AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

UN CONTINENTE, MÚLTIPLES MIRADAS

Alba Carosio, Catalina Banko, Nelly Prigorian
(Coordinadoras) 

Pablo Gentili
Juan Ponce
Leonardo Bracamonte
Carmen Caamaño Morúa
Ana María Barletta
Cecilia Carióla Beate Jungemann
Manuel E. Gándara Carballido
Gregorio J. Pérez Almeida
Mauricio Phélan C.
Miguel Oliva
Absalón Méndez Cegarra
Héctor Gutiérrez
César Barreira
Luciano Concheiro Bórquez
Francisco Nava García
Andrés Antillano
Luis Gerardo Gabaldón
Yara Altez
Emilio Osorio Álvarez
Francisco Javier Velasco Páez
Emiliano Terán Mantovani
Edgardo Lander
Carlos Carcione
Leonardo V. Vera
Víctor Álvarez R.
Ramón Rosales Linares
Alberto Camardiel
Héctor Constant Rosales
Nelly Prigorian
Lolola Hernández
Dilio Hernández
Magdalena Valdivieso
Alicia Moneada
Alba Carosio
Luisana Gómez Rosado
Anais D. López Caldera
Cristina Otálora
Mariana Libertad Suárez
María del Pilar González Fernández
Andrés Pérez Sepúlveda
Pedro Luis Vargas Álvarez
Jorge Bracho
Eleonora Cróquer
Pedrón Carmen Díaz Orozco

América Latina y el Caribe : un continente, múltiples miradas / Juan C. Ponce… [et.al.]; coordinado por Alba Carasio; Catalina Banko; Nelly Prigorian. – 1aed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; CELARG.2014. E-Book.

ISBN 978-987-722-026-1

1 .América Latina. 2. integración Regional. I. Ponce, Juan C. II. Carasio, Alba, coord. III. Banko, Catalina, coord. IV. Prigorian, Nelly, coord. CDD 338.900 980

Otros descriptores asignados por CLACSO:

América Latina y el Caribe / Estado / Política / Movimientos Sociales / Derechos Humanos / Modelos Civilizatorios / Políticas Económicas / Integración / Género / Cultura

Secretario Ejecutivo de CLACSO
Pablo Gentili

Directora Académica
Fernanda Saforcada

Área de Producci ó n Editorial y Contenidos Web de CLACSO

Coordinador editorial
Lucas Sablich

Coordinador de Arte
Marcelo Glardlno

Producción
Fluxus Estudio
Arte de tapa
Ignacio Solveyra

Primera edición
América Latina y el Carite. Un continente, múltiples miradas (Buenos Aires: CLACSO, agosto de 2014)

ISBN 978-987-722-026-1

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723.
CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – Conselho Latino-americano de Ciencias Sociais
Estados Unidos 11681 C1101AAX Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel. [54 11] 4304 91451 Fax [54 11] 4305 08751 <clacsolnst@clacso.edu.ar> I <www.clacso.org>
Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional Captura de pantalla 2013-11-11 a la(s) 10.18.06

FUNDACIÓ N CELARG
Consejo Directivo
Presidencia
Roberto Hernández Montoya
Dirección Ejecutiva
María Cíentela Stelling

Coordinación de Estrategias
Leonardo Bracamonte
Coordinación de Gestión Interna
Francisco Sosa
Representante Ministerio de la Cultura
Héctor Constant
Representante Ministerio de la Cultura
Vladlmlr Lazo
Red Centros CLACSO Venezuela
Área de Posgrado en Seguridad Social – CEAP/FACES/UCV
Centro de Estudios de la Mujer – CEN/UCV
Centro de Estudios del Desarrollo – CENDES/UCV
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos – Fundación CELARG
Centro de Investigaciones Críticas y Socloculturales – CICS/USB
Centro Internacional Miranda – CIM
Doctorado en Ciencias Sociales – CEAP/FACES/UCV
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades – DCSH/USB
Escuela de Derechos Humanos – Fundación Juan Vivas Suría/Defensoría del Pueblo
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “Rodolfo Quintero” – IIES/UCV
Instituto de Investigaciones para el Sur – INISUR
Laboratorio de Ciencias Sociales – LACSO
Vlcerrectorado de Creación Intelectual – UNES
Corrección de textos Belkls Ramos
Patrocinado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT) Venezuela Captura de pantalla 2014-09-09 a la(s) 14.02.05
Este libro está disponible en texto completo en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO www.biblioteca.clacso.edu.ar

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

2

PRESENTACIÓN

LA RED CENTROS CLACSO VENEZUELA está integrada por trece instituciones académicas y de investigación que han desplegado un fructífero trabajo conjunto para planificar y coordinar la celebración de la Conferencia Venezuela del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que se realizó en Caracas del 5 al 8 de noviembre de 2013. Se trató de una enriquecedora experiencia orientada a impulsar el pensamiento crítico y la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, con miras a la comprensión y teorización de los fenómenos sociopolíticos de la contemporaneidad latinoamericana. La exitosa convocatoria de la Conferencia fue el fruto de la comple-mentación de esfuerzos en el marco de la diversidad de perspectivas, temáticas y enfoques teóricos y epistemológicos.

Tanto el evento como la organización de la Red contaron con el respaldo y el apoyo del Comité Directivo de CLACSO, que participó activamente en conferencias, foros y mesas de discusión. Asimismo, el Fondo de Ciencia y Tecnología de Venezuela (FONACIT) auspició el desarrollo de las actividades académicas y la publicación del presente volumen. Mención especial merece la generosa hospitalidad brindada por la Fundación Celarg, en cuyas instalaciones se llevaron a cabo los foros y las sesiones temáticas.

Esta obra reúne cuarenta y tres artículos, producidos por especialistas que integran los centros miembros de CLACSO en Venezuela. Los trabajos abarcan una amplia y variada temática sobre la realidad de América Latina y el Caribe, en la que se refleja la multiplicidad de miradas que se han dirigido a indagar en esa problemática, tal como se evidenció en las reflexiones y los debates sostenidos en la Conferencia.

El texto se inicia con las ideas expuestas por el Secretario Ejecutivo de CLACSO, Pablo Gentili, quien aborda el tema de las Ciencias Sociales y la educación universitaria en la región. A continuación, y a manera de introducción, Leonardo Bracamonte presenta una reseña de las materias analizadas en la Conferencia y sus aportes al conocimiento en el campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades.

Los ensayos han sido agrupados en los siguientes bloques temáticos: 1) Estado, Política y Ciencias Sociales, 2) Derechos Humanos, 3) Modelos civilízatenos y políticas económicas, 4) Problemas de Integración, 5) Género y transformaciones sociales, y 6) Cultura y sociedad. A su vez, el contenido de cada uno de los bloques comienza con artículos que se refieren a aspectos generales de América Latina y el Caribe, y continúa con estudios que enfocan tópicos o países específicos.-

Este esfuerzo editorial no solamente procura recoger y difundir los resultados de investigaciones que fueron objeto de discusión en la Conferencia CLACSO Venezuela, sino que también da cuenta de la diversidad de problemáticas que en la actualidad han concitado gran interés y motivado la conformación de numerosas líneas de trabajo intelectual en Venezuela y toda la región. En ese sentido, aspiramos a que esta labor pueda contribuir al acopio de visiones críticas acerca de la compleja realidad latinoamericana y caribeña, y permita estimular la búsqueda de nuevos senderos en el proceso de construcción del conocimiento en Ciencias Sociales y Humanidades.

Alba Carosio, Catalina Banko, Nelly Prigorian
Caracas, 11 de abril de 2014

3

Pablo Gentili[1]  

CIENCIAS SOCIALES Y UNIVERSIDADES EN AMÉRICA LATINA HOY[2]

COMENZARÉ DEFINIENDO ALGUNAS de las tendencias en el desarrollo de la educación superior latinoamericana en los últimos treinta años, y si uno pretende hacer esto al menos debe aclarar dos cosas para comenzar.

Primera aclaración: todo balance de América Latina corre el riesgo de ser exagerado y dejar de mencionar especificidades y diferencias nacionales que son muy importantes. Seguramente, cada una de las tendencias que menciono aquí no serán las únicas ciertamente, pero son las seis que me parecieron interesantes para la discusión. Dichas tendencias podrían encontrarse en el análisis específico de cada país, pero con muchas mediaciones y elementos particulares.

Segunda aclaración: las enormes diferencias nacionales que existen no impiden, sin embargo, encontrar y reconocer algunos desafíos comunes en las sociedades latinoamericanas.

Voy a mencionar seis tendencias y luego analizaré algunos problemas, dimensiones, tensiones y mediaciones que podemos reconocer en todas ellas, para finalmente apuntar algunos de los desafíos que se plantean.

La primera tendencia —que se verifica cuando se analizan los grupos de la educación superior latinoamericana a lo largo de los últimos treinta años— es que se ha producido una enorme expansión del sistema universitario en todos los países. Este proceso de expansión se verifica por un aumento sistemático del número de instituciones universitarias, por el número de alumnos y el de docentes contratados por los sistemas nacionales de educación superior. Sin lugar a dudas, la primera y más clara tendencia es la expansión.

La segunda tendencia —que tiene lugar en algunos países con mucha más intensidad, pero que también está de manera general en casi toda América del Sur y el Caribe— es una relativa y en algunos casos significativa democratización de las oportunidades de acceso al sistema universitario. Esto significa que personas o grupos que históricamente estuvieron excluidos de la educación superior tienen acceso al sistema. ¿En qué condiciones? Esa es otra discusión, pero sin lugar a dudas sectores sociales que históricamente estaban excluidos de la educación universitaria en América Latina ahora tienen acceso a las universidades. El ejemplo más claro es el ingreso de las mujeres a la educación superior. A partir de los años sesenta las mujeres logran un muy significativo aumento en su oportunidad de acceso al sistema, siendo hoy mayoría entre los estudiantes universitarios.

Pero no podemos huir de la tentación de brindar algunos datos sobre el tema de la expansión. Primero, la tasa bruta de escolarización superior —por ejemplo en países como Cuba y Argentina— es de un poco más de la mitad de la población. Hay países que tienen, como en el caso de Cuba, sistemas de educación superior no universitarios, sistemas técnicos que permiten explicar esta alta tasa, ya que todos los jóvenes de entre 18 y 24 años estudian en algún nivel superior del sistema. De igual manera en Argentina, y en el caso de Chile es de un 40%. Brasil continúa teniendo tasas relativamente bajas de educación superior, pero significativamente elevadas si comparamos con las que tenía hace un poco más de una década atrás: casi ha duplicado el número de planes universitarios en los últimos doce años. Venezuela es el ejemplo más claro del crecimiento y expansión de las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior, alcanzando tasas brutas de escolarización de casi el 80%, representando un cambio muy significativo en los últimos quince años.

Si se analizan también los datos de jóvenes con 25 años o más que han terminado los estudios superiores —comparando con los años noventa y entre 2010 y 2013— se verifica también crecimiento, en algunos casos con cifras que duplican o triplican la cantidad de estudiantes que han concluido los estudios superiores. Hay una ampliación y eso expresa una democratización, que se da por el acceso de sectores que tradicionalmente estaban excluidos incluso dentro de las clases medias, como las mujeres.

La tercera tendencia es el significativo crecimiento de los posgrados, que son ofrecidos en forma exponencial y esto hace inclusive que cualquier estadística sobre este nivel pase a ser obsoleta en poco tiempo. Todos los días se crean nuevos posgrados en las instituciones de educación superior latinoamericanas, por ejemplo la red de posgrados de CLACSO empezó hace poco más de cinco años con alrededor de 200 programas, hoy alcanza casi los 700. Esta expansión hace que el sistema de educación superior sea cada vez más complejo.

La cuarta tendencia es la enorme importancia que ha tenido la discusión acerca de ¡a calidad de la educación superior en América Latina y el Caribe. A lo largo de los últimos años se ha enfatizado de manera especial el problema de la calidad. Hoy, cualquier medio de comunicación que habla de educación lo primero que pone en discusión es el problema de la calidad, y con especial referencia a las instituciones universitarias.

La quinta tendencia es la relación cada vez más estrecha entre modelos de desarrollo productivo y económico y desarrollo universitario. Se hace una asociación casi lineal entre la capacidad de “producción” —entre comillas— de nuestros sistemas de educación superior y el sistema productivo nacional. Se establece una relación directa entre la capacidad de respuesta que tiene que tener el sistema educativo para que el sistema productivo se dinamice, se haga más competitivo y más dinámico en las actuales condiciones de desarrollo de la economía nacional o mundial. De cierta forma se subordina el desarrollo universitario a las necesidades del desarrollo económico.

Por último, la sexta tendencia es la importancia que ha tenido la cuestión del financiamiento como tema de debate público, a partir de las demandas y necesidades de grupos que están en el campo educativo y particularmente en el universitario. Este problema ha adquirido una enorme complejidad en los últimos treinta años. Hubo un aumento significativo de la inversión pública en educación, que ha generado una enorme complejidad en la estructura del financiamiento universitario.

En resumen, las universidades se han expandido, se han democratizado, han avanzado con un sistema cada vez más complejo de posgrados, la calidad pasó a ser un tema candente, la relación con el sistema productivo se ha intensificado y los financiamientos se han diversificado. De cierta forma, para algunos organismos internacionales todas estas tendencias marcan la verdadera revolución democrática de la educación superior en América Latina.

Ante estos logros se destacan ciertos desafíos y reformas que deben implementarse urgentemente en los sistemas de educación superior para evitar que este gran avance se transforme en las próximas décadas en un fracaso. Es así que el Banco Mundial señala muchas de estas tendencias, a partir de las cuales propone una serie de reformas en la educación superior para que este proceso no se transforme en derrotas sino en victorias productivas, económicas y sociales para nuestras sociedades.

Es preciso analizar qué significan estas tendencias, con sus enormes avances y con los enormes desafíos que nos colocan en la emergencia de un conjunto de proyectos que han conseguido desarrollar políticas efectivas de ampliación del poder popular, de la democracia, de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, de la participación social que cada vez más se contrapone a la hegemonía que ejerció el neoliberalismo en la década del noventa. Entender y discutir estas tendencias es fundamental, porque nuestra región se ha hecho más diversa y el tema o el “problema” universitario ha adquirido diferentes matices en función de los proyectos políticos en pugna.

Buenos diagnósticos no generan necesariamente buenas políticas, pero malos diagnósticos siempre terminan generando malas políticas. La expansión que se podría celebrar y mostrar con diferentes números no puede ocultar que en América Latina nuestros sistemas educativos se han hecho cada vez más complejos, diversos y segmentados. Hoy hablar de sistema nacional de educación superior en muchos países es un verdadero ejercicio de ficción, porque lo que existe es un conjunto de instituciones con una complejidad y una diversidad extrema. En algunos países esta diversificación está asociada a la expansión con un objetivo político, por ejemplo en los casos de Venezuela y Brasil.

En Venezuela el objetivo fue la ampliación de las oportunidades de sectores que históricamente estuvieron excluidos de la educación superior. Ello no se realizó a través de la ampliación del acceso a las universidades tradicionales, sino de la creación de nuevas instituciones académicas. Lo mismo ocurrió en Brasil, se creó un nuevo sistema institucional público, porque cuando el presidente Lula propuso aumentar las oportunidades de acceso se encontró con la profunda resistencia de las universidades tradicionales.

En otros países no ocurrió esto: Chile es el único país de América Latina donde no creció la educación universitaria. Si se compara con los años setenta, cuando gobernaba la Unidad Popular de Salvador Allende, la tasa bruta de escolarización era más alta. Chile ha sido el único caso en que no se ha registrado un crecimiento significativo en el número de estudiantes. Sin embargo, la diversificación de instituciones ha sido enorme, con predominio del sector privado. Esta es también una tendencia característica del resto de la región: la existencia de más universidades privadas que públicas, con el agravante de que en Chile inclusive las instituciones públicas funcionan con la misma lógica de las privadas a la hora de autofinanciarse.

Argentina es un buen ejemplo de crecimiento de la universidad privada, pero paralelamente hubo en estos últimos años una expansión muy significativa del número de instituciones públicas con alta diferenciación, paralelamente a las macrouniversidades han surgido otras más pequeñas dirigidas a públicos específicos.

Esta diferenciación, netamente asociada al crecimiento, es importante para proyectar las políticas de promoción de la educación superior definiendo prioridades y analizando si realmente esta diferenciación tiene un aspecto productivo y democrático o por el contrario genera, como es el caso chileno, una alta limitación a las posibilidades de democratización. Argentina, Venezuela, Ecuador y Brasil muestran un esfuerzo por una diversificación asociada a la democratización. En otros países está asociado a la segmentación y al mantenimiento del privilegio de los grupos que históricamente accedieron a las instituciones universitarias.

En América Latina ha habido avances extraordinarios pero no obstante ello se mantienen problemas relativos a ciertos grupos sociales, especialmente en algunos países. En naciones como Bolivia, Ecuador, México y Perú el gran problema se plantea en la inclusión de las comunidades indígenas y la población afrodescendiente, población negra en países como Brasil, Colombia y Ecuador, y en cierto sentido México. En suma, sectores postergados siguen estando excluidos, menos en los países post neoliberales y mucho más en los países con gobiernos neoliberales como es el caso de Colombia y México.

De cualquier forma, el problema de la desigualdad en la educación superior debe analizarse de un modo mucho más complejo. La estadística muestra que más mujeres que hombres están en las universidades; tienen acceso a carreras antes reservadas para varones, como ingeniería, matemática, etc. y han desaparecido los prejuicios que había sobre la capacidad de la mujer para desempeñarse en estos cursos. No hay ninguna razón para estos prejuicios, sin embargo un dato no deja de llamar la atención: el gobierno de las universidades y de los sistemas universitarios no ha cambiado prácticamente nada en su composición de género en los últimos treinta años.

Nosotros hicimos una investigación entre las 200 principales universidades de América Latina y descubrimos que menos del 7% de ellas estaban dirigidas por mujeres en los cargos de rectoría, y que sólo 20% de las mismas tenían mujeres en los cargos de dirección superior. Básicamente gran parte de ellas se concentraban en las áreas académicas de pregrado, o sea en esta posición maternal, de cierta forma, a la cual son condenadas las mujeres, a administrar la parte más compleja que es la atención de los alumnos, en esta especie de papel de supermadres que tienen para atender —en instituciones de 200.000 alumnos— los problemas estudiantiles.

Los problemas que tienen que ver con la gestión financiera, con la investigación, con la dirección general continúan reservados para los hombres. Nuestras universidades se democratizaron en términos del acceso a las mujeres, pero su gobierno continúa siendo profundamente sexista, discriminado en términos de género. Al hablar de igualdades tenemos que hablar necesariamente de oportunidades de acceso, y también de otros temas pendientes ligados a las desigualdades.

Por otro lado, están los desafíos que se plantean en las políticas de democratización del acceso con una diversificación en el sistema. El riesgo que se corre hoy en América Latina es que la exacerbación de ciertas demandas históricas en los grupos que tradicionalmente tuvieron acceso a nivel superior se radicalicen. Las críticas que muchos sectores de derecha le hacen a los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina consisten en demandas de una segmentación mayor del sistema de educación superior, diferenciando las instituciones: que los pobres estudien en las malas instituciones y que los sectores de poder se concentren en instituciones de excelencia. Este proceso de ampliación de acceso llevó a la disputa por la democratización hacia el interior de las propias universidades. Se han intensificado propuestas que se disfrazan de argumentos de eficiencia, de eficacia, que tienden a segmentar todavía más el sistema educativo, haciendo universidades ricas para los ricos y universidades pobres para los pobres. Mientras los pobres no tenían acceso a las universidades esto no era un problema, ahora que la “invadieron”, la respuesta parecería ser una enorme barrera, bagaje tecnocrático para pensar la segmentación mayor del sistema. Entendiendo que hay algunas universidades que forman a los investigadores, a los críticos, a los pensadores y a las clases dirigentes, y otras universidades “profesionalizantes” que simplemente lo que deben hacer es darles rápidamente el diploma para que esa gente salga al mercado laboral.

La tercera cuestión tiene que ver con los posgrados, y aquí hay dos cuestiones altamente problemáticas. Primero, los posgrados que han surgido en muchos países de América Latina tienen dos tendencias: una, responder a las necesidades, en el inicio, de la restricción de financiamiento público de la educación superior; así los posgrados pasaron a ser una fuente de captación de recursos complementarios al financiamiento estatal. Es curioso que en muchos países como Argentina —donde históricamente hubo una tradición de gratuidad en la educación superior— los posgrados pasaron a ser entendidos como una forma de autofinanciamiento. Esto comienza a cambiar en los últimos diez años. En una época inicial, cuando el neoliberalismo redujo la inversión pública en educación, las universidades comenzaron a inventar formas para captar recursos y los posgrados pasaron a ser el mecanismo más eficiente para lograrlo.

Segunda característica, las enormes disputas académicas que hay en las comunidades científicas nacionales llevan a que los posgrados muchas veces representen las enormes tensiones que tienen lugar. Esto explica que, por ejemplo, en muchas universidades —en el campo de las ciencias sociales y las humanidades— el gran desafío para dirigir y crear redes de posgrados es la cooperación mediante mecanismos solidarios. Llama la atención que lo más difícil es que cooperen posgrados en una misma institución, porque su origen está vinculado a un proceso de disputa interna. Está el caso que llevó a que dos grupos en la Facultad de Educación crearan dos maestrías diferentes (Maestría en educación popular y Maestría en educación democrática).

Todos quieren cooperar con otros países pero no quieren cooperar entre sí. Esto, que no es un detalle de color en muchas de las universidades, ha sido en el caso de los posgrados uno de los factores más complejos a la hora de pensar un sistema que se hace cada vez más diversificado y difícil de financiar. Este también es el problema para los gobiernos como en los casos de Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y Uruguay, que asumen la decisión de financiar, pero resulta complejo porque la superposición en las ciencias sociales y humanidades es grande, en otras ciencias esto no ocurre de forma tan marcada. Ello no quiere decir que tengamos que parecemos a las ciencias naturales, biomédicas, básicas, matemática y otras.

Pensando qué ocurrió con la calidad en los últimos años en América Latina, lo primero que se observa es una gran paradoja. Quienes colocan el tema de la calidad en el debate de la educación latinoamericana y caribeña son los sectores progresistas y los intelectuales críticos. Ellos comenzaron a decir que el gran problema de la expansión de los temas educativos tenía que estar directamente asociado al contenido, que la democracia no era una cuestión de forma, que la democracia no es solamente un sistema acogedor de los más pobres sino también un conjunto de instituciones que cumplen consignas sociales específicas y que hacen que el acceso de los más pobres cambie y genere una transformación significativa de sus condiciones de vida. Cuando se da este debate de la radicalización de la democracia, de salir de una formal, delegativa y puramente procedimental hacia una democracia más sustantiva, aparece la cuestión de la calidad de la educación.

Nuestros sistemas educativos se desarrollaron mediante un proceso que en algunos casos hemos denominado “de inclusión-excluyen-te”, porque a veces los pobres y los excluidos manteniéndolos fuera de la escuela pero también en cierto momento empiezan a entrar a la escuela pero a las escuelas pobres, para los pobres en situación de extrema exclusión, sin profesionales de educación, sin condiciones de aprendizaje y en una enorme situación de necesidad vivencial profunda, asociada a la violencia, al hambre, la desnutrición, la desigualdad, la discriminación, etc. Entonces, en este momento los sectores de izquierda del campo académico de la educación dicen: “Señores, aquí hay un problema de calidad”. Lo que estaba ocurriendo consistía en tenerlos adentro para sacar la estadística y decir que ahora los pobres están dentro de la escuela.

El gran problema es cómo en la escuela se garantiza el derecho a la educación, que es un bien común, y debe garantizarse a todos por igual. Calidad es entonces igualdad. Hubo una comprensión hasta que el Banco Mundial se hizo de la palabra “calidad”, los gobiernos neoliberales lo impusieran en la agenda y calidad empezó a identificarse con productividad, eficiencia, resultados, sobre todo cuantitativos. Entonces la calidad dejó de ser vista como un proceso de construcción democrática para reducirse a un resultado numérico, que puede ser fijado en un determinado momento. Ese resultado se convierte en ejemplo de todo un proceso de relaciones que se instituyen a lo largo del tiempo y se vuelve una especie de metafísica del número. Es ese número el que dice cómo funcionan las instituciones. Se entendió la calidad como el puesto en el ranking, sinónimo de un conjunto de indicadores que son una instantánea que resume historia, producción, financiamiento, relaciones, proyectos, peleas, luchas, etc.

Ha sido parte de la historia cultural del neoliberalismo la que nos ha sido impuesta a lo largo de estos últimos años, la idea de que discutir calidad es discutir indicadores. Esto significó la derrota de algunas tendencias que la investigación educativa había mostrado durante muchos años y muy bien, por ejemplo que la educación es un proceso y un sistema de relaciones sociales. El capitalismo —decían los teóricos marxistas de los años sesenta— genera relaciones sociales en el campo de la educación que son relaciones de producción, que en cierta forma reflejan y traen hacia el interior del sistema escolar las relaciones capitalistas, y por eso es que la educación en muchos momentos reproduce el sistema. También la educación es un espacio de lucha de clases porque allí se pueden desestructurar estas relaciones sociales haciendo un proceso emancipatorio.

En los setenta habíamos ganado esa batalla, hoy la perdemos en la medida en que cuando se habla de educación se habla de poder, a partir de un indicador se determina qué es lo que pasa en ese sistema de enorme conflictos. Es un proceso de despolitización de la educación, en el cual la calidad es vista como una evidencia exclusivamente reducida a resultados. Y por esto los resultados son lo que se puede medir, ¿y cuáles resultados se pueden medir? ¿Lo que puedo cuantifi-car de forma homogénea, comparando instituciones? ¿En la producción científica? ¿Dónde? ¿Qué produce y quién cita lo que producen nuestros investigadores? ¿Y cómo hago para hacer eso comparando 200 países del mundo?

Empezaron a surgir, bajo el influjo de las recomendaciones metodológicas de algunos organismos internacionales, una enorme cantidad de instituciones que se concentran en cómo hacer esto. Hay grandes indexadores internacionales de revistas que permiten ver qué científicos son más citados; de lo que nadie se percató es que el 85%-90% de las revistas están editadas en inglés. Si quiero saber quién cita a quien, tengo que tener como prerrequisito que quien escribe el Index sepa la lengua de otras regiones del mundo: entre otras por ejemplo el castellano. Cuanto más citas en inglés hago, mejor me posiciono, lo que llevó a que no sólo los latinoamericanos y latinoamericanas que escriben no sean citados en inglés, sino que citen a muchos autores en inglés para poder entrar en los sistemas de búsqueda que organizan a la producción por niveles de consulta, como Google. Este es uno de los indicadores: citaciones.

Otro indicador son los niveles de formación, experiencia y años de antigüedad de los posgrados. A excepción de México y Brasil, en América Latina empezamos a desarrollar los posgrados en los últimos diez o quince años, por lo tanto estamos en desventaja ya que el gran proyecto de posgrado se inicia en América Latina a fines de los años sesenta. Para las Ciencias Sociales se instala el posgrado en Chile durante el gobierno de la Universidad Popular, que empieza a ganar enorme desarrollo al tener la sede de Clacso como lugar de referencia y donde se reunían todos los grandes intelectuales latinoamericanos, que después del golpe emigran a diversos países, pero fundamentalmente hacia México. Y es a partir de 1973 cuando empiezan a desarrollarse en México y Brasil los posgrados. En el resto de América Latina se desarrollan a partir de los años ochenta. Por lo tanto, medir experiencia y formación de posgrado de la comunidad académica es una enorme trampa para nosotros, debido a que empezamos hace poco.

Los indicadores pasan a ser muy complejos, por ejemplo si se dice que una buena universidad es una que ha tenido premios Nobel, en ese caso solo entrarían Argentina y México. No tenemos tantos premios Nobel y empezamos a seguir una serie de recetas que nos permiten hacer rankings, que incluyen a 500 universidades del mundo. América Latina con suerte llega a tener una o dos universidades entre ellas. Y allí la prensa suele destacar la supuesta falta de calidad del sistema universitario latinoamericano.

Es imposible para cualquier universidad pública latinoamericana entrar en esos rankings. Las pocas universidades latinoamericanas que logran hacerlo son la Universidad de San Pablo, la Universidad de Campiñas, a veces la Universidad Nacional Autónoma de México y algunas poquísimas instituciones. Cada país estira el ranking un poco más, como no ingresan entre las 200, 300 o 400 primeras, ha habido casos de países que dicen que sus universidades se ubican entre las mil mejores del mundo.

Todo esto ha llevado también a una enorme despolitización del debate de la calidad en nuestros países. Es curioso que la mejor universidad latinoamericana sea la de San Pablo y allí este año no haya entrado ningún alumno o alumna negro o negra en los cursos de Medicina, Derecho, Ingeniería industrial ni en los cursos más importantes de la universidad. Por el contrario, en la Universidad del Estado de Río de Janeiro el 50% de las vacantes del curso de Medicina están destinados a alumnos y alumnas de las escuelas públicas, es decir negros y negras, y nunca aparecemos en el ranking. Es una especie de invitación al suicidio, donde todos los años decimos: no estamos, no aparecemos. Pero no estamos midiendo la transmisión social que cumplen las universidades en nuestras sociedades ni el papel que tiene la formación universitaria para la construcción de justicia social y de promoción de políticas de desarrollo nacional que permitan contribuir desde la universidad a la transformación y los cambios autónomos en nuestros países.

Hace días me llamaron justamente de una radio para peguntarme qué pensaba del nuevo ranking que había salido y qué había pasado que ni siquiera la Universidad de San Pablo está entre las mejores. Yo les respondí: Kl¿Saben lo que me parece? Hoy se van a morir en el mundo 18.000 niños y niñas. ¿Y saben de qué? De pulmonía, de difteria, de fiebre amarilla; hoy se mueren 18.000 niños y niñas por causas que perfectamente podríamos haber evitado. ¿Y sabes qué sucede? Ningún alumno ni alumna del curso de medicina de la UPI se entera. Por eso no está en el ranking. Entonces, hagamos un ranking que diga eso, porque no puede ser buena una universidad donde sus estudiantes no se angustian, no sufren pensando en que hoy morirán 18.000 niños y niñas por causas que perfectamente podríamos haber evitado.

Ese compromiso social de nuestras universidades ha desaparecido. El compromiso político y profesional de nuestras universidades tampoco aparece en ninguno de estos rankings, aunque esto no quiere decir que si lo midiesen nuestras universidades saldrían mejor posicionadas. Sin embargo, al menos tendríamos algunos indicadores para saber qué estamos haciendo en la educación superior. Una forma bastante diferente a la que hoy se mide. ¿De qué manera estas instituciones son una oportunidad para la promoción de la igualdad y la justicia social? ¿Por qué en Brasil sólo se mira la Universidad de San Pablo y no se mira que en la última década el gobierno brasileño ha creado más universidades públicas que todos los gobiernos desde 1969? En los últimos cuarenta años se habían creado doce, pero el presidente Lula creó catorce nuevas universidades públicas en seis años. Esas universidades sistemáticamente aparecen desprestigiadas, descalificadas, como pésimas universidades comparadas con las grandes universidades de élite que existen en el país. Cuando se quiere hablar de las universidades de Brasil se mira la Universidad de San Pablo pero no se miran las universidades de frontera o la Universidad de la Cooperación con África, que se creó en el Estado de Ceará. No se mira la Universidad de Amazonas ni la Universidad Paulista. Todas esas universidades públicas como la Universidad Bolivariana y otras universidades en América Latina, han tratado de generar una combinación que sigue siendo compleja y que no siempre revisan, pero que tiene como horizonte calidad y democratización, oportunidad y derecho.

El debate sobre la calidad no puede dejar afuera a estas instituciones. El presidente Lula en ocho años de gobierno creó 254 cam-pus (se habían creado solo doce durante todos los años de transición democrática, incluidos los dos mandatos del presidente neoliberal Fernando Henrique Carodoso). Se crearon más escuelas técnicas de educación superior que las que existían en Brasil en el siglo XX. Pero eso puede dar para todos. ¿Publican sus profesores en Index internacionales? No. ¿Publican en inglés? No. ¿Sus alumnos leen inglés? No. ¿Algunos de ellos serán Premio Nobel? No. Entonces se las desconsidera, se las humilla. Entonces va a aparecer un periodista dispuesto a mostrar que eso evidencia que el país sigue en la más absoluta ignorancia. La ignorancia del periodista no puede ver que el país se com-plejiza y que el problema de la calidad pasa por otro lado.

Finalmente, las dos últimas tendencias. El tema del trabajo, de la asociación de la política universitaria a los modelos de desarrollo productivo y financiamiento. Con relación al desarrollo productivo, tiene mucho que ver con los puntos anteriores y puedo abordarlo un poco más rápido. La asociación entre concursos universitarios y la producción en su sentido más literal —el mundo productivo, el mundo de trabajo y sus diferencias— tiene que ser revisada con algunos matices. La universidad tiene que ser un factor fundamental de promoción del desarrollo económico y productivo nacional y sobre ella recae una responsabilidad enorme de generación de ideas, propuestas, proyectos y programas para el desarrollo económico y productivo. Pero esto no necesariamente quiere decir que la forma de contribuir es con un tipo de modelo de desarrollo productivo y con un tipo de proyección de resultados económicos de la universidad que estén asociadas a las reglas competitivas que los mercados nos imponen. ¿Por qué se cree que no es productiva una universidad que estudia cómo solucionar los problemas de mortalidad infantil y aparecen en todas las referencias internacionales como de menor calidad? ¿Y una universidad que desarrolló una patente haciendo que la gran multinacional se llene de dinero sí figura como competitiva y de calidad, aunque los problemas de salud pública continúan?

Entonces, el problema de la asociación entre desarrollo productivo y vivencial es un tema bastante más complejo. Es un tema de disputa. Debemos empezar a intervenir, porque no necesariamente es más productiva una universidad que se traduce en aumento sistemático del salario de los egresados. Siempre pongo de ejemplo a Corea. Se cree que Corea ha llegado a ser lo que es porque tiene un sistema universitario altamente dinámico y competitivo. Yo entiendo que leer en coreano es más difícil que leer en inglés, pero hay muchos textos en inglés que hablan sobre Corea y muestran supuestamente lo que pasó. Sin embargo, el proceso que nos cuentan tradicionalmente es que las universidades se modernizaron y por eso se modernizó el sistema productivo y el país pasó a generar capacidad productiva y competitiva de nivel mundial, no es cierto. Ocurrió exactamente lo contrario. Primero se desarrolló el sistema productivo coreano y, a partir de una visión muy tecnocrática, comenzó el desarrollo universitario, que tuvo como norte subordinar la universidad a ese modelo de desarrollo.

Cuando los gobiernos populares de América Latina dicen que tienen políticas de desarrollo y quieren que la universidad las siga, eso es autoritarismo, pero cuando lo hicieron los coreanos no lo era. Eso era el dinamismo de mercado, era capacidad productiva. Vayan ustedes a Corea a pedir recursos para hacer investigaciones que no estén directamente vinculadas a las políticas prioritarias de desarrollo que tienen las agencias de financiamiento de investigación. No consiguen un centavo. ¿Autoritarismo? No, un modelo de desarrollo que es un modelo económico muy particular, asociado subordinando políticas universitarias. ¿Queremos eso para América Latina? No sé.

Por lo pronto, lo que tenemos que saber es que en ningún país del mundo, nunca porque se hayan desarrollado investigaciones en las universidades la producción de ese país mejoró. En ninguno. El proceso es al contrario. Es mejorando las condiciones efectivas del desarrollo del país y discutiendo modelos de desarrollo —modelo inclusivo, popular, democrático— que tenemos que discutir cómo la universidad contribuye al desarrollo. Y preguntarse a cuál de los dos modelos de desarrollo contribuye: al excluyente o al inclusivo. Se hace necesario pensar cómo las universidades se asocian con el pluralismo, con la autonomía y la vocación a contribuir con conocimientos e investigaciones para el fortalecimiento del desarrollo.

Pero eso es mucho más complejo que como comúnmente nos lo presentan. Porque cuando nos hablan de relaciones universidad/mundo del trabajo, se están refiriendo a universidades del mundo capitalista del trabajo, excluyente, discriminador y desigual. Se dice que la mejor universidad es la que más contribuye a eso, y es en este sentido que nosotros inclusive tenemos que cuestionarnos: ¿cómo funciona ese mercado?

Todo un tema. ¿Quiénes son las que más se beneficiaron con el acceso a las universidades? Las mujeres. Entonces las mujeres entraron en el sistema universitario y si entraron al sistema universitario se formaron como profesionales; si se formaron como profesionales, salieron al mercado y cuando salieron al mercado, ¿el mercado les reconoció generosamente ese enorme esfuerzo que hicieron? No. En América Latina las diferencias entre hombres y mujeres se mantienen casi inalteradas. Inclusive, en muchos de nuestros países post neoliberales continúa habiendo diferencias de género muy profundas en el mercado de trabajo, el que define como principio de inclusión la igualdad que está constituida y defendida por la ley. Pero que no se cumple. Peor aún, en los niveles más altos de la formación universitaria, las diferencias muchas veces son más altas. El sistema no sólo castiga a las mujeres, sino que cuando tienen más formación se les hace mucho más difícil la inserción. Las tasas de desempleo de mujeres son mucho más altas y las diferencias a veces son más grandes que entre mujeres y hombres que solo cuentan con estudios primarios incompletos. El sueldo promedio de una mujer médica negra, formada en medicina en una universidad pública brasileña, se asemeja al sueldo promedio de un hombre blanco con estudios secundarios. ¿Cómo es eso? Llegar a ser médica para una mujer negra en Brasil es un esfuerzo, una dedicación, una capacidad como les gustan a los “artistas” del mercado brasileño, de empoderamiento y de emprendimiento productivo. ¿Por qué el mercado no premia a las que se esfuerzan, a las que surgen? Cuando salga al mercado va a tener un sueldo promedio semejante al de un hombre blanco que ha terminado la escuela secundaria. Y un hombre blanco que ha terminado el curso de medicina, en esa misma universidad, sale con un sueldo 50 o 60% superior al de ella.

La presidenta Dilma Rousseff con buen tino dice “Señores, aquí hay un problema. Los médicos en Brasil están siendo formados con criterios profundamente elitistas”, y empieza un proceso de democratización, llamando a médicos extranjeros que vienen a trabajar a Brasil porque muchos de los médicos brasileños pertenecen a la alta sociedad. El mercado excluye a médicos pobres de las áreas de élite. Es difícil que un médico negro ponga un consultorio en un barrio de clase media alta en Brasil, porque la gente no lo elige, porque continúa la discriminación de género y la discriminación racial, aunque el sistema educativo haya sido relativamente democratizado.

Pensar la relación entre la educación y el mercado de trabajo siempre es mucho más complejo. Si se quiere solamente cambiar de educación sin modificar el mercado de trabajo, siempre se pensará que el mercado se autoregula y que sabiamente encuentra la fórmula para equilibrar las diferencias. Y no lo hace. El mercado profundiza las diferencias, el mercado excluye, discrimina. Si se quiere tener un mercado más igualitario, más significativo, es necesario que sea regulado, intervenido como se hace en la política educativa. ¿Por qué la política educativa se hizo más democrática? Porque los Estados intervinieron en la educación, haciéndola más democrática. Lo mismo debe hacerse en el mercado de trabajo para que sea más democrático. De lo contrario todas las conquistas en la educación no se realizarán en el sistema productivo.

Y finalmente el tema del financiamiento, que es reflejo de las complejas dinámicas de privatización, que no son precisamente que las universidades públicas sea vendidas a planes capitalistas. Es la introducción de mecanismos de privatización, tal vez más complejos porque están vinculados a los sistemas de evaluación. La complejidad del fenómeno de la privatización en América Latina no se ha dado solamente por la reducción de la inversión pública —muchos países han aumentado la inversión pública—, sino que ha sido también por estrategias de mercado que se han introducido dentro de la educación superior. La introducción de grandes grupos económicos en nuestras universidades es uno de los negocios más rentables que existen a nivel mundial. Intervenir en este negocio es muy atractivo para muchos sectores.

De cualquier forma, lo que nosotros tenemos que reconocer es que particularmente en América Latina el más significativo aumento de inversión en educación superior se da en países con gobiernos progresistas, post neoliberales, democráticos y de izquierda. Se advierte que la tendencia en la última década tiene un efecto casi explosivo. Estos gobiernos han invertido mucho más en educación superior, más compleja y más diversa. Y son las universidades tradicionales las beneficiadas por este aumento del financiamiento, muy significativo en Brasil y Venezuela. El presupuesto universitario se ha triplicado en la última década.

Tenemos entonces una América Latina con enormes complejidades, trabas, limitaciones en la democratización de la educación superior, pero también de enormes oportunidades y posibilidades de ampliación de estas oportunidades y del desarrollo del sistema educativo, más justo para sociedades más justas. Ha habido avances que deberían fortalecerse y revitalizarse, es nuestro principal desafío. Para hacerlo necesitamos crear espacios como el que se ha creado en esta Conferencia venezolana y los centros Clacso, espacios de debate y discusión, espacios plurales y abiertos, espacios fundamentalmente comprometidos con la construcción de un futuro mejor para nuestras universidades y para nuestras sociedades. Actuar —como decía Chávez— pensando, actuar reflexionando, actuar investigando. Acercarnos a la posibilidad de imaginar un futuro universitario que esté directamente asociado a la construcción de lo que debemos hacer en términos revolucionarios, culturales, simbólicos, de sociedades mucho más justas y democráticas que las que ya tenemos.

Esto tiene mucho que ver con aquel ideal libertario, democrático, emancipador, revolucionario de la universidad que se pensaba algunas décadas atrás. También con aquello que alguna vez afirmara el Che Guevara, que las universidades se tiñan de negro, se tiñan de indígenas, se tiñan de campesinos, se tiñan de mujer. Cuando la universidad —decía— se comprometa con las grandes necesidades del pueblo y, comprometiéndose con las grandes necesidades del pueblo, sea capaz de construir un horizonte de utopía y transformación.

Doctor en Educación. Secretario general de CLACSO.↵

El texto reproduce la disertación inaugural de la Conferencia CLACSO Venezuela. ↵

4

Leonardo Bracamonte[1] 

INTRODUCCIÓN A LA CONFERENCIA CLACSO VENEZUELA

UNA LECTURA DEL OBJETIVO CENTRAL planteado por las instituciones organizadoras de este evento puede dar una idea de cómo este se ha cumplido a cabalidad; nos propusimos entonces “impulsar el pensamiento crítico y la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades”. En realidad, sostenemos que en los últimos años no se había organizado un evento académico en Venezuela que contara con la participación de las instituciones fundamentales encargadas de la comprensión de los fenómenos sociales y culturales del país y la región latinoamericana. Estas jornadas internacionales de investigación contaron con el concurso del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (UCV), del Doctorado de Ciencias Sociales de la UCV del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV, del Doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Simón Bolívar (USB), del Posgrado de Seguridad Social de la UCV, de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, del Centro Internacional Miranda, del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales de la USB, del Instituto de Investigaciones del Sur, del Laboratorio de Ciencias Sociales, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Dr. Rodolfo Quintero de la UCV y de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.

Un evento cuya realización cobra un valor especial porque se trató de llevar a cabo con éxito en medio de una sociedad social y políticamente polarizada. Y como es comprensible que ocurriera, las instituciones culturales se han visto conmovidas por el proceso de transformaciones desplegado hasta ahora. Desde el 6 hasta el 8 de noviembre, una variedad radicalmente plural de investigadoras e investigadores sociales se dieron cita en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), para debatir asuntos en verdad cruciales para el país y la región. Las discusiones —acaloradas algunas de ellas, como se supuso iba a suceder— generalmente se plantearon en el marco del reconocimiento mutuo.

Una porción de quienes se sintieron convocados y convocadas a estas jornadas internacionales intervino regularmente para fijar posición, sugerir ideas relativas, incluso, a la forma en que se estructuraron estas jornadas, o para complementar planteamientos frente al trabajo mostrado por las y los ponentes. El público que asistió al Celarg esta semana se compuso, naturalmente, de estudiantes universitarios y, en general, de una parte importante de la comunidad académica del país. De igual modo, también fuimos acompañados por sectores sociales organizados o por sujetos a los que les interesaban determinados temas sociales o culturales. Vimos aquí entonces, una vez más, a una sociedad motivada y movilizada por su intención de conocer, de problematizarse incluso más allá de lo que les informan todos los medios de comunicación sobre su propia realidad.

La reunión que se efectuó durante esa semana fue también convocada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), la institución a partir de la cual los centros venezolanos se han articulado en una red de organismos de investigación. Así, el Consejo Directivo de Clacso sesionó en nuestras instalaciones, pero además producto de la relación establecida entre los centros venezolanos miembros de Clacso y esta institución no gubernamental se trabaron acuerdos y se esbozaron proyectos que seguramente fortalecerán el campo de las investigaciones sociales y culturales en nuestro país y la región. El estratégico concurso de Clacso permitió a la comunidad académica aquí reunida y al público en general informarse, a través de los foros organizados, sobre distintos problemas, asuntos y perspectivas de investigación trabajadas por sus peritos y peritas provenientes de distintos países de nuestra América.

Como se planteó en una de las tareas que nos habíamos impuesto, los centros participantes presentaron el estado de sus investigaciones para la consideración del público. Esto permitió que la agenda de nuestro evento se abriera a un conjunto de temas tratados desde perspectivas e intereses diversos.

Organizados en mesas temáticas, se presentaron cuestiones relacionadas con las visiones críticas de los derechos humanos, análisis de las políticas de género consideradas desde los intereses de movimientos e instituciones feministas, estudios que centraron sus esfuerzos por poner en la discusión la participación popular en Venezuela durante los últimos años, otros temas más sistémicos como la crisis de la civilización del capital y la pregunta sobre cómo conocer en esta etapa de transición histórica problemáticas tan acuciantes en nuestros países periféricos como la violencia en sus distintas manifestaciones, abordadas desde la evaluación de las políticas de la seguridad imple-mentadas por los estados nacionales, análisis sistemáticos sobre la actuación de las instituciones del Estado venezolano durante el tiempo de la Revolución Bolivariana, estudios sobre las dinámicas político-culturales, sus procesos y sus tensiones en la Venezuela actual, revisiones críticas sobre la complejidad que supuso la transición de una sociedad colonial y monárquica hacia instituciones y sensibilidades republicanas durante el siglo XIX, la situación de las universidades y la necesidad de su transformación democrática de cara a las nuevas circunstancias globales pero también regionales, intervenciones que ponían énfasis en las relaciones internacionales planteadas desde los intereses del Sur y el Caribe, el estudio de fenómenos más recientes como los procesos migratorios en Venezuela, etc.

Se colocaron en el centro de las reflexiones asuntos atinentes al trabajo, o a la forma en que la sociedad construye sus relaciones laborales en el marco de un modelo de desarrollo rentístico, observaciones críticas que ponen de bulto la especificidad de la economía venezolana y sus límites, sobre todo en la presente coyuntura, exposiciones sobre los avances sociales que produjeron las políticas del gobierno bolivariano y las nuevas contradicciones, producto de la consolidación de esos avances.

Esta experiencia fructífera de encuentro y de discusión debería ser parte de una política estratégica de las instituciones encargadas de las producciones de saberes y conocimientos reunidas en estas jornadas. En los próximos encuentros nos corresponde hacer extensiva la invitación hacia otras instituciones del interior del país. Pero los encuentros periódicos que vendrán, también deben impulsar transformaciones internas que contribuyan a abrir las ciencias sociales en Venezuela. Relacionarnos entonces bajo el imperativo de incorporar temas de estudio, líneas de investigación, experiencias investigativas, más participación de los investigadores e investigadoras en el diseño de las políticas.

Debemos esforzarnos por acabar con el aislamiento en el que permanecen nuestras instituciones, pero también la estructuración fragmentaria en que heredamos el conocimiento social desde el siglo XIX. Las ciencias sociales deben entonces tender puentes hacia el campo de las Humanidades y de las Ciencias de la naturaleza. El reto es tratar de comprender la realidad de una región que atraviesa por una transición compleja y no exenta de peligros, en el que el consenso ortodoxo que trabaron las ciencias sociales en el pasado ya no nos sirve de mucho.

Cuando se afirma que presenciamos una crisis sistémica, significa que el mundo en el que hemos vivido cambiará de forma drástica en, relativamente, poco tiempo. Esta situación que se nos impone es además incierta, nadie sabe cuál será el resultado de esta travesía. Pero desde las ciencias sociales, desde el activismo y desde los movimientos podemos incidir en su marcha y de ese modo prefigurar el futuro. En el contexto de una realidad que cambia imprevistamente, habría que problematizar el grueso de los modelos que aspiraron a conducir el cambio social desde el siglo XIX, esto no significa que se deba sucumbir a un relativismo igualmente desmovilizador y despolitizado. Frente a la inminencia del fin del capitalismo histórico y de sus estructuras más opresivas, se abre la oportunidad para la intervención de la creatividad humana y de la posibilidad de que logremos reorientar los procesos históricos hacia formas de vida más democráticas.

Gracias por la participación en este evento de los centros de investigación venezolanos al público que asistió pacientemente a las mesas y a los foros centrales, a las trabajadoras y trabajadores del Celarg, y gracias igualmente a las investigadoras e investigadores de nuestra América reunidos en Clacso, que amablemente nos han visitado y que contribuyeron decisivamente a la realización de estas jornadas.

Fundación Celarg Caracas,
8 de noviembre de 2013

Historiador. Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Cursante del Doctorado de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (UCV). Miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), coordinador de investigaciones de la misma institución. Miembro fundador de la revista SUR/versión de la Coordinación de Investigaciones del Celarg.↵

5

1

ESTADO, POLÍTICA Y MOVIMIENTOS SOCIALES

6

Juan Ponce[1] 

REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA AMÉRICA LATINA CONTEMPORÁNEA

INTRODUCCIÓN

El enfoque de este trabajo, dada mi formación académica, corresponde al campo de la economía del desarrollo. Es decir que en mi análisis me voy a referir al papel de la teoría económica en América Latina y sus modelos de desarrollo.

Para ello hago un recorrido histórico con el fin de entender el papel de la teoría económica en los cambios sociales y en el modelo de desarrollo. Analizaré tres periodos: el de la crisis del modelo primario exportador y la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), la época neoliberal y la etapa post neoliberal.

EL PAPEL DE LAS CIENCIAS SOCIALES (CCSS) DURANTE LA INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES (ISI)

Por primera vez, la teoría económica latinoamericana interpeló al pensamiento ortodoxo. Los cientistas sociales de América Latina replantearon la noción de desarrollo y fue la base para una nueva estrategia. Se partió de un diagnóstico crítico de la visión convencional —desde el centro— de la sociedad y del modelo de desarrollo. Por ejemplo, Prebish interpeló el modelo de comercio exterior basado en las ventajas comparativas, en donde cada país debía especializarse en producir aquello en lo que tenía ventajas naturales. Esto llevó a una primariza-ción de las economías de América Latina, en lo que se conoció como el modelo primario exportador. Prebish encontró que —contrariamente a lo que predecía el modelo clásico de comercio exterior— no todos los países ganaban con su participación en el mercado mundial. Al contrario, había ganadores y perdedores. Se definió lo que se conoce como “deterioro de los términos de intercambio”.

Ante este diagnóstico crítico, se planteó la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo basado en la ISI. Dicha política se aplicó en la mayoría de países de América Latina y el Caribe (ALC) aunque con distintos tiempos, ritmos e intensidades. Lo importante de esto es que una nueva teoría económica, el llamado estructuralismo latinoamericano, sirvió de base para la implementación de un nuevo modelo de desarrollo en ALC. Entonces el ciclo fue el siguiente: teoría hege-mónica (ortodoxa), diagnóstico crítico, propuesta heterodoxa, nuevo modelo de desarrollo y cambio social.

Por otro lado, desde la teoría de la dependencia también se plantearon diagnósticos críticos que interpelaron el discurso de las CCSS del centro. Se planteó la idea de centro-periferia, la idea del desarrollo del subdesarrollo, la noción de dependencia, la teoría del sistema mundo, la idea de la desconexión, planteamientos muy interesantes como la tesis del sub-imperialismo, etc. A partir de allí también se plantearon alternativas importantes para la política pública y el cambio social.

EL PERIODO NEOLIBERAL

Este periodo comienza con una fase represiva. Las dictaduras militares persiguieron a los académicos de izquierda y cerraron muchos centros de investigación y pensamiento crítico. Luego de esa fase represiva inicial se impuso una nueva hegemonía, la del pensamiento neoliberal. El pensamiento del centro y de la periferia confluyó bajo la óptica neoliberal. Toda visión alternativa fue desacreditada y descalificada. La caída del muro de Berlín contribuyó a todo este proceso.

¿QUÉ SUCEDE EN LA ACTUALIDAD EN ALC?

Hay una crisis del pensamiento hegemónico. La teoría neoliberal ha sido ampliamente cuestionada e incluso sus mismos defensores iniciales reconocen sus limitaciones. Los propios organismos financieros internacionales reconocen las limitaciones del Consenso de Washington. Podríamos decir que luego de algunas décadas de aplicación ciega, el paradigma neoliberal entró en crisis.

Existen elementos de crítica al paradigma neoliberal desde diferentes ámbitos, pero antes que una crítica articulada se trata de críticas específicas y dispersas —desde la ecología política, la economía feminista, las posiciones neoestructuralistas, las teorías de los movimientos sociales, las teorías culturalistas, la crítica al desarrollo, etcétera—, pero no se logra articular un nuevo paradigma que posibilite, como en la época estructuralista, una propuesta alternativa de un nuevo modelo de desarrollo.

Por otro lado, algunas sociedades latinoamericanas viven momentos de importantes cambios. Los nuevos gobiernos progresistas (post neoliberales) plantean alternativas a la visión neoliberal de la realidad. En esos modelos hay intentos de teorizar o formular nuevos paradigmas, pero dichos intentos se han hecho desde las burocracias y muy poco desde las CCSS, como por ejemplo el concepto del buen vivir o vivir bien, presente en las Constituciones de Ecuador y Bolivia, respectivamente, no ha merecido la suficiente atención ni un desarrollo adecuado desde los cientistas sociales. Es necesario profundizar en estos conceptos con la perspectiva de construir un nuevo paradigma.

El papel de las CCSS debe ser el de contribuir a la generación de las bases para los actuales procesos de transformación. Es por ello que quizá se encuentren vacíos importantes en los actuales procesos de cambio. Por ejemplo, en muchos casos ha habido más bien un proceso de reprivatización de la economía y de fortalecimiento de políticas extractivistas y rentistas, lo cual va en contra de cualquier aspiración real de transformación del régimen de acumulación.

También deben replantearse los nuevos procesos de cambio, con una visión crítica y constructiva. Por último, es importante que todo esto se realice desde la perspectiva del Sur global.

Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, 1990; economista, 1993; Doctor en Jurisprudencia, 1993; maestro en Ciencias Políticas, 1996; Master of Arts, Economics of Development, 2002; PhD Development Studies, 2008. Tiene en su haber numerosos libros publicados dentro y fuera del país. Ha publicado profusamente artículos en revistas arbitradas tanto nacionales como internacionales. Es Director de Flacso-Ecuador desde el 20 de julio de 2012 hasta la actualidad↵

7

Leonardo Bracamonte 

LA CRISIS DE LA HEGEMONÍA LIBERAL VISTA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LARGA DURACIÓN LAS DISYUNTIVAS DE GOBIERNOS Y MOVIMIENTOS PROGRESISTAS EN EL SUR

El sistema capitalista mundial —en el cual hemos vivido hasta el momento y cuyo funcionamiento esencial se ha realizado históricamente en la incesante acumulación del capital— atraviesa por una crisis estructural. Esta afirmación ahora es relativamente aceptada por muchos especialistas, no en balde se podría decir que es factible su comprobación empírica tomando informes y datos de una diversidad de opiniones, estudios y fuentes confiables.

Sin embargo, la forma de comprobar esta aseveración no será proporcionada por el análisis de la presente coyuntura. Propongo en esta comunicación ofrecer, a través de una perspectiva signada por la larga duración, una evaluación de conjunto de la evolución del capitalismo histórico. Luego de identificar brevemente lo que califico como una crisis estructural, trataré de demostrar cuáles han sido sus expresiones más visibles a través del tiempo, específicamente en América Latina; así como también poner en discusión las alternativas pensadas y trabajadas desde el campo popular para el diseño de un proyecto que deje atrás el capitalismo hasta el momento conocido. Todo ello en medio de una situación de caos sistémico que es intrínsecamente incierto. Se trata de comprender mejor qué nos está ocurriendo como integrantes de un sistema mundial en transición (Wallerstein), y qué podemos hacer para que al final de la presente crisis el resultado sea la constitución de un mundo cualitativamente más democrático.

Evaluar la situación actual desde la larga duración trabajada en primera instancia por Braudel (Braudel, 1968: 60), tiene al menos tres implicaciones que quisiera explicitar, porque su aplicación supone desplazamientos epistemológicos relativos al abordaje de la complejidad de lo social. La primera es acaso obvia pero determinante. El análisis de larga duración “contempla” la incorporación en una reflexión temporalmente muy amplia, capaz de involucrar la preocupación por el papel crucial que juegan las estructuras consideradas históricamente en el moldeamiento de la arquitectura funcional de la vida social. Este punto de vista declara que son las zonas de una realidad profunda, que sin embargo permanecen ocultas y aparentemente inmóviles a la mirada corriente, las que escogeremos como ámbitos de reflexión para intentar conquistar el objetivo de una comprensión cabal del conjunto de la experiencia humana. De allí que sea, digamos, irrelevante detenerse en los acontecimientos vistos por el propio Braudel como “polvo”.

Desde la perspectiva braudeliana, el análisis sobre una “masa de hechos menudos” terminaría por agregar confusión en el proceso del conocimiento. Puestos a analizar el mundo desde la naturaleza contingente de los acontecimientos, el científico social puede extraviarse en un mar de eventos aparentemente azarosos. En palabras de Braudel: “El pasado está, pues, constituido, en una primera aprehensión, por esta masa de hechos menudos, los unos resplandecientes, los otros oscuros e indefinidamente repetidos” (Braudel, 1968: 66). La otra implicación está relacionada con la primera. Si el análisis presente tiene el cometido de pensar a través del tiempo la estructuración de un mundo específico, como lo es el capitalismo histórico, entonces estamos insertos en coordenadas de pensamiento más globales. La contemplación crítica desde este enfoque se despliega más allá, no solo de puntuales consideraciones que se atienen al ámbito de los espacios estatales-nacionales, sino de igual manera —y esta es la tercera implicación— desatienden las regiones del saber organizadas específicamente como disciplinas de las ciencias sociales especializadas en un campo previa y arbitrariamente fragmentado (historia, sociología, economía, antropología).

En el primer caso, los Estados nacionales son estudiados como parte de un sistema interestatal, cuya división internacional del trabajo le ha asegurado al capitalismo mundial un funcionamiento cónsono con su propio objetivo: la acumulación de capital orientado de forma persistente hacia las zonas centrales del sistema.

Para el segundo caso, y puesto en la dirección que apunta al pensamiento de largo plazo de Braudel, la organización del saber en las ciencias sociales —y en realidad la organización de todo el conocimiento riguroso— más que una forma creativa para acercarse a lo real resulta un obstáculo para su comprensión. La historia que propugnó Braudel, entonces, pretende desafiar este “saber aquí” que comenta Edgar Morin, eludiendo a las formas convencionales que ha adoptado la organización del trabajo intelectual (2009: 25).

Cuando se afirma que el capitalismo atraviesa por una crisis, esta mención no se refiere al despliegue de un conjunto de hechos que tienen algún grado de determinación sobre el mundo social o natural. De la posibilidad de superar la situación dependerá la implementación de otro grupo de medidas o reformas, etc. El concepto pertinente aquí es el de “crisis sistémica”, utilizado por Im-manuel Wallerstein.

Wallerstein se refiere a las situaciones caóticas por las cuales atraviesan los sistemas históricos para explicar los procesos de transición hacia otro u otros sistemas mundiales. El punto específico se refiere a que los sistemas transitan por dificultades cíclicas que son regulares y que repercuten en los procesos seculares, de los cuales los sistemas sociales están estructuralmente condicionados. Estas tendencias seculares con el transcurrir del tiempo van a limitar la vida del propio sistema histórico hasta hacerlo inviable, esto es hasta que su recorrido alcance la asíntota, un concepto matemático utilizado por Wallerstein para dar cuenta de una situación estructuralmente límite (2005: 105). Así, las contradicciones provocadas por las tendencias seculares, empujadas al término por sus ritmos cíclicos, no tienen solución en el marco de un sistema-mundo específico, lo que estimula una transición históricamente incierta, pero definitiva, que en nuestro caso sería el fin del modelo capitalista de acumulación hasta el momento conocido.

La perspectiva de larga duración obliga a analizar esta situación no tanto como resultado de las dificultades presentes. Habría que detectar al ras de los tiempos la evolución de esta crisis hasta llegar al actual momento de bifurcación. Varios analistas que han evaluado la situación remiten sus estudios al estallido de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos en 2008 y sus repercusiones en un mundo estrechamente interdependiente o globalizado, la debilidad del sistema interestatal creado a partir de 1945, la crisis de las sociedades de bienestar en Europa central, etc. David Harvey, como otros autores, analizando la geografía histórica del capitalismo, responde a la pregunta sobre los obstáculos que tendría el sistema para continuar en su larga marcha de acumulación. De él mencionamos brevemente:

Insuficiente capital-dinero inicial. Escasez de la oferta de trabajo. Medios inadecuados de producción, incluidos los llamados límites naturales. Tecnologías y formas organizativas inadecuadas. Resistencias o ineficiencias en el proceso del trabajo. Escasez de demanda respaldada por dinero para pagar en el mercado (2010: 47).

Esta intervención hará énfasis en la crisis del pensamiento liberal, visto como la ideología históricamente conformada como hegemónica en el capitalismo histórico. El liberalismo ha revestido al capitalismo de un sentido político-cultural e institucional específico, que al tiempo que explica el mundo también justifica y oculta su organización sisté-mica desigual y polarizante. Su alcance hegemónico tuvo pocas fisuras, hasta el punto en que llegó a permear tanto al llamado “sentido común” como a los presupuestos epistemológicos que han conformado el saber científico. Aunque desde un principio los fundadores del saber riguroso buscaron un campo social de legitimidad y autonomía, reclamándose como “el conocimiento” que no reproducía el saber que provenía del fanatismo clerical ni del sentido común. De igual modo esta ideología — hoy comprometida en una situación asintótica— tuvo una incidencia determinante en el establecimiento de los fundamentos constitutivos teórico-prácticos de los movimientos políticos e incluso revolucionarios que trataron, desde la Revolución Francesa de 1789 hasta entrado el siglo XX, de cambiar el mundo.

LA CENTRALIDAD DEL CAMBIO SOCIAL Y SUS TRATAMIENTOS

¿Por qué la afirmación según la cual el disturbio francés de 1789, un acontecimiento en principio nacional, tiene relevancia mundial? Este episodio, en los términos en que lo plantea Wallerstein, contribuyó a transformar culturalmente a la economía mundo-capitalista. Es importante no tanto porque haya cambiado a Francia, análisis más sopesados confirman la idea de que aquel país, con su Revolución, al final no cambió tanto como estiman los dolientes del disturbio. La primera transformación de alcance cultural fue sencilla pero fundamental, porque tuvo enormes implicaciones, se trata de la aceptación de que el cambio es normal. Este principio, “la naturalidad del cambio”, en manos de los sectores dominantes de la economía-mundo legitimó hondamente el funcionamiento del capitalismo histórico. Marx y En-gels, en el Manifiesto del partido comunista de 1848, darían testimonio de ese carácter de continua transformación, que llevó adelante la civilización del capital:

La burguesía, con su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la adaptación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo por encanto, como si salieran de la tierra. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social? (1975: 39)

Otro aporte de la Revolución Francesa, acaso relacionado con el primero, se refiere al desplazamiento significativo de la noción de soberanía antes depositada en el cuerpo del monarca y luego trasladada al pueblo, entendido como pueblo soberano, portador de la voz de Dios para ejercer la voluntad general. Este precepto moderno fue contestado prontamente por uno de los defensores más lúcidos del viejo régimen; para Edmund Burke la búsqueda de legitimidad se originaba, más bien, de un pasado de donde provenía el prestigio de las instituciones monárquicas. Era urgente rescatar la sensatez, que se extraía de una sabiduría conquistada por la costumbre, frente a la intromisión del “espíritu de la innovación de miras limitadas” (1989: 69).

Las diferentes respuestas funcionales por tratar de abordar el cambio y conducirlo hacia propósitos específicos debía ser un asunto de las ideologías, especialmente del liberalismo, del conservadurismo y del socialismo. El liberalismo era la respuesta a planteamientos conservadores y, a su vez, propugnaba un tipo de acción política centrada en la introducción de un conjunto de reformas y acuerdos enarbola-dos desde la cúpula. Del condominio entre estas dos propuestas se desprenderían los socialismos formados como alternativa al calor de los sucesos de 1848, más dispuestos a acelerar la historia mediante una intervención radical pero oportuna en el curso de los procesos sociales. Tres vertientes que, contrapuestas entre sí, pretendieron encarnar la naturalidad del cambio como paradigma de un modelo de sociedad determinado. Aunque con la constitución del liberalismo de centro como la ideología hegemónica del capitalismo mundial, el socialismo y el conservadurismo fueron reducidos a una expresión bastante dependiente de la ideología históricamente triunfante. Veamos.

Ese cambio “naturalizado” debía tener entonces una dirección. Y siempre se entendió, desde cualquiera de las perspectivas estratégicas en que se abordara la transformación social, que esa dirección era progresiva, hacia adelante, hacia un futuro más racional, menos desigual, razonablemente democrático. Para estas tres sensibilidades políticas fundamentales de la modernidad —liberales, conservadores y socialistas—, las mutaciones sociales que conducirían a un progreso entonces inevitable debían ser operativizadas por los más autorizados, los más idóneos, los sectores racionales de la población. Es decir, a la pregunta sobre qué fracciones de la sociedad conducirían el cambio, quedó condicionada por criterios estrictamente meritocráticos. Y, tratados socialmente como preceptos normativos, estos “criterios” fueron proyectados al mundo al tiempo que eran legitimados como principios universalistas.

¿Pero cuál era el ámbito desde donde iban a ensayar las ideologías sus programas pretendidamente universalistas? Aunque desde un inicio liberales, conservadores y socialistas denigraron al Estado, el proceso histórico los confinó al espacio de los Estados nacionales. El espacio de la nación —a través de la captura del Estado nacional por distintos caminos— era el territorio de acción escogido para la materialización de los objetivos de los movimientos nacidos del proceso histórico de la modernidad. No obstante, en principio había matices que conviene tener presentes: fueron los conservadores quienes en el siglo XIX con más fuerza abrazaron el patriotismo. Los socialistas, por el contrario, conservaban en sus programas una vocación más internacional, pero este objetivo pronto cedió a la tentación nacionalista, cuando una parte importante de la izquierda se colocó detrás de las banderas de sus respectivos Estados, en agosto de 1914.

En todo caso, un acontecimiento definitivo va a permitir cerrar el círculo al liberalismo y a constituirse como la ideología hegemónica del sistema-mundo capitalista. En 1848 ocurre una revolución, protagonizada esta vez por el proletariado de las zonas centrales. Aunque la intención culmina en una gran derrota, a la luz de una visión más amplia del proceso los movimientos antisistémicos tomaron varias lecciones, que implicaron a la larga la adopción de una estrategia para intentar una transformación estructural. La primera fue la necesidad para los movimientos socialistas de hacerse con una organización fuertemente estructurada, permanente en el tiempo. Como se comprobó luego de las derrotas de 1848, el conglomerado dominante no iba a dudar de implementar, si se viera desafiado, una represión general. Se trató entonces de institucionalizar a los movimientos: sindicatos, partidos y otras organizaciones de los trabajadores, fue una respuesta general. Al mismo tiempo, las élites de los Estados también procesaron varias enseñanzas, como la necesidad de hacer algunas concesiones a los trabajadores, antes de que otra revolución pusiera en peligro el orden social jerárquico.

La otra consecuencia fue, si se quiere, de orden metodológica. Y se resume en el planteamiento que Wallerstein ha propuesto (2001: 98). Es la estrategia de las dos etapas, indistintamente tomada por los movimientos reunidos tanto en la Segunda Internacional socialdemó-crata como en la Tercera Internacional Comunista: consiste sencillamente en tomar el poder del Estado nacional y luego, desde allí, con la fuerza simbólica pero también objetiva que proporciona la maquinaria estatal, adelantar una revolución. Esta concepción de la acción política fue exitosa, al menos hasta 1968. Digo que fue exitosa porque fue naturalizada por la gran mayoría de los movimientos antisistémi-cos en el mundo. Aquí el éxito lo circunscribo a que la medida fue generalmente incorporada por la izquierda mundial. De esta forma, los impulsos fundamentales para en adelante intentar las transformaciones que contribuyeran a superar el capitalismo fueron así capturadas por la maquinaria estatal. Digamos que el alcance de las insurrecciones quedaba condicionado por lógicas burocráticas.

Los Estados nacionales se constituían, entonces, como el instrumento promotor de las inclusiones históricamente pendientes, que las élites estuvieran dispuestas a conceder luego de determinadas movilizaciones sociales organizadas por los sectores de trabajadores. La cobertura de reformas incorporaba desde la figura de un sufragio cada vez más universal hasta la implementación de un sistema de seguridad social, si bien solo para los nacionales de los Estados respectivos. En suma, la distribución de la plusvalía fue bandera de liberales y socialistas, pero incluso llevada a la práctica por gobiernos conservadores. Desde 1848 conservadores, socialistas y liberales se vieron en los hechos fortaleciendo las estructuras estatales (Ibíd., p. 100). Muchos sostuvieron que estas políticas gradualistas habían colocado las estrategias revolucionarias a la defensiva. Las políticas progresivas, combinadas con periódicas elecciones universales y la formación de partidos de masas, tarde o temprano crearían las condiciones para una natural deriva socialista, entre otras cosas por el crecimiento de la conciencia de los trabajadores. En este contexto, el llamado para entonces “revisionismo” parecía más realista que quienes aun mantenían la conveniencia de la lucha armada. Claro que esto ocurría en Europa Occidental y en Estados Unidos, en otros lugares del mundo como por ejemplo en México en 1910 —pero más aún en Rusia en 1917— se hacían otras evaluaciones (Wallerstein, 2008: 44).

La insurgencia bolchevique expresó, entre otras cosas, una primera queja a la deriva liberal de los movimientos. Para el Partido Obrero Socialdemócrata, liderado por Lenin, solo una organización de revolucionarios profesionales y disciplinados podía, de un momento a otro, desalojar del poder a los sectores dominantes a través de un levantamiento armado. Se quebrantó así el socialismo, luego del dilema que supuso la Primera Guerra Mundial y el consiguiente retraimiento de una parte del movimiento detrás de las burguesías nacionales, cuando estas enviaron a sus trabajadores a matarse por la nación. El documento que recoge la intención leninista por la recuperación del carácter antisistémico es el de las “21 demandas”, un grupo de tácticas elaboradas por la III Internacional para la formación de un movimiento comunista mundial.

La caída del bolchevismo en las lógicas liberales ocurre por dos elementos determinantes: el planteamiento del “socialismo en un solo país”, lo que supuso un proyecto de industrialización acelerado para Rusia, luego de que el bolchevismo tuviera que asumir la amarga certeza según la cual ni la revolución ni la incorporación de Rusia al sistema interestatal mundial eran tan inminentes como se pensaba en Europa. Fueron determinantes porque en realidad pocos escenarios le quedaban a Lenin, pero también a Stalin, para que el proyecto sobreviviera de alguna manera en aquellas condiciones de aislamiento y amenazas de todo tipo por parte de Occidente. En breve iba a surgir una reacción radical a la naturalidad del cambio y a la revolución, los proyectos fascistas y las guerras de exterminio cuyo objetivo fundamental ya no sería tanto el ejército contendiente, sino específicamente la población civil (Casanova, 2011).

LUEGO DE 1945: LA APOTEOSIS LIBERAL

Luego de 1945, la distribución del poder mundial sería distinta a la forma en que se había estructurado antes de 1914. En primer lugar, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial asistimos a una expansión sin parangón de las estructuras productivas de la economía-mundo. Esta expansión formidable generó en los países centrales —pero también por extensión en todo el mundo— un ambiente de optimismo generalizado. Tanto las potencias occidentales como el recién instaurado bloque socialista, estaban seguros de que le harían morder el polvo a sus adversarios ideológicos. Esto contribuyó significativamente a que las fuerzas antisistémicas en el Tercer Mundo también sucumbieran a la seguridad de su propio triunfo.

Pero no todo era especulación, las izquierdas estaban tomando el poder de sus respectivos Estados, consecutivamente. Así, en el centro, las formaciones socialdemócratas conquistaban el favor popular a través del voto. En las periferias, movimientos de liberación nacional en América Latina y el Caribe derrocaban dictaduras que hasta la víspera habían sido apoyadas por las potencias centrales como en Cuba y en Nicaragua, o alcanzaban el poder mediante elecciones. Estos movimientos prometían, más allá de diferencias puntuales, el desarrollo nacional. En África, en una parte de Asia y en el mundo árabe, avanzaban procesos anticoloniales que conquistaron consecutivamente su independencia; en algunos casos producto de acuerdos por parte de sectores independentistas moderados con las élites gobernantes de la antigua metrópoli. Otras experiencias se plantearon en el desarrollo de la guerra anticolonial abierta.

Para quienes estaban inmersos en luchas anticoloniales, el desafío entonces debió ser integral, es decir cultural. Las reformulaciones del pensamiento debían, de ahora en adelante, plantearse nuevas búsquedas que contribuyeran a la comprensión del “mundo colonial”, cuya originalidad el pensamiento europeo —abstracto y “universal”— había ocultado. En la obra de Frantz Fanón Los condenados de la Tierra se insiste en la reafirmación de una distinción “absoluta” que contemple acaso el inicio de otra historia:

La impugnación del mundo colonial por el colonizado no es una confrontación racional de los puntos de vista. No es un discurso sobre lo universal, sino la afirmación desenfrenada de una originalidad formulada como absoluta. (2011: 35)

La otra variable geopolítica fue la hegemonía que luego de 1945 protagonizó Estados Unidos. La arquitectura financiera mundial, la creación de instituciones intergubernamentales que modelaron el mundo inmediatamente después de la guerra, una expansión global sin precedentes de su cultura, el traslado de grandes cantidades de recursos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y, en general, el apres-tamiento y alineamiento del llamado “mundo libre” detrás de su sombra para contrarrestar al comunismo, son expresión de la hegemonía imperial norteamericana.

Lo distintivo de la implantación del modelo liberal de posguerra en todo el mundo y el condominio con la URSS que lo sustentaba legitimando el orden así planteado, no sería de ninguna manera la paz mundial sino el traslado de la guerra y de los enfrentamientos violentos desde el centro del capitalismo hasta la periferia, que era lo que había ocurrido durante las dos grandes contiendas armadas de la primera mitad del siglo XX. Es decir, la guerra entonces sería fría aunque con episodios de un carácter más tibio en Europa y Estados Unidos, pero extendida y mortífera en todo el “Tercer Mundo”.

En lo relativo a la implementación de discursos proyectados hacia el mundo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética favorecieron, durante sus sucesivos gobiernos, el desarrollo y la soberanía nacional de sus áreas de influencia. No obstante, el escenario de las invasiones militares, fundamentalmente por parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética, siempre se ejecutaron cuando algún miembro díscolo de aquel orden desafiara las coordenadas establecidas por la hegemonía liberal.

1968: LA FISURA SISTEMICA

La revolución cultural mundial de 1968 trastocó todo el consenso liberal que había llegado a posicionarse como una específica geocultura hegemónica mundial. Aunque en ningún escenario donde se suscitaron enfrentamientos —México, Francia, Estados Unidos, Checoslovaquia, Italia, India, Gran Bretaña— la contienda culminó con la victoria de los revolucionarios, una mirada ampliada permite introducir importantes variantes. Sin embargo, esta amenaza al consenso liberal mundial no fue protagonizada exclusivamente por sectores estudiantiles de las universidades.

¿Qué demandaban? Además de las demandas locales de rigor las movilizaciones expresaban, tomándolas en su conjunto, la denuncia por la política de coexistencia que habían practicado tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, lo cual era obviamente una denuncia del imperialismo norteamericano, pero también de la deriva conservadora de una izquierda mundial domesticada, es decir, liberal. Para los movimientos de 1968, la izquierda tradicional no había cumplido su cometido histórico, una vez que habían tomado las instancias de sus Estados nacionales, que era transformar el mundo (Wallerstein, 2004: 345). Denunciaban las relaciones de convivencia de los socialismos de Estado con el orden internacional diseñado por Estados Unidos. Las protestas también buscaban poner de relieve las reivindicaciones de sectores minoritarios de la sociedad (negros, migrantes, mujeres, minorías sexuales). El sueño liberal había pasado. Como escenario estructural, se había llegado a finales de los sesenta a una fase B del ciclo de Kondratieff, lo que supone el anuncio de un decrecimiento de la economía-mundo que iba a terminar de arrojar sombras a los espíritus más optimistas, que veían en el futuro un hogar abundante y apacible.

Las consecuencias de estos acontecimientos son consideradas globalmente. El liberalismo hegemónico se había constituido como la ideología del centro político. Golpeado el núcleo cultural del sistema-mundo, las expresiones más radicales obtendrían entonces las condiciones para su despliegue. Los sectores organizados han tomado conciencia progresivamente de que en verdad la historia no necesariamente les favorece. No existe un libreto previo que asegure la conquista del futuro. No hay, en los términos en los que los plantea Zizek, “ninguna teleología oculta que nos guíe” (2012: 182). El tiempo no está a favor de nadie. En consecuencia, el optimismo liberal se esfumaba y las diversas promesas de mejoramiento gradual no son ya creíbles (Wallerstein, 2005: 115). La crisis económica que estalla a finales de la década del sesenta y se profundiza en los setenta con la crisis de los precios del petróleo y, más adelante, con la deuda externa, provoca malestares que encuentran a los Estados nacionales ya incapaces de proporcionar seguridad a sus pueblos. El Estado y la política convencional se revelan como dislocados y envueltos en un enorme desprestigio general.

Por su parte, las élites mundiales pretenden recuperar el funcionamiento estable del capitalismo con un proyecto reaccionario que persigue, tal como define David Harvey, por un lado —en su vertiente utópica— restablecer las condiciones para la acumulación indefinida de capital reorganizando el capitalismo internacional y, por otro, pero relacionado con el primero en su vertiente política, la restauración del poder de las élites económicas (2007: 24-26).

En consecuencia, se asiste a un desmantelamiento de los Estados del bienestar conquistados por los trabajadores desde el siglo XIX, específicamente en los ámbitos de la educación, la salud universal y el derecho a una jubilación digna. Las élites mundiales hacen esfuerzos por reducir a través de la represión toda actividad sindical, se busca reestructurar el sistema financiero mundial. Se avanza, además, en la apertura de todas las fronteras para el libre flujo de mercaderías y capital. Se modifica la legislación estatal que intentaba contener las arremetidas del capital en contra de la naturaleza. En el campo de los valores, los ideólogos del neoliberalismo lograron colocar, como idea sugestiva y apreciable socialmente, aquella según la cual la existencia de una porción razonable de desigualdad social resulta natural y beneficiosa para el conjunto de la sociedad.

Las estrategias discursivas neoliberales cancelaban la aspiración por el desarrollo nacional que defendió al centro, haciendo aparecer como inevitable, esta vez, la globalización. Sus intelectuales y sus políticos más reputados aseguraban entonces la inevitabilidad de este conjunto de medidas, como la primera ministra Margaret Thatcher alegando que en verdad no existían otras salidas (Ibíd., p. 28).

LOS LÍMITES DE LA DEMOCRACIA LIBERAL EN AMÉRICA LATINA

En América Latina, la mayoría de las naciones había conquistado una independencia política y nominal desde la primera mitad del siglo XIX, pero el resultado de las rupturas con las estructuras monárquicas no implicó de ninguna manera la emancipación efectiva, como amargamente lo reconocerían luego de la guerra sus “libertadores”. Para la segunda mitad del siglo XX, el problema de la deuda externa del continente es un punto crucial para entender los desarrollos posteriores. La carga presupuestaria que supuso esta deuda para los Estados de la región implicó el abandono de otras competencias, sobre todo sociales, que podrían contribuir a satisfacer históricas demandas por parte de los sectores populares. Pero lo más grave es que la coyuntura sirvió para la revalorización geopolítica de organizaciones financieras mundiales como el FMI y el BM, para presionar a los Estados deudores exigiendo reformas estructurales que acoplaran a la periferia a las nuevas circunstancias globales signadas por el orden neoliberal.

Las respuestas a esta situación fueron relativamente tempranas. Las protestas populares que conmovieron a la población —en general durante febrero y los primeros días de marzo de 1989 en Venezuela— constituyeron los primeros episodios donde los pobres van a hacer patente el carácter de resistencia popular a las políticas de ajuste macroeconómico. Estos hechos, que se iban a suceder en varias partes del continente, contradicen la idea según la cual el neoliberalismo había conquistado una nueva hegemonía (Anderson, 1999: 373-388).

Pero expresión de esto no son solo las formas de resistencia que a lo largo del continente mostraron los sectores empobrecidos, sino la misma conducta política de los grupos dominantes en cada país. En Venezuela con Carlos Andrés Pérez II (1989-1993), Alberto Fujimori en Perú (1990-2000), Carlos Menem en la Argentina (1989-1999), Fernando Collor de Meló en Brasil (1990-1992), todos ellos nunca dijeron que iban a implementar políticas de ajuste si ganaban la presidencia (Ellner, 2005: 28-29).

El caos sistémico se expresa, a la sazón, en que las organizaciones que asumieron las protestas no eran en su mayoría las organizaciones partidarias. Como argumento regional, las izquierdas que —sobre todo en los sesenta— habían impulsado insurrecciones en contra del carácter dependiente de sus economías, fracasaron con excepción de Cuba y Nicaragua. Es decir que las izquierdas venían de derrotas militares y políticas importantes, y su debilidad se profundizó eventual-mente con el derrumbe del “socialismo real” y la desilusión de buena parte de los intelectuales latinoamericanos por la revolución[1].

La situación de una casi total ausencia de aparatos partidistas implicó, en parte, que la práctica militante jerarquizada de tradición jacobina, vanguardista, comenzara a verse sobrepasada por formas de participación más asamblearias y horizontales. La protesta y las movilizaciones en contra de los planes de ajuste macroeconómico —en las décadas del ochenta y noventa— se organizan en buena medida a través de mecanismos distintos a los institucionales porque el Estado nacional, en su conjunto, no era capaz de vehiculizar el descontento y aplacarlo con políticas específicas.

La organización de los sectores populares detrás de demandas sociales diversas fue un motivo para que las movilizaciones se hicieran más intensas. ¿Quiénes eran los sujetos centrales de las protestas? Esta vez las formaciones sindicales habían quedado debilitadas luego de que las reformas neoliberales las tuvieran como uno de sus objetivos. El proletariado de las ciudades, entonces, estaba disminuido producto de una legislación laboral que desregularizaba el trabajo, al tiempo que una porción importante de los sindicatos históricos había sido capturada por gobiernos y empresarios, interesados en neutralizar cualquier estrategia autónoma de los trabajadores. El movimiento campesino estructurado también se había visto afectado, entre otras cosas, por el despoblamiento de los espacios rurales y el desplazamiento de importantes contingentes hacia las ciudades. En general, era la pobrecía de las ciudades y de los campos la que estaba asumiendo las movilizaciones más espectaculares en las principales ciudades del continente (Aguirre Rojas, 2012: 22).

Sus aspiraciones de inclusión e igualdad encierran de igual modo demandas culturales radicales, que desafían las formas más convencionales o hegemónicas de estar en el mundo. La profundización de este tipo de luchas, destinadas a incidir en el campo de las subjetividades sociales, pone de relieve la importancia que han recobrado los territorios culturales, vistos como espacios donde se despliegan las confrontaciones más estratégicas. Esto es un legado directo de las convulsiones de 1968 mencionadas más arriba.

EL PROGRESISMO PERIFÉRICO

La región latinoamericana ha asistido a un desprestigio pronunciado del modelo de las democracias liberales. Es por ello que las movilizaciones populares han rebasado la limitada cobertura social que las instituciones estatales atendían. Estos factores, relacionados además con el carácter de sus clases dirigentes casi integralmente entregadas a la ejecución de planes de reformas macroeconómicas antipopulares; el establecimiento de regímenes políticos que funcionan bajo preceptos severamente limitados en sus alcances democráticos; el grado de exclusiones históricas que soportan las mayorías de los países del área latinoamericana; el debilitamiento de la presencia imperialista de Estados Unidos en la región pero también en el mundo, fueron factores que contribuyeron a la emergencia de gobiernos de izquierda o de centro izquierda en la región. Todos estos procesos se desarrollan en un escenario común, susceptible de producir respuestas similares. Por ejemplo, en los casos de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Argentina e incluso Uruguay, los movimientos que encabezaron las rebeliones democráticas y que se convirtieron en gobiernos de izquierdas fueron conducidos por liderazgos fuertes.

Una evaluación de conjunto de estos procesos debe permitir detectar los logros que en materia de política social se han operado hasta el momento. En el caso de Venezuela, la conquista más apreciable fue detener el proceso de privatización de los hidrocarburos y la consiguiente captación de la renta petrolera y su distribución hacia los sectores populares mediante programas sociales masivos llamados “misiones”, así como la experiencia de participación y organización popular que precede al tránsito del chavismo en el poder.

Aunque estos procesos no han estado exentos del peligro de un retroceso que contemple, incluso, la restauración del proyecto desplazado, durante estos años se han suscitado igualmente contradicciones en el propio campo popular. Por ejemplo, aún no existe un modelo consensuado por todas las fuerzas sociales y políticas que oriente una ruta postcapitalista. Uno de los argumentos de fondo de esta situación es que ya no son tan centrales los gobiernos. La estrategia de dos pasos —tomar el poder del Estado y desde allí desarrollar la revolución— está severamente cuestionada y sus alcances se pueden ponderar a la luz de la evaluación de los procesos revolucionarios ocurridos en el mundo desde 1789. Las revoluciones conducidas desde lógicas estatales-nacionales, esto es liberales, han probado sus límites.

Las contradicciones en el propio campo de la izquierda latinoamericana han estado a la orden del día. Una parte considerable de los movimientos, con una especial presencia en Bolivia y Ecuador, ha venido cuestionando las políticas estatales implementadas por gobiernos progresistas que apuntan a las lógicas del crecimiento económico. Alegan los gobiernos progresistas que esta estrategia, hasta hace poco naturalizada, es la orientación acertada mediante la cual pretenden distribuir bienestar social, una idea consustancial con la perspectiva histórica del pensamiento de izquierda.

Por su parte, estos movimientos —con fuerte presencia indígena o movimientos indígenas simplemente— han reclamado que los gobiernos que siguen contemplando el imperativo del crecimiento económico en realidad hacen parte de la civilización del capital, y que la formulación de un planteamiento en verdad postcapitalista pasa por concebir revoluciones que se planteen la transición hacia un orden que detenga el paradigma del crecimiento (Wallerstein, 2010). El otro argumento es más específico y se desprende de críticas hacia el modelo de las economías extractivistas, fortalecidas precisamente en el lapso en que se han desplegado proyectos progresistas. Alegan, ya desde una perspectiva sistémica, que las intenciones emancipatorias y expansivas continúan severamente comprometidas, entre otras cosas porque la reproducción de las economías de extracción mineral implican, a la larga, fortalecer la división internacional del trabajo, sobre cuyo funcionamiento históricamente considerado se ha establecido el capitalismo para alimentar su carácter polarizante y estructuralmen-te desigual con respecto al papel de las economías periféricas. Como afirma Wallerstein, es posible que este sea uno de los debates internos que caracterice a los movimientos antisistémicos en el siglo XXI. El debate permanece abierto, y promete en lo sucesivo que tendrá amplias implicaciones teóricas, epistemológicas y políticas.

Desde hace décadas presenciamos una crisis sistémica, esto supone que el mundo en el que hemos vivido cambiará drásticamente en relativamente poco tiempo. Es más, ya lo ha estado haciendo. Esta situación que se nos impone es incierta y compleja, entre otras cosas porque afortunadamente ya no nos acompaña el optimismo liberal hegemónico que produjo, en los sectores populares, desmovilización y conformismo luego de creer que el futuro estaba pre-escri-to. Ahora, y como un síntoma de la crisis del liberalismo, es cada vez más patente que las mayorías postergadas ya no creen en la promesa de una vida mejor si ese objetivo no pasa por su propia movilización política y militante.

Por su parte, los Estados nacionales no son ya instancias que procuren seguridad y protección, tampoco pudieron cambiar el mundo tal como se pensaba. Es posible entonces que las movilizaciones políticas y las luchas en contra del capitalismo cobren de nuevo un alcance global, una vez que los movimientos hayan problematizado la herencia liberal que ha supuesto hacer la revolución únicamente en el estrecho espacio de la nación. Estas sacudidas en el corazón de la hegemonía liberal de igual modo han conmovido el campo del saber. Por ejemplo, y en el contexto crítico que comentamos, ¿hasta qué punto sigue siendo fructífera la sociedad-nacional-estatal como unidad de análisis convencional en los estudios de las ciencias sociales, vista aquí esta perspectiva como una pesada carga de la impronta liberal en el saber científico? ¿Acá no cobran más pertinencia los sistemas-mundo como unidad de análisis?

El continente latinoamericano ha sido históricamente una región expoliada, saqueada y sacrificada como espacio de experimentaciones que invariablemente terminaron en la desilusión. Sin embargo, para el momento en que atravesamos por una crisis del capitalismo histórico, durante estos años la región ha dado contribuciones que han ampliado significativamente las formas más limitadas de las democracias liberales. Es decir, a la hora de imaginar un mundo radicalmente más democrático, habrá que traer al centro de las elaboraciones intelectuales lo ocurrido durante esta última etapa de la historia de América Latina.

BIBLIOGRAFÍA

Aguirre Rojas, Carlos Antonio 2012 Movimientos antisistémicos. Pensar ¡o antisistémico en ¡os inicios del siglo XXI (Argentina: Protohistoria).

Anderson, Perry 1999 “El despliegue del neoliberalismo y sus lecciones para la izquierda” en Renán Vega Cantor (ed.), Marx y el siglo XXI. Una defensa de la historia y del socialismo (Bogotá: Antropos).

Braudel, Fernand 1968 La historia y las ciencias sociales (Madrid: Alianza). Burke, Edmund 1989 Reflexiones sobre la Revolución Francesa (Madrid: Rialp).

Casanova, Julián 2011 Europa contra Europa, 1914-1945 (Barcelona: Crítica).

Ellner, Steve 2005 Neoliberalismo y antineoliberalismo en América Latina: el debate de las estrategias (Caracas: Tropykos).

Fanón, Frantz 2011 Los condenados de la Tierra (México: FCE).

Harvey, David 2007 Breve historia del neoliberalismo (Madrid: Akal).

_______ 2010 El enigma del capital y las crisis del capitalismo (Madrid: Akal).

Marx, Karl y Engels, Friedrich 1975 Manifiesto del partido comunista (Pekín: Editorial del Pueblo).

Morin, Edgar 2009 El método. La naturaleza de la naturaleza. Tomo 1 (Madrid: Cátedra). Wallerstein, Immanuel 2001 Después del liberalismo (México: Siglo XXI).

_______ 2004 Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos. Un análisis de sistemas-mundo (Madrid: Akal).

_______ 2005 Análisis de sistemas-mundo. Una introducción (México: Siglo XXI).

_______ 2008 Historia y dilemas de los movimientos antisistémicos (Bogotá: Desde abajo).

_______ 2010 Contradicciones en la izquierda latinoamericana (S. Seguí, trad.), en <http://rebelion.org/noticia.php?id=111488>. Zizek, Slavoj 2012 El año que soñamos peligrosamente (Madrid: Akal).

La muerte del poeta Roque Dalton en 1975, por parte de miembros de la organización guerrillera de la cual él formaba parte, quizá sea el acontecimiento emblemático de las tensas relaciones entre la intelectualidad latinoamericana y la revolución.↵

8

Carmen Caamaño Moma[1] 

UNA FOTOGRAFÍA DE AMÉRICA CENTRAL DESDE LA MIRADA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES OCURRIDOS EN 2012

INTRODUCCIÓN

En este artículo voy a referirme a la región centroamericana partiendo de una herramienta que ha generado el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) para dar seguimiento a las acciones colectivas que suceden en América Latina y el Caribe. Se trata de las cronologías del Observatorio Social de América Latina (OSAL), que se desarrollaban y colocaban en la página web de Clacso, de acceso abierto, desde el año 2000.

Dado que el financiamiento para sostener la red de O SAL ha finalizado, las cronologías que se encuentran en la página llegan hasta el año 2012. He tomado las últimas cronologías presentadas para cada país de América Central con el fin de hacer un retrato de las luchas que enfrentan nuestros pueblos. Si bien se trabajan las cronologías con fuentes secundarias, al menos estas nos proporcionan una idea de lo que sucede en cada país y es lo que voy a presentar aquí para la discusión, haciendo la salvedad de que estas fuentes son periódicos de cada país que pueden o no reportar todas las acciones colectivas según su línea editorial. Además, solamente comités de Panamá, Guatemala y Costa Rica realizan sus propias cronologías, ya que las de El Salvador, Nicaragua y Honduras se realizan en Panamá, con lo cual es posible que no se disponga de suficiente información del contexto en que se dan estos conflictos. Con todas estas salvedades, el retrato que surge es digno de análisis.

Las situaciones que se presentan en Centroamérica y que he sistematizado a partir de los conflictos que aparecen en 2012 deben enmarcarse en las continuidades y discontinuidades históricas, desde los años setenta a la fecha, en una región que vivió cruentos conflictos armados que no lograron realmente resolverse, en tanto las Fuerzas Armadas y las élites que les apoyaban aún tienen capacidad de veto, generando democracias “de baja intensidad” (Karl, 1995). Esta condición se evidencia en el marco actual de las políticas neoliberales en donde nuevamente se victimiza a los sectores antes afectados por la violencia de Estado, tales como campesinos e indígenas.

CENTROAMÉRICA: HERIDAS ABIERTAS, REPRESIÓN Y RESISTENCIA

A diferencia de las sociedades consideradas postneoliberales, América Central —constituida por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala (excluyo a Belice por tener este país otra historia que obliga a un estudio más específico)— sigue sufriendo las consecuencias del capitalismo neoliberal, cuyas políticas se han profundizado con su particularidad en cada uno de ellos. Así, encontramos sociedades profundamente desiguales en las que el aumento de la corrupción y el descreimiento en la política y los políticos marca los procesos electorales. Son países en donde la brecha entre el campo y la ciudad y la violencia estructural ha aumentado después de treinta años de aplicación de políticas tendientes a desmantelar el Estado para facilitar la “acumulación por desposesión” (Harvey, 2004).

Varios de estos países aún sufren las heridas producidas por largas guerras civiles en los años setenta y ochenta que los procesos de pacificación de los años noventa no cerraron, pues las estructuras jerárquicas, autoritarias, clasistas, patriarcales y racistas se mantienen. Esto se hace evidente con la exclusión de habitantes de zonas rurales, particularmente de campesinos e indígenas. En el año 1991, a la luz de la firma de acuerdos de paz en Centroamérica, Edelberto Torres-Ri-vas planteaba que “en la experiencia de tres países centroamericanos, lo autoritario que se intenta superar no solamente es una estructura política, sino una manera de ser de toda la sociedad y su sistema de dominación incluido” (Torres-Rivas, 1991).

Uno de estos países es Guatemala, en donde la población sigue luchando por la verdad, la justicia y la reparación ante la violación de derechos humanos, en particular en contra de la población indígena. El juicio por genocidio contra del ex dictador Ríos Montt —quien gobernó entre 1982 y 1983— estuvo lleno de dificultades, lo cual es una muestra de que la desigualdad, el autoritarismo, la impunidad y el racismo se mantienen vigentes. No obstante, también la lucha del pueblo guatemalteco, y especialmente de los pueblos indígenas, por la justicia, viene teniendo grandes victorias pues a pesar de todo se determinó que Ríos Montt es culpable de genocidio, aunque posteriormente un decreto ampliamente cuestionado anuló el juicio (Vázquez y Hernández, 2012). También se logró la sentencia contra Pedro García Arredondo, por la desaparición de Edgar Enrique Sáenz Calito en 1981, que era Jefe del Comando Seis de la desaparecida Policía Nacional. Este oficial también está vinculado a otros casos de desaparición y asesinato y fue sentenciado a setenta años de prisión (Yagenova, 2012).

Tanto en Guatemala, en donde el presidente actual Otto Pérez Molina es un militar que participó en la guerra de baja intensidad y a quien se le atribuyen crímenes en contra de la población civil; como en Honduras —donde en el año 2009 hubo un golpe de Estado cuyas consecuencias hoy vemos— encontramos la evidencia de que nuestras democracias son inconclusas y el pasado de horror fácilmente vuelve a repetirse en nuevos contextos. Incluso en Nicaragua encontramos manifestaciones de ex militares de los años ochenta, desmovilizados, que recurren a las armas para exigir solución a sus demandas por una vida digna (Gandásegui y Carrera, 2012c). Así, tenemos sociedades que no han cicatrizado sus heridas y que, aparentemente, no han aprendido nuevas formas de organizarse, sin violencia, sobre los sectores más desprotegidos.

LA HISTORIA REPETIDA BAJO EL NEOLIBERALISMO

En el contexto neoliberal actual, esas viejas formas de exclusión se activan generando lo que Harvey (2004) llama “acumulación por desposesión”. Vemos esto con el extractivismo propio de un modelo de desarrollo depredador del ambiente y las fuentes de vida y organización de poblaciones de las zonas rurales. Debido a esto, en Guatemala encontramos acciones colectivas relacionadas con las luchas de los pueblos indígenas y campesinos por los recursos naturales. Al analizar la cronología de acciones colectivas de agosto de 2012 en ese país (Yagenova, 2012), encontramos la actividad de diferentes grupos indígenas, que se da en medio de acciones de intimidación y violencia directa, veamos algunos ejemplos:

-    Las comunidades mayas en resistencia realizan una marcha en protesta en Sipacapa (San Marcos), en demanda del respeto a la consulta realizada en donde rechazan la licencia de exploración otorgada a la empresa Entre Mares de Guatemala por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

-    Autoridades indígenas y organizaciones de Solóla rechazan un proyecto de tipo geoeléctrico y se demanda al Ministerio de Energía y Minas dejar sin efecto la licencia.

-    El Centro de Acción Legal y Social (Calas) denuncia la crimi-nalización y acciones judiciales en contra de su director por su trabajo en contra de una empresa de minería de metales en San Rafael de las Flores, la cual ha instalado una planta industrial sin contar con los permisos correspondientes. También esta organización se opone a la exploración de petróleo en Peten que promueve el MEM.

-    Protesta por 165 días en contra del proyecto Minero Progreso Derivada VII de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala.

-    Protesta del Consejo de los Pueblos de Occidente por visita de funcionarios canadienses que van a supervisar labores de la empresa Goldcorp S.A. en San Marcos, pues consideran que desean influir en una nueva Ley de Minería que incrementaría la industria extractiva.

-    La Región Pastoral de Ixcán (Quiche) denuncia que las compañías transnacionales y el Estado no respetan las poblaciones, así como la remilitarización de la zona que ya sufrió la violencia de la guerra y el desplazamiento. Se exige respeto a la consulta y al derecho de los pueblos indígenas.

-    Líderes y liderezas indígenas se reúnen y denuncian las políticas gubernamentales en apoyo a la industria extractiva. En algunas comunidades se amenaza a la población para que estas empresas entren por la fuerza. Una lidereza sufrió un ataque armado en julio, al cual sobrevivió. Se habla de 250 conflictos derivados de mineras, hidroeléctricas y siembras de monocultivo.

-    La coordinación y convergencia de la organización Maya Wa-qib’ Kej denuncia haber sido objeto de una intimidación mediante un ataque de hackers contra su página web, que la dejó inhabilitada. Esta organización lucha por los derechos de los pueblos xincas, mayas y mestizos y se manifiestan en defensa de los territorios, por la vida y en contra de los megaproyectos.

-    Vecinos de Livingston (Izabal) denuncian que la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA) lleva a cabo intimidaciones y amenazas y que busca despojar a las comunidades indígenas y campesinas de sus tierras.

-    Se denuncia el asesinato de Héctor Girón, quien participó en las protestas recientes. También se pide investigar la muerte de Gerónimo Ortiz Linares (Ibíd.).

Los conflictos ambientales también se presentan durante el mes de octubre de 2013 en Costa Rica, un país que ha sufrido varias luchas por el medio ambiente en confrontación con el gobierno y diferentes empresas transnacionales, especialmente después de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Si bien la historia de Costa Rica no nos habla de guerra durante los años setenta y ochenta, sí podemos dar cuenta de treinta años de aplicación de políticas neoliberales que han transformado sustancialmente la estructura social, económica y política de ese país. Así:

Vecinos de Puerto Jiménez se manifiestan en contra de la construcción de una marina en ef Goffo Dufce de Puerto Jiménez, en fa zona sur def país. En 2008 se había puesto un recurso de amparo que detuvo fa construcción de fa marina, pero fa Safa Cuarta rechazó ef recurso (Gutiérrez Espefeta, Afvarado Afcázar y Martínez Sánchez, 20f 2).

Ef Frente Nacionaf de Sectores Afectados por fa Producción Pinera, ef Centro de Derecho Ambientaf y de fos Recursos Humanos, ef Comité Locaf de fa Unión Internacionaf para fa Conservación de fa Naturafeza y fa regidora de fa Municipafidad de Guácimo, Erfinda Quesada, denuncian fa fafta de acción def gobierno frente a fas denuncias de impacto ambientaf y sociaf de fa expansión def monocuf-tivo de fa pina (Ibíd.).

En Ef Salvador, en octubre de 20 f 2: “diferentes organizaciones recia-man fa contaminación de ríos, y exigen fa decfaración def agua como derecho humano fundamental, así como fa soberanía aumentaría”

(Gandásegui y Carrera, 2012a). También en Panamá encontramos protestas de grupos ambientalistas por fallos de la Corte Suprema de Justicia que dejaron sin protección áreas que ya estaban preservadas, tales como manglares (Gandásegui y Carrera, 2011).

Vemos así cómo los gobiernos de la región centroamericana apuntan hacia un estilo de desarrollo excluyente y que forma parte de lo que ha sido designado como el Plan Puebla Panamá:

El Plan Puebla-Panamá (PPP) es un megaproyecto que pretende impulsar el desarrollo económico y social en una región ubicada desde el sur sudoeste de la nación azteca hasta Panamá, que supera el millón de kilómetros cuadrados y en la que habitan alrededor de 64 millones de personas, de las que el 43% son mexicanos y el resto centroamericanos. Abarca los estados mexicanos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de todos los países ubicados en el istmo centroamericano hasta Panamá, incluyendo Belice. Uno de sus propósitos es impulsar la construcción de un conjunto de corredores que faciliten la circulación de las mercancías. El PPP simplifica a una Mesoamérica conectada por proyectos de infraestructura (carreteras, interconexión eléctrica, fibra óptica, puertos, etcétera) y un corredor biológico, sin que asomen el bosquejo de proyectos de educación, salud, vivienda y otros vinculados con el directo bienestar de la población (Vargas, s/f).

Ligado a la defensa del medio ambiente encontramos el derecho a la tierra como un tema que moviliza a sectores campesinos. En Guatemala, tal y como lo establece Yagenova (2012) en su cronología:

-    Agentes antimotines de la Policía Nacional Civil y de la Policía Militar desalojan a 233 familias que habían ocupado terrenos cerca de la guardia presidencial.

-    La Comisión Internacional de Juristas denuncia el acoso permanente a más de cien comunidades del Peten, produciendo el desplazamiento de noventa familias en agosto de 2011 hacia Tabasco, cerca de la frontera con México. Se les acusó de colaborar con el narcotráfico.

-    El CUC y ocho comunidades indígenas ancestrales denuncian la usurpación de sus tierras en la Sierra Santa Cruz (Izabal) por parte de particulares y sociedades anónimas.

También en el caso de Honduras la lucha por la tierra resulta sumamente violenta. Así, en junio de 2012 se denuncia el asesinato de un campesino en el Bajo Aguan, como resultado del conflicto por tierras. Un policía resulta herido y se presumen varios campesinos heridos. Asimismo se dan las siguientes situaciones:

-    Desalojo de campesinos que tomaron tierras en Tocoa (Colón), en la zona norte del país.

-    34 personas detenidas en desalojo de campesinos en la finca Los Laureles, en el Bajo Aguan.

-    El abogado Antonio Trejo Cabrera, defensor de los campesinos del Bajo Aguan, es asesinado a tiros, así como el fiscal de Derechos Humanos Manuel Eduardo Díaz fue asesinado por pistoleros en Choluteca, en el sur del país (Gandásegui y Carrera, 2012b).

En Guatemala también encontramos este tipo de violencia en el ámbito de grandes empresas. Tal es el caso del asesinato del sindicalista del Ingenio Azucarero Palo Gordo S.A., Ángel Alfonso Tzul, quien tenía un juicio laboral con la empresa demandando su reinstalación, pues él y otros obreros habían sido despedidos (Yagenova, 2012).

Otro tema en el que encontramos graves ataques al bienestar de la población trabajadora tiene que ver con el irrespeto a los derechos laborales mínimos, como es el derecho al salario. Es el caso de lo que sucede en Honduras, en donde:

-    113 personas quedan sin trabajo en el Hospital Escuela.

-    El Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureno de la Niñez y la Familia van al paro por despido de trabajadores.

-    Más de 1.000 miembros del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos toman las oficinas para exigir el pago de su retiro, que se les adeuda desde julio.

-    4.000 empleados de SOPTRAVI se declaran en huelga por no recibir su salario desde hace dos meses.

-    Empleados del Hospital Psiquiátrico están en paro porque no les han pagado sus salarios.

-    Maestros del sector público reclaman salarios no pagados desde 2010, por lo que harán un paro y bloquearán calles.

-    Médicos protestan por una ley que reduce sus salarios para quienes ganan más de 50.000 lempiras, y presentan un recurso de amparo.

-    Sindicalistas de salud de la región sur reclaman pago de viáticos y provisión de combustible para motocicletas y carros.

-    26 empleados de una clínica de salud al norte del país han sido suspendidos. Se le adeudan salarios y las personas de la comunidad no reciben atención en salud (Gandásegui y Carrera, 2012b).

Esto se da en el marco de políticas de flexibilización laboral en toda la región. Además, este tipo de políticas tiene como contraparte la creación de leyes y procedimientos tendientes a limitar las protestas y a afectar las garantías sindicales. Por ejemplo, vemos en Costa Rica la constante denuncia sindical de estas acciones de control gubernamental:

-    La ANEP y UNCECA reaccionan ante la intención de la presidenta de vetar dos artículos del Proyecto de Ley de la Reforma Procesal Penal que se refieren a las condiciones para declarar una huelga ilegal y establecen la imposibilidad de contratar nuevos trabajadores mientras la huelga no sea declarada ilegal. Se plantea denunciar al gobierno ante la OIT.

-    Los sindicatos no se presentan a la discusión con el gobierno del aumento salarial del sector público pues el gobierno pretende que se discuta en cambio un proyecto de ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público y una nueva metodología para el cálculo del aumento salarial.

-    APSE y SEC anuncian protesta en contra de la represión laboral en el Ministerio de Educación y por los incentivos laborales. La marcha se realiza y en ella se protesta en contra de la demanda del Ministro de Educación de que presenten las boletas comprobantes de que participaron en el Congreso.

-    Presidenta de la APSE denuncia persecución en contra de docentes indígenas a quienes se les exige presentar boletas de participación en Congreso sin respetar el plazo establecido.

-    El Sindicato de Hacienda y Aduanas exige la destitución del director de dicha entidad debido a acoso laboral e interpretaciones antojadizas a la ley general de Aduanas.

-    El Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) inicia su congreso en estado de huelga por la determinación del Ministro de Educación de exigir el comprobante de participación en el mismo a las y los docentes que se ausenten. Esto es visto como intromisión (Gutiérrez Espeleta et al, 2012).

En el caso de Honduras encontramos que el presidente Porfirio Lobo anuncia legislación en contra de la toma de centros educativos y de salud del país (Gandásegui y Carrera, 2012b). También en Panamá hubo un paro en la Universidad de Panamá ante rumores de que se quieren regular las protestas de los estudiantes (ídem).

Podemos ver entonces la existencia de conflictos ambientales, conflictos por la tierra, el irrespeto a los derechos laborales y la crimi-nalización de la protesta en donde la violencia más extrema se da en Guatemala y Honduras, al utilizarse el asesinato como medio sistemático de eliminar la oposición.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El seguimiento a las acciones colectivas es un excelente medio para medir los conflictos que se dan en las diferentes sociedades y nos muestran a una población activa que resiste y establece estrategias para rechazar o aminorar los efectos de las políticas que les afectan.

Entre junio y octubre de 2012, en diferentes países de América Central encontramos una serie de acciones colectivas que se enmarcan dentro de la profundización de procesos de usurpación y exclusión, relacionadas con la toma de tierras por compañías transnacionales para el desarrollo de megaproyectos extractivistas que afectan a las poblaciones más vulnerables históricamente, como son los indígenas y campesinos, con mayor énfasis en el caso de Guatemala, pero también en el resto de Centroamérica. Así, encontramos el aumento de conflictos por la tierra en Guatemala y Honduras. Sin embargo, si nos remitimos a las cronologías de enero de 2011, encontramos el mismo tipo de situaciones en Panamá, en donde la población Ngóbe (Comarca Buglé), ha llevado la peor parte de la lucha en contra de grandes proyectos hidroeléctricos y mineros (Gandásegui y Carrera, 2011). También encontramos el irrespeto a los derechos laborales, tales como el de recibir un salario, el de asociarse —como es el caso de Honduras y Costa Rica— y la criminalización de la protesta —caso de Costa Rica y Panamá.

Los conflictos han recrudecido en sociedades cada vez más desiguales y en donde no se han superado las grandes injusticias que hace años llevaron a la lucha armada, no se ha logrado hacer justicia y, por tanto, no se ha producido arrepentimiento ni reparación. Así vemos que la historia parece repetirse, impidiendo la participación ciudadana y afectando de manera encarnizada a la ciudadanía, especialmente a las poblaciones rurales.

Nos encontramos entonces con grandes dificultades para lograr la integración social y para aceptar la diversidad. Vivimos en un sistema que provoca cada vez más muertes y, por tanto, se hace necesario transformarlo a partir de las luchas que ya vienen realizando los movimientos sociales que claman por el derecho a la vida.

BIBLIOGRAFÍA

Gandásegui, M. y Carrera, A. 2011 “Cronología del Conflicto Social Panamá Diciembre 2011″. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Observatorio Social de América Latina, Panamá. Disponible en <http://www.clacso.org.ar/institucional/lh. php?idioma=>, acceso 8 de diciembre de 2012.

________ 2012a “Cronología del Conflicto Social El Salvador Octubre 2012″. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Observatorio Social de América Latina, Panamá. Disponible en <http://www.clacso.org.ar/institucional/lh. php?idioma=>.

_______ 2012b “Cronología del Conflicto Social Honduras Setiembre 2012″. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Observatorio Social de América Latina, Panamá. Disponible en <http://wwwclacso.org.ar/institucional/lh.php?idioma=>, acceso 8 de diciembre de 2012.

_______ 2012c “Cronología del Conflicto Social Nicaragua Junio 2012″. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Observatorio Social de América Latina. Panamá. Disponible en <http://wwwclacso.org.ar/institucional/lh.php?idioma=>, acceso 8 de diciembre de 2012.

_______ 2012d “Cronología del Conflicto Social Panamá Junio 2012″. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Observatorio Social de América Latina, Panamá. Disponible en <http://wwwclacso.org.ar/institucional/lh.php?idioma=>.

Gutiérrez Espeleta, A., Alvarado Alcázar, A. y Martínez Sánchez, G. 2012 “Cronología del Conflicto Social Costa Rica Octubre 2012″. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Observatorio Social de América Latina, San José. Disponible en <http:// www.clacso.org.ar/institucional/lh.php?idioma=>, acceso 8 de diciembre de 2013.

Harvey, D. 2004 “El nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”. Socialist Register.

Karl, T. L. 1995 “The Hybrid Regimes of Central America”. Journal of Democracy, 6 (3), pp. 72-86.

Torres-Rivas, E. 1991 “Centroamérica: La transición democrática hacia la democracia”. Revista de Estudios Políticos, 14.

Vargas, O. R. s/f “¿Qué es el Plan Puebla Panamá?”. El Nuevo Diario. Disponible en <http://marting.stormpages.com/queselplan.htm>, acceso 8 de diciembre de 2013.

Vázquez, B. y Hernández, M. 2012 “CC anula condena a Efraín Ríos Montt”. Prensa Libre.com. Disponible en <http://www. prensalibre.com/noticias/justicia/CC-deliberando-resolucion-Rios-Montt_0_922707981.html>, acceso 8 de diciembre de 2012. Yagenova, S. 2012 “Cronologías del Conflicto Social Guatemala Agosto 2012″. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Observatorio Social de América Latina, Guatemala. Disponible en <http://www.clacso.org.ar/institucional/lh.phpPidioma>, acceso 8 de diciembre de 2012.

Tiene doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos, Caribeños y de los Latinos en Estados Unidos por la Universidad de Albany (SUNY, Nueva York) y una maestría en Estudios Psicoanalíticos de la New Schooi for Social Research de Nueva York. Obtuvo la licenciatura y el bachillerato en Psicología en la Universidad de Costa Rica. Se desempeña actualmente como Directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, en donde es docente catedrática adscripta a la Escuela de Psicología y al Instituto de Investigaciones Sociales. Sus temas de interés se relacionan con la Economía Política Cultural Crítica, los procesos de construcción cultural y subjetiva bajo el neoliberalismo, y las migraciones. Es autora del libro Entre arriba y abajo: la experiencia transnacional de la migración de costarricenses hacia Estados Unidos y de diferentes artículos sobre temas relacionados con la migración; sobre juventudes, exclusión social y construcción de género. Actualmente es representante suplente por Centroamérica ante el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).↵

9

Ana María Barletta[1] 

CONMEMORACIONES DE LA DEMOCRACIA, SENTIDOS COMUNES, MEMORIAS DE LA POLÍTICA[2]

Sólo se recuerda a los victoriosos (en el sentido de aquellos cuyas aspiraciones anticipaban las evoluciones subsiguientes). Las vías muertas, las causas perdidas y los propios perdedores se olvidan.

Edward P. Thompson
La formación de la clase obrera en Inglaterra (Prefacio, p. XVII)

Desde el principio, el pensamiento occidental de la democracia ha sido una suerte de regateo. Dicho de otra forma, ciertos teóricos —desde Aristóteles, Rousseau, Tocqueviüe y Marx hasta Rawls y Wolin— sostienen (de manera diferente) que la democracia necesita condiciones precisas, enriquecimientos, equilibrios sutiles, pero el término en sí no estipula nada. Es acaso otra razón por la que, en el clima actual de entusiasmo por la democracia, es tan fácil dejar de ver hasta qué punto su objeto ha sido vaciado de todo contenido.

Wendy Brown

ESTE ENSAYO PRETENDE REFLEXIONAR sobre las perspectivas, horizontes y dilemas de la encrucijada política y social de nuestra región, acerca de las cuales me gustaría comentar en el presente texto, y que se refieren básicamente a la dificultad que tenemos para recuperar los sentidos de democracia que albergaron los períodos previos a las dictaduras y que fueron brutalmente cercenados por estas.

Desde los últimos meses de 2013 estamos conmemorando el aniversario de treinta años ininterrumpidos de democracia en Argentina, como también en algunos otros países de América Latina, coincidentes con las elecciones que consagraron a Raúl Alfonsín como presidente de la República y que dieron fin a la salvaje dictadura militar que había derrocado, en 1976, al tercer gobierno peronista instalado en el poder en 1973, luego de que se cumplieran 18 años del obligado exilio del viejo líder proscripto, Juan Domingo Perón. Este murió el Io de julio de 1974 y lo sucedió su viuda hasta el momento en que las FFAA, en la mitad del mandato constitucional, decidieron terminar con su gobierno.

Los aniversarios y, en particular, las así llamadas “fechas redondas”, generalmente constituyen una oportunidad para hacer balances y pensar qué fue de nosotros en estos treinta años. Así, la historia —como disciplina sistemática con su léxico disciplinar y sus reglas del oficio— se tensiona en estas conmemoraciones cada vez que es convocada, por los medios y los ámbitos no específicos, para dar su palabra sobre el hecho en cuestión. Y allí es donde el régimen de historicidad de las interpretaciones se carga de una gama interesante de tiempos superpuestos.

Desde esta perspectiva, más allá de las insatisfacciones que todavía albergamos en democracia por la persistencia de muy significativas desigualdades sociales y políticas, en Argentina no obstante celebramos en forma inédita que no hayamos vuelto a padecer dictaduras militares. En muchos planos de la vida social esto ha significado logros importantes, siendo uno de los más indiscutidos el juzgamiento de los perpetradores de crímenes aberrantes contra la humanidad: asesinatos, desapariciones, torturas, persecuciones, robos de bebés… Y este es indudablemente un motivo fundamental para festejar esta acumulación de tres décadas sin dictaduras militares en nuestro país (baste, como comparación, la dificultad para juzgar y mantener la sentencia condenatoria al dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, uno de los responsables máximos del genocidio indígena en Guatemala).

Ahora bien, el gobierno radical instalado en 1983 se pensó a sí mismo como fundacional, y estaba cargado de gran expectativa frente a las posibilidades que brindaba la democracia y la cultura democrática, para inaugurar una época que pretendía diferenciarse radicalmente de la inmediata historia anterior, y no solo de la historia de la dictadura militar, sino también muy claramente del período previo a la dictadura, de esos años sesenta y setenta que tantas dificultades planteaban a los grandes partidos nacionales para buscar una nueva legitimación política. De este modo, la democracia alfonsinista buscó, fundamentalmente, desinscribirse de una cultura política argentina signada por una vasta serie de fracasos, calamidades, errores y, sobre todo, de una marca fuertemente autoritaria que, como se sugería, se escondía en muchos ámbitos de la vida nacional y, por ello, necesario dejar atrás y no volver a repetir. De allí que, tal vez, la oposición di-cotómica preferida fuera “Autoritarismo vs. Democracia”, antes que “Dictadura vs. Democracia” (Rinesi, 2013).

En ese sentido, el encuentro con el pasado inmediato fue bastante problemático, ya que ese presente pretendía aparecer como un momento totalmente nuevo que, si trataba de recuperar algo del pasado, solo podía remontarse a épocas más lejanas —antes del primer peronismo, tal vez— o aquellos momentos en que se decía había funcionado la república. La famosa expresión de Alfonsín “Con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa” se transformó en la consigna de una utopía que a poco de andar fue revelando su impotencia para resolver por sí misma tantos anhelos acumulados. El radicalismo ganó esas elecciones diferenciándose netamente de la dictadura militar y del peronismo en su conjunto e, incluso, del gran conglomerado de los partidos y grupos de la izquierda revolucionaria que habían sido salvajemente derrotados. Por otra parte, el recitado del Preámbulo de la Constitución Nacional, que el mismo Raúl Alfonsín denominó “rezo laico” u “oración patriótica”, anudaba automáticamente con tradiciones políticas decimonónicas, que pensaron la emergencia de la nación argentina en contraposición a la tiranía, uno de los argumentos preferidos de “los hombres que hicieron la Organización Nacional”, reivindicados por Raúl Alfonsín en su discurso de fin de campaña, en octubre de 1983[3].

En los últimos tiempos, el entramado pasado-presente se ha revi-talizado —tal vez al calor de los festejos del bicentenario— y es visible en el oficialismo la intención de tender puentes con el tercer gobierno peronista, con el que siente cierta identificación, y con las tradiciones militantes de la juventud revolucionaria de los años setenta. Aunque lo haga en una forma muy estilizada y sus interpretaciones estén cargadas también de oscuridades, y aunque por otro lado estos puentes estén también habitados por el denuesto que estos años reciben —por parte de una oposición que no deja de condenarlos, sospechados de haber abierto el paso al terrorismo de Estado— esta coyuntura ofrece, al menos, una oportunidad de repolitizar la historia.

Nuevamente, entonces, el aniversario vuelve la mirada hacia el pasado y la historia y la memoria son exhaustivamente convocadas como imperativos contra el olvido. Se imponía, nuevamente, festejar estos treinta años como un logro definitivo, ya que su sola vigencia por sí misma parecía conjurar cualquier intento de clausurarla. Pero otros aniversarios se superponen a esta celebración: junto a ella, el recuerdo de fechas oscuras que marcan los aniversarios de los inicios de las dictaduras militares, como ocurrió en Chile en septiembre 2013, y en Uruguay en junio de ese mismo año, al cumplirse los cuarenta años de la instauración de los golpes militares contra el gobierno de la Unidad Popular y de la democracia uruguaya, respectivamente. Como también ocurre en Argentina cada 24 de marzo, fecha de la instauración de la dictadura militar, día no laborable. Podemos celebrar masivamente el retorno de las democracias post-dictaduras (y está muy bien hacerlo, porque nos prometemos no repetir esos pasados tremebundos en la consigna “¡Nunca más!”); recordamos, también masivamente, los inicios de las dictaduras que esta democracia —apostamos— ha venido a superar definitivamente; pero nos cuesta celebrar, reponer, recuperar el recuerdo, la historia y la memoria de las democracias previas a la dictadura militar, las que parecen cargar con la culpa de la instauración de las dictaduras mismas.

En el mes de septiembre pasado, pude compartir en Santiago de Chile algunos de los actos conmemorativos del inicio de la dictadura pinochetista, y conservo de esos días dos recuerdos sugestivos. El primero de ellos se refiere a la visita al Museo de la Memoria, un edificio impactante, con salas muy conmovedoras como, por ejemplo, la que —en un clima de oscuridad— proyecta las imágenes del bombardeo de La Moneda, el 11 de septiembre de 1973, a la vez que reproduce de viva voz el último discurso desesperante de Salvador Allende, minutos antes de entregar su vida como ofrenda a su posición inclaudicable en la defensa de un proceso de transformaciones pacíficas y, a la vez, revolucionarias. Fue una conmoción de los recuerdos, minutos muy emocionantes, porque el único vestigio de la Unidad Popular que puede encontrarse en el Museo de la Memoria es la última voz del presidente depuesto, “el inolvidable último discurso radial de Salvador Allende, su desoladora despedida y su esperanzada profecía aún no cumplida” (Lenci, 2013)[4]. Y, a partir de allí, los caminos del museo conducen por el recuerdo del horror, de las víctimas, de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado de Chile entre los años 1973 y 1990, hasta la recuperación de la democracia con las imágenes de Patricio Aylwin acompañado de Raúl Alfonsín en una de las ceremonias de asunción, en el Estadio Nacional, el 12 de marzo de 1990. Un recorrido, entonces, que comienza en el último minuto angustiante de Salvador Allende; sigue con las persecuciones, asesinatos, torturas, presos, desaparecidos; recupera las imágenes y las voces de los organismos de DDHH y culmina con la alegría masiva por la recuperación de la democracia.

El segundo recuerdo es la revista El Desconcierto.el, que compré en un kiosco, advertida por su tapa que ostentaba un título provocador: “Especial: 43 años UP”, y dentro exhibía un repaso de la singularidad política del período 1970-1973, con notas y testimonios de protagonistas de esos alborotados años. Comentando la vertiginosidad que, para este aniversario, tuvo el rescate de la memoria en las semanas previas al 40° aniversario del golpe militar, se afirmaba:

Ha sido, eso sí, una memoria selectiva, situados en el 11, en la equidistancia de la dictadura y de los mil días de la UP, todas las miradas se han volcado hacia la represión, las torturas, el horror. El gobierno de Salvador Allende, entonces, ha quedado en la misma nebulosa de siempre: no se sabe contra qué fue el golpe ni qué se quiso interrumpir. Esta emergencia de la memoria es, en cierta medida, una prolongación de lo que fue la política de los consensos: hacemos rescate de aquello sobre lo que todos a esta altura estamos públicamente de acuerdo {está mal torturar y hacer desaparecer) y borramos aquella parte que estuvo y está en disputa. La parte, en ese sentido, política. La Unidad Popular {El Desconcierto.el, 2013, p. 2. Subrayado en el original).

Haciendo referencia a un proceso que la revista evaluaba como “pionero y referencia mundial en materia de participación” y “de innovación revolucionaria respecto de los estándares y modelos tanto de la llamada democracia burguesa occidental como de los regímenes políticos del socialismo de su tiempo”, y que podría constituir “un antecedente valioso de los procesos democráticos anti-neoliberales actuales de América Latina” (p. 3), la nota editorial señalaba cómo, en el momento exacto de la conmemoración del golpe, más complejo se volvía aún hablar de lo que pasaba antes de aquel 11 de septiembre. Y concluía:

…resulta más fácil a la actividad mediática adoptar la pose de un humanismo piadoso y ocuparse del horror militar y la victimización, que abordar las enormes potencias generadoras de la época previa a la catástrofe (…) donde los 40 años son de alguna manera más cómodos que los 43. (p. 6)

De este modo, la revista nos interpelaba, solicitaba al pensamiento crítico y a los medios independientes que pueda “reinstalar(se) 1970 no a cambio, sino junto a 1973″ (ídem). Estos dos recuerdos suscitan interrogantes: ¿Por qué, junto a la celebración de los treinta años del fin de las dictaduras y del inicio de las democracias actuales no podemos incluir la celebración de los 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina en 1973, o los 43 años de la UP y así siguiendo con los aniversarios de los proyectos transformadores previos a la emergencia de las salvajes dictaduras del Cono Sur?

¿Por qué nos incomoda rememorar el inicio de los procesos de-mocratizadores, emancipatorios y transformadores radicales del orden social y político protagonizados por la izquierda del arco político, reformista o revolucionaria? ¿Por qué estos períodos parecen arrastrar (de hecho arrastran) una culpa, sospechados como están por haber abierto la etapa más represiva de la historia política de estos países? ¿Podrían las ideas de izquierda volver a tener una incidencia fuerte en los proyectos transformadores sin recuperar los significados de esos proyectos de transformación radical de la sociedad?

En el caso argentino, por ejemplo, a pesar de que ambas fechas —1973 y 1983— pueden pensarse como aperturas, a partir de la derrota de dictaduras, los dos momentos tienen características diferentes y diferentes significados en la historia política argentina y podría decirse que esta analogía sería extensible a los mismos momentos de otros países, al menos del Cono Sur.

Evidentemente, en Argentina no hubo un consenso sobre el sentido de la democracia en 1973, pero un hecho relevante fue que esa experiencia cargaba con la marca fuerte de ser concebida por amplios sectores sociales y políticos como un paso previo hacia la transformación más radical de la sociedad, alentando a la vez la emergencia de un mundo nuevo (la patria socialista, el socialismo nacional, el socialismo a secas…). Más allá del objetivo reparatorio que para amplias mayorías tuvo la vuelta del peronismo al poder después de tantos años de proscripción y de alternancia de gobiernos civiles y militares que compartieron la estrategia proscriptiva, la encrucijada estaba marcada por el acumulado de demandas sociales y políticas que transcendían la exclusión del peronismo, a pesar de lo cual su recuerdo quedó asociado al incremento del espiral de violencia política de todos los signos.

En 1983, en cambio, se alentó una idea de democracia considerada de forma unánime como herramienta para construir una sociedad más libre, más igualitaria, más pluralista, centrada en las libertades políticas que habían sido brutalmente conculcadas por la dictadura. El objetivo reparatorio, en este caso, venía a superar el supuesto autoritarismo constitutivo de la cultura política argentina y estaba marcado por el acuerdo en reglas institucionales que permitieran reconstituir un espacio destruido por las dictaduras, superando las deficiencias del sistema político anterior. Si se buceaba en el pasado, había que remontarse muchos años más atrás para encontrar algunas épocas de nostálgica vida democrática, aunque no era el período inmediatamente anterior a la dictadura el que se podía recuperar. Es más, el tercer gobierno peronista operó desde entonces como un fantasma, difícil de pensar en clave democrática, y sobre todo que no debería repetirse.

Sin embargo, desde 2001 en adelante la democracia lograda en 1983 es vista desde sus propios límites y características más para-dojales: reglas institucionales consolidadas junto a exclusión social no resuelta. Si bien es cierto que durante todos estos años ha podido lograrse la consolidación del régimen político institucional, con sus accesos regulares al gobierno en los períodos establecidos y hasta con alternancia de partidos políticos, se hizo muy evidente en los años 2001-2002 que ese logro no había podido evitar ni resolver —incluso los había producido— los niveles más altos de exclusión social alcanzados en la Argentina del siglo XX.

Desde entonces, asistimos a una revitalización del conflicto político, en el que se hicieron cada vez más visibles los antagonismos propios de la lucha de intereses y, por lo tanto, estamos más dispuestos a ver en la efímera democracia de los años 1973-1976 un campo de fuerzas políticas mayor que el más obviamente analizado hasta entonces y que incluye también la participación política de los sectores empresarios y sindicales, las clases medias, el arco político en su conjunto, y no solamente militares y guerrilleros. Una vía por la que ha adquirido visibilidad esta ampliación del campo de observación del pasado reciente en Argentina ha sido la abierta por los últimos juicios de lesa humanidad, en los que también se juzgan crímenes económicos cometidos durante la dictadura, asimismo la responsabilidad patronal y sindical en la represión contra los trabajadores, al menos desde 1974. Por otra parte, no es menor el trabajo de la historiografía de la historia reciente que, en los últimos años, se ha abocado a nuevos temas y problemáticas, que comienzan a revelar el análisis de nuevos campos iluminadores: el mundo obrero, el mundo profesional y universitario, los vínculos entre dictadura y comportamientos sociales, la memoria militar, los presos políticos, los exiliados… (Chama y Sorgentini, 2011). Esta historiografía, “presionada” por el conjunto de ideas de la transición a la democracia, constreñidas dentro de un imaginario político muy atravesado por oposiciones dico-tómicas del tipo “autoritarismo/democracia”, incluía a la dictadura como versión paroxística del autoritarismo, sin dejar de sugerir en esas interpretaciones que la cultura política argentina estaba en altas proporciones teñida, inundada de autoritarismos que particularmente se habían concentrado en la izquierda política, en la opción por la lucha armada, en las organizaciones revolucionarias. Es decir que en 1983 un contenido muy fuerte de la democracia tenía este aspecto reparador de las libertades políticas y estas dependían de la adhesión a las reglas constitucionales y al sistema republicano, los que por sí mismos iban a hacer todo el trabajo reparador en forma bastante natural —incluso reparador de lo social—, como lo establecía la famosa frase de Alfonsín ya citada.

Si bien esta democracia entonces no se había vivido nunca en Argentina, y es inédita en varios planos —en el institucional en cuanto a las reglas del juego político, en cuanto a los recambios gubernamentales a través de elecciones y de plena vigencia de las libertades políticas—, estos treinta años también nos han mostrado que con máximas libertades políticas se han podido alcanzar niveles más altos de exclusión social en la historia argentina. Y, tal vez por eso, hoy más que en la demanda por libertades políticas que están en fase de ampliación, el énfasis está colocado sobre todo en la demanda por la democratización, por la más plena ampliación de los derechos, perspectiva que también se ha ido desplegando en los últimos años (Rinesi, 2013) y que sufre hostigamientos constantes de la derecha política.

¿De qué hablamos cuando hablamos de “democracia”? ¿Cuántas ideas sobre ella se disputan su sentido? ¿Por qué predomina una idea de democracia restringida al consenso, a los procedimientos, al juego electoral y a la división de poderes que parece no hacerse cargo de los más brutales procesos de exclusión que nos dejó el neoliberalismo?

El análisis de los períodos previos a la dictadura podría desafiar entonces la idea predominante, los ideales y valores sobre la democracia post-dictadura, entendida casi exclusivamente como consen-sual y procedimental, porque su historización podría reponer en la agenda de reflexión otros contenidos de la democracia, que son justamente los que se desplegaron en esos proyectos transformadores —reformistas o revolucionarios— a pesar de la derrota final de los procesos revolucionarios.

Las décadas de 1950 y 1970 fueron cruciales para América Latina en lo que significó una apuesta fundamental por la transformación social y política. La victoria de la Revolución Cubana, los procesos de lucha insurreccional, el triunfo de la Unidad Popular y el retorno del peronismo al poder en Argentina desataron álgidos debates sobre caminos posibles de cambios radicales. El hecho de que hayan sido casi todos derrotados, parece habilitar un juicio fuerte sobre su imposibilidad y su fracaso inevitable, haciendo solo balances parciales y muy sesgados sobre lo que estuvo en juego y sobre la misma lucha armada.

La perspectiva teleológica o fatalista que al estudiar esos años vería en ellos la lectura de un fracaso que se iba anunciando y que los actores no podían ver; la idea de la política revolucionaria como la gran devoradora de discursos y prácticas; el período 1973-1976, cerrado a cualquier innovación y visto exclusivamente como repetición y exceso de lo mismo, llevó a contar la historia con el final consumado o buscando el final en el origen ["ya no se podía..."]. Los procesos de radicalización y de politización de esos años, al ser homogeneizados bajo la impronta de las ideas mesiánicas y de la sobrevaloración de la voluntad, llevaron a pensar que fue la línea revolucionaria la que condujo al golpe, juzgando así a los revolucionarios por cómo terminaron en 1976, o sea derrotados. De este modo se fueron cargando las tintas contra los revolucionarios, quienes llevados por ideas mesiánicas fueron derecho al final trágico, desencadenando, a la vez, el golpe de Estado.

Lo que muchas veces en estas lecturas del pasado reciente se ha eludido —o se ha evitado su centralidad— es lo que Patricio Guzmán denominó en su serie La Batalla de Chile como “la insurrección de la burguesía” contra la experiencia de la Unidad Popular, que en Chile adquirió tonos nunca antes observados en la región, produciendo un clima de altísima polarización social; eso mismo que en Argentina Ricardo Sidicaro (2002) calificó como la fortísima acción beligerante de los sectores empresarios contra el Estado peronista, advirtiendo sobre el papel central que esta ofensiva patronal jugó en el golpe de Estado de 1976.

Muchas veces cuesta hacer jugar en los análisis del pasado reciente que, en los primeros años de la década del setenta, el escenario latinoamericano se fue cargando de una nueva ola de gobiernos dictatoriales, alineados explícitamente con Estados Unidos. Este fenómeno tuvo lugar en un primer momento en América del Sur, donde se pusieron en práctica coordinadamente las enseñanzas contrainsurgentes como respuesta o prevención frente al crecimiento de movimientos revolucionarios, con la experimentación en alguno de los casos de nuevos modelos económicos neoliberales: golpes como el del general Hugo Bánzer en Bolivia, contra Juan José Torres (21 de agosto de 1971), el del general Guillermo Rodríguez Lara, en Ecuador, contra Velasco Ibarra (15 de febrero de 1972) y la tutela militar sobre Juan María Bordaberry con disolución del Parlamento y las garantías constitucionales en Uruguay (27 de junio de 1973), son algunos de los casos.

De la misma manera que se apuntalaron y reforzaron las ya longevas dictaduras de la región, como las de la familia de Anastasio So-moza en Nicaragua (desde 1936); de Alfredo Stroessner en Paraguay (desde 1954); de Francois Duvalier y su hijo Jean-Claude en Haití (gobernando de facto desde 1964); de Emilio Garrastazu Médici en Brasil (sucesor de Humberto Castelo Branco y de Artur da Costa e Silva, generales a cargo desde el golpe de Estado contra Joao Goulart, en 1964). En el caso argentino, la tríada Onganía-Levingston-Lanusse que gobernó entre 1966 y 1973, después de derrocar al gobierno radical de Arturo Illia, no es ajena a este escenario, aunque en este país siempre sea inevitable destacar las particularidades que imprimía a la política el clivaje peronismo-antiperonismo, ya que Perón también había sido derrocado tempranamente en 1955 —y había tenido también, como Salvador Allende, su junio y su septiembre—, contemporáneamente con el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, momento que varios pensadores conciben como el inicio de todo el horror que vino después, el inicio de la contrarrevolución, de la que justamente se cumplirán ahora sesenta años (Abbattista y Barletta, 2013).

En su trabajo sobre Guatemala, Greg Grandin (2007) —investigador norteamericano que además participó en la Comisión por el Esclarecimiento Histórico en ese país, en los años 1997 y 1998— describió en forma muy convincente para América Latina una dialéctica feroz entre revolución y contrarrevolución, complejizando de este modo nuestros conocimientos sobre procesos de conflictividad política y social durante la segunda mitad del siglo XX en la región. Este autor parte de esa dialéctica entre transformación y reacción represiva, para interpretar el comportamiento de actores con arraigo nacional que, sin embargo, definieron y enmarcaron sus políticas en función de escenarios más amplios que trascendían las fronteras nacionales. En este esquema, el creciente anticomunismo de variados actores sociales y políticos, las identificaciones dentro del campo de las izquierdas con la Revolución Cubana y de los sectores militares con la doctrina de la seguridad nacional, serían claros ejemplos de apropiaciones locales de discursos y prácticas transnacionales, que constituyeron a la región latinoamericana como un campo de batalla particularmente sensible en la disputa por la transformación/mantenimiento del statu quo a nivel global. Y mostró claramente cómo los procesos democra-tizadores, en los que la izquierda del arco político tuvo algún papel — sea la izquierda reformista, sea la revolucionaria— fueron igualmente acorralados. Esa experiencia fue derrotada por un enemigo más fuerte y despiadado. El costo humano de la derrota fue muy alto en América Latina. Al número de personas asesinadas (450.000/500.000 entre 1959 y 1990), deben agregarse los millones de presos, torturados, expulsados de sus trabajo, desplazados de sus pueblos y tierras y forzados al exilio (Beverly 2012: 176).

Por lo mismo, en esos procesos transformadores previos a las dictaduras, difíciles de recordar en todas sus dimensiones, existió un desafío al orden vigente que permanece oculto en estos aniversarios, en el recuerdo de las tragedias y en las celebraciones acríticas de la democracia, que invisibilizan su dimensión polémica. Comparto la reflexión de Waldo Ansaldi (2013) en el prólogo a un libro reciente, acerca de la necesidad de poner en entredicho y cuestionar uno de los sentidos comunes más difundidos en la evaluación política de estos procesos: la creencia de que la violencia de las organizaciones armadas instaló un escenario de violencia generalizada y que este contexto propició el quiebre de la democracia liberal, eludiendo prestar una mayor atención, en cambio, a la violencia empleada por las clases dominantes para transformar el orden en su mayor beneficio. De este modo se ocluye la pregunta acerca del porqué de la violencia, que es central para completar nuestra visión sobre lo que estuvo en juego en esas encrucijadas, en las cuales la expansión del apoyo de los sectores obreros y populares excedió ampliamente los ámbitos participativos tradicionales.

Como bien señala Beverly (2012), para algunos autores que observaron retrospectivamente esos procesos la lucha armada estaba destinada a ser derrotada desde el comienzo, porque la misma idea de lucha armada “era un error catastrófico”. Sin embargo, también podría decirse que esos procesos “presagiaban una nueva forma de socialismo”, a pesar de que, dentro del universo de ideas revolucionarias no se le dio la suficiente reflexión o crédito a la cuestión de la democracia de masas, así como no se le dio a la hegemonía política expresada en términos electorales o culturales. Estas ideas plantearon la posibilidad de superar las usualmente restrictivas y muy manipuladas formas de la política electoral, y también el sindicalismo con nuevas formas de democracia y de participación política más abarcadoras y representativas.

Si pudiésemos entonces desentendernos de los tonos normativos que frecuentemente adopta la celebración de los procesos democráticos actuales y también de la adhesión al relato, tanto de la “leyenda heroica” como el de la pura detractación sobre el pasado reciente (Tortti, 2006); si pudiésemos desentendernos, también, de la preocupación por “quién tiró la primera piedra”, como proponen los colegas uruguayos (Marchesi y Yafé, 2012), podríamos tal vez considerar que —bajo nuevas formas— en la política contemporánea hoy vuelve a plantearse el mismo tema: cómo confluir para empezar a transformar el Estado, cómo empezar a transformar la sociedad desde el Estado, después del alto costo humano de la derrota en América Latina.

Y acá llegaron, justamente, las preguntas difíciles del público venezolano en la Conferencia, que reproduzco textualmente: ¿Cómo acumular poder para una perspectiva socialista en democracia? ¿Cómo recuperar una organización popular que combata al capital como verdadero reproductor de las desigualdades? ¿Cómo recuperar el proyecto popular socialista para profundizar la democracia partici-pativa popular y derrotar a las oligarquías?

Difícil responder. Me parece que una primera respuesta podría ser que la apelación a la democracia como orden político no se convierta en el camino para evitar plantearnos las necesidades de la transformación igualitarista de nuestras sociedades.

Nuestro presente nos lleva de distintos modos a ese pasado que deberíamos tratar de comprender más cabalmente, porque hoy es cada vez más evidente que múltiples lazos nos unen a él. Tenemos, en América Latina, presidentes actuales que estuvieron involucrados con la política revolucionaria de los años setenta, o que fueron víctimas del terror dictatorial; tenemos juicios emblemáticos contra los perpetradores de crímenes tremebundos, que reponen día a día acontecimientos olvidados. Nadie puede decir que estas inspiraciones no son formidables para intentar recuperar esos proyectos, historizarlos y reponerlos como memoria política en la reformulación de los ideales emancipatorios que albergamos.

Carlos Altamirano Orrego, quien fuera Secretario General del Partido Socialista de Chile durante el gobierno de la Unidad Popular, dijo en una entrevista de 1989 que fue nuevamente publicada en 2013:

Como sostiene Gramsci, cuando una idea prende y se internaliza en la gente, pasa a convertirse en lo que se denomina “sentido común” y ya no hay quien la pueda cambiar. En el Chile de hoy, el sentido común establece de manera definitiva que Altamirano es el responsable del golpe militar y del fracaso de la Unidad Popular, y no hay nadie que esté dispuesto a meditar al respecto. Porque mientras yo sea el gran culpable, todos los demás pueden dormir tranquilos; todos: Pinochet, Volodia, Aylwin y hasta Kissinger. Lo que yo diga no cambiará nada, el sentido común será siempre fuerte, porque nadie intentará contradecirlo (Orrego, 1989, citado en Politzer, 2013: 23).

Esta es la afirmación de un derrotado, o de un no-victorioso, para retomar con la cita inicial de Thompson. Queda pendiente cómo refutarla, que no se haga verdad lo que augura Altamirano, que podamos cambiar este sentido común retomando las preguntas políticas para convertirlas en objetivos historiográficos, objetivos que nos permitan tender puentes de memoria política con la lucha por más.

BIBLIOGRAFÍA

Abbattista, M. L. y Barletta, A. M. 2013 “El golpe contra la vía chilena’ al socialismo y su impacto en la región”. Prólogo a la colección de documentos sobre el golpe en Chile del Archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (La Plata: Comisión Provincial por la Memoria).

Ansaldi, Waldo 2013 “Pensar la política armada” en Inés Nercesian, La política en armas y las armas de la política (Buenos Aires: CLACSO).

Beverly, John 2012 “Repensando la lucha armada en América Latina”. Sociohistórica. Cuadernos del CISH, 28 (La Plata: CISH/ FaHCE-UNLP).

Brown, Wendy 2010 “Hoy en día somos todos demócratas” en G. Agamben y otros (Buenos Aires: Prometeo).

Chama, Mauricio y Sorgentini, Hernán 2011 “Momentos, tendencias e interrogantes de la producción académica sobre la memoria del pasado reciente argentino”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos en <http://nuevomundo.revues.org/62176>.

“Especial: 43 años UP” 2013 El Desconcierto.el, 14, Año 2 (Santiago de Chile).

Grandin, Greg 2007 Panzas: La última masacre colonial. Latinoamérica en la Guerra Fría (Guatemala: Avancso).

Lenci, M. Laura 2013 “Dimensiones del golpe en Chile” en <http://www.unlp.edu.ar/articulo/2013/9/1 l/40_anos_golpe_chile_2013>.

Marchesi, Aldo y Yaffé, Jaime 2012 “La violencia bajo la lupa: Una revisión de la literatura sobre violencia y política en los sesenta”. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 19 (1) (Montevideo: ICP).

Politzer, Patricia 2013 Altamirano (Santiago de Chile: Random House Mondadori).

Rinesi, Eduardo 2013 Conferencia inédita, XXI Encuentro Ordinario de Consejo de Decanos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Rosario, 20 de septiembre.

Sidicaro, Ricardo 2002 Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55; 1973-76 y 1989-99 (Buenos Aires: Siglo XXI).

Thompson, Edward P. 1989 La formación de la clase obrera en Inglaterra (Barcelona: Crítica).

Tortti, M. Cristina 2006 “La nueva izquierda en la historia reciente de la Argentina”. Cuestiones de Sociología. Revista de Estudios Sociales, 3 (La Plata: UNLP/Prometeo).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Agamben, G.; Badiou, A.; Bensaid, D.; Brown, W.; Nancy, J-L.; Ranciére, J. et al. 2010 ¿Democracia en qué estado? (Buenos Aires: Prometeo).

Altamirano, Carlos 2001 Bajo el signo de las masas (1943-1973). Biblioteca del Pensamiento Argentino VI (Buenos Aires: Ariel).

Barletta, A. M.; Lenci, M. L. y Ramírez, A. J. 2013 “Democracias en pugna. Un intento de recuperar los sentidos perdidos”. Cuestiones de Sociología. Revista de Estudios Sociales, 9 (Departamento de Sociología, Universidad Nacional de La Plata).

Barletta, A. M. y Lenci, M. L. (dir.) 2013 “La política en un tiempo bifronte: se prepara el infierno, se espera la revolución. Argentina 1973-1976″ (Proyecto, FaHCE-UNLP).

Calveiro, Pilar 2005 Política y violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años ’70 (Buenos Aires: Norma).

Carnovale, Vera 2011 Los combatientes. Historia del PRT-ERP (Buenos Aires: Siglo XXI).

Franco, Marina 2012 Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976 (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

Lesgart, Cecilia 2003 Usos de la transición a la democracia. Ensayo, ciencia y política en la década del ’80 (Rosario: Homo Sapiens).

Oberti, Alejandra y Pittaluga, Roberto 2006 Memorias en montaje. Escrituras de la militancia y pensamiento sobre la historia (Buenos Aires: El Cielo por Asalto).

Pinto Vallejos, Julio (coord.-ed.) 2005 Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular (Santiago de Chile: LOM).

Pittaluga, Roberto 2010 “El pasado reciente argentino: interrogaciones en torno a dos problemáticas”, en Bohoslavsky, E.; Franco, M; Iglesias, M.; Lvovich, D. Problemas de historia reciente del Cono Sur, Vol. 1 (Buenos Aires: UNGS/Prometeo).

Reano, Adriana 2012 “Controversia y La Ciudad Futura: democracia y socialismo en debate”. Revista Mexicana de Sociología 74 (3).

Sarlo, Beatriz 2001 La batalla de las ideas (1943-1973). Biblioteca del Pensamiento Argentino VII (Buenos Aires: Ariel).

Servetto, Alicia 2010 73/76. El gobierno peronista contra las “provincias montoneras” (Buenos Aires: Siglo XXI).

Profesora titular de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Decana de dicha Facultad por dos períodos (2004-2010). Coordinadora Académica del Comité Ejecutivo del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas. Integrante del Grupo de Trabajo sobre Historia Reciente (UNLP, UNR, UNGS, UNL). Coordina la Maestría en Historia y Memoria de la FaHCE/UNLP Investigadora del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales IdIHCS-CONICET-FaHCE/UNLP, donde participa de proyectos en el área de la Historia Argentina Reciente en el período de la radicalización política 1955-1976 y, particularmente en el tema universidad y política. Directora del proyecto de investigación colectivo "Las formas de la política. Argentina 1973-76)"↵

La idea original de este trabajo está expuesta en un texto escrito conjuntamente con María Laura Lenci y Ana Julia Ramírez, titulada "Democracias en pugna. Un intento de recuperar los sentidos perdidos", publicada en Cuestiones de Sociología. Revista de Estudios Sociales N° 9, diciembre de 2013 (Departamento de Sociología, Universidad Nacional de La Plata).↵

Paso por alto la época más salvaje del neoliberalismo de los años noventa, que intentó cortar todo vínculo con el pasado a través de los indultos a los dic- tadores y proponiendo una conexión privilegiada con el Primer Mundo, al que debíamos aspirar.↵

"Trabajadores de mi patria: Tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes, sabiendo, que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición" (del último discurso de Salvador Allende, desde La Moneda, trasmitido por Radio Magallanes).↵

10

Cecilia Carióla[1]  y Beate Jungemann[2]

POTENCIALIDADES DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN VENEZUELA LA EXPERIENCIA DE LAS MESAS TÉCNICAS DE TELECOMUNICACIONES

INTRODUCCIÓN

En el marco de la democracia participativa como principio constitucional, en Venezuela se han puesto en marcha políticas públicas de inclusión social que han generado nuevas formas de participación popular en el territorio basadas en la corresponsabilidad social frente al Estado. Entre las diversas organizaciones creadas para canalizar la participación a nivel comunitario se da un significativo impulso a aquellas centradas en mejorar la calidad de vida en los territorios populares —como los Consejos Comunales— y en democratizar el acceso a los servicios públicos, con la experiencia emblemática en el agua y saneamiento de las Mesas Técnicas de Agua.

