plagas; los jefes  de hogar regando; los más pequeños levantando del  suelo el producto caído; y las mujeres, como buenas administradoras, comercializando el producto ﬁnal. La cosecha termina en abril y se inicia un  nuevo ciclo  productivo. La comunidad requiere ayuda privada o gubernamental en  especial en cuanto a  capacitación para mejorar sus  técnicas locales de  producción, la eﬁciencia y la sustentabilidad.

Efectos del cambio climático en los suyos

Los datos climáticos del periodo 1999-2009 indican que  la temperatura ha aumentado en relación a otros periodos anteriores. Las mayores variaciones de temperaturas diarias y la mayor incidencia de heladas se  presentan entre mayo y agosto, provocando estrés a  los  cultivos comerciales, en  especial en  la etapa de brote. El resto del  año las  variaciones de temperaturas no son  tan amplias durante el día.
Las  heladas, en  particular, son  muy temidas porque afectan lugares especíﬁcos del  terreno matando a  las  plantas y tubérculos  el momento menos esperado. También ocurren fenómenos inéditos en la zona. A principios de 2009  ocurrió una granizada que  terminó con todos los frutales y cultivos delicados de la zona, dejando a los productores con  pérdidas innumerables.
La precipitación total anual de la zona disminuye, y han variado la  época de  lluvia y la  época seca  de  los  meses, lo cual ha  retrasado la siembra de cultivos dejando a muchas familias desconcertadas. La mayor cantidad de días soleados se encuentra en la época seca, cuando  el porcentaje de humedad en  el suelo es nulo y la probabilidad de sequía y pérdida de cultivos es alta.

Por  otra parte, las  plagas y enfermedades que  atacan a los  cultivos  parecen haber incrementado su  incidencia y ser  más resistentes al  manejo que  le  dan los  campesinos. Los  riesgos de  pérdida de  la producción debido a la viruela y el pulgón son  muy comunes, y de no ser  controladas a tiempo ocasionan desastres. Esto ha  generado una preocupación de perder no  solo  la cosecha de durazno, sino también la de maíz y trigo. Ya no es posible almacenar las semillas como antes, pues que  son  alimento para las  polillas. Los  tubérculos también han sufrido por  los  eventos extremos, pues los  cambios de temperatura  y humedad han quemado cultivos de papa, cebolla y oca.

La vulnerabilidad de la agricultura campesina

La  vulnerabilidad de  la  agricultura campesina se  asocia con  la  variación meteorológica impredecible de  los  eventos extremos y de  las épocas de  lluvia y sequía, que  empiezan a  dejar de  corresponderse con  la capacidad predictiva de los conocimientos locales ancestrales. Aun  así,  debido a su  capacidad de  observación y convivencia con  la naturaleza los  regantes de  Laka Laka llegarán a generar nuevas capacidades predictivas, mediante el  uso  de  indicadores biológicos o físicos. Estos conocimientos forman parte de la identidad campesina de  las  comunidades y de  su  concepción de  bienestar, y deben ser  recogidos y sistematizados.
Entre los  indicadores de  vulnerabilidad del  ámbito material se cuentan los relacionados con  la ﬂora, fauna, suelos, agua y la agricultura. Muchas variedades de  especies silvestres se han visto  afectadas por  el creciente pastoreo y la  deforestación, y el estado de  la  cobertura vegetal es bajo. Los  cambios en  el clima han propiciado además la llegada de  especies de  conejos y zorros que  invaden las  parcelas  y afectan la producción.
En  muy pocos casos se identiﬁcan prácticas de  conservación de suelo, ni en  las  parcelas familiares ni en  las  áreas comunales de pastoreo. La falta de vegetación, la ausencia de cultivos, la formación de cárcavas y la aplicación de agroquímicos generan una degradación del suelo que  puede empeorar si no es manejada integralmente.
El  manejo de  los  recursos naturales en  el municipio de  Arbieto requiere encarar el uso  de agroquímicos, la acelerada deforestación y la ausencia de políticas de protección de los recursos naturales. Es necesaria la aplicación en los municipios de la ley del  Medio Ambiente, la ley forestal y la ley INRA, los cuales permiten desarrollar el manejo adecuado de los diferentes recursos naturales.
En  el municipio de Tarata no  se ha  logrado crear nuevos mercados,  tampoco se han desarrollado campañas de promoción y difusión para los productos ni se ha  promovido el fortalecimiento de las organizaciones de  artesanos. El  territorio de  Tarata ha  sufrido un  severo de deterioro de sus  factores de producción, y se encuentra en proceso de desestructuración social y económica, debido a una alta migración, el abandono gradual de la agricultura y la despoblación.
Aun cuando existen esfuerzos de familias de productores de generar iniciativas a mediano plazo, no se han podido alcanzar consensos entre los productores en torno a la visión de un  desarrollo más sostenible que  beneﬁcie a todos los sectores productivos del municipio. La Asociación de  Productores de  Durazno es la única organización que ha  planteado propuestas para incursionar en  nuevos mercados pero sin  el suﬁciente respaldo de las instituciones del Estado.

Es  natural, por  tanto, que  los  campesinos se  sientan inseguros respecto de lo que  sucederá con  la diversiﬁcación de la producción y si será posible que  sobreviva a los cambios en el clima y en la naturaleza.

Capacidades locales para enfrentar los  cambios en el clima

No todos los cambios en el clima son  perjudiciales. Puede descubrirse un  nuevo potencial de  incorporar  diversos cultivos en  la  zona y así respetar el buen vivir  de  la  población, incrementando la  diversidad. Por  las características de la zona, el durazno se ha  identiﬁcado como de mayor potencial (Rico, 2004), en virtud de las actividades agrícolas tradicionales. El aumento de la temperatura en  la zona, por  ejemplo, ya permite el cultivo de nuevas variedades de maíz.
Lo fundamental, sin embrago, es que  la adaptación al cambio climático pasa por  una mejor gestión del  agua. Reconocer este  hecho y responder a él de  forma adecuada supone una oportunidad de  desarrollo. Esto demanda medidas de adaptación basada en  prácticas reconocidas de gestión del agua y del territorio mediante un  manejo de la microcuenca, contribuyendo a reforzar la resistencia a los  futuros cambios climáticos para aumentar así la seguridad hídrica.
Desde la visión y experiencia del  mundo andino, cualquier plan de  acción con  relación al  agua debe estar orientado a  protegerla  y conservarla, garantizando su  disponibilidad con  equidad para asegurar la  existencia de  todos los  seres vivos.  Se  necesita de  tecnologías  innovadoras y de soluciones integradas a escala apropiada tanto para la  adaptación como para la  mitigación del  cambio climático. En  cualquier caso, ante cualquier medida de  adaptación, se  deben evaluar los  posibles efectos adversos, en  particular para el  medio ambiente y la salud.
Entre estas prácticas innovadoras se  encuentra actualmente en algunas familias el uso  de medios agroecológicos para reducir la contaminación del suelo y del cultivo debida a los agroquímicos; el riego por  goteo y aspersión; el uso  de atajados de agua construidos con  materiales de  la  zona para manejar el arrastre de  sedimentos y reducir la pérdida de  suelos ﬁnos, y el micro riego a nivel  familiar mediante obras pequeñas de riego en parcelas, aprovechando aguas de escurrimiento en  quebradas y vertientes. Esta última se  aprovecha para el consumo humano de la comunidad.

La organización está en disposición de buscar una solución pronta sus  conﬂictos de  agua, y deﬁende la  soberanía alimentaria como derecho humano de los pueblos para decidir que  producir y que  consumir. Así, la comunidad campesina expresa su interés en la diversiﬁcación de alimentos nativos como la papa y el maíz, siempre y cuando se logre mejorar la disponibilidad de agua en  la zona y aprovechar el aumento de la temperatura para ciertos cultivos.

Conclusiones

Los  cambios en  el clima suscitados en  la última década han generado  efectos importantes  en  la  vida  de  las  comunidades de  Arbieto  y Tarata, las  cuales dependen de  la  disponibilidad de  agua para vivir. Esto ha  generado medidas desesperadas en  cuanto a robos de  agua y conﬂictos sociales internos. También se hacen visibles los cambios drásticos en  la  temperatura,  precipitación y  eventos extremos  los cuales ponen en  peligro su  producción y su  relación con  el entorno. Teniendo en cuenta las condiciones de pobreza rural que  se presenta en  la  zona, la  falta de  diversidad en  cuanto a la  producción genera malestar en las familias.

Entre las  medidas que  propone la  comunidad se  encuentran la incorporación de  prácticas ambientalmente sostenibles, para lo cual requieren apoyo, capacitación y la revalorización de los saberes locales que  contribuyan a aﬁanzar la identidad de las  comunidades involucradas. Es de suma importancia incorporar un manejo integral de la cuenca y de los recursos que  tenga relación intrínseca con  la cosmovisión andina por  la que  se inclinan los suyos de Arbieto y Tarata, para facilitar los consensos que  requiere la búsqueda de alternativas reales que  generen capacidades y oportunidades en los actores locales.

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Variaciones en las ﬂuctuaciones térmicas en base a los datos de la estación AASANA tomadas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología↵

El Valle Alto se encuentra ubicado en el sector noroeste del Departamento de Cochabamba y está conformado por 16 municipios entre los cuales se encuentra Tarata y Arbieto. La población es mayormente rural ya que la compone el 75% del total. Las actividades principales son la ganadería y la agricultura, entre las diﬁcultades que limitan la producción se encuentran el déﬁcit de agua, baja productividad de la tierra y trabajo, nivel de ingresos muy bajo y migraciones estacionales de las poblaciones rurales que realizan agricultura temporal.↵

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, documento “Cambio Climático 2007: Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad” correspondiente al segundo volumen del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC.↵

Centro de Agroecologia Universidad Cochabamba↵

Declaración realizada por el Canciller de Bolivia extractado de La Razón, 2010. ↵

Los 16 municipios son: Santibáñez, Arbieto, Tarata, Anzaldo, Sacabamba, Tolata, Cliza, Toco, San Benito, Punata, Villa Rivero, Tacachi, Arani, Vacas, Tiraque Valle y V.G. Villarroel.↵

Las ciudades intermedias son pequeñas poblaciones urbanizadas del área rural que constituyen por lo general el centro de actividades políticas y de toma de decisiones, ya que la mayoría de los asentamientos se encuentran disperses. Son llamados puntos de encuentro en los cuales se gestionan los municipios.↵

Debido a la Estrategia Integral Boliviana de Lucha Contra el Narcotráﬁco (20042008) en el marco de asegurar los ingresos para familias campesinas, se produjeron muchos ﬂujos migratorios, entre ellos de población del Valle Alto de Cochabamba a la región del Chapare y el extranjero en los últimos años ↵

Instituto Nacional de Estadística, datos del último Censo Nacional 2001.↵

Datos obtenidos por provincias, involucra a las del Valle Alto y la Provincia Esteban Arze.↵

Los datos han sido proporcionados por los líderes de las comunidades y triangulados con información obtenida en la revisión bibliográﬁca.↵

La presa de Laka Laka tiene una altura de muro de 31,5 metros y un largo 141,5 metros, cuenta con obra de toma y desfogue de fondo de 900 milímetros↵

Arbieto y Tarata se encuentran entre las coordenadas Latitud Sud 17º 28’ a 17º 36’ y Longitud Oeste 65º 52 a 66º 18’ del meridiano de Greenwich. ↵

Los países extranjeros a los cuales migran los habitantes de Arbieto y Tarata son España, EEUU, Argentina y otros en menor proporción. Generalmente las mujeres trabajan en costura o aseo y los hombres se dedican a labores de construcción o albañilería.↵

La Pachamama es la Madre Tierra en la cultura quechua. ↵

El cambio climático como cuestión ética

Hacia la actualización de la agenda medioambiental en Chile

Fabiola Serna Santamaría[1]*

Las mudanzas del clima: un problema ético

La ética puede ser  comprendida como un  saber ﬁlosóﬁco cuyo  objeto de estudio es la moralidad en Occidente, es decir, la fundamentación racional de las normas y valores vigentes en la cultura, su ethos o manera de ser. De acuerdo con  Cortina (1996), es necesario realizar dos precisiones respecto de las características del saber ético; la primera es que la ética fue concebida desde su origen como un saber práctico orientado a sustentar el accionar humano. Esta aﬁrmación podría explicar el sentido común difundido en la vida cotidiana acerca de “la falta de ética” en tal o cual situación, institución, grupo o persona; lo cual no implica el desconocimiento del acumulado de la ética como saber ﬁlosóﬁco, que incluye diversas perspectivas teóricas y argumentos para abordar la vida práctica. La segunda precisión tiene que ver con que la ética no es solo un saber de carácter racional, sino que la reﬂexión acerca de la moral se realiza desde la razón sintiente:

La razón es capaz de diseñar esbozos, propuestas que funcionan como brújulas para guiar nuestro hacer vital, pero hunde sus raíces en ese humus fecundo de nuestra inteligencia sintiente, del que en último término se nutre. (Cortina, 1996: 22)
Maliandi (2004) señala que  existen varios niveles de reﬂexión ética:
 La reﬂexión moral que  es practicada por  todas las  personas y se basa en las creencias morales y es pre-ﬁlosóﬁca.
 La ética normativa que  se interesa por  la validez de las valoraciones y es ﬁlosóﬁca.
 La metaética que  tematiza las dimensiones epistemológicas y semánticas de la moralidad como fenómeno.
 La ética descriptiva que  analiza la moral como objeto de estudio y tiene pretensiones cientíﬁcas.
Este trabajo se inscribe en la ética aplicada, entendida como una forma de mediación entre la razón y la acción, cuya función esclarecedora supone la fundamentación moral y por  lo tanto posee un  papel mediador entre la ética normativa y una situación concreta; en este  caso el problema del cambio climático. Esta mediación se realiza a través del  ejercicio de  la reﬂexión moral.
El problema del cambio climático representa un desafío para la ética en varios sentidos. Según Velayos (2008), el calentamiento del planeta es uno de los problemas morales más graves de nuestra época; los informes del Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (IPCC), no  dejan lugar a la duda de que  los cambios en  el clima ponen en peligro la sobrevivencia de la especie, acrecientan la injusticia y la desigualdad entre los habitantes de nuestro planeta, dado que los peores efectos serán sufridos por  los países más pobres. Ante esta situación no se ofrecen aún respuestas oportunas, individuales o colectivas (ibídem: 15).
De otro lado, si asumimos que la crisis climática que enfrentamos tiene que  ver fundamentalmente con  el incremento de temperatura debido al aumento de los gases efecto invernadero (GEI), especialmente el CO2 producido por los seres humanos, y si además consideramos que los otros gases de efecto invernadero —metano y el óxido nitroso— son generados, al menos en parte, por  nuestros vertederos, explotaciones ganaderas, cultivos  de arroz y determinados métodos agrícolas de fertilización; y si ﬁnalmente también que fabricamos gases industriales y que en el esquema de desarrollo vigente existe un  gran consumo de combustibles fósiles, es preciso aﬁrmar que  los cambios en el clima se deben, al menos en parte, a nuestra manera de interactuar con  la naturaleza (Velayos, 2008:  20-23).

Como señala Kolbert (2008), los cambios en el clima ya son  constatados por  comunidades humanas que  se han visto  desplazadas de su territorio en diversos lugares del mundo a causa de los acelerados cambios en  la temperatura. De otro lado, las  evidencias cientíﬁcas muestran que también se están modiﬁcando los  patrones de  las  precipitaciones, de  la salinidad de los océanos, del viento, y de determinados eventos de tiempo extremo, como las sequías, las inundaciones, y la intensidad y frecuencia de los ciclones tropicales

Los escenarios del cambio climático en Chile

Las  estrategias para enfrentar el problema de  las  mudanzas climáticas se inscriben en  políticas sectoriales y estilos de  desarrollo preexistentes al debate. En  esta perspectiva, el tema del  cambio climático representa para el país una posibilidad estratégica para actualizar sus  desafíos en materias ambientales. Por lo mismo, conviene presentar en primer término algunos elementos históricos y de contexto que  enmarcan la situación ambiental de Chile.
Carl  Bauer (2002) plantea que  en el corazón del modelo implementado en  Chile  se encuentra la contradicción entre libertad económica y represión política. Señala que  las  reformas neoliberales implementadas durante la dictadura militar, sumadas a la reducción de la inﬂuencia de los  partidos de  izquierda y los  movimientos sociales en  el esfera política,  permitieron la consolidación de  un  orden institucional que  garantiza la libertad económica privada como regla general, y que  los conﬂictos medioambientales en el país dan cuenta de esta realidad.
Camus y Hajek (1998) presentan una versión acabada sobre la historia ambiental de  Chile  en  el período 1964  a 1994,  donde señalan los efectos que  han tenido las políticas económicas sobre los recursos naturales —forestales, pesqueros, mineros— y contextualizan el  desarrollo de  la  legislación ambiental en  el país al  alero de  los  gobiernos previos y posteriores a la dictadura militar. Recordemos que  la dictadura fue  el escenario del experimento neoliberal en el caso chileno, con  importantes consecuencias ambientales.

La legislación ambiental en Chile  propicia la existencia de conﬂictos ambientales y sociales. As, por  ejemplo, se declara que  los recursos hídricos son propiedad pública a la que, sin embargo, el Estado puede otorgar derechos privados de uso (Código De Aguas, 1981), creando una doctrina y un  proceso elaborado para otorgar derechos privados al uso  de aguas públicas, que  una vez concedidos se transforman en propiedad privada;

En una economía creciente, que depende de la exportación de recursos naturales, los impactos ambientales del desarrollo han sido altos y los conﬂictos entre los diferentes usuarios de estos  recursos han aumentado. A medida que  estos conﬂictos han empeorado, se han hecho evidentes los marcos restrictivos del marco institucional para el desarrollo de las políticas públicas y la capacidad regulatoria. (Bauer, 2002: 55)

La siguiente tabla presenta una síntesis de las transformaciones y conﬂictos  en sectores críticos de los recursos naturales ocurridos en la historia ambiental reciente en Chile. Se suman a estos antecedentes, las principales medidas de mitigación y adaptación sugeridas por  el IPCC,  otros grupos de expertos de CEPAL y otras instancias en el marco de la evaluación de la incidencia del cambio climático en algunos sectores de los recursos naturales y la economía en el país.

Las medidas de mitigación del cambio climático son aquellas que  contribuyen a  reducir la  concentración de  los  GEI  en  la  atmósfera, de manera de  evitar o  retrasar los  impactos del  cambio climático. Las de  adaptación, en  cambio, se reﬁeren al ajuste de  los  sistemas naturales y humanos frente a los  efectos del  cambio climático (Vasconi, 2009). Justamente las  medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, vinculadas al diagnóstico sectorial presentado en  la tabla, representan desafíos concretos a la política medio ambiental del país.

A modo de síntesis de la revisión de la historia ambiental reciente en Chile, Camus y Hayec (1998) concluyen que:

Las políticas y la magnitud de las inversiones ambientales no han sido  verdaderas soluciones a los problemas detectados en la década de los ochenta y aun antes. Las  iniciativas legislativas no  han estado exentas de trabas  y dilaciones, y algunas se encuentran entrampadas en alguno de los organismos  del  Estado encargados de  su  aprobación. En  general se percibe una baja  prioridad para la implementación de soluciones para los problemas del medio ambiente en las actuales políticas de Estado, aunque es necesario reconocer avances parciales e iniciativas valiosas. (Camus y Hayec, 1998: 32)

En  términos de  visión histórica general, entre 1964  y 1994  se dan en Chile  tres periodos políticos de  signo distinto, con  una visión del  desarrollo diferente y claramente distinguibles entre ellos  por  hechos políticos por  todos conocidos. Estos tres periodos son  también distinguibles en  el marco de la discusión sobre la explotación y manejo de los recursos naturales y sus  efectos ambientales.

El  periodo desarrollista está marcado por  el esfuerzo por  crear, incentivar y/o  modernizar actividades económicas relacionadas con la  explotación de  los  recursos naturales. Se  crean servicios estatales especializados en incentivar y supervisar las nacientes industrias, además de  redireccionar el apoyo a la industrialización realizado desde décadas anteriores a través de la CORFO. El caso diferente es la minería,  cuya industria existe desde antes del  gobierno de Eduardo Frei  y donde se la entiende como industria clave  para el desarrollo nacional.

En  el periodo de  la  dictadura militar los  cambios en  la  política de  desarrollo son  distinguibles, se le da  preeminencia a la  iniciativa privada y al mercado como asignador de  recursos. Sin  embargo, las diferencias políticas y de modelo de desarrollo no se expresan en el entendimiento los  recursos naturales, tanto en  el desarrollismo de  Frei y Allende, como en  la  dictadura de  Pinochet, los  recursos naturales son  un objeto a explotar en pos del crecimiento. En ambos periodos la perspectiva ambiental queda reducida, casi  exclusivamente, al agotamiento de los recursos y, por  lo tanto, a los problemas que  ello genera para el crecimiento de dichas industrias.

El  periodo de  transición a  la  democracia (1990 a  1994) nuevamente muestra un  cambio importante a nivel  político, en  la perspectiva  del desarrollo y en la comprensión del ambiente. Por  primera vez las  demandas ambientales tienen cabida a nivel  gubernamental y la forma de  entenderlo cambia; el  agotamiento de  los  recursos ya  no es visto  como un  problema sectorial que  amenaza el crecimiento de las  industrias, sino además como una amenaza a su  sustentabilidad a mediano y largo plazo. Sin  embargo, la noción de  desarrollo como proceso ascendente y de  los  recursos naturales como inagotables se mantiene hasta la actualidad.

El análisis de la historia ambiental reciente en Chile  desde categorías éticas permite aﬁrmar que  la instrumentación del entorno natural ha  estado en  la base de  las  opciones de  crecimiento económico en  el país, lo cual ha ocasionado las consecuencias socio ambientales antes mencionadas.

