FEMINISMOS PARA UN CAMBIO CIVILIZATORIO

Alba Carosio 
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Esteban Castillo, Figuras (detalle), ca. 1963. Óleo sobre mazonite; 58,5 x 45,5 cm
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Presentación

Los trabajos que integran la compilación que a continuación se despliega son producto de los encuentros y debates del Grupo de Trabajo CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) ‘feminismo y Cambio Social en América Latina y el Caribe”, conformado por un conjunto de investigadoras que centran su interés en la indagación, análisis y propuestas para la transformación social desde las mujeres y los feminismos. Convencidas estamos todas de que no será posible un mundo más justo, mejor, más humano y más habitable, sin una visión feminista de las sociedades, sus encrucijadas y sus alternativas. El conjunto de ensayos que reunimos en este volumen dan forma a la cuarta publicación realizada por el grupo de trabajo, el cual viene desarrollando pensamiento crítico feminista desde 2007.

Nuestro objetivo es dar impulso a un esfuerzo teórico que profundice el estudio del feminismo en cuanto aporte político, teórico y práctico para el cambio civilizatorio y la ética alternativa de vida y buen vivir; esto es, la realización de la justicia social. En las sociedades del capitalismo salvaje, la destrucción de la vida se hace patente y avanza mediante la colonización mercantil de todos los aspectos y espacios de lo humano y lo natural, potenciada además por su aliado más antiguo y fuerte, el patriarcado. El modelo civilizatorio, que podemos definir como capitalismo patriarcal racializado, se basa en la discriminación y la jerarquización útiles a la explotación y la acumulación. Es un sistema coherente y articulado que abarca todos los ámbitos de la vida colectiva e individual.

Nuestra razón civilizatoria puede ser mejor comprendida si se reconoce que está fundamentada sobre bases tanto capitalistas como patriarcales. El patriarcado aporta al modelo civilizatorio un pacto social que establece la superioridad y el dominio del modelo masculino de vida social, basado en la desvalorización de los modos femeninos de ser, estar y construir en el mundo. Podemos decir que el modo masculino-patriarcal se caracteriza por centrarse en la competencia, la agresividad y la división sexual del trabajo, y además desliga a la mitad de la humanidad de las labores de reproducción y sostenimiento de la vida. Se trata de un modelo de contrato social que implica el contrato sexual, a través del cual se instituyen los mundos público-masculino y privado-femenino y se les asignan tareas y valores jerarquizados. A lo público-masculino conesponde lo racional-abstracto-progresista; y a lo privado-femenino conesponde el estado de naturaleza e irracionalidad. Por esto, el contrato sexual-social establece la supremacía masculina sobre todas las cosas, al mismo tiempo que desvaloriza lo femenino y niega la interdependencia de los ámbitos público y privado.

Por su parte, el capitalismo impone la preeminencia de la producción para la acumulación, dando lugar a una lógica de acumulación, cada vez más abstracta, más separada de las necesidades de los cuerpos concretos y con preeminencia de los valores de cambio, que en forma de dinero y valores financieros, son susceptibles de más rápida y fácil acumulación. En un sistema capitalista, la producción es importante sólo en la medida en que contribuye a la realización de ganancias. Un conjunto de ideas y valores dan base al capitalismo: individualismo, competencia, dominación y consumo, generando prácticas sociales y estilos de vida funcionales a la ley general del modelo y a su expansión colonizadora en el planeta y en los espacios vitales. Por cierto que, como demostraron las feministas radicales, la histórica educación masculina que hace a los hombres competitivos, racionalistas y dominantes, coincide con la descripción de los principales valores de la sociedad capitalista.

En el desanollo del tiempo histórico, el modelo civilizatorio se ha afirmado especializando al conjunto de los hombres en la producción mercantil y generando la hegemonía de estereotipos de masculinidad, que implican dominio, poder y violencia. Paralelamente, se desvaloriza e invisi-biliza el trabajo concreto femenino de reproducción/producción de vida, generando y ocultando a la vez, el conjunto de opresiones de las mujeres con el mito del eterno femenino. Esto las ubica en una otredad radical que ni siquiera puede ser susceptible de emancipación, puesto que se presume más natural que ninguna, es decir, ahistórica. El patriarcado sirve para legitimar de manera permanente la presencia del poder de dominación en la vida cotidiana, desde la vida íntima y desde la afectividad. Y también sirve para ver como normales las servidumbres perpetuas, humillaciones reiteradas, marginaciones crueles y necesidades siempre postergadas del colectivo de las mujeres. Todo esto se observa de manera rotunda en la violencia hacia las mujeres, la feminización planetaria de la pobreza, la comercialización de los cuerpos femeninos en diferentes formas, la discriminación y la opresión de la sexualidad, la desvalorización del conocimiento producido desde las mujeres, la segregación laboral, la masculini-zación de las estructuras de poder, etc.

El racismo, por su parte, es otro sistema más de control. Parte de un modo de jerarquización que se basa en convertir en un concepto político los rasgos físicos, justificando así, la opresión y la dominación. La idea de raza es una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial. Las diferencias físicas sirven de sustento a un conjunto sistemático de contrastes entre opresor y oprimido, que explican la desigualdad. Las diferencias raciales no existen realmente, son simplemente un constructo que justifica la dominación. El racismo ayuda al capitalismo proporcionando mano de obra discriminada y por lo tanto más barata; esto estimula la división de la clase trabajadora y debilita sus demandas y luchas. El complejo ideológico del racismo se expresa en el patrón de poder del colonialismo que establece la posición subalterna de los pueblos sometidos como derivación lógica de una inferioridad esencial a su naturaleza, justificando el sistema de relaciones sociales materiales, de explotación y sometimiento.

Hipócritamente, el capitalismo, en especial el liberal y neoliberal, simula igualar a todas las personas en el libre juego del mercado. Los defensores del modelo capitalista sostienen que la eficiencia económica y la libertad individual garantizan la movilidad social y la posibilidad de bienestar. El concepto que fundamenta esta visión es el de igualdad de oportunidades: se postula que en condiciones que se suponen igualitarias ante la “neutralidad” del mercado, la desigualdad se da solamente en base al mérito. Con la apariencia de que la riqueza es producto de merecimientos especiales en el trabajo se avala la falacia de que cualquiera puede progresar en el capitalismo.

En el capitalismo se argumenta el papel positivo de la desigualdad material: sólo es posible garantizar la igualdad de oportunidades en tanto igualdad ante la ley. Pero las condiciones de clase, raza y sexo determinan desigualdades y exclusiones. Raza y sexo, tanto como clase, son categorías políticas que implican discriminación y opresión. Las diferencias de sexo, no menos que las de raza, son construidas ideológicamente para legitimar la desigualdad social, dándole base material y estructura social a las jerarquías que justifican la exclusión y la explotación. Ambos son además, dispositivos que naturalizan la opresión, atribuyendo la culpa de su inferioridad a las propias víctimas. La naturalización de la desigualdad es un rasgo decisivo de la sociedad de clases, que la hace ser también patriarcal y racialmente estructurada.

Raza y sexo determinan la división social e internacional del trabajo, definen quién recibe mayor riqueza o mejores salarios y quién hace los peores trabajos. Cuando se observa que el poder y los recursos están principalmente en manos masculinas, se pone de manifiesto que las sociedades de clase son patriarcales. La base material sobre la que se asienta el patriarcado capitalista estriba fundamentalmente en el control sobre la fuerza de trabajo de las mujeres. Se mantiene este control excluyendo a las mujeres del acceso a algunos recursos productivos esenciales (en las sociedades capitalistas, por ejemplo, los trabajos bien pagados), maximizando su explotación laboral e invisibilizando sus aportes a la vida social y al sostenimiento de la producción. La base material del patriarcado no se asienta únicamente en la crianza de los hijos en la familia, sino en el conjunto de estructuras sociales que inferiorizan todo lo femenino y mantienen la explotación del trabajo de las mujeres.

En el modelo civilizatorio se articulan patriarcado, racismo y también colonialidad, generando un modo de vida con múltiples entrecruzamien-tos de poderes y desigualdades. En lo material, así como el trabajo de la mujer sirve al doble propósito de perpetuar la dominación patriarcal y la producción capitalista, así también la ideología sexista sirve al doble propósito de glorificar los valores capitalistas y las características femeninas funcionales al capital. Por ejemplo, sólo en una sociedad capitalista tiene sentido considerar a la mujer como “emocional” y como “dependiente”, esquemas culturales que proporcionan una excusa para el dominio masculino.

Las mujeres, históricamente asignadas como responsables de la reproducción biológica y el cuidado de menores y familiares, han desarrollado, a través de los tiempos, una visión femenina de la vida, que podríamos describir como centrada en los aspectos relaciónales y de cuidado. El ethos del cuidado -la responsabilidad de cuidar como fuente de moral y convivencia- es parte constitutiva de los valores femeninos y es inseparable del amor. Se relaciona con la preocupación y ocupación por la otredad corporal concreta y sus necesidades, que deben satisfacerse en el día a día. Uno de los privilegios epistemológicos de las mujeres implica el conocimiento y el reconocimiento del valor del cuidado en el sostenimiento de la vida, la reproducción de su materialidad y la importancia de la interdependencia humana. Hay una experiencia femenina adquirida en la división sexual del trabajo que avala la importancia de generalizar las potenciañdades de las actividades de las mujeres en la búsqueda de la comunidad humana y el cambio civilizatorio.

El capitalismo propone como objetivo social desanollar seres idealmente independientes en su individualidad, los cuales, por un lado, se relacionan cada vez de modo más abstracto, y por otro, son empujados a resolver su cotidianidad y sobrevivencia casi exclusivamente con mecanismos que el mercado les proporciona. Por su parte, el patriarcado asegura que esto ocuna segregando y exigiendo a las mujeres que asuman únicamente la responsabilidad de la atención directa y cotidiana de sus familias, excluyéndolas del circuito mercantil. Al cuidado físico de la familia, se agrega además, el cuidado del entorno y de la comunidad.

Cuando la mujer logra realizarse dentro del mercado, el cuidado ocupa el nivel más bajo de salario y de prestigio. Esta situación es garantizada por el patriarcado, que se cerciora de que más del 80% del personal de servicio esté compuesto por mujeres y racializados/as. Hoy, la casi totalidad de las empleadas de limpieza, enfermeras y trabajadoras sociales son mujeres, así como también las tres cuartas partes de los maestros, etc. Estos trabajos no solamente son mal remunerados, son también denigrados al interpretarse como gastos que disminuyen la acumulación y revelan que no es posible la independencia personal absoluta. Se intenta así publicitar la capacidad de la empresa privada para satisfacer las necesidades sociales, lo cual entra en contradicción con la necesidad permanente de servicios sociales colectivos.

El imperativo del cuidado de la vida ha sido y es cárcel para las mujeres concretas y carga pesada que las lleva al fondo de la pobreza; pero, asimismo, la perspectiva del cuidado es aporte para la transformación del modelo civilizatorio. Desde los feminismos, la propuesta transformadora es también la de recuperar el principio y modo femenino, concretado en las acciones del colectivo de las mujeres para la transformación social. Hoy, como afirma Magdalena Valdivieso, las perspectivas feministas constituyen una poderosa comente subversiva contra el patrón de poder que ha llevado a la humanidad al límite de la sobrevivencia.

Desde América Latina y el Caribe, con sus diversidades vibrantes de cambios y también de retrocesos, en el grupo de pensamiento feminista hemos trabajado en análisis y propuestas que responden a problemas y demandas antiguas y nuevas, desde la justicia y la emancipación de las mujeres históricamente concretas, en articulación con movimientos sociales, colectivos populares y Estados en construcción.

El libro

Los textos de este libro están agrupados en cuatro secciones determinadas por líneas temáticas. La primera sección está centrada en la discusión integral de las alternativas que los feminismos en América Latina y el Caribe han venido reflexionando y proponiendo. Magdalena Valdivieso hace un análisis de la historia de los feminismos latinoamericanos desde los años sesenta, debatiendo sus des/encuentros y desafíos actuales. Monstsenat Sagot, desde la geolocalización centroamericana, hace una crítica a la contradicción entre la promesa de la democracia y la paz y las condiciones de vida desesperadas que enfrentan importantes sectores de la población en el contexto del surgimiento de grupos organizados de carácter religioso y conservador. Eugenia Conea discute los elementos centrales de la sociedad patriarcal que se fortalecieron durante la era neoliberal, contraponiendo la propuesta ética feminista, indispensable para la era post neoliberal.

La segunda sección incluye trabajos que elaboran análisis y propuestas de políticas públicas en desanollo en nuestro continente. El texto que tuve a mi cargo releva las políticas sociales de la izquierda que tienen como centro a las mujeres y establece algunas conclusiones sobre su aporte a la transformación y a la justicia social. Norma Vasallo analiza los cambios en Cuba desde la percepción y la subjetividad de las mujeres en diálogo con la propuesta del Buen Vivir. Alicia Girón examina por qué los microcréditos no han sido, necesariamente, el vehículo para mejor las relaciones de equidad entre hombres y mujeres. Alejandra Anoyo debate el aporte de las TICs para las políticas de estímulo al emprendimiento femenino.

La tercera sección tiene como eje común las luchas laborales de las mujeres y la prefiguración del cambio social que nace en su proceso. La experiencia de las obreras de Kraft en Argentina es registrada por María Chaves, quien indaga su significación como conjugación de la lucha contra la explotación de clase y la opresión de género. María Luisa González Marín y Mariana Martínez García, por su parte y en contraposición al trabajo anterior, relevan el caso de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, donde evidencian las dificultades que tienen las mujeres para exponer y lograr atención a sus demandas.

La cuarta sección trata el nudo de la sexualidad y la eliminación de las opresiones de las mujeres en este ámbito como cambio constituyente de la transformación social. El trabajo de Elisa Valdivieso expone de manera aguda y exhaustiva la realidad y consecuencias del patriarcado que intervienen en la atención sanitaria en Venezuela. Lucy Ketterer da cuenta de los procesos de dominación/resistencia en la práctica de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mapuches de la región de La Araucanía. Para finalizar, Raquel Drovetta nos presenta un estudio detallado de las realidades y luchas por el derecho al aborto, desde acciones feministas en las Líneas de Información Aborto Seguro y su práctica política.

ALBA CAROSIO

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I. ALTERNATIVAS DESDE EL FEMINISMO

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OTROS TIEMPOS Y OTROS FEMINISMOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Magdalena Valdivieso Ide1[1]

Introducción

Comparto en este trabajo percepciones e inquietudes, y esbozo algunas propuestas sobre las cuestiones que considero están ocu-niendo con los feminismos en América Latina y el Caribe. Intento responder a las siguientes preguntas: ¿qué pasa con los feminismos[2] en América Latina y el Caribe? ¿Qué ha cambiado en ellos y qué es necesario continuar transformando? ¿Cuáles son sus aportes para pensar la política en la actualidad? ¿Cómo se relacionan y son parte de los movimientos sociales?[3]

La primera de estas preguntas muestra un trasfondo de insatisfacción y de inquietud con la situación actual del feminismo en América Latina y el Caribe. Existe el convencimiento de que venimos de un pasado más esplendoroso en el que el movimiento tuvo mayor fuerza y mayor capacidad para ubicar en la agenda pública los problemas de las mujeres; un tiempo en el que fue una referencia política reconocida y que ahora luce desordenado, atomizado política reconocida y que ahora luce desordenado, atomizado y atravesado por contradicciones. Considero que en estas apreciaciones hay una variable generacional importante. El movimiento feminista actual está integrado por mujeres con distintas historias de vida y por lo tanto con distintas perspectivas. Las activistas de los años sesenta y setenta vivieron la irrupción del feminismo en nuestra región; a las de los años ochenta les tocó asumir los momentos difíciles de la resistencia ante las dictaduras y la recuperación democrática; a las de los años noventa les conespondió estar a la defensiva ante la experiencia neoliberal y asistir al surgimiento de los llamados “nuevos movimientos sociales”; y por último, las activistas que se incorporan en el siglo xxi están viviendo la experiencia de propuestas sociales que empiezan a romper con la ideología de la modernidad como forma superior y única de existencia y organización social.

De alguna manera, los procesos que ha vivido el feminismo en nuestro continente están registrados en la historia de los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe (EFLAC), que vienen realizándose sin interrupción desde 1981[4]. En ellos se muestran los nudos en discusión, las situaciones organizativas, los objetivos de quienes los convocaron, las tensiones, las convergencias y las divergencias, las rupturas y continuidades y las articulaciones con los temas que los contextos políticos imponían en cada oportunidad. En estos encuentros se revelan también señales y expresiones de la transformación necesaria e inevitable de los feminismos como propuestas ético políticas y como movimiento social. Estas señales se perciben hoy como signos de crisis; sin embargo, también son manifestaciones del proceso histórico que han vivido los feminismos, desde su origen en grupos de autoconciencia hasta llegar a estar constituidos actualmente por millares de organizaciones e individualidades que se articulan en redes nacionales e internacionales.

Se han identificado distintos factores causantes de este proceso complejo de cambios, que marcan también las diferencias que se fueron estableciendo entre las feministas. Se ha señalado que fueron estableciendo entre las feministas. Se ha señalado que la institucionalización de las demandas provocó que el feminismo se hiciera parte de la cultura dominante y dejara de ser percibido como una contracultura que se negaba a plegarse al sistema. La institucionalización no fue sólo hacerse parte del Estado y de los gobiernos, sino también hacerse parte de la cooperación internacional, que a la postre implicó para los movimientos de mujeres asumir las prioridades de las agendas financiadas. No puede sin embargo, dejar de reconocerse que también en este proceso los organismos internacionales y los Estados se vieron en la necesidad de abrir espacios para los temas de género y que las mujeres pudieron acceder a posiciones de responsabilidad en algunos de ellos. Por otra parte, entre las causas señaladas de la “aparente despolitización y falta de radicalidad” destacan los efectos de haber introducido el aséptico concepto “género” para denominar la desigualdad construida social y culturalmente entre los sexos. En otros trabajos he sostenido, al igual que han hecho antes muchas otras feministas, que la forma como se ha utilizado generalmente la categoría de género ha vaciado de contenidos políticos el modo de entender las relaciones de poder entre los sexos. La responsabilidad de esta situación no está en la categoría misma, sino en su apropiación y uso “conveniente” por el pensamiento dominante[5]. Otros factores contribuyeron a la pérdida de protagonismo del movimiento de mujeres. Entre ellos, aunque resulte paradojal, se cuenta el logro de muchos de los objetivos que se habían propuesto. Lo cual, como dice Virginia Vargas (2002): «ha sido posiblemente el fenómeno subversivo más significativo del siglo xx, por su profundo cuestionamiento a los pensamientos únicos y hegemónicos sobre las relaciones humanas y los contextos sociopolíticos, económicos, culturales y sexuales en los que se desarrollaban». Pareció a muchas, y por supuesto a quienes detentan el poder, que ya habíamos logrado mejorar suficientemente la situación de las mujeres con el acceso al voto, a la educación, al trabajo remunerado, etc. Se instaló así lo que algunas llaman el “mito de la igualdad formal” contemplada en el ordenamiento jurídico, que dista bastante de la igualdad real.

Finalmente, el factor que ha contribuido a balcanizar al movimiento feminista ha sido la explosión de las diversidades y de las diferencias existentes entre las mujeres. El concepto universal “mujer” dejó hace mucho de representarnos. Tenemos diferencias de clase social, lugar de vida, somos viejas, jóvenes, indígenas, negras, lesbianas, mestizas, etc., y aunque nos articulamos y tenemos asuntos estratégicos que nos interesan a todas, tenemos también objetivos y situaciones sociales distintas, que se evidenciaron cuando la hegemonía de la mujer blanca, heterosexual, de clase media, con educación formal y de vida urbana, empezó a ser resistida y disputada por otros grupos.

En efecto, el feminismo latinoamericano tuvo una historia ampliamente difundida, ligada a las grandes comentes y a los hitos del llamado feminismo internacional hegemónico, que se cones-ponde básicamente con el feminismo europeo y norteamericano. Fue principalmente un feminismo liberal, que si bien hizo grandes aportes a la teoría crítica, no pudo responder a las nuevas demandas de los movimientos sociales, a los profundos cambios ocunidos en América Latina y el Caribe y al relevamiento de la diversidad de las sujetas mujeres. Es por ello que en la última década se ha producido una separación entre las vertientes liberales y aquellas que cuestionan el conjunto del entramado económico, político, social, ideológico, cultural y simbólico que sostiene al patrón de poder actual, que es patriarcal, pero es también moderno-colonial y capitalista. No es separable la lucha en contra del patriarcado de las luchas por la descolonización y en contra del capitalismo, porque no se trata del patriarcado en abstracto, se trata de uno muy preciso, éste que se sostiene sobre la articulación con las otras dominaciones.

Sin duda, hay que saldar cuentas con ese pasado que nos resuena, para reconocer que el movimiento feminista en América Latina y el Caribe está en reconfiguración, que ha cambiado en su composición, en sus intereses, objetivos y en sus modos de organización y que enfrenta hoy otros problemas y desafíos.

Es así como en los últimos años se ha configurado (no sólo en Latinoamérica) un feminismo consciente del peso de la coloniali-dad y del etnocentrismo en la producción teórica y en la práctica política, y que ha revisado además asuntos y categorías medulares en los análisis y propuestas feministas. Estas feministas decolonia-les, empeñadas en mostrar los riesgos y enores de las universalizaciones en las que han caído los feminismos hegemónicos del Norte y del Sur, han rescatado historias sobre mujeres olvidadas, excluidas, marginadas, han perturbado el orden de la construcción teórica feminista tradicional, dando algunos giros importantes al ocuparse de la relación entre patriarcado, capitalismo y colonia-lidad (Espinosa, Yuderkys 2009). Con sus estudios estas autoras realizan una operación de descentramiento y de reescritura de las historias de las mujeres desde la periferia colonial que permite poner en evidencia la gramática racial que subyace en los regímenes sexuales de la cultura dominante europea y que “colonizó” nuestro quehacer investigativo (Viveros, Mará 2009). Ya en 1992, Colette Guillaumin utilizó las críticas a la categoría de “raza” para pensar el sexo y para redefinir a las mujeres, no como un grupo natural sino como una clase social naturalizada. Las pensadoras y activistas decoloniales han trabajado el cruce entre sexo, raza y género, proponiendo nuevas lecturas de la dominación, cuestión que es imprescindible en un continente cuya población es 30% afrodes-cendiente y 10 % indígena[6], que es el más desigual y que padece las peores consecuencias diferenciadas por sexo del proceso de globalización capitalista.

Generar teoría feminista decolonial enraizada en nuestro territorio ha obligado a deconstruir la teoría feminista occidental, que hasta ahora había pautado al pensamiento feminista latinoamericano. Muchos han sido los llamados de atención sobre esta condición “occidentalizada” del feminismo en nuestra región; se nos ha llamado a “ennegrecer al feminismo” (Carneiro, Sueli 2001)[7], a desabollar un feminismo del “sur”, a dialogar con las feministas de las naciones originarias, a escuchar otras narrativas[8]. También estos aportes han permitido profundizar en la comprensión de las relaciones entre los sexos, cuestionando la capacidad de la categoría de género, para dar cuenta de la diversidad de formas que adquieren las relaciones de poder entre hombres y mujeres (masculino y femenino), en distintos contextos culturales.

Desde hace tiempo algunas autoras, como María Lugones (2010), han cuestionado el alcance y uso del concepto moderno de género, sosteniendo que fue una «introducción colonial»[9]. Sus reflexiones permiten destacar el carácter histórico y situado de las relaciones de poder que nombra la categoría de género, y obligan a tener en cuenta que los contextos culturales son los que asignan los roles de género. Por otra parte, hemos comprendido también que el “género” no es suficiente para entender la situación de las mujeres negras, indígenas o mestizas, como tampoco para comprender las relaciones de subordinación que se dan entre mujeres por razones de clase.

Feministas negras, indígenas y chicanas de Norteamérica, introdujeron el concepto de “interseccionalidad” para referirse a estas desigualdades entrecruzadas. Esta aproximación nos permite visi-bilizar la forma como los sistemas de poder con base en género, raza, clase y sexualidad se apoyan mutuamente para producir exclusión, opresión y subordinación. La introducción de este concepto ha sido esencial para evidenciar el eurocentrismo y los legados coloniales que persisten dentro de la teoría y práctica feminista hegemónica occidental.

Sin embargo, toda esta novedad revelada entraña desafíos: saludar con entusiasmo que la diversidad se haya hecho presente con los cruces entre género y etnia, identidad sexual, clase, lugar de vida, edad, etc., implica generar un feminismo que sea interclasista e intercultural y obliga a reconocer que el coro tiene ahora más voces y que las plataformas y acciones comunes requieren ahora mayor esfuerzo de diálogo, de reconocimiento de diferencias y de construcción de alianzas contingentes.

El feminismo latinoamericano y caribeño histórico tiene el mandato de renovarse, no porque se hayan alcanzado los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sexuales por los cuales ha luchado desde siempre, sino porque han cambiado el contexto, las sujetas y las subjetividades y también porque las desigualdades entre las mujeres se han agudizado con la globalización.

Otros tiempos, otras demandas, otras propuestas

Constatamos a diario que los feminismos como propuestas políticas y campos discursivos están siendo demandados por distintas situaciones que exigen responder a los problemas que caracterizan estos tiempos en los que vivimos una profunda crisis del patrón civilizatorio, que ha intentado unlversalizarse durante los últimos quinientos años.

El logro de la igualdad de las mujeres a partir del reconocimiento de su diferencia (otredad auto definida y asumida) y la lucha para disminuir las inequidades existentes entre los sexos, propósitos históricos que han guiado el quehacer feminista, se han complejizado en este entorno de creciente desigualdad. De modo que la primera cuestión a tener en cuenta es que el contexto en el que las reflexiones y acciones feministas se desenvuelven en la actualidad está marcado por una profunda crisis que tiene manifestaciones ambientales, hídricas, alimenticias, energéticas, culturales, políticas, financieras, bélicas y no menos importantes, de ausencia de sentidos compartidos[10]. Esta crisis que da cuenta del agotamiento creciente del modelo de organización económica, productiva y social, con sus expresiones en el ámbito ideológico, simbólico y cultural, que de tiempo en tiempo se hace presente en forma dramática y a veces se oculta detrás de nuevos “acontecimientos de primera plana”, tiene distintas consecuencias. La primera de ellas es la constatación de que los viejos paradigmas ya no son útiles para encontrar salidas, porque lo que está en cuestión y requiere un cambio es la forma en que vivimos, en la que habitamos el planeta, la forma en la que nos relacionamos entre nosotros/as y con las otras formas de vida.

Los patrones de conocimiento, los modos de entender el bienestar humano, la tecnología, la política, las formas de organización de la producción y de la reproducción, las normas basadas en la superioridad occidental, están siendo confrontadas por posturas muy disímiles, pero que tienen en común el rechazo a toda propuesta y/o explicación con pretensiones universales, unitarias, uniforma-doras y jerarquizantes.

Asistimos a un relevamiento de la diversidad, de la heterogeneidad, de la multiplicidad, de la pluridiversidad, de la intercul-turalidad, de la transculturalidad, acompañadas por demandas de equidad, inclusión, igualdad y relaciones equilibradas en el conjunto del ecosistema del que, como especie humana, somos parte. No tengo dudas de los aportes hechos por el feminismo como pensamiento crítico precursor a estos procesos de deconstrucción y confrontación con los saberes patriarcales hegemónicos, al resistirse a la homogenización, al cuestionar la universalidad y al constituirse, desde sus inicios, en un espacio de pensamiento y prácticas cuestionadoras y alternativas éticas al modelo político-cultural dominante, elaboradas desde lugares subalternizados y desde posiciones marginales en espacios tradicionales. La teoría feminista ha sido también una de las principales fuentes del giro cultural que ha permitido pensar la complejidad de la construcción social y cultural de la subjetividad, al negar el sujeto humano abstracto y universal y revelar una sujeta concreta, femenina y subordinada.

Al mismo tiempo que se muestran las manifestaciones de las crisis en el modelo de dominación y que se viven nuevos tiempos políticos en la región, se hace evidente cada vez con mayor fuerza, que este continente se está pensando a sí mismo. Si bien, históricamente el pensamiento político y social sobre América Latina y el Caribe ha estado atravesado por la tensión entre la búsqueda de sus especificidades y las miradas externas, que han visto estas realidades desde la óptica reducida de la experiencia europea, en las últimas décadas se ha evidenciado la necesidad y se ha fortalecido una «epistemología del Sur» (De Sousa, Boaventura 2009). Entendemos la propuesta de Boaventura De Sousa Santos como el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado y todas las formas de naturalización de las desigualdades. De Sousa Santos nos invita a generar otras epistemologías que nos permitan pensarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Ya el feminismo se había revelado ante estas usurpaciones epistemológicas que se hacen desde la dominación, cuando sostenía que “lo femenino” ha sido construido desde la masculinidad dominante. Por ello, en la situación de subordinación de las mujeres del “sur” se cruzan ambas dominaciones y nada garantiza, sino la producción teórica y la práctica feminista, que el pensamiento decolonial sea también no patriarcal.

Por otra parte, desde finales del siglo xx estamos asistiendo al surgimiento y sostenimiento de variadas formas de resistencias, de construcción de otras formas de convivencia y de múltiples manifestaciones de malestar social. Muchas organizaciones están imaginando y practicando otras formas de vivir y de convivir, sin aceptar el destino implacable que el proceso de globalización nos presentaba como unívoco e inevitable.

Es en este contexto complejo, caracterizado por la presencia de nuevos proyectos políticos, por el debilitamiento de los Estados nacionales[11], de insatisfacción con las democracias liberales, de nuevas experiencias políticas, de visibilización y protagonismo de otros sujetos y de otras sujetas, de crisis de representación y de reanimación de la ciudadanía, que los feminismos se ven acuciados a responder a nuevas demandas, a actualizarse y a transformarse.

Los temas tratados y las experiencias vividas en los dos últimos EFLAC, celebrados en México en 2009 y en Bogotá en 2011, dan cuenta de los nuevos rumbos y también de las dificultades y desafíos que los feminismos confrontan.

En el encuentro de México se hicieron evidentes las diferencias que generaron tres convocatorias, que marcan las distancias entre las feministas, tanto por la ya antigua separación entre autónomas e institucionales, como por las marcadas diferencias políticas: el Encuentro Feminista Autónomo Latinoamericano y Caribeño, el xi Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, contra los fundamentalismos, y el Encuentro Feminista y del Caribe de Trabajadoras de Izquierda, Socialistas y Comunistas. No es un dato menor para entender la complejidad creciente del debate feminista, que mientras se desabollaba la marcha que cenaba el xi Encuentro “oficial” (20 de marzo de 2009), comenzaba el último encuentro señalado en la lista anterior, en la sede del sindicato independiente de la Universidad Metropolitana, y que estuviera convocado por Yan María Yaoyólotl Castro, integrante del grupo Lesbianismo Feminista Comunista.

En el encuentro de Bogotá se cumplían treinta años del primer encuentro realizado en esa misma ciudad. Era una ocasión propicia para mirar retrospectivamente la situación de los feminismos en la región. Se convocó bajo los lemas «Desatar, Desnudar y Reanudar». En esta ocasión se evidenció el cansancio y rechazo de un significativo grupo de feministas con los financiamientos internacionales y gubernamentales y se abogó por la autogestión. Esta postura pone en evidencia antiguas tensiones: ya en México se criticó fuertemente que el gobierno del DF colaborara, al igual que organismos internacionales e incluso empresas, con la realización del encuentro. Por otra parte, también se criticó la exclusión que se producía por los costos de la participación. Días antes y como expresión de este malestar, se realizó en Bogotá el Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Acción y Prácticas Feministas (ELCAP Feminista) que reunió a feministas jóvenes bajo la línea de autogestión y en contra de los liderazgos de expertas y de los presupuestos de la cooperación internacional. Este espacio estuvo signado por la auto-reflexión, el auto-cuidado, el eco-feminismo y por una perspectiva más autonomista, de auto-sustentación y autodeterminación.

Como podemos apreciar, el espacio feminista está atravesado por disidencias que dan cuenta también de su vitalidad como pensamiento y práctica política en América Latina y el Caribe. La creatividad mostrada por los distintos grupos en los encuentros, el compromiso permanente con la rebeldía y la crítica, así como el aumento y diversidad de las organizaciones feministas en el continente, nos confirman su vigencia e importancia como movimiento alter hegemónico.

Las principales tensiones y desafíos

Como propuesta política, el movimiento feminista ha estado presente en los últimos años en el conjunto de nuevas demandas ciudadanas que están recomendó nuestro continente; ha sido parte constitutiva del movimiento que se ha ido gestando a partir de los foros sociales regionales y nacionales, generadores de un proyecto cultural alternativo; ha acompañado y aportado a las movilizaciones sociales ocunidas en cada uno de los países; ha sido parte importante en los procesos constituyentes para generar nuevos pactos sociales realmente inclusivos (Venezuela, Ecuador, Bolivia); y ha generado y demandado políticas públicas que contribuyan a la despatriarcalización de nuestras sociedades (Bolivia, 2010).

Así, en la actualidad, las feministas, sin abandonar sus objetivos, se involucran fuertemente en los debates sobre la desigualdad social, pobreza, autoritarismo, crisis del planeta, entre otros, y aportan a ellos su perspectiva ética.

En todo este quehacer político los feminismos han actualizado sus propuestas, profundizado en el análisis de la dominación y logrado alianzas con otros sujetos en situación de subordinación, pero principalmente, se han “sintonizado” con las demandas de movimientos sociales comprometidos con un cambio profundo del orden político dominante.

Como movimiento tiene muchos desafíos a enfrentar. Casi todos de alguna manera han sido expuestos en este trabajo. Considero que el principal de ellos es cómo enfrentar las desigualdades entre mujeres, entendiendo que la diversidad y la desigualdad son diferentes.

De hecho, la diversidad y las demandas de inclusión han sido una constante en el feminismo de nuestra región. Voces disidentes emergieron de las lesbianas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas. Primero el debate se dio motivado por las feministas transexuales que exigieron ser parte del EFLAC que se realizaba en Brasil y se acordó que participaran en el siguiente encuentro; por su parte, las mujeres indígenas tuvieron protagonismo en el encuentro de México. No obstante, es evidente que la diversidad en las identidades sexuales ha estado más presente que la diversidad creada por situaciones de clase social, trabajo, lugar de vida y raza. En esto, más que exclusión hubo por muchos años omisión, fueron temas no debatidos.

Es así como en el primer EFLAC, celebrado en Bogotá en 1981, participaron y se debatió sobre lesbianismo, pero hubo poca participación en la Comisión “Mujer y trabajo” que se auto llamó “comisión huérfana” y planteó a la plenaria que se acordara que para el siguiente encuentro se invitara a “mujeres trabajadoras, campesinas y de los sectores pobladores” (Restrepo, Alejandra y Bustamante, Ximena 2009, p.28). Esta situación no cambió significativamente en los encuentros siguientes, este llamado se repitió en los encuentros de Lima (1983) y Brasil (1985), sin llegar a concretarse. Fue hasta Taxco, México (1987), que la convocatoria atrajo masivamente a mujeres de distintos sectores del movimiento amplio y no necesariamente identificadas con el feminismo.

Este hecho da cuenta de una cuestión de la que tenemos que hacernos cargo, las diferencias de clase social no se solventan con el reconocimiento de que las mujeres tenemos problemas en común por nuestra situación de subordinación patriarcal. El capitalismo introduce otras diferencias basadas en desigualdades entre las mujeres, que hacen muy difícil hablar de un “nosotras”. En mi opinión, éstas quedan opacadas por la preponderancia que adquieren en nuestros debates los temas sobre la diversidad sexual. Quizás es por esta falta de respuesta que grupos de feministas afrodes-cendientes y de mujeres indígenas, cada vez más numerosos, se organizan de manera autónoma y abren otros espacios.

Los aportes de los feminismos para pensar y hacer política

Desde nuestro punto de vista, el feminismo del “sur” tiene aportes importantes que hacer a los movimientos populares, tanto para sus reflexiones como para su práctica política de resistencia a la dominación.

Consideramos que el principal aporte de los feminismos es la relevancia, visibilidad e importancia que han otorgado a la esfera privada y a los procesos sociales que en ella ocunen. Diversos movimientos sociales actualmente apuntan sus esfuerzos en esta misma dirección: defensa de modos de vida no regidos por el mercado capitalista, propuestas de buen vivir, etc.

La crisis actual del sistema capitalista muestra, como sostiene Amaia Pérez Orozco (2012), la imposibilidad de este sistema para generar «vidas vivibles».

Es a este debate sobre la vida en el planeta que aportamos las feministas con nuestros acumulados de resistencia a la subordinación de la esfera privada a la pública. Sin embargo, estos aportes son poco reconocidos porque cuestionan también las jerarquías en los roles de género.

Desde hace años, la economía feminista ha mostrado que el aparataje productivo se sostiene en el trabajo reproductivo fundamentalmente de las mujeres. Se puede comprobar ahora que la crisis “económica” que ha afectado a algunos países de Europa, no ha tenido efectos de desastre, porque ha sido literalmente “aguantada” por el trabajo de las mujeres en sus hogares (esfera privada), que han acogido a los y las jóvenes y esposos desempleados, cumpliendo con las tareas “usuales” de alimentar, proteger y contener. Al igual que hemos hecho en todos los períodos de ajustes macro-económicos, que han significado recortes para los gastos sociales de los Estados, las mujeres nos hemos ocupado de las tareas de cuidado de las personas mayores y de los niños y niñas, y en este caso hemos asumido a los desempleados. Esos trabajos invisibles, los cuidados, son los que aneglan o atemperan los desajustes que produce el mercado y son los que, además, aportan calidad de vida a las personas.

La crisis no es entonces sólo un tema macro económico, de expertos ni de estadistas, es un asunto de todos y todas, porque la calidad de vida depende de aspectos productivos y reproductivos. Esta situación, que se ha hecho evidente, nos abre la posibilidad de poner en el centro del debate la sostenibilidad de la vida, que entendemos no sólo como las tareas de cuidado entre las personas, sino y especialmente, del ecosistema del que somos parte. Hoy, recobra sentido la antigua consigna “lo personal es político” y queremos que sea objeto de debate social. Es la sociedad en su conjunto que debe decidir cómo asume la responsabilidad de preservar vidas vivibles. Hasta ahora, este ha sido un asunto pri-vatizado, es decir, feminizado, invisibilizado, subvalorado. En este propósito coincidimos las feministas en todo el planeta, porque en tanto no se modifiquen los criterios de productividad y crecimiento, en tanto sigamos adelante con una economía antropocéntrica y se sostenga el desanollo en la destrucción de la naturaleza, sea por el extractivismo, la tala de bosques, el uso de las aguas para fines productivos, etc., no estaremos garantizando el bienestar de la humanidad.

Un segundo aporte crucial de los feminismos para pensar y hacer política en la actualidad, son justamente sus reflexiones y prácticas acerca de la diversidad y la articulación. La experiencia feminista es, en este sentido, una apreciada, necesaria y pertinente contribución a los movimientos sociales contrahegemó-nicos, como lo plantea Luciano Fabri (2010).

Un tercer aporte al debate político son las concepciones feministas acerca del poder como elemento presente en todas las intenelaciones sociales y su carácter polimórfico, unido a la comprensión de las identidades «como productos sociales, cambiantes, fluctuantes, según los contextos, hegemonías y coyunturas políticas» (Curiel, Ochy 2009).

Esta comprensión del poder como polimorfo y de las identidades como productos sociales cambiantes, permite pensar en un/a sujeto/a social plural, diverso/a y heterogéneo/a, compuesto por los múltiples sectores sociales, que se encuentran en una posición de subordinación ante las diversas modalidades de ejercicio asimétrico del poder, y nos aleja de las búsquedas “del sujeto privilegiado” de cambio. Esta concepción se refuerza con la categoría de «sistema de dominación múltiple», que ha sido utilizada por feministas para entender el patrón de dominación, ya que:

… con ella podremos integrar diversas propuestas emancipatorias que hoy aparecen de cierta manera yuxtapuestas y evitar de esta forma viejos y nuevos reduccionismos ligados a la predeterminación abstracta de actores sociales a los que se les asignan a priori mesiánicas tareas liberadoras (Valdés, Gilberto 2001, p.49).

Un cuarto aporte son las prácticas democráticas y la construcción de relaciones sociales no jerárquicas que han caracterizado a las organizaciones de mujeres.

Consideraciones finales

La diversidad feminista latinoamericana y caribeña está haciéndose cargo, con las tensiones que ello implica, de la multiplicidad de orígenes y condiciones sociales de las mujeres de la región.

Estamos queriendo saber también con qué nos confrontamos, cuáles son las formas que adopta el patriarcado. Esta pregunta tiene distintas respuestas en nuestra región por ser un continente heterogéneo y con una alta polarización social, en el que hoy se desanollan múltiples procesos sociales de resistencia, en contextos neoliberales como es el caso de las masivas movilizaciones en 2011 en Chile, y en contextos de construcción de alternativas al capitalismo, como ocune en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

No obstante, si algo tienen en común los Estados de América Latina y el Caribe, es que continúan teniendo una importante carga patriarcal, asentada en su carácter colonial. De modo que las feministas desarrollamos distintas estrategias en nuestros países para avanzar en el proceso de despatriarcalización de las sociedades, de las relaciones de poder que las sustentan y de la política, como espacio en el que se desenvuelven las dinámicas de dominación, resistencia, conflictos y negociaciones.

Para cenar quisiéramos reafirmar la vigencia de las perspectivas feministas que constituyen una poderosa comente subversiva contra el patrón de poder que ha llevado a la humanidad al límite de la sobrevivencia. Insistimos además, en la imperiosa necesidad de abrir los feminismos al diálogo con otras propuestas contrahe-gemónicas, puesto que nos espera un largo periodo de conflictos y resistencias, ante los esfuerzos del capitalismo por mantener y asegurar su hegemonía.

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Profesora e Investigadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela y del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina (prospal) de la Escuela Latinoamericana de Postgrados de la Universidad ARCIS.↵

Se distinguen en la actualidad diversas expresiones de feminismo; al menos enumero acá al feminismo radical, el socialista/marxista, el feminismo liberal, el ecofeminismo, el feminismo queer, posmoderno y postidentitario y el feminismo decolonial.↵

Estoy consciente de la parcialidad y las limitaciones del trabajo, pues no recoge la variedad de perspectivas que conforman al movimiento feminista. Mi apreciación está determinada por mi larga pertenencia al movimiento feminista y por la situación que tengo en la actualidad, de vivir en dos países tan diferentes como son Venezuela y Chile. Esto me ha permitido experimentar y mirar el acontecer feminista desde distintos ángulos.↵

La historia de los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe, que comienzan a realizarse sin interrupción desde la década del ochenta, muestra los problemas en discusión y las articulaciones del feminismo con los temas que han ocupado en las últimas décadas a las ciencias sociales en América Latina. Cronología de los EFLAC: Colombia, 1981; Perú, 1983; Brasil, 1985; México, 1987; Argentina, 1990; El Salvador, 1993; Chile, 1996; República Dominicana, 1999; Costa Rica, 2002; Brasil, 2005; México, 2009; Bogotá, 2011.↵

Me detengo en esto porque será retomado posteriormente en otra argumentación. La categoría de género sólo subraya la construcción cultural de la diferencia sexual; esto es, el hecho de que las diferentes conductas, actividades y funciones de las mujeres y los hombres son culturalmente construidas más que biológicamente determinadas. No hay en esta afirmación juicios acerca de las inequidades, desigualdades y exclusiones que las construcciones culturales establecen para las personas de sexo femenino. Por ello puede hacerse un uso técnico de la categoría. Pueden haber aproximaciones de género que no impliquen necesariamente un compromiso con la transformación de las relaciones de dominación. Fueron feministas las que sostuvieron que como las relaciones de género son socialmente construidas son, en consecuencia, transformables y pueden ser de oposición y conflicto. De modo que, como decía, lo que hemos criticado es el uso tecnocrático del concepto de género.↵

En la región existen entre 33 y 35 millones de personas pertenecientes a pueblos originarios, alrededor de un 8% de la población total, distribuidas en diferentes etnias, culturas y lenguas. Esta población se concentra principalmente en Perú (27%), México (26%), Guatemala (15%), Bolivia (12%) y Ecuador (8%) (Rangel, Marta y Valenzuela, María Elena 2004). La población afrodescendiente representa alrededor del 30% de la población de la región, cerca de 150 millones de personas. Algunos de los países con mayor número de personas afrodescendientes son Brasil (50%), Colombia (20%) y Venezuela (10%) (Bello, Alvaro y Rángel, Marta 2000).↵

Sueli Carneiro es brasileña y filósofa. Ha puesto en debate la necesidad de tener en cuenta el peso de la cuestión racial en los análisis y propuestas feministas. Expuso estas ideas en el Seminario Internacional sobre racismo, xenofobia y género, organizado por Lolapress en Durban, Sudáfrica, el 27 y 28 de agosto de 2001.↵

Se ha constituido un feminismo autodenominado "disidente" que agrupa a las que se consideran "excluidas" de los espacios tradicionales.↵

En su artículo «Hacia un feminismo decolonial», María Lugones (2010) muestra el vínculo entre la introducción colonial del concepto instrumental moderno de la naturaleza que es central para el capitalismo, y la introducción colonial del concepto moderno de género.↵

Me parece necesario insistir en esto, dado que temo que la noción y vivencia de "la crisis" tienda a naturalizarse, como ha sucedido con el "orden civiliza-torio" que se nos ha intentado con bastante éxito imponer y que es responsable de la misma, a pesar de que destacados analistas neoliberales han reconocido la gravedad de la situación. El editor económico del diario The Guardian, Larry Elliott escribía el 23 de enero de 2013, que en los últimos cinco años el Foro de Davos tuvo algunos «violentos balanceos de humor»; primero fue la negación, luego el pánico, más tarde la esperanza de que lo peor había pasado, y ahora es la persistente preocupación de que este bajón simplemente no tiene fin.↵

Debilitamiento que es consecuencia tanto del proceso de globalización, como del cuestionamiento a sus bases de sustentación, principalmente homogeneidad de la población que "comparte" una cultura.↵

5

LA DEMOCRACIA EN SU LABERINTO: EL NEOLIBERALISMO Y LOS LÍMITES DE LA ACCIÓN POLÍTICA FEMINISTA EN CENTROAMÉRICA 

Montserrat Sagot[1]

La democracia como ideal y como pesadilla

El concepto de democracia y la posibilidad de construir una sociedad democrática han existido tanto en la forma de ideal como de pesadilla, desde los inicios del pensamiento político occidental. Como pesadilla para aquellos que veían con tenor la posibilidad de perder sus privilegios frente a grupos a los que ni siquiera consideraban humanos (las mujeres, las poblaciones indígenas, los pueblos esclavizados, los pobres, etc.); y como ideal para aquellas que veían en el sistema democrático la posibilidad para iniciar una gradual reparación de las desigualdades.

Por eso, como lo expresa Anne Phillips (1990, la relación entre democracia e igualdad es un asunto reciente. De hecho, las diferentes teorías sobre la democracia, desde los griegos hasta el presente, han asumido la existencia de una ciudadanía abstracta, sin cuerpo, sin clase, sin etnia y sin género. Esto ha sido particularmente conveniente para quienes no han tenido ningún escrúpulo en excluir a aquellos y aquellas no consideradas como iguales por tener un cuerpo y una posición social diferentes.

Por esa razón, las feministas han advertido en distintos momentos históricos que esa supuesta neutralidad es en realidad una estratagema bajo la que se esconde la visión de los grupos dominantes, que son los que han definido los términos de la democracia desde la exclusión. Es decir, la abstracción engañosa de las teorías dominantes sobre la democracia está saturada de sexo, de clase, de etnia y de sexualidad, pero con la intencionalidad de ocultarlos y de excluirlos. La prueba está en la constatación histórica de que esas reglas, supuestamente neutrales de la democracia, sólo han producido resultados desiguales y abiertamente discriminatorios contra las mujeres y otros grupos.

De esta forma, aunque muchas veces ignorado y ridiculizado en el debate, el feminismo surge justamente haciendo una crítica directa a la “insustancialidad” de la democracia y a su promesa incumplida de otorgar igual valor moral a todas las personas. De hecho, uno de los primeros movimientos sociales que demandó el establecimiento de esa relación entre igualdad y democracia fue el feminismo de raigambre liberal. Desde sus inicios como movimiento social en la Europa del siglo xviii, tanto desde el discurso como desde sus prácticas, el feminismo ha tratado de establecer esa conexión y de introducirla en las nuevas discusiones sobre la democracia que comienzan con la Ilustración. Esta relación fue planteada por las primeras feministas occidentales en términos éticos y de aspiraciones. Asimismo, fue planteada no sólo como un problema de justicia, sino en nombre de una visión para transformar el mundo en un mejor lugar.

Siguiendo a Anne Phillips (2000, se puede argumentar que tanto en forma como en contenido, las feministas se propusieron radicalizar las prácticas mismas de la democracia, desmantelar la retórica masculina, subvertir las jerarquías innecesarias, abrir la toma de decisiones a los y las que en otro tiempo ni siquiera eran consideradas sujetas de derechos; en resumen, crear el mundo de nuevo, convirtiendo en realidad la pesadilla de los grupos hegemónicos.

Sin embargo, este ideal de transformación social ha enfrentado serias limitaciones desde sus inicios, ya que tanto la democracia moderna como el capitalismo liberal nacieron aparejados y son herederos del régimen colonial. En ese sentido, existe una tensión permanente entre un sistema político que pretende ser igualitario -la democracia-, aunque sea en la abstracción, cuando está enlazado a un sistema económico -el capitalismo- cuya esencia es justamente la desigualdad.

El capitalismo fue un sistema transcontinental desde sus orígenes, que siempre dependió de la explotación, la racialización y la generización del trabajo para producirse y reproducirse. Desde esa perspectiva, el ideal de las feministas, sobre todo de las de cuño liberal, de reducir las desigualdades utilizando los mecanismos de la democracia, se ha topado desde sus inicios, con un sistema cuyo funcionamiento se basa en la injusticia redistributiva y en la exclusión de los intereses de amplias mayorías de la agenda pública.

Por otra parte, el capitalismo posee una impresionante versatilidad y capacidad de adaptación y en el siglo xx, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, inició su asocio ya no sólo con la democracia formal, sino con otros conceptos como el de desarrollo y el de Derechos Humanos. De esta forma, tras la independencia de las colonias y como una manera de ofrecer una alternativa al comunismo en los países que iniciaban su descolonización, se produjo un intento de generalizar a escala mundial los patrones de producción y consumo de las naciones industrializadas (Shiva, Vandana 1995). Este proceso, financiado por las agencias bilaterales y multilaterales de cooperación, fue denominado “desarrollo”.

Más que un proyecto económico, el desanollismo era también un proyecto cultural e ideológico que reflejaba los intereses de los grupos dominantes de los países dominantes. En ese sentido, el concepto de desarrollo estuvo marcado desde el principio, por un discurso de poder que reflejaba las ideas de la modernidad que le dieron origen: es decir, este concepto es unlversalizante, unilineal, clasista, ahistórico, etnocéntrico y androcéntrico.

Para la definición de las normas y valores culturales deseables también se hizo uso del concepto de Derechos Humanos, sobre todo después de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948. Si bien esta declaración tiene su origen en las atrocidades cometidas en la Segunda Guena Mundial, la noción de Derechos Humanos, particularmente desde el concepto de derechos individuales en la esfera pública, pronto fue también apropiada por los intereses del capitalismo globalizador como parte de una retórica con visos moralizantes e incluso colonialistas[2].

Es en ese complejo contexto que las dos primeras olas del feminismo desanollan su acción política y sus demandas. Aprovechando los períodos de apertura democrática y el hecho de que el Estado capitalista no es un ente monolítico e instrumental, sino un territorio en disputa con una autonomía relativa, las feministas lograron avanzar una importante agenda de transformación social.

De hecho, los cambios ocurridos en la condición de las mujeres, como resultado de la acción feminista, se encuentran, sin lugar a dudas, entre los hitos más importantes del desanollo social del siglo xx. Sin embargo, la relación entre el movimiento feminista y el Estado capitalista es dinámica, contradictoria y está determinada por la coyuntura política e histórica (Molineaux, Maxine 2000). Desde esa perspectiva, en los apartados siguientes se hace un análisis de los logros del movimiento feminista en Centroamérica y de los grandes retos que se enfrentan bajo las nuevas condiciones que ponen serios límites a la democracia en el contexto del neoliberalismo.

Con el propósito de evaluar esas nuevas condiciones se utiliza el modelo de las escalas de la justicia de Nancy Fraser (2008), que justamente permite determinar si una sociedad garantiza una vida digna y vivible para sus habitantes en tres dimensiones: el reconocimiento en la esfera socio-cultural, la redistribución y la paridad participativa. Esta teoría de la justicia parte de que las tres dimensiones son necesarias y que ninguna de ellas por sí sola es suficiente para garantizar la existencia de una sociedad democrática y justa. Es decir, utilizando el modelo propuesto por Fraser se pretende valorar cuánto se ha avanzado en Centroamérica hacia el ideal de utilizar los mecanismos de la democracia para reparar las desigualdades y los nuevos retos que se enfrentan ante los cambios civilizatorios impuestos por el neoliberalismo.

Los logros del movimiento feminista

El surgimiento de la primera ola del movimiento feminista en el mundo y en América Latina, que se produce a fines del siglo xk y durante las primeras décadas del siglo xx, tenía una amplia agenda que ha sido alcanzada casi en su totalidad. Algunos de estos avances fueron el derecho al sufragio, el incremento y reconocimiento de la capacidad jurídica de las mujeres y su derecho a administrar sus bienes e ingresos, y la obtención de su derecho a la propiedad (Deere, Carmen y León, Magdalena 2000). La lucha por ampliar estos derechos representó uno de los logros más significativos de la primera ola del feminismo. Este, sin embargo, no fue un proceso lineal ni libre de controversias, y se extendió en América Latina durante la mayor parte del siglo xx.

Las mujeres de la región alcanzaron el derecho al voto mucho después que las de Nueva Zelanda (1893), Europa (1910) y Estados Unidos (1920). En algunos casos, este derecho fue obtenido varias décadas después del establecimiento del sufragio masculino universal (cincuenta años después en el caso de Costa Rica) ya que, en muchos países se mantuvieron requisitos como el poseer propiedades (hasta la década de los años treinta) y el ser alfabetas (hasta la década de los años ochenta). Además, como lo plantea Jane Jaquette (1994), el derecho al voto fue concedido a las mujeres en América Latina sobre bases que tenían poca relación con los ideales feministas.

En muchos casos, las feministas liberales de inicios del siglo xx de nuestra región se convirtieron en un bastión importante de apoyo a la construcción de un proyecto liberal reformista, que tenía entre sus componentes la incorporación de las mujeres a ciertos procesos sociales en la esfera pública, pero sin alterar el status quo, las relaciones de género o los roles tradicionales en el ámbito privado (Rodríguez, Eugenia 2000). Es decir, ese proyecto liberal reformista también contempló la ampliación de los espacios laborales, educativos e incluso políticos para las mujeres, desde una perspectiva esencialista, maternalista y utilitarista, a la que poco le importaban los ideales feministas. Como ejemplo se puede citar el caso de Costa Rica, cuando en 1923, la ceremonia de fundación de la Liga Feminista, el grupo sufragista más importante del país, estuvo presidida por el Presidente de la República, Julio Acosta García (Sagot, Montsenat 2011).

En sus alegatos a favor de la concesión de derechos políticos para las mujeres, el Presidente Acosta planteó, entre otras cosas, «el arrojo de las mujeres, efecto de su alteza moral y de su noble espíritu de sacrificio, la pureza de su pasión y la bondad de sus almas»; cualidades fundamentales, según el Presidente, para que las mujeres asumieran un papel más activo en la vida pública y cooperaran en la «lucha contra el alcoholismo y otros vicios sociales» (Barahona, Macarena 1994). Desde esa perspectiva, aunque el proceso fue largo y tortuoso, con mucho sufrimiento, desprecio y burlas de por medio, al final, la democracia liberal asimiló las demandas feministas de la primera ola y las acomodó a su proyecto hegemónico de inicios y mediados del siglo xx.

El siguiente momento importante para el avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, producto de la segunda ola del feminismo internacional, se inició a partir de la promulgación por parte de las Naciones Unidas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en 1979. De hecho, casi todos los países del mundo la han ratificado, lo que la convierte en el segundo instrumento internacional más ratificado después de la Convención Sobre Derechos Humanos (United Nations 2000)[3]. La mayoría de los Estados latinoamericanos que no habían revisado sus Constituciones para garantizar explícitamente la igualdad entre mujeres y hombres ante la ley, y que no habían reformado sus códigos civiles para establecer la jefatura doble en los hogares, lo hicieron a partir de la ratificación de la CEDAW (Deere, Carmen y León, Magdalena 2000).

Otro de los avances importantes tuvo que ver con la creciente participación de las mujeres en la fuerza laboral y su ingreso masivo a los sistemas educativos y a las diferentes disciplinas científicas. En América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT 2009), las mujeres representan más del 40% de la fuerza de trabajo total. Este fenómeno produce lo que la socióloga estadounidense Jessie Bernard (citada en Lengermann, Patricia y Brantley Jill 2000) denominó el período de la “Ilustración Femenina”, haciendo referencia a la Ilustración europea del siglo xviii, que había dejado a las mujeres fuera de las luces.

Desde esa perspectiva, en el siglo xx se consolida en la región centroamericana el reconocimiento de la igualdad formal entre mujeres y hombres, ésta es incorporada en las Constituciones; y los organismos internacionales y movimientos feministas inician procesos para desanollar mecanismos concretos para el avance legal de las mujeres, tales como la promulgación de leyes, políticas públicas, programas, etc.

En el caso de Centroamérica, es imposible entender los procesos de democratización formal ocurridos después del fin de la guerra y de la firma de los acuerdos de paz, sin los aportes del feminismo. El feminismo tuvo una impronta significativa en la transformación de la institucionalidad de los Estados y de los sistemas legales de la región, al lograr incorporar la igualdad de género como parte del discurso público, después de la pacificación de la región. Asimismo, el movimiento feminista aprovechó las nuevas condiciones que se abrían en el período post conflicto y colocó los asuntos relativos a los derechos de las mujeres en el centro de los debates sobre la democracia y la paz.

De esa forma, con diferentes niveles de éxito dependiendo del contexto particular del país, el movimiento feminista consiguió que todos los gobiernos de la región establecieran mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres (Ministerios o Institutos de las Mujeres), aprobaran algún tipo de legislación o plan nacional sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres, y crearan programas destinados al avance de los derechos de las mujeres, así como servicios específicos para mujeres maltratadas, en condición de pobreza, migrantes, etc. (Sagot, Montsenat 2012). Asimismo, en algunos de los países se ha aprobado legislación sobre cuotas de participación política (Costa Rica, Honduras, El Salvador y Panamá) y todos los Estados han ratificado la CEDAW y la Convención de Belém Do Para. Además, como resultado de todas estas iniciativas, se han generado procesos de reconocimiento social y visibilización de la discriminación laboral de las mujeres, de su exclusión de los espacios de toma de decisiones, de la violencia sexista y de otras formas de discriminación y opresión.

Lo anterior da cuenta de la capacidad de incidencia del movimiento feminista y de transformar la mente colectiva y la institu-cionalidad, sobre todo en una coyuntura de cambio social y de apertura democrática. Sin embargo, las relaciones entre el movimiento feminista y el Estado son variables y contingentes, y están en cambio y redefinición constantes. Además, las demandas de igualdad formal hechas por el feminismo de la primera y segunda generación no parecen haber resultado del todo contradictorias con la democracia liberal. Desde esa perspectiva, en su proceso de cambio y adaptación a las nuevas condiciones históricas, el capitalismo y la democracia liberal han hecho concesiones al movimiento feminista por medio del reconocimiento de la igualdad legal, sin que eso haya implicado grandes transformaciones sistémicas.

Por otra parte, muchos de los logros de las primeras olas del feminismo, sobre todo de los conseguidos por el feminismo de raigambre liberal, han sido para las mujeres de clase media, blancas o mestizas y urbanas. Para las otras, las pobres, las indígenas, las afro-descendientes, las campesinas, la Ilustración no llegó, ni antes ni ahora. Además, como lo han planteado algunas autoras, las necesidades del capitalismo incluso crearon un discurso de “emancipación” y la igualdad de género -sobre todo en lo referente al ingreso de las mujeres a los sistemas educativos y al mundo del trabajo-, pasó a ser fundamental para aumentar los ingresos familiares y el consumo en los hogares (Berger, Silvia 2012; Girón, Alicia 2012). Es decir, de nuevo, muchos de los logros del movimiento feminista fueron cooptados por la democracia liberal y acomodados a las necesidades del sistema capitalista con el fin de producir reformas, pero sin tocar el núcleo duro de la desigualdad.

Neoliberalismo y cambios civilízatenos

La transición hacia la democracia que se vivió en Centroamérica en las décadas de los años ochenta y noventa del siglo pasado fue incompleta y restringida, debido a que el proceso de democratización formal pronto se combinó con una agenda neoliberal. En ese sentido, se firmaron acuerdos de paz, se terminó la guena, se acabó la intervención directa del gobierno de los Estados Unidos en la región y se celebraron elecciones libres, pero no se resolvieron las condiciones que habían originado los conflictos.

Por el contrario, bajo las reglas del neoliberalismo, muchas de esas condiciones se profundizaron y Centroamérica es, hoy en día, la región más desigual y con menor movilidad social en el mundo (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 2011). Además, contrario a la tendencia de otras naciones de América Latina, en Centroamérica se evidencia un incremento de la pobreza en todos los países y dos de ellos, Honduras y Nicaragua, se encuentran entre los más pobres del continente con índices de pobreza cercanos al 70% (CEPAL 2012).

Asimismo, con algunas variaciones, como resultado de las distorsiones causadas por haber incorporado el modelo de la libe-ralización económica, los Estados de la región no asumieron sus responsabilidades de invertir en desanollo social y de ser garantes de que la población tenga acceso a los servicios básicos para el bienestar e incluso para la sobrevivencia. Por otra parte, estas democracias restringidas, que funcionan bajo la lógica del neoliberalismo y conectadas con la colonialidad del poder, son responsables del aumento exponencial de todas las formas de violencia en muchos de los países del área. De hecho, Centroamérica es la región más violenta del planeta y una de sus ciudades, San Pedro Sula, en Honduras, es la ciudad más peligrosa del mundo, con una tasa de 169 homicidios por cada 100 mil habitantes (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal 2012).