A raíz de la renacionalización de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) en 2007 y de su nueva política hacia las comunidades (Cantv-TNI, 2011), surgen las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones (MTT) como una experiencia inédita de participación y organización popular en torno a los servicios de telecomunicaciones. Inédita por su contenido, ya que estamos frente a un tema que va más allá de la visión tradicional de necesidades básicas. En la práctica, las telecomunicaciones —y las TIC en general— se han constituido en necesidades sentidas de la gente, indispensables para la vida actual, y esta aspiración ha favorecido la rápida expansión y el avance hacia la consolidación de estas organizaciones.

Desde la puesta en marcha de esta política participativa se han constituido más de 1.400 MTT, con una cobertura territorial de alcance nacional que incorpora comunidades aisladas, zonas alejadas y desasistidas del país con significativas carencias de servicios públicos y particularmente de telecomunicaciones (casi el 70% de estas organizaciones se ubica en áreas rurales). Más allá de sus objetivos y funciones comunes, las MTT muestran una relativa diversidad marcada por condiciones territoriales, identitarias y de organización de las comunidades donde se constituyen. Las especificidades propias de mesas rurales, urbanas, de frontera, indígenas, de comunas, entre otras, dan pie a un proceso de conformación y desarrollo heterogéneo asumido con la flexibilidad propia de estas organizaciones y que genera múltiples prácticas compartidas periódicamente entre ellas a través de encuentros en diferentes espacios.

En su desarrollo, esta experiencia de organización popular ha ido mostrando una serie de potencialidades para fortalecer la democracia participativa, contribuyendo con la transformación de los espacios locales y con la construcción de una nueva institucionalidad, en el marco de limitaciones del propio proceso organizativo popular y de relaciones contradictorias con el Estado.

El análisis de estas potencialidades es el objetivo del artículo que presentamos a continuación. Se basa en los resultados de una investigación realizada por Cendes entre los años 2009 y 2011, con un estudio cuantitativo a través de una encuesta nacional de MTT, y un estudio cualitativo realizado mediante entrevistas en profundidad en 8 MTT ubicadas en distintos estados del país[3].

El artículo incluye tres partes: la primera, referida a la MTT como organización comunitaria en el marco de la política de servicios de telecomunicaciones; una segunda, donde se analizan las potencialidades de las MTT para la transformación de los espacios locales desde la perspectiva de construir democracia participativa en medio de limitaciones derivadas de la persistencia de prácticas verticales; y una tercera parte que da cuenta de la potencialidad demostrada por estas organizaciones para construir elementos de una nueva institucionali-dad enfrentada a tensiones con el Estado.

LAS MTT COMO ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones impulsadas por la Cantv se inscriben en una estrategia política institucional, de mayor alcance del Estado, orientada a promover la expansión de las TIC para reducir la desigualdad social y territorial existente en la cobertura de los servicios, así como en la apropiación y el uso de las nuevas tecnologías. Esta visión de democratización de las TIC tiene consecuencias positivas para avanzar hacia el cierre de la brecha digital, en tanto desigualdad tecnológica y social. En este marco, las MTT son concebidas como instancias para impulsar la participación de las comunidades en la formulación y ejecución de políticas públicas en el área de las telecomunicaciones, en una perspectiva más amplia y transversal de construir poder popular para superar la exclusión socioterritorial y tecnológica.

De acuerdo a documentos de la Cantv (2009), las MTT son organizaciones sociales comunitarias que integran a ciudadanos interesados en participar en el diseño, planificación y ejecución de soluciones para la prestación de servicios en telecomunicaciones e informática, con el fin de mejorar la calidad de vida en sus comunidades. En la evolución de su concepción y práctica, las mesas trascienden la función de gestionar el acceso a estos servicios y se proyectan en diversas dimensiones: como espacios para la formación y apropiación crítica de las TIC, construyendo ciudadanía a través de la democratización y socialización de su conocimiento y, especialmente, como instancias para fortalecer la organización comunitaria en los territorios populares, contribuyendo a su revalorización. Esta particularidad de organización y participación amplia —así como la creación de otras formas de comunicación a través del uso democrático de las nuevas tecnologías— están intrínsecamente articuladas, lo que les transfiere a las mesas un potencial de transformación social importante (Mattelart, 2012).

Las MTT son espacios públicos que operan tanto en el ámbito comunitario concreto como en niveles organizativos superiores, representados por redes de mesas con directa influencia en el ámbito institucional de la Cantv. Las mesas se caracterizan por ser abiertas, flexibles, horizontales e integrales, con diferentes capacidades para desarrollar procesos participativos en las comunidades, motivados por una gran diversidad de intereses en el campo de las comunicaciones y telecomunicaciones. De esta manera, se ocupan de las telecomunicaciones en un sentido que va más allá de los servicios telefónicos y de Internet, abarcando una variada gama de temas tales como las radios, televisoras y periódicos comunitarios, los servicios postales, la producción audiovisual y, en general, todo lo referido a las TIC. Como herramientas para el desarrollo personal y local, pero sobre todo para potenciar el desarrollo colectivo y participativo en las comunidades, las mesas constituyen un aporte a la organización popular y al proceso político comunitario (Cendes-Cantv, 2012).

Como espacios organizativos, las MTT son abiertas a todos los residentes de las localidades con interés en el tema de las comunicaciones y telecomunicaciones. Su carácter público ofrece la posibilidad de libre adscripción, sin discriminación política ni de algún otro tipo, en todas sus actividades. En su práctica política comunitaria, las MTT tienden a identificarse con el proceso bolivariano, incorporando en su mayoría a partidarios del gobierno, sin excluir aquellos miembros de la comunidad con diferente posición política, pero que manifiestan una decidida vocación para el trabajo comunitario.

Son espacios flexibles, capaces de adaptarse a las diferentes condiciones locales de las comunidades donde se desenvuelven. Esta flexibilidad se expresa, entre otras, en la aptitud para definir su alcance territorial desde un pequeño espacio local hasta el nivel municipal. El principio de flexibilidad se refleja también en el carácter horizontal de las mesas, que otorga igual posición a todos los voceros y les permite trabajar sin jerarquías internas. Esta característica contribuye a las prácticas democráticas de la organización, aunque no puede impedir el surgimiento de patrones culturales que promueven formas vertica-lizadas de ejercicio de poder, tanto en su interior como en la relación con la comunidad.

El carácter integral de las MTT se asocia a su concepción de organización solidaria, de apoyo al desarrollo comunitario y con una visión hacia la transformación de los territorios populares. Este rol asumido por muchas mesas, las motiva para contribuir con diversas actividades y proyectos colectivos existentes en la comunidad y desempeñar distintas funciones que surgen en el proceso de desarrollo local. Esta situación se refiere especialmente a comunidades desasistidas por las instituciones del Estado y donde la Cantv, a través de los promotores y las coordinaciones estaduales responsables de las mesas, hace una labor de conexión interinstitucional para lograr soluciones a los problemas existentes, que no pertenecen al ámbito estricto de las telecomunicaciones.

Otra característica que da a las mesas un sesgo diferencial es la referida a la transversalidad de las telecomunicaciones, que penetran y atraviesan todas las esferas de la vida cotidiana de la gente, desde lo más privado hasta lo colectivo e institucional. Las TIC vienen constituyendo un instrumento indispensable en los procesos de transformación de las comunidades, lo que ha despertado una conciencia sobre la necesidad de su apropiación social, articulada al proceso más amplio de transición de la sociedad venezolana en marcha. En sus áreas de influencia, las MTT abren posibilidades para desarrollar proyectos con soluciones tecnológicas socioterritorialmente más adecuadas (por ejemplo, los Centros de Comunicación Comunal[4]) y para priorizar proyectos de medios alternativos, cuyo uso transversal, público y colectivo en la vida cotidiana de la comunidad les da a las TIC un significado explícitamente social y político. Las posibilidades del acceso al uso avanzado de las nuevas tecnologías de información y su aplicación en los medios alternativos motivan —especialmente a los jóvenes— a incorporarse al trabajo de las MTT y a sus actividades de formación tecnológica.

Aunque las mesas actúan directamente en su área de influencia, desde muy temprano sintieron la necesidad de apoyarse mutuamente con prácticas de capacitación en telecomunicaciones y de producción de instrumentos de difusión (páginas web, blogs, programas de administración de Centros de Comunicación Comunal, proyectos de medios de comunicación comunitarios, etc.) para avanzar en el proceso de apropiación tecnológica adaptado a sus condiciones específicas y generalmente precarias en este área.

Además de esta solidaridad entre las mesas, en el campo de las TIC existen importantes experiencias de apoyo mutuo e intercambio de conocimientos entre las organizaciones a distintas escalas territoriales en otras actividades. Algunas de estas experiencias se realizan en una marcada relación de dependencia de la Cantv; otras son resultado de iniciativas y aportes propios de mesas y comunidades. En todo caso son avances de articulación horizontal previos a la constitución de una red de MTT.

La constitución de las redes de MTT en sus distintos niveles territoriales es el resultado del proceso de maduración como organización y de intercambio de sus experiencias en los encuentros nacionales promovidos por la institución. Especialmente a partir del Segundo Encuentro Nacional de MTT (abril de 2010), se explicita el objetivo de progresar y profundizar en la conformación de redes territoriales como iniciativa legítima de las organizaciones. La creciente concienti-zación de las mesas sobre las ventajas de articular prácticas, esfuerzos y visiones con el fin de desarrollar y formular propuestas comunes para ser incluidas en las políticas de telecomunicaciones, llevó a la conformación de la Red Nacional de MTT, acuerdo logrado en el Primer Encuentro de Redes, en febrero de 2011[5].

Es una estrategia explícita de las mesas preocuparse —a través de esfuerzos comunes y en estrecha articulación con las comunidades— por el desarrollo de caminos propios de apropiación tecnológica y de comunicación, que sustenten los procesos de construcción de poder popular en los territorios de exclusión social. Esta estrategia se basa, entre otros, en la multiplicación de experiencias orientadas a la capacitación tecnológica y a la socialización de información, así como a la democratización de la toma de decisiones, profundizando la formación ciudadana solidaria y tecnológica. El avance de estos procesos contribuye a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades populares en medio de limitaciones de carácter organizativo, sociopo-lítico e institucional.

LAS MTT Y LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ESPACIOS LOCALES: LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA DESDE ABAJO EN MEDIO DE LIMITACIONES

En su proceso de desarrollo, las mesas técnicas de telecomunicaciones han mostrado potencialidades para la transformación socioterri-torial desde diversas perspectivas: mejorar la calidad de vida de las comunidades a través de la democratización de los servicios de telecomunicaciones, contribuyendo a revalorizar territorios estigmatizados por la exclusión con un impacto positivo en la identidad comunitaria; fortalecer la organización popular y el proceso participativo en los espacios locales, apoyando la construcción de la democracia desde abajo, así como favorecer la articulación de instituciones públicas en el espacio local. Estas potencialidades, como mencionábamos anteriormente, deben enfrentar una serie de limitaciones, provenientes de la relación de estas organizaciones con la institucionalidad pública y del propio proceso organizativo popular, que dificultan su emergencia y alcance.

REVALORIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS POPULARES

Las políticas sociales incluyentes, en particular aquellas dirigidas a la democratización de los servicios con participación social, han generado un mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, con una tendencia a la revalorización de territorios históricamente excluidos y estigmatizados[6]. Revalorización de los territorios populares significa, además, el comienzo de una ruptura de la auto-estigmatización de sus comunidades, relacionada con la valoración de la participación comunitaria como respuesta a la política social participativa promovida por el Estado. En este proceso de revalorización de territorios populares, que avanza entre restricciones, como las ligadas a la ineficiencia de la gestión pública para responder a la deuda social acumulada, las MTT tienen un impacto positivo en la calidad de vida, a través de la puesta en marcha de servicios de telecomunicaciones y promoción de medios de comunicación comunitarios, de actividades de formación tecnológica, así como de prácticas solidarias en diversos proyectos de desarrollo comunitario.

El impacto en mejorar las condiciones de vida a través de servicios de telecomunicaciones aún era relativamente poco extendido en el momento del estudio[7], debido a la lentitud de la respuesta institucional para atender la demanda de estas organizaciones, asociada al aislamiento y lejanía de las comunidades, así como a las características propias de la infraestructura de telecomunicaciones referidas a los largos tiempos necesarios para desarrollarlas. Sin embargo, es muy importante en áreas donde la respuesta institucional se ha concretado, logrando mejorar las condiciones de conexión y de comunicación de las comunidades beneficiadas que se evidencian en la valoración y uso dados a estos nuevos servicios[8].

Por otra parte, las MTT contribuyen a mejorar la calidad de vida a través de la formación tecnológica en temas de telecomunicaciones, informática y comunicaciones, con el objetivo de fomentar la apropiación popular del saber tecnológico[9] que se extiende a todos los grupos de la población, principalmente a los jóvenes, y comienza a orientarse a otras organizaciones sociales para mejorar su desempeño y a crear sistemas de información para el desarrollo comunitario. Estas actividades de formación tecnológica, así como las de apoyo al desarrollo comunitario en general, tienen un efecto mediatizador —sobre efectos negativos de la lenta respuesta institucional— en las comunidades donde aún no se han puesto en marcha los nuevos servicios y contribuyen con la sostenibilidad de la organización.

La tendencia a mejorar las condiciones de vida a través de la acción de las MTT, basada en prácticas participativas y solidarias, refuerza el sentido comunitario y se asocia a la revalorización de territorios estigmatizados por la exclusión social. Este es un proceso complejo que va generando sentidos de pertenencia a la comunidad y ayuda a construir identidad socioterritorial (Carióla, Jungemann y Lacabana, 2012: 96).

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR Y DE PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN EL TERRITORIO

El proceso de reorganización territorial, impulsado por el Estado, ha permitido profundizar dinámicas organizativas existentes y dar inicio a nuevas organizaciones comunitarias, estructuras surgidas de las políticas públicas que van articulando diversas formas de poder popular; fórmulas orientadas hacia la conformación de comunas[10], donde predomina la participación en torno a los Consejos Comunales, a la sazón constituidos en instancias integradoras y articuladoras de la participación ciudadana directa en las políticas de desarrollo comunal. A este proceso se incorporan las MTT como organizaciones, cuyos objetivos van más allá de democratizar el acceso a las telecomunicaciones para inscribirse en el fortalecimiento de la organización popular y la democracia participativa. La potencialidad democratizadora de las MTT se expresa en tres dimensiones principales: a) la creación de nuevas organizaciones comunitarias y el refuerzo de tejidos sociales en el espacio local, b) el desarrollo del ejercicio democrático en diversos niveles organizativos de su ámbito de acción, y c) la ampliación de la participación con nuevos grupos sociales de la comunidad.

a) Como aporte a la organización popular, las MTT estimulan la formación de nuevas organizaciones requeridas por las comunidades de su área de influencia. En particular, impulsan la formación de Consejos Comunales y de las Mesas de Energía, organizaciones cuyo objetivo se centra en los servicios eléctricos básicos para la población y necesarios para adelantar proyectos de telecomunicaciones. Desde la perspectiva del desarrollo comunitario, las MTT establecen relaciones
diversas y de distinto alcance con organizaciones y colectivos existentes en sus espacios locales para llevar adelante actividades y proyectos comunes, generando dinámicas articuladoras que refuerzan los tejidos sociales comunitarios.

Con su característica flexibilidad en cuanto a cobertura territorial, las MTT involucran a varias comunidades y sus respectivos Consejos Comunales en proyectos comunes, lo que favorece prácticas para la formación de comunas. Es en las comunas en construcción donde las MTT despliegan más evidentemente su potencialidad para fortalecer el proceso de organización y participación popular, fortaleza basada en la especificidad en el ámbito de las TIC, que les permite desarrollar acciones transversales en espacios organizativos y territoriales con el fin de impulsar el proyecto común de la comuna. Se destaca la promoción de medios de comunicación comunitarios que dan visibilidad a proyectos y actividades colectivos hacia dentro y hacia fuera del territorio comunal[11].

b) La potencialidad de las MTT para el ejercicio democrático y la participación se manifiestan en diversas prácticas y diferentes espacios que incluyen el propio ámbito de las mesas y de sus formas de encuentro e interrelación en redes, los que se establecen en la relación con otras organizaciones comunitarias y los desarrollados con las instituciones del Estado.

En estos diferentes espacios de ejercicio democrático, centrado principalmente en el ámbito de las telecomunicaciones, se van configurando desde formas más orgánicas de participación —con la incorporación permanente de miembros de la comunidad como voceros de las MTT, voceros de una red de MTT o voceros de otras organizaciones comunitarias de manera simultánea— hasta formas de participación más amplia de la comunidad, a través de su inclusión en actividades de apoyo a los proyectos de la mesa y mediante la práctica de legitimación de los proyectos de comunicación y telecomunicaciones en asambleas de ciudadanos.

Si bien las MTT se constituyen bajo el principio de horizontalidad, que les permite funcionar sin jerarquía interna favoreciendo prácticas democráticas, no están exentas de formas verticalizadas de ejercicio del poder. El análisis de la participación social en el espacio de la MTT muestra que esta se inscribe en el marco de una cultura participativa, construida en una tensión entre lo democrático y lo vertical. En un grupo significativo de las MTT se evidencian prácticas democráticas caracterizadas por la socialización de la información, toma de decisiones colectivas y amplia participación de la comunidad; mientras, en algunas de ellas persisten prácticas verticales con manejo centralizado de la información y de las decisiones, así como escasa participación de los colectivos respectivos. En particular, estas prácticas inciden en una mayor o menor participación de la comunidad en los espacios de las MTT, afectando la legitimidad y sostenibilidad de estas organizaciones.

En los espacios de interrelación entre las MTT se potencia el ejercicio democrático a través de múltiples prácticas, que surgen de los encuentros periódicos[12] en distintos niveles territoriales y de su articulación en redes. Los encuentros permiten el desarrollo de prácticas democráticas basadas en el intercambio y la valoración de sus propias experiencias, y que se expresan en la socialización de la información de cada MTT participante, con la posterior sistematización colectiva, para sustentar la toma colectiva de decisiones. Por su parte, las redes tienen un significativo potencial para apoyar iniciativas de las MTT en la medida en que favorecen los contactos directos entre ellas para intercambiar conocimientos y experiencias a la vez que fomentan su propia autonomía como red, al realizar prácticas democráticas como la definición de prioridades de proyectos de telecomunicaciones, prioridades que luego son llevadas como lineamientos de la organización a la instancia institucional.

En los espacios de articulación con otras organizaciones, principalmente con los Consejos Comunales, las MTT consiguen apoyo y legitimación de sus proyectos de telecomunicaciones y comunicaciones. Buscan mantener su independencia frente a los Consejos Comunales pero, por lo general, promueven un proceso democrático de consenso respecto a la definición de prioridades referidas al tipo de solución tecnológica demandada y a su localización en el territorio. Los proyectos, previamente conocidos por dichas organizaciones, deben ser aprobados por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas como órgano máximo de deliberación y legitimación comunitaria, en un ejercicio que profundiza las prácticas democráticas de las comunidades.

c) También debemos destacar la potencialidad de las MTT para ampliar la participación de la comunidad con la suma de nuevos grupos sociales a la actividad comunitaria. Una característica principal en la integración de las MTT consiste en la presencia mayoritaria de mujeres y jóvenes, asociada en este último caso a la alta valoración que la población juvenil tiene de las TIC como instrumentos de formación y comunicación. La alta participación femenina, mayor que la de los hombres según la encuesta realizada[13], sigue la tendencia observada en otras organizaciones sociales (Lacabana y Carióla, 2005), en tanto la alta participación de los jóvenes —como integrantes del 80% de las MTT— constituye un verdadero aporte de esta organización al proceso democrático comunitario. Entre jóvenes y mujeres van surgiendo nuevos liderazgos, que acompañan o a veces sustituyen a dirigentes con larga trayectoria comunitaria y generan, por esta vía, un significativo impacto en el fortalecimiento de la organización popular y en la ampliación de la democracia a nivel de los espacios locales.

ARTICULACIÓN DE LA ACCIÓN ESTATAL EN EL ESPACIO LOCAL

Las MTT, como espacios de encuentro entre comunidades organizadas e instituciones públicas del ámbito tecnológico, tienen potencialidades para articular la acción estatal en los espacios locales. Se plantean desde el inicio como una política de Estado para todo el sector de telecomunicaciones, sin embargo los sucesivos cambios de adscripción institucional de Cantv fueron limitando la participación directa de algunas de sus instituciones (Cendes-Cantv, 2012: 39). Más allá de esa restricción y del marcado papel de Cantv como institución que lidera la relación con las organizaciones, en la práctica las MTT logran articular en cada territorio concreto a instituciones públicas del gobierno central, principalmente para desarrollar actividades de formación tecnológica[14] e instituciones de gobiernos estaduales y municipales no solo pertenecientes al ámbito tecnológico sino al ámbito social más amplio. Esta capacidad de convocatoria institucional de las MTT ha permitido avanzar en la coordinación de la acción estatal en los espacios locales.

En síntesis, el papel y las potencialidades de las MTT en la transformación de los espacios locales están asociados al amplio alcance de sus objetivos como organización social, a sus características propias de flexibilidad, amplitud y visión holística e integradora del desarrollo comunitario predominante en su conceptualización y en su práctica concreta, así como al carácter transversal de las TIC, que permiten a las mesas apoyar actividades y proyectos comunitarios utilizando la especificidad propia de las telecomunicaciones, comunicaciones e informática. A estos rasgos se suma el funcionamiento democrático predominante en estas organizaciones, que contribuye a fomentar valores asociados a una ciudadanía responsable y a una cultura par-ticipativa que encuentra limitaciones en la persistencia de prácticas verticales.

LAS MTT Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD: LA ORGANIZACIÓN POPULAR ENTRE AUTONOMÍA Y DEPENDENCIA

La experiencia de las MTT es un ejemplo importante para una nueva política pública participativa, donde el Estado retoma su responsabilidad en lo social a través de la construcción de una nueva institucionalidad. Esta nueva institucionalidad es entendida como una nueva relación socioestatal entre comunidades organizadas e instituciones del Estado. Se expresa tanto en el tipo y la calidad de la relación que se va estableciendo a través de las prácticas participativas en general y, en particular, de la inclusión de las mesas en las instancias de toma de decisiones de Cantv, así como en los cambios surgidos en la cultura organizacional de esta empresa a través de las nuevas dinámicas de inclusión y corresponsabilidad. El involu-cramiento de las MTT y las diversas instancias de la empresa en el proceso de formulación, ejecución y seguimiento de la política de telecomunicaciones es asimétrico y marcado por limitaciones del propio proceso organizativo popular y relaciones contradictorias con el Estado. Un factor importante en el avance de la inclusión de las MTT en la toma de decisiones de la institución es su conformación en redes de distintos alcances territoriales (desde lo local y estadual hasta lo nacional).

Las practicas participativas de las MTT y las respectivas articulaciones con la Cantv se enmarcan en una tensión permanente entre dependencia y autonomía[15] manifestada también en una tensión entre asistencialismo y corresponsabilidad. Son factores estructurales de carácter organizativo, cultural y de poder —poder político— en el ámbito institucional y características propias de las mesas, como organización social más o menos autónoma que se condicionan mutuamente, originando situaciones complejas y escenarios diversos y desiguales en los espacios concretos de interacción socioestatal y en el desarrollo de la participación popular.

En la actuación del Estado se evidencia, por un lado, la lógica dominante de poder como Estado rentista y burocratizado con una visión instrumental y partidista de la participación popular y, por el otro lado, el acercamiento a las comunidades y la voluntad de intercambio de saberes desde una visión de emancipación social. La persistencia del carácter rentista del modelo político institucional y cultural de la sociedad venezolana y el enfoque asistencialista, que prevaleció por mucho tiempo en las políticas sociales, aclaran buena parte del arraigo del clientelismo y asistencialismo en la relación entre los sectores sociales definidos como beneficiarios y las instituciones del Estado. Esta condición sociohistórica está presente con su lógica reproductiva del poder en la construcción del nuevo ámbito socioestatal, perpetuando una relación de dependencia.

A la vez y contradictoriamente, la introducción de nuevas formas de hacer y ejecutar la política pública como parte del proyecto nacional de inclusión social, permite experimentar nuevas formas de relación socioestatal, donde las organizaciones de base —en su mayoría impulsadas por el Estado— participan de diferentes maneras en la formulación, ejecución y control social de las políticas, y las instituciones públicas desarrollan diversas prácticas y métodos de apoyo y acompañamiento institucional. Según cada caso, se buscan y abren nuevos caminos para responder, de manera corresponsable y más adecuadamente, a las necesidades de servicios públicos de las comunidades populares.

La participación corresponsable de las MTT en la política de telecomunicaciones, y la apertura y disposición de la Cantv a incorporar institucionalmente este principio de corresponsabilidad, establecen la base para la constitución de un nuevo tipo de relación socioestatal. Este proceso implica, por lo menos, dos grandes dimensiones de transformación: una referida a los elementos estructurales de la institución del Estado y otra relacionada con un proceso de concientización, organización y apropiación social del conocimiento tecnológico por parte de los sectores populares, con la finalidad de relacionarse desde una posición más propia con la empresa y otras instituciones públicas. Las redes de mesas son la mejor expresión de esta dimensión de cambio.

Uno de los impactos más importantes de las MTT en la transformación de elementos estructurales de la Cantv se dio a través de la incorporación de la demanda tecnológica canalizada por estas organizaciones en el sistema de planificación de la empresa. Es el resultado de los esfuerzos de la GGTS[16] —instancia encargada de la política de participación comunitaria— que logró incluir en el Plan Anual de Acceso[17] de Cantv las necesidades de servicios de telecomunicaciones detectadas por los diagnósticos comunitarios realizados por las MTT.

Este cambio en la planificación de la empresa da pie a un proceso de reajuste en la forma de planificar, gestionar y buscar soluciones tecnológicas adecuadas, con criterios sociales: una activa y responsable participación de las comunidades organizadas, en la determinación de sus necesidades en telecomunicaciones y una coordinación entre distintas unidades técnicas involucradas en esta nueva función “so-ciotecnológica” de proporcionar una respuesta viable para cada caso específico en territorios desasistidos.

Desde su creación, las mesas han avanzado notablemente en su desarrollo hacia una fuerza social articulada a través de su constitución en redes. Esta maduración les da mayor potencialidad de autonomía frente al Estado, mayor poder, legitimidad y visibilidad dentro de la empresa a nivel central y descentralizado, facilitando la labor de multiplicar la formación tecnológica, socializar la información y democratizar la toma de decisiones en y entre las mesas.

Las redes de MTT se constituyen más fácilmente en aquellos estados y regiones donde hay equipos gerenciales interesados en su creación y en la participación de sus voceros en espacios intergeren-ciales[18]. En estos ámbitos institucionales se están configurando los nuevos espacios socioestatales, donde se desarrolla y establece una dinámica democratizadora de intercambio de conocimiento, de socialización de información, comunicación y evaluación, viabilizando y legitimando la incorporación de respuestas tecnológicas más adecuadas a las realidades territoriales y de acuerdo a las prioridades establecidas por las MTT.

Es importante destacar que esta dinámica incipiente de inclusión y participación popular en la política causa resistencias en la mayoría de los gerentes, funcionarios y técnicos de la empresa, quienes responden en sus funciones a la lógica dominante de rentabilidad económica y poder institucional. Esta lógica está reflejada en los principios organizacionales dominantes que estructuran la empresa, a saber: verticalidad organizacional, centralización de toma de decisiones y funcionamiento institucional fragmentado. Todos estos principios organizacionales obstaculizan la visión y el funcionamiento integral y descentralizado de los procesos requeridos para dar una respuesta institucional a las demandas de los sectores populares levantadas por las MTT.

A pesar de la predominante visión y práctica asistencialista hacia las mesas —que profundiza su dependencia del Estado— se percibe un proceso incipiente de cambio cultural en algunos técnicos, involucrados en llevar una solución tecnológica a comunidades populares desatendidas. Comienzan a definir su trabajo en relación más directa con las necesidades comunitarias; aunque en un contexto de muchas contradicciones, donde se enfrentan visiones, prácticas y lógicas distintas entre lo estatal y lo social, marcando los límites y tensiones entre autonomía y dependencia de la participación de las mesas. La visión instrumentalista de la participación la restringe a la obtención de informaciones recogidas en las comunidades, que son vistas como meras unidades funcionales de apoyo al Estado. La visión transformadora, orientada hacia la emancipación de las comunidades organizadas, apoya acciones independientes de las mismas y un activo intercambio de saberes.

Especialmente los funcionarios y equipos responsables de la política de las MTT a nivel central y descentralizado han asumido un alto compromiso ético-profesional y han elaborado métodos colectivos de trabajo con las mesas —encuentros de MTT— y una línea estratégica de acompañamiento, orientada a incentivar una mayor independencia de las organizaciones y, por ende, una disminución del asistencia-lismo practicado por muchos promotores que funcionan a modo de enlace directo con las mesas.

En este contexto contradictorio, las MTT maduran y evolucionan en medio de una tensión entre dependencia y corresponsabilidad. Dependiendo del tipo de acompañamiento institucional y del nivel organizativo de la mesa se configura un espectro de diversos escenarios: desde mesas con poca o ninguna iniciativa para proyectos propios, un bajo nivel organizativo de la comunidad y un promotor asistencialista, hasta mesas muy independientes del promotor con proyectos e iniciativas propias e inmersos en comunidades altamente organizadas, entre las que destacan aquellas orientadas a configurarse como comunas.

REFLEXIÓN FINAL

Las MTT tienen un significativo potencial para afianzar la democracia participativa contribuyendo a la transformación de los espacios locales, cuya materialización se enmarca en diversas limitaciones y tensiones del propio proceso político comunitario, así como la referida a la relación de estas organizaciones con el Estado. En el marco de esta última tensión, entre dos visiones de participación al interior de la institución que las promueve, las MTT —con sus redes organizativas— muestran también su potencialidad para la transformación institucional del Estado. A través de la creación de espacios socioes-tatales comienzan a incidir en la toma de decisiones sobre políticas de servicios en telecomunicaciones y en la creación de una nueva cultura organizacional.

En una perspectiva de futuro, las MTT con sus redes organizativas deben desarrollar sus potencialidades con el objetivo de fortalecer la democracia participativa en el ámbito local e institucional, dentro de un contexto nacional de múltiples contradicciones y conflictos, que tensiona su sostenibilidad y les plantea grandes desafíos para cumplir el papel de fuerza social en la transformación sociote-rritorial y socioinstitucional.

BIBLIOGRAFÍA

Antillano, A. 2012 “De la democracia de calle a los Consejos Comunales: la democracia desde abajo en Venezuela”. Rebelión, 29 de abril, en <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=148766>.

Cantv-TNI 2011 Privatización y nacionalización en el sector de las telecomunicaciones en Venezuela: caso Cantv (Caracas: Editorial Arte).

Carióla, C; Jungemann, B. y Lacabana, M. 2012 “Participación popular y transformación socioterritorial: las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones en Venezuela. Cuadernos del Cendes, 29 (81), 79-107, UCV, en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40326162005>.

Cendes-Cantv 2012 Mesas Técnicas de Telecomunicaciones: entre avances y desafíos (Caracas: Imprenta Nacional).

D’Elia, Y. (coord.) 2006 Las Misiones en Venezuela: una aproximación a su comprensión y análisis (Caracas: Ildis).

Lacabana, M. y Carióla, C. 2005 “Construyendo la participación popular y una nueva cultura del agua en Venezuela”. Cuadernos del Cendes, 59 (Caracas).

Lander, E. 2007 “El Estado y las tensiones de la participación popular en Venezuela”. OSAL, 22, pp. 65-86 (Buenos Aires: CLACSO).

Mattelart, A. 2012 Comunicación y lucha de clases. Tomo II (Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana).

República Bolivariana de Venezuela 2010 Cumpliendo las metas del milenio, en <http://www.pnud.org.ve>.

Arquitecto, Universidad de Chile. Profesora-investigadora del Área Urbano-Regional del Cendes.↵

Politóloga. Profesora-investigadora del Área Urbano-Regional del Cendes.↵

La investigación fue encargada al equipo de Cendes, integrado por Cecilia Carióla, Beate Jungemann y Miguel Lacabana por Cantv, a través de la Gerencia General de Transición al Socialismo (GGTS) y los resultados se recogen en el libro Mesas técnicas de Telecomunicaciones: entre avances y desafíos (Cendes-Cantv, 2012).↵

Los Centros de Comunicación Comunal (CDCC) son espacios colectivos para el uso de Internet y otros servicios de telecomunicaciones, como telefónicos y de televisión, que operan bajo el control comunitario a través de las MTT. Se suman a otras iniciativas similares desarrolladas por diversas instituciones públicas, entre las cuales cabe destacar los Infocentros y los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT).↵

En esta reunión se decidió presentar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de la Asamblea Nacional la petición para incluir a las MTT en una Reforma de Ley de Telecomunicaciones, acto que fue realizado en abril del año 2011.↵

Debemos destacar el mejoramiento de las condiciones de agua y saneamiento (República Bolivariana de Venezuela, 2010, p. 88) y de las condiciones de acceso a servicios públicos a través de las misiones sociales (alimentación, salud, etc.) (D'Elia, 2006, p. 213).↵

La encuesta de 2010 señala que el 42% de las MTT ya tenían soluciones tecnológicas en servicio en sus comunidades, mientras el resto de estas organizaciones tenía servicios programados o en proceso de instalación en los respectivos territorios.↵

Se destaca la importancia de las radio bases para conectar a comunidades aisladas a través de la telefonía celular, los Centros de Comunicación Comunal como solución colectiva para los servicios de Internet y telefonía pública, así como los medios de comunicación comunitarios que contribuyen a mantener informada a las comunidades sobre sus proyectos y se transforman en instrumentos para fortalecer la identidad socio territorial.↵

Más del 85% de las MTT promueven talleres y actividades de formación tecnológica según los datos de la encuesta realizada en 2010.↵

En términos generales, en Venezuela, los territorios llamados comunas están constituidos por varias comunidades populares, rurales y/o urbanas, organizadas en Consejos Comunales y otras organizaciones sociales, experimentando diversas formas y estructuras de producción, reproducción y autogobierno, con el fin de construir Poder Popular desde la base. Varios territorios de comuna pueden conformar una ciudad y/o un eje comunal. Según el primer Censo Comunal 2013, hay 40.035 Consejos Comunales y 1.401 comunas registradas en todo el país. Para el periodo 2013-2019 el gobierno prevé la consolidación de 3.000 comunas a nivel nacional.↵

Una experiencia importante en este sentido es la de la MTT La Carucieña, perteneciente a la comuna Ataroa en la ciudad de Barquisimeto, con una intensa actividad en torno a los medios de comunicación comunitarios (televisión, radio y periódico) y al desarrollo de programas de capacitación tecnológica para apoyar el desarrollo comunal. ↵

Hasta la fecha se han realizado dos encuentros nacionales de MTT (2008 y 2010), precedidos por los respectivos encuentros estaduales, municipales y/o de ejes territoriales. A estos se agregan los encuentros nacionales de redes de mesas, también con encuentros locales previos, y encuentros de otras instancias de las MTT (como por ejemplo de Centros de Comunicación Comunal).↵

Según la encuesta, la integración de las MTT tiene en promedio 9 hombres y más de 12 mujeres.↵

Una parte importante de la capacitación tecnológica a las MTT y a las comunidades se realiza en coordinación con otras instituciones del gobierno central además de Cantv, entre otras con la Fundación Infocentro, el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), Conatel y el Inces. ↵

La dependencia de las organizaciones de base respecto al Estado es uno de los aspectos más discutidos de los procesos participativos surgidos de las políticas públicas (Antillano, 2012; Lander, 2007).↵

La Gerencia General de Transición al Socialismo (GGTS) tiene como objetivo central articular las comunidades organizadas con la empresa para llevar adelante la respuesta institucional a las demandas de servicios de telecomunicaciones (Cendes-Cantv, 2012: 41). La GGTS funciona bajo este nombre hasta comienzos de 2012, cuando fue parcialmente reestructurada y pasó a denominarse Gerencia General de Fortalecimiento del Poder Popular.↵

La reorientación de la planificación hacia la democratización del acceso consiste en la asignación a las MTT del 70% de la cobertura anual del Plan de Acceso de la empresa, con el fin de responder a la demanda formulada por estas organizaciones en los 24 estados del país. El restante 30% de la demanda proviene de la Gerencia General de Mercado Masivo y está orientada a satisfacer necesidades de telecomunicaciones de nuevas urbanizaciones y grandes centros poblados (Cendes-Cantv, 2012: 94).↵

En el período de la investigación, las instancias intergerenciales a nivel descentralizado con participación de voceros de redes de MTT se concentraban en tres estados, y han ido extendiéndose posteriormente a otras zonas. Estas instancias eran el Espacio Intergerencia en el estado Miranda, el Comité de Sinergia a nivel de la región Andes con participación de voceros del estado Táchira y el Comité de Planificación, Seguimiento y Control en el estado Falcón.↵

11

2

DERECHOS HUMANOS

12

Manuel E. Gándara Carballido[1] 

CRÍTICAS A ALGUNOS ELEMENTOS QUE SUBYACEN A LA TEORÍA LIBERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La fuerza del derecho se manifiesta básicamente en
la posibilidad que tengamos de huir de las propias
constricciones que impone la forma dominante de
considerar la labor jurídica, con el objetivo de crear nuevas
formas de garantizar los resultados de las luchas sociales.

Joaquín Herrera Flores
La reinvención de los derechos humanos

INTRODUCCIÓN

La concepción liberal o concepción moderna de los derechos humanos es el marco hegemónico de comprensión sobre dichos derechos. Ella rige no solo la actuación de la mayor parte de las instituciones, instrumentos y mecanismos de protección tanto nacionales como internacionales, sino también la enseñanza del derecho que se imparte en la academia, incluso actúa como “lugar común” en la comprensión, configurando la sensibilidad sociocultural de nuestras sociedades.

Desde dicha concepción, estos derechos se entienden como abstractos, eternos, inmutables, a la vez que se supone un universalismo a priori que desconoce y oculta la realidad de vulneración de la dignidad humana en que vive uno de cada cinco seres humanos en nuestro mundo.

Nosotros planteamos la necesidad de un ejercicio crítico que permita confrontar los fundamentos de la concepción moderno-liberal de los derechos humanos para, a partir de allí, proponer narrativas alternativas de tales derechos que resulten funcionales a los procesos de lucha emprendidos desde los sectores populares.

Sin embargo, la exigencia de someter a un análisis crítico el discurso liberal de los derechos no solo surge en un contexto marcado por su evidente triunfo e influencia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino también —en general— en un horizonte teórico en el que los pensadores de izquierda se han posicionado de manera, cuando menos, contradictoria; bien ofreciéndole una aceptación acrítica, bien un rechazo en bloque incapaz de ver en ellos algo más que un ejercicio de legitimación liberal, o bien, en una tercera posición —quizá la más frecuente— limitándose a aceptar solo una parte de ellos, pero sin entrar a discutir en profundidad los presupuestos que subyacen a la construcción general de la narrativa de los derechos desde el liberalismo político (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, s/f). Frente a este escenario, se presenta al pensamiento crítico la desafiante tarea de “reinventar el derecho más allá del modelo liberal y demosocialista sin caer en la agenda conservadora y, en efecto, cómo conseguirlo para combatir esta última de una manera más eficiente” (De Sousa, 2009: 547). A formular algunas reflexiones al respecto dedicaremos las siguientes páginas.

RECUPERAR LA MEMORIA DE LAS LUCHAS PARA SUPERAR EL SECUESTRO DE LA NARRAIWA DE LOS DERECHOS

Se ha instalado en el discurso liberal de los derechos la referencia a las revoluciones burguesas; pero otros sujetos sociales participaron junto con la burguesía para hacer frente al poder del clero y la monarquía, reivindicando la satisfacción de sus propias y específicas necesidades e intereses, sin embargo su protagonismo histórico ha sido invisibilizado. Los derechos humanos en su concepción hegemónica han sido formulados —conceptualizados, filosóficamente justificados y jurídicamente sancionados— atendiendo fundamentalmente al sujeto burgués, su concepción del mundo y del ser humano; ello explica la centralidad del sujeto “libre” frente al poder del Estado en que reposa la teoría tradicional de los derechos (Gallardo, 2000).

No desconocemos la importancia de estas reivindicaciones. El problema radica en que dicha concepción se ha postulado como la única posible, adjudicándose totalidad y carácter absoluto sobre la base de referencias a un orden o a una necesidad determinada por “lo racional”. A partir de esta práctica, el proceso histórico de comprensión de los derechos —formulada a partir de ese proceso particular— se ha paralizado, no respondiendo a las nuevas luchas y demandas que otros sujetos sociales (campesinos, mujeres, indígenas, proletarios, homosexuales, afrodescendientes, etc.) plantean para vivir con dignidad.

Cuando tales grupos y clases sociales toman conciencia de que sus condiciones específicas de existencia, sus demandas, su concepción de mundo y proyecto de sociedad no se expresan adecuadamente ni son recogidas por las instituciones, discursos y praxis que se formulan a partir de la concepción tradicional (Herrera, 1995: 42-43), el supuesto universalismo de los derechos queda en evidencia como un particularismo que ha sido unlversalizado gracias a la abstracción de las condiciones socio-históricas en que se gestaron tales derechos (De Sousa, 1997). Se invisibiliza así la lucha que permitió conquistar la formulación de los derechos, se niega el contexto en el que surgieron y al que respondieron y —ocultándolos bajo el ideal de una racionalidad y universalidad específica— terminan negándose a otros sujetos sociales la posibilidad de protagonizar su propios procesos a partir de sus particularidades, necesidades e intereses (Ellacuría, 2001: 437).

Asumir, como de hecho lo hacemos, los derechos humanos como “el resultado provisional de los continuos y plurales procesos de lucha por la dignidad humana” (Herrera, 2005: 35) nos lleva a tomar distancia de las posiciones historicistas, que niegan la posibilidad de hablar de derechos humanos en procesos históricos cuya praxis se sostenga en presupuestos que difieran de aquellos que justificaron la primera formulación de tales derechos; según tales posiciones, solo cabría hablar de derechos humanos en el marco de la modernidad occidental y su respectiva organización política y elaboración jurídica, todo ello en el marco filosófico del liberalismo (Rosillo, 2011). Frente a tales posiciones, entendemos que si bien los orígenes históricos y culturales de los derechos humanos pueden condicionar su validez al intentar aplicarlos en contextos distintos, no la determinan (De Sousa, 2009).

Por esto, es necesaria una concepción de los derechos humanos capaz de reconocer y dar cuenta de las diversas prácticas sociales emancipatorias en curso, estableciendo un esquema análogo de luchas por los derechos a partir de los nuevos y distintos contextos y reivindicaciones (Sánchez, 2002). De esta manera, la praxis y el discurso de los derechos humanos es susceptible de constituirse de forma estratégica en un campo de lucha popular en el que otros actores sociales puedan referenciar sus demandas, las cuales con no poca frecuencia confrontan y buscan subvertir la lógica, las instituciones y los aparatos políticos y culturales puestos al servicio de la acumulación capitalista (Gallardo, 2000).

Sin embargo, es necesario comprender que el logro de esta nueva forma de entender los derechos va más allá de su mera formulación y reconocimiento jurídico. Su efectivización pasa por constituir una sensibilidad sociocultural hegemónica alternativa a la exitosamente gestada desde el sistema capitalista, en el que el imaginario burgués logró imponerse y negar otros imaginarios posibles que reconocieran la complejidad y diversidad de lo social. Sin procesos de “efectiva transferencia de poder social” —que conlleven un nuevo modelo civi-lizatorio— la eficacia de los derechos conquistados estará reducida a reivindicaciones puntuales en un marco de relaciones sociales adverso a las condiciones de vida digna por las que se lucha (Gallardo, 2008).

SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LA CONCEPCIÓN LIBERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS[2]

El núcleo del discurso liberal de los derechos se estructura a partir del individualismo ético burgués, descansando en la concepción de individuos autónomos que en función de sus intereses particulares establecen entre ellos una relación contractual. Hablamos por tanto de individuos-propietarios libres, que ejercen y salvaguardan su libertad innata a través de las relaciones contractuales (Fariñas, 1997).

En las bases de todo el Derecho moderno —y del discurso de los derechos humanos en particular— debe destacarse para su análisis crítico la noción del “sujeto” como un individuo competitivo, como sujeto abstracto (descontextualizado); también lo han de ser la formulación de la falacia universalista, el supuesto de una razón pura universal y la pretensión de igualdad formal. Todos estos son fundamentos del Derecho hegemónico que necesitan ser sometidos a crítica.

Tras un discurso cargado de abstracción y de una falsa despolitización, tras el velo de la pretendida neutralidad con que el liberalismo se muestra y quiere ofrecerse, apoyado en el supuesto de una racionalidad formal universal, se esconde un proyecto político y un modelo de sociedad sustentado en la concepción del ser humano como sujeto individual posesivo y competitivo (Ibíd.).

El liberalismo, en lugar de entender a la persona como sujeto inserto en las tramas sociales y dependiente de las mismas para el efectivo ejercicio de su autonomía (Gallardo, 2000), desconoce su sociabilidad constitutiva y le concibe confrontado con ella (Panikkar, 2004). La sociedad se reduce así al resultado del libre contrato entre individuos que se agregan por mero interés. Tal noción del individualismo liberal ha logrado instalarse en la sensibilidad moderna, naturalizándose y presentándose como universal, racional y necesaria (por tanto, exi-gible), aun cuando ella responda a la perspectiva e intereses de un grupo social particular y atente contra otras posibles configuraciones sociales (Gallardo, 2010).

Asimismo, resulta de particular interés el hecho de que para la concepción liberal de los derechos humanos, estos se determinan independientemente de las condiciones sociohistóricas de los sujetos. Se postula un elenco de derechos con justificaciones de carácter metafísico o religioso, o desde una determinada comprensión de la naturaleza humana. A partir de estos presupuestos se define el cuerpo de derechos que necesariamente deberán poseer carácter universal (Ibíd.).

Frente al humanismo abstracto —propio del liberalismo— defendemos un humanismo concreto, apostando por la capacidad humana de intervenir y transformar la realidad, de irrumpir en lo real desde las prácticas sociales, desde la reflexión y acción emancipadora, haciendo y deshaciendo mundos (Herrera, 2005).

La concepción abstracta de los derechos no solo desconoce, sino que invisibiliza las condiciones materiales y las relaciones sociales y políticas que atraviesan su proceso de configuración y formulación; relaciones marcadas por profundas diferencias y asimetrías de poder. Tal práctica de ocultamiento es funcional al sostenimiento y reproducción de dichas condiciones históricas (Aguirre, 2010).

En ese mismo sentido, frente al formalismo jurídico que defiende la necesidad de una positividad normativa indiferente a las especificidades de las condiciones materiales en que las personas realizan su vida, el pensamiento crítico destaca la dimensión sociopolítica del Derecho como un producto social, un constructo que solo puede ser comprendido contextualmente, en el marco de los procesos sociohis-tóricos en que se produce y respondiendo, de una manera o de otra, a la configuración de las relaciones societarias, sus estructuras y relaciones de poder (Wolkmer, 2012).

NECESIDAD DE UNA CONCEPCIÓN SOCIOHISTÓRICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Desde el pensamiento crítico apostamos, por tanto, por una aproximación contextualizada (sociohistórica) de los derechos humanos, enfrentando de esta manera el idealismo y la abstracción que hemos denunciado en la propuesta liberal. Ello permite superar la fragmentación operada sobre la comprensión de las dimensiones de la realidad social, para recuperar una visión integrada de lo político, lo económico y lo sociocultural en la concepción de dichos derechos.

Siendo los derechos, y el Derecho en general, configurados en función del conjunto de condiciones sociohistóricas, no pueden comprenderse al margen de las correlaciones de poder en las que surgen y ante las que reaccionan, bien sirviendo para legitimar el orden he-gemónico, o bien para fraguar y consolidar procesos que permitan luchar por una vida digna a quienes soportan prácticas de dominación y exclusión en dicha configuración de poder.

Dadas las consecuencias que de él se derivan, queremos insistir en la centralidad de este planteamiento: los derechos no son previos al quehacer social y político, no pueden ser concebidos haciendo caso omiso de la conflictividad que atañe a nuestras sociedades y los antagonismos que ello genera. Afirmar lo contrario —separando los derechos de los procesos y contextos en los que surgen y despolitizando su discurso— lleva al desconocimiento del protagonismo de los actores sociales, alienándolos de su capacidad de acción transformadora de la historia y sometiéndolos a supuestos entes abstractos (Fariñas, 2005).

Frente a la abstracción y descontextualización en que incurre la propuesta liberal del Derecho, con Joaquín Herrera Flores (2008) planteamos la necesidad de reconocer y hacerse cargo de las condiciones concretas de la dinámica social de la que surgen los derechos humanos, y a las cuales responde. Reconocemos los derechos humanos como productos sociohistóricos fraguados a partir de las distintas luchas populares, emprendidas a favor de condiciones de vida digna, respondiendo por tanto a la búsqueda por satisfacer las necesidades humanas en los contextos concretos de cada pueblo. De allí que no podamos afirmar estos derechos como naturales, ni eternos, ni absolutos, ni derivados de ciertas realidades metafísicas o separados de los vaivenes de la historia.

Asumiendo el discurso de los derechos como una construcción humana surgida en el marco de unas determinadas relaciones socio-históricas a las que responden —bien para reforzarlas o bien para transformarlas— no se puede pretender abstraer su comprensión de las condiciones propias de dicho marco de relaciones, fijándolo en el tiempo como un ente al margen de las luchas y resistencias populares (Rosillo, 2008). Desde esta perspectiva es posible comprender el carácter ambiguo que caracteriza el uso de los derechos en nuestra sociedad contemporánea:

Nosotros entendemos los derechos humanos como los procesos y dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales que se desarrollan históricamente en estrecha relación con la aparición y expansión del modo de producción y de relaciones sociales capitalistas. De ahí la impresión que se tiene acerca de sus orígenes occidentales y las dificultades que encuentran otras formas de vida, no dominadas de un modo tan absoluto por el capitalismo y sus correspondientes formas de poder, para aceptar la categoría de derechos humanos. Pero, asimismo, su papel no se reduce a mera adaptación a las diversas fases de acumulación del capital, sino que dichos procesos conllevan en sí mismos un fuerte contenido ético de antagonismo, resistencia y creación de alternativas a los poderes establecidos, de tal fuerza y persistencia que no puede ser invisibilizado, ni siquiera por la inmensa capacidad de manipulación mediática del modo capitalista de relación social (Herrera, 2005: 18).

Por lo tanto, resulta particularmente importante enfatizar que los derechos, en la perspectiva que aquí asumimos, no “son” sino que, como afirma Helio Gallardo (2000), “hay que producirlos sociohistó-ricamente” transformando el carácter de las relaciones sociales. Esta perspectiva entiende que la conformación de derechos se halla en función del establecimiento de determinadas condiciones a partir de la actuación de las fuerzas sociales. Así, al remitir a correlaciones de fuerzas y a la articulación y movilización social transformadora, asume un fundamento sociopolítico.

De igual manera, para una perspectiva sociohistórica resulta fundamental superar la trampa que pueden llegar a significar los distintos mecanismos ideológicos tendientes a desdibujar la realidad social, impidiendo su adecuada comprensión, sustituyéndola por ejemplo por un discurso idealizado al que se le otorga mayor entidad que a los propios hechos. En este sentido, resulta de gran importancia el aporte realizado por Ignacio Ellacuría (2001) a través de su “Método de his-torización de los conceptos”, en el que señala que la verdad de un discurso se da en su confrontación con las relaciones sociales que dicho discurso genera. Si nos atenemos solo a los discursos, no hay forma de salir de la trampa ideológica; ello se hace posible al confrontar tales discursos con los contextos en los que surgen y a los que responden ofreciendo un marco para su comprensión. Para evaluar la verdad de algo es necesario ver sus efectos sociales.

Ellacuría, a través de esta propuesta, no trata de negar el ideal sino de impugnar una situación de negatividad amparada en un discurso ideal, recuperando los elementos de valor presentes en dicho ideal. Los derechos humanos serían para Ellacuría la formulación de una positividad producto de la superación de la negatividad vivida, que es la que permite la toma de conciencia sobre el derecho exigido. Esta propuesta de historización —cuando la referimos a un marco histórico y a un grupo social específicos— “exige plantear el problema de los derechos humanos desde lo que define más negativamente la situación determinada de un grupo social, sobre todo cuando este es una mayoría” (Ellacuría, 2001: 437). Así, pues, se evalúa la verdad o falsedad de un derecho en función de las relaciones sociales que genera, en función de si las relaciones sociales están informadas o no de ese derecho proclamado.

PARA IR CONCLUYENDO

Creemos que resulta de suma importancia un análisis crítico como el propuesto, pues aporta criterios que nos permiten atender los derechos más allá de planteamientos exclusivamente formalistas o de esencialismos ahistóricos. Desde esta perspectiva, entendemos los derechos humanos como un sistema no solo de principios, valores y normas, sino también un sistema de prácticas sociales que hacen posible la construcción de espacios de lucha a favor de la dignidad humana. Los derechos humanos establecen, así, un marco de relaciones sociales que posibilita alternativas de acción a favor de una vida digna para todos y todas (Herrera, 2000).

BIBLIOGRAFÍA

Aguirre, J. 2010 “De una crítica deleuziana de los derechos humanos hacia una jurisprudencia deleuziana de derechos humanos”, pp. 289-290. Corteidh en <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26281.pdf> acceso 15 de marzo de 2013.

Ellacuría, I. 2001 “Historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías populares”, en Escritos filosóficos. Tomo III (San Salvador: UCA).

Fariñas Dulce, M. 1997 Los derechos humanos: desde la perspectiva sociológico-jurídica a ¡a “actitudpostmoderna” (Madrid: Dykinson).

_______ 2005 “Universalidad e interculturalidad” en Juan Tamayo-Acosta (dir), 10 palabras claves sobre derechos humanos (Madrid: Verbo Divino).

Gallardo, H. 2000 Política y transformación social. Discusión sobre derechos humanos (Quito: Escuela de Formación de Laicos y Laicas. Vicaría Sur Servicio Paz y Justicia-SERPAJ).

_______ 2007 “Sobre el fundamento de los derechos humanos”. Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, XLV, pp. 115-116.

_______ 2008 Teoría crítica: matriz y posibilidad de derechos humanos (Murcia: David Sánchez Rubio).

_______ 2010 Sobre las “generaciones” de derechos humanos. Pensar América Latina [página web del autor] en

<http://heliogallardo-americalatina.info/index.php?option=com_content&task=view&id= 179&Itemid=l> acceso 15 de marzo de 2013.

Herrera Flores, J. 1995 “La fundamentación de los derechos humanos desde la Escuela de Budapest” en Vicente Theotonio y Fernando Prieto (dirs.), Los Derechos Humanos. Una reflexión interdisciplinar, Seminario de Investigación Francisco Suárez (Córdoba: Etea).

_______ 2000 “Hacia una visión compleja de los derechos humanos” en El vuelo de Anteo. Derechos humanos y crítica de la razón liberal (Bilbao: Desclée de Brouwer).

_______ 2005 “Irrumpiendo afirmativamente en lo real” en Marcelo de Moura (org.), Irrumpiendo no real. Escritos de teoría crítica dos direitos humanos (Pelotas: Educat).

_______ 2008 La reinvención de los derechos humanos (Sevilla: Atrapasueños).

Panikkar, R. (trad.) 2004 “Seria a nocáo de direitos humanos urna concepcáo ocidental?” en César Augusto Baldi (org.), Direitos humanos na sociedade cosmopolita, pp. 218-219 (Río de Janeiro-San Pablo-Recife: Renovar).

“Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Socialismo y Derechos Humanos” (s/f). Taller-Debate, material mimeográfico.

Rosillo, A. 2008 “Derechos humanos, liberación y filosofía de la realidad histórica” en Teoría crítica dos direitos humanos no século XXI (Porto Alegre: Edipucrs).

_______ 2011 Derechos humanos desde el pensamiento latinoamericano de liberación (Tesis doctoral) Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos (Getafe, España).

Sánchez Rubio, D. 2002 “Acerca de la democracia y los derechos humanos: de espejos, imágenes, cegueras y oscuridades” en Anuario Iberoamericano de Derechos Humanos 2001-2002 (Río de Janeiro).

De Sousa Santos, B. 1997 “Una concepción multicultural de los Derechos Humanos”. Revista Memoria, 101.

_______ 2009 Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común del derecho (Madrid: Trotta). Wolkmer, A. 2012 Plan de clases (material mimeográfico), en <http://www.postgradofcjp.net.ve/docs/seminarios/2012/20120 3_int/20120702_wolkmer_plan.pdf >.

Licenciado en Filosofía por la Universidad Santa Rosa de Lima (Caracas, Venezuela); magíster en Filosofía de la Práctica por la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela); magíster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España); Doctor en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España). Activista de derechos humanos, dedicado a la educación popular en derechos humanos en Venezuela; ha acompañado procesos de formación y organización con comunidades de base y organizaciones sociales. Miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y del Instituto Joaquín Herrera Flores; docente-investigador de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Venezuela; profesor en el Programa Oficial de Máster en "Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo" de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España). ↵

Entenderemos la noción liberal de los derechos humanos también como concepción moderna de los mismos, pues es durante la modernidad cuando la ideología liberal se configura.↵

13

Gregorio J. Pérez Almeida[1] 

DERECHOS HUMANOS DESDE LA OPCIÓN DECOLONIAL

PROFUNDIZANDO EN EL ESTUDIO de los derechos humanos desde la opción decolonial, de acuerdo con las ideas de Aníbal Quijano, Walter Mignolo y Ramón Grosfoguel, entendemos que el constructo conceptual “derechos humanos” constituye el último de los diseños globales emanados del centro imperial del Sistema Mundo Capitalista Colonial Patriarcal —S-M-C-C-P— (según Mignolo, 2003). Los anteriores diseños globales son: 1. El cristianismo (siglos XVI-XVII); 2. La misión civilizadora secularizada (siglos XVII-XIX); 3. El proyecto de desarrollo y modernización (siglo XlX-mediados del XX); y 4. El neoliberalismo (siglo XX-comienzo del XXI)[2], y en sus distintas “generaciones” son expresión de la colonialidad del poder que pervive aún después de 500 años y que es revelada y estudiada detalladamente por Aníbal Quijano en sus diversos ensayos.

Según este pensador, la colonialidad del poder comprende el control de las cuatro áreas básicas de la existencia social: 1) El trabajo, sus recursos y sus productos; 2) El sexo, sus recursos y sus productos; 3) La autoridad colectiva —o pública— sus recursos y sus productos; y 4) La subjetividad/intersubjetividad, sus recursos y sus productos (Quijano, 2000), a las que nosotros agregamos un aspecto asociado al área de la “subjetividad/intersubjetividad, sus recursos y sus productos” y que es controlada por el diseño global de los derechos humanos. Nos referimos a “la capacidad de producción de utopías e ideales de emancipación o de liberación”, en la que dichos derechos actúan como norte y techo de los movimientos populares, sociales y políticos, los cuales, a partir de los años ochenta, abandonaron la vía armada hacia la toma del poder, para adaptarse a los ideales humanistas eu-rocéntricos, no-bélicos, de la lucha “democrática y pacífica”, con los resultados que todos aquí conocemos: aniquilación progresiva de las y los líderes y luchadores sociales con la consecuente frustración masiva y el adormecimiento de la energía política liberadora, o “ansia de dignidad” (Herrera Flores, 2005).

¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo logró posicionarse este diseño global en el patrón de poder colonial hasta constituirse en el estándar de producción de utopías y luchas de emancipación? Lo que sigue es un intento de responder a estos interrogantes.

La denominación “derechos humanos” es un constructo conceptual o constelación de ideas abstractas de naturaleza política con matices éticos o normativos y de vocación universal(ista), asociadas ineludiblemente a la llamada “cultura” o “civilización occidental”. Y, en efecto, cada día que pasa hay más personas conscientes de que el conjunto de ideas que identificamos como “derechos humanos” —y que tiene su máxima expresión en la Declaración Universal de Derechos del Hombre (DUDH)[3] de 1948— es una ficción peculiar de la cultura euroamericana liberal moderna, de raíces judías y cristianas, que se impuso progresivamente en el mundo a partir de 1492 con la invasión de los conquistadores españoles y portugueses a las aguas y las tierras ocupadas por las civilizaciones caribe, maya, azteca, inca, etc., y que se conoció en la Europa occidental naciente como “Nuevo Mundo” o “Indias Occidentales”.

Dicha invasión da origen al colonialismo moderno, cuyos ejes centrales según De Sousa Santos (2010) son la violencia y la apropiación —saqueo— de bienes naturales, conocimientos y seres humanos, subsumidos bajo la categoría de “mercancía”, con el agravante de que las “mercancías vivientes” (trabajo vivo) aborígenes americanas y africanas, fueron dispuestas y jerarquizadas según el dispositivo racial de la “blanquitud” (Castro-Gómez, 2008). La explotación de esta mercancía viviente, sus recursos y productos, sirvió primordial-mente para la acumulación originaria de capital en Europa y coincidió con la violencia, apropiación y exterminio que sobre mujeres y niños desplegaban los Estados europeos desde el siglo XVI, como nos muestran Marx en El Capital (1975) y Silvia Federici en su libro Calibán y la bruja (2004)[4] y, en segundo término, esta estructura de la explotación sirvió como patrón de poder para el resto de las gestas colonizadoras, desplegadas por los países imperiales hegemónicos en los siglos posteriores.

Cuando decimos que “derechos humanos” es una invención fundamental de la cultura euroamericana moderna, es porque queremos hacer notar enfáticamente que dicha invención tiene su origen en el Sistema-Mundo-Capitalista-Colonial-Patriarcal —S-M-C-C-P— de mediados del siglo XX y no antes “desde que el hombre es hombre”, o desde que “se superó el estado de naturaleza”, como reza el discurso metafísico liberal hegemónico. Al respecto, sostiene Joaquín Herrera Flores (2005: 118): “El concepto de derechos humanos que logró imponerse durante la época de la Guerra Fría se basó en dos tendencias estrechamente unidas entre sí: la universalidad de los derechos y su pertenencia innata a la persona humana”. Se presentaban, pues, como productos de esencias inmutables y no como producciones convencionales o culturales surgidas en contextos históricos reales.

Siguiendo el argumento de Herrera Flores, sostenemos que “derechos humanos” es una invención política que obedece a los intereses del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos, quienes resultaron vencedores en la llamada Segunda Guerra Mundial —que se extendió por Europa y sus colonias—, iniciada en 1937 con el bombardeo nazi al pueblo de Guernica el 26 de abril, experimento macabro con el que se inicia el concepto moderno de “guerra total”, como sostiene Ian Petterson (2008), y finalizada en 1945[5]. Guerra hecha, según cuenta la historia oficial, contra el nazismo, cuando la verdad, que poco a poco sale a relucir, es que fue una batalla a muerte contra el comunismo de la Unión Soviética, que desde 1917 se erigía como alternativa al capitalismo liberal dominante en Europa y Estados Unidos[6]. Hitler fue un buen aliado anticomunista de los Estados Unidos de América hasta que se les “escapó de las manos”[7] y, como sostiene Aimé Césaire (2006), aplicó a los europeos los mismos métodos de violencia y apropiación que ellos habían aplicado al resto del mundo no occidental con el colonialismo. Dice Césaire que Hitler —el invasor, torturador, exterminador, saqueador, etc.— andaba por el mundo colonial desde hacía más de 400 años, pero como los europeos no sufrían sus desmanes y barbaridades, no lo cuestionaban.

En 1941, mucho antes de que se declarara oficialmente el fin de la guerra el 8 de mayo de 1945, Estados Unidos había iniciado la creación de la infraestructura institucional (política, económica y militar) que le aseguraría, a futuro, la hegemonía mundial. Sus iniciativas políticas se concretaron en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se aseguró el sillón más mullido del Consejo de Seguridad, toda vez que desde el mismo año 1941 había desarrollado una infraestructura militar basada en el dominio de la energía atómica (Proyecto Manhattan, iniciado en 1939) y cuya concreción mortal fueron las bombas atómicas utilizadas criminalmente sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945, respectivamente. Símbolos de la frialdad e inhumanidad del poder bélico instalado al servicio de los intereses estratégicos de Estados Unidos[8]. Este poder político y militar se consolida entre 1947 —con la creación del Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca (TIAR)— y 1948, con la concreción del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Dicho poder ya poseía su “infraestructura” económica consolidada desde 1944, con las instituciones de Bret-ton Woods (FMI, BM y el GATT, embrión de la OMC), que colocarían al dólar estadounidense como moneda legal de uso internacional y a Estados Unidos como el líder indiscutible del S-M-C-C-R

Hasta ahora hemos señalado algunos de los aspectos políticos, económicos y militares en la construcción de la hegemonía estadounidense en el S-M-C-C-P, pero también hay un aspecto educativo y cultural que constituye un hito en la construcción de dicha hegemonía y que pone en evidencia el papel que jugaron los derechos humanos en dicha construcción. Nos referimos al informe que presentó en Washington a mediados de la década de 1960 el “Comité E”, cuya misión encomendada por el Comisario de Educación de Estados Unidos era:

…determinar los objetivos que los norteamericanos debían impulsar en materia de educación, desde entonces (años sesenta) hasta el siglo XXI. Entre los objetivos merece destacarse que la Comisión afirmó la necesidad de universalizar los valores dominantes, expresados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y consideró que la educación debía convertirse en un “instrumento primordial” para la educación de una “civilización mundial” de acuerdo a esos principios (Puiggrós, 1980: 165).

Después de este dato aportado por Puiggrós, podríamos concluir —utilizando una metáfora muy conocida— que los “derechos humanos” son la joya de la corona de la hegemonía política estadounidense.

Este es el horizonte sociohistórico (es decir, económico, político y cultural) que resulta de analizar, decolonialmente, la forma y el contenido del constructo “derechos humanos”. Mirándolos desde este punto de vista, revelamos que, primero, su lugar de enunciación es el centro imperial del S-M-C-C-P, desde el que se proyectan como el modelo único de dignidad —de allí lo uni-versal— que deben reproducir todos los países que deseen adquirir la certificación de “civilizados” en sentido occidental y, segundo, precisamos el lugar de enunciación en el que los pueblos de la periferia del S-M-C-C-P realizamos la recepción del constructo “derechos humanos”, conscientes de que en dichos pueblos existen distintas maneras de concebir la dignidad y de luchar por ella en situaciones de explotación y opresión. Y aquí nos encontramos con las propuestas de Boaventura de Sousa Santos y de Joaquín Herrera Flores, quienes sostienen que a pesar de que los derechos humanos son la concepción imperial he-gemónica en la lucha por la “dignidad” en Occidente —con muchas contradicciones, claro está—, debemos admitir que es su apropiación por parte de los movimientos sociales antisistema la que puede determinar realmente cual es su carga reguladora y su potencial emancipador y si ofrecen la posibilidad de transitar hacia una concepción intercultural de las luchas por la dignidad. Ampliando unas preguntas de Edgardo Lander en su ensayo ¿Conocimiento para qué y para quién?, nos preguntamos: ¿qué valores y qué posibilidades de un futuro no capitalista son alimentados en la concepción liberal he-gemónica de los derechos humanos? y ¿qué valores y posibilidades de un futuro no capitalista son debilitados en la concepción liberal hegemónica de los derechos humanos?[9]

Podemos resumir el resultado del análisis decolonial del diseño global occidental de los derechos humanos en tres aspectos: primero, que constituyen una concepción monocultural moderna, de raíces judeocristianas y de naturaleza liberal y capitalista de la dignidad humana, que se impuso en el mundo luego de la victoria de Estados Unidos y sus aliados europeos sobre el nazismo en 1945; segundo, que invisibilizan y avasallan a las otras concepciones de la dignidad humana existentes en el mundo, como las de los pueblos originarios de lo que hoy es América, India, África, Asia, etc., negando la posibilidad de un futuro no capitalista e intercultural y, tercero, que constituyen un dispositivo político que facilita y justifica las acciones neocolonia-les —militares y económicas— de los países centrales del S-M-C-C-P sobre los países de la periferia y que Jean Bricmont (2005) llama “Imperialismo humanitario”.

BIBLIOGRAFÍA

Black, Edwin 2001 IBM y el Holocausto (Buenos Aires: Atlántida).

Bricmont, Jean 2005 Imperialismo humanitario. El uso de los Derechos Humanos para vender la guerra (Barcelona: El Viejo Topo).

Castro-Gómez, Santiago 2008 La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1818) (Caracas: El perro y la rana).

Césaire, Aimé 2006 Discurso sobre el colonialismo (Madrid: Akal).

Federici, Silvia 2004 Calibán y la Bruja (Madrid: Traficantes de Sueños).

Grosfoguel, Ramón 2010 La descolonización de la economía política (Bogotá: Ediciones de la Universidad Libre).

Herrera Flores, Joaquín 2005 Los derechos humanos como productos culturales. Crítica del humanismo abstracto (Madrid: Libros La Catarata).

___________________ 2008 La reinvención de los derechos humanos (España: Atrapasueños).

Lander, Edgardo (s/f) ¿Conocimiento para qué? ¿Conocimiento para quién? Reflexiones sobre la universidad y la geopolítica de los saberes hegemónicos en <http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/81.pdf> acceso 22 de octubre de 2013.

Marx, Karl 1975 El capital. Tomo I/Vol. 3. Libro Primero. El proceso de Producción del Capital (Buenos Aires: Siglo XXI).

Mignolo, Walter 2003 Historias locales/diseños globales (Madrid: Akal).

Puiggrós, Adriana 1980 Imperialismo y educación en América Latina (México: Nueva Imagen).

Quijano, Aníbal 2000 Colonialidad del poder, globalización y democracia en <http://www.rrojasdatabank.info/prpc/quijan02.pdf>.

De Sousa Santos, Boaventura 2010 Para descolonizar Occidente. Más allá del pensamiento abismal (Buenos Aires: CLACSO/Prometeo Libros).

OTRAS PUBLICACIONES CONSULTADAS

Patterson, Ian 2008 Guernica y la guerra total (Madrid: Turner/Armas y Letras).

Pauwels, Jacques R. 2002 El mito de la guerra buena. EE. UU. en la Segunda Guerra Mundial (Hondarribia: Hiru).

Es Profesor de Educación Media por el Instituto Pedagógico de Caracas (IPC), 1978. Magíster en Filosofía por la Universidad Simón Bolívar, 1987. Profesor titular del Instituto Pedagógico de Caracas hasta su jubilación en 2002. Autor de diversos programas de formación, tanto en el Pedagógico de Caracas como en la UCV y la Academia Militar Bolivariana de Venezuela. Ha estado muy activo en labores editoriales como columnista, articulista y colaborador en revistas y periódicos de circulación nacional. Ha incursionado también en la política como diputado suplente al Congreso Nacional por la organización partidista denominada "Causa R.". Fue ponente, entre otros congresos, del Seminario Nacional sobre Desarrollo Humano en la Universidad Central de Venezuela, 2004. Ha publicado en distintas revistas de circulación nacional e internacional. Es autor del libro Ensayos heterodoxos en derechos humanos (Fundación Editorial El perro y la rana, Caracas, 2011).↵

El carácter genocida, exterminador de seres humanos de estos diseños, es destacado por Ramón Grosfoguel (2010), mostrando que la lógica colonizadora subyacente a ellos puede resumirse discursivamente así: "pasamos del siglo XVI, cristianízate o te mato, al siglo XIX, civilízate o te mato, a finales del siglo XX, desarróllate o te mato y ahora a principios del XXI, democratízate o te mato". Es evidente que en este último diseño global juegan un papel decisivo los derechos humanos, de manera que, como hemos visto en Irak (1990, 2003), Serbia (1995-96), Kosovo (1999), Afganistán (2001), Libia (2011), etc., la expresión es "acepta esta concepción de los derechos humanos o te mato".↵

Como se llamó hasta 1952.↵

En esta investigación, la autora pone en evidencia un aspecto de la explotación capitalista que Marx no abordó en su tesis de la acumulación originaria, cual es: "la guerra a muerte contra las formas de vida y las culturas populares que tomó a las mujeres como su principal objetivo". Este libro es la historia descarnada del patriarcado que aún hoy, 500 años después, campea en nuestras sociedades periféricas.↵

Los datos que aporta Silvia Federici, en su libro Calibán y la bruja, hacen ver que esta concepción de la guerra que extermina al "enemigo" (por eso el calificativo "total") comenzó a practicarse en Europa a partir del siglo XVI, pero la modernidad introduce un elemento terrorífico, que es la utilización de aviones para lanzar bombas y metrallas sobre los poblados civiles que se van a invadir. Acción que caracterizó a la llamada Segunda Guerra Mundial.↵

Dos libros son reveladores del papel de EUA en la llamada Segunda Guerra Mundial y sus relaciones con Hitler y el Nacional Socialismo alemán: El mito de la guerra buena, de Jacques Pauwels, e IBM y el holocausto, de Edwin Black.↵

En el libro ya citado y de poca distribución, titulado IBM y el holocausto, de Edwin Black, se demuestra con documentación apabullante que Hitler quizá hubiese invadido el Este de Europa sin su poderosa aviación, pero jamás hubiese podido desarrollar el control, seguimiento y aniquilamiento de judíos, comunistas y gitanos sin el apoyo técnico y humano prestado por la IBM.↵

Entre el 14de abril de 1946yel 18de agosto de 1958-en el marco de las operaciones Sandstone, Greenhouse, Ivy, Castle, Redwing y Hardtack I- Estados Unidos hizo detonar unas 60 bombas nucleares en varios atolones de las Islas Marshall. Un paraíso terrenal en el Pacífico norte frente a Japón, su anterior colonizador. En 1948, el 30 de abril, en Bogotá (Colombia) se crea la Organización de Estados Americanos con la firma de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y ese mismo día, en el atolón Enewetak -en el marco de la operación Sandstone-, Estados Unidos detona la bomba atómica Yoke (de 49 kilotones) y unos siete meses más tarde la ONU aprueba la Declaración Universal de Derechos del Hombre, título que será cambiado por "Derechos Humanos" el Io de noviembre de 1952, el mismo año en que Estados Unidos detona la primera bomba de hidrógeno, llamada Mike, en el atolón de Enewetak, en las Islas Marshall.↵

En este ensayo, Lander advierte que es muy difícil despertar del sonambulismo en que nos tiene sumidos el eurocentrismo, pero que es necesario y posible despertarnos. Esta es la idea que nos anima a colaborar en el despertar del sonambulismo liberal y eurocéntrico que vivimos en Venezuela en el campo de los derechos humanos.↵

14

Mauricio Phélan C[1] y Miguel Oliva [2] 

DESDE EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS ÍNDICES DE LIBERTAD, DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y DE DESARROLLO HUMANO EN AMÉRICA LATINA

INTRODUCCIÓN

El índice de Desarrollo Humano (IDH) es una magnífica experiencia desarrollada inicialmente sobre las ideas de Amartya Sen y Mahbub ul Haq, y reforzadas en el tiempo con aportes de otros autores, como Martha Nussbaum. Desde su aparición en 1990, fue el índice alternativo que alcanzó lo que otros habían intentado sin mayor éxito: desplazar al PIB como indicador hegemónico de desarrollo. Sin embargo, de acuerdo con la opinión de algunos autores, como índice que busca medir las oportunidades y las capacidades ha dejado por fuera uno de lo más importantes componentes, las libertades y los derechos civiles y políticos. Este déficit ha generado resultados polémicos del índice en términos comparativos y de clasificación de los países. A fin de explorar la posibilidad de incorporar los derechos civiles y políticos, como parte sustantiva de la medición del desarrollo humano, se lleva a cabo una investigación que se inicia con preguntas sobre la existencia de mediciones sobre estos tópicos, sus alcances y limitaciones. Igualmente, de manera exploratoria, se realiza un análisis comparativo de los países de América Latina.

SOBRE LIBERTADES, DERECHOS CIVILES Y DERECHOS POLÍTICOS

El desarrollo, para Amartya Sen, se concibe “… como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos” (1999: 19). Sobre esta afirmación, el autor sostiene que para que se produzca el desarrollo en las sociedades deben eliminarse las principales fuentes de privación de libertad como la pobreza y la tiranía. Igualmente, las limitaciones a las oportunidades económicas y las privaciones sociales, así como la intolerancia y los excesos de los Estados represivos, porque —para el autor— el Estado debe garantizar que existan mecanismos institucionales que permitan el aprovechamiento de las personas en su conjunto, de todas las oportunidades posibles:

Los mecanismos institucionales para aprovechar estas oportunidades también dependen del ejercicio de las libertades de los individuos, a través de la libertad para participar en las decisiones sociales y en la elaboración de las decisiones públicas que impulsan el progreso de estas oportunidades (p. 21).

A continuación se presentan, de manera sintética, algunas de las ideas formuladas por A. Sen, que dan soporte a la relación entre las libertades y el desarrollo. En primer lugar, las libertades no solo son el fin principal del desarrollo, sino que se encuentran además entre sus principales medios. En segundo término, debe comprenderse que hay una relación notable entre las diferentes libertades. Como tercera idea, las libertades políticas —en forma de libertad de expresión y elecciones libres— contribuyen a fomentar la seguridad económica. En cuarto lugar, se presentan las oportunidades sociales —en forma de servicios educativos y sanitarios— que facilitan la participación económica. Como quinta idea, aparecen los servicios económicos — en forma de oportunidades para participar en el comercio y la producción—, que pueden contribuir a generar riqueza personal general, así como recursos públicos para financiar servicios sociales. Finalmente, los diferentes tipos de libertades pueden reforzarse mutuamente.

Por su parte, Martha Nussbaum advierte que —si bien A. Sen tuvo un papel importante en el diseño y la difusión del “desarrollo humano”—, en este concepto no se incorporaron todos los elementos de su teoría. En parte, esto se debe a que el enfoque del “desarrollo humano” se asocia al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a los informes que este organismo produce anualmente, de tal modo que dicho “desarrollo humano” se percibe como un enfoque que presenta cifras comparativas a nivel internacional, “… más que para avanzar una teoría económica o política sistemática, que sirva para reorientar el debate sobre el desarrollo y las políticas correspondientes” (Nussbaum, 2012: 37). Como respuesta a esta debilidad, la autora propone el enfoque de las capacidades, el cual define “… como una aproximación particular a la evaluación de la calidad de vida y a la teorización sobre la justicia social básica” (p. 38), la cual, vale destacar, constituye una buena base para la construcción de una teoría de la justicia y de los derechos. De esta manera, el enfoque de las capacidades presenta cuatro puntos importantes. Primero, cada persona como un fin en sí mismo; segundo, centrado en la elección o en la libertad; tercero, es pluralista en cuanto a valores; cuarto y último, se ocupa de la injusticia y de las desigualdades sociales arraigadas.

Asimismo, en un estudio encargado por el gobierno francés a Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, se recomienda de manera explícita focalizar la noción de bienestar como pluridimen-sional. Para ello proponen siete dimensiones, basadas en trabajos de investigaciones existentes, así como tomadas de numerosas iniciativas desarrolladas a nivel mundial. Tres de las siete dimensiones están asociadas a los derechos civiles y políticos: la participación en la vida política y la gobernanza, los lazos y las relaciones sociales y la inseguridad tanto económica como física (Stiglitz et al, 2008).

¿POR QUÉ NO SE INCORPORAN LAS LIBERTADES EN LAS MEDICIONES DEL DESARROLLO HUMANO?

Los Informes de Desarrollo Humano, en sus primeras publicaciones, incorporaron algunos intentos de medición de la libertad; de hecho, el Informe de 1990 textualmente declara “El desarrollo humano es incompleto si el hombre carece de libertad. A través de la historia, la humanidad ha estado dispuesta a sacrificar la vida para obtener libertad nacional y personal”. A partir de este informe se reconoce el peso de la libertad humana en cualquier IDH. Los informes e índices posteriores a 1991 y 1992 realizan un esfuerzo por concretar la incorporación de las libertades como parte de la medición del desarrollo humano. En el Informe de 1991 —si bien se reconoce que el IDH no incluye la libertad— se hace un serio esfuerzo por incorporar la libertad en el informe mediante una propuesta realizada por Charles Humana, quien hizo una revisión cuidadosa de las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos. C. Humana clasificó cuarenta grandes libertades, agrupadas en cinco derechos, con los cuales propuso la creación del índice de Libertades Humanas (ILH). El citado informe confirma un aspecto central como es “…que el desarrollo humano es incompleto si no se incorpora la libertad. El siguiente paso lógico sería, por lo tanto, fusionar el IDH y el ILH en un índice global” (PNUD, 1991: 57). En el informe se publicó la Tabla 1.5 con la clasificación de países basándose en el ILH. Sin embargo, a pesar de este indudable esfuerzo por incorporar las libertades al desarrollo humano, se consignaron también serias dudas sobre la posibilidad de incorporar el ILH, por lo que se formularon preguntas tales como: ¿cuándo es “grave” la violación de una determinada libertad?, o ¿cuál debe ser el peso relativo de los distintos derechos enumerados por C. Humana en el cómputo del ILH? Se plantea asimismo que si bien parece existir una estrecha correlación entre el desarrollo humano y la libertad humana, no parece haber claridad respecto a sus causas.

Un año después, en el Informe de 1992, se afirma:

El propósito del desarrollo humano es ampliar la gama de opciones de las personas. Si no tienen libertad de elegir dichas opciones, todo el proceso se convierte en una farsa. Por lo tanto, la libertad es más que un objetivo idealista: es un componente vital del desarrollo humano (PNUD, 1992: 69).

El equipo del Informe revisó las convenciones y tratados principales de Naciones Unidas para identificar las libertades propiamente políticas, logrando identificar 21 libertades, que clasificó en cinco categorías, para crear el índice de Libertad Política (ILP). El ILP, si bien se calculó, fue objeto de muchas críticas entre las cuales se destacan seis. La primera crítica es que cada una de las 21 libertades se refieren a una situación tan compleja como puede ser la libertad de prensa, o la independencia de los jueces, de modo que no es correcto calificar esta situación de una manera simplista; segundo, los criterios de calificación son subjetivos, incluso son arbitrarios, sobre todo porque los expertos o jueces son anónimos y, naturalmente, deben serlo; tercero, el informe no presenta ejemplos concretos de violación de las libertades políticas y por eso no aporta a la formulación de políticas; cuarto, 21 indicadores o libertades son demasiados; quinto, los países no tienen interés en reportar sus propias violaciones de libertades políticas; sexto, la conceptualización del ILP no es suficientemente clara ni corresponde a una teoría elaborada acerca de las libertades políticas. Todas estas críticas llevaron a la interrupción del trabajo sobre índices de libertad que no volvieron a ser incluidos en los informes después de 1992 (PNUD, 1992).

Por su parte, en 1995 Mahbub ul Haq en una publicación sobre el “desarrollo humano”, reflexiona sobre lo controversial que ha sido la incorporación de las libertades políticas como parte del índice (Ul Haq, 1995). En el documento sistematiza algunos de los argumentos que se han dado para no incorporar la medición de las libertades como parte fundamental del desarrollo que, de manera resumida, se presentan a continuación. En primer lugar, se alega una limitación de orden metodológico como es que la libertad es difícil de medir, y que es tan valiosa que no debe reducirse a un número; la calidad de la vida política no es fácil de resumir. En segundo término, se esgrimen razones de jerarquía como que los derechos políticos no son tan importantes en un país pobre como son los derechos económicos y sociales. Para los defensores de esta posición, el derecho al voto está condicionado por la situación de pobreza y de alfabetismo. En contrapartida, M. Ul Haq dice: “los derechos políticos son tan importantes como son los derechos económicos y sociales, y deben ser medidos conjuntamente” (Ul Haq, 1995: 68). En tercer lugar, se sugiere que hay una cuestionable relación entre libertad y crecimiento económico a través de la historia, pero —continúa el autor—, ahora las personas están demandando tanto desarrollo como democracia. “Las personas no son el centro del desarrollo si están en una prisión política” (ídem). Como cuarto argumento, destaca que la mayor parte de la oposición, para la creación de un índice de libertad política, proviene de algunos gobernantes del mundo en desarrollo, dado que se pueden explicar las bajas posiciones en indicadores sociales, pero no así con las bajas calificaciones en mediciones de la libertad. Como quinto y último argumento se esgrime el uso que se pueda dar a las mediciones sobre libertades para condicionar la ayuda o la cooperación a países. Adicionalmente, el autor reitera que los Informes de 1991 y 1992 intentaron avanzar en la construcción de un índice de libertad y que, sin embargo, este esfuerzo fue abandonado por la creciente oposición de algunos gobiernos. De hecho, señalado por Ul Haq, el informe de 1992 concluye: “En adelante deberán emprenderse investigaciones adicionales en torno al índice de libertades políticas —en una universidad o en otro centro de investigación— a fin de perfeccionar su base conceptual, metodológica y estadística” (PNUD, 1992: 83). Efectivamente, la creación y cálculo de índices sobre derechos civiles y políticos ha sido tarea de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales, como podrá apreciarse más adelante.

En 2001 Fukuda Parr publica una extraordinaria crítica a los informes del PNUD, basada en la falta de indicadores sobre libertades en la medición del IDH. Allí afirma que en los Informes de Desarrollo Humano —mientras las mediciones muestran progresos, proporcionando análisis de tendencias en esperanza de vida, educación e ingresos— rara vez, e irónicamente, se hace mención a las tendencias de la libertad política, derechos humanos y a la participación. Luego de los esfuerzos iniciales en este tema, en los IDH de 1995 y 2000 también se hizo énfasis en la importancia de la igualdad de los derechos y en la relación entre derechos humanos y desarrollo humano. En el informe 2000 se identifican siete tipos de libertades, así como la relación entre libertad política y participación colectiva. En este informe también se sugiere que las políticas promueven las libertades políticas y civiles, en especial la “democracia inclusiva” como forma de gobierno que garantiza el derechos de todos. Dice la autora que, siendo el agente humano intrínseco al “desarrollo humano”, las personas no pueden ser consideradas como beneficiarías pasivas. La libertad no es una meta, sino lo que garantiza la participación de las personas como agentes del desarrollo; sin embargo, como ya se mencionó, los informes han puesto mayor énfasis en salud y educación, y menos en libertades políticas, participación y acción colectiva (Fukuda Parr, 2001).

También en 2001, Eizaguirre y Alberdi sistematizan en un artículo críticas y objeciones acerca de la ausencia de libertades políticas en los IDH. Para los autores, la medición de los derechos civiles y políticos se enfrenta a una doble dificultad. Por un lado, la amenaza a la que se encuentran sometidos los defensores de los derechos humanos que se dedican a recolectar datos y, por otro, los pocos recursos que destinan tanto gobiernos como organismos internacionales a estos temas. Los recursos se designan para mediciones sobre salud, educación, ingreso y otros aspectos relacionados con los derechos sociales y económicos, no así cuando se trata de medir criminalidad, negación de derechos, censura de prensa y migración. El primer argumento es el conflicto entre derechos positivos y derechos negativos; asimismo en centrar el debate sobre la prioridad de unos derechos sobre otros, por ejemplo los económicos y sociales frente a los civiles y políticos. Como segundo argumento aparece la imposibilidad de medir la Libertad Humana. Se argumenta que es demasiado valiosa mensurarla, que debe estudiarse desde una perspectiva cualitativa. El tercer argumento tiene que ver con la temporalidad de las mediciones; como cuarto argumento aparece la variabilidad de las condiciones, dado que la incorporación de mediciones sobre libertad en los IDH podría alterar los resultados de un año a otro. La quinta argumentación está relacionada con la dimensión cultural de las mediciones, se trata de la “occidentalización” de los diferentes indicadores, aspecto este que ha sido una de las cuestiones más repetidas en el debate sobre la medición de las libertades humanas. Finalmente se hallan los aspectos relativos a los diferentes niveles de análisis, para lo cual se alega que cualquier sistema de medición debe evaluar tanto el marco legal como las experiencias individuales y de las comunidades.

Desde estas críticas, de 2001 a la fecha se han publicado una docena de informes en los cuales apenas en dos —2003 y 2004— se hace mención a la democracia como promotora de la libertad y el desarrollo. En el informe aniversario de 2010, Amartya Sen escribe:

Veinte años después de la publicación del primer Informe sobre Desarrollo Humano, los logros conseguidos ameritan grandes celebraciones. Pero también debemos mantenernos alerta para encontrar formas de mejorar la evaluación de las adversidades de antaño y de reconocer, y responder, a las nuevas amenazas que ponen en riesgo el bienestar y la libertad humana (PNUD, 2010).

En resumen, las libertades y los derechos políticos y civiles continúan siendo una materia pendiente en la medición del desarrollo humano. Es labor de la academia dedicarse a esta tarea, más aun entendiendo que el desarrollo es multidimensional y que las personas son agentes activos en este proceso.

Hasta ahora se han revisado un conjunto de argumentos y críticas, esbozados desde los primeros informes de DH hasta los más recientes. De todas esas críticas o limitaciones, nos centraremos en las de orden metodológico y, más concretamente, con las que atañen a los aspectos de la medición de las libertades y de los derechos civiles y políticos. Para ello se presentan los siguientes interrogantes: ¿qué se ha medido o dejado de medir?; en otros términos, ¿cuál es el estado del arte en cuanto a índices e indicadores? ¿Qué resultados y evidencias empíricas existen sobre las libertades? ¿Quién o quiénes se dedican a estos temas? En las siguientes líneas se intentará dar respuesta a algunas de estas preguntas.

LA MEDICIÓN DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Como primer elemento de análisis se realizó una revisión documental y electrónica acerca de la medición de las libertades y los derechos políticos y civiles a nivel internacional. De una revisión exhaustiva a través de la literatura sobre el tema —como es el inventario de Romi-na Bandura (2008), o la base de datos de Pipa Norris (s/f), o el Informe de Desarrollo Humano de 1992 (PNUD, 1992), o a través de búsquedas propias, mediante fuentes electrónicas—, se lograron identificar veintiséis índices que miden, de una u otra forma, las libertades y los derechos civiles y políticos.

Los índices revisados son: 1) BTI Bertelsman Transformation Index; 2) CIRI Human Rights Dataset; 3) CPI Corruption Perception Index/Índice de Corrupción; 4) Country at the Crossroads; 5) Democracy Score (Nations in Transit Ratings); 6) Democracy Cross-national Data; 7)  Economic Freedom of the World/Libertad Económica (Heritage); 8)  Ethics índices; 9) Failed State Index/Índice de Estados Fallidos; 10) Freedom Index/Índice de Libertad (Fraser Institute); 11) GCSI Global Civil Society Index Global Integrity Index; 12) GPI Global Peace Index; 13) Human Rights Commitment Index; 14) índice de Democracia (The Economist); 15) Index of Economic Freedom; 16) Peace and Conflict Instability Ledger; 17) IPRI International Property Rights Index/Índice Internacional de Derechos de Propiedad; 18) Peace and Conflict Instability Ledger; 19) Political Rights and Civil Liberties Rights; 20) Press Freedom Index/Libertad de Prensa; 21) Public Integrity Index; 22) Rule of Law Index; 23) The Observer Human Right Index; 24) The Social Inclusión Index (Americas Quarterly); 25) Freedom on the Net/ Libertad en Internet; 26) índices of Social Development.

La existencia de estos veintiséis índices confronta algunos de los argumentos esgrimidos para no incorporar indicadores sobre libertades en la medición del DH. Se procedió a hacer una revisión de cada índice, considerando aspectos tales como autoría, disponibilidad y acceso a las bases de datos y documentos sobre la fundamentación teórica y metodológica. La revisión arrojó que las bases de datos son abiertas y de fácil acceso y —en la mayoría de los casos— se dispone de información anual. La revisión también reflejó que ellos han sido elaborados por centros de investigación de universidades, fundaciones, organizaciones y entes privados. Asimismo, que están debidamente documentados, tanto en su fundamentación teórica como metodológica, y son de libre acceso a través de Internet.

Del estudio de los índices se derivan interrogantes acerca de los resultados y su comparación en términos de espacio y tiempo. La comparación puede hacerse desde diferentes perspectivas; sin embargo, en este caso se optó por realizarla únicamente para los 19 países latinoamericanos, en parte para no entrar en el debate cultural sobre “la occidentalización” de las nociones de libertad. Como no todos los índices tienen información para todos los países latinoamericanos, se presentó una especie de filtro que redujo a nueve el número de índices para la comparación. La selección con datos disponibles es la siguiente:

-    Libertad Económica (Heritage)

-    Satisfacción con la Libertad de Elegir (Gallup)

-    índice de Corrupción (Transparencia Internacional)

-    índice de Democracia (The Economist)

-    índice de Propiedad (Property Rights Alliance y el Programa Hernando de Soto)

-    Freedom Index (Fraser Institute)

-    Political Right & Civil Liberties (Freedom House)

-    Empowerment Rights Index (Cingranelli-Richards —CIRI— Human Rights Dataset)

-    Libertad de Prensa (Reporteros sin Fronteras)

A continuación brindamos una breve explicación de cada uno de los índices seleccionados:

LIBERTAD ECONÓMICA (LE HERITAGE)[3]

El índice desarrollado desde 1995 por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal está basado en la libertad, la prosperidad y la libertad económica. Tiene como objetivo medir el vínculo entre oportunidad económica y prosperidad, a partir de la investigación y el análisis de políticas económicas, en países de todo el mundo. Para la Fundación Heritage, una persona es libre económicamente cuando tiene control total de su trabajo y propiedad. Es un concepto positivo, cuya definición tradicional es la ausencia de coerción o restricción gubernamental. El índice agrupa 10 libertades económicas en cuatro dimensiones o categorías consideradas como fundamentales. Se ordena de 0 a 100.

SATISFACCIÓN CON LA LIBERTAD DE ELEGIR[4]

Es medido por la empresa Gallup Internacional en su encuesta mundial, que realiza anualmente. Es el resultado de la pregunta: “¿En este país está usted satisfecho o insatisfecho con la libertad de elegir lo que desea hacer con su vida?” (In this country, are you satisfied or dissatis-fied with your freedom to choose what you do with your Ufe?). Se consideran como valor en el estudio las respuestas afirmativas. Se expresa en porcentajes donde 100% es la máxima satisfacción.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN (IPC)[5]

El índice de Percepción de Corrupción (IPC) ha sido desarrollado por Transparency International desde el año 1995. Mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público de los países donde es administrado. La corrupción es definida como el abuso del poder encomendado para beneficio personal. Las fuentes no hacen distinción entre corrupción política y corrupción administrativa. Es un índice compuesto basado en las percepciones de expertos de los distintos países, mediante sondeos y encuestas realizadas por diferentes instituciones independientes. Incorpora 17 informaciones de 13 organismos, permitiendo abarcar varios países y obtener altos niveles de precisión en los resultados.

ÍNDICE DE DEMOCRACIA[6]

Es un índice desarrollado y administrado por la unidad de investigación del diario The Economist, que proporciona una imagen del estado de la democracia en los distintos países. La democracia es definida como un conjunto de principios y prácticas que institucionalizan y protegen la libertad. Es frecuente ver como sinónimos la libertad y la democracia, si bien la libertad es un componente fundamental de la democracia, no es suficiente. En este sentido, la democracia es vista como libertades políticas y civiles. El índice de Democracia es realizado desde 2007 y consiste en un promedio ponderado basado en 60 indicadores agrupados en cinco dimensiones. El índice obtiene sus datos de consulta a expertos, así como también de encuestas de opinión pública principalmente, entre las que se encuentran la Encuesta Mundial de Valores, las encuestas de Gallup, Latinobarómetro, entre otras fuentes.

ÍNDICE INTERNACIONAL DE DERECHOS DE PROPIEDAD[7]

Es un índice desarrollado conjuntamente entre Property Rights Allian-ce y el Programa Hernando de Soto para medir los derechos de propiedad. Para los autores, los derechos de propiedad son un instrumento de la sociedad. Su importancia radica en que ayudan a formar y mantener las expectativas frente a terceros. Estas expectativas se expresan en la ley, las costumbres y en los otros. El poseedor de una propiedad tiene el consentimiento de terceros para actuar sobre la misma de una forma particular y asume que la comunidad evitará que otros interfieran con sus acciones (dentro de la ley y sus derechos). El índice se concentra en tres áreas: Ambiente Político y Legal, Derechos de Propiedad Física y Derechos de Propiedad Intelectual. El índice maneja una escala entre 0 y 10, en la cual 10 representa un nivel fuerte de protección a los derechos de propiedad y un valor 0 refleja la inexistencia de derechos a la propiedad.

ÍNDICE DE LIBERTAD[8]

Es un índice desarrollado y aplicado por Fraser Institute y Liberales Institute de la Friedrich-Naumann-Foundation, con sede en Potsdam (Alemania). El índice está basado en la definición de libertad negativa, que es la inexistencia de barreras y limitaciones, las cuales impiden que las personas actúen libremente y sobre la base de sus deseos. Es un índice soportado sobre un clásico enfoque liberal, que considera las libertades económicas y civiles o personales, no así las políticas. De esta manera, para la medición de la libertad no incorpora sondeos sobre democracia o libertades políticas, dando por supuesto que la democracia no es condición suficiente para garantizar las libertades. El índice resulta de la combinación de dos subíndices, sobre libertades económicas (Economic Freedom ofthe World EFW) y sobre libertades civiles o personales. Se utilizan datos disponibles en diferentes fuentes secundarias. El índice se aplica para 123 países (McMahon, 2012; Vásquez y Stumberger, 2012).

DERECHOS POLÍTICOS Y LIBERTADES CIVILES[9]

Es una encuesta desarrollada anualmente y administrada por Freedom House desde 1972, que mide la libertad de acuerdo a los Derechos Políticos y a las Libertades Civiles en 195 países. La intención del estudio es tener una idea de las libertades ejercidas de manera individual, más que evaluar el desempeño de los gobernantes o gobiernos. El estudio de las libertades considera cómo estas pueden verse afectadas debido a las acciones desplegadas por actores no estatales, lo que incluye grupos armados (Freedom House, 2012 y 2013). Para los Derechos Políticos se evalúan tres subcategorías: procesos electorales; pluralismo político y participación; funcionamiento del gobierno. Por su parte, las Libertades Civiles se realizan mediante la evaluación de cuatro subcategorías: libertad de expresión y de creencias; derechos de organización y de asociación; imperio de la ley y autonomía personal; y derechos individuales sin interferencia del Estado. La encuesta está basada en los estándares básicos de los derechos políticos y las libertades civiles, regidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los datos se obtienen mediante una consulta de opinión calificada a un grupo de expertos y académicos. A cada país y territorio se le asigna una puntuación en la escala de 1 al 7. Con esta calificación se construye una escala en la cual los países que tienen un promedio de entre 1,0 y 2,5 son considerados países libres; entre 3,0 y 5,0 países parcialmente libres; y entre 5,5 y 7,0 países no libres.

THE CINGRANELLI-RICHARDS (CIRI)[10]

Es una iniciativa de los profesores David Louis Cingranelli y David Richards, de Binghamton University. Es una gran base de datos con información cuantitativa sobre los 15 derechos humanos reconocidos internacionalmente para 195 países. Se cuenta con una serie de datos, diseñada para reflejar las causas y consecuencias en la violación de los derechos, así como también para mostrar los efectos y los cambios institucionales y políticas públicas incluyendo democratización, ayuda económica, ayuda militar, ajuste estructural y ayuda humanitaria. Con la base se pueden construir indicadores de derechos para cada uno de los 15 derechos humanos por región, por país, por año. La base de datos de CIRI contiene información sobre el respeto del gobierno a una selección de derechos humanos; selección que en modo alguno sea más importante que otros derechos. La unidad de análisis —que es el “año-país”— es como una foto instantánea del país y su situación con los derechos humanos para un período de 29 años. Dentro de la base se ofrece el índice de Empoderamiento de Derechos (Empowerment Rights Index ERI). Los datos para construir los indicadores se obtienen anualmente de diversas fuentes secundarias. El índice de Empoderamiento de Derechos {Empowerment Rights Index) es un índice construido a partir de la suma de los siguientes siete indicadores: Movilidad Internacional, Movilidad Interna, Libertad de Expresión, Libertad de Reunión y de Asociación, Derechos Electorales, Autodeterminación y Libertad Religiosa. Los valores del índice van desde el 0 hasta el 14, donde el 0 representa ningún respeto por estos derechos y 14 total respeto. Cada indicador tiene un valor máximo de 2 para los que respetan el derecho, y 0 para lo contrario.

A continuación se presenta un cuadro con los resultados de cada uno de los índices seleccionados por países.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ÍNDICES

Un primer análisis realizado es una correlación a partir de los rankings de los países en función de cada índice. Se calcula una correlación de Spearman entre los índices observándose que hay asociaciones en la mayoría de ellos, como se aprecia en la Tabla N° 2.

Posteriormente a la correlación de los índices se realizó un estudio entre los 19 países mediante un Análisis de Conglomerado (Cluster Analysis). Como aspecto previo a los resultados es importante revisar grosso modo qué es y en qué radica este tipo de análisis. El Análisis de Conglomerados consiste en un proceso de partición de datos o de clasificación (países en este caso) en grupos, a fin de lograr distintos objetivos analíticos (Sirgany 1998). Toda clasificación se realiza con respecto a ciertas variables que responden a algún interés teórico (Oliva, 2010). No existe una definición “natural” de lo que es un grupo (Everitt, 1985); toda clasificación requiere la definición de ciertos criterios para medir la similaridad entre los elementos a clasificar, que en cierta medida son arbitrarios. Este tipo de análisis es de carácter exploratorio[11] y requiere la definición de ciertos criterios: indicadores o índices que se incluirán en la clasificación, métodos de cálculo para medir la similitud entre los elementos a clasificar (vg. la distancia euclidiana, Block, Minkowski, etc.), y método de formación de los grupos (método Within Groups Average, Between Groups Average, centroide, vecino más cercano, y otros), (Oliva, 1998). No existe un criterio único para la definición de cuál método usar, por lo que se recomienda aplicar distintos métodos para observar si las clasificaciones son coherentes entre sí (Everitt, 1985).

Para el análisis se calcularon las distancias euclídeas entre los países y, a partir de allí, se computó una matriz de similaridad. Dado que los distintos índices tenían distintas escalas, tanto en sentido como en rango, las mismas se estandarizaron. Como en el análisis de conglomerado, las mediciones de las distancias euclídeas son sensibles a la escala y, a fin de darle a todos los índices el mismo peso, fue necesario estandarizar las escalas y el sentido de las categorías. Para ello, se recurrió a una escala donde se ajustó el valor negativo y uno positivo (las escalas en este sentido eran distintas). Las escalas de los índices fueron transformadas de 0 (negativo) a 100 (positivo); las que tenían otros rangos fueron recalificadas a 100; las que se encontraban en sentido inverso (es decir, donde el valor mínimo era una medida positiva), se les invirtió la escala.

Más allá de estas fluctuaciones, es importante observar que no todos los índices cumplen el mismo rol en la clasificación. Esto es así porque las que permiten clasificar mejor son, por decirlo de alguna forma, “las variables que más varían”. Por ejemplo, no intentaríamos clasificar a un grupo de individuos de igual estatura según su talla, sino que buscaremos las características que los distingan mejor. En términos de distribución de frecuencias de una variable, las que mejor clasifican son las más heterogéneas. Una vez medida esta distancia se forma una matriz de similaridad, a partir de la cual se combinan los casos en grupos, de acuerdo a su similitud. Para esta clasificación se han utilizado las distancias euclidianas cuadráticas como medida de similaridad: la suma de las diferencias al cuadrado entre los valores en dos países de las variables utilizadas para clasificar. Para utilizar estas medidas se requiere que las variables de clasificación —en este caso los índices— tengan niveles de medición cardinales (en el análisis de cluster existen otras medidas de distancia y similaridad que son aplicables a variables de categorías). El método de aglomeración utilizado fue el Between Groups Average.

Como comentario metodológico, sería de interés captar no solo la estática de estos índices sino también sus variaciones. Al establecer, además, una clasificación a partir de las variaciones se clasifica la dinámica en estos indicadores para los países estudiados en un período determinado. Al calcular las distancias euclidianas entre los 19 países —y al agruparlas de acuerdo al método de promedio entre grupos (Baverage)— se obtuvieron los esquemas de aglomeración y el den-dograma[12]. El esquema de aglomeración indica la distancia a la que se combinan los aglomerados, así como otros aspectos del proceso de aglomeración. Se requieren 18 pasos para agrupar a los 19 casos.

RESULTADOS

El historial de aglomeración se observa en la siguiente Tabla N° 3. Al encontrar los dos casos de mayor similitud se forma el primer grupo. En el primer paso (stage) se unifican en un cluster (los más similares) los países 5 (Colombia) y 12 (México). En el siguiente paso este grupo se analiza como si fuera un aglomerado (o un caso) más de la base de datos (en vez de realizar el agrupamiento de 19 casos, se hace sobre 18). En el segundo paso se unificaron el cluster 10 (Guatemala) con el 15 (Paraguay). El resultado final del proceso de clasificación es un solo grupo.

El siguiente gráfico (dendograma) refleja el resultado de este proceso de aglomeración, mediante el análisis de conglomerados. Esta figura es similar a un árbol acostado, donde cada ramificación indica un nuevo grupo.

Los clusters combinados a una mayor distancia son los más disímiles. En el dendograma, los pasos de la agrupación se muestran como líneas verticales que separan a un cluster de otro. La ubicación de las líneas verticales en la escala horizontal (rescaled distance cluster combine)[13] indica la distancia a la que se combinaron los clusters: a mayor distancia, menor similitud entre ellos. Los dendogramas pueden ser utilizados para estudiar la cohesión/dispersión y la estructura de los cluster formados, y pueden proveer información sobre el número apropiado de clusters (Oliva, 1998). La estructura del dendograma sugiere una clasificación en cuatro o cinco grupos. La decisión de una u otra cantidad depende del grado de desagregación y detalle que se busque (Oliva, 1998), y del balance entre la exhaustividad de la descripción y la parsimonia (simplicidad). Dada la estructura del dendograma, se optó por tomar una solución de cuatro clusters que permitiera observar la heterogeneidad de los países. Se observa en el dendograma que, según esta clasificación, Cuba muestra distancias importantes con el resto de los países.

Una vez clasificados los grupos sabemos que son parecidos, pero no sabemos en qué se parecen. Por eso, conviene analizar el comportamiento de las variables de clasificación en cada cluster, como se observa en la Tabla N° 4. Para cada uno de los 4 cluster (filas) se observa el promedio, la cantidad de casos (N) y el desvío típico de cada una de las variables utilizadas en la clasificación (columnas). Se observa en la fila TOTAL el promedio general, el desvío estándar y la cantidad de casos para todas las variables de clasificación.

En términos generales, los desvíos en los cluster de las variables suelen ser menores al desvío estándar de todos los países, debido a que al interior de los grupos se busca reducir la varianza de las variables (es decir que en los clusters se agrupen casos similares). Como comentario general, la situación respecto de los índices de libertad en América Latina es bastante heterogénea. Libertad de Prensa y Derechos Civiles y Políticos son las variables con mayor desvío estándar (24,854 y 24,031 respectivamente). Al interior de los clusters estos desvíos son siempre menores (v.g. en el cluster 2, el desvío de Libertad de Prensa 2011 se reduce a 15,661); en los clusters con un solo caso el desvío no se puede computar.

A fin de simplificar la interpretación del resultado, se han identificado de acuerdo a los grupos “clases de países” de los valores encontrados en el índice de Libertad; Clase 1 (libertades medias: es el más numeroso, con 13 países, y el que tiene mayor concentración poblacional. En este grupo se concentra el 87,6% de la población de todos los países analizados); Clase 2 (libertades altas: 3 países, con el 4,3% de la población); Clase 3 (libertades muy bajas, Cuba, con el 1,9%); y Clase 4 (libertades bajas, donde encontramos a Nicaragua y Venezuela con el 6,2% de la población total).

Captura de pantalla 2014-09-09 a la(s) 16.19.55Los mejores indicadores se observan en el cluster 2 (Chile, Costa Rica, Uruguay), por ejemplo, el promedio del índice de Democracia es 79,4, mientras que en el promedio general es 64. La situación respecto de la corrupción también es más positiva en este grupo (66 frente a un promedio general de 39). En Cuba se observa una muy baja libertad de prensa y una situación negativa en el indicador de libertades económicas —Index of Economic Freedom— (27,7), un valor mucho más bajo que la media general (59,1) y el más bajo de los 19 países. Para el caso de Venezuela y Nicaragua también existen indicadores de libertad algo más comprometidos, como por ejemplo el Index of Economic Freedom 2011. Resumiendo este agolpamiento, se observan situaciones heterogéneas en los países, en cuanto a libertades civiles. Se desataca un grupo con mejor situación en este aspecto, referido a Chile, Costa Rica, Uruguay; y tres países con situaciones más negativas en cuanto a estos indicadores: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

A fin de captar la relación entre el IDH y las libertades/derechos, como una forma de observar la medida de su relación estadística, se calculó un promedio simple —sin ponderar las variables— de los índices de Libertad para cada uno de los países (llamémoslo índice de Libertad; para cada cluster se puede observar en la última columna de la tabla de medias). En el Gráfico N° 2 se observa un diagrama de dispersión entre el IDH y el índice de Libertad, que es el promedio de todos los índices captados. En una tendencia general refleja que a mayor IDH los índices de Libertad son mayores.

De manera complementaria al gráfico de dispersión se realizó una comparación entre los cuatro clusters y la clasificación del DH[14]. Como se aprecia en la Tabla N° 5, la mayoría de los países de la región presenta coincidencias en cuanto a sus niveles de libertades y derechos con el DH.

En solo dos países —Cuba y Venezuela— se observa un índice de desarrollo humano alto (78) por sobre la media, pero una situación de muy bajas libertades civiles (se trata de casos particulares desde la perspectiva de las capacidades).

PARA LA REFLEXIÓN

En la revisión efectuada se detectaron veintiséis índices, aspecto que cuestiona el argumento de la imposibilidad de medir las libertades y los derechos civiles y políticos. Si bien son estudios basados en percepciones y en opiniones calificadas, en buena medida recogen las condiciones sobre el tema en cada uno de los países. Todos los índices estudiados han sido realizados por universidades, institutos, oenegés o fundaciones de carácter privado, ninguno ha sido desarrollado por organismos gubernamentales o internacionales, aspecto este que confirma la apreciación hecha por M. Ul Haq sobre el peso político de los posibles resultados de estas mediciones. La ubicación de los países en el análisis refuerza lo planteado.

Del estudio exploratorio y comparativo —realizado mediante un análisis de conglomerados o cluster analysis— sobresale un grupo o clase de países con mejores resultados y, por ende, mejor situación en la dimensión medida; son Chile, Costa Rica y Uruguay. Tres países con valores más negativos en cuanto a libertades y derechos civiles y políticos; son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Se evidencian dos grupos de países que como polos reflejan situaciones muy disímiles en cuanto a los regímenes políticos, formas de gobierno, estructuras sociales y económicas distintas (por ejemplo, en cuanto a los sistemas de propiedad). Los países de los grupos intermedios pueden estar más próximos hacia uno de los dos polos o grupos.

Al comparar los países por su posición en el IDH con su ubicación en el cluster de libertades y derechos, se observa que en general hay coincidencia entre ambas clasificaciones. Los países con libertades altas tienden a coincidir con DH altos; lo mismo con los países agrupados en la categoría de libertades medias con DH medio. En la comparación aparecen Venezuela y Cuba con libertades bajas y muy bajas, respectivamente, manifestando cierta incongruencia al tener DH alto.

A partir de los resultados analizados puede concluirse que sin libertades y sin respeto a los derechos civiles y políticos es posible alcanzar crecimiento económico, es posible lograr avances científicos y tecnológicos, incluso se puede tener progreso y bienestar social en aspectos fundamentales como la salud y la educación, pero no un desarrollo humano íntegro. Considerando la afirmación acerca de que las libertades son un componente fundamental para el desarrollo, nos aproximamos a la idea de que este, además de ser un proceso dinámico, es multidimensional. Así como el utilitarismo se centra en la felicidad de las personas como la mejor manera de evaluar el bienestar o el desarrollo, la perspectiva de las capacidades lo hace de acuerdo a la facultad para hacer cosas que tienen razones para valorar. Por eso, la expansión de las libertades es el fin primordial y el medio principal. Para cerrar, cabe perfectamente la afirmación de Martha Nussbaum:

Una sociedad podría estar produciendo adecuadamente capacidades internas de sus ciudadanos y ciudadanas, al tiempo que, por otros canales, podría estar cortando las vías de acceso de esos individuos a la oportunidad de funcionar con esas capacidades. Muchas sociedades educan a las personas para que sean capaces de ejercer su libertad de expresión en asuntos políticos (es decir a nivel interno), pero luego les niegan esa libertad en la práctica reprimiéndola (2012: 41).

BIBLIOGRAFÍA

Bandura, Romina 2008 A Survey ofComposite índices Measuring Country Performance (New York: UNDP/ODS Working Paper B Office of Development Studies United Nations Development Pro gr anime).

Cingranelli, David y Richards, David 2010a Short Variable Descriptions for Indicators in the CIRI Human Rights Dataset (Estados Unidos: Binghamton University).

________ . 2010b “The Cingranelli-Richards (CIRI) Human Rights” en <http://www.humanrightsdata.org>.

Eizaguirre, Marlen y Alberdi, Jokin 2001 “Las libertades políticas: una asignatura pendiente en los índices de desarrollo humano” en K. Unceta y P. Ibarra, Ensayos sobre el desarrollo humano (Barcelona: Icaria).

Everitt, Brian 1985 Cluster Analysis (Londres: John Wiley & Sons).

Fraser Institute 2012 Towards a Worldwide Index of Human Freedom (Canadá: Fred McMahon).

Freedom House 2013 “Freedom in the World 2013. Democratic Breakthroughs in the Balance. Selected data from Freedom House’s annual survey of political rights and civil liberties” en <www.freedomhouse.org>.

Fukuda Parr, Sakiko 2001 “Rescuing the Human Development Concept from the HDI: Reflection on a new agenda” (Nueva York: PNUD).

McMahon, Fred (ed.) 2012 Towards a Worldwide Index of Human Freedom (Canadá: Fraser Institute).

Norris, Pipa (s/f) Harvard Kennedy School. John F. Kennedy School of Government en <http://www.pippanorris.com>.

Nussbaum, Martha 2012 Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano (Buenos Aires: Paidós).

Oliva, Miguel 1998 “Evolución del mercado laboral en los aglomerados urbanos de Argentina en el período 1994-1996″. Materiales de Trabajo/Estudios Metodológicos/SERIE 6 en <http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/Biblio/catedra/series/6_l.htm> acceso septiembre de 2013.

________ . 2010 Aplicaciones de software estadístico a la investigación social (Buenos Aires: EDUNTREF). PNUD 1991 Desarrollo Humano: Informe 1991 (Bogotá: Tercer Mundo Editores).

____ . 1992 Desarrollo Humano: Informe 1992 (Bogotá: Tercer Mundo Editores).

____ . 2010 Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo humano (Madrid: Mundiprensa).

Sen, Amartya 1999 (Development as freedom) Desarrollo y Libertad (Barcelona: Planeta).

Sirgany Wadie 1998 “An introduction to the Art and Mathematics of Cluster Analysis” en <http://bass.gmu.edu/ mazel/cluster/clust.htm>.

Stiglitz, J., Sen, A. y Fitoussi, J-P. 2008 “Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress” en <www.stiglitz-sen-fitoussi.fr>.

Transparency International 2012 “índice de percepción de la corrupción 2012. Actualización de la metodología para 2012″ en < www. transparency. org >.

Ul Haq, Mahbub 1995 Reflections on Human Development (New York: Oxford University Press).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Aldendenfer, Mark S. 1984 Cluster analysis. Series: Quantitative applications in the social Science (Londres: Sage University).
Giddens, Anthony 1989 Sociología (Madrid: Alianza).
Holtz-Bacha, Christina 2004 “Obstáculos para medir la libertad de prensa a nivel mundial. ¿Qué es una ‘buena’ libertad de prensa?”. Revista Telos: Cuadernos de Comunicación, Tecnología y Sociedad, 58.
Oliva, Miguel 2006 “Políticas sociales e investigación social”. Observatorio Social, 15, pp. 33-44 en <http://observatoriosocial. com.ar/pdfs/revi_l5.pdf>, acceso septiembre de 2013.
Salvia, Agustín et. al. 1996 Dinámica del desempleo urbano. Informe de Coyuntura laboral: mayo de 1994-abril de 1996 (Buenos Aires: Instituto de Sociología Gino Germani/Facultad de Ciencias Sociales).

Vásquez, Ian y Stumberger, Tanja 2012 “An Index of Freedom in the World, Chapter three” en Towards a Worldwide Index of Human Freedom (Canadá: Fred McMahon/Fraser Institute).

Sociólogo, Universidad Central de Venezuela (UCV), 1983. Especialista en Análisis de Datos para las Ciencias Sociales (UCV), 1987. Doctorado en Sociología por la Universidad de Barcelona (UB), España, 2005. Profesor titular de la Escuela de Sociología y del Doctorado de Ciencias Sociales (UCV). Ha desempeñado varios cargos administrativo en esta misma institución (UCV). En el área de investigación ha dirigido y coordinado diferentes proyectos, tanto en la UCV como junto a otras instituciones; también ha sido consultor de UNICEF, UN-FPA, PNUD, OMS/OPS. Ha publicado numerosos artículos en distintas revistas nacionales e internacionales.↵

Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Magister Scienta-rium en Administración Pública, y candidato a Doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Es profesor e investigador en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Argentina. Dicta cursos en distintas carreras de grado, maestrías y doctorados. En 2010 publicó el libro Aplicaciones de software estadístico a la investigación social. Es miembro del CIEA (Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados, UNTREF) y del comité promotor de la REDMET (Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales). Es editor asociado de la revista Paradigmas (UNITEC, Colombia).↵

  Tomado de <www.heritage.org/index>.↵

La información ha sido tomada del Informe sobre Desarrollo Humano 2013, específicamente del Cuadro 9 ("Integración Social").↵

Tomado de: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi↵

Tomado de: http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf↵

5     Tomado de: International Property Rights Index (IPRI) http ://www. internationalpropertyrightsindex.org/methodology↵

Freedom Index↵

Tomado de: Political Right and Civil Liberties. http://www.freedomhouse.org/ research/index.htm↵

Tomado de Human Rights Dataset, <http://ciri.binghamton.edu/index.asp>.↵

En esta técnica de conglomerados jerárquicos no se aplica un test de hipótesis sobre la estructura de grupos (decidiendo, por ejemplo, entre una hipótesis nula o alternativa respecto de un número de grupos formados).↵

El software utilizado fue el SPSS (Statistical Package for Social Science). Las variables utilizadas en la clasificación fueron Libertad de Prensa 2011, índice de Corrupción 2012, Political Right and Civil Liberties, Index of Economic Freedom 2011, índice de Democracia, índice de Derechos civiles y políticos, Satisfacción con la libertad de elegir, índice Property Right Alliance, Empowerment Rights Index.↵

La distancia a la que se combinan dos clusters se convierte a una escala de números entre 0 y 25.↵

Las clasificaciones del IDH son relativas y se basan en cuartiles de la distribución del IDH, entre los 187 países con IDH muy alto, alto, medio (47 países en cada clasificación) y bajo (46 países).↵

15

Absalón Méndez Cegarra[1] 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA UNA MIRADA DESDE LA EXTENSIÓN DE LA COBERTURA

INTRODUCCIÓN

A lo largo de su historia conocida, la seguridad social ha vivido momentos de auge, esplendor y debilitamiento. En la actualidad, se inscribe dentro del amplio campo de las formas de protección social, ideadas por los seres humanos desde su aparición hasta nuestros días para atender los “estados de necesidad”, resultado de los distintos hechos biológicos, económicos y sociales que los causan. En las sociedades de hoy, la seguridad social se constituye, erige y define como una política pública que compromete seriamente al Estado, por tanto en primer término la sociedad universal la ha reconocido como un derecho humano y social fundamental; en segundo lugar, el Estado se ha constituido en el garante de su efectividad. Pero la noción de seguridad social no es unívoca y, por consiguiente, admite diversidad conceptual y, sobre todo, dimensiones y alcances en su operatividad práctica administrativa y organizativa en cada lugar en el que se haya admitido como forma moderna de protección social. En América Latina y el Caribe, la seguridad social ha pasado por varias etapas o momentos que la diferencian, relativamente, de la forma como ha logrado su consolidación en otros lugares del mundo.

La seguridad social se enfrenta a grandes desafíos. El mundo ha cambiado de tal forma que los pilares que constituyeron la base de sustentación de la seguridad social en el pasado han empezado a fragmentarse y debilitarse considerablemente, por lo que muchas de las reformas que se proponen para fortalecerla —en apariencia, como ha pasado recientemente en América Latina—, terminan desnaturalizándola totalmente. Uno de los grandes desafíos de la seguridad social es la ampliación o extensión de su cobertura en un contexto económico, político, social y cultural absolutamente adverso a tales propósitos. Pero la ampliación de la cobertura de la protección social está lográndose en algunos países latinoamericanos merced a un expansionismo de la asistencia social, entendida básicamente como transferencia directa de recursos, principalmente dinerarios, sin contraprestación alguna por parte de los beneficiarios de la ayuda económica asisten-cial, hecho que no contribuye a superar los estados de desprotección social, sino a mantenerlos atenuados en su potencialidad, lo que convierte a la política social pública en una modalidad de asistencia clien-telar, legitimadora de un determinado orden social y político. Demostrar este aspecto, premisa básica, constituye el principal objetivo de la presente ponencia.

1. LA SEGURIDAD SOCIAL: UN INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Las organizaciones internacionales del tipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —así como los organismos especializados en seguridad social, tal es el caso de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS)—, en los últimos años han llamado la atención de los Estados miembros sobre el crecimiento de la población en situación de pobreza, concebida no solo como privación económica, sino como una situación de desprotección e indefensión; y, también, sobre las dificultades de la seguridad social, tanto para buscar solución al fenómeno de la pobreza como para evitar que el mismo siga expandiéndose y captando sectores de la sociedad.

La seguridad social, bajo el enfoque de las políticas públicas — particularmente política social e igualmente bajo el escrutinio del sector privado de la economía—, ofrece la posibilidad de miradas múltiples. Es, sin duda, para muchos autores una política laboral y, como tal, contribuye a la reproducción de la fuerza de trabajo. Es asimismo un impuesto a la nómina laboral que incrementa el costo de la fuerza de trabajo. Es un mecanismo de distribución de renta o riqueza social producida, por consiguiente, una compensación por el esfuerzo realizado; y por último es el reconocimiento social a un derecho humano y una responsabilidad compartida fundada en la solidaridad social.

El enfoque, concepción o fundamentación que se determine de la seguridad social signará su estructura y funcionamiento e, inclusive, su carácter y alcances tanto en términos de cobertura poblacional y de cobertura contingencial —estados de necesidad-contingencias— como sistema de protección social, y trazará las líneas que en los distintos países del mundo asume la seguridad social y los regímenes o ramos que la constituyen, en términos de modelos. Dos grandes orientaciones o tendencias guían la configuración y diseño de los sistemas de seguridad social: cobertura universal o cobertura sectorial o profesional. Por lo general, los sistemas de seguridad social asumen modelos mixtos, conformes a las características socioeconómicas de los pueblos y a los mismos regímenes de seguridad de las contingencias.

Un aspecto conceptual importante, con efectos de carácter técnico-administrativo a nuestra manera de entender la seguridad social, es la de revisar sus dimensiones, alcances y contenido. Hoy día, pareciera más apropiado utilizar la noción genérica de “protección social” como gran continente que se va llenando en los distintos países con diversos contenidos, que llamaremos, a falta de un mejor término, “formas de ayuda”. Una de estas formas —más técnica, más científica, más precisa y más fácil de acotar programática y organizativamente e inclusive de llevar al campo normativo jurídico y constituirlo en derecho positivo, origen de una nueva rama del Derecho— es la seguridad social. En el año 1952, la Conferencia Internacional del Trabajo (Convenio 102) hizo un gran esfuerzo para estandarizar lo que en su momento representaba la mayor iniciativa para garantizar protección social a sectores de población, es decir los seguros sociales. Pero este esfuerzo unificador con el tiempo y según las características de cada país, disminuye o se amplía considerablemente, lo que plantea algunas dificultades para determinar con precisión, al examinarlo en cada país, qué se define y entiende por sistema de seguridad social.

2. LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CAMPO O ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS SEGUROS SOCIALES

El subcontinente latinoamericano y caribeño presenta características muy particulares en materia de seguridad social. Cuatro grandes momentos, etapas, períodos o fases son distinguibles en la evolución histórica de la seguridad social, en el supuesto que utilizamos el término seguridad social no en el sentido restringido de una modalidad de aseguramiento, sino en una más amplia que comprende variedad de formas de protección social: universales y sectoriales; asegurativas y asistenciales; contributivas directas y no contributivas; obligatorias y voluntarias; principales y complementarias. Un primer momento comprende el largo período colonial y republicano hasta los inicios del siglo XX, cuando hace su aparición la institución de los seguros sociales. Durante este prolongado período encontramos lo que Manuel Almansa Pastor (1973) denomina “medidas protectoras inespecíficas”. El segundo momento está marcado por la creación y evolución de los seguros sociales, con su concepción o sesgo profesional, obrerista o laboralista, el cual puede perfectamente prolongarse hasta la actualidad, es decir la “etapa” moderna o la “historia” de la seguridad social; pero que preferimos interrumpirlo con el tercer momento, es decir el proceso de reforma de la seguridad social en su versión seguros sociales, el cual se inicia en la década del ochenta del siglo pasado, para debilitarse —al menos en América Latina— hacia finales del siglo XX, cuando irrumpe lo que podemos denominar “la contra-reforma” de la seguridad social. Finalmente, el cuarto y último momento, en pleno desarrollo, la revitalización de la asistencia social como modalidad para ampliar la cobertura de la seguridad social y hacer de ella un derecho de todos. Estos momentos son simplificados por Carmelo Mesa-Lago (1991) en sus múltiples estudios sobre la seguridad social en América Latina y el Caribe, al establecer —a partir de la fecha de creación de los seguros sociales— una clasificación de los países en pioneros, intermedios y tardíos. Países pioneros son por ejemplo Chile, Cuba, Argentina, Uruguay, en los que los seguros sociales como institución protectora de los trabajadores subordinados se establecen en las primeras décadas del siglo XX. Países intermedios son la gran mayoría: México, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, en los que los seguros sociales se crean a partir de los años cuarenta del siglo pasado. Países tardíos son los que han logrado más recientemente su independencia, tal es el caso de los países del Caribe.

Los seguros sociales, en consecuencia, marcan una época en la protección social asegurativa de la población latinoamericana y caribeña, por tal motivo se convertirán en el epicentro de lo que denominamos proceso de reforma de la seguridad social, versión seguros sociales, la cual —siguiendo a Mesa-Lago, y dependiendo precisamente de lo que suceda con la institucionalidad de los seguros sociales—, la reforma será estructural o no estructural. Las reformas estructurales son de tres tipos: Modelo Sustitutivo, Modelo Paralelo y Modelo Mixto. Las reformas no estructurales refieren a la incorporación de algunos cambios no sustantivos.

La reforma estructural hace desaparecer en el corto, mediano o largo plazo los seguros sociales. La reforma no estructural permite la continuidad de los seguros sociales, remozados en algunos aspectos, y su convivencia con otros esquemas protectores y asegurativos. El proceso de reforma de la seguridad social en América Latina y el Caribe marca un hito, en cierta manera, en la responsabilidad del Estado en cuanto a garantizar la seguridad social a todas las personas, pues en las estructuras organizativas de la seguridad social en América Latina y el Caribe se observa la aparición de la mercantilización-privatiza-ción de la misma, que como hemos dicho en la práctica la seguridad social ha quedado reducida a la protección de la salud, pensiones y riesgos laborales.

3. COBERTURA DE LOS SEGUROS SOCIALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ANTES Y DESPUÉS DE LOS PROCESOS DE REFORMA

Los seguros sociales, como hemos señalado anteriormente, son la ins-titucionalidad asegurativa por excelencia en América Latina y el Caribe durante el siglo XX, institucionalidad que hace vida común con una heterogeneidad de organismos de carácter previsional de la más diversa naturaleza: benéficos, caritativos, mutualistas, cooperativos, contractualistas y asistenciales.

Los seguros sociales se consolidan en América Latina y el Caribe bajo el mismo esquema que le dio origen en la Alemania de Bismarck en 1883, es decir como una modalidad de protección obligatoria de la fuerza de trabajo, que compromete por igual a trabajadores, empleadores y al Estado, que frena la potencialidad del conflicto social obrero-patronal.

Los seguros sociales inician su plan de protección por las contingencias relacionadas con la salud de los trabajadores y, progresivamente, avanza hacia otros ramos de aseguramiento, por ejemplo la pérdida de los medios económicos de vida como consecuencia de causas biológicas: enfermedad, accidente, vejez, muerte y pérdida del empleo.

En 1952, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), en la conferencia de ese año aprueba el Convenio 102 —mejor conocido como Norma Mínima de Seguridad Social— en la que se establecen las contingencias mínimas que deben cubrir los seguros sociales en los países que suscriban y ratifiquen el Convenio y los sectores de población amparados.

El sesgo profesionalizante o laborista que se da a los seguros sociales desde su inicio resultará, a la postre, en una de sus mayores debilidades, por cuanto los seguros sociales se mantienen con una cobertura poblacional muy baja —fuerza de trabajo ocupada en el sector formal de la economía—, lo que sirve de argumentación para que cobre ímpetu la tendencia universalista pero bajo un esquema de responsabilidad individual, con lo que pierde fuerza la solidaridad intergeneracional y la dignidad humana como principios filosóficos, doctrinarios e ideológicos que sustentan la seguridad social como derecho humano fundamental.

El argumento reformador es el de la ampliación de la cobertura básicamente en pensiones y salud, pero el resultado ha sido contrario a lo esperado, si es que en verdad se pensó que un cambio de actores (público-privado) y una modalidad de aseguramiento (colectivo-individual) podían ofrecer resultados distintos a los obtenidos.

Los seguros sociales se mantienen en relación directa con los mercados laborales y la formalidad laboral. Su campo de aplicación personal, como se ha dicho, por lo general es el porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el sector formal de la economía, salarizada y localizada en centros urbanos y polos de desarrollo industrial, cifra que hasta el inicio de la reforma no superaba en promedio el 30% de la PEA. Y luego del freno puesto al proceso reformista se incrementa a un promedio regional del 40%, incluyendo en este promedio la cobertura de la seguridad social en Chile y Costa Rica, las de más alta cobertura poblacional regional.

Con la reforma de la seguridad social, desde la perspectiva pen-sional, elemento central de la reforma y definitorio en un sistema de seguridad social, al inicio —como se ha indicado— la cobertura tiende a ampliarse, pero tan pronto aparecen los desequilibrios en la producción y en los mercados laborales, la tendencia expansiva se frena y comienza a retroceder cualitativa y cuantitativamente.

La reforma, al menos la pensional, no cumplió en su inicio ni posteriormente el objetivo de ampliar la cobertura en América Latina y el Caribe, lo que facilita la aparición de una corriente favorable a la contra-reforma. En materia de cobertura de la seguridad social, conviene distinguir entre cobertura legal, cobertura estadística y cobertura real. La primera es posible que tienda a la universalidad, “todas las personas tienen derecho a la seguridad social”; la segunda es más restrictiva y refiere a quienes tienen la posibilidad de afiliarse, por ejemplo “los trabajadores sometidos a relaciones laborales de subordinación o dependencia, cualquiera sea el salario y medio de desenvolvimiento: urbano o rural”. Y la tercera, los trabajadores que, en definitiva, se afilian y cotizan regularmente. Estas tres formas de medir la cobertura de la seguridad social, por lo general, no coinciden. La cifra más baja es, siempre, la de la cobertura real. Y esta cobertura es la que —según medición hecha por la CEPAL— no supera el 40% en toda América Latina y el Caribe.

4. LOS DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

América Latina y el Caribe comparten los retos y desafíos que tiene planteados la seguridad social en el mundo entero. La AISS, bajo la vocería de Kiefer Sutherland, destaca las bondades de la seguridad social e, igualmente, los grandes desafíos a los que se enfrenta en la actualidad. Veamos:

Cada día y todos los días, la seguridad social mejora la calidad
de vida de las personas.

La seguridad social hace más que otorgar un seguro en tiempos
de necesidad.

La seguridad social asegura la dignidad.

La seguridad social contribuye a la estabilidad social.

La seguridad social es un motor del desarrollo económico sos-
tenible.

La seguridad social es un derecho universal fundamental.

Estas bondades se opacan y oscurecen cuando Sutherland aborda los desafíos actuales de la seguridad social, a saber:

Abordar el envejecimiento de la población.

Enfrentar la crisis financiera y económica.

Reducir la brecha de la cobertura.

Lograr una gobernanza sólida.

La voluntad política y el rol del Estado en alcanzar la meta.

¿Cuál es la meta de la seguridad social en nuestros días? Lograr que el alcance de la seguridad social se extienda a todas las personas del mundo, sin exclusión alguna. Ciertamente, temas como el envejecimiento de la población, los cambios en los mercados laborales, la inflación y la inseguridad en los mercados financieros conspiran contra la sustentabilidad de los sistemas de seguridad social, tanto contributivos directos como indirectos o fiscales.

La población mundial tiende a envejecer y las tasas de reemplazo poblacional se debilitan de manera considerable. El envejecimiento de la población —ligado con la imposibilidad de los aparatos productivos nacionales para absorber la fuerza de trabajo que anualmente se incorpora al mercado de trabajo— son factores que inciden negativamente en la seguridad social. La seguridad de ingresos en la vejez es uno de los objetivos prioritarios de la seguridad social, pero este objetivo se estableció en un mundo joven, con elevadas tasas de reemplazo poblacional, índices de mortalidad infantil y general altos, que acortaban la esperanza de vida al nacer, y mercados laborales mediados por relaciones laborales típicas, bajo esquemas salariales y de subordinación o dependencia de un empleador o patrón. Estos factores determinaron que se fijaran edades muy tempranas para la desincorporación laboral y, en algunos casos, requisitos flexibles en cuanto a edad cronológica, número de cotizaciones y monto de los beneficios pensiónales, con modalidades de ajuste periódico. La situación en la actualidad es diametralmente opuesta.

La inflación, fenómeno altamente perturbador de la economía y tranquilidad de la población, es devastadora de las economías individuales y familiares. El costo de mantener la salud es sumamente elevado, igualmente mantener el poder adquisitivo del monto de las pensiones, lo que da lugar a los desequilibrios económicos y financieros de los sistemas de seguridad social y, eventualmente, a la reducción de beneficios prestacionales, característica esencial de los sistemas de seguridad social de la actualidad, inclusive los regímenes seguristas totalmente privados.

La inestabilidad de los mercados financieros es otro factor que incide desfavorablemente en la seguridad social. Los fondos de pensiones ameritan realizar inversiones rentables y seguras para preservar las reservas técnicas que permiten financiar a corto, mediano y largo plazo las pensiones causadas, lo que ofrece sin duda la seguridad de ingresos prometida por los sistemas de seguridad social. Los mercados financieros se muestran inestables, con crisis recurrentes que ponen en peligro la rentabilidad de las inversiones y la seguridad de ingresos para los pensionados.

Mejorar la estabilidad y sustentabilidad de la seguridad social pasa por atender los desafíos señalados, caso contrario la seguridad social perderá sus atributos y bondades, generando gran conflictividad social. En varias ocasiones hemos señalado que la seguridad social es, para los países, la caja de resonancia de sus economías; en efecto, la seguridad social es una variable dependiente de lo que sucede en el aparato productivo, en el fenómeno de la pobreza, en el mercado laboral, en la dinámica demográfica, en el estado de salud de la población, en la formación para el empleo, en la inflación, en la ruptura de las fronteras económicas, en la transnacionalización de los capitales, en los proyectos de integración, en la libre movilidad de mercaderías y personas, en fin, en la dinámica que entraña un mundo globalizado e interdependiente. Por consiguiente, las alteraciones en uno o en todos los factores señalados repercute en la seguridad social.

Los desajustes y desequilibrios económicos y fiscales de los países latinoamericanos en los años ochenta del siglo XX dieron lugar a la reforma neoliberal de las instituciones de seguridad social, en particular los seguros sociales, las cuales no han contribuido a mejorar cua-li-cuantitativamente la protección social de la población. Asimismo, la crisis financiera de los Estados Unidos y de algunos de los países miembros de la Comunidad Europea en la primera década del siglo XXI ha estado acompañada de reformas en los sistemas de seguridad social, reformas con las que la población ha visto incrementar requisitos de exigibilidad y disminución de beneficios, como lo recomendara el Banco Mundial en la década del ochenta del siglo pasado, ejemplo de ello son Francia, Italia, España, Portugal y particularmente Grecia, país en el que las reformas de la seguridad social han sido inclementes con los beneficiarios.

5. LA REVITALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL

En América Latina y el Caribe se alcanzaron durante las primeras cuatro décadas del siglo XX algunos remedos del “Estado del Bienestar”, que el capitalismo avanzado e igualmente los países socialistas habían conquistado después de la Primera Guerra Mundial. A partir de la década del cuarenta, se incorpora en los Pactos Políticos Latinoamericanos la noción de “constitucionalismo social”, que había nacido en México con la Constitución de Querétaro, en 1917.

Muchos países latinoamericanos logran desarrollar un marco institucional de bienestar social de tipo asistencial, conjuntamente con la instauración de lo seguros sociales. Esta tendencia se mantiene —con altibajos— hasta la década del ochenta, cuando el pensamiento neoliberal en boga obliga a una reducción de la participación del Estado y, consecuentemente, del gasto público en lo social, para dejar espacio al libre actuar de las fuerzas del mercado. Este libre actuar alcanza a la seguridad social —seguros sociales— contributiva y pública, y abre las puertas para la concepción de una seguridad social menos solidaria, más mercantilizada e individualizada, contraria al principio de la universalidad.

El evidente fracaso de esta tendencia al menos en el propósito, si ciertamente lo hubo, de ampliar la cobertura de la seguridad social, hace que en América Latina y el Caribe reflote el populismo como acción gubernamental y, junto con él, el asistencialismo social como política pública, orientada a ampliar la cobertura de la protección social a las masas de población históricamente excluidas y a los nuevos pobres.

Armando Barrientes (2012) describe apropiadamente esta situación. Al respecto, afirma:

La protección social, y especialmente la lucha contra la pobreza, han pasado a encabezar la agenda política en América Latina. (…) No es sorprendente que los gobiernos emergentes de centroizquierda en América Latina presten cierta atención a la pobreza y la desigualdad dadas sus bases de apoyo naturales y su ideología. En cambio, sí es inusual que gobiernos de centro derecha (…) hayan identificado la protección social como un área prioritaria y se hayan comprometido a ampliar los programas existentes de transferencias para combatir la pobreza (…) Lo que caracteriza el reciente interés por la protección social es la proliferación de programas de transferencia de ingresos a hogares en situación de pobreza. Mientras que las políticas de los años noventa se centraron principalmente en reformas a la seguridad social, la década de 2000 ha estado dominada por la expansión de la asistencia social. Durante el siglo XX, los sistemas de protección social de la región estuvieron dominados por la seguridad social y el principio de contribución. El crecimiento de los programas de transferencias para combatir la pobreza desde comienzos del siglo XXI, en cambio, hizo hincapié en la asistencia social y el principio de ciudadanía (…).

La seguridad social es un derecho social fundamental de toda persona, así lo ha reconocido la Declaración Universal de los Derechos Humanos y buena parte de las Constituciones Políticas latinoamericanas y caribeñas; por consiguiente, a nuestro juicio, hacer frente a la pobreza no es cuestión de la prioridad que se le conceda a lo contributivo o a lo asistencial. En la actualidad, la seguridad social —concebida como derecho— comprende toda forma de protección social: segurista o asistencial. La seguridad social, desde la perspectiva contributiva, supone que las personas tienen las posibilidades y oportunidades para obtener los medios de vida, satisfacer sus necesidades y asegurar su protección social en todo momento o etapa de la vida humana. El resplandecer del asistencialismo no se debe al carácter contributivo de una cierta concepción limitada de la seguridad social es, a decir verdad, el reconocimiento político de la incapacidad para colocar a las personas en condiciones para procurarse sus medios de vida mediante el trabajo productivo. El asistencialismo no es condenable, pero la simple transferencia de ingresos económicos a las personas y familias consideradas pobres —ha sido probado a lo largo de la historia humana— no ha sido ni será la vía para garantizar calidad de vida y bienestar.

6. HACIA UNA REDEFINICIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Cuatro documentos de fecha reciente —emanados de la OIT, OMS y la AISS—, marcan la pauta para una redefinición de la política social y de la seguridad social. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, la OIT —preocupada por el rumbo que adquirieron los procesos de reforma de la seguridad social, la tendencia al envejecimiento de la población, los cambios en los mercados laborales, las crisis financieras y el impacto de estos fenómenos en el equilibrio financiero de los sistemas de seguridad social— elaboró tres documentos con contenidos de gran importancia y significación para la seguridad social.

El primero de estos documentos se denomina “Seguridad social: un nuevo consenso”. En este documento la OIT hace una revisión profunda de la situación mundial con respecto a la seguridad social y su vinculación con las políticas de desarrollo social y económico. La OIT parte de un supuesto básico, el logro alcanzado por la seguridad social en el pasado es producto del consenso de empleadores privados, trabajadores y el Estado. Este consenso se fracturó con las políticas neoliberales que se impusieron en gran parte de los países del mundo en las dos últimas décadas del siglo XX, con resultados lamentables para la seguridad social y, en general, para todos los programas públicos de protección social. Por consiguiente, hoy en día se requiere de un nuevo consenso para fortalecer la seguridad social como principal instrumento de protección social.

El segundo documento de la OIT, de indudable trascendencia, contiene “la estrategia de trabajo decente para luchar contra la pobreza”. Con esta estrategia, la OIT busca efectivamente adecentar el trabajo de los seres humanos, procurando mayor estabilidad en el empleo, mejores remuneraciones, mayor protección social de los trabajadores, acceso a las redes de servicios sociales y un regreso al diálogo social. Posteriormente, en el año 2012, la OIT —conjuntamente con la OMS— dieron a conocer el informe elaborado por una comisión presidida por Michelle Bachelet, presidenta de Chile, bajo el título: “Piso de protección social”. En este documento, la Comisión llama la atención mundial sobre la necesidad de definir una política social que supere la situación de pobreza en la que se encuentra un alto porcentaje de la población del planeta. Con la política “Piso de protección social” se busca garantizar seguridad de ingresos en la vejez, acceso a los servicios de salud, atención médica integral y de calidad ante el riesgo de pérdida de la salud por enfermedad o accidente por cualquier causa, y acceso a la red de servicios sociales. Esta política combina programas seguristas y asistenciales y el propósito es ampliar la cobertura de la protección social. Finalmente, un cuarto documento emanado de la AISS, bajo el título: “Una seguridad social dinámica: asegurar la estabilidad social y el crecimiento económico”, nos presenta un nuevo panorama de la seguridad social y su importancia como factor fundamental del desarrollo económico de los pueblos.

Los cuatro documentos, brevemente reseñados, ofrecen a los gobiernos del mundo orientaciones precisas y válidas para redefinir la política social, orientándola a conquistar la meta de ofrecer seguridad social para todas las personas, sin exclusión alguna.

Para el caso particular de América Latina y el Caribe, conviene destacar también por su importancia la Carta Andina de Seguridad Social y los Acuerdos Bilaterales y Multilaterales en materia de seguridad social, suscritos por los gobiernos de los países miembros de la comunidad andina. De igual importancia es el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR.

7. LA EXTENSIÓN DE LA COBERTURA: DESAFÍO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

América Latina y el Caribe constituyen un subcontinente en el que la seguridad social, desde su instauración en estas latitudes, asumió el sesgo característico de los seguros sociales, es decir el sesgo laboralis-ta o profesional, lo que dio como resultado una baja cobertura pobla-cional derivada de la importancia del sector primario de la economía y un escaso desarrollo industrial; por consiguiente poca población asalariada susceptible de cotizar o contribuir con el financiamiento de los seguros sociales.

Osear Hernández Álvarez analiza acertadamente esta situación de la cobertura poblacional de los seguros sociales en Latinoamérica, coincidente con el diagnóstico realizado por Carmelo Mesa-Lago.

(…) En realidad el gran déficit de las sociedades latinoamericanas en relación con sus trabajadores no se encuentra en relación a la existencia de una adecuada legislación laboral sino en la seguridad social. (…) la gran dificultad que experimentan muchos trabajadores que, en general, disfrutan de la tutela legislativa laboral, aparece cuando deben afrontar contingencias que no pueden atender adecuadamente con su salario y demás beneficios legales o contractuales. Cuando el trabajador enferma, muere o entra en una desocupación crónica, cuando se hace viejo y pierde sus facultades productivas, el Derecho Laboral deja de ser un instrumento adecuado de ayuda. Es entonces cuando la seguridad social debería prestar al trabajador el auxilio que ya no le da el Derecho del Trabajo y es entonces cuando desgraciadamente la seguridad social en muchos países de la región latinoamericana aparece como bastante inadecuada para llevar a cabo esta importante misión. (Hernández Álvarez, 2009).

Este mismo autor —basándose en cifras provenientes de la CEPAL en informe sobre “La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad”— señala que:

(…) Para el año 2006 el porcentaje de trabajadores de la región que cotizaba a la seguridad social era apenas del 38,7%. Esta cifra (…)

supone un promedio que comprende desde los países con cobertura más amplia (Costa Rica con el 65,3% y Chile con el 64,9%) hasta los de cobertura más baja (Paraguay con 13,5% y Perú con 13%). Esta baja cobertura de la seguridad social se corresponde con la existencia de un alto porcentaje de la población (42%) que se encuentra debajo de la línea de pobreza y sin protección social básica.

Este drama social de América Latina —que existe, que es real— trata de ser abordado por los gobiernos de distinto tipo mediante medidas y programas de corte asistencial, transfiriendo recursos económicos a las personas y familias privadas de dichos recursos. Consideramos que el asistencialismo, por sí solo, no es la vía correcta para extender la cobertura de la seguridad social y la protección social. El asistencialismo puede constituir un piso de protección social —tal como lo recomienda la OIT—, pero para construir sobre él otros pisos de protección garantes de una mejor y mayor calidad de vida y un mayor bienestar social de la población en su conjunto. Hacer de las medidas asistenciales un fin en sí mismo es dilapidar recursos por cuanto la situación de pobreza, concebida integralmente, no se supera con limosnas sino con un enfrentamiento pleno, que tenga por norte el desarrollo de la actividad económica sustentable, la educación de la población y la generación de empleo de calidad para la fuerza de trabajo. Si tales condiciones se dan, las personas están en capacidad de generar sus medios de vida y contribuir al financiamiento de su seguridad social, bajo un marco de solidaridad y justicia social.

8. ASISTENCIALISMO VS. SEGURIDAD SOCIAL EN VENEZUELA

Venezuela es el país anfitrión de esta Conferencia de CLACSO, por tanto merece una consideración especial respecto al tema abordado. A partir de la tercera década del siglo XX, Venezuela dio inicio a lo que se conoce como “proyecto modernizador”, en cuya ejecución cumplió papel importante el Estado, alimentado por una renta petrolera creciente que permitió, entre otras acciones, establecer un marco institucional importante de carácter asistencial, el cual pierde intensidad a finales de siglo, para dar lugar a una restricción significativa de la participación del Estado en lo social, típica acción de los programas de ajuste recomendados por los organismos financieros internacionales. En Venezuela, el siglo XXI ha significado el retorno del populismo, bajo un modelo de desarrollo económico, social y político bautizado con el nombre de “socialismo del siglo XXI”. Este socialismo tiene por característica la acentuación del asistencialismo como política social del Estado mediante la creación y puesta en marcha de una serie de programas estructurales —misiones sociales— unos y coyunturales otros. Se trata de una política de transferencia neta de recursos monetarios y otras prestaciones hacia sectores de la población de bajos recursos económicos. La seguridad social o, mejor dicho, los programas sociales contributivos, han quedado al margen, ahogados por el asistencialismo social, con el cual se ha distribuido parte de la renta petrolera en los sectores de población con privación económica. El régimen contributivo de los seguros sociales se ha fundido o fusionado con el régimen no contributivo o asistencial, sin demarcación alguna que los separe e identifique. Venezuela, desde este punto de vista, muestra tendencia a la extensión de la cobertura de la protección social, sin tener para ello una base sólida de sustentación financiera.

En Venezuela, como en ningún otro país latinoamericano y caribeño, se impone una revisión profunda de la política social del Estado, que comprende tanto lo legislativo como lo institucional y programático. Es necesario, urgentemente necesario, construir una nueva insti-tucionalidad social sobre bases firmes y financieramente sustentables.

La institucionalidad pensada en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS, 2002), la cual estaba y está dirigida a ordenar la política social del Estado, racionalizar el gasto público social y hacer eficiente la gestión social, ha quedado como manifestación de buenos deseos de gerencia pública.

En Venezuela, al igual que en Brasil, deberíamos crear una institucionalidad de lo social que agrupe lo estrictamente relacionado con la Seguridad Social desde el punto de vista contributivo directo, con lo estrictamente asistencial, de financiamiento fiscal garantizado; por ejemplo un Ministerio de Protección Social con dos Vice-Ministerios o dos grandes Institutos: Instituto Nacional de Seguridad Social e Instituto Nacional de Asistencia Social, dotados de su respectiva ley, formas administrativas y organizativas y fondos de financiamiento. El no actuar a tiempo —cuando todavía hay renta petrolera— es un combustible para hacer estallar en cualquier momento el polvorín que los venezolanos hemos venido construyendo irresponsablemente.

