CONFLICTO SOCIAL EN EL “NEOLIBERALISMO AVANZADO”.

ANÁLISIS DE CLASE DE LA REVUELTA ESTUDIANTIL EN CHILE

Carlos E. Ruiz Encina

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La Colección Becas de Investigación es el resultado de una iniciativa dirigida a la difusión de los trabajos que los investigadores de América Latina y el Caribe realizan con el apoyo del Programa Regional de Becas de CLACSO.

Este libro presenta las investigaciones que los autores realizaron en el marco

del concurso de proyectos para investigadores de consolidación académica

sobre Régimen de acumulación y clases sociales organizado por el Programa

Regional de Becas de CLACSO con el apoyo de la Agencia Sueca

de Desarrollo Internacional, Asdi.

Los contenidos de este libro han sido evaluados por un especialista externo a la institución en un proceso de revisión por pares.

Ruiz Encina, Carlos E.

Conflicto social en el neoliberalismo avanzado : análisis de clase de la revuelta estudiantil en Chile . – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2013.

E-Book. – (Becas de investigación)

ISBN 978-987-1891-80-1

1. Revolución Estudiantil Chilena. I. Título CDD 303.608 358 3

Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO:

Chile / Dictadura / Neoliberalismo / Privatizaciones / Transición democrática / Concertación / Protesta social / Desigualdad / Pobreza / Clases sociales

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Primera edición

Conflicto social en el “neoliberalismo avanzado”. Análisis de clase de la revuelta estudiantil en Chile. (Buenos Aires: CLACSO, octubre de 2013)

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Introducción

Carlos E. Ruiz Encina[1]

La sociedad chilena ha experimentado profundas transformaciones producto de casi cuatro décadas de ininterrumpida hegemonía neoliberal, al punto que, ésta no sólo deja atrás un modelo de acumulación, un tipo de Estado y clases sociales propias de la égida nacional-popular; sino que, por su radicalidad, torna esta experiencia de acumulación capitalista en la “avanzada neoliberal” más refundacional de América Latina. Con ello, esta experiencia se constituye en un objeto de interés para apreciar y problematizar la cuestión de las transformaciones de clase en el capitalismo contemporáneo. Se erigen, a veces en apariencia contradictoria, como rasgos distintivos de ésta modalidad un alza de los ingresos de distribución crecientemente desigual, marcada por una elevada concentración de la propiedad que proyecta un empresariado oligopólico; una sostenida expansión de nuevos sectores medios asalariados, ligados a ocupaciones de servicios privados y reclutados entre capas más bajas; mutaciones sustantivas en los regímenes de trabajo que trastocan radicalmente la fisonomía de las clases trabajadoras; y una disminuida pobreza, que se cuenta entre las más bajas en la región, aunque registra altas tasas de rotación.

El sostenido proceso de mesocratización se erige como una de las principales marcas de la sociedad chilena actual, al punto que los expandidos niveles de consumo y calificación profesional y técnico que cobija la distinguen en el panorama regional. Así, la emergencia de estos nuevos grupos medios resulta ligada a la sostenida expansión de un sistema educativo superior crecientemente privado, que si bien aparece como la principal vía de ascenso de estos sectores, contribuye a la vez a generar nuevos procesos de diferenciación en su interior. De tal suerte, se configuran diversas fracciones medias, marcadas por la heterogeneidad de su origen social, niveles educacionales y de ingreso, estilos de consumo, expectativas y orientaciones políticas. El actual difiere así de cursos pretéritos de mesocratización, en particular de aquél que cobijó el ciclo desarrollista, donde su vinculación a ocupaciones asalariadas públicas, estabilidad laboral y una distinción sociocultural más nítida del resto de los sectores populares, le imprimió un mayor grado de homogeneidad política, social y cultural. Esas antiguas clases medias, aunque diezmadas bajo el desmantelamiento de la vieja centralidad estatal, resisten en medio de esta nueva heterogeneidad de los sectores medios actuales, que se expresa en la diversidad de orientaciones que se agolpan en el malestar mesocrático de hoy, en particular, en su vistosa expresión en las protestas estudiantiles recientes. La profusa coexistencia -contradictoria en teoría, pero posible en términos histórico-concretos bajo la amplitud del movimiento estudiantil- de una defensa de los viejos términos de educación pública, de un lado, con aspiraciones meritocráticas cifradas en los ideales liberales en boga, de otro, son una expresión de ello.

De otra parte, la mayor flexibilidad y la enorme rotación laboral, acarrean una variedad de modalidades de trabajo y producción que, pese a la caída de los grados de informalidad, trastoca la vieja fisonomía de las clases trabajadoras. La emergencia de nuevas fracciones asalariadas -ligadas a diversos modos de encadenamiento productivo de las pequeñas y medianas empresas con aquellas propias del gran capital-acompañan en la última década una mayor conflictividad propia de nuevos actores asociados al nuevo panorama de la condición asalariada, los cuales guardan escasa relación con las viejas formas sindicales, reflejando también nuevos procesos de formación de clases.

Ambas transformaciones en las viejas condiciones de clase, en este caso especialmente cifradas sobre aquellas posiciones de mayor centralidad política, social y cultural en el curso histórico nacional-popular, plantean nuevos dilemas de comprensión, no sólo desde el punto de vista estructural, sino también en términos de sus modalidades de constitución política y cultural. Precisamente, son los nuevos grupos sociales que emergen en la historia reciente de este “neoliberalismo avanzado” aquellos en que estallan los más acentuados grados de desidentificación política, y los consiguientes vacíos de representación de ese tipo, abriendo interrogantes fundamentales sobre el proceso político y social chileno en curso, y su comprensión en términos de clase.

La creciente desigualdad de ingresos y oportunidades viene generando un malestar en vastos sectores medios y de trabajadores, que se acumula desde fines de los noventa, que no sólo gana cada vez más notoriedad, sino que se aparta progresivamente del clivaje dictadura-democracia y el temor a la regresión autoritaria que lo contiene en sus inicios. La sistemática crecida de la protesta estudiantil en la última década -cuyas movilizaciones más significativas suceden el 2001, 2006 y 2011- además de resultar indicativa de la constitución de nuevos actores sociales, registra el apoyo cada vez más claro de estos sectores medios y trabajadores, mientras que se apartan de las identidades políticas que marcan la llamada transición a la democracia, abriendo una crisis de representación que se remite a todos los sectores de la política institucionalizada. Luego, el proceso social y político abierto involucra un curso de constitución de nuevas identidades sociales y políticas, que resulta vinculado a procesos de formación de clases en sectores medios y trabajadores propios de una experiencia de “neoliberalismo avanzado” como la chilena, las cuales resultarán determinantes en el curso subsiguiente.

Contrario a divulgados ideologismos de un extremo y otro, en torno a la revuelta estudiantil reciente, lejos la más vistosa dentro de este ciclo de protestas sociales, las perspectivas y orientaciones de cambio radical no resultan preponderantes en ninguna aproximación posible. En su lugar, en cambio, se erige una diáspora de orientaciones políticas y culturales muy variopintas, que va desde idealizaciones de la vieja centralidad estatal y las políticas públicas que ésta cobijaba, hasta unos muy propagados reclamos directamente referidos a las dificultades de ascenso social, a partir de las distintas formas de “cierre social” elitario que impiden la instalación de un régimen meritocrático como el que promete el ideal liberal. Un panorama que no podía ser de otro modo, dado los estadios relativamente iniciales en que transcurren dichos procesos de formación de clases, tras las hondas transformaciones acaecidas en el modelo de acumulación capitalista en Chile.

La presente indagación recupera un análisis del carácter de clase de la conflictividad social reciente, vinculando la comprensión del proceso social con los rasgos del modelo de acumulación capitalista vigente y la crisis política abierta en la última década, sobre todo a partir de las protestas estudiantiles, el fenómeno más descollante de dicha conflictividad. Para ello, al considerar el desarrollo de las principales protestas estudiantiles de los años 2001, 2006 y 2011 se revisan los cambios y continuidades que estas plantean en relación a las tradiciones anteriores, en especial en torno a la tensión dictadura-democracia, así como el carácter de la adhesión de otros sectores de la sociedad a estas luchas. Su relación con el marco de las transformaciones de la estructura social chilena, se revisa principalmente bajo la caracterización de los cambios en los sectores medios y trabajadores, y su relación con aquellos ocurridos en los ámbitos de la educación y el trabajo. Una discusión orientada a distinguir, de la mano tanto de estos cambios estructurales como de los términos de acción social recientes, los procesos de formación de clases y actores sociales subalternos relevantes en el proceso histórico inmediato. El carácter de dicha conflictividad y sus posibles orientaciones se discuten en relación a los rasgos que adopta en Chile el modelo de acumulación capitalista, en particular los cursos de concentración económica, privatización de las condiciones de vida, producción de desigualdad, y los cambios con que se relaciona en el mundo del trabajo y la educación, como ámbitos relevantes de constitución de la acción social. Un repaso que completa la mirada sobre las modos de dominación vigentes y su efectividad, en particular las formas de procesamiento de conflictos, de representación y participación política, y sus déficit ante el tipo de expectativas y malestares que cunden en amplios sectores de la sociedad, especialmente los apuntados.

Es Sociólogo, Magister y Doctor en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile. Es académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Actualmente imparte en pregrado las cátedras de Estructura y Acción Social en América Latina, e Historia Social de América Latina; en posgrado la cátedra de Modernización y Estructura Social. Es subdirector del Centro de Investigación de la Estructura Social (CÍES).↵

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Neoliberalismo y dictadura: la reorientación del Estado y la economía

El golpe militar de 1973 y el régimen autoritario que se prolonga por 17 años no sólo sepulta la “vía chilena al socialismo” que encabeza Salvador Allende, también se desarticula el régimen nacional-popular y la industrialización sustitutiva de importaciones que lo acompaña. Giro que no sólo se vuelve contra el proyecto de la izquierda socialista y comunista, sino también sobre las bases de la Democracia Cristiana (DC) e incluso sobre preceptos y bases tradicionales de la derecha nacionalista. Son pugnas entre el régimen militar y sus opositores abiertos, pero también son disputas en sus propias filas que dirimen la configuración de la nueva alianza social y política, y con ella el nuevo patrón de acumulación capitalista.

Esa disputa abre cauce a los jóvenes gremialistas de la Pontificia Universidad Católica (PUC), una derecha estudiantil y académica que viene del enf rentamiento a la reforma universitaria de los años sesenta; y los economistas de la Escuela de Chicago -formada bajo la tutela de Milton Friedman, ideólogo de la economía monetarista-, cuyas ideas pugnan por anclarse en la acción estatal. Una alianza fundamental en el ímpetu refundacional que adopta la experiencia autoritaria, a pesar de las reticencias de la Democracia Cristiana, la vieja derecha y el nacionalismo militar. Temprano, las disputas en el nuevo bloque en el poder dirimen su fisonomía con la imposición de los “Chicago boys” sobre los “posdesarrollistas” (Fontaine, 1988; Correa, 2004), así como de la policía política del Ejército sobre las demás ramas, en especial la Fuerza Aérea. Con ello, el general Augusto Pinochet se erige al frente del conjunto de las fuerzas armadas, y se despejan los hilos del nuevo poder económico y político con del ideario neoliberal. La entrada de los gremialistas de la PUC y un grupo de profesionales de la Universidad de Chile provee las tesis sobre “subsidiariedad” social. Nuevos cuadros económicos y políticos cierran el círculo en torno a Pinochet, derribando las esperanzas de la DC de un retorno a la normalidad y el ingreso de la vieja derecha nacionalista.

Efectivamente, es la expresión política de una nueva alianza social dominante integrada por las fuerzas armadas y el sector más internacionalizado del empresariado local, nucleado en los principales grupos económicos que se orquestan en torno al sector financiero (Fazio y Parada, 2010; Huneeus, 2000), dada la debilidad del sector productivo local para forzar a pactos a la alianza emergente, aún en condiciones subordinadas, como ocurre en otras experiencias regionales. Esas disputas configuran un giro que involucra un reordenamiento del mapa del poder económico. El discurso liberal pasa a aplicarse acelerada y verticalmente. Un reimplante libremercadista, centrado en la “integración hacia fuera”, que contraviene también la tradición de la derecha, del nacionalismo y corporativismo social.

Tales condiciones generales de redefinición trazan los rasgos del nuevo modelo de acumulación en gestación, que apuntan más a un reordenamiento de los mecanismos acumulativos y no la potenciación productiva. Es la acción estatal la que pasa, de la mano de estas tecnocracias y militares, a constituir un nuevo “mapa de la extrema riqueza” a través de la formación de grupos económicos que, aunque suman alguna fortunas tradicionales, acarrean la formación de nuevos grupos económicos hasta hoy determinantes (Dahse, 1979). Las medidas adoptadas en los inicios de la dictadura para controlar la inflación, delinean los grupos económicos que emergen en esta etapa (Stallings, 2001).

Ya en 1975, tras una recesión que contrae el PIB en 17% con la caída del precio del cobre y el alza del petróleo, se inicia la entrada a los Chicago Boys a las carteras de Hacienda y Economía. En dicho año se impulsa una reforma tributaria que, alegando reducir la demanda con un incentivo al ahorro, crea un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 20% tributario – que en 1977 se extiende a los servicios-, centrando la recaudación impositiva sobre el consumo, consolidándose el sello regresivo del sistema tributario (Larraín y Vergara, 2001). Con el ingreso de los grupos tecnocráticos se inicia la apertura de la economía y la entrada masiva de capitales, celebrada posteriormente como el “milagro chileno” de la segunda mitad de los años setenta, de alto crecimiento, reducción del desempleo -pese a los despidos de funcionarios públicos y trabajadores en las empresas privatizadas-, y mejores resultados en el control a la inflación (Huneeus, 2000). Varios cursos de reformas apuntalan esa dirección.

La liberalización del comercio exterior que suprime cuotas y barreras no tarifarias, y reduce aranceles aduaneros de tasas específicas que promedian 94% a un rango entre 10% y 35% en 1975 y una tasa única de 10% en 1977; que remata en 1979 con la fijación del tipo de cambio que impacta a la producción para el mercado interno y acelera el reordenamiento del empresariado bajo los nuevos grupos económicos, ahondando el déficit en balanza de pagos. La liberalización financiera elimina exigencias al crédito interno y los préstamos externos, al reducir la tasa de encaje (de 80% a 10%) y abrir la operación de entidades financieras no reguladas. En 1975 se libera la tasa de interés y los bancos fijan altas tasas de préstamos y depósitos, mientras se enajena casi toda la participación estatal en el sistema financiero, excepto el Banco del Estado, que en 1973 suma un 85% de la banca. En 1976, tras el retiro del Pacto Andino, se abre el desembarco de entidades financieras externas en el país. La gran expansión del crédito que llega a tasas de interés desreguladas, trae la quiebra de dos bancos y su intervención por la Superintendencia de Bancos en 1977. Es el aviso de lo que luego es una crisis financiera de insolvencia de la mayoría de la banca, que se suma al déficit anotado en balanza de pagos.

La lenta apertura de la cuenta de capitales arranca en 1974 cuando se abre al capital externo y agentes locales no-bancarios (Stallings, 2001). El Decreto Ley N° 600 ajusta la Ley de Inversión Extranjera otorgando amplias garantías e incentivos a la entrada de capital (Fazio y Parada, 2010). En 1977 se permite a la banca local intermediar créditos externos, y se fija un encaje no remunerado para el crédito de mediano plazo (mayoritario) a una tasa variable según el vencimiento, y un encaje de 100% al de corto plazo (excepcional). En 1980 se autoriza a la banca local a obtener préstamos externos en condiciones similares a instituciones no financieras, y luego la apertura de sucursales en el exterior. Acelerando la entrada de capital externo, sobre todo financiero y su poder en la economía local, lo que junto a la privatización de empresas estatales, delinea la fisonomía de los grupos económicos de la nueva alianza dominante. Una subasta de empresas públicas, aparte de la anotada participación estatal en la banca, donde el emergente empresariado revela su inclinación más especulativa que productiva, en unas liquidaciones que castigan el valor de las empresas entre 27 y 69%. Desde 1973 se devuelven 325 empresas intervenidas bajo la UP, sobre todo industriales, a las que se suma entre 1975 y 1978 la venta de otras 200, en su mayoría adquiridas con la UP. De 400 empresas públicas en 1973 quedan 15 en 1980 (Moguillansky, 2001). En 1981 la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras sortea las restricciones a la venta de derechos de explotación minera por las empresas nacionalizadas, fijadas en 1976 de la mano del nacionalismo militar, y activa un modelo de privatización que se proyecta en los años ochenta y noventa. La abrupta apertura externa acelera una nueva vinculación de capitales locales con la égida financiera internacional, sellando la formación de nuevos grupos económicos.

Esas privatizaciones, y la liquidación de la participación financiera estatal, impulsan la concentración de la propiedad de las empresas y bancos enajenados, que se ahonda con la red de intereses que emerge entre bancos y empresas adquiridas por los grupos, dada la desregulación financiera y la débil fiscalización. Los grupos que controlan la banca compran empresas públicas con créditos de sus propias entidades financieras (Ver-gara, 1996; Huneeus, 2000). Una conducta típica de los grupos económicos que emergen en el periodo como Cruzat-Larraín, Matte, Vial o Angelini, en detrimento de los que pierden peso, sobre todo ligados a la actividad industrial (Montero, 1997). La imbricación de empresas y bancos privati-zados no sólo extrema tal concentración. El ingreso masivo de productos importados y la insostenible competencia para el sector productivo local, se compensa en estos grupos con las rentas de las altas y desreguladas tasas de interés sobre los activos financieros y las ganancias de capital por la compra de empresas a bajos precios. Además de articular los grupos económicos, las privatizaciones descapitalizan a gran parte de las actividades productivas (Moguillansky, 2001), bajo el patrón rentista que adoptan.

Bases de sociales y políticas del nuevo orden: Código Laboral y Constitución de 1980

Estas mutaciones no son posibles de implementar sin desarticular la capacidad de presión sobre la acción estatal de los actores sociales nacional-populares. El sindicalismo ve arrasada su organización -por represión directa y coacción legal-, y las condiciones laborales que afirman su identidad sociocultural. Inicialmente se desregula de facto el mercado laboral bajo la represión, la suspensión de la negociación colectiva y la escaza fiscalización de la normativa vigente (Mizala y Romaguera, 2001). Una Escala Única de Sueldos del personal público homogeniza el escenario de remuneraciones y negociaciones sectoriales. El Programa de Empleo Mínimo, a cargo de las municipalidades, crea un subempleo institucionalizado que paga un tercio del salario mínimo, y profundiza la desregulación del mercado laboral (Drake, 2003), sumadas a las privatizaciones y la asfixia productiva que menoscaban la industria, la minería estatal y la construcción, nichos tradicionales del sindicalismo.

Sobre el debilitamiento sindical avanza la desregulación formal del mercado laboral. En 1978 se deroga la Ley de Inamovilidad que obliga justificar el despido e impone la figura del “desahucio” o despido discrecional con una indemnización de un mes por año de servicio (Mi-zala y Romaguera, 2001). Se autorizan contratos de trabajo de duración fija (hasta por dos años), y flexibiliza los tiempos de trabajo (hasta 48 horas semanales) bajo jornadas definidas por el empleador. Pero es el Plan Laboral de 1979 el que sienta las bases del nuevo orden laboral. Las normas del Plan, elaborado por el ministro José Pinera, refundan la legislación sindical y de negociación colectiva. Declara voluntaria la creación de sindicatos e individual la afiliación (antes obligatoria) y excluye a órganos multisindicales de la negociación colectiva (Mizala y Romaguera, 2001). Los nuevos marcos de negociación acrecientan el poder al empleador, al reducirla a la empresa y eliminar su dimensión ramal y nacional, y la intervención estatal. Cancela la huelga indefinida y sin reemplazo, la limita a 60 días (luego caducan los contratos sin indemnización), abre el reemplazo y el derecho a paralización empresarial si la huelga supera el 50% de los trabajadores o pone en riesgo a la empresa. Prohibe la huelga en servicios públicos y abre un arbitraje privado (Mizala y Romaguera, 2001).

Mientras que, la Constitución de 1980 limita la amplitud política del futuro régimen democrático y define instancias de decisión estatal ajenas al escrutinio ciudadano, instaura un sistema electoral de proporcionalidad corregida que fuerza la articulación restrictiva de dos coaliciones y un Tribunal Constitucional a cargo de eliminar decisiones de poderes del Estado que estime contrarias al “espíritu” constitucional (Vásquez, 2006). La tutela militar opera mediante senadores institucionales designados y un Consejo de Seguridad Nacional de control militar, y la exclusión de facultades presidenciales civiles para remover a comandantes en jefe. Incorpora mecanismos destinados a preservar el orden institucional como altos “quorums calificados” para aprobar reformas de ese orden en el parlamento, que obligan a pactos con las fuerzas que defienden la herencia autoritaria. A diferencia de la Constitución anterior, ésta no define un patrón de desarrollo sino se centra en asegurar el orden interior y la reproducción formal del sistema institucional, por lo que su funcionamiento es más administrativo que político, proyectando un ciudadano ajeno al desenvolvimiento de lo público, de la política y del proceso de toma de decisiones (Cristi y Ruiz, 1992).

Privatización de los servicios sociales y focalización de políticas sociales

En 1978 la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) se convierte en centro ideológico de las nuevas élites burocráticas del régimen. Producen un discurso sobre las ventajas sociales del modelo adoptado, en base a una concepción subsidiaria del Estado que focaliza el gasto social en políticas contra la extrema pobreza, bajo una “evaluación social” de proyectos de inversión. Acusa a los trabajadores integrados a empresas del sector privilegiado que, por la presión sindical y política, logran un bienestar vedado a los “verdaderos pobres”, por lo que concentra el apoyo estatal en la marginalidad. Focalización de subsidios destinada a desarrollar un “pinochetismo popular” en grupos marginales, y con ello, manejar la diferenciación del mundo popular (Baño, 2003).

Entre 1980 y 1981, un segundo ciclo de reformas sigue a la privatización de empresas productivas y la apertura externa, abarcando nuevas funciones estatales y dimensiones del modelo de acumulación. El desmantelamiento de servicios públicos, a través del traspaso de gran parte de la provisión estatal de salud, educación y previsión a privados, afecta las condiciones de vida de los viejos sectores medios y obreros, antes beneficiados por el énfasis redistributivo del gasto social, ahondando sus respectivas diferencias con otras franjas medias y populares bajo las mayores brechas de ingresos (Baño y Faletto, 1999).

El sistema previsional basado en diversos regímenes de gremios profesionales y de trabajadores, que coinciden en la condición de reparto de beneficios, cambia radicalmente (Arenas, 2010). La reforma de 1980 suple el esquema colectivo de reparto por uno de capitalización individual, gestionado por empresas privadas y basado en cotizaciones y planes de ahorro obligatorios, donde los trabajadores cotizan un 10% de sus remuneraciones y pagan comisiones por su gestión a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que compiten por esas cotizaciones (Riesco, 2007). El Estado asume un rol residual, al mantener beneficios a quienes conservan el viejo sistema, incentivar el cambio al nuevo régimen, y cubrir brechas ante cotizaciones insuficientes con una Garantía Estatal de Pensión Mínima. Esta reforma posibilitará el ascenso de grupos económicos financieros, bajo un patrón de acumulación rentista donde las AFP devienen en gran fuente de financiamiento, sin contrapeso de grupos productivos ni sindicales sobre una acción estatal que reorganiza las condiciones de acumulación.