Desafíos en sectores ambientales en el país

La trayectoria histórica del Sector Forestal  entre 1964  y 1990  muestra una actividad estatal importante para crear una industria que  explote los importantes recursos del país. La reforestación iniciada por  el gobierno de Frei  con  ﬁnes  comerciales es continuada, a través de incentivos  a privados, por  la dictadura. Junto con  ello  se implementa muy temprano una institucionalidad dedicada en exclusiva a conservar, incrementar y manejarlos recursos forestales, si bien su esfera de acción se  restringe a áreas protegidas, sin  que  desde ella  se  haya generado una planiﬁcación de la explotación forestal comercial. El resultado ha sido  una industria de explotación de recursos forestales introducidos que, junto con  desplazar el bosque nativo, implica una sobre explotación de los suelos y la generación de industrias asociadas, que  generan importantes residuos.
Esto plantea la  necesidad de  acciones vinculadas al  ámbito  forestal, encaminadas a contrarrestar o al menos mitigar los efectos del cambio climático. Ellas incluyen el manejo de  suelos que  aumenten el almacenamiento de carbono; la lucha contra la erosión; el uso  responsable de recursos forestales para generar combustibles que  reemplacen los actuales —petróleo—, o una reforestación que  contribuya a limitar el CO2  en la atmósfera.
El  Sector Pesquero ha  ganado en  importancia económica, beneﬁciándose de la gran diversidad de especies y de importantes incentivos estatales. Sin  embargo, el sector ha  enfrentado una serie de crisis entre 1964  y 1994,  relacionadas con  la sobreexplotación de determinadas especies y con  la ocurrencia de fenómenos climáticos periódicos (ciclo Niño-Niña) que han requerido del concurso del Estado para su mitigación.
Si bien el Estado ha  limitado la sobreexplotación de los recursos marinos mediante vedas y la restricción a buques extranjeros, el sector presenta una alta vulnerabilidad y un  agotamiento de  determinadas especies. En  la perspectiva de  largo plazo la planiﬁcación estatal del sector es claramente insuﬁciente: Chile  carece de una racionalización del  sector que, entre otras materias, aborde los ciclos de procreación y maduración. A propósito de este  tema la reciente crisis de la industria del  salmón, relacionada con  prácticas que  hicieron inmanejable la aparición de virus, signiﬁcó la obligación de diseñar regulaciones a la producción de esta especie.
El cambio climático impone al Sector Pesquero desafíos como la mayor frecuencia y profundidad del  ciclo  Niño-Niña, oxigenación de las  aguas, migración de especies, etc.  Si la institucionalidad  estatal y la industria no  han estado preparadas para enfrentar las  variaciones regulares del  ciclo  Niño-Niña y la  sobreexplotación a la  que  han sometido a los recursos marinos, menos podrían estarlo para enfrentar estos nuevos desafíos.

De otro lado, los costos ambientales del  Sector Minero y la minería,  en  cuanto a degradación de  la  biodiversidad y alto  consumo de agua para tareas de lavado, constituyen un tema conﬂictivo que  afecta además las  posibilidades de  uso  del  recurso hídrico para el desarrollo agrícola. Y en cuanto a la Urbanización, el cambio climático plantea  una serie de desafíos a las ciudades, que  hasta ahora son  grandes productoras de residuos y consumidoras de energía, lo cual demanda incluir en la agenda ambiental nacional medidas que  van  desde el reciclaje hasta la transformación de los medios de transporte.

La agenda del cambio climático en chile

Vasconi (2009) sintetiza seis consideraciones estratégicas del Plan Nacional de Acción de Cambio Climático 2008-2012:
1. El cambio climático es entendido como un eje central y un tema transversal de las políticas públicas y las regulaciones nacionales.
2. La  adaptación representa un  pilar para el desarrollo futuro del país y una respuesta temprana a los impactos al cambio climático.
3. La  mitigación es  comprendida como aporte al  mejoramiento en  la calidad de  crecimiento, a la reducción global de  emisiones  de GEI  y a la disminución de los costos de adaptación.
4. La innovación del  sector ﬁnanciero y empresarial es necesaria para captar las oportunidades de inversión en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.
5. La evaluación de los  compromisos futuros en  cambio climático y su  posible efecto en  el comercio internacional, como una mirada estratégica de largo plazo y, ﬁnalmente.

6. El desarrollo de una base de conocimientos mediante la investigación integrada y la observación sistemática sobre el clima, la educación, la formación y la sensibilización ciudadana, como apoyo a la toma de decisión (Vasconi y Terram, 2009:  36).

Aunque la autora reconoce el esfuerzo realizado por  el Gobierno en la construcción de una estrategia nacional que  involucre distintos organismos y reparticiones gubernamentales, aﬁrma la inexistencia de un debate público, señalando que  en  el plan no  existe una mención explícita a los efectos del cambio climático sobre poblaciones humanas, ni a los  planes de  contingencia para afrontar desastres naturales, así como tampoco se mencionan las líneas de ﬁnanciamiento.
Por  último, Vasconi plantea que  en  las  negociaciones internacionales desde Bali 2007 hasta Copenhague 2009,  Chile  ha mantenido una posición más bien mesurada que  busca, “ser articulador de las posiciones  entre los países desarrollados y en  vías  de desarrollo”. Sin  embargo, aﬁrma la necesidad de que  el país ejerza un liderazgo internacional en el tema, lo cual implica varios compromisos que  reabren el debate acerca de los conﬂictos medioambientales en áreas como la matriz de producción energética, la protección de los glaciares, la biodiversidad, las cuencas hidrográﬁcas y ecosistemas frágiles, la reducción de la producción de desechos y el reciclaje entre otros (Vasconi, 2009:  34).

Estos antecedentes representan la posibilidad de signiﬁcar las valoraciones éticas acerca del cambio climático en Chile  desde el rescate de  los  conﬂictos existentes en  el modelo de  desarrollo, pero también desde las posibilidades de avanzar en el camino de la sustentabilidad. Esto implica considerar aspectos tan diversos como la revisión de  la demanda energética cuya matriz de producción está directamente relacionada con  el aumento de emisiones de CO2, los conﬂictos por  los derechos de  uso  de  las  aguas, la  protección de  la  biodiversidad y la conservación de  los  bosques, en  todos los  cuales se hace evidente la disputa de intereses privados, públicos y colectivos.

Tematización desde la ética

Los  efectos del  cambio climático y la  crisis ambiental dan origen a profundos cuestionamientos a la moralidad de Occidente, que  ha justiﬁcado racionalmente un  estilo de desarrollo “ecológicamente depredador, socialmente perverso, políticamente injusto, culturalmente alienado y éticamente repulsivo” (Guimarães en  CLACSO,  2002:  62).
En  ese  sentido, desde el reconocimiento de  la crisis ambiental se sugiere la  urgencia de  transformar nuestros marcos argumentativos. Solo  si reconocemos que  hemos validado un  estilo inadecuado de relación con  la naturaleza y los seres humanos, podremos desandar ese camino a partir de marcos reﬂexivos diversos a la moral antropocéntrica, levantada sobre la fe en la razón y el conocimiento cientíﬁco.
Fóscolo (2007) plantea la  inscripción de  la  reﬂexión ética en  el contexto de  ethos epocal o maneras de  ser, que  rigen una sociedad a lo largo de la historia y se reﬁeren a las ideas, creencias y costumbres que  le  entregan identidad, de  un  modo correspondiente a  la  manera en  que  se presentan históricamente las  relaciones sociales. A cada ethos epocal le  corresponden paradigmas de  pensamiento o  modos en  que  las  ciencias intentan comprender y justiﬁcar racionalmente ese  espíritu de  la época, construyendo principios y valoraciones que tienen cierta coherencia interna.

Sin  embargo, al interior de  una misma eticidad dominante, surgen  valores contrapuestos, que  la validan o la refutan.

Las clases dominantes son  casi  siempre defensoras del statu quo  pero poseen  la capacidad de cooptar ideológicamente los cambios que  convienen a sus intereses. Las clases dominadas contestan las estructuras que  los dominan y desde esa negatividad son portadoras de moralidades emergentes, de nuevas necesidades que  exigen  que  sean reconocidas como derechos, a la luz de nuevos valores. (Fóscolo, 2007: 49)

Para esta autora, la reﬂexión ética aparece como un  lugar crítico para la sistematización de  los  fundamentos de  la acción, dado que  la ﬁlosofía puede acompañar a las estructuras axiológicas y el discurso dominante justiﬁcándolos racionalmente; o por  el contrario puede estar atenta a las  críticas, protestas y reclamos de  los  sujetos emergentes, vislumbrando de esa  manera nueva valores.

Desde el extremo crítico de la reﬂexión ética, cobra sentido la necesidad de transformar los principios y valores que  justiﬁcan el estilo de desarrollo vigente. De hecho, este  asunto ha sido  tematizado por  la ética ambiental, espacio desde el cual se  ha  cuestionado el antropocentrismo moral vigente en  la cultura occidental (Leyton, 2008). Sin embargo, de acuerdo con  Maliandi, es relevante señalar la diﬁcultad y el sentido de este  ejercicio de reﬂexión ética, dado que

la mayoría de nuestras inquietudes, discusiones y relaciones sociales tienen  sentido en  su  inscripción en  el ethos, están impregnadas por  él. Es una realidad ineludible frente a  la  cual  incluso la  tematización que  se realiza, pasa a formar parte de  él. La  reﬂexión ética, a pesar de  no  poder  distanciarse del ethos en el cual  se produce, representa la necesidad de tomar conciencia e intentar en  lo posible, esclarecer su  complejidad. (Maliandi, 2004:  34)

En  este  contexto, mientras los  sentidos comunes acerca de  la  “vida buena” se transforman, se rearticulan y se validan socialmente, la posibilidad de tematización desde la ética implica recoger los fundamentos  propios de este  saber, inscritos en el mismo ethos occidental.

Echeverría (1997) aﬁrma  que   nuestra sociedad ha  entrado en una crisis profunda de  sentido, que  compromete muy radicalmente los presupuestos ﬁlosóﬁcos fundamentales de nuestra cultura, lo cual implica un  giro  en  la  compresión común de  nuestra existencia. Lo que  se encuentra en  crisis, de acuerdo con  el autor, es la matriz fundamental de distinciones primarias desde la cual se deﬁne lo real, la capacidad de  conocimiento, las  posibilidades de  la  acción humana, los criterios de validez argumental y la estructura de nuestra sensibilidad, es decir, el paradigma de base de nuestra época, aquel que  “representa aquello que  nos  parece incuestionable, el núcleo de nuestra obviedad y la  estructura primaria de  nuestra mirada o  disposición hacia las  cosas […] determinada por  las  diferencias culturales e históricas” (Echeverría, 1997:  20-23).

El cuestionado concepto de desarrollo

Uno  de  los  sentidos comunes compartidos por  los  hombres y mujeres  en  el marco del  paradigma de base la modernidad, es la fe en  un estilo de  desarrollo, que  en  relación con  el medio ambiente implica “una modalidad de artiﬁcialización creciente, de especialización productiva, de demanda adicional de recursos, en especial energéticos  y de  alta producción de  desperdicios”  (Gligo, 2006). Si  estos sentidos comunes se encuentran en  crisis, es posible que  en  un  escenario optimista sean reemplazados por  otros argumentos, más aun cuando la crisis ambiental evidencia la imposibilidad física de la realización del proyecto modernizador.
Sin  embargo, la aproximación al tema de  los  estilos de  desarrollo sugiere la necesidad de  explicitar las  diferencias existentes entre los  países del  norte y los  del  sur, al menos en  cuanto a sus  límites y posibilidades históricas, sociales y culturales de  acceder al proyecto modernizador que  se  basa en  la  transformación de  la  naturaleza a través de la ciencia y la técnica. El acceso a las ventajas de este  desarrollo ha  sido  desigual.
Desde la lógica dominante, el desarrollo en América Latina se entiende como la penetración a nivel  mundial de un  proceso de cambio en  el seno de  las  estructuras sociales, culturales económicas y políticas  de los países periféricos; se trata de un  proceso abstracto, aceptado y no cuestionado.

Si  bien Osvaldo Sunkel deﬁnió el desarrollo en  1980  como “un estilo internacional ascendente”, hace ya  varias décadas se ha  instalado en  las  ciencias sociales la  lógica que  sospecha de  este  estilo de desarrollo, justamente desde la perspectiva ambiental, lo cual implica;

Reconocer que este proceso de crecimiento está  condicionado por el medio biofísico, local,  nacional y global, tanto porque este  último afecta de diversas  maneras el crecimiento económico, como porque es sustancialmente afectado por él, y cada vez más  mientras más  avanza el proceso de desarrollo. (Sunkel, 1980 en Gligo,  2006: 12)

La aﬁrmación de que  el crecimiento económico, e incluso la existencia  de  la vida,  dependen de  los  ciclos de  la naturaleza representa un retroceso racional para la lógica del desarrollo ascendente. En  el caso del calentamiento global, esto  se expresa en que  la toma de decisiones económicas y políticas está subordinada a la exactitud de  las  predicciones de  los  modelos cientíﬁcos de  simulación de  los  cambios en  el clima. No  obstante, dado que  la evaluación de los  impactos en  diversos sectores de los recursos naturales es aún ambigua (CEPAL, 2009), la urgencia de  las  decisiones políticas se diluye en  la inexistencia de cierto nivel  de certidumbre en la ciencia.

Lo cierto es que  procesos históricos como la revolución agrícola y la revolución industrial se caracterizaron por  una profunda transformación en los patrones de producción y de consumo, que

nos  han vuelto menos sintonizados con  nuestras necesidades biológicas, más  alienados respecto de nosotros mismos y de nuestros socios en la naturaleza, y más  urgidos en el uso  de cantidades crecientes de recursos de poder para garantizar la incorporación (y destrucción) de ambientes extranacionales que permitan garantizar la satisfacción de los patrones actuales (insustentables) de consumo. (Guimarães, 2002: 65)

Gallopín (CEPAL, 2006) señala que  el problema del  desarrollo en  las sociedades actuales, plantea la  ineludible pregunta acerca de  lo que debe cambiar para que  sea posible la existencia. En ese sentido, cobra valor el concepto de sustentabilidad, que  se reﬁere a la base física del proceso de  crecimiento, a  la  conservación de  los  recursos naturales incorporados a las  actividades productivas y a la manutención de  la capacidad de la naturaleza para absorber y recomponerse de las agresiones antrópicas (Guimarães, 2002:  74).

En  este  marco, el problema de  la  sustentabilidad nos  acerca al cuestionamiento de  los  hábitos de  producción y consumo validados en  nuestros sentidos comunes, los  cuales representan un  lugar clave para comprender los  procesos de  desarrollo desde el punto de  vista de las relaciones entre sociedad y medio ambiente. Duncan (1961, citado en  Guimarães, 2002) aﬁrma que  lo que  determina la calidad de vida  de  una población y, por  ende, su  sustentabilidad, es la trama de relaciones entre cinco componentes que  conﬁguran los  modelos de ocupación del  territorio; 1.) La población, 2.) La organización social, 3.) El entorno, 4.) La tecnología, y 5.) Las aspiraciones sociales.

Ahora bien, en  América Latina el escenario de  amenaza dibujado  por  los efectos de las  mudanzas en  el clima sugiere, a la reﬂexión acerca de las aspiraciones sociales, el rescate de dos  elementos éticos signiﬁcativos: el  debate sobre la  justicia, y el  problema del  estatus moral de la naturaleza. Ambos son  necesarios para relevar las dimensiones valóricas del  problema del  cambio climático desde un  lugar opuesto a la  lógica del  desarrollo ascendente, que  es  el lugar desde donde se ha  sido  instalado la agenda política internacional del calentamiento global.

Esta aﬁrmación se sustenta en  dos  argumentos. Primero, que  el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático es el organismo que  provee de  validez cientíﬁca al  debate, depende de  las  Naciones Unidas. Segundo, que  son  innegables los antecedentes mediáticos del tema, tales como la actuación internacional de Al Gore. Aquellos tienen una implicación ético política que  se requiere explicitar, pues el problema del  calentamiento global ha  sido  visto  desde la lógica utilitarista y cooptado por  el discurso hegemónico oﬁcial.

La  perspectiva utilitarista de  Bentham y Stuart Mill,  “establece la utilidad como criterio o fundamento de la moral. No hay  deberes o mandamientos que  obliguen por  sí mismos. El principio de mayor felicidad para la mayoría pone el criterio de corrección moral” (Chávez, s/f: 10).  Dicho utilitarismo moral es el fundamento de  la  lógica económica basada en  el cálculo de  las  utilidades y en  la búsqueda de  la eﬁciencia, en la cual todo lo que  impide lograr ganancias se convierte en obstáculo. Pero la vida  humana y su reproducción, así como las necesidades insatisfechas de varios grupos de poblaciones a nivel  mundial, no pueden entrar en el cálculo de la rentabilidad (Hinkelammert, 2001,  citado en Fóscolo, 2007:  114).

Soluciones propuestas frente al  calentamiento de  la  tierra, tales como la regulación de los mercados de carbono a través de bonos, o la transformación tecnológicas hacia otras más limpias se inscriben en la lógica economicista y son  insuﬁcientes para reconocer la inconveniencia de que  sea la depredación lo que  deﬁne la relación de los seres humanos con  la naturaleza. En  este  contexto, conviene transitar por otros argumentos éticos que  acentúan la importancia de la justicia en el debate sobre la crisis medioambiental.

¿Justicia climática?

Desde la vereda de la ética latinoamericana, Hinkelammert aﬁrma la necesidad de una nueva emancipación, que  sea  capaz de eliminar las desigualdades que  no  pudo realizar ni  la  revolución burguesa ni  la socialista. Se trata de reclamar lo necesario para la vida  humana; una ciudadanía civil:

Es necesario enfrentar esta  sociedad para sustituirla, a través del consenso sobre la dignidad humana y el bien  común como referencia última de los polos en conﬂicto, como sociedad en la que quepan todos, la naturaleza incluida. La legitimidad de un  orden institucionalizado, no es la legitimidad de un  orden especíﬁco dado, hay  que  cambiarlo en  la medida en  que  sus consecuencias impiden la vida,  aquí la ética de la responsabilidad exige el cambio, lo cual  nos pone en presencia de un conﬂicto. (Hinkelamert, 2003, citado en Fóscolo, 2007: 127)

Este planteamiento revela el carácter político del  problema ambiental,  que  en  América Latina reabre el debate acerca de la dependencia económica respecto de los países desarrollados. En  relación con  esto, Gligo  (2006) plantea que  para los  países de  la  región el crecimiento económico representa la posibilidad de resolver los innumerables problemas que  los aquejan, pero esta lucha ocurre en el contexto de una estructura mundial dada, donde estos países no solo  se ubican periféricamente, sino que  su  crecimiento depende de  la  sobre explotación de  los  recursos naturales, que  es a la vez la causa de  la degradación del medio ambiente.

La dependencia económica de  los  países del  sur  plantea la paradoja de  la imposibilidad estratégica de  privilegiar la conservación de la  diversidad medio ambiental por  sobre la  inversión extranjera, así como la escasa autonomía de los países de América Latina para deﬁnir patrones de producción, consumo y distribución; situación que  convirtió durante décadas al tema medio ambiental en un lujo para la región:

La inserción en el proceso de globalización deja  a los países con  una seria vulnerabilidad en  su  capacidad competitiva […]  América Latina es  a  la vez, la frontera agrícola con  el mayor proceso de expansión del mundo, la región con mayor cantidad de agua dulce y una región con bajos índices de participación social en decisiones que afectan el patrimonio natural, social y económico de las naciones. (Gligo,  2006: 39)

 Esta aﬁrmación de que  el cuidado del ambiente en los países latinoamericanos representa un  lujo  puede ser  contrastada en  la actualidad con  importantes avances en  materia ambiental. También es  posible aﬁrmar que  estos han estado, más bien, movilizados desde la lógica de la modernización de  la gestión ambiental que  conlleva la incorporación de medidas de carácter obligatorio relacionadas tanto con  la calidad de los productos como con  la ﬁrma de acuerdos internacionales, en el marco de la estandarización ambiental. Esta situación contrasta con  débiles avances en cuanto a la legislación, la institucionalidad y la política ambiental (Díaz y Morales, 2010).

Ahora bien, en  el marco del  debate entre conservación y pobreza,  Arnold (2010) plantea que  los  problemas ambientales son  vistos por  observadores cuyas necesidades básicas se encuentran cubiertas, los  cuales difunden comunicaciones sobre los  riesgos ambientales. Dichas comunicaciones, al difundirse de manera global, llegan a contextos donde el cuidado del  ambiente representa un  riesgo para las posibilidades de acceder al trabajo, y por  ende a la alimentación.

Arnold señala que  los  diversos observadores  especializados  — organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales que  participan en  la  comunicación ambiental— generan al  mismo tiempo mucha información que  diﬁculta la coordinación, pero que  a la vez aumenta las posibilidades de observación del sistema social. En  este sentido, advierte que  

en un mundo ya constituido policéntricamente, las intervenciones del tipo de  los  controles políticos o jurídicos destinados a frenar la expansión de operaciones económicas o tecnológicas no  están libres, cuando han sido acogidos, de efectos contraproducentes. (Arnold, 2010: 40)

Frente a esta paradoja de  la gestión ambiental surge la propuesta de racionalidad ambiental, que  reﬁere al  ordenamiento de  un  conjunto de objetivos, medios e instrumentos, principios éticos, normas jurídicas  y valores culturales que  se oponen a la racionalidad globalizante, de carácter exclusivamente económica, que  promueve el modelo capitalista (Leff,  citado en Aliste,  2010). En  este  sentido, resulta ineludible el planteamiento de la justicia climática como una noción, que  siendo reconocida como legítima en determinados contextos comunicativos, podría y debería ser  operacionalizada.