BIBLIOGRAFÍA

Almansa Pastor, José Manuel 1973 Derecho de la seguridad social (Madrid: Tecnos).

Asociación Internacional de la Seguridad Social 2010 Una seguridad social dinámica: asegurar la estabilidad social y el crecimiento económico. Evolución y tendencias. Informe Global 2010 (Ginebra: AISS).

Barrientes, Armando 2012 “Dilemas de las políticas sociales latinoamericanas”. Revista Nueva Sociedad, 239, mayo-junio.

Hernández Álvarez, Osear 2009 “Tendencia de los regímenes de pensiones en América Latina” en Fernando Parra Aranguren, Sobre Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social, Colección Estudios Jurídicos N° 23 (Caracas: Editorial Tribunal Supremo de Justicia).

Mesa-Lago, Carmelo 1990 Aspectos económico-financieros de la seguridad social en América Latina y El Caribe. Memoria del II Congreso Interamericano Jurídico de Seguridad Social (Montevideo).

_________ . 1991 Progreso económico y social en América Latina. Informe 1991. Tema especial: Seguridad Social (Washington: Banco Interamericano de Desarrollo).

Oficina Internacional del Trabajo 2003 Superar la pobreza mediante el trabajo. Memoria del Director General. Conferencia Internacional del Trabajo, 91a reunión (Ginebra).

Organización Internacional del Trabajo 2004 Comisión mundial sobre la dimensión social de la globalización: por una globalización justa crear oportunidades para todos (Ginebra).

_________ . 2011 Piso de protección social para una globalización equitativa e inclusiva. Informe del Grupo consultivo presidido por Michelle Bachelet, convocado por la OIT con la colaboración de la OMS (Ginebra).

Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela. Coordinador del Área de Posgrado en Seguridad Social, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.↵

16

Héctor Gutiérrez[1] 

FOBIAS MÚLTIPLES Y DISCRIMINACIÓN OBSTÁCULOS EN LAS LUCHAS POR LA DIGNIDAD

Lo que nos es común es la diferencia, lo que
nos es igual es la dignidad, y lo que nos separa
es la desigualdad, la opresión, la explotación,
la dominación y sus distinciones, taxonomías,
clasificaciones, categorizaciones e ideologías…
H. G. G.

LAS LUCHAS POR LA COMÚN DIGNIDAD han sido obstaculizadas porque, en innumerable cantidad de casos, la aplicación cotidiana e inmanente a los derechos humanos evidencia la reproducción de prejuicios, discriminaciones y múltiples fobias —inconscientes y emocionales— que en su conjunto propician como resultado la vulneración de esta dignidad, afectando hasta la manera misma de pensar tales luchas.

¿En cuál contexto se produce esto? La República Bolivariana de Venezuela busca establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado social de derecho y de justicia, lo que conlleva reconocer la diversidad cultural, especialmente aquella conformada por más de cincuenta pueblos indígenas que se suman a los pueblos afrodescendientes y los provenientes de Europa y Asia. También implica reconocer los aportes de tales pueblos en nuestra complejidad, nuestra memoria: un auto-reconocimiento desde la interculturalidad. No obstante, la emancipación y liberación de los pueblos no está concluida, ya que las “nuevas” repúblicas sólo rotaron y “americanizaron” los poderes sin la participación mayoritaria de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin la presencia social y cultural de estos pueblos, los Estados han mantenido una débil y ambigua identidad propia, prevaleciendo antropológica e históricamente la identidad del invasor colonizador, la denominada “cultura moderna occidental”.

Desde hace más de quinientos años el colonialismo que se nos impuso se fue sustentando en una organización social, política, económica, jurídica y cultural excluyente y jerarquizada, la cual ha negado, discriminado, invisibilizado y marginado los aportes de nuestros pueblos diversos, dando como resultado la desigualdad y la permanente violación a su dignidad colectiva y personal. Tan efectivo ha sido el ejercicio de esta dominación cultural, que como ideología presenta el desarraigo de nuestras culturas como “natural”, “inevitable”, “aceptable”, “deseable” y hasta “justo”; el fin último de esta jerarquización e “integración” es la reproducción de un tipo desigual de dominio, despojando de soberanía real a las mayorías, separándolas, dividiéndolas, asimilándolas e integrándolas en la “cultura del petróleo” —en palabras del luchador Rodolfo Quintero (1985: 19)—, al consumis-mo y “confort”, a su ilusión de “subir” en la escala social, en tanto “blanqueamiento” a partir de la ideología del mestizaje y dentro del pensamiento moderno “abismal” —según el activista De Sousa Santos (2010: 20)—, ocultando las verdaderas causas de la discriminación, las cuales necesitan ser transformadas, ya que esta tendencia al desarraigo aún persiste con mucha fuerza. Por lo tanto, para lograr la emancipación y liberación, es importante avanzar en la Descolonización (desmontaje de nuestras colonialidades y colonialismos internos), Intraculturalidad (revitalización de nuestra identidad), Interculturalidad (diálogo de saberes y conocimientos de múltiples identidades) y Despatriarcalización (desmontaje del Estado burgués patriarcal).

A fin de avanzar en tales propósitos desde una perspectiva holís-tica —bajo un modelo ecológico—, observaremos tres ámbitos: el Ma-crosistema, que se refiere a aquellos valores que en nuestro contexto cultural delimitan roles, estereotipos y mandatos culturales, y definen tanto prescripciones como prohibiciones; el Exosistema, que se refiere a las instituciones y sus interrelaciones, sus exigencias, ofertas, demandas, etc. por lo que abarca el mundo público: el trabajo, la escuela, los medios de difusión, etc.; y el Microsistema, que se refiere la interacción familiar, a los lazos más cercanos de las personas. Desde el punto de vista del Macrosistema, consideramos que la decimonónica “revuelta de Haití”, con sus valores de liberación, emancipación y dignidad humana, impulsada entre otros por Toussaint L’Overture, fue contemporánea de la Revolución Francesa —con sus valores de igualdad, fraternidad y libertad—, sin embargo aquella fue retóricamente encubierta por la historia oficial. Luego, ¿cuáles son los lugares desde donde son enunciadas o hechas visibles las diferentes percepciones de la dignidad humana y denunciadas las injusticias contra la misma? ¿Quiénes tienen o pueden tener la “vocería” de las mismas? ¿Existe una política sociocultural concreta de reconocimiento y redistribución que permita la confluencia de distintas vivencias y visiones de la dignidad humana? ¿Por qué aplicar una lectura y un enfoque “modernizante” o “postmodernizante” de este tema, arraigados en un particularismo eurocéntrico? ¿Por qué no permitir y garantizar lecturas, enfoques y percepciones (epistemes) diversos y ancestralizados?

Considerando que los valores de las culturas venezolanas y andinas de los pueblos autóctonos —según ha sido estudiado desde el pluralismo jurídico y la antropología jurídica— tales como los warao (pacifismo), yukpa (respeto a la infancia), wayuu (convivencia desde el putché), aymara (los pilares espirituales ama del ayllu), y otros pueblos andinos (política-ética) coinciden con leyes e instituciones “modernistas”, tales como los códigos de ética, el CNDNA, TSJ y el Poder Moral, etc., puede entonces considerarse que las ancestralida-des ejercitan unas éticas y políticas de convivencia y coexistencia que pueden enriquecer aquellos valores codificados modernamente como “Derechos Humanos”. Luego, ¿es posible una concepción no occidental de los DDHH?

Si algunos pueblos contemplan tales valores, pero en términos de “responsabilidades”, “compromisos”, “débitos” (deberes o deudas), entonces, ¿por qué llamar a tales valores sólo como derechos humanos? ¿Cómo crear condiciones de posibilidad para una mutua y dia-lógica interlocución entre los llamados —por un lado— conocimiento normativo (en las ciencias)/conocimiento canónico (en las Humanidades), y —por otro— conocimiento “vulgar” (“ordinario”, o bien “popular”), las cuales generen recíprocas percepciones y traducciones donde los pueblos validen sus saberes en relación a sus diversas maneras de experimentar y defender la dignidad humana?

Por otra parte, desde el punto de vista del Exosistema nos preguntamos: ¿qué es el Poder o quiénes son los que lo monopolizan? ¿Cuáles son sus niveles de ejecución? ¿Cómo son estos articulados según distintos contextos? ¿La estructura de la dominación mundial está encabezada por los Estados o estos son los aparatos institucionales de otras fuerzas más influyentes?[2] Por ejemplo, esto ocurre cuando hay tratados, áreas, acuerdos y políticas neoliberales que violan en los hechos la dignidad humana junto con el entorno ambiental. De allí que nos cuestionemos: ¿cuáles son las transformaciones impuestas actualmente a dicho Sistema-Mundo Patriarcal capitalista, que afectan el ejercicio del poder y afectan a las múltiples concepciones de la dignidad humana?

Considerando ahora junto al aspecto político el aspecto jurídico —ambos relacionados—, tomamos como referencia el texto clásico Cuando el género suena cambios trae. (Una metodología para el análisis de género del fenómeno legal) (1992). Allí la jurista costarricense Alda Fació Montejo demuestra que el derecho no es neutral en términos de género, debido a nuestra forma androcéntrica de concebir el mundo —donde, de paso, vemos las cosas como “naturales”—, por lo que ello requiere de un gran esfuerzo para detectar el sexismo en leyes que “aparentemente” son neutrales; esfuerzo a realizar para comprender lo que nos oprime[3].

Tal situación no es un problema abstracto que nada tenga que ver con nuestra cotidianidad, puesto que se refleja en todo el quehacer humano, incluyendo al Derecho en todas sus manifestaciones: contenido mismo de las leyes y los principios que las informan; estructura y funcionamiento de las oficinas que administran justicia; nuestras actitudes y conocimientos respecto de ese derecho (Fació, 1992: 61). A su vez, Fació Montejo desagrega el fenómeno jurídico en tres componentes vinculados entre sí: componente formal-normativo (sustantivo); componente estructural; componente político-cultural. Todos ellos están dialécticamente relacionados entre sí, influyéndose, limitándose y definiéndose mutuamente.

El componente político-cultural se refiere a los contenidos —convertidos en leyes no escritas— que la gente le da a las leyes y aplicación de las mismas por medio de las tradiciones, las costumbres, el conocimiento y uso que de ellas hagan: es el significado que se le va dando a la ley por medio de la doctrina jurídica, las actitudes y conocimiento que la gente tenga de la ley; leyes que en la vida diaria siguen vigentes aunque hayan sido derogadas, y de las relaciones entre las leyes escritas y las no escritas. “Todo esto va creando leyes no escritas que la mayoría acata” (subrayado nuestro). De allí que existen leyes que no están formalmente promulgadas, pero que además de ser obedecidas por la mayoría son formalmente reforzadas (Ibíd., p. 65). Este componente político-cultural, estas costumbres, son las que enfocarán nuestra atención en esta reflexión, ampliándola no sólo en lo referente a las actitudes y creencias de tipo androcéntrica y, por tanto, machista, sino a otras manifestaciones ideológicas como el racismo, clasismo, homofobia y similares que abordaremos a continuación.

Desde el punto de vista del Microsistema, en cada rincón de nuestras vidas se hace presente en tensión y contradicción el predominio de aquella condición que nos “impulsa a defender” nuestro aprendido machismo —o si se prefiere, nuestro sexismo, racismo, clasismo, etc. Claro, a menos que nos hayamos hecho más conscientes y nos percatemos de los mismos, resistiendo la influencia del entorno social discriminador o desarrollando una autenticidad a toda prueba que nos haga responder desde quienes realmente somos —o queremos ser—, y como parte de un proyecto de emancipación social, transformándonos tanto en lo que decimos como en lo que hacemos. Cambiar requiere esfuerzo y voluntad, sensibilidad y conciencia. Supone considerar qué sentimos y pensamos, cómo lo hacemos, por qué y para qué, así como razonar sobre nuestra respuesta basada en emociones y acciones, en relación a “nosotrxs mismxs”[4] y nuestras relaciones más cercanas.

Es complejo repasar los actos personales, pero tal vez lo haría más fácil revisar los propios pensamientos, verbalizados en frases, oraciones y palabras. O también se puede cambiar aprendiendo de otras personas, emulando sus virtudes y/o evitando copiar sus vicios y defectos. En ese sentido, “el lenguaje” da cuenta de la conciencia que se tiene de sí misma, de sí mismo, de sí mismes y del entorno. Pero también refleja nuestra inconsciencia (y nuestros prejuicios). Si cada quien realizase estos análisis de lo que siente y piensa cotidianamente —o de cómo lo hacen sus semejantes— tal vez podría llegar a saber que hacer tal acto de concientización y/o concienciación, que hacer este esfuerzo voluntario para percatarse y “darse cuenta” es, en tal sentido, parte del legado histórico de la cultura feminista, que postuló que el cambio personal —producto de la conciencia relacional— tiene implicaciones políticas: lo personal es político.

Lo personal es político porque también es social e ideológico: social, porque los prejuicios y discriminaciones son generados en nuestras relaciones sociales y desde ellas; ideológico, porque los procesos emocionales y mentales pasan desapercibidos en nuestras creencias y lenguajes, y no solemos hacerlos conscientes, siendo, al contrario, inconscientes, involuntarios y afectivos. Este último aspecto es importante, porque allí es donde actuamos “sin pensar”, impulsivamente, compulsivamente, reactivamente, de una forma a priori, con consecuencias éticas y al mismo tiempo estéticas[5]. Así, lo ético y lo estético nos llevan a considerar lo que es “deseable” e “indeseable”, lo que “queremos” y lo que “no queremos”, lo que “aceptamos” y lo que “no aceptamos”.

Y ese es el motivo por el que queremos reflexionar sobre estas creencias que no hemos puesto en cuestión, estas emociones que sentimos a priori y que percibimos y experimentamos como “naturales” —aunque más bien han sido “naturalizadas”—: lo que queremos abordar es el tema de los prejuicios.

En base a prejuicios una persona (o una colectividad) puede practicar diferentes discriminaciones: social, clasista, “racista”, urbano-céntrica, ecocida, adultista, gerontofóbica, capitalista, hete-rosexista, homofóbica, misógina, hipersexualista y machista. Ejemplos: discriminación étnica-racial hacia los pueblos originarios y afrodescendientes de carácter social, clasista y “racista”; discriminación social hacia la población rural —o también campesina o fronteriza— de carácter urbanocéntrica; discriminación hacia las demás especies —animales o vegetales— de carácter antropocéntrica y antiecológica (ecocida); discriminación etaria hacia niñas y niños de carácter adultocéntrica (adultista); discriminación etaria hacia las ancianas y ancianos de carácter gerontofóbica; discriminación social de carácter individualista y clasista, es decir, capitalista (y por tanto anticolectivista, antisocialista, anticomunista, antilibertaria); discriminación heterosexista contra la población homosexual de carácter homofóbico y/o lesbofóbico; discriminación contra lo femenino y contra las mujeres de carácter misógino; discriminación social sexista de carácter hipersexualista a favor de la masculinidad predominante y establecida (machista); etc.

Y es que estas discriminaciones y prejuicios, ¿de qué dan cuenta? De un “espacio cultural” de carácter patriarcal (Ramírez Hernández, 2000) que sostiene injusticias, indignidades, jerarquías, dominaciones y opresiones.

Un espacio cultural en el que a su vez confluyen espacios emocionales, intelectuales, físicos y sociales; estos espacios son activados, desplegados y ejercidos por diferentes personas. Tal espacio cultural es parte integrante del mundo relacional de esta sociedad “establecida”, la actual “sociedad que es” —o en latín, status quo—, el cual es el Orden Patriarcal Capitalista racista y ecocida. El mantenimiento de este Orden conforma una sociedad desigual e injusta, tanto en lo cultural, ecológico y económico como en lo social y político, sea en el ámbito “público” —por la jerarquización económica productiva depredadora bajo una sociedad dividida en clases sociales—, como en el ámbito “privado” —por la jerarquización doméstica reproductiva bajo relaciones de dominación sexual sexista—; tal orden requiere modos de “ser” y “estilos de vida” basados en una serie de creencias, costumbres y normas, expresadas en mandatos, roles y expectativas, que están formalizadas en tipos, estereotipos y prototipos sociales.

¿No será que al prejuicio de tipo emocional le corresponde una determinada razón que lo legitime? Planteamos que tal razón es aquella que Celia Amorós ha denominado “razón patriarcal” (1991: 10), caracterizada a su vez por el activista social Boaventura de Sousa Santos como “razón indolente” (1999/2000: 36). Esta es una razón que —en el decir del pensador uruguayo Eduardo Galeano (1989: 89)— se caracteriza por fragmentar la vida dividiendo “todo lo que toca”, y que genera una percepción de la realidad a partir de dicotomías internamente jerárquicas (binaristas), donde la diferencia es sólo concebida desde la desigualdad; al mismo tiempo, en vez de concebir las cosas en su totalidad, esta razón las piensa como conjuntos de partes separadas, subordinadas y jerarquizadas entre sí.

Como ejemplo de tal razón dicotómica (binaria y metonímica), en cada persona los modelos sociales/sexuales se encarnan en “condiciones de género”, que en tal régimen social determinan la “manera” de “ser” Hombre o Mujer: la “condición de género masculina” contrapuesta y sobrepuesta a la “condición de género femenina”. Ambas cualidades, masculinas y femeninas, en tales supuestos, no son “previstas” como rasgos históricos y culturales: por lo tanto no son contextualiza-das, siendo por ello “arbitrarias”. De modo que pasan a ser consideradas como atributos que son “independientes” del contexto, del lugar, del momento: son presentadas como cualidades “universales” y “eternas”, como si “siempre estuvieran ahí”, concibiéndolas como “atributos naturales” de las personas[6]. Sin embargo, es importante acotar que esta percepción no es cierta: la existencia concreta de hombres y mujeres, afortunadamente, desborda todo tipo de ideologías, modelos, tipos, prototipos, estereotipos, clasificaciones, categorías y teorías. La vida —y en ella, la vida humana— trasciende al concepto, a las categorías, a la definición: parafraseando al poeta venezolano Efraín Hurtado, “lo vivido prevalece a lo concebido” (citado en Rivas Rivas, 2002: 27).

Entonces, tenemos que tal razón patriarcal permite generar un doble proceso de “naturalización”:

-    Se “naturalizan” procesos sociales (que más bien son de carácter cultural e histórico), haciéndolos pasar por “universales” y “eternos” para que parezca que los mismos están en todas las sociedades de manera uniforme y que “siempre fue así desde que la humanidad existe”.

-    Se “naturalizan” atributos personales (de carácter social, arbitrario y contingente), haciéndoles creer que son “esenciales” a la persona, innatos, inherentes, biológicos.

Mas, ¿cómo se impuso colonialmente tal razón patriarcal? Fue a través de la división entre grupos (opresorxs/oprimidxs) y la multiplicación de sus divisiones, mediante una razón dicotómica y excluyente (maniqueísta), junto con categorías ideológicas y prejuicios inconscientes. Procedimientos que en todos los casos hicieron difícil percibir la complejidad e historicidad de los conflictos derivados del Orden Patriarcal Capitalista. Por ejemplo, así fue fomentada la rivalidad y desconocimiento entre mujeres, reproduciendo entre estas la razón y las jerarquías patriarcales, a favor de la supremacía de algunas élites genéricamente situadas[7]. La resultante de la aplicación de la razón patriarcal es la división y clasificación de las relaciones interpersonales, así como la fragmentación del conocimiento de los fenómenos sociales. Cuando se trata de grupos y personas comprometidas con el cambio social dignificante, este diagnóstico reviste un carácter de gravedad, toda vez que estxs siguen la “ideología de la clase” que he-gemoniza el poder social en todos sus ámbitos.

Como consecuencia de tal imitación colonialista, tales activistas reproducen la ideología dominante y sus prejuicios, manteniendo dentro de su propio grupo —endógenamente— la desigualdad y la segregación. Ejemplo, por un lado fomentan normativas “uniformizantes”, y por otro mantienen al mismo tiempo jerárquicas divisiones entre hombres y mujeres, entre mujeres que padecen opresiones diferenciadas y entre hombres que coexisten en diversas opresiones (sin saber que las padecen y las reproducen). Lo ideológico aquí es que toda una gama de prejuicios y fobias son mantenidos por falta de cuestionamiento —contra un amplio conjunto de personas que están todas condicionadas genéricamente— tales como: el sexismo, el racismo, la misoginia, la misandria, la homofobia, lesbofobia, trans-fobia, bifobia, etc.

Así es mantenido el miedo a la persona que, por “diferente”, no es reconocida también en lo que tiene de “semejante”. Entonces, lo que ocurre es que la persona diferente es enajenada y objetificada como Otra (según De Beauvoir, 1962: 4), y como Otro (según De Sousa Santos, 2010: 11-12; 1991: 3); tal persona es “alterizada” como “anormal”, “distinta”, “extraña”, “rara”, “desconocida”, y desde allí es percibida como una supuesta “amenaza” a la que hay que segregar y privar de afectos y de dignidad. No obstante, quien alteriza lo hace partiendo de la base de una “propia supremacía”, en la cual inconscientemente ella misma se asume de manera centralista como “lo normal”, “universal” y “único”; tal actitud es, por tanto, etnocéntrica, adultocéntrica, logo-céntrica, urbanocéntrica, binarista, heterosexista, etc. La cultura patriarcal se basa en la “determinación del Ser” (De Beauvoir, 1962: 3), determinación por género y etnia, clasificando a las personas según su sexo y su raza. En tal cultura, las mujeres han sido determinadas como Mujer, en negativa y excluyente oposición al Hombre, haciendo de las mujeres lo distinto, lo opuesto, lo extraño, lo otro.

Pero quien define a “lo otro” lo hace siempre desde una posición de poder, al mismo tiempo colonialista (esclavizante) y expansionista (imperialista). En ese caso, la “otra” persona carece del poder para definirse a sí mismx. Pero lo mismo ocurre para con los pueblos que otros intentan colonizar, y ello establece similitudes entre el sexismo y el racismo: mientras el racismo determina el ser a partir de una particular pertenencia “racial” (fenotípica, corporal, biológica), el sexismo lo determina a partir de una particular pertenencia “sexual” (anatómica, corporal, biológica). En ambos casos, el “ser” busca ser clasificado desde una identidad exterior que lo determina absolutamente. Esta negación del autorreconocimiento y del reconocimiento del Otrx es parte de un proceso de dominación, ya que parte de una relación desigual y asimétrica en la que unos(as) individuos(as) niegan a otrxs.

Queremos dejar en claro que cuando analizamos los prejuicios y las discriminaciones, no hacemos sino indagar en preguntas y problemáticas que no son nuevas: las diversas “feministas del Sur” ya han diagnosticado estas interrelaciones, y por tanto, suscribimos el debate que ellas iniciaron[8].

Ellas han puesto en el tapete la discusión acerca de que diferentes formas de discriminación se eslabonan en un más amplio “sistema de opresión”, en un “tejido” de dominación de múltiples opresiones que operan al mismo tiempo: clasismo, sexismo, heterosexismo, racismo, adultismo, etc.; condicionando la vida personal e interpersonal genéricamente situada. También han mostrado un camino en el cual las diferencias, las singularidades, los particularismos, en fin, la diversidad, forma parte también de las semejanzas, los universalismos, los humanismos y humanidades, la equidad, la paridad e igualdad, donde las “partes”, asimismo, son “totalidades”, autónomas en sí mismas y en su recíproca relación, más allá de jerarquías, dialécticas y dominaciones. Las nociones de “igualdad en la diversidad”, de “diferencia en la semejanza”, de “identidad y unión en la diversidad cultural y sexual” son reflejo del avance teórico, práctico y político producido en la filosofía y cultura feminista, en tanto aporte para una común humanidad.

Consideramos que la “razón patriarcal” implica la presunta “naturalización” de determinadas clasificaciones sociales basadas en jerarquizadas distinciones entre personas, y que está en la base de la percepción fragmentaria y egotista de la realidad. Encontramos, a modo de ejemplo de la vida real, que un hombre venezolano que manifiesta adherir la lucha de clases revolucionaria y/o bolivariana, esto es, un militante que desea abolir las desiguales distinciones basadas en clase social puede, no obstante, manifestar conductas sexistas o “racistas”. Así, también, encontramos una mujer que manifiesta su simpatía por el feminismo que, sin embargo, puede tener conductas “racistas”, clasistas y homofóbicas; o, si es lesbiana, presentar actitudes heterofóbicas y misoándricas; o un gay o una lesbiana que tiene actitudes homonormativas y heterofóbicas; o un afrodescendiente que tiene actitudes sexistas y misóginas. Y para colmo, quizás todas y todos los anteriores son “racistas” con los pueblos indígenas, además de adultocéntricos y gerontofóbicos.

Es decir que ningunx está “vacunadx” contra “la actitud discriminatoria” por el hecho de que, en su particular lucha, estén tratando de erradicar alguna forma de discriminación. Pareciera que, bajo la ideología machista, su razón patriarcal y sus prejuicios sólo pudiesen ver el árbol mas no el bosque: mantendrían una lucha que ve de manera parcelada la opresión, mas no logra ver “el conjunto de opresiones” y su interrelación entre ellas. Esta manera de “enfocar” sesgadamente las luchas lleva a que las mismas terminen estando parceladas, fraccionadas y fragmentadas de manera sectaria y faccionalista, lo que culmina impidiendo la unión en la diversidad del conjunto de movimientos, grupos e individualidades que, irónicamente, “sufren todas globalmente el conjunto de opresiones patriarcales capitalistas”. Tales opresiones suelen verse por separado, a consecuencia de que la insti-tucionalización del patriarcado capitalista fragmentó el conocimiento acerca de las relaciones sociales (desarticulando la lucha revolucionaria ante tales injusticias). Al repasar el carácter ideológico de las mismas se supera aquella visión de que es un mero problema individual: su reproducción colectiva, inconsciente y emocional se sostiene en los prejuicios como expresión “normalizada”, cotidiana. El resultado de conocer la realidad de este modo —de la que también somos parte— es que no se alcance a comprender que las distintas formas de opresión puedan entenderse vinculadas y unidas entre sí, como tampoco los prejuicios que las “justifican”. Esta reflexión intenta dar cuenta de cómo los prejuicios y discriminaciones no pueden ser vistos por separado, como tampoco las opresiones que se generan o legitiman en los mismos. Se hace necesario visibilizar el lugar desde donde se “senti-piensa”, en pro de una cultura popular crítica, de interculturalidad-no patriarcal, dignificante.

BIBLIOGRAFÍA

Amorós, Celia 1991 Hacia una crítica de la razón patriarcal (Barcelona: Anthropos). De Beauvoir, Simone 1962 El segundo sexo (Buenos Aires: Siglo Veinte).

De Sousa Santos, Boaventura 1999 “Acerca del posmodernismo oposicional” en Ronaldo Munck y Denis O’Hearn (eds.), Teoría crítica del desarrollo: contribuciones a un nuevo paradigma (cap. 2). Perspectivas Criticas, 29.

______ 2010 Para descolonizar Occidente. Más allá del pensamiento abismal (Buenos Aires: CLACSO/ Prometeo Libros).

Fació Montejo, Alda 1992 Cuando el género suena cambios trae. (Una metodología para el análisis de género del fenómeno legal (San José de Costa Rica: ILANUD).

Galeano, Eduardo 1989 “Celebración de las bodas de la razón y el corazón” en El libro de los abrazos (Madrid: Siglo XXI/ La Cueva).

Lagarde, Marcela 1990 Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas (México: Universidad Nacional Autónoma de México).

______ 1998 Identidad de género y derechos humanos: La construcción de las humanas (San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos).

Quintero, Rodolfo 1985 La cultura del petróleo (Caracas: Faces/UCV).

Ramírez Hernández, Felipe Antonio 2000 Violencia masculina en el hogar. Alternativas y soluciones (México: Pax). Rivas-Rivas, Saúl 2002 “Aproximación a la interculturalidad del conocimiento”. Proyecto Guaicaipuro en el Panteón Nacional 2a fase (Caracas, Venezuela).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bermúdez S., Mailyng 2009 Silencio y exclusión: la afrovenezolanidad en la sombra (Caracas: El perro y la rana).

Curiel, Ochy 2007 “Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista”, Nómadas, 26 (Bogotá: Universidad Central).

De Sepúlveda, Juan Ginés 1993 De la justa cansa de la guerra contra los indios en Enrique Dussel, 1492, el encubrimiento del otro (Madrid: Nueva Utopía).

De Sousa Santos, Boaventura 2002 “Para una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias” en Revista Critica de Ciencias Sociais, 63.

______ 2005 “Globalización contra hegemónica y diversa” en Diversidades, 1 (Quito).

Escalona Rojas, Blanca 2009 “Cuerpos violentados y mitos sexuales: sobre dignificar la corporeidad de las mujeres afrovenezolanas” en Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 32.

Morin, Edgar; Lima de Freitas, Basarab Nicolescu 1994 “La Carta de la Transdisciplinariedad. Convento de Arrábida” en <http://www.filosofia.org/cod/c 1994tra.htm>.

Quijano, Aníbal 2000 Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina (Perú: CÍES).

Sau, Victoria 1981 Diccionario ideológico feminista (Barcelona: Icaria/Totun Revolutum).

Tarducci, Mónica 2002 “Cuando la diferencia es desigualdad: comentarios sobre género y raza” en Revista Brujas, 29 (Argentina: ATEM).

Valdivieso, M. Magdalena 2004 Criticas desde el feminismo y el género a los patrones de conocimiento dominantes (Caracas: CEM/UCV).

Walsh, Catherine 2004 Geopolíticas del conocimiento, interculturalidad y descolonialización (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar).

______ 2007 Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento otro desde la diferencia colonial (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar).

Sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV, 2008). Actualmente cursa posgrado en Maestría de Estudios de la Mujer en el Centro de Estudios de la Mujer de la UCV (CEM-UCV, 2010). Ha participado en/y realizado diversos estudios y jornadas sobre familia, sexualidad y género. Ha sido docente para el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo (2009); para el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, en el área Género, Masculinidades, Hombres por la Igualdad (2009-2012), así como en la UCV y otros tantos Ministerios del Poder Popular. Ha publicado varios artículos en revistas nacionales y ha estado muy activo en programas de radio, TV, talleres, coloquios y actividades comunitarias, relacionados todos con el tema de la sensibilidad social. En la actualidad es investigador y docente de la Escuela de DDHH de la Defensoría del Pueblo.↵

Acá recordamos que en un momento histórico determinado el Estado fue un dispositivo institucional necesario al régimen de acumulación capitalista, pero que ahora requiere ser "reconvertido instrumentalmente" para articularlo a los designios foráneos de las Empresas Trans-Nacionales (ETN).↵

Para dejar de ser "objetas y objetos" de conocimiento para ser sujetas y sujetos protagónicos, incorporando las situaciones de género como un elemento constitutivo de los fenómenos a investigar, y reconocer la diversidad de sujetas, sujetos (y sujetes), generando "ideas y propuestas en las que todas y todos podamos reconocernos en nuestras singularidades y al mismo tiempo confundirnos con los otros sujetos y sujetas como parte de una Humanidad diversa y plural" (Valdivieso, 2004).↵

Aquí empleamos la "x" en "nosotrxs mismxs", para evitar recaer en patriarcales binarismos de género, ya que buscamos englobar no sólo el "nosotras" y "nosotros", sino también el "nosotres" incluyente de las personas que asumen un género no conforme a la heteronormatividad y sus binarismos heterosexistas.↵

Aquí comprendemos por lo ético aquello que tiene que ver con lo que consideramos "bueno" o "malo", "aceptable" o "inaceptable", y lo estético como lo que sentimos de una manera "agradable" o "desagradable", de lo que "nos gusta" o "no nos gusta", lo que "agrada" o "molesta", lo que "atrae" o produce "repulsión".↵

Por tanto, aquí cabe preguntarnos: ¿entonces hay relación entre la condición de género y los prejuicios sociales? Ello es probable si tomamos en cuenta que dicha condición es generada en las relaciones entre géneros bajo la política sexual del capitalismo (patriarcado), mientras que en dichas relaciones los prejuicios son parte de las emociones que en tal orden socioeconómico conforman la ideología sexista (machismo). Y porque la permanencia de dicho ordenamiento social injusto en las relaciones sociales —esto es, su "institucionalización" como organización social del género (Lagarde, 1990: 177-211)— requiere de un soporte subjetivo que lo legitime en el tiempo, que ideológicamente no sea percibido como generado socialmente, sino que se le llegue a ver como un atributo "individual", incluso innato, instintivo, biológico: que se lo perciba como un atributo "natural" de la persona.↵

Y que estas desconozcan que lo son y por qué lo son: allí el prejuicio opera como una especie de "venda" acrítica, generando una cierta "ceguera epistemológica" (De Sousa Santos, 2000: 257); con esta "gríngola", las élites —y quienes irreflexivamente adscriben sus ideologías— no reconocen que son portadoras de una supremacía desigualitaria y excluyente.↵

A ellas las denominamos "feministas del Sur" ya que su aportación teórica ha sido tímidamente reconocida por las feministas de la región Norte del planeta —au-toproclamada como "Occidente"—, y la misma se basa en premisas epistemológicas diferentes de las "reconocidas" oficialmente por la Academia: son razonamientos más flexibles, originados desde referentes populares y ancestrales, por parte de los pueblos históricamente invisibilizados que se han venido articulando en el Sur, visto como espacio simbólico de resistencia sociocultural. Ejemplo de tal legado lo tenemos en los quehaceres, saberes, reflexiones y planteamientos de luchadoras y/o feministas tales como Alexandra Kollontai, Amalia Fisher, Angela Davis, Angela Gilliam, Argelia Laya, Bell Hooks, Blanca Escalona Rojas, Catherine Walsh, Dalia Herminia Yánez, Epsy Cambell Barr, Francesca Gargallo, Irene Alexandra Neto, Irene Ugueto, Jane Flax, Jurema Wernerk, Lélia González, Livia Vargas, Luz Marina Duque Miranda, Macedonia Blas Flores, Mailyn Bermúdez S., Marcela Lagarde y de los Ríos, María Inés Da Silva Barboza, María León, Silvia Rivera Cusicanqui, Marianela Tovar, Marta Sánchez Néstor, Mónica Tarducci, Natividad Corral, Nirva Camacho, Norma Romero, Ochy Curiel, Patricia Hill Collins, Pilar Roca, Reina Arratia, Rigoberta Menchu Tum, Rosa Cobo, Rosa Dominga Traspaso, Sueli Car-neiro, Yuderkys Espinoza Miñoso, etc.↵

17

César Barreira[1] 

PROCESOS DE FORMACIÓN DEMOCRÁTICA Y CRIMINALIDAD EN BRASIL

PALABRAS PRELIMINARES

En el siguiente texto abordaré tres aspectos de la realidad brasileña y, más específicamente, sobre la formación policial y la violencia en Brasil:

Aspectos generales o los legados del régimen militar;

La formación de los agentes de seguridad pública;

La violencia y la criminalidad.

1) ASPECTOS GENERALES O LOS LEGADOS DEL RÉGIMEN MILITAR

La redemocratización del país, iniciada en 1985, aunque permitiendo una consolidación y renovación de las instituciones, repuso nuevos dilemas referentes a la implantación de la ley y del orden.

A lo largo del tiempo, en el que sucedió el proceso de redemocratización, las crisis de abuso de autoridad policial, el aumento de la inseguridad y del miedo en las grandes metrópolis, la violación de los derechos humanos y la falta de respeto a la ciudadanía atestan los límites de la política de seguridad pública del país, cuyo escenario es agravado por crisis internas en los órganos responsables.

La población continúa exigiendo más orden y seguridad, no obstante la desconfianza que existe hacia los órganos competentes para el ejercicio de esa finalidad. Los problemas relacionados con el área de seguridad pública son politizados en la medida en que la legitimidad de los gobiernos es predominantemente determinada por su capacidad de mantener el orden y la “paz pública”. En otras palabras, la “presencia” o la “ausencia” del gobierno es evaluada y mensurada —en el imaginario de la población— por la capacidad de mantener el orden y la seguridad pública.

El legado autoritario aparece claramente en las prácticas ilegales y en el uso indiscriminado de la violencia por parte de los aparatos represivos. Corrobora también con este hecho la formación del policía con profundos huecos en el campo de los derechos humanos y del respeto a la ciudadanía.

El uso de la tortura en las acciones policiales y en los interrogatorios aparece como marca de continuidad de prácticas habitualmente empleadas. La tortura, que en el régimen autoritario era una práctica recurrente en los interrogatorios de los presos políticos, pasó a ser un ejercicio frecuente en las detenciones y en las investigaciones de personas pobres, negras y desempleadas.

Si estas prácticas aparecen como un legado del régimen autoritario, los gobiernos democráticos enfrentan, actualmente, el desafío de implementar una política de seguridad pública capaz de prevenir y combatir la criminalidad y de mantener el orden, teniendo como referencia los principios del Estado de Derecho.

Las acciones represivas en Brasil tuvieron como aliado el autoritarismo del Estado Nacional, conjugado con prácticas clientelistas y patrimonialistas del poder local. Los órganos de seguridad pública aparecen, claramente y sin ninguna mediación, al servicio de las clases dominantes con el apoyo de la legalidad brindada por parte del Estado.

La organización policial y sus ejercicios ilegales son construidos principalmente visando la defensa del orden social vigente, la protección del patrimonio privado y la seguridad de las clases dominantes.

En el medio rural, prácticas de esa naturaleza son más socializadas en la protección de la gran propiedad rural y en el combate a la organización política de los trabajadores agrícolas. Ya en el medio urbano estas acciones aparecen en la batalla contra los movimientos sociales urbanos organizados, en la postura delante de los pobres, negros y favelados, configurando hábitos ejercidos en la conjugación indistinta de lo público y lo privado, con prevalencia de este último.

La ausencia de procedimientos democráticos y la desconfianza por parte de la población hacia el comportamiento de la policía en el mantenimiento del orden y de la ley, son dos de los principales legados negativos de los antiguos gobiernos, teniendo como principal huella el autoritarismo.

Lo preocupante e inquietante es que estas líneas generales de acción no disminuyeron las tasas de criminalidad en Brasil, como tampoco modificaron el escenario de miedo e inseguridad que impera en la sociedad brasileña.

El legado de 21 años de vigencia de un régimen autoritario (1964-1985) dejó huellas problemáticas para una efectiva instauración de un Estado de Derecho, comprobando el hecho de que la redemocratización del régimen de gobierno no se da por arte de magia para conducir automáticamente la democratización de las instituciones del Estado.

Este proceso es complejo y lento, representando una especie de “rito de paso” de un régimen autoritario hacia uno democrático, considerando que “no se puede despreciar el peso del autoritarismo social y de las herencias dejadas por los regímenes autoritarios en las agencias encargadas del control represivo del orden público” (Adorno, 1994: 121).

Destaco de este legado del régimen militar dos grandes problemas, los cuales pretendo abordar en esta comunicación. El primero, los huecos en la formación de los profesionales del área de la seguridad pública con una fuerte huella militar. El segundo, el aumento de la violencia y criminalidad en Brasil, especialmente los homicidios políticos.

2) LA FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA

En las últimas décadas existe una práctica discursiva que busca la moralización y la legitimidad de los órganos de seguridad pública.

La conquista de esta base de legitimidad está pasando no solo por una nueva estrategia de vigilancia, sino también por un cambio de mentalidad, que envuelve necesariamente una formación más humanista de los contingentes policiales. La complejidad del mundo contemporáneo teniendo como aspectos la cuestión de género, las prácticas juveniles, el respeto a las diferencias culturales, religiosas y sexuales, como también las manifestaciones recientes en el mundo y específicamente en Brasil, tiene implicaciones directas en la formación de los profesionales de la seguridad pública. Tal formación, que no debe resumirse solo en una mejor capacitación técnica, busca dar énfasis a los principios de las ciencias humanas de respeto a la diferencia y a los valores socioculturales. Obtienen cada vez más espacio la formación y la calificación de los profesionales del área de seguridad en el dominio de los derechos humanos y en el respeto a la ciudadanía. En el espacio de formación y calificación, las universidades —como depositarías de los conocimientos humanistas— son las grandes compañeras de este proyecto.

En Brasil, la vigilancia cotidiana de las ciudades es realizada por una organización policial militar, cuya estructura es derivada del modelo del Ejército. La carrera del policía militar es, por lo tanto, marcada por una exigencia de adecuación y de adhesión a los códigos de sentimiento y de conducta típicos de las Fuerzas Armadas. La ruptura entre mundo militar y mundo civil, como un principio de división de la cosmología militar, guía la forma del pensamiento social y la construcción de la incorporación de los individuos que son reclutados en los medios civiles para tornarse un policía militar. La transformación del civil en militar es realizada en cuarteles especiales que funcionan como escuelas de entrenamiento intensivo, incluyendo el aprendizaje de técnicas de combate antiguerrilla, además de mucho ejercicio colectivo sincronizado que los aprendices necesitan hacer en varios momentos del día —como emprender marchas y colocarse en formación—, entre otros eventos realizados bajo la fuerte supervisión de instructores militares. La mayor parte del tiempo de escuela para el aprendiz de policía que está destinado a realizar vigilancia cotidiana —en las calles, en las plazas, en las rondas por la ciudad, en el contacto con la población civil— es de naturaleza militar, en cuyo punto central se encuentra la formación de un espíritu de cuerpo para la guerra, para el combate al enemigo. Esa realidad es, hace décadas, una de las más graves contradicciones del sistema de vigilancia del país.

La crisis en la creencia del militarismo como orientación básica de valoración del campo de prácticas de la educación ha sido uno de los grandes problemas de la formación policial militar en Brasil. En este campo, los procesos de enseñanza-aprendizaje generan ambivalencia en el ámbito de la formación policial militar entre fuentes civiles, centradas en referenciales de la cultura de los licenciados, y fuentes militares de educación en las escuelas especiales de la Policía Militar.

Para el profesor José Vicente Tavares dos Santos —investigar de la formación policial—, las modalidades actuales de formación policial se resienten de problemas estructurales de las organizaciones policiales brasileñas, en especial de la fragmentación de los servicios operacionales, de la excesiva valoración de la cultura jurídica de orientación del derecho positivo, de una metodología basada en la enumeración desproporcionada de contenidos, con una metodología de evaluación básicamente basada en la memorización. La fragmentación de los servicios operacionales expresa una disputa de competencias entre las policías —policía federal, policía civil, policía militar, guardia municipal—, como también los problemas relativos a la regulación de las empresas privadas de seguridad.

Tal dispersión se refleja en la formación policial en Brasil, existiendo una duplicación de instituciones de enseñanza policial —en casi todos los estados brasileños hay dos escuelas, las Academias de la Policía Militar y la Escuela de Policía de la Policía Civil—, no existiendo centros de formación sistemática.

Las Academias de Policía Militar mantienen características de una cultura organizacional militarizada, con la exaltación de la disciplina, de la jerarquía militar y de formación en operaciones de índole militar. En el caso de las Escuelas de Policía Civil, la formación de los policías es orientada por el Derecho Positivo y formalista, quedando poco espacio para disciplinas propiamente referentes al ejercicio del oficio de policía, tales como mediación de conflictos, gestión del desempeño policial, análisis de informaciones criminales, etc.

El llamado “espíritu de cuerpo militar” es explícitamente el principal objetivo de la educación policial militar y para ser entendido necesitamos pensar a partir de los análisis de Norbert Elias (1997) sobre el caso histórico de Alemania, en el que hay momentos de militarización generalizada de la vida social que pueden ser significativamente amplios, como el que ocurrió en las dictaduras militares latinoamericanas.

Delante de esa situación, la década de los años noventa fue rica en experiencias de enseñanza policial innovadora en varias provincias brasileñas, tanto en el interior de las instituciones policiales de enseñanza como en los convenios realizados con universidades, indicando un movimiento de transformación de currículos, contenidos y concepción del oficio de policía.

3) LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN BRASIL

En Brasil, junto a estos problemas con relación a la formación de los profesionales del área de la seguridad pública se ha producido en los últimos años un aumento de la violencia y los homicidios.

Actualmente es más plausible la posibilidad o amenaza de que sean practicados actos violentos en diferentes contextos y en diversas situaciones, envolviendo un número cada vez más amplio de sujetos y espacios sociales. Los lugares seguros y personas menos vulnerables a las prácticas clasificadas como violentas pasan por un contexto de indefinición. Las vulnerabilidades sociales granjean otras dimensiones, pues los “lugares peligrosos” y las “víctimas preferenciales” se hacen cada vez más complejos. Los límites de seguridad son siempre más tenues e indefinidos, aunque no se pueda negar la existencia de “víctimas y lugares preferenciales” de prácticas violentas; a pesar de que los lugares y víctimas son delimitados por el cinturón de pobreza.

Brasil tenía en 2013 una tasa de 20,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es la octava peor marca entre 100 naciones con estadísticas consideradas relativamente confiables sobre el asunto. Cuando el ranking es relacionado a muertes violentas de jóvenes, de 92 países del mundo solamente El Salvador, Venezuela y Guatemala presentan tasas de homicidios mayores que las de Brasil, cuya tasa es de 44,2 casos por cada 100.000 jóvenes de entre 15 y 19 años.

Para agravar esta situación, en 2011 en Brasil se registraron 7.155 casos de estupro entre 10.400 casos de violencia sexual (que incluyen asedio y atentado violento al pudor), la mayoría practicada por padres y padrastros contra hijas de 10 a 14 años; o por conocidos cercanos como amigos o vecinos en el caso de mujeres de 15 a 19 años.

La ola de violencia en Brasil está relacionada en gran parte con el narcotráfico, el crimen organizado y la gran cantidad de armas en circulación. Los datos apuntan que 70% de los homicidios en el país son cometidos con armas de fuego. La evolución de la tasa de mortalidad por arma de fuego es alarmante. Las tasas de mortalidad por armas de fuego en 1980 eran de 7,3 pasando en 2010 a 20,4. Entre la población joven —15 a 29 años— en 1980 eran de 12,8 pasando en 2010 a 44,2.

En un informe inédito —elaborado por el periodista Leonencio Nossa del diario Estado de Sao Paulo, publicado el 13 de octubre de 2013— se revelan las facetas de una barbarie silenciosa que ya provocó 1.133 muertes con motivación política desde la Ley de la Amnistía de 1979. En tres décadas, un asesinato cada 11 días. Un dato importante es que este tipo de crimen no ocurre solamente en las regiones pobres y en las ciudades periféricas, también sucede cerca de las esferas del poder central. Esta investigación periodística muestra que la política brasileña, en las pequeñas y grandes ciudades, aún se mueve en buena parte por la violencia. A lo largo de 17 meses se realizó un levantamiento de homicidios en Tribunales de Justicia de las provincias, en los acervos de entidades de derechos humanos, en los archivos de Comisiones Parlamentarias de Inquérito (CPIs), en comisarías de policía y en registros civiles. Se recorrieron 14 provincias, además de entrevistas con familias de víctimas, abogados, comisarios, políticos. Ese relevamiento consiguió apuntar una lista de crímenes provocados por la disputa de poder político. Son asesinatos cometidos para garantizar espacio en la maquinaria pública, vengar la muerte de un aliado o eliminar testigos. Solo fueron considerados casos sin divergencias de versiones de los órganos de investigación sobre la autoría y las motivaciones. El conteo de la matanza comenzó a partir de la mañana del 28 de agosto de 1979 —cuando entró en vigor la Ley de la Amnistía, que facilitó el acceso a las instituciones públicas— y fueron analizados casos ocurridos hasta finales de agosto de 2013. La Ley de Amnistía fue elegida como punto de partida del trabajo por tratarse de un marco de pacificación en nuestra historia reciente, marco que —junto con el proceso de redemocratización de Brasil iniciado en 1985— no consiguió contener el aumento de la violencia y de la criminalidad en el país.

Otro aspecto importante para que comprendamos la violencia en Brasil es la continuidad de los crímenes de pistolagem o crímenes de mando. No son crímenes con altas tasas de incidencia, pero reproducen prácticas tradicionales de muertes violentas. En una perspectiva sociológica, el pistoleiro o sicario que ejecuta la acción —y el mandante, comandante de la acción— constituyen las piezas claves y definitorias del crime de pistolagem o de sicariato. Estas piezas son clasificadas también como el autor material —el pistoleiro o sicario—, y el autor intelectual o mandante.

En otras palabras, sociológicamente lo que diferencia el crimen de pistolagem o de sicariato de los otros ilícitos cuyo resultado es la muerte, es la presencia de dos personajes: el ejecutor de una acción nombrada “servicio” o “trabajo”, y el segundo, el mandante, el que paga la acción. En las últimas décadas del siglo XX volvió a cobrar relevancia la actuación de sicarios, principalmente en la resolución de conflictos agrarios y disputas por la representación política.

REFLEXIONES FINALES

La crisis institucional de las organizaciones policiales brasileñas —sumadas a las persistentes, sistemáticas y arraigadas prácticas de violencia extralegal perpetradas por agentes policiales— hizo que, entre varias facetas de la crisis, la cuestión de la formación policial ganase un lugar destacado en los debates públicos. Finalmente, militantes de derechos humanos e investigadores apuntaban la existencia de reíaciones de continuidad entre violencia en las calles y aprendizaje de actitudes violentas y autoritarias, todo esto en el proceso de formación de nuevos contingentes realizados en las escuelas especializadas de las propias corporaciones policiales. Si los policías estaban actuando según modelos autoritarios de comportamiento, advenidos de los tiempos de la dictadura, cambiar la formación de los policías adecuándola a los anhelos de democratización del Estado se convierte en un problema público en el campo de las luchas políticas con respecto a las cuestiones de seguridad. La relación entre acción violenta en las calles y formación militarista de policías entrenados para relacionarse con la sociedad, tomándola como enemigo interno, fue lo que impulsó décadas de debates sobre los nuevos rumbos que debería tomar la formación y entrenamiento de nuevos policías. Una nueva policía ciudadana y democrática exigiría nuevos currículos, pero también formas pedagógicas y, principalmente, educadores comprometidos con los valores de la sociedad abierta y democrática que se quería instaurar en Brasil.

En este sentido, discutir los cambios institucionales que se produjeron en los procesos de formación, entrenamiento y perfeccionamiento de policías militares está en función del análisis de las zonas de conflicto generadas a partir de las exigencias de redemocratización del Estado en Brasil después del fin de la dictadura en 1984.

La centralidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las Academias de Policía Militar —donde son formados los oficiales, por oposición a la base de soldados, que en Brasil es una separación sin solución de continuidad— se convierte en uno de los aspectos distintivos de esas luchas políticas con relación a la transición de un modelo militarizado hacia un modelo de seguridad ciudadana.

BIBLIOGRAFÍA

Adorno, Sergio 1994 “Violencia, Controle Social e Cidadania: Dilemas na Administracáo da Justica Criminal no Brasil” en Revista Crítica de Ciencias Sociais, 41.

Elias, Norbert 1997 Os Alemaes: a ¡uta pelo poder e a evolugao do habitas nos sécalos XIX e XX (Río de Janeiro: Jorge Zahar). Nossa, Leonencio 2013 “Raio X da Matanca Silenciosa” en Jornal Estado de Sao Paulo, 13 de octubre.

Tavares dos Santos, José Vicente 1999 Violencia en tiempo de globalización (Sao Paulo: Hucitec).

_________ 2009 Violencias e Conflitualidades (Porto Alegre: Tomo Editorial).

Posdoctorado en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, París (1989/1990) y en el Instituto de Ciencias Sociales-ICS de la Universidad de Lisboa (2008). Doctor en Sociología en la Universidad de Sao Paulo (1987). Se graduó en Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Ceará (1972), realizó una especia-lización en Metodología de la Investigación Social en la Universidad Federal de Ceará (1973), es magíster en Sociología por la Universidad de Brasilia (1997) y profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y del Programa de Posgrado en Sociología en la Universidad Federal de Ceará. Coordinador del Laboratorio de Estudios de la Violencia-LEV/UFC. Investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Violencia, Democracia y Seguridad Ciudadana/CNPq. Presidente de la Sociedad Brasileña de Sociología-SBS (2001-2003). Profesor asociado de la Université Lumiére Lyon II de Francia, Lyon (2000 y 2003). Fue titular de la cátedra de Ciencias Sociales "Sergio Buarque de Holanda" Maison des Sciences de l'Homme, París (2000-2002). Miembro del Comité Deliberativo (2010-2013) del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico-CNPq. Investigador nivel 1A del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico-CNPq. Sus principales áreas de investigación son: poder, violencia, conflictos sociales y seguridad pública.↵

18

Luciano Concheiro Bórquez[1] y Francisco Nava García[2] 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA UNA MIRADA DESDE LA EXTENSIÓN DE LA COBERTURA

El caso de México

El sistema de Gobierno más perfecto es aquel que
produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma
de seguridad social y mayor suma de estabilidad política.

Simón Bolívar
Discurso de Angostura, febrero de 1819

CONSIDERAMOS UNA TAREA sociopolítica urgente reflexionar sobre la seguridad social con otros colegas y organizaciones especializadas sobre uno de los temas que más impactan el nivel de vida de los mexicanos y latinoamericanos, en general, así como explorar las alternativas de su expansión con un sentido social, en momentos en que los grandes capitales quieren intervenir en la prestación de los servicios con claros afanes de lucro.

Quisiéramos empezar recordando que en nuestra América el primer personaje que utilizó el término “seguridad social” como un anhelo supremo fue el gran libertador Simón Bolívar, que veía en esta la estabilidad de las futuras democracias y pronosticó lo que sería realidad casi siglo y medio después.

En el presente artículo, si bien nos referimos al conjunto del sistema de instituciones que atienden la seguridad social, abundaremos en el análisis del caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que fue la institución a través de la cual se logró la extensión de la cobertura entre la población rural, las zonas deprimidas socialmente y, en particular, se extendió a los indígenas durante las últimas décadas del siglo XX y en el presente. Además, el IMSS es un indicador del crecimiento del empleo y ocupación, por segmento, de la producción, lo que permite medir el crecimiento económico en su efecto social fundamental.

También, para el caso de México, exploramos en este trabajo nuevas propuestas que permitan el acceso a la seguridad social a una enorme población que se encuentra desprotegida y que alcanzaba, según datos de 2012, alrededor de la mitad de la población del país: 59.975.558 habitantes (Sistema Nacional de Información en Salud, s/f).

Debe recordarse que la Seguridad Social en México se otorga fundamentalmente a través de instituciones del Estado y se vincula con el cuidado de la salud, las pensiones, la construcción de viviendas y las guarderías. A continuación presentamos los rasgos de las más representativas:

EL SISTEMA DE LA SECRETARÍA DE SALUD

Este tiene sus antecedentes en 1846 con la creación del Consejo Superior de Salubridad, no será hasta la Constitución Política de 1917 que tomará forma en su Artículo 73, y en 1934 entra en vigor la Ley de Coordinación y Cooperación de Servicios de Salubridad, cuya divulgación promovió la celebración de convenios con el Departamento de Salubridad General de la Secretaría de Salud (SS). En 1947 se publicó la Ley de Secretarías y Departamentos, la cual otorgó a la Secretaría de Salubridad y Asistencia facultades para organizar, administrar, dirigir y controlar la prestación de servicios de salud, la asistencia y la beneficencia pública. Entre sus funciones actuales se encuentra:

establecer y dirigir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general (Secretaria de Salud, 2012). De conformidad con el Presupuesto de Egresos 2013, cuenta para este año en el Ramo 12 —Salud— con un presupuesto de aproximadamente 121.856.567.399 pesos mexicanos, equivalentes a 9.375 millones de dólares (Secretaría de Hacienda y Crédito Público [SHCP], 2013).

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Es la principal institución de Salud y Seguridad Social de México, fue creada en 1943 y tiene una organización tripartita con la participación de las organizaciones obreras, patronales y el Estado. En su Régimen Obligatorio afilia a los trabajadores formales del país, su crecimiento depende del incremento del empleo, y sus primas del crecimiento de los salarios. Presta atención médica, hospitalaria y farmacéutica a todos los padecimientos, otorga subsidios en caso de incapacidad laboral, atiende y dictamina sobre los riesgos y enfermedades de trabajo, decide y paga jubilaciones y brinda un sistema de guarderías para menores. Fomenta las actividades sociales, culturales y deportivas; en el Régimen Voluntario, que se financia por cuotas fijas, cuenta con un seguro de salud para las familias, un seguro facultativo (para familiares de los trabajadores del IMSS y de trabajadores de la Comisión Nacional de Electricidad) y un seguro para estudiantes. Su misión está establecida en el Art. 2 de su propia ley:

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

Atiende a una población de 54.906.396 personas, de las cuales 13.626.730 son asegurados permanentes; 1.935.639 son eventuales urbanos y 147.909 son jornaleros agrícolas (IMSS, 2013).

EL PROGRAMA IMSS-OPORTUNIDADES

Tiene sus antecedentes en la Reforma a la Ley del IMSS de 1973, donde se estableció la extensión del Régimen a los trabajadores sin capacidad contributiva (en su gran mayoría campesinos e indígenas del país que estaban marginados del desarrollo nacional). En 1979 —mediante un convenio con la Coordinación del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar)—, se encargó al IMSS otorgar servicios de salud a la población marginada rural de todo el país.

Después de que en febrero de 1983 se elevó a rango constitucional el derecho a la salud de todos los mexicanos, se suprimió Coplamar y el IMSS recibió la responsabilidad del programa. Entre 1985 y 1998 el IMSS transfirió 23 hospitales rurales y 911 unidades médicas rurales a 14 gobiernos estatales (IMSS, 1994).

En la actualidad, el programa brinda atención a 11,8 millones de mexicanos que no contaban con seguridad social, de los cuales tres millones son indígenas. Los servicios son gratuitos y su finan-ciamiento es autorizado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación; abarca 1.379 municipios en 19 estados de la república en el medio rural y a partir de 2005 opera en 26 entidades en el ámbito urbano-marginado, para la atención de familias beneficiarías del Programa Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO). Cuenta con un presupuesto para 2013 de 8.800 millones de pesos (aproximadamente 675 millones de dólares), en el Ramo 19, de acuerdo al Presupuesto 2013 de Egresos de la Federación (SHCP, 2013).

EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (ISSSTE)

Surge en 1959 y entre sus obligaciones por ley destacan: garantizar la atención médica, los riesgos de trabajo, el otorgamiento de pensiones y diversas prestaciones y servicios a los trabajadores al servicio del Estado. Presta servicios a una población de 12,4 millones de mexicanos y en el año 2012 obtuvo ingresos por 69.563 millones de pesos (aproximadamente 5.350 millones de dólares) (ISSSTE, 2013).

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Surge de la Reforma aprobada en 2002 a la Ley General de Salud, comenzó a funcionar el Io de enero de 2003. Proporciona servicios y acciones específicas establecidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), el fortalecimiento de la infraestructura en salud contemplado en el Fondo de Previsión Presupuestal (FPP), así como la cobertura específica que ofrece el Programa Seguro Médico Siglo XXI (SM-SXXI) y los servicios que brindan a través del componente de salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y la estrategia Cirugía Extramuros, mediante la cual se refuerza la atención a la población que habita en lugares aislados.

En junio de 2013 el Causes cubría 285 intervenciones distintas (Peña N., 2013). De acuerdo al Presupuesto 2013 de Egresos de la Federación, cuenta con recursos que ascienden a 34.297.500 pesos (2.638 millones de dólares aproximadamente) (SHCP, 2013).

LA PENSIÓN UNIVERSAL ALIMENTICIA PARA ADULTOS MAYORES

Es una pensión de tipo económico, a la cual tienen derecho los adultos mayores de 68 años de edad, establecida por Ley en el Distrito Federal desde el año 2003. El Gobierno del Distrito Federal les deposita la cantidad de 897,30 pesos mensuales (cerca de 69 USD) en una tarjeta plástica, con la cual pueden comprar diferentes productos y bienes. En 2013 contaba con 480.000 beneficiarios y el gasto programado para ese año era de 5.459.995.448 pesos (420 millones de dólares aproximadamente) (Mancera, 2013).

LAS REFORMAS AL SECTOR Y LA SITUACIÓN ACTUAL DEL IMSS

En diciembre de 1995 se aprobó una reforma a la ley del IMSS que cambió radicalmente su operatoria al entrar en funciones a partir de 1997, creando las cuentas individuales para pensiones en lugar del fondo de reparto de la anterior ley, el pago de las pensiones en curso corre a cargo del Estado, disminuye las aportaciones obrero-patronales para el Seguro de Enfermedades y Maternidad —seguro encargado de la atención médica, hospitalaria y farmacéutica de los derechoha-bientes—, se crea el Seguro de Salud para la Familia, entre otras. Para comprender los cambios de la nueva ley y la realidad actual, veamos la información oficial de la época:

Esta nueva Ley representa para el IMSS fortalecerse en sus principios originales y en su carácter solidario y redistributivo; ampliar su capacidad para beneficiar a más mexicanos; elevar la calidad de los servicios y las prestaciones que se ofrecen; terminar con las injusticias del anterior sistema y darle una sólida base financiera para que haya IMSS por muchas décadas.

Como parte del nuevo cambio estructural que ha vivido el IMSS, se diseñó un nuevo esquema de financiamiento para el Seguro de Enfermedades y Maternidad, que garantiza su equilibrio financiero y permite recuperar la capacidad de ampliar la infraestructura médica en beneficio de los trabajadores y sus familias. Al mismo tiempo, permite recuperar el sentido original de que la seguridad social se financie con una aportación equilibrada de los sectores estatal, obrero y patronal.

Además, con este nuevo esquema se disminuyen las cuotas obrero-patronales, impulsando el empleo y el crecimiento de los salarios. (…) Pero el mayor logro que ha brindado el nuevo sistema es el mejoramiento de las pensiones. Todas las pensiones otorgadas al amparo de la nueva Ley, ya sea por invalidez, muerte o por riesgos de trabajo, han sido entre 30 y 200% superiores a las de la Ley anterior, lo que confirma las bondades del cambio realizado [esta afirmación no se sustenta en manera alguna].

Un propósito fundamental de la nueva Ley ha sido incrementar la cobertura, particularmente hacia aquella población trabajadora que no tiene acceso a los beneficios del IMSS. Para alcanzar dicho propósito, se creó el Seguro de Salud para la Familia por medio del cual, con sólo 180 pesos al mes, una familia tiene acceso a todas las prestaciones médicas del Instituto. Una de las grandes metas sociales de la nueva Ley es ampliar la capacidad para recibir a los hijos de las madres trabajadoras (IMSS, 1998).

Para la elaboración de la citada Reforma se utilizó un “diagnóstico institucional” que fue la principal herramienta mediática para la “discusión” que concluyó con la aprobación de la ley en la materia. Diagnóstico que finalmente no se vio reflejado en dicha ley y cuyos principales riesgos aún prevalecen (Nava y Garmendia, 2013).

¿A 18 años de distancia, cuál es la realidad de las “bondades” que nos ofrecieron?

De acuerdo con las cifras del cierre estimado para 2013, se espera que en el presente ejercicio los ingresos por cuotas obrero-patronales y aportaciones del Gobierno Federal asciendan a 190,2 mil millones y representen 77,7 por ciento de los gastos previstos. Para 2013, el déficit del Seguro de Enfermedades y Maternidad se proyecta en 46.137 millones de pesos.

De acuerdo con las cifras del presupuesto de operación y de cierre estimado, en 2013 la cobertura de Gastos Médicos de Pensionados [que forma parte del Seguro de Enfermedades y Maternidad] registrará un déficit de 29.349 millones de pesos, el cual representará 124,5 por ciento de sus ingresos por cuotas obrero-patronales y aportaciones del Gobierno Federal.

Los costos que se requieren para cubrir las prestaciones en especie [atención médica] a más de dos millones de jubilados y pensionados por la Ley 1.973 y sus beneficiarios es enorme. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) calculaba que para el año 2004 los faltantes a cargo del Gobierno Federal a este seguro alcanzaban los 54.085 millones de pesos[3].

“Al 31 de diciembre de 2012, el Seguro de Salud para la Familia registró un total de 468.198 personas aseguradas (…) tuvo un déficit de operación de 5.291 millones de pesos” (IMSS, 2013). Las reformas ala Leyes del IMSS y del ISSSTE, que sustituyeron los fondos de reparto por cuentas individuales, no garantizan pensiones dignas a quienes cumplen con los requisitos para acceder a ella.

Según la Consar, los fondos acumulados en el sistema de cuentas individuales desde 1997 ascienden a 1.000.000.953.000 de pesos, equivalente a 12,5% del PIB al cierre de julio de 2013. De este monto, “alrededor del 41,4% por ciento, 808.800 millones de pesos, corresponden a rendimientos netos de comisiones” (Consar, 2013).

A los ahorros de los trabajadores habrán de descontarse las mi-nusvalías que se presenten, como las que reportó la Consar para los meses de mayo y junio del presente año, que ascendieron a 92.690 millones de pesos en el primer caso, y a 77.064 millones en el segundo, es decir ¡ 169.754 millones de pesos!, que evidentemente los trabajadores nunca recuperarán.

REFORMAS AL ISSSTE

El Io de abril del año 2007 entró en vigor la nueva Ley del ISSSTE que, siguiendo a la Ley del IMSS 1995-1997, individualiza las cuentas pensionarlas de los trabajadores. Incrementa gradualmente hasta 2028 la edad de jubilación, en el caso de la mujer pasa de 48 a 58 años y en el de los hombres de 50 a 60; el Estado aumenta de 19,75% a 25,14% la participación de sus obligaciones y aportará, por una sola vez, 8.000 millones de pesos para servicios médicos, se garantiza una pensión igual a dos salarios mínimos, entre otros cambios.

Con la nueva Ley se pretendía revertir la problemática financiera de los Fondos de Pensiones y el Médico y “asegurar el oportuno y adecuado otorgamiento de los seguros, servicios y prestaciones a la población derechohabiente” (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, ISSSTE, 2007).

La nueva Ley establece sus servicios y prestaciones en forma análoga con los del IMSS: retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; invalidez y vida; riesgos del trabajo y salud. Y garantiza facilidades para la migración y la portabilidad de derechos y requisitos entre las dos instituciones[4].

Las protestas de los trabajadores amparados por la Ley del ISSSTE fueron contundentes: las movilizaciones callejeras[5] y un alud de amparos provocaron la intervención de la Suprema Corte de la Nación, que modificó el Artículo Décimo Transitorio para que los trabajadores optaran entre el anterior sistema de reparto y el actual de cuentas individualizadas. La respuesta no se hizo esperar: los trabajadores optaron en su mayoría por el sistema de reparto.

Después de todas las promesas que ofrecieron con la entrada de la nueva Ley resulta que hoy informan que el Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez operó en el año 2012 con un déficit de 9.487 millones de pesos; el Seguro de Salud también contó con un déficit de 2.471 millones de pesos y el déficit de Prestaciones Sociales y Culturales fue de 5.666 millones de pesos. Estos son los resultados de la nueva Ley, que el investigador Gustavo Leal resume así:

Las cuentas individuales del Apartado B y la estructura de contribuciones para sustentar los servicios, sólo crecerán con nuevos trabajadores, lo cual no ocurre. Como la Ley dispone de más contribuciones y recursos extraordinarios pero menos carga pensionaría, los servicios deberían ir al alza. Así, los dos motivos fuertes para justificarla: quitar presión a las finanzas públicas y mejorar los servicios, particularmente los médicos, no se cumplieron. La Ley Calderón es más cara que la que abrogó. La presión sobre las finanzas públicas creció y los servicios no están mejor (2011)[6].

LAS PROPUESTAS DE LAS ASEGURADORAS, O EL CAPITAL AL ACECHO

El pasado 8 de mayo de 2013, durante la clausura de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el presidente del sector —Fernando Solís Soberón— demostró al presidente de México —Enrique Peña Nieto— sus propuestas “para evaluarse (sic) la conveniencia de abrir a la competencia la prestación de los seguros y la atención médica en beneficio de los derechohabientes”. Presentó estos “beneficios” por medio de 15 propuestas para que las empresas privadas presten sus servicios en prácticamente todos los ramos de aseguramiento que ofrecen el IMSS y el ISSSTE, para que estos a través de sus seguros en especie y dinero los trasladen a los privados. En primer término les interesa a las compañías, los trabajadores especializados, reconocidos por la Reforma Laboral para ser contratados por los patrones sin derecho a prestaciones ni a seguridad social, pero que —por las características de su trabajo— en general son retribuidos con salarios mayores a la media nacional para así ofrecerles la atención médica, el pago de subsidios, dictaminación de los accidentes de trabajo y, a partir de allí, la expansión de las prestaciones a los trabajadores informales que cotizan Impuesto Sobre la Renta:

De ser implementadas, ellas reducirían las tareas del IMSS-ISSSTE casi al mínimo imaginable. El sector asegurador bloquearía su crecimiento al pretender asumir —para su proyecto de lucro— el grupo más importante del sector formal no registrado en ambas instituciones: el de tercerización (outsourcing) que Peña Nieto legalizó con su contrarreforma laboral (Leal, 2013b).

Las reformas a la seguridad social en México no han atendido los problemas descritos en sus diagnósticos de riesgos y en la actualidad sus instituciones se encuentran sumidas en una grave crisis estructural que impacta su viabilidad financiera y, en el fondo, la oportunidad y calidad de los servicios que prestan.

Como en los años noventa, en la actualidad los derechohabientes padecen la falta de medicamentos, pese a que se gastan sumas multi-millonarias para su compra, pero que la corrupción e ineficiencia administrativa provocan que no lleguen a los pacientes. También persisten, inclusive en el primer nivel de atención, las largas listas de espera para la atención especializada y quirúrgica. La creación de clínicas y hospitales y su correcto equipamiento no ha correspondido al crecimiento de la demanda. La excusa que brinda la autoridad es que el pasivo laboral, sobre todo en el caso del IMSS, es un factor que impide canalizar de forma adecuada los recursos financieros. No obstante, el IMSS y el ISSSTE son una fortaleza indispensable en el sistema de salud y seguridad social. Esto es así, ya que allí se conjunta el recurso humano más especializado, el mejor equipo de salud y es donde se produce el mayor número de nacimientos, consultas, análisis de laboratorio, radiológicos y de especialidad, además de contar con el mayor número de camas, de egresos hospitalarios y un largo etcétera.

La expansión del Régimen de la Seguridad Social en México se dio con base en los excedentes que generaba el Seguro de Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte que, al no ocuparse de inmediato, se utilizó para generar la infraestructura hospitalaria y administrativa, las prestaciones sociales, la construcción de esquemas de solidaridad social que atendieran al campo[7] y en general a las zonas marginadas.

Fue en el Seguro Social donde se dieron los primeros pasos para cubrir a la población abierta, los principales experimentos de una prestación universal de servicios de salud, que con una cuota módica le permite a la población desprotegida acceder a la atención médica que cubre el Seguro de Enfermedades y Maternidad, es decir el acceso a la atención de todas las enfermedades.

Estos seguros son el de Estudiantes y el Seguro de Salud para la Familia. Pero al pasar a ser gestionados por el sistema financiero, los fondos pensionarios dejaron de tener un sentido social para enfocarse al lucro, donde se privilegia la ganancia a costa de cobrar comisiones sobre el capital y no sobre los intereses que generan. Las cuantiosas minusvalías que se han tenido en 2013 hubieran sido suficientes para cubrir el enorme agujero negro que generan los gastos médicos para pensionados.

Al no contar el Estado con el manejo de los fondos pensionarios, la expansión de la seguridad social tendrá que ser atendida por medio de la reasignación presupuestaria y del crecimiento del empleo. Pero tenemos un problema con el empleo:

¿Qué ha ocurrido con los cerca de un millón de nuevos entrantes a la PEA que cada año se presentan en busca de un lugar en la sociedad? Claramente sólo una pequeña fracción de ellos encuentra ocupación de calidad. El resto ha creado su espacio en una de tres formas: por la emigración a los EE.UU., por la ocupación en condiciones críticas, y en la delincuencia. Claramente refutamos el término de “informalidad”, puesto que no da cuenta de la naturaleza del problema (Ortiz Cruz, 2013).

El Programa IMSS-Oportunidades, como mencionábamos, es uno de los programas institucionales que ha merecido, por sus resultados, elogios nacionales e internacionales; se ha comprobado su eficiencia y eficacia, ha sido una herramienta indispensable en la atención a las comunidades marginadas, principalmente indígenas. Ha procurado fusionar la práctica científica con el respeto a los usos y costumbres de sus usuarios y para la atención se privilegia la contratación de miembros de la comunidad, lo que genera confianza y apoya económicamente a la localidad. Su productividad es reportada por el Seguro Popular, pero este no desembolsa un centavo en su operación. La argumentación es que cuenta con recursos federales. Ambos programas —el de IMSS-Oportunidades y el del Seguro Popular, junto con el programa de “hambre cero” (mala imitación del brasileño), llamado pomposamente “Cruzada Nacional Contra el Hambre”—, se han utilizado para la manipulación de los votos por parte de los partidos gobernantes.

Un esquema novedoso, que en su momento causó gran polémica, es la pensión para adultos mayores, que arrancó en la administración de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Es un ejemplo de que, con austeridad y racionalidad del gasto, es posible atender programas sociales. Hoy en día es el origen de la propuesta del Gobierno Federal para hacerla extensiva, con sus matices, a todo el país.

PROPUESTAS

La seguridad social en México detuvo su ciclo expansivo en los años noventa, a partir de entonces las reformas que ha venido sufriendo, lejos de solucionar su crisis, tienden a agudizarla y cada vez queda más lejos la promesa incumplida de una seguridad social universal. Los proyectos que actualmente se debaten van en el sentido de buscar su completa privatización, so pretexto de que ya no es suficiente y de que mejorará abriendo las puertas a la competencia comercial. Tampoco abandonando en la práctica los derechos universales y ofreciendo una “micropensión y microseguro de desempleo pretextando una reforma hacendaría de profundo sentido social’” logrará el régimen una seguridad social integral (Leal, 2013c) y menos aun cuando la política oficial expresada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) —el documento que por ley plasma la política sexenal— encadena la salud y seguridad social a una política “social” netamente asistencia-lista. Por tanto, es imprescindible generar alternativas de solución en el sentido de recuperar el objetivo social con el que fue fundada. Algunas de ellas serían:

-    Los recursos para ampliar la protección en salud a toda la población ya existen, se cuenta con los presupuestos para tal fin. Por ello, es importante despolitizar la discusión al respecto. No ligarla, como se hizo, a la supuesta aprobación de la “Reforma energética”.

-    Es importante construir, no destruir. Por ello, en primer lugar se propone fortalecer los esquemas actuales de seguridad social. Que el Estado cubra sus compromisos con el Seguro de Gastos Médicos para Pensionados, conforme a la ley vigente.

-    No retroceder con lo ya conquistado. No disminuir el catálogo de prestaciones médicas que ofrecen las instituciones de seguridad social.

-    Fortalecer el Seguro de Familia y el Seguro de Estudiantes para que sigan ofreciendo el cien por ciento de atención a padecimientos.

-    Cubrir con fondos federales una parte de las enfermedades más caras que atiende el sistema de seguridad social.

-    Fortalecer el Programa IMSS-Oportunidades y extender su cobertura a todo el país como garantía de una atención de calidad en las zonas marginadas. Esta acción no generaría un gasto nuevo, ya que su financiamiento sería a través de los recursos que para este fin la Federación entrega a los gobiernos estatales.

-    Que el sistema de universalidad en salud tenga su base en la atención a los principales 10 padecimientos que generan la mortalidad de los mexicanos y los diez principales padecimientos por los que se enferman. Una parte de los fondos pueden provenir de la disminución de sueldos y estructuras de confianza del Gobierno Federal.

-    Utilizar una parte de la recaudación del IVA con el fin de ampliar la pensión universal para adultos mayores[8].

-    Hacer las modificaciones de ley para que las comisiones que cobran las Afores sean únicamente por las ganancias que generen y no por el capital constituido en las cuentas individuales, ello redundará en mayor capital de los ahorradores y una tasa de reemplazo más alta en el momento de su pensión.

BIBLIOGRAFÍA

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 2013 “Consideraciones Recientes Sobre el SAR”, México, en <http:// www.consar.gob.mx/principal/pdf/novedades/consideraciones_ SAR.pdf>.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 2007 Informe Anual de Actividades 2007, México, en <http://www.fovissste.gob.mx/es/FOVISSSTE/ IAAI_2007#.Ut_-DBBlUdU>.

______ 2008 “Informe Financiero y Actuarial 2008″ (México).

______ 2013 “Informe Financiero y Actuarial 2013″, México, en <https://www2.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/ quienes-somos/ifa_2013 .pdf >.

Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS 1994 “Visión del cambio en la Seguridad Social. Memoria Institucional: 1988-1994″ (México).

______ 1998 “55 años, el IMSS Hacia el Siglo XXI Hechos y Perspectivas” (México).

______ 2013 “Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2012-2013″ (México).

La Jornada

2007 “El repudio a la nueva Ley del ISSSTE, punto común de protestas en estados”, 5 de mayo, en <http://www.jornada.unam.mx/2007/05/02/index.php?section=politica&article=009nlpol>.

Leal E, Gustavo 2011 “Quiebra del ISSSTE”. Grilla en el Poder, México, en <http://www.grillaenelpoder.com.mx/edicion/index.php?option=com_content&view=article&id=5287:quiebra-el-issste-gustavo-leal-fernandez&catid=46:columna&Itemid=68>.

______ 2013a Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores Agenda 2007-2012 (México: Coordinadora Nacional de Jubilados).

______ 2013b “El IMSS-Peña subroga servicios médicos y hospitalarios”, 28 de septiembre, La Jornada, México, en <http://www.jornada.unam.mx/2013/09/28/opinion/015alpol>.

______ 2013c “IMSS: ¿con la OIT, impondrá Peña una universalidad’ a la baja?”, 23 de noviembre, La Jornada, México.

Mancera, Miguel Ángel 2013 “Informe de Gobierno. Informe Estadístico” (Primer Informe de Gobierno del Distrito Federal), México, en <http://www.aldf.gob.mx/archivo-52aecl83762c5d433bb91eef3edbl 5eb.pdf >.

Nava, Francisco y Garmendia, Arturo 2013 “Sobre el desequilibrio financiero del IMSS” (Trabajo inédito preparado para el Observatorio Social de México), México.

Ortiz Cruz, Etelberto 2013 “A propósito del Informe, ¿ahora cuáles políticas de cambio estructural en verdad el país requiere?” (Trabajo inédito preparado para el Observatorio Social de México), México.

Peña Nieto, Enrique 2013 “Primer Informe de Gobierno 2012- 2013. Mover y transformar a México”, México, en <http://www.presidencia, gob. mx/informe/>.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 2013 “Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013″, México, en <http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2013/>.

Secretaría de Salud 2012 “Manual de Organización General de la Secretaría de Salud”, 17 de agosto, México. Diario Oficial (Segunda Sección), en <http://www.dgdif.salud.gob.mx/doc/ manuales/Manual_de_Organizacixn_General_de_la_Secretarxa_ de_Salud.pdf>.

Sistema Nacional de Información en Salud (s/f) “Datos demográficos (Proyecciones 1990-2012) Población total, hombres y mujeres a mitad de cada año por edad quinquenal según municipio”, México, en <http://www.sinais.salud.gob.mx/demograficos/ poblacion.html>.

Licenciado en Economía (UNAM, 1976). Especialización en Economía Política y Economía Agrícola en Instituto Gramsci (Roma, Italia, 1976). Maestría en Ciencias Sociales con mención en Sociología (FLACSO México). Doctor en Desarrollo Rural en la UAM-X. Profesor-Investigador Titular "C" de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X) desde 1978; miembro del Departamento de Producción Económica (DPE); docente de Posgrado en Desarrollo Rural y de las carreras de Sociología y Economía. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) desde 2009. Ha dirigido 103 tesis de licenciatura, especialización, maestría, doctorado y proyectos posdoctorales. Reconocido con el nombramiento de "Profesor Distinguido de la UAM" (2012). Co-coordinador de La Jomada del Campo, suplemento del diario La Jomada. Miembro de Comités Editoriales de las revistas internacionales Crítica y emancipación y OSAL de CLACSO. Director de la revista Argumentos de la DCSH, UAM-X.↵

Fue responsable de los siguientes cargos en el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social de México: presidente de la Comisión Nacional de Deportes; representante sindical ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes; representante sindical ante la Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo; Secretario de Prensa (1981-1997). Encargado de las Negociaciones sobre Acuerdos de Calidad con la organización sindical (1997-2002); secretario particular del Titular del Órgano Interno de Control en el IMSS (2002-2005); asesor de la Unidad de Personal y asesor de la Unidad de Organización y Calidad (2005-2012).↵

Presentación del Dr. Roberto Vega Galina, secretario General del SNTSS. Actualidad y Retos del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social. México, 7 de junio de 2004. Al respecto la Ley del Seguro Social 1997, establece en su artículo Duodécimo: "Estarán a cargo del Gobierno Federal las pensiones que se encuentren en curso de pago, así como las prestaciones o pensiones de aquellos sujetos que se encuentren en periodo de conservación de derechos y las pensiones que se otorguen a los asegurados que opten por el esquema establecido por la Ley que se deroga".↵

Para abundar en la argumentación oficial, ver Informe Financiero y Actuario! 2008 (México, ISSSTE, 2008).↵

La prensa nacional del mes de mayo de 2007 da cuenta de las movilizaciones que los burócratas realizaron en todo el país. Un ejemplo puede verse en "El repudio a la nueva Ley del ISSSTE, punto común de protestas en estados" (La Jornada, 2007).↵

Gustavo Leal. Quiebra del ISSSTE: "Por sus fallas estructurales de diseño, en efecto, lo que sigue es auditar directamente al ISSSTE de Calderón [el anterior presidente] y a sus opacos titulares Yunes y Villalobos —como confirman los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación— para inmediatamente proceder a reformarla". Portal de Grilla en el Poder (México, 8 de noviembre de 2011).↵

Se desarrollaron esquemas modificados en el campo para atender a un importante segmento de jornaleros y campesinos, así como productores henequeneros, tabacaleros y algodoneros. ↵

Miguel Ángel Sáenz Garza, presentación del libro Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores Agenda 2007-2012, México (2013a). Propone que la pensión para adultos mayores de 65 años sea del 60% de un salario mínimo del Distrito Federal y que se financie con 4% de lo recaudado por el IVA, sin incrementarlo, y el 50% del total que corresponda al Fondo de Apoyo para la Reconstrucción de Pensiones (FARP), de los excedentes petroleros.↵

19

Andrés Antillano[1]

RECONSIDERANDO LA RELACIÓN ENTRE DESIGUALDAD Y VIOLENCIA PARA EL CASO VENEZOLANO [2]

ESTE TRABAJO SE PROPONE DISCUTIR las relaciones entre desigualdad y violencia para el caso venezolano, país donde la disminución de la distancia social no parece condecirse con el aumento sostenido de la violencia, específicamente en lo que a la tasa de homicidios se refiere. Luego de una sucinta revisión de lo que la literatura plantea sobre el tema, indicaremos la presunta excepcionalidad venezolana, para proponer una relectura de las formas en que hoy parece manifestarse la desigualdad, de acuerdo a datos —aún provisionales— recogidos en dos investigaciones en curso en un barrio violento de Caracas y en una prisión del centro del país. En otros términos, exploramos la acotada cuestión de por qué no disminuye la violencia a pesar de reducirse la desigualdad, para lo cual nos proponemos dar cuenta de algunos cambios en la organización social, los cuales redefinen la naturaleza de la desigualdad y reducen el impacto de las estrategias redistributivas y las políticas sociales focalizadas, ensayadas durante estos años en Venezuela.

LA RELACIÓN DESIGUALDAD-VIOLENCIA

La violencia se ha convertido en un fenómeno universal, pues su crecimiento durante el último tercio del siglo XX adquiere escala planetaria inédita, en tanto contradice la tendencia secular a su decrecimiento, y novedoso al implicar cambios cualitativos y en su topografía, en comparación con formas anteriores de violencia. Las explicaciones sobre la violencia se la disputan perspectivas situacionales, teorías in-traorganísmicas, como la de Moffit y Caspi (2006) y la del autocontrol, de Gotfredson y Hirschi (1990), teorías morales y culturales y, por último, enfoques estructurales.

Las teorías culturales de la violencia suponen la existencia de algún vínculo entre normas y valores y la acción violenta (Nisbet y Cohén, 1996; Moreno, 2009). Esto implicaría tres niveles de explicación que a menudo tienden a confundirse: la existencia de valores individuales y grupales que toleran o propician la violencia, la disuasión de conductas contradictorias a los valores colectivos centrales o la afirmación de estos, vía castigo estatal, o la perspectiva de la anomia, que supone que las normas colectivas constriñen la conducta individual, y que la violencia —en tanto conducta anómica— es resultado de la pérdida de capacidad de estas normas colectivas para ejercer este control sobre los individuos.

No nos detendremos en un análisis exhaustivo de estas perspectivas, aunque quisiéramos advertir dos consecuencias teóricas y prácticas importantes. Por una parte, una explicación que postula la cultura como elucidación unidimensional de la violencia podría sostener una concepción del orden social como un asunto meramente normativo, moral, sin ninguna relación con las bases materiales de la sociedad ni con sus prácticas sociales. El mismo Durkheim —y sobre todo uno de sus herederos, Merton (1964)— veía las normas colectivas como correlatos de la organización social y no como una instancia moral autorreferencial hipostasiada que determina esta organización.

En segundo lugar, este enfoque puede terminar promoviendo y legitimando salidas duras y autoritarias al problema del delito y, en forma más general, del orden. En tanto se entiende la transgresión como efecto de determinados valores, y se asume que la intervención del Estado —especialmente la respuesta penal— refuerza ciertos valores y desestima otros, es fácil concluir remozando políticas autoritarias, como extender e intensificar las respuestas punitivas para enfrentar la “anomia”, los “valores desviados”, etc. De hecho, la expansión punitiva —gobiernos conservadores como progresistas por igual— echa mano del discurso de los valores como justificación (Garland, 2005; Simón, 2011).

Quisiera explorar la otra hipótesis, la hipótesis estructural, particularmente el planteamiento que intenta explicar la violencia por la distribución asimétrica de posiciones y oportunidades sociales. Habría en tal sentido dos acercamientos. Por una parte, el que enuncia una correlación entre pobreza y violencia. Aunque algunos trabajos relevantes como aquellos que se inspiran en la hipótesis de la frustración-agresión de Dollar y Miller (citados por Carrasco y González, 2006) asumirán esta asociación, en general ha sido descartada por la literatura, pues no son las sociedades ni los grupos sociales más pobres los más violentos.

Mejor fortuna ha corrido la variable de la deprivación relativa o desigualdad, como explicación de la violencia. El concepto de “deprivación relativa” es acuñado a partir de estudios reunidos en el trabajo The American Soldier (Stouffer et al, 1949; Merton, 1964J, sobre oficiales negros y su malestar al ver cómo oficiales blancos, de igual graduación, recibían mejor trato durante la Segunda Guerra Mundial.

La relación entre deprivación relativa (o desigualdad) y violencia ha sido establecida por distintos estudios (Wilkinson, 2004; Blau y Blau, 1982; Sampson, 2006; Sampson y Raudenbush, 1997; Kliksberg, 2003, entre otros). De acuerdo a estos, a mayor desigualdad —medida generalmente como distribución desigual de ingresos entre categorías sociales distintas y subordinadas—, mayor violencia.

Esta relación puede ser explicada de dos maneras. La hipótesis de la tensión o pulsional (Merton, 1964; Agnew, 1992, teorías de la subcultura), que suponen la violencia como una acción que busca disminuir las desigualdades percibidas, sea como medio de acceso a fines socialmente relevantes pero inasequibles (Merton), sea disminuyendo el estatus de los otros (Agnew) u ofreciendo fuentes alternativas de estatus (Cohén, 1955). La violencia es fundamentalmente instrumental y su función es niveladora.

La segunda hipótesis se basa en el efecto que sobre la cohesión social tiene la desigualdad, la cual afectaría la calidad de los vínculos sociales disminuyendo el capital social (Bourdieu y Wacquant, 2005; Coleman, 1988), generando competencia entre grupos (Wilkinson, 2004) o erosionando la eficacia colectiva (Sampson, 2006), facilitándose así la violencia. La violencia es, en el marco de esta hipótesis, esencialmente expresiva y tiene un efecto desintegrador.

EL CASO DE VENEZUELA

Una revisión del caso de Venezuela parecería poner en cuestión esta relación entre violencia y desigualdad. Durante la última década parece haber disminuido la desigualdad, pero persiste —e incluso aumenta— la violencia, específicamente las tasas de homicidios. Durante este tiempo, la desigualdad, medida por el índice GINI, se redujo de 0,48 a 0,38. La pobreza disminuyó de 55 a 28% y la tasa de natalidad creció de 72 a 77 nacimientos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el homicidio ha llegado a la cota histórica de 50 por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa en 1997 era de poco más de 16. Podría incurrir-se en la tentación de echar mano de explicaciones morales y culturales para resolver este hiato. Tanto desde sectores del gobierno como de la oposición parecen coincidir en explicaciones de este orden. Por ejemplo, en el campo chavista se desempolvan las viejas tesis del lumpen y la persistencia de los valores capitalistas para explicar por qué la violencia no cede frente a los esfuerzos redistributivos de los últimos años (Antillano, 2012).

Pero, ¿verdaderamente pueden desecharse las explicaciones estructurales? ¿Realmente ha disminuido la desigualdad y esta reducción no ha tenido ningún impacto en la violencia? Aunque las estadísticas del país durante esta última década parecerían desmentir la relación entre desigualdad y violencia, al atender a estos mismos datos —pero a niveles desagregados según territorios— se demuestra consistencia con la hipótesis. En efecto, la violencia es más común en los grandes centros urbanos, donde la desigualdad es más marcada.

Por otra parte, una aproximación cualitativa y etnográfica a los contextos violentos permite descubrir aristas que los datos cuantitativos encubren, tales como nuevas formas de desigualdad que aparecen en las clases populares. En nuestro trabajo de campo en un barrio popular de Caracas con persistentes problemas de violencia, si bien hemos podido constatar el mejoramiento de las condiciones de vida de las clases populares, sobre todo gracias a la mejora del ingreso y del acceso a bienes y servicios —indicadores generalmente considerados para medir la pobreza y la desigualdad—, sin embargo emergen notables diferencias entre aquellos sectores que han logrado mayores niveles de inclusión —a partir del ingreso en la economía formal o el acceso a redes institucionales asistenciales— y aquellos grupos e individuos que han quedado rezagados. Esto supone que más allá de los ingresos, el acceso al trabajo estable, a la escolaridad y a otras formas de capitales —distintos al capital económico (Bourdieu y Wacquant, 2005), como capitales políticos, culturales y sociales— expresa aún profundas asimetrías que hacen emerger nuevas formas de desigualdad entre un mismo grupo social, formas de desigualdad que no son tangibles a través de los modos convencionales de medición, por lo tanto consideran el ingreso o el acceso a bienes y servicios como indicadores de pobreza y desigualdad.

Por otra parte, estas relaciones desiguales pueden ser entre grupos y sujetos que participan en una misma categoría social (viven en un mismo barrio, por ejemplo), pero incluso entre categorías generacionales (las generaciones mayores parecen más incluidas que los más jóvenes) o entre géneros (los hombres parecen menos incluidos que las mujeres de su mismo grupo, que cuentan con una mayor em-pleabilidad en el creciente sector de servicios). Esto hace que en un mismo vecindario —e incluso en una misma familia— surjan nuevas y profundas brechas sociales invisibles para las formas de objetivar la desigualdad.

En nuestro trabajo de campo pudimos observar cómo en los actores violentos se concentran claras desventajas —desempleo o empleo informal e inestable, desescolarización, extrañamiento de redes institucionales que reportan capital político, redes sociales restringidas, precario capital cultural—, que marcan diferencias significativas con los otros habitantes del barrio, incluso con su misma familia. Esto se expresa también en las distancias y aprehensiones mutuas entre los miembros de la comunidad, es decir entre los más incluidos y los grupos más desaventajados, percibidos por los primeros como violentos y peligrosos. El conocimiento y relación que tenían los actores más incluidos —trabajadores formales, miembros de organizaciones comunitarias, etc.— sobre los muchachos violentos es más bien difuso y marcado por la sospecha y la distancia.

Esta hipótesis fue confirmada de manera indirecta por un trabajo más reciente que hemos llevado adelante en el contexto penitenciario. En el orden informal carcelario se identifican dos grupos claramente definidos y confrontados: los malandros y las brujas (o “trabajadores”), siguiendo la denominación que se les otorga en el argot carcelario. Mientras los malandros estarían caracterizados por su tajante exclusión social (expulsados del sistema escolar, sin trabajo, sin capitales políticos), las brujas consistirían en un grupo que cuenta con mayores capitales y mayor grado de inclusión: personas con inserción en la economía formal, frecuentemente con mayor grado de escolaridad, funcionarios del gobierno, miembros de organizaciones comunitarias, activistas políticos, gente con trabajo estable, etc. Los malandros ejercen una violencia continua y expresiva, mientras que las brujas imponen cierta racionalidad instrumental y un cálculo táctico sobre el uso de la fuerza. Los malandros niegan el trabajo, mientras las brujas no lo rechazan (se les conoce también como “trabajadores”). Los malandros mantienen una actitud explícita de no cooperación con las autoridades de la prisión y del Estado, mientras las brujas parecen siempre dispuestos a cooperar para lograr ventajas. La oposición y el conflicto que existe entre ambos grupos sería un indicador de la brecha entre sujetos provenientes de una misma categoría, que se confrontan de manera violenta: aquellos excluidos que solo cuentan con la violencia y su ejercicio como recurso, y los incluidos sociales. Es como si la prisión condensara y reflejara, con mayor nitidez, las categorías sociales y conflictos que derivan de la diferenciación social reciente en las clases populares.

En suma, la combinación de políticas redistributivas generales y políticas sociales focalizadas tendrían un efecto paradójico, al aumentar las expectativas colectivas y generar fracturas entre aquellos sujetos y grupos en mejores condiciones para acceder a las ventajas ofrecidas por el Estado y aquellos otros que quedan rezagados. Un fenómeno parecido al que reporta Ashforth (citado por Tilly 2010) para la Sudáfrica post-apartheid.

Estas nuevas desigualdades intracategoriales tienen un efecto de debilitamiento de las clases populares e impelen a la búsqueda de recursos que mejoren el estatus de los actores relegados, promoviendo la violencia, que adquiere una expresión esencialmente intra-clase.

Revisando la relación entre desigualdad y violencia

A propósito del caso venezolano, quisiéramos proponer una revisión conceptual sobre la desigualdad y sus formas de manifestarse. Buena parte de la literatura restringe la desigualdad a una relación subordinada y jerárquica entre categorías sociales, definida a partir del diferencial en los ingresos. Es lo que Fitoussi y Rosanvallon (1997) llaman “desigualdad estructural”. En el esquema teórico propuesto por Tilly (2000, 2010), correspondería al modelo que llama “de explotación”, en que un grupo que ocupa los lugares dominantes de la jerarquía se apropia de las ganancias producidas por los grupos subordinados, generando entonces estratificación según la distribución desigual de estas ganancias.

Esta forma de comprender la desigualdad a través de una estructura estratificada y jerárquica a partir del diferencial de rentas o ingresos, corresponde a una organización social donde el trabajo y su explotación se convierten en el ordenador de las relaciones sociales entre clases, el mediador entre economía y relaciones sociales. El trabajo (y el salario) incluye y jerarquiza. Empleo, educación, expectativas, posiciones sociales, estaban definidas por el trabajo y la ubicación de este en la producción de plusvalor.

Sin embargo, las transformaciones recientes en la organización social (Harvey, 1989) desvanecen esta centralidad del trabajo y el salario, para dar lugar a formas de desigualdad marcadas por la exclusión y la acumulación de desventajas múltiples. Se trata ya no de una sociedad incluyente y jerárquica, sino de un orden social excluyente y fragmentado. Al perder la centralidad el trabajo, la educación formal (que preparaba para el ingreso diferenciado en el mundo del trabajo), las redes sociales (que agrupaban a los actores en tramas de solidaridad de acuerdo a su posición en el trabajo), las expectativas y demandas, etc., se transforman. El trabajo y el salario ya no son suficientes para inteligir la posición en la estructura social, y aparecen nuevas desigualdades entre los que tiene acceso al trabajo y los que no, incluso dentro de la misma clase social. Los vínculos sociales al interior de la clase se debilitan, pues los actores próximos no se ven como fuente de apoyo y cohesión, sino de competencia por recursos escasos. Corresponde a lo que Fitoussi y Rosanvallon (1997) llaman desigualdad dinámica, y al modelo de “acaparamiento de oportunidades” en el esquema de Tilly (2000, 2010): los miembros de la propia categoría social acaparan recursos y oportunidades, excluyendo a los otros actores que participan en la misma categoría.

Estas nuevas desigualdades implican una pérdida del valor tanto simbólico como instrumental del trabajo, que ya no se convierte en el medio de atribución de estatus y acceso a la estructura social. Los jóvenes violentos observados durante nuestro trabajo de campo, muestran rechazo hacia el trabajo en tanto labor física, en contraste con la cultura del trabajo duro de sus padres. En la cárcel, el trabajo físico es una “mancha”, una falta oprobiosa que macula el estatus del malandro. Las brujas, el grupo que cuenta con mayor grado de inclusión social y de capitales, son también llamados, con frecuencia y de manera peyorativa, “trabajadores”, y estos en efecto no reniegan del valor simbólico del trabajo y del esfuerzo físico.

En segundo lugar, los ingresos —los capitales económicos— tampoco pueden considerarse un elemento ordenador de las posiciones sociales. En el caso de Venezuela las políticas redistributivas, y el acceso a ingentes ingresos informales desacoplados del trabajo formal tradicional, permiten que los jóvenes excluidos cuenten con rentas relativamente significativas, que dan lugar a un consumo suntuoso y una ostentación que mal se avienen a la imagen pasada del menesteroso. Pero estos ingresos no se expresan en niveles de inclusión ni en acceso a otros capitales cruciales.

Así, la desigualdad se expresaría en el acceso a oportunidades y a otras formas de capital que se distribuyen desigualmente. En el caso de los grupos en desventaja, estos capitales parecen precarios o inoperantes para lograr niveles importantes de inclusión, como el capital social (redes sociales que, aunque urdidas, son acotadas al estrecho espacio social en que el joven violento se desenvuelve), el capital político (escasas relaciones, incluso conflicto y rechazo a redes institucionales y actores políticos) y el capital cultural (rechazo a la educación, habilidades culturales reducidas).

En virtud de estas asimetrías, aparecen brechas sociales al interior de categorías antes monolíticas: familia, clase, comunidad. Las viejas identidades sociales, basadas en vínculos de clase, desaparecen, en tanto que la clase no organiza frente a la desigualdad pues, por el contrario, las nuevas fronteras de la diferenciación social se desplazan hacia dentro de la clase. Son sustituidas por identidades débiles, como el barrio, el territorio, la banda, etc.

En este contexto, la violencia se vuelve intra-categorial como respuesta a las nuevas desigualdades dentro de un mismo grupo social. Es una estrategia de obtención y gestión de capitales precarios: ingresos económicos (capital económico), reconocimiento y respeto (capital simbólico), filiaciones (capital social), saber hacer violento (capital cultural) (Zubillaga, 2007). Además, la violencia se convierte en un atributo que revaloriza al sujeto. El sujeto violento mejora su posición en un campo de exclusión, en tanto la violencia se convierte en fuente de acreditación, en recurso que otorga capitales no disponibles por otras vías —relaciones sociales fraguadas por la solidaridad armada, el saber hacer de la violencia, retribuciones y favores—, que incluso pueden llegar a ser fungibles en la economía ilegal (Bourgois, Montero, Harty Karandinos, 2013).

BIBLIOGRAFÍA

Agnew, R. 1992 “Foundation for a general strain theory of crime and delinquency”, Criminology 30 (1), pp. 47-88.

Antillano, A. 2012 “La izquierda y la seguridad: discursos y estrategias de seguridad ciudadana durante el gobierno bolivariano”, en José A. Zavaleta Betancourt (coord.), La inseguridad y ¡a seguridad en América Latina, pp. 179-204 (Buenos Aires: CLACSO). B

lau, J. y Blau, R 1982 “The cost of inequality: Metropolitan structure and violent crime”, en American Sociológica! Review, 47(l),pp. 114-129.

Bourdieu, R y Wacquant, L. 2005 Una invitación a la sociología reflexiva (Buenos Aires: Siglo XXI).

Bourgois, Ph., Montero, E, Hart, L. y Karandinos, G. 2013 “Habitus furibundo en el gueto estadounidense”, Espacio Abierto, 22 (2), pp. 201-220.

Carrasco, M. y González, M. 2006 “Aspectos conceptuales de la agresión: definición y modelos explicativos”, en Acción psicológica, 4 (2), pp. 7-38.

Cohén, A. 1955 Delinquent Boys: The Culture ofthe Gang (New York: Free Press).

Coleman, J. 1988 “Social Capital in the Creation of Human Capital”, en American Journal ofSociology, 94, pp. 95-120.

Fitoussi, J. R y Rosanvallon, R 1997 La nueva era de las desigualdades (Buenos Aires: Manantial).

Garland, D. 2005 La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea (Barcelona: Gedisa).

Gotfredson, M. y Hirschi, T. 1990 A General Theory of Crime (Stanford: Stanford University Press).

Harvey, D. 1989 The condition ofpostmodernity (Oxford: Blackwell).

Kliksberg, B. 2003 “Hacia una visión de las políticas sociales en América Latina: desmontando mitos”, en Revista Venezolana de Gerencia, 8 (21), pp. 9-37. Merton, R. 1964 Teoría y estructura sociales (México: FCE).

Moffit, T. y Caspi, A. 2006 “Evidence from behavioral genetics for enviromental contribution to antisocial conduct”, en Per-Olof H. Wikstróm y Robert J. Sampson (eds.), The Explanation of the Crime. Contexts, Mechanism and Development, pp. 108-152 (Nueva York: Cambridge Press).

Moreno, A. 2009 Y salimos a matar gente. Investigaciones sobre el delincuente venezolano violento de origen popular (Maracaibo: Universidad del Zulia).

Nisbet, R. y Cohén, D. 1996 Culture of Honor. The Psychology of Violence in the South (Estados Unidos: Westview Press).

Sampson, R. 2006 “How does Community matter? Social mechanism and the explanation of crime”, en Per-Olof H. Wikstrom y Robert J. Sampson (eds.), The Explanation ofthe Crime. Contexts, Mechanism and Development, pp. 31-60 (Nueva York: Cambridge Press).

Sampson, R., Raudenbush, St. y Earls, F. 1997 “Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy”, Science, 277, pp. 918-924, en <www.wjh.harvard.edu/soc/faculty/sampson/articles/1997_Science.pdf>.

Simón, J. 2011 Gobernar a través del delito (Barcelona: Gedisa).

Stouffer, S.; Suchman, E.; Devinney, L.; Star, S. y Williams, R. 1949 Studies in Social Psychology in World War II: The American Soldier (Princeton: Princeton University Press).

Tilly, Ch. 2000 La desigualdad persistente (Buenos Aires: Manantial).

______ . 2010 Democracia (Madrid: Akal).

Wilkinson, R. 2004 “Why is Violence More Common Where inequality is Greater?”, en Annals ofthe New York Academy of Sciences, 1063 (1), pp. 1-12.

Zubillaga, V. 2007 “Los jóvenes varones y sus clamores”, en Espacio Abierto, 16 (3), pp. 577-608.

Es psicólogo social (UCV), con posgrado en Criminología (Universitat de Barcelona, España). Profesor e investigador del Instituto de Ciencias Penales, UCV. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre policía, políticas de seguridad ciudadana, drogas y violencia. Investiga procesos de cambios tanto en el campo penal como en la criminalidad y su relación con transformaciones sociales de mayor calado. Actualmente coordina una investigación sobre violencia y desigualdad en barrios caraqueños y un trabajo etnográfico en una prisión venezolana.↵

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación "Hacia una mejor comprensión de la relación entre desigualdad y violencia en Venezuela. Un enfoque multinivel de metodologías mixtas", financiado por Fonacit, y que cuenta con la participación de Andrea Chacón, José Luis Fernández Shaw, Ellen Vanden-bogarde, Iván Pojomovsky y Lorena Freitez.↵

20

Luis Gerardo Gabaldón[1] 

VISIBILIDAD Y RECURSOS EN EL DESEMPEÑO DE LA IUSTICIA PENAL EN VENEZUELA

I. MARCO ORGANIZACIONAL DE LA JUSTICIA EN VENEZUELA

El Art. 253, aparte 2, de la Constitución establece que el Sistema de Justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defen-soría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios y funcionarías de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos y ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley, y los abogados y abogadas autorizados para el ejercicio. Se trata de una innovación del texto constitucional que apunta a fijar una meta común en los procesos de adjudicación, y dentro de cuyo contexto la misma Constitución ha establecido la prohibición de activismo político por parte de sus operadores y la prohibición de asociación entre jueces (Art. 256), el predominio de la justicia sustantiva sobre los formalismos y la simplificación de los trámites (Art. 257), la promoción de medios alternativos para la resolución de conflictos (Art. 258), la coexistencia de formas decisorias indígenas en coordinación con el marco nacional (Art. 260) y el predominio de la jurisdicción civil sobre los fueros especiales (Art. 261).

En septiembre de 2009 fue promulgada la Ley del Sistema de Justicia para desarrollar el Art. 253 de la Constitución. Allí se estableció como objetivo la coordinación de planes para garantizar acceso universal y disfrute de derechos, facilitando la adopción de medidas a favor de personas en situación de vulnerabilidad (Art. 1). Se enfatizó la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios (Art. 3), se definieron como principios la honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad por el ejercicio de las funciones y el sometimiento a la ley y el derecho, así como la integración, coordinación y complementación entre sus componentes (Art. 5). La ley creó una Comisión Nacional del Sistema de Justicia, compuesta por los poderes nacionales, con excepción del electoral, cuyas atribuciones se refieren, entre otras, a la generación de políticas para garantizar acceso e incrementar eficacia y eficiencia, formular lineamientos para integración, coordinación y complemen-tariedad entre las diversas instancias, evaluar resultados y recomendaciones de las instancias, supervisar y coordinar los medios alternativos de solución de conflictos, promover los principios establecidos por la ley y aprobar convenios para formación e investigación (Arts. 9 y 10). Se ha sostenido (Louza Sconamiglio, 2011: 65-66) que dicha ley se inserta dentro de la etapa del Estado total que caracterizaría la evolución jurídico-institucional del país desde 2009, eliminando las competencias del Tribunal Supremo de Justicia en la dirección, gobierno, administración e inspección del Poder Judicial. Sin embargo, la ley en referencia no podría contrariar la disposición constitucional del Art. 254, según la cual el Poder Judicial es independiente y está sometido al Tribunal Supremo de Justicia que goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. Más bien, su propósito ha sido establecer bases para la coordinación y sinergia de diversas instancias que convergen en la actividad formal de adjudicación, si bien la integración dentro de dicha Comisión Nacional de los denominados “voceros del poder popular” y la inclusión de cláusulas como “transformación social del país y logro de la suprema felicidad del pueblo”, en cuanto corresponden a consignas del partido de gobierno dominante con posterioridad a la promulgación de la Constitución, han generado reservas y sospechas de apropiación partisana. La ley no se ha aplicado, probablemente, porque ninguna de las instancias — allí mencionadas como parte del sistema— tiene interés en un proceso que reduciría autonomía y apuntaría a una división del trabajo, dentro del marco de las propuestas de integración, coordinación y complementación, lo cual reduciría los márgenes de discrecionalidad que las leyes orgánicas atributivas de competencia les confieren. Por ello el Tribunal Supremo rehusó darle carácter orgánico. Sin embargo, el denominado sistema de justicia sigue presente en la Constitución, en la literatura especializada y en los discursos públicos y políticos, por lo que no puede ser obviado como cuestión fundamental en la discusión de los procesos de adjudicación y resolución de conflictos.

II. LA JUSTICIA PENAL COMO ESTRUCTURA DE CONTROL SOCIAL: POSTULADOS NORMAIWOS FRENTE A DESAFÍOS RECIENTES

El control social implica definición, individualización, detección, restricción y/o supresión de conductas delictivas y desviadas. La justicia penal está conformada por las instancias formales y públicas dispuestas para reprimir conductas bajo amenaza de penas en normas formalizadas (Gabaldón, 1987: 11-12). La investigación sobre el desempeño y rendimiento de dichas instancias muestra que existen patrones de interacción entre policías, fiscalías, tribunales y funcionarios del sistema de ejecución penal que suponen compartir responsabilidades, negociar resultados, potenciar efectos y optimizar recursos, muchas veces mediante la división del trabajo, la confianza y la sinergia, produciéndose efectos que presentan regularidades y que, de algún modo, resultarían predecibles (pp. 129-140).

El castigo penal, si bien se asocia a la instrumentalidad para lograr la reducción o contención de la delincuencia, genera perplejidad entre sus propios operadores en cuanto a su funcionalidad, mostrando conflictos y ambigüedades debido a su carácter fragmentario (Garland, 1999: 33). Dicha fragmentación se debe a la dispersión de conductas punibles en diversos textos normativos y a la desconcentración de la potestad sancionatoria entre diversos agentes encargados de aplicar la coacción estatal, incluyendo la multiplicación de equivalentes funcionales del castigo a que debería conducir un proceso legal, como detenciones, maltratos, encarcelación preventiva, lentitud procesal y desigualdad de oportunidades de defensa. Esto implicaría que, aunque se observen algunos patrones de colaboración y división del trabajo entre diversos agentes, el funcionamiento sistémico —como sinergia, funcionalidad y eficiencia— no resulta tan fácil de establecer, y podría variar de conformidad con diversos entornos nacionales y culturales. El castigo, no obstante, lejos de desaparecer o minimizarse pareciera expandirse, si se juzga por la proliferación de la legislación penal, pese a la contradicción o ambivalencia que representaría la diversidad moral y el conflicto ideológico, aun al interior de los países.

Esto, en sí mismo, justifica un estudio que responda a la explicación del comportamiento de agentes sociales que deben abordar los problemas dentro del marco institucional de cada una de las entidades de las cuales forman parte (Ibíd.: 319, 327). La pregunta fundamental sería entonces: ¿puede ser concebida la justicia penal como un sistema en tanto pretende monopolizar la aplicación del castigo en la sociedad moderna? Y si se trata de un sistema, ¿qué rasgos lo definen y lo caracterizan, que permitan predecir los resultados de su operación? Tal pareciera que la extrapolación de modelos fisiológicos o mecánicos para abordar esta cuestión, resultan completamente insuficientes, aunque algunos conceptos como equilibrio, normalización, flujo controlado y desgaste podrían ser incluidos, con la corrección terminológica debida, dentro de la discusión de los diagnósticos y políticas públicas para incrementar la eficacia, eficiencia y predictibilidad de la justicia penal.

Dos cuestiones específicas surgen como problemas regulatorios en el supuesto sistema de justicia penal dentro de los modernos estados de derecho. Una es su operación en presencia de multiplicidad de normas y para grupos, incluso poblaciones, entre quienes faltaría una adhesión o conformidad en cuanto a los referentes de la censura moral, lo que algún autor ha presentado como erosión de configuración normativa y validación pública de un modelo social, y cuya prevención sería la justificación de la pena (Jakobs, 1998: 15-16). Detrás de esta observación subyace el planteamiento de Durkheim sobre las normas como formas institucionalizadas de relaciones sociales y que, en materia penal, tenderían a perder peso relativo a medida que avanzaba la solidaridad orgánica (Durkheim, 1973). En la actualidad, la normativa penal tiende a ser percibida como producto de actos unilaterales de poder —en beneficio de la autoridad política o de preservación de intereses de grupos— antes que como condensación de pautas para la desviación social más grave (Del Olmo, 1979), o a ceder terreno frente a regulaciones más técnicas y desprovistas de carga moral, orientadas al control de riesgos (Antillano, 2007a).

La otra cuestión es el balance entre la eficacia del sistema penal y el mantenimiento de las garantías individuales dentro de un modelo de control social penal legalista (Ferrajoli, 2000), cuando las presiones eficientistas empujan a la expansión de las admisiones de los hechos, los procedimientos sumarios y la contracción de los debates orales y públicos, formas de tratamiento de infractores y casos que, por definición, contradicen los principios sobre los cuales se basaría un modelo procesal estrictamente garantista. Estas tendencias han podido ser observadas en un mismo país en el curso de pocos años, como ilustra el caso venezolano a lo largo de la implantación del nuevo modelo procesal acusatorio desde 1998.

Por ello, las visiones tradicionales resultan insuficientes para describir y explicar las tendencias y manifestaciones de sistemas complejos de control social formal, donde no solamente interactúan múltiples actores sino donde la definición consensuada de tareas comunes, la división del trabajo y la producción de resultados conforme a un supuesto plan integrado —noción implícita en el concepto de sistema— resultan problemáticas.

III. UNA APROXIMACIÓN SISTÉMIC A: VISIBILIDAD Y RECURSOS EN EL CONTROL SOCIAL

El planteamiento de este trabajo parte del supuesto de que las agencias formales de control social —dentro de las cuales se cuentan las definidas por la Constitución y la ley como integrantes del sistema de justicia penal— enfrentan demandas internas (principios de organización) y externas (expectativas de otras agencias o de la población) más exigentes que las de las instancias informales, debido al marco normativo de organización (más estructurado) y a los principios de las competencias jurídicamente normadas (principio de atribución legal de funciones) que de alguna manera limitan la discrecionalidad en cuanto a la activación y las acciones de control. En estos casos, la no activación podría interpretarse como denegación de servicio, de justicia o negligencia funcional, mientras acciones de control no amparadas por normas jurídicas podrían interpretarse como extrali-mitación de funciones. De estas particularidades derivan, al menos, tres consecuencias:

En primer término, los cometidos específicos de las agencias formales demandan acciones encaminadas a ocupar el espacio de intervención formalmente acordado y mediante alguna medida para la cual se tiene competencia legal; en segundo lugar, el ejercicio de sus actividades opera dentro de un marco normativo sustantivo y proce-dimental predefinido, determinando concentración en medidas específicas y mediante ciertas rutinas; en tercer lugar, el ejercicio de tales competencias exige algún grado de congruencia entre los diversos agentes que integran el sistema, a fin de procurar fluidez y desempeño justificable en el desarrollo de las acciones de control (para una discusión general, ver Gabaldón, 1989). Es presumible que la disposición a intervenir se activa con la percepción de que algo susceptible de control está ocurriendo y con la facilidad de la intervención de que se dispone. Lo primero guarda relación con la visibilidad de la conducta y lo segundo con los recursos disponibles.

La visibilidad puede ser entendida como el grado de exposición de la conducta, materia de intervención. Indicadores de visibilidad son presencia de testigos y víctimas, ejecución abierta, acumulación de eventos y publicidad por los medios de comunicación social. La disponibilidad de recursos implica contar con medios para ejecutar las acciones que formalmente están atribuidas y menor resistencia frente a dichas acciones por parte de agentes externos. La proposición general a ser evaluada se podría expresar del siguiente modo: a medida que se incrementa ¡a visibilidad de una conducta y que aumentan ¡os recursos de que dispone ¡a agencia de control para ejecutar una acción determinada, mayor la probabilidad de que la acción se desarrolle. En el caso del sistema de justicia penal, esto es aplicable a las tres agencias principales de control: Tribunales penales, Ministerio público y Defensa pública.

Existe alguna evidencia en la investigación que soporta dicha proposición. Por ejemplo, en lo que se refiere a la visibilidad, variados estudios sobre la policía indican que la intervención policial es más probable cuando se trata de hechos ocurridos en sitios públicos antes que en sitios privados y cuando hay mayor presencia de una audiencia externa, lo cual sugiere que la visibilidad de la conducta y su exposición, especialmente si ella representa un acto desafiante, tiende a producir mayor frecuencia e intensidad en la activación del control. Así, la policía parece mayormente dispuesta a arrestar a personas en sitios públicos y abiertos y en las zonas centrales de las ciudades, y a ser más reactiva frente a los signos de embriaguez en los mismos centros de las ciudades que en la periferia, sugiriendo que el incremento de visibilidad de la infracción es relevante para la disposición a actuar (Lundman, 1974; Petersen, 1972). En un estudio adelantado en dos zonas urbanas de Venezuela, la activación policial, la solicitud de intervención por parte de los vecinos y los efectos de reducción de ocurrencias resultaron más altos para los hechos ocurridos en sitios públicos, como calles y veredas, que para aquellos ocurridos en sitios restringidos, como las casas (Gabaldón, Birkbeck y Bettiol, 1990: 101-112). La presencia de mayor número de personas y la insistencia de la víctima —conductas que sugieren incremento de la visibilidad del hecho— se han asociado al aumento de la probabilidad del arresto policial en varias investigaciones norteamericanas (Smith y Visher, 1981; Black, 2010). Una evaluación en Venezuela de la derogada ley sobre vagos y maleantes, en un municipio del estado de Mérida entre 1988 y 1989, determinó que el número de antecedentes policiales —indicador de visibilidad— resultó lo que mejor predijo la apertura de la investigación administrativa y la severidad de la medida aplicada (Gabaldón y Bettiol, 1996).

En cuanto a los recursos, la investigación sobre desempeño de agencias formales de control social muestra una tendencia a ajustar las respuestas para optimizar recursos disponibles en función del logro de resultados, tanto para investigar como para procesar y sancionar infracciones. Así, el procesamiento penal de infractores parece operar, en Norteamérica, ajustándose a perfiles que permiten incrementar la probabilidad del éxito del fiscal del Ministerio Público a través de la condena, según el tamaño de las ciudades donde se opera (Hagan y Satz, 1985). Los mecanismos de regateo de la culpabilidad en el medio anglosajón, figura equivalente entre nosotros a la admisión de los hechos en el proceso penal, permiten ajustar la cantidad de juicios orales y contradictorios para reducir el tiempo y el costo que implican, optimizando recursos financieros y de personal (Bottomley, 1973; Goldstein y Marcus, 1977). También, la consistencia de las pruebas y la disponibilidad de testigos parecen ser importantes como recursos a favor de los fiscales, para predecir la decisión de llevar un caso a juicio (Gottfredson y Gottfredson, 1988) y, para el caso venezolano, la investigación sobre desempeño policial sugiere que la disponibilidad de testigos y la sustanciación en las primeras horas de conocimiento de cada caso —como indicadores de recursos para la investigación— inciden en la decisión de enviar casos al tribunal bajo el sistema inquisitivo (Gabaldón, Monsalve y Boada, 2010) y en el esclarecimiento de los hechos por la policía de investigación penal y su remisión al Ministerio Público, bajo el modelo del sistema acusatorio (Antillano, Pojomovsky, Bastardo, Torres y Palís, 2012). Esto indicaría que, independientemente del modelo procesal que se aplique, las decisiones orientadas por la evaluación de la disponibilidad de los recursos podrían ser cruciales para predecir la activación y la generación de resultados por parte de las agencias de control social. En el estudio antes mencionado, sobre la aplicación de la ley sobre vagos y maleantes, la existencia de pruebas y el informe jurídico del defensor público a favor del acusado —indicadores de disminución de recursos policiales, por cuanto implicarían obstáculos al logro del propósito de aplicación de la medida sancionatoria— se encontraron fuertemente asociados a la menor severidad de la medida y a la revocatoria de la decisión en primera instancia por el gobernador del Estado, que fungía bajo dicho modelo legal como instancia de apelación (Gabaldón y Bettiol, 1996).

IV. ABORDAJE METODOLÓGICO

A diferencia de lo que ha ocurrido con la policía en Venezuela, donde la investigación y la literatura ha sido extensa sobre una variedad de temas, incluyendo sus patrones de actuación, antes y después de la reforma policial (Antillano, 2007b; Consejo General de Policía, 2011), las restantes agencias del sistema de justicia penal han sido objeto de escasos estudios sobre operación, desempeño y conformación institucional, más allá de revisiones de dictámenes y sentencias, exégesis legales y discusiones sobre normas procedimentales que no han requerido acceso a personal, ambientes de trabajo, revisión de rutinas o entrevistas. Algunas excepciones a esta tendencia general son un trabajo pionero sobre organización judicial a nivel nacional (Quintero, 1988), una revisión de procesos y sentencias penales controlando condición socioeconómica de los procesados (Van Groningen, 1980), una apreciación del tratamiento y disposición de casos por tenencia de armas por parte de tribunales juveniles (Gabaldón y Serrano, 2001), una aproximación organizacional y mediante entrevistas a los defensores públicos (Reyna y Richter, 2008) y una evaluación del procesamiento de faltas penales por los fiscales del Ministerio Público (Gabaldón, Bustillos y Pangrazio, 2012), los cuatro últimos trabajos circunscriptos al área metropolitana de Caracas.

La relativa escasez de estudios empíricos sobre el sistema de justicia, determina no solo el exiguo desarrollo de conceptos y categorías de análisis para el desempeño de las diversas agencias y de enlaces para determinar percepciones en perspectiva comparada entre los diversos actores, sino una dificultad de acceso y poca familiaridad del personal directivo y de apoyo con protocolos y técnicas de investigación que, en cuanto provienen de agentes externos, generan reserva y resistencia organizacional. Por ello, la tarea sustantiva y procedimen-tal de un proyecto de investigación sobre estas cuestiones requiere de abordajes en secuencia, progresivos y con incorporación de métodos cualitativos, que permitan la construcción de conceptos y categorías, así como de métodos cuantitativos que faciliten el procesamiento de datos agregados con vista a las generalizaciones empíricas y las predicciones. Por otra parte, con el desarrollo de las tecnologías de la información, la sociedad del conocimiento y la expansión del espacio mediático del tratamiento de problemas y asuntos de diversa naturaleza, nuevas categorías da análisis serán requeridas para abordar las proposiciones y resultados.

Por todo esto se propone iniciar, con una fase exploratoria de las dimensiones, visibilidad y recursos para el control social a nivel de una muestra de jueces, fiscales y defensores públicos del país, a quienes —mediante entrevistas semiestructuradas— se preguntaría sobre cometidos y responsabilidades institucionales, guías y protocolos de actuación para el desempeño de sus funciones y criterios de decisión sobre lo que consideran relevante para la intervención, prioridades, decisiones y jerarquización de tareas. En este contexto se pretenden identificar posibles indicadores de visibilidad y recursos, incluyendo exposición de hechos a medios de comunicación (visibilidad) y obstáculos procesales (falta de recursos), hasta ahora no considerados por la investigación, a fin de construir un modelo de posible interacción de agencias de control social judicial.

En una segunda fase se avanzaría hacia la construcción de un instrumento estructurado, que podría ser aplicado a una muestra nacional de actores con distintas responsabilidades dentro del sistema de justicia penal, en el cual se habrían definido los ítems en función de indicadores de visibilidad y recursos, así como de otros eventuales criterios que hayan surgido del análisis cualitativo, a fin de estimar la relevancia y peso específico de estas dimensiones entre diversos actores, estimando convergencias y divergencias. Dado que la actividad de jueces, fiscales y defensores registra diversos niveles de exposición pública y de directrices y presiones institucionales y extra institucionales, la observación y análisis podría contribuir a determinar si las diferencias observables obedecen a variación en los indicadores de visibilidad y recursos o a la superposición de variables alternativas, según los diversos cometidos y funciones de las agencias correspondientes. El tratamiento final de la información podría conducir a la preparación de secuencias, rutas y flujos de productos y resultados, como las expectativas y apreciación de los diversos actores involucrados, contribuyendo a la definición de perfiles profesionales y de desempeño importantes para estimar resultados en las distintas fases y etapas del proceso penal.

V. PERSPECTIVAS

La propuesta de investigación aquí presentada tiene implicaciones variadas para el desarrollo del conocimiento sobre la activación y decisiones de agencias formales de control social, para la identificación de resultados intermedios y terminales que podrían convertirse en metas operativas y para la formulación de políticas públicas y su seguimiento mediante el conocimiento informado y la participación de la población.

En cuanto al conocimiento operativo de las agencias, el estudio permitirá identificar relevancia y ponderación de variables asociadas a la activación y el desempeño, contribuyendo a precisar los roles y funciones que cumple cada uno de ellas dentro del proceso penal. Si bien las funciones de jueces, fiscales y defensores en Venezuela se encuentran claramente diferenciadas por las leyes específicas y comunes atributivas de competencias, hasta ahora no se han estudiado ni sistematizado los mecanismos de coparticipación de estos tres actores en la construcción y decisión de los casos penales, habiendo indicios de que las funciones de decidir (jueces), acusar (fiscales) y contradecir (defensores) no se encuentran completamente deslindadas, pudiendo existir superposición de roles que desvían a los actores de sus responsabilidades primarias. Tampoco se ha descrito el peso que variables externas a lo normativo —como la visibilidad y los recursos disponibles— tienen en decisiones tempranas, intermedias y finales dentro del proceso penal, y de qué manera los diversos actores juegan con ventajas comparativas, negocian acuerdos para lograr eficiencia y, en general, concuerdan para el logro de objetivos comunes que no se encuentran explícitamente definidos.

Por lo que se refiere a resultados intermedios o terminales dentro del proceso, no se ha abordado la distinción entre medidas de tipo formal-instrumental —que procuran la ocupación de un espacio por parte de la agencia— y de tipo sustantivo —que cumplen un cometido material final para dicha agencia. La distinción podría resultar relevante, pues las primeras de ellas tienden a agotarse en un cometido in-mediatista que afirma la capacidad de acción institucional sin procurar trascender el acto en sí mismo, mientras las segundas apuntarían a completar una meta u objetivo terminal, para el cual se requiere la coparticipación de los restantes actores en el sistema. Esta distinción, elaborada con detalle en otra sede (Gabaldón, 1989), podría resultar relevante para la determinación de indicadores de rendimiento y valor agregado de la sinergia sistémica, en contraposición a la gestión unilateral y desacoplada de las diversas agencias intervinientes.

Finalmente, en cuanto a la formulación de políticas y su seguimiento, la propuesta permitirá avanzar en la clarificación de las funciones manifiestas y latentes del sistema de justicia, incluyendo el diagnóstico de las asimetrías y posibles desbalances entre diversas agencias de control social formal, que deberían trabajar dentro de un marco sistémico no muy bien delimitado por la normativa vigente. Esto facilitará el conocimiento informado de la población y el ejercicio de la participación ciudadana conforme al principio de la corres-ponsabilidad en la gestión pública (Art. 4 de la Constitución).

BIBLIOGRAFÍA

Antillano, Andrés 2007a “¿Qué son las políticas de seguridad?”, en Capítulo Criminológico, 33 (2), pp. 145-177.

________ 2007b “Estudios sobre la policía en Venezuela”, en Luis Gerardo Gabaldón y Andrés Antillano (eds.), La policía venezolana: desarrollo institucional y perspectivas de reforma al inicio del tercer milenio, Tomo I, pp. 17-63 (Caracas: Comisión Nacional para la Reforma Policial).

Antillano, Andrés; Pojomovsky Iván; Bastardo, Alejandro; Torres, Ivonne y Palís, David 2012 “¿Qué hace el Cicpc? Descripción en las actividades rutinarias de investigación de un grupo de detectives”, en Diagnóstico y propuestas de reforma del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pp. 39-53 (Caracas: Consejo General de Policía).

Black, Donald 2010 “La organización social del arresto”, en Andrés Antillano (comp.), Qué es, cómo se hace y para qué sirve el trabajo policial, Tomo II, pp. 37-58 (Caracas: Consejo General de Policía).

Bottomley, A. K. 1973 Decisions in the penal process (Oxford: Martin Robertson).

Consejo General de Policía 2011 Gobernanza y gestión de la policía: avances del nuevo modelo policial venezolano (Caracas: Autor).

Del Olmo, Rosa 1979 “Requerimientos sociológicos para la formulación de leyes y su aplicación: el contrato social y la conducta desviada”, en Ruptura criminológica, pp. 31-49 (Caracas: Universidad Central de Venezuela).

Durkheim, Emilio 1973 “Two laws of penal evolution”, en Economy and Society, 2, pp. 278-308.

Ferrajoli, Luigi 2000 El garantismo y la filosofía del derecho (Bogotá: Universidad Externado de Colombia).

Gabaldón, Luis Gerardo 1987 Control social y criminología (Caracas: Editorial Jurídica Venezolana).

________ 1989 “Hacia un modelo de desempeño de las agencias formales de control social”, en Revista Cenipec, 12, pp. 35-51.

Gabaldón, Luis Gerardo y Bettiol, Daniela 1996 “Visibilidad y recursos en el control social formal: una evaluación en el contexto de la Ley sobre Vagos y Maleantes”, en Luis Gerardo Gabaldón y Christopher Birkbeck (eds.), Control social y justicia penal en Venezuela. Ensayos en homenaje a Héctor Febres Cordero, pp. 183-200 (Mérida: Universidad de Los Andes).

Gabaldón, Luis Gerardo; Birkbeck, Christopher y Bettiol, Daniela 1990 La policía en el vecindario (Mérida: Gobernación del Estado Mérida).

Gabaldón, Luis Gerardo; Bustillos, Lorenzo y Pangrazio, Rosana 2012 “Procesamiento de las faltas penales: aproximación a su encuadramiento legal e intervención del Ministerio Público”, en Luis Gerardo Gabaldón (comp.), Investigación para la acción 2, pp. 40-77 (Caracas: Consejo General de Policía).

Gabaldón, Luis Gerardo; Monsalve Briceño, Yoana y Boada Tomé, Carmelo 2010 “La construcción policial del caso penal en Venezuela”, en Andrés Antillano (comp.), Qué es, cómo se hace y para qué sirve el trabajo policial, Tomo III, pp. 110-124 (Caracas: Consejo General de Policía).

Gabaldón, Luis Gerardo y Serrano, Carla Suyín 2001 Violencia urbana: perspectivas de jóvenes transgresores y funcionarios policiales en Venezuela (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello).

Garland, David 1999 Castigo y sociedad moderna (México: Siglo XXI). Goldstein, A. S. y Marcus, M. 1977 “The myth of judicial supervisión in three inquisitorial systems: France, Italy and Germany”, en The Yate Law Review, 87, pp. 240-283.

Gottfredson, M. R. y Gottfredson, D. M. 1988 Decisión making in Criminal Justice (Nueva York: Plenum).

Hagan, John y Satz, Marjorie 1985 “The social organization of criminal justice process: an event history analysis”, en Social  Science Research, 14, pp. 103-125.

Jakobs, Gunther 1998 Sobre la teoría de la pena (Bogotá: Universidad Externado de Colombia).

Louza Sconamiglio, Laura 2011 La revolución judicial en Venezuela (Caracas: Fundación de Estudios de Derecho Administrativo).

Lundman, R. J. 1974 “Routine pólice arrest practices: a commonweal perspective”, en Social Problems, 22, pp. 127-141.

Petersen, D. M. 1972 “Pólice disposition of the petty offender”, en Sociology and Social Research, 56, pp. 320-330.

Quintero, Mariolga 1988 Justicia y realidad: un enfoque analítico de la administración de justicia en la Venezuela contemporánea (Caracas: Universidad Central de Venezuela).

Reyna de Roche, Carmen Luisa y Richter, Jacqueline 2008 Justicia penal y defensa pública (Caracas: Universidad Central de Venezuela).

Smith, D. A. y Visher, C. A. 1981 “Street level justice: situational determinants of pólice arrest decisions”, en Social Problems, 29 (2), pp. 168-177.

Van Groningen, Karin 1980 Desigualdad social y aplicación de la ley penal (Caracas: Editorial Jurídica Venezolana).

Profesor titular de Derecho Penal y Criminología en las universidades de Los Andes (Mérida) y Católica Andrés Bello (Caracas). Consultor internacional de instancias públicas y privadas vinculadas a la justicia penal, la seguridad pública y el control social en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, Perú y Venezuela. Sus líneas de investigación comprenden criminalidad comparada y vic-timización delictiva, legitimidad y sistema penal, policía y uso de la fuerza física, fraude electrónico y delincuencia juvenil.↵

21

Yara Altez[1] 

POBREZA Y MUNDO DE LA VIDA EN PEQUEÑAS COMUNIDADES DE VENEZUELA

PEQUEÑAS COMUNIDADES DE VENEZUELA

La división de clases sociales persiste en Venezuela, aun cuando el actual esfuerzo político del Estado estaría concentrado en romper el desequilibrio y las desigualdades socioeconómicas entre los habitantes del país. Para alcanzar esta meta vienen desarrollándose específicas medidas y políticas que se acompañan con la promulgación del llamado Compendio de Leyes del Poder Popular (s/f), destinado a estimular y reforzar el protagonismo político del “pueblo” en la organización del Estado, entre otros objetivos que apuntan a reforzar lo que ello significa.

Ese compendio está conformado por las siguientes leyes: Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de las Comunas y Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Así, administrando un discurso centrado en las ideas de “pueblo, poder popular y soberanía” —entre otras— el Estado en Venezuela estaría dirigiendo todos sus recursos al mejoramiento de las condiciones generales de vida en los sectores populares, a los cuales bien se les puede identificar cuando se mira hacia los llamados “barrios”. En el caso de las ciudades venezolanas, hoy se concibe a sus barrios como “territorios populares urbanos” (Ontive-ros, 2002: 158) en donde habitan los herederos de la emigración del campo a la ciudad, acaecida en el país a raíz del estallido petrolero a principios del siglo XX. Sin embargo, el sujeto “pueblo” enfatizado notablemente por el Estado, no solo habita en los barrios urbanos sino también mora en territorios rurales de diferentes regiones. Nótese, además, que entre otras características, quizás la más notable, sería que todas las comunidades populares de Venezuela —urbanas y rurales— se organizaran sociopolíticamente y, por mandato de ley, en Consejos Comunales.

En las comunidades populares, entonces, reside el “pueblo”, sujeto del discurso político contemporáneo en Venezuela, cuyas condiciones materiales de vida estarían signadas por las carencias que fundan a la pobreza. A su vez, esta sería definida —básica y únicamente— en oposición al estilo de vida privativo de las clases con mayores oportunidades económicas y sociales en el país. Quiere decir que el significado de “pueblo” excluye a otros sectores, específicamente a aquellos que no pueden calificarse de pobres, a quienes los funcionarios del Estado y personeros del gobierno señalan insistentemente como “burguesía”. Sin echar mano de ninguna definición ni conceptualización, es con el diseño de la dicotomía pobres/burgueses o pueblo/burguesía, que se da cuenta del supuesto y pequeñísimo compendio de identidades sociales y políticas que habría actualmente en el país.

Por su parte, los llamados “pobres” —o bien los sectores populares— destacan en Venezuela debido a un conjunto de características observadas también en otros países, como por ejemplo la consagración de las unidades familiares a su reproducción social. Esta y otras características se definen gracias al esfuerzo de diversos investigadores, lo cual permitiría una explicación más completa y, por tanto, menos escasa que la ofrecida por la imprecisión conceptual —e incluso ambigüedad— del discurso político del Estado venezolano. En efecto, hoy puede hablarse de sectores de la población que concentran la mayor parte de sus fortalezas en garantizar la reproducción social de sus familias, por lo cual el significado de “popular” podría comprenderse en función de dicho esfuerzo.

Se trata así de un importante pragmatismo cotidiano, advertido por autores como José Luis Coraggio (1989: 6), que consume tiempo y energía a los integrantes del grupo familiar, entregados por generaciones a implementar “estrategias de sobrevivencia”, categoría frecuentemente empleada por algunos autores latinoamericanos, en general durante los últimos años del siglo XX (Iañez Domínguez y otros, 2011: 37), destacándose en ese sentido particularmente las investigaciones realizadas en Venezuela por Carióla y otros (1989: 15). Sin embargo —y haciendo caso omiso de algunas precisiones conceptuales— existiría hoy en Venezuela un consenso ya público y tácito que apoyaría la sinonimia entre “pueblo” y “pobreza”, apuntando como referente a las unidades domésticas cuyos miembros actúan en equipo para garantizar su perpetuación o reproducción social, construyendo su espacialidad cotidiana en pequeños asentamientos a los cuales se les puede identificar, portante, como “comunidades populares”. Como se ha mencionado, estas a su vez deben organizarse obligatoriamente en Consejos Comunales.

MUNDO DE LA VIDA EN PEQUEÑAS COMUNIDADES POPULARES

La vida cotidiana de las pequeñas comunidades populares —y la de toda comunidad— constituye un espacio simbólico antes que un fuero material. Esta premisa privilegia la definición de lo comunitario popular en función de valores, representaciones, significados y definiciones, que en apariencia no los filtraría ninguna formalidad académica ni jurídico-legal, razón por la cual se franquean con plena vigencia y aceptación en los espacios cotidianos de las pequeñas comunidades populares. Se puede hablar así del “mundo de la vida” o lebenswelt, concepto originalmente desarrollado por Edmund Husserl (1859-1938) —aunque sin intenciones de caracterizar en absoluto a los sectores populares— y retomado por varios autores posteriores para hacer referencia al horizonte de sentido en el cual se desenvuelve la vida cotidiana. En efecto, “[...] el mundo de la vida cotidiana va más allá de las esferas culturales de la ciencia, la política, el arte y la religión, exponiendo a estas —en palabras de Max Weber— a un proceso de cotidianización” (Waldenfels, 1997: 44).

Entiéndase por tanto que al apuntar hacia el mundo de la vida cotidiana, no se hace aquí referencia al conjunto de prácticas usual-mente definidas como diarias o periódicas, sino más bien se apunta hacia la significación de las mismas y a su función como ordenamiento semiótico sin igual, pues “El mundo de la vida acumula el trabajo de interpretación realizado por las generaciones pasadas; es el contrapeso conservador contra el riesgo de disentimiento que comporta todo proceso de entendimiento que esté en curso” (Habermas, 1998: 104). Así, en el mundo de la vida cotidiana, obtiene prioridad el sentido común como conocimiento verdadero (Berger y Luckmann, 1976: 31), hasta convertirse en “realidad por excelencia” (p. 41), entendida ya como facticidad en la cual se existe, sin discusión de clases sociales.

En las comunidades populares de Venezuela —como en toda comunidad— el conocimiento de sentido común acuñado en el mundo de la vida, produce y reproduce información validada intersubjetivamente, transmitida de manera oral y que no requiere inscribirse en ningún tipo de códice. Pero aun cuando esa sea su forma de transmitirse y comunicarse, no se trata de las “tradiciones orales” observadas en determinados contextos culturales, pues se está haciendo referencia a realidades urbanas que responden a otras historicidades. Aquí se desea destacar especialmente que el conocimiento de sentido común, gestado en la vida cotidiana popular, concentra —entre otras informaciones— las enseñanzas acerca de cómo pueden reproducirse socialmente las familias formadas en contextos de escasez material. Sin embargo, ha de mantenerse en claro que, independientemente de ello, el sentido común dispone el conocimiento básico y orientador de la vida en todas las clases sociales. He allí la naturaleza sin igual del sentido común. En el caso de la formación familiar popular, de cara a la reproducción social, el sentido común concentra prácticas y métodos destinados a la estabilidad del grupo doméstico, cuya significación estaría cimentada entonces como mundo de la vida, trama semiótica indispensable. En Venezuela, todavía hoy, las fortalezas de los grupos familiares en las comunidades populares invierten en garantizar su reproducción social, aun cuando el país habría adoptado lo que el Estado define como un sistema socialista de vida. No obstante, aún siguen plenamente vigentes las estrategias familiares de reproducción social.

Ahora bien —y siguiendo a Habermas— si el mundo de la vida posee un carácter conservador, las prácticas y estrategias de reproducción social allí aprendidas y las otras formas de conocimiento que allí se encuentran, estarían entonces en disonancia con los principios revolucionarios propugnados por el actual Estado venezolano. Pues, en efecto, concentrados en el mantenimiento y la perpetuación material de la familia, los miembros de las comunidades populares se convertirían en agentes conservadores del statu quo. Y es que, justamente, desde el mundo de la vida se privilegia lo que José Luis Coraggio señalaba como pragmatismo y economismo de la vida cotidiana, pues esta:

…con sus instituciones fetichizadas, como reino de la costumbre y la autoconservación, genera un temor al “caos”, a los cambios bruscos, y una demanda de orden y seguridad en general, mientras haya un nivel mínimo de satisfacción de las necesidades (1998: 6).

En ese ambiente de conservadurismo y “reino de la costumbre”, las unidades domésticas populares luchan fundamentalmente por conquistar y garantizar la mayor de sus necesidades: la casa de habitación familiar. Mientras tanto, y a la vez, esas familias unen fuerzas para dotar y mejorar la infraestructura del barrio en sí mismo, siendo por ello que Ontiveros apunte, con razón, que se construyen de esa manera proyectos familiares y colectivos (1999: 35), nacidos al calor de la vida cotidiana y la convivencia. Pero podría notarse, sin embargo, una posible distancia entre el conservadurismo referido por Ha-bermas y Coraggio, y esa proyección colectiva de los habitantes en los barrios, destacada por Ontiveros. En efecto, si la “autoconservación” de la reproducción social caracteriza el estilo de vida de las familias populares, no siempre sería dado el esfuerzo conjunto destinado a mejorar las condiciones materiales de la vida local.

Pero, observándose mejor, no parece existir tal distancia entre el conservadurismo de la vida cotidiana y la actuación conjunta local, si se entiende que la inversión del ahorro familiar, el tiempo de todos y la fuerza laboral dinamizada por el parentesco, apuntan siempre hacia el ascenso social efectivo de las familias que buscan alejarse, cada vez más, del estigma de lo “popular”, cuyo sinónimo es “pobre”. Por lo tanto, los proyectos familiares y los proyectos colectivos del barrio pueden representar importantes tramas solidarias, redes sociales o de relaciones (Bourdieu, 2011: 221) que superan al parentesco e incluyen a los vecinos, amigos, compadres y otros (Ontiveros, 1999: 39), pero que significan, asimismo, el afán por alcanzar el estatus socioeconómico y las condiciones materiales de vida de los grupos sociales que perciben mayores recursos, residiendo allí un perfil de conservadurismo que imposibilita el trazado de otras metas, entre ellas las del ejercicio revolucionario. Tal vez en parte sea por ello que surgió como necesidad política la promulgación del Compendio de Leyes del Poder Popular. Esto es, fue necesario apelar a la fuerza coercitiva del aparato jurídico para imponer un orden discursivo que, por sí solo, no se hubiera gestado nunca en el mundo social de la vida de las pequeñas comunidades populares de Venezuela, dado su alto nivel de conservadurismo.

Hoy se observaría esta suerte de bricolaje ideológico en los barrios venezolanos. Esto es, vecinos con aspiraciones claras y genuinas de ascenso socioeconómico, se incorporan obedientes a la estructura de los Consejos Comunales, aun cuando estos han demostrado un fracaso orgánico constatado debido a diferentes variables que no discutiremos aquí. Sin embargo, puede señalarse que buena parte de las razones por las cuales los Consejos Comunales no funcionan como indican y mandan las leyes, estriban en dos situaciones claras: la corrupción y las rencillas locales observadas entre vecinos. Esta última comprende pugnas de poder individual, chismes, recelos, envidias, en fin, toda una gama de vicisitudes que incluso pierden de vista los objetivos político-partidistas del gobierno, pues expresan más la trama simbólica del mundo de la vida que el repertorio de “valores revolucionarios” auspiciados desde el Estado.

DISCURSO POLÍTICO Y itE-CONSERVACIÓN DEL MUNDO DE LA VIDA

El pueblo que habita en pequeñas comunidades populares del país, organizadas obligatoriamente en Consejos Comunales, se desenvuelve en un mundo de la vida orientado básicamente por el sentido de la reproducción social. En el caso de Venezuela, así como en el de otros países, buena parte de los valores —que fluyen de ese mismo mundo de la vida— contempla pertinente que sea el Estado quien garantice las soluciones a los problemas de reproducción social. Esa es la razón por la cual siempre se estaría aguardando la promulgación de medidas, políticas y decretos destinados a garantizar las mejores condiciones destinadas a concretar dicha reproducción. Y ello sería lo justo y necesario, pues el desarrollo histórico del capitalismo ha impedido que los sectores populares disfruten de una dotación efectiva y suficiente de infraestructuras básicas o redes: vías de comunicación, transporte colectivo, energía y agua (Topalov, 1979: 27), así como ha limitado el acceso a los equipamientos de consumo colectivo: educación, salud, vivienda, instancias básicas para la reproducción de la mano de obra (Ibíd.: 31). En consecuencia, si el de Venezuela es un Estado socialista, habría que reponer entonces las condiciones materiales de vida, negadas histórica y sistemáticamente a las clases desposeídas, por lo cual se estaría ya hoy frente al fin de la pobreza en los barrios populares. Sin embargo, lamentablemente no se ha llegado a cumplir esa meta.

Mientras el discurso político, expresado fundamentalmente en el Compendio de Leyes del Poder Popular apunta hacia amplios objetivos como “el pleno derecho a la soberanía, la democracia participativa, protagónica y corresponsable, así como a la constitución de formas de autogobierno comunitarias y comunales, para el ejercicio directo del poder” (s/f), el mundo de la vida, en las pequeñas comunidades populares, seguiría centrado concretamente en el valor de la reproducción social, con miras al ascenso de estatus socioeconómico. Así, la trama de sentido impuesta desde las mencionadas leyes no alteraría el espesor significativo que fluye de la inmediatez cotidiana, el mundo de la vida:

Está formado por convicciones de fondo, más o menos difusas, pero siempre aproblemáticas. El mundo de la vida en tanto que trasfondo, es la fuente de donde se obtienen las definiciones de la situación que los implicados presuponen como aproblemáticas (Habermas, 1998: 104).

Habermas habla de “aproblemáticas”, indicando entonces situaciones que no merecen discusión, pues de alguna manera se han naturalizado hasta constituirse en elementos de juicio, principios, valores y moral comunes a todos. Por ejemplo, el deseo de ascender social y económicamente hasta alcanzar niveles “aburguesados” de vida, no representa ningún conflicto entre aquellos individuos que conforman un Consejo Comunal asentado en el mandato de las Leyes del Poder Popular. ¿Qué podría estar significando algo así? Tentativamente, y en primer lugar, se diría que el estatus cognitivo del mundo de la vida estaría por encima de la imposición de sentido que representan las leyes. Por otra parte —y a su vez—, las Leyes del Poder Popular se resemantizan al pasar por el filtro semiótico del mundo de la vida. En esta medida, es posible pensar que entre las Leyes del Poder Popular y el mundo de la vida, en las comunidades populares pueda existir un franco hiato no advertido.

Sin embargo, y a pesar de ello, las comunidades populares siguen siendo objeto de un discurso político, que no se altera ni se ve intervenido por la semiosis acuñada en el mundo de la vida. Más al contrario, dicho discurso —muy bien representado por el Compendio de Leyes del Poder Popular— impone no solo un programa de acción sino y fundamentalmente una definición de identidad a las propias comunidades populares. Se cumple así una relación de control ejercida por el Estado, que entonces actúa de la misma manera, y paradójicamente que las otrora llamadas en Venezuela “clases dominantes”. En efecto, el discurso de las Leyes del Poder Popular encarna una objetivación que dictamina a las comunidades populares lo que deben hacer y “quiénes han de ser”. Mientras tanto, esas mismas comunidades populares no deliberan ni cuestionan esto. Cabe preguntarse si la falta de controversia comunal ante esta exigencia legal puede llamarse alienación, en los términos ya planteados por Bourdieu.

En efecto, Pierre Bourdieu explica que la alienación se produce cuando los “dominados” admiten una identidad impuesta, corriendo el riesgo de enajenarse o bien de volverse ajenos a sí mismos (2011: 192). El concepto de alienación resulta importante, porque ayudaría a definir cuánta distancia y diferencia existiría entre el dictamen político-jurídico y la semiótica del mundo de la vida, pues quién negaría el ejercicio de poder del Estado a través de sus mandatos por fuerza de leyes. En consecuencia, los contenidos legaliformes minimizarían los contenidos del mundo de la vida en las comunidades populares, pues:

Enfrentados a una objetivación que les anuncia lo que son o lo que han de ser, no les queda otra elección que retomar por su cuenta (y en la versión menos desfavorable) la definición que les es impuesta, o bien definirse en reacción contra ella: es significativo que la representación dominante esté presente en el seno mismo del discurso dominado… (Ibíd.: 192).

