Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982-2012)

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela

Guillermo Almeyra, Luciano Concheiro Bórquez,
João Márcio Mendes Pereira, Carlos Walter Porto-Gonçalves 

coordinadores

Volumen II

Primera edición, 2014

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ISBN: 978-607-28-0145-5
ISBN de la colección Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982-2012): 978-607-28-0143-1

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Introducción

El presente balance sobre la situación del agro en 17 países latinoamericanos busca continuar el magno esfuerzo realizado hace tres décadas por Pablo González Casanova con su historia de los movimientos campesinos y, al mismo tiempo, intenta reflejar sobre los países de nuestro continente los efectos del proceso de mundialización exacerbado y dirigido por el capital financiero internacional que arrolla al agro mundial desde hace mas de 30 años.

América Latina es un concepto que abarca regiones diferentes con orografía, recursos hídricos y sistemas climáticos distintos; es un territorio fruto de una construcción histórica que varía mucho según las circunstancias. Por lo tanto, para facilitar el cotejo entre los diversos casos, consideramos esas diferencias al organizar los tres volúmenes que integran este trabajo. A ello responde la agrupación en regiones vastas (el Cono Sur, el arco andino, Mesoamérica) de países que, grosso modo, poseen características similares, a pesar de sus diferencias demográficas, étnicas, geográficas, históricas y culturales. En este sentido, nos hemos esforzado por precisar esta aproximación macroscópica, al estudiar de manera microscópica la forma concreta en que los fenómenos generales se expresan en cada uno de los países, con la finalidad de observar la diversidad que conforma el territorio latinoamericano, así como los procesos complejos que se sintetizan en algunos fenómenos. Todos los estudios, realizados por especialistas reconocidos cuya colaboración agradecemos, pretenden mostrarnos las transformaciones agrícolas y agrarias de las últimas cuatro décadas y las tendencias de ese proceso en curso.

Esto significa que, deliberadamente, abordamos sólo las raíces históricas, sociales, culturales y económicas de dichos cambios en curso. Las estructuras sociales y la caracterización de las clases dominantes y dominadas se muestran por igual en filigrana al lector —es decir, entre líneas—, así como los conflictos políticos que entrelazan los intereses de los bloques sociales que, en ese periodo, constituyeron en cada país el núcleo duro del poder con los del agronegocio y el capital financiero internacional. En efecto, en vez de emprender la enorme tarea de un estudio multifacético y comparar toda la diversidad socioeconómica que integra a nuestro continente, lo cual excede en mucho el campo de la economía y la sociología rural, preferimos considerar estos volúmenes como un insumo para los historiadores, sociólogos, geógrafos, economistas, antropólogos y politólogos que en el futuro próximo realicen un estudio global y exhaustivo sobre los problemas de nuestro continente, y, en lo inmediato, también como un instrumento para los estudiosos de los problemas rurales latinoamericanos.

Dejamos, pues, que nuestros lectores aporten el análisis creativo de la reunión de los recientes y abundantes datos, de la síntesis político-social de los mismos y de los ejemplos que cada trabajo brinda sobre cómo, a fines de la década de 1970, el capital internacional transformó por completo al mundo —al mundo rural en particular— en beneficio exclusivo del sector financiero-industrial y en detrimento de los campesinos y de quienes, para el capital, son remoras del pasado y obstáculos que deben eliminarse, como los indígenas, las comunidades, las solidaridades de todo tipo (tribales, comunitarias, familiares, mutualistas, sindicales).

Raúl Prebisch, creador de la Comisión Económica para América Latina (cepal), sostenía que la política del capital, por su carácter concentrador y su búsqueda exclusiva del lucro, era incompatible con la democracia, particularmente, en los países dependientes como los latinoamericanos. El proceso de mundialización dirigido por el capital financiero y la adopción, en mayor o menor grado, del Consenso de Washington y de las versiones neoliberales del Post-Consenso de Washington por parte de los gobiernos, confirman sus palabras.

México, por ejemplo, en los primeros años de la década de 1980 era exportador neto de alimentos y productos agrícolas antes de que el neoliberalismo, en nombre de las “ventajas comparativas”, decretase que su supuesta “vocación natural” consistía en exportar petróleo crudo para importar alimentos baratos. El resultado de esa concepción es que en la actualidad no sólo ha perdido su independencia y su seguridad alimentaria, sino que también ha destruido su economía agrícola y rural, ya que esta misma no resistió los efectos del Tratado de Libre Comercio Norteamericano, firmado en 1992, al cabo de dos devastadoras décadas de gobiernos neoliberales. En el presente, el país sigue exportando petróleo crudo (aunque importa gasolina refinada), pero también es el primer país mundial en cantidad de emigrantes, pues millones de campesinos se ven obligados a arriesgar su vida cada año para cruzar la frontera con Estados Unidos y trabajar allí como mano de obra sin documentos legales, en pésimas condiciones y, además, discriminados.

En América Latina, como en el resto del mundo, el capital subsumió la agricultura y se adueñó de tierras, agua, bosques y territorios, rehizo la economía, las costumbres, la cultura y la sociedad según sus intereses.

En un proceso mundial de ofensiva social, similar a la brutal expropiación de los bienes comunes y la expulsión de los campesinos ingleses de sus tierras durante la transición al capitalismo, la cual creó violentamente una abundante y mal pagada fuerza de trabajo para la industria, los países de nuestro continente en estas últimas décadas han visto el debilitamiento extremo o la desaparición de los sectores campesinos que producían para el autoconsumo o para el mercado interno y, en cambio, han observado el desarrollo sin límites ni frenos de la producción de commodities exportables.

Argentina, por ejemplo, que antes de la Primera Guerra Mundial alimentaba a los trabajadores de la primera potencia de entonces, depende hoy, sobre todo, de la exportación de forrajes para el ganado chino; Brasil ve encogerse año tras año la producción de los alimentos básicos porque el capital prefiere alimentar con alcohol de azúcar de caña los motores de los automóviles fabricados por empresas extranjeras, que alimentar de modo sano y suficiente a los brasileños, y Uruguay destina la mitad de su tierra arable al agotador cultivo industrial de eucaliptos para fabricar pulpa de papel. Otros países o regiones —como en Centroamérica— viven fundamentalmente de la exportación de braceros, esos modernos semiesclavos y siervos, que mandan remesas a sus familias a costa de su superexplotación, mientras que otros países, a lo largo de los Andes, permiten que las grandes empresas mineras, estimuladas por el precio actual del oro y de los metales preciosos y tierras raras, destruyan el ambiente y la agricultura local, roben el agua a los habitantes del campo, de los pueblos, de las mismas ciudades antes de retirarse y dejar el desastre una vez agotados los recursos que depredan.

Como en el resto de las regiones dependientes, en nuestro continente el proceso de mundialización en curso provocó grandes cambios demográficos, resultantes de las migraciones masivas hacia los países más ricos e industrializados y de la rápida urbanización sin plan alguno. El campo se ha despoblado y la juventud campesina y rural se ha visto obligada a cortar sus raíces con su territorio, su familia, sus comunidades, su cultura. El crecimiento enfermizo de las grandes ciudades provocó simultáneamente grandísimos problemas sociales, por la necesidad en que se encuentran los Estados que el neoliberalismo intentó reducir al dejar de ofrecer viviendas y servicios a las poblaciones hacinadas en las “villas miseria”, “cantegrils”, “callampas”, “ciudades perdidas”, “favelas”, y degradar con ello sus condiciones sociales de existencia.

Al mismo tiempo, un modelo de producción y de consumo de alimentos, impuesto por las corporaciones transnacionales mediante un poderoso sistema de fabricación capitalista de la subjetividad, da como resultado un mundo de obesos y famélicos basado en el envenenamiento de la tierra, el agua y los alimentos. Somos la primera generación en la historia de la humanidad en que los grupos de socialización primarios —la familia, la comunidad, el entorno social inmediato— perdieron la primacía al formar las necesidades de sus hijos, tal como destacó el historiador Edward P. Thompson. Así, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, en la actualidad es impensable separar la cuestión agraria de la defensa del ambiente, de la salud pública y de la lucha por una alimentación sana y funcional para la población.

La violencia en Colombia o las decenas de miles de muertos en México, a causa de la guerra entre bandas de narcotraficantes en la que incluso está involucrada una parte importante del aparato estatal, no pueden desvincularse de este proceso de subsunción de la agricultura por el capital, ni de la concentración de éste en la agricultura comercial y de exportación, tampoco de la desterritorialización indígena y de los cimarrones/quilom-bolas, de la descampesinización, la destrucción de la vida y la cultura campesina y rural.

El fraude y la corrupción generalizados en los aparatos de gobierno tienen un mismo origen: la expropiación de los derechos políticos de los habitantes, la reducción de los espacios democráticos, la concentración de la información y la producción de la cultura popular en manos de grandes consorcios financieros, promotores de las políticas neoliberales, y la integración de los sectores decisivos de las clases dominantes locales con el capital financiero internacional, mediante la exportación clandestina de capitales o la transnacionalización de sus empresas.

En los países exportadores de alimentos, actualmente, la tierra es arrendada en masa y depredada en forma de mina con monocultivos por grupos financieros residentes en las ciudades o en el exterior; por otra parte, los sectores que producen para la exportación de soya, granos, biocombustibles, maderas o minerales no tienen el menor interés en el mercado interno y el desarrollo de los países y regiones que explotan, porque, en cambio, les conviene mantener en ellos salarios bajos, una vasta masa de trabajadores “informales” desorganizados e ignorantes y pésimas condiciones de vida para reducir las presiones democratizantes y acrecentar sus ganancias.

Por lo tanto, no es casual que, para privatizar las empresas públicas que costaron decenios de ahorros y esfuerzos populares, para hacer retroceder las leyes y derechos sociales, para apoderarse de los bienes comunes y transformar el territorio construido históricamente por sus habitantes, el capital financiero haya necesitado, primero, sangrientas dictaduras que por años causaron decenas de miles de muertos y millones de campesinos refugiados fuera de sus regiones y, después, so pretexto del combate a la delincuencia y el narcotráfico que sus políticas habían potenciado, guerras no declaradas contra la población nacional, en las cuales el Estado pierde legitimidad, se corrompe aún más, se fragmenta, se deshace, se degrada.

La expropiación de los bienes comunes ha sido —y es también— la expropiación de los espacios democráticos y la concentración de las decisiones en manos de las grandes corporaciones y de los gobiernos que les rinden pleitesía.

No es casual que, desde 1990 en Ecuador y después en 1994 en México, para culminar en Bolivia, exista una movilización general de los más excluidos: los pueblos indígenas, incluso en los países donde constituyen una pequeña minoría de la población; ni tampoco que su lucha sea tomada como bandera también por los sectores urbanos que comprenden que la democracia sólo es posible con cambios sociales radicales. En estas décadas, por consiguiente, se ha forjado una alianza, un bloque social aún no cristalizado entre quienes están condenados por el capital a ser marginados y desaparecer, y quienes también están condenados a una vida con baja calidad y llena de privaciones en países ricos que, precisamente por la pobreza de las mayorías, ostentan sin pudor y a la vista de todos una tremenda concentración de riqueza en manos de unos pocos, que figuran incluso entre las mayores fortunas a escala mundial.

No podemos tratar aquí las movilizaciones nacionales y sociales que canalizan la protesta social ni los gobiernos resultantes de ellas. Sólo queremos recordar que los pueblos inventan a sus líderes cuando los necesitan; asimismo, la ruptura con las viejas instituciones, con un tipo anacrónico de Estado, con las estructuras de mediación (parlamentos, partidos, etcétera), las leyes y constituciones de un pasado que ya ha transcurrido, es una necesidad cada vez más sentida, crea un vacío de poder que trata de llenar con la figura de nuevos hombres y mujeres que, surgidos de la nada, intentan manejar como pueden un proceso que no originaron y no dirigen. Contrario a lo que afirman las charlas pseudocientíficas sobre el populismo, los motores de los cambios no son las políticas de esos líderes ni una supuesta visión extraclasista, sino el factor que fortalece o debilita esos gobiernos son las luchas de las clases populares contra las políticas del capital y la defensa de sus derechos y reivindicaciones, del ambiente, los bienes públicos, los derechos humanos, la democracia, la igualdad de géneros, el igualitarismo y la fraternidad, la autonomía y, cada vez más, la autogestión del territorio.

Todavía subsisten algunos gobiernos que expresan la alianza entre el capital financiero internacional, el sector decisivo de la clase dominante y algunos sectores de las clases medias conquistadas por las ideas neoliberales. Pero, al agudizarse la crisis, cada vez es mayor la distancia entre la evolución de la sociedad latinoamericana y el aparato estatal ampliado. Esa creciente ruptura puede medirse por los conflictos sociales e incluso por la persistencia y el crecimiento de la delincuencia que, en buena medida es resultado —como fue en el pasado el bandidismo en toda sociedad aún agraria— de la marginación y la protesta social anárquica. Por otro lado, hay procesos y agentes de nuevo tipo, como el crimen organizado internacional o el tráfico de armas y drogas, que agravan todo este cuadro y lo tornan más complejo.

Quienes declaran oponerse al Consenso de Washington y se apoyan en la ola de los levantamientos ciudadanos se diferencian sin duda de quienes quieren conservar un pasado insostenible, sin embargo, mantienen en lo esencial la dependencia del capital financiero internacional y del agronegocio, así como muchas de las políticas neoliberales, teñidas ahora de neodesarrollismo, asistencialismo, distribucionismo destinado a aliviar la pobreza y el desempleo. Tratan de ampliar el mercado interno, pero a costa del ambiente y sin tocar los intereses extranjeros que controlan las agroexportaciones, ni al capital financiero e industrial, también extranjero, que extrae grandes beneficios precisamente porque no hay desarrollo humano ni justicia. Apremiados por la crisis mundial, aceptan el regalo envenenado de la gran minería, que depreda los recursos hídricos y expulsa comunidades campesinas. Esa política los conduce a un enfrentamiento con los sectores populares que anteponen la lógica de la vida, del trabajo y de la preservación natural a la lógica del lucro empresarial. Así, se separan de las bases sociales que los impulsaron hacia el gobierno y se acercan a quienes siempre mantuvieron el poder de decisión, pero son profundamente antinacionales dado su carácter exclusivista y discriminatorio, orientado hacia el exterior, y se basan en la explotación de pueblos a los que generalmente ni siquiera pertenecen y de los cuales los separa un abismo cultural.

Por ello, aún no han sido conquistadas ni la democracia ni la estabilidad social y política; vivimos en una fase de transición en la que lo nuevo pugna por nacer y lo viejo se resiste a desaparecer, más aún, continúa aferrándose a las palancas del poder. Precisamente, porque tenemos confianza en que los pueblos latinoamericanos lograrán construir un futuro más justo y favorable, fijamos en estas páginas el estado de la cuestión en el sector vital del agro en nuestro continente, para mostrar su insostenibilidad y su carácter aberrante y, al mismo tiempo, para subrayar con esperanza la presencia de las fuerzas que bregan por un cambio profundo.

Los coordinadores
Buenos Aires, Río de Janeiro, México, D.F.,
agosto de 2012

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1. La descolonización del territorio: luchas y resistencias campesinas e indígenas en Bolivia 

PILAR LIZÁRRAGA ARANIBAR 

CARLOS VACAFLORES RJVERO

América Latina es el escenario por excelencia de las luchas para construir un “mundo donde quepan todos los mundos”, luchas de los pueblos, conquistados y colonizados, para recuperar su condición de tales dentro de Estados que los niegan y ocultan, para romper con el monopolio del poder de una clase dominante de origen colonial y destrabar la sobreposición abigarrada de territorios y sociedades como producto de la formación de los Estados-nación en la modernidad.

La cuestión de la penetración y expansión del capitalismo en nuestros países no puede ser abstraído de esa condición colonial en su formación específica en estos territorios, ya que la división del trabajo, y los derechos legítimos e ilegítimos que definen el acceso, uso y disposición de los medios de producción, están definidos por un derecho de conquista que se sustenta en la división y clasificación raciales, instituido en la invasión, consolidado en la colonia y la república, y proyectado contemporáneamente en la institucionalización del Estado moderno, que naturaliza la dominación y explotación bajo criterios de segregación racial.

De ahí que la colonialidad sea una condición estructurante del Estado y la sociedad contemporáneas, que da paso al territorio monocultural y abigarrado del Estado-nación, que restringe y clausura las posibilidades de expresar la condición multisocietal de estados como Bolivia, y que condiciona la concepción del espacio agrario desde la forma dominante impuesta colonialmente, cuya lógica de desapropiación de tierra indígena para entregársela a los invasores, y la persistente resistencia de los indígenas a esta desapropiación, es el dispositivo central en la formación agraria boliviana.

La evolución contemporánea del espacio agrario boliviano tiene un referente obligatorio en la reforma agraria de 1953, que distribuye tierra de ex haciendas a campesinos de los valles y altiplano bajo una modalidad parcelaria, y dispone enormes extensiones de tierras de la llanura amazónica-chaqueña para la oligarquía circunstancialmente desplazada del gobierno, promoviendo así la formación de un nuevo tipo de latifundio y bloque de poder en el oriente boliviano. Esta lógica de reforma agraria, aplicada en Bolivia, ha generado una tendencia hacia la fragmentación excesiva de la propiedad en Los Andes, y, a la vez, de acaparamiento de tierras en pocas manos en el oriente. La estructura territorial del país se correlaciona con la tendencia productiva para el mercado interno, en el área andina, y una tendencia de producción de commodities para la exportación, en los latifundios del oriente.

Esta situación ha sentado las bases para la conformación de un espacio territorial, el espacio andino, donde se potencializa el movimiento indígena que termina accediendo al gobierno nacional a la cabeza de Evo Morales, a principios del siglo xxi, y que desde esa nueva condición intenta avanzar en la recuperación del control de la tierra, al colocar al oriente boliviano en el centro de una disputa entre una oligarquía dueña de enormes propiedades y un movimiento indígena campesino con enormes necesidades de tierra. Por otro lado, la conformación del territorio latifundiario del oriente ha significado el potenciamiento de una poderosa clase dominante capitalista criollo-mestiza, con enorme capacidad para internacionalizarse, que controló el gobierno boliviano hasta el derrocamiento de Sánchez de Losada; potencialización que fue posible gracias a la desposesión territorial de los pueblos indígenas de tierras bajas, quienes ahora, consecuentemente, concentran su lucha reciente en la recuperación de sus espacios territoriales perdidos a manos del latifundio ganadero, con la perspectiva de la restitución de propiedades comunitarias que favorezca a pueblos enteros.

La dinámica de acceso a la tierra en la primera década del siglo xxi marca estas tendencias, favorecidas o condicionadas por la coyuntura histórica, novedosa, del control indígena (andino) del gobierno nacional, que coloca los procesos de reconfiguración agraria en el núcleo del debate, ya que de ellos depende la propia reconfiguración del poder en el escenario nacional para el próximo ciclo de la historia boliviana.

La historia agraria boliviana es así una historia de la lucha por resistir al despojo de territorios, así como al avance del capital, y esta lucha encuentra en el proceso constituyente de principios del siglo xxi un momento fundamental, donde se visibiliza con claridad su naturaleza colonial y se plantean mecanismos para avanzar en el proceso de reconstitución.

La lucha indígena campesina se condensa en un bloque que articula la lucha para enfrentar la coyuntura constituyente, cuya expresión formalizada se denomina el Pacto por la Unidad, conformado por las instituciones matrices nacionales de campesinos e indígenas. Este bloque histórico, resultado de un proceso de acumulación y de tejidos de equivalencias, configura una agenda política producto de un proceso de luchas y resistencias que tienen una larga memoria e interpelan las bases del capitalismo y de la colonialidad. La lucha indígena campesina se expresa en el artículo 2 de la nueva Constitución política boliviana, que marca las bases para el proceso de descolonización; sin embargo, su realización trae tensiones y contradicciones propias de los horizontes históricos por los que transita la lucha; en este sentido, se enfrenta lo individual con lo colectivo. En este artículo intentamos de manera muy sucinta abordar la complejidad de la conformación de esa agenda política y sus equivalencias, como las tensiones de la lucha, que se reflejan, por ejemplo, en la visión sobre las autonomías y los procesos de desarrollo del Estado.

Las elecciones de 2005 y la rotunda victoria de Evo Morales, a la cabeza del Movimiento al Socialismo (mas), traen al campo de la política el mandato de los pueblos para impulsar un proceso que permita descentralizar, para expresar la condición societal diversa de los pueblos. Durante el periodo de 2006 a 2007 se lleva adelante la Asamblea Constituyente, como un espacio privilegiado que cuestiona la lógica colonial y capitalista del Estado y la sociedad boliviana. En este proceso constituyente, la estrategia política de los pueblos es la reconstitución de los territorios y la expresión de la condición mul-tisocietal en un Estado. Como una estrategia para avanzar en este proceso se producen cambios normativos en la legislación agraria expresados en la Ley de Reconducción Comunitaria promulgada en 2006.

El proceso posconstituyente, con la aprobación de la Constitución Política del Estado (cpe), muestra que la descentralización conlleva un nivel de complejidad muy grande, en la medida que no involucra sólo el derecho a la tierra, sino también sistemas políticos, económicos y territoriales que coexisten desarticuladamente, lo que evidencian, en este tránsito hacia la plurinacionalidad, tensiones y contradicciones muy profundas, que confirman esa coexistencia enfrentada de lo monocultural con lo plurinacional, es decir, entre Estado y sociedad.

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La colonialidad como base de la dominación y la estructuración del territorio monocultural

La colonialidad hace referencia a los mecanismos sobre cómo opera el patrón de poder mundial fundado en la desestructuración de proyectos civilizatorios distintos, que desarrollan un andamiaje institucional a fin de naturalizar la dominación sobre los pueblos y naciones preexistentes a la colonia. Ese patrón opera a partir de “la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces permea las dimensiones mas importantes del poder mundial incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo” (Quijano, 2003:201).

La clasificación social de la población que se encontraba en el continente Abya Yala se expresa en la construcción de identidades que nominan a los pueblos y las naciones preexistentes como inferiores, “conquistados-indios-inferiores” frente a los “conquistadores-blancos-superiores”; construcción fundante para establecer instituciones a partir de las cuales opera la explotación. El indio es considerado una identidad inferior, incapaz de administrar sus “pertenencias”, su propia vida, para naturalizarlo bajo tutela de los invasores “superiores”.

La codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura biológica que ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros. Esa idea fue asumida por los conquistadores como el principal elemento constitutivo, fundante, de las relaciones de dominación que la conquista imponía. Sobre esa base, en consecuencia, fue clasificada la población de América, y del mundo después, en dicho nuevo patrón de poder. La articulación de todas las formas históricas de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, en torno del capital y del mercado” (Quijano, 2003:202).

Esta codificación de las diferencias estructura un tipo de sociedad en la que se erigen las jerarquías sociales que se basan en un conjunto de instituciones, y que se consolidan a lo largo de los diferentes ciclos históricos para dar paso a las sociedades y Estados monoculturales y monoétnicos, estructurados a partir de identidades totalizantes que niegan las referencias de ese pasado fragmentado y, por tanto, las instituciones que las fundamentan, como son los territorios y las culturas políticas y económicas (Quijano, 2003:102).

Los sistemas productivos se organizan a partir de un principio de diferenciación y je-rarquización para constituir una estructura que asienta la división del trabajo a partir de los roles diferenciados que tienen los “conquistadores y conquistados”, donde la estructura montada pasa a controlar la producción y los recursos, y terminando por conformar una tecnología de explotación y dominación exitosa para el proyecto dominante.

Se impuso una sistemática división racial del trabajo. En el área hispana, la Corona de Castilla decidió temprano el cese de la esclavitud de los indios para prevenir su total exterminio. Entonces fueron confinados a la servidumbre. A los que vivían en comunidades, les fue permitida la práctica de su antigua reciprocidad —Le, el intercambio de fuerza de trabajo y de trabajo sin mercado— como una manera de reproducir su fuerza de trabajo en tanto siervos [...] En cambio los negros fueron reducidos a la esclavitud. Los españoles y los portugueses, como raza dominante, podían recibir salario, ser comerciantes independientes, artesanos independientes o agricultores independientes, en suma productores independientes de mercancías. No obstante, sólo los nobles podían participar en los puestos altos y medios de la administración colonial, civil y militar (Quijano, 2003:205).

Se estructura un sistema de privilegios en torno de los conquistadores, quienes tenían el derecho al trabajo pagado, y eran colocados en un nivel de superioridad sobre los “conquistados” que tenían que trabajar para los amos despojándose de su ancestral derecho a la tierra, con lo que el territorio pasa a fragmentarse, y la tierra y los recursos naturales a ser tratados como propiedad del conquistador, dando origen a sistemas políticos patrimonialistas que sustentan la dominación. Esta concepción no fue abolida con el paso de la historia, sino que se enquistó en la forma y estructura de la sociedad, siendo rectora de las relaciones sociales de producción.

A partir del patrón de control del trabajo se incorpora la mano de obra al sistema del capital (en sus distintas formas) y se construye la geografía del proyecto de la dominación. Así, la forma de organizar el trabajo se constituye en uno de los mecanismos a partir del cual se desarticulan las territorialidades preexistentes de los pueblos, y se fragmentan para mantener sólo la estructura básica de lo “comunitario” a fin de contar con mano de obra que perpetúe el sistema de explotación de los pueblos originarios. Se contrapone así la concepción de territorio como un espacio de recursos frente a una concepción del territorio y la naturaleza como fuente de vida y proveedora de bienes de uso para el vivir bien de la población. En consecuencia, se enfrentan dos concepciones antagónicas de producción: la de producción de mercancías, expresada como el excedente maldito (Tapia, 2008) y la de producción de bienes de uso, que reivindica un sistema comunitario expresado en el don (Temple, 2003).

La expansión de este patrón de poder mundial afecta la territorialidad, la autonomía política y la autonomía productiva preexistentes. La clasificación y jerarquización racial se tornaron en los mecanismos ordenadores de las relaciones sociales y de estructuración de la organización política y económica, constituyéndose en el mecanismo que “otorga legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista”, que puso en una jerarquía inferior a los dominados frente a los dominadores, desconoció sus instituciones, cultura, conocimiento e impuso una forma de organización del espacio a partir del desconocimiento de la relación de los pueblos indígenas con su territorio y por la consecuente concepción de espacio vacío que tiene que ser “conquistado”.

Bajo estos postulados se instituyen una serie de estrategias y mecanismos que desarticulan las formas colectivas de las sociedades preexistentes a la invasión, al nominarlas y clasificarlas como inferiores; se desarrolla una confiscación e instrumentalización de la institucionalidad de los pueblos poniéndola al servicio del poder colonial; se delega la administración y tutelaje de “tierras” a los blancos —los conquistadores—, y con este principio se expropia la tierra y se generan procesos de concentración, que se constituyen en la base patrimonialista que iría a sustentar el Estado boliviano (Tapia, 2010), expresado en una forma de organización política monocultural en desmedro de una pluralidad política que le antecedía.

En todo este proceso se impone la noción del sujeto y derecho individual, y se configura el sentido dominante de la propiedad privada como noción articuladora del nuevo patrón de poder mundial bajo el cual se estructura la geopolítica para controlar recursos y excedentes que se generan con su explotación. Estos mecanismos coloniales son una forma de organización política, económica y social que fundamenta el territorio único, el territorio monocultural del Estado-nación asentado sobre los territorios preexistentes; institucionalidad que se fundamenta en el monopolio del poder político, económico y social en manos de “élites blancas”, que heredan a lo largo de la historia colonial y republicana el privilegio de gobernar sobre los otros, los inferiores, y se constituyen en parte inherente del territorio monocultural que se expresa en la geopolítica del capital.

5

El territorio monocultural de Bolivia y su carácter abigarrado

Tapia (2002) siguiendo a Zavaleta plantea que la sociedad y el Estado en Bolivia no expresan esa condición multisocietal de la Bolivia profunda, que interpela la correspondencia de una nación con un territorio. El territorio sobre el cual se cimenta el Estado colonial monocultural es resultado de un proceso en el que el “derecho de conquista” define la organización de “un espacio vacío que debe ser conquistado”, y no expresa los territorios preexistentes de esa diversidad societal sobre la que se asienta el territorio colonial.

En lo que hoy es la parte andina de Bolivia, los suyus organizaban y definían los territorios aymarás y quechuas; cada suyu constaba de markas y éstas de ayllus. La colonia reorganizó el espacio en provincias, dependientes de las audiencias y, luego, la república se conformó sobre la base de los departamentos y la división de éstos en provincias, en secciones de provincia, en cantones y en determinados momentos también se establecieron hasta vicecantones (Cuadros, 2010:5).

El territorio de la república se organiza según el territorio, que entonces simplemente aparecía en los mapas como “Territorio Nacional de Colonias” (Cuadros, 2010:5), y estructura una lógica territorial que responde a la necesidad de controlar los recursos del territorio y su excedente, y legitima el proceso de fragmentación que se inicia con la invasión.

El territorio de la Bolivia republicana se convierte en un instrumento que cercena la lógica territorial desarrollada por los pueblos, e incorpora fronteras políticas basadas en la institucionalidad y cultura política dominantes y, por otro lado, ancla las fragmentaciones a partir del proceso de consolidación de una estructura agraria fundamentada en la propiedad privada: la tierra en un primer momento y la biodiversidad en otro. En los 16 primeros años de vida republicana se forman ocho unidades políticas administrativas, Departamentos, con lo cual se avanza en la tarea de fragmentación. Según Cuadros (2010), en los primeros 169 años de vida republicana se crean 27 municipios, cifra que en los últimos 16 años de vida republicana llega a 337; sobra decir que ninguna de estas unidades territoriales republicanas refleja la territorialidad indígena preexistente (Vaca-flores, 2011).

A partir de 1990, como conquista de la marcha indígena de tierras bajas por el territorio y la dignidad, se empieza a debatir acerca de la categoría de territorio indígena en el marco del Estado y la sociedad monocultural. Esta conquista legal logra incorporarse en la cartografía nacional a partir de 1991, bajo la categoría de Tierras Comunitarias de Origen (tco), que considera una pluriterritorialidad que coexistía de forma fragmentada y desarticulada en el marco del territorio monocultural. También permite evidenciar la complejidad y los límites que plantea el Estado monocultural para avanzar en la reconstitución del sistema político institucional que forma parte de esa condición multi-societal, y expresar y hacer visible la condición abigarrada del territorio monocultural.

En este sentido, el territorio de lo que es ahora Bolivia no puede ser comprendido como tal sino como territorios dentro de un territorio, cuya cualidad gubernativa y pluralidad política está subalternizada a la institucionalidad republicana dominante (Tapia, 2010). Así, existen múltiples territorialidades que coexisten fragmentadas y desarticuladas en el marco del territorio dominante del Estado-nación, que organiza el espacio conforme el objetivo de mantener la explotación y el control de los recursos en manos de una clase dominante.

Tapia aborda el análisis de la relación Estado-monopolio de la política, al plantear un límite a la posibilidad de la expresión de otros sistemas políticos, culturales, económicos, que no sean los de este Estado; en este sentido, no es posible pensar en territorios que se expresen a través de su organización política y económica en un tipo de Estado monocultural. Un Estado monocultural plantea una equivalencia entre Estado y territorio único, determinado según la relación entre la forma del Estado y la ley del valor, es decir, “el Estado corresponde a aquellos territorios en los que se ha implantado de manera dominante o exclusiva la ley del valor” (Tapia, 2010:100). En el caso de Bolivia, el Estado no logra estructurar una forma política institucional única, hegemónica, y se quedan las configuraciones económicas, sociales y políticas subalternizadas, desarticuladas, que mantienen su vida propia en el marco de esta organización monocultural: el Estado.

Zavaleta (1986) define este tipo de formaciones con la noción de formación social abigarrada, que permite comprender la coexistencia y sobreposición desarticulada de varios tiempos históricos, modos de producción, concepciones de mundo, estructuras de autoridad; noción que subraya lo desarticulado y sirve para pensar en “el margen que no llegó a transformar y rearticular el desarrollo e implantación del capitalismo” (Tapia, 2010:102).

Este tipo de formaciones da paso al Estado y su condición abigarrada, en la medida en que existen diversas formas políticas que coexisten desarticuladamente y que no son expresadas en ese Estado separador. Esta noción de formación social abigarrada, que plantea Zavaleta, permite analizar las desarticulaciones en la pervivencia de los territorios y los sistemas políticos y económicos que no están articulados en el diseño de un Estado monocultural.

La concepción “de espacio vacío” orienta los diversos momentos constitutivos de la formación social boliviana y consolida la territorialidad dominante que niega la posibilidad de expresión de la multiplicidad de territorios que están en el subsuelo de la sociedad y del Estado boliviano. Zavaleta plantea que en la vida colonial y republicana de Bolivia existen, por los menos, dos momentos constitutivos, el de 1899 y el de 1952; en 1899 se construye el territorio del Estado a partir de las asignaciones y apropiaciones de tierra que se generaron con el derecho de conquista; en 1952, la Ley de Reforma Agraria avanza en la constitución de un sujeto bajo la supremacía de un derecho individual, expresado en el derecho a la propiedad privada en detrimento de un derecho colectivo-comunitario. En ambos momentos constitutivos, la geografía de la dominación utiliza la fuerza y acción de los pueblos para legitimar la base territorial del Estado monocultural y avanzar en el proceso de la “conquista de los espacios vacíos”, hacia territorios donde el Estado no tenía presencia. Ambos procesos se caracterizan por la falta de extensión y profundidad, en la medida en que no plantean un proceso de transformación según las tensiones y contradicciones sobre las que se asienta el Estado y la sociedad boliviana y que tienen su correlato en el territorio; es decir, no se produce el desabigarramiento que permita expresar esa condición multisocietal y pluriterritorial que subyace a la formación de la sociedad boliviana; por lo tanto, no logra avanzar en la constitución de un territorio que exprese esa diversidad societal.

Las diferentes movilizaciones protagonizadas por los pueblos indígenas que se han desarrollado durante el primer quinquenio del siglo xxi en Bolivia, se caracterizan por una profunda interpelación al núcleo de la dominación que pone en evidencia las tensiones y contradicciones sobre las cuales se constituyó la república de Bolivia, y da paso a la emergencia de las matrices políticas, culturales, identitarias, que forman parte de los sustratos profundos que no fueron articulados en la constitución de la sociedad y el Estado, en la forma primordial que se dio al momento de la invasión. Este proceso ha dado paso a otro momento constitutivo en diferentes planos, y delinea un nuevo horizonte histórico político, denominado horizonte histórico de la descolonización en la medida en que interpela las bases coloniales bajo las cuales se fundamentó el constructo societal y estatal de la república de Bolivia; al mismo tiempo, porque propone desde el proyecto de los pueblos indígenas campesinos un nuevo momento constitutivo que exprese esa diversidad de matrices que coexisten en el marco de una formación social monocultural (Lizárraga, 2010).

El proceso desatado tras las elecciones de 2005 ha avanzado en la descentralización del poder, al plantear la descolonización y el desabigarramiento de las estructuras socie-tales que se encontraban en el subsuelo de la sociedad monocultural para expresarse en la construcción del Estado y de la sociedad a partir de esa condición multisoáetal que configura a la sociedad (Tapia, 2009). Este horizonte se caracteriza por la irrupción en el sistema dominante de esa diversidad de sujetos e instituciones que estuvieron en el subsuelo de la sociedad boliviana y que plantean un escenario de reconstitución de la complejidad que coexistía en el marco de la sociedad abigarrada planteada por Zavaleta (Lizárraga, 2010).

Implica cuestionarse la institucionalidad política bajo la cual ha operado la dominación, las formas económicas, los derechos individuales construidos en detrimento de los derechos colectivos de los pueblos, y transitar hacia otro momento constitutivo donde se expresen estas diversas formas políticas, culturales y económicas. Tiene el significado de remover las estructuras sobre las cuales se ha fundamentado la construcción de un Estado y sociedad monocultural, trayendo en este sentido un significado de desabigarramiento que operaría como mecanismo de desmontaje y de construcción de un nuevo diseño político y social fundamentado en los cuerpos sociales preexistentes. La Constitución Política del Estado, aprobada en 2009, ha sentado las bases para la transformación a partir de la reconstitución del sujeto expresado en lo Indígena Originario Campesino y sus sistemas políticos institucionales (artículo 2), y cuestionado el monopolio de la representación política a fin de dar paso a la emergencia de los sujetos que ingresan al campo político por la vía de los usos y costumbres de los pueblos. El concepto de la democracia ha sido interpelado, y se ha planteado un proceso de resignificación basado en la emergencia de nuevos mecanismos institucionales que ponen en cuestión los principios de una democracia bajo el monopolio de la representación. Por otro lado, la definición del tipo de Estado y sociedad ha puesto a debate conceptos como la plurina-cionalidad, que plantea comprender la construcción de la democracia en la diversidad (Santos, 2010). Esta construcción de la plurinacionalidad propone nuevos campos de poder, de disputa, donde se avanza en la democracia plural e intercultural y se convive con la vieja cultura política, el pacto, que caracterizaba a la democracia en el sistema colonial y republicano.

El Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías plantea un sistema institucional en el que emergen las Asambleas Departamentales y Regional, convertidas en campos de disputa y construcción donde convergen la democracia representativa con la comunitaria. Es en estos campos de poder donde sucede la disputa de la plurinacionalidad y la democracia. Está en debate la plurinacionalidad como mecanismo de la democracia en la diversidad.

Todo este proceso ha fortalecido un horizonte de desabigarramiento y descolonización cuyas bases se inscriben a partir de la condición de plurinacionalidad, como uno de los elementos para comprender el sistema político y la democracia del Estado y la sociedad boliviana. Esta resignificación es expresada en la construcción del Estado Plurinacional Comunitario (Artículo Io de la Constitución Política del Estado), donde esa matriz, que forma parte del horizonte histórico precolonial, es uno de los elementos fundamentales para la rearticulación de la sociedad con el Estado en el marco del nuevo horizonte (Lizárraga, 2010).

Desde esta perspectiva, hacer visible esa demodiversidad, como propone Santos (2010) hace pensar en el nuevo momento constitutivo, basado en la plurinacionalidad, como un mecanismo para avanzar en el proceso de desabigarramiento de la sociedad y Estado monocultural.

La plurinacionalidad tiene como condición estructurante la preexistencia de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas (artículo 2 de la Constitución Política del Estado). Premisa que fundamenta la definición de un nuevo sistema político, una nueva epistemología basada en los últimos movimientos e hitos políticos de la región sur que plantea la resignificación de conceptos y categorías políticas, como la de la plurinacionalidad y la democracia intercultural; en suma, sugiere pensar la democracia intercultural como el paso de un sistema político propio de la tradición liberal a uno que, ademas, permita el desarrollo y ejercicio de distintas tradiciones políticas, propias de las identidades culturales de los pueblos y naciones precursores del Estado, y establecer relaciones de mutuo reconocimiento y respeto.

6

Construcción de una agenda a partir de la resistencia de los pueblos

La usurpación colonial de tierras y la consolidación del derecho privado tienen como respuesta la resistencia y reivindicación que buscan restituir las tierras como mecanismo para reconstituir los territorios y la vida de los pueblos, al cuestionar el carácter del Estado colonial monocultural y visibilizar que el “problema del indio campesino” no es de acceso a la tierra, sino fundamentalmente de formación del Estado y la sociedad monocultural que se asientan sobre sociedades preexistentes atrapadas en su subsuelo.

Durante los 185 años de vida republicana (1825-2010), las comunidades indígenas y campesinas de tierras altas desarrollaron una serie de estrategias para reconstituir sus territorios sobre la base de una matriz comunitaria, lo que ha permitido establecer niveles de articulación política, económica y cultural. Las reivindicaciones de las comunidades utilizan diversos mecanismos; algunos conforme su “integración y funcio-nalización” con el sistema buscan mantener el control de la tierra; otros, recurren a la resistencia y rebeliones. Una historia de resistencia e interpelación al Estado colonial republicano, base sobre la cual se edificó una ideología política de nación indígena enfrentada con la nación blanca (Paz, 2009:37).

A finales del siglo xix y en el inicio del siglo xx, movimientos como el de los Caciques y Apoderados plantearon la restitución de tierras, la consolidación de los autogobiernos y la reivindicación de las “escuelas indigenales” para mantener el control del territorio (Rivera, 1993; Condori yTicona, 1992). Ante el avance del latifundio, los Caciques y Apoderados definen como estrategia la búsqueda de documentos coloniales (títulos de revistas o composición) sobre la propiedad de las tierras de la comunidad originaria y la defensa consecuente de esos títulos. Este proceso se inicia a partir de la ley dictada en noviembre de 1883, gracias a la cual las comunidades restablecen la propiedad sobre sus tierras: “nosotros habíamos sido dueños, no los mistis[1] [...] nuestros abuelos compraron con oro estas tierras” (Condori yTicona, 1992). Esta ley, contradictoria, marca un aspecto central en la lógica y estrategia de reivindicación, porque trae a la memoria un derecho arrebatado a los indios, que es después legitimado a partir de las propias leyes de los mistis.

A principios de 1892, a la cabeza de Tumpa Apiawayki, en el sur del país, los ava guaraní se insurreccionan, ocupan violentamente sus tierras y expulsan a los latifundistas blancos y a los religiosos. Este levantamiento tenía una única motivación: tierra y libertad; es decir, derechos que fueron confiscados y que no les reconocía el Estado colonial y patronal. La expulsión de los curas y la quema de los templos religiosos obedecieron al convencimiento de que detras de cualquier sotana y templo religioso venían los karai, los blancos o patrones, a robarles su libertad (Salvatierra, 2003:50). Este levantamiento se convierte en uno de los más sangrientos de la historia del sur del país, es reprimido mediante el uso de milicias civiles y militares organizados por los grupos de poder de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. Con mas de 2 000 muertos, degollados, los sobrevivientes —niños, mujeres y ancianos— fueron el botín de guerra. Así se conservó el sistema de explotación esclavista hasta nuestros días en el sur del país. El levantamiento tenía como objetivo la “autonomía política territorial y el derecho a existir como pueblos” (Salvatierra, 2003:50) y forma parte de la memoria del pueblo guaraní y de su apuesta política para reconstituirse como nación.

Hasta la guerra del Chaco (1932-1935), los movimientos de reivindicación surgen como oposición a la expansión de la hacienda y en defensa de la comunidad indígena, como una fuerza que impide un desarrollo mas acelerado de la hacienda. Los movimientos posteriores a la guerra del Chaco se ubican en la contradicción interna de la hacienda, colono-hacendado, y tienen como eje fundamental la supresión de los servicios gratuitos, como se propone en el congreso indigenal de 1940 (Viceministerio de Tierras, 2008).

La revolución agraria de 1952 pone de manifiesto la resistencia de los pueblos, cuya demanda de la tierra es mas compleja. La fuerza de los movimientos campesinos marca una agenda que logra restituir las jurisdicciones territoriales en el marco del Estado colonial monocultural; sin embargo, no logra avanzar en la reconstitución política de los territorios en la parte andina y ancla los territorios de los pueblos de tierras bajas, lo que genera flujos de colonización hacia el oriente.

En 1979, la histórica fundación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb) define las bases conceptuales y políticas del proceso de descolonización revolucionario:

Con la fundación de la csutcb, al impulso ideológico y discursivo del movimiento katarista, se establecieron las claves del proceso de descolonización de Bolivia que está ahora teniendo sus primeras victorias institucionales, particularmente las que se expresan en la cpe. Es en aquel momento, en los primeros congresos de 1979, pero también el histórico congreso de 1984 cuando se aprueba como propuesta y como demanda, como instrumento programático de la csutcb, la Ley Agraria Fundamental que sentaba los postulados para el proceso descolonizador y, por lo tanto, revolucionario, de una sociedad en la que la colonización afectó profundamente sus estructuras (Almaraz, 2010).

La agenda de esta organización que articula a los pueblos de tierras altas y valles, en su momento de fundación “no demanda solamente la propiedad campesina de la tierra, la redistribución de la tierra nuevamente concentrada, con índices altos, al cabo, paradójica y tristemente, de dos o tres décadas de Reforma Agraria, sino que plantea que la redistribución de tierras restaure la forma de organización social que hace a la territorialidad indígena originaria” (Almaraz, 2010). Se concreta en la Propuesta de la Ley Agraria Fundamental que hace la csutcb, en 1984. Almaraz (2010) explica que no hay un documento más consistente, profundo y contundente para expresar y reivindicar la territorialidad indígena en Bolivia que esta Ley, en la que si bien no se expone de forma explícita los conceptos de territorio y derechos territoriales, sí se incorpora en cambio una caracterización de la tierra que le corresponde recibir por justicia histórica a las comunidades indígenas de Bolivia; caracterización relacionada con el territorio indígena y las viejas reivindicaciones en las que se propone reorganizar a la sociedad y el Estado boliviano, liberándolos de las estructuras económicas, sociales y culturales que convirtieron a la población originaria en sirviente, sometida y oprimida por las castas más antiguas, señoriales, y luego por el poder del capitalismo mediante las transnacionales.

En lo que va de 1985 a 2005 los movimientos indígenas han protagonizado acciones que interpelan el núcleo de la dominación y el avance progresivo del capital sobre sus territorios. La guerra del agua (2000), la guerra del gas (2003) y las diferentes marchas indígenas y campesinas, que se organizaron a partir de 1990 hasta 2006, ponen en evidencia las tensiones y contradicciones sobre las cuales se constituyó la república de Bolivia. Las marchas indígenas pusieron en evidencia que los territorios no son espacios vacíos, y han tenido la fuerza de traer a la memoria de los pueblos andinos que la lucha por la tierra es una lucha por el territorio (Vacaflores, 2009). Después de 22 años de la primera movilización, “Marcha por el Territorio y la Dignidad”, en 1990, puede establecerse que algunas conquistas legales se tornan restrictivas en la medida en que no logran articular transformaciones sustanciales, pero también que otras se convierten en antecedentes para avanzar en la refundación del país en el marco de la Asamblea Constituyente.

Las interpelaciones anticoloniales y anticapitalistas que provienen de la acción y de las “estrategias” desplegadas por el mundo indígena campesino, reconstituyen el espacio de lo político como una característica intrínseca, y proponen la reconstrucción, de la sociedad y del Estado, que exprese la pluralidad política, social, económica y cultural con referencia en la memoria de los pueblos.

Este lugar que se reconstituye por la lucha y la resistencia desplaza, como dice Tapia, al sujeto que en el proyecto de la modernidad tenía el monopolio de la propuesta: el urbano y el sistema político tradicional, por el marginal, el sin voz. En esta posición, el proyecto de sociedad requiere un momento constitutivo capaz de rearticular esa condición multisocietal en un nuevo diseño de Estado (Tapia, 2005).

En este marco sucede el triunfo de Evo Morales, en 2005, que hace emerger desde el subsuelo de la sociedad y Estado monocultural una pluralidad de formas societales y políticas. Este hecho, refrendado y resultado del conjunto de luchas y resistencias, replantea la comprensión y rol que le fue atribuido al campo y a los sujetos que conforman el campo, y la lectura atribuida a la problemática de la tierra, para reconfigurar el campo agrario en diversas dimensiones. Primero hace emerger el abigarramiento de las identidades del sujeto agrario, que se expresa en el sustrato profundo de la coloniali-dad a partir de su matriz comunitaria (Rivera, 1993) y de la forma sindical (horizonte nacional-popular), a partir de las cuales se movilizan las estructuras societales. Segundo, pone en cuestionamiento la constitución de lo agrario como un lugar unidimensional, el de la producción. Tercero, como un espacio legítimo de producción de lo político, que expresa un tejido institucional que requiere esa forma primordial de condición multisocietal (Tapia, 2002). Cuarto, hace emerger los territorios en una lectura de inte-gralidad y unidimensionalidad que pone en cuestión la comprensión del campo como tierra, parcela o propiedad privada.

Este marco ahora es trastocado, ya no es un indefinido campo agrario, sino sociedades desarticuladas que coexistían subalternizadas e invisibilizadas en el proyecto de Estado-nación. Esta resignificación cuestiona la fragmentación sobre la cual las instituciones del Estado monocultural construyeron la idea de lo agrario y lo rural, ahora que lo agrario ya no es sólo el lugar donde se produce, sino parte de la condición multisocietal expresada en una formación social abigarrada, en una geografía de los pueblos que tiene como base los territorios de sociedades preexistentes. Ahora el campo agrario propone pensar al país en sus múltiples dimensiones, desde lo profundo, a través de esos sujetos excluidos y subalternizados por la historia.

Esta resignificación se encuentra en la propuesta de construcción de un Estado Plu-rinacional Comunitario que expresa la pluralidad de las formas político-organizativas de los pueblos indígenas de las tierras altas y bajas, y donde el horizonte histórico preco-lonial es uno de los elementos fundamentales para la rearticulación de la sociedad con el Estado que cuestiona los postulados del mundo rural moderno fragmentado.

Con la aprobación de la cpe, en 2009, se inicia una reconfiguración política en la que convergen elementos fundantes que, al mismo tiempo, se convierten en detonantes para la interpelación de los mecanismos y visiones que perviven del Estado-nación. Las tensiones se adscriben en escenarios contradictorios en los que la acción estatal avanza en la expansión del patrón de poder mundial, que sustenta las visiones de un modelo de desarrollo extractivista, en detrimento de la calidad de vida. Estas acciones estatales, ademas, delimitan la posibilidad de reconstitución de las dimensiones políticas. En este marco, se generan una serie de movilizaciones indígenas que cuestionan la lógica concesionaria de recursos naturales al capital transnacional en desmedro de los propios pueblos, particularmente dentro de territorios formalmente reconocidos como espacios de reproducción cultural de pueblos indígenas, y son paradigmáticas las marchas y bloqueos en defensa de parques y territorios indígenas, como las que protagonizan los pueblos indígenas de tierras bajas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isibo-ro Sécure (tipnis), o la movilización guaraní en defensa del parque Aguaragüe, en Tarija, que interpelan la visión desarrollista y el límite esbozado para la autonomía indígena.

Estas movilizaciones exhiben el carácter contradictorio de las políticas de Estado que privilegian una visión neocolonial y extractivista y distorsionan la propia Constitución Política del Estado.

Denominativo aymara para los mestizos adinerados.↵

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El desabigarramiento del territorio y la construcción de la pluriterritorialidad

El proceso que se vive en Bolivia ha hecho posible contar con dos instrumentos normativos importantes, como la Ley N 3545 de Reconducción Comunitaria, aprobada en 2006, al calor de la quinta marcha, que avanza en la reconceptualización y en medidas directas para desmantelar los latifundios. Esta ley tiene como objetivo modificar algunos aspectos de la ley inra para favorecer la Revolución Agraria y es una estrategia para avanzar anticipadamente en la constitucionalización del proyecto de los pueblos, luego ampliamente debatida en la Asamblea Constituyente. Por otro lado, la cpe, aprobada en 2009, que establece que la tierra es de propiedad y dominio originario del pueblo boliviano, que incorpora en la conceptualización los derechos colectivos.

La ley de tierras se sitúa en un contexto en el cual, por diferentes procesos históricos, la estructura agraria fue modificada para dar paso a una estructura territorial abigarrada, asentada en el derecho individual, que el Estado colonial confirió a través de la propiedad privada de la tierra.

La descolonización de las estructuras agrarias se encara con la eliminación del latifundio y de la acumulación especulativa, abusiva e injusta de propiedades; con la supresión de la servidumbre y la explotación del trabajo humano y con la consolidación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas originarios que dan prioridad a la restitución de tierras a comunidades indígenas y restablecen el derecho histórico de los pueblos sobre sus territorios, su derecho a la autodeterminación y a conservar o construir culturas (Viceministerio de Tierras, 2008:59). Estas determinaciones están enmarcadas en un proceso de desabigarramiento socioespacial, de desmontaje de principios fragmentadores y de reconexión de esos territorios, que resquebraja de la base material, colonial, del Estado-nación monocultural, ya que emergerán, a partir de la restitución de derechos sobre la tierra, los derechos territoriales con cualidad política, que se expresan en los autogobiernos indígenas.

Se propone la extinción del latifundio tradicional y moderno, siendo el latifundio tradicional la propiedad agraria donde se siguen practicando formas de servidumbre y de apropiación abusiva de la fuerza de trabajo, conocidas como habilito, empatro-namiento y similares; y el latifundio moderno que surge de dotaciones, ocupaciones, transferencias de tierras, consolidación de extensas posesiones ganaderas y la asignación de concesiones forestales, ocurridas en las décadas subsiguientes a la Reforma Agraria (Viceministerio de Tierras, 2008:71). La ley de tierras determina el carácter social del derecho, en el que se incorporan tres temas: la tierra es de dominio originario de la nación, la incorporación de las normas, usos y costumbres de los pueblos para resolver los conflictos en las comunidades y la preponderancia del bienestar social sobre el bienestar individual (artículo 3, D. S 29215). Se implanta la distribución y redistribución de tierras fiscales[1] como mecanismo para avanzar en la reconstitución de los territorios y para una distribución equitativa de la tierra y los espacios territoriales, favoreciendo la dotación colectiva a comunidades campesinas y pueblos indígenas de forma exclusiva, hasta que se hayan superado los desequilibrios producidos por la historia de saqueo de los territorios ancestrales.

La reversión y expropiación son instrumentos complementarios para la recuperación de tierras. Entre las causales de la reversión se tiene el incumplimiento de la función económica y social de forma parcial o total (artículo 52, Ley 3545:34). La reversión procede cuando el propietario hace un uso de la tierra que perjudica el interés de la sociedad y el Estado, eso implica que no se consideran en el análisis sólo los niveles de productividad y el pago de impuestos, sino también el régimen laboral, la calidad de los alimentos producidos, los efectos ambientales que afectan al conjunto de la sociedad y se propone una conceptualización más amplia del uso de la tierra bajo la forma empresarial. El concepto de expropiación asume una dimensión social y de restitución histórica. El artículo 203 del D. S 29215 determina que la expropiación procederá por utilidad pública, para redistribuir tierras entre pueblos indígenas u originarios que —ni como resultado del proceso de saneamiento de la propiedad agraria ni la distribución de tierras fiscales— no hubiesen sido dotados con tierra suficiente en cantidad, calidad y ubicación geográfica para asegurar la subsistencia física y reproducción étnica.

Los artículos 99 y 100 del D. S definen el alcance de la dotación: el “objeto de la dotación es constituir, de manera gratuita, derechos de la propiedad colectiva sobre Tierras Comunitarias de Origen (tco) y propiedades comunitarias. Siendo los titulares de las Tco o de las propiedades comunitarias los que realicen asignaciones familiares” y los beneficiarios; reafirma como beneficiario de las tierras fiscales que serán distribuidas y redistribuidas a las tco en favor de pueblos y comunidades indígenas u originarias y propiedades comunitarias (D. S 29215).

En este marco de definiciones, el proceso de reconstitución de los territorios de los pueblos indígenas, fundamentalmente de las tierras bajas, se enfrenta a concepciones de la reforma agraria que tienen como instrumento central la redistribución de la tierra conforme al derecho propietario individual, en desmedro del derecho colectivo y comunitario, sobre el territorio, y a un proceso que se inicia con la colonización del oriente boliviano, bajo la óptica de que la tierra es de quien la trabaja, y ve los territorios de los pueblos como tierra no trabajada.

Categoría jurídica de la propiedad de la tierra referida a las que pertenecen al Estado.↵

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El proceso constituyente en Bolivia: cuestionamiento de la lógica colonial

La Asamblea Constituyente[1] se convierte en un escenario privilegiado para poner en debate la concepción del país, a partir de dos proyectos políticos contrapuestos: el proyecto de dominación que busca consolidar un país monocultural, que legitima la base de la colonialidad expresada en el Estado monocultural, y el proyecto de descolonización que busca refundar el país a partir de una condición multisocietal que implique la pluralidad política, económica, social, cultural de los pueblos y naciones (Lizárraga, 2010).

La dimensión inicial de cualquier unidad de nuestros pueblos para constituirnos como “naciones” es fundamentalmente la territorial. Por lo que los pueblos indígenas debemos ser dueños de nuestros espacios territoriales ancestrales y recuperar aquellos que nos han sido despojados por la colonia y principalmente por la República. Es una deuda histórica que se tiene para con nosotros. Este elemento nos permitirá recuperar nuestra soberanía (Asamblea del Pueblo Guaraní [apg], 2006:2).

El cuestionamiento al Estado colonial por los pueblos y naciones se fundamenta en el reconocimiento de un pasado de marginación, masacre y explotación, que tiene su origen en la invasión como se consigna en el “juicio al Estado colonial” de la Comisión Visión de País de la Asamblea Constituyente.

La llegada de los españoles, portugueses, ingleses y otros europeos a América, ha implicado para la civilización caribeña, andina, amazónica, patagónica, etc., la ruptura de un modo de vida que ha estado vinculada a la naturaleza, a la forma económica, política y social más próspera de su época. Especialmente, la Corona española ha cometido crímenes de lesa humanidad bajo un régimen de terrorismo colonialista, donde el terror, el asesinato, la esclavización de la fuerza de trabajo indígena y el saqueo de nuestras riquezas se conjugaron con el arrebatamiento de las riquezas por medio del saqueo y la apropiación de los recursos mineros, la explotación de la fuerza de trabajo, la imposición de un régimen de hacienda en el campo llevando a cabo la expropiación de las tierras comunitarias de origen y el sometimiento de los indígenas a un régimen de esclavitud y feudalismo (Asamblea Constituyente de Bolivia, 2006-2007:6).

