Nuevos horizontes en la investigación social

Cecilia Abdo Ferez 

Mariana Galvani 

Damián Pierbattisti 

María Carla Rodríguez 

[compiladores]

Nuevos horizontes en la investigación social: artículos seleccionados de las VI Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani / Natalia Debandi   …
[et.al.]; con prólogo de Cecilia Abdo Ferez… [et.al.]. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO; Instituto de Investigaciones Gino Germani, 2013.
E-Book – (Red CLACSO de posgrados / Pablo Gentili)
ISBN 978-987-1891-56-6

1. Sociología. 2. Investigación. I. Debandi  , Natalia  II. Abdo Ferez, Cecilia, prolog. CDD301

Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO: Investigación social / Poder /Violencia /Territorio / Conflictos / Instituciones / Gobierno / Políticas públicas / América Latina / Argentina

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Primera edición
Nuevos horizontes en la investigación social (Buenos Aires: CLACSO, mayo de 2013)
ISBN 978-987-1891-56-6
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Presentación

Esta compilación es resultado de las VI Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, que se realizaron del 10 al 12 de noviembre de 2011. Esta nueva edición, auspiciada por la Red de Posgrados del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), convocó a jóvenes investigadores en Ciencias Sociales de Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Cuba, México, Venezuela y diversas universidades de la Argentina, que presentaron 490 trabajos de 630 autores. Además, participaron, como asistentes y ponentes no solo graduados sino también estudiantes de grado.

Cabe destacar que estas Jornadas se nutren de mucho de los mejores atributos de la universidad pública. En este sentido, fueron y son pensadas como espacios abiertos, masivos y pluralistas de discusión, que no por ello reniegan del rigor académico. En especial, debe destacarse la cultura organizativa que la sostiene. La misma tiene una impronta democrática y autogestiva que nos caracteriza y enorgullece como institución. Las Jornadas se construyen a partir de la discusión y debate entre pares, en un espacio de intercambio donde democráticamente se toman las decisiones y se distribuyen los esfuerzos. En este sentido, las Jornadas muestran el vigor y la importancia de una cultura organizativa democrática en el ámbito científico. Frente a lo que en ocasiones se sostiene, la cultura técnico burocrática no es la única posible de organizar el espacio investigativo de las Ciencias Sociales. Por el contrario, nuestra cultura demuestra cómo una adecuada combinación de criterios democráticos y meritocráticos promueven una vida académica más plena que colabora en la ampliación y desarrollo del campo de la investigación.

Iniciadas en 2001, las Jornadas son una iniciativa del claustro de los becarios del Instituto de Investigaciones Gino Germani que cuenta con el acompañamiento activo de su comunidad académica. Con el objetivo de intercambiar diversas experiencias de producción científica y de intervención política y social, las Jornadas se constituyeron en un espacio democrático y plural de reflexión crítica, distinguido por su excelencia académica, que convoca, edición tras edición, a un conjunto creciente de las nuevas generaciones de investigadores en el ámbito de las Ciencias Sociales. Las Jornadas de Jóvenes Investigadores han consolidado un espacio de diálogo e intercambio que contribuyó a dinamizar la actividad académica en el campo de la investigación social. Originariamente, pensada como una actividad muy vinculada a la comunidad del Instituto, con las sucesivas ediciones fue sumando la participación de investigadores en formación de otras instituciones del país y, más recientemente, del exterior. Asimismo, el ejemplo de las Jornadas del Instituto nutrió la emergencia de jornadas análogas en otras instituciones.

Otro de los méritos de este espacio de diálogo de avances in-vestigativos es el haber buscado ampliar los horizontes de discusión integrando y vinculando las distintas áreas temáticas con el objeto de no reificar la especialización y fragmentación en la construcción del conocimiento. En este sentido, los trabajos presentados en las Jornadas se agruparon en función de grandes ejes problemáticos reconocibles en los distintos fenómenos, planteos y/o abordajes, que permitieron producir un desplazamiento respecto de las distinciones naturalizadas en las dinámicas institucionales y priorizar de este modo la discusión y el intercambio entre expositores, asistentes y comentaristas. Desde esta propuesta, se invitó en la convocatoria de las VI Jornadas a todos aquellos jóvenes investigadores que, individualmente o en el marco de sus respectivos grupos de trabajo, aporten sus perspectivas y abordajes de distintos objetos de estudio, en un marco de irrestricto pluralismo fecundo a la expresión de las diferentes líneas de investigación y corrientes de pensamiento. La convocatoria se hizo sobre ejes amplios que intentaron cubrir el amplio espectro de temáticas que pueden abarcarse desde la investigación social. Así, se propuso trabajar sobre los ejes: Identidades, Alteridades, proponiendo un espacio de intercambio y reflexión en torno a la cuestión identitaria y a la construcción de diferentes representaciones de la otredad/alteridad; Poder, Dominación, Violencia, apuntando a conformar una trama de problematización conceptual, histórica, empírica y epistemológica acerca de los distintos procesos de legitimación y consolidación de nuevas (y viejas) formas del ejercicio del poder y la dominación; Protesta, Conflicto, Cambio, para abordar el análisis de diversos procesos sociales desde una perspectiva que enfatice sobre las dimensiones de conflictividad social presentes -latentes o manifiestas- así como la posibilidad o no de que dichos procesos impliquen en su desenvolvimiento la constitución de procesos más amplios de innovación y cambio; Producciones y consumos culturales, Arte, Estética, construyendo un espacio de crítica y reflexión acerca de los múltiples procesos sociales presentes en las dimensiones cultural, artística y estética de nuestra sociedad; Política, Ideología, Discurso, para discutir acerca de las características que asume el discurso político en el marco de la videopolítica y las nuevas tecnologías, reflexionando críticamente, entre otros aspectos, los cambios producidos en las campañas políticas, en el periodismo de investigación política y en los modos de comunicación gubernamental; Espacio socia, Tiempo, Territorio, promoviendo una instancia de intercambio y discusión entre diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, donde el espacio y el tiempo resulten atravesados por problematizaciones epistemológicas, políticas, sociales y culturales; Políticas del cuerpo, con la propuesta de analizar la producción y regulación social de los cuerpos y la configuración de subjetividades desde un nivel de interacción cara a cara hasta un nivel político institucional; Conocimientos y saberes, proponiendo el desafío de intercambiar sobre lo que se avecina y lo que nos inquieta en la actual investigación social y educativa, por ende, sobre lo instituido y lo sedimentado, en constante solapamiento con lo novedoso; Teoría, Epistemologías, Metodologías, convocando a las investigaciones, debates y reflexiones en torno de la llamada teoría social, su relación con las teorías de las que se nutre, tanto en torno de conceptos como de la producción de autores y tradiciones; Ciudadanía, Democracia, Representación, invitando a reflexionar sobre estos ejes, además de la elaboración de nuevos interrogantes y la ampliación del debate; Estado, Instituciones, Actores, donde se analizaron los factores económicos, políticos y sociales que influyen en las variaciones de la interacción entre el Estado y actores sociales a partir de enfoques institucionalistas, pluralistas y clasistas y Producción, reproducción y cambio en la estructura social, proponiendo reflexionar acerca de cambios y continuidades en los diversos procesos de producción y reproducción simbólicos y materiales de la vida social. Esta edición recoge, además, los debates sobre las experiencias de extensión, que fueron incluidos en el desarrollo de las VI Jornadas de Jóvenes Investigadores, entendiendo que es necesario potenciar el vínculo entre Universidad y Sociedad, a través de una concepción basada en el diálogo. En ese rico intercambio se debatieron las articulaciones entre prácticas hacia la comunidad y sujetos universitarios. La actividad partió de las experiencias desarrolladas por proyectos desarrollados por tres equipos del Instituto: el Proyecto de Cartografía Social del Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos (GEPCyD); el Proyecto de Voluntariado desarrollado por el Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas Autogestionadas (OSERA); y el Programa de Capacitación y Formación en Derecho a la Salud y Salud Reproductiva, llevado adelante por el Área de Salud. Luego, se invitó a construir un espacio de debate abierto con esas y otras intervenciones que articulan la universidad con distintos sectores de la sociedad.

Entendemos que este paso editorial dado entre el Instituto de Investigaciones Gino Germani y CLACSO es resultante de una selección de las casi quinientas ponencias presentadas. El proceso de selección tuvo varias etapas. Los comentaristas invitados a las mesas de presentación de las ponencias y discusión seleccionaron aquellos trabajos que resultaron destacados por su elaboración y consistencia analítica. Corresponde señalar que los integrantes de la comisión organizadora del evento excluyeron sus ponencias previamente a esta etapa preliminar de selección para otorgarle transparencia al proceso. Posteriormente, se convocó a los investigadores Cecilia Abdo Ferez, Mariana Galvani, Damián Pierbattisti y Carla Rodríguez, quienes tuvieron la difícil tarea de evaluar los trabajos finalistas con el objeto de seleccionar y presentar los diez artículos que hoy presentamos en esta compilación y esperamos sea de vuestro agrado.

Para concluir, quisiéramos expresar en nombre de toda la institución nuestro profundo agradecimiento al desinteresado y comprometido aporte de quienes han tenido la responsabilidad de organizar la última edición de nuestras Jornadas: Anahí González; Gisele Klei-dermacher; Romina Tavernelli; Florencia Jensen; Julieta Lampasona; Ariel Fernández; Karina Mouzo; Alina Rios; Celina Recepter; Ana Laura López; Julia Pasin; Emilio Ayos; Mariela Singer; Juan Miguel Aino-ra; Matías Crespo Pazos; Daniela Szpilbarg; Mariana Cervino; Joaquín Linne; Juan Pablo Temelini; Marina Ollari; Daniela Lucena; Diego Ba-sile; Javier Campo; Ezequiel Saferstein; Ana Slimovich; Andrea Palo-poli; Natalia Garrido; Bárbara Ohanian; Magdalena Camejo; Mercedes Ejarque; Soledad Arqueros Mejica; Pablo Vítale; Marianne von Lücken; Victoria D’hers; Rafael Sánchez Aguirre; Sergio Friedemann; Cristian González; Támara Perelmuter; Maria Paula Pierella; Alejandro Bia-lakowsky; Ana Blanco; Evangelina Geicsnek; Oriana Seccia; Mariano Sasín; Mercedes Iris Laurenza; Cintia Rodrigo; Leandro Eryszewicz; Julieta Lenarduzzi; Julieta Godfrid; Dolores Rocca Rivarola; Emilia Simison; Denise Kasparian; Matías Ballesteros; Mercedes Krause; Laura Gottero; Gabriela Seghezzo; Fernando Ostuni.

Las nuevas generaciones representan un estimulante presente y un promisorio futuro para nuestra institución. La nueva década nos encuentra en el desafío de seguir creciendo y consolidándonos como uno de los principales institutos de Investigación en América Latina. Enfrentamos este reto basados en nuestra propia identidad institucional como espacio de investigación que retoma y articula lo mejor de la universidad pública: rigor investigativo, pluralismo, cogobierno, vinculación con la enseñanza de grado y posgrado, autonomía académica y compromiso social. Sin lugar a dudas, estas Jornadas representan un aporte en esta dirección.

Julián Rebón Buenos Aires, noviembre de 2011.

3

Prólogo

Cecilia Abdo Ferez, Mariana Galvani, Damián Pierbattisti y María Carla Rodríguez[1]

Las jornadas

Este libro es, entre otras cosas, el resultado de un saludable ejercicio. Iniciadas en 2001, las Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Universidad de Buenos Aires desbordaron su ámbito “natural” de desarrollo, para despertar la atención de la comunidad académica de las más diversas disciplinas que componen las Ciencias Sociales (y las Humanidades en general).

Como todo espacio de intercambio horizontal en el campo de la producción científica, estas Jornadas están permeadas por uno de los rasgos estructurantes, que atraviesa y presupone la ética de su ejercicio: compartir con todos los avances de cada uno. Por tal motivo, los valiosos aportes que se realizan Jornada tras Jornada incrementan y refuerzan los vínculos solidarios que se van tejiendo al interior de nuestro Instituto, entre los distintos claustros que lo componen y también con los demás institutos e investigadores locales e internacionales; y constituyen un testimonio de la relevancia social de nuestra actividad.

Pero al mismo tiempo, este libro cristaliza un arduo trabajo de evaluación y selección de textos a partir del cual pudimos apreciar la vasta heterogeneidad y la singularidad de perspectivas en las que se apoya el desarrollo de las Ciencias Sociales en nuestro país. En tal sentido, las ponencias seleccionadas nos remiten al amplio espectro de las temáticas que fueron abordadas en los más de 490 trabajos de 630 autores que fueron presentados en las VI Jornadas. No creemos que las finalmente escogidas puedan “representar” al conjunto de los trabajos presentados, ni agotar los problemas que fueron abordados y discutidos en el transcurso de las mismas, pero sí muestran, por su calidad y pertinencia, qué indagaciones preocupan a los investigadores de las Ciencias Sociales en la Argentina actual (y a los del Instituto Gino Germani en particular), y cómo son abordadas esas preguntas. Muestran, en fin, el trabajo cotidiano de jóvenes becarios e investigadores y los temas que despiertan su interés.

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores del IIGG constituyen un evento institucional que, en virtud de su notable crecimiento y expansión, enfrenta dos grandes desafíos. En primer lugar, garantizar y sostener este espacio de intercambio académico y humano que atraviesa a las distintas generaciones de investigadores que conviven en el seno de nuestra comunidad científica, y que, en este caso, deja el protagonismo a los más jóvenes. Y, en consonancia con esto último, profundizar los canales para que ellos y ellas sigan encontrando en estas Jornadas un ámbito privilegiado en el cual poder intercambiar impresiones, discutir análisis y ampliar las perspectivas con las que trabajan, en el saludable contrapunto con los investigadores cuyas trayectorias suponen puntos de partida ineludibles para los jóvenes que se inician en el camino de la investigación científica, pero que también tienen de ellos mucho que aprender. Creemos que esta compilación es una muestra de que las Jornadas y sus organizadores están atendiendo a estos desafíos y que buscarán también renovadas formas de debate común.

Por eso, invitamos a los lectores a recorrer la riqueza de los textos que hemos seleccionado para esta compilación, para poder compartir con nosotros la experiencia de estar frente a trabajos de notable calidad académica, pero que no esconden los hilos de su costura, ni pretenden no advertir sobre los escollos que encuentran y los desafíos que todavía no han podido abordar. Estamos, por un lado, ante textos en obra de investigaciones en curso y, por el otro, ante aportes preliminares de investigadores jóvenes. En la pertinencia del carácter si se quiere transitorio de esa doble situación (que no menoscaba la profundidad del enfoque sino que incluso descubre puntos que luego, con las investigaciones terminadas, quedarán saldados de una sola de las modalidades posibles) y en la responsabilidad y solvencia con que estos autores demuestran abordar los problemas, reside la satisfacción que tenemos de presentar esta compilación de textos que ponemos a disposición del lector.

A continuación presentamos un breve resumen y una fundamen-tación de cada uno de los trabajos seleccionados y una presentación de los autores y los ejes de la compilación.

Sobre los textos

Lo primero que cabe destacar, frente a la lectura que proponemos, es la actualidad de muchos de los trabajos que aquí se presentan. El lector podrá recorrer, en las páginas que siguen, una serie de reflexiones, hechas desde las Ciencias Sociales, sobre los principales acontecimientos y problemáticas del debate público (los delegados de subte, la ciudadanía, los vecinos, los subsidios estatales, la religiosidad, la seguridad). Sin embargo, estos trabajos, aunque pensados algunos en el fragor de la(s) coyuntura(s), pretenden la reflexividad de la ciencia, lo que permite un abordaje profundo, diacrónico y sincrónico, de los acontecimientos que nos conciernen a todos. Es este entonces un aporte para pensar la compleja realidad que nos rodea, y a la vez, una muestra de cómo el tiempo trabaja lo que hacemos como investigadores.

Los trabajos fueron seleccionados en virtud de la inscripción en tres grandes ejes, que nos permitieron encontrar puntos en común a la heterogeneidad de las ponencias que forman parte de esta obra. Ellos son: 1) Poder, dominación y violencia; 2) Territorio, organización y conflicto; y 3) Instituciones, Gobierno y Políticas Públicas. Pasamos a continuación a detallar qué textos se inscriben en cada eje.

Poder, dominación y violencia

En el texto “En las puertas del reino de las tinieblas. Thomas Hobbes y la religión del Leviatán”, Martín Pedro González, aborda un tema raramente recurrido en el incesante “trabajo de la obra” del pensador político inglés: la posición de Hobbes respecto de la fe cristiana y su historia sagrada, o lo que es igual, los poco frecuentados libros III y IV del Leviatán. Para desmentir la posición que hace de Hobbes un teórico anticlerical, o las interpretaciones que se basan exclusivamente en el De Cive o en el Behemoth para derivar de allí la intervención del autor en los conflictos religiosos de su época, González vuelve a Leviatán y propone que las argumentaciones sobre la religión que se sostienen en esta obra son centrales para entender cómo Hobbes concibe al Estado, al conflicto, al orden y al pacto. La ponencia retoma interpretaciones clásicas (como las de Pocock, Tuck y Lodi Nauta, entre otras) y avanza sobre ellas para fundamentar la polémica tesis de que el Leviatán, antes que fundar una ciencia de lo político, es un “texto fundamentalmente coyuntural”.

El texto “Los centros de detención de inmigrantes en Francia” de Natalia Debandi, es un trabajo con trazos etnográficos. La autora trabaja para una ONG en los centros de detención que investiga: allí entrevista a los “retenidos” en estos lugares, conoce las historias legales y de vida de sus informantes, a la vez que es testigo privilegiado del tránsito de estos inmigrantes por los centros de detención. Resulta muy atractivo el análisis que propone entre la forma políticamente correcta en que se nombra a estos lugares “centros de detención” y la realidad de su función dentro del territorio francés: son centros de exclusión, de apartamiento, de humillación. Las situaciones límites que describe muestran el pasaje “de inmigrante a expulsado” y sus consecuencias -políticas – de des-ciudadanización y en el extremo de des- humanización.

La ponencia presentada por Andrés Scharager y Javier Garat: ‘”Gobernar es poblar bien’. El debate por la inmigración y la identidad argentina en la Universidad de Buenos Aires (1899-1907)”, ofrece un sugerente marco de comprensión para abordar el debate que por estos días se lleva a cabo en la Argentina en torno a la posibilidad de que los extranjeros voten a partir de las próximas elecciones legislativas, en 2013. Estos jóvenes investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA hacen un recorrido histórico de las leyes que fueron acompañando el arribo de inmigrantes europeos, destacando dos grandes vectores que, a medida que transcurra el tiempo, asumirán lincamientos claramente divergentes: el intento de asimilación por medio del trabajo asalariado, la religión y la familia, por una parte, y el rechazo de las identidades políticas juzgadas “disolventes”, por la otra. Este trabajo refleja también el rol histórico que jugó la medicina social y el higienismo en la consideración de “lo extranjero”.

Territorio, organización y conflicto

El trabajo presentado por Ana Laura Azparren, Analía Quintáns, Rocío Meló, Santiago Cunial y Rocío Soler, refiere a una problemática cuya vi-sualización lejos se encuentra de tener el eco que merece en los estudios académicos contemporáneos. En efecto, en esta ponencia titulada “Mujeres, religión y política: organizaciones y activismo político de mujeres evangélicas en la Argentina contemporánea (2000-2010)”, los autores analizan la creciente participación política de las mujeres pertenecientes a las distintas ramas que componen el universo de las iglesias evangélicas. Este trabajo tiene la virtud de reflejar las profundas diferencias existentes entre dos grandes corrientes que estos jóvenes investigadores describen como “polo liberacionista” y “conservador bíblico”, así como los diferentes posicionamientos políticos en los que se traducen tales fracciones frente a los debates que se libran, en la Argentina, en materia de expansión de derechos civiles a distintos grupos sociales.

En el trabajo de Luciano Beccaría y Wanda Fraiman “Dictadura, democracia y movimientos sociales: dos recorridos sobre la legislación en materia de migraciones y medios de comunicación audiovisual”, encontramos uno de los ejes estructurantes del debate público en la Argentina contemporánea. Estos jóvenes investigadores procuran analizar dos grandes transformaciones jurídicas que, como se demostrará a lo largo del trabajo, guardan una sólida interrelación: la promulgación, durante la dictadura militar argentina, del Decreto-Ley n° 22.439, que fuera reemplazado por la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871/03 de 2003; y, por otra parte, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que pone fin al Decreto- Ley de Radiodifusión N° 22.285/80 sancionado durante la última dictadura. Uno de los aportes valiosos que encontramos en este trabajo nos remite al abordaje, tan creativo como riguroso, que hace de la permanente tensión existente entre las distintas dimensiones que presenta la “ciudadanía” y la “nacionalidad”, a la cual se la pretende asimilar.

En el trabajo “El modelo sindical de los trabajadores del subte”, de Cora Cecilia Arias, Nicolás Diana Menéndez y Paula Salgado, se abordan dos temáticas centrales y de plena actualidad: la conformación de las organizaciones sindicales de base como alternativa a la burocracia sindical y la organización gremial de los delegados del subte. La investigación se propone conocer las causas que coayudaron a transformar a la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro en un actor “exitoso” en los diferentes reclamos realizados desde su conformación. A través de entrevistas con los delegados de base van reconstruyendo la historia, las dinámicas que se proponen desde los trabajadores y el tipo de militante sindical que se delinea, a partir de la heterogeneidad de su conformación.

En el trabajo “¿Quiénes son ‘los vecinos’? Conflicto urbano y construcción discursiva de lo vecinal en la Ciudad de Buenos Aires (2007-2011)”, Silvia Hernández analiza un actor que aparece de manera muy fuerte en la escena política de fines de los noventa y va consolidando su presencia, hasta convertirse en el interlocutor predilecto de las campañas electorales. La autora muestra como, bajo la denominación de “vecinos”, los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se organizan y reclaman, porque ser “vecino” implica para estos actores tener el “conocimiento de la realidad de la ciudad” y por ende, tener algo que decir sobre el espacio que habitan. El análisis está centrado en las gramáticas espaciales que van a escribir estos “vecinos”, gramáticas del buen uso del espacio y del señalamiento de quiénes son “peligrosos” y quiénes no. Habitar en la ciudad no convierte a las personas en “vecinos”, sino que sólo algunos se erigirán como portadores de esta condición – aunque lo harán desde un “sentido común apolítico” – en nombre de “todos”.

El trabajo de Otávio Gomes Rocha (DGEOG/Universidade Federal do Paraná), denominado “Mobilizacao e resistencia dos povos faxinalenses: contribuicóes da Cartografía Social como instrumento de protesto”, analiza un escenario de conflicto por la apropiación territorial en el sur de Brasil, en el estado de Paraná. Se trata de lo faxinalenses, pueblos caracterizados por el uso compartido de la tierra para el ganado criado “suelto” quienes, a partir de 2005, constituyen la Articu-lagao Puxirao dos Povos Faxinalenses, un movimiento social que utiliza como principal herramienta de lucha la “Cartografía Social”. Se trata de una práctica de mapeo participativo que apunta a la visibilización y el fortalecimiento comunitario y político-organizativo de los grupos que, de este modo, construyen condiciones para el reconocimiento de sus identidades y en particular, plantean frente al Estado, el derecho a sostener la reproducción de su forma de vida. La investigación de base, se sustenta en un dispositivo metodológico de acción participativa, que involucra el acompañamiento en campo del proceso de elaboración de dicha Cartografía Social, en el ámbito de cuatro municipios del estado de Paraná. El trabajo, por un lado, contribuye a identificar y reflexionar sobre los efectos y resultados de dicha metodología organizativa y, por el otro, evidencia que este tipo de conflictos no se circunscriben al más conocido y estudiado escenario de la Amazonia.

Instituciones, gobierno y políticas públicas

El artículo de Nicolás Santiago Dallorso, “Alcances del concepto de dispositivo para el estudio de políticas sociales” evidencia que las mismas son el resultado de procesos abiertos, de ensamblaje de elementos que exceden los aspectos formales del diseño y que resultan en un tipo de unidad contingente, provisoria, coyuntural e inclusive, fortuita. La puesta en relación de esta perspectiva con el Plan Vida de la Provincia de Buenos Aires, permite -abordando autores como Foucault, Deleu-ze, Guattari, García Fanlo y Edgardo Castro- indagar los alcances y límites heurísticos del concepto. En primer lugar, busca explicar cómo los regímenes de enunciación y los regímenes de visibilidad de las políticas, se distribuyen o se articulan sin reducirse unos a otros. Asimismo, apunta a comprender el acoplamiento entre relaciones de poder y formas de subjetivación, indagando el co-funcionamiento y las relaciones de la macro y la micropolítica. Con ello se pretende captar la naturaleza compleja de los procesos de creación e implementación de intervenciones de gobierno y a visibilizar que el carácter híbrido o “impuro” no es un fenómeno marginal, sino el terreno mismo en el que las políticas se construyen.

La ponencia de Mariel Karolinski y María Inés Maañón, bajo el título “Estado, educación y organizaciones sociales: aportes para el debate sobre la gestión social’ en la provincia de Buenos Aires” da un panorama crítico de la interacción, en el campo educativo, entre un Estado como el argentino, que ha recuperado gradualmente la autoridad y la capacidad de intervención desde 2003, y las organizaciones sociales que durante la década neoliberal no sólo fueron capaces de demandar y garantizar derechos básicos abandonados, sino que crearon sus propias instituciones -como escuelas- y gestionaron políticas públicas a nivel local. El artículo, fruto de una investigación en curso, se pregunta qué ha cambiado y qué pervive en el campo educativo desde los noventa y analiza sobre todo cómo la nueva legislación en el área (las leyes nacional y bonaerense de educación, dictadas respectivamente en 2006 y 2007) reconoce o no la “gestión social” de escuelas por parte de estas organizaciones y si esa gestión contribuye a empoderar a los sectores desposeídos de la población o, por el contrario, refuerza la desigualdad.

María Soledad Gattoni presenta, por último, el artículo “Rendición de cuentas transversal y experiencias de Presupuestos Participa-tivos en América Latina: hacia un análisis explicativo y comparado”. Mediante un exhaustivo y riguroso estudio comparativo en cinco países de América Latina, el trabajo aporta evidencia acerca de que los presupuestos posibilitan la constitución de dinámicas participativas que afectan o moldean las características más generales de la instituciona-lidad local. Muestra que los formatos de diseño importan. Que pueden o no producir —a través de las reglas de representación— una profundizaron de las redes de solidaridad previamente existentes en el territorio, que se diferencian en los modos de interpelar la acción colectiva, que pueden reforzar – o no – esta inscripción vis a vis las preferencias y deseos individuales y los formatos plebiscitarios individualizantes. De este modo, examina las causas que llevan a la existencia de distintos tipos de diseños en municipios de América Latina e interroga las condiciones de democratización que entrañan.

Con esta breve presentación de los textos que el lector tiene por delante cerramos el prólogo. Deseamos a quiénes aborden este libro una lectura tan amena y enriquecedora como la que tuvimos como compiladores.

Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.↵

4

EJE I: 

PODER, DOMINACIÓN Y VIOLENCIA

5

En las puertas del reino de las tinieblas. Religión y política en el Leviatán de Thomas Hobbes.

Martín P. González[1]

Introducción

“Que sean entonces silenciados y castigados los

profesores en virtud del poder a quien se encarga la

custodia de la tranquilidad pública, que es la autoridad

civil. Pues siempre será usurpación el poder que los

eclesiásticos suman para sí (en cualquier lugar donde

estén sometidos al Estado) en su propio derecho,

aunque lo llamen derecho de Dios”

Thomas Hobbes, Leviatán, capítulo XLVI.

I

Parece difícil, a priori, plantear dimensiones novedosas, siquiera problemáticas, en torno a la figura de Thomas Hobbes; mucho menos sobre el principal de sus escritos, el Leviatán. La bibliografía sobre la figura del hombre nacido en Westport en 1588 es vastísima, y parece ciertamente inabarcable, obligando a quien esté interesado en su figura a introducirse en un complejo mundo de debates, diálogos, enconados enfrentamientos y diferencias que parecen sutiles -y poco importantes- matices en torno a una idea central, pero que sin embargo ocultan conceptualizaciones irreconciliables.

Precisamente, y teniendo en cuenta esta “dificultad inicial” planteada en torno a la sobreabundancia bibliográfica, el objetivo de este breve trabajo reside en reconsiderar un problema que, en términos cuantitativos -es decir, en función de la cantidad de textos producidos en torno al tema-, pareciera de poca importancia: la problemática relación entre religión y política en el pensamiento de Thomas Hob-bes, particularmente en el Leviatán. Efectivamente, este tópico ha sido constantemente relegado por la tradición analítica filosófico-política, centrada mucho más en cuestiones como la concepción hobbesiana del Estado, el conflicto, el orden y el contrato o pacto. En este sentido, partimos de la hipótesis de que la visión hobbesiana de la religión (y de los conflictos derivados de su problemática relación con la política) constituye uno de los ejes fundamentales para entender cabalmente los conceptos mencionados anteriormente, por lo que una revisión de la misma deviene fundamental.

II

En términos de su concepción de la religión, Hobbes ha pasado a la historia como un pensador anticlerical. Inclusive en su historia personal y familiar[2] pueden encontrarse antecedentes que parecieran prefigurar su aversión hacia las jerarquías eclesiásticas. Proveniente de una familia que se había enriquecido en el negocio de la fabricación y comercialización de ropa, su padre fue clérigo del pequeño vecindario de Brokenborough, una de las zonas más pobres del norte de Wiltshire. Entre 1602 y 1604 se suceden una serie de dramáticos incidentes que culminan con la excomunión de su padre (y que incluyen serias acusaciones de ebriedad, incumplimiento de su deber eclesiástico y numerosos actos de violencia dentro de la Iglesia), obligándolo a dejar su cargo y huir de la justicia civil. Aunque de la minuciosa reconstrucción de los conflictos en las cortes episcopales locales realizada por T. Sorell no se puede concluir fehacientemente cuál fue su destino, lo más probable es que el padre de Thomas Hobbes haya muerto en algún lugar de Londres. Si bien no existen pruebas fehacientes, “podemos sospechar que estos eventos fortalecieron cualquier tipo de tendencia anticlerical que ya estuviesen presentes en el carácter de Hobbes” (Sorell, 1996: 16).

Otro momento que pareciera ser clave en el desarrollo intelectual de sus perspectivas sobre el clericalismo (y de sus concepciones sobre la ciencia y la política en general), lo constituye la década de 1630. Tras una sólida carrera universitaria, Hobbes se desempeñó como tutor personal de William Cavendish, aspirante a duque de Devonshire (cargo que obtuvo en 1626, pero fallecería tan sólo dos años después), y de algunos de sus hijos; gracias a este trabajo viajará por algunos países europeos y ayudará a su pupilo en la redacción de algunos panfletos y escritos políticos. Precisamente, será durante la década de 1630 donde volcará sus intereses hacia la ciencia, particularmente la óptica, y también a la confección de los lincamientos principales de su filosofía de la política expresadas de forma temprana en su The Elements of Law (1640)[3]. En este sentido, y si bien grandes aspectos de su vida permanecen ocultos, existen indicios de que Hobbes participó activamente de, por lo menos, dos círculos de intelectuales de gran importancia durante este período. Por un lado, de la denominada Welbeck academy (Sorell, 1996: 23), constituida fundamentalmente por matemáticos y nucleada en torno a la figura del conde de Newcastle. Por otro lado, y de fundamental importancia para el desarrollo de sus concepciones sobre la religión, del denominado Great Tew Circle.

Este círculo de intelectuales, que se reunía en la casa del vizconde de Falkland, Lucius Cary (cuya casa, Great Tew, se ubicaba cerca de Oxford), tenía entre sus miembros a teólogos como William Chillin-gworth, George Morley o Gilbert Sheldon, poetas como Edmund Waller y especialistas en leyes como Edward Hyde; por supuesto, Thomas Hobbes ocupó también un lugar importante dentro de este ámbito de sociabilidad político-intelectual[4]. De hecho, Hugh Trevor Roper señala que el famoso trabajo de Chillingworth, The Religión of Protestants (1638), constituye “la más grande contribución intelectual del Great Tew Circle” (Trevor-Roper, 1989: 169). Si bien no ahondaremos en esta cuestión ya que nos alejaríamos de nuestro objetivo inicial, es necesario plantear la posible influencia que las perspectivas de Chillingworth puedan haber tenido sobre Hobbes: la férrea defensa de un “Anglicanismo racional” en contra del catolicismo romano desarrollada en The Religión of Protestants y en los numerosos libelos de Chillingworth, sin duda constituyen antecedentes fundamentales en el desarrollo intelectual de nuestro autor. Es más, T. Sorell llega a plantear que

Sin dudas Hobbes le debió algunas de sus ideas sobre la religión a miembros del Great Tew Circle, aunque su defensa de una religión racional no se haya basado, como generalmente lo estaba, en asunciones sobre la racionalidad esencial de Dios (Sorell, 1989: 24).

Es evidente que la pertenencia al Great Tew Circle, así como sus experiencias familiares, influyeron en la concepción de Hobbes sobre la religión. Sin dudas, deviene necesario rastrear estas influencias a lo largo de toda su vida, ya que evidentemente la conceptualización que Hobbes realiza en el Leviatán sobre los vínculos entre la religión y la política es también deudora de sus propias experiencias y de los vaivenes de su vida; esperamos, en otra oportunidad, poder retomar estas cuestiones. Como establecimos en el apartado anterior, nuestro objetivo en este trabajo es centrarnos en el Leviatán.

La religión del leviatán. perspectivas y enfoques.

I

Leviatán, o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil (1651), es considerado como uno de los textos de mayor repercusión de los producidos por Thomas Hobbes, así como también uno de los clásicos de la historia del pensamiento político. Sin embargo, la recepción del texto ha sido, en cierto sentido, selectiva: de los cuatro libros que componen al Leviatán, tan sólo los dos primeros han sido analizados en profundidad. A principios de la década del setenta, John Pocock observaba que

(…) los dos libros (del Leviatán) en los cuales Hobbes expone la fe Cristiana y su historia sagrada son casi exactamente iguales en tamaño a los libros I y II, sin embargo la actitud de la mayor parte de los eruditos hacia ellos tradicionalmente ha consistido en pretender, primero, que en verdad no están ahí, y segundo, que para Hobbes realmente no significaban mucho (Pocock, 1972: 105).

Efectivamente, cuarenta años después, esta ausencia parece prolongarse: los análisis específicos sobre estos libros siguen siendo una rareza. Si bien durante estos últimos años han aparecido una serie de investigaciones en torno a la relación entre el pensamiento político y la cuestión religiosa en la obra de Thomas Hobbes, que constituyen saludables alternativas -no exentas de aspectos criticables- en un escenario signado por una severa falta de análisis específicos, es notable cómo la mayor parte de los estudiosos del pensamiento hobbesiano han dejado sistemáticamente de lado los libros III y IV del Leviatán.

Este sombrío cono de silencio resulta más llamativo cuando constatamos que la mayor parte de los enfoques que han tomado en cuenta, ya sea explícita o implícitamente, la relación existente entre los fundamentos del pensamiento político hobbesiano y sus consideraciones sobre la religión -no sólo en términos conceptuales, sino también sus referencias específicas a los conflictos religiosos de mediados de siglo XVII en Inglaterra-, han hecho mayor hincapié en otros de sus escritos, principalmente el Behemoth or the Long Parliament (1679). En este sentido, el Behemoth es considerado como el texto en el que Hobbes efectivamente realiza una crítica a los predicadores radicales y, en definitiva, analiza el proceso revolucionario inglés[5]. Inclusive, en una edición revisada por el mismo Hobbes dos años después de su publicación original, en 1681, el autor inglés cambia el nombre de su obra a Behemoth: The History ofthe Causes ofthe Civil Wars of England.

En cierto sentido, el hecho mismo de que exista el Behemoth como “interpretación oficial” de la guerra civil inglesa -es decir, que el mismo Hobbes haya pensado a su texto como un análisis de las causas que originaron al conflicto- ha servido a muchos historiadores para dejar de lado la temática religiosa del Leviatán, especificada en los últimos libros del mismo. Dejados un tanto de lado por su carácter secundario en relación con los primeros dos libros -donde se especifican las condiciones generales del pensamiento hobbesiano de la política, el Estado, el conflicto, el contrato, y un larguísimo etcétera- los libros III y IV ofrecen, sin embargo, un terreno fértil para indagar en problemáticas poco estudiadas por la mayor parte de los eruditos en el tema.

De todas maneras, existen algunos autores que, de alguna u otra manera, retomaron la problemática religiosa en el principal texto hobbesiano. En términos estrictamente historiográficos, puede decirse que existen dos enfoques sobre este problema: uno de tipo contextualista, que busca entender la perspectiva hobbesiana de la religión en relación con su contexto de inserción y producción, y otro que busca, a partir de la lógica interna de las diversas producciones escritas del autor, los lincamientos de su concepción sobre la religión. Como consideramos que los resultados de la primera perspectiva contienen aspectos profundamente problemáticos[6], nos centraremos en los autores que se enmarcan dentro del segundo enfoque.

II

La mayor parte de las reflexiones en torno a las concepción sobre la religión en la totalidad de la obra de Thomas Hobbbes parten de señalar un supuesto punto de quiebre en el desarrollo intelectual de nuestro autor, particularmente a partir de resaltar los cambios entre sus trabajos tempranos -principalmente, The Elements of Law Natural and Politic (1640) y De Cive (1642)- en relación con el Leviatán (1651). En términos generales, esta idea se la debemos a David Johnston, cuando planteó que en el Leviatán asistimos a una mutación trascendental en la analítica hobbesiana:

(..) este cambio dramático en la forma literaria está conectado con importantes cambios en aspectos substanciales de su teoría política, y sintomático de una metamorfosis de su concepción de la naturaleza y objetivos de la filosofía política” (Johnston, 1986: 68).

En este mismo sentido, Quentin Skinner consideró que el Leviatán “corporiza un nuevo y más pesimista sentido de qué pueden esperar alcanzar los poderes de la razón sin ayuda” (Skinner, 1997: 347)n a partir de una reapropiación del valor clásico de la retórica en la política, llegando así a plantear que en Hobbes nos encontramos “(…) no con dos versiones diferentes de la misma teoría, sino con dos teorías diferentes y antitéticas, así como con dos modelos antitéticos de estilo filosóficos” (Skinner, 1997: 11).

Centrándonos específicamente en la visión de Hobbes en relación con la religión y la organización eclesiástica, tenemos en la pluma de John Pocock un trabajo pionero en la materia (Pocock, 1972). La indagación de Pocock sobre la relación entre la concepción de la historia, el tiempo y las creencias en relación con la vida de ultratumba en el pensamiento de Hobbes, establece que el cristianismo significaría, para el cientista político inglés, la mera aceptación de una historia profética, en la que Cristo retornará a la tierra en forma corpórea, para gobernar sobre los santos resurrectos. A partir de esta peculiar concepción de la doctrina cristiana, Hobbes habría estado en condiciones de refutar a todos aquellos que reclaman algún tipo de autoridad religiosa previa a la llegada de Cristo. En otras palabras, para Pocock el argumento de Hobbes estaría “dirigido en contra tanto de los nuevos presbíteros como contra viejos sacerdotes, y contra nuevos santos como contra viejos escolásticos – en contra de cualquiera que reclame que el proceso de salvación autoriza su poder o acción civil en el presente” (Pocock, 1972: 187).

Años más tarde, Richard Tuck realizaría una gran cantidad de indagaciones en torno a esta problemática (Tuck, 1993). El autor parte de la conclusión de Pocock, pero realizando una diferenciación esencial: efectivamente, el interés de Hobbes residía en refutar a todos los que pretenden atribuirse algún tipo de autoridad en materia religiosa o espiritual, pero sólo a partir del Leviatán. Según Tuck, sus trabajos anteriores, particularmente su Elements ofLaw (1640) y su Critique to Thomas White (1643), se entroncan dentro de una tradición mucho más ortodoxa de pensamiento político, básicamente realista y anglicana, que no ataca la autoridad eclesiástica. Si bien en sus consideraciones de principio de la década de 1640 Hobbes también consideraba que el control de la vida política del reino dependía del soberano civil, sin embargo éste no tenía poder sobre teología y fe cristiana, ya que estas dos cuestiones se vinculaban con una vida supraterrenal ajena al poder temporal del soberano. Para Tuck, las consideraciones iniciales de Thomas Hobbes en materia de la relación entre la religión y el Estado se estructurarían en torno a “una iglesia autónoma nacional liderada por el soberano civil, pero con esa soberanía bajo el deber de acudir a un clero ordenado apostólico en decisiones doctrinarias” (Tuck, 1993: 124). Así, “su ataque a los poderes eclesiásticos autónomos eran ataques a la noción de una iglesia que no tuviese que expedirse sobre sus temas hacia los ciudadanos sin pasar por los canales legislativos del soberano; pero no eran ataques dirigidos contra la hegemonía doctrinal del clero” (Tuck, 1993: 125).

El Leviatán marcaría un punto de quiebre, al reconocer en el soberano civil al único intérprete de una nueva escatología basada en un contrato mediante el cuál los gentiles acceden a renunciar a sus juicios personales y transmiten esa cualidad al soberano. En otras palabras, la innovación radical de esta “nueva teoría” de Hobbes residiría, según Tuck, en haber postulado que es el soberano civil y no la iglesia quien tiene el poder de interpretar las Escrituras, por lo que “el cristianismo ya no era un caso especial, sino una religión civil como las religiones de la antigüedad” (Tuck, 1993: 137). Así, en términos de su propuesta política, Hobbes estaría tomando una “dirección utópica”, yendo más allá de una descripción de cómo las sociedades políticas son fundadas y se desarrollan en el tiempo, sino planteando además una visión de cómo fundar una república que haga a sus habitantes más libres y prósperos que las históricamente existentes hasta el momento.

Pero, como señalamos oportunamente, existen también visiones opuestas a esta caracterización de la (in)coherencia interna del corpus textual hobbesiano. Lodi Nauta (Nauta, 2002) ha realizado una serie de críticas a este paradigma analítico, haciendo hincapié en las continuidades antes que las diferencias. Nauta centra su análisis en el capítulo 44 del Leviatán -en el cual se analizan los “abusos de la Escritura”- a partir de tres ejes: la naturaleza y destino del alma, el carácter de la magia, la profecía y la revelación, y las relaciones entre la iglesia y el Estado; nos centraremos en este último elemento por ser el de mayor relevancia para nuestro objetivo. Al igual que los otros autores que venimos analizando, Nauta también ve en el intento de la Iglesia por representar al Reino de Dios en la tierra a la mayor amenaza a la idea de un poder absoluto por parte del soberano civil, idea central de la analítica hobbesiana.

Sin embargo, Nauta se opone a las perspectivas que acabamos de analizar -y que plantean, esencialmente, que durante la década de 1640 la perspectiva hobbesiana sobre las relaciones entre los poderes seculares y eclesiásticos cambiaron drásticamente- realizando un pormenorizado análisis sobre las continuidades existentes entre Elements ofLaw y Leviatán, y concluyendo que “(…) ya en el Elements, Hobbes estaba predicando que el clero no puede jugar un rol independiente en las decisiones en materia de fe, lo que se acerca a su prédica en el Leviatán: el clero solamente tiene poder espiritual en tanto le es otorgado por el soberano civil” (Nauta, 2002: 588). Obviamente, no desarrollaremos in extenso la totalidad de su argumentación por obvias cuestiones de espacio, pero es importante resaltar que, en el análisis de Nauta, pueden observarse claramente cómo los elementos centrales del corpus teórico de Thomas Hobbes ya estaban presentes en sus primeras obras, aunque quizá no tan sistematizados como podremos ver en el Leviatán. En este sentido, es a partir de los dramáticos sucesos políticos de la década de 1640 que Nauta establece que los argumentos de Hobbes se hicieron más polémicos y elaborados; en definitiva, que la razón de estos cambios no debe buscarse en la lógica interna de los textos de Hobbes, sino que hay que verlos como una respuesta al contexto en que el autor inglés se vio inmerso, y al cual deberían referenciarse sus postulados teóricos.

Si bien Nauta considera que es en función de este contexto radicalizado que deberían entenderse las polémicas afirmaciones que Thomas Hobbes realiza en su Leviatán, la lógica de su análisis sigue estando en demostrar las continuidades entre las producciones escritas del autor inglés. En otras palabras, si bien establece que en el Leviatán sus postulados básicos se afirman y radicalizan en función de las cambiantes condiciones sociales y políticas en que el autor se ve inmerso, Nauta sigue abordando al pensamiento hobbesiano solamente en función de sus “continuidades textuales”, dejando poco espacio para las reflexiones en torno a su relación con los procesos sociales en los cuales el autor busca tomar parte.

Política y religión en el leviatán.

Preguntarse si Ireton o Winstanley habían leído a

Hobbes es interesante, pero la respuesta a esa pregunta

no es demasiado importante (…) La misma sociedad

dio origen a las ideas hobbesianas, tanto en Hobbes

como en otros

Christopher Hill, El mundo trastornado

I

Es muy interesante la frase de Hill que acabamos de citar, ya que hace hincapié en la existencia de un corpus de ideas hobbesianas, más allá de la propia producción de Thomas Hobbes. En otras palabras, para Christopher Hill existiría un fundamento social para entender esta similitud, un trasfondo de procesos sociales, políticos y culturales que aunan las concepciones sobre la religión y la política que pueden tener tanto Hobbes como Winstanley. Es decir, que esa partir de la lógica y dinámica propia de la sociedad inglesa que tenemos que entender el surgimiento de las ideas políticas del autor que nos compete. Como es sabido, durante las dos décadas comprendidas entre 1640 y 1660, una sangrienta guerra civil asoló el territorio inglés, generando un terreno absolutamente fértil para las disputas y conflictos en materia política y religiosa; es precisamente ése el contexto que constituye el trasfondo en el que Hobbes escribió el Leviatán.

Precisamente, es a partir de esta concepción analítica que nos interesa caracterizar las consideraciones sobre la religión realizadas por Hobbes en el Leviatán como unposicionamiento frente a un proceso social y político revolucionario[7]. Así, nos proponemos realizar algunas reflexiones hipotéticas en torno al Leviatán, para tratar de establecer que el mismo es un texto fundamentalmente coyuntura!, y que no puede entendérselo sin tener en cuenta que el objetivo de su autor, antes que fundar una ciencia de lo político[8], una nueva forma de entender el origen de la sociedad[9]o establecer por primera vez “una teoría enteramente sistemática y autoconsciente sobre el estado soberano” (Skinner, 2003: 66)[10], es sentar su posición en el turbulento contexto de la Inglaterra de la guerra civil. De todas maneras, y por obvias cuestiones de espacio, en esta ocasión nos referiremos exclusivamente a los argumentos que Hobbes esgrime en los libros III y IV del Leviatán; en otra oportunidad esperamos poder profundizar en los vínculos existentes entre su obra y los debates políticos, religiosos y militares del período.

II

Las consideraciones religiosas del Leviatán están dirigidas, fundamentalmente, a demostrar dos cuestiones: la supremacía del poder civil por sobre los poderes religiosos, y dar cuenta de cómo el poder de la Iglesia es una desviación del legado de Cristo. Combinando una sagaz interpretación de las Escrituras, el desarrollo de algunos ejemplos históricos y una pluma mordaz y satírica, en los libros III y IV del Leviatán podemos apreciar a un autor mucho más comprometido con los problemas políticos del momento que en los libros anteriores. Sin pretender realizar un análisis exhaustivo de sus ideas, creemos oportuno señalar algunos elementos importantes en su certera crítica a las pretensiones temporales de los religiosos.

En principio, el tercer libro, “De una República Cristiana”, constituye una profunda reflexión sobre las características de la política cristiana en términos teológicos e históricos. La principal diferencia en relación con los dos libros anteriores reside en que estos analizaban “los derechos del poder soberano, y el deber de los subditos para con él, únicamente de los principios de la naturaleza” (Hobbes, 2003: 7), mientras que al indagar en los orígenes y características de la República Cristiana “mucho depende de la revelación sobrenatural de la voluntad de Dios” (Hobbes, 2003: 8), por lo que el autor inglés debe introducirse en el carácter profético y revelado del Cristianismo.

Resulta de especial interés el capítulo XXXVI, “De la palabra de Dios y los profetas”, ya que introduce una diferenciación esencial entre los verdaderos profetas, portadores de la voz divina, y “aquellos impostores que simulan, con la ayuda de espíritus familiares, o por la adivinación supersticiosa de hechos pasados, a partir de falsas causas, predecir hechos semejantes en el tiempo por venir” (Hobbes, 2003: 47). En lugar de simplemente reprobar a todos aquellos que se alejan de la senda divina, la lógica del argumento hobbesiano reside en aceptar que tanto hombres buenos como malos pueden acceder a los dones de la predicción y la profecía[11], por lo que “la razón y el juicio son necesarias para discernir entre dones naturales y sobrenaturales y entre visiones o sueños naturales y sobrenaturales” (Hobbes, 2003: 53). Tenemos aquí, entonces, un primer llamado de atención sobre el poder que pueden tener los falsos profetas, por lo que se torna necesario que los hombres tengan una actitud crítica frente a estos individuos.

Pero Hobbes no apela solamente al juicio propio y a la razón de cada persona para reconocer a estos impostores, sino que quien tiene efectivamente la capacidad para indicar cuál mensaje debe ser escuchado es, precisamente, el gobernante del Estado: “debiera ser examinada, y probada por todo hombre, antes de prestarle su obediencia, salvo que la hayan ya prestado en la institución de una república, como cuando el profeta es el soberano civil, o está autorizado por el soberano civil” (Hobbes, 2003: 54). De este postulado se desprenden dos consecuencias esenciales: primero, que es el soberano civil quien tiene la potestad de decidir -o, por lo menos, de brindarle legitimidad a un discurso- en materia de interpretación de la palabra divina a través de profecías y predicciones; segundo, que no es la Iglesia -ni ningún otro órgano o ámbito religioso- quien tiene el poder de hacerlo. Como veremos, estas dos cuestiones serán claves para entender la totalidad de la argumentación filosófico-política de Hobbes.

El cuarto libro, “Del Reino de las Tinieblas”, es básicamente una profundización de estas ideas que desarrollamos en los párrafos anteriores, pero con argumentos mucho más radicalizados, mediados por un lenguaje tan socarronamente provocador que resulta extraño para quienes hayan leído solamente los primeros libros. En principio, Hobbes vuelve a plantear esta diferencia radical entre un ordenamiento proveniente de la Naturaleza y otro del Evangelio. Estos no son solamente órdenes diferentes, sino que debieran estar subordinados a partir de la primacía del soberano civil; precisamente, este libro estará orientado a demostrar los males que devienen de la no concreción de esa subordinación. Para no extendernos en demasía, indagaremos en dos apartados clave del libro, uno por su contenido teológico-político, y el otro por constituir una de las más acidas sátiras sobre el papado jamás escritas.

Al separarse los poderes religiosos de la obediencia al soberano, y pretender reclamar poderes temporales, se produce lo que Hobbes llama “errores espirituales”, causados por “una confederación de engañadores, que para obtener dominio sobre los hombres del mundo presente se esfuerzan mediante doctrinas oscuras y erróneas por extinguir en ellos la luz, tanto de la Naturaleza como del Evangelio, y así los indisponen para el venidero reino de Dios” (Hobbes, 2003: 185). Estos errores espirituales son cuatro: el abuso de las Escrituras, la utilización de la demonología pagana, la combinación de las enseñanzas de los textos bíblicos con reliquias religiosas, y el falseo de la historia. El primero de estos errores nos ofrece una interesante interpretación de la historia de la Iglesia cristiana y una clara perspectiva de cómo debe actuar la religión para Hobbes.

Hobbes establece claramente que “el máximo y principal abuso de la Escritura, del cual provienen casi todos los demás, o al cuál sirven, es su manipulación para probar que el reino de Dios, mencionado tan a menudo en las Escrituras, es la Iglesia actual o la multitud de hombres cristianos hoy vivientes” (Hobbes, 2003: 186). Es decir, que el poder temporal que busca atribuirse la Iglesia constituye la principal fuente de abuso de los textos sagrados. Pero no sólo es esa intención de atribuirse un poder ajeno lo que molesta a Hobbes, sino también la liturgia mediante la cuál los reyes cristianos reciben su corona de manos de un obispo es vista como un causante de tiniebla espiritual, así como también la obligación de pagar impuestos como el diezmo para mantener la estructura eclesiástica: el rechazo del escritor inglés es tan radical, que ni siquiera concibe la posibilidad de que un poder religioso legitime un Estado, o que el Estado sancione impuestos para mantener esa estructura religiosa. Además, rechaza la posibilidad de que existan por separado leyes civiles -los actos de los soberanos en sus propios dominios—y leyes católicas -reglas propuestas por el Papa en esos mismos dominios del soberano civil-, así como también que el clero secular se vea exento del pago de impuestos.

De todas maneras, es importante señalar que todas estas limitaciones que Hobbes plantea al caracterizar el reino de las tinieblas producto de la mala interpretación de las Escrituras no invalidan, sin embargo, la existencia de la religión en sí. Esta cuestión viene a colación del planteo de Richard Tuck, que analizamos previamente, en que el autor consideraba que la escatología de Hobbes termina planteando una “religión civil”, a partir de que “el soberano era reconocido como el único interprete” (Tuck, 1993: 132) en materia del dogma religioso. En otras palabras, Tuck considera que la religión estaría subordinada al soberano civil. Sin embargo, un análisis en profundidad del capítulo XLV del Leviatán, “De la demonología y otras reliquias de la religión de los gentiles”, nos revela otras aristas del problema. En este apartado el autor diferencia entre la veneración civil, que es aquella “que mostramos a quien estimamos simplemente humano, como sucede con los reyes y los hombres dotados de autoridad”, y la veneración divina, “que exhibimos hacia aquél que consideramos Dios” (Hobbes, 2003: 217). Esta escisión tiene dos consecuencias: en primer lugar, que venerar a un soberano civil no implica idolatría, ya que “la veneración que el soberano ordena para sí mismo mediante el terror de sus leyes no es un signo de que quien le obedece le honre interiormente como un Dios” (Hobbes, 2003: 220); en segundo lugar, que el culto a Dios puede -y debe- coexistir con una veneración de tipo civil. En definitiva, Hobbes está introduciendo una diferenciación fundamental entre el respeto por los dogmas religiosos, por un lado, y por las leyes civiles, por el otro: son dos instancias de obediencia diferenciadas, aunque subordinadas entre sí a partir del poder del soberano civil, y que Tuck confunde y resume bajo el mote de “religión civil”.

Por último, queremos retomar la comparación que Hobbes establece en el último capítulo, “Del beneficio que se sigue de tal tiniebla, y en quién revierte”, una mordaz y punzante sátira que plantea una comparación entre el papado y el reino de las hadas. El capítulo es, en líneas generales, incendiario: todas las hipótesis y postulados que Hobbes establece durante los libros tercero y cuarto se ven confirmadas, abandonando las metáforas y estableciendo críticas tan certeras como ineludibles. En principio, establece que el principal beneficiario del reino de tinieblas es, precisamente, la actual Iglesia. Entre sus principales errores, sobresale la intención de la Iglesia de tener algún tipo de poder efectivo sobre la vida de los hombres a partir de mostrarse a sí misma como el reino sobre la tierra de Cristo, pues “concebido esto, se sigue que Cristo posee algún lugarteniente entre nosotros, mediante el cual se nos ha de decir cuáles son sus mandamientos” (Hobbes, 2003: 248). Se produce así una usurpación del poder civil por parte del Papado, que falsea la interpretación de las Escrituras e introduce a los hombres en el reino de las tinieblas:

(…) podemos en justicia declarar como autores de toda esta tiniebla espiritual al Papa y al clero romano, y a todos aquellos que se esfuerzan por establecer en las mentes de los hombres esta errónea doctrina de que la actual Iglesia sobre la tierra es ese reino de Dios mencionado en el Antiguo y el Nuevo Testamento (Hobbes, 2003: 250/251).

De esta manera, la Iglesia Cristiana, supuesto representante del reino de Dios en la tierra, termina introduciendo a los hombres en un mundo de tinieblas propio de los espíritus malignos. En este contexto, Hobbes realiza una hilarante comparación entre el papado con el reino de las hadas, “esto es, las fábulas de las viejas en Inglaterra sobre fantasmas y espíritus y los actos que realizan en la noche” (Hobbes, 2003: 253). Un análisis minucioso de la comparación requeriría un trabajo en sí mismo, mas vale la pena resaltar algunos elementos. Su relato comienza con una comparación más que provocativa:

(…) las hadas, sea cual fuera la nación donde se reúnan, sólo tienen un rey universal, que algunos poetas nuestros llaman Oberón, pero que la escritura llama Belcebú, príncipe de los demonios. Del mismo modo, los eclesiásticos, allí donde se les encuentre, sólo reconocen un rey universal, el Papa (Hobbes, 2003:254).

Así, vemos como Hobbes compara a Belcebú, el príncipe de los infiernos y eterno enemigo de la Iglesia, con el Papa; desde ya, las consecuencias que esta comparación pueda tener en un lector del texto hobbesiano de mediados del siglo XVII son muy difíciles de establecer, pero seguramente habrán causado la furia de unos y la risa de otros. Las comparaciones siguen: tanto las hadas como los eclesiásticos tienen características fantasmales y oscuras, no son castigados por sus actos por los ámbitos civiles, se aprovechan de los niños y los jóvenes, no se casan, y se apropian de las tierras que no les corresponden, entre otras características comunes. Sin lugar a dudas, esta comparación sirve como un exacerbado corolario para las intenciones de Thomas Hobbes en el Leviatán: exaltar el poder del soberano civil, y plantear la oscuridad del poder religioso en el mundo. Ambas cuestiones parecen ir de la mano, aunque muchas veces han sido dejadas de lado por los estudiosos de la obra del afamado autor inglés.

Conclusión

“¿No habría sido mucho mejor si hubieran matado a

todos esos ministros sediciosos, que quizá no eran ni

mil, antes de que predicaran? Confieso que habría sido

una gran masacre, pero la muerte de cien mil (en las

guerras civiles) es una masacre mayor”.

Thomas Hobbes, Behemoth, 1679

El objetivo del presente trabajo fue indagar en torno a uno de los más importantes textos de la historia del pensamiento político, el Leviatán, centrándonos particularmente en dos libros poco trabajados (el tercero y el cuarto), a partir de los vínculos que Hobbes establece entre los dogmas religiosos y los poderes civiles. En este sentido, creemos haber cumplido con nuestro objetivo inicial de plantear una nueva hipótesis de trabajo: entender al Leviatán como un texto esencialmente coyuntural que, si bien fundamenta una nueva concepción del Estado y plantea la posibilidad de fundar una nueva ciencia de la política[12], contiene una dimensión de crítica religiosa que nos remite a un claro posicionamiento frente a las contiendas propias de la guerra civil. Particularmente, consideramos que la diferenciación que Hobbes realiza entre la autoridad de las Escrituras y de Dios, por un lado, y los gobernantes y leyes civiles, por el otro, como instancias de obediencia diferenciadas, es un elemento que no ha sido resaltado lo suficiente (cuando no directamente ignorado a favor de la idea de que la única autoridad proviene del gobernante civil). En la cita con la que abrimos la presente conclusión, queda clara la opinión de Hobbes sobre los “ministros sediciosos”, así como también su postura fuertemente anticlerical. Vale la pena resaltar que el extracto es del Behemoth, texto considerado como “el relato” hobbesiano de la guerra civil inglesa. Obviamente, la existencia de un texto que el mismo Hobbes presentó como su relato ofrece a los historiadores y cientistas políticos la comodidad y seguridad de contar con un documento que parte de un objetivo claro y en definitiva, que no genera demasiadas dudas sobre el carácter de su contenido. Sin embargo, consideramos que, para conocer la opinión del autor inglés sobre la guerra civil inglesa no es necesario remontarse a un texto tan tardío como el Behemoth, sino que es en el Leviatán donde deben buscarse el origen de sus indagaciones en torno a la guerra civil, particularmente a partir de su consideración de los vínculos entre las instituciones religiosas y los poderes civiles.

Creemos ser conscientes de que el presente trabajo presenta algunas cuestiones que deben revisarse, particularmente, en torno a la reconstrucción de ese contexto al que se ha hecho referencia, o la inclusión de otros abordajes historiográficos; tareas que esperamos poder retomar a futuro. Quedan sentados, esperamos, los primeros peldaños en ese trayecto.

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Martín Pedro González es Profesor de Enseñanza Media y Superior de Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es Jefe de trabajos prácticos en la cátedra de "Problemas de Historia Argentina" (Ciclo Inicial, UNAJ), ayudante de primera en "Historia de los Sistemas Políticos" (carrera de Historia, FFyL, UBA) y adscripto en "Literatura Inglesa (carrera de Letras, FFyL, UBA). Actualmente está iniciando sus estudios de posgrado en torno a la literatura utópica inglesa del siglo XVIII, E-mail: gonzalezmartinp@gmail.com↵

Las referencias biográficas utilizadas en este trabajo provienen de los diversos artículos que componen la obra compilada por el historiador inglés T. Sorell (Sorell, 1996).↵

"He was forty years oíd before he looked on geometry; which happened accidentally (...) After he began to reflect on the interest ofthe King of England as touching his affairs between him and the parliament, for ten years together his thoughts were much, or almost together, unhinged from the mathematics; but chiefly intent on his De Cive (On the State) and after that on his Leviathan: which was a great putback to his mathematical improvement" (Au-brey, 1998: 151).↵

Tras haber analizado diversos testimonios de sus miembros, Hugh Trevor Roper con¬cluye que "books and conversattion, the freedom of that great library, the animation ofthose long debates, the warmth and friendship ofthat collegiate Ufe in a hospitable country honse -this was what all the members ofthat circle will always remember" (Trevor-Roper, 1989: 171).↵

Por ejemplo, Eduardo Rinesi define al Behemoth como el "relato de la guerra civil ingle¬sa" de Thomas Hobbes (Rinesi, 2003: 84).↵

Por cuestiones de espacio y de claridad conceptual, no desarrollaremos en este trabajo este tipo de perspectivas; esperamos retomarlo en otra oportunidad. Baste decir, simple¬mente, que este enfoque plantea una subordinación de las consideraciones en materia religiosa del Leviatán al contexto en que se inscribe, de forma automática y acrítica. En esta oportunidad, el planteo del filósofo brasileño Renato Janine Ribeiro sirve para ejem¬plificar las limitaciones de este enfoque. Para Ribeiro, "lo que Hobbes hace es articular varias tesis que circulaban en los medios religiosos del siglo XVII", con la particularidad de "(...) que en estas tesis Hobbes se encuentra, eventualmente, con la "izquierda" de su época". De una forma alarmantemente simplista, el autor considera que "el conflicto político inglés del siglo XVII autoriza una lectura bajo tal recorte. Tenemos, a la dere¬cha, los defensores del poder del Rey y de los Grandes del reino; en el centro, los que cuestionan a partir de la pequeña y mediana propiedad o del capital; a la izquierda, una reivindicación más radical, la de los no propietarios" (Ribeiro, 2000: 16). Otro ejemplo lo constituye Ribeiro, 1978.↵

Esta idea de entender al corpus teórico hobbesiano en función de su relación con sus motivaciones políticas contemporáneas ha sido retomada también por Eduardo Rinesi, al plantear "la posibilidad de pensar la obra del autor del Leviatán en una clave mucho más política (más inmediatamente política, quiero decir) (...) pensar la obra de Hobbes como la de alguien que estaba combatiendo (en medio de, o recién terminada, la guerra civil que había ensangrentado su país) la hegemonía cultural, ideológica, de un grupo político determinado (ya lo dijimos: el clero, la casta sacerdotal), e intentando construir, en su lugar, una hegemonía alternativa" (Rinesi, 2005: 188).↵

Un ejemplo de esta perspectiva lo tenemos en la entrada que Laurence Berns realiza sobre Thomas Hobbes en la compilación "Historia de la Filosofía Política" de Leo Strauss y Joseph Cropsey, se establece una doble intencionalidad en Hobbes: teórica por un lado, centrada en establecer una base científica para las consideraciones filosóficas políticas y morales; y práctica por otro lado, buscando "contribuir al establecimiento de la paz cívi¬ca y la amistad y hacer que la humanidad esté más dispuesta a cumplir con sus deberes cívicos" (Berns, 1996: 377).↵

El carácter de fundador de una nueva forma -moderna- de entender la sociedad y la po¬lítica, que constituiría un cambio radical en comparación con el modelo existente -tradi¬cional-, es resaltado por Norberto Bobbio, quien en una colección de artículos publicada por FCE a mediados de la década del noventa, sitúa a Thomas Hobbes como uno de los fundadores del llamado "modelo iusnaturalista", cuyo objetivo sería explicar el origen y fundamento de la existencia del Estado y la sociedad civil (Bobbio, 1995).↵

En otras palabras, "Hobbes insiste en que el poder político supremo es la propiedad, no del soberano ni del pueblo, sino de la persona artificial del Estado" (Ostrensky y Rinesi, 2001).↵

"La profecía no es un arte, ni (cuando es tomada como predicción) una vocación cons¬tante, sino una misión extraordinaria y temporal de Dios, encomendada principalmente a hombres buenos, pero a veces también a malvados" (Hobbes, 2003: 47).↵

Efectivamente, al identificar al Estado y no al rey como el lugar donde reside la sobera¬nía, el autor inglés plantea la primacía de una entidad abstracta y artificial en la vida po¬lítica, descartando ciertos liderazgos políticos, el honor, o ciertas cualidades intrínsecas al "buen gobernante" como elementos estructurantes de una reflexión teórica moderna sobre el Estado. Así, Skinner establece que es en el Leviatán donde "(...) nos encontramos por primera vez con el postulado no-ambiguo de que el Estado es el nombre de la persona artificial que es 'llevado' o representado por aquellos que detenten el poder soberano, y que sus actos de representación están legitimados por el hecho de que están autorizados por esos propios sujetos" (Skinner, 1998: 4/5).↵

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Los centros de detención de inmigrantes en Francia

Natalia Debandi[1]

Presentación

La percepción de la inmigración como “problema” está lejos de ser un debate nuevo. En Francia durante todo el siglo XX distintas nacionalidades fueron definidas como indeseables: los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, continuando por los españoles e italianos y más tarde los argelinos. Se han ido modificando las poblaciones objetivo pero no la representación que se tiene del inmigrante como el portador de la delincuencia, de la falta de empleo y de la inseguridad. A fines de la Segunda Guerra Mundial se inicia, junto al establecimiento del capitalismo generalizado, una teórica apertura de fronteras. Europa necesitaba de mano de obra joven para la reconstrucción y América extendía el sueño americano. Este mundo inclusivo de la posguerra al que Jock Young (Young, 2003) -retomando los conceptos de Lévi-Strauss de antropofágico y antropoémico- llama modernidad, se opone al mundo excluyente del último tercio del siglo XX, “la modernidad tardía”.

En un contexto mundial de apertura de mercados y de globaliza-ción, la migración se presenta como “el eslabón faltante de la mundia-lización”, reflejando “las contradicciones de un mundo en el que todo- mercancías, flujos financieros, flujos de información- se mueve casi sin problema, a excepción de los hombres, y de entre ellos, los más pobres” (Lochak, 2007). La novedad no es que existan excluidos, siempre los hubo. Lo nuevo es cómo se construyen, cómo emergen a partir de la globalización estas nuevas categorías de rechazados, aquellos que son colocados al borde del mundo (Agier, 2002).

Del inmenso abanico de medidas migratorias restrictivas que se instauran como un común denominador del mundo desarrollado (como la negación de visas, la precarización del trabajador migrante, la falta de políticas de inserción para refugiados) la expulsión de migrantes y en particular los centros de detención – tal vez por su carácter represivo explícito y por las dimensiones del fenómeno- se han transformado en el símbolo.

Los centros de retención – o de detención, según el país- son espacios de alojamiento para extranjeros que se encuentran en instancia de repatriación, es decir, extranjeros que no cuentan con sus permisos de residencia, detenidos en la calle, en sus domicilios o en sus lugares de trabajo y que son trasladados a estos espacios para ser enviados de retorno a sus países de origen. En Francia, sin incluir las regiones de ultramar, más de 35 mil personas ingresaron a estos centros durante el 2009 y solo el 38% fue efectivamente deportado (Cimade, 2009) mientras que el resto fue liberado en una situación degradada administrativa y anímicamente. Estas cifras llaman la atención acerca del uso extendido de este mecanismo coercitivo a pesar de su acotado éxito.

Francia es un país paradigmático para estudiar el giro político mundial en materia de inmigración: el país de los derechos humanos, ese mismo país que esta incrustado en nuestro imaginario colectivo como el país donde los pensadores de izquierda y los exiliados latinoamericanos encontraban asilo y desde donde se gestaban las luchas, las resistencias y los retornos. Hoy esa realidad está lejos y una Francia europea se posiciona como pionera en la lucha contra la inmigración ilegal, cierra fronteras e impone cuotas de expulsión a sus prefectos.

El objetivo de este trabajo consiste en explorar los centros de detención y de expulsión de inmigrantes tomando como caso de estudio Francia, buscando comprender el funcionamiento y las consecuencias de esta nueva institución total a la cual miles de personas se ven enfrentadas en Francia (y en el mundo).

Se ha abordado el tema a partir de técnicas cualitativas, particularmente mediante entrevistas semi-dirigidas al personal interviniente en los centros de retención de diversas regiones de Francia y a la observación participante durante seis meses en un centro de retención en las afueras de Paris, el CRA (Centre de rétention Administrative) de Mesnil-Amelot. Para esta última labor se trabajó como asalariada para la asociación CIMADE[2], bajo el rol de asistente y acompañante jurídico dentro del centro. Esta experiencia permitió conocer la retención desde adentro, observar las relaciones internas, los procesos burocráticos, los mecanismos de poder y la transformación de los individuos dentro de este aparato represivo. Fue sin embargo una experiencia difícil, no solamente en cuanto a la ejecución diaria de la labor encomendada sino a la dificultad de separar el rol de investigadora con el de actor que forma parte del engranaje. No se abordará en detalle las actividades involucradas sino que se resaltarán las principales observaciones y primeros resultados obtenidos durante esta experiencia.

