VIOLENCIA POLÍTICA Y CONFLICTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA

César Barreira
Roberto González Arana
Luis Fernando Trejos Rosero
(Editores) 

Ivonne Molinares Guerrero
José Vicente Tavares-dos-Santos
Nilia Viscardi Marcia Barbero
Loreto Correa V.
Mary Luz Estupiñán Serrano
Clara Inés Aramburo Siegert
Orietta Favaro
Graciela Iuorno
Jania Perla Diógenes de Aquino

Violencia política y conflictos sociales en América Latina / ed., César Barreira, Roberto González Arana, Luis Fernando Trejos Rosero. — Barranquilla : Editorial Universidad del Norte; CLACSO, 2013.
Incluye referencias bibliográficas en cada capítulo.
ISBN 978-958-741-353-3 (impreso)
ISBN 978-958-741-354-0 (PDF)
1. Violencia–América Latina–Siglo XX. 2. Luchas sociales–América Latina– Siglo XX. 3. Derechos humanos–América Latina. 4. Colombia. Presidente (2002-2010: Uribe Vélez) 5. Mapuches–Chile–Condiciones sociales. 6. Argentina–Emigración e inmigración–Historia–Siglo XX. I. Barreira, César. II. González Arana, Roberto. III. Trejos Rosero, Luis Fernando. IV. Molinares Guerrero, Ivonne. V.Tít.
(303.6098 V787 23 ed.) (CO-BrUNB)
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© 2013, Editorial Universidad del Norte
© 2013, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO
© 2013, César Barreira, Roberto González Arana, Luis Fernando Trejos Rosero,
Ivonne Molinares Guerrero, José Vicente Tavares-dos-Santos, Nilia Viscardi, Marcia Barbero, Loreto Correa V., Mary Luz Estupiñán Serrano, Graciela Iuorno, Clara Inés Aramburo Siegert, Orietta Favaro y Jania Perla Diógenes de Aquino

Coordinación editorial
Zoila Sotomayor O.

Diseño y diagramación
William Hernández

Diseño de portada
Andrés Racedo Llanos

Corrección de textos
Farides Lugo

Procesos técnicos
Munir Kharfan
Hecho en Colombia

Made in Colombia 

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Introducción

Este libro es el resultado de un trabajo conjunto del GT- CLACSO, Conflictos sociales, acciones colectivas y políticas de transforma- ción, el cual ha sido posible gracias a la alianza entre el Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales y el Instituto de Altos Es- tudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe de la Universidad del Norte.

El libro comienza con el trabajo “Conflicto y violencias en Co- lombia”, artículo realizado por Roberto González Arana e Ivon- ne Molinares Guerrero. En este se da cuenta de las múltiples ti- pologías de violencia en el país y cómo ellas se entrecruzan pese a lo cual persiste la tendencia en los medios a visibilizar más la violencia asociada al conflicto armado interno que la violencia cotidiana. Ello seguramente basado más en la rentabilidad de las noticias del conflicto las cuales ocupan los titulares de los noti- cieros de radio y televisión y las primeras páginas de los periódi- cos. Sin embargo, los acontecimientos de violencia intrafamiliar, violencia contra los menores de edad y la mujer y la violencia entre iguales tienen menos despliegue pese a que el porcentaje de estos últimos es mayor.

En el segundo capítulo Derechos Humanos y Seguridad Demo- crática en Colombia: ¿Un equilibrio posible?, el profesor César Barreira analiza algunos aspectos relacionados con los derechos humanos en Colombia, teniendo como contrapartida el pro- grama político del presidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2010. A lo largo de este estudio, se ilustran las serias violaciones en el ámbito de los derechos humanos en Colombia durante esta administración para lo cual el autor resalta la situación del des- plazamiento forzado, la existencia de los falsos positivos y la criminalización o judicialización de los opositores del régimen, entre otros aspectos.

Un tercer trabajo lo realiza José Vicente Tavares-dos-Santos y se denomina Conflictividad, violencia y control social: saberes latinoamericanos contemporáneos. Según el autor las nuevas cuestiones sociales mundiales constituyen un largo campo de interrogaciones a la práctica sociológica. Por ello, la producción intelectual en distintos países —por ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile y Venezuela— demuestra crecientes análisis sociológicas de los fenómenos de conflictividades, vio- lencia y control social. Añade el autor que “hay un universo de exclusión social y de segregación socio-espacial —por clases, gé- neros, etnias, afinidades culturales, grupos de edad— que exige una nueva teoría crítica de la sociedad contemporánea”.

Un cuarto trabajo se denomina “Pensar la justicia de adolescen- tes desde el campo jurídico”. Cuyas autoras son Nilia Viscardi y Marcia Barbero. Este trabajo propone, a partir de elementos empíricos y teóricos, sacar a luz las prácticas institucionales que tienen lugar en el campo de la justicia de adolescentes en Mon- tevideo. Este campo nuevo sirve como pretexto para indagar la producción de nuevas actuaciones o la reproducción de prácticas propias de otros ámbitos del sistema judicial.

En el capítulo cinco, Luis FernandoTrejos, realiza un análisis teó- rico-conceptual del conflicto armado colombiano, sosteniendo que este conflicto, es en la actualidad, el único conflicto armado activo en Latinoamérica y el más longevo de la región. Duran- te cinco décadas de confrontación armada, han sido muchos los cambios ocurridos en el escenario internacional y en las dinámi- cas políticas y militares de los actores enfrentados. Este artículo, posibilita una amplia revisión teórica de dicho conflicto, permi- tiendo su comprensión académica y abordaje conceptual.

Loreto Correa, en el capítulo seis, analiza el accionar del Estado de Chile hacia los pueblos indígenas, específicamente el caso de los Mapuches. La autora, revisa la imagen de país y nación soste- nida históricamente desde el estado chileno, en el marco de una sociedad pluriétnica, y a partir de ello, explica por qué en Chile no se adoptan medidas más favorables hacia las minorías étni- cas. El escrito aborda las luces y sombras del movimiento ma- puche en Chile y el marco de las reivindicaciones sociales que se presentan como parte del discurso político predominante.

El tema de la violencia político-social generada en Buenos Ai- res hacia los migrantes de África Subsahariana, es abordada por Mary Luz Estupiñan, en el capitulo siete. Para la autora, el racis- mo es una bisagra que permite entender la violencia social y po- lítica con respecto a las migraciones. En este artículo, el racismo es entendido como un dispositivo estatal que hace posible ejercer poder sobre la vida y la muerte de sus poblaciones, este dispo- sitivo funcionó y continúa funcionando como una estrategia de estratificación social en aras de una “depuración” de la misma sociedad. Ante ello, el Estado —o su equivalente, junto con sus instituciones—, despliega una maquinaria securitaria para la “eliminación” de las impurezas que amenazan el equilibrio po- blacional deseado.

Clara Inés Aramburo, en el capítulo ocho, expone las transforma- ciones que, durante estos últimos veinte años de guerra, produ- jeron las comunidades indígenas de la región de Urabá en cuanto a sus prácticas territoriales, formas de autoridad y ejercicio de la justicia. Después de revisar la importancia de los territorios indígenas para el desarrollo de estrategias de guerra de los gru- pos armados guerrilleros y paramilitares, se hace énfasis en la presión que ejercieron sobre todo los actores paramilitares sobre las tierras selváticas, con la intención de incorporarlas al circuito del desarrollo económico y de la economía de la droga, después de arrebatarlas a sus pobladores y obligarlos a desplazarse.

En el capítulo nueve, Orietta Favaro y Graciela Iuorno analizan una nueva modalidad de protesta y resistencia —las asambleas ciudadanas— en las localidades argentinas en las que se realiza la exploración y explotación minera a cielo abierto; espacios en los cuales se intenta frenar la apropiación de los recursos y la afectación medioambiental, en el contexto de la situación socie- conómica de Argentina en la historia reciente, caracterizada por la declinación de las diferentes estrategias de lucha por la des- ocupación y el aumento de la acción sindical.

Jania Perla Diógenes, en el último capítulo, analiza los asaltos contra las instituciones financieras en Brasil, presentándolos como sofisticadas operaciones, resultantes de elaborados planes y la movilización de una compleja infraestructura. Eximiéndose del énfasis atribuido a la dimensión criminal y violenta de estas acciones, privilegiando los elementos más significativos para sus protagonistas, ya que son ellos quienes asumen la organización de un asalto como actividad económica o “trabajo” de alto ries- go. El desempeño dramático o las performances escenificadas delante de rehenes, con el propósito de amedrentarlos y obligar- los a colaborar con el robo, constituyen habilidades relevantes y denotativas de competencias entre los “profesionales” de esta modalidad de crimen.

La violencia socio-económica como categoría de estudio en las ciencias sociales y humanas, ha venido adquiriendo creciente relevancia en América Latina. Los problemas y variables meto- dológicas asociadas a su investigación han sido abordados con mayor profundidad desde la sociología, el Derecho, la Ciencia política y la Psicología Social. Es por esto, que esta publicación se propone abordar la violencia socio-económica como una catego- ría de análisis e investigación interdisciplinaria, posibilitando la reflexión académica en torno a las dinámicas de construcción del poder, la institucionalidad y los movimientos sociales en Amé- rica Latina.

En la misma línea, y sin perder de vista las causas de la violencia asociadas a variables de orden socio-económico, se debe tener en cuenta que el fin de guerra fría y la irrupción de la globalización, han producido un nuevo tipo de conflictos. Estos “conflictos en la era de la globalización”, en los que los monopolios estatales de la fuerza, el control territorial son disputados por actores no esta- tales son en la mayoría de los casos conflictos intraestatales. Por lo general, sus dinámicas se articulan a distintos tipos de redes transnacionales, es decir, las fronteras entre conflictos internos y externos se han diluido, ante lo cual, sus límites temporales y espaciales desaparecen. En pocas palabras, puede decirse que la globalización ha hecho que todos los conflictos sean locales y globales a la vez.

César Barreira Roberto González Arana
Luis Fernando Trejos Rosero
(Editores)

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PARTE I

VIOLENCIA, DERECHOS HUMANOS Y CRIMINALIDAD

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Conflicto y violencias en Colombia

Roberto González Arana[1]
Ivonne Molinares Guerrero[2]

Ph. D. en Historia. Docente titular del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Investigador del Grupo Agenda Internacional. Director del Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe.

Diploma de Estudios Avanzados en Historia Social y Política Contemporánea de la Universidad Internacional de Andalucía. Magíster en Educación. Profesora de medio tiempo en el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Investigadora del Grupo Agenda Internacional de la Universidad del Norte.

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Introducción

La vivencia cotidiana de cualquier colombiano hoy a más de la que muestran los programas de televisión (serie sobre Pablo Es- cobar, los carteles de la drogas) está mediada por noticias que muestran asesinatos selectivos —producto de los ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales—, exhumación de fosas comunes —derivadas de la violencia paramilitar que se ensa- ñó contra la población civil en los últimos veinticinco años— y ataques a los ciudadanos con bombas y cilindros de gas —en el marco de las arremetidas guerrilleras de más de cinco décadas de lucha, sin más resultados que la aniquilación de los menos favorecidos—. Esa es la violencia que ha hecho noticia dentro y fuera de Colombia, violencia a gran escala, que ocupa los titula- res de los noticieros de radio y televisión, y las primeras páginas de los periódicos colombianos. Sin embargo, los acontecimientos de violencia intrafamiliar, violencia contra los menores de edad y las mujeres, y la violencia entre iguales suscitan, dependiendo del momento mediático, reacciones que van desde la indigna- ción nacional a la total indiferencia los colombianos, pues finalmente eso “sucedió en otro lado”, eso le pasó a alguien que “no conozco” o “a lo mejor, algo debía”.

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Definiendo la violencia

En la historia de América Latina la presencia de la violencia en sus muy diferentes manifestaciones ha sido continua. Tal es el caso que, al revisar las referencias bibliográficas sobre este fenó- meno, nos encontramos con su inclusión en la agenda de todas las ciencias sociales, con el fin de ser estudiada desde cada uno de sus enfoques, los cuales han variado notablemente a través del tiempo y en múltiples tipos de violencia, en el marco de lo urbano y lo político. Sin embargo, lo que sí es claro es que, como manifestación humana, la violencia es uno de los fenómenos co- tidianos que más contribuye al deterioro de la calidad de vida del hombre, no importando su contexto social y cultural.

El término violencia ha recibido diversos significados para des- cribir múltiples y distintos procesos en los que se involucra el hombre, y siempre identifica a una víctima y a un victimario. Para la Real Academia de la Lengua Española se define de la si- guiente manera: “violencia. (Del lat. violentĭa). f. 1. Cualidad de violento. 2. Acción y efecto de violentar o violentarse. 3. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. Indicándonos la necesidad de acción para explicarla, y la presencia de alguien o de algunos para hacerla concreta” (Real Academia Española de la Lengua, 2000, p. 2093).

Ya en contexto, una propuesta de la socióloga Rosa Del Olmo (1975), nos lleva a encontrar un hilo guía para armar nuestra pro- pia madeja, cuando cita a Jerome Skolnick, quien a comienzos de los años setenta afirmaba: “La violencia es un término ambiguo, cuyo significado es establecido a través de procesos políticos. Los tipos de hechos que se clasifican varían de acuerdo a quién suministra la definición y quién tiene mayores recursos para di- fundir y hacer que se aplique su decisión” (p. 296).

Desde esta perspectiva, el significado del término es político, lo cual implicaría su interpretación y comprensión a partir de esa área disciplinar; sin embargo, en la práctica, el fenómeno de la violencia cruza por varios campos y disciplinas, haciendo de su estudio un proceso referenciado particularmente por las ciencias sociales en cada una de sus vertientes. Se presenta, así, como algo fragmentado y apolítico, lo que imposibilita el desarrollo de una teoría general de la violencia, por las variadas miradas que intentan entenderla o explicarla. Al respecto, es válido el análi- sis de Chesnais (1981), quien señala cómo “el término violencia ha terminado por designar cualquier cosa: desde el intercambio agresivo de palabras hasta el homicidio crapuloso, pasando por el cheque sin fondos. Es un término vago (comodín) abierto a todos los abusos lingüísticos, que poco a poco se ha despojado de su sentido original, a saber el abuso de la fuerza” (p. 438). También alerta sobre la existencia de varias concepciones de vio- lencia, las cuales, dentro de su acepción, deben ser jerarquizadas. Para este, el único referente empírico del concepto es la violencia física. Por tanto, están excluidas la violencia moral o simbólica y la violencia económica (atentados contra la propiedad o las que derivan en privaciones de orden económico). Así, hablar de violencia, según el análisis de Chesnais, implica referirse exclu- sivamente a la denominada violencia dura. En la misma línea, Guthmann (1991) manifiesta que “todos los intentos de lograr una definición satisfactoria de la violencia fueron hasta ahora in- fructuosos y este fracaso ha sido a menudo atribuido tanto a la polisemia del vocablo como a la imposibilidad de englobar en alguna definición el variadísimo número de fenómenos designa- dos por él” (p. 11). Oquist (1978) también trata de establecer una diferenciación entre violencia racional e irracional, aduciendo la manera sensacionalista como son tratados frecuentemente los aspectos irracionales de La Violencia[1] en Colombia. Este autor, en su clásico estudio sobre la violencia en Colombia, la define como un instrumento, dándole el carácter de racional, pues “es el medio utilizado para alcanzar un fin potencialmente realizable y que, además, tiene el potencial para obtenerlo [“a diferencia de la violencia irracional que es] “la agresión física o la amenaza certera de la misma que no persigue una meta; pues tiene a la propia violencia como meta” (p. 37).

Siguiendo con Oquist, en la violencia de tipo civil (sin presencia de los cuerpos armados oficiales), el quebrantamiento de los ins- trumentos de control social puede conllevar a una incapacidad para reprimir eficazmente la violencia irracional, con un incre- mento en su incidencia. En este intento, también es válido reto- mar a autores como Debarbieux (1999), Roché (1994), Michaud (1989), entre otros, citados por Abramovay (1999), quienes des- tacan cómo las violencias delimitadas por los códigos penales de los países son apenas el nivel más notorio de las violencias, pero no por eso las más comunes, ni las más frecuentes y tampoco necesariamente las que causan más temor o miedo y que pueden perturbar a los individuos en su vida diaria. Por esta razón, las categorías de violencia propuestas por los códigos penales —crí- menes y delitos contra la persona, la propiedad y la nación, o el Estado y la vida pública— son útiles de manera parcial, pero no explican toda la extensión de este fenómeno.

De manera concluyente, Abramovay (1999, p. 3) afirma que “la definición de violencia debe tener en cuenta que puede existir un fuerte componente de subjetividad en la percepción que un individuo tiene del fenómeno. Y, aún más importante, tal lectura no considera que la percepción de lo que es o no violencia no siempre se sustente en hechos concretos, y sí en sensaciones y rumores que circulan en lo social. Un ejemplo es lo que se co- noce como sentimiento de inseguridad, que lleva a las personas a encerrarse en sí mismas y en los espacios privados, algunas veces simplemente porque tienen miedo de ser víctimas de la violencia”.

Hoy día, al igual que en otras latitudes, las estructuras de la vio- lencia en Colombia migran de forma, dependiendo del escenario. De una masacre a una golpiza del marido, padre o madre; de una pelea entre vecinos a un enfrentamiento con arma blanca que involucra a los jóvenes de una escuela. Tal vez las formas en que se presenta la violencia en la sociedad cambien con el tiempo, muten a otras que se hacen visibles o se cubren de invisibilidad.

Como lo señala Ives Michaud (1989, p. 48), el hecho de que en la actualidad hayan desaparecido viejas estructuras y modos de violencia, pero que a su vez hayan surgido otras nuevas que las hacen visibles, ocultan, evalúan, rechazan o legitiman, tiene que ver entonces con el carácter cambiante del fenómeno y con las formas del intercambio, asociadas al contrato social moderno.

De tal manera que buscar una sola significación de la violencia es un camino de difícil tránsito, que más que llevarnos a una so- lución, nos pone ante opciones no concluyentes que pueden ser- virnos de guía y, en contexto, aproximarnos a una comprensión del fenómeno. Por lo tanto, la búsqueda no termina, sino que nos lleva a una ampliación del espectro de investigación desde las múltiples miradas de las Ciencias Sociales. Para el caso co- lombiano, tenemos un escenario que justo exige comprensiones disciplinares que se complementen, pues finalmente es el ciuda- dano quien requiere opciones para superar cualquier manifesta- ción de violencia.

Respecto al uso del término violencia, escrito con mayúscula inicial y antecedido del artículo la, también en mayúscula, es importante explicar que hace referencia al perío- do comprendido entre 1946 y 1966, que recoge el proceso de violencia bipartidista liberal- conservadora, que antecedió a un nuevo tipo de violencia producto del surgimiento de las guerrillas.

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Una aproximación a la violencia del siglo XX en Colombia

El propósito de este aparte es analizar las continuidades y las rupturas en los ciclos de violencia política y social en el país a lo largo del siglo XX. Asimismo, determinar cómo los partidos políticos, las élites políticas y económicas, y los grupos armados en Colombia se han valido de la violencia, como un instrumen- to de presión, para el logro de diversos propósitos particulares. Alrededor de las explicaciones sobre las raíces de la violencia colombiana hay un sinnúmero de miradas que van desde atribuirla a problemas partidistas, a la lucha de clases, a la fragilidad de las instituciones políticas, a la injusticia social que incluye la históri- ca ausencia del reparto equitativo de las tierras, hasta explicarla a partir del derrumbe parcial del Estado, entre otros motivos. Es de señalar que la violencia no ha tenido la misma incidencia ni las mismas manifestaciones en todas las regiones del país, sino que ello ha variado dependiendo del contexto.

Nos proponemos, entonces, establecer los nexos entre violencia política y social, dado que hechos históricos como el desplaza- miento forzado o la protesta han sido acallados sistemáticamen- te a través de la represión. Regulaciones como la “Ley Heroi- ca”, que prohibía el derecho de huelga a finales de la década del veinte, hechos como la masacre bananera de 1928, el asesinato de estudiantes, de líderes como Guadalupe Salcedo, Jorge Elié- cer Gaitán, Luis Carlos Galán y de una serie interminable de mi- litantes de la izquierda nacional[1], son tal vez un reflejo de un establecimiento que parece muy intolerante con la oposición. A decir del historiador César Ayala (2007) un hecho singular en Colombia es que la violencia es el medio del cual se han valido los partidos políticos, Liberal y Conservador, para continuar la política por otros medios.

Es claro que la violencia ha sido una vía utilizada históricamente por la sociedad para resolver sus diferencias y que esta puede ser de tipo social, político, económico, familiar, entre otros. Ya desde la Roma esclavista o la antigua Grecia, el hombre se valió de métodos violentos para doblegar al otro. Incluso el proceso colonizador europeo sobre Asia, África y América estuvo acom- pañado del sometimiento forzoso a los pueblos descubiertos. Se sabe, pues, que los conflictos son normales en cualquier sociedad y que ellos son la manifestación material en las distintas socieda- des humanas de la diversidad, las distintas expectativas y la diversidad de los intereses, que en buena medida son un motor de desarrollo de la sociedad (Vargas, 2000). Sin embargo, al parecer, en Colombia hay un hilo conductor asociado a cultura-política y violencia, y que, por tanto, en el país nos hemos habituado a re- solver los conflictos a través de la violencia, máxime cuando las luchas sociales han sido percibidas históricamente como desesta- bilizadoras del orden y, en esa medida, se confunden la subver- sión con la delincuencia; el tratamiento ha sido adecuado a estas circunstancias (Vargas, 2000).

Por supuesto, a esta mirada se oponen historiadores como Eduar- do Posada Carbó (2006), para quien existe una sobrevaloración de la cultura violenta de los colombianos, a lo que él antepone ar- gumentos para sustentar la tesis de que hemos sido una sociedad tolerante, con una democracia liberal en la que solo una minoría ha acudido a la violencia como medio para resolver sus conflic- tos. Coincidimos con Posada Carbó en que no es la sociedad en general, sino grupos focalizados de personas (políticos, bando- leros, guerrillas, paramilitares, bandas criminales, narcotrafican- tes) los que han persistido en acudir a la violencia como medio para satisfacer determinados intereses, en otras ocasiones —ante la ausencia de justicia, la inequidad social y la exclusión—, diver- sos grupos de ciudadanos deciden acudir a mecanismos por fue- ra de la institucionalidad para reclamar soluciones a sus proble- mas. También es cierto que diversos movimientos e identidades[2] han optado por la protesta o la movilización social en procura de defender sus causas a través de nuestra historia y, con frecuen- cia, el Estado ha sido indiferente o intolerante ante la protesta, al punto de estigmatizar a todo aquel que vaya en contravía a sus intereses.

Tuvimos un siglo XIX violento, en el cual las guerras civiles fue- ron una constante para dirimir confrontaciones partidistas a tra- vés de las armas, primero entre federalistas y centralistas, luego entre liberales y conservadores. Según Rodrigo Pardo (2010), en la Colombia del siglo XIX era fácil irse a las guerras debido a la abundancia de armas que nos heredó la Independencia, por la generalizada costumbre de servir en las filas y por la militariza- ción de la sociedad que destacaba la autoridad de los altos ofi- ciales por sobre el resto de la población. En este orden de ideas, líderes políticos —con grados militares— podían, sin mayor es- fuerzo, propiciar una guerra bien para enfrentar o apoyar al go- bierno de turno.

El nuevo siglo despertó con una guerra civil, la de los Mil días, y múltiples tipos de violencia han estado ligados a la historia del país desde la Independencia. Lo importante del análisis es que la violencia ha sido un proceso estructurador y, a veces, decisivo a través de la historia colombiana; por esto, parecería que el país ha tenido un pasado particularmente violento. Sin embargo, una historia violenta es común a la historia de la humanidad en su conjunto, ya que una de las principales características de la vio- lencia es su universalidad. No obstante, los seres humanos son pacíficos bajo ciertas circunstancias estructurales y son violentos bajo otras (Oquist, 1978).

En los años veinte del siglo XX las primeras generaciones obreras en el país fueron reprimidas por el Estado. A las élites nacio- nales les preocupaba que los vientos liberadores que venían de Europa (Revolución Rusa), México (Revolución Agraria) y Ar- gentina (movimiento estudiantil de Córdoba) influyeran en los trabajadores y en sus líderes. No en vano, el Partido Socialista Obrero y el Partido Comunista surgieron en las primeras déca- das del siglo XX y algunas de estas colectividades no descartaron la violencia como método para obtener sus metas. Ejemplos de violencia estatal fueron la prohibición del derecho a la huelga y a los sindicatos (gobierno de Miguel Abadía Méndez [1926- 1930]) y la masacre de las bananeras de 1928. Como lo anotase Catherine LeGrand (1989), la United Fruit en Colombia logró eri- gir un Estado dentro del Estado en el que las leyes las imponía esta compañía norteamericana, y los campesinos que laboraban para ella vivían en condiciones inhumanas. La génesis de la llamada primera violencia hunde sus raíces en la finalización de la hegemonía conservadora en el año 1930. Al retornar el liberalis- mo al poder, luego de más de cuatro décadas, esta colectividad se enfrascó en una lucha sin cuartel con el conservatismo para recuperar los espacios perdidos.

Los tiempos de Jorge Eliécer Gaitán, que desembocaron en su magnicidio, marcan la génesis de la primera violencia, un perío- do de enfrentamientos políticos fanáticos entre el liberalismo y el conservatismo, el cual culminaría con la instauración del acuer- do bipartidista. Según Cesar Torres (2010), entre los años 1946 y 1947, la huelga y la movilización popular fueron rasgos caracte- rísticos de este período. Ello se ilustró en alrededor de seiscien- tos conflictos colectivos con un número creciente de despidos, incluso políticos, para reemplazar a liberales por conservadores. Por estos años, surgirían los primeros grupos de desplazados en el país, campesinos que huían de sus tierras perseguidos por los llamados pájaros y por sus enemigos políticos. Luego, el golpe de Gustavo Rojas Pinilla en 1953 inauguraría un período de tregua bipartidista, que se extendería hasta finales del Frente Nacional. Allí el precio de la armonía liberal-conservadora fue la perse- cución y la exclusión política de todas las fuerzas ajenas al libe- ralismo y al conservatismo. Llama la atención, entonces, cómo el Frente Nacional pudo propiciar las condiciones para resolver las diferencias políticas entre las élites nacionales y, al mismo tiempo, cómo estas fueron incapaces de propiciar canales institu- cionales apropiados para dirimir, en forma pacífica, los antago- nismos con las clases subordinadas (Richani, 2003).

Durante el siglo XX, las terceras fuerzas políticas solo tuvieron opciones equitativas de acceder al poder hasta la Constitución Política de 1991 (elección de alcaldes y gobernadores de movi- mientos cívicos). Esto debido a que la clase política del país, con el apoyo del Estado, en su momento persiguiera y acabara con los movimientos y los ensayos de terceros partidos —como el mrl, la Anapo, el Nuevo Liberalismo y la UP—, cerrase las puertas a la expresión fluida de los conflictos sociales y, al mismo tiempo, neutralizara las reformas sociales importantes (Leal, 1999). Hoy sabemos que entre 1946 y 1966 el país fue protagonista de una de las más intensas formas de violencia civil, período en el cual hubo alrededor de 200.000 muertos en una nación con trece mi- llones de habitantes. Los móviles de estos enfrentamientos eran disputas burocráticas e ideológicas por el control del Estado; los aparatos políticos se utilizaron para conducir la guerra a las zo- nas rurales, y la confluencia entre lealtad partidista y conflicto agrario fue un detonante para escalar la violencia (Gómez Buen- día, 2003). Precisamente en este lapso, surgen las guerrillas de las FARC y del ELN, como respuesta a los problemas sociales de la época. Incluso, al comienzo del Frente Nacional, cuando ya los niveles del enfrentamiento bipartidista habían disminuido, Colombia llegó a ocupar la tasa más alta de muertes intenciona- les en el mundo (Oquist, 1978). Luego de una tasa de cincuenta homicidios por cien mil habitantes en 1959, la cifra descendió a un promedio de 20 o 30 homicidios por habitante en el período 1965-1975 (Rubio, 1996). Posteriormente, entre 1987 y 2006, se re- gistraron 484.714 homicidios, la mayoría asociados a la violencia común, aunque en Colombia es difusa la línea que separa a la violencia común de la política (Chernick, 2008).

Otro hecho relevante en la historia más reciente de Colombia ha sido la recurrencia del estado de sitio como mecanismo para re- solver las crisis internas, lo cual ha conducido al debilitamiento de las instituciones y al fortalecimiento desmedido del control del Ejecutivo sobre los asuntos de orden público. Incluso, entre 1958 y 1988 el estado de sitio tuvo una duración de veintidós años, lo cual hizo posible que el poder ejecutivo se convirtiera de facto en un poder legislativo (Medellín, 2006). En este contex- to se aprobaron el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) y el Estatuto de defensa de la democracia, durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), los cuales criminalizaron distintas formas de protesta social y ciudadana, permitidas en cualquier Estado de derecho (Mede- llín, 2006). Se insiste en la tesis del lucro o el beneficio particular como uno de los móviles de la violencia en Colombia a lo largo de su historia. Así lo explicaba, por ejemplo, Eduardo Santa al re- ferirse al período comprendido entre los años cuarenta y sesenta del siglo pasado:

Los motivos políticos comenzaron a desaparecer gradualmente en- tre los autores de la violencia oficial, puesto que muchos descubrie- ron que la violencia dirigida contra personas indefensas cosechaba dividendos económicos considerables. La policía, los detectives y los pájaros, al servicio de los comités políticos partidistas o de los caciques sectarios, encontraron lucrativo robar las haciendas, las fincas de las indefensas víctimas amenazadas de muerte, llevarse la cosecha de café o comprar propiedades rurales y urbanas a pre- cios bajos [...] Así se crearon los beneficiarios de la violencia y fue frecuente que los jefes políticos regionales la propiciaran, dadas las ventajas económicas que de ella derivaban (Oquist, 1978, p. 28).

Las causas que explican la larga duración del conflicto armado en Colombia y su extensa espiral de violencia tienen que ver con la exclusión y con un proceso de consolidación del Estado-nación en el cual no todos los ciudadanos se han percibido incluidos, a excepción de algunas regiones más privilegiadas por el modelo centralista. A su vez, están relacionadas con el cierre de oportu- nidades, durante décadas, para la participación política de los movimientos considerados opositores; con el descuido de lo so- cial; con la exclusión y la violencia de una sociedad inequitativa, en la que nunca se ha realizado una reforma agraria profunda, y con las inconsistencias de un Estado históricamente débil, con una precaria presencia en buena parte del territorio nacional, en- tre otros motivos (González, 2010).

Por supuesto, hay miradas especulativas sobre la violencia, las cuales sostienen que hay un gen violento en los colombianos o que incluso la geografía colombiana presta sus condiciones al triángulo férreo de la violencia[3] y, por ello, en esta abrupta geo- grafía y, en especial, en zonas apartadas del país, es y siempre ha sido fácil ser rebelde, pues, a juicio de James Henderson (2003), es la dificultad de su territorio lo que determina el alto grado del segundo elemento del triángulo: la vulnerabilidad del Estado colombiano. Si aceptáramos esta tesis, asumiríamos que en los países o en las regiones más abruptas del planeta existen condi- ciones más propicias para la violencia y lo contrario en las zonas de mayores planicies, lo cual nos resulta un frágil determinismo geográfico.

El narcotráfico también ha sido un importante combustible que ha jalonado la violencia en el país —desde sus años de auge— y ha degradado la guerra hasta nuestros días. No es sino recordar el aciago período de la lucha de los carteles de la droga contra el Estado en el tema de la extradición (años ochenta) etapa en la cual se dieron los más bárbaros secuestros y asesinatos de ciuda- danos inocentes (avión de Avianca, edifico del DAS, magnicidio de figuras políticas), es decir, apareció en escena el llamado nar- coterrorismo. En 1988 en el país hubo 2738 asesinatos. En el lapso de enero de 1988 a agosto de 1989 se dieron 106 masacres, una nueva faceta de la violencia paramilitar (Torres, 2010).

Los vínculos del narcotráfico con las guerrillas y el paramilita- rismo hicieron posible la supervivencia y expansión de estos grupos ilegales, al punto que entre 1991 y 1996, el 41% de los in- gresos de las FARC provino del negocio ilegal de las drogas (470 millones de dólares), y el 70% de los ingresos de las autodefen- sas campesinas de Colombia, en el mismo lapso (200 millones de dólares); también se debió a este matrimonio (Departamento Nacional de Planeación, 2002).

Ahora bien, se sabe que, más allá del caso colombiano, se han realizado estudios sobre 78 guerras civiles ocurridas entre 1960 y 1999, en los cuales se concluye que las utilidades originadas de recursos naturales se han ido convirtiendo en el combustible más generalizado de las guerras internas hoy en el mundo y, a decir de Pizarro (2004), el riesgo potencialmente más elevado de conflicto armado se presenta en las naciones que dependen de uno o de pocos productos primarios de exportación, debido a las posibilidades de extorsión que estos le ofrecen a las organi- zaciones rebeldes, mientras que, en contravía de esta tendencia, las naciones muy pobres o con economías más diversificadas son menos propensas a sufrir conflictos armados.

La estela de violencia que dejó el paramilitarismo en el país se manifiesta en una altísima cadena de masacres (2500) y cerca de 15.000 asesinatos selectivos en los últimos veinte años, liderados por los señores de la guerra. El conflicto colombiano ha desem- bocado en una crisis humanitaria que incluso se ha desbordado a los países vecinos, de tal forma que entre 1985 y 2002, más de dos millones de personas fueron desarraigadas de sus hogares, víctimas de la creciente violencia, propiciando una de las mayo- res crisis de desplazamiento interno de personas en el mundo (Chernick, 2008).

Se podría concluir que a lo mejor un Estado menos precario, con instituciones más sólidas y menos indolente ante la inequidad[4], podría propiciar mejores escenarios para alcanzar la paz o, por lo menos, disminuir los altos niveles de violencia. Esto debido a que el conflicto en Colombia, como lo afirma incluso el Par- lamento Europeo, va más allá de ser exclusivamente armado y posee una dimensión social y política derivada de la exclusión económica, política, cultural y social (Ramírez, 2006).

Contrario a lo que se supone, al analizar la democracia en Colom- bia o su ausencia, no debemos olvidar que su grado de desarrollo y vigencia no guarda un orden homogéneo y simultáneo en todo el país, pues tenemos grandes ciudades, donde en la mayoría de sus localidades se impone algún tipo de orden democrático y, simultáneamente, existen regiones enteras dominadas por los señores de la guerra o guerrillas, o donde se disputan su control al margen del Estado central (Duncan, 2006).

La violencia y sus indicadores tampoco han afectado por igual a todas las regiones del país y, en ciertos períodos, fue más ru- ral que urbana. Habría que añadir que hemos convivido con múltiples formas de violencia, pero ello no nos ha convertido en un país bárbaro ni nos ha quitado el optimismo, los sueños o la esperanza de construir una mejor nación para nuestros ciu- dadanos. También hemos de anotar que la vivencia violenta nos ha permitido empezar a mirarnos como sociedad, como grupo, como una totalidad, paso importante para la reflexión hacia un compromiso de superación de estos procesos, pues empezamos a vislumbrar que la violencia requiere la presencia de victima- rios y de víctimas, además de los testigos —cercanos o lejanos—, es decir, siempre estaremos en alguna de estas posiciones y de alguna manera nos veremos abocados a tomar partido. La otra opción sería resignarnos a ser una sociedad incivil, que solo pa- reció despertarse de su letargo en el mandato ciudadano por la paz de 2001.

Carlos Toledo Plata, José Antequera, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro y Jaime Garzón.

Campesinos, indígenas, obreros, grupos de mujeres, sindicalistas, entre otros. 15

Geografía, debilidad del Estado y poder de las ideas, según este autor.

Colombia es, junto con Brasil y Paraguay, uno de los tres países más inequitativos de América Latina.

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La violencia nos insensibiliza. La mediatización de la violencia

Revisar la prensa escrita, escuchar o ver los noticieros a través de la radio y la televisión ha dejado de ser un ejercicio para la re- flexión y se ha convertido para los colombianos del común en un proceso repetitivo de seguir un formato delimitado: en primera instancia, las notas sobre la violencia nacional e internacional o por las noticias políticas, luego, los deportes y, finalmente, las notas del espectáculo. No es este espacio un juicio a los medios, sino una pequeña anotación a los ciudadanos, quienes desde nuestra casa —medidos por el rating— definimos mucho de lo que queremos ver y oír.

Cuando hablamos de estos temas (la violencia), siempre produ- cimos un discurso organicista y formalizante, que frecuentemen- te solo admite estar en contra o a favor, refutando cualquier acti- tud que cuestione la naturaleza del fenómeno en sus líneas más generales, como lo enseña la postura comparativa de los estudios sociales. “O sea, el primer paso para estudiar fenómenos como la violencia, la sexualidad, el tabú o el pecado es vencer las resis- tencias de una moralidad cuyo objetivo es impedir que se hable de esos asuntos sin tomar partido” DaMata (1993), (Cfr. Bonilla & Tamayo, 2007, p. 19).

La audiencia, que somos los ciudadanos, se estremece ante casos de violencia cotidiana, de esa violencia a menor escala, general- mente cuando los medios deciden que la noticia es importante y groseramente taquillera. Es decir, direccionan nuestra opinión y nuestro sentir a partir de la manera como nos cuentan una histo- ria. La madre que llora en primer plano, los vecinos enardecidos pidiendo justicia, los maestros señalando lo buen estudiante que era el joven apuñalado, en fin; pasada la ola de sensacionalis- mo, pasada la noticia, retomamos nuestras vidas y seguimos, sin pensar nuevamente en lo que pasó ayer, el tan lejano ayer. Pro- poner nuevas maneras de ver la violencia es una apuesta arries- gada, pero necesaria, ya que nos permitiría evidenciar nuestro pensamiento sobre los hechos violentos diarios sin decirnos “no es a mí”.

NO ES A MÍ

La violencia en Colombia genera diariamente reportes en instan- cias como Medicina Legal, que aportan para conocer de mejor manera el recorrido del proceso, poniendo de presente la necesi- dad de contribuir desde la visibilización del fenómeno a una me- jor comprensión del mismo y a su prevención. Estos datos mues- tran que el aumento de los reportes no necesariamente significa el aumento de hechos violentos, pero sí lo que está pasando.

En el país la expectativa de vida es de 71,55 años para hombres y 78,23 años para mujeres (CIA World Factbook, enero, 2012). Sin embargo, lo que se nos muestra en las noticias cotidianas es que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, sin discriminación alguna (incluido el género), son actores de la violencia mayor y menor diariamente. Esto se hace evidente en estadísticas del Instituto Colombiano de Ciencias Forenses y Medicina Legal (Forensis, 2011), como la violencia interpersonal es un fenómeno de gran magnitud, lo que se refleja en 152.865 lesionados por esta circunstancia en el año 2011, lo que en términos absolutos equi- vale a 7681 casos más que en el año 2010, y en términos relativos, un aumento de 5,3 %, por lo cual es necesario que nos pregun- temos cuáles son los motivos por los que este tipo de muertes se ha incrementado en los últimos tres años. La situación se torna preocupante, especialmente, cuando se entiende la muerte inde- terminada como todas las muertes violentas en las que no hay claridad respecto a la intencionalidad de causar la muerte. Dicha aclaración es necesaria, pues este tipo de muerte no siempre con- sigue explicación y puede ser causada por problemas de índole personal, pasional, retaliaciones e incluso violencia intrafamiliar.

Gráfico 1. Muertes violentas según manera. Colombia, 2011

Los anteriores datos hacen evidente que en nuestro país la vio- lencia tiende a convertirse en una forma o manera de funcio- namiento de la sociedad, lo cual puede desembocar en el naci- miento o creación de diversas influencias sobre la población y a regulaciones oficiosas, que nos posibilitan cada vez más asumir que cuando uno no es directamente el afectado, la dimensión in- dividual del ser queda eximida hasta de la reflexión del hecho.

ESTÁ LEJOS DE MÍ

La indiferencia, como respuesta social a los fenómenos violentos en Colombia, en las últimas dos décadas nos muestra inermes ante las situaciones de masacres, desplazamiento forzado, reclu- tamiento de menores; casos de mujeres, hombres y niños maltra- tados; sicariato; diferencia entre escolares, barras bravas en los estadios de fútbol y el cotidiano raponazo de bolsos y celulares, incluso frente a acciones ingeniosas para robar a las personas al salir de los bancos, entre otras. Al ser noticias cotidianas, las asu- mimos lejanas a nosotros, pues la realidad colombiana, desde los inicios del conflicto armado en 1964, está en vecindad perma- nente con la tragedia, pero esa presencia cercana no escandali- za, no moviliza y los ciudadanos seguimos sin inmutarnos y sin modificar nuestras rutinas, pues hemos generalizado que lo que sucede está en otro lado, lejano de nosotros.

La indiferencia es opuesta a la responsabilidad social. El sujeto que se coloca en posición indiferente frente a otro es porque no se perturba ante su responsabilidad por la humanidad de ese otro. Es lo que Hobbes, Hegel, y Freud, entre otros autores, denomi- naron como las condiciones para que pueda existir una sociedad; ellas no se dan por naturaleza, sino por medio de una construc- ción colectiva, mediante un pacto llamado afirmación social, que permite reconocer la humanidad de la otra persona.

¿Será que los colombianos nos alejamos de esa construcción co- lectiva? Sería temerario contestar con un tajante sí, pero tenemos que pensarlo al escuchar a otros e incluso a nosotros mismos di- ciendo, por ejemplo ante un caso de maltrato intrafamiliar, “él/ ella se lo buscó”, tranquilos que es una “pelea de pelaos”.

Sin embargo, las cifras nos muestran que este tipo de violencia, denominada menor, crece día a día y se nos acerca cada vez más. Tal es el caso de los homicidios, que según algunas percepciones acontecen de manera mayoritaria en las zonas de conflicto, las cuales corresponden a sectores rurales del país, pero la realidad muestra otro escenario:

Gráfico 2. Homicidios según zona del hecho. Colombia, 2011

Buscando una representación de la violencia menor, nos encon- tramos también con la violencia intrafamiliar, que según el Insti- tuto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses “se percibe que desde 2006 el comportamiento comienza a mostrar una cur- va ascendente representada, en su mayoría, por la violencia de pareja que en 2011 contó con una representación porcentual del 64,3%, seguido de la violencia entre otros familiares (18,1%), vio- lencia contra niños, niñas y adolescentes (15,9%) y, por último, violencia contra el adulto mayor (1,7%)” (Forensis, 2011, p. 145).

Gráfico 3. Violencia intrafamiliar. Colombia, 2006-2011

Es cierto que sin los paramilitares, las guerrillas y el narcotráfico, la violencia de estos últimos veinte años no hubiese alcanzado tan altos niveles y que conocimos estos hechos gracias a su me- diatización. Pero a lo mejor, la magnitud de estos hechos nos ha hecho minimizar otros acontecimientos ante los cuales hoy te- nemos que abrir los ojos pues ya no son “violencia menor”. Asi- mismo, en Colombia y en el continente latinoamericano hoy en día cualquier individuo, desde que nace, tiene un riesgo mucho más elevado de sufrir diversos tipos de violencias y de abusos, incluyendo la muerte, al interior de su hogar que en las calles (Gelles, 1990; Newell, 1999). Por ello, los trazados de las manifes- taciones violentas son cada vez más evidentes en cuanto a cifras y estudios, pero aún la sociedad civil colombiana mantiene en su imaginario que es el conflicto interno el que pone los muertos, y que los eventos violentos solo ocurren en las denominadas zonas rojas del país.

Además de estos imaginarios, también existen algunos factores sociales y demográficos que explican la presencia de la violen- cia en las sociedades, que aclaran, de manera afortunada, la per- cepción determinista sobre la posibilidad de ser una sociedad violenta per se, tales como cualquier situación de desventaja so- cioeconómica (madres/padres solos) u otro factor que incremen- te los niveles de estrés en la familia (la presencia de niños con discapacidades o enfermedades médicas complejas; matrimo- nios o formación temprana de parejas, el divorcio, la pérdida del empleo o personas que tienen expectativas poco realistas sobre su contexto).

En el caso de Colombia, se trataría de una sociedad que por dé- cadas ha sufrido cambios en las manifestaciones de la violencia (narcotráfico, violencia guerrillera, paramilitarismo) con las ne- fastas consecuencias que éstas han dejado a su paso, lo cual ha generado una percepción social de poder, asociada al dinero, y no a los valores construidos culturalmente.

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Conclusión

La finalización del conflicto armado colombiano —para el caso de la violencia política— deberá pasar por la búsqueda de una solución negociada. Sin embargo, como bien lo señala Daniel Pé- caut (2008), existen motivos para temer que, aun si esta salida se produjera, tampoco bastaría poner fin al conjunto de los fenó- menos de la violencia pues probablemente muchos guerrilleros podría derivar en el simple bandolerismo o preferir, como ha empezado a ocurrir, unirse a otras redes ilegales, sean narcotra- ficantes o paramilitares.

De otra parte, como señala Ives Michaud (1989, p. 48) (Cfr. Bo- nilla & Tamayo, 2007), el hecho de que en la actualidad hayan desaparecido viejas estructuras y modos de violencia, pero a su vez hayan surgido otras nuevas que la hacen visible, ocultan, evalúan, rechazan y/o legitiman, tiene que ver entonces con el carácter cambiante del fenómeno y con las formas del intercam- bio, asociadas al contrato social moderno. Así pues, en Colombia somos conscientes de la violencia política, pero no de la invisibi- lización y mediatización de otros tipos de violencia.

Vemos que no se puede pretender encontrar una sola significa- ción de este fenómeno, el cual supone un proceso complejo y un compromiso de quienes estudian el tema. Esta aproximación, lejos de pretender hallar una explicación definitiva, nos muestra opciones para una mejor comprensión de la problemática.

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Derechos Humanos y seguridad democrática en Colombia: ¿Un equilibrio posible?

César Barreira[1]

El objetivo de este artículo es analizar algunos aspectos relacio- nados con los derechos humanos en Colombia, teniendo como contrapartida el programa político del presidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2010. Durante el primer período presidencial (2002- 2006) el eje de su política fue la llamada “Seguridad Democráti- ca” y, en el segundo (2006-2010) se propuso la Política de Con- solidación de la Seguridad Democrática. Este programa político se proponía reforzar y garantizar el Estado Democrático en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad demo- crática. Según los documentos oficiales, se trataba de recuperar el control estatal del territorio mediante el combate a los movi- mientos guerrilleros y, de esa manera, garantizar la implantación del Estado de Derecho.

Adicionalmente, otro foco de la política era la lucha contra el nar- cotráfico y otras formas de crimen organizado, teniendo como meta promover la seguridad y asegurar los derechos ciudada- nos. Para Uribe:

Recuperar el orden público y la seguridad —requisito principal para la vigencia real de las libertades y de los derechos humanos— representa una preocupación central de su gobierno. La Seguridad Democrática es aquello que se requiere para garantizar la protección de los ciudadanos. Que el Estado proteja a todos por igual y sin distinción, para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos (Ministerio de Defensa Nacional, 2003, p. 5).

Este programa fue configurado, de acuerdo con diversos docu- mentos oficiales, como por ejemplo “Política de Defensa y Se- guridad Democrática” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003), como una verdadera política de Estado de largo plazo, que in- volucraba tanto al gobierno como a todos los sectores del poder. Fue un programa que, de hecho, se situó frente a una guerra civil que el gobierno explícitamente desconoció, o ante una situación de inestabilidad política en el contexto de una violencia difusa y generalizada. Para el gobierno esta violencia se presentaba como resultado de la acción de los grupos de izquierda, calificados como terroristas, y de grupos de narcotraficantes. Esta política fue cuestionada principalmente por intelectuales y organizacio- nes de defensa de los derechos humanos. Es este contexto con- flictivo el que aquí se estudiará a partir del análisis de la Política de Seguridad Democrática y de algunos aspectos que han confi- gurado violaciones de los derechos humanos en los últimos años en Colombia.

Este estudio se fue estructurando a partir de una investigación exploratoria que fue realizada en 2009, en las ciudades de Bo- gotá y Medellín, así como de la lectura de textos y documentos oficiales y no oficiales sobre la situación política en Colombia, en los que se privilegia la temática de la violencia y los derechos humanos.

La investigación es fundamentalmente de carácter exploratorio e implicó la construcción de una red de “informantes privilegia- dos” como diría Howard Becker (1993). La red tuvo como punto de origen investigadores de universidades que trabajaban sobre la violencia y miembros de ONG que tenían como área de traba- jo los derechos humanos. El carácter exploratorio de la investi- gación así como la construcción de la red de informantes, que escapaba a la dimensión de aleatoriedad en la elección de los entrevistados, posibilitó tener una mayor apertura en la obten- ción de los datos y que el estudio se fuese diseñando en el acto de investigar.

En esta perspectiva, las personas, los informantes privilegiados que serían investigados y la temática o ejes de análisis que de- berían ser profundizados y detallados, fueron surgiendo de una manera espontánea. Aun teniendo como meta a priori conocer las prácticas violentas y la política de seguridad en Colombia, la opción metodológica posibilitó que el estudio se reorientase a lo largo de la investigación. Así, el significativo número de Organi- zaciones No Gubernamentales existentes en Colombia —aproxi- madamente 2500 de las cuales casi 1000 tienen una fuerte pre- sencia en la defensa de los derechos humanos— reconfiguró el estudio. Son ONG que tienen como objetivo, en general, actuar en el campo jurídico, en la defensa de las víctimas de violencia del Estado, en la protección de presos políticos y en la lucha por una “paz negociada” entre grupos guerrilleros y el Estado.

Por otro lado, los ejes de análisis fueron ganando espacio como, por ejemplo: la problemática de los “falsos positivos” o asesi- natos extrajudiciales y la dimensión del desplazamiento forzado cuyas cifras son de casi cuatro millones de víctimas en todo el país. Estos dos problemas son recurrentes en los discursos de los entrevistados y, al considerar la presencia de guerrillas de izquierda y del narcotráfico, tenemos la dimensión de los graves problemas colombianos. Una de las grandes diferencias entre estos cuatro problemas (desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, guerrillas de izquierda y el narcotráfico) es que los análisis realizados por los informantes relacionaban puntual- mente la existencia de los “desplazados y de los falsos positi- vos” en el campo de la violación de los derechos humanos. En esta perspectiva, estos dos problemas ocupan un lugar central en este estudio. La existencia del narcotráfico y de las guerrillas se plantea como un problema casi que estructural dentro del ac- tual escenario político colombiano; hay, sin embargo, una crítica al Estado por parte de las ONG, principalmente, respecto a las diferencias en el tratamiento o combate a guerrillas y narcotra- ficantes. Las primeras son combatidas con todo el rigor posible, negándoles, en principio, la posibilidad de negociación; el se- gundo, el narcotráfico es enfrentado de una forma ambigua, ya que existe una mezcla de legalidad y ilegalidad en estas acciones, lo que expresa la existencia de un pacto velado con ese fenóme- no, según el sentir de las ONG.

Los escenarios de las ciudades de Bogotá y Medellín también son orientadores de este estudio, apuntando a posibles ejes de la investigación. Dos aspectos llaman la atención en estos centros urbanos: primero, la fuerte presencia de un apartheid social ur- bano; y segundo, la sensación de ciudades sitiadas, con un fuerte aparato policial en las calles. Bogotá y Medellín, como casi todas las ciudades de América Latina, tienen áreas urbanas extremada- mente ricas y zonas periféricas muy pobres. Bogotá puede divi- dirse en la zona norte, rica y la zona sur, con mucha pobreza. Ya la ciudad de Medellín puede clasificarse con una configuración entre áreas centrales y algunas periferias donde predominan sec- tores ricos y las “comunas”[2] como las zonas pobres, aunque to- dos los barrios forman parte de comunas.

Otro aspecto es la impactante presencia de policías fuertemente armados en las calles, con uniformes camuflados y fusiles. Hay que aclarar que en otros contextos los fusiles son utilizados para conflictos armados pero no para patrullajes urbanos. Existe tam- bién un gran número de agentes de seguridad privados arma- dos y con perros adiestrados para detectar explosivos. La requi- sa policial es habitual al ingresar a un establecimiento público o privado: se solicitan documentos personales de identificación y comúnmente se pasa por, “filtros de seguridad”, detectores de metales. Según datos recogidos durante la investigación, las Fuerzas Militares de Colombia (Ejército, Armada y Fuerza Aé- rea) y la Policía Nacional conforman la Fuerza Pública y poseen un número equivalente de puestos; por ejemplo, las fuerzas mi- litares poseen 24 generales al igual que la Policía Nacional. Un dato importante es que existen cuatro veces más efectivos en la seguridad privada en todo el territorio colombiano que en la fuerza pública[3].

Estos aspectos nos remiten directamente a un análisis elaborado por Jaime Zuluaga Nieto (2003) sobre la relación entre seguridad y derechos, señalando “la existencia de reglas que sirven para regular las relaciones interpersonales así como las relaciones en- tre las personas y el Estado. Presupone un pacto social, fundante del orden legítimo y sobre la base del cual opera la autoridad del gobernante” (p. 3). La existencia o no de este pacto social y las bases que legitimaron al régimen de Uribe Vélez serán uno de los ejes orientadores de nuestras reflexiones a la vez que conducirá, en gran medida, nuestras hipótesis analíticas.

Podemos decir que este estudio tiene como campo analítico los dilemas existentes entre seguridad y democracia, configurados en la aplicación de la ley y la conservación del orden público en un Estado Democrático de Derecho.