El sujeto que interpela al Estado colonial monocultural promueve un nuevo proyecto de sociedad; este sujeto transita por el horizonte histórico con historias, memorias, sistemas políticos y culturales, y territorios diversos; considera desafíos y tensiones en el proceso de construcción del Estado plurinacional comunitario, en la medida que además cuestiona los marcos interpretativos y las lecturas de la propia realidad y construcción de ese Estado.

Los pueblos proponen, como un elemento central de su proyecto político, la reconstitución de los territorios, como expresión de las naciones indígenas originarias campesinas, lo cual conlleva cuestionar el territorio político del Estado y la geografía de la dominación. Este cuestionamiento surge de la necesidad de reconstituir los sistemas de autogobierno de los pueblos en sus dimensiones de la gestión, conforme su propia historia y territorialidad.

En la actualidad los territorios indígenas tienen una serie de sobreposiciones y competencias de acuerdo a la división político administrativa de nuestro país. Por un lado, estamos divididos en provincias, al interior de ellas las secciones y cantones fragmentan nuestras unidades administrativas tradicionales [...] Por otro lado, se crean las Tierras Comunitarias de Origen como forma de propiedad colectiva, que ponen límites no reales al dominio tradicional del territorio [...] posteriormente se crean distritos indígenas y municipios en las capitanías, con presidentes de OTB y subalcaldes [...] Por lo que queremos eliminar las múltiples so-breposiciones político-administrativas que inviabilizan a nuestras naciones, determinando solamente una y desechando las otras (provincias, secciones o municipios, cantones), para ello debemos crear las Unidades Territoriales Indígenas Autónomas (utia) sobre las cuales se ejercerá el gobierno indígena y que cada nación indígena lo autodenomine de acuerdo a sus niveles territoriales… (apg, 2006:11).

El abordaje de la multidimensionalidad del territorio pone en debate la concepción del tipo de Estado y del territorio; el Estado Plurinacional Comunitario (epc) con autonomías manifiesta esa diversidad política, cultural y económica que fue desarticulada y que falta en el diseño monocultural del Estado colonial. Se trata de desmontar la so-breposición de los territorios a partir de reconfigurar, en especial, la arquitectura institucional, levantada sobre la propiedad de la tierra, y así rearticular el sustrato material del territorio según las dimensiones simbólicas, políticas, económicas y culturales. El Estado plurinacional comunitario está sustentado por el reconocimiento de la preexistencia de culturas que fueron sometidas desde la época de la conquista hasta nuestros días bajo las diversas formas de organización y explotación que asume el Estado colonial, republicano y moderno, en los momentos constitutivos, que impuso su estructura territorial e institucional.

Es necesario la redefinición de un sujeto político colectivo, base para este otro horizonte histórico-político de la descolonización, que interpela el proyecto de mestizaje prevaleciente desde la república. Este sujeto se concreta a partir de la articulación de las agendas y de los imaginarios de pueblos de tierras altas y bajas a través del Pacto por la Unidad,[2] plataforma donde convergen las diversas organizaciones de los pueblos de Bolivia para consolidar una visión de país que exprese la pluralidad social.

El Estado debe ser para todos, no como ahora que sólo fue botín de algún sector de la población (empresarios de poder y empresas transnacionales). Cuando se dice que el Estado debe ser plurinacional, pluricultural y multilingüe, estamos pensando en un nuevo modelo de Estado que apunte, ya no a un Estado-nación homogéneo, sino a una articulación de pueblos diferentes e identidades regionales hacia un Estado-nación en el marco de la heterogeneidad, donde se destaca una simultaneidad y diversas formas de vida que se expresan territorial-mente por pueblos, culturas, ecosistemas, habitat originario, oportunidades productivas y económicas (csutcb, 2006:23, grifos en el original).

El reconstituir el Estado a partir de matrices y estructuras territoriales e institucionales de las naciones originarias implica una nueva geografía, la de los pueblos; ademas abordar la contradicción básica que afirma que un Estado se corresponde con una nación, y la forma de organizar el territorio según el derecho de conquista e interés del capital para dar paso a otra, invisibilizada y desestructurada por la imposición colonial. Esta propuesta argumenta la configuración de la nación y del territorio mediante la vi-sibilización de las formas comunitarias.

Reconstituir los derechos colectivos sobre la integralidad de los recursos a través de la constitucionalización del “derecho originario y derechos colectivos”, puesto que la fragmentación del territorio fragmenta igualmente los derechos, al reconocer el derecho individual con los títulos de propiedad sobre uno de los recursos, la tierra; derecho que es insuficiente y limitativo en el marco de los derechos sobre el territorio que tienen los pueblos y en el marco de un modelo explotador y extractivista que sigue mercantilizan-do los recursos.

En el debate preconstituyente la Conamaq expone:

El Estado plurinacional establece su división territorial sobre la base del sistema político ancestral de los pueblos indígenas y naciones originarias. La división política administrativa del Estado plurinacional queda establecida en: 1. El Estado unitario plurinacional; 2. Territorialidades autodeterminadas de las naciones originarias; 3. Autonomías territoriales indígenas y Territorios discontinuos originarios; 4. Autonomías urbanas plurinacionales; una ley expresa determinará las características de cada una de las unidades políticas administrativas del Estado del Qullasuyu Bolivia (Conamaq, 2006:24).

Estas propuestas contrastan sustancialmente con la visión de un ordenamiento sobre la base territorial del Estado-nación: “Un Estado con nueve departamentos, igualitarios y con los mismos derechos, como base fundamental, que asegure la unidad nacional, y la convivencia pacífica de sus ciudadanos” (Camino al cambio, 2007).

El proceso de reconstitución de los territorios de acuerdo con los pueblos indígenas originarios campesinos tiene diversos matices. Los pueblos de las tierras altas desarrollan una estrategia de copamiento del Estado que funcionaliza el territorio de la dominación como matriz territorial, la cual contiene su territorio, situación diferente para los pueblos de las tierras bajas cuya lucha es emancipadora del territorio del Estado-nación, donde los municipios son territorios que no logran articular la totalidad de sus territorios (García Linera, 2010). Esta discusión es central en la medida que la concreción de la base material del territorio, proyectada en la nueva geografía, permitirá expresar la pluralidad política de los pueblos, ya que implica trastocar la composición y la representación de fuerzas políticas; en ese sentido, no se trata sólo de “reconocer estas unidades en el nuevo mapa del Estado plurinacional” sino de dar paso a ese desabigarramiento territorial en sus múltiples dimensiones.

La propuesta de autonomía no es un ejercicio nuevo para los pueblos, sino una práctica que ha estado presente y subalterna a la institucionalidad monocultural del Estado colonial; se basa en la autonomía ancestral, en la que los pueblos:

Queremos reivindicar que nuestras autoridades tradicionales en nuestras comunidades, tanto el cacique como nuestros dirigentes tradicionales, se mantengan. Que estas nuestras autoridades tradicionales, como nuestras máximas autoridades, sean administradores de nuestros territorio, de nuestros recursos naturales que existen en nuestras comunidades (Castro, 2005:67).

La autonomía indígena cuestiona la forma republicana de organización territorial, e implica la pluralidad política, económica, social y cultural de los pueblos, y cuestiona los límites para reconstituir el territorio de los pueblos. En este sentido, es la base para el diseño del Estado plurinacional como un mecanismo de tránsito a una forma de organización fundada en la cultura institucional de las naciones y de los pueblos, que además tiene que conjugar la existencia de esa otra cultura política dominante del Estado-nación.

Para los pueblos de tierras bajas, la autonomía tiene que hacer visible y legitimar los territorios de los pueblos, romper con la imagen territorial de la división político-administrativa de los departamentos y municipios. El tema es complejo en la medida en que a través de la división político-administrativa basada en departamentos, y las provincias en municipios, se organiza la autonomía departamental y municipal que fue ratificada en un “pacto político” en 2008 para aprobar el texto constitucional, como estrategia política para destrabar el proceso que se encontraba secuestrado por las fuerzas políticas conservadoras.

En el proceso de descolonización-desabigarramiento está a debate el concepto de territorio, la existencia de un territorio único con cualidad gubernativa, y se amplía a la coexistencia de una pluriterritorialidad que tiene su correlato en la condición multisocietal; además, introduce un cuestionamiento a las nociones de espacio vacío y derecho por conquista conforme la argumentación de que el territorio monocultural tiene como espacio apropiado los territorios preexistentes, fragmentados tras el andamiaje institucional basado en la organización del trabajo y la propiedad privada de la tierra como elementos fundantes del territorio monocultural, y el hecho, violento, de la invasión; desacraliza el concepto y abre la posibilidad de disputar su contenido y significado con un elemento discursivo, la preexistencia histórica. Es importante poner en relieve que la noción de preexistencia, que exponen las naciones y pueblos, fundamenta un territorio como legítimo.

Uno de los ejes centrales del debate constituyente radica en la fuerza que ese concepto tiene para abrir la discusión sobre la legitimidad del territorio del Estado, y obliga a recapitular la idea de formación del territorio del Estado y su sobreposición con los territorios de los pueblos.

La noción de preexistencia obliga al resto de la sociedad a construir una explicación propia sobre su proceso formativo particular, y da paso a la creatividad política de los núcleos societales, que pueden así mirarse mas allá de los parámetros que impone el Estado-nación, y esbozar posibilidades de reconfiguración de la figura estatal que pudiera expresar mejor su proyecto de sociedad y Estado. No es casual la emergencia de sujetos confrontados desde imaginarios territorializados, como son las naciones y pueblos indígena-originario-campesinos y los departamentos autonomistas, que reivindican dos concepciones contrapuestas de territorialidad estatal, enfrentadas desde la época colonial (territorios de los pueblos frente al territorio del Estado monocultural), y en abierta disputa por imponerse totalmente en el territorio del Estado.

En la concepción alternativa del territorio del Estado es preciso rearticular la diversidad política y económica de los sujetos, donde la propiedad privada no se constituye en territorio en sí mismo, pero sí en la expresión del territorio de la dominación, como su imagen, a partir de las instituciones y mecanismos con los cuales opera el poder mundial y se controla el excedente de la política. Por lo tanto, la descolonización implica la desarticulación de ese monopolio y sus instituciones estructuradas en torno del Estado; y de las empresas, como expresión del control de la economía y de los recursos, que operan fundadas en la propiedad privada de la tierra y de la forma de organización del territorio del Estado para controlar el espacio. En este sentido, la comprensión de la propiedad privada como territorio materializado hace referencia a la extensión del monopolio colonial que se establece para controlar los recursos y el excedente de la producción. El territorio del Estado no reconoce, según se argumenta en la visión de descolonización, esos derechos preexistentes, ese espacio apropiado y usado por pueblos y naciones que preexistieron, y propone mecanismos que permitan desmontar esa imagen del territorio de la dominación, que se sustenta en los coloniales, como la propiedad privada, sobre los cuales se estructura el Estado-nación con rasgos patrimonialistas que legitiman la propiedad privada y el derecho individual sobre el derecho colectivo.

Así aparece el conflicto de la pluriterritorialidad, aunque abigarrada, donde en la perspectiva de Zavaleta, la propiedad privada asociada al privilegio del conquistador es legitimada por un marco legal que otorga un derecho individual legalmente reconocido, sobre un derecho originario colectivo sistemáticamente negado y forzado a resignificar-se, subalternamente, en el marco de la propiedad privada individual controlada por la clase dominante colonialmente constituida.

El debate de la preexistencia y la raíz histórica cuestiona también cómo los conquistadores y colonizadores se apropiaron de las tierras indígenas y negaron el derecho colectivo originario. Con esto se articula la idea del origen, vinculado al espacio, que reconstruye la geografía de los pueblos, la lectura de la espacialidad en la perspectiva de rearticular los otros sistemas del mundo que fueron asimilados subalternamente en el sistema eurocéntrico; y recupera nociones, categorías y conceptos que son construidos por los procesos de resistencia de estos pueblos en todo el Abya Yala.

Por otra parte, parece central la discusión sobre el espacio vacío, deshabitado, que guía la constitución de la geografía de la dominación, tema que está relacionado con el debate sobre las áreas protegidas como parte de la agenda de la cooperación internacional para controlar “espacios naturales” que permitan conservar la biodiversidad, bajo el argumento de ser los pulmones del mundo. La creación e implementación de las áreas protegidas en Bolivia genera un escenario muy polémico, en la medida en que en la mayoría de los casos no responden a la demanda de las poblaciones locales y, además, se sobreponen a los territorios de los pueblos y naciones, imponiéndoles nuevas reglas de relación con la naturaleza, de mayor restricción, de acuerdo con el principio de la conservación.

Los temas de biodiversidad y medio ambiente, en la retórica y las propuestas del proyecto de dominación, dan una visión fragmentada de los territorios del campo, a los que se les atribuye cualidad económica sólo en cuanto contenedores de recursos naturales en buenas condiciones e ignoran las formas socioespaciales que los han gestionado históricamente y que hicieron posible esa conservación. Se convierten en mecanismos de despojo de los derechos originarios de los pueblos e incorporan una visión segmentada del territorio. En este marco, las organizaciones indígenas y campesinas dicen:

En consenso con las comunidades indígenas originarias y campesinas del lugar, las áreas protegidas y de conservación deben ser identificadas y declaradas por el Estado plurinacional como reserva de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. Así mismo, deben ser administradas, controladas y manejadas por las comunidades indígenas originarias campesinas, en coordinación con el Estado (Pacto por la Unidad, 2006:5). Para la explotación de los recursos naturales se debe consultar a las comunidades campesinas indígenas originarias dando cumplimiento al Convenio 169 OIT [...] El Estado debe garantizar a las comunidades regalías por el aprovechamiento de la biodiversidad, cuyo destino será la protección, desarrollo y mantenimiento de los recursos genéticos.

[...] Se debe resguardar las áreas protegidas de los territorios indígenas y deben ser administradas por las comunidades campesinas indígenas originarias (csutcb, 2006:32).

[...] Tercera. (Recursos Naturales). Se reconoce el dominio originario del Estado sobre los recursos naturales, pero allá donde haya formas comunales de gestión del territorio, se reconoce la jurisdicción de la comunidad sobre el uso y manejo de los recursos naturales que están vinculados a la reproducción de su sistema productivo [...] (fsucct, 2007:77).

Artículo propuesto: Los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas regionales y nacionales tienen derecho de participar en la definición de políticas y acciones en comunidades, regiones y pueblos indígenas en el nivel nacional, destinadas a la conservación del ambiente, uso y manejo de los recursos naturales y de ser consultadas cada vez que el gobierno nacional establezca acuerdos de carácter comercial, productivo y de usufructo de determinadas regiones, especies, suelos y subsuelos (Cidob, 2001:14).

La consulta se plantea como un mecanismo para avanzar en la restitución de un derecho colectivo territorial de los pueblos. Es un mecanismo que permite avanzar en la reconstitución de los territorios en su dimensión política (mecanismo que se expresa en la cpe).

Entre las propuestas de los pueblos está la rearticulación de los fragmentos, vistos desde la problemática de la tierra, de la biodiversidad y de la política, y debatir la relación entre sociedad y naturaleza, fragmentada en la lectura del Estado monocultural, y la visualización de los territorios como espacios vacíos. La discusión del tema de tierra y territorio tiene mucho que ver con la discusión de los recursos naturales y la biodiversidad, por lo que el proceso de reterritorialización remite a una concepción del territorio como totalidad, que hace alusión a la necesidad de hacer visible el derecho de la madre tierra, es decir, la tierra no sólo como contenedor de recursos y mercancías, sino fundamentalmente como expresión de la vida.

Desde la perspectiva de la descolonización, la reconstitución territorial del Estado no sólo se enfrenta al reto de desmontar el latifundio improductivo, sino también a la empresa de la conservación de la biodiversidad y el avance del agronegocio, como discurso moderno de la producción capitalista que justifica el acaparamiento de tierras con la productividad para exportación; debe debatirse sobre las condiciones de acceso a la propiedad de la tierra y el tipo de propiedad vinculado a la tierra, en el marco de los derechos históricos de los pueblos al territorio.

La Asamblea Constituyente tiene su origen en la marcha por el territorio y la dignidad de la década de 1990, instalada en 2006; aprueba la nueva Constitución Política en enero de 2009. El trabajo de la Asamblea Constituyente se organiza en 21 comisiones. El trabajo que desarrollo en este acápite se centra en el debate de la comisión núm. 1, Visión de País, y la núm. 16, Recursos naturales renovables, tierra, territorio y medio ambiente, que estaba conformada por 17 miembros. En cada comisión, según la representación de las fuerzas políticas y el debate, se hacen informes de mayoría y minoría, que representan la correlación de fuerzas internas. Algunos de los artículos son aprobados por unanimidad en las comisiones. ↵

El Pacto por la Unidad fue resultado de la decisión de avanzar en la transformación del Estado. Se consolida en 2004, con antecedentes en 2001 derivados de las estrategias de resistencia que desarrollan las organizaciones de los pueblos de tierras altas y bajas. Forman parte el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Indígena del Oriente de Bolivia, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, la Federación Bartolinas Sisas, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Confederación de Pueblos Étnicos Moxenos del Beni, Bloque Oriente. ↵

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Tierra y territorio en el proceso constituyente

A lo largo de la historia colonial y republicana el sistema político desarrolló mecanismos para consolidar el control sobre la tierra como recurso económico a partir de la propiedad privada, dando origen a un Estado monocultural con rasgos patrimonialistas (Tapia, 2010). La descolonización del territorio plantea la necesidad de desmontar ese rasgo patrimonialista del Estado y avanzar en una concepción sobre la propiedad de la tierra que permita la expresión plural del territorio.

De la concepción de integralidad del territorio, la tierra es la base material sobre la que se asienta el territorio y sobre la que se desarrolla la vida; la discusión sobre el dominio y la propiedad de los recursos naturales es fundamental, en la medida en que permite reconstituir los cuerpos sociales fragmentados, expresados en el territorio (gobierno y naturaleza). Por otro lado, incorporar el derecho colectivo es importante para avanzar en la diversidad de sistemas políticos que coexisten hasta ahora de forma desarticulada.

La reconstitución del derecho originario de los pueblos se refiriere a la preexistencia de la población y el territorio al momento de la creación del Estado, siendo los pueblos los sujetos del dominio originario de los recursos naturales; se interpreta que el “dominio es el poder que tiene el pueblo sobre el territorio puesto bajo la administración del Estado”, y se amplía la concepción de territorio a todos los recursos naturales que lo componen.

La definición del sujeto del Estado se convierte en el tema central de debate ya que está relacionado con la propiedad de los recursos naturales y el carácter patrimonialista del Estado. Por un lado, la propiedad de los recursos tiene que ser reconstituida como derecho colectivo de los pueblos que se encontraban antes de la constitución del Estado y “que el derecho originario es ese derecho que coexiste y subsiste al dominio civil y permite a quien lo tiene establecer las condiciones de ejercicio del derecho propietario común”. En el artículo 1, aprobado en la Comisión Visión de País, de la Asamblea Constituyente, el propietario es el pueblo boliviano y su delegación para la administración recae en el Estado. Este pueblo boliviano está conformado por los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas y ciudadanos individuales. Esta definición reafirma la constitución del bloque histórico indígena originario campesino y lo constitucionaliza en cuanto derecho colectivo e individual como base del Estado plurinacional comunitario. Además, refuerza la propuesta presentada por Alianza Social Patriótica (asp) que ese pueblo está conformado por “los pueblos indígenas, originarios, campesinos, comunidades interculturales, afrobolivianos y de las poblaciones culturalmente diversas del campo y la ciudad” (Artículo minoría, asp, 2007).

Estas definiciones contrastan con la presentada por el Poder Democrático y Social (Podemos)[1] de que la propiedad es del Estado como “representante de las y los bolivianos [...] quienes administran, reconociendo, respetando y otorgando derechos de propiedad privada, individual y colectiva sobre la tierra” (Artículo minoría, Podemos, 2007). El debate muestra la tensión entre la pervivencia de un Estado monocultural sustentado sobre los derechos individuales y un Estado plurinacional que avanza en los derechos colectivos, territoriales y de la madre tierra, para expresar esa condición multisocietal.

El tratamiento al tipo de propiedad expone la reconstitución del sujeto y del territorio en este nuevo momento constitutivo de la sociedad y del Estado. Un sujeto que en los diversos horizontes históricos de la formación social boliviana ha reconstituido e incorporado las instituciones políticas impuestas con la invasión. Este sujeto convive y se construye de formas institucionales políticas diversas que entran en tensión: lo colec-tivo-comunitario-privado-individual. Asimismo, trae a debate el hecho que la propiedad colectiva reivindica el territorio con su cualidad política. En su otra dimensión, el debate de la propiedad individual-colectiva, se enfrenta como reivindicación política de las comunidades campesinas en las que coexiste el derecho colectivo (áreas comunales de pastoreo, ríos, etcétera) con el derecho de propiedad individual (áreas de producción bajo el control de las familias). Estas redefiniciones y tratamiento que se hace sobre los tipos de propiedades involucra también el derecho individual de pequeñas unidades que desarrollan actividades productivas y que no están articuladas comunitariamente así como el derecho de las propiedades empresariales individuales.

Es un mosaico muy diverso de tipos de propiedad que coexisten desarticulada-mente, unas expresadas en el marco de la cpe y otras bajo sus propias formas políticas, que construyen una estructura de propiedad que se corresponde a la formación social abigarrada, con una complejidad muy grande en el momento de poner a debate la constitucionalización de los derechos y los tipos de propiedad. Recordemos que en 1952, la definición de mediana propiedad y de empresa agropecuaria posibilitó que el hacendado se reconstituyera en el marco del Estado-nación y legitimara su “propiedad” en el marco de la reforma agraria (Paz, 2009). En este marco, el tipo de propiedad está directamente relacionada con un tipo de sujeto que se reconstituye: un sujeto colectivo en el que coexisten el tipo de propiedad individual y colectiva y un sujeto de derecho individual.

Este sujeto colectivo, que tiene como base la propiedad colectiva sobre la tierra expresada en el territorio, pone a debate, por un lado, la condición de preexistencia basada en el dominio de los recursos naturales y, por otro lado, la coexistencia de formas políticas manifiestas en el derecho colectivo e individual sobre la propiedad de la tierra y los recursos naturales, como base de la reconstitución del territorio. Este sujeto a lo largo de la historia va institucionalizando el derecho individual como un mecanismo para adscribirse, autoincluirse, y de resistencia ante una sociedad y Estado monocultural que niega un derecho colectivo, donde la propiedad privada, en la práctica indígena, en una de las dimensiones, se convierte en un mecanismo para mantener el control de un territorio que se encuentra fragmentado y que se rearticula en su dimensión política, que coexiste subalternamente con la organización política del Estado monocultural. En este sentido, el planteamiento de los pueblos indígenas recoge esa tensión de lo individual y colectivo presente en el Pacto de la Unidad, donde convergen los pueblos indígenas de tierras bajas que plantean la propiedad colectiva como demanda política para reconstituir sus territorios y los pueblos originarios campesinos de tierras altas que buscan el reconocimiento de lo individual como base de la expresión comunitaria.

El tratamiento del tipo de propiedad conlleva un debate sobre el sujeto que constituye la Reforma Agraria de 1953 sobre la base de un derecho individual que vulneraba la base comunitaria, en la que “el solar campesino tiene una función de residencia rural”, siendo insuficiente para las necesidades de la subsistencia de una familia (artículo 6, Ley de Reforma Agraria), condición que se mantiene en el espíritu de la Ley 1715, artículo 41, que dice: “el solar campesino es el lugar de residencia del campesino y de su familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable”. Ambas conceptualizaciones sitúan el territorio desde una perspectiva del derecho individual, y fragmentan el territorio como espacio de vida y producción.

Esto contrasta con el pensar el espacio de vida (vivienda, producción y reproducción) a partir de la constitución de la propiedad y el derecho colectivo, que dan paso a la reconstitución de los territorios en una primera dimensión. Esta propuesta es estratégica para la reconstitución de la base de un derecho colectivo-comunitario y de rearticulación de los territorios, fragmentados por las determinaciones jurídicas liberales. En esta propuesta, el mas intenta avanzar en el tratamiento del derecho colectivo (propiedad comunitaria colectiva) como un mecanismo que rearticula las dimensiones del territorio según el derecho territorial y no sólo del derecho propietario agrario. Se explica: “El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino y comunidades interculturales”; es decir, el territorio como la reconstitución del sujeto titular de derecho colectivo, que complejiza la definición de Tierra Comunitaria de Origen (tco), como estaba en la Ley 1715, a un concepto de territorio con dimensión política, vinculado con un sistema institucional propio conforme un nuevo ordenamiento territorial, del que el régimen de autonomías es parte.

El derecho territorial como derecho de propiedad colectiva comunitario se concreta en la figura del territorio indígena originario campesino con cualidad política (autonomías indígenas originarias campesinas). El tránsito de tco a territorio indígena es fundamental en la constitucionalización de los derechos colectivos y sus autogobiernos fragmentados por la sobreposición del derecho propietario de terceros que “legalizaron” su derecho mediante, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada de la tierra.

Este debate trae el tema de la extensión que deben tener las propiedades, el proceso de acaparamiento de las tierras como base de los latifundios improductivos, la sobreposición de los derechos y la fragmentación de los territorios.

La propiedad no puede ser ilimitada, debe tener una finalidad social que está sobre lo individual. La necesidad de imponer un límite a la propiedad agraria, como una forma de evitar la acumulación de tierras en pocas manos, en función a las características productivas que éstas deben tener, son condiciones necesarias a definirse en una Ley especial, respondiendo a los criterios de desarrollo nacional y las condiciones agroecológicas de las zonas (Asamblea, Informe de mayoría, Comisión núm. 16).

Las extensiones máximas y mínimas serán reguladas por ley y se aborda el tema de la retroactividad. En este sentido, la definición de la extensión de la superficie de la propiedad abre también otro tema, relacionado con la superficie necesaria para la reconstitución de los territorios de los pueblos indígenas originarios campesinos; criterio que se tendría que diferenciar de los utilizados para determinar la extensión que debe tener una propiedad individual empresarial. Así, la discusión sobre la extensión para analizar el proceso de reconstitución de los pueblos está definida por el sujeto, su cultura y sistema productivo que desarrolla, en una perspectiva de justicia histórica.

En el tratamiento al tema de la distribución, redistribución y acceso a la propiedad de la tierra existen dos posturas. Una en la que el problema tiene que ver con temas estructurales y precisa abordar las formas de acceso a la propiedad de la tierra, la recuperación de las tierras por mecanismos de reversión y expropiación, las causales para mantener el derecho de la propiedad, el rol del Estado y la regulación del mercado. La otra, propone trabajar sobre la institucionalidad que tiene la responsabilidad de la distribución de las tierras.

La legislación agraria, vigente hasta 1996, preveía que las dotaciones podrían ser a favor de personas privadas, y generaba las bases del acaparamiento de las tierras fiscales. En este marco legal se mantiene el acceso a las tierras fiscales por la vía del mercado, en detrimento del derecho preexistente de los pueblos, criterio cuestionado en la argumentación de la csutcb, donde se dice que el libre mercado de tierras ha favorecido el acaparamiento de tierras y se ha constituido en mecanismo de los latifundios.

Para avanzar en la afectación de esta disposición se dice que el mercado de tierras está sustentado por las tierras fiscales, dotadas a privados en el marco de la legislación vigente hasta 2006, y que la tierra no es una mercancía, que debe cumplir una función de desarrollo y no una función lucrativa, que no puede estar expuesta a la compraventa de quienes tienen mas dinero, sino de quienes la necesitan para producir alimentos. En este marco se propone: a) la prohibición de la compraventa de tierras entregadas en calidad de dotación y las dobles dotaciones, que considero estratégico en la medida en que la ruta que deberían seguir estas dobles dotaciones es la de verificación de la fes para su posterior recuperación o expropiación en caso que así lo ameritare (causal de utilidad pública); b) la prohibición de la obtención de renta fundiaria generada por el uso especulativo de la tierra, que devuelve un carácter social a la tierra, y c) la regulación del Estado de los mercados de tierras para evitar la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por ley, o su división en superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad.

Lo anterior se concreta en la propuesta que hace el mas de que las tierras fiscales sean dotadas a “indígenas, originarios, campesinos, afrobolivianos y comunidades interculturales que no poseen o la posean insuficientemente, garantizando la titularidad de las mujeres en el acceso” (Asamblea, Informe de mayoría, Comisión núm. 16, art. 3). Contrasta con la de Podemos, en la que se propone que la distribución de la tierra fiscal sea definida conforme a un plan de ordenamiento territorial, que establece como mecanismos la dotación, adjudicación, distribución y redistribución; propuesta que deja abierta las posibilidades de los sujetos de esta distribución, que en las futuras legislaciones podrían ser nuevamente los grandes latifundistas.

La definición de los mecanismos de acceso pone en debate el tema de la posesión y del derecho preexistente. En la comisión 16 de la Asamblea Constituyente la propuesta de la mayoría reconoce la posesión legal como mecanismo de acceso a la tierra, pero no abunda en la condición de preexistencia; por el contrario, Podemos plantea que “la posesión como mecanismo para adquirir la propiedad agraria debe ser pacífica, continua por un mínimo de dos años y no ocurrir sobre un derecho preexistente”. El tema del derecho preexistente no es considerado en el artículo 395 propuesto en la nueva cpe; aspecto que es tratado en la Ley 3545 de reconducción comunitaria, donde la disposición octava define que “la posesión legal debe darse de manera pacífica, continuada y sin afectar derechos legalmente adquiridos o reconocidos”. Pese a este avance, en la Ley 3545 no se incorpora el derecho preexistente como criterio para determinar la posesión y limitar el acceso del derecho propietario de terceros en territorios de los pueblos indígenas frente a los posibles avasallamientos que se den a éstos.

La variable tiempo, introducida por Podemos, abre la discusión acerca de que la posesión tendría que ser considerada según variables de sobreposición de derechos con los territorios de los pueblos, y uso de la tierra disputada, entre otros criterios, y no basado en un intervalo de tiempo definido, pues así se estaría legitimando la sobreposición y fragmentación de los territorios.

La reconstitución de los territorios propone la eliminación de las formas improductivas de tenencia de la tierra. La revisión de las propiedades basada en el cumplimiento de la Función Social (fs) y la Función Económica y Social (fes), el sistema de trabajo (semiesclavitud y servidumbre), la extensión de superficie de tierra que tiene la propiedad privada y el acaparamiento a partir de la doble, triple y cuádruple dotación que tiene una familia, son mecanismos para eliminar las formas improductivas y avanzar en la reconstitución de los territorios.

La definición de latifundio de mas, en el marco del artículo 5 del Informe de mayoría, incorpora el criterio laboral para la valoración del tipo de propiedad y la eliminación de las formas improductivas. Un avance en términos de legislación agraria, si se asume que los latifundios del Oriente y del Chaco se mantienen en un régimen servidumbral y de semiesclavitud. Este aspecto no es considerado en la Ley 1715 de octubre de 1996. En este marco, el artículo de mayoría se sustenta en la argumentación siguiente:

Los sistemas servidumbrales de relación laboral para la explotación de la tierra o los sistemas esclavistas de ejecución del trabajo, deben ser catalogados como formas latifundia-rias de tenencia de la tierra. Por inverosímil que parezca, en Bolivia continúan existiendo relaciones servidumbrales y semiesclavistas sobre todo en las regiones habitadas por la nación guaraní, donde, según datos oficiales, existen más de mil familias viviendo en condiciones de servidumbre. Existen haciendas en el sur del país, Tarija, Chuquisaca, y Santa Cruz donde habitan familias cautivas y sin tierra, que no conocen el salario, la seguridad social, la salud y la educación. Es obligación del Estado eliminar todas estas formas de explotación humana, revirtiendo propiedades donde persistan relaciones de tenencia de la tierra servidumbrales o donde se verifique que se mantiene a personas en condiciones de semiesclavitud.

Este artículo responde a la preocupación que tienen los pueblos indígenas de sus poblaciones cautivas y de las formas de reproducción de este tipo de propiedad. Se convierte en una causal de reversión de las tierras para su posterior distribución.

Acerca de la extensión de la propiedad en necesario definir una superficie mínima y máxima:

Está prohibida la división de las propiedades en superficies menores a la superficie máxima de la pequeña propiedad reconocida por Ley, de acuerdo a las zonas geográficas, por afectar su aprovechamiento sustentable y por ser contrario al interés colectivo. Cuando la pequeña propiedad se encuentre fraccionada, el Estado deberá establecer mecanismos legales que permitan alcanzar la superficie mínima permitida.

La cpe, vigente hasta 2008, define como extensión de superficie máxima de la tierra es de 50 000 hectáreas. Podemos incorporar en su informe el criterio de considerar el latifundio como una propiedad que tiene una “superficie de tierra superior a la mediana propiedad, según la zona geográfica respectiva, que no cumple una función social y tiene un régimen de trabajo servid umbral”. Esta definición pone un candado de seguridad a la valoración que podrían hacerse de las propiedades, sin importar el tamaño, que no cumplieran con los múltiples criterios que determinan ese carácter latifundario, ya no determinado sólo por la extensión sino por las relaciones de producción (trabajo servi-dumbral o de semiesclavitud).

La propuesta del mas es que la superficie de 50 000 hectáreas tiene que ser redefinida en el marco de una ley específica, como superficie máxima de no más de 5 000 hectáreas, con carácter retroactivo.

Las fuerzas opositoras en la Asamblea Constituyente no permitieron llegar a un acuerdo sobre la extensión máxima de la tierra. Este tema fue dirimido en un referendo convocado mediante Decreto Supremo núm. 29.691 en el que 80.65% de los bolivianos aprobaron que la superficie de tierra no debe ser mayor a las 5 000 hectáreas. Es interesante que más del 65% de los votantes en la Media Luna[2] apoyan la propuesta de que la superficie de tierra no debe ser mayor a 5 000 hectáreas. Resultados del referendo que cuestionan profundamente las estructuras de poder y el acaparamiento de las tierras, y constitucionalizan, por medio del artículo 398, la prohibición del latifundio, la doble titulación considerada como acaparamiento y la conservación de la propiedad de acuerdo con su función económica social.

En la consulta no se incorporó el criterio de retroactividad, y quedó establecido que la superficie máxima de la propiedad no es retroactiva y no se convierte en parámetro para las propiedades ya existentes. Con esta figura, aprobada, de las 5 000 hectáreas se constitucionalizaría la sobreposición de las propiedades y legalizaría el derecho de los terceros que tienen sus propiedades encima de los territorios de los pueblos. Por otro lado, con los mecanismos de la ley 3545 y su constitucionalización en la cpe se posibilita la expropiación por utilidad pública como mecanismo para reconstituir los territorios (Ley núm. 3.545).

Pero el tratamiento del acaparamiento y despojo es debatible no sólo por la extensión sino también por el concepto de latifundio asociado con la discontinuidad geográfica que opera a través de mecanismos como la suma de propiedades que se tienen o administran, o la consolidación de los latifundios mediante la asociación de pequeñas y medianas propiedades que terminan despojando de sus tierras a los propietarios titulares e incorporándolos en sistemas de trabajo, por ejemplo el caso de la soja, la uva, etcétera.

¿Cuáles son esas condiciones y garantías para la conservación de la propiedad? Se planteó la necesidad de construir mecanismos que permitan avanzar en la construcción de una estructura agraria que refleje la complejidad de las formas de acceso y tenencia de la tierra que coexisten bajo los grandes latifundios que se consolidaron a partir de la revolución agraria (sobre todo en el oriente). También que la reconstrucción afecte la estructura de tenencia de tierra que se sostiene en los latifundios improductivos (tierras de engorde y especulación) y en los latifundios tradicionales, ya que no cumplen ninguna función social y vulneran los derechos de los pueblos.

El tratamiento de los criterios para la conservación de la propiedad agraria pone en debate el fin social que tiene la tierra, concebida en el marco de otro proyecto civiliza-torio, que tiene que ver con una conceptualización de la tierra como bien y no como mercancía. Por otro lado, la “función económica y social” como mecanismo de reversión o de legitimación de la propiedad permite avanzar en el proceso de reconstrucción de la estructura agraria.

El criterio: “el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria” y su fundamentación se sustentan en la conquista de la Reforma Agraria, donde el trabajo se constituye en la fuente de la propiedad agraria, y sitúa el debate en el derecho agrario y el de derecho territorial.

El trabajo otorga el derecho de ser propietario de la tierra. Consecuentemente, si no hay trabajo en la propiedad, la tierra debe retornar al dominio originario del pueblo boliviano representado por el Estado, correspondiéndole a éste su redistribución[...] Para que esta premisa sea cumplida es de vital importancia ligar indivisiblemente el concepto de trabajo al concepto de función social y función económica social (Informe Subcomisión Tierra y Territorio Comisión núm. 16:33).

Se establece una relación entre trabajo y función social y trabajo y función económica y social lo que permitiría avanzar en los criterios para conservar la propiedad. El criterio de acceso a la tierra a partir del trabajo (“la tierra es de quien la trabaja”), que ya se encuentra constitucionalizado y en el marco normativo agrario, es restrictivo y limita las posibilidades de acceso y conservación de la tierra y el territorio a los pueblos indígenas de las tierras bajas. Primero, porque el trabajo es una categoría que encierra un contenido de valoración mercantil y está asociado a criterios de productividad, donde en la perspectiva de los empresarios, los territorios son grandes latifundios y no se les da una función económica y social, y el Estado debería regular esta tenencia de la tierra y enfrentar la reconstitución con las valoraciones y relaciones que se establecen entre el sujeto y el “recurso”; segundo, porque el debate sobre la tierra ya no tiene que ver sólo con un problema de derecho agrario sino de derechos territoriales. En este sentido, en la reconstitución y recuperación de las tierras tendría que analizarse el tema de justicia histórica para tomar determinaciones sobre esas propiedades individuales que se sobreponen a los derechos originarios preexistentes de los pueblos indígenas.

Está pendiente un debate acerca de la comprensión de la categoría trabajo, ya que la idea de que “la tierra es de quien la trabaja” podría privilegiar de un tipo de productores que tienen tradición y vocación de trabajo relacionada con índices de productividad, en detrimento de otras formas de vida de los pueblos que se encuentran en territorios que en esa perspectiva productivista pueden ser tierras subutilizadas, y constituirse en espacios vacíos.

Como una condición para mantener el derecho propietario adquirido legalmente “los propietarios deben cumplir con la fs o la fes para salvaguardar su derecho, de acuerdo al tipo de propiedad”. Cabe una distinción entre el tipo de función para los pueblos y naciones originarias y la función que tiene la tierra para los propietarios individuales. Se define: “La función social es el aprovechamiento sostenible de la tierra y se constituye en la fuente de subsistencia y espacio de bienestar y desarrollo sociocultu-ral que deben cumplir la pequeña propiedad, los territorios y comunidades indígenas, originarias y campesinas, en sujeción a sus normas y procedimientos propios expresados en sus usos y costumbres” (Asamblea, Informe de mayoría, Comisión núm. 16). La función económica y social se define con el criterio de que la tierra es para el desarrollo de actividades productivas en beneficio de la sociedad: “La función económica social es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario, que deben cumplir las propiedades empresariales (Asamblea, Informe de mayoría, Comisión núm. 16). Así la condición para mantener el derecho de propiedad individual es la dimensión económica social. Propuesta constitucionalizada en el art. 393 de la cpe de 2009: “El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda”, que incluye la distinción del cumplimiento de la función económica para el caso de los pueblos indígenas originarios campesinos.

En la propuesta de Podemos, en la Comisión 16 de la Asamblea Constituyente, se pone a debate la valoración de las “áreas efectivamente aprovechadas, de descanso, servidumbre, ecológicas, legales y de proyección de crecimiento, conforme a su capacidad de uso mayor”. Un aspecto que merece mayor atención son los criterios de valoración para determinar el uso. Las tierras improductivas, que son acaparadas por los latifundistas, muy rápidamente pueden encontrar una función económica y social si se determina, por ejemplo, un área improductiva como área de ecoturismo o de investigación de la biodiversidad, donde las inversiones serían mínimas; en este sentido, deben incorporarse otros criterios que definan, por ejemplo, la pertinencia de la determinación de esa actividad de investigación con los pueblos de la región, o el efecto que tiene una actividad de ecoturismo en medio de territorios indígenas, además de criterios relacionados con el origen que tiene la propiedad.

En este marco, el debate sobre la fs y la fes trae a colación la discusión sobre las áreas de servidumbre y la proyección del crecimiento. Este tema es debatido en el contexto de la marcha de noviembre de 2006, como criterios para apoyar la desestructuración de las bases patrimonialistas del Estado. La definición de servidumbres preocupa a los empresarios, quienes proponen que las riberas de cuerpos de agua que no se pueden usar, sean incorporadas al área productiva, es decir, sean parte de la fes (pa, 7 de noviembre de 2006). Este argumento es debatido por las organizaciones sociales.

Para avanzar en la reconstitución de los territorios es necesaria la recuperación de las tierras fiscales y la distribución equitativa de las tierras. De ahí que la reversión y expropiación se relacionen con el acceso y la conservación de la propiedad agraria, temas que son tratados en la Ley de Tierras. En el debate en la comisión de la Asamblea Constituyente, se propusieron tres causales para la reversión; a) el “incumplimiento de la función económica social; b) la evasión de las obligaciones tributarias, y c) la tenencia latifundiaria de la tierra”. Se incorporó que la reversión y expropiación también acontece para las tierras en manos de extranjeros, ya que en el Chaco y sobre todo en el Oriente sucede el acaparamiento de las tierras productivas.

Este tema genera tensiones muy fuertes y el grupo opositor[3] dice que se precautelara la propiedad privada, más allá del origen y mecanismos por los cuales se obtuvieron los derechos sobre la tierra, y proponen como único mecanismo la expropiación. Se determina que el cumplimiento de la fs es la fuente fundamental para la conservación de la propiedad agraria en todas sus formas y su incumplimiento sólo puede sancionarse por medio de la expropiación, previa declaratoria de utilidad pública probada e indemnización justa que considerará inversiones, mejoras y daños sobrevinientes. En esta propuesta de Podemos se establece una medida compensatoria, como la indemnización y entra en tensión con la propuesta de asp: “Revisión de títulos de propiedad agraria otorgados por el gobierno neoliberal a los nacionales y extranjeros (Asamblea, Informe de minoría, asp, 2007).

Pero la reconstitución no sólo trata la dimensión de la propiedad sino trae también a debate la gestión territorial indígena, que pone en el centro de la cuestión mecanismos como la consulta, las autonomías y la definición centralmente de territorio. En este sentido, el proyecto de reconstitución de los territorios desafía rearticular las dimensiones del territorio (material e inmaterial) y dotarlo de un marco de derechos para reconstituir el sistema de gobierno de los pueblos. Implica reconstituir la multidimensionalidad del territorio, el derecho ancestral y la institucionalidad la cual se desarrolla el gobierno y la gestión de estos territorios. El informe del mas, artículo 2, define claramente los territorios:

Son territorios indígenas originarios los espacios geográficos que constituyen el habitat de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, afrobolivianos y comunidades interculturales, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural de modo que aseguran su vida y su desarrollo.

El concepto de reconstituciones territoriales da paso a un debate sobre los límites territoriales y los derechos de terceros: “La ley regulará la forma de ejercicio de derecho colectivo, sobre territorios indígenas o reconstitución territoriales originarias (Acta Comisión, 2007:24). Por otro lado:

El Estado plurinacional debe establecer una división territorial sobre la base del sistema político ancestral de los pueblos indígenas y naciones originarias. Debe existir una división política del Estado plurinacional el cual debe quedar establecido como un Estado unitario plurinacional (Acta Comisión, 2007:25).

Estas propuestas ponen en el centro de la disputa el pacto territorial del Estado-nación, con una nueva configuración territorial basada en los territorios ancestrales que interpelan, en el caso de los pueblos de las tierras bajas, la configuración político administrativa, incorpora la propuesta de continuidad territorial como tema de construcción del Estado plurinacional. El tratamiento de la gestión del territorio interpela también la sobreposición en los territorios constituidos por áreas protegidas, concesiones forestales, campamentos de explotación petrolera, entre otros, y pone a debate el sujeto de derecho y los mecanismos de administración. En el primer punto, el debate de la comisión concluye que es derecho exclusivo de los pueblos indígenas explotar los recursos naturales que se encuentran en sus territorios:

El reconocimiento al “derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por Ley y la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y definir su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza” (Asamblea, Informe de mayoría, art. 9).

La mayoría, al reconocer la “forma de ejercicio de los derechos colectivos, sobre sus áreas de ocupación actual y de acceso tradicional, mediante procedimientos que garanticen su acceso y control, a favor de los pueblos indígenas originarios y comunidades” (Asamblea, Informe de mayoría, art. 9); avanza en el reconocimiento de un derecho preexistente, la comprensión de “áreas de acceso tradicional”, que constituyen las bases para debatir sobre el derecho territorial. Idea reforzada en la propuesta de autonomía indígena sobre la reconstitución y los autogobiernos de los pueblos indígenas originarios campesinos.

Si bien esta figura implica restituir de un derecho fragmentado por la institucionali-dad del Estado colonial y en este nuevo momento constitutivo procura hacer visible ese derecho colectivo de los pueblos indígenas campesinos, la definición no avanza sobre la administración de los territorios que “coexisten”: el territorio indígena y el territorio de la conservación.

Sobre los mecanismos de administración, Romero dice que el tema de la sobreposición de los territorios indígenas fue compatibilizado en la Ley del Medio Ambiente y eso dio paso a que en la Ley inra se reconozca el derecho de uso y aprovechamiento de los recursos naturales en territorios indígenas así como su distribución y redistribución de acuerdo con sus normas y costumbres (Acta, 16 de mayo 2007). Esta compatibiliza-ción aborda problemas de gestión, pero no restituye los derechos colectivos de gestión, es decir mantiene la sobreposición de una institucionalidad sobre la otra, y remite el problema a la administración de las áreas protegidas con participación de los pueblos indígenas que quedan dentro de los territorios de conservación, donde “el consejo de gestión comprime los ‘derechos colectivos’ a la participación de los pueblos indígenas dándoles un protagonismo como ‘jardineros de la conservación’”.

El mas, en el artículo 2 de su informe, incursiona dos temas. El primero tiene relación con el dominio de la propiedad, y determina que el pueblo boliviano es quien tiene el dominio y propiedad de los recursos y quien otorga la administración al Estado. En la exposición de motivos se introduce el derecho originario de los pueblos preexistentes al momento de la constitución del Estado. Es importante retomar este concepto en el tratamiento sobre la gestión del territorio:

Se respetan y garantizan los derechos colectivos preexistentes de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, afrobolivianos y comunidades interculturales sobre sus territorios. Corresponde al Estado unitario plurinacional normar mediante Ley la formalización de estos derechos garantizando el acceso inmediato a su habitat, preservando su continuidad geográfica. Se tomará especial atención a los pueblos indígenas en estado de aislamiento o en contacto inicial (Informe, mas: 56).

El segundo tema, es la continuidad geográfica, que debate la base material sobre la que se asientan las autonomías del territorio indígena originario campesino. Este aspecto es importante, porque la gestión de un territorio indígena, en el marco del proceso de descolonización, tiene que buscar representación en la imagen territorial: mapa del Estado. Es un tema que tendrá que seguir siendo debatido en el proceso de implemen-tación de la cpe y de las reglamentaciones específicas.

Implica la revisión de las concesiones forestales otorgadas que se sobreponen en territorios indígenas para que sean recuperadas por los pueblos. Es un tema que requerirá de un tratamiento y debate especiales debido a que las áreas fiscales son la base de las concesiones forestales privadas, que es necesario revisar para avanzar en la descolonización de las estructuras agrarias y en la reconstitución de los territorios de los pueblos.

El debate de las organizaciones indígenas campesinas trae a colación el tema de la consulta y participación que fue agendado en la cuarta marcha indígena y que además tiene el respaldo del convenio 169 de la oit, elevado al rango de ley. El informe de mayoría, artículo 9, dice: “la consulta previa e informada y la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios.” Propuestas que fueron constitucionalizadas en el artículo 403 de la cpe promulgada en 2009.

Podemos es una agrupación ciudadana de centro derecha fundada en 2005 por el ex vicepresidente de Acción Democrática Nacional, partido de derecha que lideró procesos dictatoriales en Bolivia. Tiene como objetivo presentarse como fuerza opositora del bloque campesino indígena a la cabeza del Movimiento al Socialismo en las elecciones nacionales de 2005. Podemos se convierte en una fuerza minoritaria en las comisiones de la Asamblea Constituyente.↵

La Media Luna es una construcción política desarrollada por las clases dominantes para rearticular un bloque de poder que confronte al bloque conformado por campesinos indígenas en el horizonte de la descolonización. Territorialmente, esta construcción articula al agropoder de Santa Cruz, Beni y Pando, donde se asienta el latifundio sobre los territorios de los pueblos indígenas de tierras bajas y Tarija que cuentan con los campos gasíferos más importantes del país. En este territorio se encuentran 34 de los 36 pueblos indígenas originarios campesinos reconocidos en la Constitución Política del Estado aprobada en 2009. El proyecto Media Luna, bajo la bandera autonomista, generó una ola de violencia y conflictos, y puso en tensión el proceso desatado por los pueblos.↵

El bloque opositor a la cabeza de Podemos tiene como mandato precautelar el derecho agrario que se obtuvo tras los procesos fraudulentos y de cuotas de poder en diferentes gobiernos liberales.↵

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Tierra, territorios y autonomía en la práctica de implementación

La aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009 enriquece las posibilidades para la construcción de la plurinacionalidad y del derecho territorial. En el campo del derecho agrario existe el concepto de la propiedad comunitaria colectiva (artículo 394), la dotación de las tierras fiscales a los pueblos indígenas originarios campesinos (artículo 395), la fes y la fs como mecanismos para conservación de los territorios (artículo 397), la reversión y expropiación para revertir las propiedades (artículo 401). Estos mecanismos ya se encuentran en la Ley 3545, aprobada en 2006.

Hasta diciembre de 2011, el área saneada se habría quintuplicado, de 9.3 millones de hectáreas a 60.3 millones (inra, Somos Tierra, diciembre, 2011). Según esta fuente, el proceso de saneamiento beneficio a 376 856 personas de comunidades campesinas y 409 856 personas de las tierras comunitarias de origen; 15% del total son tierras comunitarias de origen de las tierras altas (9.8 millones de hectáreas). Los pueblos de las tierras bajas tienen bajo su propiedad 12.6 millones de hectáreas que representan 19% de la superficie saneada y 55% del área demandada. Se tiene un total de 22 millones de hectáreas declaradas como tierras fiscales, de las cuales sólo seis millones están disponibles para distribución.

El proceso de reconstitución por la vía del saneamiento en la gestión 2006-2010 expropió, a través del inra, 388658 hectáreas de tierras; estas acciones se respaldan en el marco legislativo que exige que se cumpla la fes. En la gestión de 2009, por ejemplo, se expropió el predio Yasminka que se encontraba sobrepuesto a tierras, comunitarias de origen del pueblo Guarayo, en Santa Cruz, proceso que permitió que el pueblo Gua-rayo recuperara el dominio originario sobre las 12500 hectáreas que se encontraban en manos de la familia Marinkovick.[1] En la gestión de 2010 fueron afectadas más de seis familias,[2] con 115818 hectáreas, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, limítrofes con Brasil. Este proceso, según el inra, se dio tras verificar que las tierras no estaban en producción y porque hubo fraudes en los procesos de legalización.

En todo caso, la reconstitución de los territorios de los pueblos indígenas se enfrenta a una sobreposición de derechos con los grandes latifundistas que han acaparado tierras en el Oriente del país (Santa Cruz, Beni, Pando y el Chaco) y donde el saneamiento es mucho más complejo.

La reconstitución agraria no cabe considerarla sólo en la dimensión administrativa, sino también a través de la dimensión política de los territorios. En este sentido, el proceso para los pueblos de tierras altas y bajas es diferente, ya que la reconstitución política de los pueblos de tierras bajas se enfrenta a problemas de continuidad territorial y de confrontación con los bloques de poder.

El artículo 2 de la cpe reconoce, en principio, la autodeterminación de los pueblos y naciones Indígenas Originarios Campesinos (ioc), expresada en las autonomías, entidades territoriales con capacidad política de autogobierno según los pueblos y naciones ioc, autogobierno que se ejercerá de acuerdo a normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a atribuciones y competencias que provee la Constitución.

En las vías para consolidar una autonomía indígena están establecidas la propiedad colectiva de la Tco, o bien la jurisdicción del municipio; es decir, las entidades territoriales originadas en la dinámica de estructuración del territorio republicano, que usurpó la tierra indígena para privados, quienes amparados por el Estado “cercaron” a los indígenas en lugares marginales y, en el caso de los municipios, en concordancia consolidando con la lógica político-administrativa basada en las necesidades de expansión y control territorial del Estado republicano. Se trata de una reconstitución de la territorialidad indígena ancestral y, en todo caso, es un proceso dentro de la estructura territorial republicana, limitada además a la escala municipal (individual o mancomunada), que permanece inalterada y ratificada. Lo primero que salta a la vista a la hora de implementar las autonomías indígenas es la inconsistencia entre los límites de las tierras comunitarias de origen y los municipales, como observan algunos investigadores (Cañedo, 2011:253), ya que las primeras son inicialmente establecidas bajo el criterio de propiedades agrarias, y los segundos son jurisdicciones político-administrativas del Estado, que deben compatibilizarse para dar lugar a las autonomías indígenas originadas en las tierras comunitarias de origen.

Esta complejidad es evidente por la cantidad de municipios que a la fecha acceden a la condición de autonomía indígena, 11 en el país frente a ninguna tco hasta el momentó, lo cual se explicaría, según estos autores, por la dificultad de compatibilizar el territorio de las tierras comunitarias de origen con la división político-administrativa del territorio del Estado, mientras que los municipios ya encajan en esta lógica; se afecta la velocidad relativa de implementación de las autonomías ioc por ambas vías (Cañedo, 2011:255).

En la década de 1990, las tierras comunitarias de origen parecían un mecanismo para satisfacer la demanda de territorio de los pueblos indígenas de tierras bajas, reivindicación que pone en el debate no sólo el tema de la propiedad de la tierra sino también los derechos territoriales y de autogobierno de los pueblos y naciones ioc. Sin embargo, se trataba inicialmente de regular el derecho propietario para salvaguardar sus territorios de las propiedades privadas. El saneamiento sancionaba una propiedad agraria a favor del pueblo indígena, y al mismo tiempo consolidaba las propiedades agrarias de los “terceros”, en vez de restituir el derecho territorial indígena; la Tco sirvió para consolidar la usurpación de tierras y ratificar la condición de reclusión espacial a los indígenas. Un caso patético, a manera de ejemplo, es Itika-Güasu del pueblo guaraní en Tarija, cuyo saneamiento resultó al final de cuentas en la consolidación de las propiedades ganaderas de los denominados “terceros”, karai o blancos, incrustadas en todo el territorio.

Esta estrategia de “reconocimiento” del territorio indígena favorece un tratamiento agrarista, y lo mismo despoja de sus connotaciones de justicia histórica y de conflicto en la legitimidad de la propiedad ganadera, de manera que los argumentos para disputar la tierra se basan en lógicas productivas, y no en derechos históricos de los pueblos y naciones. Un punto central en el debate por las tierras entre indígenas y ganaderos durante el periodo de los saneamientos es la precisión de “dotar” o de “adjudicar” la tierra, por las connotaciones jurídicas que tiene cada forma de entregar la tierra a los indígenas; la una que reconoce un derecho histórico difícil de revertir una vez sancionado y, la otra que establece un simple mecanismo de compraventa que elimina el reclamo histórico y con ello abre el mercado de tierras.

Estos procesos se constituyen en antecedentes jurídicos y políticos para proyectar los nuevos espacios territoriales en los cuales construir el autogobierno de los pueblos y naciones ioc; se identifican en la nueva Constitución como espacios geográficos importantes de referencia para constituir las autonomías ioc, a condición de que se adecúen territorialmente a la división político-administrativa del Estado.

En el caso de Raqaypampa, en los valles altoandinos del departamento de Cochabam-ba, se adecuó el territorio republicano a la territorialidad del pueblo indígena, proceso que tomó un par de décadas. Lo cual se logró reagrupando a las comunidades autoiden-tificadas con el territorio y ubicadas en cantones de la provincia Mizque, que enfrentaban la oposición de las élites criollas afincadas en la capital de provincia cuyo poder se basa precisamente en la aplicación de los anteriores límites republicanos, así como cierta resistencia de la organización sindical campesina de la provincia, controlada por campesinos “parcelarios”, basada en la división político-administrativa republicana, de manera que ademas de constituir una nueva entidad territorial administrativa, se tuvo que articular un nuevo esquema territorial de la organización sindical campesina en la Central Provincial, denominado Central Indígena de Raqaypampa. Esta Tco concluyó el trámite de constitucionalización de sus estatutos autonómicos, y como ya tiene un territorio “adecuado” a la división político-administrativa del Estado, con este paso prácticamente se integró a la condición de autonomía ioc (Regalsky 2011).