Centros de retención, una distancia “políticamente correcta” con la prisión.

Cuando se escucha decir por primera vez que los centros de retención en Europa son una continuación de los “campos” (Bernardot, 2007), una referencia inmediata a los campos de exterminación nazis nos impulsa a negarlo. Sin embargo cuando se entra en la realidad de estos espacios y observamos que la variedad de formas de campos que han existido y existen no es solo ese caso extremo, sino las múltiples otras formas de control y confinamiento de personas: campos de refugiados, campos de recepción de exiliados, centros de asistencia de desplazados, campamentos autoinstalados; comprendemos que la asociación no es errónea, que todos estos espacios comparten una misma lógica de exclusión basándose en un espacio físico, una dimensión geográfica y en un estado de excepción.

Ya el filósofo italiano Giorgio Agamben había retomado en 1995 la reflexión sobre los campos para retratar la política contemporánea como un estado de excepción permanente: “el paradigma biopolítico moderno no es más la ciudad sino el campo” (Agamben, 1995), las mismas ideas que encontramos también en Zigmund Bauman (1999) y otros pensadores de las ciencias sociales que estudian estos nuevos procesos, estas nuevas categorías de los excluidos de la mundialización (Bernardot, 2005 ; Le cour Grandmaison et al., 2007). Más allá de la asociación conceptual, en Francia existe una relación histórica directa: los centros de retención de hoy se fundan sobre sucesivas modificaciones jurídicas de los artículos que permitieron la creación de campos durante las guerras mundiales (Lhuiller, 2007: 17).

Este dispositivo, a medida que se ha ido redefiniendo y extendiendo, ha adquirido forma propia. Hoy se trata de una nueva institución con miras a quedarse, que nace de los campos y se aproxima a la prisión a medida que crece y se burocratiza[3]. En su proceso de definición los centros han buscado diferenciarse de la prisión para eliminar el peso simbólico de ésta, deben presentarse más humanos, menos prisión que la prisión, eliminar el valor histórico del concepto para mostrarse como una solución republicana frente al control de fronteras. Así, en los centros los detenidos serán llamados retenidos, las células de las prisiones serán llamadas habitaciones y no estarán colocadas en pasillos sino en peñas.

La prisión tiene, sin embargo, como objetivo a largo plazo – al menos en lo formal- la reinserción del individuo en la sociedad, mientras que los centros, al igual que los campos, presentan el objetivo contrario: la exclusión definitiva de la población que albergan. Los inmigrantes en situación irregular, o incluso en situación regular pero no consolidada, que ingresan a la prisión salen de ella directamente para ser enviados a sus países de origen. No hay reinserción, después de haber purgado su pena obtienen el segundo castigo, para muchos de ellos decididamente peor que el primero, de ahí que en Francia esto se lo denomine “la doble pena”.

Hoy Francia cuenta con 25 centros de retención ubicados estratégicamente a lo largo de todo el territorio, incluyendo cuato centros en Francia de ultramar, con un costo millonario en infraestructura, personal y pasajes aéreos. Es ilustrativa la tendencia al aumento de plazas, que pasan de 739 en 2003 a 1732 en 2009 y finalmente a 2300 durante el 2010. La tasa de expulsión se mantiene medianamente constante desde el 2006, siendo alrededor de un 38% (Cimade, 2010), es decir, que de las 32 mil personas que pasan por un centro de retención más de la mitad son liberadas en algún momento del proceso de detención.

Una particularidad de los centros de retención radica en la posibilidad de albergar familias. De los 25 centros en Francia 11 cuentan con la capacidad de recibir familias aun cuando solo algunos de ellos lo ejercen (esta decisión la toma el prefecto o el jefe del centro). En el 2009, 318 niños fueron encerrados junto a sus padres en centros de retención (Cimade, 2010). Esta “capacidad” distingue nuevamente los centros de las prisiones, y constituye un rasgo particular de la retención administrativa. Las familias serán colocadas en pabellones aislados y deben contar con salas de recreación especiales para los niños, a pesar de esto, el encierro de familias y niños es criticado por todos los actores, incluso por aquellos que no se manifiestan a priori contra la expulsión y encierro de extranjeros:

Encuentro que es traumatizante cuando hay niños. Ellos cuentan con un espacio aparte, tienen una habitación con la familia, hay una sala con juguetes, un tobogán, esas cosas. Sin embargo en el comedor todo el mundo come al mismo tiempo y ahí está la policía en uniforme. Para los niños es traumatizante. Por otro lado muchas veces los padres están sumamente deprimidos, las madres lloran frecuentemente y los niños no entienden lo que pasa. Se los trata bien, pero es traumatizante. (Médico del centro de retención de Lyon).

La legislación actual con respecto a la inmigración se encuentra en el código CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) que fue creado en el 2004 con el objetivo de condensar todas las disposiciones en materia de inmigración y el cual desde entonces ha sido objeto de modificaciones constantes. La última fue aprobada a fines del 2010, será puesta en práctica a mediados del 2011 y realiza nuevamente modificaciones sustanciales en materia de expulsión, entre otras, extiende el tiempo máximo de detención de un extranjero en un centro de retención de 32 días a 45. Es de destacar que al surgimiento de los centros esta duración era de apenas siete días y que según muestran los reportes anuales de la Cimade la tasa de expulsión efectiva disminuye abruptamente durante los últimos 15 días de retención (Cimade, 2010) dejando sin lógica esta modificación que por otro lado elevará los costos del dispositivo a cifras aun más abrumadoras[4].

Un contexto que privilegia la discriminación.

El estigma de “inmigrante” y de “extranjero” existe para todos los tipos de inmigrantes, ya sean en situación irregular o no, pero el grado de connotación negativa variará según la época, el contexto político y social en el cual el individuo se mueve y su propia historia. Una parte de la situación sociopolítica que sostiene la institucionalización de los centros de retención en Francia es la carga negativa actual de ese estigma para una gran parte de la sociedad francesa. La inmigración es un “problema” y los inmigrantes son vistos como potenciales “ladrones de empleo” o como una masa de personas venidas de “afuera” con la intención de aprovechar los beneficios sociales sin dar nada a cambio.

Esta visión del inmigrante problema, se ha generalizado y ha tomado matices graves en ciertos países, entre ellos el más sorprendente -por su historia de emigración y por el extremismo que presenta – es Italia, donde las mismas autoridades participan de un discurso explícito de discriminación y xenofobia. El alcalde de Lampedusa, por ejemplo, comentó en una entrevista después de la muerte de un joven italiano de origen africano a golpes en Milán: “los negros huelen mal aun cuando se lavan”.

En Francia si bien las escenas de violencia racial y los discursos xenófobos explícitos son menos cotidianos, están lejos de no existir. El 22% de las denuncias de discriminación tratadas por la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) en 2007 corresponden al origen y esta cifra llegaba al 34% en el 2006. Este mismo organismo se pronunció en más de una ocasión en contra de la existencia de listas de empleos exclusivas para ciudadanos de la comunidad europea y que no son accesibles para los individuos provenientes de países extracomunitarios “las modalidades de selección variables en función del país de origen permite la selección de trabajadores sobre bases étnicas y no exclusivamente sobre sus competencias profesionales”[5]

La creación del estigma de expulsado

Se habla de clandestino o sans-papier y se piensa sólo en lo que esa palabra indica con respecto al país de recepción. Frente a éste, es un ilegal, ha flanqueado las barreras de la ley y ha cometido una infracción (sino un delito según el país). Esta simplificación olvida toda la historia del individuo, toda su singularidad. Ya Abdelmadek Sayad había destacado la ambivalencia del migrante entre su país de origen y el país de instalación: “lo que nosotros llamamos inmigración y a quienes tratamos como tal en un medio y en una sociedad, se llama en otro lugar, en otra sociedad o por otra sociedad, emigración” (Sayad, 2006).

El individuo se siente emigrante antes que inmigrante, no está en su percepción el ser un clandestino ni un infractor. Si es un infractor es, porque no lo dejan regularizarse. De todos los encuentros surgen frases similares que retienen en el fondo la injusticia que perciben de ser tratados y vistos como infractores, o incluso criminales: “Yo soy alguien de bien”, “yo nunca he tenido problemas con nadie”, “yo no tengo problemas con el gobierno, nunca estuve preso, yo compro mi ticket de metro, pago mis impuestos, soy alguien de bien. Yo solo quiero trabajar como todo el mundo”. Estas frases se repiten en todas las entrevistas, sin excepción. El expulsado se siente traicionado frente a su buen comportamiento: él, quien hizo todo lo que se supone que debía hacer, es expulsado, ¿Por qué no tendrían el derecho ellos a quedarse si tantos otros sí lo hacen? : “él tiene los papeles solo porque se caso con una francesa”, y ellos que trabajan, pagan sus impuestos y hacen todo bien no tienen derecho. Es la injusticia también frente al europeo, que podrá impunemente “hacer lo que quiera”: “no importa si es un criminal o no, pueden venir a nuestros países sin siquiera visa”.

El expulsado es tanto aquel que recibe su expulsión en libertad, por ejemplo por medio de una carta llamada “obligación a dejar el territorio”, como quien es colocado en un centro de retención para ser enviado a su país de origen. Los procesos de racionalización de la propia condición de expulsado serán distintos según el caso, sin embargo, la vergüenza, la incomprensión, el miedo y luego el odio, son experimentados en cualquier condición.

En el caso de un extranjero que nunca tuvo papeles, digamos el caso “menos extremo”. Nos arriesgaríamos a decir que, después de todo, este individuo espera una expulsión, que recibir una carta que le informa que debe dejar el territorio no debería sorprenderlo. Sin embargo los individuos guardarán siempre la esperanza: cada intento, cada prueba, les requiere una enorme energía. Pagarán abogados, contactarán asociaciones, gastaran dinero en obtener pruebas desde sus países, en hacer fotocopias, realizarán largas colas en la prefectura, perderán días de trabajo. La respuesta es una espera ansiosa para obtener finalmente “la solución a todos sus problemas”. Así, durante este tiempo el extranjero armará una maraña de expectativas, contará a sus amigos y familiares que la solución está por llegar, hablará con su patrón asegurándole la pronta resolución de su irregularidad, fantaseará con mejoras y éxitos. Cuando la respuesta llega – y es negativa-, el fracaso se apodera del individuo, la desilusión, la vergüenza y la desesperación lo embargan irremediablemente.

La situación es tal vez más difícil para los inmigrantes que tuvieron sus permisos de residencia por años, que realizan una renovación “como siempre” y que reciben como respuesta una “invitación a dejar el territorio”, despojándolos de inmediato de todos los derechos obtenidos en esos años. Estos individuos no podrán comprender lo que sucede. La degradación en la condición es vivida como una injusticia más que como un fracaso.

M.S. de origen carnerunas, vino a Francia hace 6 años, casada con un francés 25 años más grande que ella. Convivió con él 4 años en los cuales las violencias físicas y verbales fueron casi cotidianas. Cuando logró comenzar sus estudios en París su vida cambió, conoció nuevas personas, se contactó con gente de su país, validó su bachillerato e inició sus estudios en contaduría en un prestigioso centro de estudios universitarios y, finalmente, conoció a un francés solo algunos años mayor que ella con quien estableció una convivencia sana y feliz. Poco antes se divorció y perdió al mismo tiempo el derecho a permanecer en Francia. La encontramos cuando recibió la carta de expulsión, sorprendida y asustada. Si su primer objetivo a partir de ese día fue luchar por obtener nuevamente la residencia, el segundo en simultáneo fue ocultar en todo momento su condición de ilegal. Nadie de sus allegados, salvo su pareja, sabía ni debía saber sobre su situación. Cuando le solicitamos que pidiera a sus amigos y compañeros de la universidad cartas de recomendación -elemento de prueba necesario para demostrar que la persona se encuentra “integrada” – se negó a toda costa. Era preferible el riesgo de obtener la negativa, como la obtuvo, que permitir que otros supieran.

No son solo los inmigrantes quienes ocultarán su situación por vergüenza, existe una suerte de miedo de “contagio” de parte de otros inmigrantes. En el trabajo de asistencia jurídica realizado dentro de la asociación Cimade muchas veces se hacía difícil obtener cartas o testimonios de otros extranjeros para incorporar en la defensa del inmigrante en vías de expulsión ya que los otros extranjeros tenían miedo de ser asociados al “sans-papier” y ser ellos también rebajados a esa condición.

Lo retrató muy bien durante una entrevista una marfileña de 32 años, madre de dos hijos, que llegó hace siete años a Francia y que en el 2008 recibió la expulsión tras su primera solicitud:

Cuando uno no tiene papeles hay que siempre permanecer quieto, callado. No decir nada. Todo el mundo va a creer cuando uno se aproxima uno está buscando algo. Todos se asustan, creen que tendrán problemas si están con alguien sin papeles. Por eso cuando uno conoce a alguien es mejor no decir nada sobre los papeles, así no te miran distinto, no se alejan.

Pero este miedo no se circunscribe a la población extranjera, los propios franceses -o al menos algunos de ellos- presentan temor a sufrir represalias por ayudar a un extranjero irregular. Así cuando le solicitamos al realizador de un documental sobre mujeres, que había incluido a una mujer sin papeles, de escribir una carta sobre la participación de esta en el documental, elemento que serviría como prueba sobre “su integración e interés por la República”, se mostró desconfiado y expreso su preocupación sobre los problemas que esto podía ocasionarle, particularmente frente a posibles financiamientos públicos.

Finalmente cuando hablamos del pasaje por la retención administrativa todo toma un matiz más violento. Los controles policiales se efectúan por lo general en las zonas de mayoría inmigrante y la selección se realiza sin lugar a dudas por signos físicos – color de piel, rasgos, tipo de vestimenta – que dan lugar a pensar que la persona podría ser un inmigrante en situación irregular.

La detención. la primera humillación del yo.

El momento de la detención de la persona constituye la primera humillación del yo dentro del proceso de expulsión, del mismo modo que Goffman las describe en las instituciones totales (Goffman, 1968).

El extranjero en situación irregular conoce los movimientos que debe hacer, o cree conocerlos. Trata de pagar siempre el ticket de metro para no levantar sospechas, en lo posible buscará moverse por medio de buses y evitar los horarios más transitados del metro o ciertos lugares claves como las estaciones de tren o mercados. Moussa fue detenido en la estación Saint Lazare por primera vez, nunca había estado en un centro de retención y cuenta que solo una vez, años atrás, le habían solicitado papeles.

Mi tío me citó ahí. Yo debí haberle dicho que no. El tiene mucha cara de árabe y se viste así como árabe, como yo estaba con él nos pidieron los papeles a los dos. El tiene papeles y no le paso nada pero yo, directo al centro. Nunca me habían pedido papeles antes. Es que yo me visto bien, yo siempre estoy bien, yo siempre compro mi pasaje de tren, yo tenía todo. Nunca he tenido ningún problema. El mismo juez señalo eso en la audiencia.

Durante la detención se presentan la mayor parte de las irregularidades, algunas más extremas como la violencia policial, pero en su mayoría corresponden a “pequeños” abusos de poder, como llevar al individuo a su domicilio para que encuentre el pasaporte – y así poder expulsarlo casi de inmediato- o los habituales controles por “portación de rostro”. Otros casos más complejos involucran denuncias por parte de entidades como bancos, el correo o la caja de desempleo. Los casos son innumerables. Como referencia, según el reporte de la CIMADE, en Marsella para el 2007, el 12% de las detenciones se dieron en domicilios, lugares de trabajo o durante una cita en prefectura.

Dembelé de Mali, vive en Francia desde el 2006 y es un típico caso del “trabajador sin papeles”. Trabaja en la construcción para una empresa con papeles falsos. Probablemente los pagó alrededor de 400 euros o se los “subalquila” a alguien a quien entrega parte de su salario. Desde que llegó a Francia trabajaba en el mismo lugar y nunca había tenido

problemas ni había sido controlado por la policía. Paga sus impuestos, compra sus tickets de transporte, no tiene mujer, ni niños, ni familia inmediata, solo “algunos primos”. Lo detuvieron frente a la oficina del correo con su pasaporte vigente. El día anterior se había acercado a esta misma oficina pero no le quisieron entregar la encomienda y le solicitaron que volviera con su pasaporte al día siguiente a la misma hora. Ese día había dos policías en la puerta, sólo lo detuvieron a él.

Este tipo de accionar deshonesto de la policía – y probablemente de los empleados del correo- puede ser presentado frente al juez de las libertades y de la detención quien podría, y así sucede en ciertos casos, determinar la libertad del individuo. En Francia existen diferencias flagrantes entre regiones y jurisdicciones en el accionar de los jueces frente a la detención de inmigrantes. En el Tribunal de gran instancia de Bobigny, por ejemplo, se libera al 40% de las personas mientras que el tribunal competente para el centro de retención de Mesnil-Amelot libera apenas un 11% (Cimade, 2009).

Los primeros pasos de la retención

Después de su detención el inmigrante permanecerá algunas horas en la comisaría donde será colocado junto a otros contraventores, posibles criminales u otros inmigrantes en la misma situación. Comenzará entonces su periplo de “rostros”, ya que no solo estará en contacto con el personal policial, sino también con intérpretes y abogados. A cada actor deberá presentar su historia de vida y ellos se interesarán particularmente en los aspectos más dolorosos: las razones de salida de su país, la forma de ingreso ilegal en Francia, si estuvo condenado antes y todo el recuento de aceptaciones y/o rechazos de permisos de residencia. Esto no hará más que afirmar el envío al centro de retención donde otro ciclo de interrogatorios y sobreexposición de su vida íntima comienza. Lo más notable es que no volverá a ver nuevamente a ninguna de las personas a las que expuso su vida, ni los jueces, ni los abogados gratuitos, ni los intérpretes que lo asistirán serán los mismos en las distintas etapas del proceso. Se presentará siempre desnudo de historia frente a cada uno de los participantes de la maquinaria de expulsión, reviviendo a cada paso sus estigmas.

El primer juicio – a las cuarenta y ocho horas y frente al juez de las libertades y de la detención- es vivido por los detenidos como la esperanza de justicia, el momento donde podrán ser escuchados y donde podrán contar su historia, su verdad. Sin embargo en las audiencias el tiempo estimado de atención de un juez para determinar si es correcto que el individuo esté detenido – y por ende sea expulsado- es de alrededor de veinte minutos[6]. Es decir, solamente serán necesarios veinte minutos para destruir un proyecto migratorio que lleva años construyéndose. Los extranjeros suelen volver al centro bajo fuertes depresiones y es el momento en que se presentan buena parte de los casos de auto-mutilación o auto-agresión.

Además de ese proceso de humillación y sobreexposición de su vida íntima a completos desconocidos, el detenido deberá anunciar su nueva condición a familiares y amigos, de quienes dependerá de ahí en más para cualquier cosa que desee realizar: pagar un abogado, preparar sus cosas para la eventual partida, obtener ropa e incluso recuperar su documentación. La pérdida de autonomía para un individuo que días atrás trabajaba, sostenía probablemente una familia y tomaba sus propias decisiones, es desde el punto de vista anímico, desoladora y se presenta como parte fundamental del proceso de totalización tal y como lo describe Goffman en las instituciones totales (Goffman, 1968).

En el centro de retención, la racionalización y toma de conciencia sobre la situación se realiza en cuestión de horas. El detenido deberá, antes de las primeras cuarenta y ocho horas, haber comprendido todo el proceso, decidir si quiere presentar un recurso, contactar un abogado, recuperar sus documentos, pasar frente al juez de las libertades y de la detención o pedir el asilo. Los médicos en los centros deben prescribir numerosos medicamentos para calmar el estrés de estas horas.

Finalmente, una vez pasado el vértigo de la llegada, los detenidos pasarán a una espera interminable en la cual no tendrán absolutamente nada para hacer, no solo nada con qué entretenerse, sino ningún mecanismo para remediar su situación.

El final de retención

De la misma manera que durante la detención, el momento de la expulsión es la ocasión donde la utilización de la fuerza y las denuncias de agresiones físicas y morales son frecuentes. La policía de frontera organiza el traslado del individuo hasta el avión de forma tal de evitar todo contacto con otros pasajeros o personal de aviación e impedir así cualquier tipo de solidaridad con el detenido (Chowra, 2009)

La expulsión es informada al individuo algunos días antes o apenas unas horas y será el momento en que finalmente el individuo toma consciencia de lo inminente de su expulsión. Durante la experiencia en el centro de retención, muchos se acercaban a las oficinas de atención jurídica en busca de cualquier solución, sin embargo a esa altura no existen – salvo algún caso excepcional- soluciones jurídicas disponibles, “no me queda sino rechazar el avión”. El rechazo a subirse al avión es el último recurso del que dispone el individuo para impedir su expulsión, sin embargo por lo general los individuos son acompañados al menos por tres escoltas y pueden llegar hasta cinco para casos difíciles. En algunos casos los policías optarán por ceder de inmediato a la mínima presión del individuo y éste será llevado nuevamente al centro (para volver a intentar la expulsión días después con una fuerza policial mayor) o serán transferidos a la comisaría donde se los acusará de impedir la ejecución de una medida administrativa y podrán recibir una condena de hasta un año de prisión y una interdicción del territorio de hasta cinco años. Esto quiere decir que deberán cumplir una condena en la cárcel y al salir de ésta serán trasladados al centro nuevamente donde se volverá a intentar la expulsión. No son pocos los casos de individuos que transitan esta pasarela centro-prisión de formas reiteradas, un círculo sin salida en la cual en cada iteración el individuo se va degradando más y más.

El traslado en el avión se efectúa en muchos casos esposado y acompañado de al menos dos policías. El extranjero será visto por sus compatriotas, durante el vuelo y al llegar, en condiciones humillantes: “yo quiero volver solo, no quiero que me lleven como un perro”. La pérdida de dignidad es total para cuando el individuo retorna a su país de origen y aun deberá enfrentar una pesadilla burocrática para poder ser liberado al llegar.

Cuando encontramos a Yacoobali en el centro de retención, se mostraba tranquilo, esperanzado. No había habido novedades y le quedaban apenas cinco días para el final de su detención. Nos contaba que los primeros días en el centro habían sido muy duros, nunca había pasado por una “prisión” y no estaba acostumbrado, además, su esposa y sus tres hijos de seis meses, tres y seis años quedaron solos en la casa.

Ellos -los franceses- deberán ocuparse de mi familia ahora, ellos pueden hacer lo que quieran conmigo. Pero mis hijos y mi mujer se quedarán acá y tendrá que ocuparse de ellos el gobierno Francés. Mi mujer le dijo a la gente de la alcaldía que ella no necesitaba las ayudas, que necesitaba a su marido. Yo no entiendo nada, yo trabajo, yo gano mi dinero, ellos no nos dan nada, soy yo quien logra todo. Es esto lo que no entiendo, por qué ellos me expulsan?

Yacoobali llevaba dieciocho años en Francia sin haber nunca vuelto a la India: “Allá es muy difícil, mis hijos no van a poder estudiar”. Hace seis años hizo venir a su esposa de la cual había estado separado muchos años atrás, y a quien durante ese tiempo le había enviado dinero para que ella pudiera estudiar informática y así venir a trabajar de eso en Francia: “Ella tendría que buscar trabajo en informática, pero con el francés es difícil y como tenemos el bebé chiquito”. Él trabaja en el mercado, es decir, sale todos los días a buscar quien necesita una mano, así mantiene a su familia desde hace dieciocho años. Todos los intentos de regularización fueron rechazados. Un día antes de que finalice su retención, M. Yacooobali fue repatriado en avión a la India :

Tres policías viajaron conmigo, y se mostraron muy agresivos. Me mantuvieron atado durante todo el vuelo. Cuando llegué a la India, me dejaron en manos de la policía local y se fueron, tuve que esperar ocho horas para que la policía verificara mi identidad. Tenía tanto miedo de que me llevaran a la prisión. Si allá entro en la prisión no salgo nunca más.

Su mujer y sus tres hijos quedaron en Francia y Yacooobali no quiere bajo ningún punto de vista que vuelvan a la India. (Entrevista a Yacoo-bali, 2009) Sin pretender entrar en un análisis económico sobre el costo del aparato de expulsión, resultan sorprendentes las dimensiones y el nivel de especificidad al que ha llegado este dispositivo. En 1999 se crea -después de algunos episodios de muertes o excesos durante las deportaciones – una fuerza especial encargada exclusivamente de los retornos forzados, formados para poder controlar físicamente al individuo sin provocar daños colaterales (Chowra, 2009). Durante el 2009 se filtró en los medios el manual de entrenamiento usado por esta fuerza donde se mostraban las distintas técnicas aberrantes para lograr inmovilizar al individuo sin dejar rastros.

El paso a la acción

Lejos de ser las víctimas pasivas como es muchas veces retratado, los expulsados – e inicialmente los inmigrantes -son actores activos que toman voz y acción para defender sus derechos. Son plenamente conscientes – o al menos una buena parte de ellos – del cambio político en materia de inmigración, de que existe una discusión nacional en torno a ellos y reconocen perfectamente los actores: ellos, el gobierno, las asociaciones, los militantes, los franceses. Conocen también los mecanismos de los que disponen para resistir. No confundamos conocer con comprender: ellos saben perfectamente que están en situación irregular, que ” se ha vuelto cada vez más difícil” que ” el gobierno quiere echarlos”, pero no comprenden – y sobre todo, no aceptan – las causas, los motivos. Cada uno de ellos encuentra en su historia de vida una legitimación para su permanencia en Francia, para su reivindicación.

Una de las clásicas acusaciones es que estos inmigrantes son manejados por las asociaciones militantes, que son ellas las que les inculcan sus discursos contestatarios y que los incitarán a la toma de la acción. Esta simplificación, que menosprecia la capacidad del inmigrante a tomar un rol político y a comprender la situación está lejos de ser cierta. Nos decía un extranjero dentro del centro:

Estar sin permiso de residencia es un delito. Se supone que uno tiene el derecho a quedarse en Francia a partir del momento que uno tiene buenas referencias, que es buena persona. Pero aquí si se fija, la mayoría de las personas no han cometido ningún delito y sin embargo están aquí. Aquí el delito es de caminar. (…) Yo espero que no me envíen a Marruecos, yo quisiera quedarme algunos años más. Yo presenté un recurso y espero la respuesta, sino ya veremos qué puedo hacer. En el centro sobre diez personas, seis son expulsadas y cuatro liberadas. También dependerá de lo que diga el consulado. Ya veremos aun me quedan varias cosas por intentar.

Todos los días entran y salen extranjeros en situación irregular de las audiencias, de los tribunales, de los centros y comisarías pero no todos los días se dan episodios de reivindicación violenta ni están presentes las asociaciones, quienes por otro lado en general sostienen los casos más extremos. El trabajo de campo realizado se concentró más bien en ese “caso común”, ese individuo que se enfrenta solo a la primera audiencia y luego a un centro, y a una segunda audiencia y finalmente a una expulsión. Este individuo es un actor solitario que en todo caso decidirá ir en busca de una asociación, que encontrará un abogado, que iniciará una huelga de hambre o que rechazará el avión. En todos estos momentos, y aun cuando afuera estén asociaciones o militantes, es el individuo desnudo que enfrenta su expulsión (Agamben, 1995).

Todos los sitios de confinamiento de extranjeros están bajo una fuerte tensión social: huelgas de hambre, levantamientos, incendios o actos de auto-agresión. Si estos eventos suceden es porque existe un mínimo nivel de organización, de acuerdo entre ellos, una misma visión del problema. Este acuerdo se obtiene mediante una cadena de solidaridad que se establece en silencio y fuera de las estructuras sociales clásicas. Los detenidos podrán ser muy distintos entre ellos, presentar diferencias étnicas e ideológicas pero al momento de la expulsión, socializan un punto de vista común.

Durante uno de mis primeros días como asistente jurídica en el centro de Bobigny, me tocó asesorar un argelino que se encontraba por primera vez detenido. Estuve reunida cerca de dos horas con él, se encontraba aterrorizado, y preguntaba en detalle cada procedimiento, cada opción.

Presentamos todos los procedimientos posibles: un recurso, solicitud de asilo, encontramos un abogado. A las pocas horas llamó, pedía que fuera a verlo de forma urgente. Como por lo general cuando están muy asustados llaman constantemente y por cualquier motivo, no me llamó la atención. Lo encontré junto a un hombre joven chino (y al resto de los detenidos de esa zona) y me pedían todos juntos que hiciera urgente un recurso jurídico para el hombre chino, que hiciera algo, que el hombre no hablaba ni una palabra de francés pero que estaba por vencer el plazo y que “ese pobre señor no podía volver a China”. Entre todos los detenidos – alrededor de ocho personas – lograron desentrañar los documentos y comunicarse con el chino quien no hablaba ni una sola palabra de francés y con quien extramuros establecerían seguramente una distancia irreconciliable.

Un extranjero detenido por primera vez en un centro se refería a esto de la siguiente forma: “nosotros discutimos entre nosotros todo el día sobre lo que nos sucede, sobre lo que pasa. Se habla de lo que debemos hacer. Hay una atmósfera muy buena en el centro, todos son muy solidarios. He aprendido mucho”.

El centro de retención tiene la particularidad de que los individuos que lo transitan no pasan demasiado tiempo – comparado con otros modelos de encierro – y es interesante observar cómo a pesar de esto se genera una organización y capacitación interna para la circulación de la información. Un detenido neófito llegará al centro sin comprender nada, pero no pasarán muchas horas hasta que sea informado de qué actores podrán ayudarlo, de cuándo y cómo debe realizar cada paso y aprenda todos los posibles mecanismos de liberación. Si se piensa que más del 60% de los individuos son liberados, los centros de retención se vienen transformando en un gran motor de organización civil de los sin papeles. Aquellos extranjeros que “afuera” no participan de asociaciones, ni movimientos de reivindicación, al ser liberados se incorporarán probablemente a alguna de las innumerables estrategias civiles de lucha por los sin papeles existentes hoy en Francia.

Conclusión

Las experiencias a las cuales los individuos se ven enfrentados hoy en día dependen de la sociedad donde se encuentran y del momento histórico. En la sociedad contemporánea estas experiencias forman parte de la percepción ordinaria que tienen los individuos de su propia vida (Martucelli). En el mundo globalizado de hoy la movilidad es asociada al progreso social y económico y esto no es exclusivo de los emigrantes de países en vías de desarrollo, aplica a todos los sectores sociales. La diferencia es el grado de control que cada uno de estos sectores sociales experimenta de su propia movilidad. Para Martuccelli la relación entre el espacio y la movilidad es uno de los cuatro principales dominios de la historia individual junto con la experiencia en la escuela, el trabajo y la vida familiar (Martuccelli, 2005).

Si el inmigrante es una figura jurídica, social, política y científica (Sayad, 2006), el expulsado es otra. Es al mismo tiempo una de las caras del inmigrante – la peor- y su contracara, el “d-emigrante”. El que deja de ser incorporado en la temporalidad de la sociedad de recepción porque es el excedente. No es el que retorna a su patria después de la ausencia sino el que fracasó en la ida. El expulsado, o el en vías de expulsión, es un individuo que ha perdido todos sus derechos, ya no solo los de ciudadano provisorio que tuvo o que podría haber tenido, sino también los del hombre (mujer) capaz de tomar sus propias decisiones.

Desde las pequeñas acciones hasta el levantamiento de todos los retenidos en el centro de Vincennes en junio del 2008, pasando por las huelgas de hambre y las innumerables respuestas cotidianas, las acciones de reivindicación son cada vez más frecuentes y reconocidas. Estas acciones individuales y colectivas, sostenidas desde el exterior por militantes, asociaciones y familias de expulsados constituyen un movimiento social legítimo que lejos de apagarse se define y estructura cada vez más. No hablamos solamente de los eventos o manifestaciones extraordinarias que dan cuenta de la amplitud del movimiento, sino más bien de las innumerables pequeñas acciones cotidianas. Ellas muestran hasta qué punto estos individuos se sitúan en una realidad y organizan sus acciones y vidas frente a ésta.

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Natalia Debandi. Doctoranda en Ciencias Sociales en régimen de Cotutela, IIGG- UBA, Paris IV Sorbona. nataliadebandi@gmail.com↵

CIMADE: ComitéIntermouvements Auprés Des Evacúes, service cecuménique d'entraide. Comité de movimiento internacional de los evacuados, servicio ecuménico de ayuda, una asociación ecuménica que surge en 1949 y que a lo largo de los años se fue dedicando a diversas temáticas o crisis relacionadas con las personas en detención, los conflictos bé¬licos o raciales que involucran Francia y los inmigrantes. Es una de las asociaciones más grandes dedicadas a temas de inmigración y la única que estuvo presente - a través de un convenio con el Estado- en todos los centros de retención de Francia desde 1984 y hasta el 2010 donde el gobierno deshace el convenio y convoca a otras asociaciones - al parecer no todas lo suficientemente aptas o formadas- a participar también dentro de los centros.↵

Esto forma parte de mi trabajo de investigación desarrollado en el primer año de maes¬tría "Los centros de retención. ¿Una nueva institución total?" bajo la dirección de Beate Collet (2008).↵

No incluimos en este trabajo el tema de los costos de la expulsión, pero según algunas cifras publicadas por la Comisión de cuentas del Senado (2009) el gasto total en materia de control de flujos migratorios en Francia podría rondar los 450 millones de euros, de los cuales alrededor de 200 millones corresponderían al mantenimiento de los centros de retención administrativa. Pierre BERNARD-REYMOND, 2009. Senat, Rapport d'infor-mation n° 516 (2008-2009). http://www.senat.fr/rap/r08-516/r08-516_mono.html↵

Decisión de la HALDE del 29 de octubre del 2008.↵

Este número se toma de las observaciones a las audiencias a las que se asistió. Corres¬ponden en realidad al Tribunal de Gran Instancia de París. La variación es muy alta, pero en promedio se ven ocho o nueve personas por día y la duración promedio de la audiencia con un detenido es de veinte minutos, salvo para casos más complejos, otros en solo cinco minutos el juez determinará que puede continuarse con el proceso de expulsión.↵

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'Gobernar es poblar bien". El debate por la inmigración y la identidad Argentina en la Universidad de Buenos Aires  (1899-1907)

Andrés Scharager[1] y Javier C. Garat[2]

Aquel factor dinamizante del conflicto en la sociedad argentina que las ciencias sociales han analizado alrededor de los pares dicotómicos identidad-alteridad, es decir, indagando en la persistente demarcación de una otredad como motor de las luchas políticas y culturales, ha cobrado luz bajo distintas formas a lo largo de la historia. Así, diversas disciplinas han estudiado en profundidad las problemáticas del gaucho, el gorila, el oligarca, el anarquista, el subversivo o, aunque latente y vital hace décadas pero reaflorado en estos últimos tiempos, el paraguayo, el boliviano, y los inmigrantes de países limítrofes en general.

El conflicto del Parque Indoamericano a fines del año 2010[3] rea-limentó el debate sobre la inmigración y contribuyó a la reemergencia de discursos discriminatorios hacia quienes no han nacido en territorio argentino y que, provenientes de determinados países, clases y grupos étnicos, perturbarían el orden social. Al calor de esta coyuntura, en la cual las “liberales” leyes migratorias fueron el blanco de las más duras críticas, consideramos oportuno analizar los discursos tejidos en torno a la Ley de Residencia de 1902, los que, basándose en críticas similares, pretendían resolver mediante la expulsión de extranjeros uno de los conflictos sociopolíticos más relevantes suscitados por la inmigración masiva hasta entonces. Así, Candía (1903: 52) se preguntaría si “la excesiva liberalidad de nuestras leyes puede amparar también al extranjero reconocido como ardiente socialista”; Deagustini Alsina (1903: 67) diría que “los monstruos descalificados del concierto universal violaron el asilo reservado a los laboriosos, cobijándose bajo la impunidad de nuestras leyes protectoras”; mientras que De La Colina (1907: 20), al hablar acerca de los mentores de estas leyes, afirmaría que ellos “no se dieron cuenta [de] que la inmigración mal reglamentada constituiría un peligro más tarde”.

En los discursos que analizaremos se manifiesta la preocupación de los sectores dominantes a principios del siglo XX por el accionar político de ciertos inmigrantes que, organizados en grupos primordial-mente anarquistas, protestaban por sus condiciones de vida y de trabajo a la vez que planteaban fuertes críticas a la élite gobernante (Oved, 1978). En ellos, la discusión sobre la Ley de Residencia -que permitía la expulsión de aquellos “cuya conducta [comprometiera] la seguridad nacional o [perturbara] el orden público” (Art. 5, Ley 4.144)- no se da sino a partir de determinadas representaciones de la otredad. En este sentido, consideramos relevante reflexionar acerca de cómo las tensiones de aquellos años en los que los extranjeros “salían por las válvulas de escape de las pletóricas ciudades europeas para venir a nuestro país” (De La Colina, 1907: 21) se tornaron eje del debate por la identidad argentina, tanto en los círculos políticos, periodísticos e intelectuales como, en nuestro caso, entre los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo de este escrito será reconstruir las representaciones respecto de la inmigración que están presentes en las tesis sobre la Ley de Residencia escritas por doctorandos en Jurisprudencia entre los años 1899 y 1907. Pretendemos, sobre esa base, comprender qué relación guardan con la problemática de la constitución de la identidad nacional.

La universidad y el orden político

La Universidad de Buenos Aires de la década de 1900 cumplía un rol que Tedesco (1982) define como primordialmente reproductor del orden político. El proceso de socialización y formación intelectual, dentro del marco de referencia de la cultura dominante, no sólo se realizaba a través de la educación, sino que a través de ella se tendió a formar un sujeto apto para cumplir papeles políticos[4] más que económicos (es decir, ligados al desarrollo de actividades productivas). Asimismo, la formación tenía una impronta ligada a una óptica pro-fesionalista y enciclopedista antes que intelectualista y cientificista (Buchbinder, 2010).

Resulta necesario remarcar que en 1906 se concretó una reforma estatutaria -que puede considerarse precursora de la de 1918- que avanzó en la dirección de una autonomización de la Universidad. Fueron creados los consejos directivos, que, al absorber gran parte de las funciones de los consejos académicos, tendieron a impedir la injerencia del poder político en la política académica. A su vez, en esta década no sólo de cambios institucionales, sino testigo de las primeras huelgas y protestas estudiantiles, se vivenció una fuerte ampliación de la matrícula[5], primordialmente por parte de las ascendentes clases medias (en general, hijos de inmigrantes). El paradigma del “progreso” había promovido indirectamente el acceso a la educación superior de ciertos grupos sociales que pugnaban por la apertura de la vida política y eran testigos y posiblemente partícipes de la creación de los primeros gremios estudiantiles[6] y las primeras protestas por los regímenes de exámenes y de gobierno (Mollis, 2001 y Buchbinder, 2010).

Las tesis sobre la Ley de Residencia que hemos relevado y estudiado se realizaron entre los años 1899 y 1907. No es de nuestro interés investigar quiénes son los sujetos biográficos autores de éstas, sino adentrarnos en los discursos presentes en ellas con el fin de reconstruir las representaciones respecto de los inmigrantes que circulaban en el ámbito académico, con la particularidad que implica centrarnos en los debates de la Universidad. La función esencialmente política que ésta cumplía, en tanto reproductora de la posición social de la clase dominante, consideramos que otorga vital importancia al análisis de los discursos que en ella circulasen en relación con los conflictos que atravesara el país.

El extranjero, entre agente de progreso y portador de conflicto

La Europa de principios del siglo XX presentaba un panorama social-mente diferente al de esos años en que las clases dominantes argentinas decidían tomar el rumbo del fomento de la inmigración como el camino más directo al progreso -noción ciertamente hegemónica en los debates ideológicos de entonces (Terán, 2008). La conflictividad obrera se había propagado y no tardarían en llegar a la Argentina inmigrantes anarquistas que encabezarían, en primer lugar, los incipientes conflictos sindicales focalizados y luego la primera huelga general en 1902, que marcó un punto de inflexión en las consideraciones de las élites respecto de las políticas migratorias.

Recordemos que el primer proyecto de ley para la deportación de extranjeros fue presentado en 1899. Si bien hasta el momento se habían llevado a cabo políticas de incentivos a la inmigración de determinados países y regiones, nunca se había propuesto la expulsión de quienes ya estaban radicados en el país[7]. Efectivamente, el conflicto social todavía parecía contenido y contenible por las fuerzas de seguridad y los estados de sitio, por lo cual la iniciativa fue desestimada (Constanzo, 2009). En 1902, en una sesión extraordinaria convocada a raíz de la mencionada huelga general, fue cuando la polémica ley encontró su momento histórico y fue aprobada. Así, los preceptos liberales respecto de la inmigración se toparon con un nuevo esquema de reflexión política que viraba hacia tendencias restrictivas y “puri-ficadoras” de políticas del pasado que ahora mostraban no estar a la altura de las circunstancias. Según Svampa (2006: 81), el inmigrante, otrora un aliado, se había convertido en un enemigo; de clase laboriosa imaginaria devino clase peligrosa real. El fortalecimiento del conflicto obrero supuso el paso de una ilusión (el paradigma sarmien-tino-alberdiano) a la realidad de la inmigración. La cuestión social, sigue Svampa, era leída a través de la oposición entre lo nativo y lo extranjero, contraponiéndose el “orden” con lo “exótico”: “exótica” era la masa extranjera que no se integraba al ser nacional, “exótico” era su universo lingüístico y cultural, y “exótica” era la ideología de las masas obreras anarquistas.

Esta oposición entre orden y exotismo, tal como se vislumbra en las tesis sobre la Ley de Residencia que estamos estudiando, constituye la tensión axial del debate por la construcción de la identidad nacional. Al partir de los preceptos de la lingüística saussureana, Laclau (1996) afirma que las identidades se definen diferencialmente. Es decir, son lo que son a partir de sus diferencias con las demás. En otras palabras, aquello que las diferencia del resto es lo que las hace ser tales. La Argentina, crisol de diferencias que los sectores dominantes pugnaban por orientar en pos del orden, la disciplina en la fábrica y la unicidad lingüística, se enfrenta, para los tesistas, con lo exótico, aquello que no se adapta a lo que se intentaba construir como “nacional”. Pero, si lo exótico es una diferencia, ¿qué lo distingue de las diferencias existentes al interior del contexto “argentino”, de las diferencias “aceptadas”? Lo que distingue a una de las otras es lo que hace que el límite tenga una relativa definición y firmeza: lo que está más allá debe conformar una verdadera amenaza, una exterioridad radical.

Así, podremos notar que los autores trazan una línea que separa la inmigración deseada de la indeseada. La primera era la que venía a proveer una fuerza de trabajo disciplinada, no subversiva, dispuesta a integrarse a la cultura que buscaba instituirse como dominante. La segunda era la que integraban los propagadores de “doctrinas malsanas” que no adscribían al “mundo del trabajo”.

Es tiempo ya [...] de depurar esa masa anónima de inmigrantes europeos que recibimos diariamente y que si bien es cierto que trae en su seno verdaderos factores de engrandecimiento y de trabajo, oculta también en sus entrañas elementos perturbadores del orden; agitadores y anarquistas que pueden trasplantar al suelo nuevo de la América los gérmenes del socialismo, que viven aplastados sobre los territorios de la Europa (Bosch Roldan, 1901: 25).

Bienvenidos sean los hombres de todo el universo siempre que traigan ingénito el hábito del trabajo y la religión de la obediencia a la ley; los perturbadores de oficio, que no tienen ubicación ni destino en las sociedades constituidas, están de más en nuestro territorio: elijan otro ambiente propicio para sus hazañas y no perturben la evolución pacífica de una nación que tiene derecho a un porvenir risueño y lleno de esperanzas (Quiroga, 1903: 48).

Tanto Bosch Roldan como Quiroga destacan la necesidad de atraer exclusivamente mano de obra que “agrande” la nación, la enriquezca y que no desvíe al país del camino del “progreso”. Lejos de focalizarse en el carácter “civilizatorio” del inmigrante, caracterización que primaba en la obra de Alberdi y en la propia ley de inmigración y colonización de 1876 (Devoto, 2009: 30-31), ahora -ante el dilema de la conformación de una identidad nacional y ante la conflictividad política que suponían aquellos portadores del “germen del socialismo”- la atención de los sectores dominantes había virado hacia el resguardo del orden social, asegurar el funcionamiento de los puertos, los ferrocarriles y las industrias, y homogeneizar a una población que hablaba numerosas lenguas y se conducía por una variedad de costumbres. En este marco, el desembarco de “doctrinas malsanas” fue el diagnóstico de las élites que dio cuenta de la conflictividad social y condujo a la Ley de Residencia[8]. Así, la máxima alberdiana “gobernar es poblar” sufrió una elocuente reformulación:

La máxima que hoy nos inspire debe ser gobernar es poblar bien: poblar bien, para que no entren al país enemigos del trabajo [...] que vienen a destruir el orden existente (De La Colina, 1907: 20-21).

[El inmigrante] no sólo no es elemento de progreso, como lo quiere virtualmente la ley, sino que [además] de no producir nada, de ser carga social, perturba con sus actos la tranquilidad del país (Bosch Roldan, 1901: 26).

La necesidad de delimitar cuáles son los “elementos” que la Argentina busca integrar y cuáles son los que quiere más allá de sus fronteras identitarias (y, coincidentemente, geográficas) queda de manifiesto en Candía (1903: 15) cuando éste alerta que la “gravedad viene de afuera y amenaza afectar la salud pública”, y propone, en consecuencia, “establecer cordones sanitarios”.

[La Ley de Residencia] responde al derecho de defensa colectiva, tiende a salvaguardar elevados intereses, y no daña a todos los extranjeros residentes en la República, sino solamente a una minoría de los emigrados de Europa, que han traído a este país la propaganda anárquica de un problema social y económico, de naturaleza completamente exótica y sin adaptación posible al organismo de la República Argentina (51).

Podemos ver cómo De La Colina sigue una matriz de razonamiento similar:

Es necesaria esta ley de selección, de profilaxia, de higiene social, por la que impedimos la entrada al territorio de aquellos que más tarde serán motivos de intranquilidad y de zozobra (De La Colina, 1907:23).

Si en la sociedad hay algún miembro enfermo ¿Por qué no lo separamos? ¿No vemos al médico mutilar una parte del cuerpo cuando está infectado para salvar de la infección a todo el organismo? (37).

La Ley de Residencia es vista por los tesistas como el resorte político que permite el trazado de una tenaz frontera entre lo que se deseaba para el país y lo que no era bienvenido. Ante la coyuntura de una Europa “infectada” por corrientes políticas “desestabilizadoras”, como el anarquismo o el socialismo, la expulsión es vista como la barrera más eficaz de mantener el orden interno. Los viejos anhelos de una inmigración civilizatoria, educadora y enriquecedora para la Argentina, poco a poco eran subsumidos a la pretensión de que los recién llegados estén dispuestos a trabajar y no poner en cuestión las formas y valores sociales que grupos de intelectuales tan activamente buscaban instituir (Terán, 2008).

Al asirio que se ha asimilado a nuestras costumbres y usos, que ha formado su hogar, que su comercio establecido en un punto fijo produce beneficios a la población en que se ha radicado; ese ya está amparado por la Constitución (De La Colina, 1907:28).

Aspiro como argentino [a] que el nacional y el extranjero seamos hermanos, que todos formemos una sola familia, la familia argentina, para que marchemos unidos por el camino del progreso, del adelanto y de la civilización, lo que conseguiremos depurando la sociedad de todo elemento contrario a sus nobles fines (De La Colina, 1907: 22).

En este sentido, este doctorando trasciende en su tesis la cuestión anarquista para incorporar a su argumentación a favor de la ley de expulsión una descripción de los elementos culturales propios de ciertos grupos “exóticos”. En su opinión, éstos atentan contra las mencionadas formas y valores sociales tanto como la militancia subversiva. Esa “clase de extranjeros cuya permanencia en el país llegaría a ser con el tiempo un factor disolvente” (De La Colina, 1907: 19) no se define sólo a partir de sus prácticas políticas, sino también sobre la base de sus costumbres y hábitos. Por ello, en pleno debate por la Ley de Residencia, De La Colina remarca el problema de la integración de los inmigrantes al orden cultural local. Pretende una hermandad entre el argentino y el extranjero, pero sólo en la medida en que aquél se incorpore a las costumbres argentinas abandonando las propias. El asirio, por caso, es bienvenido en tanto se desprenda de esas cualidades asirías que perturban el ser nacional. Así se referirá este aspirante a doctor en Jurisprudencia al “modo de vida” de esta “raza”:

[Los asirios] no producen absolutamente nada, casi no comen, apenas se visten y ni para viajar emplean el dinero recolectado porque la mayoría se transportan a pie cuando las distancias no son muy largas, y si no tuviesen que hacerse entender para negociar sus artículos insignificantes con que engañan a la gente del campo vendiéndoles un objeto por cuatro veces su valor, no aprenderían tampoco nuestro idioma. Son aves de paso que buscan dinero a toda costa. Imaginémonos el peligro que importaría esta raza si se organizaran en un barrio solo, con sus costumbres, su gobierno y lengua propia, como pasó con los chinos [en Norteamérica], y entonces veríamos la necesidad que hay de su no admisión o expulsión (De La Colina, 1907: 27).

Pero a De La Colina no lo desvelaba la posible “guetificación” de los asidos solamente, puesto que “aún hay otra inmigración que pudiéramos [llamar] la escoria de las naciones: [...] la raza gitana”:

Es una raza tan molesta y tan ladrona que cada vez que viajan tiene que intervenir la autoridad, porque es completamente imposible poder controlarlos. Iban en un vagón de carga, se-midesnudos, amontonados como animales, adentro de los envoltorios llevaban [a] los hijos para librarlos del pasaje, hecho que se descubrió al verse mover por sí solo los bultos que llevaban. Dormían amontonados unos encima de otros en completo desorden. Era tan repugnante el espectáculo que hasta la más pequeña regla moral se resentía (De La Colina, 1907: 28).

Nunca se separan, ellos buscan ganar dinero de cualquier modo para volver otra vez a su tierra, y si no adquirí más datos por boca de ellos mismos fue porque mi olfato ya estaba resentido. Un corral de cerdos ha de ser más higiénico que una familia gitana (De La Colina, 1907: 29).

Nuevamente se desprende de estos fragmentos la necesariedad de una política de depuración de elementos que aparecen como disolventes. Resulta de interés que los inmigrantes indeseados ya no son sólo, como describimos anteriormente, quienes atentan contra el orden a partir de manifestaciones, huelgas y protestas obreras; a partir de las citas precedentes se puede observar que aquella alberdiana concepción del inmigrante europeo como agente educador, cumplidor de un papel de implantación de nuevos hábitos y comportamientos que, a través del ejemplo cotidiano, luego serían imitados por los nativos, parece desvanecida (Devoto, 2009: 230). Mientras que entonces el inmigrante era visto como cumplidor de un rol cultural -y no solamente económico, es decir, fuerza de trabajo-, ahora se pretendía que se adapte a los “valores” nacionales, se apegue a la ley y se someta a la disciplina laboral de la fábrica. La suciedad, la ignorancia y, primordialmente, la falta de voluntad de integrarse, son los factores que primarán a la hora de evaluar qué inmigración se desea y determinarán su legitimidad. De La Colina, interrogándose acerca de la inadaptación de los gitanos, cuenta qué sucedió al haberles planteado la inquietud: “Habiéndoles preguntado por qué no se separaron y se unen a los argentinos para trabajar, así adquirirían nuevas ideas, nuevos conocimientos, me dijo uno de ellos que no querían saber nada con los criollos” (De La Colina, 1907: 29).

Hemos visto en los fragmentos citados cómo se le atribuye gran importancia al hecho de que aquellos que llegasen al puerto tuviesen “ingénito el hábito del trabajo”. Por ello, los turcos, los judíos, los asirios y los gitanos son vistos como indeseables, no por meras razones “políticas” (es decir, por haber entre ellos militantes anarquistas) sino por sus valores “impropios”. De esta forma, el problema de la estabilidad al que apunta la Ley de Residencia no se limita, para los tesistas, a la cuestión obrera en tanto amenaza a la “paz social”. Sus análisis amplían la concepción del orden que primaba en los debates parlamentarios sobre la ley de expulsión (Constanzo, 2009), siendo ahora los anarquistas sólo una arista de un problema que parece ser más amplio. Lo que ponen en cuestión los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que hemos citado es la política migratoria misma, ya que por las grietas de sus falencias ingresan “elementos heterogéneos” que, más allá de su ideología y militancia política, comportan un peligro para la sociedad por no adaptarse a la cultura e identidad que buscaba construirse y consolidarse.

Consideraciones finales

La Ley de Residencia conformó, desde la perspectiva de los tesistas, un intento de solucionar la agitación política que se daba en Argentina a fines de 1902. Sin embargo, esa medida se inscribe en una lógica más amplia de construcción identitaria propia de un momento histórico en el que los sectores dominantes buscaban definir, construir y afirmar una identidad propiamente nacional. Mientras se expulsaba a los “elementos heterogéneos” que atentaban contra el orden, el Estado homogeneizaba a quienes formaban parte del sistema (a través de la educación pública, el servicio militar obligatorio, los rituales patrios, la apelación a la figura del gaucho y el pasado colonial, y poco después el voto universal y obligatorio) (Devoto, 2009: 277).

Así, los tesistas no sólo dan cuenta de la necesidad de resolver la cuestión anarquista a partir de la expulsión de los elementos que atentasen contra el orden social, sino que, en medio de este proceso de consolidación de una identidad argentina, remarcan qué se espera que acepten y a qué deben renunciar los inmigrantes que viniesen a “labrar la tierra” y “mejorar las industrias”. En esta clave, De La Colina expresa su rechazo a la holgazanería, la vagancia, la falta de disciplina, la ausencia de voluntad de aprender la lengua local:

¿Por qué causas se decretará la expulsión? Cuando los actos de los extranjeros comprometan la paz y la tranquilidad pública, cuando amenacen un peligro para el país. Dentro de esta regla se [pueden] encuadrar todos los casos de expulsión; y así, perturba la paz pública y es un peligro para el país tanto el anarquista que arroja una bomba como el predicador de ideas malsanas, como el agitador que conmueve la sociedad, como los vagabundos y holgazanes, como los ladrones reincidentes extranjeros que viven ideando planes para que el botín sea más grande, como el caf teen que hace el infame comercio de carne humana, como el gitano que vive de la estafa y de la mentira, etcétera (De La Colina, 1907: 103).

Si, siguiendo la crítica al esencialismo de Laclau (1996) y de Laclau y Mouffe (2004), la validez de toda afirmación se determina contextual-mente (es decir, en forma diferencial), entonces la identidad nunca será una totalidad suturada y autodefinida, y el sentido nunca podrá fijarse de una manera última. Se definirá más bien en términos relaciónales, en tensión con la exterioridad radical de la cual debe diferenciarse. En este sentido, la enumeración de De La Colina, inacabada en su formulación misma, expresa la imposibilidad de un cierre definitorio. Así, el gaucho, en el debate intelectual de la época, pasaba de ser referente de la barbarie a símbolo de la argentinidad[9], mientras que el inmigrante pasaba de ser una “clase laboriosa imaginaria” a una “clase peligrosa real” (Svampa, 2006).

Si bien los sujetos a expulsar son nominados y categorizados en función de su activismo político, sus costumbres y sus valores, en el momento en que se constituyen como amenaza al orden, como exterioridad radical, esas diferencias se diluyen: los gitanos, los asidos, los vagabundos, los “cafiolos”, los ladrones, los predicadores de ideas malsanas, los agitadores, los posibles “etcéteras”, todos son ahora equivalentes ya que comprometen “la paz y la tranquilidad pública” (De La Colina, 2007). Estas categorías, excluidas, forman lo que Laclau denomina cadena de equivalencias, aunándose en “aquello que el sistema demoniza a los efectos de significarse a sí mismo” (Laclau, 1996: 74). La exclusión de lo heterogéneo, materializada en este caso en la expulsión del Otro, resulta entonces fundante de la identidad, afirmándola, (re) definiéndola, diferenciándola.

Hemos procurado inscribir las representaciones de los tesistas respecto de la inmigración en el marco de los debates de la época acerca de la conflictividad social y en el proceso de constitución del Estado y de la nación. Reconstruyendo algunos de los discursos que circulaban en el ámbito académico, hemos elaborado la relación entre la explícita preocupación por el orden y la implícita problemática de la construcción de la identidad argentina. De esta forma, intentamos aproximarnos al modo como la Universidad de Buenos Aires, en tanto eje garante de la reproducción del orden político, abordó esta trascendental polémica a principios del siglo XX.

Bibliografía

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Svampa, Maristella 2006 El dilema argentino: civilización o barbarie (Buenos Aires: Taurus).

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Terán, Osear 2008 Historia de las ideas en la Argentina (Buenos Aires: Siglo Veintiuno).

Estudiante de Sociología (Facultad de Ciencias Sociales - UBA). Becario del Instituto de Investigaciones Gino Germani.↵

Estudiante de Sociología (Facultad de Ciencias Sociales - UBA).↵

En diciembre de 2010, la ocupación de un parque en el sur de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de soluciones habitacionales provocó un conflicto social de magnitud. Muchos de los ocupantes provenían de países limítrofes, lo que generó que, durante y después de los eventos, emergieran discursos xenófobos por parte de sectores del poder político, la sociedad civil y los medios de comunicación.↵

Tan temprano como 1889, el 96 % de los diputados y el 97 % de los senadores tenía título universitario, en general de abogado y en menor medida de médico (Cantón, 1966, citado en Tedesco, 1982: 73).↵

Mollis (2001: 20) sitúa la expansión del alumnado entre 1893 y 1912 en un 184,7 %, mientras que entre 1906 y 1918 ubica el crecimiento en un 352,6 %.↵

En 1900 se crearía el Centro de Estudiantes de Medicina; en 1903 el de Ingeniería, y en 1905 los de Derecho y Filosofía y Letras (Gómez, 1995).↵

El artículo 25 de la Constitución Nacional dice que "El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes". Aquí residió la polémica con respecto a la constitucionalidad de la Ley de Residencia: quienes "atenta¬ban contra el orden social", pasibles de que se les aplicase esa ley, ¿tenían como objetivo aquello a lo que la Constitución aludía? A fines de abocarnos de lleno a nuestro objetivo, dejaremos de lado tanto los fragmentos que se abocan a este debate legal como las tesis que, por motivos que exceden el marco de este trabajo, se manifiestan en contra de la medida de expulsión de extranjeros. Vale aclarar que la tarea de escindir los argumentosestrictamente políticos de los jurídicos -si es posible concebir teóricamente tal separación- cuenta de por sí, a nuestro criterio, con un grado remarcable de arbitrariedad.↵

Consideramos la Ley de Residencia como un paradigmático exponente de la consolida¬ción del positivismo criminológico en Argentina. Éste, construyendo una concepción de sujeto basada en las reglas, métodos y racionalidad de las ciencias naturales, extendiendo a lo social las leyes de la evolución natural, negando toda arbitrariedad, toda subjetividad y legitimándose como único conocimiento posible, verdadero y objetivo, toma "prestado el lenguaje de la ciencia médica", considera al criminal "como enfermo", entiende "el método criminológico como diagnóstico", y ve "la actividad de control social como esencialmente terapéutica" (Pavarini, 2002: 52). De esta forma, llegamos a comprender por qué para los tesistas la llegada de ciertos extranjeros constituía un verdadero "cáncer", sólo curable mediante la expulsión.↵

La conferencia de Leopoldo Lugones en el teatro Odeón en 1913 ante los principales representantes del poder político conforma un ejemplo de este movimiento de transfor¬mación de la figura del gaucho en arquetipo del espíritu nacional↵

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EJE II: 

TERRITORIO, ORGANIZACIÓN Y CONFLICTO

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Mujeres, religión y política: Organizaciones y activismo político de mujeres evangélicas en la Argentina  contemporánea (2000-2010)

Ana Laura Azparren[1], Analía Quintáns[2], Rocío Meló[3], Santiago Cunial[4]y Rocío Soler[5]

Introducción

¿Qué temáticas suscitan la organización de las mujeres evangélicas en la Argentina contemporánea? ¿Qué estrategias utilizan para intervenir políticamente? El presente artículo analiza las acciones políticas de las mujeres evangélicas, tanto al interior de sus iglesias y organizaciones confesionales como en la política secular[6] registradas en la última década (2000-2010). Si bien existen organizaciones evangélicas de mujeres desde principios del siglo XX (como Mujeres Bautistas Argentinas, Federación de Mujeres Metodistas Argentinas y Federación Femenina Evangélica Valdense, fundadas en 1929, 1930 y 1935 respectivamente), muchas de las organizaciones a analizar se crean a principios del siglo XXI (como el Ministerio de Mujeres de Fe de la Juventud con una Misión en 2001, Mujeres de Fe Monoteísta en 2003 y Mujeres Marplatenses Alfa en 2005).

Las mujeres cristianas se han organizado a lo largo de la historia persiguiendo diferentes objetivos. Las primeras organizaciones evangélicas aglutinaron a mujeres pertenecientes a una misma iglesia, con fines principalmente confesionales[7]. A partir del año 2000, surgen en Argentina organizaciones interdenominacionales (que congregan a mujeres de distintas denominaciones o iglesias evangélicas) e interreligiosas (que agrupan a mujeres de diferentes religiones) que, además de organizarse con fines confesionales, comienzan a participar e intervenir en debates públicos -principalmente en materia de sexualidad y reproducción-, con posturas coincidentes a las de sus iglesias, federaciones o religiones.

En este sentido, las organizaciones evangélicas de mujeres se han constituido en un actor relevante en el espacio político actual, principalmente en los debates sobre derechos sexuales y (no) reproductivos. El presente trabajo constituye una primera aproximación al análisis de las intervenciones de las organizaciones evangélicas de mujeres, y se enmarca en una investigación colectiva en curso que explora las posiciones y estrategias de instituciones evangélicas sobre moral sexual en Argentina desde 1994 hasta 2010.

Comenzamos el artículo describiendo el campo evangélico en la Argentina y la estrategia metodológica utilizada. A continuación, presentamos una breve cronología de las intervenciones de las organizaciones evangélicas de mujeres registradas en la prensa evangélica y las páginas web relevadas para el período 2000-2010. Por último, analizamos las modalidades de intervención de dichas organizaciones y las temáticas por ellas abordadas. Finalmente, presentamos algunas conclusiones que darán paso a futuras indagaciones.

Composición del campo evangélico

El campo evangélico presenta una amplia diversidad ideológica. Siguiendo la tipología de Wynarczyk (2006), podemos diferenciar dos grandes polos: el polo histórico liberacionista y el polo conservador bíblico. El primero aglutina a las instituciones que tienen sus antecedentes en el primer movimiento evangélico en llegar a la Argentina, entre 1825 y 1850. Las iglesias de este polo se encuentran congregadas en la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE). El polo conservador bíblico agrupa aquellas iglesias pertenecientes al segundo movimiento evangélico en llegar al país, a partir de 1880, reunidas a partir de 1982 en la Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA).

Si bien la relación entre ambos polos no supone una ruptura total entre sus instituciones[8], presentan marcadas tendencias ideológicas que los distancian en el espectro político. El polo liberacionista se encuentra relacionado con el movimiento en defensa de los derechos humanos, cercano al “evangelio social” (Bianchi, 2004: 244), mientras que el polo conservador ha sido históricamente afín a los posicionamientos de la derecha religiosa estadounidense (Bianchi, 2004: 245). Dichos distan-ciamientos reflejan importantes diferencias en los pronunciamientos públicos de cada uno de los polos, sobre todo en materia de sexualidad. Las iglesias y federaciones de cada uno de ellos han adoptado posturas distintas -y muchas veces contrarias- ante los debates públicos sobre matrimonio igualitario, educación sexual y aborto (Jones et al, 2010a y 2010b), que marcarán diferencias en las formas de intervención y los temas de interés de las organizaciones de mujeres de ambos polos.

Metodología

Este trabajo está basado en un estudio exploratorio acerca de las intervenciones públicas de las organizaciones de mujeres evangélicas. Con el objetivo de captar las distintas modalidades de participación, desarrollamos una estrategia metodológica cualitativa, dentro de la cual realizamos un relevamiento y sistematización de fuentes secundarias. Para cubrir el amplio espectro ideológico del mundo evangélico en el país, seleccionamos y revisamos las revistas denominacionales El Estandarte Evangélico (Iglesia Evangélica Metodista Argentina -IEMA-), Vida Abundante (Iglesia Evangélica del Río de la Plata -IERP-) y El Expositor Bautista (Convención Evangélica Bautista Argentina -CEBA-) y las interdenominacionales de mayor permanencia en el tiempo (El Puente y Prensa Ecuménica). Exploramos las publicaciones disponibles en soporte papel y digitales desde enero de 2000 a diciembre de 2010 inclusive, seleccionando las notas que mencionaran actividades organizadas por -o dirigidas a- mujeres.

Una vez seleccionadas las notas, revisamos las páginas web de las organizaciones evangélicas de mujeres que aparecían en la prensa cristiana relevada: la Federación de Mujeres Metodistas Argentinas (FEMMA), la Liga Misional de Damas Luteranas, la Federación Femenina Evangélica Valdense (FFEV) y Mujeres Bautistas Argentinas, como organizaciones denominacionales; el Foro de Género del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI)[9], ACIERA Mujer, Mujeres Marpla-tenses Alfa, Ministerio de Mujeres de Fe de la Juventud con una Misión (JUCUM) y la Liga Argentina de Mujeres Evangélicas, como organizaciones interdenominacionales; y Mujeres de Fe Monoteísta, la única organización interreligiosa de mujeres con participación evangélica nombrada en la prensa evangélica.

Las organizaciones denominacionales e interdenominacionales han sido clasificadas según el polo al que pertenecen las iglesias o federaciones de las que dependen (el liberacionista-histórico o el conservador-bíblico). La organización interreligiosa Mujeres de Fe Monoteísta ha sido ubicada en el polo conservador, en función de la agenda que persigue (la “defensa de la vida”, entre otros objetivos).

A continuación, analizaremos el activismo político de las organizaciones de mujeres de ambos polos, partiendo de la descripción de sus intervenciones públicas realizadas a lo largo del período analizado (2000-2010).

Intervenciones en “defensa de la vida y la familia”: activismo de mujeres del polo conservador

Las organizaciones de mujeres del polo conservador realizan sus principales intervenciones en función de una agenda “en defensa de la vida y la familia”, según sus propios términos. Se trata de participaciones dirigidas principalmente a frenar cualquier tipo de avance legal en materia de derechos sexuales y (no) reproductivos[10] (Brown, 2008: 280): intervienen ante los intentos de despenalización del aborto, las leyes de educación sexual, la aprobación del matrimonio igualitario y la ratificación parlamentaria del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, según sus siglas en inglés).

A lo largo del período analizado, las formas de injerencia de estas organizaciones evangélicas de mujeres se han ido modificando. A medida que los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual se fortalecen y adquieren mayor importancia en la arena pública, logrando algunos avances en materia de derechos sexuales y (no) reproductivos[11], aumentan las intervenciones de las organizaciones de este polo, que comienzan a adquirir mayor visibilidad en el espacio público.

En este sentido, a partir del año 2004 estas organizaciones de mujeres realizan encuentros y reuniones donde se busca la participación de personas ajenas al ámbito evangélico que gocen de una amplia influencia en otros ámbitos. Por ejemplo, en las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer organizadas por ACIERA Mujer, que a partir del 2005 se realizarán todos los años en la Legislatura Porteña, se invita a participar a reconocidas mujeres de la esfera política, como por ejemplo las diputadas de Propuesta Republicana (PRO) Gabriela Michetti, Lidia Elsa Satragno y Victoria Morales Gorleri, quienes comparten un perfil ideológico con las convocantes[12].

También a partir del 2005, sus principales acciones se registran en un ámbito donde los movimientos feministas, de mujeres[13] y de la diversidad sexual buscan organizarse para demandar por una ampliación de sus derechos: los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM)[14]. Siguiendo los pasos de las mujeres católicas, que inician su participación en el ENM desarrollado en Salta en el 2002, “coordinadas y dispuestas a imponer las directivas del Vaticano en los talleres” (Tarducci, 2005: 398), las evangélicas del polo conservador participan por primera vez en el 2005, en el encuentro realizado en Mar del Plata. En su intervención se oponen a la educación sexual en las escuelas, los métodos anticonceptivos, el aborto y el “matrimonio homosexual”. En una nota titulada “Firmeza de mujeres evangélicas en encuentro nacional”, la prensa evangélica resalta que “en el documento final del encuentro se dio lugar para expresar las distintas posturas, entre ellas las sostenidas por las mujeres de extracción evangélica” (El Puente, 11/2005). Esta participación será recordada por la prensa evangélica como un hito en la intervención pública de las mujeres evangélicas, conmemorándola dos años más tarde en una nota titulada “Mujeres con convicción” (Pulso Cristiano, 18/10/2007, N° 97).

Nuestra hipótesis, por la información analizada, es que a partir de su participación en el ENM del año 2005 las evangélicas comienzan a participar en terrenos históricamente pertenecientes al movimiento de mujeres, para defender sus posturas de rechazo a los derechos sexuales y (no) reproductivos, y lo hacen ya no sólo desde su identidad de evangélicas o cristianas, sino -y principalmente- desde su lugar de mujeres. De esta forma, harían un uso estratégico de su condición de mujeres: su participación como tales les brinda un capital político mayor que el de cristianas a la hora de debatir con sus principales adversarios en estas temáticas: el movimiento de mujeres (y, dentro del mismo, especialmente los grupos feministas) y el de la diversidad sexual.

