Ciudades latinoamericanas

Desigualdad, Segregación Y Tolenrancia

Mercedes Di Virgilio y Mariano Perelman (Coordinadores) 

Daniela Soldano 

Juan Ruiz 

John Gledhill 

Maria Gabriela Hita 

Enrique de la Garza Toledo 

Marcela Hernández Romo 

Morgane Govoreanu 

Tobias Topfer 

Carmen Imelda González Gómez 

Miroslaw Wójtowicz 

Susana María Sassone 

Brenda Matossian 

Daniel Hiernaux

Clacso

Ciudades Latinoamericanas: Desigualdad, segregación tolerancia y / Daniela Soldano … [et.al.]; Coordinado Por María Mercedes Di Virgilio y Mariano Daniel Perelman. -1 Bis ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2014 E-Book.
ISBN 978-987-722-019-3
1. Sociología Urbana. I. Soldano, Daniela II. Di Virgilio, María Mercedes, coord. III. Perelman, Mariano Daniel, coord. CDD 307.66
Otros descriptores CLACSO asignados Por:
Ciudades / Desigualdad Urbana / Pobreza / Estado / marginalidad / Políticas Públicas / Población / Desarrollo / Ciudadanía / América Latina

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Coordinadora Académico Fernanda Saforcada
Área de producci ó n Editorial y Contenidos Web de CLACSO
Coordinador Editorial
Lucas Sablich
Coordinador de Arte
Marcelo Giardino
Producción Fluxus Estudio
Arte de tapa
Ignacio Solveyra
Primera edición
Ciudades Latinoamericanas. Desigualdad, segregació ny tolerancia. (Buenos Aires: CLACSO, abril de 2014)

ISBN 978-987-722-019-3
© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Queda Hecho el Depósito Que Establece la Ley 11.723.
CLACSO
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CIUDADES LATINOAMERICANAS 

LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LAS DESIGUALDADES URBANAS

María Mercedes Di Virgilio y Mariano Perelman[1]

EL OBJETIVO DE ESTE LIBRO ES avanzar en la comprensión de los procesos de segregación y desigualdad social poniendo el foco en los modos en los que ciertos grupos sociales acceden o buscan acceder a la ciudad. El supuesto sobre el que trabajamos es que los modos de habitar, transitar y circular en la ciudad -en tanto ámbito de reproducción social- contribuyen a (re)producir la desigualdad socio-urbana. Entendemos que la desigualdad y los procesos de segregación se construyen con base en elementos materiales y simbólicos, históricamente producidos, social y territorialmente contextualizados. De este modo, conceptualizamos a la desigualdad como un fenómeno socio-territorial. Es decir, como un fenómeno socialmente producido que tiene manifestaciones y articulaciones espaciales claras y que, a su vez, se nutre de ellas. En este enfoque, entonces, la desigualdad social tiene su correlato territorial. Asimismo, las manifestaciones y articulaciones espaciales de la desigualdad se ven afectadas por la doble naturaleza del territorio: territorios fijos y territorios móviles (Sack, 1986).

En América Latina, tradicionalmente, el análisis de la desigualdad en las ciudades se asoció al de la segregación urbana, en general, y residencial, en particular.[2] Sin embargo, las formas actuales de la vida urbana desbordan ese concepto y, por tanto, la desigualdad socio-territorial ya no puede considerarse sólo en relación a la localización de los actores en un enclave fijo. Es necesario, abordarla como gradientes móviles y relaciónales en la ciudad. De este modo, contemplar esta doble naturaleza en la indagación de la desigualdad, supone nutrir el análisis tradicional de la segregación urbana con otro centrado en las prácticas cotidianas y sus distintas esferas y espacios de intercambio e interacción que superan las áreas residenciales fijas (Jirón, 2010).

Así entendida, “la desigualdad no puede comprenderse al margen de las relaciones de poder que operan en diferentes niveles y dimensiones de la vida social. De acuerdo con esta perspectiva relacional, la distribución de los bienes ocurre en el marco de configuraciones estructurales y de interacciones entre diversos actores, en la que se disputan las apropiación de esos bienes” (Reygadas, 2008:12). En la sociedad capitalista la estructura de clases y la estructura urbana constituyen, por excelencia, los marcos de la disputa.

Por un lado, la estructura de clases opera como un sistema de clasificación que permite establecer diferencias entre grupos sociales en términos de la dotación de recursos (materiales, de poder, simbólicos, etc.) y de la capacidad de controlar dichos recursos generando una inserción (posición) desigual en la estructura económico-social. De este modo, la estructura de clases puede entenderse como una estructura de distribución (desigual) de oportunidades (Dalle, 2012; Filgueira, 2001) que varía temporal y espacialmente.

Por el otro, la estructura urbana condiciona las probabilidades de acceso a bienes, a servicios y al desempeño de actividades, introduciendo variaciones en el acceso oportunidades.[3] Asimismo, el diseño urbano tiene una enorme capacidad de regular, modelar, reprimir o potenciar prácticas y cursos de acción. De este modo, la estructura urbana influye en la distribución de oportunidades a través de: (i) las características del segmento del mercado de tierras y el tipo habitat en el que los actores desarrollan su vida cotidiana, (ii) Las condiciones de su localización asociadas a formas diferenciales de acceso al suelo, a los servicios, a los equipamientos urbanos, a los lugares de trabajo, etc. De este modo, las oportunidades asociadas a la localización introducen importantes diferencias sociales entre los lugares de residencia y, también, entre sus habitantes (Salazar Cruz, 1999; Pinkster, 2007; Di Virgilio, 2011), constituyéndose en un factor crítico de estratificación.[4] (iii) Los flujos, las circulaciones e interacciones que propone a través de las características, calidad y condiciones de acceso de los espacios públicos, del equipamiento social, de los servicios sociales básicos (salud y educación) y del sistema de transporte urbano.

Los trabajos que integran este libro ponen en evidencia las condiciones de producción de las distintas formas que asume la desigualdad en las ciudades de América Latina. Asimismo, ponen en evidencia que las desigualdades se sustentan en relaciones sociales e interacciones dinámicas que interactúan con y (re)definen condiciones de desigualdad estructural. En particular, abordan las disputas que ocurren en nuestras ciudades y sus interrelaciones con la estructura de clases -en términos de relaciones entre diferentes sectores o grupos sociales- y con la estructura urbana. A fin de avanzar en el análisis de dichas disputas y de sus condiciones y contextos de producción, cada uno de ellos recupera, en clave territorial, algunas de las preguntas que tradicionalmente organizan las indagaciones sobre la desigualdad

desde la perspectiva de la indagación social (Reygadas, 2008): ¿Cómo se produce la desigualdad urbana? ¿Cuáles son los procesos y los mecanismos que a nivel territorial incrementan la desigualdad y cuáles, los que contribuyen a reducirlas? ¿Qué papel desempeñan los factores económicos, políticos y culturales en la producción de la desigualdad urbana?

PUNTOS DE PARTIDA

La perspectiva a partir de la cual el libro y sus capítulos abordan la desigualdad urbana supone aceptar que en su producción intervienen condiciones estructurales -asociados a posiciones estructurales objetivas- y elementos microsociales que hacen referencia a las experiencias cotidianas de los individuos, a sus interacción y a la interpretación que ellos mismos hacen de dichas experiencias y de sus condiciones de existencia. De este modo, entendemos que “la desigualdad [urbana] está sostenida en estructuras persistentes que se reproducen en la larga duración. Pero no son inmutables, sino que se construyen y se transforman como resultado de procesos en los que interviene la acción humana” (Reygadas, 2008:20). Es justamente en la interacción entre acción y estructura que se (re)producen desigualdades estructurales y dinámicas. Nos enfocamos entonces en las relaciones sociales territorializadas -en tanto relaciones de poder- como motor en la producción de la desigualdad urbana: territorios fijos y móviles, desigualdades estructurales y dinámicas se integran en la ciudad en una geografía social polimórfica y compleja (Soja, 2008).

Uno de los componentes centrales del habitar (des)igual en la ciudad es el lugar de residencia. En tanto ésta remite a territorios fijos, las condiciones de segregación residencial constituyen un componente de la desigualdad estructural. Tal y como muestran Carman, Viera y Segura (2013:19 ss), en las ciudades de América Latina se observan cuatro formas de segregación residencial: La segregación acallada que alude a una producción directa, aunque implícita, de situaciones de confinamiento. La segregación por default que es una sutil variante de la anterior y refiere a los efectos socio-espaciales de un prolongado abandono estatal de los habitantes de una zona de relegación urbana. La segregación presuntamente indolente o positiva que se materializa en los procesos de auto-segregación de la clase acomodada, tanto en las torres country del corazón de la ciudad capital como en las urbanizaciones cerradas suburbanas. Por último, la segregación agravada que refiere a la sumatoria de algunas de las dimensiones de segregación ya mencionadas, que suelen impactar sobre los sectores considerados superfluos o efímeros y que nos hablan de su cada vez más difícil permanencia en la ciudad.

Sin embargo, la desigualdad no sólo se produce a partir del lugar de residencia sino también a partir de la posibilidad que tienen los sujetos de moverse por la ciudad. En este sentido, el estudio de la producción y mantenimiento de fronteras tanto materiales como simbólicas se torna central para la comprensión de la producción de las desigualdades. Las fronteras pueden tomar la forma de barreras físicas (muros, rejas, puertas, barrancos, detectores de metales, etc.), de dispositivos legales y/o económicos (prohibiciones, permisos, aranceles, concesiones, cotos, patentes, restricciones, derechos, etc.) o de mecanismos simbólicos (Reygadas, 2004). Estas fronteras, como bien marca Reygadas (2004:15), rigen los flujos de las personas, los conocimientos, las mercancías, los objetos, los servicios, el trabajo, los símbolos y todo aquello que sea susceptible de intercambio.

De este modo, la existencia de las fronteras simbólicas, en tanto distinciones y clasificaciones hechas por los propios actores sociales para categorizar objetos, personas, prácticas y espacios (Lamont and Molnár 2002)the concept of boundaries has been at the center of influential research agendas in anthropology, history, political science, social psychology, and sociology. This article surveys some of these developments while describing the valué added provided by the concept, particularly concerning the study of relational pro-cesses. It discusses literatures on (a, se constituyen en componentes principales de los procesos de desigualdad. Las categorizaciones -sustentadas en valores morales- producen identificaciones hacia adentro y diferenciaciones frente a “otros” (Cosacov and Perelman, 2014)”plainCitation”:”(Cosacov and Perelman 2014 que definen grupos con una diferencial capacidad de usar el espacio público y generan mecanismos, dispositivos y prácticas que se materializan (muchas veces de manera sutil) en procesos de desigualdad social.

Las fronteras marcan límites morales en los territorios. Así, en tanto arena de producción de sentidos, de conflictos, dominación, resistencia y transformación, el espacio tiene un rol central en la producción de sujetos e identidades y de de argumentos clasificatorios o moralizantes Es por ello que creemos que el análisis de la producción de las desigualdades debe centrase en territorios históricamente construidos, con sus complejidades y contradicciones, en tanto espacios morales en disputas, de redes de relaciones y campos de poder.

Asimismo, pensar en la existencia de fronteras implica reconocer que los diferentes grupos sociales no “viven” separados. Antes bien, generan contactos constantes y producen conflictos. La ciudad, como no podía ser de otra forma, ha sido siempre lugar de conflicto(s). Lo que nos interesa marcar, entonces, no es la imposibilidad de la existencia del conflicto sino la productividad analítica que ellos tienen para comprender el modo en los que se (re)produce, (re)construye la desigualdad social en las ciudades. En este sentido, quizás sea conveniente recordar que existen conflictos que ocurren en la ciudad y otros que se producen por el uso (en un sentido amplio) de la misma. En sí mismo, el territorio es un espacio de poder, tiene su historia, sus moralidades y ciertos usos más legítimos que otros. En este marco, indagar en las situaciones sociales que se dan en el espacio público permite observar el modo en que se construye el orden público (Cefái y Terzi, 2012). La noción de orden no remite simplemente a reglas, marcos y normas “formales” que pertenecen al orden jurídico. Antes bien, se construye a partir de prácticas a las que recurren los habitantes de la ciudad explícita o tácitamente (Duhau y Giglia 2008). Estas prácticas tanto formales como informales son las que se producen y reproducen en los contactos que interesa analizar para comprender la (re)producción de la desigualdad.

Los conflictos pueden ser de diversa índole, de diferentes escalas; pueden participar en ellos actores colectivos o individuales. Es importante marcar que el espacio público no es una arena en la que las diferencias se dirimen a partir del diálogo, ni es una arena de intereses comunes (a lo Habermas) o de mercado entre iguales. Es, ante todo, el lugar del conflicto(Fraser ,1990). Si nos alejamos de la noción de “espacio público” en tanto locus de los intereses comunes, comprenderemos mejor el lugar que el conflicto tiene en la construcción de la ciudad. Como dice Merlinsky (2009:8), “explorar la constitución de conflictos que ponen en cuestión un nuevo orden de problemas transformándolos en asuntos públicos permite rastrear -a partir del análisis de un campo social concreto- la forma en que los actores sociales piensan sus ámbitos cotidianos de vida”. Efectivamente, los conflictos no sólo permiten rastrear la forma en la que los actores sociales piensan sus ámbitos cotidiano sino también como los han marcado (Daich, Pitay Sirimarco, 2007:73): la cotidianidad es así una vía de entrada rica para el análisis de las formas en que se producen efectivamente el control y la violencia, así como también las diversas modalidades de resistencia, negociación, sometimiento o adecuación.

Con base en estas relaciones conflictivas, es cotidianamente que se construye la desigualdad. Y esto, porque las personas no son individuos aislados que recorren la ciudad sin más. La forma en la que se desarrollan los conflictos permite comprender los diferentes y heterogéneos modos en los que los actores accionan y se apropian del espacio urbano. Ello posibilita desnaturalizar y cuestionar las visiones homogeneizantes de los procesos sociales dando espacio a procesos -locales e históricos- de producción de conflictos, de la dominación y de la resistencia. Los conflictos implican una impugnación, una reacción, una contestación, la existencia de unos intereses diferentes sobre algo. Los conflictos enfrentan individuos, personas (morales) y grupos. En particular, los conflictos por el orden urbano dan cuenta de una búsqueda de subversión, transformación, impugnación, quiebre de ese orden. Este orden es un orden moral. Malinowski (1969) había advertido que es en la ruptura de las normas (y en su castigo) en donde puede apreciarse con mayor claridad las moralidades presentes. Los conflictos se producen cuando hay una ruptura en las normas que ordenan la vida y la cotidianeidad de las personas. De esta forma, la acción colectiva; pero también, muy espacialmente, las micro escenas son rituales que al mismo tiempo que impugnan un orden, lo refuerzan y reproducen (O’Donnell, 1997).

A pesar de la contundencia que puede tener el conflicto, las desigualdades suelen naturalizarse. A ello mucho contribuyen las narrativas sobre la desigualdad. Éstas no sólo posibilitan que las desigualdades se reproduzcan sino que se generen y se cosifiquen. Recientemente, recuperando los escritos de Tilly Gootenberg y Reygadas (2010) refirieron a que las desigualdades parecen ser “indelebles” en América Latina ya que están basadas en procesos de larga duración y en un entramado multicategorial (producto de procesos concretos de des- igualación social). Para Reygadas (2008) la desigualdad se (re) construye en un entramado de desventajas, una “red” que tiene una base estructural de larga data. Para comprender cómo se produce es necesario centrarse en el plano relacional y observar las narrativas que legitiman esas relaciones. Las categorizaciones producen un entramado discursivo históricamente construido sobre el que se van produciendo privaciones (Bayón, 2013). Esas privaciones pueden estar territorializadas . Las narrativas y las prácticas no se dan en abstracto sino en contextos determinados, en territorios morales específicos que son parte de la producción de las desigualdades (Cosacov y Perelman 2011). La producción de las barreras simbólicas a las que nos referimos suelen construirse sobre estas narrativas que contribuyen a negar y/o circunscribir el uso del espacio urbano.

Una de las formas en las que las narrativas (re)producen desigualdades es la construcción de sujetos legítimos en un orden público determinado. Por ejemplo, las categorías de trabajo y trabajador, entre otras, en el espacio público forman parte de esa pugna (Perelman, 2011). En las sociedades capitalistas la reproducción social suele lograrse a partir de la venta de la fuerza de trabajo. Los procesos de trabajo y actividades que se realizan a la vía pública y que se desarrollan en el espacio urbano suelen ser motivo de disputa, conflicto, negociación entre actores con diferente poder de incidencia en el uso y producción del espacio. De este modo, las luchas y disputas por el uso y la apropiación del espacio dan cuenta de la construcción de desigualdades en los procesos de trabajo tornándose esta esfera central para comprender los procesos de segregación y desigualdad urbana. Algunas actividades, algunos trabajos son permitidos mientras otros son perseguidos. Algunas tareas están reguladas en el marco de derechos y otras son consideradas ilegales. Todo esto produce negaciones en torno a la reproducción social o contribuyen a formas de explotación que van cimentando la desigualdad.

Sin duda, la producción y reproducción de las desigualdades no se agota en los temas aquí planteados. No ha sido nuestra intención hacer un estado de la cuestión o realizar una exhaustiva síntesis de las actuales corrientes en torno al análisis de las desigualdades sociales. Sólo quisimos marcar algunas líneas fructíferas en la rica constelación de estudios que proliferan en la actualidad.

LA ESTRUCTURA DEL LIBRO

El libro es el resultado de un grupo de ponencias presentadas en el marco del 54 Congreso Internacional de Americanistas realizado en Viena en 2012. El objetivo de la mesa era contribuir a la comprensión de la producción de las desigualdades de y en las ciudades latinoamericanas más allá de los datos duros. Nos sorprendió la respuesta de decenas de investigadores dispuestos a debatir y a contribuir al análisis de las desigualdades desde diferentes disciplinas y perspectivas. Ello, sin duda, se refleja en el libro y da cuenta de la complejidad que implica abordar estos procesos.

El libro está dividido en tres secciones. La primera de ellas Contactos, fronteras y derecho a ¡a ciudad: Construcción social de ¡a desigualdad urbana reúne tres textos que se sumergen en barrios populares para dar cuenta desde un enfoque cualitativo del modo en el que los procesos de desigualdad son vividos por los pobladores de esos barrios y generan diferencias dentro de los grupos sociales. Los trabajos ponen en evidencia no sólo que la desigualdad genera relegación y padecimiento, sino también solidaridades y resistencias. Leídos en su conjunto los escritos permiten de-construir los procesos de desigualdad a partir de una perspectiva histórica y centrada en las vivencias de los actores. También invitan a pensar las particularidades que adquieren los procesos de desigualdad según los contextos y los procesos, aun cuando estemos hablando de fenómenos similares (como la violencia).

Daniela Soldano da cuenta de las experiencias de la desigualdad de los vecinos de “El Tanque” en la Región Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Su texto pone en el centro la necesidad de pensar la desigualdad en relación con el espacio habitado y el modo en que el habitar supone convivir con sistemas de categorías público-políticas que producen diferencias concretas entre “clases” o “tipos” de vecinos. Reconstruir la historia del barrio y de los habitantes, mostrando las evaluaciones que han hecho del proceso, le permite mostrar las percepciones ambivalentes en torno a la vida en el barrio (como la valoración positiva del acceso a la vivienda propia y el hecho de que radicarse en el barrio se percibe como desventajoso o no deseado o el desencanto por el progreso postergado, la desprovisión de servicios, el deterioro de los elementos urbanos y el aislamiento socioespacial). Además, centrarse en los elementos evaluativos y en los criterios de justicia o de igualdad, le permite a la autora complejizar la construcción de ciudadanía como sus impactos subjetivos en relación con los procesos espaciales. También, el análisis de los discursos espaciales de la relegación posibilitan comprender el modo en que esos procesos son significados y dan sentido a la vida de las personas.

Juan Ruiz, indaga en el proceso de consolidación de la violencia en un sector estigmatizado de la Población José María Caro en Santiago de Chile. El texto da cuenta de que la violencia en el barrio no puede comprenderse sino a partir de las tendencias estructurales tanto sociales como económicas que ha sufrido Santiago en los últimos años. Con este panorama de telón, el autor da cuenta de las formas locales y complejas que adquiere(n) la(s) violencia(s) en el barrio. El texto da cuenta de las percepciones de los vecinos sobre estos procesos, el modo en que perciben la violencia institucional (proveniente de las policías) y la estructural (por parte del Estado y del resto de la ciudad) que es significada socialmente y que influye en el modo en que se construyen las identidades. El autor da cuenta de los condicionantes espaciales que se relacionan con la violencia y rastrea y cartografía las diversas violencias institucionales, políticas, económicas, sociales y estructurales que se expresan en esa población. Todo ello le permite dar cuenta tanto de las diferentes violencias y percepciones sobre la misma como la heterogeneidad de estrategias de resistencia para hacer frente a la violencia y a la exclusión. Son estas prácticas complejas de estigmatización, violencia estructural, económica y social las que contribuyen a la desigualdad social.

El último artículo de la sección es el de John Gledhill y María Gabriela Hita quienes relatan la experiencia de una organización popular creada para enfrentar una amplia gama de amenazas a la seguridad económica y física de los pobladores de un barrio en Salvador de Bahía en Brasil: el Foro Permanente de Entidades del Barrio de la Paz (FPEBP). El artículo va dando cuenta desde la perspectiva de la investigación- acción/ intervención del proceso de transformaciones que se produjeron en las organizaciones sociales del barrio. Ello les permite dar cuenta del modo en que los procesos estructurales que está viviendo la ciudad afectan a los pobladores: el modo en que el derecho a la ciudad de los más pobres se ve amenazado por el poder de los intereses inmobiliarios y especuladores en bienes raíces, los procesos de policiamiento, los grupos narcos, etc. A la vez el análisis de las organizaciones sociales posibilita comprender ese mundo que parece aislado pero que está basado en alianzas entre las élites locales y las élites políticas de la ciudad. Así, el texto da cuenta de cómo se producen diferencias dentro del barrio, se crean alianzas en pos de detener los cambios que afectan a la ciudad pero, al mismo tiempo, cómo estos son usados por las élites para mantener la dominación.

Tal como señaláramos en las primeras páginas de esta introducción, los conflictos ocupan un lugar centra en la producción de la desigualdad urbana. Esta línea es la que auna los textos reunidos en la segunda sección Pugnas por el espacio público. Las disputas entre individuos y entre grupos sociales constituyen un tema clásico de las ciencias sociales que, progresivamente, fue adquiriendo cada vez más centralidad en la comprensión de la desigualdad urbana. Los casos que se presentan en la segunda sección dan cuenta de algunos abordajes actuales que complejizan las crecientes pugnas que se producen por el acceso y el uso de la ciudad. Algunos remiten a la imple-mentación de barreras físicas así como la construcción de fronteras simbólicas por el uso de ciertas partes de la ciudad. Otros, sobre las negaciones del uso del espacio urbano para el trabajo y la concep-tualización de esas actividades como (no) trabajo en regiones con grandes concentraciones de trabajo urbano “informal”. También los conflictos se producen por el uso de la ciudad para fines socialmente no consensuados (vivir, protestar); o el modo en que el avance del neoliberalismo genera transformaciones urbanas segregatorias que afectan la convivencia urbana.

Enrique De la Garza y Marcela Hernández centran su escrito en la necesidad de (re)pensar el concepto de informalidad urbana a partir de indagar en las múltiples concepciones del mismo así como de pensar la realidad de las condiciones de trabajo en México. Los autores no sólo buscan mostrar los alcances analíticos del concepto sino también las implicancias políticas y de derechos para los trabajadores que supone conceptualizar a ciertas actividades que se desarrollan en el espacio público como informales. Los autores proponen ampliar el concepto de trabajo para que incluya actividades que hoy en día están fuera y que, por ello, quedan excluidas del ámbito de los derechos. De esta forma, el texto provee herramientas para comprender que la desigualdad se sustenta en las categorías sociales y que las pungas por el espacio público son también discursivas.

Morgane Govoreanu indaga en el caso de los plantones en la ciudad de México. La autora da cuenta de cómo estos asentamientos urbanos son una forma de protesta espacial ante causas bien diferentes. En estas protestas participan actores bien disímiles. La protesta en el espacio público le permite dar cuenta de las diferentes concepciones y de injerencia que los actores tienen sobre el espacio público y el modo en que se construye la otredad. La autora indaga en las puestas en escena en el espacio público, en los discursos las sustentan así como en los discursos de los medios de comunicación y de las personas que se enfrentan a este tipo de uso del espacio público. Ello, sumado al análisis etnográfico de situaciones sociales le permite a la autora dar cuenta del cómo se pugna por el uso del espacio público al tiempo en que se construye la otredad. Además el texto, el texto aborda el modo en que los movimientos sociales constituyen una reapropiación de espacios públicos, por grupos que se consideran excluidos de las decisiones políticas, intentando reescribir la ciudad e intentando transformar las estructuras sociopolíticas.

Tobías Tópfer indaga en la producción de barreras (tanto visibles como invisibles) para los pobres urbanos en el centro de San Pablo, Brasil. El autor muestra el modo en que se busca “revitalizar” el centro de la ciudad que según los discursos dominantes está vació y, paradójicamente, usado inapropiadamente por personas en situación de calle, adictos, vendedores ambulantes, recolectores de materiales reciclables o prostitutas. El texto da cuenta de las medidas que se toman para regenerar el área a partir de la construcción de cambios provenientes del urbanismo y la arquitectura (consideradas como acciones técnicas) así como desde las intervenciones del Estado. El artículo da cuenta de la construcción de barreras físicas visibles (como la construcción de rampas “anti mendigos” contra la población en situación de calle; o el proceso de poticiamiento) como procesos que producen barreras invisibles (programas sociales, acciones estatales, etc.). El texto recorre diferentes situaciones que dan cuenta de este proceso que tiene una fuerte tendencia de control de las disparidades sociales con medidas de criminalización de los pobres y del aumento de las barreras visibles e invisibles para los distintos grupos desfavorecidos en el centro de San Pablo. Las medidas adoptadas buscan mantener el orden público a través del control y la expulsión contribuyendo y produciendo una mayor desigualdad de estos sectores que ven peligrar su lugar de vida y de trabajo.

El texto de Carmen Imelda González Gómez se centra en el mercado de viviendas, su crecimiento y la influencia que tienen los desa-rrolladores en la producción de la segregación urbana en Querétaro, México. La autora marca que si bien la ciudad ha crecido producto de un proceso de industrialización, lo que se observa ahora es que el proceso de crecimiento está ligado a los intereses particulares del sector de los desarrolladores urbanos que han prosperado de manera exponencial en la ciudad. Estos producen un tipo particular de vivienda y de infraestructura que no corresponde a las necesidades de la población. En el marco de una serie de transformaciones en torno a la política de vivienda y al mercado habitacional, los fraccionamientos urbanos se han convertido en la oferta más atractiva tanto para los desarrolladores como para los compradores. La construcción de viviendas en fraccionamientos genera, dice, un brutal incremento de la mancha urbana y modifica el uso del espacio urbano en varios sentidos (pequeñas y grandes plazas comerciales y de servicios, condominios, torres departamentales, fraccionamientos cerrados, fraccionamientos campestres con cuerpos de agua artificiales, áreas verdes y campos de golf). Los fraccionamientos residenciales están cercados física y simbólicamente y tienden a exacerbar el fenómeno de la segregación. La autora da cuenta de que optar por vivir en un fraccionamiento, encerrarse, segregarse del resto de la comunidad, son sinónimos de la necesidad de apartarse, en este caso, voluntariamente de aquello que por alguna circunstancia, no considera un entorno certero. El texto entonces, muestra cómo el accionar de los desarrolladores tiene una influencia central en la construcción (física e imaginada) de un tipo de ciudad en el que la desigualdad está naturalizada.

La última sección del libro está dedicada a los procesos migratorios, los proyectos urbanos y la distribución espacial de la población que contribuyen a la producción de la desigualdad. La división social del espacio es un rasgo de la ciudad capitalista. Contribuyen a su definición las formas y los procesos pasados y actuales de producción del espacio residencial. Los artículos de la tercera sección del libro avanzan en la indagación de formas y procesos que tienen lugar en las ciudades de América Latina. En particular, se detienen en el análisis de las relaciones existentes entre transformaciones demográficas, económicas y sus impactos territoriales, en los impactos de los procesos migratorios y, finalmente, en los dispositivos y las formas en las que actúa el neoliberalismo urbano en la producción de la ciudad.

Miroslaw Wójtowicz revisa los efectos de las transformaciones demográficas y económicas en la estructura espacial y social de Curi-tiba (Brasil) en las últimas tres décadas. El artículo se concentra en los niveles de segregación socioeconómica urbana y en la representación de la estructura social. Utiliza datos del censo poblacional más reciente, que luego conjuga con otras estadísticas demográficas y sociales, con el fin de analizar los cambios sociales y espaciales de Curitiba. Miroslaw describe de manera detallada el crecimiento demográfico y espacial de la Ciudad de Curitiba, recuperando datos de densidad poblacional y mostrando las concentraciones de grupos raciales y sus cambios en las últimas décadas. El autor discute, asimismo, el rol de la globalización en estos procesos. Los datos presentados sugieren que la segregación racial no es el factor principal que divide el espacio en Curitiba. Los ingresos familiares y los ingresos personales son factores de diferenciación mucho más importantes.

Susana Sassone y Brenda Matossian se ocupan de la distribución residencial de la migración internacional de la Región Metropolitana de Buenos Aires a partir de las siguientes preguntas: ¿cuántos son y dónde están los migrantes? Y luego: ¿cómo hacen ciudad?, y ¿qué tipo de ciudad hacen? Y además: ¿qué papel juegan los migrantes en la construcción de las desigualdades sociales en las escalas metropolitanas? Las autoras ponen especial énfasis en el análisis de las principales colectividades latinoamericanas, además de las colectividades del resto de América más las de los otros continentes. El trabajo les permite dar cuenta de los patrones de la concentración/dispersión espacial de los migrantes según origen para comprender la configuración urbano-territorial de Buenos Aires. El análisis de los datos muestra la existencia de pautas de diferenciación espacial según orígenes como también correspondencia real en función de condiciones de pobreza.

Finalmente, Daniel Hiernaux reflexiona en clave histórica sobre la construcción de la ciudad de México. El artículo se organiza en dos momentos: en primer lugar, Hiernaux da cuenta del imaginario de ciudad que se construyó a lo largo de la fase de expansión económica en México. En segundo lugar, muestra cómo la falla radical del sistema condujo a una ciudad fragmentada donde identifica elementos que permiten pensar en un modelo de “ciudad archipiélago”. A partir del análisis, concluye que la entrada de la ciudad de México en un entorno neoliberal ha cambiado la ingeniería de las políticas urbanas. Si bien México no parece haber sido nunca un espacio mixto donde se codeaban los diversos grupos sociales, el neoliberalismo ha contribuido a abundar en la profundización de las desigualdades urbanas. En este sentido, la política urbana actual pareciera alejarse de un modelo integrador y estar más cercana a lo que el autor identifica como un archipiélago de proyectos desconectados entre sí, sustentados en la ganancia y en la “guetoización” de ricos y pobres, cada grupo produciendo el espacio a su manera.

BIBLIOGRAFÍA

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O’Donnell, Guillermo 1997 Contrapuntos (Buenos Aires: Paidós).

Perelman, Mariano D. 2011 “La construcción de la idea de trabajo digno en los cirujas de la Ciudad de Buenos Aires” en Intersecciones en Antropología 12(1): 69-81.

Reygadas, Luis 2008 La apropiación : destejiendo las redes de la desigualdad (Rubí: Barcelona; México, D. F.: Anthropos ; UAM, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades).

Doctores CONICET/ Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA)↵

La segregación residencial es un fenómeno espacial definido por "el grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, ya sea en términos étnicos, etéreos, de preferencias religiosas o socioeconómicas, entre otras posibilidades" (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001:27). La división más frecuente de población urbana latinoamericana ocurre con respecto a la estructura de clase, destacándose la importancia de la segregación socioeconómica con respecto a otras formas de segregación. El progreso y la expansión del proceso de urbanización limitan la disponibilidad de suelo urbanizable, produciendo un alza en los precios de la tierra y las viviendas en las áreas y localizaciones más demanda¬das. De este modo, la segregación -antes que ser un resultado de las preferencias y decisiones residenciales de los hogares- constituye un fenómeno que se configura en relación a las restricciones que impone el mercado de tierra y vivienda y, también, las políticas públicas sectoriales (Flores, 2008).↵

Oportunidad en términos generales se define como una situación o condición propicia para la satisfacción de un objetivo u objetivos. El contexto barrial es un factor determinante en la producción de las situaciones y/o condiciones que mejoran las posibilidades de alcanzar dichos objetivos. En el contexto de las ciudades metropolitanas, los barrios definen las oportunidades para el acceso a bienes y recursos. Los barrios a menudo determinan el acceso a oportunidades críticas necesarias para la sobrevivencia tales como escuelas, empleo, vivienda, seguridad, atención de la salud, etc. (Powell, Reece y Gambhir, 2007). Por ejemplo, Galster y Killen (1995) sugieren que la vida de las personas puede cambiar profundamente si ellos se mudan a barrios que ofrecen nuevas oportunidades. Sugieren que la geografía del entorno barrial influye sobre las redes sociales y los contextos normativos, mostrando cómo estas relaciones se hacen especialmente evidentes en el acceso a la educación y al mercado de trabajo, entre otros.↵

Centrar el análisis en aspectos que refieren a las condiciones de localización remi¬te a considerar características geomorfológicas y del espacio construido que afectan los procesos de estratificación y diferenciación socio espacial —disponibilidad de la tierra, de infraestructura física relacionada con la vivienda y al transporte, presencia de viejos e históricos sectores populares urbanos, existencia de la tierra vacante, etc. En particular, estas características adquieren especial relevancia en el análisis de los espacios segregados y de los sitios en los que se localizan (Machado Barbosa, 2001).↵

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Primera parte

 CONTACTOS, FRONTERAS Y DERECHO A LA CIUDAD

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA DESIGUALDAD URBANA

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LA DESIGUALDAD SOCIAL EN CONTEXTOS DE RELEGACIÓN URBANA

UN ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS Y LOS SIGNIFICADOS DEL ESPACIO (GRAN BUENOS AIRES, 2003-2010)

Daniela Soldano[1]

HABITAR LA CIUDAD METROPOLITANA supone convivir con sistemas de categorías público-políticas que, en su juego de imposición cotidiana, producen diferencias concretas entre clases o tipos de vecinos[2]. Las prácticas de acceso a los servicios sociales y urbanos -y las relaciones sociales implicadas en estos- constituyen un mirador privilegiado de tal sistema de diferencias. No es lo mismo vivir cerca del asfalto que a cinco cuadras de él; no es lo mismo vivir en una cuadra iluminada y asfaltada que en una de tierra; no es lo mismo vivir cerca de un arroyo hacia el que corren las zanjas y en el que fluyen las aguas servidas de todo el barrio, que lejos de él, ni es lo mismo vivir cerca del tendido de cables de alta tensión o a cierta distancia de él. En este artículo se procura mostrar cómo este conjunto de diferencias (y el modo en el que se experimentan y comprenden) dan forma a la sociabilidad, a las subjetividades y a las percepciones de lo público-estatal en contextos de relegación urbana.

La investigación empírica que está en la base de este artículo fue realizada entre los años 2003 y 2010 y tuvo como objetivo analizar las experiencias de la desigualdad social de un conjunto de habitantes de la periferia noroeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), en una zona del partido de José Clemente Paz situado a 35 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires[3]. Dependiente de los recursos provinciales y nacionales y con exiguos niveles de recaudación impositiva, este distrito exhibe el nivel de gasto por habitante más bajo de la región y uno de los mayores porcentajes de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Las condiciones demográficas y socio-económicas de alta vulnerabilidad que presentan los hogares de José C. Paz y las características territoriales del partido (con conec-tividad y accesibilidad heterogéneas y desiguales) se combinan con la oferta de transporte público, dando como resultado una población con importantes dificultades de desplazamiento y que debe optar por construir su cotidianeidad en una escala barrial, en la que el trabajo, las relaciones sociales y las actividades de consumo y de esparcimiento se ven restringidas (Palma Arce y Soldano, 2010). Asimismo, en los últimos veinte años los barrios periféricos se han convertido en espacios de recepción sistemática de programas sociales asistenciales. Esta situación tuvo un fuerte impacto en la vida personal, familiar y comunitaria. (Soldano, 2008; Cravino et al, 2002)

El trabajo de campo se concentró en un área del borde del distrito (el del barrio que se denominará “El Tanque”) que puede ser vista como una zona de interfase entre el tradicional suburbio (que combinó loteos populares con asentamientos informales) y el nuevo periurbano, donde se emplazan una estación ferroviaria recientemente inaugurada, un parador de cartoneros[4] y una feria de comercialización de productos derivados de esa actividad. Por los niveles y por la intensidad de la pobreza, por los tipos de inserción en el mercado de empleo, por la situación de cobertura, por la calidad de los servicios sociales y urbanos y por su relación con la ciudad central, la región analizada presenta un conjunto de características que permiten estilizar las condiciones y los modos de vida en franjas metropolitanas periféricas. Estas se caracterizarían, en el presente, por la constitución de formas de ciudadanía, es decir, de relación entre los sujetos y el Estado, de un nuevo tipo. En efecto, la situación de pobreza crónica y territorializada tendería a consolidar regiones socio-espaciales cuyas posibilidades de integración materiales, políticas y simbólicas se van extinguiendo.

En este artículo se propone un análisis de las experiencias de la desigualdad de los vecinos en relación con el territorio habitado, prestando particular atención a las figuras o a las tipificaciones que aparecen en los razonamientos de sentido común[5]. De este modo se procura aportar tanto al debate sobre la relegación socio-urbana y la segregación residencial de las ciudades metropolitanas en América Latina (Wacquant, 2007; Saravi, 2004, Carman, Segura y Viera, 2012) como a la construcción de un enfoque sociológico cualitativo y fenomenológico orientado a la investigación empírica sobre la desigualdad social. (Lindon Villoría, 1999 y 2005, Lindon y Hiernoux, 2008, Hiernaux, 2008 )[6]

BIOGRAFÍA, PROMESA Y DESENCANTO

A comienzo de los años ochenta, distintos operadores inmobiliarios lotearon y vendieron la zona de “El Tanque” prometiendo un vergel enclavado en el camino del progreso. En efecto, es corriente escuchar entre los vecinos entrevistados que el valor agregado de los terrenos era tanto su carácter pastoril (el verde, el aire puro, la lejanía del mundanal ruido de la ciudad) como su inminente cobertura de servicios, entre las que se destacaba la futura estación ferroviaria. Buena parte de los vecinos compraron sus terrenos en cuotas atados a esa doble promesa.

Gabriel se instaló en “El Tanque” a fines de los años ochenta con la esperanza de estar mejor que en otro barrio del distrito y “para tener algo propio”, ya que vivía con su padre. Los terrenos no eran baratos pero pronto por allí pasaría el tren.

-¿Cuál fue el motivo que hizo que comprara un terreno en este barrio? -Porque teníamos la esperanza de crecer. -¿Eran económicos los terrenos acá?

-No, no eran económicos. Allá, por aquel momento, nosotros vinimos y las inmobiliarias lo vendían al terreno como que en un año, o en dos años, lo pagabas pero no era así. Es decir, los precios eran excesivamente altos y con cuotas interminables, ciento y pico de cuotas. [...] Mi papá lo compró y le dijeron “próximamente Estación” y le daban un cartoncito que eran dos hojas que decían que había una rayita en el medio y un cuadrito que eso marcaba que era la estación. Pero para mí estábamos estafados [...] desde que compramos el terreno fuimos estafados porque, bueno, sucesivamente se vinieron dando los hechos todo lo contrario de lo que se decía.

Elizabeth vivía hace veinticinco años en la casa de su suegra en una localidad pobre del Conurbano Bonaerense cuando decidió comprar un terreno a una de las inmobiliarias. Hubiese querido hacerlo en un barrio mejor pero no le alcanzaba el dinero. Para la misma época, Norma viajó al Gran Buenos Aires desde Salta y, luego de alquilar por un tiempo, pudo comprar un terreno financiado en el barrio. Un recorrido parecido emprendió Rosa, pero desde Santiago del Estero cuando, al casarse, su hermano que ya vivía en “El Tanque” le comentó sobre los lotes que se podían adquirir en cuotas mensuales. Ella cuenta:

No me gustó el barrio, yo quería otro, mejor, pero como no me alcanzó la plata compré acá por la mitad de lo que se podía en otros lados. Me acostumbré porque yo quería una casa, aunque sea chiquita pero mía. Me interesa escriturar pero no se puede porque tiene deuda de impuestos.

Mientras estas vecinas de similar edad (unos cincuenta años) y de similar trayectoria biográfica se embarcaban en la compra de terrenos a desarrolladores inmobiliarios habiendo querido radicarse en otros barrios, otros venían a asentarse ilegalmente en tierras fiscales y privadas o las compraban a montos discrecionales a otros vecinos que, a su vez, habían usurpado las tierras. Soledad me cuenta que su padre pagó el terreno en el que viven con ladrillos de su propia fabricación a “un señor”. En efecto, su casa está emplazada en la zona más pobre y aislada del barrio, donde la fabricación de ladrillos trajo como consecuencia el progresivo horadamiento del suelo, ya que para producirlos la gente consumió su propia tierra. En la actualidad, los pozos circundan las casas y, cuando llueve, el agua queda estancada durante varios días.

Manuel vivía en una casa prestada, en otro municipio, hasta que decidió comprar una casilla en cuotas y emplazarla en un terreno “bien al fondo” de “El Tanque”. Si bien se trata de tierras sin dueño, el entrevistado tuvo que entregar dinero para que se lo vendieran. Pero como a su esposa le daba miedo estar “tan atrás”, “tan al fondo”, desplazaron la casilla un poco más adelante y allí realizaron la perforación del agua. Cuando esto sucede, cuenta, “es difícil que alguien te pueda correr”. Al igual que Manuel, Ofelia, que trabaja como auxiliar de limpieza en la escuela pública del barrio, compró a una señora el terreno en el que montó su casa “sin papeles”: “Yo quería comprar en otro lado, pero no podía. No me gusta el barrio. Si pudiera vender me iría, pero ahora mi hija compró acá y nos equivocamos con eso. Yo quería que fuese a un lugar mejor.”

Nadia vivía en un barrio de clase media llevando adelante una pizzería hasta que se le hizo imposible, durante el pico más agudo de la hiperinflación de 1989, seguir pagando el alquiler y los impuestos. A través de un puntero accedió primero a un terreno en un barrio cercano a “El Tanque”. Se mudó por la noche pero un día apareció el supuesto dueño y se vio obligada a desarmar la casilla y montarla sobre un terreno fiscal en el fondo de “El Tanque”. Paola abandonó el secundario para formar una familia, porque esperaba un hijo. Armó su casa en un terreno lindero al de su madre. Un día apareció un hombre que le pidió dinero y ella se lo dio. Se trata de terrenos fiscales (todo el mundo parece saberlo) pero, dada la situación de precariedad legal y de vulnerabilidad social, no pueden generarse recursos que les permitan romper con las dinámicas de acaparamiento que hacen que algunos acumulen recursos en desmedro de otros.

El material producido en el trabajo de campo invita, entonces, a realizar un primer corte analítico de las historias de vida de los territorios relegados y periféricos que resalte la especificidad de dos tipos de experiencias del espacio: la de los vecinos que acceden al suelo de “El Tanque” a través de desarrolladores inmobiliarios y la de los que se asientan ilegalmente en tierras fiscales y privadas. Mientras los compradores genuinos experimentan una suerte de sentido de propiedad (de consecución de cierta clase de activo) en relación con la tierra donde han emplazado sus casas y con el entorno barrial, los segundos ponen en el centro de la experiencia la satisfacción de una necesidad básica. A su vez, dentro de este último universo, es necesario distinguir entre quienes pagaron a otros vecinos auto-proclamados dueños de las tierras y quienes no lo hicieron. En otras palabras, el hecho de que medie alguna forma de pago condiciona el sentimiento de propiedad y las pretensiones sobre el territorio. Sin embargo, las pretensiones de propiedad no siempre se relacionan de modo coherente con las formas legales de tenencia de la tierra. Pensemos que casi nadie en “El Tanque” tiene título de propiedad. Los requisitos de escrituración (estar al día con los impuestos o el blanqueo de la situación dominial histórica, entre otros) son muy difíciles de cumplir.

Otro organizador posible del corpus empírico alude al momento de la llegada al barrio. Aquí, el corte entre antiguos y recién ¡legados se sobreimprime al anterior y, en cierto modo, lo diluye. Para los antiguos, la llegada de los nuevos altera el paisaje pastoril y bucólico del barrio y, en cierto sentido, vulnera este primer momento de construcción auténtica de la identidad[7]. La experiencia de Mariana y Carlos es elocuente. La pareja llega al barrio en septiembre de 1986 para comprar un terreno en cuotas y emplazar una pequeña casillita. La idea era ser propietarios: “solo había cuatro casas. No había nada, era todo campo. Aunque ya estaba este asfalto que estaba como recién hecho. Pero te parabas acá y veías todo el campo hasta las vías.”

Como en el resto de los relatos y evocaciones, para Mariana el paso del tiempo sobre el territorio se presenta como sinónimo de una doble erosión. Por un lado, la erosión se vincula con el desgaste de la infraestructura urbana mínima, que se trabajará en el próximo apartado. Por el otro, se trata también de la erosión de la imagen de “un lugar amigable para arraigarse” que parecen haber sufrido los pobladores originarios desde que comenzó la llegada masiva de desconocidos durante la década de los noventa.

Ahora ya no podes dejar las cosas afuera como antes [...]. Yo no tengo miedo de que me pase nada porque me llevo bien con todos. Por ejemplo a mi vecina, que también es manzanera, una vez los chicos de los carritos <por los cartoneros> le robaron toda la leche del día. Pero yo la dejo ahí y nunca me faltó nada.

Los recién llegados aparecen en la mayoría de los discursos como otros, desconocidos, peligrosos, negativos[8]. Susana y Ornar arribaron en 1994 y cuentan que:

era todo campo. Hubiese sido mejor que siguiera así, porque era todo tranquilo, ahora se llenó de gente, te acostás y sentís tiros. Antes te acostabas a dormir la siesta y te pasaban las vacas por el terreno. Gente rara, muchos paraguayos. Ahora casi no se ven los que ocuparon primeramente los terrenos, ya que venían, alambraban y luego los revendían.

Verónica llegó al barrio hace dieciséis años, comprando el terreno a un precio muy bajo. A su juicio, la crisis económica, el aumento de los alquileres y el desalojo de las villas de la capital determinó la llegada de vecinos distintos, claramente negativos. Me explica:

Antes era todo campo. Había tambos. Pasaba el lechero, pero después esto se llenó de gente que no era igual a la del principio. Te das cuenta por el tipo de casa que construyen. Los primeros levantaron su casa de ladrillos mientras que estos nuevos lo hacen con maderas. Entonces esto sigue siendo un asentamiento y no se convierte nunca en un verdadero barrio. Son gente cómoda, que saben que no los van a desalojar por la Ley Pierri[9].

Cuando Juana ocupó uno de los terrenos, “El Tanque” era un despoblado apacible. Pero poco tiempo después de mudarse y de empezar su vida de casada mataron a un hombre cerca de su casa. Desde ese momento, vive con miedo:

Ya no conozco a nadie en el barrio. Si es por las caras y la facha todos parecen delincuentes. Lo que pasa es que todavía no distingo quién en realidad es delincuente y quién no. Por eso solo salgo a la mañana a hacer las compras y nada más. Ahora ya no podes dejar las cosas afuera como antes.

Estela pasó su infancia en “El Tanque”, “cuando esto era todo campo y todos se conocían”. Hoy, ir hasta la esquina parece algo peligroso en su rutina de desplazamiento:

Entre la oscuridad de que ahí no hay casas por el arroyo y las vías, que encima están altas, por ahí no pasa nadie y el que pasa es para afanar. Yo acá conozco a casi todos los que se dedican a robar y cada vez que los veo los saludo porque es mejor tenerlos de amigos que de enemigos. Me asusta mucho. Hace un mes mataron a mi vecino. Se le metieron a la una de la madrugada y lo mataron de dos tiros en el corazón. Eso me asusta mucho. Porque él, igual que yo, no tiene nada como para llamar la atención y de que te lo quieran robar. A cualquiera le puede tocar por una tele o una cocina. Todo vale.

Otras posiciones no necesariamente discriminatorias o negativas respecto de los recién llegados (como la de este vecino que trabaja en una organización vecinal) proponen considerar el tema como un asunto de distribución de bienes colectivos crecientemente insatisfactorio e injusto:

Bueno, nosotros como entidad intermedia ya estamos haciendo, ya lo hemos hecho y seguimos insistiendo. Nosotros creo que de esa manera podemos llegar a dejar de ser el patio del fondo de José C. Paz.

Nosotros tenemos hoy una inmensa densidad poblacional en la zona y pasan a ser pocos los colegios que hay. Necesitamos jardín, es muy poquito lo que hay para que los mismos colegios primarios para más gente. El año pasado, al inicio de clases, en la 20 había más de 120 chicos esperando para ver si había bancos. Y esto crece día a día, ya no tenemos más, casi, terrenos baldíos y, bueno, hay nuevas familias, gente que vino a vivir por el tema de la estación, gente que tenía un terreno ahora vino y lo ocupó. Entonces, bueno, día a día tenemos una gran cantidad de gente que aumenta esta densidad poblacional ya crecida. (Paco)

En efecto, el sistema de servicios urbanos y sociales brindó soluciones mejores cuando el universo de usuarios entre los que debían repartirse era significativamente menor y cuando las promesas de desarrollo encarnaban en lenguajes políticos menos desgastados en el tiempo. Sin embargo, a poco de andar y de conversar con los vecinos en torno al significado del barrio en la vida diaria, la potencia de estas tipificaciones (y de estos organizadores analíticos) tiende a desvanecerse. Unos y otros coinciden en que la decisión de vivir en “El Tanque” estuvo fuertemente condicionada por el mercado del suelo en el Conur-bano Bonaerense. En la casi totalidad de las trayectorias analizas, los habitantes del barrio llegaron a él con opciones muy restringidas y casi exigua capacidad de mudarse una vez que se hubieron instalado. Esto hace que el territorio sea en muchos casos vivido como un pasivo o como un activo de poco o nulo valor: como estar varados, a la deriva, y con algo que ha sido arrebatado.

Esta percepción de progreso engañoso o postergado puede pensarse desde el concepto de “capital espacial”[10] tal como propone Prévot Schapira (2001:49):

Es posible analizar el espacio en función de las representaciones y los usos que los individuos hacen de él. Construido en las experiencias cotidianas, el concepto alude al conjunto interiorizado de formas de relación (intelectuales y prácticas) de un individuo con el espacio considerado como bien social.

Como se leerá a continuación, las características del capital espacial de las familias – sumadas a la lucha cotidiana por el trabajo y por el ingreso- permiten apreciar un notable abanico de dificultades con las que conviven -y respecto de las cuales se perciben y definen-cotidia-namente.

“UNA BOCA DE LOBO”: LAS FIGURAS DE LA DESIGUALDAD ESPACIAL EN LAS EXPERIENCIAS COTIDIANAS

Si una ciudad contiene todo tipo de señales y

símbolos, entonces podemos tratar de comprender

el significado que la gente les confiere. Debemos

esforzarnos por comprender el mensaje que la gente

recibe del ambiente construido a su alrededor.

Harvey 1977: 26

A partir de una lectura sugerente de Henri Lefebvre, Harvey (1999) construye una suerte de grilla de prácticas espaciales que permite pensar la compleja relación entre acción social, poder, espacio y tiempo. Dicha grilla parte del análisis de tres dimensiones del espacio: lo experimentado, lo percibido y lo imaginado. En el primer caso, se trata de pensar las prácticas materiales del espacio, es decir, el flujo de bienes, de dinero, de personas, de fuerza de trabajo, de información, de jerarquías de mercado, de sistema de transporte y de comunicación. En el segundo se alude a sus modos de representación (en tanto medidas de distancia social, psicológica y física) de significaciones, de códigos y de saberes que permiten que esas prácticas materiales se comuniquen en distintos tipos de lenguajes. El tercer caso trata de las formas de la imaginación humanas en torno al espacio, que pueden denominarse discursos espaciales.

Resulta interesante tomar la propuesta de Harvey para analizar el corpus producido en esta investigación. Así, una lectura de los discursos espaciales de los habitantes de “El Tanque” permite advertir la emergencia de un conjunto de figuras altamente regulares y significativas: el desencanto por el progreso postergado (al que se aludió en el apartado anterior), la escasa provisión de servicios, el deterioro de los elementos urbanos y el aislamiento socio-espacial. Un análisis de estas figuras nos permite comprender el modo en el que el sentido común operacionaliza (más o menos explícitamente) la cuestión del acceso a los servicios sociales y urbanos y permite indagar cómo aparece el Estado en esta reflexión. En efecto, a diferencia de la experiencia de la desigualdad en el acceso al trabajo, a los alimentos cotidianos, a la educación y a la salud, frente a la evaluación de la distribución de los elementos urbanos, el sujeto de la necesidad tiende a ser colectivo. Se trata de problemas comunes que afectan a públicos. Por eso, al referirse a ellos, aparece la vida política y la demanda por la intervención estatal con un énfasis mayor que en otros campos. Puede afirmarse entonces que cierta idea de ciudadanía atraviesa y organiza el imaginario espacial de los vecinos. En efecto, en los discursos de sentido común es frecuente hallar referencias a una distancia entre lo esperado y lo experimentado en relación con el espacio: el mejorado (asfalto de poca calidad), el puente precario sobre el arroyo (que nunca fue un puente decente ni seguro sobre un entubado), la salita a la que asiste el triple de la población que asistía en los orígenes del barrio y en la que aún no hay guardia pediátrica; la escuela con aulas saturadas de alumnos o cerradas por los paros docentes; la oscuridad que cubre la casi totalidad de las calles por las noches[11].

La idea del barrio digno, dispuesta en un discurso finalístico de progreso, se utiliza recurrentemente como criterio normativo de uso cotidiano. En esa idea abrevan los criterios de justicia espacial que sostienen los actores en sus interacciones de rutina. El barrio digno es siempre un ideal regulador, que mantiene una distancia significativa respecto de la realidad experimentada. En las prácticas cotidianas, esas nociones axiológicas (y sus grados de concreción) se hacen discutibles, relativas, delimitan zonas y construyen jerarquías. Me dice Rosa:

Porque nosotros somos los marginados. Muchos se sienten marginados por sí mismos. Yo no me siento marginada como persona porque sé de lo que soy capaz. Me entendés. Pero sí, yo creo que nos margina mucho el gobierno, la gente de poder. Es como que… es lo que tenes alrededor. Es como nosotros. Nosotros salimos de la estación para allá, y sí, es un montón de cosas. Es el centro de José C. Paz. Cuando acá, si llueve mucho y vos no corres te morís ahogado, porque te inundas.

Pero así como Rosa se siente abandonada por la intervención estatal y condenada a habitar el confín, en el barrio se reifica cotidianamente la eficacia de la figura centro-periferia en la reproducción material y simbólica de las fronteras barrio adentro. En efecto, puede decirse que mientras en torno al mejorado existe y se emplaza un barrio relativamente integrado (desde el punto de visto urbano) donde se concentran los pocos comercios y servicios, se desarrollan al mismo tiempo otros barrios que culminan en el borde externo y desabastecido, donde viven ¡os del fondo y los recién llegados. Esta zona está más lejos de los servicios y más cerca de los problemas (de los cables de alta tensión, del arroyo contaminado, del barro). En efecto, los vecinos del fondo tienen más problemas que los del barrio consolidado en cuanto al acceso a todas las esferas de provisión y de consumo.

La perspectiva de la justicia espacial (Gervais y Lambony, 2009) ofrece herramientas analíticas interesantes para abordar este tema, en particular porque permite conectar el problema de la experiencia del espacio con la idea de los razonamientos de sentido común y con los criterios de justicia que se intercambian en la vida cotidiana[12]. Este enfoque propone ir más allá de lo que usualmente hacemos cuando pensamos en la relación entre justicia y territorio, mirando la distribución efectiva de los elementos y de los servicios. Nos insta a comprender lo que se denomina “procesos de justicia”, esto es, las experiencias e intercambios identitarios que ocurren a propósito de estos intercambios redistributivos. En el artículo “The city and spatial justice”, publicado en un journal de reciente aparición[13], Edward Soja invita a enriquecer la investigación social incorporando el pensamiento espacial sobre la justicia o, en otros términos, la condición espacial de la producción de justicia y de injusticia[14]:

En sentido amplio, la (in) justicia espacial refiere al énfasis intencional y focalizado en los aspectos geográficos de la justicia e injusticia. Como punto de partida, esta implica la distribución limpia y equitativa en el espacio de los recursos socialmente valorados y a las oportunidades de ser usados. (2009:33)

Así, la teoría de la ciudadanía y su conexión con el enfoque de la justicia espacial constituyen dos elementos sugerentes para la comprensión de la relación entre los actores sociales y las intervenciones del Estado. El punto crítico en esta empresa es, sin duda, abandonar la carga axiológica con la que se suele imbuir a ambos conceptos[15]. De este modo, más que pensar en “ciudadanía” como en la posesión de derechos plenos, el desafío es orientar la investigación conforme a una concepción desustantivante y relacional.

El aporte de Andrenacci (2001) resulta sumamente significativo en este punto. Para este autor la ciudadanía es una suerte de línea de demarcación, un “estatus que excluye tanto como incluye y que diferencia tanto como iguala”. Desde este enfoque, la ciudadanía ha actuado siempre por medio de diferenciaciones (de fronteras interiores) que separan las diferentes categorías de ciudadanos. Si en el caso de las visiones axiológicas las situaciones de desigualdad son provisorias, remoras o fallas específicas sobre las que hay que trabajar para construir el ideal pleno, aquí se trata de asumir y de explicar cómo el estatus de ciudadanía define derechos de intensidad variable y condiciones materiales de desigualdad como efectos que le son inherentes.

De diferentes maneras, la ciudadanía ha establecido siempre una frontera que separa a aquellos que pertenecen de quienes no pertenecen: ciudades grandes y pequeñas, territorios heterogéneos desigualmente ligados a un poder central, territorios homogéneos bajo el control firme de un Estado. De diferentes maneras, la ciudadanía ha establecido siempre privilegios, estratificando a aquellos que pertenece entre algunos que pueden y otros que no pueden, entre algunos que deben y otros que no deben. (Andrenacci, 2001: 4-5)

En esta definición se destacan tanto la condición espacial de los procesos de ciudadanía como sus impactos subjetivos. El accionar de un estatus político construye una territorialidad[16] particular en la  medida en que permea y opera sobre el sentido común, es decir, sobre las tipificaciones que organizan las interacciones cotidianas y las auto-comprensiones.

El barrio digno no es solo una idealización respecto de la cual se vive el barrio real. El barrio digno es el barrio prometido. Aquí es donde los contenidos políticos de la experiencia del espacio se hacen evidentes: se trata de una promesa incumplida. Como sucede con cualquier promesa, la potencia y la legitimidad de lo prometido se van perdiendo cuanto más se aleja esto de su enunciación original. Conforme pasa el tiempo, lo dicho y lo prometido en relación al progreso evoca más bien algo parecido a la estafa, al desvío, al acaparamiento de los recursos por parte de los actores estratégicos y al abandono.

El tiempo es una dimensión crítica en este proceso. Las promesas incumplidas y la constatación cotidiana del deterioro nos permiten pensar la relación entre el tiempo social y el tiempo biográfico. Aquellas personas que me contaron sus vidas, sus necesidades, sus frustraciones y sus expectativas, miran hacia el futuro con mucha desconfianza y trasladan una promesa desgastada a sus sucesores. Y el paisaje del barrio se construye en la repetición de estas marcas. ¿Existe una temporalidad propia de la experiencia de la relegación urbana? ¿Existe un tiempo particular para los sujetos que habitan en esta territorialidad de periferia? Si así fuese, sería un tiempo detenido, traccionado por el abandono y por la promesa incumplida. En términos de Gurvitch, un “tiempo retardado, un tiempo engañoso”[17]. Desde un punto más general, este tiempo podría ser el de la exclusión. Así como existe una forma de representación espacial de la exclusión (el fondo) podría tener una temporalidad específica: lo inexorable.

Siguiendo a Kessler (2008) resulta relevante preguntarse: ¿qué principios distributivos se consideran justos, en relación con qué comunidad de justicia, con qué procedimientos de operacionalización?[18]Cuando miramos las experiencias del espacio vemos operando principios de microjusticia vinculados a la igualdad, cuya comunidad de referencia es el barrio. Asimismo, si se atiende el nivel de los procesos socio-cognitivos, cobran relieve juicios evaluativos, es decir, la elección de un principio organizador y su contraste con la realidad vivida.

DESPROVISIÓN, DETERIORO Y SOCIABILIDAD

Volviendo luego de este rodeo a la cuestión central de este artículo, resulta interesante volver a concentrarse en la cuestión de la falta de provisión de servicios tanto de uso privado (agua, luz, gas) como de uso público (asfaltos, iluminación, seguridad). El acceso al agua corriente y al tendido eléctrico para uso domiciliario son los dos temas más importantes de esa desprovisión. Ambos servicios exhiben en el barrio una distribución evidentemente desigual. Catenazzi y Da Representado (2004) señalan que mientras que la red otorga al territorio servido los atributos de centralidad, el territorio no servido se construye como periferia, como un espacio inacabado y auto-urbanizado. Lejos de integrar, la red diferencia material y simbólicamente territorios en los que tanto el Estado como el mercado definen estrategias segmentadas[19]. Donde no hay agua de red, las posibilidades de obtención de ese bien tan básico como fundamental se limitan a la capacidad de compra de las familias, en este caso, a la realización de la perforación domiciliaria[20] o, en su defecto, a un conjunto de arreglos entre los vecinos para socializar diariamente el suministro.