Es posible afirmar entonces que la “primavera democrática” nunca se consolidó realmente en Centroamérica. Si antes prevaleció el discurso de la “seguridad nacional” sobre el del bienestar y el de los Derechos Humanos, ahora prevalece el discurso económico y la preocupación central es la competitividad. Bajo las nuevas circunstancias, los asuntos relativos a los Derechos Humanos son tratados como costos de producción o como privilegios que atentan contra la eficiencia estatal y la de las empresas privadas (Carcedo, Ana 2009). Hasta en Costa Rica, la democracia más antigua y consolidada de la región, el 35% de la población ya considera que el desanollo económico es más importante que el mantenimiento de la democracia (Diario La Nación 2012).

Desde la anterior perspectiva, después del fin de la guena en Centroamérica se abrieron espacios de participación ciudadana para las mujeres y otros grupos y se generaron políticas de igualdad, pero las difíciles condiciones restringen la amplitud y el contenido de esa participación, y dejan las políticas de igualdad en el papel. Es decir, se asumió el discurso de la igualdad como parte de la retórica pública, pero no se incorporó como una dimensión inherente de la justicia social.

Como lo plantean algunas autoras, la prevalencia de las fuerzas del mercado que impone el neoliberalismo representa un serio cuestionamiento hasta al modelo de ciudadanía que se desarrolló en las democracias liberales en el siglo xx (Ong, Aihwa 2006). Esto porque las técnicas de la globalización neoliberal están impregnadas de cálculos morales acerca del valor diferenciado de las personas, de sus prácticas y de sus necesidades. Por eso, ahora la noción de derechos cada vez se restringe más y la precariedad fomenta procesos de desciudadanización en grandes sectores de la población, en particular de las mujeres de los grupos más excluidos.

Según Boaventura De Sousa Santos (1999), el neoliberalismo crea un sistema de segregación social dividida en «zonas salvajes» donde impera el estado de naturaleza hobbesiano y «zonas civilizadas» donde opera el contrato social. En el caso de muchos de los países de Centroamérica, las zonas civilizadas son cada vez más limitadas y abarcan a menos población. El resto sufre grandes carencias cotidianas, altos índices de pobreza, de desnutrición[4], de desempleo o sub-empleo[5], están atectados/as por los altos niveles de violencia, atrapados/as en las redes de narcotráfico o de trata de personas, o son desplazados/as de sus tenitorios por la precariedad y obligados/as a tomar lo que se ha convertido en una de las travesías más peligrosas del mundo: la migración hacia los Estados Unidos[6].

De esta forma, el nuevo ciclo histórico de Centroamérica se caracteriza por la combinación de un proceso de democratización que abrió espacios para la inclusión política de las demandas de las mujeres, sobre todo desde el punto de vista formal, con un proceso de transformación del Estado que creó las condiciones para la exclusión social de amplios sectores de la población. Esto se da porque con la aplicación de los dispositivos del neoliberalismo se generan al mismo tiempo procesos progresistas y conservadores, liberadores y opresivos, aunque no en los mismos espacios.

La globalización neoliberal es así un espejismo de igualdad de oportunidades y equidad, que ha desabollado mecanismos perversos que excluyen a las mujeres aparentando incluirlas. Por ejemplo, el hecho de que las compañías maquiladoras o las productoras de frutas y flores, instaladas en Centroamérica, prefieran contratar a mujeres jóvenes y poco educadas es parte de este proceso que crea una relación perversa entre las condiciones de subordinación y falta de oportunidades de algunos grupos de mujeres y ciertas formas de organización de la producción que usan esas condiciones como ventaja comparativa. Las mujeres jóvenes, pobres, afro-descendientes, jefas de familia y poco educadas se convierten en un tenitorio colonizado y un recurso para la apropiación de las compañías transnacionales. El hecho, sin embargo, es presentado por los gobiernos y las mismas compañías, como la creación de oportunidades de empleo para las mujeres.

En ese sentido, los efectos negativos del neoliberalismo como la fragmentación social, la creciente brecha entre ricos y pobres, la creciente inseguridad laboral y la creciente volatilidad económica tienden a afectar más a ciertos grupos de mujeres, dadas sus condiciones previas de desigualdad y discriminación.

De esta manera, en Centroamericana el neoliberalismo utiliza la democracia como un instrumento político para facilitar la acumulación del capital, pero construye un régimen social caracterizado por experiencias de vida bajo relaciones de poder extremadamente desiguales, con una segregación y exclusión profundas, con altos niveles de violencia e inseguridad de todo tipo y con renovadas relaciones con los poderes coloniales. Es decir, en Centroamérica cada vez se instala, con más fuerza, el fascismo social como régimen civilizacional (De Sousa, Boaventura 2009). Esto hace referencia a una sociedad que es políticamente democrática, por lo menos en sus mecanismos formales, pero profundamente autoritaria y ex-cluyente en las relaciones sociales.

Por otra parte, el neoliberalismo también ha dado pie al resurgimiento de tradicionalismos y fundamentalismos religiosos que invocan nuevas formas de sumisión para las mujeres y el mantenimiento de roles tradicionales de género. Estos grupos neoconservadores e integristas religiosos también han empezado a ocupar los espacios que ha abierto el movimiento de mujeres en Centroamérica y a establecer alianzas entre ellos para detener los avances de las décadas anteriores. La cercanía creciente de los gobiernos de la región con estos grupos (independientemente de si los gobiernos son de derecha o de izquierda), no sólo debilita el carácter secular de los Estados, sino que además, le ha puesto un freno a las demandas del movimiento feminista, sobre todo en el terreno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos (Arguedas, Gabriela 2012).

Así, las políticas neoliberales, los compromisos establecidos en los tratados de libre comercio, en particular en el CAFTA (Central America Free Trade Agreement), la reciente crisis mundial y el surgimiento del fascismo social y del neoconservadurismo religioso han convertido a la mayoría de los países centroamericanos en democracias de baja intensidad. Es decir, democracias casi reducidas a sus componentes más elementales: elecciones y representación política, pero con serias limitaciones y voluntad para garantizar la justicia social y la redistribución.

Centroamérica vista desde el marco de la justicia

La justicia es una virtud pública estrechamente vinculada con la ciudadanía, es decir, con la distribución social de los derechos y deberes, de las cargas y los beneficios (Young, Iris 2000). En ese sentido, una concepción amplia de justicia nos refiere a una sociedad que contiene y sustenta las condiciones sociales, políticas, culturales, económicas y simbólicas necesarias para que todos sus miembros, según su condición particular, desanollen y ejerciten sus capacidades, expresen sus experiencias y participen en la determinación de sus condiciones de vida.

Con el fin de analizar los límites de los avances y de las reformas propuestas por el movimiento feminista en Centroamérica en el contexto del neoliberalismo, propongo el concepto de justicia y sus dimensiones, desabollado por Nancy Fraser (2008). Según esta autora, estas dimensiones son fundamentales para determinar si una sociedad garantiza una vida digna y vivible para sus habitantes. Es decir, que una sociedad que alcanza estas tres dimensiones de la justicia, estaría garantizando a todos sus integrantes unas condiciones de vida libres de exclusión y de opresión. Las dimensiones de Fraser son:

Reconocimiento en la esfera socio-cultural: se refiere a que la asimilación a las normas culturales dominantes no es el precio a pagar para obtener igualdad de derechos; es decir que todas las personas y grupos deben tener igualdad de derechos, independientemente de las características particulares de sus vivencias, experiencias y normas culturales. Esta dimensión conlleva el reconocimiento social y cultural de la diferencia y la deconstrucción de las categorías que llevarían a una política de identidades esen-cializadas. Implica, además, acabar con la universalización de las experiencias y la asimilación obligatoria a la cultura de un grupo dominante.

Redistribución: apunta a acabar con la explotación (transferencia de los resultados del propio trabajo a otro grupo), con la marginación o exclusión (privación de las condiciones para el ejercicio de las capacidades y para una vida digna), con la carencia de poder y con todas las formas de violencia.

Paridad participativa: esta es una forma de justicia mediante la cual todas y todos pueden ejercer su autonomía deliberativa en la vida social y tener las herramientas para transformar sus condiciones de injusticia económica y de falta de reconocimiento.

Así, como lo plantea Fraser (2008), superar la injusticia significa desmantelar los obstáculos institucionalizados que impiden a algunos/as participar a la par con otros/as, como iguales con pleno derecho a la interacción social.

Con la ayuda conceptual de las tres dimensiones de la justicia se puede comprender cómo, por ejemplo, la falta de ingresos suficientes, la situación de subempleo o desempleo y la explotación son injusticias económicas del segundo tipo; la burla y la tipificación, el acoso y el rechazo por factores como el sexo, el color de la piel, la vivencia sexual, etc., son, entre otras, injusticias culturales del primer tipo. Ambas implican trabas para que las personas se relacionen en términos de igualdad con sus conciudadanos y con-ciudadanas. Las consecuencias de ambas van más allá de la economía y de la cultura; es decir, también distorsionan la esfera política, pues una persona que es pobre o mal valorada socialmente, difícilmente puede realizar plenamente sus derechos políticos y decidir conjuntamente el destino de su sociedad (Ibáñez, Franklin 2010).

Esta teoría de la justicia parte de que las tres dimensiones son necesarias y que ninguna de ellas por sí sola es suficiente. Desde esa perspectiva, la justicia se refiere a la redistribución, pero también a las condiciones sociales necesarias para el desanollo y ejercicio de las capacidades individuales y colectivas, incluyendo las condiciones para reclamar los derechos y transformar las condiciones de vida.

Paridad participativa

Las cuotas de participación política serían el único avance en este teneno, que se ha dado en Centroamérica. Para el año 2013, ya hay cuatro países, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Panamá, que han aprobado alguna legislación sobre cuotas. En el caso de Costa Rica, el avance puede considerarse significativo ya que es uno de los pocos países en el mundo que ha aprobado legislación, según Reforma al Código Electoral del año 2009, estableciendo la paridad y la alternabilidad por sexo en las papeletas de elección popular.

Sin embargo, aún con la aprobación del sistema de cuotas, los avances han sido muy magros incluso en el teneno de la representación descriptiva. En Honduras, por ejemplo, aunque la ley de cuotas demanda un 30%, la representación de mujeres apenas alcanza un 19% en el Congreso Nacional. En Panamá, esta representación no alcanza ni el 10% (Tones, Isabel 2012). Por otra parte, si bien las mujeres han incrementado su participación en los gobiernos locales como resultado de las leyes de cuotas, su representación como alcaldesas no sobrepasa el 7,8% (id.) Asimismo, cuando se sale de las áreas cubiertas por la aplicación de las cuotas establecidas por ley, las mujeres pasan a representar una franca minoría. Este es el caso, por ejemplo, de los poderes judiciales, de los ministerios y los puestos directivos y gerenciales en la empresa privada.

Por otra parte, la experiencia de Centroamérica demuestra que aunque la existencia de una normativa sobre cuotas aumenta la posibilidad de que más mujeres lleguen a puestos de elección popular, no hay garantía sobre el tipo de mujeres que llegará a ocupar esos puestos, ni sobre su agenda política. Por el contrario, los partidos políticos tienden a elegir a mujeres altamente disciplinadas y fieles a la línea partidaria, con relaciones cercanas -casi subordinadas- con los hombres importantes de esos partidos y poco dispuestas a desafiar el status quo. Muchas de estas mujeres también tienen relaciones cercanas con los fundamentalismos e integrismos religiosos, por lo que, más bien, se dedican a combatir y a obstaculizar los avances propuestos por el movimiento feminista.

En el caso de Costa Rica, es interesante anotar que el desabollo de normativa para ampliar los derechos de las mujeres tuvo un punto álgido en el país entre 1994 y 2000, período en el que se aprobó y promovió el mayor número de leyes y reformas en la materia. En particular, en ese período se ratificó la Convención de Belém do Para y se aprobó una gran cantidad de legislación y políticas públicas sobre hostigamiento sexual, violencia doméstica, pensiones alimentarias, uniones de hecho, niñez y adolescencia, explotación sexual comercial, derechos sexuales y derechos reproductivos, entre otras temáticas. Curiosamente, la legislación sobre cuotas no estaba todavía en vigencia en ese momento, por lo que la representación de mujeres en el Congreso era relativamente baja. De hecho, estos avances, incluyendo la legislación misma sobre cuotas, parecen responder, más bien, a la expansión del quehacer y de las actividades de incidencia del movimiento feminista local en la década de los años noventa y no a una mayor presencia de mujeres en puestos de elección popular.

De forma contradictoria, a partir del año 2001, cuando ya estaba en vigencia la normativa sobre cuotas, así como las aclaraciones hechas por el Tribunal Electoral para precisar esa normativa, disminuyó sensiblemente el ritmo de la aprobación de leyes y políticas públicas relativas a la igualdad y equidad de género. En ese sentido, el aumento significativo de mujeres en la Asamblea Legislativa no tuvo un efecto directo en la justicia social o de género (Sagot, Montsenat 2010). Por el contrario, la mayoría de las diputadas electas después de la aprobación del sistema de cuotas han estado más dispuestas a aprobar leyes que, en consonancia con el modelo neoliberal, transforman el carácter social del Estado nacional. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres diputadas de la legislatura 2006-2010 votaron a favor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y de sus leyes complementarias, las que, entre otras cosas, abrieron los mercados de las telecomunicaciones y de los seguros en el país, instituciones insignes del estado de bienestar, desde 1948. Sin embargo, la mayoría de las legisladoras no han estado dispuestas a apoyar los proyectos de ley relativos a los derechos sexuales y reproductivos, las uniones civiles entre personas del mismo sexo, la autonomía de los pueblos indígenas o la reforma constitucional para establecer la separación entre la Iglesia y el Estado.

En el caso de Honduras, de igual manera, las mujeres representantes en el Congreso Nacional votaron a favor de aceptar una supuesta carta de renuncia del Presidente Manuel Zelaya en el año 2009 -que era falsa-, con lo cual trataron de darle un carácter de legalidad al golpe de Estado. Asimismo, la mayoría de estas parlamentarias votó a favor del decreto número 54-2009 que penalizó la venta, uso y promoción de las pildoras de anticoncepción de emergencia, que antes eran de venta libre en Honduras. También, la gran mayoría de las representantes votó a favor del establecimiento de las Ciudades Modelo en ese país; un proyecto que, bajo la categoría de “regímenes especiales”, reinstaura la figura del enclave y pone en cuestión la soberanía nacional, ya que grandes extensiones del tenitorio nacional serían entregadas a conglomerados transnacionales para la construcción de ciudades privadas, con gobierno propio (Lucas, Carlos 2011).

En Nicaragua, la mayor parte de las congresistas, incluyendo a las de la bancada sandinista, votó en 2006, a favor una ley que prohibió el aborto terapéutico en ese país. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) apoyó esta iniciativa aliándose con los sectores más conservadores y con la Iglesia católica. Como consecuencia, sólo durante el primer año de la prohibición murieron por lo menos ochenta mujeres (Mannen, Laura 2010). En noviembre de 2007, valiéndose del apoyo dado por el Congreso, el gobierno de Daniel Ortega añadió, además, las penas criminales a la ley.

Con base en los anteriores ejemplos es posible afirmar que las cuotas le cambian la cara a la política electoral, lo cual significa un avance sustantivo y una modificación de la cultura política tradicional, pero no necesariamente permiten el avance de una agenda de transformación social para las mujeres ni de la justicia redistribu-tiva. De hecho, en su análisis sobre las dimensiones de la Justicia, ya Nancy Fraser (2008) había advertido que las medidas de acción afirmativa, como las cuotas, no transforman las estructuras de poder y, por tanto, no subvierten la sujeción. Es decir, las cuotas por sí solas no brindan a las mujeres las henamientas para transformar sus condiciones de injusticia y de falta de reconocimiento.

Reconocimiento en la esfera socio-cultural

Centroamérica es una región donde importantes conglomerados de la población no gozan ni siquiera del reconocimiento más básico: el registro de su existencia. Según datos del Banco Interame-ricano de Desanollo (BID 2007), en Guatemala existen cerca de 1.2 millones de personas, sobre todo indígenas y campesinas, sin partida de nacimiento. La situación es, por supuesto, mucho más severa para las mujeres, ya que ellas pueden pasar toda su existencia sin ningún registro legal o documento de identidad. Según el mismo estudio, en Nicaragua y Honduras, alrededor del 30% de los nacimientos no se registran.

Lo anterior es el primer estadio de un proceso severo de exclusión social, ya que la carencia de registros de nacimiento niega a las personas acceso a todos los beneficios de la ciudadanía. Asimismo, en buena parte de los países de la región, la presentación de un certificado oficial de nacimiento es prerrequisito para la matrícula escolar y para luego obtener una cédula de identidad. Es decir, estos documentos son la llave de acceso a un conjunto de derechos civiles y políticos, así como a las oportunidades para el desanollo personal y a los beneficios sociales del Estado.

Desde la anterior perspectiva, para grupos importantes de personas en Centroamérica es imposible hablar de derechos de reconocimiento cuando su existencia ni siquiera está registrada. Según los estudios realizados existen ciertas categorías de población que por razones estructurales, geográficas, históricas y sociales presentan una mayor probabilidad de verse excluidas del acceso a derechos por carecer de documentos de identidad, tales como la población residente en las zonas rurales, la población indígena y afrodescen-diente, la población desplazada por motivos de violencia política, la población residente en zonas fronterizas y la población migrante en condición inegular (id.).

Por otra parte, si bien el desanollo de políticas de igualdad de género o contra la violencia hacia las mujeres se puede considerar un paso importante en el camino del reconocimiento -dado que estas medidas explícitamente reconocen que la ciudadanía se divide en mujeres y hombres con necesidades diferenciadas-, las nuevas condiciones de la región hacen que esas políticas tengan pocas implicaciones reales en la vida de la mayoría de las mujeres. En general, los Estados de la región tampoco han proveído los recursos materiales y logísticos necesarios para la ejecución de las leyes y políticas aprobadas.

Además, estas políticas ocupan un lugar marginal dentro de la política nacional y tienen un carácter coyuntural. Estas políticas, leyes y programas tampoco cuentan con una adecuada asignación de recursos, ni con mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan medir si de verdad los países avanzan hacia la meta de construir una sociedad que le garantice condiciones de igualdad a las mujeres, según sus particularidades de etnia, edad, localización geográfica, sexualidad, etc.

Asimismo, la institucionalidad para el avance de los derechos de las mujeres está debilitada y permeada por una cultura conservadora, que no permite que los derechos reconocidos vía leyes o políticas públicas tengan mayores consecuencias prácticas para facilitar el acceso de las mujeres a la justicia. Es más, muchas de estas instituciones y programas están ocupados por personas cercanas o directamente promotoras de los fundamentalismos religiosos.

Algunos de los casos más emblemáticos de esta situación lo constituye el nombramiento del diputado evangélico Justo Orozco en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica; y de la diputada Rita Chaves, representante de los sectores católicos más conservadores, en la vicepresiden-cia del Parlamento. La misma situación ocune en el caso de países como Honduras o El Salvador, dónde los Institutos Nacionales de la Mujer están en manos de personas cercanas al Opus Dei.

En el caso de Nicaragua la situación es mucho más dramática, ya que es la Primera Dama, Rosario Murillo, encargada además de las comunicaciones políticas del gobierno, la principal crítica del feminismo y de sus propuestas. En un artículo denominado «La conexión feminista y las guerras de baja intensidad», Rosario Murillo (2008) se expresó así de las feministas:

Proclaman el aborto, sin respeto a la cultura, y al alma colectiva de los pueblos (…) Atacan criminalmente, al que se atreve a desenmascararlas como agentes políticos de las derechas, mientras reivindican a esas derechas, con modernidad liberadora, y condenan a las izquierdas, con arcaísmo opresor.

En esa guerra político cultural, que desarrollan a nombre de la mujer, buscan vender sus estereotipos, como postmodernidad política, promoviendo su cultura extranjera, ajena a nuestra idiosincrasia, que forma parte, además, de un modelo cultural fracasado, destructor del mundo, que ha despojado almas y entronizado egoísmos, soledades y vacíos profundo.

Además, como parte de esta anemetida conservadora, tanto en Nicaragua, Honduras y Costa Rica, se ha perseguido e intentado amedrentar a las organizaciones feministas desde los órganos del Estado. Por ejemplo, en el año 2008, las autoridades nicaragüenses realizaron redadas en las oficinas del Centro de Investigaciones de la Comunicación y del Movimiento Autónomo de Mujeres. Confiscaron archivos y computadoras acusando a los grupos de haber promovido abortos ilegalmente y de haberse involucrado en tratos financieros ilegales (Mannen, Laura 2010).

En Costa Rica se pueden citar las acciones de la diputada Rita Chaves en contra de la Colectiva por el Derecho a Decidir en los años 2009 y 2010. Esta diputada denunció a esta organización de promover una “campaña anti-valores” y solicitó una investigación para poder revisar sus recursos. Asimismo, en una intervención en el Plenario Legislativo y en cartas enviadas a la agrupación, la diputada demandó conocer «la ubicación física de la organización, quiénes son sus representantes legales, cuáles instituciones estatales están vinculadas con la campaña de la Colectiva, quiénes y cómo se financian y si conesponden a ingresos nacional [sic] o internacionales» (Asamblea Legislativa de Costa Rica 2010).

En el caso de Honduras, desde el golpe de Estado de 2009, se han producido numerosas situaciones de persecución política, detenciones arbitrarias, encarcelamientos y amenazas a dirigentes feministas, así como allanamientos de moradas y de las oficinas de las diferentes organizaciones. Por ejemplo, la fotografía de Evelyn Mejía, integrante de Feministas en Resistencia, fue transmitida por un canal nacional que la mencionaba como una de las «siete caras más buscadas», bajo el cargo de «boicot a las elecciones del 2009». También resultó detenida una reconocida activista del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, abordada por policías mientras se encontraba en un restaurante, con el pretexto de citarla por una multa de tránsito vencida. La reconocida dirigente de esa misma organización, Gladys Lanza, tuvo que solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010, por haber sido objeto de amenazas y hostigamiento (Morales, Tacuazina 2010). Asimismo, en los últimos años han sido allanadas las oficinas de la Red de Comercialización Comunitaria Alternativa (COMAL), del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) y de otras organizaciones comunitarias, y se ha intimidado e incluso obligado al exilio a muchas integrantes del movimiento feminista y de otros movimientos populares.

Los ejemplos anteriores muestran un panorama de serios retrocesos, inclusive en el terreno del reconocimiento de derechos en Centroamérica. Es decir, ya los asuntos relativos a la igualdad de derechos para hombres y mujeres ni siquiera son importantes en el discurso público de los Estados de la región y los espacios de acción de las organizaciones feministas se han visto reducidos de una manera significativa. Además, la precariedad de las condiciones materiales hace que grupos importantes de la población, especialmente las mujeres de los grupos históricamente discriminados, queden fuera del reconocimiento de sus derechos más básicos al bienestar y a una vida vivible.

Redistribución

Centroamérica es la región más desigual del mundo y ese es el punto de partida para cualquier análisis sobre la justicia redistribu-tiva. De hecho, en dos países de la región, Costa Rica y Honduras, es donde más creció la desigualdad por hogar y por salario en el último quinquenio (Banco Mundial 2012). Por otra parte, en su conjunto, el 55% de la población de la región vive en la pobreza y el 30% en la pobreza extrema. En el caso de países como Honduras, Nicaragua y Guatemala, la pobreza afecta a más del 60% de la población, teniendo un efecto más profundo en las poblaciones indígenas, afrodescendientes y rurales. Además, ha aumentado la proporción de mujeres entre los pobres y entre los más pobres (CEPAL 2012).

Asimismo, en la región, el ingreso real de las personas ha disminuido, ya que los salarios mínimos actuales son similares a los de dos décadas atrás, cuando apenas se estaba saliendo de la guena (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 2011). Además, el 63% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, la gran mayoría en diversas actividades de baja productividad, lo que les coloca en situaciones de gran vulnerabilidad (OIT 2009).

Bajo esas condiciones, las mujeres son las que llevan la carga más dura. Hasta en Costa Rica, la democracia más consolidada de la región, el bienestar material es la dimensión en la que existen mayores desigualdades entre hombres y mujeres, según lo demuestra el índice de Desanollo Humano Cantonal (PNUD 2012). En la misma dirección, según el índice Global de Desigualdad de Género del World Economic Forum (2012), Costa Rica ocupa el lugar 29 en el mundo en términos de igualdad formal de género, pero cuando se utiliza sólo el sub-índice de participación económica y oportunidades, el país cae al puesto 99 de 135 países. Eso significa que Costa Rica muestra un avance significativo en el reconocimiento de la igualdad de género, pero que enfrenta serias limitaciones en el teneno de la redistribución de los recursos materiales y de las oportunidades entre mujeres y hombres.

La misma situación ocune con Nicaragua que ocupa el lugar número 9 en el mundo en igualdad formal de género, pero cae al puesto 88 cuando se aplica el sub-índice de participación económica y oportunidades. En el resto de los países la situación es simplemente lamentable ya que, por ejemplo, cuando se utiliza el índice general, Guatemala ocupa el lugar 116 entre los 135 países analizados, El Salvador ocupa el lugar 94 y Honduras el puesto 74 (World Economic Forum 2012).

Por otra parte, a partir de la segunda mitad del siglo xx, las mujeres, en su papel de trabajadoras remuneradas, han ocupado un papel fundamental para el sistema capitalista como reserva de mano de obra y factor de amortización de los vaivenes del mercado laboral (Carcedo, Ana 2009). Bajo el modelo neoliberal, las mujeres son pieza estratégica como consumidoras y como colchón de compensación de todos los servicios no prestados por los Estados o por la mala calidad de ellos, haciendo elástico su tiempo y aumentando sus jornadas de trabajo. Por eso, es de suma importancia entender el lugar de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado.

En el caso de Centroamérica, las mujeres se encuentran mayori-tariamente, en trabajos secundarios o de subsistencia con contratos temporales, en empresas pequeñas de gran fragilidad y precariedad (OIT 2011). La gran brecha de género en este teneno se puede apreciar cuando se analiza el porcentaje de personas ocupadas en sectores de baja productividad. En estos sectores, el 25,4% son hombres, mientras que el 41% son mujeres. Es decir, el porcentaje de mujeres con empleos de gran fragilidad y precariedad casi duplica al de los hombres.

Hasta Costa Rica -país que ha conseguido un mejor nivel de bienestar para su población y que no vivió severos conflictos sociales o políticos- experimenta un aumento de brechas entre hombres y mujeres en áreas como la pobreza, la distribución de los ingresos, el desempleo, el acceso al mercado de trabajo y la violencia (Instituto Nacional de Estadística y Censos 2012). Por ejemplo, en ese país, las tasas de desempleo para las mujeres prácticamente duplican las tasas de los hombres. El caso de las mujeres jóvenes es todavía más problemático ya que su tasa de desempleo alcanza el 26%, comparándose con la de países que están inmersos en severas condiciones de recesión y crisis económicas, como se puede apreciar en los siguientes cuadros:

Nancy Fraser (2008) también ha planteado que una de las condiciones de la justicia redistributiva es el fin de todas las formas de violencia. Es justamente en esta área donde existen grandes deudas democráticas con las mujeres en Centroamérica, no sólo por la violencia generalizada y el clima de tenor que se construye, sino por el aumento escandaloso en todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo un dramático incremento de los femicidios, cuyas principales víctimas son las mujeres jóvenes de los sectores más excluidos.

De hecho, tres países de la región, Guatemala, El Salvador y Honduras, están entre los diez países con las tasas más altas de femicidios del mundo (Small Arms Survery 2012). En Guatemala, por ejemplo, hay más de 700 femicidios al año. Entre los años 2008 y 2012 fueron asesinadas más de 3.500 mujeres en ese país. En Honduras, por su parte, del año 2005 a la fecha, hay un incremento en femicidios del 246%. Solo el año 2012 presentó un incremento del 30% en los femicidios con respecto a 2011 (Observatorio de la Violencia-UNAH 2013).

Como bien se ha establecido en varios estudios sobre la temática, la prevalencia e incidencia de la violencia contra las mujeres está relacionada con la tolerancia social hacia la misma, lo que se ve reflejado en la impunidad. En el caso de Centroamérica, la gran mayoría de estos asesinatos nunca serán judicializados, lo que indica que esta violencia no es casual o coyuntural, o el resultado de una institucionalidad fallida, sino que es un componente estructural del sistema. Estas formas extremas de violencia contra las mujeres parecen ser, más bien, el resultado del neoliberalismo en su proceso de afianzamiento y de sus consecuencias: incremento del autoritarismo en todas sus formas, del militarismo y del reforzamiento de un sentido de posesión de los hombres sobre las mujeres. Es decir, ésta es una forma de violencia estructural, resultado de los modos de vida creados por el neoliberalismo, caracterizados por la desigualdad, la exclusión, las rupturas profundas en el tejido social, la pérdida del sentido de solidaridad y de comunidad, y por los poderes autoritarios operando libremente en todos los niveles de la existencia. De esta forma, la necropolítica del neoliberalismo, encarnada en el femicidio, instrumentaliza la vida de las mujeres más vulnerables, construye un régimen de tenor y decreta la pena de muerte de algunas como mensaje de dominación para todas.

A modo de epílogo

La utilización del modelo de la justicia de Nancy Fraser para analizar la realidad centroamericana permite concluir que, con algunas diferencias entre países, en la región se reportan algunos avances magros en el terreno de la representación paritaria, así como un avance también importante en términos de reconocimiento formal de derechos, reflejado, sobre todo, en la aprobación de legislación y políticas públicas para la igualdad y equidad de género en todos los países. Sin embargo, se detectaron serios impedimentos para trasladar esa normativa a las realidades concretas de las mujeres, en particular a las realidades de las mujeres más pobres y de los sectores más excluidos económica y culturalmente. Es decir, estos avances formales no se han traducido en un mejoramiento de la calidad de vida para la gran mayoría de las mujeres de la región.

También se detectaron grandes desafíos producto de las nuevas condiciones económicas y políticas creadas por el neolibera-lismo, y como resultado del surgimiento de grupos organizados de carácter religioso y conservador que están luchando por revertir los logros conseguidos por el movimiento feminista con el propósito de mantener el orden tradicional de género. Asimismo, se pudo determinar que es en la dimensión de la redistribución dónde existen las mayores deudas democráticas, ya que es allí donde las condiciones de las mujeres se ven más seriamente afectadas.

En este trabajo se han ofrecido datos de lo que ocune principalmente en la esfera pública y en el mundo de trabajo asalariado. Sin embargo, son bien conocidas las grandes desigualdades que existen en la esfera privada entre hombres y mujeres que tampoco han sido asunto de interés o de intervención por parte de las democracias liberales.

Estos hechos permiten concluir que el ideal feminista de origen ilustrado, de utilizar los mecanismos de la democracia para reparar las desigualdades y acercarse a la justicia, es todavía una meta muy distante (sino imposible) de alcanzar por ese medio. En otras palabras, las armas de la democracia no parecen ser suficientes para atacar la fortaleza de la desigualdad.

Desde la anterior perspectiva, es posible afirmar que en la región se vive una profunda contradicción entre la promesa de la democracia y la paz, y las condiciones de vida desesperadas que enfrentan importantes sectores de la población. Por eso, muchas feministas centroamericanas empiezan a plantear que el enfoque de derechos fue y sigue siendo útil, pero que, por sí solo, no debilita el poder de la democracia neoliberal y más bien ayuda a fomentar sus contradicciones (Bradshaw, Sararí 2006). Es decir, que el enfoque de derechos puede y ha sido fácilmente cooptado, incluso por los grupos más conservadores que se oponen abiertamente a las reivindicaciones feministas, por lo que no ayuda a desarticular las relaciones desiguales de poder.

Aun así, y aunque enfrentando serias contradicciones, las feministas de todos los países de Centroamérica continúan con sus acciones en un clima social y político mucho más adverso. Como parte de las nuevas estrategias está el establecimiento de alianzas con otros movimiento sociales, con el fin de ofrecer alternativas a la necropolítica del liberalismo desde una ética de justicia y redistribución. De esta forma, además de llevar adelante las agendas propias, las feministas de la región también se han sumado a diversas luchas de carácter general, como por ejemplo, la lucha contra los tratados de libre comercio, contra la militarización, contra los recortes presupuestarios en los servicios sociales, contra la minería a cielo abierto, contra la introducción de cultivos transgénicos, contra la “flexibilidad” laboral, a favor de la identidad y la dignidad de los pueblos indígenas, a favor de la soberanía nacional, etc.

La democracia centroamericana está en su laberinto, atrapada por la globalización neoliberal, por el sistema de masculinidad he-gemónica y por las políticas neocoloniales, pero las visiones del mundo contenidas en los planteamientos feministas, como producto de un pensamiento emancipatorio, podrían tener la clave para la construcción de vidas dignas y justas para todas y todos. Estas claves apuntarían incluso a trascender la democracia, si esa democracia no sustenta condiciones de vida vivibles para toda la población, y a plantear verdaderas alternativas para desmantelar los dispositivos del neoliberalismo que tanto sufrimiento y muertes han causado en Centroamérica.

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Profesora e Investigadora de la Universidad de Costa Rica, Directora de la Maestría Regional en Estudios de la Mujer, Coordinadora para América Latina y el Caribe de la Sección de Género y Estudios Feministas de Latín American Studies Association (LASA).↵

Agradezco a Gabriela Arguedas de la Universidad de Costa Rica por las ideas para precisar este apartado.↵

Entre los Estados que no la han ratificado están prácticamente todas las naciones musulmanas de África y Asia, los Estados Unidos y el Vaticano.↵

El 53% de la población total de Guatemala padece desnutrición y más del 60% de los niños y niñas de las zonas rurales de ese país padece desnutrición crónica; es decir, la que tiene efectos irreversibles (OPS 2009).↵

Más del 60% de la fuerza de trabajo en Centroamérica se encuentra sub- empleada o en el mercado informal, sin garantías o seguridad de ningún tipo (OIT 2011).↵

Se calcula que sólo en Estados Unidos existen más de tres millones de personas migrantes de Centroamérica (Migration Information Source 2013).↵

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SOCIEDAD PATRIARCAL, LAS LUCHAS POR LA EQUIDAD DE GÉNERO Y EL POSNEOLIBERALISMO 

Eugenia Correa[1]

Introducción

Las enormes brechas de género identificadas por las diversas agencias, estudios, instituciones y organizaciones sociales reflejan de diferente forma mucha de nuestra cotidianidad de violencia y discriminación de género. Por ejemplo, los reportes de la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés, 2012a, 2012b), los de Naciones Unidas (UN, por sus siglas en inglés, 2011), el Banco Mundial (WB, por sus siglas en inglés, 2012) o el World Economic Forum (WEF 2012), por mencionar algunos. Sin embargo, de varias maneras, esos reportes nos dejan todavía insatisfechas. Muchos otros trabajos en regiones y países tienen un mayor alcance y penetración y nos permiten reconocernos en nuestra diversidad y especificidad, pensarnos de manera universal y global y al mismo tiempo organizar nuestras aspiraciones de cambio de manera local y específica. Esto es también uno de los desafíos para avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa.

En este texto se intenta discutir algunos de los elementos centrales de la sociedad patriarcal que se fortaleció durante la era neoliberal y que desafían la construcción de sociedades pos neoliberales. En primer lugar, se analiza el tema de la democracia, el trabajo y la equidad. Se busca sostener que aquellos países que tuvieron experiencias recientes de golpes de Estado y dictaduras están avanzando más rápidamente en reconstruir sus democracias. Sin embargo, las luchas feministas aún tienen frente a sí enormes desafíos para lograr la consolidación democrática y hacer realidad el derecho humano universal al trabajo.

En la segunda parte se hace un rápido recuento de cómo se reproduce la sociedad patriarcal y por supuesto, las dificultades que existen para su deconstrucción, la reproducción de la inequidad y los frenos que ella representa para el verdadero desanollo de los movimientos sociales y feministas. En la tercera parte se busca sostener que la propia sociedad patriarcal es un enorme obstáculo para la intenelación entre las esferas de la lucha social y la lucha política, especialmente para los movimientos sociales de las mujeres. Finalmente, la cuarta y quinta parte están dedicadas a establecer un círculo virtuoso entre la institucionalización de las transformaciones impulsadas por los movimientos sociales y feministas, y la construcción de la sociedad pos neoliberal, en donde un sistema nacional de cuidados juega un papel central y se complementa con la incumplida demanda y derecho humano universal de pleno empleo.

Democracia, trabajo y equidad

Las luchas sociales de las mujeres por la equidad y por la construcción de una sociedad sin discriminación, organizada para la vida plena de hombres y mujeres, están ahora encontrando espacios más propicios en América Latina. Esto se da, en primer lugar, debido a la importante presencia de otros movimientos sociales como válidos interlocutores; y en segundo lugar, a la reconfiguración del poder presente en algunos países de la región, que rompiendo con el neoliberalismo avanzan en la búsqueda de un Estado pos neoliberal (Sader, Emir 2008). Así, la agenda de las luchas feministas crece, se enriquece y se transforma. De esta manera, una de sus características en nuestros días es la variedad de ámbitos en dónde se mueve, como el laboral, la economía de los cuidados, los presupuestos con equidad de género, la decisión sobre nuestros cuerpos y nuestra reproducción, la participación política, el empoderamien-to, etc. Aunque estas transiciones no abarcan políticamente a todos los países de la región, sus acciones, pensamiento y experiencias son válidos e indispensables para las millones de mujeres que hemos vivido ya más de treinta años de neoliberalismo.

Es importante señalar que precisamente aquellas sociedades de la región que han padecido directamente los estragos de los regímenes militares, las dictaduras y golpes de Estado (como lo son Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay) son las sociedades que están buscando huir del neoliberalismo, que adelgaza y destruye el poder de los Estados nacionales. La conciencia social del valor de la democracia, la necesidad de su profundización y la imposible construcción de una sociedad libre y equitativa bajo el neoliberalismo, ha sido el motor de las luchas sociales (Kliksberg, Bernardo 2012).

Las luchas más estratégicas y de transformación profunda de la arquitectura social dependen de la existencia de un contexto medianamente democrático. Las luchas feministas contra la dictadura y la opresión de las guerras, sin duda fundamentales, no pueden plantearse cambios sociales profundos mientras no haya un cambio en el régimen de gobierno. Y aún en medio de dichos cambios, los movimientos y la participación social tienen que mantenerse y esforzarse por constituirse en una fuerza política. Para lograrlo deben intentar establecer nuevas formas de relación y avanzar hacia la formación y solidificación política e institucional de sus propias organizaciones (Sader, Emir 2008).

Sin embargo, por supuesto aún queda mucho camino por reco-ner. Estas sociedades que han logrado plantearse la transición pos neoliberal son sin duda pioneras en la trayectoria que podrá imponerse por muchas otras regiones del mundo, ahora sometidas a las políticas neoliberales más cínicas. Como por ejemplo, las sociedades de Grecia, España, Portugal, Gran Bretaña y tantas otras del mundo desabollado y en desanollo. Fascismo o pos neoliberalismo, o como señalara Eric Hobsbawm (1998), civilización o barbarie.

Las significativas experiencias latinoamericanas en la construcción de una estrategia pos neoliberal han evolucionado de manera desigual. Aún puede sostenerse que no se han establecido las condiciones económicas para que la democracia avance hacia su consolidación, especialmente por lo que toca a la equidad y la inclusión. Aunque parezca a veces economicista, el pleno ejercicio del derecho al trabajo es un derecho fundamental y su abandono al mercado capitalista no permite la construcción de sociedades justas y libres. El trabajo construye una identidad y una solidaridad que permite la contribución organizada para el bienestar colectivo con reconocimiento social de su aporte, más allá del reconocimiento que el mercado pueda ofrecer a cierta fracción del trabajo que se ejerce como asalariado (Polanyi, Karl 1977; Sennett, Richard 2000).

Aún así, en nuestros días, la mayor amenaza a la propia vida democrática de nuestras sociedades no es la violencia militar y genocida, sino una fuerza más sutil pero igualmente anasadora, como es la imposición de estrategias de reducción del gasto público y la aplicación de políticas de austeridad que truncan los procesos de transformación social que los pueblos han exigido, votado y ganado desde las urnas. Casi no importa el signo ideológico o los intereses de clase que el partido en el gobierno dice representar. Igualmente, los conglomerados financieros globales obligan a la aplicación general de esas políticas de austeridad que debilitan a las instituciones políticas y de justicia y la aplicación de la ley, destruyen las instituciones sociales y de defensa de los trabajadores y conompen a las empresas privadas.

Esa amenaza a la democracia por la vía de socavar la capacidad de acción de los Estados nacionales y sujetarlos a las decisiones de reformas y transformación económica y social dictada por las agencias calificadoras (FMI, Banco Mundial y otras), amenaza también las posibilidades de las luchas sociales y de los movimientos feministas en sus propuestas de cambio social y económico. Especialmente, a través de debilitar a las instituciones del Estado, dejándoles sin los recursos indispensables para llevar a cabo todas las tareas de reconstrucción económica, educativa, de salud, así como también cultural e histórica.

Los pueblos y sus movimientos sociales difícilmente podrán escribir su propia historia mientras los presupuestos públicos estén sujetos a la regla neoliberal del equilibrio presupuestal. Las ambiciones de equidad, las múltiples fórmulas de expansión del feminismo y de ruptura de la sociedad patriarcal y su cadena de violencia contra las mujeres, no podrán hacerse realidad mientras no se consolide, de manera institucional y política, un proyecto de inclusión y reconocimiento del trabajo de las mujeres en sus múltiples empeños.

La reproducción de la inequidad en la sociedad patriarcal

La sociedad patriarcal esconde e incluso alienta diferentes formas de violencia contra las mujeres al interior de las familias, pero también de las empresas, las instituciones y las distintas entidades del poder estatal. La violencia de género impide la transformación social en la dirección de una democracia integral. El feminismo como crítica de la sociedad patriarcal y movimiento social por la igualdad y la democracia tiene en ese sentido, la capacidad de aportar caminos para la construcción de una sociedad profunda y verdaderamente democrática (Saffioti, Heleieth 2004, p.10).

En realidad, las mujeres también son agentes reproductoras de la sociedad patriarcal, aunque de diferente manera que los hombres. Las relaciones patriarcales se reproducen en medio de nuestra vida diaria, la cual gira en torno a un sistema que de entrada está orientado y basado en una identidad masculina. La existencia de un modelo masculino, también conocido como sistema patriarcal, ha subsistido e inclusive se ha profundizado en buena medida debido a la participación de las mujeres, al desconocimiento por parte de los hombres y a la continua reproducción por parte de ambos de actividades que buscan satisfacer dicho sistema.

Estudios previos han analizado las tradiciones y los roles sociales que se han construido alrededor de la mujer como amas de casa y las encargadas de cuidar a niños, viejos, enfermos y discapacitados. Estos estudios han puesto el énfasis en elementos como diferencias salariales, acceso a la educación y a la salud y hasta inclusive diferencias en la participación política. Se ha argumentado que la masculinidad se ve asociada con la fuerza, la racionalidad y la dureza, mientras que el lado femenino se ve representado por la debilidad, la sensibilidad y las emociones.

Esta división de género ha permitido la construcción de roles sociales sobre los cuales se han basado las demandas de la sociedad. Las mujeres tienen que apoyar a sus esposos, cuidar sus casas y criar a los niños. Es en esta multiplicidad de roles que el desanollo de las capacidades de las mujeres se ve limitado a los espacios y los tiempos que son funcionales a la reproducción de la sociedad patriarcal. Otros muchos espacios, momentos y experiencias de decisión son excluyentes para las mujeres, ya sea explícita o implícitamente.

Se crean y recrean “obligaciones” de género, roles asignados en la dominación patriarcal que no solamente limitan, sino que condicionan todos los conceptos y experiencias de vida. En este sentido, la discriminación de las mujeres, las víctimas más numerosas de la inequidad mundial, es hasta cierto punto resultado de la institucio-nalización de un sistema masculino.

Así, múltiples ocupaciones de las mujeres son simplemente dejadas fuera del concepto mismo de trabajo. Incluso, hasta hace muy pocos años, la palabra trabajo tenía su referente masculino: los hombres trabajan, las mujeres son amas de casa. Las mujeres somos una carga que los hombres generosamente soportan. No es extraño por lo tanto, que en el mercado laboral las mujeres sean consideradas como un mero complemento al verdadero trabajo, que es el que desempeñan los hombres. Más aún, las mujeres con familia son vistas como una carga, un riesgo si se les contrata; mientras que los hombres con familia son una certeza para el empleador.

Las instituciones políticas, privadas e inclusive las sociales discriminan a las mujeres porque le dan un valor diferente a su compromiso con el trabajo, por mucho que las investigaciones muestren que las mujeres son más dedicadas, cumplidas y obedientes que los hombres.

Sin embargo, como antes se señaló, las propias mujeres reproducimos la sociedad patriarcal. Por ejemplo, en México, seis de cada diez mujeres concuerdan en que es la mujer la que se encarga del hogar, sólo una de cinco acepta que son hombre y mujer los que comparten la carga. Únicamente, el 31% de las mujeres con estudios de licenciatura creen que tanto hombres como mujeres deben encargarse del hogar, este porcentaje disminuye a la par del nivel educativo; sólo el 11% de las mujeres que no tienen educación creen que el trabajo del hogar debe de compartirse (Conapred 2010). De acuerdo con los datos de la Encuesta de uso del tiempo, las mujeres y los hombres trabajan en casa ocho y dos horas, respectivamente (Inegi 2009). Así, la reproducción de roles ha conido a cargo de toda la sociedad, tanto en las ideologías como en los hechos.

La inequidad de género y los avances políticos de los movimientos sociales de las mujeres y feministas

De acuerdo a Piene Bourdieu (2000), las cualidades o características que son únicas a los humanos son generalmente asignadas sobre una creencia fija en la oposición binaria, en la cual hombres y mujeres son forzados a ajustar su comportamiento e identidad a esos parámetros o estereotipos. Así, la masculinidad está asociada con la fuerza, la racionalidad y la dureza (entre otras cosas), y el lado femenino parece estar representado por la debilidad, la emoción y la suavidad. Basada en esta división de género, los roles socialmente construidos han sido asignados.

Las mujeres son todavía las principales otorgadoras de cuidados en la enorme mayoría de los casos; la proporción de familias con padres solteros palidece en comparación con las familias de madres solteras, mientras que una verdaderamente compartida responsabilidad sobre los cuidados entre los esposos y las esposas es todavía la excepción más que la regla (Huber, Evelyn; Stephens, John; Bradley, David; Mo-11er, Stephanie; y Nielsen, Francois 2009, p. 3).

Esta diferencia en los roles de género también ha afectado los procesos de reclutamiento y selección de candidatos políticos, incluso ha modificado la conducta parlamentaria. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, Joni Lovenduski (1996, p.3) sugiere que:

… las organizaciones y las estructuras han institucionalizado la predominancia de masculinidades particulares, con ello se potencia y/o aventajan ciertos hombres sobre casi todas las mujeres e incluso sobre algunos hombres. Estos sesgos son a la vez causas y efectos de la sub-representación política femenina.

Incluso, si hay diferencias significativas entre los países en la medida en la que ellos limitan a las mujeres, en la práctica originan la misma concepción de la mujer como individuo débil y privado, mientras que el hombre es la figura fuerte y pública. Se espera que las mujeres sean el soporte de sus maridos, cuiden sus hogares y acompañen el crecimiento de sus hijos. Cuando las mujeres aspiran a una vida profesional o de trabajo fuera del hogar tienen que adaptarlo e incorporarlo dentro de sus prioridades específicas de su condición de género. Esta multiplicidad de roles en su desarrollo personal y profesional incluye también el tiempo que tienen disponible para participar en asuntos políticos o desanollar una carrera en este ámbito. Estos roles socialmente sesgados crean condiciones desiguales entre mujeres y hombres, son relativamente rígidos (Basow, Susan 1992, p.12) y tienden a ser compartidos por todos los miembros de las sociedades latinoamericanas, en mayor o menor medida.

Las mujeres y la lucha feminista en general se han visto afectadas debido a los procesos políticos, las redes y las decisiones que se estructuran en torno a ellas. Se generan desigualdades en el acceso al proceso de toma de decisiones, al trabajo, a la política, a la participación social, a los grupos y al capital político. Esto es porque restringen el tiempo que tienen las mujeres para participar e informar sus acciones y decisiones, así como los espacios donde pueden participar.

Además, la evidencia sugiere que los hombres tienen y se otorgan entre ellos más y mejores oportunidades porque se valoran de forma diferente a las mujeres, ya que se consideran los pilares de sus hogares y los proveedores de sus familias. La combinación de estos dos factores influye en la capacidad de las mujeres para la participación política, en mayores niveles de compromiso y liderazgo y para la generación de capital político. Esto es extremadamente importante porque el capital político permite a hombres y mujeres avanzar en sus carreras políticas y en la institucionalización de sus demandas e ideas de transformación social. Los sistemas políticos clientelares y altamente jerarquizados son un verdadero techo de cristal para el avance del feminismo y de la transformación social más equitativa.

Los roles asignados en la sociedad y las prácticas están limitando a las mujeres. Sin embargo, tanto las mujeres como los hombres tienen conductas que replican y que se les han enseñado durante décadas. «Estos patrones de negación oscurecen la necesidad de un cambio fundamental» (Rhode, Deborah 1999, p. 240). Algunas mujeres y hombres están aceptando y reproduciendo prácticas de sociedades patriarcales. La única solución es hacer una ruptura con las estructuras patriarcales tradicionales y los prejuicios de género. Si las mujeres desempeñan el papel principal en la educación de los niños han sido y se convierten en el elemento clave en la rede-finición de las tradiciones, siendo parte de la solución a las prácticas de discriminación de género.

Las bañeras estructurales y sociales limitan la acumulación de este capital. Las limitaciones estructurales son impuestas por las diferencias en la educación y la independencia económica que existe entre hombres y mujeres. Mientras que las barreras sociales existen a causa de las actitudes y valores culturales relacionados con el papel de la mujer en la sociedad y las divisiones entre sus funciones públicas y privadas. Así, las mujeres y sus movimientos sociales se enfrentan directamente a la falta de independencia monetaria y a sus cortas carreras políticas, a su falta de antigüedad dentro de los movimientos y más aún dentro de los partidos, al acoso y todo tipo de vejaciones que se les presentan en el camino que tienen que recorrer para la construcción de su propio capital político y, en algunos casos, a la violencia doméstica que padecen.

La ausencia de una ciudadanía más culta ha dado lugar a lo que Robert Putnam (1970 llama una estratificación educativa de las élites políticas. Estas élites se tiran de manera desproporcionada de los trabajadores altamente calificados. Las personas con bajos niveles de educación son limitadas cuando se trata de participación política. Pierre Bourdieu (1979) explica que el capital cultural puede existir en tres formas: 1) como capital incorporado cultural; 2) como un capital objetivado cultural; y 3) como capital cultural institucionalizado. El primero, explica: «confiere un valor a su titular convencional, constante y legalmente garantizado por las actuales relaciones culturales» (p.5). La ausencia de una población más uniformemente educada, como sugiere Bourdieu, ha llevado a la transmisión discontinua y a la pobre acumulación de capital cultural; en muchos sentidos ha ayudado a perpetuar las desigualdades sociales y de género. Esto, de ninguna manera implica que todas las personas con poca educación o empobrecidas no participen. Sin embargo, estas condiciones de vida contribuyen a facilitar las relaciones clientelistas. La participación observada en estas circunstancias podría ser contraria a los principios fundamentales de la democracia, tales como la responsabilidad, la transparencia y la naturaleza de la democracia representativa en sí misma.

Sistema de cuidados y profundización democrática

Por todo ello, avanzar hacia la constitución de sistemas nacionales de cuidados le otorga por lo menos un doble sentido a la democratización. Por un lado, se busca ampliar la capacidad redistributiva y de mejoramiento general de las condiciones de vida y la liberación (así sea parcial) de las pesadas cargas que ello impone sobre las mujeres. Por el otro, les transfiere las condiciones materiales para el ejercicio público y participativo de sus capacidades de transformación social, otorgando mucha más fuerza y consistencia a los movimientos sociales, la cooperación y la construcción de sociedades más igualitarias.

Así, la profundización democrática en este doble sentido y con el ejercicio pleno de ciudadanía para las mujeres está a la mano de los gobiernos que puedan avanzar hacia reformas económicas pos neoliberales, retirando la imposición de los presupuestos equilibrados y volviendo a volúmenes de gasto público, especialmente de gasto social y de inversiones crecientes. No importa qué tanto se han venido multiplicando las necesidades de cuidados no sólo de infantes, enfermos y discapacitados, sino también las derivadas del envejecimiento de la población, todas ellas son perfectamente financiables y constituyen un espacio económico fundamental para el desarrollo.

La provisión de cuidados ha recaído tradicionalmente sobre la familia y especialmente sobre las mujeres; pero con familias más pequeñas y mujeres incorporadas al trabajo fuera de casa, cuidar de otros requiere de un cambio fundamental, tanto en la conceptuali-zación del problema como en la construcción de las soluciones. Es preciso reconocer las especificidades de cada sociedad y cultura, planteándose las muy diferentes condiciones de dependencia para construir un sistema nacional que reconozca todas las situaciones.

Avanzar en la institucionalización implica realmente darle un sentido de realidad a los logros de los movimientos sociales. Pero ello no podrá hacerse bajo la égida del programa neoliberal impuesto como gobierno económico. Veamos por ejemplo, el caso de España, en donde en el año 2006 se aprobó la Ley para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la cual, las características señaladas en su título son reconocidas como derecho ciudadano. Para ello se creó el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que plantea ofrecer servicios de tele-asistencia, ayuda a domicilio, atención a las necesidades del hogar y cuidados personales. Además, la creación de centros de día para mayores e incluso para menores de 65 años discapacitados, servicios de atención residencial, entre otros. También se plantea la necesidad de formación especializada de personal, apoyo técnico o dotación de instrumentos necesarios para el cuidado y más. Para menores de tres años, el SAAD incluye las ayudas a domicilio y prestaciones económicas.

La ley fue discutida durante más de dos años, enfocándose tanto en las personas con necesidad de cuidados como en sus familias. Esta ley junto a otras tres constituyen los cuatro pilares del desa-nollo social en España: el derecho universal a la educación (Ley Orgánica del Derecho a la Educación [LODE] 1985), el derecho universal a la salud (Ley General de Sanidad 1986) y el derecho universal a las pensiones (Ley General de la Seguridad Social 1990), todas ellas alcanzadas bajo gobiernos socialistas. De hecho, España optó por el modelo de protección a las personas en situación de dependencia más avanzado en el ámbito de la Unión Europea, el modelo de protección universal. No se avanzó por el camino del modelo asistencial, que dirigido a las personas sin recursos es un retroceso frente a la universalización de los derechos sociales. De esta manera, el criterio para ejercer el derecho a los cuidados no son los recursos o la posición económica de la persona, sino la necesidad de cuidados. Tampoco se optó por el modelo de protección a través del sistema de seguridad social, basado en las cotizaciones que alguna parte de la población efectúa durante su vida laboral, pues cubren solamente una parte de la población y una parte de los cuidados. Dependiendo de la situación demográfica y social del país, este modelo universal representa un costo de entre el 1,3 y máximo el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el modelo incorporado a la seguridad social basado en cotizaciones no llega al 1% del PIB y el asistencialista está aún mucho más abajo.

Es importante también señalar que los estudios elaborados antes de la aprobación de esta ley española preveían que su plena vigencia involucraría crear unos trescientos mil empleos. Sin embargo, muy pocos meses después de la aprobación de la ley, los compromisos de ajuste del gasto público y de estabilización con los mercados financieros han frenado y en realidad paralizado y desechado este avance social tan importante.

El derecho al pleno empleo de hombres y mujeres, la ética de la transformación social pos neoliberal

En sus análisis sobre el capitalismo contemporáneo realizados a mediados del siglo XX, Karl Polanyi (1989; 2008) considera que el trabajo es sólo otro nombre de la actividad humana y en ese sentido es parte de la vida misma, es inseparable de la vida. En esa medida, el derecho al trabajo es parte de los derechos humanos fundamentales y son las instituciones del Estado la contraparte primordial para el ejercicio de ese derecho.

En el capitalismo una fracción de las actividades de la vida de los seres humanos se vende por un salario y ello lo convierte en empleo. Ese fragmento de la vida convertido en empleo pone en marcha la producción capitalista. Muchos otros fragmentos de las actividades humanas, tan útiles al bienestar, no tienen ese estatus pues no son contratados ni se recibe un salario por ellos. Los bienes y servicios que se producen en esas actividades no tienen mercado ni producen una ganancia. Muchas de esas actividades humanas que no son contratadas y que no reciben salario son llevadas a cabo por las mujeres.

La fracción de la actividad humana convertida en trabajo asalariado es fundamental para la existencia misma del capitalismo; aunque ahora a consecuencia de la gran crisis, muchas empresas están reduciendo el número de sus trabajadores empleados, así como su inversión y expectativas de crecimiento. Desde mucho tiempo atrás, sabemos que el capitalismo en su funcionamiento normal produce desigualdad y desempleo; aspectos señalados en los años treinta por John Keynes (1992) y más adelante también por Ryan Dodd (2007), como los dos grandes defectos del sistema capitalista.

La desigualdad en sus muy diferentes expresiones económicas, sociales, políticas, raciales y de género ha alcanzado en diferentes momentos niveles intolerables que obstaculizan una y otra vez la expansión capitalista. Más aún, el desempleo, además de las graves consecuencias económicas, tiene también repercusiones sobre cada una de sus víctimas, de sus familias y comunidades. Asimismo, tiene efectos sobre toda la vida social de las ciudades, de los países e incluso en nuestros días tiene un carácter global.

En realidad, muchas de las actividades humanas no incluidas como empleo son soporte fundamental para la vida misma. El reconocerlas e incorporarlas como parte fundamental para la reproducción de la vida es indispensable para avanzar en la construcción de una sociedad pos neoliberal. En otras palabras, estamos hablando de enfrentar la enorme contradicción que representa un sistema económico incapaz de incorporar al empleo a todos los seres humanos, mientras aún permanecen tantas necesidades humanas insatisfechas.

Crear y reconocer el trabajo como empleo creativo, inclusive su integración a la producción de bienes y servicios fuera del espacio económico del capital (puesto que no producen una rentabilidad de manera directa), es indispensable en la ruptura del modelo capitalista neoliberal y patriarcal de nuestros días. Ello requiere incluso, visibilizar todas esas actividades humanas necesarias para la vida, especialmente aquellas que en nuestra época tiene sentido socializar, muchas de las cuales además han estado tradicional-mente a cargo de las mujeres. Esto no necesariamente significa convertir dichas actividades en mercancías, por el contrario podría por ejemplo crearse un sistema integrado de cuidados.

El modelo neoliberal sustentado en el imaginario de que la sola acción de las empresas y del capital privado puede darle viabilidad, es una idea probadamente equivocada. El mundo capitalista del neoliberalismo ha venido paulatinamente destruyendo muchas de las capacidades institucionales de los Estados nacionales, especialmente aquellas que posibilitaron la creación de redes de protección laboral y social, muchas veces pobres e insuficientes. No se trata solamente del desmantelamiento del llamado Estado-benefactor o estado de bienestar, sino de todo el sistema estatal de conservación y reproducción de la fuerza de trabajo. Además, también se ha reducido la capacidad de los gobiernos para impartir justicia y garantizar la seguridad nacional y los derechos humanos fundamentales.

A lo anterior se suma el desmantelamiento de las prestaciones laborales, la intensificación de la jornada laboral, la reducción de los salarios y prestaciones, la flexibilización laboral y la degradación de todo el ambiente laboral. Todo ello cuestiona los lazos de solidaridad, identidad comunitaria y configuración de valores, modelos de vida y visión de futuro. Esto fortalece a la sociedad patriarcal, acrecienta la violencia de género y constriñe las ambiciones feministas de una sociedad más igualitaria.

Así, contener el poder de los conglomerados financieros globales que han impuesto las políticas de equilibrio presupuestal es fundamental para la construcción de un modelo pos neoliberal capaz de hacer realidad el derecho al trabajo y a la equidad. La lucha feminista ahora avanza buscando hacer realidad las utopías de equidad, pero su gran desafío es congregar sus mayores fuerzas políticas en la construcción de bases sólidas para una sociedad pos patriarcal.

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Profesora e investigadora del postgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.↵

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II. ANÁLISIS FEMINISTAS DE LAS POLÍTICAS Y EL CAMBIO

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MUJERES Y GENERO EN LAS POLÍTICAS SOCIALES LATINOAMERICANAS 

Alba Carasio[1]

Durante el período de industrialización en América Latina, que abarca -con diferencias entre países- desde 1930 a 1970, las políticas sociales tuvieron pretensión de universalización de la seguridad social, la educación y la salud. Sin embargo, los beneficios fuertemente relacionados con el ámbito urbano y el trabajo formal excluyeron a la mayor parte de la población, ocupada en el sector informal y la agricultura y a los sectores indígenas. Fueron precisamente los sectores más pobres los que permanecieron fuera de los beneficios sociales. Más adelante, con la aplicación de las políticas neoliberales de adelgazamiento del Estado, creció la precariedad laboral y la exclusión. Así, la población con acceso a seguridad, educación y salud se hizo más pequeña, la pobreza más aguda y la exclusión abarcó más personas.

En la etapa neoliberal, que comienza con las políticas de ajuste a partir de 1980, la política social fue entendida como una compensación de los “efectos no deseados” de la política macroeconómica. Su objetivo fue llegar -de manera específica- a los grupos más ca-renciados mediante políticas selectivas, para lograr una mayor eficiencia del gasto. Ésta constituye la orientación de focalización, que implica concentrar recursos hacia un “foco” o grupo específico de la población. Esta visión de la política social se propagó como una solución de tipo fiscal para reducir el gasto público. Otro lincamiento de este tipo de políticas sociales consistió en introducir mecanismos de mercado en el funcionamiento del sector público (cuasi-mercados), por lo que los programas pasaron a ser gestionados a través de instituciones privadas, tales como ONGs. A pesar de que el gasto social fue la principal variable de ajuste en la mayoría de las economías latinoamericanas de la época, las personas incluidas en el foco y los recursos fueron cada vez menores. Máxima expresión de esto fue la crisis de la seguridad social, caracterizada por la reducción de las coberturas, mayor desprotección de las mujeres y eliminación del principio rector de solidaridad.