De  hecho, en  el  contexto del  debate acerca del  cambio climático, reaparece con  un  nuevo sentido el concepto de  “deuda”, antes asociado a los  compromisos ﬁnancieros contraídos por  los  países de América Latina con  los  organismos internacionales. Los  movimientos  sociales, que  se instalan desde un  lugar de argumentación contra hegemónico, proponen el concepto de deuda climática, nueva versión del  concepto de  deuda ecológica, referido a  la  responsabilidad que tienen los países industrializados del norte por  el control de los recursos  naturales y la destrucción ambiental causada por  sus  patrones de consumo y producción:

La deuda climática equivale a la sobreutilización del espacio atmosférico por  parte de los países desarrollados, tanto en relación las emisiones de  GEI  a  niveles históricos  per  cápita, como en  relación a  los  niveles máximos de concentración que  puede tolerar sanamente la madre Tierra (300ppm). La  deuda climática sigue  creciendo día  tras día,  ya  que  los países desarrollados se comprometen solamente a reducir un  porcentaje en base  a sus emisiones altas de GEI en el pasado, dándose así el derecho de  seguir emitiendo mucho más  GEI  per  cápita que  los  países en  desarrollo. (Documento de  referencia: Grupos de  Trabajo de  la Conferencia Mundial de  los  Pueblos sobre Cambio Climático y los  Derechos de  la Madre Tierra, 2010:  3)

En  la actualidad, existe un  consenso académico y social sobre la aﬁrmación de

que los países desarrollados deberían asumir una mayor responsabilidad que los subdesarrollados a la hora de cargar con  los costes del cambio de conductas o de políticas, sobre todo porque paradójicamente, los peores costes serán sufridos por  los países pobres que  tienen menos incumbencia en la génesis del problema. (Velayos, 2008: 69)

Sin embargo, en el marco de las negociaciones internacionales, la voluntad  de asumir los costos económicos y políticos no ha sido  considerada.

Desde el extremo más crítico de la reﬂexión ética en América Latina, que  es  la  Filosofía de  la  Liberación, se  refuerza la  conﬂictividad que  ha  caracterizado el devenir histórico del  continente desde el “choque violento de  la conquista”. Enrique Dussel toma de  Emanuel Lévinas el concepto del  “el otro”, para aﬁrmar la necesidad que  tiene América Latina de  reconocerse fuera de  la  totalidad dominante o la eticidad vigente en  occidente, erigida sobre la aﬁrmación de  un  “yo” excluyente y sobre el modelo de  la  razón moderna que  termina por instrumentalizar todo lo exterior a ella (Dussel, citado en Salas, 2005).

La  ética de  la  alteridad, es  decir, el descubrimiento y tolerancia del rostro del otro implica la aceptación y respeto de sus posibilidades de  ser. Pero cuando esas  posibilidades son  negadas, el camino parte por  el propio reconocimiento de ser  otro. Retomando el debate sobre la justicia climática, el camino hacia una “moral moralizante” se inicia  con  el reconocimiento de  la  dignidad de  los  países pobres y con que  son  ellos,  de hecho, los acreedores de la deuda climática. Además de  encontrarse en  desventaja para enfrentar los  efectos de  los  desastres naturales y otros eventos climáticos extremos.

En  la Convención Marco de  las  Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) se declara el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de acuerdo con  la capacidad de los países  para proteger el sistema climático y la  vida  de  las  generaciones futuras  (CMNUCC, 1992.  Art.  3,  p.  01).  En  ese  contexto, la  justicia climática se reﬁere al derecho de todos a la salud, a la vida,  a la integridad física y personal y a un  ambiente sano de  manera equitativa. El  problema está en  que, en  la  práctica, ni  todos tenemos acceso a ese derecho, ni existen los mecanismos jurídicos internacionales para exigirlo (Velayos, 2008).

Existen varios obstáculos para operacionalizar la justicia climática. El primero es la diﬁcultad para probar en  cada caso la relación directa de  eventos como inundaciones, sequías o catástrofes con  las emisiones de Co2. El segundo es que  la reducción de emisiones de Co2 tiene altos costos económicos no  solo  por  la  inversión tecnológica,  sino también porque implicaría una reducción de  los  niveles de  crecimiento económico. El  tercer obstáculo es que  el carácter histórico de la deuda climática permite que  se diluyan las responsabilidades en la actualidad, es decir, que  nadie quiera pagar el uso  de la atmosfera que  hicieron sus antepasados, aunque eso es lo que  permite los niveles actuales de consumo y bienestar.

Ahora bien, desde una mirada crítica a las negociaciones internacionales, se plantea que  incluso el protocolo de Kioto es una medida precaria, ya que

si todos los países cumplieran con  lo previsto en Kioto, el resultado sería poco  signiﬁcativo. En 2010,  la diferencia entre un planeta en perfecta conformidad con  Kioto  y uno  carente de  todo compromiso, pudiera ser  tan solo de 1,5 partes por millón de CO2  o, si se preﬁere, la diferencia entre una concentración de 382 partes por  millón y una de 383,5  partes por  millón. ¿Tanta negociación colectiva para conseguir tan  poco? (Bolin, 1998,  en Jamienson, 2001; Velayos, 2008: 83)

En  la  misma línea, Vasconi (2009) señala que  aunque el  Protocolo  de  Kyoto determinó la  obligación para los  países desarrollados, de  reducir sus  emisiones de  gases de  efecto invernadero en  un  5% respecto de  1990  para el  año 2012,   los  nuevos datos y evidencias cientíﬁcas demuestran que  los  niveles de  reducción necesarios son mayores y debieran realizarse mucho más rápido, hasta alcanzar el 40%  en el año 2020.

Estatus moral de la naturaleza

La justicia climática plantea otro nivel  de reﬂexión que  tiene que  ver no solo  con  la dimensión intergeneracional, sino también con  la interespecíﬁca, es decir con  la naturaleza sujeto/objeto de esa  justicia. La ética ambiental, como reﬂexión aplicada de  los  argumentos morales relacionados con  la naturaleza, plantea la pregunta acerca de la relevancia moral de la naturaleza, es decir, de la manera en  que  se conﬁgura el valor de la naturaleza para el ser  humano.
Las  respuestas a  esta pregunta se  dividen en  dos.  Las  primeras se  encuentran inscritas en  cosmovisiones catalogadas como premodernas y en  algunas versiones de la ecología, que  consideran a la naturaleza como un  sujeto moral que  posee vida  y alma. Luego está la respuesta mecanicista que, despojando a la naturaleza de su carácter metafísico, la  comprende como un  conjunto de  fuerzas objetivables dotadas de valor instrumental  (Leyton, 2008).

Ahora bien, en  el estado actual de la civilización occidental, caracterizada por  la autonomización de los seres humanos respecto de la naturaleza,

 la tarea no es resubjetivar a la naturaleza, sino  colocarla en su lugar, o aun mejor, colocar al ser  humano en su lugar, una vez que  es entendido como algo  más  que  subjetividad, lo cual  incluye la necesaria ponderación de su precaria constitución natural e interactiva en y con  el resto de la naturaleza. (Velayos, 1996,  citado en Leyton, 2008)

La importancia del  reconocimiento del  estatus moral de la naturaleza implica una apuesta por  reconectar las dimensiones culturales de nuestra historia, en clave  de dependencia con  la naturaleza (Kolbert, 2008).

Desde la  denominada ética de  la  responsabilidad, Hans Jonas (1997) señala que  la naturaleza siempre fue  ubicada fuera del ámbito de  lo  normativo, que  esta no  fue  considerada como sujeto ni  como objeto de consideración moral sino hasta el advenimiento de la crisis ecológica, que  forzó la  constatación del  carácter natural del  sujeto moral, la dependencia ecológica:

En  un  sentido muy  general, toda ética es, pues ecoética, porque el agente—y sus actos— actúa en un ámbito social conectado con  su enclave ecológico porque posee un cuerpo y ese enclave natural de la acción es también el del  resto de  los  humanos del  planeta y, además, es tan  limitado como necesario para la supervivencia de la especie. (Velayos, 2008: 41)

La importancia del reconocimiento del estatus moral de la naturaleza radica en  la  disposición de  justiﬁcar la  existencia de  sus  derechos  y por  lo tanto en la posibilidad de consolidar los mecanismos jurídicos para garantizar estos derechos.

Al respecto la noción de Aliste  (2010) sobre territorio señala que nuestras valoraciones de  los  paisajes se transforman con  el paso del tiempo y el estado de  conocimiento cientíﬁco o tradicional, que  implican la asignación de valores diversos a los paisajes en relación con las  representaciones espaciales. El autor entiende los imaginarios territoriales como

la  imagen de  los  territorios vividos  que  remiten a  memorias, tradiciones,  usos   y costumbres que  se  extienden sobre el  espacio, abarcando áreas comunes a más  de un  modo de vida,  de tal suerte que  estos  se encuentran/desencuentran con  costumbres variadas. (Ther, 2008,  citado en Aliste,  2010:  69)

En  este  contexto, si  integrar imaginarios territoriales representa un desafío conceptual y analítico para las  comprensiones sobre el medio ambiente, también lo es el reconocimiento de los  actores que  acuñan visiones diversas sobre el estatus moral de la naturaleza; tales como los grupos indígenas y las organizaciones de defensa del medioambiente.

De otro lado, en lo que  reﬁere al reconocimiento del estatus moral de  la  naturaleza, principios como la  prevención y la  precaución representan avances importantes en  las  comprensiones de  los  tratados internacionales acerca de la defensa del medio ambiente.

Pilar Moraga (2010) aﬁrma que  el principio precautorio va más allá  del principio preventivo, pues llama a tomar medidas anticipadas no solo  cuando los riesgos son  conocidos e inminentes sino aun cuando no existe certeza cientíﬁca de aquellos.

En  el caso de Chile, aunque la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente no se basa en el principio precautorio, ha  sido  enunciado en la jurisprudencia en la Corte de Apelaciones de la Quinta Región, a propósito de un  caso reciente relacionado con  la instalación de una termoeléctrica. Esta sentencia apela a fuentes del derecho internacional para interpretar los alcances del derecho a vivir en un  ambiente libre de contaminación, frente a lo cual la autora aﬁrma que  este  caso representa un movimiento en los límites de la protección al medio ambiente, que  denotaría mayor “madurez ambiental” en el país.

Conclusiones

La crisis medioambiental y las mudanzas en el clima representan un problema moral fundamental de  nuestra época en  todos los  niveles de la vida  cotidiana, la política local  e internacional. El agotamiento de la base física del desarrollo y el aumento en la frecuencia de eventos  extremos que  en  el caso de Chile, ya se evidencian, por  ejemplo, en  los  cambios de  disponibilidad del  agua, demandan el despliegue de  argumentos éticos más osados y creativos que  reconozcan la urgencia de  cambios cultuales en  la  relación de  los  sistemas sociales con  la naturaleza.
El  concepto de  desarrollo comprendido como explotación ilimitada de la naturaleza, que  se encuentra a la base del crecimiento económico en  Chile  debe ser  cuestionado en  los  ámbitos de  discusión  y construcción de  ciudadanía, argumentando la  inequidad de  las  promesas del  desarrollo tanto entre países como al  interior de  los  mismos. De  otro lado, deben ser  validadas las  propuestas orientadas a reconocer el estatus moral de  la naturaleza y restablecer la conexión con  el entorno natural en la vida  cotidiana.
En  ese sentido, resulta imprescindible asumir en todos los ámbitos  de  la  reﬂexión práctica que  en  una sociedad amenazada por  crisis  ambientales y culturales, las  tareas prioritarias se relacionan con reconocer las  deudas históricas, sean estas con  la naturaleza, con  los países pobres o con  las  y los  actores sociales discriminados, que  no han alcanzado el  patrón de  progreso. Esto implica acuñar los  conceptos de  justicia climática, deuda ambiental y reconocimiento del estatus moral de la naturaleza, como fundamentos de la acción social.
Las  valoraciones éticas en  torno al estilo de desarrollo cobran vigencia en la medida en que  los problemas derivados del cambio climático  reabren el debate sobre la  justicia ambiental en  el marco de  las relaciones norte-sur en general, y respecto de sectores de la población excluidos del  goce  de  los  privilegios del  desarrollo en  particular, que están siendo más afectados por  los efectos de las mudanzas en el clima; mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas y pequeños agricultores. En este  contexto, otra paradoja que  plantea el problema del cambio climático  está en el reconocimiento de actores sociales cuyos saberes y usos del territorio se inscriben en la valoración del territorio como patrimonio:  pueblos indígenas, grupos ambientalistas y otros, cuyas prácticas sustentables aparecen como relevantes en  el debate público, desde el punto de vista del aprendizaje de alternativas para la rearticulación de la relación entre medio ambiente y desarrollo (León, 2010).
De otro lado, el problema del reconocimiento del estatus moral de la naturaleza, lejos  de ser  una cuestión ﬁlosóﬁca abstracta, representa una posibilidad como clave  interpretativa, tanto de  la  legislación medioambiental como de las  políticas públicas. Sostener que  la base del  desarrollo es física y que  los sistemas sociales dependen de la naturaleza, implica por  ejemplo avanzar en  la aﬁrmación del  principio precautorio, que  no  está ratiﬁcado en  la  ley  de  bases generales del medio ambiente en Chile.
Los  fundamentos racionales de  la acción humana, aprendidos a través de la cultura, refuerzan en  la tradición occidental la superioridad de  los  seres humanos sobre la naturaleza, de  los  hombres sobre las  mujeres, de  la  heterosexualidad por  sobre otras condiciones, de los  blancos sobre los  negros, de  los  ricos sobre los  pobres, de  la ciudad sobre el campo, del  cristianismo sobre otras prácticas religiosas, del  saber ilustrado por  sobre el saber popular. Las  actuales crisis nos muestran la necesidad de cuestionar la legitimidad de los estereotipos a través de  los  cuales nos  orientamos, no  para regresar al panteísmo o  para negar los  desarrollos tecnológicos y racionales de  la  cultura occidental, sino para retomar la  capacidad de  conducir la  historia personal, local  y global hacia objetivos morales que  tengan sentido y acompañen la incertidumbre que  nos  ronda.
En  ese  sentido, resulta insuﬁcientes los  argumentos utilitaristas que  acompañan una sociedad cuya fe  está puesta en  el  progreso  y que  para el tema del  cambio climático implican soluciones como los mercados de carbono, que  lejos  de transformar la cantidad de emisiones  de CO2, distribuyen los derechos de emisión entre países pobres y ricos, o los límites de emisiones propuestas por  el protocolo de Kioto, que  en  el  escenario ideal de  adhesión, no  garantizaría los  cambios necesarios. Aquí,  la  continuidad del  argumento utilitarista, que  está a la base de los fundamentos de la acción económica-política, explica que  siendo la crisis ambiental y las mudanzas en el clima, problemas graves y urgentes, las  lógicas institucionales y sociales operen para justiﬁcar que  no sea  necesario realizar modiﬁcaciones estructurales.
De otro lado, el análisis de los efectos del  cambio climático y las medidas de mitigación debe ser una reﬂexión situada en los conﬂictos y desafíos presentes en  la  historia medioambiental del  país. En  ese sentido, el abordaje transversal del tema implica la actualización de la discusión sobre las legislaciones sectoriales y la manera como la institucionalidad ha  enfrentado hasta ahora dichos conﬂictos en  relación con  el proyecto de desarrollo del país.
Ahora bien, mientras avanza el  reconocimiento de  imperativos morales en relación con  la naturaleza y la justicia ambiental, tanto en los sentidos comunes de las personas como en las legislaciones nacionales e internacionales, es  importante relevar algunos desafíos concretos de  la  agenda ambiental en  Chile, actualizados a propósito de los  efectos del  cambio climático, respecto de  los  sectores especíﬁcos del  medio ambiente analizados en  el artículo. Los  efectos del  cambio climático imponen una serie de  medidas de  mitigación y adaptación que  son  en sí mismas una agenda medioambiental.
El  primer desafío, dice, en  relación con  la  inexistencia de  mecanismos de  participación social que  garanticen la representatividad ante la  ley,  de  todos los  actores sociales vinculados en  los  múltiples conﬂictos generados por  el uso  del  agua, es  la  construcción de  proyectos de  infraestructura y otros. En  segundo lugar, las  medidas de reforestación, el control de la erosión, así  como la conservación de la biodiversidad, son  acciones imprescindibles, en tanto los bosques son sumidero de  CO2   y el uso  de  los  productos forestales para producir energía, permite mejorar en la eﬁciencia energética.
En  tercer lugar, la alta vulnerabilidad de la fauna marina costera, así  como la  mayor frecuencia y profundidad de  fenómenos como el Niño y la Niña, imponen la adecuada planiﬁcación de  la explotación pesquera en general. En  cuarto lugar, los costos ambientales de la minería, en cuanto a degradación de la biodiversidad y alto  consumo de agua para tareas de  lavado, plantean la ampliación del  debate sobre las responsabilidades socio-ambientales diferenciadas. Por  último, en relación a las ciudades la agenda es amplia y pasa por  medidas de educación y de  gestión pública respecto del  manejo y aprovechamiento del agua, de los desechos, de la energía, de los sistemas de transporte y del reciclaje.
A modo de  cierre, es pertinente señalar que  el cambio climático como problema ético reabre el debate sobre el estatus moral de la naturaleza y la justicia climática. Estos dos aspectos, que  han sido  observados como amenaza para el crecimiento económico, representan la posibilidad de enfrentar los efectos de las mudanzas climáticas desde el punto de vista de las medidas de adaptación y mitigación.

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Análise da vulnerabilidade socioambiental do meio rural brasileiro às mudanças climáticas globais

Caminhando para uma abordagem sistêmica[1]

Juliana Speranza[2]*

Introdução

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano (Watkins, 2007), o mundo é um  lugar heterogêneo: as  pessoas têm diferentes níveis de rendimentos e riqueza e as alterações climáticas irão diferenciar as regiões afetadas, minando os esforços internacionais de combate à pobreza.

Cada vez  mais o progresso em  desenvolvimento é interrompido pelas alterações climáticas. Por  isso,  segundo o relatório, a luta contra a pobreza e a luta contra os  efeitos das  alterações climáticas devem ser  encaradas como um  conjunto de  esforços inter-relacionados, que mutuamente se acentuam, pelo  que  o sucesso deve  ser  alcançado nas duas frentes. No  campo dos  direitos, o artigo terceiro da  Declaração Universal dos  Direitos Humanos estabelece que  “todos têm direito à vida,  à liberdade e à segurança pessoal”. Assim, a inação relativamente à ameaça das  alterações climáticas representaria uma violação imediata deste direito universal.

O  setor agrícola é  um   dos  setores econômicos que  poderá ser mais afetado pelas mudanças climáticas globais porque depende diretamente das  condições climáticas. A população rural, especialmente da  América Latina, poderá sofrer severamente com os efeitos negativos do aquecimento global.

As áreas de clima tropical são  as quais a tolerância das  plantas a aumentos de temperatura já se encontra no  limite. Entre 30%  a 40% da população empregada na América Latina encontra-se no setor agrícola. Um  fator agravante é que  a maior parte dos  efeitos do  aquecimento global na região recai sobre as condições de vida  e subsistência dos  agricultores e pastores, a maior fatia da  população das  planícies andinas e das  áreas de ﬂoresta tropical e subtropical, que  possuem em geral pouca capacidade adaptativa (Simms, 2006).

De  forma resumida, as  principais projeções sobre os  efeitos do aquecimento  global que  se  relacionam com o  setor agrícola latino-americano são:   (a)  mudanças no  padrão das   chuvas, somadas ao desaparecimento dos   glaciares, podem afetar a  disponibilidade de água para a agricultura, o consumo humano e a geração de  energia; (b)  nas  áreas já  secas há  chances de  salinização e desertiﬁcação de propriedades agrícolas; (c)  queda grande da  produtividade agrícola e da  pecuária com risco de  insegurança alimentar; (d)  possibilidade de substituição da vegetação semi-árida por  árida; (e) chances de perda  signiﬁcativa da  biodiversidade em  muitas áreas tropicais (Parry et al., 2007). Tais  efeitos tornam-se mais severos conforme o mundo for aquecendo ainda mais.

