Ayiti ki demokrasi?

El movimiEnto social haitiano EntrE partidos y Estado 1986-2006

Sabine Maginat

La Colección Becas de Investigación es el resultado de una iniciativa dirigida a la difusión de los trabajos que los investigadores de América Latina y el Caribe realizan con el apoyo de CLACSO.
Este libro presenta la investigación que la autora realizó en el marco del concurso de proyectos sobre Estado, democracia y clases sociales en América Latina y el Caribe organizado por el Programa de Becas de CLACSO con apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Asdi.
Los contenidos de este libro han sido evaluados por un especialista externo a la institución en un proceso de revisión por pares.
Manigat, Sabine
Ayiti ki demokrasi? : el movimiento social haitiano entre partidos y estado 1986-2006 . – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2013.
E-Book. – (Becas de investigación) ISBN 978-987-1891-97-9
1. Sociología. I. Título CDD 306
Otros descriptores asignados por CLACSO:
Haití / Movimiento social / Política / Crisis / Democracia / Populismo / Estado / Partidos / Gobernabilidad / Transición
Captura de pantalla 2013-11-20 a la(s) 12.20.10Secretario Ejecutivo de CLACSO
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Primera edición
Ayiti ki demokrasi? El movimiento social haitiano entre partidos y Estado – 1986-2006
(Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2013)
ISBN 978-987-1891-97-9

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Introducción

Sabine Manigat[1]

Las crisis suelen tenerun papel revelador. La crisis haitiana, de la cual se dice que aún perdura, ha tomado la forma de una crisis total, con repercusiones directas incluso regionales y una internacionalización ya vieja de casi diez años, a partir de la cual las fuerzas onusianas, integradas por países de todas las latitudes, se han empeñado en implantar un proyecto de reconstrucción integral de la nación haitiana. Más allá de los reduccionismos y del abordaje no pocas veces folklórico de la realidad haitiana, se ha tratado en general este caso como uno de cuestionamiento radical del orden social y político vigente antes de 1986, pero que aparentemente no consigue generar las condiciones y los resortes para la transformación de dicho orden. Ello lleva a mirar con otros ojos la evolución histórica del país para buscar explicaciones o al menos, formular unas tesis acerca del cómo de lo ocurrido. Empero, la crisis haitiana estalla en todas sus dimensiones a partir de una ruptura política importante, que es la salida de una dictadura de treinta años de duración. Como lo señala el politólogo Cary Hector, “Salir del duvalierismo no es de hecho sino una fase – necesaria, ineludible – del movimiento profundo que ha hecho del 7 de febrero de 1986 una nueva fecha-corte en nuestra historia. (…) En cierto sentido, la nueva interpelación popular y patriótica conlleva una finalidad de reconstrucción nacional” (Hector, 1991: 254). Crisis pues, cuestionamiento profundo, intención de reconstrucción. La materialización de este giro histórico y de esas intenciones de tomar rumbos nuevos fue el surgimiento de un amplio y multiforme movimiento social. El desarrollo y la suerte de este movimiento son el desarrollo y el desenlace de esta crisis. De allí la delimitación temporal del trabajo – 1986-2006- y la relevancia del objeto de estudio, que el movimiento social cuyo núcleo dirigente formó el movimiento democrático (MD).

Para presentar sucintamente el periodo: El 7 de febrero de 1986, al tiempo que el dictador Jean Claude Duvalier deja el país bajo una fuerte presión de amplios sectores socioeconómicos y con protección norteamericana, se despliega un amplio movimiento de masas y de organizaciones ciudadanas, profesionales, sindicales y cívicas. Las fuerzas armadas que toman el control de las riendas del Estado pronto tienen que enfrentar al multiforme movimiento social que parece abarcar todo lo que el país tiene en términos de fuerzas sociales. Su núcleo principal, el llamado movimiento democrático penetra todos los ámbitos y participa de todas las iniciativas, desde la composición del Consejo Nacional de Gobierno (CNG) gobierno militar interino, hasta la elaboración de una nueva constitución y la organización del referéndum para su adopción, en Marzo de 1987. Luego, en el verano de 1987, el movimiento es atravesado por tentativas insurreccionales. El fracaso de esta ofensiva motiva un cambio de estrategia y la adopción de la vía electoral. Pero las elecciones de 1987 y la masacre que las aniquiló abren un paréntesis de férrea imposición militar que, sin embargo, no anula la dinámica electoral que lleva Jean Bertrand Aristide a la presidencia del país en diciembre de 1990, al tiempo que se impone la comunidad internacional como árbitro y actor, con intromisiones sucesivas y cada vez más importantes. Una vez aniquilado, con el golpe militar de septiembre de 1991, el movimiento social que había llevado y apoyado a Aristide – y con éste último aislado progresivamente- evoluciona hacia una suerte de populismo hueco, hasta que el derrocamiento en febrero de 2004 del segundo gobierno que presidia motiva la tercera ocupación del país. Para entonces las principales instituciones políticas, cívicas y gremiales del país han sido desgastadas, suprimidas o deslegitimadas.

La experiencia haitiana es peculiar pero no única. Más aún, entraña lecciones relevantes tanto acerca de la naturaleza de la sociedad haitiana como para encarar algunos problemas medulares del modelo de democracia y de sistema político imperantes en el mundo hoy. En efecto, la trayectoria del llamado movimiento democrático es también la historia de una larga “transición hacia la democracia” y del proyecto concomitante de modernización del sistema político, ambas con fracasos y dificultades similares a los que son hoy en día motivo de debates en varios países.

Socióloga y politóloga, licenciada en historia, graduada del Instituto de Estudios políticos de París con posgrado - maestría - en la FLACSO. Se ha desempeñado como profesora investigadora de la FLACSO México, entre 1978 y 1986. Radica esencialmente en Haití desde 1986 donde ha sido miembro del consejo directivo de la Escuela Normal Superior de Haití y luego Secretaria General de la Universidad de Estado, de febrero a septiembre de 1991. Ha colaborado en varias publicaciones y revistas en América Latina y participado en equipos de investigación haitiano-dominicanos y regionales sobre temas de ciencia política (Estado, sistema político) y de sociología (migraciones, sociología urbana). Fue miembro del consejo académico de la FLACSO República dominicana. Es autora de un libro sobre los partidos políticos haitianos. Es actualmente profesora investigadora en la Universidad Quisqueya de Haití.↵

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Cuestiones teóricas y conceptuales

Más que una excepción, el caso de Haití revela, subraya e interroga realidades y procesos tan importantes como el sentido del ejercicio electoral, las funciones políticas y legitimadoras del número (de votos, de electores), el peso de la mayoría y el papel del pueblo. De allí se derivan asimismo algunas consideraciones teóricas y conceptuales nodales para este estudio.

El trinomio democracia, pueblo, populismo está en el centro de debates muy actuales. El caso de Haití plantea con especial agudeza la problemática de la participación, de las condiciones en que se da, y de la eficacia de ello. En efecto el tema de la participación atraviesa toda la evolución de la Haití pos-duvalierista. Las formas ensayadas son variadas. Naturalmente el contexto de salida de dictadura impregna tanto las aspiraciones como las modalidades de la participación anhelada. ¿Qué características reviste la democracia que se plantea en 1986? ¿Se trata de la expresión de un nuevo bloque histórico en el sentido gram-sciano? En un primer momento, el término de democracia recubre un conjunto de libertades y significa ante todo: derecho de expresión, de manifestación, de reivindicación, de circulación. La democracia se vive como libertad, como una expresión popular. Es una ola de fondo que conmueve los más diversos sectores de la población. Lejos de las riendas del poder, pero directamente confrontados a él, esos sectores populares y de clase media disfrutan durante pocas semanas una especie de “estado de gracia” que aparenta ser una democracia sin mediación. Luego, el momento electoral plantea, meses después, la pregunta a saber: Le vote épuise-t-il la participation citoyenne’i A partir de esta interrogación, la gestión de la participación política experimenta sendos meandros hasta desembocar en una situación caracterizada por una mezcla de instru-mentalización y de subversión del sistema democrático, en el marco del populismo aristidiano. “El grado de polarización social y política que se puede dar, la ampliación de la participación o la instrumentalización de la democracia en favor del líder…” (Aibar Gaete, 2007:15) resultaron problemáticas vitales para la deriva y luego para el ocaso del movimiento democrático.

El concepto de democracia vigente dentro del MD dista mucho de ser unívoco o constante. Su punto de partida no está anclado en la noción de sufragio universal o de legitimidad del voto. Corresponde mas bien, mutatis mutandi, a lo que Pierre Rosanvallon llama “la generalidad de la desmultiplicación”; es decir, una representación de lo general que toma en cuenta las especificidades, las diferencias, el reconocimiento de “todas las singularidades sociales”. Entre los procesos históricos recordados por el autor en su análisis de la “democracia participativa” están listadas las experiencias más variadas, desde los movimientos estudiantiles norteamericanos de principios de los sesentas, hasta procesos políticos históricos como la comuna de París o los movimientos ciudadanos de la década del sesenta en Francia; todos como expresiones de una “democracia participativa (que) reúne todos esos elementos dentro de un mismo imaginario de la reapropiación social de la política” (Rosanvallon, 2008: 17-322). Esta última concepción se ubica en el cruce de las dos concepciones básicas de la democracia: un método (de gobierno, de gestión…) y una práctica (política, ideológica). Es posible argumentar la existencia de tal atmósfera y la vigencia de tales aspiraciones dentro del movimiento social haitiano, por lo menos durante el primer año posterior a la caída de la dictadura. Empero, se verá como, luego, el movimiento evoluciona desde un contenido liberal-libertario (es decir, combinando variadas aspiraciones populares mucho tiempo reprimidas con demandas por derechos civiles y políticos propios de la democracia representativa) hacia un populismo invertebrado e inconsistente, por no tener los medios de sus objetivos. De hecho, falto de estructuras organizadas y de un programa claro para lograr una real participación al poder, el movimiento democrático se deshace paulatinamente en grupos clientelistas y una mayoría totalmente atomizada.

Se aborda aquí el populismo ante todo como un discurso, un estilo político de poder personalizado que combina el enfrentamiento con proyectos socialmente excluyentes y formas autoritarias o totalitarias que no admiten matices y diferencias. Si bien el populismo “desde sus inicios en la vieja Rusia se constituyó como una respuesta radical y enérgica reacción ante el orden establecido” (Aibar Gaete, 2007: 21), ha asumido muchas veces en la historia contemporánea más bien la modalidad de “un estilo político basado en un discurso maniqueo que presenta la lucha del pueblo en contra de la oligarquía como una lucha moral y ética entre el bien y el mal…” (De la Torre, 2007: 59). Esta concepción es claramente distante de la de Ernesto Laclau, por ejemplo, y por lo demás puede ser considerada como complementaria de aquella. En efecto, en una reflexión reciente acerca de los “nuevos populismos” en la América Latina del siglo XXI, Ernesto Laclau analiza los regímenes políticos de los presidentes Chávez y Morales entre otros como proyectos de “ruptura populista”, es decir, de llamado a “los de abajo” para construir el pueblo como un actor colectivo en un contexto de dicotomía social; y refiriéndose a las condiciones de emergencia de un movimiento populista, Laclau plantea que” el populismo [...] asocia esas tres dimensiones entre sí: la “equivalencia” entre las demandas insatisfechas, la cristalización de todas esas demandas alrededor de ciertos símbolos comunes y la emergencia de un líder cuya palabra encarna ese proceso de identificación popular.” Esta definición se ajusta bastante bien al fenómeno Aristide tal y como surge a principio del periodo. Pero es la otra definición (la primera citada) la que refleja, según nuestro análisis, la naturaleza del aristidismo en el poder, como se verá al analizar la coyuntura correspondiente.

Por lo demás, la combinación en esos años de variadas vertientes de populismo en Haití no puede ser desligado de la realidad de la composición social de la nación. No corresponde entrar aquí en un análisis detenido de la estructura social del país; sin embargo sólo tomando en cuenta algunos de sus rasgos es que se puede entender la persistencia de ciertos procesos políticos. Entre esas características encontramos, primero, el absoluto predominio de una mayoría desprovista de condiciones y nivel de vida básicos. El bajo nivel de escolarización y de información son elementos concomitantes. La fuerza de una oligarquía excluyente es un tercer rasgo. El histórico abandono de las mayorías y los frenos a la modernización social por parte de un Estado patrimonial oligárquico, muchas veces reducido a su “núcleo duro” represivo constituye otra tendencia de fondo. A ello se corresponde la estrechez de una clase media cuya expansión, esencialmente tributaria de la modernización de la sociedad y de su economía, se ha visto trabada a pesar de varias irrupciones políticas importantes de esos sectores (1946, 1957, 1986-87). Todos esos elementos conforman condiciones objetivas y un terreno fértil para interpelaciones de tipo populista.

Una dificultad propia al caso de Haití, aunque de ninguna manera exclusiva a ese país atañeal débil desarrollo de mediaciones sociales y políticas eficaces dentro de la sociedad. La escasez de canales de promoción social y económica, el predominio de relaciones de poder y de mentalidades clientelistas, han inhibido el desarrollo de espacios y de grupos de mediación eficaces. Las clases medias resultan atrapadas entre los sectores populares urbanos y la pequeña cúpula burguesa-oligárquica, y permanecen relativamente estancadas en su posibilidad de ascensión social. Así, el tradicional papel de las clases medias como intermediarias y/o representantes de distintas tendencias políticas en la sociedad, se torna ineficiente. Las consecuencias son de considerable magnitud en los planos organizacional y político, espacios de mediación por excelencia.

Aquí se plantea otro conjunto de cuestiones teóricas referidas a la representación viva, concreta, de los intereses de clase dentro del movimiento social. Las mediaciones (entendidas como articulaciones teóricas entre conceptos e instancias de análisis, pero también como articulaciones concretas entre los grupos y las fuerzas sociales actores en el movimiento) son observables a partir del estudio de las representaciones, los discursos y programas, las formas organizacionales y su grado de consolidación, las acciones emprendidas. Además, desde el punto de vista metodológico, son las dinámicas combinadas entre ellas las que conforman la trama para la reconstitución del movimiento, o dicho con mayor precisión, una interpretación fundamentada del mismo.

Resulta necesario indicar brevemente algunas definiciones de conceptos y expresiones adoptadas en este ensayo. Dichas definiciones no han sido escogidas de manera meramente utilitaria, o had hoc. Sin embargo, las justificaciones presentadas aquí son de orden pragmático para no entrar en largas digresiones teóricas sobre sus usos. Así, más allá del origen de la expresión en la filosofía hegeliana, en la filosofía política europea o en los teóricos marxistas, existe desde algún tiempo un debate tanto teórico-académico como político acerca del concepto de sociedad civil. Para limitarnos a unas pocas expresiones contemporáneas y recientes de dicho debate, mencionaremos la posición de Emir Sader, que vincula claramente la confrontación del neoliberalismo con el Estado con el surgimiento de movimientos sociales instrumentalizados, en su opinión, dentro de dicha confrontación y que reivindican la definición de sociedad civil. “Surgió una nueva tendencia en el seno de la izquierda o la resistencia global al neoliberalismo concretizada en los movimientos sociales y las ONG y articulada en torno a la dicotomía Estado versus sociedad civil” (Sader: 2008). Este enfoque privilegia el uso político del concepto, que opone a la “sociedad civil” en su ímpetu creativo un Estado arbitrario que contrarresta dicha creatividad y constriñe las libertades individuales y colectivas. Es de notar que dicha lectura de la instrumentación de la expresión permite interpretar una serie de movimientos sociales contemporáneos, como por ejemplo los que presidieron al desmoronamiento del bloque socialista. Tendríamos así un modo de rebelión de la sociedad civil en contra del Estado. Ahora bien, si bien es cierto que la expresión sociedad civil ha sido ampliamente instrumentalizada y que al utilizarla uno corre el riesgo de ser leído con los correspondientes lentes ideológicos, el concepto de sociedad civil resulta interesante y útil si se le restituye su carácter de concepto reflejo de los intereses conflictuales de individuos y grupos en el interior de una sociedad. Dicho de otro modo, las expresiones organizadas de la dinámica social en general y del enfrentamiento de intereses más específicamente. El concepto de sociedad civil refiere en ese caso a la trama de intereses, valores, ideologías y formas organizativas cuyo movimiento lo constituye precisamente el movimiento social en su interacción y articulación con el Estado. Dentro de esta acepción los partidos políticos son parte integrante de la sociedad civil, toda vez que sus objetivos de toma del poder y por ende de investir al Estado, no significan que pertenezcan, como forma específica de organización de intereses, a la esfera estatal a veces referida como “sociedad política”.

Por ende, con respecto a, y en referencia al concepto de sociedad civil, el término de movimiento social se entiende aquí como la expresión o la manifestación de la sociedad civil en procesos y épocas determinados. Son las fuerzas sociales las que dan cuerpo a dichos procesos y son los actores concretos (grupos, individuos, organizaciones, instituciones) los que los expresan históricamente. Queda por precisar que el movimiento democrático en Haití en los años 1986-2006 se presenta primero como un movimiento social que reclama y privilegia a lo largo del periodo, primero las libertades democráticas, luego la transición hacia la democracia. La multiplicidad de organizaciones dentro del MD cuya apelación comporta el adjetivo de “democrático” ilustra lo anterior y justifica la atribución del adjetivo al movimiento. Como se ve en el análisis, el movimiento democrático deviene rápidamente en una fracción, la más expresiva pública y políticamente, del movimiento social, por lo menos hasta 1990.

Ahora bien, abordar el estudio del movimiento democrático en Haití entre 1986 y 2006 supone la exploración de un periodo y de una problemática en extremo complejos. Varias versiones de una misma empresa de simplificación, folklorización, o mitificación de esta experiencia hacen difícil pretender brindar la explicación sobre la misma. Por lo demás, existen una serie de ensayos y testimonios más o menos extensos y detallados y también análisis políticos que se proponen interpretar lo ocurrido. De todo ello se desprende la doble impresión de que por una parte el proceso haitiano de esos veinte años ha sido objeto de numerosos estudios, y por otra, el sentimiento de que a pesar de ello el principal protagonista de la época, el movimiento democrático (así autodenominado y así conocido), no ha sido realmente estudiado como tal. El presente estudio, mientras se apoya en la revisión de dichos ensayos y análisis como punto de partida, pretende centrarse en el análisis del movimiento democrático como tal, a partir de un recorte estricto del objeto de estudio. Al revisitar el movimiento democrático se trata de descomponerlo para exponer su estructura, los resortes de las acciones emprendidas y de las posiciones tomadas, y de explorar en su interior la dinámica que se establece entre las clases sociales en torno a la demanda de democracia y el Estado. Todo ello con el objetivo no sólo de entender la suerte del movimiento sino, y sobre todo, de contribuir a la definición de algunos de los nudos problemáticos (o retos) del presente del sistema político haitiano.

Para hacerlo, la metodología adoptada responde a dos preocupaciones centrales: Primero, definir el movimiento democrático a partir de la visión política de sus actores y de sus acciones antes que por sus realizaciones o por las visiones que de él se hayan proyectado. En este sentido el trabajo es diferente de -y, tal vez, complementario a- los estudios y ensayos producidos sobre el periodo, que en su gran mayoría se posicionan a partir de los resultados del movimiento y tratan de explicarlos. Segundo, se da prioridad a la dinámica interna al movimiento: diversidad de los actores y de su desenvolvimiento; diversidad de los proyectos y de las expresiones de estos; multiplicidad de las iniciativas. Naturalmente los resultados del movimiento, sus logros y sus fracasos, que son la clave para entender problemáticas globales esenciales como el sistema político, la naturaleza del poder y la problemática de la soberanía hoy día en Haití, tienen suma importancia, pero son leídos a partir de los elementos dados por el análisis del movimiento. De allí la estrategia de deconstrucción-reconstrucción del movimiento, tanto analítica como cronológicamente.

En congruencia con lo anterior, desde el punto de vista metodológico se ha adoptado la siguiente estrategia:

Un acercamiento analítico, con el examen de la composición del movimiento social: ello supone una lectura de las organizaciones y de los grupos que surgen o se manifiestan en el periodo (ejército, partidos, iglesias, asociaciones, aparato gubernamental), el análisis de las acciones principales que animan al movimiento social o que éste confronta. La documentación de apoyo incluye los programas de las asociaciones y grupos que forman el movimiento; la identificación de sus líderes y de sus declaraciones; la literatura producida por los actores del periodo en libros y testimonios publicados.

Una lectura histórica, con la reconstrucción del despliegue del movimiento democrático: su periodización, sus fechas claves. A nivel técnico se han colectado para su consulta sistemática los periódicos, panfletos, grabaciones radiales, etcétera, disponibles para su análisis.

Un análisis de las expresiones del movimiento social mismo: Lemas, movilizaciones, estrategias y reivindicaciones. Además de la documentación ya mencionada se realizaron entrevistas (pocas, desgraciadamente) a actores aún presentes del periodo.

Finalmente, una reconstitución del movimiento guiada por las hipótesis del trabajo, con fines explicativas y para la formulación de perspectivas.

Esta metodología ha permitido secuenciar el trabajo de investigación propiamente dicho en la elaboración de dos instrumentos principales, una tipología y una periodización. La movilización de ambos ejes en una rearticulación – una reconstrucción – permite proponer una lectura de: (i) la naturaleza del MD en tanto movimiento social, sus logros y sus derrotas; (ii) la evolución del MD frente al Estado y la del Estado bajo la acción del MD; y (iii) el saldo para el sistema político y el problema de la soberanía aminorada.

La tipología incluye a todos los grupos y las organizaciones-actores repertoriados durante el periodo, lo que entendemos como la sociedad civil; esta topología se ha construido en base a la vocación de las organizaciones, grupos e individuos. Todos los actores colectivos y algunos -pocos- individuales que toman parte activa en el MD han sido repertoriados y clasificados de acuerdo a su definición institucional. La nomenclatura que de ello resulta tiene dos ventajas para el análisis. Por una parte, reduce útilmente la dispersión de organizaciones e instituciones, y propone unas pocas categorías más manejables; y por otra, permite – a menudo aunque no siempre- inferir, a partir de la vocación declarada o real de la organización o institución, las metas y los intereses que ésta defiende. Luego, al estudiar la dinámica de las acciones llevadas a cabo se pueden definir los contrincantes y reconstruir así los enfrentamientos y las contradicciones. Si bien el estudio está centrado sobre el movimiento democrático, éste establece, por cierto, puentes múltiples con los partidos políticos. Estos últimos serán por lo tanto mencionados y ubicados en su momento, pero el estudio profundizará mucho más en las instituciones y organizaciones cívicas y socio-profesionales, componentes definitorias del MD. En efecto uno de los objetivos del trabajo es el de interrogar el papel, las capacidades y la “vocación” del MD frente al Estado y con respecto a la cuestión del poder. Por lo tanto, determinados aspectos de esta indagación no conciernen a los partidos, toda vez que sus funciones están claramente definidas dentro del sistema político. Empero, también es cierto que el entrelazamiento de organizaciones, acciones, posicionamientos entre organizaciones cívico-sociales y organizaciones políticas dentro del MD y durante el periodo, torna ilusoria una separación tajante de tratamiento entre los dos tipos de colectivos.

La naturaleza del MD no lo califica a priori para tareas de conquista y gestión del poder político; sin embargo su composición abigarrada (tipo de organizaciones ciudadanas y socio-profesionales, incorporación y/o incursiones constantes de los partidos) hace compleja su relación a la problemática de la toma del poder. De ello se desprende que: ni el poder es un objetivo inmediato para todos, ni lo es en todos los momentos del periodo. De allí el imperativo de un lectura cronológica – una periodización – a la vez que una lectura diacrónica (radiografía del MD) en cada periodo identificado.