Como resultado, en la última década del siglo xx, casi la mitad de la población latinoamericana y caribeña estaba en situación de pobreza; según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 48,4% en 1990 y 43,8% en 1999, no podían cubrir sus necesidades básicas. En contraste, hoy -marcando una tendencia sostenida- las actuales tasas de pobreza e indigencia son las más bajas observadas en las últimas tres décadas, 28,8% para el año 2012, según el informe de la CEPAL, Panorama social America Latina 2012.

En los primeros años del siglo xxi, las izquierdas latinoamericanas llegaron al poder en una situación social heredada del neo-liberalismo fracasado, caracterizada por desigualdades más pronunciadas, sociedades fracturadas, espacios públicos privatizados y desatendidos, pobres criminalizados y retroceso de derechos sociales. A lo que se agregaba la corrupción concebida por los vínculos entre el poder político y el poder económico, abuso de poder y desprestigio de los actores políticos tradicionales. Todo esto fue generando rechazo por una democracia representativa que mantenía importantes masas excluidas y fue dando lugar a la necesidad de renovar los mecanismos de participación, ampliando el camino hacia una democracia directa.

Objetivo prioritario de los gobiernos de la izquierda latinoamericana es ir saldando la deuda social del continente más desigual del planeta. Disminuir la desigualdad y generar calidad de vida para las mayorías excluidas son metas clásicas de las políticas de izquierda, así como también, establecer prioridades presupuestarias que favorezcan los principales gastos sociales e inversiones públicas en trabajo y el desanollo del mercado interno. La base está en un concepto de igualdad materialista que incluye igualdad de derechos y de condiciones, justicia social, equidad e igualdad sustantiva, reconocimiento de la diversidad o igualdad en la diferencia; todo lo cual implica un tratamiento preferencial para los grupos oprimidos.

Se trata de un concepto de igualdad que se enlaza con la noción de equidad, que alude a justicia y se relaciona con la reivindicación de la protección a los débiles/vulnerables. La base de la justicia distributiva, “el tratamiento desigual de los desiguales” para disminuir y eliminar brechas, aplica el criterio de la igualdad al servicio de la equidad. Se trata de una igualdad que no se queda en la declaración de derechos, sino que tiene en cuenta las condiciones para su ejercicio, es así, igualdad sustantiva. La política social tiene entonces como propósito la equidad, de manera tal que se concrete la justicia distributiva. Por eüo incluye políticas de acción positiva hacia colectivos más desaventajados.

En esta etapa de la izquierda en el poder se incluyen gobiernos donde confluyen partidos, movimientos, frentes y coaliciones en los que convergen diversas comentes políticas e ideológicas, que ocupan de manera estable, espacios institucionales en democracias más o menos burguesas y con mayores o menores grados de poder popular. En todo caso, todos coinciden en la preeminencia de lo social, de la inclusión y el combate a la pobreza, en la apelación al pueblo como protagonista y legitimador, así como en la reivindicación y profundización de la democracia y en la fortificación de la soberanía y la integración latinoamericana.

A partir de la llegada de la renovación de la izquierda en países de nuestra América, se producen cambios fundamentales, entre los que podemos señalar:

Recuperación del papel del Estado y lo público.

Apertura al protagonismo de sectores marginados.

Desarrollo de nuevos pactos sociales, impulsados en varios casos por nuevas constituciones, que se basan en el concepto de igualdad de derechos y condiciones y superan la visión de igualdad de oportunidades.

Estados y gobiernos más proclives a invertir en lo social y a utilizar mecanismos redistributivos.

Rejerarquización de la cuestión social, al considerarla una dimensión estratégica de la construcción de los consensos políticos y del proyecto de desanollo.

Irrupción decidida de políticas centradas en derechos con vocación universalista, como en los ámbitos de la salud, pensiones y jubilaciones.

Renovación de la preocupación por la desigualdad, manifestada en una focalización para la inclusión prioritaria de colectivos oprimidos para generar universalidad en el acceso a los bienes sociales.

El giro de perspectiva se evidencia en la mayor centralidad que adquiere el factor social en todos los aspectos de la política y del gobierno. Programas que combaten la pobreza, la exclusión, la vulnerabilidad y la desigualdad son concebidos como necesidad fundamental de la América Latina y el Caribe. El Estado recupera su preocupación y papel central en la búsqueda de soluciones a los problemas de desigualdad y bienestar. Se trata de combinar el combate contra la pobreza con el combate contra la desigualdad, promoviendo también la recuperación del sentimiento de comunidad social y la solidaridad como pilar de la protección social.

La política social orientada a la distribución justa de bienes públicos es central en el conjunto de políticas públicas. En la actualidad hay en América Latina una serie de experiencias e iniciativas emergentes que tratan no sólo de recuperar y resignificar las viejas políticas sociales, sino que buscan inventar muchas otras nuevas.

Políticas sociales y transferencias monetarias

El Estado tiene un rol insoslayable en definir las orientaciones estratégicas, políticas y normativas para garantizar que sea efectivo el ejercicio de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos de ciudadanos y ciudadanas. Como contraproyecto reactivo al paradigma neoliberal de los años noventa, los derechos sociales, de manera explícita, son fundamento de las políticas sociales actuales.

La política social incluye el conjunto de medidas que el Estado toma para mejorar la calidad de vida de la población y estructurar la sociedad de una forma más justa, equitativa y orientada por los paradigmas y objetivos que la sociedad se ha fijado, es decir, por el pacto social orientador. La política social es una estrategia para concretar un proyecto político de sociedad. Por otra parte, su orientación y programas no son solamente el efecto de necesidades más o menos reconocidas por el poder político, sino resultado de las luchas sociales y políticas de colectivos y movimientos organizados en las que subyace el conflicto de clase.

En el modelo neoliberal, la política social es un costo de los objetivos económicos y tiene un enfoque residual, da una compensación a quienes no logran acceder a un “mínimo” de satisfacción de sus necesidades. En el modelo de las izquierdas latinoamericanas actuales, el enfoque de las políticas sociales se basa en los derechos humanos económicos y sociales y en una visión más profunda de la igualdad y la equidad. Están orientadas además, por la responsabilidad colectiva para la construcción de sociedades con sentido de comunidad. Lo social ya no es solamente proveer de bienes y servicios, sino un campo de derechos colectivos e individuales legítimos, umversalmente reconocidos y garantizados, que se conesponden con necesidades humanas fundamentales, cuya realización plena es indispensable para la vida personal y la participación en la vida social.

Desde un enfoque de derechos, las políticas sociales se dirigen a ciudadanas y ciudadanos titulares de derechos que generan obligaciones al Estado. De allí que en muchos casos se desarrolle una nueva institucionalidad pública para hacer más efectiva la prioriza-ción de lo social y dar un carácter integral a sus políticas. Lo más importante es subrayar que la nueva concepción de política social abandona el enfoque compensatorio o subsidiario. Esto es esencial para la integración social, pues implica la necesidad de eliminar realmente la pobreza y la desigualdad.

La perspectiva de derechos y la búsqueda de igualdad de condiciones como orientaciones de la política social permiten romper el falso dilema de universalidad versus focalización. Hay que reconocer que para lograr una protección efectiva de la población vulnerable o que vive en extrema pobreza no es suficiente el crecimiento económico ni la generación de servicios públicos. En América Latina y el Caribe el problema está en que los bienes sociales públicos de salud y educación no llegan a los sectores más vulnerables. Por el contrario, quienes más se han beneficiado en el pasado (por ejemplo, de la educación pública) son las capas medias y altas. La noción de exclusión hace referencia al conjunto de personas que no logran participar en los bienes sociales[2]. En este contexto, la focalización o selectividad puede ser una henamienta que contribuya a la universalización. Sin universalidad la política social no será derecho de toda la población ni se garantizará la igualdad; igualdad; y sin aplicación focal no atenderá las condiciones de pobreza y exclusión que impiden la universalidad.

En esta perspectiva se han venido desabollando políticas sociales que tienen en los programas de transferencias monetarias, un instrumento fundamental. Su principal novedad estriba en la movilización de recursos a gran escala, en función de una lógica redistributiva, en cumplimiento de la exigibilidad de derechos de ciudadanía y con objetivos de integración social.

Las transferencias monetarias (TM) son entregas periódicas de recursos a hogares en situación de pobreza extrema[3]. Estos sectores son calificados como receptores, de acuerdo a parámetros previamente establecidos, a los cuales a su vez se les exige el cumplimiento de algunas acciones específicas para mantenerse dentro del programa. La forma tradicional con que se ha denominado estos programas tiende a resaltar las transferencias monetarias en efectivo y las condicionalidades como los elementos que los caracterizan. Aunque también, frecuentemente y de manera creciente, hay transferencias en especie y otras prestaciones como apoyos familiares, programas de capacitación, etc. En estos casos la forma de pago adopta distintas modalidades, siendo el efectivo sólo una de ellas (Madariaga, Aldo 2009, p.12). Además, todos estos programas coinciden en un objetivo prioritario: atender a la niñez para interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza. Son asimismo, en su mayoría, vehiculizados a través de las mujeres madres y cuidadoras, quienes reciben la entrega de recursos y tienen la responsabilidad de cumplir con las condiciones exigidas.

Las TM surgieron en América Latina como respuestas inmediatas a la acuciante situación de miseria; pero también han sido hena-mientas innovadoras de protección social, inclusión e integración, necesarias para la reestructuración de la convivencia. Combinan el objetivo a corto plazo de alivio de la pobreza con incentivos para que las familias aumenten su formación y potencialidades. Sus mecanismos son:

a) Transferencias en efectivo que permiten un aumento de ingresos.

b) Condicionamiento al uso de ciertos servicios públicos que impulsan la educación y la salud.

A pesar de su diversidad, además, todos los programas comparten ciertos elementos: se dirigen a familias pobres o extremamente pobres, con niños/as y adolescentes; y exigen contrapartidas o condicionalidades establecidas.

Estos programas conviven con políticas de perfil universal que constituyen el núcleo central de las políticas sociales, intentando acoplar las entregas monetarias con las políticas educativas, de salud y vivienda y de habitat.

Las TM, también conocidas como Transferencias monetarias condicionadas (TMC), Transferencias condicionadas de ingresos (TCI), Programas de transferencias condicionadas de ingreso (PTC) o Transferencias con corresponsabilidad, son actualmente piedra angular de la política social en la mayoría de los países de América Latina (Programa de las Naciones Unidas para el Desanollo 2010a). Se han impuesto como la principal forma de intervención de los gobiernos para atender a la población en situación de pobreza, mediante la garantía/entrega de cierto nivel básico de ingresos monetarios. Más de 100 millones de personas de 18 países latinoamericanos y caribeños reciben transferencias monetarias; alcanza el 19% de la población regional.

Las TM incrementan el ingreso familiar para reducir la extrema pobreza y aumentar la capacidad de consumo de bienes básicos. La condicionalidad busca incrementar el potencial humano y disminuir la reproducción intergeneracional de la pobreza, obligando a la atención de la niñez, en salud y educación. Los programas de transferencias actuales transcienden el enfoque impuesto por los organismos multilaterales de política social como política contra la pobreza, y enfatizan el tema de la desigualdad en las condiciones de vida y desanollo personal. De particular importancia es el hecho de concebir la política social como parte constitutiva e integral de los proyectos político-económicos y no simplemente otorgándole una función subsidiaria (Estrada, Jairo 2012). Los Estados latinoamericanos de esta nueva época se proponen saldar la deuda social construyendo un imaginario social de derechos y de igualdad real con justicia.

En este tipo de programas hay implícito un conjunto de ideas acerca del papel que debe tener el Estado en la reducción de la pobreza y en la generación de una mejor distribución de la riqueza y el bienestar. El Estado debe actuar de manera muy clara para disminuir la desigualdad y mejorar el nivel de vida de las y los empobrecidos. Investigadores como Christian Adel Mirza (2007) consideran las TM como parte fundamental de una nueva matriz de bienestar.

Los programas de transferencia comenzaron en Brasil en el año 1995, en experiencias descentralizadas a nivel municipal y provincial. En 1997, estaban presentes en dos países, Brasil y México. En la actualidad, hay programas de transferencia monetaria en 18 países. Se han aumentado los montos de las transferencias, se ha incrementado su cobertura y su alcance geográfico y en muchos casos, se ha asegurado su institucionalización dentro de la política social de cada país. En un principio, como mecanismos de compensación ante las consecuencias de los ajustes neoliberales, fueron impulsados por organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desanollo (BID). Con la llegada de gobiernos democráticos de izquierda y los nuevos conceptos sobre la función de los Estados en América Latina, las TM se han extendido hasta constituir en algunos países, el centro de la política social. La idea inspiradora es el esfuerzo por reinsertar a los sectores excluidos: no se trata de personas asistidas, sino de miembros iguales de la sociedad a quienes se les proporciona una palanca de apoyo. De esta manera, se asume el rol regulador y activo del Estado para garantizar acceso igualitario a los bienes públicos.

En la Segunda reunión de Ministros y Altas Autoridades de desarrollo social (OEA 2010), realizada en Cali, Martín Hopenhayn, Director de la División de Desanollo Social de la CEPAL, recomendaba, ante la posibilidad de impacto en América Latina de la crisis europea y norteamericana: 1) sostener los niveles de gasto social, reforzando la asistencia social a grupos vulnerables a la crisis; 2) sostener créditos a PyMES y microempresas; 3) desanollar programas de inversión pública en infraestructura; y 4) fortalecer financiamiento, cobertura e institucionalidad de los programas de transferencias.

Las TM no excluyen el mejoramiento y universalización de los servicios, por el contrario, dependen para su eficacia, de la existencia de servicios públicos accesibles, universales y de calidad. Ninguna renta distribuida a las y los más pobres, por más alta que sea, sería capaz de proveer el mínimo de bienes y acceso a servicios básicos necesarios para salir de su condición de pobreza y de exclusión social, si se diera en un contexto de mercantilización y privatización.

Entre los objetivos del nuevo rol del Estado en materia social está la redistribución directa de ingresos desde sistemas no contributivos para construir un sistema básico de ingresos parciales garantizados (infancia, familia, adulto mayor y activos desempleados formales e informales). Si bien la fábrica de la desigualdad en América Latina se encuentra en su estructura económica profunda, mientras se van logrando cambios en esta estructura, se debe moderar la forma en que se generan las desigualdades. Los programas apuntan a la reconstrucción de capacidades de los sectores sociales más vulnerables y a generar políticas de superación definitiva de la pobreza y la indigencia.

Caracterización de los programas de transferencias monetarias

Todos los programas que actualmente se desanollan en nuestra América, parten del reconocimiento de que para lograr una protección efectiva de la población vulnerable o que vive en extrema pobreza no es suficiente el crecimiento económico y las políticas sectoriales generales, sino que es fundamental complementar éstas con esfuerzos focalizados. Este foco está puesto en superar la situación de extrema pobreza, potenciando el desanollo humano y extendiendo la protección social hacia quienes están en condiciones de vulnerabilidad. Se trata de poner en práctica los derechos económicos y sociales, es decir, derecho a gozar de cierto nivel mínimo de vida, de bienestar y de seguridad económica, definidos a partir de los estándares prevalecientes en cada sociedad.

Se incluye a continuación un resumen de los principales programas de transferencia monetaria en nuestra región:

Argentina

Asignación universal por hijo o hija. Se otorga a familias con hijos/ as menores de 18 años y/o mujeres embarazadas que se encuentren desocupados/as o se desempeñen en la economía informal. Así como también a empleada/os del hogar con ingresos menor al salario mínimo. La asignación para los hijos/as con discapacidad no tiene límites etarios. Se pueden acumular hasta cinco asignaciones. La conesponsabilidad de las familias incluye la asistencia escolar para niños/as de 5 a 18 años y esquema de vacunación completo. Las embarazadas deben presentar esquema de vacunación y controles médicos completos acreditados en tarjeta de seguimiento del embarazo. Los receptores son padre, madre, tutor o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad. Cobertura actual: aproximadamente cuatro millones de niños/as y adolescentes.

Bolivia

Bono Juancito Pinto. Asignación a los cursantes hasta octavo grado, con límite de edad de 18 años. Los receptores son madre, padre o tutor. Cobertura actual: 1,9 millones de niños/as y adolescentes.

Renta dignidad. Forma parte de la seguridad social no contributiva, es vitalicia, mayores de sesenta años. Cobertura: aproximadamente un millón de adultos mayores.

Bono Juana Azurduy. Embarazadas y niños/as menores de dos años. La conesponsabilidad consiste en asistir a los controles prenatales conespondientes en el centro de salud asignado, según cronograma entregado al momento de la inscripción, y asistir a las sesiones y actividades educativas. Cobertura: aproximadamente 590 mil madres.

Brasil

Bolsa familia. Los grupos beneficiarios son las familias pobres y las familias que viven en la pobreza extrema, cuyos ingresos mensuales no exceden de los sesenta reales brasileños. Los niveles de las prestaciones diferenciales varían, dependiendo de los ingresos y de la composición de los hogares. Para beneficiarse de la transferencia de fondos, la familia debe respetar las condiciones establecidas en materia de desarrollo humano: educación, supervisión nutricional, vacunación y utilización de servicios sociales complementarios. Las receptoras son las mujeres amas de casa y madres. Cobertura actual: 11 millones de familias, es decir, 46 millones de personas.

Chile

Chile solidario. Asignación social de ingreso ético. El bono consiste en una asignación mensual que se paga a través del Instituto de Previsión Social (IPS). Contiene un componente de base mensual e incrementos por el cumplimiento de condicionantes, cuando corresponda. Corresponsabilidad: asistencia escolar, control médico de niños menores de 6 años e incorporación al trabajo remunerado de las mujeres mayores de 18 años. Cobertura: 130 mil familias.

Colombia

Más familias en acción. Aporte estatal en dinero a las familias con hijos menores con conesponsabilidad por la educación, asistencia escolar, esquemas de vacunación y nutrición. Cobertura: aproximadamente 2,3 millones de familias.

Costa Rica

Avancemos. Aporte estatal a las familias con hijos entre doce y diecinueve años para apoyar su permanencia en el sistema escolar. La conesponsabilidad implica estar matriculado en la educación pública de secundaria formal. Son receptores las madres o tutores de las y los menores. Cobertura: 185 mil adolescentes.

Bienestar familiar. Incentivo de ayuda económica para la atención de necesidades básicas, la atención y fortalecimiento personal de los miembros de las familias, principalmente las mujeres, y la atención, protección y desarrollo de niños/as y adolescentes. Cobertura: 18 mil familias.

Ecuador

Bono de desarrollo humano. Lo reciben familias pobres, adultos mayores que no han tenido acceso a la seguridad social contributiva y personas con discapacidad. Exige a sus beneficiarios incorporar a sus hijos al sistema educativo y realizar los programas sanitarios preventivos. Cobertura actual: aproximadamente dos millones de ciudadanos, de los cuales 1,3 millones son mujeres cabezas de familia, 600 mil son adultos mayores y 115 mil son personas con discapacidad.

El Salvador

Comunidades solidarias. Tienen dimensión urbana y rural. Están dirigidas a solventar las necesidades de educación de niños/as que no hayan finalizado sus estudios de sexto grado, ofrecer atención en salud para infantes menores de cinco años y mujeres embarazadas, y otorgar pensiones no contributivas para adultos mayores. Cobertura: aproximadamente, 24 mil familias.

Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI). Entrega de ayuda económica para capacitación y participación en un proyecto comunitario durante seis meses. Dos tercios de las beneficiarías son mujeres jefas de hogar.

Guatemala

Mi bono seguro. Apoyo económico a familias pobres para adquirir alimentos, ropa y útiles escolares, principalmente. Las conespon-sabilidades deben cumplirse en salud, nutrición, educación y con asistencia a los procesos de capacitación, cuando se les convoque. Cobertura: 776 mil beneficiarias/os. (Este programa actualmente está en evaluación y reestructuración).

Honduras

Bono 10 mil. Apoyo económico para las madres. Conesponsabili-dades: a) matricular y mantener a sus hijos en la escuela pública; y b) asistir a los controles médicos cuando estén embarazadas, con hijos lactantes o menores de cinco años. Cobertura: 350 mil hogares.

México

Oportunidades. Proporciona apoyos monetarios a los hogares que tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo, con integrantes menores de 22 años, mujeres en edad reproductiva y adultos mayores de 70 años. Las conesponsabilidades comprenden la permanencia escolar de las y los menores, la asistencia a las citas de salud programadas y a las capacitaciones para el autocuidado. Cobertura: 5,8 millones de familias. (Este programa está actualmente en reestructuración).

Nicaragua

Bono Productivo Alimentario (BPA). Forma parte del Programa Productivo Alimentario, que es parte, a su vez, del Programa Hambre Cero. El BPA consiste en dos mil dólares entregados en especie (vacas, cerdos, aves de conal, semillas de hortalizas, legumbres y granos básicos, materiales para acopiar la cosecha, alambres de púas, etc.) a cada familia campesina que cumpla con una serie de requisitos para la viabilización productiva del beneficio que se le otorga. El crédito se entrega únicamente a las mujeres como responsables de su manejo a nivel familiar, y se devuelve en especie la misma cantidad de productos entregados. Cobertura: más de 100 mil familias.

Usura cero. Consiste en la entrega de 250 dólares por persona, a colectivos formados por cinco mujeres cada uno, para proyectos productivos, industriales y comerciales con el objetivo de mitigar el desempleo y empoderar económicamente a los sectores populares. Tan sólo en su primer año de aplicación, se beneficiaron más de 70 mil mujeres, que representan aproximadamente el 20% del total de las que necesitan acceder a este programa.

Panamá

Red de oportunidades. Aporte mensual entregado a las jefas del hogar de las familias en situación de pobreza extrema, para que sea invertido en la satisfacción de las necesidades primarias. Co-nesponsabilidades: utilizar y aprovechar de manera sostenida los servicios de salud, educación y desanollo de capacidades; escola-rizar a los niños/as entre 4 y 17 años, en educación básica general (preescolar, primaria, pre-media y media); y cumplir con las citas en las unidades de atención básica para controles prenatales y controles de salud infantil. Cobertura: 75 mil hogares.

Programa “100para los 70″. Aporte mensual a las y los adultos mayores que no gozan de pensiones contributivas. Cobertura: 86 mil pensionados.

Beca universal. Beca anual de 180 dólares a los estudiantes inscritos en escuelas públicas.

Paraguay

Tekoporá. Es un programa de trasnferencia monetaria con corresponsabilidades en el que se entrega un monto de dinero (200 mil guaraníes/45 dólares, en promedio por familia) a cambio de que niños/as y adolescentes permanezcan en la escuela y cumplan con el esquema de vacunación obligatorio, y de que las mujeres embarazadas asistan a los controles prenatales obligatorios. Cobertura: 120 mil familias.

Pensión alimentaria. Adultos mayores en situación de pobreza. Cobertura: 32 mil pensionados.

Perú

Juntos. Transferencias monetarias directas a familias que afrontan situaciones de pobreza o pobreza extrema, rural y urbana, en cuya composición existen gestantes, niños/as y adolescentes hasta los 19 años. Cobertura: aproximadamente 650 mil hogares.

República Dominicana

Programa solidaridad. Está dirigido a familias en extrema pobreza. Se basa en un sistema de corresponsabilidades mediante el cual el gobierno dominicano asume el compromiso de otorgar un apoyo económico destinado a la compra de alimentos y otros insumos básicos, medicinas y útiles escolares; mientras que por su parte, los hogares beneficiarios deben cumplir con las acciones de salud, educación y capacitación con las que se han comprometido: plan de vacunación y controles médicos de los niños/as y asistencia completa a una escuela pública para aquellos en edad escolar. Cobertura: 600 mil hogares.

Uruguay

Tarjeta Uruguay social. El objetivo principal es permitir que las personas más desprotegidas accedan a la selección y compra directa de los productos de la canasta básica, de acuerdo a sus necesidades y a las características de su núcleo familiar. Según la cantidad de menores de 18 años o embarazadas que vivan en el hogar es el monto que se transfiere a la tarjeta. Cobertura: aproximadamente 270 mil personas en 78 mil hogares.

Asignaciones familiares. Prestación económica a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Las condiciones para los beneficiarios son: cursar la enseñanza formal y atender su salud.

Venezuela

Misiones sociales. Son políticas sociales que iniciaron en julio de 2003 como formas alternativas de gestión pública. Significan un impulso extraordinario sobre determinada área de necesidad. En ellas se incluyen, entre otras: Banio Adentro I, II y III (Salud), Negra Hipólita (personas en situación de calle), Vuelvan caras y Che Guevara (apoyo a economía social popular), Alimentación (casas de alimentación y mercados a bajo costo), Saber y trabajo (apoyo productivo tecnológico), Vivienda y habitat (construcción de viviendas populares).

Misiones educativas. Becas incentivos para adultos que cursan los programas de alfabetización y primaria (Robinson I y Robinson II), educación secundaria (Ribas) y universitaria (Sucre).

Misión madres del barrio “Josefa Joaquina Sánchez”. Asignación económica a amas de casa en situación de necesidad, cuya familia percibe ingresos menores al costo de la canasta alimentaria.

Misión hijos e hijas de Venezuela. Ayudas económicas a familias con hijos menores de 17 años y a mujeres embarazadas. Cobertura: 324 mil familias aproximadamente[4].

Misión en amor mayor. Pensiones no contributivas a adultos mayores en situación de pobreza. Cobertura: 320 mil pensionados.

En contra de estos programas se ha argumentado que la entrega de ingresos no derivados del trabajo surte un efecto negativo en la predisposición de las personas a insertarse económicamente en el mercado. Este argumento es equivocado por diversas razones, en especial porque:

a)     El análisis estadístico ha mostrado cómo la expansión de estas modalidades no contributivas ha ido acompañado por un aumento de las tasas de actividad de los sectores beneficiarios.

b) Estamos en una región donde más de un tercio de la población no accede a ingresos suficientes para sobrevivir, por lo que no es conecto plantear que la falta de aseguramiento ante la vulnerabilidad se justifica por cuestión de incentivos. Resulta completamente inhumano considerar que la miseria de algunos puede actuar como incentivo.

c)     El apoyo económico sirve de plataforma inicial para la inserción y la inclusión social, de manera que actúa como viabilizador de desanollos personales, que incluyen educación y trabajo.

Los programas de transferencias se acercan a la renta básica universal (RB) o ingreso ciudadano (IC) como derecho de ciudadanía. La diferencia está en que no son universales, sino que se dirigen a los sectores pobres para garantizar su subsistencia, por encima del nivel de pobreza. En este sentido, hay suficientes razones para defender un sistema básico de ingresos parciales garantizados:

Se vela por la igualdad de derechos sociales concernientes a la ciudadanía: se trata del derecho humano a una vida digna.

Crear igualdad de hecho sólo es concebible desde las instituciones.

Para garantizar la igualdad es necesario un trato diferenciado, en atención precisamente a una desigualdad de hecho que debe ser superada.

En términos prácticos, y más aún en términos éticos, evitar el colapso de las economías de los hogares es tan necesario como evitar el colapso de los sistemas financieros (al subsidiar sus inefi-ciencias).

Los sistemas básicos de garantía de ingresos constituyen mecanismos para sostener la demanda interna en contextos adversos.

Es necesario minimizar la permanencia en la pobreza de los hogares con hijos menores e impulsar la formación de capacidades humanas, en una región en plena transición demográfica.

Se trata de invertir en generaciones futuras más productivas y en sociedades más igualitarias.

Por otra parte, las TM contribuyen de manera decisiva a la des-mercantilización de la política social. La transferencia de renta eleva el grado de cobertura ante los riesgos básicos y primarios que enfrentan las familias más vulnerables, generando más autonomía. La conjunción de todas las intervenciones públicas (transferencias monetarias, programas alimentarios, planes educativos, formación y recalificación para el empleo, vivienda social subsidiada, entre otros), dirigidas a los sectores sociales en situación de pobreza y extrema pobreza apuntan a desmercantilizar la provisión mínima de satisfactores de las necesidades humanas básicas. Permiten asimismo, tener un piso básico de bienestar y calidad de vida, que a su vez (pensamos) va viabilizando el buen vivir sumac kaivsay (en kichwa) o suma qamaña (en aymara), ya que son políticas para la equidad y la igualdad social, base de la convivencia.

Las TM elevan el grado de cobertura ante los riesgos básicos y primarios que enfrentan las familias más vulnerables. Al mismo tiempo sus beneficiarios encuentran más autonomía que la que tenían antes de ser incluidos en los programas. Se suaviza así la presión por la sobrevivencia de las familias, que aún siguen siendo el primer resguardo y protección de los individuos.

Todos estos programas incluyen además de las transferencias monetarias, un conjunto de acciones que buscan estimular las capacidades básicas y fortalecer el desanollo humano, como charlas y talleres destinados a suministrar información y orientación general en una variedad bastante amplia de temas; de hecho, el fortalecimiento de las capacidades constituye parte de la condicionalidad de los programas (Cecchini, Simone y Madariaga, Aldo 2011).

Algunos programas incluyen apoyo psicosocial para abordar aspectos asociados a la integración, referidos a la dinámica familiar.

La organización comunitaria resultante de la incorporación a estos programas, en varios casos provee acciones y servicios que cubren necesidades: por ejemplo, organización para la construcción de viviendas en Venezuela y organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad de Buenos Aires dirigidas al cuidado a niños en edad preescolar[5], por mencionar solamente dos.

Uno de los grandes dilemas que enfrenta la política social en América Latina es hacer llegar los beneficios de la seguridad social a los más pobres, los que quedaron excluidos del estado de bienestar. Otros programas de transferencias con cobertura supuestamente universal tampoco benefician a los más pobres. En especial ocune con los subsidios generalizados a alimentos, electricidad, transporte público y medicinas, por mencionar algunos.

La CEPAL ha llamado a fortalecer los sistemas de protección social de cara a las obligaciones que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los programas de transferencias monetarias son relevantes en la construcción de sistemas integrales de protección en cuanto pueden contribuir a garantizar pisos mínimos de ingreso y conectar a la población más pobre y vulnerable, tradicionalmente excluida, con la oferta de políticas y servicios sociales. Constituyen uno de los diversos instrumentos de protección social no contributiva que disponen los Estados para reducir la pobreza. Se consideran una innovación exitosa en el ámbito de la protección social.

Simone Cecchini y Aldo Madariaga (2011), en un informe realizado para la CEPAL aseguran que las transferencias de ingresos, si son constantes en el tiempo, proveen un piso básico de protección para las personas en situación de pobreza: les garantizan a estas personas inserción en el mercado laboral, permitiéndoles alcanzar mejores posiciones y mejores salarios. Aun en los países con sistemas posiciones y mejores salarios. Aun en los países con sistemas de protección social más desabollados, programas focalizados continúan siendo imprescindibles para la protección social de la población, especialmente en el contexto de altos niveles de informalidad. Las TM tienen la ventaja de ir efectivamente al encuentro de los riesgos de la población, ya que concentran su cobertura en los hogares con niños/as, adolescentes y jóvenes, priorizan aquellos hogares pobres con jefatura femenina y se focalizan adecuadamente en la población inactiva y desempleada. En algunos países contribuyen a facilitar el acceso a servicios sociales a la población con mayores carencias. Sin embargo, no debe perderse de vista que estos programas no reemplazan las funciones que corresponden a otros instrumentos y que su efectividad depende, en buena medida, de la presencia de sólidos sistemas universales de salud y educación (Cecchini, Simone y Madriaga, Aldo 2011). El fortalecimiento de la oferta de estos servicios continúa siendo una necesidad prioritaria en la región.

Mujeres y perspectiva de género en las transferencias monetarias

Estudios realizados en la región (Rodríguez, Corina 2011) ofrecen una importante evidencia acerca de la manera cómo la pobreza genera mayores vulnerabilidades y exclusiones entre las mujeres y sus familias; así como de las menores oportunidades que tienen las mujeres pobres en comparación con los hombres pobres, para superar los obstáculos de la pobreza. Desde este punto de vista relacional, lo que interesa es entender que la exclusión inhabilita, es decir, produce incapacidad para hacer cosas que uno, razonablemente como persona, puede o quiere hacer (Montano, Sonia 2003).

Las mujeres en América Latina y el Caribe están en una alta situación de vulnerabilidad, exclusión y pobreza. Algunos datos importantes son:

La gran cantidad de tiempo destinado por las mujeres a las labores domésticas y de cuidado, sumado a la baja participación de los hombres en estas actividades, aumentan la carga de trabajo total de las mujeres, limitan sus posibilidades de participar en otros espacios, reducen su capacidad de generar ingresos propios y afectan su bienestar.

La inserción laboral de las mujeres es sumamente estratificada. Las mujeres pobres tienen muchas menos oportunidades que las de los estratos superiores.

Las mujeres en edades reproductivas incrementan notoriamente su carga de trabajo no remunerado, especialmente las más pobres. Esto inhibe su participación en el mercado laboral.

Las mujeres son mayoría en los segmentos más precarios del mercado laboral, 14% son trabajadoras domésticas remuneradas. Esta es la ocupación numéricamente más importante para las mujeres latinoamericanas (OIT 2012).

Hay grandes brechas de género en el empleo y en las remuneraciones entre hombres y mujeres, especialmente en las ocupaciones con menor grado de formación.

Sólo un 15% de las mujeres y un 25% de los hombres entre 15 y 65 años están afiliados a la seguridad social, agravando la precariedad de la población que vive en condición de pobreza.

Los hogares de madres solas han ido en aumento dede comienzos de los años noventa. Alcanzan hasta un 30% promedio en América Latina y el Caribe. En estos hogares el ingreso de las mujeres suele ser el único y es sólo aproximadamente el 60% del ingreso masculino. Por ello, los hogares con jefatura femenina están más lejos de poder satisfacer sus necesidades básicas (Milosavlje-vic, Vivian 2007).

Las mujeres (en realidad las madres) ocupan un lugar central dentro de estos programas, que en su mayoría las ubica como titulares de las transferencias con el objetivo de garantizar el cuidado de niños y niñas. Se asigna un papel central a las madres de familia, que no sólo administran primariamente las transferencias, sino que también son responsables del cumplimiento de las contraprestaciones. Estos programas han puesto el género en el centro del debate sobre la política social, y a las mujeres como mediadoras entre el Estado y la Sociedad. El tema de los cuidados y la visión de corresponsabilidad constituyen una base para el análisis de estas políticas y la ubicación y perspectivas de las mujeres dentro de ellas.

Las transferencias se entregan a las madres porque éstas se consideran mejores administradoras de los recursos del hogar. Los cuidados y el papel de las mujeres como principales cuidadoras están, por lo tanto, en el centro del diseño de estos programas. Por eso, los programas de transferencias monetarias condicionadas están necesaria y directamente vinculados a las relaciones sociales de género y a la arquitectura social de responsabilidades de la división del trabajo por género.

Algunas críticas resaltan el hecho de que los programas de transferencias monetarias se basan en la división patriarcal del trabajo, la re-tradicionalizan, parecieran promover la exoneración de responsabilidad financiera de los hombres hacia el hogar y además, reproducen una visión maternalista del acceso a los recursos públicos. Del otro lado, las feministas y los movimientos de mujeres hemos reivindicado durante años, no solamente la visibilidad del trabajo de cuidado, sino también su valorización y el reconocimiento de su aporte a la vida social y a la sostenibilidad de la vida en general[6]; de hecho, varias de las nuevas constituciones latinoamericanas lo hacen. En este sentido, estas transferencias significarían un tipo de reconocimiento y devolución social hacia las mujeres en su rol de cuidadoras.

Como afirma el PNUD (2010a), los programas de transferencias monetarias condicionadas no fueron diseñados para contribuir a una mayor igualdad de género, ni para vulnerarla. Las mujeres latinoamericanas tienen una realidad particular que constituye el contexto en el que se dan las TM.

Los hogares encabezados por mujeres han crecido en toda la región, superando en todos los países más de la tercera parte. Lo que determina la mayor pobreza de estos núcleos familiares es que principalmente son monoparentales o extendidos; es decir, cuando las mujeres encabezan un hogar están solas, cosa que no ocune cuando los hogares son encabezados por hombres, ellos tienen sus compañeras, lo que es un apoyo para el logro del bienestar. Por otro lado, los esquemas sexo-génericos hacen que las mujeres tengan menos oportunidades en los mercados de trabajo, encuentren empleos de peor calidad y remuneración y les toque vivir situaciones asociadas con la segregación horizontal y vertical. Su mayor dedicación al trabajo no remunerado, es decir, a los cuidados, hace que se integren al trabajo en peores condiciones. Por todo esto, la pobreza tiene rostros de mujeres y se reproduce generacional-mente. Las TM hacen posible un cambio de vida, aliviando y mejorando la situación de pobreza extrema (PNUD 2010b).

La maternidad para las mujeres latinoamericanas ha sido una manera de conectarse con lo social y lo público. La reivindicación de la maternidad incluye reconocer la posición social de las mujeres madres, sus fortalezas y sus luchas por la familia y la comunidad, es decir sus aportes sociales. Los programas de transferencias monetarias han dado legitimidad pública a una idea poderosa: que en la administración de sus recursos, las mujeres tienden más a poner a hijos e hijas en el centro de sus preocupaciones. También se ha puesto en relevancia la contribución de las mujeres al cuidado y la cohesión de las comunidades. Sin embargo, debería atenderse más a la conformación de redes que consoliden además la visión de derechos de las mujeres.

Los programas de transferencias monetarias se basan en supuestos que en principio exacerban la histórica división del trabajo entre hombres y mujeres, pero que también pueden transformarla. Por otro lado, son oportunidades para realizar apoyos directos a las mujeres. En 2012, la CEPAL afirmaba que las evaluaciones que se han realizado de estos programas hacen hincapié en su impacto positivo en el nivel y la estabilidad de ingresos de los hogares más vulnerables, así como en la efectiva mejora de las condiciones de asistencia escolar y control sanitario de niños y niñas.

En cambio, los beneficios en términos de la situación específica de las mujeres pueden considerarse ambivalentes. Por una parte, en todos los países donde se aplica se ha ofrecido a las mujeres un cierto nivel de ingresos que favorece su autonomía y capacidad de negociación en los hogares. Por la otra, se argumenta que las contraprestaciones exigidas y la propia gestión del programa -como el simple hecho de cobrar el beneficio- comprometen el tiempo de las mujeres. Además, las transferencias pueden desincentivar la inserción laboral porque muchas veces los beneficios desaparecen si se consigue otra fuente de ingreso (CEPAL 2010). En ese sentido, aún nos encontramos a medio camino entre un modelo de programa maternalista y otro asistencial, que refuerza la permanencia de las mujeres en tareas de cuidado en el hogar, al tiempo que otorga ingresos monetarios.

El gran desafío es evitar la dependencia de las mujeres más pobres de un proveedor, que esta vez es el Estado, y tender puentes hacia la inserción laboral. Para lograr esto pensamos que es indispensable dotar a los sectores populares de servicios de cuidado de niños/as y ancianos/as y de muchos otros servicios. Las dificultades de participación de las mujeres de sectores populares en el mercado tienen una vinculación directa con la baja oferta de servicios de cuidados.

Para muchas de las luchas por la equidad y la igualdad, la maternidad ha sido una palanca y un punto de apoyo. La maternidad es un lugar desde donde enunciar lo no dicho y es también fuente de liberación de los valores patriarcales. El cuidado de la vida es valorado desde aquí, como el aporte civilizatorio de las mujeres. En los programas de transferencias monetarias las mujeres madres son vistas como correas de transmisión para el bien de sus hijos; sin embargo, son trabajadoras que llevan a cabo el trabajo de cuidado de la vida.

Se habla ahora más que de la maternidad, de la función materna, y se cuestiona que esta importante tarea se deje solamente a las mujeres, señalando la importancia de mirarla como algo que compete a la sociedad en su conjunto. Los vínculos entre la protección social y los cuidados suponen contar con incentivos para la reorganización y redistribución de las responsabilidades de los cuidados. Por un lado, para que dejen de ser casi exclusiva responsabilidad de las mujeres, y por otro, para que dejen de ser un asunto exclusivo de las familias y se conviertan también en un asunto de los servicios públicos y/o de los lugares de trabajo. El promover vínculos entre el empleo y los cuidados requiere que toda persona trabajadora se considere también como una persona afectiva o potencialmente cuidadora.

Uno de los nudos críticos que enfrentan los programas de transferencias monetarias es la débil o nula consideración de estrategias de armonización entre el trabajo remunerado y el del hogar. Por ejemplo, casi no existen mecanismos de compensación por la carga de trabajo doméstico que afecta a las mujeres en el proceso de cumplimiento de las conesponsabilidades. Tampoco se promueve el reajuste del uso del tiempo de los diversos miembros de la familia a partir de la implementación de estos programas, lo que demuestra la ausencia de prácticas que incentiven la conesponsabili-dad en el cuidado. En particular, los programas no abordan el tema de la expansión de jardines infantiles y otros servicios de cuidado que faciliten este proceso, ni tampoco programas de educación sexual para que la maternidad sea voluntaria y libremente escogida.

Podríamos entonces afirmar que los programas de transferencias monetarias llegan a las mujeres en tanto administradoras del bienestar familiar. En este sentido, a pesar de no ser ellas mismas las sujetas del derecho social sino el grupo familiar en su conjunto, mejoran en concreto su acceso a una vida de mayor calidad. Por otra parte, los condicionantes o conesponsabilidades que asumen son las que normalmente realizan en sus familias; es decir, los programas no agregan cargas que ya las mujeres, por sí mismas y por la división sexual del trabajo, no tengan. Desde este punto de vista, estos programas reconocen y asignan recursos a lo que de hecho se da en la amplia mayoría de las familias: las mujeres son las cuidadoras. Se trata de valorizar y proteger a corto plazo a las cuidadoras.

Uno de los principales beneficios que logran los programas de transferencias monetarias es visibilizar las actividades que realizan las mujeres para sus familias, dándole importancia y reconocimiento. De allí que las mujeres que son perceptoras, no solamente solucionan problemas vitales -lo cual no es poca cosa- sino que crecen en el proceso, logrando un nivel de empoderamiento que significa el reconocimiento subjetivo de su valía.

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Profesora e investigadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (CEM UCV), Coordinadora del Grupo de Trabajo CLACSO "Feminismo y Cambio en América Latina y el Caribe".↵

La exclusión del trabajo formal lleva a la exclusión social. Las políticas de ajuste que dejaron enormes masas fuera del mercado de trabajo protegido por las leyes laborales, dieron lugar a las grandes cantidades de excluidos y excluidas a quienes se expropiaron derechos humanos de satisfacción básica de sus necesidades. El concepto de exclusión social se refiere a impedir la participación de ciertas categorías de personas en aspectos considerados como valiosos de la vida colectiva. Se asocia a la idea de carencias y de privaciones de las condiciones de vida más fundamentales. Por esto, la vulnerabilidad social es un efecto de desamparo o carencia en una sociedad.↵

Quienes se encuentran en estado de indefensión, carecen de medios para alimentarse a diario, vestirse, cuidar la salud y mucho menos para dedicar tiempo a su educación.↵

En declaraciones de Yadira Córdoba, Vicepresidenta para el Área Social: «lo cual nos da 736.540 beneficiarías y beneficiarios, porque a ellas las atienden a través de asignaciones económicas, según el número de hijos» (Correo del Orinoco 2013). ↵

Laura Pautassi y Carla Zibecchi (2010) registran la gran riqueza y variedad de organizaciones -en su mayoría conformadas por mujeres- que operan en el ámbito comunitario y particularmente, en el cuidado de niños y niñas, realizando grandes aportes y no sólo cubriendo ausencias del Estado, sino también dominando una gran comprensión de las circunstancias y necesidades de los sectores en los que están insertadas. Las autoras indican además que: ... la oferta de cuidado que brinden estas OSyC bajo ningún punto de vista debe ser un circuito de cuidado para pobres o residual. De allí la importancia que sea fortalecido y se encuentre en vinculación directa con las instituciones formales educativas y de salud.↵

El movimiento a favor de la salarización del trabajo doméstico nace como tal en 1974, en Italia, siendo Mariarosa Dalla Costa la principal teórica. Sostienen que el papel del trabajo doméstico para el capitalismo es crucial y la debilidad de las mujeres trabajadoras está directamente relacionada con el capitalismo y la explotación de este trabajo. Las defensoras del salario para el trabajo doméstico pensaban que las mujeres podrían a partir de este ingreso, organizarse para realizar las tareas de cuidado comunitariamente.↵

9

CUBANAS, BUEN VIVIR Y PERCEPCIÓN DE LOS CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS 

Norma Vasallo Berrueta[1] [2]

¿En qué habrá afectado a nuestra
existencia el hecho de ser mujeres? ¿Qué
oportunidades, exactamente, nos han sido
dadas y cuáles nos han sido negadas?

Simone de Beauvoir
El segundo sexo

En Cuba no hablamos o hablamos poco del Buen Vivir, mucho menos desde una perspectiva feminista. ¿Por qué? ¿Qué hace que no nos contagiemos con esa parte tan importante del contexto ideológico de países que se han propuesto construir sociedades mejores para sus pueblos? Al respecto, nos dice Magdalena León (2011): «Organizaciones sociales y gobiernos ubican en el horizonte de las transiciones iniciadas el Socialismo y el Buen Vivir, y en ambos casos señalan que el Feminismo es inseparable de esos cambios». Responder esa pregunta es lo que pretendo con esta reflexión, es decir será su hilo conductor.

¿Qué es el Buen Vivir?

Comprender este concepto, saber realmente de qué nos habla, es fundamental para desentrañar el por qué de su ausencia en nuestro discurso. En esencia, se trata de lograr que todas las personas puedan realizarse en justa interacción e interdependencia con las otras. Esta idea de solidaridad y no de competencia entre los seres humanos, así como de su interdependencia, aun cuando no seamos conscientes de ello, ha estado presente en el pensamiento universal y se observa cada vez que nos ha convocado a lo comunitario, a la necesaria articulación entre los seres humanos y al impacto en todos cuando alguno sufre un daño o un cambio. Recordemos el pensamiento de John Donne:

Ningún hombre es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un trozo del continente, una parte del todo; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia; la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy parte de la humanidad; y, por consiguiente, nunca envíes a preguntar por quién doblan las campanas; doblan por ti (Citado en Sánchez, Alipio 1991).

Cuando lo comunitario termina, la solidaridad y la cooperación desaparecen y la actividad de los seres humanos deja de ser compartida para dar lugar al intercambio, el egoísmo, la lucha por la propiedad y la alienación (Blanco, Amafio 1988).

Una primera aproximación al tema nos acerca a un ideal que no es nuevo, por el contrario ha sido recurrente, lo que evidencia el hecho de que no lo hemos alcanzado amplia y permanentemente.

La concepción del Buen Vivir va más allá. Nos plantea que esa relación interdependiente y solidaria entre las personas debe construirse además en armonía con la naturaleza, algo hasta ahora, prácticamente ausente del pensamiento: la naturaleza entendida como igual a los humanos y a su producción creativa. La naturaleza ha sido considerada históricamente inferior a la cultura (producto de la actividad humana). Las feministas, no por casualidad, lo han señalado siempre con mucha fuerza. Tanto ha sido así que es una de las tesis explicativas del origen de la opresión de las mujeres.

Sherry Ortner, en su ya clásico artículo de 1972, «¿Es la mujer a la naturaleza lo que el hombre es a la cultura?», nos ofrece su explicación de la universalidad del estatus secundario de las mujeres. Esta autora parte del desafío que resulta para la Antropología el hecho de que «El status secundario de la mujer dentro de la sociedad constituye un verdadero Universal, un hecho pan cultural» (1979).

Ortner reconoce hechos biológicos de la naturaleza, por ejemplo que hombres y mujeres sean diferentes; pero subraya que los hombres «adoptan la significación de superior dentro del entramado culturalmente definido del sistema de valores»; y se pregunta: «¿Qué puede haber en la estructura general y en las condiciones de la existencia comunes a todas las culturas que conduzca, en todas las culturas, a conceder un valor inferior a las mujeres?» (íbíd.).

Para responder esta pregunta, la autora retoma aquello que considera desvalorizado por todas las culturas, la naturaleza; y lo fundamenta en el hecho de que todas las sociedades, en cualquier cultura, buscan formas de trascender la existencia natural y doblegarla, puede ser a través de la tecnología y/o de los símbolos. De esta manera, la cultura se iguala con la conciencia humana, sumando además los productos a través de los cuales se intenta controlar a la naturaleza. Sherry Ortner afirma que la cultura es capaz de reconocer no sólo que es diferente a la naturaleza, sino que además es superior por sus posibilidades para transformarla, reconociendo estas posibilidades en su capacidad para “socializar” y “culturizar”.

Señala la autora que las mujeres son consideradas más cercanas, enraizadas y con mayor afinidad con la naturaleza. En este sentido, esto significaría que la han trascendido menos que el hombre, con lo cual se evidencia su estatus inferior. Nos sigue diciendo:

… el macho (…) al carecer de funciones naturales creativas (como tiene la hembra) debe (o tiene la posibilidad de) afirmar su creatividad de modo exterior, “artificialmente”, a través del medio formado por la tecnología y los símbolos. Y al hacerlo, crea objetos relativamente duraderos, eternos y trascendentes, mientras que la mujer, solo crea algo perecedero, seres humanos. (íbíd.).

Se ha constituido una valoración diferencial acerca de lo que aportan hombres y mujeres. Esta valoración está marcada por su significado en tanto “trascendencia humana”, ¿qué perdura más, la vida de una persona o su obra?

Otner parte de un imaginario compartido en la cultura occidental que sobrevalora la actividad humana, cualquiera que ella sea, por sobre la naturaleza. Esto explica que la mujer sea considerada inferior por su estrecho vínculo con la naturaleza. Esta tesis sirve además, para entender la conducta depredadora de esta cultura sobre los recursos naturales.

El Buen Vivir es una propuesta que emerge de la cultura de pueblos originarios de América Latina:

… se enuncia como el logro colectivo de una vida plena o en plenitud, basada en relaciones armónicas y equilibradas entre los seres humanos y entre todos los seres vivos, en la reciprocidad y en la complementariedad. Supone el reconocimiento de que los seres humanos somos parte de la naturaleza, dependemos de ella y somos interdependientes entre nosotros. Esta perspectiva marca una ruptura con la centralidad del individuo, la superioridad de lo humano y con las nociones de progreso y bienestar en clave capitalista (León, Magdalena 2011).

En una sociedad que comparta esta concepción de vida no podrá construirse un imaginario devaluador y opresor de las mujeres. Esta visión ha emergido en los contextos socioeconómicos actuales, donde los modelos para el desanollo propuestos desde los países “centrales” hacia los “periféricos” han fracasado y nuevos cuestionamientos conducen la mirada hacia lo que nos propone el Buen Vivir.

El Buen Vivir o Vivir Bien engloba un conjunto de ideas que se están forjando como reacción y alternativa a los conceptos convencionales sobre el desarrollo (…) No se pretende defender una única definición del Buen Vivir; es más (…) considero que no se puede elaborar una definición que sea aplicable a todos los casos. El Buen Vivir en este momento está germinando en diversas posturas en distintos países y desde diferentes actores sociales, que es un concepto en construcción, y que necesariamente debe ajustarse a cada circunstancia social y ambiental (Gudynas, Eduardo 2011).

Este autor señala además, que un aspecto central en la formulación del Buen Vivir se relaciona con las críticas a la concepción del desanollo contemporáneo y sistematiza algunas de ellas, de la siguiente manera:

Contrario a lo que proclama, el desarrollo convencional desemboca en un “mal desanollo”, que conlleva a un “mal vivir”.

El bienestar se entiende únicamente como algo relativo a los ingresos económicos o las posesiones materiales.

El desanollo se presenta exclusivamente como crecimiento económico sin tener en cuenta los ecoimpactos y las capacidades de los ecosistemas para lidiar con los impactos ambientales.

El modelo de desarrollo actual es antropocéntrico; se valora solamente según su utilidad para los humanos.

Gudynas señala que el Buen Vivir es un cambio radical en cómo se interpreta y valora la naturaleza y nos propone:

En lugar de insistir con los “desarrollos alternativos” se deberían construir “alternativas al desarrollo” (siguiendo las palabras del antropólogo colombiano Arturo Escobar). El Buen Vivir aparece como la más importante corriente de reflexión que ha brindado América Latina en los últimos años (ibíd.).

Cuba, no heredó la cultura de sus primeros habitantes porque prácticamente fueron exterminados con la conquista española. De esta manera, no han llegado a nuestra población costumbres relacionadas con el cuidado de la naturaleza. Por el contrario, conservamos la influencia consumista que nos legó el desanollo capitalista en Estados Unidos, del que fuimos uno de sus primeros mercados, hasta 1959.

La llegada de la Revolución y sus cambios

El proyecto social de la Revolución Cubana significó grandes transformaciones en la educación, la salud y el empleo para todos los cubanos y especialmente para las cubanas, porque implicó una concepción diferente del bienestar y el desanollo. Respondía a los objetivos plasmados en el alegato de autodefensa de Fidel Castro en el juicio realizado por el asalto al Cuartel Moneada, conocido como La Historia me absolverá (1953). En este documento, Fidel alude a la necesidad de realizar cambios radicales que modifiquen las estructuras económicas, políticas y sociales del antiguo régimen. Al respecto dijo:

… el problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo; he ahí concretados los seis puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos, junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia política.

El bienestar de la mayoría se impuso a la vieja concepción que garantizaba la calidad de vida sólo de un pequeño grupo que ostentaba el poder económico y político. El derecho al trabajo, a la educación y a la salud se convierte en premisa de la sociedad cubana y con ello comienza un proceso que hoy podemos ver integrado a las ideas del Buen Vivir. Veamos algunos ejemplos.

En la esfera de la educación

La Revolución Cubana toma medidas inmediatas para eliminar el analfabetismo y garantizar la extensión de los servicios educacionales. Esto último se inició con la generalización de la educación primaria. Por poner un ejemplo, en diciembre de f 959, en un solo día se abrieron más de diez mil aulas. Ese año, la escolarización de niños/as en edades de entre seis y doce años se elevó en casi un 90%. En f 960 se constituyó el Contingente de Maestros Voluntarios: tres mil jóvenes marcharon a las montañas para llevar la educación a los lugares más intrincados del país. En f 961 se desarrolló a todo lo largo y ancho del país la Campaña Nacional de Alfabetización, considerada la Primera Revolución Educacional en Cuba. Asimismo, se dictó la Ley de Nacionalización de la Enseñanza, que permitió asumir un verdadero carácter democrático en la educación, con acceso gratuito y masivo a todos los niveles.

En la esfera de la salud

Con el triunfo de la Revolución, la medicina cubana optó por un nuevo paradigma que transformó el carácter del modelo existente, privado y lucrativo, hacia un enfoque humanista y de justicia social. Con esto, la población cubana se convirtió en total beneficiaría de los servicios de salud con acceso pleno y gratuito.

Se constituyó el Sistema Nacional de Salud, basado en un programa que se proyecta no sólo hacia la curación de enfermedades, sino sobre todo a su prevención. Para ello dispone de dos pilares fundamentales: la medicina comunitaria y la medicina familiar, sobre las cuales se sustenta hoy el Programa de Atención Primaria de Salud.

En Cuba, se crearon en 1960 los servicios rurales de salud, uno de los esfuerzos más notables respecto a la atención médica en general. Desde 1963, se enadica la poliomielitis y en 1970 el paludismo. Hacia 1979, Cuba obtiene la tasa de mortalidad materna más baja de América Latina (29,6 por mil nacidos vivos), gracias a la puesta en funcionamiento del Programa Materno Infantil.

Desde los primeros años de la Revolución, en Cuba ha existido una alta sensibilidad por la salud pública, acompañada además por una ética solidaria de ayuda y colaboración con los países más pobres y necesitados de todos los continentes[3].

Empleo y seguridad social

Una de las primeras y más importantes medidas tomadas por la Revolución para incrementar el empleo fue la Ley de Reforma Agraria, que entregó tierras al campesinado trabajador y eliminó el latifundio. Entre 1959 y 1975, fueron creados un millón y medio de nuevas plazas de trabajo. En 1970, el Censo de Población y Viviendas mostró que sólo el 1,3% de la población buscaba una plaza, una de la cifras más baja de la historia del país.

El Estado protege mediante la asistencia social a los ancianos sin recursos ni amparo y a cualquier persona no apta para trabajar, que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda. También es asegurado por el Estado el derecho a la protección e higiene en el trabajo, aplicando cuidados y medidas que garantizan que no ocunan accidentes y enfermedades.

¿Por qué no hablamos del Buen Vivir?

Los cambios que trajo consigo el proyecto social de la Revolución Cubana se basaron en principios éticos-morales y en una concepción amplia de los derechos fundamentales de la población. ¿Es todo esto parte de la concepción del Buen Vivir como se está aplicando en nuestra región? Pienso que sí, pero sin embargo ¿por qué no se habla de ello? Hay que recordar que la mayor parte de la actual población cubana nació con todos los derechos mencionados, en un contexto de igualdad, por lo que no se constituyen en necesidades sentidas de las cubanas y los cubanos. Son como el agua para el pez, que se dice que éste es el último que se entera de su existencia.

Los que hoy son objetivos de lucha para los pueblos de nuestra región, son desde 1959, conquistas para quienes vivimos en Cuba.

Las mujeres
Cuando triunfa la Revolución, el grupo poblacional femenino estaba caracterizado por altos índices de analfabetismo, subescolariza-ción y discriminación de clase, raza y género. Las mujeres además carecían de una legislación que las amparara en todos sus derechos y propiciara su participación y acceso a la vida pública, de la cual se encontraban mayormente excluidas.

Para las cubanas, el año 1959 significó el inicio de un proceso gradual pero sostenido de grandes transformaciones sociales que el movimiento feminista se propuso, después de tomar conciencia de que el derecho al voto por sí solo no produciría las transformaciones necesarias en la vida de las mujeres.

En Cuba, a diferencia de otros países, este proceso surge no como consecuencia directa de luchas feministas, sino como consecuencia de un movimiento de grandes transformaciones sociales, eje central del proyecto social de la Revolución Cubana, en cuyo marco ideológico quedaba clara la lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad entre las personas, no importaba su condición de clase, etnia o sexo. Transformar la condición de subordinación a la que estaba relegada la mujer y llevarla fuera del espacio doméstico al que estaba confinada históricamente, convirtiéndola no sólo en objeto de las transformaciones sociales sino también en sujeto de ellas mismas, fue un importante objetivo del proyecto social de la Revolución Cubana.

Baste decir que en 1953, solo un 12,3% de la fuerza laboral eran mujeres (la mayor parte en la esfera de los servicios y una parte importante como domésticas). La cubana de entonces se encontraba en situación de desventaja económica y educacional, lo que la hacía dependiente del hombre. Esto se expresaba en cualquier clase social, aunque por supuesto era mucho más crítico en la mujer pobre y más aún en la negra.

El acceso de la mujer a los diferentes niveles educacionales, la estimulación a través de los medios de difusión a una mayor participación social y al desempeño femenino de roles tradicionalmente masculinos influyó en su rápida y sostenida incorporación a las universidades y a cañeras consideradas tradicionalmente como “no femeninas”. Hoy, el nivel educacional promedio del país alcanza el noveno grado de educación básica y no existen diferencias entre mujeres y hombres al respecto. Asimismo, las mujeres ocupan el 61,3% de la matrícula universitaria (69% en las cañeras médicas, 49% de las ciencias naturales y matemáticas y 68% de las económicas, por sólo citar algunos ejemplos) (ONE 2010).

Desde el punto de vista laboral, se demandó la presencia femenina en el mundo público, se promulgaron leyes que favorecieron el acceso de la mujer al empleo y se han perfeccionado las regulaciones al respecto. Las mujeres cubanas tienen derecho a acceder a cualquier puesto de trabajo para el que se encuentre calificada y percibe por ello igual salario que el hombre.

Otro aspecto que impactó profundamente la vida de las mujeres fue el desanollo del Sistema Nacional de Salud con acceso gratuito para ellas y que desde temprano desanolló programas que la beneficiaron directamente. Su protagonismo en la planificación familiar y el derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo han dado una importante independencia a la cubana y han contribuido consecuentemente a la elevación de su autoestima.

A lo anterior se une la promulgación del Código de la Familia, que brinda igualdad de derechos y deberes a hombres y mujeres en lo relativo a la familia y a la vida doméstica. Desde la constitución de 1940 se consideraba la igualdad entre hombres y mujeres, pero sólo después de 1959 se hace realidad la igualdad de derechos. En 1976 se promulga una nueva constitución que resulta modificada en 1992, en cuyo texto se expresa que la mujer tiene derecho al acceso a todos los cargos y empleos del Estado, la administración pública, la producción y la prestación de servicios.

Se creó dentro de la Asamblea Nacional del Poder Popular (nuestro Parlamento) la Comisión permanente para la atención a la infancia, la juventud y la igualdad de derechos de la mujer. Además, se puso en vigor en 1997, el Plan de acción nacional de seguimiento a la IV Conferencia de la ONU sobre la mujer, y derivadas de éste se crearon las comisiones gubernamentales para dar seguimiento a su cumplimiento.

Todos estos programas, leyes y regulaciones tuvieron su expresión en el desanollo concreto alcanzado por las mujeres en diferentes esferas de la vida social. Así, podemos decir que en tres décadas (de 1965 a 1995) la mujer cubana incrementó su presencia en la economía nacional de un 15% a una 42,3%, proceso por el que transitó con dificultades objetivas y subjetivas. Su presencia en esta fuerza de trabajo ha estado marcada por una movilidad ascendente en la estructura ocupacional, que la ha llevado a tener una presencia significativa en las categorías técnicas, tanto de nivel medio como superior. Esto es resultado del acceso sostenido a los diferentes niveles de educación del país. Las mujeres cubanas han sido las mayores beneficiadas en el aspecto laboral, uno de los logros más significativos del proyecto social de la Revolución Cubana. Ellas constituyen, según la ONE (2010), el 65,7% de la fuerza de trabajo calificada del país y ocupan el 61,3% de la matrícula en la educación superior, como habíamos señalado; lo que contribuirá a sostener e incrementar su presencia en el campo laboral.

¿Dónde estamos las cubanas hoy?

La educación es sin dudas el medio fundamental para el desanollo de las mujeres y el cambio de su condición, en tanto brinda las henamientas al pensamiento para el análisis crítico de su realidad y de ellas mismas.