Por otro lado, la adecuación territorial al municipio puede seguir más bien el camino del territorio republicano impuesto, que implica la misma lógica territorial usada para evitar la rearticulación del sujeto indígena, y se corre el riesgo de mantener las estructuras espaciales de dominación colonial. Según algunos, es el caso del municipio de San Ignacio de Mojos, y hay autores que sostienen que este municipio tiene buenas posibilidades para ser municipio indígena autónomo, “por su 70% de población mojeña, porcentaje que sube 81% si se le añade 8% de otros pueblos indígenas orientales y 3% de quechuas y Aymarás” (Romero y Albo, en Cañedo, 2011:266). Esta perspectiva, en realidad, ignora la cuestión colonial de articulación de la comunidad política en el territorio republicano, y piensa de manera ingenua que el consenso es posible en situación de desproporción de poder entre los sujetos.

El territorio indígena y Parque Nacional TiPNis, ubicado entre Cochabamba y Beni, es creado, primero, como área protegida en 1965 para limitar el área de colonización en tierras bajas; en 1990 es declarado como territorio indígena, en respuesta a la demanda de la marcha indígena de ese año por territorio y dignidad, antecedente fundamental para introducir en la ley inra de 1996, la figura jurídica de propiedad colectiva sobre la tierra a favor de los pueblos indígenas, conocida como tco. En 2011, los pueblos del TiPNis (yuracarés, chimanes y mojeño trinitarios) realizan una marcha para reclamar su derecho a ser consultados y para oponerse a la construcción de una carretera que pasa por el centro del territorio, a raíz del derecho propietario que les faculta a ser consultados cuando una medida del Estado les afecte (Paz, 2012), y es por ese derecho propietario que demandan ser consultados, sin necesidad de constituirse en autonomía ioc.

Por otro lado, según la Constitución, las autonomías ioc tienen como competencia exclusiva la gestión y administración de los recursos naturales renovables (art. 304), lo cual genera una tensión compleja frente al Estado plurinacional y la población boliviana en su conjunto, que también adquiere derechos constitucionales al respecto (arts. 348 y 349), y que en la práctica los ha enfrentado desde tiempos coloniales por el acceso y control de los recursos, ya que en eso precisamente consiste el proceso colonial.

La autonomía ioc es una formalización política de las estructuras socioespaciales indígenas existentes, que pueden estar reconocidas en unidades municipales, regionales, de conservación, o territorios indígenas; o existir simplemente como pueblos indígenas; y el hecho de establecerse la posibilidad constitucional de acceder a la autonomía política en el seno del nuevo Estado plurinacional, ya le confiere un marco de derechos sobre el territorio, cuyo ejercicio no sólo depende de su consolidación como autonomía ioc, sino también de ser pueblo indígena.

El caso del TiPNis es paradigmático, ya que es un territorio indígena que se consolida inicialmente como Parque Nacional y que posteriormente asume su condición de territorio indígena, pero en la lógica de propiedad agraria colectiva sin cualidad de autogobierno. En estas circunstancias adquiere el reconocimiento implícito de lo que se estipula en la cpe respecto a los pueblos indígenas, y aunque no inicia un trámite explícito para constituirse en autonomía indígena, mantiene su categoría de “territorio indígena” sin posibilidades de ejercicio político para definir sobre su territorio. La complejidad y las tensiones de lo que implica la restitución de los derechos territoriales aparece en el conflicto que se desata tras el proyecto del Estado donde uno de los tramos carreteros atraviesa esta Tco. Las posturas sobre este proyecto tensionan al sujeto constituyente indígena originario campesino, cuyos intereses y aspiraciones los confrontan y fracturan internamente los acuerdos dentro del Pacto por la Unidad.

En este marco, la consulta definida para reconstituir el sistema político sirve ahora para confrontar las aspiraciones de este sujeto que se constituyó en la base del proceso y poner un límite a la reconstitución de los territorios con cualidad política.

Este proceso es emblemático porque el predio estaba en poder de la familia Marinkovick, dueño de una de las mayores empresas aceiteras. Fue hasta 2008 que el líder cívico de la región oriental de Santa Cruz formó parte del bloque Media Luna, junto con otros líderes cívicos de Tarija y Beni que impulsaron un movimiento separatista.↵

Entre estas familias se encuentra la del empresario Oswaldo Monasterios, propietario del canal de televisión Unitel. A esta familia se le han expropiado 21011 hectáreas de tierras improductivas en la oriental Santa Cruz, que se suman a las 3000 de diciembre de 2009 y 13 184 de mayo de 2012, con lo que la superficie perdida por la familia supera las 37100 hectáreas.↵

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Conclusiones

El proceso que vive Bolivia desde 2005 tiene escenarios diversos que muestran la complejidad de lo que implica el desmontaje de un paradigma civilizatorio homogeneizante que se sobrepone a una pluralidad societal y política. El debate constituyente marca un nuevo horizonte histórico-político para repensar y refundar el país, y cuestiona el proceso formativo del Estado y la sociedad. En el debate, luego de proyectos políticos contrapuestos, la redefinición del sujeto político colectivo es la base para el horizonte histórico-político de la descolonización, que coloca la disputa por la tierra y el territorio como eje de interpelación a la organización territorial monocultural del Estado a fin de dar paso a una pluriterritorialidad en el Estado plurinacional comunitario.

Mientras que para los pueblos ioc, la tierra y el territorio están vinculados a una noción de reconstitución y autodeterminación, en tanto estructuras societales que conforman una estructura política diversa y heterogénea en el Estado-nación, para los sectores conservadores, la tierra, como propiedad privada, es la base del poder del Estado y el territorio monocultural; es la expresión de un Estado homogeneizador que organiza el espacio mediante la noción dominante de recurso económico funcional para el sistema capitalista.

Los principios y las nociones dominantes de espacialidad colonial y republicana son desafiados por la perspectiva de los pueblos y naciones ioc, quienes debaten la validez y coherencia de la estructura territorial del Estado monocultural y monoétnico. Por eso, la propuesta de los pueblos es reconstituir los territorios a partir de las estructuras societales que componen el Estado, entendido como plurinacional, y en consecuencia reajustar el diseño territorial del Estado en correspondencia con la territorialidad sub-alternizada por la dominación colonial. La defensa de la estructura territorial republicana, en tanto construido nacional suficiente e incontestable, es encarado por las clases dominantes, y la consigna clara es no aceptar bajo ninguna circunstancia la más mínima alteración de límites internos construidos en el proceso colonial y republicano, que fueron consolidados en función de la dominación colonial y apropiación privilegiada de las riquezas por las élites establecidas colonialmente.

En esta perspectiva, el territorio es disputado como base para una nueva estructura societal que busca expresarse en el nuevo diseño del Estado. El desafío consiste en resolver la territorialidad abigarrada, originada en las relaciones de dominación colonial que anclan el territorio monocultural, e imposibilitan a los sectores subalternos, colonialmente constituidos, acceder a los horizontes del vivir bien.

En este marco, el problema de la tierra adquiere una nueva connotación, construida por la condición de plurinacionalidad del Estado, donde la redistribución de la tierra implica, además de un derecho individual sobre la propiedad agraria, una estrategia estatal para reconstituir territorialmente a los pueblos y naciones, y desmontar la so-breposición de derechos propietarios individuales y derechos colectivos sobre la tierra en tanto espacio territorial de constitución política de lo plurinacional. Así, propiedad privada y sujeto se convierten en un tema de debate central, en la medida en que el territorial monocultural se fundamenta en la base patrimonialista generada en el derecho individual, que expropia la tierra de los territorios de los pueblos y naciones indígenas. Este tema pone a debate la tensión que lleva en sí el propio sujeto indígena originario campesino, sujeto constituyente del horizonte histórico de la descolonización, fragmentado en algunas de sus instituciones políticas, culturales, económicas, que se fun-cionaliza a las políticas de tierras que consolidaron un derecho privado individual que convive con el derecho colectivo comunitario. Esta noción de abigarramiento también es internalizada en el propio sujeto.

Así, si bien la revolución agraria generó mecanismos para avanzar en la reconstitución de los territorios, y descentralizar la propiedad de la tierra, tiene que resolver la tensión en el propio sujeto constituyente por la coexistencia de los dos tipos de derechos: el colectivo y el individual. En otro plano, la tierra ya no es sólo un problema de acceso, sino que pasa de la simple redistribución de tierra como factor de producción a la condición de espacio territorial de autodeterminación de estructuras societales restituidas en el marco del nuevo Estado plurinacional, con el desafío de desmontar la territorialidad abigarrada, y donde la autonomía indígena originaria campesina se convierte en una propuesta política para descentralizar el territorio monocultural y avanzar en la reconstitución de los territorios fragmentados.

La cpe aprobada en 2009 ha constitucionalizado la propuesta de los pueblos, pero también de los grupos conservadores dominantes. Esto crea una tensión en diversos campos, ya que para avanzar en las matrices comunitarias se tendrá que descentralizar el monopolio económico-político de las clases dominantes de origen colonial, estructurado en la conformación del Estado-nación; también implica el equilibrio entre las visiones internas y contradictorias que tiene el propio sujeto, lo que evidencia la enorme complejidad del proceso de descolonización del Estado.

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Archivos

Archivo Documental de la Asamblea Constituyente. Archivo Hemerográfico Jaina.

13

2. Colombia: agricultura y capitalismo Darío Fajardo Montaña

Durante las décadas de 1980 y 1990 la agricultura colombiana sufrió importantes transformaciones: una nación que contaba con niveles de producción suficientes para abastecer la casi totalidad de su demanda de bienes agrícolas básicos llega a la segunda década del siglo xxi con importaciones de alimentos cercanas a 50% de sus requerimientos. Este comportamiento de la producción agrícola corresponde a una tendencia compartida con otros países dependientes, guarda relación con políticas económicas ejercidas desde los centros de decisiones mundiales y se ha traducido en una creciente vulnerabilidad alimentaria de estos países.[1] La particularidad de Colombia consiste en que estas transformaciones de la agricultura ocurren como expresión del régimen de acumulación dominante, construido a través del entramado social y político de una guerra civil encubierta, prolongada por mas de 50 años y dinamizada por el narcotráfico. Esta es la forma en la cual se han “traducido”[2] en Colombia las orientaciones de las políticas económicas internacionales, establecidas durante este periodo bajo la orientación del Banco Mundial y con directrices específicas para el país.[3]

En este artículo se exponen las características generales de la agricultura colombiana y su participación dentro del conjunto de la economía del país, los cambios ocurridos en las últimas tres décadas, las políticas públicas dirigidas hacia el agro y los conflictos que han rodeado a estas transformaciones agrícolas.

Véase Llambí (1995), Rubio (1994) y Moore (2010).↵

Mendes Pereira (2010) caracteriza como "traducción" el proceso a través del cual fueron adoptadas por varios países las políticas de las que forma parte el modelo de reforma agraria por la vía del mercado de tierras.↵

Véase Banco Mundial (1995), en particular las recomendaciones de política.↵

14

Economía agraria de la sociedad colombiana

Colombia atraviesa por un severo conflicto social armado, cuyas manifestaciones más características se iniciaron hace cerca de cinco décadas; las raíces de estas confrontaciones se encuentran en las relaciones que han dominado el mundo rural, desde el cual se han proyectado al conjunto del país. A pesar de sus perfiles predominantemente urbanos, la configuración del pib considera una participación elevada de la agricultura en el empleo y particularmente en las exportaciones (véase cuadro 2.1), y según el Informe Nacional de Desarrollo Humano del pnud (2011) 32% de los colombianos son pobladores rurales; al mismo tiempo, el coeficiente de Gini para la concentración de la propiedad agraria ocupa uno de los rangos más altos de América Latina (0.85), junto con Paraguay (0.93), Venezuela (0.88), Brasil (0.87) y Perú (0.86), pero sin que Colombia cuente con los desarrollos industriales de los últimos tres países (pnud, 2011:203).

La distribución de las oportunidades económicas revela el marco social del conflicto: de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (2010:13) 46% de la población se encuentra en condiciones de pobreza y 16% en pobreza extrema; según el Banco Mundial (2004:59), en 2002 la tasa de pobreza rural era de 79%, y de 37% la pobreza extrema. De acuerdo con la primera de estas fuentes, la informalidad en el empleo alcanza 60% y el coeficiente de Gini de la concentración del ingreso es de 0.56, uno de los más elevados del mundo. Estas circunstancias son acentuadas por los efectos las políticas agrarias, las cuales, aplicadas en el marco del conflicto armado, debilitan la capacidad de abastecimiento alimentario del país. Frente a esta situación inducida, la dirigencia nacional se ha adherido al tratado de libre comercio planteado por el gobierno estadounidense con el apoyo de la mencionada entidad financiera internacional.

Las reformas económicas para la liberalización comercial implantadas desde comienzos de la década de 1990 pusieron en evidencia los efectos, generados por la concentración de la propiedad, sobre los costos de producción y se constituyeron en punto de partida para la aplicación de la “reforma agraria vía mercado de tierras” (Mendes Perei-ra, 2010). Con anterioridad a la promulgación de la norma que traduciría esta política, la ley 160 de 1994, el Banco Mundial y la fao organizaron algunos estudios para crear un clima favorable a esta política, a los que se añaden algunas evaluaciones y esfuerzos propagandísticos en la región.[1]

Estos argumentos se esgrimían durante esa década, en la cual comenzó la implantación de las políticas de la apertura económica. Detrás de la imagen de una sociedad urbanizada, de sus clases altas volcadas al consumo y distante de las dificultades que golpeaban a otros países de la región, en alguna medida gracias a los recursos generados por el narcotráfico,[2] otras realidades comenzaban a perfilarse.

En efecto, el desconocimiento del peso real del campo no correspondía a la realidad. Frente a otros países de la región con condiciones similares de tamaño, población y composición económica, Colombia continuaba, y continúa, con una mayor proporción de las actividades agrícolas en el pib y su participación en el empleo. De acuerdo con el bid, en 2004 la participación del sector agropecuario en el pib de Colombia, equivalente a 11%, se sitúa por encima del promedio de la región, estimado en 9%; igual ocurre en cuanto al empleo, indicador que alcanza en Colombia 20% frente a 17% de los países estudiados en la región (véase cuadro 2.1).

No obstante, de acuerdo con las políticas dictadas por dos entidades rectoras de la política económica nacional —el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial— el Informe Nacional de Desarrollo Humano (2011) registra cómo entre 1990 y 1996 el gasto público agropecuario descendió como porcentaje del pib total, de un promedio de 0.67% a cerca de 0.27% entre 2000 y 2009 (pnud, 2011:315).

Esas decisiones políticas, junto con los efectos de la guerra, traducidos en el desplazamiento de campesinos productores de alimentos y el abandono de sus tierras, han incidido en la reducción de la oferta de estos bienes básicos. Según el Informe de la Misión de Estudios del Sector Agropecuario,[3] en 1989 Colombia contaba con condiciones de relativo autoabastecimiento alimentario, las cuales, entre 1960 y 1987 oscilaban entre 94.1% y 82.1% para los cereales y se situaban en 100% a lo largo de todo el periodo para frutales, hortalizas y carne.[4] De estos niveles de oferta se pasó, en 2010, a una situación bastante diferente: las importaciones de alimentos, que en 2002 ascendían a cinco millones de toneladas ascendieron a más de ocho millones de toneladas (véanse gráficas 2.3 y 2.4).[5]

Véase Hóllinger (1999) y Tejo (2003).↵

En el apartado referido al narcotráfico se hará referencia al valor de estos recursos.↵

Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de Planeación (1989).↵

Con coeficientes de suficiencia de 100% o cercanos a ese nivel en carne, lácteos, tubérculos, azúcar, frutales, hortalizas; superiores a 79% en cereales, y 70% en oleaginosas (Ministerio de Agricultura, 1989: 493).↵

Véase Agronet (2010), dañe (1996) y López (2012).↵

15

Bases de la agricultura

a. La apropiación de la tierra

Las condiciones de la propiedad agraria contrastan con una legislación relativamente abundante, establecida para alcanzar un mayor equilibrio en su distribución. A lo largo del siglo xix varios gobiernos promulgaron normas encaminadas a un reparto de la tierra que diera cabida a distintos sectores sociales.[1] En las diversas coyunturas en las cuales se han manifestado expresiones de crisis social y política en Colombia reaparecen propuestas en torno de la agricultura y, en particular, el acceso a la tierra. Así viene ocurriendo desde los años veinte del siglo pasado, cuando los altos precios de los alimentos convergieron con las movilizaciones campesinas e indígenas y ayudaron a propiciar la caída del gobierno conservador en 1930. Pocos años más tarde, el primer gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938) expidió la ley 200 de 1936, “Ley de tierras”, dirigida a formalizar la propiedad agraria y a utilizarla de manera productiva; para este efecto, la norma introdujo el criterio de la función social de la propiedad como principio para legalizar su tenencia.[2]

Los mínimos avances que entonces se alcanzaron en beneficio de algunas regiones con recias expresiones de organización campesina, fueron borrados por la violencia oficial desatada a fines de los años cuarenta. En el contexto de estas acciones del Estado y sus aliados contra las organizaciones campesinas surgieron varias manifestaciones de resistencia armada, dos de las cuales habrían de perdurar hasta el presente: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), el Ejército de Liberación Nacional (eln) y el Ejército Popular de Liberación (epl), a las cuales se hará referencia más adelante.

Para algunos pensadores políticos, como Toro Agudelo (1985), era innegable la relación entre la guerra, la concentración de la propiedad y la pobreza generada en los campos. Esta preocupación coincidió con las gestiones del gobierno del presidente John E Kennedy para convencer a su contraparte colombiana de impulsar una “reforma agraria”, como parte de la Alianza para el Progreso. En 1961 fue expedida la ley 135, “Ley de la reforma social agraria”, desarrollada a través de las leyes Ia de 1968 y 30 de 1988; la primera de ellas referida a la organización de la Asociación Nacional de Usurarios Campesinos (anuc) como interlocutores del Estado en la afectación de la propiedad de la tierra.

El desarrollo de la reforma agraria así planteada siguió tres etapas: de 1962 a 1967, de organización institucional, iniciación del apoyo a la producción, adecuación de tierras y la dotación de crédito a los pequeños campesinos; de 1968 a 1972, de “marcada acción reformista” con el apoyo de la organización campesina como palanca de la intervención estatal en el régimen de tierras; la fase final, de 1973 a 1982, marcó su retroceso en el marco del “Acuerdo de Chicoral”, celebrado entre el gobierno, representantes de terratenientes y empresarios y de los partidos políticos tradicionales (Machado, 1994:105)[3]

En reemplazo de la redistribución de tierras, en el interior de la frontera agrícola se inició un programa de colonizaciones en localidades de las selvas húmedas y semihúme-das de la Amazonia, la Orinoquia, el Pacífico y el interior del Caribe. Las condiciones marginales de estos asentamientos y la reducida atención del Estado propiciarían, unos pocos años mas tarde, la aparición de los primeros cultivos de marihuana, seguidos por los de coca y amapola, en una ruta que conduciría al país al agravamiento de sus conflictos internos, con proyecciones internacionales (Henderson, 2012).

El “Acuerdo”, centrado en asegurar la protección de la propiedad agraria, fue desarrollado a través de las leyes 4a de 1973 y 6a de 1975. La primera de ellas estableció el criterio de “renta presuntiva”, mediante el cual el Estado reconocería la actividad productiva del propietario de la explotación como garantía para no intervenirla y con ello desapareció la posibilidad de redistribuir tierras en el interior de la frontera; el acceso, para los campesinos carentes de tierra, quedó limitado a las titulaciones de baldíos (colonizaciones) . La segunda dio nuevamente reconocimiento a la aparcería como relación productiva, que garantizaría la producción y la estabilidad social en el campo.

A falta de un reparto agrario, las proporciones de la concentración de la propiedad de la tierra no solamente se han mantenido sino que, siguiendo un diagnóstico ya familiar en América Latina, han empeorado (Boron, 2004). En el caso de Colombia, estas condiciones han empeorado gracias, en buena parte, al ingreso de los recursos del narcotráfico, legalizados parcialmente a través de la adquisición de bienes raíces urbanos y rurales. Entre principios de la década de 1990 hasta el presente, el país ha presenciado el afianzamiento de la tendencia hacia la concentración de la propiedad rural, documentada en varias fuentes; entre ellas, los estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac), la Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias (Corpoica) y el Banco Mundial.[4] Como lo ilustra la gráfica 2.1 y según esta misma fuente, para principios del decenio pasado las fincas menores a cinco hectáreas correspondían a 65.7% de los propietarios y controlaban 5% de la superficie; en 1966 representaban 66.8% y controlaban 4.3% de la superficie; en 2001, las fincas menores a tres hectáreas pertenecían a 57.3% de los propietarios y controlaban 1.7% de la superficie. Igualmente, para 1984 las fincas con más de 500 hectáreas correspondían a 0.5% de los propietarios y controlaban 32.7% de la superficie; en 1996 pertenecían a 0.4% de los propietarios y controlaban 44.6% de la superficie; en 2001 estas fincas aún correspondían a 0.4% de los propietarios y controlaban 61.2% de la superficie, distribución a la cual ha contribuido el destierro de más de cuatro millones de personas.

Por su parte, el estudio del Banco Mundial reportaba para esos mismos años un coeficiente de Gini nacional de concentración de la propiedad de 0.83%, el cual, para el final de la década, se había agravado, puesto que entre 2000 y 2009, en particular a partir de 2005, la propiedad de la tierra rural se había concentrado aún más, particularmente en 56.6% de los municipios, lo que elevó el coeficiente mencionado en 2.5%.[5] De estos estudios deriva lo que Boron (2004:41) caracteriza como la “consolidación de una estructura social mucho más regresiva que la heredada del legado desarrollista nacional”.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano (2011), al comentar la distribución de la propiedad rural advierte cómo si se analiza desde el punto de vista de la disponibilidad de hectáreas por propietarios, el índice de Gini es de 0.87% y resulta aún más elevado si se analiza la distribución de unidades agrícolas familiares (empresas básicas agropecuarias capaces de remunerar su trabajo a la familia y disponer de un excedente capitalizables).14 De esta aproximación se desprende que “casi 80% de los propietarios-poseedores están prácticamente en la pobreza absoluta pues obtienen un ingreso que no supera el salario mínimo legal” (pnud, 2011:205).

Véase LeGrand (1986), Bejarano (1985), Palacios (2011), Machado (2009).↵

Sobre los antecedentes de esta ley, véase Toro Agudelo (1985), Hirschman (1965) y Machado (2009).↵

Arango (1994:137), señala: "entre 1962 y 1982 se entregaron 648234 hectáreas del Fondo Agrario Nacional (constituido con tierras compradas, expropiadas o cedidas), a 34918 familias, a razón de 18.5 hectáreas por parcela y 2 111 236 hectáreas de extinción de dominio a 27933 familias de 75.5 hectáreas cada una. Es decir, de las 800 000 familias sin tierra del censo agropecuario de 1970 fueron favorecidas 4.36% por el Fondo Agrario Nacional y 7.9% si se incluye la extinción de dominio".↵

Véase Instituto Geográfico Agustín Codazzi-Corporación Colombiana de Investigación Agropecua ria (2002), Banco Mundial (2004) e Ibáñez (2008).↵

Véase Ibáñez (2009) y pnud (2011, parte 3, capítulo 6).↵

16

Política de tierras para el régimen agroexportador

En un foro, convocado por la Contraloría General en junio de 2005, en torno de la ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio,[1] el vicecontralor general de la República[2] informó que los estimativos sobre las tierras controladas por narcotraficantes y parami-litares superaban los cuatro millones de hectáreas, cifra que según otras fuentes asciende a seis millones de hectáreas y que es aceptada en las instancias oficiales. Este proceso de usurpación de la propiedad mediante la violencia no solamente ha reforzado la concentración monopólica de la propiedad, sino que, de acuerdo con algunos analistas,[3] al tomar curso políticas previstas en el Plan de Desarrollo 2010-2014 estaría en marcha su legalización y el fortalecimiento del significado político y estratégico de la gran propiedad territorial.

Éste ha sido el caso de las tierras de diversas comunidades afrodescendientes en las selvas de la región del Chocó, colindantes con Panamá. En estas localidades, las comunidades beneficiadas por la titulación comunitaria derivada de la ley 70 de 1973 fueron expulsadas por la acción de grupos paramilitares, apoyados por unidades del ejército, y luego sometidas a procesos judiciales que llevaron a la expropiación de parte de su territorio, del que se adueñaron varias empresas productoras de palma aceitera, banano y ganados.[4]

Si bien el Estado ha producido normas explícitamente dirigidas a evitar la concentración de la propiedad rural y aun con contenidos favorables a la restitución de tierras a la población desplazada por la guerra, la aplicación de estas normas termina legalizando la apropiación de los predios abandonados por los desplazados por otros interesados. Este ha sido el resultado de la aplicación de la ley 975 de 2002 (Ley de Justicia y Paz) así como de la ley 1182 de 2008.

Una versión inicial de la “Ley de desarrollo rural”, declarada inconstitucional por no haber realizado la consulta previa con las comunidades afectadas, tal como lo prevé la Constitución Nacional, llegó a establecer la prescripción adquisitiva de dominio en favor de quienes hubiesen ocupado tierras durante cinco años suponiéndolas baldías. Para facilitar su aprobación este apartado fue suprimido pero, luego, presentado como “proceso especial para el saneamiento de la propiedad inmueble”, fue aprobada como Ley 1182 de 2008.

A finales de 2011, el gobierno expidió algunos decretos reglamentarios de la ley 1448 de 2011 (“Ley de víctimas y restitución de tierras”), la cual ha generado largos debates en tanto establece mecanismos para proteger las inversiones realizadas por los beneficiados por la usurpación de tierras (“Derecho de superficie”) y rehuye la restitución debida a las víctimas, lo que facilita el debilitamiento definitivo de las comu-

Esta ley estuvo explícitamente motivada por la lucha contra el narcotráfico.↵

Véase Flórez (2005). Los alcances de esta ley fueron discutidos igualmente durante los debates a la llamada "Ley de Justicia y Paz", mediante la cual la administración de Uribe proporcionó el marco jurídico para la legalización de los grupos paramilitares, a mediados de 2005.↵

Véase Fajardo Montaña, Salgado Araméndez, Machado et al. (2011).↵

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2005).↵

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Titulación y extranjerización de tierras

En seguimiento de las recomendaciones del Banco Mundial (2007) ,[1] el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ha establecido condiciones favorables para la participación de empresas transnacionales junto con capitales nacionales en el proceso de cambios en la agricultura: en un foro sobre el acaparamiento de tierras, realizado a comienzos de 2011, el parlamentario Wilson Arias informó sobre la presencia de cinco grupos nacionales y siete extranjeros,[2] todos ellos con inversiones sobre 130000 hectáreas, ademas de intereses de China e India sobre 900 000 hectáreas adicionales (Arias, 2011), tendencia que coincide con la señalada en un reciente informe de Oxfam sobre extranjerización de tierras (Oxfam, 2011).

Estos grandes proyectos se inscriben dentro del sesgo en favor de la gran empresa, sustentado en sus supuestas ventajas sobre la pequeña explotación para alcanzar mayores productividades, ampliamente rebatido, incluso por estudios del Banco Mundial (2003). De acuerdo con estas mismas orientaciones, las únicas propuestas dirigidas hacia la pequeña propiedad se centran en la “empresarización” y las “alianzas productivas” como únicas alternativas para lograr su viabilidad económica.

Frente al despojo masivo de tierras generado por la guerra, el gobierno ha propuesto realizar titulaciones masivas para superar la informalidad de la propiedad y las dificultades para su aprovechamiento. No obstante, las amenazas a la vida de los pequeños campesinos pueden traducirse en la legalización del despojo: cumplidas las titulaciones masivas, los desterrados que pretendan regresar no cuentan con protección efectiva para sus vidas, ni con apoyo económico ni técnico para reconstruir y ampliar sus comunidades y economías. Como consecuencia, tendrán como única opción enajenar sus tierras, ahora de manera “legal”, dando cumplimiento a un requisito sin duda exigido por las empresas multinacionales, interesadas en hacer inversiones sin riesgos jurídicos.

b. Los usos del suelo

En cuanto al aprovechamiento de las tierras, la información de las Encuestas Agropecuarias del Departamento Nacional de Estadística (dañe) permite establecer una correlación entre el tamaño de las explotaciones y su uso. Según esta fuente, las explotaciones mayores destinan a la producción de alimentos superficies relativamente menores que las asignadas por las unidades más pequeñas; además, las fincas de mayor tamaño dedican más de 15% de su superficie a praderas y abarcan 42% de las tierras ganaderas, en tanto que a usos agrícolas destinan solamente 0.8%. Al mismo tiempo, las fincas con menos de cinco hectáreas dedican a la agricultura 6% de su superficie, lo cual explica la participación de la agricultura parcelaria en el abastecimiento de alimentos, estimada en más de 30% de la oferta nacional para los mercados citadinos (dañe, 1996).

El significado de esta participación se hace especialmente crítico en el contexto de la guerra: de acuerdo con el Centro de Estudios del Desarrollo (Cede)-Universidad de Los Andes, más de 60% de los hogares que habían sido desplazados en 2004 tenían acceso a tierras, más de 50% tenían títulos legales y la extensión promedio de las explotaciones ascendía a ocho hectáreas. De esta manera, uno de los efectos de la guerra ha sido el debilitamiento de la producción nacional, lo cual profundiza el empobrecimiento de la población.

Al lado de la subutilización de los suelos viene ocurriendo la generalizada destrucción de los ecosistemas en su conjunto, mediante prácticas como quemas de rastrojos, talas indiscriminadas, mecanización y riegos inadecuados, todo lo cual ha conducido a extendidos procesos de erosión, compactación, desertificación y salinización de los suelos. Según el Ideam, en 2001, 33.9% de los suelos del país estaban afectados por grados de erosión entre “moderada” y “muy severa”; al tiempo que en la región Caribe 28.3% de los suelos se encontraban salinizados (León y Rodríguez, 2002:18). A estas circunstancias se añade la destrucción de suelos y ecosistemas producida por las fumigaciones para eliminar los cultivos de marihuana, coca y amapola (Vargas, 1999).

Coinciden las conclusiones del Banco Mundial y del igac. Según el Banco Mundial (2004:10-11), “sólo 30% con aptitud agrícola es utilizada para este propósito [...] en tanto que el doble del área adecuada para pastos es dedicada a la ganadería”. En este mismo sentido, el estudio IGAC-Corpoica señala cómo de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura escasamente se están utilizando poco más de cuatro millones,[3] pero frente a los 19 millones de hectáreas aptas para ganadería se han dedicado 39 millones a pastos, con un hato de no más de 25 millones de cabezas,[4] desplegados en una heterogénea estructura productiva.

Llama la atención advertir que esta misma expresión, "ventana de oportunidades", es retomada de manera reiterada en el propio texto del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.↵

Los grupos nacionales: Luis Carlos Sarmiento Ángulo, Valorem-Familia Santodomingo, Sindicato Antioqueño-Familia Liévano, Familia Eder, Francisco Santos, con proyectos sobre 220 000 hectáreas; gru pos extranjeros: Cargill-Holding Black River, de Estados Unidos; Mónica y Amaggi, de Brasil; GPC, de Chile; El Tejar, de Argentina; Poligrow, de España.↵

En términos de superficie cultivada (2000-2002), los principales productos son café, maíz, arroz, plátano, caña para panela, yuca y caña de azúcar; en términos de valor son café, frutales, plátano, arroz, hor talizas, flores, papa, banano. Véase Ministerio de Agricultura (2005:12).↵

Véase IGAC-Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (2002, capítulo II).↵

18

La relocalización de la agricultura

A partir de la década de 1990 y hasta el presente se han hecho evidentes en la agricultura colombiana los cambios ocurridos en el mundo, en términos de la participación de los cultivos y de las superficies destinadas a ellos. Las cifras para este periodo sobre las áreas cultivadas registran un descenso en las superficies, si bien presentan inconsistencias: según la fao, en el lapso entre 1990-1992 y 1995-1997, las áreas cultivadas disminuyeron de 4900000 hectáreas a 4261000 hectáreas (véase cuadro 2.2); según el Ministerio de Agricultura, consultado por Jaramillo (2002:161), el área cultivada en 1990 era de 3 739 200 hectáreas con un descenso a 3 069 000 en 1997.

Esta tendencia, analizada por distintos especialistas,[1] se ha expresado en Colombia como una crisis agrícola y ha ocurrido en varias secuencias. Siguiendo el comportamiento general de la agricultura, el país ha registrado la disminución de la participación del sector en el conjunto de la economía: en el periodo 1945-1949 el sector agropecuario tenía una participación de 40% en el pib total; para 1960-1964 esta participación se redujo a 30%, a 17% en 1990 y a 11% en 2000 Caramillo, 2002:36).

En cuanto a los cambios en la composición de la producción, entre 1990 y 2005 el área sembrada con cultivos temporales pasó de 51.1% a 41.5% de la superficie en producción y de 2 366 millones a 1687 millones de toneladas, en tanto que los permanentes pasaron de 26.9% del área a 39.4% y de 1274 millones a 1603 millones de toneladas.[2] En esta reconfiguración de la agricultura ha ocurrido incluso el debilitamiento de la economía cafetera, anteriormente el principal renglón de exportación de Colombia y columna vertebral de su economía: de una participación de 75.8% en las exportaciones en el periodo 1979-1981 descendió a 15% en 2004.

En Colombia, las particularidades de este proceso están dadas, de una parte, por el desmantelamiento violento de áreas de comunidades campesinas mediante la guerra y el destierro y, por otra, por la usurpación de sus tierras.[3] Así ha ocurrido la expansión de estos últimos cultivos sobre algunas de las áreas expropiadas, como son los casos de los cultivos articulados con los intereses agroindustriales y de empresas multinacionales, y la palma africana y la caña de azúcar, productoras de materias primas para la obtención de agrocombustibles.

El descenso en la oferta de alimentos de consumo directo ha debido ser compensado con adquisiciones en el exterior: en 1991, Colombia importó un millón de toneladas de bienes de origen agropecuario por valor de 500 millones de dólares; en 1996, las compras en el exterior sumaron cinco millones de toneladas por 1600 millones de dólares y, en 2010, las importaciones de productos agropecuarios ascendieron a nueve millones de toneladas por las cuales los colombianos debieron pagar poco más de 4 000 millones de dólares (véanse gráficas 2.2 y 2.3).

En los cambios ocurridos en la agricultura colombiana han incidido entonces factores externos, fundamentalmente los generados por directrices de las entidades financieras y de la cooperación técnica internacionales, acogidos en las políticas nacionales e internos (fao, 2004:32). Estas políticas se han traducido en la reducción de las asignaciones fiscales para el desarrollo rural dirigidas hacia la pequeña y mediana agricultura, al tiempo que ascienden las exenciones fiscales y subsidios a los grandes empresarios, recursos asignados de manera excluyente en beneficio de las agriculturas empresariales.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura,[4] entre 1995 y 2008, la inversión pública en desarrollo rural descendió de 35.6% del presupuesto para el sector a 0.9%, con una recuperación de 26.9% solamente entre 2000 y 2003; los recursos para el Programa de Desarrollo Rural Integrado (dri) cayeron de 25.9% a 0% y la asignación para el fomento de proyectos de la mujer rural se redujo de 3.5% a 0.9%. Al mismo tiempo, los fondos para apoyo directo a la inversión (proyectos empresariales) ascendieron de 10% a 57%, destacándose la creación del programa Agro Ingreso Seguro (ais), cuya participación creció de 35% en el año inicial (2007) a 43.8% en la siguiente vigencia. La asignación de los recursos de este programa desató severos escándalos que concluyeron con el procesamiento penal de altos y medianos funcionarios del Ministerio de Agricultura.

Llambí (1995), Ziegler (2003) yMadeley (2005).↵

SAC, Departamento de Estudios Agronómicos, [www.sac.org.co], consultado en febrero de 2012.↵

Véase Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2007) y Sal gado (2008).↵

Agronet Colombia, consultado el 13 de junio de 2010.↵

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Los agrocombustibles – “cultivos promisorios”

El ascenso de los cultivos calificados como “promisorios”, permanentes, era perceptible desde la década de 1980, tal como lo señaló el Informe de la Misión de Estudios del Sector Agropecuario citado anteriormente; sin embargo, a partir de la siguiente década recibió atención sostenida de los sucesivos gobiernos. Desde entonces, estos cultivos, en particular la caña de azúcar y la palma africana, ingresaron en las prioridades de la política agrícola, en términos de estímulos a la inversión en la siembra y la producción, en el establecimiento de plantas de procesamiento y en la obligatoriedad del consumo.

En el caso de la caña de azúcar,[1] dada la disponibilidad de materia prima representada en las áreas cultivadas, las inversiones del sector privado han estado orientadas hacia las instalaciones para la obtención y disposición del etanol, proceso iniciado en 2005. En el caso de la palma, las inversiones se han dirigido tanto hacia la expansión del área sembrada como a la ampliación de las plantas de elaboración del biodiésel, cuya producción se inició en 2008 (Infante y Tobón, 2009).

El desarrollo de este cultivo a partir de la década de 1990 se ha apoyado en la aplicación de los instrumentos de fomento establecidos por la ley 101 de 1993, en particular las “alianzas productivas”.[2] Su gradual expansión, con más de 350 000 hectáreas sembradas actualmente, sitúa a Colombia como quinto país productor, si bien media una abismal diferencia con los principales productores (Malasia, con tres millones de hectáreas e Indonesia-Kalimantan con 1.5 millones).

A través de las “alianzas” el gobierno propicia el establecimiento de relaciones contractuales entre grandes, medianos y aun pequeños productores con el fin de lograr incrementos de la productividad y el aprovechamiento más eficiente de los recursos, para lo cual proporciona subsidios y estímulos fiscales.

De acuerdo con una evaluación, realizada en 2009 por Fedepalma (2009), sobre estas “alianzas”, 28.5% de la palmicultura del país es manejada dentro de esta modalidad empresarial, la cual cubre poco más de 50 000 de las 330 000 hectáreas sembradas en el país. En ellas participan cerca de 4 000 pequeños productores, cada uno de los cuales tiene en promedio 12.8 hectáreas sembradas en palma.

Uno de los principales problemas que presentan estos acuerdos son las incertidum-bres de los proveedores sobre la baja capacidad para negociar los precios de venta de sus cosechas a las empresas, ante lo cual el Estado no actúa: “El conflicto causado por el porcentaje de liquidación del precio entre la empresa ancla y los proveedores aliados se debe principalmente a la falta de claridad en la información a todos los productores sobre la manera de calcular el precio y los costos de transporte, asistencia técnica y otros que pueden estar implícitos en el precio, y a la falta de figuras de arbitraje entre las partes” (Fedepalma, 2009).

A estas dificultades se añaden las limitaciones para el mejoramiento de su producción y productividad debido a las carencias de recursos económicos y a los riesgos fito-sanitarios (en particular la patología denominada “pudrición del cogollo”).[3] Estas restricciones limitan el mejoramiento del manejo ambiental de la producción, y generan dificultades para la comercialización internacional, sujeta a procesos de certificación, de alcance incierto para los pequeños productores.

En 2001, el gobierno inició un programa para la comercialización de los combustibles de origen vegetal con la ley 693 de 2001 (“ley de alcohol”), pero fue a partir del siguiente gobierno cuando se intensificó el propósito de sustituir los combustibles fósiles, como lo expresan el plan de desarrollo Visión 2019 y documentos posteriores como la ley 939 de 2004 y el Plan Nacional de Biocombustibles de 2007. A la vez, junto con estas directrices, en las que se definieron los propósitos de la sustitución, el gobierno estableció otros instrumentos y políticas de apoyo directo e indirecto al programa de agrocombustibles, especialmente en las agroindustrias de la caña de azúcar y la palma africana, fuentes de etanol y biodiésel, respectivamente.

El estudio de la fao sobre el programa colombiano de agrocombustibles, citado anteriormente, desnuda algunas de sus más protuberantes debilidades (Infante y Tobón, 2009). En el caso de la palma, contaría con superficies aptas diez veces superiores a las actualmente sembradas (aproximadamente 330 000 hectáreas) pero no se dispone de suficiente capacidad para su procesamiento, y su ampliación requeriría inversiones que no se han concretado.

En cuanto a la caña de azúcar, existe capacidad instalada suficiente para el área sembrada (cerca de 200 000 hectáreas), pero la expansión del cultivo implicaría poner en riesgo el abastecimientos de alimentos básicos como el azúcar y la panela, y las exportaciones de la primera; además de amenazas contra el agua requerida para los cultivos de las vertientes, particularmente campesinos, que no son considerados en el informe citado.

No obstante, el grueso de las limitaciones para la exportación de los productos de estas dos agroindustrias se encuentra en sus costos de producción. Comparadas con los principales competidores —Estados Unidos y Brasil, en el caso del etanol; Indonesia y Malasia en el del biodiésel—, no tienen perspectiva las exportaciones colombianas. Según el estudio de la fao, el costo del barril de etanol en Colombia para 2007 era de 63 dólares, frente a 47 dólares de Estados Unidos y 36 dólares de Brasil. Respecto del aceite, el costo del barril en Colombia es de 618 dólares frente a 216 dólares de Malasia y 154 dólares de Indonesia.

Desde la perspectiva de los costos de producción, el estudio aborda el tema del empleo, particularmente en el caso de la caña de azúcar y la mecanización del corte como alternativa; no obstante, el corte sin mecanizar de una superficie de 200 000 hectáreas de caña de azúcar dedicadas a la producción de etanol requeriría 13.25 millones de jornales, cifra que se reduciría a 4.86 millones de jornales al mecanizarlo. Estas proporciones, en un panorama de crecimiento del desempleo y la informalidad, no hacen de la mecanización una opción viable, aun con la idea de incrementar su “competítividad”.

Ante la magnitud de los tropiezos para la exportación de los agrocombustibles en estas condiciones, la iniciativa de la dirigencia colombiana ha sido volcarse al mercado interno, con el apoyo de los subsidios y exenciones otorgados por el gobierno, dentro de los que se incluye la reducción del impuesto sobre la renta de 37.5% a 15% para una inversión mínima de 32 500 millones de pesos colombianos, así como los recursos proporcionados en cumplimiento de la ley 1133 de 2007 (García, 2009).

Los estudios de Taussig y Rubbo (2011), y Castillo (2011), exponen diversas facetas de la historia política y social de este proceso.↵

Sitio de la PAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) (2001).↵

Véase "Pudrición del cogollo", [www.cirad.fr].↵

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El "desarrollo rural" como alternativa a la reforma agraria

El cierre de la reforma agraria con una ley de aparcería, enfocada hacia el interior de la frontera agraria, ocurrió en una coyuntura en la cual el crecimiento de las ciudades y el despegue de una estrategia de desarrollo apoyada en la construcción de vivienda encontró continuidad en una iniciativa del Banco Mundial, experimentada en los proyectos de “desarrollo comunitario” aplicados en India y México.[1] Su interés se encontraba en “superar los obstáculos para la modernización de los campesinos” por la vía de los mejoramientos de la producción y la productividad agrícola, inducida mediante las prácticas previstas dentro de la revolución verde.

Las recomendaciones de esa agencia fueron “traducidas”, según la expresión de Joáo M. Mendes Pereira, en un conjunto de políticas, programas y proyectos dirigidos hacia la seguridad alimentaria, cuya “población objetivo” eran los mas pobres de las áreas urbanas y los pequeños campesinos. La acción estatal se centró en la dotación de capacidades técnicas a los pequeños productores campesinos con mayores perspectivas de desempeño empresarial en la producción de alimentos básicos (“bienes salario”), a través del Programa de Desarrollo Rural Integrado dri.[2]

A la utilización deficiente de los suelos generada por la expansión de monocultivos, se añaden las modalidades dominantes de ganadería: la Misión de Estudios del Sector Agropecuario (Ministerio de Agricultura y Departamento Nacional de Planeación, 1990:411) señala que 68% de esta actividad corresponde a sistemas tradicionales de pastoreo, lo cual conlleva costosos resultados para el país en tanto las tierras aptas para este uso no sobrepasan los 19 millones de hectáreas y se encuentran sobrepuestas a tierras con mayor potencial de uso agrícola, como puede verse al comparar los mapas de vocación de los suelos y áreas dedicadas a pastos (véanse mapas 2.1 y 2.2).

Los recursos asignados y ejecutados por el programa fueron modestos (aproximadamente 370 millones de dólares desde su inicio hasta la terminación de su segunda etapa, en 1986, frente a los 26800 millones de dólares ejecutados en los programas rurales, solamente en 1985) (Perfetti y Guerra, 1994:161); sin embargo, su significado político e institucional fue de mayor alcance: por una parte, facilitó el “tránsito” de la política sectorial desde la ineficaz reforma agraria de la ley 135/61 hacia otras iniciativas con menores disensos entre los sectores del poder.

A pesar de algunos éxitos locales, los proyectos del dri fueron desmontados a comienzos de la década de 1990, cuando el Banco Mundial planteó sus nuevas estrategias hacia el campo; en el marco de la “apertura económica”, la liberalización de los mercados y la “globalización”, los diagnósticos de base identificaron la concentración de la propiedad y sus reducidos mercados como uno de factores críticos para la construcción de la “competitividad”. De este diagnóstico derivó la formulación de una nueva dirección en las intervenciones sobre la distribución de la propiedad agraria, traducida en la ley 160 de 1994, mediante la cual se estableció el marco normativo del “Sistema Nacional de Reforma Agraria”. Estos cambios de la intervención estatal en la política de tierras ocurrieron en el marco de las reformas neoliberales introducidas en la Constitución de 1991.

La fórmula para ingresar a las nuevas condiciones comerciales impulsada por el Banco Mundial, centrada en la profundización de la “apertura comercial”, la dinami-zación de los mercados de tierras y la asignación de recursos fiscales para promover la competitividad, según los expertos debilitaría el monopolio de la tierra, reduciendo sus costos y haciendo más competitivas las exportaciones colombianas.[3] No obstante, la masificación de ingresos de los capitales del narcotráfico encontró en los mercados de tierras un espacio acogedor para su legalización. La “reforma agraria” por esta vía fracasó[4] al tiempo que se exacerbó la concentración de la propiedad, en buena parte gracias a la acción del paramilitarismo como herramienta de narcotraficantes, grandes empresarios y hacendados. El control de territorios ejercido por los latifundistas reforzó su poder político, y amplió su dominio sobre municipios y regiones como punto de partida para el control del Estado como elemento central del proyecto político de estas fuerzas.

Los reducidos efectos de los “mercados asistidos de tierras” propuestos a través de la ley 160 de 1994, coincidieron con el afianzamiento de una política agraria decididamente dispuesta a apoyar las agroexportaciones sin perturbar la tendencia secular hacia la concentración de la propiedad. De esta manera, coincidieron las tendencias políticas favorables al nuevo latifundio con las directrices de la política sectorial de asignación de los recursos públicos.

Véase Moore (1966:390 y ss.), a propósito del Community Development Program en India.↵

Sobre el DRI en Colombia, véase Vargas del Valle (1994) y Fajardo (1994).↵

Mendes Pereira (2006) analiza las relaciones orgánicas entre las políticas del modelo neoliberal y la propuesta del "mercado de tierras" como vía para incidir en la estructura de la propiedad agraria, así como los resultados negativos de la aplicación de esta iniciativa en términos de la distribución de la tierra, el mejoramiento de la eficiencia en la producción o en la superación de la pobreza, en particular parte III, capítulo 8.↵

Véase Machado y Suárez (1999) y Mendes Pereira (2006).↵

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El narcotráfico en la problemática agraria

El narcotráfico no ha introducido ni ha promovido la violencia en Colombia:
ha hecho uso de ella en una sociedad y ante un Estado que habían legitimado
el uso ilegal de la violencia para resolver conflictos sociales.
Iban de Rementería (2001)

La inmersión de Colombia en los circuitos del narcotráfico ocurrió dentro del proceso de globalización de la economía y de espacialización de la agricultura, con sus distintos componentes económicos, políticos y sociales (Chernick, 2008; Henderson, 2011). En estos circuitos han participado la producción de marihuana, la coca y la amapola con sus derivados: el clorhidrato de cocaína, el látex y la heroína. Cada una de ellas tiene una historia, siendo la coca nativa de América, con una tradición milenaria en la alimentación y una valoración sagrada entre los pueblos originarios.

De acuerdo con los autores citados y desde el punto de vista del tamaño de su economía y de sus efectos sociales y políticos, el cultivo de mayor importancia ha sido el de la coca, desarrollado a partir de variedades introducidas de Perú, por su mayor contenido del alcaloide extraído de las hojas maceradas. El producto final de su procesamiento, el clorhidrato de cocaína, tiene un amplio mercado en Estados Unidos, Europa, América Latina y la propia Colombia. La producción estimada de cocaína en el país es de 500 toneladas, obtenidas en aproximadamente 120000 hectáreas, las que representan cerca de 70% de la demanda estadounidense (Rocha, 2000).

Según el investigador Francisco Thoumi, el largo listado de los efectos del narcotráfico en la sociedad colombiana comprende: “acumulación de muy grandes y rápidas fortunas personales que cambiaron la estructura del poder y la naturaleza de las élites de muchas regiones, bonanzas y depresiones económicas regionales, una moneda reva-luada, aumentos sustanciales de los incentivos al contrabando, concentración de la propiedad de la tierra rural y corrupción gubernamental, conflictos con Estados Unidos, un movimiento guerrillero fortalecido, establecimiento de organizaciones paramilitares y aumento notable de la violencia”. A comienzos de la década de 1990 vaticinaba: “El impacto de esta riqueza aún no se ha sentido totalmente. Podría ser realmente espectacular, y los narco-capitalistas podrían convertirse finalmente en el grupo económico dominante dentro de Colombia” (Thoumi, 2002:223).

Los años en los que se inició el auge mundial de la industria de los narcóticos también presenciaron los primeros pasos de los cambios que habrían de marcar la transformación de la economía de la agricultura en el planeta. Estos cambios se corresponden con la configuración del modelo tecnológico de la revolución verde, sustentado en la aplicación de insumos derivados de petróleo (Estupiñán y Quesada, 2010), el control creciente de este recurso por empresas transnacionales, el desarrollo de las agroempre-sas, igualmente multinacionales, y la financiarización de la economía mundial, todo lo cual modificó sustancialmente los entornos de la producción y transacción de los bienes agrícolas (Llambí, 1995).

El control creciente de los insumos y de los mercados de los procesados, incluido el moldeamiento de los patrones dietarios por los medios de comunicación masiva, por empresas transnacionales igualmente controlados por las empresas multinacionales, ha conducido a un profundo debilitamiento de las posibilidades de participación de los pequeños y aun medianos productores en los mercados de alimentos, tendencia mundial que converge con las circunstancias internas que afectan a Colombia. En efecto, las transformaciones del entorno de la agricultura nacional siguen las tendencias internacionales señaladas, pero el proceso ocurre en medio de los profundos conflictos que han marcado al país, en particular los configurados en torno de las formas de apropiación de la tierra.[1]

En los análisis de la guerra civil desatada en el país desde finales de la década de 1940 se ha destacado la coincidencia de sus manifestaciones más críticas en términos de homicidios y hechos de sangre en general con el mapa cafetero;[2] como señala Rementería (2001), se trató en buena medida del desalojo de la hacienda tradicional y de las comunidades campesinas para implantar la economía exportadora del café.

En la década de 1970, los campesinos despojados de la tierra y atraídos por las colonizaciones fueron contactados por los agentes del narcotráfico que encontraron así los insumos estratégicos para su desarrollo; a saber, tierras de bajo costo y mano de obra empobrecida, lejos del control del Estado. Entre estos pequeños productores, y de manera similar a lo ocurrido en otros países de la región, se produjo la selección de los “cultivos ilícitos” como opción económica (Rementería, 2001).

La rápida expansión de las colonizaciones, en gran medida espontáneas y carentes del apoyo estatal, fue seguida por la implantación de los cultivos de marihuana en áreas apartadas de la costa atlántica, particularmente en el sur del departamento de la Guajira (“baja Guajira”), la Sierra Nevada de Santa Marta y Urabá, luego de lo cual la producción se extendió hacia algunas localidades del departamento del Meta. A la marihuana siguieron los cultivos de coca, en los años ochenta y noventa y, en este último periodo, comenzaron los de amapola. La información más reciente revela la presencia de plantaciones de coca diseminadas por la casi totalidad de los departamentos del país (véase mapa 2.3).

El largo historial del contrabando en el país potenció la implantación de esta economía, inicialmente en el mundo rural colombiano, y de ella ha hecho parte el mercado de las esmeraldas, con profundas imbricaciones en la vida social y política del país. La extracción de las gemas, de elevadas calidades en los estándares internacionales, se realiza en una delimitada región de la cordillera oriental. A finales de la primera mitad del siglo pasado, el gobierno estableció control fiscal sobre su explotación para concesionaria a una trama de favorecidos políticos, con notoria participación de jerarcas regionales de la Iglesia católica.

De este enclave partieron incipientes empresarios de la marihuana hacia la serranía de La Macarena, en el departamento del Meta; allí establecieron las primeras siembras con colonos y dieron origen a una ruta de intereses que habría de ampliarse más tarde y en la cual el comercio formalizado de esmeraldas sería utilizado para legalizar dinero del narcotráfico, bajo la protección de alianzas entre grandes comerciantes de esmeraldas y drogas ilícitas con personal de las fuerzas armadas (ejército y policía), jueces y otros funcionarios públicos, hacendados y comerciantes, alianzas que llegan hasta el presente (Cepeda y Giraldo, 2012).

En el desarrollo de estos tres cultivos, la difusión inicial de semillas e insumos y la compra de la materia prima para ser procesada (marihuana prensada, pasta básica y pasta de cocaína, y látex extraído de la amapola) estuvieron en manos de agentes que entraron en contacto con pequeños y medianos campesinos en las áreas de producción, configuradas en frentes de colonización y lugares de difícil acceso en las montañas. La búsqueda de reducciones de los costos de producción de los cultivos, la represión oficial contra los agricultores, el tráfico de la materia prima obtenida y de los insumos (“precursores”), así como la amplitud de los conflictos asociados al tráfico de la droga, condujo a la apertura de nuevos frentes. Con ellos, se produjo la ampliación de la influencia territorial de esta economía y se profundizaron sus efectos en el conjunto de la sociedad colombiana.

Este proceso afectó directamente a regiones marginales de difícil acceso, donde los narcotraficantes construyeron redes de poder con participación de las autoridades y de sectores locales. Parte importante de estas redes de poder fueron algunas inversiones, funcionales con las actividades ilícitas; entre ellas, la adquisición de tierras, la ganadería y otras explotaciones, que actuaron como fachadas y mecanismos de “lavado de dinero”.

Frente a los estrechos marcos que ha ofrecido el país en su economía y en sus sistemas de representación política, el rápido y voluminoso enriquecimiento derivado del narcotráfico significó un veloz ascenso en los niveles de consumo y de poder político para los sectores asociados con esa actividad. En el transcurso de unos pocos años, estos sectores se fusionaron con los poderes tradicionales, en particular los relacionados con la gran propiedad terrateniente, los cuales resultaron beneficiados al reforzar sus mecanismos de dominación con los recursos del narcotráfico.

La marcada tendencia hacia la concentración de la propiedad agraria fue reforzada con la ampliación de las inversiones de los capitales del narcotráfico como procedimiento para el lavado de dinero. Estas inversiones se tradujeron ocasionalmente en la modernización de algunas actividades; por ejemplo, algunos hatos ganaderos o empresas agroexportadoras. Adicionalmente, el ingreso de los recursos del narcotráfico profundizó el autoritarismo característico del latifundio como relación social.

La producción de estos cultivos ha sufrido altibajos en sus precios de venta, con efectos desestabilizadores en las economías locales, circunstancias que han producido cambios en la localización de las siembras, en la organización de la producción y en su mercadeo. Algunos de estos cambios se expresan en la reducción de las áreas sembradas y en la persistencia de los cultivos en las regiones donde se iniciaron, si bien con algunas variaciones, como son su traslado hacia la costa del Pacífico y hacia la Orinoquia, donde se encuentran varios de los 10 municipios con mayores superficies de siembra.[3] Un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc, por sus siglas en inglés) sobre los cultivos de coca en Colombia, realizado en 2009 (unodc, 2010), revela una gran heterogeneidad de los cultivos en términos agroecológicos y socioculturales y de sus diversos resultados económicos, entre los cuales se destacan importantes incrementos en la productividad, con una reducción de las áreas cultivadas y una presencia extendida a buena parte del territorio nacional.

Esta característica de los procesos de dependencia fue tempranamente analizada por Cardoso y Faletto (1969).↵

Véase Oquist (1978), Arocha (1979) y Fajardo (1978).↵

Entre estos municipios se encuentran: Tumaco, con 2 920 hectáreas, Timbiquí, con 1 699, Roberto Payan, con 1 539 y Olaya Herrera con 1 452, todos ellos situados en la costa del Océano Pacífico.↵

22

De la economía del narcotráfico

Dado el carácter ilegal del narcotráfico, las cifras conducentes a estos efectos tienen bases inciertas; desde comienzos de la década de 1980 se han realizado numerosos ejercicios de cuantificación de los valores generados por esta actividad (Thoumi, 2002:182; Rocha, 2011). El punto de partida lo constituyen las áreas cultivadas; la hoja cosechada y los productos del procesamiento (pasta básica, base de cocaína y cocaína “pura”) tienen variaciones por regiones, variedades cultivadas, condiciones climáticas y técnicas utilizadas.