En efecto, en los años posteriores al encuentro de 2005, las organizaciones de mujeres evangélicas del polo conservador salen al cruce ante cualquier intento de avance en materia de salud reproductiva, principalmente cuando se trata de la despenalización del aborto. En mayo de 2006, las organizaciones evangélicas Mujeres en Acción y Mujeres Cristianas Marplatenses Alfa realizan una “Marcha por nuestros valores” en el Obelisco, y entregan en el Congreso de la Nación un petitorio con más de 20 mil firmas en rechazo a proyectos de ley de despenalización del aborto (El Puente, 05/2006, pág. 53; Pulso Cristiano, 04/05/2006, N° 62). En julio del mismo año, la Mesa Argentina de Organizaciones de Mujeres (integrada por Acción Católica Argentina, Liga Argentina de Mujeres Evangélicas y Mujeres Bautistas Argentinas) rechaza el anteproyecto de reforma del código penal, que incluía la despenalización del aborto (Pulso Cristiano, 20/07/2006, N° 67) y en diciembre ACIERA Mujer rechaza la ratificación parlamentaria del Protocolo Facultativo de la CEDAW, afirmando que se trata de “un avance a favor de prácticas abortivas” (El Puente, 12/2006, pág. 41).

A partir del año 2008 se observa un cambio de estrategia en las formas de intervención de las organizaciones de mujeres de este polo. Desde entonces, pareciera que su activismo se dirige a crear espacios propios, en los que no deban confrontar directamente con posturas tan antagónicas a las suyas. En este sentido, en abril de 2008 se realiza un Té de Damas con el conocido pastor evangélico Luis Palau, bajo el lema “Mujeres liderando cambios”, en el que participan más de 1200 mujeres, entre ellas diputadas, empresarias y profesionales (El Puente, 04/2008, pág. 23).

En agosto de ese mismo año, dos semanas antes de realizarse el XXIII ENM en Neuquén, las mujeres evangélicas inician una campaña en contra de la despenalización del aborto, que incluye afiches, una marcha y un Congreso de “Mujeres en defensa de la vida y la familia” (El Puente, 08/2008, pág. 11; Pulso Cristiano, 17/07/2008, N° 115). De esta forma, mientras que en el ENM de 2005 intentaron expresar sus posturas en los talleres del encuentro, debatiendo con las posiciones contrarias a las suyas y bregando porque sus posturas quedaran plasmadas en el documento final, en el 2008 en Neuquén organizan su propio congreso y su propia marcha, dos semanas antes de realizarse el ENM. Esta estrategia se asemeja a la desarrollada por las mujeres católicas en el ENM de Mendoza del 2004, cuando la ciudad amaneció empapelada con afiches cuyas consignas eran “Elige la vida” o “Mendoza por la vida”, y “la iglesia se había organizado, incluso llevando el tema a las escuelas religiosas para repudiar el evento” (Tarducci, 2005: 400).

En este sentido, si bien las organizaciones de mujeres evangélicas retoman las formas de intervención del movimiento de mujeres (realizan talleres, pegatina de afiches, congresos y marchas), lo hacen invir-tiendo su objetivo: se trata de un intento de frenar los avances legales en materia de derechos sexuales y (no) reproductivos.

La prensa cristiana relevada no registra otra concurrencia de las evangélicas del polo conservador en los ENM después de la de 2008 en Neuquén. En el 2009, la Mesa Argentina de Mujeres realiza un Té Cultural por el Día Internacional de la Mujer, que reúne a más de 150 mujeres (judías, católicas y evangélicas), y la organización Mujeres Alfa Internacional organiza el XVIII Encuentro de mujeres Cristianas “Levántate y Resplandece”, en el que se dicta un taller sobre “género y perspectiva de género”, donde se afirma:

No aceptamos la ambigüedad del término “género” para referirse a lo atinente a la mujer. Su constitución física, psíquica y sexual la colocan sin rodeos en una de las antípodas del género humano. Se nace varón o se nace mujer. Todo lo demás son desviaciones de lo natural (página web Mujeres Alfa Internacional).

En abril de 2010 se realiza el Primer Encuentro de Damas Pentecos-tales en el templo “Jesús Para las Naciones”, y un Té de Damas sobre Violencia familiar denominado “Mujer rompe el silencio” (Página web FECEP). En octubre del mismo año, la entonces diputada evangélica Cynthia Hotton y la senadora Liliana Negre de Alonso (perteneciente a la organización católica conservadora Opus Dei) se reúnen en Córdoba con instituciones “pro vida” para combinar tareas y crear una Red Nacional de Defensa de la Vida, conformada por más de ien instituciones. En palabras de la diputada Hotton:

Nos necesitamos unos a otros para seguir la agenda de estos temas que nos unen. La aprobación del matrimonio homosexual fue resultado de la mediación política del oficialismo, apuntando a dividir los bloques; hoy se vienen con el aborto, seamos inteligentes para argumentar nuestras posiciones. Empecemos a penetrar en partidos políticos, medios de comunicación y asociaciones para que otros también puedan sumarse y defender al niño por nacer (El Puente, 10/2010: 10).

Con dicha frase, Hotton resume la mayor preocupación en la agenda de las organizaciones de mujeres evangélicas del polo conservador en el período indagado: la “defensa de la vida y la familia”.

La agenda de estas organizaciones se construye en función de las relaciones que establecen con otros actores políticos del campo, en un juego de definición de aliados y adversarios, que analizaremos a continuación.

Relaciones con otros actores políticos: construcción de aliados y adversarios

En una nota publicada en el periódico evangélico El Puente en febrero de 2004, la entonces dirigente Cynthia Hotton invita a las mujeres evangélicas a “llenar el cupo femenino del parlamento. Generalmente no entran las mujeres más sensibles y con valores, sino las feministas liberales, y ocupan todos los espacios que deberían ser mejor repartidos”. De esta forma, se va construyendo un claro adversario en el tema, las “feministas liberales”, en función del cual las “mujeres sensibles y con valores” deben organizarse para disputarles los espacios políticos. Esta invitación realizada en 2004 por Hotton, pareciera encontrar eco en las mujeres evangélicas de las iglesias de polo evangélico conservador, que a partir de entonces intervienen en el espacio público participando de los ENM, y realizando Celebraciones por el Día de la Mujer en la Legislatura Porteña, congresos de mujeres evangélicas, Té de Damas con participación de políticas, marchas “en defensa de la vida y la familia”, pegatinas de afiches y recolecciones de firmas, entre otras formas de participación.

Las intervenciones de estas organizaciones parecieran efectuarse en un doble movimiento: hacia afuera, como un intento de frenar los avances legales en materia de derechos sexuales y (no) reproductivos; y hacia adentro, realizando congresos y reuniones para incentivar la participación cívico-política evangélica y concientizar a las mujeres sobre la necesidad de intervenir públicamente en estas temáticas.

En su intervención hacia afuera, su agenda parece definida por las iniciativas de los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual, que son construidos como sus adversarios. Las participaciones de las organizaciones de mujeres evangélicas pueden ser consideradas como parte de lo que Vaggione denomina la politización reactiva de lo religioso. Este activismo religioso es reactivo porque surge como respuesta a la crisis de la familia, de la cual se culpa a los mencionados movimientos sociales, y político porque tiene como objetivo influenciar las regulaciones jurídicas sobre género y sexualidad (Vaggione, 2005: 7).

En sus intervenciones hacia adentro de sus congregaciones, las evangélicas buscan concientizar a las mujeres sobre la importancia de su participación política, resaltando las cualidades de sensibilidad y fragilidad de las mujeres. En este sentido, las Mujeres de Fe se preguntan

¿Por qué mujeres en un momento como este? ¿Y por qué no? Porque Dios históricamente usó mujeres para el cambio de las naciones (Esther, Débora, María, etc.). Porque su presencia frágil no provoca amenaza. Porque su sensibilidad natural le permite identificarse con la necesidad. Porque hay promesa de autoridad espiritual sobre la mujer en contra del enemigo (Página web, JUCUM Buenos Aires).

En las acciones de estas organizaciones también se registran algunos aliados. Ante las demandas de ampliación de derechos sexuales y (no) reproductivos por parte de los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual, las organizaciones de mujeres evangélicas del polo conservador han articulado con otros movimientos religiosos para intervenir en el espacio público, principalmente con organizaciones católicas. Son ejemplo de esta articulación la conformación de organizaciones interreligiosas (que incluyen mujeres judías, católicas y evangélicas) como Mujeres de Fe Monoteísta y la Red Nacional en Defensa de la Vida creada en 2010. De esta forma, las organizaciones evangélicas de mujeres han priorizado su lucha en “defensa de la vida y la familia”, por sobre otras temáticas que pudieran generar diferencias entre evangélicos y católicos (como la libertad e igualdad religiosa, que supone suprimir los privilegios legales y financieros de la Iglesia Católica en Argentina), en una clara muestra de un ecumenismo patriarcal (Vuola, 2006) o ecumenismo conservador, que les permite trascender momentánea y estratégicamente históricas diferencias y antagonismos. Como explica Vaggione:

Feministas y minorías sexuales son construidos como los principales enemigos de la familia, cuyo accionar justifica que sectores religiosos se movilicen públicamente y construyan alianzas que años atrás hubieran sido impensables. Tradiciones religiosas que se caracterizan por fuertes enf rentamientos se han unificado a partir de una reacción compartida a las demandas feministas (Vaggione, 2005: 7).

Intervenciones contra la trata e incipiente apoyo a los derechos sexuales y (no) reproductivos: activismo de mujeres del polo liberacionista

Las organizaciones de mujeres del polo liberacionista intervienen principalmente alrededor de ejes temáticos como la cuestión de género, la salud reproductiva, el aborto y la trata de personas. También puede verse una importancia particular destinada a posicionar a la mujer como líder religiosa-política. Con este fin, se promueven actividades de capacitación, planteando la necesidad de darle a la mujer un espacio de libertad e igualdad, propiciando su participación, y cuestionando la naturalización de los roles tradicionales adjudicados a mujeres y varones.

Las formas de participación de estas organizaciones se han ido modificando a lo largo del periodo analizado. Al igual que en las organizaciones del polo conservador, en las del polo liberacionista se observa una tendencia progresiva a dirigir sus actividades hacia afuera de sus comunidades religiosas. De esta forma, se posicionan públicamente ante la emergencia en la sociedad de debates como los relativos a la salud sexual y reproductiva y a la educación sexual en las escuelas.

En este sentido, el 2000 representa un año de quiebre, a partir del cual las organizaciones de mujeres evangélicas liberacionistas adoptan una actitud más activa frente a las agendas políticas del momento, comenzando a cobrar mayor visibilidad en sus intervenciones públicas. En dicho año la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), la Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU), la Iglesia de Cristo (IDC), la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata (IEVRP) y una docena de organizaciones ecuménicas apoyan explícitamente la promulgación por parte de la Legislatura porteña de la Ley N° 418 de Salud Reproductiva y Procreación Responsable para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En julio de 2005, las mujeres evangélicas liberacionistas, a través de Margarita Lais Tourn, del Foro de Mujeres del CLAI, envían una carta de apoyo a Romina Tejerina, condenada a prisión por homicidio agravado por el vínculo en contra de su beba recién nacida, engendrada como resultado de una violación. En noviembre de ese mismo año, mujeres de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA) organizan el primer Encuentro Nacional de la Pastoral de la Mujer, en donde se discute sobre trata de personas, salud reproductiva, aborto y liderazgo, entre otros temas. En julio de 2008, el foro de Género del CLAI participa de una radio abierta y una marcha alrededor del Congreso Nacional, reclamando la aparición con vida de Fernanda Aguirre, joven desaparecida en 2004 en Entre Ríos como víctima de las redes de trata para la prostitución. En este sentido, en agosto de ese mismo año, el CLAI emite un comunicado exigiendo la reforma de la ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sancionada por el Congreso y promulgada por la Presidenta de la Nación el 9 de Abril de 2008. Dicha declaración exige la reforma de la ley en los siguientes aspectos:

Que no distinga, para definir el delito, entre víctimas mayores y menores de 18 años (arts. 2, 3, 10 y 11 de la actual ley); que no presuma que las victimas mayores de 18 años consintieron su propia explotación; que considere como agravante y aumente las penas cuando las victimas sean menores de 18 años o hayan sido objeto de violencia, engaño, amenaza, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, o haya existido recepción de pagos por quien la haya entregado; que establezca penas no excarcelables, en todos los casos; que establezca políticas públicas efectivas de prevención, protección y asistencia a las victimas financiadas con fondos suficientes previstos en el presupuesto nacional (Página web CLAI, publicado el 02/08/2008).

Ese año el mismo foro de Género del CLAI organiza en Chaco, junto al CAREF (Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados), el tercer encuentro contra la Trata y el Tráfico de personas, al cual se lo denominó: “Trata y Tráfico de Personas: El compromiso de las iglesias ante la vulneración de Derechos”.

Al año siguiente, esta vez en la República del Uruguay (pero con la presencia de mujeres evangélicas argentinas), el mismo foro regional repite su encuentro, dando a conocer sus posicionamientos abiertos a repensar la cuestión del aborto, y a favor de la promoción de la salud reproductiva:

Hemos coincidido que la salud sexual y la salud reproductiva son un estado general de bienestar físico, mental y social y no una mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados de la vida. Hemos reconocido el derecho implícito de las mujeres en sus diversas etapas de la vida, al igual que los varones a la planificación de la familia de su elección, así como a obtener información sobre salud sexual y salud reproductiva y acceso a métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos en la legislación de cada país de los cuales procedemos. [...] Cada número representa para nosotras y nosotros una vida de hermanas amadas por Dios y creadas a su imagen. Esas muertes, que se hubieran podido evitar, son un grito que pide justicia y solidaridad. Levantamos nuestras voces y comprometemos nuestras acciones para trabajar para que el estigma que afecta a las mujeres que se someten a un aborto ilegal sea eliminado y así puedan acceder rápidamente a los servicios de salud (Página web del CLAI, publicado el 21/9/2009).

Los argumentos esbozados por las mujeres de este polo evangélico coinciden en que el aborto no puede ser tomado como una cuestión aislada, constituyendo un problema que tiene raíces profundas. Frente a esta problemática, la correcta educación sexual es una herramienta central, ya que por su ausencia se crean las condiciones para el surgimiento de embarazos no deseados. Asimismo, se deja entrever un pedido concreto de intervención al Estado, a través de políticas que aborden las causas que exponen a las mujeres a situaciones peligrosas para sus vidas, como los abortos clandestinos.

También en el 2009, dicho foro del CLAI adhiere a una campaña que busca crear un registro nacional y público de violadores, y a una campaña on Une contra la trata de personas. En noviembre, en el marco del Día Internacional de Lucha contra todas las formas de Violencia sobre la Mujer, adhiere y convoca a una marcha en el Obelisco en contra de la trata de personas y la desigualdad de género, junto a estudiantes universitarios, partidos políticos de izquierda y organizaciones feministas y de derechos humanos. Este tipo de estrategia resulta novedosa, en tanto demuestra un interés concreto por parte de estas organizaciones de acercarse y trabajar conjuntamente con actores que exceden los límites de la comunidad confesional.

Podemos interpretar el predominio de la temática de la trata de personas en las intervenciones de estos grupos, en detrimento de otras, como una forma de mantener unidas a las diferentes denominaciones e iglesias de este polo y, posiblemente, tender lazos hacia algunos sectores evangélicos del polo conservador bíblico. En este sentido, la cuestión de la trata funciona como un asunto menos controversia! que, por ejemplo, la despenalización del aborto, lo que dota de mayor legitimidad y sustento al reclamo, y evita generar discordias entre las instituciones.

En septiembre de 2010, el Foro de Género del CLAI, junto al Departamento de Desarrollo y Emergencia de la FAIE y el Consejo Unido de Educación Cristiana (CUEC) realizan una jornada de capacitación sobre la propuesta de educación sexual integral en las escuelas, comprendiendo que “comprometernos con una educación que ayude a construir una mirada crítica hacia los mensajes y estereotipos que los medios de comunicación instalan; a conocer y defender los derechos que nos asisten es comprometernos con la vida en abundancia que Jesús nos ofrece” (Página web CLAI, publicado en 09/2010). Al mismo tiempo, podemos ver cómo se busca interpelar a la sociedad, aliándose y buscando el apoyo de otros grupos o movimientos que doten de una mayor legitimidad al reclamo. Finalmente, en noviembre de 2010, a través de la publicación digital Prensa Ecuménica, se vuelve a convocar a participar de la marcha en conmemoración del Día Internacional de Lucha contra todas las formas de Violencia sobre la Mujer, la cual es promovida por organizaciones de mujeres no religiosas.

Reflexiones finales

A lo largo del período analizado, las organizaciones evangélicas de mujeres de ambos polos se pronuncian públicamente sobre diversas temáticas, con diferentes estrategias de intervención y en alianza con distintos actores políticos. Las organizaciones de mujeres del polo conservador intervienen defendiendo los valores que las atraviesan y orientan en tanto creyentes y, al mismo tiempo, representando los posicionamientos de las instituciones religiosas de las que forman parte: se pronuncian principalmente “en defensa de la vida y la familia”, oponiéndose a la despenalización del aborto, las leyes de educación sexual, la aprobación del matrimonio igualitario y la ratificación parlamentaria del protocolo facultativo de la CEDAW. Las organizaciones de mujeres del polo libe-racionista, en cambio, se pronuncian sobre temáticas como la trata de personas y la violencia de género, y se posicionan a favor de algunas leyes que representan un avance en materia de derechos sexuales y (no) reproductivos (apoyan, por ejemplo, la ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la CABA en el año 2000 y la ley de Educación Sexual Integral en el 2006). El énfasis sobre la trata de personas en las intervenciones de estos grupos, en detrimento de otras temáticas, puede ser interpretado como una forma de aglutinar a las diferentes denominaciones e iglesias de este polo y, posiblemente, tender lazos hacia algunos sectores del polo conservador bíblico, evitando eventuales discordias que podrían sucederse con temáticas más controversiales, como el debate sobre la despenalización y/o legalización del aborto.

La lucha contra la trata de personas, en este aspecto, no representa para estas organizaciones ningún costo político, ya que se trata de un reclamo que cuenta con amplio consenso social, y al mismo tiempo les permite comenzar a participar del debate en el espacio público como interlocutores válidos y legítimos.

Por otro lado, a lo largo de estos últimos años, a medida que los distintos reclamos en materia de derechos sexuales y (no) reproductivos van ganando terreno en el espacio público, se puede observar un aumento de la visibilidad de las mujeres evangélicas en la esfera pública y un incremento del carácter político que adquieren sus posicionamien-tos. Vemos cómo las intervenciones públicas de las organizaciones de ambos polos se intensifican a partir del año 2005, y lo hacen principalmente hacia afuera de sus iglesias y comunidades religiosas, buscando visibilizar sus posicionamientos, en alianza con otros actores políticos. Sin embargo, las organizaciones de ambos polos articulan con actores muy distintos. Mientras que las mujeres del polo conservador se alian en algunas circunstancias a grupos “pro vida”, sobre todo pertenecientes o cercanos a la Iglesia Católica Apostólica Romana (en lo que puede interpretarse como ecumenismo patriarcal (Vuola, 2006) o ecumenismo conservador, que les permite trascender momentánea y estratégicamente históricas diferencias y antagonismos), las del polo liberacionista intervienen junto a organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y feministas y eventualmente partidos políticos de izquierda[15]

Para las organizaciones de mujeres del polo conservador, en este sentido, el movimiento de mujeres y, sobre todo, los grupos feministas, constituyen un claro adversario en sus intervenciones, por el que se justifica aliarse con mujeres de otras religiones, en defensa de una agenda en contra del avance en materia de derechos sexuales y (no) reproductivos.

De esta forma, podemos conjeturar que los debates sobre sexualidad y reproducción les permiten a las organizaciones de mujeres evangélicas adquirir mayor visibilidad en el espacio público y, a su vez, incrementar su reconocimiento al interior de sus comunidades religiosas. Para las organizaciones del polo liberacionista, la lucha contra la trata de personas les posibilita, sin mayores costos políticos, generar espacios propios de intervención, retomando la tradición de lucha en defensa de los derechos humanos de sus iglesias. Para las organizaciones de mujeres del polo conservador, por su parte, sus intervenciones en ”defensa de la vida y la familia” les permiten aumentar su carácter organizativo y su reconocimiento en tanto mujeres al interior de sus instituciones religiosas -tradicionalmente dirigidas por hombres-, así como posicionarse en el espacio público como un actor político relevante en los debates en materia de derechos sexuales y (no) reproductivos en la Argentina actual. En consecuencia, podría conjeturarse que, más allá de las temáticas particulares sobre las que se posicionan, las mujeres de las organizaciones evangélicas logran con sus intervenciones públicas posicionarse como un actor político legítimo, no sólo hacia el interior de sus iglesias y congregaciones, sino también en el espacio público.

Glosario

ACIERA: Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina.

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CEBA: Convención Evangélica Bautista Argentina.

CEDAW: Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

CLAI: Consejo Latinoamericano de Iglesias.

CUEC: Consejo Unido de Educación Cristiana.

ENM: Encuentros Nacionales de Mujeres.

FAIE: Federación Argentina de Iglesias Evangélicas.

FECEP: Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal.

FEMMA: Federación de Mujeres Metodistas Argentinas.

IDC: Iglesia de Cristo.

IELA: Iglesia Evangélica Luterana Argentina.

IELU: Iglesia Evangélica Luterana Unida.

IEMA: Iglesia Evangélica Metodista Argentina.

IERP: Iglesia Evangélica del Río de la Plata.

IEVRP: Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata.

JUCUM: Juventud con una Misión.

Bibliografía

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Brown, Josefina 2008 “El aborto como bisagra entre los derechos reproductivos y los sexuales” en Pecheny Mario, Figari, Carlos y Jones, Daniel (comps.) Todo sexo es político: estudios sobre sexualidades en Argentina (Buenos Aires: Del Zorzal).

Casanova, José 2000 Religiones públicas en el mundo moderno (Madrid: PPC).

Gallo, Adriana 2008 “Posicionamiento de la derecha y comportamiento electoral en la ciudad de Buenos Aires. Análisis de los comicios porteños de 2007″ en Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal N°10 (Santa Fe).

Jones, Daniel; Azparren, Ana Laura y Polischuk, Luciana 2010a ”Evangélicos, sexualidad y política: las instituciones evangélicas en los debates públicos sobre Unión Civil y Educación Sexual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2003-2004)” en Vaggione, Juan Marco (comp.) El activismo religioso conservador en Latinoamérica (Córdoba: Ferreyra Editor).

Jones, Daniel; Azparren, Ana Laura; Polischuk, Luciana; Bacman, Daiana y Soler Bustos, Rocío 2010b “Evangélicos y aborto: debates e intervenciones en la Argentina contemporánea (1994-2010)”. Ponencia presentada en VI Jornadas Internacionales Ciencias Sociales y Religión: Religión, Sexualidades y Poder, CEIL-CONICET, Buenos Aires, 18 y 19 de noviembre de 2010.

Tarducci, Mónica 2005 “La iglesia católica y los encuentros nacionales de mujeres”, en Estudos feministas (Florianópolis) Vol. 13, N° 2.

Vaggione, Juan Marco 2005 “Los Roles Políticos de la Religión. Género y Sexualidad más allá del secularismo” en Marta Vasallo (comp.) En Nombre de la Vida (Córdoba: CDD 20)

Vuola, Elina 2006 “¿Gravemente perjudicial para su salud? Religión, feminismo y sexualidad en América Latina y el Caribe” en Pasos (San José, Costa Rica) N° 127, Septiembre-Octubre.

Wynarczyk, Hilario; Semán, Pablo y de Majo, Mercedes 1995 Panorama Actual del Campo Evangélico en Argentina: Un Estudio Sociológico (Buenos Aires: FIET).

Wynarczyk, Hilario 2009 Ciudadanos de dos mundos. El movimiento evangélico en la vida pública argentina (1980-2001) (Buenos Aires: Editorial Universidad Nacional de San Martín).

Notas periodísticas citadas

El Puente, febrero de 2004, pág. 6, “Ciudadanas del Cielo y ciudadanas argentinas”.

El Puente, noviembre de 2005, pág. 12, “Firmeza de mujeres evangélicas en encuentro nacional”.

El Puente, mayo de 2006, pág. 53, “Cristianas en el Obelisco”.

El Puente, diciembre de 2006, pág. 41, “Reacciones ante la aprobación del CEDAW”.

El Puente, abril de 2008, pág. 23, “Té de Damas con el Pastor Palau”.

El Puente, agosto de 2008, pág. 11, “Mujeres inician una campaña antiabortista”.

El Puente, octubre de 2010, pág. 10, “Red nacional de defensa de la vida”.

Pulso Cristiano, 4 de mayo de 2006, N° 62, “Mujeres evangélicas entregaron en el Congreso firmas contra despenalización del aborto”.

Pulso Cristiano, 20 de julio de 2006, N° 67, “Rechazo femenil al anteproyecto oficial sobre despenalización del aborto”.

Pulso Cristiano, 18 de octubre de 2007, N° 97, “Mujeres con convicción”.

Pulso Cristiano, 17 de Julio de 2008, N° 115, “Mujeres neuquinas inician una campaña antiabortista”.

Otras fuentes

Página web del Foro de Género del CLAI: http://forodegeneroclaiar.blogspot.com/

Página web IEMA: http://www.iglesiametodista.org.ar

Pagina web IELA: http://www.iela.org.ar/

Página web IELU: http://www.ielu.org/

Pagina web IEVRP: http://www.iglesiavaldense.org/

Página web El Estandarte Evangélico: http://www.iglesiametodista.org.ar/eee/

Página web del Ministerio de Mujeres de Fe de JUCUM Buenos Aires: http://buenosaires.jucurn.coni.ar/htrnl/esp/niinisterios/rnujeresdefe.htrnl

Página web ACIERA Mujer: www.aciera.org/mujer.html

Página web Mujeres Alfa Internacional: www.alfainternacional.blogspot.com

Página web FECEP: www.fecepinforma.com.ar/

Página web Mujeres de Fe Monoteísta: www.mujeresdefe.com.ar/mision.html

Facebook Liga Argentina de Mujeres Evangélicas: http://es-es.facebook.com/ligaargentina.mujeresevangelicas

Licenciada en Sociología (UBA).↵

Estudiante de Sociología (UBA).↵

Licenciada en Sociología (UBA).↵

Licenciado en Ciencia Política (UBA).↵

Estudiante de Ciencia Política (UBA).↵

Si bien no concebimos a la religión y a la política como dos esferas separadas, reali¬zamos esta distinción con fines analíticos. Sobre la relación entre política y religión, adherimos a aquellas teorías como las sostenidas por Casanova (2000) y Vaggione (2005) sobre una mutación de la esfera religiosa: a partir del advenimiento de la modernidad, lejos de existir una privatización de lo religioso, nos enfrentamos a una revitalización legítima de esta esfera, para inscribirse y participar de la arena democrática. Vaggione Este artículo se realiza en el marco de los proyectos de investigación PICT 2008-0183 y UBACYT 20020090300101, dirigidos por el doctor Daniel Jones, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). utiliza conceptos tales como politización reactiva y ONGización de lo religioso, para "describir precisamente, la manera en que ciertos sectores religiosos influencian en la arena pública en defensa de una agenda particular sin estar necesariamente en tensión ni con la democracia ni con la modernidad" (Vaggione, 2005: 6).↵

En la página web de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), por ejemplo, se afirma que las mujeres se organizaron en un primer momento en la Federación de Mu¬jeres Metodistas Argentinas (FEMMA) para la "promoción de los intereses espirituales, morales e intelectuales de la mujer" (Página web IEMA).↵

Las Federaciones ACIERA, FAIE y Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal (FECEP) conforman en el año 2000 el Consejo Nacional Cristiano Evangélico (CNCE).↵

El Consejo Latinoamericano de Iglesias es una organización de iglesias y movimientos cristianos fundada en Huampaní, Lima, en noviembre de 1982, creada para promover la unidad entre los cristianos y cristianas del continente (Pagina web CLAI).↵

Josefina Brown (2008) propone llamarlos derechos sexuales y (no) reproductivos para incorporar el sentido del derecho al aborto, que supone la decisión de no reproducirse.↵

Como las Leyes de Unión Civil (CABA) y de Salud Sexual y Procreación Responsable (Nación) en 2002, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral en 2006 y la presentación de proyectos de ley de despenalización del aborto en 2002, 2008 y 2010.↵

Propuesta Republicana es una fuerza política de derecha (Gallo, 2008) surgida de una alianza electoral entre los partidos políticos Compromiso para el Cambio, liderado por Mauricio Macri, Recrear para el Crecimiento, encabezado por Ricardo López Murphy y el Partido Federal, cuyo principal referente fue Francisco Manrique.↵

En cuanto a la distinción entre feministas y movimientos de mujeres, ver Bellotti, Magui (2002): "¿Existe el movimiento feminista?", en Brujas Año XXI, N° 29, Bs. As.↵

Los Encuentros Nacionales de Mujeres son instancias de debate que reúnen anualmente a un número creciente de mujeres de las más diversas latitudes del país y algunas ex¬tranjeras llevadas por los más diversos intereses y provenientes de los más heterogéneos sectores sociales que forman un contra público al decir de Fraser (1992), espacios en los cuales se discuten temas y problemas de mujeres (Brown, 2008: 284).↵

Las iglesias del polo liberacionista se han caracterizado históricamente por su acti¬vidad en la defensa de los derechos humanos y su compromiso ecuménico (Wynarczyk et al., 1995). Dichos rasgos se destacan en la última dictadura militar, cuando dirigentes de estas iglesias participan de la fundación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a fines de 1975 y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) en 1976 (Bianchi, 2004).↵

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Dictadura, democracia y movimientos sociales: Dos recorridos sobre la legislación en materia de migraciones y medios de comunicación audiovisual

Luciano Beccaría[1] y Wanda Fraiman[2]

[3]Introducción

El trayecto que en los últimos treinta años recorrieron los procesos sociales que enmarcaron la legislación en materia de migraciones y de medios de comunicación audiovisual, según una primera aproximación, encuentra una serie de puntos en común, a pesar de que, a simple vista, involucra derechos y habilita políticas públicas que discurren por cauces paralelos. Un análisis diacrónico que enmarca la sanción de los decretos-ley 22.285 (1980) y 22.439 (1981) -de Radiodifusión y de Migraciones, respectivamente- por parte de la última dictadura y la sanción de las leyes 25.871 (2003) y 26.522 (2009) -de Migraciones y de Servicios de Comunicación Audiovisual, respectivamente- en la actual etapa democrática, nos permite conjeturar distintas concepciones sobre las políticas públicas, la gestión de los recursos públicos, el alcance de la ciudadanía y otros aspectos que contrastan entre uno y otro período.

Salvando la evidente brecha que existe entre un régimen represivo de facto y otro de “democracia limitada” (Novick, 2008: 141-144), el abordaje de sendos momentos y su transición también nos permite rastrear distintos procesos y conflictos sociales que sustentan estos cambios en materia jurídica, en el marco de una ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales.

El paralelo trazado entre estas dos materias de legislación encuentra etapas bien definidas en el rol del Estado, el de las corporaciones y el de los actores sociales intervinientes. Estas etapas responden a quiebres -más o menos profundos- en los paradigmas que definen los contenidos normativos; quiebres que a su vez son sobredeterminados en el escenario social, tensado por conflictos, demandas, resoluciones, procesos culturales y políticos que trascienden el marco estrictamente jurídico, pero que muchas veces promueven una modificación del mismo, en virtud de que precisamente surgen como reclamos de derechos.

La ley, según Bourdieu, es expresión de la relación de fuerzas en un espacio social determinado que describe la puesta en orden de la dinámica social (Halpern, 2009: 25). Abordamos las leyes en tanto creencias, es decir, como normas gestadas en el ámbito ideológico de las sociedades e institucionalizadas, pero pasibles de ser puestas en discusión o ser modificadas según los diversos conflictos que se producen a lo largo de un proceso histórico.

La caracterización de los colectivos migrantes como “movimiento social” no elude el hecho de que existan tensiones y conflictos de intereses a su interior, sino que más bien apunta a la concurrencia y las alianzas -a veces temporales y otras más duraderas- que los distintos sectores tejen en función de sus demandas con otras organizaciones y, a veces, incluso entre diferentes clases sociales.

En este momento inicial de la investigación, proponemos definir distintas etapas en la concepción de ciudadanía delineada en los últimos treinta años, a partir de la normativa migratoria y comunicacional, para establecer un estado de la situación actual en cuanto al alcance de los derechos en materia de comunicación que detentan las personas migrantes en Argentina. La importancia de estas dos materias que tomamos como objeto de análisis y su cruce reside en la especial atención que tuvieron sobre ambas los distintos gobiernos en las últimas tres décadas para impulsar reformas en la legislación; y las implicancias que tuvieron a nivel social. También expone la particular situación de las personas provenientes de otros países en su acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, y en su facultad de recibir informaciones y opiniones a través de los medios de comunicación, así como la posibilidad de expresarse por medio de ellos, lo cual se establece como una manera indispensable de participar en el espacio público.

Por otra parte, las dos materias analizadas han tenido un creciente abordaje en los últimos años como objeto de las ciencias sociales. Las migraciones mundiales, a pesar de mantener un nivel relativamente constante a lo largo de la historia, adquirieron recientemente una mayor visibilidad, sobre todo por los desplazamientos hacia países centrales. Asimismo, la transformación de las tecnologías de la comunicación generaron un aumento cuanti y cualitativo del desplazamiento de mensajes y símbolos, que reforzaron la visibilidad de una heterogeneidad cultural contemporánea y conviviente (Grimson, 2011: 59-60).

Partimos de una concepción que engloba al Derecho a la Comunicación y al Derecho a la Migración como parte de los Derechos Humanos, tal como se desprende de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual ha sido incorporada a la legislación argentina, primero en 1984 a través de la Ley 23.054, y luego con la reforma constitucional en 1994.

El Pacto de San José de Costa Rica estipula el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones, sin distinción de fronteras y por cualquier medio de expresión. De esta manera, se desprende la idea de un sujeto universal que incluye a todos los sectores que conforman una sociedad, inclusive a los sectores subalternos con menor capacidad de incidencia política. Los migrantes, quienes suelen conformar estos grupos minoritarios, deberían tener garantizado por lo menos a nivel normativo su posibilidad de participación para dar cumplimiento a los requisitos básicos del funcionamiento democrático de una sociedad.

A los fines analíticos presentaremos un primer recorte temporal que se sitúa entre los años 1980 y 1983. Este período comienza con la sanción del Decreto-Ley 22.285 de Radiodifusión y concluye con la caída de la dictadura. Sostenemos que en esta etapa prevalece una ciudadanía apolítica, ausente, neutralizada, en tanto los derechos civiles y políticos permanecen suspendidos en el marco del terrorismo de Estado y la legislación regida por la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Con el regreso de la democracia, el establecimiento de políticas neoliberales y la continuidad de las políticas restrictivas en materia migratoria y de radiodifusión, sustentada en una más desigual relación entre capital y trabajo y una mayor concentración empresarial, proponemos la existencia de un tipo de ciudadanía de mercado. Este tipo de ciudadanía se desarrolla entre 1983 y 2001, año en que la crisis económica hace insostenible el modelo de acumulación vigente.

Por último, para el tercer momento que va desde 2001 hasta la actualidad, proponemos un tipo de ciudadanía comunicacional, englobada en el surgimiento de una “ciudadanía cultural” (Rosaldo, 2000: 9) impulsada desde la participación y acción política de distintos sectores  y movimientos sociales, que colaboran en buen grado con la sanción de las leyes de Migraciones y Servicios de Comunicación Audiovisual y con una mayor inclusión ciudadana.

Entendemos el término ciudadanía como el grado de otorgamiento de derechos por parte del Estado y por ende las obligaciones que implican para los sujetos de derecho. El concepto de ciudadanía se ve reducido cuando se lo considera sinónimo de nacionalidad, en perjuicio, sobre todo, de las personas migrantes, en una época que Díaz Polanco ha caracterizado como signada por una contradicción cultural: la que enfrenta a la particularidad étnica y a la universalidad de derechos (Díaz Polanco, 2004: 73).

Vale decir que el marco normativo no se agota en sí mismo, sino que los gobiernos deben estipular las medidas necesarias en el marco de las políticas públicas para el efectivo ejercicio de los derechos, y de esa forma dar cumplimiento a los tratados internacionales a los que han suscripto.

Antecedentes y decretos-ley de la dictadura

La primera Ley de Migraciones argentina se sancionó en 1876, con el fin explícito de poblar y colonizar el territorio nacional a través de la inmigración. El incipiente Estado promovió estas migraciones y se mostró restrictivo únicamente en el aspecto vinculado a los derechos políticos de las personas extranjeras. Luego, se sucedió un segundo momento que visualizó al migrante como un peligro para la integridad nacional, sobre todo por el nivel de concientización y participación política. A partir de la sanción de la Ley de Residencia (1902) y a lo largo del todo el siglo XX, las fronteras de ciudadanía se corrieron continuamente para excluir cada vez más al extranjero.

La migración europea comenzó a declinar y para mediados de siglo prevaleció la proveniente de los países limítrofes, que mantuvo su caudal constante (Ceva, 2006: 17-45).

La Ley 22.439 o “Ley de Migraciones y Fomento de la Inmigración” fue sancionada por decreto en 1981 y estuvo enmarcada dentro de la Doctrina de Seguridad Nacional. La norma fue apenas discutida por los integrantes de la Comisión de Asuntos Legislativos, órgano que ocupó el lugar del disuelto parlamento (Novick, 2008: 138-139).

Este Decreto-Ley buscó solucionar los remiendos jurídicos que se le habían hecho durante un siglo entero a la vieja Ley de Migraciones. El contexto era completamente distinto y las necesidades del gobierno de facto para imponer su política autoritaria requerían un cambio de signo en materia migratoria. Entre otras medidas, una de las más ejemplificadoras fue que el acceso a la salud y a la educación fue limitado para las personas sin documentación, y los funcionarios de esos establecimientos públicos instados a denunciar a estas personas. Por otra parte, el Ejecutivo tenía el poder unilateral para la expulsión de las mismas, sin intervención del Poder Judicial.

Paralelamente a este proceso de restricción de derechos, tanto políticos como civiles, que el Estado ejerció sobre la población migrante, la integración de estos grupos logró apuntalarse gracias al ejercicio de los derechos sociales. Éstos no sufrieron limitaciones directas y permitieron, entre otras acciones, el agrupamiento en organizaciones que reforzaron los lazos comunitarios para resistir los continuos embates jurídicos y represivos por parte del Estado, y generar una conciencia para la demanda de derechos.

Es por ello que resaltamos la neutralización de la ciudadanía, el suspenso de la misma, y proponemos la existencia de una ciudadanía apolítica, silenciada, limitada por el poder centralista del gobierno que cerró las fronteras en casi todos los ámbitos, menos para el capital financiero.

En materia de radiodifusión, al igual que sobre la temática de migraciones, estuvo vigente en Argentina por más de veinte años una norma surgida en un gobierno militar. El Decreto- Ley 22.285 fue sancionado en marzo de 1980 y su reglamentación se estableció en febrero del año siguiente, a través del Decreto 286. El interés del gobierno de facto de regular en materia de medios de comunicación se debe a que, como sostienen Glenn Postolski y Santiago Marino (2006: 161). “Los militares pensaron a los medios como un lugar estratégico en su política de control, y pese a declamar liberalismo económico en todos los planos, durante los casi ochos años que ejercieron el poder, nunca cedieron el control de los canales y radios que gestionaban”.

La mención que hacen los autores en términos económicos no es menor y se vincula a lo que ellos postulan, en tanto que la Dictadura, con el fin de cumplir su objetivo de modificar el patrón de acumulación (de un modelo de sustitución de importaciones a otro de especulación financiera), precisó lograr cierto disciplinamiento de la sociedad para obtener consenso alrededor de un nuevo paradigma de distribución de la riqueza. El mismo se definía por una fuerte concentración del capital en pocos sectores. En este punto resultó de gran importancia una política de comunicación altamente planificada.

La presencia aplastante del Estado alrededor de los medios se materializó en que fue “el único productor de noticias, la única fuente de información, el responsable de la mayoría de las emisoras nacionales y el mayor anunciante de publicidad” (Postolski y Marino, 2006: 165). En este marco, se promulgó la mencionada ley, resultado de la negociación entre las empresas periodísticas con un marcado fin de lucro y el Poder Ejecutivo Nacional.

Esto puede observarse en el artículo 45, que sostiene que pueden ser licenciatarios solamente personas físicas o jurídicas comerciales o con fines de lucro, por lo que quedan excluidos, entre otras entidades, los partidos políticos y las organizaciones sociales. De la norma se pueden resaltar algunos rasgos del régimen legal que establece, como su carácter centralista, autoritario y discriminatorio[4] (Loreti, 1995: 139-140).

Sería importante también mencionar su definición de servicio de radiodifusión como de interés público, a través del artículo 4. Así como el establecimiento del “rol subsidiario al Estado” (Postolski y Marino, 2006: 175) al postular que el mismo “promoverá y proveerá servicios de radiodifusión cuando no los preste la actividad privada, en zonas de fomento y en las zonas de frontera, especialmente en las áreas de frontera, con el objeto de asegurar la cobertura máxima del territorio argentino”[5].

Las décadas del ochenta y noventa en democracia nuevos ajustes

El regreso de la democracia en 1983 se encontró con un panorama jurídico que en gran parte contradecía y obstaculizaba el desarrollo pleno de la misma. La necesidad de restablecer un nuevo equilibrio sociopo-lítico, que incluyera también un cuerpo normativo acorde, llevaría muchos años. Durante las dos décadas subsiguientes, el tema migratorio y el que regula el espacio radioeléctrico -sobre el cual nos referiremos a continuación- fueron abordados pendularmente, según aspectos co-yunturales guiados por intereses varios, pero sin una idea sistematizadora, lo que recayó en una serie de ajustes de los decretos-ley existentes.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se decretó una amnistía migratoria (a través del Decreto 780 de 1984), pero los criterios de la política de la dictadura en la materia se profundizaron. La Dirección Nacional de Migraciones obtuvo mayor poder y autonomía. Esta línea se coronó con la reglamentación de la “Ley Videla” a través del Decreto 1.434 de 1987, “uno de los más severos retrocesos de la democracia formal en lo que a su concepción de la población y definición de políticas de la inmigración refiere” (Halpern, 2009: 61).

Esta serie de normas cristalizó en una política de Estado que valoró la inmigración europea y omitió la latinoamericana, que mayormente se desplazaba en búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas. Es decir que esta política excluyó al inmigrante latinoamericano en tanto ciudadano por su condición de trabajador y alentó aquella que podía contar con un cierto capital. De esta forma, el Estado definió durante esos años, en relación a la migración, diferentes tipologías de membresía social jerárquicas, en función de la relación entre capital y trabajo (Halpern, 2009: 62-69).

En 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, se decretó una nueva amnistía que quedó virtualmente neutralizada por el Decreto 2.771 de 1993, que otorgaba aún mayor poder a la Dirección Nacional de Migraciones que, entre otras medidas, podía expulsar unilateralmente y sin intervención judicial a los migrantes en situación irregular.

La reforma constitucional de 1994 mantuvo el artículo 25 tal cual figuraba en la Constitución de 1853, la cual hacía hincapié en el fomento de la inmigración europea. Por su parte, el incipiente Mercosur, en esa primera etapa, mantuvo el tema de las migraciones en un segundo plano para retomarlo con mayor prioridad en la década siguiente.

En tanto, en 1998 y 1999 se pusieron en discusión legislativa dos proyectos de ley persecutorios de la migración limítrofe. El discurso oficial del Estado alentó la criminalización y culpó a la migración de casi todos los males nacionales, lo cual fue acompañado por una campaña mediática en una tónica que potenció la xenofobia, la estigmatización y la discriminación. En 1998 también comenzaron a tomarse medidas que equilibraron esta tendencia persecutoria, como la firma del primer Convenio de Migración entre Argentina y Bolivia (Ley 25.098).

Si tomamos los dos ejes de análisis propuestos -migratorio y mediático-, podemos observar que se complementan para ejercer una política restrictiva y disciplinaria. No es casual que para esta época surjan varios medios (radiales y gráficos) dirigidos por integrantes de las propias comunidades migrantes. Como ejemplo, podemos citar el caso del periódico Renacer de la comunidad boliviana en Buenos Aires, el cual sostuvo en su primer editorial que salía a la calle para contrarrestar la manipulación de la información que los grandes medios realizaban sobre el conflicto en torno a la regularización de las personas migrantes, asumiéndose como un actor social en la disputa de sentido y en la participación política en el ámbito del espacio público (Halpern y Beccaria, 2010: 5).

En materia de radiodifusión, a pesar de las diferentes iniciativas del gobierno democrático de Raúl Alfonsín -como el Decreto 1.154 de 1984, por medio del cual se creó una comisión para el estudio de la legislación y el ordenamiento de los medios de comunicación-, según sostiene Com:

En términos generales, la mayoría de los decretos y resoluciones que se implementaron en relación a la política de medios después de 1984 beneficiaron la concentración, el negociado, y la manipulación de los medios masivos de comunicación en detrimiento de lo que pudo haber sido una comunicación con sentido comunitario (Com, 2006: 207).

En el período de profundización de las reformas neoliberales que se inició con la llegada a la presidencia de Carlos Menem, se puede observar un destacado lugar en lo que se refiere a las políticas de comunicación. El discurso oficial, y el de la mayoría de los medios, fue insistir en la necesidad de privatizar los servicios públicos por la gran cantidad de pérdidas económicas que le ocasionaban al Estado. A esta acción gubernamental se la conoció como la desregulación de aquéllos servicios. Sin embargo, como sostienen Mastrini y Mestman:

En la utilización del concepto desregulación encontramos el intento de disfrazar la nueva dirección en la intervención encarada por una gran cantidad de gobiernos nacionales. Sostenemos que el uso del concepto de desregulación constituye una falacia construida a partir de presentar Estados en retirada, cuando por el contrario dichos Estados se encuentran en la primera línea de batalla, generando un volumen de dispositivos legales, en muchos casos mayor que los previos, destinados a establecer reglas de juego acordes con los intereses de los grupos oligopólicos. Así, mientras se declama una supuesta apertura hacia un hipotético libre mercado, en realidad se están sentando las bases para regular en pos de una nueva estructura de propiedad cada vez más dominada por el capital concentrado. En este sentido, tal como ha sido sostenido por el Euromedia Research Group, el término desregulación debe ser reemplazado por el de rerregulación, una nueva lógica en política de medios (Mastrini y Mestman, 1996; 2 -3).

Debemos destacar que en este período democrático se establecen una serie de políticas neoliberales enmarcadas en el Consenso de Washington, por el cual los países que se consideran “en vías de desarrollo” abren sus mercados al capital financiero transnacional y aplican ajustes en el gasto público junto a la privatización de las empresas del Estado, entre otras medidas dictadas por las potencias mundiales. Es en esta etapa que el neoliberalismo como cultura económica propone la estratificación de la sociedad según la capacidad de consumo de cada sector. De esta manera, se establece una inclusión ciudadana signada por el mercado y, al mismo tiempo, se produce la igualación entre los conceptos de ciudadano y usuario. La población migrante de los países limítrofes de Argentina que se trasladaba en búsqueda de trabajo se diferenciaba notablemente de esa imagen neoliberal del potencial consumidor. Dicho esto, sería importante destacar que el “multicul-turalismo”, que se expresó en aquéllos tiempos en términos de políticas gubernamentales, manifestó una intención meramente nominal de incluir a la diversidad cultural, ya que la base liberal que legitimó la discriminación de las formaciones sociales latinoamericanas históricamente racializadas prevaleció, y con ella las jerarquías de ciudadanía con su criterio de exclusión (De la Cadena, 2008: 10-12).

Es en este sentido que sostenemos la existencia de una ciudadanía de mercado, ya que tanto la política que regulaba los procesos migratorios como la gestión del espacio radioeléctrico se orientaron por una lógica de mercado que tendió a priorizar la libertad empresarial en detrimento de la ciudadanía.

Acerca del segundo gobierno de Carlos Menem, en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, sería interesante destacar la “presencia del capital financiero trasnacional, concentración y centralización de capital, incorporación intensiva de nuevas tecnologías y expansión de los servicios ofertados” (Albornoz y Hernández, 2006: 259). En la década de los noventa, época en la que se constituyeron los grupos multimedia, se dio el traspaso del poder tradicional en el sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones, de empresas nacionales hacia empresas con capital de origen extranjero -en muchos casos a través de la violación de la normativa vigente (Albornoz y Hernández, 2006: 261-262).

En 1999 el entonces presidente de la Nación sancionó el Decreto 1.005, el cual modificó varios artículos del Decreto-Ley N° 22.285, “a los efectos de posibilitar su adecuación a las transformaciones operadas en los campos económico, social y tecnológico”[6]. En lo vinculado a la cantidad de licencias permitidas, se estipuló la posibilidad de otorgar veinticuatro -sin superposición en una misma área- en lugar de las cuatro que estaban permitidas anteriormente. Por otro lado, en relación a los adjudicatarios se estableció la obligación de “no tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras, salvo que los acuerdos suscriptos por la República Argentina con terceros países contemplen tal posibilidad”[7]. Al mismo tiempo se habilitó la posibilidad de constituir redes privadas permanentes, y se le dio permiso a las estaciones de radiodifusión para emitir publicidad “hasta un máximo de catorce (14) y doce (12) minutos, respectivamente, durante cada período de sesenta (60) minutos contados desde el comienzo del horario de programación”[8].

En los finales del siglo XX y principios del siglo XXI encontramos al gobierno de la Alianza, presidido por Fernando de De la Rúa, el cual no finalizó su gestión ante los sucesos de estallido social y económico de diciembre de 2001. En esta etapa no existieron grandes cambios con respecto a la orientación política que se había establecido en la gestión anterior en materia de radiodifusión. García Leiva sintetiza esta etapa al decir:

El análisis de las políticas de radiodifusión del gobierno de la Alianza ha puesto de manifiesto un accionar que en lo fundamental supuso la continuidad del liberalismo comunicacional existente matizado por ciertas dosis de transparencia y prolijidad planificatoria. Partiendo de esta caracterización puede concluirse que no se promovieron la participación ni el acceso igualitario y universal a la información, por tanto no se democratizaron las comunicaciones ni se intentó hacerlo. Este accionar se enmarca en un legado histórico caracterizado por la ausencia de políticas públicas claras para el sector. Se ha verificado en general un ordenamiento de medios donde se privilegia un sistema de interés público motorizado por emisores privados guiados por la lógica del lucro. Este armazón ideológico en la materia que se profundiza con Menem es continuado por De la Rúa (García Leiva, 2006: 303-304).

En el nuevo milenio

A raíz de la renuncia de Fernando de la Rúa, y luego de tres presidentes con gestiones breves, a principios de 2002 asumió Eduardo Duhalde. En su período de gobierno se sancionó el Decreto 1.214, el cual le permitía a los Estados provinciales y municipales obtener licencias. Pero ARTEAR (Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.) inició una acción de amparo por la cual se declaró la inconstitucionalidad de la norma y la misma quedó sin efecto (Baranchuk, 2010: 20).

Más tarde, en junio de 2003, durante el mandato de Néstor Kirch-ner, se sancionó la Ley 25.750 de “Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”. En el artículo 2 se establecía el permiso para que los accionistas extranjeros pudieran obtener hasta un 30% del capital accionario de los medios de comunicación, lo cual hasta el momento estaba prohibido. Esta etapa todavía signada por la alta presión de los grupos multimedios sobre las políticas comunicacionales puede interpretarse como de transición entre una ciudadanía de mercado y la ciudadanía comunicacional.

En septiembre de 2003 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 45 del Decreto-Ley de Radiodifusión, en el cual sólo se habilitaba para la adquisición de licencias a entidades con fines de lucro. La decisión del máximo tribunal de Justicia alcanzaba solamente a la Asociación Carlos Mugica, la cual había iniciado la demanda. Luego, en agosto de 2005, por disposición de la Corte, se sancionó Ley 26.053 que modificó aquél artículo y permitió a las organizaciones sin fines de lucro acceder a licencias de televisión por cable, televisión y radio en sus localidades. Esta medida abrió el juego a nuevos actores pero excluyó de la posibilidad de solicitar licencias a las cooperativas de servicios públicos. Aquí podemos observar la paulatina y todavía limitada apertura de la comunicación a variados sectores de la sociedad.

Por último, sería importante destacar de la gestión de Néstor Kirchner, también en 2005, la sanción del Decreto 527. Con esta norma se determinó la suspensión por diez años del cómputo de licencias de empresas de radiodifusión, lo cual significó un importante guiño de apoyo a los medios más importantes de la Argentina, aunque luego se produjeran cambios en las relaciones con éstos, luego del “conflicto con el campo” y la consecuente “pelea con Clarín”, en 2009, durante la segunda gestión del Frente para la Victoria.

Camino a la nueva ley  la sanción de la ley25.781

A fines de 2001 el diputado Rubén Giustiniani presentó un proyecto de ley para la sanción de una nueva norma en materia migratoria. La propuesta se basó en un proyecto anterior del diputado Juan Pablo Cafiero, que había obtenido dictamen en la Comisión de Población y Recursos Humanos pero que luego perdió estado parlamentario. El proyecto también fue presentado en el Seminario “Política Normativa Migratoria en la Argentina”, que se llevó a cabo en el año 2000 y en el que participaron varios especialistas. En 2002 el proyecto se discutió tanto en el Parlamento como en el marco de la sociedad civil, lo cual fue un hecho de gran importancia, ya que las organizaciones sociales participaron activamente en el debate legislativo, por medio de la realización de audiencias públicas. En ése ámbito de discusión intervinieron y presentaron varias modificaciones al proyecto representantes, entre otros, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Conferencia Episcopal Argentina, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Refugiados y a Migrantes. A fines de 2003 la propuesta se convirtió en Ley en la Cámara de Diputados; y en enero de 2004, fue promulgada como Ley de Migraciones N° 25.871 (Giustiniani, 2004:13). Con un espíritu profundamente diferente con respecto al rol estatal, mientras la norma militar insistía en el rol persecutorio y con-trolador del Estado, tal como sostiene Susana Novick, en la nueva ley el mismo tiene una función diferente:

Aparece como garantizador del derecho a migrar, de la igualdad de trato para extranjeros, del acceso igualitario a los servicios sociales, de la necesaria información, del derecho de reunificación familiar, de las convenciones internacionales debidamente ratificadas, de la participación de los extranjeros en decisiones relativas a la vida pública y de la regularización de la situación migratoria (Novick, 2004; 71).

La Ley 25.871 significa un gran avance con respecto al acceso de los migrantes a la salud, a la seguridad social, a la educación y al derecho de reunificación familiar. Sin embargo, no regula acerca de los derechos políticos. Es decir que amplía notablemente la ciudadanía civil de las personas migrantes, pero no legisla en torno a la posibilidad de que formen parte de una comunidad política junto con las personas nacionales. De todas formas, la conformación de esa comunidad también encuentra su condición en la llamada “etnogénesis política” y en las resistencias a los procesos de “etnicización” impulsados desde posiciones hegemónicas (Segato, 2002: 122; Halpern, 2009: 183-185).

Por otra parte, la Ley es restrictiva en cuanto al derecho al trabajo por irregularidad migratoria. Podemos afirmar que la nueva Ley de Migraciones establece un nuevo tipo de ciudadanía más inclusiva, tendiente a la conformación de una ciudadanía comunicadonal donde se amplían los derechos económicos, sociales y culturales, amparados por los tratados internacionales de Derechos Humanos, aunque continua postergada la erradicación de la titularidad del derecho por extranjería[9].

La tendencia que hemos mencionado hacia la constitución de una ciudadanía comunicacional tuvo un impulso con el inicio del siglo XXI. A la proliferación de las radios comunitarias que habían predominado en los años noventa, se sumaron algunas comerciales dirigidas por integrantes de las comunidades migrantes (en particular, las latinoamericanas). Asimismo, los medios gráficos adquirieron una mayor relevancia como vehículo de información socialmente necesaria para los grupos migrantes, a la vez que una mayor estabilidad en el diseño y la frecuencia de las ediciones.

El caso del ya mencionado Renacer, periódico editado por la comunidad boliviana en Argentina desde 1999, es elocuente para graficar este trayecto que redundó en un mayor acceso a la información y, en consecuencia, en una herramienta para conocer y demandar derechos. Su particular intervención en el seguimiento de las movilizaciones que llevaron adelante los colectivos migrantes por una nueva ley que regulara su radicación tuvo una importante cobertura hasta la sanción de la Ley 25.871 en 2003. Asimismo, tuvo un rol activo en el reclamo de derechos cívicos y políticos, tanto tomando como interlocutor a las instituciones del Estado boliviano en la campaña que reclamaba la posibilidad de que los bolivianos residentes en Argentina votaran para las elecciones en su país de origen (lo cual se materializó en 2009); como en la actualidad, adhiriendo a la campaña ‘Aquí vivo, aquí voto” que demanda el empadronamiento de los extranjeros residentes en Argentina para que puedan votar en las elecciones nacionales (Halpern y Becca-ria, 2010).

Otra experiencia que podemos destacar en la constitución de una ciudadanía comunicacional fue la de Mundo Villa, emprendimiento que comenzó en 2008 con un periódico impulsado desde distintos barrios y villas de emergencia del Área Metropolitana de Buenos Aires, y más tarde sumó un canal y una radio, favorecidas por la implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales. El mencionado proyecto tiene entre sus filas a gran número de migrantes regionales, especialmente de Bolivia, Paraguay y Perú, cuya presencia está representada en una sección del periódico y en la programación de Mundo Villa TV y Mundo Sur FM. El canal de televisión nació gracias a una medida cautelar que permitió instalar una antena de transmisión, ante la negativa de las empresas de cable a ingresar a las villas de emergencia para realizar el tendido. Y, posteriormente, con la sanción de la Ley 26.522 -descripta en el siguiente apartado-, el multimedios accedió a una licencia de radio, a través de la cual desarrolló Mundo Sur FM.

Se destaca también el caso de Ape Paraguay, un proyecto políti-co-comunicacional llevado adelante por migrantes paraguayos, tanto en Argentina como en Paraguay. Desde su página Web han construido una experiencia informativa que propone un cruce entre ciudadanía y migración en dos instancias. En primer lugar, como demanda de acceso a derechos y reivindicación de la intervención en el espacio público, tanto en el país de origen como en el de residencia. Y por otra parte, como pelea por una ciudadanía que concibe la dimensión comunicacional como parte de los derechos de las personas y de los pueblos (Halpern, 2011: 14-15).

Estos tres casos describen cómo la producción de medios alternativos a los masivos y monopólicos y el surgimiento de los medios digitales, en alguna medida, redefinen el alcance de la ciudadanía con respecto a la normativa vigente y la ponen en cuestión. A su vez, la intensa campaña que realizaron muchos de estos medios para el tratamiento de una nueva ley de migraciones, con las movilizaciones consecuentes en el espacio público, instalaron en la agenda política un desfasaje jurídico con respecto a la perspectiva en Derechos Humanos expresada en los tratados internacionales a los que Argentina adhirió, sumado al contexto histórico que encontraba a varios países de la región en un diálogo abierto a la integración.

La aprobación de la ley 26.522

La Coalición por una Radiodifusión Democrática es una entidad compuesta por alrededor de dos mil organizaciones, entre las que se encuentran movimientos sociales, cooperativas, sindicatos, universidades, organismos de Derechos Humanos, asociaciones de radiodifusores y radios comunitarias[10]. Se constituyó en 2004 con el fin de promover la sanción de una norma que regulara la radiodifusión en Argentina y que hiciera perder vigencia a ley proveniente de un gobierno militar. En este ámbito, la Coalición presentó lo que llamó 21 puntos para una radiodifusión democrática, que significaba “un punto por cada año de deuda con la distribución de la palabra” (Baranchuk, 2010; 21).

Con la asunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se le dio un trascendental impulso a la sanción de la nueva legislación. Como sostiene Baranchuk (2010: 21), fue en la apertura de las sesiones del Congreso de la Nación Argentina, el Io de marzo de 2009, que la Presidenta anunció el envío desde el Poder Ejecutivo al Parlamento de un Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A los pocos días se lo presentó y se estableció el inicio de más veinte Foros Participativos de Consulta Pública que contó con más de 1.200 intervenciones, luego de las cuales “se sistematizaron todas las propuestas, se evaluaron cada una de ellas y se procedió a la reescritura del proyecto para su ingreso al Parlamento” (Baranchuk, 2010: 22).

La propuesta final fue elevada al Poder Legislativo en agosto de ese año. Según sostiene Damián Loreti (2010: 2), “cuando [el proyecto] se discutió en el Congreso los que estaban a favor o los que estaban en contra del texto decían esto sí se compadece con los 21 puntos o no se compadece con ellos’, con lo cual se transformó en una especie de paradigma impensado para todos los que participaron en la generación de los 21 puntos”.

En octubre de 2009, finalmente se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522. Según nuestra consideración, esta ley apuntaló el establecimiento de una ciudadanía comunicacional, por el carácter participativo de su creación y de sus principios. En la norma mencionada se establecieron, entre otras cuestiones, la promoción de contenidos “mínimos, propios e independientes”, el control de procesos de concentración de medios en las manos de pocos actores, la prohibición del “monopolio verticalizado”[11], un modo de adjudicación de licencias por concurso “público, abierto y permanente”[12], y la “reserva de un tercio del espectro radioeléctrico a las entidades sin fines de lucro” (Loreti; 2010:10).

El AFSCA es un ente descentralizado y autárquico que depende de la administración central. Según lo estipula la ley, su directorio está integrado por siete miembros nombrados por el Poder Ejecutivo nacional, entre los que se encuentra:

Un (1) presidente y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo nacional; tres (3) directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno (1) a la mayoría o primer minoría, uno (1) a la segunda minoría y uno (1) a la tercer minoría parlamentarias; dos (2) directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales[13].

El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual funciona en el ámbito del AFSCA y está compuesto por representantes de diferentes sectores de la sociedad[14], que tienen como actividad principal asesorar a la autoridad de aplicación en el diseño de las políticas de radiodifusión, hacer propuestas referentes a los concursos de licencias e informar al Congreso sobre el cumplimiento de la ley. Es decir que tiene la función de “asesoramiento, colaboración y control”, como lo estipula el Decreto reglamentario 1.225 de agosto de 2010.

En relación a las condiciones para el acceso a licencias para las personas físicas, destacamos la obligación de “ser argentino nativo o por opción, o naturalizado con una residencia mínima de cinco cinco años en el país” y “no haber sido funcionario de gobiernos de facto”[15]. En lo referente a personas jurídicas, la ley determina, entre otras, la prohibición de tener “vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual extranjeras. En el caso de las personas de existencia ideal sin fines de lucro, sus directivos y consejeros no deberán tener vinculación directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, nacionales o extranjeras del sector privado comercial [...]“[16].

Sobre los mecanismos para “garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias”, como lo determina el artículo 45, se establece que una persona física o jurídica a nivel nacional podrá acceder  a una licencia de servicios de comunicación audiovisual satelital (excluyendo en este caso el ser titular de otro tipo de licencia), “hasta diez licencias de servicios de comunicación audiovisual más la titularidad del registro de una señal de contenidos, cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico”; y hasta veinticuatro licencias de servicios de radiodifusión por suscripción “con vínculo físico en diferentes localizaciones”. A nivel local queda permitido obtener hasta una licencia de radio AM, una de FM o hasta dos licencias “cuando existan más de ocho (8) licencias en el área primaria de servicio”; y o una licencia de televisión por suscripción o una de televisión abierta[17].

A modo de conclusión

En este primer análisis sobre las derivas de las legislaciones en materia migratoria y comunicacional durante los últimos treinta años, hemos sugerido una correlación entre ambas esferas en lo que hace al acceso de derechos de las personas migrantes y una importante incidencia sobre la ampliación de ciudadanía de esta población.

Para ilustrar este proceso trazamos un recorrido desde los decretos-ley de la última dictadura hasta las leyes sancionadas en la última década, en el que propusimos distintas caracterizaciones de la ciudadanía establecidas por la normativa.

En el primer momento seleccionado en este trabajo, en una época donde las libertades civiles y políticas estaban suspendidas, sostenemos que estaba en vigencia una ciudadanía apolítica. Sobre la base de una ciudadanía excluyente, los migrantes fueron perseguidos según una condición de legalidad. Y los medios de comunicación audiovisuales sufrieron un hermético control centralizado en el gobierno de facto.

En el período siguiente, las dos décadas de democracia donde se agudizaron las restricciones que los decretos-ley estipulaban, funcionó una ciudadanía de mercado, motorizada por una lógica capital-trabajo excluyente. Allí, las restricciones de los decretos se profundizaron, con el agregado de que la apertura de la economía incentivó la concentración mediática con la participación de capitales transnacionales, por un lado; y alentó la persecución de migrantes de países limítrofes con un discurso del poder político acompañado por el mediático, a través del cual se ejerció una estigmatización de esa población que apuntaba a su exclusión del mercado laboral.

Finalmente, en esta última década estaríamos atravesando una etapa de ciudadanía comunicacional, donde la “ciudadanía cultural”  se emplaza como resistencia a la conformación de la ciudadanía de mercado, a partir de la participación de movimientos sociales. Y con la propuesta de modificación de la normativa existente, enmarcada en una perspectiva de profundización de los Derechos Humanos, consagra una ciudadanía comunicacional que se afianza en esta etapa con la sanción de las dos nuevas leyes. Vale decir que será objeto de otro trabajo realizar un análisis de las condiciones aplicación de ambas leyes, una vez que hayan transcurrido varios años desde el inicio de su aplicación, para poder así llevar a cabo un estudio en profundidad.

Por último, queremos destacar la complementariedad que se puede observar entre el Derecho a la Comunicación y el Derecho a la Migración en tanto permiten (y deberían fomentar) la participación de las personas migrantes en la producción de informaciones, representaciones y opiniones a través de los distintos medios de comunicación, para permitir la recepción de información diversificada que redunde en un más pleno ejercicio de derechos.

Los grupos migrantes que residen en Argentina han puesto el acento en los últimos años sobre este punto, impulsados por la nueva legislación y por una mayor visibilización en el ámbito del espacio público. En este sentido, desde distintos medios de comunicación e instituciones comunitarias, han manifestado la necesidad de acceder a este tipo de información para tener conocimiento sobre asuntos de su interés y que involucran derechos económicos, sociales y culturales, pero también, y sobre todo, políticos. Sobre este eje ahondaremos en una futura investigación.

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Luciano Beccaria (lucianobeccaria@gmail.com). Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Cursa la Maestría en Estudios Latinoamericanos (UNSAM).↵

Wanda Fraiman (wfraiman@hotmail.com). Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Ha obtenido una Beca UBACYT. Cursa la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales (UBA). Es Auxiliar de la Cátedra Derecho a la Información (Loreti) de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).↵

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La característica centralista se refiere a su organización en torno al Poder Ejecutivo, por la regulación que establece a través de organismos de aplicación que se encuentran dentro de su órbita. El rasgo autoritario se establece por su funcionalidad al gobierno militar. La definición en tanto discriminatoria se vincula con los requisitos que estipula para los actores que pudieran ser licenciatarios. La exclusión se basa, por un lado, en el espíritu de lucro; y por otro, en que se pretende dejar afuera a los sectores populares en el marco de una norma coherente con la Doctrina de Seguridad Nacional (Postolski y Marino, 2006: 175). Sobre este punto, el artículo 45 de Ley 22.285 postula: "Las licencias son intransferibles y se adjudicarán a una persona física o a una sociedad comercial regu¬larmente constituida en el país. Cuando se trate de una sociedad en formación, la adjudi¬cación se condicionará a su constitución regular. Tanto la persona física como los socios de las sociedades, deberán reunir al momento de su presentación al concurso público y mantener durante la vigencia de la licencia, los siguientes requisitos y condiciones: a) Ser argentino nativo o naturalizado, en ambos casos con más de diez (10) años de residencia en el país y mayor de edad; b) Tener calidad moral e idoneidad cultural, acreditadas ambas por una trayectoria que pueda ser objetivamente comprobada; c) Tener capacidad patrimonial acorde con la inversión a efectuar y poder demostrar el origen de los fondos; d) No estar incapacitado o inhabilitado, civil ni penalmente para contratar o ejercer el comercio, ni haber sido condenado o estar sometido a proceso por delito doloso, ni ser deudor moroso de obligaciones fiscales o previsionales; e) No ser propietario ni socio de diferentes sociedades de radiodifusión. No tener vinculación jurídica o económica con empresas periodísticas extranjeras. Tampoco con empresas periodísticas nacionales. En este último caso se exceptúa a los titulares de servicios de radiodifusión cuyas licencias hayan sido adjudicadas con anterioridad a la fecha de sanción de la presente ley, salvo cuando se tratase de la única estación privada en la localidad [...]".↵

Según lo postula el artículo 10 de la Ley 22.285.↵

Decreto 1.005 de 1999.↵

A través de los acuerdos de reciprocidad suscriptos por el Estado argentino, los capitales extranjeros pudieron ser accionarios de empresas de radiodifusión locales, debido a que eran legalmente considerados como nativos.↵

Op. cit↵

La universalización de los derechos sociales de personas migrantes continúa sufriendo varios obstáculos. Y la nacionalidad como frontera de ciudadanía se expresa en otras áreas del derecho que directa o indirectamente se vinculan con lo migratorio. Por ejem¬plo, el registro de pueblos originarios que centraliza el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sólo acepta a comunidades con asiento en territorio argentino, lo cual conlleva una serie de conflictos con movimientos migratorios con componentes indígenas como los aymara o los tupí, que no son reconocidos como tales por su extranjería.↵

Más información en www.coalicion.org.ar.↵

El concepto de monopolio verticalizado alude al control que una misma empresa o grupo multimedios tiene de una cadena de producción audiovisual. Por ejemplo, aquellos que tengan bajo su órbita la producción de los contenidos y también su distribución.↵

Concurso abierto "significa que si alguien encuentra una frecuencia disponible y de¬muestra que técnicamente es susceptible y puede ser incorporada a los planes donde dicen donde son las frecuencias que hay, se incorpora al plan y se llama a concurso de modo de incentivar o de hacer crecer las instancias de pluralismo o de determinado lugar ". Permanente en cambio quiere decir que en caso que el concurso quedara desierto la convocatoria se hace nuevamente". (Loreti, 2010:7).↵

Ley 26.522.↵

Entre los que se encuentran representantes de "los sindicatos de los trabajadores del sector de la comunicación audiovisual", "de las empresas comerciales de la actividad", de "las entidades sin fines de lucro prestadores de servicio de comunicación audiovisual", de las Carreras de Comunicación, de las radios universitarias, de las entidades de los pueblos originarios y de las asociaciones autorales (Loreti; 2010:7).↵

Artículo 24 de la Ley 26.522.↵

Artículo 25 de la Ley 26.522.↵

Artículo 45 de la Ley 26.522.↵

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El modelo sindical de los trabajadores del subte

Cora Cecilia Arias[1], Nicolás Diana Menéndez[2] y Paula Salgado[3]

Introducción[4]

La proliferación de investigaciones y debates sobre sindicalismo, se funda en la centralidad que recuperó este actor en la arena política como protagonista insoslayable de las luchas sociales. En la Argentina de los últimos años, asistimos a un proceso paulatino y sostenido de caída del desempleo, que sumado a la reactivación de la negociación colectiva y la consiguiente recuperación de conquistas laborales, se traducen en la aceleración de la disputa capital-trabajo en los contornos de la territorialidad que le es inherente: la empresa y la fábrica[5]. Es en este marco que se multiplican las experiencias de sindicalismo de base.