As pesquisas sumariadas pelo  Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC)  conﬁrmam: onze dos  últimos doze anos (1995 a 2006) estão entre os 12 anos mais quentes do  registro instrumental da temperatura da superfície global. Há  uma tendência linear de aquecimento ao longo dos  últimos 50 anos que  é quase o dobro da dos  últimos 100 anos (Solomon et al., 2007).
O Quarto Relatório do IPCC (AR4, 2007) projeta um  aquecimento global em  torno de 0,2ºC por  década. Mesmo que  as concentrações de todos os gases de efeito estufa e aerossóis se mantivessem constantes nos  níveis do  ano 2000,  seria esperado um  aquecimento adicional de cerca de 0,1ºC  por  década.
O conjunto de  argumentos aqui reunidos revela urgência na  necessidade de se ampliar e aprofundar as pesquisas que  investigam os efeitos do aquecimento global sobre o meio rural, com foco nas  consequências para as estratégias de reprodução socioeconômica das  famílias,  especialmente as mais pobres, mais vulneráveis em  razão da  sua capacidade adaptativa geralmente limitada.
Os  resultados de  tais  pesquisas são  de  fundamental importância para os  debates em  torno das  políticas de  adaptação ao  aquecimento global, promoção do bem-estar social e combate à pobreza rural futura.
O tema dos  efeitos socioeconômicos das  mudanças climáticas globais com recorte geográﬁco nas  áreas rurais tem sido  bastante estudado, embora com limitações metodológicas. Os  estudos recentes carecem de uma abordagem sistêmica que  reconheça todas as atividades econômicas presentes no meio rural, ou seja,  não apenas a agricultura, mas também a pecuária e as atividades não-agrícolas, bem como as  inter-relações entre as  atividades. Carecem de  investigar a magnitude dos  efeitos das  mudanças climáticas globais sobre as estratégias de  reprodução socioeconômica das  famílias, estabelecimentos agropecuários e territórios rurais levando em  consideração não apenas as variáveis climáticas, mas também a resiliência aos  efeitos climáticos. Isto  requer abordar um  conjunto multi-temático de informações que contextualizam a  resiliência e vulnerabilidade social local. Carecem identiﬁcar possíveis pressões das  respostas que  os  produtores rurais podem ter  aos  efeitos climáticos, com maior depredação dos  recursos  naturais, gerando impactos sobre o  meio ambiente. Os  estudos também deveriam ir além da  elaboração de  diagnósticos, discutindo alternativas adaptativas a um  possível cenário de perdas econômicas ocasionadas pelo  aquecimento global.
Este artigo pretende ser  um  ensaio de extensa linha de pesquisa que  se inicia, com objetivo de  sanar alguns dos  limites metodológicos  anteriormente  expostos. Toma como evidência empírica o meio rural brasileiro e elabora uma proposta de  abordagem para análise da  vulnerabilidade socioambiental do  meio rural às  mudanças climáticas globais.
Portanto, por  um  lado visa  contribuir cientiﬁcamente para o Estado das  Artes  das  pesquisas sobre os efeitos do  aquecimento global sobre o  meio rural. Por  outro lado, também fornece subsídios que podem auxiliar os debates das  políticas públicas brasileiras de  adaptação ao aquecimento global e combate à pobreza rural.
Espera-se que  o arcabouço analítico proposto por  este  trabalho possa vir a ser replicado e aprimorado em outros contextos empíricos, de forma que  os países latino-americanos aperfeiçoem sua  capacidade de  interpretação crítica dos  fenômenos socioambientais, que  é hoje provocada pelos desaﬁos impostos pelo  aquecimento global.
Em  termos de diagnóstico acerca dos  efeitos do aquecimento global  sobre o meio rural brasileiro são  duas as  perguntas centrais: (i)
Qual a magnitude dos  efeitos socioeconômicos das  mudanças climáticas globais sobre o meio rural brasileiro? (ii) Esses efeitos são  espacialmente e socialmente diferenciados?

Este ensaio encontra-se organizado em   seis   seções, incluindo esta introdução. A seguir é feita uma caracterização socioeconômica sintética para o meio rural brasileiro. Tal  seção é importante porque ajuda o leitor a se  familiarizar com as  características do  meio rural no  Brasil, mas, principalmente, porque é  sobre esta caracterização que  se  baseia a  seleção dos  indicadores socioeconômicos (proxy da vulnerabilidade do  meio rural ao  risco climático) que  vão  integrar a abordagem analítica proposta. A terceira seção discute-se o referencial  teórico que  ampara a abordagem analítica proposta para investigação da  vulnerabilidade socioambiental do  meio rural brasileiro às  mudanças climáticas globais. Na  quarta seção são  sinteticamente apresentadas a base de dados e a metodologia que  foram utilizadas na pesquisa. A quinta seção traz a análise dos  resultados. Na  conclusão as ideias-chave são  recuperadas, se elabora algumas orientações para as políticas públicas e são  enumerados os próximos passos à linha de pesquisa hora iniciada.

Como se caracteriza o meio rural brasileiro?

O  setor agropecuário brasileiro possui relevância para a  economia do  Brasil, contribuindo em  2007  com 5,5%  do  Produto Interno Bruto.  Neste mesmo período, as  exportações do  agronegócio corresponderam a  US$58.352 milhões. Os  produtos no  ranking dos  que  mais contribuíram para a Balança Comercial do Agronegócio Brasileiro foram: complexo da  soja,  carnes, ﬂorestais e complexo sucroalcooleiro; contribuindo respectivamente com US$11.381, US$11.295, US$8.820, US$6.578 milhões (DIEESE, NEAD/MDA, 2008).

Os produtos do  agronegócio em  geral são  cultivados em  grandes latifúndios, com alto  padrão tecnológico (mecanização). A literatura tem apontado que  tais  produtos são  mais relevantes para a geração de saldos comerciais do que  para a geração de emprego e renda no Brasil (Sachs, 2003). Neste sentido, é a agricultura familiar que  ganha importância na  geração de  emprego e renda do  meio rural brasileiro, especialmente nos  municípios mais pobres. Também, a agricultura familiar tem papel essencial na  manutenção da segurança alimentar e nutricional  das  famílias pobres do meio rural (ver trabalho de Maluf, 2007).

O Censo Agropecuário de 2006,  a mais recente publicação para o meio rural do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE) e, considerada a pesquisa estatística mais apropriada para caracterizar o meio rural brasileiro, contabilizou 5.175.489 estabelecimentos agropecuários no  país, dentre estes, 84,3% são  de  natureza familiar[3]. A área total dos  estabelecimentos agropecuários de origem familiar é de 80.250.453 hectares e a área total dos estabelecimentos não-familiares é de 249.690.940 hectares.
A distribuição destes estabelecimentos se  dá  de  maneira  desigual   no  território brasileiro. Segundo o  Censo Agropecuário  2006, os  estabelecimentos de  origem familiar estão concentrados no  Nordeste (50,0%), seguido pelas regiões político-administrativas  do  Sul (19,5%), Sudeste (16,0%), Norte (9,5%) e Centro-Oeste (5,0%). Para os estabelecimentos de origem não-familiar o padrão espacial é distinto. A região que  concentra o maior número de estabelecimentos é ainda a Nordeste (33,0%), mas seguida pelas regiões Sudeste (27,5%), Sul (19,3%), Centro-Oeste (12,4%) e Norte (7,8%).
O trabalho pioneiro de  Guanziroli e Cardim (2000) identiﬁcou na  ocasião que  mesmo dispondo de  apenas 30,0% da  área total dos estabelecimentos agropecuários, a agricultura familiar era  responsável por  76,9% do pessoal ocupado da força de trabalho do meio rural brasileiro. Na  região Sul  do  Brasil, a agricultura familiar chegava a ocupar  83,0% da  mão-de-obra utilizada pelo  mercado de  trabalho rural local[4].
Sobre a proporção de ocupados em  atividades agrícolas em  relação  ao  total de  ocupados, a região Nordeste é a mais representativa, com 33,8%, seguida pelas regiões Norte (22,6%), Sul  (21,2%), Centro-Oeste (16,4%) e Sudeste (9,7%). Os dados referem-se à atividade principal do  empreendimento do  trabalho principal para pessoas de 10 anos ou mais de idade em  2006  (DIEESE, NEAD/MDA, 2008).
Sobre a  distribuição dos  ocupados em  atividades agrícolas por posição na  ocupação, as  classes mais representativas em  ordem decrescente para o Brasil, em  2006,  são:  conta própria (25,3%), trabalhador na  produção para o  próprio  consumo (23,4%), trabalhador não-remunerado  (20,6%), empregado permanente (14,0%), empregado temporário (13,7%), empregador (3,0%). As mulheres representam cerca de  33,0% do  pessoal ocupado em  atividades agrícolas e os  homens 67,0%.
Ainda segundo  o  DIEESE,  NEAD/MDA, 2008,   em   termos das principais atividades agrícolas que  empregavam o  pessoal ocupado em  2006,  a lavoura temporária absorvia 43,0% dos  ocupados, a pecuária 17,9%, a  horticultura/ﬂoricultura  10,8%, a  lavoura permanente 10,1%, a  criação de  aves  9,7%.  O  conjunto de  atividades composto pelo  setor de  serviços, da  pesca/aquicultura, da  silvicultura/exploração  ﬂorestal e outros, absorve o restante do pessoal ocupado (8,5%).
A escolaridade média do  pessoal ocupado no  setor agropecuário varia conforme a  classe de  atividade, mas, na  média, a  escolaridade  é baixa tanto para os  homens como para as  mulheres: 3,7  anos de estudo. No caso dos  homens, a atividade agropecuária com maior escolaridade é a da  apicultura/sericicultura, com 7,1  anos de  estudo. As mulheres de maior escolaridade, ou  seja,  com 5,1 anos de estudo, estão localizadas na produção mista (integração entre lavoura e pecuária) — dados conforme DIEESE, NEAD/MDA, 2008.
A pluriatividade da  agricultura é  um  processo socioeconômico que  tem ganhado impulso no meio rural brasileiro recentemente. Entende-se por  pluriatividade da  agricultura uma forma de  gestão do trabalho doméstico em  que  o  trabalho agrícola encontra-se sempre incluído, podendo não ser, no  entanto, uma atividade exclusiva ou mesmo a atividade mais importante. Reﬂete uma tendência de diversiﬁcação que  ocorre dentro e fora da propriedade agrícola, decorrente da  emergência de um  conjunto de novas atividades que  tomam lugar no  meio rural brasileiro (Schneider, 2003). Segundo dados do  Censo Agropecuário 2006,  28,5% dos  produtores rurais brasileiros declararam que  têm atividade econômica fora do estabelecimento agropecuário, sendo que  46,0% destes em  atividades não-agropecuárias.
A informalidade é outra realidade presente no mercado de trabalho  rural brasileiro, especialmente nas  regiões mais pobres do  país, Norte e Nordeste. Nestas regiões, Norte (82,6%) e Nordeste (80,2%) da força de trabalho não tinham carteira de trabalho assinada em  2006. Ao nível  do Brasil, não possuía carteira de trabalho 66,7% da força de trabalho (DIEESE, NEAD/MDA, 2008).
Em  2006,  o rendimento médio mensal para o Brasil das  pessoas residentes em  domicílios rurais e que  estavam ocupadas era  cerca de US$235. A região com rendimento mais elevado é a região Sul,  cujo rendimento é em torno de 52% superior ao rendimento médio nacional.
A invisibilidade da  atividade agrícola realizada pelas mulheres no  interior do  estabelecimento agropecuário é um  tema extenso que não cabe aqui explorar, mas é importante apenas documentar que  em 2006,  no  Brasil, enquanto 27,0% dos  homens ocupados na  atividade agrícola não possuíam nenhum rendimento, esse  percentual foi  de 80,7% para as mulheres. A faixa  de rendimentos em que  se concentrava a maioria dos  domicílios rurais brasileiros é a de  mais de  1 até  2 salários mínimos, com 32,6% em  2006.  No meio urbano esta faixa  de rendimento concentrava 21,1% dos  domicílios[5].
Uma preocupação do  governo em  relação ao  mercado de  trabalho  rural do  Brasil diz  respeito ao  trabalho infantil, acentuadamente mais presente no meio rural e que  apesar da diferença de magnitudes entre as regiões está presente em todo o território brasileiro. Em  2006, 16,1% das  crianças de 5 a 14 anos de idade do meio rural brasileiro se encontravam trabalhando. O valor deste indicador para a área rural das  regiões brasileiras é de:  21,5% (Sul), 18,0% (Norte), 17,0% (Nordeste), 10,9% (Centro-Oeste), 9,9%  (Sudeste). Para ﬁns  comparativos, no caso do meio urbano brasileiro, o valor deste indicador é de: 3,1% (Sul), 3,2%  (Norte), 4,9%  (Nordeste), 2,8%  (Centro-Oeste), 2,1%  (Sudeste); conforme dados do DIEESE,  NEAD/MDA, 2008.
Segundo o último Censo Demográﬁco (2000), as  famílias rurais são  numerosas. Dentre as mulheres de 10 anos ou mais de idade, 29% tiveram seis  ﬁlhos ou  mais. A faixa  etária de  até  9 anos de  idade é quase a segunda no  ranking das  que  concentram a maior parcela da população rural, com 19,5% do total, superada apenas pelas faixas de 25 a 39 anos (20,6%) e 40 a 59 anos (19,7%), segundo DIEESE, NEAD/ MDA, 2008.  No desespero de garantir alimentos, muitos pais adotam como estratégia econômica por  seus ﬁlhos menores de idade para trabalhar e ajudar nas  despesas da casa.
Vale  destacar que  o governo brasileiro conseguiu quedas signiﬁcativas do  trabalho infantil nos  últimos anos, resultante de  ações de combate, como foi  o caso da  criação do  programa de  transferência de renda denominado Programa de Erradicação do  Trabalho Infantil (PETI). O PETI articula um  conjunto de  ações visando à retirada de crianças e adolescentes de  até  16  anos das  práticas de  trabalho infantil. Atualmente foi  incorporado ao  programa de  transferência de renda chamado Bolsa Família, que  passou a ser  o programa “guardachuva” de várias ações de assistência social.
Os níveis de pobreza e extrema pobreza e da desigualdade de renda brasileira tiveram uma queda signiﬁcativa recente, muito em parte, conforme tem sido  documentado pela  literatura, em  função do esforço do governo federal que  é pautado na  universalização do programa Bolsa Família.
O Bolsa Família é um  programa de transferência direta de renda com condicionalidades, que  beneﬁcia famílias em  situação de pobreza  e  extrema pobreza. As famílias beneﬁciárias têm que  garantir a manutenção das  crianças e adolescentes na  escola e que  a carteira de vacinação dos  seus ﬁlhos esteja em  dia.
Podem receber o benefício do  programa Bolsa Família as  famílias  em  situação de extrema pobreza (renda per capita  de até  R$70,00 por  mês) e pobreza (renda per capita  entre R$70,01 e R$140,00 por mês), e que  tenham em  sua  composição gestantes, nutrizes, crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos. De acordo com Barros et al. (2007), o Bolsa Família foi responsável por  25% da queda da extrema pobreza no Brasil entre o período de 2001  a 2005.
No meio rural, o Bolsa Família tem sido  apontado como elemento dinamizador da  economia local. Diferentes estudos, a partir de abordagens diversas, corroboram esta aﬁrmação.
Menezes e Landim (2009), por exemplo, mostram que a expansão do valor total dos  benefícios pagos pelo  programa Bolsa Família entre 2005 e 2006,  de R$1,8 bilhão, provocou um  crescimento adicional do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de R$43,1 bilhões e das receitas adicionais de impostos de R$12,6 bilhões. Em  outras palavras, para cada R$0,04 de benefício do Bolsa Família a mais, o ganho de PIB foi de R$1.
Duarte et  al.  (2009) constataram  que  o valor médio das  despesas anuais para as famílias beneﬁciárias do Bolsa Família supera em R$246 os gastos totais das  famílias não-participantes do programa.
Em  suma, o benefício recebido pela  família participante tem retornado para a economia local  na  forma de  aquisição de  bens e serviços, podendo dinamizar o desenvolvimento rural local. Quanto menos desenvolvido, maior a pobreza e menor a receita municipal dos  territórios, maior o impacto que o benefício do programa Bolsa Família pode ter em alavancar a economia local.
No caso da queda da pobreza brasileira no período de 2001 a 2005,  a contribuição veio prioritariamente de transformações na renda de pensões e aposentadorias, responsável por  uma queda de 30% na porcentagem de pobres, segundo estudo de  Barros et al.  (2007). Alterações na  legislação que regulamenta a aposentadoria rural tiveram um  papel importante.
A aposentadoria rural foi criada pela  Constituição Federal Brasileira de 1988,  mas em 1991 foi modiﬁcada. A partir desta data, os homens com 60 anos e as mulheres aos  55 passaram a ter direito a receber um  salário mínimo, mesmo sem terem contribuído para a previdência. Segundo Barros et al. (2009), esta novidade conﬁgurou um maciço programa de transferência de renda. Assim, o dinheiro da Previdência Social foi responsável por  cerca da  metade da  elevação da  renda per capita  dos  habitantes do campo. A taxa de pobreza na  área rural caiu 9,8 pontos percentuais em dez anos, pois 59,0% dos trabalhadores viviam abaixo da linha de pobreza em  1992  e em  2001  esse  porcentual caiu para 49,2%. No caso dos  considerados extremamente pobres o porcentual caiu de 33,0% para 25,3%.
Em  termos de  políticas sociais para o meio rural, outro programa relevante é o programa de crédito rural denominado Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O Pronaf foi criado em  1995  com a ﬁnalidade de ﬁnanciar projetos individuais ou  coletivos de agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa possui diferentes modalidades como Pronaf Agroindústria, Pronaf Floresta, Pronaf Semi-Árido, Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, Pronaf Custeio e Comercialização de  Agroindústrias Familiares, Pronaf Agroecologia, dentre outras, contando com uma carteira de crédito que  já ultrapassa 9 milhões de contratos concedidos, num montante emprestado superior a 37 bilhões de reais, distribuídos entre créditos de custeio e créditos de investimento (IPEA, 2007).
Em  termos de condições adequadas de sobrevivência, a área habitacional é onde as diferenças entre os domicílios rurais e os domicílios urbanos são  drásticas. Enquanto 22,8% dos  domicílios rurais não possuem qualquer tipo de esgotamento sanitário, este  percentual é de 1,6% para os domicílios urbanos. Ressaltando que  a forma mais comum de esgotamento sanitário no  meio rural é a categoria outros (47,2%), que corresponde à situação em  que  os dejetos são  esgotados para uma fossa rudimentar (fossa negra, poço, buraco etc.)  que  escoa diretamente para uma vala, rio, lago ou mar, ou quando o escoadouro não se enquadra em rede coletora ou fossa séptica. Sobre o abastecimento de água, 37,8% dos domicílios rurais não possuem canalização interna. Este percentual é de 3,6% para os domicílios urbanos. Existem ainda 13,6% de domicílios rurais sem  iluminação elétrica (dados da  Pesquisa Nacional por  Amostra de Domicílios (PNAD/2006), extraídos de DIEESE, NEAD/MDA, 2008).
No tocante à equação promoção da atividade agropecuária com preservação do meio ambiente, o que  caracteriza grande parte das  práticas agrícolas brasileiras é um  desequilíbrio, com desmatamentos, queimadas, erosão e desertiﬁcação do  solo,  perda da  biodiversidade da  ﬂora e fauna e destruição dos mananciais.

Teme-se que com a provável perda da produtividade de várias culturas agrícolas brasileiras, ocasionada pelo  aquecimento global, os agricultores introduzam ainda mais técnicas de cultivo do solo e de controle de pragas e doenças inadequadas, que respondem a resultados de curto prazo, porém, coloca em risco a sustentabilidade ambiental e econômica da atividade.