Thoumi (2002) referencia un conjunto de estudios producidos a partir de 1979 con base en los cuales se estimó que los ingresos generados a Colombia, en 1995, por la exportación de cocaína, con una superficie sembrada menor de 20 000 hectáreas oscilaban entre 1446 millones y 2 625 millones de dólares. Para la primera mitad de la década de 1980, Rocha (2000:16) estimó en 2.9% el aporte de los “ingresos repatria-bles” provenientes del narcotráfico al pib, contribución que a comienzos de la década de 1990 se acercó a 5%, para reducirse a 4.3%, a mediados de esa década, de donde comenzó a descender hasta situarse después de 2005 en menos de 1% del Producto Interno Bruto (pib).

Estas cifras no se apartan sustancialmente de las estimadas por Kalmanovitz a finales de la década de 1980, quien calculaba que la economía del narcotráfico generaba entonces entre 4 000 millones y 6 000 millones de dólares a partir de una superficie cultivada cercana a las 40000 hectáreas de coca (apud Chemick, 2008:207). Según Iban de Rementería (2001:110), con base en las cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos, esta cifra estaría alrededor de 9000 millones de dólares en 1990.

Según declaraciones del narcotraficante colombiano Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos y preso en ese país, concedidas a la revista Semana en septiembre de 2008, el área en producción en Colombia era, para entonces, de 160000 hectáreas, cifra muy superior a las 60 000 estimadas por la unodc con base en un monitoreo satelital, el cual, dadas las condiciones climáticas de las selvas, carece de precisión. En las condiciones técnicas promedio existentes en el país esta superficie produce dos toneladas de hoja de coca por hectárea, equivalentes a siete kilos de cocaína (hidrocloruro de cocaína, hcl) por hectárea, 80000 kilogramos por mes, 1100 toneladas anuales, las cuales, comercializadas en las calles como cocaína, generan un valor de 7000 millones de dólares.[1]

Estos estimativos guardan correspondencia con la información suministrada por el ministro del Interior, Germán Vargas. Según este funcionario, en declaraciones ante expertos del Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea, en el país se legalizan anualmente 16 billones de pesos colombianos, equivalentes a 9000 mil millones de dólares los cuales incluirían los recursos procedentes del narcotráfico,39 “utilidades repatriables” (Rocha, 2011:90). Por otra parte, las prácticas de legalización de dinero han sido elevadas en Colombia y, de acuerdo con algunos expertos, “la magnitud de la economía subterránea podría equivaler a 40% del pib en 2003″ (Rocha 2011:99).

entrevista con salvatore mancuso, Semana, septiembre (2008).↵

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Narcotráfico y política

El ingreso de los intereses del narcotráfico en distintos niveles de la política comenzó a ocurrir a finales de la década de 1970, y a comienzos de la década de 2000 llegaron a la “captura del Estado”. Como lo han establecido distintos estudios,[1] en pocos años y en medio de un proceso intrincado, los agentes del narcotráfico, a través de políticos, empresarios y funcionarios, establecieron el control del poder legislativo regional y nacional, golpearon severamente el poder judicial y, finalmente, alcanzaron el control del poder ejecutivo en 2002.[2]

A partir de la década de 1980 la economía del narcotráfico logró instalarse profundamente en todos los ámbitos de la sociedad, fenómeno de amplio registro por analistas nacionales y extranjeros, así como por las agencias gubernamentales estatales y extraesta-tales.[3] Los niveles alcanzados por esta penetración no siempre son reconocidos en estos estudios, pero son innegables los alcances del fenómeno en las relaciones internacionales, la configuración de la economía y el ordenamiento político del país. En estos espacios adquirieron relevancia particular las relaciones de Colombia con el gobierno de Estados Unidos, los niveles de riqueza alcanzados y su distribución y el afianzamiento de algunos de sus modelos político-ideológicos; en particular, las formas autoritarias del poder.

Tiene especial relevancia, de una parte, la ambigüedad del Estado y la sociedad colombiana frente al narcotráfico y, de otra, la importancia de las relaciones con Estados Unidos. En cuanto al primer tema, Chernick (2008:205) señala cómo, mientras en esa década de 1980 arreciaba el enfrentamiento entre el Estado y las mafias del narcotráfico, el gobierno, ávido de divisas, continuaba legalizando capitales mediante amnistías tributarias y su repatriación.

Desde comienzos de la década de 1950 Colombia ha estado estrechamente sujeta a la política exterior de Estados Unidos, país que ha hecho uso discrecional de la “disposición para cooperar” de los gobiernos colombianos; esta disposición está inscrita en la doctrina de la Réspicepolum, la “Estrella polar”, acuñada a principios del siglo pasado por el entonces presidente Marco Fidel Suárez, según la cual Colombia debía seguir a ese país en sus políticas, particularmente internacionales. Desarrollos posteriores, como la participación de Colombia en la guerra contra Corea en 1951, los acuerdos de asistencia militar dentro del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (tiar),[4] el Plan laso de 1962, establecido como laboratorio de guerra contrainsurgente, la Alianza Act[5] y, más recientemente, el Acuerdo definido en 2010 entre el gobierno estadounidense y el colombiano para poner a disposición de las fuerzas armadas del primero siete bases en territorio colombiano, en aplicación de la ” Global en route Strategy”[6] puesta en marcha para apoyar eventuales operaciones militares en el continente y en África, iniciativa ampliamente debatida por los países de la región.

Frente a los cultivos y su procesamiento, a mediados de la década de 1980 y como resultado de las definiciones internacionales de las políticas de control de las drogas, en particular en Estados Unidos, el Estado colombiano asumió la erradicación de los cultivos de uso ilícito, lo cual generó cambios en los sistemas de producción.

Al finalizar la primera década del siglo xxi y de acuerdo con la unodc (2012), ademas de la atomización de las áreas con cultivos y de su aproximación a las cabeceras municipales han ocurrido cambios técnicos en las variedades de coca utilizadas; algunas de ellas permiten siembras bajo sombrío, con mayor protección frente al descubrimiento y erradicación aérea y mayor productividad.

La dispersión de los cultivos y la disminución de superficies continuas en producción refleja, ademas, la creciente participación de pequeños cultivadores en la producción: dada la menor rentabilidad de las fases de producción directa, característica de la agricultura, es delegada a los campesinos; en tanto, las fases más rentables, en particular la distribución final, es asumida por los eslabones con mayor disponibilidad de capitales (empresarios del narcotráfico).

Como parte de las prácticas de erradicación de los cultivos de uso ilícito se iniciaron las aspersiones aéreas con paraquat, con lo cual el país se acerca a los 30 años de aplicación de este procedimiento para la erradicación de estos cultivos, junto con la asignación de recursos para el desarrollo de actividades productivas, apoyo a la comercialización de producción lícita e infraestructuras (“desarrollo alternativo”) (Vargas, 1999). Las fumigaciones, realizadas luego con otros agentes químicos como triclopyr, tebuthiuron, imazapyr, desataron extendidas protestas en ese momento, desestimadas desde entonces por los sucesivos gobiernos, los cuales las calificaron como expresiones veladas de los intereses de los narcotraficantes.

Las fumigaciones fueron impulsadas y apoyadas desde su inicio por el gobierno de Estados Unidos, política en la que se han comprometido empresas como los fabricantes de defoliantes[7] para la aspersión desde helicópteros y aviones militares.[8] Estas iniciativas han sido objeto de numerosos análisis, evaluaciones y propuestas de distinto orden, generalmente contradictorias, aun dentro del gobierno de Estados Unidos (Agencia Central de Inteligencia [cía] y Agencia para el Control de Drogas [dea]) y la unodc.

De estas contradicciones se deriva una extendida incertidumbre sobre los resultados y la indudable utilización de estos últimos para fines políticos. Lo que sí es concluyentees que se ha mantenido relativamente estable la oferta de los productos derivados de la hoja de coca en particular, junto con la continua expansión de la frontera agrícola del país, en beneficio de las agriculturas de plantación, con el debilitamiento de la disponibilidad de alimentos para los sectores afectados, en especial, los segmentos más pobres de la población rural (Rocha, 2011:123).

La unodc (2007) destaca cómo, dentro de la heterogeneidad de las áreas productoras, en términos agroecológicos y socioculturales y de sus diversos resultados económicos, se registran, en promedio, incrementos sostenidos en la productividad, con una disminución de las áreas en cultivo; en segundo lugar, el crecimiento del número de cosechas por año, ambos indicadores del desarrollo tecnológico del cultivo.

A lo anterior se añade la reducción del tamaño de las explotaciones dedicadas a la producción de la hoja de coca y su mayor cercanía a las áreas pobladas (cabeceras municipales).

La comercialización de los subproductos de estos cultivos (base y pasta de coca, látex en el caso de la amapola) en las condiciones e indefensión de los pequeños productores se hizo campo propicio para el robo y el asesinato por pistoleros que protegían a los intermediarios. En estas condiciones hicieron presencia las guerrillas, las cuales establecieron contactos estrechos con la población local y fijaron impuestos sobre la comercialización de los derivados de estos cultivos, logrando así una importante fuente de ingresos. Para neutralizar a las guerrillas, los intermediarios —y, posteriormente, las mafias con apoyo de organismos armados del Estado—, propiciaron la organización de grupos paramilitares, todo lo cual generó una extendida violencia en las regiones dominadas por el narcotráfico (Henderson, 2012).[9]

En estas circunstancias, a comienzos de la década de 1990 el gobierno inició la erradicación de los cultivos proscritos, precisamente en momentos de una caída de precios de la pasta base de la cocaína. Ante esta medida, que incluyó las aspersiones aéreas sobre todos los cultivos, comprendidos los de pancoger, y las restricciones al comercio de productos como la gasolina y el cemento, utilizados en la vida cotidiana pero también empleados como precursores para la elaboración de la pasta de cocaína, los colonos y campesinos organizaron marchas de protesta durante varios días.

A pesar de una intensa represión que causó muertos, heridos, detenidos y sensibles pérdidas económicas, los colonos llegaron a algunos acuerdos con el gobierno, el cual se comprometió básicamente a dar cumplimiento a algunos proyectos de inversión ya previstos en el presupuesto de la nación; uno de estos compromisos fue el establecimiento de los territorios comunitarios denominados zonas de reserva campesina, propuestas por las comunidades campesinas y previstas en la ley 160 de 1994 de la reforma agraria.

El cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno y los colonos implicaba acelerar la titulación de las tierras campesinas y suministrar recursos de inversión a través de proyectos; este proceso se puso en marcha al tiempo que se iniciaron las conversaciones entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) en un área desmilitarizada conocida como zona de distensión, situada entre los departamentos del Meta y Caquetá, en el norte de la Amazonia. Al mismo tiempo que se cumplían estas conversaciones, las cuales no implicaron un cese de las hostilidades, el gobierno, con el apoyo y orientación de Estados Unidos, comenzó a ejecutar un amplio programa de contrainsurgencia denominado “Plan Colombia”. Fue en este contexto en el cual el gobierno estadounidense creó la figura de la “narcoguerrilla” para promover nuevas versiones de la guerra contrainsurgente, tal como lo explica Beltrán (2002).

De acuerdo con la evaluación de Isacson y Poe sobre el “Plan Colombia” y su sucesor, el “Plan de Consolidación”,[10] los resultados de estas intervenciones aún distan de los propósitos planteados; por el contrario, los conflictos se han agravado con el afianzamiento de grupos paramilitares sin que la guerrilla haya desaparecido. Estas evaluaciones destacan los avances logrados por el proyecto en la erradicación de la producción de coca y la disminución de la presencia de la guerrilla, pero también advierten sobre las limitaciones de carácter económico y político de la integración territorial, las cuales derivan de las relaciones de poder entre los niveles centrales y las periferias, señaladas por estudios de distinto enfoque sobre el desarrollo rural en el modelo de desarrollo (De Ferranti, 2005).

De esta manera, a partir de la década de 1990 se produjo la convergencia de la destrucción de la producción de alimentos inducida por las políticas agrícolas internacionales de los decenios finales del siglo xx con el ingreso de Colombia en la economía del narcotráfico, la agudización de la concentración de la propiedad y los desplazamientos de las comunidades campesinas. A su vez, estos factores facilitaron la implantación de las políticas de “liberalización” representadas por los tratados de libre comercio, mediante los cuales la importación de bienes altamente subsidiados sustituiría la producción nacional.

Véase Henderson (2011), Fajardo Montaña, Salgado Araméndez, Machado et al. (2011), López H. (2010).↵

Las relaciones entre el sector político encabezado por el ex presidente Uribe (2002-2010) y las ma fias del narcotráfico han sido objeto de extendidas polémicas y varios de sus ministros y asesores han sido señalados, enjuiciados y condenados por contactos con agentes de esos sectores y favorecimientos. Véase López H. (2010).↵

El estudio citado de James Henderson (2011) expone un recuento de estas fuentes.↵

Véase Johnson (2004a y 2004b).↵

Proyecto de ley S1758 presentado ante el Congreso de Estados Unidos por los senadores Mike DeWine, Charles Grassley y Paul Coverdell, 20 de octubre de 1999, mediante el cual se asignaron al "Plan Colombia" sumas superiores a 8 000 millones de dólares para gastos militares, principalmente.↵

White Paper: Air Forcé Air Mobility Command, 3 de enero de 2009.↵

Como la empresa Monsanto, fabricante del defoliante paraquat o roundup, con la cual el gobierno firmó un convenio en 2007 para la producción de agroquímicos.↵

Firmas representadas por los congresistas promotores del Acta de Alianza de 2002, ley del Congreso de Estados Unidos con la cual se aprobaron los recursos del Plan Colombia.↵

En este contexto, el gobierno estadounidense creó la figura de la "narcoguerrilla" para promover nuevas versiones de la guerra contrainsurgente, tal como lo explica Oslavio Beltrán (2002), profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa de Chile.↵

Véase Isacson y Poe (2009) y DeShazo et al. (2009).↵

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La oferta alimentaria en la recomposición de la agricultura

A mediados de la década de 1980 ya era apreciable cómo los modelos de desarrollo adoptados en el país generaban el marginamiento de las economías campesinas, en desmedro de sus condiciones de articulación con la vida nacional (Machado, 2003:31). Esta característica de las políticas de desarrollo en general, y sectoriales en particular, se acentuaría en los años posteriores, en correspondencia con las directrices de los centros internacionales de decisión sobre el comercio agrícola.

La gráfica 2.2, referida a la producción agrícola colombiana entre 1995 y 2008, ilustra el paulatino crecimiento de los cultivos permanentes, ocurrido en tanto se estabiliza el tonelaje de los temporales, lo cual implica una disminución relativa frente al crecimiento de la población, tal como se venía registrando en el decenio anterior (véase cuadro 1). Según lo registró la fao (2004), estas tendencias se han expresado de manera generalizada; sin embargo, en este caso interesa destacar las condiciones particulares sobre las cuales se desarrolla la tendencia, vale decir el sistema propio de relaciones económicas, sociales y políticas que rige en Colombia, en particular en el campo.

La falta de estos bienes en los mercados ha sido suplida mediante importaciones crecientes de alimentos, tales como hortalizas y tubérculos, plátano, maíz, frijol, así como procesados, todos los cuales se incrementarán en el marco del Tratado de Libre Comercio (tlc) con Estados Unidos.[1]

De acuerdo con las cifras del dañe sobre comercio exterior, representadas en las gráficas 2.3 y 2.4, en los veinte años transcurridos entre 1990 a 2010 las importaciones de productos de origen agrícola y agroindustrial del país tuvieron un ascenso sostenido, desde 1233 733 toneladas hasta cerca de nueve millones de toneladas, con precios que se incrementaron de 404 023 millones de dólares a 4 200 millones de dólares.

Los extensos procesos de apropiación de tierras campesinas y baldíos impulsados por el desplazamiento masivo de estas comunidades han beneficiando no sólo a las agriculturas de plantación (Kalmanovitz y López, 2006), sino también a grandes proyectos mineros, energéticos, de infraestructuras.[2] La hegemonía tradicional de los grandes dominios territoriales resultó favorecida por la convergencia de las directrices internacionales de las políticas económicas con el marco preexistente del régimen de la propiedad agraria, el cual vino a reforzarse con el establecimiento y aplicación de normas favorables a la legalización de la propiedad de tierras usurpadas (Fajardo, 2007; Ungar y Cardona, 2010).

La imposición del modelo agroexportador, en desmedro de las economías campesinas, plantea entonces varias implicaciones para el país: ademas de los efectos sociales y políticos del destierro de una proporción de su población rural equivalente a 50% de ella (cinco millones de personas desplazadas),[3] ha generado una creciente vulnerabilidad alimentaria. En esa perspectiva, los campesinos representan un potencial estratégico para la nación y, a pesar de su debilitamiento, los registros más recientes indican que aún sostienen una participación relevante en la oferta alimentaria.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2005 (Forero A., 2009), estos productores alcanzan en sus unidades productivas un aprovechamiento óptimo de sus suelos, utilizando 4.8 hectáreas de suelo en promedio: 1.2 en uso agrícola, 3.2 en uso pecuario y 0.4 en bosques. En estas superficies, la producción de cultivos temporales (como cebolla, haba, tabaco, trigo, papa, frijol, arveja, cebada, maíz amarillo tradicional, zanahoria) alcanzó una participación promedio de 85% y de 60%, en promedio, en cultivos permanentes (cacao, café, caña panelera y plátano).

La predominancia de las orientaciones de los centros mundiales de decisión sobre el comercio de bienes agrícolas, reforzados por las condiciones propias del régimen agrario vigente en el país, debilita profundamente nuestra independencia alimentaria. La convergencia de estos factores ha profundizado el estado de guerra imperante en el país, una de cuyas expresiones más críticas es el desplazamiento forzado de numerosas comunidades.

Durante el gobierno del presidente Alvaro Uribe (2002-2010) fue aprobado un conjunto de leyes encaminadas a proporcionar el marco jurídico de este modelo, construidas a partir de la Ley 975/2005, “Ley de Justicia y Paz”; estas normas fueron englobadas en la Ley 1152 de 2006, “Estatuto de Desarrollo Rural”, y complementadas con la ley 1182 de 2007, mediante la cual se facilita la legalización de títulos sobre bienes apropiados de manera ilegal (“falsa tradición”). El “Estatuto” fue declarado inconstitucional; reelaborado bajo el gobierno actual como “ley de tierras y desarrollo rural”, reitera sus líneas generales y ha entrado en proceso de consulta.

Véase Forero A. (2009), en particular los artículos de Garay, y Garay et al. (2010).↵

Sobre los proyectos de infraestructuras viales en la Amazonia occidental colombiana véase Flórez (2007). ↵

Noticias de ACNUR, con base en Codhes, consultado el 27 de abril de 2011.↵

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Resistencias en el campo

Organizaciones campesinas y movimientos insurgentes

La prolongada persistencia de un régimen de propiedad agraria caracterizado por la concentración monopólica de su control, y de un sistema de relaciones políticas igualmente excluyentes, ha generado prolongados conflictos dentro de la sociedad colombiana, los cuales han llegado a constituir una particularidad de su formación social. Esta particularidad de la historia nacional tiene sus raíces en la configuración del Estado republicano en el siglo xix, caracterizado por un débil poder sobre el territorio y su delegación en favor de grandes empresarios beneficiados con extensas concesiones de tierras. El resultado fue una creciente acumulación de tensiones y conflictos que desembocaban en refriegas entre los hacendados, los administradores de las haciendas y las autoridades de un lado, y, de otro, campesinos y colonos ocupantes de baldíos y tierras pretendidas por los grandes terratenientes, inconsistentemente resueltas por las autoridades a la luz de una legislación ambivalente (Legrand, 1986).

La tradición de conflictos no resueltos confluyó en el escenario de los enfrentamien-tos bipartidistas de finales del decenio de 1948. Luego del asesinato del dirigente popular Jorge Eliécer Gaitán y del aplastamiento de la protesta popular, la implantación de un proyecto político, corporativista confesional (Henderson, 2006), desencadenó una guerra civil en la que las operaciones de las fuerzas armadas oficiales y grupos paramilitares contra núcleos campesinos despertaron formas de resistencia armada que, convertidas luego en guerrillas, llegaron a poner en jaque al Estado, lo cual condujo al golpe militar de junio de 1953, encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla.[1] A propósito del surgimiento de estas organizaciones armadas, el historiador Eric Hobsbawm (1968:226) expresó que la denominada violencia “constituye probablemente la mayor movilización armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensa) en la historia reciente del hemisferio occidental, con la posible excepción de determinados periodos de la Revolución mexicana”.

El golpe, acordado entre fracciones de los partidos liberal y conservador, permitió debilitar la amenaza insurgente y abrió paso a un nuevo acuerdo entre élites, el Frente Nacional. Sin embargo, el carácter excluyente de este acuerdo dio paso a nuevos conflictos entre esta dirigencia y distintos sectores sociales que en algunos casos evolucionaron hacia expresiones armadas.[2]

En estos procesos también incidieron influencias externas, como fueron, en especial, la Guerra Fría y sus desarrollos: de una parte, los esfuerzos de Estados Unidos para afianzar su predominio político y económico en el hemisferio y, de otra, los nuevos movimientos nacionalistas y socialistas de América Latina, África y Asia.

En este contexto surgieron en el país organizaciones guerrilleras, de distintos orígenes sociales y políticos, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), en 1964, bajo la influencia del Partido Comunista, el Ejército Popular de Liberación (epl), en 1964, y el Ejército de Liberación Nacional (eln), en 1964, para mencionar los más conocidos; todos ellos, hijos de la guerra desencadenada en los años anteriores y de la represión impuesta por el Frente Nacional.

A estos factores internos y externos se añadió una mayor intensidad de la participación política y militar de Estados Unidos en la evolución de la región. Ante los riesgos que pudiera implicar la revolución cubana para sus propósitos, el gobierno estadounidense asumió la combinación de iniciativas políticas y militares dentro del programa Alianza para el Progreso. Estas iniciativas incluyeron la presencia de misiones, dotación de equipos, entrenamiento técnico y asesoría a las fuerzas armadas colombianas. Parte de esa asistencia se desarrolló en el llamado Plan laso,[3] desplegado contra áreas de refugio de comunidades campesinas independientes del control de los partidos liberal y conservador, que fueron calificadas como “repúblicas independientes”[4] por representantes de esos partidos y en las cuales tuvo sus inicios la guerrilla de las farc. De acuerdo con Leal (2003:5), el marco de este plan “surgió de políticas estadounidenses, como la estrategia de contención frente a la Unión Soviética, y tuvo su expresión particular en Sudamérica con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que comenzó a aplicarse a partir del golpe militar de 1964 en Brasil”.

Los primeros testimonios de esta operación militar contra la zona de Marquetalia, en el sur del Tolima, dan cuenta de un cerco de tropas a los asentamientos campesinos allí localizados, formados en la resistencia contra las agresiones del Estado y sus grupos de civiles armados, antecesores del paramilitarismo contemporáneo. El cerco militar fue tendido para impedir el ingreso de personas, alimentos y avituallamientos, y fue seguido por intensos bombardeos y otras acciones ofensivas del ejército.

Los campesinos hicieron resistencia frente a las tropas oficiales y en sus retaguardias pero ante el desbalance militar debieron filtrarse a través de los anillos del asedio y se retiraron a otros lugares constituidos como zonas de autodefensa campesina. Algunos núcleos de fugitivos se asentaron en áreas de colonización, como las vegas de los ríos El Pato y Guayabero; otros, compuestos por familias indígenas, como las dirigidas por Ciro Trujillo en la zona de Riochiquito (Trujillo, 1974), aportaron a la insurgencia su experiencia en la resistencia contra la violencia estatal y la de los hacendados, y consolidaron sus territorios y su organización comunitaria tradicional, espacios a partir de los cuales se configuraron las farc (Arenas, 1972).[5]

Los procesos posteriores de ampliación de las formas de resistencia indígena y campesina han sido afectados necesariamente por diferentes dinámicas en las cuales no faltan las tensiones entre unos y otros, dados factores como las heterogeneidades sociales de todas estas comunidades y los procesos mismos de la guerra. Así, las ocupaciones de haciendas para la recuperación de tierras por comunidades originarias, ocasionalmente han generado roces con asentamientos vecinos de campesinos mestizos; igual ocurre como resultado de las diferencias entre unos y otros en sus formas de producir y aprovechar recursos, como los bosques, las aguas, la tierra. Igualmente, actúan los procesos de diferenciación social dentro de las comunidades, los cuales generan contradicciones cuando quienes disfrutan de mayores poderes tratan de imponer formas de trabajo o de aprovechamiento de los recursos sobre los más débiles, aduciendo jerarquías tradicionales, y estos últimos se resisten en virtud de las nuevas relaciones políticas y sociales.

Por otra parte, el desarrollo de la guerra ha generado contradicciones y conflictos: las acciones armadas del Estado y de la insurgencia en los territorios de las comunidades y la instalación de puestos militares en los pueblos, contraviniendo el derecho internacional humanitario afectan profundamente sus condiciones de vida; ademas, el ingreso de los jóvenes, mujeres y hombres como combatientes los distancia de las autoridades tradicionales indígenas frente a lo cual éstas buscan apoyo en el Estado o en organizaciones externas a las comunidades, lo que estimula enfrentamientos entre la guerrilla y sectores de las autoridades indígenas.

La inoperancia de la ley de la reforma agraria, los limitados alcances de las políticas de “desarrollo rural” impulsadas por el Banco Mundial y la incesante acción represiva del Estado contra las organizaciones campesinas a partir de la década de 1970 y al tenor de lo ocurrido en diversos países de América Latina, Asia y África (Moyo y Yeros, 2008), han estimulado un nuevo y creciente dinamismo en los movimientos agrarios en Colombia en los últimos años. Este proceso se expresa en tendencias hacia la convergencia de los distintos movimientos, representados en organizaciones de base campesina, en los que intervienen las tradiciones políticas de los campesinados mestizos, indígenas y afrodescendientes,[6] así como las influencias de otros movimientos como son la Vía Campesina, y el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (mst), de Brasil.

Las dinámicas de los movimientos agrarios colombianos ocurren en medio de la profundización del conflicto armado, dinamizado —como se señaló— por la articulación del país con los circuitos internacionales del narcotráfico. Esta circunstancia sirvió de argumento para una mayor intervención de Estados Unidos, en el marco de su programa de asistencia militar al gobierno colombiano comprendido en la ley Acta de Alianza, aprobada por el Congreso estadounidense en junio de 2002. Con ello, se ha intensificado la guerra, y en el presente los teatros de la confrontación se localizan en las áreas de mayor potencial minero y agroexportador, de interés para las inversiones externas (Medina, 2012).

Véase Fals Borda et al. (varias ediciones), Henderson (1984), Oquist (1978), y Sánchez y Meertens (1983). ↵

Véase Fajardo M. (1978), Ferro y Uribe (2002), Medina (2008), Ampuero y Brittain (2008) y Medina (2010).↵

Denominado por sus siglas en inglés: Latin American Security Operation. Véase Otero (2010). ↵

Véase González (1992) y Osorio (2006).↵

Al advertirse la amenaza del Plan LASO, un grupo de intelectuales franceses, entre los que se encontraban Jacques Duelos, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, condenó públicamente el ataque contra las comunidades campesinas de esa región de Colombia. Véase Arenas (1966).↵

Véase en particular, Fajardo Montaña, Salgado Araméndez, Machado et al. (2002).↵

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Movilizaciones de las comunidades indígenas

Los pueblos originarios de Colombia, representados por 1378 600 personas, expresan una gran heterogeneidad en la cual participan desde comunidades campesinas estrechamente articuladas con los mercados hasta algunos grupos tribales de cultivadores, cazadores y recolectores. La ampliación de la frontera agraria ha transformado la existencia de todas estas comunidades, que hasta hace medio siglo mantuvieron sus formas de organización autóctonas (estructuras tribales) o asimiladas, como ocurre con los cabildos. Esta institución, heredera de los ayuntamientos de las ciudades y villas medievales, fue introducida durante el régimen colonial en Hispanoamérica y Filipinas como forma de representación de los vecindarios, pero fue asumida igualmente por las comunidades indígenas e incluso por comunidades afrodescendientes urbanas como estructura de representación para la administración del territorio y el ordenamiento de la vida social (Haring, 1963; Roldan, 2000).

Ante las dificultades encontradas, el gobierno de Carlos Lleras (1966-1970) para poner en marcha la reforma agraria (ley 135 de 1961) buscó apoyarse en los campesinos que serían beneficiados e impulsó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en el marco de la Ley Ia de 1968 (Gilhodes, 1974:347-357). Este proceso coincidió con la reorganización de varias comunidades indígenas en diferentes regiones colombianas. Sus particularidades organizativas y la coyuntura por la que cursaba el país, marcada por desajustes económicos y políticos, así como por las movilizaciones campesinas, permitieron a algunas de estas organizaciones impulsar con éxito la recuperación de tierras que les habían sido arrebatadas por las haciendas coloniales y republicanas.

En este marco se produjo el renacimiento de pueblos originarios, y buena parte de ellos estableció alianzas con otras organizaciones indígenas y con movimientos campesinos, renovando y ampliando sus interlocuciones con organizaciones sindicales de trabajadores agrícolas, tal como ocurrió con los corteros de la caña de azúcar en las plantaciones e ingenios del occidente del país, y han llevado sus movilizaciones a capitales departamentales y a la propia capital del país.

En medio de esta dinámica se han desarrollado contradicciones entre indígenas y campesinos de carácter local y aun nacional en torno de los reclamos por la tierra y el manejo de recursos públicos. En el transcurso de los conflictos agrarios y los desplazamientos producidos por la guerra, algunas de las tierras sobre las que se han producido colonizaciones u ocupaciones campesinas resultan reclamadas por las comunidades indígenas, lo que suscita tensiones entre ellas. Por otra parte, en aplicación de los mandatos constitucionales referidos al reconocimiento de los pueblos originarios, el Estado asigna recursos públicos para atender niveles básicos de educación que no son cubiertos en el caso de la población campesina no indígena. Estos procedimientos generan conflictos entre ambas comunidades, con el consecuente debilitamiento de sus eventuales alianzas. Los resultados de las movilizaciones en torno de la defensa de sus territorios, tierras y culturas, lenguas y justicia han sido variados pero, a pesar de los elevados costos en vidas y patrimonios, presentan un balance positivo en términos de recuperación de tierras. Varias comunidades han sufrido presiones sobre sus territorios debido a recursos como el oro, carbón, petróleo, sal, o por el potencial agrícola presente en ellos, siendo destruidas muchas de ellas, pero su supervivencia ha sido el resultado de sus desarrollos organizativos frente a las presiones ejercidas por grandes terratenientes, a través de bandas armadas e incluso de fuerzas militares del Estado.

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Comunidades negras

Las comunidades afrodescendientes

Componen estas comunidades 7800000 personas, equivalentes a 18% del total de la población colombiana.[1] Luego de esclavizados fueron localizados en las minas y haciendas durante el régimen colonial. Al terminar la esclavitud y el sistema de plantaciones se establecieron como comunidades campesinas que combinaban la agricultura, la pequeña minería y la pesca, en particular, en áreas generalmente marginalizadas, en las sabanas del Caribe y vertientes del Pacífico. El desarrollo espacial del capitalismo desde la segunda mitad del siglo xx ha presionado de manera creciente sus territorios, sometiéndolos al destierro: según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes, 2012), 22.5% de la población desplazada corresponde a personas de esta etnia.

A diferencia de los pueblos indígenas, su distribución espacial es mayoritariamente urbana: 70% de esta población se encuentra en ciudades, principalmente en el Pacífico (Cali, Buenaventura), el río Atrato (Quibdó), Urabá (Turbo, Apartado), en el Caribe (Cartagena, Barranquilla y Santa Marta) y en la cuenca media y baja del río Magdalena (Barrancabermeja, Mompós). El resto de la población afrodescendiente habita en áreas rurales del litoral Pacífico, el valle geográfico del río Cauca, las cuencas de los ríos Atrato y San Juan, en el denominado Chocó biogeográfico y las llanuras y ciénagas del Caribe (Urrea, 2010:220-227).

La Asamblea Nacional Constituyente de 1990 acogió la demanda creciente de las comunidades negras por su reconocimiento político, económico y social, expresadas por sus representantes; este reconocimiento fue promulgado como Ley 70 de 1993. A diferencia de las relaciones entre el Estado colombiano y los pueblos indígenas, en las cuales su reconocimiento, en particular de la territorialidad tenía raíces en la legislación colonial, para las comunidades afrodescendientes no existía ningún reconocimiento; los territorios en los cuales habían iniciado la reconstrucción de su identidad correspondían, en algunos casos, a los espacios colonizados durante la época colonial conocidos como palenques o a las regiones donde se habían retirado, huyendo de minas y haciendas, o liberados al concluir la esclavitud.

La economía de la población afrodescendiente está enmarcada en actividades agrícolas, pesqueras, extractivo-forestales y mineras de pequeña escala, e igualmente en la producción de coca, en las agroindustrias de la caña de azúcar, la palma africana y el banano en las áreas rurales; en las urbanas, en la industria, la manufactura y los servicios, en condiciones particularmente discriminatorias.

Las comunidades rurales afrodescendientes, en particular del litoral Pacífico, Cauca y Valle, al igual que el resto del campesinado, han resultado afectadas por los cambios en las condiciones de la agricultura, y por los conflictos que los han acompañado. Desde finales del siglo xix se han sobrepuesto a sus territorios ocupaciones dirigidas por distintos procesos empresariales, como son los desarrollos mineros reiniciados en la segunda mitad del siglo xix en la cuenca de los ríos Atrato, San Juan y bajo Cauca, la expansión de las agroindustrias de la caña de azúcar y el banano en el valle del río Cauca y Urabá, respectivamente, y la extracción forestal en el Pacífico y cuenca del Atrato. A partir de la segunda mitad del siglo pasado estas presiones sobre los territorios de las comunidades afrodescendientes se han profundizado, con graves consecuencias para sus vidas y cultura (Urrea, 2004).

Los casos más conocidos han sido los de las comunidades de los ríos Cacarica, Cur-varadó y Jiguamiandó, en la cuenca del Bajo Atrato (Chocó).[2] De acuerdo con las denuncias presentadas ante las autoridades y diversas organizaciones humanitarias, a partir de 1996 se iniciaron las acciones de terror contra estos asentamientos, llevadas a cabo por paramilitares y unidades militares.

Luego de los desplazamientos se inició, en 2003, el establecimiento de plantaciones de palma de aceite y la “legalización” de la apropiación de las tierras por las empresas palmeras. Estas circunstancias parecieran ratificar el carácter conflictivo del establecimiento de las plantaciones de este cultivo, posiblemente relacionado con los costos de su instalación y baja competitividad en los mercados internacionales, los cuales orientan a las empresas a la búsqueda de reducción de los costos de la tierra, a expensas de los territorios comunitarios.

De esta manera, a pesar del reconocimiento que hiciera en 2000 el gobierno nacional de los derechos de las comunidades sobre poco más de 100000 hectáreas, 13 empresas, con financiación estatal, iniciaron la siembra y establecimiento de ganados en estos mismos territorios colectivos. A las denuncias de las comunidades y de las organizaciones humanitarias se contraponen las acciones de terror, actividades encaminadas a generar contradicciones dentro de los Consejos Comunitarios, con el apoyo de algunas autoridades.

Estas presiones sobre los territorios de las comunidades afrodescendientes han obligado a las familias sobrevivientes a relocalizarse en algunas ciudades. Al analizar los procesos locales específicos del establecimiento de las agriculturas de plantación, se hará referencia a la región del Bajo Atrato, en donde grupos paramilitares, con el apoyo de las fuerzas armadas oficiales, han desplazado comunidades de manera sistemática para facilitar el establecimiento de empresas productoras de palma aceitera.

Por otra parte, en el caso de la agroindustria de la caña de azúcar en el valle del Cauca, los procesos de “flexibilización laboral”, impuestos por la creciente mecanización del corte, han generado el desenganche de trabajadores[3] con intentos de retorno a localidades rurales o la emigración hacia algunas áreas del norte de la Orinoquia, donde se están estableciendo nuevas plantaciones azucareras. Igualmente, se han producido migraciones hacia las colonizaciones del occidente de la Amazonia (Caquetá, Putuma-yo), estimuladas por el desarrollo de la producción cocalera y retornos hacia la costa del Pacífico de la mano del traslado de estos cultivos (Ramírez, 2001).

Urrea (2011:226). Colombia es el segundo país latinoamericano en cuanto a población afrodescendiente.↵

Mingorance et al. (2004) y Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2005).↵

entrevistas con trabajadores de la industria de la caña de azúcar, afiliados al sindicato nacional de corteros, al de trabajadores de la industria de la caña de azúcar, o al sindicato nacional de trabajadores del sistema agroalimentario, palmira, 28 de marzo de 2010. véase igualmente pérez y Álvarez (2009).↵

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Organizaciones sindicales

Movimiento sindical

El principal marco de desarrollo de las organizaciones sindicales agrarias ha sido la agricultura exportadora. Las primeras organizaciones surgieron en las haciendas cafetaleras, en particular a partir de la segunda década del siglo xx; posteriormente, se desarrollaron en las plantaciones de banano, caña de azúcar y palma africana. En cada una de ellas se ha expresado el esfuerzo de los trabajadores por establecer sus organizaciones sindicales dentro de los marcos represivos, particularmente estrechos de las relaciones laborales, resultante de las condiciones de explotación impuestas de manera sistemática en el país por su empresariado (Escuela Nacional Sindical, 2007).

Vale señalar que, en 2005, se inició la preparación de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia, el cual fue aprobado por el Congreso estadounidense en 2011. El tratado fue objeto de extendidas resistencias en Colombia, en particular dentro de los sectores vinculados a la agricultura, y una de las causas de la demora de su aprobación, alegada por los funcionarios estadounidenses, es la persecución a los sindicalistas colombianos. Independientemente de la preocupación de los congresistas estadounidenses por la suerte de los trabajadores colombianos, lo que sí se constata es que, entre 1999 y 2005, fueron asesinados 860 sindicalistas colombianos, los cuales representaron entre 57% y 88% del total de sindicalistas asesinados en el mundo durante esos años (Escuela Nacional Sindical, 2007:18).

A comienzos del decenio de 1920, la empresa estadounidense United Fruit Com-pany inició la producción del primero de esos cultivos en la costa del Caribe, en condiciones laborales que pronto despertaron la resistencia de los trabajadores. La masacre con la cual el gobierno respondió a la movilización obrera sería en adelante la impronta en el tratamiento de los conflictos laborales, pero en el corto plazo marcó el fin de la llamada hegemonía de los gobiernos conservadores establecidos desde principios de ese siglo.

A finales del decenio de 1950, la economía colombiana se encontraba encajada dentro del modelo de sustitución de importaciones y, como parte de este proceso, se produjo el afianzamiento de la manufactura urbana y los cultivos comerciales que la abastecerían de materias primas. Para estos desarrollos, los empresarios contaron con mano de obra provista por la violencia estatal y paraestatal, uno de cuyos resultados fue el despojo y destierro de miles de campesinos, algunos de los cuales irían a engrosar el proletariado urbano y rural.

Dentro de estos marcos se desarrolló la industria azucarera en el occidente de Colombia. Su base productiva fueron algunas de las antiguas haciendas, técnicamente modernizadas gracias a la dinamización de los mercados del azúcar. A estas empresas se articularon trabajadores procedentes de las comunidades campesinas destruidas por la violencia estatal y paraestatal, y su crecimiento fue estimulado por un auge de las exportaciones; en una economía con un importante componente agrario y estrechamente vinculada a los mercados internacionales, un crecimiento económico calificado como el mas rápido de la posguerra (6.4%) benefició las exportaciones agrarias (Ocampo, 1987:258), las cuales, en el caso del azúcar pasaron de 65738 toneladas, en 1961, a 200000, en 1967, proceso en el cual, sin duda, incidió el bloqueo comercial impuesto a Cuba por el gobierno estadounidense (Sánchez, 2010:212).

A pesar de las circunstancias políticas creadas por la violencia estatal y paraestatal, los trabajadores de los complejos formados por plantaciones e ingenios desarrollaron una apreciable organización sindical. Las etapas formativas de este sindicalismo fueron caracterizadas por su capacidad para articular a otros trabajadores rurales, en torno del área de mayor concentración de la agricultura capitalista y en cercanía de los mayores núcleos de proletariado agrícola tradicional, el vinculado a la economía caficultora (cida, 1966; Castrillón et al., 1969).

En el análisis de los cambios de la agricultura ocurridos desde comienzos de la década de 1990 se destacó la importancia concedida a los cultivos destinados a la producción de agrocombustibles, en particular la palma africana y la caña de azúcar. Como se señaló, esta última ha tenido su centro de desarrollo en los departamentos del valle del Cauca y Cauca, en el occidente colombiano, donde se configuraron complejos agroin-dustriales en los cuales se articulan las plantaciones de caña de azúcar y los ingenios, propiedad de sociedades de inversionistas con distintas estrategias de control del capital.

Uno de los resultados de estos procesos es la aceleración de la competencia y las consiguientes búsquedas de los empresarios por reducciones de los costos de producción, las cuales conducen, en primer lugar, a la compresión de las remuneraciones del trabajo. La estrategia más socorrida dentro de las confrontaciones de clase es el retroceso de las garantías y derechos laborales (“flexibilización laboral”), obtenidos gracias a la organización y capacidad de presión de los trabajadores.

En Colombia, la expropiación violenta de los pequeños campesinos como estrategia para el control de la fuerza de trabajo ha convergido con la utilización por el empresa-riado del paralelismo sindical, las influencias religiosas y políticas, y el terror militar y paramilitar para debilitar a las organizaciones sindicales y mermar sus capacidades de negociación. Durante la década de 1980, la desindustrialización iniciada entonces, con sus secuelas de desempleo e informalidad, convergió con la práctica sistemática de la destrucción de las organizaciones sindicales, configurando condiciones favorables para la implantación de las reformas laborales de 1996 y 2002. Uno de los instrumentos creados por ellas es la figura de las “Cooperativas de Trabajo Asociado” (cta), a través de las cuales las empresas han contratado labores con los trabajadores agrupados en ellas, en condiciones reconocidamente lesivas para estos últimos.

La persistencia de prácticas violentas en las relaciones políticas y en el control de la tierra han limitado igualmente el desarrollo de organizaciones autónomas de campesinos y de trabajadores de la agricultura, con lo cual los márgenes de ganancia de las inversiones se han beneficiado más de la debilidad de los sectores del trabajo que de las iniciativas de modernización productiva. Hasta la década de 1970, durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones, los empresarios agrícolas y de la manufactura derivaron sus ganancias de un régimen de protección que favoreció producciones obtenidas con elevados costos, derivados en particular de la intermediación financiera y bajos niveles de competencia debidos a las elevadas tarifas aduaneras, en un mercado estrecho como era el que resultaba de estructuras de la propiedad y de la distribución del ingreso altamente concentradas.

El agotamiento de este modelo y su reemplazo por las políticas de la “acumulación flexible” (Harvey 2008) configuró un marco de relaciones en el cual desaparecieron las limitadas garantías obtenidas hasta entonces por los trabajadores y los sectores interesados en el establecimiento de un régimen equilibrado y favorable a la construcción del mercado interno.

En el caso de la industria azucarera, los empresarios, con el apoyo del gobierno, han asumido de manera generalizada la contratación de labores a través de este tipo de “cooperativas”; no obstante, y a pesar de las limitaciones organizativas ya comentadas, los trabajadores han respondido al desmejoramiento de sus condiciones laborales con movilizaciones, de variados logros.

29

Convergencia del movimiento sindical con movilizaciones de pueblos originarios

En 2010, 18 000 “corteros” (cosecheros) de caña de las plantaciones productoras para los principales ingenios del valle del Cauca iniciaron un cese de actividades en protesta por las condiciones laborales que les fueron impuestas con base en la reforma laboral de 2002. Los trabajadores en paro exigían la contratación directa con los ingenios —intermediados ahora por los sistemas de contratistas y por las “cooperativas de trabajo” facultadas por la ley para evadir los contratos laborales formales con los ingenios—, la eliminación de las jornadas de 14 horas y el respeto al salario mínimo legal actualmente desconocido, así como el respeto a los demás derechos laborales establecidos por la Constitución. El movimiento fue objeto de represión policial pero logró mantenerse durante varias semanas, con cohesión y acompañado por distintas expresiones de solidaridad, como la movilización de las familias de los trabajadores y apoyos económicos y políticos.

Varias semanas después de iniciado el paro de los corteros, la Organización Nacional Indígena de Colombia (onic) y otras organizaciones indígenas del Cauca —entre ellas, el Consejo Regional Indígena del Cauca (cric)— dieron comienzo al movimiento comunitario {minga) nacional de resistencia indígena y popular, acordado en el vil Congreso Nacional Indígena de diciembre de 2009. La movilización reclamaba el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno para la recuperación de tierras en reparación por los crímenes del Estado contra estas comunidades, denunciaba los más de 1 200 asesinatos de indígenas, cometidos desde el comienzo del gobierno de Uribe, en 2002, e igualmente la suspensión definitiva de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Junto con los pueblos indígenas de esta región se han expresado otras comunidades de la Costa Caribe, Santander del Norte, Risaralda y Tolima, que realizaron marchas en sus regiones como parte de la minga.

Estas movilizaciones ampliaron e intensificaron sus articulaciones con otros procesos, como el de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), y confluyeron en la denominada Marcha Patriótica. Esta propuesta, originada en la convergencia de los trabajadores de la caña de azúcar con la minga indígena, logró en Bogotá, a principios de 2012, una concentración de más de 80 000 campesinos, incluidos indígenas, mestizos y afrodescendientes, en preparación de más amplias movilizaciones.

En los mismos años en los que se inició la agroindustria azucarera, en otra región del país, Urabá, en los límites con Panamá, se desarrolló otro agroexportable: el banano. Algunos empresarios nacionales, atraídos por las condiciones naturales, en particular el clima y las calidades de los suelos así como el acceso marítimo, establecieron plantaciones, con destino a mercados externos; ya en 1964 una filial de la United Fruit Company inició compras en el área de Turbo (Urabá), como indicio de la capacidad productora local. A finales de la década de 1970, el área sembrada superaba las 15 000 hectáreas con las cuales Colombia se hacía el cuarto país exportador de la fruta en el mundo (Botero, 1990).

Urabá ha sido una región marginalizada, marcada por la ausencia institucional; en ella, al lado de pequeñas comunidades indígenas, colonos campesinos procedentes de otras regiones habían encontrado refugio, en los intersticios de los dominios de grandes haciendas ganaderas que se beneficiaban igualmente de la extracción de maderas finas, nueces de tagua y el contrabando. La arbitrariedad en el control de la tierra y de las relaciones asociadas a ella como parte de la violencia oficial generó una tradición de resistencia indígena y campesina, la cual dio cabida a la formación de guerrillas en la década de 1950.

En el marco de estas condiciones de informalidad y violencia, los trabajadores del banano, al igual que los azucareros, lograron construir sindicatos relativamente fuertes, con raigambre en las comunidades campesinas locales, y alcanzaron niveles elevados de organización: en 1987, “85% de los obreros estaban afiliados a algún sindicato y 87% de las 20400 hectáreas sembradas en banano cobijadas bajo convención colectiva” (Botero, 1990:169).

Al concluir el decenio de 1970 ocurrió un declive en la actividad exportadora debido a los incrementos de los costos de producción de los bienes agrícolas resultantes del crecimiento de los precios del petróleo. Estas circunstancias fueron enfrentadas por el nuevo régimen económico internacional, el cual debilitó la capacidad regulatoria del Estado, estableció la liberalización comercial e impuso la desregulación de las relaciones laborales obtenidas por el sindicalismo y vigentes hasta entonces.

La eliminación de garantías laborales en las plantaciones bananeras ocurrió en el marco del recrudecimiento de los conflictos violentos que habían afectado al país en décadas anteriores, ahora agudizados con la inserción de Colombia en la economía del narcotráfico; como parte de las nuevas condiciones económicas y políticas, el Estado amplió sus acciones contra el sindicalismo. En Urabá, luego de una prolongada etapa de huelgas en protesta por el desmantelamiento de los acuerdos laborales, la resistencia de los trabajadores del banano, quienes al igual que los azucareros habían construido organizaciones sindicales con raigambre en las comunidades campesinas locales, fue profundamente reducida, sus organizaciones debilitadas y puestas al servicio de las empresas mediante el terror ejercido por los paramilitares en coordinación con las fuerzas del Estado (García y Aramburu, 2011).

Los desarrollos históricos de la economía colombiana han dado cabida en su mundo rural a otros trabajadores, en particular a los vinculados con la minería. Si bien ella no forma parte del tema de estos estudios, el ámbito en el que se desempeña la relaciona de una u otra manera con los campesinos y demás trabajadores agrarios. Esto ha sido particularmente válido en el caso de las explotaciones petroleras, por cuanto la fuerza de trabajo articulada a ellas proviene, por lo general, de las comunidades campesinas, las cuales también contribuyen a su reproducción como fuente de bienes salario. En la historia del primer complejo de extracción y refinamiento petrolero, las comunidades campesinas circundantes no solamente participaron en la provisión de estos bienes sino también fueron interlocutoras en el desarrollo político del sindicalismo del recurso, y hasta el presente continúan esta interacción, en medio de los conflictos que se desarrollan en Colombia en torno de la intervención de las empresas multinacionales sobre los recursos naturales del país (Aprile-Gniset, 1997).

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Conclusiones

Al finalizar el primer decenio del siglo xxi en varios países del mundo ocurrieron movilizaciones y disturbios, con distintos alcances; varios de ellos han tenido efectos políticos de duración y un elemento presente en casi todos ha sido el alza de los precios de los alimentos. Los especialistas han analizado las relaciones contradictorias entre los desarrollos tecnológicos, que han generado incrementos notables en la producción y la productividad de buena parte de los bienes alimentarios básicos y los crecimientos sostenidos de sus precios, los cuales impiden a millones de personas el acceso a estos alimentos. La conclusión apunta más que hacia problemas de productividad a los costos de producción de los alimentos, derivados de los incrementos de los costos de los in-sumos requeridos para la obtención de estos comestibles, en particular los fertilizantes, como resultado del carácter monopólico y las intervenciones especulativas de las estructuras económicas y políticas que controlan la oferta de estos bienes.

En Colombia este proceso está moldeado por el poder político, sustentado en los sistemas de apropiación y uso de la tierra y en la usurpación de las rentas públicas, elementos sustanciales del régimen de acumulación imperante. La construcción de este poder descansa en la violencia como vía para excluir a la proporción mayoritaria de la población del acceso a la tierra, a los bienes públicos y a los mercados, para impedir la participación política a sectores independientes frente a los partidos tradicionales, en beneficio de grandes acaparadores de tierras rurales y urbanas, banqueros, grandes comerciantes y captadores de rentas del Estado. La falta de condiciones democráticas efectivas para tramitar los conflictos sociales ha multiplicado las formas de violencia en el interior de la sociedad, a la vez que ha impedido la construcción de una economía moderna en el país, abriéndole paso, en esta precariedad, a la inserción del país en los circuitos internacionales del narcotráfico, con efectos devastadores para la sociedad y la economía colombianas en su conjunto, así como para países vecinos.

Los intereses internacionales movidos por los propósitos de controlar los recursos naturales del país y sus mercados, de ampliar sus esferas de influencia geopolítica y aprovechar las condiciones de sobreexplotación de su mano de obra, se han apoyado en esta guerra y la encauzan dentro de sus orientaciones estratégicas. De esta manera, la reconfiguración de la agricultura en su conjunto, comenzando por el control de la tierra, a partir del último decenio del siglo xx está definida por las demandas de materias primas agrícolas y mineras, que se encauzan por los patrones tradicionales de la propiedad agraria, y la exclusión de las comunidades de las decisiones sobre sus propias organizaciones y la gestión de los recursos.

A esta falta de carácter político se añaden las restricciones en el acceso al empleo, a la alimentación y a los servicios básicos en niveles que han hecho de Colombia uno de los países más inequitativos del mundo. Acentúan estas circunstancias los efectos de las políticas agrarias, las cuales, aplicadas en el marco del conflicto armado, han debilitado la capacidad de abastecimiento alimentario del país. En 2005, el gobierno colombiano se adhirió a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, de acuerdo con la orientación y la asistencia del Banco Mundial, decisión que se hace efectiva a partir de 2012, con resultados que han sido previstos como traumáticos por los especialistas.

Las poblaciones afectadas por este patrón de desarrollo agrario no han permanecido pasivas; por el contrario, sus distintos sectores han expresado formas variadas de resistencia, con logros aún limitados y no exentos de contradicciones internas; las asimetrías del poder, en las que actúan fuerzas internacionales a través de los agentes nacionales y locales, entorpecen el afianzamiento de procesos organizativos que permitan superar la guerra a través de la solución negociada de los conflictos.

En la coyuntura actual de la región actúa una tensión creciente entre los países centrales y las naciones latinoamericanas y caribeñas, en torno del control de los recursos y el carácter de sus economías, forzadas por el incremento de las inversiones externas en desarrollos agrícolas y mineros. Si bien han avanzado algunas iniciativas persisten igualmente obstáculos de distinta índole, nutridos por las particularidades de sus configuraciones político-culturales y los desarrollos desiguales de sus economías. No obstante, existen también elementos favorables a los acuerdos entre estas naciones. Estarían sustentados en las ventajas de la localización geoestratégica y el aprovechamiento de posicionamientos comunes en las negociaciones internacionales y referidos al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos e intereses compatibilizables en torno de los recursos naturales, que pueden ser gestionados por el sistema de relaciones internacionales regionales.

Un elemento estratégico y conveniente es la generación de capacidades efectivas para gestionar pacíficamente los conflictos en la perspectiva de la región, proceso al cual puede contribuir el apoyo de la organización regional de los países de América Latina y el Caribe para la terminación de la guerra civil en Colombia, dados no solamente sus alcances humanitarios sino también los efectos que tendría para el desarrollo social y económico de esta nación y la neutralización de los riesgos que plantea este conflicto para los países vecinos.

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3. De la hacienda al agronegocio: agricultura y capitalismo en Ecuador Luciano Martínez Valle

La sociedad rural en países pequeños y abigarrados como Ecuador ha experimentado cambios estructurales importantes: desde la concentración de la tierra, el incremento de la proletarización rural, la crisis de la economía campesina, hasta modificaciones en el paisaje rural y nuevos patrones de poblamiento e intensos procesos de periurbanización. Pero estas transformaciones se dan sobre un denominador común: la concentración de la tierra, con un índice de Gini de 0.80, sin duda, uno de los más altos de América Latina.

Los cambios experimentados durante los últimos veinte años moldean una sociedad rural bastante heterogénea y desigual, con territorios empobrecidos y dinámicas económicas importantes como producto de la desigual configuración de las estructuras agrarias y las desiguales iniciativas productivas de los actores locales. Como lo señala Kay debido a la globalización neoliberal, se estaría consolidando una “agricultura a dos velocidades”: una empresarial orientada al mercado externo, y otra campesina que no podría aprovechar el boom agrícola porque no puede competir en los mercados interno y externo (Kay, 2007:36).

Un país pequeño, densamente poblado,[1] presenta la imagen de un mosaico de territorios configurados sobre una urdimbre histórica y social muy heterogénea, que explica en gran parte la actual respuesta de los productores rurales frente a la expansión y consolidación del capitalismo agrario.

Actualmente, queda fuera de discusión si el capitalismo ha logrado penetrar todas las porosidades de la sociedad rural. Lo importante es explicar cuáles fueron las formas o modalidades de esa expansión y por qué, como resultado de ese proceso, existen territorios pobres y otros que más bien apuntan hacia la consolidación de procesos más equitativos e igualitarios.

Este trabajo trata de responder a estas cuestiones y para ello se parte de un análisis de los procesos modernizadores de la sociedad rural de la década de 1980, especialmente las políticas de dri, en un contexto donde el Estado perdía centralidad en las políticas públicas; luego se analiza la consolidación de un capitalismo agrario orientado hacia afuera y la consecuente consolidación de un modelo criollo de agro-business que se expande incluso en territorios de corte tradicional. Posteriormente, se analizan sus efectos diferenciados en los territorios y, finalmente, el vacío de las políticas públicas actuales frente a una sociedad rural que experimenta los mayores niveles de pobreza y desigualdad del país.

De hecho, Ecuador es el país más densamente poblado de América del Sur y el segundo más densamente poblado de América Latina con una superficie de 253370 kilómetros cuadrados, una población de 14 483 999 habitantes y una densidad de 48.63 personas por kilómetro cuadrado.↵

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La consolidación de un capitalismo agrario concentrador de los recursos pero altamente heterogéneo

Como es conocido, el capitalismo no se ha extendido en América Latina según alguno de los modelos estudiados por los clásicos del marxismo. Es probable que en un mismo país se encuentren territorios donde se impuso un modelo parecido al “junker”, y otros donde se distribuyó la tierra y se desarrolló una economía campesina minifundista, similar al denominado por Lenin como “norteamericano ofarmer”, y seguramente en otros más se desarrolló un modelo intermedio. Arrighi destaca la presencia de procesos mixtos; es decir, de varias vías de modernización en un solo territorio (cf. Harvey 2009). Este autor cuestiona la tesis de la proletarización total en la modernización capitalista del agro, a partir del estudio de la región de Calabria en el sur italiano, donde encuentra tres caminos para la formación del mercado laboral en un mismo territorio: el “suizo”, la vía “junker” y la vía “farmer” (Arrighi, 1987). El modelo suizo estaría conformado por territorios donde los migrantes retornaron para invertir en la agricultura, un fenómeno que es interesante considerar en esta perspectiva en varios territorios con migración masiva desde el sector rural, como sucede por ejemplo en el sur de la sierra ecuatoriana.