Colombia ha sufrido fuertes crisis institucionales producto de la inestabilidad social en las últimas décadas, por ende, del desor- den público, articuladas a la presencia de guerrillas de izquierda y del narcotráfico asociado al paramilitarismo de extrema-dere- cha (escuadrones de la muerte). Sin embargo, como apunta Da- niel Pécaut (2001):

Colombia es uno de los pocos países de América Latina en que el ré- gimen político ha conservado de manera casi permanente, durante este siglo (siglo XX), el carácter de una democracia civil. Y es también el país en que la violencia está más explícitamente presente, tanto en las relaciones sociales y políticas, como en su representación (p. 26).

Es importante destacar que, en términos de naturaleza del régi- men político, encontramos que el régimen democrático represen- tativo fue alterado solamente en el período de 1953 a 1958, años durante los cuales existió un régimen militar dictatorial uniper- sonal entre 1953-1957 y colegiado mediante la presencia de una Junta Militar de Gobierno entre 1957-1958[4].

En las dos últimas décadas del siglo pasado, además del creci- miento de los movimientos guerrilleros de izquierda y de una mayor presencia del crimen organizado representado principal- mente en el narcotráfico, Colombia vivió dos grandes tragedias: en 1985 la fuerza pública retomó el Palacio de Justicia en Bogotá como respuesta a la toma de este por parte del M-19[5], en donde fueron asesinadas más de noventa personas; la otra fue la erup- ción del volcán Nevado del Ruiz que arrasó la población de Ar- mero y dejó alrededor de 25000 personas muertas.

En este contexto político marcado por el llamado holocausto del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero, y en medio de fuertes denuncias por violaciones de los derechos humanos se produjo el proceso constituyente de 1991 y se adoptó una nueva consti- tución política. Para Zuluaga Nieto (2003) la “Constitución de 1991 debilitó el régimen presidencialista imperante en Colombia y buscó establecer un sano equilibrio entre los poderes públicos, para lo cual, entre otras medidas, creó la Corte Constitucional como la institución garante del respeto y aplicación de la Consti- tución y el Consejo Superior de la Judicatura para garantizar un manejo administrativo autónomo de la rama judicial” (p. 7). En esta perspectiva, la constitución posibilitó avances en el ámbito de los derechos humanos, principalmente en la protección jurídi- ca de los ciudadanos colombianos.

Sociólogo, coordinador del Laboratorio de Estudio de la Violencia, profesor titular de la Universidad Federal del Ceará-Brasil e investigador del INCT/CNPq.

Medellín está dividida en 16 Comunas urbanas, dentro de estas se ubica cada uno de los barrios; en total, la ciudad cuenta con 249 barrios urbanos oficiales.

Actualmente, la Fuerza Pública cuenta con 431.253 hombres y mujeres: 285.382 en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, y 145.871 en la Policía.

Tras la muerte, todavía no aclarada, del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en Bo- gotá el 9 de abril de 1948, el país se vio envuelto en una espiral de violencia que enfrentó de nuevo a muerte a los partidos Liberal y Conservador. Dicha guerra no declarada fue conocida como La Violencia. El 13 de junio de 1953 el General del Ejército Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de estado al presidente conservador Laureano Gómez, invocando el propósito de pacificar el país. El 3 de agosto de 1954 la Asamblea Constituyente, com- puesta en su mayoría de conservadores liderados por Ospina Pérez, fracción conserva- dora opuesta a la liderada por Laureano Gómez, lo reelige presidente hasta 1958. Sin em- bargo, un Frente Civil sustentado en la coalición entre liberales y conservadores precipita su caída el 10 de mayo de 1957 y es reemplazado por una Junta Militar de Gobierno hasta el 7 de agosto de 1958.

La toma del Palacio de Justicia por el grupo guerrillero M-19 el 6 de noviembre de 1985 (llevado a cabo para someter a un juicio político al entonces Presidente de la Repú- blica, Belisario Betancourt Cuartas en razón al presunto incumplimiento del gobierno respecto a los acuerdos firmados con el grupo rebelde) culminó con la reacción y retoma por el Ejército y la Policía 27 horas después, dejando un saldo de 98 muertos, entre ellos, once magistrados, diez personas más fueron consideradas como desaparecidas. La toma ha sido calificada como holocausto y masacre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que a los hechos también se le denominan Holocausto del Palacio de Justicia. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó el 30 de enero de 2012 la condena a treinta años de prisión contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por hechos ocurridos en la retoma del Palacio de Justicia.

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Un plan, una política: Democracia y derechos

En 2002 fue electo para presidente del país, con el 52% de los votos, Álvaro Uribe Vélez, ex-gobernador del Departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. Uribe adoptó como lema de campaña en materia de tratamiento a los que llamó grupos ar- mados ilegales la “mano firme, corazón grande”, posición alter- nativa al modelo del anterior presidente, Andrés Pastrana, quien se comprometió en un “Proceso de Paz” negociada con las Fuer- zas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)[1] y sostuvo diálogos exploratorios con el Ejército de Li- beración Nacional (ELN). En concordancia con su posición, adop- tó la Política de Seguridad Democrática que tenía como una de sus metas restablecer la ley y el orden en todo el territorio nacio- nal, esto es, aplicar “mano firme”. Para Uribe:

No hay contradicción entre seguridad y democracia. Por el contra- rio, la seguridad garantiza el espacio de discrepancia, que es el oxígeno de toda democracia, para que disentir no signifique exponer la seguridad personal. Pero hay que trazar una línea nítida entre el derecho a disentir y la conducta criminal. Sólo cuando el Estado cas- tiga implacablemente el crimen y combate la impunidad hay plenas garantías para ejercer la oposición y la crítica (Ministerio de Defensa Nacional, 2003, p. 5).

El combate implacable, “la mano firme” y la no negociación con los grupos guerrilleros de izquierda marcaron profundamente la política de seguridad democrática; no fue así con los grupos paramilitares de derecha con los cuales negociaba, lo cual marcó una clara diferencia con relación a la política que aplicó Pastrana en su gobierno.

Desde el comienzo de su gobierno, en agosto de 2002, Uribe sostuvo: “no descansaremos hasta hacer de la Seguridad Demo- crática una realidad para todos los colombianos” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003, p. 7) y, en algún momento, planteó que la Seguridad Democrática se diferenciaba de las políticas de se- guridad de los regímenes autoritarios porque superaba el dilema de garantizar la seguridad mediante la construcción de un orden democrático sin recurrir a formas autoritarias. En sus términos se trataría de una clara tentativa de búsqueda de legitimación o legalización de su política de seguridad, teniendo como soporte la Constitución de 1991. El discurso presidencial reivindicaba la eficacia de su política, reafirmando siempre “la transparencia y respeto de los derechos humanos” en las acciones emprendidas por el gobierno en ejecución de la Política de Seguridad Demo- crática.

En la coyuntura política el discurso presidencial, con fuerte inter- pelación social, dibujó y construyó la representación de los ma- yores enemigos del “pueblo colombiano”: los narcotraficantes y, principalmente, los terroristas que es como calificó a los guerri- lleros. Para el gobierno de Álvaro Uribe todo acto de violencia por razones políticas o ideológicas era terrorismo o, en otras pa- labras, violencia política y terrorismo eran prácticas idénticas. El presidente asumió, en este plano, una lucha frontal contra los guerrilleros, clasificándolos como “enemigos de la humanidad”. En esta dinámica se recurrió a varias prácticas violatorias de los derechos humanos en el combate a los “enemigos de la nación”. Para Uribe

La antípoda de la política democrática es el terrorismo, que preten- de imponer con violencia su voluntad sobre los otros, al costo de la vida de miles de civiles. [...] Frente al terrorismo sólo puede haber una respuesta: derrotarlo. Quienes persistan en el uso de esta prácti- ca criminal, soportarán todo el peso de la ley (Ministerio de Defensa Nacional, 2003, pp. 5-6).

Las organizaciones armadas ilegales, calificadas en los docu- mentos oficiales como terroristas, eran consideradas la mayor amenaza y una “plaga” para la democracia de Colombia. En go- biernos anteriores también se dieron a estos grupos calificativos negativos tal como “bandoleros” y “narco-guerrilleros”. No obs- tante, en el Gobierno de Uribe estas denominaciones asumieron un carácter de criminalización y segregación.

Con esta vinculación al narcotráfico se ha querido cultivar la idea de una guerrilla que ha perdido sus ideales (solo hasta hoy recono- cidos, cuando supuestamente ya no existen) y que actúa exclusiva- mente por móviles económicos, por lo cual no merece ninguna sim- patía de la población ni consideración de los gobiernos (Escamilla, 2003, p. 15).

Reforzando esta afirmación surgieron denuncias oficiales de que existía una disputa por el control de los “cultivos de hoja de coca” entre las FARC-EP y los grupos de autodefensa ilegales, que era como en los documentos oficiales se llamaba a los grupos paramilitares; ello determinó, en buena medida, “la geografía de la violencia en Colombia”. A partir de estas concepciones se denunció frecuentemente que estas organizaciones tenían como principal objetivo, para el Gobierno Nacional, la población ci- vil, y se destacó que “son los más pobres quienes están menos protegidos, quienes son desplazados de sus tierras y sufren en carne propia el terror de las organizaciones armadas ilegales” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003, p. 22). Según el gobierno, con esta misma connotación, pero en un plano político más am- plio, la violencia presente en Colombia no se encuadraba en un conflicto armado o guerra interna, sino en actos de delincuentes: “aquí no hay un conflicto” sino acciones de grupos terroristas contra el Estado y la sociedad. Zuluaga Nieto (2003) afirmó que:

De esta posición se derivan varias consecuencias. La primera de ellas es que no se puede hablar de partes en el conflicto, de actores del conflicto. Se trata de la lucha del Estado contra organizaciones de delincuentes. La segunda es que, para el gobierno, no puede ha- ber “neutralidad” de ningún sector. Se está del lado del Estado o del lado de los delincuentes y terroristas. Finalmente, no cabe la distin- ción entre combatientes y población no combatiente [...] Por eso la exigencia de que la población toda se comprometa con el Estado y sus fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo (p. 6).

Es importante destacar que la postura del entonces presiden- te Uribe de no aceptar la existencia de un conflicto armado en Colombia constituyó un gran retroceso político. El presidente Belisario Betancur, del Partido Conservador, quien gobernó a Colombia entre 1982 y 1986 aceptó por primera vez la existencia de un conflicto armado, con fuertes raíces estructurales, implan- tando una política de paz en la búsqueda de soluciones para los problemas sociales y políticos. Esta política se basaba, entre otras cosas, en el desarrollo de un proceso de diálogo con las fuerzas reconocidas como insurgentes, cesando, en parte, el fuerte clima de hostilidad e intolerancia imperante. Negando la existencia del conflicto armado interno, el gobierno de Uribe llamó a los “buenos ciudadanos” a participar de un gran frente democrático contra las guerrillas y el terrorismo, convocando a la formación de una red de solidaridad con el lema de un “millón de amigos”. Esta red, formada por grupos de ciudadanos que colaboraban con el gobierno y las fuerzas armadas, se componía de cooperan- tes, personas que mantenían un contacto más permanente con las autoridades, pero no recibían remuneración; de informantes que poseían una vinculación ocasional con el Estado, teniendo un comportamiento más reservado, no apareciendo públicamente, y que en algunas oportunidades podían ser remunerados, y, por último, de vigilantes que eran personas que mantenían un estrecho y permanente vínculo con la fuerza pública y se encon- traban especialmente en lugares públicos, pudiendo ser o no re- munerados.

Para el gobierno eran los compromisos patrióticos y el deseo de dar buenos ejemplos los que motivaban a estos “buenos ciuda- danos”. La existencia de estos grupos ha creado serios problemas en el plano de las sociabilidades, al fomentar la desconfianza al interior de las comunidades y afectar fuertemente el tejido social, con la ruptura de las redes naturales de solidaridad. Puede tam- bién viciar las denuncias en el sentido de que surgieron acusa- ciones falsas estimuladas por motivaciones personales, las cuales reforzaron un clima de conflictos interpersonales. Por otro lado, esta red invocaba una unidad nacional contra los guerrilleros-te- rroristas, generando una atmósfera en la cual “quien no denun- ciaba asumía el lugar de cómplice y no amaba a la patria”. Esta máxima desconoce las distinciones entre combatientes y no com- batientes, vinculando a los civiles en conflictos armados y vulne- rando, por ende, el derecho a no tomar partido, no participar y tener una posición libre e independiente respecto a la guerra y sus participantes. Este desconocimiento del principio de distin- ción entre combatientes y no combatientes infringe frontalmente el derecho internacional humanitario.

Para la Ministra de Defensa Nacional del gobierno de Álvaro Uribe en el periodo 2002-2003, Marta Lucía Ramírez de Rincón:

La fuerza pública dará el primer paso en este esfuerzo de articular una respuesta integral a los desafíos de la seguridad. El segundo debe ser dado por el Estado en su conjunto y el tercero, por toda la sociedad. La población civil no puede ser blanco de agresiones. Pero todos los colombianos tendrán no solamente el derecho sino también el deber de participar activamente en el fortalecimiento de nuestra democracia, de respaldar nuestras instituciones, de apoyar el trabajo de nuestra Fuerza Pública, de ser solidarios con quien su- fre [...] (Ministerio de Defensa Nacional, 2003, p. 10).

Esta cita condensa, en buena medida, la simbiosis buscada en el programa de Seguridad Democrática, entre gobierno, fuerza pública y sociedad civil. El ruego a la sociedad, en este caso, era por la “construcción de una democracia” y en “solidaridad con los que sufren”.

En la tentativa de recuperar el control de todo el territorio na- cional, lo cual era parte de las metas del programa de gobierno de Álvaro Uribe, fueron creadas las “zonas de rehabilitación y consolidación del orden público”. Inicialmente, la meta era es- tructurar nueve zonas, teniendo como criterio fundamental para la selección de las áreas la inestabilidad del orden público pro- vocado por la fuerte presencia de grupos armados ilegales. En estas zonas fueron implementadas diversas medidas restrictivas como, por ejemplo, limitar la movilización de personas y vehícu- los, asimismo la detención de personas con antecedentes crimi- nales sin orden judicial en carácter preventivo, además de haber sido designado un comandante militar para todas las operacio- nes de la fuerza pública.

En la aplicación de la ley y la conservación del orden público se configuraron claramente prácticas militares violatorias de de- rechos, entre las que se destacaba el otorgamiento de funciones judiciales a las fuerzas militares. La política de “cero tolerancia” con el terrorismo adquirió contornos precisos de fortalecimien- to de la “cultura de la intolerancia y arbitrariedad” frente a po- sibles actos delictivos, de desconocimiento del debido respeto a las diferencias y de violaciones a los derechos humanos. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, advirtió en octubre de 2002, que la creación de estas zonas podría contrariar las normas internacionales de derechos humanos, llamó la atención sobre el uso prevalente de “sospechoso”, que invierte la importancia de la presunción de inocencia y la prueba requerida para proceder a detenciones y judicializaciones.

Para viabilizar la presencia militar en todas las zonas del país, de acuerdo con los objetivos de la Política de Seguridad Demo- crática, se adoptó el programa de “soldados campesinos”. Este consistía en reclutar campesinos y convertirlos en soldados en sus zonas. Hay denuncias de reclutamientos forzados de cam- pesinos (Escamilla, 2003). Estos soldados recibían poco entrena- miento para ejercer funciones militares y poder enfrentar per- turbaciones del orden público. En esta perspectiva aparecían como presas fáciles en los enfrentamientos con grupos armados o inadecuadamente preparados para afrontar conflictos sociales complejos. En lenguaje popular, los campesinos fueron usados como “carne de cañón” en los conflictos políticos. La ampliación de la red de informantes y el reclutamiento de soldados campesi- nos representaron la “punta del iceberg” del involucramiento de la población civil en el conflicto armado colombiano.

El proceso de paz fue llevado a cabo entre 1998 y 2002, con gestiones de negociacio- nes iniciadas en el año 1997. El proceso de diálogo estuvo acompañado por gobiernos de varios países, organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y sectores de la sociedad civil colombiana y extranjera. El gobierno del presidente esta- dounidense George W. Bush, la Unión Europea, el Grupo de Río y la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyaron la decisión del presidente Pastrana de terminar el proceso de paz con las FARC el 20 de febrero de 2002.

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Desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales: Vulnerabilidades sociales

En los últimos años del gobierno de Uribe, dos fenómenos socio- políticos han afectado fuertemente a la población colombiana: el desplazamiento forzado y los “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales. Probablemente, estos fueron los dos problemas más graves que afectaron a Colombia en este periodo y en forma ostensible a su población, no solo en términos de violación de los derechos humanos, también de destrucción del tejido social colombiano. Es en esa dimensión que estos fenómenos ocupan un lugar central en este estudio.

El desplazamiento forzado refleja un problema estructural de la sociedad colombiana y ha contabilizado, en estos últimos veinte años, casi cuatro millones de desplazados[1]. Durante el gobierno de Uribe, Colombia ocupaba, en esta problemática, el deshonro- so segundo lugar en el ranking mundial, el primero lo tenía Su- dán. El desplazamiento forzado fue provocado principalmente por paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros. Las prácticas usadas por estos actores así como los objetivos variaban; sin em- bargo, el factor común era que los desplazados fueron forza- dos a retirarse de sus tierras por acciones intimidatorias. Como afirma Yamile Salinas Abdala (2007): “Si bien, los intereses y los responsables parecen cambiar obedeciendo a factores externos e internos, el resultado siempre es el mismo: el destierro de los habitantes del campo” (p. 37). El tener que huir de su lugar por amenazas representaba dejar atrás los proyectos de vida y fami- liares, abandonar sus tierras y pertenencias.

En esta perspectiva existe una estrecha correlación entre la usur- pación de la tierra y el desplazamiento forzado. Generalmente, las acciones de los paramilitares eran conducidas por la necesi- dad de implantación de grandes proyectos agrícolas, pudiendo también estar al servicio del narcotráfico. Los narcotraficantes provocaban los desplazamientos para ampliar sus áreas de cul- tivo de coca o para establecer corredores de circulación de las drogas o armas. Los guerrilleros, por lo general, provocaban el desplazamiento como represalia por una acción de delación co- metida por un propietario o miembro de su familia.

Estas situaciones formaron parte del contexto del conflicto arma- do y terminaron afectando a combatientes y no combatientes o simpatizantes y no simpatizantes en las disputas políticas. Según Fabio Velásquez (2009), al analizar la relación entre los conflictos armados y las gestiones municipales:

El control que los grupos paramilitares lograron tener en la mayor parte de los municipios analizados se logró a través del uso efectivo de las armas y la implantación en algunos lugares del terror y la intimidación a la población que, supuestamente, era simpatizante o afecta a la guerrilla. Esta también utilizó ese mecanismo en aquellos momentos en que los municipios, su dirigencia política y la pobla- ción fueron convertidos en objetivo militar, o para extirpar las su- puestas bases sociales del paramilitarismo (pp. 27-28).

Al lado de estas cuestiones, existía una política para el campo que, al valorizar la economía en gran escala o la macroeconomía, impulsaba la migración forzada de los pequeños productores ru- rales. Las ONG, apoyadas en algunos estudios, principalmente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denunciaban constantemente que esta política también utilizaba el brazo armado de los paramilitares para agravar la situación de los desplazados. En los últimos años del gobierno de Uribe, para la mayoría de las ONG que trabajaban en la protección de las víctimas, los paramilitares fueron los principales responsables del desplazamiento forzado. Según personas entrevistadas, los paramilitares utilizaban siempre el mismo procedimiento: ame- nazaban, provocaban el miedo y luego agredían físicamente, lle- gando, incluso, a cometer homicidios individuales o colectivos. Esas acciones intimidatorias obligaban a los pequeños propieta- rios junto con sus familiares a abandonar sus tierras.

Los relatos de las personas que pasaron por un proceso de des- plazamiento forzado son aterradores y esclarecedores. Algunos entrevistados presenciaron la ejecución de familiares por pa- ramilitares y, luego, fueron atacados con armas de fuego para terminar de forzar el abandono del lugar. En esos casos, algu- nos exhibían heridas con balas que permanecían alojadas en sus cuerpos. Los testimonios destacaban las atrocidades sufridas como, por ejemplo, la quema de la producción agrícola, incen- dios de sus viviendas y amenazas de muertes y secuestros, a la vez el miedo de retornar a sus lugares de origen.

En varias declaraciones algunos entrevistados dijeron “que eran víctimas de los paramilitares, pero también de las guerrillas”. Es en ese sentido que señalaban: “somos víctimas de una guerra que no representa nuestros intereses como pueblo” (Testimonios obtenidos a través de entrevistas). Es importante destacar que las tierras abandonadas o usurpadas estaban en el centro del conflic- to armado y del drama de las familias desplazadas por la fuerza.

En un balance de la Política de Seguridad Democrática realizado en 2009 por Adolfo León Atehortúa Cruz y Diana Marcela Rojas Rivera, se afirma que:

Con respecto al desplazamiento forzado, el gobierno y ONG coinci- den en su alarmante incremento para el año 2008, aunque discrepan en las cifras. Para el Presidente Uribe, entre 2006 y 2007 el fenómeno “presentó un leve incremento del 4,5%”. Según el Sistema de In- formación sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos— SISDHES, durante el primer semestre de 2008, por causas relacio- nadas con el conflicto armado interno, 270.675 personas se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen, lo que equivale a un incremento del 41% con relación al mismo período de 2007, el más grande desde el año 1985 (p. 12).

El gobierno mantuvo una postura ambigua respecto a este fenó- meno. Por un lado, reconoció en el documento Examen Periódico Universal (EPU), propuesto por la ONU, que “el desplazamiento forzado es la violación de los derechos humanos de mayor mag- nitud en Colombia” (Observatorio de Derechos Humanos, 2008, p. 9). Por otro, José Obdulio Gaviria, uno de los más influyentes asesores del Presidente Uribe afirmó que “nosotros no tenemos desplazados forzados, sino migraciones, en buena medida pro- vocadas por el paramilitarismo y la guerrilla [...] esa gente se fue para las ciudades y están ahí como migrantes” (Observatorio de Derechos Humanos, 2008, p. 9). Esta ambigüedad se reflejó directamente en la forma de actuar del gobierno.

La reproducción del proceso de desplazamiento forzado, junto con la desprotección a la cual fueron sometidas las comunida- des rurales y, principalmente sus líderes, mostraban que la Polí- tica de Seguridad Democrática no ha sido eficaz en términos de derechos humanos. La gran crítica recibida se concentraba en la inexistencia de una política efectiva que garantizase la restitu- ción de las tierras para las víctimas de los desplazamientos for- zados, así como una acción positiva y enérgica del gobierno para contener este proceso de migración obligada y todos los mecanismos que encubrían o dificultaban la separación de prácticas legales e ilegales.

En este contexto de legalidad e ilegalidad surgieron durante los años 2000 los “falsos positivos”, término utilizado por primera vez por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), basado en la jerga militar. En términos generales, los militares ca- lificaban una misión exitosa como algo “positivo”. Por ejemplo, la muerte de un guerrillero la identificaban como un “positivo”. Como resultado se tenía que cada “positivo” resultaba en venta- jas y premios a las tropas, policiales involucrados en el conflicto o en la acción específica que se concretó en una “victoria”. Si una tropa asesinaba a un guerrillero y lo presentaba como caído en combate, era beneficiada por las autoridades militares.

Sin embargo, lo que ocurrió es que los militares al actuar con la intención de mostrar resultados “positivos” cometían raptos de campesinos o habitantes de las periferias de las grandes ciudades y los ejecutaban. En seguida, sus cadáveres eran vestidos como guerrilleros, les adicionaban armas de fuego cerca a sus cuerpos y con este montaje los presentaban como si hubieran sido dados de baja en combate. De estas prácticas nació el término “falso positivo” que, en realidad, se trata de una ejecución extrajudicial promovida o sustentada, en gran parte, por regulaciones estata- les.

Este asunto también hace parte de la cotidianeidad que deben enfrentar las personas que trabajan por los derechos humanos. En el epígrafe del artículo “A propósito de la ejecuciones extraju- diciales: intranquilidades a ser resueltas por el Gobierno Nacio- nal”, de Marcilis Hernández Martínez (2008), se retrata muy bien el universo cognitivo de este fenómeno:

Mi compañía llevaba más de 15 días sin hacer mucho en un pueblo caluroso que se llamaba San Juan. No había operaciones ni patrulla- jes. Los soldados estaban simplemente allí, sin hacer nada. Pero el Día de las Madres estaba próximo y los comandantes empezaron a preocuparse porque no teníamos resultados para mostrar, ni méri- tos para que nos diesen los días y poder salir a visitar las familias. Entonces se empezó a hablar de “legalizar” a alguien. Es decir, de matar a una persona y hacerla pasar por guerrillero y así ganarse el permiso para salir. No me sorprendí de todo, pues las “legalizacio- nes” son un asunto cotidiano (p. 27).

Según el “Informe Preliminar” de la Misión Internacional de Ob- servación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad entre julio de 2002 y diciembre de 2007, habían sido registrados por lo menos 1122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas direc- tamente a la fuerza pública. Entre enero de 1997 y junio de 2002 habían ocurrido solamente 669 casos. Estos datos revelan un cre- cimiento de casi 100% de estas ejecuciones durante el gobierno del Presidente Uribe. Para “el Banco de Datos de Derechos Hu- manos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educa- ción Popular (CINEP), la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales se incrementó en un 81.6% durante el año 2007 con un total de 545 casos sobre 300 del 2006” (Hernández, 2008, p. 14).[2]

Actualmente, el término “falso positivo” es utilizado también en referencia a los judicializados, por ejemplo, a los perseguidos po- líticos, los líderes populares, estudiantiles, en fin, a los que son contrarios a la política de Uribe y son procesados judicialmente e incriminados como colaboradores de los guerrilleros.

En entrevista efectuada con un abogado de la Corporación José Alvear Restrepo, tuvimos conocimiento del proceso de “judicia- lización” por parte del Estado, de opositores políticos del gobier- no de Uribe, que sería una medida para inhibir o incriminar a aquellas personas que se presentaban como adversarios políticos del Estado. Entrevistamos a una joven a quien los paramilitares mataron su compañero de vivienda; ella misma fue secuestrada en dos ocasiones por las autodefensas y, posteriormente, fue so- metida a un tratamiento psicológico debido a los traumas que le fueron provocados por los paramilitares.

Según la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CO- DHES) (2011) la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno entre el pri- mero de enero de 1985 y el 30 de junio de 2011 es de alrededor 5.281.360 de personas en Colombia.

Según el informe: “23 años de Falsos Positivos”, del CINEP, en el país se han presentado desde 1988 hasta junio de 2011, conforme a datos extraídos de los registros de 25 organizaciones humanitarias, 1.741 víctimas identificadas por su nombre, fecha, lugar y responsables. En ese informe se revela que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ex-Ministro de Defensa de Álvaro Uribe, las Fuerzas Militares y de Policía han cometido presuntamente 69 ejecuciones extrajudiciales. 98,5% de los casos de ejecu- ciones extrajudiciales se mantiene en la impunidad.

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Algunos apuntes finales

Podemos decir que el tema del “conflicto armado” fue el gran eje en las campañas de los dos períodos electorales de Álvaro Uribe Vélez, principalmente en la primera elección en 2002. Es importante resaltar que cuatro años antes, en 1998, el Presiden- te Andrés Pastrana centraba su discurso, apoyado en un fuerte clamor popular, en acabar con la guerra mediante el diálogo y la negociación política, especialmente con las FARC-EP. En contras- te, Uribe se propuso acabar con ellas mediante la acción militar a través de la Política de Seguridad Democrática. Como afirma Zuluaga (2003):

Con su estrategia de seguridad democrática el gobierno pretende recuperar la gobernabilidad democrática, cambiar la correlación de fuerzas con la guerrilla y desmontar el narcotráfico atacando los cul- tivos y las finanzas ilícitas. Aunque no descarta la posibilidad de negociación con las guerrillas con mediación internacional, es claro que no existe una política de paz basada en la solución negociada. La paz, de alcanzarse, será por la vía de la confrontación y la derrota de las guerrillas (p. 6).

Esta postura, en gran medida, orientó las prácticas políticas de Uribe caracterizadas como una mezcla de populismo anclado en principios moralistas, y la retórica de un gobierno de “mano fir- me”. Mantuvo en sus dos períodos presidenciales la promesa de erradicar algunas de las manifestaciones de la violencia social que sufre Colombia, que es la corrupción y la politiquería. Estos retos y dilemas configuraron una tensión permanente y funda- mental entre seguridad y democracia, no siendo concretizados. Para Escamilla (2003) el:

Propio gobierno de Uribe lo reconoce, al advertir insistentemente que no comulga con visiones autoritarias ni unanimitas del poder y la política, queriendo responder y adelantarse a las sospechas de diversos sectores sobre las consecuencias negativas que sus políticas podrían tener y en efecto se empiezan a comprobar, sobre el ejerci- cio de las libertades y derechos de los ciudadanos. No obstante la curiosa obsesión del gobierno, quien afirma enfático la sujeción de sus acciones al derecho, la tensión implícita no cesa (pp. 4-5).

El gobierno de Uribe, en un régimen democrático débil, ha uti- lizado estrategias legales e ilegales, insistiendo en concentrar el poder en el ejecutivo y limitar la autonomía de las ramas legis- lativa y judicial. Uno de los programas que marcó su gobierno se plasmó en la llamada Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005 (Ley 975 de 2005), que planteaba, fundamentalmente, la desmo- vilización de los grupos armados ilegales, pero que en la práctica fue concebida para desmovilizar los grupos paramilitares. Esta ley recibió fuertes críticas nacionales e internacionales y hasta mereció un artículo editorial en The New York Times titulado “Ca- pitulación colombiana” en el que se afirma “que la Ley de Jus- ticia y Paz debería llamarse más bien ‘ley de impunidad para asesinos, terroristas y grandes traficantes de cocaína’. Ello obligó al gobierno a desplegar una ofensiva diplomática para explicar las bondades de la ley” (citado por Leal, 2006, p. 25).

Podemos destacar el límite existente, muy tenue por lo demás, entre la esfera pública y la privada, entre lo que era legal e ilegal en Colombia. En esta perspectiva podemos resaltar dos aspectos:

La relación entre los paramilitares y el Estado. Los paramilitares son fuerzas armadas de extrema derecha que se autodenomi- nan como autodefensas y que tienen ligazón con los narco- traficantes. Los paramilitares fueron formados como milicia- nos de los grandes propietarios de tierras, que tenían como objetivo inicial defenderse de los guerrilleros.

La problemática de las guerrillas llamadas de izquierda, básicamen- te las FARC-EP y el ELN. Las derrotas infligidas a la guerrilla en determinados territorios, según algunos entrevistados, serían la metáfora del colchón de agua, en que se aprieta un lado y se forma inmediatamente una burbuja en otro lugar. Aunque existen conceptos divergentes en torno al estado ac- tual de la guerra contra las FARC-EP y el ELN, es un hecho la debilidad que golpea a la insurgencia.

En Colombia existe una relación compleja entre guerrilla, Esta- do y paramilitares, en la que el narcotráfico es uno de sus posi- bles enlaces. Para los estudiosos de la política colombiana, entre quienes están los militantes de los derechos humanos y los inte- lectuales, hay un consenso sobre la incongruencia en los datos gubernamentales que no permite establecer con claridad cuál es el grado de avance en la Política de Seguridad Democrática. Como fue señalado a lo largo de este estudio, ocurrieron serias violaciones en el ámbito de los derechos humanos, destacándo- se la situación de los desplazados forzados, la existencia de los falsos positivos y la criminalización o judicialización de los opo- sitores del régimen. Sin embargo, la principal virtud de la Polí- tica de Seguridad Democrática consiste en que ha permitido la estabilización y el robustecimiento de una política de Estado en el tema de seguridad. Hubo un avance significativo en un país que tradicionalmente estuvo sujeto a los vaivenes de los cambios de un gobierno a otro.

En esta coyuntura se destaca la reducción de los casos de te- rrorismo, los secuestros extorsivos y el hurto de vehículos. Se puede destacar también la presencia de la policía en todos los municipios del país, lo que permitió, en parte, eliminar las tomas de poblaciones por los grupos armados ilegales a la vez que in- crementó el control sobre las vías públicas. Para Leal (2006) “la percepción de tranquilidad quedó confirmada en la semanas del período vacacional del cambio del año, cuando el gobierno or- ganizó caravanas de vehículos escoltados por la Fuerza Pública, que estimularon el desplazamiento terrestre de amplios grupos de la población, luego de varios años de temores frente a asaltos y secuestros” (p. 6)

Este cuadro coyuntural, caracterizado como una mezcla de avan- ces y retrocesos, pone en tela de juicio la percepción de la opinión pública favorable a la política de seguridad, debido a la violación masiva y sistemática de los derechos humanos en este país por parte de los actores armados en conflicto, incluso por parte del propio Estado y sus agentes y se siguen registrando graves epi- sodios que lindan con delitos de lesa humanidad.

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Referencias

Becker, H.S. (1993). Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. Editora HU- CITEC, São Paulo.

Escamilila, L. (2003). ¿Seguridad Democrática?: reflexiones sobre la propues- ta de seguridad nacional del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Colonia de Sacramento: Mimeo.

Hernández, M. (2008). A propósito de las ejecuciones extrajudiciales: inquietudes a resolver por el Gobierno Nacional. Observatorio de De- rechos Humanos, 8, diciembre, Medellín.

Leal, F. (2006, agosto). La política de seguridad democrática 2002-2005. Análisis Político, 57(19), Bogotá.

Ministerio de DeFensa Nacional. (2003). Política de Defensa y Seguridad Democrática. República de Colombia. Bogotá.

Observatorio de Derechos Humanos. (2009). Instituto Popular de Capa- citación (IPC). 8. Medellín.

Pécaut, D. (2001). Orden y violencia, evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953. Bogotá: Grupo editorial Norma.

Salinas, A. Y. (2007). Desplazamiento y tierras en Punto de Encuentro. Documentos sobre Democracia y Paz, 46. Bogotá.

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ZuluaGa, N. J. (2003). Colombia: entre la democracia y el autoritarismo. Buenos Aires: CLACSO.

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Confuctividad, violencia y control social: saberes latinoamericanos contemporáneos

José Vicente Tavares-dos-Santos[1]

Las nuevas cuestiones sociales mundiales constituyen un largo campo de interrogaciones a la práctica sociológica. La producción intelectual en distintos países —por ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile y Venezuela— demuestra crecientes análisis sociológicos de los fenómenos de conflictivida-des, violencia y control social. Hay un universo de exclusión social y de segregación socio-espacial —por clases, géneros, etnias, afinidades culturales, grupos de edad— que exige una nueva teoría crítica de la sociedad contemporánea.

Intentaremos recorrer las contribuciones de expresivos autores: Juan Pegoraro de Argentina; César Barreira de Brasil; Roberto Briceño-León de Venezuela; y Norbert Lechner de Chile. Para cada uno serán reconstruidos sus conceptos, los linajes teóricos, las realidades empíricas investigadas y sus aportes a la sociología de la conflictividad que se plasma en la sociología internacional.

La sociología de la conflictividad se esfuerza por contestar a algunas cuestiones centrales: ¿cuáles son las formas de violencias que predominan en América Latina en el inicio del siglo XXI? ¿Cuáles son los orígenes sociales?¿Cuáles son las experiencias innovadoras y las luchas sociales por la ciudadanía que se configuran actualmente en América Latina? ¿Cuál es la relación entre violencia y juventud?

En el plan teorético es posible decir que se desarrolla un trabajo novedoso acerca de las variadas redes de dominación y de violencia presentes en las formaciones sociales contemporáneas, indicando, aún, nuevas posibilidades teoréticas para su comprensión sociológica.

La novedad analítica que se revela en los estudios actuales reside en la perspectiva de la complejidad, sintetizada por Morin (1994). Tal perspectiva epistemológica se expresa en la crítica a algunos abordajes clásicos sobre el tema de las conflictividades y en la formulación de nuevos instrumentos interpretativos. En la sociología brasileña, la publicación de un importante y sucesivo elenco de revisiones del “estado del arte” evidencia la madurez de este campo científico[2].

Estamos viviendo un momento de transición paradigmática cuya rotura epistemológica consiste en el denominado postes-tructuralismo, el cual incluye la crítica del marxismo ortodoxo, del funcionalismo y del estructuralismo (Sousa, 2000).

Doctor de Estado en Sociología por la Universidad de Paris-Nanterre, Francia; Profesor Titular del Departamento y del Programa de Doctorado en Sociología del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Brasil; Investigador Sénior del CNPq-Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico; pertenece al Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLAC-SO); Vice-Presidente del RC 29 Social Control and Deviance de la Asociación Internacional de Sociología (ISA), Ex Presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y de la Sociedad Brasileña de Sociología. Coordinador del Grupo de Investigación Violencia e Ciudadanía (IFCH-UFRGS/CNPq).

Los estudios de revisión ("the states of the art") de la literatura sociológica brasileña sobre esos temas son: Barreira y Adorno (2010); Adorno (1993); Zaluar (1999); Brumer & Tavares (2000); Kant de Lima et al. (2000).

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Introducción: el déficit de la transición democrática

Las dificultades políticas surgidas de los procesos de transición democrática en América Latina se mantienen pues no solo permanece el desconocimiento y la sorpresa frente a la expansión de los fenómenos de violencia, como en los esfuerzos de reconstrucción visando la plenitud del Estado de Derecho no fueran puestas en cuestión varias dimensiones del control social institucional: la situación de las prisiones; los modos de funcionamiento de las policías; las dificultades de acceso a la justicia; la selectividad social de la justicia penal; y la pérdida de legitimidad de las instituciones de control social.

En el siglo xxi, desde el año de 1991, hay transformaciones del crimen y el surgimiento de nuevas formas de violencia criminal, particularmente difusas. La definición de qué es crimen ahora se vuelve problemática; los agresores provienen de distintas posiciones sociales así como la posibilidad de uno de ser víctima aparece como normal; las causas del crimen son amplias, pues este está en el continuum de la normalidad social ya que su relación con la sociedad es constitutiva; el espacio del acto tanto es público como privado, ocurriendo en varios espacios sociales —residencias, barrios, plazas o calles; la relación entre los agresores y las víctimas es compleja— extraños e íntimos, outsiders y del propio grupo; el control social del crimen está siendo hecho por varias agencias estatales y además por acciones informales, con fuerte presencia de policías privadas; la eficacia y la eficiencia del control social son problemáticas; y la reacción del público está orientada por un irracional miedo al crimen y un pánico moral (Young, 1999, p. 46).

La crisis expresa una falencia de la seguridad pública, identificada como una de las tecnologías políticas de la Razón del Estado-Nación, para garantizar el orden social y el derecho de propiedad. La crisis del proceso de Justicia Criminal está expresada por la impunidad de muchos delitos, principalmente de los denominados “crímenes de cuello blanco”, de los crímenes violentos y aquellos practicados por miembros de la policía. Con eso, se acentuó la pérdida de legitimidad del sistema judiciário y la sensación colectiva de inseguridad.

La relación entre la conciencia colectiva de la seguridad o de la inseguridad, sea fundada en bases reales por el crecimiento de la violencia y de la criminalidad violenta, sea originada en bases imaginarias por un inconsciente colectivo marcado por la incerti-dumbre y por la inseguridad, se configura como uno de los nuevos problemas sociales mundiales. En fin, el desplazamiento de la óptica sociológica para la sociedad global posibilitó el pasaje para una sociología de las conflictividades en el proceso de la mundialización[1].

Véase, Hobsbawm (1994); Bauman (1998); Giddens (2000); Iaimi (1992; 1996).

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El análisis del control social por Juan Pegoraro de Argentina[1]

Juan Pegoraro delinea un proyecto de largo curso en la “Presentación en sociedad” de la revista Delito y Sociedad, en 1992, a partir de la observación de que la Sociología raramente incluye la reflexión sobre la construcción del orden social y de las conductas delictuales. La revista sería:

Un lugar desde donde plantearnos los problemas que implica la construcción de lo social, el conflicto, y por ello la construcción social de lo delictual [...] Por ello elegimos el análisis del orden de lo social real, y en el caso particular, el funcionamiento en la realidad del sistema penal (Delito y Sociedad, 1992, editorial).

Desde luego, el diálogo con el pensamiento sociológico, a desdoblarse en múltiples interlocuciones internacionales, se manifiesta:

Max Weber cuando se preguntaba cómo hacen los poderes políticamente dominantes para mantenerse en su dominio [...] que requiere de una administración continua y eficiente [...] y necesita por una parte de la actitud de obediencia en la conducta humana y también la disposición de aquellos elementos materiales eventualmente necesarios para el empleo físico de la coacción (Delito y Sociedad, 1992, editorial).

Lo más importante para la sociología latinoamericana ha sido las cuestiones sociológicas que orientan los trabajos sobre la sociedad y el delito:

a)   Entonces, cuáles son sus indicadores, y cuáles las respuestas que mantienen el inestable (y cuestionado) equilibrio del orden social: ¿la sobrevivencia de las formas delincuenciales? ¿La ineficiente o autoritaria Policía? ¿La inoperancia del sistema judicial? ¿La inequidad de las políticas económicas? ¿La desigualdad social? ¿La existencia de algunos rasgos congênitos quizás? ¿Una cierta enfermedad? ¿El color de la piel, los parietales, la nacionalidad, el alcohol, la droga, la pornografía, la disolución de los valores, la educación, la raza humana?

b)   ¿Qué medidas tomar que sean apropiadas, cómo corregir, cómo prevenir, cuál es la utilidad de tal o cual política?; y cubriendo como un manto, a su vez difuso y a su vez omnipresente, la sociedad, tal sociedad.

c)       ¿Porque, no será legítimo preguntarse si las conductas delictivas mantienen una relación estrecha con la sociedad? ¿Alguien puede dudar que muchas de ellas están socialmente inducidas, o promovidas, aceptadas, o convalidadas por el orden social real? ¿Los delitos contra la propiedad, la inseguridad urbana, la delincuencia económica, el tráfico de drogas, la corrupción pública, el tráfico de armas, podrían no relacionarse con aspectos estructurales del orden social?

d)   Sobre las políticas de criminalization selectiva cuyo resultado, se afirma, son los presos sociales. Para ello nos guiará la búsqueda de respuestas para esas preguntas inquietantes de por qué se castiga y por qué no se castiga. Y por qué se debe castigar y por qué no se debe castigar. Y no solo para la revelación del sistema penal, sino para articularlo al anáfisis de la sociedad, mejor dicho, del orden social (Pegoraro, 1992, pp. 1-8).

En esta lectura de la obra de Juan Pegoraro quisiéramos resaltar algunos conceptos que contribuyeran a la explicación sociológica de la modernidad tardía: el concepto de control social; la noción del paradigma de la inseguridad; el análisis crítico de la “violencia juvenil”; los dilemas de los consejos barriales y de la policía comunitaria; y los interrogantes acerca de las ideas del pensamiento crítico en lo que se refiere a la seguridad en las nuevas democracias de América Latina.

Los textos de Pegoraro expresarían —fundados en variadas investigaciones sociológicas y con intenso diálogo con autores de distintos legados teóricos— la “pasión por la crítica”, desde la hipótesis de que el sistema penal es parte de una totalidad cuyo objetivo es el disciplinamiento social, tarea siempre inacabada”. Desde entonces, se adelanta la continua conversación con Michel Foucault y con los teóricos de la criminología crítica.

Juan Pegoraro define su concepto de control social:

La estrategia tendiente a naturalizar y normalizar un determinado orden social construido por las fuerzas sociales dominantes. La utilización de la idea de estrategia supone la existencia de otras fuerzas sociales contendientes, y la idea de naturalizar o normalizar supone que tal estrategia en su enfrentamiento o confrontación busca lograr políticamente la naturalización de su orden dominante y de la nor-mativización del mismo; o sea rutinizar las conductas individuales y grupales aceptables o funcionales (Pegoraro, 1995, pp. 82-83).

La amplia mirada sociológica estaba puesta desde entonces:

Quien propone formas de control social [...] propone un modelo o supone un modelo de orden social; orden social que incluye los efectos de la dominación lograda en el seno de la sociedad mediante relaciones de fuerza, o sea, el resultado de un proceso histórico constitutivo del orden social y por ello reproducción de desigualdades, limitación de libertades, cancelación de soberanías (Pegoraro, 1995, pp. 84-85).

A finales del siglo XX, escribía, hay nuevas cuestiones sobre el orden-control social:

¿Qué cambios se han producido en el control social y si estos se relacionan con los cambios sociales de las sociedades de capitalismo tardío?, ¿qué características tiene que tener el control social en las nuevas condiciones del capitalismo?, ¿puede distinguirse entre el consenso activo o la conformidad con el orden social, y por otro, el consenso pasivo resultado de la manipulación, la cooptación, el disciplinamiento, la represión?, ¿puede pensarse que las formas delictuales en que hoy se expresa la simbiosis entre una economía legal y otra ilegal apunta a una naturalización del orden social que va creando con estas conductas? [...] ¿Qué papel juega el delito, la violación a la normativa legal, la inmunidad y la impunidad de individuos o grupos ligados a la clase política y a sectores sociales poderosos en la construcción del actual orden social? (Pegoraro, 1995, pp. 104-105).

Concluye este texto seminal con una pista de trabajo para explicar el capitalismo tardío:

Sugerimos una hipótesis interpretativa acerca del control social como dirigido (y/o guiado) a la ‘incapacitation’ de los sectores sociales que no son integrados (integrables) al mercado. Esto implica una concepción más administrativa que correctiva-integradora de ‘los desviados’ (Pegoraro, 1995, p. 114).

Desde la década de 1980, en el proceso de mundialización de las conflictividades, el modelo hegemônico neoliberal producía un nuevo modo de control social:

Adelanto la idea de que es alrededor de la inversión del “paradigma de la seguridad”, que regía el proyecto de construcción de una sociedad basada en la filosofía política del Welfare State que se producen los grandes cambios a los que estamos asistiendo. Lo que se construye es un nuevo paradigma que rige, en paralelo, el modelo de sociedad neoliberal de mercado: el “paradigma de la inseguridad” (Pegoraro, 1999, p. 201).

En seguida, analiza los cambios en la estructura social:

La ofensiva del capital encarnado en los grandes grupos económicos sobre la estabilidad laboral, la contratación colectiva y demás derechos históricos logrados por la clase trabajadora; la pérdida de las expectativas de movilidad social, el aumento del desempleo con aumento de la productividad; la marginalización y exclusión social creciente; la constitución de “reservas” en las ciudades: barrios con seguridad privada y por otra parte villas y asentamientos; la desarticulación de actores sociales que fueron tradicionales correas de trasmisión para la contestación y movilización política, como el movimiento estudiantil, el sindicalismo, los movimientos villeros, los partidos políticos; la disolución de las identidades personales que establecían vínculos o lazos sociales fundados en tal identidad; y los cambios en la fuerza de trabajo y su reproducción y en el “ejército industrial de reserva” (Pegoraro, 1999, p. 207).

Puede, entonces, sintetizar el diagnóstico acerca del “paradigma de la inseguridad” en la sociedad contemporánea: “Un orden social que crea inseguridad y que pretende neutralizar los reclamos que genera en la sociedade por medio del control social. Es el control social de la seguridad de mantener la inseguridad y el miedo” (Pegoraro, 1999, p. 223).

Este paradigma se caracteriza por la concentración del poder en la clase política gobernante, involucrada en la corrupción muchas veces, pero con impunidad; en el Poder Ejecutivo asisten-cialista; en una política penal represiva que hace crecer la población carcelaria; y la producción del miedo social:

En suma, el control social y específicamente el control penal que se atribuye la posibilidad de ser una “solución al problema de la delincuencia” se despliega en el nuevo escenario de la economía de mercado, la competencia y el utilitarismo no solidario; su estrategia no es tanto para corregir los problemas del orden social referido sino de su mantenimiento y reproducción; para ello utiliza como nuevas herramientas del control social, políticas sociales neutralizadoras e incapacitadoras de gran parte de la población, por acción u omisión, y el aumento de formas represivas por medio de la acción policial

[...] Cooptación de algunos, neutralización de otros, exclusión de los más, desmoralización de los otros, encierro de algunos seleccionados, y aniquilamiento de otros (Pegoraro, 1999, pp. 226-227).

Sin embargo, el ejemplo de la sociedad argentina es una herramienta heurística para la comprensión del “paradigma de la inseguridad” en la sociedad contemporánea, por tres dimensiones:

Una de ellas es el sostenido aumento de los delitos violentos “callejeros” o “comunes”, para usar el léxico tradicional; otra la constituyen los delitos de autoridad, y me refiero a aquellos cometidos por individuos al servicio del Estado, funcionarios políticos del gobierno y en especial policías; y una tercera proviene de las inseguridades y miedos que produce la política económica neoliberal, traducida en particular por la desregulación y precariedad en el trabajo y la desprotección estatal de la salud, la educación y la seguridad social (Pegoraro, 2002, p. 29).

Adelanta un tema que sería crucial para comprender el naciente siglo xxi, al distinguir entre la inseguridad objetiva y la subjetiva:

La inseguridad objetiva, es decir, la probabilidad de ser víctima de un delito que depende de variables tales como edad, género, vivienda, trabajo, rutinas personales o pertenencia a una clase o sector social [...] la inseguridad subjetiva, producto de la construcción social del miedo con la asociación de diversos factores y en especial la alarma y pánico social que producen las noticias escritas o visuales que recogen los medios de comunicación (Pegoraro, 2002, p. 31).

Más tarde, el autor anotaría una dimensión llave de esa “inseguridad subjetiva”, compuesta por rotulaciones: “el imaginario colectivo sobre el perfil de los delincuentes está compuesto ma-yoritariamente por: joven-pobre-marginado-desocupado-droga-dicto” (Pegoraro, 2004, p. 31).

La contribución de Pegoraro ha sido la de analizar la “violencia juvenil” como un “síntoma del orden social actual”, estableciendo un fecundo diálogo con los autores de la Escuela de Chicago y con Merton:

En particular, la violencia juvenil ha adquirido en las últimas décadas una cierta “autonomía” y visibilidad creciente, “ayudado” por un modelo de apropiación y distribución regresiva de bienes y servicios que ha victimizado a amplios sectores de esta franja etária, en especial a los de bajos recursos, expulsándolos del ámbito escolar y del trabajo, sumiéndolos en la degradación y la miseria, produciendo una inequidad social mayor y más amplia que hace unas décadas atrás (Pegoraro, 2002, p. 277).

Esto significa una ambivalente presencia del joven en la modernidad tardía, producido por la crisis de las instituciones y a la vez buscando otros modos de sobrevivencia:

Por otra parte, al fracaso de las instituciones de la modernidad para lograr la armonía humana se suma que, en muchas ocasiones, son las mismas instituciones las que participan de la violencia que reprime el ejercicio de los derechos ciudadanos. Esta paradoja, en la que sobresale su sistema penal (Poder Policial, Poder Judicial y Poder Penitenciario) es de particular presencia en lo que se denomina la forma de enfrentar a la violencia juvenil. La llamada violencia juvenil actual puede ser vista como una de las estrategias de reproducción o de sobrevivencia de estos sectores excluidos en términos educativos y laborales, o sea, de la existencia que se supone que otorga identidad a los jóvenes (Pegoraro, 2002, p. 280).

Este singular modo de vivir resulta en un cambio de los actores delictivos, una vez que estamos frente a la desprofesionalización de la delincuencia:

La degradación social también ha producido la desprofesionalización de la delincuencia. En efecto, las características de los hechos delictivos que describen los medios periodísticos muestran que son producto de personas que “salen de raid”, sin plan alguno (la policía los denomina “al voleo”) y sin preparar su delito, cazadores y recolectores urbanos se podría decir, desesperados sociales [...] y, por lo tanto, la mayoría de ellos utiliza la violencia como sustitutiva de su falta de profesionalidad, produciendo un efecto y consecuencias que, lógicamente, producen más víctimas y aumentan la sensación de inseguridad (Pegoraro, 2002, p. 290).

Reactualiza, en este punto, la concepción de Merton sobre la ano-mia en la sociedad de la mercancía generalizada, que Young repetiría, con la noción de privación relativa:

Así, el fenómeno social que enmarca la violencia juvenil en la sociedad moderna es la exclusión social y a su vez la inclusión cultural, tanto material como simbólica, la falta de trabajo y la no retención escolar por un lado, y la difusión en ellos de la necesidad de tener y disfrutar de objetos, en especial ropas y modos de vida que “humanizan” socialmente a los jóvenes-sujetos [...] Ante la imposibilidad de socializarse en la escuela o el trabajo se socializan en una sobrevivencia peligrosa, amenazadoramente mortal como es el mundo de la ilegalidad que mezclan, ocasionalmente, con sus trabajos temporarios, mal pagados y precarios (Pegoraro, 2002, p. 311; cfr. Pegoraro, 2004, p. 22).

La crisis mundial que las políticas neoliberales han producido así como la crisis de las instituciones del control social resultarán en diversas experiencias de reformas de los modelos de orden social. La policía comunitaria y la convocatoria a la participación de vecinos en las tareas de garantizar la seguridad urbana ha sido analizada por Pegoraro, tomando como referencia empírica la ciudad de Buenos Aires, con la creación, en 1997, de “numerosos ‘Consejos Barriales para Prevenir el Delito y la Violencia’ (cbpdv) impulsados por el gobierno de la ciudad conforme a un Plan de Seguridad Ciudadana” (Pegoraro, 2004, pp. 35-36). El análisis del autor concluye con diversos interrogantes:

Uno de los desafíos e interrogantes que plantea la participación comunitaria en la gestión de políticas frente a la violencia social, en especial la delictiva, es su justificación: en buena medida se apoya en la ampliación de la participación ciudadana —una idea que podríamos llamar progresista—, así como en el evidente fracaso de parte de la policía y el sistema penal para resolver el problema de la prevención del delito (Pegoraro, 2004, p. 37).