El sistema de salud se descentraliza y se abre al capital privado. Si hasta 1979 opera la cobertura universal y gratuita del viejo Servicio Médico Nacional de Empleados (Sermena) para empleados públicos (o privados que se acogen) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) para el resto de la población; en adelante, ambos se funden en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), y se separa su financiamiento (bajo Fonasa) y su provisión bajo el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) que coordina una red de servicios regionales, y en 1981 la atención primaria de salud inicia un traspaso a administraciones comunales que concluye a fines de la década (Gogna, 2004). En 1981 se crea el sistema de financiamiento privado de prestaciones de salud mediante Institutos de Salud Previsional (Isapres) a los que pueden optar los trabajadores. A diferencia del cambio previsional, el sistema público de financiamiento de salud no se reemplaza, pero se privilegia el privado y el financiamiento de la salud pasa más a las personas (en cotizaciones y copagos) y menos al fisco, que reduce su peso en el financiamiento al sistema de salud de 38 a 21%, e igual subsidia la ganancia.

La reforma al sistema educacional sigue una línea de privatización similar. En 1980 parte una descentralización con el traspaso de las instituciones de educación escolar pública desde el Estado central a los municipios, que culmina a fines de la década (Maldonado, 2003). El cambio incorpora al sector privado como proveedor de servicios educacionales financiados con recursos estatales, los colegios “particulares subvencionados”. El viejo financiamiento a las instituciones cede lugar a un subsidio a la demanda, una subvención ajustada a la asistencia del alumnado que llega por igual a escuelas estatales municipalizadas y particulares subvencionadas. Con este cambio los profesores de instituciones estatales quedan regidos por la legislación laboral del sector privado, lo que merma sus remuneraciones y estabilidad laboral (Mi-zala y Romaguera, 1998). La protesta del profesorado, agrupado en un Colegio de Profesores creado por el gobierno, con directivas oficialistas hasta las elecciones de 1981, aparece ese año con el reajuste salarial del sector público que los excluye (Servan, 2003).

Mientras tanto, la educación superior sufre el cierre de carreras y la expulsión de estudiantes y académicos. En 1981 la Ley General de Universidades separa las universidades de sus sedes autonomizando estas últimas, anula el carácter nacional de la Universidad de Chile y la desvincula de la formación de profesores, iniciando su privatización al fomentar la creación de instituciones privadas. Una Ley de Financiamiento pone a competir a los nuevos planteles privados (universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales) con los públicos por el financiamiento estatal, tras un Aporte Fiscal Indirecto sujeto a la captación de estudiantes de mejores rendimientos, como argumento de excelencia académica, lo que abre un subsidio estatal al expansivo sistema privado de educación superior. La competencia por recursos se estimula con un régimen de autofinanciamiento para las instituciones estatales, que trae el cobro de aranceles junto a un sistema de crédito orientado a estudiantes de menor ingreso que los endeuda con el Estado (Moraga, 2001; Levy, 1995). Estos cambios no encuentran resistencia, dada la desarticulación general del mundo universitario.

En suma, la privatización de los servicios del Estado social -salud, educación y previsión-, constituyen una segunda ola de mercantilización que crea, sobre estos servicios, no tanto nuevos grupos económicos sino nuevos nichos de acumulación. Una expansión capitalista hacia nuevas esferas de relaciones sociales. Una privatización de las condiciones de vida de gran impacto social y central para las nuevas modalidades de desenvolvimiento de este capitalismo de servicio público. Un capitalismo que ampara los procesos de acumulación en fondos de pensiones y el subsidio estatal, y maneja una masa de capital inédita en la historia local.

El empresariado al frente del modelo

La crisis económica iniciada en 1982 fue enfrentada por los equipos económicos del gobierno militar morigerando la apertura comercial y de la cuenta de capitales, y con el rescate de la banca y otras entidades ligadas a los nuevos grupos económicos, cargando al Estado con las deudas y subsidios involucrados. La carencia de oposición social y política permite salvar las bases de la alianza dominante.

Tras el rescate estatal se impulsa otra reforma tributaria que reduce el impuesto a la renta, en la carga al ahorro y la inversión, concentrando más la recaudación sobre el consumo -el IVA en especial-, y su carácter regresivo. Se crea un Fondo de Utilidades Tributables para postergar el impuesto a las rentas personales si las utilidades son rein-vertidas en vez de retiradas, con trato preferencial a rentas del capital en relación a las del trabajo donde los dueños de capital tributan menos que los trabajadores ubicados en igual tramo de ingresos (Larraín y Vergara, 2001). Para estimular la inversión se fija un impuesto común de 10% a las sociedades de personas y sociedades anónimas y deroga el impuesto Tasa Adicional que grava en un 40% a las utilidades (en 1988 se anula el impuesto a utilidades reinvertidas y lo deja en 10% sobre aquellas repartidas), estipula que un 20% de los montos invertidos en activos financieros por las personas pueden deducirse de impuestos y abre incentivos tributarios a la compra de acciones, en especial de bancos intervenidos y nuevas privatizaciones (Larraín y Vergara, 2001).

Una vez controlada la fase más difícil de la crisis, retornan con mayor fuerza los Chicago Boys a los aparatos económicos de gobierno. La apertura y el ingreso de capitales externos vuelven, ahora con mayor incentivo estatal a inversiones en áreas como los servicios básicos, la infraestructura y rubros exportables. Llega un “segundo milagro” de 7% anual de crecimiento entre 1986-1989, y la caída del desempleo a 7,9% en 1989 (Mizala y Romaguera, 2001). Se eliminan los controles al ingreso de capitales restablecidos en la crisis y rebajan los aranceles aduanales (Stallings, 2001). La política de cambio alto estimula las exportaciones, facilitada por la escasez de financiamiento externo, entre otros incentivos, volcando los capitales externos a sectores de la industria básica (metálica, forestal, agroindustrial, pesquera) orientada a la exportación, a través de filiales de transnacionales (minería) o en alianza con capitales locales, que tienen una rentabilidad asegurada en los incentivos estatales (Moguillansky, 2001).

Un nuevo ciclo de privatizaciones busca cohesionar al empresa-riado tras la crisis y convertir a la empresa privada en motor y control del crecimiento. Más que un programa, son impulsos sujetos a criterios privados, donde prima la enajenación a precios inferiores al valor real de las empresas (Huneeus, 2000; Campero, 2003). Abierto con subastas públicas en efectivo y no a crédito con empresas y financieras intervenidas bajo la crisis, suma 27 grandes empresas (18 en forma total y 9 parcialmente, bajo el modelo de concesiones). A fines de la década abarca las telecomunicaciones, energía y el transporte aéreo entre otras. Sólo quedan la cuprífera Codelco y la petrolera Enap en manos estatales, y el Banco del Estado. Esta vez opera una alianza de capitales locales y externos, que más tarde erige filiales en el exterior. La propiedad en los servicios públicos la controlan accionistas locales, pues son privatizaciones pioneras en tales rubros, que observan con cautela el capital externo, y entran más tarde en la actividad. El permiso a las AFP para invertir en este proceso las convierte en principales propietarias (suman un 25% de empresas públicas enajenadas) y financistas del mismo. Se impulsa un “capitalismo popular” con la venta preferencial de acciones a pequeños inversionistas, funcionarios públicos y de las fuerzas armadas a través de diversos incentivos. Pero prima la concentración de la propiedad. A corto andar, los grupos económicos se concentran en los bancos intervenidos por el Estado (y sus AFP), lo que los beneficia a ellos y a los altos ejecutivos de esas empresas (Huneeus, 2000). Aparte, la poca transparencia del proceso agudiza tal concentración, que en el sector eléctrico lleva al monopolio con la integración de empresas, Endesa y Chilectra bajo la matriz Enersis, logrando un enorme poder político y económico (Moguillansky, 2001).

Una Ley General de Bancos vuelve a elevar los límites a los créditos a prestatarios “relacionados” (firmas del mismo grupo económico que el banco), clasifica las carteras por riesgo y elimina el seguro de depósito (excepto pequeños depositantes y depósitos a la vista) a fin de imprimir competitividad al sistema. En 1989, tras perder el plebiscito se dicta la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central que autonomiza la política monetaria del debate político, y se lanza un plan de capitalización de deuda que agiliza la solución de situaciones pendientes en forma favorable a los bancos (Stallings, 2001).

Los cambios en esta etapa cohesionan a los grupos económicos (Moguillansky, 2001; Montero, 1997). Los principales, como Angelini, Luksic, Edwards, Cruzat-Larraín, Vial y Matte, se benefician con ello y las privatizaciones, aumentando el control en sus áreas de negocios. Y surgen otros con estas privatizaciones, como los “tecnoburocráticos” de ex funcionarios del régimen, y unos menores de tipo familiar o una empresa que crecen más adelante (Montero, 1997). De un inicio el giro impulsado por los grupos tecnocráticos se asume en sus gremios como plataforma “de combate”, sin constituir una convicción programática. Pero tras la crisis, el empresariado adopta el modelo de desarrollo, a diferencia de las pugnas de industriales y financieros en otros países, dado el impacto del crecimiento local en la escena externa y a que este proyecto le otorga un lugar central, como portador de un nuevo orden social a diferencia de antaño donde el Estado y los partidos tienen mayor protagonismo. De ahí que el empresariado pasa del defensismo a la acción en bloque, liderando el modelo en todas sus dimensiones (Campero, 2003), bajo un inédito grado de constitución de clase.

El panorama laboral no cambia, excepto sobre el empleo estatal, donde la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y el Estatuto Administrativo instala una regulación especial que fija la carrera funcionaría y la estabilidad del empleo público, lo que muestra que, pese a su merma retiene capacidad de presión (Cañas, 1997; Stallings, 2001). Tampoco cambia el panorama previsional y de salud. Se reprivatizan las AFP intervenidas bajo asociaciones de capitales locales y externos, y se les permite invertir en el sector privado. Se completa la descentralización de la educación escolar pública a pesar del déficit municipal -con origen en esto mismo-, lo que trae despidos de más de 6 mil profesores (un 5% del magisterio y 7% del empleo municipal) (Servan, 2003). Una Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) aprobada antes de traspasar el mando al gobierno civil, fija la “libertad de enseñanza”, y con ello los requisitos para la educación y el reconocimiento de entidades a todo nivel, y las formas de control, consagrando la transformación educacional.

En ese lapso se acelera la institucionalización de varios pilares del modelo económico y político. Las negociaciones con la Concerta-ción anticipan la “política de los acuerdos” que marca los años noventa, y trazan reformas a la Constitución que son plebiscitadas y aprobadas en 1989. Se elimina la proscripción a la izquierda y la atribución presidencial de disolver la Cámara de Diputados y declarar estados de excepción, pero se mantienen las bases del orden político-institucional, incluso se legitiman y aumentan los quorums parlamentarios para introducir reformas sustantivas a la carta magna. En las elecciones de 1989 triunfa Patricio Aylwin (DC) por la Concertación con un 55% de los votos. Aylwin y el Congreso asumen en marzo de 1990 (Vásquez, 2006).

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Neoliberalismo y democracia: la consolidación del modelo

La dictadura chilena es una de las experiencias más refundacionales que registra la historia latinoamericana reciente. Por ello, los cambios económicos y sociales ocurridos bajo su égida, incluida la desarticulación de los principales actores sociales de la etapa anterior, no constituyen fuentes de inestabilidad en la transición a la democracia, como en el resto de la región. Ésta adopta así un perfil eminentemente procedi-mental (Lechner, 1988). Se difunde una lectura ahistórica y “técnica” de la Constitución de 1980 que naturaliza el orden social heredado. El movimiento popular es excluido de la transición por un pacto elitista con el pinochetismo que marca los gobiernos de la Concertación durante los noventa y primera mitad de la década de los 2000. Se reitera ante las demandas sociales la necesidad de preservar el crecimiento económico y la estabilidad política de la transición (Boeninger, 1997). Un ideologismo que hace abstracción del carácter y los efectos sociales diferenciados de tal orden de cosas, sustrayendo muchas funciones estatales de la política abierta, presentadas como “técnicas” y “apolíticas”. Efectivamente, la ausencia de actores sociales gravitantes, con excepción del empresariado, posibilita una “política de los acuerdos” que excluye asuntos propios de la “vieja polarización” del periodo nacional-popular, al punto que relega a los partidos políticos en la toma de decisiones. Ello es reflejo de una transformación mucho más profunda: la reestructuración de las élites dominantes que se inicia con la transición. La élite concertacionista se integra con la élite empresarial y militar, en un curso que luego coincide en la conveniencia de prescindir de la figura de Pinochet (Otano, 1995). Una escena política donde se consolida el peso de la tecnocracia y los medios de comunicación de masas. El consenso sobre el modelo económico permite sustraer tales definiciones del debate político. El fortalecimiento del sistema político se concibe a través de su autonomización de aquellas fuerzas sociales distintas a la empresarial, lo que sustrae a los partidos de la promoción de la agrupación de otros intereses sociales. Se debilita así la capacidad representativa de una política reducida a administrar los consensos impuestos por la alianza dominante (Baño y Faletto, 1999). Los “poderes fácticos”, a saber, el empresariado, los medios de comunicación masiva, la iglesia y las fuerzas armadas; alcanzan un poder inusitado sobre las políticas económicas, la dirección cultural y en el dominio sobre los espacios de reproducción social (Cortés, 2000). Lo cual significa que el Estado se abstiene de regular muchos ámbitos de relaciones sociales. Tal régimen de prescindencia estatal en el procesamiento de los conflictos sociales, responde a la decisión de no volver a las viejas formas del Estado de Compromiso y sus equilibrios entre fracciones de clase que subyace en el pacto de la transición. De este modo, la modalidad de dominio no apuesta a un Estado que impulse y maneje un pacto social, sino a mantener la desarticulación popular heredadas de la etapa autoritaria, como basamento esencial de la gobernabilidad.

Al cerrar el acceso popular a los procesos de construcción del Estado y desarticular la vieja relación de los partidos con los grupos medios y populares, se despolitizan las relaciones sociales situadas en la base de la sociedad. Dichas fracciones sociales son excluidas de la política, limitando su capacidad de proyección hacia el Estado. El cambio político expulsa a las organizaciones sociales del espacio público. La esfera política reduce la lógica representativa a la apelación a un ciudadano con abstracción de su condición de clase social, invisibilizando el carácter social de la dirección del proceso histórico, que en este caso remite a la determinación del empresariado sobre la política. Ello es posible gracias a una honda desarticulación de los actores e identidades sociales más relevantes del período anterior. Las franjas medias burocráticas y obreras ligadas a la vieja acción estatal son borradas de la escena central de las relaciones sociales de fuerzas. Un cambio social que va junto al giro del patrón de desarrollo capitalista, de una drasti-cidad peculiar en la región (Ruiz, 2012). Los rasgos antes emergentes, se proyectan en la nueva etapa democrática ya no bajo la tensión del cambio estructural, sino de una fase avanzada de la transformación neoliberal. Con el continuo crecimiento económico, lo distintivo del nuevo panorama social chileno es la creciente desigualdad, bajo una inedita concentración de la riqueza y las escasas posibilidades de ascenso social en amplias franjas medias de la población.

Más apertura externa y rúbrica civil del orden heredado con Aylwin

La relevancia alcanzada por el sector empresarial vinculado a los sectores financieros, erigido en gran parte por la falta de resistencia del sector productivo, incapaz de influir en la modalidad que adopta el giro neoliberal, no se altera por eso mismo durante la transición. El cambio político no se condice de otros sociales y económicos relevantes sino de una marcada continuidad en la acción estatal. Prosigue la privatización de servicios sociales como la educación y la salud, el sistema previsio-nal; y se mantiene un enfoque de economía abierta basado en la estímulo a las exportaciones, y un gasto fiscal restringido (Waissbluth, 2005).

En ese sentido, la apertura comercial se acrecienta en el gobierno de Patricio Aylwin. En 1991 se rebaja el arancel aduanero de 15% a 11% y se amplía la salida de capitales, facultando a bancos y AFP para invertir mayores montos en el exterior (Stallings, 2001). Las relaciones comerciales se adecúan en 1990 cuando el gobierno norteamericano lanza la Iniciativa para las Américas, con reformas liberales y acuerdos bilaterales que decantan en un Área de Libre Comercio de las Américas (Lozano, 1993). Mientras que en Brasil y Argentina el sector industrial se opone, en Chile sigue una línea que descarta el ingreso al Mercosur y busca acuerdos bilaterales selectivos (Fazio y Parada, 2010). De lo que se trata es de convertirse en plataforma para la inversión externa en la región, lo que trae mayor apertura y menor control local de la economía. El flujo externo escala a unos US$5.000 millones entre 1990 y 1993, equivalente al total entre los años 1974 y 1989, y acelera la asociación de grupos locales con capitales externos, convirtiéndose en el sello del gobierno de Aylwin, al punto que obliga a su control para mantener un dólar favorable al sector exportador. En 1991 se introduce además un encaje al crédito externo que blinda a la economía local de la coyuntura externa especulativa en 1994, pero su eliminación, bajo el acuerdo comercial con Estados Unidos, resulta nociva en la crisis asiática de 1997.

En tanto que, los grupos controladores y las modalidades de funcionamiento de los bancos continúan, incluidas las administraciones de designación estatal durante la crisis, que luego asumen su reprivatización. Al final el gobierno de Aylwin anuncia una ley sobre la deudas subordinadas de una decena de entidades financieras con el Banco Central, aprobada en el gobierno siguiente y de resistida aplicación (Fazio y Parada, 2010). Las privatizaciones siguen su curso, completando unas iniciadas antes además de las llevadas adelante en puertos y sanitarias. En el sector minero se detiene la expansión estatal con la concentración de capitales externos en el área, al levantar la prohibición constitucional de enajenar derechos de explotación minera a capitales privados (Moguillansky, 2001). En 1994 la producción y la exportación privada de cobre supera a la estatal, una diferencia que se acrecienta en los años siguientes (Fazio y Parada, 2010).

En relación a la política tributaria, la reforma de 1991 ratifica el orden tributario favorable a los grupos de altos ingresos y se evita elevar el gasto social mediante alzas de impuestos directos. El acuerdo alcanzado carga más de un tercio a alzas del IVA, de 16 a 18 %, y el impuesto al ingreso de las empresas se eleva desde un 10 a 15 % (Waissbluth, 2005). Con ello se clausura la introducción de cambios progresivos, con lo que en 1994 el IVA alcanza el 48,9% de los ingresos tributarios totales, convirtiéndose en la principal fuente de recaudación desde la reforma de 1974 (Larraín y Vergara, 2001; Fazio y Parada, 2010).

La continuidad de las políticas neoliberales iniciadas en el periodo autoritario se alarga al ámbito laboral. A pesar de su incapacidad para enfrentar a los gremios empresariales, la CUT aprovecha su vinculación a la Concertación para negociar ajustes al Código del Trabajo. En 1993 se impulsan algunas regulaciones que fijan criterios de estabilidad laboral, formación de sindicatos y negociación colectiva, aunque conservan el marco general de 1979. Restituye la necesidad de causa justificada para despidos, pero valida las “necesidades de la empresa” para tal efecto, ampliando el tope de indemnización. Conserva los tipos de sindicatos y la voluntariedad de afiliación, amplía su constitución a todas las ramas, fortalece los fueros sindicales y, aunque no altera las fuentes de financiamiento, impone que todos los trabajadores beneficiados por una negociación colectiva aporten al sindicato, revirtiendo la lógica del free rider en el ámbito laboral y sindical. La política salarial no cambia y consagra la restricción estatal a la fijación de salarios mínimos y reajustes para el sector público. Se restablece el carácter indefinido de la huelga pero con posibilidad de reemplazo temporal y recontrato individual, y mantiene las normas del lockout (Mizala y Romaguera, 2001). Las reformas proyectan el orden laboral heredado, ahora refrendado por las modalidades del nuevo sistema político: sindicatos reducidos al ámbito de la empresa, condiciones laborales flexibles y la desaparición de los viejos derechos, amplios márgenes de manejo empresarial frente a la fuerza de trabajo, y un régimen de prescindencia estatal en la regulación de las relaciones laborales.

Cambios que no elevan el nivel de sindicalización, que crece al inicio y para luego volver a caer en todas las áreas, igual que la cobertura de negociación colectiva (Mizala y Romaguera, 2001). Contribuye a esta situación la expansión de sectores menos intensivos en mano de obra o asentados en su uso temporal; el menor peso de aquellos trabajos con más tradición sindical, como el sector de transporte, industria, servicios públicos, minería; la expansión de otros con menos tradición, como el comercio y los servicios; además de la feminización de la fuerza laboral. El profesorado que perdió el carácter público, ahora que sus líderes integran la alianza oficial logra aprobar en 1991 un Estatuto Docente que dota a los profesores de una legislación laboral propia (Mizala y Romaguera, 2003). Aunque recupera prerrogativas perdidas, conserva las bases del sistema escolar heredado y en 1993 se afianza con una Ley de Financiamiento Compartido que posibilita a los colegios particulares subvencionados y municipalizados de educación media un cobro adicional a la subvención, profundizando la segmentación social existente en el sistema educativo (Maldonado, 2003). En previsión social y salud los cambios también ahondan el entramado anterior, ampliando las posibilidades del capital privado. Se permite invertir fondos previsionales en títulos externos de renta fija, y en fondos mutuos y operaciones de cobertura de riesgo financiero en el exterior (Stallings, 2001). El sistema privado de salud se afirma con la creación de la Superintendencia de Isapres como ente regulador, eliminando la tuición del Fonasa sobre el primero (Gogna, 2004).

En suma, el gobierno de Patricio Aylwin traza lo que, con matices, será la línea de acción de los gobiernos de la Concertación: continuidad de los fundamentos de la institucionalidad política alcanzada en la transición, el modelo económico neoliberal y las políticas sociales focalizadas heredadas, excepto concesiones corporativas a grupos sociales con capacidad de presión. En 1994, con un 58% triunfa en primera vuelta el candidato presidencial Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de-mocratacristiano, al candidato de la derecha Arturo Alessandri Besa; mientras que en las parlamentarias se consagra el bicoalicionalismo.

La interrupción económicay social bajo Frei

La línea de acuerdos comerciales bilaterales que imponen los sectores financieros se acelera durante el gobierno de Eduardo Frei. En 1994 Chile ingresa al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el cual busca fortalecer el intercambio con las principales economías de esa zona. Luego se firma un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con el Mercosur, como país asociado sin ingreso pleno a fin de mantener la libertad fuera de la región. Y se rubrican Tratados de Libre Comercio (TLC) con Centroamérica, Canadá y México, y un ACE con Perú (Waissbluth, 2005).