En el caso ecuatoriano, las tibias políticas de reforma agraria, impulsadas en la década de 1960 y más tarde en la de 1970, nunca lograron homogenizar el espacio rural en un único modelo capitalista, aunque sí crearon las condiciones para el surgimiento posterior de una agricultura volcada hacia el exterior, una vez que se consolidó el modelo neoliberal, a fines de la década de 1980, y los campesinos perdieran la lucha por la tierra, cuando se consagró la Ley de Desarrollo Agropecuario (lda), en 1994.

Ecuador, como la mayoría de los países de América Latina, tiene un patrón de crecimiento de la población predominantemente urbano; así, la población rural llega a 37%, lo que marca un proceso mas bien lento aunque continuo de transformación de las relaciones rural-urbanas. La población ocupada en la agricultura, no obstante, sólo representa 21% de la pea nacional, mientras la agricultura todavía representa 17% del pib nacional, porcentaje similar al que tenía en 1990, dado el patrón predominante de reprimarización de la economía acaecido en la última década. La población rural, que ha disminuido lentamente desde la década de 1980, no se dedica totalmente a las actividades primarias y, según los territorios, un significativo porcentaje, se vincula a otras actividades (manufactura, comercio, servicios y construcción, entre las mas importantes). Esta tesis tiene su respaldo en la extrema minifundización de las parcelas, que no pueden de ninguna manera generar empleo para todos los miembros del hogar.

Los estudios agrarios de caso realizados en los últimos treinta años presentan sorpresas pues se constata que existen micromodelos, diferentes a los que supuestamente predominaban a partir de una lectura de los datos macroeconómicos. Así, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, una lectura macroeconómica de la distribución de la tierra muestra una imagen altamente concentradora de este recurso; sin embargo, la presencia predominante del minifundio en algunos territorios, donde el latifundio no fue omnipresente en la estructura agraria, indica una distribución mas democrática de la tierra, frente a otros territorios en que la gran propiedad siempre concentró la tierra y no se dieron procesos importantes de redistribución de este recurso.

No obstante, en Ecuador se ha impuesto un modelo de capitalismo agrario que implica una modernización concentradora, dado que no existió una reforma agraria que afectara profundamente a la gran propiedad.

Los datos de la gráfica 3.2 indican que la brecha cada vez mayor que existe entre disponibilidad de la tierra y tamaño de la propiedad, y la persistencia de un patrón concentrador de la tierra en la mayoría de los territorios.

La influencia de estructuras agrarias tradicionales puede evidenciarse todavía en el mismo paisaje agrario. Así, por ejemplo, en la sierra centro-norte salta a la vista la presencia de modernas instalaciones empresariales que substituyeron a las vetustas casas de hacienda, muchas de ellas de origen centenario (algunas de las cuales se han convertido en hoteles para turistas), y donde las vacas que bucólicamente pastaban en las praderas bajas andinas han sido reemplazadas por el mar plástico de las instalaciones de empresas florícolas. Mientras tanto, los campesinos jóvenes, que hace 10 años migraban a buscar trabajo a Quito o ciudades cercanas, ahora son asalariados de las empresas de flores, bró-coli o alcachofas, ubicadas cerca de sus hogares de residencia. Allí donde anteriormente había haciendas lecheras, actualmente hay empresas florícolas o de hortalizas donde puede encontrarse trabajo.

No obstante, los evidentes cambios no siempre suponen una ruptura completa con el pasado, tal como lo señalan Pedreño y Quaranta:

Así, la reestructuración no da por resultado una nueva agricultura en el sentido de un quiebre radical con formas pasadas. Contrariamente a un proceso de cambio de estilo unidireccional, se presentan combinaciones diversas que incluyen en diferente medida —según el caso y las circunstancias— cambio tecnológico, mayores requerimientos de calidad, nuevos requerimientos de calificaciones tácitas y competencias, precarización del empleo, etc. (Pedreño y Quaranta, 2002:17).

Detras de la modernización cabe encontrar todavía un path dependence, pues si bien ya no existe el sistema de hacienda tradicional que caracterizó la estructura agraria hasta los años setenta, aún subsisten, por ejemplo, ciertos comportamientos tradicionales entre la población rural que recuerdan las relaciones de dependencia entre campesinos y hacendados a pesar de que objetivamente (legalmente) ya desaparecieron hace 30 años.

Hay efectivamente una “metamorfosis” del territorio, basada en el aprovechamiento de mano de obra barata proveniente de las unidades familiares campesinas, un proceso de extracción de plusvalía que no se da a través de la relación entre peón y dueño de hacienda sino entre la empresa y el asalariado. El capitalismo de esta forma ha logrado penetrar sin mayores resistencias en lo profundo de estos territorios y articulado, para su beneficio, los recursos disponibles: tierras bajas de buena calidad, luminosidad, mano de obra barata, buena infraestructura vial. Ya no estamos en presencia de un modelo rentista de utilización del suelo, sino de un agronegocio que necesita ser competitivo para articularse eficientemente con el mercado externo.

Si analizamos la mano de obra, igualmente el crecimiento del proletariado rural es un fenómeno que se ha acentuado en los últimos 10 años, en la medida en que los agro-negocios han ido penetrando en los espacios tradicionalmente dedicados a actividades ganaderas en la sierra y en los espacios campesinos tanto de la sierra como de la costa.

El predominio de los trabajadores ocasionales en todos los estratos indica la presencia de un capitalismo agrario que todavía utiliza una mano de obra que pertenece a las economías campesinas, tal como puede observarse en la gráfica 3.3.

En otras palabras, y parafraseando a Marx, esta mano de obra no es “completamente libre”. Ni siquiera las propiedades de más de 100 hectáreas tienen un porcentaje ma-yoritario de trabajadores asalariados permanentes, lo cual mostraría la existencia de un mercado de trabajo donde predominaría lo que Marx denomina la “subsunción formal del trabajo al capital” (Marx, 1975), en especial, en las propiedades de menos de 10 hectáreas pertenecientes, sin duda, a estratos de campesinos pequeños que no disponen de suficiente capital para contratar trabajadores permanentes, pero que utilizan la mano de obra proveniente de trabajadores sin tierra o con muy poca tierra para labores cortas y precisas, ya sea en la siembra o en la cosecha.

Otra lectura alternativa de la gráfica 3.3 indicaría que existe una masa de campesinos con poca tierra y un excedente de fuerza laboral disponible para ser utilizado por las empresas de diverso tamaño, mayormente como trabajadores ocasionales; en otras palabras, una masa de semiproletarios rurales, todavía vinculados a las unidades campesinas, que son la base para la formación de mercados de trabajo nada transparentes desde el punto de vista capitalista.

No obstante, esta visión demasiado macroeconómica de la mano de obra debe ser matizada por un acercamiento a los tipos de agricultura existentes en los territorios, algunos de los cuales no requieren demasiada tierra, pero sí altos volúmenes de inversión de capital, como las plantaciones de flores, hortalizas y, en general, los denominados “nuevos productos de exportación”, entre los que se incluyen frutas exóticas.

Al contrario de lo que sucede en el mercado de trabajo nacional, en el mercado específico de los nuevos cultivos de exportación predominan los trabajadores permanentes, a excepción de los cultivos de espárrago, mango y maracuyá. Sobresale el predominio de asalariados permanentes en las flores, un cultivo que se realiza bajo los parámetros de una agroindustria de tipo fordista, normalmente en invernaderos. Los otros cultivos, en cambio, se dan en campo abierto, lo que facilita la participación de trabajadores ocasionales.

Estos dos patrones de utilización de la mano de obra tienen mucho que ver con la mayor o menor disponibilidad de trabajadores en los territorios de la sierra o de la costa. La expansión del brócoli, por ejemplo, se realiza desde los años ochenta y se concentra en la sierra (99%), especialmente en las provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura (Le Gall, 2008); demanda una mano de obra permanente, pero en la medida en que se trata de un cultivo de hortalizas no requiere de una mano de obra especializada y las tareas pueden realizarlas campesinos en forma ocasional, con lo cual se acopla perfectamente a las necesidades de la empresa (mano de obra barata) y de los campesinos (ingresos adicionales a la unidad familiar).

La dualidad de la mano de obra, trabajador permanente-trabajador ocasional, mas allá de las cifras, muestra un proceso en el que el capitalismo agrario se amolda a las situaciones encontradas en los territorios (disponibilidad de mano de obra, situación de crisis de las unidades familiares, grado de educación de la población rural). En este sentido, en aquellos territorios donde la economía campesina se encuentra en crisis y se ha incrementado el número de trabajadores sin tierra, las empresas capitalistas pueden re-clutar mano de obra asalariada sin mayores trabas (como sucede por ejemplo en las áreas de cultivos tradicionales como el banano), mientras que en aquellas donde la economía campesina todavía dispone de recursos, la vinculación salarial todavía encontraría fuertes resistencias, en la medida en que, aunque existiera mano de obra excedentaria, sólo la oferta de buenos salarios podría inducir a la formación de una proletarización masiva.

Como lo plantea Arrighi (1987), pueden presentarse situaciones en que la presencia de las economías campesinas sean importantes para las empresas, sobre todo porque una parte de la reproducción de la mano no corre por cuenta de los capitalistas, y los salarios, en estas condiciones, conforman una parte importante de la competitividad de las empresas; más cuando sus productos se orientan hacia el mercado mundial (caso de los nuevos y viejos productos de exportación de Ecuador).

Lo interesante del caso ecuatoriano es que los nuevos cultivos de exportación demandan en el momento actual, un mayor porcentaje de trabajadores permanentes, frente a los cultivos tradicionales de exportación que utilizan en forma predominante trabajadores ocasionales. En los territorios donde predomina la utilización de trabajadores permanentes, independientemente de la alta presencia de unidades familiares o campesinas, la situación de la mano de obra es superior a aquellos donde predominan trabajadores ocasionales (permanentemente ocasionales), sometidos a intermediarios, condiciones de trabajo precario, con bajos salarios y bajos niveles de organización, como en los territorios con plantaciones de banano (Martínez, 2004).

Esta dinámica empresarial ha reconfigurado los territorios, ahora especializados en la producción para el mercado externo; las empresas controlan las mejores tierras, sean altas o bajas, se aprovechan de la infraestructura modernizada actual, de la mano de obra local y de la cercanía a ciudades importantes (base logística para la exportación al mercado mundial). Así, pueden identificarse claramente territorios de producción de flores, brócoli, ganadería de leche, banano, palma africana. Sin duda, estos procesos conforman la parte visible del problema, el iceberg, que en algunos territorios ya está consolidado, mientras que en otros desestabilizan la economía campesina y generan importante “desterritorialización”,[1] de lo que obtienen beneficios los agronegocios instalados en los últimos 30 años. Procesos similares se estarían dando en otros países de la región como, por ejemplo, las transformaciones que ocurren en el norte de Perú donde los agronegocios “han generado una transformación radical de los paisajes, de los sistemas de producción y de actividad en pocos años” (Mesclier, 2011:335).

La reflexión realizada hasta aquí, permite una conclusión preliminar sobre el carácter desigual del capitalismo agrario, lo que territorialmente implicaría que no siempre existe un modelo idéntico de articulación entre economía campesina y agronegocios. Pecqueur, al referirse al predominio del modelo productivista en el sector rural, incluso en un país desarrollado como Francia, considera al menos tres opciones en los territorios: a) territorios con una fuerte presencia del modelo productivista, con pocas posibilidades de articular una alternativa que responda a un modelo territorial de base local; b) territorios donde está presente el modelo productivista pero sin destruir la producción tradicional; c) territorios que no conocieron el productivismo y que pueden “saltar a un modelo posproductivo basado en sus recursos locales” (Pecqueur, 2009:54). Esta tipología podría perfectamente ser replicada en el caso ecuatoriano para explicar el funcionamiento de los agronegocios en los territorios. Así, por ejemplo, el primer modelo se aplicaría a los territorios de predominio del banano y, mas recientemente, de palma africana en la costa. El segundo modelo correspondería al de las flores y hortalizas desarrollado en los últimos 10 años en la sierra. Mientras que el tercer modelo es el de territorios minifundistas articulados a mercados locales gracias a la pluriactividad, como sería el de Tungurahua, Azuay en la sierra, donde el agronegocio no puede desarrollarse dadas las condiciones históricas suigéneris de falta de haciendas tradicionales y la presencia de una estructura agraria mas democrática.

Esta pista, importante para el análisis, de la presencia de los agronegocios rurales permite articular los procesos estructurales con el territorio. Así, por ejemplo, la concentración de la tierra en el primer tipo de estructuración territorial ha tornado el proceso “irreversible”, dado el peso económico, político y social de las empresas, la desarticulación acelerada de la producción familiar y la desorganización social de los trabajadores asalariados. También permite observar las posibles respuestas de los productores locales (pequeños o medianos) en los territorios donde el agronegocio no arrasó con ellos; en este caso, la concentración de la tierra es débil o simplemente no existe. Las implicaciones para un diseño más diferenciado de políticas públicas territoriales saltan a la vista, pero no ha sido así en Ecuador, tal como se analizará a continuación.

Recogemos la definición de "desterritorialización" señalada por Entrena Duran (2009), cuando hay una desconexión entre "agricultura y territorio o entre agricultura y alimentación", lo que puede conducir hacia procesos de "desertificación social", cuando la población empieza también a migrar del territorio.↵

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¿Las políticas DRI: una real alternativa para los pobres rurales?

En Ecuador, durante cerca de 40 años se han implementado proyectos de desarrollo rural por el Estado, ong, iglesias e instituciones de desarrollo, pero el resultado ha sido que la pobreza en lugar de disminuir fue aumentando, no mejoraron los ingresos ni el empleo, ni se detuvo la migración campo-ciudad; es más, ahora hay en algunas zonas un flujo importante de migración internacional y, en general, las condiciones de desigualdad social se incrementaron. Esta innegable constatación induce a plantear dos hipótesis básicas: o el desarrollo rural no estaba orientado a buscar solución para los pobres rurales o la efectividad de los proyectos de dri ha sido prácticamente nula. En todo caso, en el país todavía se pretende continuar con nuevas olas de “proyectismo”; es decir, con proyectos de desarrollo rural, aunque se maquille su denominación, incluido el membrete territorial, como si no hubiera pasado nada en el medio rural en mas de un cuarto de siglo.

Las dos últimas grandes experiencias de desarrollo rural en Ecuador: el Proyecto Nacional de Desarrollo Rural (Pronader, 1990-2000) y el Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local (Prolocal, 2002-2006), constituyen casos representativos de los frustrados intentos por concretar una política orientada a la vinculación de campesinos “viables” al mercado, como alternativa a la reforma agraria, utilizando como justificación la reducción de la pobreza rural.

Hay que anotar que en el caso ecuatoriano el entorno macroeconómico no fue favorable para el campesinado ni para el sector rural en general. A partir de 1980, el efecto de las políticas de ajuste, el desmantelamiento progresivo de las instituciones estatales presentes en el campo, la flexibilización laboral y el apoyo a una política aperturista en desmedro del mercado interno, han pesado sobre la viabilidad de las economías campesinas.

El Pronader y la visión agrarista del desarrollo rural

El enfoque del Pronader fue el típico ejemplo de un proyecto agrarista que mira el sector rural como poblado por campesinos cuyas únicas actividades son la agricultura o la ganadería, sin considerar los importantes cambios que se habían dado en la estructura del empleo. No obstante, hacia 1990 ya se disponía de estudios que proponían, en forma diferenciada, problemas como la multiocupación, los mercados segmentados de trabajo, y el origen diverso de los ingresos que no fueron considerados en el diseño de los componentes (Martínez, 1995).

De hecho, en las áreas del Pronader existían varios tipos de campesinos que recibieron una propuesta de desarrollo rural sin mayor participación y sin considerar sus demandas reales. De allí que, por ejemplo, sólo en el caso de la cuenca del Guayas se haya logrado un efecto positivo en los ingresos;[1] en otras palabras, se trataba de un programa diseñado para campesinos con buenas tierras, cultivos mercantiles, experiencia en adopción de tecnologías, y no necesariamente para los campesinos pobres, especialmente la población indígena de la sierra. Sin embargo, es importante destacar que los mejores resultados se lograron precisamente en áreas de intervención de la reforma agraria, pues los campesinos de la costa húmeda (especialmente de las áreas arroceras) son en su gran mayoría beneficiarios de las leyes de abolición del trabajo precario de 1970.

El mercado fue prácticamente ignorado en las estrategias del Programa. A pesar de que un importante porcentaje de productores son principalmente mercantiles, no se desarrollaron propuestas innovadoras para crear alternativas de comercialización basadas en la calidad y en nuevos nichos de mercado.[2] El impulso a las pequeñas empresas no generó los resultados esperados, en gran parte por su falta de encadenamiento con los recursos de los campesinos y su poca viabilidad gerencial. Las aptitudes empresariales se construyen lentamente en el medio rural y no son el resultado inmediato ni de la disponibilidad de recursos financieros en pequeña escala ni del incremento de la educación y formación de capital humano. Es más importante recuperar las iniciativas de los productores campesinos y con esas experiencias crear miniencadenamientos artesanales y horizontales, en pequeña escala, que dinamicen productivamente los territorios.[3]

En la mayoría de las áreas se realizó un trabajo sin mayor coordinación con las organizaciones campesinas más importantes. El método de trabajo privilegiado fue la formación de grupos ad hoc de campesinos que se convirtieron en los beneficiarios privilegiados en capacitación y asistencia técnica. ¿Cuan diferente es esta metodología de trabajo del tradicional clientelismo que siempre se ha criticado? Finalmente, tampoco se consideró una perspectiva de transferencia local, es decir, no se preparó a las organizaciones, actores o instituciones locales para que, a la terminación del proyecto, asumieran las actividades, miniproyectos, obras y recursos.

El Prolocal y la visión empresarial del desarrollo rural

En enfoque del Prolocal se centraba en una dimensión de encadenamientos productivos y servicios financieros como base del desarrollo local y una propuesta para incluir a los actores y gobiernos locales en las decisiones de los proyectos.

Las zonas elegidas no eran nuevas, pues la mayoría de ellas habían pertenecido a la generación anterior de proyectos de dri, lo que muestra que el criterio predominante no fue la elección de las áreas más pobres del país sino aquellas donde obstinadamente se había insistido durante varias generaciones de proyectos. Las seis microrregiones, como se las denominaba, no fueron elegidas bajo el criterio de “territorios” en el sentido propuesto por Pecqueur, esto es, como “entidades socioeconómicas construidas”; es decir, como “la constitución de un espacio abstracto de cooperación entre diferentes actores para engendrar recursos particulares y soluciones inéditas” (Pecqueur, 2009:5).

La hipótesis que sostenemos es que en esta nueva propuesta se escogieron zonas de campesinos viables, es decir que contaban con recursos para insertarse en el mercado, sin considerar las características de los territorios ni los procesos sociales que existían en ellos, ni el grado de presencia de los agronegocios ni el nivel de capital social existente (Martínez, 2009:29).

Los esfuerzos del Prolocal se centraron en crear capacidades empresariales entre los campesinos de cada microrregión; sin embargo, la mayoría de estos proyectos productivos se concentraron en actividades agrícolas que tuvieran condiciones para un encadenamiento con las agroindustrias locales. Esta experiencia sólo benefició a los campesinos con recursos orientados hacia la producción de arroz, maíz, cacao, café; es decir, insumos que pueden abastecer la cadena productiva controlada por los agronegocios. De hecho, la articulación más exitosa fue aquella que se concretó entre los pequeños campesinos productores de maíz de la zona de la microrregión de Los Ríos con la empresa Pronaca, que controla monopólicamente la producción nacional de huevos, aves y cerdos bajo la modalidad de agricultura por contrato (Vinueza, 2009; Yumbla, 2011). Esta relación más bien consolidaba un modelo de “agricultura de contrato muy precario que aunque no se cristaliza en las modalidades de integración vertical plenamente capitalistas, oculta la condición de proletarización de los campesinos que sólo formalmente continúan siendo independientes” (Martínez, 2009:32).

En las áreas con potencialidad más productivas del Prolocal (cuenca del Guayas) ya se habían instalado desde la década de 1950 las plantaciones capitalistas de banano y, más recientemente, los agronegocios, de modo que la acción del proyecto sólo cubría los márgenes del territorio; es decir, donde todavía existían bolsones de producción familiar campesina. En estas condiciones, las acciones del proyecto no tenían mucho espacio para incubar procesos de desarrollo endógeno y, en la mayoría de los casos, terminaban favoreciendo la estrategia de los agronegocios, tal como sucedió, por ejemplo, con la articulación mencionada de los productores de maíz con la empresa Pronaca. Mientras tanto, los jóvenes se encontraban vinculados a las plantaciones como mano de obra asalariada bajo modalidades precarias y no tenían demasiado interés en participar en proyectos únicamente basados en la agricultura (Martínez, 2004).

En la medida en que no se consideraron alternativas de trabajo extra agrícolas como eje de la generación de empleo en las microrregiones del Prolocal, las actividades agropecuarias impulsadas con el encadenamiento a las agroindustrias no lograron sino modestos resultados en el ingreso y empleo.[4] En estos territorios existe una real desvalorización del trabajo agrícola entre la población joven, que prefiere vincularse como trabajador asalariado o busca el horizonte de la migración interna o externa, de manera que se corre el riesgo de que los proyectos productivos de corte agrícola queden en manos de la población más vieja, con lo cual las posibilidades de una vinculación productivista, basada en la adopción de nuevas tecnologías, manejo y gestión empresarial disminuyen aún más.

Finalmente, uno de los problemas más estratégicos de esta experiencia radicaba en la debilidad del capital social, en dos dimensiones: a) la presencia de relaciones clientelares en las organizaciones de base, y b) la inexistencia de una mínima arquitectura organizativa institucional local, para capitalizar las experiencias tanto inducidas a través del Prolocal como aquellas que existieran internamente como producto de la misma dinámica de los productores rurales. Las microrregiones tenían experiencias en acciones colectivas, más consolidadas en la sierra y muy débiles en la costa; pero, en general, los planteamientos del programa no estaban dirigidos hacia la consolidación de experiencias productivas colectivas, sino más bien de empresas familiares. Ahora bien, la experiencia en el caso ecuatoriano muestra que éstas sólo tienen éxito cuando existen otras condiciones socioeconómicas que facilitan y capitalizan los esfuerzos ya sea individual o familiarmente. Así, por ejemplo, la experiencia del territorio de Tungurahua muestra que además de la iniciativa familiar, había una distribución de la tierra más equitativa, un mercado regional dinámico con eje en la ciudad de Ambato, buena infraestructura vial, economías de proximidad, multiocupación rural, etcétera (Martínez y North, 2009).

En la perspectiva del capital social existía una debilidad interna que se manifestaba en la poca capacidad asociativa de los actores sociales y no existían redes o vínculos sociales fuera de las comunidades, lo que Granovetter denomina “vínculos débiles”, que potencialicen sus experiencias territoriales (Granovetter, 2000). De esta forma, la apuesta hacia del desarrollo local quedaba únicamente en manos de los pocos actores empresariales que lograron aprovechar los mecanismos de inserción mercantil del programa; en definitiva:

Todavía está vigente un proyectismo desde abajo, esto es, que responde a la demanda de aquellos grupos que pueden elaborar un proyecto, comprometer un pequeño financiamiento (endeudamiento) y entrar en la lógica de un comportamiento empresarial subordinado al de las grandes empresas o agroindustrias (Martínez, 2009:40).

Una tendencia que, como analizo mas adelante, parece ser la que ha escogido el actual gobierno a través de los denominados “negocios inclusivos” que ocultan las verdaderas intenciones de los agronegocios en su vinculación con la producción campesina.

Los agronegocios como eje del desarrollo capitalista actual

A partir de los años ochenta, como resultado de las políticas de ajuste de corte neoliberal se abrió un proceso importante de valorización del espacio rural, liderado por las empresas capitalistas. Lo interesante es que no se concentró únicamente en aquellos territorios de antiguo dinamismo productivo, ubicados en la costa y orientados al mercado externo, sino también en los territorios hasta ahora más vinculados con el mercado interno y poblados densamente por campesinos e indígenas, ubicados en la sierra ecuatoriana. Esta tendencia tiene una estrecha relación con la apertura de la economía hacia el exterior y el apoyo a los nuevos cultivos de exportación (flores, hortalizas, frutas), así como también a la producción de camarones, palma aceitera y bosques. Este portafolio de nuevos productos orientados a la exportación y que se sumaban a los viejos y tradicionales productos (banano, cacao, café) terminó por marcar claramente la tendencia hacia la primarización de la economía nacional. En el caso ecuatoriano no puede hablarse de una reprimarización, pues la economía, en el siglo xx, nunca tuvo como eje central de crecimiento a la industria, tal como sucedió en los países mas grandes de América Latina. En este acápite retomo la tipología, señalada por Pecqueur (2009), para analizar las tendencias actuales del modelo de desarrollo de la agricultura basada en los agronegocios, sobre una base territorial específica. Ciertos cultivos vinculados con la agroindustria se han ubicado en territorios donde su relación con el mercado mundial es de vieja data (cuenca del Guayas), mientras nuevos cultivos se han instalado en territorios de una más reciente relación con el mercado mundial (sierra centro-norte). Los efectos socioeconómicos en el territorio, por lo mismo, son diferenciados: acentuados procesos de deste-rritorialización en los primeros, mientras que, en los segundos, la agricultura familiar ha quedado reducida al rol de bolsón de oferta masiva de fuerza de trabajo para abastecer las necesidades de las plantaciones capitalistas de nuevos productos de exportación.

a) Los agronegocios en territorios de vieja vinculación con el mercado mundial

Al patrón tradicional de la agricultura costeña, conformado por el banano, caña de azúcar, café y cacao, se suman el cultivo de palma africana y las plantaciones forestales, basadas en la concentración de la tierra, la utilización de mano de obra barata y el aprovechamiento de las políticas públicas en su favor.

Estos datos muestran claramente que los cultivos de palma aceitera, caña de azúcar y banano corresponden a un patrón de desarrollo y expansión de una agricultura empresarial vinculada a la agroindustria, que se expandía y consolidaba en las provincias de la costa: Guayas, Los Ríos, Esmeraldas. El café, y en menor medida el cacao, se encontraba en manos de pequeñas y medianas propiedades y no era objeto de interés de las grandes explotaciones.

Este modelo se consolidaba sobre todo a través de la concentración de la propiedad, en territorios que disponen de la mejor tierra del país, como es el caso de la cuenca del Guayas. Un proceso lento y larvado que ha llevado a la desestabilización de las economías campesinas que habían disputado los recursos a los hacendados a través de la Reforma Agraria de 1973.[5]

En el caso del banano, se trata de tres grupos empresariales, asentados en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, que al mismo tiempo que monopolizan tierras mantienen contratos con agricultores medianos y pequeños. El mas importante de estos grupos empresariales es el grupo Noboa, propiedad de Noboa Naranjo conocido por ser el eterno aspirante a la presidencia de la república y también por su oposición a la formación de sindicatos entre sus trabajadores y la manera de explotación permanente de sus trabajadores.

En el caso de la caña de azúcar, el nivel de concentración de la tierra es aún mayor. Se trata de grupos económicos de vieja data, orientados hacia la producción de azúcar, principalmente para el mercado interno.[6] Recientemente, han desarrollado la estrategia de vinculación con pequeños y medianos productores de caña, sobre todo luego que el gobierno actual ha propuesto un programa de apoyo a la producción de biocombusti-bles. Estas plantaciones se ubican mayormente en un territorio estratégico situado en las provincias de Guayas y Cañar, donde se concentraría 81% de la superficie de estas haciendas.

El caso de la palma africana es más reciente (década de 1970) y se ubica en los territorios del noroeste del país, especialmente en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsachilas y noroccidente de Pichincha. El grado de concentración de este grupo empresarial es el más alto, dado su mayor nivel de integración con la agro-industria productora de aceites, jabones y otros derivados. El patrón de crecimiento de las empresas es muy agresivo y se basa en el control de importantes territorios a costa de los pequeños campesinos que habitan en el hiterland de las plantaciones, tal como lo analizo más adelante. No obstante, también existe una importante vinculación de las empresas de transformación (extractoras de aceite) con pequeños y medianos productores de estos territorios.

Un último caso de concentración territorial es de las empresas forestales, ubicadas tanto en la provincia de Esmeraldas como en la Amazonia ecuatoriana. La presencia de estas empresas está asociada al capital nacional y extranjero y, aunque no se puede hablar de la presencia de “land grabing, se trata de una producción orientada hacia la exportación que se expande sobre territorios de poblamiento de afroecuatorianos en Esmeraldas y de población indígena en la Amazonia. Estas empresas además de realizar una actividad que atenta contra el medio ambiente,[7] generan gran inestabilidad entre la población nativa y campesina.

El desarrollo del capitalismo basado en la consolidación de los agronegocios en estos territorios tiene efectos negativos importantes sobre la población campesina, que sintetizo a continuación:

1) La expansión de los cultivos implica la concentración de la tierra a expensas de los pequeños propietarios y campesinos que se ubican en las proximidades de estas plantaciones. Las empresas, en cierto sentido, acosan a los campesinos para que les vendan las tierras y, para ello, utilizan métodos que van desde la compra hasta la coerción y amenazas, tal como sucede, por ejemplo, en las plantaciones de banano en la provincia de Cotopaxi, de palma africana en la provincia de Los Ríos o en las plantaciones forestales en la provincia de Esmeraldas.

Según un estudio reciente, en la provincia de Los Ríos, las empresas palmicultoras intentan ampliar sus recursos con todos los mecanismos posibles:

En todos estos casos se observa que los mecanismos de presión para que los campesinos abandonen las tierras van desde las amenazas y los desalojos forzosos (que se llevan a cabo en complicidad con la fuerza pública y ciertos gobiernos locales) hasta el intento de una negociación “voluntaria” con ellos. Cuando se resisten a vender sus activos productivos surgen otros mecanismos “invisibles”, que van desde la presencia de testaferros hasta la crimi-nalización y persecución de dirigentes, presencia de agentes y comerciantes de tierra en los recintos, obstrucción en la legalización de tierra, presencia de civiles armados y matones, etc. (Jácome y Landivar, 2009:196).

Otro ejemplo de la presión ejercida por los agronegocios es el de la empresa de capital extranjero Eucapacific, que opera en la provincia de Esmeraldas, y posee 14000 hectáreas, 10 500 de las cuales son de eucalipto, exportado como chips a la Mitsubishi Paper Mills en Japón para la fabricación de papel (Gerber y Veuthey 2010). Esta empresa comenzó comprando tierra a medianos y grandes propietarios, para luego pasar a comprar tierras conlindantes que pertenecen a pequeños propietarios. Utiliza varios mecanismos coercitivos que obligan a los campesinos conlindantes a venderles las pequeñas propiedades que todavía quedan en las proximidades de las plantaciones.

Una manera fue prohibirles el paso a través de las propiedades recién adquiridas de la empresa —incluso si los senderos eran viejos y usados diariamente— por medio del uso de guardias de seguridad y la amenaza de multas. También se eliminó el pasto de los animales como amenaza para las plántulas y a las personas eran un riesgo de incendio. Otros métodos incluían el boicot a la producción de los campesinos y el acoso a través del robo y daño a sus cultivos, así como mediante de la aspersión de agroquímicos (Gerber y Veuthey, 2010:465).

2) Un segundo aspecto derivado de la pérdida de la propiedad es el incremento de la población asalariada, puesto que muchos campesinos se quedan con poca o ninguna tierra y se ven obligados a trabajar en las plantaciones con bajos salarios y relaciones precarias. En estos territorios se forman verdaderos bolsones de fuerza de trabajo barata a disposición de los agronegocios, un verdadero “ejército rural de reserva” que desvinculado de sus propiedades busca asentarse en pequeños recintos o pueblos que crecen en forma desmedida, sin servicios básicos ni infraestructura social y educativa. Allí es donde se concentra en mayor proporción la población rural mas pobre del país. Sorprendentemente, la pobreza rural es mas significativa en los territorios con presencia de agronegocios que en las zonas indígenas de la sierra, como aparentemente podría pensarse. Así, las provincias con el mayor número de pobres rurales son Guayas, Los Ríos y Manabí, ubicadas en la costa ecuatoriana (Chiriboga y Wallis, 2010).

b) Los agronegocios ubicados en territorios de densa población campesina de la sierra

El proceso de valorización de las tierras de altura, ubicadas por sobre los 2500 metros de altitud y pobladas por comunidades indígenas y campesinos serranos, empezó a desarrollarse en los años ochenta con el cultivo de flores en las provincias de Pichincha e Imbabura en el centro-norte del país, pero desde hace unos 10 años también en otras provincias del centro y sur del país. En alguna de ellas, por ejemplo Cotopaxi, se ha desarrollado también el cultivo de hortalizas (brócoli, espárragos y alcachofa), orientados igualmente al mercado mundial.

Se trata de un proceso de inversión de capital extralocal y en algunos casos también extranjero que valoriza el recurso tierra anteriormente orientado a la ganadería de leche y aprovecha las ventajas comparativas que ofrecen estos territorios: mano de obra barata, luminosidad permanente, buena infraestructura vial, cercanía a los aeropuertos de embarque, etcétera. Estos elementos han permitido que la producción de flores se posicione ventajosamente en el mercado mundial dentro del rango prémium, mientras Ecuador es actualmente el quinto país exportador de flores en el mundo e internamente las exportaciones de flores se ubican en el tercer lugar dentro de la economía (Rubio, 2008:36). Así, las exportaciones de flores alcanzaron a representar, en 2011, 53.4% del total de las exportaciones de productos primarios no tradicionales, lo que señala la importancia que tiene este agronegocio en la economía del país.

El capital entra a los territorios, se valoriza y sale normalmente a las grandes ciudades en un proceso de rotación rápido que genera una acumulación basada en la explotación de la mano de obra indígena local. En este modelo, el agronegocio no requiere un proceso de concentración de tierra importante, pues, como es conocido, la producción de flores se realiza en invernaderos, muchos de los cuales han sido comprados o arrendados a los mismos hacendados locales.[8]

Como puede constatarse, el número de hectáreas dedicadas a la producción de flores no sobrepasa las 4 000 hectáreas, pues predominan las empresas florícolas de tamaño pequeño y mediano. En cambio, es una actividad que demanda mucha inversión de capital, dados los altos costos de producción por hectárea.[9] Si bien no hay concentración de tierra, sí hay concentración del agua dados los altos niveles de utilización de este recurso, mayoritariamente controlado por las empresas florícolas en el territorio.[10]

Lo más importante es disponer de una abundante mano de obra, que en este caso proviene de las comunidades indígenas aledañas o de las economías campesinas cercanas a las plantaciones de flores y hortalizas. En estos territorios, la presencia de las economías campesinas es central para la estrategia de los agronegocios, pues, por un lado, abastecen de mano de obra barata a empresas que son intensivas en el uso de la fuerza de trabajo y, por otro, abaratan el costo de la mano de obra, en la medida en que una parte de la reproducción de la fuerza de trabajo corre por cuenta de la familia campesina asentada en las proximidades de las plantaciones.

Las provincias que concentran el mayor número de trabajadores son Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, ubicadas en la sierra centro-norte y pobladas por comunidades indígenas que han experimentado en los últimos 10 años una progresiva transformación en sus patrones tradicionales de reproducción, en su nivel de organización social y, en general, en sus valores y modos de vida.

Como lo señala Arrighi (1987), una proporción de la competitividad de estas empresas radica en los salarios que, en el caso de los territorios aquí analizados, permiten a estas empresas ser competitivas en el mercado mundial. Para los agronegocios, la presencia de las economías campesinas en los alrededores de las plantaciones es central para su estrategia de competitividad en el mercado mundial. Aquí, las familias campesinas conservan sus minifundios y no han sido desposeídas de sus medios de producción, que en la lógica de las empresas son tan importantes para el modelo de acumulación como lo son para los campesinos dentro de su estrategia de reproducción. Una complemen-tariedad, al contrario de lo que sucede en la costa, es que la desestabilización de la economía campesina no es un proceso central, e incluso allí donde la economía campesina tiene un poco más de recursos lleva a cabo estrategias económicas aprovechando los ingresos que provienen del trabajo asalariado de sus miembros.

El trabajo en las plantaciones de flores se caracteriza por una intensificación de la jornada laboral; es decir, que bajo la fachada del contrato por trabajo asalariado, las prácticas intensivas de trabajo apunta más bien, en los hechos, a disponer de un asalariado temporal permanente. Cuando los trabajadores no pueden cumplir con las cuotas asignadas, deben permanecer hasta cumplir la tarea sin recibir el pago por las horas extras realizadas (Korovkin y Sanmiguel, 2007:25). Esta situación, al parecer, no ha cambiado y continúa la práctica de esta modalidad de trabajo intensivo:

Aunque se paga un salario, y se supone que se trabaja siete horas de lunes a viernes y cinco lloras los días sábados, en realidad el trabajo es a destajo, ya que se evalúa por cumplimiento de metas. Si no son cumplidas, el trabajador, por obligación, debe quedarse hasta completar el trabajo, con lo cual las horas extras o suplementarias desaparecen; caso contrario, entra en riesgo de ser multado, o despedido por bajo rendimiento (Fenacle et al, 2011:62).

Actualmente, se dispone de varios estudios que señalan los altos costos ambientales y en la salud de los trabajadores, que mostrarían el “lado obscuro” del boom de las flores en el caso ecuatoriano. En efecto, el alto nivel de utilización de fertilizantes y plaguicidas en el proceso productivo afecta la salud de los trabajadores que tienen problemas neurológicos, dermatológicos y trastornos músculo-esqueléticos (Fenacle et al, 2011; Harari, 2004). Por otro lado, la contaminación ambiental se da por el desecho de los plásticos de los invernaderos y la contaminación del agua en estos territorios.[11] Estos efectos todavía no han sido evaluados pero afectan sus patrones de cultivo y, en general, la vida cotidiana de las comunidades cercanas.

Uno de los efectos más notables se da en la organización social, pues las prácticas tradicionales de reciprocidad y solidaridad se han debilitado en la medida en que la población joven asalariada ya no responde a los requerimientos de la organización comunal y privilegia un comportamiento más individual. El nivel de intensificación del trabajo, la disponibilidad de un salario mensual, la vinculación con la economía de consumo en las ciudades cercanas, han generado un comportamiento más individualista que desvaloriza la organización y el trabajo centrado en la solidaridad comunitaria (Martínez, 2007; Korovkin y Sanmiguel, 2007).

A pesar de que objetivamente se ha desarrollado un proletariado rural el nivel de organización sindical es bajo, por no decir nulo.[12] Por un lado, las empresas desarrollan estrategias tendientes a impedir la organización de los trabajadores; por otro, los mismos trabajadores, en la medida en que provienen de comunidades indígenas, no tienen un panorama claro sobre la forma de organización a través de la cual podrían mejorar sus condiciones laborales. La comunidad indígena todavía tiene un peso simbólico entre estos trabajadores pero, en su nueva relación laboral, no disponen de organizaciones que les permitan reclamar eficientemente sus derechos laborales.

El movimiento indígena ecuatoriano, que todavía es mirado externamente como un baluarte de las movilizaciones sociales en el país, se encuentra en crisis, no sólo por el proceso de fragmentación interna entre las organizaciones indígenas,[13] sino sobre todo porque no logra articular las demandas de sectores indígenas que no responden ya al paradigma concentrado en la plurinacionalidad y pluriculturalidad. Uno de los problemas no asumidos por la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), por ejemplo, es el agudo proceso de proletariza-ción que afecta masivamente a los jóvenes de las comunidades indígenas de la sierra ecuatoriana, lo que supone un alto costo político al dejar prácticamente solos a estos trabajadores indígenas que no encuentran una forma de organización adecuada para defenderse de la explotación de las empresas capitalistas. La reciente marcha indígena, realizada entre el 8 y 22 de marzo de 2012, que recogía el justo rechazo a la minería en gran escala y a la Ley de Minería, si bien logró una reactivación de la movilización social, especialmente en la sierra, no logró una unificación real de las organizaciones indígenas. Éstas, continúan con sus propuestas aisladas en torno de la Ley de Tierras, de Aguas, de la Minería, sin lograr formar un bloque sólido a través del cual aglutinen el descontento de otros sectores sociales, especialmente del medio rural, que se ven afectados por la errática política pública hacia el campo, tal como lo explico más adelante.

La expansión del cultivo del brócoli se ha desarrollado desde hace unos 10 años y obedece a la expansión de la demanda en el mercado mundial, principalmente Estados Unidos y, en menor medida, Alemania y Japón. Se calcula que en la provincia de Coto-paxi, donde se ha concentrado 68% de la producción de este cultivo existirían unas 700 hectáreas (Corpei, 2009) la mayor parte en manos de grandes empresas.

A diferencia del cultivo de las flores, el brócoli requiere de mayores superficies de tierra pues es un cultivo a campo abierto y demanda mano de obra para todas las fases del cultivo.[14] Existe, en cierta medida, un proceso de concentración de tierras que se da ya sea por compra o por arrendamiento de las tierras anteriormente dedicadas a la ganadería.

El patrón del cultivo del brócoli tampoco permite la inserción de los campesinos sino en forma muy marginal, tal como sucede, por ejemplo, con los productores de la comunidad de Gatazo-Zambrano, en la provincia de Chimborazo, cuya producción finalmente se encuentra “encadenada” a la empresas exportadoras ubicadas en la provincia de Pichincha (Le Gall, 2008). En la provincia de Cotopaxi, en cambio, no existe producción de brócoli en manos de las unidades productivas campesinas, que al igual que en el caso de las flores abastecen de mano de obra barata a las empresas capitalistas.

Todavía los campesinos conservan sus minifundios que se destinan a la producción de su subsistencia y también, marginalmente, al mercado.

El patrón de expansión del cultivo del brócoli en cambio causa importantes desequilibrios en el territorio por la concentración del agua, pues es un cultivo que demanda riego ya sea por gravedad o artificial, mientras los campesinos no disponen de este recurso sino en forma marginal.[15]

Por el momento, la expansión del brócoli en territorios como el de Cotopaxi no ha desestructurado la economía campesina pues, como sucede con las flores, es importante la presencia de una mano de obra barata que pueda acoplarse a los ritmos de la producción empresarial, en este caso es estacional, con mayores picos en las fases de siembra y cosecha y menor demanda en la fase de mantenimiento del cultivo. La mano de obra, especialmente la femenina, se acopla a este ritmo, en tanto que las unidades familiares todavía disponen de pequeñas parcelas para cultivos tradicionales.

Así, por ejemplo, de 12 áreas del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible, sólo se registraron incrementos importantes en cuatro áreas de la costa y una de estribaciones (Martínez, 2003).↵

Sólo 15% de las fincas destinaban la producción para autoconsumo, mientras que 85% lo destinaban a la venta e incluso 30.2% al procesamiento de productos en forma artesanal (Martínez, 2003, núm. 139).↵

En varias áreas del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible existían estas posibilidades que lamentablemente no fueron aprovechadas, por ejemplo, los productores de panela y aguardiente ubicados en las áreas subtropicales de estribaciones hacia la costa y los productores familiares de queso y lácteos en las áreas de la sierra.↵

"El incremento promedio en las áreas del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sosteni-ble fue de 203 dólares por familia y de 0.8 miembros por unidad familiar" (Martínez, 2009:36).↵

La reforma agraria de 1973 significó una importante distribución de la tierra a través de la eliminación del trabajo precario y la orientación de estas tierras al cultivo del arroz.↵

Según Sabine Fischer, los ingenios azucareros fueron formados ya a principios del siglo XX por fracciones del capital de terratenientes cacaoteros en crisis y del capital financiero-comercial (Fischer, 1983).↵

Así, por ejemplo, la deforestación en la provincia de Esmeraldas ha significado que se pase de 1.5 millones de hectáreas de bosque hacia 1970 a sólo 270 000 hectáreas hacia 2005 (El Comercio, 21 de julio de 2005). Otro ejemplo de la forma como actúan las empresas madereras es el caso de Endesa-Botrosa que se apropió ilegalmente de 3420 hectáreas de bosque del predio Pambilar en la provincia de Esmeraldas que pertenecían al patrimonio forestal del Estado. Finalmente, este predio fue revertido al Estado el 22 de diciembre de 2010, luego de 14 años de explotación por esa empresa (Acción Ecológica, 2011).↵

Según algunos estudios, la mayoría de las naves de producción de flores (invernaderos) son peque ños, de 10 por 20 metros cuadrados, pero para que sean rentables se requiere disponer de 30 hectáreas (Rubio, 2008:41).↵

Para instalar una hectárea de producción de rosas se necesitaban 300 000 dólares, y de 6 a 8 hectá reas para que la finca fuera competitiva (Fenacle et al., 2011:7). Según Rubio (2008:41), la inversión por hectárea llegaría a 10 000 dólares.↵

Algunos estudios señalan que existe una alta demanda de agua en las florícolas, donde se utilizan hasta 900 000 litros de agua por mes y por hectárea, mientras que la agricultura campesina sólo requiere de 1 000 litros al mes por hectárea (Weemalls, 2009, núm. 10).↵

En la zona de Cayambe se utilizarían 80 clases de químicos en la producción de una flor (Rubio, 2008:49).↵

En 2005 sólo cuatro empresas florícolas de las 400 que existían en Ecuador tenían sindicato (Ko-rovkin y Sanmiguel, 2007:24).↵

Así, por ejemplo, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras respalda al gobierno de Correa, mientras la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se encuentra claramente ubicada en la oposición. La Federación Interprovincial de Centros Shuar de la Amazonia llega a acuerdos con el gobierno para la realización de obras de infraestructura, asunto que no es aceptado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Se expulsa a un líder indígena, presidente de la Ecuarunari por haber aceptado la designación de embajador en Bolivia, etcétera, El Mercurio digital, [www.elmercuriodigital.net/2011/11/ecuador-movimiento-indigena-fragmentado. html].↵

"El brócoli genera más de 11 500 puestos de trabajo y mantiene a más de 4000 familias en Ecuador", Aprofel, citado por Le Gall (2008:264).↵

Disponía de riego entre 79% y 100% de la superficie de los cultivos de exportación, mientras que sólo tenía riego entre 4% y 25% de la superficie de los cultivos de consumo, Fondo de Recursos Hídricos (2008).↵

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La "contradictoria" política pública hacia el sector rural

Uno de los elementos que más llama la atención en el caso ecuatoriano es que se dispone de un marco legal de avanzado contenido social como la “Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria”, que consta en la Constitución de 2008, finalmente aprobada el 17 de febrero de 2009, y que apunta hacia un modelo más equitativo de desarrollo de la agricultura y, por otro lado, una serie de políticas orientadas a favorecer la consolidación de los agronegocios en el medio rural. En este acápite, trataré de explicar esta dualidad que se ha convertido en un verdadero escollo y no permite avanzar hacia el diseño de un modelo de sociedad rural más equitativo y solidario.

Entre los planteamientos centrales de la mencionada Ley de Soberanía Alimentaria vale la pena señalar dos para los objetivos de este trabajo; a saber: a) la política de tierras orientada a frenar la concentración de este recurso y disminuir el alto índice de Gini, y b) convertir a la agricultura familiar en el eje central de las políticas públicas orientadas al desarrollo rural y a la soberanía alimentaria. A estos ejes centrales se añaden dos dimensiones que atraviesan casi todas las políticas del actual gobierno y que son la “economía social y solidaria y el buen vivir rural”.

La política de tierras, efectivamente, levantó una importante expectativa entre el sector de indígenas y campesinos pobres que tenían la esperanza del inicio de un proceso de reforma agraria que permitiera la dotación de recursos como base de cualquier programa de desarrollo rural. En realidad, esta política ha perdido poco a poco su rumbo y actualmente se limita a la distribución de un fondo de tierras en poder del Estado como resultado de la recuperación de deudas de banqueros en quiebra, y tierras ociosas de las mismas instituciones del Estado, por expropiación y compraventa. Este fondo de tierras, que en realidad no termina por conformarse (entre 120 000 a 300 000 hectáreas), va a ser transferido a campesinos organizados bajo modalidades asociativas. Una política que no tiene nada que ver con la reforma agraria ni con procesos de distribución que sean el resultado de movilizaciones sociales, aspecto que brilla por su ausencia en el caso ecuatoriano.

Estos datos muestran las dificultades en la distribución de tierras por el Estado. En primer lugar, el fondo de tierras es muy pequeño y sólo lograron entregarse 17807 hectáreas en los últimos tres años para un pequeño grupo de beneficiarios, la mayoría en la costa. En segundo lugar, existe un enredado proceso legal para disponer de las tierras que pertenecieron a banqueros quebrados durante la crisis bancaria de 1998. En tercer lugar, no existe presión social importante de los campesinos sin tierra que pueda conformar un sólido movimiento social y vaya más allá de esta política redistribucionista desde arriba y plantee la reforma agraria como eje central de la solución al problema de la concentración de la tierra en el país y la construcción de una sociedad rural mas democrática y equitativa.

Los territorios de concentración de la tierra se encuentran justamente allí donde los agronegocios se han consolidado; es decir, en las provincias de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas en la costa ecuatoriana. Significativamente, en estos territorios se hace una redistribución que llega a 80.9% de la tierra entregada, mientras en la sierra sólo se asignaron 15.6% y, en la Amazonia, 3.5%. La falta del elemento político desde abajo, la debilidad organizativa del medio rural, la presencia de un clientelismo arraigado entre las organizaciones campesinas, especialmente de la costa, son factores que contribuyen a la falta de presión política para lograr el cumplimiento efectivo de la Ley de Soberanía Alimentaria.

El otro eje de la política agraria es el fortalecimiento de la agricultura familiar que en principio debería cumplir un rol estratégico en la soberanía alimentaria. Ahora bien, la propuesta tanto del Magap como de otros ministerios se centra en los denominados “negocios inclusivos”, un término acuñado por la cooperación internacional y que aparece como solución mágica para los campesinos y el desarrollo rural.[1] A través de los negocios inclusivos se busca la vinculación de los pequeños productores con las empresas capitalistas ubicadas en los territorios, para asegurar un mercado estable para sus productos y mejorar los ingresos y el bienestar de las familias campesinas. De hecho, ya durante los años noventa se puso énfasis en este modelo de encadenamiento de la producción campesina de ” commodities\ sobre todo en la producción del maíz duro, café y cacao, en los territorios de la costa, donde se desarrolló el Prolocal.

Uno de los agronegocios que más provecho sacó de este tipo de políticas fue la empresa Pronaca, considerada líder en el negocio del maíz duro, la producción de balanceados y los integrados de pollos, pavos, chanchos, además de palmito, y la producción de conservas de productos agrícolas.[2] Lo interesante de este modelo es que busca articular a los campesinos con las empresas capitalistas monopólicas que controlan toda la cadena agroindustrial de transformación de productos agrícolas y ganaderos. En el mismo Magap existe el Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos (Proneri) para desarrollar esta estrategia en todo el país, con la participación de 10 empresas capitalistas que controlan la producción de commodities agroganaderos.[3] Quedan dudas si este tipo de encadenamiento permita realmente el fortalecimiento de la agricultura familiar, por varias razones: a) no son los campesinos pobres los que se insertan en este tipo de negocios; b) los productores campesinos medios que se vinculan, deben entrar en una lógica economicista y productivista de gran escala, para la cual no están preparados; c) no existe una legislación transparente que regule la vinculación con las cadenas de valor, especialmente la agricultura de contrato; d) los riesgos los asumen totalmente los productores; la inversión de capital y la tecnología corren a cargo de los productores; e) la empresa controla monopólicamente la vinculación con los mercados nacionales e internacionales; f) la empresa impone unilateralmente los precios de acuerdo con las fluctuaciones del mercado mundial, y g) la producción familiar se desvincula de su cultura y se desenraiza del territorio.

Muchos de estos productores que al principio creían que se habían transformado en empresarios y, por lo tanto, socios iguales de las empresas, poco a poco llegan a reconocer que en realidad no son sino asalariados disfrazados de los agronegocios, que deben autoexplotarse indefinidamente si quieren conservar sus inversiones y su trabajo, una situación que no sólo se da en nuestros países sino incluso en países del norte, como Estados Unidos (Lewontin, 2000).

La pregunta central: ¿es este modelo el que permite un fortalecimiento de la agricultura familiar y de esta forma puede vincularse la producción campesina con la seguridad y soberanía alimentaria?

Para complicar un poco más el panorama de confusión sobre las políticas públicas hacia el campo, el gobierno está empeñado en impulsar un programa de apoyo a los bio-combustibles, lo que supone la consolidación de los cultivos concentradores de tierra, como la palma africana, la caña de azúcar, la expansión del maíz duro y el desarrollo de nuevos cultivos como la higuerilla, el piñón (jatrophá) y la colza (Bravo, 2007). Como se observa en el cuadro 3.4, 45% de las inversiones del Plan Nacional Agropecuario se dirigen hacia los agrocombustibles, mientras que tan sólo 12% a los cultivos tradicionales. Todo este paquete de políticas no tiene tampoco nada que ver con el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, a no ser que en el lenguaje economicista se haya producido milagrosamente una metamorfosis de la economía campesina en economía empresarial.

Lo cierto es que en las políticas públicas predomina una visión economicista que se concentraría en dos líneas principales de acción: por un lado, el fortalecimiento de los agronegocios, en cuanto aportan divisas al país a través de la exportación de commo-dities y, por otro, la alternativa de encadenamiento de los productores campesinos con más recursos a las empresas agroindustriales como solución al desarrollo rural. En este enfoque, no existiría mayor contradicción en la perspectiva desarrollista-productivista del gobierno, pero sí una radical propuesta de tipo empresarial que no tiene mucho que ver con la Ley de Soberanía Alimentaria ni con la búsqueda de mayor equidad en el medio rural.

Pierde piso la propuesta de la Ley de Economía Social y Solidaria, así como la propuesta del “buen vivir” que se ha convertido en el eslogan de turno más utilizado, tanto por el gobierno como por los movimientos sociales para justificar una visión nada realista de lo que sucede en el medio rural.[4] En efecto, el rumbo de las políticas económicas parece ser que camina hacia la consolidación de una agricultura empresarial capitalista de alto rendimiento, que terminará subsumiendo a la agricultura familiar. No hay nada de “buen vivir ni de economía solidaria” en este proceso, pues no se vislumbra la conformación de un espacio económico fuerte con características alternativas a la capitalista, lo que supondría la dotación de recursos estructurales básicos (principalmente, tierra y agua), que permita sentar las bases de la economía solidaria y, por lo tanto, del buen vivir. Mientras tanto, el capital hace su trabajo y ha creado un proletariado rural que permanece invisible a las políticas públicas, pero que es la base real de la valorización del capital en el medio rural a través de un mercado de trabajo al mismo tiempo flexible y precario. Nadie discute sobre las características de la conformación de un proletariado étnico en las zonas florícolas, ni sobre los sistemas de explotación de la mano de obra en las plantaciones de la costa, o la proletarización “oculta” de los productores encadenados a los agronegocios. Para colmo, todavía se piensa que la solución a los problemas del medio rural puede pasar por incrementar la educación, el emprendedurismo, sin pensar que la población rural ha envejecido, y permanecen mayoritariamente las mujeres, mientras los jóvenes buscan la alternativa de salir del medio rural donde no encuentran nada que les retenga. No es de extrañarse, entonces, que encontremos en alguna de las propuestas oficiales la alternativa del “turismo rural” como solución mágica de los problemas que afectan a la población más pobre. ¿No es esto un síntoma de que después de medio siglo de errores no se ha aprendido mucho sobre lo que sucede en el campo?