La periodización. Ha sido elaborada de acuerdo a líneas de fractura identificadas en la trayectoria del movimiento democrático en función de la problemática del poder. Las fechas clave (fechas de corte) para una lectura cronológica son las fechas referidas al poder político: asalto al poder, desafío al poder, cambio del equipo en el poder. Sin embargo es importante poner en fase, para cada periodo, lo que acontece en los planos económico y social, de manera a captar el distanciamiento entre la situación concreta de cada sector o grupo y su posicionamiento como actor político. Los elementos claves escogidos para una lectura diacrónica del periodo (un análisis de las expresiones de las fuerzas sociales dentro del MD en coyunturas políticas determinadas) son las prioridades definidas por los actores -las organizaciones- en dichas coyunturas. Para cada coyuntura se plantearon las siguientes preguntas: (i) Cómo se define el poder de turno; (ii) Cómo se posicionan los distintos sectores respecto de la toma del poder; (iii) Cual es la naturaleza de las demandas producidas y las concepciones de la democracia expresadas.

Naturalmente existen al respecto posiciones divergentes y divisiones que se hacen más explícitas en determinadas coyunturas; éstas han sido detectadas y delimitadas a partir de la periodización de los veinte años contemplados. Así, el estudio se despliega en torno a cuatro periodos, en el interior de los cuales se destacan algunas coyunturas clave.

El primer periodo se extiende del 31 de enero de 1986 al 29 de noviembre de 1987. En su definición general este periodo se caracteriza por una persistente lógica de confrontación entre, por una parte, el movimiento social en general y – más específicamente en su interior – el movimiento democrático, y por otra, el gobernante Consejo Nacional de Gobierno (CNG). Durante casi dos años el enfrentamiento se presenta como un modus operandi del MD. En el interior de este primer período el análisis se centra alrededor de tres coyunturas clave: Abril-Junio de 1986, el verano de 1987 (junio-agosto); y noviembre de 1987.

El segundo periodo abarca desde diciembre de 1987 hasta el 15 de octubre del994. El planteamiento respecto del Estado y del poder cambia. El MD experimenta sucesivamente un profundo reflujo político y un ímpetu en la movilización; al tiempo que oscila entre una declarada hostilidad hacia los gobiernos de turno y la opción de tomar una participación directa al poder; de allí su estrategia de invertir en el proceso electoral cuando se abre esta oportunidad, y el alto precio pagado por la experiencia del poder. Tres coyunturas se destacan dentro de este periodo: Marzo-diciembre de 1990; Febrero al 30 de septiembre de 1991; verano del 1993 al 15 de octubre de 1994.

El tercer periodo va del 15 de octubre, 1994 a mayo del 2000. La problemática política nacional dominante es, a partir de entonces la del control del aparato electoral, en el contexto del ocaso del MD. Dos coyunturas específicas importan aquí: Octubre de 1994-diciembre de 1996; y mayo-diciembre del 2000.

Seguidamente, se examinan dos coyunturas dentro del periodo que abarca los cinco años que van de diciembre, 2000 a febrero, 2006. Esta última etapa importa ante todo para indagar en la problemática del populismo regresivo y sus secuelas en la sociedad haitiana y en los sectores populares más específicamente. Contiene dos coyunturas en que parece vislumbrarse un repunte del MD, o más bien, de su fantasma. Septiembre-diciembre del 2002, y diciembre del 2003 a marzo del 2004.

En cada una de esas coyunturas se profundiza la polarización y los enfrentamientos provocan el involucramiento progresivo y cada vez más importante de la comunidad internacional, con el objetivo declarado de “normalizar” el país.

Finalmente en post scriptum y a modo de epílogo, se vierten algunas consideraciones sobre el periodo más reciente, en el que se experimenta la exacerbación de la mayoría de los rasgos políticos y sociales analizados para los dos decenios que cubre el estudio.

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Radiografia del movimiento democrático: la mirada analítica

En la crisis abierta con la salida de la dictadura duvalierista el contenido de las aspiraciones expresadas en el seno del amplio movimiento social que se despliega no es inmediatamente legible. En tanto clásico producto de una batalla contra la opresión, el llamado “movimiento democrático” privilegia las demandas por los derechos civiles y políticos: justicia, elecciones, organización, expresión, reunión. Pero por otro lado las demandas sociales y económicas aparecen entrelazadas y en ciertos momentos subordinadas a la conquista de esos derechos civiles y políticos. Todo ello fusiona dentro de la palabra democracia y se condensa en el lema “Changer l’Etat”. Aquí tres problemáticas teóricas aparecen centrales. La primera remite al estatuto (y a las articulaciones) de los conceptos de movimiento, fuerza y clase social, en su capacidad de redituar distintos niveles de constitución de los sujetos políticos concretos. La segunda apunta a las relaciones de construcción mutua/ confrontación constante entre el Estado y las fuerzas sociales y atañe al contenido del Estado (contenido de clase, proyecto) y a la manera como éste “generaliza” o no dicho contenido (representación del interés general). Y la tercera concierne a los problemas de liderazgo, carisma y populismo en el movimiento social objeto del estudio.

El historiador Michel Héctor (Hector, 2006: 9 y sig) apunta que hasta 1956 los movimientos sociales en Haití parecían conllevar una suerte de tensión entre expectativas democráticas de una minoría social y reivindicaciones sociales de amplias capas de la población; y el movimiento democrático post 1986 parecería contrarrestar esta tendencia histórica. Se entiende con esta formulación que las expectativas democráticas (atientes démocratiques) son asimilables a los derechos clásicamente conocidos como civiles y políticos, y que cierto “sector reducido de la sociedad” es más sensible a estos derechos. Ahora bien, si los movimientos políticos en Haití tal como se dieron parecen avalar esta tesis, queda en pie la pregunta de la naturaleza de los intereses que reflejan esas sensibilidades diferentes. La composición socioeconómica de los movimientos populares es por cierto un elemento en la identificación de dichos intereses, pero no da cuenta del meollo del asunto. Así por ejemplo, esta composición socioeconómica se modificó bastante entre 1843 y 1946, para citar dos fechas de gran efervescencia popular en el país; sin embargo los métodos y las demandas no muestran diferencias mayores entre una y otra coyuntura. A la inversa, con una composición socioeconómica grosso modo similar entre 1946 y 1986, los dos movimientos plantean demandas claramente diferentes, con métodos mucho más diversificados. Y es que el papel de la coyuntura es otro elemento que influye en las modalidades de expresión de los intereses. Esto nos remite a los contornos (políticos, ideológicos, incluso externos) que enmarcan un movimiento social específico.

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Los actores

El movimiento democrático es, primero (ante todo y también desde el punto de vista temporal, en un primer momento) un movimiento más bien popular, cuya identidad aparece confusa y cuyos contornos resultan informes, tanto organizacional como políticamente. En su perfil general resalta la juventud de los sectores populares urbanos, tanto de la capital como de algunas ciudades de provincia (Gonaíves, Jérémie, les Cayes entre otros). En Puerto Príncipe, el movimiento abarca al grueso de los barrios populares, obreros y marginales. Sus líderes pertenecen a grupos de base y son poco conocidos, pero son claramente influenciados por las células y la prensa de la iglesia católica. Sus manifestaciones son, en un primer momento – hasta el 26 de Abril – esencialmente cívicas: limpieza de la calles, decoraciones y pinturas murales que expresan una variedad de aspiraciones ciudadanas (justicia, educación, derechos de las mujeres…). Sus lemas fetiches se leen en todos los pronunciamientos de la época: libertad y democracia. Ambas palabras recubren un abanico tan variado de expresiones concretas que hacen sin duda a la impresión de unanimidad, que en esas primeras semanas post dictadura se desprende del movimiento en su totalidad -ello se lee también en la expresión bamboche démocratique que se populariza durante el año 1986.

Movimiento democrático, movimiento reivindicativo, movimiento popular… Las apelaciones varían, el tratamiento esa menudo el mismo. La literatura y los análisis tratan al MD como un bloque; en el mejor de los casos se habla del movimiento popular y de los partidos políticos por separado. Otros autores establecen una dicotomía entre un movimiento democrático (pequeño burgués o de clase media) y “el movimiento popular”, de acuerdo a las oposiciones y divergencias que se manifiestan en el seno del MD, pero sin reparar en la identidad de los actores. Además, dado que su acción está dirigida al poder (para cuestionarlo, desafiarlo o asaltarlo) dentro de esta literatura el MD es analizado en función del sistema político mucho más que de acuerdo a sus raíces o bases sociales.

Empero ¿Es el MD un actor más del sistema político, distinto (identificable), con la misma misión que los demás actores respecto del poder? ¿Son varios actores o varias caras del mismo actor? De las respuestas a esas preguntas depende la lectura que se pueda hacer de las fuerzas sociales que actúan en su seno, de su adscripción de clase, de sus objetivos y de su impacto. Ahora bien, estas respuestas difieren enormemente de un autor a otro e incluso en los escritos de un mismo autor.

Así, Moise y Ollivier (1992: 64) asignan al MD un papel político directo, no de mediación, al preguntar: “¿Ha tomado el movimiento democrático conciencia del hecho que la historia le imponía prepararse y acceder al poder para cambiar el Estado, como solía repetirse, para tomar la dirección de amplios cambios…?”. Además, la definición del MD manejada por estos autores se asemeja mucho más a un proceso político que a un actor propiamente dicho. “Entonces, dicen los autores, el movimiento democrático no tenía una forma definida”. Hablando de este movimiento-proceso en los 70s, los autores incluyen en efecto desde los primeros partidos (PSCH, PDCH) hasta la prensa, o actores individuales como el diputado disidente Lerouge. Sin embargo, más adelante, para el periodo posterior a 1986, los autores distinguen en el interior del MD “un sector popular que lleva la delantera…”

S.P. Etienne (1999: 97) adopta la misma definición imprecisa al referirse a “la ofensiva del movimiento democrático, líderes políticos, periodistas, actividades de derechos humanos, sindicalistas, intelectuales, etc….” Pero luego, después de 1986, distingue entre, por una parte, “la burguesía, las clases medias, los obreros, las masas populares y el sector campesino (que) constituyen las principales fuerzas sociales”; y por otra parte los actores políticos, de acuerdo a criterios variados: de adscripción socioprofesionaly/o institucional. Sin embargo, al referirse al MD en el análisis de los acontecimientos del periodo, regresa al tratamiento del MD como un bloque y habla indistintamente de movimiento democrático o de fuerzas populares.

En un escrito posterior, Claude Moi’se caracteriza las acciones del MD y el contexto en el que se desarrollan con mayor precisión. Anota:

(…) lo que distingue a hoy de ayer:

La movilización popular y una concientización sociopolítica mayor.

La profundización de la crisis del Estado y el debilitamiento, la delicuescencia y más tarde la derrota del ejército.

La persistencia del movimiento democrático a pesar de su debilidad y su incapacidad en responder a las exigencias políticas y organizacionales de construcción de un nuevo orden democrático.

La intervención externa consecutiva al trastrocamiento del orden mundial y a un condicionamiento internacional nuevo caracterizado por el rechazo a las dictaduras, el reconocimiento de la necesidad operacional de la democracia, la promoción a nivel mundial de los derechos humanos gracias a la movilización de las solidaridades y de los medios de comunicación. Estos cuatro conjuntos de factores, combinados a la dinámica de las luchas por el poder, explican la dimensión crítica del problema haitiano. (Moi’se, 2004: 14).

De esta manera distingue más claramente el MD como tal de los otros actores (el Estado, la comunidad internacional, etc.) y de su entorno político. Por su parte Michel Hector analiza el movimiento social a partir de un acercamiento histórico-teórico del “movimiento popular mesiá-nico” en sus rasgos constantes y en sus especificidades históricas, y sus características con respecto al poder. Para el periodo que se abre en 1986, en un artículo escrito en 1993, fecha significativa en la trayectoria del movimiento social enfrentado al golpe militar, este autor introduce una serie de elementos explicativos tanto de la naturaleza de la crisis como, y esto es lo que interesa aquí, de la relación que se establece entre el MD y el Estado. A propósito de las causas del surgimiento del MD, subraya: “Las movilizaciones populares, directas o indirectas en contra del régimen político [que provocan] una fase de extremo debilitamiento del régimen político en el marco de una contestación continua y universalizada” (Hector, 2006).

Hérard Jadotte, por su parte, modula sus definiciones según la coyuntura que estudia. Alrededor de 1986, identifica un movimiento esencialmente noble y coherente: “Es por lo menos sorprendente que en este país, presentado como el más pobre del hemisferio, las reivindicaciones políticas tomen la delantera por el momento con respecto a las reivindicaciones propiamente económicas [...] el derecho a la dignidad y al respeto preceden al derecho al trabajo” (Jadotte, 2005). Advertimos, como se ve al análisis, que la reconstitución de los acontecimientos para el año 1986 no se corresponde con esta imagen. Los reclamos y las necesidades económicas son, por el contrario, tan apremiantes que, ya antes del 7 de febrero del 1986, la dictadura duvalierista trata de contener la contestación al decretar una disminución de precios de la canasta básica; e inmediatamente después del 7 de febrero, empieza la discusión acerca del aumento del salario mínimo. A partir de 1988 el autor considera al movimiento como un movimiento populista cuya suerte -y fracaso- es asimilada sin matices a la de la izquierda haitiana. El carácter ecléctico del movimiento es pasado por alto.

Jean & Maesschalck hacen un tratamiento dicotômico del MD al distinguir por un lado, un “sector burgués” -también asimilado a la “sociedad civil” (sic)- promotor de las aspiraciones sociopolíticas y las elecciones; y por otro, las organizaciones o el movimiento popular. Este tratamiento hace, hasta cierto punto, eco a las consideraciones de Michel Hector cuando éste adscribe el liberalismo político y su contenido institucional a los grupos sociales externos al movimiento popular. Jean & Maesschalck atribuyen a las acciones y a los acontecimientos del periodo un signo “burgués” o “popular” de acuerdo a su evaluación del acontecimiento en cuestión, no de acuerdo a los actores que efectivamente llevan las acciones. Así, llegan a la conclusión perentoria de que “La operación Lávalas es mas el desenlace de un proceso de marginalización y de control de las organizaciones populares” (Jean & Maesschalck, 1999: 46-52).

Ahora bien, en tanto clásico producto de una batalla contra la opresión de una dictadura, el llamado “movimiento democrático” privilegia sin sorpresa las demandas por los derechos civiles y políticos: justicia, elecciones, libertad de organización, de expresión, de reunión. Pero por otro lado las demandas sociales y económicas aparecen entrelazadas y en ciertos momentos subordinadas a la conquista de esos derechos civiles y políticos. Las definiciones adoptadas en ese trabajo tratan de tomar en cuenta estas dos facetas y también la cambiante articulación en el tiempo entre ambas.

En todo caso, a partir del 7 de Febrero de 1986 se puede hablar de una explosión de ímpetu organizativo en la sociedad haitiana. Las organizaciones gremiales, cívicas, socio-profesionales, político-religiosas, de derechos humanos, sectoriales (mujeres, jóvenes, ecologistas), barriales, partidarias… en fin, un abanico más o menos completo de las formas organizacionales conocidas, pueblen el escenario político. Desde el punto de vista de su origen, hay que tomar en cuenta el momento y el orden de surgimiento de esos grupos. Al respecto, las organizaciones preexistentes al 7 de febrero se distinguen por su discurso y sus programas bien circunscritos, en general muchas veces con un contenido sectorial o social definido. Una posible explicación de ello es que, al estallar el 7 de febrero, estas organizaciones ya están potencial-mente constituidas en actores, con objetivos propios respecto del poder político, y no nacen en función del fin de la dictadura. Otra observación concierne al orden de surgimiento de las organizaciones post 7 de febrero. A menudo las de vocación más general aparecen antes, con un discurso cívico-político que guarda poca relación con las reivindicaciones gremiales, las cuales, sin embargo, son las primeras en expresarse. Las nuevas organizaciones sectoriales o socio-profesionales son las ultimas en manifestarse. O sea, el escenario organizacional se va constituyendo a partir de la confluencia de tres corrientes: una que preexiste a la salida de Duvalier, mejor desdibujada en sus demandas y su perfil, y que se manifiesta de inmediato; otra, que plasma o materializa organizacio-nalmente una serie de aspiraciones típicas de sociedades que salen de una dictadura y que es casi contemporánea en su manifestación pública a la salida de los Duvalier y una tercera, claramente sectorial en su programa y sus demandas y que en un primer momento evoluciona paralelamente a la segunda. Con todo, la efervescencia organizacional, el entusiasmo desbordante y una clara inflación discursiva esconden mal la ausencia de tradición organizativa enraizada.

Paulatinamente el panorama político se estructura en torno a tres componentes o grupos:

- Las organizaciones gremiales y socio profesionales: esas organizaciones están presentes a lo largo del periodo. Sin embargo la preponderancia del sector sindical urbano es visible durante casi todo el primer periodo, por lo menos hasta Junio de 1987. En la tipología elaborada en el marco de este trabajo se puede delimitar un subgrupo obrero; figuran federaciones obreras (Céntrale auto-nome des Travailleurs Haitiens -CATH; Federation des Ouvriers Syndiqués-FOS; Comité Ouvrier Haitien-COH) y sindicatos de empresas públicas (Minoterie d’Haiti productora de harina; Ciment d’Haiti, fabrica estatal de cemento; ENAOL, fábrica de aceite, entre otros). Son los primeros en manifestarse, ya hacia la mitad del mes de febrero, con dos tipos de reivindicaciones: sindicales propiamente dichas (reclamos salariales y de mejoras en las condiciones de trabajo) pero también más políticas. El primer tipo de reivindicaciones da lugar a un auge de protestas. Las huelgas se multiplican con, por primera vez, paros que afectan al sector industrial de reexportación. Todas las empresas públicas son afectadas por el movimiento. Empero, el sindicalismo obrero no está desligado del amplio movimiento social que está tomando forma en esos momentos. Entre los motivos de los paros obreros se encuentran reivindicaciones como el reemplazo de los responsables duvalieristas, o la preservación del sector público de la economía (y más específicamente, la no liquidación de las empresas públicas). Se manifiestan también durante esas primeras semanas varios sindicatos de empleados y profesionales que van a adquirir rápidamente, a partir del verano del 1986, una notoriedad creciente dentro del movimiento democrático: la Confederation Nationale des Educateurs Hardens (CNEH); la Federation Nationale des Etudiants Haítiens (FENEH); l’Association des Médecins Haítiens (AMH) entre otros. Este segundo grupo sindical, que representa otro sector socioeconómico oscilla, más nítidamente a partir del verano de 1986, entre las organizaciones cívicas y el movimiento obrero. Un tercer grupo de organizaciones gremiales lo conforman las organizaciones campesinas. Este grupo toma lentamente su lugar y se despliega más bien a partir de 1987, pero algunas organizaciones ya tienen vínculos con las asociaciones cívicas desde febrero-marzo de 1986. Es el caso por ejemplo de la Association des Petits Planteurs du Nord-est, con la que el Mouvement dAction Démocratique (MAD) establece contactos en un primer momento. Febrero de 1986 da, también en el campo, una señal de efervescencia que se traduce por tomas (más o menos efímeras) de tierras y discursos que evocan incluso la necesidad de una reforma agraria y, por lo pronto, la de una política de protección de la producción nacional. Por cierto, en general el despertar organizacional del campesinado es lento hasta 1987. Pero se revela consistente y uno de los más constantes a partir de esa fecha.

Las organizaciones cívicas, sectoriales y afines: aparecen todas entre febrero y abril de 1986. Dentro del movimiento democrático representan el grupo más numeroso. Se distinguen varios subgrupos. Uno aparece como puro producto del destape político consecutivo al 7 de febrero. Se trata de una serie de asociaciones a veces asimilables a clubes de ideas y de reflexiones, formados por profesionales, intelectuales y otros miembros pertenecientes a esa clase media que produjo tanto las bases sociales del duvalierismo como las de las oposiciones a éste. El IMED; el MAD, el Club Patriotique 7 Févriere, entre otros, se caracterizan sobre todo por una proliferación de ideas, textos, iniciativas simbólicas, pero algunos mantienen lazos con organizaciones de base o con grupos políticos. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos forman otro subgrupo, con contornos un tanto más precisos. Por vocación interpelan muy temprano al Consejo Nacional de Gobierno sobre los múltiples expedientes de justicia y tienen programas estructurados alrededor de reclamos que hacen amplio consenso: justicia y reparación para los presos políticos, investigaciones sobre los desaparecidos, respeto a las libertades ciudadanas. De allí, una notoriedad creciente y un poder de convocatoria legitimado por las causas defendidas. Pero sobre todo, al adquirir ese liderazgo inmediato, el grupo de organizaciones cívicas y ciudadanas en su conjunto se erige rápidamente en la corriente representativa y dirigente del movimiento democrático. Las consecuencias de ello son enormes, toda vez que las iniciativas de esos grupos inhiben y aminoran las de las organizaciones representativas de intereses de sectores socioeconómicos y, a veces, nítidamente de clase.

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Organizaciones y representación de intereses

Los actores del MD, se ha visto, son diversos y esta diversidad constituye el primer motor de la dinámica que define tanto al movimiento como su trayectoria. Dicho en otros términos, el desarrollo del MD, las opciones que hace globalmente, su trayectoria, dependen en buena parte de los acuerdos, los enf rentamientos, las alianzas, la cambiante correlación de fuerzas que se dan en su interior en relación con los distintos momentos de la situación nacional. Por cierto esta diversidad refleja diferencias y contradicciones sociales y políticas determinadas. Aquí la radiografía del MD muestra líneas de definición sociopolítica nítidas, detectables a partir de la definición de los objetivos y los métodos adoptados por sus diferentes componentes. Así, a lo largo del período, las organizaciones gremiales, obreras y campesinas definen siempre, aunque no únicamente, sus objetivos de acuerdo a sus intereses inmediatos: salarios y condiciones de trabajo, revisión de la legislación laboral para el sector sindical. Tierras, insumos agrícolas y protección de la producción nacional para los campesinos. Sus métodos combinan las demandas con la negociación y los enfrentamientos toman sistemáticamente la forma de huelgas y ocupaciones (tomas) de tierras. Estas constancias permiten argumentar que en el interior del MD los intereses de clase sí se expresan claramente, aunque en el seno de fuerzas sociales que histórica y concretamente se definen de manera menos estricta. De todos modos, cada vez que están a la ofensiva los sindicatos y las asociaciones campesinas, las acciones que llevan a cabo a veces consiguen el apoyo del conjunto del MD. Pero otras veces (y a menudo) están desligadas del movimiento mayoritario de conjunto. Las que se suele llamar clases populares tienen por consiguiente una dinámica distinta a la de los otros actores del MD. Siempre son partícipes de las acciones de conjunto, pero no siempre están acompañadas en sus iniciativas propias. A la hora de las opciones decisivas, este hiatus resulta determinante. Las organizaciones de derechos humanos y los grupos ciudadanos de base (comités de barrios, comités de vigilancia, grupos eclesiales de base) desarrollan por su parte sus acciones siguiendo una línea algo errática, que oscila entre basismo y legalismo. Esas organizaciones ostentan perfiles muy diferentes. CHADEL, LAPPH o la Ligue Feminine contre la Torture sólo tienen en común un permanente distanciamiento con respecto a la acción política. SAJ y Veye Yo, organizaciones de base surgidas de las comunidades eclesiales de base, también tienen posicionamientos que los inciten a participar en las acciones antigubernamentales y antiestatales en general, no obstante su ideología radical muy cercana a la de Jean Bertrand Aristide, cuya base organizativa está conformada por esas organizaciones de inspiración católica en Puerto Príncipe. Finalmente las asociaciones y los clubs cívicos son el grupo de actores con los objetivos más globales y más políticos. La mayoría de las veces son los convocantes a las manifestaciones públicas. Sus métodos privilegiados son los posicionamientos radiales o escritos, con consignas que pretenden a una autoridad general sobre el movimiento. Además son el grupo puente con los partidos y reagrupamientos políticos. De allí su liderazgo indiscutido durante los dos primeros períodos, de enfrentamiento sistemático con los gobiernos de turno.