Referencial teórico

A inter-relação entre mudanças climáticas globais com pobreza e desenvolvimento humano pode ser compreendida de diversas formas. As alterações climáticas já afetam em  todo o mundo algumas das  comunidades mais pobres e vulneráveis, vide,  por  exemplo, a distribuição dos  desastres climáticos. Cerca de 262 milhões de pessoas foram anualmente afetadas por desastres climáticos entre 2000 e 2004,  no entanto mais de 98% das pessoas afetadas são dos países em vias de desenvolvimento. Na Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) uma em cada 1500 pessoas foi  afetada por  um  desastre climático. A proporção comparável nos países em desenvolvimento é de 1 para 19 (Watkins, 2007).
Ademais, elevados índices de pobreza e baixos níveis de desenvolvimento humano limitam a capacidade das  famílias pobres de  gerenciarem os riscos climáticos. Com  acessos limitados a seguro formal, baixos rendimentos e escassos bens, os lares pobres têm de  lidar com os choques climáticos sob  condições restritivas. Enquanto que  os ricos podem enfrentar os choques através de seguros privados, venda de bens ou  do recurso às suas poupanças.
Para minimizar os riscos, os produtores que  vivem  em  áreas sujeitas a secas renunciam muitas vezes  a produções agrícolas que  poderiam resultar num aumento dos  rendimentos, preferindo colheitas com retornos  econômicos mais baixos, porém resistentes a ausência de  chuvas. Quando os desastres climáticos ocorrem, os mais pobres são  muitas vezes forçados a vender bens produtivos, que  teriam implicações certas de retorno, de modo a proteger o consumo. E quando isso  não é suﬁciente, as famílias lidam com a situação de outros modos: reduzem as refeições, gastam menos em  saúde e tiram os  ﬁlhos da  escola. Estas seriam medidas desesperadas que  podem criar ciclos de  vida  com desvantagens, relegando as famílias pobres para armadilhas de baixo desenvolvimento humano (Watkins, 2007:  8).
O fato é que as estratégias para lidar com os riscos climáticos podem reforçar a privação e na ausência de opções de adaptação limitam as capacidades humanas e reforçam as desigualdades.
Não só os efeitos socioeconômicos das mudanças climáticas globais poderão ser  sentidos de  forma diferenciada pelos indivíduos, com impactos mais severos sobre os  mais pobres, assim como os  desaﬁos de adaptação poderão ser maiores para os países em desenvolvimento. Isto porque a capacidade de adaptação é determinada pelo acesso a recursos, informação e tecnologia, pela  habilidade e conhecimento para usá-los, bem como pela  estabilidade e eﬁciência das  instituições culturais, econômicas, sociais e de governança que  podem facilitar ou restringir a resposta humana. Os países em desenvolvimento têm limitações em muitos desses elementos.
Cardona (2003), reﬂetindo sobre os conceitos de  vulnerabilidade e risco, na  defesa de uma perspectiva mais holística, oferece importantes contribuições para se pensar vulnerabilidade ao risco climático.
Para este  autor, a abordagem das  ciências naturais tem oferecido uma visão  parcial que  contribuiu para o conhecimento de um  componente principal do risco: o dano. Todavia, um evento natural intenso não deve  ser sinônimo de desastre e, portanto, risco não pode ser entendido exclusivamente como a possível ocorrência de catástrofes naturais.
Na visão  do autor, este  tipo de concepção errônea tem favorecido à interpretação de um  imaginário falso  de risco e catástrofe — que  estaria sendo usado com bons resultados por  parte das  autoridades políticas, a ﬁm de evitar a sua  culpa e responsabilização.
Dessa forma, a  vulnerabilidade não deve  ser  considerada unicamente como a possibilidade de  danos físicos. Pelo  contrário, deve  ser estabelecida de acordo com as condições políticas, sociais e econômicas da população. Um  desastre só ocorre quando os efeitos impedem uma fácil  recuperação. Em  outras palavras, a vulnerabilidade não pode ser deﬁnida ou medida sem  referência à capacidade de uma população de absorver, responder e se recuperar do impacto do evento (resiliência).
O arcabouço analítico proposto para investigação da vulnerabilidade socioambiental do meio rural brasileiro às mudanças climáticas globais toma como ponto de  partida os  pressupostos teóricos acima expostos. Portanto, considera que  dois  grupos de  informação chave, necessários para mensuração da magnitude das  perdas ou ganhos socioeconômicos, decorrentes do aquecimento global, são: (i) efeitos das mudanças climáticas globais sobre a atividade agropecuária, (ii) capacidade adaptativa das famílias, estabelecimentos agropecuários e territórios rurais.
Tal proposta de arcabouço analítico possui três desaﬁos metodológicos. O primeiro reside em  analisar de  forma conjunta os  efeitos socioeconômicos das  mudanças climáticas globais sobre a agricultura e a pecuária, levando em  consideração também as atividades não-agrícolas praticadas pelos produtores rurais. Entende-se que  as estratégias de reprodução socioeconômica da população rural são  baseadas no emprego de atividades no setor agropecuário e também nos demais setores, inclusive  simultaneamente. Os estudos realizados até  o momento, em  geral, focam a análise em apenas um  grupo de atividade e não atentam para a pluriatividade da agricultura.
A pluriatividade da  agricultura é um  processo socioeconômico que tem ganhado impulso no meio rural brasileiro recentemente. Conforme destacado por  (Carneiro, 2006,  p.1-2) existem duas vertentes de interpretação para a pluriatividade da agricultura. Uma primeira que  enfatiza o aspecto da mudança do perﬁl socioeconômico da ruralidade, provocado pela  diversiﬁcação de atividades econômicas que  estariam concorrendo com as  atividades agrícolas, com a tendência inclusive de  substituí-las (“transbordamento do urbano sobre o rural”). Ou seja, sob esta perspectiva, esse “novo  rural brasileiro” se caracterizaria pela  diminuição do peso da  agricultura na  manutenção das  famílias rurais, o  que  é entendido como evidência da falência de certas formas de agricultura familiar.
Na segunda vertente, entende-se que a pluriatividade não é uma prática  estranha às dinâmicas de reprodução social das  famílias agrícolas, atuando, portanto, muito mais como mecanismo de manutenção da atividade agrícola ou das famílias do que como uma ameaça ou negação da forma familiar de produção agrícola. Ela  não seria, portanto, algo  transitório e conjuntural, mas também não poderia ser  generalizada para toda e qualquer situação, sendo característica de determinados contextos onde a articulação das  famílias com o mercado se dá através de atividades não-agrícolas ou para-agrícolas e não mais pela  produção.
A inclusão da  pecuária como categoria analítica chave aos  estudos dos  efeitos das  mudanças climáticas globais sobre as  estratégias de  reprodução socioeconômica das  famílias rurais, especialmente das  mais pobres, merece uma explicação mais detalhada. A inclusão decorre principalmente da  sua  importância na  manutenção da  segurança alimentar e nutricional das  famílias.
Para as famílias mais pobres, o “gado” tem a função de ser  uma reserva de valor e que em situações extremas, dado às consequências negativas das  alterações climáticas, a população se vê obrigada a vender seus animais, ﬁcando numa situação ainda pior para lidar com as adaptações às mudanças climáticas.
Esta estratégia comprova que  as  famílias pobres não são  passivas face  aos  riscos climáticos. Por  falta de  acesso ao  seguro formal, desenvolvem mecanismos de auto-segurança. Um  deles é criar bens — como o gado — durante os períodos “normais”, para vender na  eventualidade de uma crise (Watkins, 2007). Questão crucial é observar se as famílias conseguem recuperar no  futuro, as  cabeças de  gado vendidas, após se restabelecerem dos efeitos do evento climático[6].
Em  segundo lugar, existe o desaﬁo de  incorporar à análise a compreensão de que  os efeitos são  condicionados a exposição às mudanças climáticas (variações de temperatura e precipitação esperadas), mas também à capacidade adaptativa dos  indivíduos, dos  estabelecimentos agropecuários e dos  territórios. Seguindo a orientação de vulnerabilidade ao risco climático sugerida por  Cardona (2003).

Em  terceiro lugar, a vulnerabilidade socioambiental do meio rural às mudanças climáticas globais terá de ser compreendida não se restringindo apenas ao estudo dos efeitos sob a ótica da ocupação econômica, mas articulada a outras temáticas como: gênero, idade, proteção social, segurança alimentar e nutricional, dentre outras. O reconhecimento da interconexão entre diferentes temáticas é essencial para a construção de uma abordagem sistêmica, que  privilegie a identiﬁcação de diferentes níveis de vulnerabilidade, conforme diverge o diversiﬁcado contexto social, econômico e cultural de adaptação das  famílias.

A Figura 1 sintetiza o arcabouço analítico proposto e os desaﬁos metodológicos acima citados. Os objetivos da  pesquisa derivam da  análise desta ﬁgura: 1. Avaliar os efeitos socioeconômicos das  mudanças climáticas globais sobre o meio rural brasileiro; 2. Identiﬁcar as regiões e grupos sociais mais vulneráveis aos  efeitos; 3. Avaliar a capacidade adaptativa local, dos estabelecimentos agropecuários e das  famílias às mudanças climáticas globais.

Metodologia

Conforme discutido anteriormente, para a análise da vulnerabilidade socioambiental do meio rural brasileiro às mudanças climáticas globais, dois  conjuntos de  informação são  requeridos: (i) dados acerca dos  efeitos das  mudanças climáticas globais sobre a atividade agropecuária, capturada pela   variável lucratividade  agrícola, (ii)  dados sobre a capacidade adaptativa das  famílias, estabelecimentos agropecuários e territórios rurais, que  relativizam os efeitos do aquecimento  global, pois  reconhece a resiliência local  como capaz de  alterar a magnitude ou mesmo a direção dos efeitos esperados decorrentes dos eventos climáticos.
O  efeito das  mudanças climáticas globais sobre a  lucratividade agrícola é calculado conforme “modelo de  efeitos ﬁxos”  proposto por Dêschenes e  Greenstone  (2004). São  dois  os  estágios deste modelo. Em  linhas gerais, primeiramente estima-se a lucratividade agrícola tomando como referência dados climáticos observados para o período 1961-1990. Em  sequência, os coeﬁcientes da  estimação são  usados na simulação da  lucratividade agrícola que, nesta segunda etapa, toma como referência dados climáticos projetados. A diferença entre o valor estimado da  lucratividade agrícola a  partir das  condições climáticas observadas e o valor simulado da  lucratividade agrícola a partir das projeções climáticas resulta na variação da lucratividade agrícola esperada decorrente dos  efeitos das  mudanças climáticas globais futuras[7].
Os  dados climáticos utilizados na  estimação são  a  temperatura e precipitação sazonais médias, observadas para o período de  1961-1990,   oriundos da  base de  dados CRU  CL  2.0  10’,  produzida pela Unidade de  Pesquisa Climática da  Universidade de  East Anglia, na Inglaterra (<www.cru.uea.ac.uk>). Os dados climáticos utilizados na simulação são  as  projeções de  temperatura e  precipitação sazonais médias, oriundas de dez Modelos de Circulação Geral do IPCC (2007), para os períodos de  2050  e 2080  conforme o cenário de  emissões de gases de efeito estufa A1B[8].
A especiﬁcação sazonal (dezembro a  fevereiro, março a  maio, junho a agosto, setembro a novembro) correspondente às  quatro estações do  ano diminui a perda de informações associada ao  uso  convencional de médias mensais, pois  procura capturar a diversidade de períodos de plantio e colheita das  culturas que  interfere na  lucratividade agrícola.
A opção por  adotar períodos de tempo (2050 e 2080), ao invés  de projeção climática de  algum ano especíﬁco, tem por  objetivo diminuir a possibilidade de seleção de algum ano cuja projeção climática é fora do padrão, ou seja,  outliner. Os períodos de tempo provêm uma melhor mensuração da  tendência global, que  é o que  interessa para a investigação. O período 2050  inclui as médias para os anos de 2040  a 2069.  O período 2080  inclui as médias para os anos de 2070  a 2100.
O cenário de emissão de gases de efeito estufa A1B, se caracteriza por  baixas emissões, com equilíbrio entre todas as fontes. O equilíbrio é deﬁnido como uma dependência não muito forte de  uma determinada fonte de  energia, supondo-se que  taxas similares de  aperfeiçoamento se aplicam a todas as  tecnologias de  oferta de  energia e uso ﬁnal. O cenário A1B faz parte da  família de cenários A1 que  descreve um  mundo futuro de  crescimento econômico muito rápido, com a população global atingindo um  pico  em  meados do  século e  declinando em  seguida mais a  rápida introdução de  tecnologias novas e mais eﬁcientes. As principais questões subjacentes são  a convergência entre as  regiões, a capacitação e o aumento das  interações culturais e sociais, com uma redução substancial das  diferenças regionais na renda per capita.
O fato  da  modelagem climática deste ensaio utilizar uma média das  projeções climáticas de temperatura e precipitação dos  10 MCGs requer uma explicação metodológica. Se  por  um  lado o uso  das  médias das  variáveis climáticas para longos intervalos de tempo reduz a incerteza sobre as previsões meteorológicas, por  outro lado, esta escolha  impõe limitações sobre o modelo. Em  particular, o uso  de médias por  longos períodos não permite que  o modelo possa ser  aplicado à análise de fenômenos meteorológicos extremos, que  são  irregulares e aleatórios, tais  como períodos atípicos de seca  prolongada ou excesso de chuvas em  determinados anos.
Esses eventos podem ser  importantes para o  declínio da  lucratividade agrícola e  para orientar as  decisões dos  agricultores sobre prováveis substituições entre as  culturas, devendo ser  incorporados em  futuras extensões da pesquisa. Vale destacar que  mesmo os MCGs do  IPCC  ainda estão à  procura de  melhores formas de  capturar os eventos climáticos extremos.
A base dos  dados climáticos observados e a base dos  dados climáticos projetados tinham originalmente como unidade de análise grids e coordenadas geográﬁcas (latitude  e longitude), respectivamente.  As duas bases foram espacializadas, com o uso  de  técnicas de  georreferenciamento, sobre a malha municipal brasileira, para obtenção das informações climáticas de temperatura e precipitação de cada município. O município consiste na menor unidade político-administrativa do Brasil. Existem atualmente no Brasil 5565  municípios.
No  caso dos  pequenos municípios nos  quais não havia informação  foi  imputado o  valor da  projeção climática do  município mais próximo. Para os municípios grandes, com mais de  uma observação em  seu  território, o dado climático foi  calculado como resultante da média das  observações (grid points).
A base de dados climática projetada ao nível  das  coordenadas  geográﬁcas foi  produzida pelo  pesquisador Wagner Soares do  Centro de  Previsão de  Tempo e Estudos Climáticos do  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE), por  encomenda do Núcleo de Estudos e Modelos Espaciais Sistêmicos (NEMESIS). O Dr. Eustáquio Reis,  coordenador do  NEMESIS, gentilmente cedeu esta base de  dados  à pesquisa, que  em  sequência foi georeferenciada pela  autora.
A saber, as observações metropolitanas foram excluídas da amostra de forma a reduzir a inﬂuência da  pressão que  o desenvolvimento exerce sobre a lucratividade agrícola das  áreas rurais.
Em  suma, este  ensaio produziu informações acerca dos  efeitos das  mudanças climáticas globais sobre o meio rural brasileiro para todos os  municípios rurais. Todavia, para efeito de  apresentação os resultados foram agregados ao nível  dos  seis biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa.
Bioma é um  conjunto de  diferentes ecossistemas, que  possuem certo nível  de  homogeneidade. São  as  comunidades biológicas, ou seja,  as populações de organismos da fauna e da ﬂora interagindo entre  si e interagindo também com o ambiente físico chamado biótopo. Para investigações climáticas, a adoção dos  biomas como unidade de análise é mais apropriada, no  lugar das  cinco regiões brasileiras, que são divisões político-administrativas que  não guardam relação com as características naturais dos  territórios[9].
Assim, a malha municipal e o mapa dos  biomas brasileiros, ambos  produzidos pelo   Instituto Brasileiro de  Geograﬁa e  Estatística (IBGE), foram sobrepostos de  modo que  cada município foi identiﬁcado por  um  dos  seis  biomas do Brasil.
A maioria dos  municípios tem a extensão do  seu  território sobre um  único bioma. Para os  municípios cuja extensão do  território se localiza em mais de um  bioma, o critério de 50% mais um foi adotado. Em  outras palavras, o bioma que  deﬁniu o município cuja extensão está presente em  mais de um  bioma foi aquele cuja proporção da  cobertura da área municipal é maior.
Para a agregação dos resultados por  biomas adotou-se a ponderação  pela  área municipal (em  hectares).
Os dados sobre a lucratividade agrícola dos municípios rurais são baseados no Censo Agropecuário de 2006,  produzido pelo  IBGE. Esta pesquisa cobre um  largo número de  variáveis socioeconômicas e de usos da  terra, constituindo em  fonte mais apropriada para caracterização do meio rural brasileiro.
A lucratividade agrícola corresponde ao valor das  receitas menos as despesas do estabelecimento agropecuário e que  foi reportado pelo dirigente do estabelecimento no período de coletada da pesquisa.
Variáveis de controle como altitude, latitude, longitude, custos de transporte, categorias de potencialidade agrícola, erosão e classes do solo  dos  municípios são  incorporadas na  especiﬁcação do  modelo de efeitos ﬁxos.  O objetivo das  variáveis de  controle é controlar as  diferenças em termos de lucratividade agrícola que  não são explicadas pelas condições climáticas, mas por  características geofísicas das  terras.
As classes do  solo  são  derivadas do  mapa de  solo  que  foi  desenvolvido pela  Empresa Brasileira de  Pesquisa Agropecuária (Embrapa),  em associação com o IBGE, através do Projeto Macro  Zoneamento Ecológico Econômico, ZEE, 2003.  A partir do mapa de solos a Embrapa  também criou o mapa digital de aptidão do  solo  para a agricultura.  As classes de  potencialidade agrícola foram construídas a  partir de diferentes níveis de recursos fornecidos por  este  mapa digital, tais como: alto  teor de metais, solos rasos, má  drenagem, risco de inundação,  terreno irregular, rochoso, solos arenosos e argilosos, nutrientes de baixa e alta salinidade, dentre outros.
As demais variáveis de controle foram extraídas do Banco de Dados  chamando IPEADATA  (<www.ipeadata.org.br>).
Até agora foram apresentadas as  especiﬁcações do  modelo e da base de  dados que  dão  origem ao  primeiro conjunto de  informações—  as  variações esperadas da  lucratividade agrícola decorrente das mudanças climáticas globais. Falta ainda discorrer sobre o segundo conjunto de dados.
O segundo conjunto de dados refere-se a características das  famílias,  estabelecimentos agropecuários e territórios rurais no  tocante à capacidade adaptativa que  possuem aos  eventos climáticos. O maior ou menor grau da capacidade adaptativa revela o nível  de vulnerabilidade ao risco climático.
Este conjunto de dados é por  natureza multi-temático. A seleção dos  seus indicadores é baseada em  revisão bibliográﬁca de  estudos que  relacionam vulnerabilidade social e mudanças climáticas (Eriksen  et al., 2007;  O’Brien et al., 2008;  Adger  et al., 2004;  Watkins, 2007).
O  conjunto de  dados multi-temático é  composto por   informações  sobre as  famílias como, por  exemplo, número de  idosos, crianças,  situação das  mulheres, acesso a  programas de  transferência de renda. Informações sobre os  estabelecimentos agropecuários como, por  exemplo, uso  de sistema de irrigação, adoção de sistemas agroﬂorestais, escolaridade média do dirigente do estabelecimento. Informações  sobre os territórios rurais como, por  exemplo, contribuição das atividades não-agrícolas no  valor bruto da  produção, grau de  desenvolvimento humano.
É a análise conjunta destes indicadores que  permitirá identiﬁcar os  diferentes níveis de  vulnerabilidade, conforme diverge o contexto social, econômico e cultural de adaptação das  famílias, estabelecimentos agropecuários e territórios rurais.
As principais fontes de pesquisa dos  indicadores multi-temáticos são:  Atlas  do Desenvolvimento Humano no  Brasil (IPEA, PNUD,  FJP, 2003), pesquisa Produto  Interno  Bruto dos   Municípios  2002-2007 (IBGE, 2009), Censo Agropecuário 2006  (IBGE, 2009), Censo Demográﬁco 2000  (IBGE, 2001)[10].

Todas as  variáveis da  base de  dados foram georreferenciadas, a ﬁm  de  apreender os  efeitos diferenciados das  mudanças climáticas globais sobre o meio rural de  todo o território brasileiro. A vasta extensão do território brasileiro contribui para uma grande diversidade de  condições agroclimáticas, tornando  os  dados georreferenciados ainda mais relevantes para uma análise espacializada desses efeitos. Os dados foram georreferenciados com o uso  do software ArcGIS 9.2.

