Colección Becas de investigación

LAS SERVIDUMBRES DE LA GLOBALIZACIÓN:

VIENTO, CRÉDITOS DE CARBONO Y REGÍMENES DE PROPIEDAD EN LA GUAJIRA, COLOMBIA

Pablo Jaramillo

La Colección Becas de Investigación es el resultado de una iniciativa dirigida a la difusión de los trabajos que los investigadores de América Latina y el Caribe realizan con el apoyo de CLACSO.
Este libro presenta la investigación que el autor realizó en el marco del concurso de proyectos sobre Bienes comunes: espacio, conocimiento y propiedad intelectual organizado por el Programa de Becas de CLACSO con apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Asdi.
Los contenidos de este libro han sido evaluados por un especialista externo a la institución en un proceso de revisión por pares.
Jaramillo, Pablo
Las servidumbres de la globalización : viento, créditos de carbono y regí- menes de propiedad en La Guajira, Colombia . – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2013. -
E-Book. -(Becas de investigación) ISBN 978-987-1891-98-6
1.Globalización.2. Ecología.I.Título CDD 570
Otros descriptores asignados por CLACSO:
Globalización / Bienes comunes / Espacio / Colombia / Conocimiento / Ecología / Propiedad / Cambio climático / Comunidad / Medio ambiente
Captura de pantalla 2013-11-20 a la(s) 12.20.10Secretario Ejecutivo de CLACSO
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Colección Becas de Investigación

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Coordinador Editorial
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Coordinador de Arte
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Primera edición

Las servidumbres de la globalización: Viento, Créditos de Carbono y Regímenes de Propiedad en La Guajira, Colombia (Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2013)
ISBN 978-987-1891-98-6
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Este libro está disponible en texto completo en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO <www.biblioteca.clacso.edu.ar>

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

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Agradecimientos

Esta investigación fue financiada con una beca B1 CLACSO-ASDI de la convocatoria “Bienes Comunes” 2011. También recibí un apoyo fundamental de la Universidad de los Andes durante la investigación.

Más allá de estos apoyos, como toda investigación social esta fue posible gracias a una compleja red de colaboraciones. En el territorio wayúu, la amistad de María, Cirita y Nancy fue clave para conseguir unas conversaciones fluidas y cordiales con quienes directamente viven en las vecindades del proyecto analizado. Todos los habitantes de Kasiwolin y Arrutkajui fueron muy amables al permitir que extraños caminaran por sus preciados territorios. Asimismo, el personal de EPM, especialmente Clara Teresa Isáza y Germán Echavarría que amablemente atendió al equipo de investigación cuando fue solicitado fue muy importante para tener todas las visiones posibles sobre la presencia del parque eólico en el territorio indígena. Lo mismo va para las personas de EPM que estuvieron presentes en La Guajira durante el trabajo de campo y que amablemente accedieron a una entrevista o que hiciéramos parte de sus rutinas diarias. Muchas personas que hicieron parte de la historia de la constitución del parque eólico accedieron a entrevistas y a compartir sus visiones y anécdotas. En este sentido, gracias a Wilder Guerra Curvelo y al personal de Corpoguajira.

Esta investigación también se nutrió de conversaciones e interacciones en las oficinas de EPM en Medellín, Colombia. Allí el acceso dado por Nelson Betancour, Ana Sandoval y Jaime Aramburo fue central para entender el proyecto en su pasado y su presente. También aportaron material documental clave para entender aspectos centrales de la producción de energía eólica en Colombia.

En Washington D.C. entendí que organizaciones complejas como el Banco Mundial y el BID funcionan gracias a redes de cooperación personal. Muchas personas colaboraron para que yo pudiera entrar en las mismas y compartieron conmigo conocimientos, opiniones y mucho café en medio de ocupadas agendas de trabajo. Gracias a Dianna Pizarro, Kennan Rapp, Manuel Luengo, Alonso Zarzar, en el Banco Mundial y a Walter Vergara, Wesley Ureña, Luciano Bornholt y Jon Redshaw del BID. Las múltiples ocupaciones de algunos funcionarios de estas organizaciones se pusieron en el camino de una conversación, pero esto no impidió que personas como Jorge Villegas, de IFC, amablemente colaboraran con mis propósitos.

Agradezco inmensamente a Erika Sierra, quien fue una colabo- radora constante durante todo el proceso de la investigación. Sin su disciplina y excelente trabajo en campo, esta investigación no hubiera sido posible. Igualmente, mis colegas y colaboradores en el departa- mento de antropología de la Universidad de los Andes, especialmente Luz Floralba Herrera, Carlos Alberto Uribe y Margarita Serje, ayudaron de múltiples formas para que esta investigación tomara el rumbo que tomó.

Gracias a mi familia y amigos por el apoyo constante y la toleran- cia en los momentos de ausencia y tensión que en algunos momentos atravesaron la investigación.

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Acrónimos

AAU                 Assigned Amount Units
BID                 Banco Interamericano de Desarrollo
CD CF              Community Development Carbon Fund
CDMs             Clean Development Mechanisms
CER                Certified Emission Reduction
COP                Conference of Parties Corpoguajira Corporación Autónoma Regional de La Guajira
DGAI               Dirección General de Asuntos Indígenas
EPM                Empresas Públicas de Medellín
EPSA              Empresa de Energía del Pacífico S.A.
ERPAC            Emissions Reduction Purchase Agreement
ERU                Emission Reduction Units
FCC                Fondo Comunitario de Carbono
GTZ                 Deutsche Gesellschaf t für Internationale Zuzammenarbeit
IBDR               International Bank for Development and Reconstruction
IDA                 International Development Agency
IFC                 International Finance Corporation
INCODER        Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
IPP                  Indigenous Peoples Plan
IPPF                Indigenous Peoples Planning Framework
JAC                  Juntas de Acción Comunal
MVP               Monitoring and Verification Protocol
ONIC              Organización Nacional Indígena de Colombia
ONU               Naciones Unidas
PFIC               Plan de Fortalecimiento Institucional y Comunitario
REDD              Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
REDD+            Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation p/ws conservation of forest carbon stocks, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks
SEA                Strategic Environmental Asessments
SENA              Servicio Nacional de Aprendizaje
UFC                Unidad de Finanzas de Carbono
UNEP              United Nation Environment Program
UNFCCC         United Nations Framework Convention on Climate Change

WMO              World Meteorological Organization

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Pablo Jaramillo[1]

Profesor Asistente de Antropología, Universidad de los Andes, Colombia. PhD en Antropología Social de la Universidad de Manchester↵

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Introducción

Sorbí el último trago de café en el Starbucks de la intersección de H con 18 en Washington D.C. Estaba nervioso. Muchos de los comensales portaban un carné en su cintura con unas letras mayúsculas “ID” y un globo terráqueo perfecto dibujado en él. Crucé la calle e intenté entrar a un una mole gris con blanco de quince pisos que llevaba el mismo símbolo de los carnés en la primera planta. Un celador afroamericano me dijo, “visitor of the World Bank? Please go to the corner and go through the door marked as visitor’s entry’”. Una vez identificado me encontré con el funcionario del Banco encargado de supervisar los Clearences para los proyectos de carbono de REDD+. Con él compartí un café y un biscotti en el atrium del Banco. Es la misma persona que alguna vez estuvo a cargo de evaluar parte del proyecto de energía eólica que me llevó a este edificio en Washington D.C en primer lugar. También, como yo, es antropólogo y se dedica a la evaluación de proyectos sociales del Banco. Él me familiarizó por primera vez con todos los laberínticos mecanismos que permiten que el viento pueda ser apropiado. Entendí en una conversación que avanzó al ritmo del Banco mismo, que es imposible pensar la emergencia de regímenes de propiedad de los comunes globales contemporáneos con conceptos desarrollados para entender la apropiación de bienes a escalas pequeñas. Este libro se trata sobre cómo emergen formas de conocimiento experto, y como sus divisiones y resultados técnicos derivan en la constitución de regímenes de propiedad de la globalización.

Este es un libro sobre la negociación de bienes comunes, globales y aparentemente inalienables. ¿Cómo puede un bien inalienable ser negociado? La pregunta surgió en otra institución transnacional. En el 2008, durante mi tesis doctoral tuve la oportunidad de compartir dos semanas en la sede las Naciones Unidas en New York con un grupo de líderes indígenas colombianos participando del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII). La más cercana a mí era una líder wayúu con la que venía trabajando por algunos meses sobre las violaciones de derechos humanos en el norte de Colombia. Ella estaba interesada por la relación entre estas últimas y los megaproyectos en implementación en el territorio ancestral de su familia. Aunque relativamente pequeños junto a la mina a cielo abierto más grande del mundo que queda en el mismo territorio (llamada Cerrejón), Jepírachi era un proyecto de generación de energía eólica relativamente pequeño. Produce cerca de 20 MG de energía, cerca del 0,3 por ciento de la electricidad del país (Vergara, et al., 2010). El caso es especial por dos motivos. El proyecto ha modelado en gran parte la implementación de energías limpias en el mundo en territorios indígenas y, no menos importante, la fuerza del viento en la región donde fue implementado tiene el potencial de generar el doble del consumo energético del Colombia en la actualidad, lo cual lo hace un área de atención permanente para inversionistas. Esta líder estaba bien consiente del asunto y durante un evento del Banco Mundial en el marco del UNPFII se fue lanza en ristre contra el proyecto. Acusó al proyecto de no estar lo suficientemente atento al contexto violento de la región en el momento de su implementación. El comentario tuvo efectos importante que aún resuenan en las oficinas del quienes implementaron el proyecto, Empresas Públicas de Mede-Uín, y quienes lo necesitaban para la creación de bonos de carbono, el Banco Mundial. Pero también algunos líderes del área del proyecto reaccionaron agresivamente contra el comentario como una afrenta a ellos mismos y a sus familias.

Entre la tesis del Banco Mundial como una institución maquiavélica (una visión común entre líderes indígenas) y las comunidades como las víctimas irremediables me parecía haber una brecha que requería explicación. De ahí surgió la idea de este proyecto que demandaba hablar con todos los involucrados y que pretendía dar respuesta a una pregunta aparentemente sencilla: ¿quién era el propietario de los dividendos ambientales, sociales y económicos que se derivaban de Jepírachi? O más crípticamente, ¿quién era dueño del viento de los wayúu? Este texto es un esfuerzo por responder a esta complicada pregunta.

El presente documento analiza las múltiples disputas por apropiar el viento como recurso económico, patrimonio cultural o metáfora central de la alianza social indígena en la península de La Guajira, Colombia. Las disputas en torno a la apropiación del viento se han dado desde el año 2002 con la construcción del parque eólico’ en la región para la producción de energía eléctrica, dentro de territorios ancestrales de los indígenas wayúu. El proyecto de hacer rentable el viento, además, se encuentra enmarcado en concepciones indígenas de este elemento del entorno como sagrado. En estas disputas se encuentran inmersos comunidades locales y sus líderes, instituciones del Estado, empresas de servicios públicos colombianas y organizaciones transnacionales, principalmente el Banco Mundial. El documento analizará cómo se conceptualiza el viento por las distintas partes involucradas en su apropiación como recurso natural’ y cómo las nociones de apropiación se producen y transforman en las relaciones entre los actores que despliegan o inculcan modelos de propiedad. En términos metodológicos, como se explicará al final de este capítulo, este libro es producto de una etnografía multi-situada (Marcus, 1995) que contempla las comunidades implicadas en la operación del parque eólico (Kasiwolin, Arrutkajui y Media Luna, La Guajira, Colombia) y las organizaciones directamente involucradas en su implementación como Empresas Públicas de Medellín (Medellín, Colombia) y el Banco Mundial (Washington, Estados Unidos de América).

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Apropiar el viento

Clamar una parte de los dividendos de lo que hemos terminado en llamar globalización requiere un proceso análogo al que viví al entrar al Banco. Estirando un poco la metáfora, los wayúu tuvieron que entrar por la puerta de visitantes, al igual que yo. Una vez visitantes, sin embargo, su lugar no se limitó a la testificación de un proceso. Fueron parte de hacer preguntas claves, demandas acuciantes, requerimientos inaplazables. En vez de pretender ser un observador del proceso, mi lugar como etnógrafo de la globalización en el contexto de la generación de energías limpias fue parecido al de los wayúu: ¿cómo, a través de la investigación misma, hacer las preguntas adecuadas, determinar las relaciones relevantes como para crear un efecto en la circulación de las ganancias de las energías limpias emergiendo de territorios indígenas? Los pueblos y territorios indígenas han sido vistos durante las últimas décadas como garantes de las soluciones frente a problemas medio-ambientales mundiales (Ulloa, 2005). Con las preocupaciones globales frente al cambio climático, estas nociones han sido traducidas en acciones que usan los territorios y comunidades indígenas en el marco de iniciativas para producir energías limpias o mecanismos de mitigación frente al amenazante fenómeno (como el caso de REDD y REDD+ que serán profundizados más adelante). Dichas iniciativas han apropiado elementos del entorno de los pueblos indígenas como recursos para producir ganancias económicas, mientras que las comunidades donde directamente se implementan las han visto tanto como una alternativa de ingresos y como una forma de poner en riesgo su soberanía territorial y su conocimiento tradicional. Los múltiples conceptos de propiedad a través del cual es usado un elemento del entorno se establecen, sin embargo, no solo localmente, sino a través de una red de prácticas, discursos y relaciones que involucra actores (institucionales o no), locales, nacionales, regionales y transnacionales, que actúan en nombre del Estado o de entidades privadas.

En el caso de La Guajira, un territorio mayoritariamente habitado por indígenas wayúu (el pueblo indígena más numeroso de Colombia y Venezuela) en el norte de Colombia, que han resistido por siglos las influencias foráneas (Weilder Guerra Cúrvelo, 2007; Polo Acuña, 2012), una empresa de servicios públicos colombiana (Empresa de Servicios Públicos de Medellín) y el Banco Mundial han venido implementando desde el año 2002 un proyecto de energía limpia conocido como Jepírachi usando las fuertes corrientes de viento para producir energía (World Bank, 2002). Tres comunidades (y, como se verá, este término es más una categoría etnográfica que se fue cristalizando en el proceso) indígenas (Kasiwolin, Arrutkajui y Media Luna) fueron involucradas en la ejecución con las promesas de hacerse beneficiarios de las medidas de compensación por el uso de su territorio en concordancia con los lincamientos del Banco Mundial en términos de relaciones con los pueblos indígenas (World Bank, 2005b, 2005a). El lugar de operación del proyecto (conocido genéricamente como Jepirra), sin embargo, es considerado como sagrado por los indígenas wayúu, pues es allí donde se dirigen los muertos a vivir en una suerte de inframun-do. Adicionalmente, y no por eso menos importante, las almas de los muertos son arrastradas a este punto por el viento. El viento y Jepirra, por tanto, incorporan sentidos de indigenidad irreductibles a la utilización técnico-científica del entorno, constituyéndose en elementos del paisaje que representan en varios planos la pertenencia e identificaciones étnicas wayúu. Mientras algunos líderes indígenas wayúus le han dado la bienvenida al proyecto de producción de energía eólica por los recursos monetarios implicados, otros líderes han criticado el uso del viento como mercancía al representar una forma de traición étnica. El proyecto de producción de energía eólica ha dado lugar a intercambios de posiciones en ámbitos públicos y privados, así como en tonos conciliadores e incrimínatenos.

Por otro lado, el desarrollo de la energía proveniente del viento tiene todos los atributos que las democracias liberales aspiran a ser: es transparente, es cosmopolita y es libre – al menos en principio: “el viento es una fuente sustentable de energía pues es renovable, ampliamente distribuido y abundante[1]” (Khalighy Onar, 2010: 101). Como las democracias liberales, las condiciones “locales” de la producción eólica también puede representar sus límites: “la rugosidad de la superficie y los obstáculos no solo afectaran la velocidad del viento, sino también su dirección y potencia total[2]” (Khaligh y Onar, 2010: 102). Como no lo recuerda Mitchell (2011) para el caso de la energía producto de hidrocarburos, tanto la una como la otra deben ser obras de ingeniería.

En la península de La Guajira un rotor gira impulsado por los vientos alisios, producidos por el calor del desierto del Sahara y la rotación de la tierra. La electricidad que el rotor produce viaja a través de la red de interconexión eléctrica nacional para ser vendida en el mercado de los servicios públicos. Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía que construyó y opera el parque eólico también negocia con bonos de carbono a través de la Unidad de Finanzas de Carbono del Banco Mundial (BM) para ser comprados, en este caso por un Fondo de Carbono al que contribuyen varios países. El Banco entrega un premium extra al operador por sus programas sociales para los habitantes indígenas en la vecindad del parque eólico. En este punto la circulación empieza a lucir mucho menos transparente, cosmopolita y libre. En la medida en que la energía eólica depende de la localización, esta implica una compleja proliferación de derechos de propiedad para hacer apropiable el símbolo último de lo imposible de poseer. Hay, de esta manera, dos sentidos de la palabra democracia cuando uno se refiere a la relación entre energía, formas sociolegales y estrategias políticas:

El término ‘democracia’ puede tener dos tipos de significados. Se puede referir a la manera de hacer demandas efectivas por un mundo común más justo e igualitario. O, se puede referir a la forma de governar poblaciones que emplea consentimiento popular como un medio de limitar demandas de mayor igualdad y justicia a través de la división del mundo común. Tales límites son formados a través del reconocimiento de ciertas áreas de interés público, sujetas a la decisión popular, mientras se demarcan otros campos a ser administrados por métodos alternativos[3]. (Mitchell, 2011: 9)

Analizar la proliferación de los derechos de propiedad en el contexto de las energías limpias implica un desafío conceptual: ¿Propiedad sobre qué entidades? ¿Sobre los territorios indígenas comprometidos en la generación de energía? ¿Sobre el viento que se requiere para generarla? ¿Sobre los Megawatts? ¿Sobre los créditos de carbono? Parafraseando a Mitchell (2011), quien dice que la discusión sobre la geopolítica del petróleo es en realidad un debate sobre los petrodolares, mucha de la discusión sobre la propiedad de los bienes comunes no es en realidad sobre la institución misma, sino sobre su administración. En este sentido elegir entre una de estas entidades evade el problema pues todas ellas están mutuamente comprometidas en constituirse como objetos de propiedad; y esta constitución no puede ser explicada aludiendo a un “conjunto de derechos”, sino a un proceso de comunicación y negociación en permanente cambio (Busse y Strang, 2011).

Siguiendo a una tradición naciente de estudios sociales que se preocupan por la organización social de la energía, una energopolítica (Barbour, Brooks, Lakoff y Opie, 2010; Boyer, 2011; Henning, 2005; Nader, 2010), las siguientes secciones analizan tanto abordajes tradicionales al problema de la propiedad de bienes comunes para producir energía como un marco analítico que trata de abarcar tanto el problema de los derechos de propiedad como de comprender la constitución de objetos apropiables.

Cita original: "Wind is a sustainable energy source since it is renewable, widely distributed, and plentiful."↵

Cita original "Surface roughness and obstacles not only will affect the speed of the wind, but also affect its direction and overall power."↵

Cita original: "The term 'democracy' can have two kinds of meaning. It can refer to ways of making effective claims for a more just and egalitarian common world. Or it can refer to a mode of governing populations that employs popular consent as a means of limiting claims for greater equality and justice by dividing up the common world. Such limits are formed by acknowledging certain areas as matters of public concern subject to popular decision while establishing other", fields to be administered under alternative methods of control."↵

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Pensar apropiadamente

La pregunta inicial de la que surgió este libro es por los diversos conceptos de propiedad que entran en tensión en el proceso de hacer rentable un elemento del paisaje. La concepción del viento como fenómeno permanente, inagotable y limpio que hace que su apropiación aparezca en los discursos ambientalistas y energéticos como inocua, por un lado, pero considerado sagrado por las personas de las comunidades indígenas donde se aplica el proyecto analizado (Jepírachi), por el otro, genera un espacio de ambigüedad en la relación con los bienes comunales. El viento aparece como un elemento interesante de análisis porque aparentemente no puede ser apropiado como mercancía. En ese contexto el análisis apunta a explicar la posibilidad que tiene la producción de energía eólica (como un caso particular de energía limpia), de crear ‘mercados’ en ámbitos previamente excluidos del mismo, tales como las relaciones sociales locales, las regalías sobre las ganancias en el sector energético, el paisaje y ‘la cultura indígena’ en sí misma, que es generalmente usada para promocionar el proyecto de generación de energía analizado.

Pero para responder a esta pregunta fue necesario hacer un análisis crítico de los conceptos desde los cuales se han pensado los procesos de emergencia de regímenes de propiedad. Al estudiar las dinámicas locales y transnacionales de apropiación del viento, busco aportar a la re-conceptualización de las nociones de derechos indígenas sobre el paisaje y el territorio, así como apuntar a una mejor comprensión sobre las relaciones entre actores interesados en la apropiación del entorno como capital.

El viento es un bien muy particular de problematización académica. La mayoría de análisis que lo han tenido en cuenta como objeto de manejo lo enmarcan ya como una alternativa a los problemas energéticos (Tietenberg y Lewis, 2009), ya como problema ambiental en sí mismo y, en este sentido, como un asunto de la propiedad del aire limpio (pues el viento mueve partículas contaminantes) (Brohé, et al. 2009). En ambos casos la mirada ha sido fundamentalmente económica. Los análisis que se han concentrado en el problema de la propiedad sobre el aire limpio se han derivado de la parábola de “La Tragedia de los Comunes” (Hardin, 1968), el impulso de los particulares a usar bienes comunes para beneficio propio, conllevando inevitablemente a su agotamiento. En esta misma dirección, y con el advenimiento de los debates sobre el cambio climático, se han reactualizado conceptos como ‘externalidad’ que apuntan a visibilizar (y cuantificar de ser posible), los costos no implícitos en el precio que los ciudadanos pagan por el aire (Stern y Great Britain Treasury, 2006). Desde esta perspectiva, las comunidades locales han venido a jugar un papel (tangencial) como aliadas en la conservación (Agrawal y Gibson, 1999) y sus conocimientos, en la medida en que son instrumentales en este sentido, se vuelven objeto de propiedad intelectual (Zerda Sarmiento, 2003).

Estas alternativas analíticas parten de que cualquier elemento del entorno debe ser apropiado, si ha de ser correctamente manejado. En otras palabras, los debates son sobre cómo los objetos (de propiedad) deben ser administrados, pero nunca se preguntan por objetos sobre los cuales nunca se había clamado propiedad (Busse y Strang, 2011: 3). Por este motivo tales abordajes han fallado en preguntarse cómo se define lo comunal por fuera de la doctrina de la apropiación/principio-de-la-captura (rule of capture) de la ley anglosajona (Shiva, 2010). Aunque hay voces dentro de los debates economicistas sobre la importancia de la moralidad y los valores en la definición de la propiedad (D. Friedman, 2008), no han dejado de ver los problemas de los bienes comunes como un asunto formas de apropiación (y en últimas, de maximización del beneficio).

La antropología y otras ciencias sociales se han aproximado al problema preguntándose, en primer lugar, cómo se definen los conceptos de propiedad. Desde una definición relacionai de propiedad en la cual el foco de atención no son los objetos apropiados, sino las relaciones entre cosas y personas (Hann, 1998b), la mirada sobre lo que es (y puede llegar a ser) común, se amplía. El valor económico se vuelve, así, apenas una posibilidad de definir la propiedad, la circulación e intercambio de objetos (Graeber, 2011). Desde una perspectiva relacionai el análisis se ha concentrado en la diversidad de conceptos de propiedad y las regulaciones sobre el acceso a las cosas (Hann, 1998a). Este tipo de tratamientos del problema se ha ocupado por ver la propiedad privada como una entre muchas posibilidades de relacionarse y apropiar el entorno. Los debates en este sentido han tenido particular resonancia en el contexto de la universalización de los derechos de propiedad intelectual como la estrategia principal para apropiar el conocimiento de otras personas, particularmente de pueblos indígenas (Hirsch y Strathern, 2004; Zerda Sarmiento, 2003; Brown, 2003). Es también importante subrayar que los análisis más recientes sobre propiedad intelectual también han tenido en cuenta el carácter fundamentalmente transnacional de los procesos actuales de definición e imposición de nociones de propiedad sobre el entorno. La perspectiva relacionai de la propiedad es clave. Sin embargo, su aporte ha consistido más en mostrar la diversidad de formas que puede asumir la institución de la propiedad que en dar pistas sobre cómo emergen y funcionan sus regímenes.

Por la gran cantidad de entidades apropiables que implica, la energía eólica resultó ser un campo particularmente prolífico para pensar en marcos analíticos que permitan una mejor comprensión de la emergencia de regímenes de propiedad, de cuándo se constituyen alrededor de lo común y cuándo se constituyen como privativos, pero también sobre cuándo se hacen excepciones y cómo se crean reglas paralelas para el acceso y apropiación de un mismo bien.

El problema con los derechos de propiedad para el desarrollo de energía eólica es que, como sucede con los minerales, la noción de que los derechos de posesión en la superficie se proyectan hacia el cielo y hacia el centro de la tierra, conocido en la jerga legal como ad coelum (et ad inferos), termina siendo un obstáculo infranqueable para casi cualquier tipo de explotación económica del viento. Con los minerales, la noción de que los regímenes de propiedad superficial y subterránea deben estar segregados está muy difundida hoy en día y la entidad soberana tiende a reclamar la propiedad sobre este último dominio – de ahí la relación entre regalías y rey (DuVivier, 2009). La segregación de regímenes de propiedad se encuentra parcialmente sustentada en la idea de que tecnologías y habilidades especiales son necesarias para explotar dominios específicos de propiedad. El problema con aplicar la misma lógica sobre el cielo es que, a diferencia del suelo, se mueve constantemente. Cuando los involucrados en la negociación de los derechos de propiedad son pueblos indígenas, esta característica puede tener resultados inesperados[1]. Una líder indígena wayúu, por ejemplo, ha sostenido que los vientos transportan las almas de los muertos a su vida ultraterrena y consecuentemente una negociación que excluya todo el pueblo indígena será ilegítima en principio. El hecho que este argumento creó una respuesta entusiasta y hasta agresiva de parte del Banco Mundial para defender la reputación del proyecto habla sobre las sensibilidades que vienen con la negociación de derechos de propiedad. En el caso de Colombia, la discusión se encuentra situada en un contexto muy particular donde los territorios indígenas son propiedad colectiva, lo que crea tres preguntas difíciles de responder: ¿Cómo se aseguran los operadores de mantener su lugar privilegiado para generar energía eólica?, ¿cómo se establecen los límites de “lo colectivo”? y ¿cómo se redistribuyen los beneficios y compensaciones?

Para responder a estas preguntas es necesario reconsiderar la manera como se ha planteado el debate sobre la propiedad del cielo a través del problema del ad coelum. Esto conlleva a una revisión más general del concepto de propiedad y sus nociones subsidiarias. Dentro de las distintas disciplinas que analizan críticamente la propiedad como institución se ha vuelto un lugar común referirse a la posibilidad de definir la propiedad en dos sentidos distintos (Hann, 1998b; Buck, 1998). La primera, asocia la propiedad con la cosa poseída. Esta noción se acerca más al sentido común y en la literatura antropológica es conocida como fetichista, en la medida en que atribuye al objeto características que son en realidad derivados de las relaciones sociales en las cuales se encuentra inmerso. La segunda, concibe la propiedad como una relación social y en esa medida la asocia a un conjunto de derechos que median la relación entre la cosa, el agente que posee y los agentes que reconocen los derechos del segundo sobre el primero. En general, los analistas consideran que la primera forma de definirlos es más prosaica y vulgar y saltan a centrar las teorías en la segunda acepción. Un comentario sobre esta tendencia se encontrará más adelante.

De cada una de estas posibles formas de definir la propiedad se derivan clasificaciones sobre las diversas formas en que se presenta. De la noción fetichista el mejor ejemplo es la ampliamente difundida categorización en el derecho romano. Los bienes de propiedad de los gobiernos son res publica, los que pueden ser accedidos por cualquier individuo y no pueden ser adquirido son res comunes, los bienes sobre los que no hay propiedad en lo absoluto (cosas abandonadas) son res nullius y los que son apropiados por individuos res privatae. Estas definiciones se centran en la cosa poseída (Buck, 1998: 4).

La noción basada en los derechos es más comprensiva y apunta a definir algunas características también del objeto de apropiación. Se basa en dos categorías: exclusividad y substractibilidad. Exclusividad hace alusión a las posibilidades de hacer uso exclusivo del objeto de propiedad. Substractibilidad indica el grado en el que el uso afecta la cantidad de un recurso que queda disponible. Esta es una manera de categorizar la propiedad más ajustada a los problemas que tienden a emerger con los regímenes de propiedad de bienes comunes (Buck, 1998: 5). Buck ha generado una tabla (ver Figura 1) sencilla que permite clasificar objetos de apropiación de acuerdo a estas categorías:

Como puede fácilmente notarse la noción de propiedad como conjunto de derechos y sus formas de clasificación se refieren a bienes, que es aquí una palabra intercambiable por el concepto de recursos. Estos últimos pueden ser cosas materiales que tienen dominios de recursos, es decir, el lugar donde se encuentran, o extensiones espaciales en sí mismas (spatial extensión resources) cuyo valor está dado por su ubicación (Buck, 1998: 3). La naturaleza de cada uno de los recursos demanda un conjunto de reglas que definen los derechos de apropiación, que es a lo que se denomina un régimen de propiedad.

El vocabulario usado para teorizar la propiedad no es, sin embargo, del todo satisfactorio. Hay una mezcla entre asunciones teóricas, antropológicas y ontológicas sobre las que me interesa llamar la atención. La primera es que la distinción entre las dos formas de entender la propiedad (fetichista vs. paquete de derecho) en la que se basa estas clasificaciones es importante, pero hay algo sospechoso en ella: no hay quien seriamente defienda una teoría de la propiedad desde la noción fetichista de la misma. Esto da cuenta de una falacia (un “hombre de paja”) en el corazón de la teorización sobre la propiedad y se relaciona con una visión simplista de los objetos de posesión, que aparecen como cosas dadas en el mundo.

La segunda es que el énfasis en las teorías de la propiedad en los derechos de acceso tiene que ver, por otro lado, con que éstas (las teorías) están orientadas en su mayoría a la administración y control de los bienes. En el caso de los bienes comunes la terminología hasta el momento revisada apunta a la explicación de modelos economicistas de cooperación o competencia frente de los recursos comunes y sobre cómo evolucionan las instituciones que permiten su regulación (cf. Os-trom, 2000; Cole y Ostrom, 2012). En este sentido, los modelos están más concentrados en la toma de decisiones y las reglas de acceso que en la explicación de propiedad como una forma específica de imaginar la sociabilidad y la naturaleza humana (Purdy, 2010).

Relacionado con lo anterior, un tercer punto que encuentro insatisfactorio en el análisis de los regímenes de propiedad desde la perspectiva de los derechos es que parten de una visión hegemônica (“desde-arriba”) del valor económico. En la medida en que estos análisis clasifican el mundo entre lo que puede ser apropiado y lo que debería pero resulta difícil, imposible o inconveniente, implícitamente se asume un estándar económico en las relaciones que los humanos pueden establecer con su entorno. ¿Dónde queda el resto del mundo? ¿Dónde quedan las cosas que pueden ser apropiadas, pero donde distintos colectivos humanos difieren radicalmente sobre su definición? Es necesario, en principio, apuntar a una noción (relacionai) de la propiedad donde múltiples nociones de valor entren enjuego.

Un cuarto punto, tiene que ver con la escala (o la ausencia de una conceptualización sobre sus características) en la que estos análisis se basan. En el mejor de los casos, las discusiones han tendido a proyectar escalas de análisis micro a bienes comunes globales. En ese sentido también crean una homología entre los individuos que juegan en la apropiación y manejo de un bien particular y los actores complejos (naciones, corporaciones, entre otros) que intervienen en apropiaciones de bienes comunes globales. Los análisis tienden a concentrarse en unidades equivalentes entre sí y que se relacionan como si fueran iguales en la legislación internacional. Esto se explica porque la discusión sobre la administración de bienes comunes ha estado dominada por la jurisprudencia internacionalista. Los casos de estudios sobre bienes comunes, bajo esta perspectiva, han sido dominios donde hasta hace poco sólo los estados nación podrían entrar a competir: la antártica, los océanos, la estratosfera, la atmósfera. No sólo es esta una mirada “desde arriba” al problema, sino que, en la medida en que es en el fondo la teoría del siglo XVIII sobre la propiedad, pero maximizada, oculta justamente las nuevas características de los regímenes de propiedad.

Correspondiente con los cuatro puntos problemáticos sobre los conceptos a través de los cuales pensamos la propiedad contemporáneamente se abren cuatro preguntas clave. Estas cuatro preguntas son las que definen las características de los regímenes de propiedad, más allá del conjunto de derechos, como un proceso: ¿Cómo se crea el objeto de posesión? ¿Cuáles son las nociones de sociabilidad humana que implica la apropiación? ¿Cómo se crean y administran las jerarquías de valor? Y, finalmente, ¿cómo se producen las escalas de la propiedad? Responder a estas preguntas por separado es un error. Parte del éxito de la noción hegemônica de propiedad es que ha creado una visión del mundo coherente que responde a las preguntas de la siguiente manera: las cosas son recursos manejados a través de contratos, por individuos (personas naturales o jurídicas) cuya motivación es económica. Una teoría de la propiedad debe explicar cómo opera esta visión del mundo y lo humano, no darla por hecho. Ese es el objetivo de la siguiente sección.

No que esto no ocurra con recursos enterrados también. El caso de los U'wa (Serje, 2003) en Colombia, que resistieron durante años la perforación petrolera con el argumento que se estaba extrayendo la sangre de la tierra, es paradigmático.↵

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Un análisis reticular de la propiedad

La propiedad, como institución, es una forma de imaginarse el mundo. La apropiación no es un rasgo de la naturaleza humana sino una relación contingente con su entorno. Tal como lo ha expresado Purdy (2010: 11), ubicarla en el centro de todas las otras relaciones humanas como han abocado las teorías liberales desde el siglo XVIII es la expresión de un imaginario social a través del cual el mundo se ve de una manera específica:

Estas fueron ideas centrales en grandes desarrollos en marcha en el imaginario social del momento [siglo XVIII]. Tal como Charles Taylor ha sostenido, el siglo dieciocho marcó el comienzo de “una apreciación de la manera en que la vida humana es diseñada para producir beneficios mutuos”, una visión en la que “los humanos están comprometidos en un intercambio de servicios” y “uno podría empezar a ver sociedades políticas a través de una metáfora quasi-económica” (Taylor, 2007:177). Esta idea gradualmente reemplazó visiones duraderas sobre la sociedad como la expresión de una ley jerárquica natural, en la cual los órdenes sociales reflejaban una estructura de superioridad complementaria y subordinación. (Purdy 2010: 10)[1].

Obviamente los nuevos imaginarios sobre los humano y el mundo eran resultado de transformaciones a gran escala (Polanyi, 2001 [1944]), donde los tratados de filosofía política nos aproximan sólo a la manera como se hizo sentido y se naturalizaron las relaciones donde era posible imaginarse una sociedad habitada por individuos en un permanente intercambio – y las crisis morales derivadas de ello (Graeber, 2011). Locke, por ejemplo, defendió un concepto de la persona definida por la propiedad de sí misma: una precondición del trabajo asalariado (o la venta de la energía propia de cada persona) (Macpherson, 1962). Adam Smith, por otro lado, creó las bases del estudio de los intercambios sin necesidad de apelar a postulados morales (Thompson, 1995).

Las grandes transformaciones fueron resultado de la convergencia de un entrecruzamiento de redes de interacción social que Michael Mann (1986: 2) ha subcategorizado en ideológicas, económicas, militares y políticas. Estas redes son también, y sobre todo, formas de organizar relaciones. Si bien la conexión entre tecnología y propiedad es bien conocida, sobre todo por estudiosos de sistemas legales anglosajones (common law), entender la propiedad como parte de redes más amplias implica un considerable paso hacia una teoría más amplia (y menos normativa) de la propiedad. Así, por ejemplo, aunque Banner (2008) ha estudiado la relación entre cambio tecnológico y cambio legal con la invención del avión y el desafío que esto presentó para la doctrina del ad coelum, la relación siempre resulta ser incidental y hacen falta principios más heurísticos para entender regímenes emergentes de propiedad.

La propiedad emergió, en este contexto, como la columna vertebral de toda la economía política de un nuevo orden y en ese sentido no debe ser vista sólo como un tipo ideal de institución liberal, sino como una forma de organización social que implica infraestructuras, tecnologías, conocimientos expertos, una noción de sociabilidad y agencia humana, unas nociones de definir el valor social de los objetos y procesos y, finalmente, la producción de ciertas escalas espaciotemporales. Esto nos aproxima a un análisis más comprehensivo de la propiedad que es, en efecto, reticular.

Al analizar la propiedad como el resultado de redes, el análisis continúa una perspectiva relacionai entre seres humanos y el entorno (Ingold, 2000). Bajo esta mirada, cualquier forma de propiedad sobre el entorno es históricamente específica y contingente. Pero traducir esto a una perspectiva de categorías más específicas ha implicado el análisis más detallado de dos tradiciones teóricas contemporáneas que toman la red como una categoría heurística fundamental. Aunque dichas perspectivas teóricas han tendido a ignorarse mutuamente, parte de mi argumento es que el análisis de los regímenes de la propiedad las hace confluir.

Como se mencionó al final de la sección anterior, la configuración de conceptos y regímenes de propiedad implica una conceptualización del objeto de posesión, las nociones de valor del mismo, las escalas de apropiación y de quién es el agente que posee (y cuales relaciones sociales lo definen). El objeto de apropiación, sea este material (una cosa) o inmaterial (un concepto, una idea o un derecho) ha estado en el centro de las teorías de la propiedad como se explicó en la sección anterior. Partir del objeto asume que el mismo sencillamente está en el exterior perfectamente articulado para ser poseído. Los estudios sociales de ciencia y tecnología han sido particularmente críticos de esta noción de objeto. Para Latour (2005), los objetos no son el punto de partida, sino el resultado de un proceso que es en sí mismo social. Los objetos son una asociación de otras entidades y relaciones que los hacen una entidad en sí. Consecuentemente, un objeto entra a participar en la constitución de otras entidades, transforman al entrar en relación, cambian el significado de las cosas y crean efectos a su paso. En el vocabulario de Latour (2005), los objetos son mediadores (en oposición a intermediarios) del mundo social: “los mediadores transforman, traducen, distorsionan y modifican el significado de los elementos que suponen que acarrean” (39)[2]. Mi punto inicial es que la propiedad atribuye a los objetos una capacidad de mediación específicamente poderosa. Esto no solo porque tengan la capacidad de transformar relaciones sociales en beneficio del poseedor (aunque lo hacen), sino porque enmarcan las relaciones y las personas como relaciones económicas y agentes de ese campo:

De acuerdo con Guesnerie, un Mercado es un dispositivo de coordinación en el cual: a) el agente persigue sus propios interés y para este fin ejecuta cálculos económicos que pueden ser vistos como una operación de optimización y/o de maximización; b) los agentes generalmente tiene intereses divergentes, que los llevan a involucrarse en c) transacciones que resuelven el conflicto a través de la definición de un precio (Callón, 1998: 3)[3].