Sin embargo, el punto nodal es que

[...] en las condiciones sociales actuales la apelación a la comunidad se transforma más en un problema que en una solución del problema de la inseguridad, ya que en los hechos convoca a individuos socializados en la hegemonía del mercado (Pegoraro, 2004, p. 42).

El autor formula, por ende, algunas cuestiones de alcance mundial:

La pregunta sobre si la policía comunitaria sirve, así como la inquietud sobre si funciona, agregan otras dificultades en cuanto a la confusión de medios y fines.¿Sirve para qué? ¿Funciona con relación a qué objetivo? Con respecto a la reducción drástica de la criminalidad, los resultados son pobres. Si en cambio se apunta a la inseguridad subjetiva —propósito explícito de muchos programas— y a tenor de los discursos en el ámbito europeo, los pronósticos resultan más optimistas (Pegoraro, 2004, p. 42).

Finalmente, problematiza el sentido de la relación policía-”comunidad”:

Dicha relación puede ser de colaboración entre comunidad-policía, de control de la comunidad sobre la policía del barrio (originada en la devaluada opinión de la ciudadanía sobre ella) o del control de la policía sobre la comunidad, tal como ha sido y es históricamente la función de la policía (Pegoraro, 2004, p. 47).

Este texto es el precursor de una serie de trabajos sobre los cambios de las políticas de seguridad en el curso de los nuevos gobiernos democráticos en América Latina, en la primera década del siglo xxi.

Juan Pegoraro define el pensamiento crítico en el campo del control social que incluiría además del tema de la “seguridad personal amenazada por el delito”, un marco conceptual acerca de las “inseguridades ligadas a cuestiones estructurales” del orden social imperante:

Este pensamiento se cimenta en la develación y crítica del funcionamiento real de la política penal que reproduce relaciones de dominación-sometimiento de la estructura social: por un lado la represión sobre los sujetos débiles, y por otro lado tolerante y/o cómplice con los sujetos poderosos (Pegoraro, 2004, p. 15).

En el caso, el punto de vista crítico exige una toma de posición:

Para plantear la seguridad como problema es necesario, entonces, reconocer la existencia de un conflicto social en acto en el seno del orden social, conflicto social que no se agota en “contradicciones de clase”, sino que es necesario incluir la existencia del ejercicio de múltiples formas de dominación y, por consiguiente, de sometimientos (Pegoraro, 2004, p. 31).

Esto significa ampliar la mirada más allá del pensamiento criminológico: “¿No es acaso más necesario un pensamiento más amplio y comprometido con un objeto de estudio, la ciudadanía, que tenga que ver con la ciudadanía social?” (Pegoraro, 2007, p. 229).

Así es porque el control social o la producción del orden social se realiza por medio de tecnologías sociales que actúan mediante un “reparto” del espacio social de las ciudades:

El orden social es producido por medio de las ideas culturales y del imaginario social como la del continuum civilización-economía-progreso-tecnología-productividad-consumo que se suma a la integración, la cooptación y diversas formas de transformismo [...] en los espacios de segregación y confinamiento de los excluidos [...] el Estado [...] está mucho más ausente y las políticas de control se reducen a aspectos más represivos y de contención geográfica (Pegoraro, 2004, p. 237).

Para explicar los cambios actuales, en los cuales, desde los “realistas de izquierda” ingleses hasta los sociólogos que, de alguna manera, participan en las nuevas experiencias de gobiernos democráticos, enuncia un vigoroso ejercicio del pensamiento crítico: “¿Es necesario y suficiente el trabajo del análisis y la crítica o también es imperioso intervenir en las políticas penales para realizar el pensamiento crítico?” (Pegoraro, 2004, p. 16).

Pegoraro parte del reconocimiento de que se produjo una tensión en el control social, por medio de vertientes progresistas:

Sin embargo, la convocatoria a la comunidad para las políticas de seguridad tiene una vertiente progresista en cuanto promueve la participación y puede ser un contralor autónomo y democrático del accionar policial, aunque aun con la participación ciudadana se corre el riesgo de reificar la táctica de la sospecha (Pegoraro, 2004, p. 42).

Su hipótesis central se enuncia así:

En el campo de la política penal [...] no ha existido, casi, la aplicación del conocimiento producido por la crítica, que es desechado y denostado por la mayoría de los políticos y funcionarios. La hipótesis que esbozo es que esto se debe a que el pensamiento crítico afecta a la propia naturaleza de las instituciones de control social y a la ideología de la defensa social (Pegoraro, 2004, p. 27).

Concluye con un desafío a la vez intelectual y ético: “¿Existe algún ejemplo de una política progresista exitosa que reduzca la inseguridad y limite la violación de los derechos humanos subordinando a ello a las instituciones de control social penal?” (Pegoraro, 2004, p. 35; también Pegoraro, 1995 y Sozzo, 2010).

Juan Pegoraro es Profesor Titular de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; investigador del Instituto Gino Germani; fundador de la revista Delito y Sociedad; Master en Ciencias Sociales/Sociología, Facultad Latinoa mericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede México, 1976-78. Realizó Estudios en el Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México durante 1980-83. Fue Profesor de Teoría Sociológica de la Universidad Autónoma Metropolitana, México, de 1978 hasta 1984.

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La violencia rural y el cotidiano violento por César Barreira de Brasil [1]

La obra de César Barreira puede ser reconstruida según diversos ejes temáticos, el primero correspondería a los estudios sobre el poder, los conflictos agrarios y al fenómeno de los “sicarios” (véase Barreira, 1992; 1998; Barreira & Sá, 1996). Esto es, el autor inicia su trabajo sociológico sobre las formas de conflicto social en el medio rural (véase Barreira, 1998; 2002). Las violencias en los conflictos sociales agrarios se manifiestan como forma de dominación que se ejerce por el silencio del temor o como violencia política contra los agentes de las luchas sociales por la tierra: son las acciones violentas de los terratenientes que utilizan la violencia política en contra de los campesinos sin tierra y los trabajadores rurales.

El autor construye el concepto de sistema de “sicarios”, lo cual supone cuatro actores: el mandante, el intermediario, el sicario y la víctima. Demuestra, asimismo, las más importantes motivaciones para el “crimen a sueldo”: disputa por tierras, por el poder y por pasión. Este fenómeno de origines rurales pasó a las ciudades, siempre con ambivalencias culturales: sicario o vengador; valentía, coraje o sospecha; y con los códigos de honor siempre actuantes (Barreira, 2002). Realizó, incluso, un estudio sobre una de las grandes tragedias rurales, “La Masacre de El Dorado de Carajás”, en 1966, grave acción de violencia policíaca (Barreira, 1999).

El segundo eje temático corresponde a los estudios sobre la violencia difusa en la vida cotidiana y en los conflictos sociales. Analizó diversas formas de expresión de la violencia en las sociedades contemporáneas, conflictos sociales y las posibilidades de resolución de los conflictos interpersonales más allá del campo jurídico formal (Barreira, 2008; 2010).

El tercer conjunto de trabajos abordó el tema de la infancia y juventud en situaciones de violencia, analizando el asesinato de crianzas y jóvenes, así como las expresiones culturales de la juventud. Pero, no le faltó atención a las relaciones entre juventud, violencia y ciudadanía (Barreira & Barreira, 2009; Barreira et al., 2000; 1999).

La interpretación sociológica y antropológica de la política sería un cuarto tema del autor: el análisis de la cultura y de la identidad, y una percepción antropológica de la política en la sociedad brasileña. En este caso, también ha hecho una interpretación de las políticas de seguridad pública: coordinó una reconstrucción sociológica de las prácticas gubernamentales y de las políticas públicas con la finalidad de reducir la criminalidad y controlar las violencias, en el Estado de Ceará en períodos de gobiernos innovadores (1987-2002) (Barreira & Palmeira, 2006; Barreira, 2004; Barreira & Pordeus, 2000; Barreira, 2004).

Finalmente, otro conjunto temático fue representado por la reflexión sobre la sociología contemporánea, pues participa de un trabajo colectivo de construcción de la sociología en el final del siglo xx e inicios del actual: mirando la crisis mundial, discutió el multiculturalismo y la historicidad de la sociología brasileña, basada en la memoria, la imaginación y en las utopías.

Retoma las teorías del poder y de la violencia, dialogando con sus autores preferenciales: Maria Izaura Pereira de Queiroz, José de Sousa Martins, en sus escritos sobre el poder local, los conflictos agrarios y la vida cotidiana; con Hanna Arendt y los orígenes del totalitarismo y de la violencia; de Michel Foucault retoma los textos sobre la microfísica del poder y los regímenes disciplinares; el puntillismo de Simmel lo ayuda a interpretar los mitos de una sociedad sin conflictos, armoniosa y conciliadora; en Nor-bert Elias encuentra los límites del proceso civilizador.

Todos esos diálogos intelectuales demuestran cómo asume la mundialización del conocimiento sociológico, con sus viajes sociológicos a Europa, América Latina y África (Barreira et al., 2001; 2003; 2006; Barreira, 2000; 2003; Barreira & Daniel, 1995).

El sociólogo César Barrera es Doctor en Sociología por la Universidad de São Paulo, Profesor Titular de Sociología en la Universidad Federal de Ceará, Brasil, Investigador Sénior del CNPq y líder del Grupo de Investigación Poder y Violencia. Es también investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología "Violencia, Democracia y Seguridad Ciudadana" (CNPq). Actualmente, es miembro del Comité Directivo del CNP. Fue presidente de la Sociedad Brasileña de Sociología entre 2000-2002 y de la Asociación Nacional de Estudios Pós Graduados e Investigación (ANPOCS) entre 1986-1988. Desde mayo de 2011 asumió la dirección de la Escuela de Seguridad Pública del Estado de Ceará.

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Roberto Briceño-León de Venezuela [1]

La sociología latinoamericana, según Briceño-León se sigue preocupando por investigar las condiciones de injusticia:

Se presenta como un asombro ante la pobreza y las demás desigualdades e iniquidades, pero lo hace con un compromiso como resultado de una forma de expresar la ira, la rebeldía o el malestar ante las grandes desigualdades y ante el dolor del otro (Briceño-León & Sonntag, 1998, p. 10).

El método de flexibilizar el uso de conceptos aparece, por ejemplo, en la referencia a la hipótesis de Merton sobre la disparidad entre la oferta de mercancías y la capacidad de la demanda:

La conducta anómala puede considerarse desde el punto de vista sociológico como un síntoma de la disociación entre las aspiraciones culturales prescritas y los caminos socialmente estructurales para llegar a dichas aspiraciones (Merton, 1964, p. 143).

Lo que pasa ahora es que tal disparidad es estructural, representada por nociones como desigualdad y exclusión social (Briceño-León, 2002; Pegoraro, 2002).

Reverberan ecos de Chicago, pues tanto hace la crítica de algunas ideas, como la de “gang” de la Escuela de Chicago, cuanto incorpora la cartografía del crimen y de la violencia, intentando identificar la distribución diferencial en el espacio de los fenómenos y la vulnerabilidad social.

En las sociedades de América Latina

En este escenario de conflictividad y malestar generalizado, el ciudadano de Latinoamérica se siente vulnerable. En un cuadro amplio, la vulnerabilidad puede ser entendida como el reverso de la “seguridad de los habitantes”, entendiendo por esto no sólo la seguridad de no ser víctima de delitos, sino, también, la garantía de gozar de la vigencia de un Estado constitucional de derecho y de un estándar mínimo o razonable de bienestar en materias de salud, educación, vivienda (Briceño-León & Zubillaga, 2001, p. 171).

El primer eje de su trabajo sociológico fue la Sociología de la Salud. Trabajó sobre las condiciones sociales de la enfermedad de Chagas, sobre la equidad social y la salud; y sobre los aspectos sociales, culturales y comportamentales de las enfermedades endémicas. Coordinó una investigación comparada en diversos países latinoamericanos por la opas.

El segundo eje de su trabajo sociológico fue la Sociología de la Violencia (Briceño-León, 2002). Según escribe el autor, la violencia interpersonal se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública de las ciudades de América Latina. Asimismo, presenta una interpretación sociológica multifactorial de la violencia urbana en tres niveles: macro-social, meso-social y micro-social (Briceno-León & Avila, 2007, pp. 20-44):

a) Factores macro-sociales: el incremento de la desigualdad social debido al incremento de la riqueza y la pobreza; la paradoja del mayor nivel educativo de las personas, pero con menores oportunidades de empleo; el incremento de las aspiraciones y de la imposibilidad de satisfacerlas; finalmente, los cambios en la familia y la pérdida de importancia de la religión católica como institución de control social.

b) El segundo rango de fenómenos son de tipo meso-sociales, dos de carácter situacional —la segregación urbana que produce ciudades divididas y el mercado local de la droga— y uno cultural, la masculinidad.

c) Un tercer tipo de factores micro-sociales facilitan los comportamientos violentos: el incremento de armas de fuego entre la población, el consumo de alcohol y las dificultades de expresión verbal de los sentimientos por las personas. Concluye con un análisis sobre cómo la violencia está llevando no solo a la pérdida de las ciudades, sino a la ciudadanía en América Latina.

El tercer eje se concentra en la violencia y la inseguridad en Venezuela, un trabajo sociológico compartido con una intervención pública acerca de las causas del incremento de la violencia en la sociedad venezolana en la última década. Por lo tanto, participó de la creación del Observatorio Venezolano de la Violencia en 2005.

Desarrolla la hipótesis neoinstitucionalista de que hay no solamente causas situacionales, también motivos decurrentes del orden institucional que aumentan el agravio social y los delitos violentos (Briceño-León, 2005; 2009).

Roberto Briceño León es sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales. Se desempeña como Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela; fue investigador y profesor en las Universidades de Oxford, UNAM, de La Sorbona (París III), de la Fondación FIOCRUZ de Brasil; es investigador del Sistema Nacional de Investigación de Venezuela y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Dirige el Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) y coordina el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Asimismo, es miembro del Comité Asesor Mundial de Enfermedades Parasitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue miembro de los Comités Directivos de ISA, ALAS y Presidente de la Asociación Venezolana de Sociología así como del International Forum for Social Science and Health. Actualmente, es investigador del proyecto "Citizen Insecurity: Poverty or Institutionality? The Deterioration of Venezuela in the Light of the Improvement in Colombia and Brazil".

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La dimensión subjetiva y política de la incertidumbre en Norbert Lechner de Chile[1]

El tema principal de su trabajo fue explorar la dimensión subjetiva de la política, la cual “está hecha de deseos y de miedos” (Lechner, 1988, p. 13). Ahí pregunta:

¿Qué tienen que ver mis miedos y anhelos con la política? [...] Al vivir en medio de incertidumbres, los lazos de pertenencia y arraigo tienden a ser frágiles [...] Como es sabido, el social es indisociable de su representación [...] En cambio, poco sabemos de las capas más profundas, como los (diferenciados) sistemas de valores, las representaciones simbólicas y los imaginarios colectivos (Lechner, 2002, pp. 7, 24-25).

La lógica de la política apunta a la conflictividad y “al reconocimiento recíproco de los sujetos entre sí”, pues “en todas las sociedades de clases las relaciones sociales son conflictivas” (Lechner, 1988, pp. 33-34). Subraya, entonces, el necesario análisis de la subjetividad:

Si se entiende por política lo que yo alguna vez llamara la conflic-tiva y nunca acabada construcción del orden deseado’, la subjetividad social ofrece las motivaciones que alimentan dicho proceso de construcción. Ello presupone, sin embargo, que la política contribuya efectivamente a producir sociedad (Lechner, 2002, p. 8).

Establece como el problema central de la democratización el cambio de la cultura política: “Serán las experiencias concretas de violencia y miedo, de miseria y solidaridad, que hacen el sentido de la democratización y del socialismo” (Lechner, 1988, p. 40).

Además, su trabajo busca elaborar una teoría social como producción cultural:

La teoría de la sociedad es una construcción social. Tal elaboración descansa no solo sobre los conocimientos acumulados sino que incluye asimismo creencias, miedos y anhelos [...] Y es un sistema simbólico que interpreta la realidad, pero también le otorga significado y sentido [...] Por sobre todo, deberíamos prestar más atención a las representaciones simbólicas inherentes a la elaboración teórica. Podríamos así descubrir los símbolos e imágenes que esconden la producción social del orden y que, por lo tanto, inhiben a los hombres volverse sujetos de su destino (Lechner, 2002, pp. 20, 22).

La vida cotidiana es la escena en la cual ocurren los conflictos y los miedos, pasando los límites de la democracia por allí: “Ver en la vida cotidiana un campo de luchas a la vez que un instrumentó de lucha. El conflicto por definir qué y cómo es la vida cotidiana es un aspecto por determinar en el ordenamiento de la sociedad” (Lechner, 1988, p. 50).

Asimismo, establece la relación entre diferentes grupos sociales y sus distintas vidas cotidianas, pues lo fundamental es constatar:

La diferenciación social de nuestros países estructura muy distintas situaciones de vida y, por consiguiente, condiciona diferentes modos de vida. No se puede estudiar la vida cotidiana, sino determinada vida cotidiana. [...] [Esto] nos obliga a situar lo cotidiano dentro de un conjunto de las estructuras sociales [...] Sólo en relación a la totalidad social y, específicamente, a la estructura de la dominación, puede ser aprehendida la significación de la vida diaria en “cara oculta” de la vida social (Lechner, 1988, pp. 62, 64).

Lo que le puede situar como un sociólogo de la violencia es su análisis de los miedos como problema social y político:

¿Quién tiene miedo y de qué? Entendiendo por miedo la percepción de una amenaza, real o imaginaria, propongo explorar los miedos bajo el autoritarismo en las sociedades latinoamericanas del Cono Sul [...] ¿Qué percibe la gente como una amenaza vital? En primer lugar, desde luego, toda amenaza a la integridad física (asesinato, tortura, asalto). En segundo lugar, lo que pone en peligro las condiciones materiales de vida (pobreza, desocupación, inflación, etcétera) [...] Junto a los miedos visibles existen miedos ocultos, apenas verbalizados [...] Una angustia, ese miedo difuso sin objeto determinado, corroe todo; se desmoronan las esperanzas, se desvanecen las emociones, se apaga la vitalidad (Lechner, 1988, pp. 95-96).

Por ende, señala la distinción entre la criminalidad “definida como la transgresión (violenta o no) de las leyes establecidas y la violencia en tanto violación (criminal o no) de un orden determinado”, esto es, un fenómeno objetivo; y el fenómeno subjetivo de “los miedos fundamentales a un orden violentado” (Lechner, 1988, p. 96).

En el contexto de sociedades autoritarias, escribe que “la instru-mentalización de los miedos es uno de los principales dispositivos de disciplinamiento social” (Lechner, 1988, p. 103).

Por lo tanto, distingue cuatro fenómenos: el miedo al otro; el miedo a la inseguridad; el miedo a la exclusión; y el miedo al sinsentido.

El miedo al otro se cristaliza movido por la violencia criminal:

Los miedos de la gente tienen una expresión sobresaliente: el miedo al delincuente [...] Sin ignorar las altas tasas de delitos en todas las urbes latinoamericanas, llama la atención que la percepción de violencia urbana es muy superior a la criminalidad existente [...] El miedo al delincuente parece cristalizar un miedo generalizado al otro (Lechner, 2002, p. 44).

En segundo lugar, señala el debilitamiento de los lazos sociales en todas las instituciones de la sociedad:

El miedo a los otros es tanto más fuerte cuanto más frágil es el ‘nosotros’. Se debilitan los contextos habituales de confianza y sentido. La familia, la escuela, la empresa, el barrio, la nación ya no son lugares evidentes de integración e identificación [...] Ya no se trata solo del miedo al Otro; es el miedo a uno mismo. La inseguridad brota de mí mismo (Lechner, 2002, p. 47).

El tercer aspecto es el miedo a la exclusión:

Nuestros miedos se expresan fundamentalmente en las relaciones sociales. Pero están igualmente presentes en la relación de las personas con los sistemas funcionales [...] En suma, las personas temen quedar excluidas del futuro [...] El sentimiento de desprotección tiene que ver asimismo con un nuevo tipo de amenazas. Cada vez más hay riesgos producidos por la misma sociedad [...] El miedo a la exclusión está estrechamente vinculado a un rasgo fundamental de la sociedad actual: la creciente autonomía de las lógicas funcionales (Lechner, 2002, pp. 50-52).

Finalmente, indica la producción de un miedo al sinsentido en el contexto de cambio de milenio:

Nace de un conjunto de experiencias nuevas: el stress, el auge de las drogas, la persistencia de la contaminación, el trato agresivo y los atascamientos del tráfico [...] ¿Cuál es, en medio del torbellino, el sentido de la vida? (Lechner, 2002, p. 55).

Concluye con una reflexión acerca de la sociedad de la incerti-dumbre en la que se realiza la producción de una cultura de control social represivo:

La cara banal del miedo es la ‘sociedad desconfiada’. Las inseguridades generan patologías del vínculo social y, a la inversa, la erosión de la sociabilidad cotidiana acentúa el miedo al otro (Lechner, 2002, p. 48).

Demuestra algunas características de esta incertidumbre fabricada. Primero, la carencia de la palabra. Segundo, la intolerancia a la incertidumbre. Tercero, el debilitamiento de los vínculos sociales:

En la medida en que las personas asumen la incertidumbre como un problema compartido y desarrollan redes de confianza y cooperación, ellas generan un marco de certezas [...] La vinculación intersubjetiva presupone significaciones comunes [...] El vínculo social se inserta en determinado lenguaje, en premisas normativas y códigos interpretativos (Lechner, 2002, p. 57).

Sin embargo, la incertidumbre derivaría de un cambio en la personalidad contemporánea:

Tal vez desconfiamos del otro porque tememos el conflicto. El otro representa una amenaza de conflicto. Amenaza no solo de agresión física, agresiva es también la vida diaria en una sociedad competitiva (Lechner, 2002, p. 45).

Finalmente, el sociólogo chileno honorario busca la utopía: “Una acción es política en tanto construye un vínculo social [...] La política enfrenta un gran desafío cultural: nombrar e interpretar los cambios sociales en curso” (Lechner, 2002, p. 118). “La utopía de la democracia es la autodeterminación de un pueblo sobre sus condiciones y modos de vida” (Lechner, 1988, p. 16).

Norbert Lechner (1939-2004) nació en Alemania. Es licenciado en Derecho y Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Freiburg. Llegó a Chile por primera vez en 1965, en 1971 regresó para quedarse. Expulsado de la Universidad Católica de Chile en 1973, se integra a la FLACSO, y es su Director desde 1988 a 1994. De 1995 a 1998, estuvo en FLACSO-México. En 1998 se incorpora al PNUD.

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Conclusión

Una definición reciente y muy fundamentada de lo que es teoría social fue desarrollada por Hans Joas: teoría sociológica sería una explanación incluyendo un discurso sobre el orden social, acerca de la acción social y con apuntes al cambio social (Joas, 2010).

Si seguimos este punto de vista, se podría concluir que los cuatro autores analizados — Pegoraro, Barreira, Briceño-León y Lech-ner — han producido una obra de teoría sociológica con densidad teorética, combinando distintos conceptos envasados en análisis empíricos densos, fabricando interpretaciones sociológicas sobre los fenómenos de conflictividad social, de violencias, de procesos de criminalización y acerca de las dimensiones subjetivas de la inseguridad en Latinoamérica.

Clásicos en su actitud, todos han contribuido al debate sobre las políticas públicas de seguridad y sobre las posibilidades de transformación social en América Latina.

Estos autores demuestran que la Sociología Latinoamericana está inserta en el espacio contemporáneo del conocimiento sociológico: un saber sociológico crítico internacional, que analiza la realidad contemporánea, marcada por conflictividades sociales pero también por utopías.

Pues, al reconocer la práctica sociológica como un proceso de construcción de una autoconciencia crítica de la sociedad, los Autores se ponen a concebir posibles históricos en un difícil proceso civilizatorio, junto a los pueblos que, en una sociedad mun-dializada, están a imaginar y a construir.

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Pensar la justicia de adolescentes desde el campo jurídico

Nilia Viscardi[1]
Mareia Barbero[2]

Prof. Adjunta del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Uruguay. Investigadora Nivel 1, ANIL Doctora y Magister en Sociología por la UFRGS, Brasil.

Prof. Ayudante del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay. Licenciada en Sociología y candidata a Magister por la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay.

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Introducción

De la mano de los cambios normativos introducidos a partir de la entrada en vigencia del Código del Niño y del Adolescente, se implementaron en el año 2004 una serie de transformaciones en el ámbito de la justicia de adolescentes que se expresan en la creación de los Juzgados Letrados de Adolescentes. En este marco, la aproximación realizada a través de una investigación que procuraba conocer la real implementación de las medidas alternativas a la privación de libertad nos llevó a incursionar en el campo de la sociología jurídica.

Las resistencias encontradas al cambio se vinculan a las prácticas de las y los operadores judiciales y una explicación basada en voluntades individuales es insuficiente para dar cuenta de la estructuración de este espacio del sistema judicial. Es así que este trabajo se propone, a partir de elementos empíricos y teóricos, sacar a luz las prácticas institucionales que tienen lugar en el campo de la justicia de adolescentes en nuestro país. Este nuevo campo nos sirve como excusa para indagar la producción de nuevas actuaciones o la reproducción de prácticas propias de otros ámbitos del sistema judicial.

El Estado británico existía —todos los legisladores del siglo xvm estaban de acuerdo en eso— para proteger la propiedad y, eventualmente, las vidas y libertades de los propietarios. Pero, hay más de una manera de defender la propiedad, y en el año 1700 no existían estatutos que flanquearan la propiedad por los cuatro costados con la pena de muerte. (Thompson, 2010, p. 23).

Este texto surge de una continuidad del trabajo presentado en el artículo: “Justicia de adolescentes ¿un campo en construcción? Un estudio desde los Juzgados Letrados de Adolescentes en Montevideo”, en el que analizábamos los elementos que dan cuenta de la no concreción de los principios del Código de la Niñez y la Adolescencia (cna en adelante), a partir del discurso de los actores del campo de la justicia de adolescentes. En esta oportunidad, interesa concentrarnos en profundizar la sustancia de un análisis del campo jurídico desde el caso especial de los Juzgados Letrados de Adolescentes en Montevideo.

Las transformaciones normativas recientes en el campo de la justicia de adolescentes en el Uruguay tienen que ver, por un lado, con la ley de Violencia Doméstica[1] y, por otro lado, con la entrada en vigencia del cna. Estos nuevos instrumentos introducen grandes modificaciones en la normativa e institucionalidad de los procesos vinculados a las violencias que los niños y adolescentes sufren o protagonizan.

El CNA aprobado en Uruguay en septiembre de 2004 constituye la pieza jurídica esencial en la redefinición de la ciudadanía de niños y adolescentes, consagrando sus derechos civiles, políticos y sociales. En última instancia, se sustenta en la normativa internacional sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Declaración de 1959 y Convención de 1989), e impone una filosofía que busca el abandono de la perspectiva tutelar, reforzando una visión del adolescente como sujeto de derechos. Esto se traduce en la generación de un nuevo conjunto de medidas frente a la infracción a la ley penal conocidas como medidas socioeducativas alternativas a la privación de libertad. En términos institucionales se crean nuevos juzgados especializados en la materia y se introducen nuevos actores provenientes de disciplinas no jurídicas (trabajo social y psicología) en el campo de la justicia de adolescentes. Desde el punto de vista de la aplicación de las medidas socioeducativas sigue siendo el inau, a través de diferentes programas, quien supervisa la aplicación de estas medidas.

La entrada en vigencia del CNA interpela a las tradicionales prácticas del sistema de justicia de adolescentes. La investigación cuyos resultados daremos a conocer tuvo como punto de partida la evidencia registrada en trabajos de unicef respecto a la persistencia de una tendencia punitiva expresada en la aplicación excesiva de la privación de libertad para los adolescentes que habían cometido infracciones a la ley penal, que contravenía las recomendaciones de la Convención y el espíritu del Código (Silva Balerío et al., 2008). Esto es, la dificultad de implementar medidas alternativas a la privación de libertad y la tendencia a sancionar con dureza penas casi consideradas como de “bagatela”.

Concretamente, abordamos el estudio de los nuevos juzgados letrados de adolescentes, la aplicación de medidas de corte so-cioeducativo alternativas a la privación de libertad y a la introducción del trabajo social en el proceso jurídico. En este sentido, se buscó descentrar el foco del problema en los adolescentes infractores para ubicarlo en los mecanismos de justicia del Estado y sus instituciones, a partir del punto de vista de quienes “hacen justicia” día a día.

Este trabajo presenta los principales hallazgos de la investigación mencionada para luego dar paso a un análisis sociológico del campo jurídico. Se abordan así tanto la construcción del campo de la justicia de adolescentes, como el papel de la ideología y de la norma en el proceso jurídico, centrando el análisis del caso particular de los Juzgados Letrados de Adolescentes de Montevideo.

La ley de Violencia Doméstica (n.° 17.707 de 2002) instaura en el campo de la justicia de adolescentes nuevos criterios, referidos al mayor protagonismo de la víctima, la responsabilidad del Estado en la erradicación y prevención de la Violencia Doméstica y la introducción de las medidas cautelares para la protección de la víctima. También resulta fundamental la creación de cuatro Juzgados Letrados de Primera Instancia en Montevideo y la transformación de los Juzgados de Primera Instancia de Familia de Montevideo en Juzgados Letrados de Primera Instancia de Familia con especialización en Violencia Doméstica. Tales sedes también tienen competencia de urgencia citada en el CNA (arts. 66 y 128). En el interior del país estos casos son atendidos por los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia en materia de familia.

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Poblaciones vulnerables y Derechos Humanos

La investigación referida abordó las representaciones y perspectivas de los diferentes actores —jueces, defensores, fiscales e integrantes de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios— que integran el campo de la justicia de adolescentes en Montevideo, para indagar el juego de relaciones y actuaciones entre representantes del Estado, de la sociedad y de los adolescentes infractores[1]. Este análisis del “campo” y sus agentes buscó responder algunas interrogantes que el debate sobre los procesos que vinculan adolescencia, violencia e infracción no cesa de formularse: ¿cómo opera la justicia en el campo de la exclusión? ¿Qué transformaciones han tenido lugar en nuestra justicia de adolescentes impulsadas por los nuevos cambios legales e institucionales?

Así, esta investigación se propone abordar los dispositivos jurídi-co-burocráticos para la protección de los derechos de una población considerada vulnerable, focalizando el sistema judicial destinado a los “menores”. O sea, el sistema dirigido a adolescentes definidos por la carencia, que ingresan a un circuito institucional compuesto de juzgados, hogares, institutos, defensorías y cuyos agentes detentan la facultad de decidir sobre sus destinos[2].

PIE EN CUADRO [3]

El campo se estructura, al comparar las diferencias discursivas, en dos grandes bloques. El discurso de jueces, defensores y fiscales se sitúa en un discurso jurídico. Mientras tanto, el discurso social aparece con tensiones en relación al resto de los operadores.

Los elementos resaltados desde el discurso jurídico se vinculan a las bondades o dificultades en la aplicación del cna. El contexto cultural y social de la aplicación de la norma o de la realidad social de los adolescentes (adicción, familias “disfuncionales”, pobreza, “malos hábitos”, “malas juntas”) son restrictivos de la acción jurídica. Se trata de un discurso del orden de lo formal en que la realidad aparece más como un impedimento a la aplicación de una norma (ideal) que como fuente de agencialidad, potencialidad y creatividad. A esta “norma” que debe aplicarse en un mundo sin solución, se suma el problema de una institución ineficiente en la aplicación de las medidas impuestas por el juez, tal como es el caso del inau.

PIE EN CUADRO [4]

En el discurso jurídico, el campo de la justicia de adolescentes no facilita el trabajo con adolescentes pobres y excluidos, pues debe moverse entre dos polos: el de los principios instaurados por el nuevo Código y el de la inmediatez y severidad de las penas reclamadas desde la sociedad. El trabajo policial no es cuestionado, pero sí el de los medios de comunicación en aras de la legitimación de la violencia. En algunos casos se determina que los medios inciden generando inseguridad, en otros, que reflejan la realidad de una violencia en aumento. Existe, además, la convicción de que el papel de los etad no modifica la naturaleza del proceso jurídico, dejando poco o nulo margen a la introducción de criterios sociales en la evaluación de los casos y la definición de las medidas.

Fundamentalmente, entendemos que la idea de medida alternativa a la privación de libertad se ancla en una concepción de comunidad que es ajena a nuestro sistema jurídico de corte institucional, jerárquico y que instaura la pena en la institución. La medida “sociocomunitaria” supone una apertura, aceptación y conocimiento del ámbito comunitario —así como su confianza en el mismo — que es ajena a nuestra tradición normativa.

Por su parte, los integrantes de los etad representan la emergencia de “lo social” en el proceso jurídico, lo cual constituye una de las innovaciones en materia de justicia de adolescentes en el país, concretamente en Montevideo[5]. Innovación, en el sentido de nuestra institución. Lo social se introduce por vía del trabajo de un técnico, pero técnicos y jueces no trabajan fuera del sistema jurídico o penal, permanecen arbitrando, juzgando y regulando desde adentro.

En el discurso social, el Código no es usualmente cuestionado, pero sí se cuestiona la aplicación de sus principios en tanto los jueces pasan a tener una discrecionalidad importante en la toma de decisiones[6], al tiempo que se cuestionan las condiciones institucionales —concretamente el inau— para la aplicación de las medidas. Este discurso presenta una concepción social del delito, vinculada a la comprensión de las causas del mismo y del contexto social del adolescente. Incluso así, parece primar una visión fatalista sobre el adolescente y su situación social.

El discurso social resalta elementos vinculados a la dificultad de realizar una ruptura entre lo “jurídico” y lo “social”, en el ámbito judicial, para avanzar hacia un trabajo multidisciplinario en materia de justicia de adolescentes. La creación de los equipos significa la introducción en el campo judicial de profesionales portadores de una formación proveniente de disciplinas extra-jurídicas, con un planteamiento que contempla la condición sociai del adolescente a la hora de abordar las situaciones que se presentan en el campo.

Esta imposibilidad de aplicar la pena alternativa en un sistema que solo se piensa desde las penas a aplicar en la institucionali-dad existente traslada toda la tensión en el concepto de justicia que se aplica. La disputa entre justicia de autor y de acto aparece como una tensión en pugna y objeto de desacuerdos al interior de la justicia de adolescentes[7]: allí se verifica toda la carga de la prueba respecto a qué es lo más justo. Esto es, si tomar en cuenta la historia social del adolescente o juzgar sus actos. No obstante, estas oposiciones (falsas, ya que de hecho el legajo siempre se utiliza en la práctica) no superan la imposibilidad que el sistema jurídico tiene de operar fuera de la institucionalidad existente. La inaplicabilidad de la medida socioeducativa o comunitaria no depende de la existencia de una institución que lo aplique (en el INAU o en una ong) sino de la cultura normativa de nuestro sistema judicial que no es comunitaria. Para aplicar medidas so-cioeducativas de corte comunitario hay que “creer” en la comunidad y, precisamente, salir del sistema jurídico y su institucionalidad.

Por otra parte, los nuevos actores no son percibidos como aliados sino como una razón de Estado que atestigua una debilidad del poder judicial. Estos nuevos actores, para mantenerse como tales en la lógica del campo, requieren de una formalización de su lugar en el proceso judicial. Esta ausencia genera un espacio indefinido que deja librada a la voluntad del juez la participación de los etad en cada proceso judicial y el carácter de la misma.

Según García Méndez, existen en el campo de la justicia de adolescentes dos posiciones que, en principio, parecen contrapuestas. De un lado, un “retribucionismo hipócrita” para el cual el derecho penal lo es todo y las soluciones a la infracción adolescente se resuelven con un aumento de las penas. Del otro, un “paternalismo ingenuo” que considera que las infracciones cometidas darían cuenta de conductas patológicas o tendencias sociales inevitables. Para el autor, esta contradicción es solo aparente, pues “de hecho, subyace como elemento común en ambas corrientes, un profundo desprecio por la infancia como verdadero sujeto de derechos. El retribucionismo hipócrita y el paternalismo ingenuo son pruebas fehacientes de la consideración esquizofrénica del menor, a veces como objeto de compasión y a veces como objeto de la represión” (García Méndez, 2004, p. 186).

En suma, existe en el campo de la justicia juvenil una dificultad para traducir una justa sanción en medidas socioeducativas incluyendo a la comunidad e incorporando al adolescente desde una perspectiva que lo asuma como sujeto de derecho. Esta dificultad entrelaza dos problemas: el de la proporcionalidad de las medidas aplicadas en relación con las infracciones cometidas por los adolescentes (lo justo) y el de la dificultad de implemen-tación de las medidas socioeduc ativas no privativas de libertad (lo educativo). A los efectos de una sociología del campo de la justicia de adolescentes, esta tensión refleja una práctica que no puede desgajarse de los principios normativos e ideológicos que han estructurado el campo de la justicia de familia y de la justicia penal. El campo de la justicia de los vulnerables opera en la parte “débil” de la sociedad, en la cual el sistema judicial no confía y, por ende, tutela y castiga.

Con relación a la proporcionalidad de las penas, según la infracción cometida, la visión de ciertos jueces, fiscales y defensores sobre la severidad de las medidas que se aplican a los adolescentes establece un contexto diferente: no solo sostienen que no hay severidad sino que consideran que debería haber penas más duras. El campo judicial sigue estructurado por criterios y prácticas institucionales que no permiten el desarrollo de instrumentos que abran curso a una efectiva aplicación de medidas socioedu-cativas y que, por ello, se justifica la primacía de la medida de privación de libertad. Las medidas que involucran la privación de libertad, que de acuerdo con la normativa vigente son catalogadas como de “última ratio” (plausibles de ser aplicadas en los casos en que no haya otra opción posible) aparecen, según la perspectiva de algunos de los operadores judiciales, como medida de institucionalización. Ello abre paso a un proceso perverso: el pasaje por los programas de internación supone para los adolescentes un aprendizaje de la lógica de la cárcel y sus códigos, reforzando el proceso de exclusión social (Viscardi, 2007).

Como lo señala García Méndez (2004), para que la privación de libertad constituya efectivamente una medida excepcional de último recurso, deben verificarse dos condiciones: “a) que el órgano judicial realice una interpretación estricta y garantista de los dispositivos jurídicos que regulan la privación de libertad, y b) que el órgano administrativo diseñe, construya y ejecute el conjunto de medidas alternativas a la privación de libertad” (p. 193). Ninguna de ellas parece estar teniendo lugar en el campo de la justicia de adolescentes en Montevideo.

La investigación ha permitido constatar los cambios que el Poder Judicial y sus actores están procesando en el escenario actual. El campo de la justicia de adolescentes parece regirse por un criterio punitivo más que socioeducativo, pero:

Severidad es sinónimo de dureza, rigor, inclemencia, crueldad, insensibilidad, aspereza, sequedad. Un rasgo, en suma, que no parece compatibilizar adecuadamente con el declarado respeto por normas de jerarquía constitucional, tales como la que ordena a los Estados Parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño disponer las más diversas medidas alternativas a la internación en instituciones, para propender apropiadamente a su bienestar [...] (Niño, 2010, p. 414)[8].

En líneas generales, los cambios introducidos en el campo abren paso a procesos que no se armonizan con los principios enunciados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, traducidos en nuestro país en el cna.

En síntesis, la realidad del campo de la justicia de adolescentes aún parece débil en términos de los principios de la Convención, pero fuerte en traducir las ideologías y prácticas que han estructurado el campo judicial y que provienen de una tradición jurídica difícil de desandar. Difícil en términos de las representaciones sociales de los operadores y de las prácticas institucionales del campo judicial y del de atención a los adolescentes infractores.

Asimismo, los discursos que estructuran las representaciones no muestran diferencias en torno al campo de la justicia de adolescentes, sino que las diferencias entre lo que dice un juez o un fiscal son menores en comparación con las diferencias en relación con los discursos de los asistentes sociales y psicólogos. Es así que el campo de las profesiones aún determina el de la justicia de adolescentes, y los discursos que lo estructuran oponen lo social a lo jurídico. Esto no es sorprendente si pensamos en lo reducido del campo y en la novedad del mismo: solamente cuatro juzgados letrados en la ciudad de Montevideo, con pocos operadores judiciales y una historia reciente que surge como separación del campo del derecho penal y de familia.

Para dar cuenta de estas dimensiones se han entrevistado a los integrantes de los cuatro Juzgados Letrados de Adolescentes que radican en Montevideo, para obtener sus perspectivas al respecto y estudiar el sistema de justicia de adolescentes en tanto campo de fuerza en que sus distintos agentes actúan sobre una realidad en construcción. Se realizaron entrevistas en profundidad a cuatro jueces, cuatro defensores, dos fiscales, dos asistentes sociales y dos psicólogas. Esta muestra integra al conjunto de los operadores que actúan en el campo de los cuatro turnos de los Juzgados Letrados de Adolescentes de Montevideo, únicos en la materia que existían en 2009 en todo el país.

Villalta (2010) destaca que, en el caso argentino, sacar a esta producción teórica de lo normativo ha sido un desafío para la investigación, en un horizonte discursivo cuyos tópicos han sido la desinstitucionalización de las situaciones de pobreza, la desínstitucio-nalización de los niños y la restitución, protección y exigibilidad de los derechos.

Al respecto, García Méndez (2004) señala que en América Latina se ha extendido una reacción frente a las leyes "[...] que se aproxima mucho a lo que —con una cierta ironía— aunque no mucha podría denominarse masoquismo institucional. La reacción inmediata frente a una buena ley se expresa, muchas veces, en la frase 'esta ley es demasiada buena para nosotros, esa es una ley para Suiza o para Suécia'" (p. 240).

Siguiendo a Supiot (2007), nuestra tradición jurídica es de corte piramidal y centralizada, un acceso garantizado para todos en condiciones de perfecta igualdad y al menor costo; una relación con los textos que pasa por la mediación de una persona pública. Esto se diferencia del espíritu de "Common Law" que, a nuestro entender, está por detrás de la filosofía de la medida alternativa a la privación de libertad o al concepto de lo "socio-comunitario": una lógica de organización en forma de racimos de contornos inasibles.

Desde los años noventa la misma se ha expresado a través de la inserción de las profesiones asociadas al trabajo social o la psicología en ámbitos nuevos, fuera de aquellos tales como el INAU o programas de asistencia social, a partir de la creación de "equipos multidisciplinarios" de psicólogos y trabajadores sociales insertos en escuelas, liceos y escuelas técnicas así como en el ámbito de los Juzgados de Familia.

Según Malet (2009), la entrada en vigencia del CNA dio un voto de confianza al juzgador, lo cual funcionó como "[...] un golpe al principio de equidad, y con él a la seguridad jurídica [...]" (p. 49). Ello se debe a la variedad de criterios seguidos por los operadores que han hecho prevalecer sobre el principio fundamental de la proporcionalidad, criterios que correspondería erradicar, tales como aquel basado en la alarma social, que, según la autora, son construidos fundamentalmente por periodistas y políticos.

De acuerdo al derecho de acto imperante en la lógica del Poder ludicial, se debe juzgar el hecho cometido por el individuo y no sus circunstancias de vida. Pero, el asesoramiento previo de los ETAD implica la introducción de criterios sociales (contexto familiar, circunstancia personal, modalidad de vida) en la definición que hace el juez de la medida aplicada en cada situación, tensionándose de esta manera la lógica del Poder ludicial.

El trabajo de Niño (2010) se inserta también en el debate respecto a la posibilidad de responsabilizar a los niños y adolescentes desde una perspectiva sociocognitiva que recupera la discusión de Piaget, entre otros.

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El campo y su análisis

El universo de las leyes es infinitarnente más grande que el del derecho. El derecho es la manera en que Occidente ordena las reglas que se imponen a los hombres. Es heredero del ius, que designaba las fórmulas mediante las cuales se expresa la justicia; pero al basarse en la idea de dirección (directum) une la idea de justicia con la de linea de conducta, ya presente en la regula (regla) o la norma (escuadra) latina. Regla, escuadra, líneas y ángulos rectos: con el derecho, la justicia se vuelve una cuestión de trazado geométrico más que de casuística; proviene más de una mensura que de un arbitraje [...] (Supiot, 2007, p. 83).

Tradicionalmente, el proceso penal se ha definido como un proceso “inquisitivo” en el cual el juez y el fiscal son una misma persona. “El término se refiere al diseño general del sistema y en particular al papel del juez, que no sólo se encarga de juzgar el caso sino también de dirigir la investigación que busca descubrir la verdad con relación a los actos lesivos” (Duce y Pérez, 2005, p. 93). Lo que nos ocupa es analizar los discursos según la aplicación de esta norma (el cna), lo cual supone dar cuenta del contexto a que está sometida. Para nosotros

[...] el operador sociológico del sistema penal es no tanto el enunciado de la norma [...] sino su funcionamiento, digamos su aplicación o no aplicación ya que entre el enunciado y la aplicación o ‘descarga’ de la norma existe un ‘espacio de mediación’ cuyo observable es el funcionamiento concreto del sistema penal de la cual la norma forma parte (Pegoraro, 2008, p. 370).

Nuestro trabajo es, por tanto, el de desentrañar cómo los operadores del campo judicial realizan este arbitraje o, al decir de Supiot, esta mensura. La práctica efectivamente muestra que el primer problema que surge no es el del arbitraje sino el de las “proporciones”, o sea, la falta de una regla adecuada para traducir los principios que estructuran el CNA y que se amparan en la Convención. Nuestra práctica jurídica se ancla en un terreno normativo que opera difícilmente en un espacio carente de reglas claras para la imposición de una pena. Reglas, en el sentido geométrico.

Pensamos al sistema judicial como un campo en el sentido de Bourdieu y Wacquant (1995): un espacio social que se crea en torno a la valoración de hechos sociales tales como el arte, la ciencia, la religión, la política o, en este caso, la justicia. Concretamente, el campo se define como el sistema de relaciones y de posiciones que ocupan los diversos agentes en función de la distribución de los capitales o propiedades susceptibles de producir efecto en dicho campo.

El campo es una red de relaciones objetivas entre posiciones objetivamente definidas —en su existencia y en las determinaciones que ellas imponen a sus ocupantes— por su situación (situs) actual y potencial en la estructura de las distribuciones de las especies de capital (o de poder) cuya posición impone la obtención de beneficios específicos puestos en juego en el campo y, a la vez, por su relación objetiva con las otras posiciones. Los campos sociales son espacios de juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias: en este caso, debemos desentrañar cuáles son las lógicas propias del campo de justicia en que se inserta el de la justicia de adolescente. Entendemos que la misma aún constituye un campo dominado dentro del campo mayor del sistema judicial, en tanto sus principios subvertirían las lógicas dominantes. Su subordinación al resto del campo se verifica en la imposibilidad de aplicar las lógicas jurídicas propias del cna que contravienen la tradición imperante. Esto es, la lógica de sujeto de derecho, la medida socioeducativa y el concepto de comunidad.

En términos de control social, esta dinámica dominante del campo, que se verifica en la aplicación de medidas de privación de libertad por sobre las medidas socioeducativas, se combina con una lógica de control social que favorece la defensa de ciertos intereses de clase conniventes con el encarcelamiento de los pobres. La naturalización de respuestas de defensa social es precisamente la tendencia de un sistema que espera culpar al joven pobre e infractor de las desigualdades socialmente producidas (Pegoraro, 1996). Es decir, que si el campo de la justicia de adolescentes pretende aplicar medidas alternativas, tendrá también que enfrentar el campo mayor de las representaciones colectivas en que se naturaliza el pedido de castigo y encierro para los adolescentes infractores.

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La justicia de adolescentes en el horizonte de la inserción social

Cabe mencionar que nuestro trabajo confirma tendencias verificadas en Argentina sobre la práctica del sistema judicial destinado a los adolescentes en referencia a la discrecionalidad y la arbitrariedad presentes en las prácticas judiciales. Las mismas están “[...] basadas en las viejas normativas sobre la minoridad, la impronta paternalista, clasista y tutelar que atravesaba las intervenciones sobre la niñez, de la cosificación y estigmatización que conlleva el término ‘menor’” (Villalta, 2010, p. 11). No obstante, no se trata tanto de cuestionar la arbitrariedad del juez sino de conocer el sustento con el cual los jueces toman decisiones. De hecho, no es posible aplicar la norma sin incidencia ideológica alguna: la ley no conduce por sí sola a una sentencia determinada (Duncan, 2010).

En el nuevo campo de los asistentes sociales y psicólogos, los riesgos se centran en la imposibilidad de intervenir sobre los adolescentes sin hacerlo en sus familias. Por otro lado, esta intervención analizada desde la clave de lectura de una “policía de las familias” (Donzelot, 2000) puede pensarse más eficaz en la medida en que opera no a partir del antagonismo entre aparato administrativo y unidades domésticas, sino combinándolos en una relación asimétrica.

En otras palabras, puede analizarse como un ejercicio de dominación que, en lugar de ser traducido como una acción de vigilancia o de control estricto y permanente, supone en muchos casos relaciones complementarias, en las que la imposición cede a la negociación, la autoridad ideal a la posible, el “interés superior del niño” al menor riesgo (Villalta, 2010, p. 12).

González y Leopold (2011) muestran que en los escenarios de evaluación diagnósticos con niños y adolescentes en el ámbito socio-jurídico en Uruguay la pobreza aparece como:

[...] un fracaso de la estrategia individual de conducir la existencia propia y de la familia. De esta manera es posible reconocer que si las vicisitudes que atraviesa la vida de una familia pobre son producto de decisiones responsablemente asumidas en función de un cálculo sopesado de riesgos, las desigualdades sociales quedan invisibili-zadas en una mirada tecno-instrumental que se especializa en describir trayectorias vitales y evaluar la pertinencia de las decisiones adoptadas con total independencia de sus condicionamientos sociales, políticos, económicos o culturales (p. 90).

Es este procedimiento el que borra vulnerabilidades socialmente inscriptas en una sociedad de clases, atribuyendo a sujetos individuales y a los grupos familiares más frágiles la responsabilidad de conductas que atentan contra una “[...] concepción aséptica de salud pública y de orden social que se define previamente” (González & Leopold, 2011, p. 91). En este sentido, el campo de los operadores judiciales y de los etad, con mínimas diferencias, parece homogéneo.

Fundamentalmente, es través de la visión de los actores que se ponen al desnudo las tensiones del campo de la justicia de adolescentes, que hereda todas las dificultades que hoy se materializan en términos de las políticas destinadas a la niñez, la adolescencia y la juventud pero, de forma particular, las retraduce en el arduo espacio del control social y la sanción penal. Martínez (2005) parte de la idea de que el Estado moderno, organizado según los lineamientos de la dominación legal racional, funciona conforme a los procesos enunciados y prescriptos por Weber a comienzos del siglo XX (para la burocracia, dominación es primariamente administración). Así, las burocracias estatales son los lugares en que esa dominación administrativa se materializa en una multiplicidad de encuentros entre los agentes administradores de la dominación legal, identificables como funcionarios, y aquellas personas que ocasional o periódicamente son administradas según sus reglas. Podrían agruparse bajo la categoría de público, pero desde la perspectiva de los funcionarios son considerados como verdaderos otros administrados. Así, las burocracias judiciales

[...] se organizan a partir de una combinación de cosmo visiones jerárquicas y apropiaciones-privatizaciones de los espacios por parte de los funcionarios, produciendo de este modo un territorio donde los funcionarios son vistos como personajes familiares y los otros administrados son percibidos como extraños. Ello genera dificultades a los visitantes que allí transitan (Martínez, 2005, p. 181).

Esto es visible en los obstáculos que los administrados encuentran al momento de ingresar y dar los primeros pasos en estos territorios, dificultades que aumentan geométricamente cuando el trámite avanza y los contactos entre los dos mundos se diversifican. El efecto es el de un reforzamiento de la distancia entre unos y otros, lo que deriva en una forma impersonal y formularia de gestión de los conflictos. Por tanto, el efecto es la dificultad de defender el derecho de los vulnerados y “reinsertar, responsabilizar y educar”, aumentando la distancia social entre los adolescentes que han cometido infracciones y el sistema de justicia de adolescentes.

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Reflexiones finales

A grandes rasgos, hemos encontrado los siguientes elementos. Por una parte, la justicia de adolescentes como un campo en proceso de constitución. En el mismo confluye el peso de la tradición tutelar y del derecho penal sobre el nuevo campo de los derechos de los vulnerables, de los niños y de los adolescentes. Esto se traduce en la tensión entre un derecho de acto y una política del sujeto, tensión que se retraduce a nivel profesional en la oposición entre una visión propia del operador jurídico y aquella propia de las disciplinas sociales. Por otra parte, el rol de “lo social”, en tanto innovación, ha implicado una inflación de las expectativas de incidencia de nuevos criterios de justicia en la fase punitiva del proceso de control social. Las esperanzas de una nueva mirada (“lo social”) invisibilizan su papel como brazo subsidiario del Poder Judicial.

Asimismo, la dificultad de aplicación de las medidas socioedu-cativas, la aceptación de las causas que explican la medida de privación de libertad (aunque no el reconocimiento de la falta de proporcionalidad de las medidas impuestas en relación con las infracciones) que resultan de procesos que se explican por déficits sociales (familia y pobreza) e institucionales (inau). Desde la construcción del caso hasta la selección de las medidas a aplicar, las lógicas que inciden en los altos niveles de discrecionalidad de los jueces se vinculan tanto a la necesidad de institucionalizar a los adolescentes como a la dificultad de traducir lo educativo en lo punitivo, pasando todo ello por la incapacidad del sistema de atender debidamente al conjunto de los casos y de instrumentar programas socioeducativos efectivos.