Sin embargo, en las pequeñas comunidades populares de Venezuela — organizadas obligatoriamente en Consejos Comunales— la identidad impuesta por las Leyes del Poder Popular, así como el récord de acciones allí prescrito, no se estarían cumpliendo cabalmente. Y esto puede corroborarse, como se dijo antes, en el fracaso orgánico de los Consejos Comunales, anclados en la corrupción y en las diferencias personales que allí se ventilan. ¿Qué significa esto? ¿Acaso estaría aconteciendo que el mundo de la vida en las comunidades populares de Venezuela diluye la imposición semiótica de las Leyes del Poder Popular? Responder afirmativamente sería retornar las viejas teorías sobre posibles “culturas de resistencia” —por ejemplo—, lo cual no se apoya en este escrito. Caben muchos interrogantes, pues mientras el mundo de la vida oficia de modo conservador, concentrando la atención de las comunidades populares en su propia reproducción social, el discurso político acerca del Poder Popular se pretende revolucionario y transformador de la realidad vital en las mismas. Esto delata una complejidad inadvertida que reta a los investigadores pero también a los personeros del gobierno en Venezuela. En efecto, pudiera sospecharse que valores, juicios y prejuicios, moral y estética, producidos desde el mundo de la vida en las comunidades populares, acechan sobre la eficacia del Compendio de Leyes del Poder Popular. Pero, asimismo, es posible sostener otra hipótesis. En cierta medida, pudiera decirse que antes de representar un frontal enemigo —básicamente conservadurismo y alienación—, el mundo de la vida en las pequeñas comunidades populares pareciera ofrecer una alternativa que distraería la atención y permitiría, así, que el discurso estatal sobre el Poder Popular se expandiera sin debatirse y, por tanto, sin contradicciones. Distraer la atención significa aquí no reflexionar sobre la imposición de sentido que representa el conjunto de leyes señalado, y preferir reconcentrarse en las metas de reproducción social de las familias populares. Esto expresa una suerte de complementariedad antes que contradicción, lo cual se distancia de muchos pronósticos, fundamentalmente de los marxistas. Es decir, en contra del vaticinio que anunciaría que los sectores populares, solo por ser tales, estarían siempre en condiciones de ejercer la praxis revolucionaria, es posible decir que más bien esos mismos sectores demostrarían una cierta imposibilidad para rebatir los discursos y las decisiones políticas del Estado por estar concentrados en una actuación local, cimentada en decisiones familiares que apuntan persistentemente hacia las metas de su propia reproducción.

Finalmente, podría decirse que sin el ejercicio de la crítica —emanada justamente del Poder Popular—, la eficacia de todo tipo de ley y de cualquier forma de imposición puede alcanzar un altísimo nivel. Ciertamente, la falta de discusión y crítica permite la vigencia política de las leyes, pues el mundo de la vida opera por su cuenta e indiferente, casi en paralelo. He allí dos órdenes de sentido tremendamente importantes que conviven en las pequeñas comunidades populares de Venezuela sin generar alteraciones significativas. Queda presentada así la invitación a investigarlos.

BIBLIOGRAFÍA

Berger, Thomas y Luckmann, Peter 1976 La construcción social de la realidad (Buenos Aires: Amorrortu).

Bourdieu, Pierre 2011 Las estrategias de la reproducción social (Buenos Aires: Siglo XXI).

Carióla, C; Lacabana, M.; Bethencourt, L.; Darwich, G.; Fernández, B. y Gutiérrez, A. T. 1989 Crisis, sobrevivencia y sector informal (Caracas: Nueva Sociedad).

Compendio de Leyes del Poder Popular

(s/f) en <http://www.fundacomunal.gob.ve/include/images/PDF/6.pdf> acceso 15 de octubre de 2013.

Coraggio, José Luis 1989 “La participación popular: ideologías y realidad”. Ponencia presentada en el XIII Seminario Latinoamericano de Trabajo Social (Quito, Ecuador).

Iañez D., Antonio (coord.); Pareja A., Antonio; Martínez P, Isabel M.; Quintero A., Carmenza y Corona A., Antonia 2011 Mujeres y desplazamiento forzado. Estrategias de vida en Medellín (Sevilla: Aconcagua Libros).

Habermas, Jürgen 1998 Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social (Madrid: Taurus).

Ontiveros, Teresa 1999 Memoria espacial y habitat popular urbano. Doce experiencias familiares en torno a la casa de barrio (Caracas: FACES-UCV-Fondo Editorial Tropykos).

________ . 2002 “Caracas y su gente: la de los barrios” en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 8 (3), pp. 151-178.

Topalov, Christian 1979 La urbanización capitalista. Algunos elementos para su análisis (México: Edilcol).

Waldenfels, Bernhard 1997 De Husserl a Derrida. Introducción a la fenomenología (Buenos Aires: Paidós).

Antropóloga, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Planificación del Desarrollo, docente-investigadora de la Escuela de Antropología de la UCV, directora del Proyecto Antropología de la Parroquia Caruao. Experta en metodologías de participación comunitaria. Ha desarrollado una línea de investigación en torno a los vínculos de la filosofía hermenéutica y la antropología. Autora de cinco libros y más de treinta artículos publicados en revistas de impacto, dirige tesis de grado y posgrado, así como también es responsable de la formación de un grupo de estudiantes universitarios que se desempeñan como auxiliares de investigación antropológica.↵

22

Emilio Osorio Álvarez[1] 

LA EMIGRACIÓN VENEZOLANA INTERNACIONAL RECIENTE (1999-2011)

Seis honrados servidores
me enseñaron cuanto sé.
Sus nombres son:
¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?,
¿Qué?, ¿Quién?y ¿Porqué?

Rudyard Kipling
(1865-1936)

INTRODUCCIÓN

Cristina Blanco sostiene que “no existe una definición operativa que nos permita diferenciar claramente qué movimientos de población pertenecen a esta o aquella otra categoría de migrantes y cuáles, por el contrario, se escapan a ella” (2000: 14). Puede, asimismo, indicarse que los estudiosos del fenómeno migratorio han tenido muchas dificultades teóricas a la hora de definir las migraciones, explicar las causas que las impulsan, las consecuencias resultantes y la duración o ciclos de las mismas. En ese orden de ideas, Alan Simmons señala “… que los patrones migratorios tienden a estar íntimamente vinculados con los procesos sociales, económicos, ecológicos y políticos de la sociedad en la que aparecen” (1987: 6).

Entendemos por migración aquel movimiento que supone un cambio para una persona o grupo de personas en su entorno político-administrativo, social y/o cultural relativamente duradero, que conlleva cambios de las actividades cotidianas y su reorganización en el nuevo destino. En términos más específicos, por migración internacional entendemos aquel desplazamiento espacial de una persona o grupo de personas que conlleva el traspasar las fronteras nacionales, la permanencia en otro país diferente al suyo por un tiempo mayor a seis o doce meses, independientemente de la nacionalidad que posea.

En términos generales, la migración es entendida como una oportunidad para aquellos que deciden accionar el mecanismo de la movilidad territorial o espacial. Esa oportunidad puede maximizarse cuando se hace bajo términos de preferencias o voluntariedad, o es mínima cuando ocurre por necesidad u obligatoriedad circunstancial. Las razones aducidas por aquellos que emigran —o inmigran— van desde la búsqueda de un empleo, de mejores sueldos o salarios, de mejores condiciones de vida, hasta razones personales.

Tomando como referencia a Arango (2003), Blanco (2000), González (2000), Massey (1993) y Petersen (1958), entre otros autores, el análisis que se presenta en el artículo está orientado a describir y/o explicar los hechos del contexto social, económico y político venezolano que pudieran haber incidido en la reciente emigración internacional venezolana, inicialmente difícil de cuantificar y compleja de explicar, por cuanto no existen fuentes de datos oficiales publicadas en el país sobre su tendencia y magnitud.

En vista de las limitaciones que tenemos sobre la existencia de estadísticas nacionales que permitan conocer el volumen y características de la emigración internacional venezolana durante este último decenio, nos valemos del comentario de Jacqueline Beaujeu-Garnier, Demogeografía (1972), para señalar “si [este artículo] requiere cifras, y ¿cómo hacerlo de otra forma para probar lo que se quiere afirmar? [...] [al no contar con estas solo resta] la interpretación y el comentario pertinente” (p. 15).

LA EXPERIENCIA MIGRATORIA VENEZOLANA DE LA ÚLTIMA DÉCADA

De acuerdo con el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, Venezuela recibió durante la década 2001-2011 unos 150.000 extranjeros. Esta última cifra pone de relieve la importancia del país como receptor de inmigración internacional. A partir de los datos censales del año 2011, Venezuela aun exhibe una relación directa entre bonanza económica —explicada por los extraordinarios ingresos petroleros que recibe el país— y la atracción inmigratoria de un importante número de población extranjera. Los cambios demográficos observados durante la última década, relacionados con el patrón migratorio, se reflejan en dos eventos relevantes: a) un significativo cambio en la tendencia de la inmigración internacional hacia Venezuela, y b) un aumento importante del volumen emigratorio internacional de varios centenares de miles de venezolanos y venezolanas.

El cambio en el patrón organizativo inmigratorio puede ser explicado por la entrada al país de un grupo de trabajadores que proceden de los países con los cuales el gobierno bolivariano tiene intercambios

0 convenios de carácter bilateral, en lo comercial, económico y político. Es decir, el país ha recibido trabajadores que fueron contratados de forma directa por el gobierno venezolano[2].

El segundo evento observado en los dos últimos lustros está relacionado con las olas emigratorias venezolanas internacionales que conocemos desde 1983. La última ola —2003-2013— es numéricamente superior, acentuándose justo cuando el país recibe extraordinarios ingresos producto de la actividad petrolera. Además, ha ocurrido en una etapa en la que: a) se han producido importantes cambios estructurales de carácter político y social, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) del año 1999; b) los ingresos nacionales desde el año 2003 han sido sustanciales, originados por los altos precios del petróleo; c) ha ocurrido la expulsión de un importante número de ingenieros y técnicos de la industria petrolera (Pdvsa) que han optado por marcharse del país; d) se observa el cierre de un alto número de empresas industriales y agroindustriales que ha contribuido, entre otras acciones, a debilitar el espíritu empresarial y la salida de un importante número de emprendedores; e) publicación de las listas Tascón y Maisanta limitando la posibilidad de obtener un empleo en los organismos e instituciones gubernamentales en el gobierno bolivariano y/o por sus contrapartes; f) hay ausencia de políticas públicas sobre seguridad ciudadana y empresarial.

Es oportuno señalar que simultáneamente, en las últimas décadas, a nivel internacional el efecto globalizador de la economía mundial ha producido oportunidades de empleo en los países industrializados, circunstancia que ha atraído a aquellos inmigrantes cuyas características están asociadas con elevadas calificaciones académicas, habilidades laborales y/o acrecentados patrimonios, recursos y capitales, que le permiten insertarse en los lugares de destino seleccionados[3]. Puede sostenerse que se ha marchado del país un grupo importante de los talentos (profesionales y técnicos) y de los saberes (el espíritu emprendedor).

¿CUÁNTOS VENEZOLANOS HAN EMIGRADO?

Estimaciones del Banco Mundial (2011) y del Negociado del Censo de Estados Unidos de Norteamérica sitúan el número de emigrantes internacionales en medio millón de venezolanos. Por otra parte, voces expertas como la de Iván de la Vega (2010) sostienen que:

…En apenas una década, más de 800.000 venezolanos, la mayoría de ellos jóvenes, han salido del país en busca de nuevos proyectos de vida, ahuyentados por la inseguridad, la violencia, el desempleo, los bajos salarios y la falta de oportunidades.

Por su parte, Francisco Kerdel Vegas, fundador del programa Talento Venezolano en el Exterior —TALVEN—, con base en estimaciones de Carmen García Padilla e Iván de la Vega, ha estimado que el porcentaje de venezolanos que residían en el exterior para el año 2010 era aproximadamente un 3,5% de la población del país, estimada en unos 28 millones de habitantes (Cicero, 2010).

En nuestra opinión, a partir de los resultados de los dos últimos censos, el flujo de venezolanos que ha emigrado del país desde 2001 a 2011 no supera las 400.000 personas. Basamos dicha cifra en los resultados obtenidos al comparar las poblaciones enumeradas en dichos censos y las variables dinámicas de la población —como nacimientos, defunciones y la migración internacional—, de acuerdo a la metodología demográfica de uso de la ecuación compensadora.

¿CUÁL HA SIDO EL DESTINO PREFERIDO DE LOS VENEZOLANOS?

Según el Banco Mundial, los principales destinos de la población venezolana son España, Estados Unidos, Colombia, Portugal, Canadá, República Dominicana, Italia, Chile, Alemania y Reino Unido. Para De la Vega (2010), en cuatro países (Estados Unidos de América, España, Portugal e Italia)[4] se concentran unos 700.000 venezolanos que se han movilizado en los últimos tres (3) lustros; lugares que pueden ser caracterizados por exhibir índices de desarrollo humano (IDH) muy altos.

En ese sentido, sostenemos la tesis de Juan González (2000), quien en su libro Harvest of Empire señala que los vínculos entre países emisores y receptores de migrantes han sido forjados por una larga historia de relaciones comerciales, políticas y militares. Similar opinión tiene Saskia Sassen (1993), quien sostenía que la presencia de empresas extranjeras creaban lazos culturales en los países donde se invertía, auspiciando de esa forma la inmigración hacia los países sedes de las mencionadas corporaciones.

¿POR QUÉ SE MARCHARON?

Fernando Gualdoni (2007) llegó a llamar a los venezolanos “Los balseros del aire”, en un artículo escrito en el diario El País de España. La expresión “balseros” remite al caso de los emigrantes cubanos, quienes igualmente trataban de llegar a las costas de los Estados Unidos lanzándose al mar en esas frágiles e inseguras embarcaciones en busca de mejores condiciones de vida.

Ulrich Beck sostiene que hay dos clases de sociedades: la de clases y la del riesgo; para Beck “la fuerza impulsora de la sociedad de clases se puede resumir en la frase: ¡Tengo hambre! [en tanto que] la sociedad del riesgo se [reconoce] en la frase: ¡Tengo miedo!” (Beck, 1998: 56); considerando que “…el centro de la conciencia del riesgo no reside en el presente, sino en el futuro…” (Ibíd.: 40). Con relación a esa idea, el entonces embajador español en Venezuela, Emilio Menén-dez del Valle, señalaba que “…la sociedad venezolana está dramática, angustiosamente polarizada y radicalizada. Se trata de una sociedad dominada por el miedo y el odio…” (2003).

¿QUIÉNES SON LOS EMIGRANTES VENEZOLANOS?

Puede sostenerse que un importante número de emigrantes internacionales venezolanos pueden ser adscritos a la clase media y alta. Estos venezolanos tienen los recursos para hacer una segura travesía hasta el destino seleccionado. Ello se produce determinado por la exigencia o demanda de satisfacer las imposiciones relacionadas con el costo de los boletos y estadía y con las exigencias de las políticas migratorias en los lugares de destino.

Otro aspecto que se ha hecho evidente tiene relación con la emigración de grupos familiares completos, además de los grupos familiares que han apoyado a algunos de sus miembros a movilizarse al exterior. Esos grupos han decidido tender puentes entre Venezuela y el otro país. Podría clasificarse a esas familias como transnacionales, familias que viven la diáspora[5] de manera muy peculiar, entre desplazamientos temporales o pendulares.

Se han marchado del país una cohorte de jóvenes con una formación universitaria de alto nivel, dejando atrás una irreparable pérdida que difícilmente se podrá restaurar en el corto o mediano plazo. Esos son jóvenes que están siendo aprovechados en el país de acogida a un costo cero y con un alto retorno[6].

¿INCIDIÓ EL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO EN LA EMIGRACIÓN VENEZOLANA?

En ese sentido tomamos la descripción de Antonella Picchio sobre las condiciones de vida, para centrarnos en la naturaleza del problema. La misma tiene relación con la ausencia “… [de] seguridad, …empleo [digno], …salario [adecuado], …servicios y …transferencias públicas… modificando la distribución de las responsabilidades respecto al bienestar de la población… con consecuencias como el incremento de la inseguridad y de las tensiones domésticas” (2009: 27).

¿POR QUÉ MARCHARSE CUANDO HAY BONANZA ECONÓMICA?

Arboleda y Sánchez Sierra (2008) sugieren que:

…basta sólo con crear un clima de inestabilidad política y amenazar la propiedad privada, para que comience la incertidumbre y la desconfianza, lo que a su vez termina provocando, en una primera etapa, la emigración de capitales y, en una segunda etapa, ante una profundiza-ción de la crisis económica, la emigración de capital humano, usual-mente el más calificado… (p. 14).

Se han realizado algunas iniciativas para conocer las razones por las cuales ciudadanos venezolanos han tomado la decisión de emigrar hacia otros países. En el ámbito del periodismo investigativo cabe mencionar el trabajo de Carlos Subero (2012b), publicado con el título La alegría triste de emigrar. Venezolanos que se fueron a Norteamérica, en el cual señala que en 2010 ingresaron legalmente a los Estados Unidos de América un total de 23.294 venezolanos, cifra que incluye familiares y acompañantes, de los cuales 6.000 serían trabajadores efectivos y unos 17.000 acompañantes familiares (pp. 25-26). También indica que los 6.000 venezolanos que entraron en 2010 con visa de trabajo lo hicieron por transferencia de intra compañía, por ocupaciones especiales, por ser atletas o artistas, por poseer habilidades especiales, por convenios de negocios e inversiones, entre otras razones (Ibíd.: 26-27). Señala el autor que el emigrante venezolano no entra a los Estados Unidos por los caminos verdes, sino que lo hace por puertos y aeropuertos, lo que la Seguridad Interna de Estados Unidos entiende como entrada con inspección (Ibíd.: 27). La gran mayoría de los venezolanos que intenta aventurarse a emigrar a EE.UU. lo hace con visa de turista o negocios. Durante el año 2010 ingresaron a Estados Unidos 527.000 ciudadanos venezolanos con visa de no inmigrante, según su documento de 1-94, que incluye turismo, negocios y permiso de trabajo (p. 28). En Estados Unidos, más de la mitad de los admitidos en 2010 se concentraron en el estado de Florida, en las ciudades Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach. En Florida se concentra el 42% de todos los venezolanos que recibieron la Green Card en 2010.

Del análisis de 150 casos recolectados en el portal Mequieroir. com[7], pueden compartirse los hallazgos siguientes: un 60% de la muestra son hombres y 39% mujeres. De los casos seleccionados, 29% declararon tener menos de 30 años; 51% señalaron que tenían 30-39 años, 19% comentó tener más de 40 años. De los casos examinados, 31% eran ingenieros, 27% administradores, 29% estudiantes o personas con un grado universitario de TSU y la restante proporción eran emigrantes con calificaciones académicas vinculadas a las Ciencias Sociales.

Cuando se le preguntó a las personas por qué se marcharon de Venezuela, las opiniones estuvieron fragmentadas en tres razones: 65% de los encuestados señaló que emigró en búsqueda de mejor calidad de vida; un 21% por inseguridad personal y la restante proporción por razones personales, políticas y económicas. Con relación a la pregunta “¿qué fue lo más difícil de la toma de la decisión para emigrar?”, el 79% de los casos mostrados señalaron la separación de la familia; el 21% restante indicó que lo más difícil tuvo relación con los trámites de viajes y/o residencia en el país de destino o simplemente no enfrentaron ninguna dificultad.

Del total de personas que respondieron la encuesta del portal Mequieroir.com, 40% emigró a España, 34% a Estados Unidos y Canadá, y los restantes a varios países de Medio Oriente, Sudamérica, Oceanía y Asia. Por otra parte, un 43% de las personas encuestadas indicó que salió del país en el quinquenio 2000-2004; 33% que lo hizo durante los año 2005-2009; la restante proporción de los casos migró antes del año 1999 o después de 2010. Al ser consultados sobre si regresarían a Venezuela, 77% de los casos testimoniales respondió que no volvería al país y el restante porcentaje respondió que sí lo haría.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Para medir las migraciones y los efectivos (stocks) de migrantes tra-dicionalmente se emplean los censos de población y vivienda, las encuestas de hogares por muestreo y los registros administrativos. En el caso venezolano, la ausencia de estadísticas oficiales publicadas en el país ha obligado a buscar fuentes alternativas[8]. La carencia de estadísticas nacionales para medir las salidas de venezolanos o las entradas de extranjeros al país limita el análisis que pueda realizarse sobre la migración internacional, dicha carencia pasa a ser una debilidad en el examen de la migración diferencial y/o selectiva[9].

Por otra parte, la búsqueda de respuestas a las preguntas relacionadas con las razones o motivaciones para estudiar la emigración internacional son aspectos que permitirán dar una mirada del fenómeno migratorio desde una perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa, desde lo social y político, las condiciones y calidad de vida de la población de lugar de origen y —de manera más amplia— las políticas públicas diseñadas y puestas en vigencia por las instituciones nacionales. Los testimonios de los migrantes, sus visiones, aspiraciones y experiencias vividas también constituyen una importante fuente de información para profundizar en el inconcluso estudio del proceso migratorio venezolano.

La llegada de estos nuevos inmigrantes internacionales ha ocurrido bajo un esquema migratorio diferenciado por: a) un cambio en el patrón inmigratorio internacional hasta entonces conocido, y b) por la emigración internacional de cerca de unos 400.000 venezolanos. Con relación al cambio de patrón inmigratorio, puede señalarse que Venezuela tradicionalmente ha sido considerado como un país receptor de inmigrantes. Sin embargo, la última corriente está caracterizada por los acuerdos entre estados y la movilidad de importantes contingentes de trabajadores.

El segundo aspecto que llama la atención está relacionado con las olas emigratorias venezolanas internacionales que conocemos desde 1983. La última corriente emigratoria internacional venezolana —iniciada en 1999— se ha extendido hasta el presente, aumentando considerablemente.

BIBLIOGRAFÍAArango, Joaquín 2003 “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra” en Migración y Desarrollo, 1 en <http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/vel/JoaquinArango.pdf>.

Arboleda, María Alejandra y Sánchez Sierra, Eduardo José 2008 “¿Cómo destruir riqueza?” en Reflexiones liberales. Policypapers (Bogotá: Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría Olozaga).

Banco Mundial 2011 “Migration and Remittances Factbook 2011″ en <http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0„contentMDK:21352016~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html> acceso 31 de marzo de 2014.

Beaujeu Garnier, Jacqueline 1972 Demogeografía (Barcelona: Labor).

Beck, Ulrich 1998 La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad (Barcelona: Paidós).

Blanco, C. 2000 Las migraciones contemporáneas (Madrid: Alianza).

Cicero, María 2010 “Más de un millón de profesionales venezolanos viven en el exterior” en Analitica.com, en <http://www.elestenoticias.com/mas-de-un-millon-de-profesionales-venezolanos-viven-en-el-exterior>.

De la Vega, Iván 2010 “Más de 800 mil jóvenes han abandonado el país en 10 años” en El Universal, en <http://www.eluniversal.com/2010/08/21/pol_ava_mas-de-800-mil-joven_21A4365897.shtml>.

Garrido Ferradanes, Fernando 2004 “Globalización y migración”. APOSTA Revista de Cs. Sociales, 6, en <http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/garrido2.pdf>.

González, Juan 2000 Harvest ofEmpire: A History of Latinos in America (New York: Penguin Books).

Gualdoni, F. 2007 “Los balseros del aire” en El País, en <http://elpais.com/diario/2007/07/24/internacional/1185228004_850215.html>.

Massey, D. et al. 1993 “Theories of International Migration: A Review and Appraisal”. Population and Development Review, 19, pp. 431-466.

Menéndez del Valle, E. 2003 “Dramática polarización en Venezuela” en El País, en <http://www.aporrea.org/actualidad/a4038.html>.

Petersen, William 1958 “A General Typology of Migration” en American Sociological Review, 23, pp. 256-266.

Picchio, Antonella 2009 “Condiciones de vida: perspectivas, análisis económico y políticas públicas”. Dipartimento di Economia Politica, Universitá di Modena e Reggio Emilia. Revista de Economía Crítica, 7, pp. 27-54.

Sassen Koob, Saskía 1993 Movilidad, trabajo y capital: estudio sobre la corriente internacional de la inversión y del trabajo (Madrid).

Simmons, Alan B. 1987 “Explicando la migración: la teoría en la encrucijada”. Ponencia presentada en Centre for Research on Latin America and the Caribbean (Toronto: University of York).

Subero, Carlos 2012a “Emigrantes criollos se concentran en 6 países” en Últimas Noticias, en <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/emigrantes-criollos-se-concentran-en-6-paises.aspx>.

________ 2012b La alegría triste de emigrar: venezolanos que se fueron a Norteamérica (Caracas: S.E.).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Aja Díaz, Antonio 2004 “Temas en torno a un debate sobre las migraciones internacionales”. Centro de Estudios de Migraciones Internacionales. Universidad de La Habana, en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/cemi/ temas .pdf>.

Bolívar, Miguel 2008 Sociopolítica y censos de población en Venezuela. Del censo de Guzmán Blanco al censo bolivariano (Caracas: Academia Nacional de la Historia).

De la Vega, I. 2003 “Emigración intelectual en Venezuela: el caso de la ciencia y la tecnología” Interciencia, 28 (5), pp. 259-267.

Herrera Carassou, R. 2006 La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones (México: Siglo XXI).

Mármora, L. 2002 Las políticas de migraciones internacionales (Buenos Aires: Paidós).

Mateo, C. y Ledezma, T. 2006 “Los venezolanos como emigrantes: estudio exploratorio en España”. Análisis de Coyuntura, 12 (2), pp. 245-267.

Maza Zavala, D. 2008 “Administración pública” en El Nacional, 17 de julio.

Sarrible, G. 2001 “Propuesta de cambios en el concepto de migración internacional”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 94 (Barcelona: Universidad de Barcelona).

Sosa A., Arturo S. J. 2007 “El proceso político venezolano 1998-2007″ en Revista SIC, 700.

Sociólogo por la Universidad de Puerto Rico y Master en Cs. Demográficas por la misma universidad. Doctorando en Cs. Sociales, Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesor Asociado de la Escuela de Sociología, FACES-UCV; profesor del Programa de Estudios Avanzados en Análisis Demográfico de la Universidad Católica Andrés Bello; consultor del Instituto Nacional de Estadística y del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA); presidente de la Asociación Venezolana de Estudios de Población (AVEPO). Área temática de investigación y publicación: distribución espacial de la población y migración interna e internacional.↵

Las olas inmigratorias que llegaron al país entre los años 1948 y 1998 tomaron la decisión de inmigrar de manera individual y voluntaria. Las tres últimas olas migratorias de la mitad del siglo pasado coincidieron con periodos de auge en la industria petrolera nacional: 1) Europa del Sur, durante los años 1948-1958, 2) del Sur de América, en los años 1970-1983, y 3) desde los países fronterizos de Venezuela, especialmente Colombia. ↵

"La globalización... Se refiere al despliegue de conexiones, relaciones y redes sociales entre comunidades humanas... Cuando hablamos de globalización estamos hablando, en suma, de las interconexiones desde lo financiero a lo medioambiental..." (Garrido, 2004).↵

En el estimado de emigrantes internacionales deberían diferenciarse los venezolanos nacidos en Venezuela, los venezolanos nacidos en el exterior y los venezolanos migrantes de retornos transgeneracionales.↵

Por diáspora se entienden aquellos grupos de personas que viven en un país extranjero pero mantienen una estrecha relación con sus países de origen.↵

En junio de 2011, la revista Semana publicó un reportaje sobre los venezolanos del sector petrolero que comenzaron a llegar a Colombia en 2005, después de los despidos en masa en Petróleos de Venezuela. El artículo señala que el país vecino, en el año 2004, daba cada semana dos cédulas de extranjería a venezolanos; para el año 2010, en promedio, se entregaban 162 cédulas cada semana y para el año 2011 ya eran unas 230 cédulas semanales (Subero, 2012a).↵

Portal web Mequieroir.com: <http://www.mequieroir.com/migracion/>.↵

Es de conocimiento general que se pueden identificar fuentes indirectas de información que nos aproximen al número de casos —individuales o familiares— que han salido o estén planeando salir del país. Una fuente muy interesante son las compañías de mudanzas, las mismas que son contratadas para movilizar los bienes muebles de aquellos que emigran del país. También, puede iniciarse una pesquisa por los diarios de circulación nacional o regional para inventariar el número de clasificados puestos por aquellos que se marchan del país. Otro tanto puede obtenerse al inquirir sobre las agencias de viajes que venden boletos sin regreso. Son varias las formas indirectas que tenemos para aproximarnos al fenómeno migratorio.↵

La contrastación de algunas características —tales como edad, sexo, ocupación, hablar y escribir un idioma diferente al materno—, son variables que permiten tipificar la migración selectiva de la migración diferencial. La migración selectiva compara a los migrantes con la población del lugar de origen. En ese sentido se seleccionan aquellos migrantes con las mejores calificaciones técnicas y/o profesionales, de gran utilidad para aquellas áreas o actividades importantes para el desarrollo del país. En los países de origen, el tema se asocia con la fuga de cerebros o de talento.↵

23

3

MODELOS CIVILIZATORIOS Y POLÍTICAS ECONÓMICAS

24

Francisco Javier Velasco Páez[1] 

CRISIS CIVILIZATORIA Y CRISIS ECOLÓGICA NUEVAS RELACIONES Y EPISTEMOLOGÍAS COMO CLAVES DE LAS VÍAS DE SUPERACIÓN

EXISTE UNA AGUDA Y EXTREMADAMENTE peligrosa patología inherente al sistema que actualmente domina y explota al mundo. Nuestro planeta se estremece de conflicto en conflicto, reduciéndose al absurdo en múltiples planos con dinámicas que configuran una gran crisis civilizatoria que, en palabras de Edgar Morin (2011), resulta ser una “policrisis”. Esa crisis se expresa en la globalización, el desarrollo, la economía, la tecnología, la educación, la salud, la vida urbana, la agricultura y la alimentación, la demografía, la política, los valores y las identidades, entre otros.

No obstante, tiene como componente fundamental una profunda perturbación ecológica de las relaciones sociedad-naturaleza. Por más que agitemos nuestras destrezas técnicas y proezas materiales, no podemos ocultar el hecho de que el patrón civilizatorio dominante destruye acelerada y sistemáticamente las bases ecológicas, la capacidad del planeta para sostener la vida. La forma hegemónica de relacionarnos con la naturaleza y con la Tierra en su conjunto es genocida, eco-cida y geocida. Siguiendo en esta dirección, toda clase de indicadores señala la cercanía de una gran tragedia ecosocial, en lo que queda de este medio siglo en curso, que puede dar al traste con la especie humana y con gran parte —si no todo— del sistema de vida que llamamos biosfera. La crisis ecológica se asocia con un error conceptual que plantea una cierta manera de conocer, siendo en consecuencia también una crisis del conocimiento.

Muchos atribuyen el origen de la crisis ecológica a la transformación científico-tecnológica que condujo y acompañó a la Revolución Industrial; otros se remontan al llamado Renacimiento europeo y a los artífices de la ciencia mecanicista que después del siglo XV se concentraron en desarrollar un solo aspecto de la naturaleza: aquel que pudo ser sometido al poder del ser humano sobre una naturaleza subyugada, fragmentada, en la que las fuerzas motoras mecánicas y la materia quedan sujetas a ser medidas, cuantificadas y explotadas, llegando a considerar al propio ser humano como máquina. Así, la naturaleza debía ser asumida y examinada a través de sus parcelas y piezas para conocer su funcionamiento.

La emergencia del patrón civilizatorio hegemónico —hace aproximadamente 500 años— ha sido determinante en la difusión y entronización de una manera de no-comprender el mundo natural, de manipular el poder para controlar una sociedad y una naturaleza desmembradas, en un afán que se recicla en nuestros días en los tecnócratas obsesionados por el temor a ser tachados de anticientíficos. Sin embargo, podemos identificar los gérmenes de la crisis en las sociedades griega y hebrea antiguas. En ellas, ciertas tensiones socio-naturales permitieron cuajar tendencias cronológicamente más lejanas hacia el surgimiento de una epistemología del control y la dominación, cuyo desarrollo ulterior terminó por borrar de la discusión científica la experiencia humana que se expresa en la visión, el sonido, el gusto, el tacto, el olor, la estética, la sensibilidad ética, la escala de valores, lo cualitativo, la forma, los sentimientos, las motivaciones, las intenciones, la conciencia y el espíritu (Bookchin, 1999).

De esta manera, una racionalidad represiva —que no debe ser confundida con la razón identificada con la plenitud humana, conciencia de sí, claridad lógica, avance que se diferencia del mundo nebuloso en que domina la mitopoética— hizo que el cambio social de sociedades orgánicas a sociedades jerárquicas primero y luego de clases fuese altamente ambiguo en carácter planteando esa paradoja: cómo puede la razón, concebida como una herramienta o método para alcanzar propósitos éticos, ser integrada con la razón concebida como el rasgo inherente o significado de esos mismos propósitos éticos. Trágicamente, la resolución de esta paradoja no quedó para la razón, como de manera optimista creyeron los grandes pensadores del Iluminismo, las crisis que han impulsado la sociedad de clases desde sus inicios produjeron —al menos en el mundo denominado “occidental”— un formidable legado de dominación, que redujo la razón a mera técnica y llevó a que la reacción contra el Iluminismo confundiera razón con racionalismo.

En la medida en que el privilegio fue reemplazando a la paridad y la sociedad jerárquica o de clases comenzó a reemplazar las relaciones de igualdad, se produjo un quiebre en las sociedades orgánicas. La naturaleza cooperativa (cuyos límites constituían el único principio de realidad, entendida como el concepto freudiano) fue convertida en naturaleza predadora guiada por el egoísmo, la competencia, la rivalidad, la crueldad y la búsqueda de la gratificación inmediata. Así, la civilización, entendida como racionalidad, trabajo y una epistemología de represión y autorrepresión, produjo un principio de realidad que somete al control social a una naturaleza supuestamente hostil, ciega, caótica y de animalidad bruta —como erróneamente lo creía Freud—, mediante una matriz cultural que se reserva para sí la creatividad, la subjetividad y la posibilidad de cooperar. El hogar natural de los humanos, que promueve el usufructo, la complementariedad y el hecho de compartir, fue transmutado y degradado en el mundo hobbesiano de todos contra todos. Surge en este proceso un desconocimiento de las raíces biológicas de la humanidad, llevando a los seres humanos a una peligrosa fragmentación anti-orgánica que organiza la vida social en contra de la naturaleza, a una ilusión de separatividad que nos hace sentirnos extraños a la naturaleza y separados de otros seres humanos y otras sociedades; nos impulsa a actuar contra ellos, a contraponernos e intentar dominarlos, a destruir los aspectos de la naturaleza que nos molestan o causan ruido y apropiarnos selectivamente de los que creemos nos producirán confort, placer y seguridad (Capriles, 1994). Esta es una causa primaria de la crisis ecológica. Pero existe una causa derivada de la anterior, que es el proyecto tecnológico corporativo burocrático de dominio de la naturaleza, que ha venido destruyendo o empobreciendo los sistemas de los cuales depende la vida. A este proyecto se le unen las divisiones entre clases, naciones y Estados.

Hay una larga, demasiado larga tradición de separar la naturaleza humana del ambiente externo, del ambiente físico en el que vivimos, que nos corta y silencia en términos epistémicos, y, en consecuencia, nos conduce a elaborar representaciones mentales sistemáticas que constituyen una esfera interna que se diferencia radicalmente del mundo externo constituido por mundos físicos y comportamiento social. Esta tradición se asocia con la sucesión y superposición de sucesivos y superpuestos sistemas de dominación, comenzando por la de los jóvenes subordinados a los adultos, pasando por el patriarcado, el sometimiento étnico y la dominación de clase. Para dar cuenta de esa diferencia entre interior y exterior se ha construido una noción de mente que se entiende distinta al ambiente físico, alienándonos de los nichos ecológicos que habitamos. Al estar cortados epistémicamente del mundo externo, entonces cualquier cosa que nos hace humanos —podemos llamarla mente, espíritu o alma— no pertenece al mundo. Esto provoca que nuestra humanidad sea definida en términos de pensar y no de ser, esto es ser en un mundo físico, biológico y ecológico.

¿Cuál puede ser una alternativa epistémica a esa situación? A nuestro parecer dicha alternativa involucra, entre otras cosas, una pluralidad epistemológica que contribuye a superar la idea de supremacía de las ciencias naturales sobre las sociales y la especialización como única forma de desarrollo de la ciencia. Esto incluye también lo que Boaventura de Sousa Santos (2009) denomina la epistemología del sur, que tiene dos ideas centrales: la ecología de saberes y la traducción intercultural. La ecología de saberes asume que todas las prácticas de relaciones entre los seres humanos, así como entre los seres humanos y la naturaleza, implican más de una forma de conocimiento, mientras que la traducción intercultural se entiende como el procedimiento que permite crear inteligibilidad recíproca entre las experiencias del mundo, tanto las disponibles como las posibles. La ecología de saberes promueve la interdependencia entre conocimientos científicos y no científicos, en contraposición a la sociedad capitalista que epistemológicamente se caracteriza por favorecer prácticas en las que prevalece el conocimiento científico en detrimento de formas alternativas de conocimiento. Cabe aclarar que en la ecología de saberes, la valorización y/o revalorización de lo no científico no supone renegar del conocimiento científico, pero implica su utilización contrahegemónica. A esto agregamos la incorporación de una teoría de la percepción, en la que el conocimiento que tenemos en lo que respecta al ambiente es mucho más directo. No necesariamente directo en el sentido de que el conocimiento perceptivo evita de alguna forma el paso a través de diferentes filtros cerebrales, sino que más bien no apela a representaciones mediadoras entre el ambiente y nuestra percepción de él. Hablamos de una perspectiva ecológica que es más pragmática en lo que concierne a la percepción y su vínculo con el comportamiento y las oportunidades de comportamiento. Por ejemplo, si percibimos una cama no tenemos un aporte o entrada sensorial y luego inferimos que la cama es para acostarse, sino que vemos directamente que la cama es para acostarse. De esta manera contribuimos a cerrar la brecha que nos separa del resto del ambiente en términos epistémicos, pues estamos íntimamente ligados a él debido a esa orientación pragmática con nuestros nichos ecológicos. La enorme brecha existente entre concepto y cosa radica fundamentalmente en el carácter dinámico y vivo de las cosas, mientras que el concepto es estático y pobre, escamotea todo un universo de interrelaciones.

Pero también asumimos que en esa pluralidad concurre una propuesta epistemológica en torno al conocimiento a través de la experiencia que explora a través de lo discursivo la imagen de otras culturas, no en la ficción sino en lo que supone deshacer desempeños previamente asignados por la ciencia entre el sujeto activo y la naturaleza. Esto es posible en virtud de una acción de simpatía, de un acto de degradación de la energía de un sistema en el que uno de los extremos originarios —el objeto llamado naturaleza— es “descosificado” para acceder a la categoría de ser o entidad activa capaz de alterar, de modificar el otro opuesto con el que se establece una interacción, una relación si se quiere dialéctica. En el proceso el sujeto observante también se descosifica, abandona el carácter de la “cosa” que era anteriormente y se humaniza (por ello se hace también naturaleza específica, particular).

Esta disolución de roles no siempre se ha realizado mediante un acto entrópico (aunque esta siga siendo la experiencia más tajante y efectiva). En ciertas ocasiones la inutilización llega por sí misma como resultado de una operación analítica, de la cual no pueden derivarse contradicciones desde el punto de vista metodológico. En otras situaciones ocurre a través de una reflexión culturalista, en la que el científico social ha decidido ir más allá de las fronteras de una especialidad. En los dos casos la operación puede llevarse a cabo, porque el científico-especialista ha tomado conciencia del relativismo histórico de las premisas epistémicas que le sirven de base, ha entendido que conceptos como sociedad, enfermedad, naturaleza, etc., son parte de lo que asumimos como “normalidad social”, que viene a ser el resultado de un potente juego de intereses de los que la ciencia —incluida la social— es un simple servidor e intérprete.

El científico social, consciente del etnocentrismo y la pretensión universalista y reductora inherente a su metodología, siente las distintas interpretaciones que puede admitir su inclinación imperiosa hacia lo científico. Está al tanto de que se expone a transformarse en hombre de ninguna parte, de ninguna cultura, de ningún conocimiento, de ninguna ciencia, del reino de la utopía que atrae y seduce a los hombres y las mujeres de ningún lugar. No se trata de caer en esa trampa, pero sí de admitir la posibilidad y la necesidad de complementar traspasando barreras, rompiendo con las ambigüedades —aunque admitiendo las paradojas—, renunciando en ciertas circunstancias al rol de observador imparcial, objetivo, frío y sin pasión aparente, para después estar capacitado para entablar un diálogo con él. Esto supone una petición de principio: poder trascender la idea de que el conocimiento y su natural derivación, la acción, se enlazan única y exclusivamente teniendo como base una una metodología científica. Supone también abandonar la exigencia de que el establecimiento de unas relaciones de conocimiento y transformación con la realidad —la naturaleza, la sociedad, lo ecológico, el ambiente— pasan con una adhesión obstinada y necesaria por el filtro científico, del conocimiento hegemónico y, de manera más precisa, por el mito de la conciencia objetiva. ¿Implica esto un desprendimiento voluntario del conocimiento? ¿Se renuncia al efecto de hacer o se contamina la acción?

No hablamos pues de renunciar al conocimiento y a la acción en esas ocasiones, pero sí de ubicarnos en lo que ha constituido un aspecto medular de la vida de los hombres y las mujeres desde hace milenios, de sus relaciones con la naturaleza. Se trata de una experiencia constitutiva de lo humano, tal y como lo son la actividad lúdica, el trabajo, el lenguaje y el vínculo erótico. Esa experiencia abarca desde el tener conciencia de la propia soledad hasta el sentido de pertenencia al cosmos. Es una separación del ego que suponemos que somos para aproximarnos hacia el otro (social, natural, ecológico), que siempre es distinto a nosotros, pero que no se encuentra desligado de nosotros. En esa experiencia se desvanecen los límites entre conocimiento intelectual y vida cotidiana, entre lo sensorial y lo científico. El sujeto de conocimiento es simultáneamente objeto de experimentación y cambio ecosocial. De esta forma, el conocimiento —en particular el ecológico— y la vida vuelven a asociarse en la unidad, apostando por una unión entre la revolución social y la transformación vital.

Esto supone aprender, como hacen ciertos pueblos indígenas, a dudar de los sentidos. Implica adoptar una postura crítica, una indeterminación entre juicios, que no resulta de un proceso de meditación lógica inscrito dentro de una corriente de pensamiento filosófico. Se trata más bien de lo opuesto: una crítica sensible de la realidad, que luego se lleva a normas y conceptos racionales. Por esa vía conseguimos entender que la realidad se enclaustra en lo que percibimos, que lo que denominamos “el mundo” es imaginario; no es que no existe nada en esa realidad, sino que el mundo es imaginario en el sentido en que queda disminuido y limitado a un conjunto de descripciones de esa realidad que, de acuerdo a ciertas convenciones, se ordenan en el pensamiento y el lenguaje.

Sabemos que el lenguaje es operativo y por lo tanto reductor. Veamos, por ejemplo, el caso de ciertas nociones que empobrecen y reducen significados amplios y variados a sentidos y valores simples e instrumentales. Así como en el argot militar priva la reducción cuando se habla de bajas (seres humanos, personas muertas en combate) también se incurre en reducción cuando utilizamos el término recursos naturales (que sustituye a naturaleza). Por ello vale la crítica de la percepción o mejor, si queremos, la duda del uso de la percepción que se remite a un solo plano, a un único aspecto.

Ahora bien, donde una crítica racional de la percepción de la realidad —natural, social, ecológica, etc.— intentaría la demostración lógica de la convencionalidad de aquellas descripciones del mundo y la naturaleza, una crítica sensible ataca de manera directa y contundente en la propia esfera de las percepciones. Esto nos lleva a la necesidad no solo de relativizar lo que se observa sino a aprender a ver y observar de otra manera, a ver otra realidad u otras dimensiones de la realidad, a desbordar la capacidad convencional de la percepción. Supone recuperar la visión directa del mundo, de otra vida, otra naturaleza, otro mundo que no está en el más allá sino aquí, en la realidad de todos los días, en el más acá, en el otro lado de las cosas, los procesos y las circunstancias. Hablamos pues de una experiencia ecosocial que establece otras relaciones con la realidad, que se vincula a otros ámbitos de la realidad y que también se relaciona o se puede relacionar con otras realidades, generando conocimiento no-conceptual de la cual se deriva o puede derivar el conocimiento conceptual sistémico.

Creemos que estas ideas, incluidas en un marco epistémico ecológico, pueden proporcionar motivaciones claras para abandonar dualismos tradicionales entre mente y cuerpo, sujeto y objeto, femenino y masculino, sociedad-naturaleza, para superar la hostilidad hacia nuestro trasfondo biológico y ecológico; para configurar una noción de ambiente en la que lo social y lo natural se encuentran estrechamente unidos, en interacción constante a lo largo de una dinámica en la que se imbrican, sin disolverse, una historia natural (historias) y una historia social (historias); para entender que todos los problemas ambientales y la crisis ecológica en su conjunto tienen causas sociales y, por lo tanto, su resolución no puede ser exclusivamente ni principalmente técnica, por intervención hegemónica de la ciencia y la tecnología industrial convencional, ni tampoco gerencial, como lo pregonan los discursos ecocráticos y ecotecnocráticos en boga, tales como el de la sostenibilidad y la economía verde.

Para salir de esta situación potencial y progresivamente catastrófica estamos llamados, de una manera muy real, a reinventarnos como sociedades y como especie. Para ello necesitamos sabiduría que nos lleve a una profunda liberación/transformación personal y social, pasando de dueños y dictadores de las cosas y los seres vivos, a hermanos y hermanas de ambos grupos. Esa transformación implica también una liberación/reinvención colectiva, a través de otro diseño ecológico que nos impulse a respetar y a vivir de acuerdo con los ritmos de la naturaleza. Debemos saber qué extraer de ella para nuestra supervivencia colectiva y cómo aprender de ella, pues ella se estructura sistémicamente en redes de inter-retro-relaciones que aseguran la cooperación, la reciprocidad, la ayuda mutua y la solidaridad de todos con todos y dan sustento y posibilidad de perpetuación y recreación a la vida en todas sus formas, especialmente a la vida humana. Sin esta cooperación/solidaridad nuestra —con la naturaleza y con los seres humanos—, no encontraremos una salida real a la crisis.

Una condición para que las transformaciones teóricas y episté-micas tengan lugar es que los más directamente afectados por la destrucción ecológica, por los problemas ambientales, consigan enlazar sus puntos de vista y opiniones reuniendo fuerzas para incidir en el ámbito político. También creemos necesario reunir la actividad del conocimiento —que incluye el científico— sobre la naturaleza en el juego normal de la sociedad y la acción política en la integración progresiva de un mundo común. La respuesta epistemológica a la crisis ecológica debe abrir la posibilidad de traducir otras dimensiones más que las de naturaleza y política. Como lo propone Arellano (2007), esta tarea traductora puede inspirarse en el estudio del proceso de hominización, por lo que podríamos iniciar la imaginación de una epistemología de sustento antropológico.

La naturaleza no existe solo para el provecho de los humanos sino que es el ámbito de su realización y de la realización de otros seres. Lo humano no está disociado del entorno (en la teoría social se han intentado demasiadas aproximaciones que incurren en este lamentable error), sino que forma parte de él. Los hombres y las mujeres no somos dueños ni propietarios del mundo y el universo. Pero no somos una simple forma de vida más en el orden natural, tampoco somos meros espectadores del drama cósmico. En este sentido, conviene quizás adoptar posturas epistemológicas que nos alejen del hombre que domina y avasalla la naturaleza y nos acerquen a una idea de cooperación y responsabilidad para con el mundo, asumir lo que Enrique Leff (2007: 69) denomina una epistemología ambiental abierta hacia el horizonte de la otredad, reconociendo la complejidad del mundo como el otro último de todo sistema.

En esta región del planeta, que seguimos mal llamando “América Latina”, se ha venido configurando una suerte de diversidad sociocul-tural en cuya trama concurren constituyentes ancestrales, tradicionales y nuevos, enlazada a una rica diversidad natural. Descartando la pobre visión de un modo de conocer que, al efectuar la división y la subdivisión, estanca los saberes, rompe la integridad del todo unitario que constituyen la realidad y los problemas fundamentales, dejando a un lado el eurocentrismo que nos engaña con su alarde de universalidad, sacando a nuestras mentes de la dictadura de lo abstracto y de las condiciones que impone la razón instrumental, resituando a la humanidad en el medio social, cultural y ecológico que estructura nuestras experiencias y orienta nuestras posibilidades de acción y comportamiento, contando con el propósito de un sinnúmero de pueblos, comunidades, grupos, movimientos sociales y activistas, esa variedad ecosocial puede asumirse como fuente de creación y recreación de ámbitos alternativos de vida y emancipación.

BIBLIOGRAFÍA

Arellano H., Antonio 2007 “De la epistemología de la ecología política latouriana a una epistemología de sustento antropológico” en Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 14 (44), pp. 59-79 (UNAM).

<navPoint id="front-matter-001" playOrder="5">

<navLabel><text>Página legal</text></navLabel>

<content src="Text/front-matter-001-introduction.html"/>

</navPoint>Bookchin, Murray 1999 La ecología de la libertad. La emergencia y la disolución de la jerarquía (Madrid: Nossa y Jara Editores).

Capriles, Elias 1994 Individuo, sociedad, ecosistema. Ensayos sobre filosofía, política y mística (Mérida: Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes).

De Sousa Santos, Boaventura 2009 Una epistemología del Sur. La reinvención del conocimiento y la emancipación social (México: CLACSO/Siglo XXI).

Leff, Enrique 2007 Aventuras de la epistemología ambiental (México: Siglo XXI).

Morin, Edgar 2011 La vía para el futuro de la humanidad (México: Siglo XXI).

Doctorado en Estudios del Desarrollo, CENDES, Universidad Central de Venezuela (UCV), 1999. Maestría en Planificación Urbana, mención Ambiente, Me Gilí Universi-ty, Montreal, Canadá, 1986. Antropología, Escuela de Sociología y Antropología, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UCV, Caracas, 1981. Se desempeñó como subdirector académico del Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología "Paulo Freiré" (2008-2011); coordinador del Programa de Posgrado en "Evaluación de Impacto en Salud y Ambiente", Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la UCV (1996-2004); profesor-investigador del área socioambiental en la Escuela Venezolana de Planificación, del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) y de la Escuela de Sociología de la UCV, así como en la Escuela de Planificación Urbana de Me Gilí University Montreal (Québec, Canadá, 1982-2014). Actualmente es coordinador de Proyectos e Investigación de la Escuela Venezolana de Planificación y del Posgrado en Planificación Agroecológica de esta misma institución.↵

25

Emiliano Terán Mantovani[1] 

EL "DESARROLLO" COMO IMAGINARIO Y EL RENTISMO COMO FRONTERA SUBJETIVIDAD, POLÍTICA Y NATURALEZA

Para mí volver a ser comunista significa aceptar esta “vocación” vanguardista de la política.
La apuesta es, obviamente, similar a la de la vanguardia artística:
negarse a hacer política como si estuviéramos en una situación “normal” y,
por el contrario, aceptar que no  existe tal situación normal.

Gianni Vattimo

¿ENTRAMOS EN UNA ERA POSTDEMOCRATICA EN EL MODERNO SISTEMA-MUNDO CAPITALISTA?

La crisis sistémica, en la cual estamos inmersos actualmente, es la expresión del agotamiento de un sistema histórico colonial, que se conforma en un largo proceso a partir de los siglos XV-XVI, y que se enfrenta a los límites de su propia lógica. Los mecanismos socio-geográficos —que han permitido los ajustes históricos del proceso de acumulación y el dinamismo del circuito del capital—, están volviéndose cada vez más disfuncionales para lograr este objetivo. Al mismo tiempo, la frenética necesidad de expansión y acumulación sin fin del capitalismo está en una creciente y preocupante descompensación con los ciclos de reproducción de la naturaleza, haciendo evidente el carácter insostenible, a no muy largo plazo, de esta situación planetaria. Estos factores determinantes están resquebrajando seriamente los pilares sobre los que se ha sostenido la geocultura moderno-liberal, haciendo que el mantenimiento de la estabilidad social y política mundial sea cada vez más precaria.

En este sentido, el ataque neoliberal que estamos presenciando a escala planetaria, en la medida en que pueda avanzar en los procesos de desposesión y lesione cada vez más el ya precario estado de derecho, supondrá un tremendo desafío para las formas de producción de conocimiento institucionalizadas, tal y como las conocemos en la actualidad. La profunda transformación histórica que vive el sistema-mundo genera las condiciones para que los Estados modernos —en todas sus variantes coloniales— progresivamente no puedan seguir manteniendo los sistemas de “bienestar social” y de “libertades” que han servido de modelo político a escala global, lo cual también tendrá notables repercusiones en la institucionalidad que ha sostenido a las ciencias sociales contemporáneas.

Existen algunos factores clave que vale la pena atender en este análisis:

a) Por un lado, la intensificación de los rasgos de la crisis civilizatoria podría generar la puesta en marcha de severas políticas de control y restricciones sociales al acceso a la información, con importantes limitaciones y censuras. Ya en la actualidad se hace evidente la utilización y proyección futura de dispositivos regúlatenos de este tipo, como leyes y tratados —SOPA, PIPA, ACTA o CISPA para Internet—, así como de diversas formas de espionaje masivo y vigilancia global de la información —como el programa electrónico de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), denominado PRISM—, entre otras.

Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo será Internet en el futuro? El analista Germán Gorraiz López señala un estudio de la organización OpenNet, integrada por las universidades de Oxford, Cambridge, Harvard y Toronto, en el cual se expone que veinticinco países ejercerían la censura de contenidos políticos considerados “peligrosos”, mediante sofisticados mecanismos de control y la colaboración de empresas occidentales, lo que tendría efectos colaterales para la próxima década, referidos a la imposibilidad del acceso universal a la red, tal y como lo conocemos actualmente, la cual pasaría a ser una herramienta exclusiva de las élites políticas globales. Esto, para Gorraiz López, constituiría una “deriva totalitaria” de facto (2013).

En síntesis, peligros como estos para el pensamiento crítico en la producción de saber podrían generar escenarios en los cuales las corrientes contrahegemónicas del campo científico buscarían puntos de fuga descentralizados y territoriales, con sus respectivos efectos sobre la estructura institucional hegemónica del ámbito del saber, tanto a escala global como en cada Estado-nación del sistema-mundo.

b) El hecho de que las diversas dimensiones de la crisis civilizatoria, principalmente la referida a la crisis ambiental planetaria, pongan en entredicho la propia posibilidad de vida en el planeta, supone la determinación de una coyuntura excepcional sobre los procesos de producción de conocimiento —como plantea Gianni Vattimo, “tal situación normal ya no existe” (2006: 52)[2]—, lo cual exige una conciencia de urgencia que sea transversal a estos, tomando en cuenta además la diferencia entre esta situación apremiante y los tiempos más lentos de los cambios estructurales. ¿Qué forma tomarán las ciencias sociales ante la profundización de esta coyuntura histórica?

c) La desestructuración de las instituciones, de los procesos económicos globales y de la hegemonía estadounidense en el sistema-mundo capitalista abre el camino para crecientes manifestaciones de caos sis-témico, lo cual se expresa en una crisis de los paradigmas universales reinantes, altos niveles de incertidumbre, y en las grandes dificultades para estudiar, caracterizar y comprender un sistema que se encuentra en una transición hacia otras formas sociales que no sabemos cómo serán. Esta situación genera una especie de fragmentación e hibridación epistemológica, que tiene importantes implicaciones para las ciencias sociales.

Los significativos procesos de transformación que ha vivido América Latina en épocas recientes —al tiempo que son expresiones de las complejas dinámicas de la crisis civilizatoria y de la geopolítica de la globalización neoliberal—, también evidencian las corrientes alternativas que surgen de dichos procesos, con las respectivas tensiones y posibilidades que de ellos emergen.

Las arremetidas neoliberales en América Latina, desde fines de los años ochenta, provocaron intensas movilizaciones populares de resistencia, la constitución de movimientos sociales de nuevo tipo y el ascenso de una serie de gobiernos “progresistas” —siendo el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador los proyectos más radicales—, abrieron el camino a la emergencia de numerosos procesos de producción de conocimiento de tendencias anticapitalistas y decoloniales, que fueron a su vez promovidos y apoyados por los gobiernos vinculados con estas corrientes del pensamiento crítico, constituyendo así una narrativa que tomó importantes posiciones en los imaginarios políticos y culturales de estas sociedades.

Los debates promovidos a partir del proyecto del llamado “socialismo del siglo XXI” y las concepciones que giran en torno a la idea del “buen vivir”, no solo permearon los principios de las políticas públicas de gobiernos como Ecuador, Venezuela y Bolivia, sino que lograron desplegarse en las construcciones sociales y culturales de importantes sectores de la población, al tiempo que gobiernos y sociedades de otros países de Latinoamérica y el mundo bebieron de esta fuente de pensamiento contrahegemónico. Como muestra de ello, basta referir la manera cómo estas ideas y proyectos decoloniales latinoamericanos han sido referencia para movimientos sociales de todo el planeta en espacios como el Foro Social Mundial, a la vez que —quien fuera candidato presidencial de Francia, Jean-Luc Mélenchon— ha dicho que ha tomado sus modelos políticos de nuestra región (Febbro, 2012)[3].

La profundización de los modelos extractivistas, las resistencias conservadoras internas y las presiones del capital global en crisis para derribar las barreras con la finalidad de la apropiación de los llamados “recursos naturales” y del excedente captado por nuestras economías, amenazan con infiltrar y modificar la correlación de fuerza a lo interno de nuestros Estados y países, desmantelar los avances sociales alcanzados y producir severos ataques a los ya complejos sistemas de libertades y de derecho en la región, al tiempo que se abren, nuevamente, masivos procesos de acumulación por desposesión y políticas neoliberales directas.

Estas amenazas políticas y geopolíticas tendrían consecuencias directas sobre la emergencia epistemológica crítica que hemos descrito, lo cual supone un enorme desafío no solo en la construcción de alternativas en los modos de vivir y pensar, sino en la propia subsistencia de las condiciones favorables que han promovido este pensamiento contrahegemónico.

LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA: DISPUTA EPISTEMOLÓGICA Y LA “CULTURA DEL PETRÓLEO”

La Revolución Bolivariana, entendida tanto como un proceso político como un cúmulo de discursos donde han prevalecido ideas contrahegemónicas y corrientes culturales de pensamiento crítico, ha suscitado enormes desafíos, dilemas, contradicciones y alternativas a las formas en que nos hemos pensado como sujetos, en que hemos concebido al espacio/naturaleza, y hemos interpretado la realidad histórico-social en Venezuela. Este complejo proceso político y cultural plantea grandes problemas epistemológicos y producciones híbridas y fragmentadas del saber, que invitan a escrutar y reexaminar nuestros modelos dominantes de conocimiento, sobre los cuales aún prevalecen el imaginario del “desarrollo” y el rentismo como frontera de lo impensable.

Planteado de manera muy general, aparte de saldar la enorme deuda social acumulada históricamente y haber al menos iniciado una clara transición post-rentista en el país, llevar adelante una Revolución Cultural que resquebrajara y comenzara a poner en entredicho nuestra “cultura del petróleo”, nuestro imaginario rentístico, abriendo el camino hacia la construcción de una nueva subjetividad de auto-valoración productiva, era una de las tres grandes misiones sobre las que se han centrado, y aún se centran, las expectativas revolucionarias del proceso político venezolano reciente.

Si intentamos extraer un saldo actual de dicha misión, debemos preguntarnos si esta reconfiguración cultural se ha puesto o no en marcha; al tiempo que debemos examinar en qué sentido y hasta qué grado la Revolución Bolivariana se ha traducido o no en un refrescamiento político y en una repotenciación del viejo modelo rentista.

La coexistencia de factores divergentes en nuestro proceso político nacional evidencia que la Revolución Bolivariana es en efecto un campo en disputa. Sin embargo, esta lucha no es simétrica y se desenvuelve mediada por la hegemonía y la profundización del modelo rentista y, por lo tanto, sobre un redimensionamiento de la cultura del petróleo. La Revolución Bolivariana, entonces, no debe evaluarse solo como proceso de ruptura histórica, sino también de continuidad con el pasado.

Leer hoy Antropología del petróleo, un clásico de la literatura petrolera venezolana que escribiera el antropólogo marxista Rodolfo Quintero en 1971 (publicado en 1972), constituye una experiencia que nos permite comprender el poderoso arraigo cultural que tiene en nuestro país el modelo rentista petrolero. Lo interesante y relevante de la obra de Quintero es que —al contrario de todo el grueso de la tradición de la teoría social en Venezuela, anterior a él— construye el concepto de “cultura del petróleo” sin recurrir a la tradicional ontología racista y colonial, la cual planteaba que el venezolano es un “bárbaro” por sus condiciones biológicas y raciales, o bien que es de “naturaleza perezosa” y que por ende debía ser civilizado por un gobierno fuerte y/o ilustrado (léase Laureano Vallenilla Lanz et al.). La cultura del petróleo es para Quintero una imposición colonial, una forma de imperialismo cultural (1976).

Más de cuarenta años después de la publicación de ese texto, que relata un proceso de transculturización capitalista/colonial, iniciado hace ya unos noventa años con la implantación de los campos petroleros en los años veinte del siglo pasado, no dejan de sorprender las enormes similitudes que tiene esta descripción sobre nuestros rasgos culturales y antropológicos, en relación con nuestra realidad actual.

Para Quintero, la cultura del petróleo se despliega en factores inmateriales como la lengua, el arte, la ciencia, así como en recursos físicos como los instrumentos, las actividades o la infraestructura. Se trata de “…una cultura de conquista, [que] crea una filosofía de la vida para adecuar la población conquistada a la condición de fuente productora de materias primas” (Ibíd.: 46); toda una ontología del extractivismo para el extractivismo. La hegemonía de la cultura del petróleo actúa de manera determinante en la forma en que los sujetos y la sociedad se piensan a sí mismos. De esta manera, dicha cultura —profundamente atravesada por el ideal neocolonial del “desarrollo”— reproduce un imaginario deseante de los estilos de vida propios de este modelo, al tiempo que expulsa, invisibiliza, invalida y/o minimiza la posibilidad de pensar en otra sociedad que no sea la petrolera, de pensarla más allá del “desarrollo” y del rentismo —léase la “siembra del petróleo”—, utopizando las alternativas.

La cultura del petróleo en la Revolución Bolivariana —como episteme que se proyecta sobre la producción de subjetividad, sobre las cartografías, valores sociales y los regímenes de verdad, sobre el cuerpo, la relación con la naturaleza, el ordenamiento del espacio y las estructuras físicas— representa una cultura que, deteriorando las cosmovisiones locales y generando desarraigos territoriales, promoviendo una aprehensión a lo que parecen las “ventajas del sistema” y sembrando una dependencia subjetiva respecto a las élites de poder, coexiste con una serie de ideas revolucionarias que en algunos casos plantea profundos y radicales cuestionamientos políticos y axiológicos.

Esta combinación determina que en numerosas ocasiones se produzca la construcción de saberes híbridos con elementos internos incompatibles, que en un contexto de hegemonía económica y cultural petrolera/capitalista, generalmente subsume y asimila los elementos críticos de los mismos, a favor del statu quo discursivo. Hacer una revolución anticapitalista en el marco de un capitalismo rentístico tiene límites, que incluso amenazan la propia continuidad del proceso de transformaciones populares.

Quintero denunciaba a los difusores de esta cultura petrolera, quienes a su juicio “laboran de forma planificada para hacer de los venezolanos personas dispuestas a ceder frente a la penetración de lo extraño” (ídem). No obstante, si bien una parte de la ciencia social venezolana ha producido teorías ad hoc para la legitimación de los esquemas de poder establecidos y la dominación social, incluso las propias corrientes de pensamiento crítico en ella han sido permeadas de manera determinante por esta narrativa colonial hegemónica.

El paradigma del “desarrollo” y el rentismo como frontera, atraviesan los saberes contrahegemónicos, enmarcando sus conceptos y discursos. El análisis histórico-social venezolano ha centrado la gran mayoría de su atención y esfuerzos en buscar mecanismos para una mayor captación de la renta y un mayor control de la industria petrolera, de manera tal de impulsar el proyecto modernizador nacional, entendido este como un proyecto “progresista” que busca la emancipación social y que nos llevaría al tan ansiado “desarrollo”.

Aunque resaltan algunas reivindicaciones de Rodolfo Quintero a las culturas locales y una idea de “descolonización petrolera” (Tbíd.: 230-248), y a pesar de que por ejemplo Bernard Mommer estudió las diferencias en las productividades que se generaban en el intercambio desigual, y la manera en la cual la reconfiguración del poder del Estado podía intervenir de una u otra forma en este, mediante un ejercicio de “soberanía” (2010), lo cual tenía su correlato político en la “independencia” y el nacionalismo petrolero, los clásicos del análisis histórico-social petrolero venezolano han estado profundamente determinados por el ideal de la “modernidad” y del “progreso”, en este caso materializable en la forma de una mayor captación de la renta y su transferencia al desarrollo industrial (capitalista por antonomasia).

En Juan Pablo Pérez Alfonzo comienzan a bosquejarse críticas sin precedentes en nuestra literatura petrolera, al aparecer cuestio-namientos al crecimiento, al desarrollismo, al concepto de “sembrar el petróleo”, a los efectos nocivos de la propia renta internacional, y algunas ideas muy avanzadas que en la actualidad forman parte del debate de las ciencias sociales en plena crisis civilizatoria (2009). Sin embargo, es con El Estado mágico de Fernando Coronil (1997) que se produce un importante deslizamiento epistemológico decolonial en la tradición del análisis petrolero social venezolano, planteando una crítica profunda a la episteme moderno/occidental reinante, que había determinado tanto nuestros patrones de conocimiento como la propia práctica política nacional que se derivaba de ellos.

La línea de estudios sobre modernidad/colonialidad, en la que se inscribe El Estado Mágico de Coronil, representa una poderosa arma crítica contra la tradición de la cultura del petróleo y su estructura de funcionamiento biopolítico. La introducción del problema del espacio/naturaleza como factor clave en los análisis de la conformación del sistema-mundo capitalista tiene poderosas implicaciones en la medida en que resignifica la División Internacional del Trabajo también como “División Internacional de la Naturaleza”; desmitifica el “desarrollo” y la primacía del tiempo; hace evidente el ocultamiento del valor intrínseco de la Naturaleza; o bien permite otra comprensión de la composición y funcionamiento del petro-Estado periférico venezolano, destacando el papel de intermediación que juega este y la relación entre su estructuración política y la captación de una renta absoluta. La legitimación del statu quo petrolero y la relación de subordinación del poder constituyente ante el poder constituido mediante el accionar del “Estado mágico” permiten hacer visible la relación entre el discurso, el poder y la subjetividad (ídem)[4]. Todos estos elementos tienen poderosas implicaciones político-epistemológicas, sobre todo en intensos procesos de disputa cultural como los que vivimos en la actualidad en el país.

Pese a la importancia de la producción teórica para intentar salir del modelo rentista petrolero y su estructura de poder, o incluso plantear un proyecto anticapitalista en su seno, como es el caso de las corrientes más radicales de la Revolución Bolivariana, el impacto que genera la reproducción de esta estructura económica rentista sobre la producción cultural y de subjetividad es tal, que hasta las ideologías más revolucionarias chocan con la enorme complexión de este modelo profundamente asimétrico.

Es fundamental examinar y cartografiar los recursos claves desde los cuales se canaliza la reproducción de esta cultura del petróleo en la Revolución Bolivariana, de manera tal de caracterizar sus lógicas, sus fuentes de energía, sus campos fértiles, y hacer visible por qué muchas de las ideas anticapitalistas más radicales no logran encontrar asidero en la estructura social del sistema rentista, sobre todo a medida que se va profundizando este modelo extractivista en el país.

Si la inundación de divisas, producto del boom rentístico que vivimos desde 2004 —el llamado “efecto China” a raíz del auge de la demanda de commodities impulsado principalmente por este país— tiene efectos perniciosos sobre los factores productivos, sobre el auge relativo de las importaciones, sobre el ensanchamiento artificial del mercado interno, el agrandamiento del desarrollismo del petro-Estado y de los niveles de endeudamiento externo se debe a que esta profundización de los desequilibrios económicos está en enorme correlación con la necesidad e impulso del sobredimensio-namiento de la cultura del petróleo, para así favorecer tanto a las estructuras de poder dominantes como la consolidación de nuestra función dependiente en la División Internacional del Trabajo. Cuando Alí Rodríguez Araque reconoce que el fenómeno de la corrupción es una de las varias formas de distribución (antiética) de la renta petrolera (Últimas Noticias, 2013: 6-7), está haciendo evidente la relación estructural que existe entre cultura y rentismo, entre el excedente petrolero y la subjetividad.

La profundización del modelo rentista y los futuros proyectos de ampliación del extractivismo petrolero (e inclusive minero) —los 6 millones de barriles diarios de los dos grandes proyectos político-partidistas hegemónicos, la “Potencia Energética Mundial” y el “Petróleo para tu Progreso”— supondrían la intensificación de nuestros males culturales endémicos. La expansión de lo que Ulrich Brand ha llamado los “modos de vida imperial”[5] en crecientes masas de la población, la construcción de expectativas, imaginarios y subjetividades a imagen y semejanza de la estructura del capitalismo rentístico se conectan con el aumento de las migraciones a las ciudades, un mayor deterioro de la producción agrícola y el frenesí surrealista por los productos importados.

A su vez, los planes ya en marcha para la ampliación de la implantación de estructuras petroleras en la Faja del Orinoco —que Quintero en su tiempo definía como una incrustación colonial— reproduce el viejo efecto de deterioro y desarraigo de las culturas locales —incluidos nuestros pueblos indígenas, que aún esperan la materialización de la demarcación territorial—, la inserción en el espacio de los recursos materiales que reproducen la cultura del petróleo y el embelesamiento social con las llamadas “ventajas” monetarias del sistema.

Cuando Rodolfo Quintero propone que es esta una cultura traída de afuera es fundamental preguntarse: ¿qué es el adentro y qué es el afuera en el sistema-mundo capitalista? La idea de una exterioridad geográfica y la cosificación de los países como objetos de estudio independientes se inscriben en una tradición teórica, que recurre al Estado-nación como unidad fundamental de análisis. Sin embargo, el imperialismo cultural no solo funciona como intervención de “afuera” hacia “adentro”, sino que implanta en el terreno procesos germinales de colonialismo endógeno. El Estado venezolano, entendido como un “petro-Estado desarrollista dependiente”, en la medida en la que es propietario de la tierra y un intermediario entre el capital transnacio-nalizado y la naturaleza, reproduce también un ejercicio de potestad administrativa entre los sujetos y el territorio, promoviendo y reproduciendo, a su vez, la base cultural que sea funcional a su papel en la División Internacional del Trabajo.

El camino abierto por la Revolución Bolivariana no se traduce, pues, únicamente en los lincamientos de un programa, sino en la correlación de fuerzas discursivas que definen el rumbo de una compleja disputa de orden cultural.

POLÍTICA, SUBJETIVIDAD Y NATURALEZA EN EL PROCESO HISTÓRICO-POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Toda disputa revolucionaria se orienta no solo a la reapropiación de los medios de producción y de los mecanismos materiales de ejercicio del poder, sino también del control y administración del discurso y el campo simbólico. En este sentido, hay una clara lucha por la hegemonía en la concepción y la significación social del sujeto y de la Naturaleza.

La instauración de la Revolución Bolivariana como gobierno convoca al Poder Constituyente en su propia fundación y promueve una definición de “pueblo” que aparece como potencia, como em-poderamiento de los excluidos sociales históricos, estableciéndose momentos de ejercicio y formas radicales de poder popular inmediato, lo que genera un conflicto sobre las formas tradicionales de la cultura del petróleo, tensionando numerosos supuestos establecidos por este modelo.

No obstante, los propios recursos biopolíticos materiales e inmateriales del capitalismo rentístico, en la medida en que se reajusta y redimensiona el modelo imperante, contrarrestan esa emergencia on-tológica popular. Esto supone un pugna, generalmente indirecta y en cierta forma negociada, pero en ocasiones directa, con las corrientes más críticas y antisistémicas en la Revolución Bolivariana, las cuales indudablemente bebieron del discurso más agudo del presidente Chávez y enarbolan como fuerza cultural una definición ontológica del sujeto/pueblo como potencia emancipadora y contrahegemonía materialista y constitutiva.

El ejercicio del poder político del pueblo y su apropiación económica se apaciguan en la medida en la que el modelo rentista alimenta la reproducción de una estratificación social; de una subjetividad en dependencia material y cultural, pero mantenida estable gracias a la conexión entre las expectativas sociales y la distribución de parte de la abundante renta; de un ejercicio del poder popular que básicamente se logra materializar como representación mítica a través de las personificaciones del “pueblo” que dirigen el petro-Estado, o a su oposición. Esta postergación del ejercicio inmediato del poder popular juega a favor del restablecimiento de la dinámica neocolonial de poder, propia de esta estructura política.

Esta lucha en el campo discursivo por la definición del sujeto/ pueblo hegemónico también la compone, como actor importante, la oposición venezolana, encabezada por la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El sujeto que se construye desde este sector político es el típico agente racional abstracto de la teoría neoclásica, un sujeto que se presenta como “libre”, siendo que el Estado y la “ideologización política” interfieren en su camino competitivo hacia la eficiencia económica[6]. Todos los seguidores de la “libertad” individualista y de las “oportunidades” para el emprendedor capitalista tecnificado son funcionales a este proyecto en la medida en que alimentan la reproducción de la estratificación clasista y racista de la sociedad venezolana, al tiempo que esa idea de “libertad individual” de los supuestos “agentes racionales” permite mantener ocultas las relaciones de dominación que ejerce el capital sobre estos. La idea de “pueblo” tiene aquí sentido solo en la medida en que la unión inorgánica de sujetos fragmentados responda al llamado de sus guías para vencer a la “tiranía” —léase la intervención estatal que obstaculice el libre flujo del mercado autorregulado—, al tiempo que puedan construir juntos una nación de “progreso”.

Por otro lado, la disputa por la significación y representación de la Naturaleza se inscribe en la importancia que tiene la legitimación social del extractivismo en el capitalismo rentístico nacional y su proyección sobre la dominación de la tierra, el territorio y la propia vida natural. En la cartografía tradicional de la cultura del petróleo, en general, la naturaleza ha sido históricamente instrumentalizada para el mercado mundial capitalista, invisibilizada como valor en sí y colonizada para el “desarrollo” bajo la tradición de saber antropocéntrica y patriarcal moderno/occidental, que concibe al humano separado de ella, el cual la convierte en objeto de dominación y civilización.

El agravamiento de la crisis ambiental global ha venido poniendo en cuestionamiento con mayor frecuencia las concepciones coloniales acerca de la Naturaleza, que se proyectan en una política depredadora desarrollista. En la teoría social y el pensamiento político venezolano ha venido formándose en los últimos tiempos una creciente y más significativa conciencia ecológica y una resignificación inclusiva de la Naturaleza, que desde los clásicos del análisis petrolero nacional tiene sus antecedentes en la sensibilidad por la conservación del ambiente en Juan Pablo Pérez Alfonzo (2009), el giro teórico decolonial ya mencionado de Coronil sobre la Naturaleza en El Estado mágico (1997), junto con las frecuentes reivindicaciones ambientales de los ensayos de Francisco Mieres (2012).

Sobre estos precedentes histórico-discursivos, la llegada del gobierno bolivariano al poder se ha traducido en una reformulación narrativa y administrativa sobre la contradicción capital-naturaleza, que supone una distinción respecto a los gobiernos anteriores. El objetivo V del Plan de la Patria 2013-2019 —”Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”— y la reivindicación explícita del ecosocialismo como principio de la política del Gobierno, expresa una reconfiguración del valor de la naturaleza en este proyecto, sin precedentes en la retórica de la política nacional.

Sin embargo, en el marco del redimensionamiento de la cultura del petróleo, los planes de ampliación de los proyectos y las cuotas de extracción petrolera y minera sobre la base del impulso hacia el “desarrollo”, la “independencia” de la patria y convertirnos en una Potencia Energética Mundial, así como con la justificación de la lucha contra la pobreza, se genera una discursividad que concilia extractivismo en auge con “respeto por la naturaleza”, incorporando a esta al campo de representaciones del capital e inscribiendo a la ecología en la economía al recurrir a la controvertida idea de “desarrollo sustentable”: la paradoja de hacer de la gestión extractiva una actividad para el cuidado del ambiente[7].

El discurso dominante de los sectores de la llamada Mesa de la Unidad (MUD), respecto a la Naturaleza, apela a estos juegos de palabras y se caracteriza por la cosificación de la misma, convirtiéndola en variable operativa como “factor económico”, al tiempo que la marginaliza como valor de vida en las representaciones simbólicas, respecto al régimen de producción/extracción capitalista rentística. Esto se hace evidente no solo en declaraciones públicas de sus voceros —como cuando el ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski se mofó del Quinto Objetivo del Plan de la Patria 2013-2019, y dijo que “nuestro pueblo no quiere que se salve el planeta”[8]—, sino también en la manera en que esta es categorizada, cuando en el propio Programa de Gobierno de esta parcialidad político-partidista, la Naturaleza aparece referida constantemente como “capital natural” (MUD, 2011), al puro estilo neoclásico.

Junto al auge del “desarrollo” extractivista y la fijación por el crecimiento sin fin, la resignificación del radical y decolonial concepto de “buen vivir” en la Revolución Bolivariana, entendido principalmente como acceso masivo al consumo moderno/capitalista[9] y la producción de nuevas teorías ad hoc para explicar por qué es inevitable y necesario, para América Latina, continuar la expansión e industrialización de la explotación intensiva de nuestros recursos naturales, con el fin de alcanzar un mejor posicionamiento geopolítico y conseguir la “independencia” ante el imperialismo[10], hacen evidente la importancia de esta disputa cultural, en la cual no solo se juega la representación de la Naturaleza como sujeto de derecho, sino la propia posibilidad de mantener las condiciones mínimas para la vida en el planeta Tierra tal y como la conocemos en la actualidad.

UNA REVOLUCIÓN CULTURAL MÁS ALLÁ DEL RENTISMO Y DEL “DESARROLLO”: DE LA FICCIÓN A LA CONVICCIÓN

Hemos dicho que la sobredeterminación rentística que posee la forma de nuestro modelo capitalista genera la expulsión cultural de campos de pensamiento, donde son posibles el inicio de una transición postrentista y post-extractivista. Dado lo profundamente enraizadas que están las estructuras físicas e institucionales del capitalismo rentístico es fundamental destacar que una transformación de fondo del mismo requiere que germine una ruptura de la conciencia rentística que sostiene y legitima este sistema de poder. Ello supone abrir debates y tocar temas que han constituido tabúes sociales, como el de estructurar una reformulación radical de los mecanismos de distribución de la renta (por ejemplo, desmontar el subsidio a la gasolina, la más barata del mundo), o proponer un techo para la extracción petrolera, ambos planteamientos fundamentales para iniciar una transición post-extractivista que apunte a nuevos modelos ecológicos y políticamente descentralizados.

El papel que pueden jugar las ciencias sociales al respecto podría ser importante. Los signos de la crisis civilizatoria e incluso los peligros de que se abran procesos de acumulación por desposesión masivos en el país ante el agravamiento de los desequilibrios económicos internos o de la crisis sistémica, exigen a nuestro juicio la promoción de una investigación militante, con un fuerte compromiso con una revolución cultural, pensada desde la construcción social de una on-tología emancipatoria y de una cosmovisión biocéntrica.

La ética epistemológica, social y ecológica ante la coyuntura excepcional actual, debe intentar trascender las presiones acerca de ¿qué decir? ¿Qué discutir? ¿Qué criticar? Existen grandes amenazas de cri-minalización de la crítica. Estas pasan desde censuras institucionales y políticas hasta una serie de teóricos premiados y promovidos, que han catalogado despectivamente a los críticos del extractivismo y defensores del “buen vivir” y del post-desarrollo como “pachamamistas”, “esencialistas” y acusados de jugar a favor del imperialismo[11]. Esta satanización es peligrosa y preocupante en la medida en que intenta invalidar y menospreciar las denuncias contra el modelo desarrollista y el afán “progresista” de extraer más y más de la naturaleza, profundizando nuestros modelos neocoloniales y sus respectivos males.

Es fundamental producir más teoría decolonial que de cuenta de nuevos enfoques epistemológicos y que ofrezca alternativas para pensar las transiciones post-rentistas y post-extractivistas, más allá de las fronteras del rentismo y del “desarrollo”. Existen enormes carencias en cuanto a la producción y sistematización de conocimientos sobre cómo serán estas transiciones y qué rasgos tendrán los nuevos modelos que deseamos. Esta construcción de vías y horizontes alternativos permitirán constituir imaginarios sociales que hagan de estas transformaciones una no-ficción y se vuelvan posibilidad y convicción.

Es necesario repensar conceptos como la pobreza y la riqueza, comprendiendo la genealogía de las mismas en el desarrollo del capitalismo. Del mismo modo, destaca examinar la forma en que hemos pensado el imperialismo, siendo importante una ampliación del análisis de los complejos procesos de poder geopolítico del gran capital transnacional y los diversos actores y mecanismos moleculares de los que se sirve, haciendo evidente que se trata de un fenómeno histórico del capitalismo que opera de múltiples maneras. Las escalas geográficas de análisis deben trascender los enfoques que se centran primordialmente en lo nacional; y añadido a la dimensión sistémica y regional destacan las escalas territoriales. Existe una relación fundamental entre imperialismo y territorio que es necesario caracterizar para poder comprender la geopolítica del extractivismo.

Cabe preguntarse cuál será el papel de las ciencias sociales ante el auge de los procesos de descentralización de la producción de conocimiento, las teorizaciones más experimentales y la resignificación del territorio por parte de movimientos sociales y populares en todo el planeta, ante el avance de la globalización y de los procesos neoliberales de acumulación por desposesión. Por último, la crítica a la racionalidad instrumental occidental —junto a los muy valiosos aportes de las cos-movisiones de los pueblos indígenas— invitan a pensar la importancia de los afectos, del pensamiento mágico y de un reencantamiento de las imágenes del mundo ante un crucial cambio epistemológico civilizatorio.

BIBLIOGRAFÍA

Borón, Atilio 2012 América Latina en ¡a geopolítica del imperialismo (Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Cultura).

Coronil, Fernando 2002 El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela (Caracas: Nueva Sociedad/Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela).

Febbro, Eduardo 2012 “Tomé mis modelos en América Latina”, entrevista exclusiva a Jean-Luc Mélenchon, candidato de la izquierda francesa. Página/12 en <http://www.paginal2.com.ar/diario/elmundo/4-190982-2012-04-03.html>, acceso 10 de diciembre de 2013.

Gago, Verónica y Sztulwark, Diego 2012 “No podemos pensar en salvar el planeta si no pensamos la emancipación social”, entrevista a Ulrich Brand. Página 12 en <http://www.paginal2.com.ar/diario/dialogos/21-192462-2012-04-23.html>, acceso 12dejuliode2012.

Globovisión

2012 “Capriles: La única persona que perderá su empleo en Pdvsa será Rafael Ramírez” en <http://globovision.com/articulo/capriles-la-unica-persona-que-perdera-su-empleo-en-pdvsa-sera-rafael-ramirez>, acceso 10 de agosto de 2012.

Gorraiz López, Germán 2013 ¿Final del acceso universal a Internet? ALAI, América Latina en Movimiento en <http://alainet.org/active/67826>, acceso 7 de octubre de 2013.

Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. David R. Malavé B. (comp., Prof. Estudios Políticos Universidad Bolivariana de Venezuela) en <http://www.estudiospoliticos.org.ve/PLAN.pdf>, acceso 3 de noviembre de 2011.

Mesa de la Unidad Democrática 2011 “Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)” en <http://www cuadernos.org.ve/pdf/mud.pdf> acceso 8 de marzo de 2012.

Mieres, Francisco 2012 Alba Sudaca vs ocaso capitalista (Caracas: Trinchera).

Mommer, Bernard 2010 La cuestión petrolera (Caracas: Fondo Editorial Darío Ramírez/Pdvsa).

Panorama 2010 “Con Cédula del Buen Vivir se comprarán bienes de línea blanca y marrón”. Aporrea en <http://www.aporrea.org/ actualidad/nl64710.html> acceso 24 de julio de 2012.

Pérez Alfonzo, Juan Pablo 2009 Hundiéndonos en el excremento del diablo (Caracas: El perro y la rana).

Quintero, Rodolfo \916 Antropología del petróleo (México: Siglo XXI).

Terán Mantovani, Emiliano 2013 “Neblina sobre los horizontes post-extractivistas: ¿no hay alternativas?”. ALAI, América Latina en Movimiento en <http://alainet.org/active/66806>.

Últimas Noticias

2013 Edición impresa del domingo 15 de septiembre (Caracas).

Vattimo, Gianni 2006 Ecce Comu (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).

Es Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, mención Magna Cum Laude, e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), donde trabaja en temas orientados al problema del extractivismo y el modelo capitalista/rentista venezolano, crisis civilizatoria, alternativas al desarrollo, movimientos sociales y Buen Vivir. Es autor del libro El fantasma de la gran Venezuela (2014). Forma parte del equipo promotor del Foro Social Mundial Temático Venezuela, donde se trabaja en torno a temas sobre el patrón civilizatorio, ecología política, desarrollismo, entre otros, a favor de plantear debates acerca de la realidad política venezolana, regional y global, así como pensar las vías hacia nuevas alternativas al capitalismo. Actualmente coordina el Taller de Creación-Celarg y dirige una materia optativa en la Escuela de Sociología de la UCV denominada "Los límites del capitalismo rentístico y del paradigma de desarrollo".↵

Tomamos esta idea de Vattimo, aunque el filósofo italiano no esté haciendo referencia directamente a la crisis ambiental planetaria. Inspira, en todo caso, esa conciencia de la coyuntura global de crisis y la situación histórica extrema y determinante, sin parangón, en la que nos encontramos como civilización.↵

Entrevista exclusiva a Jean-Luc Mélenchon, candidato de la izquierda francesa.↵

El capítulo que desarrolla Coronil de las formulaciones teóricas sobre la inserción de la geografía y la naturaleza en los estudios de la teoría social es el capítulo 1: "La naturaleza de la historia", pp. 23-76.↵

Entrevista a Ulrich Brand en la que sostiene acerca de los modos de vida imperial, que: "Es la pregunta por cómo se está unlversalizando un modo de vida que es imperial hacia la naturaleza y las relaciones sociales y que no tiene ningún sentido democrático, en la medida que no cuestiona ninguna forma de dominación [...] El modo de vida imperial no se refiere simplemente a un estilo de vida practicado por diferentes ambientes sociales, sino a patrones imperiales de producción, distribución y consumo, a imaginarios culturales y subjetividades fuertemente arraigados en las prácticas cotidianas de las mayorías en los países del norte, pero también, y crecientemente, de las clases altas y medias en los países emergentes del sur" (Gago y Sztulwark, 2012).↵

Esta idea está presente recurrentemente a lo largo del Programa de Gobierno de la MUD 2013-2019, donde se enaltece obsesivamente la propiedad privada (2011).↵

Esta paradoja ya aparecía en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, p. 39.↵

La frase completa recogida de Capriles Radonski afirmaba: "El plan de gobierno del que lleva 14 y quiere 6 más, uno de los planteamientos de ese proyecto es salvar el planeta, este planteamientos nada tiene que ver con lo que quiere nuestro pueblo, nuestro pueblo no quiere que se salve el planeta, primero tenemos que ocuparnos de la casa" (Giobovisión, 2012).↵

En este sentido, el gobierno nacional creó la Cédula del Buen Vivir como una tarjeta de crédito para expandir el consumo nacional, desde alimentos, pasando por electrodomésticos de línea blanca y marrón hasta, incluso, paquetes turísticos (Panorama, 2010).↵

Cfr. por ejemplo: Atilio Borón, América Latina en la geopolítica del imperialismo. Sobre una crítica de este texto de Borón, véase a Emiliano Terán Mantovani, "Neblina sobre los horizontes post-extractivistas: ¿no hay alternativas?" (2013).↵

Cfr. Atilio Borón, op. cit.↵

26

Edgardo Lander[1] 

UN PLANETA EN CRISIS EL PAPEL DE LAS FORMAS HEGEMÓNICAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

HAY CUATRO GRANDES TENDENCIAS globales que tienen que ser detenidas si queremos preservar la vida de los seres humanos y otras especies en el planeta, así como el logro de otro mundo posible, donde prevalezcan la democracia, la paz y la igualdad entre todos los seres humanos. Estas tendencias son: la crisis ambiental (no solo el calentamiento global) que está destruyendo las condiciones que hacen posible la vida; la creciente concentración de la riqueza y el poder a niveles nunca antes conocidos en la historia; la militarización acelerada del planeta (la guerra permanente, la vigilancia global, las guerras con aviones no tripulados o drones); la disminución de los derechos que las luchas populares habían conquistado en la democracia liberal, en la medida en que los sistemas políticos formalmente democráticos y las organizaciones internacionales están cada vez más pervertidos por su sumisión a los intereses del capital.

Las consecuencias de un modelo civilizatorio basado en la idea del progreso, la creencia de que es posible tener crecimiento sin fin en un planeta finito, son cada vez más evidentes. Hemos ido más allá de los límites físico-biológicos y estamos destruyendo sistemáticamente la capacidad de carga del planeta, como resultado de esta presión constante de apropiación/explotación de los bienes comunes. En los últimos cinco siglos, el capitalismo —con su exigencia de permanente acumulación ampliada— se ha convertido en la principal expresión global de esta destructiva dinámica de interminable crecimiento/devastación.

Esta presión sobre la capacidad de carga del planeta no se debe a que toda la humanidad esté viviendo en condiciones de abundancia material. Por el contrario, vivimos en un mundo extremadamente desigual en el que cientos de millones de personas carecen de las condiciones básicas para una vida digna.

La ciencia y la tecnología modernas son generalmente vistas como la fuente de soluciones para hacer frente a esta profunda crisis. Voy a argumentar, sin embargo, que más que una parte de la solución, la institucionalidad científica y tecnológica moderna es hoy un componente central de las estructuras de poder y de los imaginarios responsables de la actual crisis planetaria. Esta actividad está profundamente arraigada en las instituciones del Estado y organizaciones corporativas contemporáneas. Estamos viviendo la crisis de una civilización que tiene como uno de sus componentes básicos sus patrones de conocimiento y poderosos medios de transformación. La lucha por alternativas al capitalismo requiere necesariamente una lucha por alternativas a las formas dominantes de producción de conocimiento que se han creado en respuesta a los requerimientos de la sociedad capitalista[2].

Hoy en día los centros de poder político, económico, militar e intelectual del mundo proclaman la victoria final de las modalidades occidentales —capitalistas— de producción, de conocimientos y de formas de vida. Con fe ciega, se reivindica el desarrollo científico y tecnológico como la solución a todos los principales problemas que enfrentan la humanidad y el planeta. Desde otros puntos de vista, otras culturas, otras visiones del mundo, este fin de la Historia tiene una lectura diferente: se ve como la amenaza del fin de la vida en el planeta Tierra.

La ciencia y la tecnología modernas están basadas en varios supuestos pre-teóricos y epistemológicos implícitos, supuestos que casi nunca son explorados en el día a día de lo que Khun ha denominado la ciencia normal. Son supuestos que poco se debaten o problemati-zan explícitamente en los currículos de formación de los científicos. No obstante, estos tienen consecuencias extraordinarias en cuanto al tipo de conocimiento que se produce, y el tipo de conocimiento que no se produce.

Solo voy a mencionar algunos de los más significativos en cuanto a la finalidad de este ensayo: los conceptos de universalidad y objetividad; la dualidad sujeto/objeto; la separación de los seres humanos del resto de la llamada “naturaleza”[3]; la concepción de la “naturaleza” como un mecanismo que se puede desmontar y ser analizado en sus partes cada vez más pequeñas, dando lugar a lo que ha sido denominado como la muerte de la naturaleza (Merchant, 1980); la separación institucional/epistemológica de los campos del conocimiento que permite una comprensión muy detallada y precisa de las partes, pero obstaculiza la posibilidad de comprender el todo; y por último, sus pretensiones de tener una superioridad epistemológica absoluta sobre toda otra forma de conocimiento, sobre el conocimiento de los otros, su pretensión de tener el monopolio de la verdad.

El concepto de un conocimiento objetivo universal es la absurda idea según la cual el proceso de producción de conocimiento puede ser independiente de los sujetos que intervienen en el mismo, así como de los contextos culturales, políticos, económicos e institucionales específicos, en los cuales se programa la investigación y esta se lleva a cabo. La investigación científica así concebida es entendida como un esfuerzo libre de valores, guiado únicamente por la aplicación objetiva de un método científico universal en la búsqueda de la verdad[4]. La pretensión de universalidad objetiva implica la afirmación de la superioridad de la cultura europea/occidental sobre cualquier otra cultura en el mundo. Es una expresión medular de la colonialidad del poder del sistema-mundo moderno (Quijano, 2000).

Difícilmente puede haber ninguna duda de que, desde el punto de vista de sus objetivos, desde el punto de vista de la lógica de la racionalidad instrumental, libre de las limitaciones impuestas por los otros ámbitos de la razón moderna que fueron caracterizados por Max We-ber —la racionalidad ética, la racionalidad estética—, la ciencia y la tecnología moderna constituyen un patrón de conocimiento incomparablemente superior a cualquier otro en la historia de la humanidad. Han hecho posible logros tan diversos y extraordinarios como la capacidad de asesinato masivo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, la llegada del hombre a la Luna, el control de muchas enfermedades infecciosas que habían diezmado a la humanidad a lo largo de su historia, y han hecho posible un espectacular aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, si los propósitos, los objetivos del conocimiento, no fuesen el máximo control y manipulación de la naturaleza para lograr una siempre creciente abundancia material y la extensión de la vida humana, sino en términos de un objetivo mucho más difícil, que podría llamarse sabiduría, esto es, aprender a vivir en armonía entre los seres humanos y con el resto del planeta, reconociendo y respetando sus ciclos naturales; si la preservación de la vida, todas las formas de la vida, fuesen consideradas como el valor más elevado; si la igualdad y creación de sociedades democráticas en todo el mundo fuesen una prioridad, esta superioridad absoluta se desvanece. Si se reconociese la unilateralidad de la ciencia moderna, mucho se podría aprender de otras formas de conocimiento.

Con el giro neoliberal, las instituciones científicas y tecnológicas deben ser vistas no tanto como los instrumentos utilizados por el capital para su proceso de acumulación, sino más bien como parte intrínseca del proceso de acumulación y del control estatal de la sociedad. El ethos científico liberal —caracterizado por Robert Merton hace más de medio siglo— ya no describe el modo en que opera la investigación científica. Centrales a esta formulación clásica del ethos de la institución científica en la sociedad moderna, fueron (entre otros) dos prescripciones normativas básicas: comunalismo, que es el conocimiento científico entendido como el resultado de un esfuerzo colectivo, no podría ser apropiado privadamente ya que fue considerado como un bien público; la ciencia también fue caracterizada como un conocimiento desinteresado, basado en la búsqueda del conocimiento científico, el investigador no debía buscar su propio beneficio sino que debería estar guiado por la búsqueda de la verdad y del bien común (Merton, 1979). Este espíritu fue siempre un ideal implícito no presente en todos los contextos. Era, sin embargo, una dimensión importante de la auto-imagen de las comunidades científicas. Todo esto es historia antigua.

Los cambios económicos y políticos culturales básicos de la sociedad neoliberal han reemplazado estas viejas normas y valores de la comunidad científica y de la Academia por su subordinación a la lógica del mercado. Hay cada vez más investigadores, departamentos y universidades que tienen un interés financiero directo en los resultados de la investigación realizada con patrocinio empresarial. A medida que se reduce el financiamiento público, incluso las universidades públicas más prestigiosas se han vuelto cada vez más dependientes de las corporaciones para el patrocinio de su investigación. Para las corporaciones, la investigación universitaria juega un papel importante en la creación de nuevos productos y servicios rentables. Los programas de investigación se vuelven dependientes de las fuentes de financiación de las empresas. Resultados de la investigación ya no se consideran como conocimiento común, sino como propiedad intelectual de los proveedores de fondos.

Este desplazamiento sistemático de la práctica y la cultura de la ciencia hacia lo que ha sido denominado la ciencia neoliberal (Lan-der, 2005) o el capitalismo académico (Krimsky, 2003: 179), comenzó en Estados Unidos en la década del setenta y se ha ido imponiendo gradualmente al resto del mundo, en particular a los países de habla inglesa y de la Unión Europea.

Este nuevo entorno institucional tiende a separar aún más las esferas de la razón moderna. En su investigación no se espera que los ingenieros genéticos deban considerar las posibles implicaciones sociales, culturales y ambientales de sus resultados y manipulaciones. En el entorno altamente competitivo que caracteriza hoy a las universidades y demás instituciones de investigación científica, los individuos o grupos de investigación que se detengan demasiado a ponderar las posibles implicaciones socioambientales o políticas de sus hallazgos, seguramente encontrarán dificultades para competir con los colegas que no se preocupan por tales cuestiones “extracientíficas”. La insti-tucionalidad científica y tecnológica, junto con los criterios dominantes para la evaluación —”publicar o perecer”, “patentar o perecer”—, así como la competencia por el financiamiento externo, operan en la práctica para filtrar a aquellos que no comparten las normas prácticas básicas de la investigación científica.

Las respuestas y propuestas de solución a las severas crisis simultáneas que confronta la humanidad y que han surgido a partir del orden político-institucional global y de los patrones hegemónicos de conocimiento, tienen en común el hecho de que no hay un reconocimiento de que se trata de la crisis de una civilización. No se le da consideración alguna al hecho de que es imposible lograr condiciones básicas de vida digna para toda la humanidad a menos que la humanidad adquiera la sabiduría para vivir en armonía con el resto de la naturaleza, a menos que abandone la guerra permanente que busca la sumisión total del resto de la naturaleza a la voluntad humana. El hecho de que la lógica mercantil de la acumulación sin fin y sus patrones asociados de conocimiento —la ciencia moderna patriarcal antropocéntrica colonial— se encuentra en la raíz del proceso de destrucción de la vida que estamos presenciando, no es, no puede ser asumido. Existe, pues, una terca insistencia en la búsqueda de salidas a estas crisis a través de los mismos mecanismos de mercado y los mismos patrones de conocimiento que han llevado a la situación actual. La reivindicación de un pleno privilegio epistemológico de la ciencia sobre cualquier otra forma de conocimiento niega el valor de la experiencia humana no científica y hace que la posibilidad de un diálogo fructífero de conocimientos sea casi imposible.

El papel de la ciencia y la tecnología dominante en los debates y propuestas actuales, en torno a los temas esenciales de la crisis climática y alimentaria, ilustran claramente no solo las graves limitaciones de estos patrones dominantes de conocimiento, sino también el grado en que estos son en sí mismos parte del problema.

De la estructura de poder global actual y sobre la base de los modos hegemónicos actuales de producción de conocimiento, las soluciones que se ofrecen siempre implican necesariamente un control más tecnocrático y/o de mercado sobre los procesos naturales y las personas, una mayor concentración del poder de decisión en manos de “expertos” y corporaciones. Estos patrones de conocimiento, con base en una racionalidad instrumental cada vez más autónoma, van de la mano con las necesidades de la acumulación ilimitada del capital.

La comunidad científica internacional ha realizado una contribución monumental a la compresión del comportamiento de los sistemas climáticos, en particular en la constatación, ya más allá de toda duda, del carácter antropogénico del cambio climático. Sin embargo, desde las perspectivas reduccionistas que caracterizan este modo de producción de conocimiento, los resultados de las investigaciones que sustentan las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático han acotado el problema en términos de la relación causal entre la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Esto a su vez tiende a ser delimitado al aumento de la temperatura global. Definido en estos términos, se puede reducir a un problema técnico. Otras dimensiones posibles del problema —el patrón civili-zatorio, el crecimiento ilimitado, los patrones de consumo, el poder corporativo, las limitaciones de la democracia— son, casi por definición, excluidos como fuera del ámbito científico. Todo se reduce a lo que Camila Moreno (2013) ha llamado la “métrica de carbono”, las opciones de soluciones se mantienen dentro del campo de la tecnología. ¿Qué tecnologías harían posible mantener los mismos patrones de consumo y de crecimiento, al tiempo que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero? Esta manera de enmarcar las cuestiones busca una plena despolitización de esta severa crisis planetaria. Igualmente, las experiencias y la sabiduría de los demás, más allá de la comunidad científica, se asume que no tienen nada que aportar. Pueden movilizarse y protestar en las calles fuera de las instalaciones donde se producen las negociaciones climáticas serias. Solo el conocimiento experto es reconocido como válido.

Es esta perspectiva dogmática y extraordinariamente acotada que asume como inevitable el actual modelo de producción, de consumo y de crecimiento, lo que explica, por ejemplo, la defensa que muchos científicos —con serias y bien informadas preocupaciones ambientales— están haciendo de la energía nuclear, incluso después de la catástrofe de Fukushima. Asumiendo como inevitable que tanto la economía como la demanda de energía continuará creciendo, un grupo de reconocidos científicos climáticos de Estados Unidos ha planteado en una carta pública a “aquellos que influyen en la política ambiental, pero se oponen a la energía nuclear”, la necesidad de que los ambientalistas apoyen la energía nuclear[5].

Una vez que los problemas se han definido, en este caso el cambio climático, como problemas tecnológicos y en vista de las enormes inversiones que serían requeridas para desarrollar las tecnologías en la escala necesaria para hacer una diferencia, la conclusión es que solo las instituciones financieras más grandes cuentan con dichos recursos. Según Rajenda Pachauri, presidente del Panel Interguberna-mental sobre el Cambio Climático (IPCC), los mercados financieros son la única esperanza de la humanidad en la lucha contra el calentamiento global (Bawden, 2013). Una vez que las relaciones de poder, los patrones culturales hegemónicos y los intereses económicos corporativos han sido expulsados de los asuntos que tal vez podrían ser tomados en consideración en la búsqueda de maneras de salir de la crisis climática actual, quedamos en manos de los mercados y las soluciones tecnológicas: un mundo no solo tecnocrático y antidemocrático, sino igualmente sin posibilidad alguna de ofrecer salidas a la crisis. El problema que enfrentamos, según el PNUD, es que ha habido “fallos de mercado” ya que “los mercados” han estado operando sobre la base de “información errónea”. Dando al mercado la información correcta conduciría las inversiones desde la economía marrón a la economía verde (UNEP, 2011). Todo lo demás puede permanecer igual.

Solo una concepción radicalmente mecanicista y determinista de los sistemas climáticos globales puede sustentar la geoingeniería[6]. Como ejemplo de una fe ciega en soluciones tecnológicas, lejos de cuestionar los supuestos básicos de la relación binaria de exter-nalidad que la modernidad ha establecido entre cultura y naturaleza, la geoingeniería —en sus intentos de obtener el control total sobre los sistemas climáticos en el ámbito planetario—, representa una ra-dicalización extrema del proyecto prometeico de la modernidad. A partir de modelos climáticos que, a pesar de su sofisticación teórica y su masiva capacidad computacional, siguen siendo extremadamente reduccionistas, las propuestas de manipulación climática a escala planetaria implicarían alteraciones cuyas consecuencias son absolutamente imposibles de predecir en el mediano y largo plazo (Grupo ETC, 2010).

Un reduccionismo similar ha caracterizado a mucha de la investigación científica más prestigiosa y mejor financiada dirigida a los problemas del hambre. Hay muchas razones por las que hay hambre en el mundo y la mayoría son generalmente bien conocidas: las guerras; la brutal y creciente desigualdad mundial; la especulación financiera en los mercados de alimentos; la expulsión de campesinos de sus tierras; el aumento en los precios de los alimentos que se produce como resultado de la utilización del maíz, la caña de azúcar, la soja y el aceite de palma como combustible; el desvío de granos de consumo humano directo hacia la alimentación animal, como consecuencia de un aumento de los niveles de ingreso en los países emergentes, que provoca cambios en la dieta de cientos de millones de personas, elevando los niveles de consumo de proteínas animales; actividades extractivas como la minería a cielo abierto que producen la deforestación y la contaminación del agua y de la tierra; la apropiación del agua utilizada tradicionalmente por los agricultores para otros usos, tales como la generación de energía o la producción de refrescos y agua mineral; los mecanismos oligopólicos de la distribución mundial de alimentos y los niveles de residuos que conllevan; y los eventos meteorológicos extremos, tales como sequías e inundaciones, en parte atribuibles al cambio climático producido por el patrón de producción basada en combustibles fósiles. Todo esto tiene que ver con el desarrollo y con la extraordinaria concentración de poder existente en manos de las corporaciones, especialmente la agroindustria.

Pero gran parte de las corrientes principales de la investigación científica en la agricultura se las arregla para hacer a un lado estos problemas y concentrarse en la investigación rigurosa de asuntos estrechamente delimitados, tales como la manipulación de genes específicos. Como se ha dicho anteriormente, los intereses de los finan-ciadores corporativos tienen un peso cada vez mayor en la definición de los programas de investigación. Se investiga a partir de una extraordinaria ceguera política/epistemológica institucional que imposibilita analizar los problemas en su compleja totalidad (incluyendo sus dimensiones políticas, institucionales, económicas y culturales). Esto conduce —como en el caso de la Revolución Verde— a aumentar los beneficios empresariales y el control de las empresas transnacionales sobre la producción y distribución mundial de alimentos, pero contribuye poco o nada a la satisfacción de las necesidades de los cientos de millones que se van a dormir con hambre cada día (Krim-sky, 2002). Las prioridades de las políticas públicas, el financiamiento de la agricultura[7], así como las normas jurídicas del llamado “libre comercio”, un régimen de patentes que permite el patentamiento de formas de vida, y las leyes de los derechos de propiedad intelectual, todos apuntan en la misma dirección.

Hay una serie de preguntas básicas que deberían ser constitutivas de cualquier programa de investigación sobre tecnologías para la agricultura y la alimentación. Estas están, sin embargo, básicamente fuera del radar del modelo corporativo de la ciencia neoliberal. Si algunas de estas se formulan, son descartadas como cuestiones políticas o, peor, “ideológicas”, y por lo tanto fuera del ámbito legítimo de la investigación científica objetiva. Ejemplos de estas preguntas esenciales son las siguientes: ¿Cómo podría impactar dicha tecnología a las culturas y comunidades rurales tradicionales? ¿La aplicación a gran escala de esta tecnología incrementaría o limitaría la soberanía alimentaria de las comunidades rurales y urbanas? ¿Cómo podría impactar esta tecnología los niveles de desigualdad en el mundo? ¿Podría esta tecnología contribuir a la protección y ampliación de la biodiversidad o podría por el contrario contribuir a su reducción? ¿Qué otros impactos ambientales se podrían esperar? ¿Sería esta tecnología compatible con un mundo más democrático en el que los productores tuviesen cada vez más control sobre el proceso de producción y el conocimiento utilizado en ella, o es esta una tecnología que tendería a separar a los productores directos del conocimiento utilizado en sus actividades productivas?

La manipulación genética de laboratorio y su aplicación práctica masiva en las últimas dos décadas, el uso generalizado de la na-notecnología y la amenaza de la geoingeniería a escala planetaria[8], son experimentos que —por su propia naturaleza— no están delimitados. Sus consecuencias no deseadas, potencialmente catastróficas, difícilmente pueden ser controladas. Como en el caso de las armas nucleares, se trata de experimentos científicos a gran escala con la vida y el planeta. Todo esto sin un mínimo de control democrático. Como sostuvo Hans Joñas, los seres humanos siempre tendrán una mayor capacidad tecnológica para producir transformaciones en la naturaleza que el conocimiento científico para predecir las posibles consecuencias de estas transformaciones (Joñas, 1984).

Las soluciones de mercado y soluciones tecnológicas han demostrado un efecto limitado o nulo sobre la emisión de gases de efecto invernadero o la reducción del hambre. En su lugar, han creado nuevos y severos problemas y amenazas. Los mercados de carbono y otros mecanismos de financiarización de la naturaleza han demostrado ser más eficaces en la apertura de nuevas áreas para la especulación y la acumulación de capital que en la mejora de las condiciones climáticas del planeta. Las consecuencias de REDD y REDD+ son pagadas por las poblaciones indígenas y rurales en muchas regiones del sur global que —en nombre de la salvación del planeta— se ven privados del control y la protección de sus propios territorios. El conocimiento tradicional de su entorno, el conocimiento que les ha permitido vivir en armonía con este durante siglos, es sustituido por el conocimiento científico y tecnológico moderno en la forma de instrumentos de observación satelital, que desde una gran distancia monitorizan con precisión los cambios en la métrica de carbono y supervisan y controlan el comportamiento de los habitantes del territorio. Al igual que en el caso de los contratos de tecnología de Monsanto (2003) con los “usuarios” de las semillas transgénicas, estos mecanismos de expropiación/negación de las formas tradicionales de conocimiento profundizan aún más la enorme disparidad de poder entre las empresas y las organizaciones no gubernamentales internacionales, por un lado, y los habitantes de los territorios en cuestión, por el otro.

La agricultura industrial es una de los mayores contribuyentes al cambio climático, a la destrucción de la biodiversidad y al uso y contaminación de fuentes limitadas de agua. Ha reducido la variedad y calidad de los alimentos en todo el mundo y ha demostrado ser incapaz de alimentar a los 7.000 millones de habitantes del planeta. Como ha venido argumentando Vía Campesina, el conocimiento y la experiencia indígena y campesina de todo el mundo tienen mucho que aportar, tanto a enfriar el planeta, a la protección de la biodiversidad y las fuentes de agua, como a la alimentación de quienes hoy tienen un limitado acceso a la comida. A pesar de siglos de expulsiones sistemáticas de sus territorios tradicionales, los actuales masivos procesos de expropiación (¡and grab) en escala global, y la falta de apoyo de las políticas públicas, la agricultura campesina aún produce —según distintas fuentes— entre el 60 y el 75% del total de alimentos consumidos por la humanidad. Sin embargo, el reconocimiento del enorme potencial de estos otros conocimientos socavaría el poder del estabtishment científico-tecnológico en las áreas del clima, genética y la agricultura, así como los intereses de la agroindustria y la industria de los combustibles fósiles. Siempre ha formado parte del proyecto colonial moderno global que esta rica pluralidad de conocimientos diversos, locales, contextualizados, fuese destruida y desplazada sistemáticamente por un patrón universalista, centralizado y jerárquico de conocimiento. Solo mediante la estandarización y la aplicación de las normas universales del conocimiento científico pueden las corporaciones avanzar en su búsqueda del control de esta parte de la experiencia humana, que aún no se ha mercantilizado. Ciencia objetiva universal y la mercantilización de los seres humanos y la naturaleza, por lo tanto, van de la mano.

Todo lo anterior se refiere a las corrientes principales de la investigación científico-tecnológica. Sin embargo, la ciencia como institución implica siempre la presencia de agentes humanos. Contribuciones críticas extraordinarias han surgido de las comunidades científicas que han alertado sobre las amenazas representadas por la expansión incontrolada del conocimiento científico y tecnológico, en particular de las armas atómicas (Bertrand Russell y Albert Einstein en Ionno, 2005), destacando las implicaciones de una noción limitada de conocimiento que ha abandonado la búsqueda de la sabiduría (Fri-tjof Capra, 1997/1982), o expuesto el autoritarismo de los principales supuestos epistemológicos como incompatible con una sociedad libre y democrática (Paul Feyerabend, 1974/1978/1982). Igualmente importantes han sido las posturas de muchos científicos —y asociaciones científicas como la Union of Concerned Scientists y los editores del Bu-lletin of Nuclear Scientists en los Estados Unidos— que han sido muy activos en su crítica de las tendencias dominantes de la ciencia contemporánea y han contribuido a abrir el debate público sobre sus implicaciones. Muchos biotecnólogos han puesto sus carreras en riesgo por la divulgación de los resultados de experimentos con organismos genéticamente modificados que fueron considerados como inconvenientes por las empresas de biotecnología y la comunidad científica.

Un importante ejemplo reciente de debates críticos (políticos), dentro de la comunidad científica, es una carta abierta a todas las principales instituciones de la Unión Europea por un gran número de organizaciones científicas de toda Europa, exigiendo que “La investigación pública debe beneficiar a la sociedad, no a los grandes negocios” (Groups calí for public research to benefit society, not big business, 2011).

En estos tiempos de rápidos cambios, la investigación y la innovación juegan un doble papel: permiten ampliar el conocimiento y la toma informada de decisiones, pero igualmente contribuyen a la aparición de problemas. La investigación sobre la energía nuclear, los productos farmacéuticos, la ingeniería genética agrícola, la biología sintética, la nanotecnología, el espacio y la investigación militar — por ejemplo— han permitido a las grandes empresas asegurar generosas subvenciones públicas, a pesar de la preocupación generalizada acerca de sus impactos ambientales y sociales. Esto ha marginado y limitado los fondos disponibles para la investigación en ámbitos tan importantes como la protección ambiental, la política de salud preventiva, la agricultura orgánica de bajos insumos, el ahorro de energía y las energías renovables, la toxicología, los problemas de abastecimiento de agua y la pesca ambientalmente sostenible, así como para la investigación en ciencias sociales que contribuya al cambio social y la solución de problemas, que no se centre en las soluciones tecnológicas (ídem).

Como la investigación se hace más y más costosa, las prioridades políticas y de beneficio de las instituciones públicas o privadas, que financian la ciencia, son capaces de fijar unilateralmente la agenda de investigación. En estas condiciones una proporción abrumadora de la investigación científico/tecnológica en todo el mundo no está orientada a las necesidades de la población mundial, sino hacia las demandas militares, de seguridad y de vigilancia de los Estados, y hacia la generación de nuevas fuentes de ganancias de las empresas transnacionales.

En América Latina, en las décadas del sesenta y setenta del siglo pasado, se produjo un vigoroso debate crítico sobre la ciencia y la tecnología en el cual fue fundamental la contribución de Osear Varsavsky (1969, 1972, 1974). Sin embargo, en lo fundamental, estos cuestionamientos pasaron al olvido en la mayor parte de la Academia actual, en la cual tiende a prevalecer un incuestionado cientificismo, más allá de las posturas político-ideológicas. Los debates críticos más importantes en torno a las formas hegemónicas del conocimiento y sus alternativas no ocurren hoy en la Academia sino en movimientos y organizaciones sociales, particularmente en el mundo indígena. En las políticas públicas, a pesar de los cambios constitucionales y la legitimación formal de la idea del diálogo de saberes, la opción por el desarrollo y el extractivismo sobre otras nociones como el sumak kawsay o el suma qamaña implica que es limitado el espacio para la búsqueda de opciones a los patrones hegemónicos del conocimiento de la sociedad moderna.

Son necesarios debates democráticos, tanto dentro de la comunidad científica como entre el conocimiento científico y otras formas de conocimiento. Como argumentó Paul Feyerabend, mientras las diversas formas de conocimiento no puedan coexistir, no será posible lograr una sociedad democrática. No es posible calificar de democrática la imposición de un modelo de conocimiento y una forma de vida como los únicos válidos o permisibles. Los asuntos epistemológicos no pueden, por lo tanto, ser aislados de los contextos políticos y culturales (Feyerabend, 1978/1982). Teniendo en cuenta el hecho de que es en nombre del conocimiento científico-tecnológico verdadero, universal y objetivo que la tecnocracia reclama el derecho a tomar las decisiones más importantes de la sociedad contemporánea sin la participación de la mayoría de la población, el reto democrático a esa autoridad requiere el cuestionamiento de la legitimidad de ese conocimiento como objetivo y universal, como la única forma válida de conocimiento. La ciencia moderna tiene que ser vista como una de las muchas tradiciones culturales. Una sociedad libre, un mundo plural y democrático, son aquellos en los que todas las tradiciones culturales tienen los mismos derechos y el mismo acceso a los procesos de toma de decisiones.

BIBLIOGRAFÍA

Bacon, Francis (s/f) “La nueva Atlántida”, eBooket en <www.eBooket.net>.

Bawden, Tom 2013 “IPCC report: The financial markets are the only hope in the race to stop global warming. The chairman of the IPCC warns that the only way to reduce large-scalefossil-fuel use is to price’ carbón emissions”, 27 de septiembre, The Independent (Londres).

Bulletin of Nuclear Scientists (s/f) en <http://thebulletin.org>.

Capra, Fritjof 1997 The Web ofLife: A New Scientific Understanding ofLiving Systems (Nueva York: Anchor Books).

_______ 1982 The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture (Nueva York: Simón and Schuster). Feyerabend, Paul 1974 Contra el método (Barcelona: Ariel).

_______ 1978 La ciencia en una sociedad libre (Madrid: Siglo XXI).

Groups cali for public research to benefit society, not big business 2011 “Public Research should benefit Society, not Big Business. An Open Letter on the Common Strategic Framework for EU Research and Innovation Funding”. Health and Environment Alliance en <http://www.env-health.org/resources/letters/article/to-jose-manuel-d-barroso-president>.

Grupo ETC 2010 Geopiratería. Argumentos contra la geoingeniería en <http://www.etcgroup.org/es/content/geopirateriaargumentos-contra-la-geoingeniería>.

Ionno Butcher, Sandra 2005 “The Origins of the Russell-Einstein Manifestó”. Pugwash Conferences on Science and World Affairs en <http://www.pugwash.org/publication/phs/history9.pdf>.

Joñas, Hans 1984 The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (Chicago/Londres: The University of Chicago Press).

Khun, Thomas S. 1962 La estructura de las revoluciones científicas (México: Fondo de Cultura Económica).

Knorr-Cetina, Karin D. 1981 The Manufacture of Knowledge, An Essay in the Constructivist and Contextual Nature of Science (Oxford: Pergamon Press).

Krimsky, Sheldon 2002 “Ethical Issues Involving the Production, Planting, and Distributing of Genetically Modified Crops” en Marc Lappe y Britt Bailey (eds.), Engineering the Farm (Boulder: Island Press).

_______ 2003 Science and the Prívate Interest. Has The Lure ofProfits Corrupted Biomedical Research? (Lanham: Rowman & Littlefield).

Monsanto 2003 Monsanto Technology/Stewardship Agreement (Limited use license) en <http://www.mindfully.org/GE/2003/Monsanto-Technology-Agreement2003.htm>.

Lander, Edgardo 1990 Contribución a la crítica del marxismo realmente existente: verdad, ciencia y tecnología (Caracas: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad Central de Venezuela).

_______ 2005 “La ciencia neoliberal” en Ana Esther Ceceña (comp.), Los desafíos de la emancipación en un contexto militarizado (Buenos Aires: CLACSO).

Merchant, Carolyn 1980 The Death ofNature. Women, Ecology and the Scientific Revolution (Nueva York: Harper Collins).

Merton, Robert K. 1979 “The Normative Structure of Science” en The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, pp. 267-278 (Chicago: University of Chicago Press).

Moreno, Camila 2013 “Las ropas verdes del rey. La economía verde: una nueva fuente de acumulación primitiva” en Miriam Lang, Claudia López y Alejandra Santillana (comps.), Alternativas al capitalismo/colonialismo del siglo XXI, pp. 63-97 (Quito: Abya Yala/Fundación Rosa Luxemburg).

Pinch, Trevor J. y Bijker, Wiebe E. 1987 “The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other” en Wiebe E. Bijker, Thomas P Hughes y Trevor J. Pinch (eds.), The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology (Cambridge: The MIT Press).

Quijano, Aníbal 2000 “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Edgardo Lander (comp.), La colonialidad  del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (Buenos Aires: UNESCO/CLACSO).

Revkin, Andrew C. 2013 “To Those Influencing Environmental Policy But Opposed to Nuclear Power”, The New York Times. Dot Earth [blog], en <http://dotearth.blogs.nytimes. com/2013/11/03/to-those-influencing-environmental-policy-but-opposed-to-nuclear-power/?_php=true&_type=blogs&_r=0>.

Union of Concerned Scientists (s/f) en <http://www.ucsusa.org>.

United Nations Environment Programme (UNEP) 2011 Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication en <http://www.unep.org/greeneconomy/ greeneconomyreport/tabid/29846/default.aspx>.

Varsavsky Osear 1969 Ciencia, política y cientificismo (Buenos aires: Centro Editor de América Latina).

_______ 1972 Hacia una política científica nacional (Buenos Aires: Periferia).

_______ 1974 Estilos tecnológicos (Buenos Aires: Periferia).

Williams, Rob 2013 “CÍA backs $ 630,000 study into how to control global weather through geoengineering. Study part-funded by the CÍA to investígate national security implications of geoengineering”, 21 de julio, The Independent (Londres).

Profesor (jubilado) de la Escuela de Sociología y del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Ex-director de la Escuela de Sociología y del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de dicha universidad. Profesor del Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Fellow del Transnational Institu-te (Amsterdam). Integrante del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo de la Oficina Andina de la Fundación Rosa Luxemburg en Quito.. Principales áreas de interés: la crítica al carácter colonial/eurocéntrico de las ciencias sociales hegemónicas; ciencia, tecnología y política; modelo civilizatorio y límites del planeta; luchas ambientales; democracia en Venezuela y América Latina. Autor de diversos libros, capítulos de libros y artículos académicos y de divulgación.↵

La idea de que las fuerzas productivas del capitalismo podrían proporcionar la base material de la sociedad socialista, la noción de la naturaleza "progresista" y neutral de la ciencia y la tecnología capitalistas, ha sido un punto ciego frecuente en muchos análisis marxistas de la sociedad capitalista (Lander, 1990). Incluso hoy en día, es sorprendente que pocos movimientos y organizaciones, en luchas alter-mundialistas, cuestionen explícitamente los patrones globales de la ciencia y la tecnología moderna. Una notable excepción es, entre algunos otros, el Grupo ETC. Temas científicos y tecnológicos son, sin embargo, el centro de muchas luchas actuales anticapitalistas, como la de Vía Campesina en el ámbito agrícola, las múltiples formas de resistencia a los transgénicos y la energía nuclear, así como la oposición a la vigilancia generalizada de la NSA, que fue puesta al descubierto por Edward Snowden. Todos ellos implican un rechazo de estas tecnologías, no solo a la forma en que se utilizan.↵

Esta presunción antropocéntrica está en la base de la profética y prometeica proclama moderna de Francis Bacon, que concibió la ciencia como medio para garantizar el control y el poder humano sobre la naturaleza (s/f).↵

Esta auto-ilusión de la comunidad científica ha sido desmentida por los estudios etnográficos de las prácticas de laboratorio y, más en general, por las perspectivas críticas de la sociología de la ciencia y la tecnología. Esto, sin embargo, ha tenido un impacto limitado en la forma en que se concibe a sí misma la mayor parte de la investigación científica (Knorr-Cetina, 1981; Pinch y Bijker, 1987).↵

"La demanda mundial de energía está creciendo rápidamente y debe seguir creciendo para satisfacer las necesidades de las economías en desarrollo. Al mismo tiempo, la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero se está haciendo cada vez más clara. Solo podemos aumentar el suministro de energía y al mismo tiempo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero si las nuevas plantas de energía dejan de utilizar a la atmósfera como vertedero de residuos. [...] Las energías renovables como la eólica, la solar y la biomasa, sin duda jugarán un papel en una economía de energía en el futuro, pero esas fuentes de energía no pueden aumentar con la rapidez suficiente para suministrar energía barata y fiable a la escala que la economía mundial requiere. Si bien puede ser teóricamente posible estabilizar el clima sin energía nuclear, en el mundo real no hay un camino creíble para la estabilización del clima que no incluya un papel sustancial para la energía nuclear" (Revkin, 2013). ↵

Desde principios del siglo XX, el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica y la Teoría de la Relatividad han desacreditado estas concepciones mecánicas de la naturaleza. Sin embargo, esta extraordinaria revolución científica aún no ha alcanzado una proporción significativa de la práctica de la "ciencia normal".↵

En la última década el gobierno "progresista" de Brasil ha dado mucho más apoyo a la agroindustria que a la agricultura campesina, a pesar del hecho de que esta última suministra una abrumadora mayoría de los alimentos consumidos por los brasileños.↵

Por primera vez, el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, en su quinto informe, considera seriamente la posibilidad de utilizar la geoingeniería como una opción tecnológica para frenar o prevenir el cambio climático. La CÍA lo considera como una opción potencial y ha decidido financiar un estudio sobre las implicaciones de seguridad de estas tecnologías (Williams, 2013).↵

27

Carlos Carcione[1]

 ECONOMÍA POLÍTICA PARA CONSTRUIR UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

INTRODUCCIÓN

Nos encontramos en un cruce de caminos. O construimos una política económica soberana y un nuevo modelo productivo para la transición, o caemos en el monetarismo neoliberal, cuyo puerto final son medidas devaluatorias, pactos con el FMI y la dependencia extrema, neocolonial, que nos hará prisioneros de los nuevos actores del escenario imperialista mundial.

La intervención de mercancías con precios de usura y su venta directa al público a precio justo, le dan oxígeno político al gobierno y al proceso que estaba en una situación de inestabilidad extrema. Sin embargo, el marco político de justificación de las medidas, así como las medidas mismas, son todavía insuficientes para estabilizar y profundizar el proyecto de la Revolución Bolivariana.

Se ha avanzado en el diagnóstico del problema al ubicar la disputa por la renta petrolera en el centro de la escena. Pero ese diagnóstico es insuficiente para desarrollar un plan que derrote la característica primaria y dependiente de nuestro capitalismo de manera estructural.

Y, sobre todo, que abra camino a un nuevo modelo productivo, construyendo una propuesta económica verdaderamente independiente.

Hoy es necesario utilizar la verdadera ciencia económica de esta época: la economía política, es decir la ciencia que estudia las relaciones entre las clases, las fuerzas sociales y políticas actuantes y la dinámica de los enfrentamientos entre esos actores sociales y políticos, lo mismo que las características propias de los patrones de acumulación del capital[2]. Identificar cuáles son las fuerzas que se disputan la Renta y por lo tanto el control de la economía nacional y con qué política lo hacen. Solo así se podrá responder de manera revolucionaria a la actual crisis.

Los que defienden el actual modelo rentístico insisten en mantener el debate en el aspecto macroeconómico del problema. Desde el pensamiento crítico y con la herramienta de la economía política pretendemos aportar al debate fundamental en esta etapa: cómo construir el Nuevo Modelo Productivo independiente que la Venezuela Bo-livariana necesita.

I. LOS ALQUIMISTAS Y LA FASCINACIÓN POR EL DÓLAR: COLOCAR EL DEBATE DONDE DEBE ESTAR

Antes de la Ciencia fue la Alquimia. La búsqueda del manantial de la eterna juventud, la sabiduría a partir de la piedra filosofal, la fórmula oculta en oraciones esotéricas que permiten convertir al plomo en oro. En fin, la búsqueda de una acción mágica que nos concedería la vitalidad eterna, el conocimiento total o la riqueza sin límites. Así están nuestros alquimistas económicos, buscando que una acción mágica sobre la relación dólar/bolívar resuelva lo que llaman una crisis terminal del proceso de la Revolución Bolivariana.

Fascinados como están, son incapaces de comprender que el patrón de acumulación del capital, en una economía nacional, lo determinan el tipo y la dominación de clase sobre las relaciones sociales existentes en el país, las características propias de la estructura económica y la lucha entre esas clases y sus direcciones políticas y sociales para apropiarse, modificar y controlar la superestructura política, en concreto, el régimen político y el gobierno, herramientas con las cuales garantizar e imponer por la fuerza un determinado consenso social.

En una economía tan elemental como la venezolana —que depende exclusivamente de la renta petrolera— esas relaciones entre clases sociales se definen en los momentos en que el consenso social se ha roto, por una disputa brutal por la apropiación, el control y el reparto de esa Renta. Y, por supuesto, nuestros alquimistas no entienden que un consenso social, esto es el breve momento de tiempo en donde funciona la negociación entre las clases y sus liderazgos sociales y políticos para armonizar con medidas técnicas el reparto parcial de la Renta, se logra solo sobre la base de la imposición forzada, si se quiere violenta, de un patrón específico de acumulación de capital[3] por parte del sector triunfante en la disputa.

Es verdad que la relación bolívar/dólar es una relación de tensión permanente y en la que hay que buscar, interviniendo con medidas correctivas, equilibrios relativos de manera constante. Pero esta tensión no es “en sí”. Por el contrario, expresa una distorsión provocada por el tipo primario y rentístico de nuestro capitalismo dependiente.

La base de esta tensión está en el privilegio de tener petróleo. Venezuela capta su riqueza en el mercado internacional y la vuelca al interior del país[4]. Pero la situación actual no está provocada por ese conflicto histórico. La actual relación entre bolívar y dólar refleja un cambio más profundo en la estructura económica de la sociedad: se rompió el consenso social sobre el patrón de acumulación del capital, que funcionó con modificaciones y fuertes turbulencias entre 2003 y 2012. No es que falten dólares, es que se ha abierto la disputa por el control y la apropiación de todos los dólares que entran al país. Para decirlo de otra forma, de lo que se trata es de la batalla política y social por el control absoluto de la Renta y su distribución, y la instalación forzada de un nuevo consenso en el patrón de acumulación y un nuevo régimen político.

II. EL CONSENSO EN EL PATRÓN DE ACUMULACIÓN IMPUESTO POR LA REVOLUCIÓN. CHÁVEZ Y EL PROYECTO DE ECONOMÍA MIXTA

La Revolución Bolivariana merece tal nombre por dos hechos fundamentales. En primer lugar, porque consuma la liquidación del régimen político de dominación de la IV República; y en segundo término, porque conquista el control total de la renta petrolera por primera vez en la historia del país. Y lo hace de manera revolucionaria, es decir derrotando en las calles y políticamente a la oligarquía nacional y al capital internacional.

Los primeros cuatro años del proceso fueron la expresión de esta batalla entre lo nuevo y lo viejo. Los hechos son el triunfo electoral de Chávez en 1998, el proceso constituyente entre 1999 y 2000, sintetizado en cuatro elecciones nacionales alrededor de la elaboración y sanción de la nueva Constitución. La derrota del golpe de abril y del paro y el sabotaje en 2002 y enero de 2003. Y, por último, el triunfo contundente en el Revocatorio de 2004.

A diferencia de la IV República, donde la captación de la Renta principalmente por parte del capital internacional y sus empresas, la consolidación del nuevo régimen político con la forma de Cesarismo Progresivo[5], ejercido por Chávez, pone bajo control del Estado esa Renta, y funciona como arbitro en la distribución de los dólares, en los que esta se expresa, entre las distintas clases y sectores de clase.

Esta distribución se hace a través de los convenios cambiarios con los que el Estado administra y distribuye el dólar. Hasta el momento se han dictado 26 de estos convenios, 25 de los cuales modifican el original (número 1 del 5 de febrero de 2003). Ellos son hasta hoy el instrumento fundamental de distribución de la renta. Es necesario, para la comprensión del proceso, reseñar cronológica y descriptivamente las etapas de evolución de este consenso impuesto por el triunfo del proceso revolucionario y administrado por Chávez hasta diciembre de 2012:

a) De 2003 a 2004: triunfo sobre la contrarrevolución y recuperación de la economía. Durante todo el año 2002 y parte fundamental de 2003 se desarrolla la lucha contra el Golpe, el Paro Empresarial, el Sabotaje Petrolero y sus consecuencias. Esta lucha tiene como resultado, para la economía nacional, el mismo que si hubiera ocurrido una guerra no convencional. Miles de empresas cierran definitivamente, decenas de miles de puestos de trabajo se pierden, el Producto Nacional Bruto[6] se desploma en pocos meses en un 16%, mientras que en el sector petrolero la caída alcanzó al 26%[7].

Desde el punto de vista de los recursos líquidos se fugaron del país más de 30.000 millones de dólares; además, se dejó de producir por otros 20.000 millones[8]. La suma de estas cifras es similar a la facturación anual de Pdvsa para la época. El control total por parte del Estado de la renta petrolera —como resultado de haber conquistado el control sobre Pdvsa y el manejo de todos los dólares que ingresan al país a través del Control de Cambios—, logran la recuperación económica en apenas un año.

Estas medidas evitan que siguiera la fuga de dólares al exterior, es el periodo en que se lanzan las misiones en alimentación, salud y educación de gran impacto social. Es asimismo el momento en que se destina el excedente de dólares a los fondos especiales de desarrollo sin pasar por el Presupuesto Anual ni por el Banco Central, gracias a esto se inician las grandes obras de infraestructura.

Durante este periodo solo existió Cadivi como instancia concreta de otorgamiento de los dólares para la importación de productos. No había posibilidades “legales” de colocación de dólares en el exterior. Empiezan a desarrollarse los delitos cambiados.

b) De 2004 a 2010: Nuevo consenso para la acumulación privada de capital. El dólar permuta. La economía mixta. Después de la derrota en el revocatorio de 2004, la burguesía y sus partidos quedan desorientados. No participan en las elecciones a la Asamblea Nacional de 2005 dejando una Asamblea totalmente “roja rojita”. Pierden su unidad anterior y la voluntad, aunque no el deseo de deshacerse de Chávez inmediatamente.

El sector que había impulsado la búsqueda de deshacerse de Chávez con el revocatorio empieza a diseñar, desde el punto de vista electoral, su adaptación a la Constitución Bolivariana y a planificar su participación en la disputa presidencial de 2006. Comienza una larga marcha de cohabitación política forzada para ellos por la derrota de la contrarrevolución y alentada desde el gobierno, que para mostrar su buena voluntad deja sin castigo los crímenes de la oposición en el golpe y el sabotaje.

Chávez por su parte declara el carácter antiimperialista y luego socialista de la Revolución Bolivariana. Se asienta en su hoja de ruta, la Constitución, y diseña y ofrece a esta burguesía una propuesta de economía mixta. Es decir, una participación económica activa en el proceso de acumulación de capital, que complementa la cohabitación política bajo el paraguas electoral de la Constitución. Independientemente de nuestra visión crítica y opuesta a ese modelo, es un hecho que imponía así un nuevo consenso social diferente al de la IV República con la ilusión de que resolviera las contradicciones y choques permanentes que provocan la acumulación privada de capital. En este caso la disputa por la renta petrolera.

El presidente Chávez tenía una extraordinaria fortaleza política lograda sobre la base de la derrota de la contrarrevolución y su papel consolidado como arbitro político máximo, excluyente también para distribuir los dólares de la Renta.

Su objetivo, declarado en decenas de alocuciones, intervenciones y discursos, para justificar la economía mixta, es el alejamiento del modelo económico del socialismo soviético. Nunca llegó al despropósito de decir —como algunos desde el gobierno plantean en la actualidad— que defendía la “libertad económica” de la burguesía. Propone que en el desarrollo de la economía nacional, compitiendo los sectores estatales, la economía social y los sectores privados, se pudiera instalar un nuevo modelo productivo que avance en una transición al socialismo del siglo XXI. Ese experimento de economía mixta, donde la burguesía —del color que fuera— tuvo todas las oportunidades e incentivos para convertirse en productiva, es el que está agotado irreversiblemente.

A Cadivi, dedicado esencialmente a otorgar las divisas para la importación, se le suma otra herramienta económica financiera para la acumulación privada de capital, con el objetivo declarado de que esa acumulación desarrollara un modelo productivo. Esta herramienta fue el dólar permuta, un mecanismo por el cual Bancos y Casas de Bolsa facilitaban la compra de dólares y su giro al exterior por parte de los privados. Esos dólares eran suministrados por Pdvsay el Banco Central de Venezuela. Justamente, eran parte importante de la renta petrolera total.

Al calor de este mecanismo es que aparece y se desarrolla rápidamente un nuevo actor social: la “boliburguesía”. Estos sectores, asociados íntimamente a la alta burocracia del Estado, van desarrollando una asociación también íntima con sectores de la oligarquía tradicional, en algunos casos esa relación era previa. Los negocios de este actor están en la importación, pero sobre todo en el sistema financiero[9].

La experiencia con el dólar permuta concluye con la crisis ban-caria de finales de 2009. Otros 30.000 millones de dólares fugados al exterior, 15 bancos cerrados, 11 de ellos intervenidos. El golpe financiero que sufre el Proceso es fuerte, además de los miles de millones de dólares fugados al exterior, el Estado se hace cargo de los depósitos de los ahorristas y asume la nacionalización de una parte de los bancos cerrados con sus trabajadores y sus pasivos.

Mientras tanto, la economía se hacía más importadora. Menos productiva. Más dependiente de la renta petrolera. Esa boliburguesía, la tradicional oligarquía y el capital financiero, desplegaban todo su “ingenio” para seguir captando, cada vez, una parte mayor de la Renta, acompañada de manera cómplice por la alta burocracia del Estado, que construye sus privilegios a partir de esa relación y por la legalización de la apropiación de la Renta, a través del sistema cambiado llamado dólar permuta.

Pero no dedicaron esa acumulación de capital en invertir para desarrollar la producción en el país, como esperaba Chávez. Es un hecho, no una opinión, que el esfuerzo por lograr un efecto productivo de esa propuesta de economía mixta fracasó, está en la naturaleza del capitalismo de esta época su carácter mañoso y parasitario. Así, la economía se hizo mucho más importadora, más parasitaria de los dólares que aporta Pdvsa al país.

c) De finales de 2010 a diciembre de 2012: El Sitme. La acumulación tnafiosa de capital[10]. El fin del consenso. Superada la crisis bancada de fines de 2009 y principios de 2010, y cerradas las operaciones con el dólar permuta, Chávez insiste en la propuesta de economía mixta. Convoca a los principales mil empresarios al anfiteatro de Miraflores, donde les adviede pero también les insiste en trabajar conjuntamente. En este sentido, los llama a que se desarrollen en ramas de la producción interna. Les da otra opodunidad, que ya para entonces no merecían. Como medida práctica para implementar este nuevo intento se instala el Sitme.

Cadivi seguiría desarrollando su papel de proveedor de dólares para la impodación de productos, gastos internacionales para viajes, remesas familiares al exterior, asignaciones para estudios en el exterior y otros rubros menores. Pero para procesar las solicitudes extraordinarias de dólares, aquellas que se dirigían a atesorar capital por pade de la burguesía o a inversiones en el mercado financiero, se crea el Sitme, con un dólar inicial entre un 40 y 50% superior al precio para la impodación de mercancías y un 100% superior al de compras de bienes de capital y alimentos. La expectativa del gobierno era, otra vez, que esos recursos financieros obtenidos a través de la Renta fueran utilizados para la producción. Pero este propósito nuevamente fracasa.

También a través del sistema financiero y el Sitme, se le agrega una nueva fuente de entrega de la Renta a la burguesía vieja y nueva. La emisión de Deuda Pública Soberana y de Deuda de Pdvsa —ambas nominadas en dólares—, pero que se conseguían en bolívares en el país al tiempo que se podían vender en dólares en el exterior. Este es un nuevo mecanismo de acumulación de capital y de atesoramiento por parte de la burguesía de una parte de la Renta, esta vez a futuro. De esa manera, la Renta todavía no captada se convierte en un instrumento por demás especulativo.

Con fuertes turbulencias y con delitos de sobrefacturación y comisiones ilegales por el escaso control, programado así en la asignación de divisas, parecía que el consenso social funcionaba. Sin embargo, tampoco en este periodo se avanza en desarrollar la producción en el país, la agricultura sigue en caída libre, sigue la desindustrialización y se ataca, hasta paralizarla, la primera experiencia consistente del nuevo modelo de gestión industrial y de transformación de las relaciones sociales de producción a través de las experiencias de Control Obrero en las industrias básicas. Esto último sucede por maniobras de la burocracia del Estado, que no quería perder el control de esa fuente de recursos y privilegios.

El año 2012 transcurre en preparativos electorales, la incertidum-bre por la salud de Chávez y las elecciones. Simultáneamente se desarrolla un fenómeno económico, cuyas consecuencias comenzaron a sentirse en toda su dimensión desde febrero de 2013. Comienza a través del saqueo de miles de millones de dólares sobre el sistema cambiado, en especial el Sitme, lo que a nivel popular se conoce como la “raspadera de olla”. Esta es la verdadera cara de la burguesía vieja y la nueva y sus aliados en el Estado: su rostro mañoso, cartelizado. El escandaloso robo de los 20.000 millones de dólares distribuidos por el Sitme en empresas de maletín, cifra similar a la que se perdió por falta de producción en el paro y el sabotaje petrolero, es la cruel prueba de ese carácter mañoso.

El consenso impuesto por la revolución había terminado. Y no se volverá a recuperar, abriendo un tiempo de disputa feroz por la renta petrolera y el control del país. El aparato productivo está más debilitado que antes, y la oligarquía, la boliburguesía y en especial el capital financiero apoyados en sectores de la alta burocracia del Estado, se preparaban para iniciar un proceso de profundas contrarreformas contra las conquistas del Proceso Bolivariano. La primera de ellas: la liquidación del Control de Cambios en camino a la vuelta al FMI. Pero hay en danza otras contrarreformas como, por ejemplo, modificaciones de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) en el terreno de la jornada laboral y sobre todo de la inamovilidad laboral[11], entre muchas otras.

Los importadores y el capital financiero presionan y obtienen la devaluación de febrero de 2013, comienza el crecimiento galopante de la usura en los precios, el acaparamiento y el desabastecimiento programado y la especulación con el dólar paralelo. No logran ganar la elección presidencial en abril, pero redoblan la apuesta. Ofrecen estabilidad al gobierno a cambio de dólares, pero quieren todos los dólares, desatando la especulación con el dólar paralelo. Quieren la renta petrolera completa. Así, pues, van por Pdvsa. El gobierno actual es electo por muy estrecho margen, está debilitado. Se ingresa de lleno en tiempo de definiciones.

d) Las causas de la ruptura del consenso. Superando la crisis de los precios del petróleo de 2009 —donde esos precios tocaron un techo de $140 en 2008 y se derrumbaron a $36 en 2009—, durante 2011-2013 el precio del barril se mantiene estable alrededor de los $100. El otorgamiento de dólares para la importación continúa similar durante esos tres años, por tanto no son causas económicas las que provocan esta situación.

La ruptura del consenso impuesto por la Revolución se produce por razones políticas y con objetivos económicos y políticos. Las causas son el fallecimiento del comandante Chávez, que provoca una situación de vacío del régimen político; el triunfo electoral de Maduro por muy escaso margen, que da como resultado un gobierno débil; la disputa interna por la supremacía en el chavismo y el vacío de lide-razgo.

III. DAR PASOS HACIA LA REVOLUCIÓN ECONÓMICA

El agotamiento, ruptura y fracaso del Consenso en el patrón de acumulación de economía mixta nos coloca frente al urgente desafío de abordar la construcción, sin más demoras, de un nuevo modelo productivo no capitalista. Es necesaria una verdadera revolución económica que permita diseñar una política económica independiente y soberana.

El centro de ese nuevo modelo productivo es lograr lo que no logró el capitalismo dependiente y rentístico venezolano hasta ahora: romper la “maldición de la renta”, y utilizar ese privilegio para empezar de una vez lo que pidió Arturo Uslar Pietri en 1936: “sembrar el petróleo”.

El papel que para Venezuela tienen pensado todos los que hoy controlan y/o se disputan el mercado mundial es el de ser un simple proveedor de recursos naturales, léase: petróleo[12], y que el país devuelva al mercado mundial la renta captada importando todo tipo de mercancías. La burguesía parásita venezolana —sea del color que sea— y sus socios de la burocracia estatal, son la cadena de transmisión al interior del país de esa voluntad del mercado mundial. Ir contra los designios del mercado mundial, utilizando la renta petrolera para lograr la independencia económica de los factores de poder del capitalismo internacional, es posible y se convertiría en una verdadera revolución económica. Esta es, en el ámbito económico, la tarea más importante de la actual generación de venezolanas y venezolanos que sueñan un país independiente.

Requiere para aplicarse, en primer lugar, responder las preguntas más importantes para la construcción del nuevo modelo productivo: ¿dónde, cómo y en qué proporciones invertir la Renta?, y principalmente la construcción concreta del Plan de la Nación. Cómo hacerlo en agricultura, en qué ramas de la industria y cómo y para qué impulsar el desarrollo educativo, científico y técnico. Y la tercera es la construcción del Régimen Político, con el cual edificar e imponer un nuevo consenso sobre el patrón de acumulación de capital, esta vez no capitalista.

La definición de las prioridades y las herramientas para el diseño estructural del nuevo modelo productivo, la elaboración concreta del Plan de la Nación y la edificación del nuevo Régimen Político se debe hacer buscando en las claves de la Revolución Bolivariana. Es decir en un proceso constituyente, en el marco de un gran debate nacional de las fuerzas del trabajo de la ciudad, el campo y la industria que culmine en una Constituyente de los trabajadores y la producción nacional.

IV. CUATRO PALANCAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO MODELO PRODUCTWO

a) Límite estricto y móvil, a la baja, de la utilización de los dólares que provee la renta para la importación de bienes de consumo. Clave de un nuevo modelo productivo no capitalista. Vamos a poner un ejemplo para mostrar el despilfarro de dólares preferencia-Íes en la importación masiva de bienes no necesarios.

Caso automotriz. La capacidad instalada de las ensambladoras automotrices que funcionan en el país es de 275.000 unidades anuales. Sin embargo —hasta fines de septiembre de 2013— solo se habían ensamblado 58.073 automóviles, 25.717 menos que el año anterior, cuando para la misma fecha se llevaban ensamblados 83.790. Entretanto, la comercialización en el país de automóviles importados ha tenido un repunte del 52,6% en relación con el año anterior. En efecto: en 2013 hasta la fecha en la que estamos comparando se vendieron 24.714 coches importados (en 2012, para la misma fecha, los importados vendidos habían sido 16.196[13]). Es bueno aclarar que este sector industrial es el que más dólares preferenciales recibe.

La pregunta que surge inmediatamente es: ¿por qué seguir asignando dólares preferenciales para la importación de coches en tanto no se use toda la capacidad instalada que la industria local mantiene ociosa? Es un despilfarro, un negocio especulativo para los empresarios y una distribución regresiva de nuestra riqueza que sigamos otorgando dólares para importar coches terminados.

Nuestro objetivo es ponerle límite en porcentaje a la importación de bienes de consumo, a los dólares que ingresan producto de la exportación de petróleo. Esto obliga a planificar las importaciones para el consumo personal o familiar, sobre todo los innecesarios y ahorrar una importante cantidad de dólares que debe ser destinada a desarrollar una política industrial y agrícola. Y, en segundo lugar, obligar a utilizar la capacidad instalada ociosa de una industria por la que el país ha invertido mucho[14], aportando, entre otros beneficios, la generación de puestos de trabajo calificado elevando el nivel en la cultura del trabajo de nuestra clase obrera.

Sin embargo, para poder “sembrar petróleo”, que es en lo que se viene fracasando desde hace 77 años y que esto se cumpla con carácter obligatorio y permanente en el tiempo, este límite y su regulación a la baja debe tener rango constitucional. Es decir, debe ser una clave del nuevo consenso social no capitalista. Por ello es necesario un debate global sobre todos los rubros de consumo personal o familiar, bienes durables, etcétera, a los que se destinan los dólares, para fijar ese límite y luego aprobar, en una elección, la enmienda constitucional que lo sancione. El gobierno que no cumpla esa orden del poder originario estaría violando la Constitución y sería sujeto de revocatorio especial, por la importancia estratégica del tema, en cualquier momento de su mandato.

b) El monopolio estatal del comercio internacional como parte fundamental de la política económica soberana. El anuncio de la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Nacional del Comercio Exterior son pasos significativos en el terreno administrativo para lograr el Control Estatal del Comercio Exterior del país. No obstante, es necesario avanzar hacia definiciones no solo administrativas sino de política económica soberana en este terreno.

El monopolio del comercio exterior en nuestro caso debe apuntar a romper la acumulación mañosa de capital. Esta acumulación mañosa se expresa en las prácticas criminales de sobrefacturación, de evasión fiscal y sobre todo de falsificación de operaciones de importación que no se realizan, las llamadas empresas de maletín y otras prácticas criminales. La forma de evitar estas prácticas es que en ningún punto del recorrido de las operaciones de importación las empresas que solicitan la importación de mercancías manejen las divisas. No es necesaria ¡a entrega de dólares físicos o bancarios a los importadores. Es el Estado a través de sus instituciones el que debe manejar la divisa internacional que él mismo genera[15]. Otro aspecto fundamental de política económica es someter a profunda revisión los 26 convenios cambiados, para sancionar uno nuevo que exprese el objetivo de una política económica soberana, anulando de una vez los anteriores.

Este monopolio es además imprescindible para acompañar el diseño del nuevo modelo productivo. No se trata solamente de que ahora sea el Estado el que pague de manera ordenada las importaciones que realizan y comercializan los privados, se trata de que debe ser la herramienta de instrumentación y control abierto a la supervisión, por la sociedad, de la utilización de la renta/dólares y las proporciones de la misma que se utilizarán en el comercio internacional para desarrollar el nuevo modelo productivo.

c) Control del crédito para el financiamiento del nuevo modelo productivo. La instancia de rectoría sobre el sector bancario, que se propone como parte de las medidas anunciadas el 6 de noviembre, ratifica un rumbo apropiado. Sin embargo, no avanza en resolver el principal daño que la banca privada le ha hecho al país: su participación como mediador en el sector financiero[16]. De hecho, en la medida que las transacciones de papeles financieros y derivados o la posibilidad de manejar divisas sigan en manos de la banca privada, estaremos siempre en peligro de operaciones especulativas de alto riesgo, que pueden terminar en una crisis como la de 2009 o como la estafa del Sitme.

Por lo tanto, no se trata solamente de orientar el crédito. El Estado debe prohibir a los bancos privados[17] el manejo de instrumentos de especulación financiera, y controlar él mismo la disposición de todo el crédito nacional, en función del plan para construir el nuevo modelo productivo y de continuar los proyectos de infraestructura, como el Ferrocarril del Centro y el desarrollo de las Grandes Misiones productivas, tipo GMW. Esto debe realizarse en la perspectiva de la nacionalización total del crédito.

d) Cambiar el modelo en educación, investigación, ciencia y tecnología. El avance innegable logrado en los últimos años se ha conquistado reproduciendo el modelo educativo de la Venezuela Saudita de la IV República, un modelo funcional a nuestro capitalismo rentista y dependiente. Graduamos abogados, administradores, comunica-dores, ingenieros en petróleo, etcétera, desde una perspectiva liberal condicionada por la cultura de la Renta, sin que ello se relacione con la vocación productiva del territorio, las necesidades del Estado, ni los requerimientos reales del poder popular local. Mientras la burguesía parasitaria ha visto incrementar sus riquezas, no hemos podido frenar ni revertir la caída del poder adquisitivo del salario que ganan nuestros biólogos, químicos, agrónomos o ingenieros en infraestructura, electrónicos o mecánicos y los expertos en cibernética o biotecnología, quienes malviven con salarios cercanos al mínimo, si es que no se marchan al exterior a trabajar para multinacionales. Ni qué hablar de los investigadores de los escasos institutos de investigación en ciencia dura y tecnología, que sobreviven con salarios que se parecen más a becas estudiantiles y sin posibilidad de acceso a instrumental, tecnología y materiales de investigación.