En la medida en que la provisión no es igualitaria se potencian las formas discrecionales de distribución y la necesidad de arreglos entre vecinos. Cierta regla de gestión de lo escaso organiza la sociabilidad de la vida cotidiana, permitiéndonos contemplar actitudes y posicionamientos diversos entre tenedores y necesitados de recursos. Mientras que Antonia, por ejemplo, tiene una canilla siempre dispuesta para los vecinos en su terreno, otros parecen tener más reparos. Ofelia y Ámbar me dicen:

Le querés pedir agua y te dice: “no, porque estoy atendiendo al bebé, no porque estoy cocinando”. Y bueno, se cree muy ocupada y se hace la molesta. Recién ayer que pudo sacar dos caños la hija del vecino saca pero gotitas. Sobre todo porque no sale. (Ofelia)

Ahora estamos en una situación difícil también. ¿Por qué? Porque, bueno, el agua recién ahora está saliendo. Tengo que ir con la bolsa como seis cuadras para allá, o cuatro cuadras para allá para lavar la ropa. Porque como te digo, los vecinos no quieren dar agua. Y situaciones así para bañarse, por ahí, que tenes que ir a bañarte a la casa de tus conocidos porque pasa esta situación. Porque si no mi hijo va allá a la esquina a buscar agua los fines de semana para lavar un poco de ropa. Pero te digo que no es fácil, en ese sentido, todo lo que estamos pasando. Pero, gracias a Dios, a los chicos no les falta comida. Siempre tienen para comer. Así que eso es lo más importante, lo básico. (Ámbar)

Manuel comenta que no hay suficientes perforaciones comunitarias ni tampoco canillas y que un concejal ha hecho una perforación dentro de una casa de un vecino, situación que obviamente lo “convierte” en una suerte de dueño del agua. Con el agua lo que parece estar en juego es la naturaleza profunda del bien y su conformidad a derecho. ¿De quién es el agua? ¿Es justo que alguien se sienta el dueño, o que la acapare?

En el barrio de las casitas (una urbanización de doscientas cincuenta viviendas construidas a instancias de un programa nacional de emergencia habitacional) se ha instalado desde el inicio de la ejecución del proyecto el servicio de agua de red. Sin embargo, a poco de empezar a mudarse los beneficiarios, ocurrió un corte abrupto y extendido del suministro. Esther cuenta que la gente “estaba desesperada”, porque dado que se trataba de un barrio a estrenar y como los servicios eran provistos por el Estado, estaba prohibido realizar perforaciones en las casas. Los vecinos se encontraron, así, en una encrucijada compleja: entre la promesa del acceso al bien en términos de derecho y la realidad de tener que empezar a arreglárselas de modo informal con los habitantes de las casas periféricas que tenían acceso a pozos domiciliarios: “De repente, estábamos de nuevo mendigando entre nosotros. En una tierra de nadie.”

Solucionado el problema luego de arduas gestiones frente al Municipio, Esther y buena parte de los vecinos comenzaron a desconfiar de la calidad del agua que circula por la red. Durante una de las tardes en las que realizábamos una entrevista, a principios del mes de mayo de 2008, me solicita que lleve a analizar el agua al laboratorio de la Universidad. Las muestras de agua que se tomaron en el tanque comunitario y en las casas ubicadas en distintos sitios arrojaron un examen aceptable. No había contaminantes peligrosos y el nivel de carga bacterial era el mismo que en el centro de José C. Paz o en otros barrios del Conurbano Norte. La noticia no alegró significativamente a Esther ni a su hija que, acostumbradas a vivir en el deterioro y en el abandono, disponen de escasas competencias para reconocerse ciudadanas de un territorio digno. En otras palabras, a la percepción de sospecha de la política pública y de un espacio mal servido que orienta la experiencia cotidiana no parece hacerle mella la realidad objetiva que arroja el examen bromatológico. Este aspecto es altamente significativo en una investigación de corte fenomenológico.

La distribución del tendido eléctrico implica otras cuestiones. En la zona más deprimida del barrio existen algunos medidores comunitarios cuyo consumo paga el municipio. Pero la distribución de estos medidores no es igualitaria, de manera que algunos de los terrenos (en general los periféricos al asentamiento) tienen medidor individual y, por ende, los costos del servicio se imputan a la familia. Dice Erica:

Apenas ocupamos el terreno nos enchufaron el medidor. No pasó ni un mes, ni tres días estuvimos enganchados. No nos pidieron ningún tipo de papel de la casa, el documento nomás… al que está lo enganchan. Pusieron la palmera y ya enseguida teníamos la luz. Yo salí a hablar con los vecinos, a pelear por los medidores comunitarios pero los arreglaron con un sandwich de chorizo. Nosotros acá pagamos la luz, tenemos medidor particular pero allá tienen medidor comunitario y lo paga el municipio.

La situación se percibe como injusta. La provisión desigual exacerba las diferencias entre vecinos. ¿Es justo que algunos hayan sido marcados con un medidor y deban pagar, mientras que otros, que consumen del mismo modo, no tengan la exigencia de hacerlo? Visto desde otra perspectiva y pensando en los que deben pagar, la provisión del servicio crea igualdades ficticias, también percibidas como injustas. ¿Por qué Manuel y Erica pagan como si vivieran en el centro de José C. Paz (como si fuesen propietarios) si viven en la periferia y carecen de lo elemental? Esta nivelación al estatus de consumidor sin los otros elementos que hacen a sus condiciones de vida (propiedad, ingreso, activos, expectativas de progreso) no es justa.

Una resolución distinta tuvo la provisión de electricidad en el barrio de las casitas. Durante sus primeros meses de vida y conviviendo con el peligro que las familias ciertamente percibían “de los cables por el piso en contacto con los chicos o rozando las cabezas”, las doscientas cincuenta casas “se colgaron” de un cable maestro. Los vecinos realizaron reclamos al municipio y a la empresa privada encargada del suministro, incluso formalizaron protestas, y lograron que la empresa realizara el tendido, independientemente de la puesta en marcha de medidores. Así, hasta hoy, la zona mejor provista de servicios urbanos en toda el área no paga oficialmente la luz.

Trabajos de campo previos en el mismo territorio ya habían advertido que el tema de si es justo o no pagar la luz y las divisiones y los conflictos que genera entre los vecinos eran cuestiones críticas. Pedro, que con mucho esfuerzo pagaba la luz con puntualidad, se refería con odio a los vecinos que se le colgaban del cable por las noches. Ello le generaba bajas de tensión, daños a la heladera y a la televisión. Todas las mañanas desprendía con cuidado los cables de los otros y dejaba, una y otra vez, a la mitad de la manzana sin electricidad. La ausencia de regulación y la privatización (es decir, el corrimiento del Estado) habilita la reproducción cotidiana de estas relaciones de abuso, desconfianza y castigo y, también, deja marcas en la sociabilidad.

Con el tema del gas sucede algo interesante, ya que permite advertir algunos de los problemas prácticos de la acción colectiva. El consumo de gas natural supone una acción concertada entre vecinos, ya que si no se ponen de acuerdo para pagar la instalación de la red, la provisión del servicio es técnicamente imposible. El vacío de política estatal se llena con la lógica de la empresa y con la capacidad de pago de cada familia. Cuenta Pablo:

-Hicieron una encuesta, vino una empresa, pero lo que pasa es que es caro. Es caro. No es algo barato. Aparte, en realidad, tendríamos que poner todos. No es que una casa sí y una casa no. La red hay que tenderla toda, después que lo quieras extender hacia adentro es una cuestión tuya. Pero tiene que estar toda la red hecha. Porque, en realidad, el gas está allá en la esquina. Pero es caro. -¿Y qué pasó con los vecinos?

-No nos podemos poner de acuerdo de decirle a un hombre que vigile las casas sobre la mañana. Que la mayoría no está, yo me voy a las cooperativas, él se iba a trabajar a las 5 de la mañana. Que vea, que mire. De pagarle 5 pesos todos los viernes. -¿Y no se pueden poner de acuerdo?

-No. Entonces, yo les digo “bueno, está bien, a lo mejor hay gente que no lo puede pagar. El que puede pagar un poquito más que en lugar de 5, ponga 7, ponga 10. Es para todos, no es para uno.” No es que va a venir a mi casa, y se va a quedar acá. Es para todos.

Finalmente, la deficiencia y el deterioro de la infraestructura social básica aparece marcando las condiciones de vida y el imaginario de este territorio de periferia. Cuando llueve el barrio se convierte en un lodazal, las zanjas no dan abasto para drenar hacia el arroyo, todo se vuelve intransitable y los desplazamientos se restringen al mínimo.

Muchos vecinos han hablado de la indignidad del barro. La lluvia recuerda y actualiza a los habitantes las condiciones críticas en la que viven: las mujeres que salen a trabajar con bolsas de nylon improvisando fundas en los zapatos y que llevan calzado de repuesto para cambiarse en el primer lugar posible (el tren, el colectivo, el sitio de destino) constituye una postal de circulación habitual. Cuenta Erica:

En el barrio falta de todo: cuneta, vereda, zanjeo, caños que lleven el agua para el lado del arroyo. Una vuelta el vecino levantó la chapa y me mandó el agua de su terreno… toda el agua con la mierda de los animales, la basura… todo se vino a nuestro terreno. Nosotros no teníamos este piso, sino tierra y alfombra, ¿te imaginas? Él dijo: “pero yo me inundo”. “Sí claro”, le dije, “zanjee. No tiene por qué mandar el agua a los vecinos”.

El intendente debería bajar, hacerse ver y preguntar: “¿cuál es la necesidad acá?” Y la gente decirle: “bueno mire, que nos arreglen las calles, los caños están rotos, que hagan el zanjeo como corresponde.” El intendente tendría que bajar con un grupo de concejales y preguntar: “¿cuál es la necesidad más urgente?” “Alumbrar, es todo boca de lobo.” No te digo poner tantas luces como acá, pero alguna por cuadra. Que hagan un mejorado para que entre la ambulancia, para que el colectivo entre hasta el fondo. (Énfasis agregado)

El relato de esta vecina contiene buena parte de los elementos que se pretenden discutir en este artículo. Aparece el elemento de diagnóstico de la situación propia en relación con los servicios urbanos, aparece lo que habría que hacer (una suerte de nivel normativo sobre lo bueno, lo justo, “lo que corresponde”), el lugar de la política pública y de los responsables políticos en la construcción de esta situación y alguna forma de convalidación de la distribución desigual de recursos. La resignación es un contenido fuerte de las experiencias de la periferia y sus impactos en la subjetividad son notables.

-Prometieron hacer asfalto, hacer el puente del arroyo. Pero hasta ahora, ya está llegando diciembre del 2008, y en marzo únicamente se dijo “vamos a hacer, vamos a hacer” y no se cumplió nada. -¿Y vos creías que la estación se iba a hacer realidad en algún momento? -Nunca pensé que se iba a hacer pero se hizo. El pavimento de la estación, que lo iban a hacer para el colectivo por la orilla de las vías, no lo hicieron. Pero al menos tiraron ese escombro. Al menos lo hicieron. Ahora la estación está iluminada para el tren. Algo mejor porque hay que pagar 1,20 del colectivo que en la mañana son un desastre. La estación está bien ahí, más rápido más económico, más todo. Pero pavimento no. El puente ese tampoco, no se hizo. (Énfasis propio)

-¿Y vos qué crees que hace falta para que se hagan estas cosas? ¿De quién depende?

-¿El pavimento? No sé a quién pertenece. El pavimento no sé si pertenece al ferrocarril o a la municipalidad. Porque nosotros juntamos firmas pero para la empresa, ella no tiene que hacer el pavimento. Hasta ahora nadie hizo nada.

La consideración de problemas tales como el alumbrado público deficitario, la asistemática recolección de basura, los drenajes pluviales y los asfaltos inexistentes representan un cambio de plano en el discurso de sentido común, del individual al colectivo. No solo porque los efectos de la desprovisión de servicios se retroalimentan construyendo un paisaje común a todos, sino por el hecho de que en este tipo de servicios públicos la responsabilidad es completamente estatal. La recolección de residuos, por ejemplo, requiere sistematización y cobertura, atributos que debe procurar el Estado. Las soluciones derivadas de emprendimientos vecinales o personales no tienen impacto ni resuelven el problema. Pagar a alguien para que se lleve la basura es desplazarla del frente de la casa para saber, a ciencia cierta, que aparecerá en la otra cuadra. Tirar piedras para evitar que se haga tanto barro en la calle de tierra ante la ausencia de asfalto, es una iniciativa que no incide en el tamaño del problema. Nadia comenta:

La recolección de basura, lamentablemente pasa cuando quiere, el día que quiere. Los perros a veces rompen toda la basura, ellos mismos a veces agarran la basura y te la rompen toda. Así que, la verdad que… Y bueno, después lo demás… la luz… Bueno, por lo menos nosotros tenemos todo bien alumbrado acá. Por ahí más el asfalto que hace falta, tanta tierra que hay, que pasan los coches. Encima que pasan parece que fuera autopista, levantan tierra.

La cuestión de los asfaltos permite apreciar, también, el tema del deterioro de los elementos urbanos. Un deterioro que nadie detiene y que se engarza en las distintas dinámicas de insularización (Soldano, 2008)[21]. Me explica Silvina:

-¿Y alguna vez tuvo algún problema el remís en traerlos hasta acá? ¿Hasta las casitas?

-No. Esos remises, no. Los que sí tienen problema son los que están en el Coto. Es más, un día nos hicimos la fila, cuando llegamos nos dijeron “no, hasta allá al fondo no vamos”. “¿Y por qué no ponen un cartelito?”.

-¿Y qué pensás de eso?

-Uno se siente como el demonio porque… Yo entiendo; son autos mucho más nuevos, tienen quizás otros gastos. Y que es todo el tema de la inseguridad. Nadie quiere llegar hasta acá. No es por el tema de las calles. Es inseguridad. Porque si vos te pones a pensar, el mejorado está todo roto acá…Yo no sé si tendría un auto con determinada cantidad de kilometraje, con el estado en el que están algunos de los autos, si realmente lo traería. Yo, realmente, no sé si lo traería hasta acá. Nosotros a veces tenemos amigos y les decimos “no se vayan tarde, fíjense”. Porque en todos lados está así, no es que acá. Pero bueno, “tengan cuidado, no paren en una esquina… No sé, tomen sus recaudos.”

Para Silvina, es comprensible que los autos nuevos no quieran entrar al barrio. A su modo de ver el lugar habitado no es seguro y los aspectos que lo hacen peligroso se mezclan en su relato. Son los pozos y los riesgos de asaltos, sin solución de continuidad:

El asfalto está destrozado. No te entran los remises a la noche y ni que hablar si necesitas una ambulancia, Nadie quiere entrar para acá, porque tienen miedo. A veces estás en el centro de José C. Paz y no podes volver. Los días de lluvias la zona se inunda y esto deriva en que los remises no entran o que te cobren más el viaje.

Otra forma en que aparece la desprotección se vincula con la sensación de inseguridad. La delincuencia en el interior del barrio se ubica en el primer lugar de la agenda de problemas comunes. Quiénes son, dónde viven, cuáles son los ámbitos de influencia y las modalidades operativas de los chorros son temas que aparecen recurrentemente en las conversaciones de los habitantes del barrio[22]. Si bien este no es un asunto para trabajar específicamente en la investigación, la cuestión de las prácticas y tácticas de los distintos actores en relación con el tema de la inseguridad apareció en los registros de campo como un indicador de los modos en que se marca el espacio y como uno de los contenidos dominantes de las representaciones sobre el territorio abandonado a ¡a buena de Dios.

En efecto, la sensación de inseguridad condiciónalos usos del territorio al tiempo que contribuye a la utilización corriente de un conjunto de recomendaciones orientadoras: no caminar solo a determinadas horas cuando la calle está desierta (al mediodía, por ejemplo o después de la caída del sol) desplazarse en grupos, bajarse del colectivo en paradas donde haya movimiento o no cruzar ciertas fronteras tales como el puente y la vía (ya que detrás de ellas se abren las mencionadas zonas de riesgo). El uso de la estación se ve severamente condicionado por estas percepciones.

Hay mucha gente que tiene miedo para ir hasta allá, a la estación, porque roban. Como te digo, roban a cualquier hora. Entonces no sé en un sentido, qué cambio va a haber porque hay mucha gente que no quiere ir porque le roban. Vos te vas a las ocho y media, te vas a las nueve, te vas a las diez, te están robando. Es como que la gente tiene miedo. Algunos no viajan hasta allá. La justicia se tiene que mover. Que la justicia empiece a hacer justicia. Si sale eso de que a los doce años van a ir ya presos, la van a pensar, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien que entran por una puerta y salen porque son menores. Y vos imagínate que todos los delincuentes. No se puede vivir en paz. Vos viste que la gente vive con miedo. Con las puertas cerradas, rejas por todos lados. (Paola)

-  No quiero que mi hijo use el tren antes de las siete de la mañana. Se va en colectivo. Porque se va muy temprano, antes de las seis. Y es peligroso ahí en lo del tren. Más tranquila lo acompaño a tomar el colectivo y no lo dejo tomar el tren. Se toma el colectivo hasta José C. Paz y ahí sí que se toma el tren porque ya hay más gente. Pero es muy bravo acá en la mañana en el tren. No. Yo no estoy tranquila que viaje él con el tren.

-  ¿Y en qué horario para vos es tranquilo ir a tomar el tren?

-  Y, más o menos, a las siete, cuando las mamas llevan a sus hijos a la escuela, cuando ya hay más gente. A esa hora. A la noche vuelve a ser peligroso. (Ofelia)

Frente a la desprovisión y al deterioro, los vecinos han generando distintas actitudes que van desde la apatía hasta la participación comprometida, desde las posiciones más individualistas y egoístas hasta la visualización colectiva de los problemas y de las soluciones. Sin embargo, si miramos con atención la vida política del barrio, en rango panorámico y en perspectiva histórica, no se advierte una politicidad activa. Los resultados de esta investigación poco podrían contribuir a una descripción epopéyica de la inscripción territorial de los sectores populares urbanos, robusteciendo las hipótesis de Merklen (2006) en relación con el barrio como fuente de poder social. Las experiencias del espacio (basadas en la propiedad y en la necesidad) inciden en la experiencia del Estado, en el tipo de demandas, en la intensidad de las prácticas políticas y en los sentimientos de derecho. Puede decirse, de modo muy general, que orientan las posiciones público-políticas en relación con el espacio que los sujetos están dispuestos a construir y a sostener. En este sentido es frecuente identificar más monitoreo reflexivo (de las promesas incumplidas o de los desarrollos detenidos/postergados) entre los actores que tienen pretensiones de propiedad sobre el suelo que entre quienes tienen una situación de mayor fragilidad y que atestiguan pactos completamente precarios en torno a sus usos. Entre los primeros hay mayores referencias a lo que significa vivir en un barrio digno y mayor evaluación del barrio vivido[23].

La forma híbrida de radicación en el territorio organiza y condiciona significativamente la relación de los vecinos de esta parte del RMBA con el barrio como fuente identitaria, de sociabilidad y de relación con el Estado. Su carácter de asentamiento aluvional ha incidido, sin duda, a diferencia de otros asentamientos del Gran Buenos Aires, en la relativa ausencia de memoria colectiva y de un sentido de pertenencia más político respecto del lugar habitado y construido.

No hay en el barrio grandes historias de participación ni una sociabilidad prolífica. “El Tanque” se caracteriza por la escasez de organizaciones y de instituciones más o menos formalizadas que agreguen intereses y coordinen las acciones de los vecinos. De hecho, las pocas que pueden identificarse están vinculadas al Estado de manera directa (como la escuela) o a los mediadores que ejecutan recursos públicos (comedores comunitarios oficiales e informales, red de jardines de infantes). Más allá de estas iniciativas y emprendimientos que no surgen desde abajo sino desde arriba (es decir, como intervenciones del Estado en el territorio) la atmósfera público-política está impregnada de apatía y de desafección. En suma, a la acumulación territorial de desventajas económicas y so-

cioculturales se suma la vivencia de un espacio público barrial degradado. Como señala Saraví (2004: 36):

El barrio puede convertirse en una muralla social, al reproducir condiciones de vida, relaciones sociales y experiencias que resultan redundantes y poco enriquecedoras, lo que en condiciones de pobreza adquiere una importancia particular. [...] La fragmentación interna, el aislamiento con respecto a la sociedad global y el empobrecimiento de la cartera de activos de los hogares, son algunos de los efectos derivados de las características que asume el espacio público local y que pueden hacer del barrio un pasivo, o para decirlo en términos menos economicistas, una fuente importante de desventajas para sus propios habitantes y para la comunidad en su conjunto.

Al conversar con los vecinos, todos se mostraron preocupados por los mismos temas (la inseguridad, la falta de iluminación, el mal estado de las calles, la contaminación del agua del arroyo) al tiempo que denunciaron la ausencia de interés colectivo en su resolución. La falta de compromiso con los asuntos públicos parece impregnar como un humo invisible a todos los habitantes del barrio por igual al tiempo que, paradójicamente, todos lo detectan en las actitudes de los otros pero no en las propias. Este desplazamiento se hace evidente en los relatos de Elizabeth y de Pedro:

Yo siempre digo: acá tenemos lo que nos merecemos porque nadie dice nada y cuando alguno quiere reclamar algo o hace o dice, el otro mira desde la ventana del lado de adentro. Cuando se consiguen las cosas dicen “ay sí, ¡qué bueno!” o te acompañan a último momento. La gente es muy rara. (Elizabeth)

Las cosas no marchan porque uno quiere y el otro no quiere, donde hay más necesidad, hay más desconfianza. Un paria más un paria: dos parias. (Pedro)

En esta territorialidad de periferia, la vida socio-política es de movimientos lentos. Lejos del alboroto de las prácticas colectivas, prima la dinámica de estabilización y de repliegue. La concurrencia a actos políticos -una de las prácticas políticas activas que identifican los vecinos- aparece en la casi totalidad de las entrevistas como un trámite altamente costoso para las personas y las familias. En efecto, en tanto requisito de contraprestación de los planes sociales, les exige sacar el cuerpo del barrio, desplazarse en condiciones incómodas, exponerse al cansancio y a eventuales escenas de violencia.

CONCLUSIONES

Este artículo intentó dar cuenta de las experiencias de la desigualdad de los vecinos de “El Tanque” en relación con el espacio habitado. En primer lugar, procuró reconstruir la historia de la llegada al barrio y los procesos de decisión de las familias, prestando particular atención a los elementos evaluativos y a los criterios de justicia o de igualdad en juego. De este análisis surge que, más allá de la valoración positiva del acceso a la vivienda propia y con independencia de la condición de propiedad (si se accedió al lote en forma legal o vía el asentamiento informal) y sus sentimientos asociados, el hecho de radicarse en “El Tanque” se percibe como desventajoso o no deseado respecto de otras localizaciones del conurbano consideradas mejores.

Esta evaluación negativa del barrio, el olvido por parte del Estado y la deriva, deben apreciarse en perspectiva histórica. En general se señalan los procesos de asentamiento recientes como parte del problema de la relegación y de la marginalización. Quienes llegaron en los últimos años modificaron las marcas culturales dominantes que aún se aferraban a la imagen de progreso del espacio barrial, “verde, con aire puro y lejos del mundanal ruido”. Los recién llegados trajeron sus prácticas marginales y la inseguridad e instalaron la idea de repartir entre más habitantes los recursos y servicios sociales y urbanos ya escasos.

Se identificaron, a continuación, las partículas que constituyen una suerte de discurso espacial de la relegación (al que se denominó progreso engañoso o postergado) como así también las tipificaciones implicadas: desprovisión y deterioro de los elementos y de los servicios urbanos y aislamiento. Un análisis de estas figuras permite comprender el modo en que el sentido común operacionaliza (más o menos explícitamente) la cuestión del acceso a los servicios sociales y urbanos y su calidad, permitiéndonos rastrear cómo aparece el Estado en esta reflexión. En efecto, frente a la evaluación de la distribución de los elementos urbanos, el sujeto de la necesidad tiende a ser más colectivo. Se trata de problemas comunes, que afectan a públicos. Por eso, al referirse a ella surge la vida política y la demanda por la intervención estatal con un énfasis mayor que en otros campos.

Los razonamientos evaluativos en torno al espacio habitado permiten apreciar un ideal de barrio digno, utilizado recurrentemente como criterio normativo de uso cotidiano. Es en esa idea (o imagen) en la que abrevan los criterios de justicia (en este caso, justicia espacial). El barrio digno es siempre un ideal regulador que mantiene una distancia significativa con la realidad experimentada. En las prácticas cotidianas, esas nociones axiológicas y sus grados de concreción se vuelven discutibles, relativas, delimitan zonas y construyen jerarquías.

A partir del análisis de estos elementos se propuso que, en este tipo de territorios, se reproduce a diario no solo un portafolio de capitales de espacios degradados sino cierta subjetividad marcada por su condición de periferia inacabada. Mientras conjuran a diario las distancias, los deterioros y las desprovisiones, los vecinos desean y reclaman más y mejores servicios, iguales (o por lo menos parecidos) a aquellos de los que gozan y de los que se benefician los que viven en otros sitios.

En esta convivencia de experiencias y de percepciones se ubica la posibilidad de analizar la desigualdad social fenomenológicamente.

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Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires), Magister en Diseño y Gestión de Programas Sociales (FLACSO), Licenciada en Ciencia Política (Univer¬sidad de Buenos Aires). Es Directora del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Se especializa en docencia, investigación e inter¬vención profesional en los temas de pobreza y desigualdad, segregación espacial y subjetividad e identidades urbanas.↵

Tomamos el enfoque de Tilly (2000) para quien la explicación de las raíces de la desigualdad debe buscarse en la existencia de pares categoriales, esto es, de re¬laciones que se establecen a través de una línea divisoria socialmente reconocida y rutinizada. Las categorías son invenciones sociales que se fortalecen cuando se usan en la resolución de problemas organizacionales. Sin embargo, el trabajo categorial raras veces se forma como resultado deliberado o intencional de la acción social planificada. Es por eso que la investigación sobre la desigualdad debe esquivar todo esencialismo o individualismo y construir un acceso holista, ya que se trata de inte¬racciones basadas en categorías, lazos y redes. Las configuraciones que se arman en la reiteración de pares categoriales no son plenamente eficientes. En diversas situa¬ciones de la vida diaria, los actores pueden modificar sus determinaciones a partir del desarrollo de comportamientos personales y colectivos desafiantes.↵

Según la información del último Censo Nacional de Población y Vivienda (2010), el Gran Buenos Aires reúne a 12.801.364 habitantes, conformando uno de los aglo¬merados urbanos más extensos del mundo. De esta población, 2.891.082 habitan¬tes residen dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, la Re¬gión Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 40 partidos) reúne a 14.819.137 habitantes, concentrando el 37% de la población del país. (Maceira, 2011)↵

Denominación corriente de los sujetos que se dedican a la recolección informal de materiales (cartón, papel, vidrio, plástico, metales) en los residuos urbanos para su recuperación, reciclaje, consumo y reventa. Los "cartoneros" son el eslabón más débil de un circuito de reciclaje de alto valor económico y que incorpora, al final del ciclo, a las grandes empresas. Para un análisis de la temática véase Schamber y Suarez (2007).↵

4 En un sentido fenomenológico puede decirse que las experiencias sintetizan tres dimensiones de la vida social: una material, una actitudinal y una imaginaria. Estas tres caras están notablemente imbricadas en el conocimiento práctico (preteórico) del sentido común. Según Schütz (1970), el conocimiento de sentido común es un conocimiento basado en las experiencias que permite organizar la percepción del mundo que nos rodea (las cosas y las personas), clasificar y procesar los problemas que enfrentamos y tomar las decisiones del caso. El sentido común es un agregado social de significaciones histórico, social y subjetivo que se aprende y que permite modos relativamente colectivos y autoevidentes de percibir la realidad. El sistema de significatividades y los intereses del actor determinan qué elementos deben con-vertise en un sustrato de tipificación generalizadora, qué características de esos ele¬mentos deben elegirse como característicamente típicas y cuáles como exclusivas e individuales. Véase Soldano (2002) y Belvedere (2011).↵

Lindon e Hiernaux analizan en sus trabajos las formas de la subjetividad típica de ciertos territorios periféricos del valle de México sosteniendo que existe una relación de doble vía especialmente sensible entre espacialidad y subjetividad, en la que el espacio urbano condiciona las formas de la vida social y cultural al tiempo que se produce y reproduce en las prácticas rutinarias.↵

En un trabajo reciente que se inspira en Norbert Elias, Gabriel Noel (2009:2) sostiene que "la fisión entre establecidos y outsiders es producto de una historia de interacciones y conflictos, lo cual implica que para su cabal comprensión resulta vital reconstruir lo que podríamos denominar cronologías nativas del deterioro: esa serie de narrativas exasperadas que suelen traducirse en dramáticos contrastes en¬tre antes cohesivos y ahoras conflictivos. No hay 'establecidos' sin 'recién llegados' [...] la percepción de que 'algo ha cambiado' y de que 'hay clases de gente que antes no se veían' la que suele precipitar los intentos por demarcar rigurosamente las fronteras por parte de quienes se sienten amenazados por la alteridad de esas 'nue¬vas clases de gente'".↵

Saraví (2004) se refiere a esta operación de utilización del locus oposicional nosotros-ellos al analizar la sociabilidad de los jóvenes en enclaves de pobreza estructural.↵

La ley provincial 24.374, conocida como la "ley Pierri", sancionada en 1997, procuró regularizar la posesión dominial de familias de bajos recursos que ocupaban viviendas a través de un proceso administrativo para alcanzar su registro definitivo. Para acceder a ese beneficio los vecinos debieron demostrar al menos tres años de ocupación pacífica de la vivienda, es decir, sin controversia judicial sobre su propiedad y haber solicitado su inscripción en un registro específico, además de la situación impositiva sin deuda.↵

Lévy (2000) distingue dos grandes tipos de capitales espaciales que pueden contribuir a iluminar este análisis: el capital "de posición" se vincula con un lugar (el lugar-hábitat o el lugar-trabajo) que aporta más o menos ventajas espaciales y se identifica en la observación de la vivienda y de su entorno; mientras que el capital "de situación" alude a un conjunto de activos que permiten que las personas se movilicen por un área mayor a la que dominan por posición, es decir, propiedad y uso de un medio de transporte privado; disponibilidad y uso de transporte público; y dinero y tiempo implicado en los desplazamientos cotidianos.↵

Sin embargo, la percepción de la desigualdad no es una operación recurrente o natural de la vida social. Por el contrario, supone un proceso de construcción inten¬cional, un razonamiento evaluativo o un juicio de la propia situación, de la situación de los otros (lejanos y cercanos) y de las diferencias, en relación con criterios más o menos procedimentales o normativos de asignación y de distribución. En efecto, los actores sociales reflexionan -algunas veces- sobre estos tópicos a contraluz de estos umbrales vigentes. En la investigación realizada, estos patrones se cristalizan en dos núcleos: las "necesidades" y cierto ideal de "vida digna" o de "vida buena". Lo que resulta de este contraste, esta "distancia", se percibe y tematiza de modos diversos. Algunas desigualdades se apreciarán como justas y otras como injustas. La posibili¬dad de identificar analíticamente estos registros (lo propio, lo de los otros, la diferen¬cia y los niveles de justicia) en el discurso de sentido común de la vida cotidiana está estrechamente vinculado a la intensidad del monitoreo reflexivo producido por cada agente, ubicado en una posición relativa en el sistema de interacciones (y de poder) en el mundo de la vida (Giddens, 1982). Para una lectura en detalle de este desarrollo véase Soldano (2011) y para una lectura de su encuadre teórico general, véase Dubet (2006 y 2011), Reygadas (2008), Kessler (2008) y Minteguiaga y Ramírez (2007).↵

Lo que Harvey (1977) denomina "justicia distributiva territorial" como estado resultante de la interacción de principios o criterios de distribución de bienes y de servicios sociales urbanos.↵

Se trata de Spatial Justice N° 1, disponible en: http:www.jssj.org↵

Desde esta perspectiva, es necesario incorporar tres principios: existe una ontología espacial del ser, somos seres espaciales tanto como sociales y temporales; la producción social de la espacialidad (el espacio es socialmente producido y puede, por lo tanto, ser socialmente cambiado); y la existencia de una dialéctica socio-espacial (la forma espacial de lo social es tanto como la forma social del espacio).↵

Para una ampliación de este debate véase: García y Lukes (1999); Alonso (1999); Quiroga, Villavicencio y Vermeren (1999); Gargarella (1999).↵

En los últimos años la cuestión de la espacialidad ha cobrado creciente centralidad en la teoría social. En la perspectiva de Soja (1985), por ejemplo, la sociedad y sus procesos de estructuración no pueden pensarse por fuera del espacio social en el que se producen y que, de manera recursiva, tienden a producir. La reteorización de la espacialidad que propone Soja se inspira en el marxismo francés de Lefebvre y de sus seguidores pero también en los señalamientos críticos hechos por Castells y Harvey quienes han elaborado una crítica al determinismo urbanístico de la lucha de clases, sostenida por el primero. Para Harvey (1977), por ejemplo, no solo hay que ver el modo en que expresan las relaciones de producción capitalistas en el espacio sino el modo en que aparecen sus contradicciones y las posibilidades de su crisis.↵

Gurvitch (citado en Harvey, 1999) incorpora la reflexión sobre el tiempo en la vida social. Su tesis fundamental es que las formaciones sociales se asocian a un sentido específico del tiempo (que toda relación social contiene su propio sentido del tiempo), aunque en la práctica puede darse la convivencia simultánea de distintos sentidos del tiempo. De lo cual surge una clasificación de ocho sentidos específicos del tiempo social en la historia: tiempo duradero, tiempo engañoso, tiempo errático, tiempo cíclico, tiempo retardado, tiempo alternante, tiempo que se anticipa a sí mis¬mo (que se precipita hacia adelante) y tiempo explosivo.↵

Walzer (1993) sostiene que los principios tienen esferas de legitimidad y que, corridos de estas, pueden ser inmorales.↵

Para ampliar esta discusión puede mencionarse la perspectiva del "urbanismo de redes" (Dupuy, 1991) que da cuenta de la articulación entre la territorialidad reticular y las transformaciones urbanas recientes.↵

En ese momento, hacia el año 2007, hacer una perforación domiciliaria costaba $1.500 al contado. Si se pretendía financiamiento era necesario recibo de sueldo o tarjeta de crédito, requisitos muy difíciles de cumplimentar para los habitantes del barrio.↵

Con este término se alude a un espacio moldeado por tres dinámicas: la expolia¬ción urbana (ausencia o deterioro de servicios de infraestructura social básica), la vulnerabilidad social o laboral de las familias y las distancias, tanto objetivas como subjetivas de las centralidades definidas o identificadas como proveedoras, distribui-doras o poseedoras de recursos críticos (Soldano, 2008).↵

En el lenguaje cotidiano, la expresión chorros alude a ladrones. Para un análi¬sis del delito en contextos urbanos relegados véase Kessler (2004). Este analiza el fenómeno en la interfase entre contextos de emergencia, repertorios de provisión y modos de socialización.↵

El concepto de "experiencia urbana" propuesto por Duhau y Giglia (2008) en¬riquece la comprensión de estas percepciones. Según él, las rutinas de vida y los desplazamientos cotidianos, directamente relacionados con la provisión de servicios y con el tipo de inserción en el mercado laboral, delimitan zonas por las que circulan los sujetos, entendidas como "regiones de experiencia". De este modo, la experiencia de la metrópoli es distinta según el tipo de habitat urbano en el que se reside y a partir del cual se establecen relaciones con el resto del territorio metropolitano. Al mismo tiempo, las experiencias de la metrópoli no solo son diferentes, también son desiguales, en cuanto a las posibilidades de aprovechar los recursos que brinda cada espacio y a las elecciones que habilitan los distintos repertorios de desplazamiento.↵

5

LAS VIOLENCIAS COMO EXCLUSIÓN

CIUDADANÍA Y ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA EN UN BARRIO PERICENTRAL DE SANTIAGO DE CHILE

Juan Ruiz[1]

INTRODUCCIÓN

La violencia y la delincuencia se han instalado como un elemento cotidiano de la vida urbana, con distintas magnitudes y expresiones según los contextos económicos, culturales y sociales de cada ciudad. A su vez, la forma en que se entiende y se percibe la violencia está altamente relacionada con las percepciones y con las configuraciones de valor de un determinado lugar, por lo cual los niveles de tolerancia difieren en cada momento y en cada lugar, entre países y en el interior de las ciudades.

El objetivo de este capítulo es analizar el proceso de consolidación de la violencia en un sector estigmatizado por sus niveles de exclusión y de violencia en Santiago de Chile: la Población[2] José María Caro (Flock, 2005). “La Caro”, como la llaman sus habitantes, se encuentra emplazada en la comuna de Lo Espejo, en la zona sur poniente de la ciudad de Santiago (Ver Plano N° 1). En términos urbanos, ya no se encuentra en la periferia física de la ciudad debido al crecimiento de los últimos treinta años (De Mattos, 2001; Bordorsf e Hidalgo, 2005).

Está ubicada en el pericentro[3] de la ciudad, a media hora del centro en locomoción colectiva, en medio de tres autopistas urbanas y muy cerca del Centro Comercial Malí Plaza Oeste, uno de los más importantes de la zona poniente de la ciudad.

“La Caro” reúne varias condiciones singulares que hacen interesante su estudio desde la perspectiva planteada. Por un lado, desde su fundación en 1959, ha sido emblemática y parte importante de la historia urbana de Santiago; fue la primera gran población (alrededor de 100.000 personas) construida por las primeras políticas masivas de vivienda (Godoy y Guzmán, 1964; De Ramón, 1990); fue parte importante del movimiento de pobladores que participó activamente en la política chilena hasta el golpe de Estado de 1973 (Garcés, 2002); fue una de las poblaciones combativas que formaron parte de la resistencia política a la dictadura de Pinochet (Nicholls, 2006). En los últimos años ha vuelto a ser protagonista de los movimientos sociales al conformar uno de los nuevos movimientos urbanos en defensa del lugar (Parraguez, 2008). Por otro lado, actualmente, es considerado un lugar peligroso, al punto que ha sido foco de las políticas de seguridad en barrios críticos por parte del Estado. (Ruiz, 2012)

Se enfatizan tanto las experiencias de vida de los pobladores y pobladoras así como la manera en que viven, describen y analizan las violencias. Este trabajo tiene una aproximación etnográfica que, por un lado, busca cartografiar la complejidad social y, por otro lado, dar voz a los sujetos para que se refieran a su propia realidad como objetivo válido de la investigación social. (Ragin y Amoroso, 2010)

Junto con ello, es necesario mencionar las dificultades para el estudio de la violencia (Levi, 2007) y para trabajar con datos agregados secundarios que permiten investigarla, discriminando unidades geográficas como los barrios. Las denuncias de delitos y las encuestas de victimización no pueden desagregarse al nivel de los barrios (Bottoms, 2007). A su vez, en muchas ocasiones, la opción cuantitativa no permite obtener datos válidos debido a las desconfianzas propias de las comunidades en contextos de violencia (Walters, 2003). Por otro lado, los indicadores como la tasa de homicidios se construyen y manipulan de acuerdo con necesidades institucionales que muchas veces ocultan -más de lo que iluminan- la magnitud del fenómeno. (Caldeira, 2000)

Por último es necesario señalar que esta presentación recoge los resultados preliminares de mi investigación de doctorado y, por ello, sus alcances deben considerarse como un trabajo en progreso, aunque la característica de trabajo en progreso esté omnipresente en toda la investigación etnográfica (Anderson, 2002). El estudio de campo se realizó entre septiembre de 2011 y febrero de 2012. Mientras estuve allí, tuve la oportunidad de convivir con pobladores de todas la edades, en distintas condiciones laborales y con miradas diversas sobre lo que pasa en su población. Realicé veinte entrevistas en profundidad a hombres y mujeres de entre 25 y 67 años, estudiantes, trabajadoras y trabajadores, profesionales, dueñas de casa, jubiladas y jubilados, así como cesantes que han vivido toda su vida en esa población. Junto con ello, hice observación participante que involucró innumerables conversaciones informales con vecinos y vecinas. Los resultados presentados en este trabajo recogen los discursos que alcanzaron puntos de saturación a lo largo del proceso.

El trabajo está organizado en cuatro secciones. En la primera sección introductoria se aborda el objetivo general, en una segunda sección se discute conceptualmente acerca de la violencia y de los procesos políticos y sociales de exclusión; una tercera sección presenta los discursos de los habitantes del barrio y en la última se esbozan las conclusiones.

1. MODERNIDAD AVANZADA, NEOLIBERALISMO Y VIOLENCIAS

La construcción acerca de lo que consideramos violencia es altamente compleja, debido a su multidimensionalidad y a los distintos niveles de tolerancia presentes en cada sociedad (Levi, 2007). Por ello, más que trabajar sobre una definición de violencia, abordaremos ámbitos en los que esta se desarrolla. Un acercamiento relevante es la caracterización planteada por Moser y Mcllwaine (2009). En ella se plantean cuatro grandes grupos o tipos de violencia: la violencia política, la violencia institucional, la violencia económica y la violencia social. Cada tipo de violencia se asocia con un poder que se ejerce de forma abusiva y que detona hechos violentos; la violencia política se centra en mantener el poder político e incluye guerrillas o tropas para-militares, asesinatos políticos y conflictos entre partidos políticos; la violencia institucional es el ejercicio de actos violentos para obtener o mantener el poder de grupos o de instituciones. Y es generada por instituciones del estado, tanto aquellas dedicadas al control (como la policía), cuanto aquellas dedicadas a prestar servicios civiles urbanos, (como educación y salud); la violencia económica se ejerce para obtener o mantener el poder económico y se centra especialmente en la delincuencia y en el tráfico de drogas; por último, la violencia social se relaciona con el poder social entre individuos, especialmente aquel que se encuentra en las relaciones de género.

Para complementar esta aproximación, Farmer (2004) plantea la violencia estructural como categoría para entender no sólo el acto físico violento, sino también la violencia inserta en las estructuras sociales caracterizadas por altos niveles de desigualdad, y que se ejerce de manera opresiva y sistemática sobre los individuos y las comunidades[4].

Una de las características de la violencia es que no es homogénea; es posible apreciar mayores grados de violencia en algunos lugares específicos de la ciudad (Bottoms, 2007). Según Young (2007),  las fuerzas invisibles del capitalismo tardío cristalizan en la imagen del “capitalismo recargado” una clase trabajadora económicamente sobrante y altas tasas de violencia en áreas específicas de las grandes ciudades (Young, 2007). A su vez, Wacquant plantea que uno de los resultados de la modernidad tardía es un nuevo régimen de margina-lidad y de exclusión. Este régimen funciona como una concatenación de mecanismos de control étnicos y raciales que se materializan en la estigmatización territorial de las comunidades desaventajadas, en la alienación espacial y en la disolución del lugar (Wacquant, 2008c). Estas etiquetas se aplican tanto a las personas como a los lugares estigmatizados, constituyéndose en una de las formas posibles de leer la sociedad (Body-Gendrot, 2001). Uno de los resultados de este nuevo régimen de marginalidad es la violencia interpersonal así como otros problemas de anomia social, que aumentan los desórdenes urbanos en las capas más bajas de la estructura social. (Wacquant, 2007 y 2008b)

Las protestas callejeras, los disturbios y las violencias que se repiten cíclicamente en diversos barrios pobres de las ciudades del primer mundo (a ambos lados del Atlántico) son parte del argumento de Wacquant (2008c). Dichas acciones pueden interpretarse sociológicamente como una respuesta a los cambios económicos y sociales desplegados por la marginalidad avanzada. Con ello se produce una polarización de la estructura de las ciudades que destierra vastas masas de parias urbanos y los empuja a la redundancia económica y a la marginalidad social en espacios de relegación (Wacquant, 2008c). Estas violencias desde abajo tienen tres componentes principales: el desempleo masivo y la precarización laboral crónica, la relegación a barrios en decadencia donde los recursos (estatales y privados) son escasos y la estigmatización en la vida diaria y en el discurso público.

Como resultado de dichos procesos, las comunidades que habitan esos espacios de relegación enfrentan de forma diversa el clima de debilitamiento, el imperio de la ley y la violencia en el espacio público. Por ejemplo, Bourgois (2003) ha señalado la lucha diaria de los habitantes del Harlem portorriqueño de New York para sobrevivir y encontrar el respeto en un contexto de alienación, deprivación y desesperanza (Bourgois, 2003). Anderson (1999), a su vez, plantea que la capacidad de infundir y de obtener respeto es altamente valorada como un escudo que protege a las personas del contexto de violencia imperante. En el corazón de esta búsqueda de respeto están los códigos de la calle, una suerte de intercambio social que regula las agresiones sobre la base de una posible retribución cuyo esquema se resume en el “ojo por ojo”. Los reiterados despliegues de la capacidad de venganza refuerzan la reputación y el respeto de los pares. (Anderson, 1999)

Si echamos una mirada crítica a los procesos de desarrollo en América Latina, podremos ver que, a dos décadas del regreso de la democracia en la mayoría de los países latinoamericanos, se han producido profundas reestructuraciones neoliberales. Dichos procesos han implicado, para la mayoría de los países y de las ciudades, profundos cambios sociales y el aumento de la desigualdad[5]. Para Koonings y Krujit, la violencia es también un discurso de exclusión social, retomando los discursos sobre la marginalidad y la pobreza de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta. (Koonings y Krujit, 2007)

En este contexto neoliberal de polarización urbana la penaliza-ción de la pobreza puede ser vista como una estrategia para deshacerse de los menos favorecidos de la ciudad. En las favelas de Río de Janeiro la ramificación de la violencia, la discriminación de clase y de raza en los sistemas judiciales, la brutalidad policíaca combinada con el trato agresivo del aparato penal brasileño permite los desórdenes y la ausencia del imperio de la ley en el eslabón más bajo de la jerarquía urbana y parece conducir hacia un impasse institucional. (Wacquant, 2008a)

A su vez, en otros países en desarrollóle pueden apreciar fenómenos similares. En el área de Cape Fíats en Ciudad del Cabo, Sudá-frica, se produjeron protestas callejeras durante los años ochenta que jugaron un rol importante en los procesos de redemocratización del país. Dichas protestas invisibilizaron las bandas y el lumpen que solía cohabitar con la militancia política y la organización social (Jensen, 2008). Una vez en democracia los grupos de calle que presionaron por la caída del apartheid en Cape Town continuaron excluidos, ahora por las transformaciones neoliberales que priorizaron la inversión en los mejores lugares de la ciudad y la reducción de las iniciativas de desarrollo en los barrios más desfavorecidos (Habib, 2005). En palabras de Lemanski (2004), este proceso resultó en una “arquitectura del miedo”, que permitió el incremento de la polarización social entre clases y razas. Esta tendencia profundizó las divisiones sociales, que alcanzaron un nuevo grado de apartheid de muchas similitudes con el anterior, en el que que la raza siguió predominando como estructura de relaciones sociales. (Lemanski, 2004; Harris, 2003)

En este contexto, una línea de interpretación del fenómeno de la violencia en los barrios al margen plantea la conexión entre las formas de ciudadanía y de sociedad civil, la desigualdad y la violencia como experiencia cotidiana en las comunidades pobres[6]. A su vez, en los países en vías de desarrollo, las políticas neoliberales (que nunca fueron, en ese contexto, extremadamente fuertes[7]) han debilitado al Estado. Es por eso que se ha acentuado (o al menos no ha mejorado) la situación de desigualdad y de exclusión social (Ferguson, 2002; Sassen, 2003). En tercer lugar, las desigualdades no han permitido que se cumplan las promesas de participación social y política de la democracia. En algunos países, la violencia sería el resultado espera-ble del despliegue de la democracia neoliberal más que la simple falla institucional. (Arias y Goldstein, 2010)

Los elementos comunes que pueden rastrearse en la literatura disponible plantean algunas características para los barrios violentos de los países en vías de desarrollo. En primer lugar, esos territorios fueron espacios de resistencia política durante los procesos de (re) democratización de los años ochenta y noventa. Dicha violencia se transformó en violencia social y económica una vez que las democracias neoliberales implementaron reformas estructurales que mantuvieron o aumentaron los niveles de desigualdad[8].

En segundo lugar, las comunidades de esos barrios actualmente experimentan altos niveles de violencia estructural, que se expresa en la violencia económica de las bandas de narcotráfico y de crimen organizado así como en los distintos tipos de violencia institucional, que van desde la estigmatización y el maltrato por parte de los servicios públicos hasta la brutalidad y la violencia policial (debida, sobre todo, a la corrupción y el clientelismo de las policías) particularmente en el caso de Río de Janeiro (Arias, 2006).

En tercer lugar, los actuales procesos de violencia se presentan en paralelo a altos niveles de exclusión subjetiva y aislan a las comunidades que los sufren, tanto de la red de servicios básicos urbanos, como de la red de articulación política de la ciudad. Y los procesos de fragmentación urbana propios de los impulsos globalizadores inciden en la capacidad de inclusión social de dichas comunidades.

2. DISCURSOS DE LA VIOLENCIA: TRÁFICO DE DROGAS, LAS POLICÍAS Y LA “TRANSA” DEMOCRÁTICA.

“La Caro” fue creada en 1959 como parte de las primeras políticas masivas de vivienda social en Chile y respondía a las complejas dinámicas de migración campo-ciudad y de crecimiento acelerado de las ciudades de las décadas de los años cincuenta y sesenta. En la práctica, ese sector  sur poniente de la capital se transformó en un espacio de relegación (Wacquant, 2008c), donde (durante tres años) se ubicaron más de sesenta mil habitantes, constituyéndose en el emplazamiento más grande creado por el Plan Habitacional de la época. En ese momento, “La Caro” era el borde sur de la ciudad (De Ramón, 1990; Godoy y Guzmán, 1964).

Pese a que no presentaremos una revisión exhaustiva de la historia de “La Caro”, es importante señalar que dicha historia ha estado marcada por episodios de violencia en un contexto de exclusión (Ruiz, 2012). Siguiendo a Wacquant (2008c), diremos que allí se fueron enhebrando mecanismos de control que se materializaron en un proceso ascendente de estigmatización territorial y de alienación espacial. Uno de estos episodios fundacionales de violencia y de control social fue la Matanza del Ferrocarril en 1962, hecho que tuvo lugar en el contexto de un paro nacional de trabajadores. A su vez, han marcado el paisaje social de la población la presencia de ladrones y de bandas y las las riñas callejeras (Nicholls, 2006).

Durante la dictadura, “La Caro” se constituyó como un espacio de resistencia política y social, tal como sucedió en otras metrópolis bajo dictaduras en países en vías de desarrollo (Perlman, 2010; Rotker, 2000). Ello generó las primeras organizaciones sociales de resistencia como la Coordinadora Caro-Ochagavía a finales de los años setenta y las primeras protestas sociales durante los años ochenta. A su vez, hubo una importante presencia de partidos políticos contra la dictadura y de movimientos guerrilleros, como el FPMR[9] y el MJL[10]. Esto significó que la represión política contra los habitantes de la población fue muy dura desde el inicio de la dictadura, lo que muchas veces permitió la conjunción de movimientos guerrilleros y delincuentes que buscaban protección y apoyo armado, en un proceso similar a lo ocurrido en Cape Fíats. (Jensen, 2008)

Con la llegada de la democracia en 1990, volvió también cierta práctica democrática a las instituciones de la población. Muchas juntas de vecinos se rearticularon y han funcionado durante los últimos veinte años en un contexto más democrático. Sin embargo, y como en muchos otros barrios populares, en “La Caro” la participación y la asociación entre vecinos es menor que antes (Dockemdorff et al, 2000). La opinión de los vecinos es que hoy cuesta más que antes organizar a la gente, lo que trasunta la atomización de la participación y un marcado proceso de individualización de la vida social (Arias y Goldstein, 2010). Lo anterior se expresa, por ejemplo, en la acción gubernamental, basada en los fondos concursables, que más que promover la participación alienta la competencia entre pobladores y entre organizaciones de la población.

2.1 EL TRÁFICO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL

Al referirse a la población de la democracia postdictadura, los vecinos expresan su preocupación y miedo frente a las bandas de tráfico de drogas que se fueron apoderando de los espacios comunitarios. La violencia social ligada al uso de las armas de fuego produce una sensación de alto temor y de aislamiento entre los vecinos. La droga aparece hoy como el principal enemigo social de la participación de estos pobladores[11].

Las bandas y los grupos que trafican drogas habrían aparecido y se habrían expandido a fines de los años ochenta, siendo los últimos cinco años los más críticos y conflictivos. Algunos vecinos plantean que los que más trafican son grupos de afuera (que no residen en los sectores), pero otros destacan que muchos de ellos residen dentro de la población. La aparición de estos grupos está ligada al aumento del consumo de drogas fuera y dentro de la población, pero su instalación también se vincula con las bandas de ladrones y de delincuentes que ya existían en décadas anteriores. Julián, un vecino jubilado señala que:

En “La Caro” siempre ha habido estos grupos. Antes eran ladrones… no nos robaban a nosotros… salían para afuera… Hoy producto de la droga, nos roban y asaltan y se agarran a balazos entre ellos… pero muchos son los mismos patos malos[12] de antes.

Según el relato de los vecinos, las bandas de tráfico de drogas tienen jerarquías, distribución de roles y funciones para accionar, una estructura de trabajo que define roles específicos, cada uno de los cuales se sitúa dentro de una jerarquía formal[13]. Esta estructura está presente, según el relato de los vecinos, en el sector E y se reconocen allí grados de vinculación directa y estrecha entre los miembros.

El objetivo de la organización es el tráfico y la venta de drogas, y para ello debe controlar un territorio donde pueda establecer su base de operaciones, almacenar las drogas y los barretines de armas, un territorio desde donde pueda distribuir a lo largo de la ciudad y, finalmente, desde donde controle el micrográfico en el interior del barrio. La violencia se produce muchas veces por la disputa territorial entre bandas, o por la violencia difusa asociada al consumo (balaceras, disputas con armas, “mácheteos” para la obtención de dinero para más droga).

De acuerdo con Moser y Mcllwaine (2009), el tráfico de drogas es parte de la violencia económica del barrio. La base de las organizaciones (o desorganizaciones) de tráfico es la obtención y el mantenimiento de una actividad económica sobre la base del control territorial, donde aparece la figura del Padrino. La mayoría de las veces este control se consigue mediante prebendas y regalos o, también, mediante el amedrentamiento y las amenazas de daño físico.

La organización de las bandas de tráfico de drogas, sea a gran escala o en su versión más fragmentada, puede plantear una diferencia importante en el tipo de violencia económica que se establece en “La Caro”, en contraposición con la mayoría de los barrios populares de Santiago, donde se aprecia el microtráfico, ya sea a través de la venta o del consumo. Lo que hace la diferencia es la presencia del narcotráfico, o sea, la organización del tráfico a gran escala y que se emplaza territorialmente en ciertos barrios. Esto implica, para “La Caro”, un cambio de escala respecto al tráfico, del micro al narcotráfico, con el consecuente aumento de la magnitud de la violencia, dada la presencia de armas y por la defensa del territorio. (Ruiz, 2009)

Sin embargo, la violencia económica ligada al tráfico de drogas no es la única dimensión que los vecinos reconocen. Siguiendo a Far-mer (2004), los vecinos también manifiestan la violencia estructural respecto de un modelo de desarrollo que no les plantea muchas posibilidades de superación. Como declara Carlos, antiguo vecino y diácono de la parroquia, hay violencia en los mensajes que el resto de la sociedad envía a los pobladores:

La cultura que vivimos hoy día motiva y promueve la violencia porque, por decirlo así, hay mensajes en la publicidad, los medios de comunicación social, los medios generan en el interior de sus programas una violencia en el subconsciente de las personas, que al leer… no se dan cuenta, pero ahí está, la inequidad que se muestra dentro de las pantallas de televisión, todo lo exitoso, los logros, quiénes son los que ganan, quiénes son los que vencen… que no son los que están viendo, porque el mundo del poder no es eso, porque ellos digitan la información, entonces ellos no ven… eso está dirigido para el mundo popular, para el mundo de clase baja, ese mundo… y en “La Caro”… adormece las conciencias, parten de una mirada de mundo distinta, entonces la inequidad que muestra la televisión golpea la violencia de las personas, se pregunta, se cuestiona, se empobrece más al ver la televisión, se aniquila.

A su vez, se los discrimina en el mercado laboral ya que no les entrega las mismas herramientas que al resto de la sociedad. El estigma de vivir en un espacio de relegación, experiencia fundadora del hecho de habitar en “La Caro”, también se expresa en la invisibilidad para el resto de la ciudad. Muchos de sus habitantes, para poder trabajar, tienen que “esconder” incluso en la actualidad su lugar de proveniencia. Como lo manifiesta Marta:

De hecho tengo una vecina, mi vecina de acá, que ella trabajaba, ella era bibliotecaria… Ella tenía otra dirección, ella nunca quiso decir que vivía en la JMC, porque si lo decía, no le daban trabajo. O a lo mejor le daban trabajo, pero su entorno, sus compañeros, no la iban tratar de igual manera. A lo mejor en el trabajo sí tenía su dirección, pero a sus compañeros de trabajo les decía que vivía en otra parte.

Este estigma también se expresa a través de la violencia institucional (Moser y Mcllwaine, 2009) de la que son objeto los habitantes del barrio. Si bien en el país la evaluación de las policías (y en especial de los Carabineros) es bastante positiva y se expresa a través de niveles muy altos de confianza (Fruhling, 2004), en “La Caro” se desconfía de las instituciones de seguridad, situación que parece repetirse en otros barrios estigmatizados[14]. Un elemento clave en la relación entre la policía y la comunidad de “La Caro” es la carga negativa que tienen para los pobladores y pobladoras las policías. Durante la dictadura, ellas fueron el brazo armado de la represión política en la población, ejerciendo violencia durante las jornadas de protesta[15], deteniendo personas sin el debido proceso, y haciéndolas desaparecer. Esta imagen, esa emoción, aún no se ha lavado completamente para los habitantes. Y esa imagen negativa se mantiene hasta hoy. Por un lado, los vecinos manifiestan una sensación de discriminación y de maltrato verbal y, a veces, físico por parte de estas instituciones. La discriminación y el maltrato por parte de la policía es una experiencia cotidiana para la población que, por ejemplo, sufre los controles de identidad que la fuerza ejerce de forma violenta, tal como me tocó presenciar muchas veces durante mi estancia en “La Caro”. Esta situación es congruente con estudios que indican que las denuncias por abusos policiales presentadas a fiscalías militares han continuado aumentando desde 1990 a pesar del retorno a la democracia (Fuentes, 2005). Así lo plantea también Mario, un joven profesor de historia de “La Caro”, e hijo de un conocido líder social:

Ellos [la policía] siempre están molestando a la gente, causándole problemas solo por vivir acá. Cuando andan dando vueltas te piden el carné aunque estés en la puerta de tu casa. Una vez, un viernes, estábamos vacilando con los cabros, puro conversando y chelenado ahí en la esquina -ni siquiera estábamos fumando hierba-, cuando llegaron los pacos a puro jotear y nos pidieron los carneses. Como yo estaba en la esquina de mi casa, no andaba con el maldito carné y me arrestaron por consumo de alcohol en la vía pública. Les dije que podía ir a buscarlo a la casa, que fueran conmigo, pero ni me pescaron. Al final, mi papi me tuvo que ir a sacar a la comisaría.

A su vez, los vecinos acusan a las policías de ser corruptas, tener acuerdos con narcotraficantes y tratar de forma diferenciada a los pobladores respecto del resto de los ciudadanos. De hecho, uno de los lugares más peligrosos según los relatos se encuentra actualmente al costado del nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones. Al costado del cuartel se instaló uno de los puntos de venta de droga y, para los vecinos, cuesta creer que esa situación se dé sin la connivencia de la policía.

Un segundo proceso en relación con la desconfianza y la violencia institucional por parte de las policías es el reclamo permanente por la falta de vigilancia policial y el trato indiferente o poco diligente de las fuerzas policiales cuando ellos les requieren. A su vez, los habitantes perciben un mecanismo de discriminación, debido a la baja eficacia en la respuesta judicial que reciben. Este tipo de accionar por parte de las instituciones encargadas del sistema de control ha llevado a que no se denuncien los hechos delictuales y ha generado una desconfianza hacia estas instituciones en “La Caro”. Debido a la falta de recursos y a la consiguiente necesidad de priorizar las respuestas, los vecinos acusan una falta de presencia y de patrullaje de Carabineros, así como filtración de información hacia los propios delincuentes. Finalmente, “La Caro” conserva hoy en día el estigma de lugar violento y de barrio crítico que le ha acompañado a lo largo de su desarrollo y que comparte con otros barrios de la ciudad[16].

2.2 LA TRAICIÓN DE LA POLÍTICA

La situación urbana de “La Caro” es en la actualidad diametralmente opuesta a la de los primeros años de su fundación. Sin embargo, el desarrollo urbano no implica necesariamente un mayor nivel de inclusión. Como han planteado algunos académicos, la desigualdad social en Chile creció en los últimos treinta años pero esto ha sido menos considerado en los análisis que el impresionante desempeño económico y en los indicadores sociales agregados. Esto implica que las condiciones sociales, la infraestructura, la calidad de los servicios y, en definitiva, la calidad de vida difiere considerablemente de acuerdo con el nivel socioeconómico del barrio (Márquez y Pérez, 2008). Los vecinos y vecinas de “La Caro” perciben los procesos de crecimiento urbano más como una amenaza que como un mejoramiento de sus condiciones de vida. Debido a las políticas de planificación, temen que se detonen procesos de gentrificación que los expulse antes de que puedan apropiarse de los beneficios del desarrollo. Se aprecia entonces un funcionamiento desarticulado de la democracia[17], en términos de Holston (2008), agudizado por la exclusión social, la falta de reconocimiento de los derechos humanos y políticos fundamentales y la fragmentación urbana. Los habitantes de “La Caro” se sienten traicionados por las decisiones tomadas por las cúpulas y por la “transa democrática” una vez finalizada la dictadura. Así lo expresa Manuela, antigua militante del MIR[18], que actualmente participa en diversos talleres en la iglesia cerca a su casa:

Nosotros pensamos, “la alegría ya viene”[19], y después de haber sufrido tanto con la dictadura, llegó la democracia, vamos a ser felices, vamos a tener oportunidades, los cabros van a poder estudiar… y nos dimos cuenta de que no, todo era mentira poh, porque seguía lo mismo. El gobierno de Aylwin[20] fue, no sé, poh, todo manejado por los milicos, no cambió mucho la cosa, cambió en el sentido de que no hubieron más muertes, no hubieron más secuestros, ya no había tanto miedo, pero oportunidades… ¿dónde estaban?