El horizonte de la inserción social, que se supone debería primar en la definición de las medidas, está en falta porque los operadores no creen en él, porque los programas no lo efectivizan y porque hacen falta políticas sociales de prevención del delito y sus causas. En este contexto, se llenan los vacíos legales que fle-xibilizan la actuación de los operadores y la discrecionalidad de los jueces en la toma de decisión acerca de qué medidas dictar. Finalmente, la justicia de adolescentes enfrenta las dificultades de un campo profesional en construcción. De un lado, la falta de profesionales en la materia lo debilita, de otro, su emergencia reciente en el campo judicial y su vínculo directo con una población estigmatizada y excluida, se retraducen en un desprestigio y castigo profesional para los jueces que actúan en el área.

El tradicional Poder Judicial no es hoy un campo intocado en materia de justicia de adolescentes, pero sí espacio institucional obligado a cambiar, confrontarse y pensarse. Como en diversos aspectos de la sociedad en la dinámica de la modernidad tardía, este cambio difícilmente surgirá solo a partir de una nueva normativa. Los cambios económicos, la necesidad de integración social, las tendencias punitivas en materia de opinión pública y el papel de los medios son aspectos claves que la justicia procesa con autonomía formal pero con límites reales. Aunque es difícil avizorar qué sentido histórico cobrarán estos procesos, sí es importante destacar el trabajo a realizar de acuerdo a los déficits que aún se verifican en términos del acceso e inserción a programas y políticas de impacto real en adolescentes infractores —aquellos provenientes de sectores de exclusión—, de la desigualdad social que se consolida y del alejamiento de un grupo importante de adolescentes de los canales tradicionales de integración social, tales como el sistema educativo o el mundo del trabajo.

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PARTE II

CONFLICTOS:

Armados, étnicos, territoriales y por los recursos naturales

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5 Aproximaciones teórico-conceptuales en torno al conflicto armado colombiano

Luis Fernando Trejos Rosero[1]

Doctor en Estudios Americanos con mención en Estudios Internacionales (IDEA/ USACH). Profesor e investigador del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte (Colombia). Investigador Asociado del Instituto de Altos Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad del Norte. Miembro del Grupo de Investigación "Agenda Internacional" de la Universidad del Norte. Iuifer385@gmail.com

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Generalidades del contexto social y político colombiano

Las siguientes son algunas situaciones de orden social y político que se han mantenido con diferentes intensidades y matices a lo largo de la historia colombiana:

El Estado nunca ha controlado los monopolios clásicos, que se supone son la pretensión estatal en cualquier sociedad: violencia, dominio territorial, justicia y tributación. Peter Waldman (1997) describe esta situación de la siguiente manera:

Si bien en casi ningún país latinoamericano el Estado ha logrado imponer el monopolio de la coacción hasta en sus últimas consecuencias, en Colombia la crisis de autoridad y de legitimidad estatales han ido agravándose periódicamente hasta causar una verdadera disolución del Estado (p. 37).

Recurrente persistencia de la violencia con motivaciones políticas por parte de distintos actores políticos y sociales. La persistencia histórica de la violencia ha sido considerada como la principal amenaza a su estabilidad (Vargas, 2003). Durante el siglo pasado, en tres oportunidades, la violencia irrumpió con fuerza en la esfera política, primero fue la Guerra de los Mil Días (1899-1902); luego, en la década de los cuarenta, el asesinato del candidato presidencial por el partido liberal Jorge Eliécer Gaitán dio inicio a la violencia liberal-conservadora (1948-1958) y, a esta le siguió la violencia revolucionaria asumida por las organizaciones insurgentes (1964-2010).

A pesar de la sistemática utilización de la violencia por parte de actores políticos y civiles, ha habido respeto a los períodos institucionales de los gobernantes; durante el siglo xx, solo se presentó un golpe militar en 1953, relativamente consentido por las élites políticas (Tirado, 1989).

Pero, una característica fundamental a la hora de intentar describir el Estado colombiano, es que este ha mantenido históricamente una “presencia” diferenciada en el territorio nacional. En este sentido, autores como Palacios (2012), Schelenker e Iturralde (2006), Salazar y Castillo (2001), Soto (2001), Rangel (1999) y Medina (1990) coinciden en que la presencia estatal presenta muchas rupturas en el territorio nacional. En este trabajo, “presencia estatal” se debe entender como el cumplimiento permanente de las obligaciones primarias del Estado, tales como: impartir justicia, brindar seguridad y garantizar la prestación y acceso a servicios públicos básicos a todos sus ciudadanos. Si bien esta definición se presenta poco elaborada, lo que se busca destacar es que la presencia del Estado no solo se limita a la instalación física de sus instituciones, sino que estas instituciones deben prestar las funciones para las cuales fueron concebidas. En otras palabras, la continuidad del Estado colombiano ha sido fragmentada, ya que mientras ha logrado integrar sus dinámicas políticas, jurídicas, económicas y sociales a los centros urbanos, vastas zonas periféricas del mismo se encuentran excluidas y marginadas de sus servicios básicos, posibilitando la aparición y consolidación de poderes paralelos que, basados en la fuerza y el uso de la violencia, establecen órdenes sociales y económicos básicos que permiten la convivencia. En estas zonas carentes de Estado, las organizaciones paramilitares y guerrilleras se convierten en gérmenes de orden y, en la práctica, se constituyen como Estados paralelos, ya que al quedar todo cubierto con el manto de la ilegalidad, el Estado renuncia a ser garante de las interacciones de los habitantes, dejando los derechos de propiedad, los contratos y los intercambios en una especie de limbo abstracto. Sin ellos no puede haber vida social. Es apenas natural que un nuevo tipo de orden social o estado primitivo surja en estos contextos.

Estas zonas se terminan configurando como territorialidades armadas, o “Estados de Guerra”, que son definidos por María Teresa Uribe (2001), como espacios del territorio en los que el poder institucional no es soberano y en los que amplios sectores sociales manifiestan la abierta voluntad de no someterse al orden estatal resistiéndose a su control, dejando latente la posibilidad de confrontarlo con las armas. En los Estados de guerra, la violencia se convierte en el medio utilizado para la resolución de las tensiones y los conflictos sociales, es decir, la violencia y quienes la administran o ejercen pasan a ser el elemento dinamizador del desarrollo de la vida en común.

Cabe resaltar que investigadores como la misma Uribe (1997), Garay (1999) y Gómez (1999) sostienen que la ausencia estatal no se limita solo a las periferias o áreas de frontera interna, afirmando que en Colombia se vive de manera incierta, ya que es un hecho común que cada quien deba negociar la solución específica para cada situación de desorden. En crecientes sectores del “centro” como los barrios pobres de las grandes ciudades impera la ley del más fuerte.

Precisamente, es en estas regiones (periferias) donde los actores armados paraestatales y contraestatales disputan, construyen e imponen “órdenes sociales”, diferentes al estatal. Según Antonio Sanguino (2004), este orden se dirige hacia tres áreas específicas:

La económica-social: busca ordenar y controlar los procesos de producción legales e ilegales, jerarquizando unas formas de producción sobre otras y regulando las relaciones sociales que nacen de este ordenamiento.

La política-institucional: se centra en la creación de nuevos actores y referentes sociales, políticos y organizativos, y en la implementación de los mecanismos de control y coerción que regularán la convivencia social.

La burocrática-administrativa: reglamenta las funciones y alcances de las instituciones públicas con respecto a las demandas sociales y la gestión de las mismas.

En el contexto colombiano, las periferias o zonas de frontera interna deben ser entendidas como la suma de tres componentes estratégicos: el territorio como espacio geográfico, lo social como fuente de apoyo humano (directo e indirecto) y finanzas; y lo político como elemento generador de legitimidad. Es por esto que la guerra en Colombia ha convertido a los municipios, ubicados en dichas zonas, en escenario central de sus dinámicas. No es casual que Colombia presente más de tres millones de desplazados internos, ya que una estrategia de las organizaciones armadas, especialmente los grupos paramilitares, ha sido el repoblamien-to selectivo de regiones enteras, buscando la homogenización política e ideológica de las mismas; o que los movimientos guerrilleros insistan tanto en el despeje de municipios para adelantar diálogos con el gobierno.

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¿Qué tipo de conflicto armado es el colombiano?

La realización de una tipología o caracterización del conflicto armado colombiano es una actividad académica inacaba y sometída a continuas presiones y revisiones fundamentadas, especialmente, en argumentos político-ideológicos. Al respecto, William Ramírez (2001) sostiene que:

No existe una teoría orgánica y generalizable que dé cuenta de la naturaleza y las características de las diferentes contiendas bélicas internas, más aún en el caso del conflicto colombiano donde debido a su particularidad y longevidad, y a la compleja naturaleza de los actores, resulta difícil suscribirlo a una categoría prestablecida (p. 3).

Es muy importante la rigurosidad que se emplee en el encuadre teórico-conceptual que se haga del conflicto armado colombiano, ya que de un ejercicio que a simple vista se presenta como una actividad teórica, se derivan importantes consecuencias políticas, jurídicas y militares, tanto en el plano nacional como en el internacional. De ahí que su caracterización tiende a ser continuamente distorsionada e instrumentalizada, especialmente con fines político-electorales.

La caracterización del conflicto se encuentra estrechamente relacionada con la naturaleza de sus actores, ya que no es lo mismo para la sociedad y el Estado, en términos estratégicos, enfrentarse a una organización político-militar en el marco de un conflicto armado interno, que a un grupo terrorista en un escenario de paz (Pizarro, 2002). El desconocer (consciente e inconscientemente) la naturaleza, pretensiones y estrategias de los actores enfrentados, conduce a: “Equivocar la definición de la naturaleza de la confrontación y, lo que es más grave a no poder acertar en la definición de las estrategias para resolverla” (Rangel, 1999, p. 153).

Para realizar una caracterización del conflicto armado colombiano, se utilizarán, a modo de referentes teóricos-conceptuales, trabajos de diferentes autores e instituciones, reunidos en cuatro grupos. El primero lo conforman investigaciones que abordan las causas que originan los levantamientos armados y los factores que condicionan las acciones bélicas y las causas de éxito o fracaso de las luchas revolucionarias. Un segundo grupo lo constituyen los enfoques teóricos utilizados para el análisis de los conflictos intraestatales, post Guerra Fría, destacándose en este grupo el enfoque planteado desde la economía política, sobresaliendo los trabajos del economista Paúl Collier. El tercer grupo lo conforman los trabajos que tratan el conflicto desde variables como sus alcances espaciales (nacionales, internacionales y regionales), número de víctimas, intensidad, carácter y fines de sus actores (revolucionarios, étnicos, religiosos, etc.). El cuarto y último grupo se constituye con la definición que de conflicto armado no internacional hace el Derecho Internacional Humanitario, más específicamente el Protocolo II adicional a los IV Convenios de Ginebra, suscrito por el Estado colombiano e incorporado a su legislación a través de la ley 171 de 1994.

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Causas que originan las acciones armadas y factores que determinan el éxito o fracaso de las luchas revolucionarias

A finales de los años setenta y durante los ochentas del siglo anterior, se desarrolló una línea de investigaciones que le otorgó especial relevancia al papel del Estado y al régimen político como factor determinante de los alzamientos armados de carácter revolucionario. En este sentido, se destaca el trabajo “States and Social Revolutions” de Theda Skocpol (1979), para quien el Estado es una suma de organizaciones administrativas, políticas y militares lideradas y coordinadas por un poder ejecutivo central. Para Skocpol, las revoluciones no se hacen sino que ocurren, destacando que más que el accionar de los revolucionarios, es el contexto socio-político el que determina el triunfo o fracaso de los mismos. La autora llega a esta conclusión tras haber realizado un análisis pormenorizado de tres revoluciones: Francia (1789), Rusia (1914) y China (1949), señalando que los triunfos revolucionarios se produjeron como consecuencia de una profunda crisis en las estructuras del Estado, lo que condujo a su colapso, teniendo como telón de fondo amplias movilizaciones campesinas. En los tres casos estudiados por Skocpol, el triunfo insurgente se produce sobre regímenes absolutistas que, al ser amenazados militarmente desde el exterior, impusieron fuertes cargas fiscales que terminaron generando enfrentamientos entre las élites políticas y las clases altas.

Como puede apreciarse, en este enfoque teórico una precaria situación económica, no es gatillante en sí misma de un movimiento revolucionario, ya que por lo general dicha precariedad se presenta como una variable estable en los contextos campesinos de muchos países, lo excepcional son las situaciones revolucionarias. La misma Skopcol (1989), citada por Alfredo Rangel (2001), retoma el postulado de León Trotsky, en el que afirma que “la mera existencia de privaciones no es suficiente para causar una insurrección; si así fuera, las masas estarían siempre en rebelión” (p. 31).

Estas ideas fueron desarrolladas posteriormente por Robert Dix, quien es citado por Cynthia McClintock (1998), para afirmar que la clase de régimen político es la condición necesaria para que triunfe una revolución. Dix realiza su análisis en América Latina partiendo desde 1950 y estudiando dos procesos revolucionarios exitosos, Cuba (1959) y Nicaragua (1979), y ocho procesos fallidos; sosteniendo que en todos los procesos estudiados no hay grandes diferencias en cuanto a factores socio-económicos como alfabetización, acceso a servicios básicos (educación y salud), ingreso per capita y distribución del mismo. Por el contrario, las diferencias de fondo entre las revoluciones exitosas y las fallidas radican en factores políticos, ya que en los dos casos antes citados, la principal causa es una dictadura apoyada en un pequeño grupo, lo que genera una coalición opositora con una gran base social.

En el mismo sentido, Jeff Goodwin (1988) manifiesta que una dictadura cerrada es la variable necesaria para el éxito revolucionario, ya que exacerba el malestar popular, al imposibilitar cambios pacíficos, llevando a la oposición a radicalizar sus ideas, gatillando la clandestinización de su organización y la aparición de posturas armadas que terminan debilitando las fuerzas oficiales. En la misma línea, Timothy Wickham-Crowley (1992), al estudiar varios casos en Latinoamérica encontró que el éxito insurgente depende, en gran medida, en que se presente lo que denomina una mafiocracia o dictadura personal despojada del apoyo militar de Estados Unidos, que se enfrenta a militantes revolucionarios que cuentan con apoyo de un campesinado con tradición de lucha.

Para Samuel Huntington (1993), las revoluciones exitosas han ocurrido en países en los que el sistema político se ha mostrado incapaz de distribuir el poder y abrir espacios de participación a los nuevos sectores sociales surgidos en el proceso de modernización. En este sentido, la capacidad revolucionaria de los campesinos radica en su condición socio-económica, la que desmejora sostenidamente a medida que se despliega la modernización.

Richar Lachman (1985) se centra en la posición que asumen las élites frente a los insurgentes. Después de estudiar distintos procesos políticos, iniciando con la Revolución Inglesa de 1648 y terminando su investigación con la caída del comunismo en Europa Oriental (1989), destaca que la eficacia de la movilización popular radica en el hecho de que sus dirigentes logren realizar alianzas con sectores significativos de la élite enfrentada. Para Peter Waldman (1997), muchas veces las élites no realizan los esfuerzos necesarios para terminar con la confrontación armada, ya que al superar el “shock” producido por la disputa y pérdida de control político y militar sobre una parte del territorio, se adaptan rápidamente a esta nueva situación y comparten la soberanía, especialmente, cuando el porcentaje de recursos económicos y densidad demográfica presentes en el territorio “perdido” no afecta o amenaza su posición dominante y mantiene hacia el exterior una percepción de aparente legitimidad. Este tipo de situaciones es definida por Mauricio Romero (2007) como un “desorden duradero”, es decir, “circunstancias en las cuales los gobiernos no son capaces de abordar la raíz de los problemas, pero tampoco dejan colapsar el sistema” (p. 453).

James Davis (1962), citado por Alfredo Rangel (2001), afirma que el éxito de procesos revolucionarios se produce cuando termina un período de prosperidad que es seguido por una dramática disminución en las condiciones de vida de la población en general. Según Anthony Joes (1992, pp. 142-143), la clave del éxito revolucionario se encuentra en la estrategia que siguen, ya que una generalidad de los procesos revolucionarios exitosos ha sido que los movimientos guerrilleros han logrado desarrollar una Guerra Popular Prolongada. Al iniciar las acciones armadas, su organización político-militar es inferior, si se compara con los medios militares del Estado, al que se enfrentan. En un primer momento, el solo hecho de gestarse y subsistir es de por sí un triunfo[1]. La prolongación indefinida de la confrontación indica que el Estado no ha podido derrotar a la guerrilla, lo que señala el escenario de desarrollo y consolidación de un proceso insurgente.

Por último, se destaca el trabajo de Max Manwaring, Robert He-rrick y David Brandford (1993), quienes retomando el postulado de Clausewitz, que afirma que la guerra es la continuación de la política por otros medios, es decir, el objetivo de la política es la destrucción de la fuerza militar contraria o de los medios que le permiten hacer la guerra; realizan un análisis de los elementos que conforman la trinidad configuradora de toda guerra: el objetivo político, la pasión o apoyo popular y los instrumentos operacionales. Concluyendo que triunfa el bando que logre combinar exitosamente los tres elementos, ya que la falla de uno afecta directamente el funcionamiento de los otros dos; y si uno logra un menor desarrollo disminuirá el resultado de los demás.

Del anterior análisis se puede esbozar una hipótesis que sirva para entender el marginamiento político de la insurgencia colombiana, ya que como lo señala en informe el pnud (2003, p. 32) sobre el conflicto colombiano, en Colombia existe una democracia débil o formal, pero en últimas democracia, desde la fundación de las FARC-EP y el eln en 1964 se han producido doce elecciones presidenciales ininterrumpidas, han sesionado catorce congresos pluripartidistas y una Constituyente de origen ciudadano, las autoridades locales ahora son elegidas por voto popular y se respeta y mantiene la separación de los poderes públicos. Aunque es importante resaltar que el intento más claro de participación electoral, por parte de las FARC-EP a través de la Unión Patriótica, fue truncado por el exterminio de dicho movimiento político. Es por esto que según Ferro y Uribe, las FARC-EP decidieron cerrar la puerta a la actividad política legal y crearon el Movimiento Bolivariano y el Partido Comunista Clandestino Colombiano (pccc).

Al respecto el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, citado por Alfredo Rangel (2001), manifestaba que: "Mientas las agrupaciones guerrilleras no pierden, ganan. Los guerrilleros se someten a grandes sacrificios y privaciones pero no abandonarán sus fines" (p. 34).

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Análisis de los conflictos intraestatales post Guerra Fría

El fin de la Guerra Fría ha marcado una tendencia en cuanto a conflictos armados se refiere, ya que al año 2000, la Revista Journal Research reseñaba que de los 33 conflictos armados referenciados en el mundo, todos salvo dos (Eritrea-Etiopía e India-Pakistán), eran intraestatales. Estos conflictos han adquirido peso en términos analíticos, porque representan en la actualidad el 80% de los conflictos a nivel mundial y sus víctimas (David, 1997, p. 16). Algo a resaltar de estos conflictos post Guerra Fría es que, según Wallesteen y Sollemberg (2001), en la mayoría de los casos han terminado con exitosos procesos de negociación que desembocan en la paz, y no por el triunfo militar de una de las partes. Entre 1989 y 2000 hubo 22 conflictos resueltos de manera negociada, mientras que entre 1945 y 1989 se presentaron 22 victorias de una de las partes enfrentadas, 34 ceses al fuego y 33 conflictos que se mantuvieron más allá de 1989. Otro rasgo de estos conflictos, es que tras el fin de los socialismos reales, las confrontaciones armadas con raíces ideológicas fuertes han venido diluyéndose, dando paso a los conflictos originadas por causas raciales, étnicas (identidades primarias), religiosas y económicas.

En esta perspectiva, al analizar los conflictos armados más cruentos desarrollados entre 1989 y 2000, denominados por Pizarra (2002) como “conflictos crónicos”, este último, descubre que 17 de ellos son previos a 1989. Según Fearon y Laitin (2000), los conflictos crónicos son los que más dificultades presentan para su resolución, ya que en ellos se hacen presentes altos niveles de odio y desconfianza, también por la naturalización y socialización de la violencia, la que termina instituyéndose como un medio configurador y reconfigurador de relaciones sociales, políticas y económicas.

Dentro de los análisis sobre los conflictos armados a partir de la Guerra Fría, hay una línea de investigación que ha planteado el debate sobre las variables sociales, políticas y económicas presentes en las acciones armadas. Esta corriente teórica, conocida como “economía del conflicto”, dirige sus argumentos en contra de las teorías que consideran que factores como la pobreza, la injusticia y la desigualdad social de las clases menos favorecidas son determinantes en el nacimiento, desarrollo y legitimación político-militar de la insurgencia. Para los investigadores de las economías de los conflictos armados la clave de la organización y permanencia temporal de los insurgentes radica en su capacidad de acceso a recursos económicos (Camacho, 2002).

Desde esta óptica, la motivación de los conflictos armados es irrelevante, ya que lo único importante es la capacidad de finan-ciamiento de la organización rebelde, de este modo, sin desconocer las causas sociales y políticas que originan los conflictos, lo determinante para el sostenimiento temporal de las acciones armadas radica en la capacidad de los insurgentes para acceder a recursos económicos (Collier, 2001).

Paul Collier (2001), al analizar las tendencias presentes en una serie de guerras observadas durante el período 1965-1999, plantea dos conclusiones: la primera, que las causas de emergencia de conflictos armados se relacionan directamente con unas cuantas condiciones económicas tales como la alta dependencia de exportaciones de materias primas y rentas nacionales escasas. La segunda: que fracturas étnicas y territoriales, el descontento social, la ausencia de democracia y la desigualdad social (causas objetivas), no han producido efectos sustanciales sobre las causas de emergencia de los conflictos. En su hipótesis central afirma que: “Yo sostengo que esto se debe a que las guerras civiles se producen donde hay organizaciones rebeldes financieramente viables” (p. 30).

Dentro de esta línea de investigación se destacan Hardt y Negri (2004), pero sobresale el trabajo de Mary Kaldor (2001), quien estableció un nuevo marco analítico para el estudio de lo que ella denomina una nueva forma de violencia organizada, que aparece en la década de los ochenta, especialmente, en Europa del Este y África. Estas “nuevas guerras” o “guerras degenerativas” se desarrollan en contextos de debilidad estatal, entre otras cosas por la pérdida del monopolio legítimo de la violencia. Esta situación se presenta por la integración militar global, por la privatización de la violencia relacionada con el crimen transnacional y el paramilitarismo, y por la creciente disminución de la legitimidad política del Estado en contextos de corrupción institucional, crisis fiscales y económicas. Para esta autora, las “nuevas guerras” presentan cuatro características distintivas. La primera se refiere a la renuncia a los tradicionales marcos nacionales e internacionales, como medio obligado para establecer su delimitación espacial. Ya que al determinar su “localidad” deben incluirse sus cientos de repercusiones transnacionales, lo que dificulta la clásica distinción entre conflictos internos y externos. La segunda se desprende de la primera y es la contextualización de las “nuevas guerras” dentro de la globalización, entendiendo esta como el aumento sostenido de las interconexiones políticas, económicas, culturales y militares a escala global. La tercera es que al dificultarse la centralización de las acciones armadas, los combatientes buscan la captura de territorios y el control político de la población por medio del terror. La cuarta característica de estas guerras es que son racionalistas, en el sentido de que los actores armados aplican el pensamiento racional a sus objetivos políticos, por lo cual no tienen en consideración restricciones de tipo normativo. De ahí, que acciones militares rechazadas ampliamente por la comunidad internacional, tales como la destrucción de infraestructura, monumentos y ataques contra la población civil sean las modalidades operativas usadas por las partes enfrentadas. Es por esto que

Los esfuerzos financieros de las nuevas guerras están asociados con el aumento de la prelación local, por lo que las batallas son escasas y la guerra es dirigida principalmente contra los civiles. El nuevo tipo de guerra es en gran medida, una condición social predatoria (Kaldor, 2001, pp. 15-16).

En Colombia se destaca el trabajo de Rubio (1999), en el que sostiene que en Colombia no existe diferencia entre delincuentes comunes y delincuentes políticos, ya que los dos producen los mismos efectos en la sociedad, además, el accionar militar de las organizaciones guerrilleras produce innumerables afectaciones sobre la vida y la propiedad, y sus ánimos rentísticos son los que determinan las prácticas que realizan; en el mismo sentido Salazar y Castillo (2001) utilizan la teoría de los juegos y la teoría económica del conflicto para sostener que el conflicto armado colombiano es el triste resultado de la acción local de actores armados y no armados, que se adaptaron a la supervivencia con elevados niveles de incertidumbre, poca solidaridad y ausencia de normas que regulen las relaciones entre los individuos. Estos autores sostienen que las guerrillas nacieron en contextos de injusticia y violencia, pero esconden fines primordialmente económicos, de ahí que se beneficien más de la guerra que de la paz.

Estas teorías podrían servir para explicar, de algún modo, la longevidad de la insurgencia colombiana y su permanencia post Guerra Fría, en el sentido de que al haber generado fuentes nacionales de financiamiento, les ha permitido crecer y mantener su infraestructura armada, tal y como lo señala Moreno (2006), en el caso de las FARC-EP y el eln se encuentran acciones de tipo predatorio como el secuestro, la extorsión, robo de vehículos, abigeato, desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales, etc. Sin embargo, se debe hacer una distinción entre acciones de tipo militar-estratégico y acciones predatorias con fines económicos, ya que existe una marcada diferencia entre las realizadas en el marco de una confrontación armada que mantiene sus proyecciones políticas y las que se ejecutan con un fin de lucro personal o colectivo.

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Tipologías tradicionales de los conflictos armados

En este apartado se presenta un breve recorrido por las tipologías tradicionales de los conflictos armados, especialmente las aplicadas al conflicto colombiano[1].

Una primera tipología señala al conflicto armado colombiano como un conflicto interno, diferenciándolo de los internacionales, en los cuales se enfrentan dos o más Estados. Para Michel Brown (1996), un conflicto armado interno es:

Una confrontación violenta cuyos orígenes y raíces echan raíces esencialmente en factores domésticos más que en factores ligados al sistema internacional, y en la cual la violencia armada transcurre esencialmente en los límites de un solo Estado (p. 123).

Una segunda tipología se enmarca dentro de la globalización, en la cual las amenazas a la seguridad estatal adquieren una connotación transnacional, por lo cual los conflictos armados difícilmente pueden ser considerados como internos. En este grupo el conflicto colombiano puede ser denominado como “conflicto regional complejo” (Buzan, 1991) o como “conflicto armado con significativo envolvimiento externo” (Lincoln y Leiss, 1990). La presencia activa de estructuras guerrilleras, de cultivos ilícitos y la ausencia del Estado en las zonas de frontera configuran este escenario[2].

Un tercer tipo de conflicto se clasifica según los niveles de intensidad militar, el tipo de armamento y las tácticas con las que luchan los combatientes en el marco de la confrontación armada. Teniendo en cuenta estos criterios los conflictos se dividen en convencionales y no convencionales. En el caso colombiano en el que la insurgencia utiliza la guerra de guerrillas como principal táctica operativa[3] y no se presentan grandes batallas a campo abierto en las que participen divisiones de artillería o mecanizadas, se estaría frente a un conflicto armado “no convencional”[4].

El Failure State Force Task y el State Failure Project, citados por Pizarro (2002), con el objetivo de construir unos indicadores confiables que puedan utilizarse en la detección de Estados que corran un riesgo inminente de colapso, mediante la activación de una alarma temprana que permita movilizar rápidamente recursos de la comunidad internacional en su auxilio, han generado una tipología de los “conflictos armados internos contemporáneos”, que distingue tres tipos de guerras revolucionarias: las primeras son las guerras de gran escala, en estas se producen más de 25.000 muertes políticas por año. Las segundas son las guerras de alcance intermedio, en estas se producen entre 10.000 y 25.000 muertes políticas al año. Las últimas son las guerras de guerrillas de pequeña escala que generan entre 1.000 y 10.000 muertes políticas al año. Para Pizarro (2002), el conflicto armado colombiano se encuentra en un punto intermedio entre los conflictos de pequeña escala y los de escala intermedia. Al respecto, Rubio (1999) sostiene que teniendo en cuenta las altas tasas de impunidad presentes en Colombia, se hace casi imposible determinar las causas de la mayoría de las muertes violentas. Algo que sí es comprobable, con abundantes evidencias prácticas, es que los municipios con mayores tasas de muertes intencionales son aquellos con activa presencia de grupos armados ilegales.

Otras categorías de conflictos que pueden aplicarse al caso colombiano son las de conflicto asimétrico y conflicto de baja intensidad. En este caso, la asimetría se entiende como: “La ausencia de una base común de comparación con respecto de una calidad, o en términos operacionales, una capacidad” (Garay y Pérez, 2007, p. 12). En este tipo de conflictos, en los que contendientes presentan grandes diferencias en el tamaño de sus fuerzas y los medios materiales que poseen, es muy común que el centro sobre el cual gravitan las acciones bélicas no sea siempre las fuerzas vivas del enemigo, es decir, todos aquellos combatientes y civiles que participan directa e indirectamente en las acciones militares sino la población civil. Al respecto podría afirmarse que en este tipo de conflictos es inevitable que los actores armados (legales e ilegales) involucren a civiles como soportes o víctimas, lo que dificulta la distinción entre civiles combatientes y civiles no combatientes (Franco, 2007). En estos conflictos la población civil se convierte en parte esencial del accionar estratégico de los actores armados (guerrilla y paramilitares), ya que alimenta sus filas y es pieza fundamental en su funcionamiento, por lo cual pierde toda posibilidad de ser neutral frente a cualquiera de las partes enfrentadas. De ahí que todos los actores armados reconozcan la necesidad de ampliar el apoyo de la población a sus organizaciones y reducir por todos los medios posibles el apoyo a sus rivales. En este orden de ideas los grupos armados ilegales y las Fuerzas Armadas de un país, reprimiendo a los sectores insurgentes, consideran en muchas ocasiones legítimo el uso de la fuerza contra la población civil, forzándola a tomar bando y automáticamente convirtiéndola en objetivo militar de la contraparte[5].

Se debe destacar que la presión contra la sociedad civil no solo es ejercida por los grupos armados ilegales, el Estado a través de sus fuerzas militares también coacciona e instrumentaliza a la población no combatiente. Ejemplo de esta situación fueron las declaraciones del entonces comandante de la I División del ejército en 1998, General Víctor Julio Alvarez, quien con respecto a las comunidades de paz de San José de Apartado[6] declaró públicamente que:

La neutralidad es solo un instrumento de los detractores del ejército para aislar a la institución de la población [...] Eso de la neutralidad es un cuento de nuestros enemigos, de nuestros detractores con el fin de separarnos y aislarnos más de la población [...] pienso que los que actúan en esos términos son idiotas útiles o simpatizantes voluntarios de los intereses de los grupos subversivos en Colombia o realmente deben ser extranjeros (Schelenker et al., 2006, p. 91).

En cuanto a los conflictos de baja intensidad, para desarrollar este concepto, se utilizará la definición de Friedrich von der Heydte (1987), para quien:

La guerra irregular, la cual es, por definición, una guerra en la que se busca desgastar al adversario y fatigarlo, minarle su voluntad de defenderse, doblegarlo psicológicamente; es una guerra de gran duración y de baja intensidad militar. Al final, sobrevivirá la parte que pueda aguantar más tiempo la respiración (p. 94).

La esencia de este tipo de guerra no es solo la confrontación armada, sino total en los espacios (sociales, políticos, económicos, psicológicos y culturales) posibles. Para la investigadora Deborah Barry (1987), los conflictos de baja intensidad son una estrategia de guerra creada por los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría que buscaba, en ese momento, que ciertos Estados del “tercer mundo” permanecieran bajo su esfera de influencia, especialmente los latinoamericanos, sobre los que se cernía la amenaza comunista representada en la Revolución Cubana[7].

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, podría afirmarse que la guerra en Colombia tiene como columna central la disputa por la legitimidad política, es decir, la lucha es por el derecho moral de gobernar a la sociedad, de ahí que muchas de las acciones militares que se ejecutan son maximizadas o minimizadas a través de los medios de comunicación con que cuenta cada actor armado, con el fin de captar la mayor cantidad de “mentes y corazones” para cada proyecto (o por lo menos restárselos al contrario). No es casual que una organización guerrillera como las FARC-EP sostengan una cantidad importante de sitios web[8], agencias de prensa y publicaciones escritas alrededor del mundo. Estos canales de comunicación les permiten difundir e intercambiar ideas y juegan un papel decisivo en su esquema político-ideológico, en palabras del General (R) Montgomery Meigs, citado por Garay y Pérez (2007), el espacio comunicacio-nal en este tipo de conflictos es otro campo de batalla que se hace fundamental porque: “Para los actores no estatales y terroristas, la amplia disponibilidad de la tecnología comercial permite una combinación muy poderosa de lo tribal y lo tecnológico” (p. 13).

En términos generales, el conflicto armado colombiano nace dentro del contexto de la Guerra Fría (Revolución Cubana, doctrina de la seguridad nacional, ruptura chino-soviética), pero con una serie de particularidades propias que lo excluyen de la clasificación simple de los conflictos generados por el enfrentamiento entre el este y el oeste. Para Sánchez y Aguilera (2001), dentro de las características que le otorgan ciertos rasgos de autenticidad pueden citarse:

La persistente tendencia histórica a utilizar la violencia para obtener objetivos políticos, las estructuras de exclusión o inclusión perversa, socioeconómicas, políticas y regionales, junto a una cultura política autoritaria refractaria a los comportamientos democráticos, todos los cuales forman una especie de telón de fondo (p. 32).

Si bien dentro del conflicto armado colombiano han venido apareciendo una serie de variables tales como la utilización de la producción y distribución de narcóticos, especialmente la cocaína y la heroína por parte de los actores armados como medio de financiación, la consolidación de grupos paramilitares con capacidad de controlar política, social y militarmente grandes regiones del país[9], entre otras, y, aunque estas variables han producido cambios importantes en su forma y naturaleza, hay características de fondo que se mantienen.

Sobre la categorización del conflicto armado colombiano como guerra civil, véase: Ramírez (2002); Posada (2001) y Pizarro (2002).

Sobre presencia guerrillera en las fronteras colombianas véase: Trejos (2010).

Este tipo de guerra se caracteriza por: "La realización de acciones intermitentes a través de pequeñas unidades que utilizan la táctica de golpear y correr, buscando re ducir al máximo las bajas y los costos de operación, mientras que las Fuerzas Militares tienen que redoblar sus esfuerzos para atender los múltiples incidentes que se producen" (Echandía y Bechara, 2006, p. 36).

Sobre las estrategias político-militares utilizadas por los actores armados colombia nos véase: Trejos (2011).

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el 2 de agosto de 2005 en una "Audiencia pública por la verdad, la dignidad, y el derecho a la diferencia", denunció que en el Municipio de Caldono las FARC-EP declararon objetivos militares a personas del movimiento campesino, a concejales y a reconocidos líderes indígenas bajo el señalamiento de ser auxiliadores de las AUC e informantes del DAS. También afirman que la Brigada III del ejército, con señalamientos sobre supuestas colaboraciones con la guerrilla, "ha estigmatizado los procesos sociales de Toribio".

Las comunidades de paz de San Francisco de Asís, en el Chocó, se declararon neutrales frente a los grupos armados que se disputan la región. Entre diciembre de 1996 y marzo de 1997, más de 4000 habitantes de las riberas de los ríos Sataquí, Truandó y Qui-parado fueron desplazados a Pavarando, hacinados en un campamento de desplazados decidieron enviar un mensaje de neutralidad a los actores armados. Es así como en 1998, con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, se declararon comunidades de paz. Organizadas como tal, estas personas retornaron a sus tierras donde empezaron a reconstruir sus vidas y a consolidar su propuesta de neutralidad. Dentro de los reglamentos de las comunidades de paz se especifica el compromiso de sus miembros a no colaborar de ninguna manera con ninguno de los actores armados, algunos de los puntos a los que se comprometieron los integrantes de estas comunidades son: no participar de forma directa ni indirecta en la guerra, no portar armas de fuego, no brindar ayuda táctica, logística o estratégica a ninguna de las partes en conflicto; entendiendo esta ayuda como alimentación, vivienda, refugio, combustible, transporte, mensajería o cualquier otra similar.

"El término de baja intensidad se deriva del lenguaje empleado para distinguir las denominadas guerras convencionales de los conflictos que involucran represión de movimientos subversivos o gobiernos revolucionarios [...] No busca la eliminación física del enemigo por medios militares sino, más bien, deslegitimarlo, aislarlo, sofocarlo, a tal grado que los insurgentes y los gobiernos revolucionarios dejen de considerarse como una alternativa política posible o estable. El ganar o perder la guerra se mide en el plano político, al cual queda subordinado el elemento militar" (Barry, 1987, p. 35).

Algunos ejemplos de estas páginas web son: www.bolivarsomostodos.org; www. patrialibre.org; www.redresistencia.info; http://www.frentean.col.nu/; http://belige- rantex.blogspot.com/; http://www.abpnoticias.com/; www.conbolivar.org

Sobre el desarrollo político y militar de los grupos paramilitares en Colombia, puede consultarse: Duncan (2005); Revista Arcanos (2007); Romero (2007).

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El conflicto armado colombiano visto desde el Derecho Internacional Humanitario

Ante la subjetividad presente en la interpretación y aplicación de alguna de las tipologías o categorías descritas en los puntos anteriores, se hace necesario utilizar una definición de conflicto que tenga un carácter vinculante, es decir, que tenga fuerza legal para las partes enfrentadas. En el caso colombiano, dicha definición se encuentra contenida en el Derecho Internacional Humanitario, más específicamente en el Protocolo II adicional a los IV Convenios de Ginebra, suscrito por el Estado colombiano e incorporado a su legislación a través de la ley 171 de 1994.

El Derecho Internacional Humanitario se erige sobre dos principios fundamentales, el principio de limitación que establece que “la fuerza usada debe ser la estrictamente necesaria para obtener la ventaja sobre el adversario, y debe examinarse previamente la relación existente entre la ventaja del ataque y los efectos negativos que produzca en las personas y sus bienes” (Trejos, 2011a).

Conforme a este principio, el único objetivo legítimo durante la guerra es debilitar las fuerzas militares del enemigo, es decir, poner fuera de combate (asesinar, herir, capturar y rendir) al mayor número de hombres del bando contrario. El principio de distinción impone diferenciar entre quiénes son y quiénes no son combatientes, y entre los bienes que pueden y no pueden ser utilizados en un conflicto armado. Con este principio se pretende evitar que las operaciones militares afecten a la población que no participa de las hostilidades o a los bienes que le sirven de sustento o que son considerados patrimonio histórico o cultural. En este punto se debe tener en cuenta que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, dentro del conflicto armado colombiano, están constituidas por todas aquellas acciones u omisiones contrarias al artículo 3 común a los convenios de Ginebra y al protocolo II adicional a los cuatro convenios de Ginebra. Se considera que el artículo 3, común a los cuatro convenios de Ginebra, es una especie de convenio en miniatura. Incluso añadiéndole las disposiciones del protocolo n, las normas por las que se rige un conflicto armado internacional son menos elaboradas que las normas por las que se rige el conflicto armado no internacional. La dificultad con la que se tropieza para mejorar el régimen de protección de los conflictos armados no internacionales es el obstáculo que supone el principio de la soberanía del Estado. Cabe destacar que las normas del artículo 3 tienen valor de derecho consuetudinario y son un mínimo que los actores del conflicto armado deben respetar.

El Derecho Internacional Humanitario está destinado, en este caso, a regular las relaciones entre las fuerzas armadas, regulares o no, que participan en el conflicto, y protege a toda persona o categoría de personas que no participan directamente, o que han dejado de participar en las hostilidades, por ejemplo: combatientes heridos o enfermos, personas privadas de la libertad a causa del conflicto, población civil, personal sanitario y religioso. La obligatoriedad de aplicar y respetar el Protocolo II adicional a los cuatro convenios de Ginebra por parte de todos los actores del conflicto armado no puede estar sujeta a la reciprocidad de las partes, sino al hecho de que, en cuanto las partes tienen pretensiones político-militares, automáticamente se responsabilizan por la violación de dicho protocolo. Además, las normas humanitarias son obligatorias para todas las partes en conflicto, por cuanto la imperatividad de esta normatividad no deriva del consentimiento de las partes sino de su carácter consuetudinario. La finalidad del Derecho Internacional Humanitario es limitar los sufrimientos provocados por la guerra, garantizando tanto como sea posible la protección y la asistencia a las víctimas. De esta manera, se aborda la realidad de un conflicto sin entrar en consideraciones relativas a los motivos o a la legalidad del recurso de la fuerza. Únicamente se regulan los aspectos que tienen un alcance humanitario, a esto es lo que se denomina Ius in bello (Derecho en la guerra). Sus disposiciones se aplican, asimismo, a todos los actores del conflicto sin importar los motivos que dieron nacimiento al mismo y de la legitimidad de la causa defendida por una u otra parte (Trejos, 2011b).

Para efectos de comprobar que en Colombia se desarrolla un conflicto armado interno, se utilizará la definición que de “conflicto armado no internacional” provee el Artículo I del Protocolo II adicional a los IV Convenios de Ginebra, y se analizarán de forma separada los tres requisitos o condiciones que exige la nor-matividad internacional para que se configure dicho conflicto.

Es el conflicto armado que no está cubierto por el artículo I del Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo 1) y que se desarrollen en el territorio de una alta parte contratante, entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente protocolo (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008, p. 2).

De la anterior definición se analizarán por separado tres elementos que servirán para aclarar la situación que vive Colombia. El primero es:

I. Que se desarrollen en el territorio de una alta parte contratante, entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008, p. 2).

En 31 de los 32 departamentos, en los que se encuentra dividida administrativamente Colombia, hay algún tipo de presencia directa o indirecta de actores armados irregulares[1]. La presencia indirecta se realiza por medio de estructuras sanitarias, económicas, de propaganda y logísticas, estas operan principalmente en las cabeceras municipales. En la misma línea, dentro del conflicto colombiano, se distinguen claramente dos tipos de actores armados: los legales o regulares y los ilegales o irregulares.

En los actores legales o actores regulares se encuentra el Estado colombiano, representado por sus Fuerzas Armadas, a saber Ejército, Armada o Marina y Fuerza Aérea y, a pesar de no tener carácter militar, se debe incluir a la Policía Nacional.

En los actores ilegales o actores irregulares se encuentran: las organizaciones guerrilleras, conformadas actualmente por: FARC-ep, Ejército de Liberación Nacional (eln), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las organizaciones paramilitares o nuevas Bandas Criminales (BACRIM).

II. Bajo la dirección de un mando responsable (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008, p. 2).

A continuación, se revisarán la estructura interna y el organigrama de las FARC-EP. Estas desde 1996 cuentan con un estatuto que define su estructura organizativa, el cual se ha ido adaptando con el tiempo. Su máxima instancia de decisión es la conferencia nacional de guerrilleros, que se debe reunir cada cuatro años y cuyos miembros son elegidos por todos los integrantes de la organización. Esta designa el Estado Mayor Central, el organismo superior de dirección y mando, que hoy está conformado por 31 miembros. Este nombra a su vez al Secretariado del Estado Mayor Central[2]. El Secretariado hace las veces de órgano ejecutivo y toma las decisiones mientras no se reúnan las demás instancias. Según informe de la Fundación Ideas para La Paz (2006), la estructura interna de las FARC-EP está compuesta por: escuadras (12 hombres incluidos sus mandos); guerrillas (2 escuadras y sus mandos-26 hombres); compañías (2 guerrillas y sus mandos-54 hombres); columnas (2 compañías o más y sus mandos-110 hombres); frentes (1 o más columnas); el estado mayor del frente (tiene 5 miembros principales y 4 suplentes); bloques de frentes (5 o más frentes con su respectivo estado mayor); comandos conjuntos (cuando no están dadas las condiciones para crear un bloque de frentes). Además, cuentan con las Milicias Bolivarianas y las Milicias Populares, que no hacen parte de su estructura militar ya que están articuladas a los frentes.

Las FARC-EP, en este momento, están compuestas por 5 bloques, 1 bloque móvil, 2 comandos conjuntos, 69 frentes, 26 columnas móviles, 28 compañías móviles y 4 frentes urbanos (Bogotá, Me-dellín, Cali y Barranquilla). Cada una de estas estructuras tiene su comandante y su reemplazante.

Al igual que las FARC-EP el eln también cuenta con un organigrama y una estructura en lo nacional y lo regional, lo mismo sucede, aunque en menor medida, con los grupos paramilitares, ya que no obedecen a un poder central unificado, por lo cual cada grupo regional cuenta con independencia y autonomía en cuanto a su organización interna. Con los anteriores ejemplos puede notarse que los grupos armados irregulares tienen unas estructuras jerárquicas o verticales que difícilmente permiten dejar alguna orden u orientación estratégica al azar.

III. Ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008, p. 2).

Esta premisa se materializa en las áreas de retaguardia o santuarios estratégicos, en los que los actores armados irregulares logran construir sus mayores acumulados políticos y militares. En el caso de las FARC-EP, esta última afirmación se cumple en lugares como el area de operaciones del Bloque Oriental, este bloque, con radio de acción en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Guarnía y Vaupés, cuenta con 26 frentes guerrilleros[3], 8 columnas móviles y 13 compañías móviles, lo que lo convierte en el más desarrollado militarmente de las FARC-EP. Con base en las anteriores informaciones, puede afirmarse que la zona de retaguardia estratégica de las FARC-EP se encuentra en los departamentos de Caquetá, Meta, Huila y Putumayo[4].

Como pudo comprobarse desde las normas del Derecho Internacional Humanitario (Protocolo II Adicional a los IV Convenios de Ginebra), en Colombia se desarrolla un conflicto armado no internacional. Una vez definido el tipo de conflicto, se aborda su característica más relevante. Es un conflicto financiado por el narcotráfico. Una de las características más importante y particular del conflicto armado colombiano ha sido el involucramiento, cada vez más directo, de los grupos armados ilegales en todas las etapas de producción y distribución de narcóticos, especialmente la cocaína y la heroína.

El economista Paúl Collier (2004), en su texto El desafío global de los conflictos locales, entrega el siguiente diagnóstico:

Como lo demuestran claramente datos recabados en América Latina, la guerra civil y la producción de drogas están estrechamente relacionadas. En 1995, Colombia daba cuenta de 80.931 toneladas métricas de producción de opio y coca, mientras que Perú, devastado por la guerra en ese entonces producía 183.600 toneladas métricas de estas drogas duras. Durante los años siguientes, terminó la guerra civil en Perú. Mientras el conflicto se intensificaba en Colombia. En consecuencia, la producción de opio y coca cayó a 46.258 toneladas métricas en Perú, mientras aumentaba vertiginosamente a 266.161 toneladas métricas en Colombia (p.18).

En el caso colombiano, se hace inevitable afirmar que el surgimiento y consolidación de los cultivos de coca en el sur del país fue muy funcional a la guerrilla, especialmente a las FARC-EP para el desarrollo de su plan estratégico político-militar. A inicios de la década de los ochenta, cuando los cultivos de coca eran muy incipientes en el sur y nadie se atrevía a prever su acelerada expansión posterior, las FARC-EP se plantearon como su objetivo estratégico liberar una zona en el sur, controlada totalmente por la guerrilla, para ubicar allí un gobierno provisional que sería eventualmente reconocido por estados del bloque socialista. “Para estos efectos era necesario dividir al país en dos y por eso este grupo insurgente ubicó la cordillera oriental como eje del despliegue estratégico de su fuerza militar” (Rangel, 1999, p. 132). El control de la Cordillera Oriental traería como consecuencia la posibilidad de aislar las selvas del sur del país y el cumplimiento de su objetivo estratégico. La aparición y crecimiento desmedido de los cultivos ilícitos en el sur del país facilitó que las FARC-EP consolidaran una retaguardia que simultáneamente le facilitaba recursos económicos, resguardo militar y apoyo político.

Como se puede apreciar, este tipo de conflictos armados facilita la proliferación de esta clase de cultivos porque crea territorios ajenos al control del Estado, lo que ofrece a los productores de drogas (narcotraficantes, guerrilla y paramilitares) vastas extensiones de tierra en las cuales sembrar. Asimismo, crea un entorno en el cual muchas personas pueden dedicarse a una vida estrechamente relacionada con los cultivos ilícitos y actividades ilegales, debido a que quienes monopolizan las armas y el poder económico lo permiten e incentivan, ya que ellos son el Estado en esas regiones. Sumado a esto, el conflicto armado reduce dramáticamente las oportunidades económicas tradicionales (agricultura, ganadería, etc.), obligando a la gente a aprovechar la única alternativa de trabajo que se les presenta (Collier, 2004).

Del anterior análisis teórico es posible afirmar que en Colombia se desarrolla un conflicto armado interno, no convencional y de baja intensidad, que adquirió dimensiones regionales complejas o intermesticas, cuyos orígenes se encuentran en controversia político-ideológica y en problemas agrarios aún no resueltos, cuyos actores irregulares tienen en el narcotráfico su principal fuente de financiación y que ha producido una grave crisis humanitaria.

Sobre la presencia territorial de los actores armados irregulares véase: Vicepresi-dencia de la República de Colombia. Programa de Derechos Humanos y DIH. Geografía de la Confrontación y la Violencia. En línea: http:/ / www. derechoshumanos.gov.co/ OBSERVATORIO/ Paginas/ Geograf iaConf rontacion.aspx

En la actualidad, el Secretariado de las FARC-EP está conformado de la siguiente manera: Timoleón Jiménez (Comandante en jefe), Pablo Catatumbo (Responsable del Comando Conjunto de Occidente), Iván Márquez (Responsable del Bloque Caribe y Comandante del Frente Internacional), Mauricio Jaramillo (Comandante del Bloque Oriental), Joaquín Gómez (Responsable del Bloque Sur), Pastor Alape (Responsable del Bloque Magdalena Medio) Isaías Trujillo (Responsable del Bloque losé María Córdoba). Reemplazante: Bertulfo Arias (Bloque Caribe).

Un frente guerrillero puede definirse como: "Una unidad político-administrativa con jurisdicción sobre un territorio concreto, en el que cumple tareas militares, políticas, económicas y administrativas [...] muchas veces lo militar no es su labor primordial" (Ávila, 2008, p. 13).

Para el analista e investigador Alfredo Rangel, el surgimiento y la consolidación de las zonas coqueras en el sur del país ha sido una circunstancia muy propicia que las FARC han sabido aprovechar para desarrollar su planteamiento estratégico, que busca establecer en la Orinoquía y en la Amazonia una zona liberada manejada plenamente por la insurgencia.

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El conflicto mapuche y el estado de Chile: Una reflexión sobre la violencia y la imagen de Chile en el bicentenário [1]

Loreto Correa V.
Academia Nacional de Estudios Políticos  y Estratégicos de Chile

Este artículo forma parte de avances del Proyecto Fondecyt n.° 1120405, 2012-2014, Entre el conflicto y el aislamiento: desarrollo, gobernabilidad y seguridad en las zonas fronterizas del norte de sur de Chile a comienzos del siglo xxi.

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Introducción

El problema indígena mapuche se define como un conflicto cultural, político, económico y social, que busca reivindicar los derechos de la sociedad aborigen sobre sus territorios y el reconocimiento de la legitimidad de su cultura y su forma de organización. Las minorías indígenas en Chile, históricamente, han sido objeto de exclusión a través del desplazamiento y usurpación de tierras, de la vulneración de sus derechos fundamentales, y la ausencia de reconocimiento social o político de su identidad y autonomía como pueblo originario. De acuerdo a ello, la base de las demandas de los mapuches como movimiento social relaciona el territorio con la usurpación de tierras que, de forma histórica, habían pertenecido a esta etnia. A ello se suma la pobreza y las condiciones de marginalidad asociadas a los efectos de las mismas políticas de usurpación, lo que de acuerdo a Pineiro (2004) los situaron en la base de la línea de la pobreza chilena.

La vulneración de derechos y la precarización económica han provocado una resistencia por parte de este grupo indígena, que se ha sostenido en el tiempo, atravesando por diversos contextos que favorecieron, en ciertos momentos, una organización más institucionalizada y en otros más radicalizada. A lo largo de los años, las demandas por parte del movimiento se han ampliado, trascendiendo las reivindicaciones de orden material, considerando aspectos relacionados con la identidad y la autodeterminación de los mapuches como pueblo. Como lo señala Balio (2004), de un discurso de reivindicación, basado en las demandas históricas (educación y tierras) se pasó a un discurso que comenzó a incorporar la idea de territorio y conceptos de autonomía, autogestión y autodeterminación.

De cara a este proceso, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado chileno? ¿Por qué el conflicto persiste y aún no hay una resolución clara para “la cuestión indígena”? Este artículo tiene como objetivo fundamental dar cuenta de las tensiones entre el movimiento mapuche, como actor político, y el modelo de democracia y Estado-nación chileno, analizar la respuesta de las autoridades frente a esta problemática y explicar por qué en Chile no se adoptan medidas más favorables hacia las minorías étnicas.

Este artículo sostiene como hipótesis que los efectos de la problemática indígena o los niveles de violencia que emanan de ella, al no afectar la imagen del país, su proyección estratégica, económica o de política internacional en el exterior, postergan la búsqueda de soluciones en la agenda del país. En este marco, al Estado de Chile, el tema indígena no le es prioritario y, por tanto, difícilmente abocará todos sus medios para resolverlo.

Para ello, en la primera parte del artículo, se desarrolla una revisión en perspectiva histórica de la relación de las minorías indígenas y el Estado chileno desde comienzos del siglo xx hasta la presidencia de Michelle Bachelet (2006-2010). En la segunda, se aborda la tensión existente entre la imagen de nación y país tradicionalmente sostenida en Chile respecto a una realidad pluriétnica y multicultural. En el tercer apartado, se analiza la política del actual gobierno de Sebastián Pinera frente al tema. Finalmente, se presentan algunas conclusiones.