Llegó la hora de revisar el patrón colonial de construcción de nuestras universidades, las cuales desde la Conquista se edificaron a partir de la labor docente —para asegurar la hegemonía del patrón social cultural de dominación— y no desde la investigación, la ciencia y el mundo productivo. Tenemos que dar el salto, identificando los problemas centrales para el desarrollo nacional independiente y, a partir de las labores de investigación y su impacto productivo, construir poderosos e integrales centros de investigación que den origen a las nuevas casas de estudios superiores. Solo la ruptura con el lugar de enunciación de nuestras universidades nos puede permitir dar el salto necesario para construir independencia nacional y socialismo desde las universidades.

Para poder desarrollar un verdadero modelo productivo no capitalista y no dependiente de la Renta, una de las palancas fundamentales donde debemos “sembrar petróleo” es en impulsar una verdadera transformación educativa. Si no lo resolvemos, a poco de empezar el camino de la construcción del nuevo modelo productivo tendremos otro fenómeno de desabastecimiento, esta vez en el principal insumo para poder llevarlo adelante: recursos humanos altamente calificados.

V. ¿POR DÓNDE EMPEZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO?

a) Revolución agraria, primera prioridad. Entre las medidas anunciadas el 6 de noviembre hay nuevas inversiones y créditos para el desarrollo agropecuario. Sin duda son necesarios.

Sin embargo, tenemos que preguntarnos: cuál es la razón por la cual, hasta la actualidad, con inversiones enormes, reformas de la Ley de Tierras, nacionalizaciones como la de Agropatria, intentos de instalación de fábricas de herramientas y maquinarias, entre otras, no hemos podido solventar una política clave del Proceso Bolivariano: la Soberanía Alimentaria. ¿En qué se falló?

Para nosotros, el problema fundamental de la crisis agraria no es de inversiones, aunque estas son imprescindibles y habrá que incrementar su volumen. Si estudiamos la situación del campo, podemos encontrar que —según datos del censo 2011— solo el 11,2% de la población del país vive en zonas rurales, si desagregamos los niños y los adultos mayores, los que efectivamente trabajan la tierra son mucho menos de la mitad. Este es el resultado histórico del desarrollo de la producción petrolera.

Desde que en la década de los años treinta del siglo pasado la explotación del petróleo tuvo carácter industrial y producción masiva, el éxodo de los habitantes del campo a las ciudades fue constante y no se ha detenido hasta la actualidad. El Estado fue cómplice de esa situación, al desmontar condiciones mínimas que los sectores rurales poseían, como por ejemplo no mantener la infraestructura vial y de servicios o desmantelar la estructura educativa existente.

Tenemos tierras fértiles, agua en cantidad suficiente, tenemos condiciones para invertir en herramientas, maquinas, semillas y animales de cría. Tenemos condiciones para crear una infraestructura y entorno amigable para la vida y el trabajo rural. Pero no logramos detener el flujo de los más jóvenes hacia las ciudades. La resolución de este grave problema es el primer gran desafío para lograr la construcción del nuevo modelo productivo. Mientras no podamos resolver el problema de producir la mayoría de los alimentos que consumimos, seguiremos dependiendo de la importación de estos productos y alejados de la independencia económica.

Hasta ahora la opinión dominante es que en la medida que se creen las condiciones de infraestructura, laboral, de vivienda, educativa y de esparcimiento, luego podremos lograr detener el éxodo y empezar el camino de la vuelta a la tierra de nuevas generaciones. Pero el hecho es que en estos años no lo hemos logrado. La presión integral sobre la sociedad, una presión si se quiere cultural de la economía rentista, es la que lo impide.

Se hace evidente que necesitamos medidas radicales para impulsar una revolución agraria, atacando el principal problema que tenemos: el demográfico. De lo contrario, no podremos romper nunca los pisos de desabastecimiento programado y estaremos atados al uso de la Renta para seguir importando gran parte de los alimentos, y seguiremos dando vueltas en el círculo vicioso que se repite desde hace décadas. Pero sobre todo, no podremos abordar el desarrollo industrial y científico-técnico que necesitamos de manera urgente.

Por eso, tomando la idea de una fuerte ofensiva educativa y de construir —esta vez sí— las condiciones infraestructurales necesarias, se podría iniciar entonces una campaña hacia nuestros jóvenes para detener el éxodo hacia las ciudades y estimular a los de las ciudades para que regresen al trabajo de la tierra. No obstante, esta es una batalla no solo económica sino cultural, que requiere de constancia y un plan a largo plazo.

La propuesta complementaria que presentamos al debate es impulsar un fuerte impacto sobre la base de un estímulo extraordinario a la inmigración de familias jóvenes, con el compromiso escrito de que trabajen las tierras; dotarlas de todas las facilidades, herramientas, créditos blandos y a largo plazo, semillas, apoyo técnico, etcétera. También de la infraestructura necesaria para desarrollar un fuerte arraigo rural. Esta inmigración, en conjunto con nuestro movimiento campesino, pequeño relativamente, pero fundamental en conocimiento y nivel de conciencia, serán las fuerzas motrices de esa revolución agraria.

En la actualidad, por la crisis capitalista mundial, el 54% de los jóvenes menores de 30 años en España no consiguen trabajo, y difícilmente lo consigan en los próximos diez años, quizás nunca lo logren, lo mismo ocurre con los jóvenes portugueses, italianos, griegos, etcétera. La inmigración de esas regiones ha sido el motor del desarrollo agrícola en gran parte de Nuestra América. La inmigración selectiva durante el periodo de Pérez Jiménez también ha demostrado en nuestro país su importancia.

Por otra parte, si el desarrollo de esta experiencia fuera exitoso, generaría un efecto de emulación para nuestros jóvenes de las ciudades y ayudaría a que ellos, estimulados por una nueva situación, aceptaran el desafío de vivir y trabajar en el campo. No hay que tener miedo o rechazo por esta incorporación social y étnica de otras culturas, confiemos en nuestra historia y en la fortaleza de nuestra cultura para asimilar la inmigración. Una de las claves de nuestra identidad nacional es el mestizaje, como afirma el general Visconti, líder de la insurrección cívico militar del 27 de noviembre.

b) Proceso de industrialización: medidas de urgencia y estrategia de planificación democrática. El desorden y la ausencia de datos estadísticos en el terreno industrial de manufacturas es un escándalo. No es posible identificar la cantidad de industrias, trabajadores, tipo y estado del capital fijo, aporte al PNB por rama de la producción industrial desagregado[18]. Sin embargo, resulta muy sencillo ubicar la cantidad de millones de dólares otorgados para la importación de productos terminados. Por ejemplo, un titular de la prensa tomado al azar del 23 de septiembre de 2013, señala “660 millones de dólares ha entregado Cadivi para calzados”[19] o aquellos que exigen más dólares se quejan de esta manera: “Industria textil se deshilacha”[20]. La distorsión es tan profunda que lo que hasta hace poco tiempo eran talleres para producción hoy son, en la gran mayoría, depósitos de mercancías importadas con las que se especula. Es necesario cortar de raíz este mal.

Volvamos al caso automotriz. Según las proyecciones, este año esa industria ensamblará 75.000 automotores y su capacidad instalada es de 275.000, eso significa que las plantas están produciendo a un 28% de su capacidad instalada; o, lo que es lo mismo, tienen una capacidad ociosa del 72% de su capacidad de producción. Por otra parte, este mismo año se importarán cerca de 30.000 automóviles, lo que significa que sustituyendo esa importación por producción local, la utilización de capacidad instalada de la industria pasaría a algo más del 40% del total de su capacidad de producción, todavía podría aumentarse la producción el 60% restante, sin nuevas o con muy pocas inversiones en capital fijo.

Tres medidas de emergencia industrial se desprenden de los ejemplos anteriores: a) la exigencia a las Cámaras Industriales, por rama de producción, del listado de empresas para construir un verdadero censo industrial, realizar un procedimiento de inspección a las empresas para comprobar el estado de la infraestructura, de los trabajadores, de las máquinas y el porcentaje de producción de la capacidad instalada y determinar el nivel de inversiones necesarias. Este censo también debe realizarse al parque industrial del Estado y de la economía social[21]; b) intervención, con estricto control de sus trabajadores, de aquellas empresas con capacidad ociosa, hasta que alcancen el nivel de producción instalada; y c) prohibición de importación de productos terminados, mientras no esté utilizada la capacidad productiva total de la industria.

De aplicarse estas medidas de emergencia industrial que proponemos, alcanzaríamos un nuevo piso para diseñar el nuevo modelo industrial. Pero el nivel de destrucción del aparato productivo manufacturero es tan profundo que, incluso así, apenas estaríamos recuperando, con suerte, los niveles de manufactura previos al paro patronal y al sabotaje de 2002-2003. Sería un gran avance, pero al mismo tiempo completamente insuficiente[22].

La planificación estratégica de un nuevo modelo industrial requiere, por su parte, de un debate profundo y de un balance acertado de las experiencias de industrialización anteriores[23]. Iniciando la década del sesenta del siglo pasado, se intentó un proceso de industrialización de sustitución de importaciones[24], este proceso fue pensado para hacer frente a la crisis de los precios del petróleo de ese entonces. Las ramas que se impulsaron fueron automotriz, textiles, químicos, etcétera; la crisis del capitalismo mundial —simultánea a ese intento— liquidó la experiencia utópica de una industrialización en el marco de un mercado mundial que nos presiona constantemente, para consolidar nuestro capitalismo rentístico dependiente.

Por lo tanto, no debemos caer en repetir la experiencia capitalista de sustitución de importaciones de maquila. Ni en el nuevo de deslocalización. Nuestro criterio básico para pensar una industrialización es el marco de construcción de un nuevo modelo productivo no capitalista, es, en primer lugar, el desarrollo a nivel de la industria integrada a la revolución agraria que necesitamos y para satisfacer rápidamente las necesidades básicas de nuestra población, pero en el camino de una industrialización integral, que comience a producir también partes[25] y luego la producción de bienes de capital destinados a la agricultura, la construcción, el transporte terrestre y naval, y de la propia industria, etcétera.

Nuestra clase obrera —que posee un alto nivel de aprehensión de la cultura del trabajo y un nivel técnico respetable—, debe encabezar este debate. Lo mismo que nuestros técnicos y profesionales. Pero del mismo debe participar todo nuestro pueblo. Un papel fundamental tienen reservados nuestros especialistas en planificación, de los que en las empresas básicas y el petróleo, laborando como empleados de nómina y con compromiso revolucionario[26], hay muchos de ellos de reconocido nivel internacional.

No estamos empezando de cero. Tenemos un insumo fundamental: El Plan Guayana Socialista. Entre 2009 y 2012 centenares de trabajadores y trabajadoras, técnicos, profesionales, obreros, administradores, etcétera, comenzaron como parte de la lucha por el control obrero en las industrias básicas, el recorrido de construcción de un plan de verdadera transformación industrial. El objetivo era romper con el carácter primario de nuestra estructura capitalista y también con la organización jerárquica capitalista de las relaciones sociales de producción, de organización, gestión y control empresarial, e iniciar el proceso de agregar valor y desarrollo aguas abajo.

Ese insumo se construyó con la participación de centenares de trabajadores de las industrias básicas, la electricidad, el petróleo y otras, en mesas de trabajo cotidiano, encuentros regionales y congresos nacionales y fue entregado en su parte esencial al presidente Chávez. El experimento —que estaba preparado para emprender la transformación industrial de Venezuela— quedó trunco por manipulación y destrucción de iniciativas por parte de la alta burocracia del Estado. Esos trabajadores todavía están ahí, pendientes de cumplir el compromiso que asumieron con el Comandante: llevar a la práctica el desarrollo del Plan Guayana Socialista 2009-2019, y también para emprender el viaje que el propio Comandante les propuso, “recorran todo el país”, les dijo, “ayuden a toda la clase obrera a diseñar nuestro nuevo modelo industrial”. Sería interesante saber por qué el Ministerio de Industrias mantiene ese plan “cajoneado” bajo siete llaves.

c) Financiamiento para desarrollar una política económica soberana. Entre sus anuncios del 6 de noviembre, el gobierno no informó medidas en relación al financiamiento del Estado. Posteriormente señaló que anunciaría más adelante algunas que se están elaborando en lo que tiene que ver con la estructura fiscal, es decir con la recaudación de impuestos. Por nuestra parte presentamos las siguientes propuestas:

Renta. Ya señalamos la necesidad de la disminución progresiva del uso de los recursos provenientes de la renta petrolera para las importaciones en bienes de consumo. Hay que agregar que en ese orden debe contemplarse también la reducción de su uso para los gastos corrientes del Estado. El objetivo es lograr que la mayoría de los recursos, ingresados por la exportación de petróleo, sean destinados al financiamiento del nuevo modelo productivo.

Régimen impositivo. Debemos cambiar la base de la estructura impositiva, que es regresiva y se asienta en impuestos como el IVA que aporta alrededor del 33% de los recursos del Estado en el Presupuesto Nacional[27]. Este impuesto debe reducirse hasta lograr eliminarlo. Debemos avanzar hacia un régimen impositivo progresivo, donde más paguen los que más tienen. El sistema impositivo debe descansar fundamentalmente sobre el impuesto a las ganancias. El límite al margen de ganancias en la fijación de precios ayudará a enfrentar la usura, pero necesita, complementariamente, un impuesto a las ganancias que progresivamente se vaya convirtiendo en la base de la recaudación fiscal para los gastos corrientes. El reemplazo del IVA debe proceder de una reforma integral, deben ser gravados progresivamente los gastos suntuarios y, sobre todo, las ganancias en el sector financiero, hoy en el extremo ridículo de que estas pagan por sus ganancias entre un 3,7 y un 4%[28]. También deben pagar impuestos las transacciones con papeles financieros como títulos de Deuda Soberana y de Pdvsa. Y todo otro instrumento especulativo.

Política arancelaria. La política arancelaria debe cumplir dos funciones: a) Recaudación para el presupuesto nacional, b) Regulación para limitar importaciones no necesarias.

Recursos venezolanos en el exterior. Los activos del país en el exterior, sumados los públicos y los del sector privado, alcanzaban a finales de 2012 los 291.000 millones de dólares[29], de los cuales 160.000 pertenecen al sector privado, de estos últimos la gran mayoría mayoría no está justificada y puede ser producto.

De los que se sabe que proceden de transacciones “legales”, unos 60.000 millones son de títulos de la Deuda Soberana y de Pdvsa. Esos títulos fueron comprados en bolívares, aunque están nominados en dólares. La ganancia que genera la simple tenencia de esos bonos es altamente especulativa. Son papeles que fueron comprados a 2,15 o 4,30 Bs. por dólar, por tanto el margen de ganancia en el retorno incorpora un fuerte componente usurario, comprendido en las devaluaciones. Deben ser gravados impositivamente como ganancia especulativa.

Mientras que los 100.000 millones de dólares restantes debemos suponer que fueron ilegalmente sacados del país, por la existencia del control de cambios. Por consiguiente, sus propietarios deben ser obligados a demostrar su procedencia legítima o deben ser confiscados. Los que resulten legítimos deben ser intimados a regresar para ser invertidos en la producción, de lo contrario deben ser fuertemente gravados como capital ocioso, en este caso se debe utilizar el mismo criterio que se tiene con las tierras improductivas.

En cuanto a los activos estatales en el exterior, que alcanzarían unos 130.000 millones de dólares, los que corresponden a activos líquidos —dólares o similares— deben ser repatriados e incorporados a las reservas líquidas nacionales[30]. En la emergencia debe desarrollarse una importante ofensiva hacia la identificación pública, ubicación y recuperación de los 20.000 millones de dólares entregados por el Sitme en 2012 a empresas falsas que no concretaron importaciones.

En la Venezuela Bolivariana estamos atravesando el tiempo histórico de construir un Nuevo Modelo Productivo y romper con la maldición del capitalismo rentístico, dependiente y primario. Esta es una tarea económica y política. Se trata del diseño de un nuevo país en el rumbo de consolidar una referencia para la integración regional y continental, en la búsqueda de una verdadera soberanía económica y de la largamente demorada independencia política.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, Víctor 2009 ¿Hacia dónde va el modelo productivo? (Caracas: Centro Internacional Miranda).

Álvarez, Víctor 2012 Claves para la industrialización socialista (Caracas: Centro Internacional Miranda).

Baptista, Asdrúbal 2010 Teoría Económica del Capitalismo Rentístico (Caracas: Banco Central de Venezuela).

El Nacional

23 de septiembre de 2013 (Caracas).

Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal

2013. Disponible en http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/leyes/2012-05-30/doc_0cc5f61beefe063228002547b0592fl9ceaaedf0.pdf (Consulta 08.12.2013).

Marx, Karl 1867 El Capital. Disponible en http://www.taringa.net/posts/info/10737381/Karl-Marx—El-Capital—Tomos-I-II-y-III.html (Consulta 09.10.2013).

SUDEBAN 2013 Informe Estadístico Anual. Disponible en http://sudeban.gob.ve/webgui/ (Consulta 25.01.2014).

Sutherland, Manuel 30-06-2014 Fraudes en la importación y los problemas que acarrean. Disponible en http://www.rebelion.org/ (Consulta 08.12.2013).

Carlos Carcione es economista y periodista. Autor de libros y artículos en publicaciones, entre ellos: Rastros en el silencio, El trotskysmo bajo la Triple A y la dictadura. Actualmente es investigador del Centro Internacional Miranda.↵

"Acumulación originaria y Acumulación de Capital". El Capital (Karl Marx), capítulos XXII, XXIV y XXV.↵

Específicamente, las proporciones de apropiación de la plusvalía internacional captada a través de la Renta y distribuida de acuerdo al patrón de acumulación nacional.↵

Teoría Económica del capitalismo rentístico, Asdrúbal Baptista (Ediciones BCV).↵

Definición aportada por Javier Biardeau. También puede ser llamado "Bonapar-tismo Sui Generis".↵

Todos los datos pueden encontrarse en los trabajos de sistematización realizados por el Profesor Víctor Álvarez para sus libros.↵

Grecia, en su actual crisis económica, demoró tres años de desarrollo de esa crisis para que su PNB cayera el 20%.↵

Para entender lo que significa esta pérdida en bienes y nivel de vida se puede revisar nuestro trabajo De Chávez a Maduro: Habilitar al pueblo bolivaríano antes de que sea demasiado tarde en <http://www.aporrea.org/ideologia/al75616.html>.↵

Se puede revisar el histórico del desarrollo bancario durante este lapso en la página web de Sudeban.↵

La llamamos mafiosa para indicar que va en contra del consenso previo expresado en los Convenios Cambiarlos y que se realiza de manera organizada y cartelizada para violar esas leyes.↵

Esto es una flexibilización neoliberal de las relaciones laborales.↵

También va creciendo en importancia en la actualidad la extracción minera de la que por ahora poco se habla.↵

Investigación realizada por dirigentes sindicales de la empresa Chrysler Venezuela.↵

El automotriz es el sector económico que más dólares preferenciales ha recibido en términos absolutos y relativos desde 2004 (Cadivi).↵

En este sentido, un documento de Manuel Sutherland presenta una propuesta interesante para el debate, ver en <http://www.aporrea.org/actualidad/al69669. html>.↵

Fue a través de la banca privada que se produjo la fuga de capitales en la crisis de 2009 y es también la banca la responsable del manejo de los otorgamientos de dólares del Sitme que se evaporaron.↵

En el caso de las transacciones financieras internacionales del Estado, existiendo Bancoex no es necesaria la participación de intermediación de los usureros internacionales, que han desatado la crisis mundial abierta en 2008. ↵

En los sectores industriales que dependen del Estado la situación es similar o peor.↵

El Nacional, 23 de septiembre de 2013.↵

Nota de prensa de Cámara Textil y Cámara del Vestido, en <www.guía.com.ve>.↵

Este estudio intentó hacerse en los escasos meses que el Dr. Roberto Hernández fue Ministro de Trabajo. Pero se desmontó, como tantas otras iniciativas valiosas, cuando asumió la actual ministra María Cristina Iglesias.↵

Este es el daño colateral más importante que deja el experimento de economía mixta.↵

El libro de Víctor Álvarez, Claves para una industrialización socialista (Ediciones CIM), presenta un balance interesante del proceso de industrialización de la década del sesenta, útil para el debate.↵

ídem anterior. Contiene una buena sistematización de datos.↵

Un debate especial merecen los acuerdos de integración regional tipo Mercosur, por ahora debemos defender el ALBA como principal plataforma de integración.↵

Muchos de ellos maltratados por la propia burocracia de las empresas y sin aprovechar todos sus conocimientos y experiencia.↵

Presupuesto año 2013 (Banco Central).↵

Revisar web Sudeban. Cálculos propios.↵

Para tener una idea de lo que significan todos estos depósitos en el exterior, haremos una breve comparación: el PNB (Producto Nacional Bruto) venezolano alcanzó en 2012 los 380.000 millones de dólares calculados con el dólar a 4,30 bolívares. Si este año nuestra actividad económica es similar a la del año pasado o algo superior, al ser el precio actual del dólar 6,3 ese PNB se reduce a 260.000 millones de dólares. Esto significa que los activos venezolanos, sumados los públicos y los privados, en el exterior son superiores a lo que produce toda la actividad económica del país en un año. Los datos en la web del Banco Central están expresados en bolívares, los cálculos son nuestros.↵

Esta propuesta es similar a la que hace Simón Andrés Zúñiga en un artículo que puede leerse en <http://www.aporrea.org/actualidad/al76758.html>.↵

28

Leonardo V. Vera[1] 

LA INFLACIÓN EN VENEZUELA NATURALEZA Y MECANISMOS DE ADAPTACIÓN SOCIAL

EL PROBLEMA INFLACIONARIO DE VENEZUELA, cuyos orígenes se remontan a finales de la década del setenta, parecía en aquel entonces responder a un proceso transitorio, predecible y simple. Con el transcurso de los años se ha convertido en una afección crónica, de niveles inciertos y naturaleza compleja. Luego de más de tres décadas conviviendo con inflación de dos dígitos, bien podría decirse que Venezuela no ha dejado de ver las secuelas más conocidas de los procesos inflacionarios, y en algunos casos hasta las no tan conocidas. En la literatura económica sobre los procesos inflacionarios es bien sabido que la inflación termina erosionando los ingresos fijos, distorsionando los precios relativos, afectando la distribución del ingreso, licuando el pasivo de los deudores y poniendo en aprietos a los acreedores. Pero en la medida en que el fenómeno se prolonga, como ha sido el caso venezolano, es el cuerpo orgánico de la economía y el comportamiento del público el que se ve afectado. Los hábitos del público cambian abriendo paso a una actitud no cooperativa y defensiva, dirigida a preservar el valor real del dinero y del patrimonio. Las cuentas públicas se ven afectadas al igual que la dinámica monetaria, la inversión se atenúa por la incertidumbre, y hasta los fondos de cobertura social van a la quiebra. Casi todas estas cosas han venido manifestándose en Venezuela ante la mirada impaciente de quienes esperan que la gestión pública y las acciones de política económica den con una solución definitiva. En realidad, el fenómeno se ha hecho tan complejo que las causas mismas de la inflación han cambiado tanto como su naturaleza.

El propósito de este breve ensayo es rescatar algunos aspectos analíticos y hechos estilizados, que a nuestro juicio pueden ser relevantes para comprender el fenómeno de la inflación en Venezuela, de forma que el lector saque sus propias conclusiones sobre las dificultades y desafíos que tiene por delante la sociedad venezolana. Construimos un conjunto de proposiciones que irán mostrando, como lo haría un parte médico, la naturaleza de la patología y sus manifestaciones.

I. LA NATURALEZA DEL PROCESO INFLACIONARIO CAMBIA EN LA MEDIDA QUE SU PISO SE ELEVA

El punto que deseamos destacar desde un comienzo en este trabajo es que la inflación revela distintas naturalezas dependiendo de su nivel, su aceleración, su variabilidad y su permanencia. En general, podemos hablar de inflación leve, de inflación moderada y crónica, de inflación alta y de hiperinflación como fenómenos que —si bien tienen en común una dinámica de incrementos sucesivos del nivel de precios de la economía—, se distinguen en lo que respecta a los elementos antes señalados (nivel, permanencia, aceleración y variabilidad).

Experiencias de inflación crónica, alta e hiperinflación, pueden ser identificadas en Latinoamérica a lo largo de los últimos cincuenta años, ya sea para períodos especiales y países en particular. La figura 1 permite hacerse una idea de lo disímiles que pueden ser las trayectorias inflacionarias en cada caso. El primer caso (Chile entre los años 1950 y 1960) es de una inflación irregular y prolongada de dos dígitos, que fluctúa sobre un promedio de 25% interanual. El segundo caso muestra el proceso de aceleración inflacionaria de Brasil entre 1981 y 1985. El tercero ilustra el caso de hiperinflación sufrido por Argentina a comienzos de los años noventa. En cada uno de estos casos la dinámica del proceso inflacionario difiere. En el caso chileno, la presencia crónica de inflación, en el brasileño una incesante aceleración, y en el argentino la aceleración y caída abrupta.

II. LA iNFLACiÓN PuEDE SER ATACADA CON DiFERENTES TERAPéuTiCAS, DEPENDiENDO DE Su NATuRALEzA Y GRADO DE ENTRONizACiÓN EN LA ECONOMÍA

No deja de ser interesante que los países de américa Latina muestren un historial inflacionario extenso pero al mismo tiempo diverso. Las lecciones, en consecuencia, suelen ser muy ricas para aquel que se adentre en el estudio de estos fenómenos en el subcontinente. Cua- tro experiencias anti-inflacionarias recientes dan buena cuenta de lo variado que puede ser el tratamiento de la inflación. en realidad, casi podemos hablar de un completo menú de terapias anti-inflacionarias. el Cuadro 1 resume cada una de estas experiencias, pero un comen- tario al margen es propicio. Las recetas ortodoxas parecen ser más eficaces en procesos de inflación alta o hiperinflación, procesos infla- cionarios crónicos y prolongados fueron mitigados con una combina- ción de ortodoxia y heterodoxia.

III. LA INFLACIÓN EN VENEZUELA TIENE SU ORIGEN EN CAMBIOS BRUSCOS DE LOS PRECIOS RELATIVOS

Venezuela registra en la actualidad uno de los niveles de inflación más altos del continente, así como de los más persistentes en las últimas décadas. Este desempeño macroeconómico es, si se quiere, sorprendente; especialmente si se recuerda que —en contraste con otras economías semi-industrializadas de Latinoamérica— la inflación hasta mediados de los años setenta constituía un fenómeno vir-tualmente inédito.

Por razones que van mucho más allá de la simple conveniencia analítica, es útil considerar la aparición de la inflación como resultado de ciertos mecanismos impulsores, ligados a desequilibrios que se producen por la presencia de cuellos de botella estructurales —cuya manifestación, chocando con incrementos aluvionales de la demanda, dejan entrever severas restricciones de oferta—, así como por intervenciones distorsionantes, es decir los controles de precios que no solo afectan la oferta productiva sino que requieren de significativos ajustes de precios cada cierto tiempo.

No cabe duda que en el caso de Venezuela un choque en precios relativos de suma importancia tiene que ver con los ajustes que, cada cierto tiempo, se requieren hacer al tipo de cambio nominal, ya sea para ajustar desequilibrios en las cuentas externas o desequilibrios fiscales. En ese sentido, la situación de Venezuela parece ser la de una economía que, por recibir una renta externa de origen petrolero, privilegia los regímenes de tipo de cambio fijo, los que funcionan deficientemente como ancla nominal. Con el tiempo, la sobrevaluación en la tasa de cambio se hace insostenible, dando pie a la devaluación de la moneda. La Figura 2 da cuenta de al menos nueve de esos episodios en los últimos 35 años.

Una manera de capturar el impacto que tienen estos desequilibrios estructurales e inducidos sobre la tasa de inflación es construyendo, en primer lugar, una medición de variación en los precios relativos. Una forma simple y conocida es la siguiente:

La VPR, como se desprende de la expresión (1), es una medida de varianza que recoge la sumatoria que se forma del diferencial entre la tasa de inflación global de la economía y la tasa de inflación de cada uno de los 37 subgrupos reportados por el Banco Central de Venezuela, toda la expresión elevada al cuadrado y ponderada por el peso o. de cada subgrupo.

El siguiente paso es realizar una estimación econométrica simple de la tasa de inflación en Venezuela que incluya esta variable. Con datos mensuales —que van de marzo de 1989 a marzo de 2012—, la estimación hecha con Mínimos Cuadrados Ordinarios corregidos por la modificación de White (para problemas de heterocedasticidad), revela que una medida de variación de precios relativos (VPR), como en la expresión uno (1), constituye un significativo determinante de la tasa de inflación en Venezuela durante ese período. Específicamente, los resultados son:

Así, para un nivel de significancia de 1%, la tasa de inflación (INF) es explicada por su componente inercial (INFtl), y por la variación en precios relativos recogidos en la variable VPR. Dos variables dicotómicas fueron incluidas para recoger el impacto inicial de sendas devaluaciones ocurridas en febrero de 1989 y abril de 1996, cuyo impacto eventualmente no puede ser del todo recogido por la VPR.

IV. LA INFLACIÓN CRÓNICA ES UN PROCESO QUE POSEE MUCHA PERSISTENCIA (ASÍ SUCEDE EN VENEZUELA)

La gran mayoría de los estudios recientes sobre los determinantes de la inflación en Venezuela, terminan encontrando que el estimador au-toregresivo de orden uno de la tasa de inflación es altamente significativo. De hecho, en la estimación que justamente hemos presentado se corrobora este hallazgo. Es un síntoma de persistencia inflacionaria. Una manera de corroborar la presencia de persistencia o inercia es utilizando una prueba no paramétrica de cruce con media (mean reversión). El estadístico aplicado en este caso es:

Donde y es la probabilidad no condicionada de un proceso dado (una serie de tiempo) que no cruza su media en el período í, o —de forma equivalente— es 1 menos la probabilidad de que el proceso cruce su media. Nótese que y estará siempre entre 0 y 1. Carlos R. Marques (2004) demuestra que para un proceso ruido blanco y de media cero, se tiene que E(y) = 0,5; por lo que valores de y cercanos a 0,5 indican ausencia de cualquier persistencia significativa, mientras que valores significativamente mayores o menores a 0,5 son señal de importante persistencia positiva o negativa, respectivamente.

Al aplicar la ecuación dos (2) en forma general y por quinquenios, obtenemos los resultados vaciados en el Cuadro 2, donde para distintos modos de calcular la media de la serie la Prueba de Cruce con la Media indica, sin ambigüedad, que el proceso inflacionario mensual en Venezuela es persistente (desde el momento en que el valor de y es siempre mayor a 0,5). Esto es cierto incluso para el método de cálculo de la media con el Filtro de Hodrick-Prescott.

V. LA INERCIA ES EL RESULTADO DE MECANISMOS  DE ADAPTACIÓN SOCIAL

La experiencia de otros países de América Latina sugiere que una causa importante de la inercia debe buscarse en la indexación informal. Un segundo elemento que debe ser considerado para explicar la inercia es la existencia de contratos traslapados. En Venezuela, ciertos precios se ajustan rápidamente a las condiciones de mercado y algunos lo hacen en lapsos prolongados —especialmente si su fijación es contractual—, estas asimetrías terminan explicando la lentitud con que responden los precios a los cambios en la demanda agregada nominal. Una fuente adicional de persistencia inflacionaria está relacionada con la falta de credibilidad en la política económica. Si el público, por razones que comentaremos en un instante, no cree en las acciones de política pública para reducir la inflación, entonces su comportamiento se ajustará a lo que ellos presumen será un estado de inflación mayor al anunciado. La inflación, en consecuencia, manifestará persistencia pese a los anuncios de estabilización.

VI. LA INFLACIÓN COMO PROCESO DINÁMICO PUEDE SER VISTO  COMO EL RESULTADO DEL CONFLICTO DISTRIBUTIVO

Frente a los impulsos inflacionarios las reacciones en cadena suelen ser comunes. En una economía donde los grupos asalariados están relativamente organizados, al enfrentar cambios en los precios relativos que afectan por ejemplo el salario real, estos grupos actúan esperando la negociación de un nuevo contrato para demandar incrementos nominales en los salarios. En la raíz del problema que hemos identificado, la inflación termina siendo el resultado del conflicto o la pugna de los distintos actores societales —grupos, clases, regiones, agencias gubernamentales, grupos de intereses organizados— sobre la distribución del ingreso. Para ser más específico, el conflicto distributivo surge tan pronto como estos actores experimentan desbalances entre el ingreso real efectivo y el ingreso real aspirado, como consecuencia de variaciones en los precios relativos.

Introduciendo ajustes secuenciales en las ecuaciones de precios y salarios, autores estructuralistas como Lara Resende (1979) y Taylor (1979), llegaron años atrás a una expresión que refleja la inflación como resultado de reclamos en conflicto, similar a la que regularmente se encuentra hoy día en los modelos de inflación por conflicto distributivo. En una economía donde existe un solo bien las ecuaciones de formación de precios y del salario nominal serán:

Notemos que los salarios no se ajustan instantáneamente, sino con rezago, posiblemente por la existencia de contratos, carencia de información o previsión perfecta, e incluso algo de miopía. En ese caso la combinación de ambas expresiones arroja:

La expresión cinco (5) o su equivalente (5a) indican que la tasa de inflación dejará de ser igual a cero cuando no hay compatibilidad entre el ingreso real aspirado y el ingreso real efectivo. En (5a) se observa expresamente que en cualquier situación donde el salario real aspirado sea mayor al salario real efectivo generará una tasa de inflación positiva.

VIL EL CONFLICTO DISTRIBUTIVO PUEDE DESARROLLARSE AL INTERIOR DEL SECTOR PÚBLICO SI LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO ES BLANDA

La pugna por la distribución del ingreso no se circunscribe exclusivamente al sector privado. Al interior del sector público la merma de la torta también puede desencadenar agudos conflictos entre grupos de interés. La renta petrolera a lo largo de los años ha contribuido a consolidar esta visión del reparto. En esta arena, desajustes entre el ingreso real aspirado y el ingreso real efectivo, al igual que en la economía privada, originan presiones sobre el ingreso. Si cada grupo juega bilateralmente con el sector público, toda la presión de los grupos se ejerce en una misma dirección y cada uno busca maximizar las transferencias a su favor, sin tener mucho en cuenta el modo y los costos de la financiación (que usualmente viene dado por la distorsión que significa el impuesto inflacionario, o más a menudo por los costos de la inflación). Una restricción presupuestaria blanda, en el sentido de Kornai (1986), agudiza esta situación. La presencia de un sistema tributario poco efectivo, con un impuesto al ingreso de base estrecha —por diseño y por efecto de la evasión— y una clara dificultad de incrementar la recaudación por otras vías —por la impopularidad y el carácter fuertemente regresivo de la imposición indirecta—, hace que las presiones que se ejercen en la marcha sobre el sector público contribuyan a incrementar el déficit. En estas condiciones, al obtener una transferencia, un grupo descarga sobre otro el peso de su financia-miento y, al mismo tiempo, impone un costo social al conjunto. Bajo estas circunstancias, el déficit termina siendo sub-óptimo, haciendo que la merma de los ingresos fiscales difícilmente pueda ser acompañada por ajustes automáticos en el gasto.

VIII. EL DÉFICIT FISCAL PUEDE SER PARCIALMENTE ENDÓGENO

El balance fiscal de las cuentas públicas en Venezuela es uno de los aspectos más complejos de la situación económica presente. Mucho se especula sobre la relación déficit fiscal e inflación o sobre las medidas puntuales para cerrar la brecha fiscal. En la medida en que la inflación se propaga y la economía se maneja con un tipo de cambio anclado, el apalancamiento de la renta petrolera sobre los ingresos fiscales en bolívares disminuye y la brecha fiscal deficitaria se amplía. La brecha puede ser cerrada eventualmente con devaluaciones “fiscalistas” o emisión de dinero por parte de la autoridad monetaria. Pero sería ingenuo sostener que el impacto inflacionario y real de estas acciones no tiene efecto retroalimentador sobre el déficit.

Los efectos de la inflación sobre una economía con una deuda interna elevada y un presupuesto deficitario son también de interés analítico. Suponiendo en un principio que el déficit primario, es decir la diferencia entre los ingresos del gobierno y los gastos no relacionados con intereses sobre deuda no se alteran con la inflación, y bajo la presencia de un efecto Fisher pleno, cuando la inflación se acelera, la cuenta de pagos por intereses de la deuda interna en términos nominales se eleva más proporcionalmente que el nivel de precios, lo que conduce en consecuencia a un incremento en el déficit convencional. Pero el efecto de la inflación se amplía si adicionalmente tomamos en consideración el efecto que la inflación tiene sobre la recaudación tributaria en términos reales (el efecto Olivera-Tanzi). Así, tanto el ritmo inflacionario como el ciclo petrolero y de actividad económica interna asignan al déficit un carácter esencialmente endógeno.

Por otra parte, si la contracción y la inflación son resultados objetivos de las devaluaciones, sería aventurado afirmar —como se ha hecho en Venezuela— que la devaluación ayuda a cerrar la brecha fiscal. La restricción presupuestaria del sector público quizás ayuda a ilustrar los argumentos. La ecuación uno (1) es una estilización de la restricción presupuestaria del sector público en Venezuela (en términos nominales).

Trabajaremos con cuatro supuestos: a) la devaluación tiene un efecto inflacionario inmediato, de modo que, siendo q = ep*/p, entonces dpi de ~ 1 —>q = ctte en el largo plazo; b) la devaluación tiene un efecto contractivo a corto plazo, es decir, Y = f(e); dY/de < 0 en el corto plazo[2]; c) los grupos de interés al interior del sector público se defienden exitosamente contra la inflación (GI/P = ctte)[3]; d) la tasa de interés interna sigue el efecto Fisher, es decir, i = r + ne. Los efectos directos de la devaluación vienen dados por e(GE – P Q ) + i*eDtiy en general puede suponerse que eP Q > eGE + i*eDti, lo que garantiza la ganancia para el fisco de la devaluación. Pero esto es solo parte de la historia, pues la devaluación tiene, asimismo, efectos indirectos sobre el ingreso fiscal de origen interno (al contraerse el producto) y sobre el servicio de la deuda interna (al elevarse las expectativas de inflación). Ambos efectos tienden más bien a perjudicar la ecuación fiscal. Es difícil establecer a priori el resultado neto de estos efectos pero, no cabe duda, existe una alta probabilidad de que la devaluación amplíe la brecha fiscal.

IX. LA ACELERACIÓN EN LA TASA DE INFLACIÓN RESULTA DE UN MECANISMO DE ADAPTACIÓN A LA INCERTIDUMBRE INFLACIONARIA

Eventualmente, la inflación en Venezuela ha entrado en períodos de aceleración. Algunos de estos episodios, y especial en el presente, los agentes fijadores de precios enfrentan serias dificultades para conocer o predecir la trayectoria inflacionaria en el futuro. En situaciones de anclaje en la tasa de cambio y dificultades para el acceso a las divisas, la aparición de mercados alternativos a paridades superiores y crecientes propicia las conductas defensivas. La estabilidad de los márgenes de recargo sobre los costos, especialmente sobre los costos de los insumos o productos finales importados se pierde y, en general, los precios comienzan a seguir el costo de otros activos financieros como el dólar, y no los precios históricos propiamente.

Frenkel (1979) presenta un riguroso análisis de cómo el mecanismo de formación de precios de las firmas cambia cuando se enfrentan a condiciones en que hay que conjeturar la tasa de inflación de los costos y, por ende, enfrentar cierta probabilidad de pérdidas. Dado que en tal ambiente la información pasada se hace obsoleta muy rápidamente y no es posible conocer con precisión el incremento de los costos futuros, las firmas minimizan el riesgo de pérdidas ajustando el mark-up. De esta manera, cuanto más difícil sea predecir el curso de la variación de los costos, mayor es el riesgo y más elevados serán los márgenes[4]. La idea puede ser presentada en forma muy simplificada, considerando las siguientes expresiones:

En conjunto, siete (7), ocho (8) y nueve (9) indican que los costos unitarios esperados dependen de las expectativas que se formen alrededor de los costos laborales y del costo de los insumos externos, y que estos —al ser comparados con los costos efectivos— generarán un error de predicción ut. Tomando en consideración las ecuaciones de formación de precios, de acuerdo a la regla de margen sobre costos, el error de predicción ut determinará qué tanto se aleja el margen de recargo efectivo, t, del margen de recargo ex ante, r, de acuerdo a la siguiente expresión:

Así, mientras mayor es la incertidumbre con relación a la variabilidad de los costos y mayor es el error de predicción, mayor será el mark-up efectivo. El margen será constante (y por tanto r* = r) solo en una situación en donde el error de predicción es nulo[5].

BIBLIOGRAFÍA

Fernández-Pol, J. 1982 Inflación recesiva (Buenos Aires: Editorial El Ateneo)

Frenkel, R. 1979 “Decisiones de precio en alta inflación”. Estudios Cedes, 2 (3), pp. 5-58 (Buenos Aires).

Kornai, J. 1986 “The Soft Budget Constraint”. Kiklos, 39 (Berna).

Lara Resende, A. 1979 “Incompatibilidade Distributiva e Inflacáo Estrutural”. Textos para Discussáo, 1, Department of Economics (PUC-Río de Janeiro).

Marques, C. R. 2004 “Inflation Persistence: Facts or Artefacts?” Working Paper Series, 371 (European Central Bank, Alemania).

Taylor, L. 1979 Macro Models for Developing Countries (New York: McGraw-Hill).

Economista de la Universidad Central de Venezuela (1987), máster en Economía en la Roosevelt University (Chicago, 1991) y PhD en Economía en University of East London (Inglaterra, 1997). Profesor titular de la cátedra de Macroeconomía de la Escuela de Economía de la UCV. Se ha desempeñado también como profesor invitado en la Maestría y Doctorado en Economía del Desarrollo de FLACSO-Ecuador y "Andrés Bello Fellow" de la Universidad de Oxford (2002-2003). Premio Ernesto Peltzer al mejor trabajo de investigación (BCV, 1998). Condecoración José María Vargas por méritos en la investigación y docencia (2010). Autor de cuatro libros sobre temas de Macroeconomía y Desarrollo.↵

Sobre el impacto contractivo de las devaluaciones existe amplia literatura. La devaluación puede contraer la demanda agregada si: a) el ingreso es redistribuido hacia los agentes con mayores propensiones al ahorro, b) si el sector externo es deficitario y disminuye el ingreso real, c) si mayores ingresos gubernamentales no son gastados, d) si la riqueza real o los saldos reales declinan, e) si la tasa de interés nominal se eleva, y f) si la inversión se deprime. Por otra parte, la devaluación puede hacer declinar la oferta agregada si: a) se incrementan los costos de los insumos importados, b) el costo del capital de trabajo se eleva en la medida en que los saldos reales declinan, y c) si los salarios están indexados a los precios de los bienes domésticos y externos. El menú es tan amplio que es difícil, realmente, sostener el argumento ortodoxo que impone los efectos expansivos de la devaluación sobre la condición Marshall-Lerner. La contracción económica amplifica el déficit al debilitar la recaudación tributaria de origen interno.↵

Existen adicionalmente otros componentes del déficit público que distan mucho de ser discrecionales. Cuando se habla de las rigideces fiscales de algún modo se hace mención a estos. Por ejemplo, el gasto corriente, las asignaciones legales y el gasto descentralizado, el gasto cuasi-fiscal y el servicio de la deuda representan una especie de corriente inercial que aumenta rápidamente con la bonanza, pero que se mantiene o decae con enorme lentitud en los períodos difíciles. De hecho, estas corrientes de gasto son en esencia controladas por grupos o sectores de interés que oponen resistencia a las pérdidas de ingreso real.↵

Naturalmente, cada empresa deben considerar el riesgo adicional que está ligado a la caída en las ventas, el cual se experimenta cuando suben sus márgenes y no los de la competencia. Frenkel (1979), no obstante, estima que si el comportamiento minimizador de riesgos se generaliza, las empresas tienden a formular las mismas expectativas y a decidir el incremento de sus precios en proporciones semejantes. La posición del productor en el mercado no peligra y la firma evaluará si el aumento del margen de recargo, al rendir mayores beneficios unitarios, compensa o sobrepasa la pérdida de beneficios que resulta de las menores ventas.↵

Desde la perspectiva estructuralista, Fernández-Pol (1982) trata de explicar la estanflación y en el intento hace una interesantísima distinción entre comportamiento empresarial tipo sticker y comportamiento empresarial tipo snatcher. En el primero, frente a un incremento en el costo variable medio, los empresarios trasladan el aumento proporcionalmente al precio, lo que deja el mark-up constante. En el segundo caso, los empresarios trasladan más que proporcionalmente al precio los incrementos de costo.↵

29

Víctor Alvarez R.[1]

EL GENOMA ECONÓMICO DEL EXTRACTIVISMORENTISTA

EL EXTRACTIVISMO-RENTISTA es un modelo de acumulación basado en la obtención de una creciente renta por la explotación intensiva de grandes cantidades de recursos naturales y energéticos, que son exportados sin mayor grado de transformación. El extractivismo-rentista comienza en Venezuela con la leyenda de El Dorado, según la cual los conquistadores y colonos españoles incursionaban selva adentro buscando una ciudad hecha de oro, donde el cotizado metal era tan abundante y común que los nativos le daban poca importancia y por eso lo cambiaban por espejitos y otras baratijas. Luego, el extractivismo minero —que se inicia en la época de la Colonia— recrudece con el extractivismo petrolero, impulsado por los nuevos conquistadores representados por las corporaciones transnacionales de la industria petrolera. Alberto Acosta lo expresa en estos términos:

En la práctica, el extractivismo ha sido un mecanismo de saqueo y apropiación colonial y neocolonial. Este extractivismo, que ha asumido diversos ropajes a lo largo del tiempo, se ha forjado en la explotación de las materias primas indispensables para el desarrollo industrial y el bienestar del Norte global. Y se lo ha hecho sin importar la sustentabilidad de los proyectos extractivistas, así como tampoco el agotamiento de los recursos. Lo anterior, sumado a que la mayor parte de la producción de las empresas extractivistas no es para consumo en el mercado interno, sino que es básicamente para exportación. Pese a las dimensiones de dicha actividad económica, esta genera un beneficio nacional muy escaso. Igualmente gran parte de los bienes, los insumos y los servicios especializados para el funcionamiento de las empresas extractivistas pocas veces provienen de empresas nacionales. Y en los países extractivistas tampoco parece que ha interesado mayormente el uso de los ingresos obtenidos (2011: 86).

Se nos impone así un proceso de división internacional del trabajo, determinado por las demandas de materias primas de las grandes potencias industrializadas. En este esquema, unos países se limitan a ser simples proveedores de materias primas y energía, mientras que otros dominan los procesos de transformación industrial. En el caso de los recursos naturales renovables, la tasa de extracción resulta ser mucho mayor que la tasa de renovación, con lo cual el recurso tiende a extinguirse y perder su condición de “renovable”. De allí que la prolongación del modelo extractivista-rentista representa una verdadera amenaza, no solo para los recursos naturales no renovables, sino también para los renovables.

En consecuencia, se trata de un modelo depredador de la naturaleza, toda vez que agota los yacimientos y causa enfermedades ocupa-cionales que afectan gravemente la salud pública y da lugar a un crecimiento desigual de los sectores económicos y regiones. En torno a los espacios territoriales donde se hallan los yacimientos, se impone una lógica de enclave con una actividad extractiva generalmente aislada del resto de la economía, y con muy poco impacto sobre el desarrollo endógeno. Coexisten sistemas de alta y baja productividad, baja densidad de empresas industriales por cada mil habitantes, poca diversificación e integración industrial y escasa complementariedad, que se manifiesta en el alto componente importado y débil encadenamiento local.

La apología a las cuantiosas reservas crea una ilusión de prosperidad, un espejismo de seguridad. Pero se mantiene la vulnerabilidad externa y fiscal por la alta dependencia del ingreso rentístico. El modelo hace crisis cuando los precios de los recursos naturales se desploman, ya no ingresa la misma cantidad de divisas y los gobiernos se ven en la obligación de devaluar, generando así inflación, desempleo, pobreza y exclusión.

1. EL CAPITALISMO RENTÍSTICO

Bernard Mommer, en el prólogo a Teoría económica del capitalismo rentístico de Asdrúbal Baptista, lo explica de la siguiente manera:

El capitalismo rentístico [...] tiene en lo fundamental tres elementos definitorios. En primer lugar —y por encima de todo— es una forma de desarrollo capitalista. En segundo lugar, es una forma de desarrollo de un capitalismo nacional, favorecido, significativa y sostenidamente, por una renta internacional de la tierra. Presupone, pues, que la economía nacional en cuestión se halla inserta en un mercado mundial ya altamente desarrollado. Tercero, esta renta internacional de la tierra corresponde, en una primera instancia, al Estado. Estos elementos definitorios conforman una jerarquía respetada rigurosamente a lo largo del análisis (Baptista, 2010: XVII).

En efecto, en el caso del petróleo venezolano, el Estado —al ser el propietario de las riquezas del subsuelo—, recibe una renta cuyo contenido económico es la captación de un plusvalor internacional, el cual distribuye luego en favor de los factores económicos y sociales internos. La percepción de esta renta y los mecanismos que se utilizan para su distribución son causa y efecto de una serie de patologías, que pueden mantenerse en estado latente o desatarse con toda su fuerza y dimensión. Dicho de otra forma, el genoma económico del modelo extractivista-rentista es portador de potenciales patologías que es necesario comprender para evitar su estallido o mantener bajo control sus efectos perniciosos. El desconocimiento de la lógica que rige el modelo extractivista-rentista generalmente lleva a desencadenar las patologías que le son inherentes, particularmente su inercia a reproducirse y ampliarse, con los consiguientes costos políticos, económicos, sociales y ambientales.

Para entender las fuerzas objetivas que tienden a prolongar y reproducir este modelo explotador del ser humano y depredador de la naturaleza, es necesario tener siempre en cuenta que el extractivismo es la fuente de una renta que no tiene como contrapartida el desarrollo de las actividades productivas internas. Esta renta no la pagan los factores nacionales sino los países consumidores del recurso que se exporta. Los Estados extractivistas-rentistas intensifican sus estrategias para maximizar el cobro de la renta, hasta convertirla en la fuente de recursos más importantes para financiar el presupuesto público y cubrir las compras externas[2]. Ante la necesidad de obtener recursos financieros, los países extractivistas-rentistas caen en un círculo vicioso del cual no pueden salir. Al no contar con una economía fuerte que garantice la soberanía alimentaria y productiva, intensifican la extracción y exportación de recursos naturales. Pero a medida que captan una mayor renta, mayor suele ser la propensión a importar toda clase de productos, con lo cual frenan y desplazan la producción nacional. Así, a medida que crece la población y el consumo, mayores son las necesidades de importación y, por lo tanto, mayor el imperativo de extraer más recursos para captar una mayor renta que permita financiar las crecientes importaciones, que el precario aparato productivo interno no tiene capacidad de sustituir.

2. LOS MECANISMOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

En una economía capitalista normal, el ingreso generado en la actividad productiva se distribuye entre los factores del capital y el trabajo. Así, la ganancia y el salario se presentan como la justa retribución de lo aportado por cada cual, cuando en realidad el factor capital se apropia del plusvalor generado por el trabajador. En el capitalismo clásico, el valor agregado se distribuye en la forma de salarios y beneficios. La distribución del ingreso responde a la lógica explotadora del modo de producción capitalista, en la que el plustrabajo generado por los obreros queda en manos de los capitalistas.

Sin embargo, en presencia de una renta internacional, los montos absolutos y las proporciones de las ganancias y los salarios pueden resultar considerablemente alterados, toda vez que la renta captada por el Estado es luego distribuida entre los factores económicos y sociales internos. Se despliega así un conjunto de mecanismos de distribución que le son propios única y exclusivamente a una economía rentística, que —a diferencia de aquella que solo distribuye lo que produce— es capaz de capturar un cuantioso plusvalor internacional, que no pagan los factores nacionales sino que se reparte entre ellos[3].

Por lo tanto, en las condiciones de una economía rentística, la riqueza a distribuir no será solamente la derivada del valor agregado por el esfuerzo productivo interno, sino que habrá de sumársele el provento rentístico. De allí que, al distribuir la renta, tanto la ganancia capitalista como los salarios de los trabajadores se verán incrementados por encima de los niveles que en sentido estricto les corresponden, de acuerdo a los niveles de producción y productividad internos. Las proporciones en las que se repartirá la renta entre capital y trabajo dependerán de la orientación política de izquierda o de derecha que muestren los gobernantes que logren controlar el Poder Ejecutivo y la estructura del Estado.

A continuación explicaremos los mecanismos para la distribución de la renta más difundidos y utilizados en la economía venezolana.

A. LA SOBREVALUACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO

La tasa de cambio equivale al monto de bolívares entregado por cada unidad de la divisa extranjera. Así, entre dos economías normales — sin la distorsión del ingreso rentístico— la tasa de cambio suele estar determinada por sus productividades relativas, toda vez que en su proceso de intercambio comercial, lo que pasa de un país a otro son bienes y servicios que resultan de sus niveles de productividad, cuya expresión monetaria es la tasa de cambio.

Ahora bien, cuando el 95% del ingreso en divisas proviene de una renta internacional —y no de exportar bienes con valor agregado nacional— encontrar una tasa de cambio que exprese la productividad de la economía real no es una tarea fácil, ya que el ingreso rentístico no es consecuencia de los niveles de productividad alcanzados por el aparato productivo del país que percibe dicha renta. El Estado-propietario recibe unos dólares del resto del mundo que no tienen una contrapartida en el esfuerzo productivo interno, por lo que su decisión de repartirlos a través del mercado puede cumplirse a una tasa de cambio que se fija sin tener en cuenta la productividad real del aparato productivo.

Un abundante ingreso rentístico crea condiciones objetivas que facilitan la sobrevaluación de la tasa de cambio. Esto se manifiesta en una divisa barata cuyo precio solo se modificará en situaciones de escasez de divisas y déficit fiscal. En efecto, el canje de bolívares por dólares no es otra cosa que el intercambio de capacidades de compra externa e interna. Según sea la tasa de cambio oficial, el Estado propietario del 95% del ingreso en divisas pone en manos privadas la renta, que es propiedad pública. Si vende los dólares baratos, entonces entrega más poder de compra externo del que recibe a través de unos bolívares que no compran lo mismo en el mercado interno. Por eso, la sobrevaluación de la tasa de cambio permite comprar barato afuera, lo que resulta más caro adentro. Tal como lo plantea Asdrúbal Baptista: “[...] en la sobrevaluación de la tasa de cambio, tiene la economía rentística un mecanismo eficaz, por pacífico y popular, para la distribución doméstica de la renta internacional (Baptista y Mommer, 1989: 166).

Ciertamente, a través del intercambio desigual en el mercado de divisas, el Estado transfiere la renta petrolera a quienes compran la divisa barata. Pero la consecuencia no deseada es que —al prolongarse en el tiempo este dólar subsidiado— se facilita y promueve la importación ventajosa de toda clase de bienes, que inhiben y desplazan la producción nacional perjudicando así el logro de los objetivos de soberanía alimentaria y productiva.

B. LA BAJA PRESIÓN FISCAL

En los países no rentistas el Estado se sostiene con los impuestos que pagan los contribuyentes. En Venezuela, como suele ocurrir en todos los países con modelos extractivistas-rentistas, el Estado, además del poder político y de la fuerza pública, también controla el poder económico. Al ser el propietario del 95% de las divisas que ingresan al país, estas son convertidas en bolívares a una tasa de cambio oficial que unilateralmente define el gobierno. Esto no solo le asegura una permanente fuente de ingresos fiscales, sino que además puede controlar los flujos de comercio interno y externo. Para el Estado rentista cuyo ingreso fiscal depende más de la tasa de cambio que de los impuestos que pagan los contribuyentes, la tasa de cambio no suele determinarse por la conveniencia de apoyar la competitividad cambiaría de las exportaciones, sino por las necesidades de ingresos fiscales.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, donde se pecha con impuestos a los que más ganan para redistribuirlos en beneficio de quienes menos tienen, en el modelo extractivista-rentista venezolano lo más importante no es la redistribución del ingreso que se genera a raíz del esfuerzo productivo, sino la distribución de la renta que se captura en el mercado internacional. En condiciones de un abundante ingreso rentístico, el Estado no necesita de los impuestos que pagan los ciudadanos y, por lo tanto, tiende a gobernar desde la autosuficiencia que le concede tan extraordinaria fuente de ingresos, los cuales distribuye a través de distintos instrumentos que terminan sirviendo de mecanismos de control y dominación[4].

El volumen de renta que se distribuye llega a ser tal, que la pugna por la distribución del ingreso entre los factores capital-trabajo queda amortiguada por el reparto que se hace de la renta, sin que ninguno de ellos se vea afectado por el pago de nuevos impuestos directos o indirectos. De hecho, el ingreso fiscal de origen rentístico permite aumentar la inversión social sin afectar las transferencias al capital, ampliando así la base de apoyo al proyecto político dominante. Adi-cionalmente, al no aplicar nuevos impuestos o mejorar su recaudación, el gobierno se libera de los reclamos y exigencias de los contribuyentes por una mayor eficiencia y transparencia en el manejo del presupuesto público, toda vez que estos, en lugar de contribuir con más impuesto al ingreso fiscal, pugnan por capturar la mayor parte de la renta.

C. LA NÓMINA PÚBLICA

La insuficiente capacidad de absorción de la población económicamente activa por parte del precario aparato productivo nacional, ha obligado al Estado venezolano a ejercer un permanente rol de empleador para atacar el desempleo, la pobreza y la exclusión social (Baptista, 2010: 169-181). De allí que el incesante crecimiento de la nómina de empleados públicos en los ministerios, institutos autónomos, gobernaciones, alcaldías y empresas del Estado sea otro mecanismo a través del cual se distribuye un importante porcentaje de la renta petrolera.

En toda la estructura de la administración central y descentralizada las nóminas están sobresaturadas. En la mayoría de los entes públicos —particularmente en las gobernaciones y alcaldías— se observan los llamados “empleados de pasillo” que se limitan a cumplir un horario sin prestar ningún servicio, ni siquiera disponen de una oficina o escritorio. El aumento anual del salario mínimo que anualmente se ejecuta por la vía del Decreto Presidencial, así como las primas, bonos y demás beneficios laborales de la nómina pública, se financian con cargo a la renta petrolera y no con la recaudación de nuevos impuestos.

3. LAS PATOLOGÍAS INTRÍNSECAS DEL EXTRACTWISMORENTISTA

La alteración en el ADN de una economía rentista la provoca el torrente de divisas que no es fruto del esfuerzo productivo interno. Este súbito ingreso confiere una capacidad de compra nacional e internacional superior a la que pudiera resultar de la distribución del ingreso generado por los factores productivos internos. La inyección de la renta internacional a la circulación doméstica origina una demanda que no puede ser abastecida por el precario aparato productivo local. Y entre producir e importar, se suele apelar al expediente fácil de comprarle al resto del mundo lo que con esfuerzo y constancia debería comenzar a producirse en el país. De allí que la comprensión del ge-noma económico del modelo extractivista-rentista, de las alteraciones en sus cromosomas y genes, de su particularísimo ADN, es clave para evitar la ejecución de políticas y medidas equivocadas que pueden recrudecer y exacerbar las patologías subyacentes en la esencia de este modelo. Veamos algunas de ellas[5]:

A. EL MAL DE LA ABUNDANCIA

Esta es una de las más duras contradicciones en las que quedan atrapados los países con un modelo de acumulación extractivista-rentista: si bien son ricos en recursos naturales, son pobres tecnológicamente y por eso no logran levantar los cimientos para impulsar la construcción de un modelo productivo independiente y soberano. Incorporados a la economía internacional como simples exportadores de materias primas, en los países extractivistas-rentistas la abundancia de recursos no termina de traducirse en riqueza, prosperidad y bienestar para la mayoría de su población[6].

Este es el recurrente mal de los países ricos en recursos naturales, pero pobres en capacidades tecnológicas e industriales para transformarlos en productos terminados y que, en este sentido, permitan sustituir eficientemente las importaciones que hacen y diversificar la oferta exportable. La propensión a utilizar el ingreso rentístico para importar, castiga y limita la expansión de sus aparatos productivos, los cuales no logran alcanzar la capacidad necesaria para absorber el incesante crecimiento de la población económicamente activa, que se ve condenada al desempleo crónico o a trabajar en el precario sector informal.

Aunque se trate de naciones ricas en recursos naturales, siguen siendo sociedades pobres, debido a que se han limitado a la extracción y exportación intensiva de esa riqueza natural, en lugar de fortalecer sus capacidades tecnológicas, innovadoras y de transformación industrial.

B. LA ENFERMEDAD HOLANDESA

Lo que se conoce en la literatura económica como la “enfermedad holandesa”[7], más bien ha debido llamarse “la enfermedad venezolana”, toda vez que este fenómeno tuvo su primera referencia histórica en la Venezuela agropecuaria del siglo pasado, cuando la exportación de petróleo se tradujo en un inesperado ingreso de divisas que implantó la tendencia a la sobrevaluación de la tasa de cambio y estimuló toda clase de importaciones, que desplazaron a la producción nacional.

En 1934, cuando todavía se sufrían los estragos de la Gran Depresión, las seis principales monedas de circulación internacional fueron devaluadas en un 50%. Paradójicamente, en Venezuela se impuso la tesis de revaluar el bolívar. Esta jugada obligaba a las transnacionales petroleras a recibir menos bolívares por cada dólar y, por consiguiente, a convertir una mayor suma de divisas para obtener la suficiente cantidad de bolívares para cubrir sus costos en moneda nacional; sin embargo, los exportadores de café, cacao, azúcar y otros productos tradicionales, recibirían una menor cantidad de bolívares por cada dólar exportado, lo cual afectaría severamente su competitividad internacional y, en consecuencia, su rentabilidad y viabilidad futuras.

Como bien lo planteó en su justo momento Alberto Adriani (1934), con la revaluación del bolívar el sector agrícola perdería competitividad internacional. A la nueva tasa de cambio, muchos productores ni siquiera podrían cubrir sus costos domésticos. Ante la nueva realidad cambiaría, las actividades agrícolas que hasta entonces habían sustentado la economía venezolana se deprimirían y solo podrían sostenerse a partir de una política de subsidios a los productores del campo. De hecho, Adriani —en sus funciones de Ministro de Agricultura en el gobierno del general López Contreras— entregó de sus manos los primeros certificados de subsidio a los productores de café y cacao.

Es a raíz de aquella decisión que surge “la enfermedad venezolana” como manifestación de la patología intrínseca en el genoma económico del modelo extractivista-rentista. Desde entonces, las políticas del Estado —particularmente la política cambiaría— no han corregido esa profunda distorsión en el poder de compra externo de la moneda nacional, la cual favorece, sobre todo, al sistema financiero que vive de la especulación cambiaría, y también a la burguesía importadora que recibe un dólar preferencial para importaciones, que venden luego fijando precios de venta con base en la cotización del dólar en el mercado paralelo o ilegal.

C. LA ESPECULACIÓN CAMBIARÍA

La decisión del Estado-propietario de las riquezas del subsuelo, de destinar un creciente porcentaje de la renta a financiar la inversión social y la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores, tiende a ser mediatizado y hasta anulado por el capital importador, a través de la manipulación de los precios, en su afán de capturar el mayor porcentaje de esa renta.

De allí que en la secuencia del ADN del extractivismo-rentístico aparece de inmediato otra alteración. Debido a la presión inflacionaria que ejerce el desequilibrio entre la pujante demanda y la rigidez de la oferta, se recurre al anclaje cambiado como instrumento de política antiinflacionaria.

La situación hace crisis cuando cae la renta petrolera o se retrasa la liquidación oportuna de divisas. Al prolongarse esta situación de escasez o retraso en el suministro de las divisas controladas por el Estado, se activa de inmediato un mercado paralelo hacia el cual se desplaza la demanda insatisfecha, originando una creciente brecha entre la tasa de cambio oficial y la cotización de la divisa en el mercado ilegal o paralelo. Esta última cotización se termina convirtiendo en la tasa de cambio que se aplica para el cálculo del precio de venta al público, incluso de los productos que se importan a la tasa de cambio oficial. Esta práctica, a todas luces especulativa, termina anulando el efecto antiinflacionario de la política cambiaría, a la vez que asegura exorbitantes ganancias a los importadores y agentes económicos, quienes resultan favorecidos con la asignación de la divisa a la tasa preferencial pero que fijan el precio de venta con base en la cotización del dólar ilegal, defraudando así a la nación y especulando en contra del consumidor.

Esta patología especulativa, inherente al genoma económico del extractivismo-rentístico, es catalizada cada vez que los salarios nominales crecen por encima de la productividad, o cuando se decretan aumentos y pagos de utilidades, bonos y otros emolumentos sin tomar en cuenta la evolución de la producción nacional. De allí el alza de los precios en los meses en que se liquidan las utilidades o se pagan los aguinaldos. Esta inyección de recursos confiere una adicional capacidad de compra a la gran masa laboral, tras cuya captura se lanzan los sectores económicos de la producción y el comercio —particularmente el comercio importador—, que manipulan los precios, convirtiendo la inflación y la especulación en los mecanismos a través de los cuales el factor capital recaptura la renta y logra una distribución del ingreso, que le resulta abiertamente favorable.

D. LA FUGA DE CAPITALES

Según datos que se pueden constatar en la página web del BCV, al cierre de 2012 los activos de origen venezolano en el exterior alcanzaban la cifra de 291.866 millones de dólares. De ellos, $ 160.279 millones pertenecen al sector privado, de los cuales $ 60.000 millones corresponden a papeles de la deuda soberana del Estado o de Pdvsa, emitidos a lo largo de la Revolución Bolivariana. En el marco de un rígido control de cambio, como el que está vigente en Venezuela, el resto de los depósitos tiene que ser producto de mecanismos ilegales, entre los cuales figuran la sobrefacturación de importaciones, la subfactu-ración de exportaciones, el fraude a la Nación a través de empresas de maletín, la venta de cupos de divisas preferenciales, etc. La crisis bancada del año 2009, en la cual fueron intervenidos y cerrados 11 bancos, reveló que a través del sistema del Dólar Permuta, operado por casas de bolsa y bancos, se fugaron cerca de 30.000 millones de dólares.

En el año 2012 prácticamente no hubo desabastecimiento, la inflación fue menor que la del año anterior y la economía creció en torno al 5%. Ese año las importaciones totales de bienes y servicios fueron —según datos del BCV— de $ 59.339 millones, de los cuales el sector privado recibió para importar $ 36.167 millones a la tasa de cambio preferencial. Sin embargo, voceros oficiales como el ministro Jorge Giordani (2013); la ex presidenta del BCV, Edmee Betancourt y el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea nacional, diputado Ricardo Sandino, coinciden en señalar que en torno a $ 20.000 millones, otorgados al sector privado a través del Sitme, no se utilizaron para importar las mercancías para las cuales fueron aprobados y, por lo tanto, se quedaron afuera depositados en la banca internacional. Según Giordani:

Se creó un mecanismo como el Sitme (Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera) que nació genéticamente pervertido. Ahora hay que hacerle una anatomía patológica para saber cómo eran sus perversiones. Cuando creas un sistema de administración de divisas, el otro polo (la gente que quiere burlarlo y sacar provecho) nace automáticamente. Puedes perseguirlos, pero siempre le buscan la vuelta: la sobrefacturación, los containers llenos de piedra… trucos para lograr su meta: comprar barato y vender caro. Pero el régimen de administración se mantiene firme, no vamos a cambiarlo (2013).

La gravedad de estas denuncias obligó a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional a solicitar al BCV y al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) información relacionada con las empresas a las que les fueron otorgadas las divisas a la tasa de cambio preferencial, con el fin de investigar y establecer responsabilidades políticas sobre los funcionarios de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) que hayan incurrido o facilitado ese delito[8].

Esto quiere decir que de los $ 36.000 millones otorgados en 2012 para la importación de bienes por parte del sector privado, la suma realmente necesaria para mantener bajo control el índice de escasez y la evolución de los precios está en el orden de los $ 16.000 millones.

Pareciera entonces que los países que se dedican a la extracción y exportación de petróleo, minerales y materias primas, estuvieran condenados a importar lo que deberían producir para satisfacer sus necesidades. Es como si a través de las cuantiosas importaciones, del creciente endeudamiento externo y de la indetenible fuga de divisas, le tuvieran que devolver a las grandes potencias y demás países el plus-valor internacional que captan por la exportación de petróleo y otros recursos naturales.

E. LA DESINDUSTRIALIZACIÓN Y REPRIMARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Para que podamos apreciar la desindustrialización de la economía venezolana, recordemos que entre 1950 y 1959 el PIB industrial (sin refinación de petróleo) crece a un ritmo de 11,7% interanual y su contribución al PIB pasa del 12,1% a 16,9%. Luego, entre 1959 y 1977, el crecimiento interanual de la manufactura está en torno al 5,0% y su participación porcentual en el PIB se mantiene en 16,9%. En la última etapa de la sustitución de importaciones —años 1977-1987— el crecimiento interanual de la industria se desacelera y ronda el 3,0%; sin embargo, su aporte a la conformación del PIB asciende al 20%.

A partir de 1988 se inicia el proceso de desindustrialización de la economía venezolana, el cual se acentúa en los años siguientes. Desde entonces, la participación del PIB manufacturero en el PIB total de la economía ha sido decreciente. En 1987 la economía venezolana alcanza su máximo grado de industrialización, con un aporte de la manufactura al PIB (sin refinación de petróleo) de casi 20%[9]. Desde entonces cae de manera ininterrumpida hasta un nivel de 13,8% en el año 2012.

En Venezuela se observa una disminución del peso de la industria en la conformación del PIB. La creciente dependencia de las importaciones de bienes y servicios inhibe el desarrollo del aparato productivo, el cual se contrae aún más justamente en los períodos de auge rentísticos: importamos porque no producimos y no producimos porque importamos.

4. CONCLUSIONES

Venezuela es un país con un fuerte arraigo extractivista que depende en alto grado de la captación de renta y no del esfuerzo productivo para satisfacer sus necesidades. La extracción de petróleo y la captura de un creciente plusvalor internacional, que luego es distribuido a favor de los factores internos, engendraron una sociedad con rasgos muy particulares. Sobre la percepción de una cuantiosa renta petrolera en Venezuela se ha levantado toda una cultura nacional que persigue captar para su beneficio particular el mayor porcentaje de esa renta, la cual se afianza y reproduce debido a los siguientes factores:

-    Ilusión de la riqueza fácil derivada de la explotación y exportación masiva de recursos naturales, incorporada como un ADN en amplios segmentos de la sociedad y los gobiernos.

-    Débiles instituciones del Estado para hacer respetar las normas y una ciudadanía sin capacidad de fiscalizar las acciones gubernamentales.

-    Ausencia de reglas y transparencia, que alienta la discrecionali-dad en el manejo de los recursos públicos.

-   Conflicto por la captura de la renta entre grupos de poder.

Concluyamos con palabras de Alfredo Coronil:

El Estado venezolano tiende a deslumhrar mediante las maravillas del poder, no a convencer mediante el poder de la razón, por cuanto esta se transforma en ingrediente del espectáculo amedrentador de su imperio. Con la fabricación de deslumbrantes proyectos de desarrollo que engendran fantasías colectivas de progreso, lanza sus encantamientos sobre el público y también sobre los actores. Como “brujo magnánimo”, el Estado se apodera de sus sujetos al inducir la condición o situación de receptividad para sus trucos de prestidigitación: un Estado mágico (2002: 41).

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, Alberto 2011 “Extractivismo y neo extractivismo: dos caras de la misma maldición” en Más allá del desarrollo (Miriam Lang y Dunia Mokrani, comps.), pp. 83-118 (México: Fundación Rosa Luxemburgo/Abya Yala).

Adriani, Alberto 1989 “El dilema de nuestra moneda y la situación económica venezolana”. Labor venezolanista (Caracas: ANCE), pp. 311-332.

Álvarez R., Víctor 2011 Claves para la industrialización socialista (Caracas: Fundación Centro Internacional Miranda).

_________ 2013 “La transición al socialismo de la Revolución Bolivariana. Transiciones logradas y transiciones pendientes” en Carlos Arze, Javier Gómez, Pablo Ospina y Víctor Álvarez, Promesas en su laberinto: cambios y continuidades en los gobiernos progresistas de América Latina, pp. 279-396 (La Paz: IEE/CEDLA/CIM).

Baptista, Asdrúbal 2010 Teoría económica del capitalismo rentístico (Caracas: Banco Central de Venezuela).

Baptista, Asdrúbal y Mommer, Bernard 1989 “Renta petrolera y distribución factorial del ingreso” en Hans-Peter Nissen y Bernard Mommer (eds.), ¿Adiós a la bonanza? (Caracas: Ildis/ Cendes/Nueva Sociedad).

Corden, W. M. y Neary, J. P. 1982 “El auge del sector y desindustrialización en una economía pequeña y abierta”. Economic Journal, 92 (368), pp. 825-848.

Coronil, Fernando 2002 El Estado mágico: naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela (Caracas: Nueva Sociedad).

Giordani, Jorge 2013 “Hay que evitar la insaciabilidad del dólar”. Ciudad CCS, 13 de febrero en <http://www.aporrea.org/ actualidad/n223167.html>.

Mommer, Bernard 1988 La cuestión petrolera (Caracas: Trópykos).

Prada, Raúl 2011 “El vivir bien como alternativa civilizatoria: modelo de Estado y modelo económico” en Más allá del desarrollo, Miriam Lang y Dunia Mokrani (comps.) (México: Fundación Rosa Luxemburgo/Abya Yala).

SuNoticiero/Panorama 2013 “AN pidió información al BCVy Bandes por empresas de maletín”, 31 de octubre en <http:// www.sunoticiero.com/index.php/politica-not/29888-an-pidio-informacion-al-bcv-y-bandes-por-empresas-de-maletin>.

Van Wijnbergen, S. 1984 “Inflation, Employment and the Dutch Disease in Oil Exporting Countries: A short Run Disequilibrium Analysis”. The Quarterly Journal ofEconomics, 99.

Graduado de economista de la Universidad de La Habana. Master en Planificación del Desarrollo, CENDES-UCV. Postgrado en Gerencia Pública, rVEPLAN. Postgrado en Gerencia de la Ciencia y la Tecnología, Universidad CARLOS III, Madrid. Investigador del Centro Internacional Miranda (CIM).Premio Nacional de Ciencia 2013.Libros publicados: "Venezuela: ¿Hacia dónde va el Modelo Productivo", "Del Estado burocrático al Estado comunal" y "Claves para la Industrialización Socialista". Ha sido Ministro de Industrias Básicas; Presidente de la CVG; Director de PDVSA; Presidente del Banco de Comercio Exterior; Viceministro de Industrias; Gerente General de Políticas y Estrategias del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.↵

Una detallada documentación de las tensiones entre los Estados dueños de los yacimientos petroleros y las concesionarias lo ofrece Bernard Mommer en La cuestión petrolera (1988).↵

Una exhaustiva y clara explicación de cómo se distribuye la renta petrolera entre el capital y el trabajo se encuentra en Asdrúbal Baptista y Bernard Mommer: "Renta petrolera y distribución factorial del ingreso" (1989).↵

La explicación en detalle del funcionamiento de este mecanismo se encuentra en Víctor Álvarez R.: "La transición al socialismo de la Revolución Bolivariana. Transiciones logradas y transiciones pendientes", publicado en Promesas en su laberinto. Cambios y continuidades en tos gobiernos Progresistas de América Latina (2013).↵

4     Véase también Alberto Acosta, 2011, pp. 87-99.↵

Este círculo vicioso obliga a buscar alternativas más allá del modelo extractivista-rentista. Con este fin véase de Raúl Prada "El vivir bien como alternativa civilizatoria: modelo de Estado y modelo económico", en Más allá del desarrollo (Fundación Rosa Luxemburgo, 2011). ↵

La llamada "enfermedad holandesa" es un fenómeno que surge en los Países Bajos a partir de la explotación de los yacimientos de gas. Esto se tradujo en un inesperado incremento en el ingreso de divisas en el país que provocó la apreciación del florín, castigando así la competitividad de las exportaciones de flores, lácteos y productos manufacturados. Para la caracterización de la "enfermedad holandesa", véase Corden y Neary (1982) y Wijnbergen (1984).↵

La expresidenta del BCV, Edmée Betancourt, denunció que unos 20.000 millones de dólares, otorgados a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), correspondieron a una especie de "demanda artificial" no asociada a actividades de producción (SuNoticiero/Panorama, 2013).↵

Un análisis más detallado del proceso de desindustrialización en Venezuela se encuentra en Víctor Álvarez R. "Claves para la industrialización socialista" (2011).↵

30

Ramón Rosales Linares[1] 

¿ES POSIBLE UNA POLÍTICA PRODUCTIVA SOCIALISTA BOLIVARIANA Y CHAVISTA EN EL SIGLO XXI?

INTRODUCCIÓN

La producción de bienes y servicios para soportar cualquier proyecto político, per se, tiene una relevancia incuestionable, independientemente de la orientación ideológico-económica de la sociedad en la cual se pretenda el proyecto político —es decir sea capitalista, socialista o mixta— si es que esta última puede ser aceptada con un perfil ideológico propio.

Concomitante con la necesidad que tiene la producción de bienes y servicios para cualquier economía, aparece la necesidad de disponer de una política pública para ello, y es esta la motivación de elaborar el presente documento, que pueda servir de discusión crítica para la eventual formulación de una política productiva para la Venezuela Socialista y Bolivariana, la cual se pretende construir bajo el legado fecundo que dejase el Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, quien durante catorce años impulsó un proyecto de país formulando un conjunto de propuestas ideológicas y políticas para transitar hacia un socialismo con rasgos venezolanos, que sin duda alguna lo representa el llamado Socialismo Bolivariano.

El presente trabajo tiene por objeto proponer los rasgos característicos que debería tener una política productiva que responda a los principios y postulados del socialismo, del bolivarianismo y, ahora, del chavismo.

¿CÓMO SE HA EXPRESADO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO EN LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN?

El Socialismo Bolivariano ha pasado por tres etapas. En la primera de ellas —entre 1999 y 2005— no se definió formalmente como socialista, sino simplemente bolivariano, y su énfasis fue la producción (prestación) de servicios sociales básicos de educación y salud, que permitió la incorporación de miles y miles de niños y jóvenes excluidos de la educación, y para el año 2003 se estableció la novedosa e ingeniosa Misión Barrio Adentro, paradigma hoy y referencia mundial en materia de salud hacia los pobres. En el año 2005 se definió —además de bolivariana— socialista, y como consecuencia directa del golpe de estado de abril 2002 y del sabotaje petrolero de diciembre 2002-febre-ro 2003 se inició una segunda etapa en la gestión socio-productiva del gobierno, ampliando la producción nacional e importación de bienes y servicios para su distribución al pueblo y enfrentando los monopolios agroalimentarios a través de la Misión Mercal, iniciada a mediados de 2003. Con esta etapa, además de continuar expandiendo el acceso a los servicios de educación y salud, se inicia la transferencia subsidiada de bienes alimenticios —unos importados y otros producidos en el país— empleando parte de la renta petrolera, al igual que se hizo y se continúa haciendo para la prestación de los servicios de educación y salud.

A partir de 2011 el Comandante Eterno impulsó una tercera etapa en la producción de bienes para el pueblo con el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda, mediante la cual se pretende dotar de vivienda digna, antes de 2019, a tres millones de familias venezolanas.

Falta ahora adelantar una cuarta etapa en el proceso de transición hacia el socialismo, que además de reconocerse como bolivariano ahora debe ampliar su base histórica a lo que representa el chavismo, y que debe caracterizarse por entregarle al pueblo aquellos medios de producción que están en manos del Estado —o de monopolios capitalistas— para que, junto con los propios medios que el Poder Popular pueda crear, se construya definitivamente la base material del socialismo bolivariano.

A lo acumulado en materia de derechos ya otorgados y adquiridos por el pueblo, a saber educación y salud gratuitas, alimentos y vivienda subsidiados, corresponde ahora ampliar la oferta productiva con un nuevo elemento ya no distributivo para el acceso o el consumo, sino facilitador de la producción nacional de aquellos bienes y servicios que, además de formar parte de la dieta y cotidianidad de la población, requieren ser garantizados en su disponibilidad.

La disponibilidad de alimentos y demás bienes y servicios del buen vivir no puede garantizarse ad infinitum con las importaciones, y menos aún a los ritmos y modalidades que se han empleado en los últimos años, no solamente porque ello es inviable económico-financieramente, sino que es intrínsecamente contrario al proyecto socialista bolivariano, el cual en modo alguno pregona que la satisfacción de los derechos de la población es únicamente por la vía de la liquidación de la riqueza petrolera, lo que además compromete la capacidad de las generaciones futuras para la satisfacción de sus propias necesidades. El proyecto socialista, bolivariano y —especialmente— chavista, propugna apoyarse en la riqueza petrolera para construir una sociedad productiva, que sea capaz endógenamente de proveerse de los bienes y servicios básicos que soporten el buen vivir de la población, dejándole no solamente parte de esa riqueza petrolera a las generaciones futuras sino un país con equidad social, en paz y en armonía con la naturaleza.

¿QUÉ DEBE CARACTERIZAR A UNA POLÍTICA PRODUCTIVA SOCIALISTA BOLIVARIANA Y CHAVISTA (PPSBCH)?

Teniendo como marco de referencia el Proyecto País, plasmado en la Constitución de 1999 así como en el conjunto de leyes y reglamentos derivados de esa Constitución, y en particular con lo establecido en el Plan de la Patria 2013-2019 —y tomando en cuenta el contexto político, social y económico en el cual el gobierno debe desarrollar su política productiva— pueden identificarse las características que esta política debe exhibir para que sea considerada como socialista, boli-variana e, igualmente, chavista.

En primer lugar, la PPSBCH debe contribuir sustantivamente a la creación y sustentación de la mayor suma de felicidad posible a través de la producción y distribución de aquellos bienes y servicios que soportan el buen vivir de la ciudadanía, algunos de los cuales se vienen importando y no produciendo en el país.

En segundo lugar, una PPSBCH debe tener una presencia abar-cativa de toda la territorialidad del país pues la producción de bienes y servicios no se materializa en el espacio extraterrestre, ni siquiera en el aéreo más cercano a la Tierra, sino que inexorablemente debe ubicarse en un territorio determinado. La selección del territorio para asentar las unidades productivas de bienes y/o servicios es una condición que, de acuerdo con la manera en que esta se cumpla, determinará la característica de la política productiva.

En tercer lugar, la PPBS debe caracterizarse por su transver-salidad socio-política, en el sentido de que las actividades productivas que ella implique deben ser asumidas, asimiladas y, en fin, lideradas por los actores sociales locales que configuran el entorno inmediato de la unidad productiva, vale decir por el Poder Popular a través de cualquiera de las formas organizativas previstas en las leyes que regulan a este.

En cuarto lugar, la PPBS tiene que caracterizarse por su relevancia político-económica. Si la agenda del gobierno se ocupa solo marginalmente de lo productivo, a veces de manera esporádica, cuando se debe atender a una crisis de abastecimiento o repuntes inflacionarios, entonces no se está en la presencia de una política, sino de un esfuerzo, aunque bien intencionado, ineficaz para adelantar un proyecto socialista, bolivariano y chavista, que ni siquiera sirve para mejorar el desempeño capitalista de las empresas públicas. La falta de una PPSBCH es la mejor manera de retrasar, e incluso atentar, contra el Proyecto País que persigue la Revolución Bolivariana, pues es dejarlo en la mano invisible de un mercado capitalista rentístico, caracterizado por su estructura monopólica y con altísima propensión a captar la renta petrolera para saciar expectativas consumistas con las importaciones, transfiriéndose de esta manera parte de la riqueza natural a los centros capitalistas hegemónicos.

Una quinta característica de la PPSBCH tiene que ver con la precisión, ponderación, descripción y determinación de su viabilidad contextual, la cual deriva de los márgenes tecno-po-líticos que existen —o se pueden construir— en los distintos ámbitos contextúales, a saber en el internacional, en el regional (en términos internacionales), en el nacional, en el regionalsubnacional y en los contextos locales, en los cuales se desplegarán las actividades productivas.

EL CONTEXTO RELEVANTE DE LA PPSBCH

Por contexto relevante para la PPSBCH se quiere significar que no todo el contexto externo al país y de la propia política es importante para el cumplimiento de los objetivos. La selección de aquel contexto que se considere relevante para la política en cuestión, pasa a ser una de las primeras decisiones difíciles para quienes participan en el proceso de formulación de esta. Si se deja por fuera algún elemento del contexto, que a la postre resulte relevante para la ejecución exitosa de la política, se corre el riesgo de hacer, incluso, inviable la política así formulada. Y si se sobredimensiona el contexto también se arriesga la política, pues esta puede adolecer del foco necesario para garantizar una eficiencia y eficacia que conduzca a los resultados deseados.

A continuación se describe una propuesta del contexto relevante con la esperanza de que pueda incitar un debate fecundo al respecto. Dos categorías territoriales para analizar y discutir el contexto relevante para la PPSBCH se emplean en la presente propuesta, a saber: el contexto internacional y el contexto nacional. En el primero se analiza lo global o mundial, luego lo regional, ALC, y un tercer ámbito que se denomina —para los efectos del presente trabajo— contexto estratégico, representado por aquellos países o regiones del mundo, incluyendo a ALC, que son sensibles a las relaciones internacionales del país y al mismo tiempo esa sensibilidad afecta, positiva o negativamente, en la viabilidad de una PPSBCH. En cuanto al contexto nacional, el mismo se subdivide en el del país-nación, las regiones que se pueden configurar con arreglo a criterios productivos, los estaduales y locales de acuerdo con la división político administrativa vigente en el país.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL

EL CONTEXTO GLOBAL GEOPRODUCTIVO

Una PPSBCH está altamente condicionada por tres elementos presentes en la geoeconomía mundial, a saber a) el ascenso —o re-ascenso— de China como potencia económico-comercial y financiera, con las inexorables consecuencias en la geopolítica que tal hecho comporta; b) la crisis económica-fiscal del centro capitalista y sus repercusiones en los países periféricos capitalistas y en el resto del mundo; y c) la creciente preocupación, en el foro internacional, del cambio climático.

En relación al ascenso o re-ascenso de China como potencia en los ámbitos económicos, comercial y financiero, con las correspondientes implicaciones políticas, existe abundante literatura1 y es permanente el debate desde hace varios años acerca de cuál es el proyecto ideológico que guía el actual patrón de desarrollo de China. Independientemente de si se acepta o no ese patrón como socialismo con las peculiaridades chinas, como lo pregona el Partido Comunista Chino (PCCh), lo cierto es que hoy China es la fábrica de bienes del mundo y es inferible, con bastante certeza, que ello sea así al menos por unas dos o tres décadas. Todo ello a un costo social, político y ambiental, suponiendo que la “fábrica” rinde en términos económicos. En lo social, la evidente desigualdad entre los chinos y entre las regiones chinas es una alarma que ya está presente en la agenda pública de ese país y habrá de tener, tarde o temprano, su impacto en lo político, mayor que el que hasta ahora se aprecia. Pero es en lo ambiental en donde el costo del modelo de desarrollo chino está haciendo peligrar su legitimidad y viabilidad. Los costos incurridos con la industrialización acelerada de los últimos treinta años —particularmente en la contaminación de ríos y en disminución de áreas que otrora fueron agrícolas— no serán resarcidos tan fácilmente, haciendo de China un país vulnerable en materia de soberanía alimentaria, si se toma en cuenta que desde el año 2005 se convirtió en un país netamente importador de alimentos.

China compite buscando petróleo con el resto de países, en particular con los del mero centro capitalista —EE.UU., Unión Europea y Japón—, con las consiguientes tensiones políticas que ello implica y en la cual ALC, y en particular Venezuela, constituyen un actor estratégico de primer orden y que hasta ahora, gracias a la exitosa política internacional adelantada en su momento por el Comandante Chávez, está posicionada ventajosamente, otorgándole un considerable margen de independencia política, que es una de las palancas en las que se debe apoyar el país para adelantar un soberana PPSBCH.

En cuanto a la crisis económico-fiscal y financiera de los países del centro del capitalismo y sus nefastas irradiaciones hacia el resto del mundo —y en particular a los que se denominan países periféricos capitalistas, entre los cuales lamentablemente todavía hay que ubicar a Venezuela con todo el grado de independencia política alcanzada en los años de la Revolución Bolivariana—, es necesario considerar que tal crisis otorga oportunidades, aunque también amenazas, para una PPSBCH. Una oportunidad estriba en la falta de proyectos para la colocación de capital en sectores de la economía real, que el propio capitalismo necesita estimular como una medida compensatoria a la financiarización de la economía, engendrada como consecuencia de la sobredesregulación que el neoliberalismo impulsó bajo el nefasto Consenso de Washington. En este contexto, en ALC actualmente existen varios gobiernos de orientación progresista y soberanista que permiten adelantar una cooperación internacional que, sin comprometer la soberanía de los países, permita captar inversiones para construir capacidad productiva endógena, que supone una PPSBCH.

Finalmente, el contexto relevante internacional para una PPSBCH está representado por el creciente interés en los distintos foros y en la mayoría de los países, sobre las limitaciones de la naturaleza para seguir soportando un patrón civilizador, que rindiéndole culto al capital no se ha detenido a las consideraciones de los daños ocasionados al ambiente. Y no solamente se trata de los aspectos más directamente relacionados con la caracterización del ambiente —como el cambio climático, las inundaciones o las sequías—, sino que también, para los efectos de una PPSBCH, se debe incorporar en este contexto lo relativo a las respuestas que el capitalismo da a la problemática ambiental, como es el uso de agroquímicos para aumentar la producción sin incrementar las fronteras agrícolas, el uso de transgénicos, sin excluir el uso de tierras para producir agrocombustibles en lugar de alimentos. Todo esto configura un contexto perteneciente a la ecología, pero que incluye la preservación del planeta Tierra.

EL CONTEXTO REGIONAL GEOPRODUCTIVO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ALC

Un segundo elemento del contexto internacional, de particular relevancia para una PPSBCH, es el regional, entendiendo por este el circunscrito al espacio geográfico vecino al país, en este caso América Latina y el Caribe, ALC. De particular relevancia para Venezuela es el Mercosur, para los efectos de convertirlo en un ancla para un relanzamiento del aparato productivo pero con una nueva visión, cónsona con los postulados bolivarianos y chavistas de construir la Patria Grande.

El objetivo básico inicial del Mercado Común, tal y como lo establecen sus documentos, es el de:

Aumentar el grado de eficiencia y competitividad de las economías involucradas, ampliando las actuales dimensiones de sus mercados y acelerando su desarrollo económico mediante el aprovechamiento eficaz de los recursos disponibles. La preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las comunicaciones, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de sus economías.

Por otra parte, la conformación de un mercado común es una respuesta adecuada a la consolidación de grandes espacios económicos en el mundo y la necesidad de lograr una adecuada inserción internacional.

Así se autocalificó el Mercosur, en cuanto al objetivo básico que sustenta su creación. Los gobiernos progresistas, surgidos en los inicios del siglo XXI, le fueron dando un cariz mucho más político y social al esquema integracionista, donde el engranaje económico-comercial —si bien mantiene su relevancia en la estructura y funcionamiento del bloque— ya no es lo único y fundamental del proyecto, que ahora tiene más componente geopolítico que en sus orígenes.

El ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, sobre todo a este Mercosur del siglo XXI —que supo oponerse al ALCA junto a Venezuela y otros países— y que se renueva y reenfoca al calor de gobiernos progresistas, es todo un hito para la política exterior bo-livariana. Sin embargo, nótese que a diferencia de la Unasur, que es un espacio netamente político, o del ALBA que también es político y de cooperación solidaria, donde el comercio no necesariamente responde a una lógica del mercado, el Mercosur —siendo político, y un espacio geopolítico vital—, es también un espacio de integración donde la agenda económico-comercial posee una gran relevancia.

Ni la Unasur ni el ALBA plantean requisitos de la naturaleza del Mercosur. Hay que adoptar la nomenclatura arancelaria del Merco-sur, so pena de incumplir con el Tratado Constitutivo y sus Protocolos modificatorios. Igualmente se debe adoptar el arancel externo común y también un conjunto de instrumentos de política comercial común. Aspectos que, ni buenos ni malos per se, sí implican resignar soberanía nacional en el manejo de la política comercial de la república en aras de la integración. El impacto de los cambios y la preparación para la adecuación deben ser consideradas con prioridades (urgencias) en una eventual PPSBCH.

El beneficio en lo político del ingreso al Mercosur es innegable, no está en discusión. Constituye todo un éxito para la política exterior bo-livariana; los beneficios económicos y comerciales —o el costo-beneficio— deben estudiarse en detalle y diseñar estrategias para conseguirlos.

Para los efectos de una PPSBCH hay que tomar en cuenta que al ingresar al Mercosur se produce automáticamente el inicio de una desgravación arancelaria progresiva hasta alcanzar el nivel cero. Una PPSBCH debe tomar en cuenta este contexto para identificar tanto lo que se puede producir para el mercado nacional como una posible oferta exportable hacia los socios, en el marco de la pretendida complementariedad de las economías que impulsan los gobiernos, pero que el metabolismo del capitalismo lo anula, a veces con la complicidad de burgo-burócratas enquistados en el aparato administrativo del Estado y que logran a veces influir en las agendas de las reuniones del Mercosur.

EL CONTEXTO ESTRATÉGICO RELEVANTE PARALA SOBERANÍA PRODUCTIVA

La exitosa política exterior, impulsada por el Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, encuentra un claro testimonio en la Cooperación Internacional suscrita con más de 130 países, lo que contribuye sólidamente a la construcción de un mundo multipolar, algunos de ellos resultan estratégicamente relevantes para el país, y en particular para una PPSBCH. Para ello es necesario considerar las relaciones de cooperación que ha construido la Revolución Bolivariana.

Más de tres mil instrumentos de Cooperación Internacional se firmaron entre el año 1999 y 2011, la mitad de ellos se han producido en la región de América Latina y el Caribe. Estos tres mil instrumentos representan casi el sesenta por ciento del registro histórico de cooperación del país, iniciado en 1824. De los 2.457 instrumentos firmados durante la gestión del Presidente Chávez, más del 80% se encuentran en vigor y constituyen el marco jurídico de más de mil (1.000) proyectos de Cooperación Internacional, que se ejecutan actualmente en diferentes partes del territorio nacional, cubriendo treinta áreas temáticas, siendo las más importantes las de energía y petróleo, agroalimentación, industria y vivienda, sin excluir las áreas de ciencia y tecnología, educación y salud, en las cuales el incremento de la Cooperación Internacional ha sido sustancial en relación al período 1958-1998.

La Revolución Bolivariana, dentro de la cooperación internacional, ha suscrito con trece (13) países más de dos mil (2.000) instrumentos, equivalente a más del 70 % de la cooperación suscrita. Estos países tienen una especial relevancia estratégica para el gobierno: a) Cuatro (4) pertenecen a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), ellos son Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador; b) cuatro (4) países son integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) original: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay; c) cuatro (4) países son extra continentales en cuanto a su localización geográfica, a saber: República Popular de China, Federación Rusa, República Islámica de Irán y República de Belarús. A estos doce países se agrega la República de Colombia, que por su carácter fronterizo con el país y por la historia política compartida desde la independencia bajo el mandato del Libertador, es inexorable e ineludiblemente un país estratégico para Venezuela.

La Cooperación Internacional captada por la Revolución Boliva-riana ha sido poco divulgada dentro y fuera del país, lo que ha impedido un mejor aprovechamiento del acceso que se ha logrado a una variedad de tecnologías, en el sentido más amplio de este término — equipamiento, conocimientos y sistemas de gestión—, que con una adecuada estrategia de apropiación y socialización constituirán una base fundamental de la soberanía productiva, esencial en la construcción del socialismo bolivariano.

El significativo impacto político y tecno-económico de la Cooperación Internacional, particularmente el relacionado con los sectores agroalimentario, industrial, vivienda, ciencia y tecnología, entre otros, puede ser un insumo básico para una PPSBCH, pero para ello se requiere de una sincronización de las estrategias de cooperación con el proyecto de país, principalmente en lo relacionado con los planes de desarrollo socialista que formula el gobierno nacional.

EL CONTEXTO PRODUCTIVO TERRITORIAL NACIONAL

Para analizar el contexto nacional de un PPSBCH es preciso evitar caer en la trampa de la división político-administrativa, que si bien juega un rol político-institucional en cualquier política productiva, en el caso de la PPSBCH —al tratarse de soportar un proyecto socialista y bolivariano— ya implica que su alcance debe estar por encima de la división política administrativa, pues este arreglo es precisamente uno de los factores restrictivos para articular políticas prosocialistas, particularmente en lo referente a la producción, ya que los deciso-res políticos, si están atados a esa división de Estado y municipios, son prisioneros de la canibalización y del juego suma cero con poca vocación nacional, ya que tienden a privilegiar las consideraciones locales, con prescindencia de las sinergias necesarias para desarrollar productivamente al país, que es lo que en definitiva debe contar y, por ello, la preeminencia de un Proyecto País, como el abanderado por la Revolución Bolivariana.

Una manera de evitar el paradigma de la división político-administrativa en materia de producción es considerar el contexto nacional bajo diferentes ángulos. Es por ello que en el presente documento se propone considerar los siguientes ámbitos del contexto nacional, a saber:

El del país-nación para considerar todo el territorio nacional como asiento de la actividad productiva;

El de las regiones sub nacionales, que derivadas del país-nación se estructuran como decisiones políticas para conformar uni dades geoeconómicas sólidas y bien delimitadas, con la finalidad de que sirvan de asiento a planes de producción acordes con sus potencialidades;

El de los ejes estratégicos, que son ámbitos que trascienden los espacios político-administrativos de estados, municipios e incluso de las regiones eventualmente definidas políticamente. También el diseño de estos espacios debería ser objeto de una decisión eminentemente política para ser asiento de una política productiva, definidos en función de las características socio-geográficas y político-económicas, así como las culturales, que están presentes —o pueden estarlo precisamente a través de una política de desarrollo territorial— a lo largo y ancho del espacio geográfico comprendido en los ejes. La delimitación de los espacios que se puedan agrupar en ejes debe responder a criterios sobre las realidades y potencialidades socio-tecnológicas endógenas para la producción de algunos bienes o servicios, pudiéndose desarrollar sinergias económicas y sociales, por ejemplo, los ejes minero, cafetero, petrolero, turísticos costeros o montañosos, tecnológicos, de servicios logísticos que agrupen los principales puertos y aeropuertos del país, entre otros;

El de los espacios del poder popular en cualquiera de las formas previstas para este, como son consejos comunales, comunas y organizaciones populares productivas, incluyendo las empresas de propiedad social directa o indirecta, así como las importantísimas unidades productivas familiares. Estos espacios serían la base de la pirámide productiva de la PPSBCH y desde ella deben partir las articulaciones y agregados de demandas y metas, hasta alcanzar el plan nacional de producción socialista, bolivariano y chavista.

LAS CONDICIONANTES ESTRUCTURALES DE UNA PPSBCH PARA EL SIGLO XXI

Además de superar el capitalismo como modo de relacionamiento social, político, económico y cultural —lo cual es una cruzada de cada vez mayor número de países—, en el caso venezolano el proyecto socialista se enfrenta a un peculiar tipo de capitalismo que no abunda mucho, el capitalismo rentístico, y si bien se puede decir que en varios países la economía funciona bajo un capitalismo rentístico, como el de los paraísos fiscales, o la propia financiarización que se podría asumir como una forma de rentismo, es casi único el caso venezolano en donde la renta está asociada al petróleo, que es el motor de la civilización actualmente, de tal suerte que es difícil en el corto plazo encontrarle un sustituto eficiente, no solo en términos tecno-económi-cos, sino viables políticamente a nivel mundial, pues son demasiados los intereses asociados a este elemento, incrustado en el centro de las relaciones capitalistas. Esta condición venezolana es de tal magnitud, que muchas veces en el debate político se ignora que si el país fuera en su relacionamiento un país socialista, su dependencia del petróleo lo obligaría de hecho a tener relaciones internacionales capitalistas, reforzando estas relaciones los vestigios capitalistas que eventualmente quedan en cualquier país que sea socialista.

Llevamos un siglo lidiando con el petróleo y al parecer seguiremos lidiando con él unas cuantas décadas. El Proyecto Socialista es precisamente justificable no solo dentro de la cruzada mundial de superación del capitalismo, sino porque el socialismo es el modelo que puede ayudar a construir una sociedad justa y productiva. La PPSB-CH será útil en la medida en que pueda hacer lo que hasta ahora no se ha podido hacer: aprovechar el petróleo, no para crear y reforzar una cultura rentística en donde lo productivo no encuentra una adecuada valoración ni social ni políticamente, sino para apalancar un desarrollo endógeno con capacidad científico-tecnológica propia.

Además del petróleo, como condicionante estructural de la PPSB-CH existen otras de relevancia, aunque ninguna de ellas con la fuerza de aquel. Entre ellas están:

a. La dependencia tecnológica del país, que se expresa en la baja autosuficiencia para operar los distintos sistemas tecno-pro-ductivos sin acudir a las importaciones de insumos, piezas e incluso repuestos que aun en países capitalistas periféricos han logrado autoabastecerse o como lo testimonia la Cuba socialista bloqueada, y también Irán que es otro testimonio de soberanía productiva basada en un desarrollo científico-tecnológico propio. Se dirá que esta situación es producto del rentismo petrolero, pero a pesar de esto el país dispone de una base muy buena de recursos humanos, para enfrentar el rentismo y el Gobierno Bolivariano si en algo ha tenido éxito es en la ampliación de la matrícula estudiantil. Los dos millones quinientos mil estudiantes universitarios son la base para emprender la soberanía científico-tecnológica que demanda una PPSBCH para que sea viable y permita avanzar en el proyecto socialista. Lamentablemente, no lo permite la división político-institucional de la acción del gobierno, en donde cada ente público hace uso de la división de competencias para no articularse, agravado esto por la ausencia de un entramado institucional que permita disponer de un plan cohesionador y compartido, tanto dentro del gobierno nacional como con el resto de entes del Estado.

b. Muy ligado a lo últimamente expresado, una condición de envergadura estructural es la ineficiencia del Estado, no solo la del Gobierno Nacional, la cual deja mucho que desear, aunque abriéndose perspectivas favorables de mantenerse el esfuerzo del Gobierno Eficiente que se adelanta actualmente.

EL DESARROLLO SOCIO-PRODUCTIVO DESCENTRALIZADO PERO NO DESMEMBRADOR

Una de las consecuencias del avance globalizador del capitalismo, que tiene repercusiones directas en las políticas productivas de los países tanto centrales como periféricos, es la fragmentación y dispersión geográfica de los distintos eslabones de las cadenas de producción y comercialización de las mercancías, configurándose una nueva división internacional del trabajo, en donde los países centrales retienen aquellos eslabones que le permiten a sus empresas imponer las condiciones de producción, que son las relacionadas con la investigación y el desarrollo de nuevos productos, procesos y materiales, localizando a lo largo y ancho del planeta, mediante la subasta desmembradora de la soberanía de los países, aquellas actividades productivas demandantes de mano de obra no calificada, en condiciones de pobreza y dispuesta a aceptar cualquier mendrugo de empleo que le ofrezca el capitalismo. Este alerta es muy apropiado para debatir la eventual aplicación en Venezuela de las Zonas Económicas Especiales, ZEE. El propósito de la alerta no es plantear un rechazo a las ZEE, sino el de propiciar un debate crítico que conlleve a visualizar las consecuencias político-ideológicas y socioeconómicas de las políticas públicas que se diseñen en un momento determinado. Las ZEE son uno de esos instrumentos que ha empleado el sistema-mundo capitalista para avanzar en la globalización, bajo la lógica del capital. Más de 130 países albergan hoy casi 3.500 ZEE en sus diferentes formatos, siendo el principal de ellos el constituido por espacios territoriales dedicados a la fabricación de componentes o al ensamblaje de productos destinados a las exportaciones. Es Asia la región que ha aplicado más extensamente este instrumento de política pública productiva, destacándose India con más del diez por ciento de las ZEE existentes en el mundo (OMC-IDE JETRO, 2011).

Bajo el señuelo de dar empleo en los países periféricos, que de paso permita atenuar las corrientes migratorias hacia los países centrales, se estimula una competencia entre los territorios, empleándose para ello la institucionalidad político-administrativa que detenta la representación jurídica de estos, léase alcaldías y gobernaciones departamentales o estatales. La competencia entre alcaldías y gobernaciones por atraer inversiones del capital trasnacional se realiza bajo las reglas del juego suma cero. Bajo esta lógica capitalista, lo importante es impedir que el municipio vecino o el estado vecino sea receptor de inversiones que puedan conllevar a que la población emigre hacia esos lugares, con la consiguiente pérdida de fiscalidad. En el caso venezolano no es tanto la fiscalidad proveniente de recaudación de impuestos, sino que se pierde capacidad para captar renta petrolera.

La manera en que China ha enfrentado esta lógica del capitalismo de deslocalizar solo los eslabones intermedios de las cadenas de producción, ha sido condicionando la ubicación de las corporaciones transnacionales con aportes para el desarrollo chino de su capacidad tecnológica. Pero esto no es lo sustantivo del esfuerzo de creación de capacidad tecnológica en China, ya que es la creación de ZEE con especial énfasis en las tecnologías de avanzada y con el impulso a la propia capacidad endógena de ciencia y tecnología. El aporte de las corporaciones transnacionales al patrimonio científico tecnológico chino cada vez es menor. No en vano la ciencia y la tecnología fue una de las cuatro modernidades que impulsó la reforma de Deng Xiaoping a finales de los años setenta del siglo pasado.

UNA PROPUESTA DE AGENDA PARA CONSTRUIR UNA PPSBCH

Para la inserción del tema productivo en la política del país, con la expresa intencionalidad de que deje de ser un mero problema coyun-tural de una arista de la política económica para convertirse en un desafío de la sociedad venezolana, se sugieren las siguientes acciones:

Diseño e implantación de estrategias de sensibilización sobre las posibilidades de un desarrollo socioproductivo basado en el Poder Popular, atendiendo a las potencialidades y limitaciones endógenas. Esto incluye la realización de seminarios, talleres, reportajes, documentales audiovisuales y audiencias en la Asamblea Nacional, en el Consejo Federal de Gobierno, e incluso en mesas de trabajo con el sector privado dedicado a la producción, para analizar las opciones y medidas que deberían adoptarse con el fin de adelantar una política productiva en el país para los próximos veinte o treinta años.

Creación de un Órgano Superior para el Desarrollo Socio Productivo del país, que con representación del Poder Público y con la participación del Poder Popular y de representantes del sector privado productivo nacional, reciba y canalice las iniciativas y las propuestas que vayan surgiendo desde las distintas regiones y ámbitos políticos y productivos del país. Este órgano debería adoptar una estructura colegiada para su di-reccionamiento, con la participación significativa de aquellos voceros del Poder Popular que mediante un proceso democrático y transparente manifiesten su voluntad de incorporarse, de forma militante, a la cruzada productiva de la Venezuela del siglo XXI.

Eliminación del Certificado de No Producción que emiten los entes públicos y su reemplazo —para los fines de la autorización de divisas— por Certificados de Capacidad Socio Productiva que emitan los Consejos Comunales o cualquier otra organización de base del Poder Popular, en cuyo ámbito territorial o jurisdiccional se desenvuelva actividad productiva. Para la elaboración de estos certificados, una vez consensuado el formato de los mismos, se establecería un sistema en línea para que sea empleado por los representantes autorizados del Poder Popular.

Implantación, bajo la asesoría de la Contraloría General de la República, de un Plan de Contraloría Social de los proyectos de cooperación internacional que se adelantan en el país y que impliquen construcción de capacidad productiva o científico-tecnológica. Este Plan permitirá conocer el grado de avance fí-sicoeconómico de cada uno de los proyectos en ejecución bajo cooperación internacional y determinar la factibilidad técnico-económica de su conclusión o reconversión, en función de su aporte al desarrollo endógeno del país.

Incorporación del Poder Popular a la gestión de Compras del Estado, mediante su participación activa en la organización de las Mesas de Recepción de Ofertas de Bienes y Servicios que deben realizar los entes públicos, validando que los proveedores concursantes posean capacidad productiva y rela-cionamiento socioproductivo con las comunidades en donde están asentados.

Creación del Programa Emprendimientos Productivos del Poder Popular. Mediante este Programa podría coordinarse todo el apoyo que el Gobierno Bolivariano ofrecerá al Poder Popular para sus propuestas de desarrollo territorial socioproductivo que asuma —dentro de una de las funciones para lo cual ya está habilitado legalmente, como las relativas a emprender iniciativas productivas— en cualquier configuración geográfica que se adopte para alcanzar la mayor suma de felicidad posible mediante el esfuerzo de los pobladores, con un apoyo no injerencista ni burocrático y castrador sino complementario, principalmente desde el Estado.

Creación del Programa de Capacitación en Desarrollo Territorial Socio Productivo. Mediante esta iniciativa se sugiere que diferentes actores y entes del Poder Popular y del Poder Público diseñen y ejecuten un Plan de Capacitación para voceros del Poder Popular y para Funcionarios Públicos en materia de desarrollo territorial socioproductivo que, debidamente validado por las instancias del Poder Popular interesados en participar en la capacitación identificada, pueda suministrar las herramientas metodológicas y los saberes y conocimientos relacionados con el desarrollo territorial socioproductivo, haciendo énfasis en aquellas áreas temáticas que tienen que ver con el ejercicio de la democracia del Poder Popular para asumir la conducción de emprendimientos productivos en sus territorios.

BIBLIOGRAFÍA

Hart-Landsberg, Martin y Burkett, Paul 2007 China, entre el socialismo real y el capitalismo: reformas de mercado y lucha de clases (Caracas: Centro Internacional Miranda).

Hernández Contreras, Fernando 2008 “Los nubarrones del vuelo del gran dragón en su visión hacia el 2050″. Observatorio de la Economía y la Sociedad China, 8 en <http://www.eumed.net/rev/ china/index. htm >.

Organización Mundial del Comercio-IDE JETRO 2011 Pautas del comercio y cadenas de valor mundiales en el caso de Asia Oriental: del comercio de mercancías al comercio de tareas en <http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/stat_tradepat_ globvalchains_s .pdf >.

Rosales, Osvaldo y Kuwayama, Mikio 2012 China y América Latina y el Caribe: hacia una relación económica y comercial estratégica (Santiago de Chile: CEPAL).

Ingeniero industrial, Universidad de Carabobo (1972), con un máster en Administración de Empresas del IESA (1985), se desempeña como investigador y consultor independiente en las áreas de proyectos y políticas públicas relacionadas con el desarrollo industrial. Ha sido profesor de posgrado y autor del libro Estrategias gerenciales para la Pequeña y Mediana Empresa (1996). Se ha desempeñado como asesor de diversas empresas venezolanas e instituciones internacionales en el campo de la pequeña y mediana empresa. Fue viceministro de Industrias, ministro de la Producción y el Comercio y viceministro para Economía y Cooperación Internacional, así como presidente de CVG Alunasa, Costa Rica; de la Corporación para el Desarrollo Jacinto Lara, Corpolara, y de Fudeco (Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental). También se desempeñó como cónsul general en Barcelona, España y viceministro de Economía y Cooperación Internacional del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.↵

31

Alberto Camardiel[1] 

SOBRE LA MEDICIÓN DE LA POBREZA EL CASO VENEZOLANO

INTRODUCCIÓN

Las cifras oficiales y oficiosas sobre la pobreza en nuestro país dan cuenta de su presencia en la sociedad venezolana desde hace mucho tiempo y no resulta descabellado pensar que siempre ha estado presente, en mayor o menor grado. De ser así, habría que concluir que la pobreza es un problema de difícil solución. Por lo tanto, si pretendemos lograr un crecimiento económico y un desarrollo humano que beneficie a las mayorías, debemos afrontar el desafío de encontrar aproximaciones comprensivas del mismo e idear soluciones para reducir su presencia a la mínima expresión posible. Que su contención puede producir cambios notables sobre la economía y la sociedad lo atestiguan las declaraciones recientes de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en el décimo aniversario del programa del gobierno brasileño contra el hambre (Bolsa Familia). Afirmaba la presidenta Rousseff que el programa —además de beneficiar a los más pobres— impulsó la economía, pues por cada US$ 0,45 invertido en Bolsa Familia el impacto en el PIB fue de US$ 0,81.

No es el propósito de esta ponencia discurrir acerca de la pobreza, sino sobre su medición. Si vamos a actuar sobre la pobreza y sus efectos en la sociedad necesitamos tener medios acordes con los avances más recientes de la ciencia social para su mejor medición. Claro está, podría parecer improcedente el examen y la reflexión sobre cómo medir algo que no se ha definido de manera precisa, pero el tiempo es limitado y enfrascarnos en cómo se concibe la pobreza podría alejarnos del propósito fundamental de este trabajo. Para las personas interesadas en este aspecto particular, les recomiendo consultar los dos artículos del profesor Augusto de Venanzi “El concepto de pobreza en el pensamiento sociológico” y “El concepto de la pobreza en la sociología latinoamericana: el caso de Venezuela”, publicados en la Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura (1996a y 1996b).

En el primer apartado nos referiremos someramente a la con-ceptualización de la pobreza, presentando una aproximación que nos permita continuar adelante con el tema central de la ponencia. En un segundo apartado presentamos consideraciones generales sobre la medición de la pobreza y en particular de aquellos métodos que se han utilizado históricamente en América Latina. A continuación presentamos el caso venezolano revisando la tradición de la medición de la pobreza, tanto por parte de los entes públicos encargados de tales tareas, como de otros actores presentes en tales ejercicios, a saber: universidades, entes privados y particulares. En el apartado cuatro presentamos los métodos más recientes para abordar la medición de la pobreza adoptados en las organizaciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con todo este proemio ya adelantado, procederemos a revisar, de manera crítica, el desempeño de los organismos públicos responsables de la medición de la pobreza en Venezuela y, ya para concluir, argumentaremos a favor del empleo de técnicas que compaginen teoría y métodos de medición de la pobreza, aun cuando aceptamos que las funciones de medir para hacer seguimiento de políticas sociales que actúen sobre el fenómeno de la pobreza o la de hacer teoría social pueden llevar a métodos de medición de naturaleza muy distinta. La conclusión principal de la ponencia es que las mediciones de la pobreza en el país se han empleado más para hacer propaganda que para el diseño de políticas públicas y su seguimiento, que pudieran atenuar el fenómeno de la pobreza y efectuar las correcciones necesarias en los programas para la reducción del fenómeno.

SOBRE LA POBREZA

De la pobreza apenas diremos que es un complejo fenómeno social con una dinámica propia, que afecta en mayor o menor grado a amplias mayorías poblacionales y que se manifiesta en carencias y privaciones que ocurren en múltiples ámbitos de la vida de las personas, entre los que destacan la salud, la educación, las condiciones de la vivienda, la seguridad y el trabajo.

La pobreza como concepto se considera multidimensional. Al respecto cabe mencionar que el término pobreza se ha definido de muchas maneras en las ciencias sociales. Feres y Mancero (2001) —citando un texto de Paul Spicker (Gordon et al., 1999)— señalan que este autor presenta en su artículo 11 acepciones del término pobreza manejadas en la literatura especializada, a saber: 1) necesidad, 2) estándar de vida, 3) insuficiencia de recursos, 4) carencia de seguridad básica, 5) falta de titularidades, 6) privación múltiple, 7) exclusión, 8) desigualdad, 9) clase, 10) dependencia y 11) padecimiento inaceptable. Este mismo autor, en otro documento (Spicker, s/f), afirma que ha contabilizado cientos de definiciones rivales del término, pero que los elementos principales incluyen: 1) la privación material, en la que se cuentan, por ejemplo, una salud pobre y condiciones inadecuadas de la vivienda; 2) circunstancias económicas, que comprenden en particular la desigualdad económica y el empleo; y 3) relaciones sociales que engloban, entre otros, problemas de exclusión social y marginalidad.

Una aproximación distinta a la concepción de la pobreza lo constituye el enfoque propuesto por Amartya Sen[2], conocido como “de las capacidades” y que se ha convertido —o está en vías de convertirse— en el paradigma dominante. Para este autor, la pobreza se puede concebir como la ausencia de capacidades para lograr funcionamientos valiosos, es decir las diversas cosas que las personas quieren hacer o ser, tales como estar bien alimentado o tener educación o participar en la vida de la comunidad. Los funcionamientos representan partes del estado de una persona, y la capacidad refleja combinaciones alternativas de los funcionamientos que esta puede lograr entre las que puede elegir un grupo determinado.

Sen distingue dos formas de concebir los intereses de las personas y de su cumplimiento, a saber, el “bien-estar” (weü-being) y la “ventaja” (advantage). El primero tiene que ver con los logros de las personas, es decir habla acerca de cuan “bien” está su “ser”, y el segundo considera las oportunidades reales que tienen las personas de ser o hacer, en comparación con otros (Sen, 1985: 3).

El análisis de la pobreza desde el punto de vista de las capacidades y funcionamientos sigue las mismas líneas que el de la evaluación del bienestar, pero identificando capacidades críticamente importantes que se asocian con necesidades consideradas básicas, como son educación, trabajo, nutrición, vestido, vivienda y salud.

En las aproximaciones tradicionales para comprender y medir el bienestar de las personas se toma en cuenta la posesión de bienes o de recursos para adquirirlos. Por supuesto, esta concepción es limitada, porque la tenencia de bienes o recursos no garantiza que estos se aprovecharán para agenciar el bienestar. Con el objeto de superar estas dificultades, Sen propone un enfoque basado en las características de los bienes y en la atención al modo en que son usados por las personas (Ibíd.: 6-11). A tal efecto, propone que los bienes deberían considerarse en términos de sus propiedades o características, pero tomando en cuenta también las formas en que las personas se aprovechan de estas características. Esta es la base del concepto de funcionamiento que se define formalmente como el logro de una persona, es decir lo que la persona logra hacer o ser (Ibíd.: 7) y cuan bien está tiene que ver con el tipo de vida que está llevando y cuál ha sido su éxito para “hacer” y “ser”.

Hay tres aspectos en relación a la medición de la pobreza que consideramos relevantes. El primero es que es un fenómeno que se manifiesta en poblaciones humanas, lo que justifica una aproximación a su medición como un problema estadístico. El segundo es que la pobreza debe considerarse como un proceso con una dinámica en el que las personas, o los hogares u otras agrupaciones, pueden entrar o salir de esa condición repetidas veces en su tránsito vital. Este aspecto también justifica un acercamiento desde la estadística, mediante el empleo de modelos estocásticos que representen su evolución a lo largo del tiempo. Podemos decir más, la naturaleza multidimensional del fenómeno puede ocasionar cambios en las privaciones que las personas sufren en el tiempo, los cuales pueden ser, en un momento, el acceso a la educación, pero en otro futuro podría ser lograr un empleo decente. El tercero tiene que ver con la unidad de investigación más apropiada. Aun cuando la pobreza se sufre de manera individual, las personas conviven en familias y hogares en los que las decisiones importantes, en relación a la salud, la vivienda o la educación de sus miembros, por ejemplo, se toman con la participación de todos los convivientes.

SOBRE LA MEDICIÓN DE LA POBREZA

La mayoría de los métodos conocidos de medición de la pobreza, se han ideado para su aplicación a nivel individual en lugar de considerar la medición a nivel poblacional. En el primer caso, la medición es un ejercicio de predicción estadística y en el segundo, un ejercicio de estimación estadística de un parámetro, o de una función de los parámetros que forman parte de un modelo —generalmente estocás-tico— construido, por ejemplo, para representar la dinámica del fenómeno verificado en una población determinada. En la medición a nivel individual, también se construye un modelo estadístico sobre el que apoyar la medición, aun cuando en algunas manifestaciones tal modelo esté presente de forma implícita.

Todo método de medición de la pobreza a nivel individual debe resolver dos problemas de carácter práctico: 1) la identificación de los individuos que se consideran pobres, y 2) la agregación del grado de bienestar alcanzado por esas personas en una medida integrada de pobreza.

Los distintos métodos empleados para la medición de la pobreza se han diferenciado en cuanto a si son absolutos o relativos, directos o indirectos, objetivos o subjetivos. La determinación de la condición de pobreza —de una persona, una familia o una agrupación mayor—, supone la existencia de una comparación contra algo. Cuando ese algo es un estándar absoluto, como por ejemplo los requerimientos nutri-cionales para no morir de inanición, se dice que el método de medición es absoluto, pero cuando el patrón de preferencia es el bienestar de los otros, entonces se habla de métodos relativos. En ocasiones esta distinción se le atribuye a la condición de pobreza en sí misma. Otro aspecto que diferencia a los métodos de medición es si la miden directa o indirectamente. En el primer caso una persona es pobre si no satisface una o varias necesidades básicas, como por ejemplo tener un lugar adecuado para vivir o estar nutrido. En el segundo caso, una persona es pobre si carece de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades. Finalmente, se distingue entre métodos objetivos — aquellos en los que los estándares, cualesquiera que estos sean, son fijados por los investigadores— y métodos subjetivos, en los que la definición de pobreza es recreada por la población estudiada y no por los investigadores que realizan la medición.

La medición de la pobreza en su forma tradicional valora el bienestar que una persona ha logrado o pudiera lograr en comparación con determinados estándares. La elección de los indicadores que registren ese bienestar requiere de la consideración de diversos elementos que determinan en qué grado los indicadores logran mayor validez y Habilidad en su propósito. Entre los elementos a considerar y dependiendo de la naturaleza del indicador seleccionado están el empleo del consumo o del ingreso y en cualquier caso, de si se utilizarán indicadores per cápita o para todo el hogar, el empleo de escalas de equivalencia para ajustar por las necesidades de cada miembro del hogar, la determinación de la proporción de los gastos en alimentos y en otros bienes y servicios, la identificación de los requerimientos nutricionales apropiados, el uso de indicadores antropométricos, la fijación de cuáles necesidades básicas se deben tomar en cuenta, la determinación del consumo calórico apropiado para cubrir los requerimientos nutricionales óptimos, la composición de la canasta de bienes y alimentos y la valoración de su costo, el uso de una o varias líneas de pobreza, el uso de indicadores relativos o absolutos.

Los métodos tradicionales para medir la pobreza en América Latina han sido principalmente el Método del Ingreso o de la Línea de la Pobreza (LP) y el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En el primero se establece el valor monetario de un conjunto de bienes y servicios para un umbral considerado como la frontera entre la pobreza y la no pobreza. De acuerdo a este método, un individuo se considera pobre si no supera el umbral mencionado. En el segundo se establece lo que se ha denominado necesidades básicas de un hogar y se cataloga a este como pobre o no pobre, según reúna todas las necesidades básicas o adolezca de al menos alguna de ellas.

El método NBI —también conocido como método directo— se empleó por primera vez en América Latina en la década del ochenta. En esa época, la CEPAL llevó a cabo estudios para establecer descripciones geográficas de la distribución espacial de carencias críticas de la población de un país, que permitieran el diseño y la aplicación eficiente de políticas sociales para luchar contra la pobreza. El método fue concebido para ser utilizado con datos provenientes de los Censos de Población y Vivienda y, por lo tanto, ensaya caracterizaciones de la pobreza y emplea definiciones operatorias que dependen de la base informativa, usualmente reducida, que proporcionan estas formas de recolección de datos. La evaluación de la condición de pobreza por este método depende de varios indicadores —usualmente cinco o seis— que corresponden a cuatro necesidades básicas, a saber: el acceso a viviendas con condiciones mínimas de habitabilidad, el acceso a servicios que garanticen niveles sanitarios mínimos para el hogar, el acceso a servicios de educación y, finalmente, la capacidad económica del hogar. Aun cuando las necesidades se han mantenido en la aplicación del método en los distintos países del ámbito latinoamericano, los indicadores precisos han variado de un país a otro. El índice global NBI se construye asignando el mismo peso a cada indicador parcial, de forma tal que el valor del índice para un hogar se determina tomando en cuenta el número de necesidades básicas que ese hogar no logra satisfacer. Así, un hogar se clasifica como “no pobre” si satisface todas sus necesidades, “pobre” si solo deja de satisfacer una necesidad y “pobre extremo” si deja de satisfacer más de una necesidad básica.

A diferencia del método NBI, el método LP intenta una evaluación indirecta del bienestar considerando el consumo de un conjunto de bienes para lograr un estándar de vida adecuado. El método establece que un hogar es pobre si su ingreso o su gasto no superan un umbral conocido como Línea de Pobreza. Existen diversas modalidades para generar Líneas de Pobreza (Feres y Mancero, 2001): el ingreso o gasto necesario para lograr un consumo calórico predeterminado del hogar, el costo de una canasta básica de consumo integrada por diversos bienes y servicios (método de las necesidades básicas), un porcentaje del ingreso medio o mediano de un país (método relativo) y el ingreso mínimo que el hogar estima necesario para vivir (método subjetivo). El costo de esta canasta se denomina Línea de Indigencia y los hogares cuyo ingreso no la superan se califican como “indigentes”. La conformación de la canasta de bienes alimentarios se hace con datos que aportan las encuestas de presupuestos y gastos familiares para representar las necesidades básicas de nutrición de un hogar promedio. El consumo no alimentario se determina como un porcentaje del alimentario y a tal efecto se emplea una constante basada en la Ley de Engel, relativa a la distribución del gasto entre bienes alimentarios y no alimentarios, como función del ingreso. Este valor se denomina Línea de Pobreza y los hogares con ingreso inferior a ese monto se consideran “pobres”.

Ambos métodos han sido criticados por diversas razones, el método LP se considera insuficiente para evaluar el bienestar de un hogar, porque aun cuando el ingreso facilita la adquisición de bienes y servicios que podrían producir condiciones de vida valiosas, nada asegura que ocurra de esta manera, además de que no toma en cuenta el consumo de bienes y servicios subsidiado por el Estado. El método NBI, aunque centra su atención directamente en condiciones de vida logradas por los hogares y toma en cuenta tanto el gasto público —consumo e inversión— como el gasto corriente del hogar, ha perdido utilidad con el transcurso del tiempo, al menos en su forma original, pues las dimensiones consideradas dependientes, como son las de la información censal, imponen restricciones severas que le restan utilidad.

Algunos investigadores han propuesto emplear el método NBI y el LP sobre la misma población y cruzar los resultados. De esta forma se obtienen cuatro grupos: 1) los pobres por ambos métodos que padecen de pobreza crónica; 2) los pobres por LP, pero no por NBI, caracterizados como “pobres recientes”; 3) los pobres por NBI, pero no por LP, denominados “pobres inerciales”; y 4) las personas que no resultan pobres por ninguno de los dos métodos y que se consideran integrados socialmente.

El PNUD propuso en 1990 la construcción de un índice para medir el desarrollo humano, conocido por el acrónimo IDH. La concepción del índice contempla varias opciones que todas las personas considerarían esenciales para el desarrollo humano, a saber disfrutar de una vida sana y prolongada, tener acceso al conocimiento, tener acceso a los recursos materiales necesarios para vivir una vida digna y poder participar en la vida de la comunidad y en los asuntos colectivos. Para captar estos elementos, el IDH incorpora cuatro indicadores de las opciones propuestas: 1) La esperanza de vida al nacimiento, 2) la tasa de alfabetización de adultos, 3) la tasa bruta de matriculación, y 4) el PIB per cápita. Estos indicadores se estandarizan llevándolos a una escala que varía entre 0 y 1, y posteriormente se promedian. La forma de estandarización permite establecer cuan distante está un país de lograr ciertas metas ideales para cada una de las dimensiones consideradas y también en forma sintética para su conjunto. Pero el IDH no es una medida de pobreza, aunque el desarrollo humano, como ha sido definido por el PNUD, se solapa —de manera negativa— con las múltiples definiciones de la pobreza que podemos encontrar en la literatura especializada. Con el propósito específico de la medición de la pobreza, esa organización propuso en su momento el índice de pobreza de capacidades (IPC), y los índices de pobreza humana (IPH-leIPH-2).

En 1996 se presenta el IPC como un índice multidimensional de pobreza que incluye tres indicadores: 1) el porcentaje de niños menores de cinco años con peso insuficiente, 2) el porcentaje de partos que no recibieron atención de personal capacitado y 3) el porcentaje de mujeres analfabetas de quince años o más. En este caso, se trata de un índice que establece la falta de capacidades en tres aspectos básicos del desarrollo humano, a saber tener una vida sana con alimentación adecuada, procrear con seguridad y estar alfabetizado y poseer conocimientos (Valdivieso, s/f).

El IPH se formuló en dos versiones, una para los países en desarrollo en 1997 (IPH-1) y otra para los países desarrollados al año siguiente (IPH-2). Ambas versiones se desarrollaron considerando los mismos elementos definitorios del IDH, pero empleando indicadores de privaciones asociadas. En particular, el IPH-1 incluyó: 1) la probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los cuarenta años multiplicada por 100; 2) la tasa de analfabetismo adulto; y 3) el promedio simple de la proporción de niños con peso insuficiente para su edad y el porcentaje de población sin acceso a una fuente de agua mejorada. Los tres indicadores se combinan de acuerdo a la expresión de una media ponderada de orden 3:

En una media de orden a>l se le da mayor peso o ponderación a las dimensiones con mayor privación. El valor a=3, sin ser excesivo, corresponde a la ponderación usada para calcular otros índices propuestos por el PNUD como el índice de desarrollo humano relativo al género. Estos índices sustituyeron al IPC sin las debidas explicaciones de por qué se efectuó el cambio.

Otro conjunto de índices para medir la pobreza, que se ha propuesto en la literatura y que tienen propiedades muy convenientes, son los de Foster-Greer-Thorbecke (FGT):

Cuando a=0 se obtiene el índice de recuento (H) o de conteo o preva-lencia o de incidencia de la pobreza:

Cuando a=1, entonces, obtenemos la brecha o intensidad de la pobreza, que viene dada por la expresión:

en donde ¡ip es el ingreso promedio de los pobres y el segundo factor representa la brecha promedio de ingresos como proporción de la línea de pobreza Z. P¡ se puede interpretar como el gasto medio per cápita —en relación a la línea de pobreza— en que se debería incurrir para eliminar la pobreza. Finalmente, cuando a=2 se obtiene un índice de la severidad de la pobreza:

Si el ingreso de los pobres se acerca a la línea de pobreza, P2 tenderá a 0, pero cuando el ingreso de los pobres sea muy pequeño P2 tenderá a H. En este índice los ingresos muy por debajo de la línea de la pobreza reciben una mayor ponderación, por lo tanto, P2 tiende a aumentar aun cuando el ingreso promedio de los pobres permanezca constante (Riutort, 2009).

Para concluir, señalaremos que se pueden estructurar medidas de la pobreza en las que se destaca su incidencia, intensidad y severidad empleando formulaciones basadas en la parametrización de la Curva de Lorenz. Recordamos que esta curva puede representar la distribución acumulada de los ingresos de una población determinada, atribuyendo a partes porcentuales de población —quintiles, deciles o per-centiles— las partes porcentuales del ingreso que reciben estos grupos. Además, una vez estimada la distribución del ingreso por este medio, podemos estimar la desigualdad en la percepción del ingreso empleando el coeficiente de Gini. Esta aproximación proporciona medios para profundizar en el análisis de la pobreza, estimando elasticidades de los indicadores de pobreza ante cambios de sus determinantes, es decir del ingreso, de la línea de pobreza y de los parámetros de la curva (ibídem).

EL CASO VENEZOLANO

La medición de la pobreza en Venezuela se ha venido realizando por organismos gubernamentales desde hace por lo menos cuarenta años. Uno de los primeros estudios sobre el particular fue realizado por Michel Chossudovsky (1977)[3], que produjo el primer mapa de la pobreza del país.

Posteriormente, las mediciones de pobreza fueron asumidas por la Oficina de Estadística e Informática, convertida luego en Instituto Nacional de Estadística (INE). La medición de la pobreza se ha llevado a cabo en nuestro país mediante la evaluación del bienestar individual producido por el consumo de bienes y servicios y su agregación para el grupo social considerado. El INE ha empleado tradicional-mente dos metodologías para la medición de la pobreza, a saber, el método NBI y el método LP. Como fuentes de datos para cada una de estas metodologías, se han utilizado los censos decenales de población y vivienda y la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), respectivamente. La EHM se ha venido llevando a cabo regularmente desde el año 1967, con una periodicidad anual y junto con el Censo de Población y Vivienda han sido los dos programas emblemáticos del INE.

La EHM es una encuesta por muestreo probabilístico, concebida para estudiar el mercado laboral que incluye también un conjunto de preguntas relativas a la vivienda, el hogar y características sociode-mográficas de sus miembros, con el fin de proporcionar un contexto social en el que ubicar los análisis de las variables del mercado laboral. En particular, la encuesta pregunta sobre el ingreso que obtienen los miembros del hogar por trabajo y por otras fuentes, pero la forma directa en que se realizan las preguntas correspondientes y la forma en que se elige al respondiente de la encuesta cuestionan la calidad del dato obtenido. Tal situación condujo al desarrollo de una metodología propuesta por la doctora Lourdes de Ferrán para la “corrección” del ingreso antes de utilizarlo en los cálculos de índice LP. Para ello se emplea información sobre el ingreso, proporcionada por la Encuesta de Presupuestos y Gastos Familiares (EPGF) del Banco Central de Venezuela. Se considera —no sin justa razón— que la EPGF determina el ingreso y el consumo de los hogares con mucha mayor confianza y calidad. Hasta donde conocemos, este procedimiento dejó de utilizarse en algún momento del pasado.

Como parte del trabajo sobre una línea de investigación en pobreza abierta, en la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la UCV, tuvimos oportunidad de constatar las discrepancias obtenidas en la estimación de la pobreza, por LP, para el Área Metropolitana de Caracas, empleando los datos de la EPGF y de la EHM que, por cierto, resultó bastante menor con la información del ingreso medido por la EPGF.

Cabe mencionar que tampoco —hasta donde abarca nuestro conocimiento— se han empleado escalas de equivalencia, cálculos específicos sobre el gasto en bienes no alimentarios, actualizaciones de las canasta de bienes y alimentos y la valoración de su costo en base a encuestas de consumo cuando la marcha económica y social así lo requieran, el uso de líneas de pobreza diferenciadas para distintas subpoblaciones de interés, como por ejemplo los sectores rurales y urbanos.

La academia, representada en universidades y organizaciones no gubernamentales, también ha incursionado en el tema de la medición de la pobreza. El trabajo más destacado en este ámbito lo ha venido llevando a cabo la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), a través de su Instituto de Investigaciones Económicas. Las mediciones de pobreza son muy costosas por las operaciones de captación de los datos y esta circunstancia limita severamente las posibilidades de mediciones enteramente autónomas por parte de organizaciones no gubernamentales. La academia —salvo la excepción del Programa Pobreza de la UCAB— se ha limitado por lo tanto al uso de las fuentes de datos oficiales, básicamente los censos de población y vivienda y la EHM, variando las metodologías de cálculo, bien sea para “corregir” determinados aspectos de los procedimientos oficiales que se consideran perfectibles —por ejemplo el uso de proporciones distintas de gasto en bienes no alimentarios para determinar el costo de la canasta de bienes empleada en el método LP—, o bien para construir índices con metodologías totalmente distintas, como el índice Sintético de Pobreza, desarrollado por el APGEA de la FACES de la UCV por encargo del Ministerio de la Familia, durante la segunda presidencia del doctor Rafael Caldera.

MÉTODOS RECIENTES DE MEDICIÓN

Quizás el desarrollo más reciente que vale la pena destacar es la propuesta de un índice Multidimensional de la Pobreza (IMP) avanzada por la Oxford Poverty & Human Devehpment Initiative (OPHI), de la Universidad de Oxford. Este índice fue adoptado por el PNUD a partir del 2010 de forma experimental como el índice que acompañará, desde ese momento, a los reportes anuales sobre Desarrollo Humano que el organismo patrocina desde 1990.

El IMP es un índice de pobreza multidimensional aguda conformado por 10 indicadores agrupados en tres dimensiones: salud, educación y estándar de vida. El índice realiza la agregación de las medidas de pobreza individuales, empleando la metodología propuesta por Sabina Alkire y James Foster (2007), ponderando cada dimensión y cada indicador dentro de cada dimensión con el mismo peso. En la Tabla 1 se presentan las dimensiones y los indicadores:

Un hogar se califica como “pobre multidimensional” si solo tiene privaciones en alguna combinación de indicadores, cuyo peso supere el 30% de las dimensiones. Cada persona de un hogar determinado se clasifica como pobre, o no, dependiendo de la cantidad de privaciones que sufre el hogar. A tal efecto, cada persona recibe un puntaje en cada uno de los 10 indicadores, siendo 10 el máximo que podría puntuar.

El valor del IPM se puede obtener como el producto de dos fracciones, a saber, la incidencia de pobreza (H) y la intensidad promedio de la privación o amplitud de la pobreza (A):

en donde q es el número de personas identificadas como multidimen-sionalmente pobres y n es el tamaño de la población total.

La intensidad o amplitud de la pobreza se definen como la proporción de las dimensiones en los hogares que sufren privaciones. Si denotamos el número de dimensiones por d entonces la amplitud viene dada por:

en donde el numerador representa el total de las privaciones ponderadas de aquellas personas identificadas como pobres multidimensionales.

Por ejemplo, si el IMP para una población determinada alcanza un valor de 0,45 y la incidencia H y la intensidad toman valores de 0,80 y 0,56 respectivamente, podemos afirmar que el 80% de las personas viven en hogares pobres y que la persona pobre promedio presenta privaciones en el 56% de los indicadores considerados. El IMP puede entonces interpretarse como una tasa de incidencia ajustada por la intensidad de la pobreza experimentada en la población evaluada.

El IMP tiene dos propiedades convenientes, en particular satisface el axioma de la monotonía dimensional y, además, se puede descomponer para subgrupos poblacionales. La monotonía dimensional asegura que para dos poblaciones R y S con la misma tasa de incidencia, pero con intensidades AS>AR, la población S tiene un IMP mayor que la población R. Por otro lado, la propiedad de la descomposición afirma que si una población se subdivide en dos subpoblaciones R y S, por ejemplo población rural y población urbana con tamaños nR y nS, respectivamente, entonces:

Adicionalmente, el IMP se puede descomponer por dimensiones y por indicadores, determinando en consecuencia las contribuciones que unas y otros aportan al índice global.

CONCLUSIONES

La medición de ¡a pobreza en Venezuela. Los organismos oficiales competentes[4] han empleado, básicamente, dos métodos de medición de la pobreza, el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el de la Línea de la Pobreza (LP). Ambas metodologías se han aplicado en versiones cuestionables, porque la fuente primaria de los datos ha sido la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), que realiza el INE de forma ininterrumpida desde el año 1967. Al emplear esta fuente de datos con el método NBI se pierde la posibilidad de construir los mapas de pobreza detallados, que facilitan los resultados censales. Se renuncia, por lo tanto, a la ventaja más valiosa del método. La debilidad fundamental de la EHM para soportar la medición de la pobreza por el método LP reside en la forma en que se recoge el dato del ingreso. En una época el INE empleó una metodología “correctora” del ingreso, lo que demuestra que desde siempre se ha reconocido esta debilidad, pero nunca se actuó para desarrollar métodos alternativos que resolvieran el problema de raíz, esto es la forma de captar la información del ingreso con esa o con otra encuesta por muestreo alternativa. Pero aun en el caso de que el dato del ingreso fuese apropiado, cabe mencionar que la metodología empleada a lo largo de los años siempre fue básicamente la misma, desestimando el empleo de escalas de equivalencia para el ajuste de las diferencias de necesidades a lo interno de los hogares, no incorporando modos más apropiados para establecer la proporción del gasto en bienes y en servicios distintos de los alimentarios, no diversificando el cálculo de líneas diferenciadas para distintas formas de segmentación social, como por ejemplo los sectores urbano y rural.

No ver, no oír, no decir. Los organismos oficiales encargados de la tarea de la medición de la pobreza en el país parecen estar sordos, ciegos y mudos ante la emergencia de nuevos métodos de medición que mejoran la aproximación al fenómeno. Enunciamos la frase, más que en su sentido místico oriental, en la tónica de no ver ni oír la injusticia ni expresar la propia insatisfacción. Los nuevos métodos suponen avances conceptuales que permiten apreciar mejor el fenómeno y en consecuencia actuar de manera más efectiva en el tratamiento del mismo, pero ello supone la voluntad de querer actuar guiados por una evaluación ajustada de la realidad. En el país —adicionalmente a la utilización de los métodos NBI y LP— los organismos competentes han prestado atención al cálculo del índice de Desarrollo Humano (IDH) y la elaboración de los informes correspondientes, pero el IDH no es una medición de la pobreza y los índices específicos desarrollados por el PNUD en el marco del Desarrollo Humano para medir la pobreza, a saber, el índice de Pobreza de Capacidades (IPC) y el índice de Pobreza Humana para los países en desarrollo (IPH-2) nunca formaron parte de los informes, si es que alguna vez fueron calculados. A partir del año 2010, el PNUD incorporó la propuesta surgida de la Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) de un índice Multivariante de Pobreza, en el que tampoco parecen interesados los decisores y altos funcionarios competentes, porque Venezuela está ausente en el conjunto de los países que participaron en su cálculo.

La cuadratura del círculo. Se puede encontrar en la mayoría de los tratados sobre la pobreza que la misma es un fenómeno multidimen-sional, pero tradicionalmente hemos intentado medirla empleando un solo índice sintético. Multidimensional significa que se manifiesta en varias dimensiones y en consecuencia necesitaremos de varios índices para dar cuenta fidedigna de su complejidad. En este sentido va la propuesta del IPM sugerida por el OPHI, aun cuando también termina combinando los valores obtenidos de cada dimensión en un único índice.

¿Qué hacer para mejor medir? Parece obvio que la respuesta tiene que determinar antes el para qué de la medición. No deja de tener razón el profesor Augusto de Venanzi cuando afirma que:

[...] el pensamiento sociológico se ha mostrado muy rico y diverso [...] La mencionada riqueza y variedad contrasta, sin embargo, con los modelos actuales que tratan la pobreza de manera aislada, como si esta simplemente fuese producto circunstancial de una coyuntura histórica, como la que atraviesan los países latinoamericanos, Venezuela incluida. También, como una condición que puede superarse por medio de la provisión gratuita de ciertos bienes y servicios básicos. En cuanto a la investigación que se deriva de esta perspectiva tomada de los organismos multilaterales que financian planes económicos y sociales, es eminentemente cuantitativa: determinar el número de población que vive en la pobreza, focalizar dicha población y seguir la evolución de los indicadores socioeconómicos relevantes (1996a, pp. 235-236).

Si se mide con el propósito de actuar en la asistencia de poblaciones carenciadas, entonces la urgencia de la necesidad requerirá seguramente del uso de indicadores simples, que permitan una acción efectiva y rápida. Si se quiere —en el otro extremo— comprender el fenómeno de manera racional, entonces el desarrollo de la teoría y la medición deben avanzar de manera conjunta. Para cumplir con este segundo propósito, los métodos de medición de la pobreza requieren de un aparato metodológico distinto de los reseñados en esta ponencia. En particular, el uso de los modelos de ecuaciones estructurales, que combinan la tradición econométrica con los aportes de la psico-metría, proporcionan una de las vías para lograr avances en los que la teoría enriquezca la medición y esta a su vez potencie el progreso teórico (Kuklys, 2005).

Los puntos sobre las íes. La pobreza es uno de los grandes problemas que estudia la ciencia social y es el tipo de entidad cuya medición se puede considerar como un problema de naturaleza estadística. Sea que consideremos su medición a nivel individual —personas, hogares, regiones— o a nivel poblacional, siempre está presente la categoría de población estadística. Su medición a nivel individual supone la predicción del valor de una variable aleatoria latente (pobreza) y su medición a nivel poblacional se reduce a la estimación de un parámetro o función de parámetros de un modelo estocástico que represente su dinámica en la población objeto.

BIBLIOGRAFÍA

Alkire, S. y Foster, J. 2007 “Counting and multidimensional Poverty Measurement”. Oxford Poverty and Human Development Initiative, Working Paper # 7. Oxford department of International Development (Universidad de Oxford).

Chossudovsky, M. 1977 La miseria en Venezuela (Valencia: Vadell Hermanos).

De Venanzi, A. 1996a “El concepto de pobreza en el pensamiento sociológico”. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2 (1), enero-junio, pp. 197-241.

_________ 1996b “El concepto de pobreza en la sociología latinoamericana. El caso de Venezuela”. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2 (2), julio-diciembre, pp. 72-116.

Feres, J. C. y Mancero, X. 2001 Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura. Estudios estadísticos y prospectivos, 4 (Santiago de Chile: NU/CEPAL/ECLAC).

Kuklys, W. 2005 Amartya Sen’s Capability Approach. Theorethical Inshigts and Empirical Applications (Berlín: Springer-Verlag).

PNUD 2010 Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano (Nueva York: PNUD).

Riutort, M. 2009 Ingreso, desigualdad y pobreza en Venezuela. Aspectos metodológicos y evidencia empírica (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello).

Sen, A. 1985 Commodities and Capabilities (Amsterdam: North-Holland).

Spicker, P. (s/f) “Measuring child poverty: a response to the consultant document” en <http://paulspicker.files.wordpress. com/2013/01/spicker-submisssion-re-measuring-child-poverty-2013.pdf>.

Valdivieso, C. (s/f) Medición de la pobreza y el desarrollo humano, dos extremos de los mismos ejes en <http://www.escuelapnud.org/ biblioteca/documentos/abiertos/dadh-u2_pobreza.pdf>.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Camardiel, A.; Vásquez, M. y Ramírez, G. 2000 “Una propuesta para la construcción de un índice sintético de pobreza”. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, VI (1), ene-jul.

Ramírez, G.; Camardiel, A. y Vásquez, M. 2002 “Prueba piloto y validación del índice sintético de pobreza”. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, VIH (1), ene-jun.

Vásquez, M.; Ramírez, G. y Camardiel, A. 2001 “Un procedimiento para la cuantificación de variables cualitativas basado en los principios de la promediación recíproca y el análisis de homogeneidad”. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, VII (1), ene-jun.

Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y responsable estadístico de estudios cuantitativos en el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). Es licenciado en Estadística por la UCV (1968) y Master of Science por la Universidad de Stanford (1973). Entre los campos de actividad académica más relevantes están el Diseño Estadístico de Investigaciones, el Análisis de Datos, los Métodos Multivariantes y las aplicaciones de la Estadística en Ciencias Sociales. En relación con la pobreza, ha investigado sobre su conceptualización, la medición cuantitativa del fenómeno, el análisis crítico de los diferentes métodos de medición existentes, el análisis crítico de fuentes de información disponibles en Venezuela, el estudio de su dinámica, la construcción de índices de pobreza, el análisis estadístico de los datos de pobreza y el mejor uso de los resultados de los estudios de pobreza para la elaboración de políticas que permitan atenuarla.↵

Este enfoque ha sido adoptado en el esfuerzo desplegado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde 1990, en la promoción del concepto de Desarrollo Humano, que en su última versión oficial se explica en los siguientes términos: "El desarrollo humano supone la expresión de la libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren valorables; y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que comparten. Las personas son los beneficiarios e impulsores del desarrollo humano, ya sea como individuos o grupos" (PNUD, 2010: 2-3).↵

Economista canadiense contratado por la entonces Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (Cordiplan).↵

Es necesario aclarar que cuando nos referimos a los organismos oficiales competentes, encargados de la tarea de medición de la pobreza, no nos referimos en particular a su personal técnico ni a su competencia profesional. Hemos conocido y todavía conocemos a muchos de sus funcionarios y no dudamos de su solvencia técnica y ética. Cuando nos referimos a los organismos estamos pensando en los decisores gubernamentales de alto nivel, que determinan orientaciones y rumbos de estas oficinas, incluyendo claro está la aprobación de los recursos que tal o cual programa demanda para su puesta en práctica.↵

32

4

PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN

33

Héctor Constant Rosales[1] 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RECONSTRUYENDO EL SUR

RESULTA YA UN LUGAR COMÚN, al menos en este punto del hemisferio, señalar que la última década en América Latina y el Caribe ha supuesto un importante redimensionamiento de todas sus esferas internas y externas. Pero es complicado no reiterarlo, habida cuenta del impacto que ello ha generado directa e indirectamente en las relaciones internacionales y en la balanza de poder mundial. De aquí que este breve ensayo se proponga disertar sobre esta realidad, en un contexto de amplia discusión sobre el estado de las ciencias sociales que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) promueve en Venezuela, con la participación entusiasta de los centros afiliados del país.

En función de los intereses reflejados por la audiencia durante la sesión de intervenciones posterior a las ponencias presentadas, así como al interés didáctico del escrito, se presentarán tres apartados que buscan visualizar algunas de las características del redimensiona-miento latinoamericano-caribeño en los últimos años, teniendo como elemento central el papel de la región en la reconstrucción del “Sur”, noción geopolítica que nos atañe particularmente por la dimensión conceptual que engloba.