Resultados

Um  primeiro nível  de  resultados obtidos diz  respeito à  variação esperada da  lucratividade agrícola para os  municípios brasileiros decorrente das  alterações climáticas globais, conforme os  cenários de emissões de  gases de  efeito estufa A1B e A2 e os  períodos de  tempo escolhidos. Para efeitos de apresentação os resultados municipais foram agregados pelos cinco biomas brasileiros.
Observa-se que  com exceção do Pantanal, os demais biomas brasileiros poderão vir a ter  perdas severas da lucratividade agrícola, que se acentuam com o tempo, independente do  tipo de cenário de gases de efeito estufa escolhido (Ver Tabela 1 em  Anexo).
É  importante observar que  no  interior de  um  mesmo bioma há uma variabilidade grande das  projeções da  lucratividade agrícola esperada. Para ﬁns  ilustrativos, a Figura 1 traz um  recorte (ampliado) da  variação esperada da  lucratividade agrícola de  parte do  território brasileiro. A graduação de cores corresponde a uma escala que  varia de perdas da ordem de 200%  a ganhos da ordem de 200%.[11]
Conforme metodologia anteriormente  discutida, a  mensuração da  vulnerabilidade do  meio rural brasileiro às  mudanças climáticas globais deve  ir  além da  análise dos  efeitos esperados sobre a  lucratividade agrícola. Isto  porque o  nível  da  capacidade adaptativa dos estabelecimentos agrícolas, indivíduos e territórios rurais faz com que os  efeitos das  mudanças climáticas sobre as  estratégias de  reprodução  socioeconômica das  famílias seja  mais ou  menos sentidos. Dessa forma, é importante incorporar à análise um  conjunto de indicadores multi-temáticos cuja função é ser uma proxy  da capacidade adaptativa ao aquecimento global.
A Tabela 2 em  Anexo  tem este  objetivo quando compara as variações  esperadas da  lucratividade agrícola decorrentes das  mudanças climáticas globais com a capacidade adaptativa dos  estabelecimentos agropecuários, famílias e territórios rurais. Para ﬁns  de apresentação os resultados municipais foram agregados por  biomas e para ﬁns  de comparação a  projeção da  lucratividade agrícola escolhida foi  referente ao período 2050  conforme cenário A1B.
A agregação pelos cinco biomas tem a desvantagem de reduzir a heterogeneidade espacial. Em  termos de políticas públicas é mais útil que  os resultados sejam desagregados por  meso e micro regiões e/ou municípios, mas por  limites de  espaço foram apresentados aqui por biomas. Mais  do que  os resultados empíricos, a mensagem que  se quer passar com este  trabalho é o exercício analítico proposto: identiﬁcar num mesmo território os diferentes efeitos em termos de magnitude e direção que  as mudanças climáticas globais podem vir a ter  sobre as estratégias de  reprodução socioeconômica das  famílias — em  razão da  intensidade das  alterações climáticas, mas também de  diferentes níveis da capacidade adaptativa.
Se por  um  lado para o bioma do Pampa é esperada a maior perda de  lucratividade agrícola, nesta região a qualiﬁcação educacional do dirigente do  estabelecimento é mais elevada e comparativamente é o bioma que  mais recebeu orientação técnica. Qualiﬁcação educacional e oferta de orientação técnica são  recursos favoráveis a difusão e apropriação de técnicas de plantio e cultivo mais adequadas para o enfrentamento do  aquecimento global. O Pampa é inclusive o  bioma com maior adoção de práticas agrícolas, adubação, alternativas para o controle de pragas e doenças vegetais, sistema de preparo do  solo  e agricultura orgânica. Existe no Pampa uma cultura estabelecida de adoção de uma agricultura mais planejada, restaria apenas inserir o tema do enfrentamento do aquecimento global no planejamento agrícola.
Preocupa o fato  de  que  a região do  bioma do  Pampa se caracteriza por  um  padrão de  endividamento relevante, 27,7% dos  estabelecimentos agrícolas possuem dívidas. O endividamento pode limitar a realização de  novos investimentos necessários à adaptação ao  aquecimento global, assim como os  produtores, diante de  um  cenário de perdas de lucratividade agrícola, podem vir a ter  diﬁculdades de honrar os seus compromissos.
A caracterização anterior do Pampa é em parte resultante do fato de  que  a  agricultura familiar é predominante nesta localidade. São pequenos produtores que  realizam uma agricultura intensiva, com autoﬁnanciamento e conseguindo tirar bons resultados em  termos de renda da  atividade. O bioma é o com o menor percentual de crianças em  lares pobres e maiores renda e produto interno bruto per capitas. É também o bioma com maior padrão de desenvolvimento humano.
Em  suma, a região do  bioma do  Pampa, vis-à-vis as  dos  demais biomas, apesar de possuir a maior projeção de perda de lucratividade agrícola apresenta maior capacidade adaptativa relativa, a partir dos indicadores selecionados da  Tabela 2, o que  reduz sua  vulnerabilidade ao  risco climático. Todavia, requer atenção por  parte das  políticas públicas porque é uma região que  veio se desenvolvendo promovendo qualidade de vida  para a sua  população com importância da atividade agropecuária. Os  efeitos do  aquecimento global não podem colocar em risco a manutenção desse padrão de desenvolvimento humano. Os idosos, que  representam 7,7%  da  população local, também requerem atenção especial das  políticas públicas visto  que  tendem a  ser  mais vulneráveis ao aquecimento global.
A qualiﬁcação educacional mais elevada dos  produtores rurais do  Pampa revela a possibilidade, se necessário, deles migrarem para outros setores produtivos não-agrícolas que  sejam demandantes de escolaridade mais elevada da força de trabalho.
A Amazônia é o segundo bioma com maior perda de lucratividade agrícola esperada, mas, diferentemente do Pampa, sua  menor capacidade adaptativa local  é um  agravante, caracterizando esta região como mais vulnerável ao risco climático. Dos  estabelecimentos agrícolas da Amazônia, 20,3% são  dirigidos por  produtores que  não sabem ler nem escrever e apenas 1,1% possuem dirigentes com nível superior de escolaridade. A atividade agrícola na  região do bioma é também desenvolvida  sem  o uso  de técnicas de cultivo e de manejo do solo  apropriadas, com destaque para o percentual relativamente baixo de estabelecimentos  que  adotam sistema de  preparo do  solo,  12,4%. É  característica deste bioma a abertura de fronteira agrícola via desmatamento e queimada da ﬂoresta Amazônica, com perda da biodiversidade.
A perda de lucratividade agrícola esperada pode vir a agravar este padrão de uso  do solo  depredador da  ﬂoresta Amazônica. Os agricultores, sem  uma visão  de médio e longo prazo, podem preferir adotar no curto prazo práticas com maior rentabilidade agrícola em  cenário de aquecimento global, mesmo que  esgotem a possibilidade de manutenção sustentável da  atividade no  futuro. É importante aumentar o acesso a assistência técnica, com orientações sobre práticas agrícolas adaptadas ao  aquecimento global e, ao  crédito agrícola para realização  de  investimentos capazes de  garantir a rentabilidade agrícola da atividade no  curto, médio e longo prazo. Neste bioma apenas 13,5% dos  estabelecimentos receberam orientação técnica e 4,7% receberam ﬁnanciamento para investimentos.
A Amazônia é um  dos  biomas brasileiros com menor renda e produto interno bruto per capitas e menor grau de  desenvolvimento humano. A mortalidade infantil é elevada e os indicadores de pobreza e extrema pobreza também, vide  o percentual de crianças que  vivem em  domicílios com renda per capita  inferior a R$75,50 e a R$35,75. Contraditoriamente, na Amazônia, o valor do percentual da renda proveniente das  transferências governamentais é  um   dos  menores dentre os biomas brasileiros. Alguns biomas possuem padrão de  desenvolvimento humano melhor e ainda assim tem valor mais elevado para esse  indicador.
As transferências governamentais frente ao  aquecimento global podem funcionar como um  “seguro climático”, garantidor  de  segurança alimentar e nutricional das  famílias, evitando que  elas  tirem as crianças da escola ou vendam bens produtivos que  teriam implicações certas de  retorno de  modo a proteger o consumo futuro. As transferências podem ser  essenciais num período de  transição, até  que  as famílias busquem alternativas de geração de emprego e renda fora do setor agropecuário, se for  necessário. Vale destacar que  na  Amazônia a  produção agrícola para o autoconsumo é relevante assim como o percentual de  crianças até  nove  anos de  idade, 26,8% da  população, portanto, as  transferências  governamentais podem ser   instrumentos  estratégicos de  combate à fome das  famílias, principalmente das crianças, diante de  queda da  produtividade agrícola decorrente do aquecimento global.
A Caatinga é outro bioma cuja situação de reprodução socioeconômica das  famílias rurais diante do  aquecimento global poderá ser preocupante, pois  é o bioma com maior nível  de pobreza e menor nível de desenvolvimento humano e cuja previsão de perdas da  lucratividade agrícola é de 132%. A Caatinga possui a menor renda e produto interno bruto per capitas dentre os  biomas brasileiros, de  R$87,00 e R$3.760,00, respectivamente.  A mortalidade infantil chega a  atingir 77,5  mortos por  mil  nascidos. O percentual de mulheres chefes de família sem  cônjuge e com ﬁlhos menores de 15 anos é o segundo maior do ranking, 5,6%.  Com  elevados índices de pobreza e baixos níveis de desenvolvimento humano a capacidade das  famílias pobres de gerenciarem os riscos climáticos na  Caatinga torna-se limitada.
Do  total de  estabelecimentos agrícolas da  Caatinga, 42,6% dos dirigentes não sabem ler nem escrever. Investir na  capacitação desses produtores rurais amplia a possibilidade futura de  migrarem de  setor  produtivo, caso a atividade agrícola ofereça retornos econômicos muito baixos para a reprodução socioeconômica das  famílias.
Apesar de na  Caatinga ser  17,2% a contribuição do setor agropecuário para o valor agregado bruto da  produção, este  percentual tem mais haver com a qualidade e perﬁl dos  produtos agrícolas produzidos,  de menor valor monetário no  mercado, do  que  com uma menor importância relativa da  atividade agrícola na  região. Especialmente para as famílias mais pobres a agropecuária é importante fonte de geração de alimentos para o consumo. Portanto, a previsão de perda da lucratividade agrícola da ordem de 130%, sem  estratégias adaptativas, pode ser  o anúncio de um  cenário de maior privação econômica para a população local.
As estratégias adaptativas ao  aquecimento global podem ser  de dois  tipos, junto ao  setor agropecuário ou  na  busca de  alternativas de  geração de  emprego e renda não-agrícolas. No  interior, envolve a adoção de  práticas que  tornem as  culturas mais apropriadas para o enfrentamento do aquecimento global ou inclusive a substituição dos cultivares por  aqueles mais resistentes à  elevação da  temperatura  e escassez de chuvas.
Segundo a Embrapa a região brasileira que  provavelmente deve ser  mais afetada pelas mudanças climáticas globais é o  Semi-Árido nordestino, onde está localizada grande parte da  Caatinga brasileira. Com  risco de  desertiﬁcação acelerada, esta região deve  se tornar imprópria para a maioria das  plantas cultivadas atualmente, em especial mandioca e milho, importantes para o autoconsumo. Para conter tal processo e ao  mesmo tempo oferecer alternativas alimentares para a população e para o gado, vários pesquisadores têm defendido que  a solução está nas  próprias culturas nativas.
A ideia é aproveitar o conhecimento sobre as  plantas mais tolerantes à seca  e incentivar um  cultivo mais abrangente. Várias espécies próprias do  local  são  muito mais eﬁcientes, como, por  exemplo, as forrageiras  vis-à-vis as  gramíneas exóticas que  foram instaladas na região. Segundo os pesquisadores, o problema é que  a população ainda  insiste em  plantar algumas culturas que  não estão adaptadas ao clima seco  e árido. Em  vez de lidar com o milho, arroz, feijão e soja,  a população da  Caatinga precisa cultivar o “mandacaru”, “xique-xique” e “sorgo”. Há  algumas leguminosas nativas como “catingueira”, “jurema”, “angico” e frutos como “umbu”, “juazeiro”, “quixabeira”, “maracujá-domato” e “aroeira” que  são  resistentes à seca  e deveriam ser valorizadas localmente (Assad et al., 2008).
Algumas dessas alternativas são  conhecidas há  anos, o problema é que  faltam incentivos para a domesticação dessas plantas e sua  produção em larga escala pela  população local. Uma orientação técnica a respeito associada a programa de educação do campo, que  possam reverter a mentalidade resistente do produtor rural ao cultivo de plantas nativas, são instrumentos importantes para enfrentamento dos efeitos do  aquecimento global sobre a  agropecuária da  Caatinga. A região precisa também aumentar a  oferta de  orientação técnica enquanto mecanismo de  difusão da  importância estratégica das  culturas nativas. Apenas 9,1% dos  estabelecimentos receberam orientação técnica.
Outra prática agrícola adaptativa ao  aquecimento  global recomendada pela  Embrapa, todavia, mais adequada para o bioma Cerrado, é a  integração entre lavoura e pasto. Segundo a  Embrapa, os efeitos do  aquecimento global podem ser  minimizados se  o sistema produtivo for  capaz de  aproveitar de  modo mais intensivo as  áreas aptas para o cultivo.
Parte da maximização do sistema produtivo deriva da rotação das áreas de pastagem com lavouras, por  meio da qual se encurta o período de uso  das  pastagens plantadas com um  ciclo  de três a cinco anos das  lavouras intensivas. Embora essa  tecnologia seja  conhecida desde o início dos  anos noventa, sua  difusão tem sido  muito lenta porque ainda há ampla disponibilidade de terras de fronteira para a expansão da  pecuária nas  regiões Centro-Oeste e Centro-Norte do  Brasil, onde se localiza parte do  Cerrado e da  Amazônia. Todavia, segundo a Embrapa, se é intensiﬁcada a percepção de que  o processo das  mudanças climáticas leva  a um  controle mais efetivo do  desmatamento da  ﬂoresta amazônica, restringindo a pecuária apenas às regiões já abertas para este  ﬁm,  pode passar a ocorrer um  maior incentivo à adoção da rotação de lavoura e pecuária.
As pesquisas apontam que  áreas de plantio de soja  cultivadas por dois  ou três anos com pastagem apresentam um  aumento da produtividade de cinco a oito  sacas de soja  por  hectare. Essa melhora se deve ao aumento da matéria orgânica no solo  (Assad et al., 2008).
A previsão de perda da lucratividade agrícola para o Cerrado é de 134%. Medidas como a integração entre lavoura e pasto são  positivas para amenizar os efeitos do aquecimento global sobre o meio rural do Cerrado, no qual alguns indicadores de desenvolvimento humano são preocupantes, por  exemplo, a taxa de  mortalidade infantil é de  45,3 mortes por  mil  nascidos vivos,  revelando uma vulnerabilidade social da população local  que  pode ser agravada pelo  aquecimento global na ausência de adaptação.
Chama atenção negativamente no  Cerrado o fato  de  21,3% dos estabelecimentos agropecuários serem administrados por  dirigentes que  não sabem ler nem escrever, apenas 36,4% adotam sistema de preparo do solo  e apenas 25,3% receberam orientação técnica. A adoção de  práticas agrícolas também está entre o terceiro menor percentual dentre os biomas brasileiros.
De uma maneira geral, o que  se observa é que  a magnitude das perdas esperadas em  termos de lucratividade agrícola é muito similar entre os  quatro biomas que  podem vir  a ser  negativamente afetados pelo  aquecimento global, enquanto o grau de desenvolvimento humano e capacidade adaptativa local  são  bastante distintos. São  esses dois últimos aspectos que  podem diferenciar a forma como os  efeitos do aquecimento global podem ser  sentido sobre as  estratégias de  reprodução socioeconômica das  famílias rurais.
É  esperada para a  Mata Atlântica uma  perda da  lucratividade  agrícola de  132%, similar à  da  Caatinga, mas a  Mata Atlântica apresenta indicadores de desenvolvimento humano com níveis muito  superiores, o que  pode signiﬁcar uma menor vulnerabilidade da população local   ao  risco climático. Ademais, depois do  Pampa, o bioma está entre os  que  adotam uma atividade agropecuária mais intensiva, se são  levados em  consideração indicadores como adoção de  práticas agrícolas, sistema de  preparo do  solo,  uso  de  adubação e alternativas para controle de  pragas e doenças vegetais. Também depois do  Pampa, o bioma da  Mata Atlântica é o que  possui maior percentual de  estabelecimentos que  receberam orientação técnica, 38,9% dos  estabelecimentos.
Outro indicador a  ser  explorado na  Tabela 2 é referente à  porcentagem de estabelecimentos com adoção de sistemas agroﬂorestais. Este indicador foi  incluído na  análise porque se  constitui numa estratégia adaptativa ao  aquecimento global, defendida pela  Embrapa, como podendo ser  realizada pelo  setor agropecuário  brasileiro. De modo geral, a  vegetação secundária formada por  árvores e  plantas de  baixa e média altura costuma ser  queimada pela  população local para dar início à agricultura ou pasto. Mas a nova prática dos sistemas agroﬂorestais, que  substituí a queimada pela  trituração da vegetação, diminui em  cinco vezes  a emissão de  CO2-equivalente. Além  de  colaborar com o efeito estufa, a queimada da mata já se mostrou maléﬁca à fertilidade do solo  no longo prazo (Assad et al., 2008).
Os pesquisadores da  Embrapa têm apostado na  eﬁcácia dos  sistemas agroﬂorestais e agrossilvopastoris — combinação de  espécies agrícolas com árvores, no  primeiro caso, e de pastagem com agricultura e árvores de ciclo  curto, no segundo. Ademais, a combinação com árvores é interessante porque elas  têm um  papel na  manutenção do sequestro de carbono ao longo do tempo.
Apesar de ser uma prática benéﬁca para a fertilidade do solo,  produtividade agrícola e combate ao aquecimento global, a recepção por parte dos  produtores agrícolas brasileiros tem sido  baixa. Qualquer que  seja  o bioma escolhido, menos de 10% dos  estabelecimentos agrícolas adota esta prática. Investigar in  loco  as  barreiras que  explicam esta baixa adoção por  parte dos  produtores e quais os incentivos econômicos que  podem reverter tal  situação devem ser  um  objeto de estudo das  políticas públicas.
Foi  visto  algumas estratégias adaptativas em  termos de  práticas  agrícolas que  começam a ser  discutidas e defendidas no  Brasil para enfrentamento do  aquecimento  global. Resta averiguar qual o potencial de  que  os  produtores rurais tenham a possibilidade de buscar alternativas de  geração de  emprego, renda e consumo fora do  setor agrícola.
Atualmente, a pluriatividade da agricultura no nível  macrorregional  é pouco signiﬁcativa. Menos de  20%  dos  estabelecimentos, seja qual for  o bioma escolhido, declarou ter  o produtor rural ou  algum membro da  família atividade fora do  estabelecimento agropecuário. Na  análise anterior foi  visto  que  especialmente para os  biomas Caatinga, Cerrado e Amazônia, a escolaridade do dirigente do estabelecimento é preocupante.
O  país precisa pensar o  enfrentamento do  aquecimento  global pelo  meio rural brasileiro numa perspectiva mais abrangente, para além de medidas internas ao setor agropecuário. Vislumbrar um  meio rural que  possa sofrer transformações produtivas signiﬁcativas, com crescimento da  importância relativa dos  setores industrial e de  serviços. As projeções de  perda da  lucratividade são  para o  horizonte de 2050,  ou  seja,  faltam cerca de 40 anos. O desaﬁo e ousadia para o planejamento dos  territórios rurais será imaginar regiões que  podem sofrer transformações produtivas, com crescimento das   atividades não-agrícolas, sem, no entanto, negligenciar a importância de preservar a cultura e identidade do homem do campo.
Essa ousadia é necessária, quando se vislumbra que  na  ausência de  medidas adaptativas mais abrangentes, uma parcela signiﬁcativa da  população rural pode vir  a  integrar no  futuro as  estatísticas das famílias pobres e com problemas de insegurança alimentar e nutricional.  Apesar de muitas famílias rurais estarem longe de um  padrão de desenvolvimento humano digno, ao menos, hoje, algumas não passam fome porque a atividade agrícola é praticada também para autoconsumo.  Os efeitos do  aquecimento global sobre a produtividade agrícola podem ameaçar esta função primordial da  agricultura, portanto, os indivíduos precisam estar qualiﬁcados para ingressar em  outros mercados de  trabalho que  garantam a  renda necessária para aquisição dos  alimentos (comprados). Também, os  territórios rurais precisam oferecer oportunidades  diversiﬁcadas de  trabalho e renda não-agrícolas como alternativas de  enfrentamento dos  efeitos negativos das mudanças climáticas globais.
Por  ﬁm,  mas não menos relevante, os seis  últimos indicadores a serem destacados na  Tabela 2 são:  (i) porcentagem de estabelecimentos  cujo  produtor é assentado sem  titulação deﬁnitiva, (ii)  porcentagem  de estabelecimentos cujo  produtor não possui área, (iii)  porcentagem de estabelecimentos cuja condição legal  do produtor é coletiva, (iv) porcentagem de estabelecimentos com irrigação, (v) porcentagem de  estabelecimentos com recursos hídricos, (vi)  porcentagem de  estabelecimentos com depósitos e silos  para armazenamento de grãos.
Os dois  primeiros indicadores foram inseridos na  perspectiva de ser  importante dimensionar este  público de produtores, que  pela  ausência de  terras e/ou  titulação deﬁnitiva pode vir a encontrar diﬁculdades de  acesso a políticas públicas estratégicas para enfrentamento do  aquecimento global (crédito agrícola, assistência técnica, seguro agrícola, incentivos governamentais para aquisição de  máquinas  e equipamentos). O Cerrado, Amazônia, Pantanal em  relação à ausência  de titulação deﬁnitiva e a Caatinga em  relação à ausência de área, possuem os maiores valores relativos.
Na  Amazônia, principalmente, o direito de propriedade é pouco regulado, pois  a região é marcada por  uma ocupação ilegal do território, com consequências sobre o desmatamento. A regulação fundiária nesse sentido também faz parte do rol  de políticas de enfrentamento do  aquecimento global. Não  só porque ajuda a frear o desmatamento  da  ﬂoresta Amazônica que  sequestra carbono da  atmosfera, mas, porque, garante que  o  produtor rural tenha as  condições legais de acessar programas e políticas públicas rurais para enfrentamento do aquecimento global.
O indicador porcentagem de estabelecimentos cuja condição legal do  produtor é coletiva refere-se aos  estabelecimentos cuja produção pode ser  sob  as formas de organização produtiva do tipo condomínio, consórcio ou  sociedade de  pessoas, cooperativa, sociedade anônima ou  por  cotas de  responsabilidade limitada. O sentido é que  juntos os agricultores podem reduzir os riscos climáticos e acessar instrumentos econômicos como crédito agrícola, seguro climático e subsídios, com comprometimento menor dos  seus recursos ﬁnanceiros e poupança, para o enfrentamento do aquecimento global. Os produtores rurais da região do Pampa já descobriram as vantagens econômicas dessa forma de organização produtiva, 6,1%  dos  estabelecimentos são  coletivos.
A disponibilidade de área irrigada e de recursos hídricos é estratégica enquanto alternativa ao  caso de  provável estresse hídrico que possa vir a ocorrer com elevação da temperatura e escassez de chuvas decorrentes do aquecimento global. A Amazônia e Caatinga atualmente possuem maiores limitações vis-à-vis os demais biomas nesses recursos adaptativos.

A disponibilidade de  silos  e  depósitos para armazenamento de grãos pode ser  utilizada para manutenção de  segurança alimentar e nutricional das  famílias em  períodos de eventos climáticos extremos. Um  planejamento adequado que   considere as  previsões climáticas pode atuar na  conservação das  colheitas mais prósperas. Os estoques podem ser consumidos em períodos, por  exemplo, de secas excessivas ou chuvas intensas que  comprometem a colheita. O Cerrado, Amazônia  e Caatinga, cujas previsões de perda de lucratividade são  mais intensas, possuem pouca ﬂexibilidade para administração dos  estoques ao longo do tempo a partir do aproveitamento dos  depósitos e silos.

Conclusão

Este trabalho procurou oferecer algumas ferramentas analíticas úteis para a análise da  vulnerabilidade do  meio rural brasileiro às mudanças climáticas globais. Do ponto de vista metodológico, foi construída uma primeira versão de arcabouço analítico que  será aprimorada com a extensão futura desta agenda de  pesquisa, através da  incorporação de novas variáveis a integrar o conjunto de indicadores sobre a capacidade adaptativa dos  estabelecimentos agropecuários, indivíduos e territórios rurais e, novas dimensões sobre os efeitos socioeconômicos do aquecimento global, por  exemplo, a resposta em  termos de substituição de espécies de animais resistentes ao clima mais seco  e quente que  os agricultores podem vir a implantar na  pecuária.

É importante destacar que  a natureza estatística da pesquisa possui suas vantagens e desvantagens. Por  um  lado, com um  custo relativamente baixo é possível extrair uma primeira fotograﬁa sobre a situação de vulnerabilidade climática de todo o território rural brasileiro. Por  outro lado, as  pesquisas estatísticas não dão  conta de  fornecer a variedade de  informações que  caracterizam a realidade socioeconômica de  um  território. Especialmente aquelas relacionadas com as barreiras econômicas e/ou  resistências mentais que  os produtores rurais podem ter  em  termos de adoção de estratégias adaptativas.

Nesse sentido, é necessária a realização de  trabalhos de  campo para agregar novas informações à análise. O trabalho de  campo e o diagnóstico estatístico não são  excludentes, pelo  contrário, complementares. O diagnóstico estatístico pode ser  a base para formulação de hipóteses a serem investigadas in loco.

Todavia, seja  qual for  a  natureza do  trabalho, a  mensagem importante em  termos teóricos é entender a vulnerabilidade ao risco climático do  meio rural como dependente de dois  grupos de fatores: da intensidade dos  eventos climáticos e da  capacidade adaptativa. Esta interpretação valorização o planejamento das  políticas públicas para o enfrentamento do  aquecimento global. Os  efeitos do  aquecimento global podem acentuar a pobreza, a desigualdade e minar os esforços de promoção do  desenvolvimento, mas não é uma condição sine  qua non para tal.

Neste trabalho analisou-se a capacidade adaptativa tomando por referência os dados atuais, em comparação com as projeções de variação  da  lucratividade agrícola para os próximos quarenta anos. O que não signiﬁca que  a capacidade adaptativa deva  ser  estática no tempo, pelo  contrário, é fundamental aumentar a sua  provisão para habilitar as famílias a estarem mais bem preparadas para o enfrentamento do aquecimento global. Por  exemplo, num horizonte de  quarenta anos é possível melhorar a escolaridade média de  uma série de  gerações. Olhar qual o nível  da  capacidade adaptativa atual é um  marco zero para deﬁnição do nível  futuro que  se espera obter.