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La confuctiva relación entre las minorías indígenas y el estado chileno: Antecedentes, demandas e interacciones (1900-2010)

Desde comienzos del siglo XX, los mapuches se movilizaron por la recuperación de sus tierras y la demanda de acceso a servicios como, por ejemplo, la educación. Bajo este proceso surgieron varias organizaciones: la primera de ellas fue la Sociedad Cau-policán Defensora de la Ciudadanía, la Federación Araucana, conducida por Manuel Aburto Panguilef, un dirigente enérgico, carismático y de discurso radical, quien llegó a proponer la formación de una República Indígena y se alió con la Federación Obrera de Chile (foch) y el Partido Comunista. Por otra parte, al amparo de la orden de los capuchinos, surgió la Unión Araucana (1926) cuyos objetivos eran el bienestar económico, intelectual, moral y social de los araucanos. Sus principales demandas se centraron en la educación (Balio, 2004).

Posteriormente, durante los gobiernos de Eduardo Frei Montal-va (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973), fueron llevados a cabo programas de reforma agraria que restituyeron alrededor de 70000 hectáreas de tierra a los mapuches. Con el gobierno Frei Montalva (1964-1970) y la creación del Instituto de Desarrollo Agropecuario (indap), a fines de los años cincuenta, los indígenas pasarán a formar parte de las políticas agrarias.

A partir de dichos procesos, se comienzan a concatenar diversos recursos y oportunidades políticas que se instalarán como una antesala al surgimiento del movimiento mapuche como tal. En efecto, el incipiente proceso de reforma agraria se instala como una oportunidad política para el reclamo de tierras por parte de las comunidades, las que luego de experimentar un agotamiento de los mecanismos institucionalizados como vías para responder a sus demandas, comienzan a organizarse de manera más radicalizada, ocupando algunas tierras y desafiando la política indígena de los gobiernos de turno.

Durante el gobierno de Salvador Allende, se presenta la Ley No. 17729 que crea el Instituto de Desarrollo Indígena (idi), primer intento por enfrentar los problemas y demandas del mundo indígena y mapuche, en particular, desde una perspectiva más integral (Balio, 2004).

Dichas iniciativas, tanto el proceso de reforma agraria como las políticas adoptadas por el presidente Allende, implicaron una apertura del sistema a la participación indígena la que, reforzada con el realineamiento político de izquierda que se produce con la llegada de la Unidad Popular al poder, constituye una sólida base política con la que lograron recuperar un número considerable de tierras, favoreciendo los lazos de su organización.

No obstante, luego de la irrupción de la dictadura militar, las agrupaciones mapuches se repliegan, y tal como lo explica Ta-rrow (1997), la capacidad represiva del Estado contra todo tipo de organización o movimiento social inhibió cualquier manifestación de sus demandas, congelando la organización indígena durante el período militar. “Las reformas no lograron reversar las injusticias históricas y la marginación política, y fueron frenadas por el régimen militar” (Rodríguez & Carruthers, 2008, p. 6); régimen durante el cual hubo un retroceso total respecto a los avances para la incorporación del pueblo mapuche y el reconocimiento a sus demandas. Los aparatos del Estado y la negociación de Pinochet con los indígenas marcaron un compás de espera durante casi 18 años a la problemática indígena. Mientras, estos se fundieron en un mestizaje urbano a medias que trajo como consecuencia directa un éxodo del campo a la ciudad desde las zonas de la octava, novena y parte de la décima regiones del país a las dos metrópolis más importantes de Chile: Santiago y Concepción.

El Decreto de Ley 2568 de 1979 de chilenización del pueblo mapuche abrió las tierras mapuches a los procesos de subdivisión y privatización. Acorde a una política de promoción de desarrollo desde el libre mercado, no fue permitida la posesión de más de seis hectáreas por familia mapuche y se prohibió el uso comunal de la tierra. A su vez, el régimen usó estrategias de paternalismo, clientelismo y manipulación, dispensando favores y poniendo a ciertos grupos indígenas contra otros, mientras usaba la represión contra aquellos mapuches que se negaran a cooperar. El resultado era esperable: dispersos y poco organizados, el sector indígena del país sucumbió ante un Estado de excepción.

El silencio al que se vieron obligados los mapuches a permanecer, tras la posición represiva del Estado “produjo un decantamiento de posiciones e ideas en muchos de ellos” (Piñeiro, 2004, p. 167). Como resultado comenzó un proceso de reconfiguración de la demanda mapuche como una reivindicación étnica, diferenciada de la sociedad chilena, “la cuestión étnica se va a separar de la cuestión social en general, e incluso van a criticar crecientemente la intermediación de los partidos políticos” (Bengoa, 1999, citado por Piñeiro, 2004, p. 168). Este aspecto es el que se desdibuja en el tiempo. Algunos mapuches conformaron redes de resistencia con diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la Iglesia Católica y varias ong, quienes proveyeron ayuda legal y lanzaron iniciativas en agricultura, pesca y desarrollo rural (Rodríguez & Carruthers, 2008). En paralelo, aparece una organización violentista desmembrada políticamente de los grupos insurgentes del período militar, la Coordinadora Arauco Malleco (cam), que creada en febrero de 1998 tiene como propósito planteando la reivindicación sobre espacios territoriales autónomos, lo que les significaría la “reconstrucción” del pueblo mapuche.”[1]

Ciertamente, la Iglesia Católica colaboró en el establecimiento de lazos organizacionales entre las comunidades, gestándose los Centros Culturales Mapuches como una nueva institución del movimiento, organizada con el propósito de reaccionar ante la política de división de las comunidades que desarrollaba el gobierno autoimpuesto. Sin lugar a dudas, la iglesia cumplió un rol fundamental en el surgimiento del movimiento, en la medida que establece una alianza de apoyo con los indígenas, siendo una de las instituciones más poderosas de la sociedad de entonces en ese país. Colabora con los mapuches, pero también entiende la necesidad de reforzar el proceso de reconocimiento legítimo de derechos por los mismos mapuches, lo que a juicio de Piñeiro será el punto de partida del movimiento étnico como tal.

Posteriormente, las transformaciones en el régimen político chileno dieron lugar a una estructura de oportunidades políticas para el desarrollo del movimiento social mapuche. Inicialmente, con ocasión de la campaña para el plebiscito de 1988, la coalición opositora al régimen militar acogió las demandas indígenas a cambio del apoyo en las urnas.

Llegaba el fin de una época en Chile y en 1989, durante la campaña electoral, todas las organizaciones mapuches, con excepción del Consejo de Todas las Tierras, firmaron un acuerdo con Patricio Aylwin, candidato presidencial en ese entonces, donde este se comprometió a desarrollar una reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas, la creación de una ley indígena y una comisión con participación indígena para crearla. Por su parte, los indígenas se comprometían a canalizar sus demandas por la vía institucional (Piñeiro, 2004). Este pacto fue denominado: Pacto de Nueva Imperial y constituyó el espacio concreto de apertura y posicionamiento de las demandas del movimiento social mapuche. Como fruto de este acuerdo, en mayo de 1990, fue creada la Comisión Especial de los Pueblo Indígenas (cepi), que tenía la misión de desarrollar nuevas leyes para dar respuesta a las demandas indígenas.

Uno de los hechos que activa la organización fue la celebración de los quinientos años de la conquista de América, fortaleciendo su sentido identitario a través de su definición por oposición a dichas manifestaciones conmemorativas. En este sentido, este hecho marca un momento de reconocimiento y de autoidentifi-cación que solo es posible a través de un proceso de conciencia de sí misma como comunidad diferenciada, lo que será fundamental para las manifestaciones futuras.

En 1993 fue expedida la Ley Indígena 19253, fruto del trabajo de la cepi. La ley llamó a la creación de una nueva institución para la promoción de los derechos indígenas. Así fueron creadas la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena (conadi) y el Fondo de Aguas y Tierras, los cuales despertaron altas expectativas entre los indígenas. El objetivo de la conadi era la creación de una vía para la expresión de las ideas y las demandas indígenas y transformar la relación entre los grupos indígenas y el Estado. Estaba conformada por ocho representantes de las comunidades indígenas, ocho representantes no indígenas y un director nombrado por el Presidente. La conadi, vista como una victoria por el activismo por la causa indígena, era la instancia que por primera vez daba atribuciones para que los indígenas pudieran escoger representantes de sus propias comunidades para la expresión de sus intereses.

La ley indígena y la creación de la conadi configuraron un nuevo escenario de las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. A través de ella, se reconocen una serie de derechos económicos, culturales, a la tierra, al agua y al desarrollo. Sin embargo, los mapuches consideran que en el proceso de negociación de la ley, esta fue despojada de los principios básicos que sustentaban sus demandas. El más básico de todos, el reconocimiento constitucional y la incorporación de los conceptos de pueblo y territorio.

Lo anterior significó un cambio en el rumbo de las acciones y las demandas que hasta ese momento habían caracterizado al movimiento de un discurso reivindicacionista, basado en las demandas históricas (educación y tierras). Desde entonces, se pasó a un discurso que comenzó a incorporar la idea de territorio y conceptos de autonomía, autogestión y autodeterminación. Es decir, se pasa de una demanda cultural a una demanda política. El elemento identitario pasaría, entonces, a ocupar un rol central en el repertorio de demandas y también a ser utilizado como elemento movilizado en la lucha por el reconocimiento como pueblo distinto, esto no quiere decir que esté exclusivamente centrado en la identidad como núcleo de sus demandas y como afirmación del ser mapuche. Por el contrario, el movimiento tiene como eje la relación de dominación-subordinación entre el pueblo mapuche y el Estado-nación chileno y la urgente necesidad de cambiarla.

Más tarde, la ruptura del pacto establecido entre las comunidades y la concertación se gatilla luego de la expulsión del director y parte del directorio de la conadi por parte del gobierno, dado el rechazo que habían realizado a la instalación de las empresas hidroeléctricas en Raleo y el interés del gobierno de materializar dicho proyecto. Esta situación abre una división entre dirigentes de gobierno y una diversidad de apoyos para las comunidades que se estaban viendo directamente afectadas en sus tierras, pero aún más, con la creciente precarización de sus condiciones materiales de vida. Era un hecho incontrastable, tras el censo del año 1992, que las regiones indígenas, sobre todo las costeras, advertían los peores indicadores de pobreza y exclusión del país. Ambos elementos expanden las oportunidades políticas de las organizaciones, quienes colmadas de los reiterados incumplimientos de los acuerdos establecidos rompen con la estrategia de la negociación radicalizando el movimiento, el que no se detendrá hasta la fecha.

¿Qué duda cabe que el manejo gubernamental ha estado marcado por los diferentes liderazgos ejercidos por los presidentes de turno? En el caso de Frei Ruiz Tagle, se aprecia hacia fines de su mandato una crisis de la política indígena, una conadi debilitada y deslegitimada se suma a un abierto conflicto entre comunidades y organizaciones mapuches de Malleco (cam) contra empresas lecheras y grandes propietarios de predios forestales. Minifundio y empresa son, a la larga, los centros de atención de la violencia emprendida por estas organizaciones, las que se han visto reducidas a la subsistencia en los últimos diez años. La tardía respuesta de Frei a las demandas del pueblo mapuche se produce con la creación en mayo de 1999 de la Comisión Asesora en temas de Desarrollo Indígena y la realización de los llamados Diálogos Comunales, realizados en comunas de la VIH y IX región:

Sin embargo, es en el período de Ricardo Lagos que se desarrolla fuertemente la política indígena que se denomina Política de Nuevo Trato, dado el aumento de la violencia indígena al iniciar su mandato. Estas acciones dicen tener relación con el Plan de las 16 Medidas anunciadas a través de la “Carta a los Pueblos Indígenas de Chile”, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato ambas en el año 2000. Estas instancias tuvieron en consideración y por mandato la revisión del pasado y la elaboración de propuestas para un nuevo trato. Entre las propuestas se encontraba el reconocimiento constitucional, de derechos políticos y colectivos, derechos territoriales, a la consulta y derechos culturales. A lo anterior se suma la creación del Programa Orígenes en 2001 a cargo del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). Orígenes, aborda el desafío del Estado que ya no va solo en la dirección de consolidar los plenos derechos y el reconocimiento constitucional, como lo habían hecho las acciones de los gobiernos anteriores, sino que apuntan al establecimiento de políticas públicas que contribuyeran a la superación de la pobreza y la marginalidad.

Contradictoriamente, la comisión parece haberse convertido en una salida simbólica a las demandas indígenas y una estrategia institucional para frenar las demandas postergando el reconocimiento de estos derechos. De acuerdo a las organizaciones mapuches, todo quedó en la retórica. Inclusive, precisamente en este gobierno se produce la denominada “Criminalización del movimiento mapuche” impulsada inentendiblemente desde el propio gobierno, el poder judicial, la policía y, de forma principal, a través de los medios de comunicación. En la práctica esto se refleja mediante la utilización de la “Ley Anti-Terrorista” 18314 del período militar (1984) que, en suma, declara la condición de tal a aquellas personas que desarrollen actos violentistas en la zona sur, ya sea en el ámbito urbano o rural y que declaren en sus acciones vinculaciones con los movimientos indígenas mapuches. Ciertamente, y a pesar de que diversos informes internacionales han declarado la ilegalidad e inadmisibilidad de esta legislación que califica de terroristas acciones que corresponden a reivindicaciones de índole social, en esta condición se encuentra un número de 62 personas procesadas, encarcelados o condenados cuyas penas se ven aumentadas por la conculcación de esta ley (Comisión Ética contra la Tortura, 2011).

En el gobierno de Michelle Bachelet continúa la dicotomía. A diferencia del gobierno de Lagos, el Estado señala la urgente necesidad de viabilizar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Este cambio de giro provoca que el 4 de marzo de 2008 se suscriba finalmente el Convenio 169 de la OIT (luego de 18 años de trámite legislativo, incorporando sin embargo a este una declaración interpretativa)[2] y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Un mes después, en abril de 2008, el gobierno anuncia la política indígena para sus últimos dos años de gobierno, denominada “Reconocer: Pacto Social por la Multiculturalidad”, que promueve diversas modificaciones al sistema político con miras a la integración de los pueblos originarios. Con el fin de concretar este plan, se establece un Comité de Ministros para Asuntos Indígenas y un Comisionado Presidencial que tiene la responsabilidad de conducir el proceso.

Pero, el avance también tiene reacciones contrarias. En este período se produce la muerte de un comunero mapuche, por lo que organismos internacionales denuncian exceso de violencia policial, militarización del conflicto, aplicación de la Ley Antiterrorista y de justicia militar y planes de restitución de tierras que no se cumplen. También se lleva a cabo el reconocimiento constitucional, es decir, la ratificación del Convenio 169 de la OIT que reconoce la existencia de los pueblos originarios en la legislación chilena.

La mirada a las dinámicas de la relación entre el Estado y los mapuches evidencia, a partir de 2008, que la raíz del conflicto se sitúa en la falta de una respuesta efectiva por parte del Estado chileno a las demandas de este grupo étnico. Dicha respuesta ha variado entre la represión, el desarrollo de instituciones y espacios de diálogo, que la mayoría de las veces han devenido en elementos de carácter simbólico, algunas en medidas de carácter asistencialista y las menos en la estructura formal de mecanismos que contribuyan al desarrollo de las regiones involucradas. En ese sentido, la conadi, la compra de tierras, las devoluciones y los subsidios, no muestran efectos positivos de largo alcance en la merma de la conflictividad, una mejoría económica y la inclusión social que se pretenden.

Por ello y en este contexto, el movimiento mapuche ha recurrido a repertorios de movilización tradicionales y de la perspectiva de movilización de recursos, esta amplia gama de tácticas ha llevado a la negociación y acuerdos con las autoridades (e.g. El pacto de nueva imperial), así como a las acciones de hecho (e.g. toma de predios y protestas).

Los acuerdos con el gobierno han servido para el posiciona-miento de las demandas mapuches en la agenda política y su materialización en instituciones políticas concretas, tales como la conadi o la Comisión Histórica de Verdad y Nuevo Trato. No obstante, frente al incumplimiento de las autoridades de los acuerdos establecidos (conflicto con la represa en Raleo y proyectos de silvicultura, ver Rodríguez & Carruthers, 2008) el movimiento ha recurrido a repertorios de acción que recurren a la protesta y la expresión violenta. Ello ha permitido que, aunque en el terreno institucional el gobierno y grupos de interés que conforman lo que podríamos denominar el contra-movimiento social, se hayan cooptado los espacios que constituían el terreno de expresión de demandas del movimiento y que este se mantenga visible para la opinión pública. No obstante, ello ha traído como resultado la respuesta represiva por parte del Estado, la instauración de labores de inteligencia y la búsqueda activa de la desarticulación de la cam.

A pesar de que el movimiento ha desplegado repertorios de acción que le han asegurado visibilidad; aún permanecen desafíos al logro del éxito en sus demandas. Uno de ellos tiene que ver con la división existente entre el pueblo mapuche, que constituye el potencial de movilización del movimiento social; problema de fondo para una movilización efectiva que logre instalar su causa en la agenda pública.

A ello se suma la respuesta estatal que ha sido represiva con aquellos mapuches que no han colaborado con sus propuestas y la de cooptación a otros grupos de esta colectividad. Así, el movimiento étnico logra instalar parcialmente su causa en la agenda pública. En la práctica, el Estado no ha dado una respuesta que tenga efectos reales en lo que se solicita, sino que solo apela a medidas de corto plazo que tienen por objetivo paliar el conflicto del momento sin dar una solución de fondo a las demandas del pueblo mapuche. Pregunta obvia es si esto es posible; y la respuesta a ello es que se trata de soluciones por las cuales el modelo de país no ha transitado aún.

Antes de 1990, las demandas del pueblo mapuche estaban marcadas por la idea de proteger y ampliar las tierras y el acceso a las aguas en las comunidades rurales. El discurso mapuche actual se acerca al cuestionamiento del Estado y la nación, pues en la medida en que se aborda el tema de la autonomía y el territorio, se está frente a un cuestionamiento de su organización, administración y carácter, y ante la necesidad de modificar o hacer más flexibles algunas de las estructuras existentes.

El concepto de autonomía regional refiere a la idea de organizar el diseño administrativo regional y local para así permitir procesos de autogestión y administración del territorio y recursos por parte de los pueblos indígenas, lo que además implica la generación de formas de autoridad propias, en el marco de un Estado pluriétnico y multicultural. La noción de Estado en Chile es lo suficientemente sólida como para siquiera declarar admisible esta visión.

Se recomienda visitar el sitio web de la Coordinadora de Comunidades Mapuches en el Conflicto Arauco Malleco: http://www.nodo50.org/weftun/

Declaración interpretativa que precisa que dicho documento solo es aplicable en relación a los tratados ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

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La idea de Nación e imagen de pais de Chile frente a su realidad diversa y multicultural

Hemos explicado el conflicto mapuche en el apartado anterior y visto el accionar del Estado en el contexto nacional. Sin embargo, hemos de recordar el fenómeno mediático de 2010 en el primer año de gobierno de Sebastián Pinera. Esto es el rescate de los mineros, para dimensionar la ausencia de conciencia colectiva que se tiene sobre los problemas profundos del país, frente a otros que son emergentes o producto de la coyuntura noticiosa. Este apartado no pretende ser una revisión teórica acuciosa, sino una muestra del espejo social para admirar la cotidianidad de Chile.

Esto no sería de interés a no ser que ponderáramos la dedicación de los medios de comunicación y, particularmente, de las autoridades políticas en relación al tema minero. Frente a ello y al terremoto, tercer hito del año 2010 podemos señalar lo siguiente:

En Chile, la atención de los medios de comunicación se concentra en aquellos fenómenos o problemas que son generales o bien que representan a la clase alta o media de la sociedad. Las minorías reciben un tratamiento tangencial en los medios o son visualizados de manera aislada. ¿Cuál es la causa? O no venden o no obtienen rating en los medios.

En esta condición clasista, los fenómenos o hechos que conciernen a las minorías no son un tema popular de los medios de comunicación y, por tanto, tienden a tornarse invisibles a los ojos del televidente o radioescucha común.

Las noticias de alto impacto, al igual que en otros países, tienden a concentrarse en hechos considerados escandalosos, vinculados a las celebridades, el deporte y los desastres naturales. Secundaria y cotidianamente, los temas vecinales de carácter económico ocupan las primeras planas y portadas de los diarios. Esto puede variar si el tema es de alto impacto, como el caso de las declaraciones de un Presidente de un país vecino, o del escándalo de créditos repactados de manera automática por una multitienda del retail. Pero, no es la tónica de la semana corriente. Esto, que también se replica en los noticieros de televisión de los canales abiertos, es la constante que nutre los reportajes en profundidad de la prensa. Recientemente, las editoriales de los medios revisan insistentemente lo presente, dejando lo conflictivo al envío de cartas al director. En ese contexto, la debilidad de la discusión sobre el tema mapuche es tal, que en los últimos dos años no ha habido ninguna entrevista en profundidad a ningún dirigente, menos se han dispuesto foros públicos en los que se intente mediar abiertamente entre posturas antagónicas frente a la opinión pública y mucho menos se ha revelado información sobre los alcances y posibles soluciones. En el parlamento, la agenda ha destinado horas al tratamiento de leyes sociales relevantes como el postnatal de seis meses, pero escasamente se observa en el debate parlamentario, y por ende en la construcción de normas, el tratamiento que efectivamente “contenga” aportes efectivos al tema mapuche o la consecución de alguna vía alternativa de en-frentamiento del tema.

El tratamiento de los problemas profundos de la sociedad chilena, tales como los concernientes a la educación, cobertura de salud, étnicos o de desigualdad político-económica al no ser populares reciben una atención secundaria de los medios y también de la autoridad. Las encuestas de opinión, tales como cerc, ADI-mark, son barómetros particularmente aceptados en la construcción de la agenda de trabajo del Estado y también de los medios de comunicación.

La urgencia de los temas sociales en la agenda política chilena es considerablemente menor, salvo que la sociedad civil se movilice por la causa. Y, en ese contexto, han ganado espacio las movilizaciones por temas vinculados a la instalación de centrales eléctricas y estudiantiles. El desorden y el vandalismo que emergen de estas movilizaciones sociales marcan las agendas de los medios.

Entre 2010 y 2011 se llevaron a cabo huelgas de hambre por parte de líderes mapuches, como forma de protesta contra la aplicación de la Ley Antiterrorista. Las huelgas comenzaron el 12 de julio del año 2010, con 23 personas que se encontraban en prisión preventiva. Con el paso de los días llegaron a ser 34. Tras 82 días, 23 comuneros mapuches llegaron a acuerdo con el gobierno a través de la mediación de Monseñor Ezzati, finalizándose la huelga de hambre. No obstante, el 1 de octubre de 2010,10 decidieron retomar la huelga. El 8 de octubre la mayoría de ellos decide terminarla, tras llegar a un nuevo acuerdo con el gobierno. Finalmente, el 12 de octubre termina la huelga, con una serie de declaraciones de futuras acciones jurídicas para la revisión de las condenas. El 13 de octubre se rescata a los mineros y el tema mapuche es enterrado en los medios de comunicación.

El 15 de marzo de 2011 Héctor Llaitul, José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Huillical retomaron la huelga de hambre. Los cuatro suman condenas de 85 años de presidio, en parte por crímenes por los que fueron absueltos por la justicia militar chilena. El 9 de julio de 2011 depusieron la huelga, tras 87 días sin ingerir alimentos, tema que estuvo ausente de debate en los medios, aun cuando 4 de los comuneros mapuches fueron procesados bajo la Ley antiterrorista.

En julio de 2011, en el marco del Encuentro Empresarial de la Araucanía, el presidente Pinera ratificó la puesta en marcha del “Plan Araucanía”, el cual consiste en una inversión de U$ 400 millones de dólares para estimular el desarrollo de una de las regiones más pobres de Chile. Según el Presidente, este plan está diseñado especialmente para el desarrollo de los pueblos originarios.

La búsqueda de soluciones urgentes a temas importantes es de muy alto costo a nivel de administración pública; los procesos de intervención social son de una puesta en marcha lenta. El tema clave es la búsqueda de consensos y con esa lógica los poderes del Estado deben hacer confluir su gestión administrativa.

En el año 2011, la conadi a través de Mideplan propuso el desarrollo de la denominada “Consulta Nacional Indígena”. Las áreas previstas por la consulta eran tres: el reconocimiento constitucional del proyecto de reforma que reconoce a los pueblos, una nueva institucionalidad que creará la Agencia de Desarrollo Indígena y un procedimiento de consulta para tener un instrumento que las regule en su participación. La iniciativa fue cuestionada por varios líderes mapuches, bajo el argumento que la consulta no está considerada dentro de los mecanismos de diálogo y consulta acordados con el gobierno y señalados bajo la firma del Convenio 169 de la on.

En este sentido, una delegación del Equipo Coordinador del Seminario “Encuentro de Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas” fue recibida en audiencia por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el 15 de junio de 2011. Dicha delegación exigió la derogación del Decreto 124 de 2009, por medio del cual se establecía la Consulta Nacional Indígena. La comisión acogió los argumentos y solicitó al Presidente Pinera la suspensión de la consulta y la derogación del mencionado decreto.

Ninguno de los aspectos anteriores se ve relacionado con el tratamiento de la imagen del país que se maneja a nivel de los medios o bien a nivel de políticas públicas. El mecanismo social del olvido colectivo opera abiertamente en el proceso de levantar la imagen de Chile y buscar los beneficios que emanan de ella. Si en un principio el tema histórico o la visión histórica del conflicto mapuche fue abordada en el contexto de la repartición de tierras, la pacificación y la colonización, lo que José Bengoa denomina los “odios primordiales”, posteriormente la visión cruzó por la concepción que en Chile, lo que había ocurrido era la construcción de un imaginario pleno de errores ancestrales. Por ello, las luchas mapuche en las comunidades no se reducen a la defensa de retazos de tierra provenientes de los títulos de merced, sino a la defensa de espacios territoriales más amplios y que forman parte del territorio histórico mapuche. Esta visión consensuadamente izquierdada, se encuentra en una perspectiva del conflicto (Bengoa, 1999, p. 318).

En otra visión, los mapuches no serían indígenas sino una construcción social mestiza. Sergio Villalobos (2000), reconocido historiador chileno, lo afirmaba en un polémico artículo de prensa en El Mercurio:

El mestizaje predominó al norte y al sur del Bío-Bío, al punto de que las fuentes históricas del siglo XVII señalan que sólo por excepción, en rincones muy apartados, quedaban indios puros. Desde entonces y hasta el día de hoy, los llamados araucanos — eufemísticamente, mapuches — no son más que mestizos, aunque sean notorios los antiguos rasgos. Los propios araucanos formaron parte del aparato de dominación. Al hacerlo, recibían recompensas, beneficios y algunos honores; pero lo que más les atraía era disfrutar de las ventajas de la civilización material.

Es cierto que perdieron gran parte de sus tierras, empleadas fundamentalmente para la caza y la recolección, es decir, mal aprovechadas a ojos modernos; pero también es cierto que pudieron incorporarse a la producción agrícola y ganadera de mercado, intercambiando productos (Villalobos, 2000).

Sin embargo, el desconocimiento de la condición de indígena emplazado por Villalobos no calza con la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, años más tarde (1989) y más tarde, en el 2008 cuando

La Presidenta Michelle Bachelet decidió ratificar en forma íntegra y sin ninguna interpretación el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que significa una reivindicación histórica de los pueblos indígenas de nuestro país, cumpliendo además con uno de los compromisos de los gobiernos de la Concertación (SUBDERE, 2008).

La Presidenta ratificó el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit), con fecha del 15 de septiembre de 2008, la oit notificó dicha ratificación en su página oficial. Doce meses después de la fecha del registro de su ratificación, el 16 de septiembre de 2009, el Tratado entra en vigencia bajo la coordinación de José Antonio Viera Gallo, el entonces coordinador de la política indígena de gobierno.

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Visiones del Chile del bicentenário

Entonces, ¿cuáles son las visiones de Chile que operaron en la construcción de la imagen internacional durante el Bicentenário? Un año antes del Bicentenário de la República, los focos del país se mantenían en la inserción de Chile en el comercio internacional y, particularmente, en reflejar los avances democráticos sostenidos por los partidos de la coalición de gobierno, encabezada por la Concertación de Partidos por la Democracia. La mejor exposición del Estado, en relación a los temas que le son de interés, se ve reflejada en la cuenta al país del 21 de mayo, instrumento político anual que resume lo realizado y proyectado en el país. Al respecto, la última cuenta de la Presidenta Bachelet no aludió a temas indígenas[1].

En la última cuenta pública del 21 de mayo de 2009 de la mandatária, el tema indígena no estuvo presente; en la primera cuenta pública de Sebastián Pinera hubo la siguiente alusión:

En septiembre, en el cerro Ñielol constituimos una Mesa Amplia de Diálogo para el Reencuentro Histórico, integrada por el gobierno, las iglesias, la sociedad civil y, naturalmente, representantes del pueblo mapuche, la que estamos extendiendo a otras etnias. El Plan Araucanía es la iniciativa más ambiciosa de las últimas décadas para empezar a mejorar de verdad la calidad de vida y las oportunidades del pueblo mapuche. En educación, hemos aumentado en un 34 por ciento el presupuesto para becas indígenas, en un 20 por ciento el fondo para promover su cultura y educación y casi en un 60 por ciento el Fondo de Desarrollo Indígena de la Conadi. Pero, el respeto se demuestra también con símbolos. El 4 de agosto pasado emití un instructivo presidencial para que las autoridades de nuestras etnias originarias reciban la debida consideración en todas las ceremonias oficiales de los gobiernos regionales y provinciales (Pinera, 2010)

Es cierto, el año 2010 es inolvidable. Bien lo señalaba el presidente Sebastián Pinera en su discurso, en el que la imagen del país se vio fortalecida, pese a las catástrofes que mencionáramos al principio de este trabajo.

El informe de Future Brand de 2010, importante consultora internacional de posicionamiento de marcas según el índice de Marca País, en colaboración con BBC World News, mencionó que Chile “saltó” 19 puestos, ocupando el lugar número 40 dentro de un universo de 110 países. Así, Chile que en 2009 se ubicaba en la posición 59 había ascendido del lugar 40 al 19 en el ranking de países por causa del rescate de los mineros.

El rescate de los mineros de la mina San José se convirtió en un evento noticioso global, generando una buena voluntad extraordinaria en favor del Presidente Sebastián Pinera y la marca Chile. Junto a la estabilidad económica creciente, Chile se convierte en una marca a observar en la región (Future Brand, 2010)[2].

El impacto mundial de la noticia del rescate de la mina San José no sólo ayudó a reafirmar la imagen de Chile como país minero. En la misma línea, la construcción de la imagen fortaleció la idea de Chile país productor principal de cobre del mundo. Los medios extranjeros, durante el proceso de rescate, describían al país como un territorio donde “a punta de dificultades y tragedias”, como el terremoto del 27 de febrero de 2010, Chile logra “sobreponerse, juntar fuerzas, deponer diferencias políticas y coronar con éxito una empresa” (La Tercera, octubre 2010). Ausente del tratamiento de los medios, estos sólo apuntaron los logros de San José en Copiapó exactamente en las mismas 24 hrs. en las cuales se deponía la huelga de hambre más extensa que sostuvieran mapuches en su historia reciente.

Chile ha invertido en su imagen. No cabe duda alguna que estas líneas de posicionamiento y los estudios de imagen país, no son neutros y constituyen un manejo comunicacional intencional de parte de los medios de comunicación, como también de los Estados. Existe una ideología presente tanto al visibilizar ciertos temas como al tratar de sepultarlos en los medios.

Chile lleva años, desde 1976, invirtiendo, en pleno gobierno militar, en una agencia exportadora de bienes y servicios chilenos: ProChile. Pero, esta institución no es la única que se ocupa de la visión del país. Un segundo organismo creado durante la presidencia de Ricardo Lagos es Imagen de Chile, una fundación creada con el propósito de pensar la proyección y contenidos de la imagen de dicho país en el exterior. Ya no desde una perspectiva económica, sino también cultural. Esta institución fundada en 2009 tiene como meta:

[...] impulsar, desarrollar, patrocinar, financiar, coordinar, promover y ejecutar la difusión de la imagen de nuestro país en el exterior, contribuyendo a la competitividad del mismo, mediante una estrecha coordinación con el sector público y privado (Imagen de Chile, 2009).

Por la importancia de la imagen de Chile, así como por el impacto del rescate, vale la pena detenerse a observar las contradicciones del país que se advierten en el Chile del Bicentenário, y mirar cuáles son los esfuerzos de Chile por mejorar su imagen y qué conciencia existe respecto a la condición de otros aspectos del país.

Blas Fomic, director de la Fundación el 6 de julio de 2011 en carta al principal diario de circulación nacional, El Mercurio, señalaba que:

[...] Ninguna imagen perdura si no corresponde cercanamente a la realidad, y la de nuestro país, como la de cualquier otro, surgirá, en última instancia, de esa experiencia del extranjero en suelo chileno. Al respecto, es de reconocer que, hoy, la irregular calidad de los servicios, el bajo conocimiento promedio del idioma inglés, la insuficiente infraestructura, conspiran contra lo central de una campaña bien orientada y necesaria, pero que, para sostenerse y rendir los frutos esperados, requiere un arduo trabajo no sólo externo, sino también interno. Esa labor supone muchas modernizaciones en los sectores estatal y privado ya identificadas hace largo tiempo, pero que no avanzan con el ritmo necesario. La Fundación Imagen de Chile difícilmente puede ir más rápido y más lejos que Chile mismo (Fomic, 2011).

Al respecto, la única alusión es tangencial y relacionada con becas de parte del Estado. Sobre el particular y a propósito de la voluntad del gobierno en relación con las dificultades por causa de la crisis económica internacional y cómo esta pudiera afectar a los alumnos en educación superior: "Beneficios especiales para que las mujeres becadas puedan viajar con sus hijos. Personas provenientes de pueblos originarios, con alguna discapacidad, o que provengan de regiones, tendrán un puntaje adicional para la obtención de becas". Ver: http://www.elvacanudo.cl/admin/render/noticia/18288

Textualmente señala: "Chile (#40 +19) has improved across every measure this year with huge leaps in Awareness and Advocacy, as well as in perceptions of Political Freedom. The San José miners' rescue became a global news event generating extraordinary goodwill for President Pinera and brand Chile. This, coupled with growing economic stability, makes Chile a brand to watch in the region".

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Reflexiones finales

En efecto, los países están llenos de luces y sombras. Así como Chile se empeñaba en superar el tema -realmente trágico- del accidente minero, es indudable que no ponía los mismos esfuerzos ni la misma voluntad en revisar cómo podría superarse el tema de los mapuches y su extensa huelga de hambre de casi tres meses ocurrida en paralelo al rescate de los mineros. Ciertamente, el tema mapuche en la imagen del país es una arista compleja. Visto como un apartado cultural en el campo folklórico, lo mapuche ha sido mostrado en las exposiciones a las cuales asiste Chile, evidentemente, como un legado histórico y un valor cultural ligado al folklore nacional. Ello ha redundado en la valoración de productos comestibles (merkén o piñones, por ejemplo) y la artesanía (plata y tejidos) en diversas ferias internacionales.

La idea de que la Marca País depende de los éxitos dista entonces de los esfuerzos integrales del país. De acuerdo al Hexágono de Marca País de Simon Anholt (2000), las variables intervinientes en ella son:

Vista la trascendencia de la situación de los mapuches, Chile no “discute” su imagen país, al igual que muchos países de la región, y muestra “lo que tiene” para exportar, invisibilizando -creemos- ex profeso no solo el conflicto mapuche, sino el ser mapuche y su rol en la vida del país. Esta falta de coherencia entre el ser y el querer ser no es advertida por las autoridades del país, contribuye a un vacuo exitismo y nacionalismo en Chile y no ayuda a superar temas históricos. Justamente, esto es lo que ocurre con el tema mapuche, pero también con cualquier situación de conflicto que involucre a los vecinos del norte de Chile, en particular, con Bolivia. En efecto, Chile, al igual que otras naciones del continente, “no se detiene”, no repara y posterga la toma de conciencia sobre los efectos que estas situaciones causan.

En este contexto, no se ha de responsabilizar exclusivamente a las autoridades nacionales, también los medios de comunicación nacionales e internacionales contribuyeron a ello. Mientras que la huelga mapuche de 2010 —y también la de 2011— quedaba relegada a páginas secundarias de la prensa nacional, sobre los mineros se destacaba que:

Los equipos de rescatistas parecían haber pensado en todo, como haber traído el mejor y más seguro cable alemán para bajar y subir la cápsula Fénix 2. Estuvieron “los políticos, desde el multimillonario Presidente conservador de Chile, Sebastián Pinera, hasta la senadora socialista de la región de Atacama, Isabel Allende, hija del mayor mártir moderno de la izquierda chilena, que trabajaron de manera incansable”. Y sobre todo, los “mineros que trabajaron en equipo, todos para uno y uno para todos”, al punto de emocionar a quienes los observaban por su nobleza (La Tercera, 2010).

The Guardian, el diario británico, destacó en su editorial del 14 de octubre de 2010 que:

[...] el rescate de los 33 mineros fue una “maravillosa demostración colectiva de espíritu humano”, donde “todos estuvieron involucrados en los épicos acontecimientos en el desierto chileno”. Así, para los trabajos se trajo a perforadores estadounidenses desde Afganistán, que guiaron las máquinas con una “habilidad extraordinaria”. Los ingenieros chilenos diseñaron la salida del rescate y “resolvieron correctamente todos los problemas” para sacar a esos hombres (The Guardian, 2010).

El diario The New York Times, como muchos otros periódicos, hizo un paralelo del rescate con un parto: “Un largo trabajo, lleno de tensiones, a veces fastidioso, que culmina con un súbito grito de vida”. Pero, sostuvo que: “Fue un ‘reality show’ producido magistralmente por el gobierno chileno, que no escatimó en medios para liberar a los mineros y facilitar la cobertura mediática” llegada desde todo el mundo” (tnyt, 2010).

El periódico brasileño Folha de Sao Paulo escribió que los mineros: “[...] fueron salvados porque, la resistencia, la unión y el espíritu de solidaridad se unió a lo más moderno en geología, tecnología de perforación y apoyo a la vida en condiciones extremas” (Folha, 2010).

El diario español El País sostuvo en su editorial que:

Los chilenos han superado con creces el desafío, confirmando de nuevo que sus instituciones son sólidas y competentes sus profesionales que, en las múltiples tareas que surgieron día a día, pusieron por delante siempre el objetivo final y nunca sus propios intereses [...] la solidaridad ha sido el carburante para superar un reto que se les podía haber ido fácilmente de las manos. Chile ha dado ejemplo, no sólo a sus vecinos, sino al mundo entero: el rescate se produjo antes de lo previsto y se pusieron en marcha hasta tres estrategias para garantizar la vida de los mineros (El País, 2010).

Mientras, The Wall Street Journal afirmó el 14 de octubre que: “La operación bien rodada es un reflejo de la actitud profesional que aporta Pinera, un hombre de negocios multimillonario que se lanzó a la política, cuando asumió sus funciones en marzo”

(TWSJ, 2010).

De la misma forma, el diario La Nación de Argentina escribió en su editorial que:

El histórico y conmovedor rescate [...] resultó ser un tributo a la mejor acepción de la palabra “unidad”. Tanto los mineros, como el Presidente Pinera y toda la sociedad, “sin distinción de banderías políticas o clases sociales, demostraron ser tan sólidos como la roca al hablar con una sola voz y, sin fisuras, lograr que los mineros retornaran sanos y salvos a la superficie (La Nación, 2010).

En tanto que la revista británica The Economist exponía que:

Piñera ha prometido poner a Chile en el camino para transformarse en un país desarrollado antes de 2018, el bicentenário de la batalla decisiva en su lucha por la independencia de España. En estos últimos tres meses, ciertamente, se ha comportado como uno de ellos
(The Economist, 2010).

Para terminar, deseamos valorar en dinero lo ocurrido: la Fundación Imagen de Chile encargó a la empresa planificadora de medios MEC-Active ‘Engagement una valoración económica de la cobertura televisiva y radial (horas de transmisión) y páginas dedicadas en la prensa escrita (diarios, revistas, medios digitales) vinculados a la “noticia mineros” entre el 6 de agosto y el 13 de octubre. Esta medición se aplicó en América Latina, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, España, China y Japón. La valoración total alcanza a USD 2 383 000 000.

Solo en la prensa escrita internacional la Fundación Imagen de Chile registró en el rango de tres meses (desde el 22 de julio al 20 de octubre) 64348 artículos (referidos al tema de minería y mineros en Chile, y en la red social Twitter se hallaron más de dos millones de tweets relacionados con el rescate el día 13 de octubre (Imagen de Chile, 2010). Estas son las milionárias estimaciones (en dólares):

El rescate a los mineros da por sentado el éxito y la solidaridad chilena; emerge como un hito de visibilidad para Chile y una oportunidad para seguir entregando nuevos contenidos sobre el país, que ratifiquen los atributos detectados por las audiencias y que demuestran que no se restringen a un hecho puntual, sino que son características esenciales de la manera de ser y hacer de los chilenos. Sin embargo, es necesario recordar que, en paralelo a ello, la encuesta Bicentenário de la Universidad Católica demuestra finalmente que Chile no tiene clara su identidad nacional, y que la mención que se hace hacia el pueblo mapuche es en relación al conflicto con el Estado de Chile, el cual se percibe como el conflicto social más relevante del país. (PUC, 2010, p. 12)

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Referencias

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7 

Entre la violencia política y social. Una revisión a la inmigración africana subsahariana occidental en Buenos Aires (1990-2010) [1]

Mary Luz Estupiñán Serrano[2]

“África [...] no tiene propiamente historia.
Por eso abandonamos África para no mencionarla ya más”.
G. W. F. Hegel

Agradezco al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) por la se lección de esta propuesta para participar en la segunda reunión del Grupo de Trabajo "Conflictos sociales, acciones colectivas y políticas de transformación social", realizado en Barranquilla, Colombia, los días 19-20-21 de septiembre de 2011. También Agradezco a Raúl Rodríguez Freire y Alain Kaly por las lecturas y sugerencias realizadas a esta versión.

Programa de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile. Co rreo electrónico: maryluzestupinanl@gmail.com

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Introducción

El racismo es una bisagra que nos permitirá referir a la violencia social y política con respecto a las migraciones. Aquí será entendido como un dispositivo estatal que hace posible ejercer poder sobre la vida y la muerte de sus poblaciones (Foucault, 1976), dispositivo que funcionó y continúa funcionando como una estrategia de estratificación social (Quijano, 2000) en aras de una “depuración” de la misma sociedad. Ante ello, el Estado —o su equivalente, junto con sus instituciones—, despliega una maquinaria securitaria para la “eliminación” de las impurezas que amenazan el equilibrio poblacional deseado. En este sentido, se ha tendido a pensar que el nazismo fue el límite de la idea de raza, empero, si nos atenemos a Aimé Cesaire (2006), más que el límite, fue la puesta en escena en el centro mismo de Europa de este engendro del colonialismo occidental —ejercido en sus periferias—, que ni el estupor ni el asombro ni la indignación (generada ahora en casa) frente a esta expresión de violencia “extrema” significaron su aniquilación. Más bien, provocó mutaciones y diseminaciones. En otras palabras, las prácticas racistas y sus efectos simbólicos siguen siendo una estrategia de valoración socio-cultural del neocolonialismo neoliberal. Y, aunque el racismo sigue alcanzando niveles de violencia explícita, tal como lo veremos con la implantación de las políticas migratorias de la Comunidad Europea, que acentúan la discriminación entre comunitarios —antes nacionales— y extranjeros; también tiene niveles de violencia indirecta, simbólica, o lo que Étienne Balibar (2005) denomina como crueldad. Esto acontece cuando el ejercicio de la violencia logra ser naturalizado, de manera tal, que los efectos se desvinculan de las causas y las matrices, así como de los juegos de poder involucrados. Por ello, no hay que olvidar la importancia que tuvo y sigue teniendo la herencia de Hegel — así como otros filósofos, humanistas y cristianos occidentales que sostuvieron de diversas formas sus preceptos raciales: Renán, Gobinau, etc.—, al igual que el poder colonial en la instalación del lugar asignado a África en el orden mundial y sus imaginarios.

Iniciaremos este texto, por tanto, con algunas aproximaciones teóricas acerca del racismo. Antes de referirnos a la inmigración “africana subsahariana occidental”[1] en Buenos Aires, presentaremos un cuadro general de la dinámica de dicha inmigración en España, específicamente en Islas Canarias, puesto que la llegada de los inmigrantes “africanos” a Argentina está, en parte, relacionada con las políticas de gestión y control de las migraciones no comunitarias desplegadas con mayor intensidad en la última década por las agencias de la Convención Europea de la cual este país hace parte. Finalmente, revisaremos las estrategias políticas y prácticas sociales que ponen en escena el racismo frente a este grupo de inmigrantes en Buenos Aires que, como podremos advertir, comparte algunas tendencias con la ya reconocida inmigración regional. Para el caso argentino, estas líneas surgen principalmente de una revisión de los acercamientos académicos producidos en el último decenio en relación a dicha inmigración, así como de bibliografía en torno a las disposiciones migratorias vigentes.

I

África es en general una tierra cerrada, y mantiene este su carácter fundamental [...] Entre los negros es, en efecto, característico el hecho de que su conciencia no ha llegado aún a la intuición de ninguna objetividad, como por ejemplo, Dios, la ley, en la cual el hombre está en relación con su voluntad y tiene la intuición de su esencia [...] Es un hombre en bruto (Hegel, 1830. Citado por Dussel, 1994, p. 17).

El presagio hegeliano no es solo para el territorio sino también, y de manera fundamental, para sus habitantes. Pese a que los procesos de descolonización significaron transformaciones significativas desde y para el continente, África continúa siendo para Europa Occidental y Estados Unidos (ahora también para Japón y China) una tierra agreste, solo que muy rica en recursos dignos de ser explotados por economías extranjeras, pero no por los locales. Desde la perspectiva orientalista, la incapacidad (intelectual) de sus habitantes, junto a la supuesta precariedad de sus sistemas políticos, económicos y religiosos, son algunos de los elementos que habrían impedido a África Subsahariana alcanzar las promesas de la modernización y el progreso, condiciones habilitantes para entrar en la era neoliberal en “igualdad de condiciones”. Sin haber alcanzado entonces los criterios occidentales, solo les queda seguir aumentando ya no el “ejército de parados en reserva”, sino el grupo de seres “supérfluos”, “inútiles” en términos capitalistas o, mejor, “desprovistos de utilidad y del modo de utilizarlos” (Balibar, 2005, p. 116), viéndose obligados así a salir en busca de mejores posibilidades. Sin embargo, el estado de cosas actual devela que el capitalismo neoliberal quiere deshacerse de ellos, pero ¿cómo se lograría tal hazaña? Una de las respuestas, creemos, la entrega el empleo del racismo como arma política y social.

Al respecto, Michel Foucault (1976) nos aclara que “fue el surgimiento del biopoder [en el siglo xix] lo que inscribió el racismo en los mecanismos del Estado” (p. 230). Pero, ¿qué entiende Foucault (1976) por racismo? Veamos qué dice:

[El racismo es] el medio de introducir por fin un corte en el ámbito de la vida que el poder tomó a su cargo: el corte entre lo que debe vivir y lo que debe morir. En el continuum biológico de la especie humana, la aparición de las razas, su distinción, su jerarquía, la aparición de unas como buenas y otras, al contrario, como inferiores, todo esto va a ser la manera de fragmentar el campo de lo biológico que el poder tomó a su cargo; una manera de desfasar, dentro de la población, a unos grupos con respecto a otros (p. 230).

Tenemos entonces que una de las funciones del racismo es distinguir, clasificar, fragmentar, jerarquizar, denostar, “hacer cesuras dentro de ese continuum que aborda el biopoder”. Primero fue el eurocentrismo —cristalizado en la Europa Occidental e imperial de los siglos xvi y xix—, luego la política estadounidense los que operaron con dispositivos de disciplinamiento corporal, para poder así maniobrar la regularización de las poblaciones, determinando quiénes y bajo qué condiciones podían vivir o morir, viajar/migrar o quedarse. Habiendo operado “exitosamente” la racialización de los grupos y de las relaciones humanas —en función del color, el origen, la religión, la sexualidad y prácticas culturales—, sus dinámicas de jerarquización incidieron directamente en el campo de las migraciones, algunas incentivadas y otras rechazadas, por ejemplo, durante la invención de los Estado-nación latinoamericanos. Pero, esto no es cosa del pasado, las migraciones internacionales siguen siendo clasificadas, fragmentadas y jerarquizadas con un énfasis especial posterior a 1989.

En segundo término, el racismo también:

Permitirá establecer, entre mi vida [un yo nacional] y la muerte del otro [el extranjero no blanco], una relación que no es militar y guerra de enfrentamiento, sino de tipo biológico [político] [...] la muerte [expulsión del extranjero] no es simplemente mi vida, considerada como mi seguridad personal; la muerte del otro, la muerte de la mala raza, de la raza inferior [para el caso los inmigrantes africanos pobres o equiparados con pobreza], es lo que va a hacer que la vida en general sea más sana; más sana y más pura [más pura y más segura] (Foucault, 1976, p. 231).

Entonces, la eliminación de las migraciones, es decir, la negación, exclusión y discriminación de ciertos grupos humanos por parte de los Estados es posible gracias al racismo, en tanto trata de “la condición que hace aceptable dar muerte en una sociedad de normalización [reguladora, controladora]“; pero, dar muerte no es simplemente el asesinato directo, sino también el indirecto (o simbólico), esto significa el hecho de exponer a la muerte política (la expulsión, el rechazo, la negación, etc.) a algunos grupos.

En suma, el racismo en términos foucaultianos es un mecanismo que está ligado a la tecnología del poder estatal, que hoy se ve “obligado” a servirse de la eliminación, entendida esta como la expulsión, la exclusión y la discriminación de ciertas migraciones para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Si bien hoy algunas de las dinámicas descritas por Foucault han mutado, vemos cómo en términos sustantivos, su análisis acerca del racismo, en tanto dispositivo de Estado segmentador, sigue vigente como marco comprensivo. En el caso que vamos a revisar, la tiranía del Estado la vendría a ocupar, en primer lugar, la Comunidad Europea, pues es a partir de sus dispositivos securitarios —y con ello el despliegue de la maquinaria tecnopolicial— que pretende controlar, o en una palabra más precisa eliminar, a las y los inmigrantes indeseados, instaurando así “un nuevo modo de discriminación entre lo nacional y lo extranjero” (Balibar, 2005, p. 79). Esto actualiza el poder de muerte a escala supraestatal, en aras del “paraíso” terrenal europeo. En segundo lugar, para el caso argentino, la tiranía recae principalmente en las instituciones encargadas de ejercer el poder policial y jurídico.

El racismo, además, incluye otras dimensiones que sobrepasan los prejuicios físicos (origen, religión, sexualidad, entre otros). Empero, pese a ser un fenómeno allende al color y fenotipo, para el caso de los inmigrantes subsaharianos la “frontera del color” (Du Bois, 1958) opera sustancialmente junto a las fronteras religiosas (gran parte de las y los inmigrantes “africanos” son musulmanes); económicas (no todos son desplazados por la pobreza, pero independientemente de las motivaciones son equiparados con ella) y sociales (la gran mayoría de ellas y ellos, en especial quienes no son reconocidos legalmente, ocupan los oficios reusados por las y los “locales” y, en ocasiones, sus derechos humanos son cuestionados). Esto mantiene abierta la pregunta sobre las continuidades entre colonialismo, racismo e inmigración que, aunque cambien de máscaras, perpetúan el ejercicio del poder sobre las poblaciones, jerarquizándolas, discriminándolas, excluyéndolas (nacionales y extranjeros —no blancos—, deseados y no deseados).

Tal como lo expresó Andreas Huyssen (2010), “en tiempos pos-coloniales la política de la inmigración desplaza el problema del régimen colonial haciéndolo recaer sobre los mismos poderes de antaño” (p. 42). Pero, la migración emprendida no es solo el efecto de retorno al seno materno (colonial) que representa el viaje de “africanas” y “africanos” hacia Inglaterra, Francia, Bélgica, España o Alemania; ni mera consecuencia del denominado colonialismo interno, según el cual las huellas coloniales serían difíciles de borrar en vista de que “los imperios coloniales de anteayer y los bloques de ayer dejaron profundas marcas en las instituciones, el derecho y las mentalidades” (Balibar, 2005, p. 82). Aquí hay otros procesos que confluyen, verbigracia las estrategias de silencia-miento y vaciamiento de las voces y memorias no occidentales por parte de los poderes coloniales, hecho que produjo asesinatos simbólicos de comunidades, prácticas y visiones de mundo. Esta es una de las razones que ha hecho posible hablar hoy de un colonialismo interno, pero también sostener una “ignorancia selectiva”, en tanto que se impide la circulación de autores e ideas que fundamenten lo contrario. Tampoco se puede olvidar las políticas económicas de la Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón y de China, que mantienen el sur como fuente de materias primas, impidiendo que los propios países apliquen sus sistemas económicos y disfruten de sus recursos. Las anteriores son algunas de las aristas que han posibilitado cierta continuidad de las prácticas racistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, al fin del colonialismo y a la caída del Muro de Berlín.

El racismo occidental, entonces, despliega una serie de mecanismos para violentar directa e indirectamente las y los inmigrantes del sur. A lo largo de estas líneas nos encontraremos con relatos de violencia explícita e implícita en ambos casos, tanto de la inmigración “africana” en Islas Canarias, como de la misma inmigración en Buenos Aires. No obstante, son los asesinatos indirectos que refiere Foucault o es esa violencia implícita que nos describe Balibar en “Violencia: idealidad y crueldad”, los que más nos interesan, en especial, en el caso argentino, pues es justamente los que no solemos ver o relacionar con los juegos de poder actuales, ya que alcanza un nivel de naturalización tal que desvía la atención y desplaza la responsabilidad hacia los sujetos afectados por dicha violencia. Sin embargo, de cierta manera, este tipo de violencia es quizá más destructivo que las guerras mismas, pues “es cómodo sino deseable que la ‘naturaleza’ contribuya a la eliminación del hombre desechable a condición de que un cordón sanitario eficaz pueda ser alzado entorno a los continentes perdidos” (Balibar, 2005, p. 116). Es entonces el racismo —tanto explícito como implícito— el eje que articula este escrito.