En este artículo nos ocuparemos de la organización gremial de los trabajadores y las trabajadoras del subte. Esta experiencia no representa una situación arquetípica del mundo del trabajo de finales de los años noventa e inicios de la siguiente década. Todo lo contrario: en un contexto de debilidad y fragmentación de los trabajadores, en el subte comenzaba a gestarse una organización que lograría revertir ese estado de relaciones de fuerza a su favor, a partir de la obtención de conquistas impensadas en la era capitalista neoliberal. Quizás sea esta la razón por la que obtuvo resonancia pública y se instaló en el imaginario colectivo del mundo del trabajo como “un ejemplo a seguir”[6].

Hacia 1994, el servicio público de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires en manos del Estado (SBASE) fue concesionado y traspasado a la empresa Metrovías[7]. El proceso de privatización trajo aparejado un retraimiento en las condiciones de labor. Entre las principales políticas de la concesionaria se encuentran el aumento de la jornada de trabajo en dos horas, disminuciones salariales, tercerización de algunas actividades, e intentos de reemplazo de mano de obra por tecnología (máquinas expendedoras). La Unión Tranviarios Automotor (UTA), sindicato que representa legalmente este sector de actividad, tuvo actitudes erráticas, pero en definitiva -ya sea por acción u omisión-, permitió que el capital avance e imponga su estrategia disciplinadora.

En ese marco, y de manera clandestina, diversas organizaciones se constituyen con el propósito de reclamar mejoras en las condiciones laborales y reintroducir la política en el lugar de trabajo. Provenientes de espacios distintos, y en muchos casos con militancias previas, varios grupos de trabajadores fueron creando “células” en los distintos espacios de trabajo y se propusieron, en una primera instancia, recomponer los lazos colectivos en pos de cimentar la identificación entre los trabajadores, y su diferenciación con sus adversarios. De esta manera, la emergencia de lo común se hizo posible, y las acciones de resistencia comenzaron a desplegarse.

Así, ya en 1997, frente a intentos de despidos, se realizan los primeros paros totales de la actividad. Desde ese momento, los trabajadores enfrentados a Metrovías, a la UTA y al Estado, lograron frenar las estrategias flexibilizadoras pautadas en la nueva situación laboral. Además, paulatinamente fueron reconocidos por el conjunto de los trabajadores, y esa legitimidad se tradujo en las distintas elecciones de delegados. En 2004, el Cuerpo de delegados cuestionando el accionar del sindicato, y luego de varias jornadas de lucha y de diversas alianzas políticas coyunturales, recuperó las seis horas de trabajo para la totalidad de los trabajadores de Metrovías.

Ese hito significó la consolidación de la organización que a partir de ahí se propuso conseguir incrementos salariales, reincorporar a todos los trabajadores de empresas tercerizadas al Convenio colectivo de UTA-Metrovías, entre las prácticas resistentes más resonantes. La horadada y tensa relación entre el Cuerpo de delegados y la UTA se tornaba insostenible. Por esta razón, en 2009, y plebiscito mediante, se conformó un sindicato paralelo: la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), que obtuvo en noviembre de 2010, y luego de varios fallos judiciales favorables, la inscripción gremial.

Desde sus orígenes, esta organización puede caracterizarse como “exitosa”, puesto que triunfó en la mayoría de sus luchas, y obtuvo gran parte de sus requerimientos. En un trabajo anterior (Arias et al, 2011), intentamos rastrear las causas que facilitaron esos logros -que por cierto son múltiples- la posición estratégica del subte, como rama de actividad y como servicio público crucial para el traslado de pasajeros de la ciudad; el arribo luego de la concesión de activistas y militantes a la plantilla de trabajadores; la participación del Estado en las relaciones laborales; la impronta en la memoria de luchas en el sector en los años sesenta y setenta; entre otras.

En este artículo nos proponemos indagar sobre los nuevos desafíos que debe atravesar la AGTSyP como estructura consolidada, y las posibles tensiones que puede aparejar la institucionalización. Las instituciones son ambiguas, son formas cuyo contenido las hace virar de un extremo a otro, por lo tanto los sentidos y significados que se les impriman en los momentos gestacionales son clave. De ahí nuestro interés por reflexionar sobre la forma sindical y los perfiles de delegado que este sindicato pretende construir.

La dinámica interna de la AGTSYP

La experiencia de los trabajadores del subte, en lo que respecta a la recomposición de la organización colectiva en el lugar de trabajo, se constituye en un caso con características excepcionales en relación al resto del mundo del trabajo. En ese sentido, no puede establecerse como prisma para percibir otros casos, y requiere un estudio particular. Repasaremos a continuación los problemas y las discusiones surgidas en  el seno de la nueva asociación gremial (la AGTSyP) que los delegados disidentes decidieron conformar en septiembre de 2008, y cuya legitimidad fue ratificada con un plebiscito de participación masiva en febrero de 2009.

Muchas de las discusiones que se dieron y aún se dan al interior de la organización de los delegados del subterráneo, reeditan y remiten a debates tradicionales del sindicalismo y la izquierda. Una de las cuestiones que este tipo de experiencias actualiza, es aquella referida a los “objetivos y medios” legítimos que pueden ponerse en disputa a partir de las reivindicaciones laborales. Preguntas tales como: ¿cuál es el rol del sindicalismo?, ¿cuáles son sus límites y sus alcances?, ¿qué reivindicaciones son legítimas?, ¿qué medios de lucha son legítimos?, ¿cuál es la relación entre eficacia y democracia?, vuelven al centro de la escena inscriptas en una línea histórica de experiencias sindicales heterodoxas y combativas. Así por ejemplo, los años finales de la década del sesenta y comienzos del setenta, conforman una época signada por las pujas intersindicales entre organizaciones burocratizadas y comisiones de base fuertemente opositoras (Jelin, 1978).

Uno de los aspectos más interesantes de la experiencia de organización colectiva del subte, es justamente la puesta en tensión y discusión de esos elementos que no son comúnmente debatidos ni cuestionados en la práctica gremial por distintos motivos. De este modo, este caso constituye una alteración de los límites socialmente vigentes/dominantes en torno a lo que “se puede” y “no se puede”, en y desde una organización sindical. En este sentido, un delegado de la organización aseguraba:

Ser sindicalista es fijar una posición política también. ¿ Cuál es el problema principal del subterráneo hoy? (Agosto de 2009) Los temas salariales, las luchas reivindicativas, no tenemos personería jurídica, no tenemos personería gremial, la patronal te desconoce. No tenemos fueros, lo único que mantiene el sindicato es la correlación de fuerzas, esa correlación de fuerzas está sobre la base de las luchas reivindicativas, es una lucha política, porque si vos no salís a pelear la reivindicación del salario, los compañeros te van a decir está muy bien la personería, pero yo quiero el aumento salarial, mejores condiciones de laburo, el 82 por ciento móvil.

Bourdieu (2008) realiza una clasificación sobre los niveles de lucha obrera, que resultan útiles para iluminar este proceso. El autor sostiene que se pueden distinguir tres niveles: un primer nivel constituido por lo no -pensado de la lucha, cuestiones que no vienen a la mente o que no son “razonables”; un segundo nivel es el de lo impensable, aquello que no está legitimado y es improbable que sea cedido; y el último nivel está dado por lo que se puede reivindicar como objeto legítimo. Siguiendo esta clasificación podemos observar que la experiencia que analizamos, en muchos casos desafió los límites de “lo razonable” en términos de posibles sociales legítimos, corriendo la frontera de dicha legitimidad a nuevos niveles. Así, por ejemplo, la lucha por la jornada de seis horas en un contexto en el que imperaba el empleo flexible y, en consecuencia, jornadas sumamente extensas de trabajo, o la incorporación al Convenio colectivo de Metrovías de trabajadores tercerizados, entre otros, forman parte de un conjunto de reivindicaciones que -situadas como estaban- podían -y de hecho así funcionaban- aparecer como impensables para ese tiempo histórico.

De un modo semejante podemos considerar una práctica de protesta original de los trabajadores del subte, que también puso en tensión las construcciones sociales dominantes en torno a los medios legítimos y los ilegítimos[8]: el levantamiento de molinetes para dejar pasar gratis a los pasajeros. Si frente a las medidas de paro tradicional, uno de los efectos expandidos es la dura oposición de los usuarios, y en ese sentido la ausencia de solidaridad con sus reclamos, la medida del levantamiento de molinetes posee la virtud de correr del lugar en que suelen quedar los pasajeros del subte. No obstante, este tipo de medidas traen aparejadas consecuencias adversas, ya que quienes las han llevado adelante, en muchos casos, terminaron con causas judiciales en su contra. Algo similar les ocurrió a los trabajadores que se arrojaban a las vías durante etapas de paro, para evitar que el personal jerárquico operara las formaciones. Un delegado afirmaba:

Una compañera y yo tenemos una causa porque fuimos a abrir los molinetes a Retiro para que la gente viaje gratis. Es falso esto de que cayó bien, es monetario. Le pegas a la Empresa pero ¿cuánto la perjudicaste? Económicamente nada, el problema de la Empresa es de los medios, a la Empresa lo que le perjudicó es la imagen, monetariamente nada, a nosotros nos crea una causa más, así que es relativa esa modalidad.

Es necesario introducir aquí un nuevo actor: los medios de comunicación masivos que, a la hora de “fijar” sentidos sobre lo que es o lo que debe ser, sobre lo legítimo o lo ilegítimo, ocupan un papel trascendental en las sociedades globalizadas. La dinámica de construcción de los sentidos sociales otorgados a las medidas de fuerza se erige desde el establecimiento de la antinomia que Barthes (1980) define en términos de usuario/trabajador. Esta es una figura característica de las narrativas mediáticas y hace hincapié en la oposición entre la figura de trabajador organizado que hace huelga, frente al individuo atomizado, representado como uno de los principales perjudicados por la medida de fuerza[9]. Comentaba un delegado a este respecto:

Cuando largamos ese paro de cuatro días (abril de 2004), habíamos logrado concentrar las simpatías. Pese a que los periodistas entrevistaban desde las diferentes líneas a la gente que viajaba en los colectivos, toda encimada, la gente veía bien que nosotros estuviéramos levantando nuestra reivindicación de reducción de la jornada laboral y mejora en las condiciones de laburo [...]. Nosotros somos conscientes de algo: por un lado, que si vamos a largar la medida tenemos que impactar lo más que podemos. Pero tenemos que tratar de conciliar ese impacto que generas sobre la población, con no ponértela en contra.

Las cuestiones debatidas

La AGTSyP lleva adelante una serie de prácticas y discusiones que a la vez que se diferencian de aquellas por las que acusan a la UTA de “sindicato burócrata”, intentan forjar un tipo de representación sindical fundado en la participación directa de los trabajadores, y en la construcción de un “tipo ideal” de delegado y organización que no está exento de una multiplicidad de puntos de vista político/ideológicos. La heterogeneidad característica de esta organización, da lugar a los debates que referiremos en lo que sigue.

Una primera discusión de carácter central que se dio en el seno de la organización, versó sobre la posibilidad de disputar espacios dentro de la UTA o bien crear un nuevo sindicato[10]. La piedra de toque de este proceso fue la profunda diferencia en las prácticas y concepciones entre la estructura de la UTA y el Cuerpo de delegados del subterráneo. Sin embargo, es posible inferir que el recorrido que la organización fue siguiendo hacia la conformación de un sindicato alternativo, tuvo más que ver con los obstáculos opuestos por el gremio de origen, que con un convencimiento puramente fundado en el debate de ideas interno. En efecto, los recursos y dispositivos utilizados por la UTA con el fin de obturar la expansión hacia fuera del espacio de trabajo de la línea interna expresada por el Cuerpo de delegados del subte, así como la imposibilidad virtual de disputar “libremente” la conducción del sindicato, fue acotando las opciones posibles hasta prácticamente obligar a la decisión de la creación de un sindicato propio. Esto incluye la asunción de los costos, prácticos y de aspiraciones potenciales, que este camino conlleva. Así, la posibilidad de disputar la conducción de una organización sindical establecida y reconocida (es decir que posee personería gremial), allana el camino de modo sensible en relación al sendero que requiere la conformación de una nueva organización, en cuyo caso se debe partir de un punto casi negativo en la medida que exige la discusión interna en torno a la mejor estrategia posible, en la que se inscribe la decisión de correrse del esquema vigente del sindicato de origen. Por el contrario, la disputa interna en la organización preexistente constituye una suerte de derrotero “natural” para cualquier conjunto de personas que poseen aspiraciones, alternativas a las dominantes, dentro de una organización. Los siguientes testimonios de delegados ilustran estos aspectos:

¿Vos pelearías contra un monstruo? Dentro de la UTA es muy difícil pelear, porque vos no podes presentar lista opositora a ellos, porque tenes que tener representación a nivel nacional. [...] Los estatutos los votaron ellos para que sean ellos los únicos habilitados, aparte dentro de la lista que vos podes llegar a tener se necesita que vos tengas un porcentaje de la comisión directiva. Las listas sábana nacional tienen que ser gente que esté del mandato anterior o que haya estado, que haya sido dirigente dentro de la UTA, sino tampoco. Aparte tenes todos los tics de la burocracia, si medianamente podes armar la lista, de última perdés, porque ponen plata, hacen un fraude. [...] Ya Palacios lo dijo en su momento: “mientras yo sea secretario general del gremio, subte no se va a ir.

El sindicalismo es lo mejor que puede haber para el trabajador. El problema son los hombres que están en el sindicalismo: para cambiar a un secretario general tenes que esperar que se muera, es asombroso pero todas las secretarías de los últimos tiempos que han cambiado fue por muerte, fallecimientos. Pero hay una excepción: Palacios de la UTA, él se fue porque creyó que lo iban a descubrir, y después ¡lo descubrieron con 11 millones de dólares!, así que él optó por irse, lo dejó a Fernández que era su segundo, o sea que se van por muerte ose van porque tienen mucha plata y los amenazan que los van a denunciar, y los terminan denunciando los propios compañeros de lucha.

Si o si es a través de un sindicato. No hay otra manera, no existe otra manera, cuando el compañero plantea no pelear dentro de la UTA y porque sí hacer un sindicato nuevo…, si vos tenes un cajón de manzanas y si todas las manzanas están podridas, no me interesa el cajón. Si me decís que una manzana está podrida, seguramente voy a tratar de sacar esa manzana y voy a ingresar. [...] hay que hacer un sindicato nuevo, no quiero eso que ya está todo podrido.

Por otra parte, y siguiendo a Bourdieu, podemos sostener que “una de las sutilezas de la relación de fuerza dominantes/dominados es que, en esta lucha, los dominantes pueden utilizar la lucha entre los dominados en torno a los medios y los fines legítimos” (Bourdieu, 2008: 253). En ese sentido, la disputa establecida entre el Cuerpo de delegados y la UTA, independientemente de las apreciaciones sobre el nivel de funcionalidad de la UTA para la empresa, constituye una división entre los dominados que en última instancia favorece los intereses de los dominantes.

Otro conjunto de debates planteados internamente en torno a la forma sindical, giran en torno a la dinámica interna de la organización propuesta. Por un lado, existen elementos que están lo suficientemente instalados como para no merecer más discusión. Tal es el caso del método asambleario de toda toma de decisión relevante, hecho que forma parte del acervo de funcionamiento de esta organización[11]. Esta metodología, inherente en cierto modo a la forma sindical aspirada, deviene en un sello distintivo de la experiencia anterior del Cuerpo de delegados disidentes. A la vez, funciona como un legitimador, internamente a la organización y en su discurso público, que pretende romper con el imaginario social instalado en torno a la idea de sindicatos verticalistas y corruptos. Así se trasluce en el discurso de los delegados:

Acá la tradición es asamblea, los compañeros te reclaman asamblea, si un delegado no es impulsor de la asamblea, los compañeros te la reclaman, las reuniones semanales de delegados… ¿El Cuerpo de delegados de la UOM alguna vez se juntó…?

Lo que nosotros instalamos frente a la opinión pública es el método de la asamblea. Cada vez que nosotros salimos por los medios, los trabajadores deciden, la asamblea decide; la UTA levantó el paro[12] y acá las asambleas no lo levantaron.

El asambleismo constituye de alguna manera la ruptura de la representación, en la medida que aparece como su opuesto: la participación. Asimismo, la asamblea posee la función de establecer y amplificar posiciones colectivamente, y en ese sentido, de amalgamar la organización otorgándole, en esa instancia única, la sedimentación de lazos de pertenencia, y reforzando esa suerte de ilusión en torno a la relativa autonomía en las decisiones de cada uno de los participantes.

La heterogeneidad de puntos de vista y posiciones, característica de esta organización, se expresa en un sinnúmero de aspectos que hacen a la vida cotidiana del gremio, y al anhelo de construir una estructura radicalmente distinta del tradicional sindicalismo populista (Jelin, 1978), encarnado, en este caso, por la UTA. Entre los elementos efectivamente discutidos al interior de la reciente AGTSyP, podemos mencionar los siguientes: el aporte económico de los afiliados, la remuneración salarial de los delegados por su rol, la necesidad de rotación de los delegados, el otorgamiento de ciertos privilegios a los delegados, la permanencia del delegado en el puesto de trabajo.

Un hecho fundamental a cualquier organización que pretenda subsistir es la búsqueda de financiamiento. En el caso de los sindicatos, la ley establece cuotas de afiliación de modo voluntario, y en algunas oportunidades se negocian los denominados “aportes solidarios” que recaen sobre el conjunto de los trabajadores incluidos en el convenio colectivo del que se trate. En el caso de la AGTSyP, en vistas de sus limitaciones por no poseer personería gremial, y en consecuencia la imposibilidad de negociar convenciones colectivas, el único recurso posible es el del aporte voluntario de los trabajadores. Ahora bien, la persuasión de los compañeros de trabajo sobre la necesidad de imponer sostenidamente una “cuota de afiliación”, es una situación que aparece muchas veces en el ideario de los activistas como una incomodidad, quizás por la asociación con una lógica más utilitarista de los afiliados, de la que aspiran distanciarse. Si bien suele ser una tensión rápidamente resuelta producto de la necesidad, no deja de ser llamativa la problematización de estas cuestiones[13]. De hecho, frente a la estrategia de la creación de un nuevo sindicato, debieron realizar una campaña de desafiliación de la UTA y re-afiliación a la AGTSyP, cobrando el 1%, dado que, como exige la actual ley, necesitan demostrar que son quienes más afiliados cotizantes poseen en la actividad. Un delegado afirmaba al respecto:

(…) el aporte tuyo pertenece al sindicato y al fin de la mayoría, entonces no podes decir: ahora que me peleé con vos, yo no pago más’. [...] El sindicato se cae si no tiene el aporte económico, más allá que tenga el apoyo político. Necesitamos del dinero para funcionar.

Siguiendo con la cuestión de los recursos disponibles, aparece también la discusión en torno al cobro o no por parte de los delegados y responsables de las secretarías, de las horas dedicadas a la actividad gremial. Esta cuestión emerge con una doble tensión: económica y moral. La primera está relacionada con la capacidad y sustentación del pago a los delegados, en virtud de sus posibilidades de recaudación por las vías limitadas que mencionamos en los párrafos anteriores. La tensión moral surge alrededor de la actitud que es necesario tomar frente al compromiso. En la medida que el discurso -y probablemente el valor dominante- es el de la entrega y la abnegación -individual- en la lucha, el cobro (y el pago) de un salario de delegado, puede ser visto como una mácula en las buenas intenciones de quienes ejercen esa función, dado que puede interpretarse como enfrentado con el desinterés[14]. Un delegado mencionaba en relación a esta problemática:

Hay otra realidad, es que el secretario tiene otros gastos, honorarios, pero el que está ahí tiene que hacer porque comparte una ideología. Así que partiendo de la base que no debemos cobrar como secretario gremial[15], porque por ejemplo: los delegados del sindicato tienen tres horas semanales; esas tres horas semanales las paga el sindicato, pero el otro día estábamos haciendo la cuenta que si somos ochenta y siete delegados, y si el sindicato tuviera que pagar esas tres horas, ¡se nos irían 18 mil pesos y nosotros recaudamos 20 mil! Vamos a tener que presionar a la Empresa, que nos pague la Empresa esas tres horas.

Por otra parte, continuando en el marco de la tensión moral, se presenta, atravesando toda la estructura de la idea de delegado, la imagen del modelo a seguir, como iluminación de las conductas deseables y esperadas, es decir, la prédica del ejemplo que siempre está impregnada de “lo ideal” y de lo heroico. La eliminación de cualquier privilegio para los delegados, por mínimos que éstos sean, también forma parte del mandato moral, y de la prédica del modelo a seguir. Así puede observarse en el siguiente testimonio:

El delegado de alguna manera es la organización del sector, es el primer activista, primer laburante, es el que organiza la asamblea, el que está por delante de los demás compañeros viendo cómo se organiza el movimiento. Sabe cuáles son los miedos que existen entre los compañeros, cuáles son las posiciones de los propios compañeros. [...] es de algún punto de vista el que organiza y se dedica a sacar todos estos tipos de miedos y desvincular al trabajador de la patronal, hacerle ver que es de la clase obrera, eso debería hacer un delegado.

Desde otro orden de cosas, se plantea la necesidad de rotación de los delegados en los cargos. Esto obedece al menos a dos razones: por un lado, a la búsqueda de la formación de la mayor cantidad de “cuadros” militantes posibles. Se argumenta en ese sentido que la circulación de muchos trabajadores en el rol de delegados, a la vez que potencia la capacidad de las “nuevas generaciones” de delegados, permite una distribución de los compromisos en la medida que incorpora un mayor número de activistas a la función. De este modo, se habilitan y fomentan espacios reales y significativos de participación a todos aquellos que estén dispuestos a asumirlos. La segunda razón descansa en la obstaculización del proceso de “burocratización” vislumbrado como posible por la vía de la profesionalización del rol de delegado. En efecto, una de las causas de todo proceso de burocratización es el desarrollo de intereses específicos -a mayor distancia de los intereses de las bases- producto del afán de reproducir las condiciones que permiten el mantenimiento del cargo, por sobre la defensa de los intereses delegados por los mandantes (Michels, 1962; Offe y Wiesenthal, 1992). Así puede verse en el relato de un delegado:

Ser reelecto delegado te lleva a hacer otra lectura sobre las instituciones, y nosotros lo que necesitamos es al revés: acercar las instituciones al obrero y volver a hacer más partícipe, y no que vea al sindicato como un ente de la institución impenetrable donde el obrero no tiene derecho. [...] Decidí no presentarme, pero lo que hago es buscar alguien que pueda comprometerse. Y una vez que ese compañero es elegido, decirle los errores que yo cometí para que no los cometa él, y si tuve algunos aciertos, a ver si se puede profundizar. La lógica es que en cuatro, cinco periodos, en diez años, vas a tener un delegado diez veces mejor que yo.”

No necesariamente el hecho de la perduración en las funciones acarrea el desarrollo de intereses particulares a un nivel tal que desequilibre el mandato de los representados. Existen experiencias en las que no se produce ese desequilibrio, incluso en un proceso ya consolidado de profesionalización. En ese sentido, en todo proceso de representación sería quizás más certero delimitar un umbral de desarrollo de intereses particulares, más allá del cual se pone en peligro la lógica de la delegación de mandatos, y más acá del cual el proceso de acumulación generado puede reportar mayor eficacia.

Finalmente, otro nudo de la construcción del modelo de representación que se va delineando en el subte, se refiere a la necesidad de que los delegados continúen ejerciendo funciones en el puesto de trabajo. Nuevamente, esta definición abre la posibilidad de establecer elementos positivos y negativos. El doble fundamento en que se basa la posición remite, por un lado, a la cuestión ética de representar desde el mismo terreno que los representados. Y por el otro, a la convicción de que sólo así se pueden vivir en carne propia, sin mediación alguna, las condiciones generales y experiencias de quienes se pretende representar, obturando, asimismo, la posibilidad del distanciamiento paulatino con las necesidades y exigencias de la “base”, como menciona un delegado:

Yo creo que el delegado tiene que seguir trabajando, porque la única manera de ver para mejorar tu lugar de trabajo es haciéndolo. Y si una vez que llegaron a delegados se van… Una mejora salarial siempre la vas a pedir, lo básico y lo mínimo es que trabajen. Primordial: el delegado tiene que ser siempre un trabajador, sufrir todo lo que sufre el otro compañero para poder ser mejor delegado.

Del mismo modo que en varios de los puntos antes mencionados, la obligación de permanecer ejerciendo las funciones deviene en una recarga de actividades y exigencias sobre quienes asumen esos roles, sobre todo al considerar la limitada estructura de la AGTSyP que obliga a asumir todas las tareas a quienes ejercen de delegados. Así, en definitiva, se convierte el puesto de representante en una carga adicional significativa que corre el riesgo de terminar recayendo sobre aquellos más comprometidos con la tarea sindical y por tanto, más predispuestos al sacrificio requerido. Es decir, en el afán de un “tipo ideal” de delegado, se puede limitar el acceso al reducido y selecto grupo de quienes están dispuestos a “dar todo”, conformando, por otra vía y con otro contenido, una suerte de élite.

Consolidación y después...

El proceso de conformación e institucionalización de la organización sindical de los trabajadores del subte, tal como lo hemos visto, reconoce -si bien no linealmente-, una serie de luchas y reivindicaciones exitosas que lo convierten en un caso “modelo” para las organizaciones de base, ya sea de trabajadores como sociales en general. Su consolidación paulatina desde sus orígenes clandestinos hasta la ruptura con la UTA, señala un derrotero signado por una construcción a distancia de una referencia obligada de la que se pretenden diferenciar: el recién mencionado sindicato de la rama, la Unión Tranviarios Automotor. Asimismo, una característica saliente de esta experiencia es la confluencia en el orden interno de la organización de variados idearios político-ideológicos situados dentro del campo popular. Tanto corrientes vinculadas con los partidos de la izquierda clasista, como otras ancladas en los márgenes de la tradición nacional popular, conviven en, y en alguna medida potencian, la dinámica interna del nuevo sindicato.

Otro factor distintivo de la AGTSyP reside en haber conseguido una productividad política y sindical fundada en su diversidad, que a su vez redundó en una eficacia ostensible. Las particularidades de la territorialidad laboral, la convergencia generacional despojada de rencillas históricas, las condiciones de producción de la organización, la clara identificación de los “otros” frente (y contra) quienes posicionarse, la modalidad asamblearia y transparentada de acción y decisión, y una evidente flexibilidad de dogmas, probablemente compongan parte del coctel de la eficaz convivencia organizacional.

Desde este punto, nos proponemos avanzar un poco más en función del recorrido que sigue delineando la AGTSyP. A partir de la ruptura con la UTA, y la posterior conformación de una nueva organización independiente y autónoma, se habilitan los causes para una mayor afluencia y visibilidad de las diferentes concepciones y posiciones que se expresan en su interior. Como señalamos más arriba, las recurrentes disputas con los gobiernos, la empresa y la UTA, fueron consolidando un conjunto de objetivos comunes que a la vez que amalgamaban colectivamente la organización, diluían y establecían disímiles posi-cionamientos en torno a cuestiones determinadas como secundarias respecto de los ejes trazados como claves.

Ninguna convivencia es fácil de sobrellevar, la productividad de la diversidad que recién señalábamos es la consecuencia de procesos complejos de articulación y tensión que suturan y lesionan alternativamente. Así es que la consolidación del colectivo como tal, permite la afluencia de diferencias que se van visibilizando en distintos planteos de la organización. Estas discrepancias se volvieron palpables en varios posicionamientos: uno de ellos versó sobre la posibilidad de adherir a las filas de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), una organización de tercer grado. Este asunto suscitó varias discusiones que derivaron en una decisión afirmativa producto de la votación en una asamblea de delegados a mediados de 2010. Así se expresa en un comunicado publicado en la página oficial del sindicato:

Jueves 22 de julio de 2010

EL SUBTE Y LA CTA

La posibilidad de sumarnos a una central obrera, la CTA, se viene discutiendo desde hace tiempo en muchos sectores del subte, por eso el tema fue planteado y debatido en el plenario de delegados.

Durante la reunión, se analizaron las distintas opiniones en relación a dar este paso, se expresaron los resultados de las consultas que hicieron la mayoría de los delegados en sus sectores… finalmente, hubo votación y el 65% de los presentes, se manifestó a favor del ingreso de nuestro sindicato a la CTA.

Desde la secretaría de prensa, creemos que esta decisión nos acerca a un sector importante de trabajadores organizados que, al igual que nosotros, están llevando adelante la pelea por la libertad sindical en sus lugares de trabajo.

SECRETARÍA DE PRENSA

Una cuestión que suscitó varios debates domésticos en relación a la CTA se vincula con las elecciones internas de la propia Central, cuyo trasfondo general está emparentado con una tensión que recorre buena parte de los movimientos sociales de la Argentina contemporánea: la caracterización de y el posicionamiento frente al gobierno de Cristina Fernández (y su antecesor Néstor Kirchner). De hecho, la fractura que a la postre sufrió la Central de Trabajadores Argentinos, tiene como fundamento la dificultad de procesar estas tensiones que poco tienen que ver con los objetivos vertebrales que se proponen como organización. En este caso, la lista 10 de la CTA que postulaba a Hugo Yasky como candidato a secretario general, incorporó a Roberto Pianelli -un delegado y referente histórico del subte- como candidato a secretario de la CTA Capital. Además, se sumó el padrón de los trabajadores del subte al proceso eleccionario, generando acusaciones cruzadas al interior de la AGTSyP, puesto que el sector clasista se oponía al apoyo a la lista 10. En declaraciones públicas difundidas en la página oficial del sindicato, Claudio Dellecarbonara -delegado del sector clasista-opinaba al respecto:

En medio de la pelea por nuestro reconocimiento y por las paritarias, un sector del Cuerpo de Delegados y del nuevo sindicato, decidió en forma inconsulta incluir todo el padrón de nuestro gremio en la CTA, para las próximas elecciones, e integrarse a la lista 10 de Yasky y el gobierno K. Esto ha generado un enorme malestar entre los trabajadores. Frente al intento de llevar nuestro nuevo sindicato a apoyar a los que nos niegan nuestro reconocimiento, rompiendo con nuestras mejores tradiciones de lucha, 23 delegados estamos dando una fuerte pelea y sacamos una declaración que ya cuenta con el apoyo de 500 trabajadores donde llamamos a que los trabajadores del Subte no voten en estas elecciones. Denunciamos que el ingreso a la CTA se resolvió de un día para el otro, evitando dar un amplio debate en las asambleas de base, como corresponde a la democracia sindical y que la integración de un sector de compañeros a la oficialista lista 10, vino a confirmar que este método estuvo al servicio del apoyo al ala Yasky, aliado a Tomada y al gobierno, quienes mantienen el desconocimiento de la AGTSyP mientras reconocen a la UTA como gremio del subte.

Todos los delegados que nos reivindicamos clasistas en el Subte estamos impulsando este pronunciamiento y tomamos esta posición. Y tanto la lista 3 y la lista 4 han resuelto acompañarnos en este llamado a la abstención en el subte.

Pocos meses después, en marzo de 2011, el sindicato tuvo sus propias elecciones convocadas para renovar autoridades. Se presentaron dos listas que expresan las dos grandes vertientes que cohabitan en la organización. El resultado arrojado por el escrutinio fue un triunfo de la Lista Roja y Negra, encabezada por Roberto Pianelli y Néstor Sego-via, de perfil nacional popular. La lista opositora fue la Lista Naranja/ Bordó/Violeta, que postulaba a Carlos Pérez y Claudio Dellecarbonara, identificados con el ideario clasista.

El proceso de consolidación de la organización agrega asimismo nuevos ejes de discusión en torno a la forma sindical que hemos abordado en el apartado anterior. Uno de ellos es el debate sobre la representación de mayorías y minorías en el cuerpo directivo del sindicato. Esta discusión proviene de larga data en la historia sindical argentina, y conoce antecedentes tales como el proyecto de Ley de Asociaciones Sindicales abortado durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Este proyecto había sido promovido por el entonces ministro de trabajo de la nación, quien dio nombre al proyecto conocido como “Ley Mucci”. Si bien la oposición al proyecto se extendía por varios puntos, la cuestión de la representación proporcional en las Comisiones directivas fue una de las más resistidas. Este cuestionamiento implicó a la mayor parte de los sindicatos, no sólo a los denominados “burocráticos”, sino también a los combativos, tal como lo señala un viejo dirigente de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado):

En cuanto asume Alfonsín intenta dos cosas: normalizar los sindicatos y la Ley Mucci, aquella ley de la mayoría y la minoría, que en los sindicatos nosotros nos opusimos porque… -esto pasa en muchos lugares de América Latina, yo lo puedo comprobar porque he viajado- una cosa es en un ámbito parlamentario, otra cosa es en el sindicato. Una minoría por ahí de oposición no te deja conducir el sindicato. Nosotros nos opusimos aparte de la ley Mucci, por una serie de (…), volvía a una concepción muy liberal.

En el marco de la reciente disputa de la CTA por el resultado de las elecciones internas, también estuvo presente en las discusiones la cuestión de la convivencia representacional en la Comisión directiva. En este sentido, no parece un dato fortuito ni azaroso que en el desarrollo de la experiencia de la AGTSyP, cohabitada al menos por dos grandes líneas políticas, se exprese una nueva versión de este debate sobre las posibilidades y la viabilidad de establecer representaciones proporcionales, o al menos de mayoría y minoría.

Como un nuevo desafío se puede consignar el traspaso del control de los subterráneos de la órbita nacional a la local del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sucedido en enero de 2012. Como hemos mencionado, uno de los componentes que contribuyeron a la consolidación de un colectivo de carácter heterogéneo fue la definición clara de “los otros” actores frente a quienes se diferenciaban (UTA) u oponían (empresa concesionaria y gobierno). Del mismo modo, pero en sentido opuesto, una vez consolidada la organización mencionábamos como una cuña de distinción de líneas internas la caracterización del gobierno nacional, que hasta el mencionado traspaso, formaba parte de los actores involucrados (aunque no directamente) en las relaciones laborales del subte. En este sentido, el traspaso modifica un elemento sustancial de esta situación al ubicar como la contraparte estatal no ya al gobierno nacional que parte aguas en cuanto a las posiciones políticas frente a él, sino al gobierno local, de signo político distinto y opuesto al del gobierno nacional y que unifica a las distintas posturas internas del sindicato en una oposición rotunda desde el punto de vista ideológico y político.

Las características que reúne el gobierno de la ciudad constituye un elemento de dilución de buena parte de las diferencias entre las corrientes internas dominantes dentro del nuevo sindicato del subte, en el que se vislumbra, por otra parte, una etapa de elevada conflictividad laboral que también abona la dilución estratégica de las diferencias, en una organización que ya transitó ese recorrido.

Comentarios finales

Pocas experiencias de resistencia tuvieron la posibilidad de alterar favorablemente las relaciones de fuerza en un plazo relativamente breve, y en un contexto sumamente regresivo para el polo del trabajo. El Cuerpo de delegados del subterráneo, hoy Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro, constituye una versión paradigmática de esas experiencias, y en alguna medida también una excepción.

Las distintas etapas del proceso -desde la privatización hasta la actualidad-, configuran un corrimiento, aunque no lineal, desde una instancia que podríamos llamar “defensiva”, hacia otra que podríamos denominar como “ofensiva”, en la medida que incluye además de la recuperación de derechos avasallados, la conformación de nuevos objetivos y el avance hacia ellos.

Inscripto en la lógica dialéctica ínsita en la relación de poder entre capital y trabajo, se desplegó un proceso dinámico, contradictorio y dialéctico que transformó un campo de fuerzas completamente desfavorable, en otro en el que las posiciones estratégicas de capital y trabajo se encuentran un tanto más equilibradas.

La historia del sindicalismo lleva impresa la discusión sobre su rol, sobre sus límites y sobre sus potencialidades. Incluso, cuando parece que la institucionalidad devora todos los procesos disruptivos, aparecen las experiencias que corren la línea de lo posible y estallan en el seno de lo supuestamente clausurado. Se trata pues de pensar a los sindicatos como organizaciones que se limitan a la defensa y gestión de las mejores condiciones de trabajo, o concebir la organización sindical como vehículo para la transformación social y la consecución de un proyecto de clase. En otros términos, se trata de entender a la acción sindical como “el arte de lo posible”, o como posibilidad de abrir permanentemente caminos y horizontes a través de las fisuras de lo instituido.

Retomaremos un trabajo anterior (Arias et al., 2011), a fines de puntualizar un conjunto de elementos allí planteados, que articulados pueden establecerse como posibles explicaciones del éxito de la experiencia de los trabajadores del subte. En primer lugar, se tornan insoslayables las características de la empresa y de la actividad desarrollada por ella: se trata de un servicio público, de centralidad nodal para el funcionamiento cotidiano de la vida corriente en la Ciudad de Buenos Aires, puesto que moviliza diariamente más de un millón y medio de personas. En ese sentido, los trabajadores del subte cuentan con un poder estratégico (Womack, 2007), a juzgar por la potencia estratégica que ocupa el subte para la producción y reproducción cotidiana del capital[16].

En segundo término, el proceso de privatización del subterráneo posee algunas particularidades explicativas: se trata de una concesión por tiempo determinado, y en consecuencia no constituye una venta directa al capital privado sino que existe un plazo de vencimiento y cláusulas de rescisión del contrato. Esta situación puede operar limitando iniciativas empresarias, que se producirían en un escenario de más autonomía. Además, la empresa concesionaria se encuentra subsidiada por el Estado, por lo que éste aparece explícita y directamente involucrado -en alguna medida- en las relaciones laborales internas del sector.

Desde un punto de vista histórico, el proceso de concesión fue gravitante en la memoria colectiva y la tradición sindical, aunque esta última haya sido quebrada en buena parte a partir de los despidos puntualizados a activistas y delegados ocurridos de cara a la privatización. Esa historia interviene al menos de dos modos diferentes en el proceso de organización de los trabajadores del subterráneo: por un lado, en tanto memoria viva de las experiencias anteriores de organización y de lucha, que inscribe las voluntades organizativas promotoras en un proceso mucho mayor que se remonta a décadas pasadas, y en la forma de embrión de resistencia luego del intento de cortar de raíz esa organización. Por el otro, la historia aparece como nostalgia de tiempos mejores, o en términos más apropiados, como conciencia de derechos perdidos.

Otro componente central refiere a la incorporación de nuevos trabajadores con posterioridad al proceso de concesión, momento en que ingresaron un conjunto de “activistas”. Es decir, trabajadores con trayectorias de militancia político/sindical, e inquietudes ideológico/ organizativas que encendieron la chispa inicial que dio lugar a la fogosidad posterior que fue adquiriendo, poco a poco, el cuerpo de delegados luego devenido en sindicato. Así, la resistencia y la forma militante reaparecieron inexorablemente. En este caso además, con el condimento de una especial sagacidad para interpretar la realidad y las oportunidades abiertas por las circunstancias, a saber: la lectura certera de saber qué, cómo y cuándo llevar adelante acciones y luchas reivindicativas, la capacidad de aprovechar y potenciar las corrientes de fuerza disparadas socialmente en 2001, el contexto político de apertura en muchos sentidos iniciado en 2003, y las posibilidades halladas en la estructura y acciones de la UTA, que disputó fuertemente al interior de la CGT con los sectores colaboracionistas en la década del noventa.

Estos dones individuales se articularon además con una gran capacidad colectiva, que se potenció en la forma sindical adoptada como modus vivendi organizacional. La forma basista, en su lógica integral, permitió la construcción de decisiones y referencias que cristalizaron en una sabiduría y fuerza colectiva expandida, que ha mostrado una eficacia y una potencia insoslayables.

Finalmente, como señalamos, a medida que se consolida e institucionaliza la experiencia de la AGTSyP, se van visibilizando tensiones eludidas en las etapas anteriores. La heterogeneidad que constituye el colectivo se nutre de diversas tradiciones combativas, incorporando tanto visiones clasistas como nacional populares en el marco de una escala reducida de trabajadores, formas organizacionales asamblea-rias y altamente participativas. Esta diversidad que en muchas otras experiencias de organizaciones sociales, sindicales y políticas puede aparecer como una debilidad ya que da lugar a múltiples divisiones, en el caso de AGTSyP forma parte de sus potencialidades. Su heterogeneidad, siempre compleja y contradictoria, convive con una historia reciente pero intensa de lucha común, con una experiencia concreta de claras definiciones de objetivos y de los “otros significativos” que permitieron, pese a las tensiones mencionadas como nuevos desafíos, avanzar en procesos de acumulación organizacional y discernir lo central de lo accesorio.

Bibliografía:

Abal Medina, Paula 2009 “Dispositivos, resistencias, modos de politización: un estudio sobre la relación capital-trabajo en grandes empresas”, Tesis de Doctorado, UNGS-IDES, Buenos Aires.

Arias, Cora; Diana Menéndez, Nicolás; Juhasz, Marina; Salgado, Paula 2011 “La disputa estratégica. El caso Metro vías” en Abal Medina, Paula y Diana Menéndez, Nicolás (comps.) Colectivos resistentes. Procesos de politización de trabajadores/as en la Argentina contemporánea (Buenos Aires: Imago mundi).

Arias, Cora y Salgado, Paula 2011 “Revitalización sindical en Argentina: el caso del subte” en Revista de Ciencias Sociales (Costa Rica) N° 131. Disponible en: <http://www.revistacienciassociales.ucr.ac.cr/wp-content/revistas/131-132/11 -ARIAS .pdf >

Barthes, Roland 1980 Mitologías (México: Siglo XXI).

Bourdieu, Pierre 1997 Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción (Barcelona: Anagrama).

Bourdieu, Pierre 2008 Cuestiones de Sociología (Madrid: Akal).

Cresto, Jorge 2010 “Revirtiendo los efectos de la privatización sobre la fuerza de trabajo. Estrategias sindicales y transformaciones de las condiciones laborales en los subterráneos de Buenos Aires (1994-2008)”, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires.

Diana Menéndez, Nicolás 2005 “ATE y UPCN: dos concepciones en pugna sobre la representación sindical de los trabajadores estatales” en Fernández, Arturo (comp.) Estado y relaciones laborales: transformaciones y perspectiva (Buenos Aires: Prometeo).

Jelin, Elizabeth 1978 “Conflictos laborales en la Argentina 1973-1976″ en Revista Mexicana de Sociología (México) Vol. 40, N° 2.

Michels, Robert 2003 Los partidos políticos (Buenos Aires: Amorrortu).

Offe, Claus y Wiesenthal, Helmut 1992 Dos lógicas de la acción colectiva. La gestión política (España: MTySS).

Ventrici, Patricia 2009 “Organización sindical, práctica gremial y activismo de base en el subterráneo de Buenos Aires”, Tesis de Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, CEIL-PIETTE de CONICET y Universidad de Buenos Aires.

Womack, John Jr. 2007 Posición Estratégica y Fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros (México: Fondo de Cultura Económica).

Otras fuentes:

Entrevistas en profundidad realizadas a delegados y trabajadores de la empresa Metrovías durante el período 2007-2010.

Páginas oficiales del sindicato del subte: www.metrodelegados.com.ar, www.sindicatodelsubte.com.ar

Publicaciones del Cuerpo de delegados y de la AGTSyP

Registros de campo efectuados durante paros y asambleas de los trabajadores en el período 2007-2011.

En definitiva, es la forma sindical asumida, capaz de procesar productivamente las tensiones y contradicciones inexorables de un colectivo heterogéneo, el cimiento en el que se origina buena parte de la potencia desplegada por esta organización.

Lie. en Ciencia Política (UBA), Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Becaria de postgrado (CONICET). Docente universitaria (UBA). Pertenencia institucional: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: coracearias@gnail.com↵

Lie. en Ciencia Política (UBA), Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Investigador del CEIL/CONICET, Correo electrónico: ndiana74@yahoo.com.ar.↵

Lie. en Sociología (UBA), Maestranda en Metodología de la Investigación (UniBo-UNTreF). Becaria de postgrado (CONICET). Pertenenlnstituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: pauladsalgado@yahoo.com.ar↵

El análisis que se expone en este artículo parte del trabajo cualitativo realizado con delegados de Metrovías en el período 2007-2010, que ha constado de entrevistas en pro¬fundidad, observación participante y análisis documental de materiales generados por el Cuerpo de delegados y la AGTSyP.↵

En este trabajo retomamos los abordajes conceptuales desarrollados por Abal Me¬dina (2009).↵

Las investigaciones académicas también focalizaron su interés en esta experiencia. Tal es el caso por ejemplo de los estudios sobre "revitalización sindical" (ver Arias y Salgado, 2011).↵

Para más detalles de este proceso consultar Cresto (2010).↵

"Legitimidad significa desconocimiento, y lo que se denomina formas de lucha legítimas (la huelga lo es, pero el sabotaje no) es una definición dominante que no es percibida como tal, que es reconocida por los dominados en la medida en que se desconoce el interés que tienen los dominantes por esta definición" (Bourdieu, 2008: 252).↵

El usuario, el hombre de la calle, el contribuyente son literalmente personajes, es decir, actores promovidos a papeles de superficie, cuya misión consiste en preservar la separación esencialista de las células sociales que, como se sabe, fue el primer principio ideológico de la revolución burguesa" (Barthes, 1980: 138).↵

La ley vigente de Asociaciones Sindicales (23.551) permite la coexistencia de sindicatos simplemente inscriptos dentro de una misma área de encuadramiento. Sin embargo, sólo uno puede detentar la personería gremial. En este caso la especificidad del subterráneo en relación al transporte en general habilita la conformación de un nuevo sector de en¬cuadramiento. Por otra parte, dos fallos de la Corte Suprema de Justicia en los años 2008 y 2009, abren la puerta a la posibilidad de generar organizaciones de base con similares prerrogativas a las de los sindicatos con personería gremial.↵

Ventrici (2009) señala diferencias internas en la conducción del Sindicato en torno a la dinámica asamblearia, pero esta discusión se plantea sobre "ciertos niveles excesivos" de asambleismo, que pueden devenir en un entorpecimiento de la acción sindical.↵

Se refiere al paro de cuatro días por la reducción de la jornada en 2004.↵

En otras experiencias también podemos encontrar esta suerte de reparos frente a algunas prácticas que se asocian fuertemente con organizaciones que son caracteriza¬ das como opuestas en sus prácticas y posiciones. Tal es el caso, por ejemplo, de ATE en relación a UPCN. Ver Diana Menéndez (2005). ↵

Esta idea de interés está estrechamente vinculada al interés económico o utilitarista, y a distancia de la idea de estar interesado en la participación en el campo (ver Bourdieu, 1997). El interés aparece entonces en este campo como ilegítimo o "ideológicamente sospechoso".↵

Se refiere a secretarios y delegados de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro.↵

Womack (2007) retoma a Dunlop para advertir sobre la centralidad de ciertas posicio¬nes en el marco de las relaciones de producción para la organización obrera. El carácter "estratégico" es entendido como el "poder de negociación en virtud de la ubicación y posición dentro del proceso productivo" (Dunlop cit. en Womack, 2007: 68). El autor sostiene que la "posición estratégica" es de mayor importancia allí donde la protección de los trabajadores es menor o los derechos laborales son vulnerados con impunidad, ya que en estos casos puede ser el único recurso para defenderse de una avanzada empresaria o gubernamental. El efecto de la utilización de estas posiciones irradia al conjunto del sistema productivo. Así, al valerse de éstas, los trabajadores "se organizan en contienda directa con el capital" (Womack, 2007: 69). La capacidad latente en el subterráneo de interferir en otros procesos productivos mediante una huelga, es una cualidad que no ha de perderse de vista al analizar la construcción de su organización de base.↵

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¿Quiénes son "los vecinos"? Conflicto urbano y construcción discursiva de lo vecinal, en la ciudad de Buenos Aires (2007-2011)

Silvia Hernández[1]

Introducción

En un debate televisivo durante la campaña electoral de julio de 2011, Mauricio Macri -el actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, candidato por entonces a su reelección en el cargo- dijo que en la Ciudad “hay un solo modelo, y es el de los vecinos”. ¿Cómo entender esta afirmación? Si bien las elecciones para Juntas Comunales pusieron de relieve la centralidad de la figura de “los vecinos”, esa relevancia no es novedosa, ya que desde hace tiempo “los vecinos” tienen una marcada presencia en las disputas en torno de la política en la Ciudad de Buenos Aires. Esta figura ha ido adquiriendo un espesor que, lejos de ser una simple mención a “habitantes” de la ciudad, que tiene alcances y efectos políticos.

Dentro de una investigación más amplia acerca de la emergencia de la figura de “los vecinos” como relevante en procesos políticos y urbanos en la Ciudad de Buenos Aires durante el período 2007-2011,[2] en estas líneas abordaré un análisis de enunciados de diversas agrupaciones[3] que se autoproclaman “vecinales”.[4] Para dicho análisis, empleo un cor-pus compuesto por enunciados de agrupaciones que se presentan como “vecinales”, extraídos de sus sitios de Internet, blogs, perfiles de Facebook, foros virtuales, videos, cadenas de mails y notas en medios de comunicación, comprendidos dentro del período explicitado.

Allí -entremezcladas, en disputa y asociadas con maneras heterogéneas de definir qué es “ser vecino”- se encuentran al menos tres concepciones de la ciudad que la ponencia tiene por objetivo deslindar y describir, entendiéndolas no como meras representaciones, sino como elementos decisivos en la manera en que “los vecinos” se constituyen a sí mismos y a sus demandas. Asimismo, se indaga acerca de la existencia de elementos en común entre ellas. Respecto de esto último, uno de los rasgos fundamentales es que “los vecinos” se presentan como quienes poseen un saber de primera mano acerca de la “realidad de la ciudad”. Este saber es considerado valioso en sí mismo, lo cual los habilita a ser legítimos reclamantes ante las autoridades.

Algunas precisiones teóricas
El análisis se propone interrogar la figura de “los vecinos”, los cuales aparecen hoy en día como una evidencia. De manera recurrente, observamos que protagonizan distintas acciones (reclamos, denuncias) y asumimos que se trata de individuos que simplemente están ahí. Este trabajo sostiene, por el contrario, que “los vecinos” no son una realidad empírica, sino que su emergencia es un fenómeno discursivo.

Un análisis de este tipo incumbe a una perspectiva comunicacio-nal interesada por la producción social de significaciones,[5] que entiende que los procesos sociales no pueden pensarse por fuera del sentido que adquieren para quienes los padecen, los resisten, los transforman, en suma: los viven. [6]El sentido es social porque es fruto de un proceso ininterrumpido de disputas cuyo origen no puede atribuirse a un individuo o grupo en particular: en el legado del cruce entre el marxismo y el psicoanálisis (a partir de la obra de Althusser y sus discípulos), se puede afirmar que los sujetos son efecto de procesos más que fuentes de sentido. Entonces, parafraseando a Laclau, cuando se afirma que “los vecinos” son un objeto de discurso no significa que los habitantes de la ciudad no existan, sino que la emergencia de ciertos sectores como “vecinos” (y no como otra cosa) tiene que ver con la producción social de significaciones.[7]

Lo discursivo es una dimensión estructurante de la realidad, lo que implica cuestionar el estatuto de los referentes empíricos como entes preexistentes que el lenguaje designa, adecuándose o no: más bien, la nominación produce los objetos de manera retroactiva y contingente (Zizek, 1992). Si, además, se tiene en cuenta que lo discursivo no se reduce a lo lingüístico (Laclau y Mouffe, [1985] 2004), es posible entonces pensar el espacio de la ciudad como so-cialmente producido y, por ello, significativo. Un análisis de este tipo implica necesariamente dejar atrás cualquier consideración esencialista del espacio (Deutsche, 2001) así como tomar distancia de una noción moderna de representación (solidaria de la de referente), ya que ésta, como se dijo, implica la existencia de una realidad que sería referida por el lenguaje con mayor o menor distorsión. Para el caso que nos convoca, es claro que no posee las mismas consecuencias políticas que la ciudad sea construida como “tierra de nadie” o como “patrimonio”.

La propia definición de una identidad vecinal se vuelve objeto de disputas, ya que la naturaleza contemporánea de “los vecinos” es fruto de las articulaciones discursivas específicas y no de definiciones de diccionario. Es en este nivel de constitución misma de lo social donde sitúo el eje de interés: la figura de “los vecinos” ha devenido crucial en procesos donde se juegan -dicho de manera muy general- las formas del estar en la ciudad. En este sentido, puede hablarse de una politización de dicha figura, afirmación que no resulta contradictoria con el hecho de que, por lo general, las agrupaciones vecinales se presenten como “apolíticas”: por más que se autodenomine de esa manera, cualquier presencia visible en la ciudad posee ya un carácter político, en tanto tiene lugar en medio de relaciones de fuerza y distinciones socialmente elaboradas entre formas más y menos legitimadas, así como de disputas en torno de los usos -”correctos” e “incorrectos”, “adecuados” o “inadecuados”- del espacio.[8]

En conclusión, la ciudad contemporánea es un lugar privilegiado de visibilización de la permanente construcción social de los escenarios históricos a partir de condiciones dadas, donde los sujetos no son actores que entran a un escenario del cual toman voluntariamente elementos preexistentes para llevar adelante una acción intencionada, sino que es en la disputa permanente por establecer lo-que-las-cosas-son donde se constituyen a sí mismos, reconocen a los otros y a su vez dan forma al entorno.

Acerca del análisis

El trabajo se centra en el análisis de las formas en que agrupaciones que se autodefinen como “vecinales” se representan a sí mismas, a su relación con los otros y con el entorno. Las representaciones de la ciudad que se ponen en juego están en estrecha ligazón con el tipo de demandas que sostienen, con las formas de organización y de acción que llevan adelante, y con la representación que se hacen de sus propias capacidades de conseguir lo que quieren.

Clasificaré tales enunciados en tres grupos, de acuerdo a la demanda u objetivo principal explícitos. El primero está relacionado con el reclamo por la efectivización de la Ley de Comunas y con la puesta en funcionamiento de Consejos Consultivos y Juntas Comunales. Un segundo grupo de enunciados se organiza en torno de la cuestión de la “inseguridad”, y en el tercero aparece un reclamo por la defensa del patrimonio edificio y un rechazo la construcción de torres.

No se trata de una clasificación estanca ni exhaustiva, dado que la demanda principal no suele ser la única. Además, esta clasificación no impide la existencia de distintas formas de sobredeterminación entre unos y otros, ni de transformaciones o eventuales articulaciones en el tiempo. Tampoco dentro de cada grupo hay homogeneidad: por ejemplo, en el último grupo de enunciados hay variantes que dependen en buena medida del barrio en que estén localizadas las agrupaciones en cuestión.[9]

En suma, no se pretende encasillar a determinadas agrupaciones o movimientos dentro de uno u otro conjunto, sino que se procura detectar los elementos mediante los cuales se organizan distintas articulaciones discursivas[10] con implicancias diversas. Esto tampoco supone vincular la temática, por ejemplo, de las Comunas a una articulación específica de manera excluyente, descartando así la posibilidad de pensar los modos en que puedan darse pasajes y tensiones en la dinámica social. He preferido no obstante optar por cierto esquematismo a los fines expositivos.

Para alivianar la lectura, no utilizo comillas cada vez que empleo el término “vecinos”, aunque por razones teórico-metodológicas debería hacerlo, como forma de marcar que se los concibe como una identidad que adviene en el discurso y no como sujetos empíricos. Valga la aclaración para lo que sigue del trabajo.

Por último, por razones de formato intervine sobre la tipografía, los colores y la disposición de algunos de los enunciados tomados de sitios o blogs de Internet. No obstante, mantuve la redacción, el tipeo y los destacados originales. En los casos en que introduzca algún destacado propio, será debidamente aclarado.

QUINCE COMUNAS, UNA CIUDAD

Próximo Encuentro del Consejo Consultivo Comuna 12 Auto-convocado – Martes 9 de agosto, 19.30 hs.”Los vecinos somos la Comuna” Nos animamos a pensar y dibujar que Comuna queremos. No abandonemos la lucha!!

Otra Ciudad PARTICIPATIVA es posible!! – (VECINOS POR EL 25 DE MAYO – Agosto de 2011)

En primer lugar, trabajaré con una serie de enunciados vinculados a agrupaciones que se movilizan en pos de la efectivización de la Ley de Comunas, a partir de blogs del Espacio Intercomunal Comunas Ya, del Movimiento Comunero,[11] de Mancomunas del Centro y del Norte, y del Consejo Consultivo de la Comuna 15 y de la 12. A ello sumaré debates de la lista de correos electrónicos [comunasya].[12]

Aquí, la ciudad aparece como una sola, más allá de la división en comunas y las eventuales problemáticas específicas en cada una de ellas. A diferencia de las concepciones que abordaré luego, en este caso el punto de partida no es el territorio vivido, sino la ciudad en su división político-administrativa.

La unidad de la ciudad se sustenta en la coincidencia entre la división administrativa en comunas, el territorio y la presencia de los vecinos. “Los vecinos somos la Comuna”[13] y las comunas saturan la ciudad. La diversidad barrial y de necesidades específicas, a la que se hace referencia frecuentemente, se subsume sin embargo a la demanda generalizada por la efectivización de la Ley de Comunas, la cual aparece como la vía para lograr la “democracia participativa”, y, con ella, la transformación de la ciudad actual en la ciudad verdadera, la de los vecinos.[14] Por ejemplo, el Movimiento Comunero coloca como su slogan: “El poder a los vecinos”.[15]

La ciudad como un todo figura tanto en el diagnóstico que se hace de la ciudad actual como en la ciudad proyectada cuando las comunas estén en plena vigencia. Se contraponen así dos Buenos Aires: una se puede llamar la ciudad de los políticos -ciudad de hecho-, la otra, la ciudad de los vecinos -ciudad de derecho. Entre ambas no parece haber vasos comunicantes, de la misma manera en que los vecinos aparecen separados por un “abismo” de los políticos. La separación que existe entre nosotros -”los vecinos”- y ellos -”los políticos”- se reproduce en la concepción de la ciudad.[16]

La ciudad emerge entonces o bien como un “único objeto rentable” (“materia prima bruta para comerciantes de dentro y fuera de la Legislatura”),[17] o bien, por el contrario, como un “espacio habitable” (justa, equitable, con “calidad de vida para los vecinos”). La alternativa es mutuamente excluyente, y los conflictos y divisiones actualmente existentes en la ciudad -de las cuales la que separa Norte y Sur aparece como la más destacada- son vistos como efectos de la especulación y los intereses ajenos a los de los vecinos.[18] Se deduce de ello que, si no hubiera intereses económicos “ocultos”, la ciudad se mostraría como una sola ciudad compuesta de realidades vecinales diversas, pero armónicas entre sí. Esta diversidad natural dentro de los límites de la ciudad es la de la pluralidad de identidades barriales, no la de las desigualdades creadas por quienes ven en la ciudad un objeto de especulación y rédito. En este punto, esta concepción es cercana a la que analizaré luego en torno de la preservación del patrimonio y el freno a la construcción de torres. Sin embargo, el rasgo específico de los “vecinalistas” radica en que las comunas y la ciudad misma aparecen primero en tanto formas de organización político-administrativas, y recién en un segundo momento en su carácter territorial. El vector va desde las formas de organización, participación y representación hacia la configuración territorial. Además, la ciudad coincide con los límites administrativos. Veremos en cambio que, para quienes se preocupan por el patrimonio, las divisiones administrativas son reconocidas, pero el interés no estará centrado en las “formas” sino en su “contenido”.

La configuración espacial se entrecruza con series temporales. La ciudad es, por una parte, el lugar de la repetición: el que los vecinos transitan cotidianamente, donde trabajan todos los días, donde residen. Esto afianza el vínculo entre vecino y ciudad, y hace de ellos, por un lado, unos individuos que se ven ampliamente afectados por lo que ocurre en el espacio urbano, y, por el otro, unos genuinos conocedores de las necesidades de los barrios.

A una comparabilidad entre las comunas de la ciudad le corresponde otra entre los vecinos. En general, los vecinos aparecen como un conjunto homogéneo, con la característica específica de ser gente “común”, “apolítica”, “no partidaria”, con un fuerte sentido ético y moral. Por ejemplo, el Movimiento Comunero formula que su objetivo es construir “un movimiento político no tradicional, nuevo, basado en los lincamientos generales de la democracia participativa y asentado en el protagonismo del vecino común’ y sus agrupaciones, como actor político central de la vida en las Comunas y en la Ciudad” (Movimiento Comunero, s/f).

Sin embargo, la forma en que los vecinos se auto-representan es doble. Por una parte, como se dijo, se trata de los habitantes de la ciudad, aquellos que la transitan cotidianamente. Pero, por la otra, en tanto se diagnostica que la ciudad se encuentra en una situación de “emergencia” donde el nivel de corrupción alcanza los límites de lo tolerable, y donde la ciudad misma se ha convertido en un territorio para los negocios en detrimento de los verdaderos interesados, los vecinos se ven frente a una “responsabilidad ética” de actuar, se encuentran “empujados a involucrarse en política”. La “democracia participativa”, entendida como “el poder en manos de los vecinos” constituiría entonces la única salvaguarda para la ciudad y la democracia.[19]

Se identifica un otro con el cual la distancia es insalvable: “los políticos” aferrados a la democracia representativa y a los negocios sobre la ciudad. Tanto ese régimen político como el afán de lucro excluyen y perjudican al vecino.[20] Contra esta “corporación política en el poder”,[21] los vecinos se constituyen como un nosotros que, como se vio, es por momentos abarcativo (“el vecino de a pie”), pero en otras ocasiones se abre en una separación que va del vecino -a secas- al vecino parti-cipativo. Se pone el acento en el carácter “voluntario” de la participación, que contribuye a marcar la distancia del vecinalismo respecto del sistema de partidos.[22] En otras palabras, el antagonismo (Laclau y Mouffe, [1985] 2004) respecto del “corporativismo” de los partidos políticos coloca a los vecinalistas ante el esfuerzo eterno por constituir a los vecinos -a secas- como vecinos participativos.[23] Sin embargo, esa distinción da lugar en ciertas ocasiones a una ambigüedad hacia “los vecinos que no participan”.[24]

De la tierra de nadie a las cuadras organizadas

¿Será Ud. la Próxima Víctima?

La seguridad se ha convertido en uno de los factores que tienen mayor incidencia sobre la calidad de vida de los habitantes de una comunidad que, además de las agresiones que reciben diariamente por la desocupación, el difícil acceso a la salud y educación, marginación, exclusión y discriminación, no se los protege del delito ni la violencia. (Vecinos Solidarios, Plan Alerta, Saavedra, s/f)

En esta parte del trabajo procuraré rastrear ejes que permitan arribar a la concepción de la ciudad vinculada a la posición de los vecinos organizada a partir de la problemática de la inseguridad.[25] A diferencia de manifestaciones masivas que se realizaron pidiendo “más seguridad” (donde el blanco de los reclamos era el Estado),[26] en el caso que trabajaré aquí es importante el rol que ocupa la propia acción del vecino en la colaboración y elaboración de estrategias de disuasión del delito. Como fuentes para el análisis, trabajaré con los blogs, perfiles Face-book y sitios web de la Red Amparo Vecinal, Vecinos en Alerta (Parque Chacabuco), Vecinos Solidarios (Plan Alerta de Saavedra) y Flo.Par.Ch. (Flores y Parque Chacabuco).[27]

La ciudad aparece, en primer lugar, como tierra de nadie. En contraposición con el grupo anterior, que reivindicaba que, a pesar de haber sido tomada por los intereses de políticos y especuladores, la ciudad era por esencia de los vecinos, en este caso el acento está puesto en la retirada de los vecinos de una ciudad que devino territorio de la delincuencia: la magnitud de la amenaza los obliga a encerrarse en sus hogares y recluirse tras las rejas.[28] Mediante una sobreimpresión de una nueva cartografía al mapa político-administrativo, se espacializa el peligro: la ciudad -o partes de ella- devienen áreas de riesgo. La recolección de casos aislados y su distribución sobre el plano, como en los mapas de la inseguridad, inaugura una ciudad directamente vinculada con la vida misma de los vecinos. La ciudad o el barrio son ahora terrenos definidos por la presencia vecinal y ya no por límites administrativo-políticos: es el espacio donde la población corre riesgo, dando lugar a una territorialidad primera relativa a la vida y la muerte, a la seguridad y al peligro.[29]

En el primer grupo de enunciados la ciudad aparecía como un bloque. Aquí, es una agregación de cuadras y de casos aislados. De la sumatoria de hechos delictivos puntuales, se va ampliando la perspectiva, tanto en el eje institucional (vecino, red solidaria, policía, instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales)[30] como espacial (casa, cuadra, serie de cuadras, barrios, otras localidades, nacionales e internacionales).[31]

De la misma manera en que la ciudad como una totalidad es relegada a un segundo plano, la unidad de los vecinos como un conjunto homogéneo carece también de importancia para los vecinos movilizados por la inseguridad. A diferencia de los vecinos comuneros, en el caso de los securitarios lo único necesario para el funcionamiento de la red es la suma de un mínimo de adhesiones individuales.[32] No se trata de conformar un “cuarto poder” específicamente vecinal, sino que aquí el vecino se posiciona como colaborador. El formato de red supone la permanencia de cada uno en su puesto original, con el valor agregado del establecimiento de canales comunicantes.

Aquí, el derecho al espacio urbano está dado por la residencia, de manera que no cualquier presencia será un vecino por el sólo hecho de encontrarse dentro de los límites geográficos de la ciudad: de allí el énfasis puesto en la detección de todo signo “extraño”. En tanto los vecinos aparecen como un conjunto viviente y residente en un lugar determinado, el desconocido es un potencial factor de infección: se entiende así que la calle pueda transformarse en “tierra de nadie”. La construcción de un nosotros viviente es coextensiva de la delimitación de un exterior: se trata de las presencias heterogéneas que “merodean” por el barrio.

La naturaleza de la amenaza se presenta, en algunos casos, como resultado de una multiplicidad de causas tan inmensa que el vecino se encuentra desorientado. La acción defensiva y preventiva surgirá ante el desconcierto de una situación permanente de peligro que no puede ser comprendida, dentro de un escenario calificado de “anomia”.[33] En algunos casos, se pone el acento en determinados grupos a los que se toma como poblaciones riesgosas, que se vuelven reconocibles a partir del establecimiento de signos precisos.[34] La indefensión del vecino es asociada a la dificultad de ver bien, de reconocer. Es en este punto donde la organización vecinal retorna a la ciudad mediante la elaboración de una serie de mecanismos orientados a construir un saber acerca de los peligros.

Se advierte un primer momento (pre red vecinal), donde los vecinos aparecen como un conjunto atomizado e indefenso, cuya vida cotidiana se ha visto modificada por el “incremento de la actividad delictiva”. El delito ya no es un suceso fortuito y excepcional que hace del afectado una “víctima”, sino que se advierte una inversión: considerar que se vive en condiciones permanentes de “inseguridad” es una forma de ser “víctima”. El nosotros vecinal se mantiene en una ambigüedad entre la participación y el llamado desesperado de ayuda. Cada vecino afirma su condición individual de víctima: el “todos” deriva de la suma-toria de vidas individuales.