El fuerte crecimiento inicial de 7,8% entre 1994 y 1997 cae en 1998 con la crisis asiática que desploma los flujos de capitales y el comercio exterior. La caída en los precios y la demanda de las exportaciones locales, se agrava con la expansión indiscriminada de la oferta de cobre de las mineras privadas radicadas en el país, bajo una falta de incentivos para diversificar las exportaciones con bienes de mayor valor agregado. Las rentas de la inversión externa no han salido del país y superan en mucho las reservas acumuladas, abriendo un riesgo para la balanza de pagos que estalla con la caída del flujo de divisas y la demanda que desata la sospecha de devaluación del peso (Fazio y Parada, 2010). En 1998 el Banco Central vende divisas para reducir la masa monetaria y eleva la tasa de interés ante la carencia de liquidez. No obstante, la recesión de ese año recorta la actividad económica en 4,1% y eleva considerablemente la tasa de desempleo. Para aplacar la demanda de liquidez y elevar la recaudación se retiene el IVA en 18%, y se derogan ciertas exenciones tributarias a grupos de altos ingresos, pero no cambia el trato preferencial a las rentas del capital sobre las del trabajo (Larraín y Vergara, 2001). Si a inicios de la década del noventa la inversión externa apunta a la exportación, ahora alcanza a los servicios privatizados como son la electricidad o las telecomunicaciones (Mogui-Uansky, 2001). Para incentivar la economía se impulsa el desarrollo de obras públicas bajo el modelo de concesiones heredado, integrando a sectores privados a la construcción de infraestructura hasta entonces impulsada mediante la acción estatal (Stallings, 2001).

En 1998 se firma un acuerdo entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que fija el ingreso mínimo por tres años. Pero se niegan cambios a la legislación laboral y el apoyo oficial en disputas entre trabajadores y las empresas. La tasa de sindicalización y de negociación colectiva siguen cayendo, reflejo de la debilidad de la presión salarial de parte de los sindicatos (Drake, 2003; Mizala y Romaguera, 2001). Tampoco hay cambios en el orden previsional, pese a que, tras la bonanza inicial, por primera vez en 1995 el sistema tiene rentas negativas, perdiendo dinero de los afiliados, a lo que siguen oscilaciones que no replican las alzas iniciales, en condiciones que las comisiones de las AFP absorben más de la mitad de las rentas de los primeros veinte años de operación (Arenas, 2010; Riesco, 2007). Pero es un cuadro que no se acompaña de conflictividad.

En cambio, los ajustes al Estatuto Docente, que buscan flexibi-lizar las condiciones laborales del profesorado, abren un conflicto con el gremio de los profesores (Mizala y Romaguera, 2003). En tanto que, la caída del mercado del carbón en 1997 significa el anuncio de cierre del yacimiento estatal de Lota, desatando protestas que se vinculan a otras bajo la crisis, constituyendo las primeras movilizaciones sociales relevantes de la transición (Ruiz y Toro, 2006). Sumado a la protesta universitaria que detona por el déficit del Fondo Solidario creado en 1994, y que permite acceder a crédito estatal para el pago de los aranceles universitarios a los estudiantes de menores recursos, y que escala contra el proyecto de Ley Marco de Universidades Estatales propuesto de 1996, que proyecta el marco heredado de relación entre el Estado y sus universidades (Cifuentes et al., 1998). Reconstruido luego de la desintegración del activo movimiento estudiantil antidictatorial, reaparece en los noventa reducido a demandas económicas específicas. Inspiradas por la generación del ochenta, sus conducciones se agotan al no dar cuenta de las mutaciones ocurridas en el escenario juvenil que deja de ser expresado por las juventudes políticas. Los estudiantes universitarios que seguirán ese impulso con el nuevo siglo, provienen justamente de una proliferación de pequeños colectivos que rechazan a las alternativas políticas tradicionales, integran demandas de participación y democratización de la vida universitaria, tras un difuso discurso que señala la crisis de la universidad pública (Ruiz y Toro, 2006). Más ligado a movimientos políticos de la izquierda extraparlamentaria, tampoco supera las limitaciones particularistas, pero empieza a expresar fenómenos relativos a una crisis identitaria.

Es en dicho cuadro que aflora la crítica dentro de la propia Con-certación por la administración del modelo económico y político heredado. En las elecciones municipales de 1996 cae el apoyo electoral, pero retiene la mayoría. En las parlamentarias de 1997, en medio de la crisis y algunos conflictos sociales, su apoyo electoral retrocede en ambas cámaras, sin que otra fuerza capitalice el descontento, creciendo el abstencionismo. La elección presidencial de 1999 es ajustada, llegando a segunda vuelta tras el empate entre el socialista Ricardo Lagos, por la Concertación, perteneciente al Partido Por la Democracia (PPD) y ex Ministro de Educación con Aylwin y de Obras Públicas con Frei, y Joaquín Lavín por la Alianza, perteneciente a la Unión Demócrata Independiente (UDI) y alcalde de una comuna de altos ingresos, Las Condes, donde triunfa el primero con el 51% de los votos.

Lagos y el fin de la desconfianza empresarial hacia la Concertación

En el año 2000 los Tratados de Libre Comercio (TLC) abarcan países de América Latina y Canadá, dilatando el ingreso al Mercosur, cuyo acercamiento termina cuando el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, retoma tratativas de un TLC con Chile. El ingreso al Mercosur es respaldada por Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil, para que fuera aquél bloque y no Chile quien ajustara su política comercial (Fazio y Parada, 2010). Pero prima la línea de integración a los centros económicos mundiales, bajo la alianza del sector financiero local y sus pares externos, sin resistencia de otros grupos ante la competencia externa y por sus posibilidades de mercado. Esta expansión se sustenta en un cambio empresarial, cuyas dirigencias gremiales -a diferencia del bloque que proviene de la dictadura-, se aproximan paulatinamente a la Concertación. En esta etapa la apertura externa llega a acuerdos con los centros de la economía mundial como la Unión Europea, China y Estados Unidos. Entre el año 2000 y 2005, el arancel de los países con acuerdo cae de 4 a 0,8% y las importaciones de esas regiones suben de 25 a 77% del total (Fazio y Parada, 2010).

En el 2001 se ajusta además el manejo presupuestario a la regla de superávit estructural que fija un gasto público menor en 1% al ingreso estimado. Se alega el déficit arrastrado del rescate de la banca en los años ochenta, la línea cambiaría en los noventa y pasivos ligados a las pensiones mínimas y asistenciales (Arenas y Guzmán, 2003; Velasco et al., 2010). Ello bloquea el uso de excedentes, como los del cobre, para encarar la atadura exportadora a los recursos naturales, el deterioro de la pequeña y mediana empresa con la apertura externa o la regresiva distribución del ingreso. En ese sentido, el gobierno de Ricardo Lagos consolida el giro neoliberal con una apertura sin par en la región y un manejo macroeconómico que aumenta el peso de los grupos económicos. El empresariado ajusta su actitud hacia la Concertación y deja atrás una relación casi orgánica con los partidos de derecha (Campero, 2003). La nueva generación de líderes gremiales, con vínculos estrechos con una tecnocracia que crece en los gobiernos de la Concertación, encauza al empresariado en esta senda.

Ahora bien, el desbalance generado por la apertura económica a favor de las principales potencias golpea a la producción local, en especial empresas pequeñas y medianas, abriendo un desempleo estructural. Tras el mentado TLC con Estados Unidos de 2003, las importaciones norteamericanas crecen a un ritmo cuatro veces superior a los envíos locales. Una asimetría no sólo comercial. El acuerdo impacta la inversión externa, ahondando la apertura. Además, Chile no podrá expropiar o nacionalizar ninguna inversión en el país, y se abre a arbitraje externo cualquier medida tributaria que pueda estimarse transgresora de un acuerdo de inversión. Se renuncia también al empleo de mecanismos de encaje -que a inicios de los años noventa frenan el ingreso especulativo de “capitales golondrinas”-, lo que evidencia la alianza de sectores financieros locales y externos, principales beneficiarios de estos términos de vinculación al mercado mundial. En el año 2003, con el alza del precio del cobre y un escándalo de evasión, llega la presión por cambios en la tributación minera. En el 2005, tras un primer proyecto vetado por el empresariado, se aprueba el royalty II que grava en 4% las utilidades, a cambio de una invariabilidad tributaria de 15 años para las concesiones mineras. El alza del cobre dispara el flujo de divisas y, a falta de un control cambiario, aprecia la moneda local -el “síndrome holandés”-, afectando a las demás exportaciones (Fazio y Parada, 2010).

Primeras revueltas de los estudiantes secundarios: “el mochilazo”

Si bien el gobierno de Ricardo Lagos se caracterizará por una todavía baja conflictividad social, cabe consignar que a inicios de su mandato se produce una de las primeras revueltas estudiantiles de nuevo tipo en Chile.

Efectivamente, el año 2000 irrumpe en la ciudad de Santiago un movimiento secundario contra el alza del pasaje escolar, el cual era controlado por el gremio de los microbuseros. Dicha movilización se caracterizó por la pérdida de peso de la tradicional Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES), que había alcanzado un papel protagónico en las protestas contra la dictadura en los años ochenta, dando paso a la formación de denominado “Frente Anti Alzas”, cuya articulación horizontal y su base asamblearia parecían mostrar una mayor capacidad de convocatoria, con marchas sobre los 2500 estudiantes, y una vinculación más directa con las organizaciones existentes en los colegios municipales de la capital. El mayor logro inmediato del mentado Frente fue lograr, junto a los estudiantes universitarios, congelar el pasaje escolar; pero en términos organizativos se produce un cambio significativo que da término a la tradicional FESES, dando paso a la recién fundada Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). En un contexto marcado por la aparición de diversos colectivos anarquistas, culturales o de izquierda inorgánica dentro de la organización política de los estudiantes en los liceos, dentro de los cuales el más relevante es el CREA, la proposición de una asamblea horizontal y autónoma de las fuerzas políticas tradicionales encuentra rápidamente la adhesión de los estudiantes.

” [...] los que iban de los liceos a la ACES, estoy hablando de jóvenes con intereses, con ciertas intuiciones, te encontrabas con que la mayoría tenía una cultura o una búsqueda cultural por entre comillas salirse de lo establecido, salirse de lo que te dicen que tienes que hacer, en fin, eso también creo que es relevante en términos culturales porque genera un sentido colectivo entre ellos, o sea, la idea de ser rebelde, la idea de no comprarte lo que te venden, eso también es relevante”[1].

El año 2001, un alza en el valor de la tarjeta estudiantil, que permite acceder a la tarifa escolar en los buses del transporte público, sumado a la demora en su entrega y fallas en su funcionamiento, volvieron a provocar un estallido secundario. La revuelta conocida como “el Mochi-lazo” irrumpe en la escena social proyectando nuevos liderazgos provenientes de la recién formada ACES. Inicialmente el presidente Lagos avala el derecho a manifestarse de los estudiantes secundarios, sobre todo aquellas expresiones convocadas por el Parlamento Juvenil[2] y su líder, perteneciente a la Juventud Socialista, Daniel Manoucherhi. Pero la masividad alcanzada por estos, la violencia registrada en las calles y la dificultad para alcanzar un diálogo inmediato, fruto de la nueva organización de voceros y no de representantes, produce una condena de parte de la mayoría de la política institucional.

“[...] Lagos tolera que el Parlamento Juvenil llame a una movilización, entonces la ACES coincide una movilización junto al Parlamento Juvenil. La ACES controla la calle y controla los colegios del centro, entonces el Parlamento Juvenil convoca una marcha [...] y la ACES se lleva la marcha a la Alameda, y ahí irrumpe la ACES como actor político, social, como actor social de los estudiantes, aparecen con voceros y aparece, como en contra del Parlamento Juvenil, contra la FESES y deslegitima totalmente el Parlamento Juvenil y ahí la cosa se le sube por el chorro a Lagos”[3].

Su principal protesta fue el 4 de abril del 2001, cuando diversas organizaciones encabezadas por la ACES convocaron a más de 17 mil estudiantes y logran paralizar a cerca de 400 mil. Tras esas protestas, el pase escolar metropolitano pasó a ser administrado por el Ministerio de Educación, siendo gratuito para una gran mayoría de los estudiantes, secundarios y universitarios, salvo aquellos pertenecientes a la fracción más rica de la población como indica el credo de focalización de políticas sociales imperante. Pero más allá de los alcances inmediatos, conviene reparar en que es precisamente de este conflicto social de donde provienen las determinaciones conducentes a alcanzar una mayor amplitud social y política de los movimientos estudiantiles, así como la configuración de mecanismos que permitieran un control por parte de las bases respecto de sus dirigentes, voceros y representantes en su máximo órgano; como por ejemplo facultades revocatorias, mecanismos de supervisión o los llamados Ministros de Fe encargados de fiscalizar que los representantes voten según sus bases. Sumada a la inédita decisión de volver a copar los espacios públicos mediante el desarrollo de protestas callejeras y poner en entredicho la visión intelectual dominante de la época que caracterizaba a los jóvenes como apáticos y apolíticos (Tironi, 1999). Siendo el 2001 un antecedente directo de mayores expresiones de malestar y protestas estudiantiles de los años venideros.

Reformas que consolidan el neoliberalismo avanzado

Entre el año 2000 y 2002 Lagos enfrenta un cuadro adverso en lo político. Con efectos latentes de la crisis y acusaciones de corrupción, reduciendo en 2000 la brecha en alcaldías con la Alianza, y unas parlamentarias en 2001 bajo más escándalos de corrupción, donde se equilibran las fuerzas y la UDI se erige como principal partido. Sumado a un novedoso movimiento de estudiantes secundarios que irrumpe en la pacífica escena social chilena, relativizando la imagen de apatía juvenil que marca la escena de la década de los noventa.

Pese a la emergencia de este incipiente malestar y las dificultades políticas emanadas de las acusaciones de corrupción, las reformas neoliberales avanzan de forma ininterrumpida. En materia laboral el año 2001 se crea un seguro de desempleo para empleados del sector formal, con financiamiento a cargo del trabajador y aportes del empleador y el Estado. Una reforma laboral que conserva las causales de despido, eleva las indemnizaciones, en especial por despido injustificado o práctica antisindical, reduce la jornada y horas extras, amplía la vigencia de los convenios colectivos pero conserva la pauta de negociación, de huelga y lockout (Rojas, 2007). El margen de inversión de las AFP crece al dividir los fondos en opciones de inversión según sus grados de riesgo, a elección del trabajador (Arenas, 2010). En salud avanza el subsidio estatal a servicios privatizados. Si durante la dictadura militar entra el sector privado al financiamiento de prestaciones de salud, y con Aylwin se diluye el control estatal sobre éste, en el 2004 con el gobierno de Lagos se amplía a instituciones privadas el financiamiento estatal. Un Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE) cubre patologías con fondos fiscales sin distinguir la institución que presta la atención (Gogna, 2004). A diferencia del caso brasileño, donde el financiamiento va al sistema público de amplia cobertura, el Plan AUGE desdibuja el límite público/ privado con un subsidio estatal a Isapres y clínicas y hospitales privados.

Un esquema similar llega al sistema de educación superior, que beneficia en especial a la banca. Su financiamiento trae conflictos desde 1997 que amplían el crédito estatal. En 2005 se crea el Crédito con Aval del Estado (CAE), que licita carteras de deudas de estudiantes de la educación superior a la banca privada donde el Estado hace de aval. Para incentivar a la banca acota el riesgo con una prerrogativa adicional -inédita en las licitaciones-, que les permite vender al Estado (o hacer efectivo el aval estatal) la deuda de estudiantes con baja proyección de ingresos, y recibir por ello una comisión estatal, que deviene principal subsidio a la banca a través del CAE, generando enormes rentas que superan los propios pagos de los estudiantes (CIPER, 2011). Su anuncio desata la protesta estudiantil. Aparte de los conflictos arancelarios y por los créditos para los estudiantes, las movilizaciones estudiantiles del 2005 se constituyen en torno a un frustrado intento por obtener el veto presidencial a la Ley de Financiamiento de la Educación Superior. Protesta que alcanza un importante apoyo de sectores del profesorado e incluso de algunas autoridades universitarias, al punto que el Consejo de Rectores, ente que aglutina instituciones estatales y tradicionales creadas antes de la nueva Ley de Universidades aprobada en dictadura, expresa públicamente algunas coincidencias, formalizando así un malestar más general de la comunidad universitaria. Las movilizaciones vuelven a ocupar las calles de Santiago y de capitales regionales, y repiten su marcha el día del informe anual del Presidente ante el Congreso. Consiguen abrir un diálogo con el gobierno que termina en un acuerdo con la Confech, confederación que aglutina a las federaciones de universidades estatales y tradicionales, que aumenta los recursos del Fondo de Crédito Solidario y flexibiliza algunos criterios de evaluación socioeconómica para la asignación de créditos de estudio. No obstante, el CAE se termina por aprobar en el parlamente, configurándose un nuevo subsidio estatal ahora para estimular la ganancia de grupos empresariales privados ligados al nuevo mercado de servicios universitarios.

Cabe agregar que en el 2005, sin consulta popular se realizan ajustes constitucionales acordados por ambas coaliciones, manteniéndose en línea con la mentada restricción ciudadana de la “política de los acuerdos”. Cambios que apuntan a la conciliación con el nuevo mando militar y consagran prebendas heredadas a cambio de suprimir “enclaves autoritarios” como los senadores designados, sujetar la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional y la remoción de Comandantes en Jefes a atribución presidencial (Garretón, 2000). El reemplazo parlamentario en caso de cese de funciones se deja a designación de la directiva del partido de pertenencia al ser electo, aumentando la autonomía de la política respecto de la ciudadanía, antes asumía la pareja de lista en la elección. Se mantiene el esquema político-institucional, los límites a la pluralidad de actores, las esferas de decisión no electivas, el sistema electoral binomi-nal, el Tribunal Constitucional y los altos quorums para nuevas reformas.

En suma, el brillo de los diversos TLC, la bonanza del cobre, la Comisión Valech sobre la tortura y la prisión bajo la dictadura, y la dura posición ante Bolivia en el “conflicto del gas” en 2004, permitirá la recuperación del gobierno de Lagos y la recuperación electoral a la Concertación (Varas, 2010). En las elecciones municipales de 2004 triunfa ampliamente, mientras la izquierda alza un inédito 10%, y las postulaciones fuera de los pactos se empinan a otro 10%. En la elección presidencial de 2005 triunfa Michelle Bachelet, del Partido Socialista (PS), ex Ministro de Salud y Defensa de Lagos, de nuevo en segunda vuelta, con un 53% sobre Sebastián Pinera, empresario de Renovación Nacional (RN).

Entrevista Úrsula Schüller, Vocera Asamblea Coordinadora Estudiantes Secundarios (ACES) en 2001 (Santiago, 2012).↵

En el año 1998 se creó y funcionó en la Cámara de Diputados un Parlamento Juvenil. Lo formaban jóvenes secundarios de todo el país, los cuales eran elegidos a través de votaciones regionales. El objetivo principal que se persiguió al fundar este congreso de jóvenes fue brindar una instancia en donde los adolescentes pudieran debatir aquellos temas que les interesan y presentar propuestas que sean contempladas en los proyectos de ley de los verdaderos parlamentarios.↵

Entrevista a Victor Orellana, presidente Centro de Alumnos Liceo Aplicación en 2000 y coordinador de colectivo CREA 2001 (Santiago, 2012).↵

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Nuevas fracciones sociales entre la concentración y la desigualdad

La hondura de la transformación neoliberal señalada, ininterrumpida por más de tres décadas, producirá cambios significativos en la configuración de la estructura y clases sociales en Chile. Mientras que en la década del noventa la discusión se centra en exitoso ascenso de fracciones medias vinculadas a la nueva burocracia privada, fruto de las privatizaciones; en la década reciente el vuelco se centra en los problemas de concentración y desigualdad que afectan a las nuevas franjas medias y asalariadas configuradas en el nuevo modelo de acumulación neoliberal.

Efectivamente, en los años noventa cunde un exitismo con el ascenso de las franjas medias ligadas a la burocracia privada y un empresario mediano de éxito económico, junto al desplome del prestigio de la burocracia estatal y grupos independientes. Su auge deviene sinónimo de modernización. El consumo sella el “espíritu de los noventa” con el acceso a bienes y servicios antes vedados para las clases medias, con lo que reviste, más allá del aspecto material, una dimensión cultural que granjea a estos grupos un alto prestigio social (Vial, 1998; Tiro-ni, 1999). Su difusión afianza un patrón individualista que reduce la confianza al esfuerzo propio y busca diferenciarse bajo las referencias de estos grupos en ascenso, y redunda en amplios sectores, menos en el empresariado, en una desafección por causas colectivas. Cunde un pragmatismo que transita sin contradicciones de la solución privada a la apelación estatal.

El prestigio de los empresarios privados crece con el impacto cultural del mercado y se asocian como el nuevo motor del crecimiento económico, sobre todo entre los grupos medios emergentes (Manzi y Catalán, 1998). Si antes en las clases medias -y para vastos sectores sociales-, son los profesionales liberales, altos funcionarios estatales, políticos e intelectuales, los modelos a seguir, ahora es este empresario, el protagonista central del auge económico, que forja una autoridad que irradia hacia las esferas de la vida pública. Un empresariado transformado en los años ochenta con las privatizaciones, con tecnócratas de alta formación profesional y experiencia en asuntos de gobierno, que desplaza a la vieja oligarquía agraria. Con vastas redes en el mundo político y otras esferas de poder, como la militar o religiosa, es un grupo social que comparte trayectorias, credos y estilos de vida. En este espíritu, el ideal de sociedad asociado al ingreso a una globalización que simboliza la modernidad, sepulta las viejas opciones vinculadas a un modelo nacional de desarrollo. Una cultura empresarial que se propaga a través de los grupos medios en ascenso, donde la educación se sujeta a la proliferación de instituciones privadas ligadas a grupos religiosos y conservadores, en desmedro del viejo laicismo, en la formación de las élites profesionales e intelectuales.

El crecimiento más acelerado de los ingresos de los trabajadores asalariados en relación a los independientes, apunta una burocratización del trabajo bajo la nueva organización del sector privado. El nuevo mapa social es más inteligible en los extremos de la sociedad que en esta nueva zona intermedia donde crece un heterogéneo y volátil conglomerado en donde prima una incertidumbre por las oportunidades, que atrae la mirada sobre la desigualdad más que a la pobreza. Es que, en la etapa democrática, a un tiempo disminuye la pobreza y crece la desigualdad. Si en 1990 el 5% más rico percibe ingresos 130 veces más altos que el 5% más pobre, en 2003 tal distancia crece a 209 veces (Ruiz, 2005). Tal brecha entre ricos y pobres, casi duplicada en los gobiernos de la Concertación, no responde al empobrecimiento de los más pobres sino al brusco enriquecimiento de los más ricos. La mantención de alzas impositivas sobre productos y servicios de consumo básico, de efectos regresivos, y gravámenes al capital muy por debajo de los estándares internacionales, y la consagración del engendro pinochetista de un gasto social focalizado que cancela la idea de derechos sociales universales, heredero de extremas formulaciones conservadoras, agudizan tal desigualdad y transforman el modelo chileno en el paraíso de las élites económicas.

Pero el déficit de cohesión social no trae conflictos sociales relevantes durante los noventa, lo que se atribuye principalmente al temor de una mayoría de la población a la regresión autoritaria (Lechner 1998). La heterogeneidad dificulta la articulación de grupos con capacidad de representar intereses más generales y el interés particularista domina las tensiones sociales. Junto al mayor bienestar general dado el acceso a nuevos bienes y servicios (Tironi, 2003), aparece una inseguridad en los sistemas que inciden en la seguridad colectiva, como son salud, previsión, trabajo y educación (PNUD, 1998). Una modernización que trae nuevos dilemas entre los cursos de diferenciación e integración social. Las nuevas desigualdades del auge económico tienen el desempleo como un componente fundamental. La creación de empleos cede ante su destrucción bajo una alta rotación que los hace cortos e inestables (Ruiz, 2008). La inquietud por las oportunidades apunta al apellido, el colegio y los barrios como determinantes del salario a aspirar. La brecha del origen social supera al desempeño en el acceso a altos ingresos. Las empresas prefieren profesionales con un acceso a redes sociales poco fundado en méritos, pero de alto valor económico (Nuñez y Gutiérrez, 2004).