El porcentaje de mujeres indicado en la matrícula educacional cubana conesponde a la población estudiantil hasta el noveno grado de educación básica. Actualmente, la presencia femenina en las aulas supera a la masculina. Esto se debe a las exigencias de género de la cultura patriarcal que por un lado demanda a las mujeres más permanencia en los estudios que a los varones, y por otro reduce las posibilidades de espacios laborales al doméstico y escolar. Como resultado se aprecia una dedicación femenina mayor a las instituciones escolares, académicas y de formación. De esta manera, las mujeres cubanas constituyen hoy el 56,3% de la matrícula pre-universitaria, y sólo el 38,7% de la enseñanza técnica y profesional, es decir, aquella que acerca más rápido al mercado laboral.

La educación superior en Cuba se ha caracterizado por un proceso de feminización, a partir del triunfo de la Revolución y del conjunto de medidas que la acompañaron. Este acceso sostenido de las mujeres a todos los niveles educativos se expresa hoy en el 61,3% de mujeres matriculadas y en el 67,4% de profesoras ejerciendo.

En el curso 2009-2010, la matrícula en la educación superior cubana ascendió a 606.863 alumnos/as, de los cuales 372.171 (el 61%) son mujeres. En las ramas científicas, las mujeres ocupan los siguientes espacios:

Como se observa, los mayores porcentajes de mujeres en ramas científicas se encuentran en las Ciencias Médicas y Económicas. Esta última especialidad tradicionalmente masculina, en nuestro país se ha ido feminizando gradualmente, aumentando del 61% en el curso 2006-2007, a 68% en el curso 2009-2010.

Dentro de las Ciencias Económicas, en la cañera de Contabilidad las mujeres son el 70% y en Economía el 63%. En Ciencias Médicas, en la cañera de Medicina son el 60%, especialidad que continúa siendo tradicionalmente masculina en muchos países.

Aunque aún existe una segmentación por género en la elección de las cañeras universitarias (siguen siendo mayoría las mujeres en ramas como Pedagogía y Ciencias Sociales y Humanísticas), se aprecia un proceso de cambio, consecuencia del paulatino avance de las cubanas desde el punto de vista subjetivo. Otro ejemplo son las Ciencias Técnicas, rama tradicionalmente masculina en la que se ha producido este decenio un incremento femenino que ha llegado al 37% y se ha mantenido en aumento desde el curso 2006-2007. Esto expresa un fenómeno de transición cultural de gran relevancia para la igualación de oportunidades de género, con posterioridad en el mercado de trabajo.

Si bien las cubanas aumentan su presencia en ramas tradicionalmente masculinas, continúan siendo mayoría en las especialidades tradicionalmente femeninas. Esto es expresión de los cambios subjetivos que se van produciendo en ellas y no tanto en los varones.

El desempeño académico y profesional de las mujeres permanece asociado a la extensión de sus papeles tradicionales en el espacio privado, tales como el cuidado y la atención de personas dependientes y tareas relacionadas con la alimentación, vestimenta, educación básica, salud primaria, etc. Estos roles, considerados culturalmente como femeninos, continúan en la educación superior protagonizados mayoritariamente por mujeres con escasa presencia de varones.

En las cifras de las personas graduadas en ramas científicas se observa que la presencia femenina es como sigue:

La mayor parte de los egresados de educación superior son mujeres, destacándose los porcentajes más altos en las ramas de las Ciencias Médicas, la Pedagogía y las Ciencias Sociales y Humanísticas (estas últimas tradicionalmente femeninas). Sin embargo, se mantienen también en mayoría entre los egresados de las Ciencias Económicas.

En la esfera laboral también se constatan avances, ya que se ha producido un crecimiento en la tasa de participación de las mujeres del 48,9% en el año 2000 al 59% en 2008.

En cuanto a la estructura ocupacional, las cubanas fueron reduciendo discretamente su presencia en las diferentes categorías ocupacionales, entre los años 2000 y 2008. Excepto en la categoría Dirigente, que se incrementó del 33,4% al 39,1%, constituyendo un avance en su representatividad en la toma de decisiones.

La tasa de desocupación se fue reduciendo de 1995 a 2008, tanto para mujeres como para hombres. Los espacios laborales han sido ocupados por mujeres con mayor nivel educativo. Paralelamente se ha reducido la ocupación de mujeres con menos estudios. Esto puede ser resultado del avance de la mujer en términos de su educación. Sin embargo, es también un llamado de alerta: hay que tener cuidado con esta franja de mujeres con menos estudios que tienen menos oportunidades de empleo, pues esto contribuye en la construcción de un perfil femenino cerrado del sector poblacio-nal en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Entre el año 2000 y 2008 se incrementó la participación de las mujeres, sobre todo en el sector estatal civil que aumentó del 43,8% al 46,7%. Sin embargo, se redujo el número de cooperativistas y cuentapropistas.

Entre 1981 y 2000 se incrementó la presencia de mujeres en la agricultura como actividad económica, de 14,3% a 18,6%. Sin embargo, para el año 2003 había decrecido a 15,1%, con un incremento discreto posterior que alcanzó en 2008 el 17,4%. Esta actividad es considerada hoy de seguridad nacional, en tanto garantía para la alimentación de la población. Requiere además, con mucha fuerza, de la presencia femenina de las zonas rurales, ya que existe actualmente una ausencia cada vez mayor de población joven, lo que evidencia una tendencia en el país de envejecimiento de la población. Esto se constituye en un desafío para las cubanas.

La presencia de las cubanas en las ciencias ha mostrado un avance significativo. Por ejemplo, en las categorías investigativas las mujeres han pasado a formar la tercera parte de los cargos titulares y aproximadamente la mitad de los auxiliares y agregados; sobrepasando este porcentaje en los cargos de aspirantes. En los grados científicos alcanzados, las mujeres participan en más de la mitad de las maestrías en el período 1992-2006, y en más de la tercera parte de los doctorados en el período 1997-2007. De los miembros académicos titulares de la Academia de Ciencias, las mujeres oscilan entre un 30% y un 25% de participación.

En el año 2008, las mujeres ya ocupaban el 48,5% de los trabajos con categorías investigativas, ocupando un 45,4% de las categorías auxiliares (lo que constituye un gran avance), pero sólo un 32,7% de las categorías titulares. Esto tiene que ver con las exigencias sobre resultados de investigaciones, publicaciones científicas y otras actividades académicas que las mujeres, por su sobrecarga doméstica, se ven limitadas en tiempo para poder realizar. Esto se observa también en el porcentaje de mujeres con títulos doctorales: 32,5%, es decir la tercera parte del total masculino, convirtiéndose así los estudios de doctorado en un gran desafío para las cubanas.

Entonces, ¿las cubanas y el Buen Vivir?

En más de cinco décadas, el gobierno revolucionario cubano ha promulgado numerosas leyes y disposiciones jurídicas que aseguran los derechos humanos de toda la ciudadanía. Nuestro país, a través de su proyecto, ha demostrado que una nación pobre que dedique sus recursos al bienestar de su pueblo, puede crear las bases para el crecimiento de sus recursos humanos y el mejoramiento de las condiciones de vida, a pesar de los grandes desafíos que enfrenta. Esto es una importante contribución al Buen Vivir.

Los cambios hoy en Cuba: Actualización del modelo económico

El VT Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril de 2011, aprobó los documentos generados en el Congreso, y sobre todo los Lincamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, que previamente fueron sometidos a consulta. Esta propuesta busca producir transformaciones en el modelo económico y social y es una guía para la implementación de las mismas. Estas transformaciones van dirigidas esencialmente, por una parte, a reordenar y fortalecer la institucionalidad existente, y por otra, a modificar los desempeños de la economía cubana para superar la situación de crisis que la afecta.

Por supuesto que estos cambios implican otros no económicos. No es posible su implementación sin la participación de los diferentes grupos de la sociedad con sus particularidades, en condición de actores sociales, y sin la necesaria transformación de los mismos en la dirección de apoyar los cambios.

En la Introducción de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución (Partido Comunista de Cuba 2011), se expresa: «En la política económica está presente el concepto de que el socialismo significa igualdad de derechos y de oportunidades para todos los ciudadanos, no igualitarismo, y se ratifica el principio de que en la sociedad socialista cubana nadie quedará desamparado». Y más adelante:

La política económica en la nueva etapa se corresponderá con el principio de que sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución, y que en la actualización del modelo económico primará la planificación y no el mercado.

Se expresa así la intencionalidad de que los cambios necesarios no pondrán en juego los derechos conquistados y los avances logrados en las esferas que constituyen derechos fundamentales de la población. En este sentido José Ramón Vidal (2011) señala:

Los Lineamientos apuntan a continuar y mejorar la eficacia de las estrategias de desarrollo educacional, científico y tecnológico y a incrementar la calidad de los servicios de salud y otros dentro de la política social, que se verá ante el reto de los impactos negativos que sobre muchas familias tendrán las medidas económicas en curso que tienden a suprimir o a disminuir sensiblemente los subsidios estatales a muchos productos y a eliminar determinadas gratuidades.

Un aspecto que ha estado más alejado de la forma de pensar de quienes vivimos en Cuba, pero que desde hace años es una preocupación que se expresa en el objeto social de diferentes organizaciones e instituciones del país, es el cuidado del medioambien-te. Diferentes proyectos y programas se ejecutan para su recuperación y preservación, así como para la educación de la población en este sentido.

La protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales es un objetivo estratégico del Estado cubano, que se pone en evidencia en los referidos Lineamientos. Así, por ejemplo, potenciar el aprovechamiento de las distintas fuentes renovables de energía, fundamentalmente la utilización del biogás, la energía eólica, hidráulica, biomasa, solar y otras, priorizando aquellas que tengan el mayor efecto económico, se expresa en el lincamiento 247. Desanollar una agricultura sostenible en armonía con el medio ambiente que propicie la producción y el uso de los abonos orgánicos, biofertilizantes y biopesticidas, se expresa en el lincamiento 187. De igual manera, actualizar y ejecutar programas dirigidos a la preservación y rehabilitación de los recursos naturales que se utilizan (suelos, agua, bosques, animales y plantas), capacitando a los productores en gestión ambiental, se encuentran en el lincamiento 204.

Lo anterior evidencia la preocupación que hay para que la actualización del modelo económico se encuentre en armonía con la naturaleza, como exige la propuesta del Buen Vivir.

Cambios socioeconómicos y su percepción en mujeres cubanas

Hace unos meses acudí a un panel que debatió sobre el espacio público en Cuba. Uno de los ponentes preguntaba qué esperábamos los cubanos de los cambios que se estaban produciendo en el país en distintos ámbitos como la salud, la educación, el empleo, entre otros. A pesar de que fueron varios los panelistas y los temas que allí se presentaron, fue sobre todo éste el que originó la réplica más emocional del público para expresar desacuerdo.

Esta experiencia me llevó a la idea de incorporar a la investigación que realizo sobre el impacto de la crisis económica en las mujeres, la indagación de cómo perciben ellas los cambios que se están produciendo en Cuba; toda vez que la percepción social está marcada por las experiencias y necesidades de quien percibe. Las personas no percibimos la realidad de la misma manera y si además se trata de cambios sociales, se complejiza aún más.

Son estas cuestiones las que resultan de interés en el presente trabajo; es decir, los impactos sociales y subjetivos que sobre mujeres cubanas empiezan a tener estos cambios. ¿Cómo son percibidos, toda vez que la percepción es social? ¿Cómo les afecta a ellas y su familia? ¿Qué cambios esperan se produzcan en lo adelante? ¿A cuáles aspiran?

Cambio social

Cuando hablamos de cambio social nos estamos refiriendo a cambios que son intrínsecos al desanollo de la humanidad y se relacionan con procesos socio-psicológicos que permiten el vínculo y las relaciones entre las personas. En este sentido, el cambio social presupone cambios estructurales. Se producen transformaciones en las condiciones económicas, sociales y políticas en un momento determinado, que implican a su vez cambios en los valores, las normas y la subjetividad social de los diferentes grupos de la sociedad. Este es un fenómeno complejo en el que intervienen diferentes factores que se articulan en un proceso donde lo objetivo y lo subjetivo se condicionan mutuamente.

Los cambios requieren de la participación de los diferentes grupos de la sociedad como sujetos de los mismos y en este proceso ellos también cambian. Es decir, se produce una interacción entre los componentes objetivos del cambio y los subjetivos de los actores sociales. La imbricación de estos elementos y la diversidad de los cambios y de los actores sociales comprometidos en el proceso hacen de este un fenómeno complejo del que resulta difícil anticipar con precisión sus consecuencias en el orden no sólo objetivo sino también subjetivo.

Una visión de los actores sociales como sujetos implica la consideración no sólo de los elementos objetivos sino también de los subjetivos, como puede ser la identidad social de los grupos implicados. Los grupos son diversos y hay una multideterminación de las relaciones sociales en las que se envuelven. Esto da cuenta de un fraccionamiento en su acción que puede traducirse en una respuesta no homogénea a los cambios y en la emergencia de nuevas prácticas asociadas a ellos.

Para Amartya Sen (2000), una de las funciones fundamentales de la identidad social es la perceptiva, la cual «tiene que ver con la manera en que un miembro de una comunidad puede percibir el mundo, entender la realidad, aceptar las normas y discutir acerca de lo que debe hacerse».

De lo anterior se deriva la importancia de abordar el aspecto subjetivo de los cambios, cómo son percibidos, cómo sienten las personas que les afecta, entre otros aspectos.

La percepción social

La percepción no es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto pasivo. Por el contrario, se trata de una serie de procesos en constante interacción, donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo en la conformación de percepciones particulares a cada grupo social.

Cuando percibimos un objeto o situación, lo primero que hacemos es categorizarlo. Las categorías que aplicamos son aquellas que hemos aprendido en nuestras experiencias anteriores, es decir, nuestras pertenencias culturales, grupales, comunitarias, etc. Además, las categorías que usamos dependen de nuestras necesidades.

No sólo aprendemos categorías, sino que aprendemos también a evaluar la probabilidad de que la colocación de un suceso en una categoría sobre la base de unos pocos indicios, sea “exacta”, esto es, predictiva, en el sentido que un examen más atento pondrá de manifiesto o en el sentido de ser consensualmente revalidada cuando otros observadores entran en escena (…) (Bruner, Jerome 1984).

Así, las categorías más fáciles de verificar son aquellas más universales para la especie humana, en otras palabras, las que resultan familiares a la mayor parte de las personas. Al mismo tiempo, «cuanto menos fácil sea de validar predictivamente una forma de categorizar, mas reflejará las idiosincrasias de una cultura» (id.), por lo tanto estará más ligada a la experiencia y a las necesidades de cada grupo.

La disponibilidad de las categorías con la que pueden contar las personas depende de dos aspectos fundamentales: primero, del estado de necesidad o interés de quien percibe, lo que hace más disponibles las categorías relacionadas con su satisfacción; y segundo, de las exigencias predictivas de la percepción (necesidad de evitar enores), que son las que orientan la disposición del que percibe para enfrentarse con los acontecimientos de su entorno.

Para comprender la forma en que las personas responden a su entorno social debemos conocer lo que ese entorno significa para ellas.

La manera de clasificar lo percibido es moldeada por circunstancias sociales. La cultura de pertenencia, el grupo en el que se está inserto en la sociedad, la clase social a la que se pertenece, influyen sobre las formas cómo es concebida la realidad, las cuales son aprendidas y reproducidas por los sujetos sociales (Vargas, Luz María 1994).

La crisis económica: su impacto y representación social en mujeres cubanas

Como estos cambios se inician en un contexto de emergencia de la crisis económica mundial, damos continuidad a un acercamiento a la representación social sobre una crisis económica y sus distintas expresiones en Cuba, estudio que habíamos iniciado en 2010[4].

El término Representación Social (RS) es de S. Moscovicci (1961), quien renueva el análisis de Durkheim acerca de las producciones mentales de ideación colectiva y enfatiza la especificidad de estos fenómenos representacionales en las sociedades contemporáneas, caracterizadas por la intensidad y fluidez de los cambios y las comunicaciones, el desanollo de la ciencia, la pluralidad y la movilidad social.

En muchas ocasiones, la ambigüedad de la realidad social hace que diferentes personas se formen opiniones diversas y hasta divergentes sobre su entorno y lo que sucede en él; en otras palabras, esta ambigüedad hace que las visiones de la realidad social no siempre se compartan. Esta determinada visión de la realidad es lo que se denomina Representación. No es un concepto individual, por el contrario es compartido por otras personas que pertenecen a una misma clase social o a un grupo determinado. En este sentido, señala Ibáñez García (1998):

… las inserciones del individuo en diversas categorías sociales y su adscripción a distintos grupos constituye [sic] fuente de determinación que inciden con fuerza en la elaboración individual de la realidad social, generando visiones compartidas de dicha realidad e interpretaciones similares de los acontecimientos.

La noción de RS nos sitúa en el punto de intersección de lo psicológico y lo social. Antes que nada concierne a la manera cómo nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano, etc. En pocas palabras, se trata del conocimiento espontáneo, “ingenuo”, que tanto interesa en la actualidad a las ciencias sociales, ese que habitualmente se denomina sentido común, o bien pensamiento natural, por oposición al pensamiento científico.

Este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. De este modo, este conocimiento es en muchos aspectos, socialmente elaborado y compartido.

Las mujeres entrevistadas tienen una Representación Social acerca de una crisis económica. Las ideas que más se comparten se relacionan con “estancamiento económico” y “falta de empleo y de dinero”. Asimismo, refieren como fuente de procedencia de esta información a los medios de comunicación, especialmente la televisión, donde efectivamente este es un tema abordado constantemente en las noticias internacionales.

Al preguntar si en Cuba estamos también en una crisis económica, hay consenso en una respuesta afirmativa. Sin embargo, resulta interesante observar que no hay una clara demarcación entre las limitaciones económicas que vive el país desde los años 60, como consecuencia del bloqueo que el gobierno de Estados Unidos impuso a Cuba y la situación actual. El bloqueo sólo es referido por algunas de ellas como parte de las causas de la realidad económica actual. Así las más jóvenes señalan que “Cuba siempre ha vivido en crisis” y consecuentemente emerge un cierto sentimiento pesimista cuando dicen: “En Cuba la crisis nunca va a pasar”.

Esta es la percepción que tienen las mujeres que nacieron o tenían menos de cinco años de edad en la década del noventa, después de la caída del campo socialista con quien Cuba tenía integrada su economía. Como consecuencia, la economía cubana cayó abruptamente y dio lugar a lo que se conoce como Período Especial.

Estas mujeres están marcadas por una historia experiencial que funciona como referente para entender la realidad. De ahí que los argumentos que fundamentan su percepción acerca de que en Cuba se vive una crisis económica son: “hay escasez de alimentos”, “faltan medicamentos”, “no hay dinero” y “hay reducción de empleos”, entre otros.

¿Cómo perciben que la crisis afecta al país? Por la “baja disponibilidad de dinero”, “dificultades para adquirir productos básicos”, “desempleo”, “incremento de desigualdades y males sociales”; dentro de éstos últimos refieren: robos, corrupción, prostitución y violencia.

Su análisis está mediado por sus propias experiencias, en consecuencia entremezclan impactos de los cambios económicos, como la falta de empleo, con fenómenos que están presentes con mayor visibilidad a partir de la crisis de los noventa, como la prostitución, la corrupción y las desigualdades sociales. La crisis es una sola para estas mujeres. Como ellas mismas dicen: “desde que nací vivo en una crisis” o “lo peor es que los cubanos no sabemos cuál es la diferencia entre estar en crisis y no estarlo”.

Las familias sufren el impacto de las crisis. Para ellas lo más significativo es la poca disponibilidad de alimentos, el incremento de necesidades no satisfechas y un clima socio psicológico tenso, que deriva en conflictos y discusiones al interno de las familias. Los divorcios y separaciones son una de las consecuencias, incluyendo el distanciamiento de algún miembro que decide emigrar con el objetivo de ayudar económicamente a la familia.

«La mujer es siempre la que tiene que inventar para administrar el dinero que entra en la casa y que alcance al menos para cubrir las necesidades básicas», nos comenta una mujer en una entrevista, refiriéndose al peso que sobre ellas cae cuando las condiciones reducen el acceso a los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades cotidianas. Esto las Ueva a asumir como estrategia el “limitarse en la satisfacción de sus gustos y necesidades personales”. Estas condiciones intensifican la jornada de trabajo de las mujeres y generan sentimientos de insatisfacción y estrés en algunas de ellas.

Alternativas para enfrentar la crisis

Al preguntar a las mujeres cuál podría ser la solución, “alionar más” siempre es la respuesta más frecuente. No se plantean buscar mayor disponibilidad de dinero, sino alionar el que tienen, privándose de satisfacer sus necesidades y gustos. Esto es expresión de una ideología patriarcal que las concibe como seres humanos “para los otros” que deben sacrificarse constantemente. Así, “cohibirse de todo lo que les gusta” es la solución a sus limitaciones económicas. Se encuentran también muy presentes las ideas de “trabajar más”, “esforzarse más” y “ser optimistas”, como si su jornada de trabajo ya no fuera suficientemente intensa. No hay cuestionamiento a los roles tradicionales de las mujeres ahora incrementados; sin embargo emerge el optimismo como señal de crecimiento y fuerza ante las dificultades.

Estas representaciones se conoboran al indagar acerca de los problemas más importantes de las mujeres hoy en día. Sus respuestas se relacionan de manera constante con la sobrecarga doméstica.

Esta actividad no es valorada como tal, sino que representa un incremento de tareas cada vez más difíciles de cumplir. Sin embargo, al considerar dichas tareas como “tradicionales”, se naturalizan en su cotidianidad y se asumen como propias de las mujeres, no se cuestionan y por consiguiente no buscan alternativas para cambiar esa condición.

Este es un desafío para acercarnos al Buen Vivir: el reconocimiento de la actividad doméstica como trabajo y su aporte a la economía, no sólo familiar sino también socio-comunitaria. El objetivo principal es que este reconocimiento lo hagan las propias protagonistas, que no siempre tienen conciencia del valor de su aporte.

Dentro del trabajo doméstico, el cuidado es fundamental en una población que envejece y que carece de suficientes instituciones que presten estos servicios. Es en este contexto donde se observan las mayores inequidades de género, ya que las mujeres son en su mayoría las que cuidan niños, personas con necesidades especiales, ancianos y enfermos con patologías crónicas; todo esto con las consecuentes implicaciones para su salud física y mental. Como dice Magdalena León (2011), el cuidado debe ser visto como una categoría económica central.

Según las mujeres entrevistadas, a la sobrecarga doméstica se suma la imposibilidad de acceder a más dinero y la consecuente y permanente preocupación por la alimentación de la familia y en particular de los hijos. Aspiran para los próximos años, que “el país salga adelante”, ya que esto significa que puede “mejorar la economía familiar” y así, “poder tener hijos en condiciones económicas para criarlos”. De las cincuenta mujeres entrevistadas, todas en edad reproductiva, el 40% no tiene hijos y el 20% sólo tiene uno; pero el 23% tiene a su cargo uno o dos adultos mayores.

¿Qué cambios esperan estas mujeres?

Las que refieren cambios que implican mejoras en la situación económica, lo hacen también desde su condición personal; por ejemplo, “que pueda construirse más” tiene que ver con el deseo de ampliar o construir su vivienda. El déficit habitacional en nuestro país ha sido un problema permanente en el tiempo. La construcción de viviendas no ha podido acercarse a la satisfacción de la demanda existente, que trae como consecuencia una acumulación de necesidades en este ámbito. Tener casa propia se ha convertido en la mayor aspiración de muchas personas, que ven con optimismo los cambios y expresan la idea de que “ahora sí” podrán contar con una vivienda acorde a las necesidades de su familia. Las mujeres que plantean estas ideas generalmente son jóvenes trabajadoras estatales, amas de casa y estudiantes.

Otro cambio que esperan es el incremento del trabajo independiente, no como alternativa personal de empleo, sino como vía para la solución de problemas de la producción y los servicios que afectan a la población. Estas ideas las encontramos en mujeres universitarias, trabajadoras estatales, artistas y amas de casa, todas jóvenes.

La eliminación de la circulación de la doble moneda[5] es otra expectativa que expresan cuentapropistas, mujeres desocupadas y trabajadoras estatales. Esta es una idea que no cuenta con una reflexión en torno a la necesidad de aumento de la producción como condición previa a la equiparación de las monedas, o acerca de la equiparación misma. La idea gira simplemente en torno a la posibilidad de acceso al mercado en divisas en iguales condiciones que al de moneda nacional. No se evidencia cultura económica en estas expresiones, más bien un deseo que emerge de la vivencia de necesidades difíciles de satisfacer.

La mayor parte de las mujeres no esperan que se produzcan cambios sustantivos que lleguen de manera positiva a sus vidas. Tal vez la permanencia en el tiempo de una “crisis económica” experimentada a lo largo de sus vidas condicione una percepción no optimista de un futuro donde tampoco existan vínculos reales entre los cambios sociales y la vida cotidiana de las personas. De esta manera se expresan mujeres trabajadoras estatales, profesionales o no y desocupadas.

Otras ideas de posible cambio son: el “aumento del salario” (menos compartida aun cuando supondríamos que sería la más consensuada), “que mejore el transporte” y la “eliminación de la libreta de abastecimientos”. Este último es un planteamiento con-troversial porque los sectores en condiciones socioeconómicas críticas (donde hay predominio de personas mayores) no desean este cambio pues afectaría directamente su ya precaria economía personal o familiar.

Si hacemos un análisis de las esferas afectadas por la crisis que refieren las mujeres estudiadas y las aspiraciones de cambio que expresan, observamos que temas como el empleo y los servicios de salud no emergen como expectativas prioritarias.

Cuando la pregunta se traslada de la expectativa a la aspiración de cambio entonces las respuestas sí se relacionan con los ámbitos de la vida que consideran más afectados. Así, aspiran con un fuerte pronunciamiento que mejore el mercado (reducción de precios) para tener mayor acceso a productos básicos de alimentación. Expresan también su deseo de que mejore el empleo y consecuentemente aumente el salario. En resumen, las aspiraciones giran en torno a una mayor disponibilidad de dinero para satisfacer las necesidades fundamentales, que es el principal problema con el que identifican una crisis económica.

Aspiran también que mejoren los servicios de salud y educación. Desean acceder a una “atención médica de calidad”, que los centros de atención estén en condiciones higiénicas y que “no haya carencia de medicamentos”. En el caso de la educación se refieren a la calidad de la enseñanza, pues desean contar con maestros mejor preparados. Asimismo, hablan de un mejor tratamiento a los profesionales de los dos sectores para que se motiven, permanezcan en sus puestos de trabajo y realicen sus funciones con eficiencia.

Se evidencia con esto que las aspiraciones no están relacionadas con el acceso a los derechos fundamentales, sino con el mejoramiento de la calidad de los servicios vinculados a los mismos. Esto se da porque desde hace más de cinco décadas quienes vivimos en Cuba podemos acceder a ellos sin ninguna condición. Sin embargo, por otro lado encontramos también que no hay reconocimiento del valor y la importancia de los ámbitos productivo y reproductivo de la economía. No considerar esto como una necesidad es expresión de una conciencia insuficiente sobre la desigualdad en la distribución de los roles en esos espacios.

Otras aspiraciones que se comparten están relacionadas con cambios en la política migratoria. Encontramos que no sólo piensan en “viajar para conocer”, sino que también es visto como una alternativa económica: poder viajar y trabajar en otro país para regresar con dinero a Cuba y vivir mejor durante un tiempo o invertir en una actividad por cuenta propia, o también “emigrar para ayudar a la familia”.

La mayor parte de las mujeres se sienten en condiciones de participar en los cambios que se implementan en el país: “Tengo sentido de pertenencia con mi país y me importan las cosas que pasen en él”, “hay que ser optimistas, pensar que las cosas van a mejorar”.

De manera general los cambios que aspiran las cubanas tienen que ver con mejorar sus condiciones de vida, lo que está relacionado directamente con los cambios económicos que hoy comienzan a implementarse. Sin embargo, es fundamental resaltar que no se trata de adquirir derechos no alcanzados hasta ahora, pues el Buen Vivir llegó a nuestro país con el Proyecto Social de la Revolución. El objetivo actual es lograr su pleno disfrute por parte de toda la población. Pero además, el Buen Vivir en Cuba tiene también el desafío de reconocer la necesidad del cuidado de la naturaleza como algo esencial para la existencia misma; algo a lo que ninguna de las entrevistadas hizo referencia en nuestro estudio.

Bibliografía

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Norma Vasallo Berrueta es Doctora en Ciencias Psicológicas, investigadora y profesora de la Universidad de La Habana, Presidenta de la Cátedra de la Mujer y Coordinadora del Comité Académico del Programa de Maestría en Estudios de Género. ↵

Redacción al cuidado de Melissa Fernández.↵

La cooperación cubana en el área de salud se inicia en el año 1963 en Argelia (África), cuando un grupo de médicos voluntarios responde al llamado del Comandante Fidel Castro para prestar servicios de asistencia médica en gesto de solidaridad y apoyo al hermano pueblo argelino, que confrontaba un serio problema en salud pública producto de la herencia dejada por el colonialismo francés.↵

Ver XXVIII congreso de LASA, Toronto, 2011.↵

En Cuba circulan dos monedas una llamada moneda nacional y otra considerada como equivalente al dólar, aunque también es nacional.↵

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NEOLIBERALISMO, MICROCREDITOS Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

Alicia Girón[1]

Incluso hoy en día en el mundo moderno y
de sarrollado, las encuestas muestran que los padres
prefieren  tener un niño en lugar de una chica.
Una razón desde hace mucho tiempo,
por qué los niños se han visto como
una bendición mayor ha sido por que se espera
se conviertan en mejores
proveedores económicos para
la vejez de sus padres. Aún es tiem po para que
los padres rectifiquen su pensamiento.
Las niñas pueden ahora ser una mejor inversión.

The Economist, 2006.

En el marco del neoliberalismo, los microcréditos han sido utilizados por la ideología dominante como el mecanismo para el em-poderamiento de las mujeres a lo largo de las últimas décadas. El empoderamiento desde la perspectiva de género consiste en transformar a las mujeres en agentes económicos, en seres con “libertad para elegir”, pero no sólo para poder determinar el uso del crédito e insertarse en proyectos productivos, sino como emprendedoras en las decisiones administrativas, políticas y sociales de la sociedad. Los microcréditos con rostro de mujer son una de las metamorfosis más importantes a partir de los cambios estructurales en los circuitos financieros y del mercado del trabajo, desde finales de los setentas hasta el día de hoy. Los microcréditos no sólo promueven el empoderamiento, sino que orillan a las mujeres a ser sujetos económicamente rentables al servicio de las microfinancieras.

El objeto del presente trabajo es señalar cómo las microfinanzas adquieren rostro de mujer. Mientras las microfinancieras actúan bajo la bandera de “hacer el bien común”, detrás están los intereses de los inversionistas institucionales logrando grandes ganancias a través de los circuitos financieros internacionales. Las microfinanzas forman parte de la innovación financiera y son producto de la necesidad de satisfacer la rentabilidad en los circuitos financieros a nivel global. Por otra parte, la bancarización de las mujeres las inserta en el circuito del mercado laboral y en los circuitos financieros. Las microfinancieras son parte del sistema financiero sombra, pues substituyen el financiamiento otorgado por parte del Estado para eliminar las desigualdades sociales. Al mismo tiempo es importante destacar la rentabilidad de las microfinancieras. Poner en la mesa del debate la rentabilidad de los microcréditos con enfoque de género plantea no sólo la rentabilidad financiera de los microcréditos sino que concibe a las mujeres como agentes económicos muy rentables.

¿Es el microcrédito un logro para mejorar las condiciones del entorno económico, político y social de las mujeres? ¿Por qué la bancarización de las mujeres ha sido objeto de un tema prioritario de los organismos financieros internacionales? Al observar la canalización de los microcréditos de las más grandes microfinancieras de algunos países de la región latinoamericana hacia las mujeres, se observa la alta rentabilidad que obtienen los inversionistas financieros a través de los microcréditos. Por tanto, los préstamos con rostro de mujer confirman la hipótesis surgida a lo largo de este trabajo: el empoderamiento de las mujeres a través del micro-crédito es una nueva forma de rentabilidad de los inversionistas financieros a través de las microfinancieras. Las altas tasas de interés que se cobran son expresión del proceso de financiarización existente en el patio trasero de los inversionistas bajo la bandera de abatir la pobreza.

Microcrédito, desarrollo y el Estado sombra

Milford Bateman y Ha-Joon Chang (2012), en su artículo «Micro-financiamiento y la ilusión al desanollo: de Hubris a Némesis a treinta años», mencionan que los teóricos de la economía neoclásica y los hacedores de la política neoliberal coinciden ampliamente en celebrar el modelo de microfinanciamiento como la alternativa para ampliar la capacidad empresarial para salir de la pobreza. Esta premisa para el crecimiento y el desanollo sustentable del micro empresario individual está acompañada de una antipatía implícita a toda forma de intervención estatal. David Hulme y Paul Mosley (1990 muestran que el modelo del financiamiento al desanollo promovido por el Estado desde la posguena y hasta el inicio de los setenta resultó ser un fracaso. Por lo cual, en el marco de la desregulación y la liberalización financiera, la banca de desanollo al haber fracasado como una institución estatal para incorporar los grandes proyectos de desanollo y abatir la pobreza merecería ser eliminada. Las microfinanzas[2] vendrían a ser la mejor opción principalmente para aquellos agentes pequeños empresarios o mi-croempresarios que pueden acceder al crédito sin pasar por los canales de la banca comercial tradicional. «En la década de los setentas las debilidades de este modelo llevaron a una búsqueda de alternativas y para los ochentas la escuela de Ohio había tomado una posición elevada de debate teórico» (Hulme, David y Mosley, Paul 1996, p.141). El debate del crédito para microempresarios llegó a los organismos internacionales. «Por esta razón se considera que la participación y el fortalecimiento de las comunidades locales son factores determinantes para un desanollo sostenible desde el punto de vista económico y social a largo plazo» (Foschiatto, Paola y Stumpo, Giovanni 2006, pp. 21-22). Para estos autores, el micro-crédito es un instrumento que permite que la actividad productiva impulsada “desde abajo” (bottom-up) pueda ser más exitosa.

Cuando el debate del microcrédito llegó a los organismos financieros se centró en la necesidad de fomentar emprendedores. Las mujeres al tomar el liderazgo como emprendedoras no sólo lograrían un mayor empoderamiento sino que serían sujetos importantes para disminuir las desigualdades y abatir la pobreza, pasando a ser participantes activas como agentes económicas en el proceso productivo. Para el Banco Mundial:

… la comunidad global debe de reconocer su atención en mejorar el empoderamiento económico y el aumento de inversiones hacia las mujeres (…) pues una mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo está asociada con mayores ganancias y reducción de la pobreza; las mujeres se benefician de un mayor empoderamiento y por lo tanto los hombres, los niños y la sociedad entera (World Bank 2010, p.2).

Nace así un sistema paralelo al financiamiento del desanollo. El microfinanciamiento, por tanto, sería parte del sistema financiero sombra y cubriría “aparentemente” el financiamiento de agentes económicos que no necesariamente pueden acceder al crédito en los circuitos financieros de la banca comercial tradicional.

Ante lincamientos exógenos de nuevas formas de innovación financiera, las microfinanzas a través del microcrédito permearon las instancias de los gobiernos como una forma que podría substituir a la banca de desanollo, sobre todo una forma para prosperar en espacios de alta marginalidad. El microfinanciamiento sería la alternativa para satisfacer las necesidades del crédito de incrementar los negocios.

Así, el desdibujamiento de la banca de desanollo en países como México y Bolivia, sólo por dar un ejemplo, abriría el paso al microcrédito y a los inversionistas institucionales quienes canalizarían parte del financiamiento a las microfinancieras. Por tanto, el micro-crédito permearía con creces los circuitos financieros empoderando principalmente a las mujeres en los términos que se plantearon los organismos financieros durante los noventa. Estos lincamientos incluso quedarían plasmados en los documentos de Naciones Unidas y posteriormente en los objetivos del Tercer Milenio.

No hay duda de que las reformas económicas del Washington Consensus, implementadas con gran fuerza en los años ochenta y noventa tanto en los países asiáticos como en los países latinoamericanos, favorecieron a las ONGs[3] como instituciones enfocadas a proyectos productivos para abatir la pobreza. Acompañadas por los créditos a pequeños emprendedores se volvieron en muchos casos microfinancieras con un poder monetario tan fuerte o más que el propio Estado.

Con respecto al “Estado sombra” Karim (2011, p.l) afirma que es «(…) un Estado en la sombra de una bahía, me refiero al cuasi-Estado de la ONG como proveedor de servicios esenciales y empleo en el área rural». En los países latinoamericanos, al cancelarse los proyectos institucionales públicos pasaron a ser absorbidos por la iniciativa privada. En muchos casos, el mismo proceso de desnacionalización y privatización permitió la extranjerización de los circuitos financieros y monetarios. Gran parte de las microfinancieras que se iniciaron como ONGs han canalizado enormes flujos de financiamiento a proyectos específicos en el marco de la ayuda para el desanollo. Ante una carencia de instituciones gubernamentales para crear y subsidiar proyectos productivos apareció el microcrédito como una forma de substituir los créditos que debía otorgar el sector público y también los fideicomisos que permitieron formar empresarios nacionales en el modelo de substitución de importaciones.

Hoy, los microcréditos no satisfacen las necesidades del desarrollo: mejoría en las vías de comunicación, acceso al agua, vivienda, salud y educación. Lo que han hecho es sustituir el ahorro de las familias usualmente llevado a través de las cajas de aliono, las tandas y las pollas. Los microcrédito ayudaron al sector informal y más precisamente a la expansión de tienditas familiares o pequeños negocios, cuyos trabajadores no llegan a tener seguridad social. En muchos de ellos, el jefe y el empleado son la misma persona y en su mayoría son unidades económicas familiares. Hernando De Soto (1989), expuso en su libro El otro sendero la caracterización de la economía informal en Perú como la contratapa de una sociedad capitalista desabollada. En la economía informal las instituciones y el propio Estado han desaparecido y los agentes económicos y las empresas familiares construyen sus propias formas de organización.

Uno de los principios más importantes tomados en cuenta para el desanollo es la llamada bancarización. El índice de Desarrollo Financiero (World Economic Forum (WEF) 2012) evalúa por un lado qué tan accesible es el sistema financiero de una economía, y por otro el ambiente institucional, de negocios, estabilidad financiera, bancos y acceso y disponibilidad de capitales de la sociedad en un país. Por tanto, un país cuya población tiene acceso al crédito en su mayoría tendrá desde esta óptica un mayor desarrollo económico.

Las microfinancieras han sido en su inicio una forma revolucionaria para acabar con la pobreza justo ante la ausencia de una banca de desanollo. Beatriz Armendáriz y Jonathan Murdoch (2000 ponen en debate algunos mitos de la economía de las microfi-nanzas. Pues si bien las instituciones microfinancieras al proveer pequeños créditos no necesitan el colateral, un seguro frente al no pago y otras reglamentaciones que la banca comercial sí pide, éstos tampoco son requisitos para el otorgamiento de un microcrédito.

En un principio fue un movimiento para reducir la pobreza y no se vio como un movimiento para introducir el sistema de créditos bancarios. Hay varios mitos: 1) las microfinanzas son esencialmente para otorgar créditos; 2) el secreto de las tasas de retorno altas responde al modelo del Banco Grameen de Bangladesh y al Ban-coSol de Bolivia; 3) las microfinanzas tienen un gran impacto social y han sido un mecanismo muy importante para la reducción de la pobreza y el empoderamiento de las mujeres; 4) los prestamistas de microcréditos están sirviendo a los pobres y haciendo ganancias (Armendáriz y Murdoch 2007, p.32).

Efectivamente, el microcrédito ha sido un mito al ser tratado como la bandera del desanollo. Se confirma por un lado el alcance que han tenido las microfinancieras frente a enormes sectores de la población que difícilmente pueden estar en el sector bancario tradicional. Pero por otro lado, la organización informal en los circuitos financieros altamente rentables ha establecido un poder económico, político y social paralelo frente la responsabilidad del Estado de otorgar y controlar los servicios financieros con un rostro social. La usura ha sido determinante en los circuitos financieros de sectores marginales que han salido del control del Estado gobernante.

Microfinancieras con rostro de mujer

Las microfinancieras son resultado de una de las grandes transformaciones en los circuitos financieros en el periodo del sistema monetario post Bretton Woods. Ahora bien, el rostro de mujer que adquieren los microcréditos ponen en la mesa del debate no sólo las modalidades del financiamiento sino el por qué del crecimiento inusitado de estos microcréditos hacia las mujeres. Uno de los principios del Banco Mundial es señalar cómo el empoderamiento de las mujeres puede mejorar los niveles de participación gracias al acceso de los productos financieros como una forma de mejorar la productividad y el ingreso de las mujeres (World Bank 2000. La publicación The economist (2012) menciona que en la próxima década un billón de mujeres entrarán al mercado laboral, impactando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel global y demandando mayor acceso a los servicios financieros. El discurso de Christine Lagarde (2013) en la ciudad de Davos, señala que las mujeres controlan el 70% del gasto de consumo y afirma que si tan sólo se incrementara la fuerza de trabajo femenina al mismo nivel que la representada por los hombres en la población económicamente activa, la tasa de crecimiento del PIB crecería en Estados Unidos un 5%, en Japón un 9%, en Sudáfrica un 10%, un 27% en la India y un 34% en Egipto.

Autores como María Barrón, Dora Cabeza y Renato González (2009, pp. 10-11) destacan que:

… hoy en día, las microfinanzas y el microcrédito se han convertido en elementos clave para el desarrollo y combate de la pobreza. Pudiera entenderse que los microcréditos estarían circunscritos a la población dedicada a actividades de los sectores de manufacturas, servicios y comercio. Sin embargo, esa definición también acepta a la población que trabaja por su cuenta en todos los sectores de la actividad económica, incluyendo la agrícola. Las características de los microcréditos son las siguientes: sus montos son pequeños; se conceden a plazos cortos (generalmente, un año) o a fondo perdido; están dirigidos a la población que vive bajo condiciones de alta y muy alta marginalidad; su propósito es la creación de microempresas o micronegocios para generar una fuente regular de ingresos mediante el autoempleo; los reciben personas que fueron excluidas de los créditos bancarios.

A continuación vamos a realizar una breve reseña de las diez principales microfinancieras de México, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En ellas lo que vamos a destacar es el porcentaje de micro-créditos que se otorgan a las mujeres.

México

Según cifras del Banco de México del año 2010, en este país el crédito interno equivalía al 35,4% del PIB y se destinaba principalmente a dos sectores, el público que captaba el 10% y el privado con el 18,7%. Los grandes bancos comerciales privados desplazaron a la banca de desanollo y a los bancos del sector público previos a la crisis bancaria. Posteriormente, fueron los bancos extranjeros los que pasaron a controlar la mayoría de los activos del sistema bancario mexicano. A la par, los microcréditos han tenido un aumento exponencial: en 2011 se contabilizaron 3711[4] entidades de microfinanciamiento, que sólo representaban el 4,1% de los activos totales.

Las microfinancieras otorgaron préstamos equivalentes a dos mil millones de dólares a seis millones de prestatarios. Entre 2000 y 2010, las diez principales microfinancieras destinaron el 82% de sus préstamos a mujeres. Entre las principales microfinancieras destacan Compartamos Banco, Promujer y Finca, instituciones que se han enfocado en el crédito a mujeres otorgándoles el 97% de su financiamiento.

En México se da la particularidad de que gran parte de las microfinancieras se encuentran bajo la figura de Sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) y Sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles). Las Sofomes son sociedades anónimas que captan recursos y otorgan créditos, pueden ser reguladas o no reguladas, dependiendo de si mantienen o no vínculos patrimoniales con instituciones de crédito o grupos financieros. Las Sofoles son sociedades anónimas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que actúan como intermediario financiero en las ramas hipotecaria, mediana industria y bienes de consumo (Banco de México 2012).

Por otra parte, el sector gubernamental otorgó 197 mil créditos a 192 mil microempresarios. El monto significó 14.025 millones de dólares en 2011.

Bolivia

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia señalaba en 2010 que el 75,5% de la población se concentraba principalmente en el sector agrícola y ganadero (74% hombres y 77% mujeres). Ese mismo año, el crédito interno total equivalía al 44,4% del PIB, del cual el sector público se benefició en un 8,7% y el sector privado 35,7% (CEPAL 2011).

Las microfinancieras[5] prestaron tres mil millones de dólares y beneficiaron a un millón de prestatarios, lo cual es significativo si se toma en cuenta que para 2009 el INE señalaba que existían 10,2 millones de habitantes en Bolivia.

Las diez principales instituciones de microfinanciamiento otorgaron el 60,4% del crédito a mujeres, entre 2000 y 2010. Entre las principales microfinancieras se destacan Crecer y Promujer, pues otorgan financiamiento preferentemente a las mujeres y representan el 95% del total de créditos.

Ecuador

Para el año 2010, el crédito interno en este país equivalía al 27,5% del PIB, siendo acaparado en más del 90% por el sector privado. Para 2011, existían 44 microfinancieras que otorgaban préstamos equivalentes a dos mil millones de dólares. Los créditos otorgados representaron un poco más de 850 mil prestatarios, equivalente al 4,9% de la población. El 30% del total de los prestatarios estaba ubicado en el sector más pobre.

En Ecuador, la importancia de las microfinancieras en relación al crédito otorgado a las mujeres es el más bajo entre los cuatro países comparados en este trabajo. Sólo las diez principales micro-financieras fondeaban un 49% a mujeres y un 51% a hombres.

Venezuela

Para 2008, el crédito interno en Venezuela equivalía al 29% del PIB. El financiamiento lo acaparaba el sector privado con un 21%, mientras que el sector público obtenía sólo el 2,4%, el resto era absorbido por otros agentes. La penetración de las microfinancieras es la más baja de los cuatro países comparados. Otorgaron préstamos por un monto de 121 millones de dólares a casi 45 mil prestatarios. El 51% del crédito fue entregado a mujeres.

Rentabilidad de las microfinancieras

Es de resaltar que las microfinancieras mexicanas se han posiciona-do como las más rentables a nivel de América Latina. En el estudio Microfinanzas en América Latina y El Caribe-, el sector en cifras, preparado por Paola Pedroza para el Banco Interamericano de De-sanollo (BID), se enlistan las veinte microfinancieras con mayores beneficios de Latinoamérica en 2012. En este estudio figuran ocho microfinancieras mexicanas, tres de las cuales se encuentran entre las cinco primeras. La clasificación se basó en dos sistemas estadísticos: ROA (por sus siglas en inglés: Return on Assets), que mide la rentabilidad de una entidad respecto de los activos, dando una idea de la capacidad de administración para generar rendimientos a partir de sus recursos; y ROE (por sus siglas en inglés: Return on Equity), que señala la rentabilidad que tiene una entidad con respecto a sus recursos propios o capital.

Las tres microfinancieras más rentables de México (Conserva, Compartamos Banco e Inviniendo) tuvieron un ROA promedio de 17,8%, es decir que por cada cien pesos que se invirtieron se obtuvieron 17,8 de utilidad económica sobre la inversión realizada al inicio del periodo. El ROE se ubicó en 38,7%, lo que nos indica que por cada cien pesos que invierten los dueños o accionistas en capital tienen un rendimiento de 38 pesos. Estos rendimientos son mayores a los del sistema bancario comercial privado y extranjero, que para el mismo periodo presentaron en promedio un ROA de 1,39% y un ROE de 13,3%. Como expresa William Black (2005), qué mejor que tener una institución financiera para obtener tremendas ganancias.

Por tanto, una de las críticas a las microfinanzas es el modelo de financiarización implementado a lo largo de las dos últimas décadas. Puede tratarse de un modelo programado al estilo de los préstamos sub-prime, que se caracterizan por alto riesgo, altas tasas y orientación a clientes con escasa solvencia; de esta manera su subsistencia se va viendo comprometida cuando es necesario seguir consiguiendo constantemente nuevos clientes, pareciéndose al sistema piramidal o modelo Ponzi.

Microcrédito, circuitos financieros y neoliberalismo

Para Gérard Duménil y Dominique Levy (2011, p. 1):

… [el] neoliberalismo es una nueva etapa del capitalismo que surgió a raíz de la crisis estructural en la década de los setentas. Expresa la estrategia de las clases capitalistas en alianza con los directivos y gerentes financieros con la intención de estrechar su hegemonía (…) para expandirlo a nivel global.

La gran transformación del financiamiento al desanollo a través del microcrédito en los circuitos financieros tiene su raíz en el des-dibujamiento de la banca de desanollo, acompañada de la desregulación y liberalización financiera, en el marco del neoliberalismo a partir de la década de los setenta. Importante es retomar la lectura de Duménil y Levy para entender cómo el microcrédito surge en esta etapa como una estrategia paralela del financiamiento al desarrollo. La premisa “mayores oportunidades económicas para las mujeres permitirá ayudar a disminuir la pobreza a través del financiamiento de sus emprendimientos” no sólo ha permeado los circuitos financieros sino que es símbolo de los programas de desarrollo y del financiamiento a través de los organismos financieros internacionales. Pero los microcréditos no han sido necesariamente el vehículo para mejorar las relaciones de equidad entre hombres y mujeres.

Al transformar el financiamiento en desanollo a partir de los procesos de desregulación y liberalización financiera, la banca de desanollo se fue desdibujando en gran parte de los países de la región latinoamericana. El papel del Estado en la regulación del crédito se fue trasladando a sectores interesados en el financiamiento de personas sin acceso o sin posibilidad de ser sujetos de crédito. Por otro lado, la necesidad de bancarización o inclusión bancaria de las capas más pobres en los circuitos financieros tuvo su origen al otorgar créditos a sectores con difícil acceso a los mismos.

Es importante resaltar que frente al discurso neoliberal de la importancia del microcrédito para el empoderamiento de las mujeres, no necesariamente trae beneficios al entorno económico de las mujeres (Espíen, Emily y Brody, Alyson 2007). Es decir, el microcrédito no mejora el acceso a la educación, vivienda, salud y agua. En un trabajo publicado por el BID, Hege Gulli (1999, p.79) menciona «(…) para salir de la pobreza, los pobres necesitan muchos ingredientes y el crédito es solamente uno de ellos». De ahí la importancia de la banca de desarrollo con objetivos claros de financiar la infraestructura para mejores emprendimientos. El aumento inusitado del acceso al microcrédito entre los sectores de bajos ingresos ha promovido que las microfinancieras respondan a una demanda de créditos para proyectos productivos. Son parte importante de los cambios en los patrones del financiamiento al desanollo en las últimas décadas (Centro para el Estudio de la Innovación Financiera 2001).

Una de las metamorfosis más grandes e importantes del neoli-beralismo es nada menos que la de los circuitos financieros. Las modificaciones de los circuitos internacionales han incidido en los sistemas financieros acompañados de múltiples reformas. Se puede afirmar que los países que desdibujaron su banca de desarrollo y tuvieron una extranjerización de sus empresas financieras dejaron la arena del financiamiento a las empresas microfinancieras, las cuales se han destacado especialmente por su oferta de créditos en el ámbito rural. Además se han ido fortaleciendo en el transcurso de las últimas décadas y muchas de ellas se han convertido, con el tiempo, en bancos exitosos. La orientación de sus actividades va principalmente dirigida a mujeres, cuyo colateral en muchas ocasiones es la red social de la comunidad, lo que permite el otorgamiento del crédito.

Asimismo, es importante destacar que las ganancias de los proyectos productivos y las altas tasas de interés de los créditos otorgados a las mujeres son consecuencia de la ineficiencia de las instituciones financieras públicas, así como de la muerte paulatina de la banca de desanollo.

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Alicia Girón es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (HEc.) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La autora agradece a Francisco González Munive, alumno de la Maestría en Economía del Posgrado de Economía de la UNAM y becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), su apoyo en el trabajo estadístico para sustentar la hipótesis del presente trabajo.↵

Para Marguerite Robinson (2001): ... las microfinanzas se refieren a servicios financieros en pequeña escala -principalmente créditos y ahorros- para aquellas personas que se dedican a la agricultura, la ganadería o el pescado; pequeñas empresas o microempresas donde se producen los bienes, reciclados, reparados o vendidos; prestatarios de servicios; personas que trabajan por salarios o comisiones; que ganan ingresos de alquiler de pequeñas cantidades por el alquiler de terrenos, vehículos, animales de tiro, o maquinaria o henamientas; y otras personas y grupos a nivel local de los países en desarrollo, tanto rurales como urbanos (p.9).↵

Para Lamia Karim (2011): En la era contemporánea, un nuevo actor llamado organizaciones no gubernamentales (ONG) ha surgido como un actor importante en el desarrollo a nivel local, nacional e internacional. Mientras que el término ONG fue utilizada [sic] oficialmente en 1949 por las Naciones Unidas, es en la década de los noventas que se ha convertido en un término popular. Para sus defensores, las ONGs se definieron para combinar lo mejor de «las empresas, los gobiernos y las organizaciones de caridad (...) y a actuar de acuerdo con sus intereses humanitarios» (Robinson, Marguerite 2001). Esto ha llevado a su caracterización como "balas mágicas" y «algo de una panacea para los problemas del desarrollo» (Karim, Lamia 2011). Su tamaño y capacidades han convertido algunas ONGs en jugadores importantes «en los mercados de empleo y bienestar sociales a nivel nacional», con importantes consecuencias en la vida de las poblaciones locales (Fernando, Jude 2007). Para sus detractores de la izquierda, tal dependencia de las ONGs, se considera «un modelo imperfecto del desarrollo» (Geoffrey Wood y Sharif Iffath 1997)↵

Que desglosadas son: 41 Sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) y Sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) reguladas; 3400 Sofomes no reguladas; 35 Organizaciones auxiliares de crédito; 235 Entidades de ahorro y crédito popular (Banco de México 2010).↵

En el sector de microfinanzas se incluyen instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, como son las sociedades financieras y cooperativas de ahorro y crédito y otras no reguladas, que son principalmente estructuras financieras locales. Los beneficiarios del crédito son principalmente microempresarios, lo que es relevante ya que del total de las empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, la mayor parte se consideran pequeña y mediana empresa. También se destaca el financiamiento a la vivienda.↵

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UNA ALTERNATIVA PARA LAS MUJERES EN LA CRISIS ECONÓMICA EN LA ERA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

Alejandra Arroyo[1]

Introducción

La economía mundial y la crisis económica están produciendo cada vez más cambios al interior de la sociedad en su conjunto, que necesariamente modifican de manera significativa el aspecto del trabajo. Se observan transformaciones en las relaciones entre la empresa y el trabajador, donde se aprecia que, debido a la revolución tecnológica imperante y globalizada, el trabajo humano está siendo reemplazado por la tecnología (Rifkin, Jeremy 2010). En efecto, entramos en la llamada sociedad de la información y el conocimiento. Este nuevo modelo reestructura las formas de organización social así como la manera de transmitir conocimiento y aprehenderlo. Una de sus implicaciones se relaciona con la forma de emprender empresas y negocios. En este sentido, vemos cómo las mujeres comienzan a introducirse en el mundo económico, produciendo cambios importantes que las apoyan. Es importante recordar la difícil situación en la que se encuentran las mujeres frente a una crisis extendida que ha producido cambios, incluso tanto en la vida dentro de sus hogares, como en materia de trabajo productivo y reproductivo.

Dos aspectos son fundamentales en este proceso: la organización social y las formas en las que ésta se comunica. La información es cada vez más visible en la política, las instancias gubernamentales y la sociedad; se puede observar además el crecimiento en las ocupaciones más especializadas en las actividades de la información y la comunicación (Pinto, Claudio 2009). Una cuestión fundamental es la velocidad con la que se adaptan las instituciones políticas, gubernamentales, sociales e industriales para aprovechar las nuevas formas de innovación tecnológica. Estas tecnologías ofrecen ambientes de alta competitividad no sólo entre las personas, sino entre los países que se adueñan de las nuevas técnicas de trabajos y productividad.

En este sentido, en un escenario de crisis económica y desempleo como la que recorre el mundo globalizado actual, podrían encontrarse aspectos positivos si se aprovecha la situación para fomentar lo que las nuevas formas de creación de empresas han llamado el emprendizaje, el cual supone una renovación de los sectores que motiva a los emprendedores.

En este sentido, se observa cada vez más la inserción de las mujeres en el mundo empresarial. Desde la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, las mujeres se habilitan para entrar al mundo de los negocios y la gestión de emprendimientos empresariales que les permiten salir del estado crítico en materia de ingresos y ponen de manifiesto sus capacidades en este teneno.

Así, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desanollo (BID), para 2012 el empleo total para hombres y mujeres por tamaño de la empresa, en un trabajo comparativo, apunta que las microempresas de América Latina y el Caribe (ALyC) representan el 66,5% frente al 29,1% de la Unión Europea (UE); las pequeñas y medianas empresas representan en nuestra región el 20%, mientras que en Europa son del 38%; por último, la gran empresa en ALyC sólo alcanza el 13% contra el 32% en la UE. Esto hace que el 86,5% de las empresas latinoamericanas y caribeñas sean pequeñas y medianas (mini pymes) (Organización Internacional del Trabajo [OIT] 2012).

En México, las instancias financieras y gubernamentales han instaurado interesantes programas de gestión de empresas para las mujeres emprendedoras. Su habilitación recae principalmente en la gestión de micro-créditos para iniciar sus pequeñas empresas, y ofrece instrucciones de manejo y dirección de la empresa, para que ésta sea productiva y con el menor riesgo posible.

Esta introducción trata sobre las condiciones en las que las mujeres emprenden negocios, sus motivaciones tanto económicas como personales y las instancias a las que acuden para su apoyo y habilitación. En resumen, se reflexionará sobre la constitución de su empoderamiento, entendido éste como el proceso de potenciación de las personas en la sociedad, mejorando sus condiciones y su capacitación para desabollarse en las diferentes esferas sociales. Las definiciones de este término varían desde el punto de vista de la psicología, las ciencias políticas, el derecho, la economía y la educación. Se usa como sustituto de integración, participación, identidad, desanollo y planeación. El empoderamiento se presenta como una estrategia metodológica para los proyectos de desarrollo y crecimiento (Anoyo, Alejandra 2010, pp. 182-183).

Las actuales teorías del emprendizaje, entendido éste como la manera de crear modelos de actividad para desarrollar productos y servicios que satisfagan las necesidades básicas de las comunidades y la transformación empresarial, tiene implicaciones directas en las áreas sobre las que actúa con objetivos prioritarios, como son la innovación tecnológica y la innovación social (Hitt, Michael; Dua-ne, Ireland; Camp, Michael y Sexton, Donald 2001; Borras, Susana y Lundval, Bengt-Ake 1997; Bernaras, Amaya; Ramos, Luis y Bilbao, Guillermo 2010). El emprendizaje surge a partir de las necesidades y especificidades de la Sociedad de la Información o Economía de la Información, la cual está permitiendo que las personas comunes y comentes comiencen negocios a partir de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), recursos informáticos que están generando cambios en las formas de organización de una empresa (Arroyo, Alejandra 2012).

Las TIC’s agrupan elementos y técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la información y la comunicación, principalmente informática, Internet y las telecomunicaciones, las cuales han permitido disminuir la brecha digital al aumentar el número de usuarios que las utilizan como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades. Es a través de medios como Internet que se sostiene actualmente el modelo proveedor-cliente en los negocios con una gran sofisticación, en función de las posibilidades tecnológicas de evolución de la forma de prestar el servicio.

La nueva generación de servicios de TIC’s ha propiciado un cambio radical con la aparición de fórmulas de cooperación entre usuarios de la red que rompen con el paradigma clásico de proveedor-cliente. Estos nuevos canales de difusión de productos y servicios que las TIC’s aportan han facilitado el comercio electrónico (banca on Une, por ejemplo, donde se hacen todo tipo de transacciones bancarias), y el acceso a contenidos informativos, de ocio y de la administración pública. Esta experiencia ha permitido el auge del llamado comercio electrónico al que pueden acceder los ciudadanos que cuentan con las nuevas tecnologías.

En los últimos años, la aparición de comunidades virtuales y modelos cooperativos han venido configurando un conjunto de formas de trabajo en la red que generan colaboración de servicios a través de nuevos procesos, como el diseño de páginas dinámicas y blogs, la instrumentación de redes sociales que enlazan a usuarios y comunidades, la facilitación para tener acceso a música y videos, etc. Pero también está cambiando de forma radical la manera en que las empresas y los profesionales están usando Internet para sus negocios, buscando mejorar la eficacia de la toma de decisiones a través de un mayor conocimiento del entorno en el que operan y de una comunicación rápida con sus clientes y proveedores, creando con esto además, nuevas cadenas productivas.

A nivel de la estructura de la empresa y su gestión, las nuevas tecnologías ofrecen una organización menos jerarquizada y la información al interior de la empresa es más sistemática, rápida y práctica, mejorando también la gestión de los recursos humanos. A nivel comercial, se extiende su potencial de mercado a través del comercio electrónico, baja los costos logísticos y favorece el desanollo de las innovaciones de la empresa en servicios y productos, a partir de la respuesta a las necesidades de los consumidores que de manera rápida dan los servicios y productos obtenidos. Tener una página web del negocio mejora la imagen innovadora de la empresa.

De acuerdo a la OIT, en la última década se ha producido un incremento notable en la penetración de nuevas tecnologías de la información en la región latinoamericana a través de Internet. Así, en un estudio realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones[2], el porcentaje de las personas que usan estas tecnologías va en aumento desde el año 2000, cuando registraba el 3,9% hasta alcanzar en 2010 un 34,1%, estimando que el proceso se consolidará entre los años 2010 y 2020. Este mayor uso de las tecnologías incrementa la productividad y el desanollo de los mercados de trabajo en la región generando nuevos empleos, y sin embargo, en comparación con otros países de la OECD, ésta es la región más rezagada (OIT 2012, pp. 34-35).

Es así como, aprovechando estas nuevas tecnologías, las mujeres entran como emprendedoras al mundo de los negocios.

Las mujeres emprendedoras

En años recientes, se han profundizado las pocas oportunidades que la población en general tiene para incorporarse de manera formal a las fuentes de trabajo digno (en términos de salarios y condiciones de seguridad en el empleo), además de su estrepitosa caída en Europa y Estados Unidos. Por su parte, las mujeres son las que más padecen esta situación, a partir de su rol cultural en el cual se encargan mayoritariamente de sus hogares y sus hijos, presentándose el empleo formal como incompatible con su forma de vida. De este modo se acrecienta la entrada de las mujeres al mundo empresarial, creando micro, pequeñas y medianas empresas, algunas desde sus hogares o comenzando por éstos, hasta expandirse.