Los negocios inclusivos se pueden definir como "iniciativas empresariales económicamente rentables, ambiental y socialmente responsables, que bajo una lógica de mutuo beneficio contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades de bajos ingresos, a través de su participación en la cadena de valor de un negocio", sea como proveedores, distribuidores o consumidores de bienes y servicios", Van Haeringen y De Jongh (2010:63).↵

Hacia 2010, esta empresa ocupaba el séptimo lugar entre las más grandes del país, el sexto lugar entre las empresas no petroleras y el primer lugar entre las empresas de alimentos, con un total de ingresos de 657.83 millones de dólares, superando incluso a la multinacional Nestlé, Ekos (2011:68).↵

Las 10 empresas anclas a través de las cuales el Proneri plantea la integración de la producción cam pesina son: Nestlé, Energy Palma, Floralp, Nintanga, Agroparaíso, Transmar, Triari, Canolandia, Cuycuna, El Ordeño, Ecuavegetal, Agroficial, Palmeras del Ecuador, Providencia, Diario La Hora (2010).↵

En quichua ecuatoriano se dice sumak kausay para indicar un modo de vida en armonía con la naturaleza, basado en relaciones de solidaridad que supuestamente predominarían entre las poblaciones indígenas. Pero, como lo señala Viola: "la literatura disponible sobre el tema, centrada en ideales culturales abstractos y en percepciones subjetivas, no nos ha aportado hasta el momento ninguna explicación práctica sobre cómo es posible el buen vivir para una familia campesina (de entre los centenares que mal viven en idéntica situación en la región andina), que dispone de menos de una hectárea de tierra", Viola Recasens (2011:296).↵

36

Conclusiones

Durante las dos últimas décadas se ha consolidado un modelo de agricultura empresarial cimentado en los agronegocios y orientado hacia el mercado mundial. Mientras tanto, la agricultura campesina está subordinada a esta dinámica y experimenta los efectos más negativos en los territorios de la costa, donde el agronegocio se ha impuesto a través de procesos de concentración de tierra y agua. Aquí pueden encontrarse procesos de desestructuración campesina y de ampliación de un proletariado rural que se desenvuelve en el marco de un mercado de trabajo flexible, en tanto fuerza de trabajo precaria completamente desligada de la economía familiar. Pero también existe otro proceso, más reciente, de consolidación del agronegocio que no requiere concentración de la tierra, en territorios de la sierra central donde todavía persiste la economía campesina. En este último caso, la presencia de las unidades familiares es vital para la acumulación capitalista pues parte de la reproducción de la mano de obra no está a cargo de las empresas capitalistas, lo que permite disponer de fuerza de trabajo barata y ser competitivos en el mercado de las flores y el brócoli en el mercado global.

Lo sorprendente, en ambos casos, es que no se encuentra mayor resistencia en los territorios, a pesar de que en el primer tipo se produce una desestructuración campesina y los asalariados viven en los pequeños poblados y ciudades que se han formado en el hin-terlandde las plantaciones; en el segundo, se ha dado una intensificación del trabajo en las plantaciones sin ruptura completa con las unidades familiares. Una explicación que está por dilucidarse es que, al menos en el caso de la sierra, la proletarización es reciente y se da en condiciones de proximidad, tales que no permiten asimilar políticamente el significado de la venta de la fuerza de trabajo y el efecto en la unidad familiar. No existe el “distanciamiento” necesario para entender la subsunción del trabajo al capital, dado que es asumido como algo positivo para el empleo e ingreso de las familias. Es más, el ingreso en manos de los jóvenes asalariados en canalizado a la economía del consumo, donde pueden acceder al mundo de las mercancías hasta entonces vedado y ahora al alcance de la mano. En este sentido, estos trabajadores habrían superado coyuntural-mente la situación de ser “consumidores defectuosos” para pasar a ser parte de los no pobres; es decir, de aquellos que sí pueden consumir (Bauman, 2003:64). Sin duda, la realización en el mundo del consumo y no del trabajo es parte de la globalización que desterritorializa a las personas, la familia y la comunidad.

Los esfuerzos del Estado, a través de las políticas de desarrollo rural, en la medida en que se centraron en un enfoque sectorialista —es decir agrarista—, sin entender la complejidad de los territorios y la importancia de las actividades extra agrícolas entre la población con pocos recursos, no lograron solucionar el problema de la pobreza rural ni impulsar procesos más amplios de consolidación de campesinos medios vinculados al mercado. Insistir en los mismos territorios durante cuarenta años, con la misma visión proyectista desde arriba, a ver si se producía el milagro del desarrollo, no generó ningún proceso virtuoso. El único éxito territorial en el país (el caso Tungurahua) se dio gracias a la densificación de iniciativas de productores vinculados a mercados de proximidad, en contextos donde no existía un path dependence respecto de la hacienda, justamente porque era un territorio de minifundios altamente productivos, pero sin mayor intervención externa, ni del Estado ni de las ong (Martínez y North, 2009).

El agronegocio ha creado un nuevo proletariado rural que merece ser visibilizado por las políticas públicas en su diversidad y en su potencialidad. En la costa, se ha conformado un amplio sector de asalariados rurales ya desposeídos de sus medios de producción, una verdadera fuerza de trabajo “libre”, que vende su mano de obra en los mercados de trabajo que tienen la doble característica de ser flexibles y precarios al mismo tiempo. En la sierra, se ha creado un proletariado étnico proveniente de las comunidades indígenas y campesinas conlindantes, que de alguna manera conservan todavía sus medios de producción. El capitalismo agrario se aprovecha de esta situación que en la lectura economicista podría entenderse como una ventaja competitiva, ya que dispone in situ de un verdadero “ejército de reserva”, sin preocuparse de su reproducción (Marx, 1975).

Las políticas públicas del actual gobierno están reñidas con la misma legislación para el agro. Al no existir una política de reforma agraria, se la ha suplantado por una política minimalista de repartición de tierras por el Estado, que sólo apunta a disminuir en unos puntos el índice de Gini. Mientras tanto, las propuestas más habituales se dan sobre cómo articular a los productores familiares con más recursos a las “empresas clave”, normalmente agronegocios en los territorios, y consolidar el encadenamiento de corte empresarial capitalista.

No es por azar que la pobreza se haya “enraizado” en el medio rural; así como tampoco que se haya instalado en los territorios más ricos y productivos, como la costa ecuatoriana. El modelo de los agronegocios ya está funcionando y mientras predomine la visión economicista de sólo considerar el crecimiento por el crecimiento, no habrá espacio para la construcción de una sociedad más equilibrada donde se valorice el rol de la sociedad rural, de los campesinos e indígenas, y su aporte a la cultura y economía nacionales.

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4. De la reforma agraria al neolatifundio: el crecimiento capitalista del campo peruano 

FERNANDO EGUREN

En las últimas décadas, la modernización capitalista del campo peruano ha estado fuertemente marcada por la reforma agraria que un gobierno militar, presidido por el general Juan Velasco Alvarado, ejecutó entre 1969 y 1975. Por su carácter gravitante, puede periodizarse el proceso de modernización en tres momentos: a) antes de la reforma agraria, b) la reforma agraria y los años inmediatos posteriores, y c) la reconcentración de la propiedad de la tierra.

En 1969 se inició en Perú una de las reformas agrarias mas radicales del subconti-nente. Con ella, culminó un periodo en el que la estructura bipolar de tenencia de la tierra, la economía cerrada de las haciendas, la organización territorial del poder y las relaciones laborales precapitalistas, predominantes en la mayor parte del espacio rural, colisionaban con las tendencias de modernización de la economía y de la sociedad. En apenas seis años, fueron expropiados todos los latifundios del país y debilitadas de muerte las relaciones semiserviles que habían caracterizado una buena parte de las haciendas. Los efectos fueron muy importantes en varios sentidos. Por un lado, la sociedad rural se democratizó pero, por otro, el desempeño de la producción agrícola sufrió en aquellos espacios en los que la actividad agraria había alcanzado importantes niveles de modernización técnica y de gestión. Durante dos décadas —mitad de la década de 1970, ya terminada la reforma agraria, hasta mediados de la década de 1990— la economía rural estuvo dominada por la pequeña y mediana agricultura, en un contexto económico nacional e internacional muy problemático.[1] Hacia mediados de los años noventa se inició una nueva etapa de modernización de la agricultura, que se prolonga hasta la actualidad, con cuatro características notables: el inicio de un nuevo proceso de concentración de la propiedad de la tierra, la modernización de la producción agraria, la expansión de una agricultura de exportación “no tradicional” y la marginación de la pequeña agricultura.[2]

No hay una definición en Perú de pequeña y mediana agricultura. Por razones prácticas, con fines ilustrativos y reconociendo una dosis de arbitrariedad, puede considerarse pequeña agricultura a aquella que se desenvuelve sobre 20 o menos hectáreas, y mediana la que va de 50 a 150 hectáreas de tierras de cultivo.↵

No tradicional” en relación con los “tradicionales” productos agrarios que Perú ha exportado por décadas: fibra de algodón, azúcar y productos tropicales, café y cacao.↵

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El peso de lo rural

A pesar de lo que dicen las cifras oficiales, Perú es un país aún fuertemente rural. El censo demográfico de 2007 consignó que la población rural era 24% de la total, basándose en una definición muy restrictiva de “población rural”;[1] es claro que la tendencia es que se vaya reduciendo. Sin embargo, con definiciones menos restrictivas, llegaría a ser, actualmente, más de 40% de los pobladores del país.[2]

Una definición restrictiva de lo que es actividad agraria también subvalora su importancia económica. Según la contabilidad convencional, que sólo incluye la actividad agraria primaria, el aporte de la economía agraria al pib del país varía entre 7% y 8%, pero si se incluyen las industrias vinculadas a la agricultura, su participación se elevaría a 31.76% del pib nacional, más alto que cualquier otro sector productivo (World Bank, 2005:35).

Perú es un país con escasa tierra agrícola. Con un área total de 128.5 millones de hectáreas, se estima que las áreas cultivables no llegan a 7% del territorio nacional. Estas tierras se distribuyen en las tres regiones naturales del país, que lo dividen en tres franjas orientadas del noroeste al sureste: costa, sierra y selva (véase mapa 4.1).

Según el m Censo Nacional Agropecuario (Instituto Nacional de Estadística e Informática, inei, 1994),[3] la sierra andina posee más de la mitad de las tierras cultivadas, seguida por la selva amazónica; pero las mejores tierras de cultivo se encuentran en la costa, y es allí donde se da el mayor valor agregado a la producción. Esta última región, a la que este artículo prestará más atención, es la más dinámica económicamente y en ella se está dando un importante proceso de modernización de la actividad agrícola.

El III Censo Nacional Agropecuario define la población rural como aquella que habita en centros po blados de no más de cien viviendas contiguas, o más de cien dispersas. Esta definición subvalora la población rural. Hay otras definiciones mucho más amplias. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco nómicos considera como rurales los territorios con densidades demográficas inferiores a 150 habitantes por kilómetro cuadrado y a una distancia importante de las zonas urbanas superior a una hora de viaje. El Banco Mundial asume tal definición en un estudio dedicado a América Latina (véase World Bank, 2005).↵

En Perú pueden considerarse rurales las poblaciones de los distritos con menos de 20 000 habitantes (véase la Revista Agraria, 2008).↵

El último censo nacional agropecuario data de 1994. Se realizará un nuevo censo en el último semestre de 2012↵

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Etapas en el desarrollo reciente del capitalismo agrario en Perú

El agro peruano antes de la reforma agraria

En 1962, el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (cida) realizó un estudio sobre la estructura agraria en siete países de América Latina, incluido Perú (Barraclough y Collarte, 1972). La información que dio fue valiosa, pues apenas un año antes se había realizado un censo agropecuario y la información retrataba la situación presente. El censo registró 878 667 unidades agropecuarias, con una superficie de 18.6 millones de hectáreas. Los resultados le pusieron números a lo que ya se sabía: que había una estructura de propiedad de las tierras agropecuarias caracterizada por una gran concentración, por un lado, y por una gran dispersión, por el otro, y que 0.26% de las unidades agropecuarias poseían 70% de las tierras (cuadro 4.2). Los resultados del censo despejaron las dudas de quienes aún no estaban convencidos del grado de concentración, y la posición de quienes sostenían la necesidad de hacer una reforma agraria se fortaleció políticamente. Ya desde la década de 1950 la reforma agraria estaba dejando de ser un discurso político exclusivo de los partidos radicales de izquierda, para ser incorporado en las agendas políticas de los partidos conservadores. Así, apenas elegido presidente el conservador Manuel Prado, en 1956, nombró una Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda, cuya conformación incluía, de manera destacada, a representantes de hacendados considerados progresistas para la época. Entre las principales recomendaciones de la Comisión estaban poner límites al tamaño de la propiedad y un impuesto progresivo a la tierra.

Las razones que explican esta preocupación por la necesidad de modificar la estructura vigente de propiedad eran varias. Desde, aproximadamente, la década de 1940, las relaciones de mercado en los espacios rurales fueron extendiéndose más allá de la relativamente modernizada región costeña, y forzaron la flexibilización de las economías cerradas de las haciendas de la montañosa región andina (la sierra) y de la selva alta. Un sector de los campesinos de la sierra —la región más densamente campesina del país— comenzó a asediar las tierras de las haciendas, que antaño les pertenecían. Por otro lado, las ciudades crecían a ritmo acelerado, por la emigración desde el campo estimulada por las oportunidades de una economía urbana en expansión, mientras que en las áreas rurales persistía el atraso económico y la falta de servicios públicos. Aunque a un ritmo menor, estas tendencias demográficas continúan (véase gráfica 4.1).

Con el crecimiento de las ciudades y de las actividades económicas de base urbana, las élites rurales fueron perdiendo poder local e influencia en el Estado, mientras que las élites urbanas adquirían un mayor liderazgo. La Comisión, formada por el gobierno de Prado, fue una clara expresión política de estos cambios socioeconómicos: los otrora todopoderosos terratenientes no pudieron contener más las corrientes transformadoras.

La clase política no tenía la suficiente fuerza para ejecutar una reforma agraria. La propuesta de la Comisión nunca se llevó a cabo. El factor mas importante que doblegó las resistencias opuestas a una reforma agraria fue el intenso movimiento campesino que se desenvolvió entre fines de los años cincuenta y la primera mitad de la década siguiente.

En efecto, durante más de cinco años el campo peruano fue agitado por intensos y extensos movimientos campesinos, sobre todo en la sierra andina. El primero de ellos, y quizá el mas conocido, fue el de los campesinos del valle de La Convención, en el departamento del Cusco, en una zona de transición hacia la selva amazónica (cf. Fio-ravanti, 1976). Inmensas haciendas, cuya principal producción comercial era el café, dependían del trabajo de los arrendires (campesinos que pagaban en trabajo una parcela de tierra entregada por el hacendado) y de los allegados (que trabajaban en las tierras de los arrendires). Tanto arrendires como allegados debían comercializar obligadamente su propio café a través de los hacendados a precios por debajo de los del mercado. Fue el reclamo de poder comercializar directamente ese producto con los intermediarios, y el rechazo de los hacendados de permitirlo, lo que prendió la llama de la rebelión. Otros reclamos fueron sumándose, siendo el más importante el rechazo a seguir pagando rentas en trabajo o productos, y su reemplazo por el pago en salarios. Los campesinos del valle fueron asesorados por estudiantes universitarios politizados de la ciudad del Cusco y por partidos políticos también de izquierda.

Ante la negativa de los hacendados de ceder a los reclamos campesinos, éstos —tanto arrendires como allegados— tomaron las tierras y expulsaron a los propietarios. Los intentos del gobierno por debelar el movimiento fueron infructuosos, al punto que en 1962 un gobierno militar (1962-1963) —que accedió al poder ese año gracias a un golpe de Estado, deponiendo al presidente Prado— se vio forzado a dar una ley de reforma agraria de alcance local, y reconocer y legalizar el derecho de los campesinos sobre las tierras recuperadas.

Este movimiento campesino fue, hasta cierto punto, paradigmático, pues anticipó el contenido de las masivas movilizaciones campesinas que en los años siguientes contribuyó a desencadenar, en distintos lugares de la sierra, casi siempre en reclamo de la recuperación de las tierras de las haciendas y mejoras en las condiciones de trabajo, sobre todo la sustitución de las rentas en trabajo y productos por salarios. Todo este proceso fue, pues, socialmente democratizador y económicamente modernizador, al debilitar tanto el poder territorial de los terratenientes como desplazar las relaciones de trabajo forzado extrasalariales.

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La reforma agraria

La reforma agraria fue incorporada en las plataformas de todos los partidos políticos que compitieron en las elecciones de 1963 y constituyó un tema central de la campaña electoral de ese año. Estimuló la multiplicación de movilizaciones campesinas en otras partes del país, y el día que el presidente reformista Fernando Belaunde (1963-1968) asumió la conducción del gobierno, gracias a una alianza entre su partido, Acción Popular, y el pequeño pero muy activo partido Democracia Cristiana, decenas de miles de campesinos invadieron centenares de haciendas. Tanto para cumplir con su oferta electoral como para detener las movilizaciones campesinas y una incipiente guerrilla rural, en 1964, el gobierno promulgó la primera ley de reforma agraria de alcance nacional. Sin embargo, dada la adversa correlación de fuerzas políticas en el Congreso, el gobierno avanzó muy poco en su aplicación. No obstante, un importante número de yanaconas en la región costeña del país —campesinos que debían pagar al hacendado renta en trabajo o productos por el derecho de acceder a tierras de la hacienda— lograron, finalmente, convertirse en propietarios.

En octubre de 1968, las fuerzas armadas, bajo el mando del general Juan Velasco, dieron un golpe de Estado al presidente Belaunde, que fue deportado; el Congreso fue disuelto y los militares asumieron el poder y gobernaron el país durante doce años (1968-1980). A diferencia de las dictaduras militares de la época de los países del Cono Sur y de Brasil, los militares peruanos harían importantes reformas progresistas, entre ellas la reforma agraria. En un lustro de intensa ejecución, fueron expropiadas todas las haciendas del país y la clase terrateniente desapareció.

Los militares estimaron importante mantener grandes unidades productivas, para no perder las economías de escala logradas por las haciendas mas modernas, de modo que no dividieron las propiedades, y fueron adjudicadas a los trabajadores en forma colectiva, como cooperativas agrarias de producción (cap) o, en la sierra, región más ganadera, como sociedades agrícolas de interés social (sais), una modalidad de organización empresarial sui géneris que involucraba también a comunidades campesinas. De este modo, fueron creadas cerca de seiscientas cooperativas, a las que se adjudicaron más de dos millones de hectáreas y 60 sais, con 2.8 millones de hectáreas (cuadro 4.3). Otras modalidades de adjudicación fueron los grupos campesinos y las empresas de propiedad social, todas ellas variantes de empresas asociativas.

Un grupo de comunidades campesinas andinas, que en Perú son más de 5 000, recibieron directamente alrededor de 900 000 hectáreas; pero, como acabo de anotar, también se beneficiaron al ser incorporadas a las sais.

La reforma agraria fue más allá de la expropiación y redistribución de las tierras. También significó una fuerte intervención del Estado en el financiamiento de la actividad agropecuaria y en la comercialización. El Banco Agrario, entidad estatal de fomento creada a inicios de la década de 1940, se convirtió en la única fuente de financiamiento formal para la agricultura. Se crearon empresas públicas para la comercialización interna de la producción y de insumos; otras empresas fueron creadas para la comercialización externa de los productos agrícolas y para la importación de insumos.

La preocupación del gobierno por la alimentación se expresó en la regulación estatal de los precios de los alimentos y en subsidios a su importación, de lo que se beneficiaron los consumidores urbanos, pero con frecuencia a costa de los productores agrarios. Se creó el Ministerio de Alimentación, que tuvo una vida corta. La intervención del sector privado durante todos estos años en la prestación de servicios financieros y extrafinan-cieros al sector fue muy marginal. En las décadas siguientes esta situación se revertiría radicalmente.

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La reforma agraria y los movimientos campesinos

El inicio de la reforma agraria del gobierno del general Velasco, en 1969, relanzó el movimiento campesino que había caído en letargo desde 1964. El nuevo movimiento tuvo como objetivo radicalizar la reforma agraria: acelerarla, ampliarla, impedir la descapitalización de las empresas durante el periodo de la expropiación, y tomar las tierras en los lugares donde el proceso no avanzaba a velocidad suficiente (García Sayán, 1982; Neira, 1968; Handelman, 1975). Las federaciones de trabajadores agrícolas asalariados de los valles de la costa y las federaciones de comunidades campesinas en la sierra se reactivaron y lograron articularse, en 1973, en la Confederación Campesina del Perú (ccp), una organización nacional fundada en la década de 1940 que estaba muy venida a menos. A partir de su refundación, la ccp, que siempre se mantuvo distante del gobierno militar, cumpliría un papel muy importante durante los años de la reforma agraria y hasta la década de 1980, al unificar el movimiento campesino y contribuir a la democratización de la sociedad rural. Algo después, en 1974, el gobierno militar creó una organización paralela a la ccp, la Confederación Nacional Agraria (cna), con el propósito de neutralizar su importancia y de aglutinar en su apoyo a los campesinos que habían sido directamente beneficiarios de la reforma agraria. Ambas organizaciones aún son las dos organizaciones campesinas mas importantes del país, pero han perdido mucho de sus bríos y del reconocimiento de antaño.

¿Por qué esta pérdida de reconocimiento? Tiene que ver con las profundas transformaciones de la sociedad rural, producto de la reforma agraria, pero también con los importantes cambios en el capitalismo peruano.

Como en tantos otros países de la región latinoamericana que tuvieron una importante población nativa, el principal motor del movimiento campesino en Perú fue la recuperación de las tierras de las que fueron despojados en tiempos de la Colonia y luego de la República; sin embargo, en la región andina la lucha por la recuperación de las tierras por los movimientos a los que hemos hecho alusión no sólo obedecía a la reivindicación de un derecho violentado en el pasado, sino también —y, acaso, principalmente— a resquebrajar los límites que el régimen de hacienda imponía a una economía rural ya muy penetrada por relaciones de mercado. En efecto, la ampliación del mercado significaba, para los estratos más “ricos” de campesinos, una oportunidad que el régimen de hacienda y su poder territorial les negaba. Ya he mencionado el caso de las allegados y arrendires del valle de La Convención, que exigían la libre comercialización del café. La reforma agraria, al expropiar las haciendas y socavar así la base del poder del hacendado, eliminó lo que había sido la causa principal de las movilizaciones. En el nuevo contexto, la preocupación de los campesinos derivó hacia la economía, a mejorar las condiciones de la producción, pero los gremios campesinos no supieron adecuarse a estas nuevas demandas e incorporarlas a sus plataformas reivindicativas.

La situación en la costa fue diferente, pues el componente social del movimiento no fueron campesinos sino los sindicatos de asalariados agrícolas. Una vez convertidos en trabajadores-propietarios, los sindicatos fueron disolviéndose por no tener un patrón, un terrateniente, frente al cual plantear mejoras en las condiciones de trabajo: ellos eran sus propios patrones. Con la liquidación de las cooperativas, como se verá de inmediato, los que fueron asalariados agrícolas con las haciendas y luego asalariados-propietarios con la cooperativa se transformaron en agricultores familiares independientes, de modo que los sindicatos desaparecieron, dejando de ser una base social importante de ambas confederaciones.

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Posreforma agraria

Las cap y la mayor parte de las sais tuvieron una vida corta. Las dificultades de los nuevos propietarios-socios de las cooperativas —en su mayoría, los trabajadores asalariados del campo— para gestionar empresas complejas, la indisciplina laboral, la escasez de profesionales y técnicos, el difícil entorno económico de la segunda mitad de los años setenta en adelante, conspiraron contra la viabilidad de esas empresas. No menos importante fue la tensión interna propia de las cooperativas de producción: los trabajadores, en tanto asalariados pugnaban por un incremento de salarios y de inversiones sociales, pero en tanto dueños debían limitar los aumentos salariales y velar por la capitalización de la empresa (Eguren, 1975). Esta tensión llevó a una rápida descapitalización de las empresas. Cuando se llegó al extremo en que las cap no podían pagar los salarios, los socios decidieron dividir las tierras de las cooperativas y distribuírselas en parcelas familiares. La liquidación de las casi seiscientas cooperativas dio lugar a decenas de miles de unidades productivas de tamaño variable, la mayoría entre tres y cinco hectáreas de tierras de cultivo bajo riego (Eguren, 1988).

En cuanto a las sais, todas las cuales se encontraban en la sierra y cuya actividad principal era la ganadería, la mayoría fueron perdiendo sus tierras por el asedio de las comunidades campesinas vecinas y en la actualidad sólo se mantiene un puñado de ellas.

Una importante excepción fueron las cooperativas agroindustriales azucareras de la costa. Se formaron doce de ellas a partir de las haciendas azucareras expropiadas, las más grandes y modernas de la región. Por su dimensión y complejidad, por el hecho de que la fase industrial no podía separarse de la plantación, y por el peso sociopolítico de sus decenas de miles de trabajadores, se mantuvieron como cooperativas hasta finales de la década de 1990. Más adelante regresaré sobre ellas, pues su posterior privatización formaría parte del proceso de concentración de la propiedad de las tierras de cultivo que se inició a mediados de esa década.

Hacia 1994, después de la parcelación de las empresas asociativas que acabamos de reseñar, la estructura de la tenencia de la tierra en el país era la siguiente: como se puede apreciar en la cuadro 4.4, las unidades agropecuarias (ua) menores de 20 hectáreas —97% del total de ua— poseían las tres cuartas partes de las tierras de cultivo bajo riego y 62% de las tierras de cultivo de secano. En cuanto a las tierras con pastos naturales —la mayoría con pastos de bajo nivel nutritivo para una ganadería muy extensiva— en un alto porcentaje pertenecían, y continúan siéndolo, a comunidades campesinas.

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Los cambios en la política agraria

Uno de los efectos más importantes de la reforma agraria fue detener temporalmente las dos corrientes de modernización capitalista del agro que, con diferentes ritmos e intensidad y durante varias décadas, estaban en proceso en las dos regiones agrícolas más importantes —la costa y la sierra—, y que de alguna manera pueden ser caracterizados como las vías junker y campesina (véase Lenin, 1972). La primera —la conversión de las haciendas tradicionales en empresas capitalistas— fue más propia de las haciendas agrícolas de la costa y de algunas haciendas ganaderas en la sierra; la segunda —la eliminación por los propios campesinos de las barreras económicas y sociales precapi-talistas a la modernización capitalista— fue un proceso más andino. La reforma agraria expropió no sólo a los hacendados “tradicionales” sino también a los “modernos”, interrumpiendo así el camino junker, por otro lado, muchos dirigentes de los movimientos campesinos —los líderes de la vía campesina— fueron cooptados por el propio gobierno militar, por organizaciones políticas de izquierda o, más adelante, con el retorno a la democracia, fueron elegidos a los gobiernos municipales, insertándose así en los ámbitos locales del Estado. De este modo, la modernización capitalista se quedó sin liderazgo, pues ninguno emergió de las empresas asociativas creadas por la reforma agraria, ni de los medianos agricultores que no fueron afectados por ella. Estos hicieron esfuerzos por llenar el vacío creado, multiplicando los comités de productores por línea de producto, o formando organizaciones con pretensiones de representación mas política, como el Frente de Acción Rural (far), el Comité de Defensa de la Pequeña y Mediana Agricultura (Codeagro) y, el mas importante, la Organización Nacional Agraria (ona) (Eguren, 1989). Todas estas organizaciones, sin embargo, tuvieron una corta vida.

En buena medida, las políticas agrarias realizadas durante las décadas de 1980 y 1990 tuvieron como propósito reconstruir un liderazgo de la modernización agraria capitalista (Eguren, 2004). Uno de los principales instrumentos para ello fue la eliminación de las restricciones que la ley de reforma agraria de 1969 había impuesto al funcionamiento libre de los mercados; sin embargo, estos cambios fueron paulatinos y se desplegaron a lo largo de esas décadas.

El gobierno civil elegido de Belaunde que, como ya mencioné, luego de doce años de gobierno militar asumió el poder en julio de 1980, inició el desmántelamiento progresivo de las políticas agrarias que caracterizaron al régimen castrense.[1] A los seis meses de asumir el poder, la nueva administración emitió una ley por la que se reconocía, formalmente, la parcelación de las cooperativas (aunque el proceso de parcelaciones ya estaba muy avanzado, no había sido reconocido formalmente por el gobierno militar), consolidando el final de la experiencia asociativa iniciado por la reforma agraria.

Pero las posibilidades de hacer cambios mas profundos y acelerados para atraer a nuevos actores inversionistas tropezaron con tres barreras. La primera fue la legitimidad de la que gozaban todavía entre la población muchas de las reformas ejecutadas por el gobierno militar, y no podían ser bruscamente desechadas. Así, la nueva Constitución de 1979 —aprobada por un Congreso Constituyente en vísperas del fin del gobierno militar— reconocía que la reforma agraria era un “instrumento de transformación de la estructura agraria y de promoción integral del hombre del campo”.[2] Esta Constitución sólo duraría pocos años. La segunda barrera era que, ya en la segunda mitad de la década de 1970 se había venido incubando una crisis económica —en parte provocada por la estanflación que caracterizó la crisis económica mundial— que se agudizaría y prolongaría durante toda la década siguiente, particularmente en el tramo final, bajo el desacertado y por momentos caótico gobierno de Alan García (1985-1990). La tercera fue el surgimiento y crecimiento de movimientos subversivos, principalmente de Sendero Luminoso,[3] sobre todo en el campo, que desató durante la década de 1980 y comienzos de la siguiente una gran violencia —la mayor de la era republicana— que cobró alrededor de 70000 muertes, sobre todo de campesinos pero también de pobladores urbanos, soldados y policías. No existían, pues, las condiciones para atraer inversiones, y menos para la actividad agraria.

Esta situación variaría radicalmente en la década de 1990, con la elección —y luego reelección inmediata- de Fujimori como presidente (1990-2000). Por un lado, el nuevo gobierno desarrolló una política económica neoliberal radical, de ajuste estructural, que tuvo éxito en remontar una crisis económica sin precedentes, aunque provocó un brusco aumento de la pobreza y el desempleo. Por otro lado, logró derrotar a Sendero Luminoso y poner fin a la traumática década de la violencia. Estas nuevas circunstancias se dieron, además, en un contexto económico expansivo global, con una rápida ampliación de los mercados “de nicho” que sería muy bien aprovechada, algunos años después, por los nuevos actores de la modernización capitalista: los grupos económicos nacionales importantes.

La pacificación del país y la expectativa de la recuperación de la economía dieron una muy fuerte legitimidad al gobierno de Fujimori, aun cuando prontamente éste comenzó a manifestar tendencias autoritarias. En 1993 se aprobó una nueva Constitución, de corte neoliberal, que eliminó toda referencia a la reforma agraria y a los límites a la propiedad de la tierra. Eliminó el requisito de la conducción directa como condición para ser propietario. Además, redujo el carácter proteccionista que, desde 1920, las sucesivas Constituciones habían tenido con las comunidades campesinas (particularmente con relación a sus tierras, declarándolas imprescriptibles, inalienables e inembargables), y abrió la posibilidad de que fuesen vendidas a terceros. En 1995 se dio la llamada Ley de Tierras, que profundizó, precisó y consolidó aún más la liberalización del mercado de tierras.

Las condiciones en la década de 1990 eran prácticamente inversas a las de la década anterior: el terrorismo fue derrotado; la economía fue encausada por la ruta neoliberal, contando con el entusiasta apoyo del fmi; la oposición fue suprimida para todos los efectos prácticos (facilitado por las restricciones a la libertad de expresión y el desprestigio de los partidos políticos); el movimiento social permaneció debilitado por años de crisis económica y de convulsiones políticas; el contexto económico internacional, muy dinámico, comenzó a influir positivamente en la economía nacional. Es en este nuevo marco que la nueva legislación y el clima político propicio tuvieron éxito en atraer las inversiones a la agricultura y en desencadenar un proceso de formación de nuevos latifundios. Más aún, cuando hacia finales del gobierno de Fujimori se dio una ley que redujo el impuesto a la renta de la actividad agraria a la mitad —15% en lugar de 30%, aplicable a las demás actividades económicas— y creó un régimen laboral específico para el agro, que significó menores costos, menos derechos para los trabajadores y mayor flexibilidad para contratar y despedir.

En el cuadro 4.5 se resumen algunos cambios importantes que se dieron en la polí- tica agraria en las décadas de 1980, 1990 y 2000.

Se trata de la segunda gestión presidencial de Fernando Belaunde. Su primera gestión se inició en 1963 y fue interrumpida en octubre de 1968 por el golpe militar dirigido por el general Velasco Alvarado.↵

Artículo 159 de la Constitución Nacional (1979). El mismo artículo prohibía el latifundio. El artícu lo 157 limitaba a las sociedades de acciones ser propietarias de tierras al establecer: "El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra [...] directamente conducida por sus propietarios", pues pre cisaba que había conducción directa "cuando el poseedor legítimo o inmediato tiene la dirección personal y la responsabilidad de la empresa".↵

Organización política subversiva y terrorista que desencadenó una guerra contra el Estado y la sociedad que se prolongó de la década de 1980 a comienzos de la década de 1990. Según el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004), fue responsable de 31 000 muertes, 46% del total de víctimas fatales del conflicto armado interno.↵

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La gran inversión agraria y la concentración de la propiedad de la tierra

Desde mediados de la década de 1990 y gracias a las condiciones favorables expuestas líneas atrás, se inicia un proceso de grandes inversiones privadas en la agricultura de exportación y algunos años después, también en la producción de agrocombustibles.

Estas inversiones tienen varias características comunes. Por un lado, la gran mayoría están orientadas a la costa, región caracterizada con un mejor clima, mejores tierras, disponibilidad regular de agua, mejor y más densa infraestructura, mejores servicios y cercanía a carreteras y puertos. Por otro lado, los inversionistas priorizaron la compra de tierras, en lugar de recurrir a otros modos de controlar este recurso, como los arriendos; de modo tal que las nuevas inversiones se acompañan de concentración de la propiedad de la tierra. Una tercera característica es que la mayor parte de las inversiones son de capitalistas nacionales. Aunque esto es así, también hay participación de capital extranjero, aunque la poca transparencia de la información de las operaciones del mercado de tierras hace difícil conocer con precisión cuál es su real importancia.

En cuarto lugar, las inversiones más grandes son realizadas por importantes grupos económicos con intereses diversificados en otros sectores de la economía: la banca, pesca, minería, servicios, algunos de ellos presentes en varios países de la región. Finalmente, la producción de las nuevas empresas es exportada casi en su totalidad: principalmente hortalizas y frutales, llamados cultivos no tradicionales o de alto valor, o son cultivos orientados a la producción de biocombustible, sobre todo, caña de azúcar y palma aceitera.

Son varias las vías de concentración de propiedad de las tierras en la costa. La primera es el mercado de tierras, los procesos de compraventa en que los ofertantes son por lo general pequeños agricultores con muchas dificultades para desenvolverse en un mercado que no ofrece financiamiento ni los servicios o los mecanismos de comercialización necesarios para mantenerse como productores agrarios. La elevación del precio de la tierra en los últimos lustros es a menudo un incentivo difícil de resistir por los pequeños agricultores, cuya edad promedio es bastante elevada, más aún cuando los hijos tienden a buscar mayores oportunidades en las ciudades. No hay información precisa sobre las transferencias ocurridas en los últimos años, pero el Ministerio de Agricultura estima que entre 2006 y 2011 se transaron alrededor de 55 000 hectáreas en la costa (entre 6% y 7% de las tierras de esta región).

Más importante que el mercado de tierras es la adquisición por grandes inversionistas de decenas de miles de hectáreas de tierras fiscales eriazas que son incorporadas a la agricultura gracias a grandes obras de irrigación financiadas con recursos públicos. La misma fuente indica que entre 1996 y el 2011 fueron adquiridas más de 160 000 hectáreas (entre 18% y 19% de las tierras de la región).

Una tercera vía de concentración fue la privatización de las doce cooperativas agroindustriales azucareras. Como se indicó ya, fueron las únicas que subsistieron y no fueron parceladas. Sin embargo, durante años acumularon deudas con el Estado —impuestos y contribuciones a la seguridad social no pagados— hasta que el gobierno de Fujimori decidió que las deudas serían capitalizadas, convirtiéndose el Estado en copropietario; luego, las cooperativas fueron obligadas a transformarse en sociedades de acciones. De este modo, el Estado vendió sus acciones a grupos económicos; muchos trabajadores ex cooperativistas también vendieron las suyas. El más grande propietario de tierras actual, el Grupo Gloria, adquirió la mayor parte de acciones de cinco de estas empresas y acumuló alrededor de 65 000 hectáreas. En conjunto, las empresas azucareras privatizadas suman 111 000 hectáreas (alrededor de 11% de las tierras de la costa).

Finalmente, los gobiernos regionales pueden disponer de las tierras fiscales que se encuentran en su jurisdicción. En los últimos años han vendido cerca de 30 000 hectáreas a un reducido grupo de inversionistas, para dedicarlas en su mayor parte al cultivo de caña de azúcar para la producción de etanol.

En total, se habrían transferido más de 350 000 hectáreas. Alrededor de 70% de ellas forman parte de empresas con una dimensión mayor a las 1 000 hectáreas.

Si las políticas no cambian, es previsible que la concentración de la propiedad de las tierras de cultivo vaya en aumento. Actualmente, hay 18 grupos empresariales propietarios de 26 empresas agrícolas, y 20 empresas independientes con extensiones mayores a las 1 000 hectáreas cada una; en conjunto, controlan de forma directa aproximadamente 30% de las tierras de la costa. Están previstas nuevas obras de irrigación que incorporarían, en la presente década, 160 000 hectáreas de nuevas tierras de cultivo. Son tierras eriazas del Estado que hoy no tienen acceso a agua; si se sigue el actual patrón de subasta que se basa en módulos de grandes extensiones —lo cual es previsible— serían adquiridas por grandes inversionistas, con lo que hacia el final de la actual década más de 400 000 hectáreas —40% de las tierras de cultivo de la costa— formarían parte de grandes empresas con más de 1 000 hectáreas cada una (cuadro 4.6).

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Evolución de la producción agrícola

El peso creciente de los neolatifundios y su especialización en la producción para la exportación se observa en la evolución del uso del suelo agrícola (gráfica 4.3) y en las exportaciones (gráfica 4.4). Hasta el quinquenio 1990-1995, los cultivos más dinámicos eran los destinados al consumo masivo urbano, especialmente el arroz y maíz amarillo duro;[1] pero durante el siguiente quinquenio las áreas dedicadas a cultivos de exportación se ampliaron rápidamente. Como se aprecia en la gráfica 4.3, en las últimas dos décadas la tasa de ampliación de las áreas cosechadas de los cultivos de exportación ha sido, por lo general, mayor que la de los cultivos orientados al mercado interno (restringido o local, industrial y a pastos). En 2011, las áreas dedicadas en la costa a productos de exportación no tradicionales superaron las 140 000 hectáreas (Ministerio de Agricultura del Perú, 2012). Perú se convirtió en el principal exportador de espárragos del mundo, y diversificó su canasta de exportaciones: pimiento piquillo, paprika, alcachofas, cebollas y frutas (palta, uvas, cítricos, bananos y mangos). En dicho año las agroexportaciones peruanas llegaron a 156 países (Asociación de Exportadores, 2012).

Entre 2000 y 2011, el valor de las exportaciones de los cultivos no tradicionales se multiplicó por ocho. La apertura de la economía y el dinamismo de los mercados externos también favorecieron las exportaciones del café, que es producido por agricultores familiares (véase gráfica 4.4). Pero mientras que el aumento del valor de las exportaciones del café se debió más a un aumento de los precios (el precio en 2011 quintuplicó al de 2000), el de los productos no tradicionales se debió a la mayor producción y áreas cultivadas. Así, entre los años indicados el volumen exportado de café se duplicó, mientras que el de los productos agrícolas no tradicionales se multiplicó por siete.

La agricultura de exportación de cultivos no tradicionales ha arrastrado también a medianos y pequeños agricultores. Según un estudio realizado por Apoyo Consultores, empresa especializada en asesoría empresarial, hay 1 600 empresas que producen para la exportación, de las cuales 50 son grandes, y otras 450 exportaron entre 450 000 y un millón de dólares. El resto fueron pequeñas empresas (Apoyo Consultores, 2012). Muchas de estas pequeñas empresas tienen relaciones contractuales con grandes empresas agrícolas o de exportación, a las que venden su producción.

Un impulso adicional a la agricultura de exportación ha sido el conjunto de tratados de libre comercio firmados por el gobierno peruano, que favorecen las exportaciones agrícolas. Por el contrario, estos tratados constituyen una amenaza para los agricultores que dirigen su producción al mercado interno, pues eliminan los aranceles y toda medida de protección ante la importación de productos agrícolas que son subsidiados en sus países de origen.

El maíz amarillo duro es el principal insumo para la producción de pollos, principal fuente de proteínas de la población.↵

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Las organizaciones gremiales

Antes de la reforma agraria, los hacendados, tanto los tradicionales como los más innovadores, estaban organizados en una poderosa Sociedad Nacional Agraria. En plena reforma agraria, el gobierno militar liquidó a esta organización, y suprimió su reconocimiento legal. Esta medida venía a ser la expresión formal de la liquidación defacto de la clase terrateniente expropiada. Como he hecho ya referencia páginas atrás, el empre-sariado agrícola mediano, no afectado por la reforma agraria, creó varias organizaciones gremiales pero sin mayor influencia. Es con la emergencia de las grandes inversiones y de la agricultura de exportación que este panorama cambió.

Por un lado, las ramas agrícolas de los grandes grupos empresariales —los 18 registrados en el cuadro 4.5— no requieren de gremios del ramo para presionar por sus intereses ante los centros de decisión política, ya sea el poder Ejecutivo o el Legislativo, pues disponen de canales más directos, tanto institucionales como personales. En cambio, el empresariado cuyo exclusivo, o principal, rubro productivo es la agricultura de exportación, ha logrado aglutinarse en la Asociación de Gremios Productores Agrarios (agap), conformada por cinco organizaciones: las asociaciones de productores de Cítricos (Procitrus), de palta hass (Prohass), de uvas de mesa (Provid), de mango (apem) y de Espárragos y Hortalizas (ipeh). Representantes de agap forman parte de los consejos directivos de varias instituciones públicas del sector agrario y tienen una importante presencia en los medios de comunicación masiva.

Las organizaciones gremiales de aquellos que destinan su producción al mercado doméstico tienen una influencia menor. En su mayoría, son medianos y, sobre todo, pequeños agricultores comerciales. Son organizaciones por líneas de producción; entre los más importantes están los gremios arroceros, maiceros, lecheros y paperos. En cuanto a las dos federaciones campesinas que tuvieron un papel muy activo en las décadas de los setenta y ochenta, la ccp y la cna, todavía se mantienen, pero con un perfil más bajo en comparación con las décadas pasadas. Estas organizaciones resolvieron, en la segunda mitad de la década de 1990, junto con otras instituciones —ong que promueven el desarrollo rural, revistas agrarias especializadas, instituciones de educación agronómica, colegios de profesionales de agronomía y zootecnia—, formar una organización sombrilla, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro). La motivación principal que dio lugar a Conveagro fue la creciente percepción del sesgo proexportador de las políticas económicas, y agrarias en particular, y la marginación por el Estado de la agricultura no exportadora. En los años siguientes, la conformación pluralista de Conveagro fue imitada en diferentes lugares del país, constituyéndose hasta el momento dieciocho Conveagro regionales. Aunque para utilizar el nombre deben respetar las líneas generales de orientación del Conveagro nacional, gozan al mismo tiempo de mucha autonomía. En general, la plataforma reivindicativa de Conveagro gira alrededor de lograr mejores condiciones para la actividad económica de sus representados: más acceso a créditos, reducción de precio de los insumos, protección ante las importaciones de productos agrícolas subsidiados en sus países de origen. Temas más transversales y que, pese a su importancia, no inciden directamente en las condiciones económicas en las que opera la agricultura destinada al mercado interno, no ocupan aún un lugar destacado en la plataforma de Conveagro ni de otras organizaciones gremiales: cambio climático, seguridad alimentaria, concentración de la propiedad de la tierra.

Otras organizaciones han ido surgiendo para responder a problemas específicos o para representar a segmentos de la sociedad rural. Entre ellas, cabe mencionar las organizaciones de productores de hoja de coca, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas (Femucarinap), la Confederación Nacional de Comunidades afectadas por la Minería (Conacami), la Asociación Interét-nica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap).

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Movimientos sociales rurales

Ninguna de estas organizaciones, sin embargo, ha logrado tener un papel destacable en articular, y menos liderar los principales movimientos sociales que están ocurriendo en los últimos años a propósito de la presencia de las industrias extractivas que operan en los espacios rurales. Perú tiene ingentes recursos minerales. Con motivo de la elevación de los precios internacionales de minerales, impulsada sobre todo por la inmensa demanda de China, las inversiones mineras en Perú se han multiplicado. A noviembre de 2009, las concesiones mineras se extendían sobre 19.6 millones de hectáreas, 15.4% del territorio nacional, la mayor parte en la sierra. En algunos departamentos de esta región, las concesiones mineras cubren la mitad del territorio y en algunas provincias superan las tres cuartas partes del territorio. Aunque las explotaciones mineras en actividad cubren un área mucho menor, el hecho mismo de que en una región existan concesiones mineras crea justificados sentimientos de inseguridad entre los pobladores —por lo general, campesinos— tanto de sus derechos sobre el suelo, como sobre la eventualidad de efectos negativos sobre los recursos naturales y el paisaje. Sobre esto último, las quejas de los pobladores de los efectos contaminantes de la minería sobre el agua utilizada para el consumo humano, agrícola y ganadero, se han ido multiplicando; a menudo estas quejas están respaldadas por análisis médicos a los niños que viven en las zonas mineras, los cuales registran elevados niveles de minerales tóxicos en el organismo y de enfermedades derivadas de ellos.

Algo similar ocurre con las poblaciones nativas de la cuenca amazónica, con motivo de las concesiones otorgadas por el Estado a las empresas petroleras en áreas bajo posesión consuetudinaria de poblaciones nativas o que serán impactadas por la contaminación derivada de la extracción de hidrocarburos. Según los reportes que emite regularmente la Defensoría del Pueblo (2012), seis de cada diez conflictos registrados son socioambientales.

La presión de campesinos andinos y, sobre todo, de las poblaciones nativas amazónicas han obligado al Estado peruano a dar, en 2012, una ley de consulta que permite aplicar, después de 18 años de haberla suscrito, el Convenio 169 de la oit; la promulgación de esta ley se dio, lamentablemente, después de haberse producido decenas de muertos en diferentes enfrentamientos entre pobladores y las fuerzas policiales.[1]

El movimiento sindical rural es inexistente. Son varias las razones. La abrumadora mayoría de los trabajadores agrícolas en Perú, las tres cuartas partes, son por “cuenta propia” o independientes; es decir, no dependen de un empleador. Aun en la costa, con las zonas agrícolas más desarrolladas, la mitad de los trabajadores son pequeños agricultores independientes. En la selva, pero sobre todo en la sierra, las relaciones salariales en el campo están poco desarrolladas (véase cuadro 4.7).

En los últimos años, el número de asalariados ha ido creciendo a la par del desarrollo de la agricultura de exportación no tradicional. No hay una fuente confiable, sin embargo, del número de asalariados en esas empresas; los empresarios mismos hacen estimados que varían entre 200 000 y 400 000[2] entre hombres y mujeres. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo tiene registrados sólo 211 000 trabajadores asalariados del sector agrario en 2011, la mayor parte en la costa. La tasa de sindicalización es de apenas 1.3% (Redge, 2012);[3] apenas si existen sindicatos en media docena de empresas. Este bajísimo nivel de organización obedece a varias causas. Por un lado, a las maniobras empresariales para evitar la organización; por otro, a la escasa experiencia de una mano de obra que no tiene tradición proletaria y que en una alta proporción son inmigrantes de origen campesino. Recordemos que con la reforma agraria se disolvieron los sindicatos, al convertirse los trabajadores también en propietarios de sus empresas. Con ello, se cortó toda tradición obrera agrícola. Sin sindicatos, la negociación colectiva es un procedimiento casi desconocido entre los asalariados agrícolas. También ha contribuido a esta situación una legislación laboral extremadamente flexible, que permite contratar y despedir a los trabajadores con mucha facilidad.[4] Fuera de la agroindustria, en la pequeña y mediana agricultura, el incumplimiento de la legislación laboral es aún mayor, como también lo es el carácter temporal del empleo, por lo que las dificultades para organizarse en sindicatos y reclamar por los derechos laborales y mejores condiciones de trabajo son aún más marcadas.

Particularmente violento fue el conflicto en la localidad de Bagua, después del cual el gobierno, presionado, propuso una ley de consulta a las poblaciones indígenas. Véase cronología en [www.revistaideele. com/node/1070].↵

Cifra dada por el presidente de la Asociación de Exportadores. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo (2011) tiene registrados 211 000 asalariados del sector agrario en 2011 [agronegociosenperu.blogspot. com/2011/11/regimen-laboral-agrario-debe-mantenerse.html].↵

Ministerio de Trabajo. Citado en la Red Peruana por una Globalización con Equidad, 2012.↵

Véase el capítulo sobre Perú en Klein (2011).↵

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Otras fuentes de conflicto

Si bien los conflictos generados en áreas de presencia de las industrias extractivas son los más frecuentes y visibles y son cubiertos por los medios de comunicación masiva, existen otras muchas fuentes de conflicto que con frecuencia se remiten a los derechos sobre la tierra y que no tienen la misma exposición. Su origen no es siempre el gran inversionista o la industria extractiva. Algunos territorios de las poblaciones amazónicas originarias se ven amenazadas por la avanzada colonizadora de campesinos pobres que emigran de la sierra andina, región que no sólo tiene escasas tierras relativas a su población, sino que desde hace muchos años pierde tierras cultivables por la erosión. Los escasos avances en la titulación de las propiedades de pequeños agricultores y de las comunidades campesinas también constituyen una condición propicia para que terceros compitan por los derechos sobre sus tierras. Por otro lado, la legislación nacional sobre derechos de propiedad no logra recoger ni reconocer debidamente los diferentes arreglos institucionales consuetudinarios de las comunidades campesinas y nativas, lo cual lleva ocasionalmente a situaciones de conflictos.

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Hacia adelante

En julio de 2011, Ollanta Húmala fue elegido presidente de Perú. El plan de gobierno con el que se presentó a la primera vuelta electoral se llamó La gran transformación que, como su nombre sugiere, ofrecía cambiar la orientación de la política económica y social de los gobiernos precedentes y, particularmente, la de en ese momento presidente Alan García (2006-2011). García, en un artículo, “El síndrome del perro del hortelano”, publicado en el diario de mayor circulación en el país, expuso con toda claridad la orientación de su política (y la de los gobiernos anteriores) respecto del problema rural y el acceso a los recursos naturales. En él afirmaba:

La demagogia y el engaño dicen que esas tierras [de las comunidades campesinas] no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú, sin saber que fue una creación del virrey Toledo para arrinconar a los indígenas en las tierras no productivas.

Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño [los campesinos y los nativos, considerados como "perros del hortelano" que no comen y no dejan comer] no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo xix subsiste como un impedimento (García, 2007).

Y sobre el tema ambiental declaraba que “el viejo comunista anticapitalista del siglo xix se disfrazó de proteccionista en el siglo xx y cambia otra vez de camiseta en el siglo xxi para ser medioambientalista”.

La gran transformación se presentó como la superación de esta política neoliberal, en favor de la gran inversión, que prestaba nula atención al tema ambiental y que ignoraba a campesinos y poblaciones indígenas; propuso, en contraposición, una mayor intervención del Estado en la economía, mayores controles a la gran inversión, mayor preocupación por el medio ambiente y una política social decididamente inclusiva. Sin embargo, dados los resultados de la primera vuelta, estos propósitos fueron moderados para atraer a los electores que necesitaba para lograr la victoria en la segunda vuelta. Ya en el gobierno, las complejidades del ejercicio del poder, respaldado por un frente político con poca experiencia de gestión, y las presiones de los empresarios, del gran capital nacional y extranjero y, en general, de la derecha peruana, han ido amortiguando los afanes reformistas iniciales. Los temores de los efectos de la crisis económica de los países del hemisferio norte y de una reducción de la tasa de crecimiento de China, sobre la economía nacional, tan dependiente de las exportaciones de las materias primas, han conducido al gobierno a resistirse a tomar medidas que puedan alejar las inversiones. Así, pudiendo hacerlo, no se ha tomado medida alguna para limitar el proceso de concentración del control sobre la tierra por un número reducido de corporaciones. En el tema ambiental, el gobierno sólo ha exigido estándares ambientales más rigurosos a la industria minera cuando ha sido confrontado por una muy fuerte y creciente actitud de crítica de importantes sectores de la población.

Es previsible que las tendencias de inversión agraria hacia una modernización excluyeme, en la que la agricultura familiar y las comunidades campesinas y nativas sean marginadas, sigan las mismas pautas que en los gobiernos pasados, mientras que la actual administración no termina de redefinir su orientación luego de dejar en el camino La gran transformación. Los movimientos sociales, que son episódicos y descentralizados, aunque en ocasiones muy intensos, no han logrado articularse y menos construir un discurso alternativo capaz de orientar a vastos sectores de la población que, a pesar del sostenido crecimiento económico, o quizá debido a él, sienten que siguen siendo excluidos de sus beneficios.

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Bibliografía

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5. Tierra, poder y revolución en Venezuela 

MODESTO EMILIO GUERRERO

El curso del capitalismo en el campo venezolano durante los últimos 30 años debe ser visualizado en dos fases o etapas. La primera ocupa alrededor de dos décadas, entre 1979 y 2001, aunque sus raíces nazcan entre 1917 y 1927 cuando el Estado-nación se convierte en una factoría petrolera de Estados Unidos y la sociedad en un mercado de consumismo programado desde el exterior.

Ambos fenómenos cruzaron todo el siglo xx venezolano bajo el signo de la explotación y exportación primaria masiva de petróleo que hizo de Venezuela el primer exportador de crudo en el mundo en pocos años. Ese hecho sorprendente definió al país como “petrolero” y “monoproductor” y, por exclusión, “no agrícola”, “no diversificado”.

La segunda fase está en marcha desde hace mas de una década. Su punto de partida es septiembre de 2001. Desde esa fecha clave de la reciente historia venezolana se combinaron en forma compleja tres determinaciones:

a) Un cambio de régimen político promovió nuevas leyes, organismos y decisiones institucionales dirigidas a intentar una reforma en la producción agraria, con efectos importantes sobre la estructura de la propiedad de la tierra. Es el cuarto intento desde 1945;

b) La emergencia de nuevos movimientos de campesinos pobres desconocidos en Venezuela desde hacía mas de medio siglo;

c)  Una coyuntura internacional compleja multiplicó por mas de diez veces los precios del petróleo en el mercado mundial, aportando una nueva masa de inversión a la economía agrícola, la mayor jamas realizada en el país. Por primera vez en el país, la producción agropecuaria es parte de un proyecto de desarrollo de largo plazo.

Esto impuso la urgencia de considerar la cuestión agraria desde una imprevista doble perspectiva, como un asunto de soberanía y de sobrevivencia, al mismo tiempo. Esta dimensión epocal obliga a cuestionar el gastado criterio individualista de reforma agraria limitado a la propiedad, para adoptar un criterio civilizatorio, superior. Este aporte se le debe, sobre todo, a los pueblos indígenas, uno de los sectores sociales más prosternados de la sociedad venezolana.

En cualquiera de las fases o etapas de penetración del capital en la vida agraria venezolana, el Estado siempre fue el eje. A su alrededor se ordenaron las clases, sectores y grupos, y las ramas de producción. Durante el siglo xx, las instituciones estatales tuvieron el rol de procreadoras de los nuevos ricos del campo, sin que eso significara la constitución de una clase orgánica dedicada al desarrollo de una economía agraria, como sucedió en otros países. Un fenómeno similar ocurrió con la clase obrera. En cambio, la capa pobre de la clase campesina tuvo una vida propia. Se redujo al mínimo con la economía petrolera y se convirtió en urbano-plebeya con su migración a las ciudades. Desde 2005 se verifica un pausado retorno al campo.

Desde 2001 estamos en presencia de una modificación en la relación de fuerzas entre las clases y capas sociales agrarias. Entre ellas, por un lado, y de ellas con el Estado y el mercado mundial.

Todo lo demás está en curso, sus resultados económicos, sociales y políticos son recientes, sobre todo aquello de saber hasta dónde llegará la transformación de la propiedad de la tierra; hasta dónde mediará el Estado. Al ser un fenómeno subordinado a un proceso político superior de tipo urbano y alcance nacional —como la llamada “revolución bolivariana”—, dependerá en buena medida de él, y de la nueva geopolítica latinoamericana.

De lo que no cabe duda, siguiendo la experiencia histórica, tanto de los desarrollos del capitalismo donde los hubo bajo su norma histórica, o del poscapitalismo del siglo xx surgido de revoluciones sociales desde la Revolución rusa en adelante, es que todo lo avanzado hasta ahora, especialmente la transformación en el campo, se paralizará y retrocederá sobre sus propios pasos, si el proceso político no completa su curso. México, Bolivia, Perú o Nicaragua son los espejos de esa opción.

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Agro, poder y negocio

La evolución de la propiedad agraria y sus relaciones con el poder en Venezuela siguió, hasta 2001, más o menos los mismos patrones del conjunto del continente. La penetración del capital en el campo se complejizó en sus métodos de explotación y relaciones con el mercado mundial, bajo el signo del neoliberalismo dominante. Se conformó lo que algunos autores denominaron “modernización”. La diferencia es que en Venezuela comenzó en la década de 1960, valiéndose de la redistribución de la reforma agraria.

A diferencia de Argentina, el centro-sur de Brasil, o México, Colombia o Chile, en Venezuela, no tuvo desarrollo de escala en términos de producción, aporte al pbi, espe-cialización, tecnología o la conquista de un nicho competitivo en el mercado mundial. El neoliberalismo produjo esos “progresos” en varios de los países citados. Se les conoce bajo los nombres siniestros de “sojización”, “poolde siembras”, “nueva frontera agrícola”, “desmate amazónico” o “economías mineras”.