La concentración del poder empresarial divide la economía entre un sector oligopólico y otro inmerso en la competencia y responsable de la generación de la gran mayoría del empleo, donde el primero acapara, bajo disposiciones políticas, las posibilidades de acumulación. Una inédita concentración de la propiedad que atenta contra las posibilidades de libre competencia, dificulta la regulación estatal y las posibilidades de mejora salarial. De ahí una complejidad del panorama dada no tanto por las dimensiones de la pobreza, cuya disminución es sistemática durante los noventa y dos mil, sino en unas desigualdades extremadas por la concentración del ingreso derivada de los cambios económicos, políticos y sociales en el modelo de acumulación, y amparada en el consenso elitario sobre la privatización de servicios sociales o el marco constitucional que favorece la rentabilidad empresarial. Bajo dichos cambios las formas más relevantes de diferenciación social se redibu-jan, dificultando las capacidades y posibilidades de los grupos subalternos, medios y populares, de conformación de instituciones asociativas que permitan la agrupación de intereses y la formación de identidades colectivas, lo que determina las posibilidades de la acción colectiva y su incidencia en el proceso social y político en curso.

Panorama de grupos y clases sociales entre continuidades y novedades

El panorama de clases y grupos sociales tras tres décadas de transformaciones estructurales permite apreciar, en la dilatada huella de esta experiencia neoliberal, aquellos cambios sociales más típicamente ligados al modelo de acumulación capitalista adoptado, y diferenciar tales mutaciones de otras propias de turbulentos pero limitados cursos de reordenamiento que terminan por rebelarse como transitorios.

En términos generales, los datos indican que a mediados de la década del ochenta se observa un descenso sostenido del peso relativo del conjunto de las grupos sociales en el mundo rural, que en el año 2009 alcanza en total sólo un 10,6% de la población económicamente activa (PEA) nacional; mientras que aquellas ubicadas en los denominados sectores urbanos alcanza una significación de 89,4% de la PEA nacional (cuadro 1); constituyéndose en el espacio fundamental de configuración de grupos y clases sociales.

⁴ Para 1980 se asumen los resultados obtenidos por Martínez y León. Véase Martínez, Javier y Arturo León: Clases y clasificaciones sociales. Investigación sobre la estructura social chilena, 1970-1983. Santiago: Centro de estudios del desarrollo (CED), 1987.

En el ámbito de los sectores agropecuarios, las tendencias entonces consignadas a la “descampesinización” y la consiguiente asalarización del trabajo agrícola, no sólo terminan por predominar en forma prácticamente absoluta; sino que la antigua división entre un mundo rural y uno urbano claramente diferenciados del Chile nacional-popular, acaba por quedar obsoleta ante los magros registros observados en los grupos sociales rurales en el nuevo panorama social. La transformación en curso deja atrás de forma radical la tradicional sociedad rural, dando paso a una modernización de ésta última, incorporando formas industriales de producción, y a una pérdida de la impronta ejercida por la oligarquía terrateniente en la configuración del ideario cultural y moral de las élites chilenas.

En el caso del empresariado, pese a que las estrategias de indagación contempladas en este estudio no resultan las más adecuadas para escrutar grupos minoritarios como éste, indican que su pérdida general de peso relativo, en un período de sostenida expansión económica, corresponde a una tendencia a la concentración de la gran propiedad también consignada en otros análisis (Fazio, 2005). De modo general, junto a la mentada expansión económica, el mundo de los negocios exitosos adquiere dimensiones que lo tornan cada vez menos accesible para las “fortunas” medianas y pequeñas. Ello resulta muy marcado, tanto en el ámbito agropecuario, como comercial y financiero, precisamente los más dinámicos dentro de la modalidad de crecimiento imperante. En cambio, dicho fenómeno aparece menos acentuado en el área industrial, la cual resulta negativamente privilegiada en este contexto, de considerable apertura a las dinámicas de la economía mundial. En definitiva, es la marca de los servicios, junto a la condición primario-exportadora, la que prima entre el empresariado.

La mentada privatización de los sectores medios ligada al desplome del viejo empleo estatal, tan acentuado en los años setenta y ochenta, acarrea una “desasalarización” en su interior que, a la larga, sólo resulta temporal. Esa relación entre la privatización de los asalariados y una “em-presarialización forzada” de los sectores medios, es más una condición de refugio ante la drasticidad de la reestructuración y la crisis económica de los ochenta. Luego desaparece con una burocratización privada del trabajo asalariado de calificaciones medias y altas, cuyo auge eleva a esta burocracia moderna de servicios privados al centro del nuevo panorama social, una mezcla inédita de un carácter asalariado y privado preponderante en estos sectores (cuadro 1). Un heterogéneo mundo marcado por la expansión de los grupos profesionales, donde gran parte proviene de fracciones de “clase media” de primera generación, es decir de padres que tienen trabajos no calificados profesional o técnicamente, lo que dilata sus posibilidades de una acción de clase. De ahí unos nuevos sectores medios, mayoritarios en la sociedad, a la vez que inédita fisonomía.

Efectivamente, a medida que los quintiles más altos de la población -medidos vía ingresos-, van alcanzando niveles de participación en la educación superior sobre el 50%, comienza a crecer paulatinamente el ingreso de los quintiles más bajos, y que distan bastante de los sectores medios tradicionales (gráfico 1). Justamente, son los quintiles más bajos de la población los que están alcanzando tasas de saturación en la matricula de educación superior cada vez más elevada. Lo que significa que dichos estudiantes, una vez egresados, abandonarán la condición social del hogar, en que los sostenedores pertenecen a las clases trabajadoras, para ser la primera generación que accede a condiciones de ingreso y de bienestar de clase media.

En tanto la burocracia estatal cambia de 1990 en adelante, con el alza de ocupaciones ligadas a las funciones coactivas (judicial, policial) y la reducción de otras propias de los servicios sociales estatales (educación, salud), consagrando la disolución de su vieja fisonomía. La reforma procesal penal impulsada durante el gobierno de Eduardo Frei, implica la ampliación del aparato judicial y el aumento de la planta policial, a la par de la merma del peso del empleo estatal en salud y educación, fruto de la mayor privatización de servicios sociales, todo lo cual da cuenta de la mentada reorientación del carácter social del Estado y sus burocracias (Ruiz y Boccardo, 2010). Las franjas medias antes ligadas al emprendi-miento, retornan al tipo tradicional de pequeña burguesía de baja calificación, artesanado, transportistas, comerciantes, indicando que, más allá del éxodo temporal ligado al desplome del empleo estatal, es un sector vagamente tocado por las modalidades de modernización vigentes, con mucho menos que contar que lo que reza el ideologismo en boga.

Aunque otros cambios perduran desde fines de los años setenta y primeros ochenta. La “pérdida del peso estratégico de la clase obrera” permanece y se proyecta (cuadro 1). No sólo se desvanece sin vuelta aquél grupo ligado a la industrialización y la política del período nacional-popular, sino que ahora predominan los trabajadores ocupados en tareas de servicios no calificados. La nueva fisonomía trae otra diferencia: si al inicio absorbe trabajadores expulsados del sector productivo, luego recluta en la marginalidad urbana. Un auge que ya no se reduce a una condición de refugio por la crisis de los años ochenta. Aunque contiene una tercerización espuria (servicios de baja calificación y productividad), es la contraparte de una tercerización genuina ligada al auge de la burocracia privada moderna calificada. De ahí que el crecimiento de estos obreros de “cuello blanco” no sólo indica un cambio en la fisonomía del mundo de los trabajadores, sino la incorporación de considerables fracciones sociales tradicionalmente excluidas, que ahora aparecen encadenadas, en diversas formas, a los servicios “modernos”, expresando la operación de disímiles mecanismos de integración desde posiciones marginales al mercado formal del trabajo. Unos encadenamientos de amplio alcance y dispares grados de modernización y formalidad que marcan el panorama social. En el mundo de los servicios se vinculan a los grupos sociales más expansivos, las pautas más acentuadas de la modernización en boga y un ámbito muy sensible a los ritmos del modelo de crecimiento vigente.

En la marginalidad urbana ocurre otro tanto. Su expansión de los años ochenta luego se frena y ajusta a una reducción sostenida que merma su peso en la sociedad, que cambia su talante tradicional al reducir el empleo doméstico y expandir el trabajo marginal en los servicios, sellando otra novedad (cuadro 1).

Todo lo cual, indica que la tercerización alcanzada por la estructura ocupacional chilena, coloca dicho proceso en el centro del debate sobre la fisonomía que adquieren los grupos y clases sociales en el neo-liberalismo chileno (gráfico 2).

En definitiva, las tendencias históricas señalan que el camino seguido hasta la configuración actual de una estructura social está marcada principalmente por la expansión del empleo vinculado a los servicios, ya sea dentro de los grupos empresariales, los sectores medios, o la llamada clase obrera. La expansión predominante, dentro de cada uno de esos sectores, de aquellas fracciones vinculadas al sector terciario, expresa además la mayor exposición que detentan actualmente dichas categorías sociales ante los vaivenes del crecimiento económico determinados por el modelo vigente. De tal forma, los paradigmas tradicionales de la sociología latinoamericana poco pueden señalar respecto a una sociedad que deja atrás, no sólo la cara más tradicional del mundo rural, también pierden peso significativo sectores vinculados al empleo industrial.

Pobreza y desigualdad en el modelo de acumulación capitalista chileno.

Con excepción de lapsos cortos, en las últimas dos décadas tienden a producirse, en forma paralela y sostenida, dos fenómenos tan sólo en apariencia contradictorios: la disminución sostenida de la pobreza e indigencia y el aumento de la desigualdad en la distribución de los ingresos (Ruiz, 2005).

Si bien, crecen los ingresos en la sociedad a nivel general, lo hacen en grados muy distintos según el sector social de que se trate. Así lo confirmó el informe de la OCDE (2010), llamando la atención sobre el acentuado contraste entre los “altos niveles de desigualdad” y los “impresionantes resultados económicos” del modelo chileno. El informe mencionado destacó que mientras la pobreza e indigencia han disminuido ostensiblemente desde 1990 al 2011 (ver cuadro 2), el decil más rico de la población chilena detentó ingresos que se empinan hasta 29 veces el tamaño de aquellos correspondientes al 10 por ciento de los más desfavorecidos.

Como se sabe, desde 1987 -año en que se realiza la primera medición según la metodología actualmente en uso-, la pobreza había venido bajando sostenidamente, en forma más acelerada hasta 1998, y con una pendiente menor pero igual tendencia a la baja hasta 2006. En 1987, las cifras oficiales arrojaron un 45,1% de pobreza (del total de hogares a nivel nacional) y un 17,4% de indigencia. Luego de una década, hacia 1998, tales índices habían disminuido marcadamente. La pobreza había caído a más de la mitad (21,7%), y la indigencia decreció con mayor fuerza aún (5,6%). La medición de 2006 arrojó un 13,7% de pobreza, y un 3,2% de indigencia. Es decir, consistentes con la tendencia descrita, en un contexto de aumento constante del ingreso y de crecimiento económico sostenido, además de retroceso del trabajo informal y el aumento de la cobertura en educación en todos los niveles, incluida la educación superior (CASEN, 2006).

Sin embargo, según las cifras oficiales, en 2009 la batalla contra la pobreza evidenció su primer revés en veinte años. La encuesta CASEN arrojó una pobreza de 15,1% -superior en 1,4% a la medición anterior-y una indigencia de 3,7%, cinco décimas arriba de la anotada en 2006 (cuadro 2). La pobreza habría aumentado por primera vez desde 1987.

El año 2011, pese al impacto que terremoto del 2010 cuya devastación se calculó en torno al 18% del PIB chileno (Gobierno de Chile, 2010); la pobreza volvió a disminuir al 14,4% y la indigencia alcanzó su punto más bajo en el periodo de la medición, situándose en torno al 2,8%.

Además, entre uno y otro lado de la línea de pobreza existe una alta rotación. El Instituto Libertad y Desarrollo, en base a datos de la Encuesta Panel CASEN -cuyo registro se inicia en 1996-, concluyó que hay una alta movilidad entre la condición pobre y nopobre. De los 810 mil indigentes que había en 1996, un 78% dejó de serlo en 2001. Empero 646 mil personas que no eran indigentes cayeron en tal condición en el mismo lapso. La principal razón es que unos perdieron el trabajo, mientras otros encontraron uno. De tal suerte, entre 1996 y 2000, cerca de 4 millones 800 mil personas pasaron por la pobreza, lo que equivale al 32% de la población (Larraín, 2002). En definitiva, la línea de pobreza no representa hoy un corte social que marque una diferenciación sustantiva. No distingue un grupo claramente diferenciable ni consistente en el tiempo. Más bien clasifica de uno y otro lado a una población relativamente homogénea. Se trata en realidad de una activa puerta giratoria, cuyos motivos de rotación reciben, en cambio, menor atención (Ruiz y Orellana, 2010).

De ahí que la principal categoría que sigue, por encima de ésta en la pirámide social, no se componga abierta y claramente por la “clase obrera” o “clase baja”, sino directamente por las fracciones más bajas de los sectores medios. Claro, la homogeneidad del ingreso en la zona circundante a la brecha de pobreza no da cuenta de un salario bajo promedio, sino al contrario. Con sectores medios estimados en un distintivo 49% de la población -la principal categoría de la sociedad chilena-, se alcanzan a la vez los más altos índices de probabilidad que individuos de dicho sector caigan en condición de pobreza (OCDE, 2010). O sea, la zona de riesgo de la pobreza llega a golpear las puertas de los grupos medios. De ahí el escaso sentido de la discusión, reducida a un corte estadísticamente exacto pero irrelevante socialmente.

El fenómeno, a todas luces, es otro: la marcada homogenización “hacia abajo” en la distribución del ingreso. Efectivamente, dicho debate resulta relevante en la medida que las políticas sociales vigentes se rigen por los criterios de focalización anotados. Luego, más que indagar sobre la pobreza real, como fenómeno social, contabiliza individuos que resultarán beneficiados por asignaciones específicas, al tiempo que excluye a muchos otros -a pesar que su situación resulta equivalente-, de tal atención estatal. En ausencia de una noción de derechos sociales universales garantizados por el Estado, la focalización diferencia entre aquellos que legítimamente pueden aspirar a la asistencia estatal y los que deben recurrir al mercado para satisfacer sus necesidades. El dilema estriba en el hecho que tal segmentación se aplica a una amplia franja de la población de condiciones de vida más bien homogéneas, con lo cual otorga y quita derechos sobre individuos cuyos problemas no difieren gran cosa. Es que la variación sustantiva en la distribución del ingreso no se ubica en la parte baja de la estructura social. Como se sabe, tal distribución se presenta usualmente en divisiones proporcionales de quintiles. Así, se puede apreciar en el siguiente gráfico, elaborado con los datos de CASEN 2009, que la pendiente de ingresos monetarios -o sea, incluidos los subsidios estatales-, por quintiles, recién se empina hacia arriba en el 20% más rico.

La discusión sobre la línea de pobreza, entonces, debe reemplazarse por una referida a la fisonomía y el carácter de la desigualdad en la distribución de los ingresos. Aunque la sociedad chilena ha sido siempre desigual, la curva de distribución de los ingresos se distingue hoy por esa acentuada e inédita concentración del ingreso que refleja. Los rasgos fundamentales actuales están dados por extrema concentración que ostenta el sector más alto, de tamaño muy reducido; que ve aumentar su participación en la riqueza total con mayor celeridad, a tal punto, que dicha condición la distingue a nivel latinoamericano.

Pero incluso los más ricos repiten el mismo patrón de concentración del resto de la sociedad chilena: una gran mayoría entre éstos disfruta de una porción reducida de los beneficios que suma este sector de la sociedad. Un aspecto clave en la constitución de estas fortunas -sobre todos aquellas de reciente data-, sería el sistema de previsional de AFPs. Personas con ingresos muy altos puede pagar organismos especializados para administrar sus fondos de inversión, alcanzando enormes rentabilidades. De modo que, el modelo de capitalización individual vigente contribuye a aumentar la concentración del ingreso, incrementando en ese sentido la desigualdad existente en la sociedad. En contraste con ello, la consignada privatización de las condiciones de vida, fruto de la privatización de los servicios sociales, ha tendido a homogenizar hacia abajo las situaciones sociales, introduciendo una gran dosis de incertidum-bre e inestabilidad en dichas posiciones sociales. Además de acrecentar la desigualdad en la sociedad chilena, la ausencia de derechos sociales universales expulsa del ámbito de las certezas muchos aspectos de la reproducción de vida cotidiana, tornando ésta más indeterminada y ajena a condiciones de predictibilidad acostumbradas. Tal incertidumbre, representa en definitiva la versión criolla de la mentada “sociedad del riesgo”, signada por la soledad del individuo ante la indeterminación de sus propias condiciones sociales de existencia (PNUD, 1998).

Un cambio que, como en otras épocas, llega a alterar los códigos de la vida cotidiana misma. Pues el aspecto más relevante del orden cotidiano es la producción y reproducción de las certezas sociales básicas, sin las cuales no sabríamos discernir las nuevas situaciones ni decidir qué hacer. Luego, representa un ámbito fundamental de la seguridad para enfrentar los riesgos de una vida no predeterminada. Uno de los efectos más hondos del anotado proceso de privatización de las condiciones de vida, y su consiguiente desmantelamiento de antiguos sistemas de protección social estatal, estriba, más allá de aquella dimensión económica usualmente apuntada, en la medida que altera las condiciones culturales de desenvolvimiento de la vida cotidiana. Se trata de un cambio que, nuevamente, en la experiencia chilena alcanza una hondura inusual para el resto de los países latinoamericanos (Portes y Hoffman, 2003; Weller, 2004; Tokman, 2006). En el actual panorama social, se naturaliza el hecho que recaiga sobre la capacidad de pago de los individuos una enorme proporción del costo de sus procesos de reproducción social.

Sin los viejos actores sociales y el difícil parto de los nuevos bajo la exclusión política

Los términos de la transición se erigen como uno de los más restrictivos en la región. La dimensión social de este escenario releva la desarticulación de viejos actores, y permite proyectar la impronta antipopular sobre el trazado de la política en la etapa democrática. Una magra visibilidad de los actores sociales que va ligada a los rasgos de una política que deja de expresar a vastos sectores de la sociedad. Sin el contrapeso de los actores excluidos del pacto de la transición, la política se torna elitara. Debuta desde La Moneda el “partido transversal” como cerrada red de poder social y político que se sitúa incluso por sobre las estructuras de los partidos políticos gobernantes. El presidencialismo que traza la Constitución de 1980, antes criticado, lo aprovechan las nuevas autoridades. El consenso dominante sobre el patrón de crecimiento, permite sustraer la definición de políticas económicas del debate político. Los partidos dejan su carácter representativo de intereses sectoriales deviniendo en partidos “nacionales” bajo una orientación más integradora, bajo la tendencia a los acuerdos entre fuerzas políticas antes enfrentadas en virtud de las representaciones sociales adoptadas. Una autonomía del sistema partidario sin contrapeso en grados de organización social capaces de presionar por sus demandas. Los grupos sociales más organizados pierden incidencia en el proceso político, como sindicatos de trabajadores y fracciones medias antes lideradas por gremios de empleados públicos y agrupaciones de profesionales liberales; sólo el empresariado gana fuerza como grupo de presión política y sus gremios – liderados por la Cámara de la Producción del Comercio (CPC)-, adquieren una importante notoriedad pública.

En la medida que el Estado renuncia a una regulación directa en muchos ámbitos de relaciones sociales, con objeto de evitar su “politización”, evita entrar en la mediación de los conflictos sociales. Con la clausura del acceso popular a los procesos de construcción del Estado, y la disolución de los viejos términos de relación entre los partidos y sectores populares, se induce una despolitización de las relaciones sociales ubicadas en la base de la sociedad. Crece un apoliticismo, sobre todo entre los jóvenes de sectores populares.

Pero tras el desarme de las identidades sociales de antaño, de una profundidad que orilla a la vieja cultura política y limita la proyección de la izquierda histórica, aparece la formación de nuevos actores sociales apreciable a mediados de la década, que no se reduce a la figura del viejo sindicalismo entre los trabajadores, ni a los anteriores actores estudiantiles en sus movilizaciones recientes (Ruiz y Toro, 2006). La novedad de los primeros está en que grupos de trabajadores subcontratados encaran directamente a empresas matrices, sobrepasando a las pequeñas empresas contratistas, detonando una negociación inter-empresa evitada por la orden laboral desde 1979. Quienes irrumpen no son los asalariados tradicionales, sino aquellos sujetos a esta intermediación constituida bajo el modelo de acumulación capitalista adoptado, un trabajo flexible al punto de la precarización, que reduce el costo de la fuerza de trabajo, y sostiene las elevadas tasas de acumulación de los rubros más dinámicos de la economía. Son los nuevos asalariados.

Estos nuevos conatos arrastran a las empresas contratistas, pequeñas y medianas empresas (PYME) sobre todo, antes entendidas como pequeña burguesía. Bajo altas tasas de concentración del ingreso, estos sectores medios empresariales quedan en una condición inestable. Esta nueva pequeña burguesía formada en la inédita proliferación del negocio de la subcontratación, es el fusible que salta para evitar que los trabajadores lleven directamente sus demandas a las empresas ligadas a los grandes capitales. A cargo de la externalización de funciones que arrojan esas grandes empresas, la función de estas PYMEs en este modelo de acumulación es proteger a los grandes capitales de las eventualidades de los ciclos de acumulación. Las convocan en los ciclos expansivos y se deshacen de ellas -y de los trabajadores que dependen de ellas-, cuando la demanda se contrae, traspasando hacia abajo los costos de las oscilaciones del mercado. Unas PYMEs que, además, reciben la presión de los trabajadores que soportan las condiciones más precarias del mundo laboral. La gran empresa evita así un capitalismo competitivo, amparada en situaciones de poder político para asegurar altos retornos a sus inversiones, dictando la baja movilidad en la cúspide de la sociedad. Mientras la “clase media empresarial” vive el vértigo de la inestabilidad de sus posiciones sociales, el mayor grado de movilidad en toda la sociedad (Wormald y Torche, 2004). Esas mismas PYMEs a cago de más del 80% del empleo, que amplifican la volatilidad de esas posiciones sociales, ante una pobreza que, pese a reducirse, amplía su alcance con tal rotación laboral. No sólo los más pobres quedan excluidos del crecimiento, también los trabajadores estables y amplios grupos medios. De ahí que, al malestar de los pobres y los trabajadores, se suma el de esos sectores medios. Comienza a aflorar un malestar mesocrático, que le imprime nuevos rasgos al más conocido malestar popular con el patrón de crecimiento vigente.