Los derechos de propiedad son, en este sentido, un prerrequisito para que estas relaciones funcionen en pleno. Los participantes en estas relaciones son tanto los agentes humanos como los no humanos y esta equivalencia es solo posible gracias a una institución (la propiedad) que data de los mismos siglos (XVIII y XIX) cuando el mercado se empezó a convertir en una esfera separada de la vida humana:

A esos elementos de enmarque, tan frecuentemente subestimados [...], deben ser añadidos aquellos cuya importancia ha sido tan constantemente señalada (y con razón) por la teoría económica. El primero en la línea son los derechos de propiedad que definen el derecho a usar ciertos activos, para derivar un ingreso de ellos y para venderlos o transferirlos definitivamente a un tercero. Sin la existencia de estos derechos sobra decir que el cálculo no tiene sentido, pues la acción y sus resultados no pueden ser atribuidos a nadie. Para que las agencias existan, tienen que haber procedimientos de atribuir las acciones y sus efectos. Claro, en el establecimiento y evolución de estos derechos de propiedad, el estado y el sistema legal tienen un papel irremplazable. (Callón, 1998: 21)[4].

Este marco analítico resulta en una reubicación conceptual de la propiedad como fenómeno. Sin embargo, hay dos elementos que no se encuentran en él sin los cuales el análisis queda incompleto. La Teoría del Actor Red de Latour y Callón no posee una conceptualización del valor. Sin un concepto de valor resulta imposible explicar qué objetos entran a hacer parte de la red y cuales quedan excluidos (Strathern, 1996). Antes que preguntarse qué cosas son propiedad (común o privada) es necesario indaga por las condiciones bajo las cuales cosas o personas son concebidas como apropiables y valoradas (económica, moral o sencillamente significativas). Es a este proceso al que Marilyn Strathern (1988) llama objetivización.

Explicar las nociones de propiedad sobre un bien como el viento, la energía, los créditos de carbono o las tierras comunales, implica, así, dirigir la mirada hacia el concepto antropológico de valor’ que, según Graeber (2001), comprende al menos tres dimensiones: sociológica (qué es lo que se concibe como bueno y apropiado), económica (cuánto están otras personas dispuestas a dar por algo) y lingüística (qué significa algo). Al ser la propiedad un concepto clave que permite la economiza-ción de las relaciones y los agentes, es necesario prestar atención a los procesos sociales que hacen que otras formas de valor sean conmensurables con valoraciones económicas y en esa medida puedan hacer parte de transacciones (Espeland y Steven, 1998; Povinelli, 2001). El espejo de dicho proceso es igualmente importante en la medida en que muchas entidades se vuelven inconmensurables y se excluyen de las negociaciones de la propiedad por completo.

El presente análisis, sin embargo, no solamente se pregunta por la diversidad de nociones de propiedad y de valor, sino sobre la imposición y negociación sobre elementos del entorno (el viento, la tierra) y creaciones técnicas (créditos de carbono, turbinas de viento, redes de interconexión eléctrica) que son intercambiables solo para algunos participantes. En estas negociaciones y tensiones participan una diversidad de actores operando en distintas escalas. En esta dirección, el análisis fundamental debe concentrarse en lo que Michael Herzfeld (2004) llama ‘jerarquías globales de valor’. Para Herzfeld, la pregunta central en torno a la globalización de nociones de valor y propiedad es por qué quienes producen valor en términos de ‘tradición o conocimiento tradicional’ son sistemáticamente ubicados en posiciones de subordinación en la producción y circulación que los marginalizan y excluyen. En un sentido similar Anna Tsing (2005) ha sugerido la necesidad de entender los procesos de universalización de conceptos y prácticas (como el derecho a la propiedad privada y la libertad individual) no como posiciones ‘desde arriba’ (desde grandes corporaciones o Estados), sino como un proceso de constante negociación en lo que ella llama ‘zonas de involu-cramiento’ (zones of awkward engagement).

La producción de escalas no solamente es una cuestión de jerarquías conceptuales. La red de relaciones en las que se encuentra la propiedad y los objetos apropiados tiene una serie de aparatos administrativos, de tecnologías y de infraestructuras que hacen posible que unas formas de poder se distribuyan en un sentido y no en otros. Los aparatos e infraestructuras de la propiedad definen la distribución del valor en la red y el objeto valorado (Castells, 2009), por un lado, y las nociones de agente poseedor (persona, corporación o incluso, un pueblo indígena como tiende a pasar en el caso analizado) y los conocimientos que se pueden generar sobre el mismo (Reno, 2011).

¿Cómo se da esta relación entre escalas de valor y las infraestructuras y aparatos que se requieren para que existan?

Siguiendo a Barry (2006), este trabajo propone que para hacerse operativas, las escalas de valor deben crear zonas tecnológicas: “La noción de zona tecnológica [...] apunta a la existencia de formas de espacio que no son ni territorialmente delimitadas ni globales en su extensión, pero que son de considerable significancia política y económica. Una zona tecnológica puede ser entendida, a grandes rasgos, como un espacio dentro del cual diferencias entre prácticas técnicas, procedimientos o formas han sido reducidas, o estándares comunes han sido establecidos” (Barry, 2006: 239, mi traducción). Como se verá, esta idea es particularmente poderosa para explicar la proliferación no de un régimen de propiedad, sino de la coexistencia de varios que se pueden mantener separados.

Antes de pasar a la metodología es importante hacer énfasis en dos implicaciones de esta forma de analizar la propiedad. La primera consiste en que la apropiación privada del entorno o de las cosas no es dada como natural, ni respuesta del ‘homo economicus’, sino como forma histórica de propiedad que surgió en los últimos tres siglos en la forma de lo que MacPherson (1962) llama ‘individualismo posesivo’ y que resumo aquí con el concepto de capitalización’. En el caso de elementos no totalmente alienables, como ‘el paisaje’, ‘la cultura’ o ‘la tradición, la capitalización ha tomado una forma particular conocida como patrimonialización, y representa una proyección del lenguaje de la propiedad intelectual a conocimientos no expertos (cf. Brown, 2003) . Mucha de la investigación economicista sobre los bienes comunes ha dado por hecho que la posesión privada (en forma de capitalización o de patrimonialización) es la respuesta humana natural y que formas alternativas de apropiación son una suerte de excepción/aberración que merece explicación. Bajo la perspectiva relacionai de la que parte este proyecto tanto la primera como la segunda deben ser explicadas, pues se constituyen en las piedras angulares a través de las cuales las identificaciones étnicas, sociales y de género se producen y se transforman. En un contexto donde las éticas de la apropiación privada se han globalizado (cf. Strathern, 2000) Comaroff y Comaroff (2009) han acuñado el concepto de etno-mercantilización (ethno-commodification). Para esto autores, las prácticas y discursos que convierten la cultura (o elementos asociados, como el paisaje mismo) en propiedad, no son sencillamente una corrupción de lo verdadero, sino nuevas formas de experimentar la realidad y las identidades que deben ser comprendidas.

La segunda es que tanto el análisis de las jerarquías globales de valor, como de los procesos de apropiación se encuentran permanentemente actualizados a través de la producción, transformación y circulación de sujetos-objetos (Latour, 1993). El proyecto asume así una postura teórico-metodológica originalmente desarrollada por los Estudios de Ciencia y Tecnología conocida como Teoría del Actor-Red (Latour, 2005). Bajo la perspectiva del Actor-Red, la investigación sobre propiedad y valor, se convierte concretamente en un seguimiento de objetos-sujetos, donde los actores humanos (funcionarios, líderes, comunidades) y no humanos (documentos, dinero, blogs electrónicos) participan y median en la constitución del viento como una entidad apropiable. Es de allí que viene la postura metodológica del libro.

Cita original: These ideas were at the center of vast developments afoot in the social imagination of the time. As Charles Taylor has argued, the eighteenth century ushered in the rise of "an appreciation of the way in which human life is designed so as to produce mutual benefit," a vision in which "humans are engaged in an exchange of services" and "one could begin to see political society itself through a quasi-economic metaphor" (Taylor, 2007: 177). This idea gradually replaced long-standing visions of society as the expression of a hierarchical natural law, in which social orders reflected a structure of complementary superiority and subordination.↵

Cita original: "Mediators transform, translate, distort, and modify the meaning or the elements they are supposed to carry".↵

Cita original: "According to Guesnerie, a market is a coordination device in which: a) the agents pursue their own interests and to this end perform economic calculations which can be seen as an operation of optimization and/or maximization; b) the agents generally have divergent interests, which lead them to engage in c) transactions which resolve the conflict by defining a price."↵

Cita original: "To these elements of framing, so often overlooked and without which no overflowing could be contained, must be added those the importance of which economic theory has constantly-and rightly so-stressed. The first in line are property rights which define the right to use certain assets, to derive an income from them and to sell or transfer them definitively to a third party. Without the existence of such rights it goes without saying that calculation becomes meaningless, since the actions and their results cannot be imputed to anyone at all. For agencies to exist, there have to be procedures of attribution of actions and of their effects. Of course, in the establishment and evolution of these property rights, the state and the legal system have an irreplaceable role."↵

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¿Cómo hacer una etnografía de las C02E? (y un plan de libro)

Analizar la emergencia de regímenes de propiedad sobre bienes tan difíciles de localizar como el viento o los créditos de carbono resulta ser una tarea desafiante. Implica, como ya se ha anticipado, la confluencia de múltiples redes donde hay grados de apropiación distinta y regímenes de manejo a veces inconmensurables. En este libro se toman como punto de partida los procesos de negociación a escala local, nacional y transnacional sobre la apropiación del viento que ocurren en torno al proyecto de generación de energía eólica Jepírachi en La Guajira, Colombia. Pero es también mucho más que eso. Implica contemplar la emergencia de unidades de propiedad abstractas, tales como los créditos de carbono, el rastreamiento de nuevos instrumentos de apropiación como documentos y certificados, la comprensión de conocimientos expertos desde los cuales son producidos estos regímenes.

Las preguntas de partida fueron de múltiple naturaleza y una visión multiescalar ya estaba presente en ellas. Así el interrogante más amplio fue sobre cómo se negocia la apropiación de un elemento del entorno entre comunidades locales, empresas privadas nacionales y agentes transnacionales con conceptos de propiedad divergentes en el contexto de la implementación y operación del parque eólico Jepírachi en La Guajira, Colombia. Pero esto implicaba analizar el fenómeno en tres planos.

Un primer conjunto de preguntas se dirigía a las percepciones de los actores involucrados sobre elementos del paisaje que no pueden ser totalmente alienados como propiedad y como capital. En este sentido, ¿cómo se concibe el viento para integrantes de las comunidades wayúu donde se implementa el proyecto del parque eólico?, ¿cómo conciben los oficiales y personas directamente a cargo en la operación del proyecto los elementos del paisaje que son apropiados para producción energética? y ¿de qué forma se negocian o se crean conflictos en torno a estas percepciones?

Un segundo grupo de preguntas buscaba comprender la respuesta de las comunidades locales a la apropiación del paisaje y de su forma de vida misma. En este sentido me pregunté, ¿cómo conciben las comunidades locales la entrada de recursos relacionados con la utilización del viento?, ¿qué tipos de conflictos se han desencadenado en las mismas comunidades o en La Guajira a raíz de la implementación del proyecto?, ¿cómo se han desarrollado las negociaciones sobre la operación del proyecto del parque eólico y cómo transcurren en la actualidad?, ¿de qué forma el proceso de negociación sobre la apropiación del viento ha impactado en las nociones de liderazgo y autoridad local?, ¿cómo se han organizado las poblaciones localmente para articularse, responder o resistir aspectos del proyecto del parque eólico y de programas sociales que han venido con este?

Finalmente, una hipótesis importante durante el proyecto fue que la capitalización y patrimonialización del viento conlleva un proceso de etno-mercantilización. En este sentido ¿se hace uso de la cultura wayúu’ con fines promocionales del proyecto de producción de energía eólica?, ¿se constituye la apropiación del viento con fines de producción energética en una forma de etno-mercantilización?, ¿cómo se producen y transforman identificaciones indígenas bajo discursos y prácticas de etno-mercantilización?, ¿cómo se han transformado (si lo han hecho) otros conocimientos, representaciones y prácticas asociadas a formas tradicionales de vida wayúu con la implementación del proyecto de energía eólica?

Los objetivos y preguntas de investigación fueron abordados desde una perspectiva etnográfica multi-situada (Marcus, 1995). Dicha metodología consiste en seguir las relaciones, prácticas y significados ocurriendo en nodos espacialmente distantes pero interconectados. En la presente investigación se tuvieron en cuenta tres nodos fundamentales que son: (1) las comunidades indígenas wayúu de Kasiwolin, Arrutkajui y Media Luna en La Guajira, Colombia; (2) las oficinas de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Medellín, Colombia y; (3) las oficinas del Banco Mundial (WB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington D.C., Estados Unidos de América.

Entre estos tres nodos las relaciones eran múltiples y fluidas. Para caracterizarlas se procedió en varias direcciones. En primer lugar se documentó la historia de la negociación de los derechos de producción de energía eólica entre comunidades locales wayúu, empresas de servicios públicos interesadas (EPM) y agentes de desarrollo transnacional (WB). Se realizó inicialmente una revisión intensiva de literatura en la cual se buscó dar cuenta de categorías tales como la historia del involucramiento de EPM y el WB en la producción de energías limpias y, concretamente en la producción eólica. También se recolectó información disponible en la Internet sobre los estándares en las negociaciones sobre implementación de proyectos de energías limpias. Durante todo el proceso de investigación se realizó una recolección y sistematización de documentos mediadores de la relación entre los actores involucrados en la apropiación del viento en La Guajira. Estos documentos incluyen proyectos, documentos informativos y promocionales, correspondencia, entre otros. Esto suscita una primera reflexión metodológica. Los documentos con los que se construyó esta documentación no eran simples contenedores de la información. Las instituciones, que los crean y los consumen no podrían existir sin los mismos. Harper (1998), quien analizó el Fondo Monetario Internacional, determinó que la manera como los documentos son creados, manejados y destruidos son sintomáticos de la naturaleza de dichas instituciones (ver también Riles, 2006; Latour, 2010).

Se realizó inicialmente una salida de campo prospectiva a Ka-siwolin, Arrutkajui y Media Luna con duración de una semana. Durante la primera salida de campo se buscó definir y afinar categorías de análisis y adelantar el proceso de negociación con los líderes y familias habitantes de las comunidades indígenas wayúu. Posterior a esta salida se condujeron observaciones más detalladas en el área del parque eólico (La Guajira) por un periodo de dos meses. En este periodo se recolectó información crítica sobre la relación entre estas comunidades con los actores involucrados en el desarrollo del proyecto. Se recolectó toda la información concerniente a las percepciones locales sobre el viento y otros elementos relacionados del paisaje y que involucró la recolección de narraciones, la observación de prácticas de subsistencia y las representaciones fundamentales frente a la presencia de los proyectos de generación de energía eólica en el territorio wayúu. Se recolectó también información sobre la operación del proyecto y se registraron detalladamente las interacciones entre la población local y EPM que existieron durante el periodo de observación (lamentablemente no hubo ninguna visita del BM durante el periodo del proyecto). Adicionalmente se recolectó información demográfica y genealógica de las comunidades que dio cuenta de la estructura social y que permitió perfilar la estructura y trayectoria de organizaciones y movimientos indígenas en la región.

Además del periodo de observaciones etnográficas en las comunidades se realizaron observaciones directas en las oficinas y cuarteles generales de las dos organizaciones (EPM y WB en Medellín y en Washington D.C., respectivamente) por un período de una semanas en cada una. Este tipo de contextos etnográficos implican el análisis y descripción de los lenguajes, objetos materiales, tecnologías y acciones organizacionales a través de los cuales el viento se constituye en una entidad apropiable del entorno. Adicionalmente, se condujeron entrevistas semi-estructuradas en cada organización, que dieron cuenta de las percepciones, opiniones y representaciones que los oficiales a cargo del proyecto de producción de energía eólica tenían sobre la apropiación del viento y los conflictos sociales que existen en torno al mismo. Se buscó y negoció la posibilidad de participar en espacios institucionales de discusión sobre los proyectos (reuniones, asambleas, trabajo práctico administrativo). Aunque entrar a estos espacios fue extremadamente difícil por las características de las organizaciones, en algunas ocasiones fue posible hacer parte de reuniones informales con funcionarios y fui invitado a espacios de discusión interna en un organismo multilateral también con gran injerencia en la financiación de energía eólica en Colombia como es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En medio de la construcción de relaciones por parte del etnógrafo con las personas y objetos que definían estas relaciones, se buscó describir las concepciones (desde el conocimiento tradicional o experto) sobre el viento en los distintos actores involucrados en las negociaciones sobre la producción de energía eólica en La Guajira. El conocimiento antropológico de estas relaciones no podía derivarse del mismo tipo de interacciones estudiadas por antropólogos tradicionalmente. Ho (2009), al estudiar la cultura de los corredores de bolsa en Wall Street ha apuntado correctamente a la ridiculez implícita en pretender estudiar las relaciones sociales de estos banqueros a través de la observación participante de sus prácticas de vida, como si fuera posible establecer una tienda en el lobby de la Bolsa de Valores de Nueva York. Las técnicas para estudiar las relaciones cotidianas de estas relaciones globales es muy distinta a la que estábamos acostumbrados los antropólogos y, sin embargo, el conocimiento detallado de las mismas sigue siendo relevante. En esta línea, mi trabajo de campo no pudo convivir en la misma aldea de los banqueros de carbono del Banco Mundial. Sin embargo, gracias a los estilos de interacción de estas personas y, en algunos casos, a conexiones personales previas, fue posible acceder a las maneras como ven el mundo. Las entrevistas y conversaciones no fueron necesariamente fáciles. El hecho que el Banco Mundial es un lugar tan privilegiado para crear conocimiento sobre el mundo como lo es la academia, implicó negociaciones de conocimiento importantes durante el trabajo de campo. A estos lugares de trabajo de campo los ha llamado Marcus (2012) para-sitios e implican reconsiderar el lugar del conocimiento antropológico en el mundo y evaluar sus posibilidades de acción sobre el mismo.

Asimismo, se buscó identificar los canales de comunicación usados entre los distintos actores involucrados en la negociación sobre los derechos de apropiación del viento en torno al proyecto Jepírachi. De nuevo, esta construcción de relaciones implicó revisar supuestos metodológicos importantes de la antropología. El conocimiento detallado y minucioso que ha surgido de la antropología ha sido posible gracias al conocimiento directo de las personas involucradas en los fenómenos estudiados. Los contextos altamente difusos en términos territoriales difícilmente se adaptan al conocimiento que tradicionalmente ha emergido de la etnografía. Sin embargo, esto es un problema de las conceptualizaciones antropológicas y no del mundo. Feldman (2011) lo ha puesto en términos distintos. Según él la antropología emergió para estudiar conexiones, vínculos directos, no mediados. Sin embargo, la humanidad es cada vez más mediada por artefactos y aparatos de diversos tipos: conocimientos técnicos, bases de datos, medios de comunicación virtual, entre otros: “Además, la etnografía contemporánea no trasciende simplemente lo local, por el contrario muestra como el lugar está compuesto de procesos que conectan una multitud de localidades alrededor del planeta. Esta proeza requiere más que observación participante” (Feldman, 2011: 376)[1]. Estos mediadores son tan importantes de ser investigados como las interacciones cara a cara en las cuales se ha concentrado la antropología por siglo y medio, pero su estudio, a diferencia de los primero da cuenta de la naturaleza de las configuraciones contemporáneas de lo humano.

La información etnográfica fue registrada en diarios de campo personales. Las entrevistas fueron grabadas en medios de registro digital solo con el consentimiento expreso de las personas involucradas. Por tratarse de contextos sensibles y el hecho de que muchos participantes en la investigación hacen parte de organizaciones atravesadas por la auditoría constante, muchas personas prefirieron no ser grabadas. En estos casos, los resultados de las entrevistas fueron consignados en los diarios de campo. También se hizo uso de fotografía en los contextos etnográficos cuando fue posible. Todo el material recolectado fue procesado usando Atlas.ti (software de análisis de datos cualitativos) de acuerdo a categorías de análisis de partida y emergentes en el proceso de recolección de información.

Es importante llamar la atención sobre un aspecto que puede pasar desapercibido en el diseño metodológico de la investigación. Como lo ha resaltado Mosse (2004a, 2004b), la antropología ha tendido a involucrarse con el análisis del desarrollo solo a través de los fracasos de este paradigma. Esto tiene que ver con sus afinidades metodológicas con la etnografía: los conflictos, problemas y fracasos son prolíficos en eventos para los cuales la etnografía está especialmente preparada para describir. Por el contrario, los éxitos no son tan excitantes para la antropología. Jepírachi es en muchos sentidos un éxito. No para todos ni en la misma medida, pero el hecho de haberle dado forma al Fondo

Comunitario de Carbono en la Unidad de Finanzas de Carbono del Banco Mundial habla por sí sólo. Esto crea problemas para asumir posturas críticas frente a las implicaciones de estos proyectos, pues cualquier enunciado de este tipo puede ser interpretado como una visión regresiva. No obstante, en otro lugar, el llamado de atención de Mosse (2006) no es a estudiar éxitos porque no se han estudiado lo suficiente, sino a determinar cómo la construcción de nociones de “éxito” es constitutivo de la implementación de políticas y prácticas desarrollistas. Esta ha sido la posición asumida en este libro. Implica, por lo tanto, no solo analizar el proyecto en sus propios términos, sino de pensar cuales nociones de éxito alternativas podrían ser pensadas.

Después de esta introducción (capítulo 1), el libro se mueve progresivamente a la caracterización de la emergencia de unos regímenes de propiedad involucrados en la producción de energías limpias. La producción de energías limpias que motivó la apropiación de objetos previamente inapropiable surgió gracias la consolidación de un consenso global sobre el camino correcto para administrar el desbalance ecológico planetario. El método fue hacer operativos derechos de propiedad tanto sobre el aire limpio como sobre el aire contaminado. La energía eólica, en la medida en que explota la energía atmosférica muestra una contradicción interesante de partida: el mismo fenómeno es apropiado en el mercado internacional y manifiestamente inapropiable si se trata de generar energía a través de él. El capítulo 2 analiza la emergencia del mercado sobre la atmósfera sin el cual otros regímenes de propiedad no podrían existir.

El hecho de que el viento sea concebido como un bien común en un plano, no implica que todo el régimen de propiedad sea coherente con este enunciado. En el capítulo 3 se analiza, cómo, por un lado, la generación de energía depende de un mercado desterritorializado donde los derechos de propiedad son altamente mediados por la posibilidad técnica y el conocimiento experto que permite manifestar la propiedad sobre un “crédito de carbono” y, por el otro, de la localización de derechos de propiedad que garanticen el acceso a una extensión espacial. Estos dos circuitos implican regímenes de propiedad distintos e incomunicables. Esta resulta ser la primera característica de la naturaleza de la propiedad en el contexto del control del viento con fines energéticos y ambientales.

En el capítulo 4 se analiza de manera detallada el proceso de negociación de servidumbres y formas de compensación que ocurrió concretamente en el proyecto de Jepírachi. A lo que se apunta en este capítulo es a analizar de qué forma los programas sociales emergieron como una posibilidad de compensación poniendo de manifiesto la existencia de jerarquías globales de valor en la producción de energías limpias. Esto a la vez, da cuenta de la emergencia de un régimen de propiedad marcado por la servidumbre generalizada de las comunidades. Los capítulos 5 y 6 se adentran en los mecanismos específicos para hacer funcionar un régimen de propiedad hiperlocalizado en un mercado desterritorializado. Dos mecanismos de zonificación fueron identificados: por un lado a través de conocimiento experto en ciencias sociales se crearon zonas genealógicas, es decir un conjunto de relaciones sociales espacializadas sobre las cuales aplican las compensaciones (excluyendo a muchas otras posibles). El segundo mecanismo de loca-lización tiene que ver con modelos más mecanicistas de zonificaciones asociados a lo que más comúnmente se conoce como “tecnología” y que se manifiesta como aparatos, máquinas, estándares, unidades de medidas que crean relaciones políticas y con el entorno. En el capítulo 7, finalmente, se apunta a algunas conclusiones generales.

Cita original: "Furthermore, contemporary ethnography does not simply transcend the local, but rather it shows how place is composed of processes that link a multitude of locales around the globe. This feat requires more than participant-observation."↵

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Consensos y mercados del medio ambiente

Para entender el problema de la emergencia de los derechos de propiedad en la producción de energías limpias es importante entender el contexto, los mercados y circulaciones donde definir dichos derechos se hace necesario. El ambiente histórico más inmediato puede resumirse en dos publicaciones de los años 1960. La primera, es el libro del Silent Spring de Rachel Carson (1962) que presenta una convincente denuncia frente a las políticas de la revolución verde en boga en los años sesenta. El libro se consolidó como un clásico frente a un movimiento ambientalista, e inició un movimiento político sin precedentes y sin relación a clases sociales sino con la idea que el problema ambiental es de todo el mundo sin distingos. El segundo, es el texto “The Tragedy of the Commons” por Garrett Hardin (1968) donde se presenta inicialmente una idea antigua en el pensamiento económico sobre la imposibilidad y la i-nevitable caída de la propiedad común. En este texto se habla desde una parábola de la economía neoclásica, donde unos pastores comparten una propiedad común de pasto. Al hablar desde unos pastores que buscan potenciar su utilidad cada uno de manera particular, cada quien tratará de sacar mayor provecho a la propiedad común, introduciendo nuevos animales al pasto común. Esta inclusión genera una ganancia particular para el pastor que lo hace, pero una perdida comunal que nadie paga. Esta es quizás una idea poderosa que ha marcado el futuro del manejo de las políticas frente al medio ambiente, entendido como un común global.

En esta sección analizaré como estas dos ideas confluyeron frente al manejo global del cambio climático. Exploraré inicialmente de qué se trata la idea de cambio climático. A renglón seguido profundizaré en la idea sobre la emergencia de mercados de la contaminación, de dónde salen estos, y bajo qué premisa se piensan y; en tercer lugar, describiré cuáles son los consensos que han emergido en torno a la concepción del medio ambiente como mercado.

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Cambio climático

La noción del cambio climático es ampliamente mediática y se ha vuelto un lugar común en la prensa, en las comunicaciones políticas y en el debate público durante los últimos veinte años. Parte de la idea surge de un proceso fundamental llamado efecto invernadero, este es el proceso mediante el cual la tierra mantiene una temperatura media de 15° C. Este mantenimiento de una temperatura media depende de un conjunto de gases, el primero de ellos y el más abundante es el vapor de agua, el segundo es el CO² y un tercer elemento importante es el metano. El CO2 al ser presumiblemente el principal factor humano en el efecto invernadero, se le ha atribuido la mayor importancia en su control político. Se concibe que el 83% del CO² que sale a la atmósfera es producto de la emisión de combustibles fósiles y de la deforestación, mientras que solo un 7% del metano que es emitido a la atmósfera es de origen humano y viene de quemas de bosques, animales rumiantes, cultivos (como el arroz) y rellenos de basura. La idea de que los humanos podemos cambiar el efecto invernadero viene originalmente de los análisis de Svante Arrhenius, quién analizó la cambiante concentración de CO² en la atmósfera desde la revolución industrial. Hacia 1986 Arrhenius identificó un aumento en las concentraciones del CO² después del siglo XIV y la idea contemporánea es que los ecosistemas no tienen la capacidad de reabsorber el exceso de CO² antropogénico, generando así un cambio en los gases de los cuales depende el efecto invernadero.

Actualmente, por ejemplo, existen más o menos 400 partes por millón de CO² en la atmósfera frente a 280 partes por millón antes de la revolución industrial. Y se habla (Brohé, Eyre y Howarth, 2009) de incrementos de 4 partes por millón anual. El cambio de concentraciones de gases de efecto invernadero ganó una gran atención en Naciones Unidas y desde otros agentes internacionales. Naciones Unidas estableció el Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC o Panel Interguvernamental de Cambio Climático) del cual hablaremos en la última sección de este capítulo. Por ahora es importante analizar el estado actual de la evolución de esas emisiones.

Hoy por hoy, el mayor crecimiento anual en la emisión de toneladas equivalentes de CO² lo tiene China pero el mayor emisor es Estados Unidos con unas emisiones de 7.3 Gigatoneladas de CO² equivalente. China se encuentra creciendo a un ritmo de 4,7% anual e Indonesia y Brasil se encuentran creciendo a 12,7% y 3.1%. Las distancias son importantes en este contexto: Estados Unidos, que es el mayor emisor, representa el 5% de la población mundial, pero es el responsable de un cuarto de las emisiones, mientras que países en vía de desarrollo como Indonesia y Brasil, que son responsables por muchas menos emisiones que países desarrollados (Indonesia con 3,1 Gigatoneladas de CO² equivalente y Brasil con 2,4 Gigatoneladas de CO² equivalente) están aumentando las emisiones a grandes ritmos, principalmente, por efecto de la deforestación y particularmente en Indonesia asociado a la siembra de palma aceitera para la producción de biocombustibles (ver Brohé et al. 2009).

Esto es importante de notar porque nos habla que no todo el CO² siendo emitido a la atmósfera es resultado de la industrialización; también hay otros procesos involucrados en las emisiones de C0²e. Desde 1990 cuando se viene poniendo atención internacional al proceso del aumento de gases de efecto invernadero, solamente la Unión Europea y Rusia han disminuido las emisiones. Otra forma de ver el problema de las emisiones es en el sentido per capita: cuántas toneladas de CO² equivalente son emitidas por habitante. En este sentido, los tres primeros lugares los ocupan países como Australia, Canadá y Estados Unidos, todos con un alto consumo de carne, un uso intensivo del aire acondicionado y con uso de minería y gas natural para producir energía. Sin embargo, ver el problema desde el punto de vista de las emisiones per capita contiene una trampa, y es países donde la población es muy numerosa y las emisiones también, aparecen significativamente subestimados. Este es el caso de China, por ejemplo, que tiene solamente un 5,3% toneladas de CO² equivalente por año per capita pero, como veíamos, es el segundo país emisor (ver Brohé et al. 2009).

La Unión Europea es otro caso interesante, pues tiene apenas 10 toneladas de CO² equivalente por habitante, pero esta baja cifra y la reducción que ha representado desde los años noventa, es causada principalmente por el traslado de su producción industrial a países en vía de desarrollo. En términos de los sectores que más han crecido frente a la emisión de CO² a la atmósfera, sobresale el sector energético: la producción de energía y calefacción hoy por hoy da cuenta del 26% del CO² siendo emitido a la atmósfera y ha crecido significativamente desde los años setenta, distanciándose de otras fuentes de emisiones como la industria, el transporte terrestre, los servicios residenciales, la deforestación, las refinerías y el transporte aéreo internacional (ver Brohé et al. 2009).

El debate sobre el cambio climático ha tomado dimensiones cuasi religiosas, se habla, como lo hace uno de sus mayores defensores, Al Gore, de creyentes y contradictores como si fuera una creencia que hay que mantener, frente a la que hay que creer como se cree en Dios y los contradictores que hablan de algo sencillamente frente a lo cual se puede decir que no existe un proceso tal. Es mejor hablar como se hace al interior de la comunidad científica, entre quienes proponen y quienes son escépticos a los debates.

No pretendo dirimir el conflicto que existe frente a si hay o no cambio climático producido por el CO². La visión de este análisis es más cercana a la que hace Mike Hulme (2009), un meteorólogo e historiador quién analizó las razones por las cuales divergimos frente a la idea del cambio climático, y quién se expresa diciendo que el cambio climático no es un problema que tenga solución, es más el resultado sobre cómo estamos pensando nuestra relación entre medio ambiente, seres humanos y agentes no humanos involucrados en una relación muy compleja. Mike Hulme analiza las divergencias que existen frente al cambio climático en varias direcciones. Por ejemplo, dice que concebimos y pensamos distinto frente al cambio climático porque pensamos distinto sobre las ciencias, sobre lo que puede hacer y no puede hacer. Divergimos frente al cambio climático porque le tememos a distintas cosas, porque concebimos el riesgo de manera distinta, porque concebimos el desarrollo a través de metas divergentes y el cambio climático se ha vuelto una idea muy poderosa porque resume quizás mejor que cualquier otra, toda esta divergencia.

Lo que realmente me importa aquí es por qué emergieron y qué características tienen los mercados que surgieron en conjunto y través de un consenso del cambio climático y las causas del mismo.

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Mercados de la contaminación

A pesar del debate de la comunidad científica sobre el proceso llamado cambio climático, ha emergido la idea que el problema existe y en esta sección quiero analizar cómo se han generado soluciones y cuáles han sido las alternativas disponibles para enfrentar ese problema. Mucho de lo que se habla como el origen del problema tiene que ver con unos principios particulares sobre cómo pensamos la producción y la contaminación que esta genera, principios que están relacionados con nociones de propiedad particular en la raíz de fenómenos como la deforestación, la sobre explotación de los océanos y la contaminación. En este sentido Brohé y otros (2009) dice “esto significa que además de la economía de varias mercancías, las cosas que compramos y vendemos, las tasas de interés, las casas, el desempleo y la medida del producto interno bruto, también hay una economía del medio ambiente, la felicidad y los elementos de la conducta que se deben encapsular en un concepto más amplio de valor” (2009: 21). Así pues, en los principios a los cuales se las atribuye parte de las causas del problema, están siendo buscados también como parte de las soluciones. La pregunta que hay que hacerse aquí es si en el mercado de la contaminación los valores más amplios a los que se refiere Brohé también son comparados en términos de dinero, hasta qué punto estamos hablando de un mercado distinto o de la extensión del mismo mercado, de la noción de que el mercado puede ser un modelo para analizar y solucionar también el problema.

En esta sección analizo, entonces, dos visiones alternativas sobre cómo enfrentar el problema y tienen que ver justamente con qué tanto el medio ambiente puede caber sobre lo que llamamos el mercado. De un lado se encuentra la visión de Steven Kelman, profesor de negocios de la universidad de Harvard, en el otro se encuentra Nicholas Stern, profesor de economía del London School of Economics[1]. Kelman aboga por que los valores monetarios sobre el medio ambiente ignoran otros tipos de valor incorporados en el mismo. Según Kelman es imposible aplicar la lógica del marcado que causó el problema a un formato y a unas medidas que solucionen el asunto. Mientras tanto Nicholas Stern aboga por que la contaminación debe ser vista como una falla del mercado, pues los costos implícitos en producir, por ejemplo, energías de los combustibles fósiles, son finalmente más altos de los incorporados en su precio, es a esto lo que los economistas llaman externalidad.

La visión de Kelman se refleja en un tipo de control particular, al ser imposible aplicar los valores monetarios al medio ambiente, la regulación debe venir más en las formas característicamente aplicadas por el estado. Esta son estrategias de control que implica zonificaciones, límites máximos de emisiones, sanciones, agencias que las impongan. Implica, además, control de la producción de la tecnología. Como se ve en la visión de Kelman también hay un proyecto de estado particular, un proyecto de estado más parecido al estado bienestarista, donde hay más burocracia y el estado termina haciendo unas responsabilidades, no porque las haga mejor que los entes privados, sino porque es el único que puede ejecutar determinado tipo de responsabilidades (Judt, 2011).

Del lado de Nicholas Stern (Stern y Great Britain Treasury, 2007), al hablar del problema como una cuestión de externalidad el control toma un formato muy distinto, mucho más parecido al mercado. En este sentido, las soluciones deben venir en forma de impuestos sobre la contaminación, en lo cual no hay por supuesto un consenso, pues los impuestos siempre están asociados con el estado que los recoge. Pero más allá de los impuestos debe haber campañas, acuerdos voluntarios en sectores industriales y subsidios a la producción de la tecnología. Lo que buscan los impuestos, las campañas, los acuerdos voluntarios y los subsidios es justamente internalizar la contaminación, es decir, que las medidas cubran los costos que no están siendo incorporados en los precios de las cuestiones que contaminan.

En efecto ¿qué ha pasado? Lo que ha sucedido es una noción mucho más parecida a la contaminación como externalidad, que al control estatal, pero no se puede diferenciar totalmente. La acción política ha ido hacia el control de la contaminación a través de la definición más estricta de propiedad. ¿Propiedad sobre qué? tanto del aire limpio como de la contaminación. Si digo que esto no es solamente la visión de los que analizan el problema como una externalidad, es porque simultáneamente se necesita al estado, pero para una función muy específica, y es para controlar los excesos y sancionar a las personas que violen la propiedad ajena. En este caso la propiedad ajena son los derechos de la propiedad sobre la contaminación y el aire limpio. Se dice, sin embargo, que la postura va más hacia el manejo del problema como un mercado, porque que parte de la solución al definir derechos de propiedad claros sobre el aire limpio y la contaminación, va en generar un comercio en términos de estas propiedades.

El comercio viene en circulación de dinero, que los estados y compañías facilitan, no solamente en los impuestos, sino también en esquemas que han emergido en torno a la circulación de propiedades. El primero, se ha venido a llamar Cap and Trade. Bajo un Cap and Trade lo que existe es una cuota de emisiones que cada uno de los actores involucrados tienen. Para respetar esa cuota de emisiones las partes involucradas deben, o bien reducir sus emisiones o comprar emisiones a partes a las que les sobran. Una parte puede reducir sus emisiones más allá de la cuota que tiene y el excedente lo puede comerciar con otras partes.

El otro esquema de comercio sobre las propiedades de aire sucio y aire limpio es lo que se ha venido a llamar Baseline and Credit. Bajo un Baseline and Credit se otorga un crédito con base en un histórico de emisiones y las reducciones que se den sobre ese crédito se pueden comerciar. En resumen lo que ha emergido es una noción de que el problema sí puede ser solucionado a través de mecanismos de mercado porque generan los incentivos económicos necesarios para las partes involucradas, que son, por defecto, actores económicos, y que el estado viene a llenar el vacío del control, pero básicamente un control que facilita el mercado. En la sección siguiente lo que voy a analizar es en concreto cómo ésta noción se ha generalizado en el mundo y cómo junto con el consenso sobre la existencia del problema del cambio climático ha existido un consenso global sobre el manejo que se debe hacer.

Si bien autores como Barnes (2001) ya habían abogado por la atribución de valores monetarios por el aire y el espacio aéreo, las exhortaciones se habían limitado a enunciados normativos. Es a Stern al que más directamente se le puede atribuir el desarrollo de la metodología para determinar el precio mismo de este uso.↵

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Consensos globales

En esta sección se profundizará sobre el manejo al problema del cambio climático como un proceso de un consenso global. Durante los años noventa el manejo del cambio climático, como un asunto de externalidad donde el estado debía controlar los excesos sobre la propiedad ajena, tomó forma en múltiples iniciativas. Ejemplos de ello son el esquema de comercio de emisiones de la Unión Europea, el mercado de carbono de Estados Unidos y el comercio de emisiones en Australia. El más grande de todos los consensos se logró en 1997 a través del Protocolo de Kyoto, el cual se explicará con más detalle más adelante. Antes de eso es importante señalar cuál fue el antecedente de los esquemas de Cap and Trade y Baseline and Credit. Quizás el más importante a ser mencionado es el Clean Air Act de 1963 de Estados Unidos.