Para comprender el fenómeno hay que acercarse al concepto de “acumulación por desposesión” aportado por David Harvey con base en la teoría de los espacios del mar-xista francés, Henri Lefévre, y datos del estadounidense Robert Brenner, como un aspecto central de la nueva economía imperial (Harvey, 2004; Brenner, 1976).

La burguesía venezolana no tuvo siquiera la capacidad de construir lo que el argentino Claudio Katz (2011) llama “socavón” o “granja” de desarrollo agrario moderno, inserto en las masivas inversiones neoliberales. En Venezuela se limitó en estos 30 años a comprar barato en el mercado internacional para vender carísimo en el mercado interno. Y a medio camino de este periodo fue asaltada por una serie de insurrecciones sociales y descalabros institucionales desde 1989, que doce años más tarde condujeron a la Ley de Tierras de 2001. No tuvo vocación cuando pudo, y cuando quiso ya era muy tarde, los oprimidos decidieron ocupar la escena.

En realidad se observa un fenómeno inverso al conocido en casi todo el continente. Venezuela no sufrió la concentración de la tierra en capitales privados internacionales durante la última década. Una doble paradoja que se explica por la combinación de un proceso social revolucionario a escala nacional, por el desplazamiento de la burguesía del poder central, en 2002, y por el surgimiento de poderosos movimientos campesinos, a partir de ese año.

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Clase comercial parásita y mercado de la tierra

Desde mediados del siglo xx se formó en Venezuela una fracción del capital cuya función económica y social cabría en las palabras comercial y parásita. Se conformó con tres sectores sociales. Restos de la vieja oligarquía agraria de origen decimonónico, sobrevivientes del país rural desmembrado por el petróleo. Desde la década de 1940 aparecieron los nuevos ricos urbanos que acumularon grandes extensiones de tierras por vías fraudulentas. Finalmente, altos funcionarios del Estado petrolero guardaban para ellos centenares o miles de hectáreas, en el mismo acto que otorgaban legalmente alguna concesión o título. En términos generales, el patrón fue similar al de otros países latinoamericanos, con la diferencia de un ritmo de enriquecimiento más acelerado por el control del Estado y el petróleo al mismo tiempo. Al ser el Estado el mayor propietario de tierras, los tres sectores adquirían títulos de propiedad, o “supletorios” (transitorios, complementarios), de las tierras y de sus recursos naturales, mediante concesiones graciosas del gobierno que ellos mismos, o sus “compadres” controlaban.

A mediados del siglo xix aparece la primera Ley de Tierras Baldías, en 1848; con ella, comienza el primer intento por regularizar la propiedad de un país agrario. Regularizar significa, en este caso, poner algo de orden en el desorden jurídico que imperaba en la propiedad de las tierras. Al rico le gusta saber que es rico, en cambio, el burócrata debe simularlo. En 1945, una Ley de Reforma Agraria trató de hacer alguna redistribución controlada, pero quedó suspendida por un golpe de Estado y la posterior crisis institucional. “Hasta 1957 predominó la enajenación de baldíos y posterior adjudicación”, recuerda Silvana Pezzella (2001) en la publicación neoliberal VenEconomía.

A partir de la insurrección social del Io de enero de 1958, se votó en el Congreso la Ley de Reforma Agraria, en 1960, como un aspecto mas de la apertura democrática, junto con la nueva Constitución, que fue la que estuvo vigente hasta el cimbronazo político de la Ley de Tierras de 2001. Pezzella, intelectual de la clase comercial dominante, se quejó, en 2001, de que la Ley de 1960 no les concedió el derecho de propiedad directo, sin mediación estatal: “Ha permitido la transferencia de tierras públicas a manos privadas, por medio de un título supletorio que otorga la propiedad sobre las bienhechurías, pero no sobre la tierra” (Pezzella, 2001). La queja no era por impedirles el desarrollo de una economía agraria en Venezuela, sino por obstruir la conformación de un mercado nacional de libre transacción de la tierra. Esto nunca existió en Venezuela, de la manera plenamente capitalista que se conoce en Argentina, Brasil o en la Europa de la transición al capitalismo (Anderson, 1988).

Casi veinte años después, en 1979, se reglamentó la Ley de RA de 1960 para legalizar títulos de propiedad a nuevos ricos del campo que pudieran demostrar su validez en una cadena de comprobaciones que llegaba hasta 1848. La queja burguesa es comprensible como la de una clase lumpenproletariada contra una casta similar en un Estado cautivo. Aunque las tierras concedidas fueron la base-capital de su renta, los capitalistas venezolanos nunca pudieron convertir los 30 millones de hectáreas del país en su capital.

Demostrar la legalidad de una cadena de títulos hasta más de un siglo atrás, era casi imposible. Eso condujo a tres formas de apropiación burguesa de la tierra.

Una fue el forjamiento de documentación, la impostación de expedientes, o el simple fraude sobre titulares ausentes de herencias legítimas. Los dirigentes campesinos y diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela, Braulio Álvarez y Orlando Zambrano, relataron, para este estudio, en abril de 2012, que el Frente Campesino Ezequiel Zamora, al que pertenecieron, denunció más de 120 forjamientos de documentación en tribunales o en el Instituto Agrario Nacional. Esto ocurrió durante la década de 1980, “y por ello fuimos perseguidos, fueron las primeras señales de que podíamos levantar un movimiento campesino, comentó”, señaló Alvarez.

Desde la recortada distribución de tierras de 1960, y hasta 1971, el forjamiento de documentación fue uno de los mecanismos privilegiados, y baratos, para sumar tierras y recursos naturales a la nueva clase rica usufructuaria del campo, que era, a su vez, la misma clase comercial y bancaria urbana.

Obsérvese que en 20 años (1970 a 1990) se adjudicaron 6000 hectáreas más que en un tiempo similar de 15 años (1958 a 1973), mientras que la superficie cultivada nunca superó 1.5%. Lo anterior explica lo grotesco de los siguientes resultados:

En 1999, de casi 30 millones de hectáreas cultivables sólo 1400000 (4.2%) estaban explotadas para la agroalimentación; o sea, alrededor de 95% de las tierras permanecían ociosas, aunque eran usadas como capital de base para transacciones comerciales.

73% de los productores no poseía títulos definitivos de propiedad: De este total, 24% tenían títulos provisionales, 48% eran ocupantes, 1% arrendatarios (este último grupo era el más legal de los tres porcentajes de apropiaciones empresarias).

Lo anterior se demuestra en este dato: más de 82% poseían títulos individuales.

5% de los propietarios concentraban 80% de las tierras adjudicadas o tituladas por el ian.

72.3% de las unidades de producción agrícola tenían menos de 100 hectáreas.

80% de los pequeños productores trabajan en parcelas de menos de 20 hectáreas (Álvarez, 2009).

Los datos anteriores fueron extraídos de una encuesta realizada por la Comisión Presidencial de Evaluación y Seguimiento de la Reforma Agraria, creada en marzo de 1994. La muestra cubrió a 3 201 productores agrarios, con 369 a 419 productores encuestados por cada una de las ocho regiones de la investigación. Tanto la formación de una Comisión tan singular, como la publicación de resultados tan comprometedores para la clase dominante, se explican por el carácter agónico del gobierno y el régimen de esos años de transición, situados, ambos, a medio camino entre la insurrección del Caracazo y la quiebra total del bipartidismo petrolero en 1998.

Uno de los efectos poco conocidos de este proceso de expropiación de las tierras mediante títulos y adjudicaciones arregladas entre el capitalista individual y sus amigos en el Estado fue la “doble titulación” sobre las mismas tierras. No hay una cuantificación de este tipo de acumulación, pero fue registrado en un estudio del economista especializado en mercado de la tierra, Einstein Morales Galito (2004). Reconoce Silvana Pezzella, en nombre del sector que más se benefició con estos fraudes jurídicos, que esto fue así hasta 1971:

Los títulos supletorios eran emitidos por los tribunales del Estado sin ningún control. Eso contribuyó a que los grupos sociales que controlaban el poder y en particular, el acceso a las instancias administrativas encargadas de la titulación, se sacaran ventaja a su posición para aumentar su propio patrimonio o el de personas muy allegadas (Pezzella, 2001).

En 1971, un gobierno socialcristiano, cuyos personeros no eran parte directa de esa clase comercial, promovió “Un dictamen de la Corte Suprema de Justicia” para darle algún orden a la titulación de propiedad. Al igual que las anteriores y posteriores correcciones, el resultado fue más concentración de la propiedad de la tierra.

La segunda fuente de acumulación primaria de propiedad de tierras fue la ocupación física o desplazamiento forzoso; la tercera fue la compra, a precios de miseria, de aquellos lotes recibidos por campesinos pobres de parte del ian. En cualquiera de los casos, el campesino pobre no los podía explotar sin recursos ni financiamiento.

A partir de los libros de Registro de Propiedad, el investigador Delahaye (1993) pudo constatar la diferencia en el precio pagado por venta de terrenos a campesinos pobres (hasta 50 hectáreas) y campesinos ricos (desde 50 hectáreas). Usamos los datos cambiando la definición de los conceptos.

Mediante estos tres mecanismos de exacción y acumulación, la mayoría de las 120 000 familias beneficiadas desde 1961 por la Reforma Agraria de entonces, fueron desplazadas de su propiedad, una forma creativa de expropiación. El Instituto Agrario Nacional tuvo a su cargo más de un tercio de las tierras en situación de precariedad legal hasta 2001.

La burguesía venezolana estableció, desde los años iniciales de la década de 1960 un tipo similar de mercado de la tierra y de siembras (especializadas para el consumo urbano de clases media y obrera) que presenciamos en las últimas dos o tres décadas en el mundo. Pero no lo hizo por ser una clase avanzada, sino por lo contrario. Nunca desarrolló las escalas de producción y modernización tecnológica que promovieron las nuevas fracciones comerciales de las burguesías asociadas a los capitales internacionales y Estados financistas como China o Corea del Sur, Arabia Saudita o India. El mercado mundial de alimentos le interesó sólo para la importación, no como espacio de realización de su plusvalía. La burguesía “agraria” venezolana fue adelantada en el atraso.

Es una paradoja de mal gusto, que la reforma agraria de 1960 haya sido la base funcional del mercado capitalista de tierras. Para Morales Galito (2004) comenzó “desde fines de los años cincuenta”. La reforma agraria le dio el impulso que le faltaba. “Si bien la reforma agraria fue poco activa en el proceso de redistribución de la tenencia entre pequeños agricultores, cumplió un papel esencial en la transferencia de tierras públicas a manos privadas y en el desarrollo del mercado de tierras”.

Entre los dos años finales de la década de 1950 y los primeros dos años de la de 1960, “las empresas de mediana superficie aportaban alrededor de 50% de la producción agrícola del país” (Morales Galito, 2004:5). Desde esos años, que son los mismos de la reforma agraria, crecieron las empresas comerciales especializadas en “producción agraria”, importación de alimentos, empacadoras y procesadoras. Aparecen cada año decenas de “sociedades anónimas como compradoras de tierras (llegan en los últimos años a constituir más de 35% en ciertas regiones)”. Como complemento necesario de este desarrollo del capital en el campo y entre el campo y la ciudad, el país presencia “la aparición masiva de los bancos comerciales en el otorgamiento de hipotecas, paralelamente al aumento del número y monto de las mismas”. Por último, un factor clave en este origen y estructuración de la clase comercial parásita del capital: “Las personas naturales compradoras” que mas adquirían tierras en este nuevo mercado nacional de recursos naturales estaban “residenciados fuera del distrito” en una “creciente proporción” (Morales Galito, 2004:2).

De 24 empresas de alimentos existentes en 1941, que ocupaban 57% del total del empleo, se pasó a 80 empresas dedicadas al sector alimentación en 1959. En 1964 ya sumaban 212 y ocupaban la mayoría del empleo nacional, 53% (Lucas, 2005).

Este fenómeno de comercialización de la tierra tuvo doble sentido. El primero fue la creación de un mercado nacional de bienes naturales, tierra, agua, etcétera. El segundo fue la procreación de la fracción comercial de la burguesía, asociada al capital internacional, cuya plusvalía se realizaba en un circuito de tres niveles correlacionados: Estado —mercado indirecto de tierras— economía importadora.

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Reformas sin reforma

Otra de las paradojas del campo venezolano es la propia reforma agraria. Si excluimos la Guerra Federal, que pudo ser mucho mas que una reforma, hubo tres intentos en dos décadas: la primera a comienzos de 1945 dentro de un régimen militar de transición; la Ley fue promovida por el Partido Comunista (pc), que participaba con ministros y funcionarios en aquella dictadura, siguiendo la orientación pragmática y criminal de Moscú, según la cual había que sostener los gobiernos del campo “aliado” en la contienda bélica, sin importar si eran opuestos a los postulados comunistas más elementales. Los PC ocultaron o edulcoraron a regímenes oprobiosos en Cuba, Chile, Venezuela, Colombia, El Salvador, sabiendo que cercenaban libertades políticas y derechos sociales. Las únicas condiciones eran que comerciaran con la Unión Soviética y respetaran al Partido Comunista. Para legitimarse y justificarse, promovían algunas leyes sociales o agraria, como la del pcv en 1945.

El siguiente intento de reforma agraria aparece en 1948, en medio de los efectos dislocantes de una gran conflictividad social y crisis institucional que impidieron su conversión en ley. Ese mismo año, un golpe de Estado suspendió todas las leyes y libertades aparecidas en 1945. La tercera propuesta de reforma se conoció en 1960 como una concesión controlada de una burguesía y un régimen débiles, recién nacidos, en 1958, de una insurrección social y un quiebre institucional.

Comparado con otros países de mayor tradición y peso campesino, resulta una rareza histórica tres intentos de reforma agraria en 20 años. Aunque en ninguno de los tres casos se reformó nada. Sólo la de 1960 avanzó algunas modificaciones bajo la presión de movimientos agrarios y obreros débiles, pero despertados con el alzamiento popular de 1958. Se repartieron unas 320 000 hectáreas entre unas 120 000 familias en un lapso de casi 20 años. Casi nada, para un territorio de cerca de 30 millones de hectáreas cultivables, que en 1960 contaba con más de medio millón de campesinos pobres.

Entre 1815 y 2001 se registraron en nuestro continente 15 reformas agrarias, definidas porque alteraron total o parcialmente la estructura de propiedad de la tierra. Una cada 11.5 años para un mapa regional que pasó de 16 naciones nuevas, en 1815, a un total de 31 repúblicas, en 2012. Durante 105 años continuos, la primera y única reforma agraria realizada ocurrió en Uruguay, en el temprano año de 1815. Hubo que esperar un siglo, hasta 1910-1917, para verla reaparecer en México, y medio siglo más para presenciarla en Bolivia, en 1953. A comienzos de esa década hubo otro serio intento en Guatemala durante el régimen nacionalista de Árbenz, en 1952, cortada a fuego por la invasión estadounidense de 1954. Esta frustración fue seguida por la exitosa reforma agraria de Cuba, en 1959, que ha sido hasta ahora la más radical, si la medimos por la escala de transformación de lo que existía como propiedad de la tierra. La radicalidad de la reforma agraria cubana adoleció, desde el comienzo, de factores que la redujeron, a la vuelta de los años, en lo contrario de una reforma. No ha sido capaz de garantizar la sustentabilidad alimentaria de largo plazo del pueblo, el uso intenso del monocultivo agotó tierras del oriente del país para cumplir las cuotas impuestas por el mercado de la urss y Europa del Este, su carácter burocrático impidió el desarrollo libre de cooperativas agrarias y el desarrollo de una cadena productiva con métodos y producciones alternativas, limitando su diversificación productiva y transformación tecnológica. La reforma agraria cubana, 50 años después, produce los mismos bienes. Al final del camino, habiendo sido la más avanzada del continente, se vio forzada a pagar los costos del voluntarismo y la sumisión y tiende a volver a las reglas del capitalismo con las reformas de 2009 y el último Congreso del pcc, en 2011. Las reformas “169″, “177″ y “184″ de 2011 encaminan el campo cubano hacia la reprivatización de aquello que el levantamiento campesino de 1959 transformó (Almeyra, 2011).

Las reformas agrarias de Venezuela, en 1960, y de Colombia, en 1961, deben ser entendidas como parte de los acuerdos semicoloniales de la Alianza para el Progreso, el pacto “anticomunista” promovido por Estados Unidos para enfrentar la Revolución cubana en América Latina. Su desaparición en Colombia y su deformación en Venezuela se explican por el carácter proimperial de su origen.

Aunque las de Chile y Perú, iniciadas en 1964 cada cual, también comenzaron atadas a la Alianza para el Progreso, adoptaron dinámicas radicales, imprevistas e inde-seadas por ese acuerdo proyanqui. La de Chile se transformó en lucha de resistencia y organización masiva de campesinos pobres y constituyó una de las bases del triunfo electoral del socialista Allende, en 1973. La de Perú tuvo que ser enfrentada a tiros, único método para derrotar el movimiento sindical de campesinos indígenas armados, conducido por Hugo Blanco, el trotskista peruano formado en Argentina.

También hubo un serio intento de reforma agraria en Ecuador, en 1964, frustrado por los recurrentes golpes de Estado. La memoria de las rebeliones campesinas de 1964 fueron el punto de partida de la reforma agraria radical decretada por el régimen militar progresista del General Juan Velasco Alvarado, en 1969. Luego, se conoció la reforma agraria de Nicaragua, en 1979, al calor de su revolución sandinista, seguida en lógica su-bregional por la lucha campesina contra el latifundio en El Salvador, derrotada en 1982.

La de Nicaragua comenzó con fuerza por la huida en masa de los terratenientes so-mocistas, pero al poco tiempo comenzó a congelarse y deformarse, al quedar atrapada entre dos fuerzas enemigas: la de la Contra que destruyó campos de frontera y la propia burguesía que participaba del gobierno sandinista y no aceptaba ninguna reforma agraria (Wiener Bravo, 2011). Se ha considerado la reforma agraria nicaragüense similar a la cubana; sin embargo, es un error. A pesar de las similitudes en estructura de propiedad y dominio extranjero, en Nicaragua fue deformada desde el comienzo por el acuerdo del fsln con la burguesía interna. Esto impidió, por ejemplo, expropiar tierras de latifundistas que no eran somocistas. Cientos de miles de pequeños y medianos campesinos se veían sometidos a los designios de 28 empresas desmontadoras, 11 exportadoras y tres bancos que en la práctica eran quienes decidían cuánto se producía, a qué precios, etcétera; 75% de las ventas de algodón en rama eran controladas por las desmontadoras y 95% de las ventas de algodón oro estaba en manos de intermediarios. La reforma agraria sandinista sólo afectó 28% de esa realidad. Sin embargo, en el programa histórico del fsln, la reforma agraria está ideada para liquidar el latifundio, fuera éste de tipo capitalista o feudal. Con este programa, el fsln invitó al campesinado desde la década de 1960 a integrarse a la lucha armada contra la dictadura somocista. Diez años mas tarde, en 1979, en la primera proclama del Gobierno de Reconstrucción Nacional, desaparece la promesa de destruir todo latifundio, y la afectación se limita a las propiedades de la familia Somoza.

Un aspecto particular de Nicaragua fue la lucha del pueblo miskito por sus tierras y bienes naturales en la costa atlántica del país, la zona menos desarrollada económicamente. Los miskitos se distinguían del resto del país. La forma de propiedad agraria predominante en las zonas miskitas eran las pequeñas explotaciones. El gobierno de alianza con la burguesía agraria y urbana no respetó la cultura y tradiciones miskitias y no mejoró radicalmente sus condiciones de vida. Eso facilitó a la burguesía su influencia sobre los caciques y la utilización de sectores de la población miskita contra el gobierno. Cuando el fsln aprobó la Ley de Autonomía, en 1984, ya algunos pueblos miskitos militaban con los “contras” y, en el mejor de los casos, que en las condiciones de Nicaragua era lo peor, se mantuvieron neutrales. Hubiera bastado un decreto de autonomía y el absoluto respeto a sus derechos ancestrales sobre bienes comunes para ganarlos al lado de la revolución, pero eso requería otra reforma agraria (Fundación Federico Engels, 2010).

La lección arrojada por el caso de Nicaragua y los miskitos vale para comprender el valor de la tierra en los procesos revolucionarios, el tipo de reforma agraria y la comprensión de las autonomías y derechos de pueblos ancestrales, pero al mismo tiempo es una señal para procesos revolucionarios en Bolivia, Ecuador y Venezuela. En los tres escenarios, las oligarquías desplazadas han comenzado a aprovechar en su favor, lo que estos tres gobierno van dejando a medias en el camino. En Ecuador se manifiesta en la ruptura del gobierno de Correa con movimientos de base indígeno-campesina, como la Conaie, en Bolivia en el conflicto que movilizó a los pueblos indígenas del Tipnis contra una carretera que sirve a los negocios internacionales, y en Venezuela se expresa en el malestar del Consejo Nacional Indio, que en su reunión de febrero de 2012, en Caracas, exigió la renuncia de la ministra de Pueblos Indígenas por criminalizarlos y “no defender sus derechos”.

Entre una y otra reforma —recortada, controlada o radical— se conocieron decenas de leyes que no pasaron de intentos frustrados en el mejor de los casos. En su mayoría fueron, en realidad, actos demagógicos, o subterfugios para legitimar un mercado de la tierra desde el Estado. Fue el caso venezolano de 1960 a 2001.

Sociedades de base agraria, como Argentina, Brasil o Paraguay, no registran alguna reforma agraria en el mismo trecho de historia latinoamericana, aunque sí luchas y organizaciones combativas. En alguna medida, explica el retraso político de sus clases explotadas, por un lado, y por otro, el grado avanzado en que penetró el capital internacional sobre sus territorios y otros bienes naturales. Actualmente, son los tres países con mayor concentración capitalista en la propiedad de la tierra y expansión de la llamada “frontera agrícola” (Wiener Bravo, 2011). En 2008 conocimos un efecto político derivado de ese retraso en el caso argentino. El paro nacional de propietarios agrarios de ese país llevó al gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner al borde del colapso, en apenas dos meses. Fue la demostración negativa, casi dramática, del límite fatal del régimen nacionalista de Juan Domingo Perón (1946-1955), que se negó a una reforma agraria, con la misma convicción que impidió a su poderosa clase obrera defenderse con armas del golpe gorila de 1955. Perón tranquilizó al extenso campesinado pobre de aquella Argentina con el “Estatuto del peón”, una reforma legal que no modificó nada de la estructura de propiedad de la tierra ni la condición de vida del peón.

Los resultados históricos de la reforma agraria venezolana de 1960 se parecen a los resultados del Estatuto peronista del peón. El cambio fue tan insuficiente que se devolvió sobre sus propios pasos y terminó convertido en su contrario. En Argentina se llama sojización y pool de siembra; en Venezuela adoptó la forma del empresario comercial que vive del campo, no en el campo. Es el mismo dilema que vive la reforma agraria de la “revolución bolivariana”.

La estructura de dominación capitalista sobre la tierra y sus recursos es el retrato de una reforma agraria sin reforma agraria. El cuadro 5.3 denuncia la alta desigualdad que se produjo entre las dos clases sociales que componen la economía campesina. El límite de sus efectos legales y sociales es el límite de la reforma.

Las explotaciones consideradas medianas, aquellas que van de 50 hectáreas a 1 000 hectáreas, no fueron afectadas por la Ley de Reforma de 1960; sin embargo, al sumar los porcentajes de aumento de tenencia de estas tres franjas en los 24 años considerados, fueron los propietarios que más aumentaron en número de explotaciones acumuladas y superficie de tierras. En la primera franja, la propiedad creció de 5.9% a 9.3%, en la segunda pasó de 2.8% a 5.0%, casi al doble en ambos casos. Los propietarios de 1 000 hectáreas y más hicieron crecer sus dominios de 1.3% a 1.5%. Esos dos “pequeñitos” puntos porcentuales representan enormes extensiones en medidas reales, al lado de los pocos y pequeños terrenos que recibieron los campesinos pobres con la Reforma Agraria de 1960. Un punto porcentual de 1 000 hectáreas es un privilegio de clase al lado de un punto porcentual de diez hectáreas; en este aspecto, como en otros, las de la clase dominante resultan siempre para la clase opuesta.

En el mismo cuadro observamos que las tenencias de hasta 20 hectáreas bajaron en número de explotaciones de 79.7% a 73.2%; y los campesinos que tenían entre 20 y 50 hectáreas apenas subieron de 8.9% a 10.4 por ciento.

El Instituto Agrario Nacional (ian) fue la institución utilizada por la burguesía comercial local e internacional para garantizar esta especial simbiosis entre dos factores que se suponían opuestos: reforma agraria y mercado de tierras. El ingeniero Morales Galito señala este hecho sin extraer las conclusiones: “El ian es un agente esencial en la mercantilizacion de la tierra agrícola, tanto en la medición de la tierra en los casos de adquisición de tierras privadas, del catastro de las tierras públicas transferidas, o de las parcelaciones, como de la fijación del precio de los terrenos” (2004:31).

Tanto la Reforma Agraria de 1960 como la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 1971 y la reglamentación de 1979 (Decreto 246), que pretendían hacer justicia sobre la desigualdad de la propiedad de la tierra, oficializaron una situación de hecho: la tierra se había concentrado en una fracción de la burguesía, originada en tres corrientes de propietarios. Este decreto fue la respuesta oficial a un fenómeno transitorio de ocupaciones de terrenos “por todo tipo de productores”, dice el autor citando. Bajo el vocablo “productores” se quiere decir empresario comercial de tierras y productos alimenticios, y campesino pobre. Ambos, en realidad, no eran productores, aunque las razones difieren según su condición de clase y relación con el Estado.

Este programa de regularización de la tenencia abarcó unos 13 años (1979 a 1992), afectó a 116065 personas registradas en los archivos del ian, para un total de 5014000 hectáreas, o sea, más del doble de las hectáreas afectadas entre 1961 y 1978 por la reforma agraria.

El estudio realizado por el economista venezolano Einstein Morales Galito, basado en datos de los investigadores Delahaye y Ritcher señalan “el abandono de la parcela (y el consiguiente traspaso de la tierra correspondiente a los medianos productores) por parte de los campesinos beneficiarios se puede evaluar en 5% anual de la tierra asignada”.

Veamos esta relación entre reforma agraria y concentración privada en el cuadro 5.4. Se evidencia que en la suma de “propiedad de medianos productores” —eufemismo de las empresas comerciales y bancos hipotecarios constituidos desde 1959— desde 1961 hasta el programa de regularización de 1979-1992, ellos ocupaban 3 600 000 hectáreas, de las 5 014000 hectáreas “regularizadas” por el ian en este extraño mercado de tierras nutrido por una reforma agraria. “Se observa que el más amplio programa de transferencia de tenencia en el marco de la reforma agraria está beneficiando esencialmente a productores medianos, y no a campesinos” (Morales Galito, 2004).

Dos referencias no consideradas por Morales Galito. La primera: las 2 038 hectáreas “onerosas” asignadas a los empresarios “medianos” deben dividirse entre 1122 miembros de esa clase; su resultado estadístico es asombroso en concentración de propiedad: 1816 hectáreas por cada propietario. El resto de los “beneficiados”, o sea, 114943 campesinos pobres, debieron conformarse con algo cercano a las 2.3 hectáreas por familia.

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El "modelo agrario" venezolano

Todos los que defienden el curioso “modelo” de producción agrícola venezolano del último medio siglo llegan a conclusiones erradas basados en algunos hechos ciertos y una serie de estadísticas sorprendentes, cuyo centro de atención es la tasa media individual de consumo alimentario, que es en realidad la base de su altísima tasa de ganancia comercial histórica. Los dos hechos son los siguientes.

En 1942, o sea, unos 33 años después de haberse convertido Venezuela en una semicolonia proveedora de crudo para el mercado de Estados Unidos, los productos territoriales brutos de la rama agrícola y de la petrolera eran más o menos similares en sus pesos específicos. Este dato estadístico entusiasmó a los estudiosos de la economía venezolana.

Unos 28 años más tarde, en 1968, el pib petrolero había superado en nueve veces al pib agrícola. Lo que confunde a los cultores de la “Venezuela Saudita”, apelativo irónico adosado a mediados de los setenta, es que, en 1982, o sea, cuarenta años después del punto de partida de 1942, cuando ambas ramas tuvieron “similares” pesos, éstas volvían a estar equiparadas en su valor sectorial en la economía nacional.

Que la producción agraria haya crecido cuatro veces en 42 años es una conclusión autocompasiva. Se trató de un larguísimo lapso durante el cual la población casi se quintuplicó y la demanda se amplió a escala exponencial por la urbanización acelerada y el crecimiento de la masa salarial urbana.

Esas medidas no tienen ninguna relación de correspondencia con el incremento de nueve veces en la extracción y exportación de petróleo. Ambas líneas de crecimiento marcharon asíntotas en la vida económica real, no se nutrieron mutuamente ni funcionaron en armonía para desarrollar el ahorro interno y conformar una estructura susten-table de producción agroalimentaria e industria manufacturera con valor agregado. La estadística se concentra en el consumo urbano, descuida el del campo y las zonas periféricas pobres de las ciudades. En estos dos sectores, el consumo se redujo en medidas constantes desde 1979, según el estudio del profesor Morales (2009).

El resultado económico fue un agravamiento del desequilibrio social anterior; es decir, a la desigualdad general de la economía agraria previa se le sumó la nueva, sin resolver la contradicción de desigualdades sociales. El campo y la ciudad se alejaron como nunca antes.

Mientras más creció el consumo mas se agravó el desequilibrio. Los entusiastas de las apariencias estadísticas fueron asaltados por una realidad que se hacía incomprensible a su racionalidad formal.

Así lo registra Gustavo Pinto Cohén en un trabajo de diagnóstico general, editado en 1983, cuando la burguesía venezolana reconformaba su estrategia de dominación y necesitó revisar toda la vida económico-social, en un texto ecuménico cuyo título es un acto de confesión: Venezuela, una ilusión de armonía. Tiene el doble valor de mostrar a una clase preocupada por un país que se le escapaba de las manos. Un año antes de la publición de aquel libro, se produjo el “Viernes negro” venezolano, un cierre bancario con estampida financiera. Era el comienzo de la caída irremediable del pbi anual que condujo a las crisis de 1989. Ante ese cuadro, Pinto Cohén se autocomplace con estas medias verdades y fotografías estadísticas:

Mientras tanto, la agricultura, con un crecimiento menos espectacular pero sostenido a lo largo de cuatro décadas, ha logrado más que el volumen de su producto [...] En casi todos los productos agrícolas, los mayores niveles de producción de toda la historia de Venezuela se han alcanzado en algún año de la última década (1974-1983) [...] El ritmo de crecimiento a largo plazo de la producción agrícola [...] ha sido relativamente elevado”. Se basa en otro dato real. La tasa acumulada de crecimiento promedio anualizado de la producción agrícola en cuatro décadas (1942-1982) fue de 4.3% (Pinto Cohén, 1983:314).

Lo valora más cuando lo compara con dos haremos, el incremento porcentual de la población cifrado en 3.3% anual y el crecimiento comparado con otros países y regiones del mundo. Que el promedio anual de incremento de la población haya sido un punto más bajo que el de la producción agrícola no significa nada si no refleja el consumo de los más pobres.

La segunda comparación es igualmente falaz. Que el incremento agrícola venezolano, entre 1960 y 1980, haya sido superior en dos y tres veces al de tres grupos de países definidos por el Banco Mundial como “de medianos ingresos”, “de bajos ingresos” y de “países industrializados con economía de mercado”, no evitó a Venezuela la quiebra alimentaria y los colapsos sociales de 1983, de 1989 a 1991, de 1994-1995 y de los primeros meses de 2003. En las cuatro oportunidades, sin guerras ni hecatombes climáticas.

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El secreto del precio

Durante la década de 1970, “los precios de los productos agrícolas en el mercado internacional, salvo algunas excepciones circunstanciales, eran más bajos que los precios internos en Venezuela”, señala el experto Agustín Morales Espinoza. En las décadas siguientes esa relación desigual se incrementó.

El efecto fue irremediable. Las importaciones comenzaron a crecer. Bajo la presión de esta práctica, la producción agrícola nacional “se mostró incompetente para regular la demanda de productos importados”, afirma el autor (Morales, 2009).

Los productos agrícolas que procedían del exterior “eran mucho más baratos”. Lo que a su vez se explica en un hecho incontrolable por el mercado interno de los países consumidores: eran producidos “en condiciones de altísima productividad”, favorecidos por masas de subsidios a la producción agroalimentaria que, según el propio Banco Mundial, alcanzó, en 1995, la suma de 120000 millones, aproximadamente, sólo en Europa, y una cantidad ligeramente inferior en Estados Unidos, de donde salían casi 65% de los alimentos consumidos en Venezuela.

Además, funcionó otra causa poco conocida: un sistema legal de precios adecuado a la burguesía comercial. Una revisión de las decisiones, decretos, resoluciones, votaciones parlamentarias en materia económica, políticas de ajuste, o sentencias judiciales y otros instrumentos legales, entre 1975 y 1995, registradas en los archivos del Banco Central de Venezuela, dan cuenta de 72 ajustes de precios internos (bcv, Archivos Históricos, 2012). El Estado ajustó los precios por distintas vías a razón de casi cuatro ajustes de precios (3.6) cada año. Un récord comparado, incluso, con países que han vivido desbarajustes inflacionarios, como Argentina o Bolivia, si recordamos que la inflación no pasó de 10% hasta 1983 y no alcanzó niveles altos hasta 1991. Nunca vivió las hiperinflaciones de estos países.

Aunque la importación desde Estados Unidos se redujo a casi la mitad en 2012, no ha dejado de funcionar como mecanismo de exacción incontrolable entre el precio relativo externo protegido y el precio interior, de lo cual resulta el costo-beneficio del importador.

Allí nace el círculo perverso de una economía perversa. Sus características se aproximan a las conocidas en otros países de nuestro continente, aunque se agraven por el condimento volátil del petróleo: 93 de cada cien dólares que sostienen la economía salen de la venta de crudo.

Por décadas enteras, el Estado venezolano estimuló y amplió los mercados de alimentos procesados con un fuerte componente importado y destruyó el mercado nacional de agroalimentos.

Si seguimos los datos de la Cámara Venezolana de Alimentos (Cavidea), entre 1959 y 1977 se construyeron 80 grandes y medianas empresas de alimentos en el país, 112 procesadoras y 13 proveedoras de insumos y maquinarias para 37 sectores alimenticios, agrupadas en 16 cámaras empresariales. En 2012 funcionan 60 empresas de alimentos. La merma se explica por el surgimiento de una gigantesca corporación estatal de alimentos y las nacionalizaciones iniciadas en 2007. Aun así, la presencia de las casas importadoras es dominante. La única gran industria que le resta a la burguesía venezolana, después de las nacionalizaciones bolivarianas, se llama Polar y es un emporio de alimentos, señal latente de la hegemonía tradicional de la burguesía comercial importadora. Según la misma fuente empresaria, en 2012 funcionan 1159 firmas de importación de alimentos y similares en el país; 220 en la capital. Todas viven de la importación en forma directa e indirecta. Un caso único en el continente.

Si revisamos la estructura de distribución urbana de alimentos, correspondiente al modelo importador, encontraremos el mismo resultado de gran monopolización comercial. La empresa Makro es el emblema de esta historia. Esta superempresa se estableció en 1990, apenas un año después de la más importante rebelión por alimentos en la historia nacional. Esta aparente “locura comercial” se explica por la confianza de la burguesía comercial en la capacidad de consumo estadístico de la petroeconomía venezolana concentrada en las ciudades. La asociación de capitales que la originó tampoco es casual. El mayor consorcio agrocomercial del país se juntó con el monopolio holandés de distribución, Steekolen, Handels Vereenningin. Es un modelo de distribución usado en la Europa neoliberal, cuya base es el control de las fuentes de alimento, o sea, la agroproducción, asentada en la propiedad o arriendo de la tierra. La Polar fue denunciada, en 2012, por poseer más de 80 000 hectáreas improductivas (Ciudad ees, 2012). Para el imperialismo europeo son los fértiles campos ibéricos y mediterráneos, Europa oriental, además de África y América Latina. Makro modificó el sistema de distribución del país y se transformó en la empresa marcadora del precio de mercado mayorista de los alimentos.

Makro fue ejemplo para el establecimiento de otras cadenas comerciales gigantes, expresiones particulares de una nueva concentración del agronegocio y la propiedad de la tierra en el país. En cada caso, se trataba de nuevas compras o adjudicaciones onerosas de tierras a campesinos pobres o de concesiones graciosas del Estado. De la noche a la mañana, esas nuevas tierras se convertían en fuentes de alimentos especializados, o gigantescos centros de acopio, para las estructuras de distribución. El monopolio Polar también asumió el control del hipermercado Supermaxy s, mientras que capitales franceses y colombianos ocuparon otras áreas del agronegocio a través de dos superempre-sas, Cativen y la conocida cadena colombiana Éxito. Este nuevo modelo económico se consolidó entre 1990 y 1995, un lustro de crisis institucional y social, bien aprovechado por la fracción comercial importadora para reorganizar sus negocios ligados al mercado mundial. El Estado patrocinó esta nueva concentración comercial mediante el programa Agro Plan, que significó caminos rurales, canales de distribución, registros y certificados, cupos de importación y mucho dinero (Morales, 1996).

Otra de las formas directas de convertirse en rico “productor agrario”, casi de la noche a la mañana, y viceversa, fue obtener dinero del Estado en forma directa. Así lo informa Agustín Morales Espinoza: “Mediante el otorgamiento de subsidios, el Estado, a través de la Corporación de Mercadeo Agrícola, que se convirtió, en los hechos, en un agente financiero y abastecedor de materias primas baratas para las empresas agro-industriales radicadas en Venezuela” (Espinoza, 2009). O sea, algunos ricos “agrarios” ya establecidos se llenaron de subsidios a la importación, mientras otros nuevos se acomodaban a la masa de nuevas inversiones aportada por la cma. Este fondo de crédito agrícola otorgó 36 000 millones de bolívares entre 1975 y 1980, una cifra cercana a los 10 000 millones de dólares al cambio de entonces (Espinoza, 2009:131). Todos vimos el “fondo” y el “crédito”, nadie conoció el desarrollo “agrícola”.

En un reciente estudio de la Cepal (2007) se muestra al país en la lista de los que aportan menos valor agregado agrícola al pib general de su economía. En una larga evaluación de 22 años, 1985 a 2007, Venezuela aparece en la cuarta fila, cerca del límite más bajo, de aporte al pib nacional, por debajo de 6.5%, entre el nivel más alto de aporte que es de 34%, y el más bajo, que es de 5%. Entre 1981 y 1990, la importación de alimentos y bebidas fue de 75.4 dólares por persona y año. En la década siguiente (1991-2000) la cifra disminuyó a 65.9 y en la que acaba de concluir (2001-2010) se duplicó para alcanzar 134.6 de promedio.

Cuando medimos la masa de importación de agroalimentos por países, Venezuela queda colocada, al lado de México y El Salvador, en la lista de los que más compran alimentos naturales y procesados en el mercado mundial, sin que eso se deba a un extraño fenómeno de desacople demográfico.

Con una diferencia: México y El Salvador registran un aporte agrícola al pib varias veces mayor en términos históricos. Mientras ese valor agregado en Venezuela nunca pasó de 5% desde 1950, el de México fue de 9% en 1980, antes de la destrucción agrícola de los últimos 30 años que lo ha convertido en un país importador de lo que más producía: frijoles y maíz. La brusca caída de la producción agrícola mexicana, de 8% del pib en 1989 a 2% del pib 11 años después, en 2000, tiene un sólo responsable: el tlc con Estados Unidos y Canadá (Banco Mundial, 2002).

El Salvador muestra un aporte agrícola al pib más significativo en términos relativos a su pequeña escala. Después del desastre social producido por la guerra civil en la década de los ochenta, este país recuperó su producción agrícola hasta aportarle al pib total nacional, 14% de su composición en 1997, 10% en 2001, 12% en 2009 y 13% en 2010 (Banco Mundial, 2002).

En 1989 una rebelión social, conocida como El Caracazo, develó todas las contradicciones que se habían acumulado en la economía y la sociedad venezolanas durante casi todo el siglo xx. Aquella rebelión por hambre de 1989 ocurrió en el país con el mayor promedio de consumo de alimentos por habitante en todo el continente, con una tasa media de ingesta alimentaria muy alta en el promedio mundial, según un estudio que luego veremos.

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Pobre, pero agraria

Por casi cuatro siglos y medio, la producción agrícola sirvió para garantizar el sustento de la sociedad venezolana en su conjunto, sin olvidar, por supuesto, que su disfrute fue desigual por clase social.

Aquella limitada producción agropecuaria generó empleos a una parte importante de la sociedad rural de entonces. En tiempos de estabilidad, la producción agraria ocupó hasta 66% de la fuerza de trabajo. Un documento del Frente Campesino Ezequiel Zamora recuerda un dato usado por varios economistas venezolanos: por cada empleo en la economía petrolera, se generan 10 en la economía agraria (Monsalve, 2004).

Durante los tiempos de la economía agraria, la masa de empleos dinamizó un pequeño mercado interno, que entonces no pasaba de los dos millones de almas, establecidas con relativo equilibrio en ciudades, regiones y pueblos, y produjo las divisas necesarias para mantener el resto del proceso económico (Rangel, 1985).

Se trataba de una economía rural en una sociedad del mismo signo. No es necesario edulcorarla ni convertir sus terribles defectos sociales en virtudes. Se basaba en un sistema de explotación bestial de los trabajadores campesinos y urbanos, casi sin derechos laborales ni legales, ni organización. El economista Alejandro Gutiérrez nos ofrece una buena síntesis de aquella economía prepetrolera venezolana:

La Venezuela de comienzos del siglo xx no presagiaba el destino que le esperaba. Transcurridas las primeras dos décadas del siglo pasado, las características económicas y sociales de Venezuela no dejaban dudas sobre la existencia de un país atrasado en todos los órdenes de la vida. Las secuelas de las guerras del siglo xix, la dependencia de las exportaciones de materias primas (café y cacao) con precios volátiles, altamente dependientes de las condiciones de la demanda de los países más avanzados, aunado al mal manejo de las finanzas públicas, dejaban como legado un país pobre, endeudado, rural, plagado de epidemias y atrasado. En 1920, Venezuela ocupaba el penúltimo lugar entre los países latinoamericanos en cuanto al pib per cápita y presentaba una esperanza de vida de 31 años, inferior al promedio latinoamericano (33 años).

El cuadro 5.6 muestra la evolución de la concentración de la propiedad de la tierra a lo largo del siglo xix en medio de una economía agraria atrasada y dependiente.

Sin olvidar ese dato social, las economías del café y el cacao, como dominantes en una gama variada de productos alimenticios, sostenían el mercado interno y dejaban saldos de exportación para un mercado mundial de creciente consumo de ambos productos.

La información histórica demuestra que el ritmo de producción agropecuaria en Venezuela creció hacia finales del siglo xix, hasta donde lo permitió la estructura regresiva de propiedad de la tierra y sus recursos. La capacidad de producción agraria fue inversamente proporcional a su régimen de propiedad, pero directamente proporcional a su capacidad de reproducción.

Durante la primera mitad del siglo xix, la explotación de la tierra logró abastecer el mercado interior, luego de la debacle agraria que resultó de 14 años de guerra anticolonial. En una década (1830 a 1840) se recompuso la producción de café, cacao, añil, caña de azúcar, algodón, leguminosas, cereales y otros. De este conjunto de productos, sobresalían tres rubros, cuyos valores se expandían en volumen y ventas: el café, el cacao y la caña de azúcar (Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Archivo Documental Histórico).

Algunas décadas más tarde, entre 1900 y 1935, el aumento de la actividad agropecuaria se debió al otorgamiento de créditos de Estado dirigidos a incentivar la exportación de los productos de mayor producción durante esas tres décadas: café, cacao, sarrapia, caucho, batata, caña de azúcar. El mismo fenómeno de reproducción de la explotación agraria se manifestó en la ganadería y la cría de animales de carga. Ambos “bienes” están ligados con la explotación de la tierra, especialmente la ganadería comestible. Veamos en el cuadro 5.7 el crecimiento de esa producción basada en el incentivo estatal, a pesar de la concentración del latifundio.

La explosiva producción-exportación petrolera, comenzada en 1917, evidenció una caída sostenida en todos los productos animales, especialmente en los que requieren mayor inversión: vacunos, caprinos y cerdos. Los primeros descendieron en casi un millón de unidades, los segundos en más de tres millones y los cerdos eran casi dos tercios menos de lo registrado 35 años antes (Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, 2012).

Gustavo Pinto Cohén confirma, desde su visión de clase, la misma realidad de aquellos años en el campo, y agrega un concepto de interés para este trabajo: la complemen-tariedad.

En toda esta larga historia, la agricultura venezolana estuvo compuesta por dos sectores: uno proveedor de alimentos para el consumo interno y otro especializado en productos de exportación [...] Ambos sectores se complementaban, ya que el de subsistencia garantizaba al de exportación la importante disponibilidad de mano de obra que éste requería (Pinto Cohén, 1983:321).

Lo que pudo ser —hipótesis negada durante casi un siglo— la transformación de la economía agraria primarizada, pero creciente y sustentable, en una estructura superior de tipo y escala agroindustrial intermedia, fue rifada por una factoría que genera una renta especial de la tierra, pero no sobre una producción social ampliada y menos diversificada.

La Venezuela agraria despareció en forma abrupta, con un reemplazo violento, irracional. En menos de una década, la producción de alimentos se redujo al mínimo o desapareció en muchos rubros y en regiones tradicionales agrarias en el centro y el sur del país (Apure, Bolívar, Guárico, Aragua, Cojedes y Carabobo) concentrándose en algunos rubros y productos especializados en su valor agregado y demanda. El primer resultado fue un desequilibrio general entre la demanda total de alimentos y la capacidad potencial de producción. Su manifestación mas brutal fue la reducción física del mercado interno.

Desde el punto de vista de la norma histórica conocida como “desarrollo capitalista”, Venezuela siguió el mismo camino pervertido, “anormático”, de la mayoría de los países dependientes y semicoloniales del siglo xx. El capitalismo petrolero venezolano convirtió al país en triplemente monodependiente: de un solo producto, de una sola rama y de un solo país.

Desde la década de 1930, Venezuela es un Estado-nación montado sobre un chorro de petróleo. En pocas décadas se transformó en el país con mayor tasa de importación per cápita de alimentos y demás bienes básicos de sobrevivencia, y al mismo tiempo el país menos agrícola del continente. Dejó de ser agrícola sin convertirse en agroindustrial. Es una perversión particular del desarrollo capitalista en la fase temprana del imperialismo.

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Consumir el "excremento del diablo"

De repente, el país rupestre se vio sometido a las leyes del petróleo. Este se había instalado como la materia prima mas cotizada en la geopolítica mundial. La razón era económica, era simple. Mientras el carbón genera 1700 unidades calóricas por kilogramo, una sola unidad de petróleo crea 10 500 unidades calóricas.

En pocos años, la industria petrolera se transformó en fundamento de la “globali-zación capitalista” de finales del siglo xix y todo el siglo xx. El imperialismo contemporáneo nació con el petróleo y tiende a declinar con su agotamiento. La mutación histórica que vive el sistema económico, social y político mundial tiene como centro el agotamiento de esta fuente de energía fósil. Ésta fue convertida en “irreemplazable” por el sistema del capital, ya que producir energía con otras fuentes renovables o “limpias” requiere de costos y gastos que los capitalistas no están dispuestos a costear. Durante el siglo xx el consumo de hidrocarburos se multiplicó 12 veces. Esto no es posible en el actual siglo. El petróleo es la fuente de 40% de la energía que consumen las 220 naciones del mundo. El gas sólo abastece 25% de los requerimientos mundiales y el carbón 15%; otro 20% se reparte entre las otras fuentes, que son absolutamente marginales en el uso de la humanidad. Ésa fue la matriz impuesta desde finales del siglo xix. Si el capitalismo no fuera superado como “modo civilizatorio”, en menos de medio siglo se agotarían las actuales reservas. Basta considerar que, en 2025, dos terceras partes de la población mundial vivirán en ciudades, que abastecen más de 80% de sus servicios con energía originada en el petróleo. En 2020 se calcula que habrá 1 200 millones de automóviles en circulación en este planeta. Dentro de 40 años habrá más de 9 000 millones de habitantes y los recursos alimentarios y energéticos no alcanzarán para todos. Declive imperialista no significa desaparición automática o inevitable, sólo señala su mutación, basada en el agotamiento del petróleo, cuyos costos serán dañinos para la sociedad.

El contrasentido histórico quiso que un mismo factor produjera en Venezuela efectos contrarios. Se conformó una economía simple, casi unidireccional, un Estado endeble, cautivo, y una sociedad de consumo desaforado pero desigual. Todos girando alrededor de la renta petrolera, con el mismo sentido anárquico que las piedras solares se desplazan en la galaxia, o que pueblos religiosos ordenan su vida alrededor de un dios. Esa renta mitificada se convirtió en “rentismo petrolero”. A ese síndrome se refirió el ingeniero venezolano que ideó la opep, Juan Pablo Pérez Alfonso, cuando condenó al “maná petrolero”, en 1968, como “el excremento del diablo” (Rangel et al, 1975).

Una explicación útil sobre el síndrome social del rentismo petrolero venezolano lo encontramos en un trabajo del economista venezolano Manuel Sutherland. El director del Ministerio de Planificación, Luís Vargas, en un pequeño foro sobre la crisis, me increpó que yo, junto a otros, sentíamos vergüenza por el rentismo; nos dijo: “Venezuela debe acostumbrarse a su rentismo, es su futuro inevitable”. Dicho “pensamiento”, por muy locuaz y rematadamente majadero que parezca, deviene de una corriente peligrosa que defiende el accionar terrateniente que desconoce por completo el origen, naturaleza y desarrollo de la renta.

Petróleos de Venezuela, apenas tiene formalmente (exceptuados trabajadores terceri-zados y chanceros, que poco a poco han sido incorporados, y quizás sean unos 10 000) una nómina de 70000 trabajadores y unos 15383 trabajadores contratados (2007), y maneja un volumen de negocios de 96 200 millares de millones de dólares, extrae por su cuenta cerca de 2.5 millares de millones de barriles diarios y en asociación con otras transnacionales llega a un total de 3.3 millares de millones de barriles diarios. Lo que se deslinda de esto es que Petróleos de Venezuela sólo contrata a 0.421% de la fuerza de trabajo del país, que a su vez se ocupa en el elemento único de generación de divisas que sirven para sostener las importaciones que cubren buena parte de nuestro consumo. (Sutherland, 2009).

Ese rentismo convirtió a la multimillonaria burguesía venezolana en una clase amputada del sentido progresivo de reproducción social como clase. La primera fábrica de taladros petroleros se instaló en 1985 (Guía Industrial de Venezuela, 2012). Las primeras refinerías se construyeron casi 40 años después de iniciada la exportación de crudo al mundo, desde 1949, aunque hubo una tímida experiencia sin continuidad, en 1917, de la mano de la multinacional Caribbean Petroleum Corporation. Y la empresa petrolera nacional encargada de administrar tamaña riqueza básica, Petróleos de Venezuela, tuvo que esperar hasta 1975, más de medio siglo desde que el país se convirtió en una factoría petrolera y cien años exactos, desde 1875, cuando se hizo la primera extracción de crudo en el estado de Táchira, al suroeste del país.

Otras burguesías latinoamericanas, tan dependientes y explotadoras como la venezolana, dieron muestras de mayor respeto por sí mismas como clase dominante. La de Brasil, por ejemplo, construyó su empresa propia, Petrobras, en 1953, 22 años antes que la factoría petrolera venezolana. La de Argentina fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el temprano año de 1922, 53 años antes que Petróleos de Venezuela, cuando el mundo apenas comenzaba a acostumbrarse al uso de los combustibles derivados del crudo. Es cierto que también fue vendida de la peor forma, en 1995, y que recién, en abril de 2012, el gobierno decidió recuperarla, aunque sólo 51% de la propiedad y sin relación sistémica con el resto de la economía. Históricamente hablando, tiene el mérito de haberse respetado un poco más que la venezolana. La primera refinería argentina fue fundada en 1918, cuando Venezuela ya era una “potencia” petrolera mundial.

En Venezuela, en vez de renta nacional se habla de “renta petrolera”, como si fueran sinónimos. El “rentismo” se hizo carne y sistema nervioso de la nación entera y penetró en la conducta de todas sus clases sociales. Con la renta petrolera y sus derivaciones financieras a la burguesía comercial, la sociedad venezolana comenzó a consumir cualquier cosa traída del exterior: 82% del promedio anualizado del consumo “nacional” fue importado entre 1950 y 1995. En primer lugar, alimentos, pero también carros, electrodomésticos, agua mineral, clavos, madera, tornillos, programas de televisión, académicos y utensilios de cocina: casi todo.

La ingesta alimenticia creció exponencialmente desde mediados de la década de 1950, pero no por obra de la producción de alimentos, sino a causa de su destrucción. Sería muy malo desear que la población consuma poco, pero no es bueno que lo haga sobre la base de dos irracionalidades estructurales. Una, la importación, o sea la falta de producción; otra, que convierta a la sociedad en una deglutidora de enlatados y productos químicamente conservados, y una tercera locura: que este cambio de matriz alimenticia se haga para enriquecer a una clase parasitaria que vive de la renta petrolera para comprar barato en el exterior y vender caro dentro del país.

Lo positivo, desde el punto de vista humano individual, es que entre 1958 y 1978 la media poblacional de Venezuela duplicó el consumo de “la cantidad total de alimentos”. La tasa anual de ingesta de alimento o calorías creció a un alto ritmo interanual de 5%. Esto es sólo comparable con las de Argentina, Chile y Uruguay en los mismos tramos, que crecieron 7% el primer país, 7.4% el segundo, y 6.2% el tercero. El resto de América oscilaba entre 1.2% y 3.4% de crecimiento de la ingesta interanual (Informe Brandt, 1975).

En el caso venezolano, 60% se explica por el aumento de la población, a 3.3% anual, pero esto no sería real sin la expansión de la masa salarial que produjo la explosiva urbanización venezolana. No corresponde a un desarrollo de la estructura de producción de alimentos, sino a la renta petrolera convertida en importación masiva de alimentos (Pinto Cohén, 1983).

En apenas dos décadas, el venezolano se convirtió en el segundo mayor consumidor de pollo del mundo y un desaforado comprador de enlatados importados.

Según informes citados por Pinto Cohén de un estudio sobre consumo mundial de alimentos, publicado en 1981 (Weeler, 1981), el consumo de pollo en Venezuela creció diez veces en los veinte años, de 1958 a 1978, mientras que el consumo de arroz sólo creció cinco veces, el de huevos tres y el de hortalizas apenas dos veces.

Sorprende que un país atrasado, altamente dependiente y no agrícola, como Venezuela, ostente tales rangos de consumo, alcanzando o superando los promedios de consumo mundial de 1977, excepto en carne de cerdo, e igualando a los países desarrollados en ingesta de pollo.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Banco Mundial, Pinto Cohén (1985), e Informe Brandt (1975).

En las comparaciones y estadísticas no aparece por ningún lado la producción agroa-limentaria en el campo venezolano; al contrario. La paradoja radica en que ella decrecía en relación directa con el ritmo demográfico y el crecimiento exponencial del consumo urbano, no del consumo del conjunto de la población. La masa de campesinos pobres (22% entre 1965 y 1970) y las capas de miseria más profunda que poblaban los barrios de las grandes ciudades están ausentes en esas estadísticas.

Una señal de amplio valor social fue la reducción de la población ocupada en la producción agraria: en 1955, la producción campesina se sostenía en 55% de la población activa; en 1985 no pasaba de 660 000 personas, 15% de la fuerza de trabajo total (Pinto Cohén, 1985).

Otro indicador es la balanza comercial agrícola. En una investigación reciente de Alejandro Gutiérrez, El sistema alimentario venezolano, tendencias y hechos estilizados, el autor cruza las exportaciones con la importación de alimentos para obtener la curva histórica de la balanza comercial agroalimentaria en medio siglo (1961 a 2009). El resultado es una línea inalterable de exportaciones de alimentos, una de importaciones creciente, con picos altos en años que coinciden con alzas en el precio del petróleo, y la consecuencia de esa relación: una balanza comercial de alimentos que decreció en términos constantes desde 1950 (Jornada, 2010).

De esas aparentes paradojas se produjo la miseria ampliada, conocida en Venezuela desde mediados de los años ochenta, de la cual surgió la primera rebelión por comida en la historia nacional.

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Revolución bolivariana y propiedad de la tierra: desplazamientos y contradicciones

Venezuela ha comenzado un nuevo proceso en los últimos 12 años, tan nuevo como abierto y prometedor. Ha comenzado un proceso de desconcentración de la propiedad de la tierra y sus recursos naturales. Esto ha generado una reducción física de los ricos del campo y su inevitable crisis existencial como clase, aunque esto no significa aún su desplazamiento completo del sistema de propiedad de la tierra. Allí comienza uno de los dos principales límites de lo que ocurre en Venezuela. El resto corresponde a la acción deformadora e irresponsable de la nueva burocracia parasitaria en funciones de poder. Toda la potencialidad de la reforma agraria venezolana se enfrenta a esas dos fuerzas contrarrestantes.