En 1997, el de mayor conflictividad de la etapa democrática antes de la “revolución pingüina” de 2006, reúne la protesta de los trabajadores del carbón, de los puertos, de la educación básica, de mapuches y estudiantes, bajo un claro carácter popular. En cambio en 2006, tras la protesta de los secundarios – ya anunciada el 2001-, aparece, aparte de esos sectores, un malestar mesocrático que le imprime connotaciones nuevas al conflicto. Se vincula a la pérdida de protección social bajo la dirección privatizadora de los cambios en los sistemas de salud y previsión, a las dificultades en la realización de oportunidades, y la forma en que se expresan en la educación, el trabajo y el consumo. Si bien en la década del noventa el ingreso se recupera en casi todos los sectores sociales, en su mayoría su crecimiento es más lento que los ingresos del país. La percepción de la brecha entre los propios ingresos y los de otros sectores y la propia expansión del país, atiza un malestar heterogéneo y amplio, que choca con el monopolio de espacios y oportunidades a manos de un cierre social amparado en la alianza de la élite concertacionista y empresarial (PNUD, 2004).

6

Fin de la "etapa fácil" de desarrollo del modelo de acumulación neoliberal

El cambio social tras la refundación autoritaria chilena y su proyección en la democracia, eleva a nuevos planos subjetivos la desarticulación social y política heredada. Más allá de una marginalidad que se reduce, la gran mayoría de la sociedad vive la experiencia de una ho-mogenización creciente de sus condiciones de vida, bajo la acentuada concentración de la riqueza. La privatización de los derechos sociales garantizados por el Estado, impacta en medio de una gran inestabilidad de esas posiciones sociales. La conculcación de derechos sociales universales, aparte de acrecentar la desigualdad, reduce las certezas de la reproducción cotidiana, tornándola ajena e indeterminada frente a los patrones de predictibilidad anteriores. Una incertidumbre signada por la soledad del individuo ante esa indeterminación de sus condiciones de existencia. Uno de los mayores estragos de esta privatización de las condiciones de vida, bajo el desmantelamiento de la antigua protección social, estriba en la alteración de esas condiciones culturales de desenvolvimiento de la vida cotidiana. Es el nuevo páramo del individuo. Un cambio que en la experiencia local alcanza extremos inusuales, por el grado en que recae sobre la capacidad de pago de los individuos el costo de su reproducción social. Las nuevas condiciones ponen al individuo ante una vida cotidiana más volátil. Conforme las proyecciones futuras se hacen más difíciles, el tiempo corto se estira al punto que se tiende a vivir el momento, petrificando el presente.

Ello deviene sustrato del desencanto con una política que renuncia a articular horizontes y su autonomía y ensimismamiento aparece, ante las nuevas condiciones, como un espectáculo autista, incapaz de procesar siquiera demandas corporativas o individuales por mayor bienestar, menos de movilizar compromisos o ideales que convocara el periodo nacional-popular. En tal panorama, las orientaciones de acción que apelan en estos años a los patrones de socialización anteriores, muy a menudo quedan orilladas a imágenes pretéritas, desgastadas, apenas remembranzas de un tiempo dejado atrás por un presente colmado por malestares que se experiencian individualmente. Tal escena, dominada por la desarticulación y el desencanto, es el adverso teatro para la acción social que, cuando se empina, la atraviesa la inarticulada heterogeneidad de este panorama, dificultando la constitución de actores capaces de representar intereses más generales por lo que, salvo excepciones, priman intereses particularistas. Precisamente, es esto lo que empiezan a dejar atrás las aglutinadoras movilizaciones de los estudiantes secundarios del mentado “mochila-zo” en el año 2001, como de la movilización de los “pingüinos” en el 2006, y la revuelta universitaria del 2011.

El malestar del neoliberalismo “avanzado”: el aviso desoído bajo Bachelet

El gobierno de Michelle Bachelet debuta bajo un alza inédita del precio del cobre, pero sigue una restrictiva política fiscal. En 2006 la Ley de Responsabilidad Fiscal fija un superávit estructural, y crea el Fondo de Estabilización Económica y Social con esos ingresos extraordinarios que invierte en activos financieros externos (Varas, 2010; Velasco et al., 2010). Chile deviene acreedor neto con la alta entrada de divisas y la rígida política fiscal. El flujo aprecia la moneda local, eleva las rentas sujetas al precio de colocaciones en el exterior del sector financiero e importador, y reduce los retornos en moneda local de empresas orientadas al mercado interno y las exportaciones no-cupríferas como la forestal, vitivinícola, frutícola y pesquera, conservando los sectores favorecidos por el modelo de acumulación desarrollado. Se autoriza a las AFP a elevar los montos a invertir en el exterior, juego especulativo que ahonda la disparidad anotada al elevar los retiros en moneda local. Lo mismo trae la ausencia de una política cambiaría competitiva, como una intervención del Banco Central para mejorar las condiciones de las exportaciones y apoyar la producción interna. La rigidez fiscal no estimula la demanda interna, y la fijación del IVA en 19% desincentiva la inversión. La desaceleración económica llega y eleva nuevamente la tasa de desempleo. La recesión en gestación presiona por una línea fiscal y monetaria más activa, pero ésta se ajusta al marco instaurado hasta fines de 2007, que baja el superávit estructural de 1 a 0,5% para elevar el gasto público y estimular la demanda, y para limitar el tipo de cambio en 2008 interviene el Banco Central. Pero son medidas insuficientes y tardías. El precio del cobre y los commodities caen antes de la crisis mundial de los años 2008 y 2009. Aparte de desaprovechar el auge cuprífero para impulsar una política de desarrollo, ahora la crisis llega al sector financiero. Caen los recursos acumulados del superávit fiscal en activos externos, las reservas del Banco Central y los fondos de las AFP en el exterior. Un Plan Fiscal de Emergencia eleva el gasto público, rebaja tributos y otorga asignaciones familiares (Fazio y Parada, 2010).

La cobertura previsional ha crecido pero la mayoría de las cotizaciones no alcanzan la pensión mínima. La reforma de 2008 dista de la reestatización y retorno al sistema de reparto como la realizada en Argentina ese mismo año. En Chile, las AFP son centrales en la conformación del mercado de capitales, por lo que el ajuste corrige sus efectos más regresivos dentro del marco de la acción estatal subsidiaria, y crea un Sistema de Pensiones Solidarias para quienes carecen de previsión, y el Aporte Previsional Solidario para pensiones bajo el mínimo, y pasa al Estado la carga social del sistema (Riesco, 2007; Ruiz-Tagle, 2007).

La nueva irrupción de los estudiantes secundarios: “la Revolución pingüina”
El gobierno de Bachelet encara las mayores movilizaciones sociales desde la transición. Tras 2006 no hay idea que genere mayor consenso que la crisis de la segmentada educación. La protesta estudiantil secundaria por el alza del precio de la inscripción en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y la rebaja del transporte público, concita enorme apoyo e impacta la política. Sacude los moldes de los actores sociales y los liderazgos reconocidos en la sociedad, y la propia pasividad ciudadana. Alcanza al modo de acción gubernamental y la política social del Estado (Ruiz, 2007b). Sin embargo, la “revolución pingüina” avanza rápida y novedosamente desde las clásicas demandas de tipo económica a otras que apuntan a pilares fundamentales del orden político y social heredado. Se exige la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), revertir la municipalización y reinstalar la gratui-dad, tocando ejes fundantes del modelo. El apoyo a la derogación de la LOCE abre un gran problema para el gobierno: al rechazarla, termina por cerrar filas tras la Constitución de 1980.

En efecto, el conflicto sobre la educación rebasa la discusión corporativa. El movimiento porta además rasgos novedosos en términos de las formas de organización y protesta. Sorprende su capacidad, inédita amplitud social y desapego a las identidades políticas conocidas. El variopinto apoyo que concita traspasa las franjas populares y abarca grupos medios que expresan otros malestares. El dilema de la educación, bajo el ideario dominante, toca la frustración con las barreras con que la élite impide el ascenso social y la inexistencia de una meritocracia como reza la promesa liberal.

Ahora bien, la revuelta estudiantil del año 2006 no es “espontánea”. Tampoco, como se intentó presentar inútilmente en su momento, es un producto de “agentes externos”. Su depurada dinámica de organización y acción, sostenida en un ágil esquema de asambleas y vocerías, presiones y negociaciones, sumados a la celebrada combinación de una agenda “corta” y otra “larga”, provienen -como ellos mismos remarcan en conversaciones- de un largo análisis sobre las movilizaciones precedentes, particularmente del mentado “mochilazo” del 2001. Por ejemplo, gran parte del año 2005, lo consumieron en la elaboración de un documento que entregaron en noviembre con su visión de los temas que les preocupaban, lo que revela una reflexión sistemática con activa participación. Ello indica, pues, que el fenómeno no es nuevo; lo nuevo no es más que el hecho que saltó a la palestra, que se lograron abrir un espacio en un debate público que les resultaba mezquino.

Para sorpresa del mundo político – al punto que enmudeció por un lapso de tiempo-, irrumpieron jóvenes elocuentes con discursos bien articulados, que hablaban con propiedad de la LOCE, de los diversos tipos de quorums requeridos para modificar leyes y constituciones, que discutían en asambleas donde llegaban a acuerdos por mayorías, que entendían perfectamente – para lección de muchos “servidores públicos”, lo que significa un mandato de las bases, y que negociaban de igual a igual con las máximas autoridades políticas del país. Aunque cueste a muchos, habrá que aceptar que la sólida e inteligente estructura de asambleas y voceros generó pertenencias sólidas e inéditas, y logró poner en evidencia las ambigüedades y contradicciones de las dirigencias políticas de los partidos. Por cierto que es una exageración atribuir, de forma generalizada, al movimiento secundario criterios igualitaristas. Precisamente uno de sus mayores éxitos resultó el mantener una asombrosa dosis de heterogeneidad, tanto ideológica como social, en la cual los criterios anteriores van a cohabitar con el malestar por la inexistencia de condiciones parejas de competitividad, por el derecho a competir en las mismas condiciones.

Iniciado a fines de abril del 2001 con la primera acción masiva de los estudiantes secundarios -marchan recién alrededor de 15 liceos-, el conflicto concitar un creciente apoyo, primero entre apoderados, profesores, estudiantes universitarios, y luego en la sociedad en general. Destaca por ejemplo el apoyo suscitado, no sólo en barrios tradicionales de clase media, sino en aquellos más acomodados en donde emergen apoyos de estudiantes de colegios privados (Ruiz, 2007b). Desde entonces, el gobierno, como contraparte, ensayará sucesivas y contradictorias formas de encarar el conflicto, mudando los interlocutores -Subsecretaría de Educación, Ministro del ramo, Ministro del Interior, la propia presidenta, parlamentarios como intermediarios-, espacios -mesas de negociación, comisiones y subcomisiones de diálogo-, y grados de dureza tanto en el discurso como en la acción al punto que la propia presidenta, en uno de los giros más comentados, anuncia en su momento que actuarán “con todo el rigor de la ley para frente al vandalismo”, para luego desdecirse reivindicando el derecho a protestar de los jóvenes y hasta acusar de excesos a la acción policial y al alto oficial a cargo, en un curso reconocidamente errático en el que los jóvenes representan al actor más claro y centrado en sus objetivos.

La movilización alcanza su punto más álgido en el mes de junio y julio con cerca de 800 mil estudiantes movilizados a nivel nacional (en Santiago supera los 250 mil), con 950 colegios ocupados o paralizados (más de 250 en la capital) y marchas cuya represión supera el millar de detenidos (Ruiz, 2007b). Cifras inéditas desde el fin de la dictadura. La esfera de la política no está preparada para esto. Errática, la respuesta oficial intenta desconocer al movimiento, cambia escenarios e interlocutores, hasta derivar el asunto sin mayor indicación a un Consejo Asesor Presidencial, heterogénea instancia que no pasa de consignar las diferencias entre sectores sociales y políticos, que suma renuncias y denuncias. Se hacen concesiones de corto aliento (pase escolar nacional y gratuidad de la PSU), mientras dicho Consejo elabora un nuevo marco legal.

“[...] yo creo que era la mejor salida que pudo haber tenido un gobierno si es que lo que quería era a callar el movimiento estudiantil, de que los cabros volvieran a clases y tranquilizar la cosa, porque lo que carecía este consejo asesor ni siquiera era de ser resolutivo que era otro de los temas que decían también los cabros, de vincular salidas para los temas que se discutieron ahí, y en ese consejo asesor no participaba el parlamento por lo tanto no había ningún compromiso, de que esos temas se iban a discutir posteriormente al parlamento si no que más bien pasaban del gobierno de mandar proyectos de ley de una cuestión que no estaba asegurada [...]“[1].

La carencia de política hacia los conflictos sociales se desnuda a manos de un gobierno que ensaya todo con los jóvenes: ignorarlos, criminalizarlos, reprimirlos, adularlos, hasta arrepentirse (y destituir un general de la policía, y dos ministros del ramo). Pero es un problema de los moldes de la política. Cambiar el modelo educacional implica decisiones mayores, pues está atado con la concepción de sociedad imperante. Las restricciones al ascenso social no responden sólo al estado de la educación. La protesta abre un malestar mayor con la desigualdad y las razones de una diferenciación social que no anida tanto -como reza el mito liberal- en la competencia sino en la monopolización de las oportunidades, e invita a variados sectores de la sociedad a sacudirse del pesimismo y la impotencia. Con su imagen de independencia de la burocracia política, los estudiantes abren la posibilidad que muchos sectores expresen su malestar tras un actor que no los compromete con repartición política alguna. Y recogen ese apoyo inicial de un “fenómeno Bachelet” que se erige en las encuestas sobre las figuras preferidas por los conciliábulos políticos, y tal malestar con la política. La protesta desnuda la brecha entre la sociedad y una política encapsulada, y dificulta la justificación de su inercia a manos de una institucionalidad “amarrada” por la dictadura.

“[...] se da cuenta de lo importante que es una posición de fuerza o un cambio de sentido común que pueden lograr las movilizaciones respecto al debate ideas y el debate de ideas está por esa movilización, por eso una persona estaba discutiendo al principio del consejo que había crisis y que había que hacer un cambio de transformaciones y firmaron de manera unánime [...] a medida que el consejo se fue alejando de las movilizaciones, el consejo se empezó a transformar en un consejo como el que hubiese existido si Bachelet se le hubiera ocurrido en el consejo, ponte tú, en primer año de su gobierno”[2].

A medida que transcurre el Consejo se comienza a fortalecer la respuesta tecnocrática a las demandas, lo cual diluye el diálogo social. Encerrada en una mirada “técnica”, la Concertación desconoce los conflictos que hay en la sociedad.

“[...] yo no soy de la posición en la cual por la disputa política del movimiento haya que elaborar una propuesta previa. Creo que eso, eh, es un amarre ideológico, a las condiciones del modelo. Porque obviamente sería una propuesta técnica que pudiera subsistir en las condiciones generadas por el modelo neoliberal, ¿cachai? Por su carácter, pero mira. Eh, y eso no permite el desarrollo de una propuesta socialista”[3].

Una actitud compartida por “expertos” de ambos bandos políticos, no la distingue de la derecha. La nueva ley, al negarse a cambios sustantivos, secunda la reticencia empresarial. Bajo un acuerdo de ambas coaliciones se aprueba la Ley General de Educación (LGE), que introduce regulaciones al sector particular-subvencionado, pero mantiene la municipalización y el financiamiento compartido (Varas, 2010).

El acuerdo para sustituir la LOCE, llamado “acuerdo por la calidad de la educación” fue suscrito por la Presidenta de la república, varios ministros y las dirigencias de todos los partidos de la Concerta-ción (DC – PPD – PS – PR) y de la oposición de derecha (RN y UDI). El acuerdo fue celebrado por los grandes grupos empresariales, sostenedores educacionales (propietarios de colegios), principales columnistas de los medios de comunicación conservadores del país y la cúpula de la iglesia. Los principales elementos del acuerdo ya eran consenso entre los grandes ideólogos y defensores del actual sistema educativo, presentes en el Consejo Asesor Presidencial, como José Joaquín Brunner, Patricia Matte y Carlos Peña. Tales actores ya habían mostrado su sesgo ideológico frente a las propuestas del mundo social, que apuntaban a terminar con la mercantilización de la educación.

La investidura del salón Montt Varas y la solemnidad del acto fueron la escenografía para la jefa de Estado, la ministra de Educación y los presidentes de los partidos. No así para los estudiantes secundarios, los verdaderos responsables de que hoy Chile discuta un tema que antes de su entrada en escena no estaba en la agenda de nadie.

“[...] el acuerdo firmado en el Salón Montt Varas por la totalidad de la clase política mantuvo intactos los pilares de la LOCE”[4].

Opinión que fue compartida por las organizaciones de profesores, estudiantes universitarios y secundarios, codocentes, padres y apoderados, frente al acuerdo político educacional suscrito entre el Gobierno y la totalidad de los partidos con representación parlamentaria, del oficialismo y de la oposición de derecha. Pese a este rechazo del mundo social, las reformas educacionales fueron implementadas sin dar respuesta a las demandas estructurales puestas en el tapete por los estudiantes secundarios y que contaron con el apoyo de vastos sectores de la ciudadanía. Sin embargo, del 2006 en adelante la implementación de nuevas reformas económicas o el desarrollo de nuevas inversiones empresariales comenzará a concitar cada vez más un rechazo activo de diversos sectores sociales.

Dificultades para el avance de más reformas neoliberales

Si el 2006 parece excepcional, lo que sigue es una conflictividad social inédita. En el año 2007, un movimiento de los trabajadores subcontratados encara la forma más extendida de precarización del empleo: aquél carente de contrato permanente y sus términos de protección. Son los nuevos asalariados. A partir de conatos iniciales como los del cobre, proliferan confederaciones de los pequeños sindicatos de la restrictiva legalidad en que operan estos trabajadores. En varios rubros -agricultura, minería, servicios- buscan sobrepasar las pequeñas empresas contratistas que los absorben temporalmente para emplearlos en labores de las grandes empresas, y tratar directamente con estas últimas (Ruiz, 2008). Una negociación vedada por el orden laboral que apuesta a su dispersión. Las protestas alcanzan una violencia impactante, en especial en la minería estatal y privada.

La pugna vulnera un pilar del patrón de crecimiento vigente, que contiene el precio de la fuerza de trabajo. De ahí la alarma empresarial, que reclama -con razón- la ilegalidad de tal demanda que afecta esa condición laboral flexible e intermediada, uno de los aspectos más orgánicos del orden laboral. Ante las ofertas de las grandes empresas a los trabajadores movilizados, las pequeñas empresas a cargo de tal “ex-ternalización de funciones” alegan que esos beneficios deben asumirlos las primeras, abriendo otro frente de conflicto por la falta de márgenes para ello. Es que la puja de los trabajadores golpea a la pequeña más que a la gran empresa, en tanto la última las usa para protegerse de esas presiones y los propios vaivenes del mercado. Para el gran capital esas empresas pequeñas contratistas son las responsables de la disciplina laboral y los costos que involucre en el universo de los trabajadores subcontratados, por lo que amenazan con revisar las próximas licitaciones de contratos con dichas empresas.

Pero hay más conflictos. El cambio del sistema de transporte público capitalino desata la ira de los sectores más desprotegidos, al buscar en 2007 su modernización bajo una concesión a privados, que suprima la dispersión de la propiedad y la resistencia a la planificación de los tradicionales gremios de los microbuseros. La licitación a privados (grandes) de rubros de servicio público (carreteras, cárceles, aeropuertos y puertos) choca con el problema de la viabilidad que el Estado se desentienda de estos procesos de modernización. El plan de transporte público para la capital, que contempla redes de vías conductoras y pautas de funcionamiento una circulación integrada, y condiciones más equitativas de accesibilidad, involucra una configuración de la ciudad. Tan sólo la readecuación de la red de vialidad y la selección de avenidas “estructurantes” acarrea efectos re distributivos que alteran la fragmentación social urbana. El malestar se desata cuando los sectores populares ven multiplicados sus tiempos de transportación producto de la ineficacia. La protesta estalla, con carácter barrial o ante los puntos de transporte, hasta abarcar muchas comunas capitalinas, alcanzar mayor violencia unas -con policías heridos y decenas de detenidos, hasta barricadas y cortes de tránsito- y otras controladas por organizaciones vecinales.

Los efectos de la recesión afloran en la segunda mitad del gobierno de Bachelet, a través de variadas reacciones. En el empresariado asoman pugnas sobre la concentración de ciertos rubros, como el farmacéutico, donde las tres cadenas habidas son multadas por una colusión de precios que arroja rentas oligopólicas, y nichos específicos del mercado financiero, las que llegan a apelar por mayor regulación. En cambio, se retrae la presión inicial de aquellas condiciones sociales más inestables ante los riesgos que trae la crisis, como los subcontratados de la minería, los servicios o el rubro forestal. En tanto que los gremios del sector público aprovechan una coyuntura electoral para hacer rendir su mayor vínculo con la política y lograr mejoras salariales significativas. De modo que, la baja del conflicto de los nuevos asalariados coincide con la expresión de actores más estables.

Al asumir Bachelet, bajo la idea de un “gobierno ciudadano” anuncia una Agenda Pro Participación Ciudadana de cambios que amplíen la participación, como la Iniciativa Popular de Ley. Pero, salvo excepciones -como la instauración de Sistemas Integrales de Atención al Cliente en los servicios públicos-, resulta intrascendente (Varas, 2010). El cálculo oficial augura baja conflictividad política y social y bonanza económica. Pero no fue así. Los malestares anotados indican un déficit de representación política que no puede seguir amparado en los requerimientos que emanan de la transición, cuando la llamada gobernabilidad subsume otras dinámicas. Ya no es así. La decantación de los cambios sociales y culturales y sus contradicciones, arroja la emergencia de nuevas fracciones de clase y problemas más bien propios del nuevo modelo de acumulación consolidado.

Aunque los conflictos no alcanzan una trascendencia que impacte el modelo económico y político, la política queda impelida a reajustarse. Bachelet fue presentada por el instinto de supervivencia de la élite concertacionista como fuente de novedad, pero al final de cuentas no representa tal renovación del mundo oficialista. Apelando al refugio de los individuos en lo cotidiano como superación de los “viejos discursos”, se apuesta a la restricción a la democracia bajo la lógica tecnocrática y la naturalización de intereses de grupos minoritarios. Los malestares instalan un aviso del agotamiento de los términos de la política, que es desoído bajo el gobierno de Bachelet. Peor aún, las grandes alianzas políticas experimentan una dispersión, sobre todo la Concertación. En la elección municipal de 2008, ésta llega en dos listas paralelas y una con arreglos de “omisión” con la izquierda. A pesar de ello empata electoralmente con la derecha. La dispersión prosigue en las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2009, con la consiguiente pérdida de mayoría en la Cámara de Diputados (no en el Senado), y el gobierno en segunda vuelta con Sebastián Pinera, un empresario de Renovación Nacional que obtiene un 52% del voto, sobre el ex presidente democratacristiano Eduardo Frei.

Piñera y la novedad de lo mismo

Tras veinte años, la Concertación es derrotada electoralmente en una estrecha elección signada más por la baja de su votación que por el alza de su oponente. La derecha no ganó, más bien fue la Concertación quien perdió. Pero consumado el triunfo la Alianza conformada por Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) en el gobierno busca orillarla. Pese a los malos augurios, el gobierno logra instalar una imagen ofensiva que aspira a ir más allá del enfoque tradicional de la derecha, sobre cuestiones laborales, medioambientales, impositivas, redistributivas, la pobreza, los derechos humanos, del consumidor, la regulación empresarial. Impulsa el reconocimiento jurídico de las parejas homosexuales. Tras el terremoto eleva impuestos a las empresas. Frena la instalación de una central termoeléctrica por consideraciones ambientales. Trata de captar banderas asociadas a la Concertación. Una política que no necesita mayor novedad. Basta seguir varias líneas cuya concepción es, precisamente, de derecha. La Concertación gobernó veinte años con un cúmulo de ideas de derecha, hasta sepultar -a pesar del discurso-, su ideario socialdemócrata, como el modelo de Estado subsidiario y sus políticas sociales derivadas, con lo que abandonó la aspiración a construir una representación nacional.