Las nuevas tecnologías, que cada vez se esparcen más por el mundo, han creado desde hace ya algunos años el modelo empresarial a través de las TIC’s, en términos formales de micro, pequeña y mediana empresa (Pymes). Esto se debe al aprendizaje que se ha venido dando en el mercado informal, donde las mujeres dejan ver su presencia como una respuesta a la crisis económica y de empleo.

Sólo recientemente, debido a la inserción cada vez mayor de mujeres a este modelo empresarial, consecuencia en parte también a la alta educación que han alcanzado y que ha coadyuvado a su empoderamiento, es que se han empezado a hacer estudios sobre este fenómeno de las mujeres en la empresa, que se extiende por el mundo de manera progresiva.

Entre las motivaciones que tienen las mujeres para emprender un negocio por cuenta propia está en primer lugar, alcanzar una independencia social y económica que les permita llevar a cabo sus proyectos, obstaculizados bien sea por trabajos anteriores o bien por las razones de su rol tradicional como madres de familia, propios de su género (Bañera, Dalia 2001; Zabludovsky Gina y Avelar, Sonia 2001; Debeljuh, Patricia y De las Heras, Mireia 2010). Muchas mujeres solas, jefas de familia, emprenden sus negocios desde sushogares. En segundo lugar, está la necesidad de coordinar su vida laboral con la de sus hogares.

Hoy por hoy, en pleno siglo xxi en México, estar embarazada es motivo para ser retirada de su actividad laboral y/o ser discriminada por ello. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares indica que en 2011, alrededor de cuatro millones de mujeres señalaron que en algún momento sus empleadores les solicitaron pruebas de ingravidez. En este ámbito, se captaron las situaciones de discriminación laboral enfrentadas por las mujeres en su lugar de trabajo durante el último año, como las siguientes: a pesar de tener el mismo nivel y puesto que un hombre les pagaron menos; tuvieron menos oportunidad para ascender o obtuvieron menos prestaciones; les bajaron el salario, las despidieron o no las contrataron debido a su situación conyugal; en su lugar de trabajo les solicitaron la prueba embarazo. De acuerdo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en el año 2011, 845.308 mujeres fueron despedidas de su trabajo, no les renovaron el contrato o simplemente les bajaron el salario por el hecho de estar embarazadas. En todo caso, la conciliación de la vida familiar y reproductiva sigue siendo un pendiente en el país; casi la mitad de las trabajadoras mexicanas carecen de seguridad social, licencias de maternidad, guarderías y prestaciones sociales en general. El mismo GIRE destaca que existen 11.174 estancias infantiles, cuando en México nacen al año aproximadamente dos millones y medio de niños. Para el Estado persiste la idea de que es obligación de las mujeres hacerse cargo del cuidado de los hijos, por lo que no proporciona las medidas necesarias para que realmente las mujeres salgan a trabajar.

Por tanto, poseer un negocio propio les ofrece flexibilidad en el manejo de su tiempo para satisfacer sus ambiciones de ser empre-sarias y atender a sus familias. Por otra parte, el mercado laboral ofrece selección en cuanto a edad, color y apariencia, nivel de educación y tiempo para las labores en la empresa. Establecer un negocio por cuenta propia las exime de ser juzgadas por cualquiera de estos rubros.

Los obstáculos a los que las mujeres se enfrentan se derivan principalmente de la construcción social y cultural femenina en las sociedades, en donde los estereotipos son permanentes desde que nacen y están presentes en las diferentes etapas de su vida.

En primer lugar están los obstáculos simbólicos, formas lesivas de la convivencia cotidiana entre hombres y mujeres que afectan su autoestima, su seguridad y su desarrollo y que les impide la toma de decisiones en los rubros que las afectan. Estos roles son tomados como naturales, como parte de ser mujeres y de lo que se espera socialmente de ellas. En segundo lugar figuran los obstáculos reales que abarcan los niveles de educación formal, la falta de recursos económicos y de patrimonio, la escasa capacitación empresarial, los impedimentos que ofrece el cuidado de la familia que se contrapone con la función laboral en la vida pública, el depender de su pareja en la toma de decisiones tanto personales como de trabajo, empleo y uso de su dinero, discriminación laboral por embarazo y maternidad, por estado civil, etnia, color, edad, etc. (Nafinsa s.f; Chávez, Marina 2010; Debeljuh, Patricia y De las Heras, Mireia 2010).

Además, existe el conocido “techo de cristal”, en donde las mujeres en cargos empresariales significativos no pueden acceder a puestos más altos de dirección o gerencia, debido a la alta competi-tividad con sus pares, los hombres, a quienes sí se les asciende, dejándolas a ellas de lado, sin oportunidades para crecer y desabollarse dentro de la empresa. Así, las mujeres que desean avanzar dentro del mundo empresarial se encuentran con suficientes obstáculos: primero, se enfrentan al rechazo de los hombres a las jefaturas de mujeres y a que se ocupen de tareas no tradicionales; segundo, existen pocas oportunidades para capacitarse en el rubro empresarial; tercero, tienen poca experiencia en la gestión pública; y cuarto, escaso o nulo acceso a la comunidad financiera y al crédito.

De este modo, ante los factores expuestos, cada vez se encuentran más mujeres en el campo empresarial con micro y pequeñas empresas que inician desde el hogar y que después se expanden a la esfera pública. Algunas de estas empresas dirigidas desde el hogar lo hacen a través de las nuevas tecnologías (TIC’s). Otras logran empezar con el establecimiento de negocios instituidos al exterior de sus hogares; éstas son mujeres con mayor preparación, que aún así se enfrentan a obstáculos y retos para su conformación como em-presarias. Generalmente, estas micro y pequeñas empresarias establecen sus empresas con sus propios aliónos y autofinanciamiento.

Actualmente, el 99,7% de las empresas en México se constituyen como micro, pequeñas y medianas, que en su conjunto producen la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 70% de los empleos en el país. Treinta y una de cada cien de estas empresas son de mujeres (NAFINSA sí., p.6).

Tradicionalmente, las empresas de las mujeres se encuentran en los “subsectores” de la economía con menor valor agregado, tales como el comercio ambulante, la producción de alimentos y los servicios educativos, los cuales utilizan menos tecnología y producen reducidos márgenes de utilidad. Así, tenemos que en el sector de los servicios se registra el 41%; en el comercio, restaurantes y hoteles un 27%; y en la industria de la transformación el 16%. Las mujeres aún emprenden en los rubros que les han sido asignados tradicionalmente, como por ejemplo las tareas domésticas, para las que están muy preparadas. No es sino hasta hace muy poco tiempo que las mujeres entran en el sector manufacturero, transporte, almacenamiento y comunicaciones, registrando el 7% (Hernández, Elena 2010, p.53).

El reto es incursionar en empresas con mayor valor agregado y entrar en las cadenas productivas, estableciendo empresas que no sean típicamente femeninas y que les produzcan mayores utilidades. Pero hay más retos: tener los conocimientos técnicos y las henamientas para dirigirlas y administrarlas; ser competentes en los nichos que tradicionalmente son operados por los hombres; enfrentarse a la toma de decisiones dentro de su empresa; conocer, optar y aprovechar los programas de apoyo y consultoría para mujeres emprendedoras; y utilizar las tecnologías de la información (TIC’s) para hacer más eficiente y competitiva su empresa. En el plano personal también hay desafíos, como armonizar los horarios y las demandas de la vida familiar con las necesidades de la empresa y mejorar su auto-conocimiento, confianza, seguridad y autoestima. Esto es, empoderarse, lo que se logra con la constancia, tenacidad y confiabilidad con que las mujeres trabajan, y mediante el acceso a programas de apoyo y habilitación que las dirigirán hacia el éxito de sus empresas. Esto abarca penetrar el espacio público de los mercados, las finanzas y la inversión en las redes de comercialización.

El reto incluye, desde luego, más y mejores apoyos para la pequeña y mediana empresa. En ese sentido, el estrenado gobierno federal, a través de Nacional Financiera (Nafin) estima la imple-mentación de nuevos productos financieros que permitirán a estas empresas el acceso al crédito de la banca de desanollo y la banca comercial, con tasas de interés a menor costo. Se estima que las Pymes tienen un alto riesgo crediticio, debido a que de cada cien nuevas empresas, sólo veinte siguen operando después de dos años. Para financiar una Pyme los bancos exigen garantías sobre la maquinaria, la infraestructura o sobre los productos que desabolla; si la pequeña empresa incumple en sus pagos las instituciones financieras enajenan los bienes. Los pequeños y medianos empresarios, de manera insistente, han expuesto su insatisfacción con lo “caro del crédito” y la inseguridad que sienten al solicitarlo a los bancos. Consistentemente, reportan la falta de apoyos para reestructurar sus empresas (Anoyo, Alejandra 2012). Pero para la banca, la reforma les tiene que garantizar la recuperación del crédito de manera rápida y eficiente; para estas instituciones las limitaciones al crédito se deben a lo difícil que les resulta recuperar parte del préstamo. Por tanto, los pequeños y medianos empresarios han tenido que recurrir al crédito al consumo, lo que les dificulta más los pagos porque son a muy corto plazo y las tasas de interés son altas. Se estima que existen en México 3,5 millones que de empresas que no son reconocidas como sujetos de crédito. Por otra parte, las empresas en la informalidad, que son muchas en México, menos acceden al crédito, pues al no estar integradas a la Secretaría de Hacienda y ante la cantidad de requisitos mínimos exigidos para solicitar un préstamo, tienen una capacidad casi nula para generar las garantías para los bancos.

Este ha sido un asunto primordial para el rezago de los pequeños y medianos empresarios en México.

El emprendizaje

Autores como Kogut y Zander (2003), han desabollado una teoría evolutiva del crecimiento de la empresa. Su visión de la existencia y crecimiento de las organizaciones se basa en la idea de know how. Esto se debe a la superioridad de su información y conocimiento y a las capacidades que ofrece para desanollar nuevos conocimientos a través del aprendizaje experimental. Esta teoría plantea que los límites del crecimiento de la empresa no se encuentran sólo influenciados por la demanda de los mercados y por la competitividad frente a otras empresas del sector, sino por la efectividad con que éstas pueden replicar su ventaja más rápidamente con respecto a los esfuerzos de imitación e innovación de sus competidores. Es decir, de acuerdo a estos autores, «las firmas crecen sobre su habilidad de crear nuevos conocimientos y sobre la réplica de este conocimiento con el objetivo de expandir sus mercados» (p.525).

La expansión del aprendizaje y la obtención de mayores ganancias en las empresas surgen de los activos intangibles, como el know how, entendido como saber hacer o cómo hacer. Es el conjunto de conocimientos producto de la información, la experiencia y el aprendizaje que son determinantes del éxito comercial de una empresa. El know how es el conocimiento de las técnicas necesarias para llevar a cabo eficazmente el proceso productivo, las relaciones con los clientes y los procesos empresariales superiores.

El know how no se puede comprar en el mercado. El crecimiento de las empresas en breve tiempo se reduce a las reservas de sus intangibles. Las competencias que posea también son una limitante. A la larga, la inversión en capacitación y entrenamiento puede reducir las limitaciones, ya que los elementos tácitos del conocimiento sólo se pueden llevar a cabo internamente; igual que la réplica, pues imitar de afuera es difícil si no se tienen los conocimientos básicos para hacerlo. El conocimiento es el activo intangible de una empresa, y el know how es el más competitivo[3].

El conocimiento y la habilidad de la empresa para generarlo están en el centro de la teoría del emprendizaje, el cual reside en el capital humano y en la explotación de su conocimiento. Las pequeñas empresas pueden contribuir con sus habilidades para construir nuevas ventajas competitivas, a través del desanollo productivo con diferencias en la tecnología e implementando productos más eficientes. Los cambios externos pueden reducir los recursos y el conocimiento, por tanto aprender del nuevo conocimiento puede ser necesario para ayudar a la empresa a adaptarse.

Conocimiento tácito es un saber muy personal y difícil de plantear a través del lenguaje formal, y por tanto, difícil de transmitir y compartir con otros. Tiene sus raíces en lo más profundo de la experiencia individual, así como en los ideales, valores y emociones de cada persona. Permanece en un nivel “inconsciente”, se encuentra desarticulado y lo implementamos y ejecutamos de una manera mecánica sin darnos cuenta de su contenido, es algo que sabemos pero que nos resulta muy difícil explicarlo. El conocimiento explícito es el que sabemos, tenemos y somos plenamente conscientes cuando lo ejecutamos, es el más fácil de compartir con los demás ya que se encuentra estructurado y muchas veces esquematizado para facilitar su difusión. Se transmite a través del lenguaje formal; es decir, con palabras y números, y puede compartirse fácilmente, en forma de datos, fórmulas científicas, procedimientos codificados o principios universales. Se expresa normalmente en algún soporte físico como libros, CD’s, imágenes.

La revolución digital está alterando las maneras tradicionales en que las empresas conducen los negocios para crear riqueza; todo esto conducido por las nuevas tecnologías y la globalización, lo cual ha creado nuevas incertidumbres (Hallen, Lars; Johanson, Jan y Seyed-Mohamed, Nazeem 1991; Hitt, Michael; Duane, Ireland; Camp, Michael y Sexton, Donald 2001).

De este modo, los fundamentos sobre los cuales se basa la creación de nuevas empresas en este contexto de revolución tecnológica se conocen como entrepreneurship o emprendizaje: proceso de las habilidades que las personas aportan para emprender y crear modelos económicos sostenibles a partir de su propio trabajo. En otras palabras, se refiere a la creación de modelos o procesos productivos y su puesta en marcha, ya sea por iniciativa propia o en grupos o clusters. Es en resumen, el proceso de empoderamiento que aporta a las personas las claves para emprender y crear modelos a partir de sus trabajos y sus innovaciones.

El “emprendizaje innovador” consiste en la creación de nuevas empresas. Los valores principales de la economía de la información son la creatividad y la innovación. La innovación es el instrumento específico del emprendizaje empresarial (Barnaras y otros, 2010). De la combinación de emprendizaje, innovación e investigación surgen nuevas ideas que pueden dar lugar a empleos de mayor valor añadido y fomentar la creación de riqueza. El emprendizaje innovador es una prioridad en la política de emprendizaje que ya se ha introducido en varios países, mediante el fomento de pequeñas y medianas empresas innovadoras, tecnológicas y de crecimiento rápido basado en el conocimiento.

Es una práctica que avanza cada vez más en la construcción de un tejido empresarial a través del establecimiento de programas de actuación e impulso del intra-emprendizaje. Este término se refiere a una alternativa de emprendimiento que funciona como fórmula para el fomento de empresas que identifican oportunidades de negocio y organizan los recursos para su puesta en marcha. El intra-emprendizaje se basa en la ampliación de los negocios a través de la creatividad y la innovación, lo cual permite ampliar los catálogos de productos y servicios al interior de la propia empresa u organización.

Parte importante del intra-emprendizaje son las TIC’s que sitúan el negocio de forma adecuada en la web, para acceder a más clientes y tener más ventas con redes sociales y portales electrónicos.

Se enseña también a ahorrar tiempo y costos, con la realización de trámites a través de Internet (banca electrónica e instituciones administrativas). Las TIC’s mejoran la gestión del negocio con terminales de puntos de venta, gestión de citas con clientes o proveedores, y el apoyo que proporciona contar con los nuevos dispositivos móviles en el mercado (Euskadi 2013).

En 2007, Margarita León, Josu Aramberri y José Miguel Conea realizan una indagación sobre los modelos para el fomento del empren-dizaje y la cultura innovadora que responda de manera coherente a las necesidades y especificidades de la economía de la sociedad y de la información. En este trabajo exponen que existen lagunas «en lo que se refiere a la creación de modelos empresariales y procesos de negocio que respondan a las oportunidades que los recursos tecnológicos están generando», en tanto que el avance de las tecnología es vertiginoso y la organización de las empresas parece no estar todavía a la altura de los cambios sumidos en la incertidumbre.

La capacidad emprendedora e innovadora, entonces, es la apuesta por los valores, emociones, actitudes y competencias necesarias para identificar y explotar las oportunidades del mercado, para emprender una empresa innovadora.

Siguiendo la teoría del know how, no es de extrañar que las mujeres continúen en sus espacios laborales públicos sus labores tradicionales. Sin embargo, estos mismos aprendizajes han servido para que expandan sus experiencias y sus conocimientos en la creación de sus pequeñas empresas. Un ejemplo es el caso de una migrante mexicana en la ciudad de Chicago, que puso una empresa de elaboración de pasteles a partir de la receta de su abuela en México; además de tener su local comercial, reparte sus productos a restaurantes y otras panaderías. Desde luego, la receta la mantiene en “secreto”, pues es su activo más importante, es su know how. Además, por ser una mujer con estudios universitarios, la mayor parte de sus contactos y sus redes sociales y empresariales las hace por Internet, haciendo uso de las nuevas tecnologías[4].

La conformación de organizaciones financieras y sociales en apoyo a las actividades empresariales de las mujeres

Ante esta nueva realidad, varias son las organizaciones a nivel mundial que han desabollado esquemas de apoyo para mujeres emprendedoras: la OIT, La National Foundation for Women Business Owners (Programa de las Naciones Unidas), el Banco Mundial, entre otras.

En México existe el Sistema de Fomento Empresarial México Emprende (FONAES) de la Secretaría de Economía, el Programa de Apoyo a las PyMES, el Programa para Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Nacional Financiera y el Instituto Nacional de las Mujeres. Esta última organización gubernamental, desde 2003 ha desabollado iniciativas para las mujeres empresarias con el apoyo de instituciones públicas como la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, apoyando a las mujeres no sólo financieramente, sino con cursos de capacitación empresarial. Entre los temas más significativos que se desanollan son liderazgo, de-sanollo de las microempresas y el uso de la tecnología, así como la creación de redes de negocios a nivel nacional. Al hacer una revisión de los programas dirigidos a mujeres empresarias, tanto en México como en Estados Unidos y Europa, se encontró que, sin nombrarlo como tal, se trabaja con la idea de “emprendizaje” para la capacitación laboral, que se desanolla para nuevos emprendedores en la nueva cultura empresarial donde a partir de conocidas teorías económicas se adiestra a las personas para ser creativos e innovadores. Como se explicó anteriormente, uno de los aspectos más importantes es la innovación para ser competitivos en el mundo globalizado y el uso de las nuevas tecnologías (TIC’s).

Conclusiones

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), desde hace varios años se planteó como uno de sus objetivos «apoyar a las mujeres trabajadoras protegiendo los derechos de las trabajadoras asalariadas tanto en el campo como en la ciudad, y apoyando el desarrollo de micro y pequeñas empresas dirigidas por mujeres» (Programa Nacional de la Mujer [PNM] 1995). A lo largo del camino transitado desde aquel objetivo, Inmujeres ha instrumentado capacitación en cursos en línea (haciendo uso de las TIC’s) para emprendedoras. Estos cursos en línea los ofrecen tanto instituciones públicas como privadas. También, a través de ligas de Internet ofrecen instrumentos especializados para la gestión empresarial y conceptos básicos de negocios, así como información estadística sobre la situación de las mujeres empleadoras. Esta institución además pone a las mujeres emprendedoras en contacto con otras instituciones que dan apoyo al desanollo empresarial y a fuentes de financia-miento de instituciones públicas, así como también da soporte para ser “sujetos de crédito” en instituciones bancarias. Asimismo, las apoyan tanto en la identificación de nichos de negocios para poder incorporarse a las cadenas productivas y empresariales, a través de Internet, como en el uso de estas tecnologías para administrar su negocio. De igual manera, las convocan a suscribirse a estas redes para establecer vínculos y contactos con otras empresas, con el objetivo de formar cadenas de comunicación empresarial y de apoyo a la comercialización.

Las TIC’s también crean comunidades virtuales unidas por intereses comunes que se articulan por redes de información. Estos servicios tecnológicos permiten almacenar información como fotografías, documentos, libros, etc. Las redes a través de Internet permiten a los usuarios crear sus perfiles, listas de amigos y hasta se ofrecen servicios de intercambio como Facebook, Twitter, o bien redes de profesionales como Linkedin; lo mismo se puede decir del chat y la telefonía inteligente que permite a los usuarios conectarse instantáneamente, en modalidad de uno a uno o en grupo. Esta apertura globalizada de la información es tanto personal como profesional.

La transversalidad en la perspectiva de género, pone en estos programas diversos aspectos encaminados a potenciar la creación, desanollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.

Sólo resta pensar en los pequeños desanollos empresariales que se crean en las comunidades indígenas alejadas de los sistemas de comunicación por Internet; algo que actualmente se está discutiendo en el país, para expandir el acceso a estos servicios tecnológicos a la mayor cantidad posible de la población. En estas comunidades se observan pequeños emprendimientos, que si bien sirven principalmente para la subsistencia, son también de mucho apoyo para sus comunidades. Es de observar que cada vez más mujeres indígenas desean acceder a la implementación de micro empresas rurales. La ejecución de apoyos a mujeres emprendedoras en estas comunidades es más difícil, porque se exige el respeto a sus usos y costumbres, y en este punto, la enadicación de los roles de género es un obstáculo. El proceso de empoderamiento femenino se presenta más arduo, ya que en estas comunidades las mujeres han sido ancestralmente disminuidas, discriminadas y alejadas de la educación formal. Sin embargo, no cabe duda que emprender pequeños negocios en estas comunidades sería de alto beneficio considerando que algunas son receptoras de importantes remesas provenientes de sus migrantes en Estados Unidos, las cuales podrían ser invertidas en proyectos más productivos en vez de ser destinadas solamente a la subsistencia diaria.

En suma, en la era de la globalización y de apertura de mercados y de alta tecnología, se presenta como prioritario proporcionar servicios y programas para apoyar y desanollar empresas lideradas y establecidas por mujeres, con el objetivo de alcanzar un mayor impacto en la economía, bajo la consideración de que todas las mujeres empresarias son capaces de competir equitativamente en este sector para adquirir independencia económica.

Los objetivos centrales de una política pública en este sentido son incrementar la tasa de desanollo de las empresas (generalmente micro y pequeñas) de las mujeres; aumentar el impacto económico de sus empresas, tanto en la familia como en las comunidades; y acrecentar la conciencia de que poseer una empresa liderada por mujeres es una manera de alcanzar la auto-suficiencia económica. Asimismo, es necesario estimular cambios en el sistema para apoyar y fortalecer el impacto económico de las mujeres en la sociedad, a través de programas que fomenten un mayor ingreso para ellas y un aumento de su participación en los niveles de liderazgo en las empresas del país.

Adicionalmente, y como parte transversal de estas políticas, se encuentra el reto más difícil de llevar adelante: una transformación cultural profunda que aborde con seriedad el tema de la baja autoestima social de las mujeres. Recordemos que esta percepción que tienen de ellas mismas se debe a la larga historia de discriminación laboral y económica y a la doble carga de trabajo que asumen al ser destinatarias históricas del cuidado del hogar, niños, enfermos y ancianos. Estas tareas tendrían que ser compartidas con los hombres, con el objetivo de alcanzar una armonización entre la vida laboral y la del hogar.

Con el empoderamiento logrado a través del arduo trabajo de concientización y de transformación de valores, así como con programas de habilitación para el empleo y la educación, la auto-imagen de las mujeres se transforma de manera mucho más positiva. Logran detectar más fácilmente sus virtudes y cualidades, reconocen su perseverancia, su tenacidad y su fuerza de trabajo, adquieren mayor seguridad en ellas mismas, mayor control y administración sobre sus ingresos económicos, mayor poder en la toma de decisiones en el hogar y mayor interés por participar en grupos, asociaciones y redes de trabajo.

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Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Izta-palapa, Departamento de Filosofía. Doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea. Integrante del Grupo de Trabajo "Feminismo y Cambio en América Latina y el Caribe" de CLACSO. Contacto: alex@xanum.uam.mx↵

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Según Alejandra Arroyo (2012):↵

Este caso formó parte en 2011 de la investigación Experiencia empresarial transfronteriza. Repatriación de capitales para el desarrollo, auspiciada por CONACyT, de la cual la autora de este artículo forma parte del equipo de investigación.↵

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III. LUCHAS LABORALES PARA EL CAMBIO SOCIAL

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«NO VAMOS ATRÁS DE NADIE»[1]  LA EXPERIENCIA DE LAS OBRERAS DE LA MULTINACIONAL KRAFT (MONDELEZ) EN ARGENTINA 

María Chaves[2]

Durante la última década, se produjo en Argentina un proceso de reorganización del movimiento obrero en el que el conflicto sindical retoma protagonismo. Al calor del crecimiento económico que tiene lugar desde 2003, a tono con la dinámica latinoamericana y sosteniendo las condiciones de explotación de los años noventa se produce un proceso de fortalecimiento de los sindicatos tradicionales respecto del período anterior (aunque con una importante fragmentación y sobre la base del mantenimiento de la estructura neoliberal que se asentó con el menemismo y se mantuvo con el kirchnerismo). Al mismo tiempo, se desarrolló un fenómeno particular denominado “sindicalismo de base” que se caracteriza, entre otras cuestiones, por ser antiburocrático y antipatronal, por promover la organización de base y una práctica asamblearia y además, por la influencia de organizaciones de izquierda en su interior[3].

No es la intención de estas páginas hacer un análisis exhaustivo sobre este fenómeno que ocupa y preocupa tanto a las patronales como a los sindicatos, al gobierno y a los periodistas[4]. Además, vastos estudios se centran en esta cuestión. Nuestra mirada singular estará puesta en un aspecto poco valorado a la hora del análisis: la participación de las mujeres trabajadoras en la construcción del sindicalismo de base, en particular en la empresa Kraft (denominada Mondelez International desde octubre de 2012, aunque conocida en el país bajo su nombre anterior, que es el que utilizaremos), teniendo en cuenta cómo se manifiesta en este caso la relación entre la clase y el género. Trataremos asimismo de establecer cuál es la relación que existe entre el desarrollo de este tipo de sindicalismo, la participación de las mujeres y la incorporación de sus demandas en las luchas[5].

Tres hitos

Quiero destacar lo que llamo “tres hitos” que dan cuenta de esta relación entre sindicalismo de base, participación femenina y lucha por los derechos de las trabajadoras. Por un lado, el rol prota-gónico de las mujeres en lo que fue la histórica huelga de Kraft, en 2009; en segundo lugar, el paro contra el acoso sexual en esa misma fábrica (una experiencia inusual como fue la realización en una multinacional de una huelga contra la violencia hacia las mujeres); por último, la lucha por el acceso a las categorías como parte de una pelea contra la discriminación laboral entre varones y mujeres y la división sexual del trabajo. Previo a esto, haremos un breve recorrido histórico y nos referiremos a algunos antecedentes necesarios para abordar estos temas.

Pasado y presente de las trabajadoras en Argentina

Las trabajadoras en la Argentina tienen una larga historia de participación laboral, sindical y política desde fines del siglo xrx y, fundamentalmente, en el siglo xx, durante el cual se produce su incorporación masiva al mercado de trabajo[6].

Acercándonos a la segunda mitad del siglo xx, el 33% de las mujeres ocupadas estaba en el sector industrial y fabril[7]. Al respecto, Mirta Zaida Lobato (2007) señala que:

… la presencia femenina registrada en el mercado laboral en la Argentina, ya sea en la industria o en otros servicios, era importante y similar a la de los países europeos, e incluso mayor que en otros países latinoamericanos. Al mismo tiempo, sostiene que la actividad laboral se concentró en algunas ramas de la producción industrial: alimentación, textiles y vestimenta, en particular en las grandes empresas.

La industria alimentaria constituyó una rama que atrajo a muchas trabajadoras en todo el país. Según Dora Banancos (2007): «en 1947 había casi 40.000 mujeres que se desempeñaban en ella y representaban una proporción cercana al 10% de la producción industrial. En las grandes fábricas capitalinas que transformaban la producción harinera como Bagley y Tenabusi su número era significativo»[8].

Desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, la existencia de convenios colectivos y las mejoras sindicales, incluyeron algunas demandas de las mujeres trabajadoras como la instalación de guarderías[9].

La mayor inserción femenina en el ámbito laboral, así como la aprobación de leyes dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las obreras, ya en el marco del peronismo, trajo aparejada la integración de las mujeres en los sindicatos y en las organizaciones. Aunque, como señala Mirta Lobato (2007), muchas de ellas se convirtieron en delegadas de sección, y hasta en dirigentes de sus gremios, pero «pocas mujeres lograron establecer un cierto lideraz-go y hasta fueron totalmente opacadas por la figura de Eva Perón que habló en nombre de y por las mujeres». En ese mismo trabajo, esta autora sostiene que:

.. .durante estos años, se produjeron numerosas movilizaciones, huelgas y conflictos de diverso tipo en el mundo del trabajo bajo la conducción de las organizaciones gremiales y las mujeres formaron parte de las “bases” movilizadas pero, para esa época, el modelo de participación y representación subordinada de las mujeres se había consolidado.

Al respecto, Dora Barrancos afirmó:

La situación mejoró durante los años peronistas, cuando fueron sobre todo las comisiones internas de las plantas fabriles las que velaron por su cumplimiento.

Como es sabido, el poder sindical vivió una era extraordinaria -aunque esa expansión no significó absolutamente, el empinamiento de las mujeres que actuaban en la vida gremial (2007, p.207)[10].

De esta manera, las comisiones internas de fábricas, con más relación con la base obrera y con las mismas mujeres, cumplía un rol importante en garantizar (en mayor o menor medida) la puesta en práctica de algunas de las conquistas de las trabajadoras.

No es posible desarrollar acá la extensa experiencia gremial de los y las trabajadoras en el país, que tuvo a los años sesenta y setenta como momentos fundamentales y que construyeron una parte importante de la tradición del movimiento obrero. Simplemente, queríamos señalar algunas cuestiones enfocando la mirada en las obreras.

Con el coner del tiempo, las trabajadoras se han dado distintas estrategias para resistir y modificar su doble opresión, tanto en términos de clase como de género. Si bien a lo largo del tiempo las mujeres obtuvieron conquistas en algunos ámbitos de la vida, persisten aún múltiples manifestaciones de la opresión, y el mundo del trabajo no es la excepción. Por el contrario, la “democratización” que implicó la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, que se produjo durante la segunda guena mundial, no vino de la mano de una democratización en las condiciones de trabajo, sino que se estructuraron relaciones de poder articuladas en torno a las desigualdades de género.

Las últimas décadas se caracterizaron por la profundización del modelo de acumulación neoliberal, sobre la base de las terribles consecuencias de la dictadura militar, lo que tuvo un intenso impacto en el mercado laboral, marcado por la flexibilización de las condiciones de trabajo y de los vínculos de empleo. Estos cambios se vertebraron con un fenómeno que a simple vista puede resultar paradójico, pero no lo es: la composición de la mano de obra se ha visto altamente feminizada o, dicho de otro modo, la presencia de las mujeres como trabajadoras se ha incrementado. Pero esta participación no ha impedido la conformación de otro fenómeno: la feminización de la pobreza y un aumento de las desigualdades de género.

Este proceso en Argentina dio lugar a diversas manifestaciones de resistencia en las que las mujeres cumplieron un rol fundamental. Durante los años noventa, las piqueteras fueron protagonistas del surgimiento de los movimientos de desocupados. Más adelante, con la crisis de 2001, se produce una implosión de la participación femenina en los distintos procesos de lucha que se desarrollan, en los que tiene lugar una particular e interesante confluencia de las organizaciones feministas con los movimientos sociales, tanto en el proceso de fábricas recuperadas como Brukman y Zanon, como en los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD), otras organizaciones piqueteras y las asambleas populares (Gianaca 2001; Oriza, Alejandra 2002; Andújar, Andrea 2007; Chaves, María 2012).

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, como ya señalamos, se mantuvieron en lo esencial las condiciones estructurales de explotación y opresión cuyas bases se asentaron en los años noventa, con el consiguiente perjuicio para las mujeres. Lorena Gentile (2012) decía al respecto: «Cristina Fernández de Kirchner cínicamente habla de igualdad, de los derechos de las mujeres, mientras siguió durante todos estos años, y sigue, hoy más que nunca, garantizando las enormes ganancias patronales, a costa de nuestra salud, de nuestras vidas». Al mismo tiempo llamó a los sectores del sindicalismo antiburocrático de la izquierda clasista, a poner en pie una fuerte organización, donde las mujeres «sean una fuerza anolladora que se lleve por delante a la burocracia sindical y a todo este sistema que nos mantiene oprimidas».

De esta manera, la experiencia que desanollamos en estas páginas, donde confluyen prácticas asamblearias y democráticas de organización desde las bases, la participación de mujeres trabajadoras y la influencia de organizaciones de mujeres y de la izquierda, tiene algunos antecedentes de la historia reciente de Argentina, que son muy importantes a la hora de entender este proceso y que se resignifica al calor de las nuevas experiencias de organización de las mujeres trabajadoras[11].

Multinacional Kraft (Mondelez International): Ganancias millonarias a costa de las obreras

El gremio de la alimentación es uno de los más dinámicos en el proceso productivo argentino de las últimas dos décadas (1990-2010). Se caracteriza por ser uno de los rubros con mayor presencia femenina en la composición de la mano de obra, junto con el rubro de confecciones, productos químicos y productos textiles[12].

Con la reactivación económica y el consiguiente crecimiento de los últimos años, es uno de los sectores que más ganancias ha obtenido, llenando sus arcas gracias a la explotación de los y las trabajadoras y a un aumento del consumo interno, después de la crisis de 2001. Dentro de esta bonanza de este sector empresarial, las mayores ganancias de la industria de alimentos se concentran en las empresas multinacionales, fundamentalmente Arcor, Kraft y Pepsico, que están entre las más importantes del sector[13].

Hablar de Kraft es referirse a una de las más grandes alimenticias del mundo. Al momento del conflicto de 2009[14], esta empresa contaba con tres plantas industriales, una en Villa Mercedes, San Luis, otra en la localidad de Tres Arroyos, en Buenos Aires y la última es la planta de General Pacheco, en la zona norte, también del Gran Buenos Aires (GBA). Luego, en 2010, Kraft compró Cadbury, por 19.700 millones de dólares, sumando en Argentina una planta más, la de Victoria (ex Stani Cadbury), situada en la misma zona norte. Cuenta con más de 4.200 empleados/as en total (entre obreros/as.y administrativos/as). En la planta de Pacheco, son más de 2.700 trabajadores/as, de los cuales más del 60% son mujeres[15].

La presidenta y consejera delegada de ese grupo económico, Irene Rosenfeld, aseguró en 2010 que la empresa factura unos 36 mil millones de dólares por año y que cuenta con más de 100 mil empleados en ochenta países (Reuters 2012).

Según datos de Wikipedia, Rosenfeld ganó en 2010 compensaciones totales por 19.288 millones de dólares y Forbes la nombró una de las diez mujeres más poderosas del mundo.

La relación entre ganancias multimillonarias y explotación laboral es directa. Tercerización, contratos eventuales y despidos de contratados en temporadas de menor consumo se reproducen por decenas, junto a ritmos desgastantes de producción que incluyen movimientos repetitivos y extensas jornadas de trabajo. Condiciones que fomentan la aparición de enfermedades y accidentes laborales como tendinitis, lumbagos, hernias, deformación de manos, desganos de columna, quemaduras y hasta en algunas ocasiones cortes en partes de los dedos e intoxicaciones. Muchas veces los servicios médicos no reconocen los certificados particulares y obligan a que las y los enfermos trabajen, Aseguradoras de Riesgos de Trabajos (ART) que no reconocen las enfermedades laborales. En las mujeres esto impacta de forma particular, ya que están en los peores sectores (como por ejemplo, en el sector donde se envasa), no pueden acceder a mejores categorías, padecen acoso sexual y maltrato, así como descuentos por faltas en caso de que se enfermen sus hijos/as. También sufren discriminación en caso de estar embarazadas, como despidos o la obligación de trabajar paradas (PTS 2011).

Por eso, la fortuna que amasa esta multinacional se basa en condiciones de explotación de sus trabajadores/as, llevándose la peor parte las mujeres. Pero esta situación no es eterna, ni infranqueable. Como veremos más adelante, hay una historia de luchas obreras. Una mirada sobre la parte más reciente de esa historia de resistencia obrera en los últimos años, dirigida especialmente al rol de las mujeres trabajadoras y al lugar que ocupa la pelea por sus derechos, es la que intentaremos desanollar.

Solidarias y valientes: las mujeres al frente del cuidado de la salud

La experiencia de organización de las y los trabajadores de la empresa Kraft-Tenabusi (planta de General Pacheco, GBA) cobra repercusión nacional con la histórica lucha que tiene lugar a partir de julio de 2009, con el despido de 158 de sus empleados.

El motivo: la resistencia por parte de las y los empleados a continuar con las tareas normales dentro de la planta, frente a la pandemia de la gripe AHÍ NI que azotó al mundo ese año, que dejó un saldo de varios muertos y cuyo alcance hasta ese momento no se podía prever. Los trabajadores, con las mujeres al frente, se negaron a continuar exponiendo su salud y la de sus hijos/as a costa de las ganancias de la multinacional estadounidense, a la que denunciaron por no tomar ni una sola medida preventiva de la enfermedad.

Como los empresarios desprecian la salud de las y los trabajadores y la de sus familias, decidieron cuidarse entre ellos. Las obreras exigieron días de asueto para las madres con hijos en edad escolar durante el pico de la epidemia y el cieñe de la guardería que funciona dentro de la planta, teniendo en cuenta que la empresa no acataba ni siquiera las elementales normas de seguridad. En respuesta, la empresa anunció que no iba a tomar ninguna medida hasta que no hubiera un muerto en la planta, como ocunió en México. Ante tamaña prepotencia las obreras se organizaron y junto a sus compañeros, el 3 de julio de 2009, impulsaron una huelga masiva contra la patronal y el sindicato. Con esta acción consiguieron que interviniera el Ministerio de Trabajo que decretó asueto por dos días y la desinfección de la planta durante el fin de semana. Pero la empresa no cumplió, provocando un nuevo paro, esta vez por una semana.

Un mes y medio después, el 18 de agosto, Kraft despidió a los 158 trabajadores/as. Junto con esto, la multinacional inició acciones penales contra la mayoría de los dirigentes y las y los despedidos[16].

La respuesta obrera fue redoblar la apuesta, iniciando así lo que luego se transformó en una lucha histórica que incluyó la toma de la fábrica y que contó con el apoyo de múltiples sectores, organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, estudiantiles, de mujeres y partidos de izquierda.

Hubo más de 38 días de paro (que tuvieron lugar desde el 18 de agosto hasta el 25 de septiembre), 11 cortes en la autopista Panamericana, marchas a la Embajada de Estados Unidos, al Ministerio de Trabajo y a la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y cortes de estudiantes y desocupados en distintos puntos del país. La respuesta fue una brutal represión policial con caballos, gases y balas de goma el 25 de septiembre, fecha en que la policía desalojó la planta.

Esta etapa del conflicto culmina con la firma de un acta por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), con el aval de los que en ese entonces dirigían la Comisión Interna, pertenecientes al Partido Comunista Revolucionario (PCR), y que dejaba fuera de la fábrica a unos 53 trabajadores/as[17]. De esa lucha surgió la nueva Comisión Interna, encabezada por Javier Hermosilla, único integrante de la Interna anterior, ligado a otro partido de izquierda, el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), que no firmó el acta y ganó las elecciones (Ros, Jonatan 2010).

Como señalaron luego varios autores:

El conflicto en la fábrica Kraft (ex Terrabusi) ha sido el conflicto obrero industrial más importante de las últimas décadas en Argentina. En su transcurso, se transformó en un hecho político nacional, incorporándose en la “agenda” diaria de los medios masivos de comunicación y obligando a la intervención directa del gobierno nacional, la cúpula de la CGT, las cámaras empresarias y hasta la embajada norteamericana (Várela, Paula y Lotito, Diego 2009).

Además,

… se transformó en un hecho político que puso de manifiesto la emergencia de un sector combativo de la clase obrera en la escena política (…) A su vez, junto con el conflicto del Subterráneo de Buenos Aires, se ha convertido en símbolo de un extendido movimiento antiburocrático que muestra el desprestigio de las direcciones sindicales burocráticas ante las masas. Esto tiene grandes consecuencias políticas, al golpear al principal sostén de la alianza de poder del gobierno de los Kirchner (Ros, Jonatan y Lotito, Diego 2010).

En esta experiencia histórica, las mujeres cumplieron un rol fundamental. Se trata de las mismas obreras que iniciaron la lucha contra la gripe AHÍ NI, pero también se sumaron las esposas, hermanas y amigas de los trabajadores y después de los despidos conformaron la Comisión de Mujeres y Familiares de Kraft Tenabusi. Luego de una reunión difundieron el siguiente comunicado.

Más de 150 mujeres trabajadoras, obreras despedidas, esposas y familiares de trabajadores de Kraft Terrabusi, junto a delegadas de distintos gremios, trabajadoras, estudiantes y distintas asociaciones de mujeres, nos reunimos en la puerta de Terrabusi y definimos marchar este lunes 14 a las 7:30 hs a la COPAL en Maipú 1252, de la Ciudad de Buenos Aires, donde Kraft ocupa la vicepresidencia. Exigimos la reincorporación inmediata de todas y todos los despedidos, el retiro inmediato de la policía e impedir cualquier intento de desalojo y represión a nuestros familiares, que están desde hace 25 días luchando por sus puestos de trabajo y que han sido injustamente echados por pedir a esta multinacional medidas de higiene y prevención cuando fue la pandemia de la Gripe A. Invitamos a todas las mujeres familiares, a las organizaciones de derechos humanos y de mujeres y a la comunidad toda a acompañarnos en nuestro justo reclamo. Nos volveremos a reunir en la puerta de la fábrica (Av. Henry Ford 3200, Panamericana km 35) el próximo sábado 18 de septiembre a las 17hs, cuando se cumple un mes de los 160 despidos, para seguir evaluando los pasos a seguir en esta lucha hasta la reincorporación de todos nuestros familiares (2009).

Esta convocatoria, al igual que muchas otras, fue apoyada por diversas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, estudiantiles y también de mujeres[18]. Se realizaron encuentros, reuniones, actividades sociales con los hijos e hijas de las y los obreros, además de movilizaciones.

¿De dónde procedía esa fuerza? se preguntan y responden Jona-tan Ros y Diego Lotito (2010):

… de años de bronca contenida contra la patronal y la burocracia sindical, años de “agachar la cabeza”, de padecer ritmos de producción agotadores y enfermedades laborales -en particular las mujeres, que realizan las peores tareas-; años de traiciones y sueldos miserables.

Una vez que asume la nueva Comisión Interna como resultado de la lucha, se propone como nunca antes organizar a las compañeras dentro de la fábrica[19]. Empiezan por convocar a participar ampliamente del xxrv Encuentro Nacional de Mujeres de Tucumán para rodear de solidaridad su lucha[20].

Con una bandera que decía: «Ni despidos ni represión. Fuera la policía de Tenabusi. Viva la heroica lucha de las obreras», una importante delegación de la Comisión de Mujeres y Familiares de Kraft-Terrabusi, acompañadas por la agrupación Pan y Rosas, se hizo presente en ese Encuentro, que se realizó del 10 al 12 de octubre de 2009.

Apenas llegadas a Tucumán fueron bien recibidas por miles de mujeres de todo el país:

Saludamos especialmente a las trabajadoras de Terrabusi también presentes, que a pesar de la dura represión ordenada por el gobierno nacional siguen con su heroica lucha contra el monopolio Kraft, respaldado por la embajada yanqui, que despidió 160 trabajadores. Lucha que ha generado una gigantesca respuesta popular de solidaridad en todo el país y que nos muestra el camino para enfrentar la crisis que desde el gobierno K se intenta descargar sobre las espaldas del pueblo, con la complicidad de la dirigencia del sindicato de la Alimentación (Encuentro Nacional de Mujeres 2009).

Más tarde, la Comisión de Mujeres y Familiares de Kraft convocó a un escrache[21] en el Centro Azucarero Argentino, una entidad patronal perteneciente a Jorge Zoneguieta -ex Secretario de Agricultura y Ganadería durante la dictadura militar y presidente de la COPAL en ese momento[22]- quien había pedido que se reprimiera en la planta. En el mismo Encuentro, realizaron también una charla organizada por la Comisión Interna de Kraft, de la que participaron algunas Madres de Plaza de Mayo, como Elia Espen y Mirta Bara-valle, quienes propusieron que todos los talleres del Encuentro se pronunciaran en solidaridad con la lucha de las obreras.

En la misma sintonía, la madre de Ronco, uno de los activistas despedidos, afirmó:

… hoy fuimos a un taller donde les propuse a las mujeres que lleven la inquietud de Terrabusi a sus lugares de origen y tratemos de hacer algo en conjunto (…) para que la presidenta vea que las mujeres cuando nos queremos unir, nos podemos unir y podemos llegar a hacer cosas mucho más grandes de lo que ella como presidente no hace (Pan y Rosas 2009b).

La necesidad de sumar esfuerzos, compartir experiencias y nacionalizar la lucha de Kraft recorrió todo el Encuentro Nacional de Mujeres. María de los Ángeles, familiar de uno de los activistas despedidos y también integrante de Pan y Rosas, dijo:

Tanto la patronal de Terrabusi, como el resto de las patronales, el gobierno y el sindicato que traicionó, tiene que saber que los y las trabajadoras de Terrabusi y sus familias, con todo el apoyo que tenemos afuera, estamos dispuestos a dar una pelea hasta con nuestra vida. No nos van a poder robar nuestros puestos de trabajo porque de eso vivimos. Vamos a dar una pelea, nos cueste lo que nos cueste (id.).

Durante el recorrido de la larga marcha de cierre del Encuentro, que se realiza todos los años, se escuchó sin parar el cántico: «No queremos más despidos, no queremos represión, queremos en Tenabusi, ya la reincorporación».

El profundo rechazo a la represión, en un país con larga historia de lucha contra la dictadura genocida y por los derechos humanos, se hizo presente. Se unieron distintas generaciones de mujeres luchadoras: las obreras y sus familiares, las madres y aquellas de pañuelos blancos que reconieron el mundo buscando justicia.

Decía Elia Espen, con firmeza:

Ahora hay más injusticias que antes, con toda esta gente que han echado de Terrabusi, que yo que estoy desde un principio con ellos y los he visto sufrir, y hemos cortado rutas y todo lo demás, y aunque parezca mentira he visto llorar a un hombre, porque lo han echado de su trabajo y por tener familia que mantener (…) Pero bueno, acá estamos con la gente de Terrabusi apoyándolos en todo, hasta las últimas consecuencias (Pan y Rosas 2009c).

La lucha de 2009, dejaría sentado un precedente, donde no solamente se fomentó la participación de las mujeres dentro de la fábrica y se cuestionó la división sexual del trabajo y las relaciones de género establecidas, sino que también se buscó la confluenci con otras mujeres y sectores del movimiento feminista. Participaron del XXV Encuentro Nacional de Mujeres de Paraná, Entre Ríos (2010)[23], del Encuentro Nacional de Mujeres en Bariloche, Río Negro (2011) y del que se realizó en Posadas, Misiones (2012). Además, las obreras se organizaron para conmemorar cada año el 8 de marzo dentro de la empresa, para lo cual impulsaron una campaña en todas las fábricas alimenticias de la zona, con un petitorio para que el Día Internacional de la Mujer fuese declarado feriado en las fábricas de esa industria; editaron boletines propios donde abordaron diversas temáticas, como la violencia hacia las mujeres y el derecho al aborto, y lanzaron un blog[24] del Comité de Mujeres de Kraft-Terrabusi en Nuestra Lucha y un programa de radio.

La Comisión de Mujeres, sin impedimentos para participar y abierta a familiares, dejó sentado un nuevo precedente. No participa únicamente un sector minoritario y privilegiado, no es obligación estar afiliada al sindicato o ser de la Interna para poder organizarse por sus derechos, e incluso pueden integrarse mujeres de los obreros como las madres, esposas, hijas y sus parejas. La organización de las mujeres fue clave para el desanollo del conflicto y el fortalecimiento de la clase trabajadora frente a la empresa; a su vez colaboró con la unidad, no solamente de la fábrica, sino del conjunto de las y los trabajadores. Contrariamente a lo que muchas organizaciones sostuvieron a lo largo del tiempo, la organización de las mujeres, lejos de dividir, hace más fuerte a las y los explotados y oprimidos.

Paro contra el acoso sexual

«El día en que las mujeres nos hicimos respetar»

Lo que la experiencia histórica demuestra
es que cuando se unieron y los denunciaron
convirtieron a los malos tratos y al acoso
sexual en un problema público.

El acoso sexual en el trabajo es una práctica extendida e histórica por parte de capataces, gerentes, supervisores y propietarios. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se trata de un comportamiento en función del sexo, no deseado y ofensivo, que puede condicionar a la víctima a obtener algún tipo de beneficio laboral, como por ejemplo aumento de salario, permanencia en el empleo, mejores condiciones de trabajo, si accede a los requerimientos sexuales. También ocune aunque no haya pérdida de beneficios, creándose un ambiente hostil, de humillación e intimidación a la víctima. Suele ser difícil de comprobar, ya que el acosador no actúa en público. Puede ser psicológico, verbal y físico, y muchas veces se combinan[25]

Hablamos, en la amplia mayoría de los casos, de varones que defienden los intereses de la empresa, se sienten con poder y aprovechan las relaciones desiguales que hay en este sistema, entre quienes trabajan para vivir y su subsistencia depende de ello y una minoría que se dedica a vivir del trabajo ajeno, ya sea porque son propietarios directos de los medios de producción o porque defienden las ganancias de los dueños de las empresas. Se abusa así de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Dentro de estas relaciones de poder en el ámbito laboral las mujeres padecen la peor parte, ya que a las jerarquías entre empleadores y empleados (o representantes de los intereses de la empresa), se agrega la opresión de género. Es muy frecuente que las trabajadoras acosadas sean jóvenes o mujeres cabezas de familia y tengan menor jerarquía laboral que su agresor.

Frases como “gracias a mi tenes este empleo”, se fueron repitiendo a lo largo del tiempo como forma de extorsión (Human Rights Watch 2012). Las consecuencias son variadas: las mujeres sufren, la mayoría de las veces, aislamiento, enfermedades psicofí-sicas, estrés, pérdida de autoestima, deterioro en las relaciones sociales, depresión y abandono del empleo. Y por ser el patriarcado un sistema de dominación mundial sucede en todas partes y a lo largo del tiempo[26].

En Argentina, la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL), creada en 2007 bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, hizo un estudio sobre los casos de hostigamiento sexual. Los resultados indicaron que el 92% de las víctimas sufre acosos de sus superiores y el 8% de los hostigamientos son cometidos por compañeros de trabajo, lo que demuestra la preeminencia de las relaciones jerárquicas como motivos de acoso sexual[27].

.. .una empleada había perdido su trabajo por no haber accedido a tener relaciones sexuales con su superior, y fue el empleador quien quedó condenado al pago de indemnización a la damnificada. El fallo se basó en las siguientes razones: 1) El empleador estaba en óptima situación para saber que una empleada suya haya sido despedida; 2) Es el empleador, y no sus empleados, quien está obligado a llevar a cabo una política antidiscrimina-toria; 3) Un buen empleador debería ser estricto en la elección de todo su personal (en este caso se trataba del supervisor). También en «Kyriazi y Western Electric CO», New Jersey en 1979, se impuso una sanción económica al empleador por los perjuicios ocasionados a una obrera que no fue ascendida por haber rechazado el acoso sexual de un superior.

Tanto éste como el abuso de autoridad fueron moneda comente a lo largo del tiempo en distintos sectores de la industria textil y de la carne, confección y zapatería, entre otros. En el país hay experiencias históricas de rechazo y resistencia a este tipo de abusos. Hace más de cien años atrás, en 1902, las trabajadoras en huelga de Buenos Aires pedían que «los capataces respetaran su moral» (Sosa, Carmen 1990). También en 1903, trabajadoras de la empresa Baro-lo y Cía presentaron un petitorio a la empresa en el que denunciaban: «las continuas incitaciones sexuales (…) por parte de patrones y capataces a las que algunas infelices obligadas por la fuerza y la necesidad cedieron inconsultamente» (La Vanguardia 1903, citado en Lobato, Mirta 2007).

Haciendo historia

A fines de septiembre de 2011 las y los obreros de Kraft hicieron un paro en la planta de Pacheco, en la zona norte del GBA, contra el acoso sexual a una trabajadora.

La patronal, lejos de proteger a la empleada, desestimó su denuncia y la sancionó por tres días, poniendo por delante la palabra del “líder”. La víctima, que venía sufriendo hostigamientos y acoso sexual, se transformó en victimaría en un abrir y cenar de ojos. Paradójicamente (o más bien en un claro intento de lavarse la cara), Kraft participa del programa Modelo de Equidad de Género, destinado a «aplicar una serie de buenas prácticas para garantizar las mismas oportunidades de acceso y éxito en el mercado laboral a hombres y mujeres» (Mondelez Intenational/Kraft Foods 2012). Pero en sus fábricas permite todo tipo de “malas prácticas” hacia las trabajadoras.

El Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA), bajo la conducción de Rodolfo Daer, inicialmente le dijo a la empleada «que se vaya tranquila a su casa», y que «ellos iban a solucionar el problema», para luego afirmar que si efectivamente había sido acosada le pagarían los días perdidos (Gentile, Lorena 2011b).

En las antípodas del accionar del sindicato, la actitud de la Comisión Interna fue ir apenas se enteraron, a Recursos Humanos a exigir que se levantara la sanción a la trabajadora y que se tomara en cuenta su denuncia; como señala una de sus dirigentes, Lorena GentÜe (2011b):

La posición de la empresa fue dar por verdadera la versión del líder y sancionar a la compañera por animarse a hablar. Inmediatamente fuimos al sector donde trabaja la compañera y hablamos con los compañeros, que tenían acuerdo en parar el sector hasta que se cumpla el reclamo que hizo la Interna. Fuimos al comedor y comunicamos lo que estaba pasando, logrando que toda la planta se una en un mismo reclamo.

La medida de fuerza comenzó en el sector pastas, del turno noche y se fue extendiendo a toda la planta. Frente a esto, una trabajadora afirmó (La verdad obrera 2011):

Para mí lo más impactante fue cómo los varones fueron los que más estaban conformes en hacer algo para parar esta situación, porque ven que esta situación tiene que cambiar, con la asamblea y el paro. Incluso mucha gente recordaba que hace unos meses habían suspendido a unos líderes por la razón de que se la pasaban mirando pornografía por internet.

A las cuatro de la mañana, la producción de toda la planta estaba cortada, lo que obligó a la patronal a pedir una reunión. Finalmente, la empresa tuvo que dar el brazo a torcer:

La compañera volvió a trabajar y la gente la recibió de manera muy acogedora. Ella estaba muy orgullosa, muy agradecida de todo lo que habíamos hecho, de sus mismos compañeros que estuvimos apoyándola en su reclamo, porque nadie miró para otro lado y se hizo lo que se tenía que hacer para pararle la mano a este líder y a la patronal (id.)

Y Lorena Gentile (2011b) agregó:

Así como la patronal tomó partido por el líder que no es más que el reflejo de la soberbia y la prepotencia con la que Kraft pretende manejarse siempre, los trabajadores tomamos partido por nuestra compañera, porque no toleramos violencia o maltrato hacia ningún compañero o compañera (…) Sin dudas, fue una gran respuesta clasista, frente a quienes actúan con la impunidad que les da la patronal. Pero también fue una gran lección, teniendo a los varones luchando junto con nosotras por nuestros derechos, frente a la opresión y a esa idea instalada de que somos objetos que debemos satisfacer los deseos de otros aunque digamos “no”.

Como dicen los mismos trabajadores y trabajadoras, esta pelea es parte de la experiencia que viene haciendo la nueva Comisión Interna, luchando para que haya asamblea y se democraticen las discusiones.

El impulso de luchas por las paritarias, haber obtenido luego de seis días de paro el 44% de aumento salarial, haber realizado cortes para repudiar el asesinato de un joven militante de izquierda, Mariano Ferreyra[28]; así como el apoyo a diversas luchas que se desabollaron en el país como la de los sin techo en el barrio de Soldati en la Ciudad de Buenos Aires o en Ledesma, Jujuy entre otras, y el apoyo a los estudiantes chilenos, es parte del desanollo del sindicalismo antiburocrático, y dentro de éste de una práctica “clasista”. Toda esa experiencia de las y los trabajadores nace en la organización del paro contra el acoso y en la búsqueda de retomar lo mejor de la tradición del movimiento obrero.

Pero no es solamente esto. Desde la lucha de 2009 hay una serie de experiencias y luchas acumuladas donde la defensa de los derechos de las mujeres cumple un rol central. Durante aquel conflicto, como vimos más arriba, se conformó la Comisión de trabajadoras, familiares y despedidas de Kraft, que cumplió un rol muy importante. Luego, en septiembre de 2010, desde la Comisión Interna se impulsó una importante protesta con un paro por 48 horas en repudio a la muerte de una trabajadora, Marcela Ortega, una joven madre de 32 años con tres hijos, que sufrió una descompensación física, producto de lo que los empleados llaman “sed de ganancia”; falleció en su puesto de trabajo. La empresa se venía manejando con un sistema de departamento médico que descontaba los días por enfermedad, desconocía los certificados médicos e intimaba a las y los trabajadores a volver a trabajar, e incluso si alguien se encontraba con algún problema de salud era medicado y luego obligado a volver su puesto de trabajo. Tal como sucedió con Marcela Ortega[29].

En el turno noche se hizo la primera asamblea y la votación fue unánime, comenzando un paro total. La medida de fuerza fue impulsada por la Comisión Interna y luego se sumó detrás una lista ligada al STIA, la lista Verde. Se vio una sólida unidad que se tradujo en la paralización de todos los turnos, frente a lo cual la empresa tuvo que mantenerse pasiva sin presionar. Después de varias horas de paro, luego del mediodía, el Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia con el sindicato y la empresa, sin convocar a la Interna. Ésta igual se enteró y concunió, denunciando que la discusión no era cómo solucionar el problema del servicio médico sino el levantamiento de la medida de fuerza que generaba pérdidas a Kraft. Ante esto, el Ministerio dictó la conciliación obligatoria que fue aceptada por el Sindicato, sin imponer ninguna condición a la empresa respecto del cuidado de la salud de las y los obreros. Ese mismo día, por la noche, representantes del STIA se hacen presentes en la asamblea con el acta para levantar la medida de fuerza. Reciben un amplio repudio y se vota para continuar con el paro y organizar un plan de lucha contra el servicio médico de la empresa y las condiciones de trabajo. La decisión y la convicción de que la única forma de defender sus derechos y sus vidas es con la unidad de las y los trabajadores se fue extendiendo como “reguero de pólvora” en la fábrica.

Otra experiencia decisiva, que fue sentando tradiciones y dejando huellas, fue el enorme repudio al consumo de pornografía por parte de los líderes, lo que en la fábrica las y los obreros denominaron el “escándalo ciber-porno”, que tuvo lugar en abril de 2011. Un comunicado de la Comisión Interna de Kraft (2011) afirmaba:

Hoy recorre todos los rincones de la fábrica la escandalosa noticia de que estos líderes, luego de apurarnos en las líneas, se dedican a encerrarse en sus oficinas a pasar su “tiempo libre” para intercambiar páginas y sitios de pornografía (…) si tienen tiempo libre es porque no laburan y solo se encargan de garantizar la explotación. Denunciamos que son un verdadero ejército (junto a supervisores y managers) al servicio de que la patronal se lleve la guita en pala a costa de nuestro trabajo (…) tienen como única función violar los derechos de los trabajadores/as (…)

Al respecto, también se pronunció la Comisión de Mujeres de Kraft (2011):

Tras la lucha que protagonizamos en Kraft y la conquista de una nueva Comisión Interna, estas discusiones se incorporaron a nuestras asambleas, nuestras reuniones y también a nuestra organización. Ahora, con muchos compañeros varones hablamos a diario sobre el machismo. El que hay en la fábrica, en el barrio, en los medios de comunicación, en nuestros hogares. Hace semanas hubo un hecho en particular en la planta que nos dio motivo para profundizar el debate, ya que la patronal sancionó a un buen número de líderes por “utilizar inadecuadamente las herramientas informáticas’‘(…) lo que en criollo significa: se la pasaban mirando pornografía en internet.

Frente a esta situación, afirmaron también:

Hubo un revuelo bárbaro en la fábrica. Por un lado, porque estamos hartas/os de la prepotencia de los líderes, que día tras día nos aprietan en las líneas de producción, garantizándole a esta multinacional millonarias ganancias a costa de nuestro cansancio e incluso la enfermedad en muchísimos laburantes, principalmente en nosotras las mujeres. Pero también la indignación dio lugar al debate entre nosotros sobre el machismo y el trato discriminatorio que recibimos las mujeres. Charlábamos cómo en los medios de comunicación, programas de TV, publicidades y hasta páginas pomo, las mujeres aparecemos como un objeto sexual para satisfacer los deseos masculinos, como un cuerpo sin voluntad propia, promoviendo una idea de la mujer como esclava pasiva, sumisa y complaciente del hombre, como macho poderoso, activo, potente, dominante. Pensábamos en esos líderes mirando páginas que denigran y muestran a las mujeres como cosas, para luego venir a las líneas con su ojo vigilante a tratarnos a nosotras también como cosas, pero esta vez como extensión de las máquinas, cumpliendo a rajatabla las órdenes de la patronal (id.)

Vemos que se trata de un trabajo paciente y persistente de las obreras, la Comisión de Mujeres y la Comisión Interna, donde lejos de cualquier práctica del sindicalismo tradicional, se sostiene y demuestra que la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras fortalece tanto a la organización gremial contra la prepotencia patronal y la traición del sindicato como a las mismas mujeres. Es así como, de la mano de la nueva Comisión Interna y de la Comisión de Mujeres de Kraft, se fueron dejando sentados nuevos precedentes para el conjunto de las trabajadoras. Una de las obreras concluyó:

Esto es algo que siempre pasa en el turno noche, de apoyarnos mutuamente como compañeros, y eso es algo que justamente esta interna ha fomentado mucho, una unión durante estos años, algo que antes, con la interna anterior, no había. Y algo que el sindicato nunca pudo lograr, porque no quiso. Esta unión del turno es algo que tenemos que seguir haciendo y fomentando en toda la fábrica. Realmente la gente, las mujeres especialmente, nos sentimos muy protegidas, muy apoyadas en este tipo de reclamos, dejamos de sentirnos solas cuando nos pasa algo así y eso es algo que me enorgullece y un gran ejemplo de qué se tiene que hacer contra la violencia hacia las mujeres (La verdad obrera 2011).