El nosotros de los vecinos aparece constituido con anterioridad a la formación de las redes: se trata del conjunto de los residentes de un área afectados en su vida y en su propiedad misma. La condición de “víctima” antecede a la participación y es la que permite el mecanismo ideológico por el cual se constituye un nosotros indivisible en tanto que vivientes. Lo que está aquí en primer lugar es la libertad y la vida individuales: sólo por derrame se haría posible una transformación de vínculos comunitarios, pero este segundo aspecto no figura nunca entre los objetivos principales de las agrupaciones.[35]

Un segundo momento, ligado a la organización vecinal -bajo la forma ya no de asambleas o foros, sino de redes- aparece como el punto de inflexión entre una cotidianidad asediada por el miedo y caracterizada por el aislamiento. El pasaje entre un antes y un después de la organización no sólo tendría consecuencias sobre el modo en que los vecinos viven la situación de inseguridad, sino también sobre la manera en que la ciudad misma es concebida. Si en un primer momento las calles eran un territorio de “anomia” y “peligro”, la presencia de la red vecinal cambia el desorden por un espacio reticular cuan-tificable. En general, los objetivos que se da la organización de redes son la disuasión -evitar que el crimen tenga lugar- y la mejora de los contactos con la policía. El medio para lograrlos es la “multiplicación de los ojos”, aunque ésta, sin coordinación entre los vecinos, carece de utilidad.[36] Además del desarrollo de estrategias de disuasión del delito, la elaboración de estadísticas o mapas de inseguridad permitiría sacar a la luz las características ocultas -las “áreas peligrosas”, los “horarios críticos”- en el trazado urbano. El mapa de la inseguridad es un elemento clave de esta doble composición de la ciudad: a riesgo difuso, saber preciso.

Se establece, para el funcionamiento de las Redes Vecinales, una “unidad funcional” mínima (la cuadra), que irá luego siendo caracterizada a partir de la “observación” y la “participación” de los vecinos. La ciudad está compuesta por estas unidades menores, comparables, medibles, susceptibles de ser vigiladas desde las mismas casas y descriptas cada una en su especificidad, según la zona en la que se encuentre y los modos de vida de sus habitantes. Se desarrolla así un saber en torno de signos y estrategias preventivas: se apunta a reducir el no-saber (principal fuente de temor y de la “disminución de la calidad de vida”). Mediante las operaciones de reconocimiento e interpretación de signos, se pasa del temor por no saber al saber como manera de recuperar el “control” de la cuadra y, así, de la propia vida.[37]

La organización en red faculta a los vecinos de la cuadra a interpretar constantemente los signos en base a criterios preestablecidos,[38] a decodificarlos y a actuar en consecuencia. Entonces, la operación principal es convertir eso que se presenta de forma desordenada en signo de otra cosa. Además, la detección de los signos no sólo importa para la acción inmediata, sino que se acumula en otra serie, que permite elaborar diagramas que plasman las características permanentes de la cuadra: horarios críticos, áreas de mayor “inseguridad”.

De la consideración del vecino como potencial víctima se opera un giro en este segundo momento, donde no sólo el terreno del barrio se convierte en el espacio de intervención y vigilancia por excelencia, sino también los propios vecinos pasan de “víctimas” a “ejecutores” de las acciones preventivas y “colaboradores” de la administración pública. En la relación que se entabla con la policía y los funcionarios públicos, se pone de relieve la voluntad de “cooperación” vecinal.[39] A diferencia del antagonismo descripto en el primer apartado, la relación aquí con estos otros es de complementariedad y colaboración, posibilitada por encontrarse todos más acá de la frontera radical trazada respecto de los “peligrosos”. El organizarse emerge así como el operador del pasaje y desplaza el aislamiento hacia una serie de otras relaciones que, sin embargo, no construyen un colectivo: el vecino individual -al que eventualmente se sumará su familia- es la unidad mínima de participación.[40]

La organización vecinal propuesta es una agregación de individuos que procura, a partir de la explicitación del rechazo de todo “partidismo” (igualado a “corporativismo”) mantenerse dentro del terreno de lo “apolítico”.[41] Esta voluntad se funda y se afirma en la pretendida universalidad del reclamo: dado que tanto la vida como la propiedad privada aparecen como valores universales,[42] es posible una acción de defensa de los mismos que no implique parcialidades. La “política” es aquí lo que fractura: el conflicto es una anomalía rechazada en pos del “consenso”.

Los cien barrios. buenos aires: entre bagdad y disneylandia

Por eso es importante, vecinos de Villa Pueyrredón y Agronomía, estar ahora más presentes que nunca, estar ahora más atentos que nunca para que todos estos meses de lucha no sean desvalorizados por cuestiones políticas, para que la ley no sea modificada en ninguna de las instancias de votación, para que todos sepan que los vecinos estamos muy decididos a salvar al barrio, para que se entienda que NO QUEREMOS MAS TORRES EN DEL CARRIL NI EN PAMPA, y que estamos muy resueltos a hacer valer nuestros derechos ciudadanos. (Salvemos al Barrio, 21/10/2009)

Nosotros nos oponemos a la torre Quartier así como está planteada porque va a romper con el tejido social y urbano del barrio, y porque es la punta de lanza para la destrucción definitiva del casco Histórico y de nuestra vida vecina. (San Telmo Preserva, 25/02/2010)

En este tercer y último bloque trabajaré con una serie de enunciados donde los vecinos aparecen movilizados por dos demandas vinculadas: la protección del patrimonio -tangible e intangible- y la detención de la construcción de torres en barrios residenciales. Existen variantes entre las agrupaciones consideradas, sobre todo en el énfasis asignado a la preservación patrimonial. No obstante, las englobaré dentro del mismo conjunto, aunque en ciertos casos convendrá realizar las salvedades correspondientes. Trabajaré aquí con enunciados firmados por San Telmo Preserva, Palermo Despierta, Proteger Barracas, Salvemos al Barrio y Vecinos de las Casas Bajas (estas dos, de Villa Pueyrredón).[43]

Si primero la ciudad constituía un todo capaz de englobar una diversidad, y luego, con la “inseguridad” como problema, la perspectiva se situaba al nivel de la cuadra, ahora los vecinos están relacionados directamente con el barrio. Cada barrio tendría su idiosincrasia, y el conjunto de barrios diferentes harían de Buenos Aires una ciudad “única” y “atractiva” para residentes y visitantes. Se advierte una personificación de los barrios, un “espíritu” barrial, asentado en las edificaciones tradicionales[44] y del cual emanan las formas de la “vida vecina”. Si el barrio de transforma, la vida también. Hacia afuera el barrio aparece como un objeto unificado interiormente y distinto de los que lo rodean. Esa diversidad entre los barrios es para los vecinos un bien que hay que preservar, y ello se logra a partir de la conservación de la fisonomía interior y de los usos y costumbres específicos.

Este esquema barrial se ve amenazado por el avance de distintos proyectos orientados ya no a la ciudad como valor de uso, sino a lo urbano en tanto que valor de cambio.[45] Se pueden contraponer dos representaciones antagónicas de la ciudad, similares a las del primer apartado: a la Ciudad de los Vecinos se le opone la Ciudad de los Negocios. No obstante, en este caso, el interés se centra en el barrio. De un lado, puede agruparse la homogeneización -aplastante, caricaturesca-, los grandes negocios, lo anónimo, y la pérdida de “escala vecinal”[46] derivada de las “monstruosidades inhumanas”.[47] Aquí del barrio sólo quedaría el continente, la mera demarcación territorial “vacía de significación”. La “topadora” es una metáfora de las constructoras y del supuesto “progreso” a ellas asociado. Del otro, está el barrio como contenido: un territorio con identidad propia, considerado casi un personaje viviente.

Asimismo, la “calidad de vida” de un barrio no se expresaría sólo en su fisonomía y en el estado de preservación de sus edificios sino también en las formas de vida típicamente “vecinales”. Se establece una relación entre un barrio que conserva sus características de antaño y un modo de vida donde “todos se conocen”, donde prima la solidaridad, el “cara a cara”, por oposición al anonimato de los edificios. Por extensión, aquello que debe ser protegido no es sólo el patrimonio tangible sino también esa idiosincrasia local que completa al barrio y que lo diferencia de una escenografía para turistas.

En este punto, se encuentra un segundo elemento que, junto con las torres, mina la calidad de vida vecinal. No se trata solamente de la sombra, la falta de infraestructura y servicios o la homogeneidad visual, sino también, en el caso de los barrios turísticos, de una conversión del las veredas del barrio “en Bagdad”. Aquí se encuentra un punto de tensión en el interior de la propia demanda vecinal: si el patrimonio se “pone en valor”, la calle se vuelve para ellos un “caos”, como en Defensa o en la Plaza Serrano, a causa de la afluencia de turistas y vendedores ambulantes.[48] El reclamo por la preservación barrial se organiza alrededor de un modo más o menos rígido de vida vecinal considerada genuina, con el consecuente establecimiento de una serie de “buenos” y “malos” usos del espacio así como de inclusiones y exclusiones. La presencia de estos vendedores, músicos, etc., se constituye como la de los indeseables que alteran la calidad de vida vecinal, punto en el que hay un acercamiento con la posición de los vecinos que reclaman por más seguridad: la demanda es por el orden en las calles y la eventual expulsión de lo que mine los usos legitimados -los de los vecinos. En este punto, la condición de elemento extraño como lo que pone en peligro un modo de vida que aparece como un derecho, le cabe tanto a la torre-misil como al mantero de los domingos.[49]

De manera general, la dimensión temporal con que los barrios son concebidos se vincula fuertemente a un pasado mítico: el de la infancia, el de las relaciones interpersonales sobre el cual el presente pesa como una severa amenaza. La demanda vecinal se organiza en torno de la esperanza de restitución de esa vida añorada y hoy al borde de la disolución[50] La preservación de los edificios antiguos aparece como el camino para la restitución de una vida comunitaria plena. Por ello, la defensa del patrimonio no implica sólo la conservación de algunos artefactos urbanos en el presente, sino la fantasía de lograr unas relaciones genuinas, auténticas, más “humanas”, que las que sería capaz de propiciar la sociedad actual.

Los vecinos se configuran como defensores de una forma de vida peculiar de cada barrio, y como personas que se vinculan a partir de la protección de lo más básico: la vida cotidiana, entendida como la que se da en el barrio residencial como habitat natural. En tanto ellos viven de acuerdo a esas formas, poseen también un saber específico de aquello a preservar.[51] La vida barrial así definida es para los vecinos un derecho, y por ello están llamados a monitorear las acciones del gobierno y de las constructoras sobre el territorio. Así, el reacondicionamiento de las viejas estructuras parece ser en ocasiones una opción “saludable”, que permite conjugar preservación y progreso, manteniendo la calidad de vida.[52] En este punto cabe retomar la figura del vecino: el patrimonio urbano aparece naturalmente vinculado a la calidad de vida de los vecinos en tanto que propietarios, y la defensa de esta última se ampara en un valor que se pretende universal: la memoria colectiva o la historia de la ciudad que portan sus edificios antiguos. Podría decirse que la defensa de lo residencial es una de las maneras en que la conservación de la propiedad privada es vivida por quienes se identifican como vecinos. Se trata de una batalla que parece librarse entre pequeños propietarios (cuya condición de tales no queda a la vista) y grandes inversionistas.[53] Diversos autores muestran cómo ciertas operaciones de reciclado urbano están muchas veces asociadas a procesos de gentrificación, en tanto “remakes urbanas de clase”, cuyo carácter clasista aparece distorsionado mediante mecanismos ideológicos como el de la regeneración urbana (Smith, 2008).[54]

Las agrupaciones hacen especial hincapié en su condición de “autoconvocadas”.[55] En este punto, se sitúan en la misma línea que las anteriores agrupaciones vecinales: se constituyen como apolíticas, distinguiéndose así respecto de las formas de organización y movilización tradicionales (partidos, sindicatos, etc.) y de las instituciones gubernamentales.

El carácter pretendidamente apolítico de los reclamos, así como de los vecinos que los sostienen, ancla en la presentación de los intereses vecinales como un bloque homogéneo y fuera de discusión: los vecinos tienen intereses naturales de vecinos,[56] que trascienden las “divergencias ideológicas” en tanto hacen a la calidad de vida y al habitat. Las diferencias pueden provenir de identificaciones o pertenencias siempre secundarias respecto de la vecindad de cada individuo, pero no antecederla en ningún caso.[57] La comunidad vecinal (comunidad de intereses, de identidad) da cuenta del carácter de fantasía (Zizek, 1992) de dicha concepción, en tanto colocada en un nivel superior a los desacuerdos temporales, ocasionales, contingentes -por encima, en definitiva, de la política.

La identidad vecinal se constituye relacionalmente. En el caso de los vecinos patrimonialistas o anti-torres, la separación radical, el antagonismo, para decirlo en términos de Laclau, se ubica en relación con las grandes constructoras. Éstas aparecen como la presencia misma de la anticomunidad, como aquella identidad que impide a los vecinos constituirse íntegramente como tales, lograr una vida vecinal plena.[58] En algunos casos, se enfatiza en la relación entre las constructoras e inmobiliarias y los funcionarios del GCABA, basada en intereses económicos en detrimento de los de los vecinos. En este punto comparten con los vecinalistas el rechazo en general a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, en tanto se los acusa de asociarse con los intereses económicos de las constructoras y, así, de avalar la destrucción de la vida barrial.[59] Sin embargo, aquí la relación con funcionarios y con constructoras no es la misma, ya que las acciones vecinales se orientan más a los primeros que a las segundas. Sobre los funcionarios se ejerce presión, se hacen reclamos, aún cuando se considera que lo que los rige son intereses distintos a los vecinales.[60] 

A modo de síntesis

Resumiré a continuación los puntos principales extraídos del análisis. Respecto de la concepción de la ciudad, para la posición vecinal definida por la demanda de “participación”, la ciudad aparecía en primer plano como un todo en términos político-administrativos más que territoriales, saturado por las comunas. Esta concepción se basa en dos modelos antagónicos de ciudad, que designé como la de los políticos y la de los vecinos. Para los vecinos movilizados en torno de la “inseguridad”, la ciudad como un todo no es ya algo central, sino que se trata más bien de las cuadras como unidades concretas de territorio poblado, aislables y medibles de acuerdo a su “peligrosidad”: la ciudad es el lugar donde la población corre riesgo. Por último, los que reclaman la defensa del patrimonio y se oponen a la construcción de torres se colocan en el nivel del barrio, personificado en una identidad única que forma unidad con los modos de vida vecinales. Las torres constituyen enclaves que destruyen esa armonía entre edificios y usos “naturales” del espacio.

En el primer apartado, el nivel donde emergen los vecinos se definía de acuerdo a una modalidad de intervención en las cuestiones urbanas: la participación directa contra la representación, el privilegio del “cara a cara” contra las relaciones políticas mediadas. En el segundo, la medida era la familia de vecinos en relación con la cuadra y la vida individual. Para los terceros, la “escala vecinal” se establece a partir de un modo -y una calidad- específicos de vida. Además, toda definición de los vecinos como identidad se construye relacionalmente. Los “vecina-listas” aparecen están separados “por un abismo” de los políticos en su conjunto. Algo similar ocurre entre los “anti-torres” y las constructoras e inmobiliarias. Para los “securitarios” existe un “otro” -los delincuentes-que amenaza la vida, pero la cuestión de la identidad vecinal no se pone en juego de manera tan marcada como en los otros dos grupos.

En los tres se pueden observar pretensiones de “apoliticidad”, construidas de diferentes maneras. En general, lo que se advierte es una reivindicación de la “gente común” que sabe de las cosas por vivirlas cotidianamente. Este saber espontáneo es constituido como un valor: las intervenciones de los vecinos reivindican el “sentido común” y reclaman por lo que a sus ojos resulta obvio. Esta “apoliticidad” se funda en la naturalización y universalización del objeto de reclamos.

La auto-constitución de los vecinos como reclamantes se encuentra, como se ha visto, en una fuerte relación con la manera en que la ciudad es concebida. Esta relación puede aún ser profundizada y, luego, contrapuesta con el modo en que desde las instancias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se interpela a los gobernados como “vecinos”.

Bibliografía

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Althusser, Louis 2004 (1967) La revolución teórica de Marx (México: Siglo XXI Editores).

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Gentrification” en October (Cambridge: MIT Press) Vol. 31, Invierno.

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Foucault, Michel 2009 Seguridad, territorio, población: curso en el

Collége de France (1977-1978) (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

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Laclau, Ernesto 1993 Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo (Buenos Aires: Nueva Visión).

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal 2004 (1985). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

Smith, Neil 2008 (2002) “New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy” en Brenner, Neil y Theodore, Nik (eds.) Spaces of Neoliberalism. Urban Restructuring in North America and Western Europe (Malden: Blackwell).

Zizek, Slavoj 1992 El sublime objeto de la ideología (México: Siglo XXI).

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (FSOC-UBA). Maestranda en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad (FFyL-UBA). Docente en Teorías y Prácticas de la Comunicación III (Carrera de Ciencias de la Comunicación, FSOC-UBA) y en Teoría de los Medios y de la Cultura (Carrera de Edición, FFyL-UBA). Becaria doctoral de CONICET (IIGG, UBA). Correo electrónico: hernandez_silvia@yahoo.com.ar↵

El período coincide con el primer mandato del actual jefe de gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri.↵

Con el término "agrupaciones" refiero de manera genérica a una gama bastante amplia y heterogénea de agrupamientos↵

La investigación se encuadra en un trabajo de tesis de maestría que incluye, además, un análisis del modo en que, desde instituciones del gobierno local, se interpela a los gobernados como "vecinos".↵

Esta perspectiva se vincula a las discusiones del Proyecto UBACyT 20020090100234: Discurso, Política, Sujeto: encuentros entre el marxismo, el psicoanálisis y las teorías de la significación, dirigido por el Prof. Sergio Caletti.↵

Respecto de la ideología como lo vivido: "Los hombres viven sus acciones, referidas co-múnmente por la tradición clásica a la libertad y a la conciencia', en la ideología, a través y por la ideología, en una palabra, que la relación 'vivida' de los hombres con el mundo [...] es la ideología misma." (Althusser, [1967] 2004: 193. Énfasis original).↵

Más aún, es necesario destacar que esa emergencia como "vecinos" nada tiene que ver con la definición de diccionario del término, sino con una específica articulación fruto de la propia dinámica social. Si se rastrea el uso del término en otras épocas, se ve que el hecho de que hoy aparezcan como sujetos con injerencia en la cuestión urbana, en un vínculo específico con las instancias de la administración a raíz de un tema central de la agenda política como lo es el espacio público, es un fenómeno inédito y decisivo que un análisis que tenga en cuenta la relevancia de la producción social de significaciones en los procesos sociales no puede soslayar.↵

"El establecer los fundamentos que demarcan un espacio público político, decidir qué es legítimo y qué ilegítimo en el seno de dicho espacio, es inevitablemente un proceso político. Se trazan diferencias y similitudes, se ejecutan exclusiones, se toman decisiones" (Deutsche, 2001: 312).↵

Si bien no me adentraré en ello, vale aclarar, aún de forma muy general, que pueden encontrarse diferencias entre quienes defienden el patrimonio en barrios considerados turísticos (San Telmo, Palermo), quienes lo hacen en zonas más desfavorecidas (Barra¬cas, La Boca, Floresta) y las agrupaciones de barrios residenciales donde se da el llamado "boom inmobiliario" (Caballito, Villa Urquiza, etc.).↵

Cf. Laclau, E. y Mouffe, Ch. ([1985] 2004).↵

El Espacio Intercomunal surge en 2001. En 2008, tras la postergación de las elecciones comunales, programadas en principio para ese año, este espacio recoge la experiencia de otros grupos y asambleas que presionaron por la puesta en práctica de las comunas en la Ciudad de Buenos Aires: Red de Vecinos, Comunas de Buenos Aires. Cabe recordar que la Ley 1777 (Ley de Comunas) se aprobó en 2005, pero su aplicación se vio postergada hasta las recientes elecciones de julio de 2011. No obstante, desde 2006 las agrupaciones mencionadas pusieron en práctica los Consejos Consultivos Comunales de manera auto-convocada. En 2007, en el marco del Programa de Transición a las Comunas del GCABA se convocó a la conformación de Pre-Consejos Consultivos Comunales. Tal como sus propios integrantes expresan en su blog, en 2011 el Espacio Intercomunal da por cumpli¬do su objetivo y se reconfigura en un área institucional (Interconsejos Comunales) y otra política (Movimiento Comunero). ↵

 Webs consultadas: 1. Espacio Intercomunal Comunas Ya: <http://eintercomunal.blogspot. com/>, <http://transicionalascomunas.blogspot.com/>, <http://cccomunales.blogspot.com/>. 2. Movimiento Comunero: Canal en Youtube (<http://www.youtube.com/user/Movimiento-Comunero>), <http://movimientocomunero.blogspot.com/> 3. Comuna 15: <http://lacuma. blogspot.com/>, <http://temasypreocupaciones.blogspot.com/2008/05/la-comuna-15.html> 4. Mancomuna del Norte: <http://mancomunadelnorte.blogspot.com> 5. Mancomuna del Centro: <http://mancomunadelcentro.blogspot.com/> 6. Comuna 12 (Vecinos por el 25 de Mayo): <http://parquechasweb.com.ar>, <http://vecinosporel25demayo.blogspot.com.ar/> Esta agrupación, además, trabaja en relación con la defensa de la cultura, aspecto que no abordaré aquí.7. Lista de correo electrónico [comunasya]. Acceso el 01/08/2011.↵

Empleo comillas para términos o frases tomadas literalmente del material de análisis.↵

Me refiero principalmente a declaraciones anteriores alas elecciones de julio de 2011, dado que a partir de ese momento empieza a ponerse en duda la relación inmediata entre la elección de las Juntas Comunales y la realización de una democracia participativa real. Se empieza a hablar de comunas "de punteros".↵

"La integración de la Ciudad de Buenos Aires en Comunas - objetivo central y único de nuestra lucha - tiene la doble finalidad de crear gobiernos barriales y promover la deci¬sión y control ciudadano de las acciones de gobierno en un espacio local visible, palpable y controlable por quienes los habitamos." ("¿Quiénes somos?", Espacio Intercomunal Comunas Ya, 19/04/2009). ↵

"Voy a poner ejemplos concretos: la cantidad de supermercados que se ha instalado en la Ciudad de Buenos Aires es una muestra clara de cómo un negocio de concentración de la comercialización ha destruido enorme cantidad de situaciones que se vivían en los barrios a través de la relación, por ejemplo, de los vecinos con sus almacenes, etc. Por poner un ejemplo solo, hay miles de ejemplos en donde en realidad parece ser que a esta ciudad la van construyendo los negocios en función de sus intereses, sin tener en cuenta en lo más mínimo las necesidades y las aspiraciones de los vecinos que habitan y que trabajan en la ciudad. (Desgrabación del testimonio de Carlos Wilkinson, Movimiento Comunero. Video creado el 29/09/2009. Énfasis propio)↵

"Porque queremos y defendemos una ciudad para todos, habitable, justa y equitativa, La Ciudad no es Materia Prima bruta de un puñado de comerciantes de dentro y fuera de la municipalidad" (Mancomuna del Centro, s/f).↵

"Trabajo mucho en la zona de los barrios carenciados, que son las villas, donde la gente sufre muchas necesidades, más en el medio ambiente. Y hay una confrontación social donde está la gente pobre y la del barrio de enfrente, donde está Pueblito Pompeya, Barrio Espora... Hay una confrontación social, donde yo creo que eso viene todo a raíz de un abandono desde el Gobierno de la Ciudad. [...]" (Desgrabación del testimonio de Julia Alicia Vargas, Video creado el 02/10/2009. Énfasis propio).↵

"Afirmamos que sólo la participación vecinal organizada va a asegurar una ciudad hecha a la medida de las necesidades e intereses de su población, en lugar de una ciudad hecha a la medida de los negocios y de los intereses partidarios que los representan, ne¬gocian o se subordinan a ellos." (Movimiento Comunero, julio de 2011).↵

"No aceptamos que un interés particular - de algún funcionario, de algún negocio o de alguna parcialidad política- sea superior al bien común de los vecinos que habitan un barrio, una comuna o la ciudad en su conjunto. Nos inspira la convicción más profunda de que la ciudad de Buenos Aires es nuestra ciudad y los barrios nuestros barrios; por lo que sus habitantes tenemos el derecho de decidir y controlar lo que se haga en ellos." ("¿Quiénes somos?", Espacio Intercomunal Comunas Ya, 19/04/2009. Énfasis propio).↵

La Corporación Política en el Poder Público (CPPP), debe comprender que los vecinos independientes no aceptamos la modalidad de la democracia representativa que ha ser¬vido y sirve para organizar, y manipular las elecciones considerando como tontos a los ciudadanos. Debemos arribar a una democracia participativa directa, que nos garantiza la Ley 1777 (promover el desarrollo de mecanismos de democracia directa), que exija a los gobernantes representativos de la democracia clasista que deben cesar en su metodología anómala e irregular que nos aparta y aleja del real Estado de Derecho." (Mensaje enviado a la lista de correo electrónico [comunasya], 16/07/2011. Énfasis original). "Esta situación se da en un marco que muestra un gran descrédito de los partidos políti¬cos y una desconfianza generalizada de la población hacia los que participan en ellos y a todo aquel que se dedica alo público. El vecino de a pie percibe que los partidos buscan in¬tereses propios, distintos a los suyos; sean estos intereses personales, intereses del partido o, incluso, intereses del mundo de los negocios'. También percibe, como consecuencia de esto, la ineficacia del aparato estatal, que confirma y potencia la desconfianza y descrédito anteriormente señalados. "Los Consejos Comunales y la participación vecinal "Teniendo en cuenta que, en esta etapa de formación de los Consejos Consultivos Comu¬nales, es irrealista buscar la participación de todos los vecinos de Bs. As., creemos que es necesario concentrarnos en integrar en los mismos a aquellos vecinos que, bajo distintas formas, participan ya en actividades sociales o políticas. Respecto a las agrupaciones so¬ciales, sean éstas territoriales o temáticas, creemos que los Consejos Comunales deben plantearse como organismos de participación popular que institucionalizan y refuerzan el derecho de 'mandantes de las autoridades' que tales agrupaciones tienen. A la vez cree¬mos que deben funcionar como integradores locales solidarios de la diversidad de mandatos o demandas vecinales." ("Institucionalizar la participación", 18/04/2009. Énfasis propio). ↵

"Por otra parte una de las condicionantes (sic) que tienen los partidos de hoy es que no son participativos, no tienen congresos partidarios y eligen sus candidatos casi siempre a dedo. Tienen una forma de acción digitalizada (sic), en donde la ocupación de cargos es la razón de esta maquinaria. Por tanto -paradójicamente- no se entiende que no les resulte atractiva la posibilidad de ir a por los 105 cargos que estarán en juego." (Entrevista al urbanista Pompeyo Ramos-Marrau, "Las comunas limitarán el descontrol de las licita¬ ciones", 27/02/2010, citada en el blog del Espacio Intercomunal Comunas Ya). ↵

Cf. el mecanismo de interpelación ideológica en Althusser (1979). De la misma manera que no hay "individuos" antes de los sujetos, no hay aquí "habitantes" en estado puro, previo a toda interpelación.↵

No obstante, esta distinción no aparece puesta de relieve en todo momento, sino es-pecialmente en situaciones críticas, como durante los cuestionamientos que se hicieron a las elecciones de juntas comunales en julio de 2011 -donde se habló por ejemplo de "pancistas".↵

No me detendré aquí en analizar las construcciones discursivas en torno de lo que se entiende como "seguridad" o "inseguridad".↵

Uno de los ejemplos centrales de estas manifestaciones fueron las encabezadas por el empresario Juan Carlos Blumberg -padre de Axel Blumberg, un joven secuestrado y asesinado en 2004- en reclamo de reformas penales y judiciales.↵

Webs consultadas: 1. Vecinos Solidarios Red Plan Alerta: <http://planalerta.tripod. com/>; La opinión de la gente: <http://tinyurl.com/3t2bctv>; 2. Red Amparo vecinal: <http://redamparo.blogspot.com/>, Globedia.com: <http://tinyurl.com/3byxupf> 3. Ve¬cinos en Alerta Parque Chacabuco: <http://blogvecinosenalerta.blogspot.com/> 4. Fio. Par.Ch: <http://floparch.com.ar>. Acceso el 02/08/2011.↵

"La Opinión (de la Gente): ¿Cómo nace el Plan Alerta?" :"Plan Alerta: En el año 1997 como propuesta de un grupo de vecinos de Saavedra ante el incremento del delito en nues¬tro barrio, algunos de ellos gravísimos, y ante la falta de acciones concretas por parte del Estado. Surge como intento de vencer al miedo; la inmovilidad (ver que están asaltando a un vecino y no saber qué hacer); el sentir que la calle no nos pertenecía y nos obligaba a encerrarnos tras las rejas, etc." ("Vecinos Solidarios Red Plan Alerta", Entrevista a Silvio Dobrila, La opinión de la gente, diciembre de 2002. Énfasis propio).↵

En otros trabajos no publicados abordé el reclamo vecinal por seguridad desde la perspectiva de la biopolítica. Cf. Foucault (2009; 2010).↵

Realizamos con mucho esfuerzo la tarea de llevar y despertar la Conciencia Solidaria a nuestra Sociedad, para que Participe en este nuevo Rubro, que lamentablemente Argentina está en ella y es la Inseguridad, el Rubro se Llama Participación Ciudadana en Seguridad Urbana, creando Redes de 1, 2 o 3 Cuadras como de parte de Barrios, que entrelazados se pasan la Información para luego compartir con las Autoridades de Aplicación o Legis¬ladores, o Diputados o Juzgados de Fiscalías o Penales en acción directa contra el Delito, conformando un Control como Contralor de dichas Autoridades y/o Funcionarios, Previ¬niendo los Delitos y trabajando junto con la Dirección de Políticas de Prevención del Delito del G.C.A.B.A., una vasta de gama de acciones Cívicas que el Ciudadano puede Desarrollar para mejorar su Seguridad Barrial, Grupal como Individual en beneficio de TODOS, hemos creado alrededor de 12 Redes hasta la Fecha." (Red Amparo Vecinal, s/f).↵

"Sería conveniente que los vecinos de las cuadras contiguas adopten el Plan ya que se lograría que en vez de funcionar como una cuadra aislada, se comienza a potenciar la zona operando como un área segura." (Vecinos Solidarios Plan Alerta, Saavedra, s/f).↵

CONTACTO ENTRE LOS VECINOS: -Vincúlese con otros vecinos que tengan iguales inquietudes que Ud. en cuanto a tratar de mejorar la seguridad de la cuadra. -Luego de comprender la esencia del funcionamiento del Plan Alerta, difundan casa a casa y boca a boca el mismo [...] y traten de conseguir la cooperación del resto de los vecinos. -Una vez lograda la aceptación por parte de un número significativo de los mismos, organicen una reunión para que entre todos planifiquen el resto de las acciones a seguir. Tengan en cuenta que si bien es importante la participación de la mayoría de los vecinos, no se desmoralicen si no logran un apoyo total ya que con aproximadamente el 50 % de apoyo el Plan funciona igual." (Vecinos Solidarios Plan Alerta, Saavedra, s/f).↵

"Los Invitamos a defender la VIDA DE TODOS. SR. VECINO, PAPÁ, MAMÁ A VOS TE HABLAMOS: PARTICIPA. CUIDAMOS LA VIDA DE 4900 CHICOS DE 7 ESCUELAS A TRAVÉS DE LOS SENDEROS SEGUROS QUE REALIZAMOS...!!, en una época de ANO¬MIA debemos unirnos HAGAMOS CUMPLIR NUESTROS DERECHOS ADQUIRIDOS Ud. decide Informa todo dato de Robo, inseguridad, preguntas, etc., inscribite a nuestra Cadena de Correo [...]" (Red Amparo Vecinal, s/f. Énfasis original). "Los Vecinos que NO debemos bajar los brazos, la INSEGURIDAD, es generada por Factores Multicausales, desde la actual Crisis Política, Social y Moral, hasta la Corrupción y el Poder del Narco¬tráfico, pero que pasa además por la Desigualdad Social, la Falta de oportunidades hasta la marginación que vemos en nuestras calles desde hace más de 20 años, llega inexora¬blemente a la irresponsabilidad en parte de la POLÍTICA de quienes nos Administran y/o Legislan NO ESTANDO A LA ALTURA DE LA CIRCUNSTANCIAS, pero que a su vez Nosotros somos muchas veces INDOLENTES al no Participar, por tales motivos invi- tamos siempre a PARTICIPAR sin banderías ni dicotomías ideológicas, comprendiendo que estas reacciones espasmódicas NO son sólo catarsis sino que evocan el CLAMOR de un estado más allá de lo emocional en el cual Todos estamos involucrados y... 'TODOS SOMOS VÍCTIMAS'." ("Acciones de RED AMPARO en Violaciones en Belgrano, Núfiez, Colegiales, Villa Pueyrredón, Coghlan", Globedia.com, 05/06/2011. Énfasis original). ↵

"En nuestro análisis de la editorial de nuestro boletín N° 8 señalábamos la gravedad alcanzada por el problema de la inseguridad. Hoy podemos afirmar que la situación se ha agravado por la influencia manifiesta que ha tomado en los casos delictivos el uso de estupefacientes con su peligrosa tendencia hacia formas más violentas incluso en circuns¬tancias que no lo justifican. [...] Como es sabido, los diferentes modus operandi delictivos se transforman constantemente y los objetivos de los delincuentes van modificándose." ("Editorial", Vecinos en Alerta, Parque Chacabuco, Boletín N° 9, abril de 2009).↵

En la entrevista al representante de Vecinos Solidarios, éste menciona, luego de enu¬merar una serie de logros obtenidos: "Como logro paralelo, se consigue reconstruir y estrechar vínculos entre los vecinos, que se han perdido a través del tiempo. Creemos que esto nos acerca más a lo que es vivir en una comunidad. Es indudable que cuando hay un objetivo superior, en este caso nuestra propia seguridad, se dejan de lado rencillas por temas menores y de alguna forma hace que todos tengamos una mejor relación." ("Vecinos Solidarios Red Plan Alerta", Entrevista a Silvio Dobrila, La opinión de la gente, diciembre de 2002. Énfasis propio).↵

"El objetivo es disminuir la oportunidad multiplicando los ojos. El sistema se basa en la solidaridad, en participar, en olvidar el famoso no te metas'. Comienza con la organización de una cuadra (unidad funcional), donde los vecinos, inter¬cambiándose sus números telefónicos y acrecentando la observación forman una cadena solidaria, alertándose y consultándose entre sí ante la detección de cualquier anormalidad o actitudes sospechosas. De considerarlo necesario, o ante el delito en curso, deberán dar aviso inmediato a la Policía." (Vecinos Solidarios Plan Alerta, Saavedra, s/f).↵

"Luego de la constitución del Grupo de Observación se dará a cada uno de los miem¬bros instrucción adecuada en la prevención individual del delito, protección domiciliaria y signos de actividad delictiva. Estas charlas serán dadas por policías experimentados y criminólogos." (Vecinos Solidarios Plan Alerta, Saavedra, s/f).↵

"Principios Operativos: 1. Los vecinos de una cuadra (Unidad Funcional) deberán unirse y establecer los momentos en que se hallan más expuestos, los Horarios Críticos (ingreso o egreso al hogar o al garaje, horarios escolares y laborales vacaciones). Simul¬táneamente intercambiarán los números de teléfono y definirán la forma de alertarse que consideren más adecuada. 2. Acentuarán la observación en su cuadra durante los Horarios Críticos, buscando signos sospechosos de actividad delictiva próxima (perso¬nas extrañas en actitud de espera, el paso reiterado de un vehículo desconocido, etc.). 3. Identificarán el área bajo custodia vecinal con carteles en las columnas de luz y postes telefónicos dando como referencia el número de teléfono de la Comisaría del área. 4. Eliminarán los signos identificatorios de propiedad deshabitada, colocando residuos en sus basureros, retirando correspondencia y diarios, encendiendo las luces exteriores, etc." (Vecinos Solidarios Plan Alerta, Saavedra, s/f).↵

"La preocupación de vecinos de distintos sectores de nuestro barrio se expresa a través de reuniones habituales en diferentes lugares y la convocatoria a sumarse a los reclamos en esos ámbitos apuntan a sumar ideas y propuestas como contribución participativa y ante las limitaciones y dificultades que denota el accionar de las fuerzas policiales." ("Editorial", Vecinos en Alerta - Parque Chacabuco, Boletín N° 9, abril de 2009). "La actitud ante los po¬licías será la de un ciudadano par, no la de un civil que dispute la conducción institucional. [...] La actitud ante los políticos será más enérgica, haciéndoles notar que son ciudadanos con responsabilidades específicas y destacadas por el rol que desempeñan. En este caso será más exigente e inflexible; se recurrirá primero a la mediación, en última instancia se los expondrá a la crítica pública." (Vecinos Solidarios Plan Alerta, Saavedra, s/f).↵

Dejo planteado aquí el interrogante acerca de la dimensión que vincula al vecino con el varón jefe de hogar.↵

"Vecinos Solidarios - Plan Alerta está constituido por un grupo de ciudadanos abo¬cados al tratamiento de la seguridad barrial. Las tareas son desarrolladas "ad honorem" y sin partidismos políticos [...] Los deberes atinentes a los participantes son los que les dicta su propia conciencia. Nadie obedece órdenes; las decisiones se toman por consenso dentro del marco de libertad de conciencia. Nuestro grupo respeta todas las ideologías pero no tolera la injerencia de los partidos políticos. [...] Vecinos Alerta no se arroga representatividad vecinal alguna. Nuestro grupo no competirá por la supremacía con otras asociaciones vecinales, ya que no busca el protagonismo que brinda el sustento de una masa; su objetivo es el de concientizar sobre un grave problema cotidiano. Prioriza al individuo y la libertad de conciencia sobre el corporativismo. No busca cargos públicos ni reconocimientos sociales particulares. [...] 1. El vecino no está obligado a participar. Deberá actuar según sus convicciones respecto a sus derechos y obligaciones ciudadanas. 2. El tiempo de participación será definido por cada adherente en forma individual [...]. 3. El vecino no se transforma en policía ni informante. Sólo asumirá el papel que le corres-ponde como ciudadano de una República en el sentido estricto de la expresión, trabajando en defensa de su vida, la de su familia y su propiedad. 4. La adhesión al proyecto lleva implícito contar con la participación activa de su familia. Los menores de edad deben ser educados para su propia prevención personal y, si vieran algo extraño, advertir al adulto para que tome la decisión pertinente. Esta tarea requiere madurez, responsabilidad y sentido común. [...]" (Vecinos Solidarios Plan Alerta, Saavedra, s/f).↵

El slogan de la Red Amparo Vecinal es "Red Amparo - El amparo a la vida es nues¬tra Gestión".↵

Webs consultadas: 1. San Telmo Preserva: <http://santelmopreserva.blogspot.com/>, y <https://www.facebook.com/group.php?gid=274404332580> 2. Palermo Despierta: <http://www.palermodespierta.com.ar/> 3. Proteger Barracas: <http://www.proteger-barracas.blogspot.com/> 4. Salvemos al Barrio: <http://salvemosalbarrio.blogspot. com/> 5. Vecinos de las casas bajas: <http://vecinosdelascasasbajas.blogspot.com/>. Acceso el 03/08/2011.↵

"Es muy interesante comprobar la estrecha relación que existe entre la morfología arquitectónica y la realidad social. Los pasajes fomentan el encuentro entre los ve¬cinos, y ese encuentro, ese conocimiento mutuo, es la materia prima en la lucha por cuidar su espacio colectivo." ("La lucha de los vecinos de Villa Pueyrredón", entrevista al arquitecto Rodolfo Livingston, Tiempo Argentino, 11/06/2010, publicada en el blog de Salvemos al Barrio).↵

"Urgente planteamiento de una ley de preservación del patrimonio arquitectónico del barrio. Las añosas casas con logradísimos estilos son demolidas a mansalva, cuando bien pueden ser recicladas y preservadas. El barrio de Palermo está perdiendo su identi¬dad edilicia, a favor de una homogeneización aplastante, como todas esas caras llenas de botox que parecen caricaturas y se asemejan entre sí. Así en pocos años Palermo va a ser solamente un nombre vacio de significación, una simple demarcación geográfica. Mientras vemos que de nuestras canillas sale un hilo de agua, que nuestras cloacas se tapan cada vez más, que los servicios se saturan y que las veredas son un paseo por Bagdad, tenemos que contemplar impotentes cómo Town House, Nicolás Caputo, etc., edifican monstruo¬sidades inhumanas, espantosas Torres de Babel para cubrirnos el cielo." (Comentario de un visitante del blog de Palermo Despierta, junio de 2008. Énfasis propio).↵

"Los esperamos para recibir e intercambiar opiniones, sugerencias y propuestas para hacer de nuestro barrio un lugar de convivencia en orden y de respeto mutuo sin perder su identidad y su escala vecinal." (San Telmo Preserva, Facebook, 19/04/2010. Énfasis propio).↵

Un vecino 'terrenal' podría decir, entonces, que los edificios son 'tumores malignos' y por ende, extirpables urbanísticamente hablando. [...] dejemos de ver topadoras y moles de más de 30 metros de altura erigiéndose como monstruos ante nuestra impotencia de pigmeos." (Salvemos al barrio, octubre de 2009. Énfasis propio).↵

"Convocamos a los vecinos [...]. Informaremos sobre las gestiones llevadas adelante con funcionarios de Espacio Público vinculadas a ordenar el caos existente en la Plaza Dorrego y el corredor Defensa {altamente conflictivo, sobre todo para el vecino). "(San Telmo Preserva, Facebook, 19/04/2010. Énfasis propio).↵

Cabe señalar que la preservación del patrimonio en áreas turísticas no es sólo fruto de reclamos vecinales, sino también eje de reformas gubernamentales. En este sentido, sos¬tengo que más que ante una defensa del patrimonio -como si éste estuviera dado, como si un edificio contuviera tanto ladrillo como valor patrimonial- nos encontramos ante una emergencia de ciertas áreas de la ciudad como patrimonio. La ciudad como patrimonio es producto de discurso.↵

La historia de vida es una de las formas discursivas en que ese tiempo ideal se hace presente. Por ejemplo, en la nota citada del arquitecto Livingston, éste cita varios testi¬monios de vecinos de Salvemos al Barrio dados en la audiencia pública en la Legislatura portefia cuando se trataron las modificaciones a la Ley que regula las construcciones: "Una parra y el canto de los pájaros acompañaron mi niñez en la casa de mi abuelo, que me enseñaba a ver y a escuchar la naturaleza. Un día llegó una topadora y en un momento barrió con todo, ciruelo, huerta, jardín: todo fue a parar a un volquete, sentí que barrieron con mi infancia." (Entrevista al arquitecto R. Livingston, Salvemos al Barrio, op. cit).↵

Manzana por manzana, casa por casa, seguimos luchando para que se cumpla la vo¬luntad de los vecinos, que son los únicos ciudadanos, los únicos que Viven' en la ciudad, la cual, a ellos debe adaptarse y no al revés." (Salvemos al Barrio, 18/11/2010).↵

"Como siempre destacamos, uno de los tesoros patrimoniales de Barracas está constituido por su arquitectura industrial. En los últimos diez años aparecieron en el barrio ejemplos saludables: edificios fabriles que comenzaron a ser reciclados, puestos en valor y refunciona-lizados para usos diferentes del original como oficinas y viviendas. Además de una decisión respetuosa de la historia y su valor patrimonial y artístico, constituye un acto de inteligencia. [...] El bello conjunto que forman los dos primeros edificios esparte de la memoria colectiva de muchos barraquenses y será demolido totalmente en breve por la empresa COTO para cons¬truir allí otro supermercado." (Proteger Barracas, 29/11/2010. Énfasis propio).↵

"Colaboraciones de vecinos - Carta Documento: Nos han enviado varios vecinos, muy activos evidentemente, el texto de numerosas cartas documento que han hecho llegar a alrededor de una treintena de inmobiliarias de la zona de influencia de nuestros barrios [...]: 'En mi carácter de propietaria del inmueble sito en la calle xxxxx, hágole saber en su carácter de (inmobiliaria interviniente en la comercialización o Titular) del inmueble sito en xxxxx lindante con mi propiedad [...] me opongo a la misma atento a que tal ob¬jetivo violaría mi derecho de propiedad (art.17 CN), como el derecho de propiedad de los habitantes del barrio, así como violaría la protección jurídica que la misma Constitución Nacional establece a favor de todos los habitantes en los arts. 41 y sgtes., como la Consti¬tución de la Ciudad de Buenos Aires, y todas las leyes concordantes referidas a la materia constructiva y ambiental'." (Salvemos al Barrio, 16/07/2009).↵

Neil Smith afirma, para el caso norteamericano, que el lenguaje de la regeneración urbana no es nuevo, pero sin embargo adquiere gran significación en un contexto donde las ambiciones de reconstrucción urbana se han expandido de forma dramática: "el len¬guaje de la regeneración endulza [sugarcoats en el original] la gentrificación" (2008: 98. Traducción propia). La gentrificación se habla con el lenguaje de la regeneración urbana, que, en sí mismo parece anodino. Sin embargo, la idea de regeneración -proveniente del ámbito biomédico y de la ecología- "insinúa que la gentrificación estratégica de la ciudad es un proceso natural. Asimismo, la invocación de las estrategias de regeneración disfraza la quintaesencia de los orígenes y objetivos sociales del cambio urbano, y borra la política de ganadores y perdedores de la cual dichas políticas emergen" (p. 98). En relación con esta regeneración, aparece la cuestión del balance social, que se manifiesta bajo la forma de estrategias para "traer a la gente de nuevo a las ciudades", donde por gente se entiende clases altas y medias-altas blancas. La colonización que implica la gentrificación tiene por consecuencia un desplazamiento de ciertos sectores (pobres, inmigrantes, negros) del cual la regeneración no habla. Cf. asimismo: Deutsche, R. y Gendel Ryan, C. (1984). ↵

"Vecinos autoconvocados comprometidos con la protección del Patrimonio Histórico y Cultural del Casco Histórico porteño. Buscamos la recuperación de la residencialidad frente a políticas agresivas que impulsan el turismo, el comercio y el desarrollo inmo¬biliario provocando un severo daño en el tejido vecinal. [...] Hoy nuestros objetivos son muchos y se pueden sintetizar en la defensa de la vida barrial en el contexto de preser¬vación patrimonial." (Descripción de San Telmo Preserva en su perfil de Facebook, s/f).↵

"CONVOCATORIA URGENTE. Hola Vecinos!!! [...] proponemos a todos concurrir masivamente, para enfatizar nuestra presencia en los tratamientos de incumbencia a nuestra problemática [...] Nuestra propuesta es que constantemente se tome nota de nues¬tra presencia, de manera de manifestar nuestra conducta monitora de las deliberaciones y atención de nuestro reclamo. Los esperamos a los vecinos de vocación..." (Salvemos al barrio, 11/09/2009). "Capitalicemos estos resultados logrados con incansable esfuerzo, porque si bien no es fácil resignar la siesta o el cine del sábado, menos sencillo será ex¬plicar a generaciones venideras de propia sangre por qué sucedieron ciertas cosas de las que negamos ser protagonistas. Es tan así muy de valioso lo que defendemos, nada menos que nuestro arraigo del barrio y nuestra calidad de vida para nosotros, nuestra posteridad y para todos aquellos que comparten dichos valores y derechos ciudadanos!!!!" (Salvemos al Barrio, 14/08/2009).↵

"NOTA DE COLOR - Participación ciudadana y vecinal: la experiencia de "Salvemos" [...] Pero sí vale la pena festejar y compartir con todos los que nos acompañan a través de este blog, festejar y compartir desde ya la enorme y enriquecedora experiencia humana y ciudadana que nos dio trabajar juntos en este grupo, unirnos y saber que sólo de a muchos↵

"Y es así que los emprendedores inmobiliarios' de Barracas ven enormes posibilidades de hormigón, vidrio, gran altura y mucha gente donde nosotros solamente vemos bellas casas antiguas que podrían aspirar a un mejor destino de recuperación y puesta en valor. Vemos vecinos linderos que podrían NO perder el sol ni la privacidad. Vemos una cuadra que mantendría su perfil histórico. Vemos una pequeña porción de la historia e identidad centenarias de Barracas. Pero nosotros no vemos más que lo evidente. No somos visiona¬rios. Pero ellos sí." (Proteger Barracas, 02/11/2009).↵

"¿QUÉ ES 'PALERMO DESPIERTA'? Creemos que la complicidad entre los desabolla¬dores inmobiliarios y el poder político de turno está destruyendo la fisonomía de nuestro querido Palermo. Poco a poco, el barrio está siendo arrasado por faraónicas torres que se levantan al cielo sin respetar siquiera el sentido común, amparadas por la corrupción y la negligencia de nuestros funcionarios. Nosotros, los vecinos, decimos basta. Y, por primera vez, decimos también: ¡Palermo despierta!" (Palermo Despierta, s/f).↵

"VAMOS A LA LEGISLATURA!!! Sabemos que es cansador ir nuevamente al centro, ellos' también lo saben y apuestan a que nos desgastemos y dejemos de concurrir" (Sal¬vemos al Barrio, 04/11/2009).↵

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Mobilizagáo e resistencia dos povos faxinalenses: contribuigóes da cartografía social como instrumento de protesto.

Otávio Gomes Rocha[1]

Introduqao

No Brasil, os povos e comunidades tradicionais[2] ocupam urna posi-cao importante no cenário dos conflitos territoriais durante a última década. Grupos sociais mobilizados em torno do autoreconhecimento identitário, amparados pela ratificacao de importantes aparatos jurídicos como a convencao 169 da Organizacao Internacional do Trabalho sobre o reconhecimento de territorios indígenas e tribais, emergem como sujeitos ativos neste contexto de virada territorial e caracterizam movimentos sociais que tem na luta pela térra e pelo territorio urna dimensao fundamental.

O estado do Paraná é palco de múltiplos conflitos e emergencias de novos (e ao mesmo tempo, velhos) atores pautados pelo reconhecimentó de identidades territoriais coletivas, articulados desde a metade da última década por movimentos sociais multiescalares e organizados em redes. A nova emergencia politizada de identidades coletivas que caracterizan! os povos e comunidades tradicionais, vinculada ao velho contexto de disputas territoriais, inseriu na arena política sujei-tos sociais históricamente marginalizados e possibilitou o surdir de vozes silenciadas de grupos como quilombolas, pescadores artesanais, indígenas, ilhéus, cipozeiras e cipozeiros, benzedeiras e benzedores, faxinalenses, etc.

O espaco agrario no Brasil, marcado pela forte desigualdade de distribuicao de térras e riquezas e pela violencia dos conflitos que en-volvem a luta pela térra, foi alvo de intervencóes políticas que apresen-taram diversas transformacóes e rupturas, todavía insuficientes para resolver sua estrutura fundiária desigual. Dentre os programas orientados pela lógica do desenvolvimento implementados no Brasil, desde a década de 1950, como política pública para o campo, destacam-se a revolucao verde, o desenvolvimento rural integrado, o desenvolvimento rural com base local e, mais recentemente, o desenvolvimento territorial rural. Estes projetos, embora possuam óticas distintas sobre a aplicacao de políticas públicas, apresentam em comum o discurso do desenvolvimento como pilar central, baseado ñas premissas capitalistas de modernizacao do campo, com a consequente expulsao da maioria dos trabalhadores rurais para as cidades, a homogeneizacao dos sujei-tos sociais que possuem formas de vida diversificadas, incorporando-os a lógica produtivista do capital.

Nossa entrada no emergente debate sobre conflitos associados a diferentes lógicas de apropriacao do territorio e recursos naturais/ bens comuns está embasada nos conceitos de desenvolvimento e territorio. Este trabalho pretende apresentar o panorama geral da experiencia construida pelas comunidades faxinalenses dos municipios de Quitandinha e Mandirituba, no estado do Paraná, como resistencia aos processos hegemónicos do desenvolvimento, através da Cartografía Social, prática associada ao processo de automapeamento que (re)cria identidades territoriais e fortalece a organizacao comunitaria de base. A pesquisa desenvolvida entre os anos de 2009 e 2011[3] buscou a identi-ficacao e reflexao acerca dos desdobramentos desta prática, mediante acompanhamento das diversas etapas de construcao da Cartografía Social e das atividades que déla se derivaram.

Territorios faxinalenses em disputa

Os grupos acompanhados pela pesquisa durante e após o procedimento da Cartografía Social referem-se aos faxinalenses dos municipios de Quitandinha e Mandirituba, na Regiáo Metropolitana de Curitiba. Os faxinalenses, grupos autoidentificados como comunidade tradicional, possuem urna dinámica própria, que através de encontros e diversas outras atividades políticas e culturáis materializan! a Articulacao Puxi-rao dos Povos Faxinalenses (APF), movimento social que possui formas multiescalares de organizacao, através de núcleos regionais descentralizados e coordenacao executiva estadual, que se articula nacionalmente a Comissao Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais.

Caracteriza o territorio das comunidades faxinalense os cria-douros comuns, áreas de uso comunitario para criacáo animal á solta, as relacoes de trabalho comunitarias e familiares e o uso diferenciado dos recursos territoriais, de forma indissociável da reproducáo da vida. O faxinal pode ser entendido como “formacáo social típicamente camponesa, silvo-agro-pastoril, com tradicáo secular de térras de uso comum, independente de a propriedade ser privada ou nao, que cons-trói, mantém e reconstrói a fracáo do territorio comunitario camponés faxinalense.” (Tavares, 2008: 573)

Entretanto, os criterios de autodefinicáo de identidades coletivas provenientes da convencáo n° 169 da Organizacao Internacional do Trabalho amparam compreensoes mais complexificadas, que extrapolam as relacoes de producáo e as características físicas dessas comunidades. Para Souza, mais importante do que considerar o faxinal apenas por suas características físicas ou pelo sistema de producáo vigente, é compreendé-lo como construcáo do sujeito faxinalense a partir de sua identidade coletiva e da reproducáo de seu modo de vida tradicional. (Souza, 2007)

Para os moradores dos faxinais reconhecidos como sujeitos faxinalenses, a identidade coletiva e territorial é fundamental para definir o conceito de faxinal. Carlito Taborda Ferreira, morador do Faxinal Salso afirma que:

Faxinal é a uniáo do povo, pela tradicáo do povo, pela cultura, tudo aquilo que é costumeiro, se eu tenho o costume de visitar um amigo, tomar chimarráo na casa dele, tenho o costume de encontrar com os amigos aqui na casa de oracáo, tem o costume de trabalhar junto no mutiráo, criar animal soltó, no meu entender o faxinal é isso. (…) (Articulacao Puxiráo dos Povos Faxinalenses, 2008: 3)

Ao todo, cinco comunidades faxinalenses[4] desses dois municipios, respaldadas pelo Núcleo Metropolitano Sul da Articulacao Puxirao, de-ram inicio no final do ano de 2009 ao processo de automapeamento popularizado como Cartografía Social. Com esta prática, através de reunioes e oficinas de mapeamento, construíram o mapa de seus territorios no qual relatam espacialmente os conflitos que vivenciam e as particularidades de seu modo de vida, visando fortalecer a organiza-cao comunitaria e amplificar a visibilidade de sua existencia perante o poder público local. O mapa, elaborado com o amparo de estudantes integrantes de um projeto de extensao universitaria da Universidade Federal do Paraná e de membros de outras instituicoes[5], foi publicado pelo projeto Nova Cartografía Social dos Povos e Comunidades Tra-dicionais do Brasil[6] em forma de fascículo, onde se encontram, além do mapa, um conjunto de depoimentos relatados e selecionados pelos próprios sujeitos participantes das oficinas, fotografías e urna lista de demandas e conquistas do grupo.

A profunda identidade territorial que estes sujeitos possuem fortifica-se com o ato de “mapear-se a si mesmo” e mapear o próprio territorio, porque permite ao sujeito enxergar-se “de cima”, fazer-se presente ñas representacoes do espaco que vive e constrói. No Brasil, grande parte dos mapeamentos participativos envolvendo populacoes locáis, comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas e movimen-tos sociais rurais, esteve associado ao reconhecimento de territorios e identidades territoriais. Essas experiencias iniciaram-se na década de 1990 (em sua maioria na regiao amazónica), contudo, apresentaram um aumento significativo a partir de 2005, espalhando-se por todas as regioes do País, de acordó com levantamento realizado em 2008 pelo projeto “Experiencias em Cartografía Social”, do IPPUR/UFRJ. (Acsel-rad e Coli, 2008)

O recente debate em torno das questoes referentes aos povos e comunidades tradicionais tem ganhado forca devido a emergencia destes sujeitos mediante suas acoes políticas e reivindicativas que os inserem na arena das disputas por territorio e recursos naturais. Sao reconhecidas “térras tradicionalmente ocupadas”, amparadas por diversos dispositivos jurídicos que, muitas vezes, enfatizam fatores étnicos e historicistas para instituir novas modalidades de apropriacao formal de térras para povos tradicionais como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e comunidades extrativistas. Todavía, a partir do surdir das mobilizacoes promovidas por estes grupos, as interpretacoes in-telectuais e jurídicas sobre seus direitos territoriais tornaram-se mais abrangentes e complexas. (Almeida, 2004)

A convencao 169 da Organizacao Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais ratificada no Brasil pelo decreto legislativo n° 143, de 20 de junho de 2002, e promulgada pelo Presidente da República no decreto 5.051 de 19 de abril de 2004, enaltece a autodefinicao e a consciéncia da identidade coletiva como criterio fundamental para determinar os grupos a que se aplicam as disposicoes deste documento. Nesta convencao também se atribuí importancia ao conceito de territorio vinculado as suas relacoes com a cultura e valores religiosos, abrangente de toda a área que os povos ocupam ou apropriam-se de alguma forma, independente de sua propriedade legal. Estes novos dispositivos significaram urna grande mudanca na arena das disputas pela demarcacao de térras, configurando o que alguns autores cha mam de “virada territorial”. (Offen, 2003)

Mapear os conflitos para construir resistencias

Durante o ano de 2010, ao decorrer das etapas necessárias para a rea-lizacao do mapeamento, reunioes e oficinas de elaboracao dos mapas, confeccao de legendas e revisao do material elaborado, o processo de construcao da Cartografía Social foi caracterizado por urna serie de idas e vindas dos pesquisadores entre comunidade e laboratorio. As atribuicoes dos pesquisadores nestas etapas do processo referem-se a sistematizacao das informacoes levantadas, transcricao das falas e entrevistas realizadas, digitalizacao dos mapas, georreferenciamento dos pontos coletados e diagramacao do conteúdo. Desta maneira, pos-sibilita-se a revisao constante do conteúdo, assegurando-se que todas as informacoes contidas no produto final passam pelo consentimento dos “agentes sociais” da cartografía. Este momento de levantamento de informacoes e elaboracao dos mapas e das entrevistas contidas no material a ser publicado levou aproximadamente um ano para ser concluido. O inicio de todo esse processo, se deu após urna reuniao realizada no final de 2009 pelas comunidades com a participacao da prefeitura municipal de Mandirituba e de órgaos públicos como o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), o Instituto de Térras Cartografía e Geociéncias (ITCG) e o Coletivo ENCONTTRA da Universidade Federal do Paraná, decidiu-se a favor da realizacao da Cartografía Social ñas comunidades presentes. Em seguida, mediante a realizacao de urna oficina de mapeamento, foram elaborados os croquis dos territorios das comunidades, metodología que permite aos sujeitos mapeadores fortalecer a percepcao espacial sobre os conflitos sociais e práticas culturáis, dentre outros fenómenos a serem mapeados. A etapa seguinte consistiu em urna oficina de elaboracao de legendas, em que os participantes desenhavam os símbolos para representar os processos da forma que entendiam que deveriam ser representados, classificando os fenómenos em conflitos e práticas específicas de producao e manifestacao cultural. Outras etapas se seguiram para revisar o conteúdo digitalizado em laboratorio, e sele-cionar o material gráfico, elaborando diretrizes para o mapa final como a escala e nivel de detalhamento das representacóes. Durante as oficinas foram gravadas entrevistas, que depois de transcritas sao selecionadas coletivamente pelos participantes para compor a publicacao final. Ao respeitarem-se as propostas metodológicas participativas busca-se garantir o protagonismo dos grupos sociais que realizam o mapeamento.

Ao decorrer do mapeamento, verificamos o fortalecimento do discernimento dos sujeitos sobre a espacializacao dos conflitos sociais existentes no territorio destes grupos, que em geral derivam de processos de apropriacao do territorio que nao condizem com suas formas específicas de producao e reproducao social.

O principal conflito levantado por essas comunidades durante as reunióes e oficinas da Cartografía Social está relacionado aos chacrei-ros, proprietários de sitios dentro do territorio do criador. Em geral, sao pessoas que vivem e trabalham na cidade de Curitiba e destinam essas áreas para fins de lazer. Entretanto, estas pessoas desconhecem o modo de vida faxinalense e as práticas de criacao de animáis a solta nos criadores comunitarios, e ao se estabelecerem colocam fechos ou cercas em suas propriedades, que limitam a área do criador. Segundo Amantino Sebastiao de Beija, morador do Faxinal Meleiro:

“O maior conflito nos dizemos que é o chacreiro, né… Que vem de fora compra térra aqui, primeira coisa que ele pensa é em cercar toda a área… Ele nao se preocupa em descobrir como é a comunidade aqui… Tem uns que vem pra somar, mas infelizmente a maioria vem pra tentar destruir a forma de vida que nos… Que nos vivemos… O chacreiro que vem da área rural mesmo que onde ele morava nao tinha o faxinal, ele chega aqui ele já procura conhecer melhor, e por ele ser da área rural já leva mais em conta… Agora os que vem da área urbana já… A maioria é simplesmente pra cercar… Como se fosse urna área de lazer deles…” (Articulacáo Puxiráo dos Povos Faxinalenses, 2011: 5)

Os faxinalenses alegam também a invisibilidade a que estao submetidos como urna das causas destes conflitos. Nesse sentido, a experiencia da Cartografía Social tem serventía também, segundo os próprios faxinalenses, como instrumento de luta por visibilidade social e política, opondo-se aos mapas oficiáis do Estado, que se utilizam do “silencio cartográfico” como estrategia de ocultar certas realidades cuja divul-gacao nao interessa aos responsáveis por sua producao. De acordó com José Adir, morador do Faxinal Espigao das Antas, o ato de cartografar o territorio faxinalense é importante “para a comunidade ser representada de alguma forma, né. Porque quem que conhecia ou conhece o criador ou faxinal se nunca foi citado isso daí em parte nenhuma. Nunca foi registrado.” (Articulacao Puxirao dos Povos Faxinalenses, 2011: 10)

Territorio e desenvolvimento para entender os conflitos

A experiencia da Cartografía Social junto aos faxinalenses da Regiao Metropolitana de Curitiba permite avancar no entendimento da varié -dade de conflitos que esses movimentos sociais de forte arraigo territorial enfrentam. No entanto, esses conflitos de cunho territorial, apresentados sob diversas óticas sociais, culturáis e ambientáis e que confrontam modos de vida diferenciados no campo, possuem relacóes profundas com as concepcóes hegemónicas de desenvolvimento assu-midas pelo Estado e pelas instituicoes multilaterais (com o Banco Mundial como protagonista). Apesar de este desenvolvimento incorporar palavras como verde, sustentável, social, ecológico e participativo, seus enunciados nao propóem mudancas estruturais na sociedade capazes de reverter as condicóes de desigualdade social que sao propaladas por essas instituicoes como um grande problema, nem de oferecer possi-bilidades de reproducao a esses povos e comunidades tradicionais que ainda mantém lógicas próprias de viver.

De acordó com Montenegro Gómez (2006) as inovacóes alegadas pelas recentes propostas de desenvolvimento, como o desenvolvimento territorial rural nao sao, nem pretenden! ser, suficientes para superar os paradigmas em que estao fundamentadas, demonstrando a superio-ridade das continuidades (dos velhos projetos fracassados) em relacao as inovacóes dos novos discursos. Evidencia-se desta forma que a lógica reproduzida pelo paradigma desenvolvimentista nao é benéfica, sobre-tudo para os grupos marginalizados pelos processos históricos. Sobre o contexto dos conflitos territoriais associados ao desenvolvimento, Zhouri e Laschefski afirman! que:

A luta de grupos nao inseridos, ou apenas parcialmente inseridos, no sistema urbano-industrial-capitalista contra a desterritorializacáo está frequentemente vinculada com o questionamento do modelo de desenvolvimento hegemónico, fenómeno que conduz alguns pesquisadores latino-americanos a refletir sobre o processo de “colonialidade” do pensamen-to moderno. (Zhouri e Laschefski, 2010: 26)

Quijano, ao refletir sobre as premissas da “colonialidade”, associa criticamente o termo desenvolvimento a diversos elementos que foram introduzidos no continente latino-americano ao decorrer de sua longa historia de exploracao e que permanecerán! mesmo após as independencias do século XIX: como o próprio Estado, a propriedade privada e a reificacao do saber científico ocidental. O autor ainda lembra que o discurso em torno do desenvolvimento tem sido históricamente utilizado para naturalizar a ideia de que “a modernizacao nao implica necessariamente a ocidentalizacao das sociedades e das culturas nao-européias” e afirma que um dos instrumentos utilizados para a imposicao deste raciocinio foi o argumento de que a modernidade é um fenómeno inerente a todas as culturas, e nao apenas da européia ou ocidental. (Quijano, 2000: 6)

Santos identifica neste processo de autoafirmacao de urna ra-cionalidade monocultural diversas formas distintas de producao de ausencias ou nao-existencias, assentadas na ideia de que a historia da humanidade tem sentido e direcao únicos e conhecidos. Ausencias sao produzidas ao assumirmos como atrasado, selvagem ou primitivo toda forma de vida que nao corresponde aos criterios que caracterizan! os padróes do desenvolvimento. (Santos, 2010)

O discurso que visa a naturalizacao do desenvolvimento para impor sua lógica hegemónica é urna das formas de manifestacao da colonialidade, processo que hierarquiza grupos sociais e pressupóe um modelo a ser seguido, moderno, branco, masculino e ocidental.

Contudo, o debate em torno dos conflitos de ordem territorial e socio-ambiental está ancorado nos conceitos desenvolvimento e territorio. A partir do embate de distintas racionalidades aplicadas sobre o mesmo territorio – de um lado aquela construida a partir do local e que se manifesta ñas relacóes comunitarias e no arraigo territorial, e de outro, a concepcao hegemónica moderna, branca e ocidental, guiada pelo “desenvolvimento a qualquer custo” – ocorrem os processos de desterritorializacáo que promovem, ademáis, a perda da identidade e da memoria, e, sobretudo das relacóes comunitarias que se constroem a partir dos vínculos com o territorio tradicional.

O territorio, nesse contexto, se constituí em questao fundamental dentro desse conjunto de relacóes. O territorio da identidade associada aos movimentos sociais. O territorio como espaco de disputa de modos diferenciados de reproducao da vida. O territorio como estrategia discursiva e de acao do Estado, através de política públicas que se utilizam desse referencial territorial para continuar impondo o mesmo tipo de desenvolvimento com novas roupagens. Enfim, o territorio como figura chave para articular o desenvolvimento do capital ou para alcancar o “viver bem” das comunidades, ganha urna magnitude tal, que faz com que os processos de Cartografía Social e de cartografía tradicional se revistam de urna importancia crucial.

Considerares fináis

Os desdobramentos posteriores a construcao da Cartografía Social podem ser identificados como reflexos da politizacao e fortalecimento da organizacao comunitaria adquiridos com a prática da Cartografía Social. No inicio do ano de 2011, ainda precedendo a publicacao do fascículo e do mapa, diversas atividades realizadas pelas comunidades participantes do mapeamento demonstraran! o crescente potencial de politizacao e instrumentalizacao dos sujeitos.

Foi realizada pelos faxinalenses das cinco comunidades, com amparo da Universidade Federal do Paraná, urna atividade de troca de experiencias e resgate de práticas tradicionais de tratamento animal com produtos fitoterápicos que sao cultivados ou nativos do próprio local. A partir desta atividade, mediante metodologías de fomentar o debate sobre a importancia do resgate da memoria, foram listadas diversas receitas tradicionais que devem ser sistematizadas e compor urna cartilha ou receituário de ampia divulgacao entre os moradores dos faxinais. Neste movimento, emergiram também os anseios políticos das mulheres faxinalenses, que organizaran! algumas atividades e conversas no sentido de incorporarem-se no contexto político-organizativo que as comunidades faxinalenses estao inseridas, e que muitas vezes restringe-se majoritariamente aos homens dessas comunidades.

Também foi elaborada pelas comunidades urna cartilha para divulgacao na regiao dos faxinais sobre a particularidade do modo de vida faxinalense e das práticas desenvolvidas em seu territorio, devido as incertezas geradas pela grande repercussao do processo da Cartografía Social e da mobilizacao política emergente em torno da temática do territorio faxinalense.

A realizacao de um curso de Cartografía Social sediado na Universidade Federal do Paraná durante o primeiro semestre do ano de 2011, em duas etapas, e com ampia participacao de integrantes de po-vos e comunidades tradicionais do Paraná permitiu aos faxinalenses da Regiao Metropolitana de Curitiba compartilhar a experiencia da sua prática de construcao de urna Cartografía Social com os diversos outros grupos presentes no encontró. Este evento, que objetivava a troca de experiencia entre os grupos que realizaram ou pretenden! ainda realizar o mapeamento participativo, também foi essencial para o aprofundamento da discussao sobre esta prática e a instrumentali-zacao dos sujeitos, para que estes sejam possibilitados de adquirirem cada vez maior autonomía sobre as ferramentas de representacáo de seus próprios territorios.

A Cartografía Social pode ser entendida, contudo, como instrumento dotado de grande potencial para fortalecer processos de politi-zacao e instrumentalizacao dos sujeitos sociais em suas caminhadas de busca por autodeterminacao política sobre a gestao de seu territorio e recursos naturais, e resistencia aos processos contraditórios da lógica do desenvolvimento e da expansáo do capital no espaco.