II

Sostenemos aquí que la inmigración africana subsahariana occidental que ha llegado a Buenos Aires entre los años 1990 y 2010 es, en parte, producto de la intensificación de los controles de la Unión Europea, hecho que ha significado una desviación de la ruta que partía de Senegal hacia las Islas Canarias y de ahí a Europa. A pesar de contar con un escenario “nuevo”, la construcción de esta “nueva” condición inmigrante no dista mucho de la percepción de la misma condición en las relaciones sur-norte, puesto que en Buenos Aires el racismo a nivel político y social actúa, al igual que en la migración sur-norte, en contra de esta presencia, aunque con sus respectivos matices.

Es a partir del ingreso de España a la Unión Europea, pero sobre todo con la entrada en vigencia del tratado Schengen (1993) que las relaciones entre el archipiélago Canario y Senegal mutan drásticamente, pues, como sabemos, es a raíz de este acontecimiento que se endurecen las políticas de entrada de inmigrantes no comunitarios. Esto redujo las posibilidades de ingreso a se-negaleses y africanos subsaharianos en general, quienes una década antes transitaban legalmente entre Senegal y Canarias por motivos comerciales, de hecho, había facilidades de traslado entre uno y otro punto. A partir del criterio de selectividad impuesto en 1993, un senegalés o subsahariano solo puede ingresar a España con beca o con contrato de trabajo. Sin embargo, no es la mera reducción de los canales de legalidad para el tránsito entre España y Senegal lo que da paso a la aparición de los primeros cayucos en las costas canarias en 1994. Es sobre todo la alta tasa de desempleo provocada por las políticas españolas de pesca en costas senegaleses y mauritanas, que desde los años noventa ha sustraído sistemáticamente a los locales de una de sus prácticas económicas fundamentales. Es también la pauperización de las actividades y el trabajo agrícola generado por los monocultivos (cacahuete y algodón) en estos y otros países subsaharianos. Sin embargo, son los cayucos los que han constituido la cara visible de esta situación, práctica sostenida desde 1994 y cuyo desman-telamiento se convertirá en el centro de atención que posteriormente justificará la construcción de vallas y alambrados (Ceuta, 1996-1999 y Melilla, 1995-2000, la militarización de las costas españolas y la externalización de las fronteras (Plan África, 2006-2008; 2009-2012).

A pesar de que el número de inmigrantes “africanos” es menor en relación al total de los inmigrantes en las Islas Canarias[2], este grupo ha sido objeto de múltiples políticas de represión y de violación de derechos humanos[3]. La meta es reducir la llegada de “inmigrantes africanos irregulares” a cero y repatriar la mayor cantidad posible de los ya instalados.

En la siguiente tabla podremos observar el movimiento de inmigrantes africanos que ha llegado al archipiélago canario de manera irregular a lo largo de la última década.

En efecto, como lo señalamos anteriormente, la condición de “irregularidad” es una constante en la inmigración “africana”, en especial de la subsahariana que ha llegado a las Islas Canarias a partir de 1994, pero en ningún caso constituye un indicio de “invasión” que fundamentaría la maquinaria militar y tecnológica que se ha puesto en marcha para detectar, detener y repatriar a los inmigrantes subsaharianos. En contraste, se ha incitado o mejor forzado —en la medida que condicionan la ayuda de cooperación al desarrollo—, a los países africanos, no solo emisores sino también de tránsito de migrantes, a la adopción y puesta en marcha de sus condicionamientos políticos para evitar y contribuir a reducir los índices de inmigrantes “irregulares” dentro de la Unión Europea. De este modo, encontramos planes de readmisiones y repatriaciones, así como la creación de centros de internamiento de inmigrantes (que han sido denominados como guantanamitos) en los países africanos de Mauritania y Senegal, con el objeto de penalizar la intención de partir, violando así varios principios y tratados internacionales de derechos humanos. Estas medidas hacen parte de la política de externalización de las fronteras europeas, excediendo geográficamente el poder de vida y de muerte ejercido por la Comunidad Europea sobre los inmigrantes no deseados. España atribuye, así, a la reducción de las cifras al “éxito” de sus medidas, aunque también reconoce que hay una parte del descenso atribuible a la crisis mundial que habría afectado los flujos migratorios internacionales, pero no hay un reconocimiento de la desviación de las rutas hacia destinos no convencionales, la cual constituye nuestra línea de trabajo. Para el caso, nos detendremos en la inmigración subsahariana que está llegando a Buenos Aires, hecho que tensiona aún más el relacionamiento con “lo afro” en este país.

III

Desde la conformación del Estado-nación Argentino, este se au-toinventó o autorepresentó como un país “sin negros”, negando de esta forma no solo la presencia de los cuerpos[4] y las prácticas culturales legadas de la esclavitud, sino también la influencia que dichas prácticas (música, comida, idioma, etc.) tuvieron en la construcción identitaria argentina. La negación es entonces la estrategia estatal para expulsar un elemento de su cuerpo social e instalar al “blanco europeo” en la cúspide de la pirámide. Para lo cual contribuyeron Hegel y sus amigos, pues Sarmiento es uno de sus principales lectores. Sin embargo, a partir de los años noventa se ha ido incubando un cambio de percepción y de representación de lo “afro” gracias a los trabajos adelantados por las asociaciones de afrodescendientes[5], algunas políticas institucionales (inadi) y las presiones internacionales (Conferencia contra el Racismo de Durban, 2001), logrando una mutación discursiva que pasa de la negación, “en Argentina no hay negros”, a la “visibilización”[6], instalando incluso el deseo de saber cuántos son[7].

Paralelo a las acciones rei vindicativas de organizaciones y grupos afrodescendientes de la década del noventa, se empezó a notar la “nueva” presencia “africana” cuando “migrantes procedentes de Senegal y otros países africanos, como Malí, Nigeria, Ghana, Sierra Leona, Liberia, Camerún y Guinea, marcaron una nueva etapa en el arribo de población proveniente de África [al] país” (Sukama, 2010). Con todo, el censo de 2001 registró un total de 1883 personas residentes provenientes de África. Las mutaciones considerables en las cifras se registran a partir de 2005. Valoraciones de 2010 (iarpidi) estiman que el total asciende a los 5 mil residentes en todo el país, pues la radicación (temporal o permanente) se ha ido expandiendo a otras ciudades argentinas debido a que la saturación de la principal actividad de subsistencia: la venta ambulante en el centro de Buenos Aires y las ciudades del Gran Buenos Aires, estarían obligando a las y los migrantes a desplazarse internamente, siendo Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta, lugares elegibles (Sukama, 2010). Las dificultades de saber, a ciencia cierta, cuántos son, se debe a que las formas de arribo son diversas. Gran parte de los “recién llegados” han entrado de manera “irregular al país”, pues se ha establecido una ruta[8] que les permite llegar de manera legal a Brasil y de ahí continuar hacia Buenos Aires, burlando la seguridad fronteriza, mientras otros han llegado simplemente como polizones (Blanco, 2007), refugiados o —si bien en menor medida— como estudiantes.

No obstante, con la información disponible hasta el momento, se establece claramente que dentro del grupo de inmigrantes “subsaharianos”, la mayoría son varones jóvenes procedentes de Senegal y Nigeria, quienes han logrado nuclearse en organizaciones ya instaladas en la capital federal[9]. Ello ocurre gracias a las redes de migración e información y a los enclaves económicos creados en los últimos años en suelo bonaerense. Este tipo de estrategias les permite esquivar, en parte, las actitudes racistas e iniciar procesos de “integración” tan pronto como llegan.

Si bien a partir de los años noventa ha habido una proliferación de producción académica (investigaciones, publicaciones y presentaciones en congresos [Rosal, 2011]) que ha tratado de suplir las deficiencias en cuanto al abordaje de la presencia afro en Argentina, el acercamiento académico de la inmigración africana ha tomado fuerza recién en 2008. La mayoría de las investigaciones (Agnelli, 2010; Blanco, 2007; Cullenward, 2008; Gomes, 2001; Kleidermacher y Agnelli, 2009; Maffia y Agnelli, 2008; Maffia, 2010; Morales, 2008; 2009; Zubrzycki y Agnelli, 2009; Zubrzycki et al., 2010; Zubrzycki, 2010) reparan justamente en los sujetos provenientes de los países señalados. En esta literatura se indica que Argentina es, en buena medida, el tercer país sudamericano de destino, tanto para senegaleses como nigerianos. En este caso, cabe preguntarse cómo responden los aparatos políticos argentinos al respecto. Para ello, contextualizaremos los preceptos que dan lugar a la Ley Migratoria vigente y ver si el racismo continúa siendo política de Estado y, si es así, preguntarnos bajo qué términos opera.

IV

La lógica de seguridad nacional, legada por la dictadura argentina, perduró por más de 25 años. Dicha herencia dictatorial, para la regulación de los procedimientos de entrada, salida e instalación de personas en Argentina, fue consagrada en la Ley General de Migraciones y Fomento a la Inmigración (n.° 22439) de marzo de 1981, también conocida como Ley Videla. No obstante, este fomento a la inmigración refiere exclusivamente a la inmigración europea que, desde la segunda mitad del siglo xix hasta la actualidad, se decreta constitucionalmente.

Es en la Constitución de 1853 en la cual se consagra la vocación de poblamiento con inmigración europea por parte de la élite argentina. En sintonía con esta ideología se crea la primera Ley de Inmigración en 1876, conocida como Ley Avellaneda, la cual “reguló todo el proceso de afluencia masiva de inmigrantes al país registrados entre los años 1890 y 1914, y cuya vigencia formal se promulgó hasta el año 1981″ (Novick, 2004, p. 69). Pero, esta era justamente una inmigración “elegida”, buscada “en el norte de Europa y otros países del sur”, es decir, Italia. Ello pretendía contrarrestar la migración espontánea refiriéndose a los transeúntes limítrofes que se instalaban en suelo argentino, sin ningún examen que los aceptara como “pobladores útiles”. Esta lógica de fomento y privilegio de la inmigración europea continúa vigente en la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 25 reza de la siguiente forma: “El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. Recordemos que es desde la instalación de la matriz eurocéntrica en el siglo xvi que los europeos occidentales serían los únicos que habrían alcanzado la mayoría de edad, por tanto serían los únicos aptos para ejercer las labores políticas e intelectuales de “alto” nivel, así que la insistencia y la deseabilidad de dicha inmigración, en detrimento de otras, obedece a legados coloniales de jerarquización social que perduran en las estructuras constitucionales y simbólicas contemporáneas.

Mientras se mantienen abiertas las puertas para las y los europeos occidentales, la inmigración regional y limítrofe se percibe no solo como “indeseada”, sino también como una amenaza, cuestión que ocurre desde los albores del siglo XX con la Ley de Residencia de Extranjeros n.° 4144 de 1902. Con esta ley la percepción de la inmigración sudamericana “pasa a ser considerada un problema policial y que convierte las políticas migratorias en políticas represivas” (Giustiniani, 2004, p. 29), estableciendo la expulsión de los extranjeros que sean considerados personas non gratas o lesivas para los intereses del país. Discurso que se acentuará en la ley migratoria de la dictadura de Videla, pues las medidas con respecto a los extranjeros, en especial limítrofes y regionales, eran claramente restrictivas y obedecían a la lógica de seguridad nacional (Novick, 2004; Chausovsky, 2007). En este sentido, se construyó una idea del extranjero latinoamericano como enemigo, lo que tendía a dificultar la regularización y los trámites correspondientes, instalándose además la práctica común de la expulsión, lo que llevó a la estigmatización de dichos migrantes, derivando también en una lógica de persecución (Chausovsky, 2007).

Vemos entonces que, desde finales del siglo xix y durante todo el siglo xx, el Estado argentino operó bajo el alero del racismo en materia de política inmigratoria. Primero, adoptando la vocación de jerarquización racial legada del poder colonial, la cual se convirtió en política constitucional en 1853, vocación que, pese a las reformas a las que se ha sometido la Norma de normas, sigue vigente. En segundo lugar, como biopoder, es decir, el poder de establecer quiénes entran y quiénes no al territorio argentino y bajo qué condiciones deberían hacerlo. La muerte aquí se da en término jurídicos y políticos, en tanto puede negar a ciertos migrantes no solo la posibilidad de transitar, sino también la de ser reconocidos como futuros ciudadanos, pues en este caso los europeos tendrían la categoría de inmigrantes, mientras que el resto mantendría la categoría de extranjero; de esta manera, los primeros podrían optar al reconocimiento político (naturalizarse), y los segundos no, es más, estos continuarán siendo considerados como “amenaza”, estrategia que justificará política y socialmente la violencia racista, donde la alusión de “amenaza” consistirá en una de las excusas para dar muerte (negar la entrada, expulsar, rechazar, estigmatizar) con motivo aparente.

En Argentina, durante la última dictadura, el Poder Ejecutivo dictó decretos para extremar los controles y los criterios de admisión y permanencia, pero entre el gobierno militar y los dos gobiernos democráticos que le siguieron (Alfonsín 1983-1989 y Menem 1989-1999) no hubo cambios sustanciales en la percepción de la migración latinoamericana. Los tres la consideraron un “‘problema’ poblacional que debía resolverse fundamentalmente mediante el poder policial, prohibiendo el acceso al trabajo remunerado” (Novick, 2004, p. 69), y reduciendo a su mínima expresión los derechos de los inmigrantes, habilitando de esta manera a las fuerzas policiales para ejercer los abusos de poder y a las instituciones prestadoras de servicios sociales para la negación de los mismos, en especial, a los inmigrantes “irregulares”, ya que gracias a la porosidad de las fronteras regionales se efectuó el ingreso de muchos sujetos que lograban evadir la normatividad. No obstante, la medida más siniestra que instaló la dictadura y que estuvo vigente hasta el año 2003, fue la delación como una obligación civil. Así, se sitúa un discurso abiertamente racista y estigmatizante referido a los inmigrantes regionales, a quienes se les atribuye la responsabilidad de todos los males sociales, pues “ellos habrían sido los responsables de la reaparición de la epidemia del cólera [...] la falta de vivienda, el desempleo, el aumento de la delincuencia, la saturación de los hospitales [...]” (Oteiza, 2004, p. 94). Se crea, entonces, la figura del “chivo expiatorio”, para poder desviar la atención sobre las marcas dejadas por las dictaduras militares y las consecuencias del modelo económico neoliberal instalado gradualmente en dicho país.

La derogación de la Ley Videla en Argentina ocurre recién en 2004, a través de la Ley 25871. Esta es considerada como “una política migratoria y no una solución coyuntural” (Chausovsky, 2007), en la medida que implica garantías no solo a los residentes, sino a todos aquellos que pisen suelo argentino, tal como lo invoca también el preámbulo de la última reforma constitucional, incorporando además beneficios para todas las personas provenientes de los países del Mercosur y asociados (Chile, Perú y Bolivia), gracias a lo cual se pretende soslayar las entradas irregulares.

Según los expertos, esta ley es “de avanzada”, “ambiciosa”, “generosa”, “de una solidaridad formidable”, en el sentido en que está en correlato con la Constitución, la Convención de los Derechos Humanos y con los demás protocolos y convenciones[10] que Argentina ha ratificado (Novick, 2004; Chausovsky, 2007; Oteiza, 2004).

No obstante, Eduardo Domenech (2011) afirma que los preceptos de dicha política migratoria no están tan lejos de la perspectiva que rige las políticas europeas. Si bien está despojada de la espectacularidad de las segundas, sus controles, aunque más sutiles e imperceptibles, apuntan a lo mismo: a la gobernabilidad migratoria como política o visión de Estado[11]. Esta perspectiva implica “gestión” y “control” de los flujos humanos, para que se movilicen únicamente los deseables y lo hagan de manera ordenada. Esto dice relación justamente con las exigencias de los organismos internacionales, quienes establecen los criterios bajo los cuales debe darse la “administración” y “gobernabilidad” de las migraciones a escala mundial. Recordemos que este es justamente el discurso que la Comunidad Europea emplea para negar la entrada de ciertos inmigrantes; son estos mismos preceptos los que vehiculizan la puesta en marcha de la maquinaria policial y securitaria que penalizará hasta la intensión de migrar hacia Europa.

Vemos, entonces, que en la trastienda de dichos discursos emergen las relaciones de poder junto con sus mecanismos y estrategias que pretenden un determinado orden migratorio. La relación de las medidas migratorias con el racismo es de bastante proximidad. El paso dado en la Ley 25871 sería

El [...] de un enfoque basado en los principios de seguridad y control [ejes del discurso de seguridad nacional] a otro fundado en el precepto de los derechos humanos, presentados como perspectivas antagónicas y mutuamente excluyentes (Domenech, 2011, p. 6).

Paradójicamente, es el enfoque de derechos humanos el que permitiría calificarla como una política de “avanzada”. Es también por la apelación al cumplimiento de este enfoque que inmigrantes senegaleses han interpuesto denuncias, pues se han visto privados de dichos derechos por parte del poder policial y judicial. De manera que la categoría de “derechos humanos” funciona como un comodín que permite, de un lado, alinearse con los protocolos y exigencias internacionales, mero requisito burocrático, e introducir la violencia a que puede dar lugar la puesta en marcha de medidas para la “gobernabilidad” y “administración” de las migraciones internacionales, empero, soslayando a su vez la protección de los derechos fundamentales.

Pese a que este marco legal cambia aparentemente el lugar de la migración regional, pues vemos hacia dónde pueden dirigirse las mediadas, esto mismo constituye una debilidad de la norma misma, puesto que su formulación tuvo como referente la movilidad de la región y no tanto la migración internacional[12] que, exceptuando la tradición europea blanca, se ven enfrentados no solo a controles sino también a los vacíos legales y sobre todo al racismo institucional. Al respecto, “el Plan Nacional contra la Discriminación, junto con diversos instrumentos de Derechos Humanos, reconocen que las personas migrantes latinoamericanas, africanas, o las argentinas pobres son especialmente vulnerables a la violencia policial y al racismo institucional” (copadi, 2009), incurriéndose en prácticas que exponen diariamente a “estos grupos vulnerables directamente a las instituciones que los violentan, como la aplicación del código contravencional y de faltas que hacen la policía, la fiscalía y el gobierno, es un hecho aberrante” (copadi, 2009). Tenemos que es un amplio rango de la sociedad misma, lo que Foucault denominó justamente defender la sociedad, la que se ve enfrentada a las prácticas racistas por parte de los mismos aparatos del Estado. No obstante, los inmigrantes africanos subsaharianos sufren violencia institucional no solo por estar en condición de “irregularidad”, o por ser eventualmente pobres, sino por ser negros.

Contra esta política racista, vendedores ambulantes senegaleses denunciaron ante la justicia en enero de 2009 las humillaciones, arrestos, detenciones, procesamientos, “extravío” de documentación, secuestro de pertenencias, intimidación, uso abusivo de la fuerza, violación sistemática del derecho de defensa y de circulación que sufren en manos de la policía, la fiscalía y los órganos de control administrativo del Gobierno de la Ciudad (COPADI, 2009).

En este sentido, hay organismos que prestan ayuda jurídica a los inmigrantes, tales como el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración[13], y el Colectivo para la Diversidad, los cuales recientemente (2009) vienen apoyando la demanda de los abusos señalados iniciada por el colectivo de vendedores sene-galeses. Por su parte, Adela Liguori, de la Comisión de Apoyo al Refugiado, “relató que en la clínica jurídica que funciona en convenio con la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales, las consultas de la comunidad senegalesa por abuso policial habían crecido un 300% entre 2007 y 2008″ (Alvarez, 2010). De dichas denuncias hubo un fallo en 2010, del máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, a favor de dos vendedores senegaleses, reconociendo de esta forma el trato discriminatorio ejercido por parte de la policía, los jueces y fiscales, lo cual sienta un precedente para que las y los inmigrantes sigan denunciando (Alvarez, 2010).

Aquí es el aparato policial y judicial el que despliega sus prácticas racistas a través de los abusos de poder, de las detenciones arbitrarias, de las irregularidades en los procedimientos por parte de los organismos correspondientes de velar por el “orden” público, violaciones de los derechos de las personas solicitantes de refugio y refugiadas[14] y de las omisiones en la entrega de información. Ello pone bajo sospecha futuras actuaciones: “Hay muchos muchachos que van a renovar su [residencia] precaria y se la quitan, entonces están sin papeles [...] ojalá que me equivoque, pero estoy seguro que en poco tiempo van a empezar a deportar” (Goudiaby, 2010. Citado por Morales, 2010). Aunque esto no ha ocurrido hasta el momento, en efecto, desde 2009 las autoridades empezaron a adoptar medidas con el fin de disminuir las llegadas: “Expresamos nuestra preocupación a las autoridades consulares de Brasil y alertamos sobre la situación, sobre todo para evitar la trata de personas que se está dando en los países de origen, donde hay organizaciones que promueven este tipo de viajes y llegan a cobrar sumas que, para un senegalés, pueden ser una fortuna”, dijo Federico Agusti (2009) al diario La Nación, director de Asuntos Internacionales y Sociales de la Dirección Nacional de Migraciones, que preside la Comisión Nacional para Refugiados (Conare). No puede negarse que el riesgo de la trata existe, pero cabe preguntarse hasta dónde este tipo de medidas hacen parte de las pretensiones de “eliminación” de esta inmigración por parte de las instituciones del Estado. Esto es algo que habría que analizar con mayor cuidado, al igual que el hecho de inducir a dichos inmigrantes a concentrarse en lugares marginales o conocidos “tradicionalmente” como de y para migrantes, pues en ocasiones la misma policía “es quien les indica que deben dirigirse a la zona de Once, hoy ‘la pequeña Dakar’ porteña, donde la mayoría de los residentes africanos viven en pensiones y trabajan” (Himitian, 2009). Acción que se podría tildar a simple vista como solidaria, pero ¿hasta dónde esta acción fomenta la segregación social, la guetificación?

De esta manera, vemos que el racismo opera como arma institucional para violentar explícita e implícitamente a las y los inmigrantes “africanos”. Mientras tanto, la violencia social se expresa de diversas formas, la mayoría de manera imperceptible. Algunos, evadiendo el sello de racismo que instaló el relato de “en Argentina no hay negros”, recurren a prácticas paternalistas como lo deja ver Orlando Gabriel Morales en un estudio de 2009, denominado Africanos del oro 14: La migración negra hacia Argentina en el siglo xxi. Mientras que otras prácticas claramente discriminatorias como el negar habitación o arriendo a dichos inmigrantes bajo la excusa de que son muchos y además desordenados (suelen vivir entre cuatro hasta ocho en una habitación), o que su presencia puede incidir en los valores de los arriendos en determinado sector. Sin contar las trabas burocráticas para alquilar, estudiar y trabajar. Ello pese a que los artículos 6 y 7 de la Ley 25871 garantizan “el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en [...] lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social” (Art. 6); y “en ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este público o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario, terciario o universitario” (Art. 7), más bien las autoridades de los centros educativos “deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria” (Ley 25871/04).

Pero, estos no se cumplen en la totalidad de los casos. Los establecimientos ponen reparos a las y los inmigrantes “africanos” por no portar la documentación necesaria. Sin embargo, queda claro que, por la misma condición de “irregularidad”, no todos portarán la “documentación necesaria” y si fuera el caso, Argentina solo cuenta con cuatro embajadas en territorio africano[15], ninguna en Senegal, de manera que realizar la tramitología requerida por las autoridades argentinas es poco viable y demasiado costoso. En igual situación se encuentran las personas provenientes de Guinea-Bissau, Sierra Leona, Malí, Costa de Marfil, Togo, Congo, entre otros. Por su parte, la Embajada de Nigeria presta poco apoyo a sus connacionales. Ello ha sido recogido en varios testimonios de jóvenes que han pretendido ingresar a la educación superior (iarpidi). Pero, este obstáculo también repercute en la homologación de títulos, obligando a las y los profesionales o a los que cuentan con algún título técnico a desempeñarse como vendedores ambulantes o a desempeñar trabajos poco “calificados” mientras esperan la creación de un consulado en sus respectivos países. Iguales inconvenientes se registran en salud y, como vimos anteriormente, en la justicia. No obstante, la negación de los servicios sociales (salud, educación, vivienda) a inmigrantes “no deseados” es una práctica sistemática, donde ayer fueron las y los inmigrantes regionales, hoy se suman al grupo las y los inmigrantes “africanos”.

Finalmente, todas estas agresiones físicas, violaciones a los derechos humanos y de asilo, negaciones de los derechos sociales, omisiones de información, hacen parte de la maquinaria estatal que, a través de sus instituciones policiales, jurídicas y fiscales, pone en funcionamiento mecanismos para la eliminación de las y los inmigrantes indeseadas(os), cuyos ecos se hacen sentir en las prácticas y en las relaciones sociales. Asimismo, vemos que en la jerarquización social siguen vigentes las marcas coloniales que instalaron al europeo blanco en la cúspide y al africano negro en el pie de la pirámide.

Si bien Argentina ha logrado promulgar una ley migratoria (Ley 25871) que deroga la lógica de seguridad nacional instaurada por el gobierno militar e incorpora todas las directrices internacionales en materia de migración, esto mismo se convierte en el escollo a tener en cuenta, puesto que lo que está en la trastienda son los preceptos de gobernabilidad y administración de los flujos internacionales. Estos mismos aspectos hacen parte de los enfoques que le han permitido a la Comunidad Europea sostener sus prácticas racistas. En otras palabras, son criterios de selección que llevan al ejercicio de una violencia política sistemática para ejercer el poder sobre la vida y la muerte de determinados ciudadanos e inmigrantes.

Es el primer intento por delimitar los diversos lugares de procedencia de esta migración. Si bien podemos hallar sujetos provenientes de Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Cabo Verde, Mali, Togo y la República Democrática del Congo, los grupos mayoritarios, en términos numéricos, son senegaleses y nigerianos. Esta denominación tiene que ver, en principio, con las coordenadas geo-espaciales, en la cual tiene especial importancia su proximidad al Atlántico.

"El Instituto de Estadísticas de Canarias anunció a comienzos del año 2006 que las islas habían alcanzado la cifra de los 2 millones de habitantes [... ] la población inmigran te [...] regularizada o empadronada supone un 11% del total [...] [De la cual], la mitad proviene de los países comunitarios, un 30% de países latinoamericanos, alrededor de un 10% de países africanos y el resto engloba a países diversos [...] Durante el 2005 se quedó en las islas menos del 1 % de la población africana llegada en pateras. Para este año advierte 'que ni uno sólo' se quedará aquí" (Pérez, s.f.).

Los derechos más vulnerados son el derecho a migrar que tiene todo ser humano según el artículo 13 (inciso 2) de la Declaración de los Derechos Humanos y el derecho de asilo.

Para Laura López, master en antropología de la Universidad Rio Grande do Sul, "hubo un proyecto [ideológico] que logró 'invisibilizar' a los negros argentinos y los sacó de la vista de los datos oficiales   —como los censos— y hasta de la opinión pública".

En especial, el Movimiento de la Diaspora Africana, la Asociación África y su Dias pora, la Casa de África y la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana de Dock Sud.

Miriam Gomes (2009), investigadora de la Sociedad Caboverdeana, estima que el total de la población afrodescendiente puede superar el 6%, esto es los dos millones de personas.

Prueba de ello es la incorporación en el último censo de población de un ítem que indaga la herencia negra en las familias argentinas. No obstante, el mito de una argenti na blanca y europea continúa vigente en el imaginario colectivo de las y los argentinos, cultivando prácticas racistas conscientes e inconscientes frente a las y los inmigrantes fronterizos y ahora frente a las y los "africanos".

  Es la ruta que parte desde Senegal, pasa por Brasil hasta llegar a Buenos Aires: "El trayecto es el siguiente: desde Dakar (Senegal) abordan un avión a Fortaleza (Brasil); a veces el recorrido es Dakar-Cabo Verde-Fortaleza. Una vez llegados a Brasil, se trasladan en colectivo hacia São Paulo, de allí hacia Buenos Aires cruzando la frontera Uruguaya- na" (Zubrzycki & AgneUi, 2009, p. 144).

Asociación de Residentes Senegaleses (2007); Asociación Civil de Nigerianos en el Rio de la Plata.

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951); Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967); Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial (1965), ratificados por Argentina en 1961,1967 y 1968, respectivamente. La Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas (1990) ha sido ratificada por Argentina en 2007.

Domenech (2011), siguiendo los planteamientos teóricos de Pierre Bourdieu (1997) y Abdelmalek Sayad (1999) con respecto al Estado y el pensamiento de Estado, entiende "la visión de Estado que se produce en el terreno político de la migración como el conjun to de ideas y prácticas instituidas como visión dominante o hegemônica en la construc ción de la figura social de la inmigración y los inmigrantes" (cita 1).

En todo caso, la migración internacional aún no se constituye como preocupación para los gobiernos de la región.

Su director Nengumbi Célestin Sukama vive en Buenos Aires desde 1995. Es re fugiado congolés. Si bien es licenciado en administración de empresas cuenta que vivió en carne propia la discriminación laboral simple y llanamente por ser negro. Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración.

Las violaciones a los derechos de las y los refugiados y a las/los solicitantes de refugio ocurridas entre 1995 y 2002 han sido denunciadas por el IARPIDI (Sukama, 2010).

Estas representaciones diplomáticas están ubicadas en Angola, Nigeria, Kenia y Sudáfrica y son consideradas como puntos referentes para otros países.

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Producción de nuevas espacialidades y cambios de autoridad. Interacción globauzación- confucto armado-grupos étnicos [1]

Clara Inés Aramburo Siegert[2]

Este artículo es producto del proyecto Observatorio para el Desarrollo Integral, el Fortalecimiento Institucional y la Convivencia Ciudadana en Zonas Fuertemente Afectadas por el Conflicto Armado (ODECOFI) del Centro de Excelencia en Ciencias Sociales, Colciencias (2008-2012).

Coordinadora, investigadora y docente del Grupo Estudios del Territorio del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia (INER), Medellín, Colombia. Correo electrónico: caram@iner.udea.edu.co

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La situación

El conflicto armado ha afectado la dinámica, los planes de vida y las prácticas culturales de los pobladores de toda la región de Urabá. Aunque estos trastornos sean extensivos a todas las comunidades y grupos culturales que se espacializan en el Mapa n.° 1, este artículo se enfoca en las territorialidades de cinco comunidades indígenas señaladas en el Mapa n.° 2 como espacia-liãaães de autonomía y espacialidades de neutralidad que corresponden a los territorios de las comunidades emberá-katío, emberá-chamí, waunana, tule y zenú. Allí la respuesta a la guerra combinó la utilización de varios tipos de autoridad para tratar de sofocarla o al menos para aminorar algunos de sus efectos. Lo complejo de la respuesta se corresponde con lo múltiple de la interacción entre órdenes global, nacional y local, y sus respectivas formas de autoridad, cuyo ejercicio simultáneo pone en tensión diferentes contenidos y concepciones entre la tradicional y consuetudinaria forma de autoridad indígena, la normativa estatal para el ejercicio de la soberanía y el control sobre el territorio; la visión universal de los derechos humanos y el derecho humanitario aplicada en la región bajo la égida de los organismos internacionales llegados como alternativa a la insuficiencia de las autoridades anteriores para afrontar el conflicto armado. Todas ellas contribuyeron a configurar una nueva espacialidad indígena[1], es decir, un tejido de relaciones desconocido hasta entonces en la región, con algunos resultados que, como veremos adelante, combinan, en tiempo de guerra, los órdenes y autoridades de tipo global, nacional y local.

Para comenzar, entendemos por guerra en Urabá aquel período en el que a las guerrillas les llegó el contrincante paramilitar aproximadamente al iniciarse “la década del noventa”. Antes de esa fecha, y desde la configuración de los frentes insurgentes en la región desde “los años sesenta”, las acciones armadas insurgentes se reducían a unos cuantos combates con el ejército nacional, manifestaciones de fuerza en época preelectoral, proselitismo y agitación política con grupos estratégicos para sus intereses, además de chantajes, secuestros y otras formas extor-sivas para financiación de su causa. Antes de la guerra de los años 1990-2004 (fecha última de desmovilización paramilitar), la pregunta es: ¿qué significaban los territorios indígenas?, y, ¿por qué fueron inmiscuidos en la guerra?

Por cuestiones de estrategia militar e intereses de los ejércitos en armas, la guerra ha circulado por todos los flancos de la región, lo que explica que en determinados períodos unos territorios cumplan objetivos estratégicos de descanso, otros sean parte de rutas de movilización de tropas, por ellos se transporten armas o droga, sirvan de simple retaguardia, se haga proselitismo, se definan como zonas de enfrentamiento o de defensa, aparte de otras posibilidades. Entre esas, los territorios de asentamiento campesino fueron estratégicos para el proyecto revolucionario, no porque allí necesariamente se asentaran los grupos insurgentes, sino porque la propuesta agrarista de su primera fase tenía un marcado interés en hacer proselitismo con los campesinos y convertirlos en base social de apoyo en su lucha revolucionaria. No eran territorios de guerrilla sino territorios campesinos en los que la guerrilla había fijado un particular interés[2]. Esto no fue igual con los territorios indígenas.

“Lo campesino” como categoría y realidad social ha excluido lo étnico, así que desde su llegada a la región, en la década del sesenta, la insurgencia demostró un mínimo interés por las demandas indígenas de tierra, autonomía y cultura[3]. Así que la interacción entre estos dos grupos fue mínima: las guerrillas se limitaban a utilizar los territorios indígenas para descansar, recuperarse, trasladarse entre puntos estratégicos y usarlos como rutas para contrabando de armas y droga, mientras que los indígenas procuraban mantenerse alejados de los “blancos” insurgentes, práctica tradicional de defensa configurada desde la situación ancestral de contacto con los hispanos en el siglo xiv que se repite hoy con cualquier grupo dominante.

A la llegada de los paramilitares a la región, veinte años después del ingreso de las guerrillas[4], las farc cambiaron su vieja apreciación sobre estos territorios indígenas, pues con la presencia del contrincante y nuevo actor armado, estos territorios cobraron mayor importancia en la disputa por el control territorial por ser estratégicos para ambos en el desarrollo de las actividades militares, contrabando de armas, acceso a un río navegable como el Atrato, comunicar con la salida al mar por el golfo de Ura-bá y conectar con la Serranía del Abibe al oriente de la región, la que conduce al interior de Antioquia[5] y al centro del país. Al planteársele a la guerrilla esta disputa territorial con los parami-litares, tuvo que replantearse el tipo de relacionamiento y percepción sobre los territorios indígenas, no lo indígena en sí, sino la importancia de la ubicación de sus resguardos para los movimientos estratégicos de la guerra.

A la vez que los insurgentes cambiaban su apreciación sobre estos territorios en términos de control, los paramilitares alentaron un cambio en la visión muy generalizada de la región y del país: que estos territorios de Urabá, casi selváticos, estratégicamente ubicados, pero porcentualmente poco intervenidos, eran factibles de desarrollarse mediante megaproyectos ya diseñados y estudiados de vieja data, según el trasnochado y casi legendario rumor colectivo que parecía volverse realidad con la llegada pa-ramilitar. Dicho rumor refiere riquezas en territorios disputados cercanos al Cerro del Cuchillo, Lomas Aisladas, bordes de la carretera del Tapón del Darién (continuación de la Panamericana), los yacimientos de aluminio de la Serranía de Abibe, entre otros ejemplos, donde sus habitantes explotan el territorio para su vida cotidiana, perspectiva de vida incompatible con la desarro-llista del paramilitarismo. La oposición abierta a los parámetros culturales étnicos y la decisión de incorporar los bordes de la región al desarrollo económico, explican muchos de los hechos de expulsión, asesinatos, despojos y desplazamientos de millares de pobladores y un hostigamiento sistemático a las comunidades indígenas[6].

Adicional al desarrollo del capital a costa del desalojo y la muerte de sus pobladores, la llegada paramilitar significó también la intensificación de la actividad comercial del narcotráfico, utilizando rutas periféricas y selváticas por territorios étnicos. También representó el incremento en el cultivo de la coca en zonas altas de resguardo o en humedales ribereños del Atrato y en sus afluentes, desecados con ese fin, muchos de ellos ubicados en territorios de comunidades afrocolombianas e indígenas, con beneplácito de algunos pobladores. Esta intervención doble (control territorial y economía de la coca) obligó a los grupos étnicos a cambiar su forma doméstica de actuar y a convertirse en defensores políticos y culturales de sus territorialidades, además los llevó a acentuar los rasgos claves de pertenencia, comportamiento y control territorial. La magnitud de la violencia de este período se expresa en el gráfico 1.

¿Cómo enfrentar la violación del derecho a la vida, al trabajo, al territorio y demás derechos fundamentales? Infortunadamente, la presencia débil, parcial y fragmentada del Estado en Urabá lo hacía incapaz de consolidar un sistema democrático incluyente e igualitario que ofreciera seguridad a todos los habitantes. Esto desarrolló movimientos de resistencia entre algunos grupos de negros, indígenas y campesinos, quienes impugnaron el ejercicio de la autoridad estatal por ser parcial y parcializada, vetaron a las pocas y débiles instituciones que allí lo representaban y quebraron con la tradición teórica de la legitimidad de la autoridad central del Estado (Ann Mason, 2002, p. 67).

Adicional a las complejidades geográficas y a la diversidad cultural, una política oficial de exclusión resultado de la colonización de territorios remotos más allá del alcance del Estado, dio lugar a órdenes sociales divergentes en las márgenes de la imaginada comunidad colombiana (Mason, 2005, pp. A1A2)[7].

Ante este panorama, el gobierno nacional emprendió acciones poco efectivas para pacificar la región y garantizar la vida de los pobladores (consejos de seguridad, foros, ciclopaseos pedagógicos, intervenciones militares, incremento de pie de fuerza y otras formas también de carácter militar). La inoperancia de las medidas del Estado nacional condujo a los mandatarios de la región, representantes de las instancias regional y local del Estado, a tomar sus propias acciones. Decidieron llevar este problema al escenario internacional para intentar, con otros instrumentos y por otros medios, contener los horrores de la guerra y contrarrestar lo ineficaz que resultaban las herramientas y legislaciones del Estado para atender los efectos y causas de la contienda. Esta intervención tuvo respuesta de la “comunidad internacional” en la región que inauguró un proceso de defensa de las víctimas para intentar responderle a los miedos y a la desconfianza que tenían los pobladores en la capacidad de las instituciones del Estado para detener la guerra. Tales instrumentos internacionales fueron el posicionamiento y aplicación de los derechos humanos (DDHH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de formas particulares de relacionamiento que llevaron a la región organizaciones, gobiernos y comunidades internacionales (Pax Christie, Oxfam, Caritas, Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales, OEA, acntjr; gobiernos sueco, español, salvadoreño, sudafricano, etc.) (Cinep, 1995-2008).

De esa intervención e interacción con la comunidad internacional surgió una nueva manera de entender el conflicto en la región, y esta nueva perspectiva fue el primer paso hacia una acción resistente de algunos grupos étnicos y campesinos que terminaron por crear comunidades de paz, zonas humanitarias y formas de autonomía y neutralidad en los territorios indígenas, nuestro foco de análisis e interés. Para argumentar las consecuencias derivadas de esta nueva forma de comprensión de la guerra y el contenido de las acciones resistentes, analizaré cuatro enfoques sobre la globalización y entre ellos adoptaré el que me interesa para la interpretación de la relación global-local, la simultaneidad de formas de autoridad y de justicia en territorios indígenas.

Este resultado se analizará en el último numeral.

La causa agrarista de la insurgencia y el consecuente interés por los campesinos fue contraproducente para estos pobladores porque sobre ellos y sus territorios se foca lizó más tarde la animadversión de los paramilitares que ingresaron a la región con un proyecto contrainsurgente en el que los campesinos eran considerados guerrilleros ca muflados, simpatizantes o facilitadores logísticos para la causa insurgente. Los mayores desplazamientos y asesinatos fueron sufridos por campesinos, en la llamada primera fase "contrainsurgente" del paramilitarismo; una vez develados sus intereses económicos, en una segunda fase paramilitar, el desplazamiento se generalizó en territorios de población afrocolombiana ubicados estratégicamente, no solo para la guerra sino para el trasporte de droga, explotación económica de siembra de palma y sitios cercanos a yacimientos mineros y madereros.

En "la década del setenta" se inauguró el movimiento indígena en el sur del país, cuya organización emblemática es el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). En Urabá, al norte del país, las organizaciones indígenas tardaron hasta "los años ochenta" cuando agitaron sus reivindicaciones políticas y constituyeron sus organizaciones regio nales como la Organización Indígena de Antioquia (OÍA) y la Organización Regional Indígena Waunana (OREWA). Ambas pertenecen a la Organización Indígena Nacional (ONIC).

Las guerrillas más importantes en Urabá han sido las Fuerzas Armadas Revolucio narias de Colombia (FARC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) existentes desde la "década del sesenta". El último se desmovilizó en 1991 y constituyó el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad.

La Serranía del Abibe comunica la región de Urabá con la región del Bajo Cauca que es hoy una de las mayores productoras de coca y explotación ilegal de oro. Esta última es utilizada para lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Tal afirmación no necesariamente se rige por el enfoque de las nuevas guerras que se fundamenta en la disputa por los recursos, sin embargo, no se puede desconocer que este sea un interés explícito en la lucha armada de la región.

Es traducción propia del texto en inglés: "Adding to geographic complexities and cultural diversity, a politics of official exclusion resulted in the colonization of remote territories beyond the reach of the state, giving rise to divergent social orders at the margins of the imagined Colombian community" (pp. 41-42).

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Enfoques para una interpretación interescalar

Pocos controvierten que los cambios globales contemporáneos tienen implicaciones importantes para el Estado y el territorio teóricamente soberano que lo compone. Estos alcances son extensivos a los ámbitos subnacionales como los que representan las comunidades étnicas. La pregunta inicial es ¿de qué manera la globalización afecta la capacidad, autonomía y competencia del Estado? Los cuatro enfoques que siguen entienden de modo diferente la interacción entre autoridades globales y Estados-nación y los reacomodos en los órdenes de donde provienen dichas autoridades. El primero hace énfasis en el debilitamiento de la autoridad soberana del Estado; el segundo, en el refuerzo o fortalecimiento de la autoridad del Estado; el tercero, en la emergencia de nuevas organizaciones de cooperación y alianza entre Estados nación; el último, en el surgimiento de ensamblajes conformados con componentes del orden global y del Estado y, añado para el caso que interesa, por componentes de nivel sub-nacional o de las comunidades indígenas. Veamos: según el primer enfoque, las transformaciones contemporáneas del mundo global son un factor debilitante del Estado-nación.

Desde la posición de postmodernistas como Baudrillard, Lyotard o Jamieson, pasando por la de geógrafos como Harvey o Taylor, o de sociólogos como Giddens, Lash y Urry, hasta aquella que sostienen los economistas de negocios tan bien representados por The Economist, surgen declaraciones similares sobre el “cercenamiento”, “des-estabilización”, “acorralamiento” o “marginalización” del Estado-nación (Mann, 1999, p. 2 ).

Sin ser partícipe de este enfoque, Michael Mann analiza tres aspectos que, supuestamente, socavan la soberanía del Estado: el capitalismo global, la sociedad del riesgo que debe afrontar los peligros de las guerra biológica, química y nuclear; y la sociedad civil transnacional ligada a los nuevos movimientos sociales y a las políticas de identidad que unen grupos étnicos, de género, religión, generación, entre otros. Estas tres amenazas son mayores a las capacidades de los Estados para enfrentarlas, de donde se deriva el surgimiento de nuevas instituciones, reglas y estrategias de intervención que dejan sin acción a las reglas de los Estado-nación, los que también deben acogerlas[1].

A este enfoque que asocia globalización con disminución de capacidades y autonomía del Estado, Ann Mason adiciona otro elemento fundamental: el reconocimiento de la existencia de autoridades múltiples.

Una rica variedad de tipos de autoridad tiene influencia dentro de los dominios relacionados con las ideas, las identidades, problemas de área y de mercados. Los rasgos distintivos de estas autoridades alternativas es que ellas tienden a no estar contenidas en territorios discretos sino, más bien, presentes en varios espacios que conforman las relaciones globales. Estos sitios pueden encontrarse abajo, a lo largo y encima del estado: ellos cruzan las jurisdicciones nacionales y se traslapan una en otra. No son exclusivas ni lineales, y, en muchos casos, no son separables (Inayatullah y Blaney, 2004. Citados por Mason, 2005, p. 38).

Este conjunto de autoridades alternativas (ilegales, étnicas, de la comunidad internacional) vieron la luz una vez el orden global puso al Estado en otro lugar. Dice Hopenhayn (2003) que:

[...] el decurso de la humanidad desde [...] la filosofía y la teoría social se encargaron, bajo el amparo del postmodernismo y postes-tructuralismo, de plantear este descentramiento casi como un des-enlace-sin-desenlace de la historia. [Esto] previene contra todo nuevo relato unificante que amenace con alguna de sus tantas formas de coerción sobre los cuerpos y las almas. En este sentido el descentramiento se ha convertido, desde hace tiempo, en un concepto que bien puede seducir porque socava el logocentrismo; o bien renueva la crítica, porque en su regazo conceptual confirmamos que en la globalization “todo lo sólido se desvanece en el aire”, y que los procesos de relocalización son funcionales a un proyecto hegemônico del capitalismo mundial. Registramos, con entusiasmo o preocupación, la imposibilidad del sujeto y del ciudadano en constituirse a partir de un eje totalizador, sea éste la razón, el trabajo, el Estado-Nación, la economía o la política (pp. 1-2).

Una consecuencia derivada del descentramiento del que hace parte el Estado es la emergencia de una miríada de autoridades simultáneas de todo orden (internacional, nacional y local) y las posibles incompatibilidades entre la autoridad exclusiva del Estado y esas otras formas de autoridad y legitimidad que cohabitan, ya que para esta perspectiva, lo global desnacionaliza o, como cita Mann (1999, p. 2) de otros autores, cercena, desestabiliza, acorrala o marginaliza al Estado-nación.

El segundo enfoque no ve dicotomía en la relación global-local ni tampoco entiende el juego de si gana uno pierde el otro como lo hace el enfoque anterior. Aquí se acepta la no correspondencia entre autoridad exclusiva del Estado y territorio, es decir, que la política, la economía y la cultura de una nación no necesariamente se circunscriben a los límites jurídicos del Estado, lo que hace razonable el que muchas comunidades busquen por fuera de su territorio la forma de colmar sus expectativas. En este enfoque, las comunidades étnicas, de género, ambientalistas, por ejemplo, se identifican con organizaciones y agrupaciones que lide-ran procesos globales, construyen o comparten significados con actores transnacionales, hacen nuevos arreglos institucionales y modifican los órdenes sociales existentes. El Estado, por su parte, permite la acción de comunidades internacionales en sus límites nacionales sin verlas en competencia por la autoridad y sin sentir que buscan empequeñecer al Estado. Se resalta de este enfoque la convicción de que bajo ciertas condiciones, la participación de la institucionalidad internacional (ong, agencias cooperación) reafirma y fortalece la legitimidad del Estado (Mason, 2005).

El tercer enfoque también relativiza las posturas dicotômicas, al entender que la presencia de la comunidad internacional no representa la aparente pérdida de autonomía nacional ni tampoco que aquella presencia signifique el refuerzo del Estado, según interpreta el enfoque anterior. Entiende más bien que la interacción entre lo global y el Estado-nación es una oportunidad para la emergencia de órdenes nuevos gracias a las alianzas y cooperaciones como lo ejemplifica la Unión Europea. Aquellas tres amenazas al Estado, que atrás refirió Mickael Mann (capitalismo global, sociedad del riesgo y nuevos movimientos sociales transnacionales), son vistas como procesos que facilitan configuraciones espaciales alternativas discontinuas con territorios distintos, obedeciendo a esa sentencia de los nuevos geógrafos que dicen que aquello que se desterritorializa se reterritorializa y que las dinámicas supuestamente globales están alimentadas por redes locales y nacionales sin las cuales no podría existir el orden global (Mann, 2005, p. 18).

El cuarto enfoque proviene de una propuesta de Saskia Sassen bajo el concepto de ensamblaje. Este enfoque va a contracorriente de la elección entre las distintas formas de interpretación señaladas, es decir, aquella que entiende lo global y lo nacional como mutuamente excluyentes; que las estructuras de autoridad múltiple sean una colaboración al Estado; que la relación global-local genere nuevas estructuras de colaboración conforme unas nuevas instituciones con sus respectivas reglas y organizaciones para enfrentar las amenazas del capitalismo global, la sociedad del riesgo y la ciudadanía transnacional que preocupan a Mickael Mann. El enfoque de Sassen (2006, pp. 95-112) admite todos los elementos anteriores, pero agrega uno: lo inesperado, es decir, aquello que la realidad ponga en juego y que no necesariamente sea parte de las consecuencias previsibles de una interacción global-local. Por esa razón, apuntala su enfoque en la definición de ensamblaje retomada de la obra Mil Mesetas de Deleuze y Guatta-ri quienes lo definen como un “[...] conjunto contingente de prácticas y cosas que pueden ser diferenciadas” (Sassen, 2006, p. 98).

Al decir que los ensamblajes no son colecciones de prácticas y cosas similares sino diferenciadas, Sassen deja en libertad a los lectores para poner en juego elementos de las realidades particulares que sean desconocidos y aparentemente irrelevantes, de modo que las propias realidades sean las que pongan en análisis los elementos que estructuren un determinado tipo de ensamblaje y su correspondiente forma, lógicas y orden que emerge de él. Esta flexibilidad acepta la interacción de lo global, siempre como un hecho particular a cada situación porque las especificidades son las que impregnan de local al orden global, como ocurre con la dinámica local indígena.

Vista como propuesta teórico-metodológica, Sassen proporciona elementos para:

-     Evidenciar la necesidad de trascender el modo polarizado de pensamiento que ubica lo global, nacional y local como entidades y espacialidades separadas y enfrentadas, comparables solo por sus diferencias y no por sus posibilidades de interacción. Los ensamblajes, por el contrario, albergan elementos de ambas esferas, e incluso, de esferas subnacionales como veremos en nuestro caso de análisis.

-     Entender que las capacidades del Estado no se destruyen e inhabilitan en una relación de interacción, sino que pueden ser extraídas de sus marcos nacionales y usadas como elementos constitutivos en la formación de sistemas globales no territoriales ni exclusivos como los del Estado sino sistemas de otra naturaleza.

-     No suponer que las transformaciones que sufre el Estado, en sus relaciones globales, se traducen en procesos de desterritorialización o que reubican la institución por fuera del Estado nacional. Por el contrario, estas transformaciones son internas al Estado que sigue siendo soberano, pero transformado[2].

-     Trascender la idea de que el movimiento de la autoridad del Estado-nación centralizado es centrípeto, es decir, que al centro llega la lealtad desde la periferia. Por el contrario, admitir movimientos centrífugos, sobre todo, en zonas de frontera, donde se cuestiona la soberanía territorial del Estado. Más aún, adicionar a esos los movimientos centrífugo y centrípeto nacionales, los que se dan entre centro y periferia globales y nacionales, y entre centro y periferia nacionales y subnacionales. Todavía más, admitir movimientos en todas las direcciones posibles (e insospechadas) que penetran lo nacional, al propio aparato estatal (Sassen, 2006, p. 97) y al orden global dada la capacidad de las sociedades y culturas de extender sus redes organizativas y de autoridad más allá de los tradicionales marcos de acción étnica para nuestro caso. Estas sociedades indígenas han sufrido transformaciones en el direccionamiento de sus relaciones de autoridad puesto que no pasan por el Estado sino que tienen vía directa entre lo global-subnacional como lo atestiguan los movimientos internacionales de solidaridad con los pueblos indígenas.

-     Admitir el surgimiento de nuevos actores de procedencias nacionales, locales o globales, quitándoles la exclusividad a actores ya establecidos (Estados nacionales, liderazgos tradicionales, burocracias internacionales, actores armados). Los ensamblajes combinan órdenes espacio-temporales diferentes, velocidades y alcances desiguales y producen también sus propias situaciones problemáticas y disputas en su configuración temporal.

-     Interpretar qué sucede al reasignar viejos instrumentos (aplicación de DDHH y DIH) en contextos regidos por lógicas organizadoras donde ellos no han tenido lugar y cuáles son los efectos en la transformación de las viejas territorialidades globales, nacionales o subnacionales[3].

En suma, los ensamblajes, como su nombre y definición dada lo indican, están hechos de fragmentos de territorios de orden nacional, supranacional y local, de autoridades de distintas escalas y distinto tipo (moral, jurídico, cognitivo), de derechos y órdenes normativos diversos (nacionales, ciudadanos, étnicos, humanos, dih). Los nuevos ensamblajes son parciales, temporales, centrados en una diversidad de proyectos y lógicas utilitarias y des-estabilizadoras de los arreglos institucionales usuales —los Estados-nación y el sistema supranacional— (Sassen, 2006, p. 96), ensamblajes configurados con componentes específicos que fueron producto de la guerra en territorios y épocas determinadas, y que pueden desaparecer y dar lugar a un nuevo ensamblaje.

Con esa concepción de ensamblaje de Deleuze y Guattari de “[...] conjunto contingente de prácticas y cosas que pueden ser diferenciadas”, elegimos tres elementos “transhistóricos” (Sassen, 2006, p. 98) para analizar el ensamblaje que se configuró en las territorialidades indígenas: el territorio, la autoridad y el derecho. Dichos elementos se reconfiguraron en una nueva manera indígena de vivir en la guerra una vez esta había licuado el “aglutinante” que mantenía unidos los órdenes normativos precedentes, el modo de habitar y controlar el territorio de manera tradicional, nuevos sentidos de pertenencia, cambios en el trato con la guerrilla, relaciones con los paramilitares y las consuetudinarias y distantes relaciones con el Estado.