El Clean Air Act funcionó hasta 1990 como un sistema regulato-rio cualquiera, sin embargo en 1990 el presidente George Bush Sr. hizo una enmienda al Acto. El problema que buscaba solucionar este esquema era el de la lluvia ácida, y tomó la forma del primer Cap and Trade. Bajo un Cap and Trade se fijan los límites de polución y cada compañía busca la forma de llegar a esto. Unos tratan de reducir con tecnología las emisiones por debajo de la cuota, y otros eligen comprar el exceso de esas emisiones. El efecto del Clean Air Act fue la disminución del 50% de las emisiones que se buscaba controlar y fue un triunfo en términos de esquemas de mercado.

¿Por qué funciono tanbien el Clean Air Act? este modelo buscaba la reducción de dióxido de azufre y óxidos nitrosos (monóxido y dióxido nitroso), se establecieron unas cuotas y se creó un mercado de estas que funcionaba muy bien. En parte al ser las cuotas limitadas y al ser la regulación muy fuerte, esto generó una alta volatilidad de los precios. Mientras que en 1996 un crédito valía 70 dólares, en el 2005 llego a valer 1550 dólares, el efecto de eso fue una motivación económica muy grande para reducir las emisiones. Adicionalmente, se creó un sistema de monitoreo muy estricto y un sistema de multas que implicaba un pago de 2000 dólares por penalización por tonelada emitida por encima de la cuota (ver Brohé et al. 2009).

Como vemos en el caso del Clean Air Act, funcionó bien porque estaban muy bien identificadas las fuentes de emisiones, se monitorearon estrictamente y se penalizaron a los que se sobrepasaron. Otra sería la historia con el tratar de controlar bajo este esquema las emisiones de CO².

El consenso en torno al manejo de las emisiones de este gas en la misma forma en que se controlaron las de dióxido de azufre y óxidos nitrosos en Estados Unidos partió de la confluencia de dos organizaciones de Naciones Unidas: la World Meteorological Organization WMO y la United Nation Environment Program UNEP. Entre estas dos agencias de Naciones Unidas se creó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC, el cual se ha encargado de organizar reportes y de crear guías para la elaboración de políticas. El IPCC ha tenido una publicidad muy importante y particularmente desde que se le fue atribuido el novel de paz adjunto con Al Gore en el 2007.

Lo primero que hizo el IPCC fue emitir un reporte conocido con las siglas FAR (First Assessment Report). Como resultado de ese reporte se creó en 1990 en Naciones Unidas la Convención sobre Cambio Climático. Hacia 1992 esta Convención se convirtió en la Convención Marco Sobre Cambio Climático (United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC) que creó las primeras herramientas a través de las cuales el protocolo sería implementado posteriormente. Lo primero que creó fue el Anexo 1, este implica la lista de países que se constituyen como los mayores emisores de CO², frente al no-Anexo 1, que son países, en vía de desarrollo principalmente, que no se consideraron como los grandes contribuyentes de CO². Adicionalmente, la Convención Marco creó la secretaría que fue establecida en la ciudad de Bonn, Alemania, las responsabilidades de la secretaría fueron primero establecer niveles y principios, es decir protocolos para combatir el problema.

Hacia el 2008, 192 gobiernos y la Unión Europea pertenecían a esa secretaría o hacían parte de la Convención Marco y se reúnen anualmente en algo que en Naciones Unidas se conoce como COP (Conference of Parties). En la Convención Marco la primer COP fue realizada en la ciudad de Berlín, y la tercera COP fue realizada en 1997, en Kyoto, Japón. En esta COP 3 se llegó al establecimiento de un protocolo global (o cuasi global, ya que Estados Unidos no se subscribió a él) y fue un hito en la historia del tratamiento del problema. Lo primero que hay que resaltar del protocolo al que se llegó en la COP 3, conocido como protocolo de Kyoto, fue que es un protocolo vinculante, es decir que las partes que se suscriben a él están obligadas a cumplirlo.

El segundo elemento que es importante resaltar es que fue el primer Cap and Trade internacional. Mientras que el Clean Air Act y otros esquemas ya mencionados anteriormente habían sido formas de Cap and Trade circunscritos por estados o por conjuntos de estados específicos, el Protocolo de Kyoto lo que hizo fue llevar el esquema a una escala global. Hay elementos importantes a ser mencionados como características del Protocolo de Kyoto. Uno de ellos es que opera bajo una política de burbuja, reconocida en su artículo 3.1 y quiere decir que conjuntos de países pueden trabajar para el cumplimiento de las metas.

Así como cualquier Cap and Trade el Protocolo de Kyoto establece cuotas iniciales. Estas cuotas son basadas en tendencias históricas. Este ha sido uno de los aspectos más criticados del Protocolo ya que implica premiar a países que históricamente habían contaminado más y castigar a países que habían contaminado menos. El Protocolo de Kyoto establece mecanismos para ahorrar cuotas, es decir, si una cuota no fue usada en un periodo de tiempo particular, en el siguiente puede ser usada esa cuota. Como resultado de estas cuotas históricas lo primero que estableció el Protocolo de Kyoto fue un tipo de crédito que se llama Assigned Amount Units, conocido con el acrônimo AAU. Este tipo de unidades o de créditos sólo las tienen los países Anexo 1 y pueden, o bien ser reducidas para comerciar con ellas o los países del Anexo 1 puede comprar otro tipo de unidades.

Las AAU implican que aunque se concibe al Protocolo de Kyoto como el primer Cap and Trade Internacional, también tiene unos elementos de Base Line and Credit. Los AAU funcionan de hecho como una línea de base sobre la cual se concibe la reducción de emisiones. Adicionalmente, los créditos de emisiones pueden ser ganados a través de proyectos en otros países. La primera manera de hacerlo es a través de un mecanismo concebido en el protocolo como Joint Implementation JI. De los JI se pueden crear un tipo de créditos que se llama Emission Reduction Units, conocidos en el mercado como ERU.

El segundo tipo de créditos puede ser ganado a través de la creación de Mecanismos de Desarrollo Limpio, conocidos por sus siglas en inglés como CDMs (Clean Development Mechanisms), que crean otro tipo de certificados de emisiones conocidos como Certified Emission Reduction o CER. En su conjunto, pues, existen tres tipos de créditos con los que pueden comerciar los países: los AAU (Assigned Amount Units), los ERU (Emission Reduction Units) y los CER (Certified Emission Reduction). Este es lo que se conoce como el mercado internacional de carbono al que dio lugar el Protocolo de Kyoto.

Los actores más felices con el mercado de carbono emergente fueron particularmente los estados y las industrias productoras y mayores emisores de CO² en la atmósfera. En parte los sesenta billones de dólares que venían fluyendo en el 2008 a través del mercado de emisiones de carbono explican el apoyo que ha recibido el mercado: ha generado todo un esquema de inversores que requieren confianza y ha sido apoyado fundamentalmente por ese motivo. Otro sector particularmente satisfecho con el mercado del carbono es un emergente sector de intermediarios que se encargan de garantizar el flujo de créditos, con cuotas de funcionamiento obvias (overheads). Los críticos, por otro lado, acusan al sistema de haber dado créditos sin costo alguno a través de los AAU, así premiando a los países más contaminantes y los peligros de regular las producciones reales de carbono y el potencial estímulo que esto representa para crear falsos créditos y así, en vez de reducir emisiones, aumentarlas.

En conjunto el mercado del carbono es la solución adoptada por todos los países que se encuentra en funcionamiento y ha generado la gran presión por crear energías limpias y, así, todo un nuevo mercado emergiendo en torno a la reducción de toneladas equivalentes de carbono. Es este el contexto mismo en el cual se ubica la negociación con los indígenas wayúu en la península de La Guajira, de la que trata este libro.

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Conclusión

En este capítulo se ha analizado cómo han emergido consensos globales en torno al “problema del cambio climático”. Inicialmente se analizaron cuáles son las premisas técnicas y el estado de las emisiones en el mundo. Posteriormente, se analizó por qué y en qué forma las soluciones han tomado la negociación sobre propiedades del aire limpio y el aire sucio, creando, por un lado, unas medidas de mercados de esas propiedades y por el otro poniendo al estado y agencias de auditoría en la posición de proteger esas propiedades. Finalmente, analizamos cómo emergió concretamente el mercado del carbono contemporáneo, cuál es la mecánica de este mercado y cómo distintas partes están localizadas en el funcionamiento del mismo.

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Localizar el viento

La generación de energía en una península árida de La Guajira toma una gran cantidad de conexiones y desconexiones globales. La pregunta que este capítulo aborda es, ¿cuándo se localiza y cuando se deslocaliza el viento para hacerlo apropiable? Localizar el viento tiene, por supuesto, algo paradójico en sí mismo pues los sentidos que se le dan ordinariamente al fenómeno natural enfatizan la fluidez y la dificultad de domesticarlo. Lo que merece explicación es, no obstante, que en el mundo de la energía eólica el viento requiera de su localización constante para que lo que produce (créditos de carbono) fluya de manera análoga al dinero en las finanzas internacionales.

Este capítulo describe el proceso mediante el cual La Guajira se convirtió en el epicentro de las negociaciones para la generación de energías limpias en Colombia. Como cualquier lugar donde se producen dichas energías, se constituyó en la intersección de dos formas de circulación, dos circuitos de los cuales depende la producción de energía eólica. Por un lado, se encuentra el mercado de carbono con unos objetos y regímenes de propiedad. Por otro lado, se encuentran los sitios de producción de energía que debido a características del recurso (aire en movimiento) que se está buscando aprovechar se vuelven críticos. Este último circuito tiene unas nociones de propiedad distinta e inconmensurable con respecto al primero. Mi argumento es que una de las características fundamental de los regímenes de propiedad en las energías limpias es la inconmensurabilidad entre estos dos circuitos, introduciendo así jerarquías de apropiación.

En el capítulo 1 se inició el análisis reticular de la propiedad. En este capítulo se contribuye a dicho análisis al introducir la idea de las jerarquías en la red. En gran parte del manejo del concepto de red en teoría social contemporánea se ha enfatizado la importancia del problema del límite de la red y su cobertura como un atributo que permite descubrir aspectos clave de su naturaleza (Castells, 2009). Marilyn Strathern (1996) ha dicho que las desconexiones de la red son tan importantes como las conexiones. Pero el problema ha sido fundamentalmente la división entre lo que se encuentra fuera y dentro. Esto replica nociones acríticamente asumidas de la globalización (Ghemawat, 2011) como un campo de interconexión total donde el mundo es plano sea esto para bien o para mal (T. L. Friedman, 2007; Klein, 2000). Un ejercicio verdaderamente antropológico sobre las redes de propiedad debería aprender del lenguaje de los que las usan de manera menos metafórica. En el lenguaje de la generación energética hay una clara distinción entre red y sistema de interconexión (o grid, en inglés). La red es un término abstracto rara vez usado sin adjetivos. El problema real del negocio de estas personas son los sistemas de interconexión y es realmente el punto crítico en todos los puntos como demuestran los tratados de ingeniera de estos sistemas, como se evidencia, por ejemplo en Fox et al. (2007) para el caso de la energía eólica. La diferencia es la misma en ciencias computacionales donde se diferencia entre red y cluster, siendo los segundos (y a diferencia de los primeros) unos sistemas donde todos sus componentes comparten el mismo sistema operativo. Mi argumento es que el problema de la propiedad en el contexto de las energías limpias funciona bajo los mismos principios de creación de sistemas de interconexión o cluster donde pueden operar programas independientes dentro de la misma red. Después de subrayar cómo se manifiesta esto en el mundo de los CDM en la primera sección, entraré a detallar uno de esos sistemas de interconexión a los que se les llama en el lenguaje técnico micrositios. A continuación analizo cómo se constituye un circuito desterritorializado paralelo que llamo, a falta de un mejor término, macrositio. Al tratarse de un proceso de constitución de escalas, finalmente analizo qué pasa cuando alguien se atreve a reconectar estos dos circuitos y el proceso que llamo reescalamiento.

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Escalas de la globalización

Los proyectos de reducción de emisiones funcionan dentro de las instituciones que los sustentan a través de una diferencia básica que me fue explicada por un funcionario del Banco Mundial de una manera inadvertida. Cuando contacté a un antropólogo del Carbon Finance Unit del Banco Mundial (CFU) para entrevistarlo y comentarle de mis intereses, me respondió un correo electrónico haciéndome notar una diferencia que hasta el momento se había mantenido fuera de mi atención:

Actualmente trabajo en la Unidad de Finanzas de Carbono del Banco Mundial, entonces puedo responder a sus inquietudes también desde esa perspectiva. Sin embargo, si usted tiene preguntas relacionadas con aspectos transaccionales (en lugar de operacionales) del proyecto Jepírachi o similares, yo le sugiero que contacte, en mi unidad, al Sr. Manuel Luengo, a quien me he tomado la libertad de copiar este mensaje[1].

La diferencia entre operacional y transaccional es realmente nodal. No lo digo por motivos técnicos, sino porque es la categoría etnográfica con que se afirma la existencia de realidades relativamente independientes, manejadas por personas distintas, con reglas diferenciadas y, sobre todo, con unidades de medida diferentes. La distinción entre uno y otro ámbito tiene implicaciones profundas sobre los regímenes de propiedad que emergen en torno a la producción de energías limpias y sobre las posibles formas de resistencia que pueden emerger sobre las mismas.

Así por ejemplo, la movilización social contra la energía limpia tiende a ser comúnmente explicada bajo en acrônimo inglés de NIMBY (Not in my Backyard): no en mi patio. Esto hace alusión a que las personas ven las energías limpias como algo positivo mientras no toque su entorno cotidiano directamente.

Mientras que a muchas personas les gusta la energía eólica en general, a menudo se oponen a tener parques eólicos o líneas de transmisión en sus “patios”. Por lo tanto, una aproximación participativa a la ubicación de la infraestructura de un proyecto eólico puede tener un impacto positivo en las actitudes del público hacia un proyecto en particular, (cf. Ledec, Rapp yAiello,2011:xii)[2].

La tesis NIMBY ha sido criticada por su simplismo. Pradek (2011), por ejemplo, analiza “el naciente movimiento de oposición a la energía eólica en Estados Unidos como evidencia de la emergente resistencia social al acto de re-esculpir las geografías de la energía” (755)[3] . El punto que se escapa a esta crítica, sin embargo, es que, como ha afirmado Appa durai (1996), lo local no es un contexto sino una categoría producida por las cosmopolíticas modernas (ver también Harvey, 2009). Tampoco lo global es lo local multiplicado. El  backyard  no es sencillamente algo a ser defendido que existía antes de los discursos universalistas en que se apuntala la producción de energía limpia. NIMBY no es una manifestación de la defensa de lo local como una expresión de la segregación producida en el proceso de hacer circular, por un lado, energía y, por el otro, créditos de carbono.

A lo que apuntan las tres siguientes secciones, pues, es a la manera como la creación de regímenes de propiedad sobre las energías limpias se corresponden con la creación de determinadas escalas. Estas escalas definen qué puede ser apropiado en cada una de ellas y qué puede ser demandado en compensación. Ahora bien, escala es un concepto que comúnmente se da por hecho. McCarthy ha condensado las diversas visiones sobre lo que son de la siguiente manera:

Inspirados en Lam y Quattrochi (1992), Marston resume las principales acepciones de escala en geografía: convención cartográfica, cobertura de área, nivel de resolución y “el nivel al cual procesos relevantes operan” (2000:220), y anota que teóricos sociales en geografía se quedan casi exclusivamente con el último sentido. Newstead, Reid y Sparke (2003: 486) usualmente refinan el último significado cuando definen escala de este tipo como “la fijación temporal del ámbito territorial de modalidades particulares de poder”. Un consenso ha emergido que las “escalas” en este último sentido son siempre socialmente construidas y por lo tanto, contingentes, disputadas y dinámicas (Brenner 2001; Marston 2000; Newstead, Reid and Sparke 2003; Smith 1992). La producción de escalas, más que la escala en sí misma, esa menudo el foco de atención en investigación (Smith 2000:725), aunque esto no implica negar que las escalas socialmente producidas tengan tremendos efectos materiales de gran persistencia. (McCarthy 2005: 733)[4].

Es en esta línea que se argumenta que los regímenes de propiedad requieren producir escalas que reflejan formas de poder social. A continuación se analizan dos formas de producirlas en la generación de energías limpias y un proceso transversal. La primera es la localiza-ción territorial que se requiere para poder aprovechar el viento y que termina siendo fundamental para entender por qué la servidumbre se generaliza como modelo de administración de la propiedad en el tipo de proyectos analizados. La segunda consiste en la creación de unidades de propiedad abstractas como los créditos de carbono sobre los cuales pocos tienen control y acceso. El proceso transversal lo he llamado  reescalación  y ocurre cuando participantes interesados en los circuitos de las escalas las desafían al tratar de hacer los objetos de propiedad de cada una, conmensurables entre sí.

Comunicación electrónica con Kenn Rapp. Banco Mundial. 30-08-12. Cita original: "I currently work in the Bank's Carbon Finance Unit, so I can address your questions/ concerns from that perspective as well. However, if you have questions regarding the transactional (as opposed to the operational) aspects of Jepirachi and similar project, I would suggest that you contact Mr. Manuel Luengo of my unit, whom I have taken the liberty of copying here."↵

Cita original: "While many people like wind power in general, they are often opposed to having wind farms or transmission lines in their "backyards." Therefore, a participatory approach regarding the location of wind project infrastructure can have a decidedly positive impact on public attitudes towards particular projects"↵

Cita original: This article examines the nascent US wind energy opposition movement as evidence of emerging social resistance to the re-sculpting of energy geographies.↵

Building on Lam and Quattrochi (1992), Marston summarizes the major multiple meanings of scale in geography: cartographic legends, areal extent, level of resolution, and the "level at which relevant processes operate" (2000:220), and goes on to note that social theorists in geography grapple almost entirely with the last of these. Newstead, Reid and Sparke (2003:486) usefully refine this last meaning by defining scale of this sort as "the temporary fixing of the territorial scope of particular modalities of power". A consensus has emerged that "scale" in this last sense is always socially constructed, and therefore contingent, contested, and dynamic (Brenner 2001; Marston 2000; New-stead, Reid and Sparke 2003; Smith 1992). The production of scale, rather than scale itself, is thus often the appropriate research focus (Smith 2000:725), although this not to deny that socially produced scales still have tremendous material effects and often great persistence"↵

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Micrositios

Esta sección relata una transformación clave en el proceso de la generación de energías limpias negociables a escalas internacionales. Cuenta cómo un lugar es transformado en un sitio y un micrositio, es decir, el escenario de producción de energía en cumplimiento de estándares sociales, tecnológicos y medioambientales. En concreto cuenta cómo un conjunto de rancherías wayúu llamadas Kasowolin y Arrutkajui (y en menor medida Media Luna) se convirtieron en Jepírachi Wind Farm.

La energía eólica se promociona internacionalmente como una metáfora en sí misma del carácter democrático de las medidas por la reducción de emisiones de CO²: si las emisiones nos afectan a todos en un sistema planetario llamado atmósfera, la soluciones a estas es un fenómeno que es imposible de localizar, un fenómeno parte de la atmósfera misma que circula sin conocer fronteras nacionales, comerciales y, en cualquier caso, todo lo que parezca un frontera antrópica. Dicha representación obedece a la exposición pública de esta fuente de energía, más que las demandas técnicas de la misma.

De la energía irradiada por él sol, solo el dos por ciento se transforma en el flujo atmosférico de gases dentro del cual hay que distinguir dos tipos: los globales y los locales (Rodríguez, 2004: 28). Los primeros”obedecen a patrones establecidos por la rotación de la tierra y la irradiación solar global”. Los segundos, “originados e influenciados por las condiciones de temperatura y las características de la superficie en determinadas zonas” (Rodríguez, 2004: 28). La generación de energía eólica depende de los segundos, pues los primeros viajan a mayor altitud. De esta clasificación de los vientos, que se encuentra constituida por categorías geopolíticas contemporáneas, pero a la vez las define, se deriva la gran importancia del sitio del parque eólico o “wind farm” que es un conglomerado de turbinas pensado como modelo de eficiencia en la explotación de las energías limpias durante los años 1980 en California (Khaligh y Onar, 2010: 104).

El primer ejercicio de localización lleva a la búsqueda de áreas donde estos vientos superficiales, sumados a corrientes globales, como los vientos alisios, confluyen. Estas áreas tienden a ser marginales y alejadas por sus mismas características ecológicas. La naturaleza marginal de los sitios de energía eólica es prácticamente una cuestión dada por sentada en el contexto de la promoción de dichas energías: “En muchas partes del mundo en vía de desarrollo y definitivamente en América Latina y el Caribe (LAC), las áreas con el mayor potencial para energía eólica son desiertos remotos, planicies y cimas de montaña – precisamente esos lugares donde suelen encontrarse poblaciones rurales de escasos recursos. También son altas las posibilidades que dichos lugares coincidan o estén contenidos en su totalidad dentro de territorios de pueblos indígenas.” (Ledec, et al., 2011: 62-63)[1].

En el caso de La Guajira, los funcionarios de EPM encargados de las consultas, negociaciones, gestiones y concepción del parque con que me entrevisté insistían también en la distancia. Jepírachi, me dijo un funcionario del área de planeación de EPM, fue el primer movimiento de la empresa hacia las energías alternativas y hacia plantas de generación fuera de Antioquia, la región de la que es oriunda la empresa: “Antes de eso éramos aquí, antioqueños, encerrados”. Esta distancia es expresada de manera constante en el proyecto de forma etnicizada (a través de imágenes de wayúus), moralizada (como cuando insisten sobre estilos de trabajo distintos por fuera de Antioquia) y, finalmente, la que más me interesa subrayar aquí, espacializada. Los mapas en los materiales informativos del proyecto expresan esto muy bien. (Figura 2)

La definición del sitio toma como punto de partida el establecimiento de una red de torres de medición de viento. Estas no son un artefacto marginal de las políticas contemporáneas de reducciones de emisiones pues definen un territorio a través de estándares particulares que lo ubican en la geopolítica del mercado de carbono (un análisis más detallado de estas torres de medición puede encontrarse en el capítulo 6). De esta red de torres en La Guajira, los técnicos delimitaron algunos lugares de potencial construcción del parque (Figura 3)

El proceso de selección terminó por privilegiar el Sitio 1, lugar donde actualmente se ubica el parque eólico. Las consideraciones fueron de diversa índole y las resume un informe de gestión social justo al finalizar la primera etapa de consultas:

Para la selección del sitio del proyecto se consideró el área comprendida entre el Cabo de la Vela y Bahía Pórtete, zona en la cual se preseleccionaron y evaluaron seis alternativas para la localización del parque. El análisis involucró aspectos técnicos, ambientales y socioculturales como: cercanía al puerto para el arribo de embarcaciones con gran capacidad de carga para el desembarque de equipos, minimizando las distancia para el transporte terrestre de los mismos, cercanía a la línea de alta tensión Cuestecitas – Puerto Bolívar, facilitando la conexión a la red, condiciones geológicas, topográficas y biocli-máticas favorables para la construcción de vías, de acceso e infraestructura de construcción, montaje y operación y escasa población en inmediaciones del proyecto. Adicionalmente se evitó interferir con concepciones mágico religiosas de los indígenas, o las actividades cotidianas de las comunidades y la protección de la faunay flora estableciendo restricciones entre 200 a 1000 metros a sitios como jagüeyes, rozas de cultivos, cementerios, línea costera y rancherías. (Empresas Públicas de Medellín, 2002: 57)

La localización del sitio de construcción del parque está directamente relacionada con la noción de impacto espacializado a través de lo que se llama área de influencia en el argot de la implementación de proyectos de desarrollo infraestructural. Áreas de influenc/a es un concepto complejo que superpone redes de parentesco, límites espaciales, medidas técnicas de afectación, distancias, unidades de medida, entre otras cosas. Estas áreas de influencia son el elemento más determinante en la configuración de arreglos sobre la propiedad (ver capítulo 5 y 6 para un análisis detallado) pues crean una zona de excepcionalidad donde juridicidades paralelas emergen, actores se constituyen y reclamos por la posesión de bienes inalienables empiezan a enunciarse.

Hay varias consideraciones que, en el caso de desarrollos eólicos entran en juego para definir las áreas de influencia y que se ven desde la perspectiva de los implementadores como “mitigando el riesgo social y optimizando los beneficios sociales del desarrollo de energía eólica” (Ledec, et al., 2011: ll)[2]. El primer tipo de consideración tiene que ver con aspectos relacionados con la infraestructura. Tanto el transporte como la instalación de turbinas implican una definición de área de potencial afectación con cuyos moradores debe entrarse en procesos de consulta y negociación, y que terminarán involucrados en una relación de larga duración con la infraestructura, los efectos inmediatos de la presencia del parque, los operadores y los actores transnacionales. Otro aspecto fundamental son las líneas de interconexión eléctrica entre torres, entre torres y subestación y entre subestación eléctrica y líneas de interconexión eléctrica nacional.

Los que se conocen en el argot de la implementación de estos proyectos como criterios sociales son también centrales. Entre estos se cuentan impactos visuales (como el efecto del parpadeo de la sombra o shadowflicker), la distancia hasta lugares de habitación y determinados tipos de producción agrícola y, como se verá más claramente en un momento, la etnicidad de las personas que viven en el territorio. De hecho, la selección del sitio es considerada técnicamente como uno de los principales medidas para la reducción del impacto. En general, todas las consideraciones pasan por la forma de medir la huella espacial de este tipo de proyecto (los que tienen asiento en tierra firme por oposición a los que se hacen en el mar):

1-   El área de tierra despejada incluye el espacio ocupado por las plataformas de las turbinas, vías de acceso, zonas de parqueo, oficinas de obra, y otras obras civiles, así como también cualquier otra área adicional despejada para el montaje y manejo de equipos pesados usados durante la instalación de las turbinas. El total del área de tierra despejada es variable, pero regularmente se encuentra entre 1-2 ha/MW (hectáreas por MW). En la base de por-MW, los parques eólicos que constan de turbinas más grandes tienden a requerir proporcionalmente un menor uso de la tierra porque el número total de turbinas y plataformas, vías de interconexión, y facilidades relacionadas es mucho menor.
2-   El área de tierra requerida por un parque eólico es el espacio en el cual se encuentran la formación de turbinas, subestaciones y otras instalaciones del parque eólico. También hay a veces un área adicional de retiro alrededor del parque eólico donde se prohibe a los propietarios de terreno sembrar árboles altos o edificar estructuras altas, esto con el fin de evitar afectar las corrientes de aire que usan las turbinas. El área de un parque eólico varía considerablemente basado en las condiciones del viento, topografía y otros factores, pero normalmente se encuentra en el rango de 10 – 30 ha/MW (a veces más). Dentro del área de un parque eólico, aproximadamente el 90 por ciento de la tierra que no es despejada para equipos de energía eólica generalmente está disponible para que continúen usos preexistentes como pastoreo y cultivos.

3-   La huella visual [view-shed or visual footfrint] de un parque eólico es el área dentro de la cual el parque es visible. Esta área varía de acuerdo a la topografía y altura de las turbinas, y puede involucrar un radio de hasta 30 km (kilómetros) aunque los impactos visuales más significativos se dan dentro de los 5 km. (Ledec, et al., 2011: 11-12, énfasis en el original)[3].

Una decisión clave en la constitución de un área de influencia es lo que se llama micro-situación o micrositing e implica definir fundamentalmente la posición de la infraestructura dentro del sitio. Esto tiene implicaciones en la biodiversidad de la zona, pues responde a la preocupación por la posibilidad de que las turbinas maten aves nativas, migratorias o murciélagos en las vecindades. Otro aspecto involucrado en la micro-situación son fronteras de “comunidades”, proximidad a sitios sagrados o de patrimonio arqueológico, entre otros.

Una herramienta clave en la construcción de las áreas de influencia y en lo que se empieza a perfilar como una zona tecnológica (Barry, 2006) son los mapas. Los hay de todos los tipos y las evaluaciones sociales y los SEA (Strategic Environmental Asessments) los usan intensivamente. Un tipo particularmente interesante que crea nuevas formas de territorialidad en el sitio se llaman mapas de zonificación que dividen el espacio en zonas de exclusión donde no debe haber ni turbinas ni líneas de transmisión (representadas con color rojo), zonas de precaución, donde preocupaciones específicas deben ser tomadas en cuenta (representadas con amarillo) y zonas de promoción, donde se pueden hacer desarrollos eólico siguiendo los estándares sociales y ambientales del caso (representadas con verde). Se crea, de esta manera, junto con el sitio en su conjunto, una geografía del riesgo en torno al parque eólico.

En el caso de Jepírachi, el parque fue construido en un territorio de pastoreo entre dos rancherías, cuestión, que, según me informaron funcionarios de EPM fue motivado para disminuir el enfrentamiento entre los habitantes y autoridades reconocidas del sitio seleccionado. Incluso se cambió la distribución de las turbinas teniendo en consideración la ubicación de los cementerios, áreas de cultivos y sitios arqueológicos.

Un aspecto fundamental para determinar la ubicación fue la presencia del puerto carbonífero situado al Este del actual parque eólico y por donde ingresaron las turbinas al país. El puerto, y las vías que debieron ser modificadas para el transporte de los componentes quedan en un conjunto de rancherías conocido como Media Luna y que, por este motivo ahora está incluido en algunas medidas compensatorias del parque. En términos infraestructurales, el parque eólico Jepírachi está compuesto por 15 turbinas Nordex N/60:

Los aerogeneradores están compuestos por un rotor de 60 metros de diámetro (196.8 pies) y un generador instalado sobre una torre de 60 metros de altura (196.8 pies). Están distribuidos en dos filas de 8 y 7 máquinas respectivamente, separadas aproximadamente 1.000 metros (1,093 yardas). La distancia promedio entre aerogeneradores es de 180 metros (196,8 yardas), pero por situaciones propias de cada sitio, se requirió variar la separación entre aerogeneradores y la dirección de la línea [...]. Los aerogeneradores están interconectados entre sí por una red subterránea a una tensión de 13,8 kV, la cual conduce la energía hacia la subestación eléctrica localizada en el centro del perímetro sur del área ocupada por el parque.” (Empresas Públicas de Medellín, 2010: 10)

El proceso de localización o sitting contiene un proceso correlativo sin el cual es difícil entender sus verdaderas implicaciones: se trata del proceso de distanciamiento. Por este entiendo un conjunto más o menos estable de representaciones sobre el paisaje donde son implementados los proyectos de energía eólica. El trabajo de establecer un nodo en una red de relaciones de la apropiación del entorno implica incorporar en él ciertos distanciamientos. Especialmente cuando se negocia la propiedad sobre los beneficios es importante crear distancia que haga conceptualmente imposible reclamar algunos aspectos de la producción energética como legítimamente “propios”.

La primera dimensión en la cual la situación del parque requiere la producción de distancia es la micro-situación. Los estándares para la construcción de parques eólicos recomiendan una distancia mínima de 130 metros de cualquier unidad habitacional o lugar de circulación o reunión pública. En esta distancia entran estándares estrictos sobre el control del ruido:

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las fuentes de ruido al aire libre permanezcan por debajo de los 55 dB(A) durante el día y 45 dB(A) en la noche. Una turbina de viento operando por debajo de los 45 dB, lo cual es el tope máximo del rango típico para proyectos eólicos en tierra firme, estaría entonces por debajo de todos los umbrales aceptables de ruido. (Ledec, etal., 2011: 78)[4].

En Jepírachi, esto se reflejó en distancias mayores, lo que efectivamente previene que el ruido se escuche en la mayoría de casas. Más allá de esto, lo que me interesa, es que la distancia creó, en efecto, un tercer territorio distinto al de las rancherías que confluyen en lo que antes se había concebido como un espacio de frontera fluida donde forrajeaban los animales de las dos rancherías. Este tercer territorio, que ahora la gente lo llama “el parque”, tiene restricciones de acceso, de uso, sus propios agentes de control (los celadores) y su propio paisaje.

Este es sólo uno de los tipos de distancia que se concibieron en el diseño de Jepírachi. Otras tienen más que ver con cuestiones relacionadas con “la cultura wayúu”, como la distancia a los cementerios, sitios arqueológicos y lugares de previa habitación con restos de unidades domésticas derruidas de anteriores generaciones que son importantes para los habitantes de los alrededores. Todos estos son llamados en el argot de los proyectos de desarrollo eólicos Cultural Physical Resources y tienen su propia forma de regulación dentro de los estándares del Banco Mundial (World Bank, 2006).

Hay otro tipo de distancia que no se puede obviar en el caso de La Guajira y es la región como un paisaje asociado con la frontera de colonización colombiana. El antropólogo wayúu Wilder Guerra Cúrvelo ha llamado a La Guajira un “paisaje expiatorio”: siempre representado como baldío, vacío y con el cual se puede hacer cualquier cosa (Wilder Guerra Cúrvelo, 2012). Phadke (2011), en su análisis de los procesos de resistencia a la construcción de proyectos de energía eólica en Nevada, Estados Unidos, ha concluido que las nociones de paisaje idílico que tiene el desierto del centro de este país es central para entender cuándo y cómo la gente reacciona negativamente a los parques eólicos. No basta con la tesis de que la gente está de acuerdo con la energía eólica en abstracto, pero se resiste en sus propios territorios, popularmente conocida por sus siglas en inglés NIMBYismo (Not in my Back Yard).

Quienes promocionan el desarrollo eólico han buscado alejarse de estas representaciones de distancia y paisaje expiatorio:

Las representaciones visuales de parques eólicos tienden a mostrar una distribución de turbinas inmensas y solitarias sobre planicies con césped, sobre una cresta de montaña, o en la superficie del océano. Sin embargo, como las instalaciones asociadas con cualquier tecnología de generación de energía, las turbinas de viento no existen en un vacío social; como creaciones humanas que son no pueden estar separadas de las configuraciones sociales y culturales en las cuales fueron diseñadas, construidas y operadas. (Ledec, et al., 2011: 58)[5].

No obstante, en la práctica, distanciarse de nociones moralizadoras del paisaje resulta ser mucho más complicado. Para el personal de EPM, “los primeros desafíos [al construir el parque] tienen que ver con la adaptación de metodologías de estudio a las condiciones del país y a la información existente, buscando el viento con base en árboles inclinados, en tormentas de arena o en dunas remontantes, lo cual llevó a concluir sobre la conveniencia y necesidad de avanzar en estudios más detallados de un proyecto con una nueva tecnología y en una región tan apartada y diferente de Antioquia.” (Aristizábal, 2004: 18). En diversas entrevistas, los funcionarios de planeación del operador del proyecto expresaron que todo el proceso de Jepírachi había sido una experiencia nueva para EPM, quienes tenían una larga trayectoria en hidroeléctricas. Fue el primer movimiento de EPM hacia las energías alternativas y hacia plantas fuera de Antioquia: “Antes de eso éramos aquí, antioqueños, encerrados”.

Lo que en un principio puede parecer consistir en simplemente reducir a una cuestión de distancia geográfica, se expresa con fuerza en un sentido culturalizado y moralizado. Por un lado, una antropóloga que participó en el proceso de planeación y negociación previa a la construcción del parque se refiere al proceso en estos términos: “lo cierto era que éramos dos culturas, que estábamos compartiendo el mismo territorio y nos teníamos que entender”. Un economista de EPM que también participó en el proceso lo puso en términos un poco más abstractos “debíamos compatibilizar los regímenes normativos”[6]. Asociar las diferencias culturales a los regímenes normativos, tiene una clara dimensión moral. Así, por ejemplo, al explicar las relaciones con las autoridades municipales, estos mismos funcionarios mencionaron que el “estilo de manejo de las cosas” era completamente distinto: “nada pasa”, “los compromisos no se cumplen”, “hay mucha corrupción”. Esto debe ser tomado en cuenta en el contexto de una empresa originaria de una región de Colombia que ha asociado tradicionalmente una identidad regional a un fuerte sentido de ética del trabajo. Es difícil hacer suficiente énfasis en esto, porque las diferencias culturales de “los paisas”, como son conocidas las personas originarias de la región de donde viene EPM, tienden a ser tomadas como un claro indicativo y garantía de eficiencia y eficacia. Una de las anécdotas que resume todo este choque es el alquiler, por parte de la administración municipal y luego de los líderes indígenas prestando servicios de transporte a EPM, de carros robados en Venezuela como algo normal y algo frente a lo cual la administración municipal cohonestaba. Según Jaime, un funcionario de EPM, “incluso a los funcionarios del Banco Mundial se les alquilaron estos carros. ¡Ellos aterrados!”.

En su conjunto, estas expresiones de distancia a través de las cuales son concebidos los micrositios como espacios de acción, son solamente una expresión de un patrón más general. Bailey, Gouldson y Netwell (2011), quienes han analizado procesos de modernización ecológica y gobernanza climática dentro de los cuales caben ejemplos como el de Jepírachi, se han referido a la contingencia espacial de las manifestaciones del fenómeno. Los proyectos, modelos y métodos están basados en asunciones sobre capacidades técnicas, productividad de los territorios, modelos de desarrollo peculiares de quienes promueven los proyectos y que rápidamente se espacializan en términos de las decisiones de los lugares sobre los cuales se asientan, en este caso, un parque eólico, sobre un territorio como La Guajira: poblado por indios, remoto, seco, hostil y tradicionalmente resistente a la colonización.

Las críticas a las contingencias espaciales de los modelos de modernización ecológica son clave porque ningún micrositio existe por fuera de unas redes de circulación más amplia de las cuales depende, pero a los cuales se les mantiene cuidadosamente separados. A la construcción de estos circuitos correlativos los he llamado macrositiado y será el objeto de análisis de la siguiente sección.