Concordamos com Zhouri e Oliveira, ao afirmarem que:

A defesa do lugar, do enraizamento e da memoria destaca a procura por autodeterminacao, a fuga da sujeicao aos movi-mentos hegemónicos do capital e a reapropriacao da capacida-de de definir seu próprio destino. A direcáo desses movimentos é contraria á atopia, pois ela insiste em nomear os lugares, em definir-lhes seus usos legítimos, vinculando a sua existencia á trajetória desses grupos. Nao é urna luta pela fixidez dos lugares, mas sim pelo poder de definir a direcáo da sua mudanca. (Zhouri; Oliveira, 2010: 445)

O fortalecimento da dimensao política dos sujeitos envolvidos está intimamente associado ao ato de resistir aos processos de avanco e mo-bilidade do capital no espaco, centrada na defesa do territorio e das dinámicas locáis. No contexto da emergencia politizada de um novo sujeito social, este abandona a condicáo passiva de objeto do capital subordinado á desterritorializacáo, passando, através de processos de enraizamento e fortalecimento das relacoes sociais que o arraigam ao territorio, a buscar por autodeterminacao política sobre a organizacáo social que sustenta suas práticas de producáo e seu modo de vida.

Referencias bibliográficas

Acselrad, Henri. y Coli, Luis Régis 2008 “Disputas territoriais e disputas cartográficas”, En Acselrad, Henri. (org.), Cartografías sociais e territorios (Rio de Janeiro: UFRJ/IPPUR)

Almeida, Alfredo Wagner Berno de 2004 “Térras tradicionalmente ocupadas: processos de territorializacáo e Movimentos Sociais” en Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, (Rio de Janeiro: ANPUR) Vol. 6, N° 1.

Articulado Puxiráo dos Povos Faxinalenses 2008 “Nova Cartografía dos

Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil: Faxinalenses no Setor Metropolitano de Curitiba, Fascículo 4. Serie: Faxinalenses no Sul do Brasil” (Quitandinha: PNSCA).

Articulacáo Puxiráo dos Povos Faxinalenses 2011 “Nova Cartografía dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil: Faxinalenses do Núcleo Metropolitano Sul de Curitiba, Fascículo 5. Serie: Faxinalenses no Sul do Brasil”(Mandirituba: PNCSA).

Brasil 2007 “Decreto n.° 6.040/2007 Instituí a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais”. Diario Oficial da República Federativa do Brasil, Brasilia, DF, 08 de fevereiro de 2007.

Montenegro Gómez, Jorge Ramón 2006 “Desenvolvimento em (des) construcáo: narrativas escalares sobre desenvolvimento territorial rural”. Tesis de Doctorado, Presidente Prudente.

Offen, Karl 2003 “The Territorial Turn – Making Black Communities in Pacific Colombia” Journal of Latín American Geography (Austin: CLAG) Vol. 2 N° 1

Quijano, Aníbal 2000 “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En Lander, Edgar (Comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales (Buenos Aires: CLACSO).

Souza, Roberto Martins de 2007. “Da invisibilidade para a existencia coletiva: Redefinindo fronteiras étnicas e territoriais mediados pela construcáo da identidade coletiva de Povos Faxinalenses”. Ponencia presentada en el Seminario Nacional Movimentos Sociais, Participacáo e Democracia (Florianópolis: UFSC).

Tavares, Luis Almeida 2008 “Campesinato e os faxinais do Paraná: térras de uso comum”. Tesis de Doctorado, Sao Paulo.

Zhouri, Andrea y Laschefski, Klemens 2010. “Desenvolvimento e conflitos ambientáis: um novo campo de investigacáo” en: Zhouri, Andrea e Laschefski, Klemens (orgs.) Desenvolvimento e conflitos ambientáis (Belo Horizonte: UFMG).

Zhouri, Andrea y Oliveira, Raquel 2010 “Quando o lugar resiste ao espaco: colonialidade, modernidade e processos de territorializacáo”. en: Zhouri, Andrea e Laschefski, Klemens. (orgs.) Desenvolvimento e conflitos ambientáis (Belo Horizonte: UFMG).

Graduando em Geografía pela Universidade Federal do Paraná (DGEOG/UFPR). Membro do Coletivo de Estudos sobre Conflitos pelo Territorio e pela Terra (Coletivo ENCONTTRA). E-mail: otaviogr@gmail.com↵

Povos e Comunidades tradicionais sao "grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organizacao social, que ocupam e usam territorios e recursos naturais como condicao para sua reproducao cultural, social, religiosa, ancestral e económica, utilizando conhecimentos, inovacoes e práticas gerados e transmitidos pela tradicao." (Art. 3 da Política Nacional de Povos e Comunida¬des Tradicionais, Decreto n.° 6.040/2007).↵

A pesquisa, inserida no Coletivo de Estudos sobre Conflitos pelo Territorio e pela Terra (ENCONTTRA), contou com apoio da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e do Con-selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).↵

As cinco comunidades dos municipios de Mandirituba e Quitandinha que compuseram o processo de construcao da Cartografía Social foram: Faxinal Espigao das Antas, Faxi-nal Pedra Preta, Faxinal Meleiro, Faxinal Mato Branco e Faxinal Campestre dos Paula.↵

Instituto Equipe de Educadores Populares (IEEP) e Centro Missionário de Apoio ao Campesinato "Antonio Tavares" (Cempo)↵

O projeto Nova Cartografía Social vem sendo desenvolvido desde julho de 2005, é coor¬denado pelo antropólogo Alfredo Wágner Berno de Almeida e possui sede em Manaus/ AM. Maiores informacoes sobre o projeto e acesso as suas publicacoes podem ser en¬contrados no sitio www.novacartografiasocial.com. O projeto possui publicados mais de 150 fascículos, que além do mapa, consistem em um conjunto de registros e depoimentos realizados e selecionados pela comunidade para expressar aquilo que se pretende.↵

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EJE III: 

INSTITUCIONES, GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

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Alcances del concepto de dispositivo para el estudio de políticas sociales 2

Nicolás Santiago Dallorso[1]

Presentación

La primera apuesta de este trabajo es pensar que las políticas públicas, en general, y las políticas sociales en particular, no son puntos de partida sino el resultado de procesos abiertos y circunstanciales de ensamblaje o disposición de elementos que las exceden. En este sentido, el desafío de estudiar a las políticas sociales a partir del concepto de dispositivo supone dejar de concebir a las políticas como unidades compactas y naturalizadas. En otras palabras, en lugar de ver en cada política el elemento menor, unitario e indivisible de la práctica estatal, ver en cambio una multiplicidad de elementos que están articulados contingentemente. Esto supone impugnar el carácter homogéneo y uniforme de toda política social y desestabilizar la creencia de que esta unidad procede de una unidad superior, también compacta y unitaria, ya sea el Estado, una tradición política definida o una lucha política auténtica.

La decisión de adoptar el concepto de dispositivo para estudiar las políticas sociales exige, entonces, en primer lugar, renunciar al Estado como unidad desde la que emanan. En lugar de concebir a las políticas como directrices estatales, los estudios de gubernamentalidad -herederos de los trabajos foucaultianos- proponen el concepto de gobierno como un ejercicio referido a la acción de guiar las posibilidades de conducta y disponerlas con el propósito de obtener posibles resultados. Las intervenciones de gobierno no se refieren a una práctica estatal, como entiende la teoría política liberal; por el contrario, adoptar el punto de vista del gobierno es equivalente a rechazar que el Estado sea el origen, el impulsor, el beneficiado o el punto terminal de todo poder. La incorporación de una conceptualización del gobierno que no se restringe al ejercicio de la soberanía sino que, por el contrario, abarca todo un dominio muy amplio que se refiere a un ejercicio incesante, afanoso y activo orientado a dirigir la manera de obrar de los hombres, nos posibilita identificar y conceptualizar las articulaciones entre una multiplicidad de autoridades políticas que no se circunscriben únicamente al espacio estatal sino que lo incluyen y lo exceden; nos referimos a constelaciones de diversas autoridades políticas.

Entonces, si rechazamos concebir a las políticas exclusivamente a partir de su génesis estatal y, en cambio, las concebimos como intervenciones gubernamentales, debemos producir dos desplazamientos con respecto a lo que comúnmente se identifica como políticas estatales. El primer desplazamiento se refiere a que una intervención gubernamental es mucho más que lo que la política dice ser. Es necesario, por tanto, realizar un paso al exterior de la política y descentrarse con respecto a la problemática de ésta. Las omisiones de las políticas -lo que las políticas no hacen, así como lo que muchas veces las políticas dicen no ser- deben ser analizadas como parte constitutiva de las intervenciones de gobierno. Por ejemplo: si buscamos analizar la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires como una intervención de gobierno, tenemos que ver más allá de lo que la política efectivamente dice ser. En este sentido, además de tomar en consideración lo que la política de seguridad dice que es, es decir, los planes de aumento de presencia policial en las calles, los programas de prevención del delito, la instalación de cámaras de seguridad, etc., será necesario pasar al exterior de la política y observar que distintas intervenciones, en principio ajenas al campo de la política de seguridad, como el desempeño de los medios de comunicación, la inserción territorial de organizaciones de la sociedad civil, políticas sociales de vivienda, entre otras, se conjugan con lo que la política de seguridad efectivamente dice que hace en un dispositivo de gobierno de la inseguridad más amplio.

Segundo desplazamiento, es necesario descentrarse también con respecto a la función esperada de la política. En otras palabras, realizar un paso al costado con respecto a aquellos análisis que se concentran en las funciones esperadas, alcanzadas y realmente cumplidas de las políticas, es decir, un desplazamiento en relación con aquellos análisis que se expresan en términos de éxitos y fracasos y, en cambio, ir más allá del análisis funcional e indagar en qué juegos de poder se inscriben las intervenciones de gobierno analizadas. Por ejemplo, en el caso del análisis de las políticas de “combate contra la pobreza”, tenemos que ir más allá de la evaluación de los índices de necesidades básicas insatisfechas o de si los grupos familiares alcanzan cubrir el costo de una canasta de bienes. En cambio, deberíamos poder encarar el estudio las nuevas prácticas y trayectorias que las intervenciones de gobierno suscitan en las poblaciones-objetivo, las resistencias que provocan, las conductas que incitan, las nuevos vínculos que generan con los agentes de salud, los agentes educativos, los punteros barriales y las organizaciones de asistencia, entre otros.

Dispositivo de poder, agenciamiento de deseo y constelación de poder

El concepto de dispositivo es una herramienta heurística de una perspectiva que podemos denominar “pluralista” que se caracteriza por aprehender la política desde una nueva forma. La perspectiva pluralista abandona el universo de la totalidad y abraza un mundo donde las conjunciones y las disyunciones entre las cosas son, en cada momento, contingentes, específicas y particulares y no remiten a ninguna esencia, sustancia o estructura profunda que las fundarían, como tampoco a ninguna argucia estratégica de algún sujeto meta o transhistórico. El énfasis del pluralismo puesto en la heterogeneidad, lo múltiple y lo diverso no quiere decir que lo que reina es la pura dispersión o diseminación. El pluralismo no niega los procesos de unificación, pero, por pequeña que sea la “unidad”, siempre es articulada, producto de conjunciones y disyunciones provisorias. Lo que proponemos es pensar que se pueden identificar políticas sociales particulares, pero nos preguntamos ¿qué tipo de unidad poseen? En principio esta unidad es producida por procesos de composición, articulación en red, agencia-miento, acoplamiento, co-funcionamiento que siempre son provisorios, coyunturales, contingentes e, incluso, en ciertos casos, fortuitos.

En una entrevista de 1977, Michel Foucault (1984) realiza una aproximación a lo que él entiende que es un dispositivo:

Lo que trato de situar bajo ese nombre [dispositivo] es, en primer lugar, un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos.

En segundo lugar, lo que querría situar en el dispositivo es precisamente la naturaleza del vínculo que puede existir entre estos elementos heterogéneos. Así pues, ese discurso puede aparecer bien como programa de una institución, bien por el contrario como un elemento que permite justificar y ocultar una práctica, darle acceso a un campo nuevo de racionalidad. Resumiendo, entre esos elementos, discursivos o no, existe como un juego, de los cambios de posición, de las modificaciones de funciones que pueden, éstas también, ser muy diferentes.

En tercer lugar, por dispositivo entiendo una especie -digamos- de formación que, en un momento histórico dado, tuvo como función mayor la de responder a una urgencia. El dispositivo tiene pues una posición estratégica dominante.

Compartimos con Edgardo Castro (2004) que si la episteme es el objeto de la descripción arqueológica en la producción de Foucault; el dispositivo, por su parte, es el objeto de la descripción genealógica. Si bien es ampliamente reconocido que las investigaciones de Foucault se estructuran en torno del análisis de la relación de saber-poder y sus efectos en el estudio de las prácticas de subjetivación, uno de los desplazamientos más conocidos en su producción es el que ocurre en la década de 1970 cuando se acentúa el peso relativo del componente poder de ese binomio. Cabe aclarar que por desplazamientos no entendemos abandonos, sino más bien extensiones, amplificaciones del campo de análisis. En efecto, el énfasis en el análisis de las relaciones de poder no abandonará el estudio de las formas de saber. Con la publicación del texto Nietzsche, la genealogía, la historia en 1971, se abre un período en la producción foucaultiana, que se extiende con la aparición de Vigilar y castigar en 1975 e Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber en 1976, donde se enfatiza una conceptualización del poder heredera de los aportes de Nietzsche. Estas dos últimas obras están centradas en la descripción de dispositivos: el dispositivo carcelario y el dispositivo sexualidad.

¿Qué novedad trae la idea de dispositivo en la obra de Foucault? En un texto que en 1977 Gilíes Deleuze enviara a Francois Ewald para que se lo transmitiera a Foucault, buscando reiniciar el diálogo interrumpido entre ambos -luego publicado con el nombre Deseo y Placer-, el autor de El Anti-Edipo destaca tres contribuciones sustanciales de la idea de dispositivo en la obra de Foucault. En primer lugar, que la tesis que se refiere a los dispositivos entraña una profunda novedad política en la concepción de poder porque no recurre a ninguna teoría del Estado. Segundo, el concepto de dispositivo le permite a Foucault superar la dualidad de las formaciones discursivas y de las formaciones no-discursivas, que subsistía en Arqueología del Saber, y explicar cómo los dos tipos de formaciones se distribuyen o se articulan punto por punto sin reducirse la una a la otra, ni parecerse. Y, en tercer lugar, el destacable aporte que trae la tesis sobre los dispositivos de poder es que estos no actúan ni por represión ni por ideología.

Retomemos ahora la definición que nos proponía Foucault. Un dispositivo es, entonces, el resultado de la permanente relación que un conjunto heterogéneo de elementos mantienen entre sí. De este modo, el dispositivo consiste en una composición de una pluralidad de piezas en continuo estado de variación, entonces, el dispositivo supone una sistematicidad pero esta sistematicidad es ante todo la de lo múltiple, la de la conectividad. En otras palabras, una sistematicidad ya no de lo clausurado y de lo cerrado sino de lo abierto y de lo indeterminado.

Ahora bien, estos elementos heterogéneos que se conjugan en los dispositivos pueden ser parte tanto de formaciones discursivas como de formaciones no-discursivas. De hecho, el dispositivo logra articular y conectar en un estado de equilibrio inestable o de presuposición recíproca a estos dos tipos de formaciones, sin reducirlas a una relación de significado-significante o de infraestructura-superestructura. Esta conjugación podemos observarla en el análisis que Foucault realiza del dispositivo prisión: éste acopla un conjunto de enunciados como “delincuente, delincuencia” (que expresa una nueva manera de nombrar y clasificar a los ilegalismos) y una formación no-discursiva como la arquitectura panóptica (que distribuye lo visible). Este ejemplo nos muestra claramente que la formación discursiva delincuencia no se corresponde “naturalmente” con la arquitectura panóptica, se necesita todo un dispositivo para ajustar las dos formaciones. La delincuencia y la arquitectura panóptica están dispuestas y ensambladas y se presuponen recíprocamente pero sólo a partir del dispositivo prisión.

Como decíamos elementos heterogéneos se conjugan en los dispositivos y estos elementos pueden pertenecer a formaciones discursivas como no-discursivas. Y, de este modo, el dispositivo es la red que se establece entre los elementos. A partir de lo que hemos desarrollado acerca de la articulación de formaciones discursivas y no-discursivas, podemos apreciar que esta red -que es el dispositivo- necesariamente es una red de relaciones de saber-poder. En este sentido, García Fanlo señala:

Dado que esa red dispone determinados efectos y no otros para logra un objetivo político se deduce que lo que está en juego en esta relación es un poder que dispone y necesita un orden determinado para funcionar así como de un conjunto de saberes que describen, explican, legitiman, aseguran o respaldan la autoridad de ese poder para funcionar de una manera y no otra. Se trata, entonces, de una red de relaciones en las que está implicada una forma determinada de ejercicio del poder y de configuración del saber que hacen posibles determinados efectos de verdad y realidad (2011:3).

A su vez, el dispositivo se caracteriza por su relación con un acontecimiento que se presenta como urgente y, por el cual, el primero asume una posición estratégica. Es la particular concepción de acontecimiento la que introduce el carácter abierto, contingente e indeterminado de la sistematicidad del dispositivo que mencionábamos más arriba. Un acontecimiento alude a un suceso impredecible por el cual se produce una cierta redistribución o desplazamiento en las reglas de constitución de lo verdadero y en el campo de las relaciones de fuerzas en el que se disputa por su establecimiento como verdad. En este sentido, el acontecimiento, que opera tanto en el plano discursivo como en el plano no discursivo, hace surgir la singularidad allí donde usualmente se hace referencia a una constante histórica. El dispositivo se encuentra siempre desbordado y abierto a lo contingente porque tiene como función la de responder a un acontecimiento urgente que es aleatorio en la medida que representa la inestabilidad azarosa que tiene lugar en el enfrentamiento de fuerzas.

De este modo la orientación estratégica del dispositivo está estrechamente vinculada, de manera general, con la naturaleza de todo acontecimiento y con la necesidad de brindarle una respuesta a un acontecimiento que se presenta como urgente, de manera específica. El dispositivo se constituye propiamente como tal, y sigue siendo dispositivo en la medida en que es el lugar de un proceso de sobre-determinación funcional y de una perpetua ocupación estratégica, procesos que señalan su carácter dinámico. La sobredeterminación funcional implica que cada efecto que tiene lugar en el dispositivo, positivo o negativo, buscado o no, encuentra resonancia o entra en contradicción con los otros, y demanda una recuperación, un reajuste de los elementos heterogéneos que surgen en forma constante. La ocupación estratégica refiere a los procesos de generación de fenómenos no buscados por el dispositivo y su reutilización a los fines estratégicos del mismo.

Foucault define el dispositivo como la red que puede establecerse entre un conjunto heterogéneo de elementos. Por tanto, el concepto hace referencia a una grilla de interpretación cuya forma remite a una retícula a través de la cual pensar fenómenos sociopolíticos. Nos preguntamos, entonces, ¿cuáles son estos elementos heterogéneos que se ensamblan? ¿qué elementos están dispuestos en un dispositivo?

En su intervención en el Encuentro Internacional organizado en París, en 1988, por la Association pour le Centre Michel Foucault, Gilíes Deleuze afirma que un dispositivo es

una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal. Está compuesto de líneas de diferente naturaleza y esas líneas del dispositivo no abarcan ni rodean sistemas -cada uno de los cuáles serían homogéneos por su cuenta (el objeto, el sujeto, el lenguaje)-, sino que siguen direcciones diferentes, forman procesos siempre en desequilibrio y esas líneas tanto se acercan una a otras como se alejan unas de otras (1989:155).

Deleuze distingue cuatro líneas principales que componen un dispositivo:

— Líneas de visibilidad. Los dispositivos tienen como primera función hacer ver. Su régimen de luz describe una arquitectura de la realidad, haciendo visibles ciertas partes y dejando otras en penumbra.

— Líneas de enunciación. Su función es hacer hablar a través de la producción de un régimen de enunciación concreto. Estas líneas determinan el espacio de lo enunciable, aquello que puede ser dicho en el campo de un dispositivo dado.

— Líneas de fuerza. Se trata de la dimensión poder. La línea de fuerza se produce en toda relación y pasa por todos los lugares del dispositivo. Constituyen los efectos inmediatos de las desigualdades y desequilibrios que se producen y, recíprocamente, son las condiciones internas de tales diferenciaciones.

— Líneas de subjetivación. Es la producción de subjetividad en un dispositivo. Cuando la línea de fuerza, en lugar de entrar en relación lineal con otra fuerza, se vuelve sobre sí misma, se ejerce sobre sí misma o se afecta ella misma. Aluden a la existencia de procesos de subjetivación a través de los cuales el individuo se convierte en sujeto.

Las cuatro líneas que identifica Deleuze se refieren a las tres grandes instancias que, según el autor de ElAnti-Edipo, Foucault distingue sucesivamente (Saber, Poder y Subjetividad) y que no poseen en modo alguno contornos definitivos, sino que son cadenas de variables relacionadas entre sí. En este sentido, compartimos con Óscar Moro Abadía que:

de alguna manera, los dos primeros tipos de líneas remiten al saber y ya se encontraban presentes en la definición de ¿písteme. De acuerdo con Deleuze, el dispositivo incorpora dos nuevas dimensiones (referidas al poder y a los procesos de subjetivación), que dotan de volumen a la figura bidimensional de la épistémé (2003:39).

Una vez que hemos desarrollado la interpretación de Deleuze sobre el concepto de dispositivo en Foucault, podemos avanzar en una segunda respuesta a la pregunta sobre qué elementos heterogéneos se enlazan en un dispositivo, a partir de la presentación de las críticas que Deleuze y Guattari hacen de este concepto y de la propuesta de su concepto de agenciamiento de deseo. El concepto de agenciamiento de deseo de Deleuze y Guattari es decididamente equiparable al de dispositivo de poder de Foucault ya que ambos conceptos abandonan el mundo de las totalizaciones y de las esencias que fundarían lo social y, por el contrario, piensan a la política en término de multiplicidades. Asimismo, estos conceptos enfatizan los procesos de co-funcionamiento, de composición, de ensamblaje de heterogéneos sin reducirlos a unidades totalizadoras. Sin embargo, si bien ponderan la noción foucaultiana, Deleuze y Guattari encuentran también diferencias con esta conceptualización:

Si hablo con Félix de disposición (agencement) de deseo, es porque no estoy seguro de que los micro-dispositivos puedan ser descritos en términos de poder. [...] Disposiciones completamente locas, pero siempre históricamente asignables. Yo diré por mi parte que el deseo circula en esta disposición de heterogéneos, en esta especie de “simbiosis”: el deseo está vinculado a una disposición determinada, supone un cofuncio-namiento. Por supuesto, una disposición de deseo comportará dispositivos de poder [...], pero habrá que situarlos entre los diferentes componentes de la disposición. [...] En resumen, los dispositivos de poder no serían los que disponen, ni serían constituyentes, sino que serían las disposiciones de deseo quienes articularían las formaciones de poder siguiendo una de sus dimensiones (Deleuze, 1995:14).

Nosotros sólo estamos en desacuerdo con Foucault en los puntos siguientes; 1.°) no nos parece que los agenciamientos sean sobre todo de poder, sino de deseo, deseo que siempre está agenciado, y el poder sólo es una dimensión estratificada del agenciamiento; 2.°) el diagrama o la máquina abstracta tienen líneas de fuga que son primeras, y que no son, en un agenciamiento, fenómenos de resistencia o de respuesta, sino máximos de creación y de desterritorialización (Deleuze y Guattari, 2002:153).

La propuesta del concepto de agenciamiento de deseo se inscribe en la empresa de Deleuze y Guattari de derribar el saussurismo hegemónico en las ciencias humanas a partir del estructuralismo que hacía de la relación entre el significante y el significado una relación de subordinación y de correspondencia. En contraposición con esta concepción, la articulación o composición que supone los agenciamientos será de otro carácter: ya no subordinación y correspondencia sino de heterogeneidad y reciprocidad. Para confrontar con el saussurismo, se valen de la obra del lingüista Louis Hjelmslev que en un solo plano inmanente propone la relación entre forma de expresión y forma de contenido. En este sentido, la forma del contenido no puede reducirse a un significado, ni tampoco la forma de expresión puede reducirse a un significante. Las expresiones y los contenidos están en presuposición recíproca, no hay semejanza o correspondencia entre ellos, lo que resulta en una auténtica teoría inmanente de la lengua. A partir de esto, Deleuze y Guattari señalan:

Se pueden sacar algunas conclusiones generales sobre la naturaleza de los Agenciamientos. Según un primer eje, horizontal, un agenciamiento incluye dos segmentos, uno de contenido, otro de expresión. Por un lado es agenciamiento maquínico de cuerpos, de acciones y de pasiones, mezcla de cuerpos que actúan los unos sobre los otros; por otro, agenciamiento colectivo de enunciación, de actos y de enunciados, transformaciones incorporales que se atribuyen a los cuerpos. Pero, según un eje vertical orientado, el agenciamiento tiene por un lado partes territoriales o reterritorializadas, que lo estabilizan, y por otro, máximos de desterritorialización que lo arrastran (Deleuze y Guattari, 2002:92).

A partir de las nociones de forma de expresión y forma de contenido -incluidas en el primer eje horizontal de los agenciamientos- Deleuze y Guattari pueden explicar cómo las formaciones discursivas y las no discursivas se distribuyen o se articulan punto por punto sin reducirse la una a la otra, ni parecerse. En el segundo capítulo del libro sobre Foucault titulado Un Nuevo Cartógrafo (1998), que es básicamente el artículo que escribió en 1975, el mismo año en el que fueron publicados Vigilar y Castigar y Kafka: Por una Literatura Menor, Deleuze equipara la forma de expresión y la forma de contenido con las formaciones discursivas y las formaciones no discursivas de Foucault, respectivamente, y, asimismo, las interpreta como lo que concierne a lo enunciable a la primera y lo que concierne a lo visible a la segunda. Deleuze celebra que entre las formaciones discursivas y las no-discursivas, es decir, entre lo enunciable y lo visible, no exista conformidad, ni siquiera correspondencia sino sólo presuposición recíproca. Este vínculo de co-adaptación es lo que caracteriza, entonces, a los agenciamientos: no se trata de suprimir la distinción entre expresión y contenido, sino de comprender que designa la puesta en relación de un conjunto de relaciones materiales con un régimen de signos correspondiente.

Ahora bien, a diferencia de los dispositivos de poder, Deleuze y Guattari consideran que los agenciamientos no son sobretodo de poder, sino de deseo, y el poder sólo es una dimensión estratificada del agen-ciamiento. Entonces, siguiendo un segundo eje, todo agenciamiento tiene dos caras: (re)territorializaciones y movimientos de desterrito-rialización. En otras palabras, dos caras donde las relaciones de poder son sólo una y la otra dimensión es la que está hecha de líneas de deste-rritorialización y de creación que coinciden con el deseo. Pero además, esta última dimensión -el deseo- está representada por líneas de fuga, de desterritorialización que son lógicamente primeras y que los dispositivos de poder buscan taponarlas, amarrarlas, obturarlas.

Podemos pasar ahora, entonces, a un ejemplo donde podamos distinguir los distintos elementos que están dispuestos, entran en composición y se ensamblan en un agenciamiento de deseo. Un ejemplo que proponen Deleuze y Guattari es la feudalidad como agenciamiento de deseo:

Según un primer eje, se considerarán las mezclas de cuerpos que definen la feudalidad. El cuerpo de la tierra y el cuerpo social, los cuerpos del soberano, del vasallo y del siervo, el cuerpo del caballero y del caballo, la nueva relación que establecen con el estribo, las armas y las herramientas que aseguran las simbiosis de cuerpos: todo un agenciamiento maquínico. Pero también los enunciados, las expresiones, el régimen jurídico de las armaduras, el conjunto de las transformaciones incorporales, especialmente los juramentos y sus variables, el juramento de obediencia, pero también el juramento amoroso, etc.: el agenciamiento colectivo de enunciación. Y según el otro eje, se considerarán las territorialidades y reterritorializaciones feudales, al mismo tiempo que la línea de desterritorialización que arrastra al caballero y su montura, los enunciados y los actos. Y cómo todo eso se combina en las Cruzadas (Deleuze y Guattari, 2002:93).

Las líneas de fuga son casi lo mismo que los movimientos de desterritorialización: no implican ningún retorno a la naturaleza, son puntas de desterritorialización en las disposiciones de deseo. Lo primero en la feudalidad son las líneas de fuga que supone; lo mismo ocurre para los siglos X al XII; y lo mismo para la formación del capitalismo. Las líneas de fuga no son necesariamente “revolucionarias”, al contrario, pero los dispositivos de poder quieren taponarlas, amarrarlas. Alrededor del siglo XI, todas las líneas de desterritorialización se precipitan: las últimas invasiones, las bandas de pillaje, la desterritorialización de la Iglesia, las migraciones campesinas, la transformación de la caballería, la transformación de las ciudades que abandonan cada vez más los modelos territoriales, la transformación de la moneda que se integra en nuevos circuitos, el cambio de la condición femenina con los temas del amor cortés que desterritorializan incluso el amor caballeresco… etc. La estrategia será secundaria en relación a las líneas de fuga, a sus combinaciones, a sus orientaciones, a sus convergencias o divergencias. Una vez más encuentro ahí la primacía del deseo, ya que el deseo está precisamente en las líneas de fuga, conjugación y disociación de flujos. Se confunde con ellas (Deleuze, 1995:16).

En el ejemplo podemos observar que mientras que las territorialidades y las reterritorializaciones se distribuyen y estabilizan al agenciamiento, por otra parte, las líneas de fuga y las desterritorializaciones desestabilizan al agenciamiento. Lejos de perpetuarse, el agenciamiento se pone en movimiento: siempre es afectado por una dosis de desequilibrio en la medida en que es afectado a un campo de deseo sobre el cual se constituye.

Ahora bien, para indagar una tercera respuesta a la pregunta por los elementos que se articulan en un dispositivo de poder, creemos oportuno analizar el concepto de constelación de poder en la producción de Boaventura de Sousa Santos, en tanto que nos resulta relevante indagar en qué medida dicho concepto puede dialogar con el de dispositivo de poder en Michel Foucault. Tanto la noción de dispositivo de poder como la de constelación de poder implican una multiplicidad de elementos que están articulados contingentemente y refutan la idea de que emane de un único sitio determinado algo que sea un poder. Al igual que en los dispositivos de poder, la conceptualización de las constelaciones de poder de Santos parte del reconocimiento de la naturaleza política de una pluralidad de formas de poder que exceden al dominio estatal. El autor portugués se preocupa por integrar el espacio de la ciudadanía —el único que la teoría política liberal considera esfera pública centrada en el Estado— en una matriz de seis espacios estructurales donde se producen formas de poder formalizadas y centradas en el Estado e informales y descentradas. En este sentido, si por una parte, Santos comparte con Foucault el carácter múltiple y plural del ejercicio del poder, por otra parte, no renuncia a la idea de que la dominación estatal mantiene una centralidad en las sociedades contemporáneas aunque, de todas maneras, inestable debido a que requiere articularse en constelaciones o cadenas con formas menos burocratizadas, más dispersas e informales.

Como hemos dicho, según el autor portugués, la regulación social se desarrolla a partir de seis modos de producción de práctica social que se corresponden con seis espacios estructurales: el espacio doméstico, el espacio de la producción, el espacio del mercado, el espacio de la comunidad, el espacio de la ciudadanía y, por último, el espacio mundial. Si nos centramos en los modos de producción de poder en la obra de Santos podremos observar que en el ejercicio de poder convergen eslabones de relaciones de desigualdad tan diversos como el género, la clase, la edad, la etnia, la nacionalidad, los recursos educativos, etc. En otras palabras, una constelación de poder necesariamente articula las formas de poder que caracterizan a distintos espacios estructurales. En este sentido, por ejemplo, aunque sea la forma privilegiada de poder en el espacio doméstico, el patriarcado, está también presente en las constelaciones de poder de las relaciones sociales agregadas en el espacio de la producción, en el espacio del mercado, en el espacio de la comunidad, en el espacio de la ciudadanía y en el espacio mundial. De este modo, la tesis que defiende Santos es que el carácter político de las relaciones de poder no reside en una forma particular de poder, como podría ser la dominación estatal, sino en una constelación de poder, es decir, en una composición resultante de diversas formas de poder en diferentes campos sociales que se articulan, se hibridan, se “constelan”: “El poder nunca es ejercido en una forma pura y exclusiva, sino como una formación de poderes, esto es, como una constelación de diferentes formas de poder combinadas de maneras específicas” (Santos 2003:301).

Las constelaciones de poder son, entonces, articulaciones de heterogéneas formas de poder producidas en distintos espacios estructurales. Estas formas de poder se producen en seis espacios heterogéneos que son, según el autor, los conjuntos más elementales y más sedimentados de relaciones sociales en las sociedades capitalistas contemporáneas. ¿En qué reside tal heterogeneidad? Para responder esta pregunta tenemos que señalar que las sociedades capitalistas contemporáneas si bien operan con la ficción del monopolio estatal del poder y que, en función de esta operación, pretenden sujetar u organizar toda otra forma de poder, en ellas no sólo subsisten sino que fluyen y escapan del control del aparato estatal relaciones de poder más dispersas, caóticas e informales. En este sentido, existe una heterogeneidad entre la dominación como forma de poder propia del Estado y las distintas formas de poder descentradas que operan en secuencias sin límites definidos.

Distingo entre dominación como poder cósmico y el resto de formas de poder como poder caósmico. Por poder cósmico entiendo el poder centralizado, ejercido a partir de un centro de alto voltaje (el Estado) y dentro de límites formalmente establecidos a través de secuencias y cadenas institucionalizadas de intermediación burocrática. En contrapartida, el poder caósmico es el poder descentralizado e informal, ejercido por múltiples microcentros de poder en secuencias caóticas sin límites pre-definidos. Todas las constelaciones de poder combinan un componente cósmico con una pluralidad de componentes caósmicos. La heterogeneidad entre componentes cósmicos y caósmicos es responsable de la opacidad fenome-nológica de las relaciones de poder en la sociedad: en tanto que experiencias vividas, las constelaciones de poder tienden a ser reducidas a sus componentes cósmicos o a sus componentes caósmicos, lo que afecta negativamente a la eficacia de las luchas de resistencia contra el poder, dado que éste es siempre simultáneamente cósmico y caósmico (Santos, 2003:328).

En este sentido, si consideramos a las políticas sociales como constelaciones de poder -en términos de Santos- éstas suponen una cierta articulación entre las familias, la comunidad, el proceso productivo, el mercado y el propio Estado en lo que se refiere tanto a la producción-distribución de bienestar así como a la manera en que se comparten los costos de los riesgos sociales. La política social tal vez se exprese a nivel de las grandes organizaciones políticas; pero sólo gana consistencia y se sostiene en el tiempo si se ancla en la producción de la subjetividad de los individuos y de los grupos, en los intersticios de los arreglos domésticos, comunitarios o laborales. Si bien toda política pública podría ser concebida como generada en el sistema político y centrada únicamente en el Estado, supone toda una serie de conexiones y conjugaciones —siempre inestables— con una pluralidad de autoridades menos burocratizadas, más informales y más descentradas. Si es correcto nuestro planteo, debemos rechazar conceptualizar a la política social como producida y emanada desde un único centro estatal y, en cambio postular que ésta, si bien actúa por macrodecisiones y opciones binarias, tiene una microtextura y está inmersa necesariamente en un mundo de múltiples microdeterminaciones, de pequeños acuerdos, conflictos y complicidades.

Creemos oportuno destacar aquí la afinidad de la conceptualiza-ción de Santos del poder cósmico y los poderes caósmicos con las nociones de macropolítica y micropolítica usadas por Deleuze y Guattari. Como señalaba Santos en la cita “por poder cósmico entiendo el poder centralizado, ejercido a partir de un centro de alto voltaje (el Estado) y dentro de límites formalmente establecidos a través de secuencias y cadenas institucionalizadas de intermediación burocrática. En contrapartida, el poder caósmico es el poder descentralizado e informal, ejercido por múltiples microcentros de poder en secuencias caóticas sin límites pre-definidos”. En la concepción de Deleuze y Guattari, el Estado central no se ha constituido por la abolición de una multiplicidad de centros de poder, sino por concentricidad de los distintos círculos o por la puesta en resonancia de los centros. Asimismo, Santos entiende que el poder es siempre simultáneamente cósmico y caósmico, mientras que Deleuze y Guattari sostienen que “en resumen, todo es política pero toda política es a la vez macropolítica y micropolítica” (2002:218, énfasis en el original).

Tanto en Deleuze y Guattari como en Santos el poder estatal (“macropolítica”, “máquina de sobrecodificación”, “aparato de resonancia” en términos de los primeros como el “poder cósmico” o “dominación” en términos del autor portugués) es inestable e incompleto si se lo toma aisladamente porque sólo gana consistencia si se ensambla, combina, constela con centros de poderes más dispersos, menos buro-cratizados, de segmentaridad menos dura. De todas formas, las constelaciones no logran articular completamente todos los componentes caóticos y la macropolítica no consigue totalizar todos los flujos micro-políticos. Siempre son desbordadas:

Desde el punto de vista de la micropolítica, una sociedad se define por sus líneas de fuga, que son moleculares. Siempre fluye o huye algo, que escapa a las organizaciones binarias, al aparato de resonancia, a la máquina de sobrecodificación (Deleuze y Guattari, 2002: 220).

Como el poder es siempre ejercido en constelaciones de poderes, los lugares privilegiados de producción de desigualdad y de opresión, tomados aisladamente, son inestables e incompletos, ya que ninguno de ellos dispensa el concurso de los demás para ser eficaz (Santos, 2003: 312).

La diferencia no es únicamente de extensión o de talla entre lo macro y lo micro o entre lo cósmico y lo caósmico: si bien es cierto que lo micro actúa en los detalles y pasa por pequeños grupos, no por ello deja de cubrir todo el campo social. Hay heterogeneidad cualitativa entre una dimensión y la otra: se refieren a diferentes relaciones de fuerzas. Sin embargo, existe siempre una coextensividad de esas dos dimensiones: se necesitan y se presuponen. Y si bien se entrecruzan completamente, son también completamente inmanentes.

La red de manzaneras y comadres del plan vida en la provincia de Buenos Aires

En este apartado buscamos realizar una utilización de las orientaciones teóricas en torno al concepto de dispositivo esbozadas más arriba para el estudio de la red de trabajadoras vecinales del denominado “Plan Vida”. Cabe señalar que lo que sigue no es un análisis exhaustivo de esta política “de combate contra la pobreza” sino un ejercicio que recoge parte de los resultados de mi investigación de doctorado (Dallorso 2010) para indagar en los alcances heurísticos de la categoría de dispositivo.

Con la puesta en marcha del denominado “Plan Vida” desde 1994, la provincia de Buenos Aires extendió y consolidó una estructura organizativa de mujeres voluntarias (denominadas “manzaneras” y “comadres”) encargadas del desarrollo de una intervención nutricional materno-infantil destinada a la población con necesidades básicas insatisfechas del distrito. Una de las características distintivas del Plan Vida fue el despliegue de esta intervención territorial particular: la extensión de una amplia red de vecinas voluntarias encargadas de llevar adelante cotidianamente las acciones que el Plan contemplaba: entrega de la leche y un complemento nutricional a los niños hasta el ingreso escolar, a las mujeres embarazadas y a las nodrizas; detección de las mujeres embarazadas y su acompañamiento en los controles de gestación. Cada mujer seleccionada para la tarea asume la responsabilidad de atender una zona que comprende entre cuatro a diez manzanas y se designa su domicilio particular como “boca de expendio” para la distribución de los alimentos. La distribución de un producto perecedero como la leche fluida requiere que las beneficiarías pasen a retirarlo cada dos días y esta rutina se extiende durante seis años, desde antes de que nazcan los niños hasta el ingreso escolar.

El Plan Vida (y su continuación el “Plan Más Vida-Comadres”) es un ejemplo más de los programas asistenciales que fueron caracterizados como “híbridos”. Por una parte, tal hibridez ya podemos identificarla en las fuentes de inspiración que, de acuerdo con el relato oficial del programa, el Plan Vida tuvo: las experiencias del chileno Plan Nacional de Alimentación Complementaria y los cubanos Comités de la Defensa de la Revolución. Por otra parte, el carácter híbrido del Plan Vida fue señalado en función de la modalidad de gestión de la asistencia que encarnó. En este sentido, combinó rasgos de la asistencia social clásica como una racionalidad particularista y la comprensión de la asistencia como un recurso de poder, con rasgos de la asistencia social gerenciada como el estímulo a la participación y a la formación de redes no burocráticas que recuperen formas organizativas comunitaria o el fomento de las capacidades locales.

Asimismo, el Plan Vida concilio —de una manera particular— distintas concepciones, presentes en el debate de la década de 1990, acerca del rol que la política social debía cumplir en un contexto de ajuste estructural como el que vivía el país en ese entonces. De este modo, más allá de su objetivo central —disminuir el impacto de la pobreza en la población materno-infantil— el Plan Vida fue concebido como una respuesta y una propuesta alternativa a otros desafíos: fue una iniciativa moralizadora basada en una construcción de la feminidad vinculada a la maternidad, fue pensado como una respuesta a la creciente conflicti-vidad social de los barrios más vulnerables del Conurbano Bonaerense, fue una propuesta de acción social alternativa a la del gobierno nacional y fue una iniciativa que integró los requerimientos de focalización, participación y “empoderamiento” de los sectores populares, alentados por los organismos internacionales de crédito, en la tradición cultural del peronismo. Además, en la medida en que comenzaba a instalarse, cada vez con mayor intensidad, la inseguridad como problema prioritario en la agenda pública, la red de manzaneras y comadres fue valorada como un instrumento idóneo para la regulación de las conductas indeseadas de los adolescentes y jóvenes de los sectores populares.

Nuestra propuesta es, entonces, abordar este conjunto híbrido de funcionamientos, objetivos y fuentes de inspiración que es la red de manzaneras y comadres a partir del concepto de dispositivo, es decir, como una red de relaciones entre elementos heterogéneos que manifiestan una actividad conjunta. A estos fines, presentaremos sucintamente cómo se articulan, en la red de trabajadoras vecinales del Plan Vida, un específico régimen de visibilidad, un régimen de decibilidad, un particular ejercicio del poder y la producción de una subjetividad también específica.

Las intervenciones de manzaneras y comadres se emplazan a partir del específico lugar que detentan en los barrios asistidos por el Plan y, desde allí, pueden ejercer una mirada desde abajo cotidianamente. Las trabajadoras vecinales asisten a las familias populares y este vínculo con los beneficiarios les habilita una mirada desde abajo. Si los funcionarios estatales miran desde arriba a las familias populares, las trabajadoras vecinales las miran desde abajo: las miran en el plano de su cotidianidad. Las manzaneras tienen un doble rol en la ejecución cotidiana del programa asistencial: forman parte de su población-objetivo y, al mismo tiempo, son las operadoras en la distribución de alimentos. Esta doble función les habilita ocupar un nodo particular en la red de poder que se establece a partir de la ejecución del Plan en los barrios asistidos. La distribución de alimentos que estipula este programa social —que requiere que los beneficiarios acudan cada dos días a la casa de la manzanera a retirar la mercadería, durante seis años— permite el despliegue de esta mirada desde abajo. La “mirada de abajo” es un régimen de visibilidad, en otras palabras, un régimen que determina eso que se ve y quien ve. Por eso la manzanera puede ser pensada como una función de la visibilidad, una función del dispositivo que le hace ver y orienta su mirada. Este régimen que distribuye lo visible y lo invisible, que distribuye el movimiento de la mirada hace posible el ejercicio de relaciones de fuerzas desiguales.

Las manzaneras del Plan Vida no sólo proveen la leche que el programa otorga, sino que también tienen que desplegar con pericia otras prácticas de la intimidad personal, como hacer bromas, convencer, consolar y escuchar con simpatía. En este sentido, la trabajadora vecinal —sea manzanera o comadre— está en condiciones de acaparar información valiosa sobre los acontecimientos y la vida de los vecinos del barrio, ya que las familias beneficiarías se encuentran cotidianamente en la situación de ser miradas. Puede decirse que esta información es potencialmente estratégica y valiosa en la gestión de los conflictos barriales en la medida en que este saber es por su naturaleza inaccesible para las miradas estatales desde arriba. La macropolítica nunca logra capturar del todo este dominio de las relaciones de la vida cotidiana. La mirada desde abajo llega allí adonde los relevamientos estadísticos no pueden llegar; escucha los rumores, selecciona los chismes, pone en juego opiniones, pregunta en confidencia, juzga, acompaña, convive, en el mismo lugar donde la vigilancia de los mecanismos formales de control social no llega.

En paralelo con este régimen de visibilidad podemos identificar el despliegue de un particular régimen de enunciación en las prácticas de las trabajadoras vecinales del Plan. La intervención privilegiada por las manzaneras y comadres en sus relatos, en orden al manejo de situaciones conflictivas y generalmente visualizadas como violentas, se caracteriza por la recuperación de un espacio para “hablar” con los protagonistas de acciones “desviadas”. Este tipo de intervención es la elegida por las manzaneras y comadres cuando en las situaciones conflictivas en cuestión participan adolescentes o jóvenes pertenecientes al propio barrio. En el siguiente fragmento, una trabajadora vecinal reconstruye este tipo de conversaciones con jóvenes productores de comportamientos “desviados”:

Entrevistador: ¿Qué respuestas tienen cuando conversan con estos chicos?

Susana: Incluso, te voy a decir, tengo un muchacho que anda con una silla de ruedas por ahí, por casa. Antes que le pegaran el tiro y le pegaran en la médula, yo me acuerdo un día de votación que estaba por ahí y me dijo “necesito un favor” yo le dije: “perdona, pero tenes que largar la joda, vas a tener un hijo o una hija ¿por qué no te portas bien?”; “Sí, sí, doña, voy a ir a buscar trabajo” No pasaron veinte días y estaba en el hospital. Cuando voy al hospital me dice: “tenía razón, doña, le tendría que haber hecho caso y no le hice”. [Susana, comadre de Villa de la Infanta].

En este encuentro entre la trabajadora vecinal y los jóvenes, cada una de las posiciones están claramente jerarquizadas: por una parte, la posición de la autoridad desde un lugar de “madre” y, por la otra, la posición del “hijo en falta”. La intención de esta conversación es la advertencia y el llamado de atención acerca del carácter “desviado” del comportamiento, pero no rigurosamente en términos de sanción. La relación resultante es concebida por las entrevistadas como una relación de afecto y propia de su tarea “natural” en tanto madres. Esta formación discursiva que hemos denominado “maternidad barrial” expresa una particular forma de nombrar, clasificar, designar y regular los comportamientos “desviados”.

Hasta aquí podemos señalar que no existe correspondencia necesaria entre la “maternidad barrial” en tanto régimen de enunciación y el régimen de visibilidad que hemos denominado “mirada de abajo”, que distribuye lo visible. No hay una correspondencia necesaria sino, por el contrario, una heterogeneidad y una reciprocidad que se alcanza solamente a partir del ensamblaje en el dispositivo Plan Vida.

Pasemos ahora a las características que asume el ejercicio de poder en este dispositivo. El ejercicio del poder supone siempre el despliegue de relaciones de fuerzas desiguales y jerarquizadas, sin embargo, las relaciones de fuerzas en las que participan las manzaneras y comadres tienen una característica específica: se trata del despliegue de un poder que podemos denominar “afectivo”. Las prácticas de las trabajadoras vecinales están orientadas una regulación “cara a cara” que se caracterizan por movilizar creencias y deseos y por disipar miedos cotidianos en función de intervenir sobre formas de vida de los asistidos para evitar y/o limitar conductas indeseadas, pautas violentas en la resolución de conflictos barriales, malos hábitos, crianzas no responsables, entre otras. En la medida en que estas intervenciones operan en el ámbito de la satisfacción de las necesidades y movilizan los sentimientos de confianza y reciprocidad entre los sujetos, podemos afirmar que se inscriben en el terreno mismo de la afectividad. Cuando nos referimos a las intervenciones de las manzaneras y comadres como el despliegue de fuerzas afectivas que incitan, producen y provocan conductas y comportamientos valorados buscamos poner de relieve la profundidad con que el ejercicio de poder penetra la afectividad de los sujetos: el poder no se ejerce sobre los afectos de los individuos, sino que más bien éste circula por ellos. En este caso, el poder no funciona “alrededor” de los afectos, sino “a través” de ellos. De este modo, existe un dominio caracterizado por vínculos próximos y contactos personalizados que constituye un campo de fuerzas que puede ser conceptualizado como un entramado afectivo, eminentemente político. En definitiva, los afectos juegan un papel decisivo en la dinámica del ejercicio del poder: es a través de esta naturaleza de la afectividad, y no a través del mero cálculo racional, a partir de la cual se articulan las intervenciones de las trabajadoras vecinales del Plan Vida.

Finalmente, quisiéramos hacer una breve referencia a un tipo de subjetividad que se produce en el dispositivo Plan Vida: la subjetividad de manzaneras y comadres como “subjetividades implicadas”. Cuando las manzaneras y comadres intervienen en lo doméstico, intervienen sobre las conductas indeseadas en la comunidad, se ocupan del cuidado de y en la comunidad y participan de arreglos clientelares ponen enjuego una subjetividad implicada y no se desempeñan como sujetos que desarrollan cínicamente estrategias interesadas, evaluadas y planificadas. Ante un conflicto doméstico o barrial, ante un pedido de ayuda, ante la necesidad de brindar cuidados, es decir, en cada uno de los rituales prácticos de su vida cotidiana, estas mujeres se sienten interpeladas a involucrarse y desempeñarse al servicio de las familias beneficiarías y de la comunidad barrial. A partir de esta interpelación a hacer el bien, no hay simulacro de servicio, por el contrario, existe una implicación subjetiva en cada una de estas situaciones sociales. En otras palabras, las manzaneras y comadres no fingen sino que asumen “espontáneamente” las tareas de cuidar, proteger y controlar las conductas indeseadas, viven “naturalmente” en sus rutinas y gestos diarios, en sus vidas cotidianas, este rol. Esto último no quiere afirmar que todas las trabajadoras vecinales desempeñen estas tareas, de hecho, hemos constatado que muchas se desentienden de estos requerimientos, sin embargo, aun el no involucramiento con las prácticas de regulación de las conductas no invalida que la interpelación tenga lugar. Cuando nos hemos referido a las manzaneras y comadres como subjetividades implicadas quisimos resaltar que este “natural” y “espontáneo” compromiso que desarrollan no se explica solamente a partir de la simple instrucción por parte de la macropolítica, sino que es producto de la adquisición progresiva de un interés, de una creencia. Estas mujeres no actúan como sujetos estratégicos (al menos, no todo el tiempo) sino según sus creencias. De este modo, existe todo un dominio de prácticas de involucramiento afectivo que las trabajadoras vecinales llevan adelante, como confortar, atender con cordialidad, hacer bromas, aconsejar, convencer, consolar y escuchar con simpatía a los beneficiarios, que no están sujetas a las decisiones macropolíticas sino a su propia subjetividad, así construida. Así como hemos afirmado que el Plan Vida y la red de manza-neras y comadres conforman un dispositivo puesto que ponen en composición un régimen de visibilidad -la mirada de abajo-, un régimen de enunciación -la maternidad barrial-, una especifica modalidad de ejercicio de las relaciones de fuerza -el poder afectivo- y la producción de un tipo específico de subjetividad -la subjetividad implicada- también podemos señalar que el Plan Vida y la red de trabajadoras vecinales pueden ser considerados a partir del concepto de constelación de poder. Como hemos señalado más arriba, el concepto de constelación de poder de Boaventura de Sousa Santos busca integrar la forma de poder característica del espacio de la ciudadanía -el poder estatal- con una pluralidad de formas de poder que exceden ese dominio. De este modo, el autor portugués se preocupa por subrayar una concepción de poder que contempla modalidades formalizadas y centradas en el Estado e informales y descentradas. En las prácticas cotidianas de las trabajadoras vecinales del Plan Vida podemos observar este carácter articulado del ejercicio de poder que combina formas centradas en el Estado con otras descentradas más informales y menos burocratizadas. En las intervenciones de manzaneras y comadres orientadas a regular las conductas indeseadas de los adolescentes y jóvenes de sus barrios, por ejemplo, se muestra cómo las operadoras de una política estatal despliegan prácticas propias de la esfera familiar sobre el espacio comunitario y, así, se conforma un particular arreglo cualitativo entre estas tres esferas (doméstica, comunitaria y estatal) en lo que se refiere al ejercicio del gobierno de conductas indeseadas. De este modo, la noción de constelación de poder nos permite subrayar el carácter múltiple y plural del ejercicio del poder, imposible de ser reducido solamente a un único aparato estatal unificado. Con lo cual podemos ahora afirmar que las manzaneras y las comadres del Plan Vida no son la última cara del Estado en los barrios del Conurbano Bonaerense puesto que, las intervenciones de las trabajadoras vecinales no pueden ser reducidas a ser el último eslabón de una gran continuidad de una cadena de mandos estatales. Con esto no queremos significar que lo estatal no tenga ningún lugar en las intervenciones de las manzaneras y comadres, sino, destacar que su centralidad es inestable si no se articula con formas de poder menos burocratizadas, más dispersas e informales.

Por último, también podemos mostrar en el ejemplo del Plan Vida y la red de trabajadoras vecinales la articulación o el ensamblaje entre el dominio de la macropolítica y el dominio de la micropolítica. Las cadenas de poder están compuestas por eslabones flexibles y eslabones más rígidos, por pequeños microcentros de poder (como ser los pertenecientes a lo doméstico o a lo comunitario) y un centro de poder de alta resonancia (como ser el Estado). La macropolítica requiere del trabajo cotidiano de manzaneras y éste se enraiza en el vínculo personalizado de entrega de leche. La macropolítica nunca logra capturar del todo este dominio de las relaciones de la vida cotidiana que es, ante todo, un entramado afectivo. Pero, cabe señalar que la relación entre los eslabones flexibles y los eslabones más rígidos de las cadenas de poder, entre la micropolítica y la macropolítica, no es una relación instrumental: si bien se necesitan, se entrecruzan y presuponen, esto no supone que la primera esté supeditada completamente a las macrodecisiones.

Aproximaciones finales

A lo largo de este capítulo hemos buscado realizar un acercamiento al concepto de dispositivo para indagar sus alcances y límites heurísticos para abordar el análisis de políticas sociales. La noción de dispositivo permite explicar cómo los regímenes de enunciación y los regímenes de visibilidad se distribuyen o se articulan sin reducirse unos a otros; así como también se presenta como adecuada para comprender el acoplamiento entre relaciones de poder y formas de subjetivación. Al mismo tiempo, el concepto de dispositivo se presenta como conveniente para indagar el co-funcionamiento de dos dimensiones: la macropolítica, es decir, las relaciones políticas que tienen lugar en el espacio de la ciudadanía y que se distinguen por constituir autoridades institucionalmente establecidas que se presentan como las únicas legalmente validadas y, por otro lado, la dimensión micropolítica, es decir, el dominio político de creencias y deseos en el que se instituyen autoridades menos buro-cratizadas, más dispersas e informales.

El desafío consistió en ver en cada política, en lugar, del elemento menor, unitario e indivisible de la práctica estatal, ver en cambio una multiplicidad de elementos que están articulados contingentemente. Para ello indagamos en distintos conceptos (dispositivo de poder, agen-ciamiento de deseo y constelación de poder) para fragmentar lo que se pensaba unido, mostrar la heterogeneidad de aquello que se imaginaba uniforme. A partir de estos conceptos, pudimos dar cuenta de cómo una multiplicidad de elementos heterogéneos se vincula entre sí de mil modos y, sin embargo, no hay necesidad por la cual una relación los contenga a todos ellos. Con esto, por supuesto, no queremos afirmar que no haya unidad posible, muy por el contrario, con el ejemplo del Plan Vida y la red de trabajadoras vecinales intentamos mostrar que se puede identificar una unidad de funcionamientos, sin embargo, buscamos resaltar que esta unidad es un resultado de un proceso de unificación, de puesta en constelación, de composición que no siempre logra completamente contener y ajustar todos los elementos.

En diversos trabajos se ha enfatizado el carácter híbrido de muchas de las políticas sociales en Argentina. Políticas sociales de inspiración liberal que se inscriben en un contexto neo-intervencionista o un entramado de protecciones de carácter conservador con amplias garantías de derechos o programas sociales que se sitúan en un espacio intermedio en el que se cruza la lógica de la protección con la lógica asistencialista. Tal hibridez pondría de manifiesto que estas políticas no se ajustan o no expresan acabadamente un modelo “puro” o una tradición “auténtica”. O también expresaría que en ellas se mezclan elementos heterogéneos provenientes de diferentes experiencias. Creemos que es necesario reparar en el calificativo “híbrido” puesto que, tal vez, esté expresando una realidad más profunda que una simple amonestación ante una falta de pureza o autenticidad.

La adopción del concepto de dispositivo nos descentra de las políticas porque no podemos remitir más a una unidad superior, sea el Estado, una tradición ideológica o una lucha política auténtica. No obstante lo cual, nos permite problematizar y poner en crisis los argumentos que enfatizan el carácter híbrido de ciertas intervenciones de gobierno. La utilización del adjetivo “híbrido” para calificar las particularidades que asumen las intervenciones de gobierno en los países del Sur oculta, en muchos casos, la falta de herramientas conceptuales para comprender la naturaleza compleja de los procesos de creación e implementación de intervenciones de gobierno y se resguarda en la amonestación ante una supuesta falta de autenticidad o pureza.

Lo híbrido no es un fenómeno marginal sino el terreno mismo en el que las políticas sociales son construidas. Las políticas sociales son mestizas, híbridas, mixturadas. Esto nos exige perfeccionar nuestras herramientas conceptuales para analizar la complejidad que supone entender a estas intervenciones como productos de una composición.

Bibliografía

Castro, Edgardo 2004 El vocabulario de Michel Foucault: un recorrido alfabético por sus temas, conceptos, autores (Buenos Aires: Prometeo-UNQui).

Dallorso, Nicolás 2010 “Manzaneras y comadres. Continuidades y transformaciones en las intervenciones gubernamentales: de la protección materno-infantil a las transferencias monetarias condicionadas (Conurbano Bonaerense, 2005-2009)”. Tesis de doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

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Moro Abadía, Osear 2003 “¿Qué es un dispositivo?” enEMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales (Madrid) N° 6, pp. 29-46.

Santos, Boaventura de Sousa 2003 Crítica de la razón indolente: contra el desperdicio de la experiencia. Volumen I Para un nuevo sentido común: la ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática (Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer).

Licenciado en Ciencia Política, Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, Magíster en Políticas Sociales, Doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Becario posdoctoral CONICET (IIGG, UBA). Correo electrónico: nicolas_dallorso@ yahoo.com. ar↵

Una versión anterior de este artículo fue publicada con el título "Notas sobre el uso del concepto de dispositivo para el análisis de programas sociales" en Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad, volumen XIX, número 54, Universidad de Guadalajara, México, mayo-agosto de 2012↵

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Estado, educación y organizaciones sociales: Aportes para el debate sobre la "gestión social" en la provincia de Buenos Aires

 Mariel Karolinski[1] y María Inés Maañóri[2]

Introducción

Presentamos en este trabajo reflexiones comunes a dos investigaciones en curso que comparten el interés por estudiar los diversos modos en que experiencias educativas impulsadas por organizaciones sociales en la provincia de Buenos Aires disputan y/o logran reconocimiento por parte del Estado. En un caso, se trata específicamente de analizar los procesos de construcción de políticas educativas para la oficialización de los jardines comunitarios de La Matanza. En el otro, de comprender las tensiones que genera el reconocimiento estatal de una escuela primaria desarrollada por una organización territorial en General Rodríguez. Tanto los jardines como la escuela emergen de la trama de espacios organizativos que se han desarrollado durante las últimas dos décadas en el seno de los barrios pobres del conurbano bonaerense como expresión de lucha y resistencia contra los efectos excluyentes de las políticas neoliberales que implicaron la retirada del Estado como garante de los derechos sociales básicos, entre ellos la educación. Aunque en sus inicios se movilizaron por demandas asistenciales, luego avanzaron en la creación de sus propias instituciones y en la gestión de políticas públicas en sus propios territorios (Merklen, 2004/5).

El crecimiento de este tejido organizacional fue una de las cristalizaciones de la creciente movilización popular desde la segunda mitad de los años noventa, que tuvo al movimiento piquetero de trabajadores desocupados como actor protagónico[3]. El estallido de la crisis en diciembre del 2001 expresó la acumulación de estos procesos de lucha y a la vez puso en evidencia una fuerte crisis de legitimidad -que tuvo como corolario la renuncia del entonces presidente Fernando De la Rúa y la dificultad de varios para asumir ese cargo en las semanas subsiguientes-, a través del rechazo a la autorreferencialidad de la clase política hegemónica y reivindicando la intervención sobre los asuntos públicos por parte de la ciudadanía (Natalucci, 2011).

Este escenario de fuerte conflictividad social tuvo su pico durante el 2002, aunque fue experimentando un progresivo reflujo, producto de la combinación entre las dificultades de las organizaciones para sostener la sistematicidad e intensidad de las movilizaciones; la exigencia por parte de la opinión pública de retorno a la normalidad institucional frente a la amenaza de dilución social (Svampa, 2007); y un proceso de recuperación gradual de la autoridad estatal y de pacificación del conflicto, impulsado desde el gobierno de Eduardo Duhalde, por medio del despliegue de un mecanismo asistencial a través de la distribución masiva de planes sociales (Campione y Rajland, 2006). Esta recomposición hegemónica continuó y se consolidó a partir de la asunción de Néstor Kirchner en el año 2003, en un escenario favorecido tanto por los aires antineoliberales que se iban expresando en la región, como por los primeros signos de reactivación del crecimiento económico. En ese contexto, el “éxito” de Kirchner consistió en la implementación de una serie de medidas que generaron amplia expectativa social, recolocando en primer plano el sistema institucional (Svampa, 2009), y neutralizando los niveles de conflictividad a través de una estrategia de construcción de poder dirigida a un grupo específico de las organizaciones populares movilizadas, recuperando sus demandas y promoviendo, en ciertos casos, su integración en los aparatos gubernamentales. Esta situación conllevó reconfiguraciones en los posicionamientos políticos de estos colectivos y en las lógicas de acción subyacentes: mientras que algunos decidieron aceptar dicha incorporación, otros rechazaron toda vinculación con las estructuras estatales que limite procesos de construcción autónomos (Karolinski, 2011).

No obstante el devenir que haya transitado cada organización, lo que resulta indiscutible es que los procesos de lucha y resistencia de las décadas pasadas dejaron como saldo el reconocimiento de las organizaciones populares como interlocutores políticos válidos para los gobiernos, sea a través de la asunción de cargos públicos, como en la inclusión de sus reivindicaciones en la agenda y en políticas concretas.

Esta situación se evidencia tanto en Argentina como en diversos países de América Latina en los que durante la última década han asumido gobiernos de “nuevo signo” (Moreira et al, 2008) que han avanzado en el cuestionamiento y oposición al consenso hegemónico neoliberal de los años noventa, redefiniendo las funciones estatales y recuperando demandas de los sectores populares movilizados (Moreira et al, ídem; Sader, 2008; Seoane y Taddei, 2010; Svampa, 2007; Thwaites Rey, 2010); de ahí que hayan sido caracterizados como “representativos de ese clima de efervescencia social” (Massetti, 2010: 82) o que “fueron posibles, en mayor o menor medida, por la resistencia de los movimientos al modelo neoliberal” (Zibechi, 2009: 247). Dentro de este gran polo “progresista”, los autores diferencian entre aquellos países como Venezuela, Bolivia y Ecuador[4] que expresan un cambio de rumbo más claro hacia un modelo alternativo basado en la refundación del Estado y en la redistribución y socialización de los ingresos y las riquezas, y otros, como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay[5], que recomponen el poder estatal de regulación e intervención económica en detrimento del protagonismo del mercado, aunque sin modificar la matriz de la estructura social (Sader, ídem; Seoane y Taddei, ídem). Pese a las divergencias señaladas, es posible identificar como aspectos comunes a todos los casos tanto la reivindicación de la política en su capacidad de ampliar el campo de los posible más allá de la mera gestión de lo existente (Pousadela, 2010), como la asunción de un posicionamiento de mayor autonomía en relación con las políticas globales, fundamentalmente respecto de los organismos internacionales de crédito y de los lincamientos políticos estadounidenses para la región. En este sentido, los procesos de integración regional y de cooperación económica y social constituyen una apuesta importante[6]. Pero este nuevo escenario sociopolítico no está exento de contradicciones, en la medida en que los nuevos gobiernos conviven con los de países como Perú, Colombia, México y Chile[7], que sostienen la aplicación de políticas de corte neoliberal y la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos, en clara continuidad con el modelo de la década anterior (Sader, ídem; Thwaites Rey, ídem).

La complejidad y diversidad que presenta el panorama político latinoamericano tiene su correlato en el campo educativo, que se expresa tanto en las orientaciones de las políticas en marcha como en la sanción de nuevas leyes generales en diversos países de la región. Aún con sus diferencias, las legislaciones muestran como denominador común la recuperación de la principalidad del Estado como garante del derecho a la educación (Saforcada y Vassiliades, 2011) y el reconocimiento -con distintos matices- a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de este derecho (López, 2007), a partir de la relevancia y visibilidad que han adquirido en las últimas décadas las experiencias educativas por ellas desarrolladas.

En el caso argentino, esta situación se expresa en la incorporación en la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (2006) de la “gestión social” como una nueva opción de gestión educativa, aunque presenta una serie de limitaciones: por un lado, se enmarca en la redefinición del sentido histórico de la dicotomía público-privado, que desde la reforma de los noventa ha quedado reducida a un problema de gestión (Feldfeber, 2003); por el otro, como no establece qué experiencias serán incluidas bajo tal definición, habilita la disputa entre diversos actores por imprimirle sus propios sentidos así como por incidir en los modos en que avanzará la reglamentación en cada jurisdicción (Karolinski, 2009 y 2011).

Específicamente en la provincia de Buenos Aires, la Ley de Educación Provincial N° 13.688 (2007) no incluye esta modalidad de gestión; sin embargo, se han oficializado -bajo la órbita de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada- experiencias que buscan ser reconocidas como “escuelas de gestión social”.

En este contexto, nos interesa discutir cómo estas iniciativas interpelan al espacio de lo público en educación, en un escenario que refleja las tensiones entre las huellas que dejó el neoliberalismo y las posibilidades que abren las nuevas legislaciones para ampliar la esfera pública en tanto universalización de derechos (Sader, ídem).

El capítulo está organizado del siguiente modo: en primer lugar, presentamos una caracterización de las principales tendencias en las orientaciones de las políticas educativas a nivel regional, identificando las rupturas y continuidades con la agenda de los noventa a partir de las leyes generales sancionadas, con especial atención al caso argentino[8]. Luego, profundizamos en los debates en torno a la “gestión social”, tomando la experiencia de la Federación de Escuelas Cooperativas y Entidades Afines de la Enseñanza (FECEABA) de la provincia de Buenos Aires, que disputa porque sus instituciones logren su reconocimiento específico bajo tal denominación[9]. Finalmente, dejamos planteadas algunas cuestiones que, aunque merecen aún mayor profundidad analítica, nos representan aportes significativos para nuestras investigaciones a fin de comprender el complejo entramado de sentidos y actores que constituye la gestión social de la educación y las interpelaciones que los mismos pueden generar sobre “lo público”, en la lucha por ampliar los derechos para los sectores populares.

Noventas/post noventas: ¿qué cambiay qué pervive en la legislación educativa?

Las funciones asumidas por los Estados latinoamericanos a partir del Consenso de Washington y los cambios y/o continuidades que expresan hoy los gobiernos “de nuevo signo” se manifiestan también en el campo de las políticas educativas. Tanto en los noventa como en el transcurso de la última década se sancionaron en la mayor parte de los países del continente nuevas leyes de educación que sirven como reflejo del contexto socio-político en que nacen, los intereses en pugna y el lugar asignado a la educación -su finalidad- en el marco de los proyectos sociales más amplios.

Durante la década del noventa, la educación cobró un “lugar privilegiado” en el modelo neoliberal y neoconservador que le otorgaba un rol fundamental respecto de las posibilidades de crecimiento económico y de desarrollo social. Los efectos iniciales de las reformas y la incidencia de las recomendaciones de distintos organismos internacionales en materia de políticas públicas, generaron un “clima de optimismo” y favorecieron que las políticas educativas fueran prioritarias en la agenda de los Estados (López, 2007). En estrecha sintonía con las medidas que conllevaron la reforma estructural del Estado y el rediseño institucional de sus funciones sociales, los gobiernos latinoamericanos de esa década sancionaron leyes generales que promovieron los cambios necesarios para la “transformación educativa”.

Dichas leyes evidenciaron el lugar que el neoliberalismo hegemó-nico otorgó a la educación que, según diversos autores, se caracterizó por el predominio de la lógica mercantil que supone concebirla como un bien de consumo y al servicio del crecimiento económico; la reducción del gasto público y la tendencia a la privatización; los procesos de descentralización, las propuestas de autonomía institucional, de responsabilidad individual por los resultados educativos y de aumento de la participación de cada comunidad escolar; y la centralización de mecanismos de control como la evaluación de la calidad según estándares internacionales (Ball, 2002b; Feldfeber, 2003; Torres, 2008, Gorostiaga, 2010).

En Argentina, un conjunto de leyes[10] establecieron la base normativa que orientó dicha transformación. El papel que el Estado había asumido desde la conformación del sistema educativo, caracterizado por su centralidad en el sostenimiento del mismo (que implicaba la administración y el gobierno de las escuelas, la definición de contenidos, planes y normas nacionales, entre otros) se vio profundamente modificado a partir de la sanción de este nuevo corpus legal. La LFE N° 24.195/93, primera ley nacional que abarca al conjunto del sistema, resulta paradigmática en este sentido. En ella se establecen una serie de modificaciones[11] que -sumadas a los efectos de la base legal mencionada- tienen un fuerte impacto en un sistema centralizado, burocratizado y homogeneizante e introducen profundas alteraciones en las formas de regulación de lo educativo.