La revuelta estudiantil del 2011
Los problemas de Pinera están en otro lado. El 2011 brota el malestar largamente incubado, que rebasa la cuestión educacional y alcanza las privatizadas condiciones de vida, aunque halla en la primera su eslabón más débil. Y lo encabezan precisamente los jóvenes forjados en el periodo democrático de desarrollo del neoliberalismo. De ahí el desconcierto de las élites. Los jóvenes que se toman las calles son el resultado más diáfano de ese proceso e irrumpen contra varios de sus cimientos. El enorme y activo apoyo de la revuelta es el climax del curso inmediato en que decanta, en vastos sectores de la sociedad, un desencanto con el desencanto.
Tal como se señaló, la “revolución pingüina” del año 2006 es su antecedente directo. El delgado hilo entre lo que va quedando atrás y lo que emerge como novedad en las formas de acción y constitución de actores sociales, llega a manos del agotamiento y la descomposición del espectro político. La maduración de nuevos actores llega de los cambios en los grupos sociales, las nuevas modalidades del trabajo, el consumo y la socialización. En año 2006 asomó bajo la emergencia de un movimiento expresivo de nuevas formas de acción social, ya ensayadas el año 2001, una inédita adhesión que rebasa al mundo popular y alcanza unas heterogéneas fracciones medias, apuntando a los patrones culturales vigentes y las expectativas asociadas a ellos. Esa vez, se impone la efectividad de los modos de dominio institucionales, que dejan a los estudiantes contemplando el arreglo bicoa-licional de la Ley General de Educación, acordada por la política institucional 2007, a contrapelo de los sectores estudiantiles y ciudadanos que se movilizaron. Pero esa primera gran convulsión social del ciclo democrático trae la última conquista de la “política de los acuerdos” y sus excluyentes patrones de gobernabilidad. Un lustro después, ese mismo malestar vuelve a estallar y, esta vez, logra acaparar la atención internacional.

Más aún, el estallido del 2011 se distingue por la extensión social del conflicto. El carácter social de los actores y sus demandas muestran la mezcla de viejos y nuevos elementos, bajo la heterogeneidad que emana de la transformación reciente de la fisonomía de la sociedad chilena. Pese a que, de nuevo, las caras más visibles del movimiento provienen del viejo mundo universitario, tanto de las dirigencias de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, indicativo de mayor tradición de organización y un anclaje en las viejas clases medias, su rasgo distintivo estriba en el masivo ingreso de nuevos grupos poco asimilables a las “viejas” clases medias. Los estudiantes de las universidades privadas, los Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Liceos Técnicos, de una matrícula que en los últimos años supera con creces a las antiguas instituciones, estatales y privadas, desborda los intentos -como los realizados por el Partido Comunista por alcanzar un rápido acuerdo con el ministro de educación Joaquín Lavín-, tras una salida al conflicto que viabilice su integración tardía al equilibrio de la transición.

Son dichos estudiantes, de incorporación tardía a la educación superior, y que por lo general ingresas a universidades no selectivas, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, y cuyos sostenedores son por lo general empleados, y obreros calificados o no calificados; quiénes le otorgan masividad al conflicto estudiantil. Justamente, son dichos sectores, quiénes una vez egresados comenzarán a participar por primera vez de una suerte de “nueva clase media, quiénes reclaman que la “mochila del endeudamiento” para alcanzar dicho objetivo es demasiado gravosa (cuadro 3).

En efecto, el inicio de las movilizaciones de los estudiantes de la Universidad Central contra la venta del 50% de las acciones y el 45% de las instalaciones de dicha universidad a la Sociedad de Inversiones Norte Sur – de capitales ligados a personeros de la Democracia Cristiana- en marzo de 2011, asoma como el primer paso en la construcción de un nuevo escenario. Los estudiantes de estos centros privados elevan de los habituales 20 mil universitarios movilizados a centenares de miles y anuncia otra escena.

“[...] a Lavín se le emplaza directamente y dice que este es un conflicto entre privados, entonces se lavo las manos como ministerio de educación, bueno eso genero mucha rabia en la interna, que el ministerio de educación no tenía ninguna potestad sobre esto”[5].

Pese a la negación inicial de la política institucional a intervenir en este conflicto, el malestar expresado por estos estudiantes universitarios del sector privado ampliará socialmente la extensión del conflicto 2011. De este conflicto particular, rápidamente se deriva en la la impugnación al lucro, que pese a estar legalmente prohibido en la educación superior de facto se produce, lo cual coloca la crisis educacional más allá de los dilemas de política pública, y abarca los modos de acumulación y conformación del poder bajo el desarrollo del modelo de acumulación vigente. Lo que señala el agotamiento de los términos pactados en la transición, la eficacia de sus silencios y su capacidad para mantener un control a pesar del malestar acumulado. Eso terminó por explotar y son los hijos del neoliberalismo quienes abren las compuertas.

“[...] los conflictos que alojan la educación superior privada se hacían incontenible, es un año donde empiezan a egresar los primeros que pidieron Crédito con Aval del Estado, que se empiezan a ver el grado de endeudamiento que tienen, es un año donde empiezan a explotar muchos conflictos de precari-zación, de privatización que son más bien de ventas de universidades, entonces más bien están en conflicto sectores donde antes no había conflicto y no se pensaba en movilizaciones y eso aporta en términos más bien concretos varios miles de estudiantes en la calle y a que a su vez emerjan demandas nuevas, y esas demandas nuevas le hacen más sentido a más gente que antes, antes sólo era la defensa de la educación pública hace sentido a que a esa pequeña porción que tiene a sus hijos en instituciones públicas, pero la demanda de no al lucro, por la demanda a la gratuidad de la educación empiezan a ser sentido a sectores que antes no estaban vinculados a la movilizaciones de estudiantes”[6].

Pese a que los últimos gobiernos enfatizaron el ascenso social que trae el ingreso a la educación superior, en la idea que 7 de cada 10 estudiantes de la educación superior son la primera generación en sus familias en ingresar a éste, tal expansión social trae nuevas formas de diferenciación y exclusión social. Si corre el cerco que en gran parte del siglo pasado excluye a una gran masa del acotado grupo de incluidos en dicho sistema -la tasa bruta de escolarización post-secundaria pasa de menos del 10% en 1965 a más del 40% en 2004, rondando el millón de estudiantes en 2010-, es un curso nada homogéneo, que incluye a grupos populares sólo al saturar la demanda de aquellos más privilegiados, y sólo en la última década entran con fuerza esos nuevos estudiantes, a instituciones de menor calidad y bajo elevados aranceles, lo que dibuja la gravitación del sistema de créditos en que ello se sustenta (Orellana, 2011; Meller, 2011). Un sistema que opera bajo un financiamiento estatal a la demanda. En el año 2010 los créditos absorben cerca del 70% del presupuesto estatal para la educación superior (Ruiz y Sáez, 2011). Desde el año 2006 el Crédito con Aval del Estado (CAE)[7] -blanco central de la protesta en el año 2011-, amplía tal subvención estatal a la demanda a las instituciones privadas acreditadas. Elaborado en el gobierno de Ricardo Lagos e impulsado por Michelle Bachelet, busca reemplazar al sistema estatal de créditos del Fondo Solidario en el financiamiento del acceso a la educación superior.

Las protestas de 2005 impiden la extinción de este Fondo en las universidades tradicionales, pero la auge del crédito con garantía estatal inunda las instituciones privadas y se centra en los grupos de menores ingresos (SÍES, 2010; Comisión Ingresa, 2010). Este gravitante Crédito con Aval del Estado (CAE) tiene un bajo nivel de cobertura ante los aranceles reales, altas tasas de interés y morosidad, lo que eleva los costos asociados y abre camino a la protesta y su enorme apoyo. Además el CAE crea nuevos nichos de acumulación regulada que abren el apetito rentista, puesto que su diseño apela a la participación de la banca privada, que cancela los aranceles a los centros de estudios de los beneficiarios. Para incentivar a la banca, se le permite vender esas deudas al Estado y recibir por ello una bonificación adicional. Las rentas de esas transacciones rondan el 30%, que se suman a la ganancia regular del interés de 6%, bajo mínimos riesgos dado el aval estatal sobre el 90% de la deuda (Meller, 2011). Aparte de los bancos, las otras beneficiadas son las instituciones privadas de educación superior, que entran en la puja por la captación de recursos, ponen en duda las acreditaciones exigidas para estos créditos y la inexistencia real de lucro. La crisis abierta impone la salida de Lavín del Ministerio de Educación por sus nexos con una universidad privada.

El auge de grupos medios asalariados en las últimas décadas, a manos del sector privado y con niveles de calificación medios y altos, termina por instalar en vastos sectores una “cultura del logro educacional” que abre una valoración distintiva de la posición conquistada (Ruiz y Orellana, 2010). La sociedad en general, bajo las privatizadas condiciones de vida y la centralidad que impone al individuo en el logro del bienestar, termina por resultar cada vez menos convocada por los discursos emanados de las reminiscencias sociales y políticas de la etapa desarrollista; como atestigua la frustrada convocatoria a un Paro Nacional en 2011 a manos de una CUT reducida a gremios públicos. Junto a la desarticulación de la antigua clase media estatal, estos grupos son incapaces de representar el malestar general. En cambio, tanto en las protestas del 2006 como en las del 2011, los grupos movilizados se expanden hacia franjas sociales nuevas, expresando otros malestares largamente incubados en la sociedad chilena y que recién en el último quinquenio alcanzan una forma de expresión.

“[...] hay un tema fundamental que no teníamos que explicarle a la gente lo que estaba pasando porque lo estaban viviendo, nosotros lo único que teníamos que hacer era reunir distintas experiencias y mostrarles números; lo que tú estás viviendo no es solo tú, a todos se los están cagando, si tu no entraste a la universidad probablemente no sea porque tú eres flojo sino porque el sistema no te deja entrar. Entonces la frustración de las personas que tenían de manera muy interna se hizo colectiva y se hizo explícita, a través de los medios de comunicación, entonces genero un eco colectivo, había que dar una chispa no mas porque la fuerza del movimiento ya estaba en las familias antes, era frustración, pero no era explícito en que había que cambiar el sistema de educación”[8].

El reclamo de los universitarios tradicionales no desaparece y se re-significa al fundirse con los nuevos estudiantes que, pese a su menor tradición de organización, son más expresivos del nuevo mapa social y las tensiones de esa reproducción social privatizada. El malestar con el endeudamiento se superpone con el reclamo por educación pública y el fin del lucro, siguiendo el trazo de los actores más amplios social y políticamente, que evitan el encasillamiento ideológico. Como logrado esfuerzo de acción colectiva, el movimiento del 2011 termina por desbordar los moldes de control social emanados de la transición e instala el malestar en inicio individual, como plataforma de constitución de nuevos actores sociales.

“[...] yo creo que en el 2011 se ganó en el debate de ideas, en el debate de ideas de ciertas concepciones que están un poco difusas para la parte interna del movimiento estudiantil mismo, y también una discusión que se ha dado en las casas, en los hogares chilenos respecto de cómo concebimos los derechos ciudadanos y como se convive en esta democracia [...]“[9].

La amplificación del carácter social del conflicto fue estimulada, en buena medida, por la homogeneización de las condiciones de vida de los segmentos medios en la distribución del ingreso, que ante el estancamiento de los salarios y el crecimiento excluyente de las ganancias de las empresas de gran tamaño, comparten condiciones de vida similares. Agudizando los conflictos del sobre-endeudamiento generalizado (promedio cercano al 60% sobre los ingresos disponibles), el CAE atizó las contradicciones que pesan sobre vastos segmentos de la población, especialmente en la parte más baja del abultado sector intermedio.

“[...] la gran mayoría de ellos endeudados, le empiezan a hacer a ellos sentido estas demandas y a su vez a su familia y la gran mayoría o buena parte de las familias en Chile tiene algún familiar que está en educación superior y que vive el calvario de la deuda o de la incertidumbre de que no voy a poder trabajar en lo que estudio, que estudio en una universidad charcha, de que si no pago me cortan, no sé, todo tipo de problemas asociados a esta concepción de negocio que se hace de la educación superior, entonces todo el mundo lo siente como un problema cercano [...]“[10].

Y, por lo demás, de cara a una de las expectativas más sentidas, el ascenso social, cuya frustración resulta muy difícil de procesar por unas instituciones que, por lo mismo, vieron agudizarse sus problemas de legitimación a niveles desconocidos en la historia reciente.

Una crisis social que barre, sin distinciones, sóbre lo político

Lo que posibilita tal curso político, más allá de elementos de tipo coyun-turales o mediáticos, es el hecho que ocurre en una sociedad chilena marcada, ya en forma profunda y madura, por transformaciones sociales ligadas a la temprana experiencia del giro neoliberal que arranca a fines de la década del setenta. De una duración inapreciable en otros países de la región, se enfila a las cuatro décadas. Más allá de los efectos temporales de la profunda crisis de los ochenta: a la pérdida de peso de la clase obrera y los sectores medios de empleo estatal, sigue el alza de la asalarización privada de nuevos sectores medios, con forma de burocracia de servicios de calificaciones medias y altas, abriendo un panorama inédito históricamente en muchos aspectos para esa franja de la sociedad, hoy la principal categoría social del Chile actual (Ruiz y Boccardo, 2010). La sostenida asalarización, a manos de esta economía altamente concentrada, prácticamente no deja espacios para el “emprendimiento” de los pequeños y medianos empresarios. Por el contrario, tal ideologis-mo, más bien tiene como depositarios, no tanto a pequeños empresarios, sino a una creciente y heterogénea fuerza de trabajo asalariada sometida a significativos grados de rotación y flexibilidad laboral. Un discurso del “emprendimiento” que no apunta al fomento de microempresarios, sino a una suerte de “empresarialización” del espíritu del individuo asalariado, que toma riesgos desde esa condición, al que se le exige una estampa resiliente para soportar tal explotación laboral.

De ahí que el tipo de malestar que se desarrolle resulte una expresión más bien individual, marcada por la coexistencia -aparentemente paradojal-, de una alta propensión al conflicto con una baja propensión a la asociatividad, donde las experiencias revisadas aparecen como excepciones aún sin mayor proyección, pero no por ello menos indicativas (CÍES, 2010). En suma, con la burocratización creciente del trabajo asalariado en los sectores medios, así como con la proliferación de nuevos asalariados subcontratados, asoman nuevas fracciones de clase que maduran al ritmo de las transformaciones socioculturales, sabidamente más lentas que aquellas políticas y económicas, y con ello, identidades, formas de organización y acción que, por lo visto en estos últimos años, difieren -incluso se contraponen- a los asalariados clásicos y sus conocidas formas de organización sindicales. Se trata de sectores sociales en formación, que detentan mayor distancia de los clivajes políticos fundacionales de la transición, que dividieron a opositores y partidarios de la dictadura militar, y la mayor despolitización en términos generales que se asienta en la base de la sociedad.

La profunda privatización de las condiciones de vida, la emergencia de nuevas formas de exclusión social como los que se expresan en el sistema educacional y los límites del desencanto, no agotan los factores que explican el inédito alcance del movimiento de 2011. La esfera política agrega en los últimos años su propio curso de empantanamiento, debilitando su efectividad ante embestidas como esta experiencia social, contribuyendo a su proyección. Las restrictivas condiciones de la transición impiden que los principales clivajes de la política local desplegaran proyectos sociales y con ello, ejes políticamente sustantivos de articulación. De ahí que las disputas electorales se reducen cada vez más a pugnas entre administradores de lo mismo, hasta que la estructuración de esas fuerzas termina por definirse, entrada la última década, en función de clientelas y carreras individuales. A pesar de los esfuerzos de sus burocracias, los partidos terminan sucumbiendo a tal tipo de espectáculos. Los clivajes izquierda-derecha y dictadura-democracia pierden cada vez más capacidad de diferenciarse frente a las nuevas fracciones de clase que se configuran en la sociedad chilena. El perfil “apolítico”, técnico y mediático, como condición de mayor adhesión de una ciudadanía cada vez más crítica de la política, termina por imponerse como dinámica para acceder a cargos de elección popular, y tras éstos, a cuotas de control clientelar. Es el diseño de las campañas de Lavín, Pinera y la propia Bachelet -y hacia abajo, un tumulto de candidaturas al parlamento y alcaldías-, se apuran a mostrarse distantes de las desprestigiadas estructuras partidarias de las que paradojalmente son participes, persiguiendo una empatia con la ciudadanía fundada en supuestos atributos personales de tipo psicológico.

Sin ignorar el impacto de la derrota de la Concertación a manos de Sebastián Pinera, lo cierto es que su arribo a La Moneda termina por representar más bien un signo de continuidad, que de cambio, con el curso anterior y sus orientaciones fundamentales en términos de la orientación que asume el modelo de acumulación en democracia. Con el ascenso de Pinera, la Concertación queda desconcertada. Los intereses individuales y clientelares desatados, que replican prometen liderazgos “cercanos a la gente”, debilitan los controles partidarios. Tras ello y la movilización social, la Concertación sigue sin entender por qué perdió. Menos capaz es de entender las connotaciones de esa derrota electoral y el curso seguido desde entonces. Pero el dilema que la atraviesa es, en realidad, mucho más complejo. ¿Por dónde puede encontrar esa Concertación un proyecto que la identifique y diferencie en el actual panorama político? No parece un entuerto fácil, porque desde hace ya mucho -en realidad a fines de los ochenta, en las negociaciones de la transición- que dicha alianza renegó de un proyecto genuinamente socialdemócrata y sus connotaciones de bienestar, apostando a naturalizar el patrón de modernización heredado del autoritarismo.

Pero del lado de la derecha, bajo la presión de la movilización estudiantil, los visos de liberalismo político terminan de ceder cupo a la arremetida conservadora, al punto que la UDI pasa a copar el gobierno.

Se impone una actitud cerrada ante la revuelta juvenil y su mayoritario apoyo, escena que un enjambre concertacionista sin un sentido de la oportunidad debidamente calibrado deja pasar entre torpezas sumadas por acción y omisión, ayudando involuntariamente a dificultar cualquier solución a las demandas estudiantiles y, peor aún, del descontento más general instalado en la sociedad.

El precio de la desarticulación social, y una élite política sorda a todo clamor social ajeno al gran empresariado, acaban por configurar un cuadro donde el procesamiento del malestar movilizado se dificulta, empero no desaparece. Una sociedad desarticulada, atravesada por nuevos cursos de articulación, no entra prontamente a construir términos de pacto social largamente negado; de ahí la dificultad, y el desafío, del momento actual. Las escaramuzas, a punta de legitimar forzadamente actores e instituciones sociales hasta hoy carentes de ello, aunque pueden traer alguna prolongación del orden de cosas heredado y una ilusión temporal de paz social, apenas podrán suponer un respiro para las asimetrías de poder que consagraron en los espacios de base de la sociedad aquellos marcos políticos de la transición. Pese a que unas endogámicas élites económicas y políticas se resisten a entenderlo, eso ya se acabó.

La artimaña de control apostada a la inorganicidad del malestar, a campear sobre un mundo subalterno dislocado, después del 2011 tiene definitivamente el reloj corriendo en contra. De momento, la constitución de nuevos actores y fuerzas sociales aparece sin canales adecuados de resolución de sus demandas. Pero los mecanismos de control hasta hace poco efectivos se han agrietado, aunque no anulado, y la desarticulación social todavía hace aparecer la irrupción del malestar movilizado como agua que se escurre por los dedos de la élite. Pero emergen por doquier brotes de acción colectiva respecto de conflictos que ayer apenas convocaban el interés de unos cuantos.

Si la derecha ahora en el gobierno creyó más simple la tarea de gobernar, fruto de los desgastes de la Concertación, a partir de una reinstalación correctiva de las orientaciones generales del modelo de acumulación vigente, terminó por encontrarse con un malestar desbordante, largamente incubado y representado a manos de los propios retoños crecidos bajo esas transformaciones neoliberal: el movimiento estudiantil de 2011.

Buena parte de la novedad estriba en la inédita expansión social del conflicto. No obstante, las nuevas fracciones de clase media, producto del modelo de modernización apuntado, añaden otros temas, al tiempo que un complejo proceso de conformación en clase de esta variopinta mezcla de fracciones sociales. Una diversidad que coincide en expresar la crisis de representación política. La revuelta del 2011 termina expresando así una demanda de representación política de los nuevos sectores medios; precisamente aquellos que sufren las contradicciones más agudas del modelo educacional y los patrones culturales dominantes, en particular, la promesa de ascenso en torno a un régimen meritocrático inexistente. El desborde a manos de la movilización de estos hijos de la modernización, remite a los diques de contención instalados a partir de la restrictiva alianza dominante que se impone en la transición a la democracia chilena. Y como tal anuncia el principio del fin de un período, en un curso que no será lineal, pero donde ya pujan alternativas, más o menos integradoras, de reconstitución de lo político. El agotamiento que subyace a esta crisis de representación es mucho más profundo, pese a que -como apuntan ciertas exageraciones- no representa como tal una crisis de control social.

Entrevista a Claudio Castro, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC), 2006 (Santiago, 2012).↵

Entrevista a Nicolás Grau, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), 2006 (Santiago, 2012).↵

Entrevista a Juan Carlos Herrera, vocero de la Región Metropolitana y nacional de estudiantes secundarios 2006 (Santiago, 2012).↵

Entrevista a Giorgio Boccardo, Presidente Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), 2007 (Santiago, 2012).↵

Entrevista a Daniela López, Vocera del Consejo de Presidentes de la Universidad Central 2011 y presidenta de la Federación de la Universidad Central el 2012 (Santiago, 2012)↵

Entrevista a Francisco Figueroa, Vicepresidente Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), 2010 y 2011 (Santiago, 2012).↵

Promueve el acceso a la educación superior con un crédito bancario privado con tasa de interés similar a la hipotecaria, donde el Estado actúa como aval de la deuda que contrae el estudiante.↵

Entrevista a Giorgio Jackson, Presidente Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), en 2011 (Santiago, 2012).↵

Entrevista a Nataly Espinoza, Presidenta Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso (FEUCV), en 2011 (Santiago, 2012).↵

Entrevista a Gabriel Boric, Presidente Federación de Estudiantes Universidad de Chile (FECH) en 2012 (Santiago, 2012).↵

7

Consideraciones teóricas sobre las clases sociales y su papel en la modalidad de neoliberalismo "avanzado"

El modelo de acumulación neoliberal chileno se distingue por su instalación temprana y abrupta, así como por su estable prolongación por casi cuatro décadas. Ello significa la adopción de importantes especificidades en términos de las modalidades de acumulación y formación de capital. A la más común experiencia de la subvención estatal a la formación de capital a través de la privatización de grandes complejos creados por el viejo “Estado empresario” desarrollista, verdadera originaria acumulación “por desposesión”, se suma en la experiencia local una privatización sin par de los antiguos servicios sociales públicos, relativos a áreas como la salud, la educación y la previsión principalmente, al punto de constituirse en fuentes fundamentales de expansión capitalista, tanto en términos de nichos de acumulación regulados como de formación del propio mercado local de capitales. En este último caso, se trata de una administración privada y especulativa de enormes fondos de pensiones, que permite el acceso a fuentes de capital de dimensiones inéditas para el empresariado criollo, que se ubican en la base del acelerado desarrollo que éste alcanza, y la talla continental que actualmente adopta por la vía de inversiones y adquisiciones en países de la región, inédita históricamente, resultante absoluta de estas modalidades de acumulación.