Cita original: "in many parts of the developing world and certainly in Latin America and the Caribbean (LAC), the areas with the highest wind power potential are remote deserts, plains, and mountaintops—precisely those places where lower-income rural populations tend to be found. The possibility also arises that such places will overlap with, or be contained entirely within, the territories of indigenous peoples."↵

Cita original: "mitigating the social risks and optimizing the social benefits of wind power development"↵

Cita original: "i. The land area cleared includes the space occupied by wind turbine platforms, access roads, parking lots, project offices, and other civil works, as well as any additional land cleared for the staging and maneuvering of heavy equipment used during turbine installation. The total land area cleared is variable, but is often in the vicinity of 1-2 ha/MW (hectares per MW). On a per-MW basis, wind farms comprised of larger turbines tend to require proportionately less land because the total number of turbines and turbine platforms, interconnecting road area, and related facilities is less. ii.The land area claimed by a wind farm is the space within which the turbine array, substation, and other wind farm facilities will fit. There is also sometimes an additional buffer area around the wind farm where landowners are prohibited from planting tall trees or erecting tall structures, designed to avoid affecting wind flows to the turbines. The wind farm area varies considerably based on wind conditions, topography, and other factors, but is often in the range of 10-30 ha/MW (sometimes more). Within the wind farm area, the roughly 90 percent of the land that is not cleared for wind power equipment is generally available to continue pre-existing uses such as grazing or cultivation, iii. The view-shed or "visual footprint" of a wind farm is the area within which the wind farm is visible. This area varies according to topography and turbine heights, and can involve a radius of up to 30 km (kilometers) although the more significant visual impacts occur within about 5 km.↵

Cita original: "The World Health Organization recommends that outdoor noise sources remain below 55 dB(A) during the day and 45 dB(A) at night. A wind turbine operating below 45 dB, which is at the upper end of the typical range for onshore wind projects, would thus be well below all recognized noise thresholds."↵

Cita original: "Visual representations of wind farms tend to show an array of massive, lonely turbines on a grassy plain, along a high ridge-top, or on the surface of the ocean. Like the installations associated with any power generation technology, however, wind turbines do not exist in a social vacuum; as human creations they cannot be separated from the social and cultural settings in which they are designed, built, and operated".↵

Entrevista con Ana Sandoval y Jaime Aramburo. EPM. Medellín. 18-04-2012. Realizada por Pablo Jaramillo↵

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...y macrositing: los circuitos de la generación de créditos de carbono

Espeland y Steven (1998), en un influyente artículo han descrito el problema de la conmensuración como un proceso social fundamental: “La capacidad de crear relaciones entre prácticamente cualquier cosa es extraordinaria en cuanto que simultáneamente supera la distancia (creando lazos entre cosas donde nunca nada había existido) e impone distancia (expresando valor en formas abstractas y remotas). De esta manera, la conmensuración crea nuevas cosas, relaciones nuevas entre cosas distintas y remotas, y cambia el significado de las cosas viejas” (324)[1] . El proceso de conmensuración e inconmensuración está en tensión permanente en la creación de energía limpias y sus derivados: créditos, comunidades, políticas de salvaguarda, entre otros. Como hemos visto, la distancia es un atributo básico de los sitios y micrositios, pero a la vez estos aparecen conectados con redes abstractas a unos flujos de capital, créditos de carbono y conocimientos expertos de tal forma que hay circulaciones normativamente definidas y otras proscritas. Este asunto lo entendí en conversaciones con personal del Banco Mundial que me ayudó a adentrarme en cómo se ve un proyecto desde su punto de vista

Ya había tomado demasiado café para esa hora de la mañana cuando me encontré a una funcionaria de la región “LAC” (América Latina) del Banco Mundial y quien me invito a Lafayette Square en Washington a tomar uno más. Le quería preguntar de la manera más informal posible sobre el proceso, al interior del Banco, de proyectos similares a Jepírachi. Esta funcionaria me explicó que hay dos tipos fundamentales de proyectos con los que se relaciona el Banco y, particularmente, los que tienen que ver con la unidad de Finanzas de Carbono[2]. Unos, donde el involucramiento del Banco es marginal y cuyo típico caso es el de los proyectos de créditos de carbono: con las cuestiones de negociaciones y salvaguardas para los potenciales impactos “el trabajo es más remedial que de diseño” me dijo. El Banco no tiene ni el poder ni la autoridad suficiente para detener un proyecto que viole aspectos menores de las regulaciones y el operador bien puede dirigirse a otras fuentes de financiación. Otro es el caso cuando el banco pone todo el dinero para el desarrollo del proyecto. En esos casos, los funcionarios del Banco tienen más capacidad para influenciar la imple-mentación de los proyectos y tomar decisiones de peso en el proceso a través de la aplicación de salvaguardas (ver capítulo 4)[3]. Esto, según me dice la funcionaria, aplica para el caso del IBDR (International Bank for Development and Reconstruction) que es, de hecho, la institución a la que se llama “Banco Mundial”, y el IDA (International Development Agency), cuyos proyectos se relacionan directamente con gobiernos. Para el caso de la empresa privada, se debe mirar al International Finance Corporation (IFC), que directamente apoya casos de este sector[4]. Independientemente del caso, continuó la funcionaria, el Banco opera a través de una matriz que mezcla sectores con regiones. Esto quiere decir, en el caso de Jepírachi, que el sector “Energy” (Energía) y la región “LAC” se sobreponen para ocuparse del proyecto. Es desde la compleja superposición de funcionarios y mecanismos de trabajo que las revisiones del proyecto tienen lugar. No es el momento para elaborar sobre esta revisión que pasa por muchas manos antes de poder ejecutarse. Por el momento, me interesa subrayar la manera en que organizaciones del tipo del Banco Mundial deben operar a través de una noción fuerte de tipos ideales de proyectos que, sin embargo, deben constantemente flexibilizar. La cuestión empieza por las características de lo que se llama en los pasillos de la organización, clientes. EPM, por ejemplo, el cliente en el caso de Jepírachi, es una empresa de carácter mixto, con fuerte participación del municipio de Medellín, pero con un porcentaje de participación privada que le imprime un manejo más parecido a lo primero que a lo segundo, pero que tiene algunas libertades que solo gozan empresas que normalmente entraría a financiación a través del IFC.

El asunto no termina allí. No habían pasado veinticuatro horas de la conversación con esta funcionaría del Banco para encontrarme sentado con otro funcionario, en este caso de la Unidad de Finanzas de Carbono (UFC). El contraste entre los dos funcionarios era ilustrativo de la diversidad de lo que se ha venido a llamar “cultura organizacional” (cf. Schwartzman, 1993). La primera, tan informal y relajada como para llevarme a dar un paseo por las calles de Washington, D.C. mientras me hablaba de su visión del Banco, contrastaba con la de un auténtico banquero cuyas transacciones se daban, en efecto, en toneladas equivalentes de dióxido de carbono. La funcionaría del LAC era una mujer norteamericana con formación en Desarrollo Internacional; el funcionario del UFC era un economista español. La primera espontánea y dispuesta a salirse del guión de la entrevista; el segundo grave y en una actitud entre amable y agresiva al decir exactamente lo que él tenía para decir – y nada más. Esos contrastes eran mínimos si se los compara con la visión que los dos tenían sobre el Banco. En la medida en que la funcionaría de LAC debía hacer fluir proyectos y el segundo créditos de carbono y dinero, las relaciones sobre las que se centraban eran distintas.

El banquero era nada menos que “el gerente” de Jepírachi dentro de la UFC. Algunos detalles de su relación con el proyecto los relataré más adelante. Lo que me interesa resaltar por ahora es el lugar que él le da al proyecto dentro del Fondo de la UFC al que pertenece. Esto demanda una explicación. El UFC funciona a través de Fondos. Estos Fondos corresponden a los compromisos que empresas y países hacen frente al BM de comprar créditos de carbono derivados de proyectos de reducción de emisiones con características particulares. No quiere decir esto, pues, que los aportantes de un Fondo depositen el dinero en una cuenta bancaria a la espera de la generación del créditos de carbono. Sencillamente dan fe del hecho de tener unos fondos comprometidos una vez los créditos han sido generados por una entidad con la suficiente capacidad técnica como para hacerlos: es decir, algo parecido al Banco Mundial o, preferiblemente, en Banco mismo. El Banco es, de hecho quien más fondos de carbono emite en el mundo y demuestra así su compromiso con los dos principales objetivos del protocolo de Kyoto que son, a saber, la reducción de emisiones y el fortalecimiento de la transición industrial limpia en países cuya trayectoria a la industrialización sería idealmente acaecida sin que implique las emisiones de los países que son desarrollados en el mundo contemporáneo.

El mercado de emisiones está basado en la idea de que una tonelada de Carbono emitida es igualmente perniciosa para el medio ambiente independiente de su lugar de emisión y esto se refleja, en teoría en el valor de las emisiones. Este valor es altamente sensible a la negociación entre operadores y financiadores, como se mostrará en el siguiente capítulo. El papel del Banco en el mercado de emisiones es el de encargarse de desarrollar proyectos en nombre de países y empresas. Las empresas, como se acabó de mencionar, comprometen el dinero y el Banco posteriormente redistribuye los créditos generados de manera proporcional entre los miembros del Fondo. Lo que los contribuyentes del Fondo comprometen es central para los funcionarios dentro de la UFC pues si los créditos generados alcanzan el límite del dinero efectivamente disponible dentro del Fondo, el Banco no puede desarrollar más proyectos orientados a la generación de créditos.

Ahora, aunque el mercado de carbono está basado en la idea del impacto indiferenciado de las emisiones de C02 (“es igual el daño si se emite en Kenya o en Colombia”, me decía el banquero), el funcionamiento de las circulaciones está sustentada en un cálculo altamente tecnificado sobre el precio de las reducciones. Para realizar ese cálculo, específicamente en el caso de la energía eólica, una firma consultora contratada por el Banco realiza una simulación sobre el funcionamiento de la red de interconexión eléctrica y calcula cual es el factor de emisión de la red en su conjunto – esto es, cuánto emite en CO² un MW de electricidad en un momento dado. De acuerdo a este factor se establece cuantas toneladas de C0²e se reducen por MW emitido a través de tecnologías de generación eléctrica neutras o con muy bajas emisiones. Estas metodologías, aunque son implementadas por consultores del Banco, son, de hecho, diseñados por técnicos de este último, lo cual le sirve para proyectarse como una entidad pública planetaria que “hace lo que no es rentable y lo que nadie más haría”, me decía el banquero del UFC.

Para avanzar en un proyecto que genere créditos de carbono, representantes del banco y del cliente se deben poner en contacto para determinar las características del proyecto y negociar el precio de los créditos. La divisoria fundamental de un proyecto se determina cuando los estudios técnicos determinan que es adicional, es decir, que sin el apoyo del Banco el proyecto no sería viable. Una vez determinado esto, a lo que me referiré de nuevo más adelante, se firma un contrato ERPA (Emissions Reduction Purchace Agreement). Tal acuerdo consiste en que el Banco se compromete a desarrollar la regulación para medir las reducciones y a comprar a un precio negociado con el cliente a través de la metodología descrita arriba.

En el precio pactado por un crédito no hay reflejadas ganancias para el Banco, sino solamente una forma de cubrir los costos de la medición de emisiones, insistió el banquero de carbono. Tampoco hay un interés de parte del Banco de desplazar y competir con iniciativas privadas que estén interesadas en la generación de energías limpias donde efectivamente pueda ser rentable. De nuevo, para reforzar la imagen del Banco como entidad pública del mundo, el representante del UFC dijo que estaban sólo “interesados en trabajar, donde no trabaja nadie”.

Una vez un proyecto ha sido aceptado como potencial MDL y se ha determinado la adicionalidad, los mismos auditores revisan “la parte social” y su ajuste con las salvaguardas del Banco. En el siguiente capítulo daré espacio suficiente para explicar cómo operan dichas salvaguardas en teoría y en la práctica, así que no me detendré en ello en este momento. Por ahora importa saber que, una vez el proyecto ha pasado todos los filtros de auditoría, puede pasar a la etapa de registro en el UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), lo que implica el reconocimiento definitivo de que el proyecto genere créditos de carbono.

La generación de créditos presupone que el proyecto de energía eólica (o cualquier otro que clasifique como CDM, para ese efecto) fue efectivamente construido. De ahí que el siguiente paso en esta reconstrucción de la circulación financiera del viento, es el proceso de verificación y certificación de los créditos. Este proceso es, en esencia informacional, así que el viento a esta altura se convierte en valores numéricos, gráficos longitudinales, expresados en tablas e informes técnicos. El cliente debe hacer disponibles para el Fondo los datos de generación de energía del país y de la subestación asociada con el MDL. En Colombia, el proceso es relativamente fácil en la medida en que estos datos son disponibles públicamente: reflejan tanto la producción de la totalidad de la red como de estaciones de generación de energía, cosa en la que se ha convertido Jepírachi a estas alturas[5]. Las revisiones de este tipo generalmente se hacen cada año y una firma auditora debe revisar la calibración de los equipos y posibles cambios en ellos.

Una vez confirmados, los créditos se guardan en una cuenta y se pagan al firmante del ERPA. Del lado del Fondo del que provinieron los dineros, los créditos se redistribuyen de forma proporcional a las contribuciones. En caso de los proyectos semi-públicos (caso común en las concesiones de rellenos sanitarios y en empresas, que como EPM, actúan en nombre del Estado, pero funcionan con esquemas corporativos privados), los dineros a cambio del crédito son, en todo caso, de quien firmó el ERPA.

Toda esta circulación relatada en esta sección no es otra cosa y una cosa completamente distinta que la circulación del viento mismo que produjo la energía. Es, simultáneamente tan parecido y tan distinto a las partículas moviéndose por la atmosfera, excepto que en esta forma de distribuir ganancias de su energía, han sido completamente reconvertidas en algo movible independientemente de los flujos de energía planetaria que, a la vez, se han vuelto conmensurables con los créditos para asumir la trayectoria opuesta: de las áreas marginales del capital al centro de los flujos monetarios globales: es a esto a lo que se puede llamar el macrosituación en la producción de energías limpias. El ma-crositing (para usar la jerga del Banco) tiene sus propias tecnologías y artefactos. Se trata de instrumentos que crean una esfera de circulación y que le dan una naturaleza particular. Los documentos en los que se sustenta esta circulación son un buen ejemplo de esto: van de un lado a otro, se producen, se consumen, certifican los derechos de propiedad sobre una reducción, pero a la vez están excluidos del resto de las circulaciones que ocurren en otras escalas (Figura 4).

Hay un punto ciego bastante obvio en lo que he llamado macrosi-tuación: el lugar que se necesita para producir la energía se encuentra excluido de la circulación misma. Como mostraré en la siguiente sección, Jepírachi fue el modelo mismo del Fondo Comunitario del Carbono que implica una consideración sobre los aspectos sociales del micrositio y una idea de redistribución a ese nivel que es, sin embargo, muy limitada.

Cita original: "The capacity to create relationships between virtually anything is extraordinary in that it simultaneously overcomes distance (by creating ties between things where none before had existed) and imposes distance (by ex-pressing value in such abstract, remote ways). In doing so, commensuration creates new things, new relations among disparate and remote things, and changes the meanings of old things."↵

Entrevista con Dianna Pizarro. Banco Mundial. Washington D.C. 21-09-12. Realizada por Pablo Jaramillo.↵

El Banco Interamericano de Desarrollo también tiene un conjunto de salvaguardas, que aunque no aplicaron a Jepírachi, su mención es importante en la medida en que esta institución tiene interés en proyectos de La Guajira. Las salvaguardas del BID son: "Involuntary Resettlement Operational Policy" (1998), "Indigenous Peoples Policy (IPP)" (2006), "Disaster Risk Management Policy" (2007), "Operational Policy on Gender Equality in Development" (2010), "Access to Information Policy" (2010) (BID, 2011).↵

Las políticas de salvaguarda indígena de la IFC se llama Guidance Note 7. Indigenous Peoples (IFC, 2012). Un ejemplo de proyecto en energía eólica en Latinoamérica financiado por esta organización es Eurus Wind - México (http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsitel. nsf/ProjectDisplay/ESRS28434)↵

En Colombia estos datos son canalizados a través del Ministerio de Minas y Energía que regula el sector.↵

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Reescalación: del fondo prototipo al fondo comunitario

Mi interés en la negociación de derechos de propiedad sobre el viento, como relaté brevemente en el capítulo 1, inició en el año 2008 cuando, junto con líderes del pueblo indígena wayúu y de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), visité el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en Nueva York[1]. El foro de ese año orbitaba en torno al tema de los impactos de las medidas de mitigación del cambio climático en los pueblos indígenas. A los pocos días de compartir los pasillos de Naciones Unidas con líderes indígenas de todo el mundo, empecé a ser testigo de conversaciones muy críticas sobre la discusión que los convocaba. Los líderes se quejaban sistemáticamente sobre su paradójica implicación en el tema del cambio climático: no eran responsables del problema, pero sus territorios eran vistos como los baluartes de la solución, en parte, por las ideas difundidas de los indígenas como cuidadores naturales del medio ambiente (Ulloa, 2005). Esto, en sí mismo, no era un problema si no fuera porque las medidas implican usos prescriptivos de sus propios territorios, poniendo en peligro su tan defendida soberanía.

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones (en adelante el Foro) del año 2008 centró su atención en los efectos que el cambio climático tendría entre los pueblos indígenas. Las discusiones más acaloradas transcurrieron no tanto sobre los impactos anticipados y directos de este fenómeno, sino sobre las medidas de mitigación de dichos impactos. Los líderes indígenas presentes en el encuentro en Nueva York no dejaron de hacer notar la ironía de que fuera en sus territorios donde la mayoría de medidas eran o serían desplegadas. En efecto, los Mecanismos de Desarrollo Limpio a los que dio lugar la Convención sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (Brollé, et al., 2009) convirtieron directa o indirectamente los territorios indígenas en baluartes para la conservación ambiental. Esto ocurrió no solamente por las condiciones selváticas de muchos de estos territorios, que son tornados como “pulmones del mundo”. También ocurrió porque los mencionados territorios siguen siendo vistos como tierras improductivas y de acceso relativamente fácil después de la utilización de la consulta previa que se ha vuelto un trámite burocrático al mismo nivel que una licencia ambiental.

Una líder asistente al Foro estaba particularmente disgustada por la doble moral de representar a los indígenas como ambientalistas innatos y la utilización de dicha retórica para irrespetar los territorios ancestrales. Se trataba de una indígena wayúu llamada Karmen, quién usó cualquier oportunidad para denunciar la tergiversación que se había colado en las relatorías del Foro (Tauli-Corpuz y Lynge, 2008) sobre un proyecto de desarrollo limpio llamado Jepírachi, operado por un gigante de los servicios públicos colombiano y movido por recursos prestados por el Banco Mundial. El proyecto consistía en la instalación de turbinas de viento para la generación de energía eléctrica en una zona de la península de La Guajira (Colombia). Los vientos y la zona misma son significativos para los pobladores de la región por razones muy distintas. Es en ese lugar, e impulsados por los mismos vientos que mueven las turbinas, donde los muertos viven después de la muerte en una suerte de inframundo (Perrin, 1987). Los eventos que de esto se desencadenaron demuestran una disputa profunda por conceptualizar un elemento del entorno como capital, patrimonio o, de manera más profunda como forma inalienable, constitutiva de lo que significa ser humano para los indígenas wayúu.

Representantes del Banco Mundial presentes en el Foro organizaron una presentación en la cual mostraron sus compromisos con el medio ambiente y los pueblos indígenas. En concreto mostraron cómo sus recientes regulaciones al respecto (World Bank, 2005b, 2005a) estaban siendo puestas en práctica. El éxito del proyecto estaba condicionado de manera importante al éxito que tuviera en términos del así llamado componente social:

El objetivo del Proyecto “Jepirachi Carbon Off-Set” es contribuir en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero a partir del sector energético en Colombia, a través del patrocinio de una instalación que generaría 19,5 MW de electricidad cuya fuente es el viento. Se espera que el proyecto reemplace un estimado de 1.168 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono-equivalente [unidad para medir créditos de carbono] durante un periodo de 21 años y además financiará un programa social que contribuya al bienestar social de la comunidad indígena local. El programa social incluirá actividades definidas en consultas con la comunidad wayúu local y será puesto en marcha durante el curso de los dos primeros años de construcción y operación del proyecto. Proveerá apoyo para actividades de desarrollo comunitario que sean implementadas por el tiempo de duración del proyecto en una base sustentable, y enfocado en áreas de salud, educación, economía y desarrollo institucional. El Fondo Prototipo de Carbono [Prototype Carbon Fund, PCF] otorgará unpremium del valor de la reducción de emisiones basada en los resultados del programa social. (World Bank, 2002)

En el momento de la presentación en el Foro ya se había construido la infraestructura involucrada (el parque eólico) y estaba en pleno funcionamiento, lo que implicaba que la consulta previa ya estaba saldada. De igual manera el programa social se había puesto en marcha: mujeres indígenas de ‘las comunidades’ se les había sugerido conformar una ‘fundación’ para manejar los dineros que fluirían por parte de la empresa de servicios públicos. El componente social promovió, como es usual en La Guajira, proyectos productivos centrados en las artesanías producidas por las mujeres.

Una vez presentados los avances del proyecto por parte de los representantes del Banco Mundial, Karmen pidió la palabra para lanzarse lanza en ristre contra el proyecto. Para ella era importante que los asistentes supieran que el proyecto había sido implementado en un momento de plena actividad de paramilitares de ultra-derecha en La Guajira. También era importante que supieran que el proyecto de desarrollo limpio se encontraba junto al puerto por el que se exportaba carbón desde la mina a cielo abierto más grande del mundo, reconocida por la contaminación generada en toda su zona de influencia (Chomsky, Leech y Striffler, 2005). Lo más importante para ella, sin embargo, es que la consulta previa realizada era ilegítima. El viento no era un recurso que pudiera ‘pertenecer’ a las ‘comunidades’ sobre las que pasaba. No era ni siquiera un recurso. Era un fenómeno que atravesaba las concepciones wayúu de humanidad y como tal, eran ‘los wayúu’ los que debían ser consultados y no las personas viviendo en las inmediaciones de las turbinas. Este trabajo de reconsiderar la espacialización y relaciones involucradas en los impactos es lo que llamo rescalamiento e implica la reconexión de entidades y relaciones que aparecían previamente desligados en la diferenciación entre micro/macrosituación.

Los comentarios debieron llamar la atención de los representantes del Banco Mundial pues a su regreso a Colombia, Karmen recibió la llamada de un emisario de la empresa de servicios públicos que le preguntaba sobre su inconformidad con respecto a Jepírachi. La representante le solicitó una reunión privada, pero Karmen decidió ir directamente a hablar con las mujeres que operaban el proyecto social en la zona de influencia del proyecto.

Karmen volvió a insistir sobre el asunto en un evento sobre derechos indígenas en Bolivia a los pocos meses del evento en Nueva York y eso colmó la paciencia de los representantes del Banco Mundial quienes, a la vez pusieron en manos de EPM el asunto. El tema es aún hoy un aspecto que exacerba a los funcionarios de EPM y del Banco Mundial por igual y que consistentemente los hizo cambiar de actitud durante nuestras conversaciones en medio de la investigación: “ah, ¿usted la conoce?” era una pregunta repetida durante el trabajo de campo y se referían principalmente a Karmen, pero también a toda la organización indígena.

No solo fueron los representantes de las instituciones que operaban Jepírachi Wind Farm los que reaccionaron contra Karmen y su proyecto de denuncia. Cuando fui al parque eólico para hacer el trabajo de campo directamente relacionado con esta investigación fui interpelado por las líderes indígenas que han operado parte del programa social relacionado con las medidas de compensación de EPM. Sabían de mi relación cercana con la organización de Karmen y me dijeron: “mire en el problema en que nos metió Karmen”. “¿cuál problema?”, respondí. La líder dijo sin dudar “se puso a decir que EPM había sido quien había matado la gente de Bahía Pórtete”. Era una clara acusación de traición a los suyos que distaba de los comentarios originales en que en los que Karmen no había hecho mención de la empresa como agente de las masacres, sino de la ausencia de posición y denuncia de EPM frente a la presencia paramilitar en el tiempo de la construcción del parque eólico.

La misma versión sobre el pronunciamiento de Karmen la escuché de parte del personal de EPM y de los especialistas sociales del Banco Mundial, excepto que en este último caso la fantasía incluía que el Banco aparecía como victimario. En un reciente libro sobre asuntos sensibles sobre desarrollo relacionado con la generación de energía eólica, funcionarios del Banco dan esta versión:

La Fuerza de Mujeres Wayúu emprendió una crítica sostenida y pública sobre el proyecto Jepirachi [sic]. Reclamaban que los procesos de consulta del proyecto se habían hecho con un grupo muy reducido de Wayúu, que la electricidad generada por el proyecto eólico estaba eludiendo las comunidades y yendo a un proyecto de minería ubicado en otro sitio de La Guajira, y que la construcción del proyecto estaba directamente relacionada a un surgimiento de actividad paramilitar en el territorio Wayúu. Una revisión preliminar del desempeño hasta ese momento del proyecto Jepirachi encontró que la mayoría de estos alegatos eran exagerados, y aquellos entre los Wayúu que eran beneficiarios directos del proyecto las refutaron convincentemente. En varias ocasiones, el Banco trató de entablar un diálogo con la presidente de la ONG, pero dichos esfuerzos no fueron respondidos con una respuesta consistente. Sin embargo, el criticismo decayó gracias a un esfuerzo intenso de parte del Banco y el patrocinador para fortalecer la implementación de aquellas partes faltantes del programa de beneficios sociales (Ledec, etal., 2011: 73)[2].

El asunto tomó dimensiones realmente escandalosas y desembocó en una contradenuncia patrocinada por EPM y el Banco donde los líderes de Kasiwolín aparecían como las voces visibles de la posición frente al proyecto y no una tercera organización (como la de Karmen). El escenario: otro UNPFII, dos años después del que había presenciado la posición de Karmen. Allí fueron, con una antropóloga de EPM y el apoyo del Banco, las líderes encargadas de la fundación indígena que se estableció con el proyecto (ver capítulo 5). Allí dieron su clara voz de apoyo al proyecto.

El suceso no puede interpretarse como una respuesta aislada a lo que, de otra manera podría haber pasado como una simple y común acusación contra proyectos en territorios indígenas. Para entenderlo es necesario ubicar las imprecaciones en lo que internacionalmente se había convertido Jepirachi Wind Farm. Jepirachi fue inicialmente concebido como un proyecto de investigación patrocinado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, COLCIENCIAS (Rodríguez y Vélez, 2004). Esto le dio un estatus especial al proyecto: no estaba orientado solamente a la generación de energía con fines económicos, sino al estudio del potencial y factibilidad del desarrollo de energía eólica en Colombia. Por ser un proyecto de ciencia y tecnología también gozaba de algunos beneficios tributarios. Lo fundamental a resaltar en este sentido es que su carácter experimental era dado por el factor energético del proyecto. Al año 2004, las principales conclusiones en este sentido eran:

1-    La medición de dirección y velocidad del viento con alta calidad es clave para un correcto estimativo de la energía que se va a producir. Pequeños errores en el registro de la velocidad conducen a estimativos erróneos amplificados de la energía, teniendo en cuenta que esta variable es función del cubo de la velocidad.

2-    Para proyectos de energía eólica, la intermitencia del viento obliga a recoger datos a un nivel de desagregación diferente al que se requiere para proyectos de energía hidráulica.

3- Para realizar mediciones y estudios de vientos en la Alta Guajira es necesario contar con tecnología de punta que permita la medición, captura, procesamiento y almacenamiento de datos, de tal manera que puedan ser analizados con agilidad y oportunidad.

4- Una de las lecciones aprendidas es que debido a la alta salinidad del ambiente en la zona, es indispensable que los equipos e instalaciones estén protegidos contra este tipo de agente corrosivo.

5- Actualmente EE.PP.M. está en capacidad de instalar y operar estaciones meteorológicas para medición de velocidad y dirección del viento, en Colombia y en otros países. Igualmente, dispone de los recursos técnicos y humanos para capturar y evaluar este tipo de información. (Rodríguez y Vélez, 2004: 64-65)

Sin embargo, lo que inició como un proyecto energético pronto demostró ser un experimento en una gran diversidad de sentidos. Las particularidades en términos de la propiedad del territorio donde fue construido el parque eólico y el carácter indígena de sus pobladores convirtieron al proyecto en un caso paradigmático. Las áreas concretas donde innovó el proyecto serán tratadas con detalle en el siguiente capítulo, pero por ahora basta decir que los proyectos sociales y la negociación ad hoc con los habitantes wayúu determinaron de manera definitiva un nuevo tipo de inversión climática:

Solamente una pequeña porción de los proyectos de mercado de carbono ayudan a las comunidades. Pocos años después que CDM empezara, el Banco Mundial encontró que muchos de los países más pobres en vía de desarrollo no se estaban involucrando. La mayoría de los proyectos de CDM existentes eran proyectos de energía a gran escala, y los países más pobres en vía de desarrollo no podían ejecutar estos tipos de proyectos a gran escala porque sus sectores energéticos e industriales eran muy pequeños.

En respuesta a esta situación, varios esfuerzos fueron hechos para promover proyecto s de carbono que fueran adaptado s a las necesidades de las comunidades. Por ejemplo, el Banco Mundial creó el Community Development Carbon Fund (CDCF) para financiar unos proyectos de MDL a pequeña escala en países en vía de desarrollo. Este fondo ha posibilitado que algunos de los países más pobres en vía de desarrollo participen en el mercado de carbono y se beneficien de las finanzas del carbono; reduciendo el hambre y la pobreza. El Banco Mundial ha garantizado que cada proyecto de CDCF beneficie la comunidad local (Grieg-Gran, Cambwerra, Kantor y Corral, 2009: 9)[3].

Lo que no dice este apartado es que el Community Development Carbon Fund (CDCF) tomó enteramente el modelo de Jepírachi para crear inversiones en reducciones de emisiones en las cuales un porcentaje de la inversión va directamente a “las comunidades”. Jepírachi, como todos los CDM de principio de siglo, perteneció al Prototype Carbon Fund (PCF), que creó la primera versión real de un mercado de carbono. Fue Jepírachi el primer proyecto que hizo parte de su implementación un complejo proceso de negociación de derechos de uso sobre el territorio y formas de compensación. Tal como lo dice un documento del banco mismo:

La buena voluntad de EPM, el patrocinador del proyecto Jepírachi en Colombia, para considerar los intereses y metas de desarrollo por parte de la comunidad del pueblo indígena wayúu en el área de influencia del proyecto resultó en una relación de colaboración a largo plazo con esas mismas comunidades, para el beneficio de todos los involucrados. La corporación pública rechazó explícitamente la idea de negociar un conjunto excepcional de beneficios como “compensación” por el uso extendido de tierras de la comunidad para el parque eólico. En lugar de esto, se comprometieron con los wayúu locales en el desarrollo y aplicación de un Plan de Fortalecimiento Institucional y Comunitario, resultando en una entrega de beneficios colectivos para ellos más constante que lo que una negociación de una sola vez podría haber logrado. (Ledec, et al., 2011:90)[4].

Fue también en Jepírachi que se experimentó con el pago de premiums al operador sobre el crédito de carbono generado. Dichos premiums son condicionados al sostenimiento de programas sociales en el área de influencia de los Mecanismos de Desarrollo Limpio como Jepírachi y su pago es una práctica incorporada por defecto en los proyectos de CDCF:

En diciembre de 2002, cuando el mercado mundial del carbono aún no estaba consolidado, el FPC y EPM acordaron el pago de USD 3.5 por cada tonelada de C02 que se evitara emitir a la atmósfera por efecto de la operación del parque eólico (en el mercado internacional este valor supera los 10 euros actualmente).

En la búsqueda de un beneficio para las comunidades de la zona, se definió la entrega a EPM de una prima adicional de USD 0.50 por cada tonelada equivalente de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), con destinación exclusiva a la inversión en proyectos, programas y acciones que contribuyeran de forma efectiva al mejoramiento de la calidad de vida de la población del área de influencia del Parque Eólico y al fortalecimiento de sus instituciones. Dichos compromisos hacen parte del Plan de Fortalecimiento Institucional y Comunitario (PFIC) para el proyecto “Jepírachi”. (Empresas Públicas de Medellín, 2010: 40)

Más allá de la clara queja de parte de EPM (contenida en el paréntesis “en el mercado internacional este valor supera los 10 euros actualmente”) que obedece a la insatisfacción manifiesta del operador del proyecto frente a las negociaciones originales, es claro empezar a perfilar en todos este contexto las razones para la agresiva respuesta al manto de duda que fue puesto sobre el proyecto con los comentarios en la UNPFII del 2008. No se trata de evaluar la veracidad de las acusaciones mismas. El punto es que lo que estaba en entredicho no eran las medidas compensatorias que se emprendieron en un proyecto implementado en una minúscula parte del mundo. Tampoco se trataba de ensombrecer las relaciones entre operadores, financiadores y comunidades en el caso de Jepírachi. En realidad lo que estaba en entredicho era un modelo de desarrollo basado en la circulación de partículas y créditos, por un lado y de demarcación clara de los impactos, por el otro. Un modelo basado en una red plana de circulaciones, por un lado, y nodos definidos y regulados donde ciertos eventos, fenómenos y entidades (como la violencia paramilitar en La Guajira), sencillamente quedan excluidos de la realidad sobre la cual tiene injerencia la reducciones de carbono.

Frente a la profusión contemporánea de la metáfora de la red (Latour, 2005; Law, 2007; Callón, 1998), vale la pena tomar esto como recordatorio para pensar y desarrollar un mejor lenguaje analítico sobre la desconexión. El recordatorio ha sido hecho antes por Strathern (1996) y Riles (2000): Las entidades son tan definidas por las relaciones que las constituyen, como por las que son sistemáticamente excluidas de las mismas, lo que está más allá de su ser mismo, de la relevancia. Riles (2000), ha hecho esta pregunta quizás de una manera más críptica, pero apuntando a un área gris de sobre las reflexiones contemporáneas: ¿cómo caracterizamos los vacíos que se crean entre los nodos y las relaciones, eso que ella llama “red al revés”? Estas preguntas por los vacíos y las desconexiones de la red, concretamente se traducen en la relocalización constante de Jepírachi como entidad sobre la cual los habitantes de La Guajira (sea de Kasiwolín o de Arrutkajui) tienen opiniones y reclamos en un sector de la red, pero se encuentran completamente excluidos del resto.

Esta sección es una versión retrabajada de un artículo del autor en el Boletín OPCA (Jaramillo, 2012).↵

Cita original: " Fuerza de Mujeres Wayuu launched into a sustained and very public criticism of the Jepirachi project. She claimed that consultations on the project had been done with too narrow a group of Wayuu, that the electricity generated by the wind farm was bypassing the communities and going to a mining company located in another part of La Guajira, and that construction of the project was directly linked to a surge in paramilitary activity in the Wayuu territory. A preliminary Bank review of the Jepirachi project's performance up to that time found most of these claims to be exaggerated, and those among the Wayuu who were direct beneficiaries of the project rebutted them forcefully. On several occasions, the Bank tried to enter into a dialogue with the head of the NGO, but these efforts were not met with a consistent response. However, following an intensive effort on the part of the Bank and the sponsor to strengthen the implementation of those parts of the social benefits program that were lagging, the criticisms subsided."↵

Cita original: "Only a small proportion of projects in the carbon market help communities. A few years after the CDM started, the World Bank found that many of the poorer developing countries were not becoming involved. Most of the existing CDM projects were large-scale energy projects, and the poorer developing countries could not run these types of large projects because their energy and industrial sectors were too small. "In response to this situation, efforts were made to promote carbon projects that were adapted to the needs of communities. For example, the World Bank created the Community Development Carbon Fund (CDCF) to finance some small-scale CDM projects in developing countries. This fund has enabled some poorer developing countries to participate in the carbon market and benefit from carbon finance; reducing poverty and hunger. The World Bank has ensured that each CDCF project benefits the local community."↵

Cita original: "The willingness of EPM, the sponsor of the Jepirachi project in Colombia, to consider the development interests and goals of the Wayuu indigenous communities in the project's area of influence resulted in a long-term collaborative relationship with those same communities, to the benefit of all involved. The public corporation explicitly rejected the idea of negotiating a one-off set of benefits as "compensation" for the extended use of community lands for the wind farm. Instead, it engaged the local Wayuu in the development and application of an Institutional and Community Strengthening Plan {Pían de Fortalezimiento Institucional y Comunitario), resulting in a more continuous delivery of collective benefits for them than a one-time negotiation would have. Under the original arrangements, the participating Wayuu received easement payments and compensatory benefits in a first phase. The social benefits plan for this phase {Plan de Gestión Social), dating to September 2002, was very complete and well considered. The second phase involved the implementation of a full-fledged social action program (in Spanish, Programa Social Adicional). The activities of both phases were designed to become "self-managed" by local communities and institutions within a medium-term timeframe, which has happened to a great extent." ↵

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Conclusiones

En este capítulo se analizó el surgimiento de dos circuitos de circulación de objetos y derechos en torno a los CDM. Por un lado, debido a la naturaleza del fenómeno que se convierte en recurso de la generación (el viento), se requiere la generación de la estricta delimitación de derechos de propiedad. Este recurso se representa como de extensión espacial, pues el viento se asume como común, aunque los reclamos de un pueblo indígena que reivindica el carácter sagrado del fenómeno y su importancia para la identidad colectiva son enfrentados con escepticismo. Así pues, se consolida un sitio o un micrositio como una escala particular de los regímenes de propiedad de las energías limpias.

El otro circuito es el que he llamado macrositio y es la esfera donde circulan créditos de carbono, capitales transnacionales. Esta esfera existe gracias a la capacidad tecnológica de organizaciones sofisticadas y el conocimiento experto que pueden canalizar. Los dos circuitos de propiedad son mantenidos separados de manera cuidadosa. Las entidades que existen en uno y otro circuito son inconmensurables entre sí y cualquier esfuerzo de hacerlas equivalentes es visto como una agresión por quienes dominan la generación de valor en estas jerarquías globales de la apropiación.

En conjunto estos circuitos dan cuenta no tanto de un límite de la red, sino de la emergencia de sistemas de interconexión, para usar el lenguaje de las empresas involucradas en el caso investigado. Estos sistemas operan con programas distintos, valores distintos y entidades distintas. La distancia entre una y otra es mantenida con fuerza y convicción. En el siguiente capítulo se entra a analizar la emergencia de un régimen de propiedad en el micrositio que permanece como marginal, pero del cual depende el sostenimiento de un mercado de carbono que mueve billones de dólares anualmente.

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Acuerdos, compensaciones y servidumbres

Este capítulo se ocupa de los diversos procesos de negociación involucrados en la producción de energía eólica en La Guajira. Se concentra en el proceso de planeación, construcción y operación del parque eólico Jepírachi, pero también le presta atención a la proliferación de estaciones de medición meteorológica siendo establecidas a lo largo y ancho de la región para la futura explotación del viento.

Lo que se observa a lo largo del capítulo es la transformación de una negociación ad hoc en un régimen de propiedad en derecho propio. Este régimen funciona a través, primero, del establecimiento de áreas de excepción bien delimitadas, luego, de la emergencia de una forma de compensación a través de programas sociales que establece una relación de duración indefinida entre el operador del CDM y los habitantes del área de influencia definida y, finalmente, a través de la proyección de una servidumbre a toda esa área.

Primero, se analiza de qué manera una comunidad se convierte en un sitio de intervención y, más aún en un agente de negociación. A continuación se explica con detalle cómo ocurrieron las negociaciones para el establecimiento del parque eólico Jepírachi. En estas negociaciones se dio la confluencia entre los programas sociales como una forma de compensación y la servidumbre como la estrategia generalizada de uso del área de influencia. La complementariedad de ambos resultados de la negociación es un aspecto analizado al final del capítulo.

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¿Qué es una comunidad (o el micrositio social)?

La persona de EPM encargada hasta el año 2012 de la gestión social del parque eólico era un ingeniero amable y bonachón. Me explicó durante horas en la terraza del Edificio Inteligente, la sede de EPM en Medellín, mientras fumábamos y tomábamos tinto, su involucra-miento en el proyecto. Cuando llegamos a las cuestiones del empleo como forma de compensación en la fase de construcción y de operación, volteó su cuaderno de notas y dibujo un área oblonga, como una ameba. Trazó una línea por la mitad y empezó a explicarme, mientras trazaba flechas y ponía números: “este es Arrutkajui, que tiene tantas familias y tantas personas, este es Kasiwolin, que tiene el doble de familias y de personas y a Media Luna hay que tenerla en cuenta pues por ahí pasaron los materiales para construir el parque eólico; entonces nosotros dividimos 25% para Arrutkajui, 50% para Kasiwolin y 25% para Media Luna en todos los casos”. Estos porcentajes, áreas y acuerdos fueron logrados con las personas a través de complejos procesos de consulta que definieron quién hacía parte y quién no, qué territorio era demasiado lejano para entrar y cuál suficientemente cercanos, qué actores humanos y no humanos (pájaros, cocinas, bienes arqueológicos, entre muchos otros) eran más afectados y cuáles no.