Dicho lo anterior y en congruencia con ello, los debates internos, las rivalidades y las oposiciones interna al MD se originan por lo general en el interior de este último grupo. Hay diferencias y matices, sin duda, en el interior del movimiento sindical, entre la FOS y la CATH; y distancias considerables entre CHADEL y LAPPH en el campo de los derechos humanos. Sin embargo, es dentro de las asociaciones cívicas, y por supuesto entre los partidos políticos, que se manifiestan las disputas y contradicciones que tanto pesan sobre la trayectoria del MD en su conjunto. Y estas disputas y contradicciones son de naturaleza ideológica y política. En consecuencia, la heterogeneidad del movimiento importa en dos niveles: el social y el ideológico. El nivel ideológico es el de la definición de las grandes problemáticas del momento: naturaleza del Estado, posicionamiento con respecto al poder, análisis del sistema político y participación o no en él, entre otros. El uso del “consenso” y del tèt ansanm” (unión o unidad, una de las expresiones emblemáticas del MD) ha contribuido, durante buena parte del periodo y luego para los analistas del mismo, a ocultar las profundas diferencias de intereses detrás de las “aspiraciones comunes” a la democracia y al desarrollo. Así la heterogeneidad social, si bien no es negada, se encuentra en cierto modo subsumida a lo ideológico. Más aun, cuando las batallas políticas apelan en determinados momentos a las diferencias sociales y al discurso de clase, se da de un modo totalmente instrumentalizado como se ve a partir de 1990.

Una segunda dinámica remite a la problemática del adversario. En ese plano el unanimismo juega a fondo y es en verdad eficaz. El MD tiene varios adversarios, pero escoge a uno para constituirse en oposición a él: el CNG, que representa o más bien simboliza al Estado represivo oligárquico. Es un consejo militar, pactado con fracciones duvalieristas, como lo demuestra su composición y promovido como garante del orden por los países organizadores de la salida de la familia Duvalier. Despierta, por lo tanto la desconfianza “espontánea” de la mayoría de la población o, por lo menos, de los sectores organizados. Se va construyendo esta oposición durante las primeras semanas del período y se hace explícita a partir del 26 de Abril. Empero, al focalizar el enfrentamiento con el CNG y los subsiguientes poderes de turno, el MD desatiende las luchas gremiales, o mejor dicho las subordina a su visión de quien es el adversario y cual el objetivo. En cierto modo se puede argumentar que el CNG aparezca naturalmente como el adversario común, por lo menos en los primeros momentos de conformación del movimiento que se presenta ante todo como una plataforma antidictatorial. Sin embargo, rápidamente este posicionamiento relativamente duradero indica la definición de opciones en cuanto a la relación con el poder político, y la existencia de fuerzas dominantes dentro del MD, precisamente las que toman esas opciones.

En medio de este panorama organizativo, permeándolo (y en parte constitutivo de él) se encuentra una instituciónpilar, social pero también políticamente: la iglesia católica. Varios años antes de 1986 se ha constituido como un guía político, además de su tradicional papel de guía espiritual. Al iniciarse el periodo disfruta de un prestigio indiscutible. Su influencia y su papel moldean las orientaciones del ala radical del movimiento democrático, entre otras razones, por el trabajo realizado por las comunidades eclesiales de base y por el renombre y la popularidad de su representante más radical en la ciudad capital: Jean Bertrand Aristide. Capitalizando sobre el mensaje lanzado por el papa en 1983: “Algo tiene que cambiar aquí”, Radyo Soley, la emisora de la iglesia católica, ha sido un órgano y un símbolo de la resistencia al duvalierismo a partir de 1983. El cierre de esa emisora por parte del du-valierismo moribundo ha contribuido a fortalecer esa imagen. Huelga decir que la iglesia progresista tiene arraigo no sólo en Puerto Príncipe, sino también en varias ciudades de provincia donde otras figuras, como la del padre Romelus en la ciudad sureña de Jérémie, o el padre Tilus en Les Cayes, también en el Sur, profesan los mismos posicionamien-tos a favor de un cambio social. Sin embargo, la trayectoria política de la Iglesia como institución será, durante todo el periodo, una historia de compromisos y de ambivalencias que, a fin de cuentas, la coloca a menudo en confrontación con el gran movimiento por el cambio que se despliega en 1986.

Las organizaciones propiamente políticas (partidos y similares) son asimismo actores fundamentales a lo largo de esos veinte años. Al iniciarse el periodo, esas organizaciones representan por lo general las aspiraciones de una serie de líderes y personalidades mucho tiempo exiliadas o apartadas del escenario político: Comunistas (Parti Unifié des Communistes Haitiens-PUCH), socialistas (Inyon Fòs Patriyotik ak Demokrat Ayisyen-IFOPADA), demócrata cristianos (Parti democrate-Chrétien d’Haiti-PDCH; Rassemblement des Démocrates Nationaux Pro-gressistes-RDNP). Es difícil medir su capacidad de convocatoria debido a su débil arraigo dentro del país. Algunos líderes regresan con una indudable aureola de prestigio por su pasado antiduvalierista. Otros tratan de confirmar una reputación de tecnócratas modernizadores. Se destaca el caso del pastor Silvio Claude, dirigente del Partido Demócrata Cristiano, por su trayectoria de activista antiduvalierista dentro del país previo al 7 de febrero de 1986. Ello hace a su real popularidad pero, también, tal vez a su singularidad con respecto al conjunto del MD, al cual, hasta su asesinato en 1991, nunca se incorporó del todo. Todos ambicionan tomar la dirección del amplio movimiento popular que apenas se dibuja. Pero, por su extracción de clase, como por su trayectoria y cultura político-organizacional, los demás dirigentes y activistas de esos partidos se encuentran rápidamente inmersos dentro del MD y con tan sólo un discurso o una identificación declaratoria con respecto a los sectores populares tanto urbanos como rurales.

Dentro del MD la sobrepolitización es, desde un principio, una característica distintiva. Este calificativo remite a la naturaleza misma del movimiento. En primer lugar se ha visto que se trata de un movimiento receptáculo de todas las formas de expresión, de todas las modalidades organizativas, de todos los intereses y de todas las reivindicaciones an-tiduvalieristas. La bamboche démocratique es ante todo esto. Lo político se impone, por lo mismo, como la estancia más abarcadura de tan amplio abanico de proyectos. Otra explicación reside en la convicción declarada, y que perdura a lo largo de la existencia del MD, de que las soluciones y la capacidad de actuar vendrán siempre y sólo de “arriba”, léase del poder y, por excelencia, el poder político. Parecería que los mismos reflejos de autoridad (que derivarán hacia el autoritarismo sin frase) tanto impregnan a la sociedad en todos sus componentes que su reacción espontánea es adherir a los mismos valores que están siendo rechazados por ella; en este caso, la fe en soluciones verticales. En congruencia con ello, doblegar, retar, o incluso buscar la toma del poder se convierte en una meta en sí, y en todo caso, una prioridad con respecto a la definición del para qué de ese objetivo. Y por supuesto, en un contexto en el que las definiciones, las organizaciones, la definición de estrategias y de metodologías son ejercicios morosos porque nuevos y poco enraizados en el quehacer social, la tarea organizacional es eternamente postergada y las formas organizativas aparecen casi intercambiables. Las consecuencias de estos descuidos son drásticas para la suerte del movimiento.

Dicho esto, las acciones llevadas a cabo por el MD son precisamente de naturaleza política y apuntan hacia la transformación social vía la redefinición del sistema político. Por eso es que la periodización elaborada para los veinte años se apoya ante todo en la vida política. Las fechas corte han sido escogidas en función de la evolución de la estrategia del MD con respecto al poder, a saber: Primero, el enfren-tamiento creciente hasta llegar al borde de la insurrección. Segundo, el giro y la adopción de una estrategia electoral, que lleva el MD a una experiencia del poder. Tercero, su absorción por el sistema político y el ocaso del MD. A modo de epílogo, un repunte del movimiento social se da alrededor de 2003-2004, pero a manera de sobresalto nostálgico, por no decir de caricatura.

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El MD frente al estado: la mirada histórica

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Les lendemains qui chantent

La salida de Jean-Claude Duvalier del país, el 7 de febrero de 1986, abre una primera “mini coyuntura” que merece cierto detenimiento. En una primera aproximación y por las circunstancias que rodean el acontecimiento, se trata de un cambio de régimen y no solamente de gobierno. Se produce en medio de una creciente oposición abierta, la cual se expresa en varios sectores socioeconómicos y múltiples regiones geográficas; es precedido por una mezcla de medidas represivas o apaciguadoras por parte de la dictadura, como la baja de precios de algunos productos básicos; e incluso, un tardío cambio de personero gubernamental. Sin embargo, en tanto salida de dictadura, por sus modalidades se aparenta a una especie de fin de reino, mejor monitoreado de lo que parecen pensar los actores que se lanzan a celebrar. Tres procesos concomitantes moldean el surgimiento del MD: (i): una exaltación de lo simbólico: la libertad reconquistada, el restablecimiento de la bandera azul y roja que había sido sustituida con otra, negra y roja, por Francois Duvalier, etc. (ii) una competencia desatada inmediatamente por posicionarse en el escenario político. Esta carrera de popularidad e influencia concierne sobre todo a las instituciones religiosas, los grupos y personalidades políticos, las instituciones cívicas que surgen de la noche a la mañana; y (iii) la manifestación también inmediata de organizaciones gremiales portadoras de demandas relativas a la condición socioeconómica de los trabajadores y de las masas populares en general. La definición del MD es tributaria de esta trilogía al presentarse como un movimiento multiforme con solo dos espacios comunes de expresión: la prensa y la calle. Desde sus prolegómenos, los elementos que van a conformar el MD solo disponen de la opinión pública como tribuna. Al respecto, las observaciones de Moise y Ollivier (1992) para el periodo que cubre la segunda mitad de los setenta corresponden efectivamente a un momento en la constitución del MD. En efecto, en el análisis de estos autores, la definición del MD se asemeja mucho más a un proceso político que a un actor propiamente dicho, (“le mouvement démocratique était alors politiquement informe”). Al estallar el movimiento popular consecutivo al 7 de Febrero, se plantea de inmediato el problema de la conformación misma del MD, o sea, de la organización aunque elemental de esta potente energía popular que se expresa en marchas (tal la marcha de mujeres del 3 de Abril), mítines, debates radiales, limpieza de calles y pinturas murales. Durante esas primeras y cruciales semanas el movimiento tiene pues varias velocidades, de las cuales dos se destacan por sus consecuencias en la definición que adoptará el movimiento a partir del verano de 1986. El primer ritmo (la primera velocidad) es el de los trabajadores. No siempre toma la forma de huelgas y tampoco es impulsado sistemáticamente por los sindicatos. Domina indiscutiblemente el debate público, entre otras cosas porque afecta primero a las empresas y a la administración públicas. Pero más relevante aún es la problemática que esos movimientos traen al debate. En efecto, todas las empresas afectadas por las movilizaciones o los movimientos huelguísticos plantean el problema de la naturaleza de la política económica del gobierno y de la suerte del sector público de la economía. Así, sucesivamente: la TELECO (compañía telefónica), la fábrica de aceite ENAOL, la de harina (Minoterie d’Haiti), la de azúcar (el Central Darbonne) se convierten en lugares de acaloradas discusiones acerca del destino de las empresas públicas. Es significativo señalar que esta discusión se despliega públicamente después del 7 de Febrero pero que antecede la caída de la dictadura. La salida de Duvalier se produce en un momento de redefinición del proyecto económico de la dictadura, en vísperas de un giro hacia un liberalismo radical. El cambio de gobierno da por lo tanto la señal de una lucha férrea para mantener o modificar este rumbo. La gran novedad es que al salir de los pasillos ministeriales y de las oficinas manageriales el debate se democratiza, en el sentido de que provoca reacciones y posicionamientos públicos de los interesados. Los empleados y trabajadores pueden hacer oír su voz que defiende la propiedad estatal de esas empresas. Las asociaciones empresariales, y en especial la Association des Industries d’Haiti (ADIH) salen entonces directamente a defender sus intereses. No pertenece a este espacio estudiar como tales la composición y la estrategia del sector empresarial haitiano, ya que no integra el MD. Sin embargo, en este primer momento de definición de las agendas, de las fuerzas y de las estrategias, su papel como contrincante del sector laboral, y sindical en particular, adquiere mucha relevancia. Entre otras razones porque aparece durante los primeros meses tras la partida de Jean Claude Duvalier y pudo haber modificado la configuración del MD y la definición de su adversario, aunque fuese un tiempo. La confrontación toma rápidamente la forma de una relación triangular donde el CNG sale a defender la línea neoliberal al tiempo que reitera las medidas de apaciguamiento ensayadas sólo semanas antes por la dictadura moribunda; mientras que deja periclitar y luego cerrar, en mayo, la empresa estatal ENAOL. Y sobre todo toma pretexto de la crisis financiera para negarse rotundamente a considerar las demandas de aumento salarial. Tan temprano como el 21 de febrero el ministro de finanzas, Marcel Léger, afirma: “Será difícil acceder a las reivindicaciones salariales formuladas por los funcionarios públicos dadas las actuales dificultades presupuéstales y la obligación de respetar el programa financiero establecido con el FMI. Tampoco se puede considerar un aumento del salario mínimo”. Los empresarios hacen su parte al intimidar más o menos directamente a los trabajadores, amenazados con perder su trabajo (por lock out) si persisten en sus demandas. Febrero-marzo es por lo tanto un momento de disyuntivas, que sectores fundamentales de la economía aprovechan para medir fuerzas y tratar de hacer valer sus intereses. El resultado es rotundo: no sólo las reivindicaciones laborales son denegadas, sino que el proceso de venta y privatización del sector público de la economía marca sus primeros puntos decisivos

El segundo ritmo es el del despliegue de las demandas ciudadanas; las más articuladas en un primer momento tratan de justicia y de libertades civiles. Ya, el mismo 7 de febrero, los presos políticos son liberados por un comunicado del CNG. La Liga de Antiguos Presos Políticos de Haití (LAPPH) es creada poco después. La mayoría de las asociaciones cívico-políticas surgen en los primeros días del período: el MAD nace el 14 de febrero; El Club Patriotique 7 Février, el 8 del mes, y así sucesivamente. Hay por lo tanto una simultaneidad entre la agitación laboral y la efervescencia cívico-política. ¿Qué quieren esas asociaciones “democráticas”, como casi todas se califican explícitamente? “Contribuir al establecimiento de una democracia representativa y participativa”, resume bastante bien las orientaciones primitivas del conjunto de esta corriente. Al focalizar esas organizaciones sus acciones hacia la consecución de los derechos civiles y políticos, se establece un claro paralelismo entre el movimiento gremial y el de esas asociaciones. Los eventos del 26 de Abril van a provocar dos cambios de consideración: Propician la toma del liderazgo del MD por el sector cívico-político, y plantean la confrontación entre el MD y el CNG como la dinámica política principal.

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El engranaje de la confrontación

El sábado 26 de abril de 1986 una manifestación conmemorativa convocada por los familiares de víctimas de los Duvalier es reprimida a tiros por el ejército en el momento en que se dirigía hacia el cuartel desafectado de Fort Dimanche, ex cárcel de la dictadura y símbolo de la represión duvalierista. Mueren por lo menos seis personas y los heridos superan los veinte. El hecho produce una conmoción en varios aspectos. Primero, despierta la instintiva desconfianza de la población hacia un ejército tradicionalmente conocido por su papel represivo pero que se había presentado desde el 7 de febrero más bien como una fuerza de equilibrio, sino de moderación. Al respecto la composición del CNG debe ser destacada: hasta el 22 de marzo incluye a Gérard Gourgue, una figura relevante del mundo asociativo, del sector de los derechos humanos. La salida de Gourgue indica, por cierto, las ambivalencias del sector democrático hacia el gobierno civil-militar. Pero la salida también, por otra parte, del muy criticado Alix Cineas había preservado un tanto la imagen moderada del CNG y su presidente Henri Namphy es visto por varios sectores como el garante de una actitud de apertura por parte de los militares. Empero el 26 de abril, el ejército aparece de nuevo con su cara de fuerza de represión interna que históricamente tantas veces ha asumido. Segundo, el evento desata un debate dentro del MD acerca de la naturaleza del régimen y del poder político de turno con respecto al duvalierismo en general. La confrontación entre el MD y el CNG es básicamente un enfrentamiento entre, por un lado, una sociedad civil sedienta de libertades y de derechos y, por otro, la continuidad del duvalierismo (aun en su cara reformista con Henri Namphy). Ahora bien, diversas representaciones de las funciones del Estado coexisten dentro del MD. Para el ala radical, el CNG es la materialización del Estado como aparato represivo; y esta corriente llama a la movilización en su contra. Entre las organizaciones representativas de esta posición se encuentran el Komite Inite Demokratik (KID), también la Ligue des Anciens Prisonniers Politiques Haitiens (LAPPH). Pero otro sector se inclina más bien hacia la moderación y la expectativa, y dicha posición es encabezada por la Iglesia Católica. Aquí vuelven a operar como fuerzas políticas de contención y de equilibrio las dos instituciones pilares del poder tradicional: la Iglesia y el ejército. Esta coyuntura es en efecto la primera de una serie de situaciones en las que la Iglesia juega con los dos filos de la navaja: temporiza con los sectores más radicales y mantiene con su ala progresista una presencia al lado de, y adentro del MD.

Entre el 26 de abril y el verano de 1986 la tensión se acrecienta y los enfrentamientos ocurren casi diariamente. Los sectores democráticos radicales (derechos humanos, iglesia progresista) son presionados y a veces acorralados por el CNG. Así por ejemplo, las amenazas se hacen más graves en contra del padre Jean Bertrand Aristide a tal punto que su exilio es, un tiempo, considerado como una eventualidad. La ofensiva toma también la forma de una movilización por la justicia. En este campo algunos avances parecen vislumbrarse con el inicio de una serie de juicios en contra de grandes criminales de la dictadura. Pero la mayoría de esas acciones judiciales no son completadas. Se puede mencionar por ser considerado como una (modesta) victoria, el juicio del verdugo Samuel Jérémie, quien es condenado a 15 años de cárcel tras un juicio tortuoso y no exento de obstáculos de todo orden. Por otra parte las manifestaciones callejeras violentas se producen cotidianamente en los barrios populares del centro de la ciudad (Saint Jean Bosco, el barrio que alberga la iglesia donde oficia Aristide) y hacia el norte (Cité Soley). Las ciudades de provincia no están exentas de esta agitación. Las demandas se radicalizan: dimisión de William Regala, general y ministro del interior; y de Leslie Delatour, ministro de finanzas. Los sectores gremiales y sindicales aumentan la presión para incrementos salariales. Los sindicatos más cercanos (política y socialmente) al ala cívico-política ganan algunos puntos: se inicia una campaña de alfabetización estatal con el ONPEP (Oficina Nacional de Participación y Educación Popular), y eclesial con Misyon Alfa de la Iglesia Católica. Esta ofensiva democratizadora alcanza el mundo de la información con una batalla (perdida) para la democratización de la televisión y la radio públicas. Pero es en el plano económico donde los enfrentamientos se tornan más virulentos. En particular el comunicado que liberaliza la importación de aceite comestible desata, tanto por parte de los sectores laborales como del industrial, una ola de protestas. Las manifestaciones claramente dirigidas en contra del ministro Delatour alcanzan todas las regiones del país. El ejército tiene que intervenir en varias oportunidades para retomar el control de las calles.

Ante esta reacción del poder, el 4 de junio el MD intenta una primera prueba de fuerza frontal, al emitir un llamado en tres puntos: salida del gobierno de William Regala y de Leslie Delatour; recomposición del CNG con la inclusión de representantes del movimiento democrático; huelga general el 10 de junio con el objetivo de derrocar al gobierno en caso de no cumplimiento de los puntos reclamados. La respuesta del consejo de gobierno es inmediata: el 7 de junio, en una declaración con claros acentos populistas el general Namphy hace público un calendario político que se extiende hasta febrero de 1988 y prevé la nominación de una Constituyente; la adopción de la nueva constitución que debe emanar de esta asamblea; la organización de elecciones para la instalación de un nuevo ejecutivo el 7 de febrero de 1988. Esta réplica política del CNG contribuye a orientar aún más al movimiento hacia el terreno político, al tiempo que desvía las luchas populares lejos de dos expedientes cruciales que eran objeto de batallas en las que convergían sectores fundamentales de la economía. En efecto, el calendario político no sólo debilita el MD al descebar su estrategia de retar al poder, ya que abre en principio todo un campo a la participación y la elección populares; también lanza el MD en otra dirección, nítida sino exclusivamente política, en desmedro de las luchas socioeconómicas que estaban cobrando cierta envergadura. En síntesis, los primeros elementos para definir el carácter de la transición surgen desde esta primera fase: detrás de la agitación socio-política se ha desatado una lucha férrea para preservar los intereses de los sectores dominantes (empresariales y políticos -suelen ir de la mano, particularmente en Haití) y encaminar la economía hacia una apertura total al mercado, al tiempo que, a partir de la manifestación del 26 de abrilde 1986 y sus repercusiones, la lógica de confrontación entre el gobierno y el MD se instala como modus operandi. En los hechos, tres tendencias se van desdibujando durante estos primeros meses. El movimiento popular (re)surge y se estructura alrededor del MD; las luchas sociales conocen un primer auge con un contenido de clase explícito, antes de plegarse al liderazgo y al análisis de la situación que hacen los sectores asociativos y políticos; empieza el quiebre de la economía duvalierista mixta, en desmedro de la producción local, agrícola y pública en particular.

La segunda coyuntura de esta fase de ofensiva-confrontación entre el MD y el poder está contenida entre junio y agosto de 1987. Esta coyuntura ve el desarrollo y la culminación de la tentación insurreccional. Es precedida por un año de febril contienda; el MD oscila entre métodos de guerra de posiciones y acciones dirigidas a marcar puntos en el terreno político. Así, el 7 de noviembre de 1986, una imponente marcha marca el repudio general del asesinato del joven Chariot Jac-quelin, un joven monitor de alfabetización, militante católico, considerado entonces como un mártir de la resistencia democrática. Asimismo, en el debate alrededor de la Constitución, las posiciones evolucionan desde una casi unánime indiferencia respecto de la Constituyente hacia un acalorado debate entre dos facciones del MD acerca del referéndum del 29 de marzo del987, cuando se aprueba la nueva constitución. La discusión no es, por lo demás, entre legalistas y revolucionarios, sino que gira en torno al carácter oportuno o no de privilegiar la cuestión constitucional y otros asuntos relacionados con la construcción del Estado con respecto a la lucha política. Así, las medidas anunciadas el 26 de Junio por el gobierno relativas a la descentralización, movilizan todo un sector del MD y, en particular, las organizaciones político-cívicas: el MAD, el Club Patriótico 7 de Febrero participan al debate e incluso lo animan, al lado de ciertos partidos. Estos últimos ocupan un tiempo el escenario con la propuesta de ley sobre los partidos políticos publicada por el CNG el 19 de julio. Si bien en el momento, este hecho es eclipsado luego por otros temas, constituye en realidad la primera pieza sobre la que se monta después la influencia creciente de los partidos en el proceso. Por ello, las posiciones respecto del referéndum sobre la constitución son diversas en sus argumentaciones y, sobre todo, alguna de las partes llega a plantear como alternativa una vía de lucha no legal. Y es que, paralelamente a la implementación de su calendario político, el CNG ha entrado a fondo en la dinámica de confrontación y despliega una política de represión sistemática de los movimientos callejeros y de las manifestaciones públicas en general. Se trata de una contraofensiva que utiliza -entre otros- la sistemática respuesta militar a todas las iniciativas de movilización del MD. Por su parte, y a pesar de repetidas intimidaciones, los sindicatos realizan adelantos reales. Se trata por cierto de un sector atravesado por divergencias, entre las dos centrales sindicales por ejemplo. Sin embargo, los mencionados adelantos en materia de coordinación de acciones y de estructuración, sólo sientan las bases para lo que será una de las últimas participaciones destacables del mundo sindical, un año después. Concurrentemente, en el campo de la agitación social se intensifica y la represión también, con decenas de arrestos, so pretexto de combatir las invasiones de tierras. Esta acumulación de focos de tensión social va configurando un panorama que, aunado a este proceso crescendo de medición de fuerzas y de confrontaciones, culmina, del 15 de junio hasta fines de agosto, 1987, con la huelga insurreccional “rache many ok”. Se trata del momento más álgido de la trayectoria de confrontación del MD con el consejo de gobierno. También pone al desnudo fracturas perceptibles durante los debates anteriores dentro del movimiento, pero que no lo habían dividido hasta esa fecha. El verano de 1987 abre así una coyuntura que ya no permite marcha atrás en la confrontación con el CNG.