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 ANEXOS

A autora agradece a orientação recebida do Dr. Eustáquio Reis (IPEA) e Dr. José Féres (IPEA), todavia, os ausenta de qualquer responsabilidade pelos resultados deste trabalho. Agradece também a excelente assistência de pesquisa prestada por Thaís Barcelos (IPEA).↵

Doctoranda en Economía de las Instituciones y del Desarrollo (FEA/USP). Magíster en Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad (CPDA/UFRRJ). Integrante del Nucleo de Economía Socioambiental (NESA/USP) y del Núcleo de Estudios y Modelos Espaciales Sistémicos (NEMESIS).↵

Para uma deﬁnição detalhada da categoria agricultura familiar, ver páginas 14 a 17 do Censo Agropecuário 2006. As principais características que a deﬁnem são: (a) a área total do estabelecimento agropecuário não pode ser maior que quatro módulos ﬁscais, (b) a unidade do trabalho familiar não pode ser menor que a unidade do trabalho contratado, (c) a renda familiar tem que ser predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento agrícola, (d) a direção do estabelecimento tem que ser realizada pela família. Em outras palavras, segundo o especialista Ricardo Abramovay (1992), a oposição entre agricultura familiar e não-familiar é de natureza social. Na agricultura familiar há integração entre gestão e trabalho da família no interior da unidade agrícola, na não-familiar a gestão se separa do trabalho agropecuário. ↵

Dados dessa natureza, ou seja, sobre a contribuição da agricultura familiar para a geração de trabalho no meio rural brasileiro, são infelizmente os mais recentes. Esses dados são baseados nas informações do Censo Agropecuário 1995-1996, que é anterior ao Censo Agropecuário 2006, recentemente publicado em 2009.↵

Um interessante estudo a respeito da invisibilidade do trabalho feminino na agricultura familiar é “Injustiças de Gênero: o trabalho da mulher na agricultura familiar”, de autoria de Lígia Albuquerque de Melo, apresentado em 2002, no XIII Encontro da Associação Brasileira de Estudos Populacionais↵

Nesta etapa da pesquisa a pecuária é componente da lucratividade agrícola, resultado das receitas menos as despesas do estabelecimento agropecuário, que promove agricultura e pecuária. Em etapa futura será replicado para o Brasil o modelo desenvolvido por Seo & Mendelsohn (2008), que simula os efeitos das mudanças climáticas globais sobre a distribuição do número de cabeças de animais (gado de corte, gado leiteiro, porcos, cabras e aves). O estudo dos autores, que cobriu onze países da África, encontrou alta correlação entre a seleção das espécies, produtividade por animal e número de cabeças e as condições climáticas. Em função das alterações climáticas, os agricultores poderão substituir, por exemplo, o gado de corte e leiteiro por cabras, mais resistentes à seca e elevação da temperatura. Todos os pecuaristas africanos podem vir a ter perdas com as alterações climáticas futuras, porém os mais afetados seriam aqueles que se especializaram no gado de corte. Entender essas correlações para o Brasil e a América Latina é de fundamental importância na investigação dos efeitos que as mudanças climáticas globais podem vir a ter sobre a segurança alimentar e nutricional das famílias rurais. ↵

Ver em Feres, Reis e Speranza (2008) uma descrição mais detalhada do modelo desenvolvido por Dêschenes e Greenstone (2004), assim como revisão bibliográﬁca da literatura sobre modelagem climática, que reúne argumentos a favor da seleção do modelo de efeitos ﬁxos, ao invés de modelo baseado na abordagem da função de produção ou na abordagem ricardiana.↵

Os dez MCGs são: Cnrm_cm3 (França), CSIRO_MK3.0 (Austrália), GFDL CM2.1 (Estados Unidos), GISS ER (Estados Unidos), IPSL_CM4 (França), MIROC3.2_medres (Japão), MPI ECHAM5 (Alemanha), MRI CGCM2.3.2a (Japão), UKMO_HADCM3 (Inglaterra) e UKMO_HadGEM1 (Inglaterra). As projeções climáticas utilizadas no modelo de efeitos ﬁxos são médias das projeções de temperatura e precipitação fornecidas por cada um dos dez modelos ↵

Para uma descrição detalhada de cada bioma ver <www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/biomas>.↵

Dada sua natureza multitemática o trabalho recorre a múltiplas pesquisas, ainda que com temporalidades distintas. ↵

Os municípios ausentes do mapa correspondem aos municípios metropolitanos excluídos da amostra, de forma a reduzir a inﬂuência da pressão que o desenvolvimento exerce sobre a lucratividade agrícola das áreas rurais.↵

Agricultura, cambio climático y vulnerabilidad

Mirta Niselli  Rolón Gómez[1]*

Introducción

Agricultura, cambio climático y vulnerabilidad representa el panorama  actual de la agricultura campesina paraguaya, delimitado en  este apartado como “Agricultores Familiares”, y analizada desde las  condiciones como productores agrícolas, sus  estrategias ante las  condiciones climáticas adversas y sus  posibilidades de  éxitos, en  la  zona agro-productiva de la Región Oriental, localizada puntualmente en el Distrito de Abaí del Departamento de Caazapa.
El estudio focaliza en  la construcción social de  la dinámica productiva de  la agricultura familiar campesina, a partir de  las  incidencias de los factores naturales externos como las condiciones climáticas y los efectos consecuentes como también las medidas delimitadas. El objetivo central de la propuesta de investigación consiste en el análisis de las estrategias de producción de los pequeños productores campesinos, frente al efecto de  los  cambios climáticos. Para la operacionalización, fueron delimitadas, a partir de  los  modos de  producción  y las  transformaciones suscitadas en  la  estructura de  los  agricultores campesinos, las vulnerabilidades frente a las alteraciones climáticas y las estrategias que  desarrollan como medidas alternativas.
El  campesinado paraguayo se  caracterizó históricamente por constituir la  agricultura más bien como medio de  sustento familiar, con  escasa y casi  nula orientación al mercado. En  este  orden la dinámica productiva se ha  enfrentado con  fuertes crisis en  el proceso de globalización, que  la orientan indirectamente a adecuarse a las reglas globales del  modo de  producción como agricultor. Aunque la  dinámica agro-productiva de  orden economicista, haya sido  uno de  los factores principales y directos de  las  transformaciones de  los  modos de producción de la agricultura familiar campesina en las últimas décadas, también han implicado fuertes crisis al sector rural, principalmente con  las  expulsiones de  comunidades locales. En  este  proceso de  transformaciones, la  agricultura campesina tradicional se  ha  reconﬁgurado en  sus  modos de producir técnicamente y en  sus  formas de  construcción social. Pero cabe destacar que  actualmente son  las modiﬁcaciones climáticas las que  amenazan la sobrevivencia o tal vez éxitos de este  sector de la sociedad rural paraguaya, que  será desarrollada explícitamente en los apartados del presente estudio.
La  estructura del  artículo se  construirá en  base a  dos  aspectos principales “agricultura familiar y cambios climáticos”. En  un  primer momento, se  delimitara la  concepción de  agricultura familiar a  ser utilizada en  este  estudio; posteriormente se  fundamentará los  antecedentes que  explica la agricultura campesina paraguaya; enseguida se irá  deﬁniendo los modos y las estrategias aplicadas en la dinámica actual de la agricultura familiar campesina, en un territorio reconﬁgurado a partir de la agricultura moderna, y las vulnerabilidades generadas  a partir de  las  condiciones climáticas adversas. El factor cambio climático se constituirá en un elemento transversal a las posibilidades de éxitos y sobrevivencia del modo y medio de producción de este  sector  de la agricultura en esta región, mediante el análisis de las estrategias  utilizadas por  los agricultores familiares del área agro-productiva ante los efectos de los cambios climáticos.

Se  puede aﬁrmar que  la agricultura familiar está en  crisis, pero este  estudio nos  permitirá entender cómo se está desarrollando y viabilizando social y económicamente dentro de  sus  limitantes, que  podría conducirlo o profundizar su condición de pobreza.

Metodología

En  la etapa de  operacionalización de  la propuesta, concerniente a la recolección de  los  datos, se trabajó con  diferentes técnicas de  orden cualitativo, como entrevistas semi estructuradas, cuestionarios, observaciones directas y lectura del  paisaje. Además, se  procedió a  la colecta de datos secundarios a partir de las visitas a las instituciones y responsables de estudios existente sobre la población estudiada.
Inicialmente se recurrió a las fuentes secundarias como documentos oﬁciales, estudios e investigaciones, bases de  datos de  las  direcciones del  Ministerio de  Agricultura y Ganadería,  Dirección General de  Estadísticas Encuesta y Censo, Secretaria del  Ambiente y la Dirección de Meteorología e Hidrología del Ministerio de Defensa.
Para la aplicación de  las  entrevistas fueron seleccionadas según el criterio de representatividad de la situación en estudio y las mismas fueron aplicadas a  agentes individuales y a  grupos focalizados. Las entrevistas individualizadas posibilitaron la  obtención de  los  datos referente a los  modos de  producción, las  variaciones en  la dinámica productiva, y las alternativas establecidas en el proceso productivo actual. En  tanto, a través de las entrevistas grupales se analizaron las problemáticas ocasionadas por  las  modiﬁcaciones de  los  ciclos productivos, las  alteraciones de las  condiciones climáticas y las  vulnerabilidades de las unidades agrícolas campesinas.
Para la colecta de  los  datos sobre las  características socioeconómicas de  los  productores y de  las  unidades agrícolas, los  principales rubros que  producen y los enfoques de la producción fueron aplicados los  cuestionarios, que  posibilitaron la  organización y estructuración de  la  dinámica productiva de  los  agricultores campesinos del  área en  estudio. Asimismo, se  realizó observaciones directas y lectura de paisaje del  área geográﬁco del  municipio como los  campos de  producciones, las  técnicas y tecnologías utilizadas para el laboreo de las ﬁncas, las condiciones de los suelos, las áreas forestales existentes y la conﬁguración agroecológica del  municipio. A partir de estas técnicas se consiguieron agrupar las características físicas y económicas de los productores y las  dinámicas de  cada unidad agrícola, como también las alteraciones tangibles de la realidad local.

Las  entrevistas y encuestas en  la  mayor parte fueron realizadas en el idioma guaraní y traducidas al español, que  permitió una mejor comprensión de  las  ideas y apreciaciones efectuadas por  los  agentes entrevistados. Con  la aplicación de  estas técnicas se logró una aproximación directa a realidad local, contrastando las  informaciones de primera mano y los datos secundarios.

La agricultura familiar campesina: el sistema local y los procesos de transformaciones características y dinámica de la agricultura paraguaya y del municipio en estudio.

La agricultura en el Paraguay constituye una de las principales estructuras socioeconómicas del sector rural, hasta se podría considerar del país en  general, considerando que  las  fuentes de sustento económico y la identidad social del  campesinado paraguayo siempre estuvieron marcadas por  la agricultura, incluso es considerado uno de los países más agrícola de  Sudamérica  (CEPAL, 2007). Así  también, el  sector rural en Paraguay siempre se ha  caracterizado por  la marcada pobreza de las  familias, aunque en  las  últimas décadas la pobreza rural ha tenido un  revés  favorable, en  tanto la  pobreza extrema se  mantiene superior en  relación a la  urbana, demostrando la  vulnerabilidad del sector rural. Según los últimos datos de la Dirección General de Estadísticas y censo, el 36% de la población se encuentra en estado de pobreza, de las cuales el 25% son  pobres extremos y residen en las áreas rurales (Encuesta Permanente de Hogares. DGEEC, 2007).
El  Paraguay a partir de  la  década del  setenta comenzó a destacarse en  la producción y exportación de  productos primarios. El aumento de  la  producción agropecuaria surgió con  la  introducción de innovaciones tecnológicas, como el uso  de  productos químicos y los mejoramientos genéticos. Con este  esquema de producción, se instauro en el país el modelo de desarrollo basado en la exportación (Torres, 2005). El  enfoque desarrollista implantado por  los  países latinoamericanos, como proceso de  evolución hacia el desarrollo, incidió en  la aceleración de la mecanización de los procesos productivos en el país. Desde esta perspectiva, la  agricultura se  traduce básicamente en  la idea de  progreso, el cual sintetizando establece la tecniﬁcación de  la agricultura (Mazoyer, 2001:  39).
La agricultura campesina representa un  papel fundamental en la ruralidad paraguaya, de ahí  la gran importancia que  representa para el  país. Al referirnos a  la  estructura agraria campesina tradicional, estamos enfocando a un modo de producción simple, donde la unidad doméstica es la unidad productiva y con  limitada inserción al mercado,  representada básicamente por  los pequeños productores.

El Distrito de  Abai  es uno de  los  Municipios que  representa una población eminentemente rural y agrícola. Este distrito comprende una superﬁcie de  1547  m2,  destinada principalmente para la producción de agricultura y ganadería, el suelo es de calidad variada y el más fértil representa el 0,5% de toda la dimensión del departamento, en su mayor parte concentrado en  este  distrito. Su  clima predominante es cálido a  templado, registrando temperaturas medias de  21ºC,  máximas de  37ºC  en  verano y 1ºC en  invierno y precipitaciones promedio de  1700  mm anuales (Acción Contra el  Hambre,  2009). El  Distrito cuenta con   una población de  26.455 habitantes,  cuyas actividades económicas principales son  la agricultura mecanizada, la ganadería y pequeñas actividades forestales (DGEEC, 2002).

La agricultura: concepciones y aproximaciones a la dinámica local

En  el Paraguay la actividad agrícola desarrollada por  los agricultores en forma familiar es considerada y caliﬁcada como la agricultura campesina,  y atribuida principalmente a las familias de las pequeñas ﬁncas cuya actividad predominante está basada en la agricultura. Conceptualmente, lo que  es agricultura campesina y agricultura familiar representa ciertas diferencias desde un enfoque teórico, pero en la realidad territorial constituyen un único grupo social y cultural.
Al analizar las concepciones teóricas sobre la agricultura familiar en Paraguay, se  puede considerar, por  un  lado, las  deﬁniciones existentes, tales como la utilizada por  el IICA, que  deﬁne a la agricultura familiar como una unidad productiva caracterizada por  utilizar una cantidad de tierra no superior a las 20 hectáreas, que  utiliza principalmente la mano de obra familiar y contratando durante al año no mayor a diez personales externos (Almada y Barril, 2006), pero para este  estudio la concepción de agricultura familiar es analizada desde una perspectiva más global, considerando también aspectos sociales, como las visiones de la producción y de lo económico, en cuanto a rentas o ingresos y capitales físicos de la familias. En concreto, el análisis de la agricultura familiar del territorio en estudio está delimitado a partir de la extensión del predio; la utilización de mano de obra familiar; el lugar de vivienda; la fuente del ingreso y la comercialización de la producción.
Según estudios recientes, se demuestra que el campesino actual representa un empresario agrícola que desarrolla actividades agrícolas estrechamente integradas con  mercados de insumos y productos. Esto implica un alto  grado de mercantilización, donde la unidad agrícola es administrada de manera empresarial, en tanto sigue una lógica mercantil. En esta lógica ya no son  consideradas relevante la autonomía, la autosuﬁciencia y el ciclo demográﬁco, típico de la clásica agricultura campesina familiar (Ploeg, 2008:  75).  Cabe destacar que  la agricultura familiar no  es una categoría estática de productores que  permanece ﬁja, más bien constituye un grupo sujeto a procesos de transición hacia delante o hacia atrás como resultado de los diferentes factores sociales y económicos en un determinado territorio (Chiriboga, 2002).
Es importante destacar que  con  los cambios sucedidos a partir de la agricultura moderna no solo  el nivel  de sobrevivencia cambia, sino también la noción misma de sobrevivencia. Esto signiﬁca que, en ocasiones, la autosuﬁciencia implica que la producción en primer lugar es destinada para satisfacer las necesidades de alimentación de las familias. En segundo  lugar, esta noción se reﬁere básicamente al nivel  de  renta obtenido; mientras, en otro caso, la sobrevivencia se reﬁere a la capacidad de cumplir  condiciones externas contraídas e impuestas, como las  exigencias de los bancos, los grupos agroindustriales y por  el estado mismo, que  se vuelve necesario para sobrevivir. En concreto, se puede decir que la sobrevivencia es una noción que  depende de varios factores y momentos. En este  sentido, la agricultura implica, sobre todo, crear activamente cosas, recursos, relaciones y símbolos que  la identiﬁcan como tal.
Los agricultores se adaptan permanentemente a coyunturas especíﬁcas y, por  tanto, se adaptan a las especiﬁcidades de la sobrevivencia, sin  implicar a veces  alteraciones básicas en su propia condición de campesino. El concepto del agricultor familiar campesino está referido precisamente al eje entre el campo y el contexto social. La presencia de las relaciones de dependencia, la inseguridad, la marginalidad, las  amenazas externas y las  faltas de perspectivas, todas asociadas hacen del  modo campesino de  hacer la agricultura, una institución necesaria. En  este  caso, esta es una institución que  al menos ofrece alguna autonomía y posibilidad de progreso (Ploeg, 2008:  23-37).
Como todas las  instituciones, ella  puede concretizarse en  un  conjunto de diversas expresiones contrastantes, que  en Paraguay se pueden considerar a partir de  diferentes tipos de  agricultores, en  función a su condición socio económica.
La condición del agricultor familiar representa un  ﬂujo  a través del tiempo, es un proceso dinámico que  se pude desarrollar en diferentes direcciones, con ritmos diferentes y mediante mecanismos distintos, dependiendo en gran medida de la formación social en que  está inmersa. Este proceso también puede ser estancado o bloqueado. Partiendo de la situación de la agricultura familiar paraguaya, este  proceso puede ser obstruido y en ocasiones desarticulados, atendiendo la fragilidad de las condiciones del mismo, en un medio manejado por  las reglas del libre mercado.
Una  acotación importante es  que  después de  la  modernización el agricultor campesino permanecerá sobre diversas formas nuevas e inesperadas y que  indefectiblemente se debe lidiar con  esa situación tanto de manera práctica como también en la teoría.
Es  aquí que  las  realidades de  los  agricultores familiares, en  este caso del  municipio en  estudio identiﬁcado como un  territorio en  transformación, pueden permanecer como productores mediante sus diversas estrategias, adaptándose de ciertas formas a las  exigencias del  mercado regional y a la vez complementada con  las  necesidades de mercados alternativos, en los casos de la inserción a la producción de los rubros especíﬁcos del complejo empresarial como también la incorporación de la producción de rubros alternativos, especíﬁcamente cítricos. Así también, la multifuncionalidad se observa como uno de  los  factores elementales para la sobrevivencia de las familias y el estatus de agricultor familiar.

Para la  agricultura familiar en  el Paraguay, se  ha  hecho necesario adecuarse a los requerimientos exigidos básicamente por  la globalización de la economía para consolidarse como productores y mantener la población, atendiendo que  los mismos representan un grupo con  bajos niveles educativos, técnicos, económicos y mínimos servicios básicos de  salud, educación y caminos.

Las modificaciones de los recursos naturales y las condiciones climáticas: sus efectos e incidencias en la agricultura dinámicas y procesos productivos en la región

Partiendo de  los  principales aspectos que  lo caracteriza al Paraguay, se puede destacar que  el país está constituido por  dos  regiones completamente distintas entre las mismas, las cuales están deﬁnidas principalmente por  las características topográﬁcas y climáticas. En cuanto a la Región Oriental, en la cual se ubica el distrito en estudio, se encuentra categorizada como una zona subtropical, considerando que  posee las estaciones climáticas bien deﬁnidas, con una media anual de 21ºC y heladas menores a 0ºC, así también, registra abundantes lluvias en toda la región variando de 1500 a 1800 mm de media anual.
Las condiciones topográﬁcas de la región presentan suelos residuales, profundos y bien desarrollados, por  lo que  es muy apreciado para el desarrollo de la agricultura. Cabe destacar que  gran parte de esta región estaba constituida originalmente por  vegetaciones boscosas, las  cuales fueron transformándose tanto en espacios habitados por  seres humanos, como para las actividades productivas agrícolas, esta última aumentada aceleradamente en  las  últimas décadas. En  cuanto a las  transformaciones  de los modos de utilización de los espacios físicos, se podría considerar como hechos normales, dentro de un  proceso de construcción de la agricultura moderna. Y analizando desde la perspectiva de  los  estudiosos, estos procesos de  reconﬁguración de  los  espacios a partir de  la agricultura tecniﬁcada, es considerada como una etapa por  la cual toda sociedad deberá pasar indefectiblemente en cualquier tiempo y espacio (Rostow, 1970).

Analizando los  cambios experimentados en  la región, el avance de las áreas cultivadas por  producciones extensivas, principalmente de granos,  en tierras ocupadas originalmente por  los cultivos tradicionales y de pequeños productores, fue  transformando la  estructura productiva de esta región. Las  transformaciones de  las  dimensiones productivas y las dimensiones de las ﬁncas agrícolas han variado visiblemente en la última década, tal como se observa en el último censo agrícola.