Los antiguos militantes de partidos políticos de izquierda y aquellos que participaron en movimientos guerrilleros como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, expresan estar muy decepcionados con los partidos políticos actuales. Para muchos de ellos (que militaron en el PC, en el PS o en el MIR[21]) la “democracia de los acuerdos” implementada  durante los años noventa, significó una nueva forma de exclusión de los pobladores de “La Caro”. Habla Manuela nuevamente:

Cuando llegó la democracia, nos inscribimos en el partido socialista y fuimos cuatro militantes al partido, yo iba a reuniones de mujeres y me daba cuenta de que puras niñitas jai, estaba allá arriba, y que hablaban de esto, y que hablan de lo otro, y que no hablaban realmente de lo que nos pasaba a nosotros… yo por lo menos traté bastante de participar en el partido, pero después me di cuenta de que era puro repartirse poderes, “que no, que yo quiero ser concejal, que el partido tiene que nombrar concejal”…

Lo que Manuela expresa es una profunda sensación de exclusión del sistema político, que los aparta aunque quieran incorporarse. Esta exclusión política marca una separación entre la democracia formal y la participación de la ciudadanía. El resultado, siguiendo a Holston (2008), es una profunda deslegitimación del sistema democrático y una sensación de desamparo y de olvido que sienten los habitantes del barrio. Mario, mencionado más arriba, plantea que ellos no han sido olvidados por una ausencia del Estado sino por la forma en que el Estado aplica sus políticas en la comunidad. Desde el punto de vista de una lógica de “ahuecamiento” del Estado propia de la lógica neoliberal (Brenner y Thedodore, 2002), no se trata de que existan escuelas o redes de salud en “La Caro”, sino de su estado de abandono en términos de calidad y de desidia. Como el mismo Mario lo explica:

Y creo que la muni[22], igual que el Estado, no se da cuenta de la realidad que se vive acá, o si se dan cuenta se hacen los hueones, creo que no les importa, nos utilizan a nosotros, a la gente de la población, no creo que les interese darnos una mejor calidad de vida, no creo. Creo que les da lo mismo lo que pase aquí, no sé, pa ellos no somos nada, yo cacho que eso de las plazas, el hecho de que hagan plazas, hagan esos talleres, no sé, siempre lo veo como charcha, es como un trabajo no bien hecho, como que no hay una actitud porque la gente viva mejor. Eso es charcha, no sé, el Poli[23] es charcha ¿cachai?, yo lo encuentro charcha. No estoy diciendo que hay que invertir plata, pero hay que cambiar la mentalidad de la gente de ahí. Creo que los concejales[24] también no se preocupan mucho de nosotros. No les importamos, porque ellos… ¿Sabes por qué? Porque yo pienso que ellos reproducen el sistema que está arriba, ellos están más mandados por gente que está en un puesto superior a ellos, ellos difunden el sistema en el cual están metidos políticamente.

Los habitantes vinculan el abandono por parte del Estado y la falta de legitimidad del sistema político, con la violencia presente en el barrio. El abandono y la deslegitimación son vistos como violencia estructural (Farmer, 2004) del sistema político que se ejerce sobre la comunidad de ‘”La Caro”. Como lo plantea Pedro, un antiguo vecino:

Yo pienso que esto es culpa de la autoridad ya, estoy completamente seguro que esto es culpa de la autoridad porque ellos prometen muchas cosas cuando están en elecciones, quieren salir de presidentes, de diputados, senador, de presidente de alguna organización, entonces ellos prometen muchas cosas que cuando ya están en el cargo no cumplen y eso es una realidad [... ] entonces toda esta violencia es por culpa de ellos, por el hecho de que ellos no…eh…-no van al terreno, o sea, a ellos les importa demandar a dos o tres personas y a esas personas las amenazan, entonces no hacen nada por ayudar y no hacen nada tampoco para ayudar a las personas que están ayudando a esas personas.

Otro de los resultados ha sido el surgimiento de organizaciones centradas en la autogestión y que evitan explícitamente la relación con cualquier nivel del Estado, debido a la desconfianza en la instrumen-talización de que ha sido objeto. Este cierre organizacional refuerza, en juego de espejos, la exclusión objetiva de “La Caro” y refuerza la sensación subjetiva de exclusión. Esta perspectiva se traduce en grupos de jóvenes que, por ejemplo, conmemoran la Matanza del año ’62 sin haber participado de ella, a través del graffiti, la música y las manifestaciones culturales. Como lo expresa “Chico Mario”, un hiphopero que participa en estos actos de conmemoración:

Y los locos [el municipio] también era pa’ la pantalla no más de que los locos te daban ese papel como para ayudarte, porque nunca ayudaban. Una vez nosotros nos ganamos un proyecto en la muni y que nunca recibimos la plata, ¿cachai?… Están en manos de los locos que tienen el poder no más, están en manos de locos de la muni, de partidos políticos, y no hay una participación real de la población en la organización y en la toma de decisiones de la población y de la comuna…

Este discurso construido por los vecinos parece ser parte de una gran teoría conspirativa en la que la sociedad se “hará cargo” de “La Caro” y de su comunidad. Este plan presente en casi todas las conversaciones contempla la represión durante la dictadura, el aumento del tráfico de drogas en los inicios de la democracia en los años noventa, la gentrificación propuesta por el plan regulador, la discriminación en la búsqueda de empleo, la expansión del “complejo industrial de prisiones” (Wacquant, 2008b) y los bajos niveles de calidad en las escuelas y consultorios. Este “plan” trasluce una profunda alienación de los habitantes, comparable en intensidad narrativa con los guetos estadounidenses. (Anderson, 2002)

2.3 LOS CHOROS, LOS FLAITES Y LA GENTE DE ESFUERZO

En este contexto, los vecinos pueden sumarse a la lógica del tráfico de drogas, o sufrir los estigmas de vivir y compartir el espacio con él. En “La Caro” se aprecian distintas estrategias de resistencia frente a la violencia y la exclusión (Lamont, 2009). En cierta sintonía con los resultados de la marginalidad avanzada en algunas ciudades estadounidenses, la violencia y la exclusión fragmentan la comunidad de “La Caro” (Anderson, 2002). Se puede apreciar un dualismo de normas aceptadas: por un lado, las que pertenecen al discurso dominante dentro de la sociedad y, por el otro, las de los discursos de resistencia que se encuentran en “La Caro”. Esta situación genera una serie de conductas y de estrategias de supervivencia más o menos coherentes y que, en muchas ocasiones, combinan ambos discursos, ya sea a través de la racionalización del contexto en que viven o bien a través de las emociones, la identidad y el apego al barrio. A continuación se presentan los dos extremos de este discurso, personificados en individuos específicos de la población, y que se acercan a los tipos ideales de las estrategias planteadas.

Por un lado está la figura del choro, imagen emblemática de las poblaciones chilenas. En particular en “La Caro” se trata de aquel que vivía de la delincuencia pero que, a la vez, era respetado, no por ser un delincuente sino porque contaba con cierto ascendente sobre la comunidad, o al menos un sector de ésta, como lo explica Juan, antiguo vecino de “La Caro”:

Había choros de edad si ah, aquí, que ya no están ya, fallecieron que rato, pero también eran muy correctos, o sea, compadrito, una moneda pa’ un trago. Ahí, uno se lo pasaba, pero el compadre después si a uno lo veía que tenía que atravesar la línea y habían otros que estaban ahí que estaba esperando, compadrito, tranquilo, vaya tranquilo nomás…

Este ascendiente provenía de su agresividad y de la actitud desafiante frente a cualquier eventualidad. Así lo relata Carlos, otro antiguo vecino y diácono de una de las capillas:

Un choro se dedica a robar y que maneja un cierto sector, que es respetado por los que están al lado, en el fondo, que tiene una autoridad sobre ellos, no es que la tenga por qué… sino que el hecho de ser choro, para’o, bueno pa’l garabato, hacerle frente a cualquiera, pararse a pelear, le dan una cierta connotación de estatus en su sector ahí… además se usaba cuchilla y les pegaba a los otros… eso en términos… y… se buscaban…

Actualmente la figura del choro resume la forma de enfrentar las adversidades que tienen los pobladores, y los de “La Caro” en particular. Es una persona de actitud desafiante que no se amedrenta frente a los peligros, que no trepida en usar la violencia si es necesario y que establece un código de lealtades y de compromisos con su comunidad y su entorno. Sin embargo, los desafíos de lidiar cotidianamente con un contexto de violencia y de exclusión imponen una presión considerable sobre muchos habitantes del barrio. Junto a la figura descrita existe la del flaite, referida tanto a una persona como a una actitud o una posición. Si bien comparte con el choro su actitud, el flaite tiene una evaluación más individual de las situaciones y se orienta a resolver sus propios problemas más que a establecer lealtades y compromisos con su comunidad. Esto se traduce en que intenta sacar pequeñas ventajas de cualquier situación para su propio beneficio y, si tiene que traducir o lastimar a un amigo o familiar, lo hará sin pensarlo. Los flaites son, por ejemplo, los vendedores de drogas o los solados de las pandillas, a los que no les importa mayormente su comunidad. Como estrategia de resistencia, el flaite enfrenta la alienación a través de los estímulos y recompensas en el corto plazo. Habla Chico Mario respecto de sus compañeros de música que comenzaron a consumir pasta base:

Después de un tiempo todo se fue a la mierda, un montón de locos se metieron en la cuestión contra la que estábamos, empezaron a fumar pasta base, ¿cachai? Y todo empezó a cambiar porque después de eso ellos ya no se interesaban en el trabajo que hacíamos en la pobla’, estaban en su vola no más y unos pocos nos quedamos con la idea del rapo como una herramienta de denuncia, ¿cachai?

En el corazón de esta estrategia está la lucha cotidiana por sobrevivir y por encontrar el respeto en un contexto de alienación, privaciones y desesperanza. La capacidad de infundir y obtener respeto es altamente valorada como un escudo que protege a las personas del contexto de violencia imperante. En el centro de esta búsqueda de respeto están los códigos de la calle (de los cuales el flaite es avezado intérprete). Para Chico Mario, si bien es esta una decisión personal, está fuertemente influenciada por los discursos imperantes en la sociedad, y refleja no solo la alienación de cada sujeto, sino también la violencia estructural que los empuja al precipicio. Lo plantea de la siguiente forma:

Hay hueones que andan peleando, si los hueones habrían tenido más educación no creo que serían así, flaites, o sea, los hueones que andan con fierros[25], que andan parando a todos los locos que andan por la calle. Yo creo que por falta de educación no tienen eso, o sea, si tuvieran educación, como de pescar un libro, de leer las noticias, estar como culturizados, yo creo que no sería así la gente.

La actitud del flaite parece ser una suerte de intercambio social que contiene las agresiones sobre la base de una posible retribución cuyo esquema es el ojo por ojo. Reiterados despliegues de la capacidad de venganza refuerzan la reputación y el respeto que demuestran sus pares. En el otro extremo encontramos una estrategia distinta. La gente de esfuerzo, que reconoce su contexto social, opta por la movilidad social través del trabajo, de la educación de los hijos, de la transmisión de valores tradicionales de la clase media y del hecho de evitar el contacto con el “ambiente” de su barrio. La estrategia de resistencia se individualiza, aunque apela a revertir la alienación a través de la inserción en el mercado formal de trabajo y de la transformación de su contexto social. Como lo relata Marta, administrativa del centro médico de la población, que antes trabajó como empleada doméstica:

Es decir, tengo amigas, pero no trabajan de asesoras del hogar, entonces no podía recomendar a nadie, aunque como mucha gente sabía que yo trabajaba de esa forma, venían y me decían: “oye, cuando tengai un trabajo, acuérdate de mí”, qué sé yo. Pero yo no las conocía, o sea, las conozco de hola y chau, un saludo, pero de ser, de conocer cómo son, cómo es su familia, no. Entonces, optaba por no recomendar a nadie, a no ser que haya sido una prima o alguien que yo realmente conociera.

Este dualismo no produce el predominio de un modelo normativo sobre otro, sino que ambos conviven, incluso muchas veces en la misma estructura de decisiones de los individuos. El “choro” es también vecino, pariente o conocido, por lo que la distinción se aplica no solo a personas, sino también a decisiones cotidianas que un mismo individuo toma frente a una situación u otra. Por un lado, la cultura de la violencia apela a los recursos acumulados de capital social para estructurar un clima de inseguridad y de miedo alentado por las bandas de narcotráfico, con mayor o menor grado de organización, e induce a una inseguridad incluso mayor en los espacios fragmentados.

En contraposición, es posible observar una cultura de la decencia (Martínez y Palacios, 2006), es decir, un esfuerzo de integración que se relaciona con un código cultural del esfuerzo, de la honradez y de la decencia en parte de los habitantes del barrio que intentan escapar  de la realidad de violencia e integrase al crecimiento económico y a las perspectivas de movilidad social, a pesar de la segregación y de la estigmatización en la que cae la población. Ello conduce muchas veces a un proceso de aislamiento dentro del propio barrio, y los habitantes no integrados a la cultura de la violencia se retiran del espacio público, no conforman amistades en el barrio, evitan ciertas calles y esquinas, y terminan disminuyendo sus relaciones con los vecinos. (Saravi, 2004)

3. CONCLUSIONES

El proceso de consolidación de la violencia en “La Caro” se inscribe en el desarrollo que ha sufrido Santiago en los últimos años y obedece a tendencias estructurales tanto sociales como económicas. Sin embargo, las violencias que se viven en “La Caro” son plurales y más complejas que lo que señala el estigma del tráfico de drogas y los asaltos. Los habitantes de la población perciben la violencia institucional proveniente de las policías y una violencia estructural por parte del Estado y del resto de la ciudad. Si bien esta situación en términos comparativos no alcanza los niveles de otros países latinoamericanos y en vías de desarrollo[26], es igualmente preocupante, ya que se arrastra por décadas y no parece revertirse.

Un elemento central en los discursos de los pobladores es la complejidad de la violencia estructural. El camino de la autogestión, que algunas organizaciones han tomado, muestra el nivel de desconfianza y de desconexión del sistema político local y nacional. Este cierre organizacional refuerza, en juego de espejos, la exclusión objetiva de “La Caro” y refuerza también la sensación subjetiva de exclusión. Esta exclusión política marca una separación entre la democracia formal y la participación de la ciudadanía. El resultado, siguiendo a Holston (2008), es una profunda deslegitimación del sistema democrático y una sensación de desamparo por parte de los habitantes del barrio. Junto con ello, los habitantes perciben ese abandono y la deslegitimidad como una violencia estructural (Farmer, 2004) que el sistema político ejerce sobre la comunidad de “La Caro”.

Se atisba una conexión entre las formas de ciudadanía y de sociedad civil, la desigualdad y la violencia como experiencia cotidiana para las comunidades pobres, como varios autores han planteado[27]. En este contexto, la exclusión no ha permitido que se cumplan las promesas de participación social y política de la democracia y sigue relegando la ciudadanía a un tutelaje del Estado en conjunto con los partidos políticos y a un funcionamiento parcial de la democracia. (Holston, 2008)

Esta desconexión expresa el punto máximo de la “pérdida del lazo social” (Saravi, 2004), ya que quienes quieren integrarse activamente a la construcción de una ciudadanía participativa se ven “traicionados” por un sistema político indolente y autoritario. A su vez, los vecinos y vecinas construyen una gran teoría conspirativa contra la comunidad que trasluce una profunda alienación de los habitantes, comparable en intensidad narrativa con los guetos estadounidenses. (Anderson, 2002)

Sin embargo, los impactos de la exclusión sobre la población son heterogéneos y hasta cierto punto contrapuestos. En este punto es necesario complejizar la forma en que los procesos estructurales afectan a los habitantes. En términos de Wacquant (2008c), si bien “La Caro” es un espacio de relegación dentro de la jerarquía metropolitana de Santiago, las formas de enfrentar las exclusiones que sus habitantes manejan son diversas. Es posible reconocer en “La Caro” diversas formas de resistencia que se conjugan en la experiencia cotidiana: algunos tratan de asimilarse al discurso normativo de la sociedad, mientras que otros se le oponen.

Los decentes producen una estrategia de retiro y de aislamiento de la calle. Gracias a ello, por un lado, se percibe una mayor presencia de los choros yflaites en la vida de la población, por lo que sus normas, valores y prácticas tienden a consolidarse aún más como dominantes. Por otro lado, se aprecia una pérdida del nosotros como referente cultural, es decir, se debilitan las relaciones entre vecinos, disminuye la interacción entre grupos diferentes y el temor, la inseguridad y la desconfianza se extienden a la comunidad (Saravi, 2004). De esta manera, las violencias no solo aislan a la comunidad del resto de la ciudad sino que también se desarrolla una creciente fragmentación interna, tanto cultural como social.

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Sociólogo y Magíster Urbano, Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudiante de doctorado en Sociología y profesor asistente, Universidad de Essex. Filiación institucional: Universidad de Essex, Reino Unido.↵

Población es el nombre que se le dio sobre todo en el pasado -y que aún se le sigue dando- a las barriadas, los barrios bajos, las villas miseria o favelas en Chile.↵

Por pericentro se entienden las comunas contiguas a Santiago, en el interior del Anillo Américo Vespucio, que disfrutan de los atributos de centralidad y de conectividad del centro del Gran Santiago.↵

Ejemplos generales de ello son las desigualdades de género y el racismo. (Farmer, 2004: 307)↵

Ver, por ejemplo, Portes y Roberts (2005) y Rodgers, Beal y Kanbur (2011).↵

Ver, por ejemplo, Holston (2008); Arias (2006); Caldeira (2000); Goldstein (2004); Arias y Goldstein (2010).↵

Ferguson (2002); Sassen (2003).↵

Ver por ejemplo: Lemanski (2004); Harris (2003); Holston (2008); Arias (2006); Caldeira (2000); Goldstein (2004); Portes et al (2005); Arias y Goldstein (2010); Downey (2006); Gutiérrez y Jaramillo (2004); Rozema (2007); Calderón y Szmukler (2003); Jensen (2010) y Samara (2005).↵

Frente Patriótico Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista.↵

Movimiento Juvenil Lautaro.↵

Dockemdorff et al han planteado que esta situación se repite a lo largo de ciertos barrios excluidos de la ciudad.↵

"Delincuente" en el lenguaje popular.↵

Para una revisión más detallada de la estructura planteada, revisar Lunecke y Ruiz (2006).↵

13 Ver por ejemplo, Dammert (2005); Lunecke y Ruiz (2007), Manzano (2009).↵

14 Muchos relatos durante las entrevistas hablan de francotiradores apostados en sectores altos que durante las protestas disparaban a matar, así como vuelos de helicópteros a baja altura con el mismo fin.↵

Ver, por ejemplo, Dammert (2005), Manzano (2009); Munizaga et al (2009).↵

El término usado por Holston (2008) en inglés es "Disjunctive Democracy", que se refiere a la separación entre el sistema democrático formal, por un lado, y el bloqueo de los canales para la participación real de la ciudadanía, por otro.↵

MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionario. Partido revolucionario de extrema izquierda durante el gobierno de Salvador Allende, promotor del uso de las armas para defender la revolución. Actualmente está extinto.↵

"Chile, la alegría ya viene" fue el principal lema de la oposición a la dictadura para votar en el plebiscito de 1988 para derrocar democráticamente la dictadura de Pinochet.↵

Primer presidente electo después de la dictadura. Gobernó desde 1990 a 1994.↵

PS: Partido Socialista: PC: Partido Comunista.↵

Lenguaje informal por "Municipalidad".↵

Lenguaje informal por "Policlínico", estación primaria de la red de salud.↵

Representantes electos en el gobierno municipal.↵

Armas, específicamente revólveres o pistolas.↵

Ver, por ejemplo, Caldeira (2000), Jensen (2010), Fruling (2004), Koonings y Krujt (2007), Dammert (2004; 2009).↵

Ver, por ejemplo, Holston (2008); Arias (2006); Caldeira (2000); Goldstein (2004); Arias y Goldstein (2010).↵

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¿LAS REDES DE ORGANIZACIÓN POPULAR AÚN PUEDEN CAMBIAR LA CIUDAD?

EL CASO DE SALVADOR, BAHÍA, BRASIL

John Gledhill[1] y Maria Gabriela Hita[2]

INTRODUCCIÓN

Salvador, Bahía (la tercera ciudad metropolitana de Brasil) todavía enfrenta grandes problemas par proporcionar vivienda digna a las numerosas familias pobres que residen en su zona metropolitana, en su mayoría integradas por descendientes de esclavos africanos. Además, a pesar del éxito de las políticas económicas y sociales de los últimos años en lo que se refiere a la reducción de la pobreza, desempleo e informalidad y al mejoramiento de los salarios reales, la ciudad se encuentra castigada por problemas de violencia cotidiana, los cuales han aumentado pese a una reducción no menospreciable tanto de la desigualdad social como de la pobreza.

En 2011, Salvador era la vigésima segunda ciudad más violenta del mundo en términos de tasas de homicidios, con 56.98 homicidios por cada 100 mil habitantes (Seguridad, Justicia y Paz, 2012). En Brasil, mientras que las tasas de homicidios de Rio de Janeiro y Sao Paulo experimentaron caídas importantes (caídas de 43% y 63% respectivamente) el Estado de Bahía subió en los rankings de violencia nacional de la vigésima tercera posición en 2000 al séptimo lugar en 2011, principalmente como consecuencia de la situación en la Región Metropolitana de Salvador (Instituto Sangari, 2012). Aunque hubo un repunte preocupante en el número de homicidios en Sao Paulo durante la segunda mitad de 2012, Bahía ya lideraba el ranking nacional en términos de muertes provocadas por armas de fuego, la mayoría de las cuales tuvieron relación con el narcotráfico. Esta situación provocó la constitución, a principios de abril de 2011, de una nueva política de seguridad pública, basada en el modelo adoptado por las autoridades de Rio de Janeiro: el plan era pacificar los barrios pobres más castigados por la violencia por medio de un despliegue masivo de fuerza policiaca y/o militar, expulsando a los traficantes; y, segundo, se instaló una presencia permanente de policías entrenadas en técnicas de poticiamiento comunitario con el objetivo de ganar la confianza y colaboración de los habitantes de la periferia urbana. En Salvador el nombre oficial de estas unidades es Bases de Seguridad Comunitarias aunque, reconociendo el origen carioca del programa, con frecuencia se las llaman UPP (Unidades de Policía Pacificadora), tal como fueron bautizadas en Rio.

En ambas ciudades, esta nueva política de seguridad pretende ligar la reconquista por parte del Estado de territorios perdidos frente al narcotráfico a una implantación más eficaz de servicios y programas sociales y tiene por objetivo permitir a los habitantes disfrutar de una ciudadanía más amplia.

Para que tal política tenga éxito en Salvador será necesario, primero, convencer a los supuestos beneficiados de que el nuevo sistema de seguridad comunitaria no reincidirá en los vicios de aquellos modelos de poticiamiento “ostensivos” que, hasta la fecha, han sido la norma en sus barrios. La gente pobre y negra que entrevistamos tiene poca confianza en que un nuevo y más civilizado cuerpo policíaco sea posible en Salvador. Su desconfianza surge en parte de la conducta autoritaria, arbitraria y racista de los policías que entran en sus comunidades, poco moderada por el hecho de ser ellos también habitantes de periferias urbanas. Otro elemento es que también los habitantes tienen presentes experiencias de extorsión y criminalidad perpetradas por muchos de dichos agentes. Algunos barrios, incluso en Bairro da Paz (barrio de la paz) que es la comunidad de 60,000 habitantes que nosotros estudiamos, han tenido una amarga experiencia de abuso por parte de policías que trabajan, en sus horas de descanso, en milicias extraoficiales, las cuales no simplemente obligan a los habitantes a pagar por protección sino que también suelen actuar como grupos de exterminio.[3] Esto da cuenta de un problema más amplio: la apropiación del poder público por parte de intereses privados, que permite el uso privado de los mismos agentes del orden público para fines ajenos al mantenimiento de un estado de derecho dentro de un régimen democrático que se base en el respecto a los derechos humanos.

Segundo: para conseguir la colaboración de la mayoría de los habitantes será necesario convencerlos de que el nuevo sistema de seguridad pública no traerá consigo perjuicios económicos tan graves como el de tener que cambiar su lugar de residencia una vez que el Estado haya establecido su forma de orden dentro de sus comunidades. No será posible, por ejemplo, seguir aprovechándose de tomas ilegales de electricidad de la red pública.

Tercero: cuando el gobierno de Bahía empezó a hablar de llevar a cabo una versión bahiana de la política carioca, la actitud de los habitantes de Barrio de la Paz se caracterizó inicialmente por un alto grado de escepticismo porque muchos veían motivos disfrazados detrás de estas propuestas, pensando que esa nueva política tenía poco o nada que ver con su propia seguridad y mucho más que ver con el sentido de estar seguro de las clases medias y con los intereses del gran capital.

Salvador está experimentando un boom inmobiliario que hace de esta ciudad uno de los lugares más atractivos en el país para los inversionistas de dicho sector. Una parte del boom actual tiene que ver con el programa federal Minha Casa, Minha Vida, que ofrece hipotecas subsidiadas a las familias de la clase socioeconómica “C”, el grupo que se llama hoy la nueva clase media, y que es, de hecho, una capa socialmente heterogénea que se define en términos de niveles de ingresos -que siguen siendo relativamente bien modestos. Otra parte del boom tiene que ver con la construcción de condominios que serán ocupados por ciudadanos más acomodados y que corresponde de una manera muy obvia a la lógica excluyente del modelo de desarrollo urbano neoliberal. Según el geógrafo Neil Smith, se trata de un modelo de acumulación capitalista en el cual el sector inmobiliario ocupa un lugar central en la economía productiva de la ciudad. El sector privado desempeña el papel principal en el financiamiento de proyectos, directamente o por medio de aparcerías con el sector público, y el policiamiento autoritario golpea a los movimientos sociales que hacen campañas para reivindicar los derechos de la población menos acomodada a conseguir viviendas a precios accesibles por medio de la acción del estado (Smith 2002). Desde este punto de vista no importa si se trata de Barcelona o de Sao Paulo; hablar de la “reconquista” de territorio urbano es hablar de “las clases medias retomando la ciudad” (ibídem: 442) lo cual, en este caso, quiere decir las verdaderas clases medias y altas.

De hecho, no sería la primera vez en la historia de Bahía que al modelo de desarrollo urbano lo impulsara una lógica que propone desalojar a los pobres para acomodar a los más privilegiados. Lo que David Harvey (2005) ha llamado “la acumulación por despojo” es la realidad que se encuentra detrás de los discursos populistas que acompañaron los esfuerzos hechos para modernizar la ciudad por la figura cuya maquina política dominó el escenario bahiano desde la dictadura (1964-1985) hasta los principios del siglo XXI, Antonio Carlos Magalháes (conocido popularmente como ACM). Primero, a partir de los finales de los años sesenta, impulsó el desarrollo de nuevos barrios residenciales para las clases medias-altas, así como centros comerciales y redes de carreteras internas fuera del centro histórico (Dantas Neto, 2006). Segundo, en los años noventa, realizó la “rehabilitación y gentrificación” del centro histórico, el Pelourinho, una medida orientada a fortalecer la participación de la ciudad en el turismo global, la cual implicó en el desalojo de sus entonces habitantes, en su mayoría pobres y negros (ibídem; Collins, 2011). Sin embargo, en el contexto actual existe una preocupación adicional: que las grandes inversiones públicas destinadas a los preparativos para la Copa Mundial en 2014 puedan llevar a la expropiación de terrenos de las comunidades que se ubican en zonas consideradas estratégicas, sobre todo desde el punto de vista de la mejora la infraestructura de transportes urbanos, cuyos beneficiarios serían principalmente los grupos de la clase media-alta y los turistas.

Tanto en Salvador como en otras metrópolis brasileñas los trabajadores que viven en zonas periféricas de la ciudad pagan excesivamente (en dinero y tiempo) para llegar a sus lugares de trabajo en autobuses abarrotados e inseguros (debido a la frecuencia de asaltos) mientras que el tránsito de la ciudad entera se encuentra cada vez más embotellado por el crecimiento descontrolado del número de automóviles. Un metro, por ejemplo, podría ofrecer una alternativa de transporte público más rápida y segura, pero el proyecto original de construir seis kilómetros tardó doce años en concluirse, pese a haber absorbido cantidades escandalosas de dinero público. La construcción de un nuevo tramo de metro programado para conectar la actual línea con el municipio de Lauro de Freitas (otra zona de alto poder adquisitivo) y el aeropuerto internacional, al parecer no será concluida antes de 2016 y, por cierto, no resolverá los problemas de transporte de residentes de otras zonas de la ciudad. Por todo esto, en 2011 se formó la Unión de Barrios por la Movilidad Urbana, que organizó protestas en la central de autobuses urbanos, planteando sus demandas para una política de transportes públicos más incluyente bajo el mensaje “nosotros también somos Salvador”.

En Barrio de la Paz, las ansiedades que provoca la posibilidad de ser victimas de un proceso de “acumulación por despojo” tienen bastante peso a causa de la ubicación estratégica del barrio en la otrora periferia de la ciudad, entre el Centro Administrativo del Gobierno del Estado de Bahía y el aeropuerto. Hoy en día el a’rea que ocupa el barrio es una zona altamente valorizada: irónicamente, una comunidad establecida por invasores pobres (paracaidistas) a principios de la década de los años ochenta, cuando el país todavía estaba bajo el mando de la dictadura militar, se encuentra hoy cada vez más agredida por ricos, en el centro de una nueva zona de negocios, rodeada por condominios lujosos y una universidad privada, cerca del nuevo Parque Tecnológico de la ciudad, entre otros proyectos públicos y privados importantes.

Veremos en este este ejemplo que las comunidades pobres (como la estudiada eb este artículo) aún no confían en las buenas intenciones del poder público. Sin embargo, las comunidades más organizadas siguen buscando aprovecharse de los proyectos y apoyos surgidos desde los distintos niveles del gobierno y por medio de las cada vez más frecuentes aparcerías entre el sector público y privado. Por otro lado, los habitantes tienen que enfrentarse a una amplia gama de amenazas a su seguridad económica y física, a las cuales piensan que el Estado debe atender, pese a su escepticismo sobre la posibilidad de conseguir algo mejor y de sus posibles “motivos disfrazados”. Suspensos entre la esperanza y la ansiedad, ellos tienen más motivos que nunca de unirse para avanzar en sus intereses colectivos de una manera más eficaz.

En lo que sigue discutiremos los principales altibajos, logros y fracasos de una organización popular creada precisamente para este fin, el Foro Permanente de Entidades del Barrio de la Paz (FPEBP), del cual nuestro equipo de investigación de la Universidad Federal de Bahía fue uno de los miembros fundadores. Ofrecimos apoyo técnico y logístico a sus actividades, inclusive para la producción de diagnósticos de sus propios problemas por parte de los habitantes, participando, acompañando y asesorando el colectivo en distintos momentos. Esta posibilidad de participar y observar el proceso desde adentro, como uno de los miembros de este colectivo, nos proporcionó un lo-cus privilegiado de observación, estudio y reflexión crítica.[4] Nacido en 2007 del deseo de unir fuerzas a partir del agrupamiento de distintos líderes internos y entidades que viven o actúan en ese Barrio, de cierta manera el FPEBP buscaba replicar, al nivel micro, las prácticas inclusivas y dialógicas de los Foros Sociales Mundiales que abogan por una globalización diferente, y servir como modelo para otras comunidades con el afán de crear una red más amplia de organizaciones semejantes. Sin embargo, como veremos, no es fácil trascender ciertos aspectos arraigados de la cultura y practica política brasileña, incluso la reproducción de lo que Michel Misse (1997) ha llamado los “lazos peligrosos” que suelen conectar el mundo de los políticos y empresarios “respetables” con un inframundo de mercados ilegales y criminales dentro de los cuales la violencia e impunidad sigue siendo un modo importante de avanzar los intereses de los que especulan en tierras contra los intereses de los que necesitan una vivienda para su familia.

EL ESTABLECIMIENTO DEL FORO PERMANENTE Y SU DESARROLLO INICIAL

El FPEBP resultó de una confluencia de intereses entre distintas entidades dentro del barrio, la necesidad que tenía nuestro equipo de la  UFBA de organizar una audiencia pública entre comunidad y poderes públicos para discutir una agenda del interés de nuestra investigación y la movilización del CRAS (Centro de Referencia de Asistencia Social) localizado en el Barrio de la Paz, que tenia el objetivo de conocer los grupos que actúan en ese contexto y de producir un directorio de entidades para su mejor articulación y comunicación. También influyó de una manera importante el Consejo de Moradores del barrio, así como el posterior proyecto de grupos de la Santa Casa de Misericordia (que pretendía organizar, de modo independiente, otro evento similar al que UFBA, CRAS y Consejo estábamos ya organizando y que, finalmente, conseguimos sumar al del Foro). Hubo otras personas y entidades que se acercaron desde el inicio, como, por ejemplo, la gente del grupo Lar Harmonía (institución espirita sita en las fronteras del barrio) y del terreiro-creche de Mae Zenaide (del Candomblé), inducida a participar por ella y su joven asesor, Washington, que también representaba a su grupo musical, Etnia.

Lo que inicialmente iba a ser un seminario puntual para la discusión de los principales problemas e inquietudes de la comunidad en audiencias con poderes públicos (en siete incipientes diagnósticos reunidos a partir de entrevistas con estos principales líderes y entidades) se fue transformando a lo largo de nuevas reuniones (y a medida en que más entidades o habitantes se aproximaban) en el Primer Foro Permanente de Entidades del Barrio de la Paz. El deseo de crear un foro permanente fue consolidado tras el gran impacto que tuvo en los medios de comunicación el primer Foro de Entidades del Barrio de la Paz, la primera de las audiencias públicas que de allí en adelante el FPEBP iría a organizar en los años que siguieron, a las cuales asistieron algunos representantes de poderes públicos municipales y estatales. El concepto inicial del FPEBP fue que operaría como un órgano colegiado superior del barrio, pero con una organización acéfala, sin una coordinación o presidente, porque su espíritu democrático era que la misma asamblea general fuera soberana.

Esta primera fase del Foro se caracterizó por las diversas discordias entre facciones internas, las cuales reflejaron tanto los intereses personales de distintos líderes como la dificultad de trascender los antagonismos más estructurales que existen en la sociedad brasileña en general, por ejemplo, entre grupos religiosos. Dichos antagonismos surgen no solamente a raíz de diferencias de doctrina y modelos de comportamiento social apropiado, sino también a raíz del espíritu competitivo de las distintas organizaciones religiosas en lo que se refiere al reclutamiento de feligreses en un “mercado” religioso muy activo. Se trata, en el contexto del Barrio de la Paz, no solamente de competencia entre la Iglesia Católica y una serie de iglesias no católicas (sobre todo las evangélicas, que siguen ganando fuerza en las comunidades pobres brasileñas) sino también de conflictos especialmente agudos entre los neo-pentecostales y los seguidores del can-domblé, una religión afrobrasileña de gran importancia política en Bahía debido a su valor simbólico para los activistas negros más radicales, pese al hecho de que su número de seguidores (tolerado por los católicos) ya es mucho menor que el número de neo-pentecostales (Gledhül y Hita, 2012: 118).

Otro problema, que ocurre con bastante frecuencia cuando los movimientos sociales intentan lograr un mayor grado de institucio-nalización, fue el desgaste provocado por los intentos de formalizar la organización del Foro. Un lento caminar para la definición de su primer reglamento interno, que en sesiones de discusión que tomaron casi todo un año, sería posteriormente reformulado. Este formalismo y burocratismo terminó por cansar a algunos de los participantes iniciales y más activos, que dejaron de asistir a las reuniones quincenales. Había otros grupos conformados por jóvenes del mundo de la cultura, que sólo aparecían cuando se promovían acciones afirmativas de cuño mas cultural en las que podían mostrar sus dotes artísticos y cuando eran contratados por el Estado, que patrocinó varias de estas acciones inicialmente ejecutadas por el proprio Foro. Con el tiempo, el Foro fue dejando a las entidades la ejecución de este tipo de acciones y eventos específicos, de modo que, las mismas entidades pasaron a negociar sus propios patrocinios con secretarías específicas, y este tipo de actores se mostraron menos motivados para mantener su participación en aquellas actividades del Foro más ligadas a los intereses comunes de la comunidad.

Los grupos católicos que habían sido los últimos en acercarse al Foro pasaron a ser las entidades más asiduas, organizadas y constructivas. Las ONG católicas poseían la ventaja de que tenían la infraestructura más importante del barrio, contaban con muchos apoyos y eran los patrocinadores de muchos de los eventos y acciones que se realizaban dentro de la comunidad. En poco tiempo el Foro pasó a estar dominado por los posicionamientos de los grupos católicos. Los miembros de otras religiones (que inicialmente habían participado del Foro con cierto entusiasmo puesto que habían encontrado allí un espacio alternativo para proyectarse a la comunidad tanto en los campos sociales y políticos como en el religioso) se empezaron a alejar de las reuniones. Los espiritistas iban y venían. Algunos de los actores que seguían participando en el Foro como representantes de entidades sin carácter religioso (como el centro de salud) eran miembros activos de iglesias evangélicas, pero nunca mencionaban sus filiaciones religiosas. Bajo el dominio abierto de los católicos, el Foro ganó en organización, metodologías y recursos para organizar nuevas audiencias, pero fue perdiendo la capacidad de inclusión de facciones distintas.

El ocaso del modelo acéfalo, competencia entre liderazgos alternativos, y el desarrollo de nuevas formas de protagonismo comunal

Dos largos ciclos de reuniones que desgastaron mucho la dinámica del grupo fueron destinados a definir lo que sería y cómo actuaría y funcionaría el Foro. El primer reglamento se concluyó a finales de 2007 y la segunda ronda de discusiones se inició en 2009, cuando la idea de acefalía encarnada en el primer reglamento fue contestada, frente a la dificultad de operar siempre con el mismo pequeño número de entidades más comprometidas del barrio y sin la dirección clara de una persona que estuviera a cargo. Después de muchas nuevas discusiones sobre el segundo modelo de dirección, se eligió en 2010 como primer coordinador oficial del Foro a el Sr. Edson, un miembro del grupo cultural de Hip Hop EZ Cía Periférico. Fue el momento en que nuestro grupo de la UFBA inició una nueva aparcería con el Clá Periférico, la Cooperativa Colibris y el Foro dentro del marco del Projeto Piloto Hip Hop Veste África no fomento ao emprendedorismo no Bairro da Paz, que contó con el apoyo de la FAPESB (Fundación de Apoyo a las investigaciones del Estado de Bahía). Con este proyecto se consiguieron recursos económicos para mantener la base organizativa del Foro que la mayoría de los integrantes consideraron preferibles al apoyo de uno de los grupos inmobiliarios, que no en vano era visto por algunos de los grupos del Foro como una las principales amenazas a la supervivencia del barrio. Con los recursos se pudo garantizar el pago de una beca a otro miembro del Foro, formado como periodista y elegido entre los miembros del Cía para que se pudiera dedicar exclusivamente a actividades de comunicación, articulación y organización del Foro.

Entre las principales demandas del Foro figuró la lucha por un edificio para el único colegio de enseñanza media que hay en la comunidad, la Escuela Mestre Paulo dos Anjos, que operaba a finales de 2010 en un local provisorio y precario y que no podía siquiera ofrecer un aula todos los días de la semana para sus alumnos matriculados. Después de negociar, prometieron edificar la escuela. Pasaron tres años antes de que todo se empezara a resolver a inicios de 2009, cuando una empresa inmobiliaria que construía condominios en los alrededores del barrio y que estaba interesada en ganar contratos relacionados con la instalación del Parque Tecnológico en las cercanías de la Avenida Paralela donde Barrio de la Paz se localiza, prometió “ceder” el terreno donde la nueva escuela seria finalmente erguida. La obra, que se inició con casi un año de atraso, tenía fecha de entrega prevista para antes de marzo de 2011, fecha de inicio del nuevo semestre lectivo, por lo que la antigua escuela fue desarticulada para trasladarse al nuevo espacio. La instalación tardó tanto que a finales de abril la escuela no había sido aún entregada y los alumnos se quedaron sin salas Los padres de los niños y líderes del Foro hicieron una manifestación, cortando la Avenida Paralela, quejándose por los atrasos en las obras y el retraso del inicio de clases de sus niños. La escuela empezó a funcionar al mismo tiempo que la edificaban y sólo a principios de 2012 fue oficialmente inaugurada por el Gobernador de Bahía.

Este tema fue uno de los que ocupó más tiempo al Foro; la morosidad, falta de alternativas con la que el Estado trató el problema y, sobre todo, las diversas negociaciones en las que tuvo que participar resultaron ser muy problemáticas. El Sr. Rivamá, representante de la radio comunitaria y la ONG Apompaz (hombre de edad y estimado líder de la comunidad) aspiraba al cargo de coordinador del Foro, y propuso solicitar el patrocinio financiero de la misma empresa que había cedido el terreno de la escuela para financiar la organización comunitaria. Pero miembros del Consejo de Moradores y la Fundación católica “Dom Avelar” se opusieron firmemente, aduciendo que el Foro de ese modo “se estaría vendiendo”. Poco tiempo después, el Sr. Rivamá se alejó de las reuniones cuando se eligió como coordinador al Sr. Edson, (más joven y representante de un grupo cultural que el mismo Sr. Rivamá había ayudado a formar).

La facción que ganó las elecciones tenía mayor interés por las acciones afirmativas y culturales, las cuales, como ya mencionamos, para este entonces pasaron a manos de las propias entidades. Después de dejar de ser un ejecutor directo de estas iniciativas, el Foro definió como una de sus funciones el apoyar y fortalecer la autonomía de sus entidades miembros. Así, pasó a ocuparse de un modo más sistemático de la discusión de algunos de sus diagnósticos (pero no de todos, como en años anteriores, pues se consideró más productivo trabajar algunos pocos en vez de actualizar y tratar temas tan diversos en la organización de nuevas audiencias públicas). Con este nuevo modelo, el Foro organizó una audiencia pública, llevada a cabo el día 6 de abril de 2010, para tratar temas relacionados a sus diagnósticos de infraestructura y medio ambiente. Teniendo en cuenta que la ciudad estaría preparándose para la Copa del Mundo 2014, esta audiencia tuvo como principal objetivo pedir explicaciones al poder público presente sobre el tipo de planeamiento urbano que afectaría o la región de la Avenida Paralela en general y la de Barrio de la Paz en particular,

La audiencia contó con la presencia de representantes de la municipalidad, que no dieron ni las explicaciones ni las garantías esperadas por la comunidad presente. Por lo tanto, la comunidad

UFBA de organizar una audiencia pública entre comunidad y poderes públicos para discutir una agenda del interés de nuestra investigación y la movilización del CRAS (Centro de Referencia de Asistencia Social) localizado en el Barrio de la Paz, que tenia el objetivo de conocer los grupos que actúan en ese contexto y de producir un directorio de entidades para su mejor articulación y comunicación. También influyó de una manera importante el Consejo de Moradores del barrio, así como el posterior proyecto de grupos de la Santa Casa de Misericordia (que pretendía organizar, de modo independiente, otro evento similar al que UFBA, CRAS y Consejo estábamos ya organizando y que, finalmente, conseguimos sumar al del Foro). Hubo otras personas y entidades que se acercaron desde el inicio, como, por ejemplo, la gente del grupo Lar Harmonía (institución espirita sita en las fronteras del barrio) y del terreiro-creche de Mae Zenaide (del Candomblé), inducida a participar por ella y su joven asesor, Washington, que también representaba a su grupo musical, Etnia.

Lo que inicialmente iba a ser un seminario puntual para la discusión de los principales problemas e inquietudes de la comunidad en audiencias con poderes públicos (en siete incipientes diagnósticos reunidos a partir de entrevistas con estos principales líderes y entidades) se fue transformando a lo largo de nuevas reuniones (y a medida en que más entidades o habitantes se aproximaban) en el Primer Foro Permanente de Entidades del Barrio de la Paz. El deseo de crear un foro permanente fue consolidado tras el gran impacto que tuvo en los medios de comunicación el primer Foro de Entidades del Barrio de la Paz, la primera de las audiencias públicas que de allí en adelante el FPEBP iría a organizar en los años que siguieron, a las cuales asistieron algunos representantes de poderes públicos municipales y estatales. El concepto inicial del FPEBP fue que operaría como un órgano colegiado superior del barrio, pero con una organización acéfala, sin una coordinación o presidente, porque su espíritu democrático era que la misma asamblea general fuera soberana.

Esta primera fase del Foro se caracterizó por las diversas discordias entre facciones internas, las cuales reflejaron tanto los intereses personales de distintos líderes como la dificultad de trascender los antagonismos más estructurales que existen en la sociedad brasileña en general, por ejemplo, entre grupos religiosos. Dichos antagonismos surgen no solamente a raíz de diferencias de doctrina y modelos de comportamiento social apropiado, sino también a raíz del espíritu competitivo de las distintas organizaciones religiosas en lo que se refiere al reclutamiento de feligreses en un “mercado” religioso muy activo. Se trata, en el contexto del Barrio de la Paz, no solamente de competencia entre la Iglesia Católica y una serie de iglesias no cató-

licas (sobre todo las evangélicas, que siguen ganando fuerza en las comunidades pobres brasileñas) sino también de conflictos especialmente agudos entre los neo-pentecostales y los seguidores del can-domblé, una religión afrobrasileña de gran importancia política en Bahía debido a su valor simbólico para los activistas negros más radicales, pese al hecho de que su número de seguidores (tolerado por los católicos) ya es mucho menor que el número de neo-pentecostales (Gledhül y Hita, 2012: 118).

Otro problema, que ocurre con bastante frecuencia cuando los movimientos sociales intentan lograr un mayor grado de institucio-nalización, fue el desgaste provocado por los intentos de formalizar la organización del Foro. Un lento caminar para la definición de su primer reglamento interno, que en sesiones de discusión que tomaron casi todo un año, sería posteriormente reformulado. Este formalismo y burocratismo terminó por cansar a algunos de los participantes iniciales y más activos, que dejaron de asistir a las reuniones quincenales. Había otros grupos conformados por jóvenes del mundo de la cultura, que sólo aparecían cuando se promovían acciones afirmativas de cuño mas cultural en las que podían mostrar sus dotes artísticos y cuando eran contratados por el Estado, que patrocinó varias de estas acciones inicialmente ejecutadas por el proprio Foro. Con el tiempo, el Foro fue dejando a las entidades la ejecución de este tipo de acciones y eventos específicos, de modo que, las mismas entidades pasaron a negociar sus propios patrocinios con secretarías específicas, y este tipo de actores se mostraron menos motivados para mantener su participación en aquellas actividades del Foro más ligadas a los intereses comunes de la comunidad.

Los grupos católicos que habían sido los últimos en acercarse al Foro pasaron a ser las entidades más asiduas, organizadas y constructivas. Las ONG católicas poseían la ventaja de que tenían la infraestructura más importante del barrio, contaban con muchos apoyos y eran los patrocinadores de muchos de los eventos y acciones que se realizaban dentro de la comunidad. En poco tiempo el Foro pasó a estar dominado por los posicionamientos de los grupos católicos. Los miembros de otras religiones (que inicialmente habían participado del Foro con cierto entusiasmo puesto que habían encontrado allí un espacio alternativo para proyectarse a la comunidad tanto en los campos sociales y políticos como en el religioso) se empezaron a alejar de las reuniones. Los espiritistas iban y venían. Algunos de los actores que seguían participando en el Foro como representantes de entidades sin carácter religioso (como el centro de salud) eran miembros activos de iglesias evangélicas, pero nunca mencionaban sus filiaciones religiosas. Bajo el dominio abierto de los católicos, el

Foro ganó en organización, metodologías y recursos para organizar nuevas audiencias, pero fue perdiendo la capacidad de inclusión de facciones distintas.

El ocaso del modelo acéfalo, competencia entre liderazgos alternativos, y el desarrollo de nuevas formas de protagonismo comunal

Dos largos ciclos de reuniones que desgastaron mucho la dinámica del grupo fueron destinados a definir lo que sería y cómo actuaría y funcionaría el Foro. El primer reglamento se concluyó a finales de 2007 y la segunda ronda de discusiones se inició en 2009, cuando la idea de acefalía encarnada en el primer reglamento fue contestada, frente a la dificultad de operar siempre con el mismo pequeño número de entidades más comprometidas del barrio y sin la dirección clara de una persona que estuviera a cargo. Después de muchas nuevas discusiones sobre el segundo modelo de dirección, se eligió en 2010 como primer coordinador oficial del Foro a el Sr. Edson, un miembro del grupo cultural de Hip Hop EZ Cía Periférico. Fue el momento en que nuestro grupo de la UFBA inició una nueva aparcería con el Clá Periférico, la Cooperativa Colibris y el Foro dentro del marco del Projeto Piloto Hip Hop Veste África no fomento ao emprendedorismo no Bairro da Paz, que contó con el apoyo de la FAPESB (Fundación de Apoyo a las investigaciones del Estado de Bahía). Con este proyecto se consiguieron recursos económicos para mantener la base organizativa del Foro que la mayoría de los integrantes consideraron preferibles al apoyo de uno de los grupos inmobiliarios, que no en vano era visto por algunos de los grupos del Foro como una las principales amenazas a la supervivencia del barrio. Con los recursos se pudo garantizar el pago de una beca a otro miembro del Foro, formado como periodista y elegido entre los miembros del Cía para que se pudiera dedicar exclusivamente a actividades de comunicación, articulación y organización del Foro.

Entre las principales demandas del Foro figuró la lucha por un edificio para el único colegio de enseñanza media que hay en la comunidad, la Escuela Mestre Paulo dos Anjos, que operaba a finales de 2010 en un local provisorio y precario y que no podía siquiera ofrecer un aula todos los días de la semana para sus alumnos matriculados. Después de negociar, prometieron edificar la escuela. Pasaron tres años antes de que todo se empezara a resolver a inicios de 2009, cuando una empresa inmobiliaria que construía condominios en los alrededores del barrio y que estaba interesada en ganar contratos relacionados con la instalación del Parque Tecnológico en las cercanías de la Avenida Paralela donde Barrio de la Paz se localiza, prometió “ceder” el terreno donde la nueva escuela seria finalmente erguida. La obra, que se inició con casi un año de atraso, tenía fecha de entrega prevista

para antes de marzo de 2011, fecha de inicio del nuevo semestre lectivo, por lo que la antigua escuela fue desarticulada para trasladarse al nuevo espacio. La instalación tardó tanto que a finales de abril la escuela no había sido aún entregada y los alumnos se quedaron sin salas Los padres de los niños y líderes del Foro hicieron una manifestación, cortando la Avenida Paralela, quejándose por los atrasos en las obras y el retraso del inicio de clases de sus niños. La escuela empezó a funcionar al mismo tiempo que la edificaban y sólo a principios de 2012 fue oficialmente inaugurada por el Gobernador de Bahía.

Este tema fue uno de los que ocupó más tiempo al Foro; la morosidad, falta de alternativas con la que el Estado trató el problema y, sobre todo, las diversas negociaciones en las que tuvo que participar resultaron ser muy problemáticas. El Sr. Rivamá, representante de la radio comunitaria y la ONG Apompaz (hombre de edad y estimado líder de la comunidad) aspiraba al cargo de coordinador del Foro, y propuso solicitar el patrocinio financiero de la misma empresa que había cedido el terreno de la escuela para financiar la organización comunitaria. Pero miembros del Consejo de Moradores y la Fundación católica “Dom Avelar” se opusieron firmemente, aduciendo que el Foro de ese modo “se estaría vendiendo”. Poco tiempo después, el Sr. Rivamá se alejó de las reuniones cuando se eligió como coordinador al Sr. Edson, (más joven y representante de un grupo cultural que el mismo Sr. Rivamá había ayudado a formar).

La facción que ganó las elecciones tenía mayor interés por las acciones afirmativas y culturales, las cuales, como ya mencionamos, para este entonces pasaron a manos de las propias entidades. Después de dejar de ser un ejecutor directo de estas iniciativas, el Foro definió como una de sus funciones el apoyar y fortalecer la autonomía de sus entidades miembros. Así, pasó a ocuparse de un modo más sistemático de la discusión de algunos de sus diagnósticos (pero no de todos, como en años anteriores, pues se consideró más productivo trabajar algunos pocos en vez de actualizar y tratar temas tan diversos en la organización de nuevas audiencias públicas). Con este nuevo modelo, el Foro organizó una audiencia pública, llevada a cabo el día 6 de abril de 2010, para tratar temas relacionados a sus diagnósticos de infraestructura y medio ambiente. Teniendo en cuenta que la ciudad estaría preparándose para la Copa del Mundo 2014, esta audiencia tuvo como principal objetivo pedir explicaciones al poder público presente sobre el tipo de planeamiento urbano que afectaría o la región de la Avenida Paralela en general y la de Barrio de la Paz en particular,

La audiencia contó con la presencia de representantes de la municipalidad, que no dieron ni las explicaciones ni las garantías esperadas por la comunidad presente. Por lo tanto, la comunidad pasó a exigir una nueva audiencia con el alcalde. La nueva audiencia estaba prevista inicialmente, para desarrollarse el 18 de mayo de 2010 en el barrio, pero fue postergada. Para esa fecha se vivía un clima de efervescencia en la ciudad, a raíz de una serie de decretos de expropiación que fueron descubiertos por algunos políticos de la oposición y publicados en el periódico de mayor circulación de Bahía, el Jornal A Tarde.

La presencia de estos decretos desmentía por completo lo que los técnicos del municipio habían declarado sobre la existencia de planes de intervención en la región de la Paralela que afectaría a los habitantes del Barrio de la Paz. Su publicación reveló planes para una “recualificación” urbana que iba más allá de las obras relacionadas con los preparativos para la Copa Mundial, provocando un proceso de deslegitimación de la alcaldía por estar supeditada a intereses inmobiliarios. Dicho desgaste de credibilidad se profundizó en los meses y años siguientes debido a más escándalos sobre las facilidades extendidas a las empresas inmobiliarias para evitar los controles ambientales y reglas de planeación urbana vigentes. Las controversias públicas incluyeron acusaciones de que la construcción de algunos de los condominios en los alrededores de Bairro da Paz había involucrado un alto grado de fraude en la titulación de los terrenos.

A partir de la publicación de los decretos, las reuniones del Foro (cuya asistencia anteriormente solía no pasar de siete a diez entidades en sus mejores momentos) empezaron a ser concurridas, todos los martes, por multitudes de habitantes del barrio y vecindades preocupadas por el destino de sus casas, junto con representantes de partidos de izquierda y otras organizaciones, que discutían distintas estrategias de resistencia y oposición a la municipalidad. Se solicitaron nuevas audiencias. Sin embargo, los habitantes del Barrio de la Paz tenían ya poca confianza en las maniobras de la Municipalidad, y se decidió realizar una movilización para cortar y bloquear la Avenida Paralela el día 31 de mayo de 2010.

Si bien el foro contaba con un liderazgo más radical, el bloqueo como táctica en el marco de una negociación importante tenían una larga historia, porque las consecuencias de impedir el gran flujo de autos que pasa por una de las principales vías de acceso de la ciudad son dramáticas. Frente a movilizaciones similares en otras zonas de la ciudad, la Municipalidad rescindió la mayor parte de los decretos de expropiación, pero no hizo lo mismo para con los que afectarían al b Barrio da Paz. Ello es sin duda un señal de la posición estratégica del barrio en términos del desarrollo de los nuevos sistemas de transporte y, tal vez también, (de manera extraoficial), de los intereses inmobiliarios de apropiarse de al menos una parte del terreno ocupado por los habitantes actuales. Pese a todo, el ayuntamiento se vio forzado a negociar.

Algunos de los principales líderes del barrio fueron invitados a presentar sus quejas en una audiencia en el ayuntamiento que tuvo lugar el 19 de julio de 2010. Las elecciones para presidente nacional y gobernador de Bahía serían en octubre del mismo año. Esa reunión contó con la presencia tanto de antiguos e históricos líderes del barrio como de representantes nombrados por el Foro, apoyados técnicamente por miembros del equipo de la UFBA. La audiencia fue encabezada por el entonces Jefe de la Casa Civil del gobierno de la ciudad, el Sr. Joáo Carlos Pinho Cavalcante, y por representantes de las secretarías municipales de salud, educación e infra-estructura. A partir de esa audiencia fueron establecidas comisiones de trabajo dirigidas a actuar en estos tres temas específicos, en base al dialogo entre técnicos de la municipalidad y comisiones nombradas por el Foro para determinar el mejor modo de reducir las carencias de la comunidad.

HACIA UN CAMBIO DE LIDERAZGO

Desde entonces algunas de esas comisiones continuaron funcionando mientras otras pareció que quedaran desactivadas. Además de la atención a los problemas con la escuela, en el campo de la salud se consiguió una garantía por parte de la Secretaria de Salud municipal para la construcción de dos unidades de PSF (Programa de Salud de la Familia). Sin embargo las comisiones perdieron el ritmo inicial de trabajo y otros problemas claves, como los que refieren a la calidad de la atención medica ofrecida a los habitantes dentro de su comunidad, siguieron sin solución. El Foro aún no estaba suficientemente organizado para dar seguimiento a sus reivindicaciones y formar comisiones más operantes entre técnicos de la municipalidad y del gobierno del Estado por un lado, y los líderes comunitarios del barrio, por otro. Éstos últimos tenían grandes dificultades en tratar una agenda tan amplia de temas de manera simultánea. Por lo tanto, el Foro perdió muchas de las oportunidades ofrecidas a partir del éxito de su movilización social en base a la acción directa de negociar mejores beneficios para el desarrollo local a largo plazo. La velocidad y lógica de operar del gobierno no es fácilmente asimilada por este tipo de organizaciones populares.

En la segunda fase del desarrollo del Foro su primer coordinador elegido, el Sr. Edson, empezó a fortalecer su alianza con un miembro del Consejo de Moradores, que también era empleado de la Fundación Dom Avelar, y uno de los más reconocidos líderes del barrio en la esfera de acción política y comunal: el Sr. Mario. Al parecer, ambos tenían aspiraciones de lanzar sus candidaturas al cargo de concejales del ayuntamiento, aunque en partidos de izquierda diferentes. Se unieron para enfrentar a un viejo líder comunitario, el Sr. Julio, formado durante la época del dominio de la maquina clientelista de ACM, un período que llegó a su fin con el triunfo del Jaques Wagner del PT (Partido dos Trabalhadores) en las elecciones para gobernador de Bahía en 2006. El Sr. Julio pasó a ser visto como un traidor y un soplón de las intenciones de la comunidad frente a poderes públicos, después de conseguir un cargo en el gobierno municipal. Las ambiciones personales de los distintos líderes iban a provocar más divisiones dentro de las bases del Foro cuando las elecciones municipales de 2012 comenzaron a tomar cada vez más peso en la vida política del barrio a finales de 2011. El Sr. Edson ya había abandonado el liderazgo del Foro. Pese a su carisma y alianzas, la relación del Sr. Edson con el Foro se debilitó, en parte porque estaba envuelto en más actividades de las que podía dar cuenta y en parte debido a una serie de conflictos que se desarrollaron en la asociación UFBA/Foro/Colibris/Clá, que lo llevó a confundir los objetivos del colectivo del Foro con algunos de ese proyecto en particular. Se intentó resolver el problema de financiar la coordinación del Foro con la beca obtenida por el proyecto Hip Hop Veste África, eligiendo, de un modo no tan democrático como se deseaba, a otro miembro del Clá como nuevo becario. Sin embargo, esta medida no resolvió los problemas.

El Sr. Edson renunció a su cargo un día antes del carnaval, lo cual imposibilitó la llamada inmediata a nuevas elecciones. Parece ser que su intención era dejar al becario y miembro de su entidad como su sucesor, pero esta propuesta no fue aceptada por los otros integrantes del Foro y así el 12 de abril de 2011 se eligió al Sr. Rivamá como el segundo coordinador para finalizar el mandato del primero, a pesar de la resistencia inicial de éste frente a su nombramiento.

LA TERCERA ETAPA: UN ESTILO DE COORDINACIÓN DIFERENTE

Durante el debate sobre la organización de la elección del nuevo coordinador, el líder saliente argumentó que sería más productivo elegir coordinadores de comisiones, proponiendo que la figura del coordinador del Foro dejara de existir. Abogaba, de cierta manera, por volver al modelo acéfalo de una asamblea de entidades. Aunque hubo un consenso entre los presentes a esa reunión sobre el carácter imprescindible de la necesidad de pensar en nuevas propuestas para dinami-zar las comisiones y seguir adelante con las importantes tareas con las cuales habían sido encargadas, se escucharon argumentos en contra de la fragmentación y a favor de una coordinación de frentes de lucha y reivindicaciones, que prevalecieron por un margen pequeño en la votación entre las entidades presentes. Quedó inconclusa la discusión del tipo de liderazgo que se buscaba en el nuevo coordinador, por lo menos en términos de si sería deseable buscar alguien que intentase replicar el carisma del coordinador saliente. En la práctica, cuando se hizo la votación una semana después, las consideraciones relativas a la experiencia y al poder de convocatoria dentro de la comunidad fueron confirmadas como factores importantes. Sin embargo, todos los que participaron en esas reuniones reconocieron ciertas realidades en torno a la situación presente del Foro.

Primero, resultó imposible negar que el Foro se había reducido una vez más a un pequeño grupo de entidades activas, es decir, aquellas cuyos representantes estaban participando con regularidad en las reuniones. Por lo tanto, los representantes presentes en la asamblea en el día de esta reunión decidieron, refiriéndose al reglamento vigente, que solamente las entidades todavía activas podrían nombrar candidatos para el puesto de coordinador. De hecho, uno de los candidatos elegibles conforme a este criterio no se presentó el día de la elección y un otro otrora activista que se había retirado después de la elección anterior, el Sr. Washington (músico perteneciendo al grupo de jóvenes negros Etnia, organización rival al grupo del coordinador saliente) decidió asistir en esa ocasión. Aprovechó la oportunidad para presentar y reflexionar ampliamente sobre las dudas que muchos habitantes del barrio tenían sobre el papel y la relevancia del Foro y las comisiones.

Pese a la movilización intensificada del año anterior, el Foro no había logrado mantener una participación de base amplia e inclusiva y además seguía aferrado a la tendencia de dominio de un puñado de entidades, tendencia que se fortaleció como consecuencia de la alianza establecida entre el líder principal de las entidades ligadas a la Iglesia Católica y el ex coordinador, líder de uno de los grupos de jóvenes negros más militantes y radicales.

Una segunda e irónica consecuencia del retiro de algunas entidades fue el aumento del peso en las deliberaciones dentro de la asamblea de las dos entidades que prestaban apoyo al Foro sin ser “del barrio”, es decir, la Santa Casa de Misericordia y nuestro equipo de la UFBA. Como cada entidad solamente cuenta con un voto, los portavoces de las entidades externas influyeron de una manera importante en el proceso de renovación de la coordinación, inclusive en la decisión de no aceptar la propuesta de nombrar sólo coordinadores para las comisiones. Sin embargo, ese mayor peso se debió solamente a los votos, ya que tanto la UFBA como la Santa Casa eran fuentes de recursos claves para sostener las actividades del Foro, directamente, como en el caso de la Audiencia Pública, o indirectamente, como en el caso del proyecto Hip-Hop Veste África. Además, el resultado de la nueva elección reflejó el hecho de que tanto la Santa Casa y el equipo de la UFBA como algunas de las entidades que siguieron siendo activas en el Foro querían ver un cambio de postura por parte del liderazgo.