Las circunstancias que inician el movimiento insurreccional son ya una indicación de que se trata del resultado de una confrontación creciente y constante entre el MD y el gobierno militar provisional. Se trata en un principio de las consecuencias de un llamado a la huelga por parte de la central sindical CATH. Es significativo por cierto que, en un principio, los principales líderes del MD, particularmente el KO-NAKOM, y también partidos políticos, como el partido comunista -PUCH- hayan criticado este llamado y se hayan desolidarizado de él.

Aprovechando tal vez esta circunstancia que parece señalar el aislamiento y cierta debilidad de la CATH, una semana después del inicio del movimiento, el CNG atesta un golpe al mundo sindical al pronunciar la disolución de la CATH cuyo local es saqueado. Al mismo tiempo, en una clara maniobra de diversión, publica el decreto electoral. Empero, el MD contesta días después con una convocación a la huelga general para obtener la renuncia del CNG y rápidamente el movimiento evoluciona hacia una huelga insurreccional. Los cuadros del MD se reúnen en una especie de directorio ecléctico del movimiento, que cuenta en principio con 57 grupos y organizaciones; de allí su apelación de “grupo de los 57″ en la prensa y la literatura sobre la época. Algunos partidos políticos integran directamente el grupo pero en general no en posición de dirigentes; están más bien en una situación de benevolentes observadores.

El problema central que plantea Rache manyóle es el de la naturaleza del Estado y del posicionamiento del MD con respecto al poder. Al analizar esta problemática Jean Claude Jean et Marc Maesschalk (Jean et Maesschalk, 1999: 66 y sig.) identifican claramente las líneas de fractura dentro del MD. Por una parte, en efecto, el movimiento popular (que los autores identifican como las organizaciones de base, los sectores populares y los grupos eclesiales progresistas) postula una batalla por la desduvalierización del poder como condición para la efectiva implantación de la democracia en el país; ello supone el mantenimiento del horizonte de un sistema democrático representativo, con libertades cívicas y un estado de derecho, pero naturalmente sobre la base de la consecución previa de la erradicación del elemento dictatorial, es decir, duvalierista dentro el Estado. Para los partidarios de este posicionamiento, la conquista del poder no se plantea por lo tanto como un objetivo a alcanzar para su ejercicio directo, porque “.. .habían entendido que frente a la bien rodada máquina duvalierista, protegida además por las todopoderosas Fuerzas Armadas de Haití (FADH), no podrían aguantar. (…) mucho tiempo. Simplemente reclamaban el derecho a constituirse como actores antes de ir a la negociación.” Así, su constitución como actores supone el rechazo radical del CNG como aparato duvalierista, mas todavía no del Estado como tal. Changer VEtat permanece pues como un horizonte de más largo plazo. Otro sector en el que se encuentran buena parte de las organizaciones cívicas, algunos sindicatos y la mayoría de los partidos políticos, postula un rache manyóle por la vía electoral. Para ellos “la prioridad del momento era la implementación de las condiciones formales indispensables para el advenimiento en el país de un verdadero Estado de derecho”. Ahora bien, Jean y Maesschalk consideran que esta fractura se manifiesta durante el verano de 1987. Pero la reconstitución de la cronología parece indicar más bien que esta segunda posición es formulada posteriormente, ante la imposibilidad de mantener la primera. De hecho el estado mayor de la operación Rache Manyók está compuesto con las mismas asociaciones cívico-políticas que luego de los reveses de agosto deciden lanzarse al desarraigo por las urnas. Un examen de la composición del grupo de los 57 que encabeza el movimiento insurreccional lo indica claramente. Organizaciones tales como el Congreso de las organizaciones del Movimiento Democrático -Konakom- las centrales sindicales cuya represión y disolución por parte del CNG desencadenaron la crisis, el movimiento de mujeres, grupúsculos políticos aventureros también, conforman algunos de los cuadros del movimiento; emiten las consignas y moni-torean las acciones. Pero meses después son también ellos los que integran el Frente Nacional para el Cambio -FNC- que se lanza al asalto del poder votos en mano. Por consiguiente existe efectivamente una línea de fractura a nivel del análisis de la naturaleza del poder interpretado como la continuidad de la dictadura, pero esta línea de fractura se revela más bien con el tiempo, como una evolución de la estrategia del MD ante el fracaso de su embestida contra el gobierno militar .

En cambio otras diferenciaciones decisivas aparecen durante esas semanas insurreccionales. Atañen a la definición de las prioridades del movimiento y determinan el rumbo electoralista definitivo que toma el MD a fines de agosto. En efecto, algunas organizaciones del mundo asociativo optan desde un principio por no participar en el movimiento insurreccional. El MAD, por ejemplo, es dividido al respecto, pero relativamente aislado del movimiento. Asimismo, los partidos políticos, enfrascados en discusiones acerca del decreto electoral recientemente publicado, condenan en su mayoría el rache manyók. Para esos grupos la prioridad es el camino ordenado e institucional hacia el Estado de derecho. El calendario político del CNG aparece como la vía obligada para un cambio gubernamental y político y en plena agitación política, el 6 de agosto, el Consejo Electoral Provisional produce y entrega la ley electoral. La huelga general insurreccional es por consiguiente una acción propia del MD, que algunos partidos apoyan, pero sin identificarse con ella. Otro acontecimiento de importancia se manifiesta en el transcurso del mes de julio. A finales de ese mes, es conocida la masacre de campesinos perpetrada en la localidad de Jean Rabel, en el departamento del noroeste, por parte de miembros de dos familias oligárquicas terratenientes de la región. El drama interpela por su gravedad; pero además evidencia la ferocidad de las reacciones oligárquicas frente a las reivindicaciones campesinas, y recuerda, mutatis mutandi, el férreo control que mantiene el empresariado sobre el mundo sindical. Se observa entre el movimiento campesino y el MD el mismo paralelismo que ya se ha señalado entre el MD y las organizaciones laborales, si bien el despertar organizacional campesino ha sido saludado en su momento por el MD. Las protestas y manifestaciones de repudio a la masacre de Jean Rabel son unánimes por cierto, pero el campesinado permanece aún al lado del MD, no lo integra plenamente. Sus vínculos con el movimiento pasan por las organizaciones de izquierda de la iglesia católica, pero estos grupos tampoco logran tener una influencia decisiva en el movimiento campesino.

Finalmente, el verano de 1987 es también la coyuntura en la que se evidencia la dicotomía izquierda/derecha en el seno de la iglesia católica. Hasta entonces, la jerarquía católica y las comunidades de base habían desarrollado una especie de baile-hesitación, asumiendo por turno el papel principal y callando en lo posible las (conocidas) contradicciones entre ellas. Pero la radicalización del movimiento social en su globalidad, y los enfrentamientos cada vez más violentos entre las fuerzas de represión y los jóvenes de los barrios populares de la capital implican cada vez más al territorio de la parroquia de Jean Bertrand Aristide. Aunque no integra en principio la dirigencia de la huelga insurreccional, el sacerdote es asociado con las acciones de sus seguidores. Luego, rumores de un exilio planificado por sus superiores, seguidos por un intento de asesinato en su contra el 23 de agosto lo proyectan delante del escenario. De hecho, en una conferencia de prensa el 20 de agosto, Aristide se pronuncia a favor de una opción política de izquierda para la Iglesia. En esa coyuntura toma cuerpo y se desarrolla alrededor de su figura un movimiento de jóvenes en la parroquia de Saint-Jean Bosco y los barrios populares de Puerto Príncipe.

Ahora bien, la huelga insurreccional conducida por el núcleo radical de las organizaciones cívico-políticas experimenta derrota tras derrota y se reduce a unos enfrentamientos sangrientos pero que en nada permiten avanzar en la confrontación, es decir, marcar puntos o negociar demandas. Lo que el 29 de Junio se había declarado como un movimiento de dechoukaj sin miras a concesiones termina, después de una serie de embestidas fracasadas y un sinnúmero de manifestaciones callejeras y de jornadas de huelga general vencido por la represión y la falta de perspectiva. A finales del mes de agosto de 1987, es un movimiento golpeado pero ante todo, fraccionado y que comparte sobre todo la derrota, que se disuelve al tiempo que la problemática electoral se impone como vía alterna a la revolución.

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Derrocar al poder con el arma del voto

La tercera coyuntura de esta fase de enfrentamiento del MD con el CNG es de particular importancia, ya que a partir del desenlace de esa coyuntura el movimiento empieza a disolverse en la dinámica propiamente política que pone los partidos políticos en la delantera. Es, en efecto, una coyuntura clave por el cambio de dominancia que se produce en el seno del movimiento social. Al terminar esta tercera coyuntura, o sea, a partir del 30 de noviembre de 1987, son los partidos políticos los que van ganando espacio e influencia en desmedro de los otros grupos del MD. Ello propicia una evolución peculiar de varias de las organizaciones que lo integran, como la mutación de diferentes asociaciones cívico-políticas en organizaciones partidarias. Dichos cambios ocurren en buena parte como un efecto de la derrota del rache manyóle. De hecho, la movilización popular producto del intento insurreccional insufló un dinamismo nuevo a las masas y se plantea ahora el problema de los canales para su participación política. Pero además la cuestión electoral, mucho tiempo postergada en la agenda del MD, aparece ahora como una oportunidad para operar una especie de rache manyóle dentro de un marco legal. En esta coyuntura, que se extiende del 22 de Agosto al 30 de Noviembre, el MD se plantea así una nueva estrategia: la de derrotar el CNG y el duvalierismo en las urnas. Para decirlo en palabras de una de sus organizaciones miembros: “Las elecciones de 1987 son un medio para que el pueblo reivindicativo diga NO al Estado macoute. Son un medio para que diga que quiere instituciones para que las prácticas democráticas se arraiguen en nuestra sociedad.”. El MD emprende de este modo un camino de naturaleza muy diferente del que había tomado en Abril de 1986; pero con respecto al gobierno se trata de una batalla más en el terreno de la misma confrontación vigente. Una batalla cuyas reglas verdaderas no son conocidas en realidad, y que se desarrolla en condiciones tales que el acto electoral aparece rápidamente como un desafío popular al poder. De modo que un ejercicio por naturaleza cívico y pacifico desemboca en una masacre.

Cuando se forma le Front National de Concertation – FNC, el 22 de agosto de 1987, de inmediato se presenta prácticamente como el vehículo de la movilización para una participación electoral anti duva-lierista. En su núcleo el FNC está compuesto por las asociaciones que habían integrado el grupo de los 57 pero otras organizaciones se juntan, en particular, partidos políticos y organismos de derechos humanos. El reagrupamiento tiene tres metas declaradas: impedir la victoria de algún grupo o tendencia duvalierista; desplazar al personero político-militar del gobierno, propiciando la candidatura de Gerard Gourgue, y seguir involucrando a amplios sectores de la población en la política fuera de los canales clásicos del apoyo o de la afiliación a un partido. Se insinúa aquí uno de los rasgos que, combinado con otros, caracteriza hasta la actualidad la relación población-partido político en Haití. De hecho, como movimiento, el entusiasmo electoral de 1987 a favor de Gourgue puede ser comparado al de 1990, tres años más tarde, en beneficio de Aristide. Una modalidad duradera se inaugura, que separa el voto electoral de las propuestas y proyectos políticos defendidos por colectivos estructurados – los partidos. Así, en los comicios se expresan aspiraciones que bien pueden ser reflejadas en un discurso o una personalidad; no se elige necesariamente a un equipo para aplicar un programa o concretizar un proyecto. Mientras existe un movimiento social para portar esta fórmula, se puede considerar que se trata de una modalidad peculiar de organización del sistema político, pero si el movimiento social refluye o se disuelve, al dejar de promover intereses colectivos, esta modalidad se torna disfuncional. Entonces, el sistema político es instrumentalizado o debilitado por individuos o grupos particulares, y el Estado también.

Por lo pronto, la estrategia desplegada por el MD consiste esencialmente en apoyarse en el CEP. La formación de esta institución había movilizado un tiempo a la sociedad civil, pero una vez instalado, el CEP había sido claramente relegado a un segundo plano. Incluso cuando, a principios de junio, el Consejo había llamado a una conferencia de prensa para exponer sus dificultades con el gobierno, su causa fue eclipsada días después con la huelga de la CATH y el inicio del rache manyóle. La derrota del movimiento insurreccional es, pues, el momento propicio para un regreso político del CEP, y la nueva estrategia del MD coincide con ello. El CEP será pues el brazo institucional del MD y sufrirá por lo demás todas las consecuencias de esta situación. En efecto, como ya se anotó, otro aspecto de la estrategia consiste en cerrar el camino a todas las formaciones políticas vinculadas directa o indirectamente al duvalierismo. Entre septiembre, cuando el CEP hace un llamado a la sociedad civil para organizar las elecciones, y el 31 de octubre, día de la publicación de las candidaturas aceptadas, el espacio electoral se convierte en un autentico campo de batalla con la intervención abierta de los duvalieristas dentro de este espacio. Las posiciones del CEP son conocidas y la dinámica política que se desprende de ello y del apoyo militante del que se beneficia desemboca en una violencia creciente y extrema: incendios y saqueos de todas las instalaciones del CEP en provincia -y hasta de su sede capitalina el 2 de noviembre- asesinatos políticos de los cuales los más notorios son el de Louis Eugene Attis, el 2 de agosto, y el de Yves Volel, el 13 de octubre. Paralelamente, las candidaturas de connotados duvalieristas se multiplican, prácticamente a modo de provocación. En congruencia con las acciones represivas del gobierno durante el verano anterior, esta violencia que en ningún momento es contrarrestada o combatida por el CNG, expresa con creciente nitidez las profundas ataduras de este último con el régimen que ha reemplazado menos de dos años antes.

Hay que regresar de nuevo al papel de la Iglesia y, entre otros posicionamientos públicos, a su llamado a votar del 5 de Octubre; una vez más esta institución se encuentra enfrentada al CNG. Ejército e Iglesia llegan, en esta coyuntura, tal vez a su nivel de enfrentamiento más alto desde la caída del Jean Claude Duvalier. La jerarquía católica se posiciona abiertamente, aunque con un lenguaje moderado y aparentemente sin tomar partido. En efecto, el solo llamado a votar significa de alguna manera un respaldo al meollo del programa político del MD. También que queda claro para todos los actores que los ataques en contra del CEP, de sus miembros y de sus instalaciones, provienen de círculos cercanos a la esfera gubernamental. Se trata de un enfrenta-miento cuyo desenlace será: o la ruptura con el viejo orden duvalierista que no admite ningún margen de elección y de participación ciudadana, o el mantenimiento de dicho orden, lo cual implica la continuidad del tradicional sistema de poder excluyente que representa la corriente duvalierista. El mes de noviembre es por lo tanto el momento en el que caen todas las máscaras.

Las abortadas elecciones de 1987 con la masacre de votantes al que da lugar por parte del ejército respaldado por comandos de civiles armados, marcan a la vez el punto culminante del enf rentamiento entre el MD y el CNG, y el inicio de la redefinición de alianzas y de un reequilibrio dentro de la relación entre organizaciones cívicas y partidos políticos. Primero hay un claro reflujo del movimiento de masas. La violencia represiva acumulada en esos dos años, con un compás creciente y un alcance cada vez más amplio, territorial y políticamente, han golpeado severamente a toda la sociedad y los espacios de expresión clásicos se han cerrado. El gobierno militar despliega durante dieciocho meses más una campaña de terror que lo conduce por lo mismo a una des-legitimización creciente, a medida que se va profundizando una crisis en el interior del ejército. Escapa al tema de este trabajo analizar dicha crisis; pero importa señalar que durante esos meses se la profundiza la represión, en las ciudades y en el campo, con consecuencias directas y duraderas sobre el movimiento social. La represión anti-sindical recrudece, con intervenciones del ejército en los conflictos sindicales y la ocupación de empresas. En otro plano, el enfrentamiento entre las dos alas de la Iglesia resurge y se profundiza. En octubre de 1988 el anuncio de una orden de transferencia de Aristide a Roma desencadena una fuerte movilización acompañada de manifestaciones que atestiguan de cierto vigor aún del movimiento popular, o por lo menos de sus trincheras más fuertes. El sacerdote se niega a cumplir la orden de Roma y es excluido de la orden de los Salesianos. Por lo pronto, permanece anclado en sus posiciones revolucionarias y anti electoralistas.

En que atañe al conjunto del MD, se producen tres evoluciones significativas. La primera es la conquista definitiva del liderazgo del movimiento por las organizaciones los partidos políticos. Las circunstancias lo dictan ya que, a pesar de haber anihilado en la sangre las elecciones del 29 de noviembre, el CNG no puede ignorar la necesidad de organizar una operación electoral. Y son naturalmente los partidos políticos, algunos de los cuales han expresado sus frustraciones con el CEP, los que son llamados a participar en el ejercicio. Y si bien varios de ellos se niegan a avalar el sangriento golpe electoral del CNG, siempre quedan actores para que se presente la pieza. Es así cómo un consejo electoral nombrado por el CNG organiza unos comicios boicoteados por la mayor parte de la población y que llevan a la presidencia efímera de Leslie Manigat entre febrero y junio de 1988. Por lo demás el férreo régimen militar se mantiene cerca de dos años más. La segunda evolución, de hondas consecuencias sobre el MD, es la desintegración del FNC tras un episodio que no será detallado aquí por haber resultado irrelevante en sí. La tercera y tal vez la más importante evolución, es la transformación paulatina de varias organizaciones y asociaciones cívicas y ciudadanas en partidos políticos de hecho. Es el caso del KO-NAKOM y también, más tarde, de la KID. Se trata precisamente de las organizaciones cívico-políticas que mayor envergadura e influencia han desarrollado dentro del MD. Lo decisivo es que esta transformación no ocurre como resultado de una reformulación de las relaciones entre bases y dirigencias, ni supone un proceso de acompañamiento y estructuración de dichas bases. Así la transformación del KONAKOM en partido el 17 de Septiembre de 1989 se produce en circunstancias que pueden ser calificadas de improvisadas, como lo ilustra el hecho que los estatutos elaborados no pudieron ser adoptados durante el congreso, entre otras razones por las consecuencias de la repentina metamorfosis de esta organización y del reagrupamiento de asociaciones en un partido con membrecías individuales (Manigat, 1990: 64). El periodo abierto por la masacre electoral de 1987 marca por lo tanto un hito en la evolución del MD con respecto al poder, en su composición interna y, por ende, en su derrota final. Es cierto que todo esto se produce en una coyuntura que, como la de 1991 unos años mas tarde (la del golpe militar contra Jean Bertrand Aristide) puede ser analizada como “periodos de crisis orgánica: la clase dirigente pierde el control de la sociedad civil y se apoya sobre la sociedad política para intentar mantener su dominación” (Portelli, 1976: 29). La sociedad política está condensada en este caso en su núcleo más duro, el militar.

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¿La experiencia o la ilusión del poder?

La caída el régimen militar en marzo del 1990 abre paso a una nueva dinámica en la que el MD se involucra directamente en la conquista del poder político. Después de dos años de repliegue defensivo, de pérdidas humanas y de espacios, el resurgimiento del movimiento democrático se aparenta a un renacimiento. En efecto, tres meses después de sufrir (en enero de 1990) una embestida represiva más, desde abril el MD se encuentra en posición de influir sobre la transición hacia un gobierno surgido de elecciones. Autores con análisis muy diferentes del periodo y del movimiento parecen coincidir alrededor de esta interpretación. Por cierto, la caída del gobierno militar presidido por el general Avril ha sido orquestada por un reagrupamiento de organizaciones que tomará el nombre de Assemblée de Concertation (AC). De hecho, durante esa transición de nueve meses, la presencia – sino el peso – del grupo Honneur Respect es muy visible y se manifiesta en varias instancias: gubernamental, electoral. Pero la realidad de su influencia termina aquí. En primer lugar, hace falta redimensionar el papel de Honneur Respect en la transición. El grupo se ha formado en plena debacle del régimen militar, capitalizando la movilización popular y ha logrado imponerse, como parte, en la elaboración de la fórmula de transición. Pero detrás de él, y reforzando su acción, reaparece ahora con mayor claridad un actor central que ya se insinuaba desde los inicios de la transición post 7 de febrero, y en particular tras los eventos de noviembre de 1987. En efecto, en la persona del embajador estadounidense Alvin Adams como cabeza de puente del acompañamiento de Haití hacia la normalización política, la llamada comunidad internacional (CI) se involucra abiertamente. En adelante la CI debe ser tomada en cuenta como un actor directo, en interacción con los otros y en particular con el MD. Se analiza más adelante el impacto de esta intervención sobre el movimiento social, los partidos, el sistema político en fin, hasta el desenlace de 2004. Pero más aún, una segunda impresión lleva a revisitar el peso real de la participación del MD en este periodo de transición. Una reconstitución más minuciosa de los eventos y de sus protagonistas sugiere que el reflujo del movimiento social, que se viene dando con altibajos desde 1988, no ha sido revertido. Las dos tendencias, es decir, el reflujo del MD y la afirmación de los partidos, que habían sido detectadas a partir de fines de 1987, se han por el contrario profundizado. Empero, es cierto que el predomino de los partidos se afirma con modalidades un tanto peculiares y hasta contradictorias. Se ha apuntado el desliz organizacional de importantes asociaciones del MD, que, de grupos ciudadanos y cívicos, han pasado a redefinirse como organizaciones políticas. De hecho, de las doce organizaciones que componen L’Assemblée de Concertation, en realidad once son partidos políticos. La influencia real de una figura como la del padre Adrien, dirigente de Honneur Respect, no lo puede ni lo hace todo. Sin embargo se ha ido consolidando una dinámica peculiar de seguidismo de los partidos hacia las iniciativas del movimiento social y en particular del MD y esto alimenta la impresión de que el liderazgo pertenece al grupo de organizaciones ciudadanas. Se insinúa aquí más claramente una especie de perversión de la relación sociedad civil-partidos, que viene desarrollándose desde 1986, y que plantea retos considerables para la relación poder-democracia en el país durante el período. En todo caso es indudable que, la influencia de los partidos políticos se revela decisiva en la candidatura de Jean Bertrand Aristide, aunque no así en su gestión del poder.

Por lo pronto, una vigorosa movilización en torno a las elecciones es la más rotunda manifestación de este renacimiento social. Por segunda vez el MD opta por una fórmula político-electoral propia y concentra sus apuestas electorales sobre una nueva coalición cívico-política, le Front National pour le Changement et la Democratic – FNCD. Al igual que el FNC y más aún, que lAssemblée, se trata de una coalición ante todo de partidos, pero la reiteración misma de una fórmula mixta traduce esta distancia, esta no identificación del MD con las instituciones que por vocación deberían representar políticamente a las diversas sensibilidades y los distintos intereses que coexisten en su interior. Y la designación de Jean Bertrand Aristide, sacerdote sin partido, como candidato del MD, resulta ser el acto más significativo en esta coyuntura, para el destino del MD. Es la culminación de la formula de ofensiva electoral y, a la vez, de la estrategia de unidad-anti macoute indiferen-ciada. Es el último momento de convergencia (¿consenso?) dentro del MD. Luego, la victoria electoral de Aristide inaugura ocho meses de ejercicio del poder.