El Estado Nacional asumió un lugar subsidiario en tanto la responsabilidad por la educación es compartida con otros agentes y su función consiste en favorecer el desarrollo del sector privado a través de medidas pedagógicas, organizativas y financieras que se materializan en las principales disposiciones a él referidas [12](Paviglianiti, 1995). Estas transformaciones evidencian una resignificación del sentido históricamente atribuido a la educación pública: ensancha sus fronteras al incluir a la educación privada, al tiempo que se restringe en su aspiración universal como espacio de materialización de derechos (Feldfeber, 2003).

La redefinición del rol del Estado también afectó la relación entre la Nación y las provincias en el gobierno de la educación, lo que profundizó las diferencias, desigualdades y desarticulaciones tanto en la misma implementación de la LFE como en la atención de complejas problemáticas socio-educativas, situación que finalmente provocó la agudización de la segmentación ya existente y la fragmentación del sistema (Tiramonti, 2004). Esta situación, en el marco de la profundi-zación de los procesos de exclusión y la crisis de cohesión social como tendencias características de principios de siglo (López, 2007), puso de manifiesto que los problemas educativos diagnosticados, en los que se basaba la propuesta de transformación educativa, lejos estaban de resolverse con la normativa y las políticas establecidas.

Como comentáramos en la introducción del capítulo, el contexto de crisis del Consenso de Washington habilitó el reposicionamiento de los Estados que, con sus diferencias, han recuperado un rol principal en educación (Saforcada y Vassiliades, 2011). Esto implicó -con variantes- la revisión de las orientaciones y medidas promovidas en la década anterior en materia educativa (Bentancur, 2010).

Este proceso se inscribe en un escenario latinoamericano que evidencia en varios países de la región el acceso al gobierno de sectores sociales y partidos que van configurando un clima político diferente, de reacción a las propuestas del pensamiento neoliberal, y de conformación de un modelo más sensible a las necesidades de la población (López, ídem). Así, las acciones consideradas como responsabilidad del Estado en torno a lo social son introducidas en la agenda político-pedagógica por parte de esos actores y fuerzas sociales que, en este nuevo contexto, alcanzaron lugares de visibilidad en la arena política, sindical y educativa de aquellos países (Saforeada y Vassiliades, ídem).

En esta línea, es importante señalar que mientras en los noventa la orientación de las políticas públicas mostraba una tendencia más homogénea, las nuevas legislaciones educativas de los países de la región muestran diversidades y complejidades que resultan interesantes de analizar, buscando establecer lo que pervive y lo que cambia respecto de la normativa anterior.

En relación con las continuidades, es significativa la coincidencia que expresan diversos autores respecto de dos aspectos: por un lado, el lugar que mantiene la educación privada dentro de las leyes y, por el otro, la referencia a preocupaciones como la “calidad” o la “equidad” en tanto manifestaciones fundamentales del derecho a la educación (Bentancur, ídem; López, ídem; Poggi, 2010; Saforcada y Vassiliades, ídem; Torres, ídem).

En cuanto al primero de los puntos, tema que nos interesa particularmente en función de nuestras investigaciones, se afirma que la relación entre lo público y lo privado en la educación no se ve afectada sustancialmente (Bentancur, ídem). La educación privada sostiene una presencia significativa en todas las leyes actualmente vigentes, aunque todas establecen regulaciones y controles por parte del Estado (Saforcada y Vassiliades, ídem), cuestión que marcaría una diferencia respecto de las tendencias previas. Salvo en Brasil y en Uruguay, no se distingue entre educación pública y privada, sino que se considera que toda la educación es pública y se diferencian tipos institucionales, en términos de “gestión”. El caso argentino presenta la particularidad de incorporar la “gestión social”, aunque sin explicitar a qué refiere específicamente tal denominación, lo que da cuenta de las tensiones que genera la existencia de distintos actores, organizaciones y fuerzas sociales que pujan por incidir, tal como veremos más adelante.

Respecto de las principales rupturas, los autores también coinciden en identificar una recomposición del derecho social a la educación vinculada con el rol que asume el Estado como principal garante y responsable (Saforcada, Vassiliades, ídem), y expresada en la centralidad que recobran conceptos como el de igualdad y el de universalidad. En este sentido, se reconoce que la tendencia general en la región muestra un aumento sustantivo de la obligatoriedad -tanto en cantidad de años como en los ciclos que comprende- y la gratuidad, pero además se menciona el pasaje hacia políticas que ponen el énfasis en la igualación en los logros educativos -por sobre las oportunidades de acceso-; la pre-valencia de una visión de la educación como formadora de ciudadanos, con una gran capacidad transformadora, asentada en valores como la solidaridad o la tolerancia; y la consolidación de la sociedad civil como un actor destacado en la educación, a través de distintas modalidades de participación (López, ídem).

Específicamente en el caso argentino, cabe destacar que pasada la crisis del 2001 se evidencia una recuperación de la dimensión política del discurso y del quehacer educativo que da marco para la discusión acerca del sentido de la educación y de la normativa vigente. La mirada sobre la problemática educativa es diferente ya que, lejos de la concepción más tecnicista propia de los noventa, surge como respuesta a las urgencias sociales y políticas del contexto (Novick de Senén González, ídem). En este período se sancionan un conjunto de leyes que constituyen, al igual que en los noventa, una matriz que sirve de instrumento privilegiado para orientar la política educativa del período (Novick de Senén González, ídem; Feldfeber y Gluz, 2011)[13]. Como corolario, en 2006 se deroga la LFE y se sanciona una nueva Ley de Educación Nacional (LEN) N° 26.206.

En consonancia con el planteo acerca del lugar asumido por los Estados en la última década respecto de la educación en América Latina, la LEN refleja un reposicionamiento del Estado argentino en tanto afirma su responsabilidad principal como garante del derecho social a la educación. La ruptura es clara respecto de la concepción de la LFE que planteaba que la educación era un derecho individual; pero resulta ambigua en tanto sostiene el reconocimiento a la familia como agente natural y primario y la importancia del sector privado.

En relación al sentido de la educación pública, la LEN conserva la resignificación que había establecido la LFE por la que todas las escuelas son públicas, diferenciándose solo por el tipo de gestión, privada o estatal (Feldfeber, 2003), aunque se incorporan la social y la cooperativa. Tal como planteamos en la introducción, la inclusión de la “gestión social” (GS) significa un canal para el reconocimiento de la especificidad de las experiencias educativas impulsadas por organizaciones sociales, aunque se inserta en los debates respecto del sentido histórico de la dicotomía público-privado, al tiempo que abre un espacio de disputa entre los distintos actores involucrados por imprimirle sus sentidos y por incidir en cómo cada jurisdicción avanzará en su reglamentación.

Por las tensiones señaladas, creemos sumamente importante profundizar en estas discusiones en tanto representan una oportunidad para refundar la relación entre el Estado y la sociedad; una refundación orientada a la ampliación de derechos, contrarrestando la exclusión y las desigualdades generadas por la aplicación de políticas de corte neoliberal.

La gestión social de la educación: disputas que se abren, organizaciones que definen y pujan por incidir

Como adelantáramos al inicio del trabajo, una multiplicidad de organizaciones sociales han avanzado en sus luchas contra las consecuencias generadas por el corrimiento del Estado como garante del derecho a la educación. En este sentido, han desarrollado distintas acciones, según el posicionamiento político de cada colectivo: desde la demanda de políticas asistenciales, la implementación territorial de programas estatales -en algunos casos con el acceso de militantes a cargos públicos-, hasta la creación de sus propias experiencias pedagógicas y la simultánea y/o posterior puja por su reconocimiento oficial[14]. En efecto, han logrado ser visibilizadas como interlocutor legítimo para las políticas públicas, al incluir sus reivindicaciones en la agenda como en la legislación educativa (Gluz, 2009), tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires.

La LEN reconoce la participación de las organizaciones sociales en el ejercicio del derecho social a la educación (ART. 4) a través de dos vías. Por un lado, al incorporar la “gestión social” como un nuevo modo de gestión educativa (ART. 13° y 14°), y por el otro, al convocarlas como agente capaz de contribuir con las políticas de promoción de la igualdad (ART. 80), de efectuar experiencias de inclusión escolar a nivel local (ART. 82), y de implementar tanto actividades formativas complementarias de la educación formal, como estrategias de atención integral para el desarrollo infantil, en cogestión con las áreas gubernamentales de salud y desarrollo social (ART 112).

En relación con la gestión social, es importante señalar que la LEN no avanza en determinar el tipo de inserción institucional que tendrá la misma. Solamente establece que será el Consejo Federal de Educación (CFE), en tanto organismo interjurisdiccional cuya función consiste en ser el ámbito de concertación en vistas a la articulación del Sistema Educativo Nacional, el encargado de acordar los criterios generales y comunes para orientar y encuadrar legalmente a las escuelas incluidas dentro de tal opción (ART. 140°). Si bien el CFE aprobó para la discusión un documento que caracteriza a las experiencias que quedarían incorporadas dentro de tal denominación (Res. N° 33/07)-cuestión que será retomada más adelante-, hasta el momento no ha emitido ninguna otra resolución sobre esta nueva modalidad de gestión. De este modo, se genera una zona de indefinición que habilita la disputa entre los distintos actores que podrían quedar amparados bajo tal denominación por imprimir sus propios sentidos a la “gestión social” y por incidir en el modo en que cada jurisdicción avanzará en su reglamentación, según las formas en que históricamente se ha determinado la participación del sector público y del privado en materia educativa.

En la provincia de Buenos Aires, la Ley de Educación Provincial (LEP) N° 13.688/07, identifica la emergencia en los últimos veinte años, de “nuevas formas de atención de las necesidades educativas y educativo-asistenciales mediante comedores, guarderías, jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, centros de capacitación y otras propuestas, atendidas por personas, grupos y organizaciones de diverso carácter social y comunitario”, asumiendo que es el Estado quien “debe dar solución a las situaciones de precariedad educativa que deriven de sus propias deficiencias, en el contexto de la implementación del cumplimiento de la obligatoriedad que establezca la presente Ley.” De ahí que se admite la necesidad de incluir a los centros que cumplen con una labor socio-educativa pero que no están inscriptos dentro de la gestión pública estatal ni de la privada, y de reglamentar su funcionamiento, aunque sin afectar “las atribuciones y la integridad del sistema escolar, los derechos adquiridos y la profesionalidad de los educadores.” Tal como lo establece la LEN (ART. 4o), el Estado tiene la responsabilidad por garantizar el derecho social a la educación, mientras que “podrán ejecutar acciones educativas bajo supervisión de la Provincia, de manera complementaria y no supletoria de la educación pública, los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad civil” (ART. 6). Pero a diferencia de lo que estipula la LEN, la LEP no incorpora a la “gestión social” como una nueva opción de gestión educativa. En cambio, prevé la inclusión de mecanismos de integración de los sujetos de la educación, pero a un sistema que conserva la distinción entre estatal y privada como tipos de gestión (ART. 64°), “desestimando aquellos procesos que tiendan a la constitución de circuitos antagónicos o paralelos del Sistema Educativo Provincial” (ART 16°).

La participación de las organizaciones sociales se canaliza, entonces, vía gestión privada[15]; por medio de la implementación de políticas socioeducativas “de inclusión y promoción de la igualdad educativa” (ART. 108°); y/o a través de la incorporación al sistema educativo provincial de “espacios educativos no formales” gestados en el ámbito comunitario (ART. 112°).

Resulta pertinente recuperar aquí el dispositivo que aporta Ste-phen Ball para el estudio sobre las trayectorias de las políticas educativas, a partir de un análisis transversal que recorre los diferentes contextos desde su formulación hasta los resultados, en tanto “arenas de acción” que involucran conflictos, compromisos, negociaciones y acciones no planificadas entre y por parte de los diversos actores involucrados en el proceso (Ball, 2002a). Esta perspectiva supone, entonces, concebir a las políticas públicas como textos y como discursos; se trata de ir más allá de su literalidad, para analizarlas como condensación de intereses, disputas y acuerdos, a la vez que en los efectos de poder que generan, en términos de creación de determinadas circunstancias para su realización y de redefinición respecto de aquello que es posible de ser pensado y de las “voces” autorizadas para hablar (Ball, ídem; Novick de Senén González, 2008).

Aquello que los textos de la LEN y la LEP expresan y omiten (en tanto instrumentos de política) es el resultado de luchas entre intereses encontrados y hasta antagónicos; pero también configura prácticas y genera autoridad, al tiempo que abre el juego a las resistencias y las resignificaciones; es allí donde el poder de los actores involucrados y sus estrategias se ponen de manifiesto (Ball en Novick de Senén González, ídem).

De aquí que nos resulta interesante analizar las pujas de un conjunto de organizaciones de la provincia de Buenos Aires nucleadas en la Federación de Escuelas Cooperativas y Entidades Afines de la Enseñanza (FECEABA) para que sus experiencias sean reconocidas en su especificidad como “escuelas de gestión social” (EGS), ante una ley provincial que no incluye la “gestión social” (GS) como opción.

Quiénes son estos colectivos, cómo significan su autodenomina-ción como EGS, qué antecedentes identifican para dar esta disputa, y qué estrategias políticas asumen para avanzar en ese sentido, son las cuestiones que nos interesa abordar a continuación. Porque aunque las legislaciones prevean la participación de las organizaciones de la sociedad civil en materia educativa, dando cuenta de la visibilidad y el desarrollo que éstas han alcanzado en los últimos tiempos, la “sociedad civil” no resulta un todo homogéneo, sino que alberga a una variedad de colectivos con perfiles ideológicos y proyectos político-pedagógicos muy diversos[16].

La FECEABA se crea en julio de 2005 como entidad de segundo grado que busca aglutinar a todas las escuelas cooperativas y de gestión social en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, la Federación reúne a más de cincuenta “servicios educativos” con diferentes trayectorias y formatos asociativos: desde aquellas constituidas originariamente como privadas, pero que en el contexto de la crisis del 2001decidieron asumir la forma legal cooperativa para recuperar la institución y la fuente de trabajo de los/as docentes; otras de más larga data con tradición en el cooperativismo; junto con mutuales y otras asociaciones civiles no lucrativas. El principal objetivo de la Federación es representar a las instituciones adheridas en la defensa de sus reivindicaciones ante las autoridades correspondientes, entre ellas, la oficialización de los títulos de las entidades que no tuviesen reconocimiento por parte del Estado.

En todos los casos, se trata de experiencias autogestivas que conciben a la educación de gestión social como aquella brindada por las organizaciones sin fines de lucro para dar respuesta a los sectores en situación de vulnerabilidad ante la ausencia y/o incapacidad del Estado para atenderlos. Más que responder a una figura jurídica predeterminada, las EGS se constituyen a partir de un “conjunto de acciones y valores que definen la gestión y gestación social, en tanto son construcciones colectivas de democracia participativa”, al promover la horizontalidad en la toma de decisiones y la participación de los miembros de la comunidad educativa en el gobierno escolar. Asimismo, se conciben como espacios inclusivos que combaten cualquier tipo de discriminación a partir del desarrollo de proyectos educativos innovadores basados en “una pedagogía popular, cooperativa y solidaria para el logro de una ciudadanía crítica y emancipada” y con el propósito de “garantizar una justicia educativa de ingreso, permanencia y egreso”. Así, eligen a sus propios docentes, para garantizar el compromiso con el proyecto y el conocimiento de las particularidades de la población con la que trabajan.

Su definición como escuelas públicas, según el acta constitutiva de la FECEABA, se fundamenta en que constituyen un “proyecto social, popular y comunitario” que al integrar a la comunidad en la escuela y estar dirigido “hacia toda la población que la circunda, genera una experiencia que es de toda la sociedad; (…) abierta”. Desde esta perspectiva, entonces, no se pretende contrarrestar a la educación estatal, sino complementarla, “integrarse con ella desde un lugar alternativo de creación propia y colectiva”. En tanto las experiencias que desarrollan tienen finalidades públicas, es el Estado quien debe asumir un rol principal en su financiamiento para garantizar su gratuidad.

Frente a estas definiciones, se plantea una tensión entre reconocer que se trata de iniciativas que surgen para atender a los sectores vulnerabilizados ante un Estado ausente o incapaz, sin expresar un cuestionamiento explícito al orden social que genera tales condiciones de vulnerabilidad. En este sentido, nos preguntamos en qué medida la pretensión de justicia educativa no queda reducida a la capacidad de cada una de las experiencias por democratizar las relaciones sociales y los mecanismos de gestión al interior de las escuelas, desvinculadas de un horizonte más amplio de transformación social.

Este interrogante resulta aún más significativo al analizar la inclusión de la FECEABA en un espacio de articulación como la Asociación Nacional de Escuelas de Gestión Social (ANEGS). Esta Asociación, fundada en 2009, tiene como antecedente el Consejo Federal de Escuelas Públicas de Gestión Social de la República Argentina (CFEGS) creado en 2006 con el objetivo de articular la mayor cantidad posible de instituciones educativas de gestión social y peticionar ante las autoridades nacionales, provinciales y locales por su reconocimiento, tratamiento y financiamiento como escuelas públicas no estatales de gestión social.

La principal impulsora de este Consejo fue la Fundación Gente Nueva (FGN), que actualmente lleva adelante diez escuelas en la ciudad de Bariloche -entre otros proyectos sociales-, con recursos que obtiene de instituciones oficiales, de organismos internacionales de crédito, de empresas privadas nacionales y multinacionales, y de donantes particulares. Trabaja desde el Evangelio “en conjunto con los sectores más marginados para concretar proyectos que surjan de las necesidades de la comunidad, impulsando su protagonismo en la construcción de políticas públicas”, desde una concepción que supone que “la superación de la injusticia que impone la pobreza puede revertirse si los sectores marginales son protagonistas y propulsores de los cambios” (página web de la FGN). Desde este perfil filantrópico puja por incidir en la definición de políticas que reconozcan la especificidad de sus escuelas como “públicas no estatales de gestión social”, logrando convertirse en interlocutor válido tanto a nivel provincial como nacional.

El primer antecedente para el reconocimiento de las EGS data de la reforma constitucional de la provincia de Río Negro en 1987, en cuyos debates participó la FGN. En el artículo dedicado a la política educativa, incorpora por primera vez la denominación de “escuelas públicas de gestión privada” y reglamenta la cooperación económica del Estado en aquellas que sean gratuitas y que cumplan una función social (ART. 63, inc. 6). Lo establecido en la Constitución provincial fue luego incluido en la Ley Orgánica de Educación N° 2.444, sancionada en el año 1991[17]. Desde la perspectiva de la FGN, si bien el reconocimiento oficial representaba un avance, la denominación como “públicas de gestión privada” no las consideraba en su especificidad. En consecuencia, la Fundación comenzó a acuñar el concepto de “escuelas públicas de gestión social”, que se caracterizan además de la gratuidad, por desarrollar modelos de gestión en que participa toda la comunidad escolar; por estar dirigidas a dar oportunidades a los sectores con mayores desventajas; por ser pedidas por la propia comunidad; por evitar todo tipo de discriminación por arancel, religión, habilidad intelectual, origen, capacidad económica o sector social; y por tener un sistema propio participativo de elección del personal (Gennuso, 2004). A partir de esta definición, la FGN continuó pujando porque se las incorpore en el articulado de la Ley de Educación provincial, cuestión que finalmente logró en el año 2007 con la sanción de la Ley 4178/07,en la cual se reconoce a las “escuelas públicas de gestión social” dentro de la educación de gestión privada -distinguiéndolas de las “públicas de gestión privada” y de las “privadas aranceladas”- (ART. 107) y prevé la cooperación económica del Estado para aquellas que no cobren arancel (ART. 110) para el pago de haberes, aportes previsionales y de la seguridad social de su personal (ART. 111). Para los establecimientos Públicos de Gestión Social se prevé además, mediante evaluación de sus necesidades, los fondos suficientes para afrontar los gastos de mantenimiento de edificios, consumo de energía y combustibles, requerimientos de alimentación y seguro del alumnado (ART. 114).

En simultáneo a los avances a nivel provincial, la FGN promovió la conformación del CFEGS en junio de 2006, entidad por medio de la cual se buscó incidir para incorporar la figura de “Escuelas de Gestión Social” a la LEN. Con tal fin, en el marco del “2° Congreso de Escuelas Cooperativas y de Gestión Social de la República Argentina” se elabora una nota al entonces Ministro de Educación Daniel Filmus, solicitando que se contemple la educación de gestión social en la futura Ley. Dicha inclusión se fundamenta en el “derecho de educar”, que implica los siguientes aspectos: financiamiento por parte del Estado; libre acceso, gratuidad y no-discriminación; derecho a crear escuelas; integración social; y calidad educativa. Resulta por lo menos llamativa la apelación al “derecho a educar”, en tanto se asocia en el campo de la política educacional a la “libertad de enseñanza”, principio que establece la subsi-diariedad del Estado en materia educativa, históricamente defendido por la Iglesia católica.

Como vimos anteriormente, la “gestión social” fue finalmente incorporada en el texto de la LEN (ART. 13 y 14), aunque con las indefiniciones que oportunamente señalamos (ART. 140). Por este motivo, desde el CFEGS se resuelve elaborar un documento que sirva de insumo para que el CFE establezca los criterios que permitan orientar el en-cuadramiento legal de las EGS. Allí se define a las “escuelas de gestión social” como “nuevas configuraciones institucionales” impulsadas por “distintos tipos de organizaciones sociales, fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, iglesias de diferentes credos religiosos e incluso por fábricas y empresas recuperadas [...] para atender a sectores de la población en situación de vulnerabilidad social” afectados por la crisis del 2001. Entre sus principales características se destacan: la gratuidad; el acceso sin ningún tipo de discriminación; el desarrollo de acciones innovadoras para la inclusión y la permanencia; la horizontalidad en las relaciones entre los actores; una gestión comunitaria en lo que hace al gobierno escolar y a la imple-mentación de proyectos socioeducativos; y la conformación de equipos de gestión colegiada, que nombran a su personal docente y directivo. Por último, se identifica como antecedente legal el reconocimiento en la Ley de Río Negro y se proponen acciones que permitan avanzar en la reglamentación e inclusión de las EGS al sistema, tales como la realización de un relevamiento a nivel jurisdiccional y la formalización de convenios a término, aunque renovables, entre las entidades proponentes y las jurisdicciones.

Este documento fue aprobado para su discusión en noviembre de 2007 (Res. CFE 33/07). Si bien el CFE no se ha vuelto a pronunciar públicamente sobre el tema, a fines de 2008 representantes del CFEGS fueron recibidos por referentes del Ministerio que asumieron el compromiso de poner en marcha el proceso de Registro Nacional de Escuelas de Gestión Social y avanzar para que se expida el CFE a fin de que la figura sea asumida por todas las provincias. Mientras tanto, continúan los encuentros anuales de las organizaciones que a partir de 2009 pasaron a constituir la ANEGS y que siguen potenciando el reconocimiento de la figura de la EGS en las jurisdicciones.

Específicamente en el caso de la provincia de Buenos Aires, la FECEABA también buscó desde sus inicios vincularse con autoridades de la cartera educativa para incidir en políticas que den cuenta de sus especificidades, aunque sin perder la autonomía de sus proyectos. En palabras de referentes de dos escuelas que integran la Federación: “A partir del 2007, con la personería jurídica otorgada por el INAES[18] empezamos a romper la paciencia en los estamentos estatales para que nos reconocieran como una tercera posición” (Revista 2010, agosto 2010). Previo a la sanción de la LER han sostenido gestiones sucesivas con las autoridades provinciales con el fin de incorporar la figura de “gestión social” en el texto legal, basados en las fundamentaciones desarrolladas en el documento elaborado por el CNEGS y aprobado para su discusión por el CFE.

Pese a que tal opción finalmente no fue incluida en la LEP -bajo el argumento oficial que esgrime la imposibilidad de avanzar por sobre lo que la LEN no define[19]-, a fines de 2007 logran el reconocimiento bajo la órbita de la DIPREGEP (Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada). Desde ese momento a la fecha, continúan disputando por adquirir mayor gravitación en las definiciones políticas dentro de la Educación Privada, cuestión que se evidencia, por ejemplo, en la integración a partir del año 2009 del consejo consultivo de la DIPREGER junto con las escuelas evangélicas y las judías (Revista 2010, ídem). Si bien el paraguas de Privada no contempla todas sus particularidades, desde la Federación se lo asume como un avance, favorecido por un gobierno que las visibilizó, atendió a sus demandas y brindó un lugar de participación que nunca antes habían tenido.

Ahora bien, aunque las escuelas de gestión social nucleadas en la FECEABA lograron visibilidad ante las sucesivas autoridades provinciales y avanzaron en su reconocimiento como parte del sistema educativo provincial, queda el interrogante respecto de la interpelación que generan o pueden generar sobre “lo público” en materia educativa y sobre las posibilidades que plantean en términos de acción política que camine hacia una ampliación de estos procesos en tanto universalización de derechos para los sectores populares, cuando el ámbito de construcción se limita a la esfera privada. Estas preguntas se profundizan si se tienen en cuenta su articulación a nivel nacional con entidades, como el caso de la FGN, que expresan un perfil filantrópico, cuya acción se orienta a fortalecer a las poblaciones pobres, con el apoyo económico de empresas privadas multinacionales.

Reflexiones finales

En el escenario sociopolítico que se ha configurado a lo largo de la última década en América Latina, los Estados Nacionales -aunque con variaciones- han recobrado su principalidad en tanto garantes del cumplimiento de derechos, cuestión que en el campo educativo se ha reflejado en la sanción de nuevas bases legales que pretenden -al menos discursivamente- reorientar las medidas de política en esta materia.

La repolitización de las políticas educativas favoreció la ampliación del campo de lo posible al integrar algunas de las demandas de los sectores populares movilizados que luchan por ser reconocidos como interlocutores legítimos para la definición de la agenda. Estas disputas se expresan en el caso argentino, entre otras cuestiones, en los debates que se abren a partir de la inclusión de la “gestión social” dentro de la nueva Ley de Educación Nacional.

Como intentamos mostrar a lo largo del capítulo, en tanto la LEN no explícita qué es la gestión social de la educación y la definición que se discute en el marco del CFE es amplia, se habilita la incorporación de múltiples organizaciones con perfiles y propósitos políticos diferentes. Desde esta heterogeneidad, nos resulta interesante considerar las tensiones y discusiones que se producen en torno a la EGS, los actores involucrados y los proyectos más amplios en los que inscriben esta disputa.

En este punto, consideramos desafiante el planteo de Follari, quien invita a pensar y definir “… si las dosis de poder que se resta al Estado son reabsorbidas por los sectores más desposeídos de la sociedad, o por el contrario son entregadas a aquellos más privilegiados” (Follari, 2003: 64). La identificación de los actores en pugna y las perspectivas de alianzas y luchas que asumen, entonces, resulta más que relevante.

En este sentido, la sistematización de la normativa nacional y provincial, y la recuperación de las posiciones asumidas por algunas de las organizaciones que buscan ser reconocidas bajo tal opción, nos permitió identificar diferencias entre sus perfiles ideológico-políticos: desde aquellas que reciben fondos privados en nombre de “la superación de la injusticia que impone la pobreza” (como en el caso de la FGN), hasta las que se constituyen en el marco de proyectos político-pedagógicos más amplios de transformación del orden social (estudiadas por Gluz -2009 y 2011-y Karolinski -2009). En “el medio”, organizaciones como las que se nuclean en la FECEABA, que incluye tradiciones y orientaciones diversas, pone de manifiesto la heterogeneidad de “perspectivas” desde la que hoy se construye la gestión social de la educación.

Esta categoría expresa así la disputa entre posturas más ligadas a una “racionalidad discursiva que apela a la participación y al fortalecimiento y empoderamiento’ de la sociedad civil” (Feldfeber, 2006: 56), y otras que incluyen una variedad de organizaciones, algunas de las cuales la ven como una oportunidad de avance de los sectores populares en el campo de la política educacional. Más allá de sus diferencias, sin embargo, todas estas experiencias se asumen como escuelas públicas en tanto los principales destinatarios de sus propuestas son los sectores populares. De aquí que cabe preguntarse si la incorporación de la ”gestión social” como una nueva opción promueve necesariamente una ampliación del sentido de lo público, atendiendo a las demandas y necesidades de dichos sectores o, por el contrario, representa una iniciativa que contribuye a la multiplicación de intereses particulares, reproduciendo una lógica privatista en materia educativa, que camina hacia la garantía de derechos, pero reduciendo el potencial transformador sólo a aquellas escuelas reconocidas bajo dicho paraguas, sin buscar interpelaciones y transformaciones sobre el sistema de educación pública en su conjunto.

Ligado a ello, resulta necesario repensar el lugar que asume el Estado en relación al reconocimiento de las organizaciones sociales en el ejercicio del derecho a la educación: ¿es congruente con la idea de la principalidad del Estado como garante de este derecho o, de algún modo, este reconocimiento implica nuevamente un corrimiento estatal? Y como contrapartida, ¿qué lugar le asignan al Estado las diversas organizaciones que impulsan “escuelas de gestión social”? Según los documentos de la FECEABA, el Estado y las EGS deben integrarse, pero desde un lugar alternativo, debiéndose ocupar el Estado de garantizar el financiamiento para tender a su gratuidad. Así se afirma que es una relación de “complementación antes que disociación o autonomía absoluta” (Acta Constitutiva). Esta idea reafirma la tensión respecto del horizonte de lo público, en tanto quedaría limitado a la atención hacia los sectores vulnerables, desde experiencias alternativas al sistema, pero “olvidando” que las mayorías asisten a las escuelas estatales. Si bien coincidimos con Follari en que lo público es más que lo estatal, también acordamos con el autor en que de ningún modo puede desvincularse del Estado. El análisis sobre las posibilidades de ampliación de la esfera de lo público desde estas experiencias que surgen por fuera de la órbita estatal y que pujan por su reconocimiento no podrá estar desarticulado, entonces, de la discusión respecto del modelo de Estado en el que parecen inscribirse o sobre el que luchan por construir.

Estas cuestiones se vinculan con una advertencia que hacíamos respecto de las tensiones que produce el hecho de atender a los sectores más desfavorecidos asumiendo la justicia educativa como horizonte, pero alejadas de cualquier cuestionamiento al orden social capitalista. En esta línea, nos preguntamos cómo es posible generar ciudadanía crítica y emancipada en el marco de un proyecto caracterizado por su aparente armonía y neutralidad, tal como indica el Acta Constitutiva del CFEGS (2006), luego retomado también en el acta correspondiente de la propia FECEABA (2007), donde se plantea que se “excluirá de todos sus actos las cuestiones políticas, religiosas, sindicales, de nacionalidad, o razas determinadas.”

Como afirmáramos en apartados anteriores, aquello que los textos legales expresan u omiten es el resultado de luchas entre intereses encontrados y hasta antagónicos: al mismo tiempo que configura prácticas y genera autoridad, abre el juego a las resistencias y las resignificaciones. Es por ello que resulta relevante reconocer quiénes son los actores involucrados y cuáles son sus estrategias en dicha puja para que sus experiencias sean reconocidas en su especificidad como “escuelas de gestión social” (EGS), ante una ley provincial que no incluye la “gestión social” (GS) como opción. Porque aunque las legislaciones prevean la participación de las organizaciones sociales en materia educativa, la “sociedad civil” no resulta un todo homogéneo, sino que alberga a una variedad de colectivos con perfiles ideológicos y proyectos político-pedagógicos muy diversos. Queda abierta, entonces, a modo de pregunta la cuestión sobre si estas experiencias y las disputas que generan sus diversos perfiles y sus lógicas de construcción, las demandas por educación y las relaciones que entablan con el Estado, provocan un avance efectivo en la lucha contra los modos de dominación simbólica y material, o si se subsumen a las especificidades definidas por otras experiencias poco afines a la ampliación de la esfera pública en términos de derechos.

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Fuentes

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http://www.fundaciongentenueva.org.ar/

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En: http://www.revista2010.com.ar/educacion/Una-tercera-posicion-en-la-educacion.php

Maestranda en "Pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas", FFyL-UBA. Becaria UBACyT Maestría 2010-2012 .Este trabajo se integra en la sublínea del UBACyT "Análisis de los modos de construcción política y vinculación con el Estado desde experiencias alternativas desarrolladas por Movimientos sociales", coordinada por la Lie. Nora Gluz.↵

Maestranda en "Pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas", FFyL-UBA. Investigadora del Proyecto de Investigación UBACyT (F02 8 -programación científica 2008-2011): "La construcción social del cambio educativo. Una mirada político pedagógica a las continuidades y rupturas en las formas de lo escolar.", IICE-FFyL-UBA, bajo la dirección de Dora González.↵

La lucha piquetera se combinó con otras modalidades de acción y organización como las asambleas barriales y los distintos movimientos de empresas/fábricas recuperadas.↵

Nos referimos a los gobiernos de Hugo Chávez (1999); Evo Morales (2006-2010 y 2010-); Rafael Correa (2007-).↵

Aludimos a los mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-); Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-); Fernando Lugo (2008-2012); Tabaré Vázquez (2004-2010) y José Mujica (2010-).↵

El impulso del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) resultan paradigmáticos en este camino.↵

En este caso, las presidencias de Alan García (2006-2011); Alvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) y Juan Manuel Santos (2010-); Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Sebas¬tián Pinera (2010-). Los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet fueron caracte¬rizados de manera contradictoria por los diversos autores: tanto en directa continuidad con el neoliberalismo de los noventa, como dentro de aquellos procesos más híbridos.↵

Es preciso aclarar que la sistematización de antecedentes legales presentada en este trabajo, no sólo tiene como finalidad la contextualización del desarrollo de las experien¬cias de gestión social consideradas. Su inclusión nos permite identificar aquellos aspectos en que las organizaciones sociales han logrado visibilización como actores legítimos para las políticas públicas, comprender algunas de las formas en que disputan por su reconocimiento y las maneras en que se articulan con las transformaciones de los Esta¬dos en este nuevo escenario latinoamericano. Al mismo tiempo, analizar las normativas sobre educación nos posibilita leer aquello que regulan y establecen las leyes, como así también aquello que omiten, desde la perspectiva propuesta por Stephen Ball, tal como desarrollaremos más adelante.↵

Para la elaboración de este trabajo nos valimos de diversas fuentes secundarias: le¬gislación y normativa vigente, así como documentación y publicaciones de y sobre las organizaciones involucradas.↵

Algunas anteriores a la década del noventa (como la de conformación del Consejo Fede¬ral de Cultura y Educación, órgano de gobierno educativo federal - Ley N° 22.047, 1979), otras que terminan de establecer procesos iniciados en la Dictadura Militar (como la Ley 24.049 de Transferencia de Servicios Educativos de 1992, que establece la descentra¬lización y transferencia de todos los "servicios educativos" a las distintas jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires) y otras como la Ley Federal de Educación N° 24.195 (1993) (LFE) o la Ley Nacional de Educación Superior N°24.521 (1995) que eviden¬cian un programa integral y sistemático de transformación educativa.↵

La LFE establece un profundo cambio en relación con el lugar del Estado como respon¬sable de la educación, pero también en cuestiones como el gobierno del sistema educativo, en la estructura organizativa de niveles y modalidades, en la redefinición curricular, y en la creación de sistemas de evaluación de la calidad educativa, entre otros aspectos.↵

Entre los agentes considerados figuran: "los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente, las organizaciones de la sociedad y la familia, como agente natural y primario." (ART. 6). Respecto de los derechos y obligaciones del sector privado, deben contemplarse particularmente los artículos 7°, 36° y 37° de la LFE. ↵

Nos referimos a la Ley 25.864/03 que establece un mínimo de 180 días de clase para todas las jurisdicciones; la Ley 25.919/04 que prorroga la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente para equilibrar diferencias salariales entre jurisdicciones; la Ley N° 26.058/05 que busca recuperar la Educación Técnico Profesional en relación con un nuevo modelo de desarrollo; la Ley N° 26.075/06 que prevé el aumento de la inversión en educación para llegar en 2010 al 6% del PBI; y la Ley N° 26.150/06 establece el derecho todos los educandos a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos.↵

Para un análisis más detallado de estas lógicas de acción, ver: Burgos et al, 2008; Gluz, 2008 y 2009; Karolinski, 2010.↵

Junto con la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos; las sociedades, asociaciones, fundaciones, cooperativas y empresas con Personería Jurídica, los sindicatos y las personas de existencia visible (ART. 129°).↵

Los trabajos de Gluz (2009 y2011)yde Karolinski (2009) se centran en las experiencias desarrolladas por organizaciones sociales que luchan por su reconocimiento en el marco de proyectos sociopolíticos más amplios que tienen como horizonte la transformación del orden social. ↵

El artículo 17 que inicialmente las denominaba como "establecimientos de gestión privada sin fines de lucro", fue luego modificado por la Ley N° 2.732 (1993), que pasa a nombrarlas como "establecimientos de enseñanza pública de gestión privada".↵

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.↵

Ver http://www.feceaba.com.ar/eventos/2007/entrevista_con_la_dra_adriana_ puiggros.html↵

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Rendición de cuentas transversal y experiencias de presupuestos participativos en América Latina: Hacia un análisis explicativo ycomparado

María Soledad Gattoni[1]

Introducción

Las últimas décadas del siglo veinte estuvieron marcadas por la “tercera ola de la democratización” (Huntington, 1991), la caída del comunismo y la adopción y propagación de instituciones democráticas en el mundo entero. En este mismo período histórico, se revalorizó simbólicamente la sociedad civil y la participación ciudadana produciéndose una internacionalización de ciertos segmentos de la misma, cuyas luchas lograron crear un frente antes inexistente de presión civil ante los propios organismos internacionales (Fox y Brown, 2000). En este contexto, y producto del fracaso de la primera generación de reformas estructurales en América Latina, se abre una nueva etapa para una segunda generación de reformas cuya agenda —que tenía como promotores centrales a los organismos internacionales— pasa a estar delimitada por la necesidad de incentivar a los países del continente a imple mentar reformas de corte institucional de modo tal de preservar la gobernabilidad de los gobiernos, la habilidad de la justicia, la rendición de cuentas y la calidad democrática como condición y garantía del desarrollo económico.

Enmarcado en la inquietud mayor de comprender los impactos de estas reformas en los procesos de innovación democrática en América Latina, el presente artículo se propone vincular el debate teórico entre participación y rendición de cuentas con los procesos empíricos de formulación de políticas públicas. Para ello, se analizará la reorientación de dichos procesos, realizando un estudio comparado y explicativo sobre distintas experiencias de presupuesto participativo en cinco países de América Latina durante el período 1990-2010.

Es importante destacar que la temática de los presupuestos par-ticipativos ha tenido un fecundo desarrollo empírico, constatado en la existencia de tres grandes espacios dedicados a estudiar en detalle estas experiencias: el área de implementación en políticas públicas —tanto desde agencias gubernamentales como desde los organismos internacionales—; el área de la investigación académica; y un tercer espacio intermedio, representado por centros de investigación o consultores que realizando investigaciones de corte académico, transfieren al mismo tiempo su conocimiento al espacio de la praxis gubernamental. Si bien este trabajo se vale de los aportes de estas tres áreas, su foco principal de análisis estuvo constituido por intentar ordenar los aportes realizados desde el área académica, rastreando en este ámbito los principales desarrollos que se hubieran realizado desde la disciplina de la ciencia política desde una perspectiva comparada.

En el contexto de la realización de dicha evaluación, encontramos que la mayoría de la literatura enfocada a analizar los presupuestos participativos o bien se ha dedicado a abordar esta temática desde el área de las políticas públicas; dentro de la cual encontramos como principales referentes a: Santos (1994); Font (2001, 2002); Goma y Blanco (2002); Cabbanes (2004); Brugué, Goma y Subirats (2005); Cunill Grau (2007) entre otros; o bien se habrían concentrado en analizarla desde el ámbito de la sociología política: Alvarez (1990); Abers (1996, 1998); De Sousa Santos (1998); Baiocchi (2001, 2005); Avritzer (2000); Dagnino (2004); Annunziata (2010), tan solo por mencionar algunos.[2]

A su vez, a estos trabajos es posible adicionarles una multiplicidad de investigaciones que más allá del área temática en la que se insertan, tienen la particularidad de, o bien ser estudios de caso o bien ser trabajos de corte descriptivo: Canel (1998); Hordijk (2005); Hernandez (2007); Schneider (2007); Azevedo (2008); Carballo (2008); Collina y Hoffman (2009); Montecinos (2009); Signorelli (2009); entre otros.

Nuestra preocupación estuvo marcada por retomar el aporte de aquellos trabajos que —desde la disciplina de la ciencia política— abordaran la temática de los presupuestos participativos desde una perspectiva comparada y a partir de un enfoque cuyo objetivo estuviera abocado a explicar y no sólo a describir, dichas experiencias. Siguiendo estos requisitos, si bien hemos encontrado algunos estudios que adherían a una perspectiva comparada, notamos que los mismos —muy ricos en cuanto al tratamiento del material empírico, el trabajo de campo desarrollado y las descripciones obtenidas— no poseían criterios claros y definidos a la hora de establecer dichas comparaciones. Dentro de estos trabajos, queremos resaltar los esfuerzos que tanto Wampler (2004; 2007) como Goldfrank (2007; 2011) han desarrollado, otorgado valiosos aportes a la temática de los presupuestos participativos desde la disciplina de la ciencia política y formulado importantes interrogantes, hipótesis y presupuestos que este artículo se propone retomar. Sin embargo, al mismo tiempo es indispensable remarcar que ninguna de estas investigaciones ha logrado conformar un trabajo de corte explicativo y por tanto causal que aborde el estudio de las realidades de los presupuestos participativos latinoamericanos utilizando las exigencias del método comparado.

De esta forma, este trabajo presenta un doble desafío: por un lado aportar nuevo conocimiento a un área que ha sido vastamente trabajada y por el otro el de realizar un esfuerzo metodológico que permita dar cuenta de la utilidad del método comparado para el análisis de un tipo de fenómenos que hasta el momento no habían sido abordados de forma exhaustiva y precisa desde esta perspectiva metodológica.[3]

Al mismo tiempo, cabe destacar que el presupuesto participativo ha dejado de ser una herramienta de política pública simplemente ligada a una corriente participacionista de izquierda, representada tanto por partidos como por movimientos sociales, para convertirse en una política pública local de alcance global y ser retomada por los Organismos Internacionales como una de las mejores prácticas dentro de los parámetros de la good governance[4]. En este sentido, consideramos pertinente presentar los siguientes presupuestos de los cuales ha partido este trabajo:

a)  Existen múltiples factores que explican la difusión y extensión del presupuesto participativo en América Latina, sin embargo y aunque pueden identificarse dentro de éstos, tanto factores domésticos como internacionales, reflejados en dos tipos de procesos: demandas bottom-up e iniciativas top-down[5]que se dan de manera combinada en la mayoría de los casos; estos últimos implican un desafío a la forma en la que el estudio sobre los resultados del presupuesto participativo se ha ido abordando.

b)  Los factores internacionales comunes que explican la difusión del presupuesto participativo en América Latina y que exigen una reconsideración de las variables explicativas a través de las cuales tradicionalmente se ha estudiado el resultado de estas herramientas son dos:

-Las normas internacionales promovidas por las organizaciones internacionales y su influencia decisiva en los lincamientos de los Estados nacionales. En particular la influencia de la good governance como contexto normativo y la consideración del presupuesto participativo como herramienta de la good urban governance.

-La presencia de redes de advocacy, en particular: los Foros Sociales Mundiales de Porto Alegre como catalizador del efecto de presión de este contexto normativo.

En función de los presupuestos mencionados, la propuesta principal consistirá en identificar las causas que explican la existencia de un diseño de presupuesto participativo favorable a la rendición de cuentas transversal; comparando para ello la experiencia de diez casos de presupuestos parti-cipativos latinoamericanos en cinco países: Brasil, Argentina, Perú, Boli-via y República Dominicana. La pregunta que guiará nuestro desarrollo es: ¿Cuáles son los factores que inciden en la existencia de diseños de presupuestos participativos favorables a la rendición de cuentas transversal? Para dar respuesta a la misma hemos seleccionado diez casos de presupuestos participativos latinoamericanos de los municipios de:

Porto Alegre y Santo André (Brasil); San Miguel y Morón (Argentina); Villa El Salvador y Junín (Perú); Carahuara de Carangas y El Alto (Bo-livia); y Constanza y Villa González (República Dominicana)[6]; y hemos reconstruido—a partir de fuentes secundarias[7], ordenanzas y normativas— el diseño institucional de cada una de las experiencias participa-tivas. Al mismo tiempo, al ser nuestro trabajo de investigación de tipo cualitativo comparativo y debido a la cantidad de casos seleccionados, así como a partir de la diversidad de los mismos, hemos decidido trabajar en estas oportunidad con el método de selección de casos Qualitative Comparative Analysis (Crisps Sets)—en adelante QCA.

En este punto es importante realizar una aclaración central: en esta investigación no pretenderemos concentrarnos en los resultados de las distintas experiencias participativas, sino que nos concentraremos en explicar los diseños y las consecuencias que determinados diseños tienen en la generación de distintos tipos de relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Claramente, somos conscientes que los diseños no son el único factor que incide en los resultados de los presupuestos parti-cipativos; y es por esto que este trabajo no se concentrará en estudiar el éxito o fracaso de las distintas experiencias, como si lo han hecho otros autores. Esto no se debe a que no consideremos relevante los diversos resultados que arroja la implementación de la herramienta del presupuesto participativo en las distintos municipios, sino que creemos que para realizar dicho trabajo, y poder comprender los éxitos y/o fracasos de dichas experiencias, es necesario tener en cuenta muchas otras variables que este trabajo por su extensión y nivel de análisis no puede relevar. Sin embargo, este trabajo sí puede aportar en términos de iluminar algunas zonas o transformaciones que han surgido en los últimos años en el desarrollo de estas políticas que deben de ser tenidas en cuenta como presunciones fundamentales de ulteriores trabajos preocupados por abordar los resultados. En esta línea, cabe destacar al  mismo tiempo que si bien los diseños de los presupuestos participativos no son una variable explicativa sine qua non de los resultados de las políticas públicas analizadas, sí inciden notoriamente en la potencialidad de influencia de la ciudadanía en la decisión respecto de qué políticas públicas serán implementadas y por tanto no pueden ser dejados de lado cuando de analizar resultados se trate.

De hecho, los últimos avances en análisis comparado de presupuestos participativos han arrojado como una de sus principales conclusiones la idea de que las reglas que rigen los presupuestos participativos afectan significativamente los resultados producidos por este tipo de políticas. Así, Wampler (2007), por ejemplo, hace hincapié en qué la específica configuración de las reglas de los presupuestos participativos tienen un alto impacto en los modos en que los ciudadanos toman determinadas decisiones (y no otras) y en los modos en que la organización interna de los ciudadanos varía de una política a la otra.[8] En esta línea, si bien nuestro trabajo se concentrará en los diseños, siempre que podamos hacer alguna referencia —en función de la información empírica y la confiabilidad de las fuentes existentes— a los repertorios de participación[9] que estos diseños provocan, intentaremos hacerlo. Estas observaciones, si bien no forman parte del objetivo explicativo principal de esta investigación, sí permitirán avanzar en interrogantes para futuras líneas de investigación que se concentren en el estudio de los resultados de dichas experiencias y los impactos de las mismas en la calidad de la democracia.

Hemos organizado nuestro trabajo en tres apartados. En el primero, de modo de no perder de vista el objetivo preliminar, mencionado al comienzo, de vincular teóricamente la existencia de este tipo de herramientas de producción de políticas públicas con el debate teórico entre participación y rendición de cuentas— situaremos esta política pública dentro de los términos de dicho debate y avanzaremos en la exposición de la lógica de la construcción del diseño de esta investigación. En el segundo, explicaremos los principales resultados a los que hemos arribado para finalmente en el último apartado formular algunas reflexiones finales así como futuros interrogantes de investigación.

Demarcando el análisis: presupuestos, interrogantes y potencialidades de esta investigación

El presupuesto participativo como herramienta para la rendición de cuentas transversal

Reconocido es el debate dentro de la sociología y la ciencia política de los últimos veinte años entre dos particulares campos de reflexión teórica: aquellos trabajos que hacen hincapié en la noción de participación y otorgan gran importancia a la influencia de la sociedad civil sobre los procesos de innovación, renovación institucional y democracia directa; representada en particular por los trabajos de Alvarez y Dagnino (1998); Santos (2002); Avritzer y Wampler (2004); Goldfrank (2007, 2011); entre otros[10] y aquellos que —ubicándose en el polo de la representación en detrimento de la participación— hacen hincapié en la noción de rendición de cuentas (o su par inglés accountability) para pensar el vínculo representativo bajo la idea del control que los representantes y los representados deben ejercer sobre las acciones de la autoridad estatal: Schmitter &Terry (1991); O’Donnell (1997); Pzreworsky et al (1999); Schedler & Plattner (1999); Peruzzotti y Smulovitz (2002); Arato (2002); Mainwaring (2003); Maravall (2003); Stokes (2005); Wampler (2007); Cunill Grau (2007).

Sin embargo, este trabajo comparte las reflexiones de Isunza y Gurza (2010) respecto a la necesidad de eliminar una visión antitética que conciba a la representación y a la participación como dos polos opuestos y pretende reemplazarla por una más comprehensiva, que a la luz de las nuevas experiencias institucionales, dé cuenta de la autorreferencialidad de estas dos nociones y de la importancia que ambas guardan de forma conjunta para el desarrollo democrático. De esta forma, tal como señalan los autores, si bien las experiencias de innovación institucional —tales como el presupuesto participativo— fueron en un principio pensadas de manera predominante bajo la semántica de la “participación” —directa, deliberativa, popular, ciudadana— la vertiginosa difusión del lenguaje del control social se ha superpuesto a ella, disputándole parcialmente el sentido de sus innovaciones (Isunza y Gurza, 2010:20). En esta línea, conceptos tales como el de “confluencia perversa” propugnado por Dagnino (2004) o incluso el de “coincidencia semántica” de Olvera (2010), si bien surgen del diagnóstico particular respecto de la observación de experiencias de innovación democrática con resultados muy distintos amparadas en el mismo lenguaje y andamiaje institucional, provocaron —aunque de forma quizás no intencional— una polarización aún más ardua del debate teórico entre participación y rendición de cuentas (como forma particular bajo la cual se comprende la representación).

Es por esto que esta investigación, retomará los aportes de Isunza & Gurza (2010:21) respecto a:

[... ] la pertinencia de definir participación como control social en el contexto de las experiencias de innovación democrática, preservando la amplitud de sus significados y energías normativas [...] En ese sentido, la idea de control social se enriquece con una modalidad de control propia de las relaciones entre representantes y representados, a saber, la idea de “rendición de cuentas”

Es así como a partir de estas ideas puede restablecerse la conexión entre participación y rendición de cuentas en el ámbito de las políticas de innovación institucional que estamos estudiando. Al circunscribir dentro del complejo universo de la participación, aquellas prácticas en donde la participación es concebida como control social, la rendición de cuentas aparece como una idea exigente de esa participación y por tanto la conexión entre la idea de la representación y la idea del control social revela la utilidad del concepto de rendición de cuentas; no ya como un concepto antitético a la idea de participación, sino como uno altamente compatible con las concepciones exigentes de la misma.

Así, y tomando como antecedente importante el trabajo de Acker-man (2006) retomaremos el concepto de transversal accountability trabajado por Goetz y Jenkins (2001), o rendición de cuentas transversal de Isunza (2002), y consideraremos a los presupuestos participativos como aquellas herramientas a partir de las cuales los gobiernos promueven la politización de los actores de la sociedad civil para el monitoreo y la exigencia a los representantes respecto a la utilización y asignación de los recursos públicos. De esta forma, al ser el propio gobierno el que involucra a los distintos actores sociales en el control, esta política pública no sólo implicará —si seguimos la metáfora espacial de la accountability— una relación vertical (de implicación de controles externos al Estado), sino que al mismo tiempo al ser éste institucionalizado y promovido por el propio aparato estatal operará asimismo dentro de los márgenes de la accountability horizontal (simulando un proceso de checks and balances). De allí la pertinencia que para nuestro trabajo tiene el entender a los presupuestos participativos como herramientas de rendición de cuentas transversal, incorporando la dimensión social de la accountability pero sin perder de vista al mismo tiempo su dinámica horizontal.

Hacia la construcción de un índice de rendición de cuentas transversal: entre la apertura y la representación

Ahora bien, ¿cómo medir un diseño favorable a la rendición de cuentas? ¿cómo diferenciarlo de aquellos que no lo son? Aún a conciencia de la preliminaridad del índice bidimensional que hemos construido, consideramos que éste constituye una primera aproximación a la construcción de una tipología de distintos tipos de diseño de Presupuestos Participativos que nos ha permitido realizar algunas hipótesis respecto de los casos latinoamericanos que hemos elegido. Sin embargo, antes de presentarlo, consideramos es importante realizar dos aclaraciones: por un lado describir, muy brevemente —ya que este proceso ha sido sumamente estudiado en la literatura— las etapas generales a partir de las cuales se estructuran la mayoría de las experiencias de presupuestos participativos; y por el otro repensar la relación entre estos mecanismos de participación y la democracia directa.

En líneas generales, y si bien con muchos matices, para los cuales hemos construido puntualmente el índice, la mayoría de los programas de presupuesto participativo constan aproximadamente de cinco o seis etapas: Una primera etapa preparatoria y de difusión de la herramienta que va a ser promovida, etapa que implica fundamentalmente la organización interna de las funciones que ejercerán las distintas secretarías de la administración pública, la puesta en marcha de mecanismos de formación de personal y de difusión de las actividades. Una segunda, de conformación de las distintas asambleas barriales —tanto temáticas como territoriales— en las que los ciudadanos se reúnen para plantear las problemáticas y necesidades comunes de sus barrios y definir los delegados que seguirán participando del proceso participativo. Una tercera etapa de elaboración de los pre-proyectos, a partir de la cual —de formas diversas: en la comunidad, en conjunción con el gobierno, en las reuniones, de acuerdo al caso— se elaboran ideas de proyectos para ser ejecutados con el presupuesto vigente. Una cuarta, en la que dichos proyectos son sometidos a votación; ya sea por los delegados, por el consejo del presupuesto participativo o por toda la ciudadanía del municipio. Una quinta etapa consistente en el monitoreo por parte de la ciudadanía o de los delegados respecto de la implementación de los proyectos de que han resultado elegidos. Y finalmente, una última etapa, que refiere a aquellos casos en que los delegados o la ciudadanía tienen la posibilidad de debatir y promover cambios en el proceso de ejecución y diseño de la herramienta del presupuesto participativo.

Respecto a la segunda aclaración, es importante destacar que, a diferencia de aquellos trabajos que han rescatado a los presupuestos participativos como ejemplos de herramientas de la democracia directa; aquí los consideraremos simplemente como particulares formas a partir de las cuales se juega una relación de coordinación y cooperación entre el Estado y la ciudadanía. De hecho, el pensar a los presupuestos participativos en esta sintonía implica formularse algunos interrogantes que alguna vez se formulara Schedler (1999:334) respecto a: ¿por qué el Estado ha buscado volverse productor de procesos de rendición de cuenta? y ¿Cuáles son los incentivos que ha tenido el Estado —en particular durante las últimas décadas— para asumir el rol de generador de este tipo de políticas?[11] Sin lugar a dudas el tomarse en serio estas inquietudes implica hacer referencia a las preguntas por la legitimidad y representación del Estado. Así, es importante destacar como la legitimidad de la acción de los poderes públicos se basa hoy más en la capacidad del Estado de dar respuestas a temas concretos que en una legitimidad ideológica, de tipo constitucional o electoral. En este sentido, no nos sorprende, entonces, la polisemia y fluidez del lenguaje que señalan Manin, Przeworski y Stokes (1999:8) ha asumido este tipo de relación entre el Estado y la ciudadanía: “Dahl refiere a responsividad, Riker a responsabilidad, Schmitter y Karl a rendición de cuentas, mientras Pitkin habla de representación”.[12]

En esta línea y dado al vínculo que antes hemos explicado existe entre la rendición de cuentas, la representación y la participación, proponemos dos dimensiones claves para la construcción de un índice que permita clasificar a los presupuestos participativos en función de su favo-recimiento o no a la rendición de cuentas transversal: por un lado la apertura y por el otro la representación. La primera dimensión se encuentra vinculada a la apertura del aparato estatal hacia la ciudadanía, da cuenta de aquellos ámbitos en los que el Estado ha decidido volverse permeable y permite distinguir en cada caso cuan permeable se ha vuelto y en qué ámbitos respecto a la herramienta del presupuesto participativo. Mientras tanto, la segunda dimensión remite claramente a las características plenamente constitutivas de las democracias modernas, las mismas nacieron como democracias representativas y este espíritu continúa como pilar fundador de las nuevas herramientas de construcción de políticas públicas. De esta forma, es la dimensión de la representatividad la que nos permite diferenciar a los presupuestos participativos de otro tipo de experiencias de democracia directa y entenderlos en su especificidad, a partir de la relación que se entabla en torno a estas herramientas no sólo entre la ciudadanía y el Estado, sino al mismo tiempo entre las distintas formas de auto-organización de dicha ciudadanía, en sus distintos niveles asociativos, así como territoriales, políticos y económicos.

El índice entonces ha tratado de agrupar las características generales de todos los diseños analizados en función de estas dos dimensiones y según los siguientes indicadores dicotómicos:

a) Dimensión “Apertura”

-Participación: ampliada a toda la ciudadanía o restringida (en función de la existencia o no de determinados requisitos tales como la pertenencia a una organización con personería jurídica o con reconocimiento territorial).

-Debate público: el debate se realiza sobre el presupuesto general y sobre el porcentaje del presupuesto participado o sólo se debate sobre el porcentaje del presupuesto que se participa.

-Reglas del juego: las reglas a través de las cuales se imple-menta el proceso del presupuesto participativo pueden ser sometidas a la revisión de la ciudadanía y a la incorporación de las sugerencias que esta considere pertinente o no pueden ser sometidas a la revisión ciudadana.

-Temas: los temas de los proyectos que luego se someterán a votación son amplios y no se encuentran restringidos a criterios previamente fijados por el gobierno o los temas son reducidos (prefijados, pautados o cerrados en función de los criterios del gobierno).

b) Dimensión “Representatividad”

-Territorial: se divide el territorio en secciones o distritos para la realización de las asambleas y las votaciones o no se divide el territorio en todas las instancias (por ejemplo, sí se divide para la realización de las asambleas pero no para la votación de los proyectos).

-Social: se eligen delegados de modo proporcional a la cantidad de habitantes, comunidades u asociaciones o existe un número fijo de delegados previamente determinado por el gobierno por distrito.

-Política: el ejercicio de la votación final de los proyectos seleccionados es exclusivo de los delegados o los delegados no poseen exclusividad en dicha elección (ya sea porque deben tener una mayoría determinada, en relación a la conformación del consejo que incluye autoridades o porque la votación es abierta a cualquier ciudadano del municipio sin ningún tipo de control específico).

-Económica: se elabora un índice, de calidad de vida o de necesidades básicas insatisfechas (NBI), para la distribución del presupuesto que se participa por zona o no se tiene en cuenta dicho índice y el criterio es establecido por el gobierno (ya sea de forma arbitraria o en base a prioridades temáticas que él determina).

Si bien por razones de extensión no podremos presentar los valores que han asumido cada una de las dimensiones en particular de cada caso, hemos construido un gráfico comparativo (Gráfico I) en donde se registran las relaciones entre los niveles de apertura y representación que presentan cada uno de los casos. De esta forma, en el cuadrante superior derecho han quedado ubicados los casos que presentan diseños favorables a la rendición de cuentas, correspondientes a los casos de Porto Alegre (Brasil), Villa González (República Dominicana); Villa El Salvador (Perú); San Miguel (Argentina) y Carahuara de Carangas (Bolivia).

Los casos de Constanza (República Dominicana) y Junín (Perú) han quedado ubicados en el cuadrante inferior izquierdo y son los casos que hemos denominado poseen “diseños espejo”, diseños que no favorecen la rendición de cuentas y que se constituyen tan sólo como diseños creados por exigencias de organismos internacionales o normativas particulares, y que cumplen la función de aparentar ser herramientas que favorecen la rendición de cuentas y la participación pero que sin embargo poseen tanto bajos niveles de apertura como bajos niveles de representación.

Los casos de El Alto (Bolivia); Santo André (Brasil) y Morón (Argentina) son casos límite. En el caso de El Alto; el mismo posee un bajísimo nivel de apertura, pero sin embargo un nivel intermedio de representación, con lo cual estaría más cercano al cuadrante inferior derecho, a este tipo de diseños ubicados en los niveles de baja apertura pero relativamente alta representación, los denominaremos diseños de institucionalización de la participación; son diseños que en vez de tender a favorecer la rendición de cuentas, por las normas y restricciones que estos establecen —tales como permitir la participación tan sólo a aquellas organizaciones con personería jurídica o movilizaciones socíales con vinculación territorial— pretenden vincular a la ciudadanía organizada a las instituciones formales estatales para evitar de esta forma modos de participación de tipo contencioso.

El caso de Morón, es un caso de nivel intermedio de apertura y bajos niveles de representación. Este caso, estaría más cerca del cuadrante superior izquierdo, en el que se ubicarían aquellos casos que contando con un alto nivel de apertura, tendrían sin embargo bajos niveles de representación. Tal como hemos desarrollado anteriormente, un diseño de presupuesto participativo favorable a la rendición de cuentas es un diseño que combina tanto elementos de la democracia representativa como de la directa (y de allí la apertura). De esta forma, el caso de Morón no se encontraría dentro de este tipo de diseños, sino que estaría más cercano a los dispositivos de participación con diseños de tipo plebiscitario, esto es diseños que poseen altos niveles de apertura, pero que al poseer bajos niveles de representación se constituyen más como diseños plebiscitarios de la gestión o de corte propagandístico.

Finalmente el caso de Santo André es un caso límite radical, un caso que posee tanto niveles intermedios de representación como niveles intermedios de apertura, con lo cual se ubica de forma equidistante de cualquiera de los cuatro cuadrantes.

Cabe destacar que, más allá de la utilidad de la construcción de este índice para poder evaluar cuáles diseños favorecen la rendición de cuentas y cuáles no y poder desarrollar la explicación respecto a los factores causales de los mismos, esta tipología y la futura complejización de las distintas dimensiones e indicadores del índice permitirían —a través de la incorporación de un mayor número de casos y la delimitación de nuevos indicadores en forma de continuo— realizar una clasificación de los distintos diseños de presupuesto participativo así como un diagnóstico de los elementos que deberían modificarse de los mismos para lograr diseños con más potencialidad de influir en los resultados exitosos de estas herramientas.

Ahora bien, una vez delimitado nuestro factor a explicar, ¿cuáles son las variables que explican la existencia de diseños favorables a la rendición de cuentas y diseños que no lo son? Para responder a esta pregunta hemos circunscrito nuestra investigación a cuatro variables que consideramos tienen un mayor potencial explicativo para determinar cuándo un diseño favorece la rendición de cuentas y cuándo no. Estas variables, resumidas en el cuadro I responden a una diversidad de factores de tipo institucional, normativo, social y exógeno; de los cuales dos en particular no habían sido incorporados de forma exhaustiva en los análisis comparados de presupuestos participativos hasta el momento: estas son la variable del marco normativo a nivel nacional en el que se inserta el presupuesto participativo y el grado de influencia o no de los organismos internacionales en la producción del diseño de dicha experiencia. Al mismo tiempo, tomaremos dos variables más en consideración: la descentralización política y el capital social del municipio a analizar (ambas variables claves explicativas de la propuesta deGoldfrank;2011).

Así, para construir el link causal entre nuestra variable dependiente y los factores explicativos seguimos el razonamiento de aquellos autores que desde distintos campos y perspectivas señalan la importancia del contexto de surgimiento de los diseños institucionales en las distintas potencialidades que los mismos tienen a la hora de ponerse en funcionamiento.

En búsqueda de las causas: capital socialy ausencia de marcos normativos de carácter Nacional

Luego del proceso de operacionalización de cada una de las variables independientes y la asignación de los valores para cada uno de los casos —proceso que hemos descrito con mayor extensión en Gattoni (2011)— en el cuadro II pueden verse cómo han quedado las configuraciones causales en cada uno de los casos y observarse así el cruce de los mismos con el valor correspondiente a cada variable. Allí, una de las primeras observaciones que salta a la vista no sólo es la diversidad de las configuraciones entre los casos, sino al mismo tiempo la existencia de una condición necesaria para que la variable dependiente —un diseño presupuesto participativo favorable a la rendición de cuentas— esté presente: el capital social. Esto es, para que en efecto el diseño de la herramienta de construcción de políticas públicas analizada sea favorable a la rendición de cuentas de tipo transversal es necesaria la presencia de un capital social preexistente en los municipios en donde esta herramienta vaya a desarrollarse.

Sin embargo no sólo basta con que el capital social exista en dicho municipio, sino que es necesario —como veíamos cuando describimos la variable y explicábamos las diferencias con la construcción que de la misma había hecho Goldfrank (2007)— que el capital social preexistente esté íntimamente involucrado en el origen o en el propio desarrollo del presupuesto participativo. El capital social al que hacemos referencia debe de tener algún punto de contacto claro con el desarrollo de dicho dispositivo, ya sea por la existencia de una fuerte tradición de involucramiento en experiencias semejantes dentro de la comunidad o por la presencia de una trayectoria de relación directa de demanda hacia el Estado local para la apertura de canales de participación.

Así, tan sólo los casos de Porto Alegre, Santo André, Villa El Salvador, San Miguel, Villa González, Curahuara de Carangas y el Alto contaron con presencia de este capital social; pero sin embargo no todos éstos casos han asumido presencia de dicha variable en la matriz final —como ya hemos explicado anteriormente— ni todos han logrado tener diseños de presupuestos participativos favorables a la rendición de cuentas. Es por eso que para delimitar cuáles de las variables de estudio conforman las configuraciones causales explicativas de un diseño favorable a la rendición de cuentas y por tanto, de una herramienta con mayores potencialidades de lograr un resultado exitoso, hemos decidido aplicar la técnica del Análisis Comparativo Cualtitativo (QCA), técnica que consiste en buscar un tratamiento complejo de datos que permita identificar configuraciones causales necesarias y suficientes.

Basada en algoritmos booleanos (término acuñado en el nombre de George Boole, lógico y matemático británico del siglo XIX) esta técnica, consistente en sustituir un razonamiento verbal por un genuino cálculo simbólico, encontró en estos intrumentos patrones para analizar la causalidad coyuntural múltiple en Ciencias Sociales (Ra-gin:1987). Así, una vez aplicada la misma al análisis de nuestros datos, los resultados arrojaron una única configuración causal explicativa de la existencia de diseños de presupuestos participativos favorables a la rendición de cuentas: la presencia de capital social preexistente y la ausencia de marco normativo a nivel nacional.

De esta forma, si bien el capital social sería una condición necesaria, esta no es suficiente para que los diseños de los presupuestos participativos sean favorables a la rendición de cuentas, sino que la variable “marco normativo a nivel nacional” debe de estar ausente para que nuestra variable dependiente esté presente. Es por esto que es importante analizar en profundidad este resultado, ya que por un lado éste nos demuestra que nuestra hipótesis referida a que los diseños serían favorables a la rendición de cuentas siempre que no hubiera ni marco normativo ni presencia de organismos internacionales y existiera una tradición de capital social vinculado a la adopción del presupuesto y un alto grado de descentralización local se ha visto rechazada, en tanto y en cuanto los organismos internacionales no inciden de forma negativa en todos los casos en el resultado de un diseño favorable, ni la descentralización local juega un papel fundamental en la existencia de diseños de presupuestos participativos favorables a la rendición de cuentas.

Esto es sumamente importante, por varios motivos. En primer lugar, porque el resultado de nuestra investigación estaría dando cuenta de que a partir de esta nueva etapa de internacionalización y extensión del presupuesto participativo en América Latina, la variable de la descentralización —en tanto transferencia de recursos como de competencias— que había sido señalada como una variable explicativa fundamental por parte de autores —tales como Goldfrank (2007)— no estaría incidiendo de forma causal en la existencia de diseños favorables a la rendición de cuentas. Esto puede deberse a dos motivos, por un lado, al hecho de que en términos de la descentralización política se ha producido un gran avance en la región de América Latina a nivel local y todos los casos analizados ya contaban con un alto grado de descentralización política, y por el lado de las transferencias de recursos y competencias —que sí registraban altos niveles de variación entre los municipios— las mismas podrían haber sido sopesadas en algunos casos por la presencia de organismos internacionales que otorgaban de forma directa subsidios para la implementación de los presupuestos participativos. Al mismo tiempo, consideramos que la misma, si bien podría ser un factor relevante para explicar los resultados de los diseños de los presupuestos —asi como lo es, eventualmente la relación entre el partido de gobierno y el partido de la oposición—, no incide de forma significativa en la calidad y forma que los diseños de los presupuestos adoptan.

Respecto a la literatura que analizaba la existencia de estos marcos normativos en estrecha vinculación a la presencia de una fuerte influencia de los organismos internacionales, este trabajo también arroja conclusiones interesantes, ya que los autores habrían perdido de vista que no es tan importante la influencia de los mismos en términos financieros como sí lo son los términos del impacto a nivel normativo que estos pueden llegar a tener en los países a los que estos financiamientos están dirigidos.

En esta línea, coincidimos con autores como Finnemore (1996), del campo del constructivismo social en relaciones internacionales, que hacen hincapié en la influencia que las normas internacionales adoptan en los lincamientos de los Estados, reconfigurando sus propios intereses y las políticas públicas que éstos implementan.