La Comisión de Mujeres de Nuestra Lucha, un periódico militante del sindicalismo de base integrado por obreras y obreros de Kraft y de otras comisiones internas y cuerpos de delegados combativos, se pronunciaba en sus páginas sobre el paro contra el acoso sexual en Kraft de la siguiente forma:

Consideramos un ejemplo inmenso la pelea que dieron las trabajadoras de Kraft. Y nos llena de orgullo saber que han sido mayo-ritariamente los varones del turno noche quienes se han puesto a la cabeza del paro, haciendo frente a la violencia machista de este líder y la injusta sanción patronal, defendiendo la dignidad de las compañeras. Creemos que es así la forma en la que vamos a poder avanzar en la conquista de todos nuestros derechos como mujeres trabajadoras, de la mano de nuestros compañeros varones que entienden que nuestras demandas son parte de una misma lucha, una pelea en conjunto por terminar con la explotación y la opresión. Es una nueva tradición para difundir y un ejemplo a seguir por toda la clase trabajadora (Comisión de Mujeres de Nuestra Lucha 2011).

Esto contrasta con el accionar frecuente de las centrales sindicales y los sindicatos en casos de acoso sexual. Un informe de Artemisa Noticias (Waigandt, Alejandra 2009a) sostiene:

Alejandra Angriman, Secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de la Central de Trabajadores Argentino (CTA), participa activamente en el ámbito sindical desde hace 10 años y en todo ese periodo conoció sólo cinco casos. “Las denuncias las hicieron mujeres a sus organizaciones de base”, aclaró.

Y luego continúa:

La activista explicó que el acoso sexual y otros tipo [sic] de violencias en el trabajo forman parte de la agenda histórica de la CTA, sin embargo cuando “las compañeras plantean esta problemática los delegados varones tienen mucha resistencia a abordarla, no saben cómo encararla y a veces son muy incisivos porque no les creen. Hay comentarios clásicos con los que se intenta hacer recaer la responsabilidad en las víctimas, “se lo buscaron”, o incluso “les gusta”. No sólo no se la reconoce como víctima, sino que además se las acusa (id.).

Estas prácticas de los sindicatos burocratizados sumadas a las dificultades para tener pruebas y a las posibilidades de persecución que pueden sufrir por parte de la empresa, hacen que muchas veces las mujeres afectadas no denuncien el hecho.

Por el contrario, el caso de Kraft y su experiencia con la nueva Comisión Interna y la Comisión de Mujeres muestra una concepción sindical que, además de enfrentar al Estado y a las patronales, combina la lucha contra la opresión, la división sexual del trabajo y las desigualdades de género con la pelea contra la explotación de clase. Paralizar la producción de una multinacional estadounidense contra el acoso sexual a una trabajadora -algo ya de por sí inusual, ya que no se trataba de un simple y popular reclamo salarial-, logrando la solidaridad activa de los trabajadores varones, hizo historia. Los obreros varones rompieron, aunque sea por un momento, con su pertenencia de género, rechazando el accionar de los supervisores varones y de la patronal y el STIA y se pusieron del lado de sus compañeras trabajadoras, consolidando así la unidad de la clase trabajadora.

Cuestionando la división sexual del trabajo: igualdad de acceso a las categorías

Una consigna histórica del movimiento de mujeres y del movimiento socialista internacional es «a igual salario igual trabajo». Pero la desigualdad laboral entre varones y mujeres, actualmente se expresa de diferentes maneras. Una forma de discriminación laboral es la desigual remuneración por la misma tarea, pero también existe otra más “encubierta”, que además es la que prima en la actualidad, la diferenciación en el acceso a determinadas tareas. Esto se expresa en la discriminación que sufren las mujeres a la hora de poder acceder a determinadas categorías, que en general, cuentan con una mejor retribución. Lo que Valeria Esquivel (2007) denomina en un estudio como «territorio de hombres y territorios de mujeres» en la estructura ocupacional. Se observan entonces, peores condiciones laborales en término de complejidad de las tareas realizadas en los espacios laborales femeninos. Hay que tener en cuenta además que a diferencia de otros países donde el factor “nivel educativo” entra en juego a la hora de la incorporación o no a determinadas tareas, en nuestro país existe un alto nivel educativo femenino, incluso muchas veces los conocimientos alcanzados por las mujeres están por encima de los alcanzados por los hombres, sin embargo y a pesar de esto, las argentinas no pueden acceder a las mismas tareas. La segregación por género es evidente.

Esto se agudiza en las fábricas donde hay mayoría femenina, como sucede en gran parte de las alimenticias. Ellas son las que realizan los peores trabajos, concentrados en empaque y envase de los productos terminados en las cajas, un trabajo repetitivo que al mismo tiempo, como plantea la Comisión Interna de Kraft, es altamente calificado y requiere un importante esfuerzo físico y psíquico por los altos ritmos de producción. Pasan años realizando esas mismas tareas sin ser reconocidas ni contar con iguales posibilidades que sus compañeros. Esto redunda en una baja autoestima de las mujeres que no pueden acceder a categorías mejor pagadas y ponderadas; como por ejemplo la de operaría calificada, que contempla el manejo de máquinas con similares oportunidades que sus compañeros varones.

Se trata de una política sistemática y consciente de las empresas que no hace más que reproducir las desigualdades de género y mantener la división sexual del trabajo. Las mujeres se transforman en una máquina más, maltratadas de la peor forma. Si a esto se suma que el reparto de las tareas domésticas deja mucho que desear, ya que son ellas las que cumplen una doble jornada laboral, en la empresa y en el hogar, podemos decir que para las mujeres del siglo xxi «no es el fin del trabajo, sino el trabajo sin fin». Si las teorías que proliferaron en los años noventa sobre el “fin del trabajo” cumplieron el rol reaccionario de pretender invisibilizar la existencia de una extendida clase obrera, que además estaba siendo profundamente atacada bajo el paradigma neoliberal (con flexibilización laboral, pérdida de conquistas, aumentos en los ritmos de producción, turnos rotativos, imposición de horas extras, despidos y ataques de diverso tipo), en relación a las trabajadoras esto tuvo un doble efecto: ocultar cómo repercutió este proceso en sus vidas. Feminización de la pobreza, feminización del trabajo y condiciones de superexplotación se convirtieron en moneda comente para las obreras, imponiéndose incluso en los Convenios Colectivos de Trabajo, hechos para uso apiacere de las empresas y apoyados por los sindicatos (en este caso el STIA) y por el gobierno kirchnerista[30].

Así de profundo llegó la naturalización de la explotación y opresión a las mujeres. Por eso, la pelea por categorías para las mujeres es muy importante y cuestiona uno de los pilares de la discriminación laboral y de la división sexual en las fábricas. La experiencia de las trabajadoras y la Comisión Interna de Kraft, es en este sentido muy significativa, ya que, junto con la de Pepsico, se trata de las organizaciones obreras que más se han puesto al frente en la lucha contra esta discriminación[31].

El 21 de agosto de 2012, las y los trabajadores de Kraft y Pepsico, junto a diversos grupos, realizaron un corte de calle en Corrientes y Carlos Pellegrini, un lugar céntrico de la Ciudad de Buenos Aires, para denunciar «descuento de premios a cientos de empleados en forma totalmente ilegal, como represalia por reclamar mejores condiciones laborales», según lo denunciado por el delegado Javier Hermosilla y Lorena Gentile, a los diferentes medios de comunicación argentinos (Infobae, Página 12, Clarín y La Nación).

En el portal de Infobae de ese mismo día se afirma que:

La Comisión Gremial Interna (CGI) -enfrentada a la conducción del sindicato del sector ejercida por Rodolfo Daer, atribuyó en un comunicado el presunto accionar de la empresa a la exigencia de “aumento de premios y categorías para las mujeres trabajadoras” que impulsa.

El comunicado de la Comisión Interna (La Nación 2012) sostenía: «Reclamamos que se dé una respuesta a las demandas por las que peleamos: aumento de los premios y categorías para las mujeres trabajadoras. Basta de discriminación»[32].

Al día siguiente, la empresa emitió una declaración negando las denuncias de sus trabajadores/as (citado en Urgente 24 2012):

Kraft Foods Argentina reitera su plena predisposición al diálogo para sortear esta situación, aclarando que la actividad laboral dentro de sus cuatro plantas en el país se desarrolla con absoluta y plena normalidad, cumpliendo su papel de empleador bajo las leyes vigentes y sin ningún tipo de discriminación o persecución alguna a sus más de 4.800 empleados.

Todas estas acciones son parte de una campaña por los derechos de las trabajadoras contra la discriminación y por la igualdad en el acceso a las categorías, que incluyen medidas de fuerza, afiches en la fábrica, notas en el Boletín de la Lista Bordó de la Alimentación, reuniones de la Comisión de Mujeres y de la Interna y debates en asambleas, entre otras cuestiones. Todo esto se articula con la pelea contra la persecución y las causas penales y juicios de desafuero a los principales activistas y delegados/as de la empresa. Buscan además, bajar los ritmos de producción para intentar prevenir enfermedades laborales frecuentes por el tipo de tareas. Otras de sus demandas son: reconocer los días por hijo/a enfermo/a, hacer del 8 de marzo una jornada no laborable y reconocer también el llamado “día femenino”.

Algunas conclusiones preliminares

En Kraft las trayectorias de lucha de clase y género de las mujeres se anudaron con las prácticas del sindicalismo de base, no solamente incorporando a ciertas trabajadoras en algunos cargos sindicales representativos sino también favoreciendo la democratización de las relaciones sindicales y a la par, las relaciones de género preestablecidas.

Podemos afirmar que en el proceso de reorganización del movimiento obrero en Argentina durante la última década, en el marco del fenómeno denominado “sindicalismo de base”, las trabajadoras de la alimentación, en particular de la empresa Kraft, atravesadas por la experiencia devenida de su pertenencia de clase y su condición de género, imprimieron un sello singular. No solamente existe una destacada participación de las mujeres en las luchas o en las organizaciones gremiales, que cuentan entre sus principales referentes con varias mujeres, sino que también es notable la influencia que han logrado tener para que sus demandas sean incorporadas al conjunto total de las y los trabajadores y la Comisión Interna, incluso en algunas ocasiones, trascendiendo el ámbito de la empresa.

El sindicalismo antiburocrático en esta fábrica, a diferencia del sindicalismo tradicional, desanolló dirigentes obreras mujeres y una mayor participación femenina en la vida política y sindical, al mismo tiempo que promovió (y promueve) el impulso de Comisiones de Mujeres, Asambleas de Mujeres y la concunencia de las obreras a los Encuentros Nacionales de Mujeres. A la vez, consignas que tienen que ver con reivindicaciones específicas de las obreras, como vimos, fueron motor de conflictos, algunos de mayor envergadura como el paro, pero también quites de colaboración y cortes de calle, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la autopista Panamericana, que une la zona norte del Gran Buenos Aires con la ciudad. Se trata de una experiencia novedosa en la historia del movimiento obrero argentino de las últimas décadas. El solo ejemplo del histórico paro por acoso sexual de un líder sienta una nueva tradición en la fábrica y en el movimiento obrero, en la lucha contra el abuso y la prepotencia patronal.

Un sindicalismo asambleísta, que fomenta la auto organización de las y los trabajadores, contrasta así con la práctica de la llamada “burocracia sindical” con fuerte ligazón con el Estado, el gobierno y las patronales y atada a las estructuras jerárquicas, burocráticas y patriarcales, con enormes intereses económicos. Esto es un aspecto fundamental a la hora de intentar explicar las razones por las cuales trabajadores en general y obreras en particular se involucraron en la organización colectiva fomentada “desde abajo” en sus lugares de trabajo.

En el tránsito de esta experiencia rica y particular, el rol de la izquierda clasista, con fuerte presencia en la Comisión Interna de la fábrica, es central. Pero a esto hay que sumar la influencia de lo que podríamos denominar las ideas de las “feministas marxistas” o del “feminismo socialista”, presentes desde adentro en algunas de las delegadas y de las obreras[33], así como también desde afuera con diversos tipos de apoyo[34]. Se trata de una concepción que parte de la necesidad de cruzar la pelea contra la explotación de clase con el combate a la opresión de género, que busca combatir el machismo dentro del movimiento obrero, tratando de romper con la división de la clase trabajadora y de organizar a las “más explotadas entre los explotados”, “a las más oprimidas entre las oprimidos”: ellas, las obreras.

Lejos de cualquier visión victimizante, la idea es entender el potencial transformador, revolucionario de las mujeres trabajadoras.

Las mujeres clasistas que somos parte de Nuestra Lucha queremos combatir esta cultura burguesa que nos degrada a las mujeres a ser una cosa bonita, un objeto sexual. Pero también ir contra el machismo reinante que hay entre los varones en particular y también entre las mujeres porque opinamos que es una de las tantas formas de opresión que beneficia a la clase de los explotadores y sus cómplices para dividir las filas de la clase trabajadora. Mujer bonita es la que todos los días enfrenta abusos y prepotencia en los lugares de trabajo. La que se organiza, la que lucha (Gentile, Lorena 2011a).

Un año después, Lorena Gentile (2012) agregaría:

Es tarea nuestra, de este sector de la izquierda clasista, tomar estas demandas, organizar y poner en pie una organización poderosa, donde las mujeres sean una fuerza arrolladura que se lleve por delante a la burocracia sindical y a todo este sistema que nos mantiene oprimidas.

Otro elemento a destacar es el apoyo que recibieron de sus compañeros, que en vez de sentir su organización como una amenaza, las acompañaron. Osear Coria, delegado despedido, en ocasión de un acto que se realizó el 25 de noviembre de 2009, Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, sostuvo:

En Terrabusi la mayoría de las trabajadoras son mujeres, mujeres que sufren todo tipo de discriminación de parte de la empresa (…) En la fábrica están poniendo junto a la nueva interna una Comisión de Mujeres para luchar dentro de la fábrica por sus derechos. Compañeras que se empiezan a dar cuenta que tienen derechos y los quieren defender, que ven que para eso hay que organizarse,movilizarse. La Comisión Interna de la ex Terrabusi hoy tiene un compromiso total con las mujeres trabajadoras, por eso poner en pie la Comisión de Mujeres, a la cual apoyamos los compañeros porque creemos que las tenemos que apoyar y aprender muchísimo (…) para poder hacer posible que las compañeras se organicen, ya que tienen doble problema que va más allá de lo que sufrimos los trabajadores. Cada paso que den ustedes en la organización y la lucha es un paso enorme, mucho más importante que lo que damos nosotros, por todos los prejuicios que tienen que enfrentar.

Se dejan planteadas dos cuestiones fundamentales y algunos intenogantes. En primer lugar, la necesidad y la importancia de que las trabajadoras se organicen por sus derechos, de que estos primeros pasos no sean excepción, se extiendan y generalicen para avanzar en romper sendas cadenas, la de la explotación y la opresión. ¿Quién sino las propias obreras para llevar adelante esta tarea? Es la base para conquistar una sociedad donde no haya doble jornada laboral para las mujeres, en la cual la división social y sexual del trabajo, que provee ganancias multimillonarias y enormes privilegios de poder para un pequeño grupo de capitalistas y que somete a las mujeres a la opresión patriarcal, no exista.

En segundo lugar, el rol del feminismo que se encuentra actualmente fragmentado, institucionalizado y alejado -en la mayoría de los casos- de cualquier visión y práctica, debe poner su mirada en la vida de las obreras para proponerlas como sujetas de transformación social. Por otro lado, se confrontan visiones históricas de algunos sectores de la izquierda. Para ellos la lucha por los derechos femeninos es divisionista porque cuestiona la opresión de las mujeres y el machismo de los mismos obreros, así como los roles familiares y la sexualidad. Dichos sectores argumentan que esto debilita a la clase trabajadora respecto de sus enemigos, en vez de ver el potencial revolucionario que abona y germina.

La conjugación de la lucha contra la explotación de clase y la opresión de género que se vivifica en esta experiencia concreta, se nos presenta como recuerdos del pasado, perspectivas alentadoras del presente y por qué no, del futuro también.

Mientras el capitalismo se encarga de dividir a los trabajadores entre efectivos, contratados, mujeres y varones, la experiencia de las obreras y obreros de Kraft y su nueva Comisión Interna cumple un papel fundamental: demuestra que es posible empezar a combatir esta división que no hace más que fortalecer a quienes buscan perpetuar este sistema de explotación y opresión.

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Frase del discurso de Lorena Gentíle, dirigente de la Comisión Interna de Kra-ft en la Conferencia Nacional de Trabajadores, realizada en el estadio de Ferro, Ciudad de Buenos Aires, en julio de 2012, en alusión al refrán popular que dice que "detrás de todo gran hombre, hay una gran mujer".↵

Socióloga, docente de la UBA y becaria de CONICET. El presente trabajo se enmarca en el desarrollo de su investigación sobre "Género y división sexual del trabajo: Mujeres trabajadoras y sindicalismo de base en las multinacionales Kraft y Pepsico, de la zona norte del Gran Buenos Aires, Argentina (2001-2013)". ↵

Se denomina sindicalismo de base al proceso de organización y reorganización del movimiento obrero que se desarrolla fundamentalmente desde 2003-2004 en adelante y que se define por ser antiburocrático y antipatronal, por la realización de asambleas dentro de las fábricas y la creación y/o desarrollo de Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados para enfrentar a las patronales. Difiere con el sindicalismo tradicional en su verticalismo, al que le opone prácticas asamblearias y democráticas (con una marcada influencia de lo que fue el proceso asambleario y de acción directa que se vivió en el país durante la crisis de 2001), y en su relación con el Estado, las empresas, el Ministerio de Trabajo y el gobierno, que en el caso del sindicalismo tradicional es estrecha, no así en el sindicalismo de base que, por el contrario, es perseguido y atacado por estos actores, incluso penalmente. Además, por la presencia de la llamada "extrema" izquierda. Para profundizar sobre este fenómeno se puede consultar Juan Sebastián Montes Cató y Patricia Ventrici (2009); Paula Várela (2008); Paula Várela y Diego Lotito (2009); Patricia Davalos y Laura Perelman (2003 y 2005); Laura Meyer y Gastón Gutiérrez (2005); Cecilia Señen y Bárbara Medwid (2007); Christian Castillo (2007); María Celia Cotarelo (2009); Paula Lenguita (2009); Agustín Santella (2009) y Victoria Basualdo (2009).↵

Al respecto el diario El cronista (Buenos Aires, 29/06/2009) afirmaba: El tema más grave no está ligado sólo a lo estrictamente económico. En efecto, lo que ha crecido es un cierto estado de rebelión en el mundo laboral, que ni siquiera está promovido en forma explícita y mucho menos controlado por los sindicatos y sus líderes (...) la reactivación de las aspiraciones de las bases, desencadenó dos nuevos niveles de representatividad: a) los delegados que pasaron a tener un protagonismo clave, por sí, y por el entorno de poder que crearon, y por la competencia con los ex delegados, los que desean serlo, los líderes naturales, etc., que conforman la vida sindical de cada empresa o establecimiento; y b) el estado asambleario creado en muchas empresas líderes o con grandes dotaciones, a propósito del cuestíonamiento a la representatividad de los distintos estamentos de la estructura sindical, que no se caracterizó, por ser muy democrática.↵

Entre los principales dirigentes de la Comisión Interna de Kraft están Lorena Gentile y Javier "Poke" Hermosilla, del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS). En Pepsico, otra de las principales multinacionales alimenticias más importantes, los referentes más conocidos son Catalina Balaguer y Leonardo Norniella, también militantes del PTS. Son algunos de los dirigentes de la izquierda, que en Argentina ha ganado cierto peso entre las experiencias más combativas del movimiento obrero, como es la de la fábrica recuperada bajo control obrero, ex Zanon, actual FaSinPat (Fábrica Sin Patrones), en la provincia de Neuquén, que cobró repercusión internacional y cuyos principales referentes, Alejandro López (lista Manon) y Raúl Godoy (PTS), obtuvieron una banca como diputados provinciales con cargo rotativo en el año 2011, como parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Otro espacio es el subterráneo de Buenos Aires, que ha conquistado la jornada laboral de seis horas por trabajo insalubre, donde tienen presencia también otros grupos de izquierda como el Partido Obrero (PO). También hay referentes en el ferrocarril, donde uno de sus principales voceros es el "Pollo Sobrero" de Izquierda Socialista (IS), así como en el sector gráfico, sectores docentes y de la salud, entre otros.↵

La experiencia del movimiento anarquista y socialista es significativa, sobre todo a lo largo de las primeras décadas del siglo xx, realizando destacados aportes para las trabajadoras. Para esto, se puede consultar a Ana López (2009).↵

Era importante la presencia de mujeres en los frigoríficos, como en Swift, Armour y en textiles. También la industria de la confección con un 54% de fuerza de trabajo femenina y la del comercio con un 15% del sector servicio contaban con una destacada cantidad de mujeres. En las ramas más "duras" de la industria, por el contrario, la presencia femenina se reduce, aunque mantiene cierto lugar en las líneas de la metalmecánica y la química, y más aún en la industria gráfica, aunque en tareas consideradas menos importantes como encuademación.↵

Hay que aclarar que en ese entonces Terrabusi era una empresa de capital nacional.↵

Dora Barrancos (2007) dice: Desde 1924 que la legislación exigió que las plantas fabriles y en general los lugares dedicados a la producción que concentraran un mínimo de 50 trabajadoras, debían disponer de instalaciones para cuidar a los infantes. También se interdictó el despido por embarazo -una de las primeras recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que el país suscribió, pero poco se había progresado en una década en materia de amparo a los derechos de las trabajadoras. Si bien en 1934 se había creado la Caja de Maternidad que preveía las circunstancias del parto, del apartamiento antes y después, lapso en que las empresas debían respetar el salario y el puesto de la trabajadora-, burlar la ley era moneda corriente, y sólo las grandes empresas resultaban más controladas en la materia (pp.206-207).↵

El subrayado es propio.↵

Durante el proceso de toma de la fábrica Brukman, por ejemplo, la crea ción de Comisiones de Mujeres, cumplió un rol importante.↵

Para el año 2006, el 63% del total de las mujeres que trabajaban en la industria argentina lo hacían en estas cuatro ramas: Alimentos (27,8%), Con fecciones (13,9%), Productos Químicos (12,3%) y Productos Textiles (9,1%) (Novick, Marta, Rojo, Sofía y Castillo, Victoria 2008).↵

Otras empresas locales como FelFort, Molinos o Alfajores Jorgito también han sido beneficiadas con cuantiosas ganancias, producto del incremento del consumo en los últimos años y de las condiciones de explotación a sus empleados/as.↵

En 2009, como veremos más adelante, se produjo un conflicto en la fábrica que tuvo repercusión nacional e internacional.↵

Según la página oficial de Kraft Foods, en 1911 los hermanos Ambrosio Felipe y Julio Terrabusi fundaron Terrabusi Hnos., con 25 operarios que producían en forma artesanal. En 1919 se mudaron a una planta en San José 1060, Ciudad de Buenos Aires (donde actualmente se encuentra la sede Constitución de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires). En 1929, la empresa se transformó en Sociedad Anónima. Finalmente, en 1963 construyeron la planta central de Terrabusi en la localidad de General Pacheco (zona norte del GBA), actual sede de Kraft. La planta comenzó a funcionar desde 1967, estando el edificio en construcción. En 1994, la empresa vende el 70% de las acciones a la firma Nabisco. En 1996, Nabisco compra la totalidad de las acciones y todas las plantas se trasladan a Pacheco.↵

No es la intención, ni tampoco es posible, desarrollar en estas páginas lo que fue el conflicto de 2009 en Kraft Terrabusi. Para profundizar sobre este tema y el desarrollo del sindicalismo de base se puede consultar diversos autores como Jonatan Ros y Diego Lotito (2010), Paula Várela y Diego Lotito (2009), Juan Sebastián Montes Cató y Patricia Ventrici (2009), Martin Schorr y otros/as (2010), entre otros.↵

El 17 de octubre de 2009, en el diario Página 12 se reproduce un co municado de la agrupación "Desde Abajo", integrada por militantes del PTS e independientes (que luego ganan la Comisión Interna), y que sostiene que «el acuerdo firmado por tres miembros de la Comisión Interna es una violación al mandato de la asamblea de despedidos que lo había rechazado».↵

En un comunicado de prensa la agrupación de mujeres Pan y Rosas (2009a) decía: La agrupación de mujeres Pan y Rosas se solidariza con las obreras despedidas de Kraft-Tenabusi y las familiares de los despedidos que convocan a marchar a la COPAL (Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios) en Maipú 1252, de la Ciudad de Buenos Aires, donde Kraft-Foods ocupa la vicepresidencia, este lunes a las 7:30 hs. Como lo venimos haciendo desde el inicio de este conflicto, acompañaremos a las mujeres que reclaman la reincorporación de los despedidos y el retiro de la poúcía de la fábrica. Invitamos a las agrupaciones de mujeres, estudiantes, maestras, trabajadoras, feministas a solidarizarse con las trabajadoras y familiares de obreras y obreros despedidos, acompañando esta acción e impulsando otras iniciativas para difundir su lucha. También recibieron el apoyo desde Honduras de las Feministas en Resistencia mediante un comunicado que decía: «Nos unimos a las voces de Pan y Rosas y otras organizaciones que exigen el respeto a los derechos laborales de los y las trabajadores. ¡Ni golpe de Estado, ni golpe a las Mujeres!».↵

Un estudio de Ester Kandel (2003) plantea cómo en la empresa Kraft, en la década de los años noventa, existía una fuerte división sexual del trabajo que se expresaba en la desigualdad de acceso a determinadas categorías, con la concluyente diferencia salarial, la concentración femenina en el sector de envasado, entre otras cuestiones. Es decir, que las mujeres estaban en la sec ción de mayor ritmo de trabajo y de menor remuneración. A la vez, señala que hubo participación de las mujeres en las luchas, como por ejemplo en la de 1986 cuando hubo un conflicto que terminó con 200 despidos. También da cuenta de pedidos a la empresa, protagonizados por la anterior Comisión In terna de la fábrica (dirigida por el PCR), para que las mujeres puedan acceder a diferentes categorías, algo que se topó inicialmente con la resistencia de sus compañeros varones, que decían que esa categoría era "de ellos". En 1998, se produjo el despido de una obrera por haber participado en el Encuentro Nacional de Mujeres, que terminó finalmente en el pago de una indemnización a la empleada por parte de la empresa.↵

Estos encuentros se realizan anualmente en Argentina desde 1986 y participan miles de mujeres de todo el país.↵

  En Argentina se le llama escrache a una acción de calle que busca poner en evidencia algo o a alguien. Personalidades públicas, instituciones y empresas suelen ser blanco de este tipo de protestas (N. del E.).↵

También es padre de Máxima Zorreguieta, reina de Holanda.↵

Pamela Bulado (2009), miembro de la Comisión Interna, decía: Venimos a denunciar las condiciones de trabajo que sufrimos las trabajadoras de la alimentación, a denunciar lo que pasó hace tiempo atrás con una trabajadora que falleció producto de la negligencia del departamento médico y de los médicos y de la forma como nos trata esta empresa. Queremos proponer a las miles de mujeres que participan del Encuentro Nacional de Mujeres impulsar una campaña por el derecho a la salud de las mujeres trabajadoras, denunciando las condiciones de trabajo y explotación que sufrimos y que son producto de lo que provocan las enfermedades profesionales de las que somos víctimas. Queremos pronunciarnos también por el derecho al aborto porque opinamos que es un problema que padecemos particularmente las mujeres que venimos de los sectores populares, de los sectores más pobres, por eso nos parece que es correcto como trabajadoras de la alimentación pronunciarnos a favor del aborto.↵

http://mujeresnuestralucha.blogspot.com.ar/2011_ll_01_archive.html↵

La guía sindical Combatir el acoso sexual en el trabajo señala: En los países industrializados, entre el 42 y el 50% de las trabajadoras han sido víctimas del acoso sexual, en la Unión Europea el 40-50% y en los países de Asia-Pacífico 30-40% de las mujeres han dado cuenta de alguna forma de acoso. En un reciente estudio publicado en Sudáfrica, el 77% de las mujeres respondieron haber sufrido acoso sexual en algún momento a lo largo de su vida laboral. Pocos países latinoamericanos han reconocido el acoso sexual como una categoría de trato degradante a pesar que, según la OIT, entre el 30% y el 50% de las trabajadoras de esta región ha sufrido alguna vez acoso sexual de diversa gravedad en su lugar de trabajo (...) en los últimos 20 años, los trabajadores, particularmente las mujeres trabajadoras, han empezado a oponerse a que se las someta a este tipo de acoso sexual. Antes lo aceptaban como algo inevitable, pero ahora lo combaten (CSI 2008).↵

En Estados Unidos, en 1977 el caso «Barnes vs Castle» se convirtió en un hito en la reivindicación de los derechos de las trabajadoras y en la adjudica ción de la responsabilidad al empleador, sea él el implicado en casos de acoso sexual o sus dependientes, iniciando así una serie de fallos renovadores. Como señala Carmen Sosa González (1990):↵

Según este mismo estudio, el 80% de las afectadas son mujeres de 18 a 40 años, mientras que el 8,33% son mujeres de 46 a 52 años. Entre los varones, los más afectados (66,67%) están en la franja de los 40 a los 46 años. El 80% de las consultas son de trabajadores/as del sector privado y 18% del sector público; un 92% las realizan personas con contratos de trabajo y un 8% trabajadoras no registradas (Waigandt, Alejandra 2009b).↵

Mariano Ferreyra era un estudiante y militante del Partido Obrero que fue asesinado en octubre de 2010 por una patota organizada por la Unión Ferro viaria, luego de que él, junto con trabajadores tercerizados del fenocarril Roca (zona sur del Gran Buenos Aires), realizara un corte de vías para exigir el pase a planta permanente.↵

En alusión a este hecho, la agrupación de mujeres Pan y Rosas (2010) emitió un comunicado que afirmaba: ... nos solidarizamos con todas las trabajadoras y los trabajadores de Kraft Terrabusi que en estos momentos se encuentran realizando un paro en repudio a la muerte de una trabajadora de la planta, fallecida en el día de ayer en el consultorio médico de la empresa.↵

A nivel global, las mujeres participan menos en el mercado de trabajo, tienen una mayor tasa de desempleo, trabajan involuntariamente menos horas para el mercado y generan menores ingresos laborales mensuales que los varones. Esto es parte de la división sexual del trabajo y de la discriminación laboral entre varones y mujeres, que se expresa de diversa forma.↵

El caso de Pepsico es muy significativo y por su importancia merece un abordaje particular.↵

En otro comunicado previo emitido por la Comisión Interna, el 10 de agosto de 2012 se plantea: «Exigimos el cumplimiento de nuestras justas demandas: aumento de los premios para que todos los trabajadores tengamos el mismo premio, categorías para las mujeres trabajadoras para terminar con la discriminación».↵

Entre las principales dirigentes de la Comisión Interna de Kraft están Lorena Gentile y Pamela Bulado, también se destacan delegadas como Stella Cabral, entre otras, que además de militantes del PTS son miembros de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Según el sitio de esta organización, el mismo nombre de Pan y Rosas es un homenaje a las obreras textiles de principios de siglo pasado, que lucharon por sus derechos: «El desafío que tomamos en nuestras manos fue el de construir una gran agrupación que pelee por la emancipación de las mujeres de toda opresión, desde una perspectiva anticapitalista, clasista y revolucionaria» (Pan y Rosas 2009d).↵

Para las feministas marxistas o socialistas, la opresión de las mujeres se basa no solamente en su posición de clase (explotación), sino también en su posición dentro del patriarcado, tanto estructural como ideológicamente. Se puede leer: Evelyn Reed (1993); Zillah Eisenstein (1980); Heidi Hartmann (1987); y Andrea D'Atri (2004).↵

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SINDICATO Y MUJERES EL CASO DE MEXICANA DE AVIACIÓN 

Mana Luisa González Marín[1]  y Mariana Martínez García[2]

Introducción

La etapa de la globalización se presenta en América Latina de manera contradictoria. Por un lado, a partir de los años noventa se dan grandes avances de los sujetos sociales en la lucha por sus derechos democráticos. Los dictadores que aplicaron las políticas neoliberales a sangre y fuego, finalmente, después de un largo proceso de impunidad fueron castigados; algunos están en la cárcel o siendo juzgados por genocidas y corruptos. Los nuevos gobiernos surgidos de elecciones democráticas se propusieron recuperar los derechos políticos perdidos o establecer nuevos, como fue el caso de Brasil que en 1985 aprobó el voto universal secreto y directo: «A partir de mayo de 1985 Brasil pasó a tener un voto universal y secreto, con la inclusión de todos los grupos sociales, inclusive los analfabetas» (Brasilfront 2011).

El suceso que muestra el nivel de los avances en ese teneno en Centroamérica conesponde al juicio que está llevándose a cabo al General José Efraín Paos Montt (ex jefe de Estado) y a Mauricio Rodríguez Sánchez (ex jefe de inteligencia militar), acusados de genocidio, en especial de ser responsables durante su mandato de la violación y asesinato de mujeres indígenas guatemaltecas[3]. Por otro lado, los avances alcanzados en la esfera política no se conesponden con lo acontecido en el mundo del trabajo en la mayoría de los países de América Latina, considerada la región con la distribución del ingreso más desigual del mundo. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad en el ingreso es de 0,550, mientras que cuando no hay dicho ajuste es de 0,741 (Programa de Naciones Unidas para el Desanollo [PNUD] 2013).

La globalización ha generado en nuestro continente millones de trabajadores sin empleo, sin prestaciones sociales, sin estabilidad laboral; sujetos a leyes que autorizan la contratación flexible, la subcontratación, las jornadas muy largas o muy cortas, los salarios según productividad, etcétera. Todas estas transformaciones han repercutido en la manera de concebir la vida diaria, de sentir y materializar la existencia en el lugar de trabajo, dando pie a que se imponga la ideología capitalista que privilegia el esfuerzo individual y menosprecia los valores que promueven la solidaridad y la unión de los trabajadores en la lucha por mejores condiciones de trabajo y de vida. Al predominar esta ideología los sindicatos pierden su sentido principal: la agrupación de los trabajadores en una organización. Cuestión que explica en parte su decadencia y la pérdida paulatina de afiliados. Los otros aspectos a tomar en cuenta tienen que ver con la política adoptada por el Estado de abaratar la fuerza de trabajo como un elemento clave de la competencia en el mercado mundial.

Es en este contexto de avances y retrocesos de la sociedad latinoamericana donde se produce la incorporación masiva de las mujeres al trabajo fuera de casa (años ochenta). Esto va a dar lugar a una lucha por los derechos de las mujeres en dos frentes: el político-social y el económico. Sirvan de ejemplo los avances en varios tenenos; la educación es uno de ellos, otros son: los programas para concientizar a la sociedad de la necesaria disminución de la discriminación hacia las mujeres; los logros obtenidos en los derechos reproductivos, uso de anticonceptivos y despena-lización del aborto en algunos países; así como también haber logrado cuotas de género en las candidaturas para legisladoras, etcétera. En el terreno político, producto de la democratización, observamos el ascenso de mujeres al cargo de presidentas en Brasil, Chile, Costa Rica y Argentina.

Estos avances son resultado de la conjunción de diversos factores, predominando dentro de todos ellos la obra teórica y educativa del feminismo. Los grupos feministas se volcaron hacia la sociedad tratando de mostrar que existe una manera diferente de ver y concebir a las mujeres. En todo este proceso juegan un papel muy importante las mujeres escritoras, filósofas, psicólogas y tantas más que es imposible mencionar. Están también las activistas, aquellas que han organizado grupos con el objetivo de educar y concientizar a las propias mujeres y a la sociedad contra la sujeción y dependencia hacia el varón. Este enorme esfuerzo ha permeado la conciencia social y en la actualidad no es raro ver en sectores de la población un rechazo a las conductas violentas y ostensiblemente discriminatorias hacia las mujeres.

Es claro que todavía falta mucho por hacer, ya que una buena parte de ese rechazo no se manifiesta en la transformación de la vida cotidiana. El cambio de la conciencia social es paulatino. En ocasiones los avances son tan pequeños que parecen imperceptibles, pero ahí están y se abren paso.

En el teneno económico también se presentan avances y atrasos, sólo que aquí la democratización no rinde los mismos frutos que en otros ámbitos. La explicación a este atraso obedece, en el caso de las mujeres, a la división entre trabajo reproductivo y productivo. El primero conesponde a las actividades de limpieza y cuidado que se realizan en el hogar, el segundo a las actividades económicas que generan ingresos. Ambos tipos de trabajo están íntimamente relacionados e implican diferentes responsabilidades para las mujeres. Las primeras feministas, al hablar sobre este aspecto pensaban que la sociedad del futuro se desabollaría a tal punto que los quehaceres de la casa y cuidado serían asunto de la sociedad, del Estado. Éste se encargaría de los niños, su educación, el cuidado de los ancianos, etc., mientras que la preparación de alimentos y la limpieza de la casa pasarían a formar parte de las nuevas ramas económicas.

Los trabajos caseros (quehaceres) en forma individual han comenzado a desaparecer y de día en día van siendo sustituidos por el trabajo casero colectivo, y llegará un día, más pronto o más tarde, en que la mujer trabajadora no tendrá que ocuparse de su propio hogar (Kollantai 1937 p. 8).

El problema no ha podido resolverse de esa manera, si bien cada vez existen más servicios y bienes que alionan trabajo en el hogar, las mujeres todavía tienen quehaceres que realizar. En el cuidado de los niños y ancianos se ha optado por las guarderías, en el mejor de los casos, o la ayuda de otras mujeres.

Las feministas que vinieron después propusieron otra solución: la distribución igualitaria del trabajo de casa entre hombres y mujeres, agregando con ello una demanda clave en la liberación de las mujeres. Sin embargo, para que esta demanda funcione en la sociedad se necesita un cambio colectivo, no sólo un aneglo individual.

Las condiciones de trabajo que viven las mujeres están influenciadas por los escasos avances en la distribución igualitaria de los quehaceres en casa[4]. Si a esto le agregamos las políticas neoliberales respecto al trabajo podremos explicarnos las condiciones tan difíciles de incorporación a la ocupación remunerada y el por qué se localizan en actividades relacionadas con los quehaceres asignados por la sociedad, desde hace mucho tiempo.

En las primeras participaciones de las mujeres en la lucha por mejores condiciones laborales se contemplan estos dos tipos de trabajo (remunerado y no remunerado) y se defienden tanto los derechos laborales de todos y todas como los derechos particulares de las mujeres. Con palabras de Concha Michel:

…con la clase trabajadora, las mujeres tenemos causa común y causa diferente. La causa común es la de la mayoría de las mujeres que vivimos explotadas por los capitalistas y la causa diferente es la reconquista de nuestra autonomía en relación con la responsabilidad social que tenemos como madres, o como productoras de la especie humana. Esto difiere en absoluto de la satisfacción que el trabajador masculino alcance con su liberalización económica (Jiménez, Ana y Reyes, Francisca 2000, p.52).

Mejorar las condiciones de trabajo y defender los derechos laborales es el objetivo principal de la lucha sindical.

Esta investigación se propone estudiar la manera en que las mujeres sobrecargos de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) enfrentaron las transformaciones de sus condiciones de trabajo a partir de las recientes políticas neoliberales, así como la lucha emprendida ante el cieñe de la Compañía Mexicana de Aviación, la más importante del país.

Antecedentes

La formación de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA)

Los sindicatos de aviación surgen dentro del movimiento obrero de fines de los años cincuenta y principios de los años sesenta del siglo pasado, cuando los fenocarrileros llevan a cabo una huelga por mejoras salariales y por la independencia sindical. En el transcurso de la lucha se suman al movimiento un buen número de sindicatos y agrupaciones gremiales, que aprovechan la agitación social para formular sus propias demandas. En este contexto nace la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA) y la ASSA.

Los pilotos son los primeros en lograr el reconocimiento de su sindicato y lo hacen mediante un paro de labores. Posteriormente, demandan a Mexicana de Aviación la firma del contrato colectivo de trabajo. La empresa se niega a firmar, el sindicato se va a huelga y el gobierno responde con una requisa. En mayo de 1960 se levanta la requisa y se firma el contrato colectivo (Reyna, José Luis y Trejo, Raúl 1981, p.149).

Ante el triunfo del sindicato de pilotos, otros sectores de la aviación ven la oportunidad de formar sus sindicatos. Uno de ellos es el de los sobrecargos, cuyo sector estaba constituido por varios sindicatos “blancos”[5] o de “protección”, pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Cada empresa de aviación tenía suscrito con su “sindicato” un contrato colectivo. Estos contratos se manejaban según los intereses de los líderes y la empresa. El auge del movimiento obrero de esa época despertó en los sobrecargos la inquietud por crear un único sindicato que los agrupara a todos y representara sus intereses. En 1959, Gilberto Ba-nio inicia un movimiento llamado «Por un sobrecargo unido» que atrae a otros sobrecargos; para enero de 1960 se constituye ASSA y en marzo adquiere su reconocimiento (Mecalco, Moisés 2000).

Al principio las empresas se niegan a reconocer a ASSA, pero después aceptan firmar y en marzo de 1960, ASSA se constituye como sindicato. Sin embargo, para ser reconocido por los sobrecargos necesitaba conseguir el contrato colectivo de Mexicana de Aviación, así que la emplaza a huelga y logra un nuevo contrato colectivo. Producto de esta huelga se obtienen «aumentos salariales del 18%, creación de nuevas categorías, participación de utilidades, elaboración de planes de jubilación y retiro, así como el compromiso de la empresa para sujetarse al arbitraje de las juntas de conciliación y arbitraje» (Reyna, José Luis y Trejo, Raúl 1981, p.149).

En ASSA, aunque la mayoría de los empleados son mujeres (aproximadamente el 80%), sólo una mínima parte de sus intereses están contemplados en los contratos colectivos. Va a ser únicamente hasta fines de los años noventa que se expresarán con claridad las demandas que atañen específicamente a las mujeres, cuando Alejandra Bárrales ocupa la secretaría general de ASSA. Antes de ella, en 1988, Patricia Esnaniaga Hermosillo estuvo en ese puesto, pero no destacó su labor en favor de las mujeres sobrecargos.

En la conformación de los sindicatos de aviación, y en particular en ASSA, existían ciertas limitaciones para el ejercicio sindical. Una de las más importantes era la «diversidad de empresas y ocupaciones, que se traducía en la existencia de varios sindicatos cada uno a su vez administrador de distintos contratos colectivos» (id.). Dejan para después la creación de una organización que agrupara «en un solo contrato a todos los trabajadores del sector» (ibíd.). La existencia de contratos colectivos de trabajo (CCT) por empresa da lugar a diferentes condiciones laborales para las mujeres sobrecargos. La Compañía Mexicana de Aviación, al tener los mejores salarios y prestaciones, se convirtió en el punto de referencia en las revisiones de contrato de las otras empresas.

Otra limitación a destacar pertenece, en cierto modo, al teneno subjetivo, es decir, a la manera en que las mujeres sobrecargos se conciben a sí mismas como trabajadoras y conciben su trabajo. Estas mujeres provienen de sectores de la clase media, con un nivel educativo superior al promedio, de buena presentación y con el manejo de otro idioma. Todas estas cualidades les permiten formar parte de una élite obrera alejada del resto de los trabajadores. En la medida en que sus condiciones de trabajo se fueron deteriorando cambiaron la manera de concebir a los otros, observaron que ellas también pueden perder su trabajo y caer en las filas de los asalariados empobrecidos.

El pertenecer a este sector de élite no impide que padezcan, igual que todas las mujeres, la discriminación que se manifiesta en la desvalorización de su trabajo, al considerarlo exclusivamente de servicios personales. En otras palabras, las mujeres sobrecargos están también en las filas de aquellos que no requieren una preparación especial para realizar su trabajo: «Con sólo un entrenamiento de dos meses están listas para trabajar», según palabras de Irma, una de nuestras entrevistadas.

La historia de la lucha de las mujeres sobrecargos dice que la idea de incorporarlas en los vuelos provino de una enfermera de Estados Unidos que pidió ser contratada como piloto. No la aceptaron por ser un empleo de alto riesgo, pero convenció a la empresa de contratar «mujeres para que se encargaran de la salud y la seguridad de los pasajeros» (Mendoza, Mónica 2008, p.l).

A medida que los sindicatos se consolidan, las condiciones de trabajo del sector mejoran. Sin embargo, la vida sindical decae y los líderes empiezan a llegar a acuerdos políticos con las empresas y el Estado, al margen de las bases, abandonando su actitud democrática. En ASSA se conservaron algunas formas democráticas como la reelección limitada de su comité ejecutivo (sólo una reelección), las asambleas de los sobrecargos, la aprobación por mayoría de las demandas laborales, etcétera. Esta situación pudo mantenerse por varios años, hasta que en 1982, Mexicana de Aviación entra en una severa crisis por el enorme endeudamiento que tiene. El Estado interviene y compra el 53% de sus acciones. De este modo, pasan al control estatal las dos principales líneas aéreas: Aeroméxico y Mexicana de Aviación.

La política seguida por los empresarios de aviación y el Estado se centró en bajar los costos generales, «pero la mayoría de esos costos no pueden ser manejados directamente por las aerolíneas, excepto los laborales. Los despidos de personal se generalizaron y las condiciones de trabajo de los que conservaron sus empleos se vieron bruscamente disminuidas» (Mecalco, Moisés 2000, p.l58). Se trazan diversas estrategias para sacar estas dos empresas de la crisis, algo que resultó imposible porque en los años ochenta la economía mexicana estaba deprimida. Ninguna estrategia funcionó para sanearlas, por lo que se privatizaron y se aplicaron políticas de flexibilidad laboral.

Aeroméxico es privatizada declarándola en quiebra, se cieña y después se vuelve a abrir con otro nombre y un nuevo contrato colectivo, se despide al personal (pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra) y sólo vuelven a contratarse unos cuantos. Los nuevos contratos redujeron las categorías de sobrecargos, prolongaron la jornada de trabajo y ampliaron las actividades a realizar, además de mayores requisitos en la presentación e imagen de las mujeres sobrecargos. Por ejemplo, antes de la privatización (1988) ASSA tenía un CCT donde «existía un escalafón que incluía a ocho categorías de sobrecargo de acuerdo con los tipos de avión que la empresa tenía; el CCT de 1990 firmado inmediatamente después de su reprivatización ya sólo especifica dos categorías: sobrecargo de nuevo ingreso y sobrecargo a secas» (Leyva, Marco Antonio y Rodríguez, Javier 2007, p.148).

Las condiciones de trabajo en las mujeres sobrecargos

Las condiciones de trabajo dependen, en el caso de las mujeres sobrecargos, de varios factores, señalaremos algunos de los más importantes: seguridad de los vuelos, imagen y asignación de los vuelos.

Resguardo de la seguridad e imagen de las mujeres sobrecargos.

La clave para lograr el fortalecimiento de las empresas de aviación estaba en controlar el proceso de trabajo y construir un buen aspecto exterior ante los clientes, cuestión que requirió realizar diversas modificaciones en los contratos colectivos y los reglamentos. Las nuevas responsabilidades asignadas a las mujeres sobrecargos eran brindar seguridad a los pasajeros y tripulación y presentar una apariencia agradable. Se les encomendó revisar que los puntos de seguridad estuvieran en buen estado, determinar si había fallas y conegirlas. También eran responsables de encabezar los procedimientos de salvaguarda si hay incidentes o accidentes en el vuelo. Estas tareas, si bien son indispensables para la seguridad de los vuelos, no tienen el reconocimiento de las aerolíneas ni de los pilotos como actividades especializadas. Se desvaloriza su trabajo con el argumento de que son tareas de servicios, entre las que están, además de la seguridad, servir alimentos y bebidas a los pasajeros, así como atender cuestiones relacionadas con la salud y la comodidad. Esta discriminación viene de la idea de que sus actividades son una prolongación de los quehaceres que realiza la mujer en la casa, que son vistos como servicios personales. La discriminación de su trabajo impacta sus remuneraciones.

Las mujeres sobrecargos han luchado para ser consideradas profesionales como una forma de acabar con esa desvalorización. ASSA propuso dar facilidades al personal para que se inscribiera en universidades, tomara cursos de idiomas, de primeros auxilios, etcétera. Sin embargo, las empresas siguen negándose a reconocer su trabajo como una profesión.

La segunda responsabilidad exigida por la empresa es que las mujeres sobrecargos tengan una apariencia agradable y bella; son dos elementos claves en la venta de imagen y servicios ante la competencia. Así que la discriminación empieza desde el momento del reclutamiento de personal: tienen que ser mujeres altas (1,60 cm), de preferencia rubias o blancas, jóvenes, con buena presentación, no estar embarazadas y mantener una buena conducta cuando se usa el uniforme.

Las mujeres sobrecargos con el uniforme y su buena presentación atraen la atención del público en los aeropuertos y en la calle, se sienten admiradas y consideran un orgullo pertenecer a este sector de la aviación. No están conscientes de la discriminación que se esconde atrás de este glamour.- la utilización de sus atributos físicos femeninos para obtener mayores ganancias. Las compañías de aviación también controlan su manera de vestir, su conducta en los vuelos y en los lugares o ciudades donde pernoctan o descansan. Las aerolíneas son las dueñas del tiempo y la manera de vivir de las mujeres sobrecargos. Una infracción al estilo de vida señalado en los reglamentos puede ser motivo de sanción.

Asignación de los vuelos.

La flexibilidad de la jornada depende del modo en que se asignen los vuelos, si éstos son cortos las mujeres podrán atender a sus hijos, pero si son largos pasarán varios días antes de que se reúnan con su familia. La distribución del tiempo de las mujeres entre trabajo productivo y reproductivo es variable, no pueden hacerse planes porque las necesidades de la empresa los desbaratan. A lo largo de su existencia, ASSA ha tratado de que la asignación de vuelos sea establecida con anticipación y basada en criterios laborales. Los factores que se toman en cuenta para la designación del tipo de vuelos para los sobrecargos son: antigüedad, tiempo de vacaciones, incapacidades, descansos, faltas y asistencia a los cursos de capacitación. Sólo en Aeroméxico se logró que las madres tengan preferencia en los vuelos de ida y vuelta el mismo día, para que estén más tiempo con sus hijos (Mecalco, Moisés 2000).

Se elabora un roll mensual con los vuelos asignados a las mujeres sobrecargos que no se respeta siempre, debido a que puede cambiar por diversos motivos y hay que responder al llamado, aún cuando no esté planeado. La empresa se convierte en la dueña del tiempo y controla la vida de sus empleadas, que deben estar dispuestas a trabajar en todo momento ante acontecimientos inesperados, como lo establece el CCT. Dadas esas condiciones, la profesión de sobrecargo no es concebida como un proyecto permanente de vida. En un artículo escrito en 2010, Rosario Cambero (sobrecargo) escribe:

… hemos tenido que trabajar como sobrecargos por la crisis de empleo que ha existido en nuestro país por sexenios, estamos preparados, invito a la Secretaría del Trabajo a checar expedientes: abogados, médicos, economistas, contadores, licenciados en comunicación y muchas otras carreras nos avalan.

Los días de descanso son muy importantes para las mujeres sobrecargos porque aprovechan para recuperarse de los viajes, atender a su familia y realizar numerosas actividades. El contrato establece que se debe volar seis días por cuatro de descanso. Los nuevos aviones, al tener la capacidad de realizar viajes muy largos y sin escalas, prolongan la jornada de trabajo (ibíd.).

La política de ASSA de aceptar recortes salariales y ceder en algunas prestaciones cuando las compañías aéreas están en peligro de caer en quiebra, les ha permitido detener la aplicación de la subcontratación y la polivalencia. La estrategia seguida por ASSA después de las privatizaciones se ha centrado en luchar contra los contratos de protección que prevalecen en las líneas aéreas más pequeñas, cuyo personal tiene menores salarios y más escasas prestaciones que en las dos empresas grandes. De las demandas que atañen a las mujeres, a lo más que llegaron, antes de Alejandra Banales, fue a pedir el servicio de guardería.

El despido del personal de aviación está ligado más a las crisis de las empresas que a la aplicación de cambios tecnológicos; la reducción de vuelos hace peligrar el empleo o disminuye los ingresos. Por ejemplo:

Los sobrecargos (…) dieron apoyo a Aeroméxico, en 1994 admitiendo que mediante lo que se conoce como rotación un promedio de 120 sobrecargos por mes (empezando por los de menor antigüedad) quedaran desempleados sin costo alguno para la empresa, durante un periodo de seis meses (Leyva, Marco Antonio y Rodríguez, Javier 2007, p.74).

La defensa de su salario base, ante la petición de que se convirtiera en flexible, lo lograron argumentando que preferían un recorte salarial; lo importante era no afectar las jubilaciones y las prestaciones sociales.

Desde la creación de ASSA, hace 53 años, sólo tres mujeres han sido secretarias generales, de éstas la más destacada fue Alejandra Banales, empleada de Aeroméxico. Según lo que se sabe entró a la empresa con la preparatoria terminada, después cursó la Licenciatura de Derecho y es candidata a Maestra en Administración Pública, además de haber cursado diversos diplomados.

Inició su cañera como luchadora social cuando Aeroméxico se declara en quiebra y despide a cinco mil sobrecargos, prácticamente a todos y todas. La aerolínea cambia de nombre y presenta un nuevo contrato, con condiciones laborales muy inferiores de las que tenían en el anterior. Sólo se recontrata a trescientos sobrecargos. La agitación que se vivió durante este proceso le permitió a Alejandra Banales adquirir experiencia política y sindical y conocer las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran los trabajadores de la aviación. En 1999 fue electa Secretaria General de ASSA.

Con la entrada de Alejandra Bárrales la vida sindical tuvo un cambio importante. Se fomentó la participación de las mujeres sobrecargos en las asambleas, en la toma de decisiones y en la mejora de las condiciones de trabajo. Lo más destacado durante su primer trienio como Secretaria General fue haber logrado que todas las plazas de supervisores pertenecieran al sindicato, prestación que habían perdido con la privatización de Aeroméxico.

Durante su segundo mandato, impulsó la participación de las mujeres en diversas secretarías del sindicato. Además se lograron incluir demandas para beneficiar a las mujeres y a todos los sobrecargos. Las más importantes fueron:

Incremento del salario en 18,3% directo al tabulador.

Disminución en las jornadas laborales (seis días de trabajo por cuatro de descanso).

Compromiso por parte de la aerolínea de pagar 140 pesos por cada atenizaje, a partir del cuarto en un mismo día. Esto benefició principalmente a las mujeres, pues cada sobrecargo podía realizar hasta diez vuelos en un día sin recibir compensación alguna.

Pago de horas nocturnas (vuelo nocturno). Aplica a partir de las 10:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. La retribución equivale al 0,20% del salario base.

Integración de tripulaciones en los vuelos: se llevarán tres sobrecargos cuando sean viajes DC-9 y cuatro sobrecargos cuando se sirvan alimentos calientes.

Opción de retiro voluntario, a partir de los quince años de antigüedad de cualquier sobrecargo (mujer u hombre), con un pago de cinco meses de salario más veinte días por año trabajado.

Acuerdo de construcción de la guardería para las y los hijos de las mujeres sobrecargos, en un teneno del organismo sindical que se encuentra enfrente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Preferencia para las madres en los vuelos de ida y vuelta el mismo día, para que estén más tiempo con sus hijos.

Las mujeres, después de las 12 semanas de embarazo, pueden dejar de volar sin afectación a ninguna de sus prestaciones ni al salario.

Cuando Alejandra Banales deja la secretaría general de ASSA entra de lleno a la política, ingresa al PRD (partido de izquierda), después es diputada, asambleísta y actualmente ocupa un escaño como senadora. También fue presidenta del PRD en el Distrito Federal. Cuando estuvo en la Asamblea Legislativa del D.F. ocupó el cargo de Presidenta de la Comisión de Gobierno. Durante su gestión se aprobaron diversas leyes, entre las cuales están algunas que favorecieron a las mujeres, como la ley que castiga, hasta por seis años, a los hombres que golpeen a sus parejas. También impulsó leyes que protegen a las familias divididas, como la que crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y también una ley que protege a los padres o madres que cumplen sus obligaciones y son privados de su derecho de ver a sus hijos (Política Real 2011).

En síntesis, podemos decir que ASSA, a pesar de tener una mayoría de trabajadoras, sólo en la etapa de Alejandra Banales logró que se tomaran en cuenta las demandas laborales propias de las mujeres y se tuviera una vida sindical activa. Sin embargo, después de este periodo, poco se ha podido hacer respecto a la discriminación de su trabajo y el uso de su imagen como mercancía. La eficiencia, cordialidad y buena presencia son productos que venden las empresas y les anojan cuantiosas utilidades.

Conflicto de la Compañía Mexicana de Aviación (CMA)

El conflicto de Mexicana de Aviación proviene de la crisis financiera iniciada en 2007, cuando empiezan a mostrarse los primeros indicios de la desaceleración de la economía mundial. En reporte del juzgado décimo primero en materia civil del Distrito Federal, se informa que los dueños de CMA presentaron, de 2007 a 2010, pérdidas operativas por cuatro mil millones de pesos; para agosto de 2010 se calcula que se llegó a más de catorce mil millones de pesos (Leyva, Marco Antonio 2011, p. 24). La causa de tales pérdidas obedece a una mala administración y a la elevación de costos a escala mundial, en especial del combustible. Según este mismo informe, se mantuvieron las mismas políticas aún cuando la contingencia sanitaria provocó un baja del 19,6% en el número de pasajeros. De diciembre de 2008 a 2009, aumentaron los gastos de arrendamiento de equipo de vuelo en 46,5% y todavía en plena crisis se rentaron diez aeronaves más.

De tal manera, la deuda por renta al 4 de agosto pasado (en 2010) ascendía a 602 millones 557 mil 807 pesos; en tanto que por combustible, mantenimiento, servicios portuarios, materiales consumibles en vuelos y publicidad se elevaba a 2,110 millones de pesos (id.)

La elevación de la deuda de la empresa trató de atribuirse al costo de los contratos colectivos y los altos salarios de los pilotos, sobrecargos y trabajadores de tiena. CMA, desde antes de la quiebra (2000, negociaba con ASSA, ASPA y SNTTTASS[6] la reducción de sus contratos colectivos.

A los pilotos les quitaron su aumento salarial por cuatro años, redujeron personal, incrementaron sus jornadas laborales y redujeron sus descansos y prestaciones como el aguinaldo, prima vacacional y pagos por horas nocturnas y aterrizaje (…) A los trabajadores de tierra les congelaron los salarios por tres años, firmaron seis convenios para cancelar sus incentivos, aumentaron sus jornadas laborales, se redujo el personal sindicalizado de 504 a 224 trabajadores, y se ahorraron así 75 millones de pesos (Vergara, Rosalía 2013, p.32).

En el caso de ASSA, CMA intentó cambios en su contrato, sobre todo reducir en 25% los salarios con el argumento de que los gastos por este concepto correspondían a más del 30% de sus ingresos. ASSA se negó a renegociar el contrato e interpuso un amparo que logró detener esa acción. En este caso, los sindicatos cuyos afiliados son mayoritariamente mujeres, tuvieron un comportamiento ejemplar frente el resto de sus compañeros y pelearon para impedir ser despojados/as de sus derechos laborales. En cierto modo, esta posición dio pie para que la prensa y la opinión pública volteara a ver la dignidad de un grupo de trabajadoras encabezadas por una líder y enfrentando a empresarios poderosos. Para ese entonces estaba de Secretaria Sindical, Lizette Clavel.

Los siguientes dos años se volverán a plantear los mismos argumentos por parte de la empresa: los trabajadores y sus contratos colectivos son los principales responsables de la situación de quiebra. En 2010, Mexicana de Aviación propone la emisión de un bono en el mercado global para capitalizarse, pues sus deudas rebasaban el límite de la solvencia y resultaba poco rentable mantenerla en pie. La propuesta no funciona porque el gobierno decide no respaldar ese bono. Finalmente, el 4 de agosto, CMA opta por dejar de vender y emitir boletos, pidiendo entrar a Concurso Mercantil por medio del capítulo 15 de la Ley de Quiebras[7].

Antes del cierre de Mexicana de Aviación se rebeló que Tenedora K, firma constituida por dos grupos empresariales, había adquirido el 95% de la aerolínea, por un “precio simbólico” que hasta la fecha no ha sido revelado. En su momento se envió un comunicado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con el fin de notificar la venta de las acciones. Siete días después, Gastón Azcárraga (ex funcionario del Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Aviación) salió del país enfrentando juicios penales.

Días antes de que Gastón Azcánaga huyera del país, intentó justificar la quiebra de CMA culpando a los trabajadores, en especial a las azafatas y sobrecargos, de las deudas de la aerolínea. Manuel Barja, Director General de la compañía, comunicó dicha justificación alegando que las azafatas de la aerolínea ganaban un 49% más de salario que en otras compañías aeronáuticas y más del 185% en comparación con las líneas nacionales. Es decir, que tenían un sueldo, supuestamente, de 53 mil dólares anuales, equivalente al 20% de los gastos operativos de Mexicana de Aviación.

La solución propuesta por Barja era disminuir, lo más posible, el costo que representaban los trabajadores, en una proporción de: 41% pilotos, 39% sobrecargos y azafatas y 40% de empleados en general. Ante tal propuesta, ASSA y ASPA respondieron que la quiebra de la empresa no era consecuencia de los “altos salarios”, sino era consecuencia de la mala administración llevada a cabo por Gastón Azcánaga. Asimismo, ASSA informó que a pesar de la crisis que enfrenta la aerolínea, el líder de CMA decidió invertir en aerolíneas nuevas (Aviacsa y Volaris), en lugar de la propia.

A partir de entonces, las diversas propuestas para comprar CMA no han prosperado porque los inversionistas aseguran no tener el dinero suficiente. Se supone que en unos cuantos meses CMA será declarada en quiebra. Con eüo las y los trabajadores perderán definitivamente su empleo y serán despedidos con las indemnizaciones de ley, no con las establecidas en los contratos colectivos.

A tan sólo unos meses para que se decida el futuro de la aerolínea, no hay inversionista que deposite los 300 millones de dólares necesarios para poner en marcha la empresa y tampoco se han mencionados probables inversionistas. El pasado 23 de enero de 2013, Jorge Gastelum, representante de Tenedora K, dijo que hasta ese día no se tenía ningún inversionista y que siguen a la espera de que alguien cumpla con los requisitos solicitados en el concurso mercantil.