La transición de nueve meses (abril a diciembre de 1990) entre la caída de Avril y la elección de Aristide plantea el problema del papel de los partidos, tanto con respecto al MD como, en especial, en el contexto de la opción por una vía electoral. Se podría pensar por cierto que

“a causa del vacío político real dejado por la ausencia de partidos políticos y de ‘líderes sin credibilidad’ las organizaciones populares enfrentan permanentemente la tentación de substituirse a esos líderes y a esos partidos y a desempeñar así un papel de vanguardia no conforme con su naturaleza.”(Maesschalk, 1999: 70-71).

Pero la realidad es tal vez menos compleja. Por audaces que hayan sido las iniciativas propias del sector popular del MD, en ningún momento se han planteado sustituirse a los partidos. Incluso los grupos de jóvenes activistas como Solidarite Ant Jen (SAJ) que rodean a Aristide desde 1987 no han convertido su postura antipartido en una voluntad de sustituirse a los partidos. Lo que prevalece en los sectores populares aludidos por estos autores pertenece más bien al orden de lo tradicional. Una secular desconfianza caracteriza las relaciones entre el poder – cualquiera sea su manifestación- y la ciudadanía en general y los sectores populares en particular. Más aún, la problemática de la representación que está estrechamente ligada a la de la participación y la competencia concurrencial para la conquista del poder, sólo tiene débiles raíces en la historia política del país. Así, al fabricar una formula ad hoc para hacer transitar la conquista del poder por los canales electorales, los dirigentes políticos y ciudadanos están lejos de garantizar el cumplimiento posterior de las condiciones y el respecto de las reglas del juego político constitucional. Asimismo, y más relevante aquí, el haber colocado a su representante y defensor a la cabeza del aparato político de ninguna manera asegura a los sectores populares la toma en consideración de sus intereses y derechos. La representación política pasa a desempeñar un papel simbólico y retórico, de identificación más que de garante de los intereses representados. De hecho, en su gran mayoría, históricamente los partidos en Haití no son ni organizaciones con vocación institucional para ejercer el poder; ni instancias de representación de intereses, programas y sectores sociales determinados; son más bien plataformas para propulsar las ambiciones de personalidades o grupos particulares. En su funcionamiento reproducen los tradicionales vínculos de clientela y la dinámica de clanes que compiten por el control de recursos de todo orden. No se incluye en esta aserción a las formaciones con declarados objetivos y métodos revolucionarios; ni a las formaciones más “modernas” (RDNP, OPL) que buscan insertarse dentro de una dinámica de genuina representatividad propia de las democracias representativas. Pero en todos los casos, la diferenciación de intereses, la mediación como modo de negociar la defensa de esos intereses en la sociedad, no rigen las relaciones políticas y no demuestran eficacia. La problemática organizacional en el país se ha desarrollado a partir de esta realidad, y no al revés como parece desprenderse de la aserción de Jean y Maesschalck. En otras palabras, no es que los partidos abandonan a las masas o no se muestran a la altura de ellas; es más bien que las prácticas organizacionales de todas las partes son el reflejo de la diferenciación social vigente, tradicional, poco estructurada y débilmente mediatizada, en función del nivel y del tipo de desarrollo de las relaciones económicas y sociales. Por lo tanto, cada una de las fracciones del movimiento social y, específicamente, el MD que lo encabeza politicamente, responde a su manera a los mismos resortes del poder y todos compiten de acuerdo a sus reglas.

Al respecto, hay que señalar aunque brevemente la evolución del movimiento social en relación con esta problemática del desarrollo histórico de la sociedad y de la economía haitianas. Como país esencialmente rural y agrario hasta bien avanzado el siglo XX, Haití sufre la ausencia de un empuje significativo en el desarrollo de un Estado moderno. El sector capitalista de la economía, además de raquítico, permaneció confinado al agro. El desarrollo urbano, fabril o comercial se mantuvo esencialmente a la zaga del sector exportador de la producción agrícola, esencialmente cafetalera y, en una cada vez menor medida, azucarera. De acuerdo a estudiosos del periodo la primera ocupación norteamericana tuvo cierto impacto sobre la evolución social del país, con una modernización relativa de las fuerzas productivas. El alcance de esas transformaciones no es evaluado de la misma manera por todos. Castor y Gaillard profundizan, cada uno a su manera, el análisis de las fuerzas políticas y de los movimientos sociales con énfasis en el campesinado. Por su parte, algunos economistas e historiadores de la economía han estudiado con mayor detenimiento la modernización de las relaciones de producción y el desarrollo del capitalismo durante los 19 años de duró la ocupación. Pero todos concluyen en un desarrollo truncado (Castor) o relativo (Pierre), en todo caso modesto, de esas relaciones (Castor, 1976; Gaillard, 1981-83; Pierre, 1992; Thebaud, 1966). De todas maneras es en ese periodo cuando se da el primer empuje modernizador de la economía; coincide además con una serie de expresiones novedosas del movimiento social en Haití, en el marco de la resistencia contra la ocupación. Es posible fechar entre 1946 y 1950 el nacimiento de un movimiento social de tipo moderno, con niveles de organización disímiles pero más o menos institucionalizados. El movimiento social haitiano adquiere sin duda nuevas características a partir de esa fecha (Bonhomme, 1957; Manigat, 1978; Collectif Paroles, 1976). Pero aún no existe una masa crítica organizacional, o prácticas políticas suficientes para enraizar una nueva dinámica de expresión, procesamiento y enfrentamiento de intereses de clases correspondiente a relaciones sociales de producción modernas, plenamente capitalistas. De modo que, comparativamente al resto del continente, hacia 1986 Haití es aún un Estado atrasado en cuanto a servicios básicos, nivel de urbanización y de industrialización, y grado de organicidad de las relaciones sociales y políticas. Aunado a ello, un Estado con aparatos de control sobredimensionados y un déficit considerable en materia de mecanismos de consenso y de manejo del interés general. Además de la débil tradición organizacional conviene subrayar el muy bajo desarrollo del sistema de educación, un aspecto sin duda insoslayable en la constitución de los sujetos políticos, individuales y colectivos. Incluso se podría ampliar la reflexión hacia otros aspectos de la constitución del ciudadano moderno (servicios básicos, reglamentación y disciplina social, derechos, organización), tantos elementos que corroboran cuanto las clases en cierta medida también se constituyen desde el Estado. O para decirlo con Poulantzas, “… las clases sociales constituyen el efecto [...] de ciertos niveles de estructuras, de las que forma parte el Estado” (Poulantzas, 193: 33). Este déficit organizacional de los sectores populares ha generado movimientos, más o menos efímeros y esporádicos, muchas veces ligados a acontecimientos políticos y, en ocasiones, con componentes carismáticos. Pero en la base hay una ausencia de canales de negociación y solo vale, directa o indirectamente, la lógica de la fuerza sino de la violencia.

Dicho lo anterior es indudable que, durante los nueve meses del primer mandato de Jean Bertrand Aristide, opera efectivamente el miraje de un poder popular conquistado en el terreno electoral. Empero, el gobierno Aristide-Préval no descansa ni en el FNCD, la base electoral de Aristide, ni en la acción organizada de sus bases sociales. Estas últimas están convocadas tan sólo para las acciones de denuncia, de movilización defensiva, o incluso de intimidación política (contra el parlamento, contra la burguesía anti-patriótica). Gobierno popular por su discurso y por su jefe; gobierno populista en sus iniciativas y métodos, el equipo de Aristide se ilustra con ciertas acciones espectaculares como el enjuiciamiento de Roger Lafontand, una figura duvalierista temida, instigadora de un intento de golpe de Estado en enero de 1991, semanas después de la elección de Aristide y antes de la instalación de este último. Pero las prácticas clientelistas permanecen incambiadas, sólo los criterios son diferentes: es ahora el militantismo la calidad primera para la obtención de puestos. En cambio, ninguno de los grandes expedientes nacionales es objeto siquiera de un inicio de acciones; y la falta de tiempo no lo explica del todo. “Dignidad, transparencia, participación” no es un programa, sino tan sólo una traducción un tanto más operacional del lema “cambiar el Estado”. En la práctica, lo esbozos programáticos elaborados por comisiones de simpatizantes muchas veces salidos del MD, ni son directamente operacionalizables, ni son tomados en cuenta. Entre la instrumentalización de la militancia y las trabas objetivas encontradas por el nuevo equipo en las estructuras estatales instaladas, el proyecto popular permanecerá finalmente en la superficie del poder. Además, hay que subrayar la soledad organizacional de ese gobierno que había sido llevado al poder por una coalición política integrada por los principales partidos de izquierda. Entre los analistas que opinan que Aristide no supo ni quiso gobernar con una base partidaria, y los que piensan que por el contrario fueron los partidos los que lo dejaron solo en el poder, hay por lo menos una misma observación: Para los equipos que lanzaron y apoyaron la candidatura de Aristide, la política partidaria se limita al ámbito parlamentario, institución que entra rápidamente en oposición con el equipo ministerial y, a la larga, también con Aristide mismo. El líder está solo, rodeado por su pueblo. Y este pueblo está impaciente de cosechar los frutos de la victoria. Los grupos aristidianos más radicales (muchas veces organizaciones de base constituidas por jóvenes de comunidades eclesiales de base y de organizaciones barriales populares de Puerto Príncipe), conocidos rápidamente como las organizaciones populares - OP – pronto invaden el escenario político y sobre todo, la calle. Los ocho meses del gobierno Aristide-Préval son, desde el punto de vista del movimiento social, una historia de movilizaciones y de presiones callejeras contra un personero político muchas veces salido también del movimiento social pero maniatado por estructuras estatales reacias y difíciles de controlar.

Mientras tanto y detrás de la cortina, se pierde definitivamente la batalla económica. El momento hito, lo constituyen los acuerdos de París de agosto de 1991, cuando el gobierno popular se pliega a los imperativos del mercado y del liberalismo. Los estudiosos del periodo analizan de manera diferente el significado de dichos acuerdos. No cabe duda de que fueron impuestos al equipo gubernamental. Pero ello aparece más como una lógica continuación de la política económica inaugurada desde 1986 por el CNG que como una decisión forzada e impuesta al nuevo gobierno por las instituciones financieras internacionales, amen del reconocimiento de que esta imposición data de la época del CNG. Los acuerdos de París disponen una ayuda financiera de más de 500 millones de dólares norteamericanos a Haití. Esta ayuda llega cinco meses después de la llegada al poder de Aristide; un lapso nada inusitado para ese tipo de asistencia, que siempre está precedida y acompañada de condiciones técnicas y administrativas. Pero ¿Qué decir del llamado a un préstamo interno al capital local? La ausencia de respuesta por parte de éste subraya sin duda su percepción del nuevo poder como una potencial amenaza al estatus quo. Empero, el llamado mismo indica hasta qué punto, por realismo o por necesidad, el gobierno Préval-Aristide nunca salió de los cauces marcados. Las iniciativas en lo social y lo económico no difieren, en naturaleza (aunque si en envergadura), con las de gobiernos anteriores: disminución por decreto de precios de productos básicos, proyecto de aumentos salariales, fijación de los precios de ciertos productos y servicios para el sector privado (como las colegiaturas).

De todos modos la experiencia termina brutalmente el 30 de Septiembre de 1991 con un sangriento golpe militar dirigido, en su ejecución como en sus resultados, contra el gobierno en particular y el MD en general. No por casualidad los barrios populares bastiones del movimiento popular aristidiano son inmediatamente golpeados, casi a modo preventivo. Son asimismo los blancos privilegiados de toda la política de sometimiento y de aplastamiento por la violencia que caracteriza los tres años de gobierno de facto que siguieron la experiencia aristidiana. Entre represión física, persecución de las organizaciones y sometimiento político, el MD es atomizado hasta la dilución en escasos tres años. Así empieza la última etapa, de derrumbe del movimiento social, de desestructuración de la sociedad y de aminoramiento de la nación.

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El ocaso del MD y la internacionalizacion de Haiti

La agonía del MD empieza en el fragor miso de la férrea resistencia que opone al golpe del 30 de septiembre de 1991. Tres son los elementos de su destrucción: la ferocidad de la represión; el fin de las estrategias de unanimidad en su seno; y las mutaciones que se dan en su liderazgo. Como resultado, se puede sostener que, con las elecciones de diciembre de 1995, posteriores a la rehabilitación de Aristide en 1994 y que sellan el fracaso de su intento de “recuperar” los 3 años de exilio , el MD como tal ha perdido los principales elementos de su identidad. A partir de dicha fecha no se pueden identificar ni los objetivos, ni el enemigo, ni las acciones comunes que lo habían definido. Y la cohesión que resultaba de dicha definición se pierde para siempre.

La represión en contra del movimiento social empieza, como ya se señaló, con los albores del golpe. Se perpetran “varias masacres a lo largo de la noche (del 29 al 30 de Septiembre), para evitar la movilización espontanea que había derrotado al golpe de Roger Lafon-tand” (Etienne, 1999: 167). Represión masiva y asesinatos colectivos se combinan luego sin tregua, hasta bien avanzado el verano de 1994. El sentido y el impacto de esta represión van más allá de la mera intención de controlar la calle y de callar las protestas. El objetivo es más radical y consiste en la destrucción misma del movimiento popular. Una reseña de los principales eventos ocurridos durante los años 1992, 1993 y 1994 hace aparecer un diseño bastante definido en los actos de represión. Geográficamente, los blancos, desde el principio, son los barrios y los sectores populares; primero en la ciudad capital y, a lo largo del periodo, en el campo y las ciudades de provincia. Las regiones más golpeadas: Gonaíves y alrededores, el Noroeste y el Centro; o sea, las regiones de mayor nivel de organización de los sectores populares, urbanos en Gonaíves y campesinos en los departamentos del Centro y del Noroeste. Empero, no todas las organizaciones que conforman el MD son afectadas al mismo tiempo o en el mismo grado. La represión es, de lejos, más intensa y constante en los sectores populares. Las organizaciones cívicas y políticas de los sectores medios urbanos, las organizaciones sectoriales tales el movimiento estudiantil o el de los derechos humanos, los partidos políticos opuestos al golpe (FNCD, MRN) son víctimas de intimidaciones más o menos serias pero empiezan a sufrir pérdidas por asesinatos selectivos sobre todo a partir de fines de 1993. El padrón general del plan represivo parece por lo tanto desplegarse en el tiempo, con una sucesión a groso modo selectiva: empezando con las organizaciones populares y barriales urbanas, abarcando luego a las organizaciones campesinas, para atacar después con acciones más espectaculares, el movimiento estudiantil, los cuadros políticos de Aristide y del sector progresista de la iglesia católica. Se puede incluso vislumbrar una trayectoria crescendo, donde se multiplican los actos de mayor resonancia política a medida que el régimen militar se siente más acorralado. Así, los ataques contra la universidad y las organizaciones de defensa de los derechos humanos (intimidaciones, ataques a locales) se multiplican entre marzo de 1992 y el verano de 1993, durante el primer periodo de negociaciones alrededor de los acuerdos de Washington (23 de febrero de 1992). Los espectaculares asesinatos políticos del comerciante Antoine Izméry (11 de septiembre) y del ministro de la Justicia, Guy Malari (14 de octubre) señalan el fracaso de los acuerdos de Governor’s island del 3 de julio de 1993 firmados entre los militares y el gobierno Aristide-Préval en el exilio. El asesinato del padre Jean Marie Vincent el 28 de Agosto de 1994 interviene en la víspera de la operación restore democracy que lleva Aristide de regreso al poder el 15 de Octubre. Dicho lo anterior la represión antipopular es indudablemente la más constante y sangrienta.

Reforzando el desmantelamiento del movimiento popular y del MD, la coyuntura inaugurada por el golpe de Estado se acompaña de, y produce, cambios relevantes en su liderazgo y, en particular, una diferenciación definitiva entre las organizaciones políticas por una parte, y las organizaciones sociales populares y cívicas, por otra. Al tiempo que la represión descabeza las organizaciones de base, los cuadros de clase media mantienen un nivel de resistencia por sus vínculos con organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos. En cambio, los partidos políticos se ven arrastrados en la dinámica negociadora en torno al regreso al orden constitucional. En efecto, conforman las fuerzas políticas en el parlamento, instancia ineludible para la adopción de un acuerdo político en la materia; y son interlocutores obligados de las diferentes instituciones internacionales en el terreno. Por lo tanto, mientras que el MD tiene en adelante un reducido terreno de intervención (la calle está prohibida), la acción y la negociación políticas son todavía y en cierta medida accesibles a las organizaciones cívicas, pero son los partidos los que disponen de un real margen de maniobra. Se vislumbra ya la nueva configuración política del país, post-golpe y post-MD. No es una sorpresa que en esos años se hayan creado dos formaciones políticas aristidianas: el Partí Louvri Baryè (PLB) y la Organisation Politique Lávalas (OPL). Sin extenderse sobre la nueva configuración partidaria y del escenario político en general, que resultaron de la primera experiencia de Aristide en el poder, concierne directamente al tema del MD consignar que tanto el PLB como la OPL son emanaciones directas de la corriente popular del movimiento social post 1986, y más precisamente, de su ala aristidiana. En suma, cuando las tropas estadounidenses abren la ruta para el regreso de Jean Bertrand Aristide al país y a la presidencia, el MD se encuentra totalmente desestructurado, descabezado y desanimado.

Ahora bien, el regreso al orden constitucional, sus modalidades y condiciones favorecen una fractura entre la fracción cívica del MD y Aristide. Las circunstancias están vinculadas al debate sobre el mandato del presidente tras los años perdidos a raíz del golpe. Pero en el fondo se trata de la importante cuestión de las concepciones del poder, de su legitimidad, de la democracia en fin. Aparece ahora claramente el malentendido mantenido a lo largo de los tres años del golpe acerca de los objetivos de la resistencia: ¿El regreso de Aristide o el restablecimiento del orden constitucional? Claramente instigadas por el presidente restaurado, las manifestaciones se multiplican en los sectores populares a favor de los tres años. Frente a esta corriente, la gran mayoría de las organizaciones cívicas, los partidos políticos, la comunidad internacional naturalmente, abogan por el respeto del calendario político originario, lo que significa la organización de elecciones presidenciales a fines de 1995. Al prevalecer esta última opción, se acentúa por lo mismo la fractura entre las instituciones que han aceptado el sistema institucional y tratan de adaptarse a él – incluyendo a las organizaciones políticas emanadas de Lávalas, OPL y PLB- y el campo popular, alentado por Aristide. Una vez más el líder está solo, rodeado de su pueblo, pero las tropas han disminuido y sus dirigentes -los que sobrevivieron – han desertado en gran medida este lado. Queda un pueblo derrotado en sus aspiraciones a participar políticamente a la construcción de la democracia, frustrado en sus demandas por mejores condiciones de vida, desmovilizado con respecto al ejercicio de sus derechos y deberes de ciudadano y, no es lo menos, estigmatizado por la violencia padecida y la que han ejercido algunos de sus miembros. Es el ocaso del Movimiento Democrático, devorado por sus hijos Lávalas y sus ramificaciones y descendientes diversos, es decir, una parte importante de las organizaciones y del personero político actual. Es también el inicio de una restructuración diferente de la sociedad civil, con una focalización mayor sobre lo sectorial, producto de la experiencia (lecciones aprendidas), pero también del desencanto respecto de la acción unánime. No por casualidad el movimiento feminista y de defensa de los derechos de las mujeres, el movimiento para los Derechos Humanos, o el movimiento cooperativo, experimentan en adelante un desarrollo distinto y duradero. Los comités barriales que sobrevivieron a la represión y a la recuperación política, se han convertido en asociaciones para el desarrollo y apéndices, a menudo, de la acción de las ONGs de misma vocación. Surge una sociedad civil hecha de otro tejido, desconfiada de la política pero interpelando al Estado llegado el caso. Paralelamente, la debilidad de los sindicatos, la indigencia de las instancias tripartitas de negociación de intereses en el mundo laboral y, dado el caso, las políticas de intimidación y contención de los trabajadores son como testimonios de la victoria del orden tradicional.

En el mismo momento, el consorcio de países extranjeros interesados en el caso de Haití y autodenominado comunidad internacional toma las riendas del país. Esta realidad de múltiples facetas debe ser abordada aquí en tanto concierne directamente a la trayectoria y a la suerte del MD. A partir de 1986, la naturaleza y el alcance del involu-cramiento de la CI en Haití cambian radicalmente. La presencia imperialista de tipo tradicional, centrada en los intereses de la potencia interventora, se había manifestado históricamente por imposiciones y cooptaciones sobre el conjunto del país y con fines de control. A partir de 1986, en un contexto internacional en plena mutación, toma forma un nuevo estilo de intervención que combina las viejas prácticas de sometimiento económico con nuevas modalidades de remodelación política y social, con un claro objetivo de normalización del país; es decir, la implantación eficaz de las instituciones, los códigos, los métodos de gestión de los intereses y de los conflictos propios de La democracia. El objetivo y la empresa son mundiales. El problema con Haití es que la transición que se inicia en 1986 no presenta el perfil ni anuncia objetivos acordes con la normalización añorada por la CI. La necesidad de asegurar dicha normalización con una intervención multiforme y multinacional empieza a formularse desde temprano. Las primeras trazas públicas (en la prensa) remontan a enero de 1988. En efecto el 7 de enero, el Comité d’Entente Démocratique, por una declaración de Louis Déjoie, afirma que “el noventa por ciento del pueblo haitiano acogería favorablemente una fuerza multinacional de mantenimiento de la paz (…) para que pueda ser instalado un gobierno democrático”. Esta declaración sirve de justificación para que voces estadounidenses hagan eco de ella, pronunciándose a favor o en contra de dicha intervención. Si bien es cierto que esa coyuntura es propicia para ese tipo de razonamiento, se trata de un posicionamiento que viene madurando ya desde cerca de un año, o sea desde que la estrategia del MD pone en jaque el calendario político-electoral del CNG. No cabe duda de que la CI, y los EEUU en particular, han apostado al CNG para una transición ordenada en Haití de la dictadura hacia la democracia representativa y de alternancia, que los países del área (y del mundo) están adoptando durante el mismo periodo. En 1988 no se impone aún un correctivo coercitivo; la situación parece poder enderezarse, siempre y cuando puedan realizarse comicios aceptables para la CI, y sobre todo, duraderos en sus resultados. Ahora bien, el MD y la clase política buscan también una salida electoral pero sus motivos son otros y las coincidencias entre ambos propósitos son meramente tácticas, sino totalmente ilusorias. Sin embargo se verifica aquí una vez más como, “… ninguna posición de clase puede ser entendida sin considerar la situación, las actitudes y los comportamientos de las otras clases sociales y sin incluir en el análisis las características del Estado y el comportamiento de los actores internacionales.” (Nun, 2000;)

Una etapa decisiva en este tránsito hacia la internacionalización del caso haitiano lo constituye la ONUVEH, en 1990. En efecto, tanto por el momento de su instalación – los militares acaban de ser eyectados del ejecutivo en abril – como por su labor – una alta eficiencia técnica y una preocupación explicita por no expresar preferencias abiertas en cuanto a los candidatos – la misión electoral onusiana aparece como un árbitro perfecto, al tiempo que la embajada norteamericana parece en cambio tener claramente su candidato. Resultado: la CI, versión ONU, emerge como instancia legitimadora de todo el proceso y ello tiene decisivas consecuencias durante los quince años siguientes. El recurso a la CI se convierte prácticamente en un reflejo automático de la sociedad civil, y del MD en particular, contra las arbitrariedades, represiones y otros desvíos en el juego político nacional. El peso de la CI durante los nueve meses de Aristide en el poder no ha sido suficientemente estudiado. El presidente sin duda se manejó en varios registros con las potencias extranjeras. Los ataques anti norteamericanos eran frecuentes y la relación diplomática con Francia por ejemplo, aparentemente más cordial. Pero al fin y al cabo los distintos componentes de la CI actuaron sin discrepancias en lo económico y se posicionaron de la misma manera frente a los problemas de gobernabilidad (relación del ejecutivo con el ejército, con el parlamento, con el poder judicial) durante los nueve meses que duró Aristide. Con el golpe de 1991se inicia la intervención normalizadora que conocerá un nuevo hito en 2004. El MD golpeado, las fuerzas políticas polarizadas y las instituciones estatales en ruinas se volcán unánimemente hacia la CI para el restablecimiento del orden. Incluso, el último reducto, el militar, apuesta desde el principio de la crisis a un apoyo externo para su legitimación. Luego del regreso al orden constitucional se suceden las misiones e intervenciones más o menos internacionales: la MICIVIH, las fuerzas estadounidenses de Restore democracy, la MINUAH, las diferentes misiones internacionales de observación electoral, las misiones político-diplomáticas de Luigi Enaudi de la OEA, etc. Entre 1993 y 2003 la CI afianza su presencia en Haití con acciones abiertamente orientadas hacia la normalización, la buena gobernabilidad. Todos los elementos para el aminoramiento de la nacionalidad están presentes: control de la gestión administrativa pública; legitimación de las autoridades políticas; financiamiento (o control financiero) del Estado. En este tránsito, el distanciamiento entre la sociedad civil y las instancias internacionales se hace más evidente a medida que aparece con mayor claridad que los objetivos primeros del MD y el conjunto de las aspiraciones post-dictatoriales no entran en el programa de normalización. La lectura que hace la CI de la segunda presidencia de Aristide y las posiciones que adopta frente a la deriva dictatorial de éste son indicios claros de dicho distanciamiento creciente.