En este sentido, y como ya hemos postulado al describir el proceso de internacionalización de la práctica del presupuesto participativo, consideramos que el mismo se constituye, hacia fines de los años noventa y principios del milenio, como una herramienta particular y concreta dentro del paradigma normativo de la good governance promovido por las organizaciones internacionales; ejerciendo así influencia en las políticas públicas implementadas por los Estados nacionales de América Latina. De hecho, una demostración de esta influencia normativa ha sido la firma de la Carta iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. La misma, adoptada por la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Portugal en el año 2009 fue adherida por todos los países latinoamericanos.

De esta forma, separar la influencia normativa de los organismos internacionales de la financiera se torna sumamente relevante. De hecho, existen casos —y esta investigación ha estudiado algunos de ellos como el de Villa El Salvador o el de Curahuara de Carangas— en los que el financiamiento de los organismos internacionales, al haber sido administrado por los gobiernos locales en consonancia con las organizaciones o comunidades territoriales, tuvo repercusiones muy favorables en el desarrollo del presupuesto participativo incluso llegando a sopesar las falencias que en términos económicos tenían los gobiernos regionales para transferir fondos a los municipios. Es por esto que consideramos que la influencia de los organismos internacionales en términos financieros no siempre debe de ser desestimada o tomada en consideración como un elemento negativo respecto a su incidencia tanto en el diseño como en los resultados de los dispositivos participativos, en tanto y en cuanto siempre que exista un capital social preexistente y un gobierno local abierto y dispuesto al fomento de herramientas de participación ciudadana, estos recursos podrán ser redirigidos en función de las necesidades y requerimientos de cada municipio.

En esta línea, los resultados a los que hemos arribado también confirman al mismo tiempo los presupuestos de gran parte de la literatura respecto a la importancia radical que juega la presencia de actores sociales con un capital social afianzado, preexistente y vinculado a una tradición de demanda estatal. Esto es central, porque es aquella condición esencial la que sustenta que los diseños de los presupuestos participativos sean construidos acorde a una lógica que favorezca la rendición de cuentas para con la ciudadanía y es la forma más latente a partir de la cual puede ejercerse la participación como forma particular del control social. En este sentido, casos como el de Morón, en los cuales no existe un marco normativo vigente yes un municipio que en términos de descentralización no difiere tanto respecto del caso de San Miguel (ambos correspondientes al mismo país) y en términos normativos no poseen reglamentación a nivel nacional, da cuenta de que el hecho de que el presupuesto participativo haya surgido acorde a una iniciativa bottom-down y no haya contado con un capital social capaz de ejercer presión para participar de la construcción de un diseño más representativo y no simplemente abierto[13] a toda la comunidad, genera un menor poder de control e influencia respecto de las reglas de dichos diseños y un nivel mayor de posibilidad de que los mismos se conviertan en simples campañas plebiscitarias de las obras o proyectos vinculadas a la gestión de gobierno.

Así, a diferencia de Morón, en el cual el presupuesto participativo habría surgido más como un correlato y parte del programa de políticas de transparencia y anticorrupción fundacionales del gobierno vecinalista de Martín Sabbatella[14] (1999-2009), gobierno que se propuso contraponer su nuevo proyecto político de gestión con el del anterior intendente Juan Carlos Rousselot[15] que se encontraba fuertemente ligado al imaginario político de la corrupción en dicho distrito; en San Miguel, el presupuesto participativo se constituyó como parte de un profundo proceso de movilización comunitaria diversa, que incluyó la participación de distintos sectores, tanto sindicales como de movimientos vinculados a los trabajadores desocupados,, así como a ONGs e incluso se originó luego de la realización de una consulta popular al500 familias. En este sentido, fue clave el diálogo entre el gobierno y la ciudadanía en el proceso de construcción de la ordenanza —ordenanza que se emitió en 2006 bajo el gobierno de Osear Zilocchi (quien había estado diez años a cargo de la gestión municipal) pero que finalmente fue imple-mentada con el gobierno de Joaquín De La Torre en 2007.

En el caso de Porto Alegre, como habíamos visto en el segundo apartado, jugaron un rol clave las asociaciones vecinales y en particular las asociaciones de moradores, que contaban con una tradición de protesta y de experiencia social previa desde la década del setenta, a partir del desalojo de las favelas. Sin embargo, el caso de Brasil es interesante, porque en nuestra investigación también hemos analizado el municipio de Santo André, municipio con gran capital social pero en el que no hemos asumido presencia de la variable, dado que el mismo no habría estado vinculado al proceso de origen del presupuesto participativo. En este sentido, estos casos (los argentinos y los brasileños) nos permiten arrojar otra conclusión que asimismo da cuenta de posteriores líneas para seguir indagando en futuras investigaciones, que tiene que ver con que el capital social preexistente se torna efectivo sólo cuando existe una estructura de oportunidades políticas—siguiendo el concepto de Tarrow (1998)— relativamente abierta.

Así, si bien el caso de Morón da cuentas de la inexistencia del capital social preexistente, San Miguel por su parte nos demuestra que dicho capital social sólo encuentra una vía de canalización estricta cuando se produce una apertura de la estructura de las oportunidades políticas, dado que si examinamos con atención y detalle la historia política municipal, la demanda por el presupuesto participativo sólo se vehiculiza en el último año de gestión de Zilocchi (gestión que se encontraba fuertemente desgastada) y se concreta en el primer año del gobierno de De La Torre —gobierno también peronista pero inserto dentro de la concertación kirchnerista que ya desde la realización de su campaña electoral anuncia como proyecto la apertura de los canales de participación. Respecto a Brasil, sucede algo similar. Si bien ambos gobiernos municipales pertenecían al PT, los momentos y apoyos políticos del PT en cada uno de los municipios eran distintos. En el caso de Porto Alegre, claramente el capital social encuentra una estructura de oportunidades políticas favorable a la demanda por el presupuesto participativo —como ya bien hemos examinado con detalle anterio-mente— pero el caso de Santo André es distinto, ya que el PT en dicho municipio contaba con el mayor apoyo electoral de todo Brasil, y en este sentido las políticas públicas que implementaba el PT estaban íntimamente vinculadas con las demandas del capital social preexistente, con lo cual, por un lado estos sectores ya encontraban gran parte de las demandas satisfechas por la gestión, y por otro lado, la consolidación de este partido en el poder y la escasa oposición cerraba la estructura de oportunidades políticas a las nuevas demandas que pudieran existir. Esto no es un dato menor, porque estaría dando cuenta de que no siempre, como ha sido señalado por la literatura en el surgimiento, diseño y resultados de los presupuestos participativos influye el color partidario del gobierno en acto; y estos casos lo demuestran, ya que en Argentina en San Miguel, ambos intendentes eran peronistas (si bien uno pertenecía al Partido Justicialista disidente, esto es, no Kirchneris-ta y el otro al Partido Justicialista alineado al Kichnerismo) e incluso en el caso de Morón, si bien Sabatella llegó a la gestión a partir de la conformación de un partido vecinalista y guardó un perfil ni opositor ni oficialista durante su gestión en la intendencia con el gobierno kir-chnerista a nivel nacional, sí existe una similitud con la gestión de De La Torre, ya que recientemente este actor ha tejido una alianza para su presentación como candidato a la gobernación de Buenos Aires en las elecciones de 2011 con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Así, como respecto a Brasil, los gobiernos de ambos casos analizados pertenecían al PT.

Con lo cual, una primer aproximación a la variable capital social preexistente en estos cuatro casos nos estaría llamando la atención respecto a que no es tan importante el color político del gobierno en acto, como sí lo es más bien el grado de la apertura de la estructura de oportunidades políticas que ese gobierno otorga y la existencia o no de un capital social favorable con intenciones de aprovechar dicha apertura estructural.

Cuando analizamos los casos de Bolivia, notamos algo semejante ya que ambos casos, tanto Curahuara de Carangas como El Alto, poseían un fuerte capital social preexistente, basado en la presencia de un componente étnico muy fuerte y ambos casos habían estado sometidos al marco normativo nacional impulsado por Sánchez de Losada. Sin embargo tan sólo en Curahuara de Carangas el diseño del presupuesto participativo culminó siendo favorable a la rendición de cuentas. Esto se debe a un motivo coincidente con las reflexiones que se han esbozado anteriormente, respecto a que en el caso de El Alto, el capital social preexistente, basado en la presencia de un asociativismo étnico muy fuerte no habría estado vinculado con los orígenes del presupuesto participa-tivo en la región. Allí las comunidades, si bien tenían un alcalde, José Luis “Pepelucho” Paredes, que pertenecía al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), no estuvieron involucradas en la implementa-ción y diseño de la herramienta, como sí sucedió por el contrario en Curahuara de Carangas, en la cual el alcalde pertenecía al Concejo Originario de Autoridades del Jacha Carangas (COAJC) y en este sentido, se habría conformado una estructura de oportunidades políticas favorable al trabajo conjunto entre el gobierno local de la alcaldía y el gobierno aymará, elaborando los Planes Operativos Anuales teniendo en cuenta las necesidades de las comunidades y proyectando de forma coordinada su desarrollo.

En lo que a Perú respecta, la diferencia clave entre los casos de estudio se corresponde asimismo con ambos resultados de este trabajo: tanto en lo que respecta al capital social, como a la existencia o no del marco normativo. En el caso del capital social, la diferencia es crucial y al mismo tiempo permite realizar una conexión con el caso de Porto Alegre y las asociaciones de moradores. En Villa El Salvador, el presupuesto participativo estuvo ligado al propio nacimiento del municipio como tal. Es a partir de la creación del asentamiento humano por parte de la organización vecinal CUAVES (Comunidad Autogestionaria de Villa El Salvador) a partir de la cual se van a ir entrelazando distintas experiencias de control presupuestario del asentamiento desde 1983 con la creación del municipio hasta la formalización de la experiencia del presupuesto participativo, en este sentido, el capital social guió cada uno de los avances en el municipio y el diseño del presupuesto participativo fue consensuado entre el gobierno municipal y la organización vecinal; suceso diferente al caso de Junín, en donde el presupuesto participativo surgió a partir de la “bajada” y aplicación de la normativa nacional al ámbito local.

Finalmente, los casos de República Dominicana también revelan la importancia del capital social y la relevancia de la existencia de una estructura de oportunidades políticas abierta. En el caso de Villa González, la presencia de Fundación Solidaridad y la conexión que esta tenía con las redes de advocacy de Porto Alegre, sumado a las organizaciones comunitarias organizadas que ejercieron un control de la experiencia participativa fue fundamental, y en este caso la apertura por parte del gobierno tuvo más que ver con la posibilidad de recibir fondos que con una apreciación de corte ideológico; mientras que en el caso de Constanza, la ausencia de este capital social fue crucial para la ausencia de un diseño de presupuesto participativo favorable a la rendición de cuentas.

Asimismo, estos resultados permiten trazar algunas apreciaciones generales respecto de los resultados de dichas herramientas. Así, el propio Wampler (2007:275) señala cómo las reglas de los diseños parti-cipativos deben de ser estructuradas bajo dos presupuestos básicos: el involucramiento de los ciudadanos —y para esto es esencial la apertura a la participación de los mismos; la transparencia y el acceso a la información con la que los mismos cuenten— así como con el correspondiente control sobre el gobierno para que estas herramientas no se vuelvan meros dispositivos concebidos con el fin de manipular y controlar un proceso decisivo. Es por esto que la apertura y la representación son dos caras de una misma moneda, tal como se ha pretendido resaltar en el tercer apartado de este trabajo. De esta forma, si bien los procesos participativos para tener resultados exitosos no deben de perder de vista el involucramiento ciudadano en dichas experiencias, es importante a su vez, que estos hayan sido estructurados acorde a las realidades territoriales y sociales en torno a las cuales se constituyen. Esto es, no sólo deben ser abiertos, sino que al mismo tiempo es necesario que sean representativos de dichas realidades; realidades que como hemos visto no sólo varían de país a país sino a su vez dentro de cada país e incluso dentro de las mismas regiones de un país determinado.

Es por ello que tan sólo podrán ser exitosos en términos de los resultados, aquellas experiencias que si bien estando sometidas a marcos normativos de amplitud nacional cuenten con un gobierno con voluntad política para adaptar esos marcos a la realidad local —tal como lo han hecho algunos gobiernos recientes de Perú o Bolivia, incluso incumpliendo determinados dictámenes generales de los mismos— y con un activismo social activo, que esté dispuesto a ejercer una vigilancia constante requiriendo a los gobiernos un mayor involucramiento no sólo en los términos de la apertura sino al mismo tiempo en los términos de la reivindicación de sus particularismos territoriales.

A modo de reflexión final

Hemos llegado al final de nuestro recorrido y en este punto se torna importante volver a resaltar la importancia de los diseños. Los diseños de los presupuestos no pueden ser vistos sólo como un elemento más de incidencia en los resultados de las herramientas de construcción de políticas públicas, sino que es a partir de estos diseños a través de los cuáles empieza a constituirse la dinámica participativa. Si los municipios parten de la base de diseños restrictivos o poco representativos, será altamente más difícil para la ciudadanía lograr incidir en la toma de decisiones o, si lo hace, la misma lo hará dentro de los márgenes y reglas establecidos por un marco preexistente sin poder incidir en las formas que estas reglas han adoptado. Sin embargo, si la ciudadanía participa del proceso de elaboración de estos diseños (así como de los marcos normativos que los reglamentan), si tiene incidencia a la hora de opinar sobre los mismos y sobre las posibilidades de adaptabilidad de éstos a su propio territorio; las posibilidades de cooperación con el gobierno a la hora de tomar las decisiones se adoptarán en un entorno más flexible y democrático y la potencialidad de dichos mecanismos será mayor.

Los diseños importan. Los diseños no son simples herramientas institucionales o reglas circunscriptas a un papel. Los diseños generan y producen comportamientos, formas de acción, formas que al mismo tiempo pueden modificar los diseños que han sido producidos por “otras” determinadas formas de acción.[16] En este sentido, un diseño favorable a la rendición de cuentas, un diseño permeado por la dimensión de la apertura pero también por la dimensión de la representación es capaz de generar comportamientos más democráticos que un diseño que no lo es. Un diseño favorable, genera —a través de las reglas de representación — una profundización de las redes de solidaridad previamente existentes, profundiza la solidaridad territorial, creando a través de la institución de la delegación refuerzos colectivos y deliberativos, ya que los delegados con anterioridad a la votación de un proyecto deben deliberar con los grupos a los que éstos representan. Un diseño favorable se diferencia de un diseño restrictivo y formal que pretende controlar e institucionalizar la acción colectiva. Un diseño favorable refuerza la inscripción colectiva, a diferencia de uno de tipo plebiscitario que refuerza y genera comportamientos de tipo individual, más ligados a las preferencias y deseos individuales que a la producción de políticas públicas —políticas que ya desde su propio nombre estarían sin embargo evocando un llamado a la representación de los intereses del colectivo.

Los diseños importan. Y por esto este trabajo ha pretendido examinar las causas que llevan a la existencia de distintos tipos de diseños. Consideramos que, el realizar una correcta evaluación de las mismas puede colaborar al conocimiento específico respecto a las repercusiones que estas causas tendrán en el funcionamiento y los resultados de las experiencias participativas. Sin lugar a dudas, las repercusiones de los diseños así como de otros factores en los resultados de las experiencias deberán constituir un futuro y necesario objeto de investigación. Sin embargo, consideramos que tan sólo el haber reflexionado sobre las causas de la existencia de determinados diseños en América Latina puede avizorar determinadas pautas de comportamiento posibles — tanto para la ciudadanía como para los gobiernos locales— a la hora de lograr sopesar sus efectos y que así las experiencias de construcción de políticas públicas conserven y preserven su potencial democratizador.

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Schedler, Andrea, Diamond, Larry y Plattner, Marc (Eds) The Self-Restrainig State: Power and Accountability in New Democracies (Boulder: Lynne Rienner).

Schmitter, Philippe y Karl, Terry Lynn Karl 2001 “What democracy is… and is not?” en Summer 2001, Vol. 2, n° 3.

Schneider, Cecilia 2007 La Participación ciudadana en los gobiernos locales: Contexto político y cultura política. Un análisis comparado de Buenos Aires y Barcelona (Universidad Pompeu Fabra: Tesis Doctoral).

Signorelli, Paula 2009 “Re- presentando la participación. Análisis del Presupuesto Participativo Rosario 2005-2009″ Ponencia presentada en la V Jornada de Jóvenes Investigadores 4, 5 y 6 de noviembre.

Smulovitz, Catalina y Clemente, Adriana 2004 “Descentralización, sociedad civil y gobernabilidad democrática en Argentina” en Descentralización, políticas sociales y participación democrática en Argentina (Buenos Aires: IIED).

Stokes, Susan 2005 “Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina” en The American Political Science Review, Vol. 99, N° 3.

Tarrow, Sidney (1998) El poder en movimiento (Madrid: Alianza).

Tilly, Charles 1978 From Mobilization to Revolution (Nueva York: Random House-McGraw-Hill Publishing Co).

Wampler, Brian 2007 Participatory budgeting in Brazil. Contestation, Cooperation and Accountability (Pennsylvania: Pennsylvania State University Press).

Weyland, Keyland 2009 “Institutional Change in Latín America: External Models and their Unintended Consequences” en Journal ofPolitics in Latín America, N° l,vol. 1.

Becaria doctoral del CONICET (IIGG, UBA). Magister en Ciencia Política (Universidad de Salamanca), msoledad.gattoni@gmail.com↵

Cabe destacar que estas no son las únicas áreas a partir de las cuales se ha desarrollado el estudio de los presupuestos participativos, sin embargo, sí consideramos han sido las áreas en donde se han concentrado los principales exponentes de esta temática. No obs¬tante, somos conscientes de los interesantes aportes que se han hecho desde el ámbito del derecho, tal como el trabajo de Medeiros Leite (2011) e incluso de los aportes brindados por autores que intentaron construir un acercamiento interdisciplinario a estas experien¬cias, tales como Bou & Bonet (2008), entre otros.↵

Vale la pena resaltar aquí los trabajos de Goldfrank (2006, 2007y2011)a los cuales esta investigación pretende dar continuidad.↵

Aunque los organismos internacionales difieren en torno a los elementos que consti¬tuyen a la doctrina de la good governance, la gran mayoría acuerda en que el objetivo principal de la misma tiene que ver con promover Estados eficientes que garanticen el ejercicio de un gobierno transparente y libre de corrupción así como un libre ejercicio del estado de derecho entre las estructuras del Estado para de ese modo sentar las bases de un mejor desarrollo económico.↵

Con "demandas bottom up" hacemos referencia a aquellas herramientas de formulación de políticas públicas que surgen como producto de procesos de demandas de la sociedad civil en relación con el Estado y llegan al aparato estatal que luego las implementa. De forma inversa, las "iniciativas top down" son aquellos procesos de construcción de herra¬mientas de políticas públicas cuyo origen tiene como actor primordial al propio aparato estatal —o tal como veremos en este trabajo a los propios organismos internacionales— y que por tanto no siempre se corresponden con demandas específicas de la sociedad civil sino que emanan desde arriba hacia abajo, incidiendo sobre la misma.↵

Es importante destacar que para el análisis de los casos hemos tomado distintos perío¬dos de análisis vinculados a los inicios de las experiencias en cada uno de los municipios de estudio. Así, para el caso de Porto Alegre nos centramos en el período de 1989-1991; para el caso de Santo André 1997-2000; Villa El Salvador 2000-2003; Junín 2005-2006; San Miguel 2006-2008; Morón 2006-2009; Constanza 2003-2005; Villa González 1999-2002; Carahuara de Carangas 2005-2006 y El Alto 2000-2003.↵

Dado que no todos los diseños de presupuestos participativos se encuentran reglados en ordenanzas o normativas específicas, fueron indispensables las fuentes secundarias —tanto trabajos académicos de campo sobre los municipios estudiados, como las páginas web, cartillas de formación para agentes gubernamentales y artículos periodísticos que hacían referencia a los mismos— para realizar la reconstrucción y clasificación de los mismos. Vale la pena mencionar —entre otros— los trabajos de Goldfrank (2007); Hor-dijk (2005); Hernández Medina (2007); Cabbanes (2004); Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (2004).↵

Como se señala en la versión original: "The second institutional finding ofthis book is that PB's specific rules also significantly affect the outcomesproduced. The specific configu-ration of rules that allow citizens to make certain decisions (and not other decisions) and the internal organization of citizens within PB have significant effects on the outcomes." (Wampler, 2007:274↵

La noción de "repertorio de acción colectiva" de Charles Tilly se aplica al conjunto de medios que un grupo dispone para canalizar sus demandas. En este sentido, trasladar la noción a la idea de repertorio de participación implicaría describir el conjunto de formas en que la ciudadanía puede relacionarse con el Estado a partir de las reglas y marcos normativos fijados por él. De esta forma lo que queremos enfatizar con esta noción es que estos mecanismos pueden incentivar distintos tipos de acción, afirmando que en toda política pública existe un proceso político que conlleva a una particular forma de relación entre el Estado y la ciudadanía y que habilita o inhabilita determinadas modalidades de acción política. En esta línea, la interacción entre el Estado y la ciudadanía en los procesos de rendición de cuentas transversal está condicionada en un repertorio por las instituciones, prácticas existentes y entendimientos compartidos. Estos repertorios —al igual que los repertorios de acción colectiva a los que refiere Tilly (1978; 2000)— están bien definidos y limitados a diversos actores, objetos de acción, tiempos, lugares y cir¬cunstancias estratégicas.↵

Ligados en particular, a una tradición política partidista y movimentista de izquierda y de revitalización de la participación democrática surgida durante los años ochenta y noventa en América Latina.↵

Otros autores, como Elster (1999) también han formulado este tipo de interrogantes: "Any government wants to be free, after all, and its desire to be as unconstrained as possible is a constant fact ofpolitics, Who is eager to respond to nasty questions in public? Who yearns for punishmentfor misbehavior? Governments usually do not. They understand that institutions of accountability limit theirfreedom ofaction and that they contain the potential to bring them into painful and embarrassing situations. So why should they be interested in establishing them?"↵

En su versión original: "Note the fluidity of the language just cited: Dahl refers to "re-sponsiveness", Riker to "responsibility", Schmitter and Karl to "accountability", while Pitkin speaks of "representation" Manin, Przeworski y Stokes (1999:8)↵

Hecho que muchas veces presenta dificultades dado a que no siempre una mayor apertura cuando esta no va acompañada de su correspondiente representación genera niveles mayores de rendición de cuentas, sino que incluso ésta puede ir en ocasiones en detrimento de la misma; tal como cuando se involucra a parte de la ciudadanía que desconoce la experiencia que ha estado llevándose a cabo a colocar un voto en una urna sin el requerimiento de haber participado en las asambleas o de tener un arraigo de rep-resentatividad en el territorio.↵

Intendente del municipio del conurbano bonaerense de Morón desde el año 1999 has¬ta el año 2009, fecha en la cual deja el cargo para asumir como Diputado Nacional de la Provincia de Buenos Aires dejando la administración del municipio a cargo del Lie. Lucas Ghi. Sabbatella es el fundador del partido local Nuevo Morón, con el que logró la re-elección en los años 2003 y 2007 y fundador del partido político Encuentro para la Democracia y la Equidad con el que se presentó en la contienda y fue finalmente electo como candidato a Diputado Nacional.↵

Intendente de Morón por el Partido Justicialista durante los períodos 1987-1989 y 1991-1998.↵

Pretendemos retomar con estas reflexiones el concepto de "estructuración" de Gid-dens (1995), que refiere a aquella forma de analizar de manera dinámica las relaciones entre agencia y estructura. Así, siguiendo al autor, las estructuras —las reglas y recursos organizados re cursivamente— no determinarían de forma mecánica lo que los agentes hacen sino que sería la propia relación entre la agencia y la estructura aquella que invo¬lucraría un entendimiento intersubjetivo y un proceso de influencia dialéctica de mutuo constreñimiento y transformación.↵

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Foro: "Extensión de los límites. La (compleja) articulación entre investigación e intervención social"

Durante el desarrollo de las VI Jornadas de Jóvenes Investigadores, se realizó un intercambio en el que se debatieron las articulaciones entre prácticas y sujetos universitarios y del resto de la sociedad. La actividad partió de las experiencias desarrolladas por distintos equipos del Instituto y luego, se invitó a construir un espacio de debate abierto con esas y otras intervenciones que articulan universidad y (otros sectores de la) sociedad.

Panel de experiencias:

Proyecto de Cartografía Social – GEPCyD

Proyecto de Voluntariado – OSERA.

Programa de Capacitación y Formación en Derecho a la Salud y Salud

Reproductiva – Área de Salud.

El Foro contó con la moderación de la Investigadora María Carla Rodríguez (IIGG, UBA).

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Construyendo territorios campesinos. La cartografía social en el conflicto por la Tierra

Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos (GEPCyD, IIGG) y Unión de Pequeños Productores Chaqueños (UNPEPROCH)

Presentamos aquí algunas reflexiones sobre la co-producción de conocimiento entre un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires y una organización campesina de la provincia de Chaco, la Unión de Pequeños Productores Chaqueños (UNPEPROCH).

El vínculo entre la unpeproch y el GEPcyD se remonta al año 2005 y se basa, fundamentalmente, en la intención de colaborar con el fortalecimiento de la organización, así como también, problematizar y transitar nuevos modos en los vínculos entre las organizaciones sociales y la Universidad. Bajo este marco se han llevado a cabo distintas actividades y talleres conjuntos destacándose el proceso de cartografía social en algunos de los territorios de la organización.

La UNPEPROCH nace a mediados de la década de 1980 en un contexto de reordenamiento territorial como consecuencia del avance de la frontera agropecuaria, deviniendo en una de las organizaciones más importantes de la provincia, representativa de la lucha por la tierra. La organización campesina pone de manifiesto la conflictua-lidad en torno al acceso a la tierra y al territorio, evidenciando la construcción de territorialidades diferenciadas y en conflicto: por un lado, el agronegocio y, por otro, el campesinado. Particularmente, la UNPEPROCH a través de la conformación de “Reservas campesinas”, crea alternativas políticas al modelo predominante.[1]

En este contexto, conjuntamente entre la UNPEPROCH y el gepcvd, se planteó la necesidad de llevar a cabo un trabajo comunitario de reflexión sobre el territorio donde las familias desarrollan sus vidas. Se propuso como metodología de trabajo la cartografía social con el objetivo de crear y recrear espacios políticos. Esta herramienta permitió, no solo relevar aspectos territoriales, sino también (re)construirlos de forma colectiva. El trabajo realizado de cartografía social incentivó la participación comunitaria y la visualización de problemáticas, potencialidades, capacidades y conflictos referidos a un marco territorial. De esta manera, la elaboración conjunta de los mapas favoreció el intercambio de saberes, la socialización de memorias individuales y colectivas, la reflexión de situaciones presentes y proyectos futuros para lograr una imagen colectiva del propio territorio.

Los talleres

En 2009 realizamos una primera experiencia con los delegados de las distintas zonales y Reservas campesinas de la UNPEPROCH. Allí, trabajamos en la validación conjunta de la propuesta, en la planificación para el inicio de los talleres en algunas de las zonales de la organización y en la producción de la cartografía campesina de la provincia. En 2010 llevamos a cabo una segunda experiencia en tres comunidades ubicadas en el departamento de Bermejo, al sureste de la provincia: La Ro-Ca, Las Limitas y El Palmar. Los talleres de cartografía social contaron con cinco momentos fundamentales:

1-   Reconstrucción colectiva de la historia de la comunidad.

2-   Definición colectiva de qué y cómo mapear, en la que los participantes de los talleres confeccionaron los símbolos y las referencias.

3-   Elaboración del mapa, donde se dibujaron cada una de las referencias acordadas de manera conjunta en el mapa del territorio de la comunidad.

4-   Toma de puntos, en la cual se registraron las coordenadas de los objetos, lugares y fenómenos, que fueron localizados por los participantes de los talleres. Para esto se utilizó tecnología de Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

5-   Instancia de devolución para exponer la sistematización provisoria de la cartilla y el mapa. Los miembros de la comunidad acordaron las modificaciones que consideraban pertinentes realizar, tanto a la cartilla como al mapa.

Aportes e interrogantes de la experiencia de cartografía social

Al dar comienzo a los talleres, las expectativas de los miembros de la comunidad así como de los miembros del GEPcyo se componían, sobre todo, de preguntas e inquietudes sobre cuál era la intencionalidad de la propuesta de hacer cartografía social. Dichos interrogantes fueron encontrando respuestas a la vez que recorríamos la experiencia de car-tografiar. Fue en la instancia del “hacer” en el que pudimos llenar de sentido la importancia del mapa como herramienta para pensar, desde la práctica, el territorio.

En primer lugar, hemos observado un fenómeno en torno de la responsabilidad de los entrevistados e informantes en la situación de entrevista. A diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones, en el proceso de trabajo de la cartografía social el compromiso de los participantes con los diálogos y respuestas es total, se involucran desde su experiencia concreta exponiendo incluso cuestiones personales, a la vez que buscan modos genéricos de explicar o justificar hechos y acciones. Evidentemente, el proceso de cartografía social gesta un vínculo en el cual la comunidad campesina y el equipo de investigación se perciben mutuamente implicados en el problema en cuestión. En las entrevistas individuales y colectivas lo que está tematizado de forma permanente es el sentido que tiene o no la actividad para la comunidad y sus integrantes. Esta simetría convocante entre investigadores y campesinos probablemente explique el compromiso de estos últimos en cada respuesta, en cada bache de la memoria, en cada afirmación o silencio.

A su vez, ya no a nivel de la calidad del relato, sino en el volumen de información detallada, la recorrida territorial, instancia obligada del mapeo, mostró una virtud que apenas sospechábamos. Estas recorridas para el registro de los puntos del mapa con el gps catapultaban el ordenamiento espacial y temporal del relato en los propios términos, y ya no a partir de una dinámica propuesta aunque ajena. Cada participante iba volcando en un relato todas las circunstancias pasadas, presentes y futuras, que hacían de esos espacios su conquista, es decir, iban hilvanando las piezas del rompecabezas que componen su territorio: las disputas, los hitos a recordar, el tiempo de los padres y los abuelos, los pesares, el trabajo, los animales, sus conocimientos, pero sobre todo el orgullo del que se reconoce en un lugar.

La cartografía social, al estar sostenida en un acuerdo entre la comunidad y el equipo de investigación, impone una ética de coproducción, donde la validación de los contenidos y su difusión no se realizan primeramente, ni exclusivamente, por fuera del vínculo, en un ámbito académico. Se trata de un pacto entre iguales. Aunque estén en juego capitales diferenciados, lo que se busca es poner en juego las distintas características para alcanzar el cumplimiento del acuerdo. En estas condiciones hemos podido percibir el significado preciso de un conocimiento gestado en una relación entre sujetos, y no en los marcos de la objetivación del discurso del otro.

En definitiva, la puesta en marcha de estas experiencias de cartografía social con comunidades campesinas, nos permitió sopesar esta herramienta como clave para avanzar en la resignificación de nuestro rol como cientistas sociales. Por un lado, nos introdujo de lleno en procesos de co-producción de conocimiento, poniendo en relación los modos académicos y campesinos de clasificación de la realidad y de significación de su acontecer. Por el otro, nos dio la oportunidad de divisar el camino que conduce a aquello que Boaventura de Sousa Santos postula como actitud del científico critico, de “maximizar la objetividad y minimizar la neutralidad”. Finalmente, la experiencia de trabajar y co- producir conocimiento a partir de esta metodología posibilita un vínculo entre la Universidad y la sociedad, que sortea la parcelación y la enajenación del proceso social de producción de conocimiento generando un diálogo de saberes tendiente a la emancipación social.

Para profundizar en el tema se puede consultar: GEPcyD. "Recampesinización y recrea¬ción política del campesinado en un escenario de despliegue de los agronegocios. El caso de las Reservas campesinas en el Chaco". En: Revista Signos en el Tiempo y Rastros en la Tierra. Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (PROARHEP), Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lujan, 2009.↵

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Trabajando la autogestión: La experiencia del observatorio social sobre empresas recuperadas y autogestionadas

Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas (OSERA, IIGG)

El OSERA es un colectivo de investigadores docentes y estudiantes que tiene por finalidad generar un espacio de investigación, debate y divulgación en torno a los procesos de recuperación y autogestión de empresas, tal que permita el fortalecimiento de las distintas experiencias autogestivas.

El Observatorio se conforma en el año 2009 y lanza, como primera acción orientada al cumplimiento de sus objetivos, una publicación semestral que desde las Ciencias Sociales contribuye a la elaboración y difusión de reflexiones e información actualizada, estimulando la investigación en relación a los procesos autogestionarios y a la diversidad de acciones colectivas que comprende el mundo de las organizaciones de gestión asociativa.

Esta publicación surge a “destiempo”, cuando estos conflictos ya no aparecían en la tapas de los diarios, cuando el orden social tendía a normalizar estos procesos atenuando sus elementos disruptivos y su potencialidad innovadora. Se nos presentaba entonces una doble tarea. Por un lado, la de no dejar en el olvido estas experiencias como una vieja remora del pasado. En esta dirección, buscábamos contribuir a revertir el lento proceso de invisibilización de las innovaciones sociales constituidas por estos originales procesos. Por otro lado, colaborar en la construcción y difusión del conocimiento necesario para enfrentar las tendencias a la normalización capitalista del proceso. Mucho se ha escrito sobre los distintos ejes que comprende el campo de estudio de las empresas autogestionadas: procesos de luchas, modalidades de gestión colectiva, nuevas relaciones laborales, financiamiento, relación con el estado, aspectos legales, conformación del movimiento, etcétera. Nos encontrábamos ante una nueva generación de estudios e investigaciones que debían asumir los desafíos del nuevo período. En esta perspectiva, queríamos estimular nuevas reflexiones e intercambios entre la comunidad académica, los trabajadores de las empresas recuperadas y los referentes de los movimientos sociales.

Teniendo en cuenta lo antedicho, transcurridos tres años desde el surgimiento del OSERA, hemos podido no sólo afianzar nuestra publicación -que ya cuenta con seis números publicados- sino también avanzar en otras líneas de trabajo más ligadas a lo que comúnmente se denomina “extensión”.

Dos son las consideraciones centrales al respecto:

En primer lugar, se han realizado una serie de acciones -no del todo sistematizadas- que se relacionan con la propia instalación del OSERA en tanto colectivo especializado en las temáticas mencionadas. En este sentido, se ha colaborado en la difusión de nuevas experiencias y se ha participado en debates públicos sobre problemáticas de trascendencia para el sostenimiento y fortalecimiento de estas experiencias (leyes de expropiación, políticas públicas al sector, modificaciones reglamentarias o legales). Estas colaboraciones y participaciones han implicado la utilización de diferentes medios y modalidades, tales como la redacción de notas de prensa y la intervención en programas radiales, la elaboración de mesas temáticas y/o charlas debate con integrantes de estas experiencias, la participación en reuniones con legisladores y diputados para la introducción de modificaciones en la Ley de Concursos y Quiebras, la participación en reuniones con referentes de empresas recuperadas para trabajar sobre la elaboración del estatuto del trabajador autogestionado, entre otras.

En segundo lugar, en el marco del Programa de Voluntariado Universitario, hemos elaborado un proyecto de fortalecimiento institucional para empresas recuperadas. Este proyecto se encuentra orientado al fortalecimiento social e institucional de las Empresas Recuperadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de contribuir al desarrollo socio-productivo de estos emprendimientos desde dos perspectivas: el fortalecimiento de las relaciones al interior del colectivo laboral, -a través del desarrollo de actividades orientadas a generar e incentivar los mecanismos comunicacionales/participativos y la socialización de la experiencia-; y el fortalecimiento de las articulaciones no mercantiles con la comunidad, recuperando la historia de la empresa recuperada y su colectivo laboral, a la vez que construyendo espacios sociales que viabilicen o afiancen relaciones de carácter no mercantil, si no de reciprocidad solidaria.

La acción principal que se ha encarado desde este proyecto ha sido la instalación de una biblioteca de los trabajadores en el hotel B.A.U.E.N. Este proyecto, construido en conjunto con los trabajadores de la Cooperativa, se encuentra orientado a potenciar las relaciones no mercantiles que este establecimiento entabla con su entorno social, promoviendo así un elemento innovador mostrado por estas experiencias, la trascendencia de la actividad productiva meramente comercial,.

Para finalizar, durante estos tres años de existencia del Observatorio, hemos podido crecer como colectivo, reforzar nuestras relaciones con los actores sociales del campo temático y colaborar en el trabajo sobre problemáticas colectivamente definidas. Esto sobre la base de nuestra perspectiva de cambio social. En este sentido consideramos que la historia de la expansión capitalista nos muestra que la critica teórica y práctica a la misma forma parte ineludible de su desenvolvimiento y que incide en las formas concretas de su configuración, planteando embrionariamente elementos para su superación. Apostamos a la innovación social, y nuestra apuesta pasa no por la convocatoria a la ilusión de la irrealidad deseada, sino por potenciar la innovación en los procesos existentes. Por potenciar su “huella”, en términos productivos, políticos y simbólicos. Por su perfeccionamiento y consolidación en la “caja de herramientas” que tenemos para enfrentar el desafío del cambio e innovación social en una perspectiva universalista.

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Articulando investigación y transferencia. Una experiencia de formación docente a nivel nacional

Ana Lía Kornblit, Pablo Francisco Di Leo y Ana Clara Camarotti (Área de Salud, IIGG)[1]

El uso/consumo de drogas resulta una temática compleja, por lo que para poder establecer un tratamiento exhaustivo se debe tener en cuenta la multiplicidad de formas que pueden asumir los elementos que forman parte de la misma, entre ellas: diferentes representaciones sociales que se ponen en juego, prácticas individuales y colectivas, imaginarios sociales, sujetos, sustancias, contextos socio-económicos, políticos, culturales e ideológicos en los que se llevan a cabo. La existencia de posiciones hegemónicas sobre el modo de abordar “la problemática de la droga” ha permeado tan fuertemente en las sociedades actuales que resulta difícil muchas veces desarmar estos modos ya instalados que vierten “verdades” de cómo debe ser analizado “el flagelo de la droga”. Partimos de la idea de que ni la sustancia ni el consumidor son algo “en sí”. Por ello, una premisa fundamental para lograr trabajar estos temas es tener presente una perspectiva relacional: “la droga” no existe como algo independiente de las variadas y diferenciadas formas de su uso, las cuales no siempre responden al estereotipo que circula tanto en los discursos disciplinares como en los del sentido común.

Lo determinante no es el producto, sino la relación con el producto y el modo de vida en que se inscribe su uso. Por lo general los consumidores/usuarios de drogas quedan inscriptos socialmente dentro de dos lógicas que lograron la hegemonía en el tratamiento de estos temas, la que pretende su “cura”, o lógica sanitaria, y la que busca el “control”, o lógica punitiva.

El presente trabajo tiene por propósito presentar la experiencia de la primera edición del Curso Virtual sobre Prevención del Consumo Problemático de Drogas. Esta iniciativa fue llevada a cabo en forma conjunta por el Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa, el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, UNICEF Argentina y la plataforma EDUCAR SE. Asimismo busca analizar los discursos de los docentes en los foros para identificar sus posiciones en referencia al consumo de drogas y reflexionar sobre las posibles implicancias de estas posiciones discursivas para el desarrollo en la escuela de estrategias de promoción de la salud en torno a la temática.

El objetivo general del curso fue desarrollar un programa de capacitación docente, con alcance nacional, que suministre herramientas teóricas y prácticas para la prevención del consumo problemático de drogas en escenarios escolares. Se dictó a través de la plataforma virtual de EDUCAR del Ministerio de Educación y se estimó en una dedicación horaria de 80 horas. El dictado del curso se realizó a través de la modalidad de aulas virtuales, compuestas por alrededor de 90 participantes cada una. Estuvo destinado a docentes de escuelas primarias y secundarias, equipos directivos, supervisores, equipos pedagógicos, auxiliares docentes y también se habilitó la participación de profesionales insertos en áreas de desarrollo social y de salud de las provincias, en dos cursos paralelos. Se realizaron cuatro ediciones, entre 2010 y 2012, con la participación de alrededor de 7000 docentes de escuelas primarias y secundarias de todo el país.

La tarea se estructuró en base a seis ejes temáticos, los que conformaron 6 módulos, dictados con una frecuencia quincenal a lo largo de tres meses (dos módulos por mes). Se previo el desarrollo de foros de intercambio a cargo de tutores para compartir dudas y reflexiones de los y las cursantes en base a las lecturas de los materiales. El material de apoyo para cada módulo consistió en: un texto de alrededor de 15 páginas con los contenidos del módulo -redactados por Ana Lía Kor-nblit, Ana Clara Camarotti y Pablo Francisco Di Leo, utilizando principalmente resultados de proyectos de investigación y tesis doctorales -bibliografía adicional optativa; preguntas sobre los textos, que ayuden a focalizar los temas y desarrollen el sentido crítico de los cursantes; propuestas de actividades para trabajar sobre la temática; materiales audiovisuales (fragmentos de películas, videos, gráficos, estadísticas); información sobre links a las páginas disponibles en Internet sobre las posturas teóricas y los recursos disponibles en relación con la temática.

Al finalizar la segunda edición del curso, buscando problema-tizar nuestra experiencia de transferencia, reformulándola como problema de investigación, decidimos realizar un análisis de los discursos de los docentes participantes del curso para identificar sus posiciones en referencia al consumo de drogas, buscando luego reflexionar sobre las implicancias de estas posiciones discursivas para el desarrollo en la escuela de estrategias de promoción de la salud. Para el análisis del corpus seguimos los lincamientos de la teoría fundamentada, identificando dos grandes posiciones discursivas, a las que denominamos: negativizante-unidimensional y reflexiva-multidimensional.

En síntesis, en la posición negativizante-unidimensional lo que aparece como menos flexible es la concepción del consumo de drogas en los jóvenes signada por el dramatismo, la espectacularidad y la negación de que puedan existir consumos de drogas que no sean problemáticos. Dichas rigideces están acompañadas de una desconexión de este fenómeno con respecto a las dimensiones históricas, sociales, culturales y generacionales. Esta representación social del fenómeno conduce a la no implicación de los docentes y de la escuela en el abordaje de estos temas en el ámbito educativo.

Asimismo, desde el modelo moralista-normativo -asociado a la postura negativizante-unidimensional- se recurre a conceptos como “factor”, “grupo” y “conductas de riesgo”, utilizados especialmente en estrategias de investigación e intervención. Sin embargo, como se ha demostrado en numerosos estudios, estas categorías generan mayores consecuencias negativas -en términos técnicos, sociales y políticos-que beneficios. La culpabilización de los individuos consumidores de drogas por “adoptar conductas de riesgo” es un ejemplo de los efectos negativos generados por el uso de estos conceptos. Asimismo, al aplicárselos habitualmente a los jóvenes, contribuyen a los procesos sociales de negativización de las juventudes (Chaves, 2010).

En contraposición con la anterior, en la postura reflexiva-multidimensional -asociada al modelo comunitario-subjetivante- se parte de una desnaturalización de las representaciones en torno a los consumos de drogas y su asociación exclusiva con la juventud. En sus reflexiones, los docentes tienen en cuenta las relaciones que se establecen entre los contextos socio-culturales y económicos, el perfil de los sujetos y las características de las diversas sustancias. Por otro lado, es destacable la re significación de la escuela como espacio público en el que es posible la generación de ámbitos de diálogo entre adultos y jóvenes, desde los cuales se construye el conocimiento y el reconocimiento.

Si bien esta última postura está presente en buena parte de los docentes que hicieron el curso, las propuestas que ellos formularon en relación con sus posibilidades de implementación son aún débiles, por lo que podría suponerse que hay barreras que obstaculizan la transformación de los contenidos teóricos incorporados en propuestas de promoción de la salud basadas en el modelo comunitario-subjetivante. Es posible que estas barreras se vinculen con las rigideces de la institución escolar y del habitus docente tradicional, cuya transformación requiere procesos de reflexión y capacitación de largo aliento que comiencen en la formación inicial. En muchos casos estas barreras llevan al aislamiento de los docentes dispuestos a introducir cambios en las prácticas pedagógicas, lo que genera a la vez un voluntarismo de su parte. Ello conduce a un desgaste personal y a reacciones y resistencias de parte de sus colegas.

Bibliografía.

Chaves, M. 2010 Jóvenes, territorios y complicidades. Una antropología de la juventud urbana (Buenos Aires: Espacio).

CONICET - Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires↵

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Miradas en común. Debate sobre las experiencias de extensión

María Carla Rodríguez: Por suerte tenemos aquí, en estas tres experiencias, con equipos jóvenes que se han construido en áreas con mucha trayectoria en formación de investigación, en la construcción de éste ámbito que es el Gino Germani. Tenemos experiencias de vinculación de los equipos con organizaciones y movimientos populares, y una experiencia que nos muestra lo que puede hacerse en el ámbito de la vinculación con programas y políticas desde el Estado, inclusive a una cierta escala desde el Estado nacional.

Creo que, por un lado, a mí haberlos escuchado me ratifica esta necesidad que tenemos de provocar espacios para conocer en profundidad, para encontrar estas experiencias que se están desarrollando, y vi-sibilizarlas. Porque si bien en los últimos años existen algunos formatos institucionales nuevos, que le van dando un poco más de marco y sostén a estas experiencias de extensión/coproducción de saberes, ahí hay todo un debate que está por desarrollarse. A lo mejor ahora empezamos a darle una vuelta, pero en realidad lo que se necesita es habilitar un proceso para clarificar distintas prácticas que se están llevando adelante, sus potenciales y la validez de su coexistencia. Pero partimos de un piso donde en realidad hay una escasa visibilización y puesta en valor de todo esto y lo que significa, desde específicamente la investigación y la producción de investigación, la vinculación con actores en función de necesidades prioritarias o sentidas, que relee la política; o que plantean los movimientos, las organizaciones que cuestionan distintos aspectos de lo que se quiere transformar. Entonces, me parece que aparecieron distintas cuestiones, reflexiones que hacen a lo que es la construcción conjunta. Como equipo de investigación desde la universidad: quiénes somos, si existe o no reflexión de por qué nos involucramos en este proceso, y qué horizontes, como equipo, y en el contexto del instituto en este caso, la universidad, el desarrollo de estas prácticas, y lo que es esta instancia de definir conjuntamente con un otro. Un otro que puede ser un movimiento, una organización popular, o un otro que puede ser un organismo del Estado. Pero es con un otro, de ese objeto de la práctica de investigación o la práctica de intervención directa. Hay otra cuestión en particular: los que actúan. Yo tengo la experiencia también de una larga relación con movimientos sociales urbanos, y con uno en particular, nos acerca a la temática con los compañeros de OSERA, del impulso de las prácticas de autogestión, en este caso desde la producción autogestionaria del habitat, pero que tiene muchos puntos de intervención. Apareció el tema de los talleres, como un momento donde ese conjunto se plasma en la producción de un nuevo tipo de conocimiento. La relación de estos talleres con el proceso, donde siempre hay un desborde. Apareció en muchos casos, incluso en eso que ocurre en el recorrido, en el territorio, eso que ocurre en los momentos donde quieren ir a discutir, como planteaban en OSERA; una cuestión esencial, pero que hace al desarrollo interno, a las contradicciones internas del movimiento, que es la identidad del trabajador autogestionario. Esto que aparece cuando los maestros opinan en el foro.

Creo que hay dos niveles que aparecieron en las tres intervenciones, y que ameritan también identificar y ver qué estamos pudiendo hacer, no hacer, y qué podría hacerse. Que son el plano donde nuestros equipos de investigación intervienen produciendo conocimiento, que a su vez es un conocimiento para la acción directa del actor con el que estamos trabajando. Sea en la situación de la política o sea porque el mapa y la cartografía. Se alimenta la estrategia de la comunidad, la estrategia de la organización más general que los convocó. Aparece un entramado de actores en estas prácticas, que también es necesario identificar y clarificar. Pero, por otro lado, aparece este desborde de la producción de un nuevo tipo de conocimiento analítico, en un contexto más complejo, de estas prácticas que estamos desarrollando. Tenemos dos desafíos de intervención: sobre la práctica directa, que hacemos junto con otro, y que estamos apoyando, impulsando, y el nuevo conocimiento que se produce en estas situaciones. En el recorrido del territorio, escuchando la vuelta de los maestros, interactuando cuando nos volvemos locos con los mapas de organizaciones y contradicciones que tienen sobre la temática que a nosotros nos interesan como investigadores. Y en algunos casos también lo que es la identidad de cada equipo. Algunos se vinculan a las prácticas de extensión, como puros investigadores, becarios, fuertemente con ese anclaje. Otros de ustedes también son militantes. También hay un trabajo de vinculación y de la relación de esas inscripciones, no para censurar nada, sino para clarificar desde dónde, para aprovechar las potencialidades de esas inscripciones, y que son todas válidas y posibles. Hace dos semanas, en las jornadas que hicimos en la maestría de investigación apareció toda una discusión y una reflexión sobre la investigación académica y sobre la investigación militante (guión, comilla, todo junto). ¿Qué es la investigación militante? Y en un momento intervine y planteé: “Bueno, miren, yo soy investigadora y militante. Pero no diría que todo el tiempo estoy haciendo investigación militante”. En realidad, sin descalificar, me parece que hay toda una línea potencial que tiene que ver con esta primera experiencia que comentaron ustedes, que es la coproducción de objetos. Pero a veces también, desde formatos más clásicos, que son los que yo más he experimentado a lo largo de unos veinte años de práctica, aunque ahora me voy metiendo de a poco en otros también, son investigación clásica, pero también producen insumos. Entonces hay que ponernos a ser capaces, con nuestras capacidades de investigadores, tener una buena caracterización de qué prácticas estamos llevando adelante. En qué contextos institucionales esta inscripción, desde la política universitaria, desde la política de financiamiento de la investigación, desde las condiciones concretas, con qué actores y con qué definiciones. Me parece que este es el marco en el que estamos, partiendo de un piso que es parte de la historia de la recuperación democrática de nuestro país. Venimos de treinta mil desaparecidos, venimos del 68′ y seguimos viniendo. Esto tampoco puede ser ignorado, justo en este terreno que nos convoca aquí.

Yo saludo que vayamos dando de a poquito este debate en el Instituto Germani. El director Julián Rebón habilitó un interés particular en ir desarrollando, hace ya un par de años, instancias que nos permitan reflexionar y visibilizar. Está abierta la palabra para aquellos ejes que les resulten más interesantes.

Pablo Di Leo: Además de estas cuestiones, quisiera agregar a la presentación, que estamos participando en articulación con el programa de educación sexual integral del Ministerio de Educación en un trabajo en el marco de un PICT, pero que de alguna manera podemos mencionarlo y vincularlo con la extensión, aun cuando en este caso tiene que ver más con el trabajo de investigación. El Ministerio nos pide que evaluemos el curso virtual que ellos están desarrollando desde el 2008, con la misma modalidad del curso que describimos, en el que fueron pioneros. Para estos Cursos masivos a nivel nacional, el equipo del Área de Salud nos solicita herramientas para establecer un análisis, una evaluación de esos años de desarrollo. Así que bueno, también estamos con este otro proyecto, que es dirigido por Analía Kornblit. Pero nos parecía mencionarlo, ya que, si bien por una demanda, todo este proceso fue producido por nosotros.

Diego Domínguez: Yo quería hacer un comentario, retomar algo que me pareció muy interesante de lo que María Carla decía. Porque finalmente podemos decir “la extensión”, aunque no sabemos bien, porque nosotros tampoco nunca nos planteamos “la extensión”. En algún momento nos planteamos la cuestión de un conocimiento ético, que eso también, quizás las agencias lo tienen más discutido, por una implicancia en otro tipo de cuestiones de vida, la bioética y todo ese desarrollo. Bien o mal tratado, es otro debate, pero quizás ellos lo tienen como más instalado en la agenda académica. Y bueno, nosotros, de alguna manera nos vamos por ahí, buscando de qué manera instalar este elemento. La cuestión de la producción de un tipo de conocimiento, de la demanda, que también mencionaste, y que creo que, en algunos casos, de una u otra manera está presente. Lo mencionaste, en el caso de cuando los mismos trabajadores solicitan participar en ciertas reflexiones, discusiones y aportes, en la cuestión de la definición del trabajador gestionado, en esta búsqueda de su identidad, y que nosotros también encontramos en la experiencia. Digamos, en definitiva, que no está claro dónde nos estamos moviendo, y ahí me gustó la palabra que usaste, la del desborde. Efectivamente estas prácticas tienen que ver con un desborde en el doble sentido que vos marcaste. Ahora, la punta es, más allá de extensión, de la cuestión ética, la cuestión de la demanda en este proceso de desborde ¿En qué medida se instala eso en la universidad, o en qué medida se inscribe ese desborde en la lógica de la universidad? Porque hay algo que es muy concreto: nosotros padecemos de un ostracismo teórico por la categoría en la que trabajamos, pero también un ostracismo financiero. Porque finalmente, sinceramente, no tenemos un mango. Muchas veces las evaluaciones con respecto a nuestros proyectos académicos, estrictamente académicos, estrictamente, son muy duras. Entendemos que también se juegan cuestiones de control de los recursos, en donde hay temas que están fuera de agenda y no son financiados, y hay que dar esa discusión en la universidad también. Hay coto de caza de manejo de recursos, entonces que vengan otros grupos, con otra temática, hay que repartir más… no, no repartamos nada. Uno lo ve en las evaluaciones, las cosas que dicen. Y de alguna manera vamos buscando intersticios, como esta “bendición” para nosotros que fueron los voluntariados. O sea, hemos generado conocimiento y producción académica con voluntariado, que no lo hemos hecho con los UBACyT ni con otro financiamiento estrictamente académico. Entonces, digamos, vivimos en el desborde, pero de alguna manera entendemos que para poder potenciar nuestras formas y nuestra búsqueda, apostando a estas prácticas con otros, a estas formas de conocimientos distintos y demás, sabemos que necesitamos inscribirlo en un marco universitario y creemos que no puede ser, o seguir siendo un ad hoc, que a veces hay una línea de extensión o de voluntariado. Entonces ahí hay un problema de cómo encararlo para que la cadena reconozca esta dimensión de desborde, que si lo planteamos como desborde queda más difusa. Porque finalmente el desborde, justamente, tiene que ver con eso: con lo que no es tenido en cuenta, con la transformación de la institucionalidad.

Pablo Vítale: Hay un montón de temas relacionados con esto. Me parece que hay un eje que tiene que ver con las temáticas concretas y esta cuestión de la inscripción institucional, y el doble ostracismo entre los reconocimientos de la institución académica y el desfinanciamiento, o la idea de que el “todo a pulmón”, la naturalización de eso, digamos, una práctica militante, una práctica caritativa. Una práctica que desborda, pero que desborda también en el sentido… Transformadora, pero te-nieendo que la transformación siempre tiene que ser, tiene que estar subordinada a una moral…

Diego Domínguez: Voluntariado.

Pablo Vítale: A una ética de la voluntad, que es complicada. Porque también… a ver, terminamos con este paquete. Este paquete, entonces, es el de la falta de legitimidad y de reconocimiento por un lado, y la falta de financiamiento por otro. Por otra parte, hay otro paquete, donde me parece que también estamos débiles, que es la argumentación para dar esta disputa. Me parece que en este aspecto también estamos débiles, porque aunque hay producción alrededor de este tema, sobre el consenso construidos alrededor de esto, de parte de quienes llevamos adelante estas prácticas, sí estamos recontra débiles. Y empezar a generar, desde definiciones conceptuales, hasta elegir una categoría en la que definirnos. Cuando armábamos la convocatoria, era “¿Qué ponemos?, extensiones académicas, producción…”, tiene sus discusiones, es complicado, no lo entiende nadie. Claro, obviamente, transferencia es como una especie de cuenta bancaria, más bancario que una transferencia, nada. ¿Entonces? Toda esta discusión, que empieza con la terminología, pero que avanza muchísimo más sobre las prácticas, son como dos paquetes de discusiones que me parece que tenemos que empezar, más allá de los pocos que seamos, aunque sea los que estemos, empezar a articularlos, como para encarar esta lectura. Porque es muy loco, en términos de rol de la universidad. Es muy loco que esto sea un desborde, que no sea algo que tenga… no te digo que sea absolutamente hegemónico, pero por lo menos que tenga una regularidad, que no sea tan excepcional como concepción. Y por otro lado, desde el punto de vista de la construcción de conocimiento también es muy loco que esto, por las razones que todos expusieron, siendo usinas de datos, de información, del conocimiento mismo, que no sean mucho más reconocidas, legitimadas, extendidas en este sentido del término. Entonces, la sensación es esta: hay una masa crítica brutal, con una potencialidad enorme, y al mismo tiempo una contraparte donde está faltando algo, lo cual es llamativo.

María Carla Rodríguez: Me voy a permitir una intervención, porque me provoca. Yo creo que este debate, realmente aquí adentro se evalúa que hay que avanzar en un esfuerzo de conceptualización, de nuestras prácticas y las problemáticas. Para ser coherentes también hay que pensar que este proceso tiene que involucrar aquellos actores que mencionamos. Digo, sean de las organizaciones, sean del Estado, con los cuales venimos practicando. Porque en realidad uno, para impulsar un proceso, un procesito, una práctica, lo que dé la capacidad de transformación institucional, obviamente eso no se puede desarrollar de manera aislada. Además de provocar un debate hay que ir a su vez pensando un proceso donde esas otras voces también se involucren. Un ejemplo: yo comenté que vengo trabajando en el campo de la producción auto-gestionaria del habitat desde aquí, desde el área de estudios urbanos del Gino Germani, en la práctica de investigación, con una organización que es el MOI, no importa, podría ser otra. Pero lo que quería plantear es: cuando nosotros impulsamos propuestas de leyes, en marcos institucionales, que es una estrategia multinivel, porque uno nunca se sabe dónde más avanza. Entonces, a nivel regional latinoamericano, empezó en Ciudad de Buenos Aires, pero ¿Qué sé yo?, hemos tenido incidencia directa en la transformación de la carta orgánica en el Municipio de San Martín de los Andes, es decir, dónde aparecen las oportunidades para las intervenciones que colectivamente se van pudiendo desplegar. Lo que quería plantear es: ahora, en una determinada coyuntura, el Municipio de San Martín va a desarrollar una ordenanza. Está esto, que como involucró en su carta orgánica los planes de autogestión, viene en la ordenanza. Entonces ahí nosotros estamos planteando lo que ustedes dicen “Bueno, habitat popular, temática”. Estamos planteando que uno de los temas que por lo menos discute ese municipio es cómo se impulsa producción de conocimiento. Y que esa dimensión de la escuela de autogestión del habitat, de la producción de conocimiento de los procesos, el propio municipio lo tenga en cuenta en la formulación de ese instrumento normativo. Para pensar que unos pesos, unos pesitos, lo que fuere, unos recursos, van a parar para ahí. Y esa discusión uno la tiene que dar a nivel municipal, provincial, nacional, latinoamericano. Estamos hablando de una discusión paralela en el municipio, con otros actores. Lo traigo, digo, a los efectos de ayudar a pensar los intersticios, que ustedes, con gran precisión, plantearon. Y cómo una estrategia que va socializando, que busca instalar en otros actores. No es sencillo -bueno, eso ya lo saben, que no es sencillo- pero sí necesario. O ámbitos o programas públicos que son los formatos existentes. Entonces, uno después ¿qué les devuelve a partir de este programa? ahí intentamos abrir un poquito más. Y contemplar ahí. Creo que hay que generar un cúmulo y una visibilización para plantearle a los actores.

El Estado es un actor central, el Estado en todo su nivel. Como todos ya saben, acá hemos aprendido lo social, y no una cosa “modernísti-ca”. Entonces hay que entrarle por donde se pueda para provocar estas discusiones. No estoy negando que la política científica, universitaria, es un actor central, pero para abrir el mapa multiactoral, respecto de dónde se pueden desplegar estrategias vinculadas a esto que los equipos quieren impulsar y que ustedes saben que acá en el Germani estamos intentando empezar a pensar.

Pablo Di Leo: Un solo comentario, relacionado con lo que planteaba Carla. Esta cuestión de la dimensión multiactoral. También yo creone-cesaria una mirada autocrítica hacia nosotros, a la academia. Muchas veces nosotros caracterizamos o tenemos como prejuicio respecto de cuáles son los actores que vamos a encontrar en la sociedad. Nosotros ya vamos a la sociedad diciendo “Los actores son”. O sea, hay determinados actores que son los relevantes para generar intervención o no. Y yo creo que una de las cuestiones interesantes para mirar a una apertura de esta concepción de la extensión, es poder abrir el oído y la sensibilidad sociológica, la imaginación sociológica a las multiplicidades de demandas y de actores que llegan. Que no siempre son los que uno esperaba.

Diego Domínguez: Ni las temáticas esperadas.

Pablo Di Leo: Las demandas, desde el saber o incluso desde una concepción política, militante, que uno tenía. Vienen estas demandas, aún desde los actores menos esperados, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Me voy a otro lado para poder encarar esta temática, o en mi trabajo, más en escuelas, con docentes y con alumnos. O sea, en mi formación académica no los había nunca pensado como actores político-sociales con una productividad muy interesante, muy fuerte, porque muchas veces, bueno, nuestra idea de lo que es un actor político, esta mediada con nuestra formación, con una acción ideológica, sociológica, teórica, y esto acota esas posibilidades. Digamos que, de alguna manera este bagaje puede obstaculizar nuestra posibilidad de recibir esas demandas. Yo creo que parte del debate que tenemos que darnos es, como decía Carla, ver al Estado en su multiplicidad de niveles, y en su multiplicidad de tensiones y brechas que genera. Pensémoslos como actores que pueden generar demandas impensadas y productividades políticas. Brechas, que quizás nosotros no esperábamos.

Diego Domínguez: El problema, más allá de eso, es cuáles son los límites, si es que hay límites. Porque, es verdad que nosotros todavía no confrontamos con la posibilidad de límites. Pero sabemos muy bien lo que se juega, por ejemplo, en Agronomía, donde a los sociólogos rurales no los vienen a buscar los grandes laboratorios de biotecnología, pero sí financian los proyectos de investigación, generan agenda, los tienen haciendo pasantías en los campos de experimentación. Entonces ¿cuál es el límite también?

Fernando Ostuni: Retomando un poco lo que plantean, me parece que ahí en algún sentido está implícita como otra de las metas de esta institución, y que tiene que ver, me parece, con lo que planteaba Diego, sobre abrir un marco a aquello que siempre nos convoca en cuanto a los debates de ética científica. Me quedó picando esa cuestión que decía Rodrigo también, acerca de que nosotros no nos pusimos a pensar a partir desde qué momento hacíamos extensión. Que básicamente son las experiencias que ustedes comentaban, que además yo celebro, porque si no, no las conocería. De verdad, yo transito este Instituto hace algunos años y de no escucharlas en este lugar no las conocería.

En este sentido pensaba que nosotros, básicamente, aún extendiendo esos marcos de referencias, pensamos en la articulación con el sector público, en la articulación con actores comunitarios. No pensamos o no nos planteamos como norte la articulación con el sector privado. Económicas no tiene estos dilemas, Agronomía en algún sentido tampoco. En Económicas, la cuestión de la transferencia, la coproducción… digo, en términos hegemónicos e institucionales, ya hay una política clara, y está dada… Para mí aparece una manera altamente productiva de pensar una línea de acción diferente en cuanto a lo que tiene que ser el rol de la universidad, que tiene que ver con potenciar este tipo de experiencias. Sobre todo también por algo que me parece que suman partes muy interesantes de lo que se dijo en cuanto a la calidad del tipo de conocimiento que se produce. Por el tipo de articulación que se produce, por los actores, por lo que vos estás trabajando y el compromiso de esos actores. En la investigación convencional es diferente.

Pablo Vítale:
Para mí dos cosas: una, en las definiciones de lo que sería coproducción, o por ejemplo una práctica de asesoría. Todo lo que se presentó, apunta hacia la transformación social, y alguna realidad con la cual se está interactuando. Y apuntar a transformarla. Y por otro lado está la cuestión de ser cuidadosos con el tema de la demanda, y de también poder generarla. Tener cuidado con no ser una caja negra, digamos, de imputs y outputs y tener presente que nosotros también somos un actor social, y que como tal también tenemos intereses sociales, que están puestos en juego, lo queramos o no. Este aspecto resulta mucho mejor que esté claro. En este sentido también, en general, la demanda social se traduce en términos de urgencia, y el responder a ello, a veces es necesario y productivo, y a veces no. Lo necesario no es una demanda social explícita, aunque ésta esté implícita. Y uno tiene que estar también atento a eso.

Diego Domínguez:

Porque incluso en los noventa hubo un discurso que impulsaba la articulación con el mercado: que la producción, que la generación de profesionales de las facultades de Ciencias Sociales no podía estar al margen de las demandas del mercado, etc. Y ahí el planteo era muy distinto del que estamos hablando. Pero a lo mejor, en el mismo tren, nosotros aparecemos como compartiendo con ese discurso este tipo de articulación con la sociedad. Y estamos diciendo algo totalmente distinto.

María Carla Rodríguez: Sí, es parecido a la bolsa del tercer sector, algo así.

Pablo Vítale: Todos los discursos de las participaciones: o la academia abstraída de la realidad, o la academia en función de la demanda y en el medio no hay nada.

María Carla Rodríguez: Yo creo que hay un punto que ustedes marcaron, que es la calidad de la producción de conocimiento, cuando se establece o se desarrollan los acuerdos que llevan al campo, a las recorridas o a las tareas, que tienen que ver con el compromiso del actor que coparticipa y produce, que es algo sobre lo que tenemos que trabajar y fortalecer muchísimo, porque es parte de una disputa que hay que dar. Todos hicieron reflexiones sobre el conocimiento. Se dieron cuenta trabajando en campo que el conocimiento, que la situación, que el tipo de construcción de dato al cual se accede por este método, que hay un potencial que no lo tienen formatos de otro modelo. Y esta es una cuestión que está en el corazón específico de la disputa que hay que dar. Como lo más invisibilizado, de lo más invisibilizado, que cuesta traducir. Pero es algo sobre lo que decididamente hay que trabajar porque nosotros, los que estamos acá, a su vez, tenemos que ser reconocidos como investigadores de primera línea. Esto que decís, cuando presentamos proyectos “paf, paf, paf, nos dan mal”. Uno tiene sus años de práctica y también va aprendiendo cómo sobrevivir en el mundo de esa disputa y generar sus intersticios. Pero en realidad hay que aportar y fortalecer lo que es el campo específico y mostrar lo que son las potencialidades. Porque el modelo orientado a la ganancia lo que produce son formatos de conocimiento subordinados al laboratorio, a la necesidad de optimizar la estrategia de la empresa, o a lo que fuere la expresión en ese sector de la lógica mercantil. Entonces, en realidad, es un conocimiento en definitiva sesgado por esas redes de vinculaciones. Y nosotros estamos hablando de lo público. Y de lo público que involucra actores desigualmente posicionados. Sean las organizaciones populares, como las que se ejemplificaron, o sean ámbitos del Estado que también tienen sus tensiones. Porque es muy interesante que se introduce y se forma a los docentes con una perspectiva no abstencionista. Eso es una transformación cultural. Entonces, acerca de la discusión sobre la calidad del conocimiento, sobre los actores intervinientes, sobre que éste no es un conocimiento de segunda, producido en el marco de un voluntariado caritativo. Este es un conocimiento más de primera que aquél empobrecido por ese horizonte. Es necesario fijarlo y construirlo, acumulando en este sentido. Este es el desafío que se nos presenta.

Pablo Di Leo: Creo que también es interesante, que tiene que ver con esto que decíamos, con las estrategias que uno hace. Pero también con esta posibilidad de pensar en autonomía relativa: trabajar con compromiso y distanciamiento considerando los contextos sociales y políticos. Yo creo que una de las maneras, quizás, de encontrar intersticios dentro del campo académico que estamos viviendo es traducir esas demandas en problemas de investigación, en preguntas. ¿Qué es la construcción de una pregunta? Bueno, muchas veces vienen estos sujetos, como hace el trabajador autogestionado (o no hace). Es decir: la forma de traducir esa demanda que nos llegó, o esa lectura de un movimiento determinado de una organización, o de una determinada política, en términos de una pregunta sociológica, o de una pregunta que tenga también su potencialidad para jugar en el campo académico. Su potencialidad para ganar disputas en el campo académico. Una pregunta qué, quizás a veces nos cuesta formular, justamente por ese pensamiento esquizofrénico que tenemos entre extensión y academia, que nos provoca que nos cueste apropiarnos y pensar esta articulación. No, “Mi proyecto, como investigador, es este, pero mi proyecto para intervenir viene por otro lado”. Nos desdoblamos y no paramos la pelota y nos preguntamos: ¿Qué posibilidades tenemos para traducir esto en una pregunta de investigación con buena legitimidad dentro del campo académico? También, es cierto, eso no garantiza que el planteo sea aceptado, pero quizás también otorgue más chances. Que es, seguramente, eso que ustedes también viven y hacen cotidianamente para poder mantenerse en este cambio. Y que es algo para lo que, por supuesto, no nos forman. Digamos, uno crece a partir de esta tensión, de ese estar desbordados. Es un punto para hablar.

Rodrigo Salgado: Yo pensaba en qué medida la consideración de la extensión como algo que no “forma parte de”. No es la operación que permite establecer una cuestión desigualitaria. Primero esa diferencia, extensión e investigación, de categorías. Por ahí sería interesante, no decir “es todo lo mismo”, sino por ahí plantearlo como etapas de un mismo proceso. No plantear: “por acá tengo mi cosa, ahora me transformo en alguien que hace extensión, y para eso tengo mi otra cosa”. Por ahí pensarlo quizás desde esa lógica de un único proceso. Me parece interesante. Yo creo que deberían replicarse de alguna manera los espacios en donde nos conozcamos nosotros.

Diego Domínguez: Los que estamos en extensión. [Risas]