Esta versión local del giro del modelo de acumulación respecto al viejo modelo desarrollista, y la alianza externa que lo acompaña (fundada en una apertura externa extrema e ininterrumpida), redunda en la formación de una nueva burguesía local, dada la debilidad de los grupos productivos anteriores y la consiguiente magra oposición a la transformación que los perjudica. Integrada por viejas fortunas que logran acomodarse a la transformación, esta nueva burguesía adopta un talante en el que predominan grupos económicos emergentes configurados a partir de los ciclos de privatización anotados, y las alianzas externas que los acompañan. En ellos se acomodan las nuevas tecnocracias de alta calificación que, gracias a ello, se convierten en clases propietarias (y no simplemente administradoras). El carácter financiero, más que productivo, de los aliados externos reafirma la debilidad histórica del componente productivo entre el em-presariado criollo, la cual explica, además, la menguada resistencia que ponen a este temprano y extremo giro neoliberal; a diferencia, por ejemplo, de sus pares argentinos o brasileños, donde, por esta misma razón, tanto el modelo de acumulación como la composición de la alianza dominante, adoptan otra fisonomía a partir de la presión de sectores productivos. Los nuevos grupos económicos, entonces, en lugar de la antigua integración “vertical” en la que los cursos de expansión avanzaban cubriendo los diferentes procesos de la cadena productiva y de comercialización de un rubro determinado, ahora se caracterizan por una integración “horizontal” de empresas de disímiles rubros (primario-exportadores, servicios, comunicaciones, agroalimentarios, productivos, etc.) que tienen por centro de gravitación la estructura financiera del holding o grupo económico (a menudo una estructura bancada u otras variantes), en torno a la que gira una “diversificada cartera de inversiones”, donde los cambios de propiedad son frecuentes bajo la dinámica especulativa, más que productiva, impuesta. Este sello del modelo de acumulación y los grupos económicamente dominantes, se proyecta y ahonda en sus rasgos fundamentales, desde la experiencia autoritaria a la democrática. En particular, presupone una concepción acerca del Estado distintivamente restrictiva en términos de su carácter de clase, fundada en un desalojo sin retorno de los viejos grupos obreros y medios asalariados desarrollistas de su antigua incidencia en la acción estatal. El llamado Estado subsidiario, se extiende entonces ya por casi cuarenta años, sobre basamentos como la supresión de derechos sociales universales, la focalización de las políticas sociales en grupos específicos a partir de un gasto social reducido, y la transformación sustantiva (ya naturalizada) de los criterios de racionalidad de la burocracia estatal. Contrario a la concepción de un Estado garante de derechos, en el contexto de esta modalidad de acumulación se aboca a extender la subvención estatal a grupos privados oferentes de servicios públicos, ampliando en forma ininterrumpida la formación de nichos de acumulación regulada (en décadas recientes en salud y educación, a través de clínicas, colegios y universidades privadas), convirtiendo estas áreas en pilares inusuales de las dinámicas de acumulación y concentración económica.

Los procesos de formación y transformación de clases que se relacionan con dicho modelo de acumulación no constituyen derivadas mecánicas de dicha estructura. Por el contrario, están anidadas en la socio-génesis de tal modelo, a partir de las relaciones de fuerzas de carácter social que se establecen en el proceso de la lucha de clases, donde unos grupos se fortalecen y desarrollan términos de dominio, al tiempo que desarticulan los términos de constitución de otros en ese proceso histórico-concreto de enfrentamientos (Ruiz, 2007a). De este modo, la lucha de clases no resulta siempre un proceso librado entre clases plenamente constituidas, sino a menudo, una confrontación relativa a los términos de constitución de clases. Tal como la lucha política -como dimensión de la lucha de clases- está siempre dirimiendo lo que se entiende por política en cada momento histórico; precisamente, debido al grado de desarticulación que sufren las clases subalternas en la experiencia autoritaria chilena, se viabilizan los términos extremadamente conservadores de la transición y de configuración de los marcos de la política democrática y los grados de participación permitidos.

La transformación neoliberal chilena, temprana y abrupta, superpuesta a la irrupción autoritaria (a diferencia del resto de las experiencias regionales), cobija un inédito grado de desarticulación de clases entre los sectores subalternos, en particular de aquellos vinculados a las bases de sustentación del viejo Estado de Compromiso desarrollista. Tal hondura, inviabiliza la reconstitución de los viejos términos de alianza social y política, y con eso abre su exclusión de los términos de transición y configuración de la etapa democrática (condición que no se produce en otros procesos de transición en la región, por lo que constituyen consiguientes fuentes de inestabilidad y resistencia social anti-neoliberal). Este giro extremo en la configuración de la estructura social chilena (que comprende la transformación acentuada del “mapa de la extrema riqueza” antes anotado), es lo que permite a la formación de nuevas configuraciones sociales y su gradual maduración clasista, hasta irrumpir en una renovada lucha social en años muy recientes, luego de una larga extinción de los viejos actores, y una muda “pax democrática” que, durante más de década y media, marca el contraste de la realidad local con el agitado panorama latinoamericano de los años noventa y principios del nuevo siglo.

Sobre la especificidad de las contradicciones de clase en este modelo de acumulación

La novedad de la estructura social chilena actual y los dilemas de caracterización que plantea, se puede resumir en los rasgos que siguen.

A nivel de los sectores empresariales, la diferenciación entre sectores oligopólicos y de “competencia” remite a modalidades marcadamente diferenciadas de acumulación (en el primer caso, muchas veces garantizadas políticamente), al tiempo que a situaciones de desigual incorporación a la alianza dominante, y acceso a capacidades de presión política sobre la acción estatal. Esta división remite a fuentes de contradicciones que, sin embargo, no alcanzan a configurarse en términos de grupos sociales constituidos, producto de la primacía de los primeros, especialmente a partir de la centralidad de la esfera financiera que controlan en forma excluyente (por ejemplo, a través del desigual acceso a créditos internos y externos).

En términos de los sectores medios, se trata de la significación de la nueva burocracia moderna de servicios privados de calificaciones altas y medias (fundamentalmente profesionales, a partir de la ampliación sostenida de la cobertura del sistema de educación superior), que internamente resulta muy diferenciada a partir de factores distintos -propios de la dinámica privada- a los que intervienen en la configuración de las viejas clases medias. Allí se superponen relevantes disparidades socio-demográficas a partir de la incorporación de amplias franjas de “primera generación”, haciendo que, en lo inmediato, predomine la heterogeneidad por sobre una posible formación clasista que haga valer el enorme peso que alcanzan en la sociedad chilena actual.

Por otro lado, las franjas medias “empresarializadas” aparecen en su mayoría bajo una condición distintiva de encadenamiento productivo a las grandes empresas, por lo que su condición de mercado resulta dudosa -y con eso su asociación a las tradicionales pequeñas burguesías- y más se asimila a una forzada “externalización de funciones” a manos del gran capital, que protagoniza grados de concentración económica distintivos, al punto que dejan reducidos espacios de articulación a auténticas dinámicas de empresarialización de rango medio y pequeño.

Entre los grupos de trabajadores, el fenómeno más significativo es la tercerización avanzada que registra esta experiencia, en coherencia con el modelo de acumulación consignado. Este curso, también heterogéneo, sitúa a amplias capas trabajadoras en directa relación con las esferas más dinámicas y modernas del panorama económico y simbólico actual, que no siempre pueden reducirse -en términos comprensivos- a los términos usuales de precarización.

La heterogeneidad aludida, tanto en términos de los nuevos sectores medios como trabajadores, plantea una dificultad para extender la habitual asociación entre asalarización y organicidad que todavía se emplea en los análisis de estructura social en la región. Los cursos de desarticulación social propios del giro neoliberal, tanto en los sectores medios como trabajadores, cobijan ciertamente cursos de “desasalarización”, asimilables entonces a una mayor inorgani-cidad. Pero la posterior reasalarización, iniciada ya en la segunda mitad de los años ochenta y continuada ininterrumpidamente hasta la actualidad, bajo un patrón de acumulación cuyos elevados grados de concentración no dejan mayores intersticios para el “emprendi-miento”, no redundan necesariamente en mayor organicidad, dado el enorme grado de transformación de la condiciones de trabajo, en las cuales dicha asalarización adquiere nuevas connotaciones que afecta su significación tradicional. La extendida flexibilidad laboral y los elevados grados de rotación del empleo dificultan las viejas modalidades de “identidad por el oficio”, así como sus correlatos de asociatividad y constitución de la acción colectiva.

Si los cursos de encadenamiento de gran parte de los actuales grupos medios “empresariales” sugieren relativizar tal condición independiente, las nuevas modalidades del trabajo asalariado, cada vez más centradas en un individuo nómade que transita vertiginosamente por una diversidad de empleos, sugiere relativizar tan condición dependiente. En suma, bajo las transformaciones que introduce en el mundo del trabajo el desarrollo avanzado de esta modalidad de acumulación concentrada y excluyente, la tradicional condición independiente resulta cada vez más dependiente, al tiempo que la condición entendida antiguamente como dependiente resulta cada vez más forzadamente independiente. Por lo que la tradicional distinción del trabajo dependiente e independiente pierde capacidad explicativa en el actual orden social, y su asociación a la formación y reproducción de determinadas desigualdades y condiciones comunes de acción sociopolítica.

Estas distintas problemáticas aparecen englobadas por la perspectiva de la extensión del mundo de los servicios, o tercerización bajo el patrón vigente, involucrando cambios en el significado tradicional del desenvolvimiento de ciertas condiciones sociales o, en otros términos, de la relación entre los grupos y sectores que componen la estructura social y su papel dentro de las modelo de acumulación. Con ello, se trata de la aproximación a las contradicciones de clase concretas de una modalidad de acumulación propia de una situación de neoliberalismo avanzado. Estas cuestiones remiten a ciertas discusiones abiertas aún en la teoría social actual, entre los cuales destacan el caso de la crecida nube mesocrática y la significación de las “nuevas clases medias”, así como la nueva fisonomía del trabajo bajo los procesos de tercerización.

Acerca del significado de las “nuevas clases medias”

Tanto en términos de la figura de un nuevo empresariado, como de la formación de una expansiva burocracia de servicios moderna, el fenómeno remite a una historia abierta con los reajustes al modelo de crecimiento en torno a la crisis de los años ochenta, donde la apertura del mercado de capitales, la intensificación de la vinculación con el mercado externo, la privatización de servicios estatales, redundan en una mayor profesionalización del manejo y desarrollo empresarial. Desde ahí el management avanza hasta imponiéndose a las viejas prácticas de manejo empresarial, a tono con los nuevos centros capitalistas con los cuales la relación se estrecha producto de una incorporación acelerada a los procesos de internacionalización. Ello instala elementos de formación de una clase de servicio y, en la medida que se asocia a cursos de racionalización de los procesos de trabajo, expresa una tercerización genuina (mayormente asociada a la productividad). Por oposición, las formas de la llamada tercerización espuria, crecen también asociadas a la proliferación de formas precarias de resistencia y refugio, ante los efectos de la crisis. A partir de ello, el proceso de tercerización que se extiende sobre la estructura ocupacional bajo las nuevas orientaciones de la modernización vigente, al punto que pasa a identificarse en Chile con el desarrollo del mundo de los servicios.

El proceso de tercerización registrado tanto en Chile como en América Latina, ha estado marcado por la heterogeneidad (Boccardo, 2012). Los economistas señalan una superposición, no pasiva sino concatenada, de cursos de tercerización genuina y espuria que, ligados a dispares índices de productividad y grados de calificación de la fuerza de trabajo, aluden a los rasgos que adopta el proceso de modernización en estos países (Weller, 2004). En la medida que este último aparece vinculado a la expansión de los servicios, la discusión se vincula a la idea de una sociedad postindustrial (Touraine, 1969; Bell, 1968) y, más recientemente, a la formación de una clase de servicio (Goldthorpe, 1992) o simplemente unas “nuevas clases medias” (Wright, 1992).

En la experiencia chilena el rasgo distintivo de los sectores medios anida en su creciente asalarización en el sector privado. Una “privatización” que no significa empresarialización, sino la formación de una burocracia privada moderna de servicios, con primacía de franjas profesionales, como el sector más expansivo de la estructura social. Ello parece indicar procesos de tercerización genuina, vinculados al crecimiento de un heterogéneo sistema de educación superior que transcurre de la mano de la desaparición de la vieja figura de la universidad pública centralizada, cuyo impacto sobre los patrones de configuración de los sectores medios es de enorme significación social y cultural. Esta nueva heterogeneidad indica una disparidad de orientaciones, su baja integración y sujeción a nuevas formas de diferenciación, tanto de ingresos, oportunidades, como de prestigio e incorporación a sistemas de socialización segmentados. En suma, la formación de profesionales destinados a distintas jerarquizaciones sociales. Además, este curso implica la incorporación de nuevos contingentes, en su mayoría desde categorías de menor jerarquía social, impactando sus grados de cohesión. En términos de la constitución de condiciones que posibilitan la formación de clase, bases de acción comunitaria o simplemente de la acción colectiva, lo anterior resulta fundamental. Y en tales términos, más bien lo que se aprecian son oleadas de incorporación reciente a través de la anotada dispar formación profesional (poco o nada asociada, como en el resto de la región, por lo demás, a un “retorno del Estado”). La calidad de la educación y la inserción en circuitos de socialización segmentados operan en la producción de las nuevas desigualdades, como determinantes de la nueva fisonomía de los sectores medios y sus dificultades de su constitución en clase. El peso de nuevas capas profesionales y la asalarización del trabajo burocrático como rasgos predominantes remiten a la idea de la formación de una clase de servicio. Las discusiones ligadas a su aparición en las sociedades occidentales avanzadas, en la segunda mitad del siglo XX, son indicativas, a pesar de la especificidad que estos fenómenos suelen adoptar por estos lares. Su emergencia es un fenómeno propio de las sociedades modernas, en especial desde la postguerra. La crecida relevancia de los empleados profesionales, de administración y de dirección en la división ocupacional del trabajo, que componen tal clase, representa una evolución ulterior del problema de los “estratos intermedios”. Si antes se consideró a tales estratos como temporales y epifenoménicos, destinados a desaparecer a partir de cursos de “proletarización” o su “incorporación” a las clases propietarias; luego se postulan situaciones “contradictorias” para estos empleados de “cuello blanco” que están, a la vez, comprometidos con el capital en tareas de vigilancia y control del trabajo, y las tareas y roles propios del “trabajador colectivo” (Wright, 1992). Es una reflexión que escruta las posibilidades de alianza política entre estos nuevos grupos y la clase obrera. Pero sigue sin resolver una correspondencia entre las categorías de las ubicaciones de clase y aquellas que explican cómo se genera esa acción. Tampoco esfuerzos desde otros intereses políticos arrojan resultados más convincentes. Autores norteamericanos de raíz liberal formulan al inicio una visión muy positiva de esta “elevación” de la estructura ocupacional que acarrea el crecimiento económico. Tal meso-cratización sepultaría la idea de la polarización de clases en la sociedad moderna; la influencia de los valores del profesionalismo y la dirección marcarían la emergencia de un nuevo orden social, “post-capitalista”. Pero esas expectativas, cifradas en los años cincuenta y primeros sesenta, caen con los siguientes estallidos de radicalismo político y cultural que, en forma perturbadora, surgen no entre los grupos más desposeídos de la sociedad americana, sino entre los nuevos estratos medios cuya aparición se consideró como un gravitante factor de estabilidad social.

En respuesta a ello aparecen diversas teorías sobre una “nueva clase”, que en general asumen que su base económica reside en su “capital cultural” (posesión de niveles relativamente altos de educación y formación), y cuyos intereses se distinguen de los poseedores del capital y los que no tienen otra cosa que ofertar en el mercado más que su fuerza de trabajo. Más allá de esto, tales interpretaciones difieren marcadamente. Aquellas ligadas al “neoconservadurismo” ven en tal radicalismo motivaciones relativas a la envidia, ambición frustrada y arribismo en la nueva clase que, aunque detenta ocupaciones materialmente ventajosas, aún se siente desplazada, sobre todo en estatus y poder, por los grupos cuya posición en la sociedad se basa en la riqueza sustantiva. Ello la haría receptiva a la “contracultura” (vista como versión “moderna” del viejo desdén aristocrático hacia la industria y el comercio), y propensa a la actividad política, sobre todo aquella orientada a aumentar el control estatal, un recurso para encarar la riqueza. En cambio, otros ven, en base a las mismas aspiraciones elitistas, la capacidad de captar y representar el interés colectivo, dada su característica “cultura del discurso crítico”, y con eso, un alto potencial opositor a la dominación económica y política; es más, la apuntan como la “clase universal” de la sociedad moderna, dado el agotamiento del proletariado (Gouldner, 1974; Touraine, 1969). Pero estas teorías de la “nueva clase”, en tanto surgen por un cambio en las pautas de acción sociopolítica -el brote de radicalismo entre los estratos medios-, no ofrecen una explicación de la ubicación estructural de los agentes involucrados. Se elabora un análisis de clases para un fenómeno transitorio e, incluso, minoritario; sólo a empleados del sector público o “no lucrativo”, o la “intelligentsia científica”, o “los de las letras”, o incluso sólo los “intelectuales”. En definitiva, no hay una explicación satisfactoria del significado sociológico y político de la expansión del empleo de cuello blanco de nivel alto. En primer lugar, ello requiere fundamentos para considerar que el ámbito de empleo en cuestión agrupa a individuos en posiciones y relaciones de clase esencialmente similares. En segundo, debe aclarar cómo conectar tal análisis estructural con las líneas de acción colectiva observadas.

La definición de la clase de servicio se centra en ciertos elementos. Asume que, aunque estos grupos no participan de la propiedad de los medios de producción, se diferencian de la clase obrera porque realizan un trabajo no productivo. Goldthorpe (1972), de la mano de la clásica explicación de Weber de la posición del “oficial burocrático”, agrega que el “código de servicio” que regula la relación de empleo propia de esta clase se distingue del “contrato de trabajo” que opera sobre la clase obrera, sobre todo en el hecho que, más allá de diferencias en las condiciones de empleo (mayor seguridad relativa, mejora material, de estatus), basa en forma distintiva la “relación de servicio” en su calidad moral, involucrando necesariamente una alta dosis de confianza. Ello distingue el lugar de los profesionales, administradores y directivos dentro de la estructura de clases de la sociedad capitalista contemporánea. En un sentido similar, Wright (1992) señala la posesión de un “capital organizacional” en manos de estos sectores, que lo distingue del capital tradicional así como del resto de las clases.

Tal requisito de confianza en la relación de empleo se liga a dos exigencias que enfrenta el empleador: la delegación de autoridad y la apelación al conocimiento especializado y experto. Ambas exigencias plantean la necesidad de debilitar, o al menos difuminar, el control social dentro de la organización; el hecho que su ejercicio no puede continuar en forma directa y detallada desde una única fuente. Los empleados en quienes se delega autoridad o se les confiere responsabilidad en funciones especializadas reciben así un margen legítimo de autonomía y discrecionalidad. Ello no niega la relación entre la naturaleza de las tareas y roles de estos empleados y la forma típica de las condiciones del empleo burocrático. Al contrario, tales condiciones suelen reflejar la necesidad de asegurar un compromiso organizacional. El grado de discrecionalidad que ejerce un empleado se liga a su nivel de remuneración. Pero otros rasgos cualitativos en la relación burocrática o de servicio son más relevantes, y alteran su carácter “de mercado”. A diferencia del obrero asalariado, en la relación de servicio no se intercambian cantidades más o menos discretas de trabajo por salario en unidades temporales, sino que, por su naturaleza, el intercambio entre empleador y empleado se define de modo menos específico, a más largo plazo y con un contenido moral mucho mayor. Más que retribuir un trabajo realizado, como hace la forma salario, resultan aún más esencial a la lógica de la relación de servicio -en función de la supervisión y el mantenimiento del servicio ofrecido- las recompensas prospectivas, como acuerdos sobre incrementos en la remuneración, seguridad en el empleo, la jubilación, y las oportunidades de promoción.

La idea que profesionales, administradores y directivos, detentan posiciones de clase similares se basa, por tanto, en el hecho que estos empleados al estar característicamente ocupados en el ejercicio de autoridad delegada o en la aplicación de conocimiento especializado y experto, operan en sus tareas y en sus roles con un grado distintivo de autonomía y discrecionalidad; y, producto de la necesaria confianza presente en su relación con la organización, tienen condiciones de empleo distintivas en el tipo y nivel de recompensas. Así, se diferencian típicamente de los empleados de otros rangos y los obreros asalariados, por la índole de su trabajo y por su situación de mercado. Aunque algunos cuestionan sus divisiones internas y sus “fronteras” con otras clases, para Goldthorpe (1992) la comunidad básica en las situaciones de trabajo de estos grupos, de la que deriva la similitud de sus situaciones de mercado, radica en el grado de autonomía y discrecionalidad con el que operan -en respuesta a las dos exigencias organizacionales anotadas: delegar autoridad (a través de la función administrativa-di-rectiva) y recurrir al conocimiento especializado y experto (mediante la función profesional). Así, las diferencias apuntadas se asocian a divisiones internas de la clase de servicio, como ocurre en otras clases, por lo que ésta también puede entenderse sectorialmente dividida -se apunta como principal la división público/privado-, e internamente estratificada en términos de riqueza, ingresos, hábitos de consumo, etc. Una diferenciación interna que no anula la posibilidad de una acción política basada en la clase; la que debe asumirse considerando que las clases mismas no intervienen en la lucha política activa, sino son organizaciones como asociaciones y partidos de las que las clases son bases de aprovisionamiento, donde movilizan, reclutan y en cuyo nombre legitiman sus luchas.

De la revisión del curso de formación de la clase de servicio sigue una conclusión sobre su potencial sociopolítico. Contrario al supuesto de los teóricos de la “nueva clase”, una pauta de acción sociopolítica uniforme parece difícil, incluso hasta incoherente desde una perspectiva de clase, dado su rápido crecimiento reciente y, con eso, su bajo grado de formación. En tal condición no parece viable ligar las orientaciones sociopolíticas de sus miembros con las posiciones que detentan en común, sino más bien a las variadas trayectorias seguidas para alcanzarlas. Sólo ante un mayor desarrollo de la formación de la identidad demográfica y cultural de la clase de servicio, es esperable una pauta de acción más consistente y susceptible de asumirse en términos de “clase”. Es que, desde consideraciones estructurales, no han de apuntarse relaciones de clase abstractamente definidas, desde una teoría económica de la que no puede vincularse la acción social, sino de las relaciones sociales reales que prevalecen entre los miembros de la clase de servicio y aquellos de otras clases. Así, los intereses de clase, en vez de “imputarse”, se comprenden emanando directamente de esas relaciones sociales y teniendo conexión subjetivamente significativa con ellas para los actores implicados.