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Come back y caricatura

Falta reseñar a grandes rasgos el cuarto periodo de este proceso. El MD como tal ha desaparecido. Tras el fracaso de la reivindicación de los tres años, toda la dinámica política se concentra ahora alrededor del control y de la instrumentalización del sistema electoral. Los pedazos del movimiento social son reciclados en función de este nuevo objetivo. Frente a la OPL, el brazo organizacional que se alejó de Lávalas, Aristide empuja en 1997 a Lafanmi Lávalas, organización más o menos circunstancial y mucho tiempo asimilable más bien a una nebulosa organizacional. El conflicto electoral de 1997 que opone el Primer ministro Rosny Smar-th -de la OPL- al presidente Preval, fiel defensor de Lávalas y de los intereses aristidianos, es un primer choque entre la voluntad de institucionalizar el juego político y la de instrumentalizado bloqueando todo afán organizacional. A falta de movimiento social el poder manipula y recupera el concepto de organización popular, convirtiendo lo que puede de los restos de las organizaciones barriales y juveniles en tropas de choque. “Durante cerca de tres años las OP (organizaciones populares) van a monopolizar la vía pública en general, y las manifestaciones callejeras en particular”. Con las elecciones del 2000, el triunfo de esta estrategia de control del poder es consagrado con el regreso a la presidencia de un Aristide ahora aislado en medio de sus OP. Para lo que nos ocupa aquí, las consecuencias de las elecciones del 2000 – un auténtico golpe electoral – son dobles: la consumación de la polarización del escenario político entre la OPL y Lávalas, dos hijos del mismo ala popular del MD; y el descrédito de las organizaciones populares, o más bien de su caricatura, ante la opinión nacional y las fuerzas externas. Son las derivas de Lávalas que van a ocasionar dos repuntes del MD, frente al brote fascista que opera a la cabeza del Estado.

El primer repunte, por así llamarlo, toma la forma de una reactivación de organizaciones cívico-políticas más o menos nuevas. En continuidad, pero también en ruptura con ellas, se desarrolla un movimiento encabezado por la juventud universitaria y rápidamente investido por toda la oposición antilavalas; este movimiento extremadamente ecléctico y unido por su sola oposición a Aristide solo tiene las apariencias de un frente cohesionado. Una serie de semejanzas superficiales tales como: el multiclasismo, la aparente espontaneidad de las acciones, la reivindicación de los derechos cívicos ante todo, sugirieron en el momento comparaciones con 1986. La realidad es radicalmente diferente ya que la movilización de 2003-2004 termina donde había empezado la de 1985-1986: con la caída del régimen combatido. Más aún, los sectores populares se han unido sólo parcialmente al movimiento; pero si bien es cierto que Lávalas disfrutó durante unos años más de una real simpatía en los barrios populares sobre todo urbanos, este apego se debe tanto o más a su desconfianza hacia el liderazgo cívico que se impone a partir de diciembre de 2003, que a su entusiasmo por un líder que, a fin de cuentas, lo abandona por segunda vez sin dejar la mas mínima realización a su favor. La reconquista de la calle ha sido decisiva pero efímera; favorece sobre todo al amalgama de fuerzas y proyectos disímiles y una confusión de la que se vale la CI para imponer la MINUSTAH.

El segundo repunte del MD se asemeja por su parte, también superficialmente, a la transición de 1990. Durante los dos años de la transición 2004-2006 tenemos, al igual que en 1990, un gobierno provisional con mandato restringido – organizar las elecciones y mantener las instituciones, acompañado (y no controlado) formalmente por la sociedad civil -esta vez el Conseil des Sages- pero asechado -mucho mas dramáticamente que en 1990- por las acciones delincuenciales políticamente motivadas de la llamada operación Bagdad de las tropas de choque de Aristide, convertidas en seudo bandidos sociales para los fines de la normalización. Y sobre todo, tenemos a la MINUSTAH, verdadero microcosmo de la correlación de fuerzas entre países, regiones y continentes de un mundo en plena redefinición de papeles y de roles a nivel mundial; cada uno ensayando sus ambiciones, su poder y sus formulas sobre el caso haitiano. Empero estos temas pertenecen a otro estudio. Por lo pronto, en torno al famoso Grupo de los 184, un sucedáneo de sociedad civil, un muñón de movimiento social, con los modales propios y políticamente correctos requeridos para el sistema que se quiere forjar, fungió un tiempo como receptáculo y portavoz de las reivindicaciones de la población, dentro un sistema político facticio que se mantiene por defecto y con muletas estabilizadoras. A fin de cuentas, hemos aquí tan sólo una falsa reedición, caricaturesca, del MD de finales de los ochentas.

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Estado, sistema político, democracia y el dilema del  poder

Se parte de la tesis de que la trayectoria del MD se comprende primero en función de la manera como el movimiento se plantea la cuestión del poder. Los planteos son naturalmente diversos y reflejan no solo diferentes tendencias políticas sino, también, los diferentes análisis que hacen éstas en las sucesivas coyunturas. Por lo tanto las diferentes tendencias dentro del MD tienen, cada una, una posición respecto del poder, pero la misma está en evolución constante y se traduce en acciones y posicionamientos que son modulados de acuerdo a su análisis de la coyuntura y de su definición del problema principal del momento.

Ahora bien, no sólo los posicionamientos, sino también las preguntas nodales planteadas dentro del MD acerca del poder, experimentan una evolución en el tiempo. Para el primer periodo, varios autores han enfatizado el contraste entre la situación socioeconómica de las grandes mayorías al salir de la dictadura y las demandas que aparentemente predominan. Se ha visto que no es tan así. En un análisis pormenorizado aparece en efecto que, entre 1986 y 1991, figuran entre las aspiraciones populares los derechos de expresión, las demandas de justicia y reparación, pero asimismo demandas de tipo socioeconómico, el cuestionamiento del modelo económico e incluso el planteo de una reforma agraria. La primera impresión debe por lo tanto ser corregida en relación a la identidad de los líderes del MD en ese periodo, es decir, los sectores de clase media, de profesionistas e intelectuales. Entre 1994 y 2004 en cambio, son los temas electorales y de soberanía nacional que se plantean como nodales. Entre otras razones, resulta que los canales clásicos de expresión del MD (la calle, las convocatorias las protestas y huelgas) se han agotado. Es también el momento en que la CI se impone como árbitro de la legalidad, de la legitimidad, y finalmente, de la factibilidad del quehacer nacional. La representación de los sectores populares ha sido cooptada por, y es reducida a, la retórica presidencial Lávalas.

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Participación, democracia y poder

En este tránsito de veinte años, son los posicionamientos sobre estos diversos temas los que permiten delimitar intereses de clase enfrentados. A groso modo se distinguen tres momentos con objetivos y liderazgo de clase diferentes.

Hay unprimer momento reivindicativo. El poder no ha cambiado de mano, no han cambiado sus resortes ni su legitimidad. Los sectores medios (vía las asociaciones cívico-políticas) se posicionan para determinar o, por lo menos, influenciar, el establecimiento de un poder político legítimo. Las organizaciones populares – organizaciones de barrio, sindicatos, organizaciones sectoriales – están en plena emergencia e inmersas en sus demandas inmediatas. En este contexto, el lema changer l’Etat tiene un contenido híbrido que remite a por lo menos tres problemáticas: La eficacia de la administración pública; El funcionamiento del aparato de Estado; los intereses representados en el Estado. Ahora bien, aparece claramente en sus discursos y en sus acciones que, en esta primera etapa, las diferentes tendencias dentro del MD privilegian el tema del aparato de Estado y su objetivo principal es influir sobre su funcionamiento: démacoutiser, es decir, aflojar las garras del régimen -sus aparatos de represión y de control- conquistar espacios dentro del aparato del Estado. El problema de la naturaleza del poder aún no se plantea. De allí la focalización sobre los reclamos referidos a las personalidades que conforman el CNG, a los discursos, a los símbolos y a las libertades ciudadanas. En cambio, las luchas gremiales que apuntan a presionar el Estado y no solo algún aparato estatal, y que por lo mismo sí interpelan la definición de clase del Estado, aunque esenciales, permanecen en un segundo plano. Por ejemplo, se habla de reforma agraria pero no se repara en la condición de los aparceros. Los intereses dominantes lo entendieron bien y ejercieron una sistemática presión hacia la priorización de los problemas y los expedientes tendientes a institucionalizar, rectificar, “tornar decente” un sistema que no hay visos de cambiar del todo. Y la dirigencia del MD, actúa en esa misma dirección, privilegiando los reclamos de: justicia, gestión del espacio público, representación política. Al prevalecer esta tendencia, hasta el momento insurreccional de junio de 1987 el MD aparece circunscrito por este análisis y este nivel de enfrentamiento con el Estado. Indicios de ello: las contradicciones fundamentales de la sociedad no son reflejadas en los discursos y las acciones más importantes en el periodo. Por su lado, las clases dominantes se manifiestan esporádica y puntualmente, en un discurso paralelo al del MD, no confrontativo con él. El Estado-adversario es definido en función de su cumplimiento o no de las demandas del movimiento, no en función de los intereses que representa y defiende.

Después de la masacre de Noviembre de 1987, hay un segundo momento de competición con el poder político de turno, siempre para el control del aparato estatal. El MD pretende enfrentar el CNG en su terreno. Pretende arrebatar el poder a los militares a partir de la conquista del aparato de gobierno. Se acrecienta la distancia entre el MD (su dirigencia y los partidos que siguen los mismos cauces) y el movimiento popular. A la vez, las identidades de clases en este último se hacen más explicitas: Así, se nota un auge reivindicativo y también organizativo del movimiento campesino. Además, en plena fase de endurecimiento del gobierno militar, las dirigencias sindicales se radicalizan y se afirman dentro del MD. Así, entre los actos de represión más espectaculares del gobierno militar, el arresto y el sometimiento a la tortura de tres activistas involucran directamente al sector sindical. Paralelamente, aumenta la separación entre, por un lado, una corriente radical claramente enfrentada al Estado, con métodos y formas organizativas fluidos (la calle, las organizaciones territoriales de base, descentralizadas) alrededor del padre Aristide, y, por otro lado, la dirigencia del MD cada vez más articulada a los partidos y focalizada sobre el sistema político. La literatura producida por algunas organizaciones cívico-políticas indica que la línea de fractura política pasa también adentro del MD. Así, en los boletines del MAD de finales de la década de los 80s uno lee análisis de la sociedad centrados en las contradicciones de clase y con una clara conciencia de que “hay grupos oligárquicos y sus aliados en el seno de los aparatos de Estado que se oponen a todo cambio, así sea a nivel del Estado, de la economía o de las practicas institucionales”. El MAD descarta toda solución de compromiso con la oligarquía y ubica la línea de contradicciones entre los amplios sectores populares y los sectores oligárquicos. Sin embargo, en lo que preconiza la organización, siguen predominando las reivindicaciones por los derechos humanos fundamentales y cívico-políticos.

Las elecciones de 1990 delimitan un tercer momento, desde el poder, de diferenciación y luego de fractura interna en torno al proyecto político de Lávalas. En apariencia, en diciembre de 1990 un solo MD unido va al enf rentamiento a la vez con el macoutisme (blanco prioritario del MD) y con el candidato de los Estados Unidos (blanco prioritario de los sectores populares); pero la ruptura que se evidenciará en 1994 ya se ha producido. La lucha de clases ha sido escamoteada en el momento; empero, sus términos han sido públicamente expuestos en acalorados debates políticos durante los nueve meses de la primera presidencia de Jean Bertrand Aristide. De allí se comprende que la realidad de la amenaza, más que la realidad del peligro, haya sido la motivación de los grupos de poder para perpetrar el golpe de Estado de septiembre de 1991.

Ahora bien, ¿Qué concepción de la democracia conlleva la primera presidencia de Aristide? ¿Cómo se articula con el populismo carismático del presidente? Esas preguntas deben ser atendidas no solo por motivos de entendimiento de lo ocurrido y de la coyuntura en general, sino también porque la dramática y brutal evolución del personaje Aristide y las consecuencias de ello sobre el movimiento popular, el MD y toda la izquierda haitiana en general, hacen imperativo un análisis de los resortes del aristidismo y de sus impactos sobre el espacio político nacional, y en especial la confrontación entre las clases.

Un primer problema referido a esas preguntas remite a las condiciones históricas del advenimiento de la democracia como régimen social, cultural y político. Sin entrar a distinguir entre los numerosos autores, clásicos o contemporáneos, estudiosos del tema en general, para el caso haitiano específicamente, encontramos dos grupos. Así, Leslie Manigat, inscrito en la corriente histórico-institucional de análisis de la democracia, enfatiza como “la experiencia de la historia económica muestra un orden de sucesión cronológica entre modernización, liberalización y democratización, siendo cronológicamente anterior la modernización dentro de una secuencia que pone la liberalización-de-mocratización en segundo lugar”. El autor inscribe esta reflexión dentro de una concepción que vincula democracia y nivel de desarrollo – en este caso democracia y subdesarrollo. Y la democracia aparece en este contexto como un conjunto de “libertades fundamentales y de derechos humanos con los cuales se define, concretamente, la agenda de los cumplimientos democráticos”. Esta definición operativa tiene la ventaja de vincular al tiempo que distingue entre las aspiraciones a la democracia (“Este acercamiento [...] revela las aspiraciones del pueblo pobre y analfabeta de Haití a la democracia” y la realización o el advenimiento de la democracia como sistema, el cual aparece normalmente ligado a una serie de condiciones histórico-económicas (Manigat, 2009: 82-83). Cary Héctor opera un acercamiento similar a esta problemática, pero circunscribe su análisis al régimen político. Aborda el estudio del proceso de democratización en Haití a partir del surgimiento y desarrollo de una serie de condiciones y situaciones sociopolíticas tendientes históricamente a “la construcción-reconstrucción del Estado nacional democrático como proyecto de sociedad “. Esas condiciones y situaciones están históricamente determinadas, en el sentido que se dan bajo circunstancias favorables para: el desarrollo de los partidos políticos, el ejercicio de la libertad de expresión y de una prensa independiente, la libre manifestación de las reivindicaciones (sindicatos manifestaciones…); siendo todas esas expresiones de “tomas de democracia”, o acercamientos histórico-políticos a la construcción de la democracia por la práctica. La experiencia haitiana de salida de dictadura combina sin duda, por circunstancias estructurales pero también históricas, a la vez los retos del subdesarrollo económico y social y los de la débil diferenciación de clase (y, por lo mismo, de intereses) (Hector, 1991). A la postre y sin descuidar del todo las manifestaciones concretas (o sea, los contenidos), tanto Manigat como Hector manejan en el fondo una acepción de la democracia que se acerca a la concepción de Schumpeter, es decir ante todo un método político, un procedimiento. El aprendizaje y el manejo de dicho método es cosa del desarrollo de circunstancias históricas. Así la generalización de la educación, el desarrollo de relaciones socioeconómicas modernas (que es, a fin de cuentas, el de las clases modernas) son circunstancias históricas coadyuvantes. De igual forma suele subrayarse que “en los países capitalistas avanzados, el Estad de Bienestar cumplió la doble y decisiva tarea de afianzar las instituciones y de asegurar su legitimidad” (Nun, 2000: 97).

Un segundo nudo teórico concierne a las cuestiones de contenido de la democracia. Otra vez saltando la amplísima reseña bibliográfica, se circunscribe el tema planteándolo bajo el ángulo político y postulando que el contenido de la democracia puede remitir a la legitimación del poder y de los intereses que defiende (la gestión de los conflictos y las negociación de los intereses); o que puede referirse al grado de satisfacción de los intereses de los diferentes grupos sociales.

En ambos casos se trata de la detención y del disfrute del poder (o de cuotas de poder). Pero en el primer caso, importa de manera central la legitimidad, la interiorización del orden construido en torno al ejercicio del poder. Y debe reconocerse que este tema de la legitimidad no encubre una sola clase de mecanismos de medición. Así, en Haití la cultura del jefe, o el reconocimiento de la autoridad militar distan mucho de ser meras imposiciones. Históricamente fueron valores en los que se apoyo la fundación misma del Estado y de la nación haitianos. Ahora bien, esta circunstancia es mucho más que un detalle a la hora, por ejemplo, de apreciar la amplia aceptación de la que durante cerca de dos años se benefició una figura como la del general Namphy (el presidente del CNG); o de apreciar la clara diferencia de representatividad entre Jean Bertrand Aristide, el profeta, el jefe, y el FNCD que ha llevado su candidatura a las elecciones y representa en principio y en teoría, su partido y su base política. En otros términos, si la democracia como método sólo adquiere significado cuando hay “una referencia a tiempos, lugares y situaciones dados” la democracia como contenido también esta signada por la historia que define intereses, prioridades y valores (Nun, 2000: 24),.

Ahora bien, los códigos, las mediaciones y las reglas con las que los actuales regímenes políticos en el mundo han absolutizado el sentido de la democracia suponen una acumulación de prácticas y experiencias, un modo de hacer política altamente institucionalizado. De hecho, el período bajo estudio es precisamente el que experimenta un giro decisivo a nivel internacional, con una redefinición concomitante, de lo que en el vocabulario de la ciencia política se entenderá en adelante como democracia: Los códigos, las normas y las instituciones de la democracia liberal (o representativa) son impuestos como elementos constitutivos de la democracia tout court.

En Haití, durante el periodo bajo estudio, se ha visto que las palabras participación y elección son nodales en la demanda de democracia. Sin embargo, durante los primeros años (1986-1990) el MD, por enfrentarse a un Estado históricamente incapaz de cumplir con su papel de representación de los intereses generales, carga su demanda de democracia con un contenido mucho más amplio y profundo: económico, social y participativo, en un gigantesco esfuerzo por compensar la ausencia secular de atención a las necesidades elementales en servicios básicos, y derechos sociales y económicos. Su definición de la democracia es tanto más exigente. Su cuestionamiento de la democracia tout court (representativa y política), mucho más candente.

¿A partir de cuándo la problemática de la democracia política invade el espacio del debate y oculta otros intereses sectoriales? Es un proceso gradual que va desde los primeros puntos de divergencia respecto de la naturaleza del CNG (marzo de 1986, acerca de la composición de dicho consejo) hasta la designación de Aristide como candidato a la presidencia (octubre del990). Implica una profundi-zación de la comprensión del término democracia y su puesta en perspectiva con respecto a la participación e, incluso a la revolución; aunque la oposición entre democracia y revolución no se vislumbra claramente en los discursos hasta 1991. El MD produce demandas fuertes, con claros contenidos democráticos, pero sin aceptar el juego político, incluso con sus modalidades de tolerancia de la diferencia. Por ello mismo, en 1990 intervienen una discusión y una comprensión peculiar del poder del voto. El debate gira en torno a dos preguntas. La primera se podría formular así: ¿Son los dirigentes electos detentores de una legitimidad mayor a la de los responsables nombrados? Por cierto, la pregunta invita a indagar en los resortes de la democracia a partir de la valoración del acto de votar. Empero, detrás de la pregunta hay por supuesto una lucha por algunos resortes de poder. Al ser investidos de un amplio reconocimiento político como resultado de los 67 por ciento de votos recogidos por Aristide en diciembre de 1990, este último y su equipo se proponen rápidamente la tarea de substituir al personero político-administrativo de los aparatos estatales para controlar mejor las riendas del poder. Y es que desde 1986 no había habido ningún verdadero cambio de personero o de orientación en la administración pública, lo cual equivale a decir que el duvalierismo seguía fundamentalmente en control de los principales aparatos administrativos. La discusión degenera rápidamente en conflicto en el interior de las administraciones públicas, con despidos y traslados de personal que, más que lograr una mayor coherencia de equipo sino una mayor eficacia, degeneran más bien en confrontaciones a menudo estériles entre militantes y burócratas. La desesperación por cambiar el Estado - producto tal vez en parte de una incomprensión de lo que en verdad quería, o podía hacer Aristide, ha producido una práctica de cortocircuitar los canales y procedimientos clásicos para el control de la administración, so pretexto de activar la concretización de las reformas. Pero más allá de estas confrontaciones en la coyuntura específica, la polémica ha contribuido a desorganizar las líneas de comunicación y de supervisión dentro de la administración pública, al tiempo que tiende a desautorizar el funcionario y a banalizar el profesionalismo de la carrera. Estas consecuencias pesan considerablemente sobre la desorganización y, a fin de cuentas, el debilitamiento del Estado.

La segunda pregunta cuestiona el alcance del acto de votar ¿En qué medida agota el voto la participación popular? Es todo el problema de la representatividad y por ende, de la legitimidad del proceso electoral. Y es, por supuesto, el problema de la democracia representativa como tal. Se puede argumentar que en Haití hasta septiembre de 1991 el fervor democrático es fecundo y que, globalmente, se ha trasladado del terreno reivindicativo y de movilización directa (callejera) al terreno político electoral sin perder mucho de su ímpetu. La caída del régimen militar de Prosper Avril, en marzo, 1990, y el auge participativo que despierta, aunados a la candidatura tardía pero galvanizadora de Jean Bertrand Aristide, alimentan el entusiasmo que se plasma en las elecciones plebiscitarias del 16 de diciembre. Estas elecciones marcan indudablemente un hito en la experiencia democrática del pueblo haitiano en su conjunto. Al desembocar sobre la victoria del candidato popular, se impriman en la memoria colectiva como el signo de una posibilidad histórica nunca antes concretizada: la de la prevalência de la voz de las mayorías a nivel nacional. Además, este triunfo se da después de la dramática experiencia de noviembre de 1987, como para reforzar la relevancia política del acto electoral. De allí las aspiraciones a prolongar este acto de voluntad con una participación política activa al régimen que ha engendrado. Empero, se plantea inmediatamente el problema de los canales para esta participación y, en el caso específico de Haití, este problema comporta nudos de naturaleza estructural.