EL SUR EN EL SIGLO XXI. PAPEL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALYC) EN LA DIGNIFICACIÓN DE UN “PASADO FUTURISTA”

Pudiera pensarse, para las nuevas generaciones que han empezado a tomar conciencia política en este milenio, que el tema del Sur es un concepto novedoso o etéreo, una mera descripción cardinal de carácter geográfico. Lo cierto es que el Sur —que empieza a delinearse en el momento de las independencias hispanoamericanas— cobra particular auge entre los años cincuenta y setenta del siglo XX, al fragor del “Espíritu de Bandung” (proceso de independencia de las colonias europeas de África y Asia) que deriva en el Movimiento de los No Alineados y el Grupo de los 77. A partir de entonces, el Norte y el Sur empezarán a reflejarse como dos mundos heterogéneos, enfrentados a realidades disímiles en un proceso de complejas retroalimentaciones sociales, políticas, económicas y culturales:

Desaparecida la confrontación Este-Oeste, permanece vigente el otro paradigma, él [sic] de las relaciones Norte-Sur, países desarrollados frente a países subdesarrollados. [...] Los Estados del Sur reclamaban una estructura internacional más justa para el desenvolvimiento de sus economías, sus políticas exteriores autonómicas se encaminaban en esa dirección. Ese comportamiento internacional se centró inicial-mente en la solicitud de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) que contemplaba, entre otras cosas, la creación de fondos internacionales para la ayuda al Tercer Mundo, traspaso de tecnología, traspaso de la producción industrial hacia los países del Sur y la revalorización de las materias primas que se importaban desde los países subdesarrollados (Carrillo Volcán, 1998: 70).

En el siglo XXI la novedad radica en el hecho de que a pesar de manifestar desafíos similares, propios de la globalización de los fenómenos y de la cada vez mayor interdependencia en los planos económicos, ambientales y políticos, el Norte y el Sur construyen soluciones y agendas que los distancian cada vez más en un escenario de enfren-tamientos recurrentes de dimensiones variables. Así las cosas, pudiéramos señalar a un Norte compuesto por Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Israel, Rusia, Australia y Japón; y a un Sur integrado por América Latina y el Caribe, África y Asia. Como ya se ha hecho notar, dentro de ambas masas geográficas hacen juego notables diferenciaciones, como es el caso de China o Rusia, cuyas posiciones hacen eco de un juego de equilibrios de poder que sería preciso detallar en otro análisis[2]. Tantas son las heterogeneidades, que debemos incluso diferenciar las acciones gubernamentales del sentir de las poblaciones de esas mismas regiones, ya que es mucho más probable encontrar similitud en las reivindicaciones sociales de los pueblos del Norte y del Sur, que en el accionar político de los gobiernos de ambas zonas.

Sin ser exclusiva o excluyente, la tipificación anterior permite, no obstante, generar un marco de entendimiento para la identificación de las macroagendas internas y multilaterales de Norte y Sur. En materia de inmigración, ambiente o desarrollo económico, por ejemplo, la acción del Norte será más conservadora, defensora de un desarrollismo a ultranza, promotora de la expansión del capital transnacional y mantendrá crecimientos permanentes de tendencias políticas militaristas o de ultraderecha. En las mismas materias, el Sur se reconocerá por avanzar en propuestas alternativas al ecocidio y a la arquitectura financiera tradicional, condenando toda criminalización de los migrantes y sus familias.

Lejos de simplificaciones infundadas, la diferenciación de agendas es un rasgo que se ha acentuado en el siglo XXI y en el cual ALyC ha jugado un papel estelar. En efecto, con el cambio político surgido en la región a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder, seguido por otro conjunto de líderes de izquierda como Lula, los Kirchner, Evo Morales, Pepe Mujica o Rafael Correa, el discurso y accionar internacional empezaron a estar cada vez más alejados vis-á-vis del Norte, lo que se evidenció en una crítica pública cada vez más creciente, desde entonces, a cualquier manifestación hegemónica. Ello dio un impulso a la reconstitución de lo que podríamos denominar un “discurso del Sur”, en el cual se combinan referencias a un pasado glorioso o de resistencia, junto a una idea futurista de progreso y desarrollo; es lo que hemos catalogado como “pasado futurista”.

Dicho “pasado futurista” reivindica, en primera instancia, el pensamiento de la resistencia originaria en América y la gesta inde-pendentista del siglo XIX. Basado en nociones como independencia, antihegemonía, soberanía, integración o resistencia cultural, el “discurso del Sur” que crece en ALyC incorpora lógicamente una marcada contraposición al pasado intervencionista en la región, ubicando a Estados Unidos —y en menor medida a la Unión Europea— como sus principales victimarios. Pero el discurso del Sur que se inicia en este siglo trasciende fronteras y se encuentra con un discurso similar en el Oriente Medio, en África o en potencias intermedias como China, en donde también se rescata, por ejemplo, el ideal panarabista o la reivindicación cultural subsahariana.

Para lograr ser efectivo y trascendente, este “discurso del Sur” ha venido acompañado en la región latinoamericano-caribeña de una acción sostenida para sentar las bases de un nuevo relacionamiento mundial. Y probablemente el principal elemento para lograrlo sea el crecimiento de nuevas modalidades integracionistas que han buscado, con mayor o menor éxito, construir un bloque unificado que genere mayor peso al Sur en unas relaciones internacionales todavía minadas de conflictos y pesadumbre social.

FRAGMENTACIÓN Y DESFRAGMENTACIÓN EN EL CONTINENTE

Uno de los principales aportes de ALyC a la reconstitución del Sur en el siglo XXI es su camino avanzado en materia de integración. Si bien una mirada rasante a la actualidad podría advertir mayor fragmentación regional a la luz de un mayor número de esquemas de integración y concertación que los existentes hace una década, un estudio más pausado obligaría a visualizar los distintos elementos, avances y desafíos que se han conocido para coadyuvar a la desfragmentación. Más que numerar la cantidad de mecanismos de integración antes y después de inicios de este siglo, lo que nos ocupa en este apartado es ponderar cualitativamente el fenómeno. Al realizar un estudio sobre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Preciado y Florido (2013: 191-192) señalan que la era postneoliberal en ALyC tiene, entre otras características, los siguientes matices de integración: una integración postneoliberal de corte comunitario con coalición partidaria de hegemonía de izquierda —Unasur, Mercosur y CAN—; una integración postneoliberal de tendencia contrahegemó-nica y de coalición popular, no necesariamente partidaria —ALBA—; una integración neoliberal ortodoxa con intentos hegemónicos desde el gobierno mexicano —TLCAN, CAFTA, CARICOM—; y una integración neoliberal ortodoxa desde la diversificación de las relaciones internacionales, que serían los países que promueven por ejemplo tratados comerciales con Washington o la Unión Europea.

El nacimiento de la hoy Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) constituyó un importante hito en la historia de la integración regional en el Sur, pues es el primer mecanismo que surge con una lógica distinta a la integración económica tradicional de corte europeo. Pero, más allá de ello, es el primer esquema de integración que se reconoce como un espacio contrahegemónico, para lo cual idea nuevos conceptos de relacionamiento entre sus miembros e incorpora en sus declaraciones una retórica francamente antisistema, a tono con el “discurso del Sur” esbozado en el segmento anterior:

En América Latina y el Caribe se configura lo que se denominará como Nuevo Regionalismo Estratégico [...] caracterizado, primero, por un énfasis en los elementos del viejo regionalismo estratégico, especialmente la creación de empresas estratégicas, productos y sectores, y las alianzas comerciales e industriales vinculadas al rol del Estado como un actor estratégico. Segundo, el concepto de multidimensionalidad más allá del ámbito económico y los elementos comunes emergentes que caracterizan el modelo socioeconómico del ALBA-TCP. Tercero, las políticas económicas articuladas alrededor del concepto de soberanía y la conformación de un accionar regional en torno a ellas (Aponte García, 2013: 241-242).

El ALBA-TCP viene además acompañado de una red de propuestas en los ámbitos más diversos de la acción gubernamental de sus miembros —energético, cultural, financiero—, lo cual hace de su multidimensionalidad una propuesta innovadora. Por otro lado, y salvo la experiencia de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) de los años noventa, que bajo influencia mexicana —y en menor medida venezolana— trató de generar una concertación de los Estados insulares y continentales del Caribe, el ALBA-TCP es el primer esquema de integración que logra reunir países de América del Sur con el Caribe de una manera fluida. Justamente, el hecho de que hoy en día el Caribe se sienta parte de la masa geográfica de América es parte de los logros de este nuevo Sur que se reconfigura.

Luego del ALBA-TCP, se conocen igualmente otros momentos de trascendencia integracionista, con la llegada de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en 2006 y la Celac en 2011, así como con el redimensionamiento del Mercosur. Todos estos surgimientos se dan de forma paralela al declive de espacios tradicionales como la Comunidad Andina (CAN), la misma AEC o el Sistema Económico Latinoamericano (SELA). De manera concomitante, durante el período de surgimiento de estos nuevos mecanismos, ALyC conoció un importante reforzamiento de la figura presidencialista a través de permanentes reuniones a nivel de Jefes de Estado de toda la región —caso Celac y sus antecedentes— o la subregión suramericana —caso Unasur y Mer-cosur con la adhesión de Venezuela y la ampliación de sus Estados Asociados—, algo hasta ahora inusual y extraordinario. Ello permitió, por un lado, avanzar en la generación de esta nueva institucionalidad y, por otro, generar una empatia estratégica en la consolidación del “discurso del Sur” y su accionar con una neta visión política:

Para los que ahora observan la intensidad de la agenda regional, es difícil imaginar que, hasta hace poco, los líderes del continente nunca se habían reunido. Hace diez años, la articulación de Sudamérica era apenas un sueño. Hoy en día es una realidad. [...] En su esencia, la Unasur es el marco en el que se busca articular las relaciones de aproximación e integración entre los países de Sudamérica en diversos campos. El objetivo declarado de la Unasur no es convertirse en un bloque comercial en el corto plazo, sino ampliar las posibilidades en las áreas de infraestructura, inversión y energía, además de otras posibles, tales como la seguridad y la política de defensa, la política social, la educación y la salud (Simoes, 2011: 16-26).

Aunque la mayor dificultad de la permanencia de todos estos espacios es la articulación y coherencia de las agendas[3] —con el riesgo de duplicidad de esfuerzos que supone— resulta interesante verificar que la región ha logrado madurar en el manejo de sus potenciales desacuerdos, como lo demostró por ejemplo la superación del bombardeo de Colombia a Ecuador en el año 2008. Y aun con sus bemoles, los golpes de Estado en Honduras o en Paraguay generaron un amplio repudio y posiciones distantes de la tradicionalmente influyente postura estadounidense. Incluso en Centroamérica —zona de influencia mayor para Estados Unidos— la misma crisis del capitalismo global sumada a presiones populares en determinados momentos y/o a la presencia de gobiernos no tan dóciles como antaño, se ha podido avanzar en algunos mecanismos autonómicos, como la tendencia hacia una integración financiera de las bancas nacionales de la subregión (Gandásegui, 2013).

Y es que, a nuestro juicio, el elemento que mejor engloba la estrategia de desfragmentación actualmente presente en ALyC es justamente el consenso de los mandatarios para avanzar en metas comunes, sin que ello nos obligue a caer en una excesiva ingenuidad para suponer que todos los obstáculos del camino están superados. Si el rudo golpe de fuerza de la región contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) promovido por Estados Unidos supuso una victoria en el camino de la desfragmentación, la permanencia de la lógica de los Tratados de Libre Comercio bilaterales y las campañas de desprestigio contra los gobiernos progresistas, orquestadas muchas veces en el Norte[4], son dificultades todavía vigentes. Asimismo, habrá que hacer seguimiento al desarrollo de la “Alianza del Pacífico”, que fue considerada por algunos como un mecanismo de contrapeso a la “ideologización” bolivariana de ALyC.

Sin embargo, cuando el “discurso del Sur” se acompaña de una acción integracionista y de desfragmentación en ALyC, estamos sentando las bases para que la reconstitución del Sur sea certera, habida cuenta de que a mayor integración del Sur mayor será el peso de la región en la balanza en las relaciones mundiales, así como menores las posibilidades de enfrentamientos que atenten contra la estabilidad continental.

SOBERANÍA, COMERCIO, FINANZAS, ENERGÍA Y PUEBLO. LA VANGUARDIA DE LA AMÉRICA DEL SUR

En el caso de ALyC, tanto el “discurso del Sur” como su accionar han orbitado alrededor de varios principios rectores que han servido de escudos y acicates a la heterogeneidad existente en la región: auto-nomismo, independencia y soberanía. Ello no quiere decir que tales principios hayan sido interpretados de forma similar por todos los gobiernos de la zona, pero sí que constituyen, al menos entre los años 2000 y 2010, un marco de entendimiento mínimo.

1. LOS ANTECEDENTES: DOCTRINA BOLIVARIANA EN EL SUR

El siglo XIX latinoamericano fue una centuria llena no solo de acción militar sino también de intelecto y visión futurista. La mayoría de los proceres independentistas combinaron su acción bélica con una prolífica creación literaria, que orientaba el nacimiento de las nuevas repúblicas. El Libertador Simón Bolívar destacó particularmente con su genio y claridad conceptual en la concepción de una América libre e independiente, plasmando incluso las bases de lo que constituiría luego el Derecho Internacional Americano (DÍA), en clara contraposición a las pretensiones hegemónicas unilaterales de los nacientes Estados Unidos, que se manifestarían de forma creciente con el avance del tiempo.

Podemos afirmar que el sueño de Bolívar, en materia regional, estuvo referido a la conformación de lo que denominaremos un “bloque de poder autónomo”. A pesar de los condicionantes internos —grupos de poder, falta de conciencia popular, secesionismo— y externos —panamericanismo, peligro de reconquista— con que tuvo que enfrentarse, Bolívar generó lo que podría considerarse uno de los primeros ensayos de interpretación sistémica de la realidad. Mediante una comprensión del plano interno (nacional y regional) y del plano externo (regional e internacional) de la América recién independizada, el Libertador encaminó su acción de hombre de Estado hacia el fortalecimiento de dos premisas básicas: la libertad y la independencia.

Pero la libertad y la independencia para Bolívar no podrían lograrse sin la unión y confederación de las noveles repúblicas, con lo cual la formación de la ciudadanía y la acción de los Estados debían conllevar hacia la consolidación de la unión del Sur. No siendo nuestro propósito profundizar sobre el pensamiento bolivariano, afirmaremos no obstante que, en la medida en que Bolívar construía su pensamiento, se iba constituyendo una doctrina bolivariana con múltiples y notables aristas en diversos temas, y con unos rasgos significativos para la interpretación actual de la visión venezolana del mundo.

Dignidad, solidaridad, respeto, soberanía, autodeterminación, igualdad, libertad, derechos humanos, son todos principios bolivaria-nos que han sido complementados con el pasar de los años por numerosos autores y protagonistas de Nuestramérica, y que constituyen un legado fundamental en la nueva visión del Sur. Y, así como afirmamos en los componentes del discurso del Sur, es a partir del reconocimiento de este legado —junto a la reivindicación de las luchas originarias y afrodescendientes— que se recupera la concepción de soberanía y autonomía de ALyC en el siglo XXI.

2. SOBERANÍA MULTIDIMENSIONAL

La permanente referencia a los conceptos de soberanía e independencia puede encontrarse inicialmente en la retórica fuertemente antihe-gemónica de Hugo Chávez en Venezuela, la cual se recrudece luego del golpe de Estado del año 2002 y en la medida en que la alianza con Cuba se hace más estrecha. Pero esta retórica, que a pesar de los matices será igualmente fecunda en otros líderes como Lula, Kirchner, Morales o Correa, genera el espacio adecuado para un repliegue de la influencia estadounidense en la zona y para el desarrollo de propuestas alternativas que alimenten la autonomía regional.

Sería poco ajustado a la verdad afirmar que la retórica antihege-mónica o antiimperialista se limita y enmarca exclusivamente a los mandatarios en un período tan contemporáneo. Numerosos fueron los personajes, movimientos y procesos políticos que mantuvieron una lógica de resistencia social o cultural en ALyC durante los siglos XIX y XX, luego del proceso independentista, si bien casi todos fueron diezmados por la bota imperial. Las últimas décadas del siglo XX, con el terrible saldo social y económico que lega el neoliberalismo, potencian el sentimiento de desprestigio hacia la política exterior de Estados Unidos, lo cual recrudece todavía más bajo la belicista administración de George W. Bush:

La hostilidad hacia el imperialismo es un dato fácil de corroborar en todos los países de Latinoamérica. El deslumbramiento que acompañó la primavera de Clinton ha sido reemplazado por un contundente rechazo a Bush [...] En este cuadro son muchos los gobiernos que ya no obedecen ciegamente a los mandatos del Norte. La vieja subordinación del pasado no funciona, ni permite preservar el statu quo. [...] Es evidente que el despertar antiimperialista en curso en América Latina se apoya en la erosión del neoliberalismo (Katz, 2007: 140-141).

Teniendo pues un caldo de cultivo social proclive al antiimperialismo, además de un certero liderazgo para canalizarlo, la adopción de medidas autonómicas se hace más plausible. Si en el ámbito político las medidas se reflejan en el nacimiento de los ya comentados mecanismos de integración, en el ámbito económico la marcha será más lenta, pero no menos innovadora.

En el caso del ALBA-TCP, y a partir de las cuantiosas reservas de petróleo de Venezuela, utilizadas ahora con una visión solidaria, aparecerán iniciativas como Petrocaribe, cuyo fin ha sido generar una mayor cooperación energética en la zona caribeña, a través de una política de financiamiento de la factura petrolera a países del Caribe insular y Centroamérica, con el aditivo de la constitución de un fondo social —el Fondo ALBA CARIBE—, en el cual se reinvierten parte de los pagos. Al año 2013 existían 88 proyectos en ejecución en 13 países beneficiados y con una inversión superior a los 200 millones de dólares (Petrocaribe, 2013: 12).

Por sí solo, el ALBA-TCP busca potenciar el principio de soberanía como respuesta a las distintas crisis del sistema global en sus vertientes militar, alimentaria, climática o financiera. Un interesante aporte conceptual en la materia se ha constituido con el advenimiento de las “empresas grannacionales”, en contraposición a las empresas transnacionales, que dan cuenta del fortalecimiento del Estado en la actividad productiva y la redistribución de ganancias; asimismo, en la lógica del Tratado de Comercio de los Pueblos, se busca potenciar las “ventajas cooperativas” entre los distintos eslabones de la cadena productiva regional, evitando la lógica de las ventajas competitivas, propias de la escuela tradicional de la integración.

En el ALBA-TCP la soberanía se ha tornado un asunto crucial en la búsqueda contemporánea para construir un nuevo regionalismo estratégico. El concepto de soberanía está siendo, cada vez más, construido alrededor de la economía política internacional, marcada por la diferenciación y la dinámica entre las compañías nacionales —incluyendo las empresas estatales y las privadas— e internacionales, particularmente en los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Más aún, en una economía política que busca construir alternativas a los mecanismos y a las instituciones financieras y comerciales, esta búsqueda está tomando forma dentro de la triple crisis de alimentos, energía y finanzas (Aponte García, 2013: 251).

Pero la propuesta más original vendrá de la mano de lo que se ha denominado Nueva Arquitectura Financiera Internacional, que conoce un repunte a partir de 2007 con los coletazos de la crisis del capitalismo manifestada en los sectores bancario, inmobiliario y de empleo, en el Norte:

A Nova Arquitetura Financiera Regional comeca a ser discutida, no ámbito da Uniáo de Nacoes Sul-Americanas (Unasul), no momento em que mais urna crisie da economía mundial se apresenta (2007-2008), como urna forma de diminuir a dependencia da regiáo dos fluxos financieros internacionais, reducir os custos, facilitar a obtencáo de divisas para o comercio e financiar de maneira autónoma o desenvolvimento na regiáo. Esta Nova Arquitetura Financiera Región está assentada em tres pilares. O primeiro deles seria a criacáo de um fundo regional de contingencia, que teria a funcáo de gerenciar problemas de liquidez de curto prazo das economías componentes. [...] O segundo pilar [...] seria a criacáo de um banco de desenvolvimento regional. [...] O terceiro [...] seria a construcáo de um espaco monetario regional, urna especie de unidade de conta regional, que nao necesariamente se desdobraria em urna moeda comum para as diversas economías da regiáo, más que permitiría a criacáo de um sistema de pagamentos regional assentado na menor dependencia das moedas conversíveis, em especial do dólar, ñas transacoes intrarregionais (Dias, 2011: 259-260).

De estos tres pilares, se ha avanzado sustancialmente en dos: el sistema de pagos, cuyo ejemplo más tangible es el SUCRE —si bien se han adelantado otras experiencias de pagos en moneda local en el Cono Sur— y el Banco de Desarrollo o Banco del Sur. Obviamente, y máxime con la existencia de economías todavía dolarizadas como la de Ecuador, la permanencia del dólar como moneda de cambio supone un desafío para el fortalecimiento de una arquitectura financiera de nuevo cuño.

Es fundamental reconocer que el Banco del Sur y el SUCRE son iniciativas que responden a un momento histórico con ciertas especificidades que vale la pena rescatar. En primer lugar, son el resultado de un replanteamiento de la integración en América Latina:

[...] el repunte de la voluntad integracionista tiene como correlato un aumento del dinamismo político y económico de la región suramerica-na en los últimos años. [...] Por último, estas instituciones alternativas nacen al calor de una severa crisis económica y sistémica [...] del capitalismo autorregulado del siglo XXI (Rosales, 2012: 157).

Aunque en el caso del Banco del Sur, todavía no ha podido avanzarse más en su puesta en vigencia por discusiones entre los socios, entre otros temas sobre la estructura de su capital accionario, ambas iniciativas se inscriben en la reconceptualización de la soberanía financiera, que tiene en el Sur su principal expresión como alternativas de desarrollo económico que permitan generar fondos de inversión o políticas crediticias, destinadas a infraestructura y sector productivo. Como en alguna ocasión adelantara el presidente Hugo Chávez, el solo hecho de repatriar las reservas internacionales a un banco regional, ya constituiría un inequívoco signo de independencia.

Para finalizar el acápite de la soberanía multidimensional, es justo que hagamos mención a la vertiente de seguridad que ha prevalecido en la zona en los últimos años. Efectivamente, y a pesar del esfuerzo de desfragmentación —mantenido desde Washington a través de diversos medios, como el Plan Colombia—, ALyC ha logrado mantenerse y consolidarse como una zona de paz y estabilidad democrática. Esta afirmación no es de menor trascendencia cuando se aprecia que buena parte del Sur —particularmente Medio Oriente y África— todavía enfrenta ingentes conflictos a causa de intervencionismos foráneos o disidencias intrarregionales.

Tal es la magnitud de esta entente cordial en la región a favor de la estabilidad, que a partir del año 2008 la estrategia fragmentadora extrarregional —con sus agentes internos— fue mucho más directa y agresiva: a la invasión y bombardeo de Colombia a Ecuador en marzo de 2008, en un operativo de persecución a guerrilleros neogranadinos le siguen los referidos golpes de Estado en Honduras y Paraguay. En los tres casos, la acción concertada de la región para superar la crisis fue magistral. Luego del malestar inicial de cada acción (fundamentalmente en el seno de las sociedades y gobiernos progresistas), la estrategia de regionalizar la solución a la crisis fue el elemento clave para mantener la paz y preservar las alianzas políticas.

Con Colombia, la reunión extraordinaria del Grupo de Río así como la postura coincidente en el marco de Unasur, sirvieron para recomponer la situación y generar el diseño de medidas de confianza militar, intercambio de estadísticas armamentistas y el estudio conjunto de la estrategia bélica estadounidense. Con Honduras y Paraguay jugó —sobre todo en los países alineados con la opción con-trahegemónica de AlyC— el desprestigio y no reconocimiento de los golpistas, llegando incluso al inédito caso de suspender al gobierno de facto paraguayo del Mercosur. De esta manera, en las tres oportunidades se aisló a los grupos fragmentadores, se dejó en evidencia a los actores y sus intereses y se consolidó el ejercicio de una diplomacia regionalista, en la cual los presidentes Chávez, Lula y Kirchner jugaron un papel estelar.

3. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y AGENDAS GUBERNAMENTALES: LOS DESAFÍOS DE ALYC PARA UN SUR REPOTENCIADO

A manera de epflogo, deseamos considerar brevemente tres puntos adicionales que representan desafíos para lograr una mayor y mejor consolidación del Sur desde ALyC. Todos los procesos que se han adelantado en la región, y que han sido abordados resumidamente con fines didácticos en líneas anteriores, han tenido como eje legitimador la participación —en mayor o menor grado— de las sociedades. Desde la democracia participativa venezolana hasta la revolución ciudadana del Ecuador, el liderazgo regional ha venido acompañado de un considerable sentir popular (incluso en gobiernos de derecha o centrodere-cha como el colombiano), que ha servido de muro de contención para el incremento de la hegemonía[5].

Si bien tal apoyo social viene primariamente relacionado con el grado de estabilidad social, política o económica que los gobiernos inspiran, no puede dejar de pensarse que existe un mayor grado de conciencia política en la zona y una mejor comprensión de los beneficios de la visión estratégica regional, construida desde inicios de siglo.

Así las cosas, un mayor fortalecimiento del Sur, desde esta Nuestra América, vendrá de la mano de una necesaria, acelerada y creciente relación entre los gobiernos y las demandas sociales, bajo la lógica de que la integración regional, la soberanía y la contrahegemonía se traducen en beneficios tangibles. Uno de los grandes problemas que presentó la integración regional en décadas anteriores fue precisamente ese divorcio con la ciudadanía; actualmente, y a pesar de una masa mediática transnacional, que todavía tiende a hacerle juego a la fragmentación, hay mayores posibilidades de continuar profundizando el papel de ALyC en la repotenciación del Sur: participación de Brasil en los BRICS, crecimiento del comercio intrarregional, crecimiento del Mercosur como espacio de articulación económica, soberanía en las decisiones estratégicas, empatia de liderazgos, entre otros. Pero todo ello pasa por una integración con rostro social cada vez mayor.

El segundo elemento, corolario del primero, tiene que ver con la preservación de las riquezas naturales de la región. Petróleo, agua dulce, minerales raros, fauna y flora son sorprendentemente abundantes en ALyC y por ello son fuente de apetencia para el Norte, así como para países en crecimiento sostenido, como China, que a pesar de su importante papel de aliado presentará una demanda cada vez mayor de recursos naturales. En el caso de Estados Unidos, según Bruckmann (2011), la estrategia científica se articula con su política exterior, a fines de evitar cualquier impedimento en el suministro de los recursos considerados vitales; y esta afirmación resulta sensible cuando de 21 minerales en los cuales Estados Unidos presenta “vulnerabilidad total”, 17 son importados principalmente de Brasil y México (ídem). Una estrategia de soberanía en los recursos de ALyC, que pasa igualmente por evitar políticas desarrollistas ecocidas en la zona, garantiza un peso considerable para el Sur, sobre todo en un contexto en el cual ha crecido la presencia transnacional en África y Oriente Medio, en lo que pareciera una nueva carrera colonial por el control de los recursos.

Finalmente, para que el Sur acreciente su protagonismo es preciso que ALyC logre articular mayores espacios de encuentro con sus regiones hermanas, así como con aquellos movimientos y sectores sociales del Norte que se identifican con las reivindicaciones del Sur. La celebración de varias reuniones de alto nivel con África, Asia o Medio Oriente en los últimos cinco años, ha servido para afinar los discursos colectivos y compartidos. Pero la acción debe trascender la retórica, lo cual quiere decir que “el discurso del Sur” debe venir acompañado de un accionar de transformación. Un buen ejemplo de la fortaleza del Sur lo constituyó la II Cumbre de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) del año 2000, realizada en Caracas, en la cual se incidió en el mercado petrolero mundial. La idea es lograr que los éxitos de ALyC, dentro de los cuales destaca obligatoriamente la construcción y consolidación de una zona de paz regional, formen parte del acervo mundial del Sur. En definitiva, como bien demuestra la polaridad, mientras más al Norte vayamos más al Sur llegaremos.

BIBLIOGRAFÍA

Anuario de la integración regional de América Latina y el Gran Caribe

2007 (Buenos Aires: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales).

Aponte García, Maribel 2013 “El nuevo regionalismo estratégico del ALBA-TCP: Alternativas a las crisis alimentaria y energética” en Consuelo Silva y Carlos Martins (coords.), Nuevos escenarios para la integración en América Latina (Santiago de Chile: Arcis).

Bruckmann, Mónica 2011 “Recursos naturais e a geopolítica da integragao sul-americana” en André Regó, Pedro Silva y André Bojikian (orgs.), Govemanga global. A integragao da América do Sul (Brasilia: IPEA).

Carrillo Volcán, M. 1998 El autonomismo en la política exterior de América Latina. El Estado en el proceso de globalización (Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela).

Dias, Marcelo 2011 “O Banco do Sul – Arquitetura institucional e proceso de negociacáo dentro de urna estrategia alternativa de desenvolvimento na América do Sul” en André Regó, Pedro Silva y André Bojikian (orgs.), Govemanga global. A integragao da América do Sul (Brasilia: IPEA).

Dietrich, Heinz 2000 La crisis de los intelectuales (Buenos Aires: Política).

Dos Santos, Theotonio 2006 Del terror a la esperanza. Auge y decadencia del neoliberalismo (Caracas: Monte Ávila).

Gandásegui, Marco 2013 “Integración centroamericana y la crisis del sistema mundo” en Consuelo Silva y Carlos Martins (coords.), Nuevos escenarios para la integración en América Latina (Santiago: Arcis).

Katz, Claudio 2007 El rediseño de América Latina (Caracas: El perro y la rana).

Lander, Edgardo (coord.) 2005 La colonialidad del saber (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).

Petrocaribe en números

2013 S/E.

Preciado, Jaime y Florido, Ángel 2013 “La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac): Integración postneoliberal’, neoliberal ortodoxa y contrahegemónica” en Consuelo Silva y Carlos Martins (coords.), Nuevos escenarios para la integración en América Latina (Santiago: Arcis).

Rosales, Antulio 2012 Revisitando el desarrollo. Construyendo nuevos vínculos: el Banco del Sur y el SUCRE (Caracas: Celarg).

Saxe Fernández, John y Delgado, Gian Cario 2004 Imperialismo y Banco Mundial en América Latina (La Habana: Centro de Investigación Juan Marinello).

Simoes, Antonio 2011 Integración: sueño y realidad en Sudamérica (Brasilia: Fundacáo Alexandre de Gusmáo).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Constant Rosales, Héctor 2012 “El Sur en el siglo XXI: una aproximación desde Venezuela” en Walter Desidera, y Rodrigo Alves (coords.), Perspectivas para la integración de América Latina (Brasilia: IPEA).

Constant Rosales, Héctor (coord.) et al. 2007 Fundamentos filosóficos para la nueva integración del Sur (Caracas: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores/Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual/Asamblea Nacional/Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo).

Martins, Carlos 2011 “A America Latina e a economía mundial: conjuntura, desenvolvimento e prospectiva” en André Regó, Pedro Silva y André Bojikian (Orgs.), Govemanga global. A integragao da América do Sul (Brasilia: IPEA).

Intemacionalista Summa Cum Laude, UCV. Magíster en Ciencia Política, USB. Candidato a Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de La Sor-bona. Profesor de la Escuela de Estudios Internacionales, UCV. Investigador acreditado ante el Programa de Estímulo al Investigador. Diplomático de carrera, ha ejercido, entre otros, como Jefe de Investigación y Subdirector del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Actualmente es Coordinador Nacional Alterno de Venezuela ante el Mercosur. Miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg) y del Instituto de Investigaciones para el Sur (Inisur).↵

Obviamente, tanto en el Norte como en el Sur, pero con mucho más ahínco en el Norte, habrá que sumar a esta tipificación la acción de las empresas transnacionales y del gran capital financiero mundial, que actúan bajo el amparo de los sistemas políticos, militares y económicos que ellas mismas influencian. Incluso instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional reproducen principios y prácticas hegemónicas propias del Norte, como queda reflejado en John Saxe Fernández y Gian Cario Delgado, Imperialismo y Banco Mundial en América Latina (2004). Por otro lado, pero no menos importante, debe destacarse que el aparato ideológico del Norte viene acompañado de un andamiaje intelectual y mediático que lo promueve y lo sustenta, creando un neocolonialismo que dificulta el surgimiento de opciones divergentes a las establecidas. Un análisis al respecto puede encontrarse en Edgardo Lander, La colonialidad del saber (2005); Heinz Dietrich, La crisis de los intelectuales (2000); y Theotonio dos Santos, Del terror a la esperanza. Auge y decadencia del neoliberalismo (2006). Felizmente, en los últimos años ha podido notarse en ALyC un aumento del interés por los estudios decoloniales, tanto los planteados años atrás por autores como Enrique Dussel, como los surgidos de las nuevas generaciones formadas a la luz del cambio político de la región.↵

Algunas consideraciones sobre los desencuentros de los mecanismos de integración, particularmente en materia de agendas y concepciones, pueden encontrarse en el Anuario de la integración regional de América Latina y el Gran Caribe 2007, donde varios autores reflexionan sobre el tema en un capítulo titulado "Tendencias hemisféricas de la región".↵

Aunque el núcleo de desestabilización político-económica a los procesos progresistas de la región se ubica tradicionalmente en Estados Unidos, como quedó demostrado con la participación de ese país en el desarrollo del golpe de Estado en Venezuela en 2002, y como ha sido develado por los documentos publicados por Wikileaks y por los antiguos agentes Assange o Snowden, en este caso nos referimos al Norte para ampliar la gama de actores que han buscado atentar en los últimos años contra la imagen o estabilidad de varios gobiernos de la zona. En este caso se recuerda, por ejemplo, la disputa que mantiene Argentina con Gran Bretaña por el caso de las Islas Malvinas, siendo que el segundo gobierno desconoce cualquier instancia multilateral de diálogo. Igualmente, en Argentina destaca la nacionalización de la petrolera YPF, antigua propiedad de la empresa española Repsol, lo que generó amplias presiones por parte de la transnacional.↵

Nos referimos en este caso al grado de participación en elecciones presidenciales, así como a las continuas manifestaciones públicas de apoyo popular que han movilizado gobiernos como el venezolano, el boliviano o el ecuatoriano. La propia permanencia en el poder de los mismos líderes (Chávez hasta 2013, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Ralph Gonsalves en San Vicente o Roosevelt Skerrit en Dominica, por citar solo algunos) o de los mismos proyectos políticos (los Kirchner en Argentina, el Frente Amplio en Uruguay, por ejemplo) son muestra fehaciente del apoyo mayoritario a estas opciones de gobierno en las últimas décadas, lo cual puede explicarse teóricamente como una reacción a las consecuencias del neoliberalismo, tanto como a un mayor grado de conciencia política de la población.↵

34

Nelly Prigorian[1] 

RETOS Y AMENAZAS PARA AMÉRICA LATINA

“ES UN LATINOAMERICANO”, ésta sería una referencia habitual de un occidental hacia un argentino o un mexicano o un venezolano. La mirada occidental suele generalizar, muchas veces hasta se le dificulta dar un nombre para conceptualizar lo que somos. ¿Somos latinoamericanos? ¿Somos iberoamericanos? ¿Somos hispanoamericanos? Tal vez somos todo esto y mucho más, porque también somos suramericanos, centroamericanos, andinos, caribeños y hasta norteamericanos. Pero también somos argentinos, mexicanos, chilenos, venezolanos…

Somos una excepción a la regla. Tenemos el mismo idioma predominante, la misma religión predominante, la misma historia, más o menos el mismo desarrollo económico y social, pero no somos lo mismo, no somos una masa homogénea, como suelen pensarnos desde otras latitudes. Debajo de este aparente manto de lo “predominante”, subyacen:

diferentes lenguas que se hablan… una diversidad de religiones, heterogeneidad de los grupos raciales y étnicos, expresiones multiculturales, el tamaño de los territorios nacionales y su población, etc., sin dejar de hablar de las diferencias económicas, sociales y políticas del desarrollo regional incluso cuando un país y entre las diferentes naciones (sic) (Vargas, 2004: 57).

Nuestros pueblos, a pesar de la “hemisferización”, como lo llama José Guadalupe Vargas en Algunos mitos, estereotipos, realidades y retos de Latinoamérica (2004), tienen raíces en distintas culturas, desde las más primitivas hasta las más sofisticadas y en civilizaciones de muy alto desarrollo. El impulso económico, social y cultural a lo largo del territorio —lo que hoy llaman Latinoamérica y el Caribe— antes de la Conquista era bastante desigual y a pesar de los trescientos años de conquista española, la que dejó una profunda huella —pero no la única—, no logró borrar las hondas diferencias entre las regiones geohistóricas.

Dadas estas circunstancias, para entender a la América Latina actual se hace necesario mirarla desde su raíz, a través de los procesos históricos: durante la Conquista, después de la independencia y durante el tortuoso camino del siglo pasado.

Los diversos antecedentes de las regiones geohistóricas demandan una necesaria clasificación que sirva de base para poder entender esta diversidad multicultural, sus cambios, sus uniones y desuniones en el tiempo y el espacio. Esta clasificación nos la ofrece Darcy Ribei-ro en su trabajo Las Américas y ¡a civilización (1992) a partir de un análisis basado en la expansión del Occidente en las Américas, y de inevitables tensiones y choques culturales originados en el proceso formador de sus pueblos.

Así, los Pueblos Testimonios son sobrevivientes de las antiguas culturas y desarrollan una inteligencia ladina en el afán de adaptarse a los traumáticos cambios. Son pueblos donde se combinan las viejas y nuevas tecnologías con diferenciación social enorme entre las capas. En todo caso, el sincretismo es la norma, así como lo expone Ribeiro en su análisis: los mesoamericanos, donde lo religioso ha sido un elemento de cohesión de suprema importancia; los centroamericanos, diversos, pero siempre subordinados a la voluntad de Estados Unidos; los andinos, donde la rigidez de la organización social marcó de manera definitiva su proceso histórico.

Los Pueblos Nuevos, que vendrían a ser la amalgama de etnias lograda bajo el dominio colonial despótico, el cual “constituye la configuración histórico-cultural más característica de las Américas”, marcada por la voluntad externa en su proceso de organización productiva, social y cultural. Ese sería el caso de los brasileños, muy condicionados por la fazenda en sus aspectos culturales, políticos y sociales; los grancolombianos, sin fuertes ataduras tradicionales, más activos y liberales por el poco interés económico que le tuvo la Corona; los antillanos, de fuerte mestizaje pero que adoptan la discriminación blanca como valor; los chilenos, etnia peculiar condicionada por su posición geográfica que la separa del resto de los pueblos y los lleva a un desarrollo marcadamente distinto a otras naciones.

Los Pueblos Trasplantados, constituidos por los europeos que recrearon las características de sus localidades, ignorando a los nativos y desplazando a los mestizos. Ribeiro distingue a los angloamericanos, altamente estratificados, de numerosos grupos marginados por sus condiciones raciales; y los rioplatenses, resultado de las políticas del “mejoramiento” de raza, que cambió la composición étnica de la zona.

Sin duda que distintos procesos de formación se habían reflejado en el desarrollo económico, social, político y cultural de cada pueblo. Por otro lado, del estudio de Ribeiro se puede inferir que la delimitación en función del desarrollo de cada uno repite, en cierto modo, no solo el mapa geopolítico de la región durante la Conquista, sino también la división territorial precolombina. Es decir, las dificultades de la comunicación —derivadas del intrincado paisaje geográfico del continente— condicionó la conformación distintiva de cada región geohistórica.

Sin embargo, dentro de todas estas diferencias y diversidades existen rasgos comunes a todos los pueblos-regiones de América Latina. El primero es el sincretismo, las mezclas más sorprendentes en lo cultural, en lo religioso, en lo racial. Lo indígena, lo africano, lo europeo de distintas latitudes, lo asiático, lo estadounidense, todos tiene presencia, en grados diferentes, en cada rincón de estas tierras.

Por otro lado, América Latina fue el primer modelo de lo que hoy llamamos globalización. La Conquista, con sus políticas económicas, sociales, culturales y religiosas sería el primer intento de transculturi-zación a gran escala que, por supuesto, dejó un legado unificador importante —el idioma, la religión, valores, la economía mercantilista, estratificación de la sociedad, entre otros— y en cierto modo integrados a pesar de las dificultades de la comunicación entre los territorios por razones geográficas y de la política económica. Probablemente esta sea la causa de que el resto del mundo vea a Latinoamérica como algo homogéneo y naturalmente presto a la integración regional.

La introducción de las nuevas relaciones productivas marcó no solo la estratificación social e impuso una nueva división como campo-ciudad, sino que diferenció el continente entre regiones de vocación agrícola, de extracción de materia prima y de puertos para la comercialización.

La nueva ola globalizadora llega a América Latina de la mano de la Independencia. Nuevos valores venidos de Europa como “república”, “libertad”, “derechos ciudadanos”, etc. se vuelven comunes en el continente. Las nuevas relaciones productivas, el comercio, la aparición de Estados-nación, la interacción dentro de la región y con el Viejo Continente, vuelven a marcar el espacio social y geográfico del Nuevo Mundo. Se desarrollan más aceleradamente los centros urbanos, provocando importantes tensiones entre el campo y la ciudad. Se acentúa cada vez más la desigualdad económica y social, por consiguiente se produce la migración hacia y desde los centros urbanos, lo que da pie a un vertiginoso crecimiento de la pobreza. El análisis que hace Fernando Cardón (s/f.) en Centros históricos y pobreza en América Latina, da cuenta de cómo los cascos históricos entran en una franca decadencia por estas migraciones, además de darse “un proceso de urbanización de la pobreza, de incremento de exclusión social y la precarización del empleo” (p. 8). Este proceso es muy palpable en todas las grandes urbes de América Latina que albergan los llamados cinturones de pobreza, los cerros o los espacios de subintegración.

La urbanidad y la globalización, con nuevas tecnologías de comunicación e información, necesariamente conllevan a un nuevo nivel de transculturización del habitante, lo que crea importantes tensiones entre lo nuevo y lo tradicional. Frente a la globalización surge un fenómeno llamado glocalización, es decir la internalización del proceso de globalización en las localidades estratégicas, ciudades. Básicamente, este fenómeno se refleja en tres espacios:

-    Económico, la centralidad y competitividad entre las unidades económicas, la representación y cooperación internacional.

-    Cultural, el desarrollo del sentido de pertinencia a lo local, y la sociedad cobra existencia y se expresa simbólicamente.

-    Político, surge el proceso de desnacionalización (p. 12).

Una mención aparte merece la degradación del empleo, pues agudiza la problemática de la pobreza en las grandes urbes. La migración rural hacia las ciudades no es un fenómeno nuevo en el continente, sin embargo en la segunda mitad del siglo pasado se intensificó de tal manera que la mayor parte de la población latinoamericana empezó a vivir en las ciudades, llevando la pobreza rural hacia la pobreza urbana. El aumento de la densidad poblacional, la mano de obra no especializada desarrolló el alto índice de empleo informal que —lejos de resolver el problema— lo agudizó.

Otro dato importante, según las cifras dadas por Cardón, es cómo ha ido empeorando la situación después de los años sesenta. Si, antes de esa fecha, la acelerada industrialización absorbía las fuerzas laborales con todos los beneficios sociales y económicos, después de la misma la fuerza de trabajo empezó a ingresar al subempleo o empleo informal.

Si bien Latinoamérica ha vivido procesos iguales —sean estos durante la Conquista o de la Independencia, o de post Independencia, o modernización, o de globalización con su contraparte la gloca-lización—, es un continente de una inmensa diversidad que afronta problemas comunes pero los resuelve de formas distintas; que tiende a la integración pero salvaguardando sus identidades locales; donde crecen las megalópolis cosmopolitas, que permiten a la simbología local expresarse con fuerza. Se dejan atrás la estrechez y la conflicti-vidad del paradigma estatocéntrico y su mundo del interés particular sobre lo regional. Las características particulares de América Latina, después de la Independencia, motivaron a los gobiernos regionales para cooperar en materia de seguridad y defensa, con el fin último de encontrar un equilibrio que podría proporcionar al continente la estabilidad política y el desarrollo económico. A lo largo de sus actuaciones, las alianzas políticas y económicas han ampliado sus agendas para enfrentar, con mayor efectividad, los problemas y conflictos entre las naciones involucradas. La democracia como cuestión sería el trasfondo de la preocupación de las últimas décadas del siglo XX, así como su debilidad, derivada esta de los desequilibrios económicos y profunda desigualdad social del continente.

En la segunda mitad del siglo pasado se conformaron distintas instancias regionales, creadas para atender asuntos de controversias entre las naciones, de forma pacífica, a través de los acuerdos multilaterales que abrían, en cierto modo, las discusiones éticas sobre sus actuaciones. En la agenda entraron nuevos aspectos de la vida política, como la economía, el tema social, la salud, la educación, etc.

La cooperación, sea esta económica, política, social e incluso de defensa, es la palabra clave de los países que integran la región. Este proceso lleva ya varias décadas y a lo largo de su desarrollo ha tenido altibajos, conflictos y desencuentros. Sin embargo, múltiples organizaciones —desde la OEA y Celac hasta el Mercosur y la Unasur, pasando por la Comunidad Andina y el Grupo de Río—, demuestran la necesidad objetiva de una integración frente a un mundo cada vez más complejo y competitivo. La región ingresa al siglo XXI como un ente interindependiente, de relaciones mutuamente complementarias, donde la preservación, el estímulo y el perfeccionamiento de la democracia se demandan con mayor exigencia y como base no solo de una gobernabilidad estable, sino como una característica de un desarrollo económico y social en función de la eliminación de la pobreza, el mal que aqueja a la mayoría de los países de la región.

Desde 1992, con la Declaración de Washington, la democracia es perfilada como el fundamento esencial de la integración. Si bien los primeros documentos, incluyendo la Carta Democrática de la OEA (2001), se limitaban a suspender al Estado miembro en caso de violaciones flagrantes de los principios democráticos o rupturas del orden constitucional, las últimas declaraciones de las organizaciones regionales exponen las sanciones mucho más categóricas y relevantes, desde el punto de vista económico e incluso social. La suspensión de los proyectos de cooperación, financiamientos y préstamos regionales y mundiales son algunas de las medidas previstas para el país miembro que viole las reglas básicas de la democracia representativa.

Sin embargo, la Declaración de Buenos Aires —octubre de 2010, de la Unasur— es tal vez una advertencia de acciones directas e inmediatas como respuesta a la crisis institucional en Ecuador, sucedida a principios del mismo mes. La mera diplomacia y soluciones, por medio del diálogo, pasaron al segundo plano y el mensaje ha sido duro y claro:

… [los] Gobiernos rechazan enérgicamente y no tolerarán, bajo ningún concepto, cualquier nuevo desafío a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente elegido y advierten que en caso de nuevos quiebres del orden constitucional adoptarán medidas concretas e inmediatas tales como cierre de fronteras, suspensión del comercio, del tráfico aéreo y de la provisión de energía, servicios y otros suministros (Declaración de Buenos Aires, 2010).

Unión de las Naciones del Sur (Unasur) es una organización relativamente joven, que se constituye formalmente en 2008 integrando doce naciones de la región (América del Sur) que se proponen:

Construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus integrantes, utilizando el diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, la financiación y el medio ambiente, entre otros, para eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la participación ciudadana y fortalecer la democracia (Declaración de Margarita, 2007).

Ciertamente, esta nueva organización se perfila como un ente distinto a los que hasta ahora había visto Latinoamérica. Los propósitos van más allá de una colaboración o integración económica, no es solo un escenario político más para dirimir los posibles conflictos entre los Estados. Unasur es un incipiente pero firme intento de constituir una especie de federación con un gobierno regional. La agenda de acciones, las mesas de trabajo, el Comité de Defensa recientemente creado, con miras hacia una moneda común, el Parlamento y la ciudadanía regional hacen pensar que, tal vez, es solo cuestión de unos años que la región pueda dar la cara al mundo como un todo, como una comunidad constituida sobre principios y valores comunes.

Si bien la integración regional es cuestión hasta natural del continente por tener cosas en común, empezando por la lengua, la historia, la religión, los sistemas políticos; dos naciones miembros de esta organización lucen como fuera del contexto de la comunidad: Guyana y Surinam. Los dos son países “cenicientas” dentro del nuevo bloque, con una participación silenciosa y poco representativa.

Tomando en cuenta que los alcances de la Unasur, ciertamente, sobrepasan cualquier otra alianza estratégica en la región, sería interesante mirar, por ejemplo, el rol que podría desarrollar Guyana en las circunstancias dadas dentro de la organización.

Guyana es un país miembro de varias organizaciones regionales, sus actuaciones y su vida política nunca han sido noticia en los medios de comunicación internacionales ni regionales y para muchos venezolanos, por ejemplo, esta nación es un verdadero enigma, pese a ser vecinos. Su historia, su desarrollo político y social, su cultura, sus religiones, incluso la lengua oficial, contrastan con lo predominante-común de los demás países del bloque. Ciento cincuenta años de diferencia, en cuanto a la fecha de la Independencia, inglés como lengua oficial, tensiones raciales exacerbadas por la política de los partidos uni-raciales, régimen semi-presidencial, aislamiento político y cultural del resto del continente del Sur, son tan solo algunos rasgos que hacen de Guyana un país fuera de lo común dentro de la Unasur.

Durante los sesenta años que han transcurrido desde su independencia, el país ha sido azotado por la violencia política, incluyendo los asesinatos de los líderes de las fracciones y ministros. Son recurrentes las denuncias de fraudes electorales, ejecuciones extrajudiciales, violencia étnica. Los conflictos con las vecinas Venezuela y Surinam — que reclaman dos tercios de su territorio—, territorio rico en recursos naturales que ningún país tiene derecho a explotar, mientras la pobreza en Guyana llega al 80% de la población. Dentro del escenario planteado, tal vez, Guyana es el país con mayor inestabilidad política y francas posibilidades de rupturas del hilo constitucional en la región.

Ahora bien, el 26 de noviembre de 2010 Guyana fue no solo la anfitriona de la reunión de Unasur, sino que asumió la presidencia pro témpore de esta organización. Dadas las circunstancias, Guyana podría asumir su rol de dos maneras: fungir como un arbitro protocolar silencioso o dar a conocer de manera más nítida sus opiniones y pareceres sobre la actividad del bloque y los problemas objetivos que aquejan a esta nación, problemas que podrían ser resueltos solo con la colaboración de los demás miembros de la organización, incluyendo a Venezuela. En esta oportunidad, Guyana prefirió, nuevamente, quedarse en la sombra y en silencio.

Por otro lado, toda esta colaboración, que podría ser planteada en el escenario de la Unasur, estaría sujeta a los vaivenes de la estabilidad y el desarrollo de las instituciones democráticas del país, de lo contrario sería el pueblo de esta nación quien pagaría las aventuras de sus políticos. De ello parece que no hay duda, a la luz de la Declaración de Buenos Aires emitida en el mes de octubre de 2010.

¿Sería capaz la Unasur de mirar a Guyana con más atención debido a sus características tan particulares? ¿Se volvería a hablar de una exploración en común, entre Venezuela y Guyana, de la zona en reclamo para aprovechar estos inmensos recursos en función del desarrollo humano e institucional de ese país, con el fin de prevenir una eventual crisis institucional? ¿Hasta qué punto podría llegar la solidaridad de los demás miembros del bloque con el pueblo de Guyana?

Casi todas estas preguntas son inquietantes para los venezolanos. Desde 1899 Venezuela y Guyana se disputan un territorio llamado Guyana Esequiba, un extenso territorio rico en recursos naturales. En 1966, al reconocerse al Estado de Guyana como un país soberano, Venezuela reserva sus derechos sobre el Esequibo ante los organismos internacionales, puntualizando:

…por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen derecha del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional, que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que se encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico… (Declaración de Ginebra, 1966, s/p).

Sin embargo, la Zona en Reclamación —otro nombre de Guyana Esequiba, de casi 160.000 kilómetros cuadrados—, no pudo ser explotado ni por el Estado venezolano ni por el de Guyana, acarreando no solo eventuales pérdidas por la no explotación, sino por la proliferación de la minería ilegal con saldos lamentables de extracción y contrabando, casi delictivo, de minerales, desarrollando estructuras de crimen organizado, con la consecuente explotación y opresión de ese pueblo. Ninguno de los dos países tiene oportunidad de desarrollar esta zona en función de las necesidades de sus pueblos, ni tampoco asegurar un mínimo de orden público, dejando a esta región literalmente como tierra sin ley.

El gobierno del presidente Chávez había intentado buscar formas alternativas para resolver la disputa ya histórica por el territorio del Esequibo, como por ejemplo la posibilidad de llevar adelante proyectos conjuntos con el Estado de Guyana y así comenzar el desarrollo sostenido de la Zona en Reclamación. Sin embargo, dentro de Venezuela esta propuesta provocó un fuerte rechazo, sobre todo en las filas de la oposición al gobierno de Hugo Chávez (Márquez, 2011, s/p).

Por las indefiniciones políticas venezolanas, Guyana eventual-mente podría sufrir una crisis económica que llevaría a esta nación a un estado de ingobernabilidad tal que, sin duda, afectaría de alguna manera a la Unasur. Tarde o temprano los países del bloque tendrán que fijar sus miradas sobre Guyana, sea por la violencia que se pueda desatar —en este caso se tendrían que aplicar las duras sanciones a toda la población, según la Declaración de Buenos Aires— o por razones de solidaridad y prevención de la crisis institucional. Esperemos que sea por esta última razón, en cumplimiento de todo aquello que han puesto en papel cuando se constituyó la Unión de las Naciones del Sur. Y, probablemente, solo dentro de la Unasur podría ser resuelto este conflicto, eso es mirarlo más allá de las fronteras nacionales y colocando la problemática en el nivel regional.

Somos latinoamericanos, pero también somos sureños, caribeños, andinos, antillanos, centroamericanos, norteamericanos, brasileños y también venezolanos, colombianos, mexicanos, chilenos, argentinos, peruanos, guatemaltecos y muchísimo más. Todos nosotros, en nuestra inmensa diversidad, pero con la suprema necesidad de integración verdadera, más allá de lo económico, político y cultural, tenemos que enfrentar muchos retos y muchas amenazas. Pero estas amenazas solo podrían ser resueltas a través de una integración social de nuestros pueblos, probablemente dejando a un lado las soberanías nacionales, en función de una soberanía regional. Y en esto consiste el reto mayor de la zona, pensarse específicamente como una región y no solo como un país que la integra.

BIBLIOGRAFÍA

Cardón, Fernando (s/f) Centros históricos y pobreza en América Latina, pp. 8-12 (Quito: FLACSO) en <http://www.flacso.org.ee/ docs/fc_centrohisto .pdf >.

Declaración de Margarita

2007 Unasur, Venezuela en <www.minci.gob.ve/doc/declaracion_de_margarita20070418-0936.doc> acceso 3 de enero de 2012.

Márquez, Osear J. 2011 “La reivindicación de la Guayana Esequiba una política del Estado al servicio de la Nación. I. Parte” en <http://laguayanaesequiba.blogspot.com/2011/05/la-reivindicacion-de-la-guayan-esequiba.html> acceso 24 de enero de 2012.

Ribeiro, Darcy 1992 Las Américas y la civilización, pp. IX-XXXIII (Caracas: Biblioteca Ayacucho).

Vargas Hernández, José Guadalupe 2004 “Algunos mitos, estereotipos, realidades y retos de Latinoamérica”. Historia Actual Online, 3, 57 en <http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/algunos-mitos-estereotipos-realidades-retos-latinoamerica/id/1085744.html> acceso 26 de marzo de 2012.

Profesora-investigadora y miembro del Consejo Directivo del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales de la Universidad Simón Bolívar. Integrante del proyecto "Políticas de discurso en Venezuela Bolivariana" (CICS/USB), integrante del Grupo de Trabajo "Ciencias sociales en América Latina: retos y perspectivas" (CLACSO). Cofundadora de la Red Centros CLACSO Venezuela. Coordinadora de los premios internacionales de novela Rómulo Gallegos, de poesía Víctor Valera Mora, de ensayo Mariano Picón Salas. Coordinadora de relaciones interinstitucionales y Coordinadora de Publicaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Colaboradora de las revistas de las universidades nacionales UNIMET, ULA y USB.↵

35

Lolola Hernández[1] 

LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MARCO DEL ALBATCP

EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA que la República Bolivariana de Venezuela ofrece a la región de América Latina y el Caribe cobra gran impulso a partir de 2005 y ha venido avanzando aceleradamente a través de Petrocaribe y las estrechas relaciones bilaterales que se han impulsado con los países de la América del Sur, dentro del espíritu de lo que en un principio se denominó Petrosur y Petroandina. Las tres estrategias conformaban el proyecto integracio-nista regional denominado, desde Venezuela, Petroamérica.

Esta política integracionista, conjuntamente con la decisión del gobierno bolivariano de diversificar sus relaciones internacionales de toda índole pero particularmente en el área energética, intenta revertir la fuerte dependencia de nuestra industria petrolera de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.). Como se aprecia en el Gráfico 1, todos nuestros envíos petroleros directa o indirectamente —a través de Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago— se dirigían a ese mercado, en este caso convertidos en fue! oil residual, lo que significaba que no solo adquirían nuestro petróleo crudo a bajos precios, sino que el principal subproducto de exportación se vendía a precios inferiores al propio crudo que lo originaba. Por su parte, América Latina, principalmente Brasil, importaba sus requerimientos complementarios desde África o Medio Oriente, en lugar de hacerlo desde Venezuela, que le quedaba más cerca. Esto respondía a la política de las transnacionales de la energía: impedir que el petróleo venezolano supliera los requerimientos energéticos de la región, ya que de hacerlo se estarían reforzando lazos comerciales que fortalecerían la condición de Venezuela como exportador petrolero y consolidaría lazos regionales. El lema es bien conocido: ¡Dividir para reinar!

En la actualidad, diversificar el mercado petrolero con los envíos que se vienen haciendo hacia China e India, cuyas empresas estatales también participan en el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) —principal reserva petrolífera del mundo con sus 297.000 millones de barriles, seguida por Arabia Saudita con 265.000 millones de barriles—, contribuye a fortalecer la posición de Venezuela y también de América Latina y el Caribe en el mercado petrolero mundial, ya que sus empresas estatales participarán igualmente en su explotación.

Sin embargo, Estados Unidos aún conserva el primer lugar como mercado para el petróleo venezolano, pero China ya está absorbiendo el 40% de nuestras exportaciones. América Latina y el Caribe solo requieren por ahora unos 200.000 b/d de petróleo, siendo Cuba y República Dominicana los principales importadores. Pero este monto se duplicará en los próximos años, cuando estén listas las nuevas refinerías y las ampliaciones de capacidad de las existentes en la región, en cuyo proceso participa también financieramente Venezuela. Igualmente, esta participación se acrecentará en la medida en que las empresas estatales de nuestros socios latinoamericanos y caribeños avancen en la producción del petróleo de la FPO.

Crecer en conjunto con la región, creando así un polo económico como se plantea en el Plan de la Patria 2013-2019, para construir un mundo pluripolar, es uno de los propósitos de esta nueva integración que —aunque se basa en la energía— se apoya en los principios rectores de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América ALBA-TCP, nacida en Cuba en 2004. Estos principios, entre los que se destacan la lucha por la independencia, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad, se enlazan perfectamente con el mandato constitucional que promueve la necesidad de alcanzar la integración regional.

En Petrocaribe, que constituye la expresión más institucionalizada de la integración energética regional, participan todas las naciones insulares, con excepción de Barbados y Trinidad y Tobago. El primero por depender de procesar su petróleo y, en el caso de Trinidad y Tobago por sus compromisos con el capital transnacional. También se vienen asociando algunos gobiernos centroamericanos y en sus inicios hasta municipios y gobernaciones, gracias a la llamada diplomacia indirecta o diplomacia de ¡os pueblos, que logró beneficiar a estas poblaciones con el abastecimiento de electricidad y combustibles para transporte público con inmejorables condiciones de pago.

Petrocaribe cuenta ya con una organización propia que incluye un Consejo de Ministros y una Secretaría con sede en Venezuela. A ella se han incorporado 18 países del Gran Caribe y parte de la América del Sur, como Surinam. Muchos de estos países se beneficiaron con anterioridad del Acuerdo de San José, expresión de cooperación solidaria de Venezuela y México con la subregión; y con el inicio del gobierno del presidente Hugo Chávez en Venezuela, con el Acuerdo de San José del año 2000 y el de Cooperación con Cuba de ese mismo año.

En sus inicios, la República Bolivariana de Venezuela se propuso, con Petrocaribe, mejorar sustancialmente el tratamiento a las compras de petróleo de los países miembros, no solo haciéndolas menos onerosas para los gobiernos, sino permitiendo el pago en productos elaborados localmente, con lo cual se inicia un comercio liderado por la complementariedad y no por la competencia. Diferentes condiciones asume el pago de la factura petrolera, la cual puede cancelarse con productos y/o servicios, como el turismo; se financia el 40% de la factura; extiende el período de gracia dos años más que el Pacto de San José; se prolonga el plazo a 25 años con interés de 1%, el pago a corto plazo aumenta de 30 a 90 días. Petrocaribe exige que las negociaciones se hagan a través de los gobiernos y nunca con empresas transnacionales, por lo que aquellos países que no contaban con una empresa estatal en el área energética tuvieron que proceder a formarla, con lo cual se debilita un postulado más de las políticas neoliberales propias del Consenso de Washington, que impulsó el ALCA y la hegemonía del FMI y el Banco Mundial en el diseño de los destinos de los pueblos de América Latina y el Caribe.

En término generales, Petrocaribe avanza aceleradamente en todas las etapas de la actividad petrolera y no petrolera, al recibir el estímulo a la producción local y propiciar la inversión en áreas sociales utilizando los montos que se ahorran por concepto de la factura petrolera. A través de Petrocaribe se envían 92.000 b/d a Cuba y 86.000 b/d al resto del Caribe, además implica cooperación en refinerías, almacenamiento, transporte, mejoramiento de puertos y desarrollo eléctrico, además de diversas inversiones sociales que benefician a 15 millones de personas a través del Fondo ALBA Caribe.

Mediante su permanente accionar ha fortalecido la independencia energética de sus miembros al elevar la capacidad de almacenamiento de combustibles en países importadores netos de petróleo, además de ofrecer un flete solo al costo, ampliar la capacidad de refinación de la refinería de Cienfuegos, en Cuba, y también en Jamaica. En Nicaragua se construye una planta de 150.000 b/d que lleva el nombre de Supremo Sueño de Bolívar. Se han instalado plantas de electricidad en países centroamericanos y en Haití y —con el propósito de promover políticas de racionalidad energética como los bombillos ahorradores, los molinos de viento y las celdas fotovoltaicas—, se están montado plantas para su producción en el marco de proyectos grannacionales auspiciados también desde la ALBA-TCP.

En el futuro, Pdvsa pretende construir lo que ha denominado el Anillo Energético del Caribe, que se plantea el abastecimiento integral de la región, tanto insular como continental, mediante la construcción de gasoductos, oleoductos, refinerías y plantas de licuefacción de gas, almacenamiento, entre otros.

En materia alimentaria, Petrocaribe decide involucrarse en el problema generado por la crisis alimentaria e implementa un programa para financiar tanto la compra de alimentos como su producción, para lo cual se crea un fondo de insumos agropecuarios y se establece un trato especial para el petróleo que se requiera, a fin de garantizar esta producción. No apoya abiertamente la producción de agrocom-bustibles ni el uso de los transgénicos, a pesar de que las transnacionales de los alimentos como Dupont y Monsanto —en muchos casos en alianza con empresas de la energía como Exxon o Chevron y de automóviles como Toyota—, luchan por comprometer a estos países en su producción, como es el caso de Guatemala, debido a que en el Norte carecen de suficiente territorio para producirlos y suplir sus requerimientos. Con ello no solo impulsan el consumo de energía fósil, contenida en los fertilizantes y combustibles para las maquinarias que utilizan en su producción, sino que agotan las aguas y propician la desforestación acelerada, generando problemas ambientales graves.

Además de Petrocaribe, el proceso de integración energética regional se ha apoyado en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Con los países andinos —como Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, además de Chile— se intentó avanzar en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) e incluso se llegó a hablar de Petroandina. Sin embargo, debido a la decisión de Colombia de firmar el TLC con los EE.UU., Venezuela decide retirarse de la CAN. Perú también se pliega a esta política entreguista a los EE.UU., a pesar de los discursos nacionalistas de su presidente Ollanta Húmala en tiempos de campaña electoral. A pesar de todo esto, Venezuela y Colombia logran negociar la construcción de un gasoducto que une actualmente la Guajira colombiana con el estado Zulia para que, por un tiempo, se aprovechen las reservas de gas remanentes en esta región de Colombia y, luego de su agotamiento, el gas fluya desde Venezuela hacia territorio colombiano.

Con la llegada de Evo Morales al gobierno de Bolivia y de Rafael Correa a la hermana República de Ecuador, la CAN recibe un nuevo aliento; aunque las relaciones entre Ecuador y Colombia, si bien ya se han estabilizado, se recalentaron después de la violación del territorio ecuatoriano por parte del gobierno de Alvaro Uribe. De allí que la cooperación energética bilateral se haya mantenido como la mejor opción y, a través de ella, Venezuela ha podido apoyar a Bolivia en su estrategia de aprovechamiento del gas y le ha suministrado asesoría técnica y legal para asumir la nacionalización de su industria. Con Ecuador, Venezuela mantiene un convenio para procesar su crudo mientras se remodela la refinería existente, también trabajan en la construcción conjunta del Complejo Refinador del Pacífico, con vocación exportadora, que incluye un desarrollo petroquímico y lleva el nombre de Eloy Alfaro Delgado.

Como ya se ha señalado, la integración energética regional nace conjuntamente con la Alternativa Bolivariana para los pueblos de América Latina —ALBA-TCP—, integrada inicialmente por Cuba y Venezuela, ampliada posteriormente con Bolivia, Nicaragua y Honduras; y conformada actualmente además por Ecuador, Dominica, Antigua y Bermuda y San Vicente y las Granadinas. Honduras se retira a partir del golpe de Estado que derroca al Presidente Zelaya. Se trata de la antítesis del ALCA propuesto por EE.UU. a los fines de impulsar la globalización neoliberal en la región. América Latina logra sepultarla y crear el ALBA, que establece como principios fundamentales la cooperación, la complementariedad en lugar de la competencia, la solidaridad, el comercio justo, el rescate del papel del Estado en la actividad económica y social así como la lucha contra la dependencia y el unilateralismo. Busca promover un mundo pluripolar en el cual América Latina desempeñe, como bloque, un papel estelar y pueda enfrentar a las transnacionales, promoviendo la creación de empresas grannacionales integradas por los Estados miembros, para atender las necesidades tanto económicas como sociales y culturales de la región. Telesur, la Televisora del Sur, es un buen ejemplo.

Petrosur se pensó como la instancia energética del Mercosur, sin embargo aún no cuenta con una organización propia como Petrocaribe, sino que ha venido desarrollándose también sobre la base de acuerdos bilaterales con los países del sur del continente (en particular con Argentina, Brasil y Uruguay). Con la primera se ha impulsado un comercio complementario, ejemplificado en el intercambio de energía por vaquillas y equipos agrícolas.

Es así cómo, mediante acuerdos bilaterales, Petrosur —término utilizado inicialmente para impulsar la integración energética de la América del Sur— ha llegado a plantear lanzar proyectos ambiciosos como el Gasoducto del Sur e impulsar proyectos de refinación y petroquímicos entre Brasil y Venezuela, como el que se construye en Pernambuco, al noroeste brasileño, que lleva por nombre Abreu e Lima, destinado también hacia la exportación. Otro de sus logros es haber incorporado a empresas estatales de países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay a los bloques Carabobo y Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco.

En Petrocaribe, que constituye la expresión más institucionalizada de la integración energética regional, participan todas las naciones insulares con excepción de Barbados y Trinidad y Tobago. Algunos de los países pertenecientes a Unasur, Petrocaribe y ALBA-TCP participan en el desarrollo de la FPO.

El proceso de integración energética de América Latina y el Caribe avanza hacia su consolidación, a pesar de las voces agoreras que pronostican desequilibrios en el mercado energético mundial, debido al uso que de sus reservas de esquistos petroleros se viene haciendo en Estados Unidos de Norteamérica y la oferta de hidrocarburos de Canadá. Esto se debe a que EE.UU. obtuvo en 2011, de estos esquistos, unos dos millones de b/d de un total de 6,6 millones de b/d de producción nacional. Sin embargo, sus importaciones casi duplicaron su producción nacional, con 11,5 millones de b/d. Ellos estiman que será para 2020 que la producción de esquistos logre duplicarse, lo que implicará profundizar los daños ambientales en toda la región, ya que estos esquistos se obtienen mediante explosiones de rocas ubicadas en el subsuelo. El poder contaminante de las arenas bituminosas del Canadá se conoce desde siempre, como también sus altos requerimientos de gas para el proceso de producción, lo que debilita sus perspectivas si se considera que la producción nacional de este hidrocarburo se reduce progresivamente. Ambas alternativas requieren precios altos para poder cubrir sus costos, de otra manera no serían económicamente rentables.

Son esos precios estables y justos los que han predominado en los últimos tiempos en un mercado petrolero mundial, ubicados en un promedio de 100 dólares el barril. La OPEP ha hecho respetar los precios justos, tal como los calificó el comandante Hugo Chávez cuando impulsó esta estrategia en la II Cumbre de Jefes de Estado y Gobiernos, en el año 2000. La estructura de la oferta, unida a las irrupciones y amenazas imperiales en el Oriente Medio, contribuye al fortalecimiento de los precios con su carga mortífera y de inestabilidad. Nos referimos a la terrible destrucción de Irak y Libia, que pretenden ahora extender hacia Siria.

En medio de esta situación, se consolida el proceso de integración energética de América Latina y el Caribe, a pesar de la dolo-rosa desaparición de su principal impulsor, el comandante Hugo Chávez Frías. Tal consolidación se evidencia en el crecimiento del comercio petrolero regional, particularmente en lo que respecta a las exportaciones venezolanas a la región, hacia los países del Caribe a través de Petrocaribe, el crecimiento de la capacidad de refinación con la construcción de refinerías de capital mixto estatal regional, la ampliación de la capacidad de transporte, los proyectos petroquímicos, todo lo que permite visualizar un fuerte comercio intrarregional, basado en la complementariedad que ha impulsado la diversificación de las exportaciones de los países no petroleros. Paralelamente avanza la cooperación solidaria, como lo muestran las inversiones de índole social que, mediante fondos especiales, atienden el mejoramiento de viviendas, hospitales, generación eléctrica, programas de alimentación y desarrollo agrario, entre otros ámbitos. Son avances que han permitido fortalecer el control de los Estados sobre la actividad económica y energética en particular, a la vez que ha podido desplazar, progresivamente, la acción de las transnacionales a favor del desarrollo de proyectos y empresas grannacionales que tienden a impulsar un accionar productivo, cuyo reto reside en elevar su sustentabilidad impulsando la diversidad energética y luchando contra la penetración de proyectos de agrocombustibles y transgénicos.

Los principios emanados de la ALBA-TCP han creado un nuevo enfoque integracionista y ha irradiado nuevas visiones hacia Petrocaribe, Unasur y la Celac. De esta forma, América Latina y el Caribe se erigen como una potencia en un mundo que avanza hacia la pluri-polaridad, garantía de equilibrio en el nuevo juego de las relaciones internacionales.

BIBLIOGRAFÍA

Bauwens, Daan 2013 “Biocombustibles y hambre, dos caras de la misma moneda”. IPS, Diario Domingo Vea, 5, 17 de febrero.

British Petroleum 2007. Informe Anual, junio.

_____ 2011 “La energía en el 2011. Alteraciones y continuidad”, junio.

Hernández, Lolola 2007 Petroamérica y la integración energética de América Latina y el Caribe (Caracas: Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual/Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Internacionales/Cuadernillos Nueva Diplomacia).

_____ 2010 La integración energética de América latina y el Caribe en el marco de la ALBA (Beirut: Embajada de la República Bolivariana de Venezuela).

Pdvsa 2012 Informe de Gestión Anual, 2012 (Caracas).

Realizó estudios universitarios en la Universidad Central de Venezuela (UCV), de donde egresó como licenciada en Estudios Internacionales. Ejerció como docente en esa casa de estudios durante 26 años, período durante el cual dictó las cátedras de Relaciones Económicas Internacionales, Economía y Política Petrolera, Seminario Cuba, entre otros, además de ejercer el cargo de Directora de la mencionada Escuela de la cual se jubila con el cargo de Profesora Titular. Realizó estudios de especialización en La Universidad de París y el Doctorado en Estudios de Desarrollo en el Centro de Desarrollo de la UCV. Entre sus publicaciones se cuenta Petroamérica y la integración energética de América Latina y el Caribe por el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual de la cancillería venezolana. Actualmente prepara la publicación de "La tecnología popular en Venezuela. Una aproximación a sus orígenes aborígenes, africanos y andaluces".↵

36

Dilio Hernández[1] 

CORREDOR TRANSFRONTERIZO AMAZÓNICO RORAIMABOLÍVAR CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS SOCIOECONÓMICOS EINTERCULTURALES ENTRE VENEZUELA Y BRASIL

INTRODUCCIÓN

Las áreas o zonas fronterizas en América Latina han sido las regiones de menor desarrollo y también de grandes problemáticas sociales. Ello es debido a los procesos migratorios no planificados que se ubican en estas áreas en condiciones de pobreza y marginalidad, generándose así dificultades para los gobiernos locales de los países involucrados. Esta realidad, aún hoy atraviesa por grandes eventos y conflictos, los cuales inciden notoriamente a la hora de diseñar políticas para las regiones fronterizas.

Uno de sus problemas principales reside en que las políticas que se diseñan, muchas veces son elaboradas fuera del territorio y sin la presencia de los actores locales, con este fin se crean equipos de trabajo asentados en las capitales de los países, los cuales elaboran políticas de todo tipo para el ámbito nacional y que afectan de manera diferenciada las zonas de frontera.

El Mercosur, al igual que los demás Estados, no está exento de estas problemáticas, por lo que se hace indispensable reconocerlas, trabajar en el territorio con los distintos actores encargados de la elaboración de políticas locales que no solo atiendan las dificultades, sino que también representen a esos actores democráticamente.

Las fronteras existentes son de larga data, existen antes de la conformación del Mercosur, su realidad, así como los distintos problemas, supera en gran medida los propósitos del Proyecto de Integración. Por lo tanto, debe analizarse la trayectoria de estas situaciones, su proceso, para llegar a definiciones y soluciones más localizadas, sin afectar las políticas nacionales de cada uno de los países.

Lo anterior sigue siendo una de las preocupaciones de los gobiernos locales y nacionales en la consolidación del desarrollo de las regiones fronterizas, ya que estas presentan indicadores distintos y reducidos en relación con otras regiones nacionales.

Se torna importante que las distintas políticas a construir y aplicar respondan a los lineamientos del Mercosur en coordinación con los órganos encargados de elaborarlas, fortalecer la calidad de vida de la población en las áreas de frontera, en relación permanente con los problemas ecológicos que permita un cambio fundamental a partir del financiamiento económico necesario y la asesoría técnica de las instituciones y organismos correspondientes.

La Amazonia no puede ser considerada solo como una reserva de biodiversidad, sino también como una importante fuente de recursos para el impulso del desarrollo socioeconómico en cada uno de los países, que debe tener el tratamiento que permita su sostenibilidad. Esta región posee una de las mayores reservas conocidas de bauxita (cerca del 15% del total mundial), y es uno de los mayores proveedores de hierro, acero, aluminio, oro, estaño y coltan (mineral estratégico para la alta tecnología) a los mercados mundiales. La madera es otro de los productos con creciente demanda para exportación. El manejo adecuado de los recursos naturales de la Amazonia —así como también la definición de políticas sociales— es de primordial importancia para los países del Mercosur.

Para el año 1978 se suscribió el Tratado de Cooperación Amazónica, mediante el cual los distintos gobiernos se comprometieron a realizar acciones conjuntas para el impulso del desarrollo, la preservación ambiental y manejo racional de los recursos.

Dadas las condiciones especiales de la región por su enorme diversidad, como de sus potencialidades económicas pero, a la vez limitantes, producto de la fragilidad y de los procesos de colonización y extracción ilegal de recursos, también por el flujo poblacional debido a la atracción que representa para las actividades económicas sin mucho control, esto sucede por la falta de políticas públicas eficaces, lo que hace importante y necesario crear las condiciones para un desarrollo sustentable.

Por lo anterior se considera urgente la elaboración de propuestas regionales y locales de una manera participativa que pueda servir de modelo para el desarrollo y la gestión ambiental en otras áreas de la Amazonia.

IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA BRASIL-VENEZUELA

La cooperación transfronteriza es una forma de colaboración entre gobiernos nacionales, locales o regionales en las áreas comunes ecológicas, culturales y económicas, que permite la participación y la actuación de manera conjunta, pudiendo integrarse mediante redes entre autoridades e instituciones públicas y privadas, ubicadas cada una en el lado del territorio fronterizo al que pertenecen. Esta cooperación en los corredores transfronterizos se presenta con objetivos o propósitos articulados con los ordenamientos territoriales, la política económica regional, el mejoramiento de las infraestructuras, la protección ambiental, así como los intercambios culturales, buscando que las relaciones se desarrollen con naturalidad en el área de frontera.

Los procesos de globalización económica, como resultado de la internacionalización de distintas economías, producen un gran impacto en las concepciones y manejos de los Estados y sus políticas de fronteras, ya que el fenómeno de la interdependencia en busca de desarrollos integrales los lleva a buscar, a través de las negociaciones, el manejo de las fronteras. La nueva realidad socioeconómica ha llevado a la conformación de bloques económicos que desplazaron a los bloques militares, los cuales funcionaron y cumplieron su papel en el periodo de “Guerra Fría” y de “políticas de seguridad nacional” para América Latina, impuesta por Estados Unidos.

Sin duda, esta nueva concepción de la integración en América Latina nos lleva a la refundación del Estado, con objetivos y estrategias distintas desde lo económico, social, cultural y ambiental, que le otorga funciones y características distintas a las concepciones tradicionales de origen norteamericano y eurocéntrico. Indiscutiblemente, deben adaptarse a estas nuevas realidades con una nueva dimensión, en la que —sin perder autonomías y soberanías nacionales— deben evaluarse convenios binacionales que deben concluir con políticas públicas de integración, en un proceso de impulso a los desarrollos sustentables necesarios para las regiones y para los países en general.

Las fronteras, como límites culturales sociales, no han existido en Suramérica. Las líneas fronterizas se impusieron por encima de territorios indígenas, por lo que es fundamental comprender que las líneas demarcatorias no han podido separar culturas y formas de vida asociadas. En consecuencia, se hace imprescindible actuar con una nueva visión de las relaciones de vecindad para un avance conjunto.

Esta forma de concebir los socio-espacios transfronterizos no hizo más que generar contradicciones en la tríada local-nacional-in-ternacional, frenando sus potencialidades y limitando sus oportunidades al desconocer la profundidad de los vínculos regionales y/o locales de vecindad que se producen en ellos, la complejidad de su dinámica y la ventaja comparativa y competitiva de constituir una región conjunta binacional o multinacional, inserta por naturaleza en la economía internacional.

Los nuevos escenarios políticos y económicos que caracterizan al mundo actual o posmoderno marcaron el desmonte del conflicto ideológico este-oeste y la crisis del Estado-nación moderno, abriendo un profundo debate sobre el rol del Estado-nación, las regiones y los socio-espacios fronterizos aún no culminados. Posturas que van desde los que pronostican la disolución del Estado-nación y de las fronteras mismas, hasta quienes sostienen que estamos en presencia de un periodo de transición entre el viejo Estado-nación y nuevas formas institucionales emergentes, donde la identidad regional y/o local y la visión prospectiva territorial juegan un papel fundamental. En el caso de los socio-espacios fronterizos, esta discusión teórica se ha traducido en una búsqueda permanente de estrategias alternativas para acoplarse a la dimensión de los cambios planetarios, reducir las asimetrías y aprovechar las ventajas geoestratégicas y geoeconómicas que tienen —como regiones de enlace con la economía internacional— para impulsar su desarrollo y crecimiento frente a otras regiones subnaciona-les y el propio mercado global.

En este proceso de reacomodamientos territoriales y estratégicos, de redefiniciones de categorías y conceptos de los discursos geopolí-ticos y geoeconómicos, los socio-espacios fronterizos y las relaciones transfronterizas se han ido desprendiendo de la histórica rigidez territorial del límite y transitan, cada vez más, hacia la idea de espacios abiertos, polifuncionales, de interacción dinámica y compleja, definida por los intereses y potencialidades de sus propios actores, en su relación con el país nacional y el propio contexto binacional o multinacional.

El nuevo discurso fronterizo es, ante todo, un discurso de la cultura transfronteriza, donde se conjugan prácticas y creencias compartidas que dan identidad propia a estos socio-espacios y los impulsa constantemente a la búsqueda de formas nuevas de competencia, competitividad y complementariedad ante un mundo cada vez más interconectado, económica y políticamente hablando. Los Corredores Económicos Transfronterizos Binacionales son solo una categoría más de esa diversidad de respuestas, una forma de asumir con eficacia y eficiencia el reto de la sobrevivencia de estos socio-espacios en la avalancha de cambios que generan los procesos de integración y glo-balización, una dimensión estratégica alternativa frente a los tradicionales esquemas de la planificación del desarrollo local heredados del cepalismo y el desarrollismo de la integración fronteriza, pero sobre todo una oportunidad para no seguir siendo invitados de piedra en la dinámica de la integración y la globalización.

LAS DEMANDAS DE LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ENTRE BRASIL Y VENEZUELA

Las áreas de frontera son regiones importantes de la integración binacional. En Suramérica, generalmente estas áreas son poseedoras de recursos naturales importantes en las dinámicas comerciales. Igualmente, estas áreas han cobrado importancia a partir de los acuerdos binacionales de integración y del ingreso de Venezuela al Mercosur, pero también frente a estos factores de la cooperación se presentan obstáculos y limitaciones, por lo que se hace necesario desarrollar un marco interinstitucional favorable a las políticas de integración.

Las experiencias presentadas en la región Sur entre los países miembros del Mercosur, basadas en las políticas binacionales entre los distintos gobiernos, han dado resultados importantes a tener en cuenta, pero igualmente las poblaciones que ocupan los corredores, en general, desconocen las políticas existentes.

En América Latina encontramos antecedentes prácticos en la propuesta de los corredores logísticos formulada por el BID en la década del ochenta y en los acuerdos de la Comunidad Andina (1987) para la promoción de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) como estrategia desarrollista. Estas iniciativas se propusieron con la finalidad de abordar la problemática de las relaciones transfronterizas en el marco de la integración subregional, dadas las continuas críticas hechas por los actores locales —públicos y privados— de su marginamiento en la elaboración de políticas para estos socio-espacios.

Estos antecedentes teóricos y prácticos nos llevaron a plantear la factibilidad de una propuesta estratégica de gestión —en la región conjunta binacional referida— en los socio-espacios fronterizos del nororiente colombiano y el suroeste venezolano, en el suroriente venezolano y el norte brasileño y en la región norte costera venezolana y el Caribe insular. Destacan en este contexto los ejes urbanos Me-dellín-Bucaramanga-Cúcuta-San Cristóbal-Mérida-Maracaibo (Corredor Económico Transfronterizo Andino) y el eje Boa Vista-Santa Elena de Uairén-Ciudad Bolívar (Corredor del Sur) en el marco de la integración subregional Andina y Mercosur, dadas sus estratégicas posiciones geográficas como puertas de entrada a estos mercados y la posibilidad de una conexión interoceánica Atlántico-Pacífico hacia los mercados emergentes asiáticos y suramericanos, que sumada a una significativa dotación de factores productivos físicos y humanos los conviertan en importantes socio-espacios de desarrollo regional e internacional. Se trata, en lo fundamental, de promover una plataforma o red de alianzas estratégicas, de sociedad fronteriza entre los diferentes actores, que cohesione y le otorgue direccionalidad a la integración funcional o de hecho que existe en ellos, una estrategia pragmática para construir una visión consensuada de región conjunta, con el fin de gestionar la dinámica del desarrollo local binacional y el intercambio económico transfronterizo.

No obstante el relativo éxito que han tenido estas formas alternativas de gestión, de la problemática transfronteriza en Europa y en la frontera de Estados Unidos con México y Canadá, su promoción en América Latina ha sido muy tímida, aunque hay que reconocer que en los últimos años se han hecho esfuerzos en la CAN (ZIF) y Mercosur (LFV) para aplicar esquemas de integración fronteriza. Sin embargo, una debilidad notoria de estos esfuerzos se expresa en la falta de una visión integral de región conjunta y de una perspectiva territorial identitaria, indispensable para su concreción y desarrollo sostenido. Se aprecian, igualmente, contradicciones y recelos de los centros de poder —de las economías metropolitanas nacionales— frente a las potencialidades del socio-espacio en los propios mercados nacionales.

La frontera brasileño-venezolana no escapa a esta debilidad de identidad territorial marcada por una historia de marginamiento de las políticas exteriores de las metrópolis y una economía desarticulada de la dinámica nacional, que durante años extrae sus riquezas naturales para colocarlas al servicio de capitales foráneos, de allí la importancia que tienen, para estos socio-espacios, las políticas de integración transfronteriza que se promueven en el marco del Mercosur como instrumentos de participación y de convivencia de la sociedad fronteriza. En este contexto, el corredor transfronterizo del norte de Brasil y del sur venezolano permitirá, entre otros aspectos:

-    Generar políticas públicas en las ciudades y asentamientos de la frontera, definidas sobre las bases de soberanía y seguridad nacionales, adaptadas a las condiciones y criterios del Mercosur.

-    Sugerir acciones que contribuyan con el nuevo ordenamiento territorial que demanda el proceso de integración al Mercosur y en las relaciones binacionales, mediante la definición de corredores transfronterizos más adecuados a las condiciones particulares de las poblaciones ubicadas en la zona de frontera venezolano-brasileña.

-    Crear los escenarios de cooperación y coordinación de acciones posibles y necesarias para el abordaje y resolución conjunta de las problemáticas de las fronteras asociadas con la integración.

-    Trabajar con comunidades indígenas binacionales para la definición de políticas públicas diferenciadas, apoyados en el ordenamiento jurídico existente en el ámbito binacional de que se trate.

-    Desarrollar talleres, encuentros, entrevistas con líderes de organizaciones sociales, económicas, instituciones públicas y privadas en las localidades de: Santa Elena de Uairen, la Línea y Boavista, con instituciones del estado Bolívar de Venezuela y del Estado Amazonas en Brasil.

ALCANCES E IMPACTOS

La complejidad y dinámica del fenómeno transfronterizo han generado, en la mayoría de los proyectos de integración subregional latinoamericanos, tratamientos inadecuados —y a veces equivocados— a los problemas del desarrollo local binacional, no solo por parte de los gobiernos nacionales sino, además, por los organismos multilaterales de la integración. Esta incomprensión, la mayoría de las veces motivada y otras no, ha generado un doble efecto en la sociedad fronteriza; de una parte, incorpora en su discurso cotidiano la confrontación frontera-metrópoli como un dilema de la identidad nacional, que lo lleva incluso al recelo de los objetivos integracionistas; por otra parte, identifica las ventajas que la coincidencia territorial permite al intercambio transfronterizo de bienes físicos o intangibles con mecanismos informales, algunos incluso ilegales, incluidos aquellos que le dan cuerpo a una identidad cultural e histórica propia de la sociedad fronteriza y que permiten la búsqueda permanente de estrategias alternativas de convivencia para potenciar sus capacidades, complementariedades y competencias.

Lo que es cada vez más aceptado en los círculos académicos y en los planificadores gubernamentales del desarrollo regional y la integración es que los cambios socio-espaciales y territoriales, generados por la globalización económica, aun cuando no son uniformes ni iguales para todas las regiones, han provocado una revisión de la importancia geopolítica, geoeconómica y geoestratégica de los socio-espacios fronterizos y de las relaciones transfronterizas fuera de la óptica confrontacional.

En este contexto multifuncional de los socio-espacios fronterizos es que hemos inscrito la propuesta estratégica de los Corredores Económicos Transfronterizos Binacionales. Se trata con ello de que la misma permita, entre otras cosas, lo siguiente:

Crear un modelo de gestión integral de región conjunta binacional para abordar el desarrollo local binacional y reducir los desequilibrios que los procesos de integración y globalización están produciendo en estos socio-espacios.

Desterritorializar la problemática del intercambio transfron-terizo para inscribirla en el marco de región conjunta binacional.

Definir nuevas formas de interacción y coordinación del intercambio transfronterizo para reducir los niveles de conflictivi-dad y mejorar la convivencia binacional.

Desarrollar una estrategia de formalización de la integración funcional o de facto que existe en estos socio-espacios para consolidarlos como espacios económicos emergentes frente al mercado nacional e internacional.

En este sentido, la propuesta de los Corredores Económicos Transfronterizos Binacionales contiene tres aspectos novedosos:

-    En primer lugar, se trata de un nuevo enfoque para abordar el desarrollo regional y/o local, adoptando esquemas de planificación regional binacional.

-    Un planteamiento estratégico alternativo para atender la problemática del intercambio comercial, económico y cultural, en el contexto de regiones económicas transfronterizas o de economía transfronteriza.

-    La incorporación del discurso fronterizo al enfoque metodológico del fenómeno del intercambio transfronterizo.

LA INTEGRACIÓN COMO PROPUESTA DEL MERCOSUR

Los cambios políticos, sociales y económicos presentados en América Latina a partir de la última década del siglo XX, se originan en una nueva concepción del Estado frente al modelo neoliberal y la necesidad de procesos de integración para enfrentar las políticas globalizan-tes y hegemonizadoras de Estados Unidos y Europa. Estos cambios tuvieron su impulso en las luchas sociales internas y sirvieron de respuesta a la crisis del modelo capitalista.

Aunque los caminos de la integración han sido un sueño de los pueblos desde la independencia de las colonias, vuelve a tomar fuerza en los comienzos del siglo XX, cuando los nuevos gobiernos con propuestas de refundaciones nacionales comienzan a explorar un camino de integración como respuesta a las nuevos retos económicos, sociales y políticos y como manera de enfrentar la crisis económica internacional. Los caminos recorridos por los países que hoy conforman el Mer-cosur en un principio fueron binacionales, para darse posteriormente la incorporación de los países de la subregión con el Tratado de Asunción de 1991, que dio origen al Mercado Común del Sur (Mercosur).

Venezuela ingresa al Mercosur en el año 2012, esta vinculación exige nuevas ideas que vayan dando mayor dinámica a los procesos de integración, en particular con Brasil, con quien comparte una frontera de 1.700 kilómetros y una alta biodiversidad y gran riqueza de recursos naturales estratégicos, como también comparte un área cultural natural, habitada por pueblos indígenas que se encuentran a ambos lados de las líneas fronterizas y últimamente nuevos asentamientos poblacionales que requieren de la definición de políticas públicas más regionales y locales.

El encuentro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, con Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil —realizado en 2007 con el objetivo de dar cumplimiento a los mecanismos de integración—, reiteró la importancia que tiene para las relaciones binacionales el fortalecimiento y la integración de los estados y municipios fronterizos, asumido desde la perspectiva de la cooperación y con un enfoque intercultural, aspectos que permitirán mejorar la calidad de vida de las poblaciones fronterizas.

Entendiendo el concepto de integración en sentido amplio, es decir como todo acuerdo entre Estados, para lograr una mejor relación entre ellos en distintas materias, especialmente en la económica, Venezuela tiene suscritos varios acuerdos que establecen diferentes formas y grados de integración, tales como los acuerdos de alcance parcial, los de complementación económica y los de libre comercio.

Dentro de los acuerdos vigentes tenemos el Tratado de Montevideo (Aladi o Asociación Latinoamericana de Integración), los suscritos con los países del ALBA (Alternativa Bolivariana de América Latina y el Caribe), igualmente el Acuerdo de Complementación Económica Venezuela-Mercosur.

EJES DE COOPERACIÓN

Los acuerdos binacionales han permitido la creación del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Fronterizo (GTDF), el cual se ha reunido en las ciudades de Brasilia y Caracas. Asimismo, se han realizado acuerdos para facilitar la educación gratuita a la población de la zona de frontera. Otro aspecto abordado en lo concerniente a la economía binacional ha sido el establecimiento de un Régimen Especial Fronterizo entre Pacaraima y Santa Elena de Uairén.

Se han firmado Memorándum de Entendimiento para la creación de Centros Binacionales de Asistencia a las Mujeres Migrantes en la Frontera Brasil-Venezuela, de igual modo el Memorándum de Sobre-vuelos en la Región Fronteriza, que busca reglamentar la actividad de nuevas rutas de sobrevuelo, la apertura de una agencia bancada de la Caixa Económica Federal en Pacaraima, en el área fronteriza entre Brasil y Venezuela, y para concluir el presidente Chávez indicó su intención de instalar una agencia del Banco de Venezuela en Santa Elena de Uairén.

BIBLIOGRAFÍA

Altmann Borbón, Josette y Beirute Brealey, Tatiana 2011 América Latina y el Caribe: Cooperación Transfronteriza. De Territorios de División a Espacios de Encuentro (Buenos Aires: Teseo/CAF/ FLACSO).

Sandoval Palacios, Juan Manuel y Álvarez de Flores, Raquel 2005 Integración latinoamericana, fronteras y migración (Barcelona: Plaza & Janes).

Vieira Posada, Edgar 2008 La formación de espacios regionales en la integración de América Latina (Bogotá: Universidad Javeriana). Zibechi, Raúl 2006 “La integración a la medida de los mercados” en Revista de Ecología Política, enero (Barcelona: Icaria).

Licenciado en Estudios Internacionales y en Economía, magister en Economía Internacional, doctor en Ciencias Sociales, todos por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesor e investigador universitario de UCV, UCAB, ENA-HP, IUFRONT. Presidente de la Fundación Universidad Virtual Domingo Felipe Maza Zavala, Caracas. Es autor del libro Historia diplomática de Venezuela (1830-1900), UCV, 1985.↵

37

5

GENERO Y TRANSFORMACIONES SOCIALES

38

Magdalena Valdivieso[1] 

OTROS TIEMPOS, OTRAS DEMANDAS, OTROS FEMINISMOS

CRISIS CAPITALISTA, GLOBALIZACIÓN Y FEMINISMOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALAC)

Las relaciones entre las propuestas y el desarrollo de los movimientos feministas, la globalización y las crisis del capitalismo, son amplias y diversas. En ocasiones anteriores me he referido a los efectos de las políticas neoliberales y de las estrategias globalizadoras en la situación de las mujeres en ALAC, y he sostenido que el proceso de globalización ha agudizado problemas, ha creado otros nuevos, ha deteriorado la calidad de vida de la mayoría y aumentado las brechas de género.

Es necesario tener presente que en los últimos años —no obstante haberse producido una disminución en las cifras de pobreza en América Latina y sin cuestionar en este momento los métodos de medición— la composición por sexo de los grupos pobres en la actualidad es similar a la de 1999, y ha crecido al menos en un 10% el número de personas que viven en hogares pobres e indigentes encabezados por mujeres, de modo que han aumentado también las actividades de cuidado de las mujeres en situación de pobreza e indigencia[2]. Esta situación no puede ser vista sino como un efecto nocivo de los ajustes globalizadores para las mujeres de los sectores vulnerables (CEPAL, 2012).

La gran estrategia neoliberal para atacar la pobreza es la creación de empleos. De hecho, la tasa de desempleo promedio para 2012 se redujo del 7,3% al 6,7% respecto a 2010, sin embargo no se puede obviar el hecho de que en América Latina tener un empleo no significa dejar de ser pobre, como se señala en el Informe de CEPAL:

Aun cuando se espera que el empleo remunerado sea una de las principales vías para salir de la pobreza, la mayoría de las personas pobres y vulnerables (de 15 años y más) ya se encuentran ocupadas. Los desocupados representan solo alrededor de un 8% entre los indigentes y un 6% entre los pobres no indigentes (CEPAL, 2012: 21).

También en este aspecto es evidente la brecha de género, ya que entre las mujeres hay una proporción más elevada de trabajadoras familiares sin remuneración, en situación de pobreza e indigencia y de ocupadas en actividades de cuidado: 71% de las personas que trabajan en actividades de cuidado como servicio doméstico en hogares son mujeres, a este porcentaje se suma un 23% de mujeres que trabajan en otras ocupaciones vinculadas con el cuidado. Resulta evidente, con estas cifras[3], que las mujeres sostienen el entramado “productivo”, responsabilizándose de las tareas imprescindibles para el sostenimiento de la fuerza de trabajo y, ante ello, los Estados han avanzado poco, apenas para reconocer alguna cobertura de seguridad social y, por su parte, el mercado ve en “el cuidado” un nuevo nicho de negocios.

El problema de la desigualdad en la distribución de los “bienes” continua siendo consustancial al modelo globalizador y así lo demuestra el hecho de que —en la mayoría de los países— un sector muy reducido de la población acumula una gran proporción del total de ingresos generados, mientras que la gran mayoría solo alcanza a recibir una escasa porción. El promedio simple de los valores de los 18 países considerados en el Informe de CEPAL al que nos referimos, indica que el 10% más rico de la población recibe el 32% de los ingresos totales, mientras que el 40% más pobre recibe el 15% (CEPAL, 2012). El promedio ha bajado porque hay cuatro países que registraron descensos significativos: Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela, todos ellos con tasas anuales de reducción del Gini superiores al 2%. Se evidencia también que los países que muestran “éxitos” en crecimiento económico no han disminuido la desigualdad. En Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y la República Dominicana los porcentajes se acercan al 40% de los ingresos para los más ricos y entre 11% y 15% para los sectores pobres. Estas cifras cuestionan la capacidad de las estrategias de crecimiento capitalistas para ofrecer vidas “vivibles” y, como sabemos, el modelo se sostiene también en ciudadanías deficitarias para la mayoría, considerando —como afirma Sonia Fleury— que:

más que la ausencia de igualdad, que indicaría la existencia de distintos grados de inserción en la sociedad política y en el mercado, lo que ocurre en la región es un fenómeno de exclusión, de persistencia de una esfera pública restringida que no incluye a una gran parte de la población (2003: 1).

Desde hace tiempo, el feminismo ha venido planteando que no basta con propiciar igualdad de oportunidades, que no son tales en tanto que las exclusiones múltiples impiden lograr la igualdad de resultados y el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos. En estas condiciones, en ALAC, la ciudadanía plena ha devenido en “privilegio”.

Por otra parte, el proceso de globalización, como se sabe, ha tenido como propósito la instauración de un modelo de vida “universal”, representado por el American way oflife, basado en el individualismo y la competencia, que se lleva por delante todas las otras formas de convivencia, amenazando y borrando identidades y debilitando o destruyendo la vida comunitaria. Este proceso hace aún más difícil establecer relaciones de género equilibradas. La imposición forzada del individualismo, el debilitamiento de las comunidades y de las redes de apoyo social aumentan la situación de vulnerabilidad de las mujeres y les crea dificultades mayores para construir el tejido social necesario con el fin de hacer efectivamente “público” lo personal, que ha sido la principal estrategia de resistencia feminista. El proceso de globalización ha profundizado así y con otras estrategias la separación entre lo privado y lo público, debilitando este último y cediendo al mercado muchas de las cuestiones que antes las mujeres, organizadas o no, demandaban del Estado.

La globalización ha significado para las mujeres aislamiento, segregación, debilitamiento de sus organizaciones, pérdida de recursos y espacios sociales. En cambio, les ha asignado trabajos asalariados mal remunerados en sectores vulnerables, sin protección, y no ha propiciado cambios significativos en la segunda jornada de trabajo de las mujeres, que implican los trabajos de cuidado.

De modo que alcanzar la igualdad de las mujeres, a partir del reconocimiento de sus diferencias y acceso equitativo al bienestar social, propósitos históricos que han guiado el quehacer feminista, se ha complejizado en este entorno de creciente desigualdad que el proceso de globalización ha profundizado. Parece pues, que la primera cuestión a tener en cuenta —cuando queremos referirnos a la relación entre “Feminismos, transformaciones y alternativas en ALAC”— es que la situación en la que las reflexiones y acciones feministas se desenvuelven en la actualidad está marcada por el proceso de globalización y por una profunda crisis que tiene manifestaciones ambientales, alimenticias, energéticas, culturales, políticas, financieras, bélicas y, no menos importante, de ausencia de sentidos compartidos.

Sobre los modos de entender la crisis, sus manifestaciones y efectos trató el segundo libro del Grupo de Trabajo que nos reúne en CLACSO: Crisis económica: una perspectiva feminista desde América Latina, coordinado por Alicia Girón, publicado en 2010. En el prólogo a ese libro llamábamos la atención sobre el hecho de que, a pesar de la dureza de la crisis —que se manifestaba entonces fuertemente en el sector financiero—, pocas voces habían denunciado que se trataba de una situación que respondía a la estructura misma del sistema económico basado en el beneficio individual, donde las condiciones de vida de la población, lejos de ser un objetivo central, pasan a ser lo que en economía se denomina una “externalidad”. Las feministas hemos revelado desde siempre estos aspectos considerados “externos” y denunciado la exclusión que se hace en el marco analítico económico de los procesos de reproducción social de la población, lo cual conduce a enfoques parciales y sesgados. Los análisis feministas se han ocupado de deconstruir los conceptos, los modelos y paradigmas utilizados tradicionalmente por la economía y de elaborar nuevas categorías y marcos teóricos como paradigmas alternativos. Por consiguiente, estos paradigmas ubican en el centro la realidad de la vida cotidiana de mujeres y hombres, teniendo como principio básico la satisfacción de las necesidades humanas y el bienestar. Esta perspectiva permite salirse de los análisis parciales de las crisis múltiples que no permiten evidenciar, como se hace desde otras perspectivas críticas, que estamos viviendo una crisis global. En palabras de Carlos Galano (2004):

Esta crisis epocal es la crisis de un modelo de conocimiento y de una concepción sobre la cultura y el desarrollo, es una crisis del conjunto de los artefactos culturales de esa época que produjeron un crecimiento insustentable y excluyente (p. 3).

Los estudios feministas han mostrado los efectos directos de la crisis sobre la vida de las mujeres: migración, aumento de los trabajos de cuidado, precariedad laboral, mayor incidencia de problemas de salud, violencia, etc. Hemos enfatizado que se debe reconocer que la problemática central no es la no integración de las mujeres a un modelo de expansión económica, como se sostiene desde las propuestas económicas capitalistas, sino de la transformación de las estructuras sociales, así como de los procesos y relaciones que producen e incrementan la posición de desventaja que afecta a las mujeres en general y, en especial, a las que unen su condición de género con la étnica, la de clase y con la región en la que viven. Pero asimismo, los estudios feministas han puesto en el centro del debate que lo que se ha puesto en cuestión con esta crisis es el modo en que habitamos el planeta, cómo vivimos, cómo producimos, consumimos y nos relacionamos.

Reconociendo que estamos ante un posible quiebre civilizatorio de carácter integral —que incluye factores ambientales, climáticos, energéticos, hídricos y alimenticios—, y ante el agotamiento de un modelo de organización económica, productiva y social, con sus respectivas expresiones en el ámbito ideológico, simbólico y cultural (Vega Cantor, 2011), los feminismos, como decíamos antes, enarbolan paradigmas alternativos como la economía del cuidado, y vemos con atención cuánto podemos aprender de las propuestas del “buen vivir” y de otras experiencias.

SITUACIÓN Y APORTES DE LOS FEMINISMOS  A LA CONSTRUCCIÓN DE HORIZONTES ALTERNATIVOS

A modo de conclusión, quisiera referirme a las transformaciones y alternativas que están aportando los feminismos en ALAC, y hacerlo a partir de los desafíos que nos dejó planteados el sociólogo y politólogo chileno Manuel Antonio Garretón (2013) en la Conferencia Inaugural del XXIX Congreso de ALAS, realizado en Chile en septiembre pasado.

En esa ocasión, Garretón presentó sus reflexiones sobre la situación del pensamiento crítico, preguntándose ¿qué pasa en la actualidad con la tradición emancipadora de las ciencias sociales? ¿Qué tipo de sociedad están pensando las ciencias sociales?

Sin duda apreciamos que hay fuertes demandas por reconstruir y cambiar la relación entre Estado y sociedad, que se expresan de manera diversa en los distintos países de América Latina, pero pareciera que la diversidad de grupos con demandas específicas llega hasta proponer principios de acción y aspiraciones, estas se prefiguran en el tipo de sociedad que deseamos: multicultural, pluriétnica, de derechos, reconciliada con la naturaleza, no patriarcal. No obstante, aún está ausente, como enfatizaba Garretón, la dimensión “utopista” que otorgue sentido a las luchas. Comparto plenamente esta preocupación, desde el feminismo se experimenta a menudo la sensación de que compartimos calle con diversos movimientos sociales, sin saber para dónde vamos. Es más, no parece que al feminismo le corresponda hacer propuestas más amplias que las referidas a la situación de las mujeres. Por el contrario, considero que las perspectivas feministas están en una situación privilegiada para aportar a dicho propósito, teniendo presente además que “otros” relatos utópicos dejan intacto el patriarcado. Pero sin duda recogemos —como hace Lilian Celiberti (2012)— que hemos avanzado poco en la perspectiva de pensar los problemas globales de la humanidad desde una nueva visión eman-cipatoria, que integre y articule lo público y lo privado, las subjetividades y poderes, clase, raza, género, opción sexual, para formular nuevas identidades políticas democratizadoras en el marco de una propuesta utópica, que convoque y movilice a los grupos que promueven proyectos alternativos.

Como mencionaba anteriormente, considero que la situación de dominación en la que estamos ubicadas las mujeres y lo femenino en general en este patrón de poder, ubica las perspectivas feministas en un lugar privilegiado para aportar propuestas más comprensivas sobre el tipo de sociedad a la que aspiramos. Como señala Alba Carosio en la presentación del tercer libro Feminismo y cambio social, producido por el Grupo de Trabajo en 2012:

El feminismo como teoría, praxis y proyecto ético político que reivindica la diferencia y la igualdad de la mitad de la humanidad, ha venido pensando desde una periferia cotidiana, común y naturalizada, y ha venido aportando análisis desveladores de la invisible discriminación y opresión sexual, junto con potencia subversiva, utopías radicales y propuestas emancipatorias. En el contexto del pensamiento antihege-mónico, el pensamiento feminista ha producido una teoría crítica que demuestra que los rostros de la dominación son múltiples, y por lo tanto deben ser diversas las formas y los agentes de resistencia a ellos.

La teoría y la práctica feminista no pueden desarrollarse sin ocuparse de la compleja dinámica de poder global actual, pues esta perpetúa la violencia militar, estructural, cultural, ambiental, sexual y económica contra las mujeres. Tampoco pueden llevarlo a cabo sin hacerse cargo de los cambios en las subjetividades que ha impulsado de la explosión de las diversidades y, al mismo tiempo, de la conciencia creciente de que somos parte de un colectivo global.

Si bien la principal aspiración que resume la utopía feminista es una sociedad no patriarcal, debido a que las formas que asume el patriarcado son heterogéneas y diversas, porque la dominación patriarcal se sostiene imbricada con otras estructuras y jerarquías de poder[4], no es casual que los feminismos cuestionen al conjunto del entramado estructural económico, ideológico, político, cultural y ético del patrón de poder dominante, que es moderno y a la vez colonial[5], capitalista y patriarcal, y se vean retados a pensar en proyectos sociales alternativos.

Delinear un proyecto de sociedad despatriarcalizada implica visualizar cómo serán estos otros ámbitos en los que se articulan y determinan las relaciones de poder que se establecen entre los sexos[6], es decir, obligan a tener referentes más amplios y pensar en horizontes de futuro, que vayan más allá de los asuntos que tradicionalmente han identificado a las luchas feministas. Considerar ciertos temas como propios de determinados espacios de pensamiento crítico ha sido producto de la especialización disciplinar, y esta no siempre va acompañada de procesos de reflexión e investigación compartidos que nos articulen o, al menos, fomenten el diálogo necesario para construir propuestas más generales. No ocurre así en la práctica de los movimientos sociales, que han generado espacios de encuentro, intercambio y construcción común, como son los foros sociales mundiales y regionales, en los que se viene generando un proyecto cultural alternativo que tiene como características la horizontalidad, su rica diversidad, su concepción de proceso, su rechazo a las estructuras organizativas formales y permanentes, entre otras.

Me interesa mostrar no solo el potencial subversivo del feminismo que se genera a partir de las múltiples y articuladas opresiones percibidas y develadas históricamente por el feminismo latinoamericano, sino enunciar al menos algunas de sus propuestas que subvierten la fragmentación y la singularidad de otras miradas, en tanto son transversales y pretenden ofrecer respuestas a problemas de desigualdades y subordinaciones múltiples.

En ese sentido, rescato como principal aporte del pensamiento y la práctica feminista la propuesta de otras formas de definición y de interrelación entre los llamados espacio público y espacio privado, sobre sus protagonistas referenciales y, especialmente, sobre los procesos que en ellos ocurren. Una de las principales transformaciones que requiere nuestra sociedad es “revalorizar” lo reproductivo invisi-bilizado, las tareas de cuidado, que no son percibidas como actividades “productivas” y por tanto son subvaloradas. El reconocimiento al valor e importancia del trabajo reproductivo que se realiza en la esfera privada, del tipo de relaciones que en ellos se establece, de los tipos de procesos de producción y la demostración de que “lo privado” sostiene a “lo público”, han sido tareas que el feminismo ha desarrollado, incidiendo en los modos de concebir las relaciones de poder y los temas considerados de interés público. Diversos movimientos sociales apuntan en la actualidad sus esfuerzos en esta misma dirección: defensa de modos de vida no regidos por el mercado capitalista: propuestas de buen vivir, etc., como rasgos definitorios de un proyecto social alternativo.

Un segundo aporte crucial de los feminismos para pensar y hacer política en la actualidad son justamente sus reflexiones y prácticas acerca de la diversidad y las subjetividades. La experiencia feminista es —en este sentido— una apreciada, necesaria y pertinente contribución a los movimientos sociales contrahegemónicos, como lo plantea Luciano Fabbri (2010). De hecho, la teoría feminista ha sido una de las principales fuentes del giro cultural que permitió pensar la complejidad de la construcción social y cultural de la subjetividad, al negar el sujeto humano abstracto y universal y revelar una sujeta concreta, femenina y subordinada. Esta desnaturalización del sujeto universal hizo posible pensar más tarde la clase, la raza y la desigualdad social en relación con el género y la sexualidad y, sin duda, aportó al reconocimiento de otros sujetos que no se reconocen en el sujeto único, pretendidamente universal, de la modernidad.

Un tercer aporte al debate político son las concepciones feministas acerca del poder como elemento presente en todas las interrelacio-nes sociales y su carácter polimórfico, unido a la comprensión de las identidades “como productos sociales, cambiantes, fluctuantes, según los contextos, hegemonías y coyunturas políticas” (Ochy Curiel, 2005: 19). Esta comprensión del poder como polimorfo y de las identidades como productos sociales cambiantes, permite pensar en un/a sujeto/a social plural, diverso/a y heterogéneo/a, compuesto por los múltiples sectores sociales, que se encuentran en una posición de subordinación ante las diversas modalidades de ejercicio asimétrico del poder, y nos aparta de las búsquedas del sujeto privilegiado de cambio, evitando así viejos y nuevos reduccionismos ligados a la predeterminación de actores sociales, a los que se les asignan mesiánicas tareas liberadoras (Valdés Gutiérrez, 2001).

De modo que desde los feminismos aportamos a la configuración de un horizonte utópico, que entendemos está en construcción, y que solo será posible a través de procesos de debate, de confluencia de experiencias que permitan, como señala Boaventura de Sousa Santos, “reinventar un mapa emancipatorio que no se convierta gradualmente en un nuevo mapa regulatorio” (2000: 330). Estos procesos requieren tanto de otras epistemologías como de otras prácticas políticas y perspectivas éticas; los feminismos comprometidos con un proyecto alter hegemónico en América Latina y el Caribe, estamos en permanente revisión y haciéndonos cargo de estos desafíos.

BIBLIOGRAFÍA

Carasio, Alba 2012 Feminismo y cambio en América Latina (Buenos Aires: CLACSO).

Celiberti, Lilian 2012 “Estrategias confrontadas en las Américas: hegemonía norteamericana, fuerzas sociales y políticas contrahegemónicas” en Cotidiano Mujer (Montevideo).

CEPAL 2012 Panorama Social de América Latina en <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/48455/PanoramaSocial2012DocI-Rev.pdfx

Curiel, Ochy 2005 “Identidades esencialistas o construcción de identidades políticas: el dilema de las feministas afrodescendientes” en Mujeres desencadenantes. Los estudios de género en la República Dominicana al inicio del tercer milenio (República Dominicana: INTEC).

De Sousa Santos, Boaventura 2000 A Critica da razdo indolente: Contra o desperdicio da experiencia, Vol. I (San Pablo: Cortez Editora).

Fabbri, Luciano 2010 Aportes sobre feminismos y construcción del poder popular (Buenos Aires: Puño y Letra).

Fleury, Sonia 2003 “Construcción de ciudadanía en entornos de desigualdad” en Revista Futuros en <http://www.revistafuturos.info/futuros_10/ciudadanial.htm> acceso 14 de febrero de 2013.

Galano, Carlos 2004 “Latifundio genético. El ocaso de la vida” Dossier bibliográfico N° 1 de la carrera Especialización en Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable (Universidad del Comahue).

Garretón, Manuel Antonio 2013 “(In)disciplinas sociológicas en América Latina”. Conferencia magistral en inauguración del   XXIX Congreso ALAS, Santiago de Chile en <http://www.facso.uchile.cl/noticias/95039/inauguracion-congreso-alas-clase-magistral-del-prof-manuel-garreton>.

Girón, Alicia (coord.) 2010 Crisis económica: una perspectiva feminista desde América Latina (Buenos Aires: CLACSO).

Valdés Gutiérrez, Gilberto 2001 “Hacia un nuevo paradigma de articulación (no tramposo) de las demandas emancipatorias”. Artículos y Ensayos Utopía y Praxis Latinoamericana, 14 (Maracaibo: Universidad del Zulia).

Vega Cantor, Renán 2011 “Crisis civilizatoria”. Revista Herramienta, 42 en <http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-42/crisis-civilizatoria>.

Viveros, Mará 2009 “La sexualización de la raza y la racialización de la sexualidad en el contexto latinoamericano actual” en Revista Colombiana de Antropología, 48 (1).

Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (UCV). Investigadora del Centro de Estudios de la Mujer (UCV). Profesora invitada de la Escuela Latinoamericana de Estudios de Posgrado de la Universidad de Arte y Ciencias y de la Universidad Central, Chile. Coordinadora del Grupo de Trabajo "Feminismos, transformaciones y propuestas alternativas en ALAC" (CLACSO). Integrante del Movimiento Feminista del Sur.↵

De 1999 a 2011, en los hogares indigentes la proporción pasó del 18% al 28%. En los hogares pobres estos valores fueron de 19% y 28%, respectivamente (CEPAL, 2012).↵

Considerando, además, que en todos los sectores sociales las tareas de cuidado siguen estando mayoritariamente a cargo de mujeres.↵

Como son la organización económica capitalista, la colonialidad del poder, del saber y del ser y el sistema de organización política representada por el moderno Estado-nación.↵

En la situación de las mujeres incide fuertemente el carácter colonial de nuestras sociedades, el criterio de raza ha sido determinante en la inferiorización de las mujeres consideradas "no blancas" —indias, negras, mestizas, cholas—, es decir la mayoría de la población femenina del continente, sobre la que se ha instalado, además, un imaginario que racializa la sexualidad (Viveros, 2009).↵

Que tampoco son homogéneas en la sociedad.↵

39

Alicia Moneada[1] 

CONTRIBUCIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE MUIERES INDÍGENAS A LA NOCIÓN DE DESARROLLO

EN LA BÚSQUEDA DESENFRENADA de las economías mundiales por los commodities, los primeros silenciados son los Pueblos y comunidades indígenas que exigen derechos territoriales. Pero las mujeres originarias, organizadas por la autodeterminación de sus Pueblos son las que, con mayor ahínco, el ego conquiro extractivista ha procurado callar, pues ellas han logrado demostrar que el modelo de desarrollo depredatorio, colonial, la economía del mercado y esa “retórica de la sociedad de la propiedad” (Shiva, 2005/2006: 11) nos está condenando a atestiguar la destrucción de nuestro mundo.

Cuando las mujeres indígenas problematizan el concepto de desarrollo hegemónico, que tiene sus cimientos en el libre mercado y su racionalidad maquiavélica, e incluso cuando objetan el desarrollo que se declara “sostenible”, lo hacen tomando en cuenta no solo los ciclos de regeneración natural de la tierra y las consecuencias en las generaciones siguientes, sino cuestionando la noción de desarrollo como el reino único de la producción material y la reproducción de la vida. El primer gran escollo con el que se enfrenta el pensamiento economi-cista colonial, capitalista y patriarcal, son unas mujeres cohesionadas, autodeterminadas y posicionadas política-filosóficamente contra una economía de mercado antagónica a la economía de la naturaleza o economía de la vida.

Vandana Shiva en su Manifiesto para una democracia de la tierra, se refiere a la economía de la vida como la producción natural de bienes y servicios. Específicamente, nos habla de los procesos del mundo natural como el “agua reciclada y distribuida a través del ciclo hidrológico, la fertilidad del terreno producida por los microorganismos, las plantas fertilizadas por los agentes polinizadores” (2005: 24). Son las operaciones fácticas del accionar regenerativo de la tierra, sistemas que permiten los ciclos vitales de las entidades que habitan el mundo.

Conscientes de la necesaria administración cuidadosa de los recursos que brinda la tierra y sus procesos, las organizaciones de mujeres indígenas demandan, en primera instancia, el reconocimiento de la naturaleza como la verdadera creadora de las condiciones materiales necesarias para la vida. Bien lo expone la Declaración de las Mujeres Indígenas del mundo (1995) cuando se afirma, como primer punto, que “la tierra es nuestra madre. De ella recibimos nuestras vidas y nuestra capacidad para vivir. Es nuestra responsabilidad cuidar a nuestra madre y al cuidar a nuestra madre, cuidamos de nosotras mismas”.

Para las originarias, la lucha por la autodeterminación y los derechos territoriales es inherente a la preservación de la economía de la vida. Oponerse a la visión hegemónica del desarrollo es enfrentarse a los anclajes teóricos, articulados desde la colonialidad del saber, que convierten en discursos de salvajes y “abraza-árboles” anacrónicos las relaciones ancestrales de veneración y respeto a la tierra. Contradecir postulados que configuran los motores de la economía mundial conlleva al silenciamiento, por lo que no son de extrañar las intervenciones, sutiles o coercitivas, del gran capital en la postergación del ejercicio efectivo de los derechos territoriales de los Pueblos indígenas.

Entender la postura anti-desarrollista de las mujeres indígenas organizadas implica vislumbrar los pilares filosóficos de sus reivindicaciones ecoambientales, que difieren totalmente de la interpretación occidental imperante de los derechos humanos sobre los de la naturaleza y sus ciclos. Así expresaba su tristeza una sabia del Pueblo Wintu, en plena Revolución Industrial y expansión de la explotación aurífera en California, al asegurar que el espíritu de la tierra no podía amar el proyecto del progreso del hombre blanco, porque “donde quiera que él toque, deja siempre una herida” (McLuhan, 1971/2002: 23).

Mientras que para las mujeres indígenas la relación con la tierra significa el respeto y custodia de todos los ciclos naturales, la visión hegemónica del desarrollo se estructura en una interpretación liberal antropocentrada de los derechos concedidos a los hombres por el ejercicio de la razón. Mas esta noción no solo se supedita al programa ilustrado liberal que promulga el progreso a costa de la economía de la vida, sino que tiene unas profundas raíces en los decretos primigenios del dios judeo-cristiano.

La relación ancestral de los Pueblos originarios contradice el ejercicio de dominación que se plantea en el Génesis con el mandato de “llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra” (Génesis, 1: 28). Toda relación que acarrea la primacía de requerimientos humanos sobre los ciclos de la naturaleza es contraria a la filosofía de los Pueblos indígenas que optan por tomar solo lo necesario para la prosecución de la vida.

La construcción de una jerarquía que entroniza al humano en la jefatura del mundo natural representa para las mujeres indígenas un atentado contra la tierra, pues está a merced de la avaricia y la opresión desmedida del proyecto acumulativo de la economía de mercado. De esta manera lo expresan las originarias mesoamericanas en el boletín informativo del Encuentro de mujeres indígenas mesoamericanas sobre derechos humanos y la CEDAW (2013), donde aseguran que:

Los territorios y los bienes naturales que cuidamos están siendo sistemáticamente saqueados con lujo de violencia en contra de las comunidades que se oponen a los intereses de grandes multinacionales al amparo de las autoridades nacionales. La colonización actual es el despojo y saqueo de nuestros territorios, de los elementos naturales, el agua, el viento, los bosques y todo lo que integra la madre tierra (p. 1).

Reiteran los planteamientos de la Declaración de Panajachel (2006) acerca de las responsabilidades de los Estados en la preservación de la tierra y exigen “el respeto a las tierras y territorios indígenas y rechazamos los programas públicos que promueven la privatización de las tierras indígenas” (p. 1).

Alicia Puleo (2013) propone que esa concepción del mundo, según la cual todo existe para la satisfacción humana, “justifica el dominio y la explotación sin límites de la naturaleza”. Y bien se pregunta: ¿Cómo llegamos a instalarnos en esta creencia que hoy se revela suicida.-’, Para tratar de respondernos, primero debemos desmontar el mandato del dios-patriarcal occidental. Luego, enunciarnos contra los principios patriarcales que, con su moral, ética y episteme, instalan los derechos del homo economicus en aras de proseguir la falacia de la evolución humana. Nos dice Eric Hobsbawm que ese “drama del progreso”, palabra clave del proyecto ilustrado moderno, nos lega una metáfora “masiva, iluminadora, segura de sí misma, autosatis-fecha, pero, sobre todo, inevitable (1975/2007: 16). Es, precisamente, esa inevitabilidad del progreso la idea que subvierten con fuerza las mujeres indígenas organizadas, al proponer la preservación de la economía de la vida como la única salida a la lógica suicida de la devastación capitalista.

Además del antropocentrismo inherente al discurso desarrollista, las mujeres indígenas nos recuerdan los principios de la razón patriarcal, pero especialmente la ilustrada, que escindió cultura y naturaleza imponiendo un modelo de desarrollo antagonista a la economía de la vida y a las mujeres. La razón patriarcal ilustrada articuló las ideas que contribuyeron a la atadura de las mujeres al estado de naturaleza. La supuesta incapacidad femenina para operar desde la razón brindó, a las teorías que fundamentaban la inferioridad de las mujeres, las razones idóneas para incluirlas en el proyecto moderno de domesticación del ámbito natural. Ahora, si las mujeres no indígenas fueron atadas con fuerza al estado de naturaleza, los amarres de las originarias son más contundentes, porque el patriarcado ilustrado solo les adjudicará el sentimiento y el instinto como las únicas operaciones subjetivas posibles. De la misma forma, el buen salvaje rousseauniano incidirá en la construcción de una condición bestial de los Pueblos indígenas, cuya única solución está en el progreso.

Bien es cierto que, desde los inicios del ejercicio del ego conqui-ro occidental, los Pueblos originarios de los “territorios de ultramar” se han enfrentado con la vorágine extractivista que instauró el colonialismo. A propósito, un adelantado respondía al inca Wayna Qha-paq: “este oro comemos” (Rivera, 2010: 28), explicando las verdaderas intenciones de la conquista. No obstante, es la economía capitalista republicana la que dio paso a la constitución del exterminio y sometimiento de los Pueblos originarios como política de Estado, a fines de garantizar la expansión del progreso moderno.

El binarismo cultura-naturaleza implica una exigencia ilustrada para los Pueblos indígenas. La “civilización” y asimilación de la ideología nacional se instaura como un requisito indispensable para la integración de los y las originarias en la relación contractualista del Estado social y político. La promesa republicana de incorporar a los indígenas en el pacto social requiere de la asimilación imperativa de los sistemas políticos, económicos y culturales occidentales. Y, lo más vil, exige a los Pueblos indígenas transformar su relación ancestral con la tierra. Ante la noción del trabajo productivo instaurado por la Revolución Industrial, un jefe Sokulk reclamaba:

Me pedís que excave el suelo para sacar piedras. Pero, ¿debería excavar bajo su piel para arrancarle los huesos? [...] Me pedís que corte la hierba y que de ella haga forraje, la venda y me enriquezca como el hombre blanco. ¿Pero cómo podría yo cortarle los cabellos a mi madre? (McLuhan, 1971/2002: 64).

La inevitabilidad del progreso económico y el triunfo de la lógica de la razón patriarcal en América se debe al exterminio sistemático de los pueblos amerindios y la instrumentalización del cuerpo de las mujeres originarias en la política del mestizaje, que conllevaría a la asimilación sin remilgos de la noción del desarrollo liberal, republicano, extractivista y patriarcal. De la misma forma, se impuso a los pueblos indígenas que la salida de la “barbarie” supone aceptar un paradigma de desarrollo atravesado por la aserción de que los vicios privados son virtudes públicas. Idea que emplaza a la avaricia como la pieza fundacional de la economía de mercado. El individualismo que tanto ha procurado fortalecer la visión hegemónica y liberal de los derechos humanos es el motor que permite al gran capital proseguir en su cruzada por el exterminio de los pueblos indígenas, de esa manera se garantiza el modelo civilizatorio moderno interesado en el crecimiento de los indicadores económicos.

Cuando los pueblos indígenas y las mujeres indígenas reclaman un desarrollo que responda a sus formas de vida ancestrales, en consonancia con la economía de la vida, son subversivos a la máxima del individualismo y la retórica de la propiedad que atraviesa la visión liberal de los derechos humanos. Se oponen al parcelamiento y tratamiento de la tierra como una propiedad, idea extremadamente peligrosa que cuestiona derechos civiles y políticos que son considerados derechos humanos. Por lo mismo, las mujeres indígenas interpelan el “derecho” del mercado a interferir en la economía de la vida y la extracción sin límites de los productos naturales.

Conocedoras de que sus ideas son peligrosas para las operaciones de la lógica economicista patriarcal y neoliberal, las mujeres indígenas se organizan para exigir la demarcación y la entrega de títulos de tierra colectivos, buscando frenar la expansión de los proyectos extractivistas. Tal es el caso de la firmeza demostrada por la Organización de Mujeres Indígenas de Amazonas, quienes declaran a través de sus voceras que “si el desarrollo trae destrucción de nuestra cultura, carreteras de penetración, enfermedades y grupos armados irregulares, pues no queremos civilizarnos” (Coiam, 2013). Se unen a las declaraciones de los y las voceras de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas cuando manifiestan su preocupación por los proyectos mineros que representan “una amenaza a que dentro de poco tiempo pueda desaparecer nuestra identidad cultural, además de la amenaza a los espacios sagrados, la destrucción de los bosques, la contaminación de los ríos y los peces” (ídem).

Asimismo, alegan que prefieren ser supeditadas a la barbarie en su oposición a los megaproyectos de “desarrollo” que implican mejoras momentáneas para la población de los países, pero que no se configuran pensando en el futuro y en el daño irreparable que generan en la economía de la vida.

Las mujeres indígenas, en sus prácticas cotidianas, nos dejan vislumbrar que la vorágine depredatoria adquirió el poder, que hoy detenta, con el proyecto de destrucción de la economía de la subsistencia; entendiéndose como las formas ancestrales de los pueblos indígenas de autoabastecerse, dependiendo por completo de los ciclos naturales.

Actualmente, la mayoría de las mujeres indígenas viven de la economía del sustento, que a diferencia de la subsistencia, incorporó el papel moneda como un “medio de intercambio, procurando la supervivencia de la vida en general —no solo la humana— y buscando la colaboración igualitaria entre todas las personas y de estas con la naturaleza” (Shiva, 2006: 25). Paradójicamente, la economía del sustento que practican las mujeres indígenas no urbanas es absolutamente necesaria para la reproducción de la economía de mercado, pues “el mercado no puede interiorizar plenamente la economía del sustento dado que la externalización de la carga social es la base misma de la rentabilidad financiera y de la acumulación de capital” (Shiva, 2006: 26).

Las mujeres indígenas, aunque según algunas “especialistas” tengan conceptos abstractos del desarrollo, saben que sobre sus hombros y su faena en la milpa o en el conuco descansa la responsabilidad de garantizar las condiciones materiales para que ellas, sus compañeros, hijos e hijas se integren al aparato laboral capitalista. También comprueban que la pobreza deviene cuando pierden la posibilidad de autoabastecerse, se percatan de que la batalla contra la asimilación es cruenta cuando se ven en la angustiante necesidad de asalariarse, optando por desempeñar cualquier actividad que les devengue algo de papel moneda.

Una preocupación constante de las mujeres indígenas organizadas es la persistente trivialización, que surge de la academia y la ciencia nor-eurocentrada, de sus demandas. La lucha por la tierra que encabezan las originarias no es el producto de la modernidad autocrítica, es la manifestación de la resistencia ancestral por cuidar el mundo que las y los ancestros nos legaron con sus economías susten-tables. Pero además, los Pueblos indígenas sostienen, en palabras de Mahatma Gandhi, que “la tierra proporciona recursos suficientes para las necesidades de todos, pero no para la codicia de algunos” (Gandhi citado en Kumar, 2007: 1). Son las mujeres indígenas organizadas las que siguen haciendo los llamados, intercediendo incluso en el mundo espiritual por las aberraciones del desarrollismo y resistiendo incólumes en nuestra realidad fenoménica por la defensa de la vida.

BIBLIOGRAFÍA

“Comunicado: mujeres indígenas mesoamericanas – Derechos Humanos y la Cedaw” 2013 JASS Mesoamérica en <http://www.justassociates.org/es/accion/comunicado-mujeres-indigenas-mesoamericanas-derechos-humanos-cedawx

Declaración de ¡as mujeres indígenas del mundo

1995 México Nación Multicultural en <http://www.nacionmulticultural.unam.mx/movimientosindigenas/docs/decl_223 .pdf >.

“Declaración de Panajachel” 2006 Radio Internacional Feminista en <http://www.radiofeminista.net/abril06/notas/mesoamerica2.htm>. Hobsbawm, Eric 1975/2007 La era del capital. 1848-1875 (Barcelona: Crítica).

Kumar, Jeevan 2007 “Economía y sociedad. La perspectiva de Gandhi” en Pekea Newsletter, 12.

McLuhan, T. C. 1971/2002 Tocar la tierra: autorretratos de los indios de América del Norte (Barcelona: Octaedro).

“Organizaciones Indígenas de Amazonas agrupadas en la ‘COIAM’ se trasladan a Caracas para discutir con Instituciones públicas la nueva política minera del Gobierno” 2013 en Forest Peoples en <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/07/COIAM%20en%20Caracas.pdf>.

Puleo, Alicia 2013 “Ser humano y naturaleza en la era del antropoceno” en La Nación, 5 de junio.

Rivera Cusicanqui, Silva 2010 Ch’ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores (Buenos Aires: Tinta Limón). Shiva, Vandana 2005/2006 Manifiesto para una democracia de la tierra. Justicia, sostenibilidad y paz (Barcelona: Paidós).

Alicia Moneada es mestiza, feminista descolonial, historiadora del arte colonial, docente e investigadora. Participa en la lucha de los pueblos y comunidades indígenas acompañando los procesos de resistencia que se generan desde las organizaciones de mujeres indígenas de base. Asimismo, es docente e investigadora del área de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo y coordina el Área de Formación Socialista Feminista del Viceministerio de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.↵

40

Alba Carosio[1] 

FEMINISMOS POPULARES Y POLÍTICAS DE LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA

ACOMPAÑANDO LA POTENCIACIÓN de los movimientos sociales y populares, favorecida por las izquierdas latinoamericanas que alcanzaron el poder del Estado y las políticas de ampliación democrática, redistribución económica y protagonismo social, se desarrolló un espacio diverso y vibrante de prácticas, resistencias, luchas, reflexiones y propuestas antineoliberales. En estos espacios han ido surgiendo movimientos de mujeres que, con visión de clase y etnia, van construyendo una conciencia de mujeres con sus necesidades y se van acercando al pensamiento feminista, sintetizado en la lucha por transformar las relaciones de opresión entre hombres y mujeres.

SOBRE LAS POLÍTICAS DE LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA

En los primeros años del siglo XXI, las izquierdas latinoamericanas llegaron al poder en una situación social heredada del neoliberalismo fracasado, caracterizada por desigualdades más pronunciadas, sociedades fracturadas, espacios públicos privatizados y desatendidos, pobres criminalizados y retroceso de derechos sociales. A lo que se agregaba la corrupción, concebida por los vínculos entre el poder político y el poder económico, abuso de poder y desprestigio de los actores políticos tradicionales. Todo esto fue generando rechazo por una democracia representativa que mantenía importantes masas excluidas, y fue dando lugar a la necesidad de renovación de los mecanismos de participación, produciendo un movimiento que buscaba la ampliación y la democracia directa.

Objetivo prioritario de los gobiernos de la izquierda latinoamericana es ir saldando la deuda social del continente más desigual del planeta. Disminuir la desigualdad y generar calidad de vida para las mayorías excluidas son las metas clásicas de las políticas de izquierda, así como establecer prioridades presupuestarias que favorezcan los principales gastos sociales e inversiones públicas en trabajo, y el desarrollo del mercado interno. La base está en un concepto de igualdad materialista, que incluye igualdad de derechos y también de condiciones, justicia social, equidad e igualdad sustantiva, reconocimiento de la diversidad o igualdad en la diferencia, todo lo cual implica un tratamiento preferencial para los grupos oprimidos.

En esta etapa de la izquierda en el poder, se incluyen gobiernos donde confluyen partidos, movimientos, frentes y coaliciones, en los que convergen diversas corrientes políticas e ideológicas, que ocupan de manera estable espacios institucionales en democracias más o menos burguesas y con mayores o menores grados de poder popular. Por lo demás, todos coinciden en la preeminencia de lo social, de la inclusión y el combate a la pobreza, en la apelación al pueblo como protagonista y legitimador, así como en la reivindicación y profundización de la democracia —para cuyo ejercicio la igualdad es fundamental— y en la fortificación de la soberanía y la integración latinoamericana.

A partir de la llegada de la renovación de izquierda en países de Nuestra América, se producen cambios fundamentales, entre los que podemos señalar:

-    Se va recuperando el papel del Estado y de lo público.

-    Se abre el protagonismo de sectores marginados, a partir de la visibilización de la exclusión, considerando los aspectos de clase, etnia y género.

-    Se desarrollan nuevos pactos sociales, impulsados en varios casos por nuevas constituciones, que se basan en el concepto de igualdad de derechos y condiciones, y supera la visión de igualdad de oportunidades.

-    Estados y gobiernos invierten en lo social y utilizan mecanismos redistributivos.

-    Rejerarquización de la cuestión social, al colocarla como dimensión estratégica de la construcción de los consensos políticos y el proyecto de desarrollo.

-    Irrupción decidida de políticas centradas en derechos, con vocación universalista, como en los ámbitos de la salud y las pensiones y jubilaciones.

-    Renovación de la preocupación por la desigualdad, que se manifiesta en una focalización para la inclusión prioritaria de colectivos oprimidos con la finalidad de generar universalidad en el acceso a los bienes sociales.

El giro de perspectiva se evidencia en la mayor centralidad que adquiere el factor social en todos los aspectos de la política y del gobierno. Programas que combaten la pobreza, la exclusión, la vulnerabilidad y la desigualdad son concebidos como necesidad fundamental de América Latina y el Caribe. El Estado recupera su preocupación y papel central en la búsqueda de soluciones a los problemas de desigualdad y bienestar. Se trata de combinar el combate contra la pobreza con el combate contra la desigualdad, promoviendo también la recuperación del sentimiento de comunidad social y la solidaridad como pilar de la protección social.

La política social, orientada a la distribución justa de bienes públicos, es central en el conjunto de políticas públicas. En la actualidad, en América Latina hay una serie de experiencias e iniciativas emergentes tratando no solo de recuperar las viejas políticas sociales, resignificándolas, sino también de inventar nuevas.

En el modelo neoliberal, la política social es un costo de los objetivos económicos y tiene un enfoque residual, dar una compensación a quienes no logran acceder a un “mínimo” de satisfacción de sus necesidades. En el modelo de las izquierdas latinoamericanas actuales, el enfoque de las políticas sociales se basa en los derechos humanos económicos y sociales, y una visión más profunda de la igualdad y la equidad. Orientadas, además, por la responsabilidad colectiva para la construcción de sociedades con sentido de comunidad. Lo social ya no es solamente proveer de bienes y servicios, sino un campo de derechos colectivos e individuales legítimos, umversalmente reconocidos y garantizados, que se corresponden con necesidades humanas fundamentales, cuya realización plena es indispensable para la vida personal y la participación en la vida social.

La perspectiva de derechos y la búsqueda de igualdad de condiciones como orientaciones de la política social, permiten romper el falso dilema de universalidad vs. focalización. Hay que reconocer que para lograr una protección efectiva de la población vulnerable o que vive en extrema pobreza no es suficiente el crecimiento económico ni generar servicios públicos. En América Latina y el Caribe el problema reside en que los bienes sociales públicos de salud y educación no llegan a los sectores más vulnerables, más bien en el pasado quienes más se han beneficiado de estos bienes —por ejemplo de la educación pública— han sido las capas medias y altas. La noción de exclusión hace referencia al conjunto de personas que no logran participar en los bienes sociales. En este contexto la focalización o selectividad puede ser una herramienta que contribuya a la universalización. Sin universalidad la política social no será derecho de toda la población ni se garantizará la igualdad; y sin su aplicación focal, no atenderá las condiciones de pobreza y exclusión que impiden la universalidad.

Todo esto ocurre en un contexto donde las sociedades latinoamericanas y sus organizaciones y movimientos se activan para profundizar la democracia. Se produjo la irrupción de actores constituyentes (movimientos campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y feministas, sindicatos nuevos y antiguos, movimientos de desocupados, pobres urbanos y afrodescendientes, organismos de derechos humanos) que van forzando la inclusión de nuevos temas en la agenda política y social. Y se ocupan de avanzar por sobre las concepciones elitistas, excluyentes y burocratizadoras de la democracia representativa. La inclusión da lugar a la participación y protagonismo de los sectores populares y sus demandas, que a su vez impulsan la construcción de políticas públicas, nuevas institucionalidades y mecanismos más directos de participación.

Como sostenía Carole Pateman (1970), la principal función de la participación es educativa, en el más amplio sentido de la palabra, tanto en los aspectos psicológicos de desarrollo de habilidades, como en los prácticos, en la eficacia de los procedimientos. Los procesos latinoamericanos de la izquierda en el poder revitalizaron el interés en la política y en las actividades políticas al enfrentar la pobreza. La asignación de recursos y mejoramiento de la vida concreta cotidiana de las grandes mayorías, dio lugar a la reconfiguración del espacio público, para desarrollar una democracia sustantiva desde la equidad.

En este contexto, se hizo más visible cómo las desigualdades reales de clase, sexo y raza impiden y limitan la democracia y cómo se articulan entre sí configurando un sistema de opresión: el capitalismo patriarcal racializado. Se pone en evidencia la necesidad de analizar conjuntamente los efectos del racismo, las relaciones de clase y género, y sus intersecciones entre el colonialismo y el imperialismo, que complejizan las opresiones de este capitalismo globalizado, heteropa-triarcal y racista. Los movimientos feministas y de mujeres componen un elemento constitutivo del propio proceso de transformación social contrahegemónico.

REALIDADES DE LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA

Las mujeres en América Latina y el Caribe, en peores condiciones que sus pares masculinos, están en una mayor situación de vulnerabilidad, exclusión y pobreza. Algunos datos importantes son:

-    El mayor tiempo destinado por las mujeres a las labores domésticas y de cuidado y la baja participación de los hombres en las mismas aumentan la carga de trabajo total de las mujeres, lo que limita sus posibilidades de participar en otras actividades, reducen su capacidad de generar ingresos propios y afectan su bienestar.

-    La inserción laboral de las mujeres es sumamente estratificada. Las mujeres pobres tienen muchas menos oportunidades que las de los estratos superiores.

-    Las mujeres en edades reproductivas incrementan notoriamente su carga de trabajo no remunerado, especialmente en las capas más pobres. Esto inhibe su participación en el mercado laboral.

-    Las mujeres son mayoría en los segmentos más precarios del mercado laboral, 14% son trabajadoras domésticas remuneradas. Esta es la ocupación numéricamente más importante para las mujeres latinoamericanas (OIT, 2012).

-    Hay grandes brechas de género en el empleo y en las remuneraciones entre hombres y mujeres, especialmente en las ocupaciones con menor grado de formación.

-    Solo un 15% de las mujeres y un 25% de los hombres de 15-65 años de edad están afiliados a la seguridad social, agravando la precariedad de la población que vive en condición de pobreza.

-    Los hogares de madres solas han ido en aumento, hasta un 30% en promedio en América Latina y el Caribe, desde comienzos de los años noventa. En estos hogares el ingreso de las mujeres suele ser el único; aproximadamente un 60% del ingreso masculino. Por ello, los hogares con jefatura femenina están más lejos de poder satisfacer sus necesidades básicas (Milosav-ljevic, 2007).

-    Las mujeres indígenas y afrodescendientes afrontan una triple discriminación: la basada en su pertenencia étnica, en su género y la pobreza. Por ejemplo, las tasas de mortalidad materna de mujeres indígenas son tres veces más altas que el promedio regional de 130 muertes por cada 100.000 bebés nacidos vivos.

Estudios realizados en la región ofrecen una importante evidencia acerca de la manera en que la pobreza genera mayores vulnerabilidades y exclusiones entre las mujeres y sus familias, así como de las menores oportunidades que tienen las mujeres pobres, en comparación con los hombres pobres, para superar los obstáculos de la pobreza. Desde ese punto de vista (relacional), lo que interesa es entender que la exclusión inhabilita, es decir produce incapacidad para hacer cosas que uno como persona, razonablemente, puede o quiere hacer. Son realidades vigentes en América Latina y el Caribe:

-    Existencia de “niñas de familia”, muchachas indígenas que son “adoptadas” por familias mestizas para servir en la casa, a cambio de padrinazgo y trabajo doméstico no remunerado.

-    Prostitución infantil, 75% se inició en la prostitución cuando apenas contaban con 12 años de edad. La pobreza y la exclusión social ayudan a fomentar este “negocio”, que se expresa en redes de trata que cubren varios países de la región. Ciudades fronterizas y turísticas son los lugares donde este flagelo es más grave.

-    Altos niveles de mortalidad materna, que afecta mayormente a las mujeres pobres que viven en áreas rurales o en condiciones de marginalidad. Muchas de ellas pertenecen a poblaciones indígenas o son adolescentes, cuyos embarazos no han sido planificados. La mortalidad materna está relacionada con la disparidad entre géneros, el embarazo prematuro, el aborto y los servicios de control de la natalidad inadecuados. Es una de las mayores causas de muerte entre las adolescentes de la región.

-    Solo en Cuba, Ciudad de México y Uruguay la interrupción del embarazo es legal.

-    En América Latina y el Caribe se registra la segunda tasa[2] más alta de embarazos adolescentes del mundo. Un promedio de 38% de las mujeres de la región se embaraza antes de cumplir los 20 años. Casi el 20% de nacimientos vivos en la región es de madres adolescentes. Los porcentajes de embarazo son de tres a cinco veces más altos entre adolescentes de escasos recursos que entre adolescentes que cuentan con recursos económicos.

-    Las más altas tasas de analfabetismo entre la población joven (15 a 24 años de edad) se registran entre las mujeres indígenas.

-    Feminización de la migración, especialmente laboral, la mayoría con fines de trabajo doméstico. En los principales países receptores destaca el hecho de que, en este grupo de mujeres, la mayoría son madres[3]. Se conforman así cadenas globales de cuidado, que se transfieren de unos a otros hogares y mujeres responsables a base de ejes de poder, donde las latinoamericanas más pobres son las oprimidas.

-    A pesar de que una importante cantidad de países de ALAC, durante el siglo XXI han establecido leyes especiales contra la violencia basada en género, y desarrollado acciones jurídicas, el 29,8% de las mujeres ha sido víctimas de violencia física y/o sexual ejercida por parte de su pareja, y el 10,7% ha sufrido violencia sexual por alguien fuera de la pareja, según la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS, 2013).

DE LOS MOVIMIENTOS DE MUJERES AL FEMINISMO POPULAR

Con los gobiernos de la izquierda en América Latina, la prioridad comienza a ser la política social y los movimientos populares pasaron de la resistencia a la lucha por la hegemonía. La legitimidad de los gobiernos tiene su base en la mejoría de los índices de vida de los pueblos y la profundización de la democracia con participación real de las y los excluidos que conforman el bloque de los oprimidos, a lo que alude la noción de pueblo.

El pueblo es una categoría política que apela a un nuevo nosotras y nosotros, conformando comunidad. El pueblo incluye diversidades igualadas en la sujeción/opresión. La conformación de un bloque de las y los subvalorados y oprimidos establece un espacio intersubjetivo para procesar sus demandas comunes, y es un elemento clave para que la “comunidad de las víctimas” pueda irrumpir en la historia e impugnar el orden social, se va elaborando una nueva voluntad colectiva (Dussel, 2005).

Para construir una igualdad más profunda y abarcativa en el conjunto del pueblo, se hacen visibles múltiples formas de sujetas y sujetos con opresiones comunes y con opresiones específicas (etnia, género, sexualidad, capacidades especiales, generaciones). La igualdad se redefine incluyendo la diferencia, revisando cómo las diferencias se convierten en desigualdades sociales, y cómo la democracia se profundiza con la aceptación de las diversidades. La conciencia y resistencia contextual de las mujeres frente a las abstracciones unlversalizantes, haciendo visible la diferencia que se resiste a ser apropiada y molesta, que presenta la necesidad histórica de revertir una realidad de prácticas de exclusión y opresión de lo femenino. Mujeres y sujetos colonizados comparten la Otredad y el encasillamiento dentro de las categorías de representación dominantes.

La lucha contra el modelo neoliberal y la crisis de representación política implicó cuestionar su forma global, allí las organizaciones de mujeres logran estrechar el vínculo del cuestionamiento a la globalización neoliberal y patriarcal. Los ascensos de la izquierda al poder recogen las banderas de lucha de los movimientos sociales y de mujeres.

En los movimientos sociales y en la participación femenina, se recogía la incorporación de las mujeres desde lo popular, desde la óptica de las mujeres de base, no solamente desde la visión de género, sino también desde la visión de clase. Dice Nora Castañeda, con respecto al proceso venezolano, que desde la visión popular “Las mujeres van pasando en diferentes oportunidades históricas por un proceso de constitución como mujeres de pueblo, y aquí está recogido ese proceso de constitución, y eso significa constituyente: un pueblo que se constituye” (citada en Morelba Jiménez, 2000: 51). Se abrió espacio a las mujeres como sujetas-pueblo y a su participación protagónica.

Durante los procesos de construcción de las nuevas formaciones sociales y sistemas ideológicos que han impulsado los procesos de la izquierda latinoamericana en el gobierno, han ido variando aspectos básicos de los feminismos:

Identidad. ¿Es posible afirmar un “nosotras” sin calificaciones? Después del sueño individualista de la década del noventa, donde la clase se pensó desaparecida, se hizo evidente la necesidad de articular clase y género. Las feministas anteriores no se comprendían a sí mismas en términos interseccionales, en el cruce de género, etnia, clase y de otras señales fuertes de sujeción o de dominación. Reconocer las interconexiones de raza, género y clase es también reconocer que las condiciones de nuestras vidas están conectadas y conformadas por las condiciones de vida de otros.

Redefinición del adversario principal: recuperación de la noción de patriarcado en alianza con el capitalismo. El patriarcado toma formas específicas de cada momento, y por ello se niega la “atemporalidad” de la demanda feminista que se expresa en el no encontrar demandas políticas coyunturales. Necesidad de estudiar las características del patriarcado del siglo XXI.

Proyecto totalizador y definición del proyecto alternativo: recuperación de la radicalidad de los feminismos en cuanto proyecto ético-político para la construcción de una sociedad alternativa. Relación de las luchas feministas con la emancipación popular.

Ejercicio constante de la participación y protagonismo social de las mujeres, en la actividad comunal y en los movimientos sociales, que da lugar a una toma de conciencia de su importancia y aportes a la vida y su mejoramiento; así como de las propias necesidades y valía. Va creciendo la conciencia de las mujeres sobre su propia fuerza como sujeto colectivo y su posibilidad de propuestas para la construcción de alternativas.

Para las mujeres que participan en los movimientos sociales, el pasaje de estar “solas” a formar parte de un colectivo es vital para sobrellevar la vida cotidiana, y también para ir alcanzando niveles de conciencia que generan emancipaciones. Roxana Longo (2012) comprueba que:

Las mujeres, aun participando en movimientos sociales mixtos, suelen actuar juntas, hablan en público, realizan trabajos territoriales, en instancias de formación del Movimiento, marchan en las rutas, en las calles, y trastornan la vida pública realizando actividades que abren territorios políticos que estaban tradicionalmente cerrados para ellas.