De acuerdo con Barry (2006), el proceso de consulta es constitutivo de la construcción de áreas tecnológicas. El propósito de las consultas en la construcción de estas zonas corresponde tanto a la incorporación de las necesidades de las sociedades a los proyectos (que es el propósito oficial de estas prácticas), sino también funciona para demostrar a otros qué intereses han sido incorporados, o lo que este autor llama prácticas de cuálificación técnica (2006: 247). Las prácticas de cualificación técnica son, en efecto, multidimensionales, pues no solamente se trata de asegurar los estándares de la infraestructura, sino de las prácticas de consulta mismas. En el caso de la producción de un sitio como Jepírachi, las prácticas de cualificación técnica incluyeron la constitución de un sitio social, una forma de constituir un colectivo como objeto de intervención y sujeto de compensación. En el capítulo anterior se dio atención al proceso de construir un sitio llamado “parque eólico Jepírachi”. En este capítulo y sección se tratará el proceso de crear una unidad social de intervención. Este es un paso fundamental para entender las medidas de compensación y negociación de la propiedad.

El proceso de construcción del parque eólico, inició en 1998 con los estudios de viento y selección de potenciales sitios en toda La Guajira[1].

En este proceso de evaluación se tuvo el apoyo de una red de medición de vientos apoyada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zuzam-menarbeit (GTZ). Desde ese mismo año, y en asocio con Corpoguajira, la autoridad ambiental de La Guajira, se estableció el primer contacto con las Autoridades Tradicionales para concertar la instalación de la infraestructura de medición del viento. Durante el año 1999 el proyecto fue formalmente presentado como parte de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, lo cual llamó la atención a, entre otras partes, el Banco Mundial. En el año 2000, y después de llevadas a cabo mediciones más extensivas, se definen los sitios potenciales para la construcción del parque eólico (ver capítulo 3). Es en este contexto que se habló más directamente con las Autoridades Tradicionales de Kasiwolin y Arrutkajui para instalar más estaciones de medición. Fue en el año 2001 que se iniciaron en paralelo dos procesos. El primero es una consulta más intensiva con la población de las rancherías más potencialmente involucradas en el proyecto. El segundo es la inscripción del proyecto en el Fondo Prototipo de Carbono que lo hizo parte de las estrategias enmarcadas en el Protocolo de Kyoto.

Es importante volver aquí sobre un tema central del capítulo anterior: que la generación de energía limpia a través del viento depende de la existencia de dos circuitos de circulación distintos. Estos circuitos son mantenidos cuidadosamente separados por instituciones, arreglos (quasi)legales, documentos, entre otros actantes humanos y no humanos. Ahora, lo que me interesa subrayar aquí es que estos dos circuitos se conectan a través de mecanismos fuertemente regulados y ritualizados: es ahí donde debe ubicarse la consulta como práctica de cualificación. Si bien esto es cierto para toda la producción de energías limpias, en el caso de la energía eólica esto es aún más acuciante:

El manejo efectivo de los impactos de la energía eólica incluye el compromiso sistemático de las partes interesadas. Un elemento clave de consulta pública en el contexto de desarrollos energéticos es educar el público y los agentes responsables sobre el amplio rango de compromisos, impactos y beneficios asociados con diferentes tecnologías, incluyendo las eólicas (Ledec, etal., 2011: xii)[2].

La consulta en el caso de Jepírachi incluyó la reunión con una gama amplia de interesados. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), La Fundación Cerrejón (perteneciente a la industria de explotación carbonífera con presencia en La Guajira), Oficinas de turismo local y organizaciones indígenas con limitada representación entre los Wayúu, tuvieron presencia en estas reuniones informativas. La información que se impartía en las reuniones era tanto sobre el proyecto, como sobre el concepto de  gestión social  en emergencia. La confluencia de una gran variedad de actores institucionales en la consulta para el parque (y posteriormente en la operación del mismo) es una característica que vale la pena no pasar por alto: es sintomático de nuevas formas de gobernanza emergiendo a través de las energías limpias.

En la siguiente sección se darán más detalles sobre cómo ocurrió concretamente el proceso de llegar a acuerdos. Por el momento me interesa notar que esta conexión entre escalas que permite el proceso de consulta es conscientemente guiada por una serie de valores que dan contenido y sentido a la cualificación del área del parque como zona tecnológica. Según los mismos funcionarios de EPM que estuvieron a cargo de la consulta de Jepírachi,

[...] los principales lincamientos o principios que guiaron la gestión social y el proceso de consulta previa del proyecto [son]:

Legitimidad. Fue un proceso claro, abierto y transparente, en el cual se propició la participación de la comunidad, sus representantes (autoridades tradicionales) e instancias institucionales.

Entendimiento intercultural. El proceso se adaptó a las particularidades de la cultura Wayúu, considerando en todas las reuniones y encuentros la traducción al wayunaiki [sic], su lengua nativa.

Participación. Se propició la participación amplia de las comunidades a través de mecanismos (reuniones, talleres, visitas de campo, charlas, etc.), que permitieran construir consensos y sentido de pertenencia de la comunidad con relación al proyecto.

Continuidad. La consulta fue realizada de manera continua, durante tres años, sin interrupciones, propiciando la generación de un “proceso” de confianza, apropiación, interés y claridad en torno al proyecto.

 Gradualidad. El proceso de consulta se desarrolló de manera gradual teniendo en cuenta los avances de los estudios, las dinámicas y tiempos de las comunidades Wayúu, y la confianza lograda a lo largo del proceso.

Responsabilidad. Durante el proceso las partes involucradas compartieron plenamente las responsabilidades frente a los compromisos adquiridos, tales como forma de pago, acuerdos y consensos en torno a reuniones, visitas, estudios, programas de trabajo, etc.

Transparencia. El proceso se caracterizó por la transparencia en la gestión y el compromiso de los funcionarios por mantener el buen nombre de la empresa en un territorio ajeno.

Respeto. El respeto por las diferencias culturales fue un principio permanente que orientó la gestión, fundamentado en el conocimiento previo de la cultura Wayúu y en el reconocimiento de sus formas de organización social, liderazgo y representatividad, costumbres y sitios valorados, entre otros. Este respeto se enriqueció en la relación permanente con las comunidades y en la dinámica del proceso.

Flexibilidad. Los diferentes momentos de los estudios y del proceso de consulta previa debieron adaptarse a las condiciones particulares de las comunidades. Esto se evidenció en la selección de lugares y horarios adecuados para realizar las reuniones, evitando interferir con ritos, costumbres y actividades económicas y considerando formas de participación acordes con sus relaciones de autoridad y liderazgo, etc. (Sandoval, Aramburo y Zuluaga, 2004: 88-89)

Una motivación práctica tras estos valores es una doble dimensión de la confianza que debe ser generada a través de los proyectos: para los inversores, que en este caso son los contribuyentes a los Fondos de Carbono (inicialmente el Fondo Prototipo y luego el Fondo Comunitario, para el caso de Jepírachi) y para las personas que directamente viven en las vecindades de los proyectos. Ahora, el asunto es que crear esta noción de quién es afectado y quién no, es un proceso sumamente delicado y con un alto contenido de conocimiento técnico y experto.

El proceso de consulta implicó ciertas decisiones técnicas que son directamente atribuidas a “lo cultural”. Esto no quiere decir que lo técnico adquiera sensibilidad antropológica. Todo lo contrario, implica mecanismos técnicos claramente establecidos de definir lo cultural (esto será expandido en el capítulo 5). Así, en Jepírachi, según la mirada peculiar (pero inquisitiva) del Banco Mundial,

El promotor del proyecto, ha logrado evitar reacciones de celos entre clanes rivales en el área inmediata al proyecto localizando las dos filas de turbinas de viento a lo largo de cada borde entre las dos rancherías principales en el área, Kasiwolin y Arrutkajui. El lugar de las turbinas a lo largo de cada fila varía levemente de acuerdo a unos pocos criterios, incluyendo: (i) la necesidad de mantener una distancia prudente de los cementerios, que son considerados como intereses importantes en las concesiones territoriales por parte de los diferentes clanes Wayúu; (ii) la posibilidad que el proyecto pueda obstruir corrientes de viento para que lleguen a áreas de cultivo, dado que en las creencias wayúu el viento juega un papel en la fertilización de la tierra; y (iii) la necesidad de permanecer alejado de sitios arqueológicos importantes, particularmente de las hogueras tradicionales wayúu en el área. (Ledec, etal., 2011: 79)[3].

La tecnificación y administración de “lo cultural” no sería posible sin instrumentos (quasi)legales y técnicos. En el primer grupo podemos encontrar las notables salvaguardas del Banco Mundial. Estos instrumentos son políticas diseñadas internamente en la organización que atañen a todos los sectores y todas las regiones del planeta donde trabaja el Banco (esto es, el IBDR). Cualquier proyecto diseñado, implementado y monitoreado por el Banco debe cumplir con estos lincamientos[4]. Se encuentran codificados en un documento llamado Manual Operativo, que incluye Políticas Operativas, Procedimientos del Banco y Buenas Prácticas

Las políticas operacionales son declaraciones cortas enfocadas que siguen los Bank’s Articles of Agreement y las condiciones generales y políticas aprobadas por la Mesa de Directores Ejecutivos. Ellos establecen los parámetros para conducir operaciones, describen las circunstancias en las cuales las excepciones a las políticas son permitidas, y explican en detalle quien autoriza tales excepciones. Los procedimientos del Banco explican cómo los miembros del personal llevan a cabo las políticas operacionales al describir los procedimientos y documentación requerida para asegurar consistencia y calidad en el Banco. Las buenas prácticas son declaraciones que contienen asesoría y guía para la implementación de las políticas, como por ejemplo la historia de alguna situación, el contexto sectorial, y el marco de análisis, acompañado con ejemplos de buenas prácticas (World Bank., 2011: 61)[5] .

Una parte clave de las Políticas Operativas son las llamadas salvaguardas, que operan como válvulas de seguridad en los proyectos. El banco tiene 10 políticas de salvaguarda que son la “evaluación ambiental” (environmental assessment), “habitats naturales” “manejo de pestes”, “reasentamiento involuntario” “pueblos indígenas” “bosques” “recursos culturales” “seguridad de represas” “vía fluviales internacionales” y “proyectos en áreas en disputas”. Si todo esto parece la enciclopedia china de Borges, es porque han evolucionado como respuesta a circunstancias muy particulares.

Un funcionario del Banco me explicó en una entrevista que cada proyecto pasaba por un review de las salvaguardas que implicaba la reforma potencial de sus alcances (del proyecto)[6]. En este momento los proyectos de energías limpias están siendo sometidos a particular atención por el tema de la propiedad que se refleja en “preguntas sobre tierras, derechos, formas de tenencia, paisaje”. En general, me dijo el mismo funcionario, “no hay políticas sobre tierras, aunque hay en la adquisición de tierras”. Cuando el asunto tiene que ver con tierras tradicionales indígenas (indigenous costumary land), se activa el OP 4.10 que es la salvaguarda indígena donde se pregunta si habrá “un impacto en terreno a los indígenas. ¿Están presentes? No importa si son reconocidos”, pues pueden tratarse de desplazados o de tierras no reconocidas como propias o invasores. El banco se preocupará entonces tanto por los impactos positivos como negativos. Finalmente dijo, “preguntamos si hay barreras de inclusión: ¿podrían beneficiarse de algo que no tienen?, ¿tienen electricidad?, ¿puede el proyecto mejorar sus condiciones?”

Como se puede deducir, la OP 4.10 es la política específicamente dedicada a los asuntos relacionados con pueblos indígenas. En un proyecto dado, sin embargo, son varias las salvaguardas que entrarán en acción. Esta política contiene los anexos A, B y C. El anexo A, se refiere a la evaluación social. En este caso no se refiere a la metodología, ni variables a observar sino a la exhaustividad con que debe ser hecha y su carácter “libre, previo e informado”. El anexo B alude al Indigenous Peoples Plan (IPP), a través del cual el operador especifica cuáles son las acciones que se van a tomar para mitigar o eliminar los impactos potenciales en las poblaciones indígenas. El IPP debe incluir un sumario de la evaluación social. El anexo C habla del Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF) que especifica potenciales proyectos y subproyectos contendidos en el proyecto general y sus correspondientes potenciales mecanismos de evaluación y mitigación[7].

El Banco Mundial asume este desarrollo de políticas como un asunto de manejo de riesgo. De hecho, es de acuerdo a estas salvaguardas que los proyectos se clasifican internamente por su riesgo potencial entre A, que corresponden al riesgo más alto, B, de riesgo moderado y C, de bajo riesgo. La clasificación de un proyecto por sus factores de riesgo se materializa en un texto generado llamado Project Apraisal Document. Los de riesgo A implican un seguimiento continuo por parte del área de Operational Servicies, aunque en realidad son una minoría de los proyectos. A los de riesgo B y C se le delega su seguimiento al administrador del sector, es decir, en el caso de Jepíra-chi, al de Energías. De hecho Jepírachi es un proyecto con riesgo B y una funcionaria del Banco me dijo que un proyecto de riesgo A entre los que apuntan a energías renovables sería una contradicción, pues esto implicaría que sus potenciales daños irreversibles lo sacarían de esta categoría.

Volviendo al punto de nuestro interés, el corazón del OP 4.10 es el mecanismo de consulta. La expresión “libre, previo e informado” se encuentra en todo lugar de la política operativa. Lo cual pide la pregunta: ¿Quiénes son aquellos a consultar? ¿Qué es la comunidad? La respuesta a esta pregunta pasa por los métodos y teorías de “lo social” que se usan para concebir los micrositios que adecuadamente se llaman Social Analysts.

Una persona que trabaja en la aplicación de sistemas de salvaguarda en una institución similar al Banco Mundial me explicó que dado que los clientes son los encargados de llevar a cabo los estudios y los análisis sociales, el papel de las instituciones financiadoras es determinar qué consideraciones entraron en la demarcación de las áreas de influencia y qué variables fueron incluidas en el análisis[8]. Obviamente ciertas consideraciones contextúales entran a hacer parte de la demarcación de estos estudios sociales, tales como la etnicidad de los afectados, las cuencas de influencia en el caso de la construcción de una represa u otros aspectos similares. No obstante, los estudios resultan estar doblemente determinados.

Un primer sentido de determinación resulta de las variables tenidas en cuenta para estudiar a las poblaciones humanas en las áreas de influencia. El Banco tiene un libro llamado Social Analysts Sourcebook que detalla las variables principales a tener en cuenta en los estudios de impacto, los métodos a usarse y los procedimientos de recolección de datos. Las categorías básicas de análisis son conocidas como Entry Points y son: diversidad social y género (social diversity and gender); instituciones, reglas y conducta (institutions, rules and behavior); participantes (stakeholders), participación; y riesgo social (World Bank, 2003). Cada uno de estos ejes debe ser explorado en los estudios llevados por el cliente y conocidos en la jerga organizacional como Social Asessement. La evaluación debe contemplar los Entry Points por separado y aportar medidas de mitigación en cada sector.

El segundo sentido en el que la definición del micrositio resulta prescrita tiene que ver con el lugar institucional del Social Asessement. En la actualidad el mismo es parte (o está ligado fuertemente) con el SEA (por sus siglas en inglés, Análisis Medioambiental Estratégico). Esta superposición de análisis incurre en la antropológicamente dudosa homología entre cultura y lugar (Gupta y Ferguson, 1992) y es la causante de que redes de parentesco (u otras formas adscripción social) más amplias que las expresadas en el territorio de la zona de influencia se corte y otros tipos de vínculos sociales sean ignorados. Lo interesante, sin embargo, es que, a pesar de ser esto objeto de crítica en sectores externos al Banco, las organizaciones indígenas y personas reconocidas como “indígenas” en medio de los proyectos ven con buenos ojos esta superposición. La razón es que la ausencia de un análisis social independiente y la simultánea presencia de salvaguardas específicamente indígenas han llevado a una atención mayor a las poblaciones con estas características (más detalle sobre esta definición de indigenidad puede encontrarse en el capítulo 5). Un análisis social independiente llevaría a generar competencia interna en las salvaguardas. Esto es importante en este punto porque habla de la capacidad (y efectividad) de los instrumentos de Banco de etnicizar poblaciones y de crear “comunidades”.

Vale la pena aquí volver sobre el caso de Jepírachi, que se considera un epítome de todo lo que se debe hacer en un proyecto financiado por el Banco Mundial. En Jepírachi el SEA desembocó en un Environmental Management Plan (EMP) orientado a la conservación medioambiental del entorno del parque, protocolos de mediciones de impacto sobre las aves y murciélagos, entre otras cosas. Así mismo desembocó en un Plan para Pueblos Indígenas como lo manda el Banco y que será detallado en la siguiente sección:

Es importante notar que el proyecto Jepírachi sirve también como un modelo de ejemplo de cómo pueden ser llevados los procesos de consulta con comunidades indígenas involucradas en desarrollos de energía eólica inducidas desde el exterior. El promotor del proyecto, Empresas Públicas de Medellín (EPM), dio varios pasos en el intento por obtener apoyo wayúu, incluyendo: (i) la entablación de discusiones directas y extensas, (ii) la aceptación del acuerdo de compartir beneficios dirigidos a las rancherías en la vecindad inmediata a las turbinas de viento, (iii) el apoyo a programas de acción social cubriendo todos los residentes de la parte del territorio wayúu, y (iv) asumiendo las modificaciones en el diseño del proyecto y especificaciones operacionales que respondieran a las preferencias y creencias religiosas wayúu. La ironía y dificultad del apoyo externo a proyectos eólicos en tierras indígenas es que, incluso cuando se toman medidas tan significativas como estas, siempre existe la posibilidad que alguien, en alguna parte las encuentre deficientes. De hecho, esto es lo que pasó en el caso de Jepírachi (Ledec, et al., 2011: 72)[9].

Consecuente con las formas de definir el sitio social del proyecto viene la intensiva participación de expertos sociales en el proceso de consulta. La entrada en escena de los mismos tiene que ver tanto con la demanda de los procedimientos que se usaron para definir cuál es la comunidad afectada como de su función como intermediarios y solucionadores de conflictos.

Cuando las consultas iniciaron y se hizo inminente la posibilidad de medidas compensatorias, inmediatamente varios potenciales receptores pidieron participación. Las demandas vinieron de habitantes pasados del territorio, conectados genealógicamente en un grado muy lejano. Típicamente los wayúu reconocen estos tipos de vínculos de forma ritual, pero la antropología, cuyo conocimiento se ha derivado de periodos de intensa negociación con élites wayúu, han reducido la riqueza de las relaciones sociales wayúu a la descendencia matrilineal (más sobre esto en el capítulo 5). Un antropólogo wayúu, contratado por EPM para trabajar en el proceso de concertación, relataba que,

pude presenciar en ese momento disputas territoriales como las que presentaba el señor Troceo, él se llama así, Troceo, es de los Pana de la zona de Caraquita pretendiendo derecho sobre el territorio, entonces se investigó se vio que efectivamente sí, Troceo no era arbitrariamente sino que él tenía efectivamente tanto derecho como los otros, pero Troceo no quería un cupo en la digamos en el grupo de autoridades, sino él quería ser la autoridad él solo exclusivamente, entonces como me tocó como mediar, acompañar [...] Troceo después no le interesó porque él quería simplemente todo o nada, no la inclusión en el proceso que se estaba dispuesto a hacer sino todo o nada, ahora Troceo tenía su territorio también otro territorio, para él no era de vida o muerte ese tema no es una persona de allí que es desconocida que vive ahí, no, eran derechos ancestrales que tenían su grupo familiar sobre esas tierras[10].

Las consultas estuvieron marcadas por constantes conflictos emergiendo en torno a las traducciones. Intérpretes de wayuunaiki-espa-ñol fueron ubicuos durante todo el proceso y su contratación hizo parte de las medidas de responsabilidad social con la población local durante la consulta y posterior construcción del parque. Por supuesto fueron introducidos para garantizar la comunicación entre las partes. No obstante, fueron también una fuente de enfrentamientos entre población local y negociadores. Crearon constantes coyunturas donde la diferencia mínima de una palabra representaba la creación de expectativas o compromisos (depende del lado del que se estuviera). En ocasiones los traductores incurrieron en la natural tergiversación del oficio y modificaron las localizaciones de las turbinas creando roces entre los miembros de las rancherías convocadas (Sandoval, et al., 2004: 92).

Los expertos sociales fueron, de hecho traídos a la negociación para afinar el ejercicio de traducción en un plano más conceptual. Debían definir, por ejemplo, que era “una familia” y “un territorio de influencia”. Como lo expresan los expertos del Banco,

Si bien es cierto que los ejemplos de compromisos indígenas son diferentes, la lección para promotores de energía eólica está clara: las comunidades indígenas no son monolíticas. Rivalidades interpersonales, divisiones políticas, y otras formas de inestabilidad en los gobiernos tribales y locales están normalmente ocultas a la vista de externos, pero en las ocasiones que llegan a la superficie pueden causar que los acuerdos sobre proyectos de energía eólica se fracturen sobre las mismas fallas. En situaciones como estas los promotores han encontrado que con el aporte de científicos calificados y con experiencia pueden comprometerse con poblaciones indígenas de una forma apropiadamente inclusiva y participativa, reduciendo así los riesgos de aceptación local a un nivel aceptable (Ledec, etal., 2011: 73)[11].

La función de los expertos sociales iba, sin embargo mucho más allá que el mero involucramiento  (engagement).  La consulta, en una múltiple colaboración que bien podría nombrarse siguiendo a Tsing (2005) como un involucramiento extraño  (awkward engagement),  tiene una dimensión de una clase particular de ingeniería social autoemergente y donde la “comunidad” a la vez participa y es creada en el proceso, al igual que “el territorio”, “los recursos”, el “ser indígenas”. Esto se volvió aún más aparente cuando la “comunidad indígena” creada se convirtió en un agente calculador para negociar la compensación de la propiedad. En la próxima sección se explora cómo sucedió esto.

Esta reconstrucción de eventos refleja la línea del tiempo del proyecto presentada en la página de internet de EPM "Jepírachi, la energía del viento" http://www.epm.com.co/ epm/web/energia/infra_infra-genera_enoper_parquejepi.html?id=2 Accedida en el 16 de Marzo de 2012. ↵

Cita original: "Effective management of wind power impacts typically involves systematic stakeholder engagement. A key element of public consultation in the context of energy development is educating the public and decision-makers about the full range of trade-offs, impacts, and benefits associated with different technologies, including wind."↵

Cita original: "the project developer, had managed to avoid jealous reactions among rival clans in the immediate project area by placing the two rows of wind turbines along either side of the border between the two main rancherías in the area, Kasiwolin and Arutkajui. The placement of turbines along each row varied slightly according to a few other critiera, including: (i) the need to maintain a safe distance from cemeteries, considered important stakes in territorial claims by different Wayuu clans; (ii) the possibility that the project might obstruct wind from getting to areas of cultivation, given Wayuu beliefs that the wind plays a role in the fertilization of the land; and (iii) the need to stay away from key archaeological sites, notably traditional Wayuu fireplaces in the area."↵

El Banco se compone de 5 organizaciones. La aplicación de salvaguardas depende de la organización donde se aplica.↵

Cita origina: "Operational policies are short, focused statements that follow from the Bank's Articles of Agreement and the general conditions and policies approved by the Board of Executive Directors. They establish the parameters for conducting operations, describe the circumstances in which exceptions to policy are admissible, and spell out who authorizes exceptions. Bank procedures explain how staff members carry out the operational policies by describing the procedures and documentation required to ensure consistency and quality across the Bank. Good practices are statements that contain advice and guidance on policy implementation, such as the history of an issue, the sectoral context, and the analytical framework, along with examples of good practice"↵

Entrevista con Kenn Rapp. Banco Mundial. Washington D.C. 21-09-2012. Realizada por Pablo Jaramillo.↵

El manual operacional, donde se encuentran contenidas todas las políticas operacio-nales se puede consultar en http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/ EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0„menuPK:64142516~pagePK:64141681~piPK:6414174 5~theSitePK:502184,00.html. Consultado el 11-04-13↵

Entrevista con Luciano Bornholt. BID. Washington D.C. 25-09-12. Realizada por Pablo Jaramillo↵

Cita original: "It should be noted that the Jepirachi project otherwise serves as a model example of how consultations with indigenous communities involved in externally induced wind power development could be carried out. The sponsor for the project, Empresas Públicas de Medellín (EPM), took a number of steps in an attempt to garner Wayuu support, including: (i) engaging in extensive up-front discussions, (ii) agreeing to benefits-sharing arrangements targeted at the rancherías in the immediate vicinity of the windmills, (iii) supporting social action programs covering all residents in that part of the Wayuu territory, and (iv) undertaking modifications in project design and operational specifications that responded to Wayuu preferences and religious beliefs. The irony and difficulty of external sponsorship of wind projects on indigenous lands is that, even when such significant measures are carried out, there is always the possibility that someone, somewhere will find them wanting. This, in fact, is what happened in the Jepirachi case."↵

Entrevista con Wilder Guerra. Riohacha. 03-04-12. Realizada por Pablo Jaramillo y Erika Sierra.↵

Cita original: "While every example of indigenous engagement is different, the lesson for wind power developers is clear: Indigenous communities are not monolithic. Interpersonal rivalries, political rifts, and other forms of instability at the tribal and local government level are often hidden from outside view but on those occasions when they come to the surface, they can cause wind power development agreements to fracture along the same fault lines. In these situations the developers have found that with inputs from qualified, experienced social scientists, they can engage indigenous populations in an appropriately inclusive and participatory way, thereby reducing local acceptance risks to an acceptable level."↵

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Negociaciones en Jepírachi

Como se deriva del apartado anterior, la consulta tuvo el papel tanto de involucrar a la población definida como afectada por el proyecto, como establecer el plan que se derivaría del proyecto. A esto se le llama consultation-plus approach en la jerga de la implemen-tación de proyectos del Banco Mundial. Tal como me lo contaron funcionarios de EPM, desde esta empresa se rechazó la posibilidad de una compensación inicial y se optó por un plan de largo plazo que creó una relación de indefinida duración entre los indígenas y el operador. Esta sección se concentra en la configuración del paquete de beneficios.

El primer elemento que hay que tener en cuenta es que, como se explicó antes, los aerogeneradores quedaron en el límite entre las rancherías Kasiwolin y Arrutkajui. La subestación eléctrica quedó establecida en terrenos que eran reconocidos como pertenecientes a Kasiwolin. A esta doble presencia de infraestructura y a un mayor número de familias viviendo en Kasiwolin se le atribuye una proporción mayor de los beneficios dados. Adicionalmente, a las rancherías del sector de Media Luna, por donde entraron los equipos se le incluyó en una proporción minoritaria en los arreglos.

Aunque las nociones de representatividad política Wayúu son muy circunstanciales (las mujeres y hombres, dependiendo de la edad tienen atribuciones políticas dependiendo de las circunstancias) (Jaramillo, 2013) se optó por la versión simplificada que ha predominado politicamente sobre este pueblo indígena durante Ias últimas décadas y se eligieron a algunos tíos maternos como “autoridades tradicionales”. Tres fueron involucrados: Felio Pushaina, de Kasiwolin, Wayuuchon de Arrutkajui y Luis Marín de Media Luna. Tras cada uno de ellos se crearon facciones que eran el natural reflejo de las relaciones políticas al interior del apushi (familia). Estos tres personajes fueron clave para convocar a la gente e iniciar un trabajo en dos fases llamado Plan de Fortalecimiento Institucional y Comunitario:

Bajo los parámetros originales, los wayúu participantes recibieron pagos por servidumbre y beneficios compensatorios en una primera fase. El Plan de Gestión Social (plan para beneficios sociales de esta fase), con fecha de Septiembre 2002, fue muy completo y bien considerado. La segunda fase involucró la implementación de un programa de acción social completamente desarrollado (Programa Social Adicional). Las actividades de ambas fases fueron diseñadas para que llegaran a ser “auto-manejadas” por las comunidades e instituciones locales dentro de un periodo de tiempo de mediano plazo, lo cual ha pasado en gran medida (Ledec, et al., 2011: 90)[1].

Las consultas que desembocaron en ambos planes no eran cuestión de buena voluntad solamente, sino que respondían a la legislación nacional de Colombia que reconoce la obligatoriedad de la Consulta Previa en la Ley 21 de 1991 (Congreso de Colombia, 1991) en la que se suscribe el Convenio 169 de la OIT En una etapa inicial las consultas también incluyeron a otras rancherías aledañas tales como “Kasushi (Tierra blancuzca), Etkima’na (Cabeza de Perro), Aturrutchon, Casa Blanca, Tapiure, Kamüsüchiwou. etc, localizadas en el resguardo de la Alta Guajira, municipio de Uribia” (Sandoval, et al., 2004: 86).

La participación de la población local en la fase inicial estuvo reflejada en varias actividades: concertación de medidas compensatorias, la participación en los estudios ambientales, pues “varios integrantes de la comunidad participaron activamente como guías e informantes en los estudios básicos de temas sociales, aves, vegetación y usos del suelo, topografía y cartografía, geotécnicos, arqueológicos y epidemiológicos” (Sandoval, et al., 2004: 88), el “seguimiento a los acuerdos y actividades derivadas de los estudios, así como a la afectación al medio, a las expectativas de las comunidades, al cumplimiento recíproco de los compromisos, lo cual permitió la retroalimentación del proceso y el mejoramiento de la gestión” (Sandoval, et al., 2004: 88) .La consulta sobre las compensaciones y beneficio fue basada en talleres, reuniones y recorridos de campo convocadas por distintos medios:

En las reuniones se utilizaron diferentes medios didácticos para las explicaciones sobre el parque, como videos, aerogeneradores a escala, láminas y esquemas. La convocatoria a estos eventos se realizó a través de las autoridades y líderes, contando siempre con traductor a la lengua Wayúu. Se levantó acta de cada una de las reuniones, con la firma de los asistentes, y en ellas quedó consignada la información suministrada sobre el proyecto, sus características, los estudios requeridos, las dudas, las expectativas y los miedos de las comunidades, los impactos, las necesidades y los compromisos adquiridos por las partes. Adicionalmente se obtuvieron registros videográficos y fotográficos de las reuniones (Sandoval, et al., 2004: 90).

Hubo dos aspectos que fueron clave en la consulta. El primero tiene que ver con “lo cultural”. En este sentido se privilegiaron actividades reconocidas como “tradicionales”. Es difícil saber quién puso el énfasis en las mismas. Muchas de las cuestiones relacionadas con redistribución monetaria de beneficios recayeron sobre la política de empleo y de contratos entre la población local y el operador que tomaron una cara más visible dentro de los resultados de la con-certación. Estas medidas son las que más generan conflicto y competencia actualmente y es improbable que esta importancia haya emergido posterior a la construcción del parque. Por el contrario habla sobre las medidas que terminaron siendo más visibles, no las más importantes.

El segundo aspecto tiene que ver con la relación entre cultura y territorio que fue determinada por lo que el Banco Mundial llama Physical Cultural Resources. Entre estos se incluyen: cementerios, lugares de culto y sagrados, monumentos, entre otros. La protección de los mismos está incluida en la salvaguarda 4.11 sobre pueblos indígenas[2]. La protección de recursos físicos culturales viene a reforzar la yuxtaposición entre cultura y territorio de la que se habló antes. De hecho sirvió para dar un sentido más fuerte de propiedad a los actuales habitantes de las rancherías que en los recorridos programados entre las rancherías iban reconociendo los sitios de sus antepasados. Por supuesto no reconocieron los sitios de habitantes no relacionados genealógicamente y por tanto quedaron invisibles a los ojos del reconocimiento del área y de la definición de la población potencialmente afectada.

Con esto en mente, es más fácil entender el contenido mismo de la concertación. Lo que estaba en juego era el establecimiento de los aerogeneradores, las redes de interconexión subterráneas, las redes para la interconexión eléctrica nacional, el uso y ampliación de vías. La presencia crónica de los funcionarios de EPM que venía con lo anterior y también hizo parte de la negociación. Lo interesante es que la negociación no tomó cada uno de estas infraestructuras por separado, sino que lo que se hizo fue una negociación en bloque sobre la presencia del parque eólico en la zona. Así, el resultado fue un paquete de beneficios como una servidumbre que operan como un “programa social” y este es un aspecto que marca todo el resto de negociaciones sobre la propiedad en la zona. Esta asociación de programas sociales como servidumbres será analizada con más detenimiento en la próxima sección.

En un primer grupo de cuestiones demandadas como parte de este paquete por la población de las rancherías directamente involucradas se encuentran problemas de subsistencia. El acceso al agua para consumo humano es un asunto de preocupación permanente en la semidesértica península de La Guajira. El acceso al líquido, consecuentemente, fue de gran importancia en medio de las negociaciones. El arreglo final en este sentido consistió en la adecuación de dos jagüeyes (como se les conoce a los reservorios de agua superficial), la construcción de otros dos, la dotación de 15 tanques plásticos y la instalación de una planta desalinizadora de agua para convertir el agua del mar aledaño en potable. La planta fue instalada en el territorio de Kasiwolin y allí empezaron a emerger también negociaciones con la administración municipal, pues, como las personas de EPM participantes en la consulta afirmaron durante el desarrollo de esta investigación, el manejo del impacto de proyectos puede empezar a demandar responsabilidades que son del Estado. Este fue el caso con el agua, que correspondía a las necesidades básicas insatisfechas. Al operador del proyecto se le empezaron a pedir una gran cantidad de cosas que eran demasiado básicas y superaban las responsabilidades y capacidades de EPM. La Administración Municipal cohonestó con esto inicialmente y empezó a pedir cuestiones desmesuradamente grandes[3].

Todo esto es importante de mencionar, porque frente a la incapacidad de cumplir todas las demandas durante el proceso de negociación, EPM empezó a asumir el papel de “hacer llegar otras instituciones” o, como también se refieren a esto “trabajar la institu-cionalidad”. Ellos han buscado “comprometer a la administración municipal”. El proceso de negociación sobre el Plan se convirtió así en el articulador de una forma particular de gobierno que debe entenderse en un contexto más amplio, es decir, en el contexto de la emergencia de lo que algunos llaman gobernanza climática o ambiental (cf. Gareau, 2008; Bailey, et al., 2011).

No estuvo este llamado a traer la institucionalidad libre de problemas. Corpoguajira, estuvo presente en el proceso de negociación, sobre todo, en el comienzo y al final. Según el personal de EPM, su participación “fue muy informal”. En varias ocasiones EPM invitó a esta organización como “garante” a las reuniones. Asimismo, fueron invitados instituciones del gobierno central. Otra cuestión que emergió en el contexto de las negociaciones y de la necesidad de convocar a la administración municipal fue el estilo de ejecución pública en la región: “nada pasa”, “los compromisos no se cumplen”, “hay mucha corrupción”. Una de las anécdotas que resumen todo esto es el alquiler de carros robados en Venezuela como algo normal y algo frente a lo cual la alcaldía de Uribia cohonestaba. Incluso a los funcionarios del BM se les alquilaron estos carros y “¡ellos aterrados!”.

La planta desalinizadora fue finalmente instalada. Actualmente el agua llega una vez a la semana a las casas para llenar unos tanques plásticos de almacenamiento, pero más allá de eso los conflictos que emergieron en varios planos son sintomáticos de consecuencias sistêmicas de estas formas de gobernanza y a ellos se les dará la debida atención en el capítulo 5.

Otro elemento clave de la compensación por el uso del territorio consistió en el apoyo orientado hacia varias actividades productivas tradicionales. La primera es la pesca, de la cual dependen varias familias localmente. Dos formas de compensación fueron obtenidas en esta línea. Por un lado, se dieron siete lanchas y siete motores fuera de borda para los pescadores. Por el otro, se construyó una dársena en las playas para hacer más fácil y segura la navegación. Botes y motores tuvieron una corta vida, pues fueron robadas y desmanteladas por vecinos de las rancherías.

La segunda actividad productiva tradicional apoyada fue la artesanía. Los bolsos tejidos a mano de los wayúu (conocidas en Colombia como mochilas wayúu) son muy apreciados en Colombia y el mercado de la moda internacional. Aunque no es la actividad de subsistencia de la mayoría de mujeres, a estas últimas se las tiende a asociar a su costura en los medios nacionales. Finalmente, y solo en el territorio de Arrutkajui, EPM construyó algunas casas.

En la negociación se acordaron también algunos lincamientos para la contratación durante la construcción. Personas de las rancherías fueron empleadas como ayudantes en la cartografía y otros trabajos relacionados con la ampliación de vías y montaje de la infraestructura del parque. Esto empezaba a reflejar un orden social que se replicó luego en la fase de operación donde la principal fuente de trabajo asalariado se constituyó en los cargos de celaduría para cuidar el parque eólico y que se presenta como una de las acciones de responsabilidad social.

Un tipo de compensación dada, también centrada en “lo cultural”, consistió en el mantenimiento y cercamiento del cementerio de una de las rancherías (Arrutkajui). Aunque esto puede pasar por ser una forma de compensación menor, es en realidad muy significativa. La propiedad sobre el territorio entre los wayúu se encuentra comúnmente asociada al concepto de descendencia que se espacializa a través del enterramiento de los muertos. Los cementerios, se vuelven así una declaración de posesión territorial y el lugar de la sepultura de un fallecido es un asunto de gran importancia política. Usar las medidas de compensación como una forma de afirmar posesión del territorio es, así un acto que implica tanto la afirmación de la propiedad del territorio por parte de los indígenas pero que prolonga las relaciones con el operador dador de Programas Sociales.

Otras compensaciones derivadas de la negociación fueron no tanto orientadas a la subsistencia ni a reforzar lo cultural, sino a los servicios de salud y educación. Como con el caso del agua, EPM aceptó mejorar la dotación de la escuela de Kamushi’wo, la más cercana a las rancherías, pero bajo el compromiso que la alcaldía de Uribia garantizara el funcionamiento de la escuela. Lo mismo ocurrió con el puesto de salud que dotó de algunos equipos quirúrgicos y de refrigeración que funcionaban con un panel solar – que a la postre también fueron robados[4].

En medio de las negociaciones aparecieron varios actores no invitados. Abogados locales asesoraron a algunas autoridades tradicionales para hacer notar riesgos que eran inexistentes con el fin de pedir más compensaciones. De nuevo, esto debe ser visto como un trabajo de demarcar quiénes, dónde y qué tipo de cosas eran susceptibles de ser discutidas y cuáles no. Determinar cuáles relaciones deben ser cortadas es tan importante como analizar cuáles son las establecidas.

Los elementos dados en la negociación fueron sólo una parte de lo acordado. También hay que tener en cuenta que se llegó a un acuerdo sobre los programas sociales durante la fase de operación del proyecto que se orientaron, según me lo comunicó un gestor social de EPM, en cuatro frentes:

El primero fue el de la generación de empleo, inicialmente en la construcción del parque, pero luego, en su operación, en la vigilancia y el transporte. El segundo fue el de la organización comunitaria, donde, como dice Nelson, “se buscó dejar una capacidad instalada”. La tercera fue vincular a las comunidades a proyectos de desarrollo, pues “las comunidades no son islas” y EPM no puede hacer todo, ni remplazar el Estado en la zona. La cuarta estrategia fue la comunicacional. (Diario de Campo de Pablo Jaramillo)

Todo esto se reflejó en un programa de etnoguías, el apoyo a las artesanas wayúu, la política de empleo de celadores y los contratos para servicios de transporte dados por una fundación creada en conjunto entre líderes de la ranchería de Kasiwolin y EPM llamada Anna Watta Kai. A estas medidas se les dará una adecuada atención en el capítulo 5 y 6. Por ahora me concentraré en el final de las negociaciones.