El avance de  la agricultura moderna en  el Paraguay determinó una reestructuración casi  total de  las  comunidades y de  las  formas de producción. Los  bosques fueron sustituidos por  grandes plantaciones,  con   enfoques  productivistas,  desplazando  a  productores de  pequeñas propiedades, con  las  nuevas tecnologías propios de  la agricultura tecniﬁcada. De ahí  la degradación de las potencialidades ecológicas, habitualmente atribuida a la rápida expansión de superﬁcie  cultivadas, cuya causa esencial seria la  exigencia de satisfacer inmediatamente las necesidades de la población que  no  para de  crecer  (Dufumier, 2007). Los  caminos seguidos por  el proceso de la modernización agrícola fueron condicionados de modo decisivo por las  demandas de  los  agricultores mejor colocados en  el sentido de simpliﬁcación del sistema de cultivo a monocultura. La contaminación de  culturas tradicionales por  transgénicos, en  la medida en que  los  alimentos genéticamente modiﬁcados ganan espacios en  la agricultura, altera, a veces  irreversiblemente, el cultivo tradicional. Las  rápidas transformaciones estructurales determinadas por  la inserción de la agricultura mecanizada en la región, hacen que  ciertos ciclos se transformen, desaparezcan o sean sustituidos por  otros (Veiga, 1997).
El análisis hecho sobre la evolución y condición actual de la agricultura en  el Paraguay y la  discusión sobre los  cambios climáticos globales permite inferir que  la  gran mayoría de  la  población rural paraguaya conformada por  pequeños agricultores familiares, con  estructuras sociales y económicas altamente variables, con  niveles  de  inserción en  los  mercados extremadamente desiguales, son mayoritariamente vulnerable a los impactos de los cambios de cualquier naturaleza.
La  agricultura campesina en  el Paraguay históricamente se  ha caracterizado por  su  orientación a la supervivencia del  grupo familiar. Pero esta orientación se ha  modiﬁcado con  el proceso de reconstrucción de  la  agricultura, reorientando su  foco  de  interés a la mercantilización de  la producción. El  mencionado proceso de  mercantilización está referido básicamente a la redistribución del  destino  de  las  producciones y la inserción de  nuevos rubros productivos especíﬁcos dentro del sistema de producción.

Considerando la  realidad del  distrito de  Abai  y la  reconﬁguración experimentada por  su  territorio a  partir de  la  inserción de  la agricultura tecniﬁcada, se observa una modiﬁcación bastante acelerada, teniendo en  cuenta los  tiempos cronológicos en  relación a las técnicas de producción de los cultivos. Estas áreas fueron reconﬁguradas, paralelamente con  la  etapa de  fortalecimiento y crecimiento del sector agroproductivo.

Los agricultores familiares del municipio de Abai se encuentran en un proceso de transformación acelerado en su ritmo, pero más retrasado en la región. Es decir, los modos de producción de los productores de este  municipio, constituido por  agricultores familiares, se  caracterizaban principalmente por  la  forma tradicional de  hacer agricultura, pero a partir de las dos  últimas décadas se intensiﬁcaron la inserción de  grupos de  productores y formas de  producciones tecniﬁcadas, generando una especie de metamorfosis en el enfoque de la producción, en el espacio geográﬁco y los ciclos normales de producción.
Estas transformaciones podrían considerarse como principales incidentes en  las  alteraciones de  las  precipitaciones y las  temperaturas,  que  se han intensiﬁcado en los últimos años, afectando principalmente a los  ciclos agrícolas. Las  intensiﬁcaciones se reﬁeren a la intensidad concentrada en  un  determinado tiempo, es decir, la concentración de las precipitaciones registradas. Pero también se destaca las variaciones de  los  periodos normales en  las  que  se registran durante el año, las  cuales al modiﬁcar, inciden directamente en  la estabilidad de los ciclos productivos.

Según los  cientíﬁcos, se presume que  las  precipitaciones totales tendrán mínimos incrementos, pero probablemente se  modiﬁcarán los sitios donde se precipitarán, los cuales variarán la dinámica de las precipitaciones  pluviales. Ante  estas predicciones se  puede deducir que  las  zonas húmedas se volverán más húmedas y las  zonas secas, más secas, entendiendo que, cuanto más aumenta la  temperatura conllevan a un  incremento de  la evaporación. Estas situaciones nos indican la presencia de un  riesgo particular para las  regiones que  ya subsisten con  precipitaciones mínimas o que  dependen de agricultura temporal.

Los cambios climáticos y la vulnerabilidad de la agricultura familiar las variaciones de los ciclos climáticos y una perspectiva alarmante para la agricultura

Los cambios climáticos son  factores representadas en las alteraciones de  los  procesos de  cíclicos de  lluvias y temperaturas, y básicamente ocurren por  factores naturales, como también por  la  acción de  los seres humanos. Estas modiﬁcaciones o  alteraciones climáticas son consideradas como cambio global y consisten puntualmente en el aumento de la temperatura superﬁcial del planeta.
Las  producciones agrícolas de toda índole son  muy afectadas actualmente por  diversos factores que  se  atribuyen al  cambio global, como la incorporación de  nuevas variedades de  cultivos, cambios en los gustos y las modiﬁcaciones ambientales originadas en forma natural  y por  las  inﬂuencias antropogénicas (IPCC,  2007). La agricultura es uno de los elementos más expuesto a los cambios climáticos, aunque  la vulnerabilidad dependerá al mismo tiempo de un  conjunto de factores biológicos y socioeconómicos puntuales de  cada condición geográﬁca. Con  los estudios actuales, se presumen que  determinadas zonas del planeta están más expuestas y son  potencialmente más vulnerables a  las  alteraciones climáticas, y consecuentemente a  la  pérdida de  la productividad agrícola tanto en  la disminución del  rendimiento, como el aumento de los costos de producción (Schultz, 2007).

En rendimiento de las producciones registradas en estos periodos agrícolas 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 y 2009/2010 fueron inferiores a la  media normal de  la  Región (Oriental) y en  relación a los años anteriores. Los  registros de  rendimiento de  la  soja,  una de  las producciones más representativa en  el Departamento y su  promedio de rendimiento anual aproximado es de 2500  kilos  por  hectáreas. En el gráﬁco siguiente se puede observar las  proyecciones de  la productividad de  la soja  en  la Región, lo que  demuestra la importante diferencia negativa en  relación a la media nacional, puntualmente en  los años 2006  y 2009  (CAPECO, 2010).

Según las  predicciones más alarmantes, las  temperaturas pueden alcanzar extremos muy altos, incrementándose en unos 4ºC y las precipitaciones pueden bajar en  un  10 a 40%  (IPCC,  2004). Considerando que  todas las alteraciones ambientales mencionadas producen déﬁcits hídricos en  los  tejidos de  las  plantas, promoviendo estrés, las  cuales dan lugares a situaciones adversas para el normal crecimiento, desarrollo de  las  plantas, cultivos y por  consiguiente de  las  comunidades (Save, 2007).
Los  incrementos de  las  temperaturas, pueden actuar como factores directos sobre las  producciones agrícolas, estos hechos pueden promover aumentos en la evaporación, en la respiración del suelo, en la cantidad de la materia orgánica en el mismo, que  al mismo tiempo reduce la  capacidad del  suelo por  actuar como un  lugar de  almacenamiento y fuente de  agua por  la  vegetación, dando lugar a déﬁcits hídricos en  la  vegetación (Schultz, 2007). El  nivel  de  déﬁcit hídrico puede promover en  los  cultivos, disminuciones en  la parte aérea, del tamaño, el número de frutos y de la producción.
Atendiendo la situación actual de los agricultores familiares de la región, quienes han experimentado fuertes sequías durante tres ciclos agrícolas consecutivos (2005-2009), ya registran ciertas alteraciones, implicando la pérdida de productividad en algunos casos y en otros la pérdida total de la producción —no consiguió germinar—. Los modos de  producción, tanto de  los  agricultores familiares, como de  las  producciones empresariales, están expuestos a estas alteraciones climáticas,  lo cual deja  en prueba la estabilidad y capacidad de los productores  para superar las condiciones adversas inevitables.

Las  sequías experimentadas se  han sentido como una situación más grave y más incidente, por  su mayor efecto nocivo en los cultivos, los  productores expresaron que  la falta de  15 o 20 días de  lluvias en los periodos agrícolas anteriores no presentaban tanta gravedad. Pero la situación puntual de los periodos agrícolas 2007/2008 y 2008/2009, principalmente se ha constituido en una catástrofe para las producciones que  se encontraba en el momento de germinación y/o crecimiento, reduciendo los rendimientos por  una parte y por  otro lado la pérdida total. Aunque las precipitaciones registradas en los tres últimos periodos  agrícolas, se encuentran dentro del  rango de  la media anual que es  de  1200  a  1800  mm anuales, las  distribuciones fueron muy desiguales escaseando en  un  periodo importante del  proceso productivo y concentrándose en  otro periodo del  ciclo  productivo. En  el gráﬁco siguiente se puede observar las  variaciones de  las  precipitaciones en los cuatro periodos agrícolas mencionados en la gráﬁca.

Pero la escasez de las lluvias en estos ciclos agrícolas fue  considerada como anormal para estos productores, considerando que  la situación presentada se sintió con  mayor fuerza, probablemente debido a que  la falta de lluvia fue acompañada de temperaturas extremas superiores a las normales para esos  meses. En tanto, el periodo de escasez de lluvia sumada a las  altas temperaturas profundizaron los  efectos sobre las producciones agrícolas estacionales.
En  tanto, se presume que  estas alteraciones pueden ser  aun más drásticas, puesto que  cuando efectivamente se  precipita la  lluvia es muy probable que  las  descargas sean más violentas, aumentando los riesgos de inundaciones hasta en las zonas extenuadas por  las sequías, pudiendo suceder tanto en  términos de  espacio, como también de tiempo, se puede observar en el gráﬁco anterior.
Este cambio global promueve la combinación de  varios factores incidentes en  el  mismo espacio y tiempo, pudiendo promover efectos  sinérgicos sobre la vegetación y en  los  cultivos. Es  así,  que  otros estreses constituyen la aparición de plagas, enfermedades y malezas, que  puede parecer insigniﬁcante, pero que  al  momento de  contabilizar puede tener efectos negativos signiﬁcante en  las  producciones agrícolas, principalmente en la productividad (Save, 2007).

Estas situaciones se han observado como una constante en la realidad de  los  agricultores familiares del  Distrito de  Abai,  como el aumento de las  plagas y enfermedades que  aquejan a las  producciones, elevando los  costos de  las  producciones por  un  lado y por  otro lado implicando la  pérdida de  las  producciones y principalmente las  tradicionales, considerando que  a este  tipo de  producciones no  se aplican  los insumos químicos. En  este  periodo agrícola actual 2009/2010, los productores manifestaron que  las lluvias fueron abundantes, pero fueron aquejados por  otro problema, como el ataque del yso (gusano).

La vulnerabilidad:  un constante en la dinámica de la agricultura familiar

Conceptualmente la  vulnerabilidad es  la  exposición,  sensibilidad  y adaptabilidad  intrínseca  —capacidad adaptativa— de  cada sistema a  la  variabilidad climática, a  los  eventos extremos y a  los  cambios climáticos. La vulnerabilidad del  sector agrícola frente a los cambios climáticos depende de una serie de variables determinadas por  la capacidad de las ﬁncas de absorber y adaptarse a las nuevas situaciones plateadas por  el clima.
Algunas de  estas variables que  determinan la  capacidad del  sistema, son  las  intrínsecas a las  ﬁncas, como el tamaño de  la ﬁnca, el uso  que  le  dan al  suelo, el  acceso al  agua, capital e infraestructura productiva, el grado de  formación técnica de  los  productores, las  actitudes frente al cambio y el potencial productivo de la tierra. La vulnerabilidad en la agricultura depende además, de variables externas a la ﬁnca, como las informaciones, infraestructuras de comunicaciones, dinámica de mercados, ﬁnanciamiento, existencia de instrumentos de fomento y calidad y la cantidad de mano de obra disponible.
La  vulnerabilidad del  sistema agrícola de  los  agricultores familiares resulta entonces de  las  interacciones de  los  dos  factores calculados, que  en  su  conjunto determinan la vulnerabilidad ﬁnal  de  este grupo de productores.
Desde un  punto de  vista social y productivo, las  regiones donde domina la  pequeña propiedad con  bajos niveles de  tecniﬁcación del sistema de  producción y con  cultivos predominantemente temporales,  muestran su  mayor vulnerabilidad. En  tanto, aquellas ﬁncas con agricultura extensiva y de  alta tecniﬁcación son  las  menos vulnerables,  por  lo que  se les  atribuye una mayor capacidad de  adaptación. Además, se aprecia que  la vulnerabilidad es mayor en los sectores con alta presencia de cultivos anuales.
Las  tendencias demuestran que  en la actualidad, la combinación entre la erosividad de la lluvia y escasez de cobertura vegetal, indican a  la  región agroproductiva como las  zonas de  mayor riesgo. En  estos  sectores de la región, las  pérdidas de suelos son  signiﬁcadamente mayores. A esta fragilidad se  suma el hecho de  que  el uso  del  suelo corresponde mayormente a terrenos deforestados y relativamente degradados, que  ofrecen poca protección al  suelo, así  como a las  producciones agrícolas intensivas, cuyos modos de aplicación remueven intensamente el suelo, dejándolo paulatinamente desprotegido.
En  los  escenarios futuros de cambio climático, se registrara una disminución o  eliminación de  las  coberturas boscosas del  suelo en casi  todo el municipio y la región, debido a la deforestación gradual y menor crecimiento de las vegetaciones espontáneas, y esto  exacerbará los niveles de riesgo de pérdida de suelo.
Las  condiciones climáticas de los últimos periodos agrícolas han intensiﬁcado las  variaciones de  las  precipitaciones y las  temperaturas  principalmente en la zona geográﬁca en estudio. Estas variaciones han implicado la inestabilidad y un  mayor grado de vulnerabilidad de la Agricultura Familiar. Esto, se puede considerar como una situación de riesgo a la condición del agricultor familiar, riesgo en el sentido de ser  absorbido por  la poca capacidad de sobrellevar las pérdidas de las producciones, como efectos de los  periodos de lluvias y los  extremos de  las  temperaturas,  llevando a  un  desequilibrio de  los  periodos de producción y cosecha respectivamente.
Este conglomerado de modiﬁcaciones del clima incluye las intensidades de  las  lluvias, los  extremos de  las  temperaturas y las  imprevisiones de los vientos drásticos —tormentas con  granizos—, haciendo  que  las  condiciones materiales básicas de  estos grupos familiares sean superadas por  las exigencias generadas a partir de las mudanzas bruscas. Las  consecuencias de  estos fenómenos se  acentúan con  las erosiones de  los  suelos, que  gradualmente están degradando la  calidad de las tierras en la zona, pudiendo aun agravar la situación de los agricultores familiares si aumentan los descontroles.

Se  observan que  las  tierras del  área en  estudio, presentan cambios  en  sus  estructuras tanto físicas como en  su  composición. En  los aspectos físicos, las  tierras sufren las  consecuencias de las  continuas erosiones, constituyéndose en  una amenaza para la estabilidad de  la constitución de  los  suelos, en  tanto, va  gradualmente perdiendo su fertilidad. Como se  puede observar, las  estructuras de  los  suelos del Municipio de Abai, van experimentando ciertos cambios, como la desproporción de los caminos, la erosión y el deslizamiento de los cursos de aguas y la gradual desertiﬁcación de los suelos.

Como es bien sabido que  el modo de producir de la agricultura familiar  representa una dinámica orientada básicamente a  su  reproducción social, en tal sentido, la capitalización no representa un elemento principal en  la vida  de  estos grupos productivos, de  ahí  la fragilidad en  cuanto a capital físico y económico, que  en  cierta forma sostiene la estructura de  cualquier grupo productivo, en  tal  sentido son  estos agricultores familiares los  mayores afectados por  las  degradaciones de los recursos naturales.
Indefectiblemente la  agricultura familiar ha  sufrido como una forma de  metamorfosis, generando una desactivación de  su  medio natural y social tradicional. La  “desactivación” de  este  sector de  la agricultura representó la contención y al mismo tiempo la reducción progresiva de los  niveles de producción agrícola, como los  modos de hacerlo y las  diversiﬁcaciones. En  este  caso, la rearticulación ha  servido  como una salida y una forma de sobrevivencia en un  contexto de privación y vulnerabilidad, considerando que  la condición de la Agricultura Familiar no  es  deﬁnitivamente una condición estática, esta representa una dinámica, lineada a  través del  tiempo y del  espacio, con  movimientos ascendentes y descendentes.
En  este  contexto de estudio, la sobrevivencia es un  elemento importante de  la  caracterización de  la  agricultura familiar, pues se  reﬁere  a la reproducción y al mejoramiento de la propia existencia. Así también, la pluriactividad es uno de  los  elementos que  caracteriza a este  sector, en  la  mayoría de  las  veces  es  una forma de  suplemento de  los  ingresos, pero muchas veces  ella  sirve  también para obtener fondos que  permitan a estos agricultores invertir en  las  ﬁncas y en  la alimentación de las familias.

Aunque la agricultura moderna cuenta con  suﬁciente métodos y técnicas para la recuperación de los suelos, se observa que  la utilización de  los  insumos químicos destinados para la fertilización de  los suelos son  cada vez mayores, que  incide en  la pérdida gradual de  la capacidad del  suelo, los  cuales exigen mayores riesgos en  los  procesos  normales de  reconstrucción. Estas circunstancias, en  tanto, nos indica la necesidad de que  el productor agrícola precisa de suﬁciente recurso para consolidarse en  el  territorio. Aunque, las  alteraciones climáticas, en  sus  incidencias directas, no  implican una discriminación de víctimas, es relevante destacar la importancia de la capacidad y consolidación económica del productor. Esto es, si un  productor no cuenta con  la suﬁciente y sólida estabilidad sus  riesgos son  mayores, debido a  la  pérdida de  su  principal fuente de  ingreso y por  consiguiente impidiendo cumplir con  sus  compromisos contraídos, como las  deudas, que  en  la mayor parte conduce a la pérdida de su capital principal, la tierra.

Conclusión

En  base a  los  patrones de  cambios registrados en  el territorio y las situaciones experimentadas por   los  agricultores familiares campesinos del  Municipio de  Abai,  se  puede identiﬁcar signiﬁcativas modiﬁcaciones en  la  estructura productiva de  los  agricultores y en  los ciclos agrícolas locales. Estas mudanzas podrían considerarse como encadenadas en  sus  procesos de intervenciones, es decir, los cambios en  los  modos de  producción conlleva a las  alteraciones de  los  ciclos normales a partir de las reestructuraciones de los recursos naturales. La dinámica productiva en la región y en el municipio orientó la producción local  hacia un  estilo empresarial expansivo, aunque la transición de  los  agricultores campesinos aún se encuentra incipiente, la expansión del complejo productivo empresarial y la expulsión de gran porcentaje de  familias locales ha  dado espacio al  acelerado proceso de  reconﬁguración de  las  espacios geográﬁcos, que  al mismo tiempo modiﬁcaron los ciclos agrícolas normales como incidencia de las alteraciones climáticas.

La concentración de  las  precipitaciones se ha  modiﬁcado en  las últimas décadas, aunque la cantidad normal en promedio permanece similar, la relación de cantidad y tiempos registran marcados aumentos,  cuyas intensidades y periodos de caídas representan alteraciones signiﬁcativas para los  ciclos de  producción. Con  la  velocidad de  los vientos en  aumento, una mayor intensidad de  los  rayos solares y al no  haber coberturas boscosas, se  aceleran la  intensidad del  secado de los suelos, que  favorecen las degradaciones y las pérdidas de la capacidad productiva. En  tanto, las  lluvias continuas en  periodos anormales favorecieron la aparición de  plagas y la lixiviación de  los suelos, disminuyendo gradualmente la productividad de los  suelos y concomitantemente las condiciones de las producciones y los productores agrícolas.

Por  otro lado, la  eliminación de  la  vegetación o áreas boscosas y  la  intensiﬁcación de  las  lluvias, acrecientan  el  escurrimiento de las  aguas, aumentado la  velocidad y a  la  vez  acelera la  erosión de los  suelos. Estas alteraciones hace que  disminuyan las  inﬁltraciones afectando la recarga de los acuíferos superﬁciales y cada vez más va escaseando el agua, que  repercute negativamente en la estabilidad de las producciones.

Las  pérdidas de  las  cosechas, son  factores que  también acrecientan las vulnerabilidades de los agricultores, principalmente ocasionadas por  las  alteraciones de los  periodos de escasez de lluvias o concentración de las precipitaciones, al momento de iniciación de la etapa maduración de  la producción, los  cuales hacen imposible las cosechas por  la putrefacción de los  frutos o la pérdida de la calidad de las producciones.

Los  cambios climáticos experimentados en  la  región, no  solo afecta la estabilidad de los ciclos de producción, sino, todas las etapas del  proceso de producción y pone en  riesgo la estabilidad del  mismo productor agrícola. Las  alteraciones climáticas representan graves problemas para los productores agrícolas y las comunidades del  área rural. Estos factores han motivado por  un  lado, migraciones de familias  completas, vendiendo sus  ﬁncas y por  otro lado dejando su rol de productor agrícola, alquilando sus  ﬁncas para vivir  de  las  rentas del alquiler de la tierra.

Otras situaciones detectadas a  partir de  las  alteraciones climáticas se  reﬁeren a  las  deudas contraídas por  los  productores, al  no poder cumplir con  las obligaciones contraídas, debido a las bajas productividades o pérdidas completas de  las  producciones van  profundizando las vulnerabilidades con  los consecutivos periodos de desastres climáticos. Aun  con  las  reﬁnanciaciones de  las  deudas, la situación de los agricultores se vuelve  más drástica, con  el peligro de la descapitalización de las familias, la desmotivación de los jóvenes y la consecuente migración.

Ante la crisis que  están sufriendo estos agricultores familiares básicamente por  las  alteraciones climáticas, los  resultados indican que están en una etapa de iniciación por  lo que  no cuentan con  un plan estratégico técnico-productivo. Estos agricultores han superado la etapa  de  transición de  una economía de  sobrevivencia a una economía de mercado, la cual ha  contribuido con  su posibilidad de mantenerse como productor agrícola. Pero, esta etapa reciente como consecuencia de las alteraciones climáticas, demuestra la vulnerabilidad de este grupo de  agricultores cuya economía incipiente impide su  resurgimiento y consolidación. Es aquí, que  la vulnerabilidad podría marcar el avance o regresión de los agricultores familiares campesinos.

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Magíster en Desarrollo Rural. Investigadora del CERI↵