El papel de las elecciones remite por supuesto a la problemática más global de la participación del ciudadano en la política. Supone por lo tanto que se cumplan por lo menos dos condiciones previas: la constitución del ciudadano como sujeto y la constitución del espacio institucional y legal (el sistema político), para el ejercicio del voto como acto de participación. El sufragio universal como modalidad más democrática de ejercicio del voto supone, a su vez, un sujeto capacitado e informado. Luego, tanto el acto de votar como su consecuencia directa (el apode-ramiento del electo) suponen la aceptación y la eficacia del principio de la representación. Ahora bien, en Haití el bajo nivel de representación y de institucionalización impone una primera serie de limitaciones al funcionamiento eficaz de tal sistema político. La constitución de sujetos colectivos relativamente perennes, ligada a la experiencia y a la construcción de organizaciones, fue una realidad esporádica y efímera a lo largo de la historia del país. Así, la noción misma de representación corre el riesgo de ser falsificada, al ser vivida de un modo individualizado y utilitarista a causa de la persistencia de relaciones clientelistas. En 1986, la sociedad civil irrumpe en el escenario político con premisas nuevas, modernas, ajenas en buena parte a la dinámica que había fungido históricamente en el país. Una serie de procesos paulatinos, algunos subterráneos, han concurrido a esta nueva situación, entre otros el impacto de las migraciones y la influencia de las ideas vehi-culadas por las comunidades eclesiales de base de la iglesia católica.

Como toda sociedad que sale de una dictadura, la haitiana se plantea de inmediato el objetivo de la conquista y el ejercicio de libertades. La palabra democracia expresa globalmente esas demandas. De hecho, las aspiraciones al disfrute de los derechos civiles y políticos se convierten casi inmediatamente, como ya se ha visto, en los objetivos mayores de la dinámica política y, en particular, de la relación entre el movimiento social y el Estado.. Son varias acepciones de la democracia que coexisten y se enfrentan. Los debates al respecto son intensos y significativos. Están centrados en los derechos reclamados por la población, como lo evidencian de modo muy gráfico las pinturas y los grafiti que cubren las paredes de las ciudades, en particular Puerto Príncipe y Gonaíves. Los derechos económicos y sociales predominan claramente en esos debates y esas formas de expresión. Asimismo los debates acerca del reconocimiento del estatuto del creóle como idioma nacional conocen un auge. El MD, por sus canales de comunicación y sus modalidades de convocatoria, contribuye en forma importante a la promoción del creóle. La Iglesia católica también, entre otros con el lanzamiento de su campaña de alfabetización Misyon Alfa. La democracia se presenta por lo tanto como una canasta con un contenido muy abigarrado. Todos esos elementos convergen hacia, y contribuyen a, la demanda de participación post 16 de diciembre de 1990, que parece desprenderse naturalmente de la victoria electoral. La realidad, la vimos, es que las mayorías no han tenido experiencia alguna de la representación de sus intereses, ni en las contiendas políticas ni en la competencia económica, ni siquiera en el proveimiento de servicios básicos. Por consiguiente, no pueden ser movilizados ni los canales ni las mediaciones por los cuales la democracia representativa pretende salvar el problema de la participación ciudadana.

Aunque excede los limites de este trabajo adentrarse de manera pormenorizada en el tema de las mediaciones en general, es menester señalar, como una dirección para la reflexión y en el contexto haitiano de la época, el sentido de la relación que se establece entre los sectores medios y los sectores populares en el plano político. La clase media y más específicamente los que se acostumbra designar como profesionales e intelectuales, si bien manejan un discurso e incluso inician prácticas tendientes a posicionarse al lado de los intereses mayoritarios y, en todo caso, a favor de una sociedad más inclusiva, no consiguen construir y activar las mediaciones políticas y organizacionales sobre cuyas bases se constituyen, en las sociedades modernas, los sistemas de representación de las clases y en concreto de las fuerzas sociales. En lo concreto, al encabezar un movimiento democrático que es la vez un movimiento que apunta hacia la transformación del Estado, la dirigencia pequeño-burguesa del MD se asignaba a sí misma el papel de intelectualidad orgánica de las fuerzas sociales interesadas en un cambio, y se comprometía con ellas. Empero, más allá de intenciones y voluntades, la naturaleza intermediaria de esos sectores sociales las hace tributarias en cierto grado, , del grado de desarrollo de las clases y de los proyectos que contribuyen a articular y defender. Así, es licito establecer un vínculo entre la transformación desde arriba de asociaciones cívico-políticas en partidos, y el debilitamiento político de las fuerzas populares, antes incluso del golpe militar de septiembre de 1991. Queda claro que diversas limitaciones y obstáculos han afectado el liderazgo del movimiento popular; entre otros la pobreza de los espacios de expresión, la falta de medios, las débiles tradiciones organizativas. Pero indudablemente, también pesaron los atavismos de un sistema arcaico y excluyente, que fomenta y secreta los elementos de su propia reproducción (clientelismo, cooptación y verticalismo) con la sola amenaza de la marginalización. Dicha dinámica separa las clases medias de las mayorías populares, de las cuales se sienten demasiado cerca para no temer caer (o recaer) en su condición. Sino todas, al menos algunas trayectorias individuales y de grupos responden a esta lógica de salvación-promoción social. Y en todo caso es observable una tendencia a treparse socialmente en los sectores medios, precisamente a menudo a partir de lo político. Ahora bien, la naturaleza y el funcionamiento del sistema político son, directa, (aunque no únicamente), función de la existencia y de la calidad del tejido de relaciones institucionales, culturales e ideológicas dentro de la sociedad.

Además, intervienen aquí aspectos específicos referidos a la (re) construcción de la ciudadanía. A las necesidades materiales directamente ligadas a condiciones materiales de vida se articulan elementos de cultura, vivencias y prejuicios derivados del complejo proceso de criollización étnico- económico que en Haití se ha plasmado como le préjugé de couleur (el prejuicio de color). El tema ha inspirado una abundante literatura, tanto por parte de autores haitianos como por estudiosos y observadores extranjeros. Al respecto los aportes de Manigat, Casimir, Mariátegui, Benedetti, puestos en contrapunteo con autores marxistas clásicos como por ejemplo Benoit Joachim, arrojan una luz interesante sobre algunos resortes específicos en la relación vivida entre las clases y las fuerzas sociales: desconfianza, asimilaciones y generalizaciones abusivas que subjetivan la confrontación de intereses, y contaminan las alianzas o convergencias momentáneas. Algunos de esos autores como Jean Casimir abordan el problema desde una perspectiva claramente dualista y adjudican un peso decisivo a los factores de la opresión cultural, y de la exclusión social y lingüística en particular, en el análisis social y en la comprensión de las fuerzas sociales. Otros como Leslie Manigat insisten sobre las especificidades de la cultura, de las costumbres y hasta de las mentalidades haitianas, como producto de un mestizaje en el seno del cual lo latino (aquí, lo francés) se mezcla pero también enfrenta el elemento africano, produciendo vivencias dicotomizadas y percepciones diferentes de la nación (Manigat, 2002; Casimir, 1981; Mariátegui, 1996; Benedetti, 2001; Joachim, 1979).

Se trata de una problemática específica del lazo social vivido y de la idiosincrasia cultural, que nos remite en particular a las incidencias de la cuestión llamada racial por algunas corrientes sociológicas -pero que se califica aquí de etno-cultural- en la definición de las clases. Esa problemática divide a los autores. En Haití la question de couleur (Cuestión del color, literalmente) ha incidido fuertemente en la definición misma de la nación, como lo reconocen los historiadores. Casi todos se acuerdan en definirla como un sub-producto del racismo colonial. Empero las opiniones divergen en cuanto a su importancia en las percepciones sociales de la pertenencia de clase o de rango social. Un autor como Leslie Manigat considera que el “factor color” sí incide en las definiciones sociales y políticas de los actores. Por el contrario Benoit Joachim descalifica el peso de este factor, que considera como más bien un recurso ideológico de las clases dominantes para engañar a los sectores populares. En América latina también, una problemática similar ha sido y aún sigue siendo objeto de análisis, posicionamientos y políticas encontrados. El papel que desempeña la cuestión indígena en el análisis de una sociedad latinoamericana, en la lectura de su estructura de clases, es un tema que atraviesa históricamente no solo la literatura política o literaria del continente, sino que hasta la actualidad es una clave de lectura de varias luchas políticas intensas en la región. Sin embargo, al contrario de la haitiana, la izquierda latinoamericana reconoce por lo general el peso de la cuestión indígena, por ejemplo, en la definición de los grupos sociales en sus luchas. En el fondo se trata de un modo de expresión de la exclusión social. Es a partir de esta comprensión que el duvalierismo -y muy particularmente, el régimen de Francois Duvalier, el padre- retoma elementos de confrontaciones sociales y políticas anteriores en la historia del país, originados en este problema conocido como el negrismo. El componente populista del duvalierismo descansa ante todo en la instrumentalización de esas vivencias (bien reales, por lo demás) para manipular a las masas campesinas, imponerse a la oligarquía y a la burguesía comerciante – a menudo mucho mas mestizada que las mayorías rurales y urbanas. En suma, la total ausencia de política social y/o de promoción de los intereses populares es ocultada, enmascarada por un discurso acerca del papel de las relaciones de color en las desigualdades sociales y económicas en el país. Es así como a su vez, reanudando con esta vieja tradición un tanto desacreditada por el duvalierismo y el auge del MD después de 1986, Aristide presidente juega con el negrismo, entre otros artificios destinados a ocultar su impotencia.

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Ansanm ansanmn ou se lávalas: populismo y democracia

Al llegar Aristide a la presidencia, la ilusión de la conquista del poder por las masas populares es tal que Maesschalck y Jean escriben sin reparo: “Las masas populares haitianas acababan (en diciembre de 1990) de dar una lección que no se repetiría en otra parte. Sin organización estructurada, sin ideología articulada, sin dirigente reconocido, en total autonomía con respecto a los profesionales de la política, estaban consiguiendo lo que los Cubanos y los Sandinistas sólo habían conseguido tras años de guerra revolucionaria” (Maesschalck y Jean, 1999: 74) Esta visión romántica hace eco a la de Jadotte, quien enfatiza, hablando de 1986, que: la justicia pesa más que el hambre y los servicios básicos en las reivindicaciones populares (Jadotte, 2005). El principal problema de esta visión es que oculta, o desestima, el papel de los políticos, asechados o en posición de seguidísimo o de aprovechamiento de una oportunidad para influir en la conquista del poder político. No cabe duda que en la composición del FNCD hay algo de este comportamiento. Una mirada similar a la de Maesschalck y Jean proyectan Moíse y Ollivier, al considerar que, con la victoria electoral de Aristide “Se podría decir que nos ubicábamos entre Nicaragua sin el ejército sandinista y Chile después de Pinochet sin la coalición de las fuerzas democráticas.” (Moíse y Ollivier, 1982: 165-166) Pero es interesante notar cómo, a propósito o no, esta última valoración comparativa, al contrario de la de Maesschalck y Jean, subraya precisamente las fallas esenciales de organización y de liderazgo en el caso haitiano.

En verdad, no se puede negar el papel del empuje de las masas en la accesión de Aristide a la presidencia, y tampoco es posible aminorar el significado político de tal resultado. En la candidatura de Aristide está en juego no sólo la conquista política de la presidencia, sino la representación misma del poder político en la opinión nacional y, muy específicamente, entre los sectores populares sobre todo urbanos. La candidatura del sacerdote se desata un verdadero torrente de entusiasmo. Tanto las organizaciones sectoriales (estudiantes, profesionales) como las gremiales y sociales (sindicatos, organizaciones campesinas, grupos eclesiales de base) se movilizan para promover el voto – es decir, la obtención de la tarjeta electoral – y para organizar la campaña del candidato del pueblo. La red de sacerdotes ganados a la teología de la liberación encabeza el movimiento pero prácticamente todas las organizaciones integrantes del MD están presentes. El fervor de 1986 parece haber resucitado. Se da en torno a Aristide un nuevo unanimismo que engloba todos los contenidos, aún cuando su candidatura esta signada por los intereses populares.

Sin embargo y sin sorpresa, pesaron más la realidad del control de los canales y los mecanismos tradicionales de poder por el ejército, la máquina administrativa-estatal y las influencias extranjeras. Gobernar implica necesariamente el control del aparato de Estado. “La modernización administrativa, vía obligada hacia la construcción de un Estado nuevo, enfrenta naturalmente resistencias múltiples y prolongadas. Algunas se originan en la inercia propia al modo de funcionamiento interno del antiguo aparato. Pero están sobre todo las resistencias suscitadas y entretenidas por las categorías sociales dominantes que han identificado sus intereses económicos con las practicas arcaicas vigentes, particularmente en algunas ramas de la administración pública.” (Hector, 2006:102-103). Además, la mezcla de inexperiencia, y de falta de seriedad del equipo gobernante, contrarrestó rápidamente el fervor e incluso la determinación de sus bases populares. En esas condiciones el populismo encuentra un terreno de desarrollo fértil.

Mucho se ha discutido acerca del populismo de Jean Bertrand Aristide pero en general hay una coincidencia en calificarlo de populismo carismático. Más que un análisis pormenorizado del populismo aristidiano propiamente dicho, interesa indagar en las articulaciones entre el MD y el populismo de Aristide para sugerir algunas hipótesis acerca de la doble trayectoria del ocaso del movimiento Lávalas de masa por una parte, y de su recuperación (y de su persistencia al menos retorica) en parte de los sectores populares, por otra.

Una interesante interrogante, formulada por el político Plinio Arruda Sampaio a propósito de Lula da Silva, dentro de una realidad por lo tanto diferente, sirve de punto de partida para esta reflexión: “¿Cómo es posible que un líder popular (…), tras haber propuesto durante veinte años un programa, adopte otro diametralmente opuesto, al llegar al poder?” (Arruda Sampaio, 2008). Arruda Sampaio se expresa así como ex miembro del PT que dejó en 2005. He aquí la primera de las grandes contradicciones de Jean Bertrand Aristide durante su primer periodo. Este rasgo ha sido subrayado a propósito de muy diversos casos de populismo, y tiene que ver en parte con el papel nodal que desempeña el discurso en el populismo. Efectivamente, en la primera presidencia de Aristide ya se ha notado esta contradicción; y los elementos objetivos de explicación han sido puestos de relieve (el boicot de la oligarquía, las condicionalidades de la comunidad internacional, el débil control de los mecanismos estatales). Ahora bien, otros aspectos que no corresponden a esta racionalidad explicativa intervienen en la construcción de la relación entre el líder y su pueblo. Así, “En vez de plantear actos concretos en todos los planos políticos, económicos, sociales o culturales, Aristide pasó la mayor parte de su tiempo haciendo discursos. [...] Al erigirse él mismo en critico de su propio gobierno, eliminaba toda posibilidad para que el movimiento democrático se desarrollara y se reforzara organizando una sana oposición al poder.” (Arruda Sampaio, 2008; Maesschalk y Jean, 1999: 90). Pero más aún, este artificio de constituirse en oposición de sí mismo permite a Aristide presidente perpetuar la oposición Estado versus pueblo, escapar de las responsabilidades y los desafíos del ejercicio del poder, disfrutar de una suerte de complejo de Peter Pan respecto de la presidencia, con la simpatía asociada al personaje. En este sentido, efectivamente el populismo aristidiano juega asimismo con ese “discurso maniqueo que presenta la lucha del pueblo en contra de la oligarquía como una lucha moral y ética entre el bien y el mal, la redención y la ruina.” (De la Torre, 2007 59). Un elemento de la situación haitiana, y que favorece al ascendiente de Aristide sobre los sectores populares, reside en la existencia en la trayectoria histórica del país de una tradición de movimientos populares radicales que, a falta de conquistas reales, han contado con un líder carismático, a veces (pero no siempre) salido de sus filas, que al llegar a posiciones de poder proyecta – o traslada -simbólicamente su victoria y su potencia sobre el pueblo. Además, este pueblo no queda solamente mistificado por el carisma del líder. Los seguidores se benefician con favores, puestos, posiciones que permiten la prosperidad o la influencia de algunos, lo que a su vez permite a muchos más soñar con conseguir los mismos privilegios. No hay nada nuevo en ello, ni en Haití ni en el mundo. Pero sin duda refuerza la idea que “se tienen que estudiar los mecanismos concretos a través de los cuales se relacionan los lideres con sus seguidores, prestando siempre atención a las expectativas autónomas y a la racionalidad de éstos” (de la Torre, 2007; 78). En el caso concreto de Haití la dramática ausencia de sustento organizacional de las bases confieren de inmediato un papel desmedido a organizaciones populares emergentes y jóvenes, que no tienen ni los medios, ni la información, ni las prácticas para desarrollarse en autonomía con respecto al líder. A modo de reflexión a futuro, hace falta estudiar comparativamente los mecanismos de reclutamiento y cooptación del duvalierismo con los del aristidismo de los años 2000 a 2004.

“Por otra parte ¿Cómo explicar que, a pesar de esta evidente traición, la cuota de popularidad [...] sigue siendo elevada?” (Arruda Sampaio, 2008). A este respecto resultan muy claros los resortes del populismo aristidiano que cae rápidamente en una deriva negrista. Empero hace falta poner el problema en perspectiva. Aristide pertenece a esa categoría de políticos haitianos que han activado explícitamente, desde la izquierda, el tema de la exclusión sobre la base de una asociación de las diferencias socioeconómicas con rasgos físicos: color de la piel, tipo de mestizaje. Esos elementos son manipulados como ingredientes en competiciones para el poder político o para la accesión a puestos importantes, sino como un componente de la lucha de clases. Una parte significativa de la eficacia del populismo aristidiano la detectamos aquí. Los elementos de exclusión social y cultural de las mayorías en el disfrute de bienes y servicios confiscados por la oligarquía y sus clases-apoyo: la lengua, la escolaridad, los patrones de consumo, los valores estéticos dominantes, son instrumentalizados por el presidente-profeta con tanto más fuerza cuanto se hace patente la impotencia de su gobierno en influir sobre aspectos estructurales en las condiciones materiales de vida de las mayorías y las abismales desigualdades entre sus niveles de vida y de ingresos y los de la minoría influyente. Subyace a esta problemática el peso especifico de factores no económicos de las contradicciones de clase en el país; así, la ausencia histórica de ciertos bienes y servicios básicos y, muy específicamente, la educación, se ha cristalizado en, a la vez, una mitificación del saber y de la información y también, en una atribución de clase a estos bienes considerados como privilegios. La tradicional admiración, mezclada con odio y desprecio, hacia el intelectual en Haití, pueden ser leídos a partir de dicha realidad.

Por supuesto, el profeta tiene varios predecesores históricos y los resortes que activa para mantener esa relación fusiona! con los sectores populares ya han sido utilizados anteriormente. Pero Aristide tiene -y explota – una circunstancia específica que amplifica, en el contexto específico de Haití, los efectos de un carisma que por cierto caracteriza ya de por sí al individuo como tal. Se trata de su relevante y oportuna pertenencia a la Iglesia. En el contexto de la religiosidad haitiana, esta circunstancia, que ha sido reforzada por la opción del personaje a favor de los pobres y su consiguiente persecución por la jerarquía católica, favorece el desarrollo de una relación que ha sido descrita como “una liga caliente y fusional; un liderazgo carismático-religioso…” (Jadotte, 2005 :188). Incluso la persecución de la cual es objeto Aristide, muy nítidamente a partir de 1988, por parte de la jerarquía de su iglesia, realza su imagen de defensor, de representante, de encarnación de los excluidos que, en adelante, se sienten representados por él, más allá de los actos que pueda realizar.

A ello se añade la instrumentalización del antiimperialismo. La veta antiimperialista del joven cura, que durante mucho tiempo fue un atributo definitorio de su discurso, se mantiene como retórica aunque, como se vio, la realidad de sus relaciones con las CI en general y los Estados Unidos en particular ha cambiado sensiblemente incluso ya antes del golpe de septiembre de 1991. Esta faceta del personaje y de su discurso le confieran una real popularidad entre los jóvenes de diversas categorías sociales y en particular, de los sectores desfavorecidos y los estudiantes. Tanto la cooptación de este último grupo desde los años 1980s hasta finales del 2002, como la lealtad de numerosos jóvenes de los barrios populares y marginales hasta después del 2006, ilustran esta adhesión de gran parte de la juventud. Más aún, esta cooptación de sectores juveniles explica la trayectoria de ciertos sectores del MD y, específicamente la de los comités barriales -convertidos muchos de ellos luego en organizaciones populares (OP)-versión aristidiana. Ocurre lo mismo con un sector del movimiento estudiantil, antes de su vuelco de fines del 2002 en contra de Aristide..

Last but no least, pesó innegablemente el carácter profundamente reaccionario de los sectores dominantes y su incapacidad en captar y utilizar la ola social de fondo para emprender un proceso de reformas y de modernización que, a fin de cuentas, se vislumbraba como factible. Por ende, la articulación Estado – democracia en Haití se plantea históricamente en términos de una imposibilidad política, debido a la peculiar relación de distanciamiento-manipulación mantenida por las clases dominantes con el aparato del Estado. El papel de asegurar las condiciones generales de mantenimiento-reproducción de la sociedad sólo se ha cumplido tradicionalmente dentro de los estrechos márgenes que definen la reproducción de los intereses y la dominación de la oligarquía. Por lo tanto, entre el hecho de que, por un lado, la naturaleza no tolera el vacío, y por el otro, nada en la dinámica política vino a contrarrestar esta identificación del pueblo con el profeta, Aristide mantuvo, a pesar del fracaso de su política social y económica, un aura de popularidad entre fracciones de los sectores populares; máxime por su política de cooptación entre 2001 y Febrero de 2004. La clase política, desestabilizada por la política anti partido y anti organización implementada por quienes habían optado por seguir, en una estrategia de corta vista, quedó inoperante y desprestigiada.

Todo lo anterior es regido por lo insoslayable de los intereses económicos. He aquí tal vez, y sin sorpresa, el hilo conductor más permanente y más inmutable de todo el periodo, que es menester recorrer para dimensionar las limitaciones congênitas del MD. En efecto, la política neoliberal a ultranza, adoptada por el ministro de Economía del CNG, nunca fue desmantelada desde 1986; sin embargo la hiperpolitiza-ción del movimiento social no logra soslayar el hecho que lo económico está en el centro de los conflictos, aunque nunca aparece expresamente como tal. A partir de 1986 se profundiza la crisis económica y, en especial, la de las empresas estatales, al tiempo que se profundiza la crisis agrícola. Frente a esta situación el CNG elige claramente la apertura económica que termina quebrando la economía nacional. Las primeras manifestaciones son el aumento desenfrenado del contrabando, seguido por un auge en las importaciones de productos alimenticios. El paso decisivo en la profundización de esa política es el nombramiento, en Abril de 1986, de Leslie Delatour en el puesto de ministro de Economía y Finanzas. Su política económica se constituye enseguida en eje de la gestión del CNG, credo del sector privado y blanco de la contestación popular. El programa de Delatour contempla cuatro elementos principales: Apertura del mercado y reducción drástica de las tarifas aduanales; política fiscal basada esencialmente en los impuestos indirectos; reducción del gasto público; y estimulo a las exportaciones del sector más rentable y dinámico de la economía, es decir, en el caso de Haití, esencialmente las empresas de reexportación. Esta política no ha sido abandonada por ninguno de los gobiernos posteriores hasta la fecha, a pesar de sus múltiples avatares y de una implementación sólo parcial. Así, todos los preceptos del liberalismo comercial, incluida la total apertura del mercado nacional con la casi desaparición de los aranceles, se cumplen literalmente; pero el crecimiento de las inversiones por medio del desarrollo de las zonas francas de producción no se concreta.

La relación entre derechos sociales y económicos fundamentales y democracia apareció a lo largo del periodo como decisiva, máxime en una sociedad de enormes disparidades históricas en este aspecto. Pero la asimilación entre democracia y mejoras socioeconómicas colectivas fungió dentro del MD tal vez hasta septiembre de 1991,; y no para el conjunto del movimiento. Después, este nexo se pierde en los reacomodos del viejo sistema estatal, clientelista y predatorio, con los mecanismos electorales de la democracia representativa instrumentalizada para servir los mismos fines tradicionales. El uso de los ejercicios electorales por los diferentes gobiernos controlados por Aristide es una ilustración diáfana de ello. La experiencia del MD trae lecciones de gran significado en este sentido.