En una extraña movida, pero comprensible bajo los criterios antes identificados, se hizo una consulta sobre la consulta: “Se realizaron igualmente talleres orientados a conocer la percepción sobre el proyecto y consultar los impactos ambientales, el plan de manejo ambiental (PMA) y las medidas compensatorias” (Sandoval, et al., 2004: 91). En esta cualificación de la cualificación se reforzó el sentido de legitimidad de los compromisos adquiridos, lo cual es un prerrequisito para la creación y mantenimiento de un sistema de monitoreo,

establecimiento de indicadores viables de “desarrollo soste-nible”, y la especificación de estándares de manejo de datos fueron todos provistos para el proyecto MVP [Monitoring and Verification Protocol]. El promotor del proyecto, EPM asumió la responsabilidad de establecer un sistema robusto de monitoreo interno basado en evaluaciones regulares y reportes sobre avances en ambas fases del Plan de Fortalecimiento Institucional y Comunitario (PFIC), el cual fue esencialmente el Plan de Pueblos Indígenas para el proyecto. Esto fue completado además por el monitoreo de impactos visuales (que incluyeron indicadores culturales específicos), de ruido por parte de la operación de las turbinas, y de calidad de agua saliente de la planta de desalinación de Kasiwolin como parte del protocolo de monitoreo ambiental de Jepíra-chi. (Ledec, etal., 2011: 95)[5].

Todos los acuerdos se protocolizaron en una reunión durante el 20 de junio del 2002. (Sandoval, et al., 2004: 91). La reunión estuvo a cargo de Corpoguajira y contó con la presencia del ministerio del interior y representantes de la Alcaldía de Uribia. EPM hizo una presentación del proyecto y los acuerdos alcanzados en la consulta (ver Figura 5). Posteriormente el acta de la reunión no relata exactamente las intervenciones realizadas sino que hace un resumen de los aspectos técnicos del proyecto y hace una lista de impactos y la respuesta que EPM hará frente a ellos.

En conclusión la negociación sirvió para configurar un orden social donde el modelo de apropiación es la servidumbre y la forma de esta última es el programa social. En la siguiente sección exploraré algunas implicaciones de esta superposición

Cita original: "resulting in a more continuous delivery of collective benefits for them than a one-time negotiation would have. Under the original arrangements, the participating Wayuu received easement payments and compensatory benefits in a first phase. The social benefits plan for this phase (Plan de Gestión Social), dating to September 2002, was very complete and well considered. The second phase involved the implementation of a full-fledged social action program (in Spanish, Programa Social Adicional). The activities of both phases were designed to become "self-managed" by local communities and institutions within a medium-term timeframe, which has happened to a great extent."↵

Anteriormente era una salvaguarda separada, la OPN 11.03.↵

Entrevista con Ana Sandoval y Jaime Aramburo. EPM. Medellín. 18-04-2012. Realizada por Pablo Jaramillo↵

En el Anexo 9 ("Ejecución de las medidas compensatorias y por servidumbres en el Parque Eólico Jepírachi") de (Empresas Públicas de Medellín, 2010) se puede encontrar un sumario de las medidas compensatorias↵

Cita original: "establishment of viable "sustainable development" indicators, and specification of data management standards were all provided for in the MVP for the project. The project sponsor, EPM took it upon itself to establish a robust internal monitoring system based on regular assessment of, and reporting on, advances in both phases of the Institutional and Community Strengthening Plan (PFIC), which was essentially the Indigenous Peoples Plan for the project. This was furthermore complemented by the monitoring of visual impacts (which included culturally specific indicators), noise from the operation of the windmills, and water quality of the water coming out of the Kasiwolin desalination plant as part of Jepirachi's environmental monitoring protocol."↵

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Los programas sociales, servidumbre generalizada y la emergencia del fondo comunitario de carbono

En esta sección apunto brevemente a dos implicaciones que el modelo de negociación tiene en términos de un emergente régimen de propiedad: el programa social como forma de compensación y la servidumbre generalizada como forma predominante de relación con el objeto de posesión. Estas dos implicaciones, como se verá, no son más que dos caras distintas de una misma moneda que he llamado proceso de zonificación. Este tercer elemento explica el funcionamiento interno de este régimen de propiedad. Se trata de las estrategias de zonificación (genealógica y tecnológica) que crean un ámbito de aplicación del régimen de propiedad y a las cuales se les dedicarán los capítulos 5 y 6.

Las características del proceso de negociación de Jepírachi pueden parecer marginales en el contexto de las grandes rondas de discusión que tienen lugar en las Conference of Parties (COP) del UNFCCC dominado por los grandes jugadores de G20. No lo son. O para ser más precisos, son marginalmente centrales. El motivo tras esto es que el modus operandi de un remoto y pequeño parque eólico en La Guajira colombiana sirvió de modelo para la constitución del Fondo Comunitario de Carbono. De esa manera, se volvió la pieza clave de un conocimiento que viaja y se puede descontextualizar; se volvió parte de lo que Collier y Ong (2005) llaman ensamblaje global {global assemblages). Pero lo hizo (y esto es clave) en una posición marginal, pues fue el mecanismo de negociación el que se exportó, cuestión que no trajo ningún beneficio para las personas de Kasiwolin, Arrutkajui y Medialuna (donde la mayoría de sus habitantes no saben que son ellos mismos el modelo de una forma de negociar carbono a escala planetaria).

¿Cuál es el balance de la negociación en términos de los derechos de propiedad? Hay varios puntos que me interesa resaltar. El primero tiene que ver con la propiedad sobre la tierra. El área que requiere cada una de las turbinas depende en gran medida de las características del viento y del terreno, siendo los vientos unidireccionales en terreno plano las condiciones con menores requerimientos espaciales (menos de 7 ha por aerogenerador). Este es el caso del Jepírachi. A los requerimientos espaciales de la base de la torre hay que sumarle las distancias mínimas entre turbinas, la exclusión de ciertos tipos de actividades y lugares de habitación humana recomendada por los estándares de seguridad. Esto configuró una gran área entre las rancherías involucradas donde, a excepción de las cabras que pastan en el bosque seco tropical, casi nadie visita y casi nada sucede. La energía eólica usualmente se promociona como una alternativa energética que no incurre en el uso extensivo y destructivo de la superficie que caracteriza otro tipo de proyectos como las represas. Así, las negociaciones sobre la propiedad toman un rumbo muy distinto al no ser necesarias compras ni expropiaciones. El modelo de arreglos de propiedad a través del pago de servidumbres es, de lejos, el más usado y así fue en el caso de Jepírachi con unas implicaciones que se profundizarán en la siguiente sección. Las granjas de viento, sin embargo, tienen una duración indefinida dando lugar a unas relaciones de larga duración entre el receptor de los pagos y el operador.

La permanencia de la relación de servidumbre es producto del régimen de propiedad en territorios indígenas en Colombia, pero lo más llamativo es el área sobre la cual, en efecto ocurrió la negociación. No se trata de una servidumbre del parque eólico, sino de las comunidades en sentido amplio: relaciones genealógicas, políticas, económicas e incluso la autorepresentación de las personas como indígenas quedan contenida dentro del acuerdo. Esto se logró al crear una doble zonifi-cación: la tecnológica y la genealógica. El capítulo 5 y 6 se dedican a explorar la naturaleza de estas dos zonificaciones que caracterizan los regímenes de propiedad siendo creados a través de las energías limpias en territorios indígenas.

La segunda característica de las negociaciones es que las compensaciones en dinero fueron explícitamente proscritas. Las razones para esto son difíciles de entender. Las razones dadas entre las personas involucradas en la negociación tienen que ver con la etnicidad de los receptores. Un antropólogo del Banco Mundial me dijo incluso que la no monetización de la relación no tenía que ver con que fueran indígenas, sino que era porque en La Guajira no había mercado[1]. Esto obviamente es bastante dudoso en poblaciones que por tres siglos han estado involucradas con el contrabando y han redibujado sus nociones de jerarquía y estatus en torno a la posesión de dinero u objetos que requieren del mismo para su obtención (Grahn, 1997; Polo Acuña, 2005; Barrera Monroy, 2000). Sin importar las razones, lo que resulta definitivo es que formas de compensación no monetaria fueron luego generalizadas a todos los proyectos del Fondo Comunitario de Carbono, inspirado en gran parte en la experiencia de Jepírachi. Un banquero de carbono del Banco Mundial me describió las características del FCC de la siguiente manera:

Todo esto [el FCC] emergió copiando el modelo de Jepírachi. Este porcentaje dedicado a los proyectos sociales no es fijo, pero es un requisito que el impacto sea significativo y el otro asunto es que jamás puede darse en dinero, sino en programas sociales.

Le pregunté si esto era un requisito del banco y dijo que creía que sí y que si no lo era de todas maneras nunca había visto un proyecto que diera dinero directamente a las comunidades.

Así pues, los programas sociales, que adquirieron diversos nombres dependiendo de la fase en la que se encontraban, se volvieron el mecanismo de compensación por excelencia, primero en Jepírachi y luego en el mundo para este tipo de proyectos. Incluso el empleo se volvió parte de los programas sociales. En todas las fases, sin embargo, operaron como la principal estrategia de relacionamiento entre la población del área de influencia y el operador. Dicha estrategia tenía una doble dimensión, como lo manifiestan los expertos en desarrollo eólico del banco:

EPM optó por llevar a cabo una estrategia de involucramiento estratégico de largo aliento con los wayúu, que fue muy sensato considerando que: (i) EPM no tenía experiencia en trabajar con comunidades indígenas antes de Jepirachi [sic], y (ii) involucrar a los pueblos indígenas debía involucrar horizontes temporales más amplios. Esto es frecuentemente relacionado con las dificultades inherentes a la comunicación intercultural [cross-cultural], aunque la debilidad [weak capacity] dentro de las organizaciones indígenas también puede jugar un papel en esto. (Ledec, etal., 2011: 113)[2].

Justamente es esta cita la que explica tanto la naturaleza de las relaciones establecidas a través de los programas sociales y las implicaciones de la figura de la servidumbre que se empleó. El primer aspecto que marca estas relaciones es el horizonte temporal (time horizons). El tiempo se encuentra determinado por dos factores. El primero es el régimen de propiedad sobre la tierra con el que se enfrentaron en la negociación. Los territorios de resguardo son inalienables, imprescriptibles e indivisibles, según la legislación colombiana. El segundo aspecto es que el sujeto de derechos de propiedad es colectivo y esto le da una naturaleza particular a los acuerdos de servidumbre, pues al ser también EPM una corporación, la servidumbre no prescribe. Lo tercero es que como tanto el parque eólico, como el programa social implican un fuerte componente infraestructural, los alcances de la servidumbre corresponden a la totalidad de la actividad de EPM en el área de influencia.

Para entender estas implicaciones es vital algún contexto sobre la ontologia legal de la servidumbre en Colombia. Todos los derechos de propiedad en Colombia se encuentran regulados por el Libro Segundo del Código Civil (República de Colombia, 2012). Dicho código divide los bienes entre cosas corporales y cosas incorporales (Art. 653). Las servidumbres, al ser definidas como “un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño” (Art. 879), son cosas incorporales, es decir, son “meros derechos” poseídos: “sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho al usufructo” (Art. 670). De acuerdo al Artículo 23 del decreto 2164 de 1995 (Presidencia de la República, 1995), las servidumbres en territorios indígenas se encuentran regidas por el Código Civil, así que esto abre un gran espacio de interpretación frente a la propiedad de los territorios colectivos indígenas.

Bajo un lenguaje legal, el arreglo en Jepírachi es una servidumbre voluntaria. Al entrar en el régimen de las servidumbres, la presencia de EPM queda sujeta a lo que el Código Civil llama derecho a los medios (Art. 885), es decir, que para acceder a la misma se requiere la ocupación del espacio sin restricciones. También permite obras indispensables (Art. 886). Pero al venir el “gravamen impuesto sobre el predio” en la forma de un programa social que en sí mismo construye infraestructura sujeta a las servidumbres (la planta desalinizadora, por ejemplo), la injerencia del operador es prácticamente ilimitada. De un momento a otro todas las relaciones, todas las prácticas y el paisaje mismo se vuelven potencialmente parte de la servidumbre. El caso del acueducto es interesante. Al ser el suministro de agua parte de la compensación, esto implica que su distribución queda sujeta a una servidumbre de acueducto (Art. 919). Finalmente, de nuevo usando el lenguaje del Código, al ser el predio sirviente (las rancherías) propiedad colectiva y el predio dominante (el parque) una red de indefinida permanencia poseída por una persona jurídica (EPM), la servidumbre se vuelve crónica, una forma de vida en sí misma.

Los programas sociales adquieren, así, una dimensión diferente. Por ejemplo, el programa de comunicaciones que hizo parte del programa social puede verse ahora como una forma de extender el régimen de propiedad donde la servidumbre es generalizada:

Su objetivo [del programa de comunicaciones] fue establecer relaciones armónicas entre el proyecto y los distintos actores sociales del área de influencia, a través de una gestión social integral orientada a implementar los proyectos del Plan de manejo ambiental y la promoción de la participación comunitaria. Se implementaron estrategias de información y comunicaciones adaptadas a las particularidades culturales, para permitir a la comunidad, a los trabajadores y a las entidades de la región conocer los avances y las actividades en la etapa de construcción del proyecto. Se privilegió la comunicación cara a cara con las autoridades, los líderes y las instituciones locales y regionales, complementada con medios de comunicación en español y wayuunaiki como el programa radial “Voces del nordeste”, con cobertura regional, además de reuniones y murales informativos, boletines, atención de visitantes al proyecto, producción de videos y visitas guiadas. (Peláez, et al., 2004: 148)

Otros ejemplos surgirán en el camino de analizar cómo funciona efectivamente esta zona de servidumbre generalizada en el curso de los dos siguientes capítulos donde se dan detalles sobre cómo se administró concretamente esta zonificación.

Entrevista con Alonso Zarzar. Banco Mundial. Washington D.C. 24-09-12. Realizada por Pablo Jaramillo.↵

Cita original: "EPM opted to carry out a strategy of long-term strategic engagement with the Wayuu, which was highly sensible considering that: (i) EPM did not have experience working with indigenous communities prior to Jepirachi, and (ii) engaging with indigenous peoples ought to involve longer time horizons. This is often due to the difficulties inherent in cross-cultural communications, although weak capacity within indigenous organizations can also play a role."↵

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Conclusión

El presente capítulo se ocupó de analizar la manera en la cual las negociaciones sobre la presencia del parque eólico en el territorio indígena implicaron la emergencia de un régimen de propiedad particular. En primera instancia, se partió del análisis sobre cómo las técnicas de cua-lificación del proyecto constituyeron y delimitaron una “comunidad”. A continuación se analizó la manera como esta comunidad se convirtió en un agente de negociación. La negociación vino en una forma prescrita, pues había ciertos aspectos “tradicionales” que debían quedar y algunas formas de pago que quedaban excluidas como el dinero.

Ya que el territorio es propiedad colectiva, la negociación estuvo atravesada por un grado considerable de experimentación. La opción para poder establecer el parque eólico fue el establecimiento implícito de un sistema complejo de servidumbres. El resultado de la negociación, donde la única opción fue concebir la compensación como programas sociales dio el resultado particular de que toda la vida de las personas habitantes del territorio se volvió parte de una servidumbre crónica y generalizada.

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Zonas genealógicas: definición de derechos de propiedad a través de aparatos antropológicos

Este capítulo argumenta que para comprender la negociación de propiedad en territorios indígenas formas de tecnología social entran en juego para hacer las poblaciones objeto de compensación, conmensurables en términos de la tecnología que se estableció en el territorio. Esta tecnología implica el conocimiento antropológico y metodológico para hacer visibles ciertas relaciones (y ocultar otras) y para hacerlas parte de formas legítimas de intercambio económico. Las secciones siguientes se concentran, pues, en las metodologías y estrategias de involucramiento de la población antes, durante y después de la construcción del parque.

“Los indígenas” son unos actores del desarrollo particularmente desafiantes. Una de las primeras preguntas a enfrentarse en el funcionamiento concreto de un régimen de propiedad emergente en el contexto de este CDM es ¿quién es un indígena? Esto implica hacer asunciones sobre sus formas de agencia e intereses. Para esto fueron llamados los antropólogos, practicantes de las tecnologías para responder esta pregunta y de esto se ocupa una primera sección. En el establecimiento del parque también emergieron formas de gobierno y mecanismos de regulación sui generis a los que se les presta atención en las otras dos secciones.

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Participantes sofisticados: los expertos y la definición de un área de influencia genealógica

Tal como se argumento en ei capítulo anterior, los programas sociales emergieron como una forma de compensación en sí misma. Pero ¿qué es “lo social”?, ¿cuáles son las relaciones que incluye?, ¿cuáles excluye? Para este propósito un grupo de “profesionales sociales”, es decir, sociólogos, trabajadores sociales y, preferiblemente, antropólogos se les hizo parte del equipo o entraron rutinariamente a evaluar el progreso tanto desde EPM como desde el Banco Mundial. En esta sección no me remitiré a la construcción del área de influencia general que apareció en las negociaciones y que denominé micrositio social. Me concentraré, por el contrario, en cómo delimitaron “lo social” en la construcción del parque.

El llamado a la participación de expertos antes y durante la fase de negociación es un resultado directo de cómo se piensan, en primer lugar, a la persona indígena como participantes en negociaciones. En general, se les considera actores rodeados de conflicto y extremadamente complejos, o como lo llaman el argot de los proyectos, participantes sofisticados:

Buscando Contribución de Expertos. Un elemento clave en la construcción de confianza entre los actores indígenas, y para asegurar que proyectos eólicos localizados en tierras indígenas estén basados en información certera y relevante es contratar expertos socio-culturales que estén íntimamente familiarizados con el entorno del proyecto y los grupos sociales en cuestión. Una vez más, Jepírachi sirve como un ejemplo de buenas prácticas en este sentido. EPM no solamente tuvo a bordo un antropólogo experimentado para ayudar a guiar le proceso inicial de consulta, sino que la compañía también organizó la contratación de personal del proyecto para esta persona y el especialista en medio ambiente pudieran permanecer involucrados en temas de compromiso con la comunidad después que el parque eólico fuera construido, a pesar de que pertenecieran formalmente a la división de EPM para la pla-neación del proyecto. Además EPM reforzó su experticia en el ámbito social con la contratación de expertos como Wilder Guerra, un antropólogo que es mitad Wayuu. Guerra, el galardonado autor de numerosas piezas sobre historia y cultura Wayuu, apoyó el proyecto con la preparación de un manual de relaciones interculturales (Ledec, etal., 2011: 103)[1].

A diferencia de lo que muchos antropólogos imaginan que la antropología puede hacer en el debate sobre la energía global (cf. Boyer, 2011; Nader, 2011), los análisis que se pueden llevar a cabo en el marco de la disciplina son mucho más prescriptivos. Los antropólogos están destinados a definir unidades sociales relevantes, pero parte de esa relevancia consiste en que deben ser autocontenidas. De esta manera, la unidad social aparece como beneficiaria de compensación, pero no como un partícipe en discusiones sobre otras conexiones y escalas de la red que la contiene (ver el capítulo 3).

Pero, entonces, ¿cómo se define una unidad de este tipo? Tim Inglod (2000) argumenta que los conceptos de indigenidad modernos se basan un modelo que él llama genealógico. En este modelo, las personas aparecen definidas por la transmisión de substancia a través de líneas genealógicas, de ancestralidad como conexión fija y primigenia con la tierra ocupada y de conocimiento tradicional como si fuera un corpus estable de conocimiento. Mi argumento es que los antropólogos son llamados a la escena de la definición de los límites de lo social en parte en un ejercicio de confirmación práctica de dicho modelo.

Aunque inicialmente lo parezca este no es un argumento que reduzca el problema a la instrumentalización de la antropología. La cuestión es mucho más compleja. Aunque hay pruebas suficientes de que el fenómeno no es exclusivo del pueblo indígena que aquí compete (Ekeh, 1990), en La Guajira la antropología ha entrado en escena en contextos de intensa negociación interétnica. En la península, las primeras expediciones propiamente antropológicas ocurrieron en los años 1920s y 30s, el momento en que múltiples impulsos colonizadores habían fallado. Solo hasta que hombres con poder asociados al Estado Colombiano en lo militar o en lo burocrático empezaron a casarse con mujeres de alto rango wayúu se pudieron establecer alianzas efectivas que desencadenaron en el establecimiento del control gubernamental en la región (Acosta Medina, 2000). La burocracia regional quedó en manos de una élite mestiza que, a causa de nociones de familia matri-lineal podría simultáneamente clamar pertenencia étnica completa de ambos padres (Jaramillo, 2010, 2011).

Desde un principio, los antropólogos trabajando en la región han reconocido la complejidad de las relaciones de poder y de parentesco entre los indígenas. El estatus, la representación política y la movilidad espacial, los lazos de consanguinidad y de afinidad se extienden en complejas redes por todo el territorio y son profundamente contextúales (Saler, 1988; Goulet, 1978; Santa Cruz, 1960, 1941). No obstante, un tipo de estudio que se enfocaba completamente en el problema de la descendencia indígena fue predominante. Este tipo de estudio partía de la idea de la familia como una transmisión de substancia (eiruku o carne) por vía matrilineal con una expresión territorial claramente delimitada llamada womainkat y una cabeza del grupo matrilineal que era el tío materno o araura ‘yu (Rivera Gutiérrez, 1990-1991; Gutiérrez de Pineda, 1950, 1963; Wilbert, 1976, 1970).

Además de hacer un análisis descriptivo sobre la organización social indígena, la antropología, a través de conceptos canónicos como en de descendencia (Rivers, 1900), también estaba en una tarea pres-criptiva. Con la idea de describir “una sociedad” como unidad, una noción decimonónica, los antropólogos también estaba involucrados en reproducir la noción original del término societas, de origen Romano, que viene de socius, socio, es decir, un aliado militar (Mann, 1986: 14).

Aunque encontrar una unidad social que coincida con los principios normativos de estos análisis es imposible, los conceptos son muy populares aun en el presente. Ahora, esto no se debe a una suerte de estupidez de los antropólogos, sino que sus picos de producción coinciden con periodos de profundas negociaciones interétnicas, donde resultan prácticos los conceptos para entender el enfrentamiento entre dos partes y sus negociaciones. En los años 80s, por ejemplo, con la entrada en escena de la explotación carbonífera (Chomsky, et al., 2005) y las negociaciones entre indígenas y gobierno por la explotación de sal en un municipio llamado Manaure, los antropólogos que trabajaron en la negociación se encargaron de ayudar a definir, con buenas intenciones de respetar las tradiciones indígenas, las unidades sociales que podían recibir dineros por parte del Estado. Un antropólogo que participó en las negociaciones, escribió en esos años que,

Los wayúu conforman vecindarios y a partir de ellos una patria wayúu (o sistema de vecindarios) como punto de referencia espacial para las unidades familiares, que denominamos “comarcas” en este trabajo.

Dichos vecindarios, donde residen familias extensas de hasta 300 miembros, son un sistema de rancherías que albergan unidades familiares de parientes uterinos, las cuales conforman un grupo de residencia definido por un cementerio, una red estrecha de cooperación en torno al pastoreo, la pesca y la horticultura, y el derecho de acceso a una fuente de agua local, derivado de la precedencia en su uso. [...] Estos sistemas de parentesco y patrones de residencia vertebran el sistema de conformación de las relaciones sociales wayúu, las cuales carecen de centralidad política y estructuran localmente sus formas de representatividad. (Correa, 1993: 213)

De estas negociaciones surgió la autoridad tradicional, entronizada a través de los decretos 1088 y 2164 (Presidencia de la Republica de Colombia, 1993; Presidencia de la República, 1995), como una figura jurídica autorizada para entrar en negociaciones con el Estado. Las nociones sobre la sociabilidad wayúu se van actualizando de negociación en negociación de tal manera que conceptos como el de descendencia matrilineal, el tío materno como autoridad tradicional y la jurisdicción de la misma en un territorio tradicional se fueron naturalizando cada vez más. En esencia lo que hicieron los antropólogos en el proceso de intermediación no fue otra cosa que poner en escena, de nuevo, estos conceptos sobre lo que los wayúu son. Por supuesto el concepto que se reproduce etnografía tras etnografía no emergió solamente de la antropología. Viene a ser parte de nociones extendidas que han llegado a ser parte de lo que el Banco Mundial, por ejemplo, tiene como pueblo o persona indígena:

Para propósitos de esta política, el término “pueblos indígenas” [indigenous peoples] es usado en un sentido genérico para hacer referencia a un grupo socio-cultural particular y vulnerable que posee las siguientes características en varios grados:

(a)  auto-identificacion como miembros de un grupo cultural indígena particular y reconocimiento de esta identidad por parte de otros,

(b) apego colectivo a habitats geográficamente particulares o territorios ancestrales en el área del proyecto y a los recursos naturales de dichos habitats y territorios.

(c)  costumbres culturales, económicas, sociales o instituciones políticas que están separadas de aquellas de la sociedad y cultura dominante;

(d) una lengua indígena, comúnmente diferente a la lengua oficial del país o la región (World Bank, 2005b)[2].

Los antropólogos, en esta línea, empezaron por definir quienes eran los habitantes de las rancherías. Ya que vivir ahí era solo uno de los aspectos a ser tenidos en cuenta, realmente lo que contaba era que el censo se acompañara con un análisis de la genealogía de la población. En el trabajo de identificación de los pobladores indígenas, los expertos sociales definieron aspectos como: “Organización social, territorialidad, aspectos demográficos, económicos, mágico-religiosos, sistema jurídico, servicios, morbilidad, mortalidad, salud, vivienda y saneamiento básico” (Sandoval, et al., 2004: 91). Como puede observarse en esta observación hecha por una antropóloga, en la identificación de los indígenas hay una mezcla de atributos culturales y económicos. Los pueblos indígenas son también parte de las poblaciones más vulnerables, lo que los hace unos sujetos especialmente aptos para ser enmarcados en políticas de desarrollo.

La identificación de los potenciales beneficiarios de compensación fue acompañada de reclamos. Otras familias que han tenido relación con el territorio insistieron en que debían hacer parte de los acuerdos. Tal fue el caso mencionado antes en el capítulo 4 donde un señor llamado Troceo declaró que la tierra era parte del territorio tradicional de su familia. Los conflictos se apaciguaron en circunstancias que aun hoy son objeto de rumor. En esto último jugó un papel importante que los antropólogos definieran quiénes y cuántos eran los miembros de la comunidad y a qué línea genealógica se afiliaban (para lo cual tomaron prestada la palabra “casta” ampliamente difundida en la literatura etnográfica wayúu):

En el área de influencia directa del proyecto, donde están las obras y equipos del parque, se localizan las comunidades de Arutkajui (acercándose sigilosamente en lengua Wayúu) constituida por 77 personas pertenecientes al clan Epieyuu, y la comunidad de Kasiwolin (como las borlas de la vestimenta Wayúu que tienen cola prolongada) constituida por 111 personas de los clanes Pushaina, Uliana y Epieyuu. Como área de influencia indirecta se consideró el sector de Media Luna, zona de tránsito a Puerto Bolívar (principal puerto exportador de carbón colombiano y de ingreso de equipos para el parque eólico) el cual está conformado por varias rancherías trasladadas a su ubicación actual debido a la construcción del puerto. (Sandoval, et al., 2004: 87)

La asociación entre genealogía y ancestralidad fue reforzada por los estudios arqueológicos llevados a cabo en el área, pues un aspecto básico para demostrar la forma de apego especial al territorio fue la “identificación de los lugares reconocidos como sitios de ocupación antiguos, viviendas, huertas, pozos y corrales, es decir, de los ancestros de las familias que actualmente hacen parte de las comunidades locales.” (Sandoval, et al., 2004: 91). Los cementerios wayúu fueron lugares en los que se puso particular atención en la medida en que son, en efecto, desplegados por las familias wayúu como los marcadores de apropiación y posesión del territorio. Una antropóloga que fue el enlace entre EPM y la población de las rancherías involucradas describía su experiencia de la siguiente manera:

[La experiencia] ha significado comprender el valor que tienen los cementerios, lugares sagrados para la comunidad indígena wayuu, que constituyen las escrituras de propiedad de las tierras ancestrales, pues prueban que sus antepasados vivieron y han sido enterrados en una determinada zona de la península por varias generaciones. Entender que sus huertas evidencian una ocupación ancestral del territorio y que no podrían ser afectados por el proyecto eólico que estudiábamos. (Sandoval, 2007, cursivas añadidas)

La labor de definir quiénes eran las personas habitantes del territorio fue correlativa con definir quién los representaba. En la medida que una unidad social tiene un territorio y una cabeza política en las nociones de sociabilidad que se han difundido sobre los wayúu, debía haber una “autoridad tradicional” – cuya existencia, como se mencionó, se asocia con una figura jurídica surgida en los años 90. Así, para cada una de las rancherías se identificaron las respectivas autoridades. Fue con ellas que se inició el proceso de negociación sobre compensaciones y a ellas a las que se les pide que convoquen a la comunidad para las reuniones en las visitas de EPM. Pero las autoridades no sólo tuvieron un valor logístico en el proceso, sino que también,

A través de talleres con los niños y adultos de cada una de las comunidades, y en conversaciones con las autoridades mayores reconocidas como poseedoras del conocimiento histórico, se accedió a su conocimiento, percepción, valoración y significación de los elementos de la cultura material identificados en el registro arqueológico, pero también a sus relatos sobre la historia del poblamiento procedencias, migraciones, movilidad interna), las genealogías de las familias que habitan el área, los cementerios, la utilidad, manejo y frecuencia de uso de los recursos y elementos naturales y culturales, así como los cambios que habían tenido en el tiempo, los conflictos intraétnicos e interculturales, su dinámica, los actores, causas, alianzas y formas de resolución. Todos estos factores directamente relacionados con la ocupación del territorio. (Empresas Públicas de Medellín, 2010: anexo 7)

Para completar la caracterización de los habitantes de las inmediaciones del parque también se llevó a cabo la identificación del conocimiento tradicional de los habitantes. Este aspecto es clave para apuntalar algunas de las peticiones en las negociaciones que quedan así doblemente reforzadas pues sirven como base para su identificación como indígenas y son reproducidas por las medidas compensatorias:

Se adelantaron labores para la recuperación de algunas actividades ancestrales propias de la comunidad Wayuu, que venían siendo olvidadas en las comunidades del área de influencia del parque. Entre ellas está la recuperación de la cerámica, con la elaboración de vasijas de barro; el tejido, con la utilización de los diseños tradicionales en la elaboración de las mochilas y los chinchorros, así como nuevos productos en las colgaderas y bolsos, además de la promoción del uso de la mochila de compras, el rescate de la Yonna como baile típico para ceremonias de recibo y celebración, la medicina tradicional, la etnobotánica y el uso de la Kasha, tambor tradicional para el ritual de convocatoria e inicio de actos de importancia. (Empresas Públicas de Medellín, 2010: anexo 7)

Los expertos sociales ayudaron, pues, a definir un conjunto de relaciones relevantes para el proyecto que yo llamo zona genealógica y que entra a ser parte de la servidumbre generalizada. Ellos operaron a través de aparatos menos convencionales, pero igualmente importantes en garantizar un dominio de propiedad excepcional en las negociaciones del parque. Así, talleres, encuestas, entrevistas, cuadrículas arqueológicas, recolecciones superficiales de restos de cerámicas, recorridos guiados por los moradores fueron claves. Lo que lograron, en efecto, es que un territorio de propiedad colectiva de miles de kilómetros cuadrados como lo es el resguardo de la Media y Alta Guajira, pudiera ser fácilmente divisible en términos de demandas sociales. Con la ayuda de un agregado de conceptos y metodologías, la compleja red de relaciones sociales fue efectivamente delimitada para evadir el reclamo, como en efecto se intentó por parte de organizaciones indígenas (ver capítulo 3), de que es imposible hacer una delimitación territorial de un elemento que todos los wayúu tienen como sagrado: el viento.

Cita original: "Seeking Expert Inputs. A key element in building trust among indigenous stakeholders and helping to ensure that wind projects sited on indigenous lands are based on relevant and accurate information is to employ socio-cultural experts who are intimately familiar with the project setting and the social groups in question. Once again, Jepirachi serves as a good practice example in this regard. Not only did EPM have an experienced anthropologist on board to help guide the initial consultation process, but the company also reorganized the staffing on the project so that this person and the environmental specialist could remain involved in community engagement issues after the wind farm was built, even though they formally belong to EPM's project planning division. EPM also rounded out its expertise in the social ambit through the hiring of experts like Wilder Guerra, an anthropologist who is half Wayuu. Guerra, the prize-winning author of numerous pieces on Wayuu history and culture, supported the project by preparing an inter-cultural relations manual."↵

For purposes of this policy, the term "Indigenous Peoples" is used in a generic sense to refer to a distinct, vulnerable, social and cultural group possessing the following characteristics in varying degrees: (a) self-identification as members of a distinct indigenous cultural group and recognition of this ident ity by others; (b) collective attachment to geographically distinct habitats or ancestral territories in the project area and to the natural resources in these habitats and territories (c) customary cultural, economic, social, or political institutions that are separate from those of the dominant society and culture; (d)an indigenous language, often different from the official language of the country or region.↵

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La fundación

Hubo otro artefacto antropológico que fue clave en la consolidación de una zona genealógica donde las demandas de servidumbre se pudieran delimitar. Estas hacen parte de lo que Mann (1986) ha llamado infraestructuras universales, es decir formas a través de las cuales opera el poder de manera distribuida, sutil y latente. Se trata de la creación de una cooperativa, una forma de organización social prefabricada que se superpuso a las estructuras políticas indígenas con el fin aparente de hacer posible la contratación entre EPM y la población indígena.

Durante la fase de construcción, EPM asignó algunos contratos a individuos que vivían en las rancherías. Uno de los más involucrados con las actividades del operador era Benito, esposo de una mujer que hacía parte del grupo genealógico que había sido definido como principal habitante de la ranchería. La proactividad le ganó a Benito el primer contrato realizado que tenía por objeto abrir unas zanjas de tierra para unos desagües en las vecindades de lo que se iba a convertir en el parque eólico. Las reacciones locales a la contratación de Benito no se hicieron esperar, pues él “no era de ahí”. En efecto esta acusación era reforzada por las nociones de indigenidad a través de las cuales se operó desde un principio el proyecto, así que las políticas de contratación de personal rápidamente se volcaron a otras estrategias. Estas no respondían solamente a los conflictos con Benito. También había una necesidad sentida por el operador y por la población de formas más transparentes de administración de los contratos (efecto no necesariamente logrado):

Resulta que ahí pues entonces siempre venía gente de afuera y licitaba, contrataba y quedaba, pero entonces, listo, se motivó y se creó la fundación Anna Watta Kai: ¿por qué no se creaba una fundación una asociación que pueda ser contratista de EPM y que sea indígena y de la misma zona?, Se creó la fundación y se empezaron a generar puestos [.. .][1]

Anna Watta Kai es como vino a llamarse la organización y quiere decir “bienestar para el futuro”. Fue “constituida el 24 de febrero de 2004 con el propósito de trabajar por sus comunidades, reafirmando sus valores y principios culturales” (Empresas Públicas de Medellín, 2010: 71). La Fundación fue entronizada durante la inauguración del parque eólico, tal como lo recuerda un habitante de la ranchería: “durante el ceremonia también pusieron el nombre de la fundación Anna Watta Kai, fundación bienestar en el futuro, eso lo pusieron de una vez durante la ceremonia”[2]. Con lo cual no quedan dudas sobre la consubstancialidad que existe entre la zonificación tecnológica que será analizada en el siguiente capítulo y la zonificación genealógica. Según uno de los encargados de gestión ambiental de Jepírachi con más trayectoria, Anna Watta Kai es una organización que no sustituye “la autoridad”:

[Es] una estrategia de relacionamiento para canalizar el desarrollo. Fueron las personas las que fundaron AWK, pero si hubo motivación de EPM, para que la contratación no se realizara a través de los individuos, sino de las comunidades. Esto es parte de lo que se tuvo que inventar en el proceso de Jepírachi, pues en Antioquia los procesos con las comunidades están más o menos reglamentados por la Ley 743 donde las organizaciones, las JAC [Juntas de Acción Comunal] y el municipio intervienen. Eso se vuelve mecánico, pero en el caso de Jepírachi no se sabía cómo proceder frente a los asuntos[3].

Esta política de contratación después concentró todos los esfuerzos de EPM y se convirtió en el canalizador principal de muchos de los aspectos del plan social en la fase de operación: “nosotros trabajamos con una organización, no con personas”, me comentó una antropóloga involucrada con las negociaciones del parque. Es la organización la que presta servicios como transporte y guías, que fue el tipo de cosas que más se requirió en la fase de planeación. Las personas de EPM también motivaron que las contrataciones se hicieran rotativas y sacaran listas de balances de empleo por periodos – mecanismos de auditoría que serán más analizados en el capítulo 6. Para este tipo de cosas también sirvió el “comité de empleo”, que era “un espacio de comunicación entre los contratistas, las comunidades, los interventores” y sobre lo cual se dará más información en la siguiente sección.

La Fundación va mucho más allá que un simple regulador de las políticas de contratación. En el presente, se habla de la organización como partícipe de “la co-gestión de proyectos orientados al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de la zona y en la búsqueda de la viabilidad y sostenibilidad de medidas compensatorias, como la planta desalinizadora, con instituciones y empresas de la región e igualmente en la ejecución de contratos de servicios con EPM que dan cuenta de su crecimiento en aspectos administrativos, legales y técnicos.” (Empresas Públicas de Medellín, 2010: 56). En efecto, la organización ha ganado tanta injerencia que su sede principal ahora es en Riohacha (la capital del departamento a más de dos horas en carro de Kasiwolin) y se dedica a gestionar proyectos con muchos entes públicos y privados. En las rancherías ya se asume que la Fundación opera fuera del territorio de manera autónoma. Un poblador, me decía que “Anna Watta Kai hace también, ellos tienen su [...] trabajo afuera del parque que se llaman contratos”. Contratos que han adoptado completamente el discurso sobre la autoresponsabilidad que deben asumir las comunidades. En un video de youtube.com publicado por EPM, una de las líderes de la Fundación dice que,

Gracias a las ideas y al trabajo que hemos tenido con Empresas Públicas [de Medellín], estamos organizados a través de una fundación que se llama Anna Watta Kai que significa bienestar para el futuro. Nosotros hemos participado activamente en todas las fases del parque eólico Jepírachi porque nos dio esa idea de organizamos, de decir somos las comunidades del área de influencia del proyecto, nos ha dado la importancia de decir, nosotros tenemos estas necesidades, nosotros la vamos a buscar, vamos a buscar la manera de subsanarlas de resolverlas a través de la autogestión que nosotros podemos hacer desde fundación como comunidad.