Al principio de la campaña contra la amenaza de desalojos, la movilización y la confrontación habían dado buenos resultados. Todos los miembros del Foro acordaron que el recurrir a tácticas militantes podría seguir siendo necesarios en el futuro, a la luz de la tendencia de los poderes públicos a no cumplir su palabra. De todos modos, un número nada menor de los presentes pensaba que el estilo de confrontación seguido por liderazgo anterior había contribuido a desaprovechar las oportunidades de negociación a su alcance. Por un lado, parece importante destacar que el gobierno municipal se encontraba en una posición política excepcionalmente débil, (abandonado por sus aliados políticos más poderosos) y que ello habría podido aumentar la posibilidad de hacer concesiones a las organizaciones populares; el hecho de que el erario municipal se encontrara en una situación catastrófica poco contribuía a favor de las posibilidades de lograr avances importantes en asuntos que implicaban costos significativos. Sin embargo, este tipo de consideraciones no explicaba la falta de progreso en asuntos relacionados a la tenencia de la tierra. El ayuntamiento hablaba de la expedición de títulos, pero no de títulos que otorgarían una propiedad absoluta de la tierra.or lo tanto dejando abierto la posibilidad de la apropiación del terreno del barrio por extranjeros a éste, tal vez no por medio de un desalojo general forzado sino por medio de compra-ventas de lotes individuales que paulatinamente entregarían el barrio a los intereses inmobiliarios.[5] Tal vez sea significativo señalar que el mismo Sr. Rivamá (que en un momento anterior había abogado por una relación de colaboración entre el Foro y la empresa inmobiliaria responsable por la construcción de los nuevos condominios más cercanos al barrio) hablara abiertamente (y con cierta resignación) de la probabilidad de que un número importante de habitantes salieran del asentimiento.

Por otro lado, el antes mencionado rechazo por parte del Foro al viejo líder comunal Sr. Julio reflejaba otro tipo de problemas: el señor, que trabajaba con la esposa del alcalde, siempre se presentaba en el ayuntamiento al mismo momento que las comisiones enviadas por el Foro, una situación que los representantes del Foro interpretaban, con razón, como una maniobra política por parte del ayuntamiento cuya finalidad era la de minar su capacidad de gestión en las negociaciones.

No obstante estos problemas, a principios de 2011 existía un deseo general de lograr resultados más concretos por la vía de negociación, el cual fortaleció el movimiento a favor de un cambio de estilo de liderazgo. Este tercer punto es importante a la luz del hecho de que el consejo de habitantes de la comunidad había dejado de funcionar de una manera eficaz durante los últimos dos años, como sus mismos representantes destacaban en las reuniones del Foro, dejando al Foro a desempeñar el papel principal como interlocutor con el poder público. Como el Foro no estaba constituido para captar recursos, firmar contratos y gestionar proyectos, sino que buscaba coordinar los esfuerzos de otras entidades comunales para conseguir este tipo de resultados, esta situación distaba de ser la adecuada, siendo un cuarto problema que la nueva coordinación tendría que enfrentar. Sin embargo, el ambiente de incertidumbre en torno a 2014, la ubicación estratégica del barrio en términos de los planes de desarrollo urbano vigentes y la cada vez más escandalosa injerencia de intereses inmobiliarios en su (re)formulación, junto con la falta de resolución de problemas claves dentro de la comunidad, siguieron promoviendo un alto grado de activismo y reconocimiento de la necesidad de coordinar esfuerzos. La elección del segundo coordinador, como sustituto interino del inconcluso mandato del primero dio entrada a una reorganización de la estructura y modo de funcionar del Foro.

Al principio de su gestión, el Sr. Rivamá mostró una capacidad de convocatoria impresionante. Muchas entidades que se habían alejado del Foro volvieron a participar y las reuniones fueron mucho más grandes, no solamente debido a la presencia de más representantes de las entidades del barrio, sino también por la presencia regular de funcionarios de entidades del gobierno que atienden a la gente de la comunidad. Hasta el Sr. Julio volvió a participar. El nuevo coordinador formó un equipo de jóvenes para apoyar su trabajo. Nuestro becario, a pesar de ser miembro del Cía Periférico, se arrimó a este grupo de colaboradores íntimos del nuevo líder. Sin embargo, a largo plazo, el Foro no consiguió mantener el alto grado de inclusión que se esperaba alcanzar al principio del experimento. A pesar de la participación más activa del grupo espiritista al principio de la coordinación del Sr. Rivamá, siguió siendo imposible, por ejemplo, acabar con el dominio de entidades ligadas a la Iglesia Católica y aumentar la participación (abierta) de grupos evangélicos. Tal vez el hecho de que el alcalde Joáo Henrique Carneiro también fuera evangélico (un factor que abrió otras posibilidades políticas a sus correligionarios dentro de la comunidad) no haya ayudado mucho en ese aspecto. La evolución del Foro continuó en otros ámbitos, pero sus contradicciones internas fueron exacerbadas por el acercamiento del juego político-electoral asociado con la renovación de la administración municipal, es decir, las alianzas tejidas entre lideres comunitarios y actores externos al barrio, con miras en sus futuras posibilidades dentro de la multitud de partidos políticos que tejen sus redes de alianzas y patronazgo en la democracia brasileña.

Se esperaba que el cambio de liderazgo fortaleciera al desarrollo de las comisiones del Foro como instrumentos para gestionar acciones a favor del bienestar de la comunidad, dotándola con más fuerza para negociar en un Salvador a la espera de la Copa de 2014 y en un Brasil en el cual se oían cada vez más noticias de desalojos forzados de habitantes de asentimientos irregulares, ligados no solamente a los mega-eventos deportivos determinados por las Olimpiadas como la Copa sino también a proyectos de “rehabilitación urbana” que conforman a la lógica general del desarrollo urbano neoliberal en Sao Paulo y otras metrópolis tal como la definen algunos autores (por ejemplo, Harvey y Smith). Hubo ciertos avances en la gestión del Foro durante 2011, pero también surgieron nuevas preocupaciones.

La nueva administración era activa, pero también decidía gran cantidad de cosas sin consultarlas en asamblea. Hizo innovaciones en términos de la comunicación del trabajo del Foro al público, entre las cuales se destaca la construcción de un blog. Sin embargo, la mayoría de la población que el Foro pretende representar no tiene acceso al Internet, y no se logró establecer otras vías eficaces de difusión de información dentro de la comunidad. El nuevo liderazgo tejió nuevas redes de relaciones con actores que trabajan en el barrio pero no residen en él y con algunos funcionarios públicos. También surgieron nuevas figuras desde adentro de la comunidad que empezaron a desempeñar papeles importantes en el trabajo de las comisiones y las reuniones del Foro. En este contexto se destacó un comerciante, el Sr. Walter.[6] Umversalmente conocido por un apodo, es vicepresidente de una ONG patrocinada por el Gobierno del Estado y la compañía de gas de Bahía, la cual también recibe apoyos del sector privado, especialmente de Syene Empreendimentos, parte del grupo español COPASA y constructor de algunos de los condominios más lujosos en la ciudad. Aunque estas relaciones son transparentes, por lo menos para los que tienen acceso a internet, suscitaron otra vez el temor de que el liderazgo del Foro fuera cooptado por intereses inmobiliarios, hasta el punto de negociar el desmembramiento parcial del barrio. Aunque es fácil movilizar toda la comunidad contra un intento de desalojo por parte del Estado, es mucho más difícil frenar un proceso de ventas de terreno individuales a intereses externos. No solamente el discurso del Sr. Rivamá ,sino también su conducta de las reuniones a veces llevaban a creer que había sio cooptado. Sus rivales políticos, el coordinador anterior y el Sr. Mario, el último ya encabezando un Consejo de Moradores parcialmente revitalizado, empezaron a hacer insinuaciones en tal sentido durante las últimas reuniones del Foro en 2011.

CUARTA ETAPA: HACIA UN FUTURO INCIERTO

Por la oposición encontrada (y en contra de lo que muchas de las entidades del Foro esperaban) el Sr. Rivamá no volvió a ofrecerse como candidato al concluir su mandato interino. Durante su corta gestión de menos de nueve meses, se propuso reorganizar el colectivo, creando mejores canales de comunicación y se discutió más a fondo el tema de la sustentabilidad económica del Foro, sin con ello llegar a propuestas viables. También fueron discutidos problemas del Centro de Salud, que por la crisis que vivía su coordinadora frente a la municipalidad, pidió el apoyo del Foro para mantenerse en el cargo. Fue este uno de las principales acciones de su período. El lugar de las reuniones pasó a ser itinerante, con el objetivo de promover mayor inclusión y estimular la participación de nuevos grupos. Este proceso fue renovador, en cierto sentido, pero produjo otros retrocesos. Buena parte del tiempo de las reuniones pasó a ser ocupado para leer informes, lo que restaba tiempo a la discusión de los problemas principales que no avanzaban, que no eran organizados con la deseada objetividad. Surgieron así acusaciones de prácticas poco democráticas.

De a poco, el Foro se fue desmovilizando. No se retomaron decisiones importantes sobre temas de los diagnósticos en este periodo, que se fue canalizando apenas para organizar -o tal vez desmovilizar- al colectivo. Si por un lado hubo una mayor efectividad de comunicación entre los participantes que tenían acceso a internet y el blog del Foro aumentó la presencia virtual del Barrio de la Paz en la ciudad, por otro lado no progresó el trabajo en torno a los problemas del barrio. La preocupación por el tema de cómo garantizar apoyos económicos para el equipo de coordinación fue otro espacio para las críticas. El equipo elaboró un anteproyecto de los gastos necesarios para mantener la estructura de Foro en funcionamiento. Según la visión de algunos otros integrantes del Foro, había una desviación que transformaría el carácter del colectivo, el cual, desde la perspectiva del Sr. Mario, debía basarse en el “voluntarismo”[7]

Tanto el Sr. Mario (representante del Consejo de Moradores) como el Sr. Edson (representante del Clá) se opuso a estas propuestas y los dos líderes pasaron a defender la necesidad del Foro de volver a su modelo inicial acéfalo. A medida que se aproximaba el final del mandato del Sr. Rivamá como coordinador substituto crecieron los conflictos entre facciones. Se percibían distintos intereses individuales en juego y como ninguna entidad lanzó un nombre como candidato a coordinar el colectivo, éste empezó a desarticularse hacia el final del año de 2011. En marzo de 2012, después de las vacaciones de verano y del carnaval, no volvió a reunirse de nuevo:no tenía ni coordinador ni un grupo que lo convocara.

La desarticulación del Foro puede ser vista como la consecuencia de una serie de luchas internas entre sus distintas facciones, agravadas por el acercamiento de los comicios municipales. Varios líderes comunitarios que tenían ambiciones políticas recibieron apoyos materiales por parte de actores externos. El entonces jefe de la casa civil del Gobierno Municipal intentó incluso promover a uno de sus propios protegidos como un posible representante del barrio. Eso pese al hecho de que no era habitante de la comunidad sino un promotor de proyectos que empezó a asistir a las reuniones del Foro bajo el pretexto que podría ayudar a la comunidad a gestionar la construcción y financiamiento de un centro deportivo. [8] Mientras que algunos de los líderes de entidades se cansaron y alejaron del Foro, otros parecían estar más interesados en reconstruir el Consejo de Moradores, no solamente por sus ventajas desde el punto de vista de gestionar proyectos como una persona jurídica oficialmente reconocida, sino también por ofrecer una base más apta desde el punto de vista de manejar sus intereses político-electorales. El objetivo final de la facción encabezada por el Sr. Mario y el Sr. Edson era transformar al Foro en una asamblea consultativa más legitima y representativa del Consejo. Aunque fueron ellos los que propusieron la vuelta al modelo acéfalo del Foro, sus ideas de hecho implicaban que la coordinación pasase ahora a ser centralizada de otra manera, por el Consejo de Moradores.

La desarticulación del Foro no parece haberse debido sólo a las luchas y discordancias internas ni es una consecuencia de la cooptación de líderes comunitarios por parte de los intereses inmobiliarios. El poder de los intereses inmobiliarios empezó a manifestarse de una manera más violenta durante 2011 y primeros meses del 2012. Por otro lado, detrás del escenario público de la vida política del barrio existía otro tipo de poder, el poder del narcotráfico. El miedo a este otro poder es un factor que puede haber minado la organización colectiva.

A continuación discutiremos la violencia relacionada al sector inmobiliario. Como ya observamos, el barrio está rodeado por condominios ocupados por familias de las clases medias-altas: la frontera de construcción llega a los terrenos linderos de la comunidad. Este proceso produjo el desalojo en abril de 2011 de un conjunto de familias que habían construido sus casas en terrenos reclamados como propiedad de una compañía inmobiliaria. Estos habitantes recibieron amenazas por parte de los guardias de seguridad empleados por la empresa. En septiembre de 2011 se tuvo lugar una situación muy amenazadora en torno de un terreno colindante con la Avenida Paralela en el cual la comunidad había esperado construir el antes mencionado centro de deportes, un proyecto sujeto a negociaciones con funcionarios del Municipio, que rápidamente había descartado la posibilidad de construirlo en este terreno y se había comprometido a buscar una alternativa. En esa ocasión un grupo de personas armadas (“para proteger”) acompañó a un equipo de trabajadores que se metió al terreno para hacer un desmonte con maquinaria pesada. Los habitantes protestaron en nombre de las leyes ambientales y recibieron todo tipo de amenazas.

Después salió a la luz que había una disputa de 1998 entre dos empresarios sobre la propiedad de dicho terreno, que tendía un valor de 14.4 millones de reales. Uno de ellos, André Cintra, se declaró dispuesto regalarlo a la comunidad en una reunión en el barrio convocada por el Foro a la cual él asistió personalmente. El día 24 de enero de 2012 los habitantes volvieron a denunciar la presencia de maquinaria tumbando la floresta atlántica y amenazas por parte de agentes de seguridad armados, contratados por la misma empresa responsable de la construcción de los condominios vecinos y a la cual el Sr. Rivamá pretendió pedir patrocinio para su “proyecto de sustentabilidad” del Foro. En esa ocasión los agentes de la empresa golpearon a un padre de familia. Tres días después, mientras estaba observando un cartel que el Ayuntamiento supuestamente había erigido en el lugar el terreno disputado, el Sr. Cintra fue asesinado en su carro, junto con un hijo, que estaba estudiando en la universidad. El cartel fue declarado una fabricación por las autoridades municipales algunos días después de los asesinatos.

Los habitantes echaron la culpa del crimen a Osmar Santana de Freitas, un ex funcionario público jubilado. Ese sujeto había encabezado el grupo de desmonte original y contrató a un funcionario de la policía civil para comandar los agentes de seguridad empleados por el otro empresario que disputaba la propiedad del terreno. Dichos agentes eran en su mayoría ex policías o policías todavía en el servicio del Estado trabajando en su tiempo libre (lo cual representa una ejemplificación paradigmática del antes mencionado problema de la apropiación privada del poder público en Brasil). Gracias a investigaciones realizadas por periodistas del periódico local A Tarde (Meneses et al., 2012) sabemos que, según una queja jurídica registrada en 2009, Osmar Santana tenía una historia previa de amenazas de muerte al señor Cintra. Además los mismos periodistas nos informaronn de que el Sr. Cintra tenía una larga historia de especulación en tierras, pero que había colaborado con el Ministerio Público en una investigación de posibles fraudes en la titulación de tierras, realizados por medio del soborno a jueces y otros funcionarios públicos por algunos de los empresarios responsables por la construcción de condominios en los alrededores del Barrio de la Paz. No se puede descartar la posibilidad de que algunos líderes del Barrio hayan sido incluso amenazados y que la falta de candidaturas para encabezar el Foro tenga relación con estos acontecimientos.

Pero además existen otras posibles fuentes de amenazas. Así llegamos al segundo problema, el narcotráfico. Más o menos al mismo momento en que estalló la confrontación entre los habitantes y los agentes de seguridad privados en torno al desmonte del terreno disputado, fue asesinada a tiros una mujer del barrio que trabajaba como barrendera en un centro comercial local. Dielos treinta disparos fueron dirigidos a la boca. La mujer salía de visitar a un narcotraficante encarcelado de nombre Betáo, líder original de un grupo de traficantes que había controlado el barrio durante los últimos años. El Betáo había instituido un sistema inspirado en las prácticas de la principal organización delictiva de Sao Paulo, el PCC (Primeiro Comando da Capital), descritas en estudios etnográficos como el de Vera Telles (2010) y Gabriel Feltran (2010). Bajo el mando del Betáo, nadie tenía permitido robar y asaltar dentro de la comunidad, ni vender drogas a niños. Los habitantes podían acercarse al jefe para hacer quejas contra otras personas y buscar la justicia que casi por lo regular no podían conseguir haciendo una denuncia a la policía. Bajo este régimen, el tráfico seguía funcionando, pero de una manera más discreta y sin ostentación de armas en lugares públicos. Tanto los compradores de drogas que iban al barrio desde los condominios vecinos como los habitantes podían andar por las calles en la madrugada sin preocuparse por la seguridad.

No obstante esa tranquilidad, la justicia impartida por el tráfico a veces tomaba la forma de ejecuciones clandestinas, y siempre se apoyaba en la amenaza de violencia. Este tipo de “resolución de conflictos” había sido el mismo que habían impuesto tanto la policía oficial como la milicia contratada por comerciantes que los líderes de la comunidad en ese entonces finalmente lograron expulsar por medio de denuncias a la prensa y a las autoridades. Algunos habitantes expresaban su preferencia positiva por el orden del crimen sobre el orden del Estado, aunque algunas entrevistas realizadas con habitantes demuestran que varios se mostraban conformes con la situación más por miedo que por convicción. La cuestión de la presencia del narcotráfico en el barrio siempre fue un punto delicado en las discusiones sobre cuestiones de seguridad durante los primeros años de existencia del Foro: se enfocaban principalmente en el abuso de los derechos humanos de los habitantes por parte de la Policía Militar, aunque de vez en cuando alguien reconocía la presencia del tráfico. Una vez que el Betáo impuso su nuevo orden, sin embargo, la mayoría de los líderes comunitarios y de los habitantes aceptaron la nueva situación de tranquilidad.

Desgraciademente, el nuevo orden no sobrevivió el encarcelamiento del traficante que lo fundó. La ejecución de la desafortunada barrendera implicaba un mensaje obvio: había estallado un conflicto para el control del tráfico en el barrio y todo el mundo tenía que mantener la boca cerrada. En la mañana del 9 de octubre de 2011, un día domingo, otra mujer fue herida por un arma de fuego y por la noche el barrio fue invadido por un grupo armado, supuestamente enviado por los traficantes del barrio vecino de Alto de Coqueirinho. Empezaron a quemar casas, saquear tiendas en la calle principal y mataron a una persona antes de la llegada de la policía (que mató, a su vez, a uno de los invasores). Al día siguiente un silencio raro todavía cubría la comunidad y las tiendas permanecieron cerradas. Los habitantes no quería hablar con la prensa pero el discurso de sus líderes ya mostraba un cambio. Se quejaban de la demora de cuarenta minutos entre las primeras llamadas de los habitantes y la llegada de la policía y el cuerpo de bomberos. En otras palabras, cuestionaban la falta de interés mostrado por el Estado en la seguridad de los habitantes de los barrios socialmente periféricos.

Era cada vez más difícil hablar del barrio como un lugar tranquilo. El estallido de la lucha por el control del tráfico local de drogas provocó más muertes y ejecuciones perpetradas por traficantes en los primeros meses de 2012. Las cabezas del tráfico ahora eran extranjeros al barrio que, pese a ello, conservaban cierta influencia, por medio de su capacidad de sembrar miedo en toda la comunidad. Esto parece relevante para entender porque la mayoría de los lideres del barrio mantuvo una postura pública de oposición a la implantación de una Base de Seguridad Comunitaria, aunque a la luz de una escalada continua de violencia dentro del barrio durante 2012, algunos lideres, y probablemente muchos habitantes, empezaron a pensar en una presencia policiaca como algo ya imprescindible, pese a ser tan problemático en otros respectos. Sin embargo, el peligro de expresarse publicamente a favor sigue siendo considerable, ya que hechos de sangre en algunas otras comunidades “pacificadas” ponen en tela de juicio la capacidad de las policias de las bases comunitarias para brindar protección contra los traficantes. Por otra parte, la forma en que se instaló una base en Bairro da Paz distó de ser idónea.

Todo el programa se atrasó, y cuando por fin llegó la base al barrio, en septiembre de 2012, se instaló de manera provisional, ya que no se había conseguido terminar la reforma del edificio que debía servirle de sede permanente. La aceleración de la creación de bases en varias comunidades en ese momento respondió a una situación electoral en la cual el candidato de la derecha, nieto de ACM, sacó bastante jugo en su campaña contra el candidato del PT en torno a los problemas de crimen, violencia e inseguridad que seguían castigando la ciudad.

En el caso de Bairro da Paz, la pacificación fue llevada a cabo de una manera agresiva que de pronto produjo un intento por parte del Consejo de Moradores de organizar una comisión para encaminar las quejas a la justicia. Se trataba, entre otros problemas, de acusaciones de violaciones de derechos humanos perpetradas durante invasiones de casas por la policía, además de los de intentos de conseguir información sobre el tráfico por medio de interrogatorios a menores de edad acompañados por intimidación. Aunque hasta la fecha no tenemos datos directos del Bairro da Paz, oficiales que trabajan en otras bases de seguridad comunitaria recién establecidas que fueron entrevistados por miembros de nuestro equipo se quejan de que no han recibido la capacitación especial en técnicas de policiamiento comunitario que supuestamente formarían una parte integral del nuevo modelo. Por lo tanto se sienten consignados involuntariamente a desempeñar funciones para las cuales no se sienten preparados.

Un programa mal organizado, sin recursos adecuados y cuya im-plementación ha sido dominado por consideraciones político-electorales, parecería poco capaz de mejorar la seguridad y bienestar social de los habitantes de las periferias urbanas. El código de silencio tradicional sobre la presencia del crimen en estas comunidades refleja tanto los defectos de la policía, incluso la posibilidad de su complicidad con los criminales, como su miedo a los traficantes. En el caso de Bairro da Paz, el Estado tal vez hubiera tenido la posibilidad, debido al impacto cada más negativo del tráfico en la vida cotidiana durante 2012, de conquistar el apoyo de los habitantes para la instalación de una base. Sin embargo, parece que las autoridades no se esforzaron para construir consensos y desde el punto de vista de mejorar relaciones entre policías y habitantes, el proyecto no ha empezado bien. La única consecuencia positiva de la situación en el momento de terminar la revisión de este artículo (a fines de 2012) es que está dando lugar a una nueva manifestación de la capacidad de organizarse que, pese a los altibajos registrados aquí, ha marcado esta comunidad desde su fundación (Hita, 2012). En este sentido, el proyecto representado por el FPEBP tal vez todavía tenga un futuro.

CONCLUSIONES

En 2010, cuando el FPEBP estaba luchando no solamente contra amenazas de desalojo sino también para conseguir un modelo de desarrollo urbano más equitativo, parecía que existían buenas posibilidades de cambiar la ciudad por medio de la construcción de redes entre las distintas organizaciones populares que estaban emergiendo en diferentes zonas de la metrópoli. En ese momento el FPEBP estaba estableciéndose como un modelo para ser replicado en otras comunidades. Aunque las distintas organizaciones movilizándose en distintas regiones de la ciudad tenían sus intereses locales, compartían la meta de abogar por un sistema de transporte público adaptado a sus necesidades, mayor control sobre los intereses inmobiliarios, mayores inversiones públicas en viviendas accesibles a las capas más pobres de la población, y la rectificación de un modelo de desarrollo urbano en que el planeamiento y la participación popular se habían destacado por su ausencia. Una amplia participación popular en la planeación urbana es, en teoría, obligatoria en Brasil, según la Ley Federal 10.257 (el “estatuto de la ciudad”). Aunque en la práctica las autoridades bahianas han acatado poco a esta norma, convocando “consultas” solamente después de tomar las decisiones claves, el propósito de las audiencias públicas organizadas por el FPEBP fue precisamente obligarles a cumplir con ella.

En la coyuntura de preparativos para la Copa del 2014, algunas ONG radicales (especialmente el CEAS, Centro de Estudios y Acción Social, una organización fundada en 1967 por jesuítas apegados a la Teología de la Liberación) estaban dedicándose a implementar programas de concientización, formación de nuevos cuadros de militantes jóvenes e intentos de aglutinar protestas locales en una campaña a nivel metropolitano. Las campañas contra los desalojados forzados asociadas con los mega-eventos deportivos y otros proyectos de rehabilitación o recalificación urbana recibieron apoyo de figuras influyentes en el mundo de las organizaciones internacionales. En abril de 2011 la doctora Raquel Rodnik (arquitecta y exministra brasileña y actual rapporteur especial de la ONU por el derecho humano a tener una vivienda digna) hizo un pronunciamiento público sobre su preocupación por la falta de transparencia, consultas, diálogo, y recompensa económica adecuada que estaban caracterizando los desalojados forzados en Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal y Fortaleza (United Nations High Commissioner for Human Rights, 2011).

Sin embargo, pese a las protestas, parece difícil frenar este tipo de procesos, y en el caso de Salvador, no se logró aglutinar a los distintos movimientos y la movilización empezó a disminuir. En un artículo más reciente, Raquel Rolnik nos habla de las ironías cada vez más visibles de las nuevas inversiones públicas en la recalificación de la periferia urbana:

“Exactamente cuando gruesos recursos públicos están disponibles para inversiones en la urbanización de las favelas del país – como el PAC[9] de las favelas – lo que se observa es la des-constitución de procesos y foros participativos, una geografía selectiva de favelas a ser urbanizadas y procesos masivos de desalojo en el transcurso de la implementación de proyectos y obras, muchas veces con uso de violencia. Aun más grave todavía es el no reconocimiento generalizado, por parte de las autoridades municipales, de la regularización de su ocupación de la tierra como un “derecho” de los habitantes, tratando el tema como una “cuestión social” y, por lo tanto, dependiente de la discrecionalidad y, en la mayor parte de los casos, de una falta de consideración equilibrada de este derecho a través de la implementación de alternativas sustentables al desalojo” (Rolnik, 2012, traducción nuestra).

Estas observaciones abarcan muchos de los temas que hemos discutido concretamente en el caso de Bairro da Paz. El derecho a la ciudad de los más pobres se ve amenazado por el poder en los bastidores de intereses inmobiliarios y especuladores en bienes raíces, capaces, como hemos visto, de recurrir a la violencia. Estos actores disfrutan de buenas conexiones políticas en todos los partidos políticos, incluso en el PT, cuyas campañas electorales en Bahía han recibido generosos apoyos económicos por parte de grandes compañías constructoras. En lo que se refiere al problema de transporte, la solución propuesta al embotellamiento de la Avenida Paralela por la administración de Joáo Henrique Carneiro fue la planificación de una nueva carretera de peaje urbana, un alivio para las clases medias-altas que con toda probabilidad desalojaría a un número importante de ciudadanos menos acomodados.

Sin embargo, la estructuración clasista del proceso de desarrollo urbano ya tiene otros ejes que podrían ayudarnos a entender por qué es difícil aglutinar a las distintas fuerzas sociales que siguen estando desconformes con el modelo actual. Los gobiernos petistas no sólo han reducido la pobreza sino también han aumentado el acceso al empleo y los salarios reales de muchos brasileños, promoviendo así el antes mencionado ascenso social de la llamada “clase C”. Estos avances han fortalecido la confianza de los ciudadanos en el proceso político-electoral. Los habitantes de los asentamientos irregulares también son socio-económicamente heterogéneos, algunos con sus propias aspiraciones de ascenso social que han sido fortalecidas por políticas de acción afirmativa. Aunque Brasil sigue siendo un país de enormes desigualdades y de enormes déficits en términos de servicios de salud y educación pública, se ha reducido no solamente la pobreza sino también la desigualdad social. Por lo tanto, el escenario social y político sigue cambiando. El interés de la mayoría de los ciudadanos es el de mejorar su acceso a la sociedad de consumo y la seguridad personal y de su propiedad. Esto podría tener consecuencias negativas para las políticas públicas en una periferia urbana todavía vista como la fuente principal de problemas de crimen y violencia, y hasta hacía el interior de las mismas periferias, donde algunos habitantes siempre han estado dispuestos a aceptar el exterminio de “marginales” dentro de su propia comunidad (Nuñez y Paim, 2005).

En este trabajo, hemos visto como un sistema político democrático exitoso puede contribuir a la desarticulación de organizaciones populares, aun cuando el clientelismo tradicional tiene menos peso al ofrecer acceso a redes de acción alternativas a líderes individuales. También hemos visto varios sentidos en los que la violencia de la época actual puede contribuir a la desmovilización de comunidades que tienen largas tradiciones de “resistencia” al despojo y de combatividad en la formulación de demandas. No estamos hablando solamente de la violencia del narcotráfico, sino también de las distintas formas de violencia perpetradas por los agentes del Estado, los problemas provocados por la apropiación privada del poder público y el hecho de que la corrupción e impunidad a menudo hace imposible ver a la policía y los criminales como grupos opuestos en una batalla (Soares, 2006). Una conclusión importante de este análisis es que las estructuras de poder socio-económicas siguen imponiendo trabas a la reforma más profunda del Estado deseada por la mayoría del los brasileños. Sin embargo, aunque el FPEBP actualmente ha quedado en suspensión, nos ofrece un modelo para pensar lo que es necesario para poder avanzar en proyectos de desarrollo urbano más incluyentes, democráticos y sustentables dentro del campo político por medio de la exigencia de dialogo desde abajo hacia arriba, y por parte organizaciones populares, organizaciones que consideramos que pueden ser más representativas e incluyentes, pese al hecho de que ninguna organización puede trascender todas las divisiones sociales y religiosas, ni blindarse contra las redes de relaciones tejidas entre actores locales y varios tipos de actores externos, como los que se vieron en este ejemplo.

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Titular de la cátedra "Max Gluckman" en Antropología Social, Universidad de Manchester. Correo electrónico: john.gledhill@manchester.ac.uk. Parte de este trabajo se basa en una investigación realizada por este autor entre 2010 y 2012 dentro del marco de un proyecto más amplio intitulado "Security for All in the Age of Securitization?" El autor agradece el generoso apoyo que el Leverhulme Trust le brindó para llevar a cabo este proyecto, a la vez que señala que él es el único responsable de sus conclusiones.↵

Profesora Asociada del Departamento de Sociología de la Universidad Federal de Bahía. Correo electrónico: mghita@uol.com.br. La autora agradece el apoyo recibido de FAPESB (Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Ba¬hía) en el marco del "Proyecto Hip Hop Veste África no fomento ao empreende-dorismo no Bairro da Paz" (2009-2012). Los dos autores agradecen a Marietta Barreto y Daniela Miranda por sus contribuciones a la recolección de datos para sus investigaciones.↵

Para los antecedentes históricos de la situación actual en Salvador, véase Nuñez y Paim, 2005; Vilar Noronha, 2008. Para el caso de Rio de Janeiro, véase Zaluar y Conceicáo, 2007.↵

Un equipo dirigido por Hita había realizado investigaciones académicas sobre redes sociales y asociaciones civiles y religiosas dentro de la comunidad antes de la creación del Foro. Aunque el proyecto del Foro Permanente surgió desde abajo, motivado por el deseo de lideres de distintas organizaciones barriales de unirse para fortalecer su capacidad colectiva de negociar con el poder público, el apoyo de nuestro equipo desempeño un papel clave en facilitar los primeros pasos de su desarrollo. Como actores que no pertenecen socialmente al barrio, miembros de nuestro equipo podían expresar sus opiniones dentro de los debates internos del grupo (como asesores) y fortalecer sus procesos de auto reflexión. Compartimos el entusiasmo inicial de un número importante de habitantes por el proyecto y seguimos opinando que una organización de este tipo puede desempeñar un papel positivo en su vida política. El análisis ofrecido en este artículo sirve para identificar ciertos problemas de organización que será necesario resolver si el Foro original se reactiva, o en futuros proyectos de este tipo. Sin embargo, el equipo de la UFBA ha tenido no solamente voz sino también voto en algunas de las decisiones claves del Foro y de esta manera somos corresponsables de la historia aquí contada, pese al hecho de que las entidades integradas por habitantes del barrio son las que tienen el papel principal en su gestión. Además, apreciamos que los lideres del barrio tienen que enfrentarse con varios tipos de exigencias y presiones que no pesan sobre los miembros externos, como el análisis que sigue lo demuestra.↵

La regularización de la ocupación del terreno por parte de la prefectura no concedió plenos derechos de propiedad privada a los invasores sino derechos de ocupar y traspasar los lotes apropiados. Además esta regularización solamente se aplicó a una zona central de la comunidad. Pese a ello, como en muchos otros casos, existe un mercado informal.↵

El Sr. Walter es un habitante del barrio que dice que invierte todo lo que gana en su comunidad. Es dueño de varios inmuebles en la comunidad aunque tanto sus negocios como sus relaciones y ambiciones en el campo político-electoral se extienden fuera del barrio.↵

Ya que el Sr. Mario recibía un salario de la Fundación Dom Avelar, tenía una capacidad de realizar trabajo voluntario que no era compartida por todos los participantes en el Foro.↵

Además de ser un ejemplo típico de un nuevo tipo de empresario que navega en los espacios entre ONGs, gobierno y organizaciones comunitarias, este actor también tiene los rasgos de las figuras que los argentinos llaman "punteros". Véase Auyero (2007).↵

Programa de aceleración del crecimiento.↵

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Segunda parte

PUGNAS POR EL ESPACIO PÚBLICO

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PROBLEMAS CONCEPTUALES, RELACIONES DE TRABAJO Y DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES INFORMALES

Enrique de la Garza Toledo y Marcela Hernández Romo[1]

INTRODUCCIÓN

En México, alrededor del 30% de la Población Total Ocupada trabaja en el sector informal, es decir, en negocios que no están registrados ni pagan impuestos. A ese porcentaje habría que añadir el de los trabajadores que, trabajando en negocios formales, no tienen las prestaciones de Ley, especialmente derechos a la salud por su condición de trabajadores. La suma total equilave al 60% de la población total ocupada. En este artículo interesa reflexionar acerca de las relaciones laborales entre los informales, a partir de un concepto ampliado de relación social de trabajo.

El concepto de informalidad ha sido definido de muchas formas (Tokman, 1987). Hay quien afirma que existen hasta 64 maneras distintas de definirlo, aunque pensamos que estas definiciones podrían, con sus respectivas variantes, agruparse en tres (Tokman, 2006). Habría que aclarar, de todas formas, que el problema de fondo de la definición de un concepto no son los indicadores apropiados para medirlo sino, en primer lugar, a qué problema responde la definición y, en segundo lugar, al contenido teórico del mismo, que implica también la relación con otros conceptos. Por lo tanto, un camino equivocado para iniciar la discusión de la pertinencia o impertinencia del concepto de informalidad debe empezar por una definición operacional, sobre todo cuando las definiciones operacionales suelen ajustarse al universo de variables disponibles a partir de encuestas representativas o censos previamente recabados por institutos como el INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística). De esta manera, puede predominar el pragmatismo en cuanto a la definición en términos de los datos disponibles, cuando se podría primero definir teóricamente el concepto y luego preguntarse si la estadística disponible satisface nuestra definición (bajo el principio de que nuevas variables podrían eventualmente ser incluidas en las encuestas). Asimismo, quienes definen los conceptos son los especialistas orientados por ciertos marcos teóricos, metodológicos e interesados en la solución de determinados problemas. Es decir, los conceptos no se autodefinen;somos nosotros los que los definimos y quienes en ciertas condiciones logramos que nuestras comunidades e instituciones los acepten.

Bajo esta consideración, no haremos una historia detallada de los cambios que ha tenido el concepto de informalidad, puesto que otros ya lo han hecho con propiedad (Rendón, 1991), sino que trataremos de partir de la intencionalidad y contenido de la informalidad, más allá de los indicadores propuestos, a fin de agrupar a las definiciones en tres grandes tipos:

l.El tipo original del grupo de la OIT, en Kenya, que también reconoció varias definiciones: sea como unidades productivas que no contratan mano de obra, no maximizan ganancias, ponen en juego escaso capital y tecnología, son procesos productivos de limitada división del trabajo y sin límites de precios entre producción y reproducción en el ámbito de la familia o bien como sector productivo que genera bienes o servicios en pequeña escala, con procesos intensivos en mano de obra, calificada fuera del sistema educativo formal, que participa en mercados de trabajo no regulados, que produce con escasos recursos de propiedad familiar. Entrar en detalle tendría que suponer dilucidar primero por qué fue definido de esta forma y no, por ejemplo, simplemente como falta de protecciones laborales sim-plementeejemplo, y cual concepto convendría actualmente (Cortés, 2000). En cuanto al problema detrás del concepto inicial de informalidad hay que situarlo en la coyuntura de la Historia de las Teorías y la económica-política concreta de los años setenta, cuando fue formulado. En cuanto a lo primero, lo que estaba detrás era la idea de lograr el desarrollo de segmentos tradicionales hacia los modernos; y por lo que respecta a lo segundo, se partía de la constatación de la permanencia de estas unidades productivas en forma abundante en el mundo subdesarrollado a pesar de la extensión de las relaciones mercantiles. Es decir, el problema de fondo era cómo salir del sub-desarrollo, de tal forma que la unidad de análisis tendría que ser la unidad o establecimiento productivo que conformaba un sector con ciertas características. Estas características estaban centradas en la forma de producción, medios de producción, mano de obra, relación laboral, su relación con los mercados; es decir, la intencionalidad y el contenido se acerca mucho a lo que actualmente llamaríamos Modelo Productivo. No significa, sin embargo, que esta forma de concep-tualizarlo fuera un listado exhaustivo de indicadores al que sólo le faltara un nombre actualizado, frente al abandono de los conceptos de tradicional y moderno, sino que podría asimilarse al mismo. El concepto de Modelo de Producción data de los años noventa y no fue construido para dar cuenta de la informalidad, sino de las diversas formas de producción en el marco de la reestructuración productiva arrancada desde los ochenta (De la Garza, 2007). Entre sus componentes cabe destacar el nivel de la tecnología utilizada, la forma de organización del trabajo, las relaciones de trabajo, el perfil de la mano de obra, las relaciones con el medio inmediato de la empresa tales como encadenamientos hacia delante y hacia atrás. La ventaja que tiene este concepto con respecto de tradicional o moderno es que es más analítico. Además, el modelo que se llama moderno podría alcanzarse por diversas vías, de tal forma que el camino del desarrollo no sería necesariamente el de la industrialización, como antes se pensaba (Gortz, 1991). En esta primera acepción el punto central no está puesto en la no regulación sino en las condiciones precarias de producción que se traducen en bajas productividades, calidades, falta de justo a tiempo, además de las laborales, que obstaculizan (a pesar de hallazgos posteriores que encontraron las articulaciones tradicional-moderno) un desarrollo más sostenido y equilibrado (Sen, 2000).

2. La definición de informalidad que pone el acento en las relaciones laborales sin protecciones. Esta definición se acerca a los siguientes conceptos actuales: no estructurado (INEGI, 2004), atípico (De Grip, 1997), desprotegido (Sennet, 2006), excluido (Pérez Sainz, 2003), vulnerable (Pizarra, 2001), inseguro (Castel, 2004), no decente (Reglias, 2003), no estándar (Marshall, 1987) en sus correlaciones con la precariedad (García, 2006). No entraremos a hacer distinciones finas entre estos conceptos y ni utilizaremos el término precario como sinónimo. Se trata, en este caso, de una relación estadística positiva entre los dos conceptos. Un grupo de definiciones como la mencionada es pertinente en cuanto a la existencia de un sector importante de trabajadores no protegidos, sea porque se violan las normas laborales o bien porque se encuentran en zonas o43scuras de definición de sus relaciones de trabajo (De la Garza, 2005). Es el caso que abordaremos con mayor profundidad, el de los trabajadores por cuenta propia que a primera vista aparecen situados en relaciones no laborales al no contar con un patrón en el sentido tradicional, la demanda de cumplimiento de mínimos en condiciones de trabajo o seguridad social no serían pertinentes (De Buen, 1993).

3. Lo informal como unidad productiva para auto-emplearse y generar ingreso reproductivamente, sin separación clara entre el funcionamiento y finanzas del hogar y del trabajo, ha llevado a la definición operacional actual de los trabajadores informales como no registrados, sin usar una contabilidad racional que separe producción de reproducción (Portes, 1995). La primera parte de esta definición pareciera apuntar hacia la primera de las definciones anteriormente consideradas, pero aquí la parte productiva es simplificada al extremo, de tal forma que no permite -tal vez porque no interesa- profundizar en estos modelos de producción, sino poner el acento en su no regulación como unidad más que en sus consecuencias laborales. En particular, al utilizar como indicador privilegiado la existencia de una contabilidad separada entre producción y reproducción, pareciera considerar como problemas centrales la evasión fiscal y la falta de registro como unidad productiva.

Actualmente la OIT ha llegado a una definición dual. Por un lado, informalidad de la unidad productiva y, por el otro lado, informalidad de la ocupación, de tal forma que estas no coinciden. Los trabajadores de las unidades productivas informales son menos que los que trabajan en condiciones laborales informales.

Las tres definiciones son pertinentes, dependiendo del problema eje que se trate de resolver: el desarrollo sostenido, el trabajo decente o la evasión fiscal y el no registro. En otras palabras, la definición más adecuada pasa por definir mejor el problema que se trata de ayudar a resolver con las mediciones de informalidad. Los marcos teóricos también influyen. Sí en los años setenta era legítimo el concepto de desarrollo y suponía las políticas públicas para impulsarlo (especialmente de políticas económicas e industriales), al cambiar estas concepciones se dejó al mercado el problema de crecer y de mejorar las condiciones de vida, con lo cual, lógicamente el concepto también cambió (Boltansky y Capello, 2002). Pero como el mercado resultó en nuestros países insuficiente para desarrollar y mejorar los niveles de vida donde hay una permanencia de este tipo de actividades, quedó el paliativo de dirigirlo hacia la violación de normas laborales y de extender la protección laboral y social a sectores no claramente asalariados. Como preocupaba el sector informal como competencia desleal del formal, cadena que iba del no registro al no pago de impuestos ni de gastos indirectos de mano de obra, el énfasis no ha sido propiamente su erradicación en cuanto a modelo productivo sino en cuanto a su no regulación. Tampoco hay que pensar que las políticas públicas son siempre tan homogéneas teóricamente. Las fallas del mercado y externalidades han llevado a reconocer cierto papel estatal en la promoción de los micro establecimientos, aunque se trate en general de paliativos , frente a visiones más fundamentalistas que dejarían la suerte de estas a la acción depuradora del mercado (Bouffartigue, 1997).

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR Y LA RELACIÓN LABORAL INFORMAL EN TÉRMINOS DE LA OIT PARA MÉXICO

Como se ve en el cuadro N°l, es apabullante el porcentaje de trabajadores en el sector informal y los informales del sector formal (60% de la población total ocupada). La mayoría se ocupan en comercio y servicios. En la manufactura, en cambio, es pequeño este porcentaje. El ingreso promedio es muy bajo y casi no hay diferencia entre quienes están en el sector informal y quienes son informales en el sector formal. En cambio, la jornada laboral pareciera corta, siendo menor a las cuarenta horas por semana. Tal vez ello se deba a la flexibilidad en entrada y salida, sobre todo de los trabajadores del sector informal. También cabe destacar que el nivel educativo de estos grupos no es especialmente bajo; la mayoría tiene primaria y secundaria completas. Paradójicamente el nivel educativo resulta más alto en el sector informal que en sector el formal con trabajadores informales. En cuanto al género, predominan claramente los hombres sobre todo en el caso de los trabajadores informales del sector formal. Tanto en un sector como en el otro casi el 100% no tiene acceso a servicio médico por su condición de trabajador. Por lo que respecta a la posición en la ocupación, hay una minoría de empleadores. Esta cifra se eleva substancialmente para los trabajadores por su cuenta en el sector informal, que comparten su importancia con los subordinados; en cambio en el sector formal con trabajadores informales los primeros son mucho menos (21.6) y se eleva el porcentaje de trabajadores subordinados. En cuanto a los sindicalizados, con respecto de los subordinados, la tasa de sindicalización es cercana a cero, especialmente en el sector informal. Ello se produce a pesar de contar con un 42.6% de trabajadores subordinados y aunque sube a 1.22% en el sector informal no compensa el incremento en porcentaje de subordinados que es del 67.9%.

Si tomamos en cuenta solamente a los trabajadores subordinados tanto del sector informal como de los informales del formal, como podemos ver del Cuadro N°2, los porcentajes son muy altos tanto en un sector como en el otro, siendo más elevados en el segundo. De cualquier manera, se desmiente que el sector informal sea eminentemente de trabajador por su cuenta, aunque estos sí representan un porcentaje importante. Se repite con respecto al cuadro N°l que la mayoría en los dos sectores se ocupa en comercio y servicios, aunque el porcentaje en el sector formal que gana entre cero y tres salarios mínimos se reduce cuando se trata solo de subordinados, desprendiéndose la hipótesis de que en general los auto-empleados son más precarios que los subordinados en este sector. En cambio, no hay mucha diferencia en este rubro para los subordinados o no del sector formal. En este sentido, se puede afirmar la semejanza en niveles educativos. En cambio para los subordinados de los dos sectores baja el porcentaje de hombres con respecto de la población total ocupada informal o en el sector informal. Nuevamente el caso nulo de acceso a servicios médicos no se altera al cambiar de la población total ocupada a sólo subordinados en ambos sectores y lo mismo sucede con la casi nula tasa de sindicalización.

En síntesis, ya sea que hablemos de trabajadores del sector informal o de trabajadores informales del sector formal, ya sea que tomemos en cuenta la población total ocupada o sólo los subordinados, se trata de un sector precario de bajo ingreso, sin prestaciones de ningún tipo, sin derechos laborales que, sin embargo, forma muchas organizaciones no sindicales, casi siempre organizaciones civiles y que emprende múltiples conflictos con la autoridad, sobre todo aquellos que usan el espacio público para su trabajo. Es decir, se trata de un sector mayoritario de trabajadores no atendido por la ley laboral, por las autoridades del trabajo ni por los sindicatos.

PROBLEMAS PREVIOS A LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE INFORMALIDAD DEL TRABAJO

1. El concepto clásico de trabajo debe ser reconsiderado, sin lo cual podría ser superficial llegar a un concepto diferente de trabajo informal. . Este concepto clásico de trabajo se refiere a éste como mercancía (la fuerza de trabajo como capacidad para producir o circular mercancías) o bien al trabajo autónomo que genera bienes o servicios para el mercado. El primero es propiamente el trabajo asalariado que proporciona trabajo a un patrón a cambio de un salario. Ambos implican una demanda, sea de fuerza de trabajo o bien del producto del trabajo independiente. Por lo tanto, en esta definición clásica si no hay mercado no hay trabajo y no hay ocupación. Esta definición, como todas, no es natural, sino que obedece a ciertas intencionalidades, concepciones teóricas y visiones sobre la marcha de la sociedad. Da cuenta de trabajos que contribuyen al valor agregado y, por lo tanto, tienen consecuencias en el Producto Interno Bruto visto como riqueza social, tiene como visión una sociedad del mercado o regida por el mercado en la que cada quien recibiría según su contribución a la riqueza. Pero esta definición deja de fuera dos circunstancias, la primera es histórica; antes del capitalismo o de las sociedades con mercados desarrollados, la riqueza principal la generaban los esclavos y los siervos. Tanto unos como otros no estaban sujetos a un mercado de trabajo. El esclavo no vendía su fuerza de trabajo, sino que era vendido en su integridad como si fuera un animal, es decir, que era un medio de producción y no una fuerza de trabajo. No había propiamente un mercado de trabajo, ni lo producido era siempre vendido en un mercado, sino dedicado a la subsistencia. Otro tanto sucedía con el siervo de los señores feudales en la edad media; se nacía siervo por coerción extraeconómica, se trabajaba las tierras del señor en parte para aquello y en parte para subsistir. Tampoco había un mercado de trabajo y el producto del mismo se dedicaba a la subsistencia. Es decir, habría que hacer muchos malabarismos conceptúales para incluirlos dentro del trabajo clásico capitalista, que es el que actualmente predomina. En este sentido, la realidad a la que alude el concepto clásico de trabajo ha cambiado históricamente y seguramente nadie negaría que los trabajos del esclavo y del siervo deberían de ser considerados como trabajo, así como el que se desarrollaba en las comunidades primitivas para la subsistencia sin casi intercambios mercantiles.

El otro tipo de trabajo no incluido en el concepto clásico es el que genera bienes y servicios pero no para el mercado, como el actual de auto-consumo, el doméstico no asalariado, el comunitario, etc. El lenguaje común también los designa como trabajo, aunque no se les incluya en las cuentas nacionales. Sin embargo, razón en el lenguaje común do el concepto de trabajo se amplía de uno que tiene que ver con el mercado a otro que lo incluye pero a la vez lo rebasa, ya que en su definición básica está el generar valores de uso que satisfacen necesidades de los hombres estén dirigidos al intercambio o no.

2.Aunque la definición clásica de trabajo vinculado al mercado incluye al independiente que básicamente no contrata trabajadores asalariados y es realizado por el propietario con miembros de su familia cuando el producto se dirige a la venta. No hay duda que el concepto clásico privilegia sobre todo al trabajo asalariado, tal vez bajo la concepción dualista de que finalmente seríamos una sociedad de dos clases sociales, por la superioridad de la producción capitalista sobre la pequeña producción para el mercado. En esta medida, el concepto de trabajo detrás del derecho laboral clásico es el asalariado. Esta reducción de la relación social de producción al concepto de relación laboral, como relación capital/trabajo, tiene razones históricas importantes. Con el desarrollo de la producción mercantil aparece propiamente la fábrica, que no sólo produce para el mercado (y en esta medida se diferencia del taller artesanal) sino también por la introducción del maqumismo, resultado inicial de la Revolución Industrial, que implica mayor concentración de obreros en un espacio definido y la conformación del concepto de jornada laboral. Esta nueva clase trabajadora, a través de sus luchas, organizaciones, partidos, finalmente logró su reconocimiento como clase diferenciada y una serie de normas que regulan el modo de trabajar, concepción que está detrás del derecho laboral correspondiente al siglo XX. Derechos, deberes en torno a la relación laboral entre el capital y el trabajo, reconocimiento de una “situación social” primero por el Estado y luego por los empresarios, llevaron a los conceptos de regulación, de derechos mínimos individuales y colectivos, de contratación colectiva, asociación, huelga y seguridad social. Es decir, fueron las presiones de los trabajadores asalariados, sobre todo los organizados fabrilmente, las que lograron la conformación de los sistemas formalizados de derechos y obligaciones, así como las formas para dirimir las disputas, mediados por los Estados. Este ha sido el cuerpo clásico del derecho laboral y de la seguridad social como resultado histórico que pone el énfasis en el trabajo como trabajo asalariado.

Pero un concepto más básico de relación social de producción, anterior al de relación laboral, puede ser muy útil para la extensión del concepto a trabajadores no asalariados, e incluso a trabajos que no se dirigen al mercado. El concepto básico de relación social de producción considera una definición muy amplia y relativamente abstracta primero de trabajo: transformación de un objeto de trabajo utilizando medios de producción y fuerza de trabajo para generar un producto útil para satisfacer necesidades humanas. En el proceso de producción los hombres que participan se ponen en relación con medios de producción y objetos de trabajo pero también con otros hombres, estas relaciones sociales entre hombres en el trabajo serían las relaciones sociales de producción. Una forma particular de dichas relaciones serían de dependencia con un patrón pero en otras pueden ser entre miembros de la familia, entre un pequeño propietario que a la vez trabaja en forma directa con algunos asalariados y como veremos, en muchos servicios que no se pueden proporcionar sin la presencia del consumidor, directamente con este en el proceso de trabajo -el servicio de salud o de transporte personal no puede operar sin estar presente el consumidor al mismo tiempo que se genera dicho servicio (Camaño, 2005).

Una relación social en el trabajo entre quienes intervienen en el mismo, sean productores directos o no, implica interacción entre dos o más actores, interacciones que conllevan significados, posibilidad de acuerdos o desacuerdos, cooperación o conflicto. Es decir, toda producción tiene un aspecto simbólico desde el momento en que intervienen hombres. En unos casos la capacidad de simbolización (y por tanto de dar significado al trabajo, a la relación de trabajo, al producto) quedará muy subordinada a las reglas de cómo trabajar (taylorismo); en otras, la capacidad de decisión del trabajador será mayor, pero en todas las formas de trabajo interviene la capacidad humana de construir significados. Por otro lado, las concepciones clásicas del trabajo han estado muy centradas en el trabajo material y específicamente con producto físicamente objetivable, separable del productor, en procesos productivos fabriles -con segmentación clara en tiempo y espacio de producción de los que no lo son-, maquinizados, con concentraciones apreciables de número de trabajadores, con una estricta división del trabajo, con administración científica, contable y financiera, con sindicato, contrato colectivo.

La producción material con producto físicamente separado de los productores, que puede ser almacenado y revendido fue hasta los años sesenta el eje de la producción moderna, capitalista, pero la situación empezó a cambiar desde esos años a favor de los servicios. Para este tipo de producción, tradicionalmente se ha utilizado el concepto de producto intangible, pero este resulta muy poco analítico y poco preciso ante la irrupción masiva de lo que no es industrial. Hay servicios en donde una parte del producto es tan perfectamente tangible como el platillo en un restaurante. En cambio hay intangibles que se parecen más a la producción material porque el producto existe al final independiente de su creador, como es el caso de un programa de software. De tal forma, sería prudente, tal vez, reemplazar la clasificación entre productos tangibles y no tangibles por otra que diera cuenta de productos objetivados y no objetivados (subjetivados). La objetivación es un concepto filosófico que puede venir al caso, es decir, productos del trabajo que adquieren una existencia separada de sus creadores. Estos productos pueden estar físicamente objetivados, como un automóvil, pero pueden ser meramente simbólicos, como el programa de software. Un programa de software no es sino un algoritmo -combinación de símbolos- que sirve para resolver un problema. Pero, a diferencia de la simbolización que todos hacemos en nuestros mundos internos para relacionarnos, estos símbolos están objetivados. Es diferente de los servicios que necesitan forzosamente del cliente-consumidor en el momento de la producción del servicio -salud, educación convencional, transporte de personas, restaurante convencional, espectáculo en vivo, etc. En estos servicios, se opera una suerte de producción inmaterial, en cuanto a que el producto no existe objetivado sino que se incorpora directamente durante su producción a la subjetividad o al cuerpo del cliente, no se puede revender ni almacenar. La presencia del cliente durante la producción introduce la complicación de un tercer actor, cuando hay una relación laboral clásica, que no es patrón ni obrero pero que es indispensable para que se produzca. La complicación de un tercero en el proceso de trabajo puede extenderse a los trabajos que se realizan en espacios abiertos a la ciudadanía, como la venta callejera, el servicio de taxi o micro que ponen en relación durante la jornada de trabajo no solo al trabajador con el cliente sino con actores no laborales (automovilistas, agentes de tránsito, inspectores, policías, transeúntes, etc.) que sin tener un objetivo laboral o de compra y venta intervienen o interfieren, ayudan u obstaculizan en la actividad laboral in situ[2].

Una complicación semejante se genera cuando producción y reproducción se traslapan en tiempo y espacio, como en el trabajo a domicilio, porque el traslape es también de relaciones entre actores que trabajan y otros que reproducen su vida desde el momento en que comparten espacio y tiempo. Asimismo, lo intangible queda corto frente a la carga del contenido simbólico en el propio producto, desde aquellos productos reducidos a lo simbólico, objetivados (programa de software) o subjetivados (sólo existen en el momento de su producción frente a los consumidores como el espectáculo en vivo), que pueden tener énfasis diversos en lo cognitivo (software), emotivo (cuidado de ancianos), estético (moda) o moral y que suponen calificaciones a veces muy diferenciadas de quienes realizan estos tipos de trabajo vinculadas con capacidad de interacción con otros, en especial con los clientes[3]. Otra complicación adicional sería la diferencia entre quien trabaja cara a cara, sea en forma clásica frente a clientes y otros actores del trabajo con relación virtual en cali centers, teletrabajo, etcétera.

Todas estas consideraciones deberían de tenerse en cuenta en la concepción de un concepto ampliado de trabajo, no reducido al asalariado fabril con relaciones formales. Sin ir tan lejos cómo para considerar trabajo a aquello que no tiene vínculo con el mercado, resulta de suficiente interés el trabajo independiente para el mercado. Pero también es necesaria la profundización del carácter de las relaciones de trabajo en los servicios mercantiles que pueden implicar producción inmaterial (obra de teatro), participación de agentes no clásicamente laborales en el proceso de producción (taxis, micros, venta ambulante), la desterritorialización del espacio de trabajo (venta de productos a domicilio), los traslapes entre producción y reproducción (trabajo en casa), la relación puramente virtual de trabajo con los clientes y, a veces con la jerarquía de la empresa (teletrabajo, cali centres) (Hold-man, Batt y Hotkgrove, 2007). En términos de regulaciones esta profundización puede transformar ciertos conceptos básicos (¿cuándo hay una relación laboral?, ¿entre quiénes se establece’, ¿qué es jornada de trabajo y lugar de trabajo?, ¿quiénes son sujetos de derecho laboral?, etcétera).

Un concepto especialmente importante cuando queremos hablar de derechos laborales es el de relación laboral. Como mencionamos, éste quedó históricamente reducido a los vínculos entre el capital y el trabajo, dejando fuera todo tipo diferente de trabajo, pero más aún, muy centrado en la relación laboral clásica de fábrica -espacio cerrado y jornada laboral precisa- que permite delimitar claramente el tiempo y el espacio en que se realiza la relación laboral, sin intromisión de clientes ni otro tipo de actores en dicha relación laboral, ni  mucho menos el traslape con la familia y en la que el problema del control sobre el espacio de trabajo no es particularmente importante porque queda definido por la subordinación (Castells, 1999). En cambio, cuando se pasa, como proceso de abstracción, del concepto de relación laboral al concepto de relación social de producción, resulta que los trabajos no clásicos también implican relaciones sociales durante el proceso de producción, no solo entre patrones y asalariados sino con otros agentes, incluyendo a los clientes. De esta forma, aparece el problema también de las interfases o zonas oscuras entre aspectos implicados en las relaciones laborales clásicas con otras de carácter urbano, sanitarias, de tránsito, etc. (Yepes del Castillo, 1994) que puede llevar a tres concepciones sobre el derecho. La primera, la más tradicional, es conservar la esfera de cada derecho por separado: laboral, comercial, civil, etc. La segunda es la idea de lo mixto; reconocer que un acto laboral puede incumbir a varias ramas del derecho, aunque no quede claro en la actual distribución por códigos y tribunales cómo se combinarían sin caer en la primera posición. Y, la tercera, la más innovadora, implica considerar dentro de un derecho aspectos que aparecían como de otra esfera de las regulaciones (Castillo y Orssati, 2005). Este último planteamiento coincidiría con un concepto ampliado de relación laboral que puede trascender la bilateral y convertirse en multilateral. Por lo pronto, una primera ampliación del concepto de trabajo y de relación social de producción podría ser hacia el trabajo por cuenta propia, que coincide con la definición de la OIT de trabajo decente, que no es sólo para definir el trabajo asalariado (Barrete, 1999).

SEGUNDA VUELTA A LA INFORMALIDAD

El interés por la relación entre informalidad y derechos laborales se podría abordar de la siguiente manera:

1) analizando los tipos de trabajos que actualmente se incluyen en el concepto de informalidad y dependiendo de sus características en qué aspectos podría estar sujeto a derechos y obligaciones. El sector informal, en cualquiera de sus definiciones, implica relaciones sociales de producción en el sentido ampliado que hemos manejado. En esta población trabajadora informal habría que distinguir entre: a). Los estrictamente asalariados, los trabajadores no remunerados -comúnmente parte de la familia- y los de percepciones no salariales. Estos pueden ser de planta, por tiempo y obra determinados, discontinuos, ocasionales, subcontratados, por comisión. Es decir, un primer reto es reformar la legislación para que las zonas oscuras se aclaren. Por ejemplo, que los trabajadores por comisión sean considerados como asalariados y hacer cumplir las normas laborales. Lo anterior estaría en contra de tener dos niveles de derechos, unos para empresas medianas y grandes y otros para pequeñas y micro. Es cierto que las capacidades financieras y para cumplir obligaciones laborales entre éstas son diferentes. Sin embargo, los derechos laborales mínimos que garantiza la Ley Federal del trabajo en México son suficientemente bajos como para pensar que podrían disminuirse más y conformar por Ley dos tipos de pisos laborales. También, la exigencia de eficiencia en las empresas para permanecer en el mercado debería de extenderse a otra, para poder cumplir con normas laborales so pena de desaparecer. Es cierto que en este tema hay dos posiciones y algunas legislaciones consideran obligaciones menores de tipo laborales para las pequeñas empresas. Se trata de un debate que hay que continuar, b) otra situación se presenta con los autoempleados y pequeños propietarios que trabajan (el 80% de los taxistas en el D.E o la mayoría de los vendedores ambulantes lo son). En estos casos la ley laboral tendría que modificarse para incluirlos, en parte reconociendo como formas laborales de subordinación las que aparecen como mercantiles entre empresas grandes y pequeñas cuando hay subcontratación de los servicios de sus trabajadores. Contratos mercantiles que a veces deberían de ser considerados en su aspecto laboral en tareas de maquila en donde el concepto clave puede ser el de quién tiene el control de las materias primas, de la maquinaria, de la tecnología, de la organización, de las características de la mano de obra y, por supuesto, del producto. Ello serviría para replantear a quién un trabajador está subordinado. Lo dicho anteriormente requiere de la ampliación del concepto de trabajo subordinado que puede ser entre empresas mercantiles pero también incluir la situación de las agencias de contratación de personal y las cooperativas de trabajo, formas que a veces se utilizan para eludir responsabilidades laborales (De la Garza, 2005). En otros casos, cabe discutir el nuevo concepto de cuasi-patrón, para referirse a las relaciones entre unidades económicas con el Estado, como serían los trabajadores ambulantes, taxistas, microbuseros, que implicaría la noción de derechos frente al Estado, incluyendo la seguridad social con la ampliación del concepto de sindicato al de no asalariados, c) Decíamos que una complicación en los casos anteriores se presenta cuando intervienen otros actores fuera de los tradicionales o solamente frente al pequeño propietario en el trabajo. Esta situación pueden diferenciarse, entre los espacios cerrados a la ciudadanía con excepción de los clientes que compran el servicio o el bien y cuando el trabajo se realiza en espacios abiertos a la ciudadanía. La diferencia es entre una relación en el trabajo que puede ser triádica (propietario-asalariado-cliente) o bien propietario-cliente, a otra con intervención de los explícitamente interesados en la producción o el producto asimilable a lo anterior y más la intervención circunstancial de la ciudadanía que se mueve en el territorio público y agentes que intervienen sin que tengan que ver legalmente con lo laboral. Se trataría de los traslapes entre normas por esferas del derecho que, sin embargo, forman parte de la misma relación de producción y que no deberían de separarse. En esta medida las normas laborales para estos trabajos deberían de incluir, en primer término, los derechos y obligaciones del cliente e instancias de regulación y negociación mixtas, pero no podrían dejarse de lado los derechos y obligaciones de transeúntes, vecinos, salud pública, orden, etc. Un tema especialmente importante a incluir en el derecho laboral de quienes trabajan en espacios públicos es el derecho y su limitación en el uso de dicho espacio puesto que este resulta un medio de producción fundamental en este tipo de trabajos.