En las tres esferas de "amenaza" debemos distinguir: (a) impactos diferenciales sobre diversos tipos de Estado en distintass regiones; (b) tendencias que debilitan y algunas tendencias que fortalecen los Estados-nación; (c) tendencias que desplazan la regulación nacional hacia redes transnacionales e internacionales; (d) tendencias que simultáneamente fortalecen los Estados-nación y el transnacionalismo (Mann, 1999, p. 15).

Esta misma idea la trabaja Mickael Marm (1999), quien afirma que no hay organi zación hasta ahora más perfecta que la del Estado-nación. Esta idea se contrapone con las de nacionalidad posnacional que defienden algunos globalistas.

Piénsese en el lugar de los derechos colectivos o étnicos en los arreglos globales, o en los DDHH en Urabá, o en los efectos de la aplicación del DIH para la legislación nacional.

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El ensamblaje indígena

James Rosenau (citado por Mason, 2005, p. 45) señala que “bajo condiciones estables la mayoría de la gente no tiene dificultad en saber cuál colectividad [...] cuenta con sus más altas lealtades [...] Pero cuando la turbulencia afecta los parámetros globales, cuando los hábitos de cumplimiento comienzan a mermar y los criterios de legitimación comienzan a cambiar, las lealtades también se hacen más vulnerables al cambio” (Mason, 2005, p. 46). El elemento de turbulencia de la cita da lugar a la pregunta por la actitud de las comunidades indígenas (también de otras comunidades que no trabajamos) hacia la autoridad, el Estado en tiempos de guerra. Para entender dicha actitud Ann Mason aporta el criterio de evaluación sobre la conducta del Estado y las razones por las cuales las sociedades admiten incorporar otros tipos de autoridad. Como dice Fergusson (Citado por Mason, 2005), la autoridad es un “fenómeno de intercambio en el cual las lealtades y otros recursos son proveídos a cambio del valor de la satisfacción” (p. 45). Es decir, si el Estado no puede cumplir con las expectativas del calibre que sea, y menos en tiempos de guerra, las sociedades buscan sustitutos de autoridad. Estas autoridades alternativas no están contenidas en territorios discretos ya que pueden encontrarse abajo, a lo largo y encima del Estado: cruzan las jurisdicciones nacionales, se traslapan con autoridades de otros niveles y órdenes, no son exclusivas ni lineales y, en muchos casos, tampoco separables (Mason, 2005, p. 38). Estas autoridades se localizan justo ahí donde los grupos humanos interactúan y hacen reglas, es decir, donde están actuando las instituciones del gobierno global con las del tercer sector transnacional, las de los movimientos religiosos y de organizaciones criminales, las autoridades alternativas públicas y privadas, así como la autoridad del Estado.

En nuestro caso de análisis, aquella decisión de los gobiernos departamentales de Antioquia, Córdoba y Chocó con injerencia en Urabá, y de algunas alcaldías municipales de la región (léase Estado departamental y local), de llevar el conflicto armado de la región a la discusión y búsqueda de ayuda en la esfera internacional, significó acceder a nuevas formas de autoridad y a nuevos actores no estatales que aceptaron estar en la región para hacer respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La nueva presencia ofreció a los pobladores una perspectiva de justicia con lo que la región pudo cambiar aquella percepción de que la autoridad fuera exclusiva del Estado, al tiempo entender que la autoridad de nivel departamental del Estado reconocía los límites de la autoridad del Estado central, incapaz de atender la situación de conflicto regional.

El que la región aceptara una nueva perspectiva de justicia también se relacionaba con que en ella hubiera procesos globales en marcha alentados por actores no soberanos. Un ejemplo es el de la solidaridad internacional y la ayuda de las agencias ambientalistas al desarrollo sostenible de algunas comunidades indígenas de la Serranía del Abibe, agencias que, entre muchas otras, abrieron la puerta internacional a la defensa de la vida, la cultura y los territorios indígenas de la región. Esto permitió que en Urabá se despertaran sentimientos de legitimidad y se hicieran alianzas alternativas a las que proveía el Estado. Es decir, se cumplió aquella sentencia de Fergusson que considera la autoridad como “fenómeno de intercambio en el cual las lealtades y otros recursos son proveídos a cambio del valor de la satisfacción” (citado por Mason, 2005) y, en caso contrario, se buscan sustitutos de autoridad.

Aunque aquí no lo analizaré a fondo, señalaré brevemente en qué sentido la guerra transformó la autoridad, la justicia y las pautas territoriales entre las comunidades indígenas, pero también, cómo las alternativas de autoridad y de justicia propiciaron elementos para la creación de aquel ensamblaje que propone Sassen y que podríamos llamar una nueva forma de territorialidad en tiempos de guerra.

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Reconocimiento de la limitación de la autoridad indígena para afrontar la guerra

La disputa territorial entre guerrillas y paramilitares por capturar los territorios de resguardo, violentó los derechos políticos y culturales de los indígenas sobre la tierra, así como las condiciones para su libre desarrollo. De paso convirtió a los indígenas en objetivo militar por ambas facciones. En reacción a tales arbitrariedades, y para librarse de la coacción que los hacía estafetas, alimentadores o huéspedes del actor de turno —mediante prácticas etnocidas, desplazamientos, robos, violación de mujeres, lanzamiento de granadas, tomas y actos de intimidación, entre otras acciones— las comunidades de la Serranía del Abi-be, respaldadas por sus autoridades local y regional (cabildos y Organización Indígena de Antioquia [OÍA]), tomaron la decisión política de declararse neutrales en la guerra.

Esto quiere decir que no aceptamos el reclutamiento de ninguna fuerza armada, llámese guerrilla, autodefensa o ejército [...] que no seremos informantes de ninguno de los combatientes, que no seremos guías, ni cargadores, ni postas, ni centinelas. Quiere decir que cualquier indígena que se enrole en las filas de los contendientes, lo hará por su cuenta y riesgo, no representa la organización y se someterá a las consecuencias de su decisión. Quiere decir también, y que lo escuchen todos los mandos, que no tenemos forma alguna de oponernos a que lleguen a nuestros tambos y casas, que pasen por nuestras tierras y aun que tomen del agua que nosotros bebemos: no nos hagan reos ni responsables por esto (Organización Indígena de Antioquia, 1996, p. 18).

Una vez visto el fracaso de la actitud neutral y las limitaciones de sus formas de sanción y control, decidieron acudir a la justicia internacional.

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Incorporación de la justicia internacional en la organización social

Los indígenas apelaron a la protección que podría darles la justicia humanitaria con ayuda del dih y la carta de derechos humanos que había aceptado que los derechos de los individuos eran inseparables de su contexto colectivo, así que la acnur y organismos afines decidieron proteger las etnias respetando su propio contexto, pero ofreciéndoles los instrumentos mediante formación en DDHH y dih para que ellas “asumieran la defensa, interlocución y representación de la comunidad en aquellas situaciones de violencia, de riesgo o de desplazamiento” (Correa, 2002, p. 5). También propiciando una reorganización para tiempos de guerra de donde surgieron nuevas figuras internas como los comités indígenas de paz articulados con sus formas de autoridad, Comisiones Humanitarias de Protección de carácter mixto, indígenas y miembros de diferentes organizaciones y agencias de cooperación, organismos humanitarios y de defensa de los derechos humanos (Organización Indígena de Antioquia, 2001, p. 17). Esta reorganización buscaba fortalecer el gobierno indígena para lograr una mejor interlocución con los actores armados y lograr con ellos acuerdos humanitarios que respetaran los derechos indígenas. En síntesis, establecieron relaciones globalizadas, desde sus propios territorios locales, en las que se vincularon diferentes tipos de autoridad ejercidas por actores de orden soberano, no soberano, globales y locales. Entre estos tipos, Ann Mason distingue autoridades de tipo moral, legítima, soberana y epistémica; especialidades que la autora describe así y que aquí se destacan porque tuvieron presencia en el conflicto regional.

-     La autoridad moral es aquella que ejerce la acción social transnacional y que proviene del compromiso del sistema Interamerica-no de Derechos Humanos con las normas de derechos humanos globales. Esta autoridad es la exhibida por las organizaciones transnacionales, cuyo mandato es proteger y promover los derechos de las comunidades amenazadas por la violencia, y los movimientos globales de derechos indígenas para defender grupos marginados y reprimidos (Mason, 2005, p. 46).

-     La autoridad epistémica es la que reconoce el saber de determinadas organizaciones internacionales, agencias de ayuda, ONG, ACNUR, para apoyar y asesorar campañas indígenas, defender los derechos étnicos y darles los instrumentos pedagógicos para ayudarlas a acceder a escenarios de decisión política y a reclamar sus derechos con los cuales sobrevivir en la guerra.

-     La autoridad legítima es la que aquí identificamos con la de las autoridades tradicionales indígenas, pero que, en general, se refiere a cualquier autoridad referenciada como comunidad politica acatada por el grueso de ciudadanos. Puede ser la del Estado, la internacional e, incluso, la de los grupos armados si es que ellos logran que su autoridad sea aceptada como patrón de dominación y sumisión.

- La autoridad soberana que ejerce el Estado sobre un territorio específico. En nuestro caso, dicha autoridad refrendó la validez de la autoridad indígena tradicional, la autonomía en sus zonas de resguardo y las jurisdicciones indígenas dentro de su territorio soberano y aceptó, al mismo tiempo, que en ellos hubiera presencia de autoridades no soberanas de carácter internacional. Este reconocimiento del Estado reconfiguró la relación con la sociedad indígena al aceptar, de manera tácita, la desagregación de la autoridad en distintos tipos (Mason, 2005, p. 47).

Las anteriores formas de autoridad alternativas y soberanas configuraron un ensamblaje a la manera que lo propone Saskia Sassen, es decir, un compuesto de: distintos tipos de relaciones y prácticas, muchas de ellas novedosas dentro de la realidad indígena; un conjunto de nuevas interacciones entre actores nacionales, internacionales, armados y locales; una simultaneidad de formas de autoridad y justicia en pos de lograr la paz para las comunidades indígenas. Los demás componentes de este ensamblaje incluyen las nuevas prácticas territoriales que vienen a continuación.

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Nuevas pautas de movilización y asentamiento indígena (EMBERAS)

A pesar de la transformación organizativa interna, la incorporación de la justicia internacional y la configuración de nuevas relaciones en este ensamblaje, los resultados políticos fueron escasos dada la persistencia de asesinatos de líderes y el acoso a sus comunidades según las cifras de violencia. Esto llevó a los Embera a fortalecer estrategias de sobrevivencia estableciendo Casas de Acompañamiento para albergar a los desplazados indígenas en zonas protegidas de sus propios resguardos y cercanas a los centros poblados, y a adquirir pautas de nuclearización residencial, antes desconocidas, en la tradicional distribución poblacional en los resguardos y en sus constantes pautas de movilidad por el territorio. También los llevó a buscar solidaridad nacional e internacional mediante la difusión de los atropellos y la demanda de reconocimiento a sus derechos y a la reproducción cultural, como lo hizo la Organización Indígena de Antioquia (OÍA, es una organización regional) con la campaña Para que Embera viva.

No obstante, los asedios y los muertos, los Waunana, indígenas del Medio y Bajo Atrato, respondieron al conflicto sin desalojar sus tierras ancestrales como ocurrió con los Embera de la Serranía del Abibe. Los Waunana se apoyaron en sus principios de unidad, tierra, cultura, autonomía y justicia indígena; y en sus organizaciones nacional (ONic) y regional (orewa). Estas comunidades del Atrato divergían de las posturas de neutralidad de los indígenas del Abibe, arguyendo que declararse neutrales era incluirse en una guerra ajena y preferían ejercer su autonomía social y territorial poniendo en marcha sus redes internas para ofrecerse mutua “ayuda humanitaria”. El discurso, el lenguaje y los contenidos humanitarios los aprendieron de los organismos internacionales como lo habían hecho los Embera de la Serranía, pero para aplicarlos entre ellos mismos.

En el control y la defensa territorial incluyeron la protección de los afrocolombianos, sus vecinos ancestrales. Querían ayudarlos a resistir las presiones sobre el territorio, ofreciéndoles tierra para refugio y trabajo en sus zonas de resguardo. Esta estrategia no encontró eco en la conformación cultural de los negros, quienes prefirieron desplazarse dejando en manos de los indígenas la tarea de proclamar ante los actores armados la validez de una justicia indígena como forma de control y defensa territorial, así como la refrendación de su mando para impartir castigos a las transgresiones de los miembros que irrespetaran las decisiones colectivas en torno a la guerra[1]. De esta manera, asentaron su autoridad ante las comunidades, los guerreros y la región, construyeron una justicia supraétnica que cobijaba por igual a los indígenas emberá chamí, emberá katío, waunana, tule y zenú, habitantes de Urabá y del río Atrato[2].

Dos nuevas formas de concepción del territorio se adicionaron a este nuevo ensamblaje: los territorios neutrales Emberá de la Serranía de Abibe y los territorios autónomos de los Waunana del Atrato. La configuración de estas dos concepciones de territorio, en sentido político, se asoció a las prácticas de uso cotidiano del territorio en tiempos de guerra, prácticas que transformaron sus pautas de movilidad y de asentamiento como ocurrió con los Emberá y, de otro lado, afirmaron el poder de la autoridad indígena ancestral para hacer control político territorial sobre un vasto espacio regional. Dicho control se reforzó con la activación contundente de la justicia indígena para controlar la acción de sus miembros en el territorio (no entrar en la guerra), para refrendar las prácticas de relacionamiento para con el mundo exterior (los ejércitos) y para proteger a sus ancestrales vecinos afrocolombianos con quienes han compartido territorio durante 400 años. Todos estos elementos produjeron una nueva territorialidad étnica aglutinada por sus decisiones políticas e hicieron que los territorios discontinuos de cinco etnias diferentes quedaran unidos en este nuevo ensamblaje en contra de los actores armados.

Aunque con esto no pararon los asesinatos, estas nuevas espa-cialidades, no solo de resistencia, fueron generadas por la interacción escalar en una situación de conflicto armado. Con todo ello, se reconfiguraron las redes sociales quebrantadas, se crearon grupos de apoyo locales, nacionales e internacionales, se recrearon algunas de las estructuras sociales, relaciones políticas, incluso proyectos económicos productivos, así como también se fortalecieron algunas pautas culturales de los grupos minoritarios. Al aceptar formas de autoridad de la justicia global y reforzar las de carácter local, los pobladores de Urabá interrogaron el lugar de la autoridad del Estado, suplantado localmente por paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes, explicitaron la objeción a la justicia ordinaria del Estado y legitimaron organizaciones políticas no estatales. Aceptar otras formas de autoridad en el territorio no solo reafirmó el descentramiento del papel soberano del Estado, sino que cambió la concepción del territorio como límite de la soberanía del Estado y aceptó la existencia de autoridades globales sin territorios adscritos. En resumen, este nuevo ensamblaje indígena, insuficientemente analizado pero esbozado, se propone como reto para posteriores investigaciones sobre la emergencia de nuevos órdenes, definidos a la manera insospechada que propone Sassen. Esta forma de interpretar las realidades locales y regionales involucra las realidades nacionales y globales, y da lugar a un conjunto compacto y complejo llamado ensamblaje que, en nuestro caso, se constituyó como contrapeso, equilibrio, búsqueda y reacomodo integrador, a las situaciones de conflicto que viven las comunidades en su espacio-tiempo.

El haber desarmado un grupo indígena que trabajaba para las FARC pudo haber convencido a los paramilitares de su decisión de no tomar parte en la guerra.

Por un comportamiento censurable se puede mandar un indígena tule a territorio emberá, para que reciba el castigo que la justicia indígena le imponga.

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Referencias

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Sassen, S. (2006). Hacia una proliferación de ensamblajes especializados de territorio, autoridad y derechos. Revista Cuadernos del Cendes, 23(62).

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Los recursos mineros y la protesta ciudadana en la Argentina de la última década

Orietta Favaro[1]
Graciela Iuorno[2]

El objetivo de la propuesta es analizar una modalidad de protesta y resistencia —las asambleas ciudadanas— en las localidades argentinas donde se realiza la exploración y explotación minera a cielo abierto; espacios en los cuales se intenta frenar la apropiación de los recursos y la afectación medioambiental, en el contexto de la situación socieconómica de Argentina en la historia reciente, caracterizada por la declinación de las diferentes estrategias de lucha por la desocupación y el aumento de la acción sindical.

Doctora en Historia. Docente e investigadora del Cehepyc (Centro de Estudios de Estado, Política y Cultura)-Clacso, Universidad Nacional del Comahue, Argentina. oñettafavaro®speedy. com.ar

Doctoranda en Historia. Docente e investigadora del Cehepyc (Centro de Estudios de Estado, Política y Cultura)-Clacso. Facultad de Humanidades UNCo, Argentina. gracielaiuomo®gmail.com.ar

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El contexto del problema en America Latina

Desde hace unas décadas se asiste a una nueva etapa del capitalismo que autores como el geógrafo Harvey[1] denominan “acumulación por des posesión”. Se trata de desarrollar un modelo que se basa en la apropiación de los recursos naturales de la periferia, debido a su escasez, importancia y por razones estratégicas, para sostener el consumo en los países del centro[2]. Por ello, América Latina es un espacio preferencial, entre ellos, Argentina, por el capital transnacional que, muchas veces, en complicidad con los respectivos gobiernos, impone los proyectos extractivos, destruyendo los bienes de la naturaleza, tendencia que forma parte de la valorización del capital.

En efecto, una de las consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales en América Latina, tanto en países con tradición o no minera, al modificarse los marcos regúlatenos y debido a la alta tasa de rentabilidad y la expansión de los capitales privados, es el intento de desarrollo de nuevos modelos económicos. Se concreta, entre otros, en México, Chile, Perú y Bolivia (esta última conserva la explotación tradicional del estaño), la instalación de megaempresas —especialmente de capital canadiense— para la explotación de minerales, con Estados que impulsan esta actividad como “motor de su desarrollo económico”; sin aplicar políticas públicas tendientes a proteger a la sociedad del impacto que genera. Es de aclarar que con las reformas de los años noventa, ingresaron a este tipo de tareas, otros países que tradicionalmente no eran mineros: Ecuador, Venezuela, Honduras y Guatemala.

Si bien en forma inmediata hubo protestas y resistencias de las personas en las localidades afectadas, incluso denuncias que obligaron a la justicia a intervenir y tomar medidas cautelares a favor de las poblaciones, la actividad sigue con intensidad y la rentabilidad de la misma es cada vez más importante[3]. La me-gaminería a cielo abierto, actividad altamente destructiva de las economías locales, en el nivel de inversión mundial, creció un 90%, mientras que en América Latina fue del 400% (Svampa-Antonelli, 2009). Entre los diez países que recibieron inversión minera entre 1990-2001, cuatro son de América Latina: Chile en el primer lugar, Perú en el sexto, Argentina en el noveno y México en el décimo lugar. Es decir, Chile y Perú encabezan los países mineros por excelencia, mientras Colombia inicia el proceso de explotación. Bolivia, por otra parte, realiza esfuerzos por nacionalizar la minería y reformar leyes sectoriales, a efectos que la actividad quede en manos del Estado. La minería formó parte de las estrategias extractivas de la mayoría de los países de la región en el contexto del escenario económico internacional, propicio para el fortalecimiento de esa actividad por la demanda de minerales, especialmente, desde los países asiáticos.

Respecto a la resistencia a esta actividad en los territorios, aumentan los conflictos entre empresas mineras, Estados y comunidades locales; existe una percepción —cada vez más generalizada— que la minería afecta el ambiente, agota y contamina tanto las fuentes de aguas como el entorno por la utilización de sustancias tóxicas. Si sumamos a lo expuesto las promesas del capital sobre desarrollo, las expectativas de empleo y de dinami-zación de las economías locales, la vulneración de los derechos a la vida, la imposición de proyectos, la criminalización a la protesta y resistencia, los desplazamientos forzados y ocupación de territorios ancestrales, la minería se torna una actividad cada vez menos aceptada por las comunidades locales.

El proceso de rechazo a los proyectos en América Latina trajo como consecuencia el fortalecimiento de las organizaciones sociales, su proliferación y el incremento de diversas estrategias de lucha, a los que se sumaron intelectuales y un sector “progresista” de las iglesias, en particular, de la católica. La resistencia a la minería enfrenta los “cercos mediáticos” y las descalificaciones oficiales de todo tipo; ni siquiera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) logra incidir. Por esto mismo, es que la resistencia a la minería se está realizando cada vez más “desde abajo”: son las comunidades las que ponen límites a las actividades presionando a los Estados a responder sobre las demandas.

Entre las medidas que utilizan los habitantes de las localidades afectadas se encuentran las denuncias en tribunales judiciales de los países de donde provienen las inversiones (Canadá, Estados Unidos, entre otros) con el objetivo que se visibilice la injusticia en las asambleas de accionistas de las respectivas empresas. En este marco, se realizan consultas por el derecho reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (on); no en todos los casos el organismo fue claro en su respuesta al tema.

La resistencia de las organizaciones antiminería es activa y utiliza estrategias tales como la ocupación pacífica de terrenos, calles o edificios; todas forman parte de acciones directas producidas — generalmente — luego de ser negados los derechos reclamados en diversas instancias; no obstante, la lucha se debilitó en algunos países, producto de la criminalización de la protesta social ejercida por empresas y gobiernos.

La mayor dificultad para avanzar se encuentra en que este tipo de minerales tiene una gran demanda, ya que forma parte de la acumulación capitalista[4] en el mercado internacional. Se asegura el desarrollo del sector y la provisión de puestos de trabajo; sin embargo, la misma OIT en un estudio reciente, afirma que la industria minera emplea el 0.9% de los trabajadores, es responsable del 5% de las muertes laborales “reportadas” y provoca una alta morbilidad de los trabajadores por las enfermedades laborales que se manifiestan tardíamente (Gutman, 2007, p. 7)[5].

No obstante, la difusión del problema a nivel de América Latina provocó una interesante movilización de los pueblos indígenas de doce países, en junio del 2011. Participaron líderes de los pueblos originarios y la declaración final fue: “Minería, cambio climático y buen vivir”; se exige a los organismos de la ONU que los bienes naturales sean declarados patrimonio de los pueblos indígenas que los albergan. De todos modos, se desenvuelve — en la mayoría de los Estados— una narrativa desarrollista para legitimar el modelo, algo así como una ilusión de desarrollo en las localidades. Ecuador es uno de los Estados que intentó llevar a cabo una discusión al modelo extractivista, respecto al petróleo como a la megaminería en abril de 2009, con la Asamblea Constituyente que declaró la caducidad de concesiones mineras ilegales, lo que puso en vilo a los proyectos.

David Harvey, un geógrafo marxista, escribe en 2004 un estudio denominado "El 'nuevo' imperialismo: acumulación por desposesión". Su tesis, que consideramos central para el trabajo, afirma que en el marco de la crisis del régimen de acumulación del capitalismo, estaríamos frente a la forma que tomará "un nuevo imperialismo"; definiéndose entre acumulación por desposesión y reproducción ampliada, pero volcándose a favor de la primera en una tendencia que se profundiza, transformándolos en el emblema de lo que es el nuevo imperialismo. Ello se debe a la ausencia de una revitalización de la acumulación sostenida a través de la reproducción ampliada, esto implantará una pro-fundización de la política de acumulación por desposesión en el mundo con el objetivo de evitar la parálisis del motor de la acumulación (Harvey, 2004, pp. 122-124).

El oro —una reserva de valor internacional— tiene escasos usos industriales, se lo atesora en los bancos centrales y cuando se produce liquidez en los mercados, es un instrumento financiero sólido. Actualmente, es muy importante en el mundo por razones económico-especulativas, el 85% se usa para consumo suntuario y reserva monetaria, no se usa — casi nada — para medicina o la industria. En Comelli et al. (2010) Recordemos que la fiebre del oro parece haberse adueñado de la escena económica mundial hace ya tiempo, ahora intensificada por la nueva coyuntura: la crisis económica de la Unión Europea, potenciada por la posibilidad que EEUU ingrese en cesación de pagos. Los inversores del capital, elegían las monedas "duras", pero estas ya no les representan un refugio seguro; por ello, el oro y otros metales son importantes para mantener el valor del dinero. Así la onza de oro troy (33.33mg) pasó de 300 dólares en la década del noventa a 1.600 dólares en el 2011. La tendencia es buscar inversión en lingotes de oro, también en Argentina, al punto que a mediados del corriente año se estaba pagando el kilo de oro a 214000 pesos promedio. En Río Negro (2011, p. 9).

México, por ejemplo, alberga en su territorio 23 depósitos de minerales grandes, ubicándose entre los doce mayores productores en el mundo y tiene instalado 263 compañías mineras, 70% de las cuales son canadienses.

Este proceso se desarrolla en países centrales, en China, India y otros Estados emer gentes y no se circunscribe exclusivamente a América Latina.

Tengamos en cuenta que la vida útil de este tipo de yacimientos es de veinte años, por ejemplo, en 1992 la mina de Summitville en Colorado, EEUU, solo pudo explotar mi nerales por un valor de 130 millones de dólares, pero significó un costo para los contribu yentes de 200 millones de dólares para limpiar el río Alamosa, contaminado con cianuro.

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Las organizaciones sociales y debates en torno a "movimientos sociales"

Las revueltas de los años sesenta inauguran un nuevo ciclo de acciones colectivas y, en ellas, se diferencian las contribuciones teóricas norteamericanas, representadas por la teoría de la movilización de los recursos y las europeas, definidas por el llamado paradigma de los nuevos movimientos sociales. A finales de los ochentas, se produce un encuentro entre las interpretaciones de ambos lados del Atlántico, que comparten la idea de un fuerte incremento y de una gran diversidad de acciones; asimismo, posibilitan el desarrollo de nuevas metodologías. Actualmente, asistimos, en el contexto de la mundialización económica y del debate sobre la institucionalización y normalización, tanto de los movimientos como de la teoría para explicarlos. En este nuevo escenario, se puede observar un fortalecimiento del espacio público y una revitalización de la sociedad civil. Frente al carácter anti-institucional de otros movimientos sociales, las nuevas formas de acción colectiva se caracterizarían por su institucionalización y la de los procesos de resistencias que generan los discursos dominantes (Santamarina, 2008).

Los “movimientos sociales” son particulares y fenoménicos, dieron origen a múltiples teorías de interpretación/explicación, todas ellas con diversos matices, entre las que analizan la movilización de recursos de la escuela norteamericana, vigente hasta la actualidad, con autores más o menos afines a esta línea (Tarrow, Ch., Tilly, entre otros) y la de la organización y de cómo los sujetos en las organizaciones sociales crean y gestionan los recursos de que disponen —humanos, económicos, de conocimiento— para alcanzar sus propósitos. Lo importante en este marco teórico es dilucidar cómo en los “movimientos sociales” se logra una organización capaz de movilizar y alcanzar resultados individuales y grupales.

En este sentido, surgen como resultado de la acción colectiva en un contexto que admite la existencia de conflictos y estos, por sí solos, no son vistos como anormalidades del sistema. Una sociedad moderna, capitalista, está atravesada por conflictos que no desestabilizan al sistema. La acción colectiva involucra la búsqueda racional del propio interés por parte de grupos, es decir, que estamos ante una socialización del principio de “elección racional”; no se abandona este supuesto sino que se lo somete a la acción de grupos, en lugar de relacionarlo solamente con una acción individual. Los agravios y sus reacciones son resultados permanentes de las relaciones de poder y, por tanto, no pueden explicar la formación de movimientos; esta depende de los cambios en los recursos con que cuentan los grupos, la organización y las oportunidades para la acción colectiva. Es decir, dado un agravio, se generará un “movimiento social” en tanto los individuos y los grupos cuenten con los recursos organizacionales necesarios para la formación. La movilización involucra, entonces, organizaciones formales burocráticas de gran escala y con propósitos definidos, pero sin la presencia de una premisa de cambio social (es decir, de la necesidad de sustituir determinadas condiciones de existencia de desigualdad y explotación por otras más igualitarias), difícilmente se hubiera generado tanto el movimiento obrero de principios de siglo XX en la Argentina, como los actuales movimientos campesinos en toda América Latina o los movimientos de trabajadores desocupados, que lentamente fueron confluyendo con el movimiento de trabajadores ocupados, las asambleas populares y el trayecto que vienen recorriendo los ambientalistas en defensa de los recursos, que partiendo de posiciones netamente puntuales (agravios) van confluyendo en una crítica general al sistema del saqueo capitalista.

Las “acciones colectivas” marcan la exigua potencialidad de cambio social existente en cada movimiento social, por cuanto, la acción colectiva no es sinónimo de cambios sino más bien una agregación de sujetos. Melucci avanza más allá, restándole importancia a las relaciones de poder y a los proyectos de sociedad enfrentados que soportan desde su base a todo proceso de movilización social. También existe una fuerte tendencia, en la mayoría de estas teorías, por identificar “movimiento social” como solo satisfacción de expectativas, en tanto relaciones del sujeto con su mundo externo a través de la búsqueda de una identidad que el actor lograría encontrar por la interacción y la negociación colectiva. Esta laxitud en la definición de una categoría permite aplicar el concepto de acción colectiva y movimiento social a casi cualquier contexto donde dos o más sujetos entablen algún tipo de relación, lo que le resta eficacia al momento de comprender el proceso de movilización social en su complejidad dialéctica. Otro elemento a destacar es el interrogante principal que subya-ce a todas estas líneas: direcciones y caminos del cambio social que intentan imprimir los movimientos sociales y la capacidad, las estrategias, el grado y la voluntad de estos para transformar las reglas de juego dominantes.

La cuestión ideológico-política en la disputa, el conflicto, la lucha entre clases o fracciones de clase y la confrontación entre modelos de sociedad, forma parte de una dimensión sobre la cual resulta válido preguntarse si los conjuntos sociales tienen patrones de identidad propia inmersos en las relaciones sociales de antagonismo sociopolítico y cultural que orientan la lucha hacia el anti-status-quo. La organización e identidad —dentro de la dinámica dialéctica de los procesos de movilización social— implica que su posición de alternativa o antagonista al sistema se convierte en uno de los ejes principales para interpretarlo. La identidad principal de un “movimiento social” es precisamente su posi-cionamiento crítico, total o parcial, frente al modelo dominante.

En el contexto de un proceso de movilización social es importante considerar en un movimiento social los factores vistos como ejes claves a la hora de estudiarlo como resultado de la relación dialéctica entre las condiciones objetivas y subjetivas, a saber: (a) la posición estructural del movimiento social en el proceso global de movilización, lo que implica partir de la noción de lucha de clases para visualizar así al sujeto en su relación con las condiciones objetivas; (b) la posición estratégica del movimiento social y los sujetos que lo conforman, lo que implica prestar atención a las condiciones subjetivas que definen un tipo, grado y nivel de acción (de protesta, movilización, organización, identidad, etc.); (c) la configuración histórica del contexto regional y global que define el marco sociopolítico, cultural y económico con el cual cada movimiento social interactúa.

Los movimientos modernos con reclamos modernos (por tierra, trabajo, salarios, precios, democracia, etc.), minimizando así las interpretaciones que desde posiciones postestructuralistas dominantes pretenden ver “nuevos” movimientos sociales que rompen la continuidad con los históricos reclamos de los sectores explotados. Diferentes y diversos no implica “nuevos” como categoría absoluta, en contraposición con los “viejos”. Son “nuevos”, como categoría relativa, en tanto la modernidad produce por su propia dinámica manifestaciones renovadas de sus propias contradicciones. En este orden y vinculado al tema de estudio, las Asambleas Ciudadanas y su expresión en Argentina, con articulaciones latinoamericanas, tienen una base de organización de acciones colectivas reactivas y, solo en algunas experiencias, son prescriptivas con propuestas de alternativa de organización de la extracción de los recursos mineros (Iuorno, 2011).

Las acciones de resistencia de ambientalistas, de asambleístas, de vecinos a la explotación de las multinacionales mineras — con la consecuente destrucción de glaciares y de las ecologías regionales, el envenenamiento de los cursos de agua con cianuro y otros químicos tóxicos y los “desiertos” en que quedarán convertidas las zonas de explotación cuando esas compañías se retiren luego de consumar su depredación— lejos de conformar acciones “focales” o intermitentes, iniciaron un ciclo en 2003 en constante expansión y escasa institucionalización de organizaciones locales que, con redes nacionales, delinean un “movimiento social” con la recuperación del ideal de la modernidad: los derechos humanos. Situación y accionar no exento de conflictividad y tensiones con aquellos que aprueban la instalación de las empresas, con el argumento que la explotación minera es también un factor de trabajo y crecimiento económico local.

Consideramos que la historia —tanto como la sociología y la ciencia política— son de utilidad para el estudio que proponemos, porque explica los motivos por los cuales las “acciones colectivas” toman algunos rasgos —marchas callejeras, petitorios— que las distinguen de otras formas políticas. También identifica una serie de cambios económico-sociales y se centra en las cambiantes condiciones políticas que propician la aparición de grupos organizados y movimientos sociales. El desarrollo de un “movimiento social” requiere de tres elementos: un esfuerzo público, organizado y sostenido por trasladar a las autoridades pertinentes reivindicaciones colectivas; el uso combinado de un repertorio de formas de acción política, asociaciones, reuniones públicas, procesiones, vigilias, peticiones, declaraciones en medios públicos y, finalmente, de manifestaciones públicas y concertadas de valor, unidad, número y compromiso de los participantes (Tilly, 2008). Si bien algunos de estos elementos o sus dimensiones se encuentran presentes en nuestro análisis, no constituyen un “movimiento social”. Al momento de la construcción de las categorías de análisis tenemos en consideración el proceso de protesta y movilización social que se construye históricamente y la relación con organizaciones sociopolíticas tanto como con las instituciones religiosas y con los Estados locales y provinciales (Iuorno, 2011). En síntesis, en las explicaciones sobre acciones colectivas recientes, es necesario integrar, tanto las condiciones económico-culturales y socio-políticas, como la movilización de recursos y la identificación de los actores sociales.

Wallerstein (2006) afirma que en la crisis estructural del sistema capitalista “etapa de transición”, se pueden observar que quienes están en el poder tienden a llevar a la construcción de un nuevo modelo que reproduzca las características del sistema existente: la jerarquía, los privilegios y las desigualdades, con un respaldo para cambios que no lo serán. Se pregunta: ¿cuál será el resultado? “La historia no está del lado de nadie” (p. 173). De otro lado de la trinchera, el papel de los intelectuales es central en esta coyuntura, además de satisfacer las necesidades inmediatas e ir contra la “mercantilización” de los recursos, como la del agua. ¿Cómo crear estructuras/instituciones que operen el mercado y cuyo objetivo sea sobrevivir antes que producir utilidades? Este tiempo de bifurcaciones caóticas es el desafío para los denominados los “movimientos anti-sistémicos”.

En síntesis, no obstante los debates por los conceptos y las categorías analíticas más pertinentes, es necesario, aunque no suficiente, buscar reconstruir, desde Ia historia reciente, el escenario presente para las acciones colectivas de las organizaciones sociales y la semi- institucionalización con las asambleas populares como un lugar privilegiado para el diálogo y como un espacio para la re-creación de la solidaridad ciudadana. Es preciso destacar que la perspectiva de las organizaciones sociales y las asambleas nos trasladan al escenario de la definición de la realidad social, a “la esfera de la (re)producción de sentidos” y a la pluralidad como marco analítico de lo posible (Santamarina, 2008).

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Argentina y la minería a cielo abierto

Argentina se transformó en un país importante para la minería mundial a partir de 1997, cuando se comenzó la actividad en una mina en Catamarca. Hasta entonces la minería era, esencialmente, explotación en minas subterráneas para la obtención de minerales usados en la construcción y en la industria. En la década del noventa, durante el gobierno de Menen y con la aplicación de las políticas neoliberales, se sancionaron leyes des-regulato-rias creando las condiciones jurídicas para que grandes empresas multinacionales mineras se establecieran en el país. Así, las empresas no pagan retenciones, solo entregan al Estado donde se encuentra el recurso el 3% de regalías por los minerales extraídos, gozan de estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años, exención de aranceles, tasas aduaneras, impuestos a las ganancias, devolución anticipada y financiamiento de los impuestos al valor agregado (iva), descuentos por gastos de exploración, infraestructura y comercialización. Además, no existen controles económicos, fiscales, ambientales, laborales; todo se realiza según la declaración jurada de las propias empresas, dejando en el exterior casi el 100% de sus ganancias (ver el sitio web: http:// frentedariosantillan.org/fpds/).

Rige en el país, desde esos años, una legislación sobre minería a gran escala: las leyes 24196 (Inversiones Mineras) y la 24228 (Acuerdo Federal Minero). La normativa nacional prohibe — como lo hacía el Código Minero Argentino de 1883— al Estado (nacional, provincial o municipal) intervenir en la explotación de cualquier yacimiento, estableciendo su obligación de licitar. La nueva legislación acentuó y favoreció las condiciones para el avance de la explotación privada. Por lo tanto, son las megaempresas transnacionales las que lo hacen, con una suma-toria de ventaja; incluso las retenciones a las exportaciones —que provocó el conflicto entre los sectores del campo y el gobierno nacional—; para el caso de la actividad minera es del 5% para minerales procesados y 10% para los concentrados, sin obligación de liquidar divisas al país. Incluso interviene el BM para financiar inversiones en estos recursos que no son renovables, en un mercado muy concentrado y en condiciones ventajosas.

Recordemos que en la última década, se desplegó en Argentina una protesta social generalizada y creciente, con la emergencia de nuevos actores y nuevas organizaciones sociales: los “movimientos” de trabajadores desocupados y de empresas recuperadas. En su mayoría, la acción directa llevada a cabo no fue materializada por los canales institucionales como procesantes del conflicto. A partir del año 2003, no obstante, se desarrolló una etapa de recuperación económica y recomposición política; algunos actores del proceso de 2001 tendieron a desaparecer (asambleas barriales) y otros a desmovilizarse (piqueteros). Re-emergen con fuerza la acción de los obreros y los sindicatos, cuya lucha apunta, a los aún vigentes, efectos de las políticas de los años noventa y las condiciones de precarización del trabajador[1]. De una actitud defensiva, se pasó a un accionar ofensivo, por salarios, despidos, reducciones salariales, etc.; la conflictividad dominó el sector público de la economía argentina y se destacó el dinamismo expresado ante todo por la cta, ate, upcn y CGT[2], aunque es de señalar que estos sindicatos no incorporaron aún a los ciudadanos, sus protestas y el problema de referencia, en su agenda y como fuente de conflicto.

Con el gobierno de Kirchner se produjo un diálogo y negociación con las organizaciones de desocupados, apuntando a establecer una estrategia que abriera canales de institucionalización, hecho que resultó exitoso. De todos modos, la pérdida de autonomía o la “institucionalización” derivó en fracturas al interior de los denominados “movimientos”, en particular, en algunos de izquierda. Pero, las contradicciones de los propios “movimientos” resultó en un declive del conflicto al ser los más activos, en general, institucionalizados y las fábricas recuperadas convertidas en cooperativas (Antón et al, 2010, pp. 97-108).

El gobierno nacional continuó con las políticas favorables a la inversión minera, a través del Plan Minero de 2004 y dos años después, la gran minería se convertía en el tercer sector exportador. En el país, este extractivismo está secundado por otras dos actividades, el monocultivo de soja transgénica y la explotación de hidrocarburos. La primera se expandió rápidamente desde los años noventa; hoy la sojización abarca casi veinte millones de hectáreas, es decir, el 56% de la superficie cultivada, que se fumiga con plaguicidas tóxicos como el glifosato 2[3].

En el país se desarrolló un tipo de minería diferente de la tradicional, no es de socavón ni subterránea, sino a cielo abierto[4]. El primer caso fue Bajo La Alumbrera, nombre del proyecto más antiguo del país (1997) y uno de los más grandes del mundo, en la provincia de Catamarca; es un megaemprendimiento que exporta 190 mil toneladas anuales de concentrado de cobre y 23 mil toneladas de oro según las declaraciones juradas. Esto se produce en una provincia con altos niveles de pobreza y desempleo, ya que la empresa solo contrató a 200 personas entre Andalgalá, Belén y Santa María (localidades cercanas al em-prendimiento), paralelamente las poblaciones se ven afectadas por la falta de agua y la pérdida consiguiente de su producción agropecuaria[5].

El departamento de Andalgalá —al noroeste de Catamarca— fue la primera región que conoció la megaminería a gran escala y al funcionar se pudo observar el total incumplimiento de lo acordado; los habitantes no logran que la población se expresara al estilo Esquel. Cinco años después, se inició el proyecto Agua Rica (cobre y oro), donde se encuentra un yacimiento de mayor envergadura que el anterior y se ubica a pocos kilómetros de Andalgalá; para ello, se intentó concretar un plebiscito que fue suspendido por la justicia.

No olvidemos que la primera e histórica experiencia de resistencia se plasmó en Esquel (Chubut) en el año 2003, donde una fuerte movilización de la población, seguida de una consulta popular, logró la prohibición de la actividad a cielo abierto. En el plebiscito el 81% de los habitantes votó “no a la mina” (explotación de oro y plata) (Iuorno & Favaro, 2011, pp. 876-885).

Este tipo de explotación implica el uso desmesurado de agua y energía, lo cual impacta fuertemente en la geografía de los territorios donde se realiza la explotación. Es decir, que el recurso natural más afectado por la gran minería es el agua, cuyo gran consumo reduce las napas freáticas locales y afecta de forma demoledora en el paisaje y en los ecosistemas, “cada yacimiento necesita millones de litros de agua por día” (Bruzone, 2004, p. 51); además, se contaminan estanques, arroyos, ríos, lagos de la región por la falta de tratamiento de las aguas usadas[6]. Tengamos en cuenta la importante existencia de este recurso en Argentina, en particular, de acuíferos como el Guaraní[7], un gran reservorio que se comparte con Brasil, el que lo está usando para proveer de agua a ciudades como San Pablo (Bruzzone, 2009, pp. 122-123). Por ello, en el tema del agua adquieren importancia los glaciares, ya que son agua en estado sólido que durante los períodos de estivales o de sequías se constituyen en las principales fuentes de abastecimiento.

En este orden, lo que provocó preocupación y resistencia fue el primer estudio de impacto ambiental del proyecto Pascual Lama, del lado chileno, ya que omitió la existencia de tres glaciares aledaños al yacimiento. Por otra parte, para el Pascua Lama del lado argentino, la empresa Barrick Gold[8] declaró que en la zona del valle del Cura (San Juan) hay 32 glaciares y 3 campos de nieves permanentes. El problema es que, si no se citan los glaciares, no se tiene en cuenta el agua y sus posibles consecuencias. Sobre este tema, luego de un veto por parte de la presidenta de la Nación a la Ley de Glaciares, nuevamente presentada en el Congreso y luego de una ardua discusión, definitivamente fue aprobada (Burucúa, 2009).

La minería a cielo abierto y de otros metales tóxicos generan riesgo para la salud por los lixiviados, fugas y filtraciones. Asimismo, provoca la erosión de los suelos impactando en la vegetación y productividad de los mismos, contaminación del aire y afectando la salud (Reanud, 2008).

En definitiva, estamos frente a un nuevo modelo económico, en el medio de dos que ya se desarrollaban hace tiempo. Desde el agro, el “modelo sojero” que si bien articula sectores grandes, pequeños y medianos productores provoca un fuerte impacto en la agricultura y el modelo hidrocarburífico, que a partir de la privatización de la empresa estatal dio lugar a la constitución de enclaves económicos, aportando regalías interesantes a los Estados locales poseedores de los recursos, pero que —en general— no se invierten en la diversificación de las economías locales, sino que sirven para sostener los aparatos de los Estados respectivos.

El país no salió de la re-primarización de la economía y entre el modelo agroexportador y la isi (industria por sustitución de importaciones en sus distintas fases); surge este tercer “modelo de desarrollo”, que los gobiernos intentan consolidar: el “modelo extractivo exportador” acompañado por un Estado nacional que acepta excluirse en un rol productivo sin atender a los efectos que provoca en la población. Más aún, se trata de imponer un paradigma productivista como modelo nacional; paradigma cuestionado por todas las corrientes de pensamiento, desde la ecología política, el indigenismo y la economía social (Svampa-Antonelli, 2009).

Por lo tanto, los yacimientos importantes, más allá de la legislación y la resistencia ciudadana, que producen un enorme impacto al medio ambiente son los de Catamarca (Bajo La Alumbrera: cobre y oro), San Juan (Veladero: oro y plata; Pascual Lama y Pachón: cobre, oro y plata), Jujuy (Mina Aguilar: plomo, plata y zinc y Pirquitas: plata, estaño y zinc), Santa Cruz (Cerro Vanguardia: oro y plata) y Chubut (El Desquite: Esquel: oro y plata) (Ver mapa- Anexo).

Las fuentes oficiales reconocen un desempleo actual del 7.3% contra el 21.5% de 2002, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Central Argentina de Trabajadores, Asociación de Trabajadores del Estado, Unión Personal Civil de la Nación y la Confederación General de Trabajadores.

En el caso de los hidrocarburos, su explotación en las principales provincias ener géticas, Salta, Mendoza, Neuquén y Chubut, se encuentra en manos de las empresas ex trajeras luego de la privatización de YPF en 1991 y a partir de las reformas de los noventa que trasladó la posesión de los recursos a las provincias. Argentina, a diferencia de varios de los países de América Latina, no es un Estado con tradición minera, aunque es el sép timo país del mundo en potencial minero.

Los minerales son escasos y no renovables, se encuentran en vetas, diseminadas con otros minerales en la cordillera y precordillera argentina. Ello lleva a las empresas a utilizar tecnologías agresivas —lixiviación— que devastan e impactan negativamente en el ambiente. Se trata de un proceso en el que se dinamitan las montañas enteras y luego se aplican sustancias químicas altamente tóxicas para separar el metal; a veces se provo can cráteres en la tierra de dos kilómetros de ancho por uno de profundidad. El metal obtenido, en muchos casos, es de ínfima cantidad del total de tierra removida; en el caso particular del oro, se estima que se pueden generar hasta dos toneladas de desechos por cada gramo de oro.

En diciembre de 2009 el gobierno de Catamarca entregó los derechos para explotar un predio que comprendía casi todo el tejido urbano de la localidad de Andalgalá (de doce mil habitantes) provocando que los vecinos se auto convocaran en una organización denominada "El algarrobo", la cual realizó cortes de ruta, manifestaciones duramente reprimidas.

Se detectó la presencia de plaguicidas en los ríos Uruguay, Negro; metales pesados en el Rio de la Plata; a ello hay que sumarle los líquidos cloacales, residuos sólidos, tóxi cos industriales, uranio, petróleo, oro, en otros, en diferentes fuentes de aguas.

El acuífero Guaraní es el tercer gran acuífero del mundo, tiene una superficie de 1194000 km2, correspondiéndole a Argentina, 226000 km2. No obstante, el país no tomó medidas para su preservación, ya que están presentes los intereses transnacionales, como son los de la Coca Cola y Nestlé que tienen plantas separadoras de esos elementos en la región (Bruzzone, 2004, pp. 51-57).

La empresaBarric/íGo/d Corporation eslamultmacionalmineradedicadaalaextracción deoromásgrandedelmundo,consedeenlaciudadcanadiensede Toronto.Mantienemásde27 minas operativas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Chile, Argentina y Tanzania. Hasta 1993, Barrick solo tenía operaciones en Norteamérica, pero ese mismo año la com pañía decidió instalarse en América Latina. Así, la empresa llegó a Perú en 1993 y un año más tarde, a través de la compra de Lac Minerals, se instaló en Chile con la mina El Indio y el entonces proyecto Nevada, que más tarde pasó a llamarse Pascua Lama. En 2001, Ba rrick se fusionó con Homestake, lo que marca la llegada de la empresa a la Argentina y la adquisición de Veladero, en la provincia de San Juan. Más allá de las actuales operaciones y proyectos, Sudamérica es un área estratégica para el crecimiento futuro de la empresa.

62

La protesta y la organización ciudadana

Este tipo de explotación de recursos —por las normativas y legislación vigente— aunque con avances y muy pocos retrocesos, permitió la instalación de las megaempresas en condiciones favorables para el capital. Los medios de comunicación —gráficos y visuales— poco es lo que informan acerca de la situación en Argentina[1].

Desde el gobierno se desarrolló —afirman algunos estudiosos del tema— un discurso oficial del desarrollo sustentable/sostenido que busca legitimar esta política del Estado nacional en nombre de la responsabilidad social, del desarrollo y de las fuentes de trabajo. En este orden, afirmó el vicepresidente de la Legislatura de San Juan, Eduardo Bustelo Graffigna (2010):

En la modernidad capitalista la confusión y la tergiversación conceptual están a la orden del día [...] Se trata ahora de plantear una inviabilidad estructural del capitalismo que no pasa por cuestionar la modalidad global financiera hegemônica de acumulación, sino por el único “bien colectivo global” que limita sin cuestionamiento toda forma de desarrollo: el medio ambiente [...] En el caso de las provincias andinas, tienen una composición geográfica montañosa y desértica por lo que la minería tiene claras ventajas competitivas y es una posibilidad concreta para su desarrollo. Por ello la minería debe, como parte del dinamismo que genera, empalmar eslabonamientos productivos e integrarse a los restantes sectores económicos locales y nacionales [...] La minería asegura con la certeza la generación de puestos de trabajo productivo y un nivel de Ingresos de lejos muy superior a los niveles históricos. Estamos hablando aquí también de derechos humanos: del derecho al trabajo y el derecho al desarrollo de los pueblos [...] Las empresas mineras extranjeras tienen en principio, la capacidad financiera y tecnológica para desarrollar la minera en escala competitiva. Su actitud respecto a la naturaleza puede ser cuestionable pero es controlable (p. 12).

La megaminería desarrolla un discurso al nivel internacional en el que asigna un papel al Estado y a la sociedad. En tal sentido, involucrándose en el tema de la democracia establece la importancia de la deliberación y del diálogo a efectos de concretar acuerdos y efectivizar negociaciones. No es que al capital trasnacional le interese de pronto la democracia y la vida de las personas, es que necesita evitar cualquier freno de parte de las localidades y comunidades afectadas en la expansión de las empresas. Asimismo, gestiona marcos para esos discursos a través de estrategias características de la búsqueda de consenso, tales como, talleres, encuentros, consultas comunitarias, foros, pro-mocionando el “debate”, pero no en el sentido del intercambio de ideas, sino “dejando hablar”; esto es también una recomendación de los grupos consultores que, precisamente, con el objetivo de funcionalizar sus propósitos, promueven la multiplicación de los escenarios descriptos, incluyendo a su vez, redes, fundaciones, ong —que diseñan las diferentes participaciones de la comunidad — y hasta promueven la incorporación de los investigadores de las universidades. Esta es una forma importante de bloquear el conflicto, preventiva o de respuesta, que lleva a plantear la sustentabilidad de la minería y no la minería sustentable. Son, al decir de Antonelli (2009), los “nuevos dispositivos de intervención en la cultura” (pp. 88-89).

Las protestas y resistencias de la población en localidades donde se desarrolla la actividad extractiva, se canalizó en organizaciones de autoconvocados. Cuentan con la presencia de ambientalistas que aportan sus conocimientos al tema. La Patagonia argentina fue epicentro de las primeras asambleas de autoconvocados que emergieron en el caso de Esquel (Chubut), luego en La Alumbrera (Catamarca). No obstante, el avance de las empresas y la visualización del impacto en el medio ambiente, derivó primero en la demanda del cobro de regalías y luego la población asumió la realidad, se auto convocaron y movilizaron contra la minería con sustancias tóxicas. En otras provincias, como San Juan, La Rioja, Neuquén, Río Negro y Chubut también se explota la megaminería; emergen y se reúnen asambleas po-liclasistas formadas por desocupados, ocupados, profesionales, estudiantes, pueblos originarios, trabajadores rurales, campesinos, con diferentes metodologías de protesta y resistencia que incluye piquetes, escraches, talleres, etc., obligando a los gobiernos locales a concretar las consultas populares como práctica de decisión política.

Ahora bien, no en todas las localidades mineras se produce la misma acción y ello se vincula a la fuerza de la sociedad allí conformada. En particular, la existencia de una burguesía o fracción de ella, que lleva adelante cierta di versificación económica en la región, permite tomar mayor fuerza a la actitud defensiva-ofensiva.

Luego de más de quince reuniones nacionales de asambleas de ciudadanos —con un importante número y representatividad — y exponentes de diferentes espacios de las actividades, se constituyó la Unión de Asambleas Ciudadanas (uac, 2006). Actualmente, estas reuniones nacionales se convierten en un espacio amplio — en términos de representatividad y de temáticas — de encuentro y organización de asambleas socio ambientales y organizaciones autónomas que luchan y resisten el avance de las megamineras, las pasteras, las represas, las petroleras, los monocultivos, los agrotóxicos, la deforestación de bosques, la contaminación urbano industrial, la destrucción de los humedales, los megaemprendimientos inmobiliarios, los planes de integración para el saqueo, la privatización y extranjerización de la tierra, la expropiación de los territorios de las comunidades originarias, la criminalización y judicialización de la protesta social, la militarización de los territorios en conflicto. Como se puede apreciar de la multiplicidad de problemas, apuntan a ser un espacio de aprendizaje, intercambio de experiencias de lucha, articulación y construcción de estrategias colectivas y de acciones conjuntas contra las políticas nacionales y locales y en defensa de los bienes comunes naturales, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos[2].