La Fundación se ha proyectado en varios sectores. En primer lugar, y conectado con la asunción de discursos de autogestión, ha funcionado como un nodo de formación y educación en sentidos muy específicos que privilegian modelos de desarrollo orientados a los derechos y a la constitución de cooperativas:

Se desarrollaron actividades de formación y capacitación en organización comunitaria, legislación indígena, empresas asociativas y autogestión de proyectos, que propiciaron la constitución de tres empresas asociativas, dos de tejido y una de pesca, además de una fundación indígena para la gestión de proyectos y la prestación de servicios. Igualmente, se motivó a la comunidad para el desarrollo de actividades futuras de atención a turistas y se orientó la preservación de patrones culturales para acompañar los proyectos de autogestión. (Empresas Públicas de Medellín, 2010: anexo 7)

En segundo lugar, la Fundación ha operado como un ente de control y cumplimiento de los compromisos establecidos en actas a través de reuniones. Como lo expresa la gestora social, “entonces se supone que se contrata a través de la fundación Anna Watta Kai, ahí se supone que ellos debían contratar, hacer la distribución como debería hacerse, 50, 25 y 25″[4]. Estos números corresponden a los porcentajes que se acordaron para todas las contrataciones: Kasiwolin tendría la mitad por estar la subestación y la mayor parte de la infraestructura en su territorio mientras que Arrutkajui y Media Luna se dividirían el resto. Esto creó inmediatos conflictos como se verá, pues no solo las autoridades de las dos últimas rancherías quedaron insatisfechas con el acuerdo, sino con el liderazgo de la Fundación que ha estado dominado por Kasiwolin.

Las cuestiones concernientes al empleo eran una de las que se ocupó la Fundación y que son permanente asunto de debate en las rancherías: “Todo el empleo directo vinculado al proyecto es suministrado por la fundación Anna Watta Kai, con personal del área de influencia del parque, aplicando el criterio de rotación, coordinado por la asociación de socios fundadores, donde participan las autoridades tradicionales del lugar” (Rubiano Ortegón y Empresas Públicas de Medellín, 2005: 5)

Con lo anterior, debe quedar claro que la Fundación ha sido clave para la operación de la gestión social del parque, pero también ha sido una fuente de problemas y ha creado una élite local. Los mismos funcionarios del Banco Mundial reconocen este aspecto cuando dicen que “con la mayor prominencia [de la fundación] ha venido mayor auto-confianza y ambición, lo cual es positivo mientras existan mecanismos que mantengan la responsabilidad del liderazgo de la Fundación frente a otros miembros de la comunidad” (Ledec, et al., 2011: 133)[5].

Los conflictos han venido por múltiples vías. Una de las principales vías de ingresos para la Fundación son los servicios de transporte que le brinda a EPM. Los miembros de la organización pueden poner los carros de su propiedad al servicio de dichos contratos, pero estos son asignados respetando las cuotas que se establecieron en la fase de negociación, es decir, que Kasiwolin tendría el 50%, y Arrutkajui y Media Luna, 25% respectivamente. Esta distribución ha generado insatisfacciones constantes entre las autoridades tradicionales de las dos últimas rancherías. Otro sector donde el acuerdo se proyecta es en la contratación de celadores, que son nominados por las autoridades, pero que son directamente contratados por una firma privada de seguridad. La Fundación, sin embargo, lejos de ver afectada su centralidad en la administración de la zona genealógica a causa de los conflictos, la ha visto considerablemente reforzada. Una misión de monitoreo realizada por el Banco Mundial en la que se trató el tema del mantenimiento de la planta de agua recomendó

[...] a EPM apoyar de manera decidida a la Fundación Anna Watta Kai en sus esfuerzos por generar una asociación (cooperativa) que les permita recaudar los aportes que harían los usuarios para el mantenimiento y operación del sistema de agua potable (planta desalinizadora y redes de distribución). (World Bank y EPM, 2011)

Las insatisfechas autoridades se han encontrado por largo tiempo involucradas en el dilema de crear un organización paralela o redefinir los arreglos iniciales, pero tanto los líderes de Kasiwolin de Anna Watta Kai, como EPM han demostrado posiciones férreas frente al cumplimiento de los compromisos. Esto resulta crítico para entender la administración de las zonas genealógicas, pues en efecto son gobernados con instrumentos quasi-legales – tema que será tratado en la siguiente sección.

Entrevista con Clara Isaza. EPM. Kasiwolin. 13-07-2012. Realizada por Erika Sierra.↵

Entrevista con Rafael Uriana. Kasiwolin. 04-04-2012. Realizada por Pablo Jaramillo y Erika Sierra↵

Entrevista con Nelson Betancur. EPM. 18-04-2012. Realizada por Pablo Jaramillo↵

Entrevista con Clara Isaza. EPM. Kasiwolin. 13-07-2012. Realizada por Erika Sierra.↵

Cita original: With increased prominence has come increasing selfconfidence and ambition, which is positive as long as there are mechanisms in place to keep the Foundation's leadership accountable to other community members. Interviews in the field suggested this may be an area of emerging problems that needs to be monitored.↵

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Regulaciones y acuerdos quasi-legales

En países que han asumido el liderazgo frente a la producción de energía eólica, esta ha venido acompañada de procesos de regulación de todas las dimensiones involucradas en su generación. Dracklé y Krauss (2011), por ejemplo, afirman que “Alemania ha tomado una posición de liderazgo en el mercado global de energía eólica. La instituciona-lización exitosa de las tecnologías eólicas es un resultado de medidas legales como la Energy Feed-in Laws y la de adaptación flexible para planeación espacial.” (2011: 9)[1]. En casos similares, la implementación de la energía eólica se han dado principalmente en territorios rurales con propiedad privada de la tierra y cuyos moradores tienen capacidad económica e influencia política. Esto ha dado lugar a esquemas cooperativos y fuerte vigilancia sobre la implementación de las tecnologías para la generación de energías limpias.

En el caso de la implementación de energías limpias en territorios indígenas las condiciones son considerablemente distintas. La propiedad sobre la tierra está regida por regímenes especiales, los capitales circulan en redes transnacionales sobre las cuales las personas que viven en los territorios donde se hacen las implementaciones no tienen ningún control (o abierto desconocimiento) y no hay capacidad local para la inversión. En el caso de La Guajira, las personas ni siquiera tienen acceso a la energía producida en sus territorios. Esto ha creado las condiciones para un marco de regulación dominado por decisiones ad hoc y sin un estatus legal claro. Sólo hasta el presente (2013), momento en el cual el territorio wayúu se está llenando de potenciales inversores, se está buscando crear un marco social, tal como me lo manifestó el Jefe de División de Cambio Climático y Sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Walter Vergara, en una entrevista[2]. Este es sólo uno de los casos en los cuales los problemas de negociaciones ad hoc en contextos de la implementación de medidas para la mitigación del cambio climático están dando lugar a temores de los que se conoce en este mundo como carbon cowboys, o vaqueros de carbono. En el caso de los mecanismos como REDD y REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation y Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus conservation of forest carbon stocks, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks) la situación es aun más grave pues la inversion infrastructural es nula[3]. Empresas independientes involucradas en explotar el mercado de carbono han entrado a través de acuerdos engañosos. Las mismas organizaciones indígenas en la Amazonia le han pedido al Banco Mundial que intervenga en su defensa, tal como me lo mencionó un funcionario de esta última institución[4].

El limbo jurídico en el que existe la legislación sobre la generación de energías limpias en Colombia es, sin embargo, apenas una de las instancias donde se puede evidenciar que los proyectos de este tipo existen en una frontera legal. Con esto no me refiero a que sean ilegales. Todo lo contrario. Al operar en ámbitos no regulados, pero simultáneamente estar sustentados en discursos sobre la transparencia institucional, sencillamente crean (para)legalidades a su paso. En el caso de REDD, por ejemplo, no existe legislación colombiana sobre a quién le pertenece un bosque. Obviamente existe la legislación sobre la propiedad de la tierra, pero sobre material biológico que se encuentre en el territorio la cuestión es diferente. Así, las empresas que hacen las negociaciones establecen contratos ad hoc que crean unas condiciones de propiedad específicas, pero que sólo existen en el marco del contrato.

En el parque eólico Jepírachi esto se vivió con particular fuerza. Desde la fase de negociación los códigos cuasi-legales emergieron. Además de las actas, que han operado como documentos de regulación en distintos conflictos, se diseñaron dos manuales para la regulación de dos tipos de relaciones. El primero en tiempo, pues aplicó desde el momento de los estudios de factibilidad y evaluación ambiental, fue el “MANUAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL” (Empresas Públicas de Mede-Uín, 2003a). Este fue diseñado por el antropólogo wayúu Wilder Guerra, los antropólogos de EPM y negociado en reuniones y validado ante autoridades municipales, departamentales y nacionales. Este documento terminó siendo absorbido completamente en el segundo instrumento de regulación, un manual de servidumbres, que analizaré ampliamente y no vale la pena, por tanto, revisar detenidamente el primero. No hay que pasar por alto, no obstante, que la absorción del manual de convivencia intercultural en el reglamento de servidumbre resulta ser muy significativo por motivos que explicaré al final de esta sección.

El segundo instrumento, como se anticipó, es el “REGLAMENTO INTERCULTURAL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES ESPECIALES DE ENERGÍA EN LAS COMUNIDADES WAYÚU DE KA-SIWOLIN y ARUTKJUY DEL RESGUARDO WAYÚU DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA EN EL CONTEXTO DE LAS CONCLUSIONES DE LA CONSULTA PREVIA SOBRE EL PROYECTO PILOTO DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA POR EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P” (Empresas Públicas de Medellín, 2010: anexo 1). Este manual buscaba regular tanto el comportamiento del personal del operador que estaba en el territorio indígena con el solo propósito de construir el parque, como la mano de obra contratada localmente (que era ya una intención del manual de convivencia intercultural). Adicionalmente, buscaba dar uno lineamientos sobre el manejo de servidumbres.

Como puede observarse en las primeras páginas del documento, la cobertura del manual es considerable (ver figuras 6 y 7). Toma como punto de partida las bases legales y contexto del proyecto, para después definir un ámbito de aplicación del reglamento, es decir los territorios sobre los cuales aplican las restricciones de uso producto de las servidumbres establecidas. Luego el reglamento da una introducción general a “la cultura wayúu” y unas lecciones sobre protocolo indígena. El reglamento se promulgó haciendo alusión directamente a los derechos indígenas, pues “se rige por la Constitución Política de Colombia, la legislación indígena nacional” y, a renglón seguido, afirma su coherencia con sistemas jurídicos locales, al decir que “en su aplicación se procurara partir de los sistemas wayúu de regulación social para dirimir los conflictos que se suciten [sic] en torno al uso de las servidumbres que se constituyan en ocasión de la realización del proyecto, salvo en los casos expresamente indicados en este reglamento”. Finalmente, aunque crea un ordenamiento legal en sí mismo, invoca la ley con toda su fuerza:

El presente manual tiene como fundamento jurídico el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia, en el cual se establece el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Igualmente los artículos y normas que sirven de marco a la consulta previa (art. 330 de la Constitución, ley 21 de 1991, artículo 76 de la Ley 99 de 1993, decreto 1320 de 1998); los sistemas normativos y de control social wayúu y las políticas en materia ambiental y social de EE.PP.M. (Empresas Públicas de Medellín, 2010: anexo 1)

El reglamento define cuales son las relaciones sociales que entran a ser parte del ámbito de regulación. Con esto, se empieza a observar como varios aspectos antes mencionados, como los estudios de impacto ambiental y el trabajo de expertos en ciencias sociales empieza a verse reflejado en la administración de Jepírachi como una zona genealógica (y una servidumbre generalizada):

De acuerdo con lo establecido por el Estudio de Impacto Ambiental Social realizado por Empresas Públicas de Medellin, el liderazgo en la ranchería de Kasiwolin lo ejercen las autoridades tradicionales que son 7 hermanos, hijos de los primeros pobladores: Cándida, Lekuta, Isaías, Akita, Felio, Cazón y Arriarai Pushaina, que son quienes toman las decisiones importantes.

En lo referente al sector de Medialuna la mayoría de las rancherías pertenecen a la Asociación Indígena Anajirawa, organización que canaliza lo relacionado con proyectos de transferencias a los resguardos. En la ranchería Arutkajuy la autoridad tradicional es Wayúuchon Epieyuu. (Empresas Públicas de Medellín, 2010: anexo 1)

A continuación, el reglamento define unos ámbitos espaciales donde el reglamento aplica con más fuerza. Estos elementos del espacio son la subestación eléctrica, las vías internas y canalizaciones de redes, las plazoletas de aerogeneradores, las líneas de transmisión y cuatro puestos de torre. Este aspecto será tratado con detalle en el próximo capítulo donde se analice la forma en que el régimen de propiedad creado ad hoc para el proyecto funciona a través de la mediación constante con las máquinas y la tecnología.

Una parte substancial del manual es dedicada a la caracterización de “la cultura wayúu” y que, no sobra reiterar, sigue los aspectos de definición de la indigenidad presentados en la primera sección de este capítulo. No vale la pena detenerse en cada una de las partes del reglamento, pero usa las siguientes categorías para caracterizar a los wayúu en los subtítulos: “Organización sociopolítica (Clanes, parentesco y alianzas matrimoniales)”, “Autoridades tradicionales de la zona”, “Sistema Normativo Wayúu”, “Territorialidad”, “Actividades económicas”, “Conjunto mágico religioso”, “El viento como ser sobrenatural y como fenómeno físico” y “Danzas rituales”. Al tratarse de un reglamento, superpone las prácticas de control social definidas en un sentido normativo y estático a través de la expresión sukuaipa wayúu, que se traduce en ámbitos cotidianos como “la costumbre” pero que en el reglamento aparece más como un sistema:

Sistema normativo indígena (Sukuaitpa Wayuu).- Son los principios y normas tradicionales indígenas para el manejo y resolución de conflictos interfamiliares, basados en la entrega de compensaciones materiales por quebrantamientos de normas sociales. Estos criterios se han venido aplicando por extensión a las disputas surgidas en el área del territorio ancestral Wayúu con personas no indígenas (alijuna). (Empresas Públicas de Medellín, 2010: anexo 1)

Este sistema normativo es conectado finalmente con un inventario llamado “Protocolo tradicional Wayúu”. Se trata de una listas sobre cosas que deben hacerse y las que no. La mayoría de recomendaciones suenan muy curiosas en parte porque en su mayoría son bastante obvias. Así, por ejemplo, se recomienda “No muestre una actitud de extrema curiosidad si hay mujeres indígenas semidesnudas bañándose en una fuente de agua. Compórtese con naturalidad sin prestarle excesiva atención” o “En ninguna circunstancia haga un disparo cerca de una vivienda indígena, esto constituye un grave quebrantamiento de sus normas sociales y genera la solicitud de una reclamación económica por dicha afrenta”. Cualquier problema surgido alrededor de las servidumbres se trataría, según el reglamento en su sección de “Mecanismos Generales de Control y Regulación de Conflictos”, con las Autoridades Tradicionales:

3.1 Tipos de conflictos y mecanismos particulares de control.

Este reglamento se aplicará para solucionar todos los conflictos que se presenten con ocasión del uso de las servidumbres del proyecto piloto Eólico Jepírachi.

3.2 Mecanismos y procedimientos:

En primer término se tratará el problema que surja en relación con las actividades propias de la servidumbre, en el OUIKJI-RRAWA ( reunión de autoridades tradicionales ALAULAYUU principales involucradas) , en donde se buscará llegar a consenso o acuerdo a la manera Wayúu en armonía con lo previsto en este Reglamento y la legislación colombiana. Si a juicio de la OUIKJIRRAWA se requiere, se procederá a activar las instituciones propias de la ley Wayúu tales como los PUTCHIPU y se dará aplicación a las normas y procedimientos propios para la solución de los conflictos (cobro, arreglo, pago), en armonía con la legislación colombiana. (Empresas Públicas de Medellín, 2010: anexo 1)

La principal preocupación del reglamento, sin embargo, tiene que ver con temas laborales. Según un funcionario de EPM, una de los principales inconvenientes que se encontraron en la fase de prospección y construcción era que las personas no tenían las mismas “nociones de trabajo”. Cuando afirmó esto, lo interpreté inicialmente como una afirmación sobre la pereza de la población local. En realidad lo que estaba en cuestión era la noción de contrato laboral, pues las personas que contrataban, sin se les presentaban inconvenientes (y para esto los funcionarios citaban un velorio como ejemplo de los motivos del ausentismo) delegaban a un pariente. La situación resultaba ser un problema para EPM no por otro motivo que por cuestiones de seguridad social. Ahora, una conexión que parece traída de los cabellos al principio pero cuyo sentido e implicaciones son poderosas es que para dirimir cuestiones de este tipo y hacer funcionar las cuotas laborales de las rancherías (50/25/25) se usó un Comité ínter cultural, que fue creado a través del reglamento de servidumbres mismo – y para controlar estas últimas. Lo curioso, pues, no es que haya un mecanismo para solucionar conflictos. El asunto es que el comité fue creado para una cuestión muy distinta:

3.3 Comité intercultural:

Para la solución de conflictos por, daños o afectaciones surgidos de actividades u obras propias o derivadas del funcionamiento de las servidumbres se conformará un Comité Intercultural integrado por Representantes de las autoridades tradicionales Wayúu de las rancherías de Arutkjuy [sic] y Ka-siwolin del resguardo de la Media y Alta Guajira, Armantes de la constitución de las servidumbres, delegados de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Delgados de la DGAI del Ministerio del Interior, del Departamento de la Guajira y del Municipio de Uribia.

3.3.1 Funciones del comité: El comité deberá resolver las diferencias que se presenten entre las partes, en cuanto a la interpretación de las normas, la aplicación de los programas y el desarrollo de las actividades propias de las servidumbres, afectaciones o perjuicios nuevos, entre otros.

3.3.2 El comité deberá aplicar un régimen concertado de solución de conflictos con fundamento en el pluralismo jurídico vigente. (Empresas Públicas de Medellín, 2010: anexo 1)

Aunque los manuales y reglamentos no son elementos de discusión cotidiana actualmente (en cierto sentido fueron remplazados por acuerdos quasi-legales de los cuales se hablará más adelante y celebrados en el marco de los reglamentos mencionados), el punto que vale la pena resaltar de esta conexión es que todas las relaciones empezaron a ser vistas como una extensión de las servidumbres. Los regímenes cuasi-legales creados para la administración del parque operan creando conmensurabilidad entre la servidumbre del territorio y las relaciones que lo habitan. La conmensurabilidad entre relaciones sociales y régimen de propiedad sobre la que se basa la presencia del parque es un aspecto clave de notar frente a la inconmensurabilidad que el comercio de bonos de carbono crea con estas mismas relaciones (cuestión que se analizó en el capítulo 3). El problema de la servidumbre generalizada es tan nodal en la administración de las relaciones del parque que mereció un instrumento de regulación quasi-legal que aquí se analizó.

Cita original: "Germany has taken a leading position in the global wind energy market. The successful institutionalization of wind technologies is a result of legal measures such as the Energy Feed-in Laws and of flexible adaptation in spatial planning."↵

Entrevista con Water Vergara. BID. Washington D.C. 25-09-12. Realizada por Pablo Jaramillo↵

Tal como lo define Angelsen et. al (2012), "REDD+ sets out to solve a fundamental collective action problem: to create a system that provides forest users with economic incentives that reflect the value of the carbon sequestered and stored in trees." (2)↵

Entrevista con Kenn Rapp. Banco Mundial. Washington D.C. 21-09-2012. Realizada por Pablo Jaramillo.↵

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Conclusiones

En este capítulo se analizó la creación, a partir de formas de conocimiento experto de las ciencias sociales un ámbito de intervención que funciona como extensión de las servidumbres. La administración de los acuerdos de la propiedad requirió definir claramente quien era el agente de la negociación y de intervención y fue para eso precisamente que entraron los científicos sociales. En primer lugar, los estudios definieron la población en un sentido fuertemente restrictivo a través de la genealogía, el territorio tradicional y el conocimiento tradicional.

Esto no resulta ser suficiente. Se requieren unas estrategias de gobierno de la población que vinieron en la forma de organizaciones que promovían la autorresponsabilidad, pero que operan para hacer cumplir acuerdos con el operador. Estos acuerdos mantienen las demandas por fuera del circuito de propiedad del micrositio, fuera de vista. Adicionalmente, el conocimiento experto en ciencias sociales también creó una juridicidad particular. El hecho de crear mecanismos de control no es extraño en sí mismo. Lo interesante es que su nodo fue el control de las servidumbres y todo el resto de relaciones vinieron a ser una extensión de las mismas.

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Zonas tecnológicas: definición de derechos de propiedad a través de aparatos mecánicos

Desde el establecimiento de Jepírachi, La Guajira se volvió el escenario silencioso de una revolución tecnológica. La misma viene representada por la instalación de torres de medición de vientos a lo largo y ancho de la península con el fin de establecer la viabilidad del establecimiento de parques eólicos. Justo al oeste del parque otro proyecto es inminente llamado Jouktai (ISAGEN, 2010) y los pobladores wayúu más críticos de Jepírachi los ven como una esperanza pues no solo, dicen, traerá desarrollo, sino también (y esto no pude confirmarlo) un esquema más participativo de las utilidades. Aún más al oeste, una pequeña ranchería llamada Jayapamana (ubicada a unos 10 kilómetros de Kasiwolin) fue el escenario de un conflicto que habla sobre los sentidos que los aparatos de medición adquieren para la población indígena.

Desde el año 2007, un jugador menor en la generación eléctrica colombiana, EPSA, empezó a gestionar ante Corpoguajira los permisos necesarios para el establecimiento de una torre de medición. El sitio elegido fue el sector del Cabo de la Vela, un enclave turístico de la península, posesión de varias familias wayúu que administran sus propios hostales para los visitantes. El Cabo (como se le conoce) ha sido objeto de continuas disputas territoriales entre familias locales por su codiciado valor turístico. De la costa hacia adentro, las rancherías indígenas tienden a dedicarse al pastoreo y hasta la llegada de torres de medición, su propiedad no era un problema. EPSA realizó las consultas necesarias para establecer la torre de medición e invitó a los usuales participantes del gobierno local y nacional. En el año 2008 la “licencia ambiental” fue concedida (EPSA, 2008: 77). Se pasó, así, a la construcción de la torre de medición que envía datos vía satélite a los operadores.

La instalación de las torres conllevó el aumento de las expectativas sobre un potencial parque eólico y las medidas compensatorias que vendrían con ella. Naturalmente, este no era un asunto que había emergido hasta ese momento: solamente se habían acordado un contrato de celaduría para cuidar la torre. El contrato solo demandaba la visita esporádica a la torre de medición con el fin de corroborar que las rejas de protección estaban en buen estado y que el panel solar no había sido desmontado.

La historia de ahí en adelante es confusa. Los miembros de las rancherías vecinas, parte de una familia wayúu con un amplio historial de liderazgo indígena empezaron a manifestar celos por las potenciales medidas de compensación a que daría lugar el eventual parque eólico. Si estas rancherías no habían sido incluidas en la consulta para el establecimiento de la torre de medición, menos aún lo serían en la fase de negociación. Como lo ha expresado De Vries (2007), el gran problema irresuelto del desarrollismo es la manera como compromete e invade el deseo.

Una tarde llegó a Jayapana una caravana de siete carros cargados de gente armada que se dirigió a la torre. Desmontaron la reja, luego aflojaron los pernos en la base de la torre que enseguida cayó. La torre fue desarmada, los cables y el panel solar separados y todo lo anterior montado en los carros que partieron.

La gente de Jayapana aun hoy se lamenta por el destino de las torres. El celador ni siquiera recibió su primer pago y todos se quedaron con la aspiración de tener un parque eólico a través del cual recibieran “beneficios”. Este capítulo analiza bajo qué condiciones la infraestructura eólica ha adquirido tal significancia que se ha convertido a la vez en objeto de esperanza y de odio. El sentido ambivalente de las torres debe ser entendido en el contexto de su capacidad de definir zonas de servidumbre a través de la infraestructura y los estándares que se derivan de su presencia.

Este capítulo argumenta que la extracción del viento en La Guajira debe ser entendida a través del concepto de zona tecnológica. Tal como lo define Barry, “La noción de zona tecnológica [...] apunta a la existencia de formas de espacio que no son ni territorialmente delimitadas ni globales en su extensión, pero que son de considerable significancia política y económica. Una zona tecnológica puede ser entendida, a grandes rasgos, como un espacio dentro del cual diferencias entre prácticas técnicas, procedimientos o formas han sido reducidas, o estándares comunes han sido establecidos” (Barry, 2006: 239, mi traducción). La consecuencia de la negociación de derechos de propiedad en zonas tecnológicas, argumento, es que los derechos de servidumbres se vuelven la figura central, pues es la infraestructura tecnológica la que se vuelve la articuladora de las relaciones con el entorno.

En este capítulo se analiza de qué manera el viento se vuelve objeto de control técnico y cómo esto se refleja en la vida de las personas cuya vida transcurre en las inmediaciones de los aparatos que se requieren para esto. La paradoja con la que se cierra este, último capítulo temático del libro, es que la esperanza económica de estas mismas personas termina siendo reducida a la posibilidad de recibir un salario para cuidar – de los habitantes mismos – la infraestructura que, al fin de cuentas, está en su propiedad.

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El viento controlado

El viento es un elemento vital, más allá de un fenómeno natural, inseparable de “lo social”. El vocabulario para nombrar los distintos vientos habla sobre enfermedad, bienestar, alimentación, parentesco, entre muchas otras cosas:

El viento es fundamental para la navegación a vela a la que aún recurren en La Guajira muchos pescadores. Para los Wayuu los vientos alisios del nordeste, dominantes en la península, provienen de Jepira, su mundo sobrenatural cuya entrada está en el Cabo de la Vela. [...] Por tal motivo los llaman con el nombre emblemático de jepírachi. Según su procedencia mencionan a palaapajat, el viento del norte, que viene del mar; a palaijatu, el viento del noroeste; a wopujetu, el de los caminos del oeste; a aruleshi, el viento pastor del sureste; a joutai, el viento ardiente y fuerte del este que suele traer el hambre. [...] Llaman mimits-hi al viento apacible de la bonanza y wawai al viento aullador de tormentas y huracanes. A través de la práctica y los relatos, los niños playeros aprenden la importancia de los vientos para la navegación y la pesca; saben que jepirachi, viento amoroso, es uno y varios, femenino y masculino a la vez. (Wilder Guerra Cúrvelo, 2010)

Aunque no todas las personas comparten este conocimiento del viento, ni la importancia que le atribuyen en sus vidas es generalizada, el vocabulario da fe de una relación íntima con un entorno muchas veces humanizado. La domesticación del viento por parte de los partes eólicos no tanto reduce, como ignora, esta relación con el entorno. El problema es sencillamente irrelevante cuando se trata de aislar técnicamente un flujo de aire. Todo esto es logrado a través de aparatos que a la vez, crean áreas de “extracción del viento”.

Después de la instalación de Jepírachi, La Guajira se convirtió en un símbolo de las posibilidades energéticas colombianas. Aunque en el país la generación hidráulica predomina, el potencial energético de la región es tal que se ha vuelto un territorio que promete brindar estabilidad en época de pocas precipitaciones[1].

Dentro de este contexto, el país ha desarrollado un sector energético que depende fuertemente de unidades hidroeléctricas instaladas y de gran capacidad que proveen electricidad rentable. En 2008 la combinación energética instalada en Colombia (13.5 CW) era 67 por ciento hidráulica, 27 por ciento de gas natural, 5 por ciento de carbón, y 0.3 por ciento eólica y de co-generación. La demanda total de energía ese mismo año fue de 54 TWh (UPMF 2009), cumplida con aproximadamente 9 GW de capacidad instalada. Esta estructura también resulta en una huella de carbono baja, entre las más bajas de la región con un 87 por ciento de energía generada y distribuida a la red por medio de plantas hidroeléctricas, resultando en un estimado de 350 toneladas generadas de C02 por GWh. (Casi la mitad del caso en México). (Vergara, et al., 2010: xiii)[2].

Aun con este panorama el hecho de que La Guajira tenga 18GW de potencial (es decir, el doble de las necesidades del país), representa un gran incentivo para la inversión. Desde el 2005 un gran número de consorcios energéticos (5, para ser exactos, ver figura 9) proyectaron inversiones en el territorio wayúu. Con ellas vinieron las torres de medición, los arreglos con la comunidad y las esperanzas de los habitantes. Las torres se ubicaron en territorios en las zonas costeras y las negociaciones se hicieron con las áreas estimadas de los proyectos (ver figura 8).

Las mediciones del viento llevan implícitas nociones de zonificación muy fuertes: desde donde viene el viento, cuales son los obstáculos naturales, horas, potencias, velocidades, entre otras variables. Claramente estas zonas son la base de otras que se crean con el potencial “proyecto de aprovechamiento eólico”. Así, el mapa de las torres es sólo provisional, en el sentido en que implica una nueva territorialización de La Guajira a través de la zonificación técnica de los proyectos eólicos (ver figura 9).

El camino que recorrieron Kasiwolin y Arrutkajui está siendo recorrido en el presente por muchas otras rancherías: el proceso de llegar a ser parte de una zona de vientos, tecnológicamente definida, mediada por aparatos y que configuran una zona de negociación sobre la propiedad. Estas zonas entran a ser comparables tecnológicamente con cualquier sitio de energía y, en términos técnicos entran a ser definida por estándares globales, (ver Figura 10).

61 Presentación de PowerPoint ESTUDIOS DE RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. SITUACIÓN AMBIENTAL DE LAS EMPRESA DEL SECTOR ELÉCTRICO. Sin Fecha

Una torre de medición es una estructura metálica que se eleva hacia el cielo hasta alturas variables. A unos 15 metros se ubica un panel solar que alimenta los equipos. Más arriba se encuentran los anemómetros y veletas para medir la velocidad y dirección del viento. En la punta se encuentran las antenas que envían satelitalmente la información (ver Figura 11). Las torres tienen un perímetro cercado y en la superficie hay una caja sellada con un microprocesador que recibe y envía datos permanentemente. Desde la medición misma, la energía eólica crea un doble régimen que ya he referido en el capítulo 3.

Las torres de medición son propiedad de las empresas de generación energética. Ya que la consulta previa con las poblaciones indígenas para este tipo de infraestructura es más bien sumaria y rápida, en la mayoría de casos no hay ningún inconveniente en su establecimiento (al inicio de este capítulo se pudo ver una excepción). Las torres, como he mostrado, son la primera objetivación de la esperanza para muchas comunidades que se ven a sí mismas, en un futuro, incluidas en zonas tecnológicas más cualificadas y, así, acompañadas de más compensaciones. Si por algo interesa traer las torres a colación aquí es porque son sintomáticas de algo estructural en las negociaciones de propiedad para la generación de energía en La Guajira que hasta el momento solo ha quedado implícitamente enunciado: su presencia es resultado de una negociación donde no puede haber transferencia de propiedad, pero a la vez la compensación viene en la forma del servicio por el cuidado de la propiedad ajena.

La única manera de obtener beneficios a través de la presencia de una torre de medición es a través de un contrato de celaduría, pero a la vez, para acceder a uno de estos contratos, y gracias a los mecanismos de consulta para indígenas, las personas deben hacer parte de “la comunidad”, de la zona definida por la infraestructura. Sobre la pertenencia a estas últimas, que he llamado, zonas genealógicas, construidas a través de tecnologías propias de las ciencias sociales, se hizo referencia en el capítulo 6. Un contrato de celaduría es una cuestión competida entre la población de las rancherías involucradas y tiende a depender, en últimas, de la autoridad tradicional. De hecho, es la autoridad la que generalmente firma el contrato directamente con la empresa y consideraciones internas determinan quién es el observador (es decir, el celador). En el caso de EPM los contratos son hechos bajo el modelo de todas las estaciones meteorológicas para pluviometría que requieren recolección de datos y drenaje de algunos equipos. En las torres de viento, el trabajo consiste en “dar una vuelta” por la torre para saber si la reja está en buen estado y los componentes de la misma están en su lugar. También registran regularmente algunos datos. Esto lo hacen los observadores dos o tres veces por semana:

A las 6:30 Milena me dijo que ya iba a ir a anotar la información, la seguí y dos niñas pequeñas nos acompañaron. Milena abrió con una llave la reja de la torre y en un cuaderno cuadriculado de colegio anotó los números 005656, estos estaban seguidos sin ningún tipo de especificación de velocidad o de dirección que era lo que yo esperaba.

El instrumento del que Milena anotó los números, el manómetro’ según María, estaba debajo de una veleta pero yo supuse que era un heliógrafo. El cuaderno donde Milena anotó los números tenía dos columnas por página, estas estaban numeradas, ese día los datos se escribieron frente al 12. Los números que representaban los días estaban escritos en rojo y los datos meteorológicos en negro. El cuaderno me pareció que estaba bien cuidado, lo que no es común en un cuaderno de colegio. Le pregunté a Milena cada cuanto venían los de EPM a recoger la información y me respondió que cada tres meses, que el 30 de ese mes iban a ir. Toda la actividad de recoger los datos no se demoró más de cinco minutos y cuando terminamos Milena volvió a echar candado, (diario de campo Erika Sierra).

La competencia por los contratos de celaduría es a veces agresiva. Gracias a la forma en la que el trabajo es redistribuido desde la autoridad tradicional, los enfrentamientos a que dan lugar las torres, son solucionados dividiendo las responsabilidades y los pagos. En el caso de Jepírachi, los contratos continuaron luego de construido el parque, pero entraron a hacer parte de un paquete más grande de compensaciones. El principio de cuidar lo ajeno en propiedad inalienable siguió operando a través de unos principios de zonificación mucho más complejos.

Lo que aplica para las torres, aplica para muchas cosas más en un parque eólico cuya infraestructura está permanentemente afirmando los dos circuitos de propiedad existente en las energías limpias. Un parque eólico, como ya se ha explicado antes, corresponde a un sistema in-terconectado de infraestructura. Como las torres, los aerogeneradores tienen una escala dual. Por un lado, un aerogenerador está fuertemente anclado en el espacio. Es un espacio, sin embargo reducido a variables de control técnicas. Quizás el mejor ejemplo de esto son los monitores de control que los técnicos tienen en sus computadores mientras están en la subestación eléctrica (ver Figura 13).

Por otro lado, un sistema de monitoreo los liga, a través de datos y comandos, con el centro de control de la subestación, en la Guajira, la sede de EPM, en Medellín, y las oficinas de Nordex, la empresa que los construye, en Norderstedt, Alemania (Figura 14). En estos lugares, los técnicos no necesitan ningún idioma prosaico para comunicarse. Todas las relaciones relevantes aparecen ligadas a valores numéricos que dan cuenta de direcciones de viento, potencias, intensidades, MW, partes de máquinas.

La subestación es el nodo de la producción energética en el territorio. Consiste en una mole de concreto fuertemente cercada y cuidada. Al interior de la misma hay sorprendentemente pocas cosas. Una corriente fría se escapa por la puerta al entrar. Los pisos, las sillas, los escritorios y las paredes son blancos. Hay una fila de computadores desde donde los técnicos contraían las torres. Junto a los mismos hay una serie de controladores inmensos que regulan y registran el envío de energía a las dos líneas de interconexión que ligan el parque al sistema eléctrico nacional.

Aunque los equipos pueden manejarse remota e, incluso, automáticamente, los técnicos están permanentemente atentos al estado de las torres. Los aerogeneradores funcionan a partir de una velocidad del viento de 2.5 a 3.0 metros por segundos. De ahí, hasta 7 metros por segundo funcionan con un generador cuyo embobinado genera baja energía. Después de 7 metros por segundo, cuando se ven girando a 19 revoluciones por minuto, los aerogeneradores funcionan con otro generador que puede llegar hasta la capacidad nominal de 1.3 MW. Cuando el viento está por debajo de 2,5 mps, las turbinas se apagan pues se estaría consumiendo más energía de la que se está produciendo. Ya que la subestación está conectada a la red nacional sea que produzca o se consuma, la energía va o viene de esa red. La energía que se produce en el parque eólico se vende en el mercado mayorista donde todo lo que se produce se compra. Ya que tiene una producción nominal de menos de 20 MW, la planta es considerada como una estación pequeña y no entra a “la bolsa” de energía. El asunto es bastante serio para el negocio, pues entrar en la bolsa implica cumplir las cuotas de venta que se prometieron al organismo que regula la energía nacionalmente o pagar una multa. Ya que la energía eólica, aunque constante, no se puede predecir totalmente, es riesgoso ponerla en la bolsa[3].

La generación eléctrica, es pues, una operación delicada que pone permanentemente múltiples escalas en juego. En un contexto de delicada negociación sobre la presencia de la infraestructura en el territorio indígena, y para garantizar la producción, lo que sucedió es que lejos de tomar distancia del contexto fue todo el entorno de la ranchería el que se convirtió en una zona tecnológica. En la siguiente sección argumentaré que en vez de alejarse de los aparatos, las comunidades tienden a quedar cobijadas por sus estándares, para así volverse parte de las zonas tecnológicas.

La producción energética colombiana es predominantemente hídrica. Al estar el clima de Colombia afectado por la Oscilación del sur-El Niño, sus reservas hídricas pueden verse afectadas: "El Niño, es un evento climático natural que se produce por la interacción entre la atmósfera y el océano. Su principal característica es el incremento de la temperatura en las aguas superficiales del océano Pacífico, en una gran área de la región ecuatorial, situada entre los 10° Norte y 10° Sur (2, 8, 11, 17). Como resultado de este calentamiento del océano, se afecta el clima terrestre, con disminución de las lluvias en algunas regiones y el incremento en otras, asociadas a cambios en el brillo solar y de la temperatura." (Jaramillo-Robledo y Arcila-Pulgarín, 2009: 1). En Colombia El Niño se manifiesta con bajas precipitaciones en la región andina, donde se concentran las hidroeléctricas.↵

Cita original: "Within this context, the country has developed a power sector that relies heavily on installed, large-capacity hydropower units that provide cost-effective electricity. In 2008 the installed power mix in Colombia (13.5 CW) was 67 percent hydro, 27 percent natural gas, 5 percent coal, and 0.3 percent wind and cogeneration. The total power demand that same year was 54 TWh (UPMF 2009), met with about 9 GW of installed capacity. This structure also results in a low carbon footprint, among the lowest in the region, with 87 percent of power generated and delivered to the grid by hydropower plants, resulting in an estimated 350 tons of C02 per GWh generated (about half that of Mexico)."↵

El mercado eléctrico colombiano funciona a través de una bolsa energética, llamada mercado mayorista, y el mercado minorista. La cantidad de energía que entra a la bolsa es reportada por cada empresa generadora, que es un sector dominado por entidades públicas: "During the mid-1990s, Colombia underwent a major reform of its electricity sector, adopting the essential elements of the British model with the deregulation o f the wholesale pr ice and the creation of a wholesale market (MEM) and competitive pool, as well as the formal unbundling of generation, transmission, distribution, and commercialization activities. Notwithstanding, the Colombian power sector has evolved along very different lines during the last decade. Although there has been significant private sector participation, public enterprises continue t o be dominant in all segments o f the industry. A functioning spot market has been established, however competition is limited by the concentration o f market power in a handful o f large generators." (World Bank, 2004: 28). La participación en el mercado mayorista está regida por unos límites mínimos. Jepírachi fue especialmente diseñada para caer debajo estos límites y así participar solo del mercado minorista. Las razones para esto tienen que ver con la impredictibilidad de la generación eólica y la dificultad de garantizar la cantidad prometida (e incurrir en penalizaciones).↵

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La vida a 19 RPM

Alrededor de los 15 aerogeneradores la vida de las dos rancherías se transformó considerablemente. Entender cómo lo hizo es un reflejo de cómo la infraestructura define patrones de vida: recorridos, áreas de uso, prácticas cotidianas. Tal como lo ha expresado Rodgers y O’Neill (2012), “La infraestructura es un factor vital que da forma a las relaciones directas de las personas entre ellos mismos y con el ambiente que los rodea en las ciudades. Demarca literalmente y figurativamente cuales puntos en contextos urbanos pueden y deben ser conectados, y cuáles no, las clases de personas y bienes que deben circular fácilmente, y cuales deben quedarse quietas, y quien puede y debe ser integrado dentro de la ciudad, y quien debe ser dejado fuera de esta, por ejemplo”[1]. La infraestructura traduce espacialmente la operación conceptual antes referida de conmensuración e inconmensuración, equivalencia y diferencia en la que se basa la separación y reconexión de escalas del mercado de carbono. En las rancherías se refleja en qué elementos son objeto de discusiones sobre la compensación del uso del territorio inalienable y cuales objetos están excluidos. Consecuentemente la infraestructura separa y reconecta los objetos de propiedad.