Del lado de las y los trabajadores las cosas se vivieron de otro modo, la empresa en que trabajaron por varios años dejaba de volar y con ello su vida se transformaba. Itzél nos cuenta en la entrevista:

Ya cuando veíamos que las cosas estaban cambiando nos dicen “oigan que mañana ya es el último día, mañana sale el último vuelo”. El último vuelo de Mexicana fue México-Canadá, me acuerdo que yo no tuve la oportunidad de abordar ese día, estuve abajo y un amigo sí estuvo en el vuelo y grabó, y vio como el avioncito se dio una vuelta, así como en círculo sobre el aeropuerto para despedirse, la verdad es que sí fue muy triste.

ASSA y la lucha de las mujeres sobrecargos durante el concurso mercantil de Mexicana de Aviación (2010-2013)

La respuesta sindical a la acusación de que Mexicana de Aviación estaba en quiebra por los altos salarios y prestaciones establecidas en los contratos colectivos no se hizo esperar. Inmediatamente sobrecargos y pilotos se dieron a la tarea de contestar en los medios de comunicación dicha imputación. Dirigen una carta al Presidente Felipe Calderón donde le señalan que los pilotos, en los últimos cuatro años, han desistido de más de doscientos millones de dólares en prestaciones para el buen funcionamiento de la aerolínea.

El Secretario General de los pilotos (ASPA), Fernando Perfecto Cruz y Lizette Clavel, Secretaria General de ASSA, dan a conocer su postura frente al conflicto. Rechazan la quiebra y la propuesta de reestructuración que plantea la empresa y presentan otras formas de apoyar sin que las y los trabajadores salgan tan perjudicados/as.

Discuten que la propuesta de la empresa implica la desaparición del contrato colectivo y el despido de 290 pilotos, 500 sobrecargos y una reducción del 4% de todas las prestaciones. En respuesta, la aerolínea se compromete a vender acciones a los sindicatos; esta decisión debía ser tomada en sólo veinte días, sino la empresa solicitaría el concurso mercantil, es decir, la quiebra de la aerolínea más importante del país. Los pilotos aceptan participar como accionistas con el 5%. Las azafatas y sobrecargos no pueden aceptar porque no tienen el dinero para hacerlo, así que lo único que les queda es mercantilizar algunas cláusulas del contrato colectivo: ceder el 20% de su valor y con ello perder múltiples beneficios, como una reducción del 30% de sus salarios.

Al principio ASSA rechaza esta propuesta y Lizette Clavel aclara que las mil trescientas azafatas y sobrecargos se oponen a negociar la baja de las condiciones de trabajo. Después cambian de posición, a fin de permitir un aliono de 24 millones de dólares a Mexicana de Aviación.

La propuesta de venta de acciones requiere la aprobación de más del 50% de sus miembros. Después de varias asambleas y conteos, azafatas y sobrecargos aceptan y piden que se les informe el valor de las acciones, pues de esa manera podrían calcular el monto de su participación como accionistas. Temen que las acciones se desplomen y pierdan todo por nada.

La CMA propone a los pilotos que acepten sólo las prestaciones de ley, es decir, hacer a un lado su contrato colectivo. Les anuncia además que por lo menos trescientos pilotos saldrán de la empresa por renuncia y no por liquidación, recibiendo una compensación diferida en doce meses. La antigüedad se congelará a los treinta años y prácticamente los pilotos le regalarán a la empresa cinco años, ya que quien tenga entre seis y diez años de servicio se contará como si fueran sólo cinco. El contrato de los pilotos de Click quedará congelado hasta 2015 y ganarán diez mil pesos mensuales.

No obstante y a pesar de que tanto ASSA como ASPA aceptaron ceder partes importantes de sus contratos colectivos, la empresa se declaró en concurso mercantil y no ha sido posible venderla. Las y los trabajadores de Mexicana se han quedado sin empleo, sin salarios y no tendrán prestaciones ni ayuda.

Las mujeres sobrecargos han intentado trabajar en lo que se pueda, desde un pequeño negocio hasta empleos con salarios por debajo de lo que ganaban en CMA. Sin embargo, la escasez de empleo convierte en un vía crucis la colocación laboral. Quizás las mujeres jóvenes encuentren trabajo más rápidamente, como nos comentan algunas de las sobrecargos que entrevistamos, pero la mayoría lo halla con un sueldo bajo y con muy pocas prestaciones; sólo muy pocas sobrecargos tienen un mejor trabajo. Las dificultades para conseguir un empleo aumentan cuando las mujeres son mayores de cuarenta años; las empresas buscan gente joven, mol-deable, que acepte rápidamente las nuevas condiciones de trabajo y sobre todo que no tenga experiencia sindical. Las madres solteras jefas de familia son también muy vulnerables ante los despidos de un día para otro y sin indemnización.

Itzel, una de nuestras entrevistadas, opina sobre las actividades donde han podido ocuparse las mujeres sobrecargos:

Ahorita muchos están haciendo cosas diferentes, en lugares diferentes, otros, la mayoría continuaron con aerolíneas un 60%; entre el 40-30% ya no, se fueron a algo distinto y otro tanto siguen desempleados. Es muy difícil y más para una persona que tiene 40 ó 50 años. Tengo un tío que sus dos familiares eran sobrecargos, el sobrino de mi tío ahorita debe tener unos 50 años, hace dos años 48-47 años, y ya no puede encontrar trabajo porque toda su vida fue sobrecargo ¿Qué sabe hacer? Nada, si me explico.

Claudia, otra de las protagonistas, comenta:

Y es difícil, yo me encontré hace poco a una compañera que tiene una hija como de 14 años y es madre soltera, con una situación complicada donde la abuela es la que tiene que cuidar a la niña para que mi compañera salga a buscar trabajo. Esta compañera ya tenía como 10 años en Mexicana y me la encuentro en un hospital en urgencias de las que “oye tienes tu seguro, pues dame tus datos” y dando el reporte. Platicando con ella le pregunte ¿cómo te fue? “No la verdad yo no encontré más que aquí y tengo que trabajar horas extras porque de otro modo no me sale.” ¿Y tienes prestaciones? No, igual y el seguro social. Entonces te enfrentas a otra realidad ganando un sueldo bien y que saliendo no encuentres lo que tenías, que fue la situación de la mayoría.

Estar desempleado/a, haber perdido el trabajo de un día para otro y no tener dinero afecta a muchos trabajadores y trabajadoras que presentan cuadros de depresión y en ocasiones se recune al suicidio, cuestión de la cual no se habla en voz alta.

Otro caso son las mujeres sobrecargos que están jubiladas y no se les paga su jubilación. En el aeropuerto hay una azafata, Dulce María Mejía, que junto al sobrecargo Rogelio Martínez hicieron un ayuno, del 18 al 27 de marzo, porque no reciben el pago de su pensión desde hace varios meses (Díaz, Ariane 2013). Las autoridades citan a reuniones con las y los jubilados para aneglar el asunto de sus pensiones y luego no los reciben “por falta de tiempo”.

Las trabajadoras que entrevistamos no tienen casi ninguna esperanza de que CMA regrese a volar, tal como la conocieron. Si regresa será con otros trabajadores y trabajadoras, un nuevo contrato y la pérdida de la mayoría de las prestaciones. Sobre esta denota van a poder implantar las nuevas relaciones laborales y hacerlas extensivas a los demás sindicatos de aviación.

Alma, una de las entrevistadas, opina:

… no creo que se vaya a resolver positivamente para nosotras el conflicto porque se tendría que pagar mucho dinero, salarios caídos, prestaciones, jubilaciones, etcétera. Mi opinión es que la van a declarar en quiebra, y la van a volver abrir con otro nombre, otro contrato. Yo siento que es mucha lana la que tiene que pagar el inversionista, yo creo que lo que va a pasar con Mexicana es que la van a declarar en quiebra y van a abrir una nueva, les sale más barato, no pagas sueldos caídos, no pagas las pensiones, las deudas que está generando y las que ya venía arrastrando, todo. Es muchísima lana.

Un ejemplo de lo que les espera a los demás trabajadores y trabajadoras de la aviación lo tenemos en el caso de Aeroméxico, que les propone reducir en un 60% los salarios de todas las azafatas y sobrecargos, quitarles los descansos, ampliar jornadas laborales y suprimir ingresos por tiempo trabajado. No satisfecha con estos recortes esta empresa plantea «mandar las pensiones al sistema de cuentas individuales, entre otros, para lo cual presentó una demanda de “conflicto colectivo de naturaleza económica” a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA)» (Muñoz, Patricia 2013). El argumento es el mismo que en el caso de Mexicana, los elevados salarios y prestaciones ponen en peligro la viabilidad de la empresa.

No cabe duda, como decíamos al principio de este trabajo, que en las reformas democráticas de América Latina hay poco espacio para mejorar las condiciones de trabajo. Se entiende que esta política no es exclusiva de este continente ni de México, sino que abarca todo el mundo. Ahora mismo vemos cómo se condena a millones de trabajadores a cargar el peso de la crisis con las políticas de austeridad. En especial las mujeres, que tienen que enfrentar la peor parte de la crisis al acceder a empleos con bajos salarios, en actividades con mayor índice de discriminación y con una jornada dividida entre trabajo productivo y reproductivo.

Conclusiones

Las condiciones de trabajo y la participación sindical se deterioraron a partir de la privatización de las principales empresas de aviación. Los pilotos, azafatas, sobrecargos y trabajadores y trabajadoras de tierra considerados como privilegiados no han escapado a la embestida neoliberal y se han convertido en un asalariado y asalariada más dentro.

En el caso de las mujeres sobrecargo las condiciones laborales tan estresantes y atípicas ocasionan una división más tajante entre trabajo productivo y reproductivo. Ninguna de estas mujeres podrá desempeñar su trabajo sin contratiempos si no tiene un apoyo de la familia o del cónyuge.

El sindicato considera que las acciones encaminadas a disminuir la carga del trabajo reproductivo son asuntos que no le conespon-den, los ven como cuestiones personales que se resuelven en el interior de la familia. Nada más equivocado, como nos muestran las primeras feministas, pues el trabajo reproductivo se va convirtiendo en una actividad social y por tanto se relacionan con las demandas de los sindicatos.

Los sindicatos como ASSA son una muestra de las dificultades que tienen las mujeres para exponer sus demandas y para ascender a los puestos de dirección. En 52 años únicamente hubo tres secretarias generales, de las cuales, sólo una hizo suyas las demandas que atañen a las mujeres.

En la actualidad estamos en una crisis de legitimación de los sindicatos. Necesitan de la participación de las mujeres trabajadoras para que no pierdan significado como actores políticos en la definición del mercado laboral y la vida política. Para que las mujeres participen en los puestos de dirección se necesita que la estructura interna de los sindicatos se transforme, que éstos se democraticen, abandonen su mentalidad dominante y cambien el concepto que tienen de la mujer. De otro modo, las demandas de las trabajadoras seguirán siendo relegadas y habrá que buscar otro tipo de organización que les garantice ser escuchadas.

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Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)↵

Becaria PAPIIT (Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica) de la UNAM.↵

Estas percepciones que fueron positivas en su momento resultaron ser una burla al pueblo guatemalteco y al mundo entero, pues una vez declarados culpables tanto Ríos Montt como Rodríguez, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la condena (N. del E.)↵

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2009, los hombres sólo ocupan, en promedio, el 17% de su tiempo en realizar trabajo doméstico y/o actividades de cuidado a otras personas del hogar como niños y ancianos, en contraste con el 47,4% del tiempo de las mujeres (INEGUI 2010).↵

Los sindicatos blancos se caracterizan por ser organizaciones que están de acuerdo con los intereses de los patrones, no tienen contrato colectivo ni vida sindical. La mayoría de las veces, los trabajadores no saben que pertenecen a un sindicato.↵

Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS)↵

Debe entenderse por Concurso Mercantil: ... al procedimiento universal, en el cual un deudor que necesariamente es comerciante, es sometido, ya sea de manera voluntaria o coaccionada, debido a que ha incumplido generalizadamente en el pago de dos o más obligaciones a juicio de un auditor (Visitador) y del juez (mediante sentencia), de conformidad con los supuestos de la ley aplicable. Su finalidad, siempre que sea posible, es conservar a la empresa, mediante la celebración de un convenio con sus acreedores y en caso de que no sea posible dicho convenio, se declarará en quiebra al Comerciante para liquidar el patrimonio, y con el resultado pagar hasta donde sea posible a sus acreedores (Escamilla, Maleny Espino, Isidoro, Moctezuma, Cipactli, Soto, Viridiana y Torres, Sil s.f.).↵

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IV. SEXUALIDAD Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

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DESPATRIARCALIZAR LA ATENCIÓN SANITARIA: EL ASUNTO DE FONDO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIDA EN VENEZUELA 

Elisa Alejandra Valdivieso Ide[1]

El presente trabajo pretende ser un aporte a la reflexión sobre el estado actual del derecho a la vida como derecho sexual y/o reproductivo en Venezuela. Para lo cual se hará una aproximación a lo que ha sido conocido como “mortalidad materna”, planteándolo como problema de salud pública y desde la vivencia. Se plantea así, la despatriarcalización de la atención médica como requisito indispensable para promover, proteger y garantizar los derechos sexuales y/o reproductivos.

Esta investigación se encuentra enmarcada dentro de los productos del grupo de trabajo Feminismo y cambio en América Latina y el Caribe, que en esta oportunidad ha elegido como eje temático el cuidado de la vida y los aportes de las mujeres al cambio civilizatorio. Las reflexiones sobre los derechos sexuales y/o reproductivos son cónsonas a los principios de la ética del cuidado. El feminismo es una propuesta ética que ha puesto en el centro de la actividad humana el cuidado y la preservación de la vida.

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, interdependientes e indivisibles, en tanto se viven y ejercen de un modo conjunto e integral. Por lo tanto, el presente trabajo, si bien pone su énfasis en el derecho a la vida, plantea reflexiones que son comunes a la globalidad de derechos sexuales y/o reproductivos y que se aplican también al derecho a la salud. La aproximación que se presenta se apoya en la sistematización realizada en el año 2003 por Alda Fació.

El derecho a la vida entraña la obligación del Estado venezolano de crear y garantizar las condiciones necesarias para que los seres humanos no mueran por causas evitables. Esto quiere decir que el derecho a la vida incluye el derecho que tienen todas las mujeres a no morir por causas prevenibles. Dentro de las causas prevenibles más frecuentemente vinculadas con este derecho destacan todas aquellas relacionadas con el embarazo y el parto y las que son producto de la violencia por razones de género. Como ha sido comentado, la violencia de género en sus diversas formas constituyen «violaciones directas del derecho a la vida, la dignidad, la integridad corporal y a estar libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes» (Fació, Alda 2003, p.24).

El concepto derechos reproductivos y sexuales redefinió las posibilidades del cuerpo, mediando la histórica fecundidad obligatoria con la posibilidad contemporánea de la planificación y del placer sexual, lo cual constituye a la sexualidad como un campo con legitimidad y autonomía propias (Maier, Elizabeth 1992). Desde el feminismo se proyecta un proceso de recuperación del cuerpo a través del replanteamiento de lo público y lo privado.

Según Gloria Maira (2010) el cuerpo marca un lugar de ser y estar en el mundo, define aptitudes y características que no son esenciales sino culturalmente construidas. Alrededor del cuerpo de las mujeres, y en particular de su sexualidad y capacidad reproductiva, se ha construido mucho de su subordinación. Para el colectivo Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer (2000, el cuerpo es la base material y subjetiva de dominación y sufrimiento y también el sustento de prácticas de libertad y democracia:

… recuperar el cuerpo en su dimensión política exige (…) ser reconocido como el lugar donde yo habito, y como sujeto portador de derechos que se pueden ejercer únicamente en un Estado laico, en una cultura secular con justicia económica, justicia de género y justicia sexual (p.22).

Según Alda Fació (2003), las metodologías género sensitivas y las teorías que trabajan este concepto han demostrado que el género no solamente se refiere a las maneras en las cuales los roles, la actitudes, los valores y las relaciones con respecto a niños y niñas, mujeres y hombres se construyen en las sociedades, sino que también construye instituciones sociales como el Derecho, el control social, la religión, la familia, el imaginario, la ideología, entre otras. Es por lo tanto esperable que el género cimiente también a la medicina como institución social y al sistema público de salud. Gracias al género en dichas instituciones se «crean posiciones sociales distinguibles para una asignación desigual de derechos y responsabilidades entre los sexos» (p.8).

Las muertes prevenibles como problema de salud pública

Para conocer la cantidad de muertes que constituyen una violación al derecho a la vida es necesario reflexionar sobre los indicadores y los criterios hasta ahora empleados.

Como ha sido señalado por Gladis Vélez, Liliana Gallego y Diana Jaramillo (2005), la mortalidad es un fenómeno demográfico que se caracteriza por ser inevitable, no repetible e ^reversible. Paradójicamente, es posible hablar de la mortalidad evitable o bien de la evitabilidad de la muerte. Ese concepto «gira en torno a la necesidad de un análisis real del indicador de mortalidad, inteno-gando lo que este señala, lo que expresa y, sobre todo, lo que encubre» (p.36).

Las muertes por causas evitables, intervenibles, prevenibles o re-ducibles se asocian a acciones potenciales. En medicina, gracias a Hugh Rodman Leavell, E. Gurney Clack y colaboradores/as (1953, reeditado en 1965) la prevención se asocia tradicionalmente a: 1) el fomento del bienestar; 2) la protección específica; 3) el “diagnóstico” precoz y “tratamiento” inmediato; 4) la limitación del daño; y 5) la rehabilitación. Esos términos, si bien fueron concebidos dentro del modelo biologicista, pueden adaptarse al abordaje de situaciones desde un modelo integrador biopsicosocial.

Se hace muy difícil determinar el número de muertes prevenibles en mujeres (vinculadas a razones de género) porque los anuarios de mortalidad y todo el sistema de recolección de datos están construidos desde el modelo patriarcal. Me he aventurado a realizar una primera aproximación al cálculo consciente de todas las limitaciones del caso:

Según el Anuario de mortalidad, en 2010 fallecieron más de 54 mil mujeres y, según el estimado que se presenta, más de la mitad de dichas muertes eran prevenibles (MPPS, 2012).

En el presente apartado compartiré los criterios empleados para realizar esta estimación. He incluido situaciones que tradicional-mente no se asocian a las muertes prevenibles en mujeres como la desnutrición, las enfermedades hipertensivas, la diabetes y las enfermedades isquémicas del corazón, porque se ha demostrado que muchas de esas muertes pudieron evitarse mediante el fomento de la salud, el diagnóstico y el tratamiento precoz abordando sus factores de riesgo (Organización Mundial de la Salud [OMS] 2009).

Es importante señalar que los anuarios de mortalidad se construyen con base en los certificados de defunción. Según la norma para el llenado del certificado de defunción, «debe escribirse la causa o estado patológico que directamente produjo la muerte» y, de existir, sus causas previas (MPPS 2007). Eso quiere decir que el o la colega que llena el certificado puede considerar que una mujer murió, por ejemplo, por complicaciones asociadas a su diabetes (infarto, enfermedad vascular cerebral, cetoacidosis, etc.). Por lo tanto, es muy poco probable que se trate de una mujer a la que se hizo diagnóstico oportuno y control del daño. De ser así, la diabetes sería una enfermedad concurrente y no la causa directa de la muerte. (Las enfermedades concunentes se anotan en otro apartado del certificado denominado otros estados patológicos que pudieran contribuir a la muerte, pero no están relacionados con la causa básica informada al principio de este artículo). Mucho ayudaría para este análisis conocer también el intervalo de tiempo transcunido desde el inicio de la enfermedad (o su diagnóstico) y la muerte, y si el diagnóstico se hizo de manera temprana o tardía (cuando ya existía un daño significativo).

Desconocer la relación entre las muertes por desnutrición, enfermedades hipertensivas, diabetes, enfermedades isquémicas del corazón y los aspectos ligados al género es querer tapar el sol con un dedo, pues implicaría desconocer que las mujeres acuden más tardíamente a los centros de salud cuando se trata de su autocui-dado, se posponen, son más pobres, tienen triples y cuádruples jornadas que les impiden realizar los cambios de estilo de vida necesarios para el control de éstas y otras enfermedades, entre otras cosas. Este cuerpo de conocimientos ha dado origen a lo que se ha denominado medicina de género. Según Carme Valls Iiobet (2008), «la invisibilidad del sexo femenino y los sesgos en la valoración de síntomas en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares han sido nefastos para las mujeres» (p.165). La misma autora ha afirmado que la diabetes mellitus del tipo dos es una enfermedad de mujeres que se ha estudiado mayoritariamente en hombres, por lo que faltan estudios sobre factores de riesgo y evolución de la enfermedad diferenciada por sexo y con perspectiva de género.

Usando el mismo criterio, de incluir las patologías cuyos procesos de prevención y diagnóstico están transversalizados por diferencias de género, he incorporado todos los tipos de cáncer y no sólo los alojados en los genitales y las mamas (según el citado anuario, 1.697 venezolanas murieron en 2010 por cáncer de mama y 2.255 por cáncer de los genitales). Esta decisión se debe a que creo que no sólo los cánceres ginecológicos están vinculados al hecho de ser mujer y los constructos sociales que lo rodean.

No resulta fácil determinar el número de mujeres fallecidas por violencia de género. El anuario permite acceder a una gran cantidad de información sobre las muertes violentas (dónde ocurrieron, tipo de arma, sexo, edad de la víctima, etc.), pero no especifica si esas muertes están vinculadas a constructos sociales de subordinación. El anuario incluye la categoría «otros síndromes de maltrato por esposo o pareja», pero sólo una mujer fue registrada como muerta por esa causa durante el año 2010. Si se considera que, según el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres y el Observatorio Venezolano de Violencia (citados por Lisseth Boon 2011) en promedio, cuatro mujeres murieron cada día durante 2010, es evidente que el dato registrado en el anuario revela que los femicidios, feminicidios y fenocidios quedan enmascarados bajo el rótulo de homicidios y agresiones. Para elaborar el cuadro incluí las agresiones mortales a mujeres, consciente de las limitaciones del caso, porque la fuente (anuario) no permite distinguir si esas muertes son relativas “al hecho de ser mujer”.

La forma tradicional de abordar la muertes prevenibles de mujeres es considerándola un equivalente a la mortalidad materna. Discrepo de ese razonamiento porque la mortalidad materna no incluye las muertes por violencia por razones de género, las muertes de mujeres no embarazadas, las mujeres que mueren luego de 42 días de la culminación de su embarazo, ni un porcentaje de las mujeres que mueren por la práctica de abortos en condiciones no seguras.

Según la revisión realizada por Pedro Faneite en el año 2012, la mortalidad materna en Venezuela se ha mantenido alrededor de 60 muertes por cada 100 mil nacido/as vivos/as, durante los últimos diez años. Dicha cifra dista enormemente del objetivo planteado en el marco de las Metas del Milenio que conespondería, en el caso de Venezuela, a aproximadamente 14 muertes por cada 100 mil nacidos/as vivos/as.

En Venezuela, en 1950, la tasa de mortalidad materna registrada era de 133,8 por 100 mil nacidos/as vivos/as. Dicha cifra presentó una reducción sostenida hasta la década de los ochenta, cuando las cifras oscilaron entre 50,3 a 64,7 por 100 mil nacidos/as vivos/as. A partir de esa fecha, las cifras se han mantenido relativamente constantes y elevadas (Mazza, María Margarita; Vallejo, Carla María y González Blanco, Mireya 2012).

La evolución de la tasa de mortalidad materna en Venezuela desde 1990 hasta 2010, publicada ese año por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), se ha representado mediante una línea zigzagueante, cuyo valor inicial en 1990 era de 60,35 muertes por cada 100 mil nacidos/as vivos/as, con valores máximos de 63,45 en 2008 y valores mínimos de 45,13 en 1998. El Boletín Epidemiológico del MPPS del año 2011 señala que sucedió un incremento de 9% de mortalidad materna con relación a 2010 y el de 2012 señala una disminución del 2,4% en relación al año previo.

Resulta preocupante la enorme diferencia entre los datos nacionales y los datos que presentan los organismos internacionales. Según el Banco Mundial (2012), la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas estimaron en 2010 la tasa de mortalidad materna en Venezuela en 92 muertes por cada 100 mil nacidos/as vivos/as.

Durante 2012, en Venezuela murieron 368 mujeres embarazadas o puérperas (antes de cumplir 42 días luego de la culminación del embarazo), según el MPPS. Dicho de otra forma, en promedio, cada día muere una venezolana por razones vinculadas a la gestación. Es importante aclarar que las estadísticas de mortalidad materna excluyen las muertes de embarazadas y puérperas vinculadas a hechos violentos. Según el MPPS (2010) 33,78% de las mujeres que fallecieron eran mujeres menores de 24 años.

Estas cifras pueden ser aún mayores si se conigen por subregis-tro. María Margarita Mazza, Carla María Vallejo y Mireya González Blanco (2012) demostraron un subregistro del 47,4% de las muertes maternas ocunidas en el Distrito Capital. El Departamento de Coordinación de Epidemiología del MPPS registró 41 muertes maternas durante el período enero 2008-diciembre 2009 y las investigadoras en sus visitas a los diferentes centros públicos y privados identificaron 78 muertes maternas durante ese mismo lapso. La complejidad del registro y la posibilidad de que la cifras sean mayores a las disponibles son referidas también por Laydes Ocanto (2006) en su trabajo con la Fundación Escuela de Gerencia Social adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desanollo.

Tradicionalmente, el término mortalidad materna engloba un muy diverso abanico de causas y factores intervinientes. Según la causa médica, las muertes maternas han sido subdivididas en dos grupos: obstétricas y no clasificables.

Las muertes maternas no clasificables o sin relación con la gestación son aquellas debidas a una causa accidental o incidental no relacionada con el embarazo o su atención (según las Normas de diagnóstico y tratamiento para la disminución de la mortalidad materna de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, citadas por Mazza, María Margarita; Vallejo, Carla María y González Blanco, Mireya 2012).

Las muertes maternas obstétricas han sido clasificadas a la vez en directas e indirectas. Según la Organización Panamericana de la Salud (2008), de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIÉ), las muertes maternas directas resultan de complicaciones obstétricas del embarazo, parto y puerperio, de intervenciones, de omisiones, de tratamiento inconecto o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas. Las muertes obstétricas directas son estadísticamente mayores que las indirectas (representando el 57% en el estudio de 2012 de María Margarita Mazza, Carla María Vallejo y Mireya González Blanco; 74,98% en el estudio de 2011 de Isbe-lly Duran, Marianella Fenarotto, Julio Brito, Carlos Cabrera, Jesús Sánchez, Jesús Scaramella y Marín Anaysín; y 83% en el estudio de 2007 de Germán Chacón y Nazira Monsalve).

Según los mencionados criterios de la OMS, las muertes maternas obstétricas indirectas son aquellas resultantes de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo, entendiendo embarazo como el continuo: embarazo, parto o puerperio.

En Venezuela, las causas reportadas de mortalidad materna obstétrica directa son principalmente: 1) hemonagias (por atonía uterina, embarazo ectópico roto, aborto, rotura uterina, placenta percre-ta, desprendimiento prematuro de placenta y/o desgano cervical); 2) enfermedades hipertensivas de la gestación; y 3) sepsis (aborto séptico, shock séptico, sepsis puerperal) (Faneite, Pedro 2008; Brito, Julio; Cabrera, Carlos; Gutiénez, Orlando; Gutiénez Miguel y Ponas, Flor 2007; Faneite, Pedro y Rivas, Marianela 2010; Mazza, María Margarita; Vallejo, Carla María y González Blanco, Mireya 2012).

Entre las causas obstétricas indirectas figuran: sepsis no obstétrica (infección respiratoria baja, perforación intestinal, pielonefritis, pancreatitis, meningitis, apendicitis), neoplasias, cardiopatías, lep-tospirosis, dengue hemonágico, lupus, tromboembolismo pulmonar, enfermedad vascular cerebral, broncoaspiración, entre otros (Duran, Isbelfy Fenarotto, Marianella; Brito, Julio; Cabrera, Carlos; Sánchez, Jesús; Scaramella, Jesús y Anaysín, Marín 2011; Mazza, María Margarita; Vallejo, Carla María y González Blanco, Mireya 2012).

No es fácil saber cuántas muertes se vinculan con interrupciones del embarazo realizadas en condiciones adversas. Es de suponer que la mayoría se encuentra enmascarada dentro de las muertes maternas clasificadas como vinculadas a sangrado o a infección. Por otro lado, algunas muertes por abortos pueden no ser registradas dentro de la mortalidad materna sino dentro de la mortalidad general.

En el año 2004, la OMS, en su informe «Aborto inseguro: incidencia global y regional estimada de aborto inseguro y mortalidad asociada en el 2000», publicó que las complicaciones por aborto inseguro son responsables del 13% de las muertes maternas (citado por Pérez, Rogelio 2008). En Venezuela, esa cifra conespondería a aproximadamente una muerte semanal, producto de la realización de abortos inseguros.

En las series venezolanas revisadas, el aborto constituye un porcentaje mayor al estimado por la OMS. Según Germán Chacón y Nazira Monsalve (2007) 29% de las muertes maternas ocunidas en el Hospital Universitario de Los Andes, entre 1974 y 2005, se vinculaban con abortos. Isbelly Duran, Marianella Fenarotto, Julio Brito, Carlos Cabrera, Jesús Sánchez, Jesús Scaramella y Marín Anaysín (2011) refieren que 17,61% de las muertes maternas ocunidas en la Maternidad Concepción Palacios, entre 2001 y 2008, se relacionaron con abortos. María Margarita Mazza, Carla María Vallejo y Mireya González Blanco (2012) señalan una cifra del 20% entre enero de 2008 y diciembre de 2009, en el Distrito Capital. Dichos/ as autores/as no hacen distinción estadística entre abortos inducidos o espontáneos.

El aborto practicado en condiciones inseguras constituye entonces un problema de salud pública por su magnitud, trascendencia y vulnerabilidad. Además, da cuenta de la brecha socio-económica, ya que las más perjudicadas son las mujeres pobres que tienen menor acceso a los sistemas de salud, mayor probabilidad de ser judicializadas y reamen a prácticas caseras como colocación de enemas de jabón azul, introducción de objetos extraños como tallos de perejil, ganchos y otros, lavados con sustancias abrasivas y descargas eléctricas o al empleo desinformado, solitario y no monitorizado de medicamentos como el misoprostol, que son comercializados por los narcotraficantes de los barrios o por cualquier otra persona que obtiene descomunales ganancias (vendiéndola 25 ó 50 veces más que su costo real).

Luego de revisar la magnitud del problema y las formas en que han sido elaborados los indicadores se me hace evidente que fueron pensados desde el patriarcado. El excluir del indicador a las muertes accidentales o incidentales implica que si una embarazada se suicida o es asesinada por el hecho de estar gestando o de haber gestado, eso no será considerado una muerte ligada al embarazo, el parto o el puerperio. El dividir la mortalidad materna en directa e indirecta da cuenta de una forma de pensar en que las mujeres son divididas por piezas: “estas son las muertes vinculadas al útero” (que serían las directas) y “estas son las muertes que el embarazo agravó pero no vinculadas al útero” (que serían las indirectas). Denominar mortalidad “materna” a un grupo de muertes que incluyen, al menos en un tercio o quinta parte de su constitución a las muertes por aborto (que contiene a las mujeres que fallecieron evitando ser madres y a las mujeres que espontáneamente vieron interrumpido su embarazo), es una demostración de fundamentalismo. Debe pensarse en una nueva forma de denominar a esas muertes asociadas al sistema sexual y al sistema reproductivo o, dicho de otra forma, a la gestación, el parto y/o el puerperio.

Por otra parte, aunque como salubrista entiendo su justificación estadística, creo oportuno cuestionar el denominador empleado para la construcción de la tasa de mortalidad materna. Expresar el número de muertes vinculadas a la gestación con relación a “el número de nacidos vivos y nacidas vivas” me resulta incongruente. Creo que es momento de revisar si efectivamente el número de nacidos/as vivos/as da cuenta del número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y/o el puerperio.

De esta revisión se desprende que es importante crear un nuevo indicador que podría denominarse “muertes evitables de mujeres”, que sume: a) las muertes asociadas a la gestación y su interrupción, el parto y/o puerperio; b) la muertes asociadas a violencia de género; c) las muertes asociadas a neoplasias mamarias y genitales; y d) otras muertes vinculadas a las inequidades de género en su prevención y diagnóstico. Para ello es indispensable mejorar los sistemas de recolección de información para que sean sensibles al género, de manera de contar con datos fidedignos que den cuenta de las muertes debidas a violencia de género y todos los otros fallecimientos prevenibles. Si se desea contar con información para la acción, mucho ayudaría la despenalización del aborto; soy de la idea de que sólo contaremos con estadísticas más próximas a la realidad cuando aceptemos que el aborto existe y podamos incorporar su atención al sistema de salud.

Las muertes prevenibles desde la vivencia...

Cuando reflexiono sobre las muertes prevenibles de mujeres, recuerdo situaciones vividas. Comparto algunas de ellas porque creo en el valor de las vivencias.

Como alumna, en el tercer año de la carrera de medicina aprendí una gran lección: ten siempre un par de guantes extra en el bolsillo de la bata. Ese hábito lo incorporé en mi paso por la emergencia de la Maternidad Concepción Palacios porque en cualquier momento podía llegar una mujer desangrándose y había que “saltar” de lo que se estuviera haciendo, ponerse los guantes e intentar ayudar.

En esa misma maternidad observé en reiteradas ocasiones cómo tres mujeres “se organizaban” para compartir una misma cama. La desproporción entre el número de parturientas y la cantidad de camas disponibles en la institución devenía en esa situación. Casi en cuclillas, una mujer hacía equilibrio para mantenerse en la cabecera de la cama. Las otras dos en decúbito lateral con las caderas y piernas flexionadas, apoyaban sus espaldas la una en la otra. Quedaban esa noche hermanadas: las tres mujeres, las tres venezolanas, las tres pobres, las tres con dolores, las tres en trabajo de parto. Las tres en aproximadamente dos metros cuadrados.

Aún como estudiante, en el último año de la carrera observé una mala práctica que ahora está penada por la ley. Durante la noche, en la emergencia obstétrica de un querido hospital se “estilaba” que las mujeres hicieran dos filas: “de este lado las que vienen porque están abortando y de este otro las que vienen a parir”. En ese acto discriminatorio, las mujeres quedaban, a mi juicio, separadas en ciudadanas de primera y de segunda (las buenas madres y las malas madres, por así decirlo). Quienes tenían como motivo de consulta la interrupción del embarazo eran enviadas, sin haberles realizado ni siquiera un examen físico, a realizarse exámenes (de laboratorios y ecosonográficos) en instituciones privadas e “invitadas” a regresar “cuando tuviesen los resultados”. Creo que no debe hacerse un juicio rápido sin considerar que a esa hora no había en el hospital equipos para hacer ecosonogramas. Sin embargo, la falta del recurso no justifica el maltrato, la atención en el pasillo y la falta de examen físico y anamnesis (acción que etimológicamente significa hacer memoria y que designa la conversación que se da entre el/la profesional y el/la paciente/a, pero que cotidianamente se llama “intenogatorio”, como si en vez de médicas y médicos fuéramos investigadores o policías).

En ese mismo hospital, durante una guardia “tranquila”, decidí acostarme en la camilla de sala de parto. Estar acostada sobre mi espalda, con las piernas separadas, las caderas flexionadas, los muslos apoyados sobre los estribos y las rodillas flexionadas, me resultó incómodo sobremanera. El instinto me llevaba a buscar la verticalidad pero el respaldo de la cama no facilitaba la maniobra. Me percaté de cosas que desde la posición de médica no había percibido: la pintura del techo desquebrajada, el olor de la sangre, el desteñido color de las paredes. Percibí también la buena voluntad de quienes con pocos recursos hacen lo que pueden: protocolos de atención impresos artesanalmente y pegados en las paredes, imágenes religiosas, tobos y trapeadores gastados de tanto usarse, etc. Desde entonces me pregunto si esa vivencia podría incorporarse al pensum de estudios; si el ritual de acostarse en esas camas con una bata de papel azul semitransparente y abierta en la espalda tendría algún efecto sobre las y los profesionales de la salud.

Recuerdo también la primera vez que vi una pacienta “blanca como un papel”: estaba tan tan pálida por la pérdida de sangre post-parto que esa frase no representaba “un decir” sino una acertada descripción de su situación. Fue la primera de muchas. Algunas sobrevivieron, otras no. En todos los casos la celeridad, preocupación y buena atención del equipo de salud era evidente: los intentos por hidratar y transfundir, la información a la familia, la humanidad. Esas mujeres tenían en sus venas y arterias sólo tres o cuatro gramos de hemoglobina, la tercera parte de lo que tiene una latina medianamente sana.

Los recuerdos gratos son más potentes y numerosos que los desagradables y requeriría mucho espacio para contarlos todos.

El papel del Estado en la prevención de esas muertes

A mi modo de ver, Venezuela cuenta con un conjunto de elementos favorables para la ejecución de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vida como derecho sexual y reproductivo:

Ha suscrito los acuerdos internacionales.

Tiene un marco jurídico nacional.

Ha desabollado una norma específica para la atención integral de la salud sexual y reproductiva.

Dedica un porcentaje importante de su Producto Interno Bruto a la inversión en salud.

Cuenta con recurso humano sensibilizado y capacitado.

Cuenta con recurso humano que pudiera sensibilizarse y capacitarse.

Existe la voluntad política para la ejecución de esas políticas.

Se valida la participación, la co-responsabilidad y la contra-
loria social.

Acuerdos internacionales

Como es sabido, el Estado venezolano ha suscrito una serie de acuerdos destinados a la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Entre los que destacan:

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1970.

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979).

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989).

Cumbre Mundial de la Infancia (1990).

Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993).

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (1993).

Conferencia Internacional sobre Población y Desanollo (1994).

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Enadicar la Violencia contra la Mujer. Convención de Belem Do Para (1994).

IV Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desanollo Económico y Social de América Latina y El Caribe (1994).

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Enadicar la Violencia Contra la Mujer (Belem Do Para, 1994).

IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995).

Programa Regional de Acciones para el Desanollo de la Juventud de América Latina (PRADJAL, 1995-2000).

Medidas Clave para Seguir Ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desanollo (Cairo + 5, Nueva York 1999).

Mujer 2000: Equidad de Géneros, Desanollo y Paz para el siglo xxi (Beijing + 5).

Declaración del Milenio (2000), etc.

Marco jurídico nacional

A continuación se presentan algunas de las leyes que constituyen el marco jurídico nacional que se relacionan con la promoción, protección y garantía de los derechos sexuales y/o reproductivos:

La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (1993).

La Resolución 1762 del Ministerio de Educación (1990.

La Ley Orgánica del Trabajo. Título VI. (1997).

La Ley Orgánica de Protección Integral del Niño y el Adolescente (1998).

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Salud (2002).

Ley Nacional de la Juventud (2002).

Resolución 364 que establece la Norma Oficial para la Atención Integral de la salud Sexual y Reproductiva (2003).

Ley de Ejercicio Profesional de la Enfermería (2005).

Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).

Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad (2007).

Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna (2007).

Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (2007).

Ley de Ejercicio del Trabajo Social (2008).

Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009).

Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2009).

Ley Orgánica del Poder Popular (2010).

Ley Orgánica de las Comunas (2010).

Ley Orgánica de Contraloría Social (2010).

Decreto N° 8625 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Gran Misión Hijos de Venezuela (2011).

Ley de Reforma de la Ley de Ejercicio de la Medicina (2011).

Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial (2011).

Ley de Educación de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2012).

Muchos esfuerzos se han realizado para fomentar el conocimiento de dichas leyes: su publicación on Une[2], la impresión y distribución gratuita de ejemplares, la compilación de los artículos relativos a salud sexual y reproductiva, jornadas de capacitación a funcionarías y funcionarios, entre otras. La autora elaboró un compilado de la normativa nacional e internacional clasificada por derechos, en el marco de capacitación a jóvenes y organizaciones comunales (Valdivieso, Elisa 2008).

Con relación al marco jurídico nacional, tengo la impresión de que ya se cuenta con un nutrido cuerpo jurídico en materia de derechos sexuales y reproductivos. Si bien nos falta avanzar en materia de la despenalización del aborto, es buen momento para concentrarse en que las leyes promulgadas se cumplan a cabalidad. En eso, creo coincidir con las reflexiones de los movimientos de mujeres que distinguen entre la “batalla jurídica” y los cambios culturales posteriores que deben darse para la materialización de los propósitos que impulsaron dichas luchas.

Norma específica para la atención integral de la salud sexual y reproductiva

Un avance en el camino hacia la protección, promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela fue la elaboración y publicación de la Norma Oficial para la Atención Integral de la salud Sexual y Reproductiva, en noviembre de 2003. Ese proceso contó con la participación de aproximadamente cincuenta profesionales y duró más de tres años. Como producto editorial, se distribuyeron cinco mil ejemplares de los tres tomos a nivel nacional: I. Lincamientos para la promoción y el desarrollo de la salud sexual y reproductiva; II. Reglamento técnico administrativo para la promoción y el desarrollo de la salud sexual y reproductiva; y III. Manual de procedimientos para la promoción y desarrollo de la salud sexual y reproductiva.

La Norma Oficial para la Atención Integral de la salud Sexual y Reproductiva publicada por el Ministerio de Salud y Desanollo Social en noviembre de 2003, describe en su manual de procedí mientos (Tomo III) una serie de buenas prácticas que contribuyen a la promoción del derecho a la vida, entre las que destacan: a) asesoría en salud sexual y reproductiva; b) atención integral y vigilancia de la salud en el período preconcepcional, embarazo, parto, nacimiento y puerperio; c) atención ginecológica (dirigida a la mujer no gestante, incluye la realización de citologías que pueden contribuir a la disminución de la mortalidad por cáncer, gracias al diagnóstico precoz y limitación del daño); d) la prevención y control de las infecciones de trasmisión sexual (ETS) y el VIH/Sida; y e) el abordaje de la violencia doméstica, intrafamiliar y sexual (que debiera denominarse violencia por razones de género).

Como complemento a las normas, en el año 2011 se realizaron los Protocolos de atención. Cuidados Prenatales y atención obstétrica de emergencia, que son producto de un trabajo mancomunado entre el MPPS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA). Dicho documento contó con los aportes de representantes de posgrados de Gineco Obstetricia, de servicios de atención obstétrica, de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Venezuela y del Centro Latinoamericano de Perinatología. En su introducción destaca:

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, asume el compromiso de disminuir la mortalidad materna, mediante el equipamiento y creación de servicios especializados para garantizar a todas las mujeres embarazadas una atención de calidad, integral y humanizada.

Con esta finalidad fue creada la Misión Niño Jesús, encargada de garantizar que toda mujer embarazada tenga un parto digno, en condiciones adecuadas… (p.5).

Los mencionados protocolos constituyen una valiosísima herramienta, focalizada en la atención de aquellas patologías que se vinculan con la mortalidad materna en nuestro país. Catorce de sus capítulos son relativos a las complicaciones hemorrágicas, infecciosas o hipertensivas del embarazo. Incluye además, lincamientos específicos sobre la atención de abortos incompletos, retenidos o sépticos. En la definición que ofrece sobre el aborto destaca: «La atención integral pos aborto se refiere al tratamiento de la condición por parte del personal de salud centrado en las necesidades de la paciente con enfoque de derechos humanos y calidad de atención» (p.27).

Con relación a la norma, convendría dar continuidad en el tiempo a iniciativas como Acercándonos a la Norma de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, una publicación de dos mil ejemplares, realizada en el año 2005, en el marco del proyecto de Formación y Capacitación en Derechos y Salud Reproductiva en Inamujer, Banmujer y Círculos Femeninos Populares (Instituto Nacional de la Mujer 2005). Se trata de un material de setenta páginas, maravillosamente redactado, diagramado e ilustrado y que contó con la participación de al menos veintiún colaboradoras para su realización. Mucho ayudaría la impresión de nuevos ejemplares, su distribución y la organización de actividades de formación y capacitación con ese instrumento como guía.

Si consideramos que la norma está próxima a cumplir diez años de su publicación, sería interesante reunir al grupo de expertos/as que la realizó (junto a nuevos/as colaboradores/as) para contrastar lo ejecutado con lo propuesto, en conjunto con la mirada de los y las usuarias. Cabe en este apartado reflexionar sobre el recurso humano que pudiera estarse desaprovechando por su falta de continuidad en los servicios de salud y su poca incidencia en el alcance de los objetivos propuestos en la norma.

Sería una buena oportunidad para revisar la evolución de los siguientes programas. La norma especifica todos los indicadores que tendrían que usarse en esa evaluación.

Programa de Salud Sexual y Reproductiva.

Programa Nacional de Salud del Niño y del Adolescente.

Programa Nacional de Promoción y Desanollo de la Salud Integral de las y los adolescentes.

Programa Nacional de ETS-VIH/SIDA.

Comité Nacional para la Prevención y Control de la Mortalidad Materna e Infantil.

Comisión Nacional de Lactancia Materna, Programas de Oncología (en prevención del cáncer del cuello uterino, glándula mamaria y próstata).

Programa de Salud Mental (en subprogramas de atención a la violencia por razones de género).

Es momento de aprovechar la experiencia acumulada en 77 años de funcionamiento del Ministerio de Salud (en su evolución desde «Ministerio de Sanidad y Asistencia Social» a «Ministerio de Salud», «Ministerio de Salud y Desarrollo Social», «Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social», hasta el actual «Ministerio del Poder Popular para la Salud»), reflexionar sobre ella y realizar un proceso de integración que reúna a las diversas instituciones prestadoras de servicios de salud: a) consultorios y clínicas populares; b) ambulatorios rurales y urbanos del MPPS; c) centros médicos dependientes del Instituto de Prevención y Asistencia Social del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (IPASME); d) ambulatorios y hospitales dependientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); e) ambulatorios y hospitales dependientes del Instituto de Prevención Social de las Fuerzas Armadas;

O centros de salud dependientes de Petróleos de Venezuela; g) Centros de Diagnóstico Integral (CDI); h) Salas de Rehabilitación Integral (SRI); e i) Centros de Alta Tecnología (CAT); entre otros.

Dicha integración podría pasar por mesas de diálogo, mediación y distribución equitativa de los recursos humanos y técnicos. Se hace urgente tomar medidas para que los antiguos ambulatorios y consultorios dependientes del Ministerio dejen de ser “los parientes pobres” de los consultorios de la Misión Banio Adentro. Es necesario el acercamiento y la profundización de una visión sis-témica que permita presentarse ante las usuarias y usuarios como un sistema único e integrado de salud, cuyas partes se comunican y trabajan en redes. Si todos los centros se rigen por la misma norma, no se justifica que en algunos haya más insumos que en otros. Tampoco se justifica que una misma pacienta consulte a ambos por el mismo motivo, porque “en un lado me dan las pastillas y en el otro está mi doctora a la que le muestro lo que me dieron allá y le pregunto si debo tomármelo o no”.

Recurso humano
Sin duda alguna, Venezuela cuenta con personal humano sensibilizado y capacitado para trabajar en los programas de atención integral de la salud sexual y reproductiva: estudiantes de distintas profesiones, médicos/as rurales, generales, generales integrales, comunitarios integrales, especialistas en familias, ginecología, obstetricia, pediatría, neonatología, adolescencia, oncología, ge-riatría, psiquiatría, salud pública, enfermeros/as, psicólogos/as, sexólogos/as, trabajadores/as sociales, sociólogos/as, secretarias, camareras, transportadores/as de pacientes, personal administrativo, promotores/as de salud, entre otros.

Casi tres siglos de experiencia de las universidades e institutos universitarios tradicionales con formaciones de pregrado y postgrado se suman a la experiencia acumulada en capacitación de otros organismos como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, las Organizaciones no Gubernamentales, fundaciones y asociaciones (como la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa y la Sociedad Anticancerosa), así como también la experiencia de los Círculos Femeninos Populares y de las universidades emergentes. A eso se agrega la capacitación en el extranjero de venezolanos/as y la experiencia de profesionales de otras nacionalidades que han colaborado en desanollar y asesorar las misiones y otras iniciativas. Mucho han aportado también como contraparte en numerosos proyectos los organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desanollo (PNUD), el Fondo de Desanollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), entre otros.

Existe también un grupo humano no capacitado o sensibilizado que pudiera captarse para el trabajo en el área de la salud sexual y reproductiva. Desde mi perspectiva, mucho se beneficiarían las personas que trabajan en el área al incorporar conceptos del construccionismo social. El trabajo en el área de la salud sexual y reproductiva requiere la valoración, exploración e incorporación de las cosmovisiones y significados atribuidos por los y las usuarias. Mucho avanzaremos cuando la definición del problema o situación y los planes de acción sean co-construidos junto a los y las sujetas que los viven. Esto va más allá de la toma de decisiones informadas o de elegir el método anticonceptivo más adecuado; supone una verdadera co-participación. Sospecho que los alcances de los programas de abordaje en los casos de embarazos adolescentes serían significativamente mayores si incorporasen la co-construcción.

Voluntad política
Con relación a la voluntad para la ejecución de las políticas públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos, con frecuencia se observan acciones que dan cuenta de avances en la materia: construcción, reparación, dotación de centros de atención, capacitaciones, entre muchos otros.

Según el Banco Mundial (2013), Venezuela ha destinado en promedio 5,24% de su Producto Interno Bruto a la inversión en salud (período 1995-2010). En el contexto de la Misión Niño Jesús, que «busca el cuidado de la mujer antes y durante el embarazo, y el producto de ese embarazo hasta los cinco años», se han intervenido 180 instalaciones materno-infantiles y se han inaugurado 14 maternidades en el período 2010-2012. Dentro del convenio Cuba-Venezuela se abrieron 6.712 consultorios para la atención a embarazadas, niños, niñas y adolescentes (Agencia Venezolana de Noticias 2012). En un informe del MPPS presentado en el año 2010, se estimó que la Fundación Misión Niño Jesús ha invertido 67 millones de bolívares en dotación de insumos, equipos y 14 ambulancias, y en acondicionamiento y reparaciones de infraestructuras: centros asistenciales y casas de abrigo. En ese momento existían 16 casas de abrigo distribuidas en diez Estados (MPPS 2010). Esa misma fuente señala que en diez años el número de centros de salud ha aumentado en 173% (pasando de ser 4.804 en 1998 a 13.121 en 2010).

En el contexto de esa Misión y gracias al trabajo en redes (articulación con más de 1800 Consejos Comunales), se forman bri-gadistas que realizan visitas domiciliarias, se realizan jornadas integrales de esterilización y colocación de implantes subdérmicos, se capacita en lactancia materna, se previene el embarazo en adolescentes y las infecciones de trasmisión sexual mediante campañas educativas, se fomenta la aplicación de la norma oficial de atención en salud sexual y reproductiva, se pasteuriza y procesa miles de litros de leche en los bancos de leche, se realizan controles prenatales (con la respectiva entrega de la tarjetas de control prenatal), se alojan mujeres en centros de abrigo, entre otros (YVKE Mundial-MPPS 2012).

Ojalá que esas acciones continúen de la forma más equitativa, descentralizada y coordinada posible. El complicado proceso de ejecución de las políticas públicas pasa por el desanollo de directrices, programas, subprogramas y normas de atención (todo ello ya elaborado en la materia que nos compete) y por la ejecución, evaluación, supervisión y control del proceso y del cumplimiento de las metas.

Es en esta segunda etapa donde conviene centrar las energías para garantizar una atención de calidez y calidad con continuidad en el tiempo, en un sistema nacional cuyas partes funcionen como un todo. Sin desmerecer los operativos y las grandes acciones puntuales de infraestructura o dotación, es el trabajo diario, de hormiga, de seguimiento de los y las pacientas el que hace la diferencia, porque un operativo puede ser muy útil en la pesquisa pero es lo que ocuna en la referencia (o interconsulta) y la contrareferencia (regreso al primer nivel de atención) lo que hace la diferencia en el pronóstico de las personas. Para ello se requieren servicios que hablen el mismo lenguaje, que validen las mismas técnicas image-nológicas y de diagnóstico y que compartan una identidad, estrategias y miradas a largo plazo.

En función de los determinantes sociales de la salud, garantizar los derechos sexuales y/o reproductivos pasa también por el abordaje de temas tan complejos como la pobreza, la desnutrición, el desempleo, el acceso a la educación, la relación entre las usuarias/ pacientas y los servicios del Estado, entre otros.

El gran pendiente: despatríarcalizar la atención médica
Luego de revisar la magnitud del problema y las acciones emprendidas en su abordaje, presento como hipótesis que el predominio del patriarcado es un elemento importante que impide la promoción, protección y garantía de los derechos sexuales y/o reproductivos y en especial, el derecho a la vida. Es innegable que los fun-damentalismos permean al sistema de salud porque se encuentra inserto dentro de una sociedad patriarcal.

Despatriarcalizar la atención médica en el área de los derechos sexuales y reproductivos implica, como mínimo:

La incorporación efectiva de la perspectiva de derechos. Si bien Venezuela ha suscrito los acuerdos internacionales dirigidos a la promoción, protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, cuenta con un nutrido marco jurídico nacional al respecto y una norma específica de atención, mucho falta avanzar para que las personas que trabajan en salud internalicen que se encuentran frente a sujetas con derechos. La tendencia a inespetar el derecho de las adolescentes mayores de catorce años de ser atendidas y recibir planificación familiar sin compañía ni autorización de un familiar sigue presente. Si una mujer joven o nulípara solicita que se le realice una intervención quirúrgica para no embarazarse las probabilidades de que su derecho a decidir sobre su cuerpo se respete son remotas. La atención del parto sigue siendo afectada por el “ruleteo”[3], la realización de múltiples tactos, los malos tratos, la falta de condiciones para la presencia de un/una acompañante, y el posterior alojamiento conjunto. Pocas son las mujeres que pueden atenderse en las salas de parto humanizado y ejercer su derecho a parir en posición vertical, a no afeitarse, a deambular, entre otros.

Una revisión de la forma en que se considera, se piensa y se representa a las usuarias. Así como el sesgo androcéntrico y euro-céntrico percibe el modelo de lo humano como hombre, blanco, occidental, padre de familia, adinerado, heterosexual y sin discapacidades visibles, el ideario predominante en el sistema de salud concibe a las pacientas como mujeres, mestizas, católicas, provenientes de familias nucleares, pasivas, pobres, desinformadas, heterosexuales, madres (o con deseos de serlo), necesitadas de asesoría-orientación-consejo, dispuestas a esperar y sin la posibilidad de optar por otros sistemas de atención.

El reconocimiento, validación y respecto de las diferentes formas de familias.

El reconocimiento, validación y respecto de las diferentes formas de sexualidad no heterosexual (travestis, transgéneros, transe-xuales y personas intersex, y la resignificación constante de aquello que significa en nuestra cultura ser una mujer o un hombre).

La consolidación del carácter laico del Estado.

Un cambio en la relación entre las usuarias y el sistema de salud para que pase a ser una relación horizontal, entre expertos y expertas donde se reconoce a las mujeres (y las mujeres autoreco-nocen) su sapiencia, autodeterminación y poder.

La separación de la salud de las mujeres de la salud de los niños y las niñas. Seguir hablando del “binomio madre-hijo” y de la mortalidad o de la salud materno-infantil resulta anacrónico y fun-damentalista. Conlleva concebir a las mujeres sólo como madres y meter en un mismo saco asuntos que si bien, en cierto grado pueden estar vinculados, son diametralmente distintos.

Una modificación del lenguaje para hacerlo inclusivo y sensible al género que pasa por:
a) La modificación de la forma en que se denomina a las mujeres que hacen uso de los servicios de salud. Dejar de resaltar te. paciencia y el padecimiento como cualidades principales y destacar otras características como la co-participación, la autopercepción, la autodeterminación y la autonomía.
b) El empleo de lenguaje inclusivo, atendiendo las recomendaciones de la UNESCO para un uso no sexista del lenguaje.
c) Cuestionarse el uso de diminutivos y de adjetivos posesivos para referirse a las consultantas Q’mi pacientita tiene una salpingitis”).
d)    Cuestionarse el empleo del término “esterilización” para referirse a la ligadura, corte o cauterización de las trompas de Falopio. El término esterilización da cuenta de la acción y efecto de esterilizar y, por lo tanto, de «hacer infecundo y estéril lo que antes no lo era» y transformarlo en algo estéril (del latín sterilis): «que no da fruto, o no produce nada» (Real Academia Española 2001). Considerar que una mujer, sólo por el hecho de haber sido operada no produce nada es limitarse a la visión de las mujeres como madres biológicas y negar sus diversos frutos.

La co-construcción de los procesos salud-enfermedad. Los diagnósticos y los tratamientos deben ser producto de los aportes que las personas involucradas realizan; se trata de una integración de saberes, experticias, significados, vivencias, deseos, preferencias, decisiones e historias que implica tiempo para escuchar y escucharse.

La institucionalización del “libre consentimiento” como acto de libertad que no puede darse entre personas desiguales y sólo es libre cuando se da entre dos personas auto-reconocidas. Como sistema de salud, debemos asegurarnos que una persona firma el “consentimiento informado” en pleno ejercicio de sus derechos y comprendiendo todos los riesgos e implicancias. Es un peligro que el consentimiento se transforme en un trámite, en un fin en sí mis mo y no en el producto de una conversación entre iguales.

La distinción entre la esfera sexual y la reproductiva.

La revisión de las prácticas de educación para la salud sexual y reproductiva que se brinda en las instituciones de educación básica y media: ¿será que nos falta co-construcción del conocimiento? ¿Será que nos falta oído para la retroalimentación? ¿Será que seguimos con un modelo memorístico? ¿Será un monólogo educativo? ¿Qué es lo que no estamos percibiendo? ¿Hemos explorados las buenas razones que tienen las adolescentes para embarazarse? Al respecto, conviene reflexionar sobre la tendencia en educación sexual a la que el Estado se adscribe. Según Mercedes Muñoz (2002), se pueden distinguir seis tendencias en la educación sexual: la tendencia moralista, la comente biologicista, la concepción mecanicis-ta, la comente patologicista, la concepción erótica y la concepción dialógica-concientizadora (que propone el diálogo y la reflexión crítica como estrategia para elevar los niveles de conciencia, para contribuir al ejercicio pleno, responsable y placentero de la sexualidad). Es una pena que los videos educativos realizados en el contexto de la Fundación Niño Jesús (de Mauro y Laura) se inserten dentro de la comente patologicista y no en la dialógica.

La despenalización de la interrupción del embarazo. Mientras siga muriendo una venezolana cada semana por la realización de abortos en condiciones inseguras, seguiremos teniendo un tema pendiente. El aborto existe y su abordaje pasa por la educación para la salud desde tempranísima edad, por el acceso libre e indiscriminado a anticonceptivos y por la despenalización del aborto que es la única manera probada de reducir la mortalidad, de ejecutar programas de salud basados en información certera e integrada al sistema y de combatir el negocio que existe alrededor de este problema de salud pública.

El abordaje, desde las mujeres y hacia las mujeres, de las buenas razones que han tenido para no acudir a las consultas preventivas ni a los controles prenatales. En algunas series se ha encontrado asociación entre la mortalidad materna y la ausencia de control prenatal (entre 31,57% y 33,33% de las mujeres que fallecieron por causas vinculadas al embarazo no habían acudido a controles prenatales (Faneite, Pedro; Rivera, Clara; Rodríguez, Fátima; Amato, Rosanna; Moreno, Shirley y Cangemi, Lynmer 2009). En dicho estudio se entrevistaron mil mujeres. Entre las causas mencionadas para justificar la inasistencia a los controles de salud destacan: domicilio lejano, falta de transporte, falta de recursos económicos para pagar el transporte, falta de recursos económicos para comprar las medicinas, falta de motivación y desconocimiento de la importancia del control prenatal. Entre las razones institucionales, las pacientas entrevistadas señalaron: centro lejano, horario impropiado, ausentismo del personal, huelgas médicas, no funcionamiento de la consulta, mala imagen de la consulta, no entregan las medicinas, consulta de baja calidad, maltrato por parte del personal y ausentismo de las y los profesionales.

La reducción, pensada desde las mujeres y hacia las mujeres, de las que han sido denominadas las “tres demoras” que contribuyen a las muertes vinculadas al embarazo, parto y puerperio: 1) demora en decidir buscar atención obstétrica de emergencia; 2) demora en identificar y acceder a un servicio de salud; y 3) demora en obtener el tratamiento adecuado y oportuno.

La profundización del acceso a las formas tradicionales de parir en el sistema público de salud.

Revisar los indicadores de morbi-mortalidad y hacerlos género sensibles, en especial el concepto de “mortalidad materna”.

Garantizar un sistema de registro estadístico eficiente de abortos, violencia por razones de género y muertes prevenibles.

Otras implicancias que deseen darles las usuarias de los servicios de salud.

Parece buen momento para revisar cómo los fundamentalismos permean el sistema de salud dificultando la promoción, protección y garantía de los derechos sexuales y/o reproductivos en general y del derecho a la vida en particular. Se requieren modificaciones culturales profundas para que los esfuerzos orientados hacia el bienestar sexual y/o reproductivo de las mujeres venezolanas (elaboración de leyes, diseño de normas y programas, inversión, capacitación, acciones preventivas, intervenciones) sean más fecundos, permitiendo, entre otros, reducir el número de muertes prevenibles en mujeres por razones de género.

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Están disponibles en: http://www.asambleanacional.gob.ve/↵

En Venezuela se le dice ruletear a la acción de enviar a alguien a múltiples lugares, oficinas o personas para que respondan, resuelvan o atiendan su situación, sin ofrecer una respuesta rápida y satisfactoria (N. del E.).↵

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DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS EN LA ARAUCANÍA: EXPERIENCIAS DE DESIGUALDADES Y RESISTENCIAS 

Lucy Mirtha Ketterer Romero[1]

Introducción

El presente texto da cuenta de vivencias de mujeres mapuches de la región de La Araucanía chilena en torno a sus derechos sexuales y derechos reproductivos, evidenciando procesos de dominación/ resistencia en un tenitorio de relaciones históricas complejas. Se sustenta en las «conversaciones para el entendimiento»[2] que permanentemente realizamos un grupo de mujeres, miembras del Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche[3], red de organizaciones de mujeres de la sociedad civil que moni-torea la reforma de salud, evidenciando desigualdades y apoyando procesos de empoderamiento para la abogacía. Con el tiempo hemos ido generando además, un corpus de conocimiento construido participativamente en los cinco campos que monitoreamos: medio ambiente, violencia, salud sexual y reproductiva, salud mental y calidad de la atención.