En tal línea, la expectativa ligada a este concepto de clase de servicio indica que, cuando se consolide, esta clase constituirá un elemento conservador en las sociedades modernas. El rasgo definitorio de sus ocupaciones (que implican ejercicio de autoridad y/o conocimiento especializado y experto, ligado a un grado distintivo de autonomía y discrecionalidad, y condiciones de empleo ventajosas de largo plazo ante empleados de otros rangos) hace que, aunque sus miembros estén subordinados a una esfera superior, sus empleos resulten los más deseables por las recompensas que acarrean. De ahí un interés sustancial de esta clase en el status quo, y la poca evidencia estructural a favor de una posible alianza con la clase obrera, o bien por el potencial de tales grupos para generar nuevas formas de radicalismo cultural o político. Lo esperable es que busque preservar tales posiciones de relativo poder y ventaja social para sí y sus hijos. Se indica a la “meritocracia” -el mérito y sus criterios definidos de forma que maximicen las ventajas competitivas de sus miembros- como la ideología legitimadora que enarbolará la clase de servicio en una situación de conflicto distributivo. Y la estrategia excluyente asociada que, según Parkin (1971), es el credencialismo, o sea, el uso de las cualificaciones formales como medio para controlar el acceso a -en lugar de garantizar el buen desempeño en- las ubicaciones más deseables dentro de la división del trabajo.

Incluso en la etapa de rápida expansión de la clase de servicio, la posición favorable de los individuos con orígenes en ella se mantiene; luego, una mayor homogeneidad y estabilidad social dentro de ésta debe llevar a que sus grupos originen formas de acción y organización orientadas a realizar sus intereses materiales. Aunque Goldthorpe no sigue el criterio de Parkin, de que “las clases sociales se definan por referencia a su modo de acción colectiva y no a su lugar en el proceso productivo o en la división del trabajo”, suscribe su argumento de que minimizar el peso de los aspectos distributivos de la desigualdad de clase como fuente de división y de conflicto, constituye un error.

Más aún, si se atiende la esfera de la producción, y no a la distribución, resulta por igual que la clase de servicio y la clase obrera se orientan estructuralmente más al conflicto que a la colaboración. Ambas tienen en común su posición de empleados, excluidos de la propiedad o del control estratégico de los medios de producción; pero más allá del peso que eso pueda tener en la acción social, están las diferencias entre sus situaciones de trabajo típicas. Así, pierde base la expectativa de que grupos de profesionales lideren una reedición del syndicalisme gestionnaire, por tender los intereses de este rango de empleados en cuestiones de control a divergir de los trabajadores de a pie. Está en la naturaleza misma de sus actividades laborales el proveer un área de discrecionalidad y autonomía; y sí cabe un interés de clase en ampliar esa área o reducir el grado de control ejercido “desde arriba”. Pero cualquier democratización del lugar de trabajo que pueda acarrear más poder de decisión y de regulación a los trabajadores de a pie conlleva una amenaza para la clase de servicio, al implicar mayor grado de control “desde abajo” -lo cual asumiría como una interferencia ilegítima en su competencia y su especialización profesional, o una limitación ilegítima de sus prerrogativas administrativas y directivas. Luego, si los argumentos meritocráticos aparecen como la base de resistencia de esta clase ante a una mayor equidad distributiva, los argumentos tecnocráticos emergen ante cualquier intento de crear unas relaciones más igualitarias en la producción.

De tal modo, resulta problemático un enfoque estructural sobre el pretendido potencial radical de esta clase, en especial para explicar la insatisfacción con un orden en que sus miembros ocupan, reconocidamente, posiciones relativamente privilegiadas. De ahí que, los argumentos a favor de un radicalismo de cuello blanco sean de carácter psicologista, centrados en la hostili ad que siente la nueva clase hacia quienes los superan debido a su riqueza y los atributos ligados a ella. Para Goldthorpe, aunque ese radicalismo puede brotar en forma esporádica, su carencia de base estructural -como la que podría darle su en-raizamiento en relaciones de clase conflictuales- hace muy improbable que lleve a una movilización a gran escala contra el status quo. Incluso cuando esta clase detente un nivel mayor de formación, el radicalismo de cuello blanco seguirá siendo minoritario, intermitente y localizado; en realidad, en tanto tales manifestaciones sólo reflejan sus “dolores del crecimiento”, su consolidación traerá más bien un declive de los impulsos radicales. Anticipa, además, que gran parte del radicalismo que surja se canalizará en movimientos “de una sola causa” y formas -como el medioambientalismo- que eluden la involucración directa en cuestiones de desigualdades de clase en la producción o la distribución.

Aunque -coinciden todos- no hay ninguna razón para suponer que la clase de servicio tenga algún compromiso especial con el capitalismo per se. Ante una amenaza abierta a su posición privilegiada, es esperable que esta clase se preocupe más por conservar su posición que por aquella economía. Como advirtió con alarma el análisis conservador al inicio de su expansión, los intereses de los empleados burocráticos no tienen conexión intrínseca alguna con las instituciones de la propiedad privada en la producción o con el sistema de libre mercado. Se sugiere que, en las condiciones actuales, su insatisfacción es más fácil que sea provocada por políticas de tipo neoliberal y de restricciones del gasto público. Pero, incluso así, resulta dudoso. Bien puede llevar a un corporativismo “liberal” o negociado, en un intento por erigir un capitalismo más comprehensivamente “dirigido”. Bajo estas formas de economía política, los procesos distributivos, sobre todo la fijación de retribuciones, quedan sujetos a un fuerte control político; y así, los resultados distributivos reflejan, más allá del poder del mercado, la efectividad con la que los intereses colectivos reciben una representación organizada. Más aun, es en las instituciones y procedimientos corpora-tivistas donde la clase de servicio puede lograr asentar con más firmeza los principios meritocráticos y tecnocráticos mediante los que intenta proporcionar a su posición privilegiada una base racional y moral.

Nueva fisonomía del mundo del trabajo y formación de clase

El otro aspecto, concomitante con lo anterior, pero no restringido a los sectores medios, es el de la nueva fisonomía del trabajo bajo los procesos de tercerización. El sostenido proceso de asalarización, tanto en sectores medios como trabajadores, está lejos de representar un curso de homogenización de tales franjas de la sociedad, a la manera que lo sugiere la imagen tradicional, que la vinculaba a una mayor organi-cidad de tales sectores de la sociedad. La reasalarización que sigue a los agitados cursos de reestructuración de los años sesenta y primeros ochenta, no significa un retorno a las viejas condiciones de trabajo y asociatividad vinculadas a la condición asalariada. Los procesos de trabajo, y la propia condición asalariada, cambian bajo una invasiva proliferación de variantes de tales relaciones laborales, al punto que el nuevo y heterogéneo panorama laboral inhabilita muchas de las viejas interpretaciones, y plantea nuevos retos para comprender el significado de tal curso actual de asalarización.

En un contexto de sostenida expansión económica, y con eso de ampliación de las oportunidades de trabajo, de continua asalarización y disminución de los grados de informalidad en las relaciones laborales, se registran nuevas formas de diferenciación, ligadas a la calidad y seguridad de éstas. La creciente rotación del empleo no impide, sino acompaña la expansión de la nueva asalarización; contrario a lo que en algún momento se estimó, a partir de un supuesto auge del empleo independiente “impulsado por el desarrollo de la sociedad de redes” (Castells, 2002). Si bien la experiencia local muestra que crece la relevancia de dichas redes, como forma de organización productiva, éstas no implican una condición de trabajo independiente, al menos en la forma usualmente entendida, sino una proliferación de pequeñas y medianas unidades externalizadas de trabajo asalariado, vinculadas en forma unívoca y dependiente a las grandes empresas más expresivas de los cursos de concentración económica de la propiedad. El avance de “redes” así configuradas en la economía y la sociedad, afecta principalmente a los empleos no manuales, cuya aguda flexibilización acaba minando la relación entre remuneración y trayectoria laboral (o capital humano acumulado); especialmente en el sector terciario, el más expansivo de la estructura social. De esta forma, en especial en los segmentos más altos, los ingresos ya no suelen remitir a una escala institucional de remuneraciones y tienden a depender mucho más de la inserción en redes, al punto que personas con similar formación pueden tener ingresos muy distintos según su “valor” circunstancial en determinada coyuntura. Ello denota una pérdida de predictibilidad y, como tal, una fuente de inseguridad. En este contexto, los ingresos suelen ser más altos, pero también más inestables. La posición laboral y los ingresos devienen situaciones aleatorias que frecuentemente dependen más de factores externos que de méritos propios, con una intensidad que termina produciendo nuevas desigualdades.

El impacto de éstas y otras transformaciones es potenciado por la celeridad de los cambios. Modernizaciones que en Europa maduran a lo largo de décadas, amortiguadas por una estructura social sedimentada, tienen lugar en Chile en pocos años. El mercado laboral muestra una creciente velocidad en la creación y destrucción de empleos. Todo ello en un contexto de mecanismos institucionales para la seguridad laboral (contrato de trabajo como limitante del despido y fijador de indemnizaciones, subsidios de desempleo, salario mínimo, etc.) de efectividad restringida. En suma, la rápida reorganización y tecnificación del trabajo aumenta las oportunidades y los riesgos. El mercado laboral muestra una fuerte rotación, donde hay más oportunidades de empleo, en especial para personas calificadas, pero el empleo resulta más inestable. El problema prioritario ya no es la estabilidad del empleo actual, sino el permanente proceso de reinserción en un mercado extraordinariamente móvil. El futuro aparece así como algo incierto en un aspecto tan vital como el trabajo. Aun cuando tal dinámica no provoque desempleo, suscita incertidumbre, al tiempo que afecta las condiciones de asociatividad y estimula los procesos de individuación a grados extremos.

En fin, un panorama que muestra más trabajo asalariado, pero unido a una “sociabilidad deficitaria” o una menor “organicidad”. La cuestión estriba, entonces, en los rasgos de la nueva asalarización, expansiva pero bajo heterogéneas modalidades. Una tendencia estable del mercado del trabajo apunta al crecimiento del empleo asalariado y el estancamiento o reducción de categorías no asalariadas como Cuenta Propia, Servicio Doméstico y Familiares no Remunerados (Rueda y Gutiérrez, 2008). En este proceso aumentan el ingreso y la cobertura previsional, como también los grados de tercerización y la proliferación de modalidades de contratación, subcontratación y suministro de trabajadores, muy vinculados a los ciclos económicos. Una crecida asalarización del empleo poco ligada a la contratación directa y de carácter permanente en las grandes empresas, más asociada a empleos de buena calidad, en términos del nivel de protección social que conllevan.

De otro lado, continúan ciertos procesos de precarización más propios de la llamada tercerización espuria, en razón de las bajas calificaciones y niveles de productividad de la fuerza de trabajo al tiempo que sus precarios grados de formalización. La complejidad nueva en ello estriba en el hecho que estas formas no aparecen disociadas sino ligadas a aquellas propias de la tercerización germina, por lo que, lejos aludir a realidades antitéticas, parecen más bien superponerse, lo que remite a explorar dichas formas de encadenamiento.

En definitiva, se trata de problemas en la conceptualización del trabajo a partir de las nuevas modalidades que adopta. Durante el último tiempo muchas de las categorías laborales clásicas parecen no dar cuenta, a cabalidad, de una creciente “zona gris” que se expande de la mano de las nuevas modalidades laborales, las cuales le imprimen un nuevo rostro al mundo del trabajo y su relación con la vida social en general. En particular, es preciso explorar el peso y significado que detentan nuevas modalidades de trabajo, tanto en términos contractuales como operacionales, considerando para ello el proceso de trabajo en un sentido más amplio.

La descentralización y la movilidad laboral llegan tan lejos que un número creciente de trabajadores está siendo integrado al proceso de producción de bienes o servicios bajo fórmulas contractuales y orga-nizacionales que los sitúan en una amplia y creciente “zona gris” entre trabajo dependiente e independiente, que en muchas ocasiones ejercen sus actividades laborales a distancia -desde la calle y/o sus domicilios-apoyándose en herramientas tecnológicas de información y comunicación tales como redes computacionales, Internet, telefonía fija y móvil, etcétera, y que, en el marco de sus compromisos laborales y/o comerciales, tienen que estructurar su trabajo de acuerdo a criterios tanto técnicos como económicos. El resultado es que la lógica productiva se ha compartido dividiendo los procesos productivos cada vez más en establecimientos diferentes ligados entre sí, lo que ha permitido distribuir entre ellos el riesgo empresarial y las pérdidas y ganancias, según relaciones desiguales de poder y de acceso a los mercados.

En términos de delimitación de estas nuevas modalidades de trabajo, en un contexto marcado precisamente por la heterogeneidad de las condiciones de empleo (tanto contractuales, como organizacionales y financieras) pueden identificarse algunas tendencias que tensionan la fisonomía tradicional de la condición dependiente e independiente del trabajo, al punto de alterar su significación clásica. Por un lado, en el trabajo dependiente, se trata de un conjunto amplio de modalidades que se alejan de la figura del trabajo asalariado con contrato indefinido, laborando una jornada completa en condiciones normales para la actividad, en el lugar del empleador y contratados por éste, cuya remuneración asumía la forma de un salario periódico sobre la base del tiempo de trabajo. Por otro lado, en el caso del trabajo independiente, se trata de aquellas modalidades que se alejan de la figura del que produce o vende o da servicio por su cuenta (trabajador por cuenta propia o TCP), con control propio del producto y del proceso de trabajo y se relaciona o con contratos mercantiles o con relaciones mercantiles de compra y de venta.

Lo anterior presupone asumir el proceso de trabajo en una perspectiva que permita registrar los cambios en las relaciones contractuales, financieras y organizacionales, en la medida que resultan fundamentales para precisar el peso de los fenómenos antes mencionados en la sociedad, precisar su distribución dentro del conjunto de la estructura social, al tiempo que poder vincularlos con otras dimensiones de análisis. Ocurre que en cada uno de estos ámbitos se manifiestan los procesos llamados de flexibilidad laboral, con diversas connotaciones. Entre estos, podemos distinguir al menos lo siguiente: i) una flexibilidad contractual que afecta principalmente el número de trabajadores vinculados a una unidad laboral, actuando sobre las condiciones de entrada (contratación temporal, a tiempo parcial, sub-contratación, trabajadores autónomos) como la salida de los trabajadores (externalización de funciones) o también mediante cambios en el número de horas trabajadas, modificando las jornadas de los trabajadores actuales; ii) una flexibilidad financiera que se manifiesta en cambios hacia sistemas de pago basados en las competencias y en la evaluación del desempeño del trabajador y actúa aumentando la intensidad del trabajo y produciendo diferencias entre los trabajadores al establecer compromisos individuales y pagos individuales; iii) una flexibilidad organizacional referida a la capacidad para redistribuir los trabajadores entre un amplio rango de tareas con el fin de hacer frente a los cambios en el producto, en los métodos de producción y en la tecnología con la rapidez exigida por el mercado, permitiendo a la organización reubicar rápidamente y sin fricciones entre las diferentes actividades y tareas.

De un modo general, con estos métodos se traspasa a los trabajadores el riesgo y el costo en trabajo de las variaciones en la demanda, ya que los “tiempos muertos” son de cargo de éstos. Responden a estrategias nacidas desde los que contratan y se han generalizado a todos los sectores. La emergencia creciente de nuevas formas de operación de los procesos de trabajo plantea la necesidad de volver a considerar el peso real de las modalidades tradicionales de desenvolvimiento laboral en la sociedad chilena actual. Tales cambios en las condiciones de trabajo se relacionan con nuevas formas de inserción laboral de los individuos, insuficientemente caracterizadas a partir de las categorías usualmente empleadas; que representan figuras sociales nuevas de relevancia, las que no aparecen en el viejo patrón de acumulación.

Existe relativo consenso en torno a que estos cambios en las condiciones de trabajo, los cuales remiten a la proliferación de lo que en un principio se consideraron “formas atípicas de empleo”, ponen énfasis en al menos las siguientes variables: la diversidad de contratos (a plazo fijo, temporales, a honorarios, eventuales); la diversidad de lugares de trabajo (la revalorización del trabajo en el hogar y/o trabajo a domicilio, el trabajo en las calles y en los “puntos de ventas”, los servicios personalizados al cliente en sus propios lugares, etc.); la diversidad de jornadas laborales (de tiempo completo, de tiempo parcial); la diversidad de arreglos de distribución del tiempo contratado (los fines de semana, las horas extraordinarias por sobre la jornada, la semana de trabajo comprimida en menos días, los de tiempo disponible según llamada, la jornada flexible en su distribución pero de duración determinada, etc.); la diversidad de relaciones de intermediación (suministro de trabajadores por una agencia de empleo, trabajadores contratados por una firma externa, trabajadores contratados directamente por la firma usuaria de su trabajo); y la diversidad de controles aplicados al trabajo (desde supervisor directo o medición de la presencia en el lugar de trabajo hacia el establecimiento de metas de producción, sistemas de castigos y de premios, trabajo con resultados en equipo, etc.).

En la medida que se produce tal redefinición de los procesos de trabajo a nivel de los espacios y tiempos de su realización, así como a nivel de aquello que se constituye en instrumentos de trabajo, resulta estimar la nueva relación entre trabajo y vida social y sus consecuencias en términos de los procesos de formación de clases. A diferencia de la flexibilidad contractual y la financiera, usualmente más referidas en los estudios, aquella flexibilidad relativa a las condiciones organizacionales resulta insuficientemente caracterizada. Empero parece aludir a aspectos fundamentales del cambio actual del trabajo en la vida social. Suele reducirse el problema de la precarización -y como tal una suerte de curso de modernización “espuria”- a fenómenos de flexibilidad de índole contractual y financiera, lo cual refiere sólo parcialmente a la actual significación social del trabajo. En este sentido, se precisa un análisis de la complejidad y alcance que adopta en tal transformación de las condiciones organizacionales de realización del trabajo. En especial, por la medida en que los procesos de flexibilización laboral que intervienen en esta última dimensión, referida a las condiciones organizacionales, no significan mecánicamente la presencia de fenómenos de precarización, sino que efectivamente pueden contribuir a diferenciar procesos de modernización genuina (asociados a mayores niveles de incorporación de nuevas tecnologías, altos grados de calificación y productos y servicios de mayor valor agregado) de aquellos de carácter eminentemente espurio. Distinguir la presencia de ambos procesos en la transformación económica y social reciente resulta fundamental, así como su localización y la consideración de las eventuales relaciones existentes entre ellos.

Del mismo modo, vinculado a una creciente movilidad del trabajo, así como a efectivos procesos de precarización, es preciso considerar una disminución del peso de relaciones contractuales “puras”, y en su lugar relevar la gravitación de situaciones marcadas y definidas por la rotación y la yuxtaposición ocupacional como nuevas modalidades de inserción laboral, atendiendo tanto al peso cuantitativo como a las modalidades que adquiere el fenómeno en distintos niveles o sectores de la estructura social. Puesto que no se trata meramente de la idea de “ocupación secundaria” contenida en el paradigma de trabajo fordista, sino a la emergencia de un fenómeno social relativo no tanto a una condición complementaria y/o temporal, sino permanente y fundamental, emanada de la creciente movilidad que afecta a los procesos de trabajo en la actualidad y, con ello al desenvolvimiento de los individuos dentro de dicho ámbito. Precisamente el cambio que ello comporta en su relación con la vida social, resulta una cuestión de primera relevancia a la hora de considerar su relación con los procesos de formación actual de la estructura social.

Como se dijo, producto de todo esto, la frontera entre trabajadores dependientes e independientes se torna más difusa bajo la nueva heterogeneidad producida por estos cambios, los que diluyen muchas de las características más marcadas de unos y otros. Se desdibujan las características de los asalariados en la medida que estos se tornan más “flexibles”, aumentando su desvinculación y grado de dependencia; al tiempo que, por otro lado, se desdibujan las características de los trabajadores independientes, y en particular aumenta su dependencia. En este sentido, como criterios actualizados de diferenciación entre asalariados tradicionales y “flexibles” así como entre trabajadores independientes y aquellos no tan autónomos podemos adoptar, según lo anterior, los tipos de contrato y el grado de subordinación o autonomía en su proceso laboral. En suma, si bien se mantiene la clásica separación entre los asalariados e independientes al menos han de agregarse ciertas diferenciaciones al interior de estos. De momento, se ha introducido una diferenciación básica. Para los primeros se pretende distinguir entre aquellos que desempeñan empleos “normales” y los que desempeñan empleos afectados por alguna condición de flexibilidad laboral (en el sentido antes definido). Para los independientes, se pretende distinguir entre aquellos que tienen algún grado de dependencia o subordinación, a los que llamamos “encadenados productivamente”, y los que no lo tienen.

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Conclusiones generales

El conflicto social reciente en Chile ha tendido a expresarse en torno a los procesos de constitución de clases propios de las transformaciones que cobija una situación de “neoliberalismo avanzado”. La peculiaridad que, en términos de patrón de desarrollo capitalista, conlleva esta situación, tiene así correlatos concretos en la configuración de los actores y las luchas sociales. Del mismo modo, relacionados con esos patrones de acumulación, sustentados en buena medida en nichos rentistas de concentración económica, se traducen en modalidades de dominación política cuya efectividad de deteriora ante el ascenso de estas luchas recientes. Aunque las nuevas fracciones asalariadas, vinculadas a las nuevas modalidades de encadenamiento productivo de pequeñas unidades en torno a los grandes capitales, desarrollan conflictos relevantes -y renovados tanto en contenidos y formas de organización- no alcanzan la centralidad que adquieren aquellos enfocados en los problemas abiertos por las transformaciones privatizadoras sobre el ámbito de la educación.

En este último espacio escalan los mayores grados de conflicti-vidad, los cuales avanzan consiguientemente vinculados a los mayores grados de expresión del deterioro de los términos del sistema político pactado en torno a las negociaciones de la transición a la democracia. Si en el primer caso se trata de los nuevos asalariados, hijos de las modalidades de trabajo abiertas por esta variante de modernización capitalista; los segundos, en cambio, responden en gran medida a esa inédita expansión de la educación privatizada que se produce al alero del mismo proceso histórico, en el que acceden a la educación terciaria -mayoritariamente privada- hijos de familias cuyos ingresos hacían tal acceso abiertamente prohibitivo. Esta suerte de movilidad profusamente endeudada abre nuevos malestares, en estos nuevos grupos medios, que se aunan a la protesta de las viejas fracciones medias “desarrollistas” con mayor capacidad de elaborar el discurso del malestar, contraponiéndolo a estas formas desembozadas de lucro sobre tradicionalmente considerados parte de unos derechos sociales sistemáticamente barridos en el curso reciente.

Se trata de procesos de formación de clases que transcurren en medio de transformaciones estructurales como teatros de conflictos, en los que maduran formas de apropiación del nuevo presente, poten-cialmente capaces de introducir modificaciones en los patrones de desarrollo y acumulación capitalista imperantes. Esta es la posibilidad que en el proceso social chileno se abra un nuevo ciclo histórico, hasta ahora efectivamente contenido en los restrictivos términos de dominio erigidos a partir de una conservadora transición a la democracia. Tal proceso de constitución de clases bajo el “neoliberalismo avanzado” abre interrogantes sobre los límites de formas tradicionales de entenderlos, referidos a las clases medias y trabajadoras, algunos de los cuales hemos abordado.

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