La mayoría de los análisis de los estudiosos del tema coinciden en que estas reuniones son un espacio amplio, democrático, horizontal, donde se participa sin distinciones partidarias, con un objetivo claro como eje: protesta y resistencia a la explotación de la megaminería y defensa de la autonomía de la asamblea.

La resistencia derivó en movilizaciones con el apoyo de organizaciones sociales y políticas como la ddhh (Derechos Humanos, Asociación de trabajadores de la Educación) y partidos de izquierda[3]. Las acciones permitieron que, hacia mediados de 2011, existieran más de setenta asambleas de vecinos autocon-vocados, con legislación en siete provincias argentinas Chubut (2003); Río Negro (2005); La Rioja (2007). Dice al respecto, Svampa (2008):

[...] las asimetrías propias de la dinámica entre lo local (las asambleas de autoconvocados) y lo global (empresas multinacionales) se exacerban: las grandes empresas tienden concentrar un número importante de actividades, reorientando la economía del lugar y conformando enclaves de exportación. Su peso económico es tal que no resulta extraño que los intereses mineros atraviesen y hasta sustituyan al Estado, menospreciando y violentando procesos de decisión ciudadana. De este modo, la minería a cielo abierto termina configurándose como una figura extrema, un modelo descarnado, en el cual las más crudas lógicas del saqueo económico y la depredación ambiental están presentes [...].

Es interesante señalar que, de acuerdo a datos de una encuesta realizada por la Consultora Aresco, siete de cada diez personas rechazan la actividad minera a cielo abierto en las provincias con esa actividad. Esa cifra se desprende del primer registro sobre la actividad extractiva y que confirma la negativa que genera la minería a gran escala en el país. El estudio abarcó seis provincias cordilleranas y señala que solo el 17% se mostró a favor de la actividad.

Las asambleas y los grupos de vecinos de todo el país se mueven en dos direcciones simultáneas, por un lado, la confluencia de resistencias al modelo extractivo, implicado en el debate en torno, entre otros, a la megaminería, la sojización, los desmontes, la contaminación urbana y rural, el consumismo y la matriz energética. Las acciones colectivas se siguen multiplicando con cortes de caminos a las mineras, leyes y ordenanzas contra las fugicidas y los elementos para la producción contaminantes, las acciones legales — judicialización al capital— junta de firmas, obstrucción de máquinas, intervenciones urbanas, foros, emisión de material gráfico y audiovisual. Por otro lado, la construcción de proyectos alternativos sustentables superadores al actual modelo de producción y consumo, reflexionando acerca de la metodología de acciones conjuntas hacia la efectivización de los reclamos y reivindicaciones asamblearias sin perder de vista las realidades locales.

En definitiva, los ciudadanos afectados se encuentran excluidos de la toma de decisiones, la legislación nacional no contempla mecanismos de participación real y ante esa indefensión, entre los nuevos conceptos que incorporan las resistencias, está el de licencia social, para poder llevar adelante políticas en defensa del medio ambiente en una dimensión inédita en el país, porque, además, este tipo de explotación afecta la biosfera[4].

No obstante, es de destacar que, en los últimos años, comenzaron a surgir voces disonantes de políticos, intelectuales, periodistas que denuncian la megaminería en los medios de comunicación, asimismo, se comenzaron a publicar libros académicos y de difusión general sobre el problema. Tal es el caso de El mal de Miguel Bonazzo y 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina del Colectivo Voces de Alerta; ambas publicaciones recientes.

En el momento de escritura del presente trabajo, se reúne en Buenos Aires el 17° Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, en el cual se encuentran, entre los colectivos organizadores una variedad de los mismos, desde la Asamblea Reserva de la Biosfera, Asociación de Apicultores, Foro por la Salud y el Medio Ambiente, Red de Médicos de Pueblos Fumigados, entre otros. La consigna que se levanta es Por la vida, contra el saqueo y la contaminación.

Se recibió la adhesión del Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivei, el que — a tra vés de una asesora— produjo un interesante documento demostrativo del impacto de la megaminería en Argentina.

Afecta los parques provinciales y nacionales de varias provincias, entre ellos, los de Laguna Blanca y Lanín; Copahue y Caviahue (Neuquén) y Nahuel Huapi (Rio Negro), esto en el marco de los tratados de integración minera (Gutman, 2007, p. 16).

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El gran saqueo del último recurso natural de la Argentina: ¿Cofre sellado de la minería? Reflexiones provisorias

La intervención del Estado nacional para institucionalizar los diferendos entre capital y trabajo, y el crecimiento de la negociación colectiva no anuló la conflictividad en el país. La lucha socioambiental se constituyó en una nueva estrategia y territorio de acción, configurando distintas ejemplificaciones, por el aumento de las actividades depredatorias. Del mismo modo que se intenta realizar con el auge de la soja y su paquete tecnológico, se intensifica el uso de agroquímicos con consecuencias sociales y ambientales, además del desplazamiento o desaparición de los pequeños productores; en el caso de la minería a cielo abierto provoca tensión en los territorios; se usa la concepción: territorio eficiente-ineficiente. Estamos frente a un nuevo modelo, el extracti-uo-exportador, basado en la explotación de los recursos naturales no renovables —particularmente nos interesa en este trabajo los minerales— para sostener el consumo y la acumulación capitalista. Las nuevas concepciones están en los discursos políticos y el desarrollo de las regiones en Argentina y se da en términos de tasas de la rentabilidad.

No son territorios vacíos como se los intenta hacer ver, asociándolos al desierto, una imagen histórica ligada a la expansión de la frontera en el siglo XIX; por lo tanto, cada vez más, el espacio donde opera la megaminería es un lugar de conflicto, aunque se producen movilizaciones y acciones contra ella, no obstante, tienen aún un carácter defensivo y de reclamos puntuales por parte de los auto convocados. Si bien las posturas de los ecologistas logran ciertos paliativos, dejan intactas las razones estructurales del problema. Se modificó la noción de desarrollo, concepto utilizado por los actores de la minería y surgió una corriente de pensamiento desarrollista, en la que prima el desarrollo sostenible-sustenta-ble, es decir, con modificaciones. Se trata de una corriente del ecologismo actual que privilegia la tecnología y “cuida el medio ambiente” (Comelli et al., 2010, p. 145). De todas formas, las acciones colectivas existen como asambleas ciudadanas y demandas de defensa del territorio. Se desarrolla una labor en red por parte de cada asamblea que pone en cuestión al Estado-nación y el modelo económico, instalando en la agenda el problema. No sabemos si se convertirán en movimientos sociales, pero se observa la revalorización del “vecino”, del “ciudadano”, la participación horizontal-heterogénea. Si se trata de complementar a la democracia representativa, la democracia directa — que parecen mostrar las asambleas de ciudadanos — puede ser una excelente herramienta a través de plebiscitos, consultas populares, presupuestos participativos. En general, al margen de todo aparato partidario o gremial —y en esto reside la principal diferencia con las acciones actores posteriores a los noventas— avanzan tanto en América Latina, en particular en Argentina, con un objeto claro el: no a la megaminería, al despojo de las riquezas del territorio.

En definitiva, el modelo de saqueo de recursos naturales, contaminación y depredación de los suelos y agua, se completa con la imposición de la monoproducción sojera a cargo de las multinacionales (chinas, francesas, holandesas, inglesas, estadounidenses), ya sea a través de harina y aceite de soja, el biodiesel, a lo que se suma el petróleo, otros cereales, la pesca, carnes y el agua. No obstante, la duda es si la sociedad argentina, dado la escasa información que este tema tiene en los medios oficiales y privados, ¿producirá, colaborará, realizará acciones para evitar este nuevo “El dorado”?, para Argentina o como dice Ansaldi[1] — aunque lo piensa para las asambleas de vecinos de 2001—, ¿se volverá a la relegitimación de las acciones de los políticos, luego de mandobles y besuqueos?

Los mayores problemas, cuando se habla de minería a cielo abierto, son el acceso a la tierra, el agua y a un ambiente saludable. Esto privaría a las poblaciones de sus recursos básicos para la sobrevivencia humana, pero también para los cultivos y la cría de animales, en el caso de la meseta patagónica argentina. Hay suficientes razones para rechazar la explotación debido a la enorme cantidad de tierra y agua involucradas y a los riesgos medioambientales que conllevan. Las políticas de desarrollo en general y, naturalmente, en este caso, las políticas mineras, tienen que respetar los derechos humanos y el fundamental: a la vida. Actualmente, en algunos foros ciudadanos, desde una perspectiva democrática social, se enuncian que:

Las obligaciones ambientales, bajo la idea de dignidad y solidaridad ambiental, hacen aumentar el respeto a la totalidad y la interrelation del uno con el todo indivisible en su expresión de solidaridad, ya que al reconocer a los mínimos ambientales concretos, al respetar a uno se está respetando a todos, pero no cumpliendo la obligación con uno se incumple con todos. Se hace responsable al estado a respetar al todo, porque permitiendo la desigualdad eco-social puede vulnerar los derechos por omisión, y desde esta concepción, es un imperativo que su papel sea activo; las obligaciones ambientales crean un derecho colectivo la individualización se expresa en la obligación —no en el derecho subjetivo—, pues el titular de la obligación la tiene respecto del todo, no así los derechos humanos que se tienen respecto de sí mismo, y por lo tanto al ser vulnerado uno no necesariamente se vulnera a todos desde una perspectiva individualista (Taeli, 2011, p. 3).

Por lo tanto, el uso democrático de los recursos naturales debería tener prioridad sobre la generación de divisas y sobre los intereses económicos de los muy pocos empresarios nacionales y de los mayoritarios inversores extranjeros[2]. El “nuevo paradigma minero” — extractivista y exportador— conlleva a diferentes expropiaciones materiales y económicas que trastocan las formas de vida y de trabajo locales en comunidades; provocan una alta contaminación ambiental y embargan el futuro de las próximas generaciones. Los intereses de las multinacionales subordinan los derechos más elementales de las poblaciones.

Los movimientos sociales que luchan por el medio ambiente, por los derechos humanos básicos —la vida— se encuentran en expansión y aún no se institucionalizan dado que el escenario de la lucha no está dominado por las organizaciones no gubernamentales ni por emprendedores profesionales y las relaciones con las autoridades políticas son de conflictividad y tensión. Considerando, de esta manera, las contradicciones que motorizan el proceso sociohistórico se está cerca de poder abarcar la complejidad que implica un proceso de movilización social. Las luchas por la igualdad y la solidaridad, si bien en algunos casos pueden implicar ajustes del sistema, representan fundamentalmente procesos de movilización que no siempre implican un cambio social.

Además, la minería producirá modificaciones sociales por la inmigración de trabajadores especializados, alza de precios locales por mayores ingresos salariales del personal de las minas con perjuicio a la mayoría de la población local sin capacitación para acceder a dichos empleos, modificación del paisaje, afectación al estilo agrícola-ganadero de producción, del turismo saludable (turistas que buscan salud y ambiente sano recurriendo a turismo agrario y baños termales) y de los establecimientos de producción orgánica.

En síntesis, la descentralización territorial y municipal de la administración y gestión de los recursos naturales merece ser entendida como “campo de conflicto” en gestación, que como punta de iceberg pone en la superficie las diferentes tensiones e incertidumbres a los nuevos componentes de la “aldea global”, junto al neoliberalismo y sus privatizaciones, con la democratización y la real autonomía de las acciones ciudadanas (Favaro y Iuorno, 2010, p. 113). El desafío para los vecinos autoconvocados es grande ya que el capital y el poder —la economía y la política — acorralan a la sociedad civil y en ellas a los grupos organizados que comienzan a sentir el ataque por diferentes frentes.

La auto-transformación de la historia, vale decir, la sociedad haciéndose “a sí misma” —”pensar político”— es un componente esencial de la transformación de la misma (Catoriadis, 1999, p. 334).

Se hace referencia al excelente trabajo de Waldo Ansaldi 2007 "Tanto andar a los mandobles para terminar a los besuqueos: acerca de la relegitimación de los políticos argentinos".

El yacimiento a disposición de la multinacional Xstrata que firmó los primeros acuerdos en 1992 y luego de los estudios de factibilidad económica, aplicó una inversión del orden de los 1100 millones de dólares. La minera comenzó a producir en 1997. La libra de cobre aumentó el 600 por ciento en 7 años -de 0,7 a 4 dólares, de 2001 a la actualidad y el oro pasó, en igual período, de 260 a 1000 dólares la onza.

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Referencias

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REPOSITORIOS Y FUENTES

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Página/12

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Río Negro

2011 (Río Negro) 31 de julio

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Informe “Victoria” 2007, Gustavo Rodríguez Achondo, Estudio de impacto ambiental de la empresa Empresa Mineros S.A., publicación sitio oficial del gobierno de Neuquén. En línea, http://www.neu-quen.gov.ar

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Anexo

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Performances do crime: componentes dramáticos e teatrais dos grandes roubos no Brasil [1]

Jania Perla Diógenes de Aquino[2]

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em 2008, no número 25 da Antropolí-tica, Revista de Antropologia da Universidade Federal Fluminense-UFF.

Doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Professora do Departamento de Ciências sociais e do Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará.

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Introdução

Os principais alvos de grandes roubos no Brasil são os bancos e empresas de guarda valores. Até meados de 1980 os assaltos contra estas instituições financeiras se restringiam a grandes centros urbanos. Na década de 1990 houve significativas alterações nas características de tais ocorrências: as agências bancárias localizadas em cidades de pequeno e médio porte começaram a sofrer assaltos; quadrilhas fortemente armadas passaram a interceptar carros-fortes nas rodovias que ligam a capital ao interior dos estados; os caixas eletrônicos, que foram implantados nos anos de 1990 como uma inovação do sistema bancário, rapidamente se tornaram alvos de arrombamentos. Demonstrando estarem informadas sobre rotinas internas de funcionamento das instituições financeiras, as quadrilhas passaram a efetuar roubos e furtos[1] exatamente em dias em que bancos, empresas de guarda-valores e carros-fortes movimentam maiores quantias líquidas.

Além da organização e do planejamento, outra característica proeminente destas operações, nas duas últimas décadas, é a infraestrutura: mobilizam instrumentos arrojados, tais como veículos potentes, armamento de grosso calibre e dispositivos de comunicação modernos. A própria atuação dos assaltantes tornou-se mais calculada e cuidadosa. Com base em uma acentuada divisão de tarefas entre os participantes dos roubos, habilidades como pontaria e manuseio de diferentes modelos de armas são continuamente exercitadas. Assim, o gerenciamento de informações precisas, de equipamentos que condensam tecnologia de ponta e de “mão de obre qualificada” se tornou a base dos assaltos. Este tipo de crime não apenas se elevou estatisticamente e ampliou sua gama de alvos, mas também se tornou mais elaborado, resultando em subdivisão de maiores quantias para as equipes que o organizam e o executam.

O caráter performático e a dimensão de negócio, que os assaltos contra instituições financeiras assumem para os indivíduos que os articulam, emergem como características proeminentes. Neste texto, estou me baseando em três fontes de dados principais: notícias de periódicos de maior circulação nas capitais brasileiras das regiões Nordeste e Sudeste; entrevistas com delegados de Polícia nas duas regiões mencionadas; entrevistas e conversas informais com mais de três dezenas de indivíduos que participaram ou participam destas ações criminosas.

Furto é uma categoria jurídica, correspondente ao artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Refere-se ao ato de "subtrair para si, ou para outrem, coisa alheia móvel". Roubo também é uma modalidade de crime contra o patrimônio e equivale ao artigo 157 do mesmo texto jurídico, designando a ação de "subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência". Ocorrências de "roubos" e "furtos" são usualmente denominadas assaltos.

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A dimensão empresarial dos assaltos

Além de uma contundente sofisticação no âmbito das ocorrências, há indícios de ter havido a partir dos anos de 1980, uma mudança no perfil dos indivíduos e grupos que protagonizaram tais assaltos. Estes crimes ganham visibilidade no país, nos anos seguintes ao golpe de 1964. Naquele período, roubos contra agências bancárias, junto com sequestros de importantes figuras do cenário político, foram artifícios utilizados por militantes de grupos políticos contrários ao regime militar. Os “ganhos” destas ações eram canalizados para as suas reivindicações na luta contra o regime ditatorial ou para o financiamento de guerrilhas. Posteriormente, tais ocorrências tiveram como protagonistas mais notórias associações nascidas nas prisões, resultantes do convívio entre os chamados “criminosos comuns” e os “presos políticos”, tendo o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, sido a mais conhecida nos anos 1970 e 1980. Tal grupo, segundo seus integrantes, utilizava o dinheiro roubado dos bancos para organizar fugas de detentos e otimizar o comércio de entorpecentes. No decênio atual, o coletivo criminal que adquiriu maior visibilidade e tem sido apontado pela Polícia e meios de comunicação de massa como o principal responsável por assaltos contra instituições financeiras, em todas as regiões do país, é o Primeiro Comando da Capital (pcc). Este “comando” teria suas bases nos presídios situados no Estado de São Paulo e suas atividades principais seriam os assaltos contra instituições financeiras, o tráfico de drogas e o tráfico internacional de armas.

Sem estar interessada em definir os contornos do pcc e de outros coletivos criminais que ganharam visibilidade midiática na História recente do Brasil, nem pretender mapear os vínculos destes coletivos criminais com a modalidade de assalto que estou analisando, é relevante chamar a atenção para a dimensão de negócio que as ações contra instituições financeiras assumem para as pessoas que as empreendem. Entrevistas e incursões etnográficas por mim realizadas demonstram que assaltantes vivenciam suas tarefas de planejamento, organização e execução de grandes roubos contra bancos, carros-fortes e empresa de guarda valores como o desenvolvimento de uma atividade econômica.

Da mesma maneira que negócios legais e juridicamente regulamentados, a organização de um assalto de “grande porte” requer dispendios monetários – neste caso, investe-se em veículos e armamentos a serem utilizados na operação, imóveis para estada e reunião da equipe que vai executá-la, subornos de funcionários dos estabelecimentos visados, dentre outros gastos.

Constituindo-se como protagonistas destes “empreendimentos”, assaltantes atuam como exímios homens de negócio: investem dinheiro na viabilização de roubos, elaboram complexos planos de fuga e abordagens dos alvos, calculam riscos, possibilidades de êxitos e falhas. O discurso dos policiais e a narrativa dos meios de comunicação de massa, com base em códigos jurídicos e valores socialmente instituídos que classificam estes indivíduos como “criminosos”, enfatizam o caráter ilegal e a violência desprendida em suas ações. Praticantes de assaltos, no entanto, tendem a classificar estas “operações” como um “negócio arriscado” e que exige habilidades específicas. Vejamos a narrativa de um dos meus interlocutores praticantes de assaltos:

É um campo que oscila. Na maioria das vezes dá certo, a gente investe e tira o dobro, ou até mais, do dinheiro que a gente pôs. Mas quando não dá certo, quando acontece algo que a gente não planejou, a gente perde tudo, a gente perde o dinheiro que gastou e não tem com quem reclamar, não tem a quem recorrer para cobrir o nosso gasto, é você sozinho, você e sua experiência e o seu traquejo, não há garantia nenhuma. Você não tem direito de errar, por isso tem que planejar, tem que trabalhar direito, tem que tomar os cuidados e precauções (Trecho de entrevista com Rafael, condenado por roubos contra bancos e carros-fortes, realizada em maio de 2003).

A interpretação que alguns assaltantes concedem a tal “ofício” apresenta semelhanças com o modelo schumpeteriano de “empreendedor”. Em sua Teoria do Desenvolvimento Econômico, J. Schumpeter (1961) discorre sobre ciclos econômicos, teoria de créditos, fatores de produção, lucro empresarial, dentre outros temas. Outro autor define o homem de negócio empreendedor como “tipo especial de empresário” que se distingue pelo ato de “se lançar em tarefas jamais realizadas por outros homens de negócio anteriormente”. O “gosto pela inovação” e a “disposição de se expor ao risco” seriam suas marcas preponderantes (Schumpeter, 1961, pp. 108-109).

A coragem de se aventurar em um “negocio” sem garantias e a necessidade de renovar constantemente seus métodos, inovando nos formatos de operações e estratégias de abordagens do alvo, aproximam os criminosos, sobre os quais venho discorrendo, dos empreendedores schumpeterianos. Ambos ousam ir de encontro ao acaso, enfrentando-o com competência, racionalização e previsão de riscos.

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O acionamento de performances como ferramenta criminal

A elaboração de assaltos, cujos alvos são instituições que integram o sistema financeiro do país, conforme venho assinalando, desencadeia um detalhado levantamento de informações, planejamento e viabilização de equipamentos sofisticados. Assumindo contornos de “empreendimento econômico”, estes crimes demandam investimento monetário, resultam em acumulação de altas quantias aos seus organizadores e requerem uma equipe de pessoas “habilidosas”. Cada procedimento é calculado em minúcia: tarefas são divididas, instrumentos são testados com antecedência, bem como estratégias para interagir com as vítimas são discutidas entre os indivíduos que vão participar do assalto.

As formas de conduzir agressões físicas e pressões psicológicas também são calculadas. Os assaltantes cogitam sobre maneiras eficazes de intimidar as vítimas, não deixando a estas possibilidades de reagir sem arriscar suas vidas. A força física é empregada como um meio de “apavorar” os funcionários e as pessoas presentes nos estabelecimentos assaltados.

O uso da violência é um dos pré-requisitos para o êxito, mas o apelo a este modo de ação não ocorre de forma instintiva ou descontrolada. Durante um roubo, assim como em outras modalidades de crimes violentos contra o patrimônio, a situação não se define como uma disputa entre inimigos ou como um “acerto de contas”, advindo de antigas “rixas”. Não se trata de um momento de resolução de conflitos entre partes em contenda. A agressividade é empregada de forma calculada. O momento do assalto, quase sempre, é o primeiro contato direto dos assaltantes com seus reféns. Não há raiva ou ódio anterior de um oponente pelo outro. A violência é empregada por meio de ataques súbitos e brutais ou a partir de ameaças verbais, funcionando como subterfúgio dramático ou uma representação diante das pessoas que sofrem o assalto.

Se, de um lado, o assaltante tem que ser “duro” para conseguir se impor, de outro, não é positivo para as equipes criminosas que suas investidas resultem em morte ou ferimentos de vítimas. Nestes casos, os assaltos não são considerados por seus praticantes como bem-sucedidos. Matar ou ferir pessoas que não reagem são atitudes interpretadas como amadoras. Aqueles que se “excedem” no uso da violência física são negativamente avaliados por seus comparsas. Na perspectiva das pessoas que atuam na atividade criminal em pauta, a linha de separação entre uma atitude considerada profissional e procedimentos tidos como irresponsáveis é tênue. A rigor, os assaltos que resultam em mortes deixam de ser juridicamente classificados como roubo, passando a ser considerados latrocínio: um tipo de roubo qualificado pelo resultado, ao qual corresponde uma pena mais rigorosa do que aquela referente aos roubos sem agravantes. Quando um determinado assalto resulta em morte ou “derramamento de sangue”, sua visibilidade pública e repercussão midiática tende a ser maior, levando a Polícia a acirrar as investigações e buscas aos envolvidos na ocorrência. Sendo assim, a preocupação difundida entre assaltantes de poupar suas vítimas de mortes e lesões corporais graves não se baseia em razões humanitárias, deve, antes, ser interpretada como uma medida preventiva das quadrilhas (Aquino, 2004, p. 97).

Para ser considerado um profissional entres seus pares, a “boa atuação” no momento de efetivar os assaltos é relevante. Este desempenho se expressa no ato de adentrar a um grande estabelecimento, expondo-se a cameras, sensores, alarmes e vigilantes armados. Os praticantes de grandes roubos, considerados bons profissionais por seus comparsas, desenvolvem, conscientemente ou não, técnicas de desempenho dramático. São produzidos movimentos, expressões faciais e entonação da voz ajustados às suas tarefas na execução das ações criminais. De acordo com os protagonistas de grandes roubos que entrevistei, as vítimas desta modalidade de crime não podem sentir fraqueza ou hesitação nas ameaças preferidas por seus oponentes. Os reféns de um roubo devem acreditar que serão assassinados ou fisicamente agredidos se reagirem.

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Explorando categorias êmicas: assaltos "no vapor" e "assaltos no sapatinho"

Os inúmeros formatos que podem assumir um assalto contra instituição financeira costumam ser classificados por seus praticantes a partir de duas denominações genéricas: assaltos no vapor e assaltos no sapatinho (Aquino, 2004, p. 38). Trata-se de um sistema de nomeação “nativa” ou uma categorização êmica.

Os assaltos no vapor são aqueles que apresentam uma grande quantidade de homes e veículos, armamento pesado e abordagens abruptas. Estes também podem ser chamados assaltos bomba ou no arrebento. Em tais ações, as quadrilhas dominam subitamente o local do assalto, efetuam disparos, gritam e ameaçam as pessoas presentes. Segundo os entrevistados, os alvos adequados a esse tipo de abordagem são os carros-fortes e caixas eletrônicos. Os modelos de veículos que utilizam são caminhonetes e picapes com tração nas quatro rodas. Estes, além de velozes, permitem o transporte e manuseio de armamento pesado, como fuzis e metralhadoras. Nestas ocorrências, a performance do coletivo criminal se caracteriza pelo impacto visual e sonoro, evocando uma estética bélica do confronto: armas em punho, posição marcada, disparos e gritos. Trata-se de uma violência material e explícita.

Os assaltos no sapatinho[1], por sua vez, baseiam-se em abordagens mais discretas ou silenciosas. Nestes casos, as quadrilhas atuam por meio de investidas traiçoeiras ou disfarçadas, utilizando, inclusive, armas de menor volume como revólveres e pistolas. Ao invés de uma demonstração de força imediata e direta, apela-se para a “astucia” e a “malandragem”. Um dos entrevistados apresenta a seguinte definição:

Sapatinho é assim, quando você consegue entrar em um local. Você sem acionar muita gente, sem que você seja notado. Sem dar um tiro, você pega o dinheiro e sai normalzinho, sem chamar atenção. Porque você só precisa anunciar o assalto no momento certo. Não precisa atirar, não precisa que a cidade interira fique sabendo que você está fazendo um assalto. Um tiro que sair dali aciona todo mundo. Eu gosto de bolar um truque e esperar o momento certo para meter a parada, porque quem faz a ladrão é a oportunidade (Trecho de entrevista com Helio, condenado por roubos e furtos contra agências bancárias, realizada em abril de 2003).

Diversos estratagemas podem ser utilizados para a introdução de armas no interior de uma agência bancária sem que seja necessário efetuar disparos. No caso dos bancos, um dos artifícios freqüentes é a utilização de armas de brinquedo. Portando revólveres de plástico, os assaltantes passam pelas portas giratórias das agências sem acionar os detectores de metais e, em seguida, rendem os vigilantes do estabelecimento com as armas falsas, tomando destes as armas verdadeiras que permitem a finalização do plano.

Uma estratégia apontada pelos entrevistados como sendo a mais segura e elaborada para atuar no sapatinho é o seqüestro de famílias dos funcionários das instituições financeiras responsáveis pelos cofres dos estabelecimentos (gerentes e tesoureiros). Tais assaltos, precedidos de seqüestro de famílias inteiras, efetivamse contra as agências bancárias e empresas de guar da-valores. Os reféns são capturados na noite anterior ao assalto e permanecem em cárceres privados, que podem ser suas próprias residências ou locais adaptados para funcionar como cativeiros. Na manhã do dia seguinte, o gerente ou tesoureiro, cujos familiares estão em poder do grupo, é obrigado a se dirigir ao local de trabalho e entregar todo o dinheiro dos cofres da instituição.

Nestes casos, apesar de portarem armas, os participantes da ação criminal apelam, sobretudo, para o poder da intimidação verbal. É por meio de ameaças proferidas calmamente e quase sempre em baixo tom de voz que os funcionários das instituições financeiras são coagidos a atender as exigências da quadrilha. Vejamos a fala de um dos meus interlocutores, cujos assaltos se baseiam no “seqüestro” das famílias dos funcionários das instituições financeiras:

Todo o segredo de fazer esse tipo de assalto está na casa do gerente. Tudo começa com a família dele: os filhos, a mulher, as pessoas que ele tem mais afeto. A gente pega as pessoas e, na hora que ele chega, a gente pega ele também. A gente pega as famílias no final da tarde ou à noite. Então, a gente segura o pessoal. O telefone tocou, a gente deixa a pessoa atender e manda ela falar normalmente. Mas a gente fica na linha com a pessoa, ouvindo o que ela falar. Então a gente fica com as pessoas na casa até determinadas horas. Quando a gente ver que ninguém mais vai chegar, que o telefone não vai tocar, então por volta de meia-noite, a gente leva todo mundo pro cativeiro. Depois que está todo mundo no cativeiro, tudo certinho. Aí a gente começa a trabalhar com o gerente. Conversar com ele, convencer o homem a fazer o que a gente quer. Nisso aí tem que ser esperto, tem que saber conversar. Tem que falar com firmeza e não pode falar demais, pois ele pode achar que a gente tá blefando, entendeu? Aí ele vai por mil obstáculos, vai falar que não entra na empresa, que não dá para entrar. Porque os gerentes e os tesoureiros de bancos e dessas empresas de segurança, eles têm palestras com o pessoal do GATE (Grupo de Ações Táticas e Especiais da Policia Militar, do Estado de São Paulo). A Policia fala para eles que a gente vai só fazer pressão psicológica, que não vai matar ninguém. Então, na hora que a gente tá com eles, eles pensam em tudo, pensam nas ameaças que a gente faz e também pensam nas palestras que eles ouviram. Por isso é que a gente precisa ser firme e falar com firmeza, dar ordens, que é para eles ver que a gente tá determinado a pegar o dinheiro e que se ele não facilitar, a gente vai matar a família dele (Trecho de entrevista com Daniel, condenado por roubos contra bancos e empresas de guarda-valores, realizada em maio de 2003).

Verifica-se uma acirrada consciência que suas “atuações” devem ser convincentes. Expressões, frases, argumentos e gestos utilizados para ameaçar e intimidar as pessoas que mantêm sob jugo são escolhidos com antecedência e discutidos entre os vários componentes de uma quadrilha. Seus comportamentos, em alguma medida, constituem “textos” dramatizados diante dos reféns. Nas semanas anteriores ao assalto são levantadas informações, não somente sobre a rotina de funcionamento da instituição financeira, tais como os horários de chegada e saída de seus funcionários. Nos casos dos assaltos precedidos de seqüestro, são coletados, também detalhes íntimos e confidenciais, referentes aos gerentes e tesoureiros. Tais informações são canalizadas para o momento em que estão ameaçando e coagindo estes agentes a colaborarem com a ação criminosa. Tratam-se de dados que são incorporados ao “texto” dos assaltantes diante dos seus reféns.

Em seu clássico A Representação do eu na vida cotidiana,[2] Erving Goffman (1992) lança uma analogia das circunstâncias sociais de interação com a “representação teatral”. Para ele, quando os indivíduos se apresentam a outros indivíduos, nas diversas formas de interação social, procuram ter o domínio das impressões que serão construídas acerca dele. Para tanto, empregam técnicas semelhantes àquelas adotadas por atores profissionais diante de suas platéias. Em sua metáfora da sociedade teatro, Goffman elabora o conceito de “fachada” que se refere ao equipamento padronizado de tipo intencional ou inconsciente empregado pelo indivíduo durante sua representação (Goffman, 1992, p. 29). A fachada é composta por:

[...] um cenário que inclui mobília, decoração, a disposição física e outros elementos de pano de fundo que vão constituir o cenário e os suportes do palco para desenrolar a ação humana executada diante, dentro ou acima dele e a “fachada pessoal” que designa os itens do comportamento expressivo [...] aqueles que de modo mais íntimo identificamos com o próprio ator e esperamos que o sigam onde quer que vá (Goffman, 1992, p. 29).

Roubos no vapor, como visto, contam com o desempenho dramático dos assaltantes, que devem demonstrar segurança ao anunciarem a ação violenta e se locomoverem com desenvoltura no local do crime, proferindo ameaças, intimidando seus oponentes. Todavia, estas ações “apostam”, sobretudo, na construção de um “cenário” marcado pela imponência das armas com alto poder de destruição. Por outro lado, ações no sapatinho privilegiam a “fachada pessoal”. Segundo Goffman (1992), esta corresponde a uma série de itens “fixos” e “não fixos”:

Entre os itens da fachada pessoal pode-se incluir os distintivos da função ou categoria, vestuário, sexo, idade e características raciais, altura e aparência (atitude e padrões de linguagem, expressões faciais, gestos corporais e semelhantes). Alguns desses veículos de transmissão de sinais, como as características raciais, são extremamente fixos dentro de um certo espaço não variam de uma situação para outra. Em comparação, alguns desses veículos de sinais são relativamente móveis ou transitórios, como a expressão facial, e podem variar, numa situação de um momento para o outro (Goffman, 1992, p. 32).

Nas operações no sapatinho, a atuação dos assaltantes tem importância decisiva. Embora sejam utilizadas armas potentes, a tarefa de amedrontar os reféns é atribuída aos executores da ação criminal, que se utilizam principalmente de elementos não fixos da fachada pessoal: expressões corporais e faciais, linguagens, vocabulários, maneiras de falar e olhar, gestos específicos, capazes de produzir nos oponentes e impressão de que a quadrilha é capaz de matar. Um dos entrevistados, que se diz “especializado” em “assaltos precedidos de seqüestro”, ressalta a relevância de personagens “fortes” ou verossímeis, diante das vítimas:

Esse negócio de você lidar com os sentimentos dos outros é muito sério. Você passa a noite com as famílias e você não pode demonstrar que você tem sentimento, que é capaz de sentir piedade. Você tem que ser muito forte para alcançar seu objetivo. A gente passa uma noite com aquelas pessoas, ameaça, diz que vai matar, mas não pode deixar que elas vejam nossa fraqueza. A gente não pode demonstrar que fica tocado com o sentimento delas. Quando a gente tá trabalhando, não pode demonstrar esse lado. Porque se percebem que você não tá querendo matar, eles não vão entregar o dinheiro. E se eles não entregam o dinheiro, aquele serviço já fracassou. Então, a gente tem que dizer que quer matar e que a vida deles não significa nada pra gente (Trecho de entrevista com Rafael, realizada em maio de 2003).

Devendo demonstrar “frieza” e “firmeza” como a “fachada pessoal” de agressor, cabe ao assaltante emitir impressões capazes de promover volubilidade e obediência.

Os entrevistados costumam enfatizar que, nas operações precedidas de sequestros das famílias dos gerentes ou tesoureiros, a quadrilha fica desincumbida de atacar o alvo em pleno horário de seu funcionamento comercial, tarefa que envolveria maiores risco.

Se você assalta diretamente, invadindo o banco, aí você tem a chance de ter confronto com a Polícia. Mas se você pensa um pouco, você vai fazer da forma que você se arrisca menos. Se você conversa com o gerente antes, você não vai invadir o banco. Você vai evitar um encontro não desejado com a Polícia. Eu não digo seqüestro, como você diz, porque seqüestro é uma palavra muito forte. A gente leva o gerente e também a família dele para um passeio, para uma conversa, aí a gente procura chegar a um denominador comum (Trecho de entrevista com Jorge, condenado por roubos e furtos contra bancos, carros-fortes empresas de guarda-valores, realizada em março de 2003).

Nesta modalidade de ataque, a quadrilha nem ao menos precisa “anunciar o assalto”, pois a companhia de funcionários da instituição financeira facilita o acesso às agências bancárias e empresas de guarda-valores. Coagidos, entregam numerários sem esboçar reação. Desta maneira, quem vai de fato concluir o assalto é o gerente e não o assaltante.

O gerente participa do roubo, sabia? Participa mais do que o ladrão, porque ele é obrigado a colaborar, ele entrega o dinheiro na nossa mão (Trecho de entrevista com Rafael, realizada em maio de 2003).

Portanto, nestes casos, funcionários das instituições financeiras deixam de ser platéias e atuam como atores no espetáculo de um grande roubo.

Há consideráveis diferenças entre os “assaltos precedidos de seqüestro” e aqueles denominados no vapor, em que ocorre uma intensa exposição dos assaltantes. Por empreender ações barulhentas e espalhafatosas, seus praticantes se colocam como o centro das atenções, em “apresentações” elaboradas para as “grandes platéias”. Já os assaltos no sapatinho constituem intervenções performáticas que têm como alvo um “público seleto”. No caso de “assaltos precedidos por sequestros”, a maior parte do drama se desenvolve no ambiente privado das residências dos reféns, ou em “cativeiros” viabilizados pela quadrilha. São ocorrências desprovidas do impacto e tensão explícita, que caracterizam os assaltos no vapor.

Em suas observações das performances cotidianas, Goffman (1992) chama a atenção para as informações que os atores veiculam à platéia, por meio dos estímulos constitutivos de sua fachada pessoal. O autor faz uma distinção entre aparência e maneira.

[...] pode se chamar de aparência aqueles estímulos que funcionam no momento para nos revelar o status social do ator [...] Chamaremos de maneira os estímulos que funcionam no momento para nos informar sobre o papel na interação que o autor espera desempenhar, na situação que se aproxima (Goffman, 1992, p. 31).

De acordo com Goffman (1992), há uma expectativa de compatibilidade entre aparências e maneiras nas fachadas, por parte das platéias. Transportando as considerações do autor para a análise dos assaltos contra instituições financeiras, pode-se afirmar que nos casos dos roubos no vapor se verifica consonância entre aparências e maneira. Nestes eventos, os praticantes da ação criminal revelam a condição de assaltante, desde o primeiro momento: chegam às instituições efetuando disparos, aterrorizam, ameaçam, agem com brutalidade. Em larga medida, esse é o comportamento que a platéia —identificada com as vítimas de um assalto— espera de criminosos, personagem portador de estigmas e estereótipos.

No caso dos assaltos no sapatinho, seus protagonistas disfarçam a condição dos assaltantes. É recorrente as quadrilhas, na abordagem de alvos, utilizarem características ou habilidades de seus integrantes, socialmente associados à “boa aparência”, tais como: pele branca, cabelo liso, nariz afilado, porte altivo, elegância nos gestos e vestimentas. Graças à imagem de distintos cidadãos de classe média, os entrevistados afirmam que conseguem se aproximar dos gerentes ou tesoureiros dos estabelecimentos que pretendem roubar. As duas narrativas a seguir expressam a utilização que concedem aos itens fixos e não fixos de suas fachadas pessoais:

Essa parte de pegar o gerente da instituição tem que ser uma pessoa cuidadosa, que seja capaz de se aproximar dele em qualquer lugar. Tem que ser capaz de abordar ele, onde ele estiver, sem que ninguém perceba que naquele momento tá começando um assalto a banco. Por isso tem que ser uma pessoa educada. Eu gosto de fazer essa parte, porque se eu for, eu consigo pegar sem ninguém perceber. Eu me aproximo dele, invento qualquer desculpa, tiro ele do meio do povo e levo para um particular (Trecho de entrevista com Daniel, realizada em abril de 2003).

Precisa de uma aparência mais ou menos, porque a maioria do pessoal, gerentes de empresas, tesoureiros, moram em bairros requintados. Então não pode botar qualquer um pra ir no bairro porque vai chamar a atenção da vizinhança. Tem que ser alguém que pareça ser morador daquele bairro (Trecho de entrevista com Rafael, realizada em abril de 2003).

Os assaltantes que atuam no sapatinho trapaceiam suas vítimas no “jogo” da representação social. Pois se apresentam sob aparências dissonantes de estereótipos identificados com o “bandido”, apostam na “boa impressão” causada por suas fachadas pessoais. Desta maneira, aproximam-se de seus alvos e conseguem atacá-los, discretamente. Somente minutos depois que foram abordados, os reféns tomam consciência do assalto. A incompatibilidade entre a aparência de “cidadãos bem-educados e bem-vestidos” e as maneiras insolentes de criminosos somente se manifesta depois que o roubo é anunciado. A partir deste instante, suas características físicas e vestimentas, responsáveis pela imagem emitida inicialmente, já não se farão acompanhar por um comportamento amistoso, mas por ameaças e coações (Aquino, 2004, p. 67).

Em se tratando das performances diante dos reféns, praticantes de assaltos cujas abordagens se efetuam no vapor são coerentes com suas platéias. Estes, em todos os momentos do roubo, demonstram a condição de “assaltantes”. Como tais, agem com “brutalidade” e “truculência”, modos correspondentes às atitudes esperadas de criminosos por seus oponentes. Por outro lado, quadrilhas que atuam no sapatinho utilizam a “expectativa de compatibilidade entre aparência e maneira” para se aproximar de suas vítimas sem despertar suspeitas e ter chances de “anunciar o assalto”. Nestes casos, a violência não transborda para o espaço público das ruas; é dada por um diálogo assimétrico, em que um dos participantes tem como argumento o poder sobre a vida do outro.

Esta denominação nativa faz referência à música "só no sapatinho", gravada em ritmo de pagode pela banda "Só no Sapatinho". Incluída na trilha sonora da novela Torre de Babel da Rede Globo, que foi ao ar em meados dos anos de 1990, a música se tornou hit nacional em poucas semanas.

Na edição americana, o livro de E. Goffman, cuja primeira tiragem é de 1959, intitula-se The Presentation of self in Everyday Life. A tradução mais adequada para o português seria: A apresentação do eu na vida cotidiana. Todavia, na edição brasileira, a obra ganhou o nome de A Representação do Eu na Vida Cotidiana. O termo presentation foi traduzido como "representação" e não como "apresentação". Outro ponto que convém ressaltar é o título do primeiro capítulo, cuja versão em português da editora brasileira é Representações; no entanto, o nome dado ao mesmo capítulo, no original, por E. Goffman foi Performances.

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Uma modalidade peculiar de "seqüência total da performance"

Como visto, há múltiplos formatos e modos operaríais a partir dos quais podem se efetivar assaltos contra instituições financeiras. Estes envolvem um conjunto de fases: escolha de um alvo, elaboração de um plano, viabilização de infraestrutura para a ação, assalto e fuga, dentre outras. Trata-se de eventos que se desenrolam a partir de etapas sucessivas. A chamada Antropologia da Performance, “campo teórico” desenvolvido por Vitor Turner e Richard Schechner, oferece um referencial profícuo para a análise das seqüências imersas nesta operações.

Nos anos 1960 e 1970, Schechner, diretor e estudioso do teatro, fez sua aprendizagem antropológica com Turner, antropólogo consagrado por suas análises dos rituais. Este, na sua relação com Schechner, torna-se um aprendiz do teatro (Dawsey, 2005b).

Em toda a sua trajetória intelectual, Turner esteve interessado em momentos extracotidianos, instantes e eventos de interrupção da estrutura —pensada pela antropologia social britânica como o conjunto de relações empiricamente observáveis— nos quais as sociedades “sacaneiam-se a si mesmo, brincando com o perigo e suscitando efeitos de paralisia, em relação ao fluxo da vida cotidiana” (Dawsey, 2005a, p. 164-165). Nos anos de 1950, ele observa como as aldeias ndembu, na África setentrional, ganham vida em momentos de crise. A partir deste período, Turner enfatiza que estruturas são carregadas de tensões. Ele opera um “desvio metodológico” nas diretrizes da escola de Manchester, argumentando que para entender a estrutura é preciso suscitar um desvio, olhar para a antiestrutura, buscando elementos não óbvios das relações sociais, momentos de tensão e rupturas (Dawsey, 2005a).

Quando ocorre sua interlocução com R. Schechner, Turner está interessado em eventos das culturas pós-industriais, tais como cultos, festas, carnavais, músicas, danças, teatro, procissões, rebeliões e outras formas expressivas.

Se a perspectiva de análise da performance de Erving Goffman (1992) privilegia o corriqueiro e o ordinário, Turner e Schech-ner se interessam por instantes de interrupção do cotidiano e momentos extraordinários. Estes autores pensam o teatro e as performances como vivências, cuja intensidade está relacionada à excepcionalidade e à quebra de uma rotina.

Em Between Theater & Antropology (1985), Schechner enumera “pontos de contatos” entre a antropologia e o teatro. Uma das interfaces assinaladas entre estes dois “mundos” é a cadeia de etapas constitutivas dos eventos performáticos que ele denomina seqüência total da performance. Esta seria composta pelos seguintes momentos: treinamento, oficinas, ensaios, aquecimento, performance propriamente dita, esfriamento e desdobramentos. Tomando a idéia de uma sucessão performática para analisar operações de assaltos, podem-se pensar as fases de treinamento, oficinas, ensaios e aquecimento como correspondentes às tarefas desenvolvidas ou situações vivenciadas por seus praticantes antes de efetuarem os roubos.

A performance propriamente dita viria a ocorrer durante a realização dos assaltos e das fugas, circunscrevendo o instante em que o roubo é anunciado até o momento em que a equipe criminosa consegue chegar a um esconderijo. Esta etapa compreende situações decisivas e imprevisíveis, conforme argumentei anteriormente. Seus contornos serão consideravelmente modelados pelas habilidades dramáticas dos executores da ação. As fases intituladas por Schechner de esfriamento e desdobramento começam quando a quadrilha consegue chegar ao(s) lugar(es) designado(s) anteriormente como ponto de apoio ou esconderijo. Trata-se de um conjunto de momentos vivenciados como uma “quebra”. Verifica-se um contraste entre a tensão experimentada, durante o assalto e a fuga, e o alívio sentido quando a equipe chega a um local considerado seguro ou protegido de perseguição policiai. Segundo alguns dos entrevistados, a chegada ao “ponto de apoio” detona uma espécie de “ressaca”, demarcada por cansaço físico e mental, decorrentes do dispendio de energia e a sensação de medo, vividos durante um assalto. Tal estado de “ressaca” quase sempre é ofuscado pela consciência de êxito, traduzida em euforia que lhes domina nestas ocasiões.

Nos momentos seguintes, o coletivo criminal trata de dividir o dinheiro roubado e os assaltantes procuram sair da cidade em que o roubo foi efetuado. Inicia-se uma investigação policial para desvendar detalhes do crime, notícias acerca da ocorrência são veiculadas nas mídias escrita e televisiva, suscitando comentários e avaliações diversos, no “mundo do crime” e no “mundo da legalidade”.

Para um profissional, a vivência da performance envolve um conjunto de práticas e aquisições de saberes, sendo algumas habilidades decorrentes de uma longa trajetória em atividades ilegais. Embora o desempenho dramático diante das vítimas não resulte de um aprendizado sistemático, como ocorre com um ator profissional, o praticante de assaltos se torna um bom performer pela vivência de seu ofício, interagindo em um meio de “especialistas”. Segundo Jorge (assaltante tido pela Polícia Civil do Ceará como o maior articulador de ações criminais contra bancos e carros-fortes da região Nordeste), o “bom assaltante é aquele que sabe o que tem que fazer e o momento de fazer, que não tem de ser ensinado, que a gente não tem que tá o tempo todo se preocupando em dizer a ele o que ele tem que fazer”.

A habilidade descrita pelo entrevistado, em alguma medida, pode ser identificada como habitus, tal como o formula Bourdieu (1990). Para este autor, tal disposição funciona como uma espécie de sentido do jogo incorporado. Trata-se de um saber praxiológico ou não tematizado, interiorizado pelos agentes sociais, a partir de suas posições em determinados campos. Configurando-se numa “segunda natureza”, o habitus orienta julgamentos éticos e estéticos, sendo também capaz de se exteriorizar em práticas, ajustadas às demandas de um dado contexto.

Instantes referentes à efetivação do assalto, que tendem a ser considerados pavorosos ou excepcionais pelos reféns, costumam ser interpretados por protagonistas da operação criminal como ocasiões arriscadas, porém necessárias e repetitivas em suas trajetórias.

Ao tratar das intersecções entre antropologia e teatro, Schechner (1985) assinalada também a transformação ão ser ou da consciência, vivida pelos performers. Para o autor, mesmo não deixando de ser ele mesmo para se transformar em outro diante do público, o artista assume características do papel interpretado. Embora não consiga se livrar dos designios do seu himself o ator absorve e incorpora traços do personagem encenado e sofre uma tensão entre sua própria identidade e a que ele representa.

A fala de um dos assaltantes que entrevistei, em alguma medida, elucida a indefinição ou crise detonada pela vivência de diferentes papéis:

Você me vê aqui manso, falando numa boa com você, mas você nem imagina como é que eu sou quando estou trabalhando. Tinha um amigo meu que dizia que eu me tornava outra pessoa. Não é que eu não me lembre do que eu faço depois, mas eu mudo. Eu sou eu, mas faço e digo coisas que eu não faço normalmente, que não tem a ver com o meu jeito de tratar as pessoas (Trecho de entrevista com Rafael, realizada em abril de 2003).

Da mesma maneira que os atores, dançarinos e religiosos pesquisados por Schechner (1985), o “assaltante profissional” não pode imergir no personagem a ponto de deixar de ser ele mesmo ou perder a consciência dos seus atos. Tanto o é que uma das qualidades mais enaltecidas entre os praticantes desta modalidade de crime é o autocontrole. A falta de domínio de si pode desencadear atitudes nocivas aos reféns, a eles próprios e a seus comparsas. O pavor da perda do autodominio foi apontado por alguns entrevistados como um dos elementos que os impedem de consumir álcool ou entorpecentes, quando estão “trabalhando”.

A idéia de transformação do ser, enfatizada por Schechner (1985) na representação do ator, decorre da noção de liminaridade, categoria construída a partir dos estudos de Van Gennep, sobre rites de passage, depois expandida por Turner, em suas pesquisas entre os ndembu. Van Gennep (1978) havia mostrado que todo rito de passagem ou transição se caracteriza por três fases: separação, margem e agregação. A segunda fase do ritual, margem, foi também chamada pelo autor de limem, que, em latim, significa limiar. Esta etapa é caracterizada pela disparidade entre o estado anterior ao ritual e a transição. Trata-se de um momento de “suspensão”, marcado pelo contraste entre a posição na estrutura anterior ao rito e aquela que o indivíduo passará a ocupar depois dele. Para Turner, a liminaridade experimentada durante a performance envolve uma maneira subjuntiva de os indivíduos se situarem no mundo, orientada por um como se e vivenciada por um estranhamento da realidade. Se a vida ordinária se organiza pelo modo indicativo, em que as pessoas e posições são ou foram ou serão, a subjuntiviãaãe, inerente ao momento ritual, instaurando o como se, produz em seus participantes um efeito de “espelho mágico” do real, concedendo-lhes a capacidade de ser não eu.

Percebe-se que a suspensão e a liminaridade, próprias dos rituais, caracterizam o momento de duração de um assalto. Nestes eventos, ao apresentar e experimentar intensamente suas performances, os protagonistas da ação violenta têm consciência de que tais desempenhos repercutirão no futuro, de uma forma relevante, em diferentes esferas de suas vidas. Identificam-se “passagens” nas trajetórias destes profissionais; trata-se de mudanças decorrentes da participação em ocorrências que ganharam repercussão nos meios de comunicação de massa, seja pela ousadia do plano, a forma de violência utilizada ou as altas cifras adquiridas. Nestes casos, o roubo de elevadas quantias, seguido por uma fuga “bem-sucedida”, confere fama aos executores do crime, permitindo-lhes difundir imagens positivas de si, entre outros assaltantes, além de torná-los cotados para tomar parte em futuros negócios ilegais. Por outro lado, o “sucesso profissional” os leva a serem considerados “bandidos de alta periculosidade” e a sofrerem forte perseguição policial (Aquino, 2004, p. 104).

Referindo-se às artes dramáticas e às experiências religiosas, Schechner (1985) enfatiza que as avaliações das performances variam em função das “platéias”. Sobre as “atuações” de praticantes de assaltos, evidencia-se que estas também recebem interpretações diversas e produzem desdobramentos específicos em diferentes círculos sociais. Desta maneira, ações positivamente significadas, no universo dos grandes roubos, são indiscriminadas ou estigmatizadas por critérios emanados de sistemas jurídicos e valorativos, vigentes no “mundo da ilegalidade”.

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Apontamentos finais

A concepção schumpeteriana de empreendedor e as perspectivas de compreensão da performance de Turner, Schechner e Go-ffman tem constituído um valioso panorama teórico para minha análise dos assaltos contra instituições financeiras. A metáfora da sociedade teatro de E. Goffman e sua ênfase no “desempenho de papéis” por atores sociais, em situação de interação, como vistas, revelam afinidades entre estratégias expressivas de elaboração do comportamento, mobilizadas por atores sociais na vida cotidiana, bem como artimanhas adotadas por praticantes de assaltos, diante de seus reféns. Por sua vez, as elaborações apresentadas por Turner e Schechner possibilitam sublinhar a li-minaridade destes eventos, interpretando a atuação dos seus protagonistas como expressão de uma experiência e parte de uma cadeia ou “seqüência” de ações.

Trata-se de elaborações teóricas que propiciam um alargamento de perspectivas para a compreensão do objeto de estudo, impe-dindo-me de reduzi-lo à dimensão de ocorrência criminosa ou ação violenta. Por outro lado, possibilitam enfatizar o caráter de atividade econômica e desempenho dramático imerso nestas ocorrências criminais “sofisticadas” e “arguciosas”.

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Referências

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Van Gennep, A. (1978). Os ritos de passagem. Petrópolis, RJ: Vozes.

Weber, M. (1981). A ética protestante e o espírito do capitalismo. Brasília, DF: Pioneira: UnB.

Weber, M. (1974). Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: J. Zahar.

La violencia generada en Colombia como producto de su conflicto armado interno; las movilizaciones de las minorías indígenas en Chile; la protesta ciudadana en Argentina alrededor de la explotación minera, entre otros fenómenos, son algunos de los temas que trata esta publicación fruto de la alianza entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe de la Universidad del Norte. Más allá de la descripción de los conflictos, la obra busca analizar el alcance que empiezan a tener en América Latina los llamados nuevos movimientos sociales y de protesta ciudadana como protagonistas de la búsqueda de transformaciones en una región históricamente marcada por altos porcentajes de inequidad y pobreza.