Ambos sectores, la burguesía comercial y la “endógena” al régimen político, deben vérselas con una novedad: fuertes movimientos campesinos radicalizados, que además de invadir la tierra del capitalista agrario ilegal o que es legal pero no agrario, y de ocupar terrenos baldíos o abandonados del Estado, también denuncia al burócrata gubernamental chavista que se apropia de tierras por mecanismos corruptos. Son muy pocos los casos de apropiación de terrenos por funcionarios. Esta vez tienen un obstáculo: la presencia militante de los movimientos campesinos. Como parte de este proceso se conformó la lucha de los pueblos indígenas, que ha sentado varios precedentes. Obligaron al gobierno a reconecerles jurídicamente, en 2011, territorios negados por más de 500 años de capitalismo europeo y criollo, y lo más importante: han comenzado a aportar a la lucha por la tierra una dimensión más integral, civilizatoria, ayudando a superar el gastado concepto burgués de “reforma agraria” limitada a la propiedad y la producción.

Entre los muchos casos de denuncia antiburocrática, registrados desde 2003, está el reciente del Frente Bicentenario de Campesinos Ezequiel Zamora de la región andina de Trujillo. En un artículo publicado en el diario bolivariano Aporrea, y difundido en decenas de emisoras comunitarias, denuncian “La tercerización de los campos trujilla-nos” realizada por latifundistas locales en asociación con funcionarios del inti que les dan los avales (Frente Bicentenario de Campesinos Ezequiel Zamora et ai, julio, 2011). Un instrumento privilegiado que permite a los movimientos campesinos ejercer su derecho a la denuncia es el medio de comunicación comunitario, o alternativo, mediante el cual “visibilizan” y organizan colectivamente el conflicto, exigen al Estado, combaten al latifundista y programan las acciones. En el país funcionan alrededor de 140 radios de frecuencia modulada, comunitarias, en zonas campesinas, o cuya cobertura influye en pueblos campesinos. Casi todos los movimientos campesinos tienen radios comunitarias.

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El punto de partida

El 17 de abril de 2012, en el majestuoso teatro Teresa Carreño, de Caracas, el dirigente campesino Ornar Oviedo, denominado “vocero” en Venezuela, informó en el acto de la instalación del Consejo Patriótico de Campesinos y Campesinas, que alrededor de 100 Fundos Zamoranos y los Foros Agrarios Socialistas están presentes en 22 de los 24 estados del país, explotan unas 154000 hectáreas, de las cuales 82 000 son aprovechables para cultivos. También dijo que están agrupados en 471 organizaciones productivas de campesinas(os) pobres, en 377 cooperativas y 44 Consejos Comunales, y produjeron 17000 toneladas de alimentos en 2011.

Siguió en el micrófono, ante unas 3 800 personas, campesinas y campesinos venidos del país profundo, el dirigente agrario, o “vocero”, Ángel Burgos, quien además de jefe de su clase es director de la Corporación Socialista del Cacao, una entidad mixta de productores pobres y pequeños patrocinada y financiada por el Estado. ¿Qué dijo Burgos? Con voz entusiasmada contó que entre los Fundos Zamoranos y las otras formas de organización campesina están sembrando, cosechando y distribuyendo cacao en 17 estados provinciales, que se rigen por el Plan Socialista del Cacao decretado por el presidente de la República como “producto estratégico” en 2010. Burgos relató que el propósito es producir, dentro de cinco años, por lo menos 25 000 toneladas de ese producto para el mercado interno y el mercado mundial, y que para ello el gobierno ha conformado la Empresa del Cacao del Alba, en la que se integran productores de países de esa entidad supranacional. Además, contó dos cosas de alto interés para un estudio sobre la propiedad de la tierra: que los trabajadores campesinos eligen en sus comunidades a los directores encargados de gestionar las unidades de producción de la Corporación Socialista del Cacao y que ese año, 2012, lograron que el gobierno incluyera en la Gaceta Oficialía que llamó “un precio justo”, de 12 bolívares por kilo, contra los 23 bolívares que querían imponer las empresas de alimentos que usan este fruto tropical. Terminó su discurso con esta expresión sorprendente: “Recuperaremos el chocolate como un alimento básico y no como una golosina imperial” (Venezolana de Televisión, Caracas, 2012).

Si nos abstraemos del escenario y la circunstancia, ¿qué tienen que ver estos discursos con la Venezuela que hemos relatado hasta ahora? Pues nada. Aunque ambos oradores no lo sepan, ellos son expresiones personales de una transición histórica en Venezuela; son un punto de partida.

Ese punto de partida nació en septiembre de 2001 cuando una parte del gobierno de Hugo Chávez proclamó la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Ese mismo mes fueron derrumbadas las Torres Gemelas en Nueva York y comenzaba una escalada militarista mundial, complementaria, en términos de posesión y dominio imperial, de la paciente labor de dos décadas de “neoliberalismo”. Para la burguesía venezolana, aquella Ley fue su Torre Gemela. La peor amenaza a su estructura de propiedad territorial desde 1958-1961. En una entrevista en el año 2000, con Pedro Car-mona, jefe de la entidad patronal, se le escapó este comentario: “Chávez que reforme la Constitución como quiera, pero que no toque el petróleo” (Guerrero, Entrevista con Pedro Carmona, 8 de enero de 2000). No fue necesario. Bastó que se tocara el derecho de propiedad de la tierra. Siete meses después, Carmona era la cara empresaria del golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Un simple cálculo de clase les indicaba que luego vendría el petróleo y más.

El susto fue mayor que la Ley. En realidad, la Ley de Tierras surge como un acuerdo del ala más nacionalista representaba por Hugo Chávez, con un sector de la burguesía agraria venezolana que participaba en dos ministerios. Ese grupo capitalista era la sombra de la sombra de una clase en crisis. La iniciativa legal fue acompañada por Estados Unidos, a través de uno de sus órganos de dominación regional, el bid: “El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y se estiman no menos de cinco años para su culminación” (Pezzella, 2001). Dos datos más sugerían la moderación inicial del proyecto de Ley de Tierras. El primero lo rescata como “positivo” VenEconomía: “no prohibía la venta o alquiler de las tierras traspasadas con la reforma agraria”. Esto significaba para la burguesía comercial, por lo menos 2300 000 hectáreas mal habidas, de las que dependían parte de sus negocios comerciales y bancarios. El segundo dato era más simple: La Ley de Tierras no cuestionaba el artículo 58 de la Constitución Bolivariana, que garantiza la propiedad privada.

Lo anterior explica la cautela de la burguesía comercial en ese momento. De hecho, la Ley se decidió después de que varias versiones y proyectos fueron sometidas a presiones muy complicadas dentro y fuera el Gabinete, como reseña la neoliberal Pezzella en su informe para el boletín empresario VenEconomíalHemeroteca. Para ellos, el mayor riesgo no estaba en la Ley, sino en el sector social beneficiado por ella.

En efecto, la propia clase dominante se encargó de alertar del riesgo en ciernes. “Reina una gran incertidumbre, pues hay quienes señalan que se permitirá que las tierras que no cumplan con su ‘función social’ pasen a manos del Estado o, peor aún, puedan ser ocupadas ‘legalmente’ por quienes las necesiten para subsistir”. Ahí está el secreto político de la Ley de Tierras. El dualismo jurídico con el que fue confeccionada como instrumento de reforma limitada dentro de la propiedad privada, terminó convirtiéndose en el punto de partida, o bandera legal, de los movimientos campesinos que comenzaban a organizarse a escala nacional.

Un grupo de investigadores universitarios, prochavistas, realizaron un estudio sobre esta Ley en relación con el estado de los suelos. Resumieron así sus alcances y límites. He subrayado, en cursivas, las palabras clave que ayudan a entender lo positivo de su novedad en la historia de la tierra en Venezuela, pero también su carácter de clase o su contradicción de contenidos, su dualismo:

Tiene como objetivo principal redistribuir las tierras que permanecen ociosas o baldías y aquellas que tienen baja intensidad de uso e incrementar la productividad As las mismas [...] con énfasis en los pequeños y medianos productores [...] El fin último es garantizar Isl soberanía agroalimentaria de la población venezolana, garantizando también la conservación o recuperación de los recursos naturales renovables a través de un manejo sustentable de la biodiversidad. Uno de los aspectos importantes de la nueva Ley es la creación de un certificado de finca mejorable, que da a los propietarios de las tierras la posibilidad de hacerlas más productivas en un plazo de dos años. El objetivo es buscar un incremento de la productividad.

Los empresarios de la tierra comenzaron a despejar las dudas. “Durante la administración de Hugo Chávez la situación de precariedad de las tierras se ha agravado porque han aumentado peligrosamente las invasiones a tierras públicas”.

Y aportan un dato clave para comprender lo nuevo, es decir, lo que conduciría a la más grande modificación de la propiedad de la tierra desde la Guerra Federal o desde la Reforma Agraria controlada de 1961. Uno de los componentes sociales de la llamada “revolución bolivariana”, los campesinos pobres, habían comenzado a resolver, en los hechos, lo que el gobierno no podía hacer, por contener en su seno a restos de la burguesía agraria y comercial. El ministro de Agricultura, Concho Quijada, era un productor de arroz especial; el ministro del Interior, Luis Miquilena, y otros altos funcionarios, eran socios de empresas comerciales.

En el temprano mes de julio de 2001, ya la burguesía anunciaba la tempestad: “un estudio de la Gerencia Técnica de la Federación Nacional de Ganaderos detectó un total de 80 invasiones, de las cuales sólo un par fueron realizadas antes de que Chávez tomara el poder” (Pezzella, 2001). Había comenzado el mayor desplazamiento de clases en el campo.

Un censo de 1998 descubrió alrededor de 24 millones de hectáreas como latifundios, sobre un total de casi 30 millones de hectáreas de tierras cultivables. De ese total, el inti ha regularizado cerca de seis millones de hectáreas hasta 2012. Basado en ese censo, el gobierno registró, desde 2001 hasta 2007, unos 317 fundos con las características de latifundio, sobre un territorio sumado de 3 700 000 hectáreas. En la Memoria y Cuenta sobre 2011, ofrecida en enero de 2012, se informó que fueron recuperadas 3672 033 hectáreas, distribuidas en 2 340 fundos, ubicados en 23 estados, a favor de unos 90 000 campesinos pobres.

A falta de estadística confiable, en el cuadro 5.9 registro los datos confirmados entre los informes de la prensa de la clase expropiada y los del Estado. Es una aproximación a un proceso de reforma de la propiedad mucho más amplio.

Si le diéramos crédito a la autora de la que tomé los datos para conformar el cuadro 5.9, el gobierno sólo habría pagado indemnización por bienes, bienhechurías y mejoras, en una cantidad ínfima de casos que no sobrepasaría 2% o 3% del total de tierras recuperadas. No hay manera de probar ese porcentaje, tratándose del interés manifiesto de la autora, una pública enemiga del gobierno, en subrayar el perfil de “expropiaciones”, o como también lo define en su blog: “expropiar es robar”. Sin embargo, podemos tomar como cierta la siguiente declaración de la autora, confirmada con el inti: “El programa señala que el inti afecta 432 predios con 346 803 hectáreas en 2009, ‘lo que significa que a 2010 sólo se pagó a 1.85%’ a los propietarios, al evaluar que ocho reciben indemnización de bienes, bienhechurías y mejoras en los procesos de rescate” (Colmenares, 2012).

Lo sustancial de estos instrumentos jurídicos fue contenido, en carácter de programa nacional, en el Proyecto Nacional Simón Bolívar/Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013, con el cual el gobierno bolivariano promueve su versión de socialismo del siglo xxi. Este solo dato, sin valorar el perfil del Proyecto, constituye una novedad respecto a lo hecho en América Latina, excepto en Cuba, y en Perú con el Plan Inca del gobierno de Velasco Alvarado.

En los tres casos (Cuba, Perú y Venezuela) la presencia del Estado ha sido y es dominante como promotora de las reformas jurídicas y de financiamiento y, en algunos casos o zonas, también promueve y controla movimientos y organizaciones. La diferencia de calidad en el caso bolivariano aparece en el papel independiente que adquieren muchos de los movimientos y colectivos campesinos. Todos se definen socialistas; algunos son mas radicales.

Uno de los elementos rescatables de los datos del cuadro 5.9 es la cantidad de políticas públicas dirigidas al campo durante los 12 años de gobierno bolivariano. Comparada con las políticas e instrumentos aplicados durante el periodo de la llamada Reforma Agraria, que rigió entre 1961 y 2001, unos 40 años, la relación es incomparablemente desproporcionada.

La cantidad, por sí misma, no garantiza resultados positivos. Sobre todo cuando se trata de procesos nuevos y complejos como el venezolano, enfrentado a peligros externos y sometidos a presiones internas. La fragilidad de la mayoría de esos programas y proyectos radica en que están conducidos o gerenciados por una burocracia estatal. Los movimientos campesinos sólo tienen un control relativo. En algunos casos los proyectos tienen vida independiente y viven desarrollos progresivos, incluso con el aporte de funcionarios o instituciones estatales, pero no es lo dominante. Es un esquema de nuevas relaciones muy flexible, donde los movimientos campesinos o rurales, criollos o indígenas, juegan un papel que nunca tuvieron en la historia social venezolana.

La nueva burocracia es una conformación sui géneris dentro del Estado, relacionada en forma indirecta con la clase dominante desplazada del gobierno. Esta fracción emergente se aprovecha de su rol especial a medio camino entre el Estado y el mercado mundial, de los cuales depende. Usa nueva vestimenta y tiene tres fuentes de acumulación. Esta vez no es una clase comercial importadora; en realidad, está en transición. Es débil frente a los movimientos y al mercado mundial, no está consolidada como grupo de clase, entre otras cosas porque deviene de una clase no propietaria. Es un proceso distinto al origen y conformación de la clase comercial importadora anterior. Esta burocracia es arribista y emergente, insegura y dual en su conducta pública. El pueblo la identifica como “burócrata rojo rojito”, “boliburguesía” o “burguesía endógena”, de la misma manera que en Rusia y China los llaman “nuevos ricos” o “burgueses rojos”, desde mucho antes del derrumbe del Muro de Berlín, o como los había identificado el propio Lenin en el temprano 1922: sovietburg.

Esta capa se está formando por acumulación de comisiones de negocios e inversiones o canonjías, conocidas en cada país bajo nombres como “coimas” o “mordidas”, con las que circulan las transacciones comerciales con Argentina, Brasil, Irán, Rusia, Colombia, Uruguay, India y otros países, sin excluir a Estados Unidos que sigue siendo el principal vendedor (35% del total) de comestibles en Venezuela. Es un grupo social que se independiza cada vez más de la población.

Su segunda fuente de acumulación son las cuota-partes de inversiones externas; se han instalado unas 180 fábricas traídas de los países referidos, entre 2003 y 2011. La tercera fuente son las grandes inversiones del Estado en proyectos de infraestructura como la red de ferrocarriles, hidroeléctricas, petróleo y gas, telecomunicaciones, la Misión Vivienda, la Misión Agro Venezuela y otras inversiones de amplia escala económica. En todos los casos, el origen es el mismo: la masa gigante de casi 90 000 millones de petrodólares que ingresaron al erario entre 2002-2010. Mészáros, siguiendo a Marx, la llamaría “representación del capital”. Por ahora es candidata a ese difuso papel.

El siguiente elemento importante en la relación del cuadro 5.9 con el 5.10 es la vinculación de las leyes y programas con los trabajadores del campo. Esa vinculación se da en la mayoría de los casos con las capas pobres de la clase campesina. Esto se debe a dos causas primarias. La primera, que son los beneficiarios directos de la Ley y su armado jurídico-financiero. La segunda es una curiosidad social varias veces vista en la historia: los ricos urbanos y campesinos decidieron separarse del gobierno desde 2001-2002, y se han negado a pactar con el gobierno como se hizo en otros procesos ante inevitables re-formazas agrarias. La burguesía venezolana despejó sus dudas entre septiembre de 2001 y el golpe de abril, nueve meses después. Abandonó la cautela propia de una clase dominante, se apartó de la Ley y se opuso, incluso con la violencia armada en dos ocasiones (2002 y 2005). Hay una tercera razón: el plexo de leyes y programas gubernamentales se lo puso al hombro un nuevo movimiento de campesinos pobres.

Resulta difícil cuantificar el actual mapa de propiedad capitalista de la tierra en Venezuela. El panorama es difuso y cambiante, como difuso es el proceso jurídico de rescate de tierras, aunque en muchos casos existan acciones revolucionarias de los movimientos. Funcionan dos asociaciones de empresarios agropecuarios, la Federación Nacional del Ganaderos (Fedenaga), con más de 60 años de existencia, acusada por los frentes campesinos de ser la financista de los sicarios que han asesinado a la mayoría de los campesinos pobres desde 2001. Fedenaga decidió, a mediados de la década de 2000, ocultar la identidad de sus empresas y de dueños asociados para evitar los secuestros (más de 250 en 10 años) a manos de bandas paramilitares y grupos insurgentes colombianos que atraviesan correderos de los 2 000 kilómetros de frontera común; se estiman alrededor de 200 empresas ganaderas. El otro gremio empresario es Fedeagro, que en su página web enlista a 57 empresas dedicadas a la producción agroalimentaria. Sus pactos parciales de coinversión con el gobierno han moderado su ofensiva contra el movimiento campesino.

Una aproximación indirecta al mapa de propietarios capitalistas que viven de explotar la tierra y sus recursos nos la brinda una empresa internacional de informática llamada Software Ganadero Progan. En 2012 registra entre sus “clientes internacionales” a 188 empresas venezolanas dedicadas a la explotación agropecuaria. Todas están registradas bajo las denominaciones de “Hatos” y “Fincas”, que en Venezuela se identifican con los campesinos ricos. Es posible que Software Ganadero Progan (2012) mezcle empresas medianas y grandes, productores y comercializadores; en cualquier caso, señala una presencia activa del capital agrario, en medio de las expropiaciones.

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El empoderamiento indígena

En Venezuela sobrevivieron 23 etnias indígenas con una población estimada de 536 800 personas de las cuales sólo 178 000 (33.3%) no se han mezclado en ninguna forma con los “criollos”. Habitan territorios en ocho estados del país, con tierras ancestrales que podrían alcanzar el millón de hectáreas, aunque éste es un concepto que no tienen en sus cabezas. Ningún censo, ni el núm. xn de 2001, ha establecido con exactitud ese dato clave, en buena medida porque sus titularidades fueron forjadas en favor de hacendados hasta por lo menos el año 2001, cuando varios movimientos comenzaron la demarcación con la Ley de Tierras.

Hasta mayo de 2012, el rescate de tierras ancestrales de pueblos indígenas suma algo mas de un cuarto de millón de hectáreas. Aun siendo escaso y tardío, estamos en presencia de un acto de justicia sin memoria en el país, con el sector más prosternado de las sociedades modernas, restos de pueblos que fueron derrotados militar y culturalmente por los colonizadores y convertidos en parias por el capitalismo criollo que siguió. La Constitución Bolivariana de 1999 los reconoce como pueblos ancestrales, originarios precolombinos, y proclama el respeto a sus lenguas, costumbres y creencias. Este reconocimiento es, en sí mismo, un avance, aunque entre la proclama y su realización social medien elementos distorsionantes como el peso del pasado (segregación enraizada), la burocracia estatal o su debilidad estructural como pueblos indígenas. El Estado los incorporó al sistema de derechos sociales del resto de la nación, como el salario mínimo, la salud de la Misión Barrio Adentro, la educación de las Misiones Robinson y Sucre, además de hospitales propios, edición masiva de libros con sus leyendas en sus idiomas, o los derechos de la Ley del Trabajo.

Las transformaciones revolucionarias vividas en el país en 1989, 1998 y 2002 impulsaron a los indígenas venezolanos hacia un papel social del que no tenían memoria. Comenzaron a sentirse personas y ciudadanos de Venezuela por primera vez y a tener presencia como comunidad. También a escala nacional a través del Ministerio de Asuntos Indígenas y diputados de sus etnias. A falta de tradición de luchas como en Bolivia, Perú o México, en Venezuela aparece como una expresión del proceso político de empoderamiento vivido por los explotados y pobres del país. La lucha de los indígenas en Venezuela constituye un aspecto del nuevo movimiento campesino por la tierra y sus recursos; nacieron con él, aunque por su carácter de pueblos ancestrales adquieren formas sui géneris dentro del movimiento campesino.

El alzamiento zapatista de 1994, las rebeliones indígenas de Ecuador y Bolivia y el cambio epocal en América Latina, debe haberlos afectado por vías difíciles de evaluar, pero hay un hecho nuevo. En entrevista, nos informa el profesor indígena  Julio Ávalos (2012) que una parte importante de las comunidades indígenas usan aparatos de radio y la mayoría de los que emigraron a zonas urbanas o rurales utilizan celulares para comunicarse y escuchar emisoras. Centenares de ellos han participado en congresos y convenciones en La Habana, Ecuador, Bolivia, Perú, incluso Europa. Ávalos nos cuenta que la Universidad Indígena de Venezuela, nacida en 2000, aunque reconocida oficialmente el 29 de noviembre de 2011 mediante un decreto del presidente Hugo Chávez, ha formado a alrededor de 250 jóvenes de la selva. Además de los asuntos propios, estudian la geopolítica contemporánea. “Estudiamos materias como Identidad y Conciencia, donde analizamos la idiosincracia, la cosmovisión, el cambio climático, las misiones religiosas, en Política, por ejemplo, estudiamos qué es el capitalismo, el socialismo, historia política, relaciones internacionales, qué es el imperialismo y Europa, hemos analizado a Evo Morales, lo del Pachacutik ecuatoriano y el zapatismo” (Ávalos, 2012).

Este abogado indígena con maestrías en ciencias políticas y sociología adquiridas en España, miembro del Consejo Rector de la Universidad Indígena, tiene una visión crítica de la política del gobierno bolivariano con el mundo indígena. Saluda la inclusión social que hacen las instituciones, pero cuestiona la imposición de criterios individualistas o jerárquicos en las comunidades, como el salario, el clientelismo, el control estatal. “Aunque a muchos hermanos les gusta el salario, les enseñamos que eso crea individualismo y propiedad, exigimos desde las comunidades que el salario sea colectivo. En nuestra universidad no usamos salarios individuales, tenemos el Fondo Común de Gastos para garantizar todo”. Este criterio es usado para la matrícula universitaria; cada estudiante debe ser postulado por sus comunidades. También para la política: “El psuv está formando una élite indígena que es la que viaja y ya no quiere vivir como indio, el Consejo Nacional Indio, que debería agrupar a los 40 pueblos, no representa la base de las comunidades; ellos, junto con el Ministerio indígena usan el asistencialismo para controlar los pueblos”. Para ello acudieron a unos 800 Consejos de Poder Popular, un organismo de base que ha sido útil en muchos barrios urbanos para combatir al capital y la burocracia. El Estado no ha logrado penetrar los organismos tradicionales de representación de estos pueblos para ejercer el control. Quizá eso explica un hecho singular: los pueblos indígenas no reconocen ninguna institución política nacional, ni al Consejo Nacional Indio, ni al psuv ni al Ministerio. “Al único que reconocen es al presidente Hugo Chávez Frías” (Ávalos, 2012). Aunque no existe un órgano nacional democrático que los represente, cuentan con una decena de agrupaciones regionales independientes que funcionan mediante asambleas comunales. Un ejemplo de ellos es Kuyunu, de la etnia yekuana, que organiza con autonomía, y recelo del psuv, a los indígenas del estado Bolívar y Amazonas, al sur del país.

Los pueblos yukpa y barí, situados en el estado Zulia, al noroccidente, recibieron por decreto del presidente, 375 000 hectáreas que fueron latifundios hasta su adjudicación en 2011. Esta conquista es producto de casi siete años de movilizaciones de estos dos pueblos (2004-2011), algunas violentas, acompañados por medios comunitarios, colectivos sociales, activistas universitarios y de derechos humanos. Tuvieron que enfrentar a la Guardia Nacional Bolivariana, a los ganaderos ricos de Fedenaga, a multinacionales carboníferas, a sectores yukpas controlados por el gobierno y a la propia ministra de Pueblos Indígenas. De esa lucha por la tierra y sus bienes, que dejó varios muertos, quedó un símbolo, el cacique Sabino Romero, preso 17 meses, con su padre (un cacique legendario) asesinado a los 100 años de edad. Sabino ha sido perseguido y condenado a muerte por los ganaderos y defendido por los movimientos campesinos y urbanos de dentro y fuera del chavismo. Ante esa presión, el gobierno respondió, seis años después, con la entrega de las tierras y 249 millones de bolívares (alrededor de 60 millones de dólares) para adquirir las 25 haciendas devueltas con título de propiedad a yukpas y barís. Ese Decreto Presidencial, notariado el 15 de diciembre de 2011, se ha convertido en un precedente jurídico fundamental para el resto de las etnias, que ahora cuentan con una jurisprudencia a favor de sus reclamos.

Este triunfo contiene mucho más que tierras. El aprendizaje político ha sido el mismo que el de muchos movimientos de la revolución bolivariana. Los líderes yukpa y un centenar de caciques de la base, no los cinco Caciques Mayores, han manifestado no estar de acuerdo ni aceptar los supuestos derechos de terceros, ni mucho menos de las empresas mineras privadas o estatales en su territorio —reconocido en el título entregado por el presidente Chávez el 12 de octubre de 2011—, tal como se manifestó enToromo el 5 de mayo en la Asamblea General de Caciques con la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional, mientras la ministra Nicia Maldonado, para debilitar la convocatoria parlamentaria, en un acto paralelo entregaba, nerviosamente, con sus cinco Caciques Mayores, bolsas de comidas y prometía millones de bolívares en ayudas misionales (como casas bien equipadas) y créditos agrícolas y pecuarios, y exigen conversar con el Gobierno si el territorio yukpa es para monocultivos o para una empresa socialista lechera, o para la diversidad económica y biológica (Ciudad ees., 2012).

Una de las tres propuestas que elevaron al Gobierno exige la condición de que sea la base social del pueblo indígena la que decida el uso de las tierras:

3. Acordar con cada una de las comunidades si en verdad desean una empresa lechera socialista, pues existen comunidades que no quieren criar vacas, ni arrimar la leche en caso tal a la empresa mal administrada y quebrada Los Andes de Machiques. Por ejemplo, la comunidad Chaktapa le entregó al Ministro de Tierra, al candidato a la Gobernación del Zulia y a la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional su plan de vida para una gestión pública desde abajo y no desde arriba como hoy pretende imponer el Gobierno (Ciudad ees, 2012, las cursivas son mías).

Otro rescate de importancia se pactó entre la Federación Indígena del Estado Bolívar y los capitanes indígenas de 20 comunidades pertenecientes a 18 pueblos en los que habitan unos 65 000 aborígenes del sur del país. “Esto incluye tanto el espacio que ocupan nuestras viviendas como los espacios naturales aledaños de los cuales depende nuestra subsistencia y cultura, como lagos, ríos y bosques”, relató el capitán indígena Andrés Solís (avn, 29 de febrero de 2012). “Desde 2011 se retomó el proceso de demarcación y tenemos unas 25 comunidades que están sustanciando sus expedientes para recibir la titularidad de las tierras. Éste es un proceso que requiere de la organización y participación directa del pueblo indígena” (avn, 29 de febrero de 2012).

En 2009 fueron rescatadas 20 000 hectáreas del hato La Fría en el estado llanero de Apure, al suroccidente, en favor de comunidades de las etnias pume y akawayos. “Supe de varias expropiaciones que ordenó el vicepresidente Jaua después de una visita con el hermano Korta (uno de los fundadores de la Universidad Indígena de Venezuela) a las comunidades. La indignación por lo que vio le hizo ordenar la inmediata expropiación de dos hatos para entregarlos en propiedad colectiva a los pumé que vivían sometidos por la invasión ganadera” (Avalos, 2012).

Otros pueblos no han tenido los mismos resultados. El cofundador de la Universidad Indígena, Julio César Avalos, cuenta que los yekuanas, kuyunú y eñekuá, al sur del país, fueron derrotados y desalojados de tierras ocupadas en nombre de la misma Ley de rescate de Tierras. En buena medida se debió a su aislamiento en zonas selváticas y a la escasa población que sostenía la acción. Eso impidió su visibilización en el resto del país y ayudó a la efectividad de las mafias mineras y de la Guardia Nacional Bolivariana.

Una de las novedades de la “revolución bolivariana” es la invocación del respeto hacia los pueblos indígenas. Además de la Constitución y la propaganda de Estado, ha sido el discurso presidencial el más útil instrumento de difusión en favor de los pueblos indígenas; sin embargo, es un proceso en marcha, incompleto, contradictorio, como casi todo el proceso social conocido bajo el nombre periodístico de “revolución bolivariana”. Además de lo tardío de los decretos de rescate de tierras, los pueblos indígenas deben soportar tratos segregatorios de una parte de la sociedad (sectores de la clase media y una parte de la clase obrera) que no los entiende como similares. El sector de la población denominado “escuálidos”, por su cerrada oposición al gobierno de Hugo Chávez, ha repotenciado el tradicional “racismo” antiindígena de la sociedad venezolana. Eso alimenta la criminalización sufrida por este sector social. La organización Sociedad Homo et Natura ha denunciado con reiteración la discriminación de indígenas. Una de las principales denuncias ha sido contra el Ministerio de Pueblos Indígenas y su ministra.

“Representantes indígenas agrupados en el oficialista Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive) y más de 30 organizaciones de base se reunieron este martes en Caracas para elevar ante el Gobierno nacional un documento aprobado por etnias de varias regiones del país [...] Denunciaron a la ministra para los Pueblos Indígenas, Dilcia Maldonado, por ‘promover la división, el enfrentamiento y la agresión hacia las organizaciones sociales indígenas que apoyan este proceso, a través de su descalificación y deslegitimación’. En ese sentido, piden al presidente Hugo Chávez que considere remover’ a la funcionaria” (Ciudad ees., 2012).

Julio César Avalos opina que en medio de todos los errores o faltas del gobierno bolivariano, debe reconocerse un evidente avance histórico: “Personalmente, veo que el documento que reconoce la propiedad a los yukpas tiene un valor innegable: se trata del primer reconocimiento del Estado nacional sobre los derechos de un pueblo (no una comunidad) sobre un territorio concreto” (Avalos, 2012).

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El costo campesino de la revolución bolivariana

Aunque se habla de unos 350 campesinos asesinados, no existe acuerdo entre las organizaciones sobre el total de víctimas. Sin importar la cifra que resulte de una investigación exhaustiva, estamos en presencia de una de las matanzas de campesinos más importantes de los últimos años, en las condiciones de un país sin guerra o conflicto armado.

Pude compactar el cuadro 5.12, indispensable para evaluar dos aspectos centrales del tema: a) es un reflejo del grado de modificación de la propiedad privada de la tierra en Venezuela, y b) señala la fuerza social adquirida por los movimientos campesinos y su carácter combativo.

La cifra de muertos en la que más se coincide es de 250 campesinos asesinados entre 1997 y 2011. Todos registran, como causales, tomas de tierras, ocupación en nombre de la Ley de Tierras o la adjudicación de títulos. En todos los casos, los asesinos fueron sicarios o bandas de paramilitares pagados por hacendados ricos, sobre todo los de Fe-denaga, según han denunciado ante la Fiscalía los movimientos campesinos. En algunos hechos se ha denunciado connivencia con jueces o fiscales, o con la policía de la localidad. La cantidad de asesinatos coincide con dos hechos: a) ocurrieron en los pueblos campesinos donde más se realizaron tomas, ocupaciones legales, adjudicaciones a productores pobres o donde el gobierno expropió alguna hacienda de grandes dimensiones;

b) los asesinatos se registran en las zonas donde actúan los movimientos campesinos más fuertes y radicales.

En 2009, el gobierno propuso la formación de las milicias campesinas. Fue durante un acto en la agropetrolera ciudad de Maracaibo donde se registra la mayor cantidad de campesinos asesinados. “El 25 de septiembre de 2009, en la asamblea del Frente de Campesinos y Pescadores en el estado Zulia, el ministro de Agricultura y Tierras, Elias Jaua, recibió una llamada telefónica del primer mandatario en la que exhortó al trabajo conjunto entre Guardia Nacional y campesinos para la defensa de la revolución” {Prensa MAT, Caracas, 26 de septiembre de 2009). Estaban reunidos unos 250 líderes políticos del movimiento campesino del eje andino del país, Mérida, Táchira, Trujillo y del sur del lago de Maracaibo. Durante su intervención, el vicepresidente Jaua recibió una llamada del comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien aprovechó la oportunidad para dirigirse a los presentes y pedirles a los campesinos organizarse, conjuntamente con la Guardia Nacional Bolivariana, para conformar la Guardia Campesina.

“Quiero ver pronto organizadas las milicias campesinas, quiero verlas entrenadas para defender la revolución y defenderse ellos mismos y a sus familias”, dijo el presidente Comandante Chávez. Asimismo, expresó que “Venezuela va a ser una potencia agrícola y una potencia moral, con un pueblo consciente y honesto. ¡Guerra a la corrupción, guerra a la ineficiencia!” {Prensa MAT, Caracas).

Las Milicias Campesinas no impidieron nuevos asesinatos, como se notará en la cuadro 5.12, pero si frenó una matanza que para esa fecha comenzaba a parecerse a las conocidas en Colombia. Con una diferencia: en el vecino el Estado ampara las masacres, aunque las financian los latifundistas. En Venezuela habían desaparecido desde la del Caracazo, en 1989; durante los años del gobierno bolivariano sólo se conocieron los más de 20 asesinados del golpe de Estado, de 2002, a manos de francotiradores pagados por la derecha y de la policía opositora de Caracas. Esta vez, los autores son empresarios agrícolas que pagan sicarios, un aprendizaje tomado de la violencia en los campos colombianos.

La siguiente muestra es incompleta, sólo consigna 142 asesinados, pero es la única confeccionada por identidad, año, lugar de la muerte y causas inmediatas. La aportó, para este trabajo, el Despacho del Diputado campesino Braulio Alvarez.

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Tendencias

Proceso no significa incertidumbre. A 11 años de haber comenzado la transformación promovida por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pueden medirse varios resultados y vislumbrarse una tendencia.

Entre 2003 y 2008 el Estado otorgó 87 000 Cartas Agrarias que afectaron la propiedad pública y privada de 3 927 000 hectáreas que habrían pasado a manos de familias campesinas pobres. En cinco años, cambiaron de propiedad más hectáreas que las redistribuidas entre 1961 y 1995.

De acuerdo con la investigación del economista venezolano Víctor Álvarez, en el mismo lapso se adjudicaron 1823 títulos de propiedad sobre 78200 hectáreas y se decretaron 12476 Declaratorias de Permanencia (en tierras invadidas) que sumaron 374054 hectáreas. Las hectáreas redistribuidas son 4380147, de un total de casi 30 millones de hectáreas que tiene Venezuela como tierras cultivables (Álvarez, 2009).

Ahora veamos la distribución de esas hectáreas por sector. Según este mismo autor, cuyos datos son confiables en la medida que siendo chavista no dibuja estadísticas para la propaganda, los campesinos pobres recibieron 59% de las tierras rescatadas entre 1983 y 1988; 32% se destinó a “Desarrollo de Proyectos Estratégicos”, algunos con estados del alba; 9% fue a los programas de los Fundos Zamoranos. Una consulta a voceros del Frente Campesino Ezequiel Zamora, del Movimiento Jirajaras, en abril de 2012, confirma en términos de aproximación, los datos de Víctor Álvarez. Apareció por primera vez en la historia el país la posibilidad de modificar la estructura de la propiedad de la tierra y el rol del Estado al mismo tiempo.

Este avance entra en contradicción con el mapa de evolución agrícola acumulado en 12 años de revolución bolivariana. Aunque se registran datos positivos en muchos rubros y productos, como la inversión en el agro y la implantación de las “cadenas productivas” que comienzan en la producción de alimentos en el campo y terminan en la distribución urbana, una visión de conjunto y dinámica no asegura aún la existencia de un nuevo desarrollo agroalimentario.

Esto no anula, por lo menos tres aspectos relevantes. Creció 11% la población campesina desde 2001 hasta 2010. Nadie sufre hambre en la Venezuela actual, no en cuantías estadísticas, como reconocen la fao, la onudi y la Cepal en varios informes desde 2009. Una parte importante de la renta petrolera es derivada al desarrollo de producción agraria. Y un dato no menor: en vez de la “revolución agrícola” que aseguraban anteriores presidentes, el actual mandatario sólo promete convertir al país en una “potencia agrícola” en 2019. Aunque nada asegura que esa meta pueda cumplirse, sobre si el proceso político queda a medio camino, Hugo Chávez tuvo, por lo menos, la sensatez de colocar el final un poco más lejos en el tiempo.

Un informe de la fao de hace siete años y medio, señala: “Los recursos destinados al sector agroalimentario y al desarrollo rural sin duda superan, en 2006, los cuatro billones de bolívares (alrededor de 1 900 millones de dólares), sin contar los créditos adicionales que puedan ser aprobados por la Asamblea Nacional. Este volumen de recursos significa un salto en las asignaciones a la agricultura y el desarrollo rural de proporciones importantes que representa entre 3 y 6 veces los gastos reales promedio periodo presidencial entre 1969 y 1993″.

Esta masa de inversiones casi se duplicó entre 2007 y lo que va de 2012 con los nuevos programas de desarrollo rural, sobre todo lo aportado por la Misión AgroVenezuela. Alrededor de 3 600 millones de dólares provenientes de la renta petrolera desde diversos fondos estatales (fao, 2006). Víctor Alvarez informa que, entre 1998 y 2008, “el sector agrícola creció 32% donde el subsector vegetal obtuvo una variación de 35% y el sub-sector animal una variación de 23%”.

Tras casi 13 años de proceso político de cambios, estos incrementos siguen teniendo carácter cuantitativo respecto a lo estratégico: la urgencia por desarrollar una economía agrícola en Venezuela que reduzca cualitativamente la importación. La participación de la producción campesina en la conformación del pib total fue de apenas 4.3% en 2008, y un poco mas de 5.1% en 2011. Basta comparar con el pib agrícola de Colombia que es de 12% o el promedio latinoamericano de 6.22%. Sólo supera a México, que bajó a 3.87% desde su adhesión al pacto neoliberal llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (fao, 2010; Alvarez, 2009). Los datos de producción conocidos son contradictorios en términos casi absolutos. Reproducimos ambos.

El 16 de abril de 2012 el Gobierno anunció una autorización de alza en los precios de venta al público para cinco productos de amplio consumo (sorgo, maíz, arroz, girasol y soya); al día siguiente, el presidente de Fedeagro declaró complacido: “aunque están por debajo de lo solicitado por el gremio, permiten cierta rentabilidad y da un estímulo a los agricultores que inician el ciclo este mes, como los cereales”. Aprovechó para modificar sus opiniones previas: “Este año se podría detener la caída de la producción en varios rubros” (Rivas, 2012:8).

Los ritmos de incremento productivo son más lentos que la masa de inversión y el grado de modificación social de la propiedad de la tierra y sus recursos. Víctor Alvarez sostiene que se debe a “graves problemas de productividad y rendimiento de los recursos”. Esos dos elementos deben combinarse con otros factores activos, como la corrupción, la mala gestión y la desorganización burocrática y también por la poca experiencia agroproductiva de los nuevos movimientos campesinos.

Los datos indican que todavía no hay correspondencia entre el avance social en términos de modificación de la propiedad de la tierra en favor de los campesinos pobres y la producción. Venezuela no es todavía una economía agroproductora.

El límite de estructura y política puede verificarse en la comparación de los ingresos generales disfrutados por cada clase. Como los campesinos trabajadores no son una clase independiente, sino una de las dos capas de la clase de los campesinos, debemos incluir sin cuantificación a los campesinos pobres entre los “trabajadores”.

Una investigación reciente sobre la “Repartición del ingreso en Venezuela” entre empresarios y trabajadores, sobre una escala de 11 años, dio este resultado: en 1999, la burguesía captó utilidades por el orden de 49% del ingreso total. Once años más tarde, con un proceso de transformaciones nacionalistas y expropiaciones, en medio de un desafío al poder político del capital, el conjunto de la burguesía logró aumentar su parte en las utilidades hasta llegar a 63% (Sutherland, 2011).

Esta discordancia grosera entre la denuncia permanente del gobierno bolivariano contra la burguesía, y estos 14 puntos de incremento en sus ingresos globales, no tiene culpables personales ni se limita a un factor subjetivo: lo que hace o no hace Chávez; es más profundo como problema. Sus causas están hundidas en los límites conceptuales del régimen político venezolano. Los límites productivos del campo son los mismos del proceso en su conjunto. Todo lo avanzado es positivo y enorme respecto de su propio pasado como sociedad, pero absolutamente insuficiente para que coincida con el discurso y la proclama de socialismo. Es un error teórico, de consecuencias inexorables, creer que la inclusión social es sinónimo de cambio radical de lo existente.

Una masa grande de inversión social, con un cambio importante en la estructura de propiedad de la tierra (cuatro millones de hectáreas pasaron de los ricos a los pobres en menos de 10 años), no modificó la estructura de dominación del capital en su conjunto. Lo que se va ganando por un lado se va perdiendo por el otro en sumas desiguales. Los capitalistas controlan la plusvalía, aunque no tengan el control político del Estado en forma directa.

El economista Víctor Alvarez, quien ha sido alto funcionario del gobierno de Hugo Chávez, sostiene una opinión similar a la de Sutherland en su premiado libro ¿Hacia dónde va el modelo productivo?: “Es indudable la reactivación de la economía venezolana a lo largo de cinco años (2003 a 2008). Pero es necesario advertir que lo que realmente se ha reactivado es la economía capitalista que, según el discurso oficial, es precisamente la que se quiere desplazar [...] Los dueños del capital han mejorado mucho más que los trabajadores”. Él identifica el comercio y las finanzas como los dos sectores “más favorecidos” hasta 2008. En el cuadro que aporta, con datos del Banco Central, el resultado es más “feo” que el de Sutherland: la remuneración de los asalariados, en 1997, antes del chavismo, era de 36.6% y el “excedente neto de explotación” era de 43.3%. Diez años después, los empresarios habían mejorado 5.5 puntos netos (48.8%) y los trabajadores habían desmejorado en cuatro puntos (32.6%). Eso explica que “400 000 patronos se llevan en Venezuela 63% del ingreso total que produce una fuerza de trabajo activa que consta de 14 millones de trabajadores asalariados (entre informales y formales)” (Sutherland, 2011:209).

Es la demostración irrefutable de un conocimiento aportado por la historia de las revoluciones sociales y los procesos nacionalistas del siglo xx, especialmente aquellos donde hubo reformas agrarias: o se avanza o se retrocede. Cuando se comienza un proceso de desafío al capital, aunque sea programáticamente consciente, se invierte la ley de causalidad: la economía se subordina a la política.

La distinción respecto de toda la etapa anterior radica en que existe un proyecto de largo plazo, (“programación”, no planificación, como apunta con certeza Manuel Sutherland), un financiamiento sostenido y un movimiento social campesino interesado en que resulte el plan de convertir al país en agroproductor.

El recorrido del proceso revolucionario bolivariano entre 2001 a 2011 es el punto de partida. Sólo falta definir el punto de llegada.

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Referencias

Entrevistas

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Semblanzas de autores

Guillermo Almeyra

Es licenciado en historia por la Universidad Autónoma de Guerrero, México (1980); maestro en historia por la Universidad de París VIII (1984), y doctor en ciencias políticas por la Universidad de París VIII (1996). Fue cofundador de la maestría en ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo (1979-1981). Ha sido profesor de posgrado y coordinador de Estudios Latinoamericanos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam (1979-1981); asimismo, fue profesor-investigador de la UAM-Xochimilco en el posgrado en Desarrollo Rural (1997-2007), y profesor de política contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam (1999-2006). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel m. Ha sido profesor invitado en varias universidades de Italia, Francia, Argentina, México. Es miembro del Consejo de Redacción de las revistas Argumentos (uAM-Xochimilco), Utopie Critique (París), Alternative (Roma), Cuadernos del Sur (Buenos Aires); colaborador de otras como Nord-Sud (Bruselas), Mouve-ments (París), ActuélMarx (París), y miembro del Comité de Redacción de las revistas OSAL (de la cual fue director) y Crítica y Emancipación, de Clacso, cofundador de Co-yoacán (México) y de Vientos del Sur (México). Actualmente, es profesor del doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es ganador de la Cátedra “Uribe” otorgado por la dcsh de la UAM-Xochimilco y ganador del Premio Sergio Bagú por trayectoria académica (2005) que entrega la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Asimismo, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en México por artículos de fondo. De 1979 a 1983 fue editorialista del cotidiano mexicano Unomásuno, es columnista-editorialista del diario mexicano La Jornada (desde 1983 hasta la fecha) y primer corresponsal extranjero (hasta 1983). Escribe en muchas revistas latinoamericanas y europeas; publica, al menos, un artículo semanal en La Jornada. Entre sus principales publicaciones están Dopo Perón, í¿í.;(Roma, 1975); Polonia: obreros, burócratas, socialismo (México, 1980); Etica y rebelión – A 150 años del Manifiesto Comunista (México, 1998); La protesta social en Argentina: 1990-2004 (Buenos Aires, 2004); Zapatistas: un mundo en construcción (Buenos Aires, 2006, con fotos de Emiliano Thibaut). Es coautor junto con Enzo Santarelli de Guevara, ilpensiero ribelle (Roma, 1993, libro que cuenta con 21 ediciones hasta la fecha); junto con Alberto D’Angelo, La ribellionezapatista in Chiapas (Roma, 1994); junto con Rebeca Alfonso, El Plan Puebla Panamá en el Istmo de Tehuantepec (México, 2004). Ha publicado ensayos en más de 50 libros colectivos o revistas académicas y políticas.

Luciano Concheiro Bórquez

Es licenciado en economía por la unam (1976); maestro en ciencias sociales por la Flacso-México (1978) y doctor en desarrollo rural (2012) por la UAM-Xochimilco. Desde 1978 es profesor-investigador de la UAM-Xochimilco en las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud, y la de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha sido investigador del Departamento de Etnología y Antropología Social del inah (1975-1977); fue asesor de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia (1977-1990). Ha sido profesor-investigador invitado en la Universidad Complutense de Madrid (1985); profesor invitado para impartir cursos especiales en la maestría en desarrollo rural de la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar” (esahe), Ciudad Juárez, Chihuahua (1986-1990); profesor invitado en el doctorado en Estudios Sociales Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y del Programa de Pos-Graduacao (maestría y doctorado) en geografía de la unesp, campus Presidente Prudente, Brasil. Asimismo, fue consultor de la fao sobre Mercado de Tierras en México y América Latina (1992-1995) y codirector fundador de Greenpeace México. Durante el periodo de 1993 a 1997 fue coordinador de la maestría en desarrollo rural de la UAM-Xochimilco; fue miembro del Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos (Conas) — Subcomité de la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación (1997-2000); miembro del Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario (Conacosa) (1997-2000). Por otro lado, fue coordinador junto con Héctor Robles del proyecto de investigación La tenencia de la tierra en los núcleos agrarios indígenas, convenio entre el Instituto Nacional Indigenista (ini) y el posgrado en desarrollo rural de la UAM-Xochimilco (2002). Ha coordinado diversos proyectos de investigación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) (2004-2012). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II, e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (amc). Representa los centros de México en el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). También es asesor y colaborador de diversas organizaciones campesinas y vicecoordinador de La Jornada del Campo. Autor y coordinador de numerosas publicaciones sobre el medio rural mexicano y latinoamericano, entre las cuales están los libros: Los mercados de tierras en México (Roma, 1995); junto con María Tarrío, Privatización en el mundo rural Las historias de un desencuentro (México, 1998) y también con M. Tarrío, La sociedad frente al mercado (México, 1998); junto con Roberto Diego, Una perspectiva campesina del mercado de tierras ejidales (México, 2001); con Roberto Diego y Patricia Couturier, Políticas públicas para el desarrollo rural (México, 2003); con Héctor Robles, Entre las fábulas y la realidad, los ejidos y las comunidades con población indígena (México, 2004) y también con H. Robles, Nueva ruralidad. Enfoques y propuestas para América Latina (México, 2006); junto con Francisco López Barcenas, Biodiversidady conocimiento tradicional en la sociedad rural Entre el bien común y la propiedad privada (México, 2006); y junto con Carlos Rodríguez y María Tarrío, Disputas territoriales. Actores sociales, instituciones y apropiación del mundo rural (México, 2010).

Joáo Márcio Mendes Pereira

Es licenciado en historia por la Universidad Federal Fluminense (uff, 1999); maestro en desarrollo y agricultura por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (cpda-uf-rrj, 2004), y doctor en historia por la uff (2009). Es profesor de historia contemporánea de las Américas y del Programa de Posgrado en Historia de la ufrrj. Ha sido profesor invitado del Programa de Posgrado (maestría y doctorado) en geografía de la unesp (Presidente Prudente, Brasil), y del Programa de Maestría Profesional en Salud Global y Diplomacia de la Salud de la Escuela Nacional de Salud Pública (ensp-fiocruz). Entre sus publicaciones más destacadas están O Banco Mundial como ator político, intelectual e financeiro, 1944-2008 (Río de Janeiro, 2010); Apolítica de reforma agraria de mercado do Banco Mundial: fundamentos, objetivos, contradices eperspectivas (Sao Paulo, 2010); junto con Sergio Sauer fue coordinador de Capturando a térra: Banco Mundial, políticas fundiárias neoliberais e reforma agraria de mercado (Sao Paulo, 2006). Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y capítulos de libro publicados en Brasil, México, Estados Unidos y Europa sobre la historia del Banco Mundial y sus políticas, como también sobre diferentes aspectos de la realidad social, económica y política del agro brasileño. Es miembro del Comité de Redacción de la revista Observatorio Social de América Latina (OSAL) de Clacso.

Carlos Walter Porto-Goncalves

Es geógrafo por la Universidad Federal do Rio de Janeiro (1972); maestro (1984) y doctor (1998) en geografía por la misma universidad. Es profesor del Programa de Posgrado de Geografía de la Universidad Federal Fluminense (uff) desde 1999 y fue coordinador del mismo Programa (2004-2005). Es investigador del Consejo Nacional de Pesquisas (cNPq) y del Grupo de Trabajo Hegemonía y Emancipaciones de Clacso. Ha sido profesor invitado en varias universidades de Brasil, Venezuela, Portugal, Perú, Bolivia, España y México. Es ganador del Premio Chico Mendes en su tercera edición (2004) en la categoría Ciencia y Tecnología del Ministerio del Medio Ambiente, Brasil; también es ganador del Premio Casa de Las Américas, Cuba (2008), por su ensayo histórico-social La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización. Es miembro del Consejo de Redacción de las revistas Observatorio Social de América Latina (OSAL) de Clacso y Geographia (Programa de Posgrado en Geografía de la Universidad Federal Fluminense). Publica en diversas revistas latinoamericanas y europeas. Es colaborador de la Comisión Pastoral de la Tierra (cpt) de Brasil desde 2004. Entre sus principales publicaciones se encuentran Geo-grafías: movimientos sociales, nuevas territorialidades e sustentabilidad (México, 2001); El desafío ambiental (México, 2004); Geografando nos varadouros do mundo: da territorialidade seringalista a territorialidade seringueira (Brasilia, 2004); La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización (La Habana, 2009); Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina: geografía de los movimientos sociales en América Latina (Caracas, 2010). Ha publicado ensayos en más de 30 libros colectivos o revistas académicas y políticas.

Carlos Vacaflores Rivero

Es investigador de la Comunidad de Estudios jaina, licenciado en agronomía (1996), con maestría en geografía por la unesp (2011) y miembro del Grupo de Desarrollo Rural de Clacso. Ha publicado Entre territorios poblados y despoblados: trashuman-cia ganadera en Tarija (La Paz, 2003); como organizador, Conflicto y colaboración en el manejo de los recursos naturales: estudios de caso en Bolivia y Argentina (San José, 2006); como co-organizador, La persistencia del campesinado en América Latina (Tarija, 2009).

Darío Fajardo Montaña

Es antropólogo por la Universidad Nacional de Colombia, maestro en artes por la Universidad de California, Berkeley, y doctor en estudios sociales por la Universidad Externado de Colombia. Es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Actualmente, se desempeña como profesor-investigador de la Universidad Externado de Colombia. Fue oficial de Programas/Asistente Representante de la fao en Colombia (2002-2007), consultor del Banco Mundial (Proyecto Zonas de Reserva Campesina, 1998-2000), consultor del iica (Proyecto Zonas de Reserva Campesina, 1996-1998), profesor asociado de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia (1985-2003), director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (sinchi, 1990-1996), profesor titular interino de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina (1994-1997). Entre sus publicaciones encontramos: Los territorios de la agricultura colombiana (Bogotá, 2009); Tierra, poder político y reforma agraria y rural (Bogotá, 2002); Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra (Bogotá, 2002); Espacio y sociedad: formación de las regiones agrarias en Colombia (Bogotá, 1993); Haciendas, campesinos y políticas agrarias (Bogotá, 1986); Violencia y desarrollo (Bogotá, 1978).

Fernando Eguren

Es licenciado en ciencias sociales por la Université Catholique de Louvain (1966). Cuenta con estudios de posgrado de sociología en l’Ecole Pratique des Hautes Études (1968, París) y de ciencias políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2006, Lima). Durante varios años trabajó en desco, un think-tank basado en Lima. Actualmente es presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (cepes), donde labora. Entre sus publicaciones más destacadas tenemos: Reforma agraria, cooperativi-zación y lucha campesina (Lima, 1975) y Evaluación social del desarrollo humano en el Perú, con la colaboración de Janet Cano y Alberto del Águila (Lima, 1997). Es editor de dos obras: Situación actual y perspectivas del problema agrario en Perú (Lima, 1982) y de Reformas agrarias en la región andina (Lima, 2007). Es director de las revistas Debate Agrario (anual) y la Revista Agraria (mensual), editadas por cepes. Es miembro honorario del Colegio de Sociólogos de Perú.

Luciano Martínez Valle

Es doctor en sociología por la Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle (1981). Es profesor-investigador de Flacso, sede Ecuador, coordinador de la maestría de desarrollo territorial rural. Sus publicaciones recientes son: Vamos dando la vuelta: iniciativas indígenas de desarrollo local en la Sierra ecuatoriana (Quito, 2009); “Repensando el desarrollo rural en la dimensión del territorio: una reflexión sobre los límites del Prolocal en el caso ecuatoriano” (Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, núm. 87, 2009); “Apuntes para pensar el territorio desde una dimensión social” (Ciencias Sociais Unisinos, vol. 48, núm. 1, 2012). Actualmente realiza investigaciones sobre capital social y territorio, territorios rurales y agronegocios.

Modesto Emilio Guerrero

Es escritor, periodista y conferencista radicado en Argentina desde 1993, autor de diez libros sobre América Latina, biografías, periodismo, Mercosur, cuento y poesía. Su último libro es Medios y poder en la historia: el caso Venezuela (Caracas, 2012). En 2010, la editorial El Perro y La Rana publicó dos ediciones de su obra 12 Dilemas de la Revolución Bolivariana, premiada por la Fundación Gustavo Machado, de Caracas. Es autor de la biografía ¿Quién inventó a Chávez? En 2008 fue llevada al cine su obra biográfica Reportaje con la muerte, historia del reportero argentino, Leonardo Henrich-sen, inmortalizado por filmar su propio asesinato, en Santiago de Chile en 1973. Fue ganador del Premio Nacional de Literatura Stefania Mosca (2012) de la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas. Ha publicado tres libros sobre el Mercosur y sus relaciones con el proceso bolivariano. En Cuba fue elegido como el autor del capítulo venezolano para integrarlo en un volumen que aborda la izquierda latinoamericana (2012). Ha impartido conferencias en Noruega, Chile, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina. En 1983 fue electo diputado por el Estado Aragua, donde actuó como dirigente en la ola huelguística de 1988 con ocupación de fábricas y secuestro de funcionarios, que precedieron y continuaron al Caracazo. Otros libros suyos son: Reportajes sobre América Latina (Caracas, 2007); Panamá, soberanía y revolución (Ma-racay, 1990); El último Duvalier (Caracas, 1986); Cuentos, relatos y poemas (Maracay, 1985). Es coautor de tres libros: Después del 4-F: lecciones del golpe de Chávez, con Fernando Sánchez (Valencia, 1992); Morir es la noticia (Chile, 1997); Periodista bajo fuego (Buenos Aires, 2001); asimismo, del folleto El noticiero cinematográfico argentino (Buenos Aires, 2005). Escribe para los diarios argentinos Página 12, Tiempo y ContraEditorial. En Venezuela, para Ciudad CCS, Aporrea y Poder en la Red, y en Bolivia para el diario Época.

Pilar Lizárraga Aranibar

Es investigadora de la Comunidad de Estudios jaina, licenciada en economía (1995) con maestría en geografía por la unesp (2011); coordinadora del Grupo de Desarrollo Rural de Clacso. Ha publicado diversos trabajos, entre ellos Cambio y poder en Tarija: la emergencia del movimiento campesino (La Paz, 2007) y La persistencia del campesinado en América Latina (Tarija, 2009, organizado junto con Carlos Vacaflores).