En ese marco, coincidimos con Rosalind Petchesky (2008) al conceptualizar la sexualidad como una «matriz de fuerzas sociales, económicas, culturales y relaciónales, construida» (p.13) que, superando la dicotomía sexual biologicista, se imbrica de un modo complejo con el género, la raza, la etnicidad, la clase y las relaciones coloniales de poder, presentes en nuestros contextos históricos y culturales específicos. A partir de estas características se configura una matriz permanentemente cambiante y central en las actuales cuestiones relacionadas con la estructura de las familias, el lugar de las mujeres y los hombres en la sociedad, la autodeterminación reproductiva de las mujeres, en especial el aborto, y las masculi-nidades y sus expresiones en la conformación del poder político (Petchesky, Rosalind 2008).

En este sentido, la sexualidad es una de las tantas fuerzas que constituyen el sistema social de La Araucanía, tenitorio histórico del pueblo originario mapuche, que se anexa al Estado chileno a partir de la colonización española y vive posteriormente además una re colonización del propio Estado chileno. El resultado actual de la experiencia vivida hasta ahora en esta región es una sociedad mestiza, desigual y determinada por la exclusión económica, socio-cultural y política de dicho pueblo.

Por su parte, los cambios económicos, sociales y culturales que portan los procesos de profundización del neoliberalismo y la glo-balización de las últimas décadas, repercuten en la sexualidad, la reproducción y sus formas simbólicas y prácticas, transformando su valor social. Esto, sin duda, afecta a las mujeres en general y a las de los pueblos originarios en particular, quienes como acción afirmativa de su identidad suelen reivindicar la reproducción como su rol cultural específico, que trasciende lo material y se instala en el centro mismo de la reproducción cultural.

Los conceptos derechos sexuales y derechos reproductivos, surgidos de los movimientos feministas de la década del setenta del siglo xx, ponen en el debate público el derecho de las mujeres a controlar sus cuerpos y regular su sexualidad y capacidad reproductiva sin imposiciones, coerciones o violencia, por parte de los hombres, así como la exigencia de que éstos asuman su responsabilidad (Correa 2003, citado en Maroto, Adriana 2004; Maoño, Cristina y Vázquez, Norma 2005). Es en la Conferencia Internacional sobre Población y Desanollo del Cairo del año 1994, donde estos conceptos adquieren legitimidad institucional, en tanto se afirma su pertenencia al marco de los Derechos Humanos.

Es también por los años setenta cuando la salud pública y,

… las nuevas redes de recogida e intercambio de estadísticas vitales en “las regiones” del mundo, y su soporte en pujantes redes internacionales de “inteligencia epidemiológica”, bajo un carácter de “trabajo técnico”, desarrollan toda una nueva biopolítica global, que penetra profundamente en las sociedades nacionales, afectando las conductas individuales, las infraestructuras sanitarias, la formación del personal y las reformas de salud [alcanzando el] sensible y político tema de la regulación de las poblacionales mundiales, mediante los programas de planificación familiar (…) posteriormente denominados de “salud sexual y reproductiva” (Segura del Pozo, Javier 2009).

Bajo esta lógica de salud global, el control sanitario de las poblaciones originarias como el caso del pueblo mapuche, se ubica al alero del Sistema de Salud del Estado chileno, hegemónicamente biomédico y sustentado en,

… la instalación de (…) tecnologías traducidas en uniformación, disciplinamiento y domesticación mediante controles de salud y diferentes estrategias biopolíticas como la regulación de la natalidad [que] tuvieron sin dudad fines reguladores y correctivos (…) intensificados en la dictadura y que se han mantenido hasta nuestros días (Cuyul, Andrés 2012, p. 264).

Este proceso de aculturación biomédica (id.), se reformula en democracia a través de la implementación del Programa de Salud con Población Mapuche en la década del noventa y con el Programa Orígenes del año 2000. Pero esta vez a través de la estrategia de “salud intercultural”, que según Andrés Cuyul (2012) no es más que una etnofagia institucional, entendida como un «proceso global en el cual los Estados nacionales contemporáneos exaltan superficialmente la diversidad y el multiculturalismo, pero más bien sus acciones y programas tienen un propósito de domesticación, integración e invisibilización de las identidades» (p.266).

En concordancia con lo anterior, sostenemos que tanto la salud como los derechos sexuales y reproductivos corresponden a un campo de relaciones donde la cultura dominante hegemoniza la compresión de los significados y significantes de sus componentes, imponiendo lógicas occidentales sobre las cosmovisiones del pueblo mapuche.

Para el caso de las mujeres mapuches, sus luchas en las últimas décadas han estado centradas en aspectos culturales y tenitoriales, primordialmente vinculados a la recuperación de su tenitorio ancestral, su autodeterminación como pueblo, la seguridad alimentaria y la conservación de sus recursos naturales frente al avance de empresas transnacionales, principalmente forestales[4]. En este sentido, y concordando con Aida Hernández (2001), consideramos que las luchas de las mujeres mapuches han beneficiado tanto al movimiento feminista chileno, ya que lo estimulan a considerar la diversidad cultural en sus análisis, como al movimiento indígena, en tanto ponen sus intereses de género en debate. No obstante, también observamos que pese a los aportes señalados, el feminismo criollo aún no desanoüa una agenda intercultural que dé cuenta de los requerimientos específicos de las mujeres mapuches. Por su parte, el movimiento indígena tampoco incluye las demandas femeninas, sobre todo las relativas a la violencia de género (problema que afecta gravemente a las mujeres mapuches)[5] y menos aun a las de derechos sexuales y reproductivos.

A modo de síntesis, los nudos problemáticos que más afectan, hoy por hoy, al pueblo mapuche son: 1) las condiciones de pobreza, marginalidad y exclusión, resultado del despojo histórico realizado por el Estado chileno; 2) su no reconocimiento como nación con autonomía política y jurídica, pese a la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Estado chileno; y 3) la judicialización del conflicto histórico del pueblo mapuche, a través de la construcción del sujeto “tenorista indígena”, otro mecanismo para controlar sus reivindicaciones socioculturales y económicas.

En este proceso de dominación/exclusión permanente se configuran las identidades actuales de las mujeres mapuches que, parafraseando a Caroline Moser (1991), suelen ser triplemente discriminadas: por ser indígenas, pobres y mujeres.

Las desigualdades en salud según la experiencia de las mujeres de la Araucanía

Sabemos que en América Latina habitan entre 45 y 50 millones de mujeres de pueblos originarios (González, Jesús y Viadero, María 2010)[6], lo que pemite señalar que existe una amplia diversidad de usos y costumbres en todos los aspectos de la vida; siendo las prácticas sexuales y reproductivas muchas veces reñidas con las concepciones del derecho occidental. Ejemplo de ello son las persistentes prácticas de venta de mujeres y los casamientos forzados[7], o bien, cuando se ejerce violencia de pareja o se trata de heredar la tiena y la autoridad comunitaria descalifica a la querellante con la tradicional sentencia de: «”es tu marido” o “es su familia”», como señala Merit Ichin Santiesteban (Noticias Aliadas 2010).

En este sentido, reconocemos que sabemos poco acerca de la salud sexual y reproductiva de los pueblos originarios. En Chile, resulta preocupante la falta de datos de las comunidades de los pueblos originarios respecto de la frecuencia, recurrencia o impacto del uso de métodos anticonceptivos, acerca del número de abortos (más aún cuando este está penalizado), de las esterilizaciones voluntarias, del cáncer cérvico-uterino o de mamas, del VIH-Sida, de las enfermedades de transmisión sexual, etc. Conocer estos datos permitiría la comparación con otras poblaciones, diseñar posibles investigaciones, identificar brechas, líneas de acción y políticas públicas pertinentes culturalmente (Tragolaf, Ana; Caro, Aracely Obando, Claudio; Arroyo, Elga y Ketterer, Lucy 2007; Dides, Claudia y Pérez, María Soledad 2007).

Algunas investigaciones históricas o etnográficas basadas en documentos del siglo xvm, nos permiten entrever que la sexualidad en la cultura mapuche, y particularmente en las mujeres, era muy distinta a la actual; tal como señalan las crónicas de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, el hijo de un viney que estuvo cautivo en tenitorio mapuche y que relata que en esa época, las mujeres mapuches jóvenes ejercían su sexualidad libremente con varios hombres, antes del matrimonio. No obstante hay que recordar, como señala Ana Mariella Bacigalupo (2003), que el discurso de la sexualidad y del mal se convirtió en la henamienta que los españoles utilizaron para someter al pueblo mapuche a través de la cristianización, imponiendo la ética cristiana y reconfigurando estas prácticas, tal como se observa en la actualidad.

Actualmente, para las mujeres de la región de la Araucanía, las desigualdades en el campo de la salud son efectos negativos de su pertenencia étnica, sexo, lugar de residencia y edad, entre otras condicionantes. Dichas desigualdades se producen principalmente en la atención, ya sea por oportunidad, debido al desconocimiento de la población indígena rural sobre el Sistema de Atención de Garantías Explícitas (AUGE), y/o calidad, ya que la mayoría de las veces los y las pacientas no comprenden el lenguaje del personal de salud, especialmente el utilizado por los médicos.

Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), esa «falta de oportunidades en la medicina de los hospitales hace que el pueblo mapuche vuelva la mirada a la medicina tradicional» (OPS/ OMS 2005), otorgándole un rol protagónico a sus especialistas tradicionales, machi[8] y lawentuchefe[9], quienes no establecen diferencias y otorgan sus conocimientos de manera integral.

Los sistemas de salud públicos y privados, se caracterizan por estar basados en las reglas del mercado más que en la concepción de la salud como un derecho fundamental de las personas. El sistema de salud es muy estructurado, jerarquizado y nada integral, «parcializado, con profesionales especializados en cada parte del cuerpo» (id.), lo que no favorece la prevención y no valora el entorno social ni el medio ambiente.

En 2009 y 2012, el Observatorio Regional de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche realizó jornadas de consulta a mujeres mapuches en la Región de La Araucanía. De esa actividad se extrajeron testimonios importantes que dan cuenta de las distintas representaciones que tienen estas mujeres sobre múltiples temas. En cuanto al sistema de salud del Estado, por ejemplo, las mujeres mapuches sostienen que este modelo no establece una interacción recíproca con el sistema de salud mapuche: «las machis refieren [a las personas enfermas] hacia servicios de salud reconociendo las competencias de éstos; en cambio, los servicios de salud no refieren hacia las machis y las subvaloran o ignoran» (Mujer 1, 2009). Esto evidencia la visión hegemónica que prima en los servicios de la región.

Entre los principales problemas de salud se prioriza el daño a los bosques nativos provocado por las empresas forestales y sus plantaciones exóticas de pino y eucaliptus, realizadas durante las últimas décadas en la región y que afectan el abastecimiento de agua en las comunidades mapuches rurales. A ello se suman las fumigaciones indiscriminadas de los cultivos; los tenitorios donde se emplazan las comunidades mapuches son violentados a través de la depredación, deforestación y contaminación de los recursos naturales, dañando el lugar fundamental para la salud de la cultura mapuche: la tiena.

Por su parte, los efectos de las transformaciones en las estructuras económicas producidas por el neoliberalismo, en el caso del pueblo mapuche, profundizan la pobreza y conllevan la migración temporal. Numerosas mujeres mapuches se movilizan desde sus comunidades rurales hacia el centro del país, donde existen mayores desanollos productivos, para trabajar en la recolección de frutas y hortalizas durante las temporadas estivales. Esto tiene efectos en su salud, en tanto un número importante de ellas adquieren enfermedades de transmisión sexual.

La violencia de género se reconoce en la cultura mapuche como un problema del ámbito privado, que en otra época se abordaba mediante un control cultural ejercido por la familia extendida y las autoridades comunitarias. Actualmente, la fragmentación sociocul-tural de los tenitorios conlleva la nula aplicación de estos mecanismos, ante lo cual algunas mujeres optan por la denuncia al sistema de justicia del Estado, aunque la mayoría señala que de este problema no se habla «por vergüenza» (Mujer 2, 2012). Al respecto, es necesario mencionar que desde el discurso de la cosmovisión mapuche, muchas mujeres sostienen que las relaciones entre los sexos son complementarias. Esto les impide reconocer en el interior de sus comunidades este tipo de violencia como una forma de dominación patriarcal, por lo que la atribuyen principalmente al alcoholismo masculino (Tragolaf, Ana; Caro, Aracely; Obando, Claudio; Anoyo, Elga y Ketterer, Lucy 2008).

La depresión es identificada por algunas mujeres como síntoma y por otras como enfermedad. No obstante, hay coincidencia en señalar que las aproximaciones a esta patología son diferentes en las culturas mapuche y no mapuche. En la cultura mapuche se la considera una “pérdida de los espíritus positivos”, resultado de la violencia social en el tenitorio; en la cultura no mapuche sería una enfermedad asociada a la discriminación. Con todo, la salud mental, incluido el alcoholismo, serían efectos de la represión que opera sobre el pueblo mapuche en la región, especialmente en las comunas del conflicto indígena. La irrupción de las fuerzas represivas del Estado en estas comunidades tensiona y afecta la salud mental y física de las mujeres, quienes en muchas ocasiones reciben golpes, balines y bombas lacrimógenas de parte de las fuerzas militares. Por su parte, los hombres están expuestos a ir a prisión y las mujeres a quedarse solas con hijos/as, aumentando su estrés y carga de trabajo. Las mujeres mapuches definen esta relación entre el Estado y su pueblo como de violencia estructural.

Derechos sexuales y reproductivos desde las vivencias de las mujeres

Variadas y complejas situaciones vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mapuches en la actualidad; muchas de ellas desconocen cuáles son sus derechos en este ámbito. Esto las deja expuestas al poder de los equipos de salud, que muchas veces realizan protocolos o intervenciones sin el consentimiento informado de las personas. En este sentido, cabe recordar que desde el Io de octubre de 2012 comenzó a regir la Ley de Derechos y Deberes de los pacientes, tras once años de tramitación en el Congreso; en este cuerpo legal se establece esta práctica como una obligación del equipo de salud.

Con todo, las mujeres mapuches vinculadas a organizaciones de mujeres buscan combatir el machismo y practicar la autodeterminación de sus cuerpos, promoviendo el auto cuidado en las reíaciones sexuales riesgosas para evitar los embarazos no deseados, protegerse del VIH-Sida y/o enfermedades de transmisión sexual. También plantean críticas sobre un acuerdo social para asignar únicamente la responsabilidad de la maternidad (sobre todo en adolescentes) a la mujer, cuando son dos las personas que están involucradas en la concepción:

… porque todavía no estamos suficientemente empoderadas con nuestros derechos. Porque si no me quiero embarazar, no sólo tengo que pensar que tengo que tomarme la pildora, porque resulta que la pildora no me protege del VIH. Entonces, si bien estoy evitando un embarazo, a lo mejor estoy contrayendo el VIH. Entonces, yo diría que ahí comparto la necesidad de empoderarnos de nuestros derechos, y de exigir a los hombres su responsabilidad (Mujer 3, 2009).

Cuando conversamos acerca de cómo se vivencia la sexualidad en lo cotidiano, surgen situaciones de atropello de los derechos sexuales[10], principalmente en las relaciones de pareja. Suelen decir las mujeres: “Cuando digo no quiero, empieza el disgusto, la pelea”. Incluso, algunas mujeres mayores sostienen que muchas veces aceptan la obligatoriedad de mantener relaciones sexuales sin desearlo, pues lo consideran parte de sus obligaciones.

Respecto de la responsabilidad de los servicios del Estado de resguardar la salud reproductiva, manifiestan que existen escasos recursos y poca difusión e información acerca de los métodos anticonceptivos: «Da temor cambiarse de un método a otro; por miedo a que no estén cuando conesponda seguir con un nuevo sobre o inyección» (id.).

Por otra parte, las mujeres señalan que las relaciones que se establecen con los equipos de salud son superficiales, no se genera la confianza necesaria para abordar temas sexuales: «Nunca conversamos con la Matrona, Psicóloga o el Médico del tema (…) Los doctores ven sólo la enfermedad» (Mujer 4, 2009).

La maternidad adolescente es un problema que también afrontan las mujeres mapuches:

Pienso que cuando una tiene un bebé muy pequeña, uno tiene que quemar etapas, ya que es muy difícil el criar. Uno tiene que estudiar, trabajar (…) Yo me doy cuenta de eso, ya que por la edad que tengo tuve que postergar todo. Ahora estoy estudiando de nuevo, pero preocupada por el tema de las reuniones, que los niños no se queden solos, de todo… (Mujer 2, 2009).

Se observa también la reproducción de historias de vida entre generaciones, repitiéndose la experiencia de la maternidad temprana, muchas veces no deseada, así como la no responsabilidad paterna como un patrón de relaciones entre los sexos:

Yo tuve a mi primer hijo a los 14 años. Mi madre me tuvo a los 13 años. Se repitió la historia. Yo era del campo, me fui a la ciudad, en vez de estudiar me puse a pololear [de novia], incluso yo era mayor que él por meses. Esa experiencia para mí fue difícil, ya que no tuve apoyo de nadie (Mujer 5, 2009).

En relación al embarazo adolescente, la VI Encuesta del Instituto Nacional de la Juventud (2011) indica que en Chile el 29,9% de la población juvenil señala la ocunencia de este hecho, alcanzando las mujeres el 41,8% y los hombres el 18,4%, en población menor de veinte años. La prevención del embarazo adolescente tampoco es asumida en los espacios educativos a nivel nacional, en tanto la educación sexual sigue siendo un hecho esporádico en la formación de las personas jóvenes[11]. Por otra parte, las mujeres señalan que los programas de salud del Estado focalizados en los sectores más pobres apoyan preferentemente a las mujeres que se convierten en madres: «Ingresas a Chile Crece Contigo, e inmediatamente te vas al servicio de vivienda social, al servicio de asistencia social» (Mujer 3, 2009). Con esto se ubica la capacidad reproductora de las mujeres más pobres en el centro del acceso a los beneficios sociales.

La desconfianza para solicitar orientación acerca de métodos anticonceptivos, tanto a la familia como a los servicios de salud, se señala como el nudo crítico de este problema. Si bien actualmente hay más información que antes[12], las jóvenes de los sectores rurales siguen teniendo poco acceso, sumándose la persistencia de prejuicios en torno a la sexualidad adolescente:

Tengo una hermana que tuvo una hija bien joven, ahora tiene 14 años. Pienso que ella no tenía confianza para pedir ayuda, ya que yo soy dos años mayor que ella, y yo me cuidaba. Cuando me pidió ir a la matrona, ya estaba embarazada (Mujer 6, 2009).

Es necesario considerar que en estas conversaciones observamos que las mujeres mapuches no consideran el aborto como una práctica habitual para interrumpir embarazos no deseados; esto puede relacionarse con el estatus que culturalmente adquieren cuando son madres, sobre todo aquéllas que habitan en comunidades indígenas rurales. No obstante, desde el Observatorio sabemos (porque conocemos y trabajamos con mujeres mapuches, aunque suelen ser profesionales y habitantes de zonas urbanas y no rurales) que ellas reivindican el aborto como una práctica que debe ser despenalizada.

Por otra parte, también sabemos que muchas mujeres habitantes de comunidades rurales conocen lawenes o yerbas medicinales que provocan el aborto. En este sentido, creemos necesario investigar acerca del significado de esta práctica en las mujeres mapuches de la región, de modo que nos permita comprender cuáles son los significados culturales atribuidos a esta práctica y cómo se relacionan con la demanda de despenalización del feminismo nacional.

Reflexiones finales

Lejos de querer cerrar este trabajo quiero dejarlo abierto al diálogo y a los aportes que se puedan hacer; sin embargo, me gustará puntualizar tan sólo tres ideas que considero interesantes para seguir profundizando: Lo primero es señalar que, tanto en la Araucanía como en el campo de la salud del Estado, se observa un patrón cultural donde la sexualidad se entiende desde lo epidemiológico, lo coital, lo juvenil, lo matrimonial, lo reproductivo y lo patriarcal, que las más de las veces impide profundizar en sus expresiones simbólicas y materiales dentro del entramado de relaciones complejas, coloniales e interculturales que nos cruzan cotidianamente.

Lo segundo es que para el pueblo mapuche el equilibrio es parte integral de la salud, del kume mogen o bien vivir; ello implica recuperar la tiena con el objeto de desplegar la buena vida. Actualmente, este es el eje del movimiento de resistencia mapuche: recuperar el tenitorio es lograr la autonomía en todos los planos, también en las relaciones entre los sexos, la sexualidad y la reproducción de la cultura.

Lo tercero está en relación con la necesidad de profundizar el conocimiento acerca de la sexualidad y la reproducción en los pueblos originarios. ¿Qué representan para mujeres, hombres y otros géneros del pueblo mapuche? ¿Cómo se expresan estas prácticas? ¿Qué vinculaciones tienen con la política, el entramado social y las relaciones económicas? Son algunas de las intenogantes que nos hacemos para comprender su expresión e incidencia en la cultura mapuche y de ese modo aportar al establecimiento de un diálogo verdaderamente intercultural en estas materias.

Bibliografía

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Académica e investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. Integrante del Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche.↵

Según Canales (2002, citada en Scribano, Adrián 2008), las conversaciones para el entendimiento corresponden a: ...una lógica (plural o al menos dual) de conexión intersubjetiva: como otra dimensión posible del sentido común o cotidianeidad. Ni individualista, ni autoritaria, la conversación hace sentido común de un modo alternativo a las formas habituales en que se reproduce la cotidianeidad... (p.124). Su estructura está dada por los cuatros rasgos que caracterizan el proceso de conversación: 1) interrogación; 2) saber sin verdad; 3) desorden creativo; y 4) solvencia subjetiva (p.125).↵

El Observatorio nace en el año 2005, como respuesta a la convocatoria realizada por el Proyecto Género, Equidad y Reforma de la Salud de la OPS/ OMS. Después de varias jornadas de trabajo donde se reunieron dirigentas de organizaciones de mujeres, profesionales de la salud y académicas de la Uni versidad de La Frontera, se logra conformar una red de organizaciones que se planteó el siguiente objetivo, dadas las condiciones contextúales de la región de La Araucanía: ... movilizar un proceso de vigilancia ciudadana que pudiese culminar en la conformación de una Estación Regional del Observatorio de Equidad de Género en Salud, desde la cual, se ampliara la observación hacia la equidad de etnia, superpuesta a la de género (OPS/OMS 2005, p.l).↵

Para mayores antecedentes, revisar: http://www.anamuri.cl/index.php/pu- blicaciones↵

Este fenómeno lo hemos constatado en la investigación-acción-participativa que estamos desarrollando en el territorio wenteche de Boyeco, denominada Generación de un modelo integral de la violencia intrafamiliar en los servicios de atención primaria de salud de la Araucanía, desde el año 2010.↵

Actualmente, se considera que los pueblos indígenas presentes en la totalidad de hábitats y ecosistemas existentes en el planeta (7% de la superficie terrestre), son unos 370 millones de personas, representando aproximadamente el 5% de la población mundial. Suponen el 95% de las casi 5000 culturas que sobreviven en el mundo y sus escasos territorios conservan aproximadamente el 70% de la biodiversidad de flora, fauna y otros recursos naturales (González, Jesús y Viadero, María 2010, p. 34).↵

A este tipo de prácticas son sometidas mujeres de algunos pueblos originarios en México (Noticias Aliadas 2010).↵

Sacerdotisa y curandera; transmisora de la cosmovisión mapuche, cumple una importante función como mediadora entre el mundo terrenal y el mundo espiritual.↵

Agente médico, conocedor de las propiedades de las plantas.↵

Los derechos sexuales incluyen el derecho humano de la mujer a tener control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y a decidir libre y responsablemente sin verse sometida a coerción, discriminación o violencia (Vargas, Milu 2004).↵

Actualmente existen siete programas de educación sexual y reproductiva. Según el criterio de los establecimientos educacionales tienen la obligación de elegir e impartir alguno de ellos; sin embargo, aún no están siendo puestos en práctica en su totalidad, a nivel nacional. Los programas son: Adolescencia: tiempo de decisiones; Aprendiendo a querer, curso de educación sexual integral; Programa de Aprendizaje en Sexualidad y Afectividad; Programa de Educación en Valores, Afectividad y Sexualidad (PAS); Teen STAR; y Sexualidad, Autoestima y Prevención del Embarazo en la Adolescencia.↵

Hay que tener en cuenta que las mujeres que refieren que en la actualidad se entrega más información sobre salud sexual y reproductiva, son mujeres que bordean los cincuenta años de edad aproximadamente.↵

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ACCIONES FEMINISTAS EN LAS LINEAS DE INFORMACIÓN ABORTO SEGURO (LIAS) EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

Raquel Irene Drovetta[1]

Introducción

La demanda por la legalización y despenalización del aborto concentra cada vez más tiempo en las agendas de las organizaciones feministas de Latinoamérica y el Caribe. En algunos países el debate se desanolla en los eventos de mujeres, en los medios de comunicación, en ámbitos académicos y en el Parlamento, con diferentes resultados. Mientras tanto, el aborto inseguro sigue siendo un riesgo asumido (indefectiblemente) por mujeres sin recursos, que buscan interrumpir un embarazo no deseado.

Recientemente, colectivos feministas de países donde el aborto está criminalizado han comenzado a implementar las Líneas de Aborto Seguro (LIAS) como herramienta de lucha contra el aborto inseguro y como forma de acción política. El objetivo es informar telefónicamente a las mujeres sobre cómo interrumpir un embarazo a través de pildoras abortivas, específicamente el misoprostol.

Analizaremos en este trabajo las principales características que asumen estas experiencias que se desanollan en al menos cinco países latinoamericanos. La investigación es resultado de diversos acercamientos realizados al fenómeno en los últimos dos años. Se realizó observación participante en una LIAS y se implementaron entrevistas a mujeres que participan como voluntarias brindando información telefónica y a mujeres que solicitaron el servicio y abortaron utilizando misoprostol. La investigación se apoya y complementa además con las producciones de los colectivos feministas que llevan adelante estas experiencias, fundamentalmente manuales, informes de funciones, notas periodísticas, información de páginas web y de redes sociales.

El objetivo central es describir la potencialidad de las LIAS como una henamienta para disminuir las posibilidades de atravesar un aborto inseguro en mujeres que viven en contextos restrictivos.

Impacto del aborto a nivel mundial

Un aborto inseguro «es un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos» (Organización Mundial de la Salud [OMS] 2012a, p.18). De los 210 millones de embarazos que ocunen por año, alrededor de 46 millones (22%) finalizan en abortos inducidos; se estima que cada año se realizan 22 millones de abortos en forma insegura, lo que produce la muerte de alrededor de 47 mil mujeres y discapacidades en otras 5 millones en todo el mundo (OMS 2012, p.l).

En el mundo en desanollo el 56% de todos los abortos son inseguros, en comparación con solamente 6% del mundo desabollado (Guttmacher Institute 2012). A nivel global, el 40% de las mujeres en edad reproductiva vive en países con leyes altamente restrictivas, en los cuales el aborto está totalmente prohibido o permitido únicamente para salvar la vida de la mujer o proteger su salud física o mental (Singh, Susheela y otros 2009).

Actualmente en Chile, El Salvador, Honduras, Surinam, República Dominicana y Nicaragua rige la penalización total para todos los casos de aborto. Contrariamente, en Ciudad de México, Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Guyana y Guayana Francesa, el aborto no se tipifica como delito cuando se realiza hasta la semana doce o catorce, según el caso. En el resto de los países de América Latina y el Caribe se aplica el modelo de indicaciones, el cual permite realizar el aborto en determinados supuestos, conocidos como “causales” (Bergallo, Paola 2011), que generalmente implican preservar la salud o la vida de la mujer, la inviabilidad del feto fuera del útero y/o cuando el embarazo es producto de una violación.

Debido a la penalización e ilegalidad del aborto, Latinoamérica y el Caribe tienen los índices más altos de aborto inseguro en el mundo: aproximadamente 29 abortos no seguros por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva (Guttmacher Institute 2012).

El problema central en países en desanollo con leyes de aborto restrictivas, es que las mujeres con escasos recursos reamen a prestadores sin capacitación o se inducen ellas mismas el aborto. En estos casos aumentan los riesgos de abortos incompletos, infecciones, perforaciones uterinas, enfermedad pélvica inflamatoria, hemorragias u otras lesiones de los órganos internos que pueden terminar en muertes, lesiones permanentes o infertilidad. Esto da lugar a que en contextos restrictivos cobre gran importancia la posibilidad de recibir atención post aborto adecuada, permitiendo así reducir la morbi-mortalidad atribuible a los abortos inseguros y prevenir la repetición de un embarazo no deseado (Romero, Mariana; Zamberlin, Nina y Ganni, María Cecilia 2010).

Aborto con medicamentos en contextos restrictivos

A contramano de lo que accionan los sistemas penales en los Estados, la penalización y criminalización del aborto no se asocia en la realidad con tasas de aborto más bajas (Guttmacher Institute 2012). En otras palabras, las leyes punitivas no desaniman a las mujeres en la búsqueda de un aborto, pero sí aumentan los riesgos de vida.

Frente a este panorama, una de las opciones de intervención que ha cobrado fuerza en los últimos años es el “aborto farmacológico”[2]. La OMS lo define en función de que es un aborto no quirúrgico -como el legrado y la aspiración intrauterina (AMEU)-pero que sin embargo, no presenta diferencias considerables en lo que se refiere a la seguridad y la eficacia; por lo que desde el punto de vista médico, existen escasas situaciones en que pueda recomendarse uno u otro, dentro del primer trimestre de embarazo (OMS 2008, p.8).

El aborto se realiza mediante la droga misoprostol, un análogo de la prostaglandina El (Pg El), que comenzó a ser vendida en las farmacias de América Latina a partir de fines de la década del ochenta bajo el nombre comercial de Cytotec, indicado en el tratamiento de la úlcera gástrica (Távara, Luis; Chávez, Susana; Grossman, Daniel y Blandón, Martha María 2009). El método más recomendado para el aborto médico es la mifepristona (siempre por vía oral) seguida de misoprostol; sin embargo, debido a que la mifepristona no se encuentra autorizada para su venta en la mayoría de los países de la región, se utiliza el protocolo del misoprostol solo (OMS 2012a).

El misoprostol causa contracciones en el útero que provocan la caída del tejido formado en su interior por el embarazo, similar a lo que ocurre en el aborto espontáneo. Posteriormente se produce la expulsión de todo el contenido uterino (Távara, Luis; Chávez, Susana; Grossman, Daniel y Blandón, Martha María 2009). La forma más frecuente de uso es mediante la colocación de las pildoras en la vagina, o en la boca[3] en dosis específicamente determinadas según la edad gestacional.

Desde fines de la década de los años ochenta, el uso de este medicamento fuera de la red y control de los prestadores de salud se extendió rápidamente, fomentado por el boca a boca de las mujeres que obtuvieron como resultado abortos sin complicaciones. A partir de la década del noventa, el misoprostol se convirtió en uno de los agentes abortivos más utilizados en el inicio del aborto (Diniz, Débora y Madeiro, Alberto 2012b), en tanto permite realizar la interrupción temprana del embarazo a través de un método seguro, independientemente de las restricciones legales o el acceso a los recursos sanitarios, y se basa en la capacidad que tienen las mujeres para llevar a cabo los pasos necesarios para asegurar procedimientos seguros y eficaces (Shannon, Caitlin y Winikoff, Beverly 2008); incluso la decisión de abortar con misoprostol precede a la consulta con un/a médico/a (Lie, Mabel; Robson, Stephen y May, Cari 2008).

En la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe las mujeres acceden al medicamento a través de su compra en farmacias, generalmente mediada por una receta hecha por profesionales de la salud y/o a través del mercado negro (Drovetta, Raquel 2012). Los/as dependientes de farmacias han demostrado ser un actores importantes en la divulgación del uso del misoprostol en Latinoamérica, aunque aún persiste la inexactitud en cuanto a los protocolos adecuados para su uso que los dependientes brindan (ver Sneeringe, Robyn; Billings, Deborah; Ganatra, Bela y Bairda Traci 2012). En tanto, cuando las restricciones aumentan (como en el caso de Brasil) (Pazello, Magaly 2010, p.88), el acceso al medicamento se dificulta, al punto de tener que comprarlo en el mercado ilegal donde se cone el riesgo de acceder a un producto más caro que en la farmacia y que podría estar adulterado (Diniz, Débora y Madeiro, Alberto 2012a).

Debido a su exhaustivo estudio como droga abortiva, la OMS (2009) incluye el misoprostol tanto en sus directrices basadas en la evidencia, como en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales[4] para la interrupción temprana del embarazo, el tratamiento médico del aborto retenido espontáneo y la inducción del trabajo de parto. En este sentido, existen recomendaciones hacia los Estados que conducen a la incorporación del misoprostol para uso obstétrico en sus sistemas sanitarios, debido a su contribución a la reducción de la morbi-mortalidad materna (CLACAI y FLASOG 2009).

Asimismo, numerosos estudios dan cuenta en la última década, de la relación entre el mayor acceso a un aborto seguro con misoprostol y la disminución en las internaciones por complicaciones de aborto en países latinoamericanos (Faúndes A.; Santos, L.; Car-valho, M. y Gras C. 1990. Se adjudica parte de la responsabilidad a la extensión y popularidad que ha ganado el uso de este medicamento[5], principalmente en sectores urbanos.

¿Por qué las mujeres eligen el aborto con medicamentos?

Estudios cualitativos en mujeres en “situación de aborto”[6] revelan la alta aceptación que tiene el misoprostol como método para la interrupción de embarazos, porque es posible utilizarlo en el hogar, «se siente más natural», es privado y permite la presencia de acompañantes (Fiala, Christian; Winikoíf, Beverly Helstróm, Lotti; Hellborg, Margareta y Gemzell-Danielsson Kristina 2004). Gran parte de las mujeres que interrumpieron su embarazo con misoprostol volverían a hacerlo con el mismo método y «se lo recomendarían a una amiga»; quienes han tenido previamente un aborto quirúrgico destacan que el uso de misoprostol fue «fácil», «simple», «normal» o «natural» (Billings, Deborah 2004) y «parecido a la menstruación» (Bracken, Hillary 2009, p.6). Muchas mujeres aprecian la posibilidad de evitar un procedimiento quirúrgico y la anestesia, y valoran que el misoprostol puede ser auto-administrado privadamente en casa (Fiala, Christian; Winikoff, Beverly Helstróm, Lotti; Hellborg, Margareta y Gemzell-Danielsson Kristina 2004).

Estudios realizados en China, Cuba, India, Vietnam, Nepal, Sur África, Turquía y Túnez encontraron que más del 90% de las mujeres estaban “satisfechas” o “muy satisfechas” con sus abortos con medicamentos (Bracken, Hillary 2009, p.6). Revelamientos a través de Internet muestran también un alto grado de satisfacción con el uso de mifeprestirona seguida de misoprostol (Gomperts, Rebeca; Jelinska, Kinga; Davies, Susan; Gemzell-Danielsson, Kristina y Klei-verda, Gunilla 2008), ambas adquiridas justamente vía web.

El aborto con medicamentos puede funcionar como un sistema de auto-inducción del aborto, ofreciendo privacidad y autonomía. Si bien se debe estar alerta a posibles complicaciones, éstas son infrecuentes. Este procedimiento reduce considerablemente la posibilidad de que una mujer deba atravesar por la atención en un servicio de salud no “amigable”[7], exponiéndose al maltrato del personal que advierte que tiene un aborto en curso[8].

Los efectos secundarios relatados por las mujeres se refieren especialmente a vómitos, diarrea, fiebre y escalofríos. En algunos casos dolor uterino y calambres junto al sangrado, también aparecen como efectos adversos. Por otra parte, la evidencia científica demuestra que hay menos riesgos asociados al uso apropiado de los métodos modernos de aborto, incluyendo el aborto con medicamentos, que a la continuación del embarazo (Bracken, Hillary 2009, p.5).

Otro de los beneficios es que el misoprostol constituye un método económico (de bajo costo) lo que amplía la posibilidad de acceso a mujeres de sectores populares.

Aunque no es excluyente, para las mujeres de escasos recursos económicos es la mejor oportunidad de acceder a un aborto seguro. Sin embargo, mujeres con recursos económicos también optan por el misoprostol; en estos casos además, se cuenta con una mayor red de ayuda para su compra y utilización, como el respaldo y la orientación de profesionales que se desempeñan en instituciones privadas de salud[9].

Es evidente que la problemática del embarazo no deseado atraviesa todas las clases sociales, mientras que la problemática del aborto inseguro se encuentra enquistada fundamentalmente en las clases desfavorecidas. En tanto los recursos, fundamentalmente económicos, no aseguran necesariamente que no acontezca un embarazo, pero sí tienen una importancia crucial a la hora de evitar un aborto inseguro.

Líneas de información sobre aborto seguro (LIAS)

Las líneas telefónicas que ofrecen información, consejo, asesora-miento, ayuda, etc., son un recurso con importantes antecedentes. Muchos países de Latinoamérica han implementado el sistema de consejería telefónica para atender todo tipo de consultas: asistencia al suicida, líneas que ofrecen información sobre VIH/Sida y salud sexual y reproductiva, atención frente a embarazos inesperados, atención a madres solteras, a víctimas de violencia y/o violencia sexual, etc. La propia iglesia tiene líneas de acompañamiento espiritual para matrimonios en crisis, por ejemplo, o para brindar “apoyo espiritual” después de un aborto.

Específicamente las LIAS son he namientas destinadas a informar telefónicamente a las mujeres sobre cómo hacerse un aborto con misoprostol y funcionan en países en los que el acceso a los servicios de aborto seguro está restringido. Son de consulta anónima y no es requisito ser mayor de edad para utilizarlas. Es una herramienta de acceso relativamente fácil en términos económicos para quienes pueden utilizar una línea telefónica, fija o móvil, ya sea para realizar una llamada o bien para enviar un mensaje de texto solicitando que se las llame.

Las LIAS son resultado de iniciativas llevadas adelante por colectivos de mujeres y no se inscriben dentro de una institución de salud determinada. Por el contrario, se trata de espacios que brindan información sobre salud que desafían a la organización biomédica como estructura jerarquizada y patriarcal, ya que el servicio no es ofrecido ni por médicos ni por hombres.

Su sostenimiento económico es un desafío importante, puesto que sólo reciben financiamiento de algunas organizaciones internacionales (muchas veces sólo temporalmente), debiendo auto-gestionarse ingresos para sobrevivir. Así lo hacen todos los colectivos que llevan adelante acciones de advocay, en los países de la región donde el aborto está penalizado[10].

Las experiencias que se relevan en este trabajo se han agrupado en la Red de Experiencias Autónomas de Aborto Seguro (REAAS), un espacio de comunicación entre las experiencias de las líneas de Ecuador, Venezuela, Perú, Chile y Argentina.

En junio de 2008 se inaugura en Quito, Ecuador, la primera de estas iniciativas en la región. La experiencia es llevada adelante por la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género como parte del proyecto Línea de información sobre sexualidad y aborto seguro “Salud Mujeres”. En la comunicación, como primero se determina la edad gestacional de la mujer que llama, en función de ello se le indica cómo utilizar el misoprostol y cuáles son sus efectos. También se brinda información sobre métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia. El personal involucrado son activistas feministas que trabajan de manera voluntaria.

Aprovechando las posibilidades de la tecnología, desde su blog[11] (casi 400 mil visitas a inicios de 2013) implementan la atención por chat, en horarios y días preestablecidos. También es posible contactarse por e-mail y dejar comentarios debajo de los diferentes post. Contiene además un instructivo para calcular on Une las semanas de embarazo (gestograma de embarazo) a partir de la fecha de la última menstruación (FUM).

En su propuesta reivindican la necesidad de desmedicalizar el aborto y promover la decisión de las mujeres sobre su cuerpo («soberanía de nuestros cuerpos»). Un rasgo más sobresaliente de este colectivo es el de identificarse fundamentalmente como jóvenes.

En septiembre de 2010, la compañía de teléfonos (Movistar) suspendió la línea sin aviso con el argumento de haber recibido una orden de la Fiscalía General del Estado, lo que motivó a retomar las actividades a través de un nuevo número telefónico, actualmente en funcionamiento.

La experiencia de la Línea Aborto Información Segura de Chile se vincula desde sus inicios, el 28 de mayo de 2009, a la experiencia de Ecuador. Para la concreción del proyecto han recibido inicialmente apoyo de esta LIAS y de la organización Women on Waves, entre otras.

En el caso chileno es importante señalar que el servicio funciona en un contexto donde el aborto está penalizado completamente y no existe (desde 1989) ni siquiera la posibilidad del aborto terapéutico. La línea fue creada por la agrupación Feministas del Bio Bio y es sostenida actualmente por el colectivo Lesbianas y feministas por el derecho a la información. La reivindicación de la identidad lesbiana y el lesbofeminismo es constante, algo que sucede también con otros colectivos que sostienen LIAS. Parte de la actividad de visualización del grupo se basa en campañas callejeras, performances y teatro, actividad en facebook y twitter y entrevistas concedidas a la prensa internacional.

La línea telefónica ya ha atendido a más de doce mil mujeres y el colectivo ha publicado Línea Aborto Chile: El manual (2012), disponible para su venta en librerías de la capital y el interior del país.

En su blog[12] ofrecen información sobre las actividades de la línea e informes de resultados; publicitan además actividades de militancia feminista como los talleres de «aborto autónomo» que brindan en distintas regiones del país. Una particularidad de este portal es que dispone de un espacio para que las mujeres dejen su testimonio, tanto aquellas que han abortado con misoprostol como otras que han tenido experiencias de maltrato o violencia obstétrica en instituciones de salud. Este registro de los servicios de salud no “amigables” también lo llevan adelante otras LIAS.

El colectivo está integrado por profesionales de las ciencias sociales que han recolectado datos (no personales) de la línea y han comenzado a presentar la experiencia en congresos académicos de salud, señalando la importancia de utilizar misoprostol dentro de la experiencia de “reducción de daños”. La obtención y análisis de datos cualitativos, por ejemplo a través de entrevistas a usuarias de misoprostol, permite mostrar las características que asume la experiencia en la voz de las mujeres[13].

En Argentina la LIAS se enmarca en el proyecto Aborto: más información, menos riesgos, funciona desde 2009 en Buenos Aires y es sostenida por el colectivo Lesbianas y Feministas por la des-criminalización del aborto (LFDA). Se trata también de un grupo que señala fuertemente su pertenencia lésbica y vinculan a ella la práctica del aborto y el “orgullo de abortar” como consignas para combatir el estigma que prevalece sobre esta práctica. En 2010 presentaron la primera edición del manual Todo lo que querés saber sobre cómo hacerte un aborto con pastillas, que recibió 500 mil descargas y del que se distribuyeron 10 mil ejemplares impresos. La segunda edición actualizada se publicó en 2012[14].

Como resultado de la sistematización de los datos (no personales) que recopilan en la línea, han presentado por cada año de funcionamiento un informe de actividades. La propuesta busca desclandestinizar el discurso y la práctica de la línea (LFDA 2010a). En el último informe (LFDA 2012) señalan que reciben cinco mil llamadas al año, de las cuáles casi el 80% conesponden a mujeres que residen en cercanías de Buenos Aires. Se ha promovido la difusión del número de la línea a través de varios medios y desde 2010 se edita un boletín digital con quince mil suscripciones. Además de las acciones para la promoción y puesta en conocimiento de la población de las actividades de la línea, se presentó en 2010 ante la CEDAW un informe sobre el uso de misoprostol en Argentina (LFDA 2010b).

La línea también acepta denuncias sobre maltrato en instituciones de salud, para llevar un registro de ámbitos no “amigables”.

En Caracas, Venezuela, funciona desde 2011 el proyecto Línea aborto: información segura, sostenido por la colectiva Feministas en Acción Libre y Directa por el Aborto Seguro en Revolución (FALDAS-R). Esta agrupación se encuentra activa a través de face-book y twitter. La incitativa busca ofrecer información sobre una práctica abortiva segura y desmedicalizada.

La experiencia de Perú se inaugura en mayo de 2010. El proyecto Aborto: información segura es llevado adelante por la organización feminista Colectiva por la Libre Información para las Mujeres (CLIM), de Lima. Aunque cuentan con blog[15], la información se brinda exclusivamente por teléfono.

El contexto peruano es complejo, si bien el aborto está aprobado por las causales de peligro para la salud de la madre y/o invia-bilidad del feto, no existe un protocolo de acción aprobado para los servicios de salud, ni se permite el aborto en caso de violación, una causa altamente frecuente.

En octubre de 2011, la línea presentó su «Primer informe político a un año de funcionamiento» donde se indica que en este periodo recibieron 1750 llamadas (Línea Aborto Información Segura Perú 2010). En este informe se muestran datos importantes, obtenidos a través de las consultas a la línea, sobre el uso de métodos anticonceptivos, entre ellos anticoncepción de emergencia, y se relevan una serie de mitos vinculados a su uso. Hay registro además de una indagación sobre los modos alternativos con que las mujeres intentaron interrumpir el embarazo al momento de realizar la llamada, los cuales en su mayoría conllevan riesgos.

El relevamiento de las LIAS que presentamos no es exhaustivo, dado que las experiencias pueden estar replicándose en innumerables contextos con particularidades bien definidas; sólo contempla a los grupos latinoamericanos que brindan información telefónica sobre cómo acceder a un aborto por medio del misoprostol y que han promovido su visibilidad a través de Internet. No se han relevado casos particulares como la experiencia Fondo MARÍA (2012) y sus acciones de acompañamiento a mujeres mexicanas, ni el caso de la línea implementada -brevemente- en Honduras[16].

Es preciso diferenciar este servicio del que prestan otros colectivos de mujeres. Mientras que en las LIAS el contacto es exclusivamente telefónico, existen grupos feministas -por ejemplo en Argentina el Colectivo La Revuelta con el servicio Socorro Rosa (Soconistas en Red 2013)- que utilizan la línea telefónica para establecer contacto con la mujer que quiere realizar un aborto con misoprostol, pero el asesoramiento se realiza a modo de acompañamiento personal hasta que finaliza el proceso (Grosso, Belén; Trpin, María y Zurbriggen Ruth 2012). De manera informal, se conocen otras experiencias de este tipo, llevadas adelante por agrupaciones de mujeres feministas como una actividad de militancia con diversos niveles de sistematicidad y en diversos lugares.

En todos los casos, sin embargo, estas experiencias propician cambios en el «itinerario del aborto» (Diniz, Débora y Madeiro, Alberto 2012b) de estas mujeres, ya que al acceder a una información conecta es posible llevar adelante una interrupción sin consecuencias para su salud y seguridad.

¿Qué información proporcionan las LIAS?

Las LIAS se encargan de entregar, durante la comunicación telefónica, información que fundamentalmente se refiere a: dosis y vías de administración de las pildoras con misoprostol, período de gestación durante el cual se recomienda utilizarlas, síntomas a esperar, posibles efectos secundarios y complicaciones, ante qué signos buscar ayuda en servicios de salud, entre otras. La información que se ofrece es obtenida a través de las publicaciones de la OMS y replicadas por otras organizaciones como IPAS, FIASOG, Fundación ESAR, Guttmacher Institute, Centro Flora Tristán, Population Coun-cil, Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CIA-CAI), entre otras, quienes han generado materiales explicativos claros, destinados a público interesado, fundamentalmente mujeres, prestadores de salud y organizaciones de mujeres y feministas.

Además, a través de las LIAS y dependiendo de cada contexto, las mujeres se informan sobre las estrategias más comunes para evitar ser denunciadas por los médicos, en caso de necesitar acudir a un hospital, y sobre el ejercicio de sus derechos. Se les explica qué preguntas pueden realizarle en una institución médica, en caso de concunir por alguna complicación o bien para la realización de la ecografía posterior, y cómo evadirlas resguardándose en su derecho. El objetivo es orientar a las mujeres sobre cómo actuar ante un personal médico insidioso o que amenaza con denunciadas, promoviendo una actitud más segura aún dentro de la clandestinidad. La línea funciona como una herramienta que permite proteger la salud de las mujeres, para quienes la penalización, la clandestinidad y el estigma no las hacen desistir de la decisión de abortar.

El acceso a Internet, cuando está disponible, resulta un complemento de gran ayuda porque permite buscar información sobre el medicamento y el procedimiento y/o contactar a un proveedor para acceder al misoprostol. Sin embargo, la clandestinidad ha generado un mercado negro, sostenido inclusive a través de Internet, en donde además del elevado costo de las pildoras son frecuentes las estafas, como por ejemplo, no entregar el medicamento una vez pagado, entregas en cantidades menores o ventas de medicamentos adulterados, así como recomendaciones de protocolos de uso ineficientes o riesgosos. Para contranestar estos inconvenientes, algunas organizaciones civiles centradas en la promoción del aborto seguro recomiendan contactar por Internet, exclusivamente, a la organización holandesa Women on Waves[17], quienes desde 2006 ofrecen el servicio de envío internacional del medicamento (combinación de mifeprestirona y misoprostol) al domicilio indicado, alrededor de dos semanas después del contacto[18]. Esta experiencia ha demostrado ser un caso exitoso del uso de la telemedicina para acceder al aborto seguro y sin riesgos (Gomperts, Rebeca; Jelins-ka, Kinga; Davies, Susan; Gemzell-Danielsson Kristina y Kleiverda, Gunilla 2008) en contextos donde el aborto no está legalizado y el acceso al misoprostol es restringido.

El uso de misoprostol para la interrupción segura del embarazo está contemplado, desde el punto de vista sanitario, dentro de lo que se conoce como el enfoque de “reducción de daños”. Esta perspectiva se refiere a acciones de salud pública destinadas a reducir los daños asociados con actividades específicas, en lugar de prohibir la actividad misma; para lo cual se brindan acciones educativas y socio-sanitarias desprovistas de una valoración moral y de prejuicio (Briozzo, Leonel; Labandera, Ana; Gorgoroso, Mónica y Pons, José Enrique 2007). El caso específico de las LIAS puede contemplarse como una acción alineada a este enfoque, en tanto

… reconoce que para las mujeres que enfrentan barreras jurídicas, económicas, sociales o culturales para obtener servicios de aborto en el sistema de salud, el uso de misoprostol fuera del sistema de salud es más seguro que los métodos a los cuales de otro modo recurrirían estas mujeres (IPAS 2012).

En este sentido, también existen experiencias exitosas llevadas adelante en instituciones públicas de salud mediante la consejería pre y pos aborto, que se inscriben en el enfoque de reducción de daños[19]. Sin embargo, al ser el aborto una práctica penada por la ley en los países de la región, las LIAS no se han implementado en instituciones de salud. Aun así, este concepto resulta pertinente, sobre todo si anima a generar políticas públicas en salud que contemplen el sostenimiento y apoyo a estas experiencias.

Autonomía de las mujeres y acceso a la información

Las LIAS constituyen una experiencia innovadora que puede perfeccionarse como estrategia de lucha contra el aborto inseguro. Por sobre todo, es preciso resaltar que se trata de una henamienta que permite a las mujeres acceder al derecho a la información segura y confiable para poder tomar una decisión.

Estas experiencias son tanto una acción de promoción de la salud como una acción política, ya que los colectivos que llevan adelante el servicio desanollan paralelamente en sus países acciones por la despenalización y legalización del aborto que incluyen: publicación de materiales informativos y educativos, organización de jornadas de capacitación, sistematización de datos y presentaciones a congresos académicos, manifestaciones artísticas callejeras, marchas y movilizaciones, entre otras actividades.

Una de sus potencialidades es la facilidad que brinda para la búsqueda de información, fundamentalmente en contextos urbanos donde resulta relativamente simple el acceso a la telefonía. En caso de no poder cubrir el costo de la llamada se puede solicitar la devolución de la misma, dejando un número de referencia; y si se cuenta con teléfono celular, el primer contacto puede realizarse a través de un mensaje de texto. Sin embargo, a las mujeres que viven en áreas rurales aisladas puede resultarles difícil conocer la existencia de este servicio, en tanto no existan allí colectivos de mujeres que trasmitan la información, y/o los equipos de salud no resulten proclives a hacerlo, muchas veces por desconocimiento.

La ventaja de la comunicación telefónica es que guarda el anonimato en un tema sensible, tanto por la ilegalidad de la práctica del aborto, como por las dificultades de muchas mujeres para conseguir apoyo en la situación de embarazo no deseado. El contacto telefónico y anónimo ayuda a evitar la estigmatización hacia las mujeres que desean abortar. En el caso de adolescentes permite preservar su intimidad y encontrar apoyo cuando no lo obtienen de su familia.

Actualmente, las redes sociales como Facebook y Twitter favorecen la distribución de la información (fundamentalmente de los números telefónicos de las LIAS) y permiten llegar a mujeres de otros países, animándolas a buscar o generar espacios similares en sus contextos.

Ahora bien, es preciso reconocer que la publicidad y puesta en conocimiento de la población del número de la LIAS es un factor clave para el éxito del servicio. No obstante, la mayor apertura también genera mayores riesgos para los colectivos de mujeres, frente a los cuales deben protegerse.

Al ofrecer información no se infringe la ley, ya que el derecho a la información está garantizado por las constituciones de los países y a través de tratados internacionales, como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, los grupos anti derechos suelen incluir a las LIAS en acciones de boicot. Las llamadas falsas, la ocupación innecesaria de la línea, las denuncias a la justicia, entre otras, son acciones que se han realizados contra estas experiencias, aunque sin mayores resultados.

Una limitación es que la información es otorgada en el idioma local, por lo que mujeres migrantes que no dominen la lengua, incluyendo términos propios del dialecto local (como la referencia a órganos sexuales y otros específicos), pueden no comprender totalmente la información. Esta dificultad puede compensarse si desde las LIAS se recomienda a las mujeres que tengan posibilidades, acceder por Internet al manual instructivo realizado por algún colectivo u otro material educativo donde la información viene acompañada de ilustraciones que pueden facilitar la comprensión[20].

En países donde el aborto se contempla como legal por alguna causal, la integralidad de la atención supone que las mujeres deben poder obtener servicios para abortar de alta calidad y a precios asequibles o gratuitos en las comunidades donde viven y trabajan, lo que incluye atención y consejería pre y pos aborto y planificación familiar (IPAS 2012). Esta integralidad de la atención es una carencia que el servicio de las LIAS no puede revertir, pues no se hace un seguimiento a la mujer que consulta: una vez obtenido el asesoramiento, el sistema no contempla una nueva comunicación para que la mujer informe qué decidió, si prosiguió o interrumpió el embarazo, de haber sido así, cómo lo hizo y qué resultados obtuvo. La falta de seguimiento impide saber si las mujeres han aplicado la información obtenida y si les ha sido de utilidad (Stratten, Kate y Ainslie, Robert 2003), lo que no hace factible la auto-evaluación del servicio. La falta de una estrategia de atención integral al aborto, donde las mujeres que así lo deseen puedan contar con apoyo antes, durante y después de la interrupción, es el resultado de la adversidad del contexto en que las mujeres abortan.

Como compensación, el personal de las LIAS puede re-direccio-nar a las mujeres hacia servicios de salud “amigables” y accesibles. Esto debería incluir una serie de servicios indispensables como una ecografía para confirmar si efectivamente el aborto se completó y una consulta para la elección de un método anticonceptivo. En caso de requerirlo, es importante también que sepan señalar dónde existen disponibles servicios de apoyo terapéutico.

Sobre todo en el caso de que la línea funcione en la misma región/ciudad/área de quien consulta, el personal de la LIAS puede haber identificado previamente un servicio de salud donde remitir a la mujer si desea hacer una consulta personal con un médico/a, y un servicio de guardia donde ingresar si necesita atención médica urgente. Dentro de los servicios “amigables” es importante incluir a los servicios de ecografías. Sin embargo, no hay que olvidar que se ha observado que en estas instancias quienes hacen las ecografías generalmente dan por sentado que el embarazo es deseado y va a continuar, emitiendo expresiones de tipo subjetivo y de índole personal sobre la mujer que consulta y sobre el embrión, generando incomodidades.

En el mismo sentido, también es importante determinar cuáles son las farmacias donde es posible conseguir el misoprostol simplemente con la receta conespondiente, sin intenogatorios y sin demoras innecesarias.

Detectar y socializar la información respecto a servicios “amigables” o accesibles ubicados en la zona constituyen acciones de alto impacto para las mujeres que viven en los contextos restrictivos a los que nos referimos. Es fundamental que las mujeres puedan lograr acceder a espacios desprovistos de juicios de valor o intentos por interferir en la toma de decisiones.

Conclusiones preliminares

A lo largo de este trabajo hemos mostrado cómo las LIAS se han convertido en un servicio valioso que permite a las mujeres informarse sobre la posibilidad de acceder a un aborto seguro, aun en contextos restrictivos. Ante ello, es importante que estos servicios se extiendan hacia las ciudades del interior de los países de la región. La cercanía de la llamada genera y aumenta la confianza de las mujeres y permite recomendar con mayor precisión los servicios “amigables”, evitando así el acceso a los espacios de salud donde las mujeres pueden ser agredidas si llegan con un aborto en curso.

Esto implica lograr la particularización de los servicios en cada región, provincia o estado. Se ha observado cómo, dentro de países con contextos restrictivos, existen por ejemplo algunas regiones donde se agudiza la vigilancia y la persecución a mujeres, u otras donde los grupos anti derechos se encuentran más organizados.

Cabe señalar también la importancia de la tarea desarrollada por varias de las LIAS de obtener y registrar datos no personales, a través de los llamados. Estos constituyen un insumo importante que permite a los colectivos que ofrecen el servicio conocer en cada contexto qué tipo de información es la más requerida por las mujeres y qué supuestos enóneos están manejando para contra-nestarlos con campañas de información, entre otras posibilidades. El uso de los datos para investigación científica también es un recurso sumamente valioso.

Nuestro trabajo buscó mostrar a las LIAS como una herramienta de lucha política que permite contranestar el silencio y la clandestinidad de las prácticas para abortar, visibilizando la problemática y los riesgos que trae aparejados para las mujeres. En este sentido, creemos importante seguir profundizando en el análisis de las acciones que contribuyen a evitar el aborto inseguro.

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Sneeringe, Robyn; Billings, Deborah; Ganatra, Bela y Bairda, Traci (2012). «Roles of pharmacists in expanding access to safe and effective medical abortion in developing countries: A review of the literature». Public Health Policy. 33(2), pp. 218-229.

Socorristas en Red (2013). «Información general». Sitio oficial [blog]. Recuperado el 15 de mayo de 2012 de http://socorristasenred. blogspot.com.ar/

Steele, Cynthia y Chiarotti, Susana (2004). «Con todo al aire: crueldad en la atención del posaborto en Rosario, Argentina». Reproductive Health Matters, Londres, 12 (24 Supplement), pp. 39-46.

Stratten, Kate y Ainslie, Robert (2003). Field Guiae-. Setting Up a Hotline. Field Guide 001. Baltimore: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for Communication Programs.

Docente de la Cátedra Antropología Social y Cultural, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Becaria del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).↵

También denominado "aborto médico" o "aborto medicamentoso".↵

La OMS (2012a) ofrece un protocolo actualizado completo para aborto con fármacos.↵

«Se consideran esenciales los medicamentos que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población. Su selección se hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costo-eficacia comparativa» (OMS 2009).↵

Por ejemplo Elena Prada, Susheela Singh y Cristina Villarreal (2012) describen que para 2009, la mitad de los abortos inducidos en Colombia fueron a través del uso de misoprostol. Similares resultados se observan en Brasil más tempranamente (Barbosa, Regina y Arilha, Margareth 1993; Costa, Sarah y Ves-sey, Martin 1993).↵

La "situación de aborto" es: ...[el] proceso que atraviesa cualquier mujer que enfrenta una maternidad no viable. Todas las mujeres en edad fértil pueden enfrentar una situación de aborto, y la intención de abortar expresa la inviabilidad de la maternidad potencialmente implícita en el embarazo que cursa. No es relevante si el embarazo sobrevino en forma planificada o accidental, sino la incompatibilidad de la potencial maternidad con planos cruciales de la vida de la mujer en cuestión (RUDA 2008, p.17).↵

El término que refiere a servicios de salud "amigables" busca describir los ámbitos donde se presta atención a las demandas y necesidades de una mujer en situación de aborto, sin emitir juicios de valor ni obstaculizar la entrega de información y atención.↵

Las situaciones de maltratos son amplias y van desde la espera prolongada para la atención, el maltrato físico y la agresión verbal, la inclusión en salas donde se alojan las mujeres que han parido, entre otras. Al respecto citamos a: Silvina Ramos y Anahí Viladrich (1993), Cinthia Steele y Susana Chiarotti (2004) y Cecilia Canevari (2011).↵

En Argentina, un aborto denominado quirúrgico cuesta alrededor de mil dólares, mientras que una caja de dieciséis comprimidos de misoprostol (bajo la marca comercial de Oxaprost) cuesta en las farmacias ochenta dólares (Dro-vetta, Raquel 2012).↵

En este sentido se han relevado variadas estrategias implementadas por estos grupos, como solicitar la recarga de las líneas telefónicas celulares, la venta de números para participar de una rifa y el depósito de donativos en cuentas bancarias.↵

   http://jovenesdespenalizacionaborto.wordpress.com/↵

http://infoabortochile.org/↵

Como ejemplo remito al trabajo realizado por el colectivo Lesbianas y feministas por el derecho a la información (2013) y el de Seiter, Emily; Erpel, Ángela; León, Alejandra; Díaz, Viviana; Cisternas, Carolina; Alveal, Flor; Vera, Carolina; Bustamante, Isabel y Flores, Catalina (2013).↵

La página web es http://www.abortoconpastillas.info/↵

http://lineabortoinfosegura.blogspot.com.ar/↵

La experiencia hondurena, país donde el aborto está penalizado en todas las circunstancias, funcionó por un corto tiempo. Se ha adjudicado la experiencia a un colectivo de lesbianas y feministas.↵

El servicio está disponible en seis idiomas a través de los links http://www. womenonwaves.org o www.necesitounaborto.org o www.womenonweb.org↵

El servicio requiere de la donación de noventa euros para hacer susten- table el sistema, pero brinda otras alternativas en caso de no contar con ese dinero. Requiere completar, previa y posteriormente, información médica re ferida a la gestación.↵

Fundamentalmente la experiencia de Uruguay (Briozzo, Leonel; Labandera, Ana; Gorgoroso, Mónica y Pons, José Enrique 2007) y en Buenos Aires, en el Servicio de Adolescencia del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.↵

Hay dos iniciativas conocidas: la de Chile, que ofrece su manual en librerías específicas; y la de Argentina donde se puede comprar el manual impreso o acceder al siguiente sitio y descargarlo de manera gratuita: http://www.edi-torialelcolectivo.org/ed/images/banners/abortopastillas.pdf ↵