La representación de la relación Estado-sociedad en el seno del MD es determinante para entender a la postre como se mantiene a fin de cuentas el poder tradicional. Las reflexiones de Emir Sader acerca del repudio integral de los partidos, del Estado y de la política en general, por parte de ciertos movimientos sociales, refugiándose en lo que denominaron la «autonomía de los movimientos sociales», encuentra cierto eco en la experiencia de Haití, pero no por fatiga de un sistema usado, como fue el caso en otras sociedades de Suramérica por ejemplo (Sader, 2008: 12). En el caso de Haití este repudio frontal se dio en el marco de un Estado con una legitimidad débil y desembocó en la liquidación de todo el armazón de una administración pública y de un aparato estatal por cierto raquíticos con respeto a las necesidades de toda la población, pero indudablemente rectores de un ordenamiento nacional y depositarios una soberanía hoy día puesta en jaque. En el periodo 2000-2004, la superposición de los efectos de la «globalización» y de la degradación del Estado tradicional dictatorial-clientelista produjo el desmoronamiento más o menos catastrófico del Estado-aparato – no de las clases dominantes – sin aminorar la virulencia de las luchas entre las clases sociales. En este contexto se produce un rebrote de un populismo con acentos de revancha social, pero permeado por el clientelismo tradicional y redes de delincuencia criminal. Finalmente, la crisis política ha consumado a los actores políticos tradicionales (caudillos políticos, ejército, la Iglesia misma que sale golpeada en su papel de institución rectora y mediadora); pero no ha ocurrido la destrucción, a nivel de sus estructuras, del sistema oligárquico-clientelista. La salida populista de 1991 no logró consolidar un modelo alternativo de gobernabilidad. El periodo del golpe de Estado (1991 1994) destruyó la posibilidades últimas de recomposición del viejo bloque de poder, mientras que por su parte el proyecto Lávalas quedó reducido al reducto de los excluidos del viejo orden, sin desembocar en una propuesta nacional viable. Hoy, más allá de todo nacionalismo, los peligros que asechan la independencia del país, en particular desde 2004, obligan a plantear en términos nuevos las relaciones entre Estado, nación y clases. Y por si fuera poco, a la postre la derrota del MD y las derivas del aristidismo inducen una banalización de la democracia hasta en sus aspectos potencialmente más benéficos para una sociedad tan excluyente como la haitiana.

Como se puede leer en lemas como cambiar el Estado, desde 1986 el viejo Estado opaco y excluyente es asediado en sus instituciones nodales, pero a la vez es objeto de una mezcla de desprecio y de temor. En cierto modo la realidad del Estado aparece en su desnudez, expresión casi inmediata (sin mediación) de su naturaleza de instrumento de intereses de clases por un lado, y Leviatán monstruosamente desarrollado y distanciado en forma extrema de la sociedad, hasta dejar la impresión de que ninguna clase se identifica con él. Sin embargo, en Haití la demanda de democracia sigue teniendo un contenido social y económico muy concreto, y el Estado es presionado para que desempeñe por fin su papel de representante de los intereses generales.

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Conclusiones y perspectivas

La vivencia de un proceso difiere de su análisis de un modo fundamental. Así, el movimiento social en Haití de 1986 a 2006 resultó diverso y contradictorio desde sus inicios. Las manifestaciones de paralelismo, de diferencias de análisis de las coyunturas, de conflictos incluso, están inscritas en las acciones llevadas a cabo por los actores. Empero es notable la percepción que ha perdurado en la opinión y en la literatura de referencia, del MD como un movimiento relativamente unido, preso incluso de una suerte de unanimismo o en todo caso articulado alrededor de amplios consensos. Así, la literatura de izquierda sobre el periodo, que difícilmente podría ser tachada de practicar análisis conciliatorios, proyecta esa imagen de armonía: “Entre febrero de 1986 hasta los acóntecimientos del rache manyòk, la fuerza de este movimiento radicaba en su coherencia ideológica. Había una unidad global de todos los sectores de la sociedad haitiana en contra del duvalierismo y a favor de la justicia.” (Jean y Maesschalk, 1999:. 70)

Hay consenso entre los estudiosos del periodo sobre el hecho que Haití aún no supera la crisis estructural desatada a raíz del agotamiento del modelo de dominación vigente hasta 1986. El movimiento democrático que recorre los dos decenios de esta crisis, en sus grandes etapas parte de la bamboche démocratique anterior a 1987 con el CNG, llega a la chance qui passe del primer Aristide de 1991, atraviesa el golpe de Estado para lograr el restablecimiento de la legalidad constitucional en 1994 y se pierde en el intermedio estéril de Aristide le petit, entre 2000 y 2004. Cada uno de esos momentos marca una etapa hacia el desencanto de un movimiento que soñó con una democracia que incluyera: las libertades ciudadanas, el progreso económico, el bienestar social, la inclusión cultural, o sea partiendo de las circunstancias concretas vigentes, una auténtica revolución. Y el periodo culmina con el movimiento híbrido que desemboca en el derrocamiento, el 29 de febrero del 2004, de quien más cerca del sueño había llevado al pueblo. Ese movimiento está compuesto por fuerzas llevadas a converger por su rechazo común al poder lávalas más que por afinidades o proyectos convergentes. Por lo menos cuatro grupos son distinguibles: los partidos políticos de centro-izquierda; la derecha política y económica; sectores organizados de las clases medias aliados a un grupo perteneciente a la burguesía (el Grupo de losl84); estudiantes e intelectuales. A ello habrá que sumar, a partir de la segunda semana de febrero de 2004, los allegados y partidarios decepcionados o traicionados por el régimen. De allí una total falta de preparación para encarar el periodo posterior a la salida de Aristide.

Las fuerzas que se coligaron en torno a esa salida son: A nivel de las fuerzas externas, desde el 21-22 de febrero, las potencias con mayor peso en Haití (USA, Francia); un grupo de ex-militares claramente instrumentalizados por las potencias interventoras ; las Naciones Unidas que, vía su oportuna resolución-relámpago del 29 de Febrero, abren la puerta a la intervención de las fuerzas multinacionales. El gobierno del 12 de Marzo llamado de transición, creatura del acuerdo del 4 de Abril entre la coalición antilavalas y el gobierno, refleja las relaciones desiguales entre los actores locales (internos) y esas fuerzas externas de rescate. De allí una estigmatización del gobierno provisional, responsabilizado por agendas y problemas para los cuales por lo demás no ha sido habilitado. Todo parece indicar que prevalece una obsesión por el restablecimiento de una legitimidad esencialmente formal, dado que las instituciones todas están más o menos desarticuladas, mediante elecciones como las de 2006 y luego de 2011, mientras la gobernanta de Haití se maneja desde más allá de sus fronteras nacionales. De hecho, el mandato de la MINUSTAH incluye: seguridad, estabilización política, democratización, reforma de la justicia y elecciones. La transición no encara por lo tanto el fortalecimiento de actores sino ante todo una prise en charge para la puesta en orden y la estabilidad.

Con todo, ya son perceptibles tres errores en los que la comunidad internacional persiste: El primero consiste en creer que Haití se pueda analizar como una situación de «post conflicto» un poco como el Kosovo o la República Democrática del Congo (RDC). De hecho, de acuerdo a un analista, “El ex Presidente Lagos ordenó desplegar una fuerza del Ejército chileno en 24 horas para evitar una masacre tan grave como Darfour o el Congo en nuestro continente” (Cheyre, 2008). La inflación de tropas militares que caracteriza a la misión onusiana desde 2004 y que sólo recientemente ha empezado a disminuir, ha introducido un toque de antipatía sino de hostilidad de los haitianos hacia la misión, que muchos consideran como inútil y otros tantos como lisa y llanamente una fuerza de ocupación. El segundo es pensar que al domar las instituciones se construye la gobernabilidad. Esta falsedad ya había quedado establecida cuando Aristide regresó a la presidencia, y ha sido tal vez la más dura lección administrada por la administración de Rene Preval. La tentación de accionar las tropas del populismo asecha por lo tanto hoy como ayer, pero con el peligro cada vez mayor de que quien los accione quede preso de su fuerza. El tercer error finalmente, es acariciar la ilusión de que el ejercicio electoral repetido genere repre-sentatividad e identificación política. La terca realidad indica que hay un impasse porque al olmo del autoritarismo anti institucional no se le puede pedir las peras de la democracia representativa. Los actores no están constituidos para el escenario que ha sido edificado para ellos. Entre las causas diversas que explican esta situación se pueden citar: la falta de tradición organizacional y la fuerza de las lealtades fincadas en el tradicional sistema comunitario y clientelista; la extrema y persistente pobreza que diluye tanto los lazos sociales como las bases culturales de las mismas; y más coyunturalmente, el agotamiento provocado por las desilusiones en cascada ocurridas en el marco de una crisis de más de veinte años.

Durante les siete años transcurridos desde 2006, dos elementos de la vida política se han afirmado.: La postergación cada vez mayor de los partidos como instituciones vectores de la conquista y la organización del poder, en provecho de un clientelismo de nuevo estilo, basado en la combinación del dinero con la comunicación; y la marginaliza-ción – hasta la burla – del voto popular si bien instrumentalizado, y su reemplazo por la presión de la calle Esos episodios de presión callejera han sido legitimadas por las instituciones interventoras y encargadas de garantizar la validez de los comicios. Mutatis mutandi este tipo de manejo es relativamente nuevo en el paisaje electoral, pero en nada único a Haití. Las acciones de comunicación combinadas con el dinero forman parte del paisaje electoral contemporáneo en el mundo entero. Pero aquí, la especificidad reside en el hecho que se trata de un Estado débil y confiscado, aunque siempre objeto de las contiendas electorales, siempre y cuando la apariencia siquiera de legitimidad importa en la conquista del poder político.

En este contexto la cuestión del voto adquiere una nueva dimensión y es el blanco de las contiendas electorales desde las elecciones de mayo 2000, cuando Aristide logra atribuirse todos los escaños del senado, a pesar de la inconformidad de la comunidad internacional. Desde entonces se impone el procedimiento: los partidos son una especie de ropaje para la mayoría parlamentaria del gobierno, que este fabrica… o compra. Esta instrumentalización se hace patente y explícita con las elecciones de 2006. En adelante, el seudo-partido es creado para fines electorales (Lespwa de Preval), o fabricado a partir del poder (Inité). Otra modalidad, la de las reagrupaciones o coaliciones, involucra partidos pre-existentes. Empero, el meollo del problema permanece: Fuera de los periodos electorales, los partidos no se manifiestan, o lo hacen muy poco. No es por lo tanto de extrañar que, con la excepción de la OPL – entonces, organización partidaria aristidiana – ningún partido político haya conquistado o ejercido el poder, desde la caída de la dictadura duvalierista.

Los comicios de 2010-2011 ven el retorno de lo viejo detrás de las alegaciones de cambio. La inmensa mayoría de las 68 formaciones que se presentan no tienen inscripción legal anterior a 2009; han surgido en la coyuntura electoral. Y es el candidato más individual, anti partido, auténtico representante del sistema a pesar de la retorica de cambio de su campaña, que será impuesto e instalado con el beneplácito de la comunidad internacional. Y si bien el escenario fue montado para aparentar un proceso moderno, con una candidatura femenina, debates públicos entre candidatos etc., prevaleció la realidad de los fraudes, los regateos y los diktats. El cambio más importante en esas elecciones es tal vez la ruptura con el régimen de corte Lávalas. En efecto, la elección de Martelly marca el fin de veinte años de populismo con un discurso de izquierda pero pocos cambios en sus prácticas, las cuales permanecieron anti-institucionales, clientelistas y, en el fondo, antipopulares.

Sin embargo, hoy todavía, después, y a pesar de, avatares sucesivos, incluidos los consecutivos a las elecciones de 2010-2011, puede decirse que la disposición a votar permanece presente dentro de la ciudadanía haitiana. Se ha fortalecido incluso, como se puede intuir de los actuales debates en torno a las próximas elecciones. ¿Se trata de un fenómeno de resignación de la gente – votar o nada? O ¿de una postura ingenua? Probablemente no. Más bien se podría apostar a la hipótesis de que los ciudadanos, el movimiento social mismo, callado, desestructurado, recuperado, mantienen el voto como un último reducto de su afán de participación. Indicios de ello serian las abstenciones – sanción, que no son equiparables a las abstenciones – indiferencia, comunes en las democracias del norte.

Hoy en día ¿Qué fuerzas aparecen susceptibles de constituirse en actores en la edificación de acuerdos para la gobernabilidad? Las instancias de mediación, o sea: Las iglesias, la prensa y los medios de comunicación, las instituciones de la cooperación internacional adquieren una presencia tanto más fuerte cuanto más débiles aparecen los actores políticos:. Empero esas fórmulas que funcionaron en el pasado no necesariamente contribuyen al surgimiento de actores nuevos, portadores de proyectos nuevos.

Un movimiento social genuino (entendiendo con esa palabra, autónomo con respecto al poder político) tiene pocas posibilidades de surgir como una fuerza definitoria u orientadora de un cambio, al estilo del MD que se formó en 1986. Este camino ya fue explorado y de las veintiocho organizaciones no partidistas que aparecen en la tipología, casi todas se extinguieron o se trasformaron en partidos. Lo que se observa hoy día se asemeja más bien a una clásica sociedad civil con fuerzas sectoriales y estrategias de presión desde fuera del Estado. A fin de cuentas bien parece ser que la normalización, por ímpetu o por realismo, se impondrá a los actores políticos, y más estrictamente, a los que pretenden al poder político. En todo caso, si la consolidación del sistema y de la dinámica electorales y el establecimiento de un orden público, caracterizado por la seguridad ciudadana y una recuperación económica rápida, son pasajes obligados y urgentes hacia la construcción de un orden democrático en Haití, hará falta al menos la estabilización democrática, que implica el fortalecimiento de las instituciones. La policía figura entre las prioridades al respecto pero antes que ésta, la administración pública de los servicios básicos. De modo más general, un refuerzo de las instituciones de gobierno, del Consejo electoral, del ministerio de Justicia, debería figurar entre las prioridades en la materia, para que la legitimación del poder político surgido de futuras elecciones pueda contar con bases mínimas para consolidar un verdadero proceso de transición democrática en Haití.

Dicho esto, la problemática de la articulación entre gobernabilidad y democracia adquiere contornos peculiares en Haití y arroja lecciones relevantes para los países del área y de varias otras partes del mundo. Esta articulación apuntó en su tiempo, en muchos países emergiendo de regímenes dictatoriales, a forjar un consenso más o menos global para la adopción – o la preservación – de un modelo de crecimiento. En algunos países la formula resultó fehaciente o, por lo menos arrojó resultados acordes con sus objetivos económicos. Es así como Chile, Brasil más recientemente, ostentaron, desde principios de los noventas y hasta 2009, tasas de crecimiento « envidiables » que, aunados al advenimiento de regímenes políticos capaces de combinar cierta atención a las necesidades sociales con un control político con formas a veces autoritarias, desembocaron en la consolidación de « modelos » regionales sino internacionales de gobernabilidad. Estos países tienen además en común el hecho de haber logrado más o menos explícitamente acuerdos políticos entre fuerzas y organizaciones con adscripciones ideológicas diferentes. Todo ello en una época que proclama el fin de la bipolaridad, del comunismo, del marxismo incluso, y celebra la transición hacia la democracia.

Ahora bien, a las consideraciones ya expuestas a propósito del MD haitiano acerca de los sentidos de la democracia, se suman nuevas interrogaciones acerca de la adecuación de los modelos de gobernabilidad que se ofrecen – o se imponen – desde la era llamada de fin de la guerra fría u ocaso del bloque soviético. De hecho, en muchos países, más que una transición « exitosa » a la chilena, lo que aconteció fue una situación de empate más o menos precario en donde se combinaron exclusión y control social con la organización del entorno institucional, legal y reglamentario necesarios para asegurar un cierto crecimiento económico. La modernización que se produce en esos casos postula la domesticación, recuperación o exclusión política de las fuerzas progresistas nacionales. Los casos de la República dominicana, o de ciertos países de Centroamérica, son ejemplos de ello. En todos esos ejemplos se puede argumentar que la gobernabilidad de los países ha incorporado los ingredientes técnico-administrativos, políticos pero también – sobre todo – ideológicos del orden mundial dominante. Llama la atención el hecho que los movimientos sociales hayan sido las principales fuerzas afectadas por el advenimiento de esta gobernabilidad. En adelante el voto resume y hasta agota los canales de la participación popular.

El caso de Haití es uno de fracaso rotundo del conjunto de los objetivos de la transición pos dictatorial. Al observar la deterioración de la situación haitiana gobierno tras gobierno, crisis tras crisis, se vislumbran dos dinámicas concomitantes, de despliegue del ímpetu político de la sociedad por un lado, y de desplome institucional y político del Estado, por el otro. La adopción de una política económica liberal políticamente correcta no encontró ni una alianza política ni un sector social con liderazgo donde apoyarse. El Estado y toda la trama institucional que entraña se descompusieron bajo las embestidas de fuerzas sociales abigarradas y unidas únicamente alrededor del objetivo de destruir lo viejo – changer l’Etat. De allí las intervenciones extranjeras normalizadoras de 1994 y, sobre todo, de 2004.

Ahora bien, lo que se observa hoy en día, con la excepción relativa del grupo de países emergentes del sur, es una desafección creciente del sistema de gobernabilidad adoptado en la región a partir de fines de los años ochenta del siglo pasado. La subversión interna del sistema por la violencia, la corrupción, las mafias diversas que extienden su control sobre diversos aparatos políticos y – por ende – los Estados, se desarrolla paralelamente a una atomización social y una indiferencia hacia el sistema político que acompañan una desigualdad económica y una pobreza de masa crecientes.

El fracaso de Haití como caso extremo, pone de relieve un nudo de contradicciones que están en el centro de la relación sociedad-Estado y que concierne a las condiciones en las que una sociedad adhiere a un proyecto estatal y lo convierte en nacional. El caso de Haití subraya la importancia de la apertura de los canales de participación no sólo política sino, en la base, económica y social, en ese proceso de adhesión. Al no existir esos canales sólo queda la capacidad de excluir, contener, reprimir, para mantener el modelo de gobernabilidad. Crecimiento o desarrollo, gobernabilidad o participación. A la postre, el Estado se encuentra aislado y preso cada vez mas de fuerzas oscuras, subterráneas, externas y, a fin de cuentas, asesinas. El Estado haitiano en cierto sentido está fracturado. Los Estados no emergentes de la región están, en cierta medida, minados desde adentro. Y hasta se debe examinar con atención los efectos de las brechas económicas y socioculturales cada vez más amplias que se dan en países como Chile o Argentina, donde las políticas de redistribución fueron mucho más limitadas que en Brasil, por ejemplo. Fisuras son detectables en el modelo, que requieren un nuevo posicionamiento acerca de la persistente y multidimensional pobreza de los pueblos en un contexto de polarización económica cada vez más aguda.

La inclusión económica y social aparece entonces como una necesidad imperativa, una condición sine qua non para una gobernabilidad democrática, en un doble sentido, a saber: una gobernabilidad en donde los mecanismos de la democracia representativa, política, estén sustentados en la participación popular; y también una gobernabilidad que se base en la inclusión económica y social o sea, en relaciones económicas y sociales más democráticas. Por cierto, la participación política es uno de los criterios de gobernabilidad, pero no puede construirse sobre la base de la exclusión social. Por ello la participación electoral adquiere pleno sentido cuando la elección de los representantes refleja los intereses dentro de la sociedad. La desafectación de los partidos -como su dilución en el caso de Haití – traduce el divorcio que se establece al respecto. La capacidad de redistribuir la riqueza o las cuotas de poder es a fin de cuentas ante todo un atributo del Estado. Allí radica la gobernabilidad. Allí se encuentra el dilema más grande de Haití.

La constitución de actores depende de estos pre-requisitos y supone un camino un tanto más largo. Esta generación de nuevos actores será fruto de un proceso de maduración interno que un verdadero periodo de transición podría producir. Desgraciadamente, es de temer que las actuales intrigas en torno a pasados y futuros comicios poco espacio dejen para el necesario fortalecimiento de fuerzas político electorales, sin las cuales la estabilización, aunque se la definiera de manera mínima, seguirá siendo una ilusión.

Puerto Príncipe, enero, 2010.

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Post scriptum

En más de un sentido, la tragedia que golpeó a Haití el 12 de enero de 2010 ha colocado al país en una dimensión nueva. Están por supuesto las dimensiones humanas – considerables pero que escapan al ámbito de este texto. Pero el seísmo también nos remite una vez más a los problemas de gobernabilidad. Gobernar Haití hoy implica tareas cotidianas de gestión del espacio público y de la seguridad para las cuales el actual aparato de Estado resulta para todos fines prácticos, desprovisto de medios. Se han agravado los déficits ya existentes en materia de servicio publico. Ciertas estructuras que fueron eficientes hasta el 12 enero funcionan ahora sólo parcialmente o con dificultades, debido al desplomo de sus locales y a las pérdidas humanas. Con respecto al movimiento social, por una parte, resulta claro que las actuales deficiencias del Estado (y otras más viejas) hacen ilusoria la esperanza de que pueda encarar soberanamente la tarea de la reconstrucción hacia un desarrollo sostenible del país. Por otra, la política de normalización seguida hasta hoy por la CI resulta más inadecuada que nunca. Resulta claro hoy que no sólo no se puede seguir diagnosticando los males del país en términos de categorías que, apenas fabricadas, ya han sido objeto de cuestionamientos substantivos – como la categoría de Estad o fallido – sino que el propio desencanto de la CI con los gobiernos que contribuyo a elegir y que apoyó durante siete años, está modificando los análisis políticos al respecto. Por lo tanto ya no es factible defender la visión según la cual “Los organismos internacionales, analistas, políticos y ONG coinciden en que esta solución (a la situación de Haití) pasa por establecer una institucionalidad y un Estado de Derecho, inexistentes hasta ahora e imprescindibles para avanzar hacia el desarrollo” (Cheyre, 2008). Amen de la falsedad histórica contenida en el calificativo de “inexistente hasta ahora”. De hecho, varios aspectos de esta supuesta catástrofe haitiana nos remiten precisamente al descuido de ciertos atributos del contenido de la gobernabilidad, en provecho de las formas y reglas tan sólo de la gobernabilidad política.

Empero, dentro de este panorama lleno de opacidades, la sociedad haitiana cuenta con una gran ventaja, que es su alta capacidad de autorregulación; una base sobre la cual se había desarrollado el movimiento social a fines de los ochentas. Si bien el movimiento social se ha apagado – con notoria excepciones específicamente en la provincia y en el campo, la sociedad civil es fuerte y suple con pocos medios a la carencia de funciones esenciales de cohesión social, entre otras las de policía y de justicia. No apostar a tal potencial constituiría a la vez un grave error y la elección, consciente o no, de un esquema de deterioración tan aguda de las condiciones socioeconómicas que sería asimilable a una provocación. Ni el movimiento social ni la sociedad civil pueden reemplazar al Estado. Pero en Haití ambos han estado, en coyunturas claves, más avanzados que el Estado. Vale la pena explorar esta diferencia, precisamente en aras de conseguir o de consolidar la gobernabilidad.

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CENSO Y TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y OTROS ACTORES DEL MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO

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Le Matin, (Port-au-Prince) coleccion 1986 – 2004

Libète, (Port-au-Prince) coleccion incompleta 1986-1992

Le Petit Samedi Soir (Port-au-Prince) coleccion incompleta, 1986-1989

Otros documentos

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Mad ap pale, (Port-au-Prince) 1986-1989

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