2) Con respecto de los derechos colectivos, en el caso de asalariados y otros asimilables a estos del sector informal simplemente habría que vigilar su cumplimiento, flexibilizando los requisitos para pertenecer a cada tipo de sindicato que considera la Ley actual. Entre los trabajadores independientes se tendría que ampliar, como dijimos, el concepto de sindicato (sindicatos de trabajadores por su cuenta) y especificar las instancias de negociación de los mismos dependiendo de sus características -por ejemplo las mesas de negociación entre vendedores ambulantes y gobierno, así como la posibilidad de formación de federaciones y confederaciones con sindicatos clásicos[4].

Habría que aclarar que en el plano internacional ya hay un buen camino recorrido en este proceso de ampliación del derecho laboral hacia los no asalariados y a las zonas obscuras de las relaciones laborales. En América Latina en Chile, Perú, Brasil, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Uruguay se ha ampliado el concepto de sindicato hacia estos sectores y el concepto de cuasi-patrón está en la legislación paraguaya. Cambios en este sentido pueden encontrarse en Alemania, España y otros países europeos.Una lista incompleta que proviene de estas experiencias en otros países en cuanto a derechos de los no asalariados y de sus asalariados cuando sea el caso en el sector informal sería:

-    Derecho a la capacitación Reducción de costos de registro y simplificación de trámites para estas unidades Reducción de impuestos Simplificación en derechos de propiedad Reducción en los costos de los contratos

-    Sindicalización de no asalariados y de trabajadores de zonas obscuras

-    Fomento de cooperativas

-    Extensión de la seguridad social en cuanto a seguro médico, por accidentes de trabajo, por desempleo, vivienda, maternidad Créditos

-    Regulación de las empresas familiares en cuanto jornadas, días de descanso, trabajo nocturno, infantil.

En México un avance lo constituyó el Reglamento para el trabajo no asalariado del D.E Primero, porque la problemática de estos trabajadores la remite a una instancia laboral y no de otra índole, la Dirección General de trabajo y Previsión Social. Segundo, porque define al trabajador no asalariado como aquella persona física que ocasionalmente presta a otra un servicio personal. Pese a ello, esta definición se queda corta,, porque también se pueden producir bienes, además de servicios, y no necesariamente de modo ocasional. Ddebería valer, entonces, también para una relación más permanente, ya que el actual estado de cosas, no toma en cuenta que en un 30% los trabajadores en el sector pueden ser asalariados de los primeros. Además, el reglamento está demasiado centrado en la venta ambulante y servicios en espacios públicos, dejando fuera a los que se prestan en espacios exclusivos para el cliente. Aunque reconoce el derecho de asociación de estos trabaj adotes en la forma de Uniones, las reglamenta al detalle siguiendo en su registro, estatutos, elecciones, asambleas como lo establece la Ley Federal del trabajo para los sindicatos. Sin embargo, se queda atrás al no incluir las críticas al corporativismo que se presenta con intensidad en estos sectores, al autoritarismo de los líderes y su falta de democracia, en particular se olvida de incluir el voto directo y secreto para elegir dirigente y la transparencia en negociaciones y finanzas. Finalmente contempla proporcionar servicio médico a los trabajadores registrados en una clínica dependiente del gobierno del Distrito Federal.

Sin duda que se trata de un avance que debería de contemplar a los que no trabajan en espacios públicos, aunque no diferencia entre trabajo familiar de los que trabajan como asalariados en forma continua, no incluye los derechos del cliente y favorece implícitamente al corporativismo en las organizaciones de estos trabajadores.

CONCLUSIONES

La persistencia del concepto de informalidad no debería de sesgarse hacia aspecto recaudatorios sino incluir información de la informalidad como modelo de producción y también como relación laboral que se aparta del trabajo decente, encaminada esta última hacia reformas laborales que consideren derechos de los informales en sus diversas modalidades (Portes, 1995).

Hay que reconocer en cuanto a derechos la heterogeneidad entre los que trabajan en el sector, primero a través de un concepto ampliado de trabajo y en especial de relación social de producción, que incorpore al cliente cuando sea pertinente y a otros actores no laborales: trabajadores asalariados/autónomos; en espacio cerrado a los clientes/ en espacio cerrado a la ciudadanía pero no a los clientes/en espacios abiertos a la ciudadanía/en el hogar; con punto fijo de trabajo/deste-rritorializado; material/inmaterial; reconocer los trabajos de “zonas oscuras” y analizar la conveniencia de salarizarlos jurídicamente.

Reconocer las zonas de derechos cruzados, laborales y no laborales y sus intersecciones.

Que los trabajadores no asalariados pueden ser sujetos de derechos y obligaciones, no necesariamente iguales o en los mismos rubros que los asalariados, pero los puede haber individuales y colectivos y de seguridad social.

Incorporación del concepto de sindicatos de trabajadores no asalariados y flexibilizar los tipos tradicionales de sindicatos contemplados en la Ley para facilitar la incorporación de trabajadores de las “zonas oscuras” del asalaramiento.

Que el proceso de reconocimientos de derechos es también un proceso de formalización que empieza por el registro individual del trabajador informal ante las instancias pertinentes, de sus sindicatos con incentivos materiales, con capacidad gubernamental de negociación, definiendo legalmente las instancias encargadas de esto. Todo esto no para mantener la precariedad en la que se encuentran la mayoría de los informales sino para ayudarles a transitar hacia modelos de producción más productivos que implicarían políticas económicas más inclusivas de las unidades pequeñas y micro, en especial del sector informal.

En cuanto a indicadores necesarios para quienes podrían tomar decisiones en este sector (gobierno, uniones de trabajadores, ciudadanía, partidos, empresarios, etc.) se podrían combinar los tres criterios mencionados en las definiciones del concepto: como modelo de producción, como relación laboral y su distancia con el trabajo decente y la recaudatoria. En particular: el número de asalariados, familiares y con percepciones no salariales, a comisión y sus condiciones de trabajo; los trabajadores propietarios y por cuenta propia, diferenciados de gerentes o empresarios y sus condiciones laborales; los que trabajan en relación directa con el cliente o a través de medios electrónicos; los que trabajan en locales cerrados, o en locales abiertos solo a la clientela, en espacios públicos, o bien en la habitación o sin territorio específico; los del trabajo material e inmaterial; la pertenencia a organizaciones aunque no sean sindicatos; las formas de regulación del trabajo, aunque no hayan contratos colectivos[5]; capacitación y Seguridad Social.

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Profesores-investigadores del Postgrado en Estudio Laborales de la UAMI, Email: egt570@gmail.com. y mahernan6@gmail.com, tel 52-55-58044794. Ensayos com-plementarios pueden consultarse en extenso en: http://docencia.izt.uam.mx/egt.↵

Hay reflexiones actuales sobre este tipo de trabajos, en MacDonalds o en Wal Mart, que hablan de cómo la organización tradicional del trabajo por parte de las gerencias se extiende al propio cliente. Si el cliente no "trabaja" escogiendo los productos en el supermercado u ordenando de acuerdo con un menú simplificado y preestablecido para no perder tiempo en el MacDonalds, recibiendo el alimento y descargando los desperdicios en recipientes, el servicio no se genera cabalmente. Hay quien utiliza incluso el concepto de taytorización del cliente (De la Garza, 2010)↵

La sociología del trabajo ha adoptado legítimamente los conceptos de trabajo emocional que incluye como parte importante de lo que se vende el despertar emociones agradables en la clientela (cuidado de bebés por ejemplo). Hay quien usa el concepto de "fábrica de sonrisas" y más recientemente el de trabajo estético para aquellas actividades no necesariamente artísticas en donde lo principal que se genera y se vende es belleza.↵

En México es frecuente que quienes trabajan en los espacios públicos formen organizaciones, cuando se formalizan toman sobre todo la modalidad de Asocia¬ciones Civiles. Pero esta figura jurídica tiene muchas limitaciones y en la práctica funcionan como sindicatos de no asalariados que impactan a los asalariados del cada sector↵

La definición llana del sector informal como no estructurado presenta problemas, primero porque una parte de estos trabajadores están registrados por instancias gubernamentales, así como sus asociaciones; segundo porque muchos cuentas con reglas de cómo trabajar provenientes de negociaciones ad hoc con autoridades de gobierno e incluso has Uniones de trabajadores que tienen reglas formalizadas; finalmente, porque la parte codificada se complementa con muchas reglas no escritas para el ingreso, funcionamiento y salida del trabajo.↵

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CIUDADANÍAS EN PLANTONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIOLEGAL DE LAS DESIGUALDADES A LAS PRÁCTICAS VERNÁCULAS

ETNOGRAFÍA DE DESIGUALDADES Y SEGREGACIONES A PARTIR DE LAS MOVILIDADES[1]

Morgane Govoreanu[2]

LA CIUDAD DE MÉXICO ES LA SEGUNDA aglomeración urbana más grande del hemisferio occidental (CÍA, 2010). El país, cuya economía es la catorceava del mundo, tiene una tasa de urbanzación de 78%. Es el miembro más desigual de la OCDE (2010, 2011, 2012) y la segunda ciudad más desigual del mundo, con su 50% de la población viviendo debajo de la línea de pobreza. Es una ciudad organizada alrededor de la fragmentación del espacio urbano y el confinamiento de las clases medias y superiores (Guerrien, 2006). Es en este contexto que los plantones, un tipo de campamentos políticos, constituyen un caso pertinente para el análisis de las desigualdades y segregaciones en la Ciudad de México. Los plantones, constituidos, generalmente, por poblaciones relegadas, denegadas o reificadas (según los criterios de Honneth, 2007), se encuentran en lugares céntricos de la Ciudad de México- veremos, por ejemplo, la compleja relación entre éstos y el Zócalo de la Ciudad de México.
Los plantones se parecen a los campamentos de indocumentados en situación habitacional precaria que se vieron en París en el invierno 2006/2007 y a los campamentos de veteranos de la guerra de las Malvinas observados en el año 2009 en Buenos Aires. Pero sus dispositivos técnicos son diferentes. Es decir, no se trata de tiendas de campaña tipo iglú, a menudo demasiado caras, sino lonas de plástico sobre estructuras metálicas, cuyos colores a veces representan algún partido o asociación civil. Se diferencian de los “campamentos de damnificados”, nacidos a raíz del terremoto de 1985 cuyas huellas se dejan entrever en los baldíos o solares desocupados de la ciudad. También difieren de los agrupamientos de Indignados, por su morfología y sus reivindicaciones legibles en sus mantas. Morfológicamente, son semejantes a otras formas globales de movilización social que adoptan la figura de campamento (de ecologistas, por ejemplo, o de migrantes). Este artículo se concentra en su filiación con dispositivos históricos mexicanos de movilización, reivindicación y protesta social.

Los plantones han sido armados para reivindicar múltiples causas, como la oposición a la reforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación, el reclamo de presupuesto para la vivienda en el Distrito Federal, la denuncia de violencias y sangrientas represiones, la demanda de apoyos jurídicos del D.E, la aplicación de acuerdos firmados y los pedidos de ayuda y apoyo de distintos sectores económicos (campesinado, obreros, transportistas). Están montados y mantenidos por grupos tan heterogéneos como sus causas: el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (plantón observado en la plaza del Caballito, marzo 2007-agosto 2008), organizaciones para vivienda como Asamblea de Barrios, la Organización Nacional del Poder Popular y el Frente Popular Francisco Villa (entre otros, observados en un plantón de diecisiete días, en diciembre de 2007, frente a la Cámara de Diputados del Distrito Federal), comunidades autóctonas de la Huaxcaleca, Estado de Puebla (plantón en el D.F de 2007 a 2009, hasta quedarse en la ciudad), trabajadores de una cafetería que fueron estafados por sus patrones (el colectivo Cafetlan, mayo de 2007-noviembre de 2008), un plantón de apoyo a presos políticos (Frente Popular en Defensa de la Tierra, Otra Campaña en Texcoco, de 2007 a 2011), comerciantes opuestos al Grupo Casa Saba (sociedad bursátil inscrita en pluriactividades; observados 2008-2011), grupos diversos (pero ni juntos ni mezclados) de campesinos, como Antorcha Campesina, asociación civil cercana al PRI y los 400 Pueblos conocidos por manifestarse desnudos en las calles y plazas de la Capital. Los ejemplos de plantones son tan amplios y heterogéneos en cuanto a las causas promovidas como los participantes de los plantones, llamados plantonistas. En los plantones se pueden observar algunas similitudes y peculiaridades que permiten interrogarse sobre las relaciones entre desigualdades y segregaciones. Se trata de cuestionar algunos de estos vínculos porque, como lo señala Sabatini (2003), desigualdad y segregación urbana no se asocian ni tienen necesariamente consecuencias negativas. Eso es particularmente cierto con los plantones.

La idea que el artículo sostiene es que los plantones constituyen un tipo paradójico de inscripción espacial de desigualdades en la Ciudad de México. En ello se expresan, mediante la visualización -puesta en escena- de las demandas sociales y las acciones ciudadanas, de segregaciones socio-espaciales que buscan, al mismo tiempo, subvertir este orden. Los plantones, entonces, son un caso particularmente pertinente para explorar los mecanismos políticos que participan de la espacialización de estratificaciones y desigualdades socio-económicas. A la inversa, permiten contemplar cómo configuraciones y estratificaciones espaciales contribuyen a definir o transformar relaciones sociales y rodajes políticos. La desigualdad está entendida en su acepción relacional más amplia, vinculada a diferencias -de ingresos, de consumo- y a la dispersión de distribuciones (Solimano, 2000). Se vincula a la segregación, definida preliminarmente tanto por los agru-pamientos electivos y protegidos mediante construcción de barreras físicas “ante los riesgos de la ciudad y [en busca] de mejor calidad de vida”, como por la marginación espacial de “grupos en condiciones sociales y económicas desventajosas, de exclusión y de pobreza urbana que habitan localidades que condensan múltiples carencias en el acceso y provisión de bienes, servicios e infraestructura urbana (Schteingart, 2001, Sabatini, 2003)” (Ramírez Kuri, 2006: 11).

Para este artículo he definido los plantones a partir de su morfología. Pero, además, los plantones refieren a los plantonistas -los que montan, mantienen y levantan los plantones- considerando la relación sinecdótica de los primeros con los segundos. Se hace referencia, entonces, a los plantones como grupo y espacio. Muchas veces estos sentidos se sobreponen. También se considera la heterogeneidad de los plantones en sus causas y modos operatorios, en sus respectivas organizaciones internas, sus relaciones a los múltiples actores sociales y sus grados diversos de institucionalización.

A partir de cuestiones, conceptos y métodos de la antropología política, se pretende contribuir a los debates de los estudios sobre desigualdad. Se parte de un marco epistemológico metodológico heteróclito y construido a partir del proceso rizomático (Deleuze & Guattari, 1972: p. 13) que permite cruzar tipos de datos, informaciones y argumentos que pertenecen a planos diferentes, a veces de diferentes escalas y raramente puestos en común, esperando hacer emerger nuevas ideas sobre las relaciones entre desigualdad y segregación. Además, el enfoque se inspira en la etnografía de los espacios públicos (Jose-ph, 1998: 119; citado en Monnet, 2007: 52), para abordar la ciudad “[pensando] las relaciones de conjunto, [reflexionando] a la manera en que los grupos sociales se perciben unos frente a los otros, cómo definen su territorio en oposición o complementariedad con los otros territorios participando de un mismo conjunto urbano” (Raulin, 2001: 68 traducción propia). Además, la reflexividad tuvo un rol central en tanto el campo fue interpelando las condiciones de investigación; las representaciones sociales fueron modificando las elecciones metodológicas -un problema mayor de los estudios sobre desigualdad- y las relaciones del investigador con sus informantes (Comaroff & Coma-roff, 1993) fueron centrales.

En un primer momento, se distinguirán algunos lazos existentes entre desigualdades y segregaciones en la Ciudad de México, enfa-tizando algunas aparentes contradicciones. Abordando el modo en que éstos se presentan mediante los plantones, realzaré la importancia que tienen las particularidades en las circulaciones en la metrópoli; ello permitirá entender y aportar una mirada nueva sobre los estudios de desigualdad y segregación urbana a partir de las movilidades. Luego, se planteará un factor explicativo de estas desigualdades y segregaciones subrayadas por los plantones y vinculadas con las movilidades en la Ciudad de México: el contexto constitucional y legal. Por último, se examinarán las desigualdades y segregaciones sufridas y reproducidas por los plantonistas y en que estas relaciones influyen sobre la construcción de concepciones y prácticas vernáculas de ciudadanía.

PLANTONES EN MÉXICO: ¿EVIDENCIAN DESIGUALDADES Y SEGREGACIONES SOCIOESPACIALES?

Los plantones se instalan en la Ciudad de México. Ésta se presenta como global. Tiene su centro histórico vitrina (Leal, 2007) y está fuertemente segregada espacialmente (Caldeira, 2000). Es en la capital nacional donde se afirma el sistema político, caracterizado por las retoricas de transición que obliteran el actual liberalismo autoritario y una sociedad mestiza, basada en la jerarquización racial, a pesar del codeo espacial. Ha ocurrido una transición urbana de la ciudad pedestre a la ciudad motorizada (Simón y Seither, 2004). La Ciudad de México, como se muestra en el mapa, está organizada esencialmente alrededor de las vías de circulación automovilística, donde los ejes de tránsito dibujados en el mapa 1 tienen al menos seis u ocho vías, lo que da una idea de las políticas públicas de pla-neación urbana porque numerosos lugares de la ciudad perderían sentido sin coches. Retomando las tesis de Lefebvre (1974), de Har-vey (1994) y de Derek (1994) sobre la espacialidad de la vida social, se entiende que el espacio no sólo es una simbolización de la vida social sino que también las prácticas espaciales tienen impactos en relaciones y fenómenos sociales. En esta línea cabe preguntarse de qué manera las desigualdades y segregaciones que realzan los plantones actuarían en las percepciones y prácticas del espacio social (Wasmer, 2012, OFCE: 4); cómo estos fenómenos dan “sentido en términos de la estructura social y espacial de la ciudad” (Saraví, 2008: 94). Los plantones muestran la invasión de la ciudad, por desigualdades y evidencian segregaciones socioespaciales.

Constituyen, a la vez, la denuncia espacializada de desigualdades y segregaciones y son un intento de subversión. Así, el hecho de plantarse, detenerse o inmovilizarse[3] en plazas peatonales, en glorietas y en banquetas de la capital donde imperan los flujos de automóviles, peatones, ciclistas y demás, plantándose en lugares centrales en términos de conexión y de poder, sque e oponen a los ritmos de la ciudad, sus pulsos y perpetuos flujos.

Una fuerte contradicción presenta la omnipresencia de los plantones en el paisaje de la ciudad rente a su aparente invisibilidad. Los plantones están presentes en toda la ciudad: en sus principales plazas -en particular en el Zócalo- a todo lo largo de la avenida Paseo de la Reforma -los “Campos Eliseos” mexicanos- y, especialmente, en algunos puntos nodales como la plancha del Zócalo, la “plaza Caballito” y el parque Chapultepec. Son permanentes en el paisaje de la ciudad: cuando se levanta uno, se instala otro. Aparte de los plantones emblemáticos que se instalan en el Zócalo, hay varios plantones en otras partes de la ciudad. Es el caso del plantón del Cafetlan, en el centro de Tlalpan o el de la Otra Campaña, frente al penal de Molino de las Flores, en Texcoco[4], ciudad-satélite de la capital. Estos lugares forman parte de “nuevas centralidades” (Duhau y Giglia, 2007) y son de los más antiguos[5] de la ciudad.

La presencia de los plantones en lugares simbólicos de la ciudad es más que visual. Cada día, los programas matutinos de los canales de radio anuncian los plantones previstos para proponer a los angustiados automovilistas rutas alternas para calmar sus ansias de llegar lo más pronto posible a sus lugares de trabajo. Por las noches, los programas vespertinos recapitulan los plantones que ocurrieron y anuncian los previstos para el día siguiente, subrayando las calles cerradas y los itinerarios aconsejados, para evitar horas interminables de tráfico. Los plantones alimentan las pláticas cotidianas. Cada uno de los usuarios, tanto habitantes, como transeúntes -regulares u ocasionales- sufre algún plantón: porque se encuentra cerca de su empleo o de su vivienda, porque estorba las circulaciones o movimientos en la zona; porque afecta la economía de hoteles y restaurantes al instalarse los plantones frente a éstos. Los vecinos del Monumento a la Madre, donde se instalaron durante años consecutivos los 400 Pueblos, todavía hablan de lo que causaban estos habitantes temporales: desechos, malos olores (orina, basura, excrementos), desorden e inseguridad; según afirman, los participantes se lavaban en la plaza pública con cubetas y se mantenían despiertos a cualquier hora del día y de la noche. La omnipresencia de los plantones en el paisaje urbano, en los discursos mediáticos y en las pláticas comunes y corrientes, no impide que pasen desapercibidos debió a lo se puede nombrar como un proceso de invisibilización. Más allá de las conversaciones cotidianas que se producen entre vecinos de la ciudad, sumado a la falta de estudios científicos fundamentados, son los periodistas y escritores, con más o menos éxito, los que se han erigido como las voces autorizadas para hablar de ellos. Así, se observa una forma de segregación discursiva.

En la práctica, los plantones son social y espacialmente evitados por los usuarios de la ciudad, sean habitantes de zonas colindadas, trabajadores o visitantes ocasionales. Una explicación reside en la naturalización de los mecanismos de desigualdad y segregación que sufren: a partir de su estigmatización y de su negación como sujetos dignos (de ser escuchados, vistos, considerados) a partir de múltiples discursos y argumentos desacreditadores. Además de ser señalados según ciertos estereotipos etnoraciales -ver tercera parte de este artículo- son acusados de corrupción, anarquismo y de tomar la ciudad como rehén de sus problemas. Los plantones son sometidos a una indiferencia generalizada que se manifiesta por estrategias de evasión que se legitiman mediante discursos de estigmatización y negación. Además de un descrédito que se podría decirse político social, sufren discriminaciones estadísticas (Arrow, 1973; Phelps, 1972) o son objetos de discursos de repetición. Por ejemplo, habitantes que viven cerca de un área donde se instala un plantón, suelen repetir los discursos mediáticos sobre ellos (huelen feo, son nidos de anarquistas anti-sociales, etcétera), aunque puedan desarrollar a lo largo del tiempo, a través de convivencias al principio forzadas, discursos excepcionalistas del tipo: “lo que se dice sobre plantones es cierto, aunque los plantonistas cerca de mi casa no son así”. Esto se observó en cada sitio en que se hizo trabajo de campo, con vecinos y cercanos de plantones y aquellos quienes tuvieron alguna ocasión de frecuentarlos. Estas lógicas de evasión se explicarían como parte de la naturalización de las desigualdades: la culpabilidad de los pobres por su situación, como lo escribe María Cristina Bayón (2011). Son inculpados por la relegación y su localización en lugares periféricos, a diferencia de las clases altas, que viven y transitan por el corazón de los centros comerciales e institucionales. Los espacios comerciales usados tanto por clases altas y medias como por clases populares -aunque con menor frecuencia- no escapan a estas prácticas sociales de relegación ni a los procesos económicamente diferenciados de los espacios comunes[6]. Los plantones son una manera de oponerse espa-cialmente -y físicamente- a estas lógicas.

Estos casos, en dónde las dinámicas de invisibilización y naturalización de las desigualdades (de las segregaciones) presentan un problema para los estudios de desigualdad basados en las articulaciones entre métodos de medida y análisis que se va a desarrollar. Los indicadores y datos censales o estadísticos han sido criticados, suscitando debate por sus significados disimiles y las múltiples interpretaciones que abren (Saraví, 2008: 94). Como escribe Saraví: “la segregación espacial urbana puede entenderse como una dimensión específica de un proceso general de diferenciación social (Barbosa, 2001), y en este sentido es posible reconocer múltiples criterios a partir de los cuales puede tener lugar. Sin embargo, la relación resulta aún más densa si entendemos que la división social del espacio urbano es una espacial que, si bien no agota, es reflejo de la estructura social” (Saraví, 2008: 93). Para desglosar esta complejidad aparecieron conceptos tales como desigualdades estructurales y desigualdades dinámicas (Rosanva-llon y Fitoussi, 1996). Sin embargo, a pesar de los avances y en pos de afinar las investigaciones, muchas de éstas se han quedado en un nivel descriptivo. En contra de estas corrientes, algunos investigadores han propuesto centrarse en un “marco teórico interpretativo” para “darles sentido, proveer una lectura especifica de la realidad social en un contexto particular” (Saraví, 2008: 94). A estos enfoques se han añadido la reintroducción de datos censales como parte medular para capturar otros fenómenos, tales como las movilidades y segmentaciones socioeconómicas (Vignoli, 2008: 49). De igual manera, estudios geodemo-gráficos permiten captar las diferenciaciones socio-demográficas del espacio urbano, usando métodos sacados de la geodemografía y del geomárketing (Aguilar, Mateos, 2011: 5). Propuestas originales preconizan la fotografía, porque “la fotografía, además de interpretarla, también captúrala realidad” (Sontag, 1996: 16), y más específicamente de la fotografía aérea (Roca, 2011; Zamorano Villarreal, 2004).

Para aportar una respuesta propia a los debates metodológicos de los estudios de desigualdad (Saraví, 2008: 93-94; Rosanvallon y Fitoussi, 1996; Vignoli, 2008: 49; Sontag, 1996: 16; Roca, 2011; Zamorano Villarreal, 2004) una hipótesis adoptada es que los plantones, definidos como dispositivos pragmáticos de movilización social, deben de ser estudiados en situación pero no sólo como los eventos emblemáticos a los cuales están a menudo reducidos (manifestaciones, marchas, performances o acciones públicas y mediáticas), ya que éstas forman parte de modalidades de acción a las cuales recurren movimientos sociales, no siendo exclusivas de los plantones. Las prácticas espaciales de los plantonistas, no son simplemente indicadores de concepciones espaciales, sino que traducen relaciones de poder, de solidaridad, de afinidad, de dominación o sujeción, que tendrían que ver tanto con órdenes o normas de la ciudad -entendida como más que la suma de sus partes por las políticas, deseos y voluntades que la atraviesan- y con alguna estructuración u ordenación social, económica, cultural y política. Se trata, entonces, de combinar las fuentes de datos -censales, estadísticos, narrativos y estudios interpretativos- para entender cómo funcionan las desigualdades y segregaciones observadas y aquello que está en juego. Así, como se decía en introducción, los plantones son un tipo paradójico de inscripción espacial de desigualdades en la Ciudad de México, porque sus estrategias espaciales fueron reusadas por el Gobierno de la Ciudad de México (a partir del año 2008) para reconquistar cada lugar ocupado por los plantones entre 2006 y 2007. El carácter paradójico de los plantones, reside también en otros aspectos que se van a desarrollar.

EL PARADIGMA DE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO: EJE DE DESIGUALDAD Y SEGREGACIÓN

Las movilidades constituyen un componente crucial de lo cotidiano de los plantones en la Ciudad de México y una apuesta para las instituciones de la ciudad. Se entiende por movilidad, en un sentido muy amplio, a los desplazamientos de un punto a otro, corriendo las motivaciones al centro del análisis. Migraciones, circulaciones, movilidad cotidiana, turística o recreativa[7], tienen sus respectivas y diversas temporalidades y espacialidades y dibujan, más allá de una cartografía de los flujos en la ciudad, experiencias cotidianas. Como lo recuerda Gakenheimer (1998), los desplazamientos constituyen una parte importante de las jornadas, particularmente en América Latina, donde los desplazamientos cotidianos son de los más largos del mundo. Se añade a esto la crisis permanente (Figueroa, 2005) de los sistemas de transporte urbano latinoamericanos. México no es la excepción. En primer lugar, por el número de poseedores de vehículos. Como lo muestra la siguiente tabla, en los hogares de más bajos ingresos (85% de los hogares), sólo el 10% de ellos cuenta con al menos un auto, mientras que los hogares de más altos ingresos, entre el 75% y el 90% de ellos cuentan con al menos un auto (CTS Mexico-INE, “Analysis of the automotive Industry in México”, 2009). Esto muestra una primera desigualdad entre clases medias y altas -motorizadas- y las clases populares -pedestres. Si a ello se suma “la localización periférica de los grupos pobres” (Vignoli, 2008; Bayón, 2011; Aguilar, Mateos, 2011) que sugiere relegaciones espaciales, la desigualdad es aún mayor. Estas desigualdades y segregaciones son visibles en las movilidades. Por ejemplo, de los 4.8 millones de viviendas que existen en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), menos de la mitad (2.2 millones) disponen de vehículo motorizado. Como lo muestra el cuadro (2), de los viajes que se efectúan de un sólo modo, los automóviles concentran 92.3% de éstos.

Estas movilidades son desiguales y diferenciadas por varios criterios, entre los cuales figuran el lugar de origen (migración intrametropolita-na o extrametropolitana), el nivel de educación y la condición socioeconómica (cuadro 3 y 4). Muchos usuarios de la ZMVM invierten hasta tres horas de transporte en sus viajes cotidianos (Baranda, 2006). La cantidad diaria de movilidades y desplazamientos en la Ciudad de México, cualquier sea el origen del migrante urbano, confiere a la Ciudad de México el primer lugar en América Latina, frente a Santiago, Rio de Janeiro o Sao Paulo (Vignoli, 2008: 66). La interpretación de estas desigualdades esta complejizada por el hecho de que “una movilidad positiva para un grupo favorecido puede transformarse en precariedad para grupos desfavorecidos” (Bonnet y Desjeux dir, 2000: 18).

Esta importancia de las movilidades se da a ver a cualquier transeúnte en las calles de la capital y parece prolífica para los estudios de los plantones. El tema de las circulaciones urbanas -entendidas aquí como casi-sinónimo de desplazamientos o movimientos- apareció no sólo en las observaciones sino también en las entrevistas con los plan-tonistas, por sus relaciones con los circulantes, tanto de la ciudad -por ejemplo: los vecinos de un plantón- como de los usuarios ocasionales, tales como los turistas nacionales o internacionales. La Ciudad de México está organizada alrededor de la movilidad y de las circulaciones (Vignoli, 2008) que forman parte del cotidiano de los usuarios de la ciudad (Anaya Arenzana, 2010).

LOS DESAFÍOS JURÍDICOS DE LOS PLANTONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Dentro de este contexto, se trata de entender por qué las discusiones sobre movilidad se cristalizan sobre los plantones. Una respuesta que apareció en la etnografía es la fuerza de un dilema jurídico constitucional entre libertad de tránsito y derechos de expresión y reunión.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos da definiciones jurídicas que oponen varios derechos de los sujetos de garantías (esquema 1). Por un lado, los derechos de expresión y de manifestación, definidos en el artículo 6 de la Constitución de 1917 y de libre reunión y asociación del artículo 9, que se oponen al de libre circulación del artículo 11. El artículo 9 enuncia los límites de estos derechos, a saber la ley y los derechos de terceros. Por ejemplo, estas organizaciones no pueden injuriar ni amenazar nada o nadie, so pena de ser disueltas o declaradas ilegales. El artículo 7 menciona que no deben amenazar “la vida privada” y la “paz social”. El carácter borroso de estos conceptos explica que interpretaciones excesivas vuelvan estos derechos inoperantes.

Entonces, estudiar los plantones lleva a tomar en cuenta las movilidades. Esta perspectiva permite entender ciertos inasequibles aspectos. Por ejemplo, contrariamente a los prejuicios, la etnografía demuestra que los plantones no bloquean las vías de circulación en la ciudad, porque se instalan a fuera de ellas, en glorietas, banquetas, plazas, siempre zonas peatonales a fuera de las vías de circulación, como lo hacen los 400 Pueblos. Una excepción reluce: en la avenida Paseo de la Reforma, Antorcha Campesina hace plantón frente a la Secretaría de Agricultura, instalándose en uno de los carriles de las vías alternas, es decir ocupan un carril sobre los doce totales (ocho centrales y cuatro alternos). Son los mismos transeúntes pedestres o motorizados, que se detienen para sacar fotografías de los plantones que encuentran o intercambiar palabras de apoyo o invectivas, con los plantonistas; son ellos, y no los plantonistas, quienes frenan hasta bloquean la circulación de los usuarios de las vías públicas. Del mismo modo, las instancias de concertación política del gobierno del Distrito Federal tienen menos en consideración los plantones en comparación con sus dos correlatos, que son los bloqueos y las marchas, porque tienen menos impacto vial según sus estadísticas y cálculos, basadas, entre otros criterios, en el tipo de vías afectadas, el nivel de bloqueo vial que generan, su recurrencia, el número de personas involucradas.

Más allá del dilema constitucional que realzan, los plantones interrogan varios paradigmas jurídicos del sistema político mexicano. El primero es la oposición entre movilidad e inmovilismo: ¿en qué el derecho a circular libremente está sobrepasando los derechos de expresión y manifestación?, ¿qué significa y conlleva esta jerarquizaron de los derechos[8]? De allí: ¿quiénes son los que pueden y los que no, disfrutar del derecho a circular libremente? ¿En qué este derecho revela desigualdades socio-económicas entre grupos cuyas prácticas espaciales son diferenciadas? Una hipótesis es que los problemas viales consisten en conflictos de interacción que se concentran en los espacios públicos y, por eso, están vinculados con desigualdades entre los grupos involucrados en la interacción. Por eso también, se cristalizarían en los plantones que ocupan espacios públicos. Se puede contemplar la desafección de los espacios públicos donde se ubican los plantones, por las clases media y alta (Oyhandy, 2004: 156), ya que sólo los pobres necesitan del espacio público: “no pueden permitirse prescindir del espacio público. Los pobres tienen que vivir en él” (Borja, 2003: 60). Estas situaciones de diferenciación espacial entre grupos socioeconómicamente desiguales también explican las estrategias de evasión no sólo de las clases superiores, sino la huida generalizada de los espacios públicos. Esto lleva a plantear dos preguntas: ¿en qué se volvieron las interacciones sociales en el espacio público, antes elementos de seguridad social, componentes de una inseguridad percibida, que lleva a construir murallas socio-espaciales, a veces tangibles pero a menudo invisibles mediante procesos de segregación?, ¿cuáles son los mecanismos de estas estrategias de distancia-miento y evasión a veces espaciales pero siempre socio-económicas y raciales? Un estigma de estos enfrentamientos y de estas lógicas de diferenciación se ilustra en la nueva reivindicación que florece en los discursos sociales y mediáticos, ilustrando también el carácter polimórfico de esta oposición entre movilidad e inmovilismo, es la reivindicación creciente de un “derecho de estacionamiento” por habitantes y trabajadores de la ciudad, al cual se oponen otros, en nombre de un derecho peatonal a circular libremente en las banquetas de la capital (Salvador Medina, 2011).

De este reto proviene otro: la regulación de los derechos de expresión y manifestación, a partir de la supremacía de la circulación. Así, el plantón de las diferentes asociaciones urbanas para la vivienda en diciembre de 2007, frente a la antigua asamblea legislativa del Distrito Federal, además de pedir presupuesto para la vivienda antes de la votación de la reforma del código financiero, se opuso al examen del proyecto de reforma judicial que preveía entre otros, de legislar sobre los plantones, que visaba a limitar su derecho mediante medidas prohibitivas como la interdicción de ocupar varios días un lugar público sin autorización y permiso previo, con la obligación de manifestar por escrito a la Corte de Conciliación las razones de la movilización. El proyecto se queda en los arcanos del poder legislativo, y está regularmente sometido a discusión, como en febrero de 2008, cuando suscitó una viva oposición porque era considerado como un retroceso en materia de derechos humanos. Este primer antagonismo pone de relieve un problema central: él de la diferenciación entre búsqueda de reconocimiento (Honneth, 2000) o de redistribución e, in fine, el dilema de justicia social que se encuentra en estas dos vertientes. Los plantones ilustran muy bien cómo las primeras, las luchas de reconocimiento, van ganando terreno de las segundas, las luchas para redistribución. Esta diferenciación entre distribución y reconocimiento, según Nancy Fraser, corresponde a “diferenciaciones socio-estructurales históricas” (Fraser, 2005), más allá de su oposición creciente y de la dominación de las luchas de reconocimiento sobre las luchas para redistribución. Para esta investigadora, se trata entonces de tomar en cuenta las condiciones de paridad de participación y las condiciones intersubjetivas. Según ella, hay que trascender esta falsa oposición para entender los vínculos entre las dos: ¿en qué la deconstrucción de los mecanismos de dominación puede favorecer la ecualización de las condiciones económicas, e inversamente? Para profundizar la deconstrucción de estos mecanismos, hay que interesarse a los estigmas que llevan los plantonistas ellos-mismos.

LAS DISCRIMINACIONES DE LOS PLANTONISTAS: ENTRE EXCLUSIÓN ESPACIAL Y CIUDADANIZACIÓN

Los grupos que montan los plantones en la Ciudad de México provienen, en gran parte, de las afueras de la ciudad, del Estado de México o de otras provincias. De todos los plantones observados entre 2007 y 2011, más de la mitad de los plantonistas provenían de otros Estados de la República. Sólo por ser de afuera son marginados. Se los ve como que tienen una cultura más tradicional por sobre una cultura globalizada, encarnada por el uso de ciertas tecnologías, por usos diferenciados del lenguaje y por ciertos códigos. A ello se añade una diferenciación fenotípica[9]: la gente que tiene piel más oscura y rasgos faciales más autóctonos son considerados como indios, lo que genera desprecio. Estas visiones están basadas en estereotipos que, al mismo tiempo, se refuerzan: los indios asociados al campo y al peonaje (Oemichen, 2010: 65). Los 400 Pueblos, por ejemplo, que hacen plantones regulares de varios meses de duración en la Ciudad de México una a dos veces al año, poseen algunos de estos rasgos de menor prestigio. Los miembros de la Unión Nacional Anáhuac originarios de Estos estereotipos son un estigma de desigualdades étnico-culturales. Estas desigualdades llevan a la exclusión de estos estigmatizados y menospreciados en la metrópoli y contribuyen a las segregaciones: “la dialéctica de la negación del otro precede a la dialéctica de la exclusión. La negación no se interrumpe: se transmuta. En la historia de la región hay continuidad temporal entre la negación y la exclusión: los descendientes de los negros que fueron esclavos traídos de África, y de los indios que fueron sometidos por la conquista, son hoy, en su mayoría, pobres y marginados (aunque no sean los únicos pobres o marginados). El estigma no se interrumpe ni con las revoluciones de la independencia, ni con las empresas modernizadoras, ni con el Estado de derecho” (Calderón, Hopenhayn y Ottone, 1996: 68). Más allá de los estigmas que conllevan los plantonistas, éstos reivindican su pertenencia a la Nación como ciudadanos. Los plantones serian, según los plantonistas y en contra de los discursos mediático políticos, prácticas ciudadanas.

Contrariamente a las imágenes de sentido común que los representan cerrados sobre ellos mismos, agresivos y aislados de los usuarios de la ciudad, los plantones inscriben espacialmente su relación tanto con las instituciones, o delante de ellas, en las plazas, glorietas que les hacen frente. Reclaman su relación con sus con-ciudadanos capitalinos, plantándose en los espacios cercanos a sus viviendas o lugares de trabajo y siendo, a pesar de las estrategias de evasión, lugares de contacto y encuentro social. Primero reivindican su pertenencia, a un conjunto, a una comunidad, principalmente nacional -el ser “ciudadano mexicano”- sin negar su arraigo local, mostrando la confusión del término ciudadano como pertenencia a una comunidad nacional (Recondo, 2007), local o hasta citadina (Govoreanu, 2012). Materializan su pertenencia instalándose en los centros neurálgicos de la ciudad, reclamando su derecho a ser visibles y audibles, vistos y escuchados. Piden ser reconocidos dentro del conjunto nacional como grupos legítimos. Piden ser reconocidos como personas legítimas para tomar la palabra, la atención pública, y como defensores de causas -sus intereses como grupos particulares como legítimos dentro de la Nación -porque son validos, porque son potencialmente generalizables o simplemente porque representan intereses de un grupo nacional y su demanda parece justa. De igual manera, piden ser reconocidos como voces audibles y dignas de ser escuchadas en la esfera pública, a la vez espacios públicos y arenas de la palabra pública. Piden la legitimidad necesaria para reivindicar el acceso a derechos e in fine, el derecho de tener derechos. Estos derechos no son sólo derechos enunciados jurídicamente; piden también otros derechos que no son estatales, lo que lleva a replantear la pregunta del lugar del derecho como capacidad de pedir derechos en la reivindicación de igualdad. Como lo nota Marión Carrel (2006: 39), este desplazamiento de “yo quiero” a “tengo derecho a” -y a veces al “tenemos derecho a”- es el marcador de una ciudadanía activa mediante la concientización de derechos comunes, de un problema o una configuración estructural, del vinculo entre un caso particular a cuestiones sociales y políticas.

Esto toma lugar en espacios públicos o, al menos, colectivos. En este sentido, los plantones son vividos como un tipo de actividad pública extrema, en respuesta o dirigida hacia lo político y, en general, hacia ciertos políticos particulares. Ejercen de esta manera su derecho a opinar, reaccionar y hasta oponerse a decisiones gubernamentales. Pero de este mismo modo revelan violencias y mecanismos de dominación socio-espacial y los ilustran de manera paradigmática, tanto por su posición en la ciudad como por las reacciones que generan por los diferentes actores y agentes. Siguiendo la visión cinética de la ciudad que propone Anne Raulin (2001: 177 y sig.) “cada sector existe por su puesta en relación con otro, y esta relación se expresa a menudo en términos de percepción, de gusto o disgusto en el conjunto urbano, privilegiando algunos itinerarios, o condenando otros”. Las prácticas y estrategias para evitar los plantones y los plantonistas traducirían el disgusto y displacer de los usuarios de la ciudad hacia ellos. Los plantonistas encarnarían ciudadanías desiguales y segregadas en los espacios públicos de la Ciudad de México. Estos espacios públicos son claves para entender las relaciones tejidas entre desigualdades, segregaciones y cotidianidades. Definidos tanto como bien común, espacios de construcción de ciudadanía y de procesos de subjetiva-ción política, pero también espacios: de contacto social, de construcción social, de conflicto y de relaciones de poder. Plantean entonces el problema de las condiciones de acceso a los espacios públicos y los modos y tipos de procesos de subjetivación política que generan, en contexto de fuertes desigualdades y segregaciones socioespaciales.

Esta cuestión de accesibilidad abre la de los conflictos y violencias (Wieviorka, 1999), reduciendo los ciudadanos a delincuentes (Raulin et al, 2004: 290). Los plantones pueden ser definidos como dispositivos operatorios idóneos de movilización social en un conflicto. Se caracterizan por los sistemas políticos en los cuales se desenvuelven así como por los regímenes políticos -por ejemplo en México, el “liberalismo autoritario” con sus idiosincrasias tales como la impunidad y la ineficiencia judiciarias- o los sistemas sociales- en México: el caciquismo, el compadrazgo, el “cuatismo”[10] o las jerarquías de la sociedad mestiza. También se caracterizan por las situaciones en juego -es decir el campo de posibilidades, oportunidades y las necesidades sociales contemporáneas-, las idiosincrasias de los agentes sociales implicados (clase social, pertenencia étnica, etc.) así como por la naturaleza de la reivindicación (urbana, rural, jurídica, étnica, corporativista, laboral, etc.). Los plantones influyen en las construcciones de sentido y en las subjetividades, las identidades y el cambio social según los recursos y las capacidades de agencia de los actores, las relaciones de fuerza y las estructuras de poder, así como las formas de acción a las cuales recurren (Govoreanu, 2010). Esta definición revela las relaciones de poder y los juegos de fuerza; por ejemplo las narrativas despreciativas de los medios de comunicación sobre los plantones, en colusión con intereses políticos: de catástrofe vial a plaga socio-económica, los plantones encarnan todo lo negativo de las masas, el carácter apático y paralizante de la acción colectiva -con la retórica de los “rehenes”. Estas narrativas ya forman parte de los imaginarios de los usuarios de la Ciudad de México: éstos últimos podrían solidarizarse a las causas promovidas por los plantonistas, como lo revelan entrevistas con vecinos de los plantones, pero se oponen a ellos a causa de las agresiones que perciben en su cotidiano. Paralelamente, los discursos, narrativas así como las estadísticas[11] dan cuenta de un descrédito endémico de las élites y de las instituciones políticas, lo que explicaría la “pasividad electoral” mexicana; pero: ¿cómo entender entonces las formas sincréticas e idiosincrásicas de participación civil o de rebelión -por ejemplo en caso de hambruna o de injusticia- llevando el hecho a la plaza pública, plantándose, y eso, desde la colonia española, y quizás, con menor frecuencia y grado, mediante mecanismos y con consecuencias diferentes, desde la época precolonial en el Valle de México, como lo mencionan algunos Códices mesoamericanos[12]? Igualmente, ¿cómo entender que el Gobierno perredista del Distrito Federal (D.F.), dirigido durante la etnografía por Marcelo Ebrard y caracterizado por su política económica neoliberal, llevó a silenciar los plantones?, mediante políticas demagógicas (conciertos, festivales) y prácticas palatinas (rehacer banquetas o tuberías) que retoman el derecho al esparcimiento del D.F. (art. 44 de la Constitución), es decir la obligación por parte del D.F de proveer los espacios necesarios a sus habitantes, tanto en términos de alojamiento, actividades económicas como recreativas. Así, el Zócalo; es decir, la plaza del Palacio de Gobierno de la ciudad, ya no está disponible como lo estuvo hasta el 2006. Está perpetuamente ocupado por espectáculos de luz y sonido (septiembre), la fiesta del día de muertos (noviembre), la pista de hielo (diciembre-febrero) o, por ejemplo, exposiciones gigantes de fotografías (febrero de 2010) entre otros eventos como ferias del libro, conciertos de música y desfiles institucionales. ¿Cómo entender estas prácticas espaciales sin ver que contestan a una estrategia política del Partido de la Revolución Institucional (el PRI), que dirigió el país durante setenta años y que financia directa o indirectamente cuatro de los ocho plantones estudiados entre 2007 y 2011 para descreditar el Gobierno perredista -de izquierda- que gobierna el DF desde 1997 y que, por deología,??? no puede romper violentamente los plantones? Siguiendo a Saraví, la conflictividad social en la Ciudad de México sería un síntoma mayor de las desigualdades y segregaciones socio-espaciales vividas y los plantones , un tipo paradójico de inscripción espacial de desigualdades que traducen la estigmatización y la exclusión socio-espacial de los plantonistas, sometidos a relaciones de dominación. Los plantones constituyen una inscripción espacial paradójica porque sus estrategias espaciales fueron reusadas y aniquiladas por el Gobierno de la Ciudad, quien reconquistó cada uno de los espacios de los plantones seguidos durante la etnografía.

Para concluir, se puede plantear de nuevo la pregunta que hiciese Gonzalo Saraví en su impactante artículo sobre desigualdad y segregación en la Ciudad de México (2008): ¿de qué nos habla la segregación urbana en México?. La respuesta puede ser que nos habla de los plantones y de los plantonistas, discriminados y segregados, quienes intentan denunciar por todas formas, inclusive espaciales, estas díñamicas. Más que los mundos aislados que los plantones pueden parecer a primera vista, lo cierto es que son rodajes de los mecanismos políticos y urbanos de la Ciudad de México, cuyos engranajes tienen que ser explicitados. Pero esto es materia para otro artículo.

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Artículo inspirado por la ponencia "Ciudadanías en la Ciudad de México: de la construcción sociolegal de las desigualdades a las prácticas vernáculas. Et¬nografía de desigualdades y segregaciones" presentada en el 54 International Congress of Americanists. Se agradece particularmente a Mercedes Di Virgilio y Mariano Perelman por sus atentas lecturas y sus cálidos consejos, sin los cuales este articulo no hubiera llegado a esta versión.↵

Doctorando en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de Paris y en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) del Distrito Federal de la Ciudad de México.↵

Para más información sobre los vínculos entre movilidad/inmovilidad en la ciudad, sus impactos en las prácticas y en los imaginarios, ver en Salazar Noel B. & Smart (2011), o Salazar, Noel B. (2011) en E. Judd & J. Zhang, entre otros del mismo autor↵

La cédula real emitida el 9 de septiembre de 1551 en la ciudad de Valladolid, España, nota que Texcoco es la segunda ciudad más importante del continente americano↵

Disputa que los arqueólogos alimentan mediante el descubrimiento, en 2007, de una estructura datada entre los siglos XI y XII en México Tlatelolco, cuando se pensaba que México-Tenochtitlán era la más antigua↵

Hay que destacar que estos usos socialmente diferenciados de los espacios comunes, no sólo públicos, son muy corrientes en México y han sido tema de gran interés de los investigadores ( Capron y Sabatier, 2007; Duhau, 2007; Giglia y Duhau, 2008; Hernández Espinosa, 2012, entre otros)↵

Ver Zelinsky (1971: 225-226) sobre migración y circulación, Kaufmann (2006) para su tipología a cuatro entradas, para la movilidad cotidiana, o el artículo de José María Casado Izquierdo (2008) quien tiene el mérito de abrir la definición de la movilidad cotidiana al "conjunto de desplazamientos que suponen el retorno al lugar pernocta habitual dentro de un mismo día".↵

Para otras interpretaciones de los paradigmas de movilidad e inmovilidad, ver en la bibliografía los trabajos de Salazar, Noel B.Para otras interpretaciones de los paradigmas de movilidad e inmovilidad, ver en la bibliografía los trabajos de Salazar, Noel B.↵

El fenotipo está considerado aquí como "los rasgos físicos que suelen usarse para clasificar a las personas en "razas": el color y la forma del cabello, el color de la piel y de los ojos, la forma del cráneo y los rasgos faciales" (Navarette Linares, 2009: 237).↵

Tipo mexicano de amistades masculinas que funciona como mecanismo de refuerzo en las redes sociales (Adler de Lomnitz, 1994: 81-82).↵

Ver las encuestas públicas dirigidas por el IFE (Instituto Federal Electoral) -en cuanto a participación electoral que gira alrededor del 50% para elecciones presidenciales (cifras de 2006, disponibles a: http://www.ife.org.rnx/documentos/ RESELEC/SICEEF/principal.html) o de grupos privados como el Instituto Mitofsky ("Encuesta cultura política y practicas ciudadanas", 2008, disponible a: http:// consulta.mx/web/index.php/estudios/otros-estudios/226-encuesta-cultura-politica-y-practicas-ciudadanas-2008; "Consulta Mitofsky. Los números no mienten 2011", México, 2011, p.203-215 : ver México: "confianza en instituciones ; baja generalizada") donde Senadores, Sindicatos, Diputados y Policía forman parte de las cinco instituciones que benefician, conjuntas, de menos de 10% de confianza, lejos atrás de la Iglesia (72%), del Ejercito (67%), del IFE (66%) y de los medios de comunicación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que llegan con más del 20% de los sufragios (cifras cruzadas con las de la "Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Practicas Ciudadanas", SSP,2008, disponible en: http://www.encup. gob.mx/es/Encup/Encup)↵

Se trata de una hipótesis personal que se tiene que manejar con cuidado, a fuera de cualquier concepción esencialista. Se inspira de una interrogación que formula Jorge Alonso Sánchez en un artículo. En cuanto a las investigaciones en los Códices, es mérito exclusivo de Manuel Alvaro Hermann Lejarazu quien, muy generosamente, aceptó apoyar esta búsqueda cuyos temas están muy poco estudiados. Estas interpretaciones se acercan también a las de la Revolución francesa por la historiadora Sophie Wahnich, para quien las rebeliones del siglo XVIII en Francia, eran sólo la expresión de un descontento y no el deseo de subversión radical del orden establecido. Ella establece, en contra de la doxa, que la Revolución francesa, no fue ni prevista, ni planeada y menos deseada en sí.↵

10

LAS BARRERAS VISIBLES E INVISIBLES PARA LOS POBRES URBANOS EN EL CENTRO DE SAN PABLO, BRASIL

LA CRIMINALIZARON DE LA POBREZA COMO MEDIDA DE REGENERACIÓN DEL CENTRO[1]

Tobías Topfer[2]

DESDE HACE DOS DÉCADAS existen -conforme a las tendencias globales- intentos para renovar el centro de la ciudad de San Pablo. El discurso dominante marca la necesidad de revitatizar estas áreas, consideradas ya sea como vacías o como de uso inapropiado. Esta visión, dominante en las clases medias y altas, niega el uso que de estas áreas hacen los sectores menos favorecidos económicamente, como las personas en situación de calle[3], adictos, vendedores ambulantes, recolectores de materiales reciclables y prostitutas.

Las medidas de regeneración, varias veces aplicadas, provienen del urbanismo y consideran este proceso como una acción técnica. Sin embargo, los programas implementados contribuyen frecuentemente a la construcción de barreras físicas para las poblaciones perjudicadas (como la construcción de rampas “anti mendigos” contra la población en situación de calle). Además, se han desarrollado medidas destinadas directamente para los pobres urbanos en las áreas centrales. Recientemente, estas acciones han tenido como objetivo desalojar gran parte de esta población del centro. Muchas veces, escoltados por la Guardia Civil Metropolitana y la Policía Militar, estos procedimientos incluyen desalojos violentos y la internación compulsiva de los adictos. De esta forma se crean también barreras invisibles.

Este capítulo se centra en el proceso de criminalización de los pobres urbanos. Los resultados empíricos del trabajo de campo en San Pablo están basados en distintos métodos cualitativos, como entrevistas, observaciones participantes y relevamientos fotográficos[4]. Además, el artículo presenta formas de oposición y resistencia y estrategias de adaptación y supervivencia de las personas afectadas en el proceso analizado. El artículo, entonces, entrelaza los resultados empíricos con la discusión teórica en torno a la criminalización de la pobreza en el contexto de las ciudades neoliberales.[5]

LAS TRANSFORMACIONES EN EL CENTRO DE SAN PABLO

Para contextualizar los cambios ocurridos, es necesario retratar brevemente las transformaciones en el centro a lo largo de los últimos cincuenta años. Hasta el inicio de la segunda mitad del siglo XX, el centro -compuesto por el llamado “Centro Tradicional” (correspondiente al área central del Distrito Sé) y por el “Centro Novo” (correspondiente al área central del Distrito República)- fue lugar de representación y de comunicación de lo mejor de la sociedad de la metrópolis emergente (Coy, 2001: 280). La década de los años cincuenta estuvo signada por un proceso de densificación urbana del centro, con una explosión de precios de los inmuebles y la concentración de funciones centrales del ámbito económico, cultural y político (Rolnik, 2003: 45; Alves, 2011: 110).

Pero poco después, un conjunto de procesos produjeron cambios profundos en el centro. La saturación espacial así como los precios elevados provocaron un desplazamiento de aquellas funciones centrales fuera del centro, inicialmente en la Avenida Paulista, hacia el sudeste, por ejemplo, del sector bancario. Las sedes administrativas del municipio y del Estado también dejaron el centro desplazándose hacia el sudoeste de la ciudad (Frúgoli Jr, 2000: 58; Porto, 1992: 162 & 169). Para intentar contrarrestar la saturación del tráfico se construyeron cada vez más avenidas y autopistas elevadas que perjudicaron la calidad de vida de los habitantes del centro. El desplazamiento de los residentes de clase media fue una consecuencia de estos cambios, lo que llevó a su vez a una caída del valor inmobiliario (Frúgoli Jr, 2000: 58-61). En simultaneidad con estos procesos, el centro se transformó en un área habitada por sectores de clases bajas y de actividades informales – tales como vendedores ambulantes, lustrabotas, artistas callejeros u “hombres sandwich”[6] que fueron ganando fuerza y espacio. Este proceso se vio favorecido por la construcción, también en este período, del Metro y de las terminales de ómnibus, medios de transporte usados principalmente por una población económicamente menos favorecida (Rolnik, 2003: 46). Así, dependiendo desde el punto de vista desde donde se mirase, el centro se transformó en un espacio de supervivencia o en un espacio degradado.

Todavía hoy, según las entrevistas a los participantes del rele-vamiento fotográfico, el centro continúa el proceso de decadencia. Nuno[7], un ejecutivo, habla sobre la Praca da Sé[8]: “A la noche, para allá por esta calle uno no va. Porque allí es… la Plaza, se transforma en… [territorio] de los chicos de la calla. Pero a la noche la Plaza queda abandonada”[9]. Kalina, una habitante del centro, se queja de la población en situación de calle de una de las calles comerciales principales: “Es un lugar que es considerado lindo aquí en el centro. Sólo que es muy sucio porque la gente se queda viviendo en las calles; los que viven en la calle se quedan allí. Entonces hay – muchas veces – un olor horrible”.[10] Y Gloria, una esteticista que trabaja de manera autónoma en el centro, comenta una situación frente al Teatro Municipal: “Es esto lo que está sucediendo: la decadencia de un lugar lindísimo, histórico, no?, de San Pablo, por los vendedores ambulantes allí, no es así?”[11].

Estas percepciones se observan también en los medios dominantes por lo menos a lo largo de los últimos veinte o treinta años. Desde la política, este proceso de trasformaciones y de supuesta degradación se intentó modificar a partir de diferentes proyectos y programas. Las medidas de renovación del centro se modificaron varias veces, dependiendo de los enfoques principales de los gobiernos municipales de turno. Durante los años noventa dominó el programa PROCENTRO (Programa de Requalificacáo Urbana e Funcional do Centro de Sao Paulo[12]) (Silva, 2004: 25). Este programa tenía como objetivos principales la creación de viviendas para la clase media, la restauración de predios históricamente importantes a través de pubtic-private-part-nerships y varias acciones de disciplinamiento del espacio público. En relación al último punto, una de las medidas principales fue la regulación y limitación del uso del espacio público para los vendedores ambulantes. En el inicio del nuevo milenio, el PRO CENTRO fue substituido por el Programa Acáo Centro (Programa de Rehabilitacáo da Área Central[13])» con un abordaje mucho más amplio y que abarcaba además de la revitalización, una mejora en la calidad ambiental, el fomento de la diversidad económica y de inclusión social, principalmente a través de la edificación y renovación de unidades residenciales para la clase baja (Somekh, 2006: 266-271). Con el nuevo cambio de gobierno en 2005, se puede observar un regreso a los programas que tenían un carácter de revalorización (Coy, 2007: 66; Raman, 2009: 39). Pese a las diferencias, las tres etapas descritas tienen un fuerte foco en el espacio público del centro[14]. El último gobierno (2005-2012) tiene el foco puesto en el “tratamiento y erradicación” de los diversos grupos de pobres urbanos en estos espacios públicos.

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA EN EL ESPACIO URBANO

Esta gestión ve a los pobres urbanos como un problema a ser “solucionado”. Para lograr esto lleva adelante diferentes estrategias que pueden sistematizarse siguiendo (y adaptando) las ideas teóricas de un trabajo  del geógrafo alemán Bernd Belina (211: 115-131; gráfico 1). Su abordaje parte de los factores de ordenamiento del espacio urbano, que son las bases de todo. En una ciudad capitalista, la lógica de la renta del suelo urbano predomina y determina el uso del espacio urbano. Un importante objetivo de la política radica en los intentos de garantizar la propiedad del suelo urbano en el contexto general de la garantía de la propiedad privada. A ello debemos agregar que la existencia de las desigualdades urbanas y las formas actualmente comunes de legitimación de las mismas: por un lado el culturalismo -explicando las disparidades socioeconómicas como tales de la cultura o de la etnicida- y, por el otro, el neoliberalismo -mostrando la división entre vencedores y vencidos como un resultado justo de la competencia económica. Estas dos formas influyen, a su vez, sobre una tercera: el discurso de la criminalidad, que tiene como pilares las siguientes consideraciones. Qué es criminal o no, es algo definido por el derecho penal, donde la responsabilidad individual tiene un valor central. “El éxito ideológico de esta forma de derecho consiste en el hecho de que a la igualdad formal ante la ley, se abstrae de las disparidades socialmente construidas cuya reproducción permanente es legitimada de esta forma (Belina, 2011: 117; énfasis en el original, traducción propia).

Una posibilidad para conciliar este ordenamiento del espacio urbano y las disparidades urbanas es la de usar la “criminalidad” para organizar esta relación. Se usa el discurso de la criminalidad y/o el derecho penal para controlar las desigualdades. O sea, se aplica el crimen y el derecho penal para justificar intervenciones que, originalmente, tienen motivaciones y causas diferentes. “Las criminalizaciones son prácticas y discursos jurídicos aplicados para gobernar. Derecho y ley son recursos de ejercicios de poder estratégicamente utilizables” (Be-lina, 2011: 118; énfasis en el original, traducción propia). Desde el punto de vista geográfico existe una ampliación incluyendo el espacio para gobernar disparidades que se manifiestan espacialmente. “El objetivo de la criminalización de sectores espaciales [...] consiste en la legitimación de medidas baratas y de fácil manejo en la práctica, que se focalizan a comportamientos en determinados lugares”. [La criminalización] permite una gestión del riesgo, que se abstrae tanto de las intenciones individuales como de las relaciones sociales y que se desarrolla sólo ‘superficialmente’”. (Belina, 2006: 133; énfasis en el original, traducción propia). Para implementar las políticas aquí descritas, se ejecutan medidas que funcionan como barreras: la prevención urbanística (intervenciones físicas en el espacio urbano), el control policial, la video vigilancia y la expulsión de personas indeseadas.