En este contexto, se hizo evidente que la tradición concreta, blanca, eurocéntrica y occidental y ciega a los problemas de clase, que pretendió establecerse como el único feminismo legítimo, se deslegitimaba y retrocedía ante la irrupción de un nuevo feminismo que incorporaba un conjunto mayor de nuevas camaradas. Se va gestando de esa manera un feminismo de corte popular, es decir identificado con las luchas y las necesidades populares, y que se reconoce como parte de la alternativa de emancipación.

Hoy existen Feminismos Populares —se autodenominan de esa manera— en todos los países de Nuestra América. Los procesos sociales van conteniendo cada vez más una ampliación de la conciencia feminista. Movimientos sociales y de mujeres se han aproximado al género como categoría para impulsar sus luchas. Las luchas de las mujeres populares que estaban a un lado de la historia, el de las mujeres empobrecidas.

En 2010, la Declaración del Foro de Organizaciones Feministas ante la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer (CEPAL, Brasilia) sostenía:

La acción de los movimientos de mujeres y feministas ha sido crucial para colocar en el debate público la opresión y discriminación que resultan de sociedades antidemocráticas sexistas, racistas, clasistas, lesbofóbicas y homofóbicas.

Si la igualdad comienza a ser un horizonte posible en América Latina y el Caribe, es porque cuenta con la presencia de sujetos colectivos con capacidad de resistencia y autonomía para definir sus prioridades y proyectos emancipatorios. Las voces de todas las mujeres —indígenas, negras, blancas, rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, discapacitadas, jóvenes, viejas, migrantes, lesbianas, transexuales— han sido imprescindibles para repensar y demandar la igualdad, la justicia social y la democracia (p. 1).

Pero no es indiferente para el cambio si hay gobierno progresista o no. Las mujeres no viven igual con gobiernos progresistas. En América Latina, cuando se hablaba de feminismo se pensaba en la división de la lucha, pero integrando las luchas en el concepto de alternativas, las mujeres recuperamos el término feminismo, y su conceptualización como parte indispensable de la corriente antihegemónica. Formando parte e impulsando el flujo legitimador de la teoría feminista, hay presidentes latinoamericanos (Chávez, Correa, Evo Morales) que se han declarado “feministas”. Y se han desarrollado consignas tales como: Sin feminismo no hay socialismo, Socialismo Feminista, Sin despa-triarcalización no hay descolonización, que son aceptadas y defendidas cada vez por una mayor parte de movimientos y colectivos de mujeres y también por algunos hombres que, asimismo, cada vez más reconocen la importancia de la lucha feminista para la construcción de sociedades con justicia.

Las mujeres han dado pasos en lo personal y se han organizado colectivamente, de manera tal que se ha hecho visible un movimiento de mujeres como sujeto político con demandas propias y transversales. Esta presencia ha ido generando un aumento de la importancia de los asuntos de género en la agenda pública, y dado lugar a una institucionalidad de mecanismos para la igualdad de las mujeres. Además, se han potenciado los encuentros y colectivos que se reconocen feministas.

Los movimientos de mujeres y el pensamiento y prácticas feministas van creando el feminismo popular. La Casa del Encuentro (Argentina) lo define como:

Un feminismo popular que atraviesa la sociedad y es la contradicción principal al patriarcado, un feminismo que tomando las definiciones de las diferentes corrientes del feminismo, las traslada a los nuevos tiempos históricos y arriesga una nueva forma de comunicar, difundir y llevar a la práctica las ideas feministas, para que el feminismo llegue a todas las mujeres[4].

En Brasil hay una práctica feminista comprometida con lo popular, como lo muestra Nalú Faría, lideresa de la Marcha Mundial de Mujeres y vocera de muchas luchas desde los años ochenta:

En Brasil la segunda ola del movimiento feminista se da cuando estábamos bajo la dictadura y empiezan a venir las exiliadas. Pero había fuertes movimientos de mujeres populares organizadas, por ejemplo en los clubes de las madres de la Teología de la liberación. Aunque es cierto que en toda Latinoamérica se dio una diferencia entre segmentos sociales que incluso llegaba a nombrarse como “las feministas” y “las mujeres de los movimientos amplios”. Nosotras buscamos no hacer esa diferenciación. No creemos en el feminismo si no involucra a las mujeres de base (entrevista en Página 12, 4 de marzo de 2011).

Se trata de un feminismo comprometido con las luchas populares, y muy ligado a la Educación Popular, por ejemplo, para Claudia Korol del sitio Pañuelos en Rebeldía[5]:

La educación popular feminista, pensada y vivida como una opción de militancia y como una posible herramienta de interlocución entre las teorías y la praxis emancipatoria feminista, anticolonial, anticapitalista, antiimperialista, latinoamericana y socialista. Educación popular feminista que intenta ser también un lugar de creación teórica de conocimientos, a partir de la sistematización colectiva de las múltiples experiencias y saberes populares que desafían la colonización cultural (2009).

En Venezuela, la Araña Feminista convoca sus encuentros bajo la premisa de un Socialismo Feminista construido desde el Poder Popular, es decir desde el protagonismo del pueblo y a partir del colectivo. Sobre esta construcción colectiva nos recuerda Sandra Angeleri (2012) que:

La historia del movimiento de mujeres venezolanas y el auge de los feminismos populares en el continente brindan un sólido legado que viene desde las feministas del siglo XIX. Al mismo tiempo, la promoción de la organización del poder popular impulsada desde el gobierno bolivariano construye un terreno fértil para la siembra de las acciones y pensamiento feminista.

Elaboraciones teóricas originales e importantes del Feminismo Latinoamericano en este milenio son las redefiniciones feministas del buen vivir, la propuesta de despatriarcalización en la descolonización, y la idea de socialismo feminista. Estas conceptualizaciones están en construcción desde la reflexión y la práctica, constituyen principios articuladores de los movimientos feministas en sociedades en transformación como Ecuador, Bolivia y Venezuela.

En Venezuela se reconoce que el socialismo y el feminismo tienen una raíz ética común, basada en los principios de la igualdad, la dignidad, la solidaridad, el humanismo y la autodeterminación. Por lo tanto, la erradicación del patriarcado es parte integral de la lucha contra el capital, en tanto el primero es inherente a la sociedad de clases, por lo que —para una sociedad socialista— tal forma de opresión debe dejar de existir. No es posible construir una sociedad socialista sin feminismo.

El socialismo feminista se conceptualiza como transformación radical y cambio civilizatorio fundamentado en la sostenibilidad y reproducción de la vida misma. Se trata de materializar la equidad e igualdad de género a partir de la democracia participativa y prota-gónica de las mujeres y hombres de nuestra sociedad. El socialismo feminista denuncia la concepción capitalista del mundo, sosteniendo que el capitalismo y el patriarcado se refuerzan mutuamente.

El socialismo feminista propone un nuevo pacto social basado en la equidad y la igualdad, que además pone la vida, su sostenibilidad y su reproducción ampliada en el centro de la organización socioeconómica, destronando a la hoy dominante lógica del beneficio y haciendo responsable del mantenimiento de la vida —históricamente asignada a las mujeres— al conjunto social. Esto implica que todas las personas tenemos el derecho humano a ser cuidados y derecho a cuidar y a no cuidar. Toda persona ha de ser, o puede ser, parte de una red amplia y horizontal de cuidados; o de múltiples redes colectivas y autogestio-nadas. Se trata de una nueva manera de producir y reproducir la vida. La mayoría de los feminismos saben que imitar a los hombres no es igualdad ni libertad. No se trata de que las mujeres estén presentes para encubrir la misoginia de la construcción de un imperio, se trata de radicalizar el cambio de sistema.

Una ética feminista de la convivencia busca superar el modelo procesal y jurídico de las relaciones humanas, que carece de la solidaridad y de la profundidad necesarias para humanizar la sociedad. El aporte feminista del cuidado trae consigo la valoración de la afectividad como elemento mediador de las relaciones sociales en interdependencia. Esta línea ética lleva a posiciones políticas que conducen a transformaciones reales de la cotidianidad.

El socialismo feminista se construye desde el poder popular, es decir desde lo popular como bloque, articulando las diversidades en la base y haciendo desaparecer las desigualdades. La promoción de la organización del poder popular construye un terreno fértil para la siembra de las acciones y pensamiento feminista. La emancipación de las mujeres es, a la vez, palanca y garantía de transformación de las estructuras de la opresión en lo más cercano que es la vida cotidiana, la vida familiar, la vida de las relaciones personales y afectivas. Se trata de construir lo social desde lo personal.

Hoy tenemos un feminismo popular que aportó el concepto de despatriarcalización[6], que amplió el horizonte político pero que también tiene desafíos para lograr que su voz sea oída y se concreten las utopías máximas. Porque en el Estado aún existe una matriz patriarcal y estructuras jerárquicas que diluyen las agendas feministas, todavía hay mucho por hacer para que el feminismo popular en construcción sea no solo impulso sino parte del programa político de los gobiernos de la izquierda.

BIBLIOGRAFÍA

Angelen, Sandra 2012 “La Araña Feminista: estableciendo los parámetros para el estudio de una experiencia de articulación feminista y socialista” en Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, pp. 225-235, julio/diciembre (Caracas: Centro de Estudios de La Mujer-Universidad Central de Venezuela).

CEPAL 2010 Panorama social de América Latina (Santiago de Chile: Autor).

Dussel, Enrique 2005 “Pueblo, la categoría política más importante”, entrevista en Tere revista de filosofía y socio-política de la educación (Caracas: Universidad Simón Rodríguez).

Faría, Nalú 2011 “En el camino”, entrevista realizada por Luciana Peker, viernes 4 de marzo Página 12 (Buenos Aires).

Foro de Organizaciones Feministas de América Latina y el Caribe 2010 “Declaración del Foro de Organizaciones Feministas ante la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer: ‘¿Qué Estado para qué igualdad?’” en División Mujer y Desarrollo, ECLAC (Brasilia: CEPAL) en <http://www.eclac.cl/mujer/noticias/ paginas/2/38882/Declaracion_Foro_ONG.pdf>.

Jiménez, Morelba 2000 Mujeres protagonistas y el proceso constituyente en Venezuela (Caracas: Nueva Sociedad).

Korol, Claudia 2009 “Hacia una pedagogía feminista. Pasión y política en la vida cotidiana”, ponencia presentada en Primer Coloquio Latinoamericano Pensamiento y Praxis Feminista del 24 al 27 de junio en Buenos Aires (Universidad de Buenos Aires).

Longo, Roxana 2012 El protagonismo de las mujeres en los movimientos sociales (Buenos Aires: América Libre).

Milosavljevic, Vivían 2007 Estadísticas para la equidad de género (Santiago de Chile: CEPAL).

OIT 2012 Igualdad de género y trabajo decente – Convenios y recomendaciones claves para la igualdad de género en <http:// www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/publicatíon/wcms_0 8 8160 .pdf >.

OPS/OMS 2013 Violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países (Washington: Autor).

Pateman, Carole 1970 Participation and Democratic Theory (Cambridge: Cambridge University Press).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Alegre, Pablo; Annunziata, Rocío; Antía, Florencia; Marchesini, Marcelo; Mauro, Sebastián; Sant’Anna, Julia; Slipak, Daniela y Traversa, Federico 2010 Las izquierdas latinoamericanas (Buenos Aires: CLACSO).

CEPAL 2012 El Estado frente a la autonomía de las mujeres (Naciones Unidas: Autor).

Estrada Álvarez, Jairo 2012 “Elementos de economía política de la política social en América Latina. Reflexiones a propósito de los gobiernos progresistas” en Luisa López et al. (comps.) ¿Otros mundos posibles? Crisis, gobiernos progresistas, alternativas de sociedad (Berlín/Medellín: Fundación Rosa Luxemburgo/Universidad Nacional de Colombia-Facultad de Ciencias Humanas y Económicas).

Mirza, Christian Adel 2007 ¿£5 posible un nuevo Estado de bienestar en América Latina? La reconfiguración de ¡as matrices de bienestar en el Mercosur en <www.fundacioncarolina.es/es-ES/…/AI36.pdf>.

Molyneaux, Maxine 2007 La quimera del éxito (Goteborg: Goteborg University) en <https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/9983> acceso 8 de junio de 2012.

Monedero, Juan Carlos 2009 Economía social en Venezuela: entre la voluntad y la posibilidad en <www.sinpermiso.info> acceso 8 de junio de 2012.

Montano, Sonia 2003 “Políticas para el empoderamiento de las mujeres como estrategia de lucha contra la pobreza” en Raúl Atria et al. (comps.), Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma (Santiago de Chile: CEPAL).

Pautassi, Laura y Zibecchi, Carla 2010 La provisión de cuidado y la superación de la pobreza infantil. Programas de transferencias condicionadas en Argentina y el papel de las organizaciones sociales y comunitarias (Santiago de Chile: CEPAL).

Ponce, Juan 2006 “Políticas sociales y programas de transferencia monetaria condicionada en América Latina” en Cohesión social. Ministerio del Trabajo, NNUU, Unesco-Ildis.

_________ . 2008 £5 posible pensar una nueva política social para América Latina (Quito: FLACSO/Ministerio de la Cultura del Ecuador).

Sader, Emir 2008 Posneoliberalismo en América Latina (Buenos Aires: CLACSO).

Valdés Paz, Juan y Espina, Mayra 2011 América Latina y el Caribe: la política social en el nuevo contexto-Enfoques y experiencias (Montevideo: FLACSO/UNESCO).

Velzeboer, Marijke; Ellsberg, Mary; Arcas, Carmen Clavel; García-Moreno, Claudia 2013 Violence against Women. The Health Sector Responds (Washington: World Health Organization).

Profesora e investigadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (CEM, UCV). Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO "Feminismos, transformaciones y propuestas alternativas en América Latina y el Caribe".↵

La tasa más alta es la de África.↵

Por ejemplo, del total de nicaragüenses ocupadas en el servicio doméstico en Costa Rica, el 72% tiene hijos, cifra que en el caso de las colombianas en la República Bolivariana de Venezuela es de 87%, en el de las peruanas en Chile de 85%, y en el de peruanas en Argentina, de 66%.↵

<http://www.lacasadelencuentro.org/feminismo_popular.html>.↵

<http://www.panuelosenrebeldia.com.ar/content/view/809/62/>.↵

La colonialidad se sustenta en el racismo y el patriarcalismo, la descolonización es un enfrentamiento franco y directo contra el racismo y el patriarcalismo.↵

41

Luisana Gómez Rosado[1] 

UNA MIRADA CRÍTICA A LOS AVANCES EN DERECHOS DE LAS MUIERES EN VENEZUELA AVANCES, RETOS Y DESAFÍOS

VENEZUELA AVANZA EN LA REDUCCIÓN DE LAS BRECHAS DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Los derechos sociales establecidos en la Constitución de ¡a República Bolivariana de Venezuela (1999) definen el rol del Estado como garante y estatuye un conjunto de garantías a favor de la no discriminación y la equidad de género, bajo los principios de cooperación, solidaridad y corresponsabilidad social. Está redactada con lenguaje inclusivo no sexista, construyendo el camino para la equidad de género y la igualdad de hecho[2].

Venezuela experimenta un acelerado proceso de transformación socioeconómica, cultural y política, que involucra toda la estructura social del país. La sociedad venezolana presenta transiciones en todos los ámbitos y sectores, los cuales se expresan en una diversidad de innovadoras organizaciones sociales, culturales, económicas y políticas. Un conjunto de nuevas instituciones se crean con un marco jurídico transformado con las recientes políticas del Estado, en las cuales la participación social protagónica es parte fundamental de una Política Social Integral.

La igualdad y equidad de género es política de Estado, cuyo principal defensor ha sido el presidente Hugo Chávez Frías y lo ha continuado el presidente Maduro[3]. En este complejo proceso de cambios sociopolíticos, se ha aprobado un conjunto de leyes e instrumentos jurídicos. Al mismo tiempo se han realizado innovaciones institucionales con el fin de actualizar las instancias responsables para la aplicación de las nuevas políticas rectoras.

Dentro de las transformaciones se destacan las políticas, programas y proyectos originales orientados a la incorporación de las mujeres al proceso socio-productivo; la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, la creación de nuevas instituciones, la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

Es en este contexto es que la promoción del empoderamiento y protagonismo femenino es parte sustantiva del accionar político en este área. El movimiento femenino se despliega en nuevas formas de organizaciones y grupos sociales, participantes en los programas orientados a la reducción de las brechas de género.

ALGUNOS INDICADORES RESPECTO A LA INCLUSIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO

La esperanza de vida es de 77,37 años para las mujeres, mientras que para los hombres es de 71,40 años (INE, 201 la). El índice de mascu-linidad se ubica en 100,68, es decir 1,007 hombres por cada mujer. La tasa de fecundidad para 2011 se sitúa en 2,45 hijos e hijas por mujer, manteniendo su tendencia descendiente. Las venezolanas tienen cada vez menos hijos e hijas, lo cual se asocia al incremento de la escolari-zación femenina y su actividad económica (INE, 201 Ib).

Continúa la tendencia creciente en la incorporación de mujeres a la población económicamente activa. La tasa de incorporación al mercado laboral de las mujeres es 52,1% en comparación con un 80,2% de los hombres, observándose que aún persiste cierta disparidad, según censo del PNUD en 2012. Entre 1990 y 2007, la tasa de actividad económica de las mujeres pasó de 37% a 50,1%. Todavía en el año 2007 la tasa de desocupación abierta es ligeramente mayor para las mujeres (8,1% frente a 7,1% de los hombres), así como el tiempo para la obtención de un nuevo empleo (MPPPD, 2008).

Las políticas inclusivas en educación, salud e ingreso se reflejan en la tendencia creciente del índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual es de 0,771 de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, INE (2011c), presentando un leve descenso. De todas maneras se ubica entre los países con desarrollo humano alto, en la posición 71 entre 179 países.

Muchas de las disparidades de género están asociadas a dificultades en el acceso a la educación, para lo cual se han concentrado esfuerzos para asegurar la igualdad de oportunidades de las niñas y niños en el sistema educativo. La tasa bruta de escolaridad en educación preescolar por sexo se ubicó en 60,9% femenino y 60,4% masculino; lo que demuestra que proporcionalmente la matricula escolar se encuentra en equilibrio distributivo entre niñas y niños. Asimismo ocurre en el nivel de educación básica, que representó en femenino 99,8% y en masculino 99,3%. A diferencia de los niveles preescolar y básica, en educación media diversificada y profesional se observa una tasa de escolaridad mayor en el sexo femenino, representando un 45,3 % con respecto al 36,9% en el sexo masculino, una diferencia del 8,4% que ubica una mayor proporción de mujeres en este nivel educativo. Lo que revela una clara tendencia ascendente en el nivel de instrucción de las venezolanas, logrando así las metas de educación universal y eliminando las disparidades de género.

Un indicador que refiere estos avances es el índice de Desarrollo de Género (IDG) en el que se cruza el IDH en relación al progreso de las mujeres. En Venezuela, la expectativa de vida femenina es de 76,5 años, el porcentaje femenino en educación es de 92,7%, la relación de empleo femenino según nivel educativo es de 75,7 mientras que es de 72,7 para los hombres. No obstante, la relación de ingresos es de 14.397 para los hombres y 7.781 para las mujeres. La diferencia salarial es de 50% menos que los hombres en iguales cargos (PNUD, 2008). Con estos indicadores se obtiene un IDG de 0,825, con lo que el país pasa de la posición 61 a la 58 en IDG en el año 2008. Respecto al índice de Empoderamiento de Género con 0,577 se sitúa en el rango 57 de 108 países. En el índice de Desigualdad de Género, Venezuela obtuvo un valor de 0,466, lo que la ubica en el puesto 93 de los 148 países que participaron en 2012 en esta medición particular (PNUD, 2012).

A nivel de la participación política de las mujeres, todavía subsisten importantes brechas de género, observándose que el 17% de los escaños en la Asamblea Nacional son mujeres y 19% de las candidaturas en las elecciones municipales.

Venezuela cuenta con un 98% de parto institucional. La mortalidad materna por causas prevenibles experimentó un ascenso cuando en 2012 alcanzó una tasa de 92 por 100.000 NVR (PNUD, 2012), revelándose como un grave problema de salud pública (MPPPS, 2013). Esto ha sido objeto de importantes iniciativas para su reducción, en el marco de una considerable inversión en infraestructura, adecuación de servicios, dotación y suministros. La mortalidad infantil continúa descendiendo, situándose en 13,7 por 1.000 NVR (Logros de la Revolución, 2007).

El Estado garantiza los derechos sexuales y reproductivos asegurados en la Carta Magna (Art 76). En el marco del Sistema Público Nacional de Salud, se cuenta con una amplia red de servicios, facilitando la información, conocimiento y acceso a métodos anticonceptivos[4] para el ejercicio de los derechos reproductivos. Los nacimientos en madres menores de 19 años alcanzó los 141.499 NVR, con una tasa de 23,0 para 2011 y manteniendo una tendencia ascendente, a pesar de los múltiples esfuerzos para su reducción.

NUEVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO

En este quinquenio se han aprobado un conjunto de leyes e instrumentos que contienen medidas positivas para reducir las brechas de género y contribuir a la potenciación de las mujeres:

-    Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. En esta instancia, se creó la defensoría especial con competencia a nivel nacional sobre los derechos de la mujer, a fin de prestar atención a las violaciones de derechos en el ámbito institucional. Es responsable de diseñar, promover, programar, coordinar y ejecutar acciones y políticas que contribuyan a erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer, en todas sus formas, y la protección y defensa de los derechos humanos de la misma (Gaceta Oficial 37.995, 2004).

-    Reforma Parcial del Código Penal, en la cual se suprimió el Art. 393, capítulo IV. Se refiere a los atenuantes en los delitos sexuales en el caso de las trabajadoras sexuales, el que establecía la reducción de la pena para varios de los delitos descritos con el objetivo de velar por la eliminación del carácter discriminatorio del mismo (G.O. 5.763, 2005).

-    Ley Orgánica de Prevención y Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat). Establece la protección de la maternidad y la salud, la seguridad en el trabajo, licencias o permisos para la protección de la salud y la figura de delegados y delegadas de prevención. (G.O. 38.236).

-    Ley de Servicios Sociales. Incluye la protección y beneficios a través de asignaciones económicas para los adultos y adultas mayores, personas con discapacidad y las amas de casa, reconociendo el valor del trabajo reproductivo. Establece la corresponsabilidad familiar, protege la gestación y la lactancia materna (G.O. 38.270).

-    Ley del Régimen Prestacional del Empleo. Se implementa la atención integral a las personas en situación de desempleo, incluyendo a las mujeres con empleos no calificados, jefas de hogar o mujeres víctimas de violencia de género (G.O. 38.281).

-    Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales. Incorpora la protección de adultas mayores, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes y personas víctimas de delitos sexuales o de violencia intrafamiliar (Art. 6) (G.O. 38.536, 2006).

-    Ley sobre la Condecoración Orden Heroínas Venezolanas. Se estimula a través de esta orden el trabajo en defensa de los derechos humanos y la igualdad social de las mujeres (G.O. 38.639, 2007).

-    Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad. Establece mecanismos para el diseño de políticas para la protección integral a las familias, la maternidad, la paternidad y la corresponsabilidad en la crianza de los hijos e hijas (G.O. 38.773).

-    Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es un instrumento jurídico avanzado que define la violencia contra las mujeres como un asunto de carácter público (G.O. 38.770).

-    Reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En esta reforma se incorpora el derecho al buen trato como derecho humano, el cual contempla crianza y educación no violenta; principios de igualdad de género, además de reformas dirigidas a adecuar los deberes y derechos de los padres y madres en relación con sus hijos e hijas (G.O. 5.859).

-    Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores. Establece la igualdad y equidad de género, igualdad salarial, participación paritaria de mujeres y amplía el permiso pre y postnatal (G.O. 6.706).

-    CNE: Normas para la Paridad de Género. El Consejo Nacional Electoral, en el año 2008 mediante una nueva resolución incorpora la norma sobre los derechos políticos de las mujeres, bajo los principios de paridad y alternabilidad (50/50 o, en su defecto, 40/60), en las listas electorales para los cargos de elección popular (Art. 16). Establece que las postulaciones que no se presenten con estos criterios serán consideradas como no entregadas (Art. 19). Estimula y protege la participación política equitativa de las mujeres elegibles y asegura una mejor distribución de estos cargos.

MARCO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD, EQUIDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

En este contexto, se crea un conjunto de nuevas intituciones que desarrollan políticas, programas y acciones destinados a superar las in-equidades de género y contribuir a la equidad y la igualdad efectiva de condiciones para las mujeres. Estas son:

-   Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Desde el año 2000, el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) ha sido la instancia rectora de las políticas públicas dirigidas hacia la mujer. El 8 de marzo de 2008 su presiden
ta-fundadora, la ciudadana María León, fue designada por el presidente Chávez como Ministra de Estado para los Asuntos de la Mujer (Decreto Presidencial 5.919, 2008). El 2 de abril del año en curso, se crea el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (Decreto Presidencial 6.663, 2009), con el imperativo de promover la igualdad de derecho y de hecho de las mujeres y los hombres mediante políticas, programas, planes y proyectos. Cuenta con un presupuesto asignado tanto para el funcionamiento como para la ejecución de proyectos. Se adscriben las siguientes instituciones del área: el Inamujer, Banmujer y la Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez”[5].

-    Instituto Nacional de la Mujer. Continúa su acción y así su desarrollo regional y municipal. La Dirección de Regiones y Participación Comunitaria del Inamujer ha promovido la creación de 16 Institutos Regionales[6], 14 Institutos Municipales de la Mujer[7] y 17 Casas Municipales[8] en las gobernaciones y alcaldías a nivel nacional.

-    Presupuestos Sensibles al Género (PSG). Refiere a la implemen-tación de herramientas de planificación presupuestaria con enfoque de género, como un lineamiento para las políticas públicas de la Administración Pública Nacional. Es una iniciativa del Inamujer con el Banmujer, en desarrollo desde 2006. Su objetivo es incorporar la perspectiva de género en el sistema de planificación y presupuesto, a nivel nacional y municipal, asegurando su incorporación en las políticas, programas, proyectos y presupuestos del Ejecutivo Nacional[9]. Cuenta con la participación de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, el apoyo del PNUD, Unifem, Unfpa y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ).

POLÍTICAS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS BRECHAS ENTRE EL TRABAJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTWO

Una de las contradicciones sociales que mayor peso tiene en las in-equidades de género es aquella que refiere al peso en la vida cotidiana del trabajo doméstico o invisible. La división sexual del trabajo sigue siendo una fuente importante que limita el desarrollo integral, la participación social y genera un peso específico en la vida cotidiana de las mujeres. Reconociendo esta brecha, se han desarrollado políticas inéditas destinadas a la articulación entre el trabajo productivo y el trabajo doméstico, así como al empoderamiento de las mujeres:

-    Banco de Desarrollo de la Mujer. Es una institución micro-financiera pública en el marco de una economía social con visión de género, que facilita a las mujeres en condiciones de pobreza servicios financieros y no financieros, a fin de proveer herramientas productivas para su plena inserción en el desarrollo socioeconómico del país (Decreto Presidencial 1.243, 2001). Está dirigida a la atención de las mujeres más excluidas, a través de la promoción y conformación de Unidades Económicas Asociativas y Cooperativas, esto es una forma emergente de organización económica de base. Otorga créditos bancarios con tasas de interés subsidiadas. Brinda no solo la asignación crediticia, sino una capacitación para asegurar el éxito de unidades socioproductivas.

-    Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez”. Es un programa social no convencional, erigido en 2006 para la valoración socioeconómica e inserción social de las amas de casa. Creada para “apoyar a las amas de casa en situación de pobreza extrema mediante su incorporación a programas sociales y el otorgamiento de una asignación económica”. Promueve la creación de organizaciones populares de mujeres llamadas Comités de Madres del Barrio[10]. La incorporación de las madres en el proceso productivo se efectúa mediante diversas modalidades como ejecución de proyectos colectivos (con recursos del Fondo Solidario de la Misión), cooperativas de producción y servicios, ejecución de proyectos micro-familiares (con créditos de Banmujer) y la ubicación en empleos[11]. El total de madres incluidas en 2006 fue de 237.207 y en 2012 alcanzó a otras 82.567 madres.

AVANCES EN MISIONES SOCIALES ATENDIENDO LAS NECESIDADES PRÁCTICAS DE GÉNERO:

-    Misión Niño Jesús: creada en 2010, constituye un Programa Nacional de Atención Materno Infantil. “Su función primordial es crear condiciones favorables para que las mujeres embarazadas lleven a feliz término su gestación, ofreciéndoles atención médica y educativa”. Con 1.072.573 beneficiarías atendidas para 2013.

-    Misión Hijos e Hijas de Venezuela: “tiene como objetivo principal la atención a las familias o madres con hijos menores de 18 años o con alguna discapacidad, cuyos ingresos sean menores al salario mínimo”. Con 736.540 beneficiarios/as por hogar para 2013.

-    Misión Amor Mayor: Se crea “con la finalidad de asegurar la máxima inclusión, igualdad, respeto, solidaridad, bienestar y justicia social para las personas adultas mayores, especialmente para quienes viven en hogares cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo nacional”. Con 521.618 beneficiarios/ as para 2013.

-    Misión Vivienda Venezuela: otorgamiento de viviendas a familias damnificadas, de zonas de riesgo y en exclusión social. Muchas de ellas a mujeres jefas de hogar, con 346.798 beneficiarías/os.

EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

“Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” (G.O. 38.770, 2007). Este importante instrumento jurídico surgió a partir de las mujeres organizadas frente a las dificultades para la aplicación y sanciones de los casos de violencia. En 2006, en la agenda legislativa del Movimiento Amplio de Mujeres se propuso “la modificación, reglamentación e implementación urgente de la ley sobre la violencia contra la mujer y la familia” (MAM/CEM/ UNIFEM, 2006).

Es el producto de un proceso de consultas y movilización de diferentes sectores, instituciones y organizaciones de mujeres, articuladas con el objetivo de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y crear condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar efectivamente la violencia contra las mujeres y promover las transformaciones socioculturales que derroten la cultura patriarcal (Art. 1 de la LODMVLV).

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia contra las mujeres como:

La violencia contra las mujeres a que se refiere la presente ley, comprende todo acto de violencia sexista basado en la discriminación y en las relaciones de desigualdad y en las relaciones de poder asimétricas entre los sexos que subordinan a la mujer, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, económico o patrimonial para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada, y que abarca sin limitarse a estos actos, la violencia doméstica, la violencia laboral, la violencia en los espacios de estudio, violencia obstétrica, violencia ginecológica, la violencia mediática, la violencia simbólica, el acoso sexual, el hostigamiento, el acceso carnal violento, la trata de mujeres, la pornografía, la violencia contra las empleadas domésticas, la prostitución forzada, la explotación sexual comercial, la explotación económica, el feminicidio y cualquier otra forma de violencia en contra de las mujeres (Art. 14).

Esta definición toma en consideración la discriminación que sufren las mujeres por razones de género, e incluyendo aspectos socioculturales que las hace objeto de subordinación. La misma se inicia con la violación de los derechos ciudadanos de las mismas, lo que implica anular, obstaculizar o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres en igualdad de condiciones respecto a los hombres.

Tipifica como posibles delitos diecinueve (19) tipos de violencia de género, de acuerdo a la naturaleza y ámbito de la agresión:

Se consideran formas o modalidades de violencia en contra de las mujeres las siguientes:

a. Violencia doméstica. Es toda conducta activa u omisiva constante o no, de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación, persecución o amenaza contra la mujer por parte del cónyuge, el concubino, ex cónyuge, ex concubino, novio o ex novio, ascendientes, descendientes y parientes colaterales.

b. Violencia física. Es toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como lesiones internas y/o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física.

c. Violencia psicológica. Es toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones destructivas, amenaza de separarla de los hijos e hijas; actos que conllevan a la mujer objeto de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio.

d. Violencia sexual. Es toda conducta que amenace o vulnere el de recho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo esta no solo el acto sexual, sino toda forma de con tacto o acceso sexual, genital o no genital.    

e. Acceso carnal violento. Es el acto por el cual el hombre e}&rz.& violencia o amenaza, constriña a la cónyuge, concubina, persona con quien haga vida marital o mantenga unión estable de hecho o no, a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introduzca objetos sea cual fuere su clase, por alguna de estas vías.

f. Acoso sexual. Es la solicitud de cualquier acto o comportamiento de contenido sexual, para sí o para un tercero, o el procurar cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, que realice un hombre — con conocimiento de que es ofensivo para la víctima—, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle a la mujer un daño relacionado con las legítimas expectativas que esta pueda tener en el ámbito de dicha relación.

g. Acoso u hostigamiento. Es toda conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos, dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer, que puedan atentar contra su personalidad, la dignidad, el honor, el prestigio o la integridad física o psíquica de la mujer, o que puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él.

h. Amenaza. Es el anuncio verbal o con actos de la ejecución de algún daño físico, psicológico, sexual, laboral y/o patrimonial con el fin de intimidar a la mujer, tanto en el contexto doméstico como fuera de él.

i. Prostitución forzada. Se entiende por prostitución forzada el obligar a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la opresión psicológica o el abuso del poder, esperando obtener o haber obtenido ventajas o beneficios pecuniarios o de otro tipo, a cambio de los actos de naturaleza sexual de la mujer, tanto en el ámbito privado como público, durante alteraciones del orden público y conflictos armados.

j. Violencia obstétrica. Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico deshumaniza-dor, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres.

k. Esterilización forzada. Se entiende por esterilización forzada el realizar o causar intencionalmente a la mujer, sin brindarle la debida información, sin su consentimiento voluntario e informado y sin que la misma haya tenido justificación, un tratamiento médico o quirúrgico u otro acto que tenga como resultado su esterilización o la privación de su capacidad biológica y reproductiva.

1. Violencia mediática. Se entiende por violencia mediática la exposición, a través de cualquier medio de difusión, de la mujer, niña o adolescente; que de manera directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad con fines económicos, sociales o de dominación. También se entenderá por violencia mediática el uso y abuso por parte de los medios de difusión del cuerpo de las mujeres, de las adolescentes o niñas.

m. Violencia simbólica. Son las acciones y omisiones que establecen como normal, natural o cotidiana la subordinación de la mujer en las relaciones sociales y entre individuos. Se manifiesta a través de los signos y sentidos que determinan a través de la socialización de género y de una práctica continua que impone y reproduce jerarquías, significados y valores simbólicos, que producen invisibi-lización, discriminación, minimización, negación, desvalorización, deslegitimación y/o dominación sexual de las mujeres.

n. Tráfico de mujeres y niñas. Son todos los actos que implican su reclutamiento o transporte dentro o entre fronteras, empleando engaños, coerción o fuerza, con el propósito de obtener un beneficio de tipo financiero u otro beneficio de orden material.

o. ñ) Trata de mujeres y niñas. Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de mujeres y niñas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre mujeres o niñas con fines de explotación, tales como prostitución, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

p. Esclavitud sexual. Se entiende por esclavitud sexual la privación ilegítima de libertad de la mujer, que viene dada por su venta, compra, préstamo o trueque y la misma se acompaña de la obligación de realizar uno o más actos de naturaleza sexual. Y puede presentarse tanto en el contexto doméstico como en el contexto comunitario, institucional, durante situaciones de desastre, de alteración del orden público y conflictos armados.

q. Violencia patrimonial y económica. Se considera violencia patrimonial y económica toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente en los ámbitos públicos y privado, esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de la mujer objeto de violencia o a los bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades; limitaciones económicas encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas o la privación de los medios económicos indispensables para vivir o de recibir un salario menor por igual trabajo.

r. Violencia laboral. Es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo públicos o privados que obstaculicen el acceso al empleo o la estabilidad en el mismo; exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, sexo, la apariencia física o buena presencia, o la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos, que supeditan la contratación.

s. Violencia institucional. Son las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y funcionarías, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente e institución pública, que tengan como fin violentar, no dar la debida atención, retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres accedan a los medios o políticas públicas para asegurar su derecho a una vida libre de violencia (Art. 15).

Otro aspecto innovador es que incorpora el concepto de flagrancia del derecho penal, en resguardo de los derechos de las mujeres, y establece los procedimientos para la denuncia, investigación y sanción de los delitos previstos en la misma, así como las medidas de protección y cautelares. Con la entrada en vigor de la ley, para su aplicación intervienen: ministerio público, TSJ, MPPRIJ, MPPS, MPPE, MPPD, MPPPPS, MPPIC/CONATEL, alcaldías y gobernaciones. La movilización para su aprobación y su puesta en rigor ha constituido un importante proceso de sensibilización, capacitación y difusión, desarrollados desde las instancias gubernamentales, no gubernamentales, el movimiento de mujeres y los grupos organizados. Los resultados más relevantes son:

-    Capacitación de Órganos Receptores de Denuncias: a 930 funcionarios y funcionarías de los organismos receptores de denuncias que atienden casos de violencia hacia la mujer mediante la realización de 36 talleres. También participan los Consejos Comunales como corresponsables en las denuncias de los casos de violencia.

-    Fiscalías Especiales: de atención de mujeres víctimas de violencia. Hasta 2013 se han creado 57 Fiscalías Especiales en todo el país. Además de su inclusión en el presupuesto 2008 de la Fiscalía General de la República, para la creación de las fiscalías especiales de atención de mujeres víctimas de violencia.

-    Tribunales Especiales en Materia de Violencia contra la Mujer: hasta 2011 se han constituido 41 tribunales.

-    Defensoría Nacional de Derechos de la Mujer: para la atención de casos y está impulsando las Defensorías Comunales en derechos de las mujeres, además se está desarrollando un proceso de formación para el abordaje comunitario de la violencia contra las mujeres.

-    Servicio de Atención y Orientación Telefónica 0800-mujeres: atención y orientación telefónica de casos.

EXPERIENCIAS EN CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

-    Capacitación de Órganos Receptores de Denuncias: a 930 funcionarías y funcionarios mediante 36 talleres.

-    Capacitación en Violencia basada en Género: se capacitaron 7.673 personas (funcionarios y funcionarías de alcaldías, gobernaciones y organismos públicos del nivel central).

-    Formación y Capacitación en Derechos de las Mujeres: la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo viene desarrollando desde 2008 cursos de capacitación en materia de violencia contra las mujeres, derechos de las mujeres y DSR dirigidos a órganos receptores de denuncias, fiscalías y otros organismos con competencia en materia de violencia de género (72 actividades formativas y 3.210 personas capacitadas en derechos de las mujeres).

-    Diploma en Derechos de las Mujeres y Equidad de Género (Esc. Derechos Humanos, DdP).

-    Diplomado en Género y Animación Sociocultural (CEM-UCV).

AVANCES DESARROLLADOS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN DERECHOS DE LAS MUJERES

-    Ruta institucional para mujeres afectadas de violencia: herramienta práctica para los ORD.

-    Prevención de la violencia en el contexto del parto: investigación, actividades preventivas y afiche informativo.

-    Recomendaciones para optimizar la recepción de denuncias de violencia contra las mujeres: publicación con Unfpa y gira nacional.

-    Orientaciones teórico-metodológicas para una sexualidad responsable, placentera y saludable para púberes y adolescentes: publicación.

-    Violentómetro: material divulgativo para identificar la violencia de género.

-    Publicaciones en derechos de las mujeres (FJVS):

“Lentes de Género”.

“Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia”.

“Elementos conceptuales, psicosociales y políticos para la defensa y protección de las minorías sexuales”.

“Salud sexual y reproductiva. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos”.

“Parto y nacimiento humanizado”.

“Guía de facilitación del Curso Básico de Derechos de las Mujeres”.

RETOS

-   A pesar de que se ha avanzado en la garantía de derechos, muchos de los programas sociales atienden necesidades prácticas de las mujeres con un enfoque patriarcal.
-    La violencia contra las mujeres continúa siendo un problema de salud pública de importantes proporciones que sigue demandando esfuerzos para su erradicación.
-    Todavía prevalecen las brechas de género en el aspecto salarial, que expresan discriminación hacia las mujeres.
-    A pesar de que la violencia simbólica está sancionada en la Ley por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, persiste en muchos medios de comunicación.
-    La prevalencia de las altas tasas de mortalidad materna revelan la incidencia de violencia obstétrica en los centros de atención materna.

-    La comunidad LGBTTT no goza de los mismos derechos que las demás personas, y todavía prevalecen múltiples discriminaciones derivadas de la homo-lesbo-transfobia.

DESAFÍOS

-    Desarrollar políticas efectivas para la reducción de la mortalidad materna y el embarazo en adolescentes.
-    Desarrollar investigaciones sistemáticas y datos epidemiológicos sobre las violencias de género y sus diferentes expresiones.
-    Desarrollar políticas preventivas que efectivamente incidan en la reducción de estas prácticas y protección a grupos específicos (mujeres indígenas, con discapacidad, desplazadas, sexo-diversxs, institucionalizadas, etc.).
-    Aplicación efectiva de la Ley Resorte para sancionar la violencia mediática y simbólica.
-    Incorporar la participación de hombres como protagonistas en programas preventivos y de atención a los agresores (rehabilitación).
-    Desarrollar investigaciones sobre la construcción de las mas-culinidades.

-    Desarrollar investigaciones y acciones para erradicar la homo-lesbo-transfobia, misoginia y prejuicios patriarcales.

LECCIONES APRENDIDAS

-   El desarrollo de estrategias transectoriales sigue constituyendo un desafío.

-    Se destacan como acciones exitosas aquellas políticas desarrolladas con articulación de varias instituciones.

-    La participación política y social de las mujeres en las políticas y programas, donde son sujetos, es clave en el éxito y garantía de continuidad.

-    A pesar de la magnitud de la inversión en salud y la continuidad y relevancia de los esfuerzos, todavía prevalecen las altas tasas de mortalidad materna y el alto porcentaje de nacimientos de madres adolescentes, porque no se ha logrado reducir los indicadores.

-    La voluntad política, la activa participación del movimiento de mujeres y las estrategias de consenso han sido clave para el logro de las metas alcanzadas.

BIBLIOGRAFÍA

Decreto Presidencial 1.243 2001 “Banmujer”, 8 de marzo en <http://www. minmuj er. gob. ve/banmuj er/index. php ? option=com_content&view=article&id=8&Itemid= 14>.

“Decreto Presidencial 5.919″ 2008 Gaceta Oficial número 38.889, 12 de marzo (Caracas).

“Decreto Presidencial 6.663″ 2009 Gaceta Oficial número 39.156, 2 de abril (Caracas).

CNE 2008 Resolución N° 080721-658 (Caracas).

Constitución Bolivariana de Venezuela

1999 (Caracas).

Gaceta Oficial N° 37.995

2004 “Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo”, 5 de agosto (Caracas).

Gaceta Oficial N° 5.763 Extraordinario

2005 “Reforma Parcial del Código Penal Publicada”, 17 de marzo (Caracas).

Gaceta Oficial N° 38.236

2005 “Ley Orgánica de Prevención y Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat)”, 26 de julio (Caracas).

Gaceta Oficial N° 38.270

2005 “Ley de Servicios Sociales”, 12 de septiembre (Caracas).

Gaceta Oficial N° 38.281

2005 “Ley del Régimen Prestacional del Empleo”, 27 de septiembre (Caracas).

Gaceta Oficial N° 38.536

2006 “Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales”, 4 de octubre (Caracas).

Gaceta Oficial N° 38.639

2007 “Ley sobre la Condecoración Orden Heroínas Venezolanas”, 7 de marzo (Caracas).

Gaceta Oficial N° 38.770

2007 “Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, 17 de septiembre (Caracas).

Gaceta Oficial N° 38.773

2007 “Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad”, 20 de septiembre (Caracas).

Gaceta Oficial N° 5.859 Extraordinario

2007 “Reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”, 10 de diciembre (Caracas).

Gaceta Oficial número 6.706 Extraordinario

2012 “Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores”, 7 de mayo (Caracas).

Instituto Nacional de Estadísticas, INE 201 la Cuadro Crecimiento Demográfico. Indicadores demográficos 2003-2007 en <http//:www. ine.gov.ve>.

____ 201 Ib Demográficos/Situación y dinámica demográfica. Cuadro de Tasa de fecundidad corregida por grupos de edad de la madre, años 2006-2011 en <http//: www. ine.gov.ve>.

____ 201 le índice de Desarrollo Humano (Sociales) en <http//: www.ine.gov.ve>. Logros de la Revolución 2007 Tasa de mortalidad Infantil 1999/2007 en <http://www.mpd.gob.ve/Logros-Revolucion>.

MAM/CEM/UNIFEM, Movimiento Amplio de Mujeres/Centro de estudios de la Mujer/Unifem 2006 “Agenda de las mujeres para el trabajo parlamentario y legislativo 2006-2001″ (Caracas).

MPPPD, Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo y las Finanzas 2008 Cumpliendo las metas del milenio, p. 29 (Mimeo).

MPPPS, Ministerio del Poder Popular para la Salud 2013 Dirección de Epidemiología y Análisis Estratégico, en <http://www.mpps.gob.vex

Minmujer, MPPMIG 2009 Políticas públicas dirigidas hacia las mujeres. Resultados 1999-2009 (Caracas: Observatorio Bolivariano de Género).

PNUD 2008 índice de Desarrollo Humano, en <http://www.pnud.org.ve>.

____ 2012 Venezuela se ubica en puesto 71 de 187países según su IDH, en <http://www.pnud.org.ve>.

Psicóloga Social y Magister Scientiarum en Psicología Social. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional para la Prevención del Embarazo Precoz (Conapep, 1999-2000), co-redactora de la Norma Oficial de Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva (MSDS, 2003) y coordinadora-fundadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2000-2005). Profesora de la Escuela de Psicología de la FHE-UCV, docente-investigadora de la Escuela de Derechos Humanos de la Fundación Juan Vives Suriá de la De-fensoría del Pueblo, Coordinadora de investigación de la Dirección General de Formación Feminista Socialista del Viceministerio para la Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.↵

Se refiere a los siguientes derechos: la protección a las familias (Art. 75); la protección de la maternidad, paternidad y los derechos sexuales reproductivos incluyendo información, educación y servicios (Art. 76); igualdad de derechos y deberes en el matrimonio y uniones de hecho (Art. 77); la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes (Art. 78); la participación de los jóvenes en el desarrollo (Art. 79); pleno ejercicio de derechos y garantías para los ancianos y ancianas, incluyendo respeto a su dignidad humana, autonomía, garantía en la atención integral y beneficios de la seguridad social (Art. 80); la salud como parte del derecho a la vida (Art. 83); un sistema público de salud intersectorial que priorizará la promoción de la salud y la prevención (Art. 84); financiamiento estatal del Sistema Público Nacional de Salud (Art. 85); a la educación integral (Art. 103); la obligación de los medios de comunicación social a contribuir a la formación ciudadana (Art. 108) (CRBV, 1999).↵

El presidente Hugo Chávez no solo ha sido defensor de los derechos de las mujeres, sino que en sus múltiples discursos usa el lenguaje inclusivo. Se ha declarado públicamente "mujerista" y más recientemente "feminista".↵

En los instrumentos normativos se incluyen pautas y procedimientos para la consejería en SSR, así como para la distribución de anticonceptivos, como una actividad regular en los servicios de Planificación Familiar. De 2002 a 2005 se logró una distribución gratuita a nivel nacional. En 2008 se requiere fortalecer los esfuerzos para regularizar la provisión. Se observan carencias de insumos para asegurar la distribución y suministro oportuno y regular.↵

Anteriormente, en 2008, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con el Decreto 5.919 de la Gaceta Oficial N° 38.889 del 12 de marzo de 2008 se designó a la ciudadana María León como Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer. Con el Decreto Presidencial N° 6.665, de fecha 13 de abril de 2009, nuevamente se designa a María León como ministra.↵

En los estados: Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, Trujillo y Vargas.↵

En los estados: Aragua (1), Barinas (6), Cojedes (1), Miranda (1), Monagas (1) y Portuguesa (4).↵

En los estados: Anzoátegui (1), Apure (1), Aragua (5), Bolívar (1), Carabobo (2), Delta Amacuro (3), Distrito Capital (1), Monagas (1), Sucre (1) y Trujillo (1).↵

Punto de Cuenta N° 273 aprobado por el ciudadano Presidente de la República en mayo de 2005, reafirma la obligación de incorporar el enfoque de género a la planificación ordinaria en el sector público.↵

Desde su creación se han consolidado 4.699 Comités en los que participan 115.175 mujeres que perciben la asignación económica mensual otorgada (equivalente al 80% del salario mínimo nacional vigente) y mujeres voluntarias, participando en la gestión y contraloría social de la Misión (Minmujer, 2009).↵

También desarrollan planes y programas para asegurar la inclusión social de estas mujeres, facilitando el acceso a la satisfacción de sus necesidades sociales en educación, producción, cultura, vivienda y salud. El total de madres incluidas para el año 2006 fue de 237.207, y en 2007 incluyó a 89.453 madres (Minmujer, 2009).↵

42

Anais D. López Caldera[1]

ESTADO, MUJER Y REVOLUCIÓN UN BALANCE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GÉNERO EN LA REVOLUCIÓN BOLRfARIANA

EN LOS PROCESOS DE CAMBIO ocurridos en la región existen diversas posturas frente al papel del Estado y los alcances del mismo para impulsar y sostener procesos de transformación social orientados a la construcción de un orden social pos-neoliberal. La experiencia venezolana es, quizás, una de las más singulares en este sentido, dado que las rupturas frente al orden neoliberal que se han venido sucediendo en la última década han estado encabezadas y, en gran parte, también promovidas por y desde el Estado. Esta afirmación no desconoce la tradición de luchas y resistencia del pueblo pobre en este proceso, sino que intenta evidenciar las tensiones, alcances y limitaciones en esa dinámica.

La convocatoria al proceso constituyente en el año 1999 le planteó a la sociedad venezolana participar protagónicamente en la elaboración de un texto constitucional progresista, inclusivo y garante de derechos para diversos sectores hasta entonces muy al margen de justicia y reconocimiento por parte del Estado y la sociedad. Una vez superado el intenso ejercicio constituyente, el reto que se planteaba era cómo implementar esos derechos. Lo novedoso, en ese sentido, fue la creación y desarrollo de una nueva institucionalidad, diseñada para atender las demandas específicas de sujetos que hasta entonces eran atendidos de forma muy parcial y desde un enfoque estrictamente asistencial por el Estado, entre estos, las mujeres. Esta nueva institucionalidad habría de concretarse en el diseño e implementación de nuevas políticas públicas. Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en el año 1999 no es la primera que consagra directamente el principio de igualdad ciudadana entre mujeres y hombres, sí es la primera que desarrolla explícita y directamente condiciones jurídicas para la interpretación del principio de igualdad de los derechos ciudadanos (García Prince, 2012: 11).

Ahora bien, a pesar de las nuevas garantías constitucionales, diversas investigadoras y militantes feministas han alertado sobre la necesidad de generar rupturas radicales con respecto a la tendencia que caracterizó el período neoliberal, en materia de políticas públicas de género, por estar fuertemente definida por una concepción asistencial de las mismas que minoriza a las mujeres y las coloca bajo la sistemática tutela del Estado. Un primer desafío a la hora de diseñar políticas de género radica en que este tipo de política pública que se concentra en la asistencia o bien no es capaz de superarla, o terminan reforzando el rol doméstico los estereotipos y las relaciones desiguales de género (Anzorena, 2013).

MUJERES, ESTADO, POLÍTICA Y PODER

Las demandas de las mujeres sobre garantías de derechos relacionadas con el cuerpo, así como aquellas relacionadas con la participación política en igualdad de condiciones, coloca sobre la mesa la discusión acerca de la necesidad de que el Estado reconozca las exclusiones que se construyen a partir del género. El advenimiento de la Revolución Bolivariana permite la emergencia y el protagonismo de voces feministas que cuestionan la orientación asistencial y plantean, en el nuevo contexto, que las políticas públicas de género deben dirigirse hacia la superación de la reproducción de roles que limitan las posibilidades de las mujeres; lo que se propone, por el contrario, es potenciar las capacidades creativas y promover la autonomía de las mujeres en diversos ámbitos, específicamente en aquellos relacionados con el cuerpo y la participación política.

A partir de 1999, con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, podemos identificar las estrategias utilizadas por los colectivos feministas y de mujeres organizadas para avanzar en la institucionalización de las Políticas de Género en Venezuela. Dichas estrategias marcan una distancia radical con respecto a las utilizadas previamente en la medida en que implica a las mujeres feministas en el diseño e imple-mentación de la política, pero también establecen la necesidad de democratizar el acceso de las mujeres de sectores populares, tradicional-mente excluidas en este proceso. De acuerdo con la caracterización que hace Aguilar podemos establecer las fases por las que pasa este proceso:

-    Formación de agenda, produce agenda de gobierno: así, la movilización y la organización de las mujeres en el proceso constituyente definió en buena medida la agenda del nuevo gobierno frente al tema de género;

-    Formulación y legitimación de ¡a política: a partir de esta agenda se hizo una revisión de las leyes y de la institucionalidad existente y se procedió a adecuarlo en función del nuevo texto constitucional, pero también de las nuevas condiciones socio-políticas que permitían una cobertura extraordinariamente amplia;

-    Proposiciones de ¡apolítica (fines, metas y medios de efectuación): de este proceso surge el Instituto Nacional de la Mujer y se diseñan diversos planes para atender dichas proposiciones;

-    Implementación de la política, lo cual produce acciones de la misma y al análisis de los efectos de la política, la evaluación y el futuro. Vale la pena destacar la importancia que ha tenido en Venezuela, antes y después del proceso constituyente, la movilización y la demanda de derechos en torno de las reformas legales. A partir de 1999 se hace un valioso ejercicio de articulación sistemática de la política de género con los distintos niveles del Estado, pasando por los poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Moral) pero también de despliegue hacia lo regional.

Con la creación del Instituto Nacional de la Mujer se busca centralizar las responsabilidades en un solo ente rector, responsable del diseño, desarrollo e implementación de las políticas públicas de género. Anteriormente las políticas relacionadas con el género se encontraban dispersas, se concretaban a través de algunos de los ministerios que tenían bajo su responsabilidad el abordaje del área social: Ministerio de Juventud y Familia, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Ministerio de Salud y Ministerio de Interior y Justicia.

En un primer momento, lo que se planteaba con la creación del Inamujer era atender la enorme deuda social de injusticia y desigualdad que colocaba en riesgo la vida de miles de mujeres, dada la dispersión y fragilidad presupuestaria en la que se encontraban los planes y programas, diseñados para atender los asuntos relacionados con el cuerpo de las mujeres, esto es: la mortalidad materna, el embarazo precoz y la violencia. Como un tema aparte y siempre relegado aparece el debate sobre el aborto. El tema del cuerpo de las mujeres le plantea un segundo desafío a los colectivos feministas y de mujeres, relacionado con el cuestionamiento abierto al tabú de la maternidad y sobre la violencia al interior de la pareja, naturalizados y aceptados sin cuestionamiento en la sociedad.

Otra demanda específica estaba directamente relacionada con el ámbito de la participación política y las garantías para ejercer dicha participación en igualdad de condiciones. Esta demanda está en sintonía con lo que han reivindicado diversas mujeres y organizaciones feministas en los últimos treinta años en América Latina, relacionada con la autonomía como una condición para la construcción de alternativas que confronte la opresión particular de las mujeres, superando las limitaciones que —en el contexto de la organización partidaria— relegaban una y otra vez las demandas específicas de las mujeres por considerarlas de segundo orden. En este ámbito podemos identificar un tercer desafío relacionado con los mencionados anteriormente, dado que esta es una postura relativamente sencilla de sostener en contextos en donde la organización de mujeres no está inscrita en procesos de profunda transformación social de corte nacional-popular. La experiencia venezolana, en la última década, le ha planteado serias contradicciones en este sentido a las organizaciones feministas, sobre cómo avanzar en las reivindicaciones y aportes desde las mujeres para la sociedad en contextos de luchas nacionalistas, puesto que género, clase y nación son campos de acción que tienden a contradecirse generando tensiones en las que, por lo general, son las mujeres las que deben subordinarse al interés nacional (Angeleri, 2012: 233).

Dado los altos niveles de polarización generados a partir de la constituyente, el proyecto/proceso de la Revolución Bolivariana obliga a tomar partido a favor o en contra del mismo, y a decidir cuál es el mejor escenario para avanzar en las demandas feministas.

Intentar hacer un balance de la política pública de género en el contexto de la Revolución Bolivariana implica aproximarse a un campo lleno de tensiones de este tipo y de contradicciones entre las expectativas y las conquistas realmente alcanzadas en medio de disputas a lo interno del propio proceso sobre el sentido, la oportunidad y la comprensión de las demandas históricas del feminismo en tiempos de revolución.

LA POLÍTICA PÚBLICA DE GÉNERO EN LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Si bien es cierto que buena parte de las propuestas elevadas a la Asamblea Nacional Constituyente, en el año 1999, se definieron a través de la movilización y organización autónoma de las mujeres, por otra parte también no es menos cierto que fue necesario hacer alianzas y fijar posturas en un contexto político que expresaba las tensiones entre quienes estaban a favor y/o en contra del cambio constitucional (y político), esto es: quienes estaban a favor de aprobar el nuevo texto constitucional y quienes lo adversaban. Lo que planteaba el proyecto bolivariano era la refundación total del sistema político venezolano, de democracia representativa, en el contexto de una revolución nacional (bolivariana), promoviendo la participación protagónica del pueblo. Esto significaba una disputa por el poder, que posteriormente devendría en una alta conflictividad social que obligaría a todos/as los/ as sujetos/as medianamente politizados/as a tomar partido por una u otra opción. Este proceso abre paso a una serie de debates entre colectivos de mujeres y feministas sobre la concepción y las formas de abordar, desde el Estado, una política de género. A diferencia de períodos anteriores, esta vez era explícito el compromiso y la voluntad política del nuevo gobierno, especialmente del propio Presidente de la República, con que lo establecido como derechos para las mujeres en la Constitución alcanzase un desarrollo pleno y efectivo en el campo de lo institucional y de las políticas públicas.

No obstante la tensión, entre quienes estaban a favor y/o en contra del proyecto bolivariano, reconfiguraría en buena medida las formas de ordenamiento y acción social de las organizaciones feministas y colectivos de mujeres afines al proceso bolivariano, en el sentido de privilegiar la promoción de los cambios por la vía de las leyes y del lobby en ciertas instancias políticas, muy particularmente a través del Poder Ejecutivo y posteriormente a través de la Asamblea Nacional. Esta alianza explícita, entre algunas feministas que venían de luchas históricas por los derechos de las mujeres y el nuevo gobierno, fue lo que definió, en la práctica, la concreción de los primeros ejercicios de desarrollo e implementación de política pública de género, tal y como había quedado garantizado en la Constitución. De acuerdo con Arellano:

[...] el proceso de institucionalización de las políticas de género en Venezuela se ha venido desarrollando progresivamente dentro de un marco normativo, por lo cual una de las áreas de acción emblemática para las mujeres y el movimiento de mujeres lo constituye la demanda por la legislación con perspectiva de género a fin de construir los mecanismos necesarios que permitan desde una plataforma jurídica superar la discriminación en las relaciones entre los géneros (2004: 84).

En un primer momento, las políticas de género surgen como resultado de las diversas actividades de lobby realizadas por mujeres líderes de gobierno así como de la cooperación internacional (PNUD y ONU Mujeres, fundamentalmente) con miras a garantizar los recursos necesarios para la implementación de las políticas. Esto supuso un reto a las organizaciones feministas convocadas y comprometidas con el desarrollo de la “nueva institucionalidad” para sobreponerse a la diatriba política y garantizar que se iniciara el proceso de desarrollo de las políticas. Un primer paso dado en esa dirección fue la reforma de la Ley de Igualdad de Oportunidades como la instancia responsable y garante del desarrollo de las políticas públicas en materia de igualdad y equidad de género:

La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer fue promulgada en 1993, permaneciendo sin aplicarse durante todos estos años, hasta que en noviembre de 1999 fue reformada [...] Dicha Ley consagra en su articulado [...] reivindicaciones que representan justas aspiraciones del movimiento de mujeres en Venezuela, tales como la igualdad de oportunidades en el empleo, en los derechos políticos y económicos y consideraciones específicas sobre la mujer rural para su incorporación en organizaciones comunitarias, así como a las artesanas, pequeñas y medianas empresarias (Ley de Igualdad de Oportunidades, 1999: 3).

Como bien se señala en el preámbulo de la Ley de Igualdad de Oportunidades, se generaron grandes expectativas frente a las posibilidades de que a partir de la reforma de la ley se concretaran aspiraciones históricas de igualdad de oportunidades para las mujeres. Posteriormente, en el año 2001, se crea el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer), como una instancia financiera destinada a garantizar el acceso a microcréditos para mujeres y/o colectivos de ellas, para financiar emprendimientos productivos de pequeña escala. Paralelamente, se elaboraron planes para prevenir la violencia contra la mujer y la familia (2000-2005), así como promover la igualdad (2004-2009). En el año 2005, sobre la base de los avances legislativos, políticos e institucionales en materia de equidad de género en el país, se decreta la incorporación del Enfoque de Género en la elaboración del presupuesto nacional. El énfasis de este período estuvo muy centrado en solventarla deuda económica y social. En ese sentido:

El Banco de la Mujer, como instrumento de acción de gobierno tiene como imperativo ético y político responder a las necesidades socioeconómicas de las mujeres, alcanzando la igualdad y la equidad, como nuevo orden de justicia social y base material de la sociedad venezolana. Este objetivo exige transformar las condiciones materiales y sociales de la mayoría de la población, separada y distanciada históricamente del acceso en condiciones de igualdad y equidad de la riqueza y al bienestar, y construir una nueva condición de ciudadanía, basada en el reconocimiento pleno y el ejercicio de los derechos humanos de los sujetos y sujetas sociales, con autonomía relativa en el marco de su comunidad, en todas las esferas de acción de la vida social, tal como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Observatorio Bolivariano de Género, 88).

La experiencia del Banco de la Mujer ha sido, quizás, la más sólida en términos de la orientación para el diseño y ejecución de las políticas de financiamiento a pequeños emprendimientos productivos de mujeres, desde un enfoque feminista y desde una perspectiva de género. Por ninguna otra vía las mujeres, beneficiadas con los créditos que otorga el banco, tendrían acceso a los mismos; también acompaña la asignación de microcréditos con procesos formativos que se proponen transferir a las usuarias del banco herramientas mínimas para la comprensión y superación de su subordinación en la sociedad. Sin embargo, sigue siendo una debilidad los limitados montos, que apenas alcanzan para financiar proyectos que en su mayoría solo pueden servir para garantizar la sobrevivencia y una autonomía muy relativa de las mujeres con respecto a su situación social.

Posteriormente, en el año 2006, se crea por decreto presidencial la misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez”, dicho programa se plantea atender a mujeres madres en situación de pobreza, a través de un subsidio que contempla la asignación mensual de entre el 60% y el 80% del salario mínimo. Es difícil apreciar, en las publicaciones oficiales, el impacto de la misión en términos de superación de los roles de género, tradicionalmente asignado a las mujeres. Además del fundamento en el Art. 88 de la CRBV[2], no queda claro en los documentos oficiales consultados la apuesta por revalorizar el trabajo doméstico (como trabajo en el sentido de promover el reconocimiento del mismo en la sociedad). En general, lo que se registra como logros solamente remite a la entrega de recursos financieros, la incorporación de nuevas beneficiarías, más no de una valoración cualitativa de cómo dicho reconocimiento al trabajo, de las mujeres dentro del hogar, ha reconfigurado el valor que este posee dentro de la sociedad venezolana.

A pesar de sus limitaciones, sería mezquino no reconocer que la Misión Madres del Barrio, en efecto, supone un paso muy importante para el reconocimiento a toda una vida de trabajo para miles de mujeres que —en otro contexto— muy probablemente habrían terminado su vejez en la indigencia o, en tal caso, morirían esperando acceder a una pensión.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA REDISTRIBUCIÓN VS. POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECONOCIMIENTO

En los desarrollos sobre políticas públicas existen posturas que se concentran en lo institucional-normativo, así como actitudes que comple-jizan la relación entre las políticas y los sujetos hacia los cuales se orientan y cuales son las transformaciones que operan en el contexto de esta relación, que nunca podría ser leída de forma unidireccional. Sin lugar a dudas la reestructuración experimentada por el Estado venezolano ha hecho una apuesta importante por la redistribución de los recursos aguas abajo, esto es, hacia los sectores tradicionalmente excluidos y marginados de derechos en la sociedad que, desde el punto de vista estratificado, se orienta hacia los sectores más empobrecidos, dentro de los cuales encontramos a las mujeres, las poblaciones campesinas y los pueblos indígenas.

Aunque es cierto que las mujeres se han visto beneficiadas por esta política redistributiva, hay una falencia en cuanto al diseño y el desarrollo de políticas orientadas a transformar las condiciones de subordinación en las que estas se encuentran en razón de su género, en palabras de Llavaneras: “[...] la realidad observada en la mayoría de las políticas analizadas [en la experiencia venezolana] tienden a favorecer una sola forma de justicia, generalmente la redistributiva” (Llavaneras, 2011: 145).

Si bien está ampliamente reconocida la necesidad de políticas de este tipo, en un horizonte transformacional lo que debe plantearse es la superación de las mismas, dado que no afectan la estructura política y económica en la cual se origina la desigualdad de género antes señalada.

De acuerdo con Fraser (1997), no es suficiente corregir los resultados inequitativos de los acuerdos sociales sin afectar el marco general que los origina, dado que el efecto más importante de esto será aumentar la capacidad de consumo de los grupos en desventaja económica (p. 42).

El proceso político venezolano que se inició con la aprobación de un nuevo texto constitucional en el año 1999, fue reconfigurando su horizonte político hasta asumirse como una revolución en proceso, con las particularidades nacionales del caso, pero al fin y al cabo como una revolución. Los últimos quince años han sido una oportunidad extraordinaria para el debate de ideas, el encuentro y la articulación de una diversidad de sujetos, cuyas apuestas transformadoras habían permanecido segmentadas, con la particularidad —y la oportunidad, también— de ser una parte viva y actuante de la gestión de gobierno, de la toma de decisiones. La debilidad ha estado, quizás, en la resistencia a pensar el papel del Estado en una revolución, a superar las retóricas que lo niegan y construir más bien alternativas que lo hagan, en efecto, una instancia al servicio de las transformaciones anheladas por la lucha popular.

Para el caso de las demandas feministas (para todas las mujeres en la sociedad) el elemento de tensión de este proceso viene dado por la dificultad de construir autonomía para promover políticas que alteren el orden del discurso tradicional sobre las mujeres, como sujetas necesitadas de permanente asistencia.

AVANCES, VACÍOS Y CONTRADICCIONES

Es indiscutible el valor que han tenido para la inmensa mayoría del pueblo venezolano las garantías de acceso a bienes y servicios indispensables, que la era neoliberal le había arrebatado a quienes no tuvieran dinero con qué pagarlos. Entre los temas priorizados por la revolución se encuentran la salud, la educación, la alimentación, reconociendo a estas como necesidades realmente sentidas de la población. El esfuerzo y el compromiso por garantizar los recursos que hicieron posible una extraordinaria masificación del acceso a estos ámbitos es sin duda un primer y muy importante paso para la concreción de necesidades de otro orden, centradas en el reconocimiento del pueblo como un sujeto de derechos y deberes.

Una primera dificultad que habría que señalar con respecto a este conjunto de políticas de género descritas anteriormente, es la ausencia de balances sobre el proceso de diseño e implementación de las mismas, en el sentido de evaluar la participación de las sujetas a las que iban dirigidas en el proceso. Al indagar en los textos oficiales sobre el diseño y resultados/procesos generados, solo encontramos un formato que describe resultados que relevan muy especialmente el hecho redistributivo de las políticas y programas. Una muestra de ello, el texto “Políticas públicas dirigidas hacia las mujeres. Resultados 1999-2009″, en donde se destacan de manera recurrente las políticas dirigidas a la asignación de recursos para la superación de la pobreza a través de la promoción del trabajo socio-productivo de las mujeres, ya no solo a través de los instrumentos específicamente diseñados para

ello, sino en todos los otros campos de acción/inversión social establecidos en la experiencia reciente venezolana, bajo la figura de Misiones Sociales, como políticas públicas indirectas.

Se puede decir que una parte importante de las mujeres más pobres y más excluidas se han visto beneficiadas de forma directa por la redistribución de la renta, pero la otra cara de este beneficio deviene en una debilidad en cuanto al desarrollo de políticas orientadas a transformar las condiciones de subordinación en las que estas se encuentran en razón de sexo.

Sobre la base de los programas dirigidos a paliar la pobreza y/o promover la igualdad de género, Irma Amagada (2005) elabora cuatro tipologías de políticas públicas de género, a saber:

i. Políticas universales ciegas ai género: serían aquellas políticas sociales que parten de la “neutralidad” respecto al orden de género (perpetuándolo) e incluyen a la mayoría de las políticas públicas.

ii. Políticas redistributivas y compensatorias: son aquellas que se presentan bajo la modalidad de programas asistenciales, generalmente relacionados con la pobreza y la pobreza extrema, focalizados por lo general en mujeres madres o jefas de hogar en situación de pobreza.

iii. Políticas de derechos y reconocimiento cultural: este tipo de política da un viraje hacia la justicia de reconocimiento de grupos muy específicos identitaria y culturalmente (pueblos indígenas, movimientos de diversidad sexual, entre otros).

iv. Políticas de redistribución y de derechos económicos, sociales y culturales: este tipo de política incluye la demanda de justicia redistributiva y de reconocimiento (pp. 110-111).

Hay cierto consenso sobre el hecho de que las políticas públicas de género deberían contener, en su diseño, objetivos que apunten a resolver —además de las injusticias socioeconómicas (a través de la redistribución, programas de emprendimientos productivos, etc.)— las injusticias de tipo cultural o simbólico, arraigadas en los patrones sociales de representación, interpretación y comunicación. Los ejemplos de este tipo de injusticia incluyen la dominación cultural, el no reconocimiento y el irrespeto (Fraser, 1997: 22).

Para Fraser, esta caracterización prefigura a su vez soluciones tipo, en las que se problematiza el alcance de las mismas cuando se trata de sujetos cuya situación en la sociedad implica padecer ambos tipos de injusticia, como ocurre en el caso de las mujeres cuyas reivindicaciones contienen dimensiones político-económicas, pero también demandas de reconocimiento de tipo cultural-valorativo.

A partir de esta noción de reconocimiento, podemos identificar una segunda dificultad sobre el alcance transformador de la política pública de género. Como señalábamos anteriormente, la Misión Madres del Barrio nace para dar cumplimiento al Art. 88 de la CRBV, que reconoce el trabajo doméstico como trabajo productivo:

La Misión pone en práctica un aspecto sumamente innovador y revolucionario, no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo, y es el relativo a la concreción del Artículo 88 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual indica textualmente: “El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley (Reseña histórica de la Misión Madres del Barrio, s/f).

Ciertamente, este apartado es un hecho que reconoce y valora el trabajo doméstico, lo que ya es un gran avance con respecto a la tradicional división entre trabajo productivo y no productivo. Sin embargo, en la implementación de la política se delimitan los sujetos a quienes va orientada la misión de la siguiente forma: “[...] esta misión se plantea incluir a las madres que ameritan protección de carácter permanente, ya sea por su edad, por condiciones de discapacidades muy severas o por otras dificultades de salud” (el resaltado es nuestro, ídem).

A la hora de diseñar una política pública, no son menores los efectos que produce esta caracterización en el proceso de transformar relaciones de subordinación. ¿Por qué? Porque aunque la redistribución busca remediar las injusticias económicas, deja intactas las estructuras profundas que generan las desventajas de clase. Por lo tanto, debe hacer reasignaciones superficiales una y otra vez, que reproducen la lógica de asistencia, minusvalía y subordinación de las mujeres (Fraser, 1997).

En Venezuela, las políticas públicas de género presentan actualmente una situación contradictoria en términos de la elaboración de la política, a pesar de ello se registran avances tanto normativos como operativos. De acuerdo con Llavaneras:

Los avances en la incorporación del tema en la agenda pública y en los propios procesos de planificación han generado una cantidad de información importante de la cual no se disponía antes de 2005. [...] Esto implica la necesidad de: 1) que las políticas públicas ejecutadas reconozcan el trabajo no remunerado de las mujeres como factor adscrito de la propia condición de género y/o clase; 2) que los organismos de Estado no sustenten la eficiencia y eficacia de sus políticas en el trabajo no remunerado de las mujeres; y 3) que las políticas públicas busquen intervenir en las dinámicas internas de los hogares y las familias, generando las condiciones para la reasignación e incluso la recomposición de roles (2011: 145).

Lo que demanda hoy la discusión militante sobre las políticas públicas de género es la profundización de una política orientada a modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole, que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de mujeres y hombres.

Como ya hemos planteado anteriormente, las demandas elaboradas por las organizaciones feministas y colectivos de mujeres organizadas a los Estados —desde sus versiones más tight hasta las más radicales— pasan por ser antes que nada una crítica a la cultura patriarcal, que ordena el mundo según los valores de lo masculino, lo cual tiene consecuencias muchas veces fatales, especialmente para las mujeres más pobres. En América Latina se han elaborado cuestiona-mientos profundos a la estrecha relación de este orden patriarcal con el modelo de acumulación capitalista. En este contexto se inscribe la experiencia venezolana, que a partir del año 2005 comienza a plantear la necesidad de superar la política redistributiva en función de construir una alternativa al desarrollo capitalista. La construcción de dicha alternativa demanda la priorización en la elaboración de políticas que —además de redistribuir recursos— se enfoquen en la transformación de las relaciones sociales, no solo en el orden de la producción, sino especialmente en aquel relacionado con la reproducción de la vida, de acuerdo a principios de reconocimiento, así como a la garantía de derechos sin los cuales será difícil dar cuenta de procesos de liberación individual y colectiva.

BIBLIOGRAFÍA

Angeleri, Sandra 2012 “La Araña Feminista: estableciendo los parámetros para el estudio de una experiencia de articulación feminista y socialista” en Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 17(39), pp. 225-234 (Caracas).

Anzorena, Claudia 2013 Mujeres en ¡a trama del Estado: una lectura feminista de las políticas públicas (Mendoza: Ediunc).

Arellano, Yolima 2004 La situación de las políticas de género en Venezuela: análisis prospectivo, en políticas públicas de género en Venezuela (Mérida: Universidad de los Andes).

Amagada, Irma 2005 “Dimensiones de la Pobreza y políticas desde una perspectiva de género” en Revista de la CEPAL, 85, pp. 101-113 (Santiago de Chile).

Centro de Estudios de la Mujer, Araña Feminista: Red de Colectivos de Mujeres y la Iniciativa por los Derechos Sexuales: “Informe sobre la República Bolivariana de Venezuela. 12° Ronda del Examen Periódico Universal-Septiembre 2011″.

Fraser, Nancy 1997 “¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas en torno a la justicia en una época ‘postsocialista’” en Iustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde ¡a posición “postsocialista”, Cap. I, pp. 17-54 (Santa Fe de Bogotá: Siglo del Hombre Editores).

García Prince, Evangelina 2012 La Participación política de las mujeres en Venezuela: situación actual y estrategias para su ampliación (Caracas: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales-ILDIS).

Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, LIO 1999 Gaceta Oficial 5.398 (Extraordinario), 26 de octubre.

Llavaneras B., Masaya 2011 “Los presupuestos sensibles al género como herramienta para la justicia de reconocimiento y redistribución: análisis de la experiencia venezolana” en Norma Sanchís (coord.), Aportes al debate del desarrollo en América Latina. Una perspectiva feminista, pp. 135-146 (Buenos Aires: Red de Género y Comercio).

Observatorio Bolivariano de Género 2010 “Políticas públicas dirigidas hacíalas mujeres. Resultados 1999-2009″ (Caracas).

Reseña histórica de la Misión Madres del Barrio, (s/f) en <http://www.minmujer.gob.ve/madresdelbarrio/index.php?option=com_ content&view=article&id= 15&Itemid= 10>.

Socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela e investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Fundación Celarg) desde 2010. Su línea de investigación está vinculada a las políticas públicas, con énfasis en el género. Actualmente coordina el Departamento de Formación y Docencia del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.↵

El Art. 88 de la CRBV establece que: "El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley". ↵

43

Cristina Otálora[1] 

LOS OTROS HOMBRES IMAGINARIOS Y PRÁCTICAS SOCIALES DE LA MASCULINIDAD EN LOS SECTORES POPULARES[2]

INTRODUCCIÓN

Una de las ideas centrales de los estudios de género desde un punto de vista descriptivo es que los modos de pensar, sentir y comportarse de ambos géneros se deben a construcciones sociales y familiares asignadas de manera diferenciada a mujeres y hombres y como categoría de análisis es siempre relacional, es decir, se alude a la relación entre el género femenino y el género masculino, así como a las relaciones intragénero (Burin y Meler, 2009).

Actualmente, hay un interés por el estudio de la condición femenina y masculina en situaciones y contextos específicos, que den cuenta de las características de grupos que no se encuentran representados en la teoría explicativa de género. Tal es el caso de los hombres de los sectores populares, específicamente venezolanos de la ciudad de Caracas, que no estarían respondiendo al patrón de masculinidad hegemónica, representada por el hombre de clase media con poder y autoridad. Mandatos sociales de la masculinidad del hombre como proveedor, protector y autosuficiente (Artaza, 2011) estarían cuestionados.

Bajo estas premisas se desarrolló una investigación cualitativa, nos planteamos indagar en profundidad, a través de una entrevista, a hombres de diferentes edades, habitantes de diversas zonas populares de Caracas, el significado de hombre y su función en la familia, la paternidad y su ejercicio, la conquista y expectativas vinculadas con la crianza y la vida en pareja. Estos aspectos se analizaron a la luz de los imaginarios y prácticas sociales involucrados en la masculinidad.

El artículo está organizado en cuatro secciones: la primera recoge algunos aspectos conceptuales y empíricos, la segunda describe aspectos de orden metodológico y del procedimiento realizado, la tercera presenta la discusión de los resultados y la última algunas precisiones de orden teórico.

ALGUNOS CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS CON LA MASCULINIDAD

De acuerdo a Salguero (2009), la identidad de género masculino es un proceso diverso y complejo donde confluyen una serie de representaciones en ocasiones contradictorias; por un lado, se enfrentan a la necesidad de manifestarse como hombres de modo distinto a la manera como histórica, social y culturalmente se les ha encasillado a partir del poder, privilegios y opresión de las mujeres (Lagarde, 1993, citado por Salguero); y por otro, se presentan rasgos de dominación que generan desigualdad y opresión, no solo para las mujeres sino para los propios hombres.

Uno de los rasgos que con más frecuencia encontramos es el de la conducta violenta, que en nuestro contexto en ocasiones adquiere dimensiones dramáticas. Estudios como el de Zubillaga (2007), con jóvenes de la capital venezolana, muestran algunas coordenadas para comprender la conducta masculina y, en este caso particular, la violenta. Los muchachos de esta investigación se definieron a sí mismos como hombres, para quienes el respeto constituye un valor fundamental. Cubillán (2012), por su parte, reporta —en un estudio realizado con un grupo de jóvenes en una institución educativa pública de Caracas— que los participantes del estudio repensaron las maneras de ser masculino frente a las masculinidades presentes en su grupo familiar, consideradas como legítimas, en donde se hace alarde de la rresponsabilidad ante los hijos/as y la deshonestidad de los afectos hacia sus parejas.

Estas experiencias, y otras realizadas en diferentes países de la región (Cáceres, Salazar, Rosasco y Fernández, 2002; Olavarría, 2001; Mora, Otálora y Recagno, 2005), nos convocan a indagar sobre la condición masculina en un país caracterizado por tener como estructura familiar predominante la monoparental matricentrada (Moreno, 1997), con jefatura femenina en situación de pobreza y con altos niveles de violencia de género.

Un marco conceptual que nos ayudaría a comprender el ejercicio de la masculinidad, en nuestro contexto, es el de los imaginarios sociales. Lo imaginario, según Shotter (1988), a menudo origina objetos imposibles, que no poseen una existencia real y que solamente subsisten en las prácticas sociales de la gente. Sin embargo, en la medida en que podemos hablar de ellos, continúa el autor, pueden formar y estructurar nuestro comportamiento. Este tipo de objetos imaginarios desempeñan un papel de gran importancia, al mantener cohesionadas las múltiples estructuraciones parciales de la vida diaria y, por otra parte, al conservarlas abiertas a futuras articulaciones, concluye Shotter.

Los imaginarios sociales se constituyen en singulares matrices de sentido existencial, como elementos coadyuvantes en la elaboración de sentidos subjetivos atribuidos al discurso, al pensamiento y a la acción social (Baeza, 2000; comentado por Hurtado, 2004). Los imaginarios sociales siempre son contextualizados, no son la suma de imaginarios individuales: se requiere, para que sean imaginarios sociales (Castoriadis, 2002; citado por Hurtado, 2004), una suerte de reconocimiento colectivo, de tal manera que los imaginarios pasarían a ser sociales porque se producirían en el marco de relaciones sociales, condiciones históricas y sociales favorables para que determinados imaginarios sean colectivizados, es decir instituidos socialmente.

Nos preguntamos, entonces, si el realismo de los universales consagra al varón blanco, heterosexual, fuerte y rico como centro, ¿hay otro destino que la periferia suburbana destina para los varones negros, pobres y con baja escolaridad? ¿Cuál sería el papel de los imaginarios en el desempeño familiar cotidiano? ¿Cómo significan estos hombres su masculinidad? ¿Cómo significan la familia y el ejercicio de la paternidad? ¿Cómo asumen la conquista y qué expectativas tienen con respecto a la crianza y la vida en pareja?

Nos planteamos como objetivos analizar, desde la perspectiva masculina, el significado de hombre y su función en la familia, la paternidad y su ejercicio, la conquista y expectativas vinculadas con la crianza y la vida en pareja.

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

Se desarrolló una investigación cualitativa cuyo objetivo es el estudio de la vida cotidiana desde el enfoque que dan los propios actores (Marshall y Rossman, 1989; Strauss y Corbin, 2002).

En el estudio participaron seis hombres, escogidos de manera intencional atendiendo a los criterios de accesibilidad y heterogeneidad (Valles, 1999). Por tal motivo las edades están en un rango de 15 a 49 años, y proceden de diferentes zonas populares de la ciudad de Caracas: Petare, El Valle, Antímano y La Vega.

El cuadro que se presenta a continuación permite identificar a los participantes del estudio, la edad, la ocupación, la escolaridad y el lugar de residencia.

Con el fin de conocer las diferentes perspectivas que tienen los hombres que participaron en el estudio en la recolección de la información, se utilizaron “entrevistas cualitativas en profundidad” (Taylor y Bogdan, 1990) con el uso de guiones semiestructurados.

El procedimiento seguido para la realización del trabajo de campo incluyó la visita a la comunidad, selección de los informantes y sesiones de entrevista en el hogar o en algún lugar cercano a este.

La información fue analizada a través del método de las comparaciones constantes (Strauss y Corbin, 2002) en donde se delimitaron y relacionaron las categorías que hicieron referencia a las prácticas sociales con aquellas que fueron parte del imaginario social y que —sin duda— sirvieron de soporte a las primeras. Se realizó la codificación abierta, axial y selectiva, pasos que caracterizan el método utilizado de la Teoría Fundamentada.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La ruta que siguió el análisis fue aquella que se supone es la que sigue cualquier ser humano de la zona urbana de nuestra región durante su ciclo vital, en lo que tiene que ver con su vida afectiva y familiar.

Se partió de las categorías generales sobre los imaginarios de ser hombre y el hombre y su función en la familia como elementos que sirvieron de eje para contrastar con prácticas sociales, con el fin de comprender la manera de ejercer la paternidad, la vida en pareja y la crianza, aspectos que nos dibujan la práctica de la masculinidad y que pudimos elaborar en la categoría central que nos sirvió para teorizar y llegar a algunas conclusiones. A continuación se presenta un cuadro que ilustra estos aspectos.

1. SER HOMBRE: “HOMBRE QUE NO CONQUISTA MUJERES ES UN MONIGOTE, NO ES HOMBRE”

Lo que significó para nuestro grupo de entrevistados ser hombre, abarcó una serie de aspectos que fueron desde los elementos biológicos, su expresión, hasta el rechazo hacia lo femenino.

La capacidad de dar a luz fue catalogada como la única actividad que el hombre, como tal, no puede realizar, pero además la posibilidad de conquistar mujeres y de tener una vida sexual activa fueron elementos mencionados como la máxima forma de expresar la hombría. Es importante destacar que el medio cultural juega un rol fundamental en esta concepción, aspecto sobre el cual hay conciencia, especialmente en los más jóvenes. No obstante, la naturalización de algunos comportamientos como propios de los hombres, también fue reportada:

Creo que lo único que no puede hacer un hombre es parir, además, un hombre de verdad no paga para obtener sexo, ya que el hombre debe ser competente para conquistar a una mujer. Si no conquista mujeres no es un hombre, es un monigote… Creo que el hombre es hombre cuando puede mantener en el tiempo contentas a sus mujeres (Félix, p. 1, 37 años).

Lo masculino contrapuesto a lo femenino y las características de lo que identificaría a una mujer fue señalado como negativo e indeseable. Además, hubo un temor velado hacia la homosexualidad, que se repitió a lo largo de las diferentes narrativas.

“Tienen que ser serios, dejase de manqueras, eso de estar saliendo con otro hombre, eso no es de hombre, eso es no ser serio, eso de maquillarse, vestise todo raro, esa vaina no es de hombre” (John, p. 2, 18 años):

Bueno, alguien que anda con sus amigos y no anda con cosas raras, como decirte que…, que no andan con los homosexuales esos por ahí, si tu andas con uno de ellos dicen que eres igual a ellos, je, je, je (Hernández, p. 2, 38 años).

Sin embargo, no es un pensamiento homogéneo y sobre el cual hay conciencia de que se trata de presión por parte del grupo, hecho que abre una posibilidad de cambio, pues si bien en nuestro grupo predominó el rechazo, hubo quien lo cuestionó:

…por ejemplo, si tú eres hombre tienes que ser super macho, eso es lo que te impone la sociedad, que tienes que ser fuerte, no puedes mostrar debilidad ante las personas, tienes que ser una persona superior, no, tú puedes, ¡cónchale! Puedes ser homosexual, normal, puedes ser una persona… (Mariano, 1, 15 años).

Ahora bien, quien mostró un pensamiento menos apegado al qué dirán y a las presiones del grupo fue el más joven de los participantes.

Un aspecto mencionado, y muy importante en los estudios sobre mas-culinidad, es el relacionado con el respeto. Esta dimensión sería una especie de distinción que haría verdaderamente hombre a quien lo logre. En nuestro estudio fue reportado como una cualidad importante que no se debe obviar:

[Una cualidad es] “El respeto, porque si no, cómo crecemos como persona. El hombre que no se respete ni se dé a respetar, no es hombre (Jaime, 1, 29 años).

Los anteriores componentes expresados como importantes de ser hombre, la actividad y capacidad sexual, el rechazo a la homosexualidad y a lo femenino y hacerse respetar, así como posiciones que rechazan las otras maneras de ver el ser hombre, constituyen diferentes perspectivas, pero que en su conjunto responden a la exigencia social de lo que debe ser un hombre. Tal caracterización contrasta con la práctica social de la paternidad y que analizo a continuación.

2. LA PATERNIDAD: “CONO… ES UNA RESPONSABILIDAD”

Todas las disquisiciones alrededor de lo que significa ser hombre, hicieron contacto con la realidad cuando se habló de la paternidad, los hijos, expectativas y crianza. Salieron a relucir emociones contradictorias, se rememoró la infancia y se actualizaron sentimientos que contrastaron con los imaginarios expresados anteriormente. Pareciera haber una especie de fragmentación entre el ser hombre y ser padre, que indudablemente entran en contradicción:

Es lo más importante, te cambia la vida cuando eres papá. Cuando no tenía hijo, todo era disfrutar, echar vaina, no le importaba a uno si le pasaba algo o no. Ahora me preocupo más, me cuido más; no salgo pa las fiestas del barrio… Me gustaría que mi hijo no pase por las cosas que pasé yo, por eso me esfuerzo, para que no pase por lo que pasó uno, uno quiere lo bonito pal hijo (Jaime, p. 3, 29 años).

Los hijos ayudan mucho al crecimiento de la persona, como madre, como padre, ayudan mucho a las personas en ser más responsables, en inculcarle lo mejor a sus hijos, yo en mi vida fui muy desordenado adolescente, pero con todo esos antivalores que yo tenía, siempre me ocupé de que estudiara, que hiciera bien, que estuviera en el camino correcto, que no tomara malas decisiones, que le fueran a pesar más adelante como me pesaron a mi… (David, p. 4, 49 años).

No obstante, hay un aspecto que marcaría una diferencia con la maternidad, que la colocaríamos en el imaginario de las mujeres, pero que por ahora no voy a tocar. Dicho aspecto tiene que ver con la alusión a la dificultad para ejercer el rol de padre desde el punto de vista de la manutención y el poder criar al hijo/a en un ambiente sano, preocupación muy marcada en nuestros participantes:

[Lo más difícil de ser papá] La más dura es la crianza y enseñar a los niños cómo ir creciendo, la crianza en el barrio es muy dura porque hay muchas conductas inadecuadas, muchos hábitos que a medida que pasa el tiempo se hacen más recurrentes, como es el trato hacia las personas, el respeto hacia las personas, el ser humilde, ir creciendo en saber enseñarle a los hijos que el estudio y el trabajo son muy importantes para la vida… la situación económica era bastante crítica en ese tiempo [cuando nació mi hijo] porque fue cuando se devaluó la moneda, eso fue en los años ochenta… se me hizo difícil lidiar con lo que fue la manutención, el calzado, el vestido (David, p. 9, 49 años).

Ser padre… problemático… Oye en veces me he conseguido que he estado sin empleo… hace no mucho que andaba de vagabundo de arriba para abajo, y mis hijas me estaban pidiendo y yo no hallaba qué hacer, oye, eso es una problemática grande para mí. Gracias a Dios ahorita estoy trabajando. Empecé a trabajar. Eso es un problema grande cuando uno tiene muchacho si anda sin trabajar porque no tiene cómo responderle a los hijos (Hernández, p. 3, 38 años).

Ser padre significó para nuestros entrevistados una tarea de difícil ejecución, pero una circunstancia que modificaría un estilo de vida desordenado y que fue reportado cuando hablaron de lo que consideraron que era un hombre.

3. EL HOMBRE Y LA FAMILIA: “EL HOMBRE ES LA AUTORIDAD MAMI”

Abordar la función del hombre en la familia significa abrir el camino para entrar en los imaginarios alrededor de la autoridad y de lo que históricamente se ha considerado es el lugar del hombre en la familia. Nuestros participantes no fueron ajenos a esta influencia marcada por la cultura:

El hombre es el hombre, cómo te explico, es el hombre pues, la figura de la fuerza, el que protege… (John, p. 4, 18 años).

Es como el que lleva la batuta, las responsabilidades, el que decide… es como la autoridad, el que manda, el que tiene la última palabra (David, p. 2, 49 años).

Asimismo, la función de la mujer en la familia fue reportada dentro de los estereotipos tradicionales de lo que se espera de ella:

…la mujer es la madre, bueno en caso de que haya chamitos pues, tiene que tener todo listo para que el hombre después de trabajar, sea bien atendido (John, p. 4, 18 años).

Es importante señalar, que este estereotipo se presentó cuando se indagó alrededor de la función femenina y masculina en el contexto de la familia, dispositivo que activa imaginarios conservadores a pesar de que la realidad dicte otra situación. Tal es el caso de la separación y la ruptura, en donde se presenta un cuadro diferente y menos idílico. La autoridad paterna, la presencia “fuerte” del hombre, la compañía y la responsabilidad que se adjudicaron nuestros entrevistados dentro de la familia, desaparecen como por arte de magia cuando de la disolución de la pareja se trata:

Los niños son los que sufren con la separación de los padres. Lo que he visto es que el padre cuando se separa de la pareja deja de acompañar los procesos en su conjunto, sin embargo, creo que la pareja debe cuidar los detalles con los niños para no marcarlo tanto con la separación. Lo normal es que la mujer se quede con los niños y el padre acompaña los fines de semana (Félix, p. 7, 37 años).

[Cuando hay separación] Bueno… eso ya es otra cosa. La mayoría de los casos la mujer siempre se queda con los hijos y el hombre a veces, pero eso que sea el hombre es una vaina rara, la mujer siempre se queda sola y echa palante con sus muchachos ella misma (Hernández, p. 6, 38 años).

Así pues, el hombre se mantiene firme como autoridad frente a la familia y se preocupa por los hijos/as en tanto conserve la relación con la esposa, no obstante, ante la separación, la posición que antes mostraba como severa y firme se diluye.

4. LA PAREJA: “EL HOMBRE CUANDO CONSIGUE UNA PAREJA CONSIGUE UNA AMIGA”

Si bien la función del hombre y la mujer en la familia fueron descritas de manera tradicional, apegada a los imaginarios, la pareja, su significado y función nos muestra una práctica social vinculada a lo cotidiano:

La pareja es un hombre y una mujer, y se tienen que llevar mutuamente bien. Eso es lo importante para que la vaina funcione, llevarse bien, entenderse pues (Hernández, p. 4, 38 años).

Formar pareja implica perder o ganar espacios y relaciones según diferentes criterios, y su importancia para la vida de los hombres entrevistados contrastó con el discurso anterior, en donde la posición que imperó fue la de la autoridad, que sin embargo tomó otro matiz, en donde el único perdedor es el hombre, a pesar de reconocer privilegios y ganancias:

[Al formar pareja] …se pierden muchas cosas, libertad sobre todo libertad, como poder ir todos los fines de semana con una pareja diferente, por ejemplo dejar de visitar amigos, ya tienen una pareja, ya tienes un compromiso, hay muchas cosas a las que hay que ponerle limite y no vas a poder hacerlas, me entiendes… vas a ganar una compañera una amistad (David, p. 3, 49 años).

Se pierden bastantes cosas porque te cambian las cosas, pierdes la libertad de salir con los amigos, de amanecer en la calle con los amigos. Te dedicas más a esa persona. Mi pareja no creo que haya perdido nada, ganó un hogar (Jaime, p. 4, 29 años).

De manera contrastante, las características de la pareja hicieron referencia a aspectos que no necesariamente muestran a una mujer servicial y pasiva, sino como un complemento, con alguien que se comparte, una mujer de estos tiempos:

La pareja es… eh… una persona que yo pienso que tiene que estar hasta, como… tú tienes a tú mamá en tu vida, en tu vida yo creo que tiene que haber una pareja, ¿Por qué? Porque es para… complementa tu vida pues (Mariano, p. 7, 15 años).

A mí me gusta las mujeres que son emprendedoras, que no son dependientes de los hombres, o sea liberales, yo no les pongo restricciones más bien me gusta que las mujeres sepan defenderse, claro el hombre es una ayuda, un compañero, que sientan que están con ellas, pero también me gusta que las mujeres tengan su carrera, sus estudios, estén preparadas… que no dependan (David, p. 4, 49 años).

La pareja aparece como un elemento que pondría un límite en la vida de estos hombres, lo cual se traduce, según ellos, en una pérdida de libertad, pero solo para una de las partes. Para la mujer, el formar pareja, de acuerdo a lo reportado por ellos, sería una suerte de premio, como una meta a alcanzar. Pero también se da la entrada a una mujer independiente que estudia y trabaja, por parte del hombre que tiene mayor edad en el grupo.

5. LA CONQUISTA: “LA MUJER QUE SALE AL PASO ES TRATADA COMO REGALADA”

Quién toma la iniciativa para iniciar una relación es un tema que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Dentro de un marco tradicional y conservador, es el hombre quien debe dar el primer paso, pues, según los cánones establecidos con respecto a lo que debe ser un hombre, este es quien decide y, en consecuencia, escogería a la pareja. Nuestros participantes nos mostraron algo diferente, pero la connotación fue negativa:

Las mujeres coquetean y te mandan el número de teléfono con alguno. Me imagino, que porque hay escasez de hombres. En una fiesta lo que más hay son mujeres… (Jaime, p. 4, 29 años).

Bueno, yo creo que ambos dependiendo… cualquiera puede tomar la iniciativa y el otro seguirlo, cuando hay una atracción eso se va a notar… pero quien lleva la iniciativa es el hombre, y dice te quiero, me gustas, me atraes, quiero tener una relación contigo de pareja… (David, p. 3, 49 años).

Resulta interesante dentro de este contexto —que exige a la mujer guardar las apariencias y no hacer explícito su interés hacia el sexo opuesto pues, de lo contrario, es censurada— analizar cuáles son los aspectos que de ella les atraen a los hombres actualmente:

Nooo que estén explotadas. Que tengan tremendas… tu sabes, y tremendo culo, explotadas, mira es tanto así que hasta se las mandan a hacer (se refiere a los senos), les mandan a poner prótesis, que si mira mamita ponte así más aquí (John, p. 5, 18 años).

Pero, si bien la apariencia física —aderezada con la cirugía y los implantes— atrae a algunos hombres, hay otras cualidades que llaman la atención, sobre todo cuando se piensa en una relación estable:

Mujeres caseras, oíste, caseras de repente que estudiaran y trabajaran, pero mientras hagan vida, que sea en su casa, esas son las que más atraen… (Hernández, p. 7, 38 años).

Una mujer complaciente que los acompañe en su vida (Félix, p. 3, 37 años).

La práctica social de la conquista, por parte del hombre y la mujer ideal, descansa en un imaginario de la mujer pasiva, que no demuestra sus sentimientos ni pasiones, o en la mujer que será la esposa dedicada a la casa y que lo atenderá y, en otro caso, en la mujer voluptuosa siempre dispuesta. Una trilogía marcada por la contradicción y la ambivalencia.

A MANERA DE CONCLUSIÓN. LA MASCULINIDAD EN DISPUTA: ENTRE LA REALIDAD, LA OBLIGACIÓN Y EL DESEO

Ser hombre, significado recogido como sinónimo de masculini-dad por la dificultad para su comprensión dentro del grupo social estudiado, coincidió con lo que la literatura dedicada al tema denomina “masculinidad hegemónica”, caracterizada por la exigencia que se le hace al hombre, producto de un mandato social, de ser autoritario, dominante, poseer mujeres, ocultar las expresiones de afecto y los sentimientos. David Gilmore (citado por Cubillán, 2012), considera que la masculinidad es una construcción que parte de un ideal representado en la cultura colectiva. En tal sentido, podríamos decir que hay un imaginario alrededor de lo que debe ser un hombre, que cuando la práctica social, en este caso la paternidad, se hace presente, salen a flote sentimientos y actitudes que niegan ese imaginario.

Pareciera haber una fragmentación entre el imaginario de la masculinidad y la paternidad, como práctica social. Hay una realidad vinculada a la esfera afectiva que, aunque negada por el modelo hegemó-nico, modificaría o haría entrar en contradicción dicho imaginario. Se podría inferir, entonces, que se abre una posibilidad de cambio, al menos en un nivel discursivo, cuando el hombre enfrenta el cuidado de un/a hijo/a.

El logro de un cambio está amenazado por las condiciones culturales que refuerzan el imaginario social de masculinidad y por las económicas, que no permiten el ejercicio pleno de la paternidad por no poder responder a las exigencias de proveedor único, demandado por la sociedad. Aceptar una compañera que trabaje —dentro y fuera del hogar, en igualdad de condiciones con él— aminoraría las cargas y sería posible responder en el campo afectivo y económico.

El imaginario del hombre fuerte con autoridad dentro del hogar se resquebraja ante la separación de la pareja, pues este imaginario responde a la familia nuclear burguesa y no a otras estructuras familiares. Cuando el hombre pierde la posibilidad de ejercer la autoridad en la familia y el vínculo con la pareja se rompe, él prefiere retirarse. Entra en una contradicción, que se caracterizaría por la ausencia de compromiso y la evasión de responsabilidades.

Finalmente, la mujer ideal aparece representada en una trilogía definida: por la mujer voluptuosa, que el lenguaje actual llama “explotada”; por la mujer reprimida, que espera pasiva ser buscada y que atiende al marido; y por la mujer emprendedora e independiente. Esta mujer ideal, pero enunciada en esas tres esferas separadas, podría ser análoga a la propuesta que Vethencourt hace de los tres aspectos de la feminidad en sus “Comentarios” del libro de Fernando Rísquez (1991).

Para concluir, la masculinidad construida sobre la base de imaginarios de origen patriarcal, le impide a los hombres desarrollarse como seres humanos plenos para ejercer libremente diferentes roles, especialmente aquellos relacionados con el cuidado, que significarían un paso importante y necesario para lograr la equidad de género.

BIBLIOGRAFÍA

Artaza, C. 2012 Masculinidad hegemónica y seguridad ciudadana (Caracas: Imprenta UNES).

Burin, M. y Meler, I. 2009 Varones. Género y subjetividad masculina (Buenos Aires: Librería de Mujeres Editoras).

Cáceres, C; Salazar, X.; Rosasco, A. y Fernández, R 2002 Ser hombre en el Perú de hoy (Lima: REDESS Jóvenes).

Cubillán, F. 2012 “Cada uno es hombre como se le antoja”. La escuela un espacio del ser masculino, Tesis de maestría no publicada (Universidad Central de Venezuela).

Hurtado, D. 2004 “Reflexiones sobre la Teoría de Imaginarios” en Cinta de Moebio, 21, pp. 169-174.

Marshall, C. y Rossman, G. 1989 Designing qualitative research (Newbury Park: Sage).

Mora, L.; Otálora, C. y Recagno, I. 2005 “El hombre y la mujer frente al hijo: Diferentes voces sobre su significado” en PSYKE, 14 (2), pp. 119-132.

Moreno, A. 1997 La familia popular venezolana, Curso de Formación Sociopolítica N° 15 (Caracas: Fundación Centro Gumillay Centro de Investigaciones Populares).

Olavarría, J. 2001 “Ser padre en Santiago de Chile” en Red de masculinidad [página web] en <http://www.eurosur.org/FLACSO/artolavar.htmx

Rísquez, F. 1991 Aproximación a la feminidad. Prólogo de Juan Liscano y “Comentarios” de José Luis Vethencourt (Caracas: Monte Ávila).

Salguero, A. 2009 “Ni todo el poder, ni todo el dominio: identidad en los varones, un proceso de negociación entre la vida laboral y familiar” en J. C. Ramírez y G. Uribe, Masculinidades. El juego de género de los hombres en el que participan las mujeres, pp. 247- 268 (Madrid: Plaza y Valdés).

Shotter, J. 1988 “El papel de lo imaginario en la construcción de la vida social” en T. Ibáñez (coord.), Ideologías de la vida cotidiana, pp. 135-155 (Barcelona: Ediciones Sendai).

Strauss, A. y Corbin, J. 2002 Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada (Colombia: Universidad de Antioquia).

Taylor, S. y Bogdan, R. 1990 Introducción a los métodos cualitativos de investigación (Buenos Aires: Paidós).

Valles, M. 1999 Técnicas cualitativas de investigación práctica y profesional (Madrid: Síntesis).

Zubillaga, V. 2007 “Los varones y sus clamores: los sentidos de la demanda de respeto y las lógicas de la violencia entre jóvenes de vida violenta en los barrios de Caracas” en Espacio Abierto, 16 (003), pp. 577-608.

Psicóloga y Doctora en Psicología. Coordinadora del Doctorado en Humanidades de la UCV. Miembro del Comité Directivo del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Ha realizado numerosas investigaciones en Psicología Social y Comunitaria, es especialista en temas de familia.↵

Este artículo constituye un avance de los resultados de un proyecto grupal más amplio, titulado "Patrones culturales de género, masculinidad y feminidad en mujeres y hombres de los sectores populares de Caracas: una propuesta de transformación cultural para la corresponsabilidad social hacia el buen vivir", financiado por el Fonacit y desarrollado en el Centro de Estudios de la Mujer de la UCV. ↵

44

Mariana Libertad Suárez[1]

INTERVENCIONES FEMINISTAS DE LA HISTORIA NACIONAL UN ACERCAMIENTO A BOLÍVAR LIBERTADOR (1934), DEOLGABRICEÑO

La relación entre la filosofía —también llamada “pensamiento”,
a secas— y la literatura latinoamericanas ha sido muchas
veces enunciada, pero nunca ha sido realmente abordada por
las historiadoras e historiadores de las ideas. No pretendo
elaborar una teoría sobre una escritura capaz de evidenciar la
diferencia de las mujeres en momentos de supuesta pasividad
ideológica, ni desentrañar definitivamente por qué el pensamiento
latinoamericano se expresa en todos los géneros literarios, desde
el ensayo, que es su medio de expresión más relevante, hasta la
novela y la poesía. Tampoco quiero repetir acriticamente que
toda filosofía es, a final de cuentas, literatura [...] Sin embargo, a
mediados del siglo XX, las escritoras latinoamericanas empezaron
a manifestar masivamente que su escritura estaba determinada
por su cuerpo y por el lugar que éste tenía en las historias familiar,
nacional y continental [...] En otras palabras, delataron en su
literatura algo que el historiador Hay den White formuló para
toda expresión escrita de las ideas, esto es, que “el pensamiento
permanece cautivo del modo lingüístico en que intenta captar la
silueta de los objetos que habitan el campo de su percepción”.

Francesca Gargallo
Ideas feministas latinoamericanas

Con estas afirmaciones, Francesca Gargallo introduce un apartado donde define la escritura literaria como un territorio protofemi-nista. Es decir, donde propone que la narrativa y la poesía han funcionado por décadas como lugares ideales para glosar los cimientos identitarios del continente, desde posiciones de aparente sumisión. En el caso particular de las mujeres, además, este uso político de la escritura bien puede adquirir matices éticos, pues, muchas veces, las intervenciones del pensamiento filosófico o histórico, a partir de la escritura de cuentos o novelas, ha funcionado como una de las tantas puertas de ingreso para la autoescritura.

En este mismo capítulo, Gargallo establece que el proceso anunciado se sucedió a mediados del siglo XX. Tal afirmación pudiera obedecer al hecho de que en las décadas del cuarenta y cincuenta se publicaron en América Latina una cantidad importante de obras que proponían la incorporación de mujeres a los eventos fundacionales del continente —como la novela argentina El perjuro (1953), de Reneé Pereyra Olazábal; Maximiana (1957), de la mexicana Patricia Cox; o Madame Lynch (1957), de la paraguaya María Concepción Leyes de Chaves—, que reconstruían en clave novelesca la vida de latinoamericanas notables —como las biografías de Manuela Sáenz escritas por la hispano-panameña Concha Peña (1944) y la peruana María Jesús Alvarado (1952)— e, incluso, textos que releían la resistencia de los pueblos originarios desde el pensamiento feminista —como El secreto de Antatura (1953), de la panameña Luisita Aguilera Patino; o Mayapán (1950), de la narradora hondurena Argentina Díaz Lozano.

En estas obras pueden rastrearse varios movimientos. Por ejemplo, un intento de descubrir la participación de algunas mujeres extrañas en espacios geográficos privilegiados por la historiografía tradicional —como los campos de guerra o los palacios de gobierno—; también hubo una vuelta hacia el mundo doméstico, referido como correlato en el desarrollo de los grandes acontecimientos bélicos y/o políticos; finalmente, en algunos otros casos, se manifestó una concepción de un sujeto plural y una reflexión acerca del papel de las mujeres, los indígenas y los oprimidos —y no solo de una mujer o un indígena excepcional— en el pasado latinoamericano.

En cualquiera de sus vertientes, se trataba de escrituras donde hay evidencias claras del proceso de intervención descrito por Gargallo, posturas que si bien desde mediados del siglo XX se acentuaron y se hicieron más explícitas, se venían gestando en la narrativa de algunas otras latinoamericanas, quienes por medio de discursos más o menos oficializados se dieron a la tarea de retomar —desde la prensa, la narrativa y la dramaturgia— pasajes enmarcados en la Guerra de Independencia, en las Guerras Federales y en otros movimientos de insurrección política para, de ese modo, movilizar la identidad genérica, racial y cultural de algunos personajes masculinos emblemáticos del continente.

Con esta reescritura, si bien no se conseguía reivindicar del todo las labores, las lógicas y las marcas discursivas tradicionalmente entendidas como femeninas —es decir, no había una búsqueda idéntica a la que se desarrolló en la segunda mitad del siglo—, se hizo palpable cierto reclamo de igualdad que movilizó las masculinidades establecidas y, como consecuencia directa de ello, se propusieron nuevos perfiles para las mujeres en la historia. Se trataba entonces de la construcción de antecedentes que debían facilitar el ingreso de las voces enunciadoras al campo intelectual.

Ciertamente, dar cuenta de la existencia de una mujer racional, con capacidad para articular un discurso y disposición a exponer públicamente sus posiciones políticas, pudiera no ser suficiente para pensar un texto como protofeminista; no obstante, se puede enumerar una larga lista de autoras latinoamericanas —con obras editadas entre 1900 y 1940—, que a partir de las referencias a los varones modélicos del continente problematizaron el papel de la mujer en la sociedad, tanto en sus ficciones como en su participación política.

Publicaciones como las de la chilena Magdalena Petit, la panameña Acracia Sarasqueta, la peruana Rosa Arciniega, la brasilera Josefa de Farías o la mexicana Sara García Iglesias bien pudieran dar cuenta de este fenómeno. En el caso particular de Venezuela, destaca entre muchos otros nombres el de Olga Briceño[2], una autora con un capital cultural creciente en la década de los treinta del siglo XX, poco o nada estudiada en la contemporaneidad y excluida de buena parte de los registros históricos, incluso aquellos que se proponían reconstruir la escritura de mujeres venezolanas.

Olga Briceño fue autora de un grupo importante de ficciones de archivo, dedicadas a personajes como Francisco de Miranda o Manuela Sáenz. Del mismo modo, en 1934 publicó una trilogía que recogía tres facetas distintas de la vida de Simón Bolívar: Bolívar Americano (1934a), Bolívar Criollo (1934b) y Bolívar Libertador (1934c). Los tres volúmenes fueron publicados por el sello español Nuestra Raza. En las páginas anexas a Bolívar Libertador, se incluía en la colección “Los hombres y los hechos de nuestra raza”, dedicada a:

Las grandes figuras y los grandes episodios, lo individual y lo colectivo de la historia de España, Portugal, los judíos de lengua española, los musulmanes españoles y, sobre todo, la gran gesta americana, donde la gran nuestra raza se multiplica asombrosamente en veinte naciones, cada día más pobladas.

No hay historia comparable a la de nuestra raza. Ella ha realizado los actos más grandiosos del esfuerzo humano. Reveló al mundo occidental riquezas fabulosas del Oriente extremo y descubrió las inmensas tierras vírgenes del continente americano entero (Ediciones Nuestra Raza, 1934: 349).

Luego, se enumera una serie de nombres de sujetos biografiados en la colección, entre quienes se encuentran Pizarro, Cortés, Cervantes, Camoens, Bolívar, Martí, etc. Para luego continuar afirmando:

Por todas estas razones viene la nueva Biblioteca de Los hombres y los hechos de nuestra raza a llenar un vacío que la cultura española no podía dejar por más tiempo. Con su publicación se realiza en el orden histórico una labor enciclopédica, que es la base única sobre la que puede edificarse una cultura nacional perfecta. Pues si una nación no conoce sus momentos y personas más características, no puede en modo alguno llegar a una plenitud en su vida política, económica y social futuras (Ibíd.: 350).

Tras una primera lectura del texto promocional, se evidencian ciertas particularidades que rodean la edición de Bolívar Libertador. En principio, los creadores de “Los hombres y los hechos de nuestra raza” pretendían erigir esta biblioteca como un grupo de obras canónicas, a partir de las cuales los lectores pudieran “conocer” —y no construir ni descubrir— su identidad para, de ese modo, coadyuvar en la edificación de la cultura española. Es decir, se trataba de una colección de libros poseedores de una verdad que permitiría la realización del destino natural de esa nación.

En segundo término, se establece que las obras se adscribirán a la tendencia hispanista de la historia, es decir que en estas escrituras el pasado latinoamericano será reconstruido para justificar la existencia de lo hispano como marca fundamental en la identidad del continente. Quedará suprimida, entonces, cualquier referencia a los acontecimientos anteriores al siglo XVI, se representarán la Conquista y la Independencia como hechos igualmente heroicos, en los que, de un modo u otro, se derrotó la barbarie. Como consecuencia directa de ello, se valorará la masculinidad racional de los fundadores por encima de la feminidad emocional de las culturas desplazadas.

En este marco ideológico, resulta significativo que la recuperación de Simón Bolívar —un varón perteneciente a una élite criolla que racionalmente asume un papel hegemónico en el curso de la historia— sea delegada en una mujer. Esta tensión, de hecho, es aludida de manera tangencial en el prólogo que acompaña la edición del libro. Se trata de un texto escrito por el narrador, dramaturgo y ensayista Cristóbal de Castro, en el cual se afirma que:

[Bolívar Libertador] es una deliciosa sesión de “cine”; cinta entre histórica y “documental”, y, por contado, sonora. Rica en maravillosos panoramas, rumorosa de tropas y rebaños; aquí burlona entre el negro barbero y la criolla guapa e infiel; allá patética, en la condena y ejecución del general Piar. Ahora, rememorando, en la estupenda retirada del Beresina; ahora, en un nocturno de amor, la serenata de don Juan… (De Castro, 1934: 11-12).

Este comentario, de forma más que evidente, contrasta con la solemnidad del texto promocional que ofrecía un registro indiscutiblemente adscrito a la alta cultura. Aquí, De Castro menciona una plataforma audiovisual como el cine, alude los restos de oralidad presentes en la escritura, determina que el género del discurso es difícil de precisar y, finalmente, propone un elemento fundamental para el proceso de recepción del texto: las claves de escritura. Se deja claro en este prólogo que no todas las aseveraciones contenidas en la novela fueron escritas desde el mismo punto de vista ni para cumplir la misma función del lenguaje, por tanto toda aproximación de la novela estará mediada por la duda de la seriedad, trascendencia y/o veracidad de la afirmación. Luego, al hablar de la construcción del protagonista, agrega De Castro:

Entretanto, el Libertador, en lo alto de las sierras andinas, entre nieves del panorama y del corazón, afligido por tanto mal, presa de la fiebre y la cólera, lanza su fantasía espléndida en alas de la Alucinación… Y Olga Briceño, dama lírica, interpreta los sueños del Libertador delirante, opulento en plena miseria, victorioso en pleno y trágico errar. Y ella, delirando como él, torna a mostrarlo triunfador, rayo de la Leyenda y sol de la Historia, a caballo con su dormán azul, alta la espada, en la estrofa de Rubén: “… y la más hermosa Sonríe al más fiero de los vencedores…”

Fiero, pero inmortal, hijo de la fiereza hispana; señor de ejércitos, imán de mujeres, Príncipe de la Libertad, Libertador (p. 12-13).

Pese a que De Castro manifiesta de manera explícita el origen hispánico del Libertador, en esta intervención establece que el discurso racional no corresponde al personaje Simón Bolívar, sino a la autora, Olga Briceño, una mujer nacida varias generaciones después que el Padre de la Patria y, por lo tanto, atravesada de manera más evidente por el mestizaje. Según se expone en el prólogo, Bolívar se aflige, fantasea y alucina, mientras que la narradora “interpreta”; no obstante, casi de inmediato las dos identidades se contaminan y pierden los límites que separan la cordura de la insensatez.

Esta imagen de contagio atraviesa, incluso, la identidad nacional. Si, como se decía en las páginas anexas a Bolívar Libertador, la creación de la biblioteca “Los hombres y los hechos de nuestra raza” pretendía promover la plenitud de la vida política de España, entonces la obra de Briceño debía reivindicar las identidades nacionales, étnicas y de género construidas desde y para el ideal nacionalista español. A pesar de ello, la presentación que realiza Cristóbal de Castro indica que en esta obra las identidades se basarán en la movilización y el conflicto, más que en la conciliación y la fijación de cualidades. Pareciera entonces que la rareza de Briceño, determinada por su condición de mujer extranjera[3], la autor(iza) a movilizar los márgenes que separan lo propio de lo extraño en el proceso de reconstrucción de la Independencia.

Al revisar la novela, además, se hará obvio que este desplazamiento funciona como soporte para cuestionar la verdad histórica. Una acción que atraviesa toda la escritura y que reconfigura el mapa de subjetividades fundadoras de la nación venezolana. Quizás el primer elemento a destacar radica en que si bien las representaciones raciales contenidas en la obra suelen ser muy esencialistas, en esta historia se les da voz, rostro y nombre a subjetividades negras e indígenas, un acto inusual dentro de la historiografía tradicional y también en las novelas históricas más convencionales. En el cuarto capítulo se señala:

Los batallones se mueven hacia Araure, dejando atrás el pueblo, donde las mujeres y los niños, dan la postrera despedida a sus “hombres” y a sus “taitas”.

—¡Pancho Morales! ¡Pancho Morales! ¡Sinvergüenza! —grita una mujer buena moza, desgreñada, corriendo tras de los que parten. El barbero del pueblo, clásico tipo del negro criollo, que es un simpático jorobado, oye la lejana tempestad y sigue impertérrito como si se tratase de otro.

—Me parece que te están floriando. Y no son rosas las que te zumban —le dice un compañero.

—Guá, déjala que se desahogue —responde él, inmutable. La mujer se detiene en el lindero del pueblo y se apoya contra la empalizada de un corral, lamentándose de que su “hombre” la deje sola y sin nada que comer.

—¿Qué te ha hecho pa que ni la oigas? —preguntan varios al barbero. Este no contesta directamente, pero masculla entre dientes. —Nadie la mandó a enredarse con el canario que vende leche. Se ven todos los días en el corralón detrás del pesebre. Ellos son blancos y ellos se entienden. Yo soy negro, pero tengo la joroba repleta de malicia, para que me hagan ver azul donde yo sé que es negro (Briceño, 1934c: 28-29).

Luego se describe detenidamente el regreso de las tropas, entonces la voz narrativa añade:

Efectivamente, la compañera infiel del jorobadito no había cesado en sus imprecaciones:

—¡Pancho Morales! ¡So sinvergüenza! Pero el barbero no está para aguantar insultos. —Esa perra, me la va a pagar ahorita mismo. Ya verás, compadre. El jorobadito arranca una hoja de plátano de unas matas cercanas, escurre en ella la humedad de la navaja, y canturreando se pone a afilarla sobre una piedra.

La mujer sigue insultándolo y haciéndole gestos. —¡Bicho sucio, jorobado, cobarde!

El hombre, impertérrito, se levanta, mirando amorosamente la navaja. —¡Ya está! Ya se le quitó el amellao. Ahora está otra vez templaíta. La zamba, con las manos en la cintura, envalentonada con el silencio de Pancho, provocativa y burlesca, grita:

—¡Cobarde! No me contestas porque te da miedo. —Ya se llenó el perol, mujer. Si no cierras la jeta, ésta te va a pone un recuerdo sobre la cara.

El jorobadito, como un diablillo malo, se pone a dar saltos alrededor de la mujer que escapa corriendo.

Se refugia en el rancho, y ante un trozo de espejo comienza a embadurnarse la cara con polvos de arroz y adornarse el cabello negro y brillante con peinecillos de carey [...]

Piensa satisfecha en su negro valiente, que ha querido matarla con la navaja, y como en los llanos esa es una gran prueba de amor, sonríe y canta:

Mi negro se puso bravo, yo no sé si va a volvé pero por si acaso vuelve yo le tengo su café…

Con una escoba de chamizas barre los ladrillos del suelo, pone orden, se afana y mira ansiosa a la puerta esperando a su hombre. —¡Ese negro tan valiente que me ha tocao por marido! ¡Cómo le daba al cuchillo! Así sí vale la pena tené marido, no es como ese “canario” cobarde que no sabe sino decime palabras almibaradas. Yo no lo vuelvo a vé más.

Atravesando el conuco, ve una silueta encorbada [sic]; la mujer salta de alegría y sigue tarareando su copla: Mi negro se puso bravo; Pero por ahí viene ya. El café en el fogón hierve y se derrama… (Ibíd.: 32-33).

Si se piensa en la representación racial que propone la autora se verá que, en este texto, el cuerpo negro está por completo deshumanizado. El “jorobado” contiene en lo que podría ser entendido como su deformidad: memoria, conocimiento y dolor. O, lo que es lo mismo, ahí, en esa marca que lo convierte en un sujeto no normativo, radica su conocimiento. A esto se suma la paradoja de que este relato debía estar determinado por el pensamiento hispanista, es decir el hecho de que este sujeto se transforme en heroificable, hasta el punto en que la mujer comienza a privilegiarlo ante el hombre blanco, rompe más de uno de los mitos donde se soporta esta concepción historiográfica.

En este sentido, es difícil reconocer el movimiento que lleva a cabo la autora. En principio, al poner en boca del personaje femenino la admiración por Pancho Morales, Briceño se desmarca de esta evaluación contra-hispánica de la fundación continental y, sobre todo, de la heroificación de un hombre no ilustrado, antropomórfi-camente anómalo y de origen afroamericano. A pesar de ello, al leer Bolívar Libertador queda constancia de que esta subjetividad existió y de que era una individualidad inteligible para otros habitantes de la nación recién fundada.

Se podría hablar, incluso, de una intervención política que se sostiene sobre el vínculo que une a los individuos liberados. No se trata de su relación con el poder —pues, como se ve, el ingreso de Pancho al proyecto independentista tiene que ver con razones emocionales y no ideológicas— sino de imaginar la nación como una comunidad que agrupa individualidades y, al mismo tiempo, permite que quienes ahí se asientan se redefinan desde sus afectos.

Indudablemente, la caricaturización de la barbarie por parte de la autora pudiera estar escondiendo una imposición proposicional de las formas, los contenidos y los lugares ideales para la expresión de los discursos negro y femenino. Es decir, al leer este fragmento pudiera llegarse a creer que Briceño está indicando cómo se debe encarnar a estas subjetividades poco o nada representadas dentro de la historiografía oficial; no obstante, el hecho de que el diálogo se presente como parte del tejido histórico fundacional latinoamericano indica que, para esta autora, era importante dejar claro que en ese instante intervinieron, desde distintos espacios, sujetos no masculinos, no blancos y no urbanos, quienes obedecían, además, a modelos conductuales y patrones éticos muy diversos.

Esta idea se refuerza al contrastar a esta mujer rural y demandante de actos violentos con otras tantas representadas en la ficción. Por ejemplo, poco después de reconstruir la derrota en Rincón de los Toros, la autora introduce un contraste muy elocuente, a este respecto, en los apartados que llevan por título “Compañera mansa” y “Compañera brava”. Se trata de la presentación de Caridad y Esperanza, dos mujeres que con sus nombres alegóricos, se encargan de cuidar a Bolívar cuando cae enfermo. En el primero de los apartados, el Libertador relata:

—Un hombre, y un hombre como yo, ¿qué diques podía oponer al ímpetu de estas devastaciones? En medio de este piélago de angustias, no he sido más que un piquete del huracán revolucionario, que me arrebataba como débil paja. Yo no he podido hacer ni bien ni mal. Fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de nuestros sucesos. Atribuírmelos no sería justo y sería darme una importancia que no merezco. No debéis culparme, Caridad, yo he hecho cuanto he podido para evitar el derramamiento de sangre en los campos de Venezuela. Hace ya muchos años que trato de suavizar los rigores de la guerra a muerte. Caridad suaviza la frente del enfermo, donde quedan aún vestigios de fiebre. Piensa que podía hacerle daño hablar de aquellos serios problemas antes de estar completamente restablecido y guarda silencio (Ibíd.: 286-287).

El Libertador continúa con su disertación, mientras la mujer intenta protegerlo, entonces entra a la habitación Esperanza, quien siente celos ante la escena y le pide a Caridad que se retire. Le dice a Bolívar:

—Están mal todos los jefes patriotas. Marino, que le niega su obediencia al Gobierno, pero que le sirve de ayuda cuando el peligro es grande, derrotado en varios encuentros, está refugiado en Maturín. Arismendi, en Margarita, no se rige sino por su propio capricho. Bermúdez, defraudado en sus cálculos de encontrar en Cumaná la escuadrilla del almirante Brion [...]

Mientras espera la respuesta de Bolívar juega con su espada, teniéndola en alto en actitud victoriosa. Luce magnífica y refulgente bañada por un rayo de sol. Parece el ángel de la Libertad. Bolívar se incorpora sobre su lecho, debilitado aún por la enfermedad y los trabajos, y mirándola en éxtasis, contagiado de su explendor [sic], exclama: —¡Venceré, venceré! Pronto podré decir a los hombres de América: Granadinos, ya no existe el ejército de Morillo; nuevas expediciones que venían a reforzarlo tampoco existen (Ibíd.: 290).

Aunque, tal y como ocurre en la cita anterior, la aproximación a la figura de estas dos mujeres se plantee desde una concepción alegórica —”Caridad” se preocupa por el daño que pueda sufrir el individuo, mientras que Esperanza reactiva los pensamientos políticos que mueven al colectivo— la voz narrativa las presenta como “compañeras” del ejército patriota. Es decir, aparecen como dos colaboradoras de la causa independentista que se sitúan frente al poder discursivo, ideológico e, inclusive, moral que detenta Simón Bolívar y consiguen convertirlo en un hombre más o menos compasivo, comprometido y/o entusiasta. En estas escenas hay un intercambio lingüístico que consigue modificar el estado de ánimo del héroe interpelado y, como consecuencia de ello, intervenir en sus acciones.

En otras palabras, Olga Briceño le atribuye una posición simbólica diferente a cada uno de sus personajes femeninos, para darle visibilidad al sexo, al género como eje de subjetivación. En esta historia, las mujeres dóciles, pobres, ricas, valientes, blancas, negras o mestizas, construirán sus subjetividades desde cada uno de estos rasgos étnicos y culturales, pero también desde el hecho simple de ser mujeres, por ello sus intervenciones logran desplazar identidades tan sólidas como las del mismo Libertador.

Vale recordar, además, que en la obra se relatan los encuentros sexuales de Simón Bolívar con cerca de una docena de mujeres diferentes, representantes de muy diversos sectores socioeconómicos de la población y que, desde la perspectiva de la voz narrativa, nunca mostraron una conducta reprochable. En otras palabras, a la par de la mujer simbólico-alegórica que se exhibe en estos dos apartados de la novela, Briceño también construye representaciones de mujeres rurales, urbanas, señoras de la alta sociedad y adolescentes con conciencia clara de su corporalidad. Sujetos femeninos que sienten y manifiestan su atracción sexual hacia un hombre y, lo que es aún más interesante, que lo hacen sin recibir ninguna censura por ello. Al contrario, las presenta como otras formas de venezolanidad, cuya vida merece ser relatada[4].

Así pues, no se percibe en la escritura un enfrentamiento radical a los estereotipos de género que circulaban en el imaginario del mundo hispano en las primeras décadas del siglo XX, sino más bien una apropiación que daría pie al desplazamiento de los mismos. Esto es interesante, sobre todo si se tiene en cuenta que la apuesta de quienes editaban este texto era la configuración de una identidad panhispánica, que articulara en el cortísimo plazo las subjetividades preexistentes y el ideal nacional. En este sentido, el hecho de que se arroje luz sobre individualidades poco frecuentes en los relatos épico-fundacionales, podría introducir otras formas de interacción que ampliaran los límites de la hispanidad[5].

Por otra parte, esta movilización implica también el conocimiento o descubrimiento, por parte de la autora, de la lógica que operaba bajo la construcción de las identidades nacionales. Esto le permite proponer las nuevas voces y los nuevos sujetos en una historia que, estructural y estilísticamente, puede ser aceptada por instancias de canonización, tales como la crítica literaria o el mundo editorial. O, lo que es lo mismo, Briceño y su escritura continúan siendo leídas y/o percibidas desde la identidad biológica de la autora; no obstante, consigue dar cuenta de algunas subjetividades sociales y políticas poco convencionales.

A partir de aquí se podría pensar que la omisión de Olga Briceño en todos los cursos, los estudios y los manuales de historia de la literatura venezolana y española, a partir de 1950, también podía tener alguna implicación política. Tras revisar esta obra, es posible comprender cómo “las buenas mujeres” llegaron a ser vistas como sujetos sociales e ideológicos y, por tanto, la reproducción de su pensamiento se tornaba potencialmente riesgosa. Bolívar Libertador consigue proponer otro pasado, otra hispanidad y otras identidades, que bien podían obligar al replanteo del mapa subjetivo hispanoamericano del siglo XX. O, como dice Olga Briceño por medio del Libertador, en Bolívar Criollo: “Tenga buen cuidado Vuestra Majestad, no vaya a ser que también le derribe la corona de las Américas…” (Briceño, 1934b: 96).

BIBLIOGRAFÍA

Aínsa, Fernando 2003 Reescribir el pasado. Historia y ficción en América latina (Caracas: El otro el mismo/Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos). Briceño, Olga 1934a Bolívar americano (Madrid: Ediciones Nuestra Raza).

_______ 1934b Bolívar criollo (Madrid: Ediciones Nuestra Raza).

_______ 1934c Bolívar Libertador (Madrid: Ediciones Nuestra Raza).

Burke, Peter 1993 Formas de hacer historia (Madrid: Alianza).

De los Ríos, Blanca 1935 “Aunque nuestro concepto…”, ABC, 27 de septiembre.

Gargallo, Francesca 2007 Ideas feministas latinoamericanas (Caracas: Fundación el perro y la rana).

Ludmer, Josefina 1984 “Las tretas del débil” en Patricia Elena González y Eliana Ortega (eds.), La sartén por el mango, pp. 47- 59 (Río Piedras: Huracán).

Profesora titular de la Universidad Simón Bolívar y becaria del programa José Carlos Mariátegui de la Fundación Celarg con el proyecto Emancipad(a)s. Lecturas feminista de tos procesos de insurrección latinoamericanos. Autora de los libros: Criaturas que no pueden ser: narradoras venezolanas en elpostgomecismo (Monte Ávila Editores, 2005); Sin cadenas ni misterios: representaciones y autorrepresentaciones de la intelectual venezolana 1936-1948 (Celarg, 2009); Unaficción apretada en elpecho: memoriay contramemoria en Anastasia de Lina Giménez (Monte Ávila Editores, 2012) y Déjame que (me) cuente: intelectuales limeñas en el Perú de los cuarenta (ArCibel Editores, 2012).↵

Por razones de espacio, este trabajo solo tomará como estudio de caso la obra Bolívar Libertador, de Olga Briceño, aunque en la presentación original también se habló de los textos Mártires de la tiranía (1909), de Rafaela Torrealba Álvarez; La batalla de Boyacá: su importancia militar y política (1919) y Bolivianas (1933), de Lucila Luciani de Pérez Díaz. En la exposición, también se abordaron las otras dos obras que conforman la trilogía de Briceño sobre el Libertador: Bolívar Americano y Bolívar Criollo.↵

Briceño no era la única narradora ni la única extranjera invitada a escribir en la colección; no obstante, sí era la única mujer latinoamericana que intervenía en este espacio. Basta con ver la promoción que se le hacía a los libros de Nuestra Raza en medios como el ABC de España para notar que la tendencia de la editorial era a privilegiar tanto la vida de los héroes como las voces de los hombres encargados de registrarlas. En la publicidad del sello, aparecida el 14 de julio de 1935, por ejemplo, se enumeran veinticinco libros de la biblioteca "Los hombres de nuestra raza" y ninguno de ellos está dedicado a reconstruir la vida de una mujer. De igual forma, entre los autores, el único nombre femenino es el de Olga Briceño. A pesar de ello, el 27 de septiembre de 1935 se incluye en la publicidad una nota curiosa. Es de Blanca de los Ríos, quien afirma: "Aunque el concepto que NUESTRA RAZA mantiene acerca de la gran familia hispana difiere del que expresó el primer número de mi revista "Raza Española", me complazco en tributar mi elogio a la generosa labor de difusión de nuestra cultura que realiza esa Empresa Editorial, a cuya obra he sido llamada a colaborar y me congratularé en hacerlo, trazando la semblanza de alguna de las figuras más representativas de nuestra estirpe" (de los Ríos, 1935: 28). Es obvio que la publicación de los libros estaba ocurriendo en un momento de transición para las intelectuales hispanas, quienes comenzaban a asomar sus ideas feministas y a penetrar algunas de las bases más estables de la Historia.↵

También es pertinente indicar que pese a las grandes diferencias de edad que se marcan entre Bolívar y algunas de sus amantes, en todos los casos se habla de encuentros sexuales concertados. Esto indica que para la autora algunos valores — como la virginidad o el matrimonio— que se intentaron imponer desde la moralidad occidental, no tienen ninguna relevancia. Quizás el caso más emblemático es el encuentro del Libertador con una mujer viuda, quien en principio se resiste, pero luego acepta gustosa la proposición, aunque le pide a Bolívar que entren al rancho, porque "Aquí nos verá un lucero y se lo dirá al difunto" (Briceño, 1934c: 162).↵

Dice Josefina Ludmer: "Siempre es posible tomar un espacio desde donde se puede practicar lo vedado en otros; siempre es posible anexar otros campos e instaurar otras territorialidades. Y esa práctica de traslado y transformación reorganiza la estructura dada, social y cultural: la combinación de acatamiento y enfrentamiento podían establecer otra razón, otra cientificidad y otro sujeto del saber" (1984: 53). A la luz de estas afirmaciones, con su escritura Briceño estaría instituyendo un nuevo territorio para reconfigurar las identidades femeninas legibles desde el poder del pensamiento nacionalista español y venezolano.↵

45

6

CULTURA Y SOCIEDAD

46

María del Pilar González Fernández[1] 

LA FIESTA EN EL BARRIO UNA EXPRESIÓN DE LA IDENTIDAD URBANA DE LOS MIGRANTES

El emigrante es otro por definición, un transterrado que
deja su tierra y llega a otra cuyos pobladores consideran
propia. El foráneo viene de otro lugar, un mundo que es
desconocido por quien le recibe. El transterrado lleva y
trae consigo otra forma de ser, pensar, sentir y hablar.

Carlos Giménez Romero

HACE UNOS AÑOS Y DESDE mi formación como antropóloga, decidí abordar un tema que durante mucho tiempo rondaba en mi cabeza: el tema de las migraciones, el cual había esquivado seguramente por mi propia condición de inmigrante y por considerar entonces mi imposibilidad de analizar aquello que me era tan cercano. Me empeñé, y no podía comenzar de otra forma que no fuese con mi propio grupo y sus avatares migratorios en Venezuela. Para lograrlo, sin duda fueron la antropología y la práctica etnográfica las que me permitieron salir un tanto airosa del embrollo en que me había metido. El resultado fue mi primer trabajo sobre la cuestión migratoria, titulado “Lo vivido en su hondura: migraciones y cotidianidad. Presencia de inmigrantes gallegos en Venezuela”.

Si se hace una breve revisión de los estudios sobre migraciones habría que remontarse, por ejemplo, a la Escuela de Chicago y al importante número de monografías de valor etnográfico producidas, recordando quizás la obra más renombrada: “El campesino polaco en Europa y América” de Thomas y Znaniecki (2004), cuyo subtítulo es “Monografía de un grupo inmigrante”.

Pero desde aquel momento hasta hoy como diría Giménez Romero “…ha llovido bastante en materia de antropología y etnografía del hecho migratorio” (2007: 3-4), por lo que es imposible dar cuenta de esa historia en estas breves líneas. Aunque sin duda han sido significativos los cambios en cuanto a temas, perspectivas teóricas y abordaje metodológico.

Si en principio predominaban los estudios de las migraciones del campo a la ciudad, luego se puso mayor énfasis en las migraciones internacionales. De los abordajes funcionalistas, de la modernización y de la dependencia se pasó a un predominio reciente de las teorías del transnacionalismo, definida esta según Glick y Blanc como “…los procesos por los cuales los inmigrantes forjan y sostienen relaciones sociales entrelazadas que vinculan sus sociedades de origen y de asentamiento” (citado en Giménez Romero, 2007: 13).

Y en lo metodológico hoy día se hace hincapié —a diferencia del estudio en comunidades o grupos domésticos determinados—, al estudio que aborda tanto los contextos de origen como de destino, y yo le sumaría el contexto del retorno, o como algunos emigrantes definen “una nueva emigración”, a partir de una etnografía multisituada o multilocal (Giménez Romero, 2007: 4) y, también, el renovado uso de los relatos e historias de vida, que en antropología se remontan a los trabajos de Osear Lewis (1979), allá por los años cincuenta del siglo pasado.

Hablar de una antropología de las migraciones nos lleva igualmente a mencionar otras grandes líneas de estudio antropológico que la complementan, tal es el caso de la antropología urbana, específicamente si tratamos los cambios que acaecen en la movilización del campo a la ciudad y el estudio de comunidades migrantes asentadas en los barrios; la antropología de las religiones, en el estudio de prácticas, creencias, mitos y rituales de los migrantes; los estudios de parentesco y familia de los migrantes; así como la antropología de la alimentación, la antropología jurídica, la antropología de las fronteras, entre otras.

Valga esta introducción para apuntalar que en el caso de estas líneas trataremos de entrelazar la antropología de las migraciones con la antropología urbana y la antropología de las religiones, en un intento por vincular migración rural-urbana, los barrios como lugares de asentamiento y las fiestas y rituales como formas de expresión de estos procesos migratorios.

Investigar en la ciudad es, a mi modo de ver, quizás uno de los contextos más dificultosos para un antropólogo. Si en la pequeña comunidad el antropólogo llega a insertarse y se vuelve co-residente, en la ciudad uno puede ser invisible, trabajar bajo el anonimato, ser uno más de los transeúntes que deambulan por sus calles, en un constante “ir y venir” del lugar del campo a la casa, en Metro, en coche o caminando. El antropólogo no viaja, se traslada. Pero aun en este traslado comienza a producirse la extrañeza y la distancia etnográfica. Hay otros paisajes, otros olores, otros colores que impactan al antropólogo que transita los caminos de la ciudad, distintos a los que ordinariamente conoce. Y cuando esto ocurre se descubre, como menciona Lucía Bazán,

.. .que la propia ciudad puede ser tan ajena como la remota comunidad indígena; que conocerla es tan importante como entender otros grupos sociales; que el objeto de la antropología no reside —como lo estudiamos en los setenta— lejos del investigador; que la antropología, con su método específico, puede [...] descubrir la diversidad y la riqueza social aún en los espacios más próximos (2004: 52).

Esto es aún más evidente e impactante para el antropólogo cuando son espacios de la ciudad que no forman parte de su andar cotidiano. Tal es el caso de nuestro acercamiento a tres barrios del área metropolitana de Caracas: El Guarataro, Lomas de Urdaneta y Boquerón. Y aun así el trabajo no es sobre el barrio, sino en él, a partir de la identificación y delimitación de los grupos con los cuales se participó y del objeto del estudio, que en un primer momento fue conocer acerca de las manifestaciones populares que se recrean en los sectores mencionados y específicamente las celebraciones de San Juan, los velorios a la Cruz de Mayo y el tamunangue en honor a San Antonio.

Sin embargo, a partir de la inserción y participación en los barrios con los grupos organizadores de las fiestas y de la “frecuentación profunda” comenzaron a emerger, en las narraciones de nuestros interlocutores, los relatos sobre sus trayectorias e itinerarios migratorios y la vinculación entre este proceso y las fiestas que año tras año recrean en sus comunidades de asentamiento.

Salieron a flote en las conversaciones los proyectos de vida individual y familiar, distintos a los que vislumbraban en el pueblo o en el caserío, y el perfil de una ciudad que podía proveer fuentes de trabajo, de estudio y de movilidad social que despertó en nuestros interlocutores y en sus familias —al igual que en muchos de los habitantes de las zonas rurales del país desde los años veinte, pero principalmente en la década del cincuenta del siglo XX— la imperiosa necesidad de trasladarse a Caracas: la ciudad imaginada, que se convirtió en el símbolo del ascenso y de la mejora de sus precarias condiciones de vida.

Este éxodo se inicia básicamente en 1926, cuando comienza a decaer la exportación agrícola, esencialmente en el rubro cafetalero, superada por la exportación de petróleo, razón por la cual se inicia un proceso de despoblamiento de las zonas rurales y la concentración de la población en las áreas urbanas, primordialmente el área central del país y puntualmente en Caracas:

…entre 1926 y 1930, se asiste a un primer estallido de la urbanización privada y a los primeros ejemplos de urbanizaciones promovidas por el sector público luego de que, en 1929, se crease con ese objetivo el Banco Obrero. A este acelerado proceso de urbanización sin industrialización del país contribuyó, además de la disminución de la tasa de natalidad y el mejoramiento de las expectativas de vida del venezolano, la acelerada crisis de la economía agrícola, las migraciones que generó y las facilidades que la red de comunicaciones construida ofreció a la movilidad espacial de la población (Martín Freichilla, citado en Onti-veros, 2002: 155).

Con ello, empieza también una transformación de la faz de la ciudad, como señala Villanueva Brandt (citado en Ontiveros, 2002) que encuentra su punto de mayor desarrollo durante los años cincuenta, en el marco del régimen de Marcos Pérez Jiménez:

En ella van a asentarse importantes contingentes de inmigrantes y migrantes internos (para 1950, 56% de la población caraqueña provenía de movimientos migratorios, mayormente internos), van a surgir nuevos sectores de clase media y se producirá la coexistencia de un sector de ciudad relativamente controlado con grandes áreas de desarrollos residenciales no controlados o “barrios de ranchos” (pp. 155-156).

Una ciudad donde hoy día conviven grandes centros empresariales, innumerables centros comerciales, edificios con tecnología de punta, urbanizaciones y barrios. Y estos últimos, como señala la antropóloga Teresa Ontiveros:

…han constituido y constituyen una forma muy particular de hacer la ciudad; estos asentamientos y sus pobladores forman parte del tejido urbano y han contribuido a modelar la “memoria espacial urbana” de los últimos cincuenta años. En nuestra ciudad se siguen incrementando los barrios, muy especialmente en la década del setenta y desde esta década nos encontramos con una expansión acelerada de lo que hemos venido llamando los territorios populares urbanos, conformados por generaciones que oscifan entre ef campo y fa ciudad (2002: 158-159).

Estos asentamientos que rodean la ciudad se conforman como “heterogeneidades homogéneas” (Ibíd.: 159-160) tanto en lo que respecta a sus estructuras arquitectónicas como a los significantes sociocultura-les que en ellos se producen y reproducen.

Vivir en el barrio supone construir una identidad territorial en lo urbano que está ligada a la condición y existencia de lo local, de lo próximo y cercano, que se edifica a veces en contraposición con la propia ciudad y que al mismo tiempo se vincula a ella. En esta paradoja discurre la vida y cotidianidad de los habitantes de los barrios. Una identidad que es signo de comunidad y de grupo, que si bien está ligada a la ocupación, apropiación y uso de un espacio, traspasa lo territorial y se convierte en referente simbólico. Como indica Torres Carrillo:

…el barrio popular como construcción colectiva, teje una trama de relaciones comunitarias que identifica a un número de habitantes venidos de muchos lugares y con historias familiares diversas, construyendo un nuevo “nosotros” en torno al nuevo espacio y la historia compartidos. En esta urdimbre territorial se construye una plataforma de experiencias de sus pobladores que se manifiesta en modas, lenguajes, gustos musicales, prácticas lúdicas y deportivas, creencias religiosas y rituales (religiosos y laicos); en fin, en un imaginario colectivo que les confiere una identidad barrial popular, claramente distinguible de la de otros grupos sociales (s/f: 11-12).

Pero también la inserción en el barrio —y de acuerdo a lo comentado en líneas anteriores sobre el movimiento migratorio interno en el país, supone pasar por un proceso de “desterritorialización” signado por la desvinculación de un espacio que les era propio en sus lugares de origen, y la vinculación a nuevos entornos, ahora en lo urbano. Experiencia que es vivida desde el arraigo-desarraigo-nuevo arraigo y que conlleva a la transformación de las formas de ver, pensar, ser y hacer de lo campesino-rural a lo urbano. Un proceso que como nos señala Alfonso Torres Carrillo:

…en los barrios populares se lleva a cabo para los migrantes el tránsito de su vida rural a la urbana, diluyendo sus fronteras, a través de un proceso permanente de pervivencias, imposiciones, resistencias, transacciones e invenciones; algunas veces, migrantes provenientes de una misma provincia o municipio forman redes que los concentran en un mismo barrio, actualizando sus costumbres rurales [...] Es en el barrio donde esta primera generación de migrantes establece las relaciones personales más estables y duraderas; los paisanos, los viejos compadres y los nuevos amigos, redefinen sus lealtades en torno a la nueva categoría de vecinos. Además, al barrio lo van convirtiendo en un lugar de afirmación cultural y de esparcimiento… (Ibíd.: 11).

Esta “desterritorialización” supone un proceso constante para resi-tuar y resemantizar los sentidos y significados culturales e identita-rios, orientado por la apropiación de los territorios en donde construirán otro mundo de vida, lo que puede conllevar posiblemente, por un lado, a la defensa o a la pérdida de ciertos elementos culturales de origen y, por otro, a la transformación de algunos de ellos, debido a la necesidad de recrearlos y afianzarlos en los recientes lugares de prácticas y acciones, pero también a la asunción de nuevos aspectos acordes con los cambios vividos y pensados.

De manera que al reflexionar sobre la relación identidad-barrio nos referimos, por una parte, al barrio mismo como referente de la identidad, ya que sus habitantes generan vínculos de pertenencia a este territorio popular que los hace distinguirse de otros grupos sociales, los cuales constituyen la ciudad. Simultáneamente, es necesario también analizar el barrio como un lugar de múltiples identidades, que sin duda expresan la segmentación, la multiplicidad y a veces los conflictos de la vida urbana. Tomando en cuenta para ello, como dijimos en líneas anteriores, la procedencia de sus habitantes desde diferentes lugares del país y por ende con presencia de distintos rasgos culturales que ahora conviven en un espacio determinado, y a quienes la lucha común por la pervivencia y la cotidianidad compartida los lleva a autorreconocerse como pobladores urbanos e ir moldeando una identidad socioterritorial. Respecto a este constante proceso de conformación y reconfiguración identitaria nos señala Iain Chambers:

Vivir “en otra parte” significa estar constantemente inmerso en una conversación en la que las diferentes identidades se reconocen, se intercambian y se mezclan, pero no se desvanecen. En este sentido, las diferencias funcionan no necesariamente como barreras, sino más bien como signos de complejidad [...] Nuestro sentido de pertenencia, nuestro lenguaje y los mitos que llevamos en nosotros permanecen, aunque no ya como “orígenes” o signos de “autenticidad” capaces de garantizar el sentido de nuestras vidas. Ahora, subsisten en huellas, voces, recuerdos y murmullos que se mezclan con otras historias, otros episodios, otros encuentros (1994: 37).

Una parte importante para lograr el arraigo tiene que ver con la cosmogonía ritual y simbólica. La reactualización de sus fiestas y ceremonias les permite procesar el extrañamiento social y cultural, les otorga sentido y significado a su identidad como grupo, pues tal y como señala Marc Auge “los dispositivos rituales tienen por finalidad permitir en definitiva a cada cual reconocerse” (1998: 41). Y para estos migrantes revivir sus rituales de origen, en determinadas épocas del año de acuerdo a su calendario festivo, afianza su proyecto de vida en la ciudad, así como su memoria personal y colectiva vinculada a la historia migratoria que se teje desde distintos lugares del paisaje venezolano, como señalan sus protagonistas, quienes a partir de sus testimonios denotaron la importancia de la migración interna en la constitución de sus comunidades,

[...] mira del oriente, del occidente, del centro, del llano, todo lo que ves en esta zona, porque los que han nacido aquí son los pequeñitos [...] de todos los sectores del país, especialmente aquí los llaneros y orientales (Argelina Román, Boquerón).

[...] bueno una serie de circunstancias, yo estaba en Falcón, mi mamá murió aquí porque mi abuela se vino para Caracas, mis tíos estaban aquí en Caracas [...] como te digo, mi papá tenía una visión de buscar una parte fría, una parte fresca, entonces la parte que encontró fue esta, lo que es Boquerón y aquí tenemos cincuenta años [...] no bueno aquí convergen todos los estados, aquí hay orientales, hay andinos, hay centrales… (Darío José Nava, Boquerón).

[...] yo soy de Ocumare de la Costa y Ocumare y la Cruz van juntos, llevo esa tradición por dentro. María Marrero era de Barlovento. Aquí hay gente de Barlovento, Curiepe, de Cata, de Ocumare de la Costa… (Pedro Rafael Muñoz, Lomas de Urdaneta).

Caracas es una ciudad conformada por gente del interior, aquí hay mucha gente del interior. La primera vez que arrancamos con el Velorio de Cruz de Mayo nos sorprendió un maestro que vivía en el piso 8 del bloque 9, de apellido Lares, que él aquí cantó un galerón y así como él cantó un galerón, pues había cualquier cantidad de gente de otros estados que hicieron su vida aquí en Caracas (Arnoldo Barroso, Lomas de Urdaneta).

[...] en mi maleta yo me traje mi fe, mi religiosidad, mi religión, mis creencias, todo eso me lo traje en mi maleta y conseguí empleo y conseguí techo; le tengo que dar gracias a alguna deidad, a alguna… algún santo. Le voy a dar gracias a la Cruz [...] me hice amigo y me emparenté en compadrazgo con mi vecino que además es gocho o ma-racucho o quizás oriental y entonces ahí hay una mezcla de muchas cosas de culinaria, de tradición etílica, de versos (Wilfredo Mendoza, Lomas de Urdaneta).