La infraestructura separa de múltiples formas a la población con lo que puede ser poseído y en ese sentido excluye del debate sobre la compensación. En la subestación eléctrica, la separación es tema de conversación a través de preguntas aparentemente triviales. En una ocasión, los técnicos de turno me permitieron conocer las instalaciones, después de pasar por el registro de seguridad necesario. Al entrar y pasar por la barrera de intenso frío que separa el adentro del afuera, el técnico me mostró un afiche promocional del parque donde EPM mostraba una imagen del territorio durante la construcción: era un horizonte seco y sin árboles: “eso es cuando se construyó; ahora mire esta”. Señalo un afiche más reciente donde la foto mostraba los aeroge-neradores y el bosque recuperado en el medio: “¡mire lo verde!”. Según los técnicos, la franja de un kilómetro de ancho entre una y otra fila de aerogeneradores se había convertido en una zona excepcionalmente verde, comparada con el territorio que quedaba fuera de ella. Compartieron conmigo varias teorías. Una posibilidad, me dijeron, era que las torres de los generadores eran una barrera para el viento y podían haber creado una condensación atípica en esta área por la pérdida de potencia del viento. Les puse a consideración algunos inconvenientes que encontré con esta teoría: por ejemplo, ¿por qué solo se crearía condensación entre los aerogeneradores y no también después de la segunda fila? La conversación quedó ahí después de que ambos manifestamos la perplejidad frente al fenómeno (Figura 15).

La explicación de los técnicos al área atípicamente verde en el medio es en sí misma diagnóstica de la reducción sistemática de esta zona a valores meteorológicos y físicos. En la jerga técnica este fenómeno es derivado de la ley de Betz, que explica la extracción de potencia del viento por una turbina (Khaligh y Onar, 2010) que así se convierte en conocimiento al servicio de la zona tecnológica. Excluye toda posibilidad de que la vida humana, de la cual las torres son en sí mismas una manifestación, tenga algo que ver en el asunto. Al dar la vuelta al asunto, la infraestructura se configura como una forma de actividad humana que se manifiesta como exclusiva (y excluyente de otra); esto es, el espacio queda predefinido.

En la actualidad el parque eólico es un territorio de exclusión de la vida cotidiana. Caminar entre las torres es una experiencia desoladora: el ruido regular de las aspas inmensas sobre la cabeza, una subestación fuertemente cercada, cables que salen de esta, partes averiadas de los generadores que descansan sobre la arena como pedazos de una aeronave estrellada, el viento que roza los arbustos y cabras furtivas que se han separado del rebaño es lo único que existe allí (Figura 16). Casas no puede haber por las regulaciones que vinieron con el parque.

Es la infraestructura la que permanentemente crea una zona de exclusión dominada por la agencia de los estándares de las máquinas. Es un universo autoreferencial donde la tierra no puede dejar de pertenecer a la población indígena, pero cuyo gobierno no depende de ningún agente humano, sino de las torres, cables. A la entrada de la subestación, solo hay un aviso que reafirma el poder de los aparatos “parque eólico Jepí-rachi. Estamos ahí. EPM” (Figura 17).

Las formas de desconexión infraestructural se manifiestan a veces de manera incluso más explícita. Muchos de los críticos del proyecto del parque eólico señalan el hecho que las rancherías no tienen acceso a la electricidad producida por el parque. Toda esta va directamente a la red de interconexión eléctrica y una parte es usada por el puerto de la empresa Cerrejón, por donde sale del país el carbón de una de las minas a cielo abierto más grande del planeta (usado, entre otras cosas, como combustible en plantas eléctricas chinas con sus correspondientes emisiones de C0₂). Las versiones sobre el papel de la electrificación de las rancherías en el proceso de la negociación son contradictorias. Según algunos líderes de la Fundación indígena patrocinada por EPM y funcionarios de esta organización, una de las autoridades tradicionales que participó en la concertación inicial se declaró en contra de la llegada de energía eléctrica a las casas. Un funcionario de EPM me dijo que esta postura era porque la autoridad no quería que la gente dejara de vivir de la manera tradicional. En efecto, al interior del proyecto la discusión parece ser mucho más agitada al respecto. Compromisos de electrificación fueron establecidos por las partes, pero problemas entre quienes deben implementar el establecimiento de redes han hecho infructuoso todos los esfuerzos. En un acta de una reciente visita de monitoreo del Banco Mundial se expresó el estado actual del problema en estos términos:

La misión considera que EPM ha cumplido con la implemen-tación del programa social. El caso pendiente de la electrificación de las comunidades escapa a su voluntad y a su capacidad de decisión, y su compromiso de apoyar en esta electrificación se mantiene y se espera se realice una vez se haya superado el impasse entre el IPSE y la empresa Cerrejón. Conviene explicar que existen dos proyectos en ejecución, así:

i. Línea principal Puerto Bolívar – El Cabo. Ejecutado por la Empresa de Energía del Bajo Putumayo EEBP que conectará las comunidades como se explicó arriba.

ii. Construcción de redes eléctricas para el mejoramiento de vivienda en el sector de Media Luna y las comunidades aledañas de Uraiceihein, Kasuchi, Jayapamana, Jotomana, Ta-lawashuru, Mushalerrain, Kasiwolin, Arutkajui, Municipio de Uribia, Departamento de la Guajira. Este contrato fue licitado directamente por el Gobierno del Departamento de la Guajira y se adjudicó al contratista DICOREL LTDA.

La Misión fue informada que EPM tiene conocimiento que el contratista ha manifestado que en la licitación que le fue adjudicada no se incluyó el 100% de las obras quedando un f altante para completar la construcción de las redes de Kasiwolin y Arutkajui. Por lo tanto, EPM está a la espera de un requerimiento oficial por parte de la Gobernación de la Guajira, para determinar la figura jurídica que le permita aportar recursos para que sean contratadas las obrasnecesarias para asegurar la electrificación de las rancherías mencionadas. (World Bank y EPM, 2011:6-7).

La desconexión eléctrica de las rancherías no es sencillamente un rasgo de las violencias infraestructurales (cf. Ferguson, 2012; Rodgers y O’Neill, 2012). Es un síntoma más general de la creación de dos regímenes distintos de propiedad en la producción de energías limpias. Por un lado aunque se basa en energías renovables y no hay un proceso extractivo en su origen, la importancia de la localización crea el problema de la propiedad. Por el otro, los aparatos y medios tecnológicos crean un objeto de propiedad distinta, la energía, sobre la cual no hay la menor posibilidad de negociar su posesión. Este doble régimen tiende a ser excluido de los análisis, lo que justamente prueba el argumento: la energía no es conmensurable en términos de otros problemas de propiedad y esto es un artificio que solo se puede alcanzar a través de la infraestructura.

Una zona tecnológica no solo es un espacio de desconexión, pues su funcionamiento depende de la creación de conexiones cualificadas; esto es, relaciones que siguen estándares y se ajustan a regulaciones. No hay mejor epítome de este espacio regulado que el conjunto de edificaciones que surgieron junto al parque eólico y que en sentido estricto no hacen parte de la infraestructura básica de una granja de viento. Justo detrás de la segunda fila de aerogeneradores, EPM construyó un gran kiosco destinado a las reuniones de la Fundación a través de la cual opera como intermediaria entre la compañía y la población de las rancherías. Junto a esta fueron surgiendo otras edificaciones: una destinada a la venta de las artesanías y la otra, construida por una de las familias pobladoras, fue hecha para funcionar como un hotel para los turistas que vinieran a ver las torres. Estas tres edificaciones cumplen con la distancia mínima en la cual puede haber habitación humana en las vecindades de los aerogeneradores.

La primera de las edificaciones fue cambiando de función con el tiempo. La primera vez que visité el parque eólico en el año 2008, esta edificación era un espacio abierto que se ajustaba el propósito para el que fue diseñado. A mi regreso, en el año 2012, la edificación había crecido considerablemente. Partes de ella se habían cerrado con un cerco, dos apéndices le habían crecido: uno, según me enteré, era una cocina y el otro era el cuarto de la casa donde vivía la líder de la Fundación. Por último, una pequeña habitación con aire acondicionado había sido construida a unos 10 metros de la edificación principal. Las personas encargadas de la Fundación transformaron el kiosco en un restaurante. La motivación última del establecimiento del restaurante no era otra que alimentar a los técnicos e ingenieros de turno en la subestación que, a su turno, tenían la habitación satélite como base de operaciones. Los ingenieros de turno se alimentan y duermen allí. Su privacidad es cuidadosamente resguardada por un grupo de personas que ahora trabaja para la Fundación y que son obviamente parte de las familias que viven en las rancherías.

La separación de los ingenieros de la población es cuidadosamente mantenida por las estructuras físicas y sociales que el operador creó para crear unas relaciones funcionales al proyecto. Hablar con los ingenieros, al menos desde la perspectiva de un etnógrafo, implica ir a través de una serie de emisarios que van y tocan a la puerta, se excusan, dan un mensaje, vuelven a transmitirlo y asignan citas para la visita de una forma informal. La separación entre los agentes técnicos y la población es sensorial, pues ellos viven en ambientes de temperatura controlados y comen otra comida (de la que se quejan frecuentemente) preparada por indígenas, pero no consumida por ellos. Pero también escisiones comunicacionales, pues ellos no hablan con la gente común y están permanentemente conectados a internet y otros circuitos de la información. Esta no es una cuestión que los ingenieros decidan por sí mismos. Muy por el contrario. Algunos de los técnicos con los que tuve la oportunidad de hablar se expresaron sobre su labor como extremadamente solitaria, aislada y, en un caso, marcada por la tristeza de la distancia que lo separa de su familia en Antioquia. Más allá, la distancia es impuesta por las modalidades de trabajo, por los lugares de habitación, por los turnos, por la manera que tienen de acceder a servicios básicos como la alimentación a través de unos intermediarios indígenas empoderados por sus propios empleadores.

La siguiente edificación que creció tras los generadores es otro kiosco construido por EPM para la manufactura y venta de mochilas. Como ya se dijo antes (capítulo 4), el apoyo a la artesanía fue uno de los aspectos centrales a través del cual se pretendió aportar a las estrategias de subsistencia de las mujeres wayúu. Finalmente surgió un hotel junto a los otros kioscos, que fue establecido por la familia de una persona participante en el poco exitoso programa puesto en marcha después de la inauguración del parque llamado etnoguías como parte de las estrategias de generación de empleo (Empresas Públicas de Medellín, 2002: 67). Los y las etnoguías fueron promovidos previendo que el parque se volvería un lugar turístico. Así un grupo de jóvenes fueron formados para brindar información sobre el parque mismo y sobre “su cultura”. Por supuesto, también se incluyó información sobre las relaciones entre EPM y los pobladores locales receptores de las compensaciones. Las y los etnoguías son una muestra de las relaciones reguladas con la infraestructura que se crearon a través de los programas rodeando el parque. Las torres aparecen como objeto de admiración turística y de progreso étnicamente comprometido. Lamentablemente para EPM, la naturaleza misma de la infraestructura jugó en contra de las expectativas, pues el tamaño de los aerogeneradores es tal y sus movimientos tan monótonos que los turistas que se aventuran hasta este punto de la alta Guajira solo requieren unos minutos desde la distancia prudente para observar, eventualmente preguntar por los precios de las mochilas tradicionales y continuar el camino en camionetas con aire acondicionado que dejan una estela de polvo tras de sí.

Cita original: "Infrastructure is a key factor shaping people's direct relationships both with each other and with their environment in cities. It demarcates both literally and figuratively which points in urban contexts can and should be connected, and which should not, the kinds of people and goods that can and should circulate easily, and which should stay put, and who can and should be integrated within the city, and who should be left outside of it, for example."↵

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Auditoría generalizada

El punto fundamental de analizar el parque eólico como una zona tecnológica es que, debido a las condiciones de negociación, toda la infraestructura media la relación de los habitantes de las rancherías con su entorno. Al fin y al cabo, las torres solo son una parte de la infraestructura y el resto de la misma tiene una naturaleza rizomática (cables y carreteras) difícil de aislar con estándares de distancia. Todo el territorio definido a través de procedimientos técnicos se convirtió en una zona tecnológica.

El hecho de que las rancherías se hayan convertido en una zona tecnológica hace que la vida se haya vuelto, a la vez, el escenario de la constante auditoría para mantener la cualificación del parque. La relación entre las personas y la infraestructura no solo es una cuestión que se vigile para proteger la segunda de las primeras, sino que hay una constante atención sobre una multiplicidad de relaciones cuya conexión con el parque a veces no es obvia. Las visitas de funcionarios de EPM a la población de las rancherías es un ejemplo de la emergencia de esta auditoría constante.

En el mes de julio del año 2012, un día cualquiera, los funcionarios de EPM llegaron sin que la mayoría de la población los supiera. En esta ocasión, además de llevar a cabo reuniones para hablar sobre aspectos del funcionamiento de los programas de gestión social, la funcionaria encargada trajo consigo un equipo de camarógrafos para hacer un video en el que se mostrara el funcionamiento del parque. Este doble propósito de la visita – visitar y representar la labor de visitar – resulta muy ilustrativo sobre las características de las relaciones y prácticas involucradas en la auditoría[1].

La llegada de la visita se inició con la conversación de la persona encargada de gestión social de EPM con una de las autoridades tradicionales de Kasiwolin. Recientemente habían emergido algunos inconvenientes con los servicios de seguridad del parque eólico y esto había generado la necesidad de una reunión con los directamente implicados. No se trataban de problemas con la seguridad en sí misma, sino de la insatisfacción de una de las autoridades con un celador quien había asumido, unos meses atrás, el cargo de coordinador. La celaduría es manejada por una empresa de seguridad con sede en Medellín, pero los cargos son directamente negociados con las autoridades tradicionales. Esto ha generado una competencia nepotista permanente en las rancherías en la medida en que las autoridades de cada una de ella quiere a sus más cercanos en cargos más altos. La persona de EPM empezó invitando a la autoridad que tenía el conflicto, con la ayuda de un traductor, sobre una reunión que tendrían dos días después y para la cual le solicitaron convocar a “la comunidad”.

La mujer encargada de gestión social también le dijo a la autoridad que más tarde lo visitaría para hacer las tomas de video necesarias para hacer el nuevo documental y que sería clave que los acompañara a las inmediaciones del parque eólico para que los aerogeneradores salieran junto con las autoridades en el documental. Después de salir de la casa de la autoridad, las camionetas con los integrantes de la comisión de EPM se dirigieron hacia la casa de la mujer que tenía a cargo parte del contrato de cuidado de las torres de medición meteorológicas, a quien también le puso una cita para las horas de la tarde y poder hacer las tomas correspondientes. La participación de la mujer encargada de las torres no estaba exenta de conflictos:

Yo le pregunté a María si de vedad ella quería participar en esas fotos y me respondió que le tocaba. Con el ánimo de provocarla, le dije que no, que si ella no quería no tenía por qué hacerlo, entonces me dijo que sí tenía [que hacerlo] porque todavía era la encargada de la torre, entonces la seguí confrontando y le recordé que ella me había dicho que ya no era la encargada de la torre, entonces me dijo que ella decía eso por rabia, pero que ella todavía tenía responsabilidad porque recibía la mitad del contrato. (Diario de campo Erika Sierra)

Horas más tarde la comisión de EPM volvió a la casa de la autoridad tradicional acompañada de los camarógrafos y los técnicos de la subestación. Venían en carros separados, pues también venían con personas de las rancherías cercanas, junto a los funcionarios de EPM. Los camarógrafos llegaron primero y pudieron captar con las cámaras la entrada de los técnicos a la casa de la autoridad tradicional. La primera toma no fue satisfactoria, así que los hicieron salir y volver a entrar. La segunda toma tampoco funcionó, así que una tercera fue necesaria. Después devinieron conversaciones poco comunes entre los técnicos y la autoridad tradicional:

Los tres técnicos y el Sr. Isaías hablaron de Alvarito, que es el ayudante de ellos, de la rosa [cultivo] del Sr. Isaías, de la época de lluvias, pero en general toda la situación fue muy actuada. El fotógrafo les dijo que hicieran lo que siempre hacían cuando iban y lo visitaban. Germán [un técnico] dijo que más bien lo hacían poco, pero que cuando venían era así. Laura me pidió prestado un esfero [bolígrafo] y anotó los números [telefónicos] de los técnicos. (Diario de campo de E. Sierra)

Los camarógrafos no trabajaban para EPM, sino para una empresa de comunicaciones contratada para diseñar una campaña publicitaria asociada al parque eólico. Lo cual no es un dato adicional. En la cualificación del parque como zona tecnológica, los criterios estéticos son tan importantes como los puramente técnicos. Lo que Herzfeld (2006) ha mencionado para los proyectos del alto modernismo urbano sobre el valor estético de los espacios limpios, es tan pertinente para el diseño y relaciones cotidianas con las granjas de viento, como para las comunidades de Bangkok y Roma que él ha estudiado. Los estudios sobre los impactos visuales de las granjas de viento (cf. Pasqualetti, Gipe y Righter, 2002) se han concentrado más en el problema de la percepción de las torres y los proyectos en general, que en los valores estéticos que los atraviesan. Es central subrayar esto porque la relación entre población e infraestructura en proyectos cercanamente vigilados es un asunto profundamente estetizado. Los documentales y publicaciones están llenos de imágenes de mujeres en armonía con su entorno que ahora incluye unas torres blancas y unos rotores que alcanzan los 90 m de altura (Figura 18 y 19).

La figura de la autoridad tradicional, con insondables miradas, pero apacibles en medio de visitas de monitoreo también hace parte de la estetización y fue en lo que se concentraron los fotógrafos en la tarde de la visita. A la autoridad tradicional le pidieron que se quitara las populares gafas Ray Ban para que le vieran sus ojos. Luego orientaron una pantalla de reflejo para optimizar la luz y finalmente le pidieron mirar al horizonte en compañía de un técnico, que le puso una mano en el hombro. Luego los camarógrafos se dirigieron a las inmediaciones del parque donde reunieron a 8 mujeres a las que le pidieron que caminaran en contra del viento para que su manta (vestido tradicional) ondeara.

Después de la reunión, la funcionaria de EPM fue entre las personas que habían quedado en las imágenes pidiendo la firma en la que declaraban su voluntad de aparecer en ellas. A esto le siguió una reunión entre la funcionaria y un funcionario del parque donde determinaron tener una posición unificada con la empresa de vigilancia frente a la reunión que tendría lugar y en la cual una de las autoridades tradicionales quería sacar al supervisor, miembro de la ranchería contraria. Los funcionarios definieron su apoyo al supervisor actual y luego se despidieron.

Al día siguiente las sesiones fotográficas continuaron. Esta vez, los fotógrafos se concentraron en las mujeres artesanas y en la encargada de la torre de medición meteorológica. El fotógrafo le pidió a la mujer que caminara sola, con una pañoleta prestada para que esta y su vestido ondearan con el viento. Luego se le solicitó a la mujer que se recogiera el pelo. Al final de la tarde, la encargada de gestión social de EPM se concentró en hacer unas invitaciones en papel para la reunión del día viernes y entregarlas casa por casa.

Al día siguiente los funcionarios de EPM entregaron algunos elementos para la siembra que compraron en Uribia ese mismo día y el día después tuvo lugar la muy anticipara reunión en la cual se quería discutir los problemas rondando la celaduría:

A las 10:24 llegamos a la enramada, entonces cuando entramos saludé primero a Germán y a Clara, ellos estaban con el señor de Asuntos Indígenas, con Jairo y el señor de VISE [la empresa de celaduría]. En el fondo hacia el lado izquierdo de la enramada. Hacia el lado derecho estaba Laura, Cira, Ramona, Angélica, Tonda y Maura. Después llegaron y se fueron acomodando Nancy, Hernán, Santo, Nelki, Máximo, Wayuuchon y Freddy. A las 10:30 llegaron Apolinar y Mario, alas 10:35 María Eugenia López, Jesica, Carmela, Cheila y Anita, Negra Uriana y Rafa Epieyu. Clara dijo que estábamos esperando al Sr. Isaías para que estuvieran las dos autoridades tradicionales, pero le tocó mandar a traerlo en un carro y llegó a las 10:42. Comenzó la reunión y Clara le dijo a Nancy que tradujera pero ella dijo que era mejor que lo hiciera el señor de asuntos indígenas para que fuera más neutral. A las 10:49 llegaron Guillermo Pushaina y Duby Gutiérrez, por último llegaron a las 11 la Sra. María Eugenia Epieyu y Nicolás Pushaina. Toda la reunión la pude grabar y a lo último Clara pasó un acta para que la firmaran todos los presentes, sin embargo no la firmaron Wayuuchon, Angélica, María Eugenia López y el Sr. Isaías. (Diario de Campo de Erika Sierra)

Los no firmantes lo hicieron como manifestación del desacuerdo. Este era en parte motivado por que los candidatos propios para el cargo de supervisor no habían quedado elegidos en la reunión. Los funcionarios de EPM interpretaron la ausencia de firma como una brecha de representación entre autoridades y “las comunidades” pues muchas otras personas habían firmado el acta. El discurso de manejo de la población oscila, así, entre nociones de representación genealógica y tradicional que tienen como cabeza las autoridades tradicionales y nociones de representación democrática.

La cuestión no paró ahí, pues después de una parada en la subestación, la representante de EPM se dirigió a la casa de la autoridad que motivó la reunión en primer lugar. Esta autoridad también tenía inconvenientes con la posición dominante que tenía Anna Watta Kai en la prestación de servicios de transporte a EPM. Con actas de acuerdos (quasi-legales) en mano, la representante de EPM se dirigió a la autoridad para hacerlos cumplir:

[L]e dijo que él debería respetar el acuerdo de los tres meses fijos y nueve ocasionales del transporte. Entonces Clara le entregó unas actas a Angélica [quien traducía] en donde estaban las firmas de este acuerdo, sin embargo, esa acta tenía un error porque decía tres meses de fijo y un año de ocasional. Clara le explicó a Angélica que el error radicaba en que mientras el carro de Arutkajui estuviera prestando el servicio de los tres meses fijos, no podía prestar al mismo tiempo el servicio de los ocasionales. Entonces Angélica le dijo eso a Wayuuchon en Wayuunaiki, pero respondió que no le interesaba. Angélica le dijo a Clara que él quería un año de fijos y que si no se lo daban que él iba a bloquear el parque [...] Entonces ahí Wayuuchon se alejó de la conversación y Clara le dijo a Angélica que le ayudara a convencerlo de que primero tenía que respetar el acuerdo pero que tenía que entender que había un error y también le recomendó que definiera con qué organización iba a prestar el servicio. [...] Finalmente nos fuimos sin dejar nada concertado Clara dijo que iba a regresar después, pues para que él tuviera tiempo de pensar las cosas. En el carro era evidente que Clara estaba muy preocupada por la situación pero que él no podía bloquear el parque porque ya tenían un compromiso establecido, así hubiera un error en el acta. Entonces me dijo que de no haber concertación con Wayuuchon eso se tenía que ir a asuntos indígenas y arreglarlo con palabrero. (Diario de Campo de Erika Sierra)

Oficialmente, EPM siempre aboga por una posición de no interferencia con “asuntos internos de la comunidad”. Pero cuando son sus propios mecanismos los que han definido lo que es “comunitario”, esto es imposible en sentido pleno. Hasta aquí he mostrado de qué forma la auditoría se despliega como una relación de horizontalidad y cordialidad, pero que contiene en sí misma las posibilidades de una hostil negociación contractual. El punto es que la infraestructura del parque ha hecho que todas las relaciones que ocurran en la zona tecnológica sean potencialmente objeto de los estándares que regulan la presencia de las máquinas, pero que a la vez garantizan su permanencia.

EPM, sin embargo, que en este esquema se encuentra en la posición de invocar los estándares, también es objeto de la auditoría constante. Las misiones regulares del Banco, por ejemplo, revisan desde la calibración de los equipos de generación eléctrica, las licencias ambientales, el progreso en el plan de compensaciones, los problemas surgidos en la operación del parque, en las relaciones con la población y cualquier otra cosa que especialistas ambientales, energéticos y sociales puedan notar en una reunión en Medellín, en el parque eólico o en las reuniones que se hacen con “la comunidad”. Interpretar esta múltiple auditoría como una cadena trófica (el pez grande vigila al pequeño) resultaría simplista. En un momento de una misión, por ejemplo, se verificó que, “la central cuenta con los manuales y planes de mantenimiento predictivo y preventivo para todos los equipos eléctricos y mecánicos instalados tanto en los aerogeneradores como en la subestación y sala de control”. En otro momento,

Se verificó que EPM cuenta con las autorizaciones ambientales necesarias para su operación. Dicho documento legal es la Resolución No 03499 de 2002, emitido por CORPOGUAJIRA en el cual se incluyen los permisos de Aprovechamiento Forestal, Manejo de Residuos Sólidos y Vertimientos. Igualmente esta Resolución establece el Plan de Manejo Ambiental en aplicación. (World Bank y EPM, 2011: 4)

De hecho, aunque desde una perspectiva, la auditoría puede ser descrita como una sistema de vigilancia, desde otra opera como una cadena de creación de nodos dentro de las redes de propiedad, donde los que adquieren los beneficios de las negociaciones requieren al mayor para cuidar las fronteras de la entidad a través de las cuales fluyen los capitales del sistema de comercio de carbonos. De ahí que la auditoría no sea un fenómeno marginal de la red de comercio de carbono. Es el mecanismo a través del cual todos los circuitos se vuelven una zona tecnológica donde planes ambientales y manuales de funcionamiento aparecen conmensurables con manuales de convivencia intercultural y de servidumbres. Esta conmensurabilidad es función de la zona tecnológica y a través de esta se comunican los valores de los nuevos regímenes de propiedad del entorno.

Esta visita ha sido reconstruida gracias al diario de campo de Erika Sierra, asistente de investigación durante la investigación.↵

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Conclusión: ¿cuidar lo nuestro... para otros?

Todo este régimen de propiedad técnicamente mediado (sea a través de aparatos antropológicos o de estándares infraestructurales) descrito hasta ahora contiene en sí una paradoja con la que vale terminar los capítulos temáticos de este libro. La zona tecnológica debe ser cuidada: ¿de quién? La respuesta es siniestra: de la gente que en ella vive. Esta paradoja, sin embargo, sobrevive por las estructuras de deseo contenidas en la modernidad y que operan en el trasfondo de toda aspiración al desarrollo (De Vries, 2007). Ya que las mujeres se han ubicado completamente como tradicionales a través del programa de artesanías y que solo hay un (relativamente insignificante) cargo para el aseo de la subestación que se rotan entre Arrutkajui y Kasiwolín, la celaduría es virtualmente la única oportunidad laboral que queda. Todo hombre joven en las rancherías aspira a la celaduría como opción de vida y los que ya tienen trabajo en la empresa de vigilancia, agradecen al parque por su trabajo. Las casas de los celadores son reconocidas por tener bienes que muchos quisieran: una planta eléctrica, una antena de DirectTV, una motocicleta y, la llave de todo, un uniforme secándose al viento con el logo de VISE, la compañía de vigilancia (Figura 20). Todo esto para cuidar la zona tecnológica de los wayúu.

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Horizontes de la justicia climática

El cierre de las rondas de negociaciones de la decimoctava Conferencia de las Partes (COP18) de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y de la octava Conferencia de los Partidos Miembro (CMP8) del protocolo de Kyoto el 8 de diciembre del 2012 en Doha, Qatar, reavivó el debate público sobre los mecanismos para mitigar el cambio climático. En el núcleo del debate global sobre este problema hay una fuerte discusión sobre la propiedad de los bienes comunes de los cuales depende la vida.

Este libro analizó el surgimiento de regímenes de propiedad en el contexto de la generación de energías limpias en territorios de comunidades indígenas y cómo tecnologías sociales y tecnocientíficas participan en la configuración de dichos regímenes. Mi argumento fue que la infraestructura y el conocimiento antropológico ayudaron a crear regímenes de propiedad paralelos y segregados donde en una esfera circulan bonos de carbono y en otro programas sociales para el control del territorio. Sin embargo lo excepcional de dichos regímenes tiene que ser entendido en el contexto de una ‘jerarquía global de valor’ (Herzfeld, 2004). Estas conclusiones apuntan a una contribución a la creciente literatura antropológica de energopolíticas y su conocimiento experto (Mitchell, 2011; Boyer, 2011; Nader, 2011).

Mi interés en el tema comenzó en el 2008 cuando viajé a Nueva York para participar en el Foro de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas con varios líderes wayúu y el presidente de la organización colombiana de indígenas. El tema de ese año estuvo alrededor del impacto de los mecanismos de mitigación para el cambio climático sobre comunidades indígenas. Había en ese momento una sensación de disconformidad entre los líderes indígenas sobre el hecho que los mecanismos antes mencionados fueran implementados en sus territorios: ellos no eran responsables de las causas de los problemas ambientales y, sin embargo, la solución dependía del uso prescrito de sus territorios, poniendo en peligro así su soberanía.

Mientras tanto el desarrollo de la energía eólica tiene todo lo que la democracia liberal aspira: es la objetivización misma del cosmopolitanismo, la transparecia y la libertad – al menos en principio. En una península marginal de Colombia llamada La Guajira un rotor rueda, impulsado por el paso del viento, fenómeno que se produce por el calor del desierto del Sahara y la rotación de la tierra. La electricidad producida por el rotor viaja por la red nacional de energía en Colombia para ser vendida en el mercado de servicios públicos. Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía que construyó y opera la granja de viento también intercambia créditos de carbono por medio de Carbon Finance Unit del Banco Mundial para compradores desconocidos (al menos para los indígenas). El Banco Mundial entrega una prima al operador gracias a los programas sociales que este realiza con los habitantes indígenas aledaños a la granja de viento (World Bank, 2002). En este punto, la circulación que sigue un patrón de retícula empieza a parecer turbia. En la medida en que la energía eólica dependa de la localización, esto implica una proliferación compleja de sistemas aislados de derechos de propiedad para adueñarse de algo que pareciera imposible de poseer.

La Granja de Viento Jepírachi es el único Mecanismo Limpio de Desarrollo (CDM) relacionado con viento que opera en Colombia y uno de los pocos de su estilo en Latinoamérica. Jepírachi ha sido promovido como un complejo experimental (Rodríguez y Vélez, 2004) que consiste de 15 turbinas (Nordex N60) con capacidad de generar 19.5 MW. La Granja de Viento fue construida entre 2002 y 2003 e inaugurada en el 2004 (Empresas Públicas de Medellín, 2010: 10-12), y está ubicada en un resguardo indígena de posesión colectiva de los indígenas wayúu (ver también Howe, 2011para el caso de los ejidos en Méjico). Aunque el proyecto es relativamente pequeño ha sido muy bien recibido por el Banco Mundial y ha tenido un impacto enorme en el campo del desarrollo eólico (Aristizábal, 2004; Ledec, et al., 2011).

En resumen, el problema con los derechos de propiedad sobre el desarrollo eólico es que, como pasa con los minerales, la noción de como la propiedad superficial se proyecta arriba hacia el cielo y debajo hacia el centro de la Tierra, lo que en términos legales se conoce como ad coelum (et ad inferos), termina solo resolviendo la instalación de turbinas, pero deja de lado la red de vías, subestaciones y cableado. Con los minerales, la noción de que los regímenes de propiedad superficial y bajo tierra deben ser divididos es hoy difundida y los gobiernos nacionales soberanos tienden a reclamar propiedad sobre dichos campos – de ahí la palabra regalías’, de rey (DuVivier, 2009). Las divisiones son parcialmente mantenidas por la idea que la tecnología especial y habilidades son necesarias para la explotación de recursos. El problema con la aplicación de la misma lógica al cielo es que, a diferencia del suelo, este se mueve constantemente. Cuando se trata de poblaciones indígenas, esto conlleva a dimensiones inesperadas. Una líder Wayúu, por ejemplo, dice que los vientos alisios transportan las almas de los muertos hacia la vida más allá de la muerte y por consiguiente una negociación que excluya todo el pueblo (como pasó con Jepírachi) es ilegítima. Lo delicado de este asunto se refleja en el hecho que este argumento creó una respuesta agresiva del Banco Mundial para defender la reputación del proyecto. Mas generalmente, en Colombia, los territorios indígenas son propiedad colectiva, lo cual genera tres preguntas complejas: ¿Cómo se asegura la ubicación necesaria para generar energía eólica? ¿Cómo son definidos los límites de lo colectivo’? y ¿cómo son distribuidos los beneficios y compensaciones?

Este libro analizó las diversas ramificaciones del problema tomando como punto de referencia al Parque Eólico Jepírachi (Empresas Públicas de Medellín, 2010), un proyecto modelo (Ledec, et al., 2011) de generación de energías limpias en La Guajira, Colombia, donde aplicaron y crearon formas de apropiación de un elemento del entorno como el viento, pero que a la vez derivó en la generación del marco de referencia para la negociación de la propiedad de tierras indígenas en las cuales se implementan CDMs y en la creación de unidades de propiedad como créditos de carbono. Las preguntas, en este sentido fueron, ¿qué regímenes de propiedad fueron aplicados, transformados o creados para hacer gobernable el medio ambiente como un bien común?, ¿cuáles son las relaciones, aparatos administrativos y tecnologías que hacen posibles estos regímenes?, ¿Qué objetos de propiedad emergieron en la implementación de este CDM?, ¿Cuáles son las demandas sociales que se articularon en el proceso y cuales fueron sistemáticamente excluidas?

Para responder a estas preguntas se realizó un análisis etnográfico multi-situado (Marcus, 1995) en los lugares e instituciones centrales para la configuración de regímenes de propiedad en el contexto del MDL del Parque eólico Jepírachi. Esto nodos en la red de los regímenes de propiedad fueron La Guajira (Colombia), las oficinas del operador del proyecto, Empresas Públicas de Medellín (Colombia) y las oficinas del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (Estados Unidos). En estos lugares se realizaron observaciones participantes, entrevistas y análisis documental.

La principal conclusión de la investigación es que existen dos regímenes de propiedad paralelos e incomunicables sobre los cuales depende la implementación de mecanismos de mitigación de cambio climático y la generación de energías limpias. El primero permite la circulación de energías, créditos de carbono y capitales transnacionales a través de Fondos de Carbono. El segundo permite asegurar recursos de extensión espacial que aseguran la producción energética y que permiten el desarrollo de los CDM in situ. En el caso analizado (y en muchos otros) los territorios donde los mecanismos de mitigación se imple-mentan son propiedad comunal de tierras indígenas. Las negociaciones sobre la propiedad en este segundo circuito se caracterizan por ser ad hoc, asumir la figura del programa social como forma de compensación y usar la figura de la servidumbre sin un límite espacial y temporal claro. La emergencia de un régimen de propiedad en el CDM se basa en dos mecanismos de zonificación (Barry 2006): tanto los estándares técnicos de la infraestructura establecida para la generación de energía limpia (zonificación tecnológica), como el conocimiento experto de científicos sociales (zonificación genealógica) contribuyen a configurar un régimen de propiedad excepcional donde los actores dominantes del primer circuito (de créditos, capitales y energías limpias) tienen la capacidad de intervenir en todas las relaciones sociales del segundo para garantizar su existencia.

La segregación de dos regímenes de propiedad en la implementación de los MDL se sustenta en gran medida en una política pública construida por organismos supranacionales. Las personas y pueblos indígenas no tienen representación en las instituciones de gobernanza climática global y muy limitada injerencia en las políticas que directamente les atañe. Es fundamental que estos sujetos de derecho tengan canales de comunicación y arenas de discusión sobre estas políticas en instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En Colombia, el problema se manifiesta en una aplicación sumaria y superficial de los mecanismos de consulta previa donde no se dan posibilidades reales de rechazar proyectos en los territorios indígenas. El Ministerio del Interior Colombiano debe ser más decidido en una aplicación plena de los derechos indígenas consignados en tratados intencionales, la Constitución Política Colombiana y la ley nacional. Actualmente, frente al inminente desarrollo de la energía eólica en La Guajira (y en otras partes de América Latina), varias instituciones involucradas en los potenciales proyectos han establecido unas mesas de discusión sobre el “marco social” en la implementación de energías limpias. Esta es una estrategia importante, pero la poca visibilidad de este proceso, la mayoritaria participación de entidades financiadoras, operadoras y reguladoras reproduce la segregación de regímenes de propiedad y sus implicaciones en la no redistribución de los beneficios reales de las energías limpias. El debate sobre la propiedad en la esfera de las finanzas de carbono debe darse tanto sobre la participación de aquellos cuyos territorios se vean directamente comprometidos en los proyectos (sean indígenas o no) como de los estados que los promueven, permiten o regulan. Por último, la legislación nacional colombiana en temas de derechos indígenas es bien desarrollada. Sin embargo, es muy somera en cuanto a detalles fundamentales sobre la propiedad sobre los territorios de los grupos étnicos, siendo su manifiesta imp re scrip tibi-lidad, inalienabilidad e indivisibilidad a todas luces insuficientes para enfrentar los desafíos que vienen con nuevas formas de intervención y apropiación de sus territorios. Un debate en el movimiento indígena y en el Congreso de la República, pero también en organismos multilaterales y ONG, sobre un régimen de servidumbres en territorios indígenas es inaplazable.

En el contexto de la consolidación de estrategias de gobernanza climática (Bailey, et al., 2011) resulta fundamental pensar críticamente los modelos de propiedad que se producen con estos. La segregación de las discusiones sobre propiedad identificadas en esta investigación y la separación de esferas de apropiación sobre la cual pueden intervenir y negociar los ciudadanos (indígenas o no) y sobre las cuales no se puede, tiene efectos importantes sobre la redistribución del capital y el bienestar a escala planetaria. Lo anterior implica revisar las metodologías de discusión y participación en la construcción de la política pública que está recayendo en manos de entidades que, si bien actuando en buena fe, las construyen de manera no democrática y a menudo quedan más enmarcadas en el campo de la caridad que en los derechos plenos. Gran parte de las formas de administrar el medio ambiente y las poblaciones contemporáneas no vienen enunciadas como propuestas claras, sino implícitas en mecanismos y conocimientos tecnocientíficos en posesión de comunidades epistémicas cerradas. Consecuentemente, en el establecimiento de jerarquías globales de valor y de propiedad descritas en esta investigación hay un gran compromiso de los académicos involucrados en las discusiones por la generación de nuevas formas de participación orientadas a la justicia climática.

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