MEDIDAS PARA BLOQUEAR A LOS POBRES INDESEADOS

En el centro de San Pablo se aplican varias medidas que tienen como finalidad apartar personas y grupos de personas supuestamente inadecuadas para ciertos lugares. Algunas de estas medidas se explicarán a continuación.

PREVENCIÓN URBANÍSTICA

La prevención urbanística es el intento de influir y dirigir un comportamiento a través de la configuración espacial. Para ello, se pueden crear barreras físicas directas e indirectas. Estas intervenciones tienen un vínculo directo con aspectos relacionados con la revitalización del centro. Un ejemplo de estas medidas, que a primera vista tiene mucho que ver con la revitalización urbana y poco con la prevención urbanística, es la recalificación urbana de la Praga da República en el Centro Novo. En el ítem sobre el paisajismo del proyecto ejecutivo se habla de “la reestructuración y la adición de los componentes forestales, la creación de nuevos sub-bosques incluyendo la plantación, trasplante y tala de árboles, poda de las partes bajas de los árboles y limpieza [...]” (EMURB, 2005). En el diseño del proyecto se puede ver el propósito de esta reestructuración: mayor visibilidad para lograr así un mayor control social informal en la plaza y, por lo tanto, una mayor sensación de seguridad. Al mismo tiempo, se busca indirectamente excluir personas no deseadas. De este modo, esta medida crea barreras físicas indirectas pero intencionadas (Almeida, 2007: 51; Ferreira, 2007: 70).

Bartetzko llama a este tipo de medidas exorcismo arquitectónico (Bartetzko, 1994: 1355): los perturbadores deben ser expulsados a través del ambiente construido con el objetivo que ellos y ellas no quieran de ningún modo frecuentar determinadas partes de la ciudad (Belina, 2006: 228). Este tipo de prevenciones urbanísticas es similar a las barreras simbólicas de los Shopping Center, que tienen una arquitectura exclusiva y así excluyente para determinados grupos.

Pero también hay barreras físicas directas. Estas formas de prevención se focalizan en la expulsión de personas de un determinado espacio. En este caso, el grupo más afectado es el de las personas en situación de calle. Las intervenciones más comunes son la construcción de cercas y gradas, la división de los bancos de las plazas y las así llamadas “rampas anti mendigos” (foto 1). El objetivo de estas políticas es obstaculizar y hacer menos atractiva la permanencia de la población en situación de calle en estos lugares. Estas intervenciones se realizan en localizaciones “naturalmente” atractivas para estas personas como, por ejemplo, debajo de puentes en los que se pueden proteger de la lluvia. A diferencia de las medidas mencionadas en primer término, estas últimas sólo afectan al grupo objetivo y son principalmente aplicadas en áreas donde vale la pena intentar el desalojo ante la tentativa de revalorizar el centro y el suelo urbano.

CONTROL POLICIAL

Otra de las medidas implementadas (que no está fijada en el espacio pero que tiene consecuencias similares a las intervenciones urbanas) es el proceso de control policial en el centro de San Pablo. Además del control social indirecto de la población que se busca al dar mayor visibilización a la recualificación de las plazas, se produce un control directo y formal. Una noticia de la prefectura publicada en internet, titulada “GCM [Guarda Civil Metropolitana[15], responsable del cuidado del espacio y patrimonio público del municipio] intensifica el patrullaje en la Praca da Sé", da cuenta de este proceso. La nota menciona como responsabilidades del GCM la ejecución"de los trabajos ejecutados por la GCM, se destacan los Programas de Protección de personas en situación de riesgo, de protección del patrimonio, el control [sic] del Espacio Público y la fiscalización del comercio ambulante" (SMSU, 2010). "La protección de personas en situación de riesgo" -en lugar de "en situación de calle", ("riesgo" en este caso puede ser interpretado como un eufemismo)- se destaca como la primera tarea mencionada.

Gerson, una persona en situación de calle, comenta el control policial en la Praga da Sé (foto 2) de la siguiente forma: "Esto de acá es otra parte de la plaza, donde está el patrullero de la GCM, para demostrar la disposición de acción de nuestra guardia [...] Para saber cómo es nuestro... las rondas..., porque es así: el GCM no siempre está allí, tiene que moverse... [...] Allí se produce una feira de rolo[16], intercambio de objetos, supongamos, un celular. Voy allí, intento vender el teléfono o cambiarlo por otro objeto. Sólo que este intercambio es ilegal. [...] Se trata de un intercambio ilegal: a veces vienen productos robados, intercambian estas mercancías robadas y la Guardia te cae encima ya que por lo general la mayoría de estos productos no tienen la factura fiscal [...] Cuando la GCM viene, se puede observar que todos se mueven y se distribuyen. Y por lo general, la Guardia consigue detener uno o dos, ¿entiendes? Pero cuando el guardia se va, todo el mundo vuelve otra vez. Y entonces no sirve de nada"[17]. Incluso cuando, como relata Gerson, en estos procesos se incauta la mercadería a una o dos personas, él es escéptico con respecto a la actuación policial. En este caso particular, parece que - a diferencia de la vídeo vigilancia (cf. Belina, 2011: 119-121)-el patrullaje sirve básicamente para evitar violaciones a la ley penal. Muchas veces, la presencia policial busca, principalmente, mantener el orden público y evitar comportamientos supuestamente inadecuados. En estos casos, las llamadas bases comunitarias, tanto de la GCM como de la Policía Militar, desempeñan un papel fundamental. Kalina se refiere a la presencia de la Policía Militar en la Praca da República que la cuida en la actualidad y que cumple las mismas tareas que la GCM: "Acá en la Praca da República, como puedes ver, [está la] Policía Militar las 24 hrs. La limpieza se hace dos veces por día, por lo menos [...] hay policía en la plaza, entonces no hay  más trombadinhas[18]. Los homosexuales ya no se quedan allí, porque tienen la calle Viera de Carvalho para ir, que es sólo para ellos. Hoy en día, lo que sí quedan son muchos mendigos en la plaza"[19]. De esta forma, las bases comunitarias cumplen una función similar a las que se buscan con la video vigilancia. Como describe Belina: "Centralmente no se busca evitar las trasgresiones al derecho penal, sino que se busca imposición de una idea de orden público [...] Las personas "desordenadas" saben, sólo por su presencia física, que son vistan como una desviación del orden. Es por eso que evitan su presencia en espacios video vigilados" (Belina, 2011: 118; énfasis en el original, traducción propia).

EXPULSIÓN

Además de los efectos indirectos de la vigilancia, también existen medidas directas de expulsión de personas no deseadas. La ordenanza 105 del Municipio de San Pablo forma parte del programa de "Protección a Personas en Situación de Riesgo", ya mencionado anteriormente. El eufemismo protección en la práctica significa que la GCM realiza frecuentemente abordajes a personas en situación de calle. El objetivo queda claramente visualizado en sus metas: "5.1. - Abordar al 100 % de los niños y adolescentes en situación de riesgo y remitirlos para su atención especializada según el caso, evitando que permanezcan en situación de riesgo, sobre todo en las calles y en áreas públicas de la ciudad. 5.2 - Abordar y remitir a las personas en situación de riesgo, priorizando las regiones con mayor frecuencia y mayores índices de vulnerabilidad y evitar la presencias de ellas especialmente en estas regiones. 5.3 - Evitar que las personas en situación de riesgo acampen en lugares no aptos para su salud e integridad física" (PMSP, 2010a). Esta ordenanza centra su espacio de acción, entre otros, a los distritos Sé y República, e incluye medidas que deben incomodar la presencia de personas en situación de calle. La prohibición de acampar, significa en realidad que la GCM obliga -por lo menos durante el día- a las personas que están acostadas a sentarse o incluso marcharse.

Gerson describe las relaciones entre las personas en situación de calle y la GCM de la siguiente forma "¡Es una guerra!, ¿vio? ¡Es una guerra! Existen GCM que ayudan, pero por el otro lado están los que quieren molestar: ve al tipo en aquella situación de querer fajar más, ¿entiendes? He visto a la GCM despertar a un morador con gas pimienta en la cara [... ] Hay una cierta guerra, pero hay una cierta paz, ¿entiendes? Hay algunos que dicen: estás muy mal ¿Para qué voy a golpearte? ¿Para qué voy a joderte la vida? ¡Te voy a ayudar!'; pero hay otros que dicen: ya estás en la mierda misma y te vamos a pegar aún más'"[20]. Gerson relata un abordaje policial ocurrido una noche, en el que pueden apreciarse otras estrategias más sutiles para expulsar a las personas en situación de calle del centro. "La GCM pasó una sola vez preguntando '¿Quieren que llame al albergue, al CAPE [Central de Atendimento Permanente e de Emergencia[21]], a un asistente social?'... todo es así. Yo me paré y dije 'No se le ocurra llamar un CAPE para llevarnos a un albergue. ¿Por qué? Hasta que llegue la camioneta para recogernos va a haber pasado la mitad de la noche. ¿En qué vamos a acordar? Seis, cinco y media, de la mañana, entiende, levantarnos, desayunar... hasta llegar al albergue, dependiendo del albergue, sin contar también la vuelta, porque ellos te llevan con la camioneta pero no te traen de vuelta. A la vuelta hay que pedir para el ómnibus, ¿no?' [...] No siempre hay un albergue que tenga un lugar disponible para pasar la noche en el centro"[22]. En los últimos años, el número de camas disponibles en el centro de la ciudad disminuyó a causa del cierre de varios albergues de la región, lo que causó la tras-ferencia de personas a centros más lejanos (Estado de S. Paulo, 2010: Cl; O Trecheiro, 2009: 3, Hirata, 2012: 100).

Mientras la Ordenanza 105 tiene como grupo objetivo las personas en situación de calle, existe un convenio entre el Municipio y el Estado de San Pablo, que tiene como grupo objetivo a los vendedores ambulantes. Se trata de una cooperación entre el municipio y la Policía Militar, que antes no estaba a cargo de la cuestión de los vendedores ambulantes. El acuerdo prevé la posibilidad de que la policía aumente su salario trabajando en su tiempo de descanso en una especie de changa oficial. Como parte de este acuerdo, el Municipio transfiere el "Combate del comercio ambulante o ilegal en Regiones Críticas del Municipio" (PMSP 2009a: 4), tarea que antes desarrollaba la GCM (foto 3) y pasó ahora a manos del Policía Militar. Este cambio se tradujo en una presencia mucho mayor de policías en las calles del centro y en una masiva persecución de los vendedores ambulantes. Ello contribuyó a una criminalización aún mayor del comercio ambulante (ver Itikawa, 2006: 519). Esta medida ha afectado a los comerciantes ambulantes que no cuentan con ninguna legitimación por parte de la Prefectura, pero también a los comerciantes que tienen un permiso oficial de uso (TPU[23]) que sufren cada vez más expulsiones indirectas, ya sea porque no se les renueva el TPU o por estar en puntos de comercio ambulante que fueron deshabilitados por la Prefectura (PMSP 2010b: 10). Estos comerciantes, que contaban con cierto grado de formalidad, han vuelto a realizar un trabajo informal y a correr el riesgo de ser nuevamente perseguidos y ser tratados como criminales. La expulsión de los comerciantes ambulantes se ha basado en fuerte discurso de crimi-nalización que vincula estas actividades con el crimen organizado, la piratería y el contrabando y abstrae así de sus posibles causas sociales (Itikawa 2006:414-516[24]).

INTENTOS PARA DERRIBAR LAS BARRERAS

Estas políticas de control sobre las desigualdades sociales como la im-plementación de barreras no ocurren sin ser criticadas por diferentes grupos. Por un lado, hay varias ONGs que desarrollan actividades y actúan a favor de los grupos vulnerables. Estas acciones van desde prácticas caritativas, como la distribución de alimentos, hasta el acompañamiento cuando se producen violaciones a los derechos humanos, por medio de la Auditoria Comunitaria de la Población de la Calle, una iniciativa universitaria. Estudiantes e integrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo iniciaron este trabajo en 2010, con el objetivo de documentar y producir información válida sobre las violaciones de los derechos humanos contra la población en situación de calle. Esta información, que hasta entonces era inexistente, busca servir como base para exigir políticas públicas concretas. El primer boletín, por ejemplo, se centró explícitamente en la violencia policial. Por otro lado, existe el Movimento Nacional da Populagao de Rúa (MNPR)[25] que busca alcanzar políticas públicas de carácter social, para sus miembros en vez de las actuales políticas de control. El movimiento fue fundado en 2004 luego de una masacre de personas en situación de calle, en donde murieron siete personas. Un dirigente explica los objetivos del movimiento: "El movimiento es para presionar al Presidente de la República, a los Gobernadores y a los Prefectos [...] Para que se luche por una política de inclusión y no sólo por políticas de asistencia social, sino también por la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, el deporte, la cultura, para que estas personas puedan ser insertadas nuevamente. Ellas no salieron de la sociedad, ellas fueron excluidas de la sociedad [...] Entonces, el movimiento fue creado para dar visibilidad a los que están en situación de calle [...] Para que la sociedad empiece a participar en esta discusión: quién es esta población, cómo vive, por qué está en la calle [...] Estamos para incomodar, para dar visibilidad: 'Miren, estamos aquí y queremos la solución del problema'"[26]

Además de las formas más institucionalizadas de resistencia, existen acciones concretas en el espacio público. Todos los años, el 19 de agosto, se recuerda el asesinato de los Siete sin Techo. En esta marcha se busca, también, divulgar las exigencias de la población en situación de calle. Es el Dia Nacional de la Lucha de la Población en Situación de Calle y el MNPR organiza junto con otras ONG una vigilia y una protesta. En 2011, este día de lucha fue acompañado por un acampe en colectivo en Vale do Anhangabaú cerca de la sede de la Prefectura (foto 4). Uno de los sin techo participante del acampe, a quién le gustó mucho ya que "no había hostilidad de la guardia municipal, que siempre a las cuatro de la mañana, pasa despertándote, amenzándote y limpiando los lugares donde dormimos" (citado en O Trecheiro, 2011) Intevenciones directas, como los intentos de la Prefectura por prohibir la distribución de alimentos a personas en situación de calle por las distintas ONG (cf. Estadao.com.br 2012a), generan respuestas de repudio inmediatas. De una de estas protestas para rechazar esta tentativa de criminalización se generó una amplia alianza entre ONGs, centros académicos y grupos religiosos que salió a la calle bajo el lema "Sopdo da gente diferenciada"[27]. Además de la manifestación, se realizó una distribución simbólica de sopa en la Praga da Sé. A diferencia de las protestas que se desarrollan los 19 de agosto, esta protesta tuvo una importante repercusión en los periódicos dominantes (Estadao.com.br 2012b, Folha de S. Paulo 2012: C8).

CONCLUSIONES

Pese al fallido intento de prohibir la distribución de alimentos, no se puede negar la fuerte tendencia de control de las disparidades sociales con medidas de criminalización de los pobres y del aumento de las barreras visibles e invisibles para los distintos grupos desfavorecidos en el centro de San Pablo. En vez de enfrentar las disparidades socioeconómicas con políticas públicas y sociales, tanto en el nivel municipal como estadual, predomina el intento de mantener el orden público a través del control y la expulsión. Apoyado por un fuerte discurso de criminalización durante las dos últimas gestiones municipales (de 2005 a 2012), el combate de los vendedores ambulantes no ha causado mayores discusiones ni repercusiones. En relación a la población en situación de calle, resulta difícil establecer leyes expliciticas contra ese grupo. Sin embargo, muchas veces es suficiente con atribuirles comportamientos irregulares y hasta criminales para justificar medidas más severas. Muchas veces se producen generalizaciones, que abstraen del individuo y son tratados simplemente como personas en situación de calle, adictos, recolectores informales, etc. Finalmente esto podría agudizarse, llevando a un desplazamiento discursivo hacia una criminalización absoluta, como ya es el caso del comercio ambulante.

Este procedimiento contra los pobres urbanos revela una tendencia que ya no se focaliza en mitigar las desigualdades sociales, sino en maquillar el problema por medio de la expulsión de las personas indeseables. Desde tal punto de vista, estas personas son innecesarias para el funcionamiento del sistema capitalista, pudiendo causar efectos negativos para el desarrollo urbano en determinados espacios. En este contexto, no importa que haya pobres sino dónde se encuentran los pobres en la ciudad. Tanto la presencia como la exclusión física de estas personas del espacio público del área central, forma parte de la lógica de revalorización deseada. La criminalización de la pobreza en sus formas más diversas cumple dos tareas: en un primer paso, muestra el problema, supuestamente causado por los grupos socioeconómicos ya excluidos y que resulta con el correr del tiempo en la equiparación del problema con el grupo. En el discurso general, el mismo grupo se transforma en el problema y es responsabilizado por el deterioro del espacio. Eso justifica, en un segundo paso, la expulsión de los miembros del grupo del espacio determinado con el objetivo de revitalizarlo. Así se tiene a crean nuevamente espacio homogéneos y revertir la fragmentación, y con esto la heterogeneidad del tejido urbano de los últimos años[28].

Las formas de resistencia contra estas generalizaciones así como contra los intentos de expulsión son diversas y abarcan alianzas entre distintas instituciones y grupos como ONG, organizaciones estatales, universitarias y movimientos conformados por personas de los grupos afectados. Por un lado, esta heterogeneidad es favorable porque permite el tratamiento de problemas de diferentes grupos en sentido horizontal y la cooperación de varias iniciativas sobre un tema específico de una manera vertical. Pero por otro lado, también hay movimientos y ONG que tienen estructuras paralelas que no presentan intención de aprovechar sinergias, lo que puede llevar a un debilitamiento general de las iniciativas. Estas estructuras dobles pueden surgir, por ejemplo, de partidos opuestos que se atacan mutuamente. También existen diversas formas activas de resistencia como las manifestaciones. Sin embargo, el número de participantes en éstas suele ser bajo y esta pequeña participación sectorial -fuera del "interés común"- resulta en poca repercusión en los medios de comunicación y una débil percepción en la sociedad en general.

En los últimos años se ha podido observar una cierta revalorización del centro, no sólo en términos de menos decadencia, sino también por una cierta revalorización del suelo urbano. Nuevos empren-dimientos inmobiliarios dan cuenta de esta tendencia. Por otra parte, se está produciendo una tendencia hacia un interés en San Pablo como un destino del turismo urbano. Si se logra establecer un discurso que vincule las medidas de control de los pobres, la revitalización del centro y la revaluación general del suelo urbano, es probable que estas políticas de control y criminalización prevalezcan en el futuro.

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Traducción del portugués: Mariano Perelman.↵

Geógrafo, Universidad de Innsbruck, Instituto de Geografía. ↵

La denominación "personas en situación de calle" proviene del portugués "pes-soas em situacáo de rúa", que es la forma de autodenominación de aquellas personas sin techo, que viven en las calles de Brasil.↵

El relevamiento fotográfico está compuesto por dos pasos: en primer lugar, los participantes toman libremente fotos de espacios públicos y otros sitios del centro relevantes para ellos. En segundo lugar, estas personas fueron entrevistadas, logran¬do una relación entre las imágenes tomadas y los testimonios.↵

En las ciudades Latinoamericanas, aspectos neoliberales tales como la desregu¬lación, flexibilización y privatización en la gestión urbana han desempeñado pape¬les cada vez mayores. Las lógicas de los negocios y del mercado han ganado espacio en los gobiernos municipales, lo que resulta en estructuras de gobernanza en los cuales el sector privado es un actor de importancia creciente (ver Borsdorf e Coy, 2009: 342-344).↵

"Hombres sandwich" se llama en Brasil a las personas que cargan un cartel publi¬citario en el pecho y en la espalda, semejando un sandwich. Generalmente se trata de anuncios de trabajo.↵

Todos los nombres han sido modificados.↵

NT: Plaza de la Catedral.↵

Entrevista con Nuno realizada el 14 de septiembre de 2011. Original: "Descendo esta rúa aqui, a noite, vocé nao vai. Porque ali é... A Praca [da Sé] vira... de moleque de rúa... [...] Mas a noite ela [Praca da Sé] fica abandonada."↵

Entrevista con Kalina realizada el 15 de septiembre de 2011. Original: "É um lugar que é considerado bonito aqui no centro. Só que é muito sujo, porque o pes-soal fica morando na rúa; os moradores de rúa ficam lá. Entáo um cheiro -muitas vezes- ruim."↵

Entrevista con Gloria realizada el 21 de septiembre de 2011. Original: "É assim, ó, o que está acontecendo: a decadencia de um lugar lindíssimo, histórico, 'tá, de Sao Paulo, e assim, ó, camelos, vendedores ambulantes ali, nao é?"↵

NT: Programa de Recalificación Urbana y Funcional del Centro de San Pablo.↵

NT: Programa de Rehabilitación del Área Central.↵

Para un mayor desarrollo sobre el espacio público del centro de San Pablo ver Tópfer (2010: 91-108).↵

NT: Guardia Civil Metropolitana↵

Mercado al aire libre, con productos usados y - al menos en este caso - también supuestamente robados, pirateados y/o falsificados, para la venta o el trueque.↵

Entrevista con Gerson, 26 de septiembre de 2011. Original: "Este aqui é urna ou-tra parte da Praca da Sé onde temos a viatura da GCM para tá dando urna analisada sobre a prontidáo da nossa Guarda, né. [...] Para estar sabendo como é a nossa ... aqueles rondas; porque é assim: nem sempre a GCM está ali; ela tem que se locomo-ver para nao estar fazendo ... [...] Ali fica urna feira de rolo, né; feira de troca de obje¬tos, assim vamos supor, celular. Eu vou lá, ou tentó vender o celular ou tentó trocar por um outro objeto. Só que, esta feira, ela é ilegal. [...] É urna troca ilegal assim: as vezes vem produtos roubados, eles trocam estes produtos roubados e a Guarda, ela cai em cima porque geralmente a maioria destes produtos nao tem nota fiscal. [...] Quando a GCM vem, se pode observar que eles se locomovem, eles váo, eles se distri-buem. E geralmente um ou dois a Guarda consegue pegar, entendeu? Mas, quando a Guarda vai embora, volta tudo mundo de novo. E entáo nao adianta."↵

Joven (en situación de calle) que comete pequeños delitos (como hurtos) para sobrevivir.↵

Entrevista con Kalina, 15 de septiembre de 2011. Original: "Aqui a Praca da Re-publica, como vocé vé aqui, tem urna Polícia Militar; ela fica constante na praca, 24 horas. A limpeza também é duas vezes por dia, pelo menos. [...] Tem a polícia na praca, entáo os trombadinhas já nao tem mais. Os homossexuais já nao ficam ali, por que tem a Rúa Vieira de Carvalho, que é só para eles; entáo assim: hoje em dia ficam mais os mendigos na praca."↵

Entrevista con Gerson, 26 de septiembre de 2011. Original: "É urna guerra! viu. É urna guerra. Tem GCM que ajuda; mas por outro lado tem os que querem atrapalhar: vé o cara naquela situacáo quer ferrar mais ainda, entendeu? Já flagrei GCM acor¬dando morador de rúa com gas de pimenta na cara, entendeu. [...] Tem urna certa guerra; mas também existe urna certa paz, entendeu? Tem uns que assim tipo: 'Cara já tá na merda, vou bater no cara para que? Vou ferrar a vida do cara para que? Nao, pelo contrario: Vou tentar ajudar.' Mas tem aqueles que: 'Pó, cara já tá na merda mesmo, vamos ferrar mais ainda.' Entendeu?"↵

NT: Central de Atención Permanente y de Emergencia de San Pablo.↵

Entrevista con Gerson, 26 de septiembre de 2011. Original: A GCM passou urna vez só, mas eles perguntaram: 'Ó, voces querem que eu chamo um albergue, o CAPE [Central de Atendimento Permanente e de Emergencia], um assistente social...' tudo mais assim. Eu peguei e falei: 'Olha nao adianta chamar um CAPE para levar a gente para um albergue. Por qué? Até a perua chegar, para vim pegar a gente, acho que vai passa mais que meia-noite. A gente vai ter que acordar o que? Seis, cinco e meia, da manha, entendeu, levantar, tomar um café ... Até chegar ao albergue dependendo do albergue sem contar também a volta por que eles dáo só a ida com a perua mas eles nao trazem a gente de volta. Na volta a gente tem que pedir carona pro os ónibus, né.' [...] Nem sempre tem um albergue assim de disposicáo de urna vaga de pernoitar dentro do centro."↵

TPU: Termo de Permissáo de Uso.↵

Esta misma visión surgió en la entrevista con Nelson B. S., um dirigente de la Associacáo Viva o Centro realizada el 3 de agosto de 2010.↵

NT: Movimiento Nacional de Población de la Calle.↵

Entrevista con Batista M. N., un dirigente del MNPR, 14 de agosto de 2010.↵

NT: Sopa de la gente diferenciada. - "Gente diferenciada" se transformó en un lema en San Pablo. La frase fue usada por primera vez 2010 en una entrevista a una habitante del barrio de clase media-alta Higienópolis para denominar a las personas indeseadas, que llegaban al barrio con la construcción de una nueva estación de metro. La entrevista provocó la reacción inmediata y se convocó a una protesta bajo el lema "Churrasco de la Gente Diferenciada" frente al Shopping Center Patio Higie¬nópolis. Si bien esa protesta no fue realizada, el término comenzó a usarse en varias manifestaciones de solidaridad con los grupos que eran objeto de discriminación.↵

Para una consideración sobre la fragmentación del desarrollo fragmentado en general ver Scholz (2005: 4-11).↵

11

SEGREGACIÓN URBANA DIRIGIDA Y SEGREGACIÓN VOLUNTARIA

QUERÉTARO, MÉXICO[1]

Carmen Imelda González Gómez[2]

“A medida que la burguesía del Tercer Mundo

se enclaustra en sus bunkers, con sus parques

temáticos y sus alambradas eléctricas, pierde la

visión cultural y moral sobre la tierra devastada

que han dejado atrás”.[3]

INTRODUCCIÓN

Nuestra intención es difundir algunos de los resultados sobre las formas de segregación residencial que tienen lugar en un territorio particular de la República Mexicana: la ciudad de Querétaro. Este caso concreto es además ejemplar para detectar procesos que tienen verificación en la mayor parte de las ciudades mexicanas, particularmente las nuevas formas de segregación urbana.

Partimos de la constatación de que, históricamente, el crecimiento y la morfología de la mancha urbana de la ciudad de Querétaro han estado condicionados por la presencia de un grupo importante de industrias que, a su vez, sostienen un tejido económico particularmente exitoso: Querétaro es ahora la ciudad con mayor crecimiento económico en el país y, en especial, logra consolidar y densificar la base económica que marcó su éxito desde los años setenta.

Sin embargo, a partir de la nueva centuria, se asiste a una diversificación de las ramas económicas que no permite identificar una relación causal tan directa entre el asentamiento de alguna rama o empresa en particular y el desarrollo de nuevos fraccionamientos articulados con esa nueva demanda de espacio construido para la residencia de los trabajadores.

Lo que se observa ahora es que el proceso de crecimiento de la ciudad está ligado a los intereses particulares del sector de los desarrolladores urbanos que han prosperado de manera exponencial en la ciudad. Ésta continúa ampliándose -a nuestro entender, innecesariamente-, de tal manera que el desarrollo inmobiliario se ha convertido en uno de los pilares del crecimiento de la economía urbana local, que como toda vez, es uno de los “principales vehículos de acumulación de capital del urbanismo neoliberal” como lo señala Harvey (2008).

Es un hecho observable que la industria de la construcción avanza sin cortapisas y que su actividad privilegia la construcción de fraccionamientos cerrados, modelo que acentúa el fenómeno de la segregación y genera estereotipos que influyen cada vez más en el modo de vida ajustado en el individualismo.

Consideramos que esta perspectiva puede llegar a dar respuesta a alguna de las preguntas iniciales que se plantearon en el marco de la ICA (Viena, 2012) para dar forma a esta compilación de estudios: ¿Cuáles son las diferentes formas de desigualdad que caracterizan la vida en las ciudades de América Latina?, ¿Qué rasgos tienen esas formas de desigualdad en las diferentes ciudades?, ¿Cómo interactúan los componentes materiales y culturales en la producción de las desigualdades?, ¿A partir de qué formas se expresan las desigualdades sociales y las tolerancias entre diferentes grupos sociales?, ¿Qué estrategias se producen en pos de acceder al uso del suelo urbano? En particular, este artículo abordaremos las dos anteriores.

LA CUESTIÓN DE LA SEGREGACIÓN

La des-igualdad plantea multitud de fenómenos sociales. Centramos nuestra atención en la dimensión urbana en particular, de manera que nuestro punto de partida trata sobre un valor de diferenciación entre los habitantes de una ciudad, que Harvey (1977) asevera que no puede disociarse de los sistemas de producción y de mercado.

El fenómeno de la desigualdad plantea fenómenos que afectan la convivencia humana. Excluir (se), separar (se), confinar (se), entre otros, han sido acciones de larga data, que el hombre en sociedad ha realizado sobre otros, representan anomalías urbanas que se realizan en forma decidida. Las desigualdades han sido analizadas mediante diferentes perspectivas y métodos que van desde los factores económicos, sociales, políticos, pasando por los religiosos, hasta las diferencias raciales. En este trabajo, interesa comprender y dar una explicación sobre el fenómeno de la segregación espacial urbana ya que consideramos que de todas las formas creadas para realizar divisiones humanas, es además, una característica de las ciudades modernas que se nutre y a la vez repercute sobre los estilos de vida y determina el despliegue de la vida cotidiana que se expresa de manera más patente en las grandes metrópolis, donde alcanza límites insospechados.

Desde hace más de treinta de años, el nivel de urbanización en América Latina ha aumentado de una forma inusitada. Según un informe de las Naciones Unidas,[4] se ha incrementado en 240 por ciento [...] la población urbana pasó de representar en 1990 el 71 por ciento de la población a [...] 77 por ciento en 2007, convirtiendo a la región [de América Latina] en una de las más urbanizadas del planeta. Países como Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela exhiben tasas de urbanización superiores a 86 por ciento”. Buenos Aires, San Paulo y Ciudad de México son tres de las megaciudades localizadas en el continente que mayor nivel de urbanización sostienen.

El fenómeno no llamaría tanto la atención si estuviera debidamente ordenado; sin embargo, se ha demostrado que la intensa urbanización latinoamericana no ha sido orientada por procesos de planificación sino que se ha ido adecuando a las exigencias económicas de ganancia a corto plazo, asunto que ha promovido grandes disparidades en la configuración de las ciudades y de las zonas metropolitanas; éstas tienden a demostrar una magnificación de los problemas urbanos en general, pero también a producir un espacio fragmentado tanto entre usos productivos y residenciales como, de manera cada vez más exacerbada, a producir desigualdades socioeconómicas crecientes respaldadas por diversos mecanismos de exclusión y segregación.

Un ejemplo muy complejo y emblemático sigue siendo el de la macrocefalia y la división social del espacio en Ciudad de México, ampliamente analizada por Schteingart (2001), con el consecuente avance constructivo sobre las zonas rurales periféricas observada, entre otros, por Unikel (1976) desde mediados de los años setenta, seguido por Garza (1991) en los noventa, y Ávila (2009), entre otros, en la primera década del 2000.

Es una evidencia que las zonas metropolitanas mexicanas enfrentan nuevos retos que son producto de una urbanización desigual, pero, ahora, con una tendencia mucho más marcada hacia la fragmentación territorial mediante la privatización de los espacios urbanos (García, 1998; Borjay Castells, 2000), esto es, la “proliferación de guetos urbanos [...] por la sustitución de calles, plazas y mercados por centros comerciales” (Ramirez y Safa, 2009), que junto con la tendencia constructiva actual provocan diferencias cada vez más marcadas entre los urbanitas.

En ciertas ocasiones las divisiones territoriales se expresan de manera simbólica y pero en otras mediante divisiones creadas ex profeso. Los fraccionamientos residenciales (construidos bajo cualquier modalidad socio-económica) son una de las formas en las que se pone en evidencia el fenómeno de la fragmentación de la población en pequeñas áreas; [5] espacios donde los servicios, las zonas recreativas y de ocio e incluso las amenidades comunitarias están prácticamente resueltas y, sobre todo, dotadas de ciertos niveles de seguridad. Pero a su vez, estos fraccionamientos lindan o quedan impuestos en zonas urbanas a manera de ínsulas (Duhau y Giglia, 2008), coexistiendo con zonas habitacionales de otro perfil, en ocasiones menos privilegiadas. Como consecuencia de esta coexistencia se experimentan, generalmente, fenómenos de exclusión, segregación social y, en ocasiones, la descomposición del tejido comunitario (Saraví, 2008). Monkkonen (2012) asegura que los fraccionamientos crean otra forma de urbanización que afecta aún más la segregación socio-económica y que en ciudades con más construcción de nuevos conjuntos habitacionales -como es el caso de la que nos ocupa- el nivel de segregación socioeconómica es más alto.

Sin pretender analizar las causas estructurales de los procesos de segregación de diferentes tipos, nuestra intención es entonces, centrar esta particular interpretación sobre la segregación, en la de tipo residencial voluntario, toda vez que esta forma de confinamiento depende tanto de las características socioeconómicas como de las expectativas de vida y los patrones de consumo, que asumen conscientemente los individuos o familias que deciden aislarse del entorno que se considera adverso.

Cabe aclarar que para esta presentación tomaremos en consideración solamente una porción de la zona metropolitana, la ciudad capital, ya que consideramos que en esta escala es donde se puede observar el fenómeno de la diferenciación locacional y de la construcción masiva más acusada de toda la zona metropolitana y esta “aumentando su malignidad” (sabatina, Cáceres y Cerda, 2001).

EL ESCENARIO

Nuestro universo de análisis se reduce entonces a la ciudad de Que-rétaro, como ejemplo de crecimiento y reciente conurbación con tres municipios (Corregidora, El Marqués y algunas partes de Huimilpan). Se trata de una ciudad localizada al centro-norte de la República Mexicana que, al año 2010, según el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), no rebasaba el millón de habitantes (801,940 personas). Se trata, además, de la cabecera municipal más poblada del estado de Querétaro.

Si bien el crecimiento urbano de ésta ciudad ha sido condicionado por diferentes fuerzas económicas, se destaca de entre ellas el proceso de industrialización. Querétaro ha sido un territorio industrializado de manera temprana, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Ha sido tanto una pieza importante en el mapa económico virreinal (González, 2000) como una parte sustantiva en los grandes proyectos nacionales: reactivación de la agroindustria, desconcentración de la planta productiva de la Ciudad de México, etcétera.[6]

Evidentemente el ejercicio de industrializar un territorio remite a la reflexión sobre el aumento en los niveles de urbanización, a este respecto, según los datos con los que contamos, existe similitud con los períodos de urbanización señalados por Garza (2007): “: í) moderado-bajo 1900-1940, ii) acelerado-medio, 1940-1980, iii) bajo-acelerado, 1980-2005″ (cuadro 1).

Según el cuadro anterior, el periodo crítico del crecimiento urbano tuvo lugar entre 1950 y la segunda mitad de la década de los setenta, llegando hasta 547.8 por ciento en 1976; después de esa década, si bien hubo una desaceleración, los porcentajes señalados no son nada despreciables, menos aún durante el año 2005.

Por su parte, la evolución económica de Querétaro ha demostrado que cualquiera que sea el sector económico preponderante -sector industrial hasta 1990 y servicios y turístico de 1990 a lo que va de la nueva centuria- se ha mantenido presente en el espectro económico. Por asociación, la atracción económica urbana montada en el proceso de industrialización permanente deriva en la modificación de los patrones de poblamiento, es decir, en el crecimiento social de la población.

Si bien leí proceso económico de industrialización -endógeno en un primer momento y exógeno después de la segunda mitad del siglo XX- fue sumamente importante, no ha sido el único factor de crecimiento: Querétaro, como ya mencionamos, ha sido también fruto de las políticas de desconcentración industrial (1970) y de la reorganización territorial de los grandes proyectos económicos nacionales (1980); asimismo, factores naturales -como el sismo de 1985 de la Ciudad de México- con el consecuente éxodo de población entre otros hacía Querétaro, han incrementado la población residente. Inclusive, actualmente, intervienen razones de seguridad personal con respecto al norte del país y algunos estados de la República Mexicana; así, entre el 1990 y 2005, la población en el municipio prácticamente se duplicó (cuadro 1).

Según el INEGI,[7] los flujos migratorios más importantes provienen del Distrito Federal, de la zona conurbada y del norte del país -30 por ciento de la población total del municipio. El incremento poblacional podría ser un elemento que justificara la ampliación de la mancha urbana, pero la información que proporciona el siguiente cuadro (2) anuncia una desaceleración importante en la tasa de crecimiento medio anual entre el año 2005 y el 2010.[8]

En cuestiones de densidad, los datos con los que contamos sugieren un comportamiento errático. Las densidades más altas se produjeron en el primer período, señalado por Garza (2007) como “moderado-bajo”, con un crecimiento físico de la ciudad apenas perceptible. En el siguiente período, señalado como “acelerado-medio” la situación es contraria; se observa un crecimiento des usual de la ciudad, pero la densidad poblacional se mantiene sin cambios sustantivos. En el tercer período “bajo-acelerado” los datos indican un crecimiento menor  que en el período anterior, pero significativo, mientras que la densidad poblacional va en declive (cuadro 4).

Los datos referidos indican que la evolución de la población y la densidad no son variables convincentes para entender la ampliación de la mancha urbana, toda vez que la población, las actividades económicas y la industria de la construcción avanzan sin cortapisas sobre el territorio municipal: el setenta por ciento de la población residente en el municipio es urbana[9]. Entonces, si bien el crecimiento económico es relevante (como lo es, paralelamente, el crecimiento demográfico) no parece que haya un paralelismo entre estos procesos y la fuerte expansión de la mancha urbana que se traduce en densidades en descenso.

A esta descripción del escenario podemos agregarle un dato más: la proporción de casas deshabitadas. En el año 2005 el porcentaje fue de 13.9 por ciento.[10] En el 2011, la Cámara Nacional de la Vivienda (CANA-VI) señaló que el problema no es tan grave como se presenta en Mexica-li, Tijuana o la Paz, entre otros, pero sí marca 3,000 unidades de interés social construidas por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), abandonadas en Querétaro.[11]

La sobreoferta de vivienda es un problema añejo, como lo señala el Informe Geo:

“[•••] para el Boletín de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del 15 de abril de 2004, se hizo un estudio de la sobreoferta de vivienda tradicional por entidad federativa, en la que destaca el estado de Querétaro con una sobreoferta de 3,042 viviendas, cifra superada a nivel nacional sólo por el Distrito Federal (entidad que se convertido en expulsora de población.”[12]

VIVIENDAS, VIVIENDAS Y MÁS VIVIENDAS…

En el año 2010 la situación que describimos en la sección anterior se torna más compleja al observar el número de viviendas que se están construyendo y la demanda (gráfica 1). Según la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la oferta supera las necesidades, ya que existe un exceso de 5.423 viviendas en el municipio. Lo referido indica entonces que la explicación sobre el crecimiento urbano en Querétaro la tendremos que buscar en el propio desenvolvimiento de la industria de la construcción, en los agentes involucrados en el proceso constructivo y en el Estado que permite que, aún sin una necesidad aparente, continúe ampliándose la mancha urbana.

La relación anterior parece contradictoria: se han construido más casas de las que se necesitan. Ahora: ¿cómo insertar en el mercado las nuevas viviendas para poder recuperar el capital invertido, toda vez que nuestro país se enfrenta a una profunda crisis económica en la que existe una falta de oportunidades de empleo fijo?

Una de las formas de salvar este escollo y mantener el crecimiento de la pujante industria de la construcción es seguir con el mismo proceso -producir más viviendas generando más empleos y ganancias- modificando las reglas de acceso a esas viviendas, para que los grupos tradicionalmente excluidos del acceso a una vivienda formal, puedan por fin lograrlo.

Esta estrategia es la que se ha empleado desde por lo menos una década en México, a partir de una serie de reformas al manejo de los fondos de vivienda de los trabajadores y a los mecanismos crediticios otorgados por los bancos privados. Así, el Estado (junto con la banca) han generado una serie apoyos a fin de facilitar la obtención de créditos para la adquisición de viviendas[13]. Una de estas vías ha sido la liberación de los fondos de ahorro de los trabajadores a través de los programas de financiamiento institucionales como el INFONAVIT y el Fondo de la Vivienda para los trabajadores del Estado (FOVISSSTE).[14] Según datos del INFONAVIT, Querétaro recibió el treinta por ciento de los créditos que otorgó durante el 2011 y que fueron solicitados por derechoha-bientes del Distrito Federal, Michoacán, Nuevo León y Tamauli-pas que decidieron avecindarse.[15]

Para los trabajadores que no cotizan en alguna de las dos instancias del Estado mencionadas por ser trabajadores independientes, se han puesto en operación mecanismos alternativos establecidos entre la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y la Banca, mediante el llamado “Crediferente”, que contempla “un subsidio de hasta 62,000 pesos de la Conavi (sic) [...], y el cliente paga un enganche mínimo de diez por ciento.[16] En otros términos, se han abierto los mecanismos por todos los medios, inclusive al abolir la restricción que impedía adquirir un crédito para una vivienda que no fuera ubicada en el lugar de residencia habitual del demandante. De esta manera, ciertos destinos turísticos han visto la oferta nueva de vivienda copada por creditohabientes de otras ciudades que usan la propiedad como segunda residencia en detrimento de quienes necesitan una vivienda principal.

Así, la apertura de créditos para la adquisición de viviendas por diferentes vías hace más factible la posesión del bien, asunto que, en parte, matiza la sobreoferta de viviendas; sin embargo, si bien la intención puede ser que cada trabajador cuente con un patrimonio inmobiliario, también existe la posibilidad de que los trabajadores, sobre todo los de mandos medios y superiores, utilicen su crédito para adquirir más de una vivienda, tal vez con la expectativa no de vivir en ella, sino de poder rentarla o venderla en algún momento, además de usarla potencialmente como segunda residencia.

La posibilidad creciente por tener una casa en propiedad o por aumentar el número de las que ya se tienen, aunado a las modificaciones realizadas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y se protege su propiedad [...], tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas han inducido un aumento excepcional en la producción de viviendas para todo tipo posibilidades económicas; en Querétaro, la oferta se concentra en cinco tipos de opciones: de bajo ingreso, interés social, vivienda media, residencial y residencial plus (gráfica 3), donde tienen cabida segmentos de la población activa y jubilada: “Querétaro vive una expansión que ofrece todo tipo de estilos para vivir y bellos paisajes en sus municipios aledaños. Así, las zonas con mayor índice de desarrollo de vivienda nueva, y por ende mayor demanda son Querétaro (fotografía 1), El Marqués y Corregidora”: así se expresa la publicidad en torno al espectacular crecimiento del parque habitacional de la ciudad.[17]

Al parecer, las expectativas de la industria de la construcción para recuperar las inversiones son amplias, por lo menos en Querétaro. Entre 1960 y 1970 las constructoras no llegaba a quince empresas y casi todas -excepto el consorcio de Ingenieros Civiles Asociados (ICA)- eran de capital local. Ahora son sesenta y dos empresas las que intervienen en el mercado local y no precisamente consttituidas por capitales nacionales, sino que cuentan con capitales internacionales interesados en el marco de la creciente globalización de la producción de la vivienda en México. En conjunto, este grupo de sesenta y dos constructoras proyecta la edificación de 145,063 viviendas más (en la zona conurbada) en la modalidad de fraccionamientos, que estarán disponibles durante el 2013 (gráfica 2),[18] aunque reconociéndose que “aún hay mucho por hacer, principalmente en lo que respecta al desarrollo de vivienda popular y económica”.[19]

Aún con estas ventajas aparentes, el riesgo de seguir construyendo viviendas es muy alto, tanto para el Estado como para la banca y los consumidores, y aún es más costoso para la ciudad. Por un lado, IN-FONAVIT (2011) reporta una disminución en el número de créditos otorgados: durante el año 2010 autorizó 7,800 créditos, mientras que el año siguiente otorgó 7,156 créditos. Por otro lado, además de la disminución de créditos existe otro problema: el de las casas abandonadas por falta de liquidez o cambios imprevistos de residencia. Incluso el Instituto considera un problema mayor recuperar los créditos o rehabilitar las casas abandonadas (Ver fotografía 2 en página siguiente). Al mismo tiempo que la construcción de viviendas en fraccionamientos generan un brutal incremento de la mancha urbana, el uso del espacio urbano se modifica también en varios sentidos: pequeñas y grandes plazas comerciales y de servicios, condominios, torres departamentales, fraccionamientos cerrados, fraccionamientos campestres con cuerpos de agua artificiales, áreas verdes y campos de golf que representan “hoy en día la mayor proporción de área verde en la ciudad”.[20]

LOS FRACCIONAMIENTOS ACTUALES. DETONANTES DE LA SEGREGACIÓN URBANA

Según hemos visto en la sección anterior, en Querétaro se ha producido una oferta inusitada de viviendas, principalmente bajo la modalidad de fraccionamientos que, como señalamos, es injustificada. El incremento constructivo de unidades familiares -por lo menos normativamente- está respaldado en la política de apertura de créditos tanto para reforzar la tendencia de que cada trabajador -sea asalariado o no- pueda tener una casa propia como para consolidar la industria de la construcción.

La oferta más atractiva -tanto para los desarrolladores como para los compradores- se sitúa en la construcción de fraccionamientos. En Querétaro existen 529 unidades diseminadas en todo el municipio.[21]

En este sentido, coincidimos con los señalamientos de Cabrales y Canosa (2001), -entre otros- al indicar que la edificación masiva de fraccionamientos de todo tipo tiende a exacerbar el fenómeno de la segregación; sin embargo, se convierten ahora en una opción residencial en la que es relativamente fácil tener acceso.

Subrayamos con particular atención la cuestión de los fraccionamientos residenciales cercados física o simbólicamente, ya que creemos que este fenómeno -que es cada vez más frecuente- expresa la incapacidad del sistema para resolver las tensiones dentro de un mismo territorio. A nuestro entender, optar por vivir en un fraccionamiento, encerrarse, segregarse del resto de la comunidad, es sinónimo de la necesidad de apartarse -en este caso voluntariamente- de aquello que por alguna circunstancia no considera un entorno certero. Podemos suponer que dentro de los fraccionamientos se puede llegar a recrear un remedo de vida comunitaria circunscripto, eso sí, al intercambio entre vecinos con condiciones socioeconómicas y expectativas de vida similares. Un intercambio fraguado a partir un modo de vida relativamente homogéneo que recrea nuevas formas de relaciones sociales, desestructurando los vínculos con el exterior.

Si de homogeneidad se trata, una de las características de los fraccionamientos radica en la uniformidad constructiva: tamaño de lotes, fachadas, distribución interior, tamaño de las áreas verdes y servicios, de los espacios para estacionamiento,[22] hasta los colores son predeterminados por los fraccionadores, creando un ambiente similar -en ocasiones hasta idéntico- al interior de los conjuntos, pero diferente con respecto a lo externo.

Es necesario agregar a lo anterior la cuestión de la infraestructura vial. Dado que generalmente son grandes extensiones las que se urbanizan para este fin, en Querétaro, como en otros casos, los fraccionamientos se sitúan no en forma exclusiva, pero si preferente en la periferia, de modo que la infraestructura vial se convierte en un elemento prioritario para comunicar el nuevo desarrollo con diferentes puntos de la ciudad. Esta cuestión tiene dos aristas: 1) permite que los núcleos poblacionales anteriores tengan una comunicación más eficiente y se valorice de otra manera su propiedad y, 2) la infraestructura creada no cruza los fraccionamientos, por el contrario, queda trunca, limitada por un acceso controlado, pero al interior del fraccionamiento en cierta forma se replica el orden urbano de la ciudad: nombre de las calles, circulaciones, límites de velocidad, anuncios viales, etcétera. Es decir, al truncarse la continuidad vial y al recrear al interior una dinámica propia independiente, el habitante del fraccionamiento se aisla del ambiente exterior y de las relaciones sociales que se suceden fuera de éste, pero además, la pérdida de continuidad vial modifica el sentido de unidad urbana.

Por otra parte, si asumimos que predomina el uso mixto en el territorio (Duhau y Giglia, 2008) -a pesar de la contigüidad que acusan las diferentes actividades y tipos de viviendas- la connotación de lugar cerrado, en forma implícita o cercado, rejas, muros, controles de acceso, vigilancia, cámaras, botones de emergencia, entre otros aditamentos, agudizan y segregan a la vez que distinguen a sus residentes socialmente con respecto a la población con la que, en algún momento, tienen que compartir una vía o una arteria. La defensa de la propiedad privada, es, a nuestro entender, el argumento central que subyace en los diferentes tipos de cercamientos (Safa, 1995).

Los dispositivos que dividen, puestos en operación, tienen como función primordial la salvaguarda del residente con respecto a los otros, el generar un sentimiento de seguridad entre la población de las clases medias o de los pequeños segmentos poblacionales que habitan en los fraccionamientos residenciales: “En nuestras sociedades las desigualdades sociales pasan por las diferencias ocupacionales y por las preferencias de ocio y diversión. El territorio y la casa donde se habita son parte de estos referentes de estatus y diferenciación social” (Safa, 1995: 115).

Asumiendo la premisa sobre la diferencia que señala Safa, en cuestiones de vivienda, toda vez que el modelo cerrado es preeminente en el mercado inmobiliario, ahora, ¿quiénes son los otros? En Queré-taro -como, seguramente, en otras partes de la República- hay una tendencia clara: construir fraccionamientos cerrados que se ofrecen para todo tipo de ingresos, con más o menos aditamentos de seguridad; la mayoría son bardeados y con sistemas de control de acceso para tomar previsiones seguras con respecto a la otredad, a los que, por diversas razones -en particular, razones económico-sociales- son diferentes, que seguramente representan la “nueva pobreza urbana [.. .y son marcados por...] el poderoso estigma asociado a la residencia en los espacios restringidos y segregados” señalada por Wacquant (2007: 128).

Podemos pensar que las diferencias se marcan a través de dos cuestiones: la clase social, y la inseguridad, referida en la sección anterior. Si esta última cuestión (es decir, la inseguridad) fuera comprobada, podría decirse sin temor a error que las familias -sobre todo las recién avecindadas-, tienden a vivir en fraccionamientos cerrados tras una serie de malas experiencias pudieron en sus lugares de origen.

Los datos indican que a la fecha existen -diseminados por todo el municipio de Querétaro- 253 fraccionamientos aptos para diferentes posibilidades económicas. La tendencia es clara: tanto los fraccionamientos de viejo cuño (el Club Campestre), como los de nueva creación están implementando nuevos aditamentos de seguridad -cada vez más más sofisticados- para tratar de resolver de manera individual el fenómeno público de la inseguridad y para restringir el acceso a los extraños[23] (que, en la mayoría de los casos son aquellas familias con una economía sensiblemente menor, que realizan trabajos de apoyo, mantenimiento o servicio doméstico). Cuestión de cíase y diferencia económica… El siguiente mapa (2) es indicativo de la formación de nuevos conjuntos habitacionales cerrados que -en estricto sentido- no corresponden a las zonas con mayor violencia de la ciudad.[24]pero tampoco coinciden con un determinado nivel socioeconómico, sino, podemos suponer una preferencia para diferenciar o para proteger: “Estas son las ciudades neoliberales que el capital ha construido en su intento desesperado por absorberlos excedentes que él mismo crea” (Harvey, 2008: 15).

También debe señalarse que la exclusión voluntaria que resalta de los comportamientos individuales de los adquirientes de vivienda, es alimentada por la publicidad y por la acción de los medios masivos de comunicación, que evidencian los problemas vividos en diversos partes de la República pero no reproducen una imagen correcta de la realidad.

Por otra parte, el fenómeno de migración importante de población de otras entidades -como la Ciudad de México, u otras ciudades marcadas por una violencia endémica y permanente- plantea también una demanda real de espacios seguros: los desarrolladores responden así a una demanda sustentada en un imaginario de miedo que quizás es tan importado como la población que lo sostiene. De tal suerte, la segregación y la exclusión se vuelven factores tan dirigidos por la oferta (de las empresas desarrolladoras) como por la demanda de los mismos adquirientes de viviendas.

Así, confinarse en un fraccionamiento que marca una división simbólica o creada es recrear una vida colectiva interior, convivir solo con pares, desconectar de la infraestructura vial y crear una propia, homogeneizar los espacios y hasta los colores e imponer un orden interno. El aislamiento, la pérdida del interés por lo que sucede del otro lado del fraccionamiento, el individualismo y la desconfianza permanente son algunas de las características principales de los fraccionamientos en las ciudades modernas.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Si bien la ciudad de Querétaro no padece una explosión demográfica -como sí sucedió durante la década de los años setenta- sigue creciendo y expandiéndose sobre el espacio periférico, de manera que éste experimenta una serie de mutaciones en el uso y ocupación que, evidentemente, deja de lado las características rurales.

Durante el desarrollo de este trabajo hemos observado que la oferta actual de viviendas no corresponde a las necesidades. Querétaro es ya reconocida y consolidada, de manera que la oferta de viviendas no se presenta como un atractivo más para los nuevos funcionarios o empresarios: la competitividad de la ciudad -reconocida a nivel internacional- y el crecimiento de las actividades industriales bastan en sí mismos para atraer capitales. Un imaginario de calidad de vida se ha difundido muy ampliamente, de tal suerte que ha logrado transformar la ciudad en un imán permanente de población nueva.

A esto cabe agregar dos consideraciones: la primera es que creemos que mediante este modelo, difícilmente se pueden sortear los grandes procesos de diferenciación y exclusión; la segunda: que esta forma de desarrollo ha modulado -en particular en la actualidad- la morfología de la ciudad, impulsando el paso de una ciudad relativamente compacta aun hasta los años setenta, para transformarla en una ciudad difusa que puede ser analizada a partir del referente teórico analizado, en su momento, por Dematteis (1998) y Monclus (1998).

Las políticas de vivienda y la apertura de créditos tomadas a nivel nacional desde hace más de una década han generado un cambio importante en la forma de urbanización. La mayor parte del desarrollo de viviendas ocurre ahora en nuevas áreas periféricas extensas diseñadas y construidas por inmobiliarias privadas, que pueden ser adquiridas mediante ciertos créditos bancarios a través del INFONAVIT o del FOVISSSTE.

En cuanto a las inmobiliarias, hemos demostrado que no se trata ahora de los grandes consorcios que surgieron en los años setenta -en particular hacemos referencia al Consorcio de Ingenieros Civiles Asociados (ICA)- sino que, por el contrario, pensamos que se trata ahora de un cúmulo importante de medianas y grandes empresas inmobiliarias locales y nacionales, que están avocadas a ofrecer casas para todos los sectores económicos y, lo más importante, que están utilizando terrenos que antes carecían de valoración. Este modelo de desarrollo inmobiliario tiene grandes ventajas para los desarrollado-res y es generalmente bien visto por los adquirientes: sin embargo, es evidente que modifica tan radicalmente los modos de vida que se ha impuesto una segregación dirigida y demandada que parece no afectar (aun) las condiciones de vida de la población.

Al aceptar las nuevas formas de producir el suelo urbano impuesto por los modelos de valorización del capital de los desarrolladores, Querétaro pasó en poco más de medio siglo de ser una apacible ciudad provincial a transformarse en una ciudad difusa. Cada segmento cuenta con ciertas amenidades y con servicios urbanos y se posiciona como excluyente de lo demás: pero su autosuficiencia no es tal, ya que las fuentes de empleo no se ubican, por lo general, en las cercanías de los fraccionamientos. Lo mismo puede asegurarse en materia de acceso a servicios educativos o de salud, a centros comerciales, etcétera. De esta manera, se ha trastocado el transporte urbano y se prevé para el año 2020 una saturación de las principales vías, así como un colapso del transporte, si sigue esta tendencia a la dispersión de desarrollos a lo largo del territorio. Desde una perspectiva social, como lo subrayamos antes, la exclusión provoca un distanciamiento entre grupos sociales, una carencia de participación colectiva y, por ende, una disminución del “vivir conjuntamente”, que es la esencia misma de la ciudad: “La utopía alternativa debe reivindicar el derecho a la producción social del espacio para poder reconstruir las relaciones espaciales y las formas territoriales, más que reclamar, apenas, el derecho a circular dentro de un mundo pre-ordenado espacialmente por el capital[25]“.

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Este artículo forma parte de la investigación en proceso Ciudad, metrópoli y mer¬cado inmobiliario. Querétaro 1970-2010, (UAQ-FCPyS), fue presentado a manera de ponencia en el marco del XXX simposio de la ICA; Viena, 2012.↵

Doctora en Ciencias Sociales, profesora de la Universidad Autónoma de Que¬rétaro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es fundadora y coordi¬nadora de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales de la misma facultad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y tiene perfil PROMEP correo electrónico carmenimelda@gmail.com↵

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Además de la acción de segregación, el carácter jurídico de fraccionamiento se refiere al régimen de propiedad privada de bienes inmuebles. Se trata de la potestad que tienen varios individuos sobre un bien común. La noción suele aplicarse a los inmuebles, casas horizontales y edificios verticales. En ambos casos, una persona es la propietaria de la unidad que adquiere (casa o departamento) y copropietaria de los espacios comunes, los gastos que se generan para su mantenimiento son compartidos entre los copropietarios.↵

Para mayor profundización en el tema, recomendamos consultar, entre otros: Arvizu (2005).↵

Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), 2000↵

La tasa de crecimiento media anual en el país es sensiblemente más baja que la que se experimenta en el estado de Querétaro (2000-2005 de 1.0; 2005-2010 de 1.8). El estado de Querétaro ocupa el sexto lugar a nivel nacional: entre el 2000 y 2005 fue de 2.3, mientras que durante el quinquenio entre 2005 y 20010 ascendió cuatro puntos (2.7). Anuario Económico (2012); Querétaro; Gobierno de Estado.↵

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CQRN; Informe Geo..., op. cit, p. 43.↵

"En México existen diversos organismos inmersos en el financiamiento de la vivienda: Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONAPHO), Servicios de Integración Financiera (SIF), Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Progresiva (Tu Casa), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). Anuario Económico..., op. cit, p. 136.↵

Art. 123 constitucional. Ley de 1973.↵

(Disponible en http://www.metroscubicos.com/articulo/guia-de-precios/2012/12/13/ queretaro-una-de-las-ciudades-mas-preferidas Consultado en diciembre de 2012).↵

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CONAVI, 2010.↵

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CQRN..., op.cit., p. 36.↵

Secretaría de Desarrollo Sustentable (2010).↵

Los lugares para estacionamiento corresponden con el tamaño promedio de vehículos que puedan llegar a tener los residentes. En conjuntos masivos (interés bajo y social), los espacios son proporcionales a autos pequeños y medianos; mientras que en los fraccionamientos exclusivos (residencial y residenciales plus), son más amplios, para automóviles grandes y camionetas.↵

56 por ciento de la población ha tomado alguna medida con motivo de la inseguridad. Ibid.↵

Al noreste: Pedrito Peñuelas (colonias El Vergel, San Pedrito los Arcos y San Pedrito Peñuelas) y al sur Lomas de Casa Blanca (en 2008, se cometieron 181 delitos, 58 robos de automóviles y 27robosacomercios). Libertad. (Disponible en: http://www.libertaddepalabra. com/2009/02/una-colonia-insegura-lomas-de-casa-blanca/ Consultado en junio de 2012).↵

DELGADO, Ovidio 2003 David Harvey Espacios de esperanza (Madrid: Akal) p. 193.↵

12

Tercera parte

MIGRACIONES, PROYECTOS  Y ESPACIALIZACION DE  LA DESIGUALDAD

13

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, CAMBIOS ESPACIALES Y CAMBIOS SOCIALES EN LA CIUDAD DE CURITIBA

Miroslaw Wójtowicz[1]

CURITIBA ES LA CAPITAL DEL ESTADO de Paraná, y su ciudad más grande. Localizada en el sur de Brasil, esta ciudad se estableció en 1693 en una meseta, a una altura de 945 metros. Se encuentra entre los ríos Atuba y Belem. El Océano Atlántico se encuentra a 70 km de las montañas Serra do Mar. En la parte occidental del estado se encuentran tres largas mesetas que descienden hacia el Valle Paraná. Curitiba se conocía anteriormente como Vita Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Adoptó el nombre de Curitiba en 1698, nombre que significa “lugar con pinos” en guaraní. El asentamiento fue un importante centro de transporte en los primeros tiempos. Se detenían allí los viajeros que iban de San Pablo hacia el sur y aquellos que viajaban desde el interior de Brasil hacia la costa atlántica. La localización del asentamiento ayudó a disparar su desarrollo, lo que la convirtió oficialmente en pueblo, en 1721, y en una ciudad, en 1842. Curitiba es la Capital de Paraná desde 1854, y esto ayudó al crecimiento de la ciudad en cuanto a la población y al estatus económico. En la actualidad, la ciudad de Curitiba es un centro urbano muy importante tanto en el Estado de Paraná, como también en el sur de Brasil en general. (Rabinovich y Hoehn, 1995; Macedo, 2004; Irazabal, 2005)

El objetivo de este artículo es describir el crecimiento demográfico y espacial de la ciudad de Curitiba, haciendo especial énfasis en la densidad de población y en los grupos de población resultantes de las políticas de planificación urbana, diseñadas para concentrar a la población de la ciudad junto a las más importantes arterias de transporte. Este artículo, a su vez, incluye una discusión sobre la segregación racial y económica como también sobre la diversidad social y racial basada en los datos censales. El artículo también muestra las concentraciones de grupos raciales y sus cambios. Los datos disponibles se agrupan según 75 distritos urbanos y, más recientemente (2010), según los distritos del censo (diversidad racial).

Crecimiento demográfico en Curitiba

El pueblo solo tenía 6.000 habitantes en 1854, cuando se convirtió en la Capital del Estado de Paraná. El cambio de estado oficial se reveló como un factor clave para el crecimiento de la ciudad. El índice de crecimiento de la población se elevó durante las siguiente décadas, alcanzando su pico máximo entre 1890 y 1900, cuando la población se duplicó (Fig. 1). La construcción de una vía férrea entre Curitibay la ciudad puerto, Parangua, en 1885, facilitó la exportación de productos fabricados en Curitibay sus alrededores. Inicialmente, el producto de exportación más importante era la madera. Más tarde, fueron la carne de res, el café y la yerba mate, una alternativa local para el té (Rabinovitch y Hoehn, 1995; Macedo, 2004). La apertura del ferrocarril también determinó la entrada de inmigrantes a Curitiba y al Estado de Paraná en general. El índice de inmigración hacia el Estado de Paraná superó de manera considerable al de otras regiones brasileñas (Fig. 2). El índice de inmigración a Curitiba descendió en las primeras dos décadas del siglo XX, cuando cada vez más inmigrantes se dirigían a otras partes del Estado de Paraná. En los años treinta y en los años cuarenta comenzaron a aparecer plantaciones de café al norte de Paraná, lo que atrajo una cantidad aún mayor de inmigrantes (Fig. 2).