De esta forma, evidenciamos que en los barrios se reproducen y recrean aquellas fiestas que desde niños observaron en sus pueblos y caseríos de origen. La familia procedente de Cata revive su San Juan en El Guarata-ro. En Boquerón, quienes llegaron de Lara y Falcón, veneran a San Antonio y enseñan el tamunangue. En Lomas de Urdaneta, los procedentes de pueblos de Barlovento y otras zonas de la costa venezolana, celebran a la Cruz y realizan los velorios a la Cruz de Mayo. Aunque el sistema de fiestas que se elabora en cada uno de estos barrios es más amplio. A las mencionadas se suman las parrandas navideñas, la Paradura del Niño, La Burriquita, San Pedro y el Encuentro de San Juanes, que se realiza en Lomas de Urdaneta y al cual asisten sanjuaneros de distintos barrios caraqueños. Es importante destacar que estas fiestas, en la ciudad, sufren algunos cambios como por ejemplo las fechas de su celebración, de manera que no coincidan con las de sus pueblos de origen, permitiendo así la participación tanto en el pueblo como en el barrio.

De manera que la fiesta supone una constante resignificación de la identidad, tanto individual como colectiva, al reconstruir la experiencia como comunidad y grupo. Forjándose, así, como un posible marco de construcción comunitaria que, además de producir rituales con eficacia simbólica, puede tener también efectos sociales, económicos y políticos, y ser la expresión de identidades singulares en sociedades multiculturales y globalizadas.

En el barrio las fiestas se apropian de los lugares cotidianos, de la plaza, la calle, la esquina, la cancha, y los signa como sagrados durante su celebración. Estos espacios son, además, sociales, porque en ellos se producen interacciones y se constituyen las relaciones sociales que dan sentido y significado a la comunidad. También, podrían adscribirse en la categoría de “lugares activos” de Marc Auge (1992: 71), al ser aquellos en donde se reúnen distintos miembros de la comunidad, los niños que juegan, los mayores que conversan, es decir lugares en donde se intercambia y comparte.

La apropiación de los espacios públicos de las comunidades, bajo la figura del binomio fiesta-santo, exterioriza también la “trama de relaciones humanas solidarias” (Lisón Tolosana, 1983: 64) que probablemente no alcancen a todos los vecinos, ya que cada calle, plaza o vereda tiene su propia interioridad y son representación de un “nosotros” particular frente al “nosotros” total comunitario. Sin embargo, este espacio público festivo se convierte en referente para la comunidad-barrio, pues su realización está abierta a la participación de todos los vecinos, como bien señala Mónica Cornejo:

El encuentro en los espacios públicos, semipúblicos y privados abiertos (porque la apertura de lo privado es característica del tiempo de fiesta) es el dispositivo que genera tanto la fiesta como las relaciones y por ello la propia sociedad. El salir a la calle y encontrarse todos los que no suelen estar o no suelen salir en el mismo tiempo es el medio que activa, dinamiza y pone en marcha la comunidad, imaginada y vivida, que entonces se dispone para celebrarse a sí misma, para celebrar el encuentro (2004: 170).

De manera que las fiestas que ocupan lo público son mediadoras para el encuentro y la participación. No solamente suponen celebrar a una determinada imagen en su día, sino que igualmente son el escenario proclive para los reencuentros entre vecinos, entre amigos, entre familiares que residen en diversas partes de la ciudad y el país, y que en esa determinada fecha comparten la celebración y el encuentro. Suponen el intercambio constante entre el lugar de origen y el nuevo asentamiento, cuando año tras año los familiares y amigos se trasladan del pueblo para participar de la fiesta en el barrio y a la inversa.

Las fiestas son una forma de recrear la historia y las vivencias del grupo, así como la base para moldear los principios de cohesión, interacción y unión de quienes —venidos de otras partes— conviven ahora en el barrio. Son espacios de intercambio simbólico y contribuyen a la elaboración de significados específicos, se tornan representativas de los imaginarios sociales y se convierten en formas expresivas de la dinámica urbana al ser referentes culturales reconocidos por cada uno de los colectivos, que las integran a sus conocimientos y saberes locales.

A decir de Pedro Trigo:

La fiesta es el termómetro de la prestancia del barrio, de su sustancia propia, de su consistencia. Si la ciudad hegemoniza al barrio, huye del barrio la fiesta. Porque la fiesta es del barrio. [...] Son heterogéneas respecto de la ciudad (2005: 153).

Al igual que menciona Rafael Carias:

La autenticidad, cosa rara en el medio urbano, es un valor todavía presente en los barrios. En ellos sobresale también otro valor asociado al primero: la creatividad [...] Las fiestas familiares son un despliegue de ingeniosidad, cooperación, inventiva y acción. La música no es alquilada ni comprada. La música se hace. Hay grupos musicales que ensayan y despliegan su talento. La cultura surge en los barrios por fuerza propia… (1996: 89-90).

Es así como el barrio elabora un sentido de pertenencia y arraigo a partir de la fiesta, que le permite aunque sea por un corto tiempo sustraerse de la cotidianidad y, asimismo, sobrellevar y sobrevivir a contextos de violencia que pueden vulnerar su seguridad. De este modo, el tiempo de fiesta es el período devocional por excelencia, en donde las personas plasman de manera más contundente su fe, sus creencias y su agradecimiento.

Al mismo tiempo, han dado pie a lo que hemos denominado la “circularidad festiva”, expresión con la cual queremos señalar las redes urbanas culturales que se tejen alrededor de estas fiestas y que incluye la participación en cada una de ellas de devotos, cultores, músicos, invitados y visitantes de diferentes barrios de Caracas, que atraviesan la ciudad para dar apoyo y solidaridad mutua a las actividades que se realizan en cada barrio, convirtiéndose en engranajes de una cadena que se constituye como un tejido social urbano y red cultural, y no solo sustenta las distintas manifestaciones que se celebran, si no que ayuda a su fomento y difusión, además supone el reencuentro de quienes —siendo habitantes de distintos barrios— provienen del mismo pueblo o de zonas aledañas.

En definitiva, en las fiestas se pueden encontrar importantes dimensiones como la cohesión social, la participación social, la identidad y la diversidad cultural. Son formas de expresión de distintas perspectivas culturales que integran a diferentes actores sociales, permiten la identificación sociocultural y de pertenencia, al tiempo que reviven y afianzan la memoria e historia del grupo. Son, como señala Luis Millones Santa Gadea “… espacio, sonido, color para que las almas se entiendan”.

BIBLIOGRAFÍA

Auge, Marc 1992 Los “no lugares” espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad (Barcelona: Gedisa).

________ . 1998 Hacia una antropología de los mundos contemporáneos (Barcelona: Gedisa).

Bazán, Lucía 2004 “El “ir y venir” del antropólogo urbano: la construcción de una investigación en la propia ciudad” en Anastasia Téllez Infante (coord.), Experiencias etnográficas (Alicante: Editorial Club Universitario).

Carias, Rafael 1996 “Identidad y cultura de los barrios” en Teolinda Bolívar y Josefina Baldó (comps.), La cuestión de los barrios (Caracas: Monte Ávila/Fundación Polar/Universidad Central de Venezuela).

Chambers, Iain 1994 Migración, cultura, identidad (Buenos Aires: Amorrortu).

Cornejo Valle, Mónica 2004 “Las Fiestas del Cristo en Noblejas (Toledo), organización colectiva y recreación identitaria”. II Jornadas de antropología y religión (Pamplona, España).

Giménez Romero, Carlos 2007 “De la antropología general a la antropología de las migraciones” en Carmelo Lisón Tolosana (Coord.), Introducción a la antropología social y cultural: teoría, método y práctica (Madrid: Akal) en <http://www.slideshare. net/wgonzalez0623/carlos-gimnez-romero-migraciones-y-perespectiva-antropolo> acceso 15 de octubre de 2013.

González F., María del Pilar 2005 Lo vivido en su hondura: migraciones y cotidianidad. Presencia de inmigrantes gallegos en Venezuela, Tesis Doctoral, mimeo, UCV.

Lewis, Osear 1979 Los hijos de Sánchez. Autobiografía de una familia mexicana (México: Mortiz).

Lisón Tolosana, Carmelo 1983 Antropología social y hermenéutica (Madrid: Fondo de Cultura Económica).

Ontiveros, Teresa 2002 “Caracas y su gente… la de los barrios” en Revista de Economía y Ciencias Sociales, 8 (3) (Caracas: FaCES-UCV).

Thomas, William I. y Znaniecki, Florian 2004 El campesino polaco en Europa y América, Juan Zarco (ed.) (Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas y Boletín Oficial del Estado).

Torres Carrillo, Alfonso (s/f) “Identidades barriales y subjetividades colectivas en Santafé de Bogotá” en <http://issuu.com/ ollaartistica/docs/identidades_barriales_y_subjetividades_ colectivas> acceso 8 de agosto de 2012.

Trigo, Pedro 2005 La cultura del barrio (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello/Fundación Centro Gumilla).

Antropóloga. Doctora en Ciencias Sociales. Profesora de la Escuela de Antropología y del Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (FaCES-UCV). Línea de investigación: cultura, identidad y migraciones.↵

47

Andrés Pérez Sepúlveda[1]

(CONTRA)HEGEMONÍA REPRESENTACIONES DE LA VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

LA VIOLENCIA FORMA PARTE de la fundación y conservación de un régimen político. Es decir, sirve para apuntar hacia una transformación decisiva de la sociedad o bien para fortalecer y conservar los vínculos de dominación que la sostienen. Ahora bien, en el terreno político se mantiene como una amenaza latente, y muchas veces estructura la manera en que se articulan las redes de socialización y el conjunto de valores que rigen una comunidad. Al respecto dice Walter Benjamín:

Toda violencia es, como medio, poder que funda o conserva el derecho. Si no aspira a ninguno de estos dos atributos, renuncia por sí misma a toda validez. Pero de ello se desprende que toda violencia como medio, incluso en el caso más favorable, se halla sometida a la problematici-dad del derecho en general (2001: 29).

En todo caso, la violencia siempre va a formar parte de las relaciones sociales, independientemente de los fines para los cuales sea usada.

Esa red de valores que opera en el plano simbólico e imaginario de los pueblos está directamente relacionada con la identidad. Dicha identidad actúa sobre un campo que incluye un territorio, población, recursos e instituciones que hacen posible la existencia de un colectivo, por no decir una nación. Es probable que en las crisis desatadas en el último siglo el asunto de la identidad no sea tan fácil de definir, ya que esta se encuentra en un borde o límite muchas veces impreciso. Hoy en día no es sencillo articular un pueblo en torno a una idea unívoca, algo que encierre una noción de género, raza, clase y tipo de organización social. La búsqueda no estaría enfocada en la imagen identitaria que pueda consolidar una idea total y armónica de pueblo; por el contrario, las relaciones de la sociedad se tejen en función de sus diferencias, algo que de por sí no fue tomado en cuenta en los procesos originarios de conformación de los pueblos y naciones en la modernidad (Bhabha, 1994: 18).

El recurso de la violencia no solo aplica para fundar o conservar un orden, como ya mencionamos al principio, sino que también son importantes las dimensiones representativas que la recrean en otros campos de acción humana, por ejemplo la producción cultural. En efecto, las producciones culturales fungen de artefactos que ponen en escena problemáticas latinoamericanas y caribeñas en torno al tema de la violencia, principalmente en la literatura, la cinematografía, la fotografía y los medios de comunicación. Es posible, entonces, un acercamiento reflexivo a esta —a la vez, objetivo y desprejuiciado—, a través de la identificación de los espacios de construcción ficcio-nal que, de hecho, la han trabajado y representado para desarrollarle una cierta estructura. Desde este conjunto de estrategias, el grupo de investigación Palabra e Imagen: Representaciones de la Violencia Política en América Latina y el Caribe de la Universidad Simón Bolívar pretende leer la violencia política como uno de los grandes temas de la contemporaneidad en este hemisferio, buscando siempre un análisis que, al tiempo que la desmonte como acto y discurso llevados al arte, también origine una visión crítica y consciente hacia el problema que plantea.

Interesa observar los discursos que sustentan las manifestaciones culturales en torno al tema de la violencia, analizar bajo cuáles indicadores la aborda y si —en todo caso— estos son suficientes para estimular un debate que sea capaz de proporcionar planes de acción conjunta para aminorar su impacto y generar una comunidad discursiva, acorde con este fenómeno social de orígenes, prácticas y consecuencias tan diversas. Habría que poner especial atención en la producción literaria y cinematográfica, desde ambos ámbitos se intenta representar las tensiones, causas y efectos de la violencia en el continente. Así como el papel de los medios de comunicación en esa imagen que a veces empaña la realidad y no permite observar, con tino, las causas que están detrás de los efectos inmediatos de este fenómeno social.

La violencia, usualmente, es analizada a través de indicadores y fuentes que la transforman en datos estadísticos, en especial aquellas que dan cuenta de índices criminales, acciones contra el tráfico de drogas, corrupción política, cárceles, etc. Sin embargo, es importante destacar que ese tipo de violencia analizada solo apunta hacia una perspectiva del fenómeno. En la mayoría de los casos son formas de violencia asociadas a la pobreza, su impacto en las comunidades y demás sectores sociales es una violencia que podríamos denominar criminal. La lectura convencional sobre la violencia criminal describe y diagnostica, al mismo tiempo que apela al recurso anecdótico de los efectos que produce. Aun así queda la sensación de no aportar soluciones efectivas, o por lo menos planes de acción que busquen operar dentro de una dimensión objetiva de la violencia. Es decir, la violencia que intentamos demostrar es la que genera el capital como sistema de producción, que pone a circular un conjunto de desigualdades, exclusiones y diferencias que operan de diversas formas, hasta el punto en que se articulan como factores de socialización. Es decir, ir más allá de la abstracción de la ideología para empezar a analizarla desde sus propias prácticas concretas:

La forma más elevada de ideología no consiste en estar atrapados en lo espectral de la ideología, olvidando sus fundamentos en las personas reales y en sus relaciones, sino en pasar por alto lo real de esta espec-tralidad y pretender dirigirse a las “personas reales con sus preocupaciones reales” (Zizek, 2009: 24).

Nuestro aporte está en demostrar que esa lógica del capital está presente no solo en materia económica, sino en el plano ideológico, específicamente en la manera como se enfocan ciertas prácticas que abarcan la producción cultural, entre ellas el modo de ejecutar políticas de comunicación que criminalizan la pobreza y generan un cuadro estigmatizador del sujeto —el individuo que proviene de los sectores sociales más vulnerables—, así como la sensación de minusvalía, indefensión y victimización de la población en general ante el fenómeno de la violencia, ya sea esta criminal o política. Entonces, la producción cultural podría servir como agente capaz de mostrar la fisura que genera el desequilibrio y servir de elemento importante, por no decir efectivo, para la conformación de acciones que busquen intervenir el plano social (Yúdice, 2002: 42). Dicha relación, la cultural y política, es el aporte que desde una perspectiva interdisciplinaria buscamos desarrollar como grupo de investigación.

Hay una relación entre la violencia y la comunidad (entendida esta última como ser en común). La lógica del Estado modernizador asume que solo existe una manera de conformar comunidad y es, precisamente, bajo las premisas del modelo de nación liberal, de esta manera quedan excluidas otras lógicas de organización que se legitiman en las comunidades subalternas. En este sentido, y tomando en cuenta la tradición ontológica de Occidente, no vemos al ser como algo que en esencia todos compartimos; no es exactamente eso lo que salta a la vista cuando analizamos muchas comunidades latinoamericanas o caribeñas, más bien es algo parecido a lo que apunta Jean-Luc Nancy cuando afirma que “no hay comunión, no hay ser común, hay el ser en común” (2001: 156). Precisamente, es a ese ser en común al que apelamos en nuestro enfoque crítico. Es decir, al querer imponer una forma de socialización, basada en la implantación de una economía de mercado, el Estado reprime y violenta otros vínculos posibles, bien sea afectándolos en el plano simbólico o en la realidad de mecanismos represivos, los que criminalizan la rebelión e insubordinación. Entonces, valdría la pena pensar la violencia y su análisis desde distintas perspectivas, principalmente en la manera como esta no solo es capaz de fisurar los vínculos sino también conformar —a partir de su irrupción— otras maneras de sociabilizar desde las comunidades en sí. La manera en que operan estas comunidades disruptivas modifican y alteran los vínculos anteriores, así quedan ajenas y paralelas a la lógica del Estado moderno y su proyecto nacional hegemónico. La aproximación a la violencia puede ser manejada, a nuestro juicio, de tres maneras: 1) a través del discurso populista que capitaliza políticamente la diferencia y la depotencia; 2) creando un margen de acción autónoma, por ejemplo los Consejos Comunales, es decir, una mediación directa de las bases sociales, articuladas en función de solventar los problemas directos de su localidad (esto no es más que un principio de autogestión, formas de organización política de base que tienen su antecedente en el pensamiento libertario); 3) aplicar sistemáticamente la represión por medio de los cuerpos de seguridad del Estado, administrar la violencia sobre aquello que se percibe como violento y amenazante para el orden interno. Es decir, cualquiera de las tres formas de aproximarse a la violencia como fenómeno social implica no solo la posibilidad de describir su funcionamiento, lógica interna y maneras de manifestarse, es decir, el diagnóstico objetivo, sino también identificar mecanismos que puedan contrarrestarla. La intención del grupo de investigación es llegar, de una u otra forma, a configurar estrategias que puedan ser integradas en un ámbito específico, esto con el fin de generar un impacto favorable al cambio y reversión de los efectos dañinos de la violencia. Por lo tanto, el resultado —de las diferentes investigaciones que se desprendan del grupo— pretende brindar una visión crítica del fenómeno de la violencia, sobre todo si se logra construir un marco epistemológico desde el cual se pueda abordar el tema con una mirada amplia y no tan sesgada, como aquellas que no solo hablan desde la lógica del Estado y su papel protagónico para resolver los conflictos, controlar y reprimir.

En este sentido, mucha de la producción cultural contemporánea, que aborda el tema de la violencia latinoamericana y caribeña, insiste en posicionar al sujeto en un marco de intervención política. Es decir, es la propia experiencia individual la que postula una necesidad de revertir las prácticas colectivas de un Estado cada vez más ajeno a una visión de ciudadanía. Es así como casi toda la violencia descrita en la literatura, así como la mostrada en la cinematografía, representa la vulnerabilidad que padece el ciudadano por las agresiones de un proyecto modernizador, proyecto que contamina al sujeto hasta el punto de volverlo un brazo operativo de sus esquemas de control y dominio. Aunque el arte no pueda contener lo indecible que muchas veces tiene la violencia que emana directamente del Estado o de la delincuencia y el crimen organizado, sin embargo estas producciones resultan intentos especiales para aproximarse al fenómeno desde formas comunicables, reflexivas y estéticas.

Todo este marco teórico sirve de orientación y referencia epistemológica para llevar a cabo el proceso investigativo y contribuir al conocimiento sobre la violencia y sus representaciones en América Latina y el Caribe. La intención es fundar un ejercicio metacrítico que lea —en los usos de la cultura y las representaciones de la violencia—, dispositivos que generen líneas de fuga para comprender el fenómeno, en tanto bien policial o bien comunitario. Esto último, siempre y cuando cree nuevos espacios para pensar la violencia fuera de los horizontes de sentido hegemónicos. El arte puede crear un espacio para reconstruir la utopía del espacio en común, del ser en común.

BIBLIOGRAFÍA

Benjamín, Walter 2001 Iluminaciones IV: Para una crítica de la violencia y otros ensayos (Madrid: Taurus).

Bhabha, Homi K. 1994 El lugar de la cultura (Buenos Aires: Manantial).

Nancy, Jean-Luc 2001 La comunidad desobrada (Madrid: Arena Libros).

Yúdice, George 2002 El recurso de la cultura (Barcelona: Gedisa).

Zizek, Slavoj 2009 Sobre ¡a violencia: seis reflexiones marginales (Buenos Aires: Paidós).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Sánchez Rebolledo, Adolfo 1998 La actualidad de ¡a violencia política (México: Fondo de Cultura Económica).

Romero, José Luis 2001 Situaciones e ideologías en América Latina (Medellín: Universidad de Antioquia).

Licenciado en Historia de la Universidad Central de Venezuela y magíster en Literatura Latinoamericana de la Universidad Simón Bolívar. Sus líneas de investigación abarcan los procesos históricos del continente y la articulación con la literatura y el cine. Actualmente forma parte del cuerpo docente de la Universidad Simón Bolívar. ↵

48

Pedro Luis Vargas Álvarez[1]

LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES HOY Y/EN LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA

¿Cómo no hablar, hoy, de la Universidad?
Le doy una forma negativa a mi pregunta: ¿cómo no…?
Por dos razones. Por una parte, como todo el mundo
sabe, resulta más imposible que nunca disociar el trabajo
que realizamos, en una o en varias disciplinas, de una
reflexión acerca de las condiciones político-institucionales
de dicho trabajo. Esta reflexión es inevitable; no es ya un
complemento externo de la enseñanza y de la investigación,
sino que ha de atravesar, incluso afectar a los objetos
mismos, a las normas, a los procedimientos, a los objetivos.
No se puede no hablar de ella. Pero, por otra parte, mi
“cómo no…”anuncia el carácter negativo, digamos mejor
preventivo, de las reflexiones preliminares que desearía
exponerles aquí. Debería contentarme, en efecto, a fin de
iniciar las discusiones venideras, con decir cómo no habría
que hablar de la Universidad; y para ello cuáles son los
riesgos típicos que hay que evitar, los unos por su forma de
vacío abisal, los otros por la del límite proteccionista.
¿Existe hoy en día, en lo que respecta a la Universidad, lo
que se llama una “razón de ser”? A sabiendas confío mi
pregunta a una locución cuyo idioma es, sin duda, más
bien francés. En dos o tres palabras, nombra todo aquello
de lo que hablaré: la razón y el ser, por supuesto, la esencia
de la Universidad en Su relación con la razón y con el
ser, pero también la causa, la finalidad, la necesidad, las
justificaciones, el sentido, la misión, en una palabra la
destinación de la Universidad. Tener una “razón de ser” es
tener una justificación para existir, tener un sentido, una
finalidad, una destinación. Es asimismo tener una causa,
dejarse explicar, según el “principio de razón”, por una
razón que es también una causa (ground, Grund), es decir
también un fundamento y una fundación.

Jacques Derridá (1997)

Las pupilas de la Universidad. El principio
de razón y la idea de la Universidad.

EL PRESENTE TRABAJO PRETENDE al menos bosquejar una línea de investigación y establecer una zona de debate heterogénea y descentrada, interdisciplinaria e internacional en torno a la miríada de problemas generales y específicos que supone pensar hoy las Ciencias Sociales y las Humanidades y/en la universidad latinoamericana.

Hemos querido dividir el trabajo en dos grandes apartados. En el primero de ellos tratamos de atender con urgencia una pregunta cuya respuesta debería ser obvia: ¿por qué las Ciencias Sociales y las Humanidades? Precisamente, lo urgente de la respuesta tiene que ver con que —desde cierto “capitalismo académico”— se pretenda obturar la posibilidad de esta pregunta: pareciera que el estado actual de la universidad no pudiera ser modificado y que cualquier posibilidad de crítica al modo en que funciona estuviera ya clausurada de una vez y para siempre por la lógica de la globalización, que impone un modelo de universidad productivista o por —modelo reactivo— la lógica corporativista de algunos gobiernos latinoamericanos que, desde un supuesto discurso de izquierda, promueven una universidad que esté al servicio de la nación: universidad ancilar que cree peritos del saber, letrados posmodernos destinados a administrar y gerenciar un Estado-nación que escape de los poderes globales. La segunda parte del trabajo pretende aproximarnos al modo en que, desde su formulación “arquitectónica” original, la universidad moderna se ha relacionado de manera conflictiva con aquellas formas del saber que pretenden criticar públicamente la institución y sus mecanismos de relación con el poder: es el problema de la ética y la estética de un saber que se nos aparece como fracturado. Quizá releer esta fractura nos permitiría legitimar el hablarle claro al poder —cualquiera que este sea— como derecho inalienable de la institución universitaria.

¿POR QUÉ CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES?

En medio de la crisis evidente que atraviesa hoy el espacio académico mundializado, y del desconcierto entre los discursos que de él se desprenden, en medio de la banalización de su “razón de ser” histórica, el carácter instrumentalizado de sus funciones, el recubrimiento burocrático de su inoperancia (Readings, 1996; Rodríguez Freiré y Tello, 2012) y, en líneas generales, de la falta de “fe” en eso que Derridá (2002) definió como la “universidad sin condición”, parece urgente repensar la situación de las Ciencias Sociales y las Humanidades —y de ellas en una universidad donde las tensiones son (aún, y quizá por fortuna) un poco menos descarnadas y los procesos discontinuos, asimétricos: la universidad latinoamericana contemporánea[2]. Es decir, volver a pensar la historia material a la cual responden y en la cual se hallan inmersas: los fundamentos que sientan las bases de su legitimidad como parte de una institución moderna, tal cual la que se impone en Occidente a partir del siglo xix; los momentos de su cuestionamiento, en tanto que generadoras de un discurso disciplinador (es decir, de un saber positivo que oculta el dominio del Amo [Zizek, 2004]); las zonas de contaminación y contagio con el afuera-mundo en el que, le guste 0 no, se inserta; los modos de su resistencia crítica (y estética) pasada y por-venir. O, dicho de otra manera, volver a pensarlas en términos políticos, aun en medio de este tiempo de post-política que nos arropa a todos. Como si esa crisis evidente de la universidad —anunciada, por otra parte, desde las violentas contiendas que la convulsionaron en los setenta (en los centros y en sus periferias)— fuera la causa primera que las convoca, de nuevo, al debate. Toda vez que son ellas, las Ciencias Sociales y las Humanidades, llamadas a repensar el lugar de la cultura en lo social —y son culturales los saberes, prácticas, estatutos y protocolos político-administrativos que rigen la universidad. Y, asimismo, como si fuera América Latina, paradójicamente, otra vez, el espacio donde ello es aún posible[3]. Para decirlo con una metáfora “derrideana”: el ojo-órgano del saber académico latinoamericano nunca podrá no ser un ojo parpadeante: interrumpido, distraído por los ruidos que se imponen, una y otra vez, a la “excelsitud” del recinto que le ha sido dado por una tradición que ahora parece, más que nunca, naufragar[4].

Por supuesto, los intentos por redefinir la universidad en América Latina, de la mano de proyectos que buscan replicar el llamado Proceso de Bolonia, como Alfa Tuning Latinoamérica (Tuning América Latina, <http://www.tuningal.org>s), apuntan más bien a una desautonomización de la institución universitaria (Aboites, 2010), que redimensiona sus funciones y la confronta con criterios de mercado: competencia, autosustentabilidad, excelencia, efectividad; todo ello desde una visión celebratoria y poco crítica de lo que se asume como un proceso, al parecer indetenible y transpolítico, irremediable, de “globalización”[5]. Este panorama implica la privatización de la investigación científica —siguiendo el modelo estadounidense— y el desplazamiento de las ciencias básicas por las aplicadas, las diversas ingenierías o carreras administrativas, cónsonas con las prácticas del post-fordismo, que crean especialistas capacitados para “gerenciar” entornos, problemas, gustos y modelos de consumo. Y, por otra parte, cierta trivialización irresponsable de las Ciencias Sociales y las Humanidades, que dejan de ser pensadas como espacios concentrados en conocer y problematizar el mundo o en recorrerlo, reescribirlo y experimentarlo, para convertirse en saberes confiscados y puestos al servicio de la opinión pública y/o de los mass-media y/o de las nuevas redes (sociales) del consumo cultural.

Desde esta perspectiva —la de una mutación inminente como la que dicta el presente—, la precarización interna de las universidades latinoamericanas estatales y/o experimentales, y su ya histórica gremialización, terminan siendo los rasgos fallidos que no solo obstaculizan su ingreso definitivo al modelo de la productividad de conocimientos (que sigue siendo uno de los nudos medulares del debate), sino que abren un margen de tiempo para la generación de nuevas maneras de resistir/existir en el futuro (sería otra posibilidad: crear formas distintas de existencia). Por supuesto, algo así solo puede ser pensado desde unas Ciencias Sociales y Humanidades críticas. Esto es: movilizadas por la revisión de la tradición en la cual se inscriben, aunque esa tradición siga teniendo un lugar; y contaminada por esos otros saberes —excluidos, desplazados— que reclaman su derecho a participar.

Podríamos, entonces, pensar en la universidad como circunscrita en una miríada de problemas mundiales y locales que, en gran medida, la trascienden y la cercan. Es decir, sometida a los múltiples desplazamientos epocales, epistémicos, económicos, institucionales y prácticos que ponen en cuestión su razón y su ser, así como la pertinencia y función de sus saberes y prácticas. Pero podríamos pensar, además, en las Ciencias Sociales y las Humanidades como las privilegiadas portadoras de una potencia de participación inédita, pertinente y urgente. Esa potencia —como bien sostiene Derridá en los textos citados—, solo puede comenzar a manifestarse a partir de la propia revisión autocrítica y responsable de las Ciencias Sociales y las Humanidades en el lugar crítico en el que se encuentran: de su origen, sus derivas y su responsabilidad de “obrar”, aún, (en) el mundo, o sea de hacer obra, de gestar acontecimientos.

Evidentemente, la universidad como proyecto moderno que permitiría a los incipientes estados latinoamericanos la configuración de leyes, propuestas educativas para la formación de ciudadanos y la creación de ciencias básicas que darían ingreso a la necesaria modernización y producción de capital social y económico, requerido para y por la consolidación de las naciones —es decir, la universidad como proyecto moderno que apoyara el capitalismo en su fase de producción en América Latina— fracasó. De él (en el marco de las lógicas de la postmodernidad) solo quedó la burocratización en sus formas de administración y gestión de los saberes y los procedimientos, que terminaron por borrar la relación entre saber y política, o politizaron —en el sentido más burdo del término: epidérmicamente— las relaciones entre los distintos actores de la comunidad universitaria. El fracaso del proyecto de universidad moderna en Latinoamérica contribuyó a la configuración de un espacio post-político, frente al cual los discursos de las Ciencias Sociales y las Humanidades pierden toda su potencia crítica y creativa[6].

Al interior de aquel proyecto, estas debían responder a la misión de introducir razón en el mundo. Y quizá siga siendo esa una de sus funciones; sobre todo cuando inscritas en procesos históricos específicos en América Latina (coyunturas como la que atraviesa el caso venezolano, y su desmantelamiento radical de la estructura del Estado-nacional). No obstante, ellas solo pueden cumplir ese cometido, si entienden que la razón que se asienta en la lógica cartesiana o en el sujeto trascendental kantiano no es suficiente; que la naturalización de los procesos históricos, de la relación del hombre con el trabajo y de las formas de dominación que organizan la vida social es “el signo de una lamentable impotencia cuya aceptación es antihumana y antiirra-cional” (Horkheimer, 2003: 243). Es esta potencia crítica —la de una razón asentada en una cierta dialéctica negativa— la que intencional o inconscientemente se ha borrado hoy del mapa. El horizonte en el cual se inscribían las preguntas del pensamiento crítico —desde los fundadores de la así llamada tradición de la sospecha (Marx, Freud y Nietzsche)—, hasta sus diversos desplazamientos (el pensamiento bajtiniano de la Escuela de Praga, la diatriba contra el totalitarismo fascista y la industria cultural de la Escuela de Frankfurt, los análisis culturalistas de la Escuela de Birmingham e, incluso, algunos pensadores del postestructuralismo francés, como Althusser) se diluyó en una despolitización de la teoría que nos dejó, como en el relato bor-giano, confundiendo el mapa con el territorio.

Hoy en día —y en América Latina— el problema es aún más complejo: el resurgimiento de gobiernos que sostienen sus políticas en un discurso de izquierda y la consecuente oposición de la academia a estos gobiernos ha generado salidas inéditas. Son innumerables los casos de académicos de las Ciencias Sociales y las Humanidades que, desde el ámbito de los Estudios Culturales y algunas de sus soluciones más radicales (como los Estudios Subalternos, por ejemplo), migran hacia el terreno de la acción política dentro de los gobiernos latinoamericanos. Y también las de aquellos que eligen otras prácticas expresivas y de intervención en lo social (la literatura, el arte, la producción audiovisual, el documental). Pero también están aquellos que, dentro de la academia, insisten en leer, enseñar y practicar la indagación teórica (sobre todo francesa), al margen de las cuestiones políticas que atraviesa esta otra vertiente muy particular —y más bien anarquista— del marxismo europeo.

En este mapa —que implicaría tanto cierta reivindicación del “gesto neolibertario”, como el “giro neoconservador” al que se ha referido in extenso John Beverly (2011)—, lo que se pierde, y proponemos rescatar como principio para la apertura de una zona de diálogos en la que se concentra el presente proyecto, es la posibilidad de, a partir de allí, hacer nuevas preguntas, crear alternativas distintas de lectura, gestar prácticas heterogéneas y heterónomas, en torno a eso que nos sigue interpelando a todos hoy, desde un cierto más allá de las representaciones —y que deviene, sin embargo, material en ellas. Acontecimientos, pues, capaces de deslindarse tanto del mandato de un Estado fallido, como de la racionalidad voraz de un mercado que nunca termina de satisfacerse. Es decir, formuladas, pronunciadas y dichas, desde un lugar público distinto: el espacio intersticial del topos descentrado que es hoy la universidad latinoamericana —topos dispuesto a pensar lo sociocultural a partir de la puesta en crisis de su propia “Razón de ser”. O, en otras palabras, ese “resto” desde el cual podría llegar a recomponerse un mundo —varios— posible(s).

A PROPÓSITO DE UNA FRACTURA EN LA ÉTICA DE LOS SABERES

Cuando hablamos de “resto” proponemos repensar la metáfora: este no funciona como analítica del presente de la institución universitaria (no se trata de describir un estado de la cuestión), sino como condición fundante de una fractura esencial en la ética de los saberes que invita a repensar las formas de hacerse sensible el saber universitario en el espacio público (su aisthesis) y sus relaciones con el poder; que nos convoca, en definitiva, a revisar si aún la universidad puede vincularnos y desde dónde. Quizá haya que volver a Kant para repensar a Bello, a Sierra, la Córdoba de 1918, el Chile de la última década, el proyecto de la Universidad Bolivariana en Venezuela. .. Y revisar punto por punto las formas en que la universidad quiso ser y no fue; aquello que quiso censurar y las formas de su autocensura; las cesuras y quiebres hacia dentro y hacia fuera del espacio universitario.

Cuando Kant plantea la disputa entre las facultades está, sobre todo, tratando de construir un ordenamiento (un eco-nomos) en el que el adentro y el afuera de la institución, de la casa, se marca por los modos y los espacios en los que tiene, o no, lugar el saber. El terreno público, el derecho a participar como un todo en la esfera pública y a visibilizarse en el espacio de las vinculaciones, en el espacio político, lo otorga un poder inspirado que

concibió primero la idea, proponiendo la realización pública de tratar el conjunto como un todo, del tener (más precisamente a los cerebros que se consagran), por así decirlo, de manera industrial por la división de trabajos, un terreno donde, así como hay sectores científicos, así de docentes, lo profesores públicos, fueran nombrados como depositarios de las ciencias, quienes en conjunto constituyeran una república del saber llamada Universidad (o Escuela Superior), y poseyeran su autonomía (puesto que solo los sabios pueden juzgar a los eruditos como tales) (Kant, 1999: 42).

Parte de la aisthesis del saber (de su condición de hacerse sensible) depende de un poder absolutamente temporal e interesado que terri-torializa los saberes para mantener el statu quo. En principio, lo que faculta es una suerte de economía del poder que debe ser mediado dentro de la institución, dentro de una “república del saber” que quiere crear como norma autonómica de campo sus propias maneras de cuestionar la relación con el saber, pero nunca sus maneras de relación con el poder. En todo este intento de construcción de campo se pone en juego la lógica del resto, de lo que queda hacia dentro como resto censurable que escapa a la censura fundacional, establecida por el poder a partir de la “división del trabajo” y las necesidades de la producción industrial. Se excluye a los peritos del saber o letrados, sabios libres y legos; se explica el papel de la Facultades Superiores en la formación de sujetos que por su actuar en la vida pública sirven, en último término, al poder del gobierno y a su permanencia en el tiempo: eclesiásticos que apaciguan espíritus, médicos que cuidan el cuerpo de la nación, magistrados que legislan y mantienen el orden, sujetos producidos por estas facultades a quienes les es dado hablar públicamente, aunque olviden los principios que rigen su disciplina.

Aparece, pues, todo un intento de construcción de frontera porosa que, penetrada por el poder —en este caso el del gobierno—, quiere alejarse de él, que desea distinguir las voluntades de poder y de saber. El discurso de los saberes requiere un oikos y una voluntad que organice, excluya y distribuya funciones. Hay en todo el texto de Kant algo como la formulación de un plan de captura sobre un terreno estratificado —inferior, superior— que permita levantar la “república del saber”. Recurre a la arquitectónica (al arte de los sistemas) para fundar un espacio en donde los saberes se agrupen en ciencia a partir de una razón entendida como monograma —como germen del orden del saber en ciencia—, una razón organizadora que reclama para sí (bajo la forma de la facultad inferior) el poder de entrar en conflicto (no la guerra, puesto que no posee armas) y ejercer la censura hacia el interior de la universidad.

Entonces Kant se esfuerza por crear una categoría —es decir, una suerte de predicado universal— para la universidad: la búsqueda libre de la verdad por medio de la razón, búsqueda que le corresponde a la facultad inferior que es —y cuando Kant lo formula no está haciendo un símil— quien juzga a las otras. Pero, ¿cuál es el tipo de razón al que se refiere? Sin duda, es una que aunque sabe que su lugar se lo otorga un poder histórico, quiere sobreponerse a ese poder y liberarse de él para unlversalizarse: una razón trascendental y por tanto transhistó-rica. El lugar de esta razón, su posición hacia dentro de la universidad y sus formas de irrupción en el espacio social, se presenta como un quiebre ab origine. De este quiebre la institución universitaria ha devenido resto y es desde ese resto desde donde puede volver a imaginarse.

“Es destino de las maravillas destruidas el inmortalizar hasta a sus verdugos. La tierra recubre sus fragmentos esparcidos”, afirma Roger Caillois en un texto de 1941. Continúa:

Los pesados pasos de los vencedores sepultaron en el suelo natal los restos de los templos con los cadáveres de los arquitectos y de los obreros que los construyeron. Pero la belleza sobrevive en cada trozo. La moneda enterrada tiene el más fino perfil. Un casco de ánfora rota conserva el gálibo irreprochable. La estatua decapitada sigue viva aún. Sus contornos interrumpidos invitan a la mirada a prolongarlos en el vacío; y la imaginación, devolviendo al mármol su plenitud original, reconstruye lo que falta con lo que subsiste (citado en Antelo, 2002).

Raúl Antelo recupera esta cita de Caillois (tan cercana al Benjamín de las “Tesis de filosofía de la historia”, por cierto), para señalar la posible pertinencia de esta búsqueda. Imaginar desde el resto, desde el quiebre fundamental, para detener cualquier forma de nihilismo.

BIBLIOGRAFÍA

Antelo, R. 2002 “Genealogía del mimetismo: estudios culturales y negatividad” en M. Morana, Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina: El desafío de los estudios culturales (Chile: Cuarto Propio).

Aboites, H. 2010 “La educación superior Latinoamericana y el Proceso de Bolonia: de la comercialización al proyecto Tuning de competencias”. Educación Superior y Sociedad. Revista del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Iesalc) (París: Iesalc/UNESCO).

Beverly, J. 2011 “El giro neoconservador en la crítica literaria y cultural latinoamericana” en Políticas de la teoría (Caracas: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos).

Derridá, J. 1997 “Las pupilas de la universidad. El principio de razón y la idea de la universidad” en Cómo no hablar y otros textos (Barcelona: Proyecto A Ediciones).

_______ 2002 La universidad sin condición (Madrid: Trotta).

Horkheimer, M. 2003 “Teoría tradicional y teoría crítica” en Teoría Crítica (Buenos Aires: Amorrortu).

Kant, I. 1999 La contienda entre las facultades de filosofía y teología (Madrid: Trotta).

Tuning América Latina

en <http://www.tuningal.org/> acceso abril de 2013.

Readings, B. 1996 University in Ruins (Cambridge/London: Harvard University Press).

Rodríguez Freiré, R. y Tello, A. 2012 Ensayos sobre las contiendas universitarias. Descampado (Santiago de Chile: Sangría Editora).

Zizek, S. 2004 “La dominación, hoy: del amo a la universidad” en Violencia en acto. Conferencias en Buenos Aires (Buenos Aires: Paidós).

Licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello y magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar, donde se desempeña como profesor e investigador del Departamento de Lengua y Literatura. Pertenece al Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales del Instituto de Altos Estudios de América Latina y el Caribe (CICS-IAEAL), espacio dentro del cual dirige una línea de investigación en grupo sobre La Universidad Hoy y la Política de los Saberes. Ha publicado diversos artículos en torno a las relaciones entre política y campo cultural en revistas de circulación nacional e internacional.↵

En una conferencia dictada en la Universidad de Stanford (California) en abril de 1998, "El porvenir de la profesión o la universidad sin condición (gracias a las "Humanidades", lo que podría tener lugar mañana)", de donde extraemos también el enunciado declarativo que constituye la cuestión última de esta investigación, Derridá afirma textualmente acerca de su discurso: "No se tratará tanto de una tesis, en verdad, ni siquiera de una hipótesis, cuanto de un compromiso declarativo, de una llamada en forma de profesión de fe: fe en la universidad y, dentro de ella, fe en las humanidades del mañana" (2002: 9). Y añade a continuación: "El largo título propuesto significa, en primer lugar, que la universidad moderna debería ser sin condición. Entendamos por "universidad moderna" aquella cuyo modelo europeo, tras una rica y compleja historia medieval, se ha tornado predominante, es decir "clásico", desde hace dos siglos, en unos Estados de tipo democrático. Dicha universidad existe y se le debería reconocer en principio, además de lo que se denomina la libertad académica, una libertad incondicional de cuestionamiento y de proposición, e incluso, más aún si cabe, el derecho de decir públicamente todo lo que exigen una investigación, un saber y un pensamiento de la verdad [...] La universidad hace profesión de la verdad. Declara, promete un compromiso sin límites para con la verdad" (p. 10).↵

En las universidades norteamericanas y europeas, el proceso al cual hacemos referencia ha sido más expedito; y la fragmentación del campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades ha tenido menos posibilidades de rearticularse en otras direcciones —a no ser (cosa que comenzó desde las primeras décadas del siglo xx), claro, el desplazamiento de investigadores y docentes hacia centros e institutos de investigación—, en tanto que espacios académicos más bien transversales a la universidad.↵

"Abrir el ojo para saber, cerrar el ojo o, al menos, escuchar para saber aprender y para aprender a saber: éste es un primer esbozo del animal racional. Si la Universidad es una institución de ciencia y de enseñanza, ¿debe, y según qué ritmo, ir más allá de la memoria y de la mirada? ¿Debe acompasadamente, y según qué compás, cerrar la vista o limitar la perspectiva para oír mejor y para aprender mejor? Obturar la vista para aprender, esta no es, por supuesto, más que una forma de hablar figurada. Nadie lo tomaría al pie de la letra y yo no estoy proponiendo una cultura del guiño. Estoy resueltamente a favor de las Luces de una nueva Aufkiarung universitaria. Me arriesgaré, no obstante, a proseguir con esta configuración de acuerdo con Aristóteles. En su Peri psukhés (421b), distingue al hombre de los animales de ojos duros y secos (ton sklerophtalmón), aquellos que carecen de párpados (ta blephara), esa especie de élitro o de membrana tegumentaria (phragma) que sirve para proteger el ojo y que le permite, a intervalos regulares, encerrarse en la noche del pensamiento interior o del sueño. Lo terrorífico del animal de ojos duros y de mirada seca es que ve todo el tiempo. El hombre puede bajar el fragma, regular el diafragma, limitar la vista para oír mejor, recordar y aprender. ¿Cuál puede ser el diafragma de la Universidad? Cuando preguntaba lo que la institución académica, que no debe ser un animal escleroftálmico, un animal de ojos duros, debía hacer con sus vistas, era otra forma de preguntar por su razón de ser y por su esencia. ¿Qué es lo que el cuerpo de esta institución ve y no puede ver acerca de Su destinación, de aquello con vistas a lo cual se mantiene en pie? ¿Es amo del diafragma?" (Derridá, 1997: 119-120).↵

En un texto clave para entender la crisis de la universidad, a partir de la disolución de su relación con los proyectos de Estado-nación, y su paulatina absorción dentro de las lógicas de la globalización, Bill Readings (1996) señala el papel que juegan los Estudios Culturales y los debates en torno al multiculturalismo dentro de una institución que se comporta como una suerte de transnacional del conocimiento, y que renuncia a las utopías, a las divergencias, porque sabe —como lo enseñó Kafka— que en el mundo de la burocracia no hay héroes: "the complicity of the discourses of Cultura Studies and multiculturaÜsm whit the needs ofTNC has to be anatized at the level of the University, where the University is understood as bureaucratic institution devetoping toward the rote ofTNC in its own right" (p. 45).↵

Entendemos por potencia crítica una intención de resistencia, de puesta en cuestión de..., que legítima e intencionalmente se coloca en los bordes de lo hegemónico para interpelar los discursos que lo rigen y justifican.↵

49

Jorge Bracho[1]

 OPCIONES, LENGUAJE, DERROTEROS EN TIEMPOS DE INDEPENDENCIA

INTRODUCCIÓN

En proximidad con las abdicaciones de Bayona (1808) se reduplicaron un conglomerado de conceptos y significaciones que tuvieron su asiento primigenio en Occidente, al interior de la filosofía política, la jurisprudencia, las teogonias medievales, el humanismo cívico y concepciones correspondientes a lo que conocemos bajo el concepto de modernidad. Su rearticulación se presentó de acuerdo con los intereses en juego, especialmente a partir del año 1810 en la América hispana. Sin duda que se puede pensar que ellas fueron objeto de nuevas interpretaciones, lo que por momentos pudiera ser leído bajo el marco del desdibujamiento de sus connotaciones originales. Sin embargo, si se intenta un acercamiento, teniendo como punto de partida las acciones ejecutadas por quienes se reconocieron como seres ungidos en su tiempo, y no como seguidores de ideas preconcebidas que impulsaron sus acometimientos, es posible concordar que las narrativas impuestas y los juicios esgrimidos por los republicanos se extendieron como segmento de un apuntalamiento, frente a las acciones perpetradas por parte de quienes se arrogaron la representación de la soberanía del reino español.

Históricamente se nos ha habituado a establecer las acciones humanas en molduras teóricas, modelos o tipologías que —en la mayor parte de las ocasiones— desdicen el carácter de las ejecuciones individuales y de coincidencia colectiva al interior de las comunidades humanas. Así se nos ha conducido a la creencia de acuerdo con la cual el desenvolvimiento individual y colectivo, en los tiempos de la independencia, se llevó a cabo porque existía un convencimiento político-intelectual que sirvió de idea, fuerza o estímulo para su declaración en territorio venezolano. No obstante, es preciso aventurar que, si bien es cierto, las maniobras humanas se ejecutan en inherencia con convicciones personales, no lo es menos que ellas se encuadran bajo condicionantes específicos de funcionamiento[2]. No se trata de negar la influencia al presente de todo un capital cultural acumulado por la experiencia humana. Se trata de reconocer que las ejecuciones de los actores sociales no se realizan según lo pensado, razonado y reflexionado frente a los hechos brutos o situación determinada de manera unilateral. Por regla general, las maniobras políticas muestran cómo a partir de ellas se presenta la búsqueda conceptual con la cual apuntalarla. Bajo este marco de análisis, las líneas que a continuación he esbozado confirman la utilización de conceptos y vocablos con los que se llevó a cabo un conjunto de argumentaciones, y con las cuales se dio cuerpo a los afanes emancipadores durante el siglo XIX. De igual modo, me interesa destacar razonamientos explayados junto con acciones que se ejecutaron para lograr la independencia territorial de la América hispana, asimismo, en contigüidad con el enriquecimiento conceptual que les sirvió de contexto al interior de circunstancias particulares. Circunstancias caracterizadas por los anhelos de emancipación frente a una España que afrontaba una situación similar, en virtud de las políticas napoleónicas.

LAS OPCIONES DEL AÑO ONCE

Ya para los años 1809 y 1810 parecía estar definido el futuro de España a favor de Francia[3]. El “rey intruso”, José Bonaparte, gobernó en el lapso que va de 1809 a 1814, no sin haberse visto obligado a reclamar a su hermano, Napoleón, las condiciones de una ocupación territorial que parecía no tener destino claro. Lo cierto y con lo que se delineó, proporcionalmente, el futuro de la ocupación del territorio español por parte de tropas francesas, se presentó con la invasión napoleónica al Este de Europa, y la derrota de ellas en Rusia. Sin duda esta circunstancia avivó la esperanza española en relación a su independencia ante los franceses. Sin embargo, en la América hispana ya se transitaba por otros derroteros, definiciones y caminos para finales de 1813, año cuando —por medio del Tratado de Valencay— Napoleón se vio constreñido a firmar la vuelta al poder de Fernando VIL

En este orden, resulta importante destacar el contenido de uno de los textos sumados a la edición de El Publicista de Venezuela, fechado el 21 de noviembre de 1811, titulado “Perspectiva de la Inglaterra, España y Portugal con respecto a la guerra contra la Francia”, extractado de The Enquirer (Richmond, octubre 11 de 1811), de una sección denominada “Sucesos políticos”. En el mismo se aprecia la opinión con respecto al destino de España en su confrontación contra los emprendimientos napoleónicos. La nota precede al denominado “Registro semanal” redactado por el escritor inglés Guillermo Cobbett (1762-1835), cuyas reflexiones acerca de la guerra en España aparecieron con bastante regularidad en este semanario venezolano que circuló entre julio y noviembre de 1811. La nota se inicia con un recordatorio respecto a lo acontecido en territorio español motivado por el ataque francés, lo que incitó —según la misma— la intervención de los ingleses en favor de los españoles. No obstante, el desenlace fue poco afortunado para estos últimos frente a Napoleón y sus tropas. De allí que en la misma nota se estableciera la escasa posibilidad del triunfo español en un conflicto desigual. En uno de sus párrafos se puede leer lo siguiente:

[...] Temíamos que entorpecida por la superstición, sin práctica ni pericia en las armas decaería delante de una nación, que sucesivamente había abrumado las mejores tropas de Europa: que la guerra serviría solo de devastar sus tierras, derramar su más preciosa sangre, y aumentar el peso de sus cadenas. El resultado ha verificado muy bien nuestros temores. En algunas partes han desplegado los españoles un valor que les hace honor; pero en el campo de batalla han sido oprimidos vergonzosamente por sus enemigos. La España no se ha mostrado verdadera consigo misma, y de este hecho funesto son testigos las quexas de Moore, y la derrota de Graam en Cádiz (p. 165).

Ahora bien, resulta válido interrogarse: ¿cuáles habían sido los señalamientos de Cobbett que indujeron a estos razonamientos? Ini-cialmente, los gastos que implicaba esta guerra para Gran Bretaña. Segundo, la necesidad de neutralizar a Francia y sus pretensiones expansionistas y, tercero, las desventajas británicas ante los franceses en cuanto al aprovisionamiento de las tropas y el número de soldados con los que contaba Francia, de los que se abastecía gracias a los espacios territoriales que ocupaba por vía de invasiones y desde donde podía procurarse de ellos. Lejos de avizorar un futuro prometedor respecto al destino de los soldados ingleses y mantener un equilibrio en el erario público británico, Cobbett remató su escrito en los siguientes términos:

Es imposible que ningún plan de hostilidades sea tan ventajoso a los franceses como este. Aquí han encontrado ellos un terreno, á donde hemos resuelto enviar todos los recursos que podemos juntar. Mientras que nos mantubiesemos en el mar, ó en nuestras Islas defendidas por el mar, no podrían tocarnos: no tenían medio de matar a nuestra gente, ni destruir nuestra propiedad; pero al fin han encontrado un lugar, á donde enviamos gustosamente hombres, y caballos, dinero, y todo lo que nos pertenece á fin de que lo devasten, ó destruyan (p. 167).

Bajo esta situación, en uno de los impresos correspondientes a la época de la primera república (1811-1812), El Patriota de Venezuela —órgano de difusión de la Sociedad Patriótica y editado bajo la iniciativa de Vicente Salias y Antonio Muñoz Tébar (1780-1814) entre enero de 1811 y enero de 1812—, aparece un discurso que fue expuesto ante el Congreso el día 4 de julio de 1811 y del cual no se tiene información de su autor, aunque sus editores subrayaron que fue redactado el 29 de mayo de 1811. En él aparecen las razones del porqué se debía declarar la independencia lo más pronto posible. En uno de sus párrafos se lee que no se esperaba un triunfo expedito de los españoles ante las tropas napoleónicas:

[...] en el orden actual de nuestra situación política, ¿qué recursos nos quedan? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Acaso que la España triunfe de Napoleón? No, esto no es fácil, ni aun posible. ¿Acaso que Fernando VII venga a reinar en Venezuela? Tampoco, nosotros lo detestamos…

{Testimonios de la Época Emancipadora, 1961: 323).

Sea como razonamiento para dar vigor a la acción que se pretendía ejecutar, sea como convencimiento de algo dado, la idea respecto al sometimiento español y sus escasas posibilidades de triunfar ante Francia sirvió de base para justificar las acciones que se desplegaron durante los meses correspondientes a 1811[4].

Las ideas vertidas acerca de la independencia o sus posibilidades, ya desde 1808, se debieron primeramente a los funcionarios de la Corona dentro y fuera de la Península[5]. En segunda instancia, serían los mismos participantes en ultramar, a partir de 1810, quienes se encargarían de justificar —al menos en Venezuela— que lo acontecido en este año constituyó una revolución que acarreó la independencia. Las reflexiones tramadas por los mestizos y criollos que la hicieron posible ante el consejo de regencia, en abril de 1810 y luego en julio de 1811, tomaron como hito fundacional el 19 de abril. Las enunciaciones articuladas al efecto se condujeron por el convencimiento de que se llevaban a cabo acciones reconocidas en la legislación vigente. Se pensó, así, que a falta del monarca la soberanía retornaba a manos de quienes se la habían procurado. Los años iniciales muestran que en un primer momento se actuó en base a la necesidad de representación de la soberanía en la institucionalidad establecida, posteriormente a las declaraciones independentistas, ella se volcó a la defensa de espacios territoriales sustentados en la soberanía territorial o patria y, por tanto, en la defensa de la independencia como libertad ante los realistas españoles.

En el ínterin de la independencia venezolana, el requerimiento narrativo desarrolló la idea según la cual el primer político en reconocer lo imperativo de emancipar las posesiones españolas, del gobierno metropolitano, había sido el emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, durante el siglo XVI. En efecto, en la edición número tres de El Publicista de Venezuela apareció un breve escrito con el título “Reflexiones sobre la Independencia”, en que se aseveraba que históricamente la metrópoli mostró la imposibilidad de desarrollar un buen gobierno en el seno de las provincias de ultramar y que lo admirable de la colonización —a pesar de sus propias imposibilidades— fue que hubiese mantenido el statu quo colonial a lo largo de trescientos años:

El primer político que conoció la necesidad de emancipar las posesiones españolas del gobierno de la Metrópoli fue el Emperador Carlos V; no porque las Colonias nacientes en aquel tiempo les presentasen las dificultades de gobierno que su extenso territorio, grandeza de población, y abundancia de riquezas ofrecen hoy dia; sino porque Carlos V previo las dificultades futuras, y los inconvenientes á los que se vería obligada a someterse la Metrópoli para mantener en sujeción las colonias (p. 24).

Otro asunto de singular envergadura, en que la historiografía escolar continúa ocupando un lugar preeminente, se vincula con el papel de la Revolución Francesa y su incidencia en las independencias hispanoamericanas. Sin duda que su impacto en las mentalidades de los repúblicos fue importante. En consecuencia, se debe matizar que su ascendiente se encontró circunscrito en un tejido sistémico, en que no es posible discernir influencias directas y en un único sentido. Más bien, se trató de apropiaciones diversas y tomadas al vuelo, según lo requerían los actores que participaron en los movimientos autonomistas e independentistas. Quizá, la más directa influencia de ella se presentó en Saint Domingue, hoy Haití. Lo mismo cabría elucubrar respecto a lo que se presentó en la propia España, frente a la ocupación napoleónica y el enfrentamiento en contra del “rey intruso”, José I, impuesto por el Príncipe de la Guerra, Napoleón Bonaparte. Los denominados “afrancesados”, “colaboracionistas” o “josefinos”, en España, admiraban la cultura de la Ilustración francesa, algo común del ínterin y no propio de los españoles; además, estos calificativos se impusieron en contra de individuos vinculados con el régimen de José I y con quienes los patriotas españoles establecieron fronteras de diferenciación. Sin embargo, las narraciones históricas acerca de este período, insisten en convencernos de que en la América española esta incidencia francesa fue crucial, muy al contrario de lo que se encumbra respecto al mismo tema y su papel en la independencia de España[6].

A partir de lo esbozado, parece conveniente reseñar un escrito, incluido en Testimonios de ¡a época emancipadora, en que se ajustaron ideas-fuerza que, quizá, estuvieron presentes antes y luego del movimiento de 1810. De acuerdo con la comisión editora, en el archivo de José Manuel Restrepo (1781-1863) se encontraron estas anotaciones, probablemente inéditas, fechadas en diciembre 31 de 1812, de las que además se desconoce su autor. Traerlas a colación se debe a que en sus líneas se hace un trazado de las independencias y sus orígenes, afincado en el movimiento de 1797 y la herencia ibérica. El primer párrafo remite a las “semillas de la revolución venezolana”, las cuales se asociaron con España y su legado. De allí se pasan a considerar otros elementos, los que parecen haber quedado como una impronta en la memoria colectiva hispanoamericana, con respecto a las independencias. Fragmentos de esta consideración, como sigue:

Los luminosos escritos de los franceses y el ejemplo de una república que había reemplazado la dominación de Jorge III en la América del Norte, dieron una lección terrible a los tiranos en la caída de la dinastía de Francia. El estallido del trono de los Capetos se oyó de este lado de los Pirineos y algunos españoles tomaron medidas a fin de socavar también en la patria los cimientos del despotismo. El proyecto abortó; y entre las víctimas del enojo del Gobierno se hallaron cuatro individuos condenados a gemir de por vida en las bóvedas de Puerto Cabello y La Guaira. Estos, con algunos habitantes de Caracas, concibieron el designio de emancipar a Venezuela erigiendo sus provincias en una república [...] Humeaba aún la sangre de los primeros mártires de la libertad cuando se recibieron letras del Gobierno inglés excitando a los venezolanos a insurrecciones y prometiéndoles auxiliarles en la empresa. Los clamores de la superstición, apoyando el terrorismo y haciendo creer al pueblo que la revolución asestaba al santuario de la religión, habían producido un estupor e indecisión tan grandes que pervirtieron las ideas de los pocos que pensaban… (“Extracto…”, 1961: 145-146).

Es preciso rememorar las disputas alrededor del poder en España y en la que Fernando de Borbón jugó un destacado papel hacia 1807. Ese año se presentaron los sucesos de El Escorial, lugar que Carlos y Luisa habían escogido para despachar los asuntos del gobierno. Fue allí en donde se descubrió un complot tramado por el Príncipe de Asturias, Fernando VII, en contra de su padre, el rey Carlos IV En medio de la trifulca se encontraba Manuel Godoy, llamado el favorito y también Príncipe de la Paz, título que había logrado obtener luego de una guerra de dos años —1793-1795— contra Francia. A la luz de la Gran Guerra (1793-1815), una porción de Europa se halló envuelta en un nuevo conflicto bélico. La figura de Napoleón descollaría a partir de 1804, momento desde del cual comenzó a ejercer la máxima magistratura como emperador. La monarquía como forma de gobierno se encontraba en entredicho, tanto por la claudicación ante el príncipe de la guerra como por la disposición mostrada hacia la tiranía y el despotismo. En octubre de 1807 se firmó el tratado de Fontainebleau, nueve días después del ingreso de tropas francesas comandadas por el general Andoche Junot a territorio español. Carlos IV autorizó al emperador de los franceses a transitar por tierras españolas con rumbo al territorio portugués[7]. Lo posteriormente desarrollado en Bayona, muestra a un Fernando que llegó a expresar su fidelidad a Napoleón y reconocer la constitución de 1808 estatuida, bajo la influencia de este último, como válida, igual a las posturas asumidas por el Consejo de Castilla, de Indias y de Estado, así como que pensaba ganarse la anuencia del Príncipe de la Guerra para el casamiento con una de sus sobrinas. Solo que él no contaba entre los planes de Napoleón. Esta historia, digna de una trama de ficción, no deja dudas respecto a la crisis de la monarquía y, posiblemente, su ruptura definitiva. La historiografía, localizada territorial, política y administrativamente, ha inducido la creencia de unos actores políticos cuya actuación estuvo supeditada únicamente a la defensa de un “inocente” Fernando VII, quien, por demás, llegó a demostrar su talante absolutista al derogar la moderada Constitución liberal doceañista, cuando recuperó el poder del Estado español en 1814.

Bajo una situación como la rememorada, en lo referente al 19 de abril y la independencia de Venezuela, al interior de las discusiones durante la sesión del Congreso de Venezuela, correspondiente al día 3 de julio (1811), el diputado por la Villa de Aragua (provincia de Barcelona), José María Ramírez, reclamaba la dependencia asumida ante los ingleses y la posición de otros diputados, quienes insistían en declarar la independencia frente a España con la venia inglesa y la estadounidense. Ramírez razonó que el 19 de abril se juró fidelidad a Fernando de Borbón para no alarmar a los pueblos respecto a la independencia definitiva de estos territorios de la América española. En su disertación añadió que las mismas naciones americanas, sus pueblos y la propia España los consideraban independientes. De imponderable valor resultan las palabras adjudicadas a este diputado, porque revisten gran importancia al indicar una veta de discusión, que fue uno de los elementos fundamentales al interior de la retórica y requerimiento narrativo de las independencias. Algunos de sus razonamientos fueron los siguientes:

En los tumultuarios momentos del 19 de abril, fue necesario economizar las innovaciones, y por eso se conservó el nombre de Fernando: a pesar de eso nos llaman insurgentes: nada pues tenemos que aventurar. Debe suponerse que quando se supo la resolución de Caracas, estaba la Inglaterra altamente comprometida con la España: por esto no pudo declararse abiertamente por nosotros; pero pudo hostilizarnos y oprimirnos: adoptó el rango de mediadora, mientras eran unos mismos los principios… Quando digamos que somos independientes, conocerá la Inglaterra sus verdaderos intereses, y nuestras verdaderas intenciones, y se decidirá abiertamente: lo mismo debe esperarse de Estados Unidos, que según parece, favorecen la independencia de México, y deben con mejores razones proteger la nuestra; esperar á que nos brinden los socorros, es demasiado pretender; y si nos los negasen, sabremos defendernos {El Publicista… p. 83).

Como reafirmación de este convencimiento, encontramos que en El Patriota de Venezuela, en su edición número 2 apareció —fechado en Caracas el 29 de mayo de 1811—, “Discurso redirigido por un miembro de la sociedad patriótica, y leído en el supremo congreso el día 4 de julio de 1811″, en uno de sus párrafos se puede leer respecto al 19 de abril lo siguiente:

Este movimiento, que siempre verá con admiración y ternura nuestra posteridad, no fue, como se quiere persuadir por los enemigos de la causa común, un movimiento tumultuario, débil y desordenado; fue, sí, el inevitable resultado de tres siglos de tiranía, la consecuencia del orden de los sucesos políticos, la realización de las ideas que por más de dos años se habían difundido en el corazón de los venezolanos, y el funesto, el terrible espectáculo que anonadó a los mandatarios del otro hemisferio. El pueblo de Caracas proclamó el 19 de abril que era libre; el grito de la santa Libertad penetró hasta los corazones del hombre más estólido [...] {Testimonios…, 1961: 315).

En este orden de ideas, es preciso indicar que en los tiempos actuales es viable discernir, al menos respecto a la Capitanía General de Venezuela, que lo anotado en la documentación conocida, alrededor de 1810, aparece como subterfugio de lo que parecía aproximarse. También los temores existentes ante los sectores sociales considerados peligrosos, frente a los cuales se rememoraba con cierta insistencia un levantamiento similar como el del Guarico en 1794 y que culminó con la independencia haitiana de 1804, protagonizada por antiguos esclavos de esta porción insular francesa[8].

En un apartado aparecido en El Publicista de Venezuela, denominado “Reflexiones sobre la Independencia”, se puede leer que un acontecimiento imprevisto, tal cual se apreció la ocupación de España por parte de tropas francesas comandadas por Napoleón y la reclusión de Fernando en Bayona, llevó a las colonias al establecimiento de gobiernos provisionales similares a los de la metrópoli:

Es imposible que ningún hombre que reflexione, dexe de conocer que estos Gobiernos provisorios, tenían tendencia a una alteración directa en la constitución de la Monarquía Española, considerada con respecto al sistema colonial; porque el mismo acto de la Suprema Junta de España que declaró, aunque solo en teoría, que los dominios americanos eran parte integrante de la Monarquía, y la misma declaración de la Regencia de Cádiz que se manifestó pronta á admitir en las Cortes generales del Reyno á los Diputados de América, prueba que todo el mundo reconocía la necesidad de alterar el sistema Colonial (p. 24).

Para proporcionar fuerza a esta idea, en el mismo escrito se acusaba al Consejo de Regencia de confinar o querer mantener una política contraria a los intereses de los factores económicos de Venezuela. Además, en él se aseguraba que este Consejo no había logrado alcanzar un consenso con el cual ser obedecido de manera transparente, ni en la Isla de León ni en la ciudad de Cádiz. A ello se agregó el bloqueo a la provincia de Caracas, así como otros actos que tergiversaban lo que en el papel decían reconocer a las ya no consideradas colonias. La explicación ante estos acometimientos se supuso en intereses económicos de los monopolios que se asentaban en Europa, Cádiz especialmente. De allí que las medidas ejecutadas por la regencia…

ó provenían de una infatuación ciega, que necesariamente debía ser fatal á los que estaban imbuidos en ella, ó resultaba de las intrigas de los monopolistas Europeos, que habiendo gozado hasta aqui del privilegio exclusivo de ser los factores generales de todas las producciones de América trabajaban con su influencia en conservar por el mas tiempo posible estos lucros impuestos: no obstante que por esta lucha pereciese el Estado {ídem).

Por lo expuesto, parece necesario reiterar que las independencias de la América hispana se fueron ejecutando en conjunto con los conflictos que, para este tiempo, se escenificaban alrededor del Atlántico. Ello concitó no solo una proporción de aseveraciones que justificaron los actos emancipadores, sino la aceleración de su declaratoria. Situación que nos muestra la realidad de un sistema-mundo en estrecha interrelación, así como la amalgama conceptual que se extendió a la luz de los emprendimientos napoleónicos.

EL DESPLIEGUE DE UN LENGUAJE

Se sabe que vocablos como soberanía, representación, pueblo, nación, estado, revolución, gobierno, justicia, tiranía, seguridad, felicidad, ley, poseen cualidades específicas que los definen políticamente a lo interno de lo que conocemos con el nombre de modernidad. No obstante, si nos remitimos a las deliberaciones al interior del Congreso de Venezuela durante 1811 —y las posteriormente perfiladas en el espacio público—, podríamos precisar cómo algunos de ellos amplían sus significados con los que se escenifican otros sentidos, así como que su uso no se corresponde a lo que posteriormente el canon nos ha acostumbrado[9]. Por ello no cabe hablar de un sinsentido en sus connotaciones, porque la utilización misma de las palabras es el que proporciona su acomodo, adecuación y especificidad, según lo ameriten las disputas en juego. En este sentido, es necesario agregar que así como nos topamos con una terminología que bien pudiera asociarse con los tiempos modernos —como la de revolución y la de soberanía—, otras —como la palabra tiranía o despotismo— no parecen haber sufrido mayores alteraciones desde tiempos de la Antigüedad.

La palabra tiranía ha servido históricamente para diferenciar a un gobierno respetuoso de acuerdos convenidos con reyes, monarcas o príncipes y la comunidad política que le acompañaba. De allí que este término no debe ser solo contrapuesto a la monarquía. En el siglo XVII —cuando Inglaterra fue el escenario de la Revolución Gloriosa (1688-1689)—, se extendió una forma de gobierno que llevó por nombre monarquía constitucional o gobierno mixto. En la esfera occidental se convirtió en un modelo político dentro del cual el cuerpo legislativo jugó un papel de gran importancia, porque en su interior se crearon mecanismos representados por el denominado pueblo o comunidad política para frenar el ímpetu de los gobernantes. Con lo que no resulta extemporáneo recordar que la constitución doceañista de Cádiz contempló la convivencia de las Cortes junto con la figura del rey. Situación que parece corroborar que la denominada modernidad-no se trató de un acometimiento signado por lo inédito. El asunto más bien es el de resituar alocuciones, llamados, citaciones, de acuerdo con situaciones puntuales al interior de un sistema-mundo, si bien marcado por similitudes variadas, las mismas se encuadran en ritmos concretados regional y localmente.

Durante el Medievo, diversos filósofos de la política se dieron a la tarea de razonar la necesidad de establecer condiciones legales, con las que fuese posible la seguridad de los gobernados o, en todo caso, los integrantes de la comunidad política. En España, por ejemplo, en el ínterin del siglo XII se integrarían las Cortes de Castilla, en las que hacían vida nobleza, clero y hombres de bien, quienes eran los encargados de aconsejar y acompañar al gobernante en los asuntos de Estado. Bajo este contexto, la tiranía se afirmó en tanto el monarca basculaba hacia el irrespeto de lo convenido en conjunto con la comunidad política. La noción de despotismo se conectó con ella en la medida en que pasó a significar un gobierno sin sometimiento a ley alguna. Mientras, tiranía continuó significando imposición —en grado superlativo— del poder por encima de la voluntad de la comunidad, pueblo o jurisdicción.

Todo parece indicar que ante estas tentativas surgió, durante el siglo XVI, la noción de soberanía. Su mentor, el francés Jean Bodino, la definió como un poder indiviso y limitado, aunque también otorgado a los reyes por parte de la comunidad política y no un don procurado por el Creador. Su representación, por tanto, sería vicaria, por lo que ningún mandatario o magistrado podría arrogarse su representación por sí mismo. Aunque el concepto de soberanía no alcanzó una generalización en el curso del siglo XVI, su reduplicación se presentó a raíz del Tratado de Westfalia (1648) con el que se delinearon las fronteras modernas, divididas en reinos y monarquías, cuyo cometido fue el de difuminar el trazado de fronteras movibles, hasta entonces dominante. Estado, nación e independencia se forjaron así respecto a un territorio y en el que el establecimiento de sus propias leyes marcaría su fuerza y carácter.

Según lo ameritaron las circunstancias, el concepto de soberanía estuvo oscilando entre su relación con otros Estados y su representación al interior de las comunidades nacionales. Conjuntamente al convencimiento acerca de la moderación y la mediación política se fue extendiendo la necesidad de crear contrapesos ante la autoridad reinante. Para filósofos de la política como Voltaire y Montesquieu, la monarquía constitucional o gobierno mixto —representado por los ingleses— servirían como ejemplo de funcionamiento y dentro del cual el pueblo se hallaba representado por medio del poder legislativo. Por tanto, es posible reconocer que la lectura de la independencia como búsqueda de la libertad —en tanto justicia social más allá de la jurídica— deba ser replanteada. Ello porque esta idea constituye una configuración posterior, tramada a la luz de la historiografía de talante étnico-nacionalista, desplegada a lo largo del siglo XIX venezolano e hispanoamericano. Por tal razón, es necesario volcar la mirada a las relaciones tramadas a principios del siglo XIX respecto al vocablo independencia y las acciones que se venían ejecutando, en aras de instituir una nueva civilidad e institucionali-dad en la América hispana.

Por lo expresado, puede convenirse que la idea de independencia en un principio guardó relación con autonomía comercial e intercambios del mismo tenor. De este modo la libertad por la que abogaron los blancos criollos tuvo su asiento inicial en este aspecto, y es así como el deslinde frente al Consejo de Regencia se justificó bajo este marco, al que se agregaría el correspondiente a la representación política. La exclusividad de disfrutar la autonomía en el seno del Estado —si bien contrario a las acciones de la Regencia—, también navegó por los anhelos de mantener el statu quo colonial, cuya mejor demostración se presentó con la esclavitud y su posible abolición. El deslinde o inflexión de esta situación aparecería en 1814 con las rebeliones catalogadas como populares, encabezadas inicialmente por el asturiano José Tomás Boves. Como lo ha hecho público la historiografía política, Boves contribuyó con la visibilización de negros, pardos, mestizos e indios. Sería a partir de ese momento que se diese inicio, al interior de las filas patriotas, a la búsqueda de fórmulas por reincorporarlos en la lucha independentista bajo el mando de Bolívar, quien —con el decreto de Guerra a Muerte (Trujillo, 1813)—, comenzaría a perfilar un agregado de referentes de identificación patriótica, junto con las acciones militares, ante las tropas realistas.

Otra aproximación se puede ejercitar con la lectura de las actas congresales que precedieron a la promulgación de la constitución del once en Venezuela. Al interior del Congreso de Venezuela, durante este año, surgieron un conjunto de discusiones respecto a si la independencia significaba oposición y superación de la monarquía. La idea que pareció predominar, en este sentido, se vinculó a que con la independencia no se estaba negando la monarquía, sino que con ella se reafirmaba la no dependencia hacia nación alguna. Juan Germán Roscio le aclararía al diputado de origen peruano José de Sata y Busy que: “La independencia consiste en no depender de ninguna nación extranjera, y no como ha dicho el S. Sata en la abolición del Gobierno Monárquico, y establecimiento del republicano” (Sesión del 3 de julio, El Publicista…, p. 44).

Sin embargo, resulta de gran importancia reconocer otras connotaciones que pueden deducirse del estatus de uso otorgado a la palabra independencia. El diputado por Mérida, Antonio Nicolás Briceño (1782-1813), en la sesión correspondiente al 2 de julio de 1811, le adjudicó un sentido en concordancia con la idea de soberanía, es decir de Estado y leyes:

[...] Es la independencia la sola sumisión y obedecimiento á las leyes que establescan los virtuosos Pueblos de Venezuela por medio de sus legítimos representantes: ya no podremos decir que pendemos del capricho y arbitrariedad de un Juez, ni de un Magistrado, ellos no son en lo sucesivo sino los órganos y los executores de la ley esta es solo la que mande, la inviolable, la digna de nuestro mayor respeto, y la que hará felices á nosotros y á nuestros sucesores [...] (p. 46).

Bajo estas circunstancias, es preciso tomar en consideración lo siguiente, desde el siglo XVIII se tenía en mente que las leyes significaban relaciones necesarias que derivaban de la naturaleza de las cosas, la vida humana y la creación divina. De este modo se perfiló la idea moderna de ley, cuyo artífice fue el Barón de Montesquieu. Se puede hablar entonces de tres tipos de leyes que tipifican las relaciones con la autoridad divina, la vida natural y la propia humana. Por tanto, es dable reconocer que la ley pasó a significar un principio de causalidad en cuanto principio universal de trascendencia, y representada por el Creador también como constreñimiento de la naturaleza física y biológica y la vida de los hombres[10]. Es por ello que la ley apareció como sancionadora por sí misma y contrastada con la ley natural, además de ser asociada con promesas de redención mundana, unanimidad y felicidad comunes. Tal como la utilizó, en aquella oportunidad, el diputado Briceño.

En asociación con esta idea, debe ser repensada la imagen de soberanía que se hizo extensiva en los primeros momentos republicanos. Si el 19 de abril de 1810 se recurrió a la legislación vigente y su recuperación, para 1811 otros argumentos a su alrededor sirvieron de base para apuntalar la independencia. Se hizo común el reconocimiento de una voluntad general cuya expresión se encontraba en la delegación de cuerpos creados al efecto. Esta disposición sirvió de cartabón para sustentar la reasunción de derechos conculcados por trescientos años de despotismo por medio de la revolución y la independencia. Así que no es exagerado asociar la independencia con restitución de derechos, tal como se puede colegir en palabras delineadas por Francisco Javier Yanes, durante la sesión del Congreso correspondiente al 3 de julio, “la independencia no es un acto, por el cual van á empeorar su condición (los pueblos), sino antes bien á mejorarla sobre manera, reasumiendo los derechos de que habían sido privados por el despotismo” [...] (p. 86).

De esta manera la revolución, invocada especialmente durante el año once, se traslapó con la propia de soberanía, representación y restitución de libertades, abrogadas, para el caso que aquí compete, por parte de la Regencia. En palabras del turinés Francisco Isnardy, fundador del Mercurio Venezolano, se lee:

Todo ha demostrado desde el 19 de abril, la necesidad de nuestra revolución, y nada la ha consolidado tanto, como la conducta de la Regencia y sus agentes. Mil veces hubiéramos tenido que hacer lo mismo desde entonces acá; y aunque nuestra paciencia hubiese durado algo mas, nunca podría pasar de esta insultante comisión (p. 11).

La noción de independencia entró en juego y formó parte de las argumentaciones y polémicas que surgieron en vísperas de su declaración. Sin embargo, creo necesario hacer referencia a que aún somos testigos de polémicas del mismo orden. Especialmente hago referencia a quienes insisten en la idea del juntismo y la fidelidad a Fernando de Borbón. Por ello, es preciso interrogarnos de qué otro modo pudieron expresarse los acontecimientos a partir de la vacatio regis o vacancia regia, que imperó con la reclusión en Bayona de las autoridades españolas. Al interior de las sesiones del Congreso de Venezuela fue este un asunto que recobró importancia. Algunos diputados agregaron, en sus razonamientos, que la independencia o su origen se había manifestado en abril del diez. El diputado por la Villa de Aragua, José María Rodríguez, señaló, en el contexto de la discusión, acerca de la necesidad de encontrar apoyo de Inglaterra para la independencia, “[...]

El nombre de Fernando fue entonces un pretexto para no alarmar los pueblos [...]” {El Publicista…, p. 83). De lo que no puede resultar sospechosa una de las aseveraciones argumentadas por Fernando de Peñalver en la misma sesión del 3 de julio, en la que sugiere que el 19 de abril se restituyeron derechos abrogados por la Regencia: “[...] Venezuela ha recobrado ya irrevocablemente su Soberanía [...] á nadie nos sometimos el 19 de abril, y solo reconocimos condicionalmente a Fernando VII [...]” (p. 82).

A la luz de estas aseveraciones se presentaron discusiones alrededor de lo que había acontecido en 1810, en relación con la reclusión de las autoridades españolas en Bayona, accionada por Napoleón Bonaparte. A partir de aquí comenzó a discutirse el origen de la recuperación de la soberanía. El debate se centró en si la misma se había presentado con la dimisión a favor de Fernando o por la reclusión de las autoridades españolas en aquella provincia francesa. Los debates tuvieron como centro de polémica la proposición, junto a las argumentaciones que la sustentaban, presentada por Fernando de Peñalver a favor de la división de la provincia de Caracas. Dentro de los razonamientos que sirvieron de respuesta reconoció, amparado en el derecho a resistencia ante toda autoridad que basculara hacia la tiranía y el despotismo, que:

Nuestros derechos no se datan de la jornada de Bayona: mucho mas antigua es la justicia que vamos á hacer valer; pero la fuerza nos habia imposibilitado hasta ahora todos los recursos. Es una verdad inconclusa que los Pueblos tienen un derecho para variar su Gobierno quando es tiránico, opresivo y contrario á los fines de su institución, y que los Reyes no tienen otra autoridad que la conveniencia de los Pueblos [...] mírense los sucesos de España como la ocasión que nos puso en movimiento [...] (p. 82).

Quienes ejecutaron la independencia venezolana dejaron sentado que sus propósitos radicaban en el rescate de derechos abrogados históricamente, en los que la soberanía sirvió de artilugio para enfrentar al Consejo de Regencia. Asunto al que se fueron sumando nuevos emprendimientos bajo un contexto en que sociedad, Estado y representación nacional hicieron de ella su baluarte fundamental. Por lo apuntado hasta el momento, no debe resultar intempestivo que en 1811 —a la luz de la independencia venezolana— el patriota Juan Germán Roscio, a quien se adjudica la redacción del Manifiesto al mundo de la Confederación de Venezuela (julio 30 de 1811), asentara que las acciones ejecutadas en abril de 1810, de cara a la regencia, se produjeron porque hubo la pretensión de someter a la provincia “[...] a una representación diminuta e insignificante [... ] quería mantener nuestra ilusión y pagarnos en discursos, promesas e inscripciones nuestra larga servidumbre [...]” (1988: 113).

Si retornamos nuevamente a las leyes y su constreñimiento, es factible encontrar la justificación del gobierno como creación del hombre cargado de virtudes, esto es, amante de las leyes y de su patria. Un texto reproducido en El Publicista de Venezuela (julio 25 de 1811, N° 4), que llevaba por título “Discurso sobre la libertad de imprenta”, reprodujo en este sentido lo siguiente:

El hombre es formado solamente para aquel gobierno, que no separándose de la justicia y de la naturaleza, lo conduce por las sendas de la virtud; y en el orden de los acaecimientos públicos, el verdadero creador del hombre moral, es el sistema de gobierno (p. 31).

La lectura de la palabra “gobierno” aquí se estaba asociando con la virtud, en su sentido de desenvolvimiento racional, consciente, distanciado de contingencias, destino y fortuna. En el Semanario de Caracas, órgano periodístico de fuerte catadura doctrinaria, uno de sus redactores —Miguel José Sanz—, en la sección denominada “Política”, se encargó de delinear la asociación entre los términos gobierno, ley y soberanía al interior de las formas de gobierno conocidas en la esfera occidental:

Constituido el Gobierno, sea democrático, aristocrático, monárquico, ó mixto, se establece y conserva por él la unión entre los miembros del Estado, conduciéndose al objeto que se propuso la voluntad general del Pueblo cuya magestad y poderío absoluto sobre todos, y cada uno de ellos, sin excepción ninguna, es lo que propiamente es, y debe llamarse Soberanía {Testimonios…, 9 de diciembre de 1810).

Antes había hecho referencia al convencimiento respecto a la existencia de una ley natural, la que sustancialmente se leyó en combinación con perversión, es decir, corrupción y alejamiento de la virtud necesaria. Es posible que la aceptación del gobierno, la vivencia en sociedad y la dilatación de leyes se presentara bajo el ángulo de lo que la naturaleza designaba a los hombres y lo que la razón, por la vía de las leyes, intentaría neutralizar. Fue en tiempos de la Ilustración —primeramente esbozada en Inglaterra y reestructurada en Francia hacia el siglo XVIII— que apareció de manera dominante pensar en leyes naturales y humanas, civiles o positivas, con lo que se hizo a un lado la ley divina, aunque sin descartar la existencia de un ser supremamente terrenal[11]. De allí que no deba ser sorpresivo leer argumentaciones como las esgrimidas por Juan Germán Roscio, para quien la idea de un creador del mundo natural no pareció estar en duda, “[...] Confesemos por ultimo que el Autor de la naturaleza ha sembrado en el corazón del hombre ciertos principios luminosos, que le son inherentes, aunque el después no sepa aprovecharlos [...]” {El Publicista…, p. 78). En un texto publicado en Filadelfia (1817), desarrollaría una tesis según la cual la soberanía se encontraba expresada en toda la naturaleza, así como que la misma solo se concebía con la creación y cesión divina[12].

Ya para finalizar, parece necesario reiterar el interés por estudiar el estatus de uso que se otorga a las palabras al interior de contextos diferenciados. En este orden no aludo a un significado primigenio al que se adhieren los actores sociales de manera única y literal. En absoluto, remito a una significación que se va adecuando a intereses en juego. De allí que no resulte sorpresivo que conceptos como el de soberanía, revolución, ley, independencia —entre otros— fuesen nutriéndose de connotaciones diversas. Resulta, en consecuencia, estudiar los acontecimientos históricos a partir de perspectivas y orientaciones distintas a las que se nos ha habituado a pensarlos. En fin, se trata de observar, estudiar e interpretar a partir de la complejidad del mundo y no de la simplicidad ofrecida por los modelos de análisis, los cuales se alejan de las corrientes que se cruzan, alternan e interfieren. En lo posible deberíamos centrar el análisis más allá de un pensamiento concentrado en volúmenes, plano y movimientos lineales o, mejor, analizar sin planes únicos o procesos rectilíneos, marcados por causalidades previsibles.

BIBLIOGRAFÍA

Bloom, Harold 1998 “Elegía al canon” en Enric Sulla (comp.), El canon literario, pp. 189-219 (Madrid: Arco/Libros).

Bolívar, Simón 1988 “Discurso de Angostura” en Pedro Grases (comp.), Pensamiento político de la emancipación venezolana, pp. 209-234 (Caracas: Biblioteca Ayacucho).

_____ 1988 “Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño” en Pedro Grases (comp.), Pensamiento político de la emancipación venezolana, pp. 197-206 (Caracas: Biblioteca Ayacucho).

Capella, Juan R. 2006 Fruta prohibida. Una aproximación histórico- teorética del derecho y del Estado (Madrid: Trotta).

Carrera Damas, Germán 1983 La crisis de la sociedad colonial (Caracas: Monte Ávila).

_____ 1991 Boves. Aspectos socioeconómicos de la guerra de independencia (Caracas: Monte Ávila).

_____ 1997 La disputa de la independencia y otras peripecias del método crítico en historia de ayer y de hoy (Caracas: Ediciones Ge).

“Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811″ 1997 en A. Brewer Carias (comp.), Constituciones de Venezuela, pp. 279- 281 (Caracas: Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales).

“Discurso preliminar dirigido a los americanos” 1988 en Pedro Grases (comp.), Pensamiento político de la emancipación venezolana, pp. 9-31 (Caracas: Biblioteca Ayacucho).

El Publicista de Venezuela

(ed. facsimilar) 1961 (Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia).

“Extracto de una noticia de la revolución que sirve de introducción a la historia de los padecimientos del doctor Roscio, escrita por él mismo” 1961 en A. U. Pietri (comp.), Testimonios de la época emancipadora, pp. 145-170 (Caracas: Academia Nacional de la Historia).

Gaceta de Caracas

1983 (Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia).

González-Ripoll, María D. et al. 2004 El rumor de Haití en Cuba: temor, raza y rebeldía (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

“Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela en la América Meridional (1811)” 1988 en Pedro Grases (comp.), Pensamiento político de la emancipación venezolana, pp. 261-293 (Caracas: Biblioteca Ayacucho).

Maquiavelo, Nicolás 1998 El príncipe (Montevideo: Nordan/ Comunidad). Mercurio Venezolano (facsímil) 1961 (Caracas: Academia Nacional de la Historia).

Morelos y Pavón, José María 2010 “1812, 23 de diciembre. En vibrante discurso a los pueblos de Oaxaca, Morelos explica las justas razones que fundamentan la cruzada libertadora acaudillada por él” en Sentimientos de la nación, pp. 62-66 (México: Dirección de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes).

Pividal, Francisco 1982 “Manifiesto de Carúpano” en Simón Bolívar. La vigencia de su pensamiento, pp. 44-48 (La Habana: Casa de las Américas).

Portillo, José M. 2010 “Monarquía, imperio y nación: experiencias políticas en el Atlántico hispano en el momento de la crisis hispana” en Antonio Annino (coord.), La revolución novohispana, 1808-1821, pp. 125-190 (México: Fondo de Cultura Económica).

Rodríguez, Jaime 1996 La independencia de la América española (México: Fondo de Cultura Económica).

Roscio, Juan Germán 1996 El triunfo de la libertad sobre el despotismo (Caracas: Biblioteca Ayacucho).

Wallerstein, Immanuel 1999 Impensar las ciencias sociales. Límites de los paradigmas decimonónicos (México: Siglo XXI).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

De Peñalver, Fernando 1977 “Memoria sobre el problema constitucional venezolano” en Pensamiento político de la emancipación (1790-1825). Tomo I. J. L. Romero y L. A. Romero, (comps.), pp. 123-129 (Caracas: Biblioteca Ayacucho).

Viscardo, Juan P. 1977 “Carta a los americanos españoles” en J. L. Romero y L. A. Romero (comps.), Pensamiento político de la emancipación (1790-1825). Tomo I, pp. 51-58 (Caracas: Biblioteca Ayacucho).

Doctor en Cultura y Artes. Profesor-investigador de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y del Instituto Pedagógico de Caracas. Área de investigación: historia, cultura y representaciones en América Latina. Ultimas publicaciones: Giobaiización, regionalismo, integración (UPEL-IPC, 2008); Independencia, soberanía y revolución (Ipasme, 2010); La independencia y la opción republicana (Universidad Metropolitana/Academia Nacional de la Historia, 2012, coordinador); Lo que de la nación nos queda (UPEL-IPC, en prensa).↵

Un ejemplo, relacionado con esta disposición, resulta ser El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo (1469-1527), al que por la vía del término maquiavélico se asocia con una dinámica política opresiva, dejando a un costado, por ejemplo, sus argumentaciones en torno a la virtud y la fortuna, ambas atravesadas por la idea de necesidad con la que razonó la existencia de un Estado, así como que ella estimaba una intervención para evaluar y calcular políticamente lo que la fortuna constreñía. Por otra parte, el 7 de septiembre de 1814 Simón Bolívar reduplicaba esta última, muy al estilo de la modernidad, que ha hecho gala de mimesis y amalgama de conceptos, nociones y vocablos antiguos, medievales y modernos, y fecha durante la cual reseñaría las variables que intervinieron en el derrumbe de la Segunda República, al indicar: "...El hombre es el débil juguete de la fortuna, sobre la cual suele calcular con fundamento muchas veces, sin poder contar con ella jamás... Pretender que la política y la guerra marchen al grado de nuestros proyectos, obrando a tientas con la sola pureza de nuestras intenciones, y auxiliados por los limitados medios que están a nuestro arbitrio, es querer lograr los efectos de un poder divino por resortes humanos" (Pividal, 1982: 47). Con lo que no intento expresar la influencia de Maquiavelo en Bolívar, sino más bien una lectura moderna de la historia que no ha dejado de apelar a la Antigüedad, tal como se ha hecho extensivo al interior del sistema mundo moderno, en que la diosa romana Fortuna sirvió de cartabón para adjudicar todo aquello que la virtud y la razón no controlasen. ↵

"Para la mayoría de los americanos se esperaba la victoria de los franceses, quienes, después de todo, dominaban casi toda la Península. El temor a la dominación francesa reforzó el deseo de numerosas personas del Nuevo Mundo de buscar autonomía. En 1810, los movimientos a favor del autogobierno resurgieron durante el mes de abril en Caracas, en mayo en Buenos Aires y en el Alto Perú, en julio en Santa Fé de Bogotá y en septiembre en tres regiones: el Bajío de la Nueva España, el día 16; en Santiago de Chile el 18 y en Quito, una vez más, el 20. Todos estos movimientos buscaban establecer gobiernos provisionales que gobernaran en nombre de Fernando VII. Los movimientos autonomistas de 1810, a diferencia de los acaecidos en 1809, desencadenaron sin darse cuenta otras fuerzas sociales" (Rodríguez, 1996: 102).↵

En contigüidad con este tipo de razonamiento, ya fuese por la vía del convencimiento o la justificación, para septiembre 6 de 1815, Bolívar expuso, en la llamada Carta de Jamaica, entre otros asuntos, que la independencia tuvo su asiento más en un contexto signado por los conflictos transatlánticos, que con un trabajo paulatino perpetrado desde los espacios de ultramar. El Libertador agregó a sus reflexiones, desde la ciudad de Kingston, lo siguiente: "...La América no estaba preparada para desprenderse de la metrópoli, como súbitamente sucedió por el efecto de las ilegítimas cesiones de Bayona, y por la inicua guerra que la regencia nos declaró sin derecho alguno para ello no sólo por la falta de justicia, sino también de legitimidad..." (Grases, 1988: 305).↵

  Desde las páginas del impreso El Español, reproducido en la Gaceta de Caracas el 15 de marzo de 1811, el publicista José María Blanco White —de origen español y radicado en Inglaterra—, alcanzó a establecer (enero 30 del mismo año) que mientras América no había mostrado, hasta ese momento, síntomas de separación de la Monarquía española, las cortes de Cádiz les negaban una representación proporcional como miembros del Reino. En tal sentido, argumentó que: "Los errores gravísimos que ha cometido el Gobierno de España con respecto á las Américas, errores que están mui próximos á causar la desgracia de ambos pueblos... Yo me atrevo á asegurar, a pesar de la distancia en que me hallo, que habrá pocos en Cádiz que se atrevan á decir el verdadero estado de la revolución de América, aun cuando haya llegado á su noticia..." (Gaceta... N° 146).↵

Un estudioso de la historia moderna ha subrayado que el impacto de la Revolución Francesa no representó un efecto único respecto a su confrontación con Gran Bretaña, cuyo triunfo en 1815 ante las tropas napoleónicas marcó su futuro geopolítico junto a su repercusión en Haití, Irlanda y Egipto. Sin embargo, recalca que la descolonización de América no solo tuvo que ver con el movimiento francés ya que la guerra de independencia de las trece colonias la precedió, "...pero sus orígenes se encuentran en la misma reestructuración de la geopolítica del sistema-mundo después de 1763, e hizo llamados a las mismas doctrinas de la Ilustración para legitimarse, tal y como lo hizo la Revolución Francesa. La independencia de los países latinoamericanos evidentemente se debió a la misma reestructuración geopolítica, reforzada por los modelos exitosos de las revoluciones estadounidense y francesa, más las consecuencias políticas devastadoras de la invasión napoleónica a España en 1808 y la abdicación del monarca español" (Wallerstein, 1999: 17).↵

La oferta y demanda de ideas, al interior del mundo académico, no ha eludido lo referente a esta situación. Así, es posible que lo considerado como una invasión haya devenido en colaboración, acuerdo, complacencia. "...Aunque constituye todo un lugar común historiográfico, técnicamente es erróneo referirse a la entrada de tropas francesas en España desde finales de 1807 como una invasión, pues estaban autorizadas a hacerlo por el mismo monarca de acuerdo con los términos del tratado firmado en octubre de ese año. Para entonces las dos facciones que pugnaban en la corte (por un lado el trío formado por los reyes y Manuel de Godoy y, por otro, los allegados al cuarto del Príncipe de Asturias) habían asimilado que cualquier posibilidad de éxito pasaba por la aprobación del emperador francés... No es casual que el tratado que autorizó algo tan insólito en la monarquía española como un ingreso masivo de tropas extranjeras se firmara el mismo día que se descubría en Madrid una conspiración para desbancar a Godoy y forzar la abdicación de Carlos IV" (Portillo, 2010: 157).↵

Véase González-Ripoll et al. (2004). Respecto a este punto, un historiador venezolano propuso, hace ya un tiempo, la siguiente hipótesis: "No deben subestimarse... los indicios de que la emancipación haya podido consistir en una acción política preventiva, en un doble sentido: prevenir la influencia subversiva procedente de las Antillas, y contrarrestar la ya manifiesta influencia liberal avanzada de origen francés, transmitida por Picornell [...] cabe considerar la posibilidad de que se tratase de una emancipación 'históricamente reaccionaria', en función de las luchas que libraban desde bastante atrás los pardos y los negros esclavos, luchas que alcanzan en los albores del siglo XDÍ niveles de intensidad que comprometen —en perspectiva histórica—la hegemonía de los criollos..." (Carrera Damas, 1983: 23).↵

"El canon, una palabra religiosa en su origen, se ha convertido en una elección entre textos que compiten para sobrevivir, ya se interprete esa elección como realizada por grupos sociales dominantes, instituciones educativas, tradiciones críticas o, como hago yo, por autores de aparición posterior que se sienten elegidos por figuras anteriores concretas..." (Bloom, 1998: 195).↵

Entre las situaciones que rodearon razonamientos independentistas se recurrió al pasado anterior a la invasión europea. Una de las ideas que se desarrolló se vinculó con la libertad otorgada por el Creador para que los hombres expandieran en el mundo sus designios. En este orden, la apelación al mundo prehispánico se llevó a cabo como un ejercicio en que se explicitó que las comunidades originarias se vieron impedidas en su evolución debido a la invasión ibérica, en conjunto se asumió que la colonia impedía lo que por derecho divino correspondía a los hombres: la libertad. Para diciembre de 1812, José María Morelos se encargó de delinear los motivos que lo llevaron a encabezar la insurrección por la independencia en Nueva España. Frente a lo contemplado por las cortes de Cádiz basó sus razonamientos en aquel derecho divino de libertad, "[...] nuestro designio no se reduce a otra cosa que a defender la libertad que nos concedió el Autor de la Naturaleza, y de la cual se trata de despojarnos injustamente, según los principios mismos que asientan y que tenazmente practican nuestros antagonistas" (Morelos, 2012: 64).↵

"[...] la idea de ley natural fue utilizada para constituir una instancia desde la cual dudar acerca de las leyes positivas del absolutismo [...] la ley' o el 'derecho' natural, que aparentemente dota de contenidos inmutables a la conciencia moral individual o colectiva, tiene en realidad múltiples contenidos, funciones e interpretaciones, tan humanas, cambiantes e históricas como [...] las leyes positivas" (Capella, 2006: 60) (Cursivas en el original).↵

El triunfo de la libertad sobre el despotismo, en la confesión de un pecador arrepentido de sus errores políticos y dedicado a desagraviar en esta parte a la religión ofendida con el sistema de la tiranía, tal fue el título inicial, cuya primera edición se preparó en Filadelfia (1817) bajo el cuidado del impresor Thomas Palmer.↵

50

Eleonora Cróquer Pedrón[1]

INTERVENCIONES DESDE LA CRÍTICA ARMANDO REVERÓN/BÁRBARO RIVAS, UN EJERCICIO VISUAL

1. OBRAR (EN) EL MUNDO. POR UNAS HUMANIDADES DESDE LA CRÍTICA HOY EN LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA

A propósito de cierta Razón de Ser histórica de la universidad moderna, que la postula como lugar legítimo de resistencia contra todos los poderes “políticos, económicos, mediáticos, ideológicos, religiosos y culturales” que “limitan la democracia por venir” (2002, 2010 [1998]: 14), Jacques Derridá le atribuye a las “Humanidades” una otra función más bien metapolítica todavía, e incluso urgente en medio de esta condición de desobra en la que se dirime hoy la vida social, como diría Jean-Luc Nancy (2001 [1986]). Esto es: la función de generar “no unos discursos de saber sino unos discursos performativos que producen el acontecimiento del que hablan” (Derridá, 2002, 2010 [1998]: 21, énfasis propio); o, dicho de otra manera, la función de obrar (en) el mundo. “No se trata ya sólo del concepto conservador y humanista al que se suele a menudo asociar a las Humanidades y sus antiguos cánones, que considero no obstante deben ser protegidos a toda costa”, señala Derridá:

Ese nuevo concepto de las Humanidades, sin dejar de permanecer fiel a su tradición, debería incluir el derecho, las teorías de la traducción, así como lo que se denomina en la cultura anglosajona —una de cuyas formaciones originales constituye—, la theory (articulación original de teoría literaria, de filosofía, de lingüística, de antropología, de psicoanálisis, etc.) (p. 20).

La apuesta de Derridá no deja de recordar aquel otro texto de Paul de Man, La resistencia a la teoría (1990 [1986]), y la contienda universitaria en la cual se inscribió, en pos de lograr un espacio de legitimidad para la teoría al interior de las Humanidades de tradición clásica en la academia norteamericana. Y no deja de recordar, tampoco, la presencia de Derridá más de diez años después (1995), en el marco del proyecto de Crítica Cultural que impulsara Nelly Richard en el Chile de la transición. En aquel momento, y en los años que siguieron, uno de los debates re-estructurantes del campo de las ciencias sociales y las humanidades en la universidad de América Latina (“irradiado”, o no necesariamente, o sin que eso sea lo relevante ahora, bien desde la academia norteamericana, bien desde el pensamiento europeo) fue el que hizo de los Estudios Culturales y la Crítica Cultural dos intensidades post-marxistas confrontadas —el primero, en efecto, más del lado de las Ciencias Sociales; la segunda, más cercana a la idea de unas nuevas “Humanidades” como las que concibe Derridá, de la Filosofía, la Historia, el Psicoanálisis, la Semiótica y las Artes Visuales… tal como revisitadas, claro está, después del giro epistemológico que trastocara sus fundamentos en los años setenta.

Al respecto, en una de la serie de entrevistas recopiladas recientemente por Alejandra Castillo y Miguel Valderrama, para la colección “Conversaciones” de la editorial chilena Palinodia (2013), Nelly Richard expone:

El término “crítica cultural” comienza a instalarse, vinculado a mi trabajo, en el cruce de tres proyectos: 1) la Revista de Crítica Cultural; 2) el Diplomado en Crítica Cultural de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS; y 3) la publicación de Residuos y metáforas. Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la Transición.

Y continúa:

la defensa de la “crítica cultural” tuvo que ver, en su momento más “afirmativo”, con dos estados de situación y discursos (mejor dicho: con dos estados de lengua) de los que pretendía desmarcarse mi proyecto de escritura: el primero deriva de los contactos bastante frecuentes que mantuve durante los años noventa con la academia norteamericana a través de los seminarios, coloquios y congresos —siendo los más emblemáticos de ellos los de LASA (Latin American Studies Asociation)— que me llevaron a discutir regularmente con varios colegas latinoamericanistas sobre las relaciones (no demasiado apacibles) entre los “estudios culturales latinoamericanos” departamentalizados en las universidades de Estados Unidos y sus otros informales diseminados en América Latina; el segundo se vincula al contexto de la transición en Chile y a la predominancia en él de aquellas voces de la sociología y la politología que interpretaban oficialmente los cambios acontecidos como un avance modernizador en lo económico (crecimiento) y en lo político (gobernabilidad), sin hacerse cargo de lo que ocultaba el éxito administrativo y comercial de este avance promocio-nalmente convertido en “imagen-país”. En ambos casos, la defensa que yo hacía de la “crítica cultural” trataba de llamar la atención sobre las zonas más convulsas y secretas, más tormentosas, de nuestra postdictadura que habían sido dejadas de lado por ambos aparatos de saberes (el aparato académico-metropolitano de los “estudios culturales latinoamericanos” en Estados Unidos; el aparato disciplinario-profesional de las ciencias sociales y políticas locales) (pp. 16-17).

Ahora bien, más allá de la cosa reduccionista —y, por momentos, casi programática— de algunas derivas de los estudios culturales latinoamericanos, y más allá también del neo-conservadurismo trascenden-talizante, al que ha conducido en gran medida la defensa a ultranza del “subjetivismo crítico” propuesto desde las filas de la crítica cultural, quizá sería relevante volver sobre algunas propuestas más bien divergentes respecto de aquella discusión central, que mucho tuvo que ver con las maneras de asumir el uso de la teoría en el campo revisita-do de la investigación sociocultural y otro tanto, con la problematiza-ción de las relaciones entre teoría y praxis política. Volver sobre ellas, pues las “satelitales” o las menos comprometidas en el debate o las menos “espectaculares”, en aras de pensar nuevas prácticas de análisis cultural al interior de la universidad latinoamericana hoy. Prácticas divergentes, atravesadas por esas posiciones en las cuales la tradición crítica (si asumimos que la crítica es ya una tradición de pensamiento) extrema su potencia significante —Benjamín, Bataille, Blanchot, Deleuze, Lacan, Nancy…— capaces de detonar aún y aun la enorme creatividad de los lenguajes y su función de obrar performativamente (en) el mundo. Esto es, de generar nuevos acontecimientos de sentido (nuevas lecturas) allí donde los viejos exhiben su patética vinculación con lo fantasmático y/o de generar nuevos archivos en donde el sentido no puede más que enmudecer ante lo que es evidencia. Obrar en el mundo significa también obrarlo, sin duda… y esa parece ser una tarea de la crítica, en tanto propuesta de un trabajo ininterrumpido de revisitación y repuntuación de la cadena significante que “hace presente” al mundo en tanto que mundo, es decir que lo representa.

2. ARMANDO REVERÓN/BÁRBARO RIVAS, POR EJEMPLO…

En la línea de esta reflexión propongo como ejemplo posible la lectura de un breve ejercicio visual, realizado por mí para la sección Archivo del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales (<www. cics-usb.org>), a partir de una serie de imágenes sesgadamente extraídas del archivo de dos “casos” emblemáticos de la plástica nacional: Armando Reverán (1889-1954) y Bárbaro Rivas (1893-1967). O, mejor, abstraídas en función de esa sesgadura particular que el ojo y el oído, subjetivamente atravesados por la teoría —o sea hechos mirada y audición—, operan sobre su objeto. Y propongo recorrerlas trans-versalmente en los tres momentos punzantes que me permiten rear-ticularlas en otro discurso (Barthes, 1989 [1980]); es decir, ponerlas a trabajar de modo divergente.

2.1.

La cara interior de la gran muralla de piedras de “El Castillete” (1920-1999), que sirvió de límite a tal metáfora-recinto del pintor tardo impresionista —y primer performer del arte venezolano— Armando Reverán, en la ciudad portuaria de La Guaira.

Armando Reverán (1889-1954), arquitecto de su principado y principal administrador de su encierro, es allí disidente del Círculo ateneís-tico de Bellas Artes, excéntrico fabuloso y tabulado por la mirada del Otro, y esquizofrénico. “El loco de Macuto”, en el imaginario nacional; y, al tiempo, “artista moderno” por excelencia en el archivo de los “haberes patrios”. El falso y talentoso rey de un reino por él mismo falsificado, y todo dado a los ojos de un público ávido de verlo en la intimidad.

Ese “todo” de intimidad que Armando Reverán da a ver al público expectante acontece en El Castillete, y la gran muralla de piedras es el límite donde “comienza su presentarse” (Heidegger, Construir, habitar, pensar, tal como lo utiliza Homi K. Bhabha respecto de los lugares de la cultura, 2002 [1994]).

Un sinfín de crónicas, comentarios y anécdotas de variada naturaleza rodean a El Castillete. De hecho, como Reverán, éste es casi un tema literario frecuente entre escritores y críticos de relevancia pública en Venezuela a lo largo del siglo XX. De él dice Guillermo Meneses en 1966:

El rancho era de tierra apisonada, como la mayoría de nuestras construcciones campesinas y tenía un altillo donde el pintor guardaba sus obras y donde descansaba a veces. Había muchas cuerdas y mecates suspendidos del techo y en ellos saltaba con frecuencia alguno de los varios monos con los cuales jugaba Reverón y a los cuales llamaba indistintamente Pancho (citado por Juan Carlos Palenzuela, 2007: 126).

Y así lo define Juan Carlos Palenzuela, el último y más exhaustivo ar-conte del archivo que el nombre “Reverán” convoca: “Su casa-taller es la primera gran obra de Reverán diferente a todo lo que hasta entonces se conocía y se aceptaba como obra de arte en Venezuela [...]” (p. 128). Pero es probablemente el barroco ensayo Análogo/Simultáneo de José Balza (1983) el que mejor captura el barroquismo fundamental de este escenario-obra reveroniana, y su paradójica “naturalidad” — suerte de nefasta “Mansión de Araucaíma” a sus ojos; reminiscencia “gótica en tierras calientes”:

Al principio el muro fue una línea de piedra: los límites para el nuevo reino. Adentro estaban Reverón y Juanita, el mono intemporal; algunas plantas, las cortinas como mallas. Concluye la intensidad azul en la pintura de estos años, y el artista se divierte con amigos y curiosos: gente de playa, turistas también. Lentamente, no obstante, la línea divisoria comienza a crecer: un cerco, una pared: la alta muralla envolverá con los años el territorio elegido. Aunque cumpla bromas con algunos amigos o con algunos visitantes, ya Reverón no está expuesto a la mirada de cualquiera. La construcción puede obedecer a un viejo sueño de niño (la abuela toca el piano; se interrumpe: cuenta largamente al niño sus imágenes de caballeros y castillos) o a un acuerdo entre él y Juanita para proteger sus propiedades o, incluso, a un símbolo de la progresiva tendencia autista que se realiza en el creador. Pero, tal vez, al cerrar con muros los contornos del castillete, Reverón culmina la creación de ese animal viviente que, según Aristóteles, es la tragedia y es lo bello. En efecto, este escenario sería una de las exigencias primordiales de lo trágico: un cuerpo que sea suyo, según Platón. La muralla, al cerrarse, otorga vida completa al espacio del drama: Reverón eleva así los círculos concretos para su invención mayor: su otra vida. Cuanto vaya a ocurrir aquí, aunque nutriéndose de la existencia cotidiana de Reverón (la suya, la nuestra); aunque sirviendo de atmósfera a la gran obra plástica de esos días y del futuro, ya no pertenece a ninguno de estos niveles: cuanto que va a ser inventado, imaginado, forjado, es sólo el enlace entre esas dos posibilidades de la existencia: pero a la vez, la rotunda irrupción de una nueva vida. Imitación de lo conocido; esclarecimiento indirecto de toda una conducta, pero sobre todo sustitución, erección de un acto duradero (que es celebrado a diario, durante años) cuyos momentos o cuyos elementos se traban inexorablemente como totalidad. Citemos por última vez la Poética de Aristóteles, y quizás sus frases ciñan mejor lo que la voluntad de Reverán esconde, como un animal abstracto, tras el cuerpo del castillete: “Es preciso, pues, que, a la manera como en los demás casos de reproducción por imitación, la unidad de la imitación resulte de la unidad del objeto, parecidamente en el caso de la trama o intriga: por ser reproducción imitativa de una acción debe ser la acción una e íntegra, y los actos parciales estar unidos de modo que cualquiera de ellos que se quite o se mude de lugar cuartee y descomponga el todo, porque lo que puede estar o no estar en el todo, sin que en nada se eche de ver, no es parte del todo (1983: 27-28, énfasis propio).

Animal viviente, cuerpo propio de la tragedia y de lo bello… las imágenes del deslave que muestran a El Castillete ochenta años después, operan un corte salvaje sobre cualquier posibilidad de significación. En efecto, en 1999 el estado Vargas queda devastado por la catástrofe natural del desbordamiento de las aguas en el cerro El Ávila y, por consiguiente, El Castillete también. El texto crudo de la noticia se impone, entonces, sobre la prosa refinada de Balza: “Armando Reverón. El damnificado de Macuto”. Y el texto melodramático de poco tiempo después, intenta precariamente restituirle un sentido a la ruina mediante la nostalgia: “Había una vez un Castillete”. Entonces, allí, entre la crudeza del acontecimiento y la cosa mortífera de la rememoración, pienso una alegoría distinta: si El Castillete fue ese espacio (marginal, sin duda, aunque preciado) donde se gestó el alucinante y alucinado universo de Armando Reverón —el texto reveroniano: inclasificable conjunción de lienzos, objetos y muñecas en la escena, siempre presente, de la creación/la vida del artista…—, y si ese alucinante y alucinado universo (imaginarizado desde el principio) hubiese llegado a ser el emblema de una delirante modernidad venezolana… bien podría leerse su desaparición como una metáfora divergente: la metáfora del definitivo desmembramiento de ese cuerpo “Uno” de la nación venezolana, que marca de manera simultánea el tránsito hacia un cambio político profundo en el país, casualmente 1999 es el año en el cual se consolida el proyecto bolivariano que rige los destinos de Venezuela desde la fecha.

La metáfora es contundente, en medio de la contingencia, cuando menos para los dolientes del proyecto nacional que Revéron encarnara. Por una parte, actualiza un fantasma fundamental: el de la ruina, de la muerte, del sueño que se desvanece para siempre; y, por otra, anuncia poderosos temores menores acerca del futuro: el de la desaparición de los cuadros, por ejemplo, que tanto ha ocupado a la crítica a lo largo del tiempo, o el del olvido de ese o/ Objeto —Armando Reverán— que fuera significante de una “gloria” patria pasada (“los venezolanos tuvimos a un Reverán, es decir a un genio loco o a un delirante genial”, un “artista moderno”). Así, pues, tras el lugar encantado de las apariencias (o, cuando menos, de esa “apariencia” que se asocia tempranamente con la figura de Reverán y su reinado imaginario al interior de El Castillete), el deslave representaría la impensable experiencia del verdadero desconcierto: un Real demasiado Real: un acontecimiento que marca el devenir resto de El Castillete, que fuera según Balza cuerpo investido de Reverán.

2.2.

Apenas una década después de la muerte de Armando Reverán, dos fotografías de Bárbaro Rivas (1893-1967) sorprenden por sus concomitancias con las de quien fuera “pintor de la luz” en Macuto —Bárbaro Rivas, negro y harapiento: “El santo”, alcohólico y miserable pintor tempranamente amparado por el mundo del arte, en su rancho de Petare, en la periferia suburbana de Caracas donde habitó siempre. Un Bárbaro retratado insistentes veces, como Armando, ante las cámaras, en el in situ (que es, también, el en acto) de su “verdadera” excepcionalidad: el delirio creativo, la locura preclara, la iluminación punzante.

Hay, además, dos autorretratos de los múltiples que pintó a lo largo de su vida (él también hizo del “pintar de sí” una compulsión). Bárbaro Rivas, pintor de sí: el bautizado “naif” por la crítica académica; el tardo expresionista de los colores oscuros y las atmósferas espesas; el “otro” negro, indigente y bastardo de la plástica nacional, que se hace “padre” de otros “raros” más jóvenes, también atravesados por la indigencia, la bastardía y los furores del misticismo, como Ernesto Zalez (1971), por ejemplo, así como de algunos de todavía más reciente generación —José Vívenes (1977) o Starsky Brines (1977)—, egresados ambos del Instituto Universitario de Artes Plásticas Armando Reverán, situado (y sitiado) entre las barriadas de Catia, en Caño Amarillo.

Y hay, además, una fotografía con autorretrato, como las muchas que conforman el corpus reveroniano —Bárbaro Rivas, pues, revero-niano: aurático y autorreferencial entre las cosas con las que habitaba en la pobreza: los cachivaches del cotidiano, sus autorretratos, sus lienzos sobre el entorno, sus delirantes fantasías de lo popular… Un Bárbaro Rivas, Reverán de Petare, así en la obra como en la vida (aunque en tonos más opacos, porque quizá la miseria le roba levedad a lo que es excéntrico “de por sí”).

En una breve crónica titulada “La pasión de Bárbaro Rivas”, que se publicó en el N° 332 de la Revista Nacional de Cultura en 2006, Juan Calzadilla dice sobre Bárbaro Rivas —y sobre la serie de fotografías que él mismo le tomara en 1966, con motivo de la elaboración del catálogo para la exitosa muestra individual del pintor, en la Galería 22 de Caracas, en agosto de ese año:

Esta serie de fotografías tiene un profundo valor documental. Si se me permite emplear un término periodístico, yo diría que constituye, hasta por un sentido secuencial, un reportaje. Data de 1966, año en que volví a encontrar a Bárbaro Rivas: le faltaba poco tiempo para morir, y se hallaba prácticamente inválido. A despecho de que sus cuadros se vendían a buen precio en el mercado y su pintura comenzaba a gozar de gran demanda, Bárbaro vivía en la misma miseria (si no mayor) en que le conocí en 1956. Durante algunos años yo había dejado de visitarle, aproximadamente desde 1960. Cuando se incendió su casa del Calvario, situada en la vertiente Este de la meseta sobre la cual se asienta el antiguo casco de Petare, el Consejo Municipal le hizo construir, en el mismo sitio, esta vivienda de bloques, techo de asbesto y sanitarios modernos que nunca llegaron a funcionar. Bárbaro vivía a la deriva, en el mayor abandono, casi como un mendigo en quien la alegría contagiosa de un rato compensaba la humillación continua de los días (p. 205, énfasis propio).

Y continúa:

Sólo en sus cuadros se imponía el orden, que nacía del caos interior, manifestándose como una visión soberana, cuya elaboración terminaba en el cuadro, pues una vez pintado éste, Bárbaro lo regalaba a la suerte, arrojándolo a la mugre y los trastos viejos. Alrededor de la vida de Bárbaro parecía derrumbarse todo: los trajes, las sillas destartaladas, la alegría, los perros que pululaban por los rincones, junto con los allegados de una noche, los borrachos y los vagos que dormían sobre trapos en el piso de cemento. El polvo y el hollín se iban apoderando de las cosas al tiempo que Bárbaro sólo encontraba placer en pintar sentado en la cama de alambre, con gran esfuerzo, utilizando una silla como caballete, en la cual había también velas encendidas a cualquier hora y oraciones impresas en postales con figuras de santos. La factura del cuadro asumía últimamente el color negro de los trajes raídos o quizá del único traje que le quedaba a Bárbaro, y que se iba consumiendo con su piel negra. Ultima época, agónica y angustiosa, donde el trazo se volvió más libre y la pincelada más violenta en un intento de dar forma a la figura con una mano cuyo pulso tembloroso le llevó a emplear moldes de cartón, descubrimiento que Bárbaro hizo al final de su carrera. En las

paredes había cosas inútiles colgadas de clavos, un sombrero viejo, una armadura de silla de lona, un almanaque sin actualidad, con hermosas y mosqueadas vistas de Italia, en donde se veían desglosados palacios que Bárbaro confundía con las antiguas arcas de Petare, que últimamente se empeñaba en pintar rellenando los vanos con un negro intenso como una fosa abierta (p. 206).

2.3.

Una fotografía de Reverán en su taller, erguido entre sus autorretratos y sus muñecas de trapo, siniestras y de tamaño natural, y sus “objetos” vaciados de uso, y todos los documentos que atestiguan su locura genial y/o su genialidad delirante, ¿su artisticidad? Artista moderno, genial y loco: Reverán está ahí, como un “Objeto” entre sus objetos: el gran Objeto de la artificialia reveroniana.

A continuación, Reverán-maestro de cámara, presentador de su circo de sí, (re)aparece, tal como mil veces fotografiado, en la portada del libro que es, en efecto, todo el archivo de su “caso” (Reverán. La mirada lúcida, de Juan Carlos Palenzuela, 2007): la obra y la vida, los cuadros, los objetos, las muñecas, la iconografía, los documentales, las películas, los documentos legales, los documentos psiquiátricos, la he-merografía, la bibliografía, el anecdotario, la chismografía, las recreaciones literarias, la historia de Juanita, los documentos de sucesión, las exposiciones, las intervenciones del Estado, las gestiones de los amigos, los planos de El Castillete, su iconografía y su historia institucional.

Y, al interior de ese archivo, a fin de cuentas, dos fotografías que selecciono porque me resultan particularmente fantasmáticas, o más bien espectrales. Ellas se imponen punzantes de entre ese gabinete de las maravillas: una imagen de la locura encarnada en Reverán, la imagen ineludible; y otra, que representa lo que bien podría ser la escena de unavanitas. Allí Reverán —¿poseso?, ¿iluminado?, ¿”encandilado” por la luz del trópico?, ¿apresado por su fantasma?)—toma entre sus manos la mano de una de las enormes muñecas que lo acompañaban en la soledad de El Castillete, “Trapo eres y en trapo te convertirás” podría ser el angustioso lema de esta imagen.

BIBLIOGRAFÍA

Balza, José 1983 Análogo/Simultáneo (Caracas: Monte Ávila).

Barthes, Roland 1989 [1980] La cámara lúcida. Nota sobre ¡a fotografía (Madrid: Paidós). Bhabha, Homi K. 2002 [1994] El lugar de ¡a cultura (Buenos Aires: Manantial).

Calzadilla, Juan 2006 “La pasión de Bárbaro Rivas” en Revista Nacional de Cultura, 332, pp. 205-212 (Caracas).

De Man, Paul 1990 [1986] La resistencia a la teoría, Elena Elorriaga y Oriol Francés (trads.) (Madrid: Visor).

Derridá, Jacques 1995 “Una filosofía deconstructiva” (entrevista con Jacques Derridá realizada en Chile, en la Universidad ARCIS. Los materiales grabados fueron publicados en Zona Erógena, 35, 1997), en <http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/filosofia_decontructiva.htmx

_____ 1998 “El porvenir de la profesión o La universidad sin condición (gracias a las Humanidades, lo que podría tener lugar mañana)”, Cristina Peretti y Paco Vidarte (trads.). Conferencia dictada en Stanford en <http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/universidad-sin-condicion.htm>.

Nancy, Jean-Luc 2001 [1986] La comunidad desobrada (Buenos Aires: Arena libros).

Palenzuela, Juan Carlos 2007 Reverán. La mirada lúcida (Caracas: Banco de Venezuela).

Richard, Nelly 2013 Crítica y política, Alejandra Castillo y Miguel Valderrama (coords.) (Santiago de Chile: Palinodia).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Cróquer, Eleonora 2011 Intervenciones críticas. Armando Reverán (1889-1954). Trabajo presentado para ascender a la categoría de Profesora Titular, en prensa (Caracas: Universidad Simón Bolívar de Venezuela).

_____ 2012 “Casos de autor: anormales/originales de la literatura y el arte (II). Allí donde la vida (es) obra”. Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios, 20, pp. 89-103 (Mérida: Universidad de Los Andes).

_____ 2013 “Armando Reverón/Bárbaro Rivas, un ejercicio visual” en <http://www.cics-usb.Org/#larmando-rever/c 1 zoo.

Doctora en Filología Hispánica (Universidad de Valencia, España); magíster en Literatura Latinoamericana (USB); licenciada en Letras (UCV). Directora del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales (USB). Ha desarrollado varias líneas de investigación a partir del cruce entre teoría crítica y psicoanálisis de orientación lacaniana en torno a problemas culturales, como la escritura de mujeres en América Latina, imagen y cultura visual, representaciones del cuerpo y la sexualidad, relaciones entre vida y escritura, configuración de campos culturales e imaginarios nacionales en el entresiglos uruguayo, autoría literaria y artística, formas de la excepción. Se desempeña como docente e investigadora del Departamento de Lengua y Literatura y de la Coordinación de Posgrados en Literatura de la Universidad Simón Bolívar, donde fue coordinadora entre 2006 y 2009. En esta misma institución es la responsable de la Especialización en Gestión Sociocultural, de cuyo diseño estuvo a cargo. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas del área, así como los libros El gesto de Antígona o la escritura como responsabilidad (Claríce Lispector, Diamela Eltit, Carmen Boullosa) (Santiago de Chile, 2000); Escrito con rouge: Delmira Agustini (1886-1914), artefacto cultural (Rosario, 2005); y, más recientemente, texto finalista en la Bienal de Ensayo Mariano Picón Salas del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), Caracas, con Intervenciones críticas. Armando Reverán (1889-1954) (2009, inédito). ↵

51

Carmen Díaz Orozco[1] 

DEL MIEDO A LO INVISIBLE MICROBIOS, CONTAMINACIÓN Y ENFERMEDAD EN EL COJO ILUSTRADO DE CARACAS (AÑOS 1895 A 1897)

¿Quién no tenía llagas en Ortiz? Los débiles tejidos
desnutridos, la sangre vuelta agua por el parásito del
paludismo y envenenada por la ponzoña del anquilostomo,
la piel sin defensa a merced de los microbios, no
soportaban rasguño o magulladura sin que éstos se
convirtieran en úlcera babosa y maloliente, en gelatinoso
costurón repugnante… Pedro Esteban… Moncho…
Evaristo… eran los sobrevivientes maltrechos de la
inacabable tormenta de fiebre y de miseria, de encarnizada
fatalidad, que habría arrasado la hermosa ciudad de Ortiz.

Miguel Otero Silva
Casas muertas

Contra la peste que es la mezcla, la disciplina
hace valer su poder que es análisis.

Michel Foucault, Vigilar y castigar

I.

La edición del primero de enero de 1895 de El Cojo Ilustrado (ECI) de Caracas habría pasado desapercibida de no ser por el encartado de un curioso texto titulado “Campaña abierta para 1895″. En el mismo, la empresa El Cojo propone la fundación del Instituto Pasteur en Caracas y se toma “la libertad de excitar para ello al Gobierno y a los particulares, interesados uno y otros en sostener un establecimiento de que reportarían todos honra y provecho”. Entre los objetivos de esta empresa estaría producir y conservar en Caracas la vacuna antirrábica, la vacuna contra la viruela y continuar en Caracas los estudios —”llenos de promesas”— de los sueros antitetánico, anti-neumónico, antitifoideo, etc., etc. El encartado agrega, además, un dato interesante:

En Caracas, desgraciadamente, ha sentado plaza la difteria desde hace algunos años y hace frecuentes víctimas y nos arrebata constantemente seres muy queridos. ¿Sería perdonable el que no agotáramos el último recurso? ¿No sería una causa de incesante remordimiento para nosotros el que, por incuria nuestra, no libráramos de la enfermedad a los buenos y de la muerte a los ya enfermos, siendo tan sencillo el medio que se nos ofrece?

El texto de marras no solo ofrece un abrebocas de lo que será la línea editorial de la revista durante los tres años siguientes a la edición de este anuncio; también permite observar al menos dos aspectos íntimamente relacionados entre sí. Por un lado, la exposición de los avances de la microbiología en la esfera internacional, la referencia al tema de las enfermedades endémicas de la época, de sus causas, de los miedos que ella genera y de las medidas terapéuticas diseñadas para domeñarla. Por el otro, el fortalecimiento de una política sanitaria de carácter estatal que nace con el auxilio de la empresa privada. Cualquier duda al respecto queda despejada con el aporte de 1.000 Bs. ofertado por los propietarios de la empresa El Cojo para llevar a cabo esta cruzada higienista. Esta investigación se ocupará de despejar ambos aspectos.

II.
Lo primero que llama la atención, a partir de la publicación de nuestro encartado, es la cantidad de entradas dedicadas al tema de los microbios. Solo en el año 1895 el asunto es tratado 41 veces (casi dos artículos por edición), seis veces en 1896 y nueve en 1897. Intentar un acercamiento a estos tópicos implica sopesar la presencia de algunas constantes, que van desde la idea que manejan los contemporáneos de la revista acerca de la contaminación; de las relaciones que los sujetos han de establecer entre sus propios cuerpos y de sus reacciones frente al miedo a esta contaminación, porque no hay que ser demasiado perspicaz para inferir que estamos ante una sociedad, sino atemorizada, al menos inquieta por el tema de las enfermedades contagiosas y que, por lo mismo, está produciendo saberes y prácticas sociales destinadas a la articulación de su muy particular proceso de civilización (Elias, 1997).

Jean Delumeau (1977) sostiene que las sociedades se diferencian por lo que temen, y cambian cuando lo hacen sus propios miedos. El miedo es, pues, una emoción inherente a lo humano; de ella depende no solo la preservación de la especie, sino la creación de estrategias para doblegarlo y hacer la vida más vivible… Si bien es evidente el interés de los editores de la revista por ofrecer artículos referidos a los avances de la microbiología en el plano internacional, en realidad las entradas no dan cifras precisas de los efectos de la contaminación en la sociedad de la época. No podía ser de otro modo. En primer lugar, porque se trata de una revista ilustrada de orientación cultural y no médica y, en segundo lugar, porque el objetivo de sus editores es ofertar al país como un lugar propicio para la inversión extranjera, pocos resultados obtendría mostrando los calamitosos cuadros de infectados por paludismo, difteria, tétanos, peste, estreptococos 0 por las llamadas “enfermedades secretas”. Sin embargo, tanto las advertencias presentes en el periodo que estoy analizando, como la oferta de productos de higiene presentes en el discurso publicitario —jabones bactericidas, ungüentos y polvos boratados o sulfurosos, productos para el blanqueamiento y purificación de la piel, etc.— (Díaz Orozco, 2013), indican que la contaminación es una amenaza concreta. Por eso los discursos se ocupan de señalarla y de imponer prácticas profilácticas contra ella. En este contexto, destacan algunas de las reacciones contra la contaminación, que Delumeau señala en su extensa obra: rechazo, incredulidad, segregación, aislamiento, culpabilización del otro (mendigos, extranjeros)[2], etc.

Pero lo que más llama la atención son las ideas que se barajan en el siglo XIX en relación con las causas de la contaminación. Y este saber, no del todo articulado en la época, es el responsable del temor que circula en la mentalidad de entonces. Veamos por qué: durante mucho tiempo no se asoció la enfermedad con el contagio entre los cuerpos, se creía que la responsable eran las condiciones mefíticas del medio ambiente (Corbin, 1987). Claro que había un saber popular que los asociaba inconscientemente[3], pero el saber letrado insistió durante siglos en que las causas estaban en la corrupción del aire provocada, a su vez, bien sea por fenómenos celestes (aparición de cometas, eclipses, conjunción de planetas) bien por diferentes emanaciones pútridas (suciedad, aguas servidas mal vehiculadas o estancadas, cadáveres insepultos, etc.).

Es el caso de algunas de las entradas que me ocupan, interesadas en exponer relaciones entre la corrupción olfativa y la enfermedad. El primero de mayo de 1895 aparece una nota en la sección de misceláneas, titulada “Causas de la gripe”, en la que una inglesa asegura haber descubierto que la causa de esta enfermedad no es otra que el polvo de los chinos muertos y no sepultados que llega a Europa a través del viento (ECI, 01/05/95, 268). En otra nota del mismo año se afirma que “Los terribles parásitos se depositan en los vestidos llevados por el polvo que cae sobre ellos” (“Los microbios”, 01/07/95, 411). En otra entrada del mismo año, titulada “Aire viciado”, se afirma que “los microbios se encuentran en el polvo y no en el aire (15/08/95, 523) y así, al menos diez veces más en los tres años de edición de la revista de los que me estoy ocupando.

Otras entradas demuestran que no se entiende muy bien el papel de la contaminación por saliva y por el contacto directo entre los cuerpos. Es el caso de al menos dos notas que aparecen en el año 1896. En la primera, titulada “Contra el apretón de manos”, se afirma que “el polvo adherido a las palmas y los dedos es un vehículo admirable de enfermedades microbianas” (01/01/96, 150). Al mes siguiente se publica la nota “Abrazos mortales” (01/02/96, 149), en la que se advierte de la posibilidad de la contaminación por saliva. En este caso, la contaminación por esta vía se presenta como una hipótesis entre las muchas que se manejan y entre las cuales sigue ganando terreno la tesis de la contaminación por el polvo: “Hay abrazos mortales, muy raros ciertamente, pero ello vasta para que se tenga cuidado”.

Al año siguiente aparece una nota, que no tiene desperdicio, para exponer las ideas que se están manejando acerca de la contaminación: “Un médico italiano asegura que los mosquitos son los verdaderos conductores de la malaria y de otras muchas enfermedades y que no es cierto que sea el viento”. Y más adelante se hacen la siguiente pregunta: “¿Si los mosquitos en lugar de ser los extendedores de las fiebres no serán más bien la causa de las mismas?” (“Mosquitos como trasportadores de la fiebre”, 15/06/97, 496).

Aunada a esta exposición de motivos, los textos insisten en dibujar “microbios por donde quiera”: En las monedas (15/07/95, 448), en la leche (01/08/95, 479), en la piel (01/11/95, 706), en las ostras (01/12/95, 776), en los cadáveres (01/12/96, 904), en los sellos postales (01/02/96, 149), en la tinta (01/09/97, 690), en los “gases insalubres que ofenden el olfato”, en el aire, en el agua, en los alimentos, en los vestidos, en las tapicerías y cortinas de las habitaciones, en los libros y estanterías de las bibliotecas y hasta en los microbios mismos, como dirá un artículo de finales de 1897. Frente a este panorama, ¿cómo no reconocer el miedo a ese enemigo invisible responsable de las “víctimas, caídas cada año en la fosa, por las epidemias que nos azotan”? (la cita corresponde al segundo llamado para la fundación del Instituto Pasteur (15/01/95, 48).

III.
Todo este aparato coercitivo relacionado con la contaminación sería insensato de espaldas al diseño de una política de prevención contra la enfermedad y de reducción de la morbilidad ciudadana. Es la tarea que emprende el país en los años noventa del siglo XIX, cuando se produce una verdadera renovación de las redes sanitarias de la nación y en la que, si bien la medicina aún no logra ser de carácter preventivo sino asistencial, se están sentando las bases para el desarrollo de políticas de prevención a mediano y largo plazo. Un proceso similar al que observa Gabriela Nouzeilles (2000) para la Argentina que se abre a la modernidad en el transcurso del siglo XIX. En la base de este desarrollo está el axioma según el cual higiene es sinónimo de salud y por consiguiente de civilización, lo que equivaldría —en el extremo opuesto— a que la suciedad sea sinónimo de enfermedad y correlato de la barbarie.

De allí la aparición de innumerables entradas relacionadas con el diseño de medidas profilácticas contra la contaminación. Las más frecuentes, aquellas que tienen que ver con la higiene de las habitaciones para lo cual se recomienda desinfectarlas con amoníaco. En la edición del primero de junio de 1895 se anuncia la invención de un nuevo gas microbicida, altamente eficaz para la desinfección de las habitaciones donde hayan vivido personas atacadas de enfermedades contagiosas (p. 334). Otras entradas propondrán la forma más eficaz de evitar la contaminación de los microbios en la tinta:

No dejar los tinteros abiertos y expuestos al polvo que puede conducir fácilmente los microbios propios para la reproducción en el líquido; no herirse con la pluma; menos aún humedecerlo con la lengua antes de servirse de ella, como acontece en muchas escuelas en donde se ha permitido este mal hábito a los alumnos (ECI, 01/09/97, 690).

Los discursos tampoco escatiman esfuerzos en la prescripción del baño frecuente:

Es verdad que en ella [la piel] se ha hecho constar la presencia de diversos microbios de la supuración y de ciertas enfermedades de la piel, desde el estreptococo hasta el staphylococo [...], de sonoro nombre que engendra el incómodo clavo. El más pequeño rasguño hace penetrar estos enemigos en el organismo. En estos casos se impone el baño local frecuente para disminuir su número sin lograr eliminarlos completamente porque ellos son en extremo tenaces. El buen Montaigne, en los tiempos dichosos en que la microbiología era desconocida sobre la tierra nos enseñaba ya en sus ensayos “que el baño es cosa saludable” (“Microbios”, 15/07/96, 574).

Aunque en relación con el baño, que por otra parte no se prescribe de manera integral sino fragmentada, los discursos parecieran reconocer que “está bueno el culantro aunque no tanto”: un par de meses después de la aparición de esta entrada, se publica un artículo dedicado a los microbios, que son beneficiosos para el cuerpo humano y en el que se asevera que una asepsia integral también sería perjudicial para la salud (“Los microbios benéficos”, 01/10/96, 765).

Otras entradas, destinadas a paliar los peligros ante la enfermedad, son aquellas que informan acerca de los avances de las investigaciones del señor Pasteur y sus discípulos. Así, la revista reseñará, de manera milimétrica, los avances de la seroterapia en la creación de vacunas contra las enfermedades más comunes de la época: tuberculosis (01/02/95, 95), erisipela (15/05/95, 303), tétano (15/07/95, 504), difteria (01/08/95, 479), peste bubónica (16/12/96, 946), etc.

En este contexto, la fundación del Hospital Vargas será el suceso que marcará de manera definitiva (aunque no necesariamente eficaz) los nuevos derroteros de las políticas sanitarias de la nación. Dos eventos marcan el inicio de esta etapa: la creación del Colegio de Médicos (de carácter gremial) y del Consejo de Médicos (de carácter sanitario), aunque de vida efímera. En 1891 el hospital Vargas inicia actividades asistenciales y en 1895 de enseñanza. Esto explica, indudablemente, el amplio reportaje fotográfico del que son objeto todas las dependencias del hospital; asimismo el testimonio visual de sus actividades de enseñanza y el impacto que estas tienen en la curación de las enfermedades endémicas. También la política editorial de la revista, ocupada —durante los tres años que estoy analizando— en la reseña exhaustiva de los avances de la microbiología.

Pero además de la fundación del hospital Vargas, ¿qué otra cosa está pasando en la década de los noventa en el país? ¿Por qué el alto centimetraje dedicado al tema de los microbios y a los mecanismos de prevención de las enfermedades endémicas más comunes del siglo XIX? ¿Acaso hubo un repunte de las mismas, un brote epidémico particular que ameritase la puesta en escena de medidas sanitarias para contenerlo? La historiografía no reseña ningún suceso particular por estas fechas, aunque sabemos de la presencia silenciosa y sostenida de las mismas enfermedades de siempre: paludismo, viruela, difteria, tétano, tos ferina, etc. Lo que sí está documentado es la consolidación de un aparato sanitario, desarrollado conjuntamente entre el Estado y la empresa privada, que tendrá amplias repercusiones en la infraestructura urbana y en los hábitos de higiene de la ciudadanía (Rodríguez Lemoine, 2009a y 2009b).

En el campo de la medicina se producen avances significativos. El gremio médico funda la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas en 1893 y el mismo año se inicia la publicación de la Gaceta Médica de la ciudad como su órgano oficial. Como ya hemos dicho, el sector privado asume la responsabilidad directa de crear instituciones que contribuyan en el diseño de la infraestructura asistencial de la nación. En esa misma década se funda la Cátedra de Fisiología experimental y bacteriológica, dirigida por el doctor José Gregorio Hernández, al tiempo que una pléyade de médicos jóvenes formados en París (Razet-ti, Acosta Ortiz, Francisco Antonio Rísquez, entre otros) se incorporan a la maquinaria de la red sanitaria del país.

IV.
Sabemos de los buenos resultados que generó la “Campaña abierta para 1895″ que ha dado inicio a estas líneas, porque antes del cierre de aquel año Razetti funda —en compañía de algunos colegas y con la iniciativa de El Cojo Ilustrado de Caracas— el Instituto Pasteur de la ciudad. El panorama no puede ser más alentador: al Hospital Vargas de 1891 y al Hospital de Niños de la ciudad de 1893[4] se viene a unir un centro de investigación de enfermedades endémicas que contribuye a diseñar el mapa de lo que se conoce como “etapa renovadora de la medicina en Venezuela” (Bracho Ochoa, 2002).

Paralelamente a este ordenamiento de la infraestructura sanitaria se diseña una extendida red de bienhechurías públicas en las ciudades más importantes del país, creándose nuevos medios de comunicación social, se amplían los caminos y se extiende la red de ferrocarriles que van conectando los centros de producción agrícola con las ciudades y los puertos de exportación. El teléfono y la electricidad irrumpen como símbolos de modernidad y progreso en medio de un lento proceso de transformación urbana que, sin embargo, cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la higiene de la ciudadanía, mediante dispositivos sanitarios capaces de establecer clasificaciones rigurosas entre lo sano y lo enfermo, lo normal y lo anormal: sistemas de aguas servidas y potables, mercados, mataderos, cárceles, hospitales, centros de investigación de enfermedades endémicas y de enseñanza de la medicina, leprocomios, cementerios, escuelas, auspicios. Esto es, dispositivos capaces de amortiguar los efectos del miedo ante la contaminación que he venido señalando en el periodo que me ocupa.

Lo que están confirmando estos discursos es la certeza según la cual en la empresa de habitar las ciudades, de hacer vida pública, los ciudadanos cuentan con instituciones que los respalden, que faciliten su inclusión en el espacio urbano y que los protejan de los peligros de la contaminación, de la enfermedad y del crimen. Si el progreso depende del compromiso de los ciudadanos para llevarlo a cabo, este compromiso solo es posible en la medida en que los ciudadanos cuenten con una infraestructura que los guarezca. El poder reacciona contra el miedo, que es mezcla, desorden, peligro y/o suciedad, imponiendo disciplinas; prescribiendo a cada quien su lugar, a cada quien su cuerpo, a cada quien su enfermedad y su muerte, por el efecto de un poder omnipresente y omnisciente que se subdivide él mismo de manera regular e ininterrumpida hasta la determinación final del individuo, de lo que le caracteriza, de lo que le pertenece, de lo que le ocurre. Se produce así un control político de la contaminación que produce clasificaciones estrictas, que promueve la penetración del reglamento hasta en los más finos detalles de la existencia y por intermedio de una jerarquía completa que garantiza el funcionamiento capilar del poder; no las máscaras que se ponen y se quitan, sino la asignación a cada cual de su “verdadero” nombre, de su “verdadero” lugar, de su “verdadero” cuerpo y de la “verdadera” enfermedad. La contaminación y la enfermedad como forma a la vez real e imaginaria del desorden tiene por correlato médico y político la disciplina, representa simbólicamente a la barbarie; en otro sentido, la asepsia y la limpieza aparecen como garantías del progreso y serán la materialización de la nación moderna. Limpiar las ciudades de grupos improductivos, locos, mendigos y enfermos (o lo que parece ser lo mismo: indios, cimarrones, negros libertos y alzados, criminales). Limpiar el cuerpo de sus olores y pulsiones espontáneas. Lo otro es la enfermedad y como tal se temió su contagio. De allí que muchas de estas políticas de reordenamiento social fungieron de estrategias discursivas del poder —como la ironía en el tratamiento de estos temas—, destinadas a la domesticación del miedo y al debilitamiento de la violencia en la mentalidad ilustrada del siglo XIX.

Antes de finalizar el periodo, otros dispositivos de reducción de la morbilidad ciudadana darán forma definitiva al panorama de fobias de la centuria: me refiero a algunas arengas excluyentes de clasificación racial de la ciudadanía, al incremento de medidas euge-nésicas, que garanticen las combinaciones más propicias para el fortalecimiento de las razas, y al bosquejo de un espejismo que asegura la desaparición total de todas las enfermedades dentro de una sociedad futura, en la que se materializarían las promesas del progreso. El asunto no parece haber llegado con la celeridad requerida, al menos hasta los años treinta del siglo XX, como lo certifica “la inacabable tormenta de fiebre y de miseria” que hizo de Ortiz una ciudad poblada de casas muertas.

BIBLIOGRAFÍA

Bracho Ochoa, Daniel 2002 “Antecedentes históricos del Hospital Vargas como institución docente: 1888-1895″ en Germán Yépez Colmenares (comp.), Historia, salud y enfermedad en Venezuela, pp. 101-122 (Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República/Fonacit/ IEH/ UCV).

Camacho, Antonieta 2002 “Políticas sanitarias en el estado Carabobo durante el Guzmancismo” en Germán Yépez Colmenares (comp.), Historia, salud y enfermedad en Venezuela, pp. 87-100 (Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República/Fonacit/ IEH/ UCV).

Corbin, Alain 1987 El perfume y el miasma. El olfato y lo imaginario social. Siglos XVIII y XIX (México: Fondo de Cultura Económica).

Díaz Orozco, Carmen 2013 “Anomalías ilustradas II. Salvajes, incorregibles, débiles y villanos en El Cojo Ilustrado de Caracas” en Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios, 20, pp. 105-128.

Delumeau, Jean 1997 El miedo en Occidente (México: Santularia/Taurus).

El Cojo Ilustrado

(s/f) (Caracas: Ediciones Emar).

Elias, Norbert 1997 El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas (Bogotá: Fondo de Cultura Económica).

Foucault, Michel 1984 [1975] Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión (México: Siglo XXI).

Nouzeilles, Gabriela 2000 Ficciones somáticas. Naturalismo, nacionalismo y políticas médicas del cuerpo (Argentina 1880- 1910) (Rosario: Beatriz Viterbo).

Otero Silva, Miguel 1971 Casas Muertas (Caracas: Tiempo Nuevo).

Rodríguez Lemoine, Vidal 2009a “El Instituto Pasteur de Caracas (1895-1902)” en J. J. Martín Frechilla y Yolanda Texera (comp.), Modelos para desarmar: instituciones y disciplinas para una historia de la ciencia y la tecnología en Venezuela, pp. 219-255 (Caracas: CDCH-UCV).

______ . 2009b “Iniciativa privada y medicina en Venezuela hacia finales del siglo XIX. El Instituto Pasteur de Caracas” en Revista de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, 58, pp. 153-167.

______ . 2012 La viruela en Venezuela. Epidemias y defensa durante el siglo XIX (Caracas: Ateproca).

Carmen Díaz Orozco es profesora titular (Universidad de los Andes). Es Historiadora del arte de formación, con Maestría en Literatura Iberoamericana y doctorada por el IPEALT (Université de Toulouse-Le Mirail). Fue directora del Instituto de Investigaciones Literarias "Gonzalo Picón Febres" de la Universidad de Los Andes en Mérida (Venezuela) y coordinadora de la Maestría en Literatura Iberoamericana adscripta al mismo instituto. Se ha dedicado al análisis de las relaciones entre arte y literatura, en cuyo campo ha publicado numerosos artículos en revistas de su país y del extranjero. Es autora de "Anomalías Ilustradas II. Salvajes, incorregibles, débiles y villanos en El Cojo Ilustrado de Caracas" (2013); "Del cuerpo Dócil. Métodos de regulación de la conducta corporal ciudadana durante el siglo XDÍ en Venezuela" (2011); El Mediodía de la Modernidad en Venezuela, Arte y Literatura en El Techo de la Ballena (1997). Ha sido compiladora de Mirar las grietas (2005), Laberintos del Poder (2006) y Leer en voz alta (2011).↵

Al respecto, ver Antonieta Camacho, "Políticas sanitarias en el Estado Carabobo durante el Guzmancismo". En Germán Yépez Colmenares (comp.), 2002. Historia, saludy enfermedad en Venezuela. Por otro lado, la revista cita procesos de segregación en EE.UU., "No retroceden los americanos en su empeño por combatir las enfermedades contagiosas: El Consejo de Higiene de Nueva York ha resuelto que las casas en que haya enfermos atacados por afecciones contagiosas se marquen con un cartel que difiera de color según la naturaleza del mal. Así, será rojo para la escarlatina, blanco para la difteria, azul ara el sarampión, etc." (ECI, 15/08/95, 522).↵

Verbigracia la epidemia de cólera de 1854 a 1857, que está perfectamente documentada y que impuso disciplinas al comportamiento ciudadano, tan caras al Manual de Urbanidad de Carreño, tales como la negación de contacto entre los cuerpos.↵

La creación del Hospital de Niños, conocido como Hospital Linares, es el mejor ejemplo del aporte del sector privado al desarrollo de la medicina nacional. Esta obra de beneficencia vino a llenar un vacío en la atención de la población infantil, ya que el Hospital Vargas no disponía de servicios para brindar atención al niño enfermo. La obra se debió en su totalidad a la iniciativa y los recursos económicos aportados por Juan Esteban Linares (La Guaira, 1846-Caracas, 1927). Comerciante y político, promotor de empresas tales como Banco Comercial, Cámara de Comercio de Caracas, Cervecería de Caracas, Club Venezuela, Teatro Caracas, Pasaje Linares, Electricidad de Caracas, Compañía de Gas y muchas otras, que contribuyeron a la modernización de la capital. Participó activamente en política: presidente del Consejo Municipal, diputado al Congreso Nacional y ministro de Hacienda en el gobierno del general Joaquín Crespo. Durante el gobierno del general Castro perdió toda su fortuna y debió entregar a sus acreedores todos sus bienes, incluyendo el Hospital de Niños.↵

52

EQUIPO DE COORDINACIÓN

ALBACAROSIO

Profesora de Posgrado, Investigadora y Tutora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, Coordinadora de Investigación del Centro de Estudios de la Mujer de la UCV, Coordinadora de Investigación del CELARG, Directora de la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. Integrante de los GT CLACSO: Feminismos y Cambio Social, y Ciencias Sociales. Colaboradora de revistas nacionales y extranjeras, articulista de opinión en periódicos venezolanos. Libros publicados: Socialismo y Feminismo (2010), Feminismo y Cambio Social en América Latina y el Caribe (2012), Feminismos para un cambio civilizatorio (2014). Últimos artículos publicados: “Los Programas de Transferencias Monetarias en América Latina: nuevos paradigmas de políticas sociales” (2013), “Las Mujeres en el nudo de las transferencias monetarias en América Latina” (2013), “Patrones Culturales de Género, Masculinidad y Femineidad en Mujeres de los Sectores Populares de Caracas” (2012), “Aportes feministas a la comprensión y superación de la crisis” (2012) y “Aportes de la Crítica Feminista a la reconceptualización de los Derechos Humanos” (2012).

CATALINA BANKO

Profesora Titular de la Escuela de Economía, de la Maestría en Historia de América Contemporánea y del Doctorado en Economía de la Universidad Central de Venezuela. Directora del Instituto de Investigaciones “Rodolfo Quintero”, FaCES (2011-2014). Investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (1988-1993). Colaboradora de revistas nacionales y extranjeras. Obras publicadas: El capital comercial en La Guaira y Caracas 1821-1848 (1990), Las luchas federalistas en Venezuela (1996), Régimen medinista e intervencionismo económico (2001), Política, crédito e institutos financieros en Venezuela 1830-1940 (2006), Manuel Antonio Matos (2007), De trapiches a centrales azucareros en Venezuela (2009) y en coautoría con Ramón González Escorihuela: Ramón J. Velásquez. Un país, una vida (2012). Co-coordinadora de los siguientes libros: Años de redefinición en América Latina. La década de los cuarenta (1998), Costos sociales de las reformas neoliberales en América Latina (2000), Los desafíos de las política social en América Latina (2002) y La Escuela de Economía de la UCV 70 años de trayectoria (2008).

NELLY PRIGORIAN

Profesora-investigadora y miembro del Consejo Directivo del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales de la Universidad Simón Bolívar. Integrante del proyecto “Políticas de discurso en Venezuela Bolivariana” (CICS/USB), integrante del Grupo de Trabajo “Ciencias sociales en América Latina: retos y perspectivas” (CLACSO). Co-fun-dadora de la Red Centros CLACSO Venezuela. Coordinadora de los premios internacionales de novela Rómulo Gallegos, de poesía Víctor Valera Mora, de ensayo Mariano Picón Salas. Coordinadora de relaciones interinstitucionales del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Colaboradora de las revistas de las universidades nacionales UNIMET, ULA y USB. Artículos publicados: “La vanguardia del cine soviético” (2011), “Nihilismo de Dostoievsky: la estética del discurso político del autor de Demonios” (2013), “Nihilismo político: cuando muere la política. Negación del otro en Venezuela contemporánea” (2014).