El índice de crecimiento de la población se incrementó de manera considerable después de la Segunda Guerra Mundial. La población de la ciudad se duplicó en la década del cincuenta, pasando de 180.000 a 361.000 habitantes. El índice de crecimiento del Estado de Paraná se incrementó de la misma forma debido a la inmigración en masa proveniente de otras partes de Brasil, especialmente de la región del Noreste. El índice de crecimiento de la población de Curitiba y de Paraná superó en más del doble el promedio nacional de Brasil (Fig. 2).

La población de Curitiba también se acrecentó así de rápido en las décadas del sesenta y del setenta, alcanzando los 1.025.000 habitantes en 1980, con un valor de referencia de 361.000 en 1960 (Fig. 1). Sin embargo, el índice de crecimiento del Estado de Paraná descendió considerablemente durante ese período. El índice de crecimiento de Paraná estaba debajo del promedio nacional en la década del setenta. Esto en parte se explica por el cambio en los patrones de migración dentro de Brasil, lo que redujo la inmigración a Paraná desde otros estados brasileños. La estructura social y económica de Paraná también experimentó grandes cambios en ese tiempo. La mecanización de la agricultura en Brasil entre 1950 y 1980 alteró los patrones de migración interna y los emigrantes se trasladaron de los estados agricultores a estados más industrializados. En el Estado de Paraná, el patrón se mantuvo firme: los emigrantes de las áreas rurales se dirigieron a la capital de la ciudad, Curitiba. Otro factor de empuje fue la quiebra de varias plantaciones de café en 1975 debido a la llamada “helada negra”. Un factor que atrajo inmigrantes a la Ciudad de Curitiba fue la creación de la Ciudad Industrial de Curitiba (CIC) en 1973. La CIC formaba parte de una estrategia nacional para alejarse de la importación de productos industriales y acercarse a la producción nacional. Esto resultó en un descenso sistemático de la población rural de Paraná, de un 64% en 1970 a un 19% en el año 2000. (Macedo, 2004: 538)

El índice de crecimiento de la población de Curitiba descendió significativamente desde la década del ochenta. Mientras que el índice de crecimiento de Curitiba todavía es más alto que el índice de crecimiento del Estado de Paraná, aún es más bajo que el índice del total de Brasil. Esto de debe al crecimiento de los suburbios de Curitiba, cuyo índice de crecimiento de población duplica el índice de Curitiba de las últimas tres décadas (Fig. 2).

EL CRECIMIENTO ESPACIAL DE CURITIBA

La ciudad de Curitiba posee un área de 434.67 km2. Las áreas urbanizadas dentro de los límites de la ciudad se han expandido en los últimos cien años y la densidad de población ha aumentado. La densidad de población de la ciudad a comienzos de los años cuarenta era de 324 personas/km2. En la actualidad (2010), hay 40.030 personas/ km2. Las áreas urbanizadas cubren la mayoría del área formalmente designada como la ciudad de Curitiba (Fig. 3).

El rápido crecimiento demográfico en Curitiba obligó a los funcionarios de la región a iniciar proyectos de planificación urbana destinados a manejar el caótico crecimiento urbano. El primer proyecto amplio de planificación urbana estuvo dirigido por el arquitecto francés Alfred Agache, entre 1941 y 1943. El plan maestro proponía un sistema concéntrico del transporte público. Las grandes avenidas se extenderían desde el centro de la ciudad hacia centros urbanos periféricos. En 1966, se implemento un nuevo plan maestro en la ciudad, dirigido por el arquitecto brasileño Jorge Wilheim. El nuevo plan difería del plan de Agache en cuanto a que asumiría la creación de carreteras que irían desde el sudoeste hasta el noreste, lo que sería más natural teniendo en cuenta la geografía de la ciudad. El plan sostenía que la ciudad debería desarrollarse linealmente junto a las carreteras más importantes. Las carreteras estarían clasificadas según el sistema de organización. Esta clasificación luego produciría una densidad de población específica y grupos de población. Las áreas con mucha densidad de población solo podrían ubicarse cerca de las carreteras importantes. Las comunidades asentadas junto a carreteras secundarias debían tener menor densidad de población y, además, menos edificios. El plan maestro de Wilheim estaba muy bien delineado, en parte gracias a la formación del Instituto de Investigación y Planificación Urbana de Curitiba (Instituto de Pesquisa e Planejamiento Urbano de Curitiba, IPPUC). El resultado final fue un crecimiento urbano razonable que manejaba bastante bien la densidad de población (Rabinovitch, 1992; Rabinovitch, 1996; Mace-do, 2004; Irazabal, 2010).

El índice de crecimiento de la población a lo largo de la ciudad varió de forma significativa entre cada censo. Las áreas de Reboucas y de Bom Retiro de Curitiba central comenzaron a despoblarse gradualmente en la década del setenta (índice de despoblación: -0,69% y -0,02%, respectivamente). Otras áreas del centro de Curitiba experimentaron lentos índices de crecimiento de población, mientras que áreas periféricas de la ciudad construidas luego de 1970 experimentaron altos índices de crecimiento de la población (Fig. 4).

La despoblación se aceleró en la década del ochenta en el centro de Curitiba. Se comenzaron a despoblar veinte distritos centrales. El despoblamiento incluyó áreas con importantes avenidas que comunicaban hacia el noreste, el noroeste, el sur y el sudoeste. El despoblamiento en distritos centrales fue determinado por cambios funcionales que se llevaron a cabo en la ciudad. Grandes y pequeñas compañías comenzaron a apoderarse del centro de Curitiba, dejando de lado a sus residentes tradicionales. Estos distritos centrales resultaban aún más atractivos para las empresas debido a las carreteras que los atravesaban. El plan maestro de la ciudad permitía construir edificios altos en distritos centrales, lo que hizo que fueran lugares todavía más atractivos para grandes compañías (Fig. 4).

Desde la década del noventa se observó un despoblamiento en Curitiba central, en áreas situadas a lo largo de las carreteras más importantes. Elegantes avenidas centrales se poblaron de entidades de negocios y de grandes proveedores de servicios. Se pueden observar dos ejes de despoblamiento en el centro de Curitiba: (1) del sudoeste al noreste del área de Seminario hasta Batel y Alto da Rúa XV, y Jardim Social; (2) del noroeste al sudeste de Merces y Bom Retiro via Reboucas, Prado Velho, y de Praolin a Hauer (Fig. 4). Una excepción interesante en Curitiba central fue el área de “Centro”, cuya población disminuyó durante dos décadas, pero resurgió luego del año 2000. Su población actual (2010) de alrededor de 37.300 es el resultado de un resurgimiento desde el año 2000. La última vez que esta área contó con este número de residentes fue en 1975 (Fig. 4). Esta área de la ciudad se volvió atractiva para los residentes, una vez más gracias a efectivos programas de regeneración urbana, a límites impuestos al tráfico, y a la expansión de áreas para peatones. Los límites en el tráfico fueron muy importantes para mejorar la calidad de vida. Los nuevos residentes, en especial los residentes jóvenes, comenzaron a llegar a esta área, incluyendo profesionales libres y yuppies (Irazabal, 2005; Irazabal, 2010).

Los cambios en los índices de crecimiento de la población de Curitiba y el número creciente de residentes provocaron marcados cambios en la distribución de la población y en la densidad de población de la ciudad. El aumento constante de la población de la ciudad acarreó un crecimiento continuo del promedio de la densidad de población. En 1970, la densidad de población promedio de la ciudad -muy mal distribuida espacialmente- era de 1.401 personas/km2. Mientras que Curitiba central contaba con una densidad de población de 39.100 personas/km2, en el oeste y en el sur de Curitiba la densidad de población era de 100 personas/km2. En 1980 la ciudad tenía una densidad de población promedio de 2.358 personas/km2. Sin embargo, las áreas periféricas del oeste y del sur se mantuvieron mucho menos pobladas que los distritos centrales. Desde 1990, las áreas de gran densidad se desplazaron hacia el sur y el este de Curitiba central, acorde con el plan maestro de la ciudad, diseñado para agrupar a las comunidades residenciales a lo largo de las grandes carreteras. Comenzaron a emerger rascacielos, y no solo en Curitiba central sino en áreas más periféricas (Fig. 5).

En 2010, la ciudad tenía una densidad de población promedio de 4.030 personas/ km2. Las áreas más pobladas se desplazaron hacia el Sur, el Norte y el Este. Las áreas periféricas en el Oeste y en el Sur siguieron siendo las menos pobladas, gracias a los esfuerzos de conservación que salvaron áreas de bosques y otras áreas no urbanizadas cerca de los dos ríos que conforman los límites oriental y occidental de la ciudad: Rio Iguacu y Rio Passaúna. Ambos ríos también funcionan como reservas artificiales que sirven como fuentes de agua potable para la ciudad. Esto también explica por qué estas dos áreas son áreas naturales protegidas (Irazabal, 2005; Irazabal, 2010).

DIFERENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES EN LA CIUDAD DE CURITIBA

La población de Curitiba creció, y con ella crecieron las diferencias sociales y económicas de sus residentes. Mientras la ciudad crece en espacio, también crecen las diferencias espaciales. El tamaño familiar promedio es un indicador clave de cambios demográficos. El tamaño familiar promedio era de 4,25, número alcanzado en el auge de población de la ciudad en 1980. Luego descendió a un promedio de 2,76 en el año 2010. Comenzaron a aparecer familias más pequeñas en una gran cantidad de distritos centrales, como Centro y Centro Cívico. Ya en 1980 ambos sectores de la ciudad tenían un promedio de tamaño familiar menor a 3,5. En 2010, seis distritos centrales tenían un promedio de tamaño familiar inferior a 2,0. Otros catorce distritos oscilaban entre 2,0 y 2,4 (Fig. 6). Esto muestra el fuerte impacto de la urbanización moderna, en la que resultan comunes las familias pequeñas, en la que se desea tener menos hijos, en la que cada vez más parejas renuncian a ser padres, y en la que muchas personas solteras forman sus propias familias independientes.

Un elemento clave de la estructura social de Curitiba es el porcentaje en aumento de residentes no blancos que se mudaron a la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial (en especial, residentes de la región del Noreste). En 1950, casi el 94% de la población de la ciudad era blanca. Esto incluía a inmigrantes provenientes de Italia, Polonia, Alemania, Francia, Suecia y Ucrania. Durante las tres décadas siguientes, hubo una gran inmigración de personas no blancas, y el porcentaje de residentes blancos descendió a 85,3% en 1980. La porción de personas de ascendencia africana y de raza mixta se elevó a 13,5% (Moraes y Sousa 1999). La población blanca continuó en declive entre 1980 y 2010, llegando a un 78,9% debido, esencialmente, a un bajo índice de natalidad entre las personas blancas y no a una fuerte inmigración de personas no blancas. Un índice más alto de natalidad de negros y asiáticos ayudó a aumentar su porción de la población de la ciudad a 19,6% y 1,3%, respectivamente (Tabla 1).

La afluencia de residentes no blancos y su porción creciente en la población de la ciudad llevó a que existiera una segregación racial cada vez más grande, que recién ahora comienza a disminuir. Los inmigrantes asiáticos son los que más tienden a aislarse. Por otro lado, podría decirse que es a quienes más se deja de lado. En Curitiba, los asiáticos alcanzan los 23.100 individuos, según el censo de 2010. Este grupo racial está muy segregado de la población blanca y segregado en extremo de otros grupos de residentes no blancos.

Además, la población blanca se encuentra fuertemente segregada de la población negra. El índice de disparidad entre ambos grupos raciales se elevó de 21,56 en el año 2000 a 22,28 en 2010, lo que indica un pequeño aumento de la segregación. En el nivel de la unidad censal, el índice de disparidad es de 31,5, lo que sugiere que más del 30% de la población de uno de estos dos grupos tendría que mudarse a otra parte de la ciudad para que hubiera un equilibrio entre ambos grupos raciales (Tabla 2). Una investigación llevada a cabo por Edward Telles indica que el índice de disparidad era de 39,0 en 1995, lo que sugiere que el grado de segregación entre los residentes blancos y los residentes negros de Curitiba descendió en los últimos años en el nivel de la unidad censal. (Telles, 1995: 339)

Los datos arriba mencionados sugieren que la segregación racial no es el factor principal que diferencia el espacio social en Curitiba. Los ingresos familiares y los ingresos personales son factores de diferenciación mucho más importantes. Gracias a la utilización de datos del censo de población de 2010 para analizar el grado de segregación económica en Curitiba, basados en 75 distritos censales, se identificaron cinco grupos de ingresos familiares, y se evaluó la segregación económica para cada grupo (Tab. 3). Los datos de segregación sugieren que los niveles de ingresos más altos tienden a producir más segregación. Se calculó que el 4% de las familias más ricas de Curitiba tiene un índice de segregación de 54,15. El índice de la clase media alta (10% de las familias) arrojó valores cercanos a 40 (Tabla 3).

Se utilizó un índice de disparidad diferente (Massey y Eggers 1990) para comparar el grado de segregación entre los grupos de ingresos. Los resultados confirman que los dos grupos de ingresos más altos tienden a estar más segregados. El grupo de mayores ingresos tenía un índice de disparidad muy alto en relación con el grupo de menores ingresos y de la clase media baja (Tab. 4). Esto sugiere que en Curitiba los ingresos son un mejor indicador de la segregación que la raza. Sin embargo, esto no excluye un análisis de la relación entre los ingresos y la raza.

Se utilizó un cociente de localización modificado para analizar la concentración espacial de grupos de ingresos extremos en relación con los grupos raciales principales. Los resultados del gráfico indican que existe una fuerte correlación entre los distritos con población fundamentalmente blanca y los distritos con un porcentaje elevado de ingresos familiares altos (Fig. 7). A pesar de la compleja naturaleza de los procesos urbanos contemporáneos que tienen lugar en Latinoamérica, todavía se aplica el modelo espacial latinoamericano clásico de la ciudad, según el cual existen distritos centrales dominados por la clase alta y distritos periféricos dominados por la clase baja. (Griffin y Ford, 1980; Ford, 1996; Caldeira, 1996; Caldeira, 2000; Janoschkay Borsdorf, 2006; Borsdorf, Hidalgo y Sánchez, 2007;Borsdorf e Hidalgo, 2009).

Una característica adicional de los residentes adinerados concentrados en la parte central de la ciudad de Curitiba es que la mayoría de ellos son blancos, mientras que la mayoría de los residentes pobres de los distritos periféricos tienen ascendencia africana (Fig. 7).

CONCLUSIONES

Los índices de crecimiento de la población de la ciudad de Curitiba en los siglos XIX y XX se establecieron por una gran variedad de factores históricos y económicos complejos. La primera gran ola de inmigrantes, que llegó a la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX, duplicó la población existente en la década de 1890, y produjo un cambio en el estatus de Curitiba, que pasó de ser un pueblo local a ser la capital de un Estado. Este acontecimiento desencadenó un nuevo desarrollo económico y atrajo a una gran cantidad de inmigrantes europeos. La segunda gran ola de inmigración llegó entre 1950 y 1980, como consecuencia de la estrategia nacional de industrialización de Brasil. Las nuevas fábricas en Curitiba atrajeron a emigrantes del campo de Paraná y de otros estados brasileños. Otro factor que hizo que la población rural se trasladara a la ciudad fue la mecanización de la agricultura. En la década del setenta, en el área de Curitiba, comenzó un proceso de suburbanización que se aceleró en la década del noventa. La suburbanización contemporánea en Curitiba está despoblando la parte central de la ciudad y provoca un crecimiento de población en los distritos periféricos.

La población de Curitiba se volvió más diversa entre 1950 y 2010 debido, principalmente, a la afluencia de inmigrantes del Norte de Brasil. Esto no llevó a que haya una gran segregación racial. Es más, la segregación racial ha estado en declive en los últimos años. Los ingresos son en Curitiba un mejor indicador espacial. Los residentes más adinerados tienden a segregarse lejos del resto de la población. Finalmente, la mayoría de los residentes ricos de Curitiba son blancos o asiáticos, mientras que la mayoría de los residentes pobres tienen ascendencia africana.

Con regularidad, se cita a Curitiba como ejemplo de una ciudad exitosa, que ha podido combinar una buena planificación espacial con un buen gobierno local. El desarrollo de Curitiba se ve beneficiado por la ayuda constante de gobiernos consecutivos. El resultado es un buen manejo del crecimiento de la población, nuevos empleos para los nuevos residentes, mejor calidad de vida y menos pobreza.

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Departamento de Geografía Socio-Económica (Department of Socio-Economic Geography), Instituto de Geografía (Instituí of Geography), Universidad Peda¬gógica de Cracow (Pedagogical University of Cracow), Poland, e-mail: mwojt@ up.krakow.pl; mirekwojt@gmail.com.↵

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METROPOLIZACIÓN, MIGRACIÓN Y DESIGUALDADES SOCIALES

EVIDENCIAS GEOGRÁFICAS SOBRE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

Susana María Sassone[1] y Brenda Matossian[2]

METROPOLIZACIÓN, MIGRACIÓN Y DESIGUALDADES SOCIALES

En muchas de las áreas metropolitanas del mundo la migración se ha multiplicado y diversificado, sobre todo desde los años noventa. El fenómeno que asocia el torrente humano con las ciudades globales ha recibido el nombre de planeta nómade (cf. Simón, 1998), como puede verse en la obra de Saskia Sassen (1991), Peter Taylor (1994), Peter Marcuse y Ronald van Kempen (2000), Stephen Castles y Mark J. Miller (2004) y de tantos otros. De ello da cuenta también la red Metrópolis.net, iniciada y difundida desde Canadá en los años noventa. El interés y la necesidad del tema crecen y la explicación acerca de los modos en que las diferentes corrientes migratorias participan de la metropolización es una tarea esencial para los investigadores (Miret, 2009: 104) pero, su presencia creciente no sólo se da en las ciudades globales y en las metrópolis; hace décadas ya que los inmigrantes, en general los menos calificados, se suman también a las ciudades medias y, en particular, a sus periferias marginadas (Sassone, González y Matossian, 2010). Buenos Aires, en tanto metrópolis, es uno de esos casos. La literatura especializada comenzó a utilizar el término gateways (Singer, 2008 y 2009; Price y Benton Short, 2007a y 2007b) para referirse al poder de atracción y al carácter de puertas a la inmigración internacional de las grandes urbes globales. En este tipo de ciudades el impacto, tanto en áreas centrales como en los suburbios, ha sido grande y se incrementaron las demandas de escuelas, de servicios de salud y hasta comenzaron a requerirse servicios varios, incluso en algunos casos la enseñanza de la lengua.

El objetivo de este artículo es analizar la composición por país de origen de la distribución residencial de la inmigración internacional en la Región Metropolitana de Buenos Aires, considerando en particular las principales colectividades latinoamericanas, las colectividades del resto de América y las de los otros continentes. Este abordaje hace posible interpretar los patrones de la concentración/dispersión espacial de los migrantes según origen para comprender la configuración urbano-territorial de Buenos Aires. Queremos trabajar sobre los modelos de homogeneidad y diversidad migratoria espaciales para definir espacios de uno u otro perfil puesto que para gestionar una ciudad como Buenos Aires debemos pensar en las necesidades de una sociedad diversa, en la cual emergen demandas de servicios y de vivienda, de uso de la ciudad y de su espacio público, por parte de quienes habitan y se apropian de la ciudad a través de las diferentes formas de participación ciudadana.

En un nivel avanzado de interpretación queremos hablar de las desigualdades sociales y de su relación con las migraciones. La primera reflexión nos lleva a afirmar que las desigualdades sociales son desigualdades espaciales. No es lo mismo hablar de diferenciación residencial. Entendemos que la diferenciación es connatural con los procesos sociales y, por tanto, indicadora de las diferencias sociales. Esta era la perspectiva de los estudios provenientes de la Escuela de Chicago, concentrados en analizar la distribución de la sociedad en el marco ecológico urbano, “una de cuyas manifestaciones es la zonificación y diferenciación del suelo en la gran ciudad” (Gravano, 2005: 33). En este sentido, Pires de Caldeira (2000) señala que las reglas que organizan el espacio urbano son básicamente patrones de diferenciación social y de separación, reglas que varían cultural e históricamente. El estudio de la diferenciación indaga acerca de las localizaciones distintivas dentro de la ciudad sin problematizar desde un enfoque profundo cuáles son las causas de fondo. Pero si hablamos de desigualdades, avanzamos en un campo sensible que nos hace reflexionar sobre la justicia social, el sentido de equidad, la inclusión social, los derechos de los habitantes y el ejercicio ciudadano. Desde Henry Lefevre (a fines de los años sesenta) hasta David Harvey, en su proficua producción, el debate sigue abierto (Harvey, 1992). Son otros los ejes que se incluyen en el análisis de la desigualdad social y espacial. Tal como afirma Wacquant (2007: 17), “las estructuras y las políticas estatales juegan un papel decisivo en la articulación diferencial de las desigualdades de clase, de lugar y de origen (etnorracial o etnonacional)”.

Sin avanzar sobre posturas políticas, y menos ideológicas, es responsabilidad del investigador (y del geógrafo, en particular) esclarecer los escenarios territoriales y discernir los perfiles de los habitantes de una ciudad. La literatura en torno a la ciudad y a las desigualdades sociales ha crecido con fuerza en las dos últimas décadas y es motivo de preocupación. Por ello, y de acuerdo con las evidencias, consideramos oportuno preguntarnos sobre el papel de los migrantes cuando “hacen ciudad”, cuando son agentes de transformación urbana y actores en la construcción de la ciudad (Noseda y Racine, 2001). En el contexto de la metrópolis de Buenos Aires, es posible confirmar que tanto en la formación de las villas de emergencia como en la de los barrios populares de algunos municipios, las migraciones provenientes de los países vecinos (paraguayos, bolivianos, chilenos y, más recientemente, peruanos) han sido las hacedoras de la ciudad (Bolívar, 1995; Sassone 2002, Sassone et al, 2006). En tal sentido, nos preguntamos: ¿cuántos son y dónde están los migrantes? Y luego: ¿cómo hacen ciudad? y ¿qué tipo de ciudad hacen? Y además: ¿qué papel juegan los migrantes en la construcción de las desigualdades sociales en las escalas metropolitanas? Nuestras preguntas se relacionan con la necesidad de identificar los procesos a través de los cuales los migrantes internacionales han contribuido a la formación de la ciudad al inscribirse territorialmente dentro de la región, primero en el área central en villas de emergencia y luego, por mediación del Estado, en gestiones no explícitas en la formación de barrios o urbanizaciones populares de las franjas suburbanas.

REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL

LA MIRADA A NIVEL PAÍS: CUANTÍA Y COMPOSICIÓN

La Argentina es, desde siempre, un país con una importante presencia extranjera.[3] y lo sigue siendo, aunque con un creciente cambio en la composición migratoria[4]: se está consolidando la latino-americanización de la migración, aunque otros orígenes del mundo en desarrollo como así también del mundo desarrollado podrían llevarnos a una composición cosmopolita. A partir de 1991, y con mayor evidencia en el censo de población de 2001, se advirtió un descenso en el número de migrantes internacionales y una inversión de la composición, pues los extranjeros originarios de países limítrofes[5] presentaron una participación numérica y porcentual superior, de tendencia creciente, con respecto a los “no limítrofes” o de “otros países”[6]. Estos cambios revisten de un gran interés científico y político y son estudiados en este país de acogida desde mediados de los años setenta, sobre todo desde la demografía, la geografía, la sociología, la historia y, más tardíamente, la antropología[7].

Los diez censos generales de población de la Argentina (entre 1869 y 2010) conforman una serie histórica que abarca casi un siglo y medio y permiten comprobar los cambios operados en la presencia de migrantes en la Argentina. Los extranjeros nunca superaron los 3 millones de personas y el valor más alto se registró en 1960. En valores relativos, en 1914 representaban el 30% de la población total del país, debido a la magnitud de los flujos de ultramar entre 1870 y ese año censal. Asimismo, se observa el descenso en su número desde 1960, cuando había 2.604.447 personas, cifra que desciende a 1.517.904 en 2001. Esas disminuciones registradas en las décadas de los sesenta, setenta y ochentalpermitieron inferir la denominada “argentinización de la población”. Este juego de relaciones entre porcentajes demuestra que, en las décadas recientes, los extranjeros descendieron en valores relativos hasta un valor de un 4,2% en 2001 y, a la vez, aumentaron los aportes de los migrantes limítrofes en valores absolutos. Ya en 2010, el número aumentó al igual que el porcentaje y lo distintivo es que el 68,9% de los extranjeros es de origen limítrofe (Tabla 1).

Desde los años noventa, el papel relevante de los migrantes limítrofes, como categoría demográfica y política, fue perdiendo importancia por el aumento de peruanos y, posteriormente, ya iniciados los años 2000, por la mayor llegada de dominicanos e incluso de sene-galeses, así como también de otros países de África Subsahariana. Es por ello que podríamos hablar de “migración latinoamericana”. No obstante, esto no es posible a la luz de los resultados censales, pues los censos diferencian por país únicamente a los cinco países limítrofes y a Perú; el resto de los países quedan sumados en la categoría “Resto de América”. Las tendencias de cada colectivo son diferentes por los contextos temporales, económicos y políticos que los caracterizaron. Entre 1869 y 1914 uruguayos, brasileños y paraguayos estaban entre los primeros. Entre 1914 y 1960 paraguayos, chilenos y bolivianos mostraron un crecimiento, que fue aún mayor entre 1960 y 1980. Solamente entre 1970 y 1980 los uruguayos mostraron un aumento que se relaciona con los problemas políticos y con la recesión económica de su país. En esta evaluación por países deben considerarse también los subregistros censales de la población extranjera limítrofe, a causa de la indocumentación inmedible que ha sido comprobada en los casos de bolivianos, chilenos y paraguayos (Mármora, 1983 y 1984; Sassone, 1987 y 2002). En 2001 se reconocen valores superiores para Paraguay en primer lugar y para Bolivia en segundo. Chile pierde importancia a partir de su retorno a la democracia en 1990. En 2010 paraguayos, bolivianos y peruanos ocupan los primeros puestos (Figura 1). La movilidad de estos migrantes determina configuraciones territoriales propias. En términos generales, los censos argentinos han demostrado que los migrantes paraguayos y bolivianos presentan continuidad en los flujos, con una tendencia creciente y sostenida.

El contexto nacional e internacional en materia migratoria presentó cambios sustantivos para la primera década del siglo XXI. Por un lado, el censo de población de 2001 mostró la superioridad numérica de la población extranjera procedente de los principales países latinoamericanos. Este cambio en la dinámica demográfica se produjo en un nuevo escenario para la Argentina: el del proceso de integración regional en el Mercosur (Capuz, 2007; Novick, 2010). La libre circulación de personas alentó la firma, durante esa década, de varios acuerdos bilaterales y multilaterales (OIM, 2008) para facilitar los trámites migratorios a los ciudadanos de los Estados Partes del Mercosur, como así también a los extra-Mercosur, pues se permitió su regularización migratoria y la obtención de su radicación temporaria o permanente sin la necesidad de regresar a su país de origen. Pero, desde los inicios del gobierno de Néstor Kirchner, en 2003, la óptica cambió. En diciembre se sancionó la tercera ley de Migraciones, que lleva el número 25.871[8], que estableció los pilares fundamentales de la nueva política migratoria de la República Argentina, cumpliendo con los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes (Giustiniani, 2004). Es una ley de apertura en la letra de la norma, contrario sensu a lo que estaba (y sigue) sucediendo en muchos países de inmigración. Por su parte, el serio problema de los miles de indocumentados instó a la promulgación de los decretos N° 836/2004 y 578/2004 que dispusieron la creación e implementación del Programa Nacional de Normalización Documentaría Migratoria -Patria Grande-, orientado a la ejecución de medidas para la inserción e integración de los migrantes a través de la facilitación de la regularización. La disposición N° 53.253/2005 de la Dirección Nacional de Migraciones (Ministerio del Interior de la Nación) puso en funcionamiento para todos los nativos de los Estados Miembros y Asociados del Mercosur. La aplicación del Programa Patria Grande demostró, según el informe “Perfil Migratorio de Argentina” (OIM, 2008:20-21), que se efectuaron 776.742 trámites de regularización en el ciclo 2006-2008: 660.184 correspondieron a personas originarias de los países que conforman el Mercosur y 116.558 a inmigrantes de países extra-Mercosur. La gran mayoría de los inmigrantes procedentes de la región del Mercosur obtuvo la regularización en el período 2006-2007: 560.131 trámites (445.580 corresponden a las personas ingresadas al país antes del 17/04/06 en tanto que 114.551 a aquellas que lo hicieron después de esa fecha). Según el mismo informe, los orígenes que presentan los volúmenes más significativos de adhesión al programa son Paraguay (50,8%), Bolivia (27,8%) y Perú (13,2%).

Las migraciones internacionales han sido un elemento de peculiar impacto en los procesos de poblamiento y de redistribución de la población en el territorio argentino. La región pampeana y, dentro de ella, Buenos Aires como metrópolis, demuestran la fuerte relación entre metropolización y migración. Repasaremos un poco la historia de la dinámica migratoria y su relación con la distribución y redistribución territorial, siguiendo los esquemas de Rey Balmaceda (1966) y Sassone (1994). Desde mediados del siglo XIX hasta la década del treinta (siglo XX) se reconoce una primera etapa de crecimiento centrífugo: la región pampeana fue el área de atracción para la inmigración europea y para la migración limítrofe: uruguayos y brasileños constituían las corrientes más numerosas de ese origen. En 1947 se advirtió el aumento sustancial de limítrofes en las áreas fronterizas colindantes con Bolivia, Chile y Paraguay por lo cual se puede hablar de una etapa de cambio. Esa presencia en la periferia fue uno de los primeros indicios de la inmigración atraída por las mejores condiciones de vida que presentaba la Argentina respecto a las de sus países de origen. En la que se denomina tercera etapa, el poblamiento fue centrípeto y de crecimiento regional y se reflejó en el comportamiento territorial de los migrantes limítrofes registrado en los últimos censos del siglo XX. En los últimos tiempos-es posible hablar de la cuarta etapa, cuyo rasgo dominante es la concentración urbano-metropolitana; los migrantes, ya no solo limítrofes sino también de otros países latinoamericanos, además de los asiáticos y los africanos, protagonizan el proceso de atracción creciente en la región pampeana. La lectura de la Figura 2 muestra la participación porcentual de la población de “Países limítrofes + Perú” por región[9]. En la Región Pampeana, desde 1960, las mayores presencias estaban concentradas en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires. Patagonia mostraba un reparto de cierto equilibrio en la proporción de extranjeros que no era así a fines del siglo XIX, pues la región no había sido incorporada al Estado Argentino. En Cuyo, la provincia de Mendoza ejerció siempre una poderosa atracción entre los inmigrantes internacionales, primero europeos, y después chilenos y bolivianos. En el nordeste, las provincias de Misiones y Formosa fueron las que captaron migración -hecho que no sucedía en el siglo XIX, pues esas jurisdicciones no habían sido incorporadas al Estado Argentino. Por último, para la región del noroeste, en Salta y Jujuy se concentraban extranjeros de antigua data, españoles y bolivianos. En suma, desde 1980, la región Pampeana y la Patagonia son las que reúnen los mayores porcentajes de migrantes “Países limítrofes + Perú” (sobre todo, paraguayos, bolivianos, chilenos y peruanos), aunque en la primera de las regiones esa participación relativa resulta abrumadora. En 2010, el 76% vive en la región pampeana, lo que permite hablar de una hiper-concentración a nivel nacional.

BUENOS AIRES Y SU DINÁMICA DEMOGRÁFICA

Buenos Aires y su región metropolitana es el principal centro urbano de la Argentina, por su importancia política, económica, social y cultural en el sistema urbano nacional y en el sistema global de ciudades.

En la economía-mundo hay un conjunto de lugares que [...] se han convertido en los centros de control del capitalismo global. Estas localidades tan especiales que se suelen llamar “ciudades mundiales” [...] son la cumbre del Primer Mundo, pero han asumido características del Tercer Mundo, como las personas sin hogar y la economía informal callejera. Son microcosmos de las desigualdades extremas del conjunto de la economía-mundo capitalista y el creciente índice de delitos y violencia reflejan la inestabilidad cada vez mayor de nuestro mundo político (Taylor, 1994: 305).

Sabemos gracias a Sassen (1997:5) que fue

a partir de trabajos inéditos y de una diversidad de publicaciones, que a comienzos de los años ochenta algunos especialistas comenzaron a estudiar ciudades en el contexto de la globalización. Pero es un artículo en particular, “The World City Hypothesis”, de Friedmann y Goetz (1992), el que marcó una nueva fase. Este artículo tomó varios elementos que estaban surgiendo en la literatura de investigación sobre ciudades, en relación con la economía global, la inmigración y algunas otras materias, y procuró formalizarlos en diversas proposiciones acerca del significado de la economía global para las ciudades.

Algunas de esas consecuencias sociales han sido las fragmentaciones espaciales de su estructura interna, entre las que pueden mencionarse los diferentes barrios de migrantes, que por las relaciones socio-espaciales que los caracterizan podrían ser identificados como los enclaves migratorios.

La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) es un continuo urbano, de extenso y desordenado amanzanamiento que no coincide espacialmente con los límites político-administrativos impuestos por la legislación, ya que, como los grandes centros urbanos mundiales, el tejido urbano excede la Ciudad Central y se extiende sobre varias unidades jurisdiccionales vecinas. El RMBA, con casi 15 millones de habitantes (Tabla 2), comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal de la Argentina con casi 3 millones de habitantes) como Área Central (en adelante AC) y 40 partidos contiguos, pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, donde residen los 12 millones restantes[10]. Esos partidos se dividen en dos grupos: los que forman el Gran Buenos Aires (GBA, según el criterio censal manejado por el INDEC -Instituto Nacional de Estadística y Censos-) o Área Metropolitana[11] (AMBA, como denominación asociada al uso académico y que guarda relación con las identificación usada por los censos de los Estados Unidos), que se corresponden con la primera y segunda coronas. La tercera corona recibe también el nombre de Periferia Metropolitana[12] (PMBA), su población metropolitana corresponde a solo una parte de la jurisdicción municipal y la población urbana convive allí con población rural.

Buenos Aires Región, que reúne casi el 30% de la población de la Argentina, es la ciudad primada de la Argentina y ha crecido, como lo muestra la Tabla 3, por encima de la media nacional. Diversos estudios (Difrieri, 1981; Romero y Romero, 2000; Vapñarsky, 2000; Torres 2001, entre otros) han comprobado la creciente concentración. En los últimos treinta años, la población en el Área Central de la Región ha permanecido estable en valores cercanos a los 3 millones de habitantes, aunque su participación relativa pasó del 27% al 19%. La primera corona reúne casi el 40% de la población de la Región, la segunda ronda el 30% y la tercera fue aumentando desde un 10% a casi un 14%. Los cambios en el mercado inmobiliario marcan el ritmo de crecimiento, pues las viviendas plurifamiliares se han densificado por las crecientes inversiones dentro del sector de la construcción en la Ciudad Central, así como en las nuevas centralidades en la primera y segunda coronas; las villas de emergencias, los asentamientos precarios (Cravino, 2006; Fernández Wagner, 2008) y las urbanizaciones populares también han avanzado, estas últimas gracias a la proliferación de viviendas de interés social o de loteos populares en sectores de bajos ingresos. Estas transformaciones responden a los desplazamientos poblacionales internos, desde el resto del país y -como es sabido- de inmigrantes latinoamericanos provenientes de otras latitudes.

A la par de la concentración, crece la diversificación de orígenes. Además de los migrantes internos, residen también los migrantes internacionales, primero europeos, luego llegaron los de origen limítrofe. En el presente se suman latinoamericanos y recientemente, se advierte esa tendencia a la diversificación con poblaciones oriundas de distintos rincones del planeta. Esta gran urbe cuenta con una fuerte polarización entre las clases más acomodadas y las situaciones relacionadas con la pobreza y la indigencia. A las tradicionales formas de crecimiento de la ciudad, a partir de la última parte del siglo XX, se suman nuevas formas de urbanizaciones. Encontramos, por un lado, urbanizaciones privadas en sus variados tipos (countries, club de chacras, barrios cerrados, ciudades-pueblo, etcétera) (Vidal-Koppmann, 2007) para las clases acomodadas, por el impulso de los inversores inmobiliarios privados. Pero este tipo de crecimiento se conjuga con un Estado que gestiona las modalidades del habitat popular. En tal sentido, nos interesan en particular las relaciones entre los migrantes y las urbanizaciones populares, pues las erradicaciones de las villas de emergencia de la Ciudad Central, de fines de los años setenta, han tenido como protagonistas a los bolivianos, paraguayos y chilenos (Sassone, 2002 y Sassone et al, 2006). Si se relacionan estos procesos metropolitanos con los indicadores demográficos, se advierte que en la segunda y tercera coronas se concentran las tasas más elevadas de crecimiento medio intercensal en el período 1980-1991 (2,7 y 2,05, respectivamente), también superiores en el período 1991-2001, en el 2001-2010 se estabilizan mientras que la Ciudad Central y la primera corona crecen a la luz del mayor valor de la tierra, las mejores condiciones de accesibilidad como por la influencia del alerta por las condiciones de inseguridad de la periferia.

PATRONES RESIDENCIALES DE LA MIGRACIÓN Y ESTRUCTURA METROPOLITANA

Poco sabemos de la distribución espacial de migrantes en la metrópolis de Buenos Aires. Los problemas de acceso a la información, por un lado, y los criterios conceptuales utilizados que llevan a hablar de migración limítrofe para agrupar a los nacidos en los países vecinos, por el otro, han hecho que esa población se considere a lo largo de varias décadas como un todo homogéneo, cuando está muy lejos de serlo. En 2010, los extranjeros en la Región representaban el 8,33% del total de la población, mientras que la media nacional fue de casi 5%. Esta situación es señal de la fuerte atracción que la gran metrópolis argentina ejercía para la inmigración internacional. Para el análisis de los patrones residenciales se utilizan dos indicadores: uno es el peso demográfico de una población de un determinado origen con respecto a su total dentro de la región; el otro es el porcentaje de esa población de referencia con respecto a los extranjeros en cada una de las unidades areales. Este último indicador -”porcentaje de extranjeros sobre la población total”- es el básico y de síntesis para el análisis migratorio y se usa tanto a nivel país como a nivel intraurbano. Por ejemplo, España, a nivel país, muestra un aluvión migratorio, si se compara el porcentaje de extranjeros respecto de la población total: mientras que a fines de los años noventa el porcentaje de extranjeros apenas superaba el 2,5% (era 1 millón aproximadamente), en 2011 representaban el 14% (unos 6 millones de migrantes sobre una población total registrada de 47,1 millones de personas[13]). Como sucede en otras ciudades con altos porcentajes de inmigrantes, las transformaciones territoriales también se relacionan con estas presencias. Es por eso que resulta relevante analizar la migración a partir del territorio y de su temporalidad y son las escalas locales las que mejor hablan de esas transformaciones. La elección residencial es altamente selectiva; diversos estudios demuestran que la clase social, la presencia previa de connacionales y las cadenas migratorias, como la acción implícita de agentes del Estado (no sólo el central sino también el provincial o municipal/local) se combinan en una multicausalidad para determinar que los migrantes se asienten en ciertos barrios y no en otros. Recorreremos en este artículo la es-pacialidad de los migrantes por orígenes para describir y explicar esas elecciones residenciales en una escala intrametropolitana. Mediante mapas analíticos estudiaremos cinco situaciones, cada una con las singularidades de su variabilidad espacial.

En la Figura 3 se presenta el porcentaje de extranjeros sobre el total de población a nivel de comunas y de partidos en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Había en 2010 un total de 1.235.807 extranjeros, el 68% de los migrantes del país (recordemos que en el país eran 1.805.957 sobre un total de 40.117.096 habitantes). Demostraremos, entonces, las desigualdades espaciales en términos demográficos y de acuerdo con la estructura metropolitana.

En primer lugar, estudiaremos la distribución de acuerdo con los cuatro sectores identificados: el Área Central reunía el 31% de extranjeros de la región; la primera corona, el 39% (entre ambos sumaban 70%); la segunda corona, 21% y la tercera corona, 9%. Si analizamos el indicador “síntesis”, veremos que el porcentaje de extranjeros sobre el total de la población en el AC fue del 13,21%. Si consideramos las unidades jurisdiccionales, este indicador muestra en 2010 que la comuna 1 (que comprende seis barrios: Puerto Madero, Constitución, Retiro, San Nicolás, Montserrat y San Telmo) tenía 24,75% de extranjeros, le seguía la comuna 8 (compuesta por los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo) con 23,3%, luego la comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco) con 18,6% y, por último, la comuna 4 (barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca) con 17,8%. La comuna 3 (correspondiente a los barrios pericentrales de San Cristóbal y Balvanera) contaba con 16,25% de extranjeros y la comuna 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda) con un 13,55%. Así se convalida una neta presencia migrante en la llamada Zona Sur de la Ciudad. Se destacan también algunos partidos de la primera corona metropolitana: La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora, en el Suroeste, y General San Martín (partido con el mayor número de villas de emergencia de la región), en el Noroeste, tienen más de un 9% de extranjeros; Tres de Febrero y Vicente López tiene valores cercanos al 8%, al igual que Avellaneda y Quilmes. En la segunda corona sobresalen Esteban Echeverría (10% de extranjeros), Ezeiza, San Fernando, Moreno y Florencio Várela que cuentan con entre un 7% y 8% de extranjeros. En los 16 partidos de la tercera corona, los valores oscilan entre el 2% y más del 7%, los valores más altos se encuentran en Presidente Perón, Pilar, Marcos Paz, Berisso, Escobar, Exaltación de la Cruz, La Plata y General Rodríguez.

Estos porcentajes indican situaciones estáticas, mientras que si se consideran los procesos, la historia reciente demuestra que la distribución es producto de redistribuciones internas, como también de la llegada permanente de nuevos inmigrantes. A modo de ejemplo, puede consignarse que desde los años ochenta residen en la Región Metropolitana de Buenos Aires casi un 60% de los totales nacionales de las migraciones paraguaya y boliviana, aunque ya en los años cincuenta estos grupos migrantes habitaban en el Sur de la Ciudad de Buenos Aires, en asentamientos precarios, como las denominadas “villas de emergencia”. Por las políticas de erradicación de los años sesenta y setenta, muchos de ellos se relocalizaron en los partidos bonaerenses (primera y segunda corona) que integran el aglomerado, como indican Mugarza (1985), Sassone (2002) y Sassone et al (2006).

OTRO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ESTE CAPÍTULO

Los migrantes nacidos en los seis países que conforman la categoría “Países limítrofes + Perú” sumaban a nivel país 1.402.568 personas, 67,62% de las cuales residía en la RMBA (948.364 personas). En cuanto a la distribución, de acuerdo con los cuatro sectores identificados en la región, el AC reunía el 28,30%, la primera corona el 37,56% (entre ambos más del 70%), la segunda el 24,44% y la tercera el 9,70% (Tabla 4). Por su parte, los porcentajes más elevados de “Países limítrofes + Perú” respecto del conjunto de los extranjeros se localizaban, a nivel de comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los partidos bonaerenses, en la comuna 8 (barrios Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) con el 92,88% y en la comuna 4 (barrios Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca). La comuna 14 (barrio Palermo) tenía solo un 45,71%, porcentaje que condice con el perfil demográfico más europeo del barrio. En las coronas metropolitanas se destacaban: Presidente Perón en la tercera (95,03%), Moreno (93,54%) en la segunda y La Matanza con el 85,14% en la primera. Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Várela, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, San Fernando, San Miguel, Tigre, Berisso, Cañuelas, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Marcos Paz, Pilar y San Vicente presentaban valores superiores al 80%. La segunda y tercera corona tenían, en conjunto, valores superiores a la media nacional y a la media regional, sobre todo la segunda corona con un 87,58% de migrantes de “Países limítrofes + Perú” sobre el total de extranjeros.

Los migrantes nacidos en los países agrupados en “Resto de América” totalizaban a nivel país 68.831, de los cuales 44.748, (el 65,01%) residía en la RMBA. Con respecto a la distribución del peso demográfico en los cuatro sectores identificados en la región, el AC reunía el 64,71%, la primera corona el 19,28% (entre ambos más del 80%), la segunda el 8,97% y la tercera el 7,03% (Tabla 4). Las comunas con los mayores valores del indicador “Resto de América” eran: la 14 (barrio Palermo), la 1 (barrios Retiro, San Nicolás, Montserrat, Constitución, San Telmo y Puerto Madero), la 2 (barrio Recoleta), la 13 (barrios Núñez, Belgrano y Colegiales) y la 3 (barrios Balvanera y San Cristóbal), todas alineadas en la conocida Zona Norte de la Ciudad. En la primera corona los mayores porcentajes se encontraban en San Isidro y en Vicente López, en la segunda, en Tigre y, en la tercera, en La Plata. Por su parte, los porcentajes más elevados de migrantes del “Resto de América” sobre el total de extranjeros se ubicaban, a nivel de comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los partidos bonaerenses, en la comuna 2 (barrio Recoleta) con el 22,98% y en la comuna 14 (barrio Palermo) con 22,14%. En las coronas metropolitanas, se destacaban San Isidro (7,45%) y Vicente López (6,85%) en la primera; Tigre (4,46%) en la segunda; y Lujan (4,54%), Zarate (4,46%) y Pilar (4,08%) en la tercera. La media nacional era de 3,81% y la media regional de 3,62%; las jurisdicciones mencionadas, y casi todas las comunas más algunos partidos boanerenses como Ituzaingo, General Las Heras y Campana se ubicaban por encima de esos valores medios. Los migrantes nacidos en los países de Europa sumaban a nivel país 299.394 personas, de los cuales 216.494 (el 72,31%) residía en la RMBA. La distribución del peso demográfico en los cuatro sectores identificados en la región es la siguiente: el AC reunía el 30,52%, la primera corona el 50,33% (entre ambos más del 80%), la segunda el 12,41% y la tercera el 6,73% (Tabla 4). Dentro de la ciudad, todas las comunas tenían porcentajes similares en torno al 1%, salvo la comuna 1 (barrios Retiro, San Nicolás, Montserrat, Constitución, San Telmo y Puerto Madero) con el 3,19%. Entre las coronas metropolitanas, sobresalía La Matanza con el 10,84%, el partido de mayor número de habitantes del país. En otros partidos de la primera corona como General San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro, Tres de Febrero y Vicente López el porcentaje oscilaba alrededor del 4%. De los restantes, solo mencionamos el caso de La Plata con el 3,44%. Por su parte, los porcentajes más elevados de europeos sobre el total de extranjeros se localizaban, a nivel de comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los partidos bonaerenses, en la comuna 12 (barrios Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Puey-rredón) con el 36,31%, en la comuna 13 (barrios Núñez, Belgrano y Colegiales) con el 29,39% y en la comuna 11 (Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita y Villa General Mitre) con el 29,21%. En la primera corona, Morón tenía un 47,40% de europeos sobre el total de extranjeros y San Isidro, un 40,92%. En la segunda corona, las participaciones eran bajas, mientras que en la tercera la composición adopta valores de interés en cuanto a su representatividad, como, por ejemplo, en Lujan (26,96%) y en Brandsen (24,30%). Como balance, y considerando la media nacional (16,58%) y la media regional (17,52%), es posible afirmar que los europeos son altamente representativos en los partidos de la primera corona y en las comunas del Centro y del Norte de la Ciudad.

Los migrantes nacidos en los países de Asia eran 32.001 personas a nivel país y en la RMBA habitaba el 75,90% (23.530). En cuanto a la distribución del indicador “peso demográfico de los migrantes”, de acuerdo con los cuatro sectores identificados en la región, el AC reunía el 70,85% de ese grupo, la primera corona el 16,29%, la segunda el 7,52% y la tercera el 5,35% (Tabla 4). En el AC, los asiáticos se concentraban en la comuna 7 (barrios Flores y Parque Chacabuco) con el 14,96%, en la comuna 3 (barrios Balvanera y San Cristóbal) con 7,60%, seguidos de la comuna 10 (barrios Villa Real, Monte Castro, Floresta, Vélez Sarsfield, Villa Luro y Versalles) con 6,49% y de la comuna 13 (barrios Núñez, Belgrano y Colegiales) con 5,90%. En las tres coronas los valores solo superaban el 3% en La Matanza, el 2,61% en La Plata, mientras que en el resto rondaban alrededor del 1% o menos del 1%. Al considerar el porcentaje de asiáticos sobre el total de extranjeros, notamos que la media nacional era de 1,72% mientras que la de la RMBA era de 1,9%. Pocas jurisdicciones superaban esos valores. A nivel de las comunas, el indicador mostraba valores altos en la comuna 10 (barrios Villa Real, Monte Castro, Floresta, Vélez Sarsfield, Villa Luro y Versalles) con 8,99%, en la comuna 7 (barrios Flores y Parque Chacabuco) con 8,59% y en la comuna 6 (barrio Caballito) con 8,16%; en varias comunas el porcentaje se ubicaba entre el 4% y 5% (comunas 1, 5, 6, 11, 14 y 15); por lo que puede concluirse que los asiáticos no predominan en la zona Sur de la Ciudad. En el resto de la metrópolis, o sea, en las tres coronas, los valores solo superaban el 2% en Vicente López y en Zarate, de modo que es innegable la altísima concentración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los migrantes nacidos en los países de África sumaban a nivel país 2.738 personas y en la RMBA residía el 67,86% (1.858). Por la distribución del indicador “peso demográfico de los migrantes” y de acuerdo con los cuatro sectores identificados en la región se observa que el AC reunía el 63%, la primera corona el 21%, la segunda el 9% y la tercera el 7% (Tabla 4). En el AC, los africanos se concentraban en la comuna 1 (barrios Retiro, San Nicolás, Montserrat, Constitución, San Telmo y Puerto Madero) con un 17%, en la comuna 3 (barrios Bal-vanera y San Cristóbal) con un 12% aunque también un 6% de ellos residía en la comuna 13 (barrios Núñez, Belgrano y Colegiales) y otro 6% en la comuna 14 (barrio Palermo). En el resto de la metrópolis su representatividad es mínima. Por su escaso número, el segundo indicador -”porcentaje de africanos sobre el total de extranjeros”- cuenta con una media nacional y regional de 0,15%. Por encima de ese valor se identifican varias comunas del AC, como la 1 y la 2, ya mencionadas, aunque también las 13, 14 y 15. Pocas jurisdicciones de las coronas metropolitanas superaban esos valores y en la primera corona sólo alcanzaban ese valor Avellaneda, San Isidro y Vicente López. La excepción es Ensenada, área nuclear de la migración caboverdiana, donde hay 0,92% de africanos sobre el total de extranjeros.

Los migrantes nacidos en los países de Oceanía eran a nivel país 1.425 personas y en la RMBA se localizaba el 57,05% (813). Según el peso demográfico de los migrantes, en los cuatro sectores identificados en la región, el AC reunía el 64%, la primera corona el 24%, la segunda el 8% y la tercera el 4% (Tabla 4). En el AC, los oriundos de Oceanía se concentraban en la comuna 1 (barrios Retiro, San Nicolás, Montserrat, Constitución, San Telmo y Puerto Madero) con el 30,38%, en la 2 (barrio Recoleta) con 8,36%, en la 14 (barrio Palermo) con 8,86% y en la 13 (barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales) con un 4,06%. Puede apreciarse una distribución sobre todo en la zona Norte de la Ciudad. En la primera corona tienen mayor representatividad en La Matanza, San Isidro y Vicente López y en la segunda en Almirante Brown, aunque el valor que representan es de todos modos muy bajo. Al considerar el porcentaje de oceánicos sobre el total de extranjeros, vemos que la media nacional era de 0,08% y que la de la RMBA era de 0,07%. Pocas jurisdicciones superaban esos valores, además de las comunas y partidos de la primera corona ya mencionados.

En este análisis de la composición por orígenes, se propone a continuación describir la distribución residencial de los cuatro colectivos que sobresalen en el cuadro migratorio de la Argentina y, sobre todo, de la Región: los nacidos en Paraguay, Bolivia, Perú y China. A través de mapas analíticos que aparecen en la Figura 4 es posible profundizar en los esquemas de concentración/dispersión que reproducen los migrantes en las metrópolis, esto es, áreas con altos porcentajes que se distribuyen en diversos focos.

Los paraguayos constituyen el primer grupo en volumen entre los migrantes internacionales de la Argentina. A nivel nacional, sumaban 550.713 personas y en la RMBA residía el 83% de ese total (457.840). Se repartían del siguiente modo: en el Área Central había un 17,54%, en la primera corona 42,08%, en la segunda 31,06% y en la tercera 9,32%. A nivel de jurisdicciones, se destacan las siguientes comunas en la Ciudad: la 1 (barrios Retiro, San Nicolás, Montserrat, Constitución, San Telmo y Puerto Madero) con 2,69%, la 4 (barrios Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca) con 3,78% y la comuna 8 (barrios Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) con 3,63%. Esta migración tiene fuerte presencia en la primera corona y sobre todo en la segunda. Por encima de todos los partidos, se ubica La Matanza con el 16,99% de paraguayos de la Región, seguido de Lomas de Zamora (5,67%) y Quilmes (5,29%). Por su parte, en la segunda corona sobresalen Moreno (4,63%), Esteban Echeverría, Almirante Brown, Florencio Várela y Merlo. En la tercera corona, La Plata y Pilar presentan porcentajes que rondan el 3 por ciento.

En 2010, había 345.272 bolivianos censados en el país, el 61,28% de ese total residía en la RMBA (211.593). Si bien este colectivo está distribuido en todo el territorio de la Argentina, goza de fuerte visibilidad en la región. Dentro de la estructura metropolitana se comprueba la siguiente distribución: en el AC 36,21%, en la primera corona 38,28%, en la segunda corona 15.66% y en la tercera corona 9,85%. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires contaba con los más altos valores de concentración de bolivianos en la comuna 8 (barrios Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) con 9,62%, en la 7 (barrios Flores y Parque Chacabuco) con 9,25% y en la 9 (Li-niers, Mataderos y Parque Avellaneda) con un 5,05%. La pauta espacial demuestra que el sur de la región y la primera corona tenían mayores porcentajes en La Matanza (22,65%) y Lomas de Zamora (6,79%). Asimismo, sobresalían Esteban Echeverría (2,61%), Almirante Brown (2,31%), Merlo (2,38%), y Florencio Várela (2,03%), en la segunda. En la tercera corona (periferia metropolitana) se destaca La Plata con 4,83%. Tanto Escobar como Pilar muestran bajos porcentajes, aunque en ambos hay concentraciones de bolivianos, visibles y representativos de esta migración, dedicados a la actividad hortícola.

En el caso de la migración peruana, en el año 2010 se registró un total, a nivel país, de 211.593 personas, el 81% habitaba en la RMBA (127.617). Esta migración que se hizo numerosa desde fines de los años ochenta. Dentro de la estructura metropolitana se comprueba la siguiente distribución: en el AC 47,39%, en la primera corona 26,42%, en la segunda 14,95% y en la tercera 11,23%. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires contaba con los más altos valores de concentración de peruanos. En la comuna 3 (Balvaneray San Cristóbal) estaba el 8,52% de los peruanos de la región, seguida de la comuna 1 (barrios Retiro, San Nicolás, Montserrat, Constitución, San Telmo y Puerto Madero) con 7,84%, la comuna 4 (barrios Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca) con 6,2% y la 7 (barrios Flores y Parque Chacabuco) con 4,13%. En la primera corona metropolitana se destacaban La Matanza (6,34%), General San Martín (4,08%), Avellaneda (2,73%) y San Isidro (2,72%). Llama la atención esa concentración en el Norte de la región pues dos municipios de la segunda corona, vecinos a San Isidro, también contaban con mayor representatividad en el conjunto: Tigre (3,51%) y San Fernando (3,32%). Por su parte, como en el caso de otros orígenes, La Plata (5,06%) es un municipio con fuerte presencia migrante, incluso en el caso de los peruanos, que desde hace varias décadas residen temporariamente allí para estudiar carreras universitarias (en particular, medicina).

Por último, se tratará el caso de la migración china, la más reciente y en aumento permanente, como en otros destinos del mundo. Es una migración nueva para el perfil dominante de las presencias de origen asiático en el país; que se relacionaban con gentes procedentes de Siria, Líbano, Japón y Corea, mayoritariamente. La Argentina es uno entre los muchos países que integra el sistema de la diáspora china. El censo 2010 registró 8.939 chinos, de los cuales 6.815 (76% del total país) residía en la RMBA. Su distribución era la siguiente: en el AC había 57,7% del total de la región, en la primera corona 27,2%, en la segunda 10,27% y en la tercera 4,83%. A nivel de jurisdicciones, sin duda la Ciudad de Buenos Aires es el principal foco de atracción, como se ha visto, y las preferencias se localizan en la comuna 3 (barrios Balvanera y San Cristóbal) con 9,46%, la comuna 13 (barrios Núñez, Belgrano y Colegiales) donde se encuentra el conocido Barrio Chino con 6,25% y la comuna 15 (barrios Villa Ortúzar, Chacarita, Paternal, Parque Chas, Agronomía y Villa Crespo) con 4,92%. En valores que rondan el 4% se ubican las comunas 1 (barrios Retiro, San Nicolás, Montserrat, Constitución, San Telmo y Puerto Madero), la 5 (barrios Boedo y Almagro) y la 7 (barrios Flores y Parque Chacabuco). En la primera corona metropolitana sobresalen La Matanza (6,21%), General San Martín (3,67%), Lomas de Zamora (2,63%), Vicente López (2,6%) y Quilmes (2,51%). Este origen migratorio es casi imperceptible en la segunda corona y sólo La Plata (2,14%) de la tercera corona cuenta con algunos pocos residentes de origen chino.

En suma, mientras para bolivianos y paraguayos la primera y segunda corona tienen mayor fuerza representativa, los peruanos y chinos se concentran en la Ciudad Central.

DESIGUALDADES SOCIALES Y MIGRACIONES: LA PERSPECTIVA MICROESPACIAL

El reto inicial de este artículo fue saber cuántos son y dónde se instalan los migrantes internacionales, de acuerdo con sus orígenes (y no como un todo) en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Hemos tratado de cumplirlo hasta aquí. Desde las ciudades más grandes hasta los barrios, en cualquier destino urbano, nos encontramos con variados escenarios de diversidad socio-espacial. Estos escenarios, muchas veces, bajo lógicas de concentración espacial, develan patrones de desigualdad social que se relacionan con las migraciones internacionales. A esto se suman mayores demandas de servicios pues, por lo general, los migrantes se encuentran en la base de la pirámide social. Por ello, buscar la relación entre la distribución residencial de los migrantes y las desigualdades sociales constituye un desafío en desarrollo.

Un estado de avance en la materia supone encontrar indicadores territoriales que permitan acercarnos a una visión de conjunto en la metrópolis de Buenos Aires sobre esta cuestión, pues sabemos, a través de los caminos metodológicos cualitativos, que esa relación existe. Los migrantes recientes de origen latinoamericano se ubican casi exclusivamente en barrios populares, dominados por gentes de clases sociales bajas cuya condición se agrava cuando se trata de sujetos indocumentados (hablamos aún de aquellos inmigrantes calificados, pues no tienen acceso a inserciones ocupacionales acordes a su preparación). Es un fenómeno global y no ajeno a esta región. Entonces, ¿cuáles son los indicadores para relacionar los patrones residenciales de los migrantes internacionales y caracterizar su papel en la construcción espacial de las desigualdades sociales? Los indicadores elegidos son: el coeficiente de especialización territorial migratoria[14] y el índice Necesidades Básicas Insatisfechas para Vivienda[15].

Se presenta aquí el caso de la migración boliviana. Para trabajar sobre ella se utilizó el coeficiente de especialización territorial migratoria, aplicado a mayores escalas espaciales (a nivel de las fracciones censales, que son 656) que demuestran la diferenciación residencial de los microcosmos bolivianos. Elaboramos el mapa de este coeficiente para el Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires más 24 partidos de la provincia de Buenos Aires) y para el año 2001 con los microdatos censales disponibles para ese censo (Figura 5)[16]. Dado que no es posible contar con tabulados especiales, hemos utilizado el indicador Necesidades Básicas Insatisfechas para Vivienda, esto es, uno de los indicadores de la pobreza para la población total (no para hogares con al menos un integrante de origen extranjero) de ese mismo censo (Figura 6).

En el mapa (Figura 5) se observa la marcadísima concentración en el sur de la ciudad de Buenos Aires y en las villas 31 y 31 bis al norte. Esa mancha se proyecta hacia el oeste, suroeste y sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se observa la fuerte presencia de bolivianos en los distritos escolares del sur (el distrito escolar era la unidad espacial con la que se subdividía el AC en el censo de 2001). El distrito XIX cuenta con la mayor concentración (31% de los bolivianos que viven en el AC), en los barrios Villa Soldati y Nueva Pompeya, donde se emplazan el barrio boliviano llamado Charrúa (identificado oficialmente como barrio Asociación Vecinal Gral. San Martín (Sassone, 2002; Bertone de Daguerre, 2003 y 2005) y dos villas de emergencia (Villa 1-11-14 y Villa Calacita) donde viven también migrantes de otros orígenes. Le sigue en orden de concentración el distrito XXI (15%) en el que se destaca la presencia en las villas 20 y 15[17]. En el distrito XIII está el barrio Parque Avellaneda, el área de los talleres textiles, con el 9,3%; el tipo de inserción residencial cambia aquí hacia viviendas alquiladas, donde habitan y trabajan. Otros dos distritos, el XI y el XX, reúnen un 5% de los bolivianos en parte de los barrios Flores y Liniers, donde crece la actividad comercial minorista destinada a la venta de productos de consumo de origen boliviano como así también los servicios profesionales, que responden a las demandas de la colectividad. En el otro extremo, sobre las márgenes del Río de la Plata y en tierras fiscales del Puerto Nuevo, se levantan las Villas 31 y 31 bis (distrito I – barrio Retiro) en medio de un sector de altísimo valor inmobiliario, donde se localiza un 7% de los bolivianos. Una larga y reciente historia sobre las políticas sociales de la vivienda explican esta concentración y dispersión residencial. La circulación y la conectividad que se dan dentro de la zona Sur son muy superiores a aquellas que los comunican con la zona Centro y Norte de la Ciudad de Buenos Aires. La erradicación de las villas a mediados de los años setenta produjo la relocalización cuasi forzada de los habitantes de las villas en sectores bajos e inhóspitos, en las periferias suburbanas de los partidos de La Matanza, Florencio Várela, La Plata, Escobar, Moreno, Merlo y Lomas de Zamora. Muchos migrantes lograron, de ese modo, acceder a la propiedad de la tierra (compra por cuotas); se formaron barrios pobres, sin servicios y con calles de tierra. Las redes sociales facilitaron la elección de las áreas para residir y, aún  más, la localización ya existente de connacionales condicionó nuevas elecciones: es mejor vivir en un barrio donde ya viven otros bolivianos, lejos de las áreas centrales. Entre los barrios “más bolivianos” deben mencionarse: Villa Celina, Gregorio de Laferrere y González Catán (Municipio de La Matanza), Ingeniero Budge, Villa La Salada y Villa Albertina del Municipio de Lomas de Zamora, Mariano Acosta y Merlo en el Municipio Merlo. En todos ellos la migración boliviana se ha instalado siguiendo un patrón de alta concentración espacial y hay determinados barrios que se reconocen incluso como “barrios bolivianos” (tal es el caso del barrio La Estrella en Mariano Acosta -Municipio de Merlo-) (Sassone et al., 2006). Cuando el estatus económico lo permite, se advierte que estas familias se relocalizan en barrios de clase media, bajo un modo de territorialización del tipo isla o mezcla; tal es el caso de familias que residen en el partido de Morón, próximas a los límites con el Municipio de La Matanza. Los bolivianos también son actores de la formación del periurbano metropolitano (Le Gall, 2011). Los primeros horticultores de Potosí llegaron a Exaltación de la Cruz y, más tarde, a Pilar, después de haber pasado por Escobar y por otros itinerarios residenciales intraurbanos. Sin duda, el partido de Escobar es un caso modelo, donde los bolivianos habitan en el barrio llamado Lambertuchi (ex barrio Lucchetti en la Localidad de Matheu). Un proceso similar se dio en el Sur, entre Florencio Várela y La Plata.

Respecto de la situación relacionada con las condiciones de la pobreza, la figura 6 muestra la distribución de los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas en materia de vivienda para el Área Metropolitana de Buenos Aires, en 2001. Se trata de hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, pieza de hotel o pensión, casilla, local no construido para habitación o vivienda móvil, excluyendo casa, departamento y rancho); la limitante de este indicador es que no incluye la condición de la vivienda por los materiales de construcción, aspecto que marcaría situaciones más deficitarias, pero ese sería un indicador que no se ha podido procesar. No obstante, hay aproximaciones interesantes ya que el índice utilizado incluye los hogares en viviendas de villas de emergencia y asentamientos precarios. En la Ciudad de Buenos Aires las condiciones deficitarias se nuclean en los sectores del Sur, en correspondencia con la mayor presencia de esta migración, sobre todo en las fracciones relacionadas con Villa Lugano y Villa Riachuelo. La situación más comprometida coincide precisamente con el Distrito Escolar XIX. Por su parte, dentro de las coronas metropolitanas, los valores promedios de NBI son del 13 %, mientras que en la ciudad es del 7%. En detalle, se observa que los partidos del Norte como Vicente López y San Isidro muestran una marcada fragmentación. Esto permite pensar que donde hay más ricos, hay también más pobres. Por su parte, los partidos de La Matanza y Lomas de Zamora, muy asociados a la presencia de la migración boliviana, resultan homogéneos y cercanos a valores superiores al 30%, algunas fracciones superan incluso el 40%, valor muy superior a la media. En los casos de Merlo y Moreno esa condición se profundiza pues predomina en el conjunto de las jurisdicciones, de modo similar a lo que sucede en Quilmes, Florencio Várela Almirante Brown y Esteban Echeverría. En suma, estos partidos están netamente sumidos en condiciones de déficit habitacional en lo que a la calidad de vida de sus habitantes respecta y, además, una parte considerable de su población es migrante internacional, bolivianos o paraguayos. Como corolario, se necesitan estudios que muestren, desde la microespacialidad, los extremos empobrecidos de la escala de desigualdades sociales. En este terreno, el trabajo por hacer es mucho y muy necesario y nos permitiría comenzar a reconocer los derechos ciudadanos y los derechos de los migrantes en términos de vivienda y de servicios.

CONCLUSIONES

El estudio de la composición de la migración internacional en la Región Metropolitana de Buenos Aires, a nivel de cada país de origen y no solamente considerando los migrantes limítrofes (tema éste que ha sido tratado con mayor recurrencia en los últimos veinte a treinta años) evita que se caiga en un análisis homogeneizador. En relación con la distribución residencial, hemos encontrado pautas de diferenciación espacial según orígenes como también correspondencia areal en función de condiciones de pobreza.

Entre las reflexiones finales, podemos indicar que los resultados de este trabajo pueden ser una guía para la gestión de las migraciones en las escalas urbanas y para la gobernanza metropolitana, pues creemos que el espacio geográfico es contenido y continente de comportamientos sociales. En ese sentido, en el caso que nos ocupa, podemos mencionar la diversidad migratoria en la Región. Además, como conclusión de carácter metodológico queremos destacar que aunque creemos en el retorno del sujeto en el estudio de las ciencias sociales y de las migraciones, no podemos olvidar los procesos colectivos y el papel de la sociedad. En esa relación dialéctica entre sociedad-sujeto, micro-macro, subjetividad-objetividad, apelamos a que el reconocimiento de las desigualdades socioespaciales debería trabajarse desde estrategias mixtas de investigación. Así buscar la integración de abordajes cuantitativos (con el uso de los microdatos espaciales emanados de los censos y el uso de la cartografía digital) y cualitativos (basados en el trabajo etnográfico y el método biográfico) a fin de complementar las interpretaciones.

Desde una perspectiva empírica, proponemos la necesidad de alcanzar una tipología de áreas socio-migratorias, según la composición migratoria y el nivel sociohabitacional, que orienten el diseño y la implementación de programas de intervención para la inclusión social y la gestión de la diversidad. Las implicancias políticas son muchas, pues sabemos que hay leyes que regulan la tenencia de la tierra por parte de extranjeros pero que no rigen por igual en todo el territorio argentino. Varían con las jurisdicciones, hay regímenes especiales para las áreas de la frontera, en los ámbitos rurales y en las ciudades. Un breve ejemplo: el muy conocido barrio boliviano Charrúa fue en sus inicios una villa que logró superar la fuerza de las topadoras pero, aun con la cantidad de habitantes y con el número de viviendas que tiene, aparece en los catastros como tierras fiscales del gobierno de la ciudad, pues no han sido finalizados los procesos de escrituración. Sabemos que son procesos que no atañen solo a los migrantes; es el Estado Nacional, en sus distintos niveles, nacional, provincial y hasta municipal, el que debe revisar las operatorias legales para dar acceso a derechos ciudadanos a quienes han decidido fijar su residencia en la metrópoli, tal el caso, del acceso a la propiedad de la tierra en espacios urbanos. Es dable reconocer el estado de ¡aisserfaire vigente que profundiza las desigualdades socio-espaciales en las que estos migrantes recientes son también protagonistas, como hacedores de la ciudad. Las políticas migratorias y las relaciones internacionales deben poner en debate las políticas sociales en el juego dialéctico global-local.

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Investigadora Independiente, CONICET- IMHICIHU. ↵

Becaria Posdoctoral, CONICET - IMHICIHU↵

Se utilizarán los términos "población extranjera", "población no nativa" y "migraciones internacionales" como sinónimos.↵

Debemos recordar algunos de los primeros estudios que se hicieron para demostrar el crecimiento numérico de las migraciones limítrofes. Merecen ser citados los aportes de Rey Balmaceda (1966), Marcenara Boutell (1967 y 1973), Natale y Cabello (1973) y Orsatti (1980 y 1985).↵

Se denomina "migración limítrofe" a la conformada por personas nacidas en los cinco países que limitan con la Argentina: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.↵

Se utilizan los criterios de diferenciación para la composición por país de nacimiento adoptados en los censos de 1980, 1991 y 2001.↵

La literatura en la materia es importante en cantidad, aunque debe aclararse que los procesamientos estadísticos éditos o inéditos, no fueron de detalle, de allí las limitaciones de las fuentes. Se mencionan algunos de los más tradicionales: Macció y Elizalde (1996), Maguid (1997), Sassone (1989), Capuz (2007), Pacceca y Courtis (2008), entre otros.↵

Sobre las políticas migratorias en la Argentina, consultar Sassone (2002a), Mármora (2003), Novick (2008), Domenech (2008).↵

La Argentina se divide en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (sede de la Capital Federal de la República) y 23 provincias. A escala regional, esas jurisdicciones se agrupan del siguiente modo: Región Pampeana: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa; Región Noroeste: Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero; Región Nordeste: Provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco; Región Cuyo: Provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis; y Región Patagonia: Provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y Antártida e Islas del Atlántico Sur↵

La división político-administrativa primaria de la Argentina comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 23 Provincias. La división secundaria presenta diferencias de acuerdo con las autonomías constitucionales provinciales. En el caso de la CABA, cada unidad interna es la comuna (antes lo era el distrito escolar en el caso de los censos). Por su parte, la Provincia de Buenos Aires se subdivide en partidos y el resto de las 22 provincias del país, en departamentos.↵

El Gran Buenos Aires o Área Metropolitana comprende 24 partidos, pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, divididos en: a) la primera corona conformada por 12 partidos: Avellaneda, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Isidro, Tres de Febrero y Vicente López; y b) la segunda corona integrada también por doce partidos: Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Várela, José C. Paz, Malvinas Argentina, Merlo, Moreno, San Fernando, San Miguel y Tigre.↵

La tercera corona constituye el área que llamamos periferia metropolitana: no está totalmente urbanizada y allí se localizan franjas periurbanas de uso agropecuario intensivo, mezclado con uso del suelo urbano. La integran 16 partidos: Berisso,Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Las Heras, General Rodríguez, La Plata, Lujan, Marcos Paz, Pilar, Presidente Perón, San Vicente y Zarate.↵

Desde el año 2000, España ha presentado una de las mayores tasas de inmigración del mundo (de tres a cuatro veces mayor que la tasa media de los Estados Unidos, ocho veces más que la francesa). Es, además, el noveno país con mayor porcentaje de inmigrantes dentro de la Unión Europea, por debajo de países como Luxemburgo, Irlanda, Austria o Alemania. España es el décimo país del planeta que más inmigrantes posee en números absolutos, por detrás de los Estados Unidos, Rusia, Alemania, Ucrania, Francia, Canadá y el Reino Unido. Durante la última década, el origen de los inmigrantes se ha diversificado, sumando nativos de países de Europa del Este, de Latinoamérica y de África subsahariana. El INE en España ofrece rica información sobre la situación migratoria para todos los estudiosos del tema. (Consúltese www.ine.es).↵

El coeficiente de localización o de especialización territorial se utiliza para medir las variaciones espaciales de la concentración o dispersión de hechos sociales o económicos, lo que deviene en la especialización territorial de las áreas, por ejemplo, la residencia de grupos sociales o a la instalación de actividades económicas en ciertas áreas. El cálculo de este índice se hace relacionando el porcentaje de los bolivianos sobre la población extranjera de la unidad, dividido por el porcentaje medio del grupo en la población extranjera del conjunto territorial considerado. El valor 1 significa que la cantidad de bolivianos en el municipio guarda relación con la proporción a nivel de la región. Cuando lo supera, significa que los bolivianos se concentran más que otros extranjeros en esta unidad espacial.↵

Las Necesidades Básicas Insatisfechas fueron definidas según la metodología utilizada en La pobreza en la Argentina (serie Estudios INDEC, N° 1, Buenos Aires, 1984). En el caso de NBI Vivienda se hace referencia a los hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, pieza de hotel o pensión, casilla, local no construido para habitación o vivienda móvil, excluyendo casa, departamento y rancho).↵

Se ha trabajado con laBase Usuarios Censo 2001 que opera con el software REDATAM SP XPLAN↵

Su verdadero nombre es Barrio General Belgrano, pero comenzó a llamarse así, "ciudad oculta" a partir del Mundial de Fútbol de 1978. El gobierno militar, presidido por J.R. Videla, levantó un paredón para ocultar la villa de la vista de los visitantes extranjeros.↵

15

PROYECTOS QUE DIVIDEN, CIUDADES QUE SEGREGAN

Daniel Hiernaux[1]

INTRODUCCIÓN

La era neoliberal, iniciada en Latinoamérica por una mal llamada década perdida, puso fin a una cierta concepción de la sociedad y, por lo que nos interesa en este ensayo, a cierto modelo de ciudad. Hasta los años setenta, la ciudad había sido el núcleo territorial de expansión del capitalismo, de la entrada en la modernidad de las sociedades todavía fuertemente marcadas por la vida rural y provincial como la mexicana y, sobre todo, el locus de todas las utopías sociales. Como lo señaló hace ya dos décadas Armando Silva, las ciudades latinoamericanas estaban en busca de una nueva cualidad, la de la modernidad (Silva, 1992). Los especialistas de la ciudad la veían como un cuerpo en transformación, lleno de vitalidad, que iba a ser el detonador de esa modernidad que sacaría al subcontinente del atraso. Esta posición (compartida por hombres de letras, artistas de varios cuños, urbanistas y políticos) era admitida además por la mayor parte de la población. Migrar a la ciudad era alcanzar una garantía (ya sea directa, ya sea para la siguiente generación) de prosperidad y progreso.

El final del sueño, para México, se situó en los últimos años de la década de los sesenta, con la protesta estudiantil, incómoda para la “dictadura perfecta” (según la calificó Vargas Llosa) que conducía el país desde hacía décadas. La represión sangrienta del llamado Movimiento Estudiantil del ’68 evidenció el carácter dictatorial del régimen, su desprecio por las voces de la juventud y su afán de seguir en el poder por la misma vía antidemocrática. El fin del “milagro económico mexicano”, previsible desde mitad de los sesenta, se hizo patente una década después. En ese momento la quiebra del modelo se evidenció por todas partes, y el boom petrolero de escasos tres años (1978-1981) no hizo sino reforzar las inquietudes democráticas y evidenciar las fallas del sistema.

La ciudad, pensada hasta ese momento como la sede de la modernidad, fue vista como la peor de las catástrofes provocadas por el tipo de sistema político, económico y social que la alimentó por décadas. De esta forma, Carlos Monsiváis pudo hablar, tiempo después, de una “ciudad post-apocalíptica” (Monsiváis, 2011); lo que también había adquirido mayor veracidad a partir de los terremotos de 1985 que sacudieron no solo físicamente a la ciudad, sino también al sistema político, encaminándola hacia un horizonte más democrático que todavía está lejos de alcanzarse y que podría eventualmente retroceder con al regreso de las fuerzas tradicionales que gobernaron ese país y que volvieron a su cabeza en las elecciones del Io de julio de 2012.

Este ensayo se plantea entonces con la siguiente organización: en un primer tiempo se hará referencia al imaginario de ciudad que se construyó a lo largo de la fase de expansión económica en México. Un modelo particularmente centrado en la ciudad de México, que fue, como ya se señaló, el eje del crecimiento y de las expectativas de modernidad.

En un segundo tiempo, se tratará de mostrar cómo la falla radical del sistema condujo a una ciudad fragmentada a partir de diversos ejemplos de lo que se ha llamado “proyectos urbanos”, que han funcionado como acciones disjuntas que gravitan en torno a una nueva concepción de ciudad que podemos denominar como “modelo de archipiélago”: proyectos disjuntos que cooptan semejanzas al mismo tiempo que expresan diferencias con el otro, el que está fuera del proyecto. Si bien esta configuración de la ciudad por proyectos explícitos responde a un modo agresivo (aunque muy de moda) del capitalismo especulativo, el cual aún logra acumular capital en épocas recesivas, no es menos cierto que la tendencia a especializar los espacios y a delimitar territorios de homogeneidad social se vuelve la marca de una época, la actual.

De esta manera, el espacio que se visualiza en la ciudad de México es fragmentado, formado a la manera de un rompecabezas en el que las piezas no encajan, y se torna cada vez más segregativo: por ende, como lo anuncia el título del ensayo, la ciudad (o lo que pretendemos aún llamar ciudad) es un conjunto descoordinado de proyectos de diversas índoles que dividen más que unen los componentes del cuerpo social, generándose una peligrosa diferenciación entre individuos y grupos que desemboca en inseguridades y en agresiones alimentadas por un imaginario creciente de miedo frente al “otro”, por lo demás imposible de definir y de representar.

1. LA CIUDAD EN EL IMAGINARIO DEL PROGRESO

La noción misma de subdesarrollo, si bien es reciente y puede achacársele a la teoría del desarrollo de los años cincuenta, refleja la profunda insatisfacción de sociedades como las latinoamericanas que, mirando fijamente hacia los países industrializados, perdieron la ocasión de definir su propio norte, es decir, de construir su imaginario colectivo de progreso y de desarrollo. En este contexto, la acumulación se ha visto como un indicador insigne de un progreso anhelado, por lo que el crecimiento del PIB o el tamaño de las ciudades fueron presentados como indicadores positivos para satisfacer el imaginario de progreso que las clases dominantes manufacturaron ideológicamente para imponer posteriormente a toda la población. (De la Peña y Agui-rre, 2006)

La Ciudad de México, durante un largo periodo, no era vista como un cuerpo obeso que pudiera tener problemas de funcionamiento; tampoco se alcanzaba a imaginar entonces que los diferenciales de progreso entre la capital y las provincias pudieran un día ser interpretados negativamente.

La política urbana hacia la capital pretendía impulsar un progreso a secas, alejando lo que no podía integrarse y negando las diferencias. Considerando, al modo de Gino Germani, que la ciudad era el motor de la integración hacia la modernidad (Germani, 1963; 1977), era entonces necesario dejarla crecer, permitir que creara sus propios mecanismos de regulación mitigados por una intervención estatal que se diseñó para dos fines particulares: generar proyectos específicos para garantizar el avance de la modernidad, y apoyar, cuando fuera necesario pero no de manera sistemática, a quienes carecían de condiciones para lograr esa deseada integración.

Los proyectos se orientaron entonces a garantizar la fluidez de la actividad urbana creando, por ejemplo, una gran cantidad de vías de circulación rápida sobre el trazo de antiguos ríos; posteriormente, instalando un metro moderno y ejemplar en América Latina, a la par de edificar proyectos icónicos de la modernidad, como edificios de ministerios, la bien conocida Torre Latinoamericana y obras similares. Para apoyar a ciertos sectores, en particular a quienes participan ya de la modernidad por su inserción en el trabajo formal o clásico, se recurrió a la creación de conjuntos habitacionales que seguían las modas urbanísticas del funcionalismo en boga en ambos lados del Atlántico. (Sánchez Ruíz, 1999)

Esta modernidad puntual marcó el ambiente de la ciudad de los cincuenta a los setenta. Fue el espacio donde pudieron expresarse mejor las nuevas burguesías oriundas del crecimiento de la posguerra. Mezcla de políticos enriquecidos a la sombra de una revolución descarrilada con nuevos burgueses alimentándose de una demanda interna en auge, esta nueva clase dominante asentó sus reales en algunas zonas de la ciudad, tanto en espacios residenciales como en áreas de ocio y de diversión. Así, las colonias nuevas que habían empezado a construirse desde finales de los años veinte, una vez apaciguados el calor revolucionario y los disturbios políticos, se llenaron de esos nuevos segmentos sociales que dieron el tono de la buena sociedad de la segunda mitad del siglo XX: la Zona Rosa se constituyó en su lugar de encuentro, que se articulaba con las nuevas empresas y oficinas oficiales a lo largo del Paseo de la Reforma (Sánchez Mejorada, 2005). Barrios como Las Lomas, posteriormente el Pedregal en el Sur de la ciudad y otros similares, se llenaron de viviendas dignas de revistas, diseñadas por una élite de arquitectos mexicanos para la otra élite, la de los capitalistas y políticos que determinaban el destino del país.

Sin embargo, las masas no integradas, apodadas por los intelectuales latinoamericanos críticos como “ejército industrial de reserva” o marginales, superaban ampliamente en número a quienes estaban logrando la integración. La desintegración, la segregación, estaban ya a la vista aun si eran rotundamente negadas por el sistema. Por ello, las obras de Osear Lewis desde la antropología o de Luis Buñuel desde el cine crítico no alcanzaron una buena aceptación en las esferas del poder, porque ponían en duda el éxito del modelo mexicano, cuyos resultados eran espectaculares en cuanto a crecimiento económico y se expresaban bajo datos duros.

El centro de la ciudad, hoy llamado Centro Histórico, había sido abandonado por las clases dominantes desde principios del siglo XX: la densidad social había crecido a un punto para ellos insoportable, con la llegada de muchos provincianos esencialmente pobres, buscando la seguridad y la posibilidad de ascenso social que ofrecía la Ciudad de México. Poblado de pobres o de clase media baja, el centro se mantuvo, sin embargo, como el nodo del comercio y de los servicios para toda la ciudad, aun si, desde los cincuenta, se asistió a su desconcentración: bancos, tiendas departamentales, servicios estatales, no fueron pocas las actividades que siguieron a los más ricos en su éxodo hacia el oeste y el sur de la ciudad. El centro, dejado de la mano oficial y de la presencia de los más ricos desde fines del siglo XIX, no había tardado en degradarse rápidamente, dando lugar a esas numerosas vecindades tan bien retratadas en la obra de Lewis.

El crecimiento económico implicó un boom demográfico que puede explicarse de dos maneras: por una parte, la migración hacia la Ciudad de México de población esencialmente del sur de la República, campesinos pobres en muchas ocasiones indígenas; por la otra, una tasa de reproducción natural de esa población todavía muy alta, fruto de la ignorancia, los atavismos y la religión. La combinación de esos factores fue el detonante de un crecimiento demográfico sin precedentes de la Ciudad de México.

El tema de la inserción urbana se volvió crucial: incapaces de alcanzar una vivienda producida por el Estado por no ser sujetos de créditos, por no formar parte de los grupos corporativos que cooptaban esa vivienda y por su mismo escaso capital cultural, los nuevos migrantes usaron en buena medida al centro actual de la ciudad como espacio de aterrizaje en la ciudad: alojados por un tiempo por parientes o amigos, formaron una población flotante importante que resolvía su sustento con actividades menores, marginales, de servicios, a veces para los más pudientes, aunque, la mayor parte del tiempo, como servicios a esos grupos medios que empezaban a expandirse demográfica y económicamente.

Sin embargo, la tendencia que se observó desde esa época, era que el paso por el centro acababa siendo temporal: después de un lapso más o menos largo, la mayor parte de esa población tenía que buscar un alojamiento propio. Lo hizo en torno a los establecimientos fabriles, en las orillas mismas del centro, y donde se les permitía asentarse.

La política del gobierno de la ciudad fue particularmente represiva: la ciudad, vuelta Departamento del Distrito Federal desde 1928, es decir, sin gobierno propio y dependiendo directamente del Presidente de la República, que nombraba un Regente, fue administrada de manera severa por un solo regente, el licenciado Uruchurtú, de 1954 a 1966. Este personaje hizo todo lo posible para evitar el crecimiento de la Ciudad de México en tanto Distrito Federal: de mano dura y verbo despectivo, empujó a los recién llegados hacia las orillas de la ciudad, formando en particular el gran asentamiento conocido como Ciudad Nezahualcóyotl al este del Distrito Federal. El calificativo de ciudad no es secundario: situado sobre el Estado de México (la provincia vecina del Distrito Federal) Nezahualcóyotl se volvió un asentamiento propio que, por escala demográfica, pudo considerarse como ciudad. Es obvio que ese era ya un signo de evidente segregación entre grupos sociales. Con un sistema de transporte muy deficiente, solo con la apertura de la línea 1 del metro de la Ciudad de México en 1968, se mejoró algo el acceso entre las dos ciudades, permitiendo así a los marginados del este del Valle de México acceder mejor a los empleos del centro o del norte. Se trataba particularmente de un proletariado industrial, como bien lo comprueban los datos censales.

El milagro económico mexicano de ese periodo introdujo también un contacto más denso, aunque tenso, con el modo de vida estadounidense: las manifestaciones de ese modo “al Sur del Río Bravo” se hicieron sentir de manera contundente en la Ciudad de México y marcaron no solo los imaginarios urbanos sino los modos de producir la ciudad.

En primera instancia, los urbanistas de la época se convencieron de la pertinencia de seguir los modelos urbanos estadounidenses. Desde los años treinta, los Estados Unidos conocían ya una fuerte urbanización periférica que hizo acuñar a Brian Berry, geógrafo británico residente en ese país, el término de contra-urbanización. Se refería a una tendencia de la población estadounidense a alejarse de las grandes ciudades y buscar refugio en localidades menores que no llegaban al estatuto de ciudad. No fue así en la Ciudad de México, pero el concepto de desarrollo periférico se manifestó de manera evidente en los modelos urbanísticos.

Por ello es que se puede plantear la existencia de un imaginario suburbano de fuerte pregnancia en todos los grupos sociales. Es evidente, como lo hemos subrayado en otros entornos, que los imaginarios deben entenderse a la luz de las relaciones de poder entre los grupos sociales (Hiernaux, 2007; Hiernaux y Lindón, 2012; Lindón, Aguilar y Hiernaux, 2006). En primera instancia, es entre las clases dominantes que primero se instalaron esos imaginarios lo que provocó una demanda de asentamientos suburbanos de calidad. Esta fue aprovechada por los desarrolladores que rápidamente generaron productos adecuados, apoyados por una publicidad particularmente astuta que asoció el modelo de la casa individual, el automóvil y el fraccionamiento periférico, con un ideal que reflejaba la modernidad. Ello convenció a muchos y el efecto de percolación hacia las clases sociales de menor poder fue inmediato: desde las clases medias hacia los estratos de menor ingreso, permeó un interés decidido y aún vigente a la fecha de hoy por fincar su residencia en este modelo de casa propia en un suburbio nuevo.

El asunto de la percolación no es menor: se puede demostrar a través de la historia de la vida social de México que las innovaciones en los imaginarios y en las prácticas socio-espaciales han transitado desde los grupos de mayor capacidad económica y de capital cultural más elevado, hacia los grupos populares de manera rápida y eficaz.

Nuestras investigaciones sobre el Valle de Chalco (Hiernaux, 1995; Lindón, 2006), un asentamiento al Sureste de la capital que alcanza más de 340.000 habitantes a la fecha, pone en plena luz la presencia de este imaginario suburbano aun si, por razones socioeconómicas evidentes, su realización se concretó en una suerte de mala copia o copia pirata del modelo asumido por los grupos de mayor ingreso. El mismo imaginario ha sido también plenamente aprovechado para la oferta de vivienda para los grupos bajos con inserción formal en el mercado de trabajo, como lo veremos posteriormente en este trabajo.

2. DEL AUGE A LA CRISIS: LA CIUDAD QUE DECLINA Y SEGREGA

A fines de los años sesenta, se dio el estrangulamiento del modelo de crecimiento hacia adentro sustentado sobre una sustitución de importación que se concretó en la producción autóctona de equivalencias locales a los bienes importados: pero no es el espacio aquí para redesplegar las razones de una crisis anunciada tiempo atrás por los economistas más clarividentes.

Desde la perspectiva de las regiones, se había asistido también en el periodo de unos escasos treinta años a un distanciamiento creciente entre los estados (provincias) de la República Mexicana, como consecuencia de un desarrollo que polarizó las ocasiones de crecimiento en torno a la capital mexicana. Un indicador como el PIB estatal refleja de sobra esta situación, cuando se observa que la capital llegó a concentrar más de un tercio de todo el producto nacional. La rebelión de las regiones estaba latente, pero la mano de hierro del PRI y su política de carro completo garantizaban que pudiera mantener el control de esta situación, lo que fue cierto hasta los ochenta.

La revuelta estudiantil del ’68, paradigma del descontento social, no fue el único muestrario de la descomposición del modelo social del país en esa época: la presencia de guerrillas urbana y rural, la aparición de sindicatos independientes y otros eventos que evidenciaban el descontento social y la reorganización de la sociedad mostraron que la política del partido dominante solo había conllevado a una creciente segregación social.

Esta, por supuesto, se desdobló en una segregación urbana creciente. Al respecto, se dieron en esos años campamentos de izquierda por los cuales grupos organizados tomaron tierras para la población más pobre; además, los campamentos, a la imagen de los que se desarrollaron en Chile bajo el gobierno de Eduardo Frey y, posteriormente, de Salvador Allende, se autosegregaron del entorno urbano: servicios propios, escuelas, comedores populares, atención a la salud, en ocasiones todo ello apoyado por estudiantes. Vistos como espacios liberados, los campamentos como el 2 de Octubre en la Ciudad de México se presentaban como una alternativa viable para generar espacios no capitalistas, según el propio discurso de los habitantes.

Más allá del tono francamente utópico propio del Zeitgeist post ’68, vale la pena subrayar que ello solamente generó mayor segregación, condiciones muy duras de vida para los habitantes y, con frecuencia, una represión muy agresiva.

Para mitades de los años setenta, la Ciudad de México se encontraba en una situación extremadamente conflictiva por la ausencia de obras importantes ligada a la merma de los recursos del Estado. Por otra parte, el crecimiento urbano desbocado hacía prever un verdadero colapso de los servicios y el desempleo era creciente.

3. REPENSANDO EL MODELO DE CIUDAD: ENTRE UTOPÍA E HIGIENISMO RENOVADO

A mitad de su sexenio, el presidente Luis Echeverría sintió la necesidad de soltar de alguna forma la camisa de fuerza que ataba el sistema social. Recurrió cada vez más a un discurso francamente agresivo hacia el mundo desarrollado y populista hacia adentro, con tintes de nacionalismo revolucionario, al más puro estilo de los años duros de la Revolución. El autoritarismo tampoco estaba ausente del discurso y de las prácticas habituales del mandatario.

En materia urbana, las preocupaciones crecientes respecto del crecimiento de megaciudades observado por las Naciones Unidas alentaron en México un fuerte impulso hacia una suerte de planeamiento urbano y regional que no se había conocido antes sino brevemente en las décadas de los ‘treinta y de los cuarenta. México entró decididamente en este entusiasmo con una reforma urbana que se traduciría en la Primera Reunión sobre Asentamientos Humanos que celebró la institución internacional en Vancouver, Canadá, en el año 1976. Además se aceptó la presencia y el trabajo en México de un grupo de asesores de las Naciones Unidas que desarrollaron los primeros borradores de lo que se convertiría en la política urbana entre 1976 y 1982, durante el sexenio de José López Portillo.

Sin embargo, la decisión del presidente Luis Echeverría de adoptar la agenda de las Naciones Unidas alteró aún más el equilibrio entre las fuerzas sociales y los sectores más retrógrados de la sociedad manejaron una estrategia de desinformación; brotaron los discursos más descabellados como, a manera de ejemplo, el hecho de que se le quitaría a las personas una parte de su vivienda si excedía los estándares de metros cuadrados por persona que el Estado determinaría. Claramente, detrás de esta embestida en contra de la nueva política urbana se encontraban los sectores que se enriquecían con la segregación y con la marginación de un sector importante de la población capitalina.

Con el cambio de administración federal el Io de diciembre de 1976, se instauró una nueva era con la creación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y diversos mecanismos que transformaron radicalmente la política urbana. De paso, se aprovecharon las circunstancias para allegar al proyecto sectores de intelectuales y activistas de izquierda tentados por una nueva política que se antojaba progresista.

La política de ese nuevo sexenio tomó varias orientaciones: la primera fue la de fomentar el desarrollo de nuevos polos industriales y turísticos en torno a iniciativas previas de aprovechamiento de las reservas de hierro, de cobre o petroleras. Asimismo, se aceleró el proyecto de consolidar nuevos destinos turísticos como Cancún, Ixtapa y los Cabos, para conseguir las divisas necesarias para el desarrollo industrial y la continuidad del modelo sustitutivo de importaciones que había desembocado en el llamado “milagro mexicano”.

El descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros permitió al Gobierno Federal aumentar su volumen de inversión, llegando, según algunos autores, a implicar casi un tercio del presupuesto de la Federación en esos proyectos industriales y turísticos. Esto iba a favor de las regiones, disminuyendo en principio las desigualdades regionales. Efectivamente se pudo notar una reducción de la dominación de la capital sobre el sistema regional mexicano aunque, al mismo tiempo, la fuerte concentración de las inversiones en llamados “polos” redujo la posibilidad de que se derramaran adecuadamente los recursos sobre la población de las regiones beneficiadas.

En materia urbana, se inició una era de planificación intensiva bajo modelos tradicionales: se aplicó a lo largo y ancho del territorio una visión de este marcada por la necesidad de una justicia social signada en una mejor distribución territorial de los recursos. Asimismo, se aplicó más atención a las demandas sociales, pero de una manera más formal que concreta, por lo que el discurso justificativo e ideológico siguió siendo de mayor relevancia e intensidad que los resultados. Esa modalidad fallida de pensar el territorio estaba, a pesar de todo, marcada por buenas intenciones y un discurso reformista particularmente innovador para la época. (Hiernaux, 1987)

Basada en políticas públicas dirigistas y centralistas, así como con poco lugar para una participación social que no fuera de simple información sobre el planeamiento y consultas elementales sin mucho espacio para negociar, la intervención del Estado no tuvo un impacto tan importante como el discurso proponía. Más aún, las obras de infraestructuras como la expansión del metro, la construcción del drenaje profundo y numerosas construcciones ligadas a la modernidad de la Ciudad de México cambiaron profundamente su paisaje, pero no las tendencias que provocaban los niveles de segregación interna del pasado. En otros términos, la ciudad adquirió otro rostro, sin haber modificado su constitución interna de manera espectacular.

Un factor importante para el futuro de las políticas urbanas fue, sin lugar a duda, el hecho de que se acabaron de consolidar grupos empresariales con un poder muy importante en torno a las obras públicas: estos grupos determinaron las políticas urbanas de los sexenios posteriores, una vez agotados el maná petrolero y las obras concomitantes.

El país moderno y la ciudad capital presentada como el ejemplo más claro de esta modernidad eran solamente una utopía más de un régimen que no cubrió los puntos de la agenda histórica del modelo político mexicano sino que la transformó en un discurso hueco y en una fuente de enriquecimiento particularmente bondadosa para algunos sectores.

El fin del auge petrolero, marcado por la caída brutal de los precios del petróleo, determinó también el final de esa política específica hacia la ciudad, marcada por una buena voluntad hacia la reducción de la segregación y el mejoramiento de las condiciones urbanas de los más pobres.

La llamada década perdida en México coincide con la fase más dura de retroceso en las condiciones de vida de la población: entre 1981 y 1988 se dio un estancamiento de las percepciones de los trabajadores, asociado a una inflación sin precedentes. Esta situación, bien documentada en los estudios sobre esa época, se hizo más aguda por los temblores de 1985 que sacudieron la Ciudad de México en el mes de septiembre. Más allá de los efectos desastrosos en la ciudad, provocaron un fuerte movimiento popular para paliar la ineptitud del gobierno de turno. Esto fue el inicio de una transformación de la política mexicana, que desembocó en la victoria de la izquierda en las urnas para el gobierno de la Ciudad de México en 1997, todavía refrendada de manera impresionante en los resultados de las elecciones del Io de julio de 2012, es decir, quince años después.

La política urbana inmediatamente posterior a los temblores se basó en la demanda de una nueva edificación de viviendas en lugar de su destrucción: por ello, se reforzó la presencia de sectores populares en el centro de la ciudad donde los efectos fueron más contundentes. Sin embargo, las nuevas condiciones económicas del país conducían a un gobierno más orientado por el neoliberalismo, aun si no había habido un cambio de partido político a la cabeza de México. Fue, en cierta manera, un viraje radical emprendido por el presidente Miguel de la Madrid desde 1982, que condujo al país hacia una política de control radical del gasto y de congelamiento de los salarios para estabilizar una economía tambaleante por la enorme deuda externa acumulada en pocos años y afectada por una inflación desmesurada.

Si bien la política de alojamiento de los damnificados puede entenderse como una verdadera política social propulsada por grupos políticos y sociales ligados a la izquierda, el resto de la política territorial se orientó, sin lugar a duda, hacia una recuperación de la productividad de las ciudades. Cortes en los subsidios, apoyos a la competitividad, intentos de introducir a la Ciudad de México en una gestión moderna y eficiente, todo lo anterior conducía a una nueva política urbana radicalmente diferente de la anterior.

Por otra parte, los efectos de las políticas económicas no dejaron de hacerse sentir entre los grupos de menores ingresos: tanto por la erosión constante de los ingresos como por el encarecimiento de los bienes inmobiliarios -nicho de inversión más seguro para los capitales ociosos-, los sectores más pobres de la Ciudad de México se vieron incapaces de mantenerse en localizaciones centrales; de tal suerte que la expansión territorial de la ciudad se volvió implacable. A partir de los ochenta y de manera muy intensa, se generó un crecimiento periférico de la Ciudad de México que respondió no solo a imaginarios suburbanos como los que subrayamos en el pasado, sino a condiciones económicas adversas para la población. El Valle de Chalco, que nombrábamos anteriormente, es el ejemplo paradigmático de esta expansión suburbana, que rebasó todas las expectativas. Al mismo tiempo, los grupos medios también fueron sometidos a presiones fuertes y constantes que provocaron para muchos la incapacidad de mantenerse en áreas más centrales de la ciudad. La expansión de la superficie urbana ha sido entonces considerable y se estima que entre 1980 y la fecha se ha multiplicado casi por tres.

Frente a esta estimación de la expansión sobre suelo suburbano hay que ubicar el cambio demográfico que comenzó a tener lugar en la misma ciudad: una reducción de las migraciones hacia la ciudad acompañada de una creciente emigración desde ella hacia destinos de provincia explican la reducción de la tasa de crecimiento de la Ciudad de México. Las previsiones apocalípticas de los años setenta que situaban a la Ciudad de México en el primer lugar de las mega-ciudades, con 33 millones de habitantes, en el año 2000, fueron desmentidas por la realidad.

Esta transformación de la condición demográfica de la ciudad tiene serias implicaciones sobre su morfología y sobre la segregación interna. Además debemos situarla primero en el contexto económico que la desencadenó. A partir de 1982, con la crisis permanente, pero también a raíz de la apertura unilateral de la “fortaleza proteccionista mexicana”, desde 1986 (desde antes del TLCAN de 1994), la economía mexicana se vio incapaz de competir contra el flujo de mercancías importadas, que acabaron por terminar con la situación confortable de la industria nacional instalada cómodamente en los incentivos a la sustitución de importaciones y en la protección arancelaria.

La desindustrialización se volvió entonces un fenómeno masivo con cierres de empresas y reducción del empleo. La consecuencia fue desastrosa para la capital mexicana. Con ello muchas personas emigraron, como también lo hicieron a raíz de los temblores de 1985. Sin embargo, la ausencia de alternativas económicas en el sur del país provocaba una inmigración de población de bajos ingresos. Si bien el balance demográfico mostraba una mayor emigración desde la capital que inmigración hacia ella, no cabe duda que los efectos sobre la segregación fueron significativos: esta población de bajos ingresos, con una demanda urgente de espacios de inserción en la ciudad, dejó de afluir a las áreas centrales para instalarse ma-yoritariamente en las periferias en construcción, como el sureste de la capital, donde se encuentra el Valle de Chalco. La explicación desde las circunstancias de evolución de la economía es entonces tan importante como la ausencia de políticas urbanas coherentes para enfrentar la creciente segregación.

4. LA CIUDAD COMPETITIVA Y SEGREGATIVA

A partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, llevado a la silla presidencial por un fraude sin precedentes que impidió la llegada al poder de la izquierda en la persona del candidato Cuauhtémoc Cárdenas, la política urbana dejó en buena medida sus tintes reformistas para integrar en su agenda los postulados de lucha contra la pobreza (Ziccardi, 2009; Cordera, Ramírez y Ziccardi, 2009). Esta tendencia se articuló plenamente con lo que tenía lugar en otros contextos geográficos (Borja, 2003) y fue concertada con organismos internacionales, como el Banco Mundial.

La inexistencia de una política urbana propia sino matizada y dirigida por una política social dominante definió un nuevo camino para enfrentar lo urbano: por una parte, aumentar la productividad urbana y, por la otra, dotar de servicios básicos y de algunos subsidios a la población de bajos ingresos para garantizar su subsistencia con una red de condiciones mínimas. La intención fue evitar explosiones sociales que impidieran el crecimiento económico potencial, a la par de garantizar la productividad de la mano de obra para la industria y los servicios.

De tal suerte, por ejemplo, el Valle de Chalco fue la sede de un programa intensivo y paradigmático de apoyos oficiales que introdujeron los servicios de agua potable, la luz eléctrica, el drenaje sanitario y servicios elementales como educación y salud. Todo ello a través de un programa llamado Programa Nacional de Solidaridad, la mayor arma propagandística del régimen del PRI vuelto a nacer y modernizado. A pesar de la urgencia de enfrentar las demandas urbanas acumuladas durante la fase de crisis en el sexenio anterior, el programa aplicado en el Valle de Chalco no se repitió de la misma manera en otras periferias ni ciudades del interior. Este caso paradigmático fue también una suerte de muestra, exhibida triunfalmente hacia el exterior, de que México pretendía articular su política de modernización y de liberalización económica con una profunda reforma social y urbana, lo que distó mucho de ser una realidad.

De hecho, la intensificación de la apertura económica y la modernización de algunos espacios de la ciudad (como el proyecto Santa Fe, al cual regresaremos en breve) develan intenciones contrarias: la de modernizar la ciudad de manera selectiva. A la par de esta modernización económica que implicó la inserción de lleno del país en la economía mundial sin condiciones, se consolidó una nueva clase modernizante, desligada de las necesidades locales, abierta al exterior y celosa de su estatuto; en cierta forma se puede afirmar que, a finales de los ochenta, se asistió al nacimiento de una nueva clase globalizada. Esta condujo su actuación urbana hacía orientaciones distintas de las que habían recorrido aquellos grupos dominantes que establecieron su liderazgo social durante la fase de sustitución de importaciones. Más demandante de condiciones urbanas de alta calidad, arrogante en la exhibición sin pudor de su riqueza recién adquirida, esta nueva clase ha sido la conductora de nuevas políticas urbanas, como se verá posteriormente.

La inserción del país en la economía global no podía más que ser selectiva, y fue dirigida en su mayor parte a integrar el país en el ámbito de la economía del espacio norteamericano, en vez de sostener los lazos tradicionales que lo unían con América Central y del Sur: negando la solidaridad con unos países centroamericanos que difícilmente se reponían de sus guerras civiles, distante con los países del Sur que habían recobrado el camino hacia la democracia no sin conflictos internos, México pretendió así integrarse de lleno a la economía globalizada propugnada por las nuevas corrientes económicas dominantes, sustentadas en la ideología neoliberal que había sentado sus reales en las principales economías desarrolladas.

Para ello la transformación de la Ciudad de México, de compleja factura pero todavía marcada por cierta mezcla social, tenía que ajustarse a modelos urbanos modernizadores para los cuales se iba a requerir de una nueva forma de alianza entre grupos dominantes y gobierno. Una nueva gobernanza se preparaba, la que todavía impera en la capital de hoy y en la mayor parte de las ciudades del interior.

Posiblemente uno de los aspectos más cruciales era reducir el poder que habían tenido en la administración pública (particularmente en aquella que se asociaba a las políticas urbanas) los segmentos de profesionales con intenciones liberales o de izquierda que habían sido convocados a participar de la gestión urbana desde el sexenio de José López Portillo, es decir, desde 1976. Poco más de diez años después, a partir de 1988 con la administración de Carlos Salinas, se otorgó la dirección de las políticas urbanas a profesionales de reducido conocimiento de lo urbano y más cercanos a los planteamientos neoliberales del gobierno de turno, muchos economistas y administradores de empresas.

Uno de los aspectos peor aceptado por la nueva administración fue la planificación urbana tradicional que se había implantado en México desde los setenta. A pesar de su reconocida ineficiencia, no se puede negar que esta vehiculizaba un discurso progresista, en el que la justicia social siempre se codeaba con la eficiencia urbana. Aun así, ese discurso contravenía las nuevas orientaciones del gobierno neoliberal. Se empezó a hablar (aunque por cierto tardíamente, en comparación con otras experiencias nacionales) de planeamiento estratégico y, en particular, de proyectos urbanos. La idea subyacente era, antes que nada, poder emprender nuevos proyectos urbanos al margen de las regulaciones tradicionales del planeamiento. Así nació la idea de las Zonas de Desarrollo Especial Controlado -ZEDEC- que consisten en proyectos urbanos de mediana a gran envergadura dotados de un estatuto especial, diferente de las zonas circundantes.

Es en ese tenor que se planteó la edificación de una nueva zona de alta modernidad en Santa Fe, recuperando terrenos de bajo valor al oeste de la ciudad. La intención era desarrollar un complejo urbano donde podrían convivir oficinas para la sede de empresas terciarias (ligadas a la informática, los bancos y servicios de alto valor agregado para empresas), con un gigantesco centro comercial y nuevas unidades de vivienda. Este proyecto de gran magnitud se planteó como un espacio controlado, donde se procuraría otorgar las mejores condiciones de infraestructura urbana, una calidad de diseño urbano y arquitectónico espectacular, un fuerte control de él por parte de las autoridades y un nivel de calidad de vida muy superior (supuestamente) al resto de la ciudad, de manera de atraer capitales y personas con una alta exigencia de necesidades urbanas difíciles de alcanzar en otras partes de la ciudad.

Cabe señalar que la zona del “Santa Fe moderno” colinda con una zona tradicionalmente de las más pobres de la ciudad. En efecto, el “Santa Fe tradicional” surgió después de la conquista de la ciudad, con un hospital creado a iniciativa de Vasco de Quiroga .destinado a recoger a los indígenas hambrientos que habían huido hacia las áreas boscosas y montañosas del oeste de la ciudad de Tenochtitlán, después de su incendio y destrucción por Cortés. Siempre se mantuvo esa área como distante de la ciudad hasta ser absorbida por ella misma y volverse una enorme ciudad perdida con condiciones de vida extremadamente precarias. Esta es la nueva colindancia (que no convivencia) entre dos áreas perfectamente segregadas de la ciudad. El éxito del proyecto nuevo Santa Fe está ahora puesto en jaque, ya que los nuevos desarrollos de vivienda en el contexto especulativo reciente hipotecan el suministro de agua para el área, como se ha señalado reiteradamente en la prensa en fechas recientes.

Otra manifestación de la política de crear islas de modernidad se ubica a lo largo del Paseo de la Reforma, el equivalente (más o menos) de los Campos Elíseos parisinos. Se asistió, al paso de las décadas desde los cuarenta, a una modernización de lo que fue una de las avenidas más prósperas de la Ciudad de México. Poco a poco se fueron integrando nuevas edificaciones que le dieron un toque de modernidad: entre hoteles, edificios de oficinas y sedes de ministerios el Paseo se fue modificando, perdiendo poco a poco el carácter patricio que sus conceptualizadores y hasta la Revolución mexicana le habían otorgado. Sin embargo, desde fines de los años ochenta, es decir, en el último cuarto de siglo, las transformaciones se hicieron más visibles. Poco a poco, en el paisaje urbano de la capital que se había mantenido notoriamente horizontal, aparecieron torres de oficinas, algunas de vivienda, en el marco de una arquitectura que se ha querido mostrar como posmoderna y en algunos casos, inteligente. La Torre Bicente-nario y muchas otras edificaciones pretenden colocar ahora al Paseo de la Reforma al nivel de otras grandes ciudades desarrolladas, que exhiben así sus anhelos modernizadores medibles por la altura de sus edificios y su estilo arquitectónico.

Esta “reforma de la Reforma” no se inscribe en un contexto urbano donde se articulan bien los espacios: a manera de ejemplo, la misma avenida se integra a dos Planes Parciales de Desarrollo Urbano, uno para cada una de las áreas colindantes de cada lado de ella. La segregación es entonces el resultado de una elección consciente de los conceptualizadores que pretenden desligar ese eje de hipermo-dernidad del resto de la ciudad, en parte incontrolable. Para dar un ejemplo, el conocido barrio de la Zona Rosa, espacio dominando por las clases pudientes del desarrollo estabilizador en los cincuenta y sesenta, se volvió progresivamente un lugar de fama dudosa donde ahora se entremezclan hoteles, restaurantes, prostitución de alto nivel, tráfico de droga, etcétera. La Zona Rosa, colindante con el Paseo de la Reforma, contrasta fuertemente con los visos modernizantes aplicados a este último.

Otro ejemplo de la política selectiva y segregativa de los gobiernos recientes es el caso de la renovación urbana del área Alameda Sur. Esta zona, de mala fama y poca calidad arquitectónica, tenía, sin embargo, una vida barrial importante. El gobierno de la ciudad decidió lanzar un proyecto de renovación, aparentemente enmarcado en los esfuerzos de reconversión del Centro Histórico de la capital (Cepeda de León, 2005). Las políticas aplicadas mostraron rápidamente su verdadera cara: arrasando con manzanas enteras, se edificaron construcciones emblemáticas como las oficinas sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores y edificios de vivienda de calidad media alta. Más que una política de remozamiento de un centro histórico (inexistente como tal en ese lugar desde una perspectiva de calidad patrimonial) lo que estaba en juego era más bien conseguir nuevos espacios para implantar oficinas públicas y privadas y vivienda de lujo a escasos pasos del verdadero Centro Histórico. Una operación inmobiliaria jugosa, lejana todavía de su final , que no deja de ser emblemática de la verdadera estrategia del gobierno de la Ciudad de México. A la par, y bajo el manto de la recuperación de la Alameda, cuya arboleda se encuentra muy deteriorada, se ha cerrado este espacio y se procede a su remodelación. Pero ello implicó una política de desocupar y cerrarla completamente durante meses. De tal manera, los sin techo que dormían en las bancas, las verbenas populares, los bailes populares, las reuniones de homosexuales de los domingos, el área donde predicaban pastores de sectas diversas, todo ello fue eliminado en un afán de limpieza social y visual que el gobierno de la ciudad no se atreve a reconocer como tal.

Quizás lo que da el tono de las verdaderas intenciones del gobierno (en connivencia con los intereses de los capitales privados que ahora afluyen en el entorno) es una publicidad para un desarrollo inmobiliario colindante, que subraya que pronto los futuros propietarios gozarán de un parque para hacer jogging, pasear a sus mascotas y a sus hijos en toda seguridad: un pequeño Central Park a la mexicana. Como se puede entender leyendo entre líneas, se ha requerido un nuevo modelo de gobierno para la ciudad para lograr semejantes situaciones. El remplazo de la vieja generación de funcionarios más liberales ha permitido implantar una administración de la ciudad que no menosprecia trabajar de la mano del capital privado.

Lo que resultará particularmente extraño para el escrutinio de personas externas a la política mexicana es que ese nuevo modelo de gobierno ha sido llevado a cabo esencialmente por los gobernantes de la ciudad oriundos de la izquierda que desde 1997 y hasta la fecha dirigen la ciudad. Si bien los tres primeros años, bajo la gubernatura del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, no fueron tan marcados por esa tendencia, a partir de 2000 se aceleró la alianza capital-gobierno bajo un modelo de gobernanza pragmático que siguieron Andrés Manuel López Obrador (2000-2006) y Marcelo Ebrard Casaubon (2006-2012). No se ve ningún viso de modificar el modelo de gobierno por parte del candidato electo el Io de julio de 2012, Miguel Ángel Mancera Aguayo, fiel sucesor de la línea anterior.

Este modelo de gobierno merece un poco más de atención: exhibe dos facetas complementarias aunque con tintes ideológicos muy distintos entre sí; la primera consiste en hacer alianzas con el capital privado para el desarrollo de actividades determinadas para la ciudad. La segunda es la de incrementar la intervención del gobierno con los sectores más pobres mediante programas sociales pero también mediante acciones de tipo cultural que explicaremos más adelante.

La primera faceta tiene su mejor traducción en la alianza tácita que realizó López Obrador con Carlos Slim (tycoon mexicano y el hombre más rico del mundo). Esta asociación fue el pivote de la intervención que se ha realizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad durante el sexenio de AMLO empezó por eliminar a los funcionarios con una política social demasiado evidente que Cárdenas había nombrado. Lo anterior llevó el control del Centro Histórico a mano de diversas figuras que estaban alejadas de las políticas urbanas anteriores. AMLO empezó por renovar un área importante de alrededor de treinta manzanas (el corredor Zócalo-Bellas Artes) para regresar cierta centralidad al área (Wildner, 2005; Varios Autores, 2005) para las cuales mejoró totalmente la infraestructura, así como el pavimento y emprendió una vasta operación de facha-dismo urbano para darle otra vista al Centro Histórico. La llamada a volver a interesarse por el Centro Histórico no era nueva pero, a partir de esas inversiones, fue acelerándose.

Nuevos comercios, la recuperación de edificios patrimoniales, una nueva vida cultural basada en la clase creativa (Florida, 2009), todo ello contribuyó a integrar el Centro Histórico entre las ciudades más queridas por las instituciones internacionales a cargo de la cultura y del patrimonio como la UNESCO. Carlos Slim invirtió de manera sustancial en la compra de inmuebles en la periferia de la zona remozada, en buena medida por las restricciones que significaba la presencia de inmuebles catalogados: al sur de ella, las posibilidades de acciones más dinámicas son mejores, y es allí donde empezó su esfuerzo inmobiliario. A la par, propulsó la retoma en mano de la calle de Regina, una calle banal en sí, con escaso valor patrimonial pero cuya peatonalización (concertada con el gobierno de la ciudad) y la implantación de una política cultural particular que se ha vuelto icó-nica, ha provocado una rápida transformación de la población, de sus prácticas socio-espaciales como de las de sus visitantes. Otro ejemplo que no detallaremos en este trabajo es el del entorno de la Plaza Santo Domingo, una de las más bellas de la ciudad, cercana al Zócalo (plaza central) de la capital cuya remodelación está aún en curso (Hiernaux, 2013, en prensa).

La otra cara de esta renovación del Centro Histórico está constituida evidentemente por los efectos que genera sobre la población residente. Si bien esta se ha reducido en las últimas décadas por la decadencia misma del espacio central, los aún residentes padecen los daños colaterales de la gentrificación de los espacios recuperados. Incapacidad para pagar los alquileres que la clase creativa es capaz de desembolsar, con negocios en pérdida de competitividad (por ejemplo, las tiendas de misceláneas frente a las franquicias tipo Seven Eleven que ofrecen bienes básicos para habitantes y turistas), los residentes acaban por sentirse extraños en lo que solía ser su espacio de vida cotidiana. Son extraños en su propio territorio, del cual pierden con toda evidencia el control día a día. Más aún, se vuelven una especie humana exhibida para fines turísticos, como los habitantes tradicionales en una suerte de parque temático que se construye progresivamente en el Centro en el contexto de un choque de imaginarios entre los cuales dominó el del “regreso al centro” (Hiernaux, 2006).

Quizás lo más notorio de esa voluntad que Neil Smith califica de revanchista (Smith, 1996; 2005) y que pretende reconquistar los espacios populares del Centro, es la lucha contra los vendedores ambulantes de mercancía legal o ilegal. Expulsados de la vía publica manu militan, se rebelan regularmente y llegan a enfrentar a la fuerza pública, como ha ocurrido en el Eje central o en Tepito, un reducto de la venta de mercancía pirata pero también refugio de delincuencia, venta de armas y tráfico de drogas. Usando esos últimos argumentos como prueba de la necesidad de extirpar ese “cáncer urbano”, la política del gobierno de la ciudad ha sido de mano extremadamente dura frente al sector popular que reside o, por lo menos, que ocupa el espacio público del centro de la ciudad, para ejercer actividades que, si bien pueden ser ilegales, son la fuente de su subsistencia, lo que explica la fuerte resistencia que encuentran las políticas urbanas de limpieza del espacio público.

Hace unos años, el gobierno de izquierda de AMLO recurrió al ex alcalde de Nueva York, Rudoph Giuliani (Valenzuela, 2011), conocido por su mano dura y su política de tolerancia cero, que fue debidamente calificada de fascista, para asesorar su proyecto sobre la ciudad.

Aparte del escándalo que ello provocó y el abandono (¿aparente?) del proyecto (aunque el asesor fue debida y sustancialmente remunerado) es claro que la política urbana actual no se esconde bajo el lema fas-cistoi’de de tolerancia cero pero que sí la ejerce cada vez más, particularmente hacia los más débiles.

Terminaremos este ensayo señalando otra cara de la política urbana, la que se exhibe a través de las acciones de vivienda. De manera sintética, debe señalarse que la presidencia de Vicente Fox (2000-2006) puso en marcha políticas de vivienda destinadas a expandir el mercado de vivienda privado para, simultáneamente, reducir la intervención estatal en la materia. Para ello, transformó los organismos encargados de la vivienda social en meros organismos financieros. Ahora las cuotas patronales y de trabajadores se canalizan al otorgamiento de créditos preferenciales a sus beneficiarios para adquirir una vivienda a su gusto, de cualquier tamaño y localización y con un crédito privado bancario complementario, si la necesidad se presenta. Esta flexibilización radical de las políticas de otorgamiento de vivienda generó un crecimiento sin precedentes de la oferta y de la demanda de viviendas en todo el país. Es obvio que las constructoras de vivienda (desarrolladoras) se han visto plenamente beneficiadas, lo que ha impulsado el crecimiento de las empresas nacionales de la construcción y las ganancias turbias de funcionarios y de sus parientes, a la imagen de lo que ocurre desde décadas atrás en países como España por ejemplo. Ello ha implicado la flexibilización de los planes urbanos tradicionales, que se parecen ahora más a una colcha depatchwork de fraccionamientos que al producto de un planeamiento racional, dada la cantidad de derogaciones a los usos de suelo que muchos funcionarios locales (en todo el país) han otorgado a las empresas constructoras, tras el ingreso (según se asegura) de sendas remuneraciones discretamente otorgadas.

Más allá del hecho de que esta situación representa un clavo más en el ataúd del planeamiento urbano tradicional, lo más significativo para el tema central de este ensayo es la segregación que generan estos proyectos. Por un lado, es evidente que muchas viviendas son acaparadas por personas que no las necesitan y que las adquieren como segundas residencias (particularmente si los desarrollos se ubican en destinos turísticos como Acapulco o Cuernavaca, por ejemplo). Por otra parte, la escala de los proyectos es tal que algunos desarrollos alcanzan las 30.000 viviendas, lo que es de hecho la población de una ciudad completa. La mayor parte de esos desarrollos nuevos se ubican en la periferia de la ciudad, y cumplen con los imaginarios suburbanos de las clases sociales bajas o medias, que se han precipitado sobre este tipo de oferta a pesar de sus condiciones adversas: carente de equipamientos y de comercios urbanos, masiva, sobre terrenos tan pequeños que las ampliaciones posteriores se vuelven imposibles, en áreas no aptas para la edificación y distantes de los empleos y los servicios. En fechas recientes, algunas investigaciones han evidenciado que se asiste ya al abandono de las viviendas por parte de sus dueños, que todavía están en condiciones de perderlas por no pagar el crédito. Se ha producido de esta manera una enorme segregación por condiciones socio-económicas, formándose amplias zonas homogéneas en las que las condiciones de habitabilidad suelen ser muy bajas en un contexto de dispersión urbana generalizado por todo el país (Bruegman, 2011). Lo anterior completa el panorama de las nuevas formas de segregación, que sintetizaremos brevemente en las reflexiones finales a continuación.

REFLEXIONES FINALES

La entrada de lleno de México en un entorno neoliberal ha cambiado la ingeniería de las políticas urbanas. Nadie puede afirmar que la Ciudad de México fue alguna vez un espacio mixto donde se codeaban los diversos grupos sociales: desde la formación de una ciudad colonial dividida en un municipio central de españoles y un municipio de indios que lo rodeaba, fue evidente que la Ciudad de México, como la mayor parte sino todas las ciudades en el mundo, fue una ciudad desigual.

Sin embargo, el toque mágico del neoliberalismo, en vez de distribuir esa nueva riqueza como los admiradores del libre mercado lo han afirmado, ha contribuido a abundar en la profundización de las desigualdades urbanas.

Mientras que durante las décadas de la sustitución de importaciones se entremezclaban algunas políticas de redistribución social e integración de los más desfavorecidos en la ciudad (por ejemplo, a través de la política de producir edificios multifamiliares) con acciones segregativas, el advenimiento de las políticas neoliberales actuó abiertamente en dirección de una mayor segregación. Los proyectos que hemos analizado brevemente y las orientaciones más generales de las políticas urbanas que hemos revisado para la Ciudad de México, muestran que se ha jubilado la visión de justicia social que antes dominaba el discurso y lograba, bien que mal, acciones de convivencia entre grupos sociales. Ciertamente la misma política neoliberal provocó mayores tensiones entre los que tienen todo y los que carecen a veces de lo mínimo. De tal suerte, la inseguridad tiene un origen muy definido y no es una maldición que afecta repentinamente a las ciudades (Camón, 2011). La pobreza de muchos no es una fatalidad, sino una consecuencia directa de las orientaciones económicas.

De tal manera, en vez de ser abarcadora e integradora, la política urbana actual y el modo de gobernanza de la ciudad han elegido crear un archipiélago de proyectos desconectados entre sí, sustentados en la ganancia y en la guetización de ricos y pobres, cada grupo produciendo el espacio a su manera.

De esta manera los proyectos urbanos, esencia de una política urbana fragmentada, dividen los grupos sociales y contribuyen a una creciente visualización del otro como ajeno, distante y enemigo, lo que refuerza además la demanda de esos mismos proyectos en islotes urbanos que sugieren una seguridad por lo demás incierta. Así, las ciudades actuales dividen a la sociedad, en vez de reuniría, crean grupos casi tribales que se identifican a partir de configuraciones simbólicas diversas entre las cuales la pertenencia territorial es esencial.

Mirando al pasado, es la imagen de la ciudad medieval que viene a la mente: con el centro amurallado y los suburbios o arrabales rodeándolo, estos suburbios que Jordi Borja llama la ciudad lacónica (Borja, 2012). Mirando a futuro, es la ciudad de Blade Runner que se impone a nuestra imaginación. En ambas miradas, se impone una ciudad dual, que muestra cada vez más sus similitudes con la ciudad soñada del neoliberalismo, en la cual la seguridad y la buena vida se construyen sobre la desaparición de la ciudad como realidad ontológi-ca, a favor de una suerte de ciudad archipiélago del Pacífico Sur, donde las distancias entre isla e isla hacen la convivencia casi imposible y la desconfianza domina frente a ese otro que somos, finalmente, cada uno para cada otro.

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Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